ESCUELA MILITAR DE INGENIERÍA

MCAL. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE

BOLIVIA

HIDROCARBUROS, NACIONALIZACIONES DE
BOLIVIA

CARRERA: Ingeniería Petrolera

SEMESTRE: Decimo “A”

MATERIA: Materia militar (Realidad Nacional)

ESTUDIANTES: Carmen Rosa. Zurita Veizaga C7032-7

Kevin Carlos Zurita Encinas C7101-3

DOCENTE: Cnl. DAEN. Remy Franz Bustamante Berrios

FECHA: 24/08/2020

COCHABAMBA, 2020
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 ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN......................................................................................................3
2. ANTECEDENTES....................................................................................................4
3. DESARROLLO.........................................................................................................5
3.1. PRIMERA NACIONALIZACIÓN........................................................................5
3.2. SEGUNDA NACIONALIZACIÓN.......................................................................7
3.2.1. Ley de Hidrocarburos Nº 1194..................................................................10
3.2.2. Ley de Hidrocarburos Nº 1689..................................................................11
3.3. TERCERA NACIONALIZACIÓN.....................................................................13
4. ANÁLISIS DEL TEMA PLANTEADO.....................................................................16
5. CONCLUSIONES...................................................................................................18
6. RECOMENDACIONES..........................................................................................19
7. BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................19

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1. INTRODUCCIÓN.

Históricamente la vida económica, política y social de Bolivia ha estado marcada por la

intensidad de la industria extractiva. Desde el siglo XIX hasta la actualidad, el país ha
atravesado diferentes ciclos económicos cuyos protagonistas han sido los recursos
naturales.

Tras el pasar de los años Bolivia tuvo grandes conflictos históricos bilaterales con
países vecinos, así como gobiernos incapaces que explotaban los recursos naturales
dejando al país en la pobreza.

Tras la revolución industrial consecuentemente se dio mas importancia a la producción

de hidrocarburos, que en síntesis es una mezcla de componentes carbono e hidrogeno.
Se encuentra en subsuelo y es utilizado en un sinfín de productos e industrias.

Entre las primeras empresas que en el ámbito mundial iniciaron actividades de

exploración, producción, refinación y comercialización del petróleo y sus derivados se
encuentran las llamadas siete hermanas:

Exxon, Standard Oil, Socuz Vacum Company, Texas Oil Company, Gulf Oil Company,
Royal Dutch Shell y British Petroleum Company.

La Empresa Satandard Oíl Company arribo en Bolivia, tras explotación de los recursos
sin obtener ningún beneficio al país, y bajo las acciones de esta transnacional con el
país en la guerra del chaco, se dio inicio a la nacionalización de los hidrocarburos en
Bolivia con el objetivo de generar recursos que beneficien a todos los sectores del país.

posteriormente se dio paso a dos nacionalizaciones más debido a la privatización de la

estatal petrolera que ocurrió bajo distintos gobiernos que eran influenciados por el
interés de países extranjeros de controlar los recursos naturales de Bolivia.

En la actualidad la estatal petrolera YPFB es la empresa estratégica mas importante

para los bolivianos, es la encargada de realizar toda la cadena hidrocarburífera,
encargada de vender los hidrocarburos se genera ingresos para la educación, salud,
economía de todos los bolivianos.

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2. ANTECEDENTES.

Para comienzos de 1900, la mineral plata fue el recurso que movilizó la economía
nacional durante varias décadas, fue perdiendo dinamismo y tuvo una caída en los
precios internacionales por el auge de la explotación del estaño, debido a estas
circunstancias se dio inicio del auge de la industria de hidrocarburos. En los años 1922
la transnacional petrolera Standard Oíl Company inicio sus operaciones con el primer
pozo exitoso en bermejo.

Debido a los conflictos existentes años posteriores referentes a la guerra del chaco,
donde la transnacional petrolera incumplió las leyes del país, vendiendo los
hidrocarburos de Bolivia al país de Paraguay por medio de argentina, debido a esta
acción la población hizo conocer su descontento y en el gobierno del Gral. Toro se
realiza la primera nacionalización en Bolivia, transformando los patrimonios del
standard Oíl company en Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB.

Posteriormente por los años 1952, en el gobierno de Víctor Paz Estensoro del partido
MNR, se dio lugar a la privatización de la estatal petrolera YPFB, mediante la
promulgación del código Davenport, que selló la liquidación de YPFB, entregando el
manejo de los hidrocarburos a la transnacional Gulf Oíl Company.

Años posteriores tras gobiernos que permitieron la explotación de los recursos

hidrocarburíferas donde las principales ganancias se la lleva la transnacional, el año
1969 bajo la presidencia del Gral. Ovando se promulgo decreto supremo de la
nacionalización de The Bolvivian Gulf Company.

