Fallos Tutela Sindical

SD 99303 Expte. 32.
366/2010 Godoy, Ariel Leandro Damian c/ Estado Nacional

P.E.N. Ministerio de Defensa Ejercito Argentino s/ juicio sumarisimo" CNTRAB
SALA II 08/06/2011
TUTELA SINDICAL. Delegado gremial. Art. 52 de la Ley 23551. SANCIONES
DISCIPLINARIAS. Imposicin de una sancin no suspensiva al trabajador
apercibimiento. Alteracin de la dinmica del vnculo laboral. Afectacin del ejercicio
regular de la actividad sindical. NECESIDAD DE UNA PREVIA EXCLUSIN DE
TUTELA GREMIAL PARA LA APLICACIN DE LA SANCIN
Aun cuando la norma (Art. 52 de la Ley 23551) se refiera a suspensiones, despidos y
cambios en las condiciones de trabajo, la imposicin de una sancin disciplinaria no
suspensiva tambin altera la dinmica de la relacin, preconstituye antecedentes
desfavorables para el dependiente y puede influir en evaluaciones futuras. Como lo
puntualiza el Dr. Eduardo lvarez en el dictamen (cuyos fundamentos comparto y doy
aqu por reproducidos en mrito a la brevedad) no puede razonablemente habilitarse el
ejercicio del poder sancionatorio del empleador, respecto de un representante o
delegado gremial especialmente tutelado en los trminos de los arts. 48 y 50 de la LAS
sin previa exclusin de tutela, por cuanto la adopcin de medidas de esa ndole puede
afectar el regular ejercicio de la actividad sindical (conf. arg. Convenio 135 OIT).
...el apercibimiento es una medida represiva enmarcada dentro del poder disciplinario
del empleador que posee idoneidad para perjudicar el horizonte mental del
representante y, de esta manera constituir un acto de hostigamiento o persecucin del
tipo vedado por el dispositivo garantista. Su diferencia cuantitativa con la suspensin no
significa que, cualitativamente apreciado, pueda constituir un modo de discriminar e ir
minando o debilitando el contrato individual y erosionando la libertad de accin del
representante concernida. Por tanto, si bien no se trata de una suspensin, es una
modificacin de las condiciones de trabajo, expresin que no necesariamente se
confunde con el ius variandi y que, tambin, es una medida restringida por la ley (cfr.
Machado, Jos D. Ojeda, Ral H., Tutela Sindical, Rubinzal Culzoni 2006, pg. 106 con
cita de numerosos precedentes).
Citar: elDial.com - AA6E68
Publicado el 25/08/2011
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SD 99303 Expte. 32.366/2010 "Godoy, Ariel Leandro Damian c/ Estado Nacional
P.E.N. Ministerio de Defensa Ejercito Argentino s/ juicio sumarisimo" CNTRAB
SALA II 08/06/2011
VISTO Y CONSIDERANDO:
En la Ciudad de Buenos Aires, el8 DE JUNIO DE 2011, reunidos los integrantes de la
Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia
definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en
el orden de votacin y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a

continuacin.//Miguel ngel Maza dijo:
Llegan los autos a la Alzada en virtud del recurso de apelacin que la parte demandada
dedujo a fs. 99/100 contra la sentencia de fs. 93/95 que hizo lugar a la accin por
cuanto, para adoptar una medida disciplinaria respecto de un delegado gremial, la
accionada no recurri previamente al trmite de exclusin de tutela.Sostiene la quejosa que se le ha atribudo a la previsin contenida en el art. 52 de la ley
23.551 un alcance ms amplio del que permite su texto puesto que, en el caso, el actor
no () fue despedido ni suspendido ni a su respecto se modificaron las condiciones de
trabajo. Asimismo apela los honorarios regulados a la representacin letrada de la parte
actora, por considerarlos elevados.An cuando la norma se refiera a suspensiones, despidos y cambios en las condiciones
de trabajo, la imposicin de una sancin disciplinaria no suspensiva tambin altera la
dinmica de la relacin, preconstituye antecedentes desfavorables para el dependiente y
puede influir en evaluaciones futuras. Como lo puntualiza el Dr. Eduardo lvarez en el
dictamen que antecede (cuyos fundamentos comparto y doy aqu por reproducidos en
mrito a la brevedad)) no puede razonablemente habilitarse el ejercicio del poder
sancionatorio del empleador respecto de un representante o delegado gremial
especialmente tutelado en los trminos de los arts. 48 y 50 de la LAS sin previa
exclusin de tutela por cuanto la adopcin de medidas de esa ndole puede afectar el
regular ejercicio de la actividad sindical (conf. arg. Convenio 135 OIT)
En tal sentido se ha sealado que "el apercibimiento es una medida represiva enmarcada
dentro del poder disciplinario del empleador que posee idoneidad para "perjudicar el
horizonte mental" del representante y, de esta manera constituir un acto de
hostigamiento o persecucin del tipo vedado por el dispositivo garantista. Su diferencia
cuantitativa con la suspensin no significa que, cualitativamente apreciado, pueda
constituir un modo de discriminar e ir minando o debilitando el contrato individual y
erosionando la libertad de accin del representante concernida. Por tanto, si bien no se
trata de una suspensin, es una modificacin de las condiciones de trabajo, expresin
que no necesariamente se confunde con el ius variandi y que tambin es una medida
restringida por la ley" (cfr. Machado, Jos D.- Ojeda, Ral H., Tutela Sindical, Rubinzal
Culzoni 2006, pg. 106 con cita de numerosos precedentes).Consecuentemente, por lo expuesto y de conformidad con el dictamen fiscal que
antecede, de prosperar mi voto, corresponde confirmar la sentencia apelada, con costas
en la Alzada a cargo de la parte demandada (art. 68 CPCCN).Apela la accionada los honorarios regulados a la representacin letrada de su contraria
por considerarlos elevados. Al respecto, teniendo en cuenta el resultado obtenido, el
mrito y extensin de las tareas desarrolladas y el valor econmico razonablemente
involucrado en la contienda, de conformidad con lo dispuesto en la ley 21839 y en el
art.38 LO, la regulacin apelada no resulta elevada, por lo que propicio confirmarla.Asimismo, de conformidad con lo establecido en el art. 14 de la ley 21839, corresponde
regular los honorarios de la representacin y patrocinio de la parte demandada y de la
parte actora por las tareas de Alzada, en el 25% de lo que en definitiva corresponda para
cada una de ellas por su actuacin en la instancia previa.Miguel ngel Pirolo dijo: Por anlogos fundamentos adhiero al voto precedente.Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 CPCCN), el Tribunal RESUELVE:
1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios, 2)
Declarar las costas de la Alzada a cargo de la demandada, 3) Confirmar los honorarios
apelados y regular los de la Alzada en la forma dispuesta en el considerando respectivo.-
Regstrese, notifquese y devulvase.//Miguel ngel Pirolo Miguel ngel Maza

P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/
Lopez Alicia Ofelia s/ juicio sumarsimo CNTRAB 30/06/2011
TUTELA SINDICAL. Delegada gremial. Inconductas laborales impuntualidad.
Valoracin de la injuria imputada a la dependiente. Rgimen disciplinario. Falta de
contemporaneidad entre la promocin de la demanda y la fecha de la supuesta
inconducta. SOLICITUD DE EXCLUSIN DE TUTELA SINDICAL. Rechazo
Tal como sostiene el Sr. Fiscal, que entre la supuesta falta cometida por la trabajadora
y la promocin de la demanda de exclusin de tutela, no existe en modo alguno
contemporaneidad.
Ante la falta imputada a la trabajadora era necesario la presentacin de las tarjetas
reloj del da en cuestin que se encuentran en poder de la actora y aunque el Juzgado
intim a que las acompae, la parte no lo ha cumplido.
Conforme lo sostiene la Sra. Juez a quo de acuerdo a lo establecido en el AnexoResolucin N 539/04 Reglamento de Personal-Rgimen disciplinario, por la llegada
tarde o ante la falta de puntualidad no corresponde la aplicacin de una sancin
disciplinaria.
SD 63021 Expte. 23.069/09 "P.A.M.I. Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados c/ Lopez Alicia Ofelia s/ juicio sumarsimo" CNTRAB
SALA VI 30/06/2011
Buenos Aires, 30 de junio de 2011
EL DOCTOR LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:
Contra la sentencia de primera instancia, que rechaz las pretensiones deducidas en el
inicio, se agravia la parte actora a tenor de su memorial de fs. 182/191 que recibi
rplica de su contraria a fs. 199/202.//Esta parte se queja porque la Sra. Juez "a quo" desestim el reclamo por exclusin de
tutela sindical promovido por la empresa con el objeto de aplicarle una sancin a la
trabajadora ante una aparente llegada tarde de su parte.-
En atencin a las cuestiones debatidas se han remitido las actuaciones al Sr. Fiscal
General ante la Cmara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien se expidi mediante
el dictamen Nro. 52.983 del 28.06.11, cuyos fundamentos se comparten.En primer lugar cabe sealar, tal como sostiene el Sr. Fiscal, que entre la supuesta falta
cometida por la trabajadora el 17.07.08 y la promocin de la demanda de exclusin de
tutela el 28.07.09 no existe en modo alguno contemporaneidad.Adems y tal como sostuvo la Sra. Juez "a quo", ante la falta imputada a la trabajadora
era necesario la presentacin de las "tarjetas reloj" del da en cuestin que se encuentran
en poder de la actora y aunque el Juzgado intim a que las acompae (fs.153)), la parte
no () lo ha cumplido.A mayor abundamiento, tal como lo sostiene la Sra. Juez "a quo" de acuerdo a lo
establecido en el Anexo- Resolucin N 539/04 Reglamento de Personal-Rgimen
disciplinario, por la llegada tarde o ante la falta de puntualidad no corresponde la
aplicacin de una sancin disciplinaria.Por lo expuesto, considero que corresponde confirmar lo decidido en origen.El agravio relativo a la imposicin de costas se ha tornado abstracto, ya que tiene como
fundamento la revocacin de la sentencia.La parte actora tambin apela la regulacin de honorarios de la parte demandada.En atencin al mrito e importancia de las tareas desarrolladas, considero que los
honorarios regulados no resultan elevados, por lo que propongo su confirmatoria (conf.
ley 21.839).Las costas de Alzada sern soportadas por la parte actora, quien result vencida en lo
sustancial (conf. art. 68, C.P.C.C.) a cuyo efecto regulo los honorarios de los letrados
intervinientes en las sumas de $... respectivamente (conf. art. 14, ley 21.839).Por lo expuesto, de prosperar mi voto, propondr: 1) Confirmar la sentencia de primera
instancia en todo lo que fuera materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de
Alzada a cargo de la parte actora y regular los honorarios de los letrados intervinientes
en las sumas de $... respectivamente.EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:
Que adhiere al voto que antecede.En atencin al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE: I)
Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fuera materia de recursos y
agravios. II) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte actora y regular los
honorarios de los letrados intervinientes en las sumas de $... respectivamente.//Regstrese, notifquese y vuelvan
Fdo.: JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID - LUIS A. RAFFAGHELLI
Cartula: Armella, Miguel ngel vs. Aerolneas Argentinas S.A. s. Juicio sumarsimo
Fecha: 26/10/2000
Juzgado: Cmara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala VI

Fuente: Rubinzal on line
Cita: RC J 117/04
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Abrir sentencia
EL DOCTOR HORACIO HCTOR DE LA FUENTE DIJO:
I) La parte actora apela la sentencia de primera instancia a fs. 220. Asimismo a fs.
223 se agravia la parte demandada.
II) El a quo declar invlida la sancin disciplinaria aplicada al actor -amonestacin
grave- por considerar justificada su negativa a atender a un pasajero de la empresa
-Antonio Bussi- fundando aquel su decisin en una cuestin de conciencia o de
principios, por tratarse el aludido pasajero de un personaje pblico al que califica de
genocida o identificado con el rgimen de facto instalado en el pas a partir del 26/3/76.
Contra esta decisin apela la accionada, a mi juicio, con razn.
En primer lugar comparto plenamente las afirmaciones del a quo en el sentido que el
actor tuvo todo el derecho negarse a atender personalmente a quien representaba al
pasajero Antonio Bussi en el trmite de embarque (una empleada de la fuerza area), ya
que aquel invoc en la emergencia un justificativo (una cuestin de conciencia), que por
las circunstancias, aparece como razonable y legtimo. La necesidad de preservar la
personalidad y dignidad del trabajador justifica, a mi modo de ver, que este sea relevado
de cumplir la obligacin laboral a su cargo, por lo que su incumplimiento formal resulta
reprochable.
Sin embargo, considero que en la situacin sub-examen el actor abus de su derecho
a no atender personalmente al pasajero Bussi al adoptar la decisin extrema de rechazar
lisa y llanamente la admisin del pasajero que -fuera quien fuera- tena el innegable
derecho a viajar por cuanto haba adquirido el billete correspondiente expedidor por su
empleadora.
Me parece claro que Armella pudo perfectamente preservar su conciencia y principios
sin afectar los intereses de su empleadora, lo que hubiese sucedido ya sea hablando a
otro compaero de trabajo para que atienda al pasajero, o a su superiora para que ella
disponga quien deba hacerse cargo de la atencin, o incluso dicindole a la persona
encargada del trmite -que representaba a Bussi- que el no poda atenderla
personalmente por cuestiones de conciencia, pero que s podan hacerlo cualquiera de
sus compaeros de trabajo que cumplan sus mismas tareas en la sala de atencin al
pblico.
Por ello comparto la posicin de la accionada, la que con toda razn se siente
agraviada y perjudicada porque el actor, que en ese momento la representaba, decide
unilateralmente negar la admisin de un pasajero legitimado para viajar sin darle
ninguna alternativa ni indicacin, afectando as la prestacin del servicio y la imagen
pblica de la empresa. A mi juicio, esta actitud constituye, por parte de Armella, un
incumplimiento a los deberes a su cargo que justifica la aplicacin de la sancin
-mnima por otra parte- impuesta por la accionada.
En conclusin, considero que el actor tena el legtimo derecho a negarse o atender
personalmente a un pasajero que el repudiaba, pero lo que no poda hacer, por una
elemental razn de buena fe y lealtad hacia la empresa, era negar lisa y llanamente, sin
alternativas, la admisin de un pasajero - fuera quien fuere- que haba contratado

legtimamente con su empleadora.
Desconozco as que Armella tuviera el derecho a que sus problemas de conciencia
repercutieran negativamente en la prestacin del servicio que prestaba la accionada.
II) Por la forma en que se resuelve deviene en abstracto el tratamiento de los agravios
planteados por el actor.
III) Costas en el orden causado en primera y segunda instancia. Reglanse los
honorarios de los letrados firmantes a fs. 220 y fs. 223 en un 25 % y 30 %
respectivamente de lo que a cada uno le corresponde percibir por su labor en la anterior
etapa.
EL DOCTOR RODOLFO ERNESTO CAPN FILAS DIJO:
I. Las apelaciones del actor y del demandado deben resolverse:
A. Marco referencial
1. La decisin meramente formal, utilizada por la doctrina tradicional, se queda en la
superficie del Derecho sin ahondar en las profundidades del caso concreto, constituido
no slo por normas sino tambin por realidades, valores y conducta transformadora,
como expresa la Teora Sistmica del Derecho Social, de acuerdo a la cual el Derecho
(d) es un conjunto, integrado por dos entradas, la realidad y los valores (v) y dos salidas,
las normas (n) y la conducta transformadora (t), pudiendo formularse: d = (r + v) + (n +
t).
2. En una especie de suma positiva (1 + 1 = 2), las relaciones laborales se basan en el
respeto mutuo, en la buena fe y en el sentido comn, guardando en los archivos de la
historia, junto con el arado de mancera y las ruecas de nuestras abuelas, el autoritarismo
empresario, operacin de resultado negativo (1 - 1 = 0), en que la ventaja de uno se
logra por la desventaja del otro. Como expresa Amartya K. Sen, Premio Nobel de
Economa 1998, El asunto se vuelve particularmente relevante cuando se examina la
posibilidad de tener un sistema moral sustantivo que d absoluta prioridad a ciertas
restricciones relacionadas con los derechos. En tal sistema, los derechos imponen
restricciones que no pueden ser relajadas y que tienen el efecto de excluir ciertas
alternativas. Las personas han de obedecer tales restricciones, no importan qu otras
cosas puedan o no hacer (Bienestar, justicia y mercado, Paids, Barcelona, 1997,
pg. 102).
3. Los Derechos Humanos, como expresan la doctrina alemana (cr. Martin Kriele,
Einfhrung in die Staatslehre, Rowohlt, Hamburgo, 1975, Parte II, Cap.3) y la
portugesa (cr. Jorge Reis Novais, Contributo para uma Teora do Estado de Direito,
Coimbra, 1987, Cap. III. 2.1; Jos Abrantes, Direito do Trabalho, Ensaios, Cosmos,
Lisboa, 1995, pg. 35) irradian su eficacia no slo sobre el Estado sino tambin sobre la
sociedad civil y las empresas hasta tal punto que el principal papel del Juez reside en
su independencia para velar las libertades pblicas y acrecentar el respeto por los
Derechos Humanos porque el Poder Judicial tiene un compromiso histrico y moral con
la preservacin de la dignidad del hombre (Benedito Calheiros Bomfim, A Crise do
Direito e do Judiciario, Destaque, Ro de Janeiro, 1999, pg. 71). Este compromiso
judicial, tico en sus races, se normativiza a partir de la directiva constitucional
expresada en el art. 14 y en el 14 bis de la Constitucin vigente. Como los documentos
de Derechos Humanos enumerados en la Constitucin Nacional art. 75, inc. 22, son
superiores a las leyes, ya no se puede prescindir de ellos en la solucin de los casos
concretos, con el agregado que la prescindencia puede originar responsabilidad
internacional del Estado Argentino (CS, Mndez Valles, Fernando c/ A. M. Pescio
SCA, 26.12.1995). Del mismo modo, la Declaracin Sociolaboral del Mercosur, por
emanar del Tratado de Asuncin, es superior a las leyes (C.N., art. 75, inc. 24). Los
instrumentos indicados buscan la dignificacin del trabajador como
parte hiposuficiente de la relacin laboral. De ah que todo lo referente a las
indemnizaciones han de considerarse como elemento axiolgico y no como componente
econmico de los costos.
La dignidad del hombre, fuerza que surge de su naturaleza y se expande a todos los
componentes de la sociedad civil, se ha expresado en la Carta Internacional de derechos
humanos, especialmente en la Declaracin Universal de derechos humanos (art. 1) y en
el Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (art. 3). Tambin
en la Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Prembulo).
Siempre, pero sobre todo en un mundo conflictivo como el actual, importa la doctrina
de las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 14 a
25 de junio de 1993):
Todos los derechos humanos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona
humana. Esta es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, por lo que debe ser el principal beneficiario de esos derechos y
libertades. De all la responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, de fomentar y propiciar el respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distincin alguna por
motivos de raza, sexo, idioma o religin, y crear condiciones bajo las cuales puedan
mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y otras
fuentes del derecho internacional, promover el progreso social y elevar el nivel de vida
dentro de un concepto ms amplio de la libertad, practicar la tolerancia y convivir en
paz como buenos vecinos y emplear un mecanismo internacional para promover el
progreso econmico y social de todos los pueblos formas de discriminacin y violencia
a que siguen expuestas las mujeres en todo el mundo. Exige que todos los pueblos del
mundo y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas emprendan con renovado
impulso la tarea global de promover y proteger todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales para garantizar el disfrute pleno y universal de esos
derechoscada Estado debe prever un marco de recursos eficaces para reparar las
infracciones o violaciones de los derechos humanos. La administracin de justicia, en
particular los organismos encargados de hacer cumplir la ley y
del enjuiciamiento as como un poder judicial y una abogaca independientes, en
plena conformidad con las normas contenidas en los instrumentos internacionales de
derechos humanos, son de importancia decisiva para la cabal realizacin de los derechos
humanos sin discriminacin alguna y resultan indispensables en los procesos de
democratizacin y desarrollo sostenible.
4. En un mundo global, la sentencia concreta adquiere una dimensin planetaria.
Llegado el caso, debe ser comunicada a los organismos internacionales relacionados con
el tema que se resuelve. As como los hombres no son islas, tampoco lo son los
pases. Por eso, como todo juez vive en el mundo, debe comunicar su decisin al
mundo, mediante los medios protocolares del caso y tambin mediante Internet: la
tecnologa al servicio no slo de los intereses econmicos sino tambin al servicio de la
Justicia, con ojos abiertos para ver la realidad, como la esculpiera magistralmente Lola
Mora.
B. Datos (realidad) (r)
a. Sentencia recurrida
1. Ante la negativa del trabajador a despachar el pasaje de Antonio Domingo Bussi, el
empleador le impone una medida disciplinaria, consistente en una grave
amonestacin y lo apercibe que, de incurrir nuevamente en ese tipo de actitud, le

