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Guerra Civil en Guatemala
Guerra Civil en Guatemala
Guerra Civil en Guatemala
2021
ANTECEDENTES
Con la salida de la grana de los mercados internacionales, el gobierno de Justo Rufino
Barrios se vio obligado a producir café, el cual requería de grandes extensiones de
tierra y de una gran cantidad de mano de obra a bajo costo. A fin de satisfacer esta
necesidad, en 1873 Barrios expropió las «tierras de indios» que se habían mantenido
desde la Colonia Española y las convirtió en fincas cafetaleras para sus
correligionarios liberales, y luego emitió el «Reglamento de Jornaleros» el cual
prácticamente convertía a la población indígena en colonos mal pagados en dichas
fincas.
1. Criollos: una minoría formado por familias descendientes de los españoles que
conquistaron Centroamérica y que para 1920 estaban a cargo de ambos
partidos políticos en el país. Para ese año, se habían relacionado con
extranjeros, principalmente europeos y la gran mayoría de ellos tenía sangre
indígena en su venas.
2. Ladinos: la clase media, constituida por personas que nacieron del cruce entre
nativos, negros y criollos. En 1920 no tenían poder alguno, aunque conformaban
el grueso de los grupos de artesanos, dueños de tiendas, comerciantes y
oficiales de bajo rango en el ejército.
3. Indígenas: las vasta mayoría de la población. Analfabetos y renuentes a
cualquier forma de cambio, han sido utilizados en el ejército por sus cualidades,
llegando a posiciones de mandos medios, por su cualidades de ser renuentes a
participar en actividades políticas y su respeto innato hacia el gobierno y los
oficiales.
Cuando el general Ubico tomó el poder en 1931, eran numerosos los países que se
inclinaban por gobiernos autoritarios; de esta manera, una vez en el poder, Ubico
Castañeda asumió poderes dictatoriales y métodos de espionaje y represión similares
a los de Barrios y Estrada Cabrera, y mantuvo una Asamblea legislativa títere
obediente a sus mandatos. Inteligente, dinámico y temperamental tenía obsesión por
controlar hasta el más mínimo detalle de la vida de Guatemala, siendo uno de sus
principales objetivos el de lograr una reorganización de la administración pública, para
lo que nombró a varios allegados suyos, los llamados Ubiquistas, en posiciones claves
del gobierno.
REVOLUCIÓN DE 1944
El General Ponce Vaides, solamente estuvo al mando durante 110 días y continuó con
la forma de gobernar represiva de su antecesor, dando instrucciones a la policía para
atacar a sus adversarios.
En aquellos días El Imparcial publicó entonces fuertes editoriales contra las
intenciones de Federico Ponce Vaides de perpetuarse en el poder. A consecuencia de
estos acontecimientos, el primero de octubre fue asesinado el periodista Alejandro
Córdova frente a su residencia en la ciudad capital. El crimen aceleró los preparativos
del movimiento cívico militar del 20 de octubre de 1944.l Todos estos acontecimientos
terminaron de encender las pasiones reprimidas por varios años. Fue el 20 de octubre
de 1944, cuando ocurrió un levantamiento popular, donde participaron: Abogados,
maestros, obreros, estudiantes universitarios y una parte del Ejército. La lucha se
estableció entre la otra parte del Ejército y la policía que eran leales al General Ponce.
Luego de estos sucesos se difundió la noticia de que Ponce Vaides había solicitado
asilo político en México y el gobierno había sido tomado por un triunvirato compuesto
por un civil y dos militares: El civil Jorge Toriello Garrido, el Mayor Francisco Javier
Arana y el Capitán Jacobo Árbenz Guzmán.
Las principales funciones del gobierno de transición fueron, derogar los decretos que
había realizado la administración anterior. Convocó a una Asamblea Nacional
Constituyente que produjo una nueva Carta Magna. Quedó instituida la Junta
Revolucionaria del 20 de octubre de 1944, con el propósito de garantizar a los
guatemaltecos un marco constitucional para llevar a Guatemala a una democracia
representativa.
