Liceo Bicentenario Ciudad de Los Ríos

Departamento de Historia y Ciencias Sociales

Prof. Viviana Cárdenas Zúñiga
Tercero Medio

Guía de Aprendizaje n°1

Unidad IV: Recuperación de la democracia y transformaciones políticas, sociales y

culturales: Chile desde la década de 1990.

TEMA 2: transformaciones políticas, sociales y culturales: Chile desde la década de

1990.

En este tema se abordan algunos de los aspectos característicos de la sociedad chilena posterior a la restauración
de la democracia, como los cambios en su estructura social, la redefinición del concepto de pobreza, las nuevas
políticas sociales y las demandas actualmente vigentes de distintos sectores. En ese sentido, el enfoque se
encuentra en la discusión en torno a los desafíos pendientes en Chile para lograr el desarrollo integral y pleno de
todos sus habitantes.

1.1. Chile luego de la transición

El 11 de marzo de 1990 culminó un largo período de interrupción de la democracia en Chile y el país volvió a
contar con un gobierno encabezado por una autoridad elegida por los ciudadanos chilenos. Tras más de veinte
años de ocurrido este evento, la democracia ya es parte de la vida cotidiana del país, y para numerosos chilenos es
el único régimen político en que han vivido. Sin embargo, la duración de la transición es un tema que en Chile ha
sido ampliamente debatido en los ámbitos político y académico. La discusión sobre el paso a un sistema
democrático sigue siendo fuente de polémica, sobre todo respecto de si la transición finalizó o no: mientras unos
se esmeran en proponer distintas fechas para decretar su término, otros niegan que la transición haya terminado. A
continuación, se proponen algunas fuentes que dan cuenta de esta discusión:
Fuente 1
(…) Con todo lo relativo que es dividir en períodos precisos, puede afirmarse que en Chile la transición coincide
con la fase final del régimen militar y se desencadena en el momento del plebiscito de 1988. A partir de este, el
conjunto de actores políticos se orienta hacia el término del régimen, sea para dificultar o para facilitar el
advenimiento democrático, culminando así con la inauguración del gobierno democráticamente elegido en
diciembre de 1989. Al asumir el primer gobierno democrático, puede decirse que ya no estamos en transición en
sentido estricto. Pero ello requiere una clarificación. El resultado del proceso de transición, dadas las
características que este tuvo en nuestro país, fue que, al inaugurarse el primer gobierno democrático, este era un
régimen democrático incompleto (…). En otras palabras, la transición había sido incompleta y quedaban tareas
pendientes de ella, como completar el régimen democrático, superando, eliminando o neutralizando los enclaves
autoritarios heredados.
Garretón, M. A. Transición incompleta y régimen consolidado. Las paradojas de la democratización chilena.
En: Ciencia Política, n.º 1-2, 1994.
Fuente 2
Si bien el 11 de marzo es la fecha del retorno oficial de la democracia en Chile, el momento está lejos de
corresponder a una ruptura brutal y radical con la dictadura, a un verdadero cambio de rumbo en el manejo de
los asuntos del país. Al contrario, el retorno de la democracia se ha efectuado bajo la forma de una transición
estrechamente controlada, en cuyo seno no solamente los partidos de la Concertación tienen la palabra, sino
también los militares y las fuerzas políticas de derecha.
Guillaudat, P. y Mouterde, P. Los movimientos sociales en Chile (1973-1993). Santiago, Chile: Lom Ediciones, 1998.
Fuente 3
Varios actores políticos, sobre todo de derecha, han planteado que con el logro de la alternancia del poder se
puede dar por superada la etapa de transición hacia la democracia. (…) Esto es falso si también creemos que en
1990 no se logra la transición plenamente. En ambos casos ocurre un cambio de administración, si bien en 1990
desde una administración autoritaria a una democrática, pero del mismo aparataje institucional fundado por la
primera, el cual solo es reformado en algunos asuntos puntuales, los más flagrantemente antidemocráticos, años
después. (...) Así, lo ocurrido a comienzos del 2010 [el traspaso de gobierno a Sebastián Piñera] no concluye la
transición, de mi punto de vista, pues esto no es ni representa la fundación de una democracia legítima,
concebida en democracia y discutida abiertamente por sus ciudadanos.
Valenzuela, P. y otros. Alternancia del poder: ¿Fin de la transición? Una problematización. En: Ballotage, enero de 2010. Disponible en:
http://ballotage.cl/2010/01/alternancia-del-poder-fin-de-latransicion/
1.2. Augusto Pinochet y los gobiernos de la Concertación

