UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO

ASIGNATURA:

DOCENTE:

TEMA: Corrupción en el Perú

INTEGRANTES:
• Vianney gleydy León Suri.

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INTRODUCCIÓN

La corrupción puede ser abordada desde dos perspectivas, que en absoluto son antagónicas;
más bien, creo, permanecen en un tipo de relación de género a especie. En efecto, por un lado,
es posible entender la corrupción como actos o manifestaciones concretas del uso particular de
la función pública delimitados en la legislación administrativa o penal', pero, por otro lado, es
necesario entender la corrupción en un sentido más amplio, esto es, como un clima de
mentalidad colectiva, sentimientos y práctica histórica que denominamos "fenómeno de la
corrupción". Coincidiendo con el profesor Hurtado Pozo, consideramos que esta dimensión es
la más importante a tener en cuenta, dadas las repercusiones negativas que tiene en la vida
general del país, y porque es la que sostiene o explica de algún modo las manifestaciones
concretas de corrupción habitual. En este acápite nos detendremos en esta última perspectiva
de la corrupción para luego, en los puntos siguientes, ir descendiendo a los mecanismos
extrajurídicos y jurídico-penales para la contención de las manifestaciones concretas de la
corrupción.

Pero, ¿por qué tanta preocupación por la extensión de la corrupción en nuestra sociedad
actual? ¿Qué hay de nuevo en una práctica que se conoce hace tanto tiempo?

LA CORRUPCIÓN: UNO DE LOS GRANDES PROBLEMAS

García Enterría apunta a la corrupción generalizada como uno de los dos grandes problemas
para el funcionamiento efectivo de las democracias occidentales. La describe esencialmente
como un fenómeno de colonización del Estado por la sociedad (a diferencia de lo que ocurre
con la administración pública en un Estado partidocrático, en donde el fenómeno es el inverso:
la colonización de la sociedad por el Estado), es decir, como un fenómeno de injerencia
distorsionaste del sector privado en el funcionamiento del servicio público.

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Y es que la corrupción, en el contexto actual, presenta tres aspectos singulares que la hacen
potencialmente lesiva al desarrollo de nuestras incipientes sociedades democráticas.

En primer lugar, se evidencia una conexión peligrosa entre la novedosa criminalidad

organizada y la administración pública. Si bien la criminalidad organizada no es un tipo de
criminalidad absolutamente nueva, dado que su estructura no cambia en nada la clásica
división entre los delincuentes y los vigilantes de la ley, si lo es su connivencia con los propios
órganos estatales encargados de su control y persecución. Como señala el profesor Winfried
Hassemer, la criminalidad llegaría a una situación paradójica de tener que combatirse a sí
misma

En segundo término, el avance tecnológico e industrial en campos como la banca o las

finanzas permiten modalidades nuevas y encubiertas de corrupción que hacen dificil su
develamiento y persecución. Ejemplo de lo señalado puede verse en las millonarias
transferencias bancarias provenientes de fondos públicos, realizadas por los testaferros del ex
asesor presidencial Vladimiro Montesinos, a cuentas privadas en organizaciones financieras
ubicadas en paraisos fiscales, lo que ha dificultado enormemente su ubicación y eventual
repatriación.

Finalmente, la globalización y los procesos de integración supranacional han conllevado la

configuración de una forma de criminalidad de carácter transnacional con enorme capacidad de
desestabilización de mercados, asi como de corrupción internacional de funcionarios públicos.
Ejemplo de esta caracteristica lo muestra el caso, durante el gobierno del ex presidente
Fujimori, de la compra por parte del Estado de armamento militar o policial a proveedores de
paises extranjeros, el cual terminó "desviándose" a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). Este acto complejo de corrupción termino comprometiendo a dos países,
además del Perú.

CAUSAS

Determinar las causas de este fenómeno es realmente una tarea que escaparía a una modesta
exposición como la presente, sin embargo, diversos investigadores han planteado algunos
factores que condicionan la aparición y desarrollo de la corrupción:

 La ausencia de valores en la sociedad, lo que explica la interesada poca claridad para

determinar lo correcto de lo incorrecto en el ejercicio de la función pública. Un ejemplo

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 de lo mencionado lo encontramos en las declaraciones del líder político Luis Bedoya
Reyes cuando, respecto del proceso penal seguido contra su hijo, Bedoya de Vivanco,
por complicidad en delito de peculado realizado p por Vladimiro Montesinos, señaló que
su hijo había cometido, en todo caso, un pecado, pero no un delito.