GOBIERNO DE AREVALO
El gobierno del primer presidente electo democráticamente en la historia de
Guatemala, Juan José Arévalo, se distinguió por sus numerosas realizaciones
educativas y de beneficio para la mayoría de las capas más pobres de la población, de
la clase media y de los intelectuales más consecuentes. Sin embargo, la vieja
oligarquía y los sectores poderosos, apoyados por el sector conservador del Ejército,
no descansaron y comenzaron a conspirar contra el nuevo gobierno. El presidente
Arévalo Bermejo inició su gobierno en 1945, y de acuerdo a los historiadores liberales
desde el principio utilizó un lenguaje a veces disociador, que empezó a polarizar a la
sociedad guatemalteca, causando entre los terratenientes la sensación de que solo
era el gobernante de una parte de los guatemaltecos. Por otra parte, en el libro
autobiográfico Despacho Presidencial de Arévalo, se observa que el gobierno se inició
con sanciones a la oposición, intervencionismo económico del Estado ―con la
emisión de la Ley de Emergencia Económica― y un decidido apoyo a un movimiento
sindicalista recién surgido. Así entonces, las fuerzas de oposición al gobierno
arevalista ―revolucionarios moderados y «ubiquistas»― poco a poco fueron
marginadas y empezaron a temer la implementación de un socialismo en el país.
Por otra parte, es importante destacar que el presidente Arévalo tomó posesión con
poder limitado, restringido por los militares, que estaban acaudillados por el Teniente
Coronel Arana.
TRANSFORMACIÓN AGRARIA
LA GUERRA FRIA
Estando el gobierno de Ydígoras en la cuerda floja, este para calmar los ánimos,
autorizó que el expresidente, el socialista Juan José Arévalo, líder alrededor de quien
se unificaba toda la izquierda, regresara al país y fuera candidato para las elecciones
de 1963, y así pudiera ser electo presidente para el periodo 1964-1970. La cúpula del
Ejército de Guatemala y las clases altas más conservadoras de la sociedad se
opusieron rotundamente, temiendo la posibilidad de que se repitiera la experiencia
de 1944-1954. A finales de marzo, los rumores de que Arévalo ingresaría al país
arreciaron. El 29 de marzo todos los periódicos del país dieron la noticia en sus
portadas de que Juan José Arévalo estaba en Guatemala. Al día siguiente, la
madrugada del 30 de marzo de 1963 Miguel Ydígoras Fuentes fue derrocado por su
Ministro de Defensa, el Coronel Enrique Peralta Azurdia, quien inmediatamente
declaró Estado de Sitio y, pensando en que el triunfo electoral de Juan José Arévalo
era seguro e inevitable, anuló las elecciones de 1963 acusando a Ydigoras de estar a
punto de entregar el poder en las manos del enemigo. Ydigoras fue expulsado del país
hacia Panamá. Con este Golpe de Estado se truncó la primera oportunidad de
reencausar a Guatemala en la vía democrática interrumpida hacía una década.
PACIFICACIÓN DE ORIENTE
TEOLOGIA DE LA LIBERACIÓN
SITUACIÓNDE LA POBLACIÓNCIVIL
Con el advenimiento del Ejército Guerrillero de los Pobres, las poblaciones civiles de la
localidad se encontraron entre dos fuegos: el ejército reprimía a los que consideraba
como colaboradores de la guerrilla, y viceversa. Se dieron casos de masacres de
guerrilleros contra patrulleros civiles, con la excusa de que estos últimos eran traidores
a su pueblo; y también hubo casos de abusos por parte de los patrulleros, los cuales
se aprovechaban de su posición para saldar cuestiones personales o étnicas con
poblaciones vecinas. Como resultado de los vejámenes a que eran sometidos por
ambos bandos, muchos campesinos se refugiaron en México y no regresaron sino
hasta en 1993, durante el gobierno del ingeniero Jorge Serrano Elías.
MASACRE DE PANZOS
Hubo numerosas protestas populares en contra de EXMIBAL y contra la política
agraria de los gobiernos militares en la Franja Transversal del Norte durante los
siguientes años. Hacia 1978, progresó la capacidad de organización de los
campesinos, a través de los comités que reivindicaban la titulación de las tierras,
fenómeno que preocupó al sector terrateniente y a las empresas transnacionales,
como EXMIBAL y las petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil.