En los años 1980-1990, bajo gobierno de Víctor paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de
Lozada se entregó los sectores estratégicos de Bolivia a las transnacionales bajo leyes
y decretos comenzó la privatización, se concretó el año 1993 con la creación de la ley
de hidrocarburos N° 1689 financiado por el banco mundial promulgada el año 1996.

Tras la división de YPFB en 4 empresas de control extranjero, se inició la sublevación

de la población tras conocer el inicio de exportación del gas natural hacia Estados
Unidos y México por medio de Chile, desato la convulsión social en la llamada guerra
del gas, donde posteriormente el año 2005, bajo la presidencia de Morales se realizó la
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modificación de la ley de hidrocarburos y devolver el control de las principales
empresas estratégicas hidrocarburíferas, donde el 2006 se realiza el decreto de
nacionalización donde el estado recupera la propiedad, posesión, control total y
absoluto de los recursos del país.

3. DESARROLLO.

3.1. PRIMERA NACIONALIZACIÓN.

Para la realización de las primeras actividades de exploración y explotación en Bolivia,

se aplicaron las leyes norteamericanas que establecían la propiedad del petróleo a la
empresa que había realizado cualquier hallazgo; sin embargo, durante el Gobierno de
Juan Bautista Saavedra, se impuso la legislación española sobre el tema, la misma que
establecía que el Estado era propietario de todo el territorio y, por ende, las empresas
debían pagar regalías y patentes por la explotación de hidrocarburos en el país. El
término regalía fue aplicado como resultado de lo que se acostumbraba a pagar al Rey
de España por la explotación de las tierras. Las primeras concesiones otorgadas por el
gobierno boliviano no presentaron actividades ni resultados significativos hasta la
llegada de la Standard Oíl Company de Nueva Jersey a Bolivia, en 1921. Esta empresa
ingresó al país para realizar trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos,
como consecuencia de la transferencia del contrato de concesión por parte de la
compañía Richmond Levering, que fue una de las primeras empresas en obtener
concesiones petroleras. Es así que la Standard Oíl llega a abarcar un territorio
concesionado de aproximadamente ocho millones de hectáreas, cuyos trabajos de
exploración geológica se centraron básicamente desde el sur del departamento de
Santa Cruz hasta el departamento de Tarija, conocido como el Subandino sur.

En 1924 esta empresa descubrió el campo Bermejo, en 1926 Sanandita, en 1927

Camiri y en 1931 instaló refinerías en estas dos últimas localidades. Pero esta empresa
tendría problemas legales de gran envergadura con el estado boliviano. A partir de
1931 empezó a retirar equipo y maquinaria del país e incluso realizó exportaciones
clandestinas a Argentina y Paraguay. Durante la Guerra del Chaco (donde se peleó por
territorio donde hipotéticamente había petróleo con Paraguay) se rehusó a suministrar
petróleo al gobierno boliviano para las Fuerzas Armadas en 1932. Estos hechos
tensionaron la relación entre estado y empresa. Cuando los militares asumieron el
5
poder después de la guerra, la imagen y reputación de la empresa estaba gravemente
dañada. En 1935, el presidente José Luís Tejada inició un juicio contra la empresa por
fraude y por las denuncias de exportaciones clandestinas de petróleo entre 1926 y
1927. Esta denuncia fue probada y luego admitida por la empresa.

Concluida la Guerra del Chaco, en 1935, y debido a la importancia que adquirió el

petróleo en el ámbito internacional, en Bolivia nació la idea de crear una empresa
petrolera estatal que se dedique a explorar y producir hidrocarburos, a fi n de poder
abastecer de combustibles el mercado interno y contar con ingresos propios para el
desarrollo del país. Durante el gobierno del general David Toro, se decidiera la
caducidad de todas las concesiones de la Standard Oíl en territorio boliviano expropió y
confiscó bienes de la empresa por cargos de traición a la patria y la reversión total de
sus bienes a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), este
recurso debía ser manejado por el Estado boliviano, se creó Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB), como la primera empresa estatal del mundo, con
personería jurídica y autonomía propia, ya que en aquellos tiempos no había otra
empresa petrolera con estas características, creada el 21 de diciembre de 1936.
Finalmente, en 1942, luego de varias solicitudes presentadas, y a cambio de la
información geológica obtenida por la Standard Oíl durante el tiempo de permanencia
en Bolivia, se llegó a un acuerdo de indemnización por un millón de dólares
aproximadamente, equivalente a unos sesenta millones de dólares en la actualidad
Creación de YPFB

Entre las tareas más importantes que YPFB tenía que asumir se encontraban la
exploración, explotación, comercialización, transporte y exportación de petróleo y sus
derivados en todo el territorio nacional. De igual forma, debía poner mucho énfasis en la
formación de recursos humanos técnicos, muy escasos en ese tiempo, para poder
interiorizarse, en el menor tiempo posible, en el desarrollo de la industria, ya que luego
de la expulsión de la Standard Oíl ninguna otra empresa internacional llegó a Bolivia,
ocasionándose una paralización de las actividades hidrocarburíferas.

