La Argentina en El Siglo XXI
La Argentina en El Siglo XXI
La Argentina en El Siglo XXI
LA ARGENTINA
EN EL SIGLO XXI
cómo somos, vivimos y convivimos
en una sociedad desigual
encuesta nacional sobre la estructura social
ISBN 978-987-629-824-7
CDD 310
ISBN 978-987-629-824-7
Introducción 11
Juan Ignacio Piovani
Agustín Salvia
parte i
Estructura social
parte ii
Condiciones de vida y materialización de derechos
parte iii
Composición, prácticas y estrategias de los hogares
Autoridades 631
Introducción
Juan Ignacio Piovani
Agustín Salvia
dentro de una clase en distintas regiones del país. En este marco, el aná-
lisis aporta evidencia relevante sobre las desigualdades estructurales que
se manifiestan en la distribución del ingreso, en las que el género es un
factor importante: a mayor dominancia femenina, menores ingresos per
cápita por hogar.
El capítulo 4, de Agustín Salvia, María N oel F
achal y Ramiro R obles,
nos confronta con el hecho de que casi la mitad de la fuerza de trabajo
en la Argentina no accede a un empleo pleno de derechos, lo que cons-
tituye un rasgo explicativo central de las desigualdades que atraviesan la
estructura social del trabajo. En este marco, el capítulo busca caracteri-
zar la calidad de los empleos, con énfasis en la insuficiencia estructural
del sistema económico productivo argentino para incluir en forma plena
al conjunto de la fuerza de trabajo disponible, tanto a nivel nacional
como en las distintas regiones del país. S i bien se reconocen diferencias
en el mercado de trabajo asociadas el género, la edad, el nivel educativo,
entre otros discriminadores sociales, el estudio pone especial énfasis en
tres dimensiones determinantes de la calidad y los ingresos laborales: el
sector ocupacional (público, privado formal y privado informal), el tipo
de mercado o segmento laboral (regulado o extralegal) y la estructura
económico-regional de ocupación. A partir de este esquema se muestra
cómo la heterogeneidad de la productividad ocupacional constituye un
factor clave a la hora de explicar la inserción y los ingresos laborales ho-
rarios de los ocupados. En este contexto, el capital educativo de la fuerza
de trabajo puede constituir un factor secundario en la explicación de
esas desigualdades.
En el capítulo 5, P
ablo D
alle, J orge Raúl Jorrat y Manuel R iveiro exami-
nan las principales tendencias presentes en el sistema de estratificación y
movilidad social urbana, en clave de las diferentes políticas de desarrollo
aplicadas en el país durante las últimas décadas. En este sentido, la movi-
lidad intergeneracional –tanto absoluta como relativa–se aborda a partir
de la estratificación social, pero también según sus diferencias regiona-
les, por tamaño de aglomerado, sexo, grupos etarios y nivel educativo
de la población ocupada. El análisis de las estadísticas que ofrecen los
autores da cuenta de un escenario diverso, con mejor ajuste del modelo
de fluidez constante por edad, de efectos de diferencias uniformes según
educación y tamaño del aglomerado, y de tendencias menos definidas
por sexo y regiones. Los patrones muestran una expansión moderada de
las clases medias, y ponen en evidencia que la educación superior es el
principal canal para el paso de clase obrera a clase de servicios. Si bien
este proceso no reduce el peso directo de la clase de origen sobre la de
destino, induce a considerar que si se buscan procesos de movilidad so-
18 la argentina en el siglo xxi
referencias
1 El sistema de las ENHS incluye tres encuestas diferentes, aunque relacio-
nadas entre sí: la E
ncuesta N acional sobre la E structura Social (ENES), la
Encuesta Nacional sobre R elaciones Sociales (ENRS) y la Encuesta Nacional
sobre Valores, Actitudes y R
epresentaciones Sociales (Envars).
28 la argentina en el siglo xxi
el cuestionario
la muestra
Región %
GBA 33,0
Cuyo 7,1
Pampeana 13,9
Centro 19,3
NEA 9,2
NOA 12,3
Patagonia 5,2
Fuente: Elaboración propia sobre la base de los datos del Censo 2010.
diseño de la muestra
La encuesta Pisac se basó en una muestra probabilística, estratificada y
polietápica de viviendas particulares, diseñada a partir de los datos y la
cartografía del Censo N
acional de Población, Hogares y Vivienda de 2010.
En una primera etapa, una vez definidos los dominios de estimación,
se seleccionaron 1147 radios censales de 339 localidades de más de 2000
habitantes de todas las provincias, los 24 partidos del Conurbano y las
15 comunas de la CABA. Los radios fueron estratificados según la re-
gión/provincia, el tamaño poblacional del aglomerado y el departamen-
to (esto último sólo en los aglomerados de más de 100 000 habitantes).
Como variable de estratificación implícita se definió el nivel educativo
del PSH a nivel de radio censal (media de PSH con educación univer-
sitaria y media de PSH con educación primaria o sin instrucción). L os
radios censales fueron seleccionados con probabilidad proporcional a
su tamaño poblacional, previo ordenamiento según un índice de nivel
educativo de los PSH.
34 la argentina en el siglo xxi
Región PM
GBA 266
Cuyo 120
Pampeana 162
Centro 249
NEA 93
NOA 140
Patagonia 117
Total 1147
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Se pueden apreciar sólo los puntos más relevantes (por una cuestión
de escala muchos quedaron imperceptibles).
Fuente: Elaboración propia.
36 la argentina en el siglo xxi
el trabajo de campo
ota: Las líneas de trazo grueso indican los límites de las siete regiones de la
N
ENES. Los cuadrados y círculos indican las localidades de emplazamiento de
las unidades académicas del Codesoc involucradas en el trabajo de campo. L os
cuadrados indican, además, las sedes de los talleres de capacitación de encues-
tadores. Si bien Entre Ríos forma parte de la Región Centro, como se indica en
el mapa, las unidades académicas del Codesoc sitas en esa provincia también
fueron asignadas a la cobertura del trabajo de campo en algunas provincias de
NEA, para suplir la menor presencia del Consejo en esta región.
Fuente: Elaboración propia.
38 la argentina en el siglo xxi
NOA
NEA
Centro
Cuyo GBA
Pampeana
la base de datos
3 Véase <pisac.mincyt.gob.ar/datos_descargas/ENES_variables_complejas.pdf>.
40 la argentina en el siglo xxi
componentes
componentes
no familiares
hijastro/a)
Composición del hogar
familiares
Cónyuge
(incluye
Hijo/a
Otros
Otros
PSH
Unipersonal x
uclear de pareja sin hijos
N x x
Nuclear de pareja con hijos x x x
Nuclear incompleto x x
Extendido con núcleo conyugal completo de
x x x
pareja sin hijos y otros familiares
Extendido con núcleo conyugal completo de
x x x x
pareja con hijos y otros familiares
Extendido con núcleo conyugal incompleto y
x x x
otros familiares
Extendido sin presencia de núcleo conyugal y
x x
otros familiares
Compuesto con núcleo conyugal completo de
x x * x
pareja sin hijos y otros no familiares
Compuesto con núcleo conyugal completo de
x x x * x
pareja con hijos y otros no familiares
Compuesto con núcleo incompleto y otros no
x x * x
familiares
Compuesto sin núcleo y otros no familiares x x
No familiar x x
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Indec (s.f.). Censo Nacional de
Población, H
ogares y Viviendas 2001. B
ase de Datos. Definiciones de la base
de datos.
condición de actividad
Se trata de una adaptación de la medición realizada por la E ncuesta
Permanente de Hogares a este relevamiento, y mide la inserción en el
mercado de trabajo de las personas de 10 y más años (Indec, 2011).
Se considera “ocupadas” a aquellas personas que la semana anterior
al relevamiento trabajaron por lo menos una hora (v171) o bien hicie-
ron alguna changa, fabricaron algo para vender o ayudaron a alguien en
un negocio (v172), hayan recibido o no remuneración por ese trabajo.
También a aquellas personas que, teniendo un trabajo en la semana de
referencia, no concurrieron a este por motivos personales (trámites, etc.);
vacaciones/licencia; huelga o conflicto laboral; o bien por suspensión u
otras causas laborales, con pago de haberes (v174).
Se considera “desocupadas” a aquellas personas que, no habiendo con-
currido a su trabajo por estar suspendidas o por otras causas laborales sin
la encuesta n
acional sobre la e structura social 41
categoría ocupacional
Esta variable también es una adaptación de la medición homónima de la
EPH y se mide para todas las personas de 10 o más años que estuvieran
ocupadas al momento del relevamiento o que hubieran tenido alguna
vez un trabajo pago (v180).
Se considera “patrones” a aquellas personas que, trabajando para su
propio negocio/empresa/actividad, emplean personas asalariadas (v191),
ya sea de forma permanente o sólo a veces, por temporadas (v196).
Se considera “cuenta propias” a aquellas personas que trabajan para
el negocio/empresa/actividad de un familiar y retiran dinero (v192),
o que, trabajando para su propio negocio/empresa/actividad, no em-
plean personas asalariadas (v196) y tienen distintos clientes (v198).
Se considera “obreros” o “empleados” a aquellas personas definidas
como tales en la pregunta v191, así como a aquellos que reciben un suel-
do al trabajar para el negocio/empresa/actividad de un familiar (v192).
Asimismo, entran en esta categoría quienes trabajan para su propio ne-
gocio/empresa/actividad, no emplean personas asalariadas (v196) y tie-
nen un solo cliente (v198).
Se considera “trabajadores familiares sin remuneración” a aquellas
personas que trabajan para el negocio/empresa/actividad de un familiar
(v191) y solamente retiran mercadería, o no reciben nada como forma
de pago (v192).
42 la argentina en el siglo xxi
4 International S
tratification and M
obility File: Conversion T
ools, Ámsterdam,
Department of S ocial R
esearch M
ethodology, disponible en <www.harrygan-
zeboom>, versión de mayo de 2001.
la encuesta n
acional sobre la e structura social 43
condición socioocupacional
Se trata de una adaptación del esquema de S usana Torrado y colaborado-
res. Sus fundamentos teóricos se encuentran en D
e Ípola y Torrado (1976)
y su operacionalización más completa en T orrado y otros (1989). E n su
construcción se emplean las siguientes variables: a) Grupo de Ocupación
(a partir del CIUO-08); b) Categoría Ocupacional; c) Sector de Actividad;
d) Tamaño del Establecimiento y e) Nivel de Educación (universitario
completo frente al resto). Cabe señalar que se distingue, siguiendo a
Torrado (1992), a los Peones Autónomos de los Obreros No Calificados.
inseguridad alimentaria
Se trata de un índice aditivo construido a partir de seis ítems de la
Escala Latinoamericana y Caribeña de S
eguridad Alimentaria (Elcsa),
que se aplica en las encuestas nacionales de Brasil, M
éxico, C
olombia,
Guatemala, Bolivia y Ecuador:
referencias
Sacco, N
.yM . Riveiro (2016), “La clasificación de ocupaciones en el sistema
estadístico nacional”, Estudios del Trabajo, 51.
Salvia, A. y B
.R
ubio (2017), “Desigualdad social en la Argentina contemporá-
nea”, Diálogo Global, 7(4): 40-42.
Torrado, S. (1992), Estructura social de la A
rgentina. 1945-1983, Buenos Aires,
De la Flor.
Torrado, S . y otros (1989), E structura social de la Argentina. I ndicadores de
la estratificación social y de las condiciones de vida de la población en base al
Censo de Población y V ivienda de 1980, B uenos Aires, Consejo Federal de
Inversiones.
parte i
Estructural social
2. Clases y diferenciación social
Verónica Maceira
articulaciones teórico-metodológicas
para el análisis y contexto del estudio
1 Uno de los más importantes ha sido el llamado debate sobre las clases
medias; véanse B raverman (1974), P oulantzas (1977), Goldthorpe (1992),
Giddens (1979), C archedi (1977), W
right (1989), Burris (1986).
2 De manera relativamente “tardía”, se desarrolla hoy un debate sobre el ca-
rácter del llamado “precariado” de esas formaciones (Castel, 2010; Standing,
2013; Wright, 2015).
clases y diferenciación social 51
disparidades regionales
Como no podría ser de otra manera, este primer panorama de la estruc-
tura social nacional se construye desplazando la mirada de su disparidad
interregional, que nos interesa reponer aquí. En la dirección señalada
por Torrado (1992), estas formaciones regionales locales se encuentran
condicionadas tanto por el despliegue de estructuras y estrategias del
orden a nivel nacional como por factores intrínsecos, sus mutuas y va-
riantes influencias. Cabe aquí constatar y describir estas disparidades,
aun cuando excede nuestros objetivos establecer relaciones entre esta
diversidad y los complejos procesos que con ella se articulan.
Las regiones Gran Buenos Aires (CABA y 24 partidos) –GBA– y Centro
del país son (con diferentes magnitudes) dos espacios socioterritoriales
sustantivos en cuanto a importancia poblacional y liderazgo económico
en el país, cuyas estructuras tienen semejanzas en la significación de sus
grandes grupos sociales, pero revelan también diferencias destacables
en un análisis algo más detenido. En cuanto a sus semejanzas, presentan
estructuras ocupacionales con un peso similar de la industria manufac-
turera y los servicios tradicionales y sociales, y un papel del Estado como
empleador más limitado que en la media nacional. GBA se diferencia
por la envergadura de su sector financiero y Centro, por la presencia
acotada pero diferencial del empleo en la agricultura (cuadro 1.1). Aun
cuando los hogares de la gran burguesía tienen una presencia de baja
magnitud en todo el país, son estas las regiones que concentran su lu-
gar de residencia preferente. Ambas estructuras se caracterizan además
por contener la mayoría de los hogares de las posiciones intermedias o
contradictorias. Por último, si bien los hogares del proletariado informal
son importantes (rondan el 20%), su relevancia es menor que en otros
espacios socioterritoriales de la Argentina (gráfico 2.1).
Sin embargo, en sintonía con sus diferencias productivas, las regiones
GBA y Centro presentan tasas de asalarización de su fuerza de trabajo
56 la argentina en el siglo xxi
Regiones
ierra del
del Estero y Tucumán)
Patagonia (Chubut,
Buenos Aires y La
Ramas de actividad Total
del Conurbano)
Santa Cruz y T
y San Luis)
Pampa)
Fuego)
P
Agricultura 0,4 4,3 2,9 5,2 4,3 7,0 9,4 3,3
Manufactura 12,5 11,0 12,9 10,7 8,6 8,6 8,1 11,2
Construcción 10,5 13,2 11,8 10,8 12,4 13,4 10,0 11,7
Comercio, hoteles
y gastronomía,
30,1 29,6 26,6 29,7 30,3 26,7 22,9 28,8
transporte, almacenaje y
comunicación
Servicios financieros,
13,4 7,5 7,3 7,4 5,4 5,6 7,8 9,1
inmobiliarios y empresas
Educación, salud,
administración pública,
24,8 24,1 27,9 25,2 28,5 24,5 30,2 25,7
defensa y otros servicios
sociales y comunitarios
Servicio doméstico 7,4 8,5 9,2 9,9 9,4 13,2 9,0 8,8
Resto 0,8 1,9 1,5 1,0 1,0 1,1 2,5 1,3
obre este último patrón, cabe destacar que en los hogares encabezados
S
por trabajadores formales este tipo de pareja es aún más frecuente que
aquella que podría indicar mayor homogeneidad interna (es decir, entre
dos trabajadores formales), cuestión que se corresponde con la estruc-
tura de la demanda de la fuerza de trabajo, que define escasas opor-
tunidades de puestos de trabajo registrado para las mujeres de la clase
trabajadora.
Interesa además conocer en qué medida aquellas uniones que tensio-
nan el supuesto de homogeneidad social interna del hogar expresan un
anudamiento de desigualdades de posición y de género. Para ello, con-
sideremos primero que, en el 85,6% de hogares con núcleo completo
heterosexual,8 el principal perceptor es un varón, y que en el 31,5% de
ese total es además el único proveedor. Restringiéndonos entonces a las
uniones heterosexuales en las que ambos miembros participan del mer-
cado laboral, observamos que aquellas parejas que se conforman con va-
rones socialmente mejor posicionados que las mujeres (fenómeno cono-
cido como “heterogamia de tipo tradicional”) representan un 33,8% del
total de parejas con dos miembros activos del país, mientras que la situa-
ción inversa –uniones que se apartan del patrón tradicional–, representa
8 En la medida en que nos interesa aquí explorar las asimetrías que impone el
género, el análisis incluye sólo a las parejas heterosexuales. P or otro lado, a
diferencia del tratamiento general que venimos haciendo, el cálculo supone
establecer, además de diferencias sustantivas entre las posiciones con las que
trabajamos, una jerarquización a los fines específicos de este análisis. Esta
se realizó considerando niveles de capitalización, calificación y formalidad
de las inserciones –en el caso de los trabajadores–. No establecimos aquí
tal jerarquización respecto de la diferencia de posición entre la pequeña
burguesía y los asalariados de altas calificaciones, pero sí respecto de la
diferenciación al interior de la pequeña burguesía (en función de sus niveles
de capitalización y calificación) y de la clase trabajadora entre sus capas
formales e informales.
62 la argentina en el siglo xxi
profesionales
Capitalistas y
Autónomos
con medios
trabajadora
Asalariados
autónomos
formal con
calificados
trabajdora
patrones y
bajas calif.
directores
Posición del PSH
informal*
Pequeños
y técnicos
Total
propios
Clase
Clase
apitalistas y directores
C 20,5 15,2 6,0 37,8 7,7 12,7 100,0
Pequeños patrones y
autónomos altamente 1,3 43,3 13,2 17,4 5,1 19,7 100,0
calificados
Autónomos con medios
0,2 4,9 40,2 9,5 16,1 29,1 100,0
propios
Asalariados
3,6 6,1 10,9 35,3 27,8 16,3 100,0
profesionales y técnicos
Clase trabajadora
0,5 5,3 11,1 15,8 31,5 35,8 100,0
formal
Clase trabajadora
0,6 2,6 12,9 7,1 12,7 64,0 100,0
informal*
Total 1,9 9,0 16,0 17,6 21,4 34,0 100,0
Autónomos
con medios
Asalariados
autónomos
profesiona-
calificados
patrones y
directores
altamente
informal*
con bajas
Clase tra-
Clase tra-
bajadora
bajadora
propios
formal
Total
Capitalistas y
46,9 7,4 1,7 9,5 1,6 1,6 4,4
directores
Pequeños patrones y
autónomos altamente 6,3 46,5 8,0 9,5 2,3 5,6 9,7
calificados
Autónomos con
1,3 8,6 39,8 8,5 11,8 13,5 15,8
medios propios
Asalariados
profesionales y 31,3 11,5 11,6 33,9 22,0 8,1 17,0
técnicos
Clase trabajadora
8,4 20,7 24,3 31,2 51,4 36,9 35,0
formal bajas calif.
Clase trabajadora
5,8 5,3 14,6 7,4 10,8 34,2 18,2
informal*
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nota: Se excluyen desocupados recientes y casos con información insuficiente.
* Se incluyeron desocupados de larga duración y beneficiarios de programas
de empleo como ocupación principal.
Fuente: Elaboración propia según datos de la ENES-Pisac.
64 la argentina en el siglo xxi
9 La captación de este tópico a través de una encuesta supone, sin embargo,
limitaciones específicas. L
aE NES-Pisac incorpora una metodología acotada
a requerir la autoclasificación del respondente de acuerdo con categorías
prefijadas. O
tras dimensiones igualmente relevantes (como el significado
otorgado a estas categorías o el carácter atribuido a las relaciones entre
clases) no fueron incluidas en este dispositivo.
clases y diferenciación social 65
sionales o técnicos
Asalariados forma-
Asalariados forma-
altas calificaciones
Autónomos profe-
Supernumerarios
queñas empresas
les de la produc-
de larga data***
Propietarios pe-
Asalariados con
Cuenta propias
Posición de PSH
ción de bienes
Capitalistas y
capitalizados
Proletariado
directores**
de origen*
informal
o jefes
Capitalistas y directores** 12,8 10,6 14,2 2,3 6,6 3,2 1,2 1,4 4,7
Pequeña burguesía 32,8 28,3 41,2 25,4 22,9 18,7 13,5 17,7 16,2
salariados con altas
A
17,4 8,5 13,6 6,7 21,4 10,9 5,4 5,0 7,6
calificaciones o jefes
Asalariados formales
9,5 12,5 12,4 16,4 16,6 23,3 15,4 13,5 16,8
servicios
Asalariados formales
10,9 14,4 9,3 15,9 14,3 24,5 28,4 17,7 28,4
bienes
Proletariado informal 16,6 25,7 9,3 33,3 18,1 19,4 36,1 44,7 26,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* Posición del P SH de origen, cuando el encuestado tenía 15 años. Se excluyen
los hogares de origen con jefe inactivo; ** I ncluye capitalistas de grandes
y medianas empresas y directores; *** I ncluye beneficiarios de planes de
empleo.
Fuente: Elaboración propia según datos de la ENES-Pisac.
CABA GBA (24 Part.) Resto Prov. Bs. As. Otras Provincias
res
es
lif.
fe
ios
os
s
ita
liz
alif
ne
ale
nte
tic
l. je
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pia
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As
for
pro
ier
pro
al.
qu
sv
al.
Ab
aj.
al.
a.
As
Pe
As
aj.
a.
a.
Ct
b
As
Ct
Ct
Tra
Tra
las anteriores
tarea nueva
retribución
el ritmo de
actividad o
Introducir
marcharse
sin perder
Disminuir
y cuándo
de la ocupación
Tomarse
Decidir
trabajo
jos jóvenes al mercado laboral. La relación que estos hogares establecen
con el Estado, en términos de la provisión de ingresos monetarios y no
monetarios, no es decisiva para sus presupuestos; en efecto, este aporte
relativo se mantiene por debajo de la media de la estructura en general.
Entre este perfil y el de los asalariados formales de cuello blanco es po-
sible localizar, en las diferentes dimensiones, sesgos distintivos que dan
cuenta justamente de una fina estratificación antes que de diferencias
sustantivas entre ambas capas del proletariado formal.
Los hogares del proletariado informal se caracterizan por ser igual
de populosos pero con mayor presencia de niños que aquellos encabe-
zados por obreros manuales formales. Como en toda la estructura, aquí
también la presencia de hogares con parejas completas es dominante,
si bien encontramos hogares unipersonales y PSH mujeres con mayor
frecuencia que en la clase trabajadora formal. Además, se recortan los
hogares encabezados por los cuenta propias de subsistencia y sobre todo
por trabajadoras de casas particulares, tanto por la mayor proporción de
núcleos incompletos como por la alta presencia de jefatura femenina
del hogar. E n cuanto a las estrategias económicas, los ingresos más bajos
percibidos por sus PSH los orientan a una participación extradoméstica
de los cónyuges mayor que la media de la estructura, y a una más alta
demanda de ingresos sociales no monetarios y monetarios, los que repre-
sentan un 34% de los ingresos recurrentes de estos hogares.17
Las clases son relaciones de desigualdad permanente y sustantiva que
se expresan en las respectivas condiciones de vida de los hogares que
ocupan tales posiciones. Estas desigualdades serán abordadas a lo largo
de este libro, pero cerraremos aquí considerando una dimensión sinté-
tica: los ingresos monetarios corrientes, en tanto medida privilegiada de
la capacidad de acceso a bienes y servicios.
Los hogares muestran una estructura de ingresos per cápita polarizada
entre la clase trabajadora y la burguesía: las brechas de ingreso per cápita
familiar son de 2,46 entre los hogares de los dueños del capital y los asa-
lariados formales manuales –que tomamos de base–y de 2,21 entre los
directores o gerentes y estos últimos (cuadro 2.7).
La heterogeneidad interna de la pequeña burguesía, ya mencionada,
tiene su correlato en los ingresos de los hogares. Así, mientras los hoga-
res de los autónomos altamente calificados duplican los de la clase obre-
recha en el ingre-
no monetarios del
tica recae en PSH
perciben ingresos
asa de actividad
asa de actividad
% hogares que
Posición del
PSH
mujer (%)
familia**
cónyuge
Estado
H
T
B
Capitalistas de
grandes y media- 66,6 50,0 80,6 12,1 2,3 2,46
nas empresas
Directores 66,5 31,9 78,2 10,5 7,0 2,22
Pequeños
65,1 51,6 81,1 29,1 13,0 1,45
empresarios
Autónomos profe-
70,6 52,1 67,6 15,9 2,9 2,08
sionales y técnicos
Autónomos con
61,7 67,5 79,8 35,9 17,5 1,03
medios propios
Asalariados alta-
mente calificados 71,4 47,8 78,7 18,6 6,5 1,79
y jefes
Asalariados forma-
66,9 52,7 77,4 23,7 11,3 1,27
les no manuales
Asalariados forma-
56,1 67,5 82,1 30,1 18,5 1,00
les manuales
Asalariados no
61,1 61,2 82,1 56,3 28,8 0,76
registrados
Resto del proleta-
67,3 55,0 78,8 51,4 28,4 0,75
riado informal
Desocupados de
larga duración
50,1 34,5 91,3 31,4 18,7 0,66
y beneficiarios
planes
Total 63,7*** 58,0**** 79,6 32,5 15,9 1,24
* Se excluyen los desocupados recientes y aquellos con información insufi-
ciente para su categorización; ** B rechas definidas operativamente como la
relación entre el ingreso medio de los hogares de cada categoría y el de los
encabezados por asalariados manuales de bajas calificaciones; *** La tasa de
actividad de los/as cónyuges de jefe activo relevada por la Enahu-Indec para
el total urbano nacional del tercer trimestre de 2014 fue de 58,4;
**** La E nahu-Indec arroja una tasa de actividad de hijos/as de jefe activo
(18-25 años) de 52,5, para el total urbano nacional, tercer trimestre de 2014.
Fuente: Elaboración propia según datos de la ENES-Pisac.
clases y diferenciación social 81
consideraciones finales
En primer lugar, observamos las características polares entre los per-
files de los hogares de la burguesía residente en el ámbito nacional y la
clase trabajadora en su conjunto, en todas las dimensiones consideradas,
así como la desigualdad de acceso al bienestar a través de las brechas
entre sus ingresos per cápita familiares.
En segundo lugar, localizamos e ilustramos la amplia heterogeneidad
interna de la pequeña burguesía y la porosidad de sus bordes inferiores,
lo que permitió discriminar en particular el perfil popular de los hoga-
res de su capa más desaventajada: los autónomos de bajas calificaciones
y con medios propios. Esta caracterización separa esta capa del resto de
las posiciones contradictorias y revela sus semejanzas y/o articulaciones
con la clase trabajadora en términos de sus trayectorias educativas, reclu-
tamiento intergeneracional, relaciones mediatas, autopercepción social,
estrategias y acceso al bienestar de los hogares.
En tercer lugar, nos acercamos al análisis de los asalariados altamente
calificados, en el que, por un lado, observamos los niveles de “proletariza-
ción” de esta posición (considerando grados de asalarización, incidencia
de empleo estatal, márgenes de control sobre la organización y los pro-
cesos de trabajo, niveles de sindicalización) y, por otro, constatamos su
demarcación respecto del conjunto de la clase trabajadora (en términos
educativos, de relaciones mediatas, estrategias familiares, percepción de
clase y acceso al bienestar). En síntesis, realizamos aportes parciales que
tomados de manera conjunta confirman la tensión involucrada en la ca-
racterización de esta capa, a la cual nos habíamos acercado considerán-
dola como localización contradictoria en las relaciones de clase.
En cuarto lugar, indagamos algunos ejes de la heterogeneidad inter-
na de la clase trabajadora presentes en la configuración que esta reveló
al momento del registro, que podían ser bien problematizados a través
de la encuesta. Por un lado, corroboramos en las distintas dimensiones
consideradas niveles de diferenciación entre los trabajadores de cuello
blanco y azul, a la vez que aportamos elementos que, entendemos (a
diferencia de otros esquemas de análisis especialmente influyentes en
nuestro campo), dan cuenta de su inscripción común en la clase obrera
formal. Por otro lado, el abordaje teórico-metodológico propuesto, que
incorpora sugerencias desarrolladas a la luz de las características pro-
pias de las formaciones periféricas, ha sido productivo en la localización
de la presencia de un segmento del proletariado informal relativamente
extenso, que se reproduce de modo intergeneracional aun en el marco
de un período de expansión económica y crecimiento relativo del em-
pleo. Asimismo, problematizamos a través de las múltiples dimensiones
consideradas la profundidad de la cesura entre hogares de trabajadores
84 la argentina en el siglo xxi
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3. Distribución del ingreso
y de la riqueza material
Eduardo Chávez Molina
Jésica Lorena Pla
definiciones teóricas
1 Respecto de la presencia de los “ricos” en las encuestas, cabe aclarar que son
potencialmente pocos, por lo cual su ausencia es de por sí probabilística. P ero,
además, los pocos que logran captarse en términos muestrales en ocasiones
no contestan las encuestas, ya sea por las condiciones edilicias de sus hogares y
por la presencia de “barreras” al encuestador –guardias, cámaras de seguridad,
porteros–, o por la poca probablidad de contactarlos por otras vías.
distribución del ingreso y de la riqueza material 89
2 El autor (Longhi, 2005) señala que esta coincidencia se debe, fundamental
mente, al contexto cultural en el que se originaron esas teorías, signado por
el pensamiento económico neoclásico y su fuerte impronta en los com
ponentes racionalistas, materialistas y utilitaristas. N
o olvida, además, que
Weber fue también influenciado por las tradiciones idealistas y espiritualistas.
3 Para disgresiones de los autores sobre este debate, véanse Chávez Molina, Pla
y Molina Derteano (2014), P la (2016), entre otros.
distribución del ingreso y de la riqueza material 91
definiciones metodológicas
Clase ocupacional
Clase I : propietarios > 10 y directivos, gerentes, funcionarios de dirección
Clase I I: propietarios < 10 y directivos, gerentes, funcionarios de dirección
Clase I II: cuenta propias profesionales/calificados
Clase I V: trabajadores de servicios > 10
Clase V
: trabajadores manuales > 10
Clase V
I: trabajadores de servicios < 10
Clase V
II: trabajadores manuales < 10
Clase V
III: cuenta propias no calificados
Clase I X: empleo doméstico
Fuente: Elaboración propia.
40%
35,1
35%
30% 28,1
25%
20% 18,3
Personas Hogares
Región
GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia
Clase I 3,5% 3,0% 4,5% 3,2% 2,2% 2,2% 3,6%
Clase II 5,9% 8,0% 5,5% 8,4% 5,1% 3,4% 4,1%
Clase III 13,9% 10,7% 12,7% 12,2% 12,5% 10,3% 7,6%
Clase IV 37,6% 36,0% 35,0% 30,8% 28,5% 36,3% 42,2%
Clase V 13,5% 15,5% 11,7% 9,8% 15,6% 15,8% 18,2%
Clase VI 6,4% 8,6% 8,8% 9,9% 9,7% 10,0% 8,6%
Clase VII 5,8% 7,5% 7,5% 8,8% 12,7% 7,0% 8,0%
Clase VIII 11,6% 8,9% 12,1% 13,9% 11,3% 12,5% 6,3%
Clase IX 1,8% 1,8% 2,1% 3,0% 2,4% 2,4% 1,3%
Fuente: Elaboración propia según la E
NES-Pisac, 2017. Base: hogares.
el análisis del cuadro salta a la vista el alto peso que adquiere la clase
D
IV en la Región Patagonia (donde abarca 4 de cada 10 hogares) y el bajo
peso de hogares compuestos por profesionales independientes en esta
misma región, en relación con las otras.
