¿Cuáles son los Derechos Humanos más

violados en Colombia?
https://www.candelaestereo.com/curiosidades/derechos-humanos-mas-violados-en-colombia/

 Derecho a la vida: Aunque no existe la pena de muerte, en nuestro país ocurren ejecuciones

extrajudiciales por agentes directos o indirectos del Estado, por organizaciones al margen de la ley,
guerrillas, carteles, etc. De los desaparecidos ni hablar.

 Libertad de opinión y de expresión: En los primeros 6 meses de 2018 se presentaron 123 asesinatos

de líderes sociales y 89 amenazas a periodistas.

 Derecho a no ser sometido a esclavitud ni servidumbre: La forma más común es la trata de blancas,
sin embargo, existen otras modalidades de sometimiento, como la explotación de menores de edad
para labores domésticas sin remuneración.

 Derecho a no recibir daños ni torturas: Todos saben que ocurre, pero está tan naturalizada que la
impunidad es del 90 %.

 Derecho a la no discriminación: 109 lesbianas, gays, bisexuales y transexuales fueron asesinados en

Colombia durante 2017.
1.

Colombia, el tercer país más riesgoso del mundo para los líderes ambientales
Por Santiago Valenzuela*
Así lo evidencia la organización internacional Global Witness, que recuerda que solo en 2017 murieron asesinados 24 defensores del
medioambiente. Y la impunidad reina.

 Francia Márquez, líder ambiental ganadora del premio

internacional Goldman, tuvo que huir del país en 2014
por amenazas contra su vida. 
La defensa del territorio en Colombia se paga con la
vida”. Esto le respondió Francia Márquez, líder
ambiental de las comunidades afrodescendientes del
Cauca, a un periodista español que le preguntó sobre
los riesgos de ser ambientalista. Las palabras de la
ganadora del premio internacional Goldman –
equivalente a un ‘Nobel’ de medioambiente–, tienen
sustento en una cifra dolorosa: después de Brasil y
Filipinas, Colombia es el país más peligroso para
Foto: Danid Amado Pintor
este tipo de líderes, según la organización Global
Witness. En el transcurso de 2017, como ellos
mismos reportaron, murieron asesinados 24 defensores ambientales.

Márquez, como deben hacer otros ambientalistas colombianos, habla desde el exilio. Salió desplazada en 2014 del
municipio de Suárez, Cauca, donde vivía. La razón: sus denuncias constantes sobre la minería ilegal que estaba
destruyendo al río Ovejas, uno de los principales afluentes de su región. Una suerte similar afrontó Jackeline Romero,
líder wayúu amenazada por alertar del peligro de las actividades extractivas. Global Witness recogió uno de los mensajes
intimidantes que le llegaron: “No se meta en lo que no le incumbe, evite problemas, sus hijas están muy lindas y piense
en ellas…”.

Aunque no existen cifras precisas sobre la violencia contra líderes ambientales en Colombia, sí se puede dimensionar el
problema partiendo del informe anual de Somos Defensores, organización que sistematiza la violencia contra los líderes
sociales en el país. Durante 2017, señala el informe, amenazaron a 370 de ellos. La mayoría de amenazas llegaron de
Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, regiones de lucha constante por la tierra, el agro y el ambiente.

La expansión de los grupos ‘posdesmovilización’ (Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia) ha implicado,
directamente, la apropiación y el control de economías ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal. De acuerdo con la
Defensoría del Pueblo, estas banda armadas al margen de la ley ejercen presión contra líderes en Llorente y Tumaco,
Nariño; Argelia, El Tambo, Suárez, Caloto y Corinto, en Cauca; Buenaventura, Valle del Cauca; La Gabarra, Tibú y El
Tarra, en Norte de Santander; y en Tarazá, Caucasia y El Bagre, municipios antioqueños.

En Chocó, el 8 de diciembre de 2017, hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas asesinaron a Hernán Bedoya,
líder de las comunidades afrodescendientes y defensor de las fuentes hídricas en Riosucio, territorio en disputa por el
ELN y las AGC. También causó conmoción el caso de Emilsen Manyoma, una de las líderesas de la red de
Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz). La asesinaron en Buenaventura, en enero de 2017, por
defender los derechos humanos y el medioambiente.
Las cifras más recientes de Somos Defensores comprueban que los líderes que protegen la tierra están en un
riesgo latente. Entre enero y marzo de 2018, dice el informe de esta organización, murieron asesinados 46 líderes
sociales en el país. Varias de las víctimas trabajaban en temas esenciales para el medioambiente.