aplicar la sancin ms severa conforme a la ley.
2. La seora Jueza considera que si bien el trabajador incumpli una de las tareas a
su cargo (y en un contexto kelseniano, debera ser sancionado), no cabe soslayar que las
relaciones laborales se desenvuelven en un determinado marco histrico-poltico y que
sus protagonistas (en el caso el trabajador) son personas y por ende deben ser respetadas
por quien ejerce sobre ellas el poder de direccin. En otras palabras: la respetable
actitud del dependiente, al negarse por razones de principios a atender a un personaje
pblico y notorio ligado a la historia lacerante de la Argentina, debi compeler a la
empleadora a respetar las razones invocadas por su trabajador (fs. 218, primer y
segundo prrafo).
En los platillos de la balanza, la seora Jueza pone en uno la dignidad y conciencia
del dependiente y en el otro los intereses patrimoniales y comerciales de la empresa.
Dado que el demandado ha preferido estos ltimos sobre los primeros, concluye en que
la sancin impuesta implica un ejercicio abusivo del poder disciplinario del empleador,
pues sobre el objetivo comercial debe prevalecer el respeto a la dignidad del trabajador
(arts. 67 y 68 RCT). En consecuencia, declara la nulidad de la sancin impuesta.
3. Rechaza la pretensin del actor y de la entidad sindical correspondiente de que se
considere al empleador incurso en prctica desleal porque no se ha realizado prueba
alguna de que la medida disciplinaria se relacione con la indiscutida posicin gremial
del trabajador.
4. Como ningn dao se ha probado, rechaza la pretensin de reparar el mismo
mediante la publicacin de la sentencia en el diario de mayor circulacin en la ciudad.
b. Apelacin del demandado
1. Aerolneas Argentinas S.A. sostiene que la sentencia carece de fundamentos
jurdicos, sustentndose slo en consideraciones de tipo extra-jurdicas.
Dado que la sentencia se aparta de la filosofa kelseniana pero no explica en cul se
apoya, la decisin carece de fundamento, ni siquiera en el iusnaturalismo ms
ortodoxo.
2. La sentencia no ha valorado que, precisamente por respeto a los principios del
actor, se ha sancionado su falta grave con una medida menor.
3. La sentencia descuida que de no haberse subsanado urgentemente la inconducta del
actor, el empleador hubiera violado los deberes de transporte pblico a su cargo, con
todos los perjuicios del caso, y hubiera discriminado a Antonio Domingo Bussi.
4. La sentencia no ha merituado que la historia argentina ha generado numerosos
personajes especiales. De acuerdo a la tesis sustentada en la decisin, los trabajadores
podran no atenderlos, con las nefastas consecuencias del caso.
5. Como la mayora de las pretensiones del actor han sido desestimadas, no es
razonable imponer el 80 % de las costas al apelante.
6. Se queja porque los honorarios son elevados.
c. Apelacin del actor
1. Existe prctica desleal en el demandado por sancionar al actor sin haber iniciado la
exclusin de tutela.
Adems, por haber violado la libertad de conciencia del actor, uno de los derechos
fundamentales de los representantes gremiales.
2. El dao causado es evidente por lo que se debe publicar la sentencia en un medio
masivo de comunicacin.
3. No debe cargarse las costas al apelante porque bien pudo considerarse con derecho
para litigar como lo hiciera.
C. Valores (v)
En este caso se hallan comprometidos los siguientes derechos humanos:

1. a un orden social justo
Declaracin Universal de Derechos Humanos, art. 28
2. a la libertad de conciencia
Declaracin Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. 3
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, art. 18
Pacto de San Jos de Costa Rica sobre Derechos Humanos, art. 13
D. Men normativo (n)
a. Normas constitucionales
En el presente caso se hallan comprometidas las siguientes directivas:
Derecho a condiciones dignas y equitativas de trabajo (CN art. 14 bis)
Derecho a la garanta sindical (CN art. 14 bis)
b. Normas supra/legales
Declaracin de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
(1998), art. 1
Declaracin Sociolaboral del MERCOSUR (1998), art. 8,
c. Normas legales
En el presente caso se hallan comprometidas las siguientes:
Uso razonable de la facultad disciplinaria (RCT arts. 67 y 68)
Concrecin de la garanta sindical (Ley 23.551, art. 52)
Prctica des/leal (Ley 23.551, art. 53,1)
E. Decisin como conducta transformadora de la realidad.
a. negativa del actor a despachar el pasaje de Antonio Domingo Bussi
1. El tema a resolver se relaciona con la objecin de conciencia. Al respecto,
transcribo lo que he afirmado en Derecho del Trabajo, Platense, La Plata, 1998,
prrafo 287:
1. Estructura: Es el derecho de todo hombre a no empuar las armas o prepararse
para matar, por razones de libertad de conciencia, ofreciendo servicios civiles como
alternativa. Si bien refiere a temas blicos, sistemticamente cabe extenderla a
supuestos laborales vinculados a problemas ticos, en los que el trabajador puede negar
su dbito hasta que se solucione el conflicto moral. Cabe visualizarla tambin como
deber en cuanto su ejercicio contribuye a la justicia social y a la paz consecuente.
Mientras madure el tiempo para concebirlo como normativo, por el momento vale
considerarlo como tico, derivado del nemo laedere.
2. Reconocimiento
Vinculada con el tema blico, fue reconocida como derecho humano por el
Parlamento europeo mediante resolucin del 07.02.1983. Ha sido receptada en las
legislaciones de Alemania Federal, Austria, Blgica, Dinamarca, Espaa, Finlandia,
Francia, Holanda, Italia, Polonia, Suecia.
En nuestro pas, la Ley 24.429 (B.O.10/01/95) art. 20 norma: Los ciudadanos que en
la oportunidad de la convocatoria expresada en el artculo anterior, se consideren
impedidos para cumplir con la capacitacin militar, en razn de profesar profundas
convicciones religiosas, filosficas o morales, opuestas en toda circunstancia al uso
personal de armas o a la integracin de cuerpos militares, debern cumplir el Servicio
Social Sustitutorio, por el trmino que la reglamentacin determine, que no podr ser
mayor a un ao...
4. Contenido de la objecin en materia laboral.
En materia laboral, el contenido de la objecin alcanza a toda conducta empresarial
que tienda, directa o indirectamente, a violar derechos humanos o in/cumplir los cursos
de accin del Nuevo Orden Econmico Social Inter/nacional (NOESI), decidido por las
Naciones Unidas.
2. La dictadura militar argentina es un hueso duro de roer en la sociedad civil en cuyo
estmago todava los jugos gstricos de la Memoria colectiva no han logrado procesar
los hechos ocurridos y los personajes que los llevaron a cabo. Actitudes semejantes se
observan en la colectividad juda, en la que el Holocausto nazi sigue presente o en la
sociedad japonesa en que las bombas atmicas sobre Hiroshima y Nagasaki an
iluminan el pas insular.
Como las sentencias se dictan en un momento histrico determinado (el hic et nunc
de los romanos), la ubicacin espacio/temporal de la decisin recurrida es correcta en
cuanto la conducta del actor no se entendera fuera del contexto de la dictadura militar
reciente, dentro de la cual l fuera detenido durante 20 das (fs. 13). En tal marco, la
conducta del actor, lejos de ser un in/cumplimiento, ha sido ejemplar porque si a todos
los personeros de la dictadura se los tratara del mismo modo, la sancin societal
compensara en parte los beneficios obtenidos por las leyes de obediencia debida y de
punto final. Esto no es discriminacin, como dice el demandado, sino simplemente
justicia ya que en la balanza de la conciencia los horrores de la dictadura son
compensados por un trato duro, en este caso negarse a despachar el pasaje de uno de los
ms importantes personajes de la dictadura.
3. El demandado, contraponiendo Kelsen y iusnaturalismo, sostiene que la sentencia
se aparta
del primero pero no indica en qu fuente filosfica abreva. Por ello, en su primer
agravio, a fs. 22 vta, afirma que la decisin carece de fundamentos jurdicos,
sustentndose slo en consideraciones de tipo extrajurdicas (argumento que ciertos
jueces de alzada, en su poca jueces de la dictadura militar, utilizan para descalificar
sentencias que es imposible rebatir).
El demandado descuida que, lejos de carecer de fundamentos jurdicos, la sentencia
se basa en los Derechos Humanos, cimiento de todo sistema normativo que pretenda
seriedad. Por ello, la sentencia debe recorrer el mundo mediante Internet porque muestra
que en estas lejanas playas del Sur, en los lmites de Occidente, existen seres humanos
que llaman a las cosas por su nombre. Como dijera Kelsen: Hay, sin embargo, una
afirmacin que en el orden de la experiencia puede ser hecha por la teora, a saber:
nicamente un orden jurdico que no satisface los intereses de uno en perjuicio de los de
otro, sino que establece entre los intereses contrapuestos un compromiso, a fin de
reducir al mnimo las fricciones posibles, puede aspirar a una existencia relativamente
larga. Slo un orden de este tipo se hallara en condiciones de asegurar a los sometidos a
l una paz social sobre bases relativamente permanentes. Y an cuando el ideal de
justicia en el sentido originario aqu desenvuelto es algo enteramente distinto del ideal
de paz, existe una clara tendencia a identificar los dos ideales o, cuando menos, a
substituir el de paz por el de justicia (Teora General del Derecho y del Estado, edit.
U. Mxico, 1979).
Por otra parte, la sentencia refiere expresamente a RCT arts. 67 y 68 por lo que
tampoco carece de base normativa.
Sus consideraciones respecto del trabajador como persona, oblicuamente refieren a
RCT art. 4. El ordenamiento normativo tutela a travs de RCT art. 4, al trabajo como
actividad lcita, que tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del
hombre en s. Esta conceptualizacin normativa alcanza y recepta una nocin de tipo
ontolgico, mostrando cmo de una concepcin filosfica se puede derivar otra que se
plasma en la ley. Al expresar el texto legal del hombre en s, remite a la esencia del
hombre, fuertemente ligada a una actividad propia de ese tipo de ente que somos, y que
es el trabajo. Segn Job, el hombre nace para trabajar como el ave nace para volar,
por lo que el trabajo constituye una dimensin fundamental de la existencia del hombre
en la tierra (Laborem exercens, pr. 12), discutindose as, desde la raz misma del
hombre, todos los intentos polticos y econmicos basados en la exclusin de las
grandes mayoras. La tutela del trabajo y del trabajador se conecta con su esencia y con
su dignidad humana, no con un menoscabo ontolgico de su naturaleza, con incidencia
en el mbito legal. La sociedad tutela al trabajador porque es un ser digno, y no porque
ste sea, como algunos dicen, simple y modesto. De ninguna manera la subordinacin
jurdica del trabajador respecto del empleador puede interpretarse como un menoscabo
en su naturaleza.
4. Ya que finalmente fue despachado el pasaje en cuestin, no ha existido dao
alguno a la empresa. Por ello, el argumento del demandado relativo a sus eventuales
responsabilidades como transportista pblico no conmueve la sentencia.
5. La existencia en la sociedad argentina de personajes especiales que podran no
ser atendidos por razones de conciencia por otros empleados, es un dato a tener en
cuenta en un convenio colectivo o en un reglamento consensuado para establecer los
necesarios reemplazos de los objetores de conciencia y conjugar sus imperativos ticos
con las necesidades operativas del servicio. Como se aprecia, el argumento no
menoscaba la sentencia.
6. El argumento de que por respeto a la persona del actor se ha sancionado su falta
grave con una sancin menor, menoscaba dos datos fundamentales:
6.1. no ha existido falta alguna por parte del actor, por lo que la sancin no
corresponde.
6.2. dado que la posicin sindical del actor en la empresa no se discute, el empleador
hubiera debido, antes de sancionarlo, recurrir al procedimiento de exclusin de tutela,
establecido en la Ley 23.551 arts. 47 y 52. Cabe recordar que en el caso de un trabajador
garantizado por la tutela sindical, el empleador debe recurrir al procedimiento de
exclusin de tutela, establecido en la Ley 23.551 art. 47, en tres situaciones normadas
por el art. 52 (despido, suspensin o modificacin de las condiciones de trabajo). Dentro
de la segunda variable (suspensin) se recepta cualquier otra medida disciplinaria,
incluso el apercibimiento. Si as no fuese, el trabajador garantizado podra ser
continuamente hostigado por el empleador mediante medidas disciplinarias menores a la
suspensin pero que molestan o perjudican su horizonte mental.
Como el empleador no ha recurrido al proceso de exclusin de tutela, antes de
sancionar al actor, su argumento cede.
7. La memoria recuerda que durante la dictadura militar argentina, un maletero de un
hotel parisino se neg a llevar las valijas de Eduardo Massera. Ante ello, fue despedido.
El tribunal consider injusto el despido y orden reincorporar al trabajador despedido,
con el argumento de que en un pas libre como Francia los dictadores no deben ser
atendidos.
Dada la globalizacin, este fallo es un digno precedente para confirmar la sentencia
recurrida.
8. Por estas consideraciones, cabe rechazar la apelacin del demandado en esta parte.
b. prctica desleal del empleador
1. Los empleadores (tambin el Estado empleador) o sus organizaciones
profesionales pueden vulnerar la libertad sindical mediante conductas obstructivas,
violatorias o de influencia, pre/valindose del poder en cualquiera de sus elementos:
social, cultural, econmico, poltico. Tales conductas son antisindicales porque su
sentido es claro: perjudicar la libertad sindical. Dado el mtodo utilizado (abuso del
poder), son desleales ya que violan la tica de las relaciones profesionales.
Se tienen, as, los elementos de la prctica desleal (PD): agente social (As), abuso del
poder (Ap), violacin de la libertad sindical (Vls).
Puede formularse: PD = As + Ap + Vls (cr. mi El nuevo derecho sindical argentino,
2. edic., Platense, La Plata, 1993, pr.269).
2. De acuerdo a la Ley 23.551 art. 53.i) constituye prctica desleal el despido,
suspensin o modificacin de las condiciones de trabajo del trabajador garantizado
sindicalmente, por razones que no sean de aplicacin general o simultnea a todo el
personal.
Como ya se explicara, dentro del concepto suspensin, se recepta cualquier otra
medida disciplinaria menor, como la de este caso.
Como el inciso prescinde de la finalidad del empleador, no es necesario probar su
nimo antisindical, bastando la conducta objetiva y particularizada.
3. Por ello, en este caso el empleador ha incurrido en prctica desleal.
4. Dado que la sancin de la prctica desleal es una multa con dimensin econmica
y destino especfico (Ley 23.551, art. 55), debe imponerse, aunque el afectado no la
hubiera solicitado en la demanda, como en este caso.
4.1. Si bien queda a criterio del juzgador, la multa ha de imponerse con razonabilidad,
teniendo en cuenta las caractersticas del caso, la medida del incumplimiento del
empleador, la dimensin de la empresa, y las pautas de la Ley 25.212 (B.O.06.01.2000).
En este caso, las caractersticas del asunto refieren a un objetor de conciencia y a una
empresa de aviacin de fama y alcance mundial, lo que trae a la memoria el conflicto
entre David y Goliat (I Samuel, cap. XVII).
El incumplimiento ha sido grave, porque se ha vulnerado no slo la conciencia del
trabajador sino tambin la libertad sindical, mediante un comportamiento que
difcilmente se hubiera manifestado en Europa y que muestra cmo nos trata el capital
extranjero, alegremente introducido en estas lejanas playas del Sur en estos ltimos 10
aos que cambiaron la historia. En este conflicto no slo se ha ofendido al actor
individualmente sino tambin a los
trabajadores colectivamente, representados por la entidad sindical que tambin acta
en este proceso.
La disparidad de condiciones y de fuerza entre ambos contendores inclina la balanza
en el sentido de imponer al transgresor la mayor multa posible dentro del esquema de
infraccin muy grave, establecido en la Ley 25.212, art. 4, por lo que la multa a imponer
ha de graduarse desde $ 1.000 a $ 5.000 (art. 5.3) por cada afectado, Miguel Angel
Armella y la Asociacin del Personal Aeronutico.
4.2. Dado que son dos los afectados, la multa a imponer al demandado es la mxima
posible dentro de los parmetros legales mencionados: $ 10.000 ($ 5.000 x 2).
4.3. De acuerdo a la sentencia, el empleador debe, dentro del tercer da de notificado,
eliminar del legajo del actor la sancin impuesta y la amenaza de apercibimiento. Como
con esa conducta finaliza la prctica desleal, el empleador queda apercibido que la
multa ser incrementada de acuerdo a los parmetros de la Ley 23.551, art. 55.2, si se
dieran las condiciones previstas en dicha norma.
5. conducta judicial frente a la prctica desleal
5.1. La Declaracin de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo (1998) recuerda que la creacin de la OIT proceda de la conviccin de que la
justicia social es esencial para garantizar una paz universal y permanente y considera
que el crecimiento econmico es esencial, pero no suficiente, para asegurar la equidad,
el progreso social y la erradicacin de la pobreza, lo que confirma la necesidad de que la
OIT promueva polticas sociales slidas, la justicia e instituciones democrticas. Para
ello, la Organizacin debe hoy ms que nunca movilizar el conjunto de sus medios de
accin normativa, de cooperacin tcnica y de investigacin en todos los mbitos de su