En 1941, la producción tomó impulso, llegado a 230.000 barriles por año (BPA).
Posteriormente en 1942 logró producir 334.000 BPA. En 1953, Camiri llegaba a
producir 1.58 millones de BPA. Para 1954, producía 2.8 millones de BPA.

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3.2. SEGUNDA NACIONALIZACIÓN

Durante la presidencia del Dr. Víctor Paz Estenssoro (1952-1956), y producto de la

promulgación del Código Davenport, privatización de YPFB, entregando las áreas de
reservas y consumando la falta de inversión en equipos petroleros para la empresa
estatal. Esta ley derogó formalmente la de 1921 y marcó un retroceso al no establecer
reglas de juego claras para la concesión, exploración y explotación de los recursos
hidrocarburíferos del país. Respecto a las utilidades, fijó para el Estado apenas el 19%
sobre la producción, lo que en términos generales significó 20% para el Estado y 80%
para las compañías.

Llegó a Bolivia la empresa norteamericana Gulf Oíl Company a la que se dio en

concesión las áreas que hasta ese entonces YPFB exploraba y sobre las cuales poseía
importante información geológica. La Gulf Oíl Company realizó muy pocos esfuerzos
para encontrar, en corto tiempo grandes reservas gasíferas en los campos de Colpa,
Caranda, Río Grande, El Palmar, la Peña y Yapacaní. No obstante, también derogó
importantes cantidades de dinero en trabajos de exploración en aquellas áreas
ubicadas hacia el sur del campo Camiri, cuyos resultados fueron negativos.

Una vez declarados los campos de Colpa, Caranda y Río Grande comercialmente
productores, la Gulf Oíl Company propuso al Dr. Paz Estenssoro la provisión gratuita de
gas natural para el fortalecimiento de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
durante un periodo de 10 a 15 años, como señal de apoyo a las políticas nacionales.

En esos tiempos, la COMIBOL se encontraba en una mala situación económica y se

había convertido en una empresa muy politizada, con baja capacidad técnica y sin
capital de inversión. Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por el Ing. Mariaca,
este ofrecimiento solamente fue una estrategia aplicada por la Gulf Oíl Company para
posteriormente llevar a cabo un plan de empoderamiento político en el país.

Entre 1961 y 1962, Gulf Oíl descubrió los pozos petrolíferos de Caranda, Colpa y Río
Grande. Así quedó abierta la pugna: la Gulf exigió condiciones absolutas al gobierno del
MNR y de Barrientos para adjudicarse el derecho de propiedad del gas y los
oleoductos. Lo curioso del caso, consistió en que el antinacional Código Davenport no

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determinó con suficiente claridad si el gas descubierto en las concesiones petroleras
pertenecía al Estado o a las compañías.

En 1968, una junta militar a la cabeza del general Alfredo Ovando Candia tomó el
Gobierno tras la muerte de René Barrientos. Ovando se apoyó en intelectuales entre los
que se encontraba Marcelo Quiroga Santa Cruz, nombrado ministro de Minas y
Petróleo; el principal impulsor, junto a Sergio Almaraz, de la idea de nacionalizar la Gulf
y casi inmediatamente, en fecha 17 de octubre del mismo año, decidió revertir las
concesiones de la Gulf Oíl Company al Estado, así como nacionalizar todos sus bienes
e instalaciones, incluidos muebles, medios de transporte, estudios, planos, proyectos y
todo otro bien, sin excepción alguna.

Producto de esta nacionalización, la Gulf Oíl Company entró en disputa con el gobierno
boliviano y aplicó un embargo petrolero que impedía a Bolivia la comercialización del
petróleo producido y la continuación de la construcción del Gasoducto Bolivia -
Argentina, que hasta entonces presentaba un avance de 10%, aproximadamente.

Tras intensas negociaciones el Gobierno promulgó el decreto del 11 de septiembre de

1970, un año después de la nacionalización. Se fijó para la Gulf una indemnización de
$us 101.098.961,11 menos descuentos del 22%, $us 78.622.171, suma establecida por
la compañía francesa Geopetrole para pagar las inversiones netas, más los inventarios
de la norteamericana.

Con la nacionalización se recuperó el 90% de las reservas de gas que estaban en

manos de la transnacional, ganando para YPFB el mercado argentino, como lo había
planteado Almaraz. El país terminó ganando $us 5.000 millones en reservas de gas
recuperadas.