Una de ellas era Magdalena Cruz Rojas, integrante del Movimiento para la Sustitución de Cultivos de Mapiripán,
asesinada por las disidencias de las Farc. Jesús Orlando Grueso, líder en Guapi, Cauca, uno de los departamentos con
más conflictividad por la tierra, tuvo también un final desafortunado. Trabajaba en el Movimiento Étnico y Popular del
Pacífico y en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) impulsando la
sustitución de cultivos.

Los casos de defensores ambientales asesinados que conocen las instituciones representan la punta del iceberg del
problema. Y la preocupación crece aún más al revisar los niveles de impunidad. En otra investigación, Global Witness y
el Cyrus R. Vance Center for International Justice, revelaron que de 122 casos de defensores del medioambiente
asesinados en Colombia, entre julio de 2010 y junio de 2016, la justicia solo generó condenas en ocho. “Esto ubica la
tasa de impunidad en 92 por ciento”, concluyeron las organizaciones.
*Periodista.
 2. EN COLOMBIA LA SALUD Y LA TUTELA, TRISTEMENTE, VAN DE LA MANO

La primera es un derecho fundamental. La segunda es un mecanismo que tienen que usar miles de colombianos para que las
prestadoras de este servicio los atiendan. ¿Cómo ayuda la Defensoría del Pueblo en estos casos?

 El 72,8 por ciento de las tutelas de salud interpuestas en Colombia son para acceder a servicios que aunque están en el Plan de
Beneficios, no se prestan. 

En 2008 la Corte Constitucional estableció que la salud es un

derecho fundamental de todos los ciudadanos. A partir de ese
anuncio, la acción de tutela ha sido una de las principales
herramientas de los colombianos para hacer valer esa condición.
Según el más reciente informe de la Defensoría, 2017 fue el año de
mayor interposición de estas, con un récord de 197.655. Esto
significó un 20,54 por ciento más que en 2016.

Estas cifras posicionan a la salud como el segundo derecho con más

tutelas, después del de petición. Cada dos minutos se interpone
este mecanismo en algún rincón del territorio nacional, y el 72,8 por
ciento de estas solicitudes corresponden a servicios que aunque Foto: Esteban Vega La-Rota
están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, no se prestan.

Ante esta situación, además de exigir control, la Defensoría del Pueblo realiza un seguimiento directo a las fallas e incumplimientos
por parte de las entidades prestadoras de salud del país. De esta manera facilita y acompaña la labor de entidades públicas como el
Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud para que les garanticen este derecho a todos los colombianos. Dos casos que
ejemplifican el panorama de la salud en el país son el hospital de San Andrés y la EPS Medimás.

Intervención San Andrés

En marzo de 2018, la Defensoría del Pueblo informó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud y a la Procuraduría, sobre
la grave situación que se presentaba en San Andrés y Providencia. De eso daban constancia las numerosas denuncias y tutelas
interpuestas por los usuarios y trabajadores del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital.

Cuando el ente de control llegó a las islas se encontró con el desabastecimiento total del laboratorio clínico y una insólita
acumulación de citas para realizar intervenciones quirúrgicas. Se pasó de ejecutar 16 cirugías al día, a solo una. Esto generó el
represamiento de más de 160 procedimientos programados.

Luego de que la defensoría visibilizara la magnitud de la situación, el Ministerio de Salud diseñó un plan de contingencia. Se
instaló en el territorio una mesa de seguimiento que luego de diez semanas de trabajo mostró un abastecimiento del 97 por
ciento en el hospital.

Operación Medimás EPS

El trabajo de la Defensoría del Pueblo en la intervención de Medimás empezó en septiembre de 2017. La entidad cuestionó el
trabajo de la EPS por no contar con la suficiente red de prestadores de servicio en departamentos como Valle del Cauca, Nariño,
Putumayo y Huila.

Un mes después, el ente de control asistió a una reunión con el gerente general de Medimás, Hernán Briceño, y le dio a conocer la
investigación realizada frente al caso, con la finalidad de que en un plazo máximo de 30 días la EPS presentara un modelo de
atención para cumplir satisfactoriamente con las necesidades de los usuarios.