Hacia el 24 o 25 de mayo de 1978, un contingente militar de unos 30 soldados se
trasladó de Quinich a Panzós, municipio de Alta Verapaz que conlinda con El Estor, en
donde la minera EXMIBAL tenía su planta de extracción de níquel.af Cuando un
periodista le preguntó al alcalde Walter Overdick García acerca de la razón de la
presencia del Ejército en la cabecera municipal, el funcionario respondió: «Se debe a
que mucha gente pidió personalmente que el Ejército viniera a ver la tranquilidad del
lugar, porque se daban cuenta de que aquí se me amotinaban trescientos,
cuatrocientos campesinos».
El alto mando del Ejército consideraba que la organización campesina era parte activa
de la guerrilla y un obstáculo considerable en sus aspiraciones de usufructuar la
Franja Transversal del Norte. El 29 de mayo de 1978, para insistir en el reclamo de la
tierra y manifestar el descontento ocasionado por los actos arbitrarios de los
terratenientes y de las autoridades civiles y militares, campesinos de las aldeas
Cahaboncito, Semococh, Rubetzul, Canguachá, Sepacay, finca Moyagua y barrio La
Soledad, decidieron realizar una manifestación pública en la plaza de Panzós. A esta
protesta fueron invitados también habitantes de El Estor, Izabal. Cientos de hombres,
mujeres, niños y niñas indígenas se dirigieron a la plaza de la cabecera municipal de
Panzós, cargando sus instrumentos de trabajo, machetes y palos.
Hay distintas versiones sobre cómo se inició el tiroteo. Unos afirman que comenzó
cuando «Mamá Maquín» empujó a un soldado que le impedía el paso; otros sostienen
que se produjo debido a que la gente empujaba tratando de entrar en la municipalidad,
lo que fue interpretado por los soldados como una agresión. Los disparos, que
sonaron durante unos cinco minutos, fueron hechos por las armas de reglamento que
portaban los militares, así como las tres metralletas ubicadas a las orillas de la plaza.
Varios campesinos hirieron con machetes a varios soldados.
De inmediato, el Ejército cerró las principales calles de acceso, y después, los
militares prohibieron entrar a la plaza. En la tarde, miembros del Ejército los llevaron a
un lugar cercano al cementerio público y, con un tractor cavaron un agujero, donde
inumaron los cuerpos. Panzós quedó ocupada por el Ejército, registrándose un
aumento considerable del número de soldados destacados en el pueblo. Por espacio
de varias semanas los pobladores no regresaron a sus casas y se escondieron del
Ejército.
Por su parte, a pesar de ser vecinos, los campesinos de El Estor nunca llegaron a
Panzós: individuos armados les dispararon desde camiones propiedad de EXMIBAL
cuando iban en camino a pie.
La masacre causó un gran impacto nacional e internacional. El 1 de junio de 1978 se
realizó una numerosa manifestación de protesta en la capital, encabezada por la AEU
(Asociación de Estudiantes Universitarios): fue conocida como la Marcha de los
Paraguas.
A partir de la masacre el Ejército inició en el Valle Polochic una represión selectiva
contra los líderes comunitarios que reivindicaban tierras y así también contra
sacerdotes mayas. A consecuencia de estos hechos, se veían a diario cadáveres de
indígenas flotando en el río Polochic. La represión generalizada atemorizó e inmovilizó
a la población. Las peticiones de tierras disminuyeron drásticamente. Desde 1978
hasta 1996 no volvería a realizarse una manifestación pública.
En 1978 los militares continuaron con el modelo electoral de los años anteriores. La
tercera elección militar fue la del ex ministro de la Defensa, general Romeo Lucas
García como presidente y la del civil Francisco Villagrán Kramer como vicepresidente.
La elección se dio en medio de una crisis política: se rompió la alianza anticomunista
PID-MLN y el primero pasó a aliarse con el PR y otros pequeños partidos, con los
cuales formó un Frente Amplio. Los resultados de los comicios del 5 de marzo de ese
año originaron una vez más protestas, violencia y denuncias de fraude. El Congreso
practicó la elección de segundo grado el día 13 de aquel mes, desestimando las
pruebas de la victoria del coronel Enrique Peralta Azurdia, ex-Jefe de Estado de
Guatemala y candidato del MLN). La tendencia a la abstención electoral se acentuó
con un 63,5 % de no votantes, resultando en el binomio electoral menos votado en la
historia del país, prueba de la poca legitimidad del modelo militar y del régimen
político.