Cuyo y Centro tienen la mayor proporción de hogares dominados por
propietarios de pequeños establecimientos (probablemente debido a sus
economías regionales, como la vitivinícola), y NOA y Patagonia las que
muestran la menor proporción. La Región NEA se caracteriza por una
proporción mayor de trabajadores manuales en pequeños establecimien
tos, con un porcentaje de alrededor del 13%, mientras que en el resto
de las regiones esta variable se ubica entre el 5 y el 8%. A la inversa, en
la Patagonia sólo el 6% de los hogares se caracterizan por dominancia
de cuenta propias no calificados, cuando en el resto de las regiones estos
alcanzan alrededor del 12%. Por ello, no podría decirse que Patagonia
sea una región homogénea, como sí lo son, por diferentes motivos, NOA
y NEA.
Para terminar de caracterizar la estructura social argentina, en el gráfi
co 3.2 analizaremos la variable del sexo de dominancia del hogar.
Como es de esperar, la mayor parte de los hogares tienen dominancia
masculina, lo que se confirma en 8 clases del total. E sta proporción se
incrementa levemente en las clases I, II, y V. E
s decir que los hogares de
clase alta están en su mayoría compuestos por jefes de hogar masculinos,
y lo mismo sucede con los hogares de clase trabajadora manual en secto
res de alta productividad.
distribución del ingreso y de la riqueza material 99
Masculina Femenina
3000
2428
2500
2105
2000 1870
1695
1457
1500 1171 1295
1000 807
500
0
Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V Clase VI Clase VII Clase VIII Clase IX
INPPA total
3000
2712
2562
2500 2315 2321
2153
2000 1794 1781
1514 1615
1500 1473 1392
1309 1213
1133
1025
1000 807
-23%
26%
10%
30%
23%
11%
16%
19%
9%
500 655
0
Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V Clase VI Clase VII Clase VIII Clase IX
100%
90% Clase I
80% Clase II
60% Clase IV
50% Clase V
40% Clase VI
Clase VII
30%
Clase VIII
20%
Clase IX
10%
0%
GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia
para observar diferencias de ingresos. El overlap nos muestra los ingresos
dispares entre clases, señalando las diferencias en segmentos de alguna
clase por sobre los de otra. El que asume 0,42 evidencia esas heterogenei
dades entre segmentos de clases.
La contribución absoluta (absolute contribution) al coeficiente de G
ini
está dada sobre todo por las diferencias entre clases y las de ingresos en
tre segmentos de clases.
0,6
0,64
0,62
0,57
0,56
0,57
0,5
0,54
0,48
0,47
0,47
0,46
0,46
0,4
0,44
0,44
0,44
0,36
0,43
0,42
0,41
0,42
0,39
0,38
0,36
0,37
0,37
0,3
0,35
0,31
0,31
0,30
0,2
0,1
0,0
Clase I Clase II Clase III Clase IV Clase V Clase VI Clase VII Clase VIII Clase IX
En el gráfico 3.8 podemos ver que el ingreso del hogar explica la di
mensión 1 (puesto que se distribuye bien alrededor del eje horizontal),
mientras que la región permite discriminar en el segundo eje. Riqueza,
en cambio, permite explicar en ambos. De manera sintética, lo que esta
información nos pone de relieve son las dimensiones más relevantes para
comprender la estructura de clases.
0,6
Región
0,5
0,3
0,2
Ingresos totales
0,1
Sector
0 Dominancia del hogar
Clase Cobhe
0 0,2 0,4 0,6
Dimensión 1
Clase Cobhe
1,5
Dominancia del hogar
RPat según sexo
RNOA
1,0 Índice de riqueza agrupado
ingresos
altos RNEA Ingresos totales de hogar
3
0,5 2 Región
Spúbl
Dimensión 2
CI ingresos Sector
bajos
CII CIV RP CV f.
0,0 CIX
m. CVIII CVII CVI Referencias
CIII Spriv
CI: Clase I; CII: Clase II; CIII: Clase III;
RC RCu CIV: Clase IV; CV: Clase V; CVI: Clase VI;
-0,5 CVII: Clase VII; CVIII: Clase IX
(véase cuadro 3.3)
ingresos
medios f.: femenina; m.: masculina
1
RGBA: Gran Buenos Aires: RCu: Cuyo;
-1,0 RC: Centro; RNOA: NOA; RNEA: NEA;
RGBA RP: Pampeana; RPat: Patagonia
síntesis de evidencias
país en el cual los estudios de estructura social no sólo han sido poco
abordados, sino que en general, y como ha sido demostrado en inves
tigaciones y publicaciones previas (Álvarez Leguizamón, A rias y M
uñiz
Terra, 2016), han estado dominados por una lógica “porteñocéntrica”.
En ocasiones ese fenómeno se debe a cuestiones político-institucionales,
pero la mayoría de las veces tiene su origen en la falta de información
estadística abordable a nivel nacional, aunque plausible de ser analizada
de manera fragmentada a nivel regional.
En conclusión, aunque exploratorio, incipiente y descriptivo, el análi
sis realizado en estas páginas acerca de la desigualdad en el acceso al bie
nestar material observada desde las clases sociales nos permitió apreciar
continuidades en los procesos distributivos, tanto de ingresos como de
riqueza, que se manifiestan en mayor magnitud al enfocar la mirada en
las situaciones territoriales (es decir, en las regiones) y en las diferencias
de género, aunque el cisma principal de la distribución está dado por la
heterogeneidad estructural.
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112 la argentina en el siglo xxi
1 Entre las críticas que recibió el enfoque del “sector informal”, la literatura
ha enfatizado la perspectiva de P ortes y L
auren (1987) o Portes, Castells y
Benton (1989), quienes indicaron que el rasgo central de la informalidad no
era un tipo de unidad económica, sino el incumplimiento de las regulacio
nes laborales. E n una línea similar se encuentra la perspectiva desarrollada
por D
e Soto (1987), si bien con consecuencias políticas diferentes. Otro de
116 la argentina en el siglo xxi
los ejes que atravesó la discusión sobre este concepto fue si el sector informal
constituye un espacio de acumulación de capital o no.
2 La tesis de la heterogeneidad estructural fue la base del programa inicial de
la Comisión Económica para A mérica L
atina y el Caribe (Prebisch, 1949,
1970). A ctualmente, C
epal ha retomado el enfoque como marco interpreta
tivo del persistente subdesarrollo latinoamericano (Cimoli, Primi y Pugno,
2006; Cepal, 2012).
estructura social del trabajo 117
4 En 2002, la O
IT retoma la idea de empleo en el sector informal, asocia
do a las características productivas de los establecimientos, a la vez que lo
distingue del empleo informal, el cual remite estrictamente a los empleos
extralegales que puedan existir también en el sector formal. A partir de
ello, construye el concepto de “economía informal”, a la que define como la
conformada por ambas dimensiones (Hussmanns, 2004).
estructura social del trabajo 119
100%
81%
80%
68%
60% 56,5%
40%
20% 10,3% 7%
4,4%
0%
Varones Mujeres Total
Tasa de actividad Tasa de desocupación
100%
85,2%
80% 67,2%
60%
41,3%
40%
20% 14,8%
4,3% 2,9%
0%
18 a 29 años 30 a 54 años 55 años o más
Tasa de actividad Tasa de desocupación
80%
69,1% 69,6% 69,2% 68,2%
65% 65,5%
62,6%
60%
40%
20%
6,5% 7,4% 6,9% 6,7% 7,4% 8,6% 8,3%
0%
GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia
60%
20%
0%
Total GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia
Asalariados No asalariados
Cuyo Pampeana
100% 100%
Centro NEA
100% 100%
NOA Patagonia
100% 100%
30,6% 25,8%
80% 46,4% 80% 37%
Cuyo Pampeana
100% 100%
13,8% 12,4% 16,8% 7,8% 7% 10,4%
80% 80% 26,5%
33,2%
39,5% 31,9%
60% 60% 48,9%
56,7%
40% 40%
66,6%
55,7% 59%
20% 46,7% 20% 40,7%
26,4%
0% 0%
Total ocupados Asalariados No asalariados Total ocupados Asalariados No asalariados
Centro NEA
100% 100%
11,8% 9,2% 17%
22,8% 20%
28,1%
80% 80%
35,3% 31,3%
42,4% 30,4%
60% 60% 37,2%
50,5%
40% 40%
59,5%
53% 49,7%
20% 40,5% 20% 40%
21,4%
0% 0%
Total ocupados Asalariados No asalariados Total ocupados Asalariados No asalariados
NOA Patagonia
100% 100%
12,7% 8,4% 6,9% 14,5%
15,3% 21,3%
80% 80% 24,1% 18,1%
27,6%
60% 39,7% 60% 45,2%
64%
40% 40% 75%
67,5%
59,7%
20% 45% 20% 40,3%
14,7%
0% 0%
Total ocupados Asalariados No asalariados Total ocupados Asalariados No asalariados
Cuyo Pampeana
100% 3,5% 100% 5,2% 3%
10% 8% 13,3%
15% 22,6%
80% 80% 19,8%
26%
60% 60% 53,5%
52,6%
40% 81,5% 40% 89%
64% 75%
20% 20% 33,2%
24,8%
0% 0%
Sector privado Sector Sector Sector privado Sector Sector
informal público microinformal informal público microinformal
Centro NEA
100% 4,7% 100%
6,7% 15% 6,7%
8,7% 17,2%
80% 80% 12,8% 34%
22,5%
27,6%
60% 57,1% 60%
NOA Patagonia
100% 4,5% 100% 3%
14,1% 6,1% 5,9% 13,9%
7,1% 21,2% 14,4%
80% 80%
29,4%
60% 60% 41,9%
51,3% 91%
40% 88,4% 40% 79,6%
56,6%
20% 20% 44,2%
27,5%
0% 0%
Sector privado Sector Sector Sector privado Sector Sector
informal público microinformal informal público microinformal
40% 40%
62,7% 57,5%
20% 20%
27,8% 30,1%
0% 0%
Sector privado Sector Sector privado Sector
formal microinformal formal microinformal
Cuyo Pampeana
100% 2,1% 100% 5,1% 11,3%
19,2% 11%
80% 29,6% 80%
Centro NEA
100% 4,3% 100%
20% 15,4%
80% 25,8% 80% 30,3%
27,9%
60% 46,3% 60%
NOA Patagonia
100% 100%
8,8% 12,5% 14,9%
23,5%
80% 80%
24,1%
55,7%
60% 60% 49,8%
Región
GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia Total
Segmento
1,72 0,97 1,25 1,02 0,91 1,08 2,02 1,34
regulado
Segmento no
Sector 1,56 0,62 1,22 1,02 0,50 0,77 1,04 1,13
regulado
público
Segmento
0,10 0,11 0,13 0,10 0,10 0,11 0,08 0,11
marginal
Total 1,66 0,90 1,20 0,98 0,83 1,01 1,89 1,28
Segmento
1,34 0,89 1,08 1,18 0,97 0,89 1,96 1,24
regulado
Segmento no
Sector 1,23 0,60 0,92 0,99 0,46 0,57 1,15 0,99
regulado
formal
Segmento
0,10 0,10 0,12 0,11 0,09 0,10 0,11 0,10
marginal
Total 1,28 0,75 1,01 1,08 0,69 0,67 1,72 1,12
Segmento
1,18 0,71 0,97 0,87 0,73 0,67 1,13 0,98
regulado
Segmento no
Sector 1,07 0,49 0,79 0,77 0,54 0,58 1,32 0,84
regulado
informal
Segmento
0,11 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11
marginal
Total 1,07 0,47 0,78 0,71 0,43 0,50 1,07 0,79
Segmento
1,40 0,88 1,10 1,04 0,88 0,94 1,82 1,21
regulado
Segmento no
otal
T 1,13 0,52 0,84 0,82 0,52 0,58 1,26 0,88
regulado
empleo
Segmento
0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11
marginal
Total 1,26 0,65 0,95 0,87 0,58 0,68 1,54 1,00
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
simismo, cabe destacar que los valores remunerativos del segmento regu
A
lado en los sectores público (1,34) y privado formal (1,24) ostentan una
ventaja sensible sobre la media general y las demás categorías; salvo, en
parte, con respecto al segmento no regulado del sector público (1,13), el
cual también se encuentra por sobre la media general. En contrapartida,
los trabajadores del segmento marginal del sector público (0,11) y los de
Región
GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia Total
Segmento
1,80 1,83 1,14 2,18 1,83 1,35 2,54 1,83
regulado
Segmento no
Sector 2,06 1,17 1,70 1,52 0,54 0,69 0,49 1,60
regulado
formal
Segmento
0,12 0,09 0,15 0,12 0,07 0,10 0,13 0,11
marginal
Total 1,86 1,58 1,15 1,93 1,22 0,81 1,74 1,66
Segmento
1,28 0,84 1,21 0,94 0,82 0,79 1,14 1,10
regulado
Segmento no
Sector 1,19 0,54 0,87 0,80 0,52 0,67 1,20 0,91
regulado
informal
Segmento
0,12 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,12 0,11
marginal
Total 1,17 0,54 0,90 0,73 0,45 0,56 1,00 0,86
Segmento
1,43 1,18 1,19 1,34 1,21 ,97 1,63 1,33
regulado
Segmento no
otal
T 1,31 0,58 0,90 0,88 0,52 0,67 1,13 0,99
regulado
empleo
Segmento
0,12 0,13 0,12 0,11 0,10 0,11 0,12 0,11
marginal
Total 1,31 0,68 0,93 0,96 0,57 0,60 1,14 1,00
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
reflexiones finales
n relación con esto, destaca el hecho de que, si bien existe una clara
E
segmentación de las protecciones laborales en todos los sectores de in
serción y categorías de empleo, tanto para la fuerza de trabajo asalariada
como para la no asalariada, la prevalencia de formas extralegales y de
extrema precariedad laboral está sin dudas asociada a asimetrías produc
tivas que operan al interior de la estructura económico-ocupacional, así
como entre cada una de las regiones y al interior de ellas.
Por último, en el cuarto apartado –centrando el análisis en las brechas
de ingreso horario laboral–quedó registrado que los trabajadores del
sector público y privado formal se encuentran en clara situación de ven
taja con respecto a los del sector microinformal, en particular cuando
la fuerza de trabajo se encuentra en situación de legalidad laboral. P ero
este último factor resulta secundario –aunque no del todo inocuo–en
los empleos regulados del sector microinformal. En cuanto al ámbito
regional, si bien se reproduce este patrón distributivo, las brechas remu
nerativas son más regresivas en regiones como N EA y N
OA, mientras que
GBA y Patagonia se encuentran en mejor posición respecto de la media
nacional.
En conjunto, estos elementos permiten mostrar que las fuertes asime
trías al interior de la estructura ocupacional son relevantes y devienen en
desigualdades palpables en materia de remuneraciones. L a ampliación
de políticas y mecanismos de protección sobre el mercado de empleo,
estructura social del trabajo 143
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144 la argentina en el siglo xxi
antecedentes en la argentina
Los primeros estudios de Germani (1963) muestran, a partir de datos
censales, una notable expansión de las clases medias y la formación de
una clase obrera urbana entre 1870 y 1930, impulsada por un crecimien
to económico a tasas elevadas, la modernización de la producción agro
pecuaria y un desarrollo industrial parcial. L a inmigración europea fue
a la vez motor y consecuencia de dicho desarrollo. A l mismo tiempo, el
crecimiento vertiginoso de la población, la rápida urbanización en tor
no de la ciudad-puerto y la ampliación del Estado contribuyeron al sur
gimiento de servicios calificados. E stas transformaciones habrían dado
lugar a lo que se define como amplia movilidad estructural intra e inter
generacional ascendente, en el marco de una heterogeneidad regional
marcada.
La industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y las mi
graciones internas dieron nuevo impulso al proceso de urbanización y
mayor continuidad al ritmo de expansión de las clases medias y de la
clase obrera calificada (Germani, 1963; Torrado, 1992). Las mediciones
de Germani mediante una encuesta específica del Gran Buenos Aires3
4 El 36,5% de los hijos de obreros alcanzó las clases medias y medias altas, y
la mitad de los hijos de obreros no calificados alcanzaron el estrato obrero
calificado (Germani, 1963).
5 En términos de Germani (1969: 66-67), se trató de una movilidad colectiva
que no habría implicado un movimiento hacia otras clases sino un proceso
de participación económica, social y política creciente de la clase.
152 la argentina en el siglo xxi
Movilidad relativa
Mediante los relevamientos del GBA existentes hasta 2007, algunos estu
dios (Jorrat, 2000; Dalle, 2010, 2016; B enza, 2012, Pla, 2016) indagaron
acerca de los cambios producidos en el tiempo en el nivel de apertura de la es-
tructura de clases, y es posible hallar indicios de que, al controlar el efecto del
cambio estructural, habrían aumentado las “rigideces” en la asociación en
tre orígenes y destinos de clase (es decir, la desigualdad de oportunidades).
Para el total país, Jorrat (2016) detecta el predominio de cierta inva
riancia –asociación constante–entre orígenes y destinos, en particular
a través de cohortes según años de nacimiento o niveles de educación.8
Otro estudio sugiere que, en el marco de esta tendencia general de aso
ciación constante, hay cambios en el patrón de movilidad, tales como
una disminución de la fluidez para la movilidad entre la clase obrera y la
de servicios (Dalle, 2018).
10 Al considerar al P SH como origen y destino (es decir, una unidad de análisis
diferente con respecto a las investigaciones anteriores), se introducen
algunas características particulares a la muestra analizada. Los varones
representan el 67,8% y las mujeres el 32,2%. D e manera comparativa, en
cuanto al total de personas de 25 a 65 años, está subrepresentado el tramo
de menor edad (25-34 años) y sobrerrepresentado el de mayor edad (55-
65 años). P
ara las PSH, aumenta en un tercio el nivel educativo superior
completo (del 23,2% al 30,5%) y la participación en la clase de servicios y
empleadores pasa del 31% al 36%. L a clase obrera en su conjunto cae 3,7
puntos porcentuales para varones y 2,5 para mujeres.
movilidad social intergeneracional 157
Destino
Origen
I II IIIa IIIb IVa IVb IVc V VI VIIa VIIb Total
I 31,3 26,4 7,0 3,3 6,5 10,0 1,9 2,1 2,8 8,6 0,0 100,0 (428)
II 20,7 34,2 6,7 4,7 3,0 8,1 1,2 4,9 6,7 9,9 0,0 100,0 (406)
IIIa 16,1 19,4 14,2 3,8 1,4 12,3 0,9 4,3 6,6 20,4 0,5 100,0 (211)
IIIb 10,2 14,8 7,1 11,2 6,6 12,2 0,5 1,5 6,1 29,6 0,0 100,0 (196)
IVa 18,9 20,1 7,5 7,0 10,3 10,5 0,2 2,8 4,7 16,4 1,6 100,0 (428)
IVb 12,8 15,2 4,4 6,7 5,2 22,9 1,7 2,6 6,9 21,0 0,5 100,0 (765)
IVc 6,7 13,2 3,4 4,8 4,1 16,5 8,6 1,4 9,4 27,1 4,8 100,0 (417)
V 11,1 17,5 9,0 3,8 4,3 12,8 1,3 6,8 7,3 26,1 0,0 100,0 (234)
VI 7,3 12,7 8,0 4,7 4,4 14,7 0,8 2,8 14,4 27,2 2,9 100,0 (613)
VIIa 4,5 10,9 6,0 7,1 4,1 17,1 1,2 3,0 8,6 36,4 1,2 100,0 (1428)
VIIb 3,5 5,1 4,9 9,3 2,6 13,8 1,4 1,6 7,5 39,0 11,4 100,0 (508)
Total 11,2 15,6 6,4 6,2 4,7 15,1 1,7 2,9 7,9 26,1 2,2 100,0 (5634)
Si se consideran las clases agrícolas, los autónomos (IVc) que se origi
nan y terminan en este sector cuadruplican lo que “les correspondería”
según los totales de la distribución (8,6 versus 1,7), mientras que los obre
ros agrícolas (VIIb) lo quintuplican (11,4 versus 2,2). L os otros dos casos
originados en esta categoría que superan de forma atendible su peso en
el total corresponden a los trabajadores manuales no calificados (VIIa)
y a los empleados de comercio y ventas (IIIb). C abe agregar que sólo en
la clase de servicios (I y II), en la pequeña burguesía urbana (IVb) y en
la clase obrera no calificada (VIIa) los valores de la diagonal superan al
resto de destinos en cada fila.
Destino
Origen
I II IIIa IIIb IVa IVb IVc V VI VIIa VIIb Total
I 21,2 12,8 8,3 4,0 10,6 5,1 8,2 5,5 2,7 2,5 0,0 7,6
II 13,3 15,8 7,5 5,4 4,5 3,9 5,1 12,3 6,1 2,7 0,0 7,2
IIIa 5,4 4,7 8,3 2,3 1,1 3,1 2,0 5,5 3,2 2,9 0,8 3,7
IIIb 3,2 3,3 3,9 6,3 4,9 2,8 1,0 1,8 2,7 4,0 0,0 3,5
IVa 12,8 9,8 8,9 8,6 16,6 5,3 1,0 7,4 4,5 4,8 5,6 7,6
IVb 15,5 13,2 9,4 14,6 15,1 20,6 13,3 12,3 12,0 11,0 3,2 13,6
IVc 4,4 6,3 3,9 5,7 6,4 8,1 36,7 3,7 8,8 7,7 16,0 7,4
V 4,1 4,7 5,8 2,6 3,8 3,5 3,1 9,8 3,8 4,2 0,0 4,2
VI 7,1 8,9 13,6 8,3 10,2 10,6 5,1 10,4 19,9 11,4 14,4 10,9
VIIa 10,1 17,7 23,5 28,9 21,9 28,7 17,3 26,4 27,8 35,4 13,6 25,3
VIIb 2,8 3,0 6,9 13,4 4,9 8,2 7,1 4,9 8,6 13,5 46,4 9,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Total
(632) (880) (361) (350) (265) (849) (98) (163) (443) (1468) (125) (5634)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
asas absolutas de
T
Argentina B rasil C
hile M
éxico E
spaña I talia E
uropa
movilidad intergeneracional
2014-2015 2008 2009 2011 2011 2005 1990
de clases*
Movilidad total 71 77 66 69 73 73 68
Movilidad vertical ascendente 34 35 37 36 41 43 33
Movilidad vertical descendente 19 14 17 12 14 13 16
Ratio de MVA/MVD 1,8 2,5 2,2 3,0 2,9 3,3 2,1
Índice de disimilitud 13 31 14 23 22 23 22
Total 3623 2631 1153 3930 6678 1830
* Tasas de América Latina (sin P isac) calculadas según esquema de clases EGP
en Solís y B
oado (2016). A gradecemos a Sonia M azadro y Sandra Facheli por
los datos de Italia y E
spaña.
Nota: IVc está al final para obtener movilidad vertical.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Solís (2016).
sexo
11 En un análisis del cuadro de salidas de 5x5 (no presentado), de los PSH que
se originan en las clases intermedias asalariadas algo más de un tercio llega a
la clase de servicios y otro tercio desciende a las clases obreras. En cuanto a
los PSH que provienen de la pequeña burguesía, unos 3 de cada 10 llegan a
la clase de servicios, mientras 4 de cada 10 van a las clases obreras. La mitad
de los PSH con orígenes en la clase obrera calificada se reparten entre esta
y la clase obrera no calificada. A su vez, 6 de cada 10 con origen en la clase
obrera no calificada permanecen en ella o llegan a la clase obrera calificada.
12 La intercambiabilidad entre sexo y género habilita la revisión crítica de las
fuentes secundarias y permite entender a varones y mujeres como cisgéneros
heterosexuales. E sto supone un problema teórico, pero no estadístico (véase
Riveiro, 2016). D
e las cinco personas que no se identificaron como varones
o mujeres en la muestra, sólo un caso podría ser incluido en la tabla de
movilidad, y es excluido. E n cuanto a las parejas del mismo sexo, en el total
de la muestra representan al 0,9% de los núcleos completos de P SH (1,5%
Cuadro 5.5. Tasas de movilidad intergeneracional de clase (5x5) por ejes de estratificación social. P
SH
de 25 a 65 años
Movilidad Movilidad vertical % de C. Obrera % Autorreclutamiento Índice de
Ejes de estratificación social MVA/MVD N
absoluta Ascendente Descendente a c. servicios c. servicios disimilitud
Total 63,9 31,2 20,5 1,5 20,0 40,4 10,6 5638
arones
V 63,5 30,3 21,5 1,4 19,6 40,3 7,6 3820
Sexo
Mujeres 64,8 33,0 18,5 1,8 20,7 41,0 19,3 1817
55-65 63,0 35,4 19,2 1,9 24,0 35,6 14,3 1325
45-54 67,2 34,6 19,0 1,8 18,7 38,1 14,5 1472
Edad
35-44 64,2 30,7 21,4 1,4 20,6 39,9 8,9 1611
25-34 60,6 23,3 22,8 1,0 16,3 50,5 5,9 1232
Hasta sec. inc. 64,5 24,8 22,9 1,1 8,8 16,4 2,2 2524
162 la argentina en el siglo xxi
Educación Sec. compl. y sup. inc. 66,5 31,8 23,3 1,4 24,1 39,7 12,0 1932
Sup. compl. 58,4 44,0 10,9 4,0 63,9 48,4 30,1 1181
GBA 62,7 31,9 18,8 1,7 19,5 44,2 11,9 1949
amaño de ATI mayores
T 63,3 29,8 20,1 1,5 18,4 46,3 9,0 1361
aglom. ATI menores 65,6 30,8 23,2 1,3 21,1 33,8 10,6 1824
Pequeños 64,1 33,9 18,3 1,8 21,7 30,9 17,3 502
CABA 57,2 26,0 25,2 1,0 29,6 57,5 8,2 535
Partidos del Conurbano 64,8 34,2 16,3 2,1 17,7 35,3 14,3 1414
GBA 62,7 31,9 18,8 1,7 19,5 44,2 11,9 1949
Cuyo 66,0 32,1 21,2 1,5 20,1 34,2 12,0 368
Regiones Pampeana 61,7 28,6 20,4 1,4 20,1 43,6 10,7 895
Centro 65,3 32,1 20,7 1,6 20,4 39,8 7,6 1153
NEA 66,8 30,6 24,0 1,3 12,8 36,0 15,7 458
NOA 63,8 30,3 23,1 1,3 21,5 33,1 11,5 511
Patagonia 66,1 32,9 20,7 1,6 27,7 33,6 15,1 304
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
movilidad social intergeneracional 163
grupos de edad
educación
13 Como se verá más adelante, la movilidad ascendente crece con la educación
movilidad social intergeneracional 165
regiones
Regiones
Partidos del
Conurbano
Pampeana
Patagonia
Clase social Total
Centro
CABA
Cuyo
NOA
GBA
NEA
I+II+IVa 43 16 23 21 24 24 18 18 22 22
IIIa+V 12 7 9 8 7 7 7 9 10 8
IVbc 17 18 18 23 23 22 28 22 15 21
Origen
VI+IIIb 9 19 16 12 14 14 9 14 16 14
VIIab 19 39 34 36 33 32 39 37 36 34
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I+II+IVa 48 28 33 32 32 31 25 28 37 32
IIIa+V 12 10 10 9 9 8 11 9 9 9
IVbc 9 18 15 15 15 22 19 16 9 17
Destino
VI+IIIb 11 15 14 15 13 14 13 16 17 14
VIIab 20 30 27 29 31 25 32 32 28 28
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
16 Es importante destacar que se trata aquí de un análisis de la región en que
residían los P
SH al momento de la encuesta. En un examen más exhaustivo
de las relaciones entre las regiones y los procesos de movilidad social debería
contemplarse además el estudio de distintas características de cada región,
tales como la evolución de su estructura de clases, sus flujos migratorios, etc.
movilidad social intergeneracional 167
17 Si nos detenemos en la composición interna de las clases medias con un
examen más detallado de sus posiciones de clase, observamos que en la
CABA el peso de la fracción alta de clase de servicios (I), compuesta de
directivos, gerentes y profesionales, es del 21%, y por lo tanto duplicala de
las regiones Pampeana y P atagonia y triplica, o casi, la de las demás. También
es mayor el peso relativo de la fracción baja de la clase de servicios (II), que
alcanza el 20%.
18 Se observa además la reducción de las clases agropecuarias (VIIb y IVc),
según datos no presentados.
19 Como señalamos en el apartado sobre aspectos conceptuales, el índice de
disimilitud, al dar cuenta de la variación en el tamaño de las clases entre
orígenes y destinos, puede estar expresando no sólo efectos de la evolución
168 la argentina en el siglo xxi
tendencias (Vapnarsky, 1995). El contraste entre GBA y el resto del país
puede ser abordado, además de mediante el análisis regional, como un
estudio en la diferencia de concentración de la población: por un lado,
una gran metrópolis, y por otro, un conjunto de ATI y de aglomerados
pequeños. E n este caso, nos interesa distinguir los ATI en dos estratos,
con más y con menos de 500 000 habitantes.21
La utilización de un criterio geográfico en el análisis de la movilidad
social en la A rgentina sólo se ha trabajado, hasta donde conocemos, en
Quartulli (2010), quien concluye que el tamaño del aglomerado no se
relaciona estrechamente con la movilidad absoluta y relativa. D e acuerdo
con las teorías clásicas de los procesos de urbanización, que sostienen
que la ciudad es un polo de modernización, se podría hasta cierto punto
conjeturar que a mayor tamaño del aglomerado se observarían mayores
tasas de movilidad absoluta y vertical ascendente.
En todas las categorías se advierten tasas elevadas y similares de mo
vilidad absoluta: cerca del 65,6% en los ATI menores y alrededor del
62,7% en la Región GBA. En cuanto a la dirección de los movimientos,
por un lado, GBA y los aglomerados pequeños exhiben una relación
entre movilidad ascendente y descendente más favorable (1,7 y 1,8,
respectivamente), con altas tasas de movilidad vertical ascendente y
tasas bajas de movilidad descendente.22 Por otro lado, los ATI poseen
mayor movilidad descendente y, en menor medida, menor movilidad
ascendente. C asi uno de cada cuatro PSH de los ATI menores tiene
movilidad descendente.23 Con respecto a la composición de la clase
de servicios y empleadores, se pueden agrupar la Región GBA y los
ATI mayores con una clase de servicios algo más cerrada y consoli
dada (con alrededor del 19% de ascenso de clase obrera a servicios
y 45% de autorreclutamiento) y los ATI menores y pequeños aglo
merados con una clase de servicios en crecimiento y algo más abierta
(alrededor del 21% de ascenso de clase obrera a servicios y 32% de
autorreclutamiento).
movilidad relativa
los modelos. En cuanto a los grupos de edad, si bien los parámetros del mo
delo de efectos uniformes muestran mayor rigidez, hay fuertes indicios
de que debería preferirse el modelo de asociación constante. Es decir, la
asociación O-D parecería no variar al pasar de los grupos de mayor edad
a aquellos de los más jóvenes.
En cuanto a los niveles educacionales, en este caso, sin duda debe pre
ferirse el modelo de efectos uniformes. A diferencia de lo que muchos
podrían suponer, la fuerza de la asociación O-D crece, se vuelve más
rígida al aumentar la educación. Y a en el nivel secundario, queda claro
el fuerte efecto de crecimiento del peso de la clase de origen sobre la de
destino. La educación, entonces, sería un mecanismo de reproducción
de la desigualdad, en el contexto de este análisis.
Cuando se considera el tamaño de los aglomerados donde residen los
PSH, el más conveniente sería el modelo de efectos uniformes. Tomando
como referencia igual a 1 los grandes aglomerados (más de 500 000 ha
bitantes), la fuerza de la asociación es más débil, más fluida, al bajar
los tamaños hasta el grupo de 50 a 100 000 habitantes. E n el grupo de
menor tamaño, la fuerza de la asociación se recupera, aunque todavía
queda apenas por debajo de 1.