Durante ese lapso, la Defensoría ejecutó un plan de visitas para verificar las acciones que se debieron realizar en los
departamentos, pero se encontró con que las fallas continuaban. Posteriormente, el 19 de noviembre de 2017 se llevó a cabo una
nueva reunión con los representantes de Medimás y la entidad dio a conocer el resultado de las visitas.

En enero de 2018 Medimás entregó el resultado de un modelo de atención en salud y verificación de contratos en los que se
evidencia una disminución de quejas por parte de los usuarios. Aunque está claro que la EPS tiene aún muchos asuntos que mejorar,
las cifras más recientes de la Defensoría del Pueblo indican que se halla en el tercer puesto de las entidades prestadoras de salud
con mayor número de tutelas interpuestas. Es decir, hubo un avance, porque en 2017 ocupó el primer lugar.
 3. "PARA NOSOTROS NO SE FIRMÓ NADA, EL CONFLICTO SIGUE IGUAL”
Por Diana Ramírez Vargas*
Así lo dice la líder embera Dayana Domicó. Y muchos
. Foto: Valerie Amor campesinos del país piensan lo mismo. Dos años después
de firmado el acuerdo de paz, el país aún tiene una gran
deuda con esta población.

 El pasado mes de noviembre casi 500 indígenas del

Urabá chocoano marcharon hasta Bogotá para pedir el
cese de violencia en sus resguardos.

La paz no llegó a Chocó”. Esta frase pronunciada a

principios de año por el defensor del Pueblo, Carlos
Negret, resume el sentimiento de casi 500 indígenas del
Urabá chocoano que llegaron en noviembre a Bogotá
para pedirle al gobierno nacional que tome acciones para
que cese la violencia en sus resguardos. Los reclamos de esta minga se centraron en una necesidad básica de los habitantes de la
zona: poder moverse en sus territorios sin el riesgo de ser amenazados, heridos por una mina antipersonal, o atrapados en medio de
un combate.
Las cifras confirman que estas comunidades tienen razones de sobra para protestar. En agosto de 2018, más de 3.600 indígenas de
Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá terminaron confinados en sus propias tierras por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y
el Ejército, según informó la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha).

La situación humanitaria es crítica y, según le confirmó a Semana Rural el líder embera Roberto Carpio, no es una novedad. Los
habitantes de Riosucio viven intranquilos desde hace más de 20 años, cuando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
perpetraron las primeras masacres en el municipio. “Nos restringieron la movilidad, no podíamos llevar mercados ni tener tiendas
comunitarias”, recuerda Roberto.
.
Hay innegables avances en seguridad y derechos humanos en varias regiones del país, tras los procesos de paz adelantados en los
últimos 15 años. Pero no podemos olvidar que hasta ahora muchos colombianos –como los indígenas que marcharon en Bogotá–
solo han visto la paz por televisión. “Para nosotros no se firmó nada, el conflicto sigue igual. Mueren los líderes, hay reclutamiento, y
siguen los abusos”, afirma la líder embera Dayana Domicó.

La Defensoría del Pueblo ha logrado llegar a los territorios más apartados de la geografía nacional para entrar en contacto directo
con los campesinos, y corroborar esta realidad. Si bien el desplazamiento ha disminuido en algunas zonas, en otras salieron unos
actores e ingresaron otros. Esto hace más difícil la vida de la población campesina?¿Derecho a qué?
Esta situación no puede continuar. Es difícil hablar de los derechos humanos de los campesinos cuando nadie les garantiza algunos
de los más básicos, como el de la vida, a estar protegidos contra el hambre, a acceder a la propiedad de la tierra o al mejor
desarrollo y uso de los recursos naturales, entre otros. Hay que empezar por ahí.
En este sentido, varias organizaciones y entidades como la Defensoría del Pueblo, Dejusticia y el Dane adelantan la tarea
indispensable de llegar a definir concretamente al campesino colombiano. Este es un primer paso para crear e implementar políticas
públicas que respondan verdaderamente a la realidad de los habitantes de la Colombia rural.

El primer punto del acuerdo de paz trazó un camino para garantizar la protección de los derechos pendientes en el campo . Pero
tras dos años de la firma, no se ven avances concretos que demuestren que el país se mueve en esa dirección.  De los 104
compromisos pactados en este tema, el Estado solo ha cumplido el 2 por ciento, según el Instituto Kroc, encargado de hacerles
seguimiento a los acuerdos. La Delegatura de Asuntos Rurales se lo atribuye a “la falta de planeación, de recursos y de articulación
entre los diferentes programas y entidades”.