Junto con el retorno de la democracia, Pinochet se mantuvo como máxima autoridad del Ejército. En 1990 se
produjo el denominado "ejercicio de enlace", una instrucción de acuartelamiento del Ejército realizada tras el
inicio de una investigación sobre giro doloso de cheques por parte de un familiar de Pinochet, lo que generó una
dura tensión con el gobierno. En 1993 el "boinazo", entrenamiento militar llevado a cabo por un grupo comando
casi al frente de La Moneda, fue una nueva reacción frente a la posible reapertura de la investigación.
En 1998, Pinochet abandonó la comandancia en jefe del Ejército y asumió como senador vitalicio. El 16 de
octubre de ese año fue detenido en Londres, mientras acudía a realizarse una operación médica, por casos de
violación a los Derechos Humanos abiertos por el juez español Baltasar Garzón. Sus defensores alegaron que una
ley chilena le otorgaba inmunidad y que su delicada salud y senectud lo inhabilitaban para enfrentar un juicio. El
gobierno, que apoyó la defensa, retiró incluso a su embajador en España por algún tiempo.
El arresto domiciliario, que duró más de 500 días, se resolvió con su retorno a Chile. En los años 2000 y 2004, la
Corte Suprema desaforó al senador vitalicio por los casos "caravana de la muerte" y "operación cóndor", que
investigaba el juez Juan Guzmán, pero en el primero fue sobreseído y en el segundo no recibió sentencia porque
murió antes del fin de la investigación. Durante el año 2004 fue descubierta una serie de cuentas bancarias
internacionales asociadas a su nombre, que pusieron en tela de juicio la probidad con que operó en la
administración pública. Falleció a fines del 2006.

1.3. El rol de las Fuerzas Armadas en democracia

Las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas han debido rearticularse tras el retorno a la democracia.
A nivel constitucional, las Fuerzas Armadas fueron consideradas “garantes de la institucionalidad” hasta el año
2005, lo que les otorgaba una no despreciable importancia política. Durante la primera década del retorno a la
democracia las relaciones entre el poder civil y las Fuerzas Armadas sufrieron fricciones permanentes, como
consecuencia de las disputas por los alcances y límites en el accionar de cada sector, así como por los
enfrentamientos en torno a la posibilidad de acción de la justicia. Durante la década siguiente, las Fuerzas
Armadas adquirieron una mayor subordinación al poder político, lo que se ha traducido, por ejemplo, en que la
alta oficialidad haya promovido que se asumiese institucionalmente la responsabilidad en las violaciones a los
Derechos Humanos. Durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, las relaciones cívico-
militares se mantuvieron y se mantienen en buen pie.

2. EL MODELO ECONÓMICO DE LOS GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS.

Tras el retorno a la democracia, factores internacionales, como la fuerza que tomó el neoliberalismo, y nacionales,
por ejemplo el haber asumido con un país en crecimiento económico, determinaron que se mantuviera, en lo
fundamental, el sistema económico legado por el régimen militar.

2.1 El Consenso de Washington

Desde la década de 1980, y con más fuerza durante la de 1990, resurgió con mayor energía el ideario liberal, con
una nueva identidad: el neoliberalismo. Una de las expresiones más evidentes de este rebrotar fueron las medidas
propuestas por el denominado Consenso de Washington, conjunto de medidas que promovían el libre mercado
como paradigma de organización económica. Entre otras, proponía una férrea disciplina presupuestaria y de
control de la inflación, reducir las tasas impositivas y, a la vez, mejorar la eficiencia del sistema de recaudación,
liberalizar los tipos de cambio, eliminar barreras arancelarias, flexibilizar el mercado laboral, privatizar parte
importante de las empresas de propiedad fiscal y garantizar los derechos de propiedad. Este recetario, que
Chile ya había, en gran medida, implementado, fue aplicado en muchos países de Latinoamérica desde fines de la
década de 1980 y durante la de 1990, como en Perú, a partir de la llegada a la presidencia de Alberto Fujimori;
en Argentina, desde el arribo al poder de Carlos Menem; en México, con el mandato de Carlos Salinas de
Gortari, y en Brasil, con el dos veces presidente Fernando Henrique Cardoso.