Bajo sospechas y señalamientos de fraude electoral, Fernando Romeo Lucas García,
fue electo presidente y tomó posesión en julio de 1978.
"La guerra en Guatemala hay que ganarla en la montaña y en la capital" se convirtió
en la consigna del gobierno de Lucas. La oposición era el movimiento social con
dirigentes de izquierda, quienes promovían que en el país debía impulsarse la
democracia, no la guerra. Romeo Lucas el cual se veía en la televisión no era un
militar tan locuaz y mediático como Efraín Ríos Montt, que le sucedería en el cargo.
Lucas tenía un discurso poco hábil. Si bien en ocasiones se dirigía a las masas en
q’eqchi’, sus gestos toscos y su imagen distante lo hacían parecer un presidente poco
afable y accesible.
TRIUNFO SANDISNISTA EN NICARAGUA
Tras los atentados guerrilleros en la ciudad, las fuerzas armadas empezaron a utilizar
tecnología más sofisticada para combatir a los insurgentes. Con la ayuda de asesores
israelíes, se instaló un sistema de cómputo en la Casa Presidencial, en donde tenía
sus oficinas el Estado Mayor Presidencial dirigido por el coronel Batres; este sistema
utilizó un programa de análisis de datos que se creó en Argentina durante la Guerra
Sucia en ese país, y que fue recomendado a Guatemala por asesores militares
argentinos.
El sistema le permitió al gobierno ubicar el consumo de electricidad y de agua en la
ciudad y localizar las coordenadas de reductos guerrilleros, los cuales fueron luego
atacados y desmantelados por las fuerzas de seguridad; treinta y cinco reductos
guerrilleros fueron desmantelados en total en la Ciudad de Guatemala durante el
verano de 1981
Ningún sector fue más afectado por la violencia durante los años de la Guerra civil de
Guatemala que la población campesina; la guerra dejó en el campo un saldo de
muertes y destrucción sin precedentes, generando entre otras reacciones la fuga
masiva de miles de campesinos guatemaltecos. En el período 1981-82, en el que más
de cuatrocientos pueblos y aldeas fueron arrasadas y miles de guatemaltecos
asesinados, la reacción de los sobrevivientes atrapados entre dos fuegosar fue huir, o
ponerse bajo el control del Ejército forzados a participar en las patrullas de
autodefensa civil (PAC) o reubicados en las «aldeas modelo», en donde fueron
concentrados. Unas cincuenta mil personas totalmente desposeídas se escapó a
zonas selváticas del departamento del Quichéas pasando esos años escondidos del
mundo exterior y fuera de control gubernamental formando mínimos grupos urbanos
que luego formaron las Comunidades de Población en Resistencia (CPR).
Étnicamente las CPR del Ixcán eran en su gran mayoría k'iches mientras que en las
comunidades de la Sierra eran mayoritariamente ixiles, siendo el resto chajuleños,
cotzaleños y k'iches, así como ladinos.
REPRESIÓN CONTRA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
Durante los gobiernos militares de los años setenta, se mantuvo la tensión entre el
gobierno y la universidad, la cual llegó a su punto álgido en 1978, durante las
protestas masivas que se produjeron para protestar por el alza del pasaje al transporte
urbano de la Ciudad de Guatemala. La Asociación de Estudiantes Universitarios tuvo
un papel protagónico en las protestas, pero esto trajo la persecución de sus líderes y
el asesinato del secretario general de dicha asociación Oliverio Castañeda de León, el
20 de octubre de ese año.
A tan solo quince días del asesinato de Castañeda de León, fue desaparecido su
sucesor, Antonio Ciani García, y en los siguientes 18 meses recibieron amenazas casi
todos los dirigentes estudiantiles y profesores universitarios con vinculaciones políticas
(incluso con los partidos legales). Quienes no hicieron caso y continuaron con sus
actividades de protesta, murieron o fueron secuestrados.