competencia, y en particular en los del empleo, la formacin profesional y las
condiciones de trabajo, a fin de que en el marco de una estrategia global de desarrollo
econmico y social, las polticas econmicas y sociales se refuercen mutuamente con
miras a la creacin de un desarrollo sostenible de base amplia.
Afirma que con el objeto de mantener el vnculo entre progreso social y crecimiento
econmico, la garanta de los principios y derechos fundamentales en el trabajo reviste
una importancia y un significado especiales al asegurar a los propios interesados la
posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una participacin
justa en las riquezas a cuya creacin han contribuido, as como la de desarrollar
plenamente su potencial humano.
En ese contexto, la Conferencia Internacional del Trabajo 1998 recuerda que a) que
al incorporarse libremente a la OIT, todos los Miembros han aceptado los principios y
derechos enunciados en su Constitucin y en la Declaracin de Filadelfia, y se han
comprometido a esforzarse por lograr los objetivos generales de la Organizacin en toda
la medida de sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones especficas; b) que esos
principios y derechos han sido expresados y desarrollados en forma de derechos y
obligaciones especficos en convenios que han sido reconocidos como fundamentales
dentro y fuera de la Organizacin.
Declara que todos los Miembros, an cuando no hayan ratificado los convenios
aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organizacin
de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la
Constitucin, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de
esos convenios, es decir:
a) la libertad de asociacin y la libertad sindical...
Decide que, para hacer plenamente efectiva la presente Declaracin, se pondr en
marcha un seguimiento promocional, que sea creble y eficaz, con arreglo a las
modalidades que se establecen en el anexo que se considerar parte integrante de la
Declaracin.
Dentro de ese esquema, cabe enviar copia de esta sentencia a la OIT, a sus oficinas en
Buenos Aires, a sus efectos.
5.2. La Declaracin Sociolaboral del MERCOSUR (1998) entre los derechos de los
trabajadores reconoce la libertad sindical (art. 8).
Por ello, cabe enviar copia de esta sentencia al Ministerio de Trabajo para que tenga
presente el caso cuando elabore la Memoria Anual respecto de la Declaracin.
c. reparacin del dao causado
1. Dado el estado pblico de la cuestin, el dao causado por el empleador no
necesita mayores elementos de prueba.
2. El medio elegido por los actores para reparar el dao no ha sido cuestionado por el
demandado y guarda relacin con el perjuicio causado.
Por ello, corresponde que esta sentencia sea publicada en uno de los diarios de mayor
circulacin en Capital Federal.
3. Para designar el diario se celebrar audiencia dentro de los 10 das de notificada la
sentencia, a la que han de concurrir las partes.
Si no concurrieran o no se pusieran de acuerdo sobre el diario en que se publicar la
sentencia, el mismo ser designado por el Tribunal.
4. Una vez designado el medio, el demandado debe gestionar la publicacin dentro de
los 10 das siguientes, bajo apercibimiento de que si as no lo hiciera se le impondrn
astreintes de $ 500 diarios por cada da de mora, sin perjuicio de que los actores
publiquen la sentencia y persigan al demandado por el cobro de la publicacin.
d. honorarios
1. Los mismos son razonables.
2. Por ello, deben confirmarse.
e. imposicin de costas
1. Como la sentencia recurrida se modifica haciendo lugar a la demanda en todas sus
partes, las costas deben cargarse solamente en el demandado.
2. Cabe modificar la sentencia a tal efecto.
f. conclusin
Por todo ello, en base a la Declaracin Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, art. 3, a la Declaracin Universal de Derechos Humanos, art. 28, al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Polticos, art. 18, al Pacto de San Jos de Costa
Rica sobre Derechos Humanos, art. 13, a la Constitucin Nacional art. 14 bis,
Declaracin de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo
(1998), art. 1, a la Declaracin Sociolaboral del MERCOSUR (1998), art. 8, a RCT arts.
67 y 68, a la Ley 23.551, arts. 52 y 53.1, cabe:
1. rechazar la apelacin del demandado, con costas de alzada.
2. modificar parcialmente la sentencia:
2.1. condenando al demandado por prctica des/leal, imponindole una multa de $
10.000, con el apercibimiento que la multa ser incrementada de acuerdo a los
parmetros de la Ley 23.551, art. 55.2, si se dieran las condiciones previstas en dicha
norma.
2.2. condenando al demandado a publicar la sentencia publicada en uno de los diarios
de mayor circulacin en Capital Federal.
Para designar el diario se celebrar audiencia dentro de los 10 das de notificada la
sentencia, a la que han de concurrir las partes.
Si no concurrieran o no se pusieran de acuerdo sobre el diario en que se publicar la
sentencia, el mismo ser designado por el Tribunal.
Una vez designado el medio, el demandado debe gestionar la publicacin dentro de
los 10 das siguientes, bajo apercibimiento de que si as no lo hiciera se le impondrn
astreintes de $ 500 diarios por cada da de mora, sin perjuicio de que los actores
publiquen la sentencia y persigan al demandado por el cobro de la publicacin.
2.3. imponiendo las costas de ambas instancias ntegramente al demandado.
3. regular los honorarios de segunda instancia sobre los de primera, en un 35 % al
letrado del actor y un 25 % al letrado del demandado.
4. enviar copia de esta sentencia a la OIT en sus oficinas de Buenos Aires, a sus
efectos.
5. enviar copia de esta sentencia al Ministerio de Trabajo para que tenga presente el
caso al momento de redactar la Memoria Anual sobre la Declaracin Sociolaboral del
MERCOSUR.
II. As voto.
EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNNDEZ MADRID DIJO:
Que adhiere al voto del Dr. De La Fuente.
En atencin al resultado del presente acuerdo, EL TRIBUNAL RESUELVE:
I) Revocar el fallo apelado, y en su mrito declarar vlida la sancin disciplinaria
aplicada al actor.
II) Imponer las costas de ambas instancias en el orden causado.
III) Regular los honorarios de segunda instancia de los letrados firmantes a fs. 220 y
fs. 223 en un 25 % y 30 % respectivamente de lo que a cada uno le corresponde percibir
por su labor en la anterior etapa.
Cpiese, regstrese, notifquese y vuelvan.
Sumarios del fallo (3)

Laboral / Contrato de Trabajo > Despido indirecto > Supuestos de injuria > Objecin
de conciencia - Trabajador que se niega a atender a un ex dictador
El trabajador tiene legtimo derecho a negarse a atender personalmente a un pasajero
que repudia invocando objecin de conciencia, pero no puede, por una elemental razn
de buena fe y lealtad hacia la empleadora, negar lisa y llanamente, sin alternativas, la
admisin de un pasajero -fuera quien fuere- que haba contratado legtimamente con
aquella. Esta actitud constituye, por parte del trabajador, un incumplimiento a los
deberes a su cargo que justifica la aplicacin de una sancin por parte de la empleadora.
Laboral / Contrato de Trabajo > Despido indirecto > Supuestos de injuria > Objecin
de conciencia - Trabajador que se niega a atender a un ex dictador
La negativa del trabajador a la admisin de un pasajero que haba contratado
legtimamente con la empleadora por tratarse de un dictador, lejos de ser un
incumplimiento, es una conducta ejemplar, porque si a todos los personeros de la
dictadura se los tratara del mismo modo, la sancin social compensara en parte los
"beneficios" obtenidos por las leyes de obediencia debida y punto final. Esto no es
discriminacin sino simplemente justicia, ya que en la balanza de la conciencia los
horrores de la dictadura son compensados por un trato duro. (Del voto en disidencia del
Dr. Capn Filas.)
Laboral / Contrato de Trabajo > Derechos del empleador > Poder disciplinario Delegado gremial - Apercibimiento disciplinario - Accin de exclusin de tutela
Laboral / Derecho Colectivo de Trabajo > Cargos gremiales (garanta de estabilidad)
> Exclusin de la tutela - Apercibimiento disciplinario
Cuando el trabajador se encuentra garantizado por la tutela sindical, el empleador,
para sancionarlo, debe recurrir al procedimiento de exclusin de tutela, establecido en el
art. 47, Ley 23551, para las tres situaciones normadas por el art. 52, Ley 23551
(despido, suspensin o modificacin de las condiciones de trabajo). Dentro de la
segunda variable (suspensin) se recepta cualquier otra medida disciplinaria, incluso el
apercibimiento, pues, si as no fuese, el trabajador garantizado podra ser continuamente
hostigado por el empleador mediante medidas disciplinarias menores a la suspensin
pero que molestan o perjudican su horizonte mental. (Del voto en disidencia del Dr.
Capn Filas.)
Legislacin relacionada
Ley 23551 | Asociaciones Sindicales | art. 47
Legislacin
"Garetto, Mario Alberto c/Municipalidad de Rafaela s/recurso contencioso

administrativo de plena jurisdiccin" CSJ DE SANTA FE 13/04/2005
EMPLEO PUBLICO. Agentes municipales de la provincia de Santa Fe. Vigencia de la Ley de Entidades
Sindicales en el mbito del empleo pblico. TUTELA SINDICAL. Delegado gremial. Aplicabilidad en el
caso del artculo 14 bis de la Constitucin nacional y de las disposiciones de la Ley 23551 -Asociaciones
Sindicales-. Necesidad de exclusin judicial previa para la aplicacin de sanciones
"El artculo 14 bis de la Constitucin nacional habla de la proteccin del trabajo, sin distinciones de
ninguna especie, por lo que han de quedar tutelados los trabajadores pblicos."
"En 1988, se sanciona la actual Ley de Asociaciones Sindicales 23551 (publ. 22.4.1988). En el artculo 1
del decreto reglamentario 467/88 se expresa: "A los fines de la ley se entiende por trabajador a quien
desempea una actividad lcita que se presta en favor de quien tiene facultad de dirigirla". La amplitud del
texto no permite, pues, excluir a los agentes pblicos."
"En otras palabras, el ordenamiento -a contrario de lo que sostiene la demandada- no distingue entre
empleados pblicos y dependientes privados. Su mbito personal de aplicacin es general, no hay norma
que autorice trato diferenciado o que excluya algn sector. Ello por cuanto la materia de que trata y
puntualmente las garantas que consagra, se definen y operan a partir del resguardo de la funcin que
desempean los dirigentes y no conforme al sector al que pertenecen."
"Sobre el punto, entiendo que resulta de particular relevancia el criterio seguido en recientes precedentes
de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin. As, en el caso "Luis Alberto Len" (Fallos: 322:1071) el
Alto Tribunal resolvi hacer lugar a una avocacin y dejar sin efecto la cesanta de un agente judicial en
razn de habrsele impuesto la medida disciplinaria sin que se tuviera en cuenta su invocada y probada
condicin de delegado gremial y sin haberse adoptado "el procedimiento establecido por la ley 23551 con
el objeto de ejercer facultades disciplinarias que interfirieran con las garantas que amparan a los
delegados gremiales"."
"Posteriormente en la causa "Bveda" (Fallos: 326:2325) la Corte nacional reafirm esta lnea
jurisprudencial al sostener -con cita de diversos antecedentes de la Cmara Nacional de
Apelaciones del Trabajo- que la ley 23551 es aplicable "an en el marco de la relacin de empleo
pblico" resolviendo la suspensin de las sanciones de apercibimiento y multa impuestas a un
empleado judicial que acredit su condicin de delegado gremial "hasta tanto se resuelva la
exclusin de la tutela sindical que lo ampara"."
"A estos pronunciamientos se suman tambin anteriores fallos en los que el Mximo Tribunal nacional no
puso en entredicho la aplicabilidad de la ley 23551 a agentes pblicos (voto de los doctores Molin
O`Connor, Levene [h] y Lpez en autos "Garay, Francisco Digno y otros c. Universidad Nacional de
Formosa s. amparo sindical, arts. 47 y 50 ley 23551" en El Derecho, T. 166, pg. 38 y siguientes; tambin
cabe citar lo resuelto en "Recurso de Hecho deducido por Alberto Sabino Soto en la causa Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino", G.371.XXXVII, del 27.6.2002, Fallos: 325:1420)."
"Sentada, pues, la vigencia de la Ley de Entidades Sindicales en el mbito del empleo pblico, debe
sealarse que en su artculo 52 establece "Los trabajadores amparados por las garantas previstas en los
artculos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrn ser despedidos, suspendidos ni con relacin a ellos
podrn modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolucin judicial previa que los excluya de
la garanta ..."
"Este texto, y sus concordantes comprendidos en el Ttulo XII de la ley 23551, es aplicable a los agentes
pblicos nacionales, provinciales y municipales. Es que no puede concebirse que unos empleados -los
nacionales- gocen de una amplia tutela sindical y, otros -los provinciales y municipales- tengan una
proteccin menguada o amputada."
"Por ello, tengo por aplicable a los agentes municipales de la Provincia de Santa Fe la tutela del artculo
52 de la ley 23551 siendo menester el "desafuero" para los trabajadores amparados por las garantas de
los artculos 40, 48 y 50 de la mencionada ley."
"No constituye obstculo para concluir lo antecedente la disposicin del artculo 55 inciso 23 de la
Constitucin provincial en tanto comporta establecer una reserva de ley formal en lo ataedero a la
organizacin de los oficios pblicos."
"Por ello, la posicin propiciada por la Administracin demandada, en cuanto entendi inaplicables a la
situacin del actor las previsiones del artculo 14 bis de la Constitucin nacional y de la ley 23551, resulta
inatendible y contraria al derecho considerado en su integridad."
"Conclusin de lo expuesto es que son aplicables a los agentes municipales las normas de la ley 23551,
invocadas en el caso por el recurrente."
"Consecuentemente, al no haberse seguido el procedimiento previsto en la citada ley con el objeto de
ejercer facultades disciplinarias que interfieran con las garantas que amparan a los delegados gremiales,
la medida recurrida deviene ilegtima."
Citar: elDial.com - AA2A88
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Buenos Aires Argentina
Fallo Completo
"Garetto, Mario Alberto c/Municipalidad de Rafaela s/recurso contencioso administrativo de plena