2.2 La consolidación de la economía de mercado en Chile

El proyecto económico de la Concertación se basó en dos pilares: la mantención e incremento del crecimiento
económico y la preocupación por la "deuda social", que fue la noción con la que conceptualizaron la situación del
país en términos de pobreza y desigualdad. Para lograr ambos objetivos, consideraron imperioso mantener en lo
fundamental la economía de mercado, junto con el resurgimiento de políticas públicas, especialmente en el área
social.
Los analistas concuerdan en que los nuevos gobiernos conservaron el sistema económico implementado por el
régimen militar, con la salvedad de que el Estado fue concebido como el agente impulsor del neoliberalismo, en el
sentido de que debió promover la iniciativa particular y reconducir las reglas del juego hacia el libre mercado. De
esta manera, potenció la iniciativa particular como el eje del sistema económico. Así se implementaron nuevas
políticas arancelarias de promoción del libre intercambio. Ejemplo elocuente de ello fue la reducción de los
aranceles por importación: en 1991 bajó desde 15 % a 11 % y en 1998 se redujo desde la última cifra hasta el 6 %.
Hacia diciembre de 2009, un 93 % del monto total de las mercancías importadas ingresó al país con algún tipo de
preferencia arancelaria, es decir bajo el 6 %, y un 55 % lo hizo sin pago arancelario.
En gran medida esto fue posible porque el Estado firmó múltiples tratados económicos bilaterales y multilaterales.
Entre 1990 y el año 2010, se suscribieron al menos 25 tratados de libre comercio (TCL). Por otro lado, han
continuado las privatizaciones de empresas públicas. Algunos ejemplos fueron la venta de la generadora
hidroeléctrica Colbún y la privatización de varias empresas sanitarias. En general, las medidas económicas
tendieron a consolidar y extender el modelo exportador de materias primas con baja elaboración y la
importación de bienes elaborados. En el mensaje presidencial de 1995, el entonces presidente de la república,
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, señaló que “nuestra política exterior ha respaldado plenamente a nuestra economía,
caracterizada por un fuerte impulso exportador, entre 1986 y 1994, las exportaciones se han duplicado y hoy
representan más del 37 por ciento de la producción nacional […]. Ello nos obliga a una participación muy activa
en todos los mercados globales y a promover un regionalismo abierto que estimule el libre comercio
internacional”. Fue así como entre 1990 y 1997, las ventas al extranjero se incrementaron en 102 %, pasando de
US $ 8 370 millones a US $ 16 920 millones. Hacia 2012, según el ranking anual que realiza el centro de
pensamiento neoliberal estadounidense Heritage Foundation, Chile ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en
materia de libertad económica, y primero entre todas las economías no desarrolladas, incluidas las de América
Latina.

2.3. Datos estadísticos de Chile a partir de 1990

Para conocer la estructura social y demográfica de una sociedad como la chilena, es necesario analizar algunos
datos estadísticos como los que se presentan en la infografía a continuación: 

En términos generales, Chile actualmente se caracteriza por una tendencia de menor crecimiento de su población,
debido a las bajas tasas de natalidad y fecundidad que está empezando a mostrar. Al mismo tiempo, se muestra un
envejecimiento de la población, tendencia que debería continuar acentuándose en las décadas siguientes. Estos
datos indican que el país atraviesa las últimas etapas de su transición demográfica. Otra característica de la
población chilena es el sostenido aumento de la población urbana y la concentración de la fuerza de trabajo
principalmente en el sector terciario de servicios y comercio.