 La distribución política del poder en la administración pública de forma intolerablemente

concentrada, discrecional y sin ejercicio transparente del mismo Puede citarse como
ilustración los innumerables decretos supremos secretos emitidos por el gobierno del ex
presidente Fujimori, por medio de los cuales se dispuso transferir fondos de los
ministerios de Defensa y del Interior al Servicio de Inteligencia Nacional. Precisamente,
gran parte de estos fondos sirvieron para "sobornar" a múltiples funcionarios públicos
(congresistas tránsfugas, magistrados judiciales y fiscales y oficiales militares) y
empresarios (publicistas y dueños de medios de comunicación) para mantenerlos
adheridos al régimen de turno, abdicando de sus deberes esenciales de independencia
en el ejercicio de sus funciones

 La coyuntura de una sociedad subdesarrollada que encara un periodo de crecimiento y

de modernización. Esta es la coyuntura que atraviesa actualmente el Perú, por lo que
debe mantenerse mucha atención y no relajar los sistemas de control sobre el gasto
público.

 Factores sociales y politicos de raigambre histórica (esencialmente desde el Virreinato)

en el Perú que han determinado que los funcionarios públicos perciban al Estado como
un botín a conquistar y aprovechable, prescindiendo de las normas y reglas
establecidas.

 Finalmente, se nos presenta un aspecto singular propio del desarrollo político de

nuestro país en la década de los años 90. Me refiero al sistema político autoritario
impuesto por el régimen de ese momento y que engendró un acentuado nivel de
corrupción política sin precedentes en el país. Corrupción de corte instrumental a
efectos de mantener el poder gubernamental sin posibilidad de control. De ello da

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 cuenta la situación que atravesó el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de
la República, la Academia Nacional de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, la
prensa, entre otros entidades estatales y privadas.

Esa concentración del poder determinó que la corrupción avanzara a niveles que ninguno de
nosotros imaginó. A eso se debe la importancia de un sistema de administración de justicia
independiente en el contexto de un Estado democrático que necesita consolidarse.

EFECTOS

Pues bien, esta generalidad y extensión de la corrupción, así como las nuevas características
que viene adquiriendo en este último tiempo, llevan consigo efectos sumamente graves en la
vida política, económica y social de un país".

1. En el ámbito político, efectivamente, la corrupción influye en la inestabilidad política de los

Estados. Los cambios de régimen, en mayor o en menor medida, son explicables desde la
constatación de factores de corrupción precedente. Y es que este fenómeno socava
brutalmente la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento regular de las instituciones
políticas. Esta desconfianza detiene precisamente el desarrollo de estas instituciones y encuba
situaciones que pueden determinar un explosivo ambiente de insatisfacción social. Como
señala la profesora Ackerman, "la corrupción sistemática socava la legitimidad de los
gobiernos, especialmente la de los democráticos, los que incluso pueden verse amenazados
por golpes de Estado: dirigidos por lideres totalitarios" Rose Ackerman, Transparencia en la
contratación estatal, Fundación Interamericana de Abogados - BID, 1997, p. 28.
Paradójicamente afirma esta autora que en los países no democráticos, esto es, autoritarios o
dictatoriales, la corrupción no siempre es desestabilizadora, aunque -señala- siempre opera
contra las reglas de un poder abierto y justo.

Como puede apreciarse, esta frase de Ackerman es ciertamente aplicable a la realidad política
peruana, si no, recordemos el periodo del régimen del gobierno aprista que precedió al régimen
autoritario que gobernó el Perú durante la década de los años 90.

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Finalmente, la corrupción también reproduce y consolida la desigualdad social, consolida el
clientelaje político y perpetúa la ineficacia de la burocracia y, por lo tanto, impide contar con una
administración pública eficiente al servicio de la satisfacción de los derechos de los peruanos.

2. Económicamente, los especialistas señalan a la corrupción como un factor de ineficiencia y

desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en la implementación de las políticas
públicas. En efecto, cuando el soborno se convierte en práctica corriente, los contratos
gubemamentales, las concesiones, las licitaciones, las privatizaciones no son adjudicados a los
postores más eficientes y profesionales, sino a los que tienen mejores contactos y carecen de
escrúpulos. Ello, evidentemente, perjudica los intereses del Estado y por ende los intereses de
todos los ciudadanos.