Por último, en el análisis por regiones, debe preferirse el modelo de
asociación constante. La asociación O-D parece ser invariante en las dis
tintas regiones. Si uno prestara atención a los parámetros del modelo de
efectos uniformes –que no deberían considerarse–, la asociación O -D
sería algo más fluida en todas las otras regiones comparadas con los par
tidos del Conurbano.
A modo de cierre, nos parece de interés hacer una digresión histórico-
comparativa sobre la Región GBA, ya que los primeros estudios de movi
lidad (relevamientos entre 1961 a 1995) se efectuaron allí. Si bien hubo
algunas variaciones en la definición de la unidad de análisis, esto permite
una mirada comparativa, necesariamente cautelosa.
En el cuadro 5.7 se presentan valores de interés. Se señala de forma
provisoria que mientras la movilidad vertical ascendente crece desde
finales del siglo XX, la vertical descendente tiene un comportamiento
más variado, pero creciente desde los años noventa. Frente a esto, el
cociente de ambas tasas de movilidad fue en aumento, con una fuerte
excepción a comienzos del siglo XXI, y alcanzó su máximo valor en
2014-2015.
Además, según el modelo de efectos uniformes (para cuadros de 4x4),
la fuerza de la asociación entre orígenes y destinos –tomando como re
ferencia la encuesta de 1961–prácticamente se mantendría hasta 1995,
mientras que en los relevamientos de 2003 a 2014-2015 esta asociación
movilidad social intergeneracional 173
exhibiría una menor fuerza, lo que sugiere una tendencia a mayor flui
dez social.24 Si bien en los relevamientos de Jorrat (encuestas 2003-2013)
se consideraron individuos y en la encuesta Pisac, P SH (tanto en oríge
nes como en destinos), los resultados son similares: en ambos casos los
destinos dependen menos de los orígenes de clase. En otras palabras,
en la Región GBA se observaría cierta invariancia en las vinculaciones
origen-destino hasta fines del siglo XX, que se tornarían más fluidas a
comienzos del siglo XXI. E l análisis de esta “tendencia histórica” debería
profundizarse en futuras investigaciones.
conclusiones
24 Los valores de los parámetros del modelo de efectos uniformes fueron:
Germani, 1,000 (referencia); B eccaria, 1,007; Jorrat (encuesta 1995), 1,080;
Jorrat (encuestas 2003-2013), 0,846; y P
isac, 0,879.
174 la argentina en el siglo xxi
El análisis según tres grandes niveles educacionales mostró que la movi
lidad ascendente de los P SH crece y la descendente disminuye al aumen
tar el nivel de educación. Dentro de las tasas de movilidad absoluta, el
nivel de educación superior constituiría un canal relevante de movilidad
vertical ascendente, y al parecer sería la principal vía de movilidad desde
la clase obrera a la de servicios. Sin embargo, cuando se considera la mo
vilidad relativa, surge que la fuerza de la relación entre clase de origen y la
de destino aumenta incluso a partir de los estudios secundarios completos.
La mediación de la educación no reduce la influencia intergeneracional
de los orígenes sobre los destinos, lo que insinúa que la educación podría
quizá ser vista más como una vía de reproducción de la desigualdad (véase
Jorrat, 2016). E s decir, si bien la educación favorecería la movilidad ascen
dente de las personas encuestadas, no disminuye el peso directo de la clase
de origen sobre la de destino; antes bien, tendería a acrecentarlo. N uevas
investigaciones serán necesarias sobre este punto.
En términos del análisis por regiones, se encontró que los PSH resi
dentes en la CABA exhiben una pauta distintiva de movilidad absoluta,
con menor movilidad ascendente y mayor movilidad descendente, lo
que lleva a que el cociente entre ambas sea casi igual a 1 –si bien la movi
lidad de clase obrera a clase de servicios es la más alta entre las regiones–.
La magnitud de la discrepancia entre las distribuciones de orígenes y
destinos constituye un factor relevante. E n nuestro caso, observamos que
la movilidad ascendente es mayor en las regiones donde la expansión de
la clase de servicios fue mayor. C on respecto a la movilidad relativa, el
modelo preferido es el de asociación constante –de no variación–entre
regiones. De esta forma, se genera una aparente “disonancia” entre los
resultados de la movilidad relativa y absoluta.27
Por último, en cuanto al tamaño de los aglomerados, la movilidad
vertical ascendente de los P SH residentes en ellos exhibe un valor algo
mayor en los aglomerados más chicos, y también aquí se presenta el co
ciente más favorable entre ascendente y descendente. El modelo de efec
tos uniformes, por su parte, mostró que la fuerza de la asociación O-D
tendería más bien a bajar, de forma significativa, al disminuir el tamaño
de los aglomerados, y que volvería a crecer al pasar al aglomerado más
chico (aunque siempre con un valor inferior a 1).
27 Sin embargo, considerando la Región GBA como referencia, se prefiere el mo
delo de diferencias uniformes, al observar que las otras regiones se presentan
como más fluidas que GBA. Cabe señalar que siempre que en este análisis de
regiones se considere GBA como unidad, sea esta la referencia o no, se prefie
re el modelo de efectos uniformes en vez del de asociación constante.
176 la argentina en el siglo xxi
referencias
Vapnarsky, C
.yN .G orojovsky (1990), E
l crecimiento urbano en la A
rgentina,
Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
Wright, E. (1997), Class Counts: Comparative Studies in Class Analysis, Nueva
York, Cambridge University Press.
parte ii
Condiciones de vida y materialización
de derechos
6. Hábitat, vivienda y marginalidad
residencial
María Mercedes Di Virgilio
María Carla Rodríguez*
2 En 2012, el E
jecutivo nacional –a cargo de Cristina Fernández Kirchner–
puso en marcha el P rograma de Crédito Argentino del Bicentenario para
la Vivienda Ú
nica F
amiliar (Pro.Cre.Ar.). El programa se propuso favorecer
el acceso a la vivienda propia a través de créditos hipotecarios otorgados
por el B anco H
ipotecario (véase la sección “Las intenciones de las políticas
habitacionales durante la poscrisis”, en este capítulo). A pesar de los muchos
aspectos auspiciosos del programa, la falta de instrumentos para regular los
procesos especulativos sobre suelo urbano constituyeron una clara limitante
de la iniciativa.
3 Entendemos por vivienda a la “configuración de servicios –habitacionales–
que deben dar satisfacción a necesidades humanas primordiales: alber-
gue, refugio, protección ambiental, espacio, vida de relación, seguridad,
privacidad, identidad, accesibilidad física, entre otras”. Adherimos de este
modo a una concepción amplia de la vivienda, esto es, como hábitat o medio
ambiente (Yujnovsky, 1984: 17 y ss.).
hábitat, vivienda y marginalidad residencial 185
9 El Fondo pasó a integrarse con el 40% de los ingresos que percibe el E stado
por el impuesto a los combustibles, e incrementó progresivamente esta
proporción, hasta llegar al 42% en 1993; y en adelante, con transferencia
automática a las provincias.
10 “El accionar público nacional se retoma, enmarcado en el principio de
subsidiariedad que se ejerce a través de acciones normativas dirigidas a
la privatización de las iniciativas, la desregulación de la industria de la
construcción, la reactivación del crédito hipotecario de largo plazo y en el
carácter compensatorio de los nuevos programas de intervención que obran
imbricados a las políticas sociales de alivio a la pobreza” (Rodulfo, 2003).
190 la argentina en el siglo xxi
En tal marco, durante los primeros años se definieron dos orienta-
ciones principales en política habitacional, expresadas en el P rograma
Federal de Construcción de Viviendas (PFCV) y en el Programa Federal
de Emergencia Habitacional (PFEH, Techo y Trabajo),12 que se fueron
diversificando e incorporando líneas de producción sociocomunitaria del
hábitat e intervención en villas (PFCV Villas y Municipios). Los sectores
medios se incluyeron luego, hacia 2012, a través del Programa Procrear,
que “financia la construcción de vivienda individual sobre terrenos de los
particulares, el desarrollo de urbanizaciones en tierras fiscales con partici-
pación empresarial mediante el sistema de licitación pública y la compra
de terrenos de propiedad individual o mediante empresas comercializa-
doras” (Rodulfo y Boselli, 2014: 229). Así, estos instrumentos habilitaron
otras herramientas e institutos para facilitar el acceso a la tierra y a la vi-
vienda de los sectores de ingresos bajos y medios bajos.
La nueva política sectorial se propuso fortalecer el S istema F ederal
de Vivienda, mediante la canalización de los nuevos programas a través
de los organismos provinciales de vivienda, y la incorporación de un im-
portante volumen de recursos al Fondo Nacional de V ivienda (Fonavi).
De este modo, colaboró en el reordenamiento del Sistema F ederal de
Vivienda, “implementando un aporte adicional significativo de fondos
provenientes del Tesoro Nacional [y] trasferidos a los gobiernos provin-
ciales en forma de subsidios no reintegrables, tanto para regularizar el
funcionamiento del Fonavi como para financiar un conjunto de progra-
mas nuevos” (Barreto, 2012: 17). En ese marco, en 2005, el P lan Federal
de Construcción de Vivienda concentró el 60,4% de la inversión total na-
cional en materia habitacional (Rodríguez, 2010). La ejecución del Plan
quedó a cargo del Ministerio de P lanificación F ederal, I nversión P ública
yS ervicios, un organismo centralizado creado durante la administración
Kirchner para llevar adelante estas acciones. En el período 2003-2015,
se construyeron 1 246 428 soluciones habitacionales (635 578 viviendas
nuevas y 610 850 mejoramientos habitacionales): en promedio, para el
total país, se produjeron unas 103 000 soluciones habitacionales por año,
lo cual representó el punto más alto de la actuación pública hasta la
fecha, con una diversificación significativa hacia los mejoramientos ha-
bitacionales, que implicaron el 49% de la producción total (cuadro 6.1).
terminados
terminadas
Viviendas
Viviendas
ejecución
ejecución
firmados
firmadas
A iniciar
A iniciar
Programa
Mejor.
Mejor.
En
En
Reactivación
30 736 30 736 0 0 42 42 0 0
I y II
Solidaridad 27 232 27 232 0 0 16 827 16 827 0 0
PFCV 319 175 238 160 77 251 3764 0 0 0 0
PFCV Villas 35 087 16 028 12 924 6135 5536 4554 685 297
PF Mejor Vivir 0 0 0 0 205 693 149 038 55 749 866
Profeh 60 672 34 326 23 721 2625 0 0 0 0
PFCV Caritas 5307 4058 1249 0 0 0 0 0
Otros* 157 369 131 989 25 276 104 382 792 281 128 89 938 11 726
Total 635 578 482 381 140 569 12 628 610 850 450 859 147 102 12 889
* I ncluye Promihb, Rosario Hábitat P
rosofa, Profasa, Promeba y Fonavi PURO.
Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, revista
Conavi, abril de 2016.
terminados
terminadas
Viviendas
Viviendas
ejecución
ejecución
firmados
firmadas
A iniciar
A iniciar
Programa
Mejor.
Mejor.
En
En
CABA 10 339 7088 3030 221 3549 2756 793 0
Partidos del
Conurbano y 144 509 104 788 33 749 5072 92 704 60 498 30 464 1742
Pampeana
Cuyo 83 284 63 343 17 338 2603 37 179 21 481 15 798 0
Centro 81 721 59 717 21 068 938 57 677 48 371 8928 432
NEA 110 704 82 176 27 873 655 204 268 155 867 40 327 8074
NOA 144 168 116 979 25718 1471 159 036 122 251 34 144 2591
Patagonia 60 851 48 290 11 793 768 56 337 39 689 21 810 0
Total 635 578 482 381 140 569 12 628 610 850 450 859 147 102 12 889
* Incluye Promihb, Rosario Hábitat Prosofa, Profasa, Promeba y Fonavi PURO.
Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, revista
Conavi, abril de 2016.
En América L
atina han dominado dos formas de medir los requeri-
mientos habitacionales. Por una parte, aquella que da cuenta del dé-
13 No se utiliza en este caso la expresión “Gran Buenos Aires”, como es conven-
ción en este volumen, ya que la expansión de la superficie urbana a la que se
hace referencia, en particular a través del desarrollo de barrios cerrados, se
dio en gran medida más allá de los límites de los 24 partidos del Conurbano,
que se incluyen en la definición de GBA. El AMBA es territorialmente más
abarcadora, y aunque existen ciertos matices en su delimitación (entre 32
y 34 partidos), incluye aunque sea parcialmente otras jurisdicciones como
Pilar, Escobar, General Rodríguez y Cañuelas, en las que tuvieron especial
impacto los desarrollos urbanísticos con modalidad de barrio cerrado.
14 Esta sección fue elaborada sobre la base de M arcos, Di Virgilio y Mera (2018).
196 la argentina en el siglo xxi
Calidad material de la
vivienda
Condición
Condición de
de ependencia
D Condición de
Irrecuperable
Irrecuperable
allegamiento
Recuperable
allegamiento económica hacinamiento
Aceptable
externo
interno
crítica
S in hacinamiento (a) (b)
1(c) 1(c)
Hacinamiento (b) (b)
1(c) 1(c)
Sin núcleos secundarios medio
Hacinamiento (b) (b)
1(c) 1(c)
crítico
Sin hacinamiento (a) (b)
1(c) 1(c)
Sin Hacinamiento (b) (b)
1(c) 1(c)
allegamiento Dependientes medio
externo Hacinamiento (b) (b)
1(c) 1(c)
Con núcleos crítico
secundarios Sin hacinamiento (a) (b)
1(c) 1(c)
Hacinamiento
1(c) 1(d) > 1(c) > 1(c)
Independientes medio
Hacinamiento
1(c) 1(d) > 1(c) > 1(c)
crítico
Sin núcleos secundarios 1(c) 1(d) > 1(c) > 1(c)
Dependientes 1 (c)
1(d) > 1(c) > 1(c)
Con Sin hacinamiento 1(a)
1(b) > 1(c) > 1(c)
allegamiento Con núcleos Hacinamiento
externo > 2(c) > 2(d) > 2(c) > 2(c)
secundarios Independientes medio
Hacinamiento
> 2(c) > 2(d) > 2(c) > 2(c)
crítico
(a) Sin déficit; (b) D
éficit cualitativo; (c) D
éficit cuantitativo; (d) Déficit
cuantitativo y cualitativo.
Nota: La cantidad exacta de viviendas por construir depende del número de
hogares allegados y de núcleos allegados independientes que se encuentren
en las viviendas
Fuente: Marcos, Di Virgilio y M
era (2018). R ealización: M. M
arcos.
Por su parte, el déficit cualitativo se vincula con la presencia de:
Total
% sobre total
de viviendas
medio del
Hogares/
viviendas
Tamaño
Agrupamientos Categorías
Viviendas* Hogares
hogar
GBA 3 928 860 4 006 614 34,58% 3,03 1,02
Cuyo 691 412 750 472 6,08% 3,51 1,09
Pampeana 1 808 981 1 849 828 15,92% 2,99 1,02
Región Centro 2 345 332 2 384 178 20,64% 3,19 1,02
NEA 870 319 884 887 7,66% 3,62 1,02
NOA 1 061 403 1 088 606 9,34% 3,88 1,03
Patagonia 656 817 665 196 5,78% 3,15 1,01
CABA 1 164 871 1 166 027 10,25% 2,45 1,00
Partidos del Conurbano 2 763 989 2 840 587 24,32% 3,28 1,03
Aglomerados** Gran Córdoba 513 393 524 696 4,52% 3,38 1,02
Gran Rosario 436 138 445 545 3,84% 3,06 1,02
Gran Mendoza 247 679 268 651 2,18% 3,27 1,08
500 000 y más 6 572 059 6 752 422 57,84% 3,13 1,03
Tamaño del 100 000-500 000 2 236 205 2 281 503 19,68% 3,47 1,02
aglomerado 50 000-100 000 1 483 998 1 509 293 13,06% 3,29 1,02
2000-50 000 1 070 862 1 086 563 9,42% 3,17 1,01
Total 11 363 124 11 629 781 100,00% 3,22 1,02
* El cálculo de viviendas computa como factor de ponderación el corres-
pondiente al primer hogar de cada vivienda; ** L a suma para la variable
Aglomerados no incluye la categoría “Resto de Aglomerados”, por lo cual los
valores no representan el 100% de los casos.
Fuente: ENES-Pisac.
Pampeana
Patagonia
Tipo de déficit/política
Centro
requerida
Total
Cuyo
NOA
GBA
NEA
Viviendas no deficitarias 59,8% 64,9% 61,4% 62,3% 38,2% 46,8% 63,7% 58,2%
Déficit cuantitativo 8,8% 10,4% 12,1% 7,9% 28,9% 20,1% 16,7% 12,3%
•V iviendas irrecuperables 86,6% 55,2% 89,7% 80,3% 95,7% 89,5% 96,0% 87,4%
• Viviendas con hogar
externo allegado y/o con 13,1% 39,8% 10,0% 18,8% 3,7% 8,3% 4,0% 11,6%
núcleo interno allegado*
•V
iviendas irrecuperables
y hogar externo allegado
0,3% 5,0% 0,3% 0,8% 0,6% 2,2% 0,0% 0,0%
y/o núcleo interno
allegado*
Déficit cualitativo 28,3% 20,7% 23,1% 26,5% 27,9% 27,8% 14,7% 25,8%
•V iviendas con necesidad
86,4% 66,5% 82,4% 69,3% 73,7% 74,6% 55,7% 78,0%
de mejoras
• Viviendas con necesidad
5,2% 14,6% 9,2% 16,5% 11,0% 10,4% 29,8% 10,4%
de ampliación
•V
iviendas con necesidad
8,4% 18,9% 8,5% 14,2% 15,3% 15,0% 14,5% 11,6%
de mejoras y ampliación
Déficit cualitativo y
0,9% 2,2% 0,7% 1,2% 0,9% 1,3% 0,2% 1,0%
cuantitativo
NS 2,2% 1,8% 2,7% 2,0% 4,1% 4,1% 4,6% 2,7%
Viviendas deficitarias
1 495 509 230 101 650 673 837 525 502 089 522 035 208 189 4 446 121
(total)
Total viviendas 3 928 860 691 412 1 808 981 2 345 332 870 319 1 061 403 656 817 100%
GBA
Radio =
Radio = Cantidad de déficit
Cantidad de déficit cuantitativo entre
cualitativo entre 100 hogares
100 hogares
Déficit cualitativo
Viviendas con necesidad de ampliación
Viviendas con necesidad de mejoras
Viviendas con necesidad de ampliación
y mejoras
Déficit cuantitativo
Viviendas irrecuperables
Viviendas para hogares allegados
Viviendas para núcleos secundarios,
independientes y hacinados
Localidades
Grandes % sobre
y/o muni- J urisdicciones y/o
aglomerados Población población
cipios que municipios que la conforman
urbanos total país
nuclea
Almirante Brown, Avellaneda,
Berazategui, Esteban Echeverría,
Ezeiza, Florencio Varela, General San
Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José
C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas
Gran Buenos
13 958 392 31,7% 25 de Zamora, Malvinas Argentinas,
Aires
Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Miguel,
Tigre, T res de F ebrero y Vicente
López (todos estos municipios de la
provincia de B uenos Aires) y C ABA
Capital, Colón, Punilla, Santa María,
Gran Córdoba 2 188 834 4,8% 6
Río Primero y Río Segundo
Rosario, Villa Gobernador Gálvez,
San Lorenzo, Granadero Baigorria,
Gran Rosario 1 239 346 2,8% 11 Capitán Bermúdez, Pérez, Funes, Fray
Luis Beltrán, Roldán, Puerto General
San Martín y Soldini
Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén,
Gran Mendoza 1 201 672 2,7% 6
Las Heras, L uján de C uyo y Maipú
Nota: Los datos de población se consignan sobre la base de las proyecciones
de población que realiza el I ndec para 2017.
Fuente: Elaboración propia.
204 la argentina en el siglo xxi
Partidos
ipo de déficit/política
T Gran Gran Gran
CABA del Co- otal**
T
requerida órdoba R
C osario Mendoza
nurbano
Viviendas no deficitarias 77,0% 52,5% 64,5% 66,2% 76,2% 58,2%
Déficit cuantitativo 6,0% 10,0% 5,6% 7,6% 6,8% 12,3%
• Viviendas irrecuperables 95,4% 84,4% 67,6% 85,1% 32,5% 87,4%
• Viviendas con hogar
externo allegado y/o con 3,1% 15,6% 29,1% 13,1% 55,1% 11,6%
núcleo interno allegado*
• Viviendas irrecuperables y
hogar externo allegado y/o 1,6% 0,0% 3,4% 1,8% 12,4% 0,9%
núcleo interno allegado *
Déficit cualitativo 14,7% 34,1% 25,9% 22,9% 12,7% 25,8%
• Viviendas con necesidad
89,6% 85,8% 56,4% 76,6% 69,1% 78,0%
de mejoras
• Viviendas con necesidad
6,2% 5,0% 30,5% 5,3% 26,0% 10,4%
de ampliación
• Viviendas con necesidad
4,2% 9,2% 13,1% 18,2% 4,9% 11,6%
de mejoras y ampliación
Déficit cualitativo y
0,0% 1,3% 1,7% 1,0% 2,6% 1,0%
cuantitativo
NS 2,3% 2,1% 2,3% 2,3% 1,6% 2,7%
Viviendas deficitarias (total) 241 262 1 254 247 170 563 137 423 54 905 4 446 121
Total viviendas 1 164 871 2 763 989 513 393 436 138 247 679 100%
* El requerimiento efectivo de viviendas en estas categorías puede suponer
multiplicar por dos o más la cantidad de las deficitarias que en ellas se
consigan, según el número de hogares y/o núcleos allegados. V éase la
tabla 6.1; ** L
os totales corresponden al promedio nacional y no surgen
de la suma de los guarismos correspondientes a los grandes aglomerados.
Fuente: Elaboración propia según datos de la ENES-Pisac.
des, acentuando la caída que llevan acumulada desde 1947 (entre ese año
y 2010 suman 24 puntos porcentuales de caída). Esta obedece sobre todo
a la disminución de la población rural aglomerada merced a los cambios
que registra la actividad agropecuaria y a los efectos demográficos de la
oferta de empleo urbano (Manzano y Velázquez, 2015). En este marco,
es esperable que los procesos de empobrecimiento y de despoblamien-
to impacten sobre el parque habitacional y generen así fuertes procesos
de degradación. En cambio, la población de algunas de las categorías de
ciudades pequeñas (aquellas de entre 20 000 y 50 000 habitantes) aumen-
ta, tensionando las disponibilidades y los arreglos residenciales que se de
sarrollan en el parque habitacional disponible.
Predomina Predomina
Servicio al que no tiene acceso déficit déficit
cuantitativo cualitativo
S in alumbrado público X
Sin servicios de recolección de basura X
Sin pavimento X
Sin desagüe pluvial X
Sin veredas X
Sin vigilancia policial X
Transporte a más de 10 cuadras X
Servicios de educación a más de 10 cuadras X
Servicios de salud a más de 10 cuadras X
Plazas a más de 10 cuadras X
Presencia de factores contaminantes X
Conexión eléctrica fuera de la vivienda y dentro del terreno X
Conexión eléctrica fuera de la vivienda y del terreno o sin
X
conexión eléctrica
Sin conexión de gas (en todas sus variantes) X
Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuadro 6.9.
tarios y no deficitarios)
% Viviendas necesarias
% de hogares (deficita-
por déficit cuantitativo
% viviendas para hoga-
% viviendas necesarias
% viviendas necesidad
% viviendas necesidad
% viviendas necesidad
rios y no deficitarios)
% viviendas para nú-
sólo de ampliación
cleos secundarios
sólo de mejora
irrecuperables
Dimensiones
res allegados
% viviendas
T
otal de viviendas
T 1 302 874 266 657 97 348 1 666 879 315 065 2 409 280 352 012 3 076 357 11 629 781 100,0%
necesarias
Región
GBA 24,3% 29,2% 15,7% 24,6% 20,3% 41,8% 26,7% 39,9% 4 006 614 34,5%
Cuyo 3,5% 22,1% 8,0% 6,8% 7,0% 4,5% 8,1% 4,9% 750 472 6,5%
Pampeana 15,8% 15,3% 10,2% 15,4% 12,1% 14,9% 10,0% 14,2% 1 849 828 15,9%
Centro 11,8% 14,6% 45,3% 14,2% 32,6% 18,9% 26,5% 19,9% 2 384 178 20,5%
NEA 20,3% 5,5% 7,9% 17,2% 8,5% 8,0% 10,6% 8,3% 884 887 7,6%
NOA 16,0% 10,2% 11,8% 14,8% 10,1% 9,6% 14,1% 10,2% 1 088 606 9,4%
Patagonia 8,4% 3,1% 1,1% 7,0% 9,4% 2,3% 4,0% 2,5% 665 196 5,7%
Aglomerado
CABA 5,3% 0,4% 2,3% 4,4% 3,4% 6,4% 2,1% 5,8% 1 166 027 10,0%
Partidos del 19,0% 28,7% 13,4% 20,2% 16,9% 35,5% 24,6% 34,1% 2 840 587 24,4%
Conurbano
Gran Córdoba 1,5% 4,2% 15,8% 2,8% 12,9% 3,5% 4,9% 3,7% 524 696 4,5%
Gran Rosario 2,5% 3,5% 1,9% 2,6% 1,7% 3,3% 5,6% 3,6% 445 545 3,8%
Gran Mendoza 0,6% 7,9% 2,9% 1,9% 2,6% 1,2% 0,4% 1,1% 268 651 2,3%
Resto de aglomerados 71,1% 55,2% 63,8% 68,1% 62,5% 50,2% 62,3% 51,7% 6 384 275 54,9%
conclusiones
El análisis de los datos expone, también, que los tipos de déficit afec-
tan de manera diferencial al universo de hogares. M ientras que los hoga-
res en los que predominan las situaciones propias del déficit cuantitativo
parecen ser aquellos fuertemente aquejados por la falta de acceso al ser-
vicio eléctrico –dentro y fuera de la vivienda y en el entorno barrial–, a
la recolección de basura y a las urbanizaciones de origen informal (villas
de emergencia/asentamientos precarios); aquellas propias del déficit
cualitativo afectan a los hogares que requieren mejoramiento y recuali-
ficación del entorno urbano (veredas, accesibilidad a servicios de trans-
porte, etc.). La dimensión urbana siempre está presente como trasfondo
social e histórico inherente a la necesidad humana de habitar, y adquiere
modulaciones diferenciales, que deben ser privilegiadas y recuperadas
por las políticas de hábitat, en sus enfoques de actuación.
Los datos de la ENES-Pisac muestran que cualquier política habitacio-
nal que se proponga dar respuesta al déficit de viviendas no puede ser
sólo una cuestión de construcción de viviendas; antes bien, debe tratarse
de iniciativas integrales de producción de ciudad que contemplen las ne-
cesidades de mejoramiento y consolidación de los hogares que habitan
en viviendas recuperables, que se localizan en barrios cuyo hábitat es el
objeto estratégico de intervención. Aun la obra nueva requiere ser pen-
sada y producida según esta perspectiva. En las situaciones de criticidad
extrema (que afecta aproximadamente a 510 139 hogares), se hace muy
evidente la necesidad de desarrollar intervenciones integrales que, en
muchos casos, articulen componentes de vivienda y trabajo. Sin embar-
go, el requisito de integralidad no se circunscribe a la pobreza crítica, lo
que se demuestra en diversos aspectos relacionados con el déficit de los
entornos residenciales que fueron indagados por la ENES, como la pre-
sencia de ambientes contaminados, la distancia a servicios educativos y
de salud, el asfalto, el acceso al transporte público, alumbrado, vigilancia
policial, etc.
Asimismo, los resultados ponen de manifiesto que los problemas ha-
bitacionales no afectan de forma exclusiva a las familias que residen en
viviendas deficitarias, sino también a las de sectores medios y medios ba-
jos que habitan viviendas de buena calidad, pero en condiciones de haci-
namiento. Las políticas habitacionales, sin duda, no han sido sensibles a
estas expresiones que combinan condiciones de ingresos diferenciales y
calidad del parque. P or ejemplo, en los sectores medios sólo se propone
acceso al crédito para adquirir nuevas viviendas y no se considera que
las ampliaciones puedan ser opciones viables para un amplio espectro.
Incluso, hay sectores medios que requieren mejorar el parque que habi-
tan y no cuentan con instrumentos adecuados que lo faciliten. En casos
216 la argentina en el siglo xxi
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hábitat, vivienda y marginalidad residencial 219
1. el capital escolar;
2. el capital de conocimiento de lenguas extranjeras; y
3. el capital tecnológico/informático.2
2 La diferenciación entre estas tres formas de capital tiene un cariz más bien
analítico, ya que en la actualidad los idiomas extranjeros –y tal vez en menor
medida la informática–están directamente relacionados con el capital
escolar.
224 la argentina en el siglo xxi
el capital escolar
tro caso, empleamos una simplificación de tres clases –alta, media y obrera o
trabajadora–basada en la propuesta de la autora citada.
226 la argentina en el siglo xxi
nacimiento). En efecto, entre los niños de 6 años un 23,6% todavía con-
curría al jardín, y entre los de 12 años el 23,5% ya cursaba la educación
secundaria.
Por otra parte, y más allá de estos solapamientos derivados de la fecha
de cumpleaños, se verificó la existencia de cierto nivel de sobreedad en-
tre quienes concurrían a la educación primaria. Si bien esta se calcula de
manera habitual para cada grado, tomando en cuenta los cursantes que
exceden hasta en dos años (sobreedad simple) la edad prevista, en nues-
tro caso la hemos computado en relación con las edades estipuladas para
la finalización del ciclo primario completo, de modo de contar con una
aproximación general a la magnitud del problema. A sí, si se considera a
los adolescentes de 14 y 15 años –ya que entre los de 13, según el mes de
cumpleaños, había un porcentaje que todavía asistía a la primaria sin que
esto implicara sobreedad–, se constató que un 10,4% de ellos aún cursa-
ba estudios primarios, con una leve incidencia mayor entre los varones
(11,2 frente al 9,5% de las mujeres).
La sobreedad presentaba diferencias significativas en las diversas regio-
nes del país, tal como se observa en el gráfico 7.1: del 3,9% de incidencia
en la Región GBA al 16,4% en N EA y el 17,6% en Centro. Además, este
fenómeno estaba fuertemente asociado a la clase social: no se registra-
ban adolescentes de 14 y 15 años de hogares de clase alta que aún cursa-
ran estudios primarios, frente al 3,2% de incidencia en las clases medias
y el 10,4% en la trabajadora.
ia
l
tro
na
o
A
A
GB
on
y
NO
NE
a
Cu
n
cio
pe
tag
Ce
na
Pa
Pa
al
t
To
9 En esto cuentan tanto los adolescentes de 13 años que por el mes de su cum-
pleaños todavía podían estar en el nivel primario, como aquellos que cursan
este nivel en situación de sobreedad.
232 la argentina en el siglo xxi
Primario 10,5
siste a un establecimiento
A
Secundario 81,5
educativo
Terciario-universitario 0,4
Primario incompleto 1,6
No asiste pero
Primario completo 1,1
asistió
Secundario 4,8
Nunca asistió 0,1
Total 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
(74,3%), Cuyo (77,9%) y NEA (79,1%), todas ellas por debajo del total
nacional.