Un año después, el coronel Hugo Banzer consolidó un golpe de Estado y pronto

favoreció los intereses de EE. UU. y Brasil. El 28 de marzo de 1972 aprobó la Ley
General de Hidrocarburos, medida que otorgó nuevos privilegios a las transnacionales.
A pesar de todo, la exportación de gas a Argentina se realizó por medio de YPFB,
posibilitando enormes ingresos al tesoro de Bolivia en los siguientes 29 años.

Luego de la abrogación del Código Davenport, en 1969, el General Banzer promulgó, el

28 de marzo de 1972, la primera Ley General de Hidrocarburos. Una de las principales

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características de esta nueva norma fue la eliminación del Régimen de Concesiones y
el establecimiento de nuevos modelos de contratos petroleros: el Contrato de
Operación y el Contrato de Servicios Petroleros.

Un Contrato de Operación es aquel por el cual el contratista ejecuta con sus propios
medios y por su exclusiva cuenta y riesgo, pero en nombre de YPFB, las operaciones
correspondientes a las fases de exploración y explotación dentro del área, materia del
contrato, bajo el sistema de retribución.

En cambio, un Contrato de Servicios Petroleros es aquel por el cual YPFB o el

contratista de un contrato petrolero estipula con un tercero la prestación de un
determinado servicio o la ejecución de una obra específica de índole técnica
especializada, como por ejemplo la perforación de pozos, alquiler de maquinaria,
provisión de materiales, etc.

De igual forma, a través de la promulgación de esta ley, se devuelve a YPFB el rol

protagónico en todas las actividades de la cadena de hidrocarburos, asignándole
facultades para la exploración y explotación del territorio nacional, así como para el
transporte, refinación, industrialización, almacenaje y comercialización de hidrocarburos
y sus derivados.

También se faculta a YPFB para llevar a cabo todas las fases de la industria petrolera,
ya sea a través de terceros, contratando servicios especializados o en sociedad con
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Después vinieron otras medidas tendientes a lo mismo impulsadas por el presidente

Víctor Paz Estensoro (1985-1989), y más tarde Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-
1997) quien acabó de entregar los sectores estratégicos a las compañías
transnacionales apoyándose en leyes para el efecto. A él se le atribuyen la Ley de
Capitalización (No. 1544), la Ley de Hidrocarburos (No. 1689), la Ley de Regulación
Social, y las modificaciones en la Legislación Tributaria (Ley 843), que legitimaron la
entrega de activos, instalaciones y reservas probadas de gas y petróleo a las empresas
transnacionales.1 El proceso de privatización ocurrió mediante la puesta en marcha de
normas, leyes, decretos, reglamentos y varios “anexos” poco conocidos que sirvieron
para legalizar la virtual entrega, de forma gratuita, a las empresas extranjeras en lo que

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son los dos procesos fundamentales de la industria: 1º la exploración y explotación; 2°
la refinación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización.

En este proceso la participación del Banco Mundial fue medular. La dificultad de los
pagos de la deuda externa del gobierno boliviano fue el

argumento para que el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
amparados en Consenso de Washington, impusieran programas de ajuste estructural
(reducción de déficit fiscal, traspaso de excedentes de las empresas públicas al tesoro
de la nación) encaminados a desestructurar la empresa pública la que, una vez
debilitada, se entregó a las corporaciones privadas

3.2.1. Ley de Hidrocarburos Nº 1194

En fecha 1° de noviembre de 1990, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora se

promulga la Ley de Hidrocarburos Nº 1194, cuyo objetivo principal era otorgar mejores y
mayores garantías a los inversionistas privados, especialmente a los capitales
extranjeros que trabajaban en el área petrolera, relegando a YPFB del papel central que
tenía en el sector, abarcando todas las fases de la industria.

Este objetivo está plasmado en el artículo cuarto de la ley citada: ”Artículo 4º.-
Declárase de necesidad nacional la actividad de las personas jurídicas, nacionales o
extranjeras que en relación contractual con Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos, bajo alguna de las modalidades previstas en la presente Ley, exploren, y/o
exploten, refinen e industrialicen hidrocarburos y/o instalen plantas industriales de
procesamiento y transformación de hidrocarburos, sin mayores límites que los
establecidos por la Constitución y las leyes vigentes al momento de promulgarse la
presente ley.”