2.3.1. El nuevo rol del Estado

En lo fundamental, los gobiernos de la Concertación conservaron las bases del modelo de desarrollo económico
diseñado bajo el gobierno militar, basado en la integración a los mercados globales y en la mantención de los
equilibrios macroeconómicos, a fin de tener bajo control la inflación. Esto era importante porque, como se puede
observar en la infografía que se presenta a continuación, las elevadas tasas de inflación han sido una constante en
la historia económica del país desde la crisis económica de 1929.
Sin embargo, la experiencia de la crisis económica de 1982 demostró que algunos cambios debían ser
introducidos. Ya se tenía la noción de que el crecimiento económico no era suficiente para corregir la desigualdad
del modelo neoliberal, por lo que, a partir de la década de 1990, el Estado asumió un rol gravitante en la búsqueda
de la equidad, mediante el aumento de los recursos fiscales destinados a favorecer a los sectores más
desposeídos. 
Las nuevas políticas sociales se enfocaron en la reducción de la pobreza, la que en 1990 afectaba a cerca de cuatro
millones de personas, es decir, prácticamente un 40 % de la población. Estas medidas tenían como principal
fundamento la convicción de que el crecimiento económico –que se experimentaba de forma continua desde
mediados de la década de 1980– debía reflejarse en la calidad de vida de las personas, por lo que el Estado debía
abocarse a alcanzar el acceso equitativo de la población a los beneficios de ese crecimiento. Así, el desarrollo se
comienza a entender como una combinatoria de crecimiento económico e igualdad social.

3. POLÍTICAS Y DEMANDAS SOCIALES DE CARA AL SIGLO XXI:

3.1. DESIGUALDAD EN CHILE.

3.1.1. La reducción de la pobreza:
Para los gobiernos de la Concertación, el crecimiento económico estaba relacionado con el desafío central de
reducir la pobreza. Según el economista Patricio Meller, durante la década de 1990 la disminución de esta se
debió en aproximadamente el 60 % al exclusivo incremento del PIB. Por otra parte, el Estado debía implementar
políticas sociales para la población que quedara al margen de los frutos del mercado. El gasto público en este
sector ha crecido consistentemente, se amplió significativamente la oferta en programas sociales, como por
ejemplo Servicio País y Chile Solidario, y se creó en 1990 un nuevo ministerio para el área —el Ministerio de
Planificación y Cooperación (Mideplan)—, que, tras algunos cambios, el año 2011 se transformó en el
Ministerio de Desarrollo Social.
En general, las políticas sociales han estado influidas por las propuestas de los organismos de crédito
internacional, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que han recomendado la
focalización de los programas en grupos específicos, con el objetivo de optimizar los recursos escasos. Gracias a
tal aceptación, dichas instituciones han inyectado sumas cuantiosas de dinero para financiar los proyectos
diseñados. El gobierno de Michelle Bachelet inició cierto giro en algunas políticas sociales –especialmente
reconocible en la ejecución del Plan de Acceso Universal y Garantías Explícitas de Salud (AUGE)– con miras
a generar plataformas de resguardo social universal, amparadas en un enfoque de derechos. La conjunción
entre crecimiento económico y políticas sociales provocó una disminución sostenida en los niveles de pobreza
entre 1990 y 2011, salvo entre los años 2006 y2009, aunque según la medición de la Cepal en estos cuatro años
también disminuyó.

3.1.2. Deudas y problemas en el modelo de erradicación de la pobreza.

Ha sido una constante histórica el que las mujeres, sobre todo las jefas de hogar, los grupos étnicos, los niños
menores de cinco años y los habitantes de determinadas regiones y comunas superen el promedio nacional de la
línea de pobreza y extrema pobreza, lo que ha agudizado el problema. Por otro lado, las políticas sociales no han
sido articuladas en un gran programa nacional para superar la brecha social, y muchas no han tenido proyección
en el tiempo. En 1995 se instauró el Programa Nacional de Superación
de la Pobreza, cuyos objetivos fueron la coordinación interministerial de los programas focalizados de combate
contra la pobreza y la implementación de un Programa Especial de Comunas. Sin embargo, el programa fracasó
al año siguiente por el recambio de autoridades y por la poca inyección de recursos.
El punto más delicado es que no se ha podido determinar de manera común qué se entiende por pobreza y, en
consecuencia, no existe consenso en torno a la manera de enfrentarla. Un ejemplo claro es que en 1996 se formó
un Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, el que presentó el informe
La pobreza en Chile: un desafío de equidad e integración social, el cual no fue aceptado por el gobierno, sobre
todo, en virtud de que planteaba una definición no económica de la pobreza al relevar sus dimensiones
cualitativas.