jurisdiccin" CSJ DE SANTA FE 13/04/2005
En la ciudad de Santa Fe, a los trece das del mes de abril del ao dos mil cinco, se reunieron en acuerdo
los seores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Hector
Falistocco, Mara Anglica Gastaldi, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la presidencia del
titular doctor Rafael Francisco Gutirrez, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "GARETTO,
Mario Alberto contra MUNICIPALIDAD DE RAFAELA sobre RECURSO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIN" (Expte. C.S.J. N 248 del ao 1989)), de
conformidad con el acuerdo celebrado el da seis del corriente mes y ao.//A la primera cuestin -es procedente el recurso interpuesto?-, el seor Ministro doctor Falistocco dijo:
1. Mario Alberto Garetto, por apoderado, promueve recurso contencioso administrativo de plena
jurisdiccin contra la Municipalidad de Rafaela tendente a obtener la anulacin de la resolucin 261 de la
Secretara de Obras y Servicios Pblicos y de la resolucin 7410 dictada por el Intendente municipal,
solicitando el pago de los haberes descontados correspondientes a diez das de suspensin, el
restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas, y el pago de astreintes, todo debidamente
actualizado y con intereses.Relata que en fecha 17.8.1988, mediante resolucin interna 261, la autoridad municipal le impuso una
suspensin de diez das sin goce de haberes, no teniendo en cuenta su condicin de delegado gremial de la
seccin Mantenimiento y Gomera de la Municipalidad que, como tal, goza de la tutela sindical de
trabajadores, no () pudiendo ser objeto de despidos, sanciones y/o suspensiones ni modificacin de sus
condiciones de trabajo, sino mediante una resolucin judicial previa que lo excluya de dicha garanta.Indica que el artculo 14 bis de la Constitucin nacional determina que "los representantes gremiales
gozarn de las garantas necesarias para el cumplimiento de su gestin sindical y las relacionadas con la
estabilidad de su empleo" y que la ley 23551, de Asociaciones Sindicales y su decreto reglamentario
467/88 consagran el llamado fuero sindical tendente a proteger a los trabajadores que ejercen cargos
sindicales o realizan actividades de carcter gremial, sealando que la proteccin dispensada al dirigente
no slo se refiere al despido sino tambin a la modificacin de sus condiciones de trabajo y a las medidas
de suspensin, cuando no tengan justificacin.-
Entiende que la sancin impuesta al recurrente viola expresamente el derecho a la estabilidad consagrado
en la ley 23551 para los representantes gremiales en razn de que la suspensin aplicada implica una
alteracin de las condiciones de trabajo que en el caso que nos ocupa adquiere carcter discriminatorio
por tratarse de un delegado de personal, quien, en virtud de la medida, ha visto entorpecida la posibilidad
de ejercer la representacin de sus compaeros de tareas.Opina que carece de asidero lo sustentado por la autoridad recurrida en los considerandos de la resolucin
317 cuando niega la aplicacin de la ley 23551 al presente caso por ser contraria a la Constitucin
nacional, provincial y Ley Orgnica de Municipalidades puesto que las disposiciones invocadas que se
opondran a la aplicacin de la ley 23551, no constituyen la fuente del derecho regulador de la materia en
cuestin.Manifiesta que el artculo 75, inciso 12, de la Constitucin nacional impone al Congreso de la Nacin,
entre sus atribuciones, la de dictar los Cdigos del Trabajo y la Seguridad Social, en tanto el artculo 31
del mismo ordenamiento jurdico fija la primaca de la Constitucin, leyes de la Nacin que en su
consecuencia se dicten y tratados con potencias extranjeras por sobre las constituciones y leyes
provinciales.Destaca que queda determinado, as, el mbito de competencias, debiendo dictar el Congreso nacional las
leyes de trabajo, en cuya rbita se encuentra la Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores.Explica que el derecho de los representantes gremiales a las garantas necesarias para el cumplimiento de
su gestin sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo est reglamentado actualmente por la
ley 23551, que de esta manera constituye la legislacin de fondo que regula la materia en cuestin.Pone de resalto que la exclusin de tutela regulada por la ley 23551 constituye una manifestacin del
derecho a la jurisdiccin antes del proceso y una razonable reglamentacin de la garanta constitucional
del artculo 14 bis, ya que confiere la facultad de discernir la exclusin de la tutela a un rgano imparcial
e independiente, como son los jueces y tribunales competentes en materia laboral.Aade que tampoco es valedera la afirmacin de la recurrida en los considerandos de la resolucin 7410
en el sentido que los fundamentos probatorios de la sancin impuesta surgen de lo expresado por el
Director General de Servicios Pblicos, toda vez que dichos cargos carecen de relevancia por ser nula la
causal invocada, atento no haberse previamente excluido la tutela sindical.Acota que de las disposiciones de la ley 23551 no surge distincin alguna entre trabajadores del sector
pblico y trabajadores del sector privado, no efectuando tampoco distingo alguno al respecto el artculo
14 bis de la Constitucin nacional.Peticiona, en definitiva, el acogimiento del recurso, con costas.2. Declarada por Presidencia (f. 21/vto.) la admisibilidad del recurso interpuesto, comparece la
Municipalidad demandada (f. 27) y contesta la demanda (fs. 32/33).En su escrito de responde niega que: la imposicin de la sancin tenga una causa distinta al
incumplimiento de sus obligaciones por parte del recurrente o una finalidad diferente al ejercicio de la
potestad disciplinaria;; la sancin se pueda relacionar con la condicin de delegado gremial; la imposicin
de la sancin no resulte acorde con las disposiciones de la ley 9286 y la ordenanza 1961.Arguye que el recurrente confunde la relacin de empleo pblico originada en un contrato administrativo
con la relacin laboral nacida del contrato de trabajo.Alega que los derechos sindicales a que refiere el artculo 14 bis de la Constitucin nacional no
comprenden ni incluyen a funcionarios ni empleados pblicos, lo que queda corroborado por la propia
terminologa empleada en dicha norma cuando habla de convenios colectivos de trabajo, participacin en
las ganancias de la empresa con control de produccin y otros conceptos que no se dan en la funcin
pblica.-
Sostiene que la ley nacional 23551 no es aplicable al caso atento que la Constitucin nacional en su
artculo 75 atribuye al Congreso la facultad de legislar en materia de trabajo y seguridad social pero no
incluye entre estas atribuciones la de dictar normas relativas a la Administracin Pblica provincial, la
que queda incluida en la zona de reserva del artculo 121 y cuya regulacin compete a los poderes locales,
conforme al artculo 122, ambos de la Constitucin nacional.Solicita, en definitiva, el rechazo del recurso, con costas.Abierta la causa a prueba (f. 33 vto.) y producida la que consta en autos, informan las partes sobre su
mrito (fs. 68/69vto. y 70/73). Dictada (f. 74) y consentida la providencia de autos, queda la causa en
estado de ser resuelta.3.a. No est debatido en el sub discussio el carcter de delegado gremial del recurrente.La controversia gira, en cambio, en torno a la aplicabilidad en el caso del artculo 14 bis de la
Constitucin nacional y de las disposiciones de la ley 23551, de Asociaciones Sindicales.En efecto, el accionante cita en apoyo de su tesis el artculo 14 bis de la Constitucin nacional en tanto
estatuye que los representantes gremiales gozarn de las garantas necesarias para el cumplimiento de su
gestin sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Invoca la tutela sindical establecida en
la ley 23551 y entiende que la Administracin omiti reclamar el desafuero.La resistente, por su parte, afirma que el artculo 14 bis no comprende a los empleados pblicos, que la
ley 23551 es inaplicable y que el Congreso no puede dictar normas relativas a la Administracin Pblica
provincial.La particular ndole del tema en debate y, especialmente, la naturaleza de las normas invocadas imponen
efectuar una primera observacin.El actor, si bien -como ya se dijo- sustenta su pretensin anulatoria en una supuesta violacin a su
invocado "status" de delegado gremial en funcin de las normas del captulo XII de la ley 23551,
cuestion la legitimidad de la sancin disciplinaria impuesta utilizando los recursos administrativos
contemplados en la ley 2756 y, luego de agotados los mismos, inici el presente juicio contencioso
administrativo.La Municipalidad de Rafaela, por su parte, resolvi los recursos administrativos recin mencionados y
posteriormente compareci ante este Tribunal encauzando toda su actividad procesal de acuerdo a lo
previsto en la ley 4106.As, las partes consintieron el avance del proceso y la causa consum todas sus etapas.Teniendo en cuenta tales particularsimas condiciones, y con la clara finalidad de no incurrir en
soluciones ritualistas incompatibles con un adecuado servicio de justicia (cfr. Fallos: 296:633; 301:1067;
302:1430; 311:274; 312:61, entre otros), cabe abocarse a la dilucidacin del debate trado ante esta
Corte.b. En funcin de lo expuesto en precedencia, constituye materia litigiosa esclarecer la aplicabilidad al sub
lite de los dispositivos invocados por el actor.Con relacin al artculo 14 bis de la Constitucin nacional, corresponde aclarar que el nuevo texto en
cuanto precepta: "el trabajo en sus diversas formas gozar de la proteccin de las leyes ..." y que "los
representantes gremiales gozarn de las garantas necesarias para el cumplimiento de su gestin sindical y
las relacionadas con la estabilidad de su empleo", comprende el trabajo prestado por empleados pblicos,
mxime teniendo en cuenta que se incluye, expresamente, la "estabilidad del empleado pblico", lo que
demuestra que en el pensamiento del constituyente el empleado pblico "es una categora especial de
trabajador, pero es trabajador tambin" (Krotoschin, Ernesto, "Los empleados pblicos y el derecho de
trabajo" en "Legislacin del trabajo", T. XIX, pg. 867, autor que cita, en el mismo sentido a
Jaureguiberry, "El artculo nuevo", Santa Fe, 1957, pg. 120).-
En esa norma se habla de la proteccin del trabajo, sin distinciones de ninguna especie, por lo que han de
quedar tutelados los trabajadores pblicos.En particular, los derechos sindicales reconocidos a los trabajadores y a los gremios en el artculo 14
nuevo, fueron reglamentados en las distintas leyes de asociaciones profesionales: 14455, 20615, 22105 y
23551 (Vzquez Vialard, "Derecho del Trabajo y Seguridad Social", Tomo 2, 2da. edicin actualizada,
pg. 109; Bof, Jorge A., Acciones tutelares de la libertad sindical, pg. 38, Ediciones La Rocca, Buenos
Aires, 1991).La ley 20615 (publicacin B. O. 17/12/1973) reglaba en su Ttulo X acerca del fuero sindical
estableciendo en su artculo 57 "Con relacin a los trabajadores amparados por la tutela consagrada en
este captulo, salvo el caso previsto por el primer prrafo del artculo precedente, el empleador no podr
adoptar medidas que consistan en despido, suspensin o modificacin de las modalidades de la prestacin
de servicios, si no mediare previamente una resolucin del Tribunal Nacional de Relaciones Profesionales
que en cada caso, excluya de dicha tutela al o a los trabajadores respecto de los cuales se invoque la
existencia de causales justificativas de la adopcin de tales medidas ...".El artculo 52 de la actual ley sindical que invoca la recurrente reconoce su antecedente inmediato en el
artculo 57 de la ley 20615 transcripto, en lo pertinente.En el ao 1979 se sancion y public (B. O. 20/11/1979) la ley de facto 22105 que derog la ley 20615.
El artculo 51 de dicha norma, luego de establecer que los trabajadores que se desempeen como
delegados de personal gozan de la estabilidad prevista en el artculo 49, estatua: "... El empleador podr
otorgarles permiso a fin de que realicen gestiones relacionadas con la defensa de los derechos
individuales de los trabajadores del establecimiento, quedando a cargo de aqul el pago de las
remuneraciones correspondientes".La ley santafecina 9256 del 21.6.1983 legisla acerca de las licencias, justificaciones y franquicias del
personal municipal, reglando en su Captulo V las "Licencias Extraordinarias". Su artculo 46 reza: "Los
trabajadores que se desempeen como delegados de personal, miembros de comisiones internas o en
cargos representativos similares, continuarn prestando servicios en sus tareas, pudindoseles otorgar
permiso a fin de que realicen gestiones relacionadas con la defensa de los derechos individuales de los
trabajadores del sector, sin desmedro de la remuneracin". Vale decir: el texto santafecino reproduce
aquella previsin nacional a los efectos de las licencias.Luego, en 1988, se sanciona la actual Ley de Asociaciones Sindicales 23551 (publ. 22.4.1988). En el
artculo 1 del decreto reglamentario 467/88 se expresa: "A los fines de la ley se entiende por trabajador a
quien desempea una actividad lcita que se presta en favor de quien tiene facultad de dirigirla". La
amplitud del texto no permite, pues, excluir a los agentes pblicos.En otras palabras, el ordenamiento -a contrario de lo que sostiene la demandada- no distingue entre
empleados pblicos y dependientes privados. Su mbito personal de aplicacin es general, no hay norma
que autorice trato diferenciado o que excluya algn sector. Ello por cuanto la materia de que trata y
puntualmente las garantas que consagra, se definen y operan a partir del resguardo de la funcin que
desempean los dirigentes y no conforme al sector al que pertenecen.Sobre el punto, entiendo que resulta de particular relevancia el criterio seguido en recientes precedentes
de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin. As, en el caso "Luis Alberto Len" (Fallos: 322:1071) el
Alto Tribunal resolvi hacer lugar a una avocacin y dejar sin efecto la cesanta de un agente judicial en
razn de habrsele impuesto la medida disciplinaria sin que se tuviera en cuenta su invocada y probada
condicin de delegado gremial y sin haberse adoptado "el procedimiento establecido por la ley 23551 con
el objeto de ejercer facultades disciplinarias que interfirieran con las garantas que amparan a los
delegados gremiales".Posteriormente en la causa "Bveda" (Fallos: 326:2325) la Corte nacional reafirm esta lnea
jurisprudencial al sostener -con cita de diversos antecedentes de la Cmara Nacional de Apelaciones del
Trabajo- que la ley 23551 es aplicable "an en el marco de la relacin de empleo pblico" resolviendo la
suspensin de las sanciones de apercibimiento y multa impuestas a un empleado judicial que acredit su
condicin de delegado gremial "hasta tanto se resuelva la exclusin de la tutela sindical que lo ampara".-
A estos pronunciamientos se suman tambin anteriores fallos en los que el Mximo Tribunal nacional no
puso en entredicho la aplicabilidad de la ley 23551 a agentes pblicos (voto de los doctores Molin
O`Connor, Levene [h] y Lpez en autos "Garay, Francisco Digno y otros c. Universidad Nacional de
Formosa s. amparo sindical, arts. 47 y 50 ley 23551" en El Derecho, T. 166, pg. 38 y siguientes; tambin
cabe citar lo resuelto en "Recurso de Hecho deducido por Alberto Sabino Soto en la causa Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino", G.371.XXXVII, del 27.6.2002, Fallos: 325:1420).Sentada, pues, la vigencia de la Ley de Entidades Sindicales en el mbito del empleo pblico, debe
sealarse que en su artculo 52 establece "Los trabajadores amparados por las garantas previstas en los
artculos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrn ser despedidos, suspendidos ni con relacin a ellos
podrn modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolucin judicial previa que los excluya de
la garanta ...".Este texto, y sus concordantes comprendidos en el Ttulo XII de la ley 23551, es aplicable a los agentes
pblicos nacionales, provinciales y municipales. Es que no puede concebirse que unos empleados -los
nacionales- gocen de una amplia tutela sindical y, otros -los provinciales y municipales- tengan una
proteccin menguada o amputada.Diversos Tribunales Superiores, Cortes Supremas y Cmaras de Apelaciones provinciales han admitido la
vigencia de la tutela sindical prevista en la ley citada en el mbito del empleo pblico provincial y
municipal (vgr.: Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, in re "Cunsnir, Roberto y Otro c/
Municipalidad de Morn s/ Dif. y desp. -cuestin de comp. art. 6 C.C.A.", del 6.4.1993; Tribunal
Superior de Crdoba, "Paz, Ral y otros c. D.P.V. -ACCIN DE TUTELA SINDICAL - LEY 23551 APELACIN - RECURSOS DIRECTO Y CASACIN", fallo del 27.4.2000; Corte Suprema de Justicia
de Salta, "Filomarino, Silvia c. Provincia de Salta", del 25.3.2002, publicado en LLNOA, 2002, pg.
1334; Corte Suprema de Justicia de Tucumn, "Sana Bartolom y otro c. Caja Popular de Ahorros de la
Provincia s/ Accin de Amparo, Sentencia n 369/94", Cmara de Apelaciones de Trelew, N 1, in re
"Manrquez, Ana Rosa c. Municipalidad de Rawson", del 6.5.1996).Por ello, tengo por aplicable a los agentes municipales de la Provincia de Santa Fe la tutela del artculo 52
de la ley 23551 siendo menester el "desafuero" para los trabajadores amparados por las garantas de los
artculos 40, 48 y 50 de la mencionada ley.No constituye obstculo para concluir lo antecedente la disposicin del artculo 55 inciso 23 de la
Constitucin provincial en tanto comporta establecer una reserva de ley formal en lo ataedero a la
organizacin de los oficios pblicos.No podra vlidamente pensarse que, en razn de que la necesidad del desafuero no est expresamente
prevista por un acto normativo provincial, no rige entre nosotros. Ello por cuanto, en el fondo, el juicio de
exclusin de tutela no interfiere en el rgimen de empleo pblico local.Participo de la conviccin que afirma la inconveniencia e incluso invalidez cientfica de realizar enfoques
exclusivamente jurdico-formales sobre los temas trascendentes del derecho del trabajo (Lpez,
Guillermo A. F. "Derecho de las Asociaciones Profesionales", pg. 20, La Ley Edit., Buenos Aires,
1974).Por ello, la posicin propiciada por la Administracin demandada, en cuanto entendi inaplicables a la
situacin del actor las previsiones del artculo 14 bis de la Constitucin nacional y de la ley 23551, resulta
inatendible y contraria al derecho considerado en su integridad.c. Conclusin de lo expuesto es que son aplicables a los agentes municipales las normas de la ley 23551,
invocadas en el caso por el recurrente.Consecuentemente, al no haberse seguido el procedimiento previsto en la citada ley con el objeto de
ejercer facultades disciplinarias que interfieran con las garantas que amparan a los delegados gremiales,
la medida recurrida deviene ilegtima.Corresponde, pues, declarar la procedencia del recurso (art. 72, ley 4106) y, en consecuencia, anular las
resoluciones impugnadas.-
Cayendo la sancin disciplinaria aplicada, debe ordenarse, conforme a lo oportunamente pretendido,

pagar al actor los salarios descontados y dejar constancia en su legajo personal de la presente.En cuanto a la pretensin de cobro de "astreintes" esgrimida en la demanda, cabe sealar que no puede ser
analizada en esta etapa del proceso. Ello por cuanto la propia regulacin contenida en el artculo 666 bis
del Cdigo Civil contempla como presupuesto para su procedencia el incumplimiento de deberes
jurdicos impuestos por una resolucin judicial. Y tal situacin, en el sub examine, slo podra
configurarse, eventualmente, en la etapa de ejecucin de la presente sentencia. Las costas se impondrn a
la demandada (artculo 84, ley 4106).As voto.A la misma cuestin, los seores Ministros doctores Gastaldi, Netri y Spuler y el seor Presidente doctor
Gutirrez expresaron idnticos fundamentos a los vertidos por el seor Ministro doctor Falistocco y
votaron en igual sentido.A la segunda cuestin -en consecuencia, qu resolucin corresponde dictar?-, el seor Ministro doctor
Falistocco dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar la cuestin anterior, corresponde declarar procedente el recurso
interpuesto y, en consecuencia, dejar sin efecto las resoluciones 261/88 y 317/89 de la Secretara de Obras
y Servicios Pblicos y la resolucin 7410/89 del Intendente municipal de Rafaela. Ordenar a la
Municipalidad de Rafaela que proceda a dejar constancia en el legajo personal del actor de la anulacin
de la sancin de suspensin. Condenar al Municipio demandado a pagar al recurrente, en legal forma y
conforme a la liquidacin respectiva -que se practicar dentro de los treinta das de quedar firme la
presente sentencia-, el importe de los haberes descontados con motivo de los actos administrativos
anulados actualizados legalmente hasta el 31.3.1991 y con ms los intereses a la tasa del 6% anual (sobre
valores actualizados), conforme constante jurisprudencia de esta Corte (A. y S., T. 116, pg. 9; T. 122,
pg. 24; T. 124, pg. 417), hasta esa misma fecha. A partir del 1.4.1991 el capital actualizado -sin los
accesorios- devengar la tasa pasiva promedio mencionada en el decreto nacional 941/91 hasta el efectivo
pago. Costas a la demandada.As voto.A la misma cuestin, los seores Ministros doctores Gastaldi, Netri y Spuler y el seor Presidente doctor
Gutirrez dijeron que la resolucin que corresponda adoptar era la propuesta por el seor Ministro doctor
Falistocco y as votaron.En mrito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
RESOLVI: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, dejar sin efecto las
resoluciones 261/88 y 317/89 de la Secretara de Obras y Servicios Pblicos y la resolucin 7410/89 del
Intendente municipal de Rafaela. Ordenar a la Municipalidad de Rafaela que proceda a dejar constancia
en el legajo personal del actor de la anulacin de la sancin de suspensin. Condenar al Municipio
demandado a pagar al recurrente, en legal forma y conforme a la liquidacin respectiva -que se practicar
dentro de los treinta das de quedar firme la presente sentencia-, el importe de los haberes descontados
con motivo de los actos administrativos anulados actualizados legalmente hasta el 31.3.1991 y con ms
los intereses a la tasa del 6% anual (sobre valores actualizados), conforme constante jurisprudencia de
esta Corte (A. y S., T. 116, pg. 9; T. 122, pg. 24;; T. 124, pg. 417), hasta esa misma fecha. A partir del
1.4.1991 el capital actualizado -sin los accesorios- devengar la tasa pasiva promedio mencionada en el
decreto nacional 941/91 hasta el efectivo pago. Costas a la demandada.Registrarlo y hacerlo saber.Con lo que concluy el acto, firmando el seor Presidente y los seores Ministros por ante m, doy fe.//Fdo.:GUTIERREZ-FALISTOCCO-GASTALDI-NETRI-SPULER-Fernndez Riestra (Secretaria)
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ASOCIACIONES SINDICALES DELEGADO GREMIAL - SANCIN