Otro de los aspectos relevantes de la Ley 1194 fue la definición de un nuevo modelo de
contrato petrolero: el Contrato de Asociación. Este tipo de contrato establece que YPFB
podrá realizar las fases de exploración y/o explotación de la industria de hidrocarburos,
en forma conjunta con terceros o, una vez declarado comercial un descubrimiento,
podrá ejercer su opción para asociarse. En este último caso, YPFB deberá reembolsar
al contratista o asociado la cuota parte de los costos directos de exploración,
efectuados por el contratista o asociado, hasta la declaratoria de comercialidad del

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campo, es decir que YPFB reconocía aquellos costos correspondientes únicamente a
resultados exitosos de perforación. Con relación al régimen fiscal establecido mediante
esta ley, se crea la Regalía Nacional Compensatoria equivalente a 1% del valor de la
producción bruta pagadera en 2/3 al departamento de Beni y 1/3 a Pando, por
considerarse departamentos en vías de desarrollo, conforme a lo dispuesto en la Ley
981, de 7 de marzo de 1988. Asimismo, se establece un Impuesto a las Utilidades de
40% sobre la utilidad neta resultante de la aplicación de los Contratos de Operación o
Asociación.

3.2.2. Ley de Hidrocarburos Nº 1689

La ley de hidrocarburos financiado por el propio Banco Mundial entre las

recomendaciones sugeridas estaban los campos con reservas probadas debían quedar
en manos de las empresas privatizadas (capitalizadas), En diciembre de ese año
Sánchez de Lozada firmó contratos de asociación con ENRON quien pasó de socio a
dueño de recursos gasíferos. El dinero que aportó la empresa para ser parte de la
asociación, sería manejado por la propia compañía. Así, se pusieron en sus manos los
activos tangibles (reservas e infraestructura) e intangibles, entre ellos el atractivo
prospecto que representaba el mercado brasileño para las exportaciones del gas
boliviano. Además, se incluía una cláusula de confidencialidad que prohibía hacer
público el contenido del contrato.

La privatización llevada a cabo en este proceso de “capitalización” significó dividir en

cuatro empresas a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) tres de capital
mixto (50/50), sociedades anónimas cuya gestión quedó en manos privadas. Entre
éstas estaba Chaco (AMOCO); Andina (YPF, Pluspetrol, Perez Companc) y Transredes
(ENRON, Shell, British y Petrobras) las que se apropiaron de gasoductos y oleoductos y
toda la infraestructura a cambio de promesas de inversión.

Posteriormente, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en fecha 30 de

abril de 1996, se aprobó la Ley de Hidrocarburos Nº 1689, que eliminó los Contratos de
Operación y de Asociación, estableciendo únicamente los Contratos de Riesgo
Compartido, con una vigencia de 40 años. Esta ley, además, declara libres las
actividades de transporte, refinación comercialización, exportación e industrialización de
hidrocarburos, y deja que cualquier persona, individual o colectiva, pública o privada,
11
pueda realizar esas actividades con la sola condición de que se registren en la
Superintendencia de Hidrocarburos, instancia que se crea para la regulación del sector.

En cuanto al régimen tributario, se hace una diferenciación entre hidrocarburos nuevos

y existentes, algo inusual en la industria petrolera. Los hidrocarburos nuevos eran
aquellos cuya producción iba a iniciarse a partir de la promulgación de esta ley y
estaban sujetos al pago del 11% de Regalía Departamental, 1% de Regalía Nacional
Compensatoria y 6% como participación de YPFB, totalizando un pago de 18% sobre
el valor de la producción.

Los hidrocarburos existentes eran aquellos que a la fecha de vigencia de esta ley ya se
encontraban en producción y estaban sujetos, además del 18% citado
precedentemente, a una Participación Nacional de 19% y una Regalía Nacional
Complementaria de 13%, totalizando un pago de 50% sobre el valor de la producción.

Esto llevó a debilitar deliberadamente su papel fiscalizador, el cual era ya de por sí

precario por ser la de Bolivia la tributación más baja de la región.7 El costo resultante
de la privatización en el país ha sido estimado en US $3.2 mil millones, un equivalente
al 64% de la deuda boliviana. Lo que significa que por cada dólar que ingresó por
concepto de impuestos y regalías (1996 a 2002) el Estado dejó de percibir otros 2
dólares.

Referéndum vinculante y Ley de Hidrocarburos Nº 3058

Luego de los procesos de capitalización y privatización de YPFB, y a consecuencia de

un posible contrato de exportación de gas natural a Estados Unidos a través de un
puerto chileno, durante el año 2003, surgieron movimientos sociales que se conoce en
la historia como “Guerra del gas” exigiendo la recuperación de los hidrocarburos por
parte del Estado y la expulsión de las empresas petroleras que se encontraban en el
país.

Producto de estos movimientos sociales, se inició la elaboración de una nueva Ley de

Hidrocarburos que contemple condiciones económicas más favorables para el Estado y
modifique las condiciones del sector hidrocarburos, potenciando a YPFB para que
asuma todas las actividades de la cadena de hidrocarburos.

12
 Así, en fecha 18 de julio de 2004, a través de un referéndum vinculante, el pueblo
soberano decidió, por mayoría absoluta, la recuperación de la propiedad de todos los
hidrocarburos en boca de pozo, la refundación de YPFB para que pueda participar en
toda la cadena productiva de hidrocarburos y una renta petrolera igual a 50% del valor
del gas natural y petróleo, a favor del país.