Igualmente, la corrupción conlleva a que la redistribución de la riqueza se reasigne a favor de

aquellos que detentan alguna forma de poder monopólico, esto es, de sectores con mayor
capacidad adquisitiva, en perjuicio de las capas menos favorecidas y a las que generalmente
van destinados los fondos públicos.

Así mismo, algunos estudios econométricos nos indican que existe una "correlación negativa
entre crecimiento y altos niveles de corrupción, lo que significa que a mayores niveles de
corrupción menores serán los índices de crecimiento económico de un país.

3. Pero el efecto más grave, y en ello compartimos las ideas de Pásara, es que la corrupción
atenta contra una de las condiciones necesarias de la vida en sociedad: la confianza reciproca
entre los ciudadanos y en la colectividad, debido a lo imprevisible del comportamiento entre
unos y otros. Este sentimiento de desconfianza en las instituciones y entre los propios
conciudadanos quiebra las bases a del contrato social llevándonos a un clima de anomia y
desestructuración social. Como bien señala Diez Picazo, "es cierto que los gobernantes no
encarnan el Estado en su conjunto y es asimismo cierto que concretos casos de criminalidad
gubernativa no convierten al Estado en una organización criminal; pero es incuestionablemente
cierto que los gobernantes son órganos del Estado, y sobre todo que representan la imagen
visible del mismo. La conclusión es evidente: la criminalidad gubernativa tiende a difuminar la
ecuación entre Estado y legalidad y, por consiguiente, tiende a deslegitimar el Estado ante los
ciudadanos

De plano, todo este panorama de causas y efectos que hemos expuesto nos muestra un
fenómeno cuya represión desborda su tratamiento meramente jurídico penal y nos exige poner
atención, además, en otro tipo de políticas de carácter extrajurídico o extrapenal.

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Sin embargo, antes de entrar a una revisión de todas estas politicas, creemos preciso compartir
algunas positivas experiencias comparadas de lucha contra la corrupción.

Antes del develamiento de la corrupción montesinista, ¿cuál era nuestra percepción sobre la
corrupción?

Generalmente observábamos en la ciudadanía una actitud pesimista al momento de plantear

estrategias o medidas viables para enfrentar una extendida situación de corrupción. Esa
sensación se aprecia incluso en un sector importante de nuestra población, la cual se
encuentra aún incrédula frente al desenlace de esta operación de manos limpias en nuestro
país.

Sin embargo, pocos saben que existen diversas experiencias comparadas, de alguna manera
exitosas, que nos han dejado algunas herramientas valiosas que pueden ser utilizadas en
nuestro país a efectos de disminuir los niveles de corrupción. Las líneas siguientes dan cuenta
de estas experiencias:

PROPUESTAS PARA UNA LUCHA EFICAZ Y DEMOCRÁTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ninguna disposición normativa o diseño organizacional alternativo puede resultar eficaz contra
la corrupción si no se presentan y mantienen dos presupuestos básicos: en primer lugar, es
imprescindible un minimo consenso político favorable a esta causa. Este contexto no sólo dota
de legitimidad a las políticas que se implementen sino que otorga continuidad a las mismas por
encima de las coyunturas particulares. En segundo lugar, resulta necesaria la garantia de una
suficiente independencia interna (dentro de su propio aparato institucional) y externa (respecto
de influencias del poder político o económico de turno) de los órganos responsables del
sistema de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del
Perú). Efectivamente, el Ministerio Público como titular único de la acción penal, así como el
Poder Judicial, órgano de decisión de los conflictos, son órganos del sistema de justicia que
deben superar su histórica pasividad e ineficacia frente a los abusos del poder. La
independencia en el desarrollo de sus funciones es presupuesto esencial de una política eficaz

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de persecución de la corrupción. Sólo esta independencia les otorga la fortaleza necesaria para
enfrentar los costos de esta causa nacional.