DISCIPLINARIA - LLAMADO DE ATENCIN - APERCIBIMIENTO NATURALEZA JURDICA
El "llamado de atencin" es asimilable a la simple advertencia verbal y no constituye una sancin
propiamente dicha; en cambio el "apercibimiento" es equiparable a la amonestacin, constituye una
sancin propiamente dicha y se deja constancia de ello en el legajo del trabajador. De modo que el
"apercibimiento" es una sancin leve.
"CORREA GUSTAVO ADOLFO EN J 32314 CORREA GUSTVO ADOLFO c/ C/ OTIS ARGENTINA
S.A. s/ S/SUSPENSION" - Fallo: 6199121 - Suprema Corte de Justicia - Circunscripcin: 1 - Sala: 2 Mendoza - 2006/02/23
Tipo de Fallo: Sentencia
Magistrados: LLORENTE - SALVINI - BHM
Expedientes: 84215 - Ubicacin: S362-150
Referencias Normativas:
LEY - N: 23551 - Art.: 52
Citar: elDial.com - MZ41D2
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Copyright
JURISPRUDENCIA
Contrato de trabajo. Sanciones disciplinarias. Requisitos de validez. Delegado gremial.
Procedimiento conciliatorio previo. Correa Gustavo Adolfo c/OTIS Argentina S.A.
s/suspensin, S.C.J. Mendoza, 23/2/06.
En Mendoza, a veintitrs das del mes de febrero del ao dos mil seis, reunida la Sala
Segunda de la Excelentsima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tom en
consideracin para dictar sentencia definitiva la causa N 84.215, caratulada: Correa
Gustavo Adolfo en J 32.314 Correa Gustavo Adolfo c/OTIS Argentina S.A.
p/suspensin S/CAS.
De conformidad con lo establecido en los arts. 140 y 141 del C.P.C. y Acordada N 5845,
qued establecido el siguiente orden de votacin de la causa por parte de los Seores
Ministros del Tribunal: primero Dr. Pedro J. Llorente, segundo Dr. Hermn A. Salvini y
tercero Dr. Carlos Bhm.
ANTECEDENTES:
A fs. 5/13, el seor Gustavo Adolfo Correa, por medio de representante, interpone
recurso extraordinario de casacin contra la sentencia dictada a fs. 54/57 de los autos N
32.314, caratulados: Correa Gustavo Adolfo c/Otis Argentina S.A.p/Suspensiones,
originarios de la Excma. Cmara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripcin
Judicial.
A fs. 16 se admite formalmente el recurso de casacin interpuesto y se ordena correr
traslado de la demanda a la contraria, quien a fs. 22/28 vta., contesta solicitando su
rechazo con costas.
A fs. 31/32 corre agregado el dictamen del Sr. procurador general, quien por las razones
que expone aconseja el acogimiento del recurso planteado.
A fs. 33 vta. se llama al Acuerdo para sentencia y a f. 34 se deja constancia del orden de
estudio en la causa por parte de los seores ministros del Tribunal.
De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitucin de la Provincia,
esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:
Primera: es procedente el recurso de casacin interpuesto?
Segunda: en su caso, qu solucin corresponde?
Tercera: pronunciamiento sobre costas.
Sobre la primera cuestin el Dr. Llorente, dijo:
1. A fs 5/11 Jorge Vctor Palazzo en representacin del Sr Gustavo Adolfo Correa,
interpone recurso de casacin contra la sentencia dictada a fs 54/57 por la Cmara
Tercera del Trabajo, y lo funda en los dos incisos que contempla el art. 159 del CPC.
Denuncia que la Cmara ha interpretado errneamente la Ley 23.551 y el CCT 260/75,
especialmente el artculo 73 del mismo (fs. 5 vta del recurso).
Relacionado con ello, alega que el a-quo ha interpretado errneamente el trmino
suspensin contenido en la Ley 23.551 y en el C.C.T. 260/75, porque en su opinin siguiendo al Dr Capn Filas- en el caso del trabajador garantizado por la tutela sindical,
el empleador debe recurrir al procedimiento de exclusin establecido en la Ley 23.551,
y que dentro de la suspensin se recepta cualquier otra medida disciplinaria incluso el
apercibimiento (f. 6 vta del recurso).
Agrega que dentro del art. 67 de la LCT se admiten como facultades disciplinarias del
empleador, tanto las sanciones morales como las sanciones materiales, sin que se
excluya ninguna de ellas, por lo que resulta incorrecto excluir de ellas las previstas en la
Ley 23.551, siempre que no consistan en suspensiones, despidos, o modificaciones de
las condiciones de trabajo (ver fs 8 vta del recurso).
A continuacin explicita que, para el caso de que la interpretacin sustentada por el a
quo, en cuanto a que conforme el art. 52 de la Ley 23.551 no alcanza a las
prohibiciones por ella planteadas y s puedan ser sancionados los representantes
gremiales por toda medida disciplinaria que no consista en suspensiones, despido o
modificaciones de las condiciones de trabajo, en el caso de autos resultan
palmariamente aplicables las disposiciones del art. 73 del CCT 260/75, el cual es ley
para las partes (f. 8 vta del recurso).
Que por tanto, tal como lo define el art. 73 del CCT 260/75, se trata de sanciones
disciplinarias, de cualquier ndole, tal como se regula en la LCT, por lo que en su
opinin, la Cmara no ha aplicado el art. 73 citado, o si lo aplica, lo ha interpretado
errneamente (fs 9 del recurso).
Aduce que la parte demandada no solo nada dice respecto del art. 73, sino que tampoco
acredita haber solicitado la instancia de conciliacin, previa a celebrar con la
organizacin gremial; mientras que el a quo hace una mera referencia a la mencionada
norma convencional, sin formular ningn tipo de anlisis sobre la aplicacin de la
misma en el caso de autos, aplicacin sta que haba sido invocada en forma expresa por
la ahora recurrente al formular la demanda ordinaria (f. 9 del recurso).
En los prrafos siguientes aclara que, la demandada Otis SA debera conforme lo
dispuesto por el mencionado art. 73, haber solicitado a la Unin Metalrgica Seccional
Mendoza, una instancia de conciliacin previa, instancia esta que nunca fue invocada
por la accionada (fs. 9 vta del recurso).
Expresa que si el Tribunal de juicio hubiera interpretado correctamente el art. 73, habra
dado lugar al reclamo impetrado por el actor.
A fs 10 de la queja, expresa que no existe diferencia entre lo establecido en el art. 52 de
la Ley 23.551 de carcter legal y el contenido aludido del art. 73 del CCT 260/75 de
carcter convencional.
A continuacin expone que analizar, como lo ha hecho el aquo si el acto haba
incurrido o no en faltas contra las decisiones del empleador no es sustancial, porque lo
que corresponde en la especie no es juzgar la conducta del trabajador, sino analizar el
cumplimiento o no de las normas que regulan las relaciones entre el empleador y los
delegados gremiales, tanto las referidas a la Ley de Asociaciones Gremiales como al
Convenio Colectivo. Y que una vez decidida tal situacin, nada impide que se analice la
conducta del actor, pero no se puede como se ha hecho en el fallo recurrido obviar el
contenido de la norma convencional (fs 10 del recurso).
Cita en apoyo de sus argumentaciones, fallos de esta Corte registrados en LS 131 fs
285; 231 fs 307 y 256 fs 490, respectivamente (ver f. 10 vta./11 del recurso).
2. La sentencia casada rechaza la demanda promovida por el Sr Gustavo Adolfo Correa
contra Otis Argentina S.A., y en consecuencia confirma el apercibimiento aplicado por
la empleadora el da 27 de noviembre del ao 2003, por haber el accionante dado
motivos al mismo, con costas al actor.
Consigna el dictum censurado que, la actora acciona por la impugnacin de la sancin
disciplinaria aplicada por la demandada consistente en un apercibimiento, basndose en
el hecho que invoca la calidad de Delegado del personal, amparado dentro de la
normativa de los arts. 71, 73 del CCT 260/75 y artculos 40, 47, 48 de la Ley 23.551 (fs.
55 vta del fallo).
A f. 56 del fallo, la Cmara expresa que atento a la forma en que ha quedado trabada la
litis, corresponde en primer lugar analizar las disposiciones legales en las que ha
fundado el accionante su proteccin como delegado del personal de la demandada.
A f. 56 y vta. del fallo se expresa tambin que no debe confundirse lo que es una
sancin con un apercibimiento, porque las Leyes 21.297 y 23.551 protegen al delegado
gremial de la conducta antigremialista de un empleador, pero no puede ni debe
entenderse que llegue al extremo de que no se pueda hacer un llamado de atencin o
apercibir a un delegado cuando cometa una falta incluso leve, porque ello altera las
facultades de direccin de la empresa acorde a lo normado por el art. 65 de la LCT,
porque de lo contrario no podra ni indicar como hacer las labores en su comercio o
empresa.
A continuacin agrega el Tribunal de mrito que, conforme las pruebas merituadas, el
actor dio motivo a la sancin impuesta por la empleadora por lo que no corresponde
hacer lugar al reclamo demandado.
3. A fs. 31/32 de estos autos, el Sr. procurador general aconseja se haga lugar al recurso
de casacin impetrado.
Luego de hacer referencia al contenido de los arts. 52 de la Ley 23.551, 73 del CCT
260/75 y del art. 67 de la LCT, concluye que conforme a esas normativas y a la luz de
los arts. 14 bis de la C.N. y 1, 8 y 9 de la LCT, considera que la sentencia casada no se

ajusta a derecho, porque ha dejado de aplicar el art. 73 citado, en razn que Otis
Argentina S.A. no haba observado el trmite previsto por la ltima norma mencionada,
situacin que la inhabilita para apercibir al Sr. Correa, por lo que aconseja a este
Tribunal declare la inexistencia de dicha sancin (f. 32 del dictamen).
4. De acuerdo a los agravios expuestos en el punto 1, la cuestin a resolver en la
presente casacin, versa sobre la interpretacin del art. 52 de la Ley 23.551 y del art. 73
del CCT 260/75, a los fines de determinar si el llamado de atencin y el apercibimiento
son sanciones que estn comprendidas dentro de las normas citadas, y por ende, si en el
caso concreto el actor se encontraba garantizado por la tutela sindical a la fecha del
apercibimiento aplicado por la empleadora.
La Cmara interpreta que el llamado de atencin y el apercibimiento no estn
comprendidos dentro de la normativa del arts. 52 de la Ley 23.551 ni tampoco del art.
73 del CCT 260/75 (ver 2 prrafo, de f. 56 vta del fallo impugnado).
En apoyo de su decisin, argumenta que no hay que confundir una sancin con el
apercibimiento, y que no debe llegarse al extremo de que no se pueda hacer un llamado
de atencin o apercibir a un delegado cuando cometa una falta leve, porque ello en
definitiva altera las facultades de direccin de la empresa, normado por el art. 65 de la
LCT ya que de lo contrario el empleador no podra ni indicar como hacer las labores en
su comercio o empresa (f. 56 in fine y vta. del fallo recurrido).
Cabe recordar que si bien la legislacin laboral le concede al empleador facultades
disciplinarias, en virtud de las facultades jerrquicas que naturalmente tiene en su
carcter de titular de la organizacin empresaria, tambin limita en su extensin sus
potestades para garantizar una aplicacin efectiva de las normas de proteccin,
limitaciones que no solo provienen de la ley, sino tambin de los convenios colectivos o
usos y costumbres que no pueden dejarse sin efecto en la medida en que constituyen un
orden normativo que integra el ius cogens (cfr. Ackerman, Mario E. , Tratado de
Derecho Laboral, T.I, Rubinzal-Culzoni, ao 2005, ps.729/731).
Ello es as, porque el poder disciplinario es una derivacin concreta del poder de
organizacin y direccin del empleador, que se fundamenta en el art. 14 de la
Constitucin Nacional y en los arts. 64, 65 y concordantes del Rgimen del Contrato de
Trabajo, Ley 20.744.
El poder de direccin y organizacin es reconocido como derecho inherente al
empleador, para alcanzar los fines de la empresa y con arreglo a los lmites que el
mismo ordenamiento dispone, y por tanto, para ser efectivo requiere de la potestad o
facultad de sancionar a aquellos que no cumplen las rdenes e instrucciones que se les
imparta. Luego, el poder disciplinario constituye un complemento del poder de
direccin, mediante el cual se actualiza la coercibilidad de las normas y rdenes
derivadas del ejercicio de este ltimo (cfr. ACKERMAN, Mario, ob. cit., T. II., p. 827).
Asimismo, el ejercicio del poder de direccin no es absoluto, porque ante su ejercicio
arbitrario pueden derivarse severos daos para el trabajador.
El fundamento de este poder disciplinario se plasm en dos perspectivas hoy superadas
-la contractualista y la institucional-, hasta la sancin de la Ley 20.744 reformada por la
Ley 21.297, que modific el art. 67 que reconoce el poder genrico del empleador, sin
enunciar la gama de sanciones que puede aplicar, expresando los lmites y el derecho de
defensa del trabajador, por lo que ha sido la jurisprudencia la que ha precisado los
alcances y los requisitos que deben cumplirse al imponer una medida disciplinaria
(Autor y ob.cit., ps. 831/832).
Los lmites a la potestad disciplinaria del empleador se encuentran en los arts. 4,
segundo prrafo, 63, 65, 67, 68 y 69 de la LCT.
En cuanto al tipo de sanciones, Durand y Jaussaud, las clasifican en: 1. sanciones

morales: advertencia, reprensin y reprobacin; 2. sanciones pecuniarias: multa,
decomiso de objetos introducidos indebidamente en el establecimiento, privacin de
derechos jubilatorios, y exclusin de premios en dinero; y 3. sanciones profesionales: la
rebaja de categora, la postergacin para el ascenso, el traslado, la suspensin y el
despido (autor y ob. cit., ps 839/840).
Las sanciones disciplinarias de orden moral son las ms leves y se aplican en forma
sucesiva y gradual ante incumplimientos leves del trabajador. Las fuentes de regulacin
del poder disciplinario son la ley, los estatutos especiales, las convenciones colectivas
de trabajo, los consejos de empresa y los reglamentos que dictaren ( idem, p. 844).
De acuerdo a lo establecido en el art. 67 de la LCT, se infiere que la facultad del
empleador excluye la aplicacin de medidas disciplinarias irrazonables o arbitrarias en
relacin con el incumplimiento del trabajador; y el ejercicio de este derecho del
empleador est sujeto a las modalidades previstas en el art. 68 del mismo cuerpo legal
que resguarda el respeto a la dignidad del empleado (cfr GRISOLA, ob cit., p. 238) .
Adems, en todos los casos la sancin debe posibilitar el derecho de defensa
permitiendo al trabajador la impugnacin y ulterior cuestionamiento judicial de la
medida disciplinaria.
Atento el rgimen legal laboral vigente, las sanciones disciplinarias aplicables son el
apercibimiento y las suspensiones (entre uno y treinta das en un ao).
El denominado llamado de atencin y la simple advertencia verbal, es un aviso
previo dado al trabajador acerca de su inconducta personal o error tcnico. No
constituyen una sancin disciplinaria propiamente dicha, por lo que no son susceptibles
de impugnacin ni recurso posterior.
La amonestacin o el apercibimiento es la sancin ms leve. Consiste en una
manifestacin verbal del empleador con vistas a corregir un incumplimiento u omisin
menor en la prestacin, y esta medida lleva consigo la intimacin al trabajador que de
continuar en el futuro persistiendo en la actitud reprochada, se lo sancionar ms
gravemente. Aunque no est expresamente regulada, debe efectuarse por escrito por
razones de prueba, porque consta en el legajo del trabajador. En la prctica se
materializa a travs de una nota, que se le hace firmar al dependiente para que tome
conocimiento, pudiendo tambin ser notificada por telegrama o carta documento (cfr.
ACKERMAN, ob.cit. T. II, p. 840; Grisola, idem, p. 238).
Ahora bien, la Conv. Colect. 260/75 que regula la actividad y categora de trabajadores
de la Unin Obrera Metalrgica de la Repblica Argentina (U.O.M.), en el art. 73
dispone , Reconocimientos y Sanciones a Delegados: Los empleadores reconocern a
los delegados designados de acuerdo a lo establecido en el art. 71, inc. c), y no podrn
aplicar sanciones a los mismos sin causa debidamente justificada y sin previa
comunicacin a la organizacin sindical para la realizacin de instancia previa de
conciliacin. La instancia conciliatoria mencionada deber tener lugar dentro de las
cuarenta y ocho horas hbiles de notificada la Seccional de la unin Obrera Metalrgica
que corresponda, por el empleador que la solicita. Salvo acuerdo de partes en contrario,
la instancia deber agotarse en un solo acto. Se considerar agotada la instancia si las
autoridades sindicales no posibilitan su realizacin dentro del plazo indicado, o a ms
tardar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, cuando medien causas justificadas
para diferir la reunin. La inobservancia del procedimiento indicado por parte del
empleador implicar la no existencia de la sancin que pudiere haber aplicado.
Esta Corte ha dicho que, el ejercicio vlido de la facultad disciplinaria respecto de los
trabajadores que ejercen una funcin sindical requiere un acto jurdico complejo, que
supone el procedimiento judicial previo cuyo propsito es cargar sobre el empleador la
prueba que en las medidas a tomar no hay una prctica antisindical; su incumplimiento
genera la nulidad del acto sancionatorio (LS 296 fs 114). Y que, es nula la resolucin
emanada del director General de Escuelas que impuso una sancin a la docente
Delegada gremial del SUTE, sin acudir previamente al trmite previsto por el art. 52 de
la Ley 23.551 a los fines de contar con la autorizacin judicial de exclusin del fuero
sindical (LS 296 fs 114).
En el sub lite, la empleadora aplica al actor un apercibimiento y agrega: con la
prevencin que de repetirse esta situacin y otras similares, nos veremos obligados a
sancionarlo ms severamente, y se le notifica mediante carta documento que obra en
fotocopia a fs. 2 de las actuaciones principales.
El actor se desempea en relacin de dependencia para la empresa Otis Argentina S.A. y
su relacin laboral se regula por la LCT y el CCT 260/75, y a la fecha de la aplicacin
del apercibimiento (27 de noviembre de 2003) se desempeaba como delegado del
personal conforme lo dispuesto por los arts. 71, 73 y concordantes del CCT citado y los
arts. 40, 47, 48 y concordantes de la Ley 23.551.
De consiguiente, advierto que la Cmara ha incurrido en error conceptual cuando ha
equiparado el denominado llamado de atencin al apercibimiento y en
consecuencia, los considera faltas leves que no estn incluidos dentro del art. 73 citado
ni del art. 52 de la Ley 23.551 (ver fs 56 vta del fallo casado).
En efecto, segn lo expuesto supra, el llamado de atencin es asimilable a la simple
advertencia verbal y no constituye una sancin propiamente dicha; en cambio, el
apercibimiento es equiparable a la amonestacin, constituye una sancin propiamente
dicha y se deja constancia de ello en el legajo del trabajador.
De modo entonces que el apercibimiento es una sancin leve, y en el caso concreto ha
sido notificada mediante carta documento al trabajador recurrente.
El art. 73 mencionado ms arriba, expresamente hace referencia en el primer prrafo a
las sanciones disciplinarias, sin diferenciar entre leves y severas o graves ni otra
distincin.
De las constancias de autos citadas, surge que el Sr Correa ha sido designado delegado
gremial dentro de las normas vigentes (art. 71 y concordantes del CCT 260/75 y Ley
23.551).
En consecuencia, considero que le asiste razn al quejoso cuando se agravia porque el
Tribunal de juicio ha incurrido en error iuris al interpretar las normas mencionadas,
habida cuenta que en el sub examine, la empleadora previamente a aplicar la sancin de
apercibimiento al dependiente-delegado gremial, Sr Correa, debi comunicar a la
organizacin sindical U.O.M. la realizacin de la instancia previa de conciliacin, como
lo exige el art. 73 del CCT 260/75, y luego de ello aplicar la sancin que pudiere
corresponder al Sr Correa.
De la compulsa de las actuaciones principales, no consta que la firma demandada haya
dado cumplimiento al procedimiento aludido, y de los fundamentos del fallo recurrido
se observa que si bien la Cmara ha mencionado el art. 73 del CCT 260/75, lo ha
interpretado y aplicado equivocadamente a fs. 56 y vta del fallo, al entender que el
apercibimiento no es una sancin incluida dentro de la mentada norma convencional en
funcin con el art. 52 y concordantes de la Ley 23.551.
En base a lo expuesto, soy de la opinin en coincidencia con lo dictaminado por el Sr
Procurador General que procede hacer lugar al recurso de casacin planteado por la
parte actora.
As vot
Sobre la misma cuestin el Dr. Bhm adhiere por los fundamentos al voto que antecede.
Sobre la segunda cuestin el Dr. Llorente, dijo:
Atento al resultado a que se arriba en la cuestin anterior, corresponde hacer lugar al