3.1. EDUCACIÓN
Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle comenzó una reforma educacional que apuntó a extender la
jornada escolar y a reformar los contenidos de la enseñanza con el fin de adecuarlos a las necesidades de un país
que se abría al mundo global. En la educación superior se desarrollaron iniciativas tendientes a permitir que más
jóvenes ingresaran a las universidades, apoyados por becas y créditos. Siguiendo estos pasos, el actual gobierno
busca lograr que se apruebe una nueva reforma que profundice los cambios logrados a fines de la década de 1990,
garantizando la gratuidad y calidad en educación para todos los niños de Chile. La siguiente tabla muestra la
distribución de la cobertura educativa según quintiles, una medida socioeconómica oficial que se utiliza para
clasificar a la población de acuerdo a sus ingresos:

FUENTE: Encuesta CASEN 2000

3.2. SALUD
Las políticas han apuntado, principalmente, a integrar el sistema público y privado de salud; facilitar que los
sectores menos favorecidos accedan a un sistema de calidad; afrontar retos que se derivan de los cambios
recientes en el modo de vida de los chilenos (obesidad, enfermedades degenerativas, estrés, depresión, entre
otros), y crear conciencia en la población respecto a sus derechos a salud. El plan AUGE, vigente desde 2005, es
uno de los componentes más importantes de esta reforma ya que garantiza a todos los ciudadanos afiliados al
sistema público y privado (Fonasa e ISAPRES) que, en caso de padecer una enfermedad considerada en el
AUGE, tendrán derecho a una atención de salud oportuna, con plazos conocidos y adecuados, estándares de
servicio similares para todos (sin discriminación), gratuita o con montos conocidos y razonables (protección
financiera).
Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Salud del año 2003, el reporte de una "mala salud" era tres veces
más alto en el quinto quintil que en el primero. El mismo reporte, para los años 2010-2011, confirmó la tendencia.
En los estratos bajos existía una dieta de menor equilibrio que en los sectores de mayor ingreso económico. Esta
es una de las expresiones de la inequidad en la p oblación y que representa un desafío para el Chile actual.

3.4. TRABAJO
La nueva ley de reforma laboral, aprobada en agosto del 2016, estableció la ampliación de la cobertura y de las
materias en una negociación colectiva entre trabajadores y empleadores, que anteriormente se encontraban
limitadas a ciertos trabajadores o temáticas; la autonomía para que empresas y organizaciones sindicales puedan
acordar pactos sobre condiciones especiales de trabajo (como la distribución de la jornada); la prohibición del
remplazo de trabajadores en huelga y la garantía de la representación de mujeres en directorios sindicales (que no
sea inferior a 30 %). Este fragmento corresponde a una de las presentaciones que realizó la Central Unitaria de
Trabajadores frente a la comisión encargada de tramitar la reforma laboral:

Relaciones laborales, visión de la CUT

Si hay algo de lo que nos da cuenta el mundo del trabajo en Chile, es que mientras las clases (grupos,
sectores o como se les denomine) que ocupan los más altos niveles de la pirámide social siguen acumulando
ganancia, incluso por sobre el valor de los factores con los que aportan a la productividad que generan sus
servicios, su comercio o su manufactura, la gran mayoría de los trabajadores chilenos parecen seguir
acumulando precariedad, endeudamiento y en última instancia pobreza. Un solo dato que ilustra esta
realidad es el hecho de que la brecha de ingresos autónomos per cápita (los que se consiguen principalmente
en el trabajo) entre el 5 % más pobre y 5 % más rico se ha duplicado entre 1990 y 2011 pasando de 130 a
257 veces. Lo anterior encuentra su origen en gran medida en un sistema de relaciones laborales con bajas
tasas de sindicalización y escasa cobertura de negociación colectiva.
Presentación CUT en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados (s. i.).