Es necesario que hoy el gobierno ponga este tema entre sus prioridades para así evitar más retrocesos. Las Naciones Unidas
acaban de sentar un referente internacional en esta materia. Se trata de la Declaración de Derechos de los Campesinos y
Trabajadores Rurales, que reconoce el valor de la agricultura familiar y considera a los campesinos “expertos en la industria de
alimentos y garantes de la seguridad alimentaria”.

Preocupa que Colombia se haya abstenido de votar esta iniciativa en la Asamblea General de la ONU.  El país no debe moverse en
sentido inverso, mientras el mundo destaca la importancia del campo y sus habitantes. Estamos llamados a darles a nuestros
campesinos la importancia que merecen. 
*Gerente de Semana Rural.
 4. EL VIAJE DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A LA ZONA DONDE SE PERPETRÓ LA MASACRE DEL NAYA
Por Daniela Chinchilla*

El equipo de Regionales de SEMANA acompañó al defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en su periplo por estas poblaciones
olvidadas del Pacífico. ¿Qué piden sus habitantes? Que el
Estado no los ignore.

Un Cristo enorme reposa sobre la iglesia de Puerto

Merizalde. A su alrededor, decenas de palafitos le rinden
homenaje, quizás en señal de agradecimiento. Por fin la brisa
caliente del Pacífico colombiano trae un poco de tranquilidad.
Aquí nace el río Naya, triste testigo de la masacre del mismo
nombre, perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia
en la Semana Santa de 2001. Una matanza que pudo haberse
evitado.
 Pescador en el río Timbiquí, Cauca. Foto: Pablo David Gutiérrez
A Puerto Merizalde solo se puede llegar navegando. En esta
zona de Colombia no hay carreteras, la gran autopista es el
río y los mejores vehículos son las chalupas y las lanchas. A bordo de una de ellas, el equipo de Regionales de SEMANA acompaña al
defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, a sus asesores y al defensor regional del Pacífico en esta visita al suroccidente del país.

El viaje de la lancha comenzó en el puerto de Buenaventura. Recorrimos las aguas del mar Pacífico durante tres horas y después
entramos a la corriente del Naya. “¡Suba motores!”, grita Ómar, un hombre que conoce bien la zona y que nos acompaña en la
lancha. El nivel del río es bajo, por eso debemos ir despacio y levantar los motores para que no colisionen contra la tierra. “¡Por allá,
a la izquierda!”, nos grita e indica con gracia un joven que se baña en el río junto a sus amigos. A medida que avanzamos, el Cristo
merizaldeño gigante muestra sus brazos y avisa que llegamos al Naya.

En abril de 2001, en esta tierra ubicada entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca tuvo lugar la masacre que dejó una
marca en la memoria de la comunidad afro asentada allí desde el siglo XVII. Hoy, sabemos que el Bloque Calima dirigido por Hébert
Veloza, alias H.H., fue el responsable del asesinato de casi una treintena de personas (las cifras varían de acuerdo con las fuentes,
algunos afirman que fueron más de 100 homicidios) y el desplazamiento de 3.823. Desde ese entonces, la comunidad naya ha tenido
que salir de sus casas a causa de un conflicto que, incluso hoy, luego de los acuerdos de paz, no cesa.

La lancha se detiene y al bajarnos nos recibe el olor a pescado seco. Merizalde, al igual que muchos de los asentamientos que
bordean el río, se construyó gracias a las mingas. Es decir, a las reuniones de los mismos lugareños cuyo objetivo era construir su
propio pueblo. Con sus manos pegaron las maderas de sus hogares, de donde nunca debieron irse. Luego de la firma de la paz,
alrededor de 4.000 habitantes resisten en la zona. Y aunque no tienen acueducto ni alcantarillado, y solo cuentan con seis horas de
energía eléctrica al día, hoy pueden vivir con tranquilidad, con las puertas de sus casas abiertas para que así la brisa las refresque.
El Andén Pacífico

“El gobierno nacional nunca nos tuvo en cuenta, le faltó untarse de pueblo. El acuerdo de paz lo hicieron los ricos de las Farc y los
ricos del gobierno”, dice Wilmer Riascos, alcalde de López de Micay, un pequeño poblado un poco más al sur de Merizalde, en el
interior del Cauca.