recurso de casacin formulado a fs 5/11 de autos y en consecuencia, revocar la sentencia
dictada a fs 54/57 por la Cmara Tercera del Trabajo (art. 162 del CPC).
De consiguiente con ello, este Tribunal se avoca al conocimiento de la causa y de
conformidad con lo expuesto en la primera cuestin, resuelve hacer lugar a la
impugnacin presentada a fs 3/4 vta. por el Sr Gustavo Adolfo Correa contra Otis
Argentina S.A., y declarar la inexistencia de la sancin de apercibimiento impuesta por
esta ltima, segn consta en la carta documento que luce en fotocopia a fs. 2 de los
principales, por no haber dado cumplimiento con el procedimiento establecido en el art.
73 del CCT 260/75.
As vot
Sobre la misma cuestin el Dr. Bhm adhiere al voto que antecede.
Sobre la tercera cuestin el Dr. Llorente, dijo:
Atento al resultado a que se arriba en el tratamiento de las cuestiones que anteceden,
corresponde imponer las costas a la parte recurrida vencida (arts. 148 y 36 del CPC).
As vot
Sobre la misma cuestin el Dr. Bhm adhiere al voto que antecede.
Con lo que termin el acto, procedindose a dictar la sentencia que a continuacin se
inserta:
SENTENCIA:
Mendoza, 23 de febrero de 2006
y VISTOS:
Por el mrito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema
Corte de Justicia fallando en definitiva,
RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso de casacin interpuesto a fs. 5/11 de autos, y en consecuencia,
revocar la sentencia de fs. 54/57 (art. 162 del CPC).
De conformidad con lo resuelto en la primera y segunda cuestin de la presente
resolucin, corresponde hacer lugar a la impugnacin presentada por el Sr. Gustavo
Adolfo Correa contra la firma Otis Argentina S.A., y declarar la inexistencia de la
sancin de apercibimiento aplicada al actor, al no cumplir la empleadora con el
procedimiento establecido en el art. 73 del CCT 260/75.
2. Imponer las costas de la instancia ordinaria a la parte demandada por resultar vencida
(art. 36 del C.P.C.).
3. Imponer las costas de la instancia extraordinaria a la parte recurrida por resultar
vencida (arts. 148 y 36 del C.P.C.).
4. Regular los honorarios profesionales de la instancia ordinaria de la siguiente forma:
Dres. Jorge Vctor Palazzo y Luis A. Snchez en la suma de pesos cien ($ 100) a cada
uno; y Dr. Rolando Jung en la suma de pesos ciento cuarenta ($ 140) (arts. 2, 3, 10 de la
Ley 3.641).
5. Regular los honorarios profesionales de la instancia extraordinaria de la siguiente
manera: Dr Jorge Vctor Palazzo en la suma de pesos ochenta ($ 80); y Dres. Viviana
Guembe y Rolando V. Jung en las sumas de pesos cincuenta y seis ($ 56) y pesos
dieciseis con ochenta centavos ($ 16,80), respectivamente (arts. 2, 3, 10, 15 y 31 de la
Ley 3.641).
Notifquese.
Se deja constancia que la presente resolucin no es suscripta por el Dr. Hermn A.
Salvini por encontrarse en uso de licencia (art. 88 inc. III C.P.C.). Secretara, 23 de
febrero de 2006.
********
Cartula: Correa, Gustavo A. vs. Otis Argentina S.A. s. Suspensin
Fecha: 23/02/2006
Juzgado: Suprema Corte de Justicia, Mendoza
Cita: RC J 1684/12
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Laboral / Contrato de Trabajo > Derechos del empleador > Poder disciplinario Delegado gremial - Sancin disciplinaria - Instancia previa de conciliacin establecida
por CCT
En virtud de lo establecido en el art. 73, CCT 260/1975, el empleador, previo a
aplicar una sancin disciplinaria (en el caso, apercibimiento al delegado gremial), debe
cumplir con la instancia previa de conciliacin, ante la organizacin sindical y luego
recin aplicar la sancin que correspondiere.
Laboral / Contrato de Trabajo > Derechos del empleador > Poder disciplinario Delegado gremial - Accin de exclusin de tutela
Laboral / Derecho Colectivo de Trabajo > Cargos gremiales (garanta de estabilidad)
> Exclusin de la tutela > Omisin (consecuencias) - Sancin disciplinaria - Nulidad
El ejercicio vlido de la facultad disciplinaria respecto de los trabajadores que ejercen
una funcin sindical supone el procedimiento judicial previo, su incumplimiento genera
la nulidad del acto sancionatorio.
Jurisprudencia relacionada
Castro, Silvia Hortensia vs. Direccin General de Escuelas s. Accin procesal
administrativa /// Suprema Corte de Justicia, Mendoza; 24-07-2000; Sumarios Oficiales
Poder Judicial de Mendoza; 59901; RC J 5136/10
Jurisprudencia
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***
Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, sala II

Fecha: 23/02/2006
Partes: CORREA, GUSTVO A. v. OTIS ARGENTINA S.A. s/SUSPENSIN

Magistrados: LLORENTE , SALVINI , BHM
Sumarios Oficiales
Citar ABELEDO PERROT N: 16/16470
La convencin colectiva 260/1975, art. 73 Ver Texto , expresamente hace referencia en
el primer prrafo a las "sanciones" disciplinarias, sin diferenciar entre leves y severas o
graves ni otra distincin. La empleadora previo a aplicar la sancin de apercibimiento al
dependiente-delegado gremial, debe cumplir con la instancia previa de conciliacin,
ante la organizacin sindical; requerida por el mismo artculo, y luego aplicar la sancin
que correspondiere.
Materia: DERECHO DEL TRABAJO
Publicado: MZA 84215
Si bien la legislacin laboral le concede al empleador facultades disciplinarias, como
derivacin del poder de organizacin y direccin, esa potestad de sancionar, no es
absoluta y se encuentra limitada. Adems, la sancin debe posibilitar el derecho de
defensa del trabajador, y la posterior impugnacin judicial de la medida disciplinaria. El
ejercicio vlido de la facultad disciplinaria respecto de los trabajadores que ejercen una
funcin sindical supone el procedimiento judicial previo. Su incumplimiento genera la
nulidad del acto sancionatorio.
El "llamado de atencin" es asimilable a la simple advertencia verbal y no constituye
una sancin propiamente dicha; en cambio el "apercibimiento" es equiparable a la
amonestacin, constituye una sancin propiamente dicha y se deja constancia de ello en
el legajo del trabajador. De modo que el "apercibimiento" es una sancin leve.
Tipo: Sentencia
***
Cartula: Castro, Silvia Hortensia vs. Direccin General de Escuelas s. Accin

procesal administrativa
Fecha: 24/07/2000
Juzgado: Mendoza Suprema Corte de Justicia
Fuente: Sumarios Oficiales Poder Judicial de Mendoza
Cita: RC J 5136/10
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Laboral > Derecho Colectivo de Trabajo > Cargos gremiales (garanta de estabilidad)
> Exclusin de la tutela > Omisin (consecuencias)
Es nulo el acto que dispone el despido, la suspensin o modificacin de las
condiciones de trabajo de un representante gremial sin que haya mediado resolucin
judicial previa de exclusin de garanta.
Fernndez, Carlos Alberto Julio vs. Imai S.A. s. Laboral /// Corte Suprema de
Justicia, Santa Fe; 20-07-2011; Rubinzal on line; 255/2010; RC J 10394/11
Correa, Gustavo A. vs. Otis Argentina S.A. s. Suspensin /// Suprema Corte de
Justicia, Mendoza; 23-02-2006; Rubinzal on line; RC J 1684/12
Romero, Ral Jos vs. Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ros s. Accin de
reinstalacin /// Cmara de Apelaciones, Gualeguaych, Entre Ros; 24-02-2012;
Rubinzal on line; RC J 4401/12
Jurisprudencia
> Exclusin de la tutela > Omisin (consecuencias) - Sancin disciplinaria - Nulidad
El ejercicio vlido de la facultad disciplinaria respecto de los trabajadores que ejercen
una funcin sindical requiere un acto de jurdico complejo, que supone el procedimiento
judicial previo cuyo propsito es cargar sobre el empleador la prueba que en las
medidas a tomar no hay una prctica antisindical; su incumplimiento genera la nulidad
del acto sancionatorio.
Jurisprudencia
> Exclusin de la tutela > Omisin (consecuencias) - Docente - Sancin disciplinaria Nulidad
Es nula la resolucin emanada del director General de Escuelas que impuso una
sancin a la docente Delegada gremial del SUTE, sin acudir previamente al trmite
previsto por el art. 52, Ley 23551, a los fines de contar con la autorizacin judicial de
exclusin del fuero sindical.
Legislacin
Jurisprudencia
Talcahuano 442 (C1013AAJ) Telfono: +54 (11) 43730544 Buenos Aires /
Cartula: Fernndez, Carlos Alberto Julio vs. Imai S.A. s. Laboral

Fecha: 20/07/2011
Juzgado: Santa Fe Corte Suprema de Justicia
Cita: RC J 10394/11
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Abrir sentencia
En la ciudad de Santa Fe, a los veinte das del mes de julio del ao dos mil once, se
reunieron en acuerdo los seores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, doctores Daniel Anbal Erbetta, Roberto Hctor Falistocco y Eduardo
Guillermo Spuler con la presidencia del titular doctor Rafael Francisco Gutirrez, a fin
de dictar sentencia en los autos caratulados "FERNANDEZ, Carlos Alberto Julio c.
I.M.A.I. S.A. y/o quien resulte empleador y/o Prop. y/o Resp. -Laboral-" (Expte. C.S.J.
nro. 255, ao 2010). Se resolvi someter a decisin las siguientes cuestiones:
PRIMERA: es admisible el recurso interpuesto? SEGUNDA: en su caso, es
procedente? TERCERA: en consecuencia, qu resolucin corresponde dictar?
Asimismo, se emitieron los votos en el orden que realizaron el estudio de la causa, o sea
doctores: Erbetta, Falistocco, Spuler y Gutirrez.
A la primera cuestin, el seor Ministro doctor Erbetta dijo:
Mediante resolucin registrada en A. y S., T. 236, pg. 238, esta Corte admiti la
queja por denegacin del recurso de inconstitucionalidad deducido por la demandada
contra la resolucin del 16 de junio de 2009, dictada por la Cmara de Apelacin en lo
Civil, Comercial y Laboral de Rafaela por entender que la postulacin de la apelante
contaba "prima facie" con asidero en las constancias de autos e importaba, desde el
punto de vista constitucional, articular con seriedad un planteo idneo para franquear el
acceso al remedio extraordinario.
El nuevo examen de admisibilidad que impone el artculo 11 de la Ley 7055,
efectuado con los principales a la vista, me conduce a ratificar esa conclusin.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestin el seor Ministro doctor Falistocco, el seor Ministro doctor
Spuler y el seor presidente doctor Gutirrez expresaron idntico fundamento al vertido
por el seor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.
A la segunda cuestin, el seor Ministro doctor Erbetta dijo:
1. Surge de las constancias de autos -y en lo que a este remedio concierne- que la
empleadora dispuso el despido de Carlos Alberto Fernndez por causa no imputable
(imposibilidad de otorgar tareas acordes a la capacidad del trabajador) y abon la
indemnizacin que estim pertinente (arts. 212 y 247, LCT).
Disconforme con ello, el actor sostuvo que el distracto result totalmente imputable a
la accionada por lo que corresponda -a su juicio- fuera condenada a abonar la
indemnizacin en el marco del artculo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo
(descontando lo percibido); pretendi conjuntamente con otras indemnizaciones la
prevista por el artculo 52 de la Ley 23551 atento su calidad de vocal en la Comisin
Directiva Seccional Rafaela de la Unin Obrera Metalrgica.
La accionada repeli esta reclamacin por cuanto, pese a reconocer el cargo gremial,
asever que la ruptura del vnculo no haba obedecido a una medida disciplinaria ni
haba tenido relacin alguna con el cargo sindical del actor, razn por la cual
-consider- la norma protectoria resultaba inaplicable. Sostuvo, asimismo, que la
empresa no poda darle tareas livianas acordes a su capacidad y que el actor haba
consentido la ruptura por no haber iniciado la accin de reinstalacin en el puesto.
Oportunamente, en la etapa probatoria, las partes debatieron e intentaron acreditar sus
postulaciones respecto al tipo de actividad que realizaba el trabajador (bsicamente,
respecto a las modalidades de su prestacin: lugar, forma de trabajo, elementos de
trabajo a manipular, etc.).
A su turno, el Juez de primera instancia de conocimiento rechaz la pretensin del

actor. Para as decidir, consider que las probanzas colectadas acreditaban que el actor
no se encontraba en condiciones de efectuar sus tareas habituales y que en la empresa
no haba tareas livianas para otorgarle.
Notificado de dicho pronunciamiento el accionante, va aclaratoria, aludi a que el
Juzgador haba omitido considerar que el actor era dirigente gremial, que no poda ser
despedido sin previo trmite del desafuero y que ello tornaba procedente la reclamacin
con base en la Ley 23551; plante apelacin subsidiaria.
Conociendo en dicho recurso, la Alzada confirm lo decidido, destacando que el
despido se haba generado "... como consecuencia de la imposibilidad de cumplimiento
por parte del empleador de la obligacin de reasignar tareas, lo que no resulta imputable
a ste" (f. 220).
Asimismo, subray el Tribunal que "... al haberse generado el distracto por
imposibilidad de acordar tareas acordes a las posibilidades fsicas del trabajador... no se
evidencian razones suficientes que sustenten el reclamo pretendido, dado que la tutela
sindical legislada en el artculo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales procura
garantizar la proteccin contra cualquier acto que perjudique al trabajador en su carcter
de representante sindical, lo que no se advierte de la actividad desplegada por la
demandada" (cfr. f. 220 vto.).
2. Es contra este ltimo pronunciamiento que el accionante endereza su recurso de
inconstitucionalidad, el que result admitido, por va de queja, por esta Corte.
La accionante afirma que lo decidido es arbitrario y lesiona derechos y garantas de
neto rango constitucional. Enuncia diversos supuestos de arbitrariedad:
a) Interpretacin errnea del derecho vigente y aplicable al caso. Bajo dicho acpite,
sostiene que la sentencia interpreta en forma equivocada la Ley 23551 y as excluye al
actor de las garantas establecidas por los artculos 48 y 52 de dicho cuerpo normativo,
de los cuales surge que para despedir a un representante sindical -tal el caso del
accionante- debe necesariamente transitarse un procedimiento liminar de tipo
sumarsimo para excluir la garanta.
Destaca que, tal proceso de exclusin de tutela sindical debe seguirse siempre,
cualquiera sea la causa por la que se pretende despedir al trabajador. Puntualiza que el
artculo 52 no realiza ninguna distincin en cuanto a la causal de despido o suspensin,
por lo cual, la interpretacin de la Sala contradice el texto legal.
Achaca al a quo apartarse del criterio sostenido en otro caso, diciendo que no es
aplicable al "sub examine" pero omitiendo dar las razones de esa afirmacin.
b) Prescindencia de la prueba rendida en autos. Concretamente, alega que la Sala
omite ponderar las testimoniales que, sin margen de error dan cuenta que la actividad de
pulido -tal la que realizaba el accionante- se cumple de sentado, sobre una mesa y que
no requiere de gran esfuerzo fsico. Interpretacin irrazonable y contradictoria de la
prueba rendida en autos.
3. Habindose cuestionado la sentencia de la Cmara con los argumentos reseados
"ut supra", el detenido estudio de la causa me convence de que el recurso interpuesto
merece favorable acogida en esta instancia, pues si bien los agravios planteados remiten
al examen de cuestiones vinculadas con la interpretacin y aplicacin de normas y
principios de derecho comn que por su naturaleza se encuentran reservadas en
principio a los jueces de la causa y excluidas del recurso extraordinario (Fallos:
308:1078; 311:341; 312:184; entre muchos otros) corresponde hacer excepcin a dicha
regla cuando -como ocurre en el "sub lite"- la Alzada ha conferido un tratamiento
irrazonable al caso debatido, adoptando una solucin que se sustenta en afirmaciones
dogmticas que determina que la respuesta jurisdiccional no pueda ser vista como la
necesaria derivacin razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias

comprobadas de la causa.
En efecto, sostuvo la Cmara que el despido se gener como consecuencia de la
imposibilidad de cumplir el empleador con la obligacin de reasignar tareas acordes,
que no le resultaba imputable; y que debido a ello no se evidenciaban razones
suficientes que dieran sustento al reclamo del trabajador dado que la tutela sindical
legislada en el artculo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales procura garantizar la
proteccin contra cualquier acto que perjudique al trabajador en su carcter de
representante sindical, lo que no se adverta en la actividad desplegada por la
demandada, no correspondiendo tampoco diferencias indemnizatorias conforme al
artuclo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Estas aserciones no pueden ser validadas desde una recta interpretacin de los
preceptos constitucionales y legales que tutelan la libertad sindical, en resguardo tanto
del inters colectivo o del derecho del sindicato a mantener su dirigente o representante
en condiciones de desarrollar su funcin sindical en forma efectiva y sin perturbaciones,
como del individual del trabajador tutelado de preservar su fuente de trabajo y no ser
vctima de trato persecutorio ("La proteccin contra los actos antisindicales", citado por
Corte, Nstor, en "El Modelo Sindical Argentino").
Para profundizar la temtica en cuestin (a la luz de lo expuesto por Jos Daniel
Machado y Ral Horacio Ojeda en el captulo VIII del "Tratado de Derecho del
Trabajo", Tomo VII, Relaciones Colectivas de Trabajo-I, director Ackerman, Mario,
Rubinzal-Culzoni Editores, 2007) habr de advertirse ante todo que, como lo sealan
dichos autores, no cabe discusin alguna respecto a que el despido arbitrario,
inmotivado o "ad nutum" debe considerarse directamente de objeto prohibido, en tanto
ni siquiera asiste en tal caso al empleador la posibilidad de solicitar la exclusin de la
garanta, pues esta accin presupone la invocacin y prueba de una causa para proceder.
En caso de que, de todos modos, la patronal despidiera sin causa, se tratara de un acto
nulo y, por ende, sin virtualidad extintiva.
Por su parte, el despido causado o "disciplinario" en el sentido del artculo 242 de la
Ley de Contrato de Trabajo no puede reputarse tcnicamente prohibido desde el punto
de vista de su objeto, sino supeditado a condiciones formales o procedimentales de
validez que, incumplidas, derivan igualmente en la nulidad del acto que las omita. Se
trata, bsicamente de un acto vedado, en la medida en que su eficacia queda
subordinada al previo dictado de una sentencia firme de exclusin de la tutela.
Al respecto, recalcan los doctrinarios que uno de los aspectos ms interesantes del
sistema de garantas es que la imputacin deriva directamente de la comisin del acto
vedado, por lo cual, en caso de violacin por parte del empleador de las prohibiciones
legales, alterando las condiciones del contrato o despidindolo sin la previa exclusin
judicial de la tutela, el acto debe ser reputado nulo adems de ilcito, por haberse
violado una prohibicin y haber actuado en ausencia del procedimiento formalmente
exigido.
En consecuencia, se seala, una vez materializada la accin antijurdica -despido- no
habr posibilidad alguna de plantear un debate causal retrospectivo. As, cualquiera
fuera la opcin del trabajador en el marco de las alternativas del artculo 52 de la Ley de
Asociaciones Sindicales, no se admitir la defensa de justa causa y la prueba que
eventualmente ofrezca el empleador para intentar demostrarla debe considerarse lisa y
llanamente impertinente.
A esta altura del razonamiento, no resulta ocioso mencionar que esta Corte admiti
como constitucionalmente vlidas cualquiera de las posturas doctrinarias o
jurisprudenciales en punto a la posibilidad -o no y, eventualmente, con qu efecto- de
discutir conjuntamente la cuestin gremial (exclusin de tutela) y la contractual (medida

a adoptar por el empleador) (cfr. "Sulfacid", del 7.3.2001; "Milkaut" del 27.4.2005,
entre otros), corroborado, obviamente, el resguardo del derecho de defensa de las partes.
No obstante, hay que destacarlo, los cuestionamientos en dichos precedentes se haban
originado en el devenir del propio juicio de exclusin de tutela sindical, a diferencia del
caso en examen en que ese trmite ha sido lisa y llanamente omitido.
En otras palabras -y retomando el concepto anterior- cabe sealar que encontrndose
reconocido en autos que el actor revesta el carcter de delegado gremial no
corresponda entrar a considerar -como lo hizo el a quo- cuestiones que se relacionan
con la legitimidad de la decisin de la patronal de romper el contrato en el marco de los
artculos 212 y 247 de la Ley de Contrato de Trabajo ya que dicha determinacin fue
adoptada por el empleador sin cumplir con el procedimiento de exclusin previsto en el
artculo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales al que debera haber acudido antes de
tomar la resolucin que involucraba el vnculo con el actor.
Al respecto, ha de puntualizarse que si bien el dispositivo de garantas sindicales
alude reiteradamente al despido dentro del catlogo de comportamientos vedados al
empleador, doctrina y jurisprudencia se han interrogado acerca de si la estabilidad
gremial resulta igualmente oponible ante otras hiptesis de extincin del contrato de
trabajo, analizando si, tal vez de un modo "oblicuo" se arriba a un mismo resultado
persecutorio. Por supuesto, las reflexiones se han centrado en aquellas hiptesis que
suponen la intervencin de la voluntad del empleador en la configuracin del acto,
descartando por ende la renuncia al empleo o la muerte.
Concretamente, en punto a las previsiones del artculo 212 de la Ley de Contrato de
Trabajo segn el cual, el empleador que no tuviera tareas acordes a la capacidad parcial
remanente del trabajador puede extinguir el contrato abonando media indemnizacin, y
a la luz de lo expuesto "supra" no caben dudas de que para ello deber intentar
previamente la accin de exclusin prevista en el artculo 52 de la Ley de Asociaciones
Sindicales. Ello as en la medida en que la disolucin contractual operada en ese marco
supone una causa justa de despido que, aunque no guarda relacin con la justa causa
disciplinaria ni con incumplimiento alguno de la vctima, resulta de una habilitacin
legal condicionada a una imposibilidad fctica de continuar con el vnculo por
imposibilidad de su objeto.
En autos, el despido dispuesto por el empleador alegando no poseer tareas acordes
que otorgar debe considerarse como un acto alcanzado por la prohibicin legal (artculo
48, L.A.S.) de forma que si el empleador procede de modo directo, el trabajador puede
-a su opcin- ejercer las acciones de reinstalacin o reclamar indemnizacin especial.
En dicho pleito, no podr -como se dijo ms arriba- debatirse si haba o no tareas
acordes. Si el empleador entendi que no las haba, debi demostrarlo mediante la
accin de exclusin previa y, en el caso, el despido se transforma en uno sin causa;
mxime cuando tal como se desprende de las constancias de autos existe controversia en
punto a si el vnculo puede o no continuar en funcin al grado de capacidad residual y la
entidad de las tareas que realizaba para la empleadora.
En suma, a la luz de tales pautas, la sentencia del a quo, confirmatoria de la del
Inferior, como corolario del pleito en que se debati si las tareas del actor eran o no
livianas, y si la empleadora tena o no tareas acordes a la capacidad del accionante,
soslaya de modo palmario -y con apoyo en jurisprudencia que, corroborada en su
totalidad, no puede estimarse guarde una estricta correlacin fctica con el caso de
autos, fundamentalmente, en punto a la capacidad residual del trabajador- las
disposiciones tutelares esenciales de naturaleza gremial.
4. Sobre la base de estas consideraciones advierto que, al concluir la Cmara que en

el presente no se da el caso de una restriccin a la actividad sindical lcita, por cuanto el
despido ninguna relacin tuvo con el cargo que el actor ostentaba en el sindicato,
recalcando que el distracto se haba generado por imposibilidad de acordar tareas
acordes a las posibilidades fsicas del trabajador (cfr. fs. 220/220 vto.) ha incumplido la
carga de tutelar la libertad sindical como derecho de rango constitucional esencial, en
una interpretacin prescindente.
En consecuencia, si bien -y tal como reiteradamente lo ha sostenido este Cuerporesulta funcin reservada a la Alzada, merece el pertinente control constitucional a fin
de no incurrir en arbitrariedad por va de aplicarse criterios que por indebidamente
formalistas frustren, como en el sub examine, el derecho de defensa.
En suma, el pronunciamiento que se impugna debe ser anulado, con costas a la
vencida (artculo 12, Ley 7055).
Voto, pues, por la afirmativa.
Spuler y el seor presidente doctor Gutirrez expresaron idnticos fundamentos a los
vertidos por el seor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.
A la tercera cuestin -en consecuencia, qu resolucin corresponde adoptar?-, el
seor Ministro doctor Erbetta dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar
procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular el pronunciamiento
impugnado. Remitir los autos al Tribunal que corresponde a fin de que juzgue
nuevamente la causa. Con costas a la vencida (artculo 12, Ley 7055).
As voto.
Spuler y el seor presidente doctor Gutirrez expresaron idnticos fundamentos a los
vertidos por el seor Ministro doctor Erbetta y votaron en igual sentido.
En mrito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia RESOLVI: declarar procedente el recurso interpuesto y, en
consecuencia, anular el pronunciamiento impugnado. Remitir los autos al Tribunal que
corresponde a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas a la vencida.
Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluy el acto, firmando el seor Presidente y los seores Ministros por
ante m, doy fe.
Fdo.: GUTIRREZ - ERBETTA - FALISTOCCO - SPULER.
> Exclusin de la tutela > Procedencia - Trabajador incapacitado - Reasignacin de
tareas - Imposibilidad de reincorporacin del trabajador
El despido dispuesto por el empleador alegando no poseer tareas acordes a las
capacidades reducidas del trabajador (art. 212, LCT) debe considerarse como un acto
alcanzado por la prohibicin legal del art. 48, Ley 23551, de forma que si el empleador
procede de modo directo, el trabajador puede -a su opcin- ejercer las acciones de
reinstalacin o reclamar indemnizacin especial; en dicho pleito, no podr debatirse si
haba o no tareas acordes. Si el empleador alega que existen tales tareas diferenciadas,
debe demostrarlo mediante la accin de exclusin previa; si as no procede, el despido
se transforma en uno sin causa.
Bibliografa
Legislacin
Jurisprudencia
> Exclusin de la tutela > Omisin (consecuencias) - Sentencia arbitraria
Resulta procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la sentencia
de Cmara en tanto la misma ha llegado a una solucin que se sustenta en afirmaciones
dogmticas. En tal sentido, dicha sentencia, confirmatoria de la de primera instancia,
concluy en que no se haba configurado una restriccin a la actividad sindical lcita,
por cuanto el despido ninguna relacin tuvo con el cargo que el actor ostentaba en el
sindicato, recalcando que el distracto se haba generado por imposibilidad de otorgar
tareas acordes a las posibilidades fsicas del trabajador, obviando que dicha discusin no
haba sido precedida por el procedimiento de exclusin de tutela regulado en el art. 52,
Ley 23551. Dicho razonamiento ha incumplido la carga de tutelar la libertad sindical
como derecho de rango constitucional esencial, tanto en su faz colectiva como
individual.
Bibliografa
Legislacin
Jurisprudencia
> Exclusin de la tutela > Procedencia - Trabajador incapacitado - Reasignacin de
tareas - Imposibilidad de reincorporacin del trabajador
La estabilidad gremial resulta oponible ante otras hiptesis de extincin del contrato
de trabajo que suponen la intervencin de la voluntad del empleador en la configuracin
del acto. Concretamente, para hacer aplicar las previsiones del art. 212, LCT, el
principal deber intentar previamente la accin de exclusin prevista en el art. 52, Ley
23551. Ello as, en la medida en que la disolucin contractual operada en ese marco
supone una causa justa de despido que, aunque no guarda relacin con la justa causa
disciplinaria ni con incumplimiento alguno del trabajador, resulta de una habilitacin
legal condicionada a una imposibilidad fctica de continuar con el vnculo por
imposibilidad de su objeto.
Bibliografa
Legislacin
> Exclusin de la tutela > Omisin (consecuencias) - Trabajador incapacitado Imposibilidad de reincorporacin del trabajador
Encontrndose reconocido en autos que el actor revesta el carcter de delegado
gremial no corresponda entrar a considerar -como lo hizo el a quo- cuestiones que se
relacionan con la legitimidad de la decisin de la patronal de romper el contrato en el
marco de los arts. 212 y 247, LCT, ya que dicha determinacin fue adoptada por el
empleador sin cumplir con el procedimiento de exclusin previsto en el art. 52, Ley
23551, al que debera haber acudido antes de tomar la resolucin que involucraba el
vnculo con el actor.
Legislacin
Cartula: Romero, Ral Jos vs. Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ros s.
Accin de reinstalacin
Fecha: 24/02/2012
Juzgado: Gualeguaych Entre Ros Cmara de Apelaciones
Cita: RC J 4401/12
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Abrir sentencia
ACUERDO
En la ciudad de Gualeguaych, Provincia de Entre Ros, a los veinticuatro das del
mes de febrero del ao dos mil doce, se renen los Seores Miembros de la Excma.
Cmara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaych, Dres. Gustavo A.
Britos, Ana Clara Pauletti y Guillermo Oscar Delrieux, para conocer del recurso
interpuesto en los autos caratulados: "ROMERO RAUL JOSE C/ SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PCIA. DE ENTRE ROS S/ ACCIN DE REINSTALACIN",
respecto de la sentencia recada a fs. 106/109 vta. De conformidad al sorteo
oportunamente realizado, la votacin tendr lugar en el siguiente orden: Sres. Vocales
Dres. GUILLERMO OSCAR DELRIEUX, ANA CLARA PAULETTI y GUSTAVO A.
BRITOS.
Estudiados los autos la Excma. Cmara propuso la siguiente cuestin a resolver:
Es justa la sentencia apelada? En su caso, qu pronunciamiento corresponde emitir?
A LA CUESTIN PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. GUILLERMO OSCAR
DELRIEUX, DIJO:
1.- En la sentencia de primera instancia dictada a fs. 106/109 vta., el Seor juez a quo
rechaz la demanda de reinstalacin promovida por RAUL JOSE ROMERO contra el
Estado provincial; le impuso las costas, teniendo presente el beneficio de gratuidad
contemplado por el art. 17 del CPL, y regul honorarios.
Para as resolver, rese en primer trmino los hechos no controvertidos (que en el
mes de julio de 1990 el accionante ingres a prestar servicios como enfermero en el
Hospital "Centenario" de esta ciudad; que mediante Decreto N 2083 MSAS, de fecha
27 de abril de 2006, el Gobernador de la provincia dispuso la instruccin de un sumario
administrativo, atribuyndole haber obtenido licencia por enfermedad, aunque
contemporneamente continu prestando servicios como enfermero en una institucin
privada; que en las elecciones convocadas por la Asociacin de Trabajadores del Estado
-ATE- el 20 de diciembre de 2007, Romero fue electo domo "delegado del personal" en
el Sector Enfermera -"Sala clnica de hombre y mujer y oncologa"- del Hospital; que
la designacin fue comunicada al Director del Hospital el 28 de diciembre de 2007; que
en el marco del referido sumario administrativo, el 6 de agosto de 2008 se dict el
Decreto N 4720 MSAS, mediante el cual se aplic al trabajador la sancin de cesanta,
recibiendo el mismo copia de dicho instrumento el 23 de septiembre de 2008), dejando
establecido asimismo que el Estado provincial no haba objetado la designacin de
Romero como delegado gremial, con lo cual a la estabilidad del empleado pblico se le
adicionaba la tutela sindical emergente de los arts. 14 bis de la Constitucin Nacional y
52 de la Ley 23551); aadiendo que no obstante haberse omitido seguir el
procedimiento contemplado por los arts. 48 y 52 de la ley citada, el trabajador haba
consentido y dejado firme el acto administrativo mediante el cual se dispuso su cesanta,
omitiendo articular las vas impugnaticias contempladas por los arts. 55 a 57 de la Ley
7060, incluso dejando transcurrir el plazo anual de caducidad previsto por el art. 19 de
la Ley 7061, proponiendo esta accin luego de fenecido tambin el trmino del mandato
de la representacin gremial, concluyendo que tal circunstancia pona de relieve la
improponibilidad de la demanda en razn de haber desaparecido el propsito de la tutela
contemplada por el art. 52 de la Ley 23551, la que haba sido invocada con la finalidad
de recuperar el cargo como empleado pblico.
2.- Dicho pronunciamiento es apelado por el vencido (fs. 114), y al fundar sus
disconformidades (fs. 116/117), cuestiona por errado e injusto el rechazo de la
reincorporacin pretendida. Destaca que el Estado provincial, al omitir seguir el
procedimiento previsto por el art. 52 de la Ley 23551, vulner derechos de raigambre
constitucional; que la decisin adoptada en el expediente administrativo es nula por
vulnerar normas de orden pblico, sin que pueda reputarse que dicho acto fue
consentido por el trabajador, haciendo hincapi en que resulta arbitrario e
inconstitucional dar primaca a normas procesales provinciales por sobre garantas
reconocidas por normas nacionales. Se insiste en la falta de cumplimiento del
procedimiento regulado en el art. 52 de la referida ley y, en conclusin, se interesa la
revocacin del resolutorio.
3.- En el responde de fs. 121/122 vta., el Seor Fiscal de Estado solicita el rechazo
del recurso del actor y la confirmacin de la sentencia atacada, afirmando en sntesis
que ningn derecho es absoluto e inmutable y que en el caso la conducta omisiva de
Romero, tal como fuera puesto de manifiesto por el a quo, no puede dejarse de lado,
subrayando que el mismo se notific de su cesanta sin formular ningn reparo,
acudiendo a la va judicial para procurar su reinstalacin luego de finalizado el plazo de
vigencia de su mandato. Insiste que a todo evento la nulidad del Decreto N 4720/2008
es de carcter relativo. Mantiene la reserva del Caso Federal y, en resumen, propicia la
desestimacin del recurso y la confirmacin de la sentencia; con costas.
4.- Sintetizados de tal forma los antecedentes del caso, corresponde dar respuesta al
recurso articulado.
A ese respecto, en los autos:- "Municipalidad de la ciudad de San Jos de
Gualeguaych c/ Vela Carlos Mara S/ Exclusin de Tutela Sindical" (15/12/2011),
seal "... que dando operatividad al art. 14 bis de la Constitucin Nacional, que
establece que "... los representantes gremiales gozarn de las garantas necesarias para el
cumplimiento de su gestin y las relacionadas con la estabilidad de su empleo...", el art.
52 de la Ley 23551 (B.O.N. 22/4/1988), contempla una proteccin especial para los
trabajadores comprendidos en los arts. 40, 48 y 50 del referido ordenamiento, la cual
consiste en que no pueden ser despedidos, suspendidos, ni modificarse sus condiciones
de trabajo, en tanto no medie previa resolucin judicial que los excluya de tal garanta
(GRISOLIA, "Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social", Tomo II, pg. 1605,
undcima edicin actualizada, Lexis Nexis, 2005; MACCAFERRI, "Algunos casos en