Por todos estos antecedentes, el 17 de mayo de 2005, el Congreso Nacional promulgó

la Ley de Hidrocarburos N° 3058, a través de la cual se eliminó el régimen de los
contratos de Riesgo Compartido y se establecieron tres tipos de contrato: Contrato de
Operación, Contrato de Asociación y Contrato de Producción Compartida.

Se menciona al Movimiento al Socialismo (MAS), partido opositor en ese tiempo,

como actor principal en gran parte de la elaboración de esta ley, la misma que, a pesar
de pretender la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de
pozo para el Estado boliviano, eliminó la participación de 6% a favor de YPFB,
dejándolo prácticamente sin recursos para su funcionamiento.

El régimen fiscal establecido en esta nueva ley eliminó la clasificación entre

hidrocarburos nuevos y existentes e instauró un solo régimen para todos, manteniendo
el 18% de regalías y participaciones y creando un Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH) de 32% sobre el valor de la producción fiscalizada, aplicable a todos los campos
hidrocarburíferos. La participación de 6% de YPFB fue reasignada a favor del Tesoro
General de la Nación.

3.3. TERCERA NACIONALIZACIÓN

Producto de las elecciones realizadas a fines del año 2005, el Movimiento al

Socialismo, representado por Evo Morales Ayma, asumió la Presidencia de la
República el 22 de enero de 2006. Entre las primeras medidas que adoptó este
gobierno fue la promulgación del Decreto Nº 28701 de Nacionalización de los
Hidrocarburos “Héroes del Chaco”. El objetivo de esta norma fue recuperar, a favor del
Estado, la propiedad y el control absoluto y total de los recursos naturales
hidrocarburíferos del país.

 Además, con la emisión de este decreto, se pretendía que las empresas petroleras que
realizaban actividades de producción de gas natural y petróleo entregasen toda esta
13
producción a YPFB, empresa que definiría nuevas condiciones comerciales, aplicando
una política de reposición de reservas que no fue aplicada luego del proceso de
capitalización.

Todo el andamiaje jurídico del Estado boliviano intentó dar un viraje a las leyes de
capitalización Con la lógica de que fue una nacionalización sin expropiación porque
hubo un proceso de privatización sin la venta de la empresa pública, sólo se
“nacionalizaron” las acciones para que el Estado asumiera el control de 50% más una
de las empresas transnacionales con base en el monto de las inversiones.

Bajo este nuevo marco, las empresas petroleras pasarían a ser “socias” del Estado, a
través de YPFB, y no “patrones”. Quizá la medida inmediata más efectiva y visible de
cambio fue la aplicación, durante un periodo de seis meses, de una participación para
YPFB equivalente a 32% del valor de la producción, adicional al pago de 50% que ya se
tributaba a partir de la vigencia de la Ley Nº 3058. Hay que aclarar, sin embargo, que
esta participación no se aplicaba a todos los campos, sino solamente a aquellos cuya
producción de gas natural se encontraba por encima de los 100 millones de pies
cúbicos por día, es decir que esta participación se aplicaba prácticamente a los
megacampos San Alberto y Sábalo, operados por la empresa Petrobras Bolivia S.A.

Otra medida importante fue la conminatoria para la suscripción de nuevos contratos

petroleros, los mismos que debían ser firmados dentro de un plazo máximo de 180
14
días, en las condiciones establecidas por el Gobierno nacional, caso contrario, las
empresas petroleras no podían seguir operando en el país.

Entre mayo y noviembre de 2006 se negociaron 44 contratos con 12 compañías

diferentes, mismos que entraron en operación en mayo de 2007. En este último año el
proceso de nacionalización había significado para YPFB tomar 100%de las acciones de
Petrobras a partir de la empresa Bolivia-Refinación S. A.; de convertirse en accionista
mayoritario de Andina S. A. y del Chaco S. A.; asumir 100% de las acciones de CLHB; y
97% de las acciones de Transredes S. A. En el caso de REPSOL la nacionalización se
tradujo en un contrato de traspaso de acciones firmado entre YPFB, que recuperaría
51% y, REPSOL YPF, que compartiría la administración de Andina.

Con el control de estas empresas se pretendía que YPFB retome las actividades de
exploración, explotación, transporte, refinación, almacenaje y comercialización de todos
los hidrocarburos en el territorio nacional.

De acuerdo con el Decreto de Nacionalización, YPFB debía reestructurarse de manera

integral y debía convertirse en una empresa modelo, transparente y eficiente.
Lamentablemente ese cambio tan esperado aún no se ha producido, ya que la empresa
petrolera todavía se encuentra en una situación muy crítica, con falta de recursos
humanos, técnicos y económicos. La información sobre el sector todavía es muy
escasa y los datos que se publican de manera oficial no son presentados de manera
oportuna.  