PROPUESTAS DE REORGANIZACIÓN ESTATAL

La idea de potenciar este tipo de propuestas en el ámbito organizativo y administrativo

resulta no sólo de su mayor capacidad preventiva con respecto a la mera aplicación de

sanciones punitivas, sino también de que a través de estos mecanismos evitamos recurrir

indiscriminadamente al derecho penal y a sus instrumentos, muchas veces restrictivos

de derechos fundamentales de la persona

. Se trata de mecanismos de carácter técnico u organizativos" implementados dentro del

aparato estatal a efectos de disuadir o evitar contextos que favorezcan la materialización de
actos de corrupción. Entre ellos podemos refert los siguientes: La razón central de este empuje
contra la corrupción se debe primordialmente a independencia del que goza el Poder Judicial y
el Ministerio Público italian Independencia obtenida gracias a un representativo órgano de
gobierno del Poc Judicial, a la actuación dinámica de las asociaciones de magistrados y a la
presencia órganos de investigación independientes y especializados en el seno del Minister
Público. Esta politica se encuentra lamentablemente en riesgo de decaer en mérito a algunas
medidas que han determinado la desactivación de órganos e institucione especializadas.

Todas estas experiencias han enfrentado el problema de la corrupción de forma drástica y por
lo menos dos de ellas se iniciaron con un impacto severo en la cúpula de élite politica y social.
Para el caso peruano esperamos que la experiencia del sistema judicial anticorrupción iniciada
durante el Gobierno retransición del Presidente Valentin Paniagua (que ha determinado cientos
de procesados y decenas de condenados, entre ellos políticos, ex congresistas, el ex
presidente, ex ministros de Estado, dueños de medios de comunicación, etc.) no decline y
culmine procesando y eventualmente condenado a los principales responsables de la
corrupción gubernamental llevada a cabo en el Perú en la década de los años 90.

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PROPUESTAS PARA UNA LUCHA EFICAZ Y DEMOCRÁTICA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ninguna disposición normativa o diseño organizacional alternativo puede resultar eficaz contra
la corrupción si no se presentan y mantienen dos presupuestos básicos: en primer lugar, es
imprescindible un minimo consenso político favorable a esta causa. Este contexto no sólo dota
de legitimidad a las políticas que se implementen sino que otorga continuidad a las mismas por
encima de las coyunturas particulares. En segundo lugar, resulta necesaria la garantia de una
suficiente independencia interna (dentro de su propio aparato institucional) y externa (respecto
de influencias del poder político o económico de turno) de los órganos responsables del
sistema de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Policía Nacional del
Perú). Efectivamente, el Ministerio Público como titular único de la acción penal, así como el
Poder Judicial, órgano de decisión de los conflictos, son órganos del sistema de justicia que
deben superar su histórica pasividad e ineficacia frente a los abusos del poder. La
independencia en el desarrollo de sus funciones es presupuesto esencial de una política eficaz
de persecución de la corrupción. Sólo esta independencia les otorga la fortaleza necesaria para
enfrentar los costos de esta causa nacional.

PROPUESTAS DE REORGANIZACIÓN ESTATAL

La idea de potenciar este tipo de propuestas en el ámbito organizativo y administrativo

resulta no sólo de su mayor capacidad preventiva con respecto a la mera aplicación de

sanciones punitivas, sino también de que a través de estos mecanismos evitamos recurrir

indiscriminadamente al derecho penal y a sus instrumentos, muchas veces restrictivos

de derechos fundamentales de la persona.

Se trata de mecanismos de carácter técnico u organizativos" implementados dentro del aparato

estatal a efectos de disuadir o evitar contextos que favorezcan la materialización de actos de
corrupción. Entre ellos podemos refert los siguientes:

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1. Incentivar la competencia de la economía y la asignación del manejo de recursos estatales a
sectores privados

Evidentemente contribuyen a reducir los incentivos para la corrupción todas aquellas politicas
que implican menos intervención estatal en la economía (restricción de exportaciones,
subsidios, tipos de cambio preferenciales, control de precios, etc.) y en su lugar se potencie la
competencia en el mercado nacional. En efecto, como señala Rose Ackerman, si el Estado no
tiene autoridad para restringir exportaciones, o no otorga tipos de cambio preferencial, por
ejemplo, no ofrece espacios para la corrupción. Un ejemplo tipico lo ofrece el primer Gobierno
del presidente García: subsidios, tipos de cambio preferenciales (dólares MUC), etc.