3.5. PUEBLOS ORIGINARIOS

Actualmente, los pueblos indígenas que integran la nación chilena son: aymara, quechua, atacameño o lickan
antai, colla, diaguita, rapa nui, mapuche, kawéskar y yagan. En las últimas décadas se han incrementado las
movilizaciones por parte de estas comunidades que exigen su reconocimiento como pueblos de parte del
Estado-nación.
Algunos hitos relevantes en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas son los siguientes:
 La promulgación de la Ley Indígena en 1993, en la que se establecieron normas sobre la protección,
fomento y desarrollo de las comunidades indígenas.
 La ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 2009, en el que se
establecieron los lineamientos que debían seguir los Estados para proteger los derechos y asegurar la
integración de los pueblos originarios.
 La conformación de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas en 2001, la
que reconoció una deuda histórica con los pueblos indígenas y elaboró políticas públicas específicas para
estos grupos.
 Si bien este conflicto no es nuevo, en la actualidad las demandas no solo se limitan a mejorar sus
condiciones sociales, sino que además buscan la aceptación constitucional de la diversidad cultural en
Chile. 

3.6. Género e Identidad

Durante el régimen militar, con el lema “Democracia en la casa y en el país”, las mujeres aspiraron a convertirse
en actores sociales relevantes. Desde la creación en 1991 del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), se ha
producido una institucionalización de las demandas feministas, particularmente de aquellas asociadas al ingreso
de la mujer al mundo del trabajo (a través de leyes como la de fuero maternal y la de instalación de jardines
infantiles) y de otras relacionadas con derechos civiles, que ha permitido promulgar las leyes de divorcio vincular
y de igualdad jurídica para hijos nacidos fuera del matrimonio, entre otras. El relevo en las luchas de género lo
han tomado los movimientos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, quienes, desde principios de la
década de 1990, han demandado los mismos derechos que tienen los heterosexuales. Hasta fines del año 2012
estaba en trámite una ley de Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), que regula la convivencia de mayores de edad,
independiente de su condición sexual. El mismo año se firmó la llamada Ley Antidiscriminación, también
conocida como Ley Zamudio, en alusión a la muerte de un joven tras una golpiza propinada por su condición
sexual, lo que desató la urgencia del proyecto. Este regula y sanciona todo tipo de discriminación arbitraria,
incluida la de orientación sexual.

3.7. Desarrollo Sustentable

Actualmente, el desafío de lograr el desarrollo se aborda desde una perspectiva integral y sustentable, que intenta
responder a la necesidad de alcanzar el crecimiento económico, pero garantizando la protección del
medioambiente y los derechos de las personas en todos los ámbitos de la vida. Esto implica, como principio
elemental, la necesidad de evitar que la explotación de los recursos naturales perjudique la posibilidad del
desarrollo de las generaciones futuras. Según diversos especialistas, Chile, como también muchos otros países del
planeta, se encuentra en deuda con el cumplimiento de este objetivo.
Si bien los resultados estrictamente económicos mantienen al país como una de las principales economías
latinoamericanas, las repercusiones de las industrias y de la explotación de recursos sobre el espacio y la
población generan cada vez mayor preocupación. El impacto ecológico provocado por desechos de faenas
mineras, la contaminación asociada a la instalación de plantas de celulosa en las cercanías de ríos, la degradación
del lecho marino producido por los salmones criados en plataformas en la zona sur o la contaminación ambiental
de las procesadoras de productos marinos han alertado a distintas comunidades locales y a la población del país.
Bajo este escenario, la aplicación de políticas de desarrollo sustentable pretende superar estas dificultades para
alcanzar, simultáneamente, el crecimiento económico, la equidad social y la conservación y protección del
medioambiente. Por esta razón, desde 1994, el Estado de Chile ha diseñado diferentes políticas para enfrentar sus
problemas ambientales. Primero, a través de la publicación de la Ley n.º 19300 sobre Bases Generales del
Medioambiente y de la creación de la Corporación Nacional del Medioambiente (Conama) que, en enero de 1998,
aprobó la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Además, desde el año 2010, existen el Ministerio del
Medio Ambiente y los tribunales ambientales, que cumplen con el fin de fortalecer la institucionalidad existente a
favor del cuidado, promoción y conservación de los recursos naturales.
Ejercicios PSU:

1. Una de las directrices de las políticas públicas implementadas en el marco de la economía de mercado chilena
es la de la focalización, es decir, que aquellas deben orientarse hacia la provisión prioritaria de servicios
sociales a un grupo objetivo de la población. En este contexto, un ejemplo de focalización es la política de:
I. suscripción de tratados de libre comercio.
II. apoyo a familias en situación de pobreza extrema.
III. mayor subvención a liceos con estudiantes en situación de vulnerabilidad.
A. Solo I
B. Solo II
C. Solo I y II
D. Solo II y III