Asiste Abandonó
90 6
85 5
Total nacional
Total nacional 4
80
3
75
2
70 1
65 0
A na tro y o A A ia A na tro y o A A ia
GB ea n Cu NO NE on GB pe
a n Cu NO NE on
mp Ce ata
g
m Ce tag
Pa P Pa Pa
Nunca asistió
8
7
6
5
4
3
2
Total nacional
1
0
A na tro y o A A ia
GB ea n Cu NO NE on
mp Ce tag
Pa Pa
11 Los valores restantes para llegar a la suma del 100% corresponden a
adolescentes que ya habían ingresado a la educación terciaria o universitaria,
o que asistían a la educación especial.
234 la argentina en el siglo xxi
o
tro
ia
na
al
NE
GB
NO
on
n
Cu
n
a
cio
Ce
pe
tag
na
Pa
Pa
tal
To
Región
GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia
erciario
T 10,3% 7,2% 10,3% 12,5% 14,9% 18,5% 13,2%
Universitario 24,9% 20,9% 23,3% 20,2% 12,7% 17,9% 19,5%
Aglomerado
Total
Partidos del Gran Gran Gran esto de
R nacional
CABA
Conurbano C órdoba Rosario M
endoza aglomerados
Terciario 8,3% 10,8% 4,6% 11,6% 5,8% 14,4% 12,2%
Universitario 39,2% 21,6% 27,1% 25,2% 23,6% 17,9% 21,1%
Nota: Las sumatorias de columna no dan 100% porque no se incluyen los
porcentajes de jóvenes de esta franja etaria que no accedieron a estudios
superiores.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
clase alta, alrededor del 75% universitaria y 25% terciaria en la clase me-
dia, y cerca de 58% universitaria y 42% terciaria en la clase trabajadora.
Asimismo, se verificó que a mayor nivel socioeconómico, mayores posi-
bilidades de permanecer en el sistema educativo terciario/universitario.
Patagonia
NOA
NEA
Centro
Pampeana
Cuyo
GBA
CABA
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Región Total
GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia nacional
Hasta primario
10,8 10,8 11,9 15,8 14,2 10,9 5,7 12,1
completo
Secundario
26,0 33,8 31,3 27,3 34,8 29,0 32,0 29,1
incompleto
Secundario
27,7 26,8 22,5 23,8 22,7 23,4 29,2 25,2
completo
Terciario o
universitario 27,9 22,9 28,6 26,9 24,9 30,2 23,0 27,1
incompleto
Terciario o
universitario 7,5 5,2 5,1 5,8 2,7 5,8 9,4 6,1
completo
Otro 0,2 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 0,7 0,4
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
jóvenes; en cambio, las diferencias entre las clases sociales eran mucho
más marcadas: 47,9% de los jóvenes de 25 a 29 años de clase alta habían
completado estudios superiores, respecto del 22,4% de la clase media y
del 12,5% de la clase obrera. E n el plano regional, sobresalían los más
altos porcentajes de jóvenes con estudios terciarios o universitarios com-
pletos en las regiones GBA (19%) y Pampeana (18,6%), y los más bajos
en NEA (10,8%) y NOA (13%).
Región
Total
Pampeana
Patagonia
Centro
nacional
Cuyo
NOA
GBA
NEA
Región
Pampeana
Patagonia
Centro
CABA
Cuyo
NOA
GBA
NEA
Sin instrucción 0,4 2,3 2,4 2,1 1,6 3,6 3,1 2,7
Hasta primaria completa 17,4 31 38,2 35,3 36,3 44,2 34,4 31,4
Secundaria incompleta 7,4 11,4 13,7 12,8 12,3 12,5 14,9 16,8
Secundaria completa 29,7 25,5 20,6 23,6 23,5 17,5 22,3 23,6
Terciaria o universitaria incompleta 8,1 8,5 8,3 6,8 8,2 7,4 9,2 7,4
Terciaria o universitaria completa 36,8 21,1 16,5 19,1 17,8 14,7 16 17,9
Otro 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
Mujeres
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Sin instrucción Hasta primaria Secundaria Terciaria o
completa completa universitaria completa
acumulando palabras nuevas, sino que se está apropiando del saber que
esa lengua posee. Apropiarse de otra lengua es contar con la posibilidad
de ampliar los recursos simbólicos a mundos distintos del cotidiano.
En un plano más concreto, cabe señalar que las lenguas extranjeras
forman parte del curriculum educativo en el nivel secundario desde hace
décadas y, con el paso del tiempo, su enseñanza se fue extendiendo a
otros niveles del sistema escolar. Además, en la agenda y los discursos
públicos sobre cuestiones educativas –tanto a nivel local como interna-
cional–se suele insistir sobre la importancia de la adquisición de idiomas
durante los procesos de escolarización. En este sentido, la Ley Nacional
de Educación, como se señaló en la introducción, sostiene la necesidad
de brindar oportunidades equitativas para el aprendizaje de saberes sig-
nificativos, como las lenguas extranjeras.
Aprovechando que la encuesta E NES-Pisac recabó información sobre
este tema, y ante la carencia de estudios empíricos específicos, más allá de
los consabidos rankings internacionales de competencias lingüísticas, como
el English Proficiency Index, que en su última edición ubicó a la A
rgentina
en el puesto 25 a nivel mundial, en esta sección presentamos un análisis
del nivel de conocimiento de lenguas extranjeras. S iguiendo el esquema
utilizado hasta aquí, nucleamos a la población en distintos grupos de edad
y, además de presentar los resultados generales para cada uno de ellos,
consideramos las diferencias regionales, de género y clase social.
Región
Pampeana
Total
Patagonia
Centro
nacional
CABA
Cuyo
NOA
GBA
NEA
Sin conocimiento 56,1 69,1 79,2 70,4 72,2 79,7 80,4 76 72,7
Nivel básico 18,4 17,3 14,9 20 21,6 12,5 15,1 16,1 17,7
Nivel medio 11,8 7 2,9 5,5 4 4,1 2,8 3,6 5,1
Nivel avanzado o bilingüe 13,7 6,6 3 4,1 3,2 3,7 1,7 4,3 4,5
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 54 55 o más
Sin conocimiento Nivel básico Nivel medio o superior
el capital tecnológico/informático
13 Consejo F
ederal de Educación, R
esolución 123, Anexo I, 2010.
254 la argentina en el siglo xxi
focalizaron “la cuestión del acceso a la tecnología y sus vínculos con las
desigualdades sociales” (Benítez Larghi y Duek, 2016: 13), tales como
el de F ernández Jeansalle (2008) para el caso de la clase media, el de
Benítez L arghi y otros (2012) sobre la apropiación de las T
IC por parte
de jóvenes de sectores populares urbanos, o sobre el impacto de las po-
líticas públicas orientadas a la inclusión digital de los estudiantes (Lago
Martínez, 2012; Benítez Larghi, Lemus y Welschinger, 2014; Benítez
Larghi y otros, 2015).
El aporte novedoso de la ENES-Pisac en este campo, como veremos
a continuación, se basa en la posibilidad de conocer el nivel de compe-
tencia en el uso de computadoras tanto de la población argentina en
general, como en diferentes regiones del país, teniendo en cuenta diver-
sos grupos etarios y sus respectivas asimetrías de clase, género o niveles
educativos.
60
50
40
30
20
10
0
18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 54 55 o más
conclusiones
y que, asimismo, estos niveles han sido alcanzados por cada vez mayores
proporciones de la población de una misma franja etaria.
sta constatación vale para todas las regiones del país y tanto para los
E
varones como para las mujeres, aunque han sido ellas quienes más han
progresado en materia educativa. En efecto, desde una situación de re-
lativa desventaja con respecto a los niveles educativos de los varones en
las generaciones mayores, en la actualidad acreditan –en general– l ogros
educativos más significativos (sobre todo en lo que concierne al alcan-
ce de la educación terciaria y universitaria). L os avances generacionales
también se verificaron en relación con la adquisición de competencias
en lenguas extranjeras (véase gráfico 7.7) y con el desarrollo de habilida-
des para el manejo de computadoras (véase gráfico 7.9).
Ahora bien, la mirada sincrónica, por su parte, permite concluir que
para cada grupo etario –incluso los más jóvenes–, y a pesar de la notable
mejora intergeneracional ya señalada, aún persisten en el sistema educa-
tivo importantes desigualdades inscritas sobre todo en el origen de clase
y lugar de residencia. Este último aspecto, como lo muestran los datos,
es en particular preocupante. Más allá de los discursos formales sobre
el acceso inclusivo a la educación, quedan claramente en evidencia las
enormes asimetrías en las posibilidades que tienen muchos niños, ado-
lescentes y jóvenes de las mismas edades, pero que residen en diferentes
regiones del país, de seguir un trayecto educativo comparable. Las ma-
yores oportunidades y ventajas educativas, tanto en el sistema público
como en el privado, se concentran en la CABA.
Por otra parte, las asimetrías educativas parecerían ser progresivas, o
acumulativas: cuando se pasa de un nivel educativo al siguiente, la co-
bertura se vuelve más acotada y las brechas entre las regiones –dentro de
cada nivel–se ensanchan. Además, estas disparidades se combinan con
260 la argentina en el siglo xxi
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trayectorias y capitales socioeducativos 263
1 La Encuesta N
acional sobre la E
structura Social de la Argentina se aplicó a
servicios de salud: cobertura, acceso y utilización 267
En efecto, a nivel nacional y de acuerdo con datos del Censo N acional
de Población, Hogares y V ivienda de 2010, el 46,4% de la población esta-
ba afiliada a una obra social (incluida P AMI), un 10,6% tenía una prepa-
ga a la cual derivaba los aportes y contribuciones de una obra social, un
5,1% tenía una prepaga por contratación directa, apenas un 1,8% tenía
planes estatales de salud y el 36,1% no tenía una cobertura aparte del
sistema público. Los datos de la ENES-Pisac, relevados cuatro años des-
pués, muestran un panorama similar en cuanto al porcentaje de pobla-
ción que no tiene otra cobertura que la brindada por el sistema público,
pero algo distinto respecto de los que tienen una adicional: aumenta la
población con obras sociales y disminuye la que tiene planes privados.4
Esta circunstancia no es homogénea en todo el territorio: por las ca-
racterísticas del sistema federal de gobierno, cada provincia tiene sus
propias políticas sanitarias que están sujetas a restricciones presupues-
tarias diferentes. En ese contexto, la cobertura brindada por el sistema
público está lejos de ser homogénea o de asegurar un nivel básico de
servicios. Esta circunstancia se suma a la fragmentación del sistema y re-
sulta en calidades dispares no sólo según el tipo de cobertura sino tam-
bién según el territorio, y da como resultado inequidades en la atención
(PNUD, 2011).
En el cuadro 8.1 se observa la distribución de los distintos tipos de
cobertura de salud, en el total del país y por regiones. En primer lugar
se destaca que, mientras que en el total el 35,1% de la población de-
pende exclusivamente del sistema público de atención de salud, en la
Región NEA esta proporción se eleva a casi el 50%. También se obser-
van porcentajes más elevados que el promedio nacional en las regiones
NOA y C uyo. Por otra parte, es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) donde hay una menor proporción de población que depende
del sistema público y donde, de manera inversa, el peso relativo de la
población con cobertura a través de prepaga es el más alto entre todas las
regiones, puesto que triplica la incidencia a nivel nacional.
Las disparidades entre regiones se deben, entre otros factores, a las
diferencias en la incidencia de población en estratos socioeconómicos
bajos. En efecto, en la Región N
EA el porcentaje de personas en los de-
ciles de ingresos más bajos triplica al de la C
ABA.
Utilizó el
Obra social2
Edad
Sexo
Hospital
Privado3
público
Otros4
Salita1
N
Se observa que hay una estrecha –y casi obvia–relación entre el tipo
de cobertura y el establecimiento al que se acude ante una situación de
demanda de atención. Esto muestra que la fragmentación del sistema de
salud logra segmentar las atenciones según la capacidad de pago de las
personas y deja la atención por parte del sistema público sólo a aquellos
que no pueden acceder a las obras sociales o sistemas privados. A sí y
todo, las personas con cobertura adicional también concurren al hospi-
tal público, y esa concurrencia se da tanto en situaciones de emergencia
en las guardias como en la consulta con especialistas. Aunque el hospital
público es utilizado en promedio por el 36% de las personas que nece-
sitan atención, este porcentaje se eleva al 70,9% entre los que no tienen
otra cobertura de salud que la que brinda el sistema público y disminuye
al 12% entre los que tienen una prepaga (cuadro 8.4).
los casos. T
ambién, a medida que se asciende en la escala de ingresos,
el porcentaje de personas que no pagaron disminuye (cuadro 8.5).
su bolsillo
Gratuita
Pagó de
per cápita (% y N)
En forma parcial
familiar En forma total
(con copago)
100,0
1 16,1 6,5 6,9 70,5
842 901
100,0
2 27,9 7,2 9,5 55,4
849 486
100,0
3 33,2 7,6 4,9 54,3
812 036
100,0
4 38,1 10,5 7,7 43,8
892 738
100,0
5 50,7 12,1 7,5 29,8
719 801
100,0
6 56,0 9,5 8,2 26,3
706 559
100,0
7 53,2 14,2 4,7 27,9
539 315
100,0
8 62,4 16,8 3,7 17,1
585 634
100,0
9 58,9 18,9 5,7 16,5
606 143
100,0
10 72,6 8,3 4,9 14,2
403 752
100,0
Total 43,8 10,8 6,6 38,9
6 958 365
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la ENES-Pisac.
Tipo de consulta
Edad y sexo
Consulta médica Consulta odontológica
Sexo
Varón 69,8 56,9
Mujer 78,5 62,1
Edad
0 a 14 años 90,2 74,8
15-29 años 65,9 61,0
30-59 años 65,5 54,7
60 años y más 82,6 48,4
Total 74,3 59,6
Nota: La pregunta sobre consulta al odontólogo se realizó a personas de 3
años y más.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la ENES-Pisac.
Profesionales 69,5
Obreros no calificados 38,2
Servicio doméstico 34,2
ingreso per
Decil de
40% Bueno
30%
Muy bueno
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
reflexiones finales
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9. Protección social institucionalizada
Claudia Danani
Estela Grassi
aE
L NES-Pisac permite medir el peso de diferentes fuentes de ingresos
–entre ellas, las derivadas de transferencias estatales–en el total de hoga-
res urbanos del país, según sus características y composición. U no de los
presupuestos más corrientes en la opinión pública de los últimos años re-
fiere a la abundancia y discrecionalidad de planes que transfieren ingre-
sos provenientes del Estado (es decir, impuestos “que pagamos todos”) a
los hogares en condiciones de vulnerabilidad. E ste presupuesto merece
un examen detallado para evaluar su verosimilitud.
Por esta razón, a continuación analizamos cinco situaciones
representativas:
stas diversas situaciones cubren el 91% del total de hogares. El 9% res-
E
tante corresponde a “otras fuentes” u “otras combinaciones”, que no al-
teran de manera sustancial la estructura de ingresos. Los resultados se
resumen en los cuadros 9.1 y 9.2.4
Cantidad Distribución
de hogares porcentual
Total de hogares 11 630 253 100% - -
Hogares con ingresos laborales 8 386 958 72% 100% -
• Hogares con ingresos laborales únicamente 4 181 395 36% 50% -
ogares con ingresos provenientes de la SS
H
4 871 507 42% 100% 100%
(J-P y/o AUH)**
• Hogares con ingresos provenientes de la SS
1 239 500 11% 25% 25%
únicamente
Hogares con ingresos por jubilación-pensión 3 194 175 27% 100% 66%
• Hogares con jubilación-pensión e ingresos
1 591 735 14% 50% 33%
laborales
• Hogares con ingresos por jubilación-pensión
1 178 479 10% 37% 24%
únicamente
Hogares con ingresos por AUH 1 788 777 15% 100% 37%
• Hogares con ingresos por AUH + ingresos
1 659 594 14% 93% 34%
laborales
• Hogares con ingresos por AUH únicamente 43 704 0,4% 2,4% 0,9%
* Para la lectura de este cuadro debe tenerse en cuenta que las variables no
se adicionan respecto de los totales (100), sino que son relativas. Así, por
ejemplo, los hogares con jubilación o pensión son el 27% del total y el 66%
de los que tienen algún ingreso de la S S, pero no hay una variable “todos los
hogares sin jubilación ni pensión” correspondiente al resto de hogares;
** Incluye todos los hogares en los cuales hay ingresos por alguna de esas dos
fuentes, cualquiera sea la combinación con otras.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
Cantidad de Distribución
hogares porcentual
Total de hogares 11 630 253 100% - -
ogares con ingresos laborales
H 8 386 958 72% 100% -
• Hogares con ingresos laborales únicamente 4 181 395 36% 50% -
Hogares con ingresos provenientes de programas
170 175 1,5% 100% 100%
de empleo
• Hogares con programas de empleo + ingresos
126 099 1,1% 74,1% 74,1%
laborales
• Hogares con programas de empleo únicamente 17 955 0,2% 10,5% 10,5%
Hogares con programas de empleo sin ingresos
laborales + ingresos de la S S (jubilación, A UH, 26 121 0,4% 100% 15,4%
otros planes sociales)
• Hogares con programas de empleo sin ingresos
16 617 0,2% 63,6 0,1%
laborales + jubilación únicamente
• Hogares con programas de empleo sin ingresos
2876 0% 11% 1,7%
laborales + AUH únicamente
Hogares con ingresos provenientes de planes
1 224 985 10,5% 100% -
sociales
• Hogares con planes sociales + ingresos laborales 985 143 8,5% 80,4% -
• Hogares con planes sociales sin ingresos laborales
+ otros ingresos de la SS (jubilación, AUH, programa 151 881 1,3% 12,4% -
de empleo)
• Hogares con planes sociales e ingresos únicamente
130 516 1,1% 10,6% -
por jubilación-pensión
• Hogares con ingresos de planes sociales
87 961 0,8% 7,2% -
únicamente
* Para la lectura de este cuadro téngase en cuenta la misma observación hecha
en el cuadro 9.1.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
con la AUH y otros planes y/o ayudas). En cambio, encontramos que
en el 93% de los hogares que recibían esta asignación también existían
ingresos provenientes del trabajo, y lo mismo sucedía en la mitad de los
hogares en los que había ingresos por jubilaciones. En este caso, en una
pequeña proporción se combinaba la entrada de dinero también con
fuentes privadas (3%).
¿Cuál es, entonces, el peso que tienen las transferencias sociales y pla-
nes de empleo en los ingresos de los hogares? En primer lugar, los ho-
gares que perciben recursos provenientes de programas de empleo son
170 175, lo que representa apenas el 1,5% de la totalidad de los hogares
urbanos. En cambio, son considerablemente más aquellos que reciben
planes sociales (pensiones, becas de estudio y/o subsidios y ayudas socia-
les en dinero): alcanzan el 10,5%. A hora bien, en tres cuartos de los ho-
gares que obtienen ingresos de algún plan de empleo se hallan también
ingresos provenientes del mercado laboral: sólo el 10,5% tiene el plan de
empleo como única fuente, y un 15% recibe, además, otros recursos de
la política social, en su mayoría haberes jubilatorios.
Algo similar ocurre en los hogares que reciben “otros planes sociales”.
El 80% cuenta además con ingresos laborales; el 12% recibe todos sus in-
gresos de fuentes provenientes de la política social, sobre todo porque se
trata de ingresos jubilatorios, y el 7% depende únicamente de esos planes,
lo que, sobre el total de hogares del país, representa un exiguo 0,8%.
Si de todas las combinaciones de ingresos que formalizamos se toman
en cuenta sólo las que incluyen ingresos laborales, jubilaciones y fuen-
tes privadas, entre otras, sin ningún componente de la política social,
encontramos que en el 67,5% del total de los hogares urbanos del país
el mercado laboral o la propiedad son las únicas fuentes en las que se
originan u originaron sus recursos. E n tanto, para un 24% de ese total,
las trasferencias recibidas provienen de la política social (AUH, planes
sociales o programas de empleo), es decir, de intervenciones específica-
mente dirigidas a grupos de población que, de distintas maneras, que-
dan excluidos de las protecciones formalizadas del –o por el–mercado
capitalista. Dicho de otro modo, en el último caso se trata de la pobla-
ción cuya subsistencia está en riesgo permanente.
Ahora bien, si sumamos todos aquellos hogares en los que hay algún
componente principal originado en el mercado, sea el laboral o el deri-
vado de bienes y servicios (ingresos laborales, jubilaciones, fuentes priva-
das y otras), pero que completan sus ingresos con recursos provenientes
de alguna de las modalidades de redistribución operadas por la políti-
ca social que no son las fundadas en el empleo formal (es decir, A UH,
planes sociales, programas laborales), el resultado alcanza al 90,3% del
300 la argentina en el siglo xxi
Alguna
Región / Sólo ólo
S Fy
S inguna
N
Total o
aglomerado SF AUH AUH asignación
ambas
Presencia de No 0,0% 40,6% 0,0%
Total general asalariados Sí 38,5% 26,5% 11,6%
Total 31,2% 29,2% 9,4% 30,2% 100% 69,8%
Presencia de No 0,0% 46,6% 0,0%
GBA asalariados Sí 38,8% 26,6% 12,3%
Total 32,4% 29,9% 10,2% 27,5% 100% 72,5%
Presencia de No 0,0% 43,0% 0,0%
Cuyo asalariados Sí 41,4% 26,1% 12,6%
Total 35,4% 28,5% 10,7% 25,4% 100% 74,6%
Presencia de No 0,0% 38,1% 0,0%
Pampeana asalariados Sí 37% 20,4% 15,5%
Total 30,1% 23,7% 12,6% 33,5% 100% 66,4%
Presencia de No 0,0% 32,4% 0,0%
Centro asalariados Sí 39,9% 27,4% 8,9%
Total 30,7% 28,5% 6,9% 34,0% 100% 66,1%
Presencia de No 0,0% 36,4% 0,0%
NEA asalariados Sí 34,5% 33,4% 6,2%
Total 27,2% 34,1% 4,9% 33,8% 100% 66,2%
Presencia de No 0,0% 49,2% 0,0%
NOA asalariados Sí 36,1% 39,7% 9,1%
Total 29,0% 34,4% 7,3% 29,3% 100% 70,7%
Presencia de No 0,0% 38,8% 0,0%
Patagonia asalariados Sí 43,0% 26,6% 16,8%
Total 34,5% 25,8% 13,4% 26,3% 100% 73,7%
Presencia de No 0,0% 13,4% 0,0%
CABA asalariados Sí 48,4% 14,9% 13,7%
Total 41,0% 14,7% 11,6% 32,7% 100% 67,3%
Presencia de No 0,0% 53,7% 0,0%
Partidos del
asalariados Sí 36,6% 29,3% 11,9%
Conurbano
Total 30,4% 33,4% 9,9% 26,2% 100% 73,7%
Presencia de No 0,0% 34,5% 0,0%
Gran Rosario asalariados Sí 52,0% 20,7% 10,9%
Total 42,7% 23,2% 9,0% 25,2% 100% 74,9%
Presencia de No 0,0% 35,5% 0,0%
Gran
asalariados Sí 35,7% 25,3% 13,0%
Córdoba
Total 27,8% 27,5% 10,2% 34,5% 100% 65,5%
Presencia de No 0,0% 45,0% 0,0%
Gran
asalariados Sí 44,2% 25,1% 13,0%
Mendoza
Total 39,9% 27,0% 11,7% 21,3% 100% 78,6%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
304 la argentina en el siglo xxi
Ninguna
Región/aglomerado Sexo del/la PSH Sólo SF Sólo AUH SF y AUH
asignación
PSH varón 34,6% 26,5% 10,3% 28,6%
Total general
PSH mujer 23,1% 35,7% 7,1% 34,1%
PSH varón 35,9% 27,6% 11,2% 25,2%
GBA
PSH mujer 23,2% 35,8% 7,6% 33,4%
PSH varón 38,0% 28,2% 11,5% 22,3%
Cuyo
PSH mujer 28,4% 29,5% 8,8% 33,3%
PSH varón 33,5% 17,7% 14,9% 33,9%
Pampeana
PSH mujer 21,5% 39,0% 6,9% 32,6%
PSH varón 33,7% 25,6% 6,6% 34,1%
Centro
PSH mujer 22,7% 36,1% 7,6% 33,6%
PSH varón 28,4% 36,9% 6,2% 28,5%
NEA
PSH mujer 25,2% 29,2% 2,6% 43,0%
PSH varón 34,0% 30,0% 8,0% 28,1%
NOA
PSH mujer 19,0% 43,2% 6,1% 31,7%
PSH varón 38,0% 24,5% 14,5% 23,0%
Patagonia
PSH mujer 36,5% 25,5% 15,1% 23,0%
PSH varón 43,8% 11,9% 12,8% 31,5%
CABA
PSH mujer 35,4% 20,3% 9,1% 35,2%
artidos del
P PSH varón 34,2% 30,9% 10,9% 23,9%
Conurbano PSH mujer 23,5% 35,6% 8,6% 32,3%
PSH varón 34,5% 22,0% 11,5% 32,0%
Gran Córdoba
PSH mujer 14,8% 38,2% 7,5% 39,4%
PSH varón 46,6% 23,2% 8,8% 21,4%
Gran Rosario
PSH mujer 33,4% 23,0% 9,4% 34,2%
PSH varón 43,0% 25,5% 12,6% 19,0%
Gran Mendoza
PSH mujer 33,0% 30,5% 9,8% 26,7%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
n el N
E OA los hogares sin cobertura son menos, pero mientras que la
AUH tiene el más alto registro en hogares sostenidos por mujeres (poco
menos de la mitad), la incidencia del SF es mucho menor, pues sólo se
distingue en un cuarto de estos. También aquí, como en el cuadro 9.3,
se muestra que más de la mitad de los hogares que no cuentan con asa-
lariados tampoco tiene ingresos por la A UH, lo que alerta acerca de una
prestación que debería alcanzar al segmento en condiciones socioeconó-
micas más frágiles y parece no hacerlo.
En el caso de C
uyo, una región con un alto número de N NyA, también
son los hogares con PSH mujer aquellos a los que menos asignaciones
llegan, situación que afecta más si no hay asalariados en el hogar. E
n esta
306 la argentina en el siglo xxi
región, la diferencia entre los hogares que tienen ingresos por AUH y
aquellos con SF es de apenas un punto en los casos con P SH mujer. E
igualmente, si se los compara con aquellos hogares con PSH varón, se
advierte la desventaja: estos últimos los superan por 10 puntos de dife-
rencia en lo que respecta al SF (una vez más, es mayor el alcance de la
formalidad laboral entre hogares con PSH varones, que entre los condu-
cidos por mujeres).
Patagonia, además de contar con alta cobertura, es la región más igua-
litaria en esta materia: todos los porcentajes entre géneros son casi idén-
ticos y las diferencias nunca alcanzan los dos puntos: menos de un cuarto
de los hogares no percibe asignaciones, en igual proporción para el caso
de aquellos a cargo de varones o de mujeres.
No sucede lo mismo en G BA, donde se observan diferencias entre ho-
gares con PSH varones y mujeres, incluso en la cobertura y la percepción
de SF. Pero en este caso, entre los hogares donde no hay asalariados, el
porcentaje de los que reciben asignaciones es mayor en aquellos con
PSH varón. Aquí, la hipótesis de interpretación puede ser inversa a los
casos anteriores, y relacionarse con los niveles de ingresos en ese tipo de
hogares, quizá desventajosa para las mujeres.
Respecto de los principales aglomerados, como adelantamos más arri-
ba, Gran R osario presenta algunos datos destacables: tiene alta cobertura
y es significativamente mayor el porcentaje de los hogares a los que ingre-
sa SF, más elevado incluso que los que reciben A UH. S in embargo, esto
es diferente para el caso de hogares con PSH mujer, pues aunque las pro-
porciones referidas a la AUH son idénticas, son menos los que reciben
SF respecto de los de jefatura masculina y es más elevado el porcentaje
de los que no tienen ingresos por asignaciones de ningún tipo (idéntico
a la región y al promedio general). L lama la atención el alto porcentaje
de hogares sostenidos por mujeres sin asalariados entre sus miembros, a
los que no ingresan asignaciones. En un aglomerado con alta cobertura,
en el que estos hogares representan un pequeño porcentaje de aquellos
con NNyA, habría que disponer de información acerca de sus condicio-
nes socioeconómicas para poder establecer alguna hipótesis al respecto.
Gran Mendoza es similar al anterior en cuanto a los ingresos por SF:
se registra menor incidencia en los hogares con P SH mujer y un mayor
alcance de la AUH que, sin embargo, no compensa esa baja, ya que una
diferencia importante se da, una vez más, entre aquellos que no perci-
ben ninguna asignación, cuando se trata de hogares que no albergan
miembros asalariados.
La CABA tiene características generales similares al resto en términos
de las diferencias que plantea el género del PSH cuando se atiende al
protección social institucionalizada 307
I nstituciones y alcances
Algo más del 60% de los AAMM de 60 años y más viven en hogares peque-
ños (20,2% en hogares unipersonales y 40,3% en hogares de dos perso-
nas). La desagregación por tramos de edad muestra que viven en hogares
unipersonales 1 123 844 personas de 60 y más años, y que de ellas, el 82,7%
308 la argentina en el siglo xxi
El análisis por aglomerados (cuadro 9.6) permite hacer foco en las
condiciones de vida del 47,1% de los A
AMM, que son quienes residen en
los grandes aglomerados estudiados.
Una situación distinta presentan Gran Córdoba y Gran Rosario, los dos
aglomerados de la R egión Centro, la cual, como vimos, tiene la mejor
situación de protección e institucionalidad global (por extensión y forta-
leza, respectivamente). En este caso se advierte que la situación regional
es mejor que la de ambos aglomerados: es bastante mayor la cobertura
total (86,4% en la región, contra 82,3 y 81,2% para Gran Córdoba y G ran
Rosario, respectivamente) y lo mismo sucede con la cobertura contribu-
tiva; en ambos casos, tanto para varones como para mujeres. El hecho de
que también Cuyo presente una situación mejor que la de su principal
aglomerado, Gran Mendoza (85,9% en la cobertura regional ante 83,1%
en el aglomerado), permite especular sobre la severidad de las condicio-
nes de vida en las ciudades y la problemática de la “pobreza urbana”, ya
que aun la mayor cercanía de instituciones y la mayor densidad de in-
tervenciones no parecen ser capaces de penetrar las barreras de los gru-
pos en condiciones más adversas en las grandes ciudades. En resumen,
a excepción de los 24 partidos del Conurbano, con la cobertura global
más alta y el 13,5% de no protección, la población adulta mayor objeto
de nuestro estudio reside en aglomerados que ofrecen una protección
menor que la que presenta el “resto de aglomerados” (con 15,2% de tasa
de no protección).