Respecto a otras determinaciones de esta tercera nacionalización, no se puede dejar

de mencionar la transferencia a favor de YPFB, a título gratuito, de las acciones del
Fondo de Capitalización Colectiva de las empresas capitalizadas Chaco S.A., Andina
S.A. y Transredes S.A., que eran administradas por las AFP.

Siguiendo con el proceso de nacionalización, posterior a la suscripción de los nuevos

Contratos de Operación, YPFB inició negociaciones con la empresa

Petrobras Refinación S.A., a fi n de recuperar las principales refinerías del país.

Producto de estas negociaciones, en junio de 2007, YPFB compró el 100% de las
acciones de las refinerías Guillermo Elder Bell y Gualberto Villarroel, hasta entonces
propiedad de Petrobras Refinación, en 112 millones de dólares americanos.

15
Así, más que una nacionalización de las refinerías del país fue más bien un proceso de
concertación y compra de las empresas por parte de YPFB, sin existir de por medio
procesos de confiscación de bienes y/ o pagos por indemnización.  

Como siguiente paso, YPFB decidió adquirir el 50% + 1 de las acciones de la Compañía
Logística de Hidrocarburos Bolivia (CLHB) encargada del transporte y almacenaje de
productos derivados como gasolina, Diesel Oíl, GLP, etc. Luego de intensas
negociaciones en las que CLHB no cedía, el Gobierno emitió, en fecha 1º de mayo de
2008, el Decreto Supremo Nº 29542, a través del cual YPFB adquiere el 100% de las
acciones, pagando un monto total de 12 millones de dólares americanos,
aproximadamente.

La siguiente empresa que fue adquirida por YPFB fue Transredes S.A., cuyas acciones
fueron “nacionalizadas” Batería de producción del campo Camiri, década de los años
50. mediante Decreto Supremo Nº 29586, de fecha 2 de junio de 2008. El costo de esta
adquisición, de acuerdo con información proporcionada por el Gobierno, fue de
aproximadamente 240 millones de dólares.

La empresa Andina S.A. llegó a un acuerdo para que YPFB adquiera el 50% + 1 de sus
acciones, tomando el control de esta y participando de manera conjunta en la
administración de la empresa, toma de decisiones y operación de los campos que se
encuentran bajo contrato.

Finalmente, en fecha 23 de enero de 2009, el Gobierno emitió el Decreto Supremo Nº

29888, mediante el cual “nacionaliza” la totalidad de las acciones de la empresa Chaco
S.A., a un costo aproximado de 233 millones de dólares americanos. A diferencia de las
primeras nacionalizaciones de los hidrocarburos en Bolivia, la tercera no se produjo
bajo políticas de confiscación de bienes y resolución inmediata de contratos, sino que
respondió a un proceso de concertación y negociación de nuevas condiciones
económicas para la suscripción de nuevos contratos, así como para la adquisición del
total del paquete accionario de aquellas empresas capitalizadas y privatizadas.

4. ANÁLISIS DEL TEMA PLANTEADO.

El 1º de mayo de 2006 se hizo la promulgación del Decreto Supremo (D.S.) Nº 28701,

“de Nacionalización de Hidrocarburos, Héroes del Chaco”. Entre los principales logros

16
de esa medida, Bolivia, a través de su empresa petrolera nacional YPFB, recuperó la
propiedad de los hidrocarburos producidos.

Hasta antes de esa medida, las empresas petroleras decidían dónde vendían y
determinaban las condiciones de venta de los hidrocarburos. Sin embargo, a partir del
DS 28701, es la estatal YPFB, como dueña de la producción, la que decide el destino y
las condiciones de su comercialización.

Un segundo aspecto es que, mediante este decreto, se recuperó la propiedad

mayoritaria del Estado en las empresas que habían sido capitalizadas. Esto es
importante porque al ser actividades encadenadas adoptan un carácter estratégico y es
el Estado el que puede decidir el desarrollo del sector en toda la cadena de valor. No
obstante, a la fecha, las empresas YPFB Andina y YPFB Chaco no han podido realizar
descubrimientos de reservas de la magnitud de Sábalo o San Alberto (Tarija), como lo
hiciera YPFB a inicios de los años 90.

Un tercer punto a considerar de la norma promulgada hace 10 años es que obligó a las
empresas petroleras a renegociar sus contratos de exploración y explotación de
hidrocarburos, otorgándoles un plazo de seis meses para la adecuación. En octubre de
2006 se suscribieron 44 contratos con todas las empresas petroleras que operaban en
Bolivia, sin que ninguna empresa petrolera se fuera del país.