2. “Si bien, la llegada de la democracia se había precipitado por acontecimientos donde los sectores populares
y las organizaciones políticas de izquierda eran protagonistas, el itinerario del proceso se había ajustado y
pactado en relación a la programación de la propia dictadura y las exigencias de los partidos que no querían
una salida violenta ni popular al periodo”. Ivette Lozoya. (2012). “Chile: Violencia política y transición a la democracia. El MAPU-
Lautaro y la derrota de la vía revolucionaria en los ‘90”. En Pablo Pozzi y Claudio Pérez (eds.). Historia oral e Historia política. Izquierda y lucha
armada en América Latina, 1960-1990. Santiago.

De acuerdo con la fuente, la principal característica de la transición a la democracia en Chile fue la

A. confrontación de los partidos políticos con el régimen militar.
B. negociación con el régimen militar bajo sus propias condiciones.
C. aplicación de reformas políticas para acortar los plazos del proceso.
D. búsqueda de un consenso entre todos los sectores sociales y políticos.
E. organización entre los sectores populares para garantizar la gobernabilidad.

3. “El saldo de la balanza comercial entre ambos países refleja la complementariedad que caracteriza el
intercambio bilateral de bienes. Chile goza de superávit en el intercambio de bienes mineros, agrícolas, así
como en silvicultura e industria forestal. Corea exhibe un superávit en bienes industriales, en especial
maquinaria, equipos y vehículos”.
Gobierno de Chile. (Febrero de 2004). Tratado de Libre Comercio Chile-Corea.
De acuerdo a la fuente es correcto inferir que
A. los tratados de libre comercio han fomentado la industrialización de Chile.
B. el intercambio comercial entre Chile y Corea no existía antes del año 2004.
C. los principales productos de exportación de Chile son los recursos naturales.
D. la mayor inversión chilena en países extranjeros está en el mercado coreano.
E. el intercambio comercial entre Chile.

4. En torno a los tratados de libre comercio vigentes de Chile, es correcto señalar que se han firmado:

I. mayoritariamente desde el comienzo del siglo XXI.

II. con países representantes de todos los continentes.
III. principalmente con países del continente africano.
A. Solo I
B. Solo II
C. Solo I y II
D. Solo I y III
E. I, II y III

5. A pesar de los índices macroeconómicos positivos que ha presentado Chile a partir de la adopción de la
economía de libre mercado, existen indicadores y problemáticas que no han sido resueltos. Entre ellos
destaca(n):
A. la sistemática disminución del gasto público en el ámbito educativo.
B. el congelamiento del sueldo mínimo desde el retorno a la democracia en 1990.
C. el estancamiento y crisis en la producción de las exportaciones no tradicionales.
D. la reducción en el monto que obtiene el Estado a través de la recaudación de impuestos.
E. la mantención en la brecha de ingresos entre los diversos grupos socioeconómicos.
6. Durante las últimas décadas, en Chile han emergido movimientos y actores sociales que instalan nuevos
debates en torno al desarrollo nacional, a partir de reivindicaciones particulares, entre las que destacan temas
ambientalistas, feministas y étnicos. Una de las características del mundo actual que revelan estos
movimientos es:
A. la convergencia en la aceptación del modelo de economía social de mercado.
B. el auge de las propuestas de cambio del modelo a partir de un análisis clasista.
C. la indiferencia que genera en la juventud la participación en la actividad política.
D. la dependencia de los movimientos sociales respecto del financiamiento estatal.
E. la crisis de las ideologías globales y de las propuestas de cambio social integral.

7. Los movimientos sociales actuales presentan una serie de diferencias respecto de los que caracterizaron el
siglo XX en Chile. Un elemento que diferencia al antiguo movimiento obrero del estudiantil actual es que este
último:
A. interpela a las autoridades estatales.
B. convoca a manifestaciones cerradas de un solo sector.
C. aplica la verticalidad en la toma de decisiones colectivas.
D. posee medios de comunicación masivos para difundir su causa.
E. presenta una baja militancia de las bases en los partidos tradicionales.