Aquí, donde el Estado brilla por su ausencia, han llegado el defensor Negret y su comitiva, quienes toman nota de las necesidades de
los habitantes y escuchan sus reclamos y quejas. Pero también verifican qué avances se han hecho en la protección de los derechos
humanos de los ciudadanos del Pacífico.

López es un pueblo pequeño y, dicen, es el lugar de Colombia en donde más llueve. Pocos minutos después de nuestro arribo, el
clima le hizo honor a esa fama, y se soltó un fortísimo aguacero. Pero con el agua llegaron la marimba y la música.  “Queremos
paz / Queremos paz / Que nuestros pueblos / Vivan en paz”, canta el grupo de música de jóvenes que dirige Nangly Arboleda
Jiménez, lideresa cultural de López de Micay. Aunque hace apenas un mes, en octubre de 2018, seis personas fueron asesinadas en
esta población, todos claman con alegría que quieren perdonar, que buscan la paz.

Nangly es una mujer de 50 años, de estatura mediana, lleva gafas y una bandana amarilla sobre su pelo negro alisado. ¿Podemos
hablar? Le pregunto. Y me responde con una carcajada llena de amor: “¡Claro!”. ¿Cómo logró que los niños de López canten y bailen
ritmos del Pacífico y no reguetón? Suelta otra carcajada y me cuenta: “Yo amo lo que hago.  Y no quiero que nuestra cultura se
pierda. Nuestras raíces se han visto amenazadas, los jóvenes escuchaban y bailaban vallenato, reguetón y salsa, pero lo nuestro
es otra cosa. Cuando llegué al colegio, en 2015, empezamos a trabajar en eso. Hoy, en las fiestas, la pista de baile se llena cuando
suena un currulao”.

Esta mujer maicaseña de pura cepa, como se describe, tiene un grupo de música y baile en uno de los tres colegios de López de
Micay, y allí les enseña a 60 jóvenes a tocar los ritmos del Pacífico o, mejor, los africanos, los que trajeron los esclavos hace siglos a
este territorio. Con la música, Nangly le declara una tregua al conflicto, “cuando sonaban las balas nosotros cantábamos”, dice.  Y no
es una metáfora, en el pueblo, mientras ardían las calles, los cantos se alzaban más fuertes, aunque encerrados por paredes que
se derrumbaban.

Desde aquella Semana Santa de 2001, el conflicto nunca se fue del todo de López.
En su recorrido y lucha por el control del río Naya, este pueblo fue la última parada del frente paramilitar de H.H., el último lugar
donde asesinaron y desplazaron. En ese día santo, a la única mujer que no huyó, la mataron.
“¿Cuántas personas hemos enterrado? ¿Cuántas? ¡Y el gobierno nacional ni siquiera ha venido!”, dice Carlos Alfonso Negret en su
reunión con la comunidad. De hecho, esta es la primera vez en la historia que un defensor del Pueblo llega a esta tierra rodeada por
las aguas de los ríos Naya y Micay. La visita colma de esperanzas a sus pobladores: finalmente alguien que puede hacerle
recomendaciones al gobierno los escucha.

De oro y coca
El río Naya es la salida al Pacífico y, por ende, la puerta hacia cualquier lugar del mundo. Su control se lo han disputado los grupos
armados durante décadas porque este es uno de los corredores de la droga en el continente. Para sellar su dominio sobre él, las AUC
cometieron la masacre de 2001. Han pasado 17 años, pero el conflicto nunca se marchó de la zona. Es cierto que la amenaza de las
Farc ya no existe, pero como el Estado no ha ocupado los territorios abandonados por ellas, estos quedaron a merced de otros
grupos alzados en armas.

A poco menos de dos horas de López de Micay se encuentra Timbiquí. Una tierra de cantaoras, de música. El pueblo de Herencia de
Timbiqui, la agrupación que ha puesto a bailar a Colombia al ritmo de la marimba de chonta y del folclor del Pacífico. Ese son de
raíces afrocolombianas une a las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, sin embargo, hay algo más que llevan
todas ellas en la sangre: el oro.