Mujeres Varones
Contributiva
Contributiva
contributiva
contributiva
protegida
protegida
Región
Otros
Otros
Total
Total
No
No
1 024 782 16 456 543 1 041 781 509 716 5605 1301 516 622
GBA
82,0% 1,3% 0,0% 83,3% 86,5% 1,0% 0,2% 87,6%
183 994 4489 1303 189 786 110 909 0 0 110 909
Cuyo
81,0% 2,0% 0,6% 83,6% 90,1% 0,0% 0,0% 90,1%
421 825 2305 0 424 130 237 864 1528 0 239 392
Pampeana
83,1% 0,5% 0,0% 83,5% 88,0% 0,6% 0,0% 88,5%
565 279 8337 0 573 616 267 409 2891 298 270 598
entro
C
84,5% 1,2% 0,0% 85,7% 87,0% 0,9% 0,1% 88,0%
135 808 6625 0 142 433 82 591 1625 0 84 216
EA
N
73,4% 3,6% 0,0% 77,0% 84,2% 1,7% 0,0% 85,9%
217 599 11 901 0 229 500 104 163 5808 0 109 971
OA
N
77,1% 4,2% 0,0% 81,3% 76,3% 4,3% 0,0% 80,5%
85 983 3803 0 89 786 66 229 0 0 66 229
atagonia
P
74,7% 3,3% 0,0% 78,1% 85,4% 0,0% 0,0% 85,4%
2 635 270 53 916 1846 2 691 032 1 378 881 17 457 1599 1 397 937
Total
81,4% 1,7% 0,1% 83,1% 86,0% 1,1% 0,1% 87,2%
Fuente: E
laboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
Varones Mujeres
(% mujeres -%
porcentuales
Diferencial
en puntos
protegida
protegida
protegida
protegida
varones)
Total no
Total no
Aglomerado
Total
Total
Total
Total
295 686 78 660 374 346 149 463 28 982 178 445
CABA -4,8%
79,0% 21,0% 100% 83,8% 16,2% 100%
Partidos del 746 095 129 861 875 956 367 159 43 863 411 022
-4,2%
Conurbano 85,2% 14,8% 100% 89,3% 10,7% 100%
Gran 120 095 30 069 150 164 58 454 8442 66 896 -7,4%
Córdoba 80,0% 20,0% 100% 87,4% 12,6% 100%
80 149 22 109 102 258 46 184 7186 53 370 -8,2%
Gran Rosario
78,4% 21,6% 100% 86,5% 13,5% 100%
Gran 65 693 14 663 80 356 38 386 6449 44 835 -3,9%
endoza
M 81,8% 18,2% 100% 85,6% 14,4% 100%
Resto de 1 383 314 270 115 1 653 429 738 291 109 790 848 081 -3,4%
aglomerados 83,7% 16,3% 100% 87,1% 12,9% 100%
2 691 037 545 478 3 236 515 1 397 937 204 712 1 602 649
otal
T -4,1%
83,1% 16,9% 100% 87,2% 12,8% 100%
Fuente: E
laboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
Mujeres Varones
Contributiva
Contributiva
contributiva
contributiva
protegida
protegida
Aglomerado
Otros
Otros
Total
Total
No
No
293 355 1788 543 295 686 149 463 0 0 149 463
CABA
78,4% 0,5% 0,1% 79,0% 83,8% 0,0% 0,0% 83,8%
Partidos del 731 427 1 4668 0 746 095 360 253 5605 1301 367 159
Conurbano 83,5% 1,7% 0,0% 85,2% 87,6% 1,4% 0,3% 89,3%
Gran 120 095 0 0 120 095 58 156 0 298 58 454
Córdoba 80,0% 0,0% 0,0% 80,0% 86,9% 0,0% 0,4% 87,4%
79 461 688 0 80 149 46 184 0 0 46 184
Gran Rosario
77,7% 0,7% 0,0% 78,4% 86,5% 0,0% 0,0% 86,5%
Gran 64 748 945 0 65 693 38 386 0 0 38 386
endoza
M 80,6% 1,2% 0,0% 81,8% 85,6% 0,0% 0,0% 85,6%
Resto de 1 346 184 35 827 1303 1 383 314 726 439 11 852 0 738 291
aglomerados 81,4% 2,2% 0,1% 83,7% 85,7% 1,4% 0,0% 87,1%
2 635 275 53 916 1846 2 691 037 1 378 881 17 457 1599 1 397 937
otal
T
81,4% 1,7% 0,1% 83,1% 86,0% 1,1% 0,1% 87,2%
Fuente: E
laboración propia a partir de datos de la ENES-Pisac.
Tipo planes por sexo del PSH Porcentaje de tipo de plan sobre total de planes y condición del PSH
Tipo de plan Sobre total de Sobre total de Sobre total de Sobre total
Varones Mujeres Total
PSH V y M
PSH ocupados V y M planes de P SH V de planes de P SH M
21 325 29 922 51 247 51 247 51 247 21 325 29 922
Argentina Trabaja
41,6% 58,4% 100% 0,44% 0,58% 28,02% 39,31%
J óvenes con Más y 15 873 567 16 440 16 440 16 440 15 873 567
Mejor Trabajo 96,6% 3,4% 100% 0,14% 0,19% 20,9% 0,75%
5715 948 6663 6663 6663 5715 948
Manos a la Obra
87,8% 14,2% 100% 0,06% 0,23% 7,51% 1,25%
Plan de Empleo 4746 15 152 19 898 19 898 19 898 4746 15 152
Comunitario 23,9% 76,1% 100% 0,17% 0,23% 6,24 19,92%
320 la argentina en el siglo xxi
11 Dadas las especiales circunstancias sociales y políticas en las que está
cerrándose este capítulo (diciembre de 2017), es necesario señalar
enfáticamente este punto, pues disentimos con toda interpretación que
al comparar los sistemas ponga en competencia la protección de ambas
poblaciones.
protección social institucionalizada 323
que reciben ingresos por asignaciones familiares (clásicas y/o A UH) dis-
minuye en 4 puntos respecto del total. L uego, comparando el tipo de
asignación que percibe esta clase de hogares, observamos que represen-
tan una proporción menor aquellos que reciben ingresos por las asig-
naciones asociadas a la relación salarial, aun si existen asalariados entre
sus miembros. Es decir que, de forma global, entre los hogares con P SH
mujer están los más desprotegidos porque no les llegan las prestaciones
instituidas. En este sentido, la norma que en 2013 estableció la priori-
dad de las mujeres como perceptoras por defecto de las asignaciones
familiares (en ambas formas y componentes) es una medida positiva,
aunque aún insuficiente. Las condiciones por las cuales algunos de estos
hogares quedan fuera del alcance de transferencias que tienen a NNyA
como sujetos de derecho, así como sus consecuencias, deben estudiarse
en profundidad, lo que es tarea pendiente de las políticas públicas, de
las investigaciones sociales especializadas y, también, de los movimientos
feministas.
En cambio, los instrumentos dirigidos a expandir la protección de la
población de AAMM parecen haber sido más eficientes para las mujeres
comprendidas en ese tramo etario. De hecho, la política llamada “mo-
ratoria” tuvo dos efectos positivos: extendió la cobertura hasta los altos
rangos que consignamos antes y lo hizo sobre la base de la expansión del
componente que goza de mayor reconocimiento, el vector contributivo.
Ello ha dado lugar a debates y críticas por la falta de cumplimiento de
las condiciones estrictas (similares a los referidos al supuesto aprovecha-
miento de la generosidad social por parte de quienes no cumplirían con
el mandato del trabajo). Pero visto desde la clave de la “inclusión social”,
puede decirse que esa política dio lugar a un sistema que unificó la con-
dición de los A AMM en una categoría aplastante en cuanto a su predomi-
nancia cuantitativa, y potente en cuanto a lo institucional. Esto no hace
referencia al alcance vertical de los beneficios, sin dudas insuficientes en
sus pisos, aunque no los hayamos analizado aquí.
Las inconsistencias se tornan más evidentes al cruzarse las variables de
género y regiones, y en primera instancia se observa que la protección
de las dos poblaciones aquí estudiadas muestra una desventaja para la
situación de mujeres, ya sea como PSH en edades centrales, o como po-
blación por proteger, en el caso de los AAMM.
En relación con las edades centrales, por ejemplo, se ve que las regio-
nes NEA y NOA, donde el S F tiene un peso menor que la A
UH, compar-
ten condiciones de mayor precariedad laboral. S in embargo, en NOA
la cobertura total es igual al promedio general, mientras que NEA se
encuentra por debajo de este, con niveles similares a regiones de mayor
324 la argentina en el siglo xxi
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1o. I nseguridad y vulnerabilidad
al delito
Gabriel Kessler
Matias Bruno
1 Los datos del Latinobarómetro muestran que entre 2010 y 2015 alrededor
de un tercio de los encuestados manifestó que su principal preocupación
era la inseguridad, cifra que duplicaba la de aquellos preocupados por la
economía. U na encuesta de la U
CA muestra también que entre 2014 y 2015
la inseguridad fue la principal preocupación para más de un tercio de los
consultados. Véanse M BC/MORI Consultores (2016) y UCA (2016).
330 la argentina en el siglo xxi
sino que es variada e incluye otros hechos (como los abusos económi
cos, laborales y aquellos que afectan la salubridad y el medio ambien
te, violencia de género y violencia institucional, entre otros) que no
serán abordados aquí.
Este capítulo se centra entonces en un subgrupo específico de delitos
urbanos: los que se realizan contra la propiedad (en la vivienda) y aque
llos que afectan a las personas en la vía pública. L a ENES-Pisac incorpora
una serie de preguntas en la tradición de las encuestas de victimización
que indagan si el encuestado (o alguien de su hogar) fue víctima de al
menos un delito del tipo señalado, lo haya denunciado o no. L as en
cuestas de victimización permiten recabar un panorama más preciso del
nivel de victimización que el que se obtiene por los registros policiales
o judiciales, ya que una parte importante de los delitos sufridos no se
denuncian. En este caso particular, la E NES-Pisac nos permite conocer
con un alcance territorial privilegiado los niveles de victimización en re
giones y aglomerados urbanos del país, y generar un valioso insumo para
las políticas públicas, en particular para aquellas provincias y ciudades
que no habían contado antes (al menos en forma actualizada) con datos
locales de victimización. A su vez, la encuesta nos permite analizar la
vulnerabilidad al delito, es decir, explorar aquellos factores que pueden
estar vinculados más fuertemente con la victimización. Sopesar los di
ferentes grados de vulnerabilidad también provee insumos importantes
para las políticas públicas, que deberían atender en forma prioritaria y
diferencial a los grupos, categorías y territorios más vulnerables al delito.
El objetivo central de este capítulo es exponer y comparar la situación
en torno al delito urbano y la victimización en la Argentina. Para ello, se
revisan estudios y fuentes de datos que dan cuenta de las tendencias his
tóricas y características del delito a lo largo del territorio, y se presentan
los datos recolectados por la E NES-Pisac, los cuales permiten también
formular nuevos interrogantes sobre las características y alcances de este
fenómeno. Los antecedentes empíricos que incorpora este capítulo dan
cuenta del complejo entramado social y territorial que hay detrás de la
“inseguridad”. Por su parte, los datos de la ENES-Pisac permiten mostrar
y comparar indicadores sobre victimización del hogar en relación con los
delitos señalados, identificando la presencia de violencia, algunas de las
características del hogar victimizado y la vulnerabilidad al delito desde la
perspectiva del hábitat urbano.
El capítulo se organiza en dos partes. La primera gira en torno a
la pregunta sobre los niveles y características del delito urbano en la
Argentina durante las últimas décadas, para lo que se acude a distintas
fuentes secundarias y estudios empíricos que permiten desagregar te
inseguridad y vulnerabilidad al delito 331
2555
2497
2288 2262
2166 2163
2043 2107 2074
1979 2035 1916 1872 1935 1999 1942
1828 1809
1650 1696
1553 1512
1484
1410
1330
1155
994 1018 1058
833 873
749 765
642 676 697
567 562 579 627
508 548
423 440 467
369 389
255 319
251
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
con la ley. Un primer rasgo particular de los estudios locales es que, a
diferencia de otros países de la región donde hay una referencia cen
tral a grupos de alta cohesión y enclave territorial como bandas, “movi
mientos”, pandillas o “maras”, en la Argentina los delitos son realizados
por grupos poco estructurados, más vinculados a la obtención puntual
de recursos que al crimen organizado (Kessler, 2004; Tonkonoff, 2007).
En relación con las condiciones de vida, las investigaciones graficaron
el desdibujamiento de fronteras entre trabajo, escuela y delito urbano.
Muchas veces, los jóvenes no consideraban que cometer un delito fue
ra una entrada definitiva a un supuesto “mundo del delito”, sino que
en una “movilidad lateral” alternaban entre acciones legales e ilegales.
Tampoco veían contradicción alguna entre la permanencia escolar y
los ilegalismos. Míguez (2008) lo atribuye a resabios de un plebeyis
mo igualitarista que se rebelaba ante la situación de privación relativa,
mientras que T onkonoff (2007) muestra que estos jóvenes intentaban
conseguir para sí los bienes valuados socialmente por aquellos de estra
tos más acomodados.
Los estudios permiten reconstruir situaciones en distintas provincias
y regiones de la A rgentina. En la Región GBA, K essler (2004 y 2013)
da cuenta de una segunda generación de “inestables” en el mundo del
trabajo, dado que sus padres por lo general ya lo eran. Los jóvenes entre
vistados veían hacia adelante un horizonte de precariedad duradera. Les
era imposible vislumbrar algún atisbo de “carrera laboral” y eso llevaba
a que el trabajo se transformara en un recurso más de obtención de in
gresos, entre otros –como el pedido en la vía pública, el “apriete” (pedir
dinero en forma amenazante), el “peaje” (obstruir el paso de una calle
del barrio y exigir dinero a los transeúntes) y el robo–, recurriendo y al
ternando entre unos y otros de manera oportuna. Uno de los corolarios
de estos estudios es que, a diferencia de lo que han supuesto muchas
teorías, el delito en la juventud no era un predictor de una carrera de
lincuencial adulta: la idea de “carrera delictiva” como un compromiso
creciente con el delito se ponía en discusión. Visto en perspectiva, hoy
nos parece que fueron importantes los cambios en las condiciones de
vida que se produjeron entre comienzos y mediados de la década del no
venta, ya que coincidieron con el pasaje de muchos de esos entrevistados
de la niñez a la adolescencia. E n ese lapso, a la generación de sus padres
se le dificultó obtener ingresos; el desempleo y la inestabilidad laboral
aumentaron y ellos, que ingresaban en la adolescencia, quedaron rele
gados en la distribución de fondos dentro de las familias. Así las cosas,
comenzaron a tener demandas de consumo adolescente que no podían
satisfacer. Sin dinero y con escasas posibilidades de encontrar trabajo, los
338 la argentina en el siglo xxi
grupos de pares y las experiencias de delito tuvieron mayor eco. Es decir,
hubo muchos jóvenes en igual situación en los mismos territorios, por lo
que parecería haberse producido un efecto muy importante del grupo
de pares, más del que se suponía hasta entonces.
En otras regiones urbanas de la Argentina también se analizó la rela
ción entre jóvenes en conflicto con la ley y delito urbano. Anzola y otros
(2005) identifican “circuitos del daño” en jóvenes en conflicto con la ley
en Paraná, provincia de Entre Ríos, mientras que Bermúdez (2007), en
la ciudad de Córdoba, estudia el peso de la policía en la generación de
violencia local. También en esa ciudad se señala la existencia de ciertos
códigos (tales como no delatar, protegerse entre ellos) entre jóvenes que
realizaban delitos en forma individual (Tedesco, 2007). En Mendoza hay
evidencia sobre bandas territoriales (Gorri, 2008) y se barajan hipóte
sis explicativas basadas en el aumento de la desigualdad en la región,
producto de un importante crecimiento económico en paralelo al in
cremento de la marginalidad. Otros trabajos de la misma ciudad han
subrayado el fácil acceso a armas de fuego (Appiolaza y otros, 2008).
En relación con estas últimas y la violencia letal, un estudio sobre los
homicidios en la ciudad de Santa Fe inscribe esta situación en el mar
co de conflictos de vieja data, “las broncas”, que se transmiten de una
generación a otra (Cozzi, 2013). Entre los pocos estudios realizados en
pequeños aglomerados, Rossini (2003), en una pequeña ciudad de Entre
Ríos, describe bandas dedicadas al pequeño delito, pero en este caso con
fuerte identidad territorial.
Con todo esto, la explicación sobre el nivel y características del delito
urbano durante las últimas dos décadas y media en la A rgentina requie
re algunas consideraciones. En primer lugar, reconocer la autonomía
del hecho social; lo cual implica asumir que la retracción de la de
sigualdad y del desempleo (o el mejoramiento en algunos aspectos de
las condiciones de vida) no necesariamente implica una retracción del
delito urbano. Esto podría deberse a que tales variables estén unidas
sólo en su etapa de expansión, y luego el delito cobre cierta autonomía.
En segundo lugar, debemos considerar que el cambio generacional es
muy veloz, por lo tanto, el delito juvenil actual podría corresponder a
las cohortes de fines de los noventa. M uchos de los que ya eran jóvenes
durante esos años podrían haber abandonado el delito al ingresar a la
adultez. U na tercera consideración refiere a la dinámica propia de los
mercados del delito, ya que una vez establecidos, conocen recambios
entre sus actores pero perduran como mercado ilegal. Por ejemplo,
uno muy estudiado es el robo de autos con sus circuitos de desguace,
autos mellizos para exportar de manera ilegal, etc. Más allá de que sean
inseguridad y vulnerabilidad al delito 339
otras cohortes las que realizan los robos de autos, los circuitos, los de
sarmaderos y las bocas de venta están establecidos. Algo similar puede
pensarse ante tantos otros mercados como la venta de droga, de celu
lares robados, de metales, de medicamentos o de trata de mujeres para
la explotación sexual, por nombrar algunos de ellos. E n fin, si bien no
nos inclinamos por la idea de una continuidad de la misma generación,
es probable que más de dos décadas de delito alto dejaran su marca en
las cohortes más jóvenes.
10 Cabe destacar que la clasificación de “violencia” está dada por el encuestado,
por lo cual, no necesariamente los criterios son iguales en todos los casos
340 la argentina en el siglo xxi
Presencia de violencia
Tipo de delito Total
Con violencia Sin violencia
n la vía pública
E 14,9 13,8 24,1
Contra la propiedad 3,8 13,1 15,7
Total 9,5 23,9 33,4
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
Cuadro 10.3. D
istribución porcentual de hogares victimizados
por tipo de delito y presencia de violencia. R
egión y
aglomerado, 2014-2015
37 36,8
50%
36
40%
35
33,9 30%
34
33,2 20%
33
32 10%
31 0%
Clase alta Clase media Clase obrera
n relación con la composición del hogar, los datos reflejan que a mayor
E
cantidad de miembros, mayor prevalencia de hogares victimizados. A sí, al
rededor del 25% de los hogares unipersonales fue victimizado, cifra que
aumenta a 28,3% en aquellos donde habitan dos personas y se eleva hasta
37,9% en los que viven tres o más personas (no se muestra en cuadro). E s
posible que, a mayor cantidad de personas, mayor sea la exposición en la
vía pública, y por lo tanto, mayor probabilidad de que algún miembro sea
víctima de un delito. Otro supuesto, la menor frecuencia de victimización
de los hogares con adultos mayores, también se corrobora. Los hogares
compuestos únicamente por personas de 65 años y más son menos vulne
rables que los integrados por miembros de edades variables (22,4 versus el
35%). Esto coincide con las tendencias señaladas acerca de que los hogares
de adultos mayores tienen menor victimización ya que al tener menor cir
culación en la vía pública son víctimas de delito menos probables. De todos
modos, para poder tener una respuesta más precisa de la menor vulnera
bilidad de los adultos mayores, debería utilizarse una variable que mida la
exposición, esto es, el tiempo que pasan en los espacios públicos.
Los datos de la ENES-Pisac también nos permiten explorar la asocia
ción entre delito y discriminación: mientras que la prevalencia del delito
en el total de hogares es de 33,4%, cuando alguno de sus miembros fue
discriminado14 la victimización del hogar es más alta (53,2%). Si lo eva
luamos en el orden inverso –es decir, si la persona primero sufrió un
delito y luego fue discriminada–la asociación sigue siendo positiva.
¿Cómo interpretar estos datos? En los países centrales, en particular
en los Estados Unidos, hay una mayor victimización de las minorías ét
nicas más discriminadas. E n el caso argentino, una primera suposición
podría desprenderse de la correlación entre clase y discriminación, pero
dicha idea no puede aplicarse en forma directa, dado que hay paridad de
victimización por clase. Por lo tanto, creemos que la indagación debería
dirigirse a explorar y analizar qué sucede al interior de la clase obrera:
posiblemente aquellas franjas de la clase obrera más desaventajadas por
su hábitat y condiciones de vida en general también sufran mayor discri
minación y, tal vez, mayor victimización. Por lo pronto, la relación entre
14 El indicador sobre discriminación se obtiene de las preguntas del cuestionario
donde se pide al encuestado que indique si algún miembro del hogar, duran
te el último año, fue discriminado por edad, sexo, color de piel, nivel social,
orientación sexual u otros motivos; fue avergonzado, humillado o menospre
ciado; sufrió abusos de autoridad. Véase el cuestionario ENES-Pisac, preguntas
49-54. El 16,6% de los hogares declara contar con uno o más miembros que
experimentaron al menos una de las formas de discriminación señaladas.
350 la argentina en el siglo xxi
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11. Discriminación social, vulneración
de derechos y violencia institucional
Daniel Jones
Lucía Ariza*
coordenadas teóricas
a) un proceso social;
b) enmarcado en contextos de vulnerabilidades estructurales; y
c) que puede ser ejercido de manera institucional.
1 La ENES-Pisac incluye seis preguntas sobre estos fenómenos, que constitu-
yen las variables dependientes analizadas en el capítulo: “En el último año
y en esta localidad/ciudad, ¿algún miembro de su hogar sufrió un […]:
49) hecho de discriminación por la edad, el sexo, color de piel, nivel social,
orientación sexual, u otros motivos?; 50) fue avergonzado, menospreciado o
humillado?; 51) amenazas o límites en el ejercicio de la libertad de opinión
y de expresión?; 52) abuso de autoridad o apremios ilegales por parte de
fuerzas policiales o de seguridad?; 53) maltrato/abuso de autoridad por
parte de funcionarios públicos que le negaron una adecuada atención o solu-
ción de su problema (en hospitales, escuelas, dependencias administrativas,
comisaría, etc.)?; 54) maltrato/abuso de autoridad por parte de funcionarios
públicos que le solicitaron coimas/dinero/o algo a cambio de un beneficio
social o solución de un problema?”. A las preguntas 49 y 50 las agrupamos
en el módulo “Discriminación y humillación”, y a las cuatro siguientes, en
“Vulneración de derechos y/o violencia institucional”.
362 la argentina en el siglo xxi
2 E
l Mapa Nacional de la D
iscriminación. S egunda edición es un estudio del Inadi
para relevar y sistematizar información sobre las formas que adquieren las
prácticas discriminatorias a nivel nacional. El estudio se basó en una encuesta
aplicada en 2013 a una muestra de 14 800 personas de entre 18 y 74 años de
edad, representativas de una población total de 25 951 593 habitantes de la
discriminación social, vulneración de derechos… 363
rgentina. E
A l diseño de la muestra fue probabilístico, multietápico, estratifi-
cado y con selección aleatoria de las unidades primarias (Inadi, 2014).
3 “La expresión ‘racismo estructural’ alude al constructo que configuran los ti-
pos de discriminación por nacionalidad, nivel socioeconómico, color de piel,
lugar de origen y pueblos indígenas. […] E l racismo estructural se constituye
como un factor explicativo de la desigualdad, no solamente económico, sino
social, político y cultural en la medida que refuerza una construcción del
rechazo y/o dominación hacia el O tro” (Inadi, 2014: 127).
364 la argentina en el siglo xxi
5 Vale aclarar que la encuesta del I nadi no permite distinguir si las personas
que respondieron afirmativamente habían experimentado todos esos tipos
de discriminación o sólo alguno(s).
6 En relación con la acepción más restringida, se destaca el trabajo de archivo
de la Coordinadora contra la Represión Policial e I nstitucional (Correpi),
que desde el año 1996 registra anualmente las personas asesinadas por el
aparato represivo estatal. S
egún este archivo, desde el regreso de la demo-
cracia en 1983 hasta diciembre de 2016, se han producido un total de 5276
asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en todo el país, el 45%
de los cuales tuvo lugar en la provincia de B uenos Aires (Correpi, 2016).
discriminación social, vulneración de derechos… 367
panorámica de discriminación,
vulneración de derechos y violencia institucional
8 Ya que ofrecemos algunas comparaciones de este informe con los datos
arrojados por la ENES, cabe destacar que aquel provee datos de una encues-
ta realizada a personas sobre sus experiencias (no sobre las de hogares) y
refiere a situaciones de discriminación experimentadas en toda la vida (no
en el último año).
discriminación social, vulneración de derechos… 369
go, el índice varía según la región; en NOA es del 4,4%, lo que convierte
el abuso de autoridad en el tercer fenómeno explorado que presenta, en
esta región, los índices más altos a nivel nacional.9
Cabe destacar que los mayores porcentajes de estas cuatro experien-
cias de discriminación y violencia se dan siempre en las ciudades inter-
medias: en localidades de 100 000 a 500 000 habitantes el 7,9% de los
hogares reporta discriminación; 7,3%, humillación; 4,6%, amenazas o
límites a la libertad de expresión y 4,8%, abuso de autoridad o apremios
ilegales de fuerzas de seguridad. Los datos muestran que estas ciudades
intermedias se constituirían en escenarios privilegiados de los fenóme-
nos descritos, lejos de la potencial mayor tolerancia a las diferencias de
una gran urbe (en la que suele haber más diversidad social y cultural en
su población), así como del mayor conocimiento mutuo y contacto coti-
diano entre habitantes de pequeñas localidades (y el consecuente mayor
costo del rechazo y/o la violencia directa).
Una situación de “Vulneración de derechos y/o violencia institucio-
nal” de frecuencia llamativamente alta es el maltrato y/o abuso de au-
toridad por parte de funcionarios públicos que negaron una adecuada
atención o solución de un problema: el 8% de los hogares relevados lo
padeció en el último año, y representa así el porcentaje más alto del con-
junto de vulneraciones de derechos indagadas. Resulta esperable que la
atención insatisfactoria esté más extendida que los abusos de autoridad o
apremios ilegales por parte de funcionarios públicos, ya que, por ser más
graves, intuimos que estos últimos son menos frecuentes. El maltrato y/o
abuso de autoridad de funcionarios públicos que negaron una adecuada
atención o solución de un problema se registra con menor frecuencia en
GBA (6,8%), y asciende de forma significativa en las regiones Pampeana
(resto de Buenos A ires y La P
ampa), con un 9,7%, y Patagonia, donde
llega al 9,9%. Es llamativo que esta última región, que muestra índices
bajos en los fenómenos restantes, tenga el mayor porcentaje en este caso.
Cabe preguntar si esto no se debe más específicamente a la inadecuada
atención o solución del problema (más allá del maltrato o abuso de au-
toridad), lo que podría relacionarse con la falta de infraestructura y/o
de servicios en el área solicitada, algo plausible dadas las extensiones
territoriales –y poco pobladas–de las provincias patagónicas. E ntre las
localidades, el Gran M endoza tiene el porcentaje más alto de maltra-
to y/o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos, con el
9,9% de los hogares. Asimismo, entre los aglomerados relevados,10 tiene
el mayor porcentaje de amenazas o límites a la libertad de expresión y el
segundo más alto en abusos de autoridad o apremios ilegales de fuerzas
de seguridad.
Por último, de las vulneraciones y violencias exploradas por la ENES,
la que presenta el porcentaje más bajo a nivel nacional es el maltrato
y/o abuso de autoridad por parte de funcionarios públicos que solicita-
ron coimas, dinero o algo a cambio de un beneficio social o solución de
un problema: el 2,6% de los hogares declara que algún miembro lo su-
frió en el último año. Los porcentajes suben abruptamente en el NOA
(una vez más, con el mayor índice regional: 5,2%) y el G ran Rosario
(6,6%).
Región
Total país
GBA Pamp. Centro Cuyo NOA NEA Patag.
Discriminación 4,8 6,0 5,9 5,7 6,9 7,4 6,0 5,8
Menosprecio
4,7 5,7 6,2 7,2 8,1 5,3 7,0 5,8
y humillación
Límite a la libertad
3,3 3,5 3,8 5,5 4,8 3,0 5,0 3,8
de expresión
Abuso por parte
3,1 4,3 3,8 4,2 4,4 4,3 2,9 3,7
de fuerzas de seguridad
Maltrato por parte
6,8 9,7 7,5 8,7 8,7 8,8 9,9 8,0
de funcionarios
Pedido de coimas 2,3 1,9 2,7 2,0 5,2 3,1 1,7 2,6
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENES-Pisac.
10 Nos referimos a los aglomerados para los cuales, a partir del diseño muestral,
se pueden realizar estimaciones estadísticas específicas: CABA, 24 partidos
del Conurbano, Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza.
discriminación social, vulneración de derechos… 371
condición socioocupacional
Si tomamos la condición socioocupacional (CSO) no agrupada, obser-
vamos que en aquellos hogares cuyo principal sostén (PSH) es un peón
autónomo, el porcentaje de las experiencias de “Discriminación y humi-
llación” llega a 10,4%; en los que están a cargo de empleados domésticos
alcanza el 7,7%, y entre los de profesionales sólo el 3,2%. Por otra parte,
los hogares con PSH empleados domésticos concentran los mayores por-
centajes de humillación: 7,9% (ante un total nacional de 5,8%).
Los hogares con P SH peones autónomos también concentran las ma-
yores proporciones de abuso de autoridad o apremios ilegales por parte
de fuerzas de seguridad durante el año previo a la realización de la en-
cuesta (6,6% ante un total nacional de 3,7%), mientras que los de P SH
empleados domésticos presentan un panorama particularmente desfavo-
rable en términos de amenazas o límites en el ejercicio de la libertad de
expresión (5,1% ante un 3,8% del total nacional).
En cuanto al maltrato o abuso de autoridad por parte de funcio-
narios públicos que negaron una adecuada atención o solución de
un problema, el 8% del total a nivel nacional se ve superado en los
hogares con PSH peones autónomos (13%), directores de empresas
(12,2%), trabajadores especializados autónomos (11,2%) y empleados
domésticos (8,7%). A diferencia de los fenómenos descritos con an-
terioridad, esta vulneración de derechos aparece con igual fuerza en
hogares con P SH de categorías ocupacionales privilegiadas, que perci-
ben en gran medida no haber recibido una adecuada solución a algún
problema. O tra forma de violencia institucional que también presenta
un panorama heterogéneo en las distintas estratificaciones sociales es
el maltrato o abuso de autoridad de funcionarios públicos que solici-
taron coimas o algo a cambio de un beneficio social o solución de un
problema en el último año. Los porcentajes que superan el total nacio-
nal (2,6%) se registran en hogares con PSH peones autónomos (8%),
directores de empresas (7,2%) y propietarios de pequeñas empresas
(3,3%), es decir, tanto en uno de los grupos con mayor vulneración
de derechos en general, como en los que tienen capacidad de pagar
372 la argentina en el siglo xxi
11 Agrupamos las clases sociales siguiendo el esquema propuesto por Susana
Torrado (1992) para el censo de 1980: la clase alta está compuesta por
directores de empresas; la clase media, por dos estratos: autónomos
(profesionales de función específica, propietarios de pequeñas empresas y
pequeños productores autónomos) y asalariados (profesionales en función
específica, cuadros técnicos y asimilados, y empleados administrativos
y vendedores); y la clase obrera, por el estrato autónomo (trabajadores
especializados autónomos), el asalariado (obreros no calificados y
calificados) y los trabajadores marginales (peones autónomos y empleados
domésticos).
discriminación social, vulneración de derechos… 373
Clase social
Obrera Media Alta
enosprecio y humillación
M 5,9 5,2 2,1
Límite a la libertad de expresión 4,5 3,2 4,1
Abuso por parte de fuerzas
3,6 3,2 0,6
de seguridad
Maltrato por parte de funcionarios 8,2 7,5 12,2
Pedido de coimas 2,7 2,5 7,2
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENES-Pisac.
12 Como se señala en otros capítulos de este libro, el 53,4% de los hogares
encuestados tiene un P SH que se autodefine como perteneciente a las clases
más bajas (clase baja, obrera y media baja). C
asi el 40% (39,8%) de los
hogares relevados tiene un P SH que se reconoce de clase media. Sólo un
2,8% tiene uno que se define como de clase alta o media alta. El resto (4%)
no brindó una respuesta a esta pregunta.