Sin embargo, no quiero decir con ello que la ausencia del Estado en todos los sectores de la
economia sea la solución a los problemas de la corrupción. Es evidente que la presencia del
Estado es necesaria en varios sectores de servicios públicos. En estos casos, es necesario
implementar regulaciones internas adecuadas como, por ejemplo, el incentivo de la propia
competencia dentro de la administración pública". Por otro lado, también existen riesgos de que
la corrupción se traslade al sector privado, sobre todo cuando se forman monopolios en
algunos ámbitos de la economía", de ahí también la importancia de instituciones estatales
como el Indecopi, que supervisa y promueve un ambiente de libre competencia en el sector
privado.

2. Transparencia progresiva y control permanente en las negociaciones y transacciones

realizadas por los funcionarios

Esta es la idea del mencionado informe Nolan. Al establecerse un sistema de denuncias

confidenciales, se expone permanentemente a los funcionarios públicos a tener que estar en
capacidad de dar explicaciones fundadas de las decisiones que constantemente adoptan. A
ello puede ayudar el establecimiento de reglas claras y precisas. De igual función lo constituyen

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las auditorias internas y externas a la que deben estar expuestas las diversas unidades
administrativas, sobre todo las que muestren sospechas sobre un alto grado de corrupción.

Pero la transparencia en la actuación administrativa no sólo debe estar expuesta por los
mecanismos contables o denuncias internas dentro de la administración pública. Esta
transparencia sobre todo debe ser permanentemente fiscalizada por la sociedad civil
organizada, y en especial por la prensa de investigación. La lógica de la democracia y del
Estado de derecho debe materializarse en estos mecanismos de control que se practican
desde un ejercicio libre de la prensa. ¡Cuántas transacciones corruptas permanecieron en la
oscuridad debido a una prensa que en su mayoría renunció a su trabajo de crítica a la gestión
pública del régimen! Cuestión escandalosa resultó ser la forma en que los medios de
comunicación más importantes sujetaron su capacidad de fiscalización a los lineamientos del
régimen fujimorista.

3. Evitar la concentración de funciones y de poderes discrecionales en los funcionarios públicos

La necesidad de un mayor grado de transparencia y control sólo es posible con la

determinación de reglas claras tendientes a evitar la concentración de amplias funciones en
determinadas unidades de la administración pública y, a su vez, con la delimitación de las
facultades discrecionales de los funcionarios. Así, por ejemplo, es posible hacer "que trabajen
en equipos con supervisión inmediata, de tal modo que ningún funcionario tenga oportunidad
de tomar grandes decisiones por su cuenta". Ejemplo de ello son los enormes recursos que se
manejaban desde el Ministerio de la Presidencia y desde el Ministerio de la Mujer,
precisamente los ministerios con mayor cuestionamiento de corrupción durante las campañas
electorales.

- Reforma del servicio civil

En el ámbito del servicio civil se han sugerido una serie de reformas y modificaciones. En
primer término se asume la necesidad de contar con los agentes técnicamente más capaces,
pero a la vez honestos y confiables. Esto último, aunque conlleve un cierto grado de
destinación de cierta capacidad técnica. El profesor Kirtgaard nos informa ya de la existencia
en el medio de pruebas psicológicas para investigar la honestidad, que han dado buenos
resultados en predecir la "integridad de la persona en el puesto

Por otro lado, se sugiere en este campo la rotación de personal, a fin de evitar la formación de
connivencias y arreglos entre "colegas" en un distorsionado espíritu de cuerpo.

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Y, finalmente, el establecimiento de códigos de ética para la función pública. Se entiende que el
fundamento de esta necesidad reside en la propia idea moral del Estado como una entidad
supraindividual que busca el bien común. Lógicamente, un código de ética para la función
pública no es la solución final para la corrupción, sin embargo permite, a través de
disposiciones de principio, evitar los espacios confusos y contradictorios que podrían generar
las múltiples normas que regulan las funciones del Estado. Teniendo una mayor claridad y
unidad sobre lo correcto e incorrecto en la actuación pública se favorece la universalización de
las normas de conducta de los funcionarios públicos y se evita la dispersión normativa. Esta es
la apuesta que desde hace un tiempo viene impulsando la Defensoría del Pueblo en nuestro
país, quien, entiendo, ha sido una de las primeras instituciones en adoptar una directiva estricta
de neutralidad en las elecciones, experiencia seguida por todos los organismos del Poder
Ejecutivo.

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