Durante siglos, este metal ha sido parte de la economía de nuestro país. Todos sabemos cuál fue la principal razón para que los
conquistadores españoles desembarcaran en estas tierras, y con qué objetivo trajeron los esclavos del África.
Por mitológico que parezca, la explotación artesanal de oro ha perdurado en la tradición y la cultura la región.  Pero hoy la población
timbiquireña que depende del oro enfrenta una amenaza que parece imposible de erradicar: la extracción minera ilegal.  Esta, que
se realiza por medio de maquinaria pesada y retroexcavadoras, contamina los ríos con mercurio y tan solo les da la posibilidad de
barequear a quienes han vivido en Timbiquí por cientos de años.
“Nosotros tenemos una economía sostenible. Pero aquí vienen de otras partes del país y del mundo a explotar nuestro territorio y lo
contaminan. Los recursos los deben aprovechar nuestros hijos”, le dice uno de los líderes del Consejo Comunitario Renacer Negro al
defensor nacional, quien escucha con atención.

La minería ilegal, junto con la siembra de la coca, son las dos principales causantes de la violencia en el Pacífico colombiano. La
primera es el resultado de la llegada de ‘extranjeros’ que, con titulación o sin ella, explotan irresponsablemente los recursos
auríferos de la región y además contaminan con el uso del mercurio. La segunda es la respuesta de los campesinos ante la
imposibilidad de ganar dinero con otros cultivos. El Estado no ha logrado garantizar procesos productivos convincentes. Ni siquiera
se ha solucionado lo más importante: ¿cómo sacar lo que produzcan de una zona de tan difícil acceso? (Negret habla sobre el tema
en la página 30). “Aquí todo el mundo quiere trabajar y quiere la paz”, dice el defensor del Pueblo. Pero, si todo continúa así, será
casi imposible que la zona salga de la economía ilegal.

Aquí no llegó nadie

Después de otras dos horas en lancha la comitiva desembarca en Guapi. En donde se prepara el mejor cocido de camarón de
Colombia. Aquí está agendada una Audiencia Defensorial para presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en el
Cauca. Los ojos están puestos en el desplazamiento y en los asesinatos de los líderes sociales. A esta reunión están citados todos
los ministerios y algunas entidades gubernamentales con el propósito de que se tomen las decisiones inmediatas que brinden
garantías a la población caucana. Sin embargo, nadie del gobierno central llegó. Ninguna entidad viajó a escuchar la grave situación
de violencia que hoy se vive en la etapa del posacuerdo. “Nos quedamos en las mismas porque no vinieron los que toman las
decisiones”, reclama, desilusionado, Danny Eudoxio Prado, alcalde de Guapi.
El viaje termina con un llamado de paz que no ha sido del todo escuchado. Esta región le grita a todo el país que no quiere más
guerra, ni más cultivos ilegales, ni más líderes asesinados. Y que necesita la ayuda estatal y la atención de todos los colombianos
para poder renacer. Pero Colombia no escucha. No ve. El gobierno no acude a las citas. Así es imposible entender al Pacífico,
apreciar la riqueza que esconden su gente, sus ríos y su selva.
*Coordinadora general de Especiales Regionales de SEMANA.
 5. DERECHOS HUMANOS Y PAZ, PROCESOS INDISOLUBLES
Por Alberto Brunori**
Así lo explica Alberto Brunori, representante de la alta
comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.

 Si el Estado pone a las víctimas en el centro de sus

prioridasdes, la defensa de los derechos humanos se
llevará de forma más segura en lugares marginados. Foto:
Pablo David Gutiérrez

La firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc le

trajo a Colombia, y en particular a las víctimas y a los
líderes sociales, la promesa de poder ejercer sus
derechos. Pero esa promesa aún está en construcción y
por eso desde la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hemos hecho un llamado para
que se implementen los debidos acuerdos, y al mismo tiempo, se avance aún más en el tema, con políticas de Estado concretas.

Mientras escribo este texto pienso en las personas con las que me encuentro en Colombia y que trabajan con nuestra oficina. Una
mujer víctima de violencia sexual, la llamaré Irma*, sufrió un crimen atroz provocado por un grupo armado en los años noventa.  La
paz para ella está representada en la posibilidad de estudiar, de leer y de tener una vida digna, con acceso a todos los derechos.