374 la argentina en el siglo xxi
Esta tendencia coincide con los resultados de la encuesta del I nadi, se-
gún la cual, entre las personas de descendencia indígena, se incrementa
sensiblemente la posibilidad de haber experimentado una situación de
discriminación alguna vez en la vida: “La discriminación sufrida en for-
ma directa por las personas pertenecientes a pueblos indígenas (49%)
supera en 16 puntos los valores de la media nacional (33%)” (Inadi,
2014: 115). En el caso de los pueblos indígenas, este mayor porcentaje
podría explicarse tanto por el carácter estructural de la discriminación,
atravesada por la pobreza y la exclusión social que sufre la población más
vulnerable (por condiciones socioeconómicas, lugar de origen, color de
piel y/o simple pertenencia a una comunidad indígena), como por la
persistencia de imaginarios tendientes a la asimilación cultural de dichas
poblaciones (Inadi, 2014: 89), esto es, a la dilución de sus especificidades
culturales en un todo nacional pretendidamente homogéneo.
Por otra parte, si bien en la mayoría de las regiones los porcentajes son
cercanos al promedio nacional, en algunas sube de forma considerable
la proporción de hogares con descendientes de indígenas o afro que
han padecido este tipo de experiencias durante el año anterior al releva-
miento: en la Región Centro (Córdoba, Entre Ríos y S anta F
e) un cuar-
to de estos (26,8%) ha experimentado humillación, contra el 2,3% en
la Región N EA. En GBA, donde los hechos de discriminación se incre-
mentan de manera notable, los valores alcanzan el 21,7%, mientras que
en NOA y P atagonia se registran los menores porcentajes (9% y 5,9%,
respectivamente).
La composición étnica del hogar también incide en otras vulneracio-
nes de derechos. Las amenazas o límites al ejercicio de la libertad de
expresión, por un lado, y los abusos de autoridad o apremios ilegales por
parte de fuerzas de seguridad, por el otro, son experiencias que en los
hogares con descendientes de indígenas o afro se dan alrededor de tres
veces más que en el resto.
Estas experiencias se distribuyen de modo desigual a lo largo del país.
En la Región GBA, el 16,8% de los hogares con descendientes indígenas
o afro ha vivido amenazas o límites en el ejercicio de la libertad de ex-
presión, algo que sólo le sucedió a un 7,3% en P atagonia y a un 6,5% en
Cuyo. Sin embargo, NOA (15%) y Cuyo (11,9%) concentran los porcen-
tajes más altos de abuso de autoridad o apremios ilegales por parte de
fuerzas de seguridad, frente a porcentajes mucho más bajos en Patagonia
(4,5%), Centro (4,4%) y NEA (2,3%).
discriminación social, vulneración de derechos… 377
conclusiones
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386 la argentina en el siglo xxi
ssandon, 2012; Müller, 2015; Saraví y Bazán Levy, 2012) como aquí
O
(Del Cueto y Luzzi, 2016; Wilkis, 2014 y 2017).
Así como los datos estadísticos oficiales acerca de las modalidades de ac-
ceso al crédito y la bancarización son escasos en nuestro país, también lo ha
sido la atención que las ciencias sociales locales prestaron a estas variables a
la hora de dar cuenta de las dinámicas de la desigualdad y la estratificación
social. M ientras que la literatura internacional ha avanzado en mostrar el
impacto de la financiarización en la desigualdad social, de género, étnica e
intergeneracional, en la Argentina aún permanece poco explorado el peso
del sistema bancario y financiero en la determinación de las “chances de
vida” (Fourcade y Healy, 2013) de las personas y los hogares.
En este contexto, la Encuesta Nacional de Estructura Social (ENES-Pisac)
constituye una fuente de datos de singular interés, en la medida en que
permite describir una parte de ese universo que las investigaciones cuali-
tativas identifican como de permanente crecimiento y creciente comple-
jidad (Figueiro, 2013; Roig, 2015; Del C ueto y Luzzi, 2016; Luzzi, 2017;
Wilkis, 2017), pero del que las estadísticas oficiales disponibles no dan
cuenta de modo suficiente.
Este capítulo propone una mirada atenta a las modalidades de partici-
pación de los hogares en el sistema bancario y financiero, para estable-
cer su importancia en la determinación de los niveles de bienestar de
la población. E l objetivo es entonces describir el acceso de los hogares
argentinos a los servicios financieros básicos, tanto de ahorro como de
crédito, y analizar cómo diferentes dimensiones de la desigualdad tienen
incidencia en la bancarización y participación en el mercado del finan-
ciamiento. Para ello, analizaremos las variaciones regionales y de clase a
fin de registrar las desigualdades asociadas con la condición de género,
el nivel educativo y el tipo de inserción laboral del principal sostén del
hogar (PSH). También prestaremos atención a la incidencia que tiene
en estos procesos la inclusión en programas sociales y/o en la cobertura
del sistema de la seguridad social.
En la primera parte del capítulo determinaremos cuántos y cuáles son
los hogares que pueden considerarse “bancarizados”, y cuán profunda
es su participación en el sistema bancario, tomando en cuenta las di-
mensiones de la desigualdad recién referidas. A estos efectos, y acorde
con las definiciones usuales en la literatura sobre el tema, llamaremos
“bancarización” al acceso y la utilización de servicios bancarios en gene-
ral (Anastasi y otros, 2010), considerando como indicador fundamental
la posesión de cuentas bancarias por parte de algún miembro del hogar.
En la segunda parte, abordaremos la incidencia de las propias dimensio-
nes de desigualdad, para determinar los hogares que acceden al crédito.
bancarización y acceso al crédito 391
a E
L NES-Pisac brinda por primera vez la posibilidad de cuantificar de
manera precisa el acceso de los hogares argentinos a los servicios banca-
rios, medida a menudo estimada a partir de otros indicadores (como la
relación entre depósitos bancarios y PBI o la cantidad de habitantes por
sucursal bancaria) que no refieren de manera específica a la participa-
ción de las familias en el sistema. E
n este sentido, la encuesta constituye
un aporte singular al conocimiento de un fenómeno que ha tenido una
evolución destacable a lo largo de los últimos veinte años.
La década de 1990 marca sin dudas un punto de inflexión en el di-
namismo del sistema bancario en la Argentina, y sobre todo en la utili-
zación de diferentes servicios financieros por parte de los hogares. Así
lo reflejan, por ejemplo, los datos sobre la evolución de los depósitos
bancarios: mientras que a comienzos de 1990 estos equivalían al 2% del
PBI, a fines de la década habían alcanzado el nivel más alto registrado
hasta el presente, esto es, más del 30% del P BI (Lagos, 2002: 6-7). La
NEA
Centro
Cuyo
CABA
10,1-16
Más de 17
Patagonia
68,1-71
Más de 72
que el 44% tiene además otro tipo de cuentas. Esto indica que el peso
de la inserción laboral formal (presente o pasada) en la bancarización
es fuerte; sólo el 14% de los hogares bancarizados no acceden a esos
servicios por medio del pago de haberes. Esa incidencia varía de forma
notable entre regiones: mientras en el Gran Buenos A ires (GBA), sólo el
24% de los hogares posee únicamente cuenta sueldo o jubilatoria, en la
Región Pampeana (que reúne al resto de la provincia de B uenos Aires
yL a Pampa) el 40% de los hogares comparte esa característica, seguida
por la región de Cuyo con el 39%.
A nivel nacional, el 29% de los hogares no posee ninguna cuenta
bancaria. C omo se observa en el mapa 12.1, este porcentaje presenta
variaciones importantes: mientras que en la Región Patagonia sólo el
22% no posee cuenta bancaria, en N OA el índice asciende al 34,5%.
También se registran variaciones entre grandes aglomerados, aunque
estos no siempre siguen las tendencias de las regiones a las que per-
tenecen, lo cual permite afirmar no sólo la existencia de diferencias
entre regiones, sino también al interior de ellas. Así, el Gran Mendoza
presenta el registro más bajo de hogares sin acceso a cuentas bancarias
(23%), mientras que el G ran Córdoba muestra el mayor índice, con el
35% de los hogares en esta situación, algo que contrasta con el nivel de
bancarización similar (69%) de las respectivas regiones, Cuyo y Centro.
Estas observaciones llevan a pensar que no existe una relación unívoca
entre el tamaño de las localidades y sus niveles de bancarización, sino
que cada región presenta rasgos específicos. Así, al comparar la banca-
rización de los hogares del país en función del tamaño de la localidad
de residencia, encontramos variaciones menos pronunciadas: el 30%
de los hogares de las localidades de entre 2000 y 5000 habitantes y el
29% de aquellos de las ciudades de 500 000 habitantes y más no tienen
acceso a ningún tipo de cuenta.
Cuando consideramos las dimensiones asociadas al género, encon-
tramos que el 28% de los hogares cuyo principal sostén es una mujer y
el 30% de aquellos donde el principal ingreso es aportado por un varón
no poseen cuentas bancarias. L a proporción de quienes sólo poseen
cuenta sueldo o jubilatoria es algo más elevada entre los primeros: 32%
contra 28%. En tanto, la incidencia de la exclusión bancaria es mayor
entre los hogares con hijos menores de 18 años: el 34% de estos no
los segmentos medio y alto de la distribución del ingreso posee una cuenta
bancaria. A
nivel mundial, el promedio asciende al 61,5%. Véase <www.
worldbank.org/globalfindex>.
396 la argentina en el siglo xxi
Condición de actividad
Posesión de cuentas
Ocupado Desocupado Inactivo
Sólo cuenta sueldo 26% 15,90% 41,80%
uentas sueldo y otras cuentas
C 31,10% 14,30% 33,20%
Sólo otras cuentas 11,10% 13,70% 5,80%
No posee cuentas bancarias 31,80% 56,10% 19,30%
Total 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
hora bien, resulta interesante analizar estos datos a la luz del tipo de
A
inserción ocupacional del principal sostén del hogar en los casos en que
este se encuentra empleado en una ocupación asalariada. Más de la mi-
tad (56%) de los hogares cuyo PSH realiza trabajos temporarios o chan-
gas en relación de dependencia no posee cuentas bancarias, proporción
incluso mayor que la de los hogares con jefes ocupados en posiciones no
asalariadas (45%). En contraste, sólo el 22% de los hogares cuyo PSH
está ocupado en un empleo estable se encuentra al margen del sistema
bancario. La relación es aún más clara cuando se considera el registro
del empleo: sólo el 14,6% de los hogares cuyo principal perceptor es asa-
lariado y está empleado en blanco no posee cuentas bancarias, mientras
que casi el 60% de aquellos cuyo jefe posee un trabajo no registrado no
accede a la bancarización. Como vimos, estos datos son consistentes con
la evolución de las cuentas sueldo registrada entre 2004 y 2014 en las
entidades bancarias del país.
La comparación por niveles de ingreso de los hogares resulta significa-
tiva y coherente con la hipótesis de la fuerte incidencia de la ocupación
formal en la bancarización: mientras que el 52% de los hogares del 10%
más pobre de la población –donde el desempleo y la informalidad labo-
ral son mayores–no tiene acceso a cuentas bancarias, sólo el 11,4% de
los hogares del 10% más rico está en una situación similar.
Lo mismo sucede cuando se consideran las variaciones entre clases so-
ciales, ya sea que se retome el modelo clásico de tres grandes clases (alta,
media, popular), empleado en los estudios pioneros de Gino Germani
y Susana Torrado, o el esquema de cinco clases propuesto por E rikson,
Golthorpe y Portocarero –conocido como “EGP”–, que introduce distin-
ciones importantes según el tipo de relación de empleo en la que están
comprendidos los ocupados y su calificación laboral. A sí, mientras que
sólo el 13% de la clase alta no tiene cuentas bancarias, más de un tercio
de la clase obrera se encuentra en igual situación. E
n cambio, son simi-
398 la argentina en el siglo xxi
lares las proporciones de los hogares de ambas clases que sólo tienen
cuenta sueldo o jubilatoria: el 30% de la obrera y el 29% de la alta.
Clase social
dora calificada
Clase interme-
dia asalariada
Clase trabaja-
empleadores
Clase traba-
Posesión de cuentas
servicios y
burguesía
jadora no
calificada
Pequeña
Clase de
S ólo cuenta sueldo 25,5% 27,9% 29,3% 30,3% 31,9%
Cuentas sueldo
41,8% 38,1% 27,4% 34,8% 25,1%
y otras cuentas
Sólo otras cuentas 13,2% 10,2% 10,3% 8,6% 8,5%
No posee cuentas bancarias 19,4% 23,8% 33,0% 26,3% 34,5%
Total 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
4 Según datos del BCRA, el crédito al sector privado entre 2001 y 2006 repre-
sentó el 12,8% del P BI argentino. E se porcentaje estaba muy por debajo del
promedio latinoamericano (25,2%) y del de países vecinos como U ruguay
(37,9%), B rasil (30,4%) o C hile (65,9%). A su vez, incluso este último se
situaba muy por debajo del promedio para las economías desarrolladas
(87,5%) (Anastasi y otros, 2010: 153).
400 la argentina en el siglo xxi
Nivel educativo
Universitario
Universitario
Secundario
Secundario
instrucción
Terciario
Terciario
Primaria
Primaria
%
incomp.
incomp.
incomp.
incomp.
comp.
comp.
comp.
comp.
Sin
Condición de actividad
% cupado Desocupado Inactivo
O
Hogares que poseen tarjeta de crédito 51,7% 29,5% 39,2%
Hogares que obtuvieron préstamos en los últimos cinco años 30,3% 22,1% 23,2%
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
ste primer análisis permite sugerir que quienes ocupan las posiciones so-
E
ciales más relegadas (ser mujer jefa de hogar, poseer bajo nivel de instruc-
ción, estar desocupado) tienen menos chances de obtener un préstamo
en el sistema bancario y financiero formal, y a su vez, las oportunidades de
acceder simultáneamente a diferentes tipos de crédito se reducen.
Esta interpretación también es pertinente si observamos que la calidad
del empleo tiene una gran incidencia en la participación en el mercado
del crédito. De los hogares cuyo PSH tiene una ocupación temporaria,
402 la argentina en el siglo xxi
sólo el 17% obtuvo algún tipo de crédito en los últimos cinco años. En
cambio, más de un tercio (35%) de los hogares cuyo jefe está ocupado
de forma permanente lo hizo. Cuando distinguimos los hogares con jefe
asalariado según si estos reciben o no aportes jubilatorios, encontramos
que la incidencia de la calidad del empleo en la participación en el mer-
cado de crédito es relevante. C asi el 40% de los hogares cuyo principal
sostén trabaja (o trabajaba) en blanco declaró haber recibido un crédito
en los últimos cinco años, mientras que sólo el 15% de aquellos a los que
no le hacen (o hicieron) descuentos y no aporta (o aportaba) a la segu-
ridad social los obtuvo.
Pero no sólo la inserción formal en el mercado de trabajo mejora la
participación en el del crédito; también influye positivamente la inclu-
sión en programas sociales. E l 24% de los hogares que perciben ingresos
por estos programas o que incluyen niños o embarazadas beneficiarios
de la AUH o de la Asignación Universal por E mbarazo (AUE) ha obte-
nido algún tipo de crédito en los últimos cinco años, proporción algo
inferior a la de los hogares que no perciben esas transferencias (30%).
Comparar la participación en el mercado de crédito de estos hogares
con la de aquellos donde el PSH se encuentra ocupado en condiciones
precarias permite advertir uno de los efectos más notables de la inclusión
de vastos sectores de la población en el sistema de la seguridad social
por medio de la AUH y otros programas sociales de transferencias mo-
netarias no contributivas. La regularidad de los ingresos que asegura la
asignación, sumada a la estabilidad del beneficio y el pago de este a tra-
vés del sistema bancario, posibilita a sus receptores el acceso a un tipo de
financiación (relativamente menos costosa y sujeta a los lineamientos de
los organismos reguladores)5 que está vedado a quienes, pese a estar in-
sertos en el mercado de trabajo, no reúnen los mismos atributos (Wilkis
yH ornes, 2017).
En relación con los criterios usuales de estratificación, el nivel de in-
gresos se revela como un importante predictor del acceso al crédito (véa-
se cuadro 12.5). S i observamos los extremos de la distribución del ingre-
so total familiar, la proporción de hogares del decil más rico que accedió
a préstamos en los últimos cinco años duplica la correspondiente a los
del decil más pobre (38,9 y 18,4%, respectivamente). En cuanto al tipo
de crédito obtenido, si bien los préstamos personales son los más fre-
cuentes en todos los estratos, encontramos que su peso es mucho menor
entre los hogares más ricos (60% para el decil 10, contra 78% del decil
1). A su vez, los créditos hipotecarios tienen una distribución irregular
entre los diferentes deciles. Si consideramos los extremos de la escala de
ingresos, está claro que los hogares del decil más rico que accedieron a
estos préstamos casi triplican el porcentaje de los hogares más pobres
(15 y 6%, respectivamente).
las financiaciones a las que acceden las familias es mayor en las provin-
cias del NEA, el NOA y Cuyo, donde, respectivamente, el 82%, el 79% y
el 78% de los hogares que accedieron a créditos lo hicieron por medio
de ese tipo de préstamos. Al mismo tiempo, en esas regiones el peso de los
créditos hipotecarios es menor (sólo los obtuvieron entre 5 y 6% de los
hogares con acceso a financiaciones). En el extremo opuesto, en la Re-
gión Pampeana los hogares obtuvieron más créditos hipotecarios (13%)
y menos personales (62%).
Clase social
lase de
C Clase Clase Clase
equeña
P
% servicios y intermedia trabajadora trabajadora
burguesía
empleadores asalariada calificada no calificada
ogares que poseen
H
62,3% 52,6%% 46,7% 50,7%% 38,7%
tarjeta de crédito
Hogares que obtuvieron
préstamos en los últimos 29,8% 33,3% 26,1% 29,8% 27,9%
cinco años
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
Región
% GBA Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia
Hogares que poseen tarjeta
52,3% 42,8% 47,3% 49,1% 35,3% 48,2% 51,7%
de crédito
Hogares que obtuvieron
préstamos en los últimos 23% 30,1% 30,9% 34,5% 30,2% 27,3% 31,8%
cinco años
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
gares que financian con ahorros propios o herencia es más alto a medida
que se desciende en la escala social (el 72% en la clase obrera, el 65% en
la clase media, el 60% en la clase alta).
tes) y las más chicas (2000 a 50 000 habitantes), las variaciones entre las
ciudades intermedias son mucho menos pronunciadas.
conclusión
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416 la argentina en el siglo xxi
y familias que estos forman. Por un lado, las parejas de las generacio-
nes recientes eligen convivir sin casarse y, si se casan, lo hacen a eda-
des más tardías. P or otro, la concepción y tenencia de hijos por fuera
del matrimonio pasó de ser una práctica minoritaria, estigmatizada, a
estar socialmente aceptada y legalmente equiparada, y en la actualidad
es el contexto más frecuente en el que ocurren los nacimientos. L a ma-
yoría de ellos se da en el marco de convivencias consensuales, e incluso
una proporción –también en aumento–ocurre entre mujeres sin pareja
(Binstock y Cerrutti, 2016).
La mayor fragilidad de las uniones, coherente con una cultura que
prioriza el bienestar individual, ha dado lugar a un escenario social en
el que las familias monoparentales –en especial a cargo de mujeres–se
han vuelto más frecuentes, y que ha posibilitado, a partir de la reinci-
dencia matrimonial o conyugal, la formación de familias ensambladas.
Además, la disolución conyugal propicia la formación de hogares uni-
personales, sobre todo entre varones pero también entre mujeres, en
mayor medida si no han tenido hijos. P or otra parte, la postergación
para establecer una unión, en particular entre la población más edu-
cada y con mayores recursos, también propicia la formación de hoga-
res independientes. Por último, el proceso de envejecimiento deriva
asimismo en un mayor número de hogares unipersonales, con mayor
frecuencia conformados por mujeres, dada su mayor supervivencia
(Geldstein, 2009; Binstock, 2013).
Estos cambios han ampliado, en consecuencia, el abanico de familias;
es decir, los tipos de hogares que forman y transitan los individuos a lo
largo de su vida. Por una parte, las diversas preferencias y conductas en
relación con los hogares, así como las posibilidades materiales de con-
cretarlos, difieren según la posición social de las personas. Y , por otra,
las desigualdades sociales tienen también su expresión territorial, lo que
evidencia los heterogéneos niveles de desarrollo y de recursos, y por lo
tanto de oportunidades que permitan plasmar las preferencias.
Existen numerosos antecedentes que han estudiado los modos de vivir
en familia en el país, basados por lo general en datos censales y de encues-
tas de hogares (por ejemplo: R echini de L
attes y Lattes 1975; Wainerman
y Geldstein, 1994; Geldstein, 2009; Torrado, 2003; Binstock, 2013, entre
otros). Estas fuentes de información, al igual que la ENES-Pisac, se apro-
ximan al estudio de la familia a partir del hogar o unidad doméstica, de-
finidos como un grupo de personas que convive bajo un mismo techo y
comparte los gastos de alimentación y manutención. En la mayoría de los
casos, los hogares se conforman por personas emparentadas. S in embar-
go, existen otras definiciones de “familia”, más amplias y que enfatizan
hogares y organización familiar 423
100% 4,2
6,4 6,6
90% 18,7 15,1 9,6
27,8 10,5
15,8
80% 37,7 36,0
13,5 15,8
20,1
70% 21,2
20,6
60% 23,7
25,7 25,9 17,1
22,5
50% 23,8
30,3
26,9
40% 19,6 17,8
30% 22,8
19,7
20% 19,6 17,0 43,8 44,5 16,7
30,2
10% 9,6 16,6 19,6
11,8 12,5
0% 2,8
CABA Partidos del Cuyo Pampeana Centro NEA NOA Patagonia
(10%) Conurbano (6,4%) (15,9%) (20,5%) (7,6%) (9,4%) (5,7%)
(24,4%)
Partidos del
Tamaño del
Conurbano
Pampeana
Total país
Patagonia
Quintil
Centro
CABA
hogar
Cuyo
NOA
NEA
1º y 2º 5,2 10,3 31,0 16,6 20,6 50,0 40,1 12,6 18,6
1o2
3º 15,7 15,4 22,2 22,9 25,2 18,4 24,8 17,5 20,2
miembros
4º y 5º 79,1 74,3 46,8 60,5 54,2 31,6 35,1 69,9 61,2
1º y 2º 44,0 58,4 87,3 77,6 77,3 86,8 92,5 54,3 74,4
5 o más
3º 29,2 22,6 9,8 14,8 12,8 8,2 5,6 16,0 14,4
miembros
4º y 5º 27,0 19,0 2,9 7,6 9,9 5,0 1,9 29,7 11,2
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
Los hogares extendidos, es decir, aquellos en los que además del nú-
cleo familiar (completo o incompleto) conviven otros familiares, repre-
sentan menos de un quinto del total, lo que demuestra que este arreglo
familiar no es tan habitual como en otros países de la región.2 Las cir-
cunstancias más comunes dentro de los hogares extendidos son las de
parejas con hijos y los monoparentales que residen con otros familiares.
Al igual que en los nucleares, los hogares extendidos monoparentales
están en su mayoría a cargo de una mujer (80%, no se muestra en cua-
dros). Finalmente, los hogares multipersonales no familiares, es decir,
los que se integran por miembros no emparentados, son muy poco fre-
cuentes (0,3%).
l segundo panel del cuadro 13.1 muestra las estructuras familiares se-
E
gún el sexo del principal sostén del hogar. Esta figura, que en cierta
forma se equipara a la que en otros relevamientos se denomina “jefe de
hogar”, es designada de manera espontánea sin precisar una definición
de lo que implica dicho rol.
Más de la mitad de los varones que son el principal proveedor encabe-
zan hogares nucleares completos, es decir, de pareja e hijos. L e siguen
en importancia los hogares unipersonales y los de pareja sin hijos. En
el caso de aquellos cuyo principal proveedor es una mujer, en cambio,
el 28% son unipersonales. U na proporción similar encabeza un hogar
nuclear monoparental, a lo que debe adicionarse el 12% al frente de
un hogar extendido monoparental. S ólo en el 16% de los hogares con
jefatura femenina la mujer convive con una pareja. En otras palabras,
en la mayoría de los hogares cuyo principal sostén es una mujer no hay
presencia de pareja conyugal, ya sea porque son unipersonales o porque
el núcleo se ha disuelto.
Un dato complementario para dar cuenta del rol de la mujer en la
conformación de los hogares es el que determina cuántos del total están
encabezados por una mujer. A lgo más de uno de cada tres (35,7%) de
los hogares argentinos tiene a una mujer como principal sostén (no se
muestra en cuadro), cifra muy similar a la jefatura femenina obtenida
con los datos del censo 2010. Como es de anticipar, son los hogares con
núcleo incompleto, ya sean nucleares o extendidos y compuestos, los
que más a menudo tienen principal aporte femenino (entre el 80 y el
83%). La identificación de las mujeres que son principal sostén es menos
frecuente cuando conviven con una pareja: alcanzan el 12% en los hoga-
res de pareja con hijos y el 20% en aquellos de pareja sola (no se muestra
en cuadros), proporciones similares a las obtenidas con el último censo
en relación con la jefatura de hogar.
A
yo
BA
tro
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NE
NO
o
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Cu
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nu s d
n
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Pa
Pa
100%
8,0
16,7 15,6
90% 24,0 19,7
8,6
26,9
Extendido, compuesto
80% 8,6
11,8 o no familiar
23,2
15,0
70% 12,7
16,7 Nuclear incompleto
60% 31,5
Nuclear de pareja
50% 41,4
24,5 con hijos
40% 45,9
19,4 Nuclear de pareja
30% 49,7 sin hijos
15,2
20% 35,7 Unipersonal
8,1 24,8
10%
3,4 14,9
9,4
0% 3,2
1º quintil 2º quintil 3º quintil 4º quintil 5º quintil
omo vimos, el 38% del total de los hogares son nucleares completos, es
C
decir que están compuestos por una pareja e hijos. E sta es la conforma-
ción familiar prototípica, y dada su magnitud, tiene aún gran importancia
en la estructura de los hogares argentinos. Ahora bien, la representación
de lo que suele entenderse por “familia tipo” es una pareja legalmente
casada –y, en lo posible, en primeras nupcias–con hijos propios de la
pareja. Pero en la actualidad, teniendo en cuenta las transformaciones
relacionadas con la formación y disolución familiar, son variadas las al-
ternativas que pueden catalogarse como un hogar nuclear con hijos. Este
incluye, por un lado, a parejas que conviven en unión así como en matri-
monio, y con hijos que sean fruto de esa relación o de otras anteriores.
Como se dice de modo habitual, este tipo de hogar puede incluir “los
tuyos, los míos, y los nuestros” en lo que se refiere a la filiación de los
hijos. También puede incluir parejas del mismo sexo, que estén o no ca-
sadas de manera legal. En síntesis, existe una amplia variedad de formas
y arreglos familiares que pueden agruparse bajo esta categoría y que –en
cierto modo–dificultan su visibilización.
Es por ello que nos abocamos a un examen detallado del conjunto de
hogares formados por una pareja e hijos, en relación con el vínculo legal
de la unión conyugal y con la filiación de los hijos. L
os resultados reve-
lan datos muy interesantes. Alrededor de dos tercios de las parejas están
casadas mientras que las restantes se encuentran unidas. Esto, a su vez,
encubre dos patrones generacionales bien diferenciados: casi la mitad
de los hogares biparentales son de parejas jóvenes3 casadas y con hijos,
mientras que esta proporción aumenta al 80% entre los hogares nuclea-
res con hijos, formados por parejas adultas (no se muestra en cuadros).
Estas tendencias son el resultado del incremento en la preferencia por
convivir de manera consensual –por sobre la convivencia matrimonial–
como vía de entablar una unión, así como de la pérdida de la institución
matrimonial como el único entorno adoptado y socialmente aceptado
para la concepción, tenencia y crianza de hijos.
Estos cambios, sumados a la creciente fragilidad de las uniones conyu-
gales, propician un escenario de multiplicidad de conformaciones fami-
liares que también incluyen uniones de segundo o mayor orden (para
3 Se trata de aquellas en las que el principal sostén del hogar tiene menos de
40 años.
432 la argentina en el siglo xxi
4 En este caso, la medición se realizó en familias con hijos de hasta 14 años.
hogares y organización familiar 433
del doble que los encabezados por varones. Una proporción significati-
va de los hogares unipersonales (42%) están conformados por personas
adultas y, en contra de lo esperado, es casi equitativo el número entre los
formados por varones y aquellos formados por mujeres. S ólo el 12% de
los hogares unipersonales se conforman por jóvenes y, entre estos, son
más frecuentes los integrados por varones. Pero en conjunto, casi seis de
cada diez hogares unipersonales (57%) están compuestos por mujeres.
100%
90% 16,1
32,0
23,1 23,8
29,3 Mujer mayor
34,3 36,8 36,7
80% 38,9
18,6
70% 14,1 13,2 Varón mayor
60% 14,2 22,7
15,4 10,6 9,8 16,9 Mujer adulta
14,1 18,4
50% 24,8
20,5 12,6 18,5
40% 11,9 Varón adulto
22,0 22,5
23,3
30% 36,7
23,3 25,4 19,7 20,1 Mujer joven
22,6 4,4
20%
22,7 19,5
10% 5,4 7,1 8,9 9,1 8,9
7,1
Varón joven
3,1 19,2
7,1 7,5 5,6 5,6 4,3 6,7 8,7 6,1
0%
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BA
BA
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lp
CA
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Ce
g
ta
ta
m
To
Pa
Pa
Presencia de niños de 0 a 14
S í No Total
Total 53,4 46,6 100,0
Región
CABA 36,8 63,2 100,0
Partidos del Conurbano 54,0 46,0 100,0
Cuyo 55,7 44,3 100,0
Pampeana 53,6 46,4 100,0
Centro 51,9 48,1 100,0
NEA 60,8 39,2 100,0
NOA 61,5 38,5 100,0
Patagonia 57,7 42,3 100,0
Quintil de ingresos
Primer quintil 80,3 19,7 100,0
Segundo quintil 66,0 34,0 100,0
Tercer quintil 47,3 52,7 100,0
Cuarto quintil 37,8 62,2 100,0
Quinto quintil 23,8 76,2 100,0
Sexo del PSH
Varón 55,1 44,9 100,0
Mujer 51,0 49,0 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
irar el foco de los hogares hacia los niños permite ilustrar con mayor
V
facilidad lo que significan algunas de las diferencias señaladas. Tal vez
una de las principales sea en qué categoría de hogares, según quintil de
ingresos, viven más niños. A nivel nacional, el 45% de los menores de 15
años viven en hogares del primer quintil de ingresos per cápita, y un 26%
adicional en los del segundo quintil. En el otro extremo, sólo el 5% vive
en los hogares con los ingresos per cápita más elevados.
Ahora bien, estos promedios nacionales ocultan la amplia disparidad
a nivel regional, como se evidencia en el gráfico 13.5. Así, mientras que
en la C ABA y en la R egión Patagonia entre el 13 y el 22% de los niños
vive en hogares del primer quintil, en los partidos del Conurbano, las re-
giones Pampeana y C entro esta misma situación alcanza al 30% y al 45%
–respectivamente–, en Cuyo supera el 60% y en N EA y N
OA, el 70%.