Al iniciarse el año 1979, siguen los ataques a prestigiosos miembros de la
Universidad:
A partir del 23 de marzo de 1982, cuando Ríos Montt llegó al poder, suprimió los
escuadrones de la muerte. El Consejo de Estado inició el debate político y, con la
participación del 30 por ciento de consejeros mayas, entre ellos un ixil, propuso una
total apertura política. El antiguo Consejo Electoral, en el que los partidos políticos
eran juez y parte, se transformó en el Tribunal Supremo Electoral, juramentado por
Ríos Montt en 1983. Se abrió el esquema electoral a la participación de la izquierda.
Se enviaron delegaciones al extranjero para que los exiliados volvieran. Se iniciaron
los primeros contactos informales con la guerrilla.
Para que los guerrilleros pudieran tener una libre participación política, Ríos Montt dio
amnistías a las que se acogieron más de 15 mil guatemaltecos. Todo esto vino a abrir
un cauce político a la izquierda, denegado desde 1954. Con esto, la extrema derecha
tradicional, ultraconservadora y oligárquica, fue desplazada por un nuevo radicalismo
antirrevolucionario que combinaba las declaraciones de desarrollo social de indígenas
y campesinos, y de guerra de exterminio de las guerrillas comunistas que buscaban
reclutarlos.
Poco después del golpe de estado, periodistas extranjeros le hicieron una entrevista a
Ríos Montt, la cual refleja el pensamiento del ejército en ese momento.157 En esa
entrevista, Ríos Montt hace gala de su característica habilidad para responderle a los
periodistas, e incluso consigue que una de las entrevistadores le proporcione el
nombre de Rodrigo Asturias, uno de los comandantes guerrilleros, y que
aparentemente el gobierno desconocía
Durante su gobierno se fomentaron las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que
en 1985 llegó a tener aproximadamente 500.000 patrulleros en todo el país; se
crearon como grupos de hombres civiles organizados coercitivamente por la institución
armada como fuerza paramilitar complementaria, que pretendía aislar al movimiento
guerrillero y controlar a sus comunidades.
Las PAC no tuvieron una fecha uniforme de inicio ya que el objetivo militar era saturar
el área del enfrentamiento armado con patrulleros civiles, priorizando los
departamentos que el Ejército tenía registrados como "zona roja" o "rosada". La
presencia militar se incrementó en los departamentos con mayores problemas de
insurgencia, y al instalarse destacamentos militares y zonas militares el control de la
población civil se intensificó.
El 4 de marzo de 1983, seis delincuentes fueron sentenciados a pena de muerte,
posteriormente fueron fusilados. El papa Juan Pablo II visitó por primera vez al país
el 6 de marzo del mismo año, semanas antes él había pedido que detuvieran los
fusilamientos, pero esta petición fue rechazada por Ríos Montt. Fueron quince
personas fusiladas durante el gobierno de Ríos Montt acusados de délitos de
terrorismo y de atentar contra la seguridad interna de la nación.
La noche del 28 de marzo de 1982, miembros del Ejército Guerrillero de los
Pobres dinamitaron la planta eléctrica de Amatitlán, Área Metropolitana de Guatemala,
propiedad del Instituto Nacional de Electrificación. Este hecho dejó sin agua y energía
eléctrica a la población cercana a esta planta
ACUSACIONES DE GENOCIDIO
El saldo del período de Ríos Montt fue de cientos de masacres en las regiones del
occidente y oriente del país y miles de muertos. El ejército guatemalteco, paramilitares
y grupos guerrilleros indistintamente perseguían a comunidades indígenas; por su
parte, líderes sindicales, estudiantes, personas religiosas y otros civiles ―en su
mayoría vinculadas con el ala intelectual del proscrito comunista Partido Guatemalteco
del Trabajo (PGT)― bajo la teoría que formaban un ‘enemigo interno’ subversivo,
insurrecto dentro de los grupos armados oponentes a la dictadura militar. El peor
período de violencia acaeció entre 1981-1983, cuando fuerzas contrainsurgentes
promovieron campañas de represión esquematizadas contra población civil, en
términos operacionales, beligerancia de tierra arrasada en las regiones en donde
empresas internacionales como Basic Resources, Shenandoah Oil y EXMIBAL tenían
fuertes intereses económicos; sobre todo, dirigidas contra la población maya ixil y aun
contra grupos étnicos escasos demográficamente como los mayas chuj y qanjobal,
habitantes de áreas fronterizas con palmaria presencia de grupos insurrectos,
especialmente el Ejército Guerrillero de los Pobres. De una histórica discriminación
hacia la mayoría indígena de Guatemala, el Estado justificó el exterminio de
numerosas comunidades indígenas bajo las acciones de represión de focos facciosos,
comunistas según los términos del aparato autocrático y militar guatemalteco de la
época.29 La percepción del ejército hacia las comunidades indígenas como aliados
naturales de las guerrillas contribuyó al aumento de violaciones de los derechos
humanos contra ellos, demostrando un racismo agresivo, que derivó en el exterminio
consecutivo de comunidades inermes incluyendo ―como se comprobaría en
exhumaciones posteriores― numerosos niños, mujeres y ancianos; todo esto a pesar
de que tanto el ejército como las PAC estaban conformadas por indígenas de otras
áreas del país.