Luego por mi mente pasa la población de Bojayá, en el Chocó, ubicada a orillas del río Atrato, el segundo río sujeto de derechos en el
mundo. A mi recuerdo viene Leyner Palacio, quien en sus brazos lleva el Cristo mutilado, símbolo de la iglesia destruida junto a más
de 70 personas. Escucho la claridad de sus palabras insistiendo en que solo los acuerdos de paz traen mayor respeto a los derechos
humanos, y que definitivamente Bojayá está comprometida con este fin porque sufrió la guerra. Estoy seguro de que Leyner es un
defensor de derechos, y al mismo tiempo es un producto de la promesa de la paz.

Un joven y líder de los campesinos nos contó cómo el ser defensor y trabajar por la paz le ha permitido en su territorio, el
Catatumbo, ejercer sus derechos políticos –a la participación, a la reunión, a la libertad de expresión– y garantizarles otros a la
población, como la educación, el trabajo, la alimentación, la vivienda o la paz. Cuando era un niño él no pudo terminar de estudiar
porque este derecho no le fue garantizado. Desde los 10 años tuvo que trabajar, debido a la pobreza de su familia y a que el
colegio estaba muy lejos.

No puedo dejar de mencionar a quien llamaré Julia*, una mujer transgénero y defensora de derechos humanos de la población
LGBTI. En un taller reciente les explicó a otras mujeres por qué debían respetar su nombre de mujer y por medio de una entrevista
en cámara les contó sobre el tratamiento que le dan algunas personas cuando se enteran de su tránsito del universo masculino al
femenino. Todos nos conmovimos al oírla y comprendimos qué significa la discriminación. Entender y tener empatía con las
víctimas que han sufrido violaciones de derechos humanos es un primer paso hacia la construcción de la paz y el respeto.

Estas cortas anécdotas son una muestra de la lucha y del activismo necesario para insistir en el reclamo de estos derechos. Al mismo
tiempo, millones de personas como el joven del Catatumbo, como Irma, Julia, Leyner o como aquellos estudiantes que marchan
pacíficamente en Colombia, son quienes encarnan el espíritu de la construcción de la paz.

Quiero destacar, además, algunos procesos cuyo desarrollo consideramos indispensable para el avance de esta en el país. Nombraré
tres: el Plan Nacional de Derechos Humanos en cumplimiento de la Declaración de Viena de 1993; una política pública en materia
de protección a la vida y garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos; y, finalmente, el sistema de verdad,
justicia, reparación y garantías de no repetición.

Pensamos que el desarrollo de estas políticas y procesos permitirá que las víctimas estén en el centro de las prioridades del Estado.
Pero además contribuirá para que la defensa de los derechos humanos se lleve a cabo de una forma más segura en lugares rurales y
marginados, y en cualquier parte donde haya una posibilidad de restricciones a su ejercicio.
También como resultado de los acuerdos de paz, es importante que la sociedad comprenda que los ataques físicos a los líderes
sociales son apenas la manifestación más visible de una problemática más profunda.  “Cuando se violan los derechos de los
defensores de los derechos humanos, se ponen en peligro todos nuestros derechos, y todos nosotros estamos menos seguros”,
dijo tiempo atrás el exsecretario general de la ONU Kofi Annan. ¡No hay más que agregar!

*Nombres cambiados para proteger la identidad y la vida de estas personas.

** Representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
6.2020: UN LÍDER ASESINADO POR
DÍA
En solo 17 días han asesinado cerca de 15 líderes. Más
allá del debate sobre quién es un líder social, el Gobierno
debe parar esta masacre. ¿Podrá hacerlo?