En cuanto al dato de con quién conviven los niños, alrededor de 2 de
cada 3 lo hace con su madre y su padre y, como muestra el gráfico 13.6,
no se observan diferencias muy significativas según la edad del niño. E l
hogares y organización familiar 439
tro
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BA
A
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aí
an
i
NE
NO
on
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Cu
lp
CA
pe
u
Ce
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14. Migrantes y migraciones:
nuevas tendencias y dinámicas
Marcela Cerrutti
de servicios que este espacio urbano ofrece. El poder de atracción del
área no es nuevo: ya durante la etapa de la inmigración transatlántica,
alrededor de cuatro de cada diez extranjeros residía en esta metrópo-
lis. Por ese entonces, en la actual Ciudad A utónoma de B uenos Aires
(CABA) prácticamente uno de cada dos adultos era extranjero.
En el presente, esta preferencia es tal que el 62,3% de los inmigrantes
de la Argentina reside en GBA, y el restante 37,6% se distribuye en las
otras seis regiones del país (cuadro 14.1).
Chile
191 147
América
1 471 399 Paraguay
550 713
Regiones Distribución
GBA 62,3
Cuyo 4,3
Pampeana 11,2
Centro 5,4
NEA 4,4
NOA 4,1
Patagonia 8,3
Total 100,0
Fuente: Censo Nacional de P
oblación y V
ivienda 2010. E
laboración propia
sobre la base de R
edatam.
0,0 - 2,0
2,1 - 4,0
4,1 - 8,0
8,1 - 14,0
n la historia inmigratoria de la A
E rgentina, la composición por sexo de
los migrantes ha variado en forma notable, al pasar de una situación de
alto predominio masculino hacia otra con mayor presencia de mujeres
(Cerrutti, 2017). En efecto, durante la masiva inmigración transatlántica,
el número de varones fue considerablemente superior al de mujeres. La
diferencia era tal, que el índice de masculinidad de la población general
pasó de 105,5 a 111,9 entre 1869 y 1895. M ás tarde, la relación comenzó
a equipararse, y en el caso de algunos flujos inmigratorios provenientes
de países limítrofes, se invirtió la proporción. U n claro ejemplo ha sido
la inmigración paraguaya, en que la presencia de mujeres, tradicional-
mente elevada, sobrepasó en número a la de varones y emuló en parte lo
ocurrido con las migraciones internas (Jelin, 1976).
De acuerdo al último censo, entre los inmigrantes hay 117 mujeres
por cada 100 varones. El fuerte predominio de mujeres en algunos flujos
inmigratorios responde en gran medida a las oportunidades laborales
en sectores de servicios personales, sobre todo en el servicio domésti-
co. En la actualidad, de las doscientas mil mujeres nacidas en P erú y
en Paraguay que forman parte de la fuerza de trabajo de la Argentina,
la mitad se dedica a tareas domésticas o de cuidado (proporción que
supera con creces a la observada entre mujeres nativas). Este fenóme-
no, históricamente asociado a patrones de consumo de clases medias y
adineradas, hoy responde también a una demanda de familias de clase
media con dificultades para conciliar trabajo y familia en un contexto de
déficit en la oferta de cuidados.3 Rosas (2010) ilustra este proceso migra-
torio con el caso de las mujeres peruanas que fueron pioneras en llegar
a la Argentina en respuesta a la abundancia de empleo en el sector de
los servicios domésticos y de cuidado, y describe cómo, con el correr del
tiempo, estas fueron facilitando la llegada de los otros miembros de sus
familias. Por su parte, G audio (2014) describe en detalle el caso de las
mujeres paraguayas, quienes debido a esta demanda laboral establecen
vínculos maternales y familiares de carácter transnacional.
Vale destacar que, en los colectivos cuya inserción ocupacional no está
dominada por los servicios personales y domésticos, el balance entre se-
xos es más equilibrado. Esto sucede con la inmigración boliviana, que se
caracteriza por una fuerte centralidad de actividades económicas de tipo
4 En el caso específico de los senegaleses, es de casi 20 varones por cada mujer.
452 la argentina en el siglo xxi
perfiles socioeconómicos
100%
90%
80% Terciario/universitario completo
70% Universitario incompleto
60% Terciario incompleto
50% Secundario completo
40%
Secundario incompleto
30%
Hasta primaria completa
20%
10%
0%
lo a
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R. Ur ina
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Ve
35
30
30 27,2
23,3
25
20
20
15 12,6
8,7 9,4 9,5
10 7,8 8,4
5
0
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Ur
Co
Pa
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R.
Otra localidad de
Región Misma localidad Otra provincia
esta provincia
% Sec. compl. y + 53,1 45,4 33,8
GBA
% Sup. completo 17,1 14,1 10,8
% Sec. compl. y + 34,0 39,7 51,0
Cuyo
% S up. completo 8,6 11,3 20,2
% Sec. compl. y + 37,4 44,8 42,6
Pampeana
% Sup. completo 11,5 17,3 13,5
% Sec. compl. y + 40,2 42,2 41,9
Centro
% Sup. completo 11,2 13,9 12,9
% S ec. compl. y + 29,7 30,1 41,2
NEA
% Sup. completo 7,3 8,7 12,9
% Sec. compl. y + 37,7 36,4 48,0
NOA
% Sup. completo 10,0 9,9 10,1
% Sec. compl. y + 38,0 34,0 49,2
Patagonia
% Sup. completo 10,1 8,0 18,7
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la ENES-Pisac.
cometarios finales
las que se involucren tanto el Estado como la sociedad civil. Una de ellas
es demostrar, con información apropiada, confiable e imparcial, la impor-
tancia del aporte que los inmigrantes otorgan a la sociedad.
Por otra parte, los estereotipos y la discriminación no sólo se han ejer-
cido hacia la población extranjera, sino también hacia la migrante pro-
veniente de interior del país. El tratamiento etnocéntrico ejercido en el
GBA hacia el migrante del interior dominó parte de la historia argentina
y tuvo un fundamento similar: el racismo.
Las corrientes migratorias internas, así como la migración internacio-
nal, reflejan decisiones individuales y familiares motivadas por fuerzas
estructurales que materializan las diferentes oportunidades de cada te-
rritorio. En la Argentina, estas fuerzas fueron cambiando y, con el correr
del tiempo, la migración interna hacia Buenos A ires disminuyó y dio
paso a otros movimientos, generados por nuevas oportunidades en diver-
sos puntos del país. En la actualidad, la cantidad de personas que nacie-
ron en una provincia distinta de aquella en que residen se ha reducido
y han variado, en parte, sus destinos. Los migrantes internos presentan
una notable heterogeneidad socioeconómica y de motivaciones, en fun-
ción de los períodos migratorios y de los contextos de origen y destino.
Esta complejidad pone una alerta a las miradas simplistas sobre los moti-
vos y rasgos de los movimientos poblacionales.
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migrantes y migraciones: nuevas tendencias y dinámicas 465
ta.4 En cambio, los PSH varones concentran su presencia en los hogares
de clase obrera (59,9%) y en menor medida en la clase media (36,4%), y
duplican el porcentaje de las mujeres en la clase alta (1,4%).
La distribución de hogares según región y género del PSH muestra
algunas diferencias que dan cuenta de cierta heterogeneidad sociocultu-
ral a nivel nacional. En primer lugar, la mayor presencia relativa de P SH
varones se registra en las regiones Cuyo (69,8%), Patagonia (67,6%) y
Centro (67,4%). A su vez, las PSH mujeres tienen mayor peso en las re-
giones NEA (36,4%), Pampeana (35,1%) y NOA (34%). Por otra parte,
si bien la R egión GBA registra una distribución similar a la media gene-
ral (66,4 y 33,6% de P SH varones y mujeres, respectivamente), estos valo-
res ocultan una marcada diferencia entre los partidos del C onurbano y la
Ciudad Autónoma de B uenos Aires (CABA). E
n este último aglomerado,
los varones representan sólo el 59% de los P SH, mientras que las mujeres
alcanzan el 41%.
Si se consideran en conjunto la región, el género y la clase social, es
posible subrayar algunas desigualdades también relevantes. En primer
lugar, destaca la ausencia de hogares de clase alta con P SH mujeres en
regiones como NEA, NOA y Patagonia, ante una relativa mayor presen-
cia en G BA (1,4% sobre el total de hogares) y, en especial, en la C ABA
(3,8%), donde los niveles son similares a los de PSH varones. En el res-
to de las regiones, aunque se registra cierta participación femenina, es
predominante el peso de PSH varones en la clase alta. En cuanto a las
diferencias de género entre los P SH de clase media, en un contexto ge-
neral donde predominan las mujeres (50,6 versus 36,4%), las brechas
son más marcadas en G BA (54,8 versus 38%) –en particular en la C ABA
(68,7 versus 48,6%)–, Cuyo (51,9 versus 38,1%) y N OA (51,7 versus 34%);
así como en la R egión NEA, aunque con niveles en ambos casos menores
al resto (47 versus 29,6%). Los hogares de clase obrera con PSH varones
son relevantes en todas las regiones, pero se destacan sobre todo en las
4 Si se consideran los tipos de hogar agrupados por las relaciones de paren-
tesco, la presencia de P SH femenino se destaca en los unipersonales, los
monoparentales con hijos y los núcleos familiares extendidos. P or otra parte,
a modo de contextualización general resulta oportuno señalar que, entre
los tipos de hogar, los porcentajes más elevados están representados por las
parejas con hijos –cercanos al 40%–en todas las regiones, salvo en la CABA,
donde sólo representan una cuarta parte. L os hogares unipersonales y los
de parejas sin hijos tienen un alto peso relativo en la C
ABA (casi un 30 y un
21%, respectivamente), pero son menos significativos en las otras regiones;
mientras que los arreglos familiares denominados “extendidos” son significa-
tivos en NOA (27,8%) y, en proporciones algo menores, en N EA y en Cuyo
(en torno al 20%).
476 la argentina en el siglo xxi
Sexo PSH
Varón Mujer
Clase media
Clase media
Total (%)
Total (%)
Sin espec.
Sin espec.
Clase alta
Clase alta
obrera
obrera
Clase
Clase
CSO
CSO
100 100
GBA 1,3 38,0 58,4 2,3 1,4 54,8 42,1 1,7
(66,4) (33,6)
100 100)
Cuyo 1,4 38,1 58,0 2,5 0,6 51,9 45,6 2,0
(69,8) (30,2)
100 100
Pampeana 1,6 35,1 62,1 1,1 0,8 47,7 49,3 2,3
(64,9) (35,1)
100 100
Centro 1,8 37,3 58,6 2,4 0,1 46,4 50,8 2,6
(67,4) (32,6)
100 100
NEA 1,5 29,6 66,0 3,0 - 47,0 50,0 3,0
(63,6) (36,4)
100 100
NOA 0,8 34,0 63,0 2,2 - 51,7 44,1 4,2
(66,0) (34,0)
100 100)
Patagonia 0,8 36,6 57,7 4,8 - 49,1 42,4 8,5
(67,6) (32,4)
100 100
% Total país 1,4 36,4 59,9 2,3 0,7 50,6 46,1 2,7
(66,4) (33,6)
4,1 48,6 44,8 2,5 100 3,8 68,7 25,1 2,4 100
CABA
(59,0) (41,0)
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
Condición de actividad
PSH varón PSH mujer
Ocupado Desocupado Inactivo Total Ocupado Desocupado Inactivo Total
Clase alta 70,6 1,5 27,9 100 87,0 2,0 11,0 100
Clase
85,6 0,4 14,0 100 69,1 1,3 29,5 100
media
Clase
85,8 1,5 12,7 100 63,8 3,1 33,1 100
obrera
Sin
71,4 0,6 28,0 100 37,6 1,1 61,3 100
especificar
Total
85,2 1,1 13,8 100 65,9 2,1 31,9 100
hogares
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
Tasa de dependencia
Baja Media Alta Total
Clase alta 54,2 33,0 12,7 100
Clase media 47,7 35,7 16,6 100
Clase obrera 37,7 36,5 25,8 100
Sin especificar 38,6 34,3 27,1 100
Total hogares 42,0 36,1 21,9 100
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
Tasa de dependencia
Baja Media Alta Total
GBA 46,0 35,0 19,0 100
Cuyo 39,9 38,3 21,7 100
Pampeana 45,9 32,0 21,7 100
Centro 46,2 35,0 18,8 100
NEA 35,5 41,1 23,4 100
NOA 27,2 38,5 34,3 100
Patagonia 39,7 36,3 24,0 100
Total país 42,7 35,6 21,7 100
CABA 58,8 30,2 11,2 100
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
i se consideran las percepciones que declaran tener los PSH con res-
S
pecto a los ingresos del hogar, y partiendo del supuesto de que la capa-
cidad adquisitiva varía en las diferentes clases sociales, se constata que
los hogares cuyos ingresos resultan suficientes, y que además pueden
ahorrar, se concentran en los grupos sociales más acomodados (direc-
tores de empresas, profesionales y cuadros técnicos asimilados). L os
propietarios de pequeñas empresas, productores autónomos, emplea-
dos y obreros calificados reconocen que sus ingresos son suficientes,
pero no cuentan con margen de ahorro; mientras que los obreros no
calificados, los peones y las empleadas domésticas señalan que sus in-
gresos no les alcanzan ni pueden ahorrar (cuadro 15.7). Al analizar
estas percepciones en las diferentes regiones del país se constata que la
CABA registra la mayor proporción de hogares a los que los ingresos les
alcanzan y pueden ahorrar. En contraste, en NOA y NEA se observan
los porcentajes más elevados de unidades domésticas que declaran no
contar con ingresos monetarios suficientes. Por otra parte, si se toma
en cuenta el sexo del P SH, se puede concluir que la insuficiencia de los
ingresos y la incapacidad de ahorro tienen más incidencia porcentual
en los hogares a cargo de mujeres.
Los recursos que puede poner en juego una familia para reproducirse
proceden –como se acaba de reseñar–de diversas fuentes monetarias. Pero
también son significativos los aportes no monetarios provenientes de orga-
nismos estatales y de asociaciones civiles o religiosas, y de las redes sociales
que establecen los integrantes del hogar. Como señala Massa (2010), son
las mujeres adultas las que en general desarrollan y consolidan este tipo
de vínculos a nivel barrial y/o familiar. Estas redes constituyen un comple-
estrategias familiares de reproducción social 483
supermercado son los hogares de N OA, NEA y GBA; y los que superan el
valor nacional en la recepción de medicamentos son los del NEA, R egión
Pampeana, C entro y Cuyo. Si la cuestión territorial se analiza a partir de
los aglomerados urbanos, se destacan lógicas diferentes asociadas a las po-
líticas de ayuda de los gobiernos locales: en la CABA resaltan los apoyos en
la forma de medicamentos y viandas escolares; en cambio, las ayudas de
los municipios de los partidos del Conurbano están diversificadas en todos
los rubros. E n el Gran Córdoba se observa la incidencia de los comedores
escolares, en el Gran R osario la comida (ya sean alimentos o tarjeta de
supermercado) y en el Gran M endoza tanto alimentos como viandas en
las escuelas.
Guardapolvos y
útiles escolares
Medicamentos
supermercado
Comida en
comedores
Viandas en
Tarjeta de
Alimentos
escolares
escuela
Clase alta - 1,8 - - - 4,4
Clase media 2,2 2,3 2,6 2,5 1,3 5,5
Clase obrera 6,5 7,0 5,1 3,3 2,2 10,1
Sin especificar 2,7 3,1 2,8 2,0 0,8 4,9
Total hogares 4,7 5,0 3,8 2,9 1,8 8,1
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
Guardapolvos
Comida en
comedores
Viandas en
Tarjeta de
Alimentos
escolares
escolares
escuela
y útiles
del estudio del uso del tiempo llevado a cabo en el marco de la Encuesta
Anual de Hogares Urbanos en Argentina (Santillán Pizarro y Rabbia,
2016). Las mujeres están en su mayoría dedicadas a la limpieza de la casa
(91,9%), a las tareas de elaboración de comidas (91,6%), al planchado
de ropas (68,3%) y al cuidado de enfermos y adultos mayores (11,3%).
Por su parte, los varones se concentran en la construcción y/o repara-
ción de las viviendas (43,2%). Las actividades hogareñas que comparten
en mayor medida hombres y mujeres son los trámites y pagos, y las vincu-
ladas a la producción para el autoconsumo.
En el plano regional se registran algunas diferencias importantes: en
las regiones Pampeana y Patagonia se constata una mayor equidad, en
términos relativos, en la distribución de las tareas domésticas, ya que los
varones tienen cierta participación en la elaboración de comidas, la lim-
pieza de la casa y el planchado de ropas, aunque en el cuidado de niños
y adultos mayores los varones de la Patagonia declaran ser menos parti-
cipativos. En GBA, mientras tanto, los varones se dedican sobre todo a
la gestión de los trámites, a la construcción y reparación de la vivienda y
al cultivo de alimentos, hallazgos que coinciden con los de Wainerman
(2012). E n las regiones NEA y NOA se observa una distribución tradi-
cional de las tareas en el ámbito doméstico, con cifras de participación
femenina que duplican e incluso triplican las de los varones en cuanto a
la limpieza de la casa, la preparación de comidas y el cuidado de adultos
mayores.
de adultos
ordenar la
de niños y
hermanos
Limpiar y
mayores/
Cultivo…
refacción
Planchar
Cuidado
Cuidado
Hacer la
vivienda
trámites
comida
discap.
Hacer
de la
casa
H M H M H M H M H M H M H M H M
GBA 52,2 93,8 21,1 71,6 57,2 94,6 50,6 21,7 5,0 3,8 34,1 35,5 4,9 9,3 83,4 85,8
Cuyo 52,0 93,7 17,0 76,9 43,8 89,2 38,0 12,1 4,4 4,4 42,0 61,9 7,2 3,8 70,2 80,5
Pampeana 61,9 92,9 21,9 63,9 66,1 91,5 44,0 18,6 9,4 9,2 50,0 47,2 7,6 8,6 77,1 83,7
Centro 53,6 88,1 12,7 62,1 54,8 89,8 35,6 14,6 6,5 3,4 41,8 47,5 9,0 9,4 71,9 75,8
NEA 48,9 88,5 21,6 66,7 45,2 90,0 37,4 17,0 9,8 11,6 43,8 63,7 4,9 19,9 62,1 77,9
NOA 45,6 91,3 20,6 68,4 37,1 87,4 41,0 9,2 6,4 2,0 41,4 57,6 9,0 25,5 72,1 81,7
Patagonia 68,4 95,1 31,0 76,7 71,1 92,9 41,2 15,0 6,6 6,7 34 51 5,4 9,9 76,5 83,6
Total país 54,2 91,9 19,8 68,3 54,7 91,6 43,2 17,2 6,6 5,3 39,7 45,6 6,5 11,3 76,2 81,9
CABA 52,1 89,0 9,6 62,7 65,3 92,5 40,5 15,7 5,0 4,8 22,3 26,3 3,6 6,3 82,9 84,8
Cuadro 15.11. R
égimen de tenencia de la vivienda según región
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16. Gramáticas del cuidado
Eleonor Faur
Francisca Pereyra
1 Como variable proxy a la cuestión de clase (es decir, que nos aproxima con
significativa precisión a las desigualdades socioeconómicas), utilizaremos el
nivel educativo del principal sostén económico del hogar (PSH). Delineamos
tres niveles socioeconómicos: bajo (cuando el PSH no alcanzó a completar
la secundaria), medio (cuando presenta estudios secundarios o terciarios
completos o bien universitarios incompletos) y alto (cuando tiene nivel uni-
versitario completo). L a decisión de utilizar el nivel educativo como variable
proxy de nivel socioeconómico (NSE) y no otras formas de estratificación que
incluyen el ingreso per cápita del hogar responde a que la variable “ingresos”
no aportaría un rasgo independiente en el análisis que desarrollamos, ya que
la feminización de los cuidados impacta en la participación laboral femeni-
na y esta en los ingresos del hogar. P or otra parte, escogimos la dimensión
educativa como variable estructural por considerar que se trata de la mejor
aproximación posible para abordar en forma simultánea las posibilidades
económicas de los hogares y las pautas culturales que podrían influir en usos,
costumbres y prácticas asociados al cuidado.
gramáticas del cuidado 499
socializadas desde pequeñas para esa tarea. Hacen falta tiempo para cui-
dar, dinero para garantizar los cuidados y servicios de cuidado para re-
distribuirlos entre distintas instituciones (Ellingsaeter, 1999). H ace falta,
en pocas palabras, una estructura social que sea capaz de promover una
mejor distribución de responsabilidades de cuidado, incluidos servicios
de apoyo e instituciones abocadas a la tarea. D e otro modo, el tiempo, los
servicios y los recursos necesarios para cuidar recaerán, indefectiblemen-
te, sobre los hogares y, hacia su interior, sobre las mujeres.
Lo cierto es que la provisión de cuidados no se realiza de manera ex-
clusiva en el ámbito del hogar, sino que se extiende a distintas institu-
ciones públicas y privadas. El Estado contribuye como proveedor, pero
es también la institución a cargo de establecer las reglas de juego para
la actuación de los mercados, las familias y la comunidad. A nalizar la
manera dinámica en la cual intervienen estas instituciones en los cuida-
dos diarios resulta central para comprender la estructura de desigualdad
en torno a la distribución del trabajo y los ingresos de una sociedad.
Asimismo, introducir la perspectiva de género permite dar cuenta de las
enormes inequidades que se producen en la distribución de estas tareas
entre hombres y mujeres.
Mientras que el aporte de la academia del norte reveló que los resulta-
dos de una sociedad en relación con los cuidados reflejan la orientación
política, económica e ideológica de su régimen de bienestar (y no, por
ejemplo, un mero diseño tecnocrático), las investigaciones del sur suma-
ron nuevos enfoques. Razavi (2007) introdujo la noción de “diamante de
cuidado” para comprender los pesos relativos que las distintas organiza-
ciones públicas y privadas tienen en la provisión del cuidado. L a figura
del diamante simboliza la interacción de las cuatro instituciones centra-
les en la provisión del cuidado: el E stado, las familias, los mercados y las
organizaciones comunitarias. La hipótesis es que en distintas sociedades
(y en diferentes momentos históricos) existen disímiles configuraciones
del diamante, según predomine, por ejemplo, la provisión familiar por
sobre las prestaciones del Estado o del mercado, o se promueva una am-
plia oferta de servicios públicos que alivie la tarea familiar. El diamante
de cuidado se transforma a partir de la acción (ampliación o restricción)
de ofertas públicas o privadas. En contextos en los que las desigualdades
sociales son críticas, los mercados laborales resultan insuficientes para la
provisión de bienestar y las instituciones del Estado muestran una mayor
debilidad, el papel de las familias y de las organizaciones de la sociedad
civil cobra mayor relevancia.
Ahora bien, en los estudios realizados en la Argentina se ha mostrado
que los pilares del diamante de cuidado, lejos de presentarse en estado
gramáticas del cuidado 501
este artículo nunca fue reglamentado, por lo que quedó sujeto a la vo-
luntad de las empresas y/o a los resultados de negociaciones colectivas.
Así, la legislación laboral muestra un marcado sesgo de género, que se
expresa en la asignación social de responsabilidades distintas para hom-
bres y mujeres. Además, sólo las embarazadas empleadas en el mercado
de trabajo formal gozan de licencias, y ni siquiera todas ellas acceden a
los (escasos) servicios de cuidado existentes. S uperado el lapso posterior
al nacimiento, la provisión de servicios y garantías para el cuidado de
los niños pequeños por la vía de la ley es parcial y limitada –lo que una
vez más recae en la capacidad familiar–, así como son insuficientes las
medidas que promueven la participación de los padres en esas tareas.
Por omisión, el derecho laboral argentino no reconoce ni estimula el
compromiso de los varones en el cuidado de sus hijos, ya que no provee
los dispositivos necesarios para conciliar sus responsabilidades familiares
y laborales en una medida semejante a como lo hace con las madres.
A modo de ejemplo, el rango en las licencias oscila –dependiendo del
sector de actividad y la jurisdicción de pertenencia–entre los 90 y los
210 días de licencia maternal y entre 1 y 15 días en el caso de los padres
(Aulicino y otros, 2013; Faur, 2014).
Como parte de la provisión de servicios, de manera paulatina se fue
configurando una oferta variada y heterogénea. P or un lado, encontra-
mos el sistema educativo, que recibe a los niños diariamente durante al-
gunas horas. El diseño de estos servicios –y su evolución–refleja el modo
en el cual el Estado entiende las responsabilidades institucionales en la
atención de niños. Mientras que la obligatoriedad de la educación pri-
maria que garantizó una oferta pública y gratuita universal a partir de
los 6 años data de 1884 (Ley 1420 de Educación C omún), la atención
de la primera infancia mediante jardines de infantes demoró más de un
siglo en universalizarse. F ue a partir de 1993, con la L ey 24 195 F
ederal
de Educación, que el nivel inicial alcanzó a la población de 5 años. En
2006, la Ley 26 206 de Educación N acional confirmó esta franja etaria
como obligatoria, indicó que la oferta de sala de 4 debía universalizarse y
estableció el nivel inicial como una “unidad pedagógica” que cubre entre
los 45 días hasta los 5 años mediante dos propuestas complementarias:
los jardines maternales (hasta los 2 años) y los jardines de infantes (entre
los 3 y los 5 años). D e este modo, reconoció la vinculación del sistema
educativo con los niños desde los 45 días, aunque sin establecer respon-
sabilidades en su provisión.5 Luego, en 2015, la Ley 27 045 sancionó la
Asiste
Pública
13 13
12 12 12
Privada
10 10
9 9
8
7 7
Comunitaria
6 6 6 6
5 5
4
3
1 1 1 1
76
68
63
59 58
51
46 46
41 42 Asiste
36 37 36 37 37
34 Pública
28 Privada
25
22
19 Comunitaria
17
14
10 12
6
1 1 2 2
0 0 0
ción por hacerlo. Dentro del conjunto (entre 60 y 74 años), quienes más
participan en esta tarea son los más jóvenes y, sobre todo, las mujeres.
Además, cerca del 9% se ocupa del cuidado de alguna persona enferma
de su entorno (Indec, 2014).
Sin embargo, casi un 10% de adultos mayores presentan algún nivel
de D AVD. La dependencia puede caracterizarse como “básica” o “instru-
mental”. L a primera da cuenta de la dificultad de una persona mayor para
desplazarse por sus propios medios dentro de su hogar y de realizar activi-
dades de la vida cotidiana como alimentarse, bañarse o vestirse. L a segun-
da supone tareas de mayor complejidad, como el uso del dinero y la ad-
ministración de medicamentos (Cippec - U nicef - OIT - P
NUD, s.f.). A
los
fines de este análisis, nos detendremos en el primer tipo de dependencia.
Lo cierto es que los cuidados que las personas mayores requieren –ya
sea para vestirse, bañarse, alimentarse, hacer las compras, desplazarse, o
bien, para el conjunto de estas actividades–muestran particularidades
ante lo analizado en el caso de los niños. E n muchos casos, esta depen-
dencia se relaciona con el deterioro cognitivo que, en las edades avan-
zadas –en particular entre los mayores de 75 años–, deriva de enferme-
dades neurológicas, como demencias y A lzheimer. A lrededor del 10%
de los adultos mayores presenta dependencia básica, pero a medida que
aumenta la edad, la población con dependencia se incrementa de mane-
ra notable –casi se cuadruplica–, con un 5% en el grupo de 60 a 74 años
y un 21% entre los de 75 años y más (Indec, 2014).
En conjunto, mientras que cerca del 30% de los hogares del país cuen-
ta con al menos una persona mayor de 65, en uno de cada diez de estos
hogares encontramos alguna persona que depende de la asistencia de
otros para el desarrollo de su vida diaria. La distribución de estos mayo-
res muestra un sesgo hacia los hogares con menor nivel socioeconómico
(en el 4% de los hogares del NSE bajo vive algún miembro en esta situa-
ción, ante el 1% de los del N SE alto). Esta información puede responder
a que los hogares unipersonales o unigeneracionales son más frecuentes
entre las personas mayores de los estratos altos. En contraposición, los
hogares con más generaciones se presentan, sobre todo, en los sectores
populares, lo que incrementa la probabilidad de contar con un adulto
con DAVD.10 Desde el punto de vista de nuestro interés en el cuidado,
10 Además de esto, es probable que aquellos hogares que pueden afrontar los
gastos de institucionalizar a quienes tienen dependencia, lo hagan en mayor
proporción que los de menores recursos. Una tercera hipótesis es que, al
tratarse de los hogares con mayores recursos y acceso a servicios, la condición
de salud de esta población sea algo mejor que la del resto.
gramáticas del cuidado 511
11 Este Plan estableció una serie de moratorias destinadas a que aquellas
personas que tuvieran edad para jubilarse pudieran hacerlo, aun cuando no
hubieran alcanzado los años de aportes requeridos por el sistema. Si bien
el objetivo era para la población en general, de las 2 700 000 personas que
accedieron a la jubilación, el 86% fueron mujeres. Por eso, la moratoria fue
conocida como “la jubilación para amas de casa”.
512 la argentina en el siglo xxi
74%
40% 40%
38% Persona contratada
32% especialmente
del hogar, mientras que en NEA, NOA y C uyo esta situación se presenta
en el 60% de los casos.14 En contraposición, la asistencia por parte de
servicio doméstico o de cuidados particulares en la CABA es bastante su-
perior a la del resto de las regiones: abarca el 43% de los casos, mientras
que en el resto del país oscila entre el 5 y el 24%.15
La experiencia internacional indica que la atención familiar de las
personas mayores está creando nuevas tensiones sociales y económicas.
En particular, el costo económico de los cuidados suele recaer en las
mujeres que se ocupan de sus familiares. Ello dificulta su permanencia
en el mercado laboral (con la consiguiente pérdida de mejores ingresos
y oportunidades de promoción); pero además, son ellas quienes afron-
tan los costos físicos y emocionales de estos cuidados, que muchas veces
se superponen con la atención de sus propios hijos (ONU, 2003, cit. en
Gascón y Redondo, 2014).
El Plan de A
cción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento
de 2002 recomienda la creación y fortalecimiento de programas de aten-
ción integrales para el cuidado de los mayores, sobre la base de el entor-
no comunitario (Gascón y Redondo, 2014). En la Argentina, a pesar del
impulso que se le otorgó en los últimos años al P rograma de C uidadores
Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Social, la proporción de ho-
gares que acceden a cuidados comunitarios es muy reducida. Tal como
se observa en el gráfico 16.3, sólo en el 1% de los hogares se refiere que
estos cuidados son provistos por una persona vinculada a algún progra-
ma institucional de cuidado domiciliario. Y, como cabe esperar, se con-
centra en los hogares de NSE bajo.
14 En la R
egión Patagonia, la recurrencia a este tipo de ayuda es sensiblemente
menor (del 5%), situación que puede asociarse con la alta incidencia de
población migrante de otras provincias. E n el resto de las regiones que no se
mencionan en el cuerpo del texto, el porcentaje ronda entre el 16 y el 40%
(16% en la R egión Pampeana, 33% en G BA y 40% en Centro).
15 La utilización de estos servicios abarca el 5% de los casos en la Región N EA,
el 7% en P atagonia, el 9% en C uyo, el 15% en GBA, el 20% en NOA, el 22%
en Centro y el 24% en P ampeana.
gramáticas del cuidado 515
Otras dificultades
22% 11%
Otras dificultades
30%
e tal modo, para los adultos mayores se barajan con mayor frecuen-
D
cia dificultades que tienen que ver con la falta de acceso a servicios o
instituciones públicas o privadas. Para los niños, en cambio, si bien se
17 Se toma en cuenta a la población mayor de 25 años dado que en tramos
etarios previos el peso de las personas que ocupan la posición de “hijos
e hijas” en los hogares es muy alta, lo que diluye no sólo el peso de las
responsabilidades domésticas y de cuidado sino también, en alguna medida,
el de las desigualdades de género.
18 Tanto para el cuidado de niños como para el de adultos mayores con DAVD
se tomó en cuenta exclusivamente a personas que habitan en hogares con al
menos un miembro perteneciente a estas poblaciones.