Trabajando metodológicamente a través de las tierras altas centrales, el ejército y sus
equipos paramilitares —incluyendo “patrullas civiles” de leva forzosa de hombres
locales— atacaron numerosas poblaciones indígenas, concentrándose en el norte del
departamento de El Quiché ―específicamente la región petrolera del Triángulo Ixil en
donde existían fuertes intereses económicos del gobierno guatemalteco―177 entre
1981 y 1983. Las fuerzas armadas sitiaban el pueblo, sojuzgaban a los habitantes,
separaban a los hombres de las mujeres y después ocurrían asesinatos en secuencia.
Aquellos que escaparon serían perseguidos desde helicópteros. Tortura extrema,
mutilación y violencia sexual se convirtieron en una práctica común, y también la
violencia contra niños y seniles. Este período de dos años se conoció como
“holocausto silencioso” en acepción del informe de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico de 1999.
En el marco jurídico de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico se establece lo
siguiente respecto al delito de Genocidio, a las violaciones de derechos humanos y a
los hechos de violencia, delitos por los que supuestos autores intelectuales han sido
juzgados en Guatemala:
OPERACIÓN SOFIA
En abril de 1982, en cadena nacional de televisión, Ríos Montt declaró una amnistía
para que la izquierda subversiva dejara las armas. Tras la escasa respuesta a su
petición, el 9 de junio Ríos Montt se autoproclamó Jefe de Estado y anuló a los
coroneles Héctor Maldonado Schaad y Francisco Luis Martínez Gordillo del poder,
mientras que concentra a todos los elementos del ejércitos en los cuarteles cercanos a
la capital, en donde descansan por un mes.
El 30 de junio de 1982, Ríos Montt, en un discurso titulado Estamos dispuestos a que
reine la honestidad y la justicia dijo que el gobierno se daba cuenta de que había
guatemaltecos que por temor a ser asesinados no hicieron uso de la amnistía, porque
los «camaradas comunistas» se habían declarado enemigos de estas poblaciones y
que por esta razón el gobierno iba a combatir a la subversión por los medios que
quieran, pero que lo iban a a hacer con juicios abiertos, completamente justos, a la vez
que con energía y con rigor. Informó que para tal efecto había establecido «tribunales
de fuero especial» que cumplirían con este propósito y declaró que a partir de ese
momento había pena de muerte por fusilamiento, para los que secuestraran,
provocaran incendios, y atacaran y dañaran instalaciones de defensa. Finalmente,
anunció que a partir del 1º. de julio quedaba establecido en todo el país el Estado de
Sitio, y que iba a movilizar tropas para combatir a la subversión, para iniciar ya la
«batalla final».
Los Tribunales de Fuero Especial, dirigidos por funcionarios desconocidos, civiles o
militares, nombrados por el presidente, y que juzgaron y condenaron, de manera
drástica y rápida, de modo paralelo al Organismo Judicial a más de quinientas
personas culpadas de pretender violentar las instituciones jurídicas, políticas,
económicas y sociales del país eran un órgano judicial sujeto al Poder Ejecutivo.
En total, quince personas murieron fusiladas sin que hubiera forma de probar lo
contrario, pues en menos de un mes desde su captura, los tribunales con jueces
anónimos ―sin rostro y sin registro― los sentenciaron a muerte, y nunca fueron
públicos los argumentos en que se basaba su fallo. Se juzgaron, además, a otras
quinientas ochenta y dos personas que no fueron condenadas a muerte.