Como consecuencia de esta política y de la implementación de nuevos contratos –cuya

administración era aún desconocida para ambos actores– se sembró un clima de
incertidumbre en la industria, que derivó en una falta de inversión en exploración por
parte de las empresas privadas. A partir de esas condiciones, la nacionalización
permitió incrementar la actividad de explotación de hidrocarburos en Bolivia,
alcanzando cifras récord de producción en la historia del país, en especial de gas
natural.

17
Como se observa en el gráfico, si bien se tuvo un incremento importante en los
volúmenes producidos de gas natural, esto se debió, en gran medida, a la inversión
realizada en las actividades de explotación; es decir, al desarrollo de campos que ya se
encontraban en producción a fin de recuperar la mayor cantidad de reservas existentes,
ello resulta evidente al observar el comportamiento en la producción diaria de los tres
megacampos: Sábalo, San Alberto y Margarita–Huacaya, siendo este último el que
incrementó en mayor medida su producción.

5. CONCLUSIONES.

 La nacionalización de los hidrocarburos se basa, principalmente, en retomar el

control de toda la cadena productiva por parte de YPFB y recuperar las empresas
capitalizadas, en tal sentido, al estar YPFB a cargo de la gestión del sector
hidrocarburos es la instancia que debe asumir la responsabilidad de los aciertos y
desaciertos de la misma.
 El aporte del Decreto de Nacionalización Nº 28701 a la renta estatal fue, en
promedio, de 16% sobre el total, debido a la participación de YPFB en las
utilidades de los nuevos contratos petroleros. En consecuencia, los principales
factores para el incremento de la renta petrolera fueron la subida del precio

18
 internacional de los hidrocarburos, la creación del IDH y el aumento en los
volúmenes de producción.
 La producción de hidrocarburos se ha incrementado en 50% en los últimos cinco
años, sin embargo, ello implica una explotación más rápida de reservas ya
conocidas y no así nuevos descubrimientos de gas natural o petróleo.
 El Pacto Fiscal es el escenario adecuado para debatir un nuevo régimen fiscal
que, para el caso de los hidrocarburos, permita dar sostenibilidad a la actividad
exploratoria, además de definir una mejor distribución, uso y destino de la renta
hidrocarburífera.

La voluntad del pueblo boliviano expresada en un referéndum y la medida adoptada por

el gobierno de nacionalizar los hidrocarburos que estaban en poder de empresas
transnacionales, tuvo un evidente impacto positivo en la economía boliviana, reflejado
en un crecimiento promedio de 4,7 por ciento del PIB entre 2005 - 2012, como
consecuencia de tener variables macroeconómicas estables y favorables y gracias a la
exportación del gas natural, a través de la venta de este energético a los mercados de
Brasil y Argentina. Asimismo, este crecimiento de la exportación del combustible fósil
genera primero renta petrolera que significa ingreso corriente para el Tesoro General de
la Nación y en segundo lugar genera ingresos de divisas al país, divisas que es un
activo importante de las reservas internacionales que administra el Banco Central de
Bolivia, por lo cual este ingreso de divisas engrosa la acumulación de las reservas
internacionales, repercutiendo en la solvencia del país, llegando a tener una calificación
por parte de instituciones especializadas, de país con Gran Solvencia, para hacer frente
a eventualidades y contingencias futuras y a obligaciones contraídas de deuda pública

6. RECOMENDACIONES.

Hacer una auditoria por tanta corrupción que hubo, más que todo para tener una
industrialización racional.

Hacer cumplir con las leyes y decretos. Donde es válido puntualizar en estos aspectos:
con las 62 atribuciones de la Cámara de Diputados acerca del nombramiento del
presidente titular de YPFB que de acuerdo a estatutos debe ser profesional de
experiencia con no menos de 10 años de probada práctica en la materia.

19
En el artículo 8 de “Disposiciones Transitorias” de la nueva Constitución Política que
indica que la migración de concesiones al nuevo régimen constitucional “en ningún caso
supondrá el desconocimiento de derechos adquiridos” (leáse derechos obtenidos por
las petroleras extranjeras en los contratos de octubre de 2006), de manera que los
enunciados relativos a la nulidad de acuerdos que violen la Constitución y el
enjuiciamiento de sus autores por traición a la Patria se han convertido en papel
mojado, pese a mantenerse en el nuevo texto. Transparentar las auditorías petroleras
establecidas en el D.S. 28701 de los contratos de producción compartida firmadas con
las compañías en octubre de 2006.

7. BIBLIOGRAFÍA

https://www.opinion.com.bo/articulo/opini-oacute-n/nacionalizacion-hidrocarburos-
recomendaciones-expertos/20100504005628341215.html

https://repositorio.umsa.bo/bitstream/handle/123456789/4709/TD1558.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S16658574200900020000

http://redextractivas.org/wp-content/uploads/2019/03/CDC-22-Final.pdf

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