520 la argentina en el siglo xxi
Planchar
50%
Cocinar
Mujeres Varones
94% 93%
Cuidar niños
49%
Cuidar discapacitados o
adultos mayores
Hacer compras
26hs
21%
Hacer trámites
14% 13% 11hs
Horas totales en tareas
domésticas y de cuidado
Madres
Padres
en todas las tareas es mucho más intensa que lo referido para la población
global de mayores de 25 años (gráfico 16.7). C uidar a otros demanda
tiempo y la presencia de niños implica, además, una mayor participación
en las tareas domésticas tanto para mujeres como para hombres. S in
embargo, su distribución no sólo sigue siendo desigual, sino que tiende
a profundizar la brecha entre sexos en las tareas feminizadas (limpiar,
ordenar, cocinar, planchar y cuidar niños), mientras que se agudiza la
brecha inversa en el caso de tareas masculinizadas como la construcción
gramáticas del cuidado 521
7% 5%
PSH varón
Cónyuge mujer
PSH varón y
cónyuge mujer
88%
2% 3%
15%
PSH mujer
Cónyuge varón
Hija mujer
Otras combinaciones
68%
n aquellos hogares en los que convive una pareja con al menos un hijo
E
menor de 12 y el principal sostén económico es el varón, las responsa-
bles de las tareas domésticas y de cuidado son en su gran mayoría las
mujeres cónyuges (88% de los casos). Sólo en el 7% de estos hogares se
comparten las responsabilidades entre el proveedor principal y su cón-
yuge, mientras que en el 5% la responsabilidad la asume el sostén prin-
cipal. C
uando la mujer es quien percibe la mayor parte de los ingresos,
su responsabilidad doméstica disminuye, aunque continúa siendo ella
quien asume las tareas en mayor medida: en casi el 70% de los casos
son las principales encargadas de los cuidados directos e indirectos.
Si bien en estos hogares aumenta el porcentaje de los cónyuges que
comparten las responsabilidades, los niveles son muy modestos (del
15%). Y sólo en el 12% de los casos es el varón cónyuge quien asume la
gramáticas del cuidado 523
4% 3%
PSH varón
Hija mujer
Otras combinaciones
93%
3% 1%1%
PSH mujer
Hija mujer
Hijo varón
Otras combinaciones
95%
o expuesto hasta aquí deja entrever que, más allá de ciertas variaciones
L
relacionadas con la posibilidad de delegar o externalizar los cuidados
(vía el acceso a una oferta de servicios públicos aún insuficiente y/o cos-
teando este tipo de prestaciones en el mercado), el grueso de la carga de
este trabajo tiende a recaer de forma invariable sobre las mujeres.
Se trata de una situación que reviste enormes consecuencias sobre las
posibilidades femeninas de trascender la esfera doméstica y participar
de la vida pública. Exploramos aquí la vinculación entre la asignación de
responsabilidades de cuidado con una dimensión clave de la participa-
ción fuera del hogar, como la inserción en el mercado de trabajo.
Los datos de la ENES-Pisac dan cuenta de la importante brecha entre
varones y mujeres en cuanto a su participación laboral. Por un lado, se
analiza el comportamiento del segmento de población en edad activa
que va entre los 25 y los 60-65 años (según se trate de mujeres o varones,
respectivamente).20 Así, se observa una significativa brecha por género, de
22 puntos porcentuales: mientras que la tasa de actividad de las mujeres
20 Este recorte tuvo que ver con la intención de enfocarnos en la población
donde la inactividad debida a la continuidad de los estudios se debilita de
modo considerable y queda expuesta con mayor claridad –para el caso de las
mujeres–aquella que obedece a las responsabilidades de cuidado.
526 la argentina en el siglo xxi
en esta franja etaria es del 70%, la de los varones asciende al 92% (gráfi-
co 16.12).21 Otra observación importante que surge de los datos tiene que
ver con que, en promedio, las mujeres trabajan 9 horas semanales menos
que los varones (41 versus 32 horas). U
na vez más, la prevalencia de las jor-
nadas de trabajo reducidas no puede sino relacionarse con la mayor carga
horaria que asumen las mujeres en lo que hace a las tareas domésticas y de
cuidado, tal como se observó en la sección precedente.
Si bien estas tendencias se encuentran afianzadas entre varones y mu-
jeres, también es cierto que existen variables que pueden atenuarlas o
acentuarlas. Sin duda, entre las más importantes se encuentra el NSE de
pertenencia.
Varones padres
Mujeres madres
21 Si bien el tema no será objeto de análisis en esta sección, vale señalar que, a la
desigual participación de varones y mujeres en el mercado laboral, se le suma
el hecho de que, cuando las mujeres participan, son afectadas en mayor medi-
da por el desempleo (los datos de la encuesta indican que la tasa de desempleo
femenina duplica a la masculina). Se trata de una tendencia conocida y exten-
dida en los mercados laborales de la región (Cepal, 2017). Entre las razones
que explican el fenómeno, la problemática del cuidado juega un rol impor-
tante. En efecto, el desempleo más elevado de las mujeres está relacionado en
buena medida con la mayor intermitencia de su participación laboral, la que a
su vez se asocia de modo crucial a los ciclos reproductivos (con las consecuen-
tes responsabilidades de cuidado culturalmente asignadas a las mujeres en esta
etapa), combinados con la falta de servicios de cuidado accesibles que puedan
facilitar la continuidad laboral.
gramáticas del cuidado 527
74
68 67
Todas
61 62
55 56
51
47 NSE bajo
NSE medio
NSE alto
1%
22 Si se toma en cuenta a estas madres en su conjunto, se observa que las que
tienen un solo hijo exhiben, en promedio, una dedicación semanal al trabajo
remunerado de 31 horas. En el otro extremo, aquellas con 3 o más hijos ven
descender la intensidad de su dedicación a 26 horas.
gramáticas del cuidado 529
consideraciones finales
lo largo del capítulo hemos analizado las formas en las que se orga-
A
nizan los cuidados de niños y adultos mayores con DAVD, procurando
comprender sus “gramáticas”. Esto implica dar cuenta, por un lado, de
23 Este promedio es de 1,7 en la CABA, mientras que en el resto de las regiones
oscila entre 1,9 y 2,5, con N EA y N
OA como aquellas que ostentan valores
más altos.
24 Las madres de NSE alto constituyen el 18,2% en la CABA, versus un 6,7% a
nivel país. En el caso de las madres de N
SE medio, estos guarismos son de
60% versus 41%, respectivamente.
530 la argentina en el siglo xxi
referencias
Aulicino, C
., E
.C
ano, G. D
íaz Langou y V
. Tedeschi (2013), Licencias: protec-
ción social y mercado laboral. E quidad en el cuidado, Buenos Aires, Cippec.
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Labour”, Cambridge Journal of Economics, 3(3): 203-225.
Castillo, V
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squivel, S .R
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del nuevo patrón de crecimiento sobre el empleo femenino, 2003-2006”,
en M .N ovick, S . Rojo y V
. Castillo (comps.), El trabajo femenino en la post
convertibilidad. A rgentina 2003-2007, S antiago de Chile, Cepal.
gramáticas del cuidado 533
por Hijo (AUH)1 que, según se conjetura, evitó que se produjeran incre-
mentos significativos de la pobreza extrema e inseguridad alimentaria
en los umbrales más graves (Salvia, T uñón y Poy, 2015; T
uñón y Salvia,
2017).
Es fácil advertir que en la última década se ampliaron los derechos so-
ciales y mejoraron las estructuras de oportunidades de amplios sectores
de la población. Sin embargo, cabe preguntarse si estos esfuerzos fueron
suficientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos esenciales
para el desarrollo humano de la infancia en los espacios de la alimenta-
ción, el hábitat, la salud, la educación y la protección contra el trabajo
infantil, entre otros. Sin duda, esta pregunta requiere una aproximación
en clave de desigualdad social y regional que permita reconocer las dife-
rentes modalidades de la infancia en el país.
Aunque hay un amplio acuerdo en cuanto a que la infancia es una de
las poblaciones más vulnerables a la pobreza y a los ciclos económicos
recesivos, ello no siempre es considerado al momento de orientar recur-
sos que sostengan, enriquezcan y extiendan las estructuras de oportuni-
dades –educación, salud, infraestructura pública, etc.–necesarias para
el efectivo ejercicio de los derechos del niño. Los efectos que pueden
tener las crisis socioeconómicas sobre el desarrollo humano y social de
las infancias son sobre todo agudos en los procesos de formación y so-
cialización de las nuevas generaciones, y pueden determinar los cursos
de vida y propiciar la reproducción del círculo perverso de la pobreza.
Al momento del relevamiento de la
Encuesta Nacional sobre la
Estructura S ocial (ENES-Pisac), en 2014-2015, las condiciones del país
eran de desaceleración de la economía, estancamiento en la creación de
empleo y un sostenido proceso inflacionario. En este contexto local, el
Estado argentino asumió compromisos ante los Objetivos de Desarrollo
Sostenible –ODS–(ONU, 2015), que establecen metas en los espacios de
desarrollo de la infancia mencionados. Cabe entonces preguntarse sobre
la situación de las infancias con el objetivo de describir las privaciones que
se experimentan, y alertar sobre los escenarios más graves y las principales
desigualdades sociales y regionales que prevalecen en este tiempo.
Respuesta
Indicadores en el espacio de la alimentación
ponderada
urante los últimos tres meses, ¿usted u otros adultos en su casa comieron menos
D Sí (1)
o dejaron de comer porque no tuvieron recursos para obtener más? No (0)
urante los últimos tres meses, ¿tuvo usted hambre pero no comió porque no
D Sí (2)
tuvieron recursos para obtener la comida necesaria? No (0)
urante los últimos tres meses, ¿dejó usted u otros adultos en su casa de comer
D Sí (3)
por todo un día porque no tuvieron recursos para obtener comida? No (0)
En este hogar, ¿hay niños de entre 0 y 14 años?
urante los últimos tres meses, ¿le sirvió menos comida a los niños en el de
D Sí (4)
sayuno, almuerzo o cena porque no tuvieron recursos para obtener alimentos? No (0)
urante los últimos tres meses, ¿los niños dejaron de comer el desayuno, el
D Sí (5)
almuerzo o la cena porque no tuvieron recursos para obtener más alimentos? No (0)
urante los últimos tres meses, ¿ocurrió alguna vez que los niños tuvieron
D Sí (6)
hambre pero no les pudo dar comida? No (0)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de indicadores de la ENES-Pisac.
16
13,5 12,8
14 12,3 12,4
11,9 11,9
12
10 Total
Centro 13,2 **
7,4
NEA 16,8 ***
11,1 ***
el espacio de la atención de la salud
30
24,3
20
12,6
10 6,8
0
l, bra
go
ep l
a
d
de ado
m ltó
on ó a
l e lar
ico
pr a
ag
lu
o utu
lo
de egu
un nsu
cia o
sa
éd
od sult
st
tó
m
so iene
co
ala r
un on
m ón
t
No
o pci
No
No
a
e
rc
Pe
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
No consultó
odontólogo
Percepción
Cobertura
Indicadores
de salud
regular
o mala
sociodemográficos
a un
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
rupos de edad
G
0 a 3 años 48,9 ***
3,4 ***
32,57* 10,0 **
Terciario completo o
16,6 6,0 15,1 4,7
universitario incompleto y más1
1
Categoría de comparación.
*
p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
inequidades en la niñez y la adolescencia 545
a un médico
No consultó
No consultó
odontólogo
Percepción
Cobertura
regular o
de salud
mala
a un
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Región
GBA 40,4 ***
8,0 ***
22,4 5,4
Cuyo 50,1 ***
11,2 ***
23,7 6,9
Pampeana 38,2 ***
13,0 29,1 ***
4,9
Centro 46,7 ***
10,5 ***
20,7 6,8 ***
Patagonia1 31,1
15,4
24,8
6,0
Aglomerado
CABA 28,3 ***
8,0 ***
20,8 ***
4,7 **
que han sido abordados de forma específica: CABA, partidos del Conurbano,
Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Mendoza.
548 la argentina en el siglo xxi
50
42,4
40
30 25,2
18,3
20
10,7
10
0
Habitan un medio 3 personas 4 personas Saneamiento
ambiente tóxico y más por cuarto y más por cuarto inadecuado
Saneamiento
inadecuado
Indicadores
personas
personas
sociodemográficos
3 y más
4 y más
tóxico
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
rupos de edad
G
0 a 3 años 44,4 23,8 ***
14,0 ***
28,6 ***
Terciario completo o
35,5 5,5 3,5 9,5
universitario incompleto y más1
1
Categoría de comparación.
*
p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
inequidades en la niñez y la adolescencia 549
Medioambiente
Saneamiento
inadecuado
personas
personas
3 y más
4 y más
tóxico
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Región
GBA 43,1 ***
13,2 7,9 31,4 ***
NOA 55 ***
17,7 **
11,6 ***
25,1 ***
6 Según datos de la D
iniece, la proporción de población escolarizada en el
sistema de gestión público para 2014-2015 se estimó en 72%: 66,5%, en la
educación inicial; 73%, en la primaria y 71%, en la secundaria.
552 la argentina en el siglo xxi
10 7 7,4
1,1
0
Educación Educación Educación Total
inicial primaria secundaria
Educación
Educación
primaria
Indicadores
inicial
sociodemográficos
Total
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sexo
Varón 7,6 22,0 1,0 7,9
Mujer1 7,2 21,1 1,2 6,0
Estrato económico-ocupacional
Clase de servicios y empleadores 5,2 ***
11,4 ***
1,9 4,9 **
Terciario completo o
3,4 12,8 0,5 1,0
universitario incompleto y más1
1
Categoría de comparación.
*
p <0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
inequidades en la niñez y la adolescencia 553
secundaria
Educación
Educación
Educación
primaria
inicial
Total
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Región
GBA 7,1 19,9 1,7 5,8
Cuyo 10,0 **
32,0 **
2,1 6,0
Pampeana 6,2 15,6 0,8 6,8
Centro 7,5 **
20,7 0,7 8,6 *
NEA 9,6 **
30,6 **
0,6 9,7
NOA 6,8 24,8 *
0,3 5,2
Patagonia1 6,3 15,4 1,5 6,7
Tamaño del aglomerado
500 000 y más habitantes 7,9 *
23,9 1,3 6,6
100 000 a 500 000 6,3 16,0 0,7 7,5
50 000 a 100 000 7,5 22,2 0,8 7,3
2000 a 50 0001 7,4 20,0 1,4 6,8
1
Categoría de comparación.
*
p < 0,1; ** p < 0,05.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
9,9
10
8,3
6,9
5,1
5
0
Trabajo Ayudó a un familiar Cantidad de horas Autoconsumo
doméstico o conocido en un dedicadas al trabajo
intensivo trabajo o actividad económico la
la semana pasada semana pasada
trabajo doméstico
El trabajo infantil se expresa en las actividades laborales no remunera-
das que realizan niños, niñas y adolescentes en el espacio doméstico de
sus hogares. En general, e stas actividades se encuentran invisibilizadas
y naturalizadas. Estudios cualitativos señalan que los niños no viven las
tareas domésticas como un trabajo, sino como una forma de ayudar a sus
familias (Macri y Uhart, 2012).
Por otra parte, estudios cuantitativos anteriores han definido el tra-
bajo doméstico intensivo por la cantidad de horas promedio dedicadas
a esta actividad en la semana de referencia según el grupo de edad del
niño (MTEySS, OTIA y Conaeti, 2013; Maceira, 2007), o por la cantidad
de tareas que son realizadas a menudo de modo simultáneo (ODSA -
UCA, 2010). Más allá de la definición que se considere, estos estudios
coinciden en que el trabajo doméstico intensivo es realizado en su mayo-
ría por mujeres y consiste en la ejecución simultánea de varias tareas del
hogar, como el cuidado de hermanos y otros familiares dependientes, o
la realización de actividades de reproducción de lo doméstico. Estas la-
bores no sólo implican responsabilidades impropias para un niño, como
inequidades en la niñez y la adolescencia 557
trabajo o actividad3
Trabajo doméstico
antidad de horas
Autoconsumo
yudó en un
Indicadores
dedicadas al
intensivo2
sociodemográficos
trabajo4
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
C
A
rupos de edad
G
5 a 13 años 7,6 **
3,7 **
6,9 4,4 **
Sexo
Varón 5,4 **
8,6 **
10,9 **
6,4 **
Asistencia escolar
No asiste 15,7 **
25,2 **
22,7 **
13,7 **
Estrato económico-ocupacional
Clase de servicios y empleadores 5,7 **
5,8 7,2
3,1 *
Terciario completo o
6,7 4,5 8,3 2,6
universitario incompleto y más1
1
Categoría de comparación; 2 Según cantidad de horas; 3 Ayudó a un familiar
o conocido en un trabajo o actividad la semana pasada; 4 Cantidad de horas
dedicadas al trabajo económico la semana pasada.
*
p < 0,05; ** p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
trabajo o actividad3
Trabajo doméstico
antidad de horas
Autoconsumo
yudó en un
dedicadas al
intensivo2
trabajo4
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
C
A
Región
GBA 5,0 ***
6,5 *
7,9 ***
5,0 *
Otro lugar
comercial
del cliente
n la casa
o patrón
Indicadores
En un
En su
sociodemográficos
local
casa
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
E
rupos de edad
G
5 a 13 años 49,3 *
14,1 *
15,1 *
12,5 *
14 a 17 años1 20,3
26,1
22,8
14,8
Sexo
Varón 29,3 *
16,6 *
22,1 *
13,0 *
Mujer1 33,8
30,4
16,2
15,5
Estrato económico-ocupacional
Clase de servicios y empleadores 33,6 *
17,2 *
17,3 *
18,0 *
Terciario completo o
47,2 19,6 12,8 10,6
universitario incompleto y más1
1
Categoría de comparación. / * p < 0,01.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
14 a 17 años1 71,6
11,2
17,1
Sexo
Varón 63,6 **
18,4 **
18,0 **
Mujer1 46,4
25,1
28,5
Estrato económico-ocupacional
Clase de servicios y empleadores 58,5 **
20,7 **
20,8 **
Un miembro
Un familiar
que no vive
en el hogar
Un “no”
familiar
de este
hogar
Sig.
Sig.
Sig.
Total 39,8 27,6 32,6
Grupos de edad
5 a 13 años 59,8 **
24,2 **
16,0 **
14 a 17 años1 28,0
29,6
42,4
Sexo
Varón 39,7 *
27,8 **
32,5 *
Mujer1 39,9
27,3
32,8
Estrato económico-ocupacional
Clase de servicios y empleadores 45,8 **
34,2 **
20,0 **
conclusiones
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inequidades en la niñez y la adolescencia 567
1 En la Argentina, recién hacia 1980 se hacen visibles las primeras investiga-
ciones que abordan a la juventud en tanto objeto de investigación cientí-
fica (Braslavsky, 1986). U
na década más tarde, los estudios sobre juventud
comienzan a multiplicarse tanto en cantidad como en temáticas (Chaves,
2009).
570 la argentina en el siglo xxi
100%
80,4
80%
69,4
66,1
60% 56,9 54,5 Varón
44,6 44,2
40% 36,3 Mujer
32,5
20% 15,3
0%
Limpiar y Hacer la Cuidar a los/as Hacer las Planchar
ordenar la comida niños/as o compras
casa hermanos/as
menores
100%
88,6
90%
80,3 82,0
76,6
80%
66,3
70%
Varón
60% Mujer
50%
40% 36,9
30%
Hasta secundaria Secundaria completa Alcanzó estudios
incompleta terciarios/universitarios
5 Por la forma de cálculo –estrato alto sobre estrato bajo–, en el caso de las
576 la argentina en el siglo xxi
Desocupación
terciarios y/o
universitarios
Completaron
la secundaria
la secundaria
completaron
Alcanzaron
Actividad
CSO
estudios
Empleo
No
%
12 Incluye las provincias de B uenos Aires (excepto G BA), La Pampa, Córdoba,
Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego.
13 Incluye las provincias de C orrientes, M
isiones, Formosa, Chaco, La Rioja,
Catamarca, S antiago del E stero, T
ucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan y
San Luis.
juventudes, educación y trabajo 585
Desocupación
Ocupación
Empleo no
registrado*
Actividad
inestable
Empleo
GBA 48,5% 39,4% 18,7% 24,8% 42,0%
NEA, NOA y Cuyo 42,0% 33,8% 19,5% 62,9% 81,2%
Centro, Patagonia y Pampeana 47,1% 38,0% 19,3% 49,5% 65,5%
Aglomerados de 500 000 y más hab. 48,4% 39,4% 18,7% 37,1% 53,3%
Aglomerados de 2000 a 499 999 hab. 42,9% 34,4% 19,9% 56,7% 74,5%
Total 45,9% 37,1% 19,2% 45,3 62,1%
*
En el caso del empleo no registrado, se consideran ocupados jóvenes de
entre 18 y 24 años de edad, dado que los menores de 18 años no están obli-
gados a hacer aportes a la seguridad social (Ley 24 241, S
istema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones –SIJP–).
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
reflexiones finales
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19. Condiciones de vida
de las personas mayores
María Julieta Oddone*
* Agradezco a la M Sc en C
iencias C
omputacionales Lilia Chernobilsky por su
colaboración en el procesamiento de los datos estadísticos.
1 La teoría se basó en los conceptos de E
l sistema social de P
arsons y fue plantea-
da por C umming y H enry en 1961.
594 la argentina en el siglo xxi
nivel de educación
Dada la complejidad de las sociedades modernas, el nivel educativo de
la población ha variado, acorde con las exigencias cada vez mayores para
acceder al mercado laboral. Por lo general, los niveles educativos entre
los ancianos argentinos aumentan a medida que disminuye la edad. En
el grupo de 60 a 74 años, el 3,4% no tiene instrucción; el 45,7% comple-
tó la educación primaria; el 28,2% terminó la educación secundaria y el
22,7%, los niveles universitarios o terciarios. En el caso del grupo de 76
años y más, aquellos sin instrucción representan el 5,6%; con escolaridad
5 La Región G ran Buenos Aires (GBA), tal como ha sido definida en el marco
de la ENES-Pisac, nuclea los 24 partidos del C
onurbano bonaerense y la
CABA. P ara poder identificar la situación específica de esta ciudad, que suele
condiciones de vida de las personas mayores 599
Nuclear N
uclear Nuclear xtenso E
E xtenso No
Unipersonal
s/hijos c/hijos incompleto c/hijos s/hijos familiar
GBA 21,4 31,4 14,3 6,5 9 17,3 0,1
Varones 16,4 41,3 21,2 0,9 10,1 9,9 0,1
Mujeres 24,6 24,8 9,7 10,3 8,6 21,9 0,1
Cuyo 14,8 30,8 14,7 4,6 16,3 21,3 0,4
Varones 8,3 38,3 20,7 1,7 16,5 7,4 0,2
Mujeres 19,6 25,3 10,4 6,8 16,1 20,7 0,4
Pampeana 21,6 37,3 15,2 7,5 7,2 10,3 0,8
Varones 13,1 45,8 21,0 3,5 6,8 10,6 0,7
Mujeres 28,3 30,8 10,7 10,6 7,5 11,0 0,9
Centro 20,9 30,0 15,7 7,3 8,8 17,2 0,2
Varones 11,4 39,9 24,0 3,1 9,0 12,2 -
Mujeres 27,5 23,1 10,0 10,2 8,6 20,0 0,3
NEA 18,2 20,6 15,9 9,3 9,9 25,8 0,4
Varones 13,0 25,7 24,9 2,8 12,8 20,9 -
Mujeres 22,3 16,5 8,7 14,5 7,6 29,7 0,6
NOA 15,3 15,8 14,2 7,7 19,4 26,9 0,7
Varones 15,7 19,7 21,8 4,6 23,8 13,5 0,9
Mujeres 15,1 12.8 8,6 9,9 16,1 36,8 0,6
Patagonia 22,7 32,2 11,1 8,8 5,0 20,2 -
Varones 26,8 36,0 14,3 2,2 5,3 15,4 -
Mujeres 18,5 28,3 7,9 15,4 4,7 25,3 -
CABA 28,1 32,3 12,9 5,7 5,1 15,4 0,4
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
l 97,2% de los hogares con personas mayores posee baño con inodoro
E
o letrina dentro de la vivienda,8 en tanto que el 2,7% lo tiene fuera de la
vivienda. El 1,9%, a su vez, lo comparte con otros hogares. Por último, el
96,3% indica que cuenta con botón, cadena o mochila en el inodoro o la
letrina, y el 3% restante, no.
Asimismo, la posesión de cloacas es otro de los factores indispensables
para un buen saneamiento socioambiental; de allí que resulte de interés
conocer el tipo de desagüe que tiene el inodoro de las viviendas de las
personas mayores. Constatamos que dos tercios de los hogares descargan
a la red pública, es decir que poseen cloacas, mientras que un tercio lo
hace a cámara séptica y pozo ciego.
En síntesis, observamos, mediante los indicadores mencionados, una
buena calidad de la vivienda y sus dotaciones para la mayor parte de los
ancianos en todas las jurisdicciones analizadas. Sin embargo, cerca de
diez personas de cada cien no cuentan con los elementos de confort
necesarios para una vida digna en la vejez.
Teniendo en cuenta el entorno de la vivienda, habíamos mencionado
antes que un ambiente favorable implica la amigabilidad de los accesos y,
por lo tanto, es un facilitador de una vida social más intensa para las per-
sonas de mayor edad. Por el contrario, un entorno desfavorable colabora
con el aislamiento de los ancianos, y puede convertirse en un facilitador
de la depresión, la angustia y la tristeza. (Salvarezza e Iacub, 1998: 253).
De allí la importancia que adquiere el entorno para el estudio de la cali-
dad de vida y del envejecimiento activo.
El 82,2% de las personas mayores habitan en barrios de trazado ur-
bano, con veredas y desagües; el 4,6% vive en un barrio de viviendas
que, si bien los ancianos de la CABA son los que indican tener el mayor
porcentaje de vigilancia policial, este es también el distrito con mayor
vigilancia privada. Los viejos de las regiones NOA y NEA son los que in-
dican tener menor presencia policial en su entorno.
cobertura de salud
Los servicios de salud son recursos fundamentales para la ejecución de
estrategias de prevención y control de enfermedades, por lo cual es re-
levante evaluar los problemas de cobertura y accesibilidad que puedan
constituirse en barreras para la implementación y efectividad de las in-
tervenciones de salud pública. El hecho de contar con una cobertura de
salud adecuada se asocia no sólo con recibir cuidados de prevención y
control, sino también con la evaluación de la prevalencia de factores de
riesgo, enfermedades crónicas y mortalidad.
El 45,8% de las personas de más de 60 años cuenta con la cobertura
del PAMI (la obra social de los jubilados y pensionados), el 38,7% posee
una obra social y el 5,8% tiene una prepaga. C abe destacar que un 8% de
la población indica no tener cobertura por el sistema de seguridad social.
Sin embargo, debemos recordar que en nuestro país existe el sistema
público de atención de la salud, integrado sobre todo por los hospitales.
Al tener en cuenta cómo influye la edad en el uso de la cobertura de
salud, observamos que las personas del grupo de 60 a 64, que posible-
mente continúan insertos en el mercado laboral, utilizan sobre todo su
obra social y/o prepaga (52,3%). A partir de los 65 años los porcentajes
se incrementan de forma acentuada a favor del PAMI (65,1% para el
segmento de 80-89 años). Si tenemos en cuenta el sexo, vemos que los
varones utilizan en mayor medida obra social y prepaga (24 y 6,7%, res-
pectivamente), en comparación con las mujeres, que manifiestan utilizar
más el PAMI (50,7%).
Cuadro 19.11. Cobertura de salud por región
(en porcentajes)
Pampeana
Patagonia
Centro
CABA
Cuyo
NOA
GBA
NEA
Obra social 34,8 41,4 35,0 38,8 47,3 48,6 41,4 39,8
repaga
P 8,9 2,6 3,0 6,8 0,9 2,5 6,7 18,4
Prepaga de obra social 1,0 0,2 2,0 0,7 - 0,6 0,9 0,8
PAMI 47,2 47,6 53,0 47,0 35,4 32,2 39,1 34,7
Incluir Salud (Profe) 0,1 1,2 - 0,2 3,3 5 0,5 0,4
Emergencias médicas 0,1 0,2 - 0,1 - 0,6 0,1 -
Sin cobertura 7,9 6,9 7,0 6,4 13,1 10,5 11,3 5,9
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
condiciones de vida de las personas mayores 611
90
80
70
60 Muy bueno y bueno
50
Regular
40
Malo y muy malo
30
20
10
0
60-69 70-79 80 y más
Pampeana
Patagonia
Centro
CABA
Cuyo
NOA
GBA
NEA
ueno y muy bueno
B 74,7 64,2 71,7 73,4 58,8 60,4 73,0 80,0
Regular 21,5 31, 24,6 22,0 34,1 35,9 23,5 16,2
Malo y muy malo 3,8 4,3 3,7 4,6 7,1 3,7 3,5 3,8
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
Pampeana
Patagonia
Centro
CABA
Cuyo
NOA
GBA
NEA
ersona del hogar
P 61,0 72,0 20,1 62,6 64,1 81,4 15,4 24,6
Empleada doméstica 3,6 3,5 8,3 10,4 4,9 3,8 5,8 16,4
Persona contratada especialmente 17,4 5,1 44,2 5,4 7,9 6,6 - 26,6
Programa de cuidado a domicilio 1,6 - 5,1 - 5,2 - - 5,2
Familiar o amigo s/convivencia 16,4 19,4 22,3 21,6 17,9 8,2 78,8 27,2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la ENES-Pisac.
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Acerca de los autores
arcela Cerrutti.
M Licenciada en S ociología (UBA), magís-
ter en Ciencias Sociales (Flacso) y doctora en Sociología con especia-
lización en Población (Universidad de T exas en Austin). Investigadora
independiente del Conicet en el Cenep y profesora titular (Unsam).
Vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de P oblación.
626 la argentina en el siglo xxi
aniel Jones.
D Licenciado en C iencia P
olítica y doctor en
Ciencias
Sociales ( UBA). Investigador adjunto del Conicet. P rofesor
adjunto de la carrera de Sociología (UBA). Profesor del P rograma
Interinstitucional de D octorado en E ducación (Untref, U
NLA, Unsam).
Agustín Salvia. D
octor en Ciencias S
ociales (El Colegio de
México), investigador principal del C
onicet, director del P rograma
acerca de los autores 629
autoridades
Comité Ejecutivo
Mg. Sandra Arito (coordinadora)
Director
Juan Ignacio Piovani
Secretario Administrativo
Román Fornessi
Comité Científico
Coordinación general
Agustín Salvia
Noroeste Centro
Nelva Coria, UNSE Valeria Sassaroli, UNR
Ana Rivas, UNT Valeria Ana Brusco, UNC
Mariana Borrell, UNR
Noreste
Claudia Wrobel, UNaM Partidos del Gran Buenos Aires
Walter Lauphan, UNL-UNER Matías Iucci, UNLP
Mariana Álvarez, UNGS
Patagonia Mariano Olano, UNGS
Susana Lozano, UNPSJB Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Belén Alvaro, UNCo María Laura Raffo, UBA
Pampeana Silvina Ramos Margarido, UBA
Ana Nuñez, UNMDP Cuyo
Iván Galvani, UNLP Beatriz Echegaray, UNCu
María Lourdes Farías, UNLP Evelin Becerra, UNSL
Coordinación local
Carga de datos
Centro de Estudios de Población (Cenep)
Matias Bruno (coordinador)
Silvia Frumkin (supervisora)
Graciela Cencin (supervisora)