Solo en el primer día del año los líderes sociales tuvieron una
tregua. Pero el 2 de enero volvió a comenzar la oleada de
asesinatos que no cesa desde la firma de la paz con las Farc.
Ese día, Carlos Cardona celebraba con algunos amigos en
Ituango, Antioquia, cuando un desconocido se le acercó y le
disparó. Cardona tenía 40 años, un hijo y lo acababan de nombrar subgerente del hospital de ese municipio. Su nombre aparece de
primero en la lista de Indepaz, que ha registrado 21 líderes asesinados en lo poco que va de 2020. El Gobierno dice que hay 11
muertos, y prepara medidas.
Puerto Guzmán, en Putumayo, demuestra la gravedad de lo que está sucediendo. El 7 de enero asesinaron a Gloria Ocampo, una
lideresa de amplio reconocimiento, secretaria de la junta de la vereda La Estrella y excandidata al Concejo. Ella, además,
representaba a su comunidad en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (PNIS). Al día siguiente, según
Recsur, una red que investiga la violencia en el sur del país, cuatro hombres en dos motos hicieron un recorrido macabro. Pasaron
por tres viviendas, en las que tocaron puerta a puerta. En las dos primeras casas mataron a dos hombres que eran miembros de
juntas. Al tercero, un líder del municipio, no lo encontraron porque alcanzó a advertir lo que le venía y huyó. Ese mismo día, en otras
veredas, asesinaron a otras dos personas. Y el jueves pasado asesinaron a Yordan Tovar, directivo de un sindicato campesino.
En septiembre pasado apareció en Putumayo un grupo de decenas de hombres armados que se hacen llamar “la mafia Sinaloa”. Al
parecer esa estructura ha comprado los servicios de hombres que habían pertenecido a grupos guerrilleros o paramilitares, y
negocia cocaína con los carteles mexicanos. Entraron tras declararle la guerra al frente Carolina Ramírez, disidencia de las Farc que
dominaba el narcotráfico. Según el más reciente monitoreo de Naciones Unidas, ese departamento, con 26.400 hectáreas, es el
tercero con más coca sembrada. Allí, con una institucionalidad débil, cualquier líder que encarne una alternativa distinta a la
ilegalidad se convierte en un blanco fácil de estos criminales.

Los muertos
La mayoría de los líderes asesinados en lo que va del año pertenecían a juntas de acción comunal. Dos de ellos coordinaban procesos
de sustitución de cultivos ilícitos y varios eran indígenas, entre ellos una sabedora y médica tradicional del pueblo nasa. Hay una lista
preliminar de 21 muertos, pero aún faltan verificaciones en curso, pues los números varían dependiendo de la fuente. La ministra
del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tiene reporte de 11 asesinatos en lo que va del año, a partir de información de la Policía. En
enero de 2018 y 2019 el Gobierno registró la muerte de 11. Es decir, los mismos que reportan este año en solo la mitad del mes.
Según el criterio de conteo de la ONU, podrían ser 15.

La diferencia en los distintos registros se debe a un viejo debate: ¿A quién considerar líder social? Por ejemplo, es común que la
mayoría de los habitantes de una vereda estén afiliados a una junta de acción comunal. En todo el país, 7 millones de personas
hacen parte de esas organizaciones, y eso no significa que todos sean líderes. Por eso hay diferencias como que, para la Defensoría,
desde la firma del acuerdo de paz han matado alrededor de 555, mientras que para Indepaz son casi 750. Pero con una cifra o la
otra, el panorama es aterrador. Y el hecho de que tantas de las víctimas hagan parte de las juntas muestra que los criminales buscan
debilitar los procesos asociativos locales. Estos, en muchos territorios, son los únicos que valientemente le pueden plantar algún tipo
de resistencia a la ilegalidad.
ONU marca alerta por incremento de asesinato a líderes sociales
En lo que va del año, al menos la mitad de ellos murieron asesinados en Putumayo y Cauca, lo que demuestra que los líderes sufren
el fuego cruzado en zonas donde los criminales se disputan el control de las rentas a sangre y fuego. En el primer departamento, la
mafia Sinaloa pretende desplazar a las ya establecidas disidencias. En el otro, las disidencias comandadas por el despiadado
Mayimbú aterrorizan a la gente, en medio de su guerra con el ELN y un reducto de los Pelusos. En esa disputa han atacado a los
indígenas que intentan preservar la autoridad en sus territorios. Además de estos dos departamentos, Nariño y Antioquia tienen la
mayor cantidad de líderes asesinados en los años pasados. Allí padecen situaciones similares: varias estructuras disputan el
narcotráfico y la minería ilegal.

En esencia, esta máquina de muerte ataca principalmente a quienes promueven la sustitución de cultivos, a quienes coordinan
procesos de restitución de tierras y a los grupos étnicos que ejercen el control en los territorios. Según la Fiscalía, los principales
asesinos de los líderes son, en ese orden, la delincuencia común, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. El ente investigador,
en un importante avance, ha podido establecer responsabilidades e hipótesis de los crímenes de líderes en más de la mitad de los
casos. Recientemente ha llamado la atención que los grupos convirtieron a las mujeres en un blanco más regular. En 2018 mataron a
12 lideresas y en 2019 a 19, según la Defensoría. En enero ya van cuatro.