Los tribunales funcionaban bajo jurisdicción del Ministerio de la Defensa, entonces a
cargo del general Óscar Humberto Mejía Víctores.
Tras la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de 1982,
Ríos Montt decidió suspender todas las ejecuciones a pena de muerte existentes, sin
que se diera a conocer el nombre de los condenados, tomando en cuenta algunas
sugerencias del organismo internacional de derechos humanos. Después de recibir el
informe de la CIDH, la ley sufriría modificaciones; entre ellas, que la defensa podía
tener al menos una participación discreta y la creación de una segunda instancia para
los procesos sometidos a estos tribunales. El 14 de diciembre de 1982, los cambios se
publicaron en el Diario Oficial: Decreto Ley 111-82. La defensa pudo al menos activar
un mecanismo dentro del Sistema de Justicia Oficial, que aunque no logró evitar los
fusilamientos, por lo menos los pospuso por unos días.
De acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los Tribunales de Fuero
Especial fueron el elemento de represión urbano que se implementó dentro del
proyecto contrainsurgente del ejército; entre el martes 22 de febrero y el 4 de marzo
de 1983, los seis condenados a muerte volvieron a ser noticia. Los seis acusados –
Héctor Adolfo Morales López, los hermanos Walter Vinicio y Sergio Roberto Marroquín
González, Carlos Subuyuj Cuc, Pedro Raxón Tepet y Marco Antonio González–,
llegaban de madrugada al Cementerio General junto con el pelotón de fusilamiento de
policías y ejército y el médico forense; su fusilamiento tuvo gran repercusión en
Guatemala y en el mundo, porque ocurrió apenas unos días antes de la visita del
papa Juan Pablo II a Guatemala, quien había pedido indulgencia para los
condenados.
Para el 30 de abril de 1983, el Gobierno daba fe de que el ochenta por ciento de los
consignados había quedado en libertad, y se contaban, no obstante, un total de ciento
doce casos. Hacia junio de 1983 había unos doscientos presos en el Segundo Cuerpo
de la Policía Nacional. Los Tribunales de Fuero Especial estuvieron vigentes durante
todo el gobierno de Ríos Montt y nunca se supo quienes fueron los jueces de los
mismos
En abril de 1982, en cadena nacional de televisión, Ríos Montt declaró una amnistía
para que la izquierda subversiva dejara las armas. Tras la escasa respuesta a su
petición, el 9 de junio Ríos Montt se autoproclamó Jefe de Estado y anuló a los
coroneles Héctor Maldonado Schaad y Francisco Luis Martínez Gordillo del poder,
mientras que concentra a todos los elementos del ejércitos en los cuarteles cercanos a
la capital, en donde descansan por un mes.203 El 30 de junio de 1982, Ríos Montt, en
un discurso titulado Estamos dispuestos a que reine la honestidad y la justicia dijo que
el gobierno se daba cuenta de que había guatemaltecos que por temor a ser
asesinados no hicieron uso de la amnistía, porque los «camaradas comunistas» se
habían declarado enemigos de estas poblaciones y que por esta razón el gobierno iba
a combatir a la subversión por los medios que quieran, pero que lo iban a a hacer con
juicios abiertos, completamente justos, a la vez que con energía y con rigor. Informó
que para tal efecto había establecido «tribunales de fuero especial» que cumplirían
con este propósito y declaró que a partir de ese momento había pena de muerte por
fusilamiento, para los que secuestraran, provocaran incendios, y atacaran y dañaran
instalaciones de defensa. Finalmente, anunció que a partir del 1º. de julio quedaba
establecido en todo el país el Estado de Sitio, y que iba a movilizar tropas para
combatir a la subversión, para iniciar ya la «batalla final».
Los Tribunales de Fuero Especial, dirigidos por funcionarios desconocidos, civiles o
militares, nombrados por el presidente, y que juzgaron y condenaron, de manera
drástica y rápida, de modo paralelo al Organismo Judicial a más de quinientas
personas culpadas de pretender violentar las instituciones jurídicas, políticas,
económicas y sociales del país eran un órgano judicial sujeto al Poder Ejecutivo.
En total, quince personas murieron fusiladas sin que hubiera forma de probar lo
contrario, pues en menos de un mes desde su captura, los tribunales con jueces
anónimos ―sin rostro y sin registro― los sentenciaron a muerte, y nunca fueron
públicos los argumentos en que se basaba su fallo. Se juzgaron, además, a otras
quinientas ochenta y dos personas que no fueron condenadas a muerte.
Los tribunales funcionaban bajo jurisdicción del Ministerio de la Defensa, entonces a
cargo del general Óscar Humberto Mejía Víctores.
Tras la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de 1982,
Ríos Montt decidió suspender todas las ejecuciones a pena de muerte existentes, sin
que se diera a conocer el nombre de los condenados, tomando en cuenta algunas
sugerencias del organismo internacional de derechos humanos. Después de recibir el
informe de la CIDH, la ley sufriría modificaciones; entre ellas, que la defensa podía
tener al menos una participación discreta y la creación de una segunda instancia para
los procesos sometidos a estos tribunales. El 14 de diciembre de 1982, los cambios se
publicaron en el Diario Oficial: Decreto Ley 111-82. La defensa pudo al menos activar
un mecanismo dentro del Sistema de Justicia Oficial, que aunque no logró evitar los
fusilamientos, por lo menos los pospuso por unos días.
De acuerdo a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los Tribunales de Fuero
Especial fueron el elemento de represión urbano que se implementó dentro del
proyecto contrainsurgente del ejército; entre el martes 22 de febrero y el 4 de marzo
de 1983, los seis condenados a muerte volvieron a ser noticia. Los seis acusados –
Héctor Adolfo Morales López, los hermanos Walter Vinicio y Sergio Roberto Marroquín
González, Carlos Subuyuj Cuc, Pedro Raxón Tepet y Marco Antonio González–,
llegaban de madrugada al Cementerio General junto con el pelotón de fusilamiento de
policías y ejército y el médico forense; su fusilamiento tuvo gran repercusión en
Guatemala y en el mundo, porque ocurrió apenas unos días antes de la visita del
papa Juan Pablo II a Guatemala, quien había pedido indulgencia para los
condenados.
Para el 30 de abril de 1983, el Gobierno daba fe de que el ochenta por ciento de los
consignados había quedado en libertad, y se contaban, no obstante, un total de ciento
doce casos. Hacia junio de 1983 había unos doscientos presos en el Segundo Cuerpo
de la Policía Nacional. Los Tribunales de Fuero Especial estuvieron vigentes durante
todo el gobierno de Ríos Montt y nunca se supo quienes fueron los jueces de los
mismos
GOLPE DE ESTADO 1983
El 8 de agosto de 1983, dentro de un ambiente de malestar y de falta de confianza en
los programas electorales anunciados por el general Ríos Montt, tuvo lugar un nuevo
golpe de estado en Guatemala encabezado por el general Oscar Humberto Mejía
Víctores, quien a la sazón venía desempeñándose como Ministro de Defensa.205 El
nuevo Jefe de Estado guatemalteco, en sus primeras declaraciones informó a la
opinión pública que no asumiría el título de presidente que había venido utilizando su
predecesor y al mismo tiempo que Jefe de Estado, continuaría ejerciendo la función de
Ministro de Defensa
Al producirse el derrocamiento del general Efraín Ríos Montt, una de las primeras
medidas adoptadas por el nuevo gobierno que encabeza el general Óscar Humberto
Mejía Víctores fue levantar el estado de alarma que se encontraba vigente desde el 29
de junio de 1983.
Como objetivos del golpe, Mejía Víctores indicó que estos eran:
En el marco de un nuevo sistema político y con 68 % del total de votos, fue electo en
1985 Marco Vinicio Cerezo Arévalo, candidato izquierdista y primer presidente civil en
un país donde los regímenes militaristas habían sido la pauta. La llegada de Cerezo
marcaría definitivamente la entrada de la democracia a Guatemala, que se iniciaría
con la transición realizada por Mejía Victores. Su gobierno se destacaría por buscar
armonizar las relaciones entre Guatemala y el resto de los países latinoamericanos,
especialmente con sus vecinos de Centroamérica
CONSECUENCIAS DE LA GUERRA