torno a la tutela sindical", Lexis N 0003/401140)".
Se trata de un procedimiento que tiene por finalidad posibilitar la exclusin del
trabajador de la garanta que lo ampara, permitiendo al empleador -sin incurrir en
prcticas antisindicales- la aplicacin de las medidas de despido, suspensin o
modificacin de las condiciones de trabajo, previo anlisis que debe realizar el juzgador
en torno a la verosimilitud del planteo efectuado, sin que ello importe agotar el examen
de su legitimidad, materia reservada al proceso que ulteriormente aqul pudiere
promover en caso de considerarse afectado por un exceso de la empleadora en el
ejercicio de sus facultades (CORTE, "El modelo sindical argentino", pgs. 481/482,
Rubinzal-Culzoni, 1988; CAPON FILAS, "El nuevo derecho sindical argentino", pgs.
243/244, Librera Editora Platense S.R.L., 1989. Excma. Sala del Trabajo del Superior
Tribunal de Justicia, "Segovia de Cracco Leonides Marta c/ Municipalidad de
Concordia S/ Sumarsimo. Resta blecimiento condiciones de trabajo -Recurso de
Inaplicabilidad de Ley", 20/4/2004; "Arce Vctor Vidal y Otros 7 actores c/ Estado de la
Pcia. de Entre Ros S/ Sumarsimo -Recurso de Inaplicabilidad de Ley", 13/5/2005).
As las cosas, la adopcin por parte de la empleadora de cualquiera de las medidas
disciplinarias sealadas obviando el procedimiento indicado, importa la violacin de la
garanta sindical, generando el "... derecho al afectado a demandar judicialmente, por
va sumarsima, la reinstalacin en su puesto, con ms los salarios cados durante la
tramitacin judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo" (art. 52 prrafo
segundo Ley 23551); sin que la citada ley ni su decreto reglamentario (N 467/1988)
prevean un plazo de caducidad o especial para que el trabajador ejercite el reclamo
judicial, "... por lo que ste puede deducirse en tanto no corresponda declarar prescripta
la accin (dos aos, art. 256 LCT)" (ETALA, "Derecho colectivo del trabajo", pg. 261,
2 edicin actualizada y ampliada, Astrea, 2007), sin que tampoco exista bice legal que
conlleve la imposibilidad de formular el reclamo con posterioridad a producirse el
vencimiento de la tutela sindical. A su vez, al no tratarse de un proceso contenciosoadministrativo, sino uno sumarsimo, no resulta de aplicacin al caso el plazo anual de
caducidad contemplado por el art. 19 de la Ley 7061 (rat. por Ley 7504), ni tampoco las
vas impugnaticias contempladas en los arts. 55/57 de la Ley 7060.
Bajo tales lineamientos, es preciso repasar que en la especie no se discute:
a)- el carcter de delegado gremial que revesta el actor, surgiendo adems de las
constancias obrantes a fs. 3/14, 63/72 vta., 74/81, 82, 85 y 87/92, que su mandato se
extenda desde el 20 de diciembre de 2007 al 20 de diciembre de 2009, habindose
cumplimentado las comunicaciones de rigor, notificndose a la autoridad de aplicacin
como a la Direccin del Hospital;
b)- que la cesanta de ROMERO fue dispuesta mediante Decreto N 4720 MSAS, de
fecha 6 de agosto de 2008, siendo personalmente notificado de dicha medida el 23 de
septiembre de 2008 (cfr. fs. 87/90 y 96 del sumario administrativo apiolado, iniciado el
24 de mayo de 2006); y,
c)- que esta demanda fue presentada en la Mesa nica Informatizada de la
jurisdiccin el 17 de septiembre de 2010 (foja cero).
De la resea formulada se desprende entonces que la accin fue ejercida antes de que
transcurriera el plazo de dos aos ms arriba puntualizado, computado a partir del
conocimiento efectivo del acto considerado lesivo (Decreto N 4720 MSAS); siendo til
remarcar que seguramente ello motiv que el Estado accionado no opusiera la
excepcin de prescripcin.
Por su parte, emerge tambin que no obstante haberse iniciado el sumario
administrativo el 24 de mayo de 2006 (fs. 13/13 vta. Expte. agregado por cuerda), esto
es con anterioridad a la designacin de ROMERO como delegado gremial (20 de

diciembre de 2007), esta circunstancia no fue tenida en cuenta, a pesar de haberse
cumplimentado las notificaciones pertinentes a la Direccin del Hospital (fs. 71, 73 y
85) y a la Direccin Provincial del Trabajo (fs. 87/92), continundose con la
sustanciacin del mismo, para concluir con la cesanta del agente amparado por la
garanta de la estabilidad gremial, habindose omitido por parte del Estado provincial
recurrir a la accin de exclusin de tutela (art. 52 Ley 23551), impuesta de manera
previa para legitimar cualquier medida disciplinaria que se pretenda aplicar a quienes
gocen de estabilidad gremial (CNAT, Sala IV, "Martnez Acosta E. y otro c/Secretara de
Cultura de la Nacin", 31/3/03, L. L. Online; dem, Sala VII, "Mndez C.A.
c/Administracin General de Puertos S.E.", 22/11/05, DT, 2006-1051).
En orden a las consideraciones expuestas, deviene indudable que la cesanta dispuesta
sin cumplimentar previamente el procedimiento legal sealado, por tratarse de una
exigencia impuesta como requisito sine qua nom para modificar las condiciones de
trabajo, deviene nula en los trminos de los arts. 18 y 1044 del Cdigo Civil y por ende,
al afectar la garanta de la estabilidad prescripta por el art. 14 bis de la Constitucin
Nacional, ineficaz para producir la extincin del vnculo, originando el derecho del
trabajador a demandar la reinstalacin (SCOTTI, "La proteccin de la actividad
gremial", en "Derecho Colectivo del Trabajo", pg. 381 y sigts., L. L.; CORTE, ob. cit.,
pg. 497; ETALA, ob. cit., pg. 252; CNAT, Sala V, "Alcaraz Ramn Daro y otro c/
Amrica Latina Logisticamesopotmica S.A. S/ Juicio Sumarsimo", 15//5/2009;
SCBA, "Arias Ana T. c/ Direccin General de Cultura y Educacin de la Pcia. de Bs.As.
S/ Accin de reinstalacin", 2/3/2011).
Bajo tal condicin, corresponde declarar la ilegitimidad del Decreto N 4720 MSAS,
de fecha 6 de agosto de 2008, mediante el cual se dispuso la cesanta de RAUL JOSE
ROMERO, en tanto el mismo fue dictado sin contar con la previa resolucin judicial
excluyendo la garanta del representante gremial (art. 52 Ley 23551), omisin sta que
importa la nulidad de carcter absoluto de dicho acto. Consecuentemente, atendiendo
que una de las manifestaciones ms claras del orden pblico laboral lo constituye el
principio de irrenunciabilidad y que no corresponde en el marco de este proceso
examinar las razones o conductas evidenciadas por el actor en el sumario
administrativo, ni tampoco interpretar el silencio en su contra, toda vez que la accin
objetivamente ha sido planteada antes de que feneciera el aludido plazo de dos aos, a la
cuestin propuesta al inicio voto por la negativa y de ser ello compartido, propongo
admitir el recurso deducido y revocar la apelada sentencia, disponiendo la reinstalacin
del actor en su lugar de trabajo como enfermero del Hospital "Centenario" de
Gualeguaych, dentro del plazo de cinco das.
Asimismo, en virtud de lo preceptuado por el art. 271 del CPCyC -Ley 4870-, al que
expresamente reenva el art. 133 del CPL, corresponde dejar sin efecto la condena en
costas dispuesta en el fallo recurrido, imponiendo la de ambas instancias a la
demandada perdidosa (arts. 65 CPCyC -Ley 4870- y 141 del CPL); dejndose sin efecto
tambin la regulacin de honorarios.
AS VOTO.
A LA MISMA CUESTIN PROPUESTA LA SRA. VOCAL DRA. ANA CLARA
PAULETTI, DIJO:
Respetuosamente voy a disentir con la opinin del Dr. Delrieux, remitindome a los
antecedentes por l expuestos, del caso que se tienen para decidir.
Entiendo que el "thema decidendi" comprende dos cuestiones principales: el alcance
de la nulidad del acto de cesanta dictado por el Estado empleador sin previa exclusin
de la tutela, y en su caso, si el trabajador cuenta o no con un plazo para el ejercicio de la

accin de reinstalacin prevista por el art. 52 de la Ley 23551.
Comenzar entonces por sealar, sin desconocer la autoridad del sector de la doctrina
y jurisprudencia que avalan la posicin asumida por mi colega preopinante, que en mi
opinin, si no se sigue el proceso de exclusin de tutela, el acto del empleador es nulo,
pero de nulidad relativa, pues de otro modo no podra decirse, tal como lo hace, entre
otros el Dr. Fernndez Madrid, que el trabajador puede "optar" por "convalidarlo",
considerndose en situacin de despedido (FERNANDEZ MADRID, J.C.: "Tratado
Prctico de Derecho del Trabajo", T.III, p.286).
La teora general del acto jurdico y su rgimen de nulidades es materia del derecho
comn regulado para nuestro derecho en el Cdigo Civil, desde donde el juez debe
evaluar el tipo de sancin que acarrea la consumacin de un acto prohibido por la ley,
en este caso laboral.
As se observa que slo puede alegar la nulidad el trabajador, y es l adems quien
puede confirmar el acto invlido, no slo optando por una de las posibilidades previstas
en el art. 52 Ley 23551, sino adems simplemente aceptndolo, y todo ello permite
deducir que estamos frente a una nulidad relativa, a tenor de las reglas establecidas en el
art. 1048 CCiv (BUERES-HIGHTON, "Cdigo Civil", T.2C, p.372; BELLUSCIOZANNONI, "Cdigo Civil", T.4, p.721).
Remarco que si estuviramos frente a una nulidad absoluta derivada de la ausencia
del procedimiento de exclusin, no sera el trabajador gremialista (como titular del
inters protegido), el nico que podra invocarla, podra ser declarada de oficio por el
juez, no sera convalidable, y la prescripcin estara en discusin conforme a la
redaccin del art. 1047 CCiv.
En la sancin de nulidad aqu estudiada prima el inters particular del trabajador, ya
que el objeto de la garanta a los representantes gremiales est dirigido a evitar que el
empleador adopte represalias contra quienes desempean ese tipo de actividades,
generando as una fuerte proteccin contra la discriminacin. El inters mediato y
general de estas garantas referidas a la actividad y libertad sindical, no modifica la
existencia de un titular del inters protegido por la ley, nico que puede alegar la
nulidad del acto de despido, suspensin, o modificacin de las condiciones de trabajo,
dictado sin previa exclusin de la tutela -arts. 47 y 52 Ley 23551-.
Dicho ello, y sentado que estamos frente a un supuesto de nulidad relativa, donde el
acto viciado es susceptible de convalidacin, debo decir que si bien no veo irrazonable
la pauta de apreciacin sentencial sobre la aceptacin en trminos administrativos del
acto por tratarse de un empleado pblico que no impugn por esa va la decisin, no me
queda ninguna duda, que la accin fue deducida en forma extempornea, cuando ya era
improponible.
En efecto, el Sr. Romero fue notificado de la cesanta decidida el 23/09/2008 -fs. 96
expte. Administrativo-, e inici sin ningn tipo de actuacin previa, la accin de
reinstalacin el 17 de Septiembre de 2010 -foja cero-, a casi dos aos de la medida
impugnada, de modo prescindente de la necesaria contemporaneidad con la que debi
reprobar la actuacin prohibida de su empleador. Esto, pues si bien es cierto que no
existe un plazo especfico en la Ley 23551 ni en su decreto reglamentario para el
ejercicio de la accin, tambin lo es que tampoco se ha previsto uno para promover la
accin de exclusin de tutela, a pesar de lo cual, est fuera de discusin, que ese
procedimiento debe ser instado por el empleador en forma contempornea al hecho de
que se trata, pues en caso contrario se considera consentido lo hecho por el dependiente
(FERNANDEZ MADRID, J.C.: ob.cit., p.291).
Esta "contemporaneidad", no es distinta a la que tambin se le exige al trabajador

para alegar la injuria en el despido indirecto, y es un presupuesto acorde y necesario al
tipo de proceso sumarsimo que la ley destina para darle rpido remedio a la situacin
del empleado sindicalista.
No empece a ese razonamiento la extensin de la garanta, que alcanzaba los dos aos
del mandato ms el ao de resguardo del puesto, pues ese es el tiempo durante el cual el
trabajador amparado por las garantas de los arts. 40, 48 y 50 de la Ley 23551 no podr
ser despedido, suspendido ni con relacin a l podrn modificarse las condiciones de
trabajo, si no mediare resolucin judicial previa que lo excluya de la garanta, conforme
al procedimiento establecido en el art. 47 -art. 52-, ms ello no importa que una vez
concretado el acto prohibido, ste no deba ser objetado contemporneamente.
Desde otro ngulo, importa que la ausencia de impugnacin a la decisin de cesanta,
y la excesiva dilacin en solicitar la reinstalacin, exhibe una conducta del trabajador,
prescindente de su funcin representativa, e insolidaria, lo cual contrara claramente los
fines que la ley tuvo en mira al reconocer el derecho por l postulado.
Opino pues que los agravios propuestos por el apelante, merecen suerte adversa.
Conforme a ello, sobre las cuestiones propuestas, me pronuncio por la afirmativa,
dejando auspiciado se dicte sentencia rechazando el recurso deducido por el actor, con
costas a su cargo, y se regulen honorarios por la actuacin profesional cumplida ante
este Tribunal.
ESE ES MI VOTO.
A LA MISMA CUESTIN PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. GUSTAVO A.
BRITOS, DIJO:
Que por compartir sus fundamentos, adhiero a la solucin propuesta
precedentemente.
Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:
SENTENCIA Y VISTO:
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede; por mayora, SE RESUELVE:
1.- RECHAZAR el recurso de apelacin deducido por el actor a fs. 114 y, en
consecuencia, confirmar la sentencia recada a fs. 106/109 vta. en todo lo que ha sido
objeto de agravios.
2.- IMPONER las costas de alzada al apelante perdidoso (arts. 65 CPCyC -Ley 4870y 141 del CPL).
3.- REGULAR los honorarios por la actuacin cumplida en esta instancia, al Dr.
JULIO CESAR RODRIGUEZ SIGNES la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS ($
1.300,00) y al Dr. GUILLERMO OSCAR SAL la suma de PESOS NOVECIENTOS
DIEZ ($ 910,00), equivalentes a 20 y 14 juristas (valor jurista $ 65,00) -arts. 2, 3, 64 y
concs. de la Ley 7046-.
REGSTRESE, notifquese y, en estado, bajen.
GUSTAVO A. BRITOS - ANA CLARA PAULETTI - GUILLERMO OSCAR
DELRIEUX.
> Exclusin de la tutela > Omisin (consecuencias) - Nulidad relativa
El acto de cesanta dictado por el empleador sin previa exclusin de la tutela es nulo
de nulidad relativa, pues de otro modo no podra decirse que el trabajador puede "optar"
por "convalidarlo", considerndose en situacin de despido indirecto, o bien
simplemente aceptarlo. Si estuviramos frente a una nulidad absoluta derivada de la
ausencia del procedimiento de exclusin, no sera el trabajador gremialista (como titular

del inters protegido), el nico que podra invocarla, podra ser declarada de oficio por
el juez, no sera convalidable, y la prescripcin estara en discusin conforme a la
redaccin del art. 1047, Cdigo Civil.
Bibliografa
Legislacin
Jurisprudencia
En la sancin de nulidad del despido del trabajador amparado por tutela gremial,
producido sin llevar a delante el procedimiento de exclusin de tutela, prima el inters
particular del trabajador, ya que el objeto de la garanta a los representantes gremiales
est dirigido a evitar que el empleador adopte represalias contra quienes desempean
ese tipo de actividades, generando as una fuerte proteccin contra la discriminacin. El
inters mediato y general de estas garantas referidas a la actividad y libertad sindical,
no modifica la existencia de un titular del inters protegido por la ley, nico que puede
alegar la nulidad del acto de despido, suspensin, o modificacin de las condiciones de
trabajo, dictado sin previa exclusin de la tutela (arts. 47 y 52, Ley 23551).
Bibliografa
Legislacin
> Juicio de Reinstalacin - Oportunidad del planteo - Extemporaneidad
Si bien es cierto que no existe un plazo especfico en la Ley 23551 ni en su decreto
reglamentario para el ejercicio de la accin de reinstalacin, tambin lo es que tampoco
se ha previsto uno para promover la accin de exclusin de tutela, a pesar de lo cual,
est fuera de discusin, que ese procedimiento debe ser instado por el empleador en
forma contempornea al hecho de que se trata, pues en caso contrario se considera
consentido lo hecho por el dependiente. Esta "contemporaneidad", no es distinta a la
que tambin se le exige al trabajador para alegar la injuria en el despido indirecto, y es
un presupuesto acorde y necesario al tipo de proceso sumarsimo que la ley destina para
darle rpido remedio a la situacin del empleado sindicalista. No empece a ese
razonamiento la extensin de la garanta (dos aos del mandato ms el ao de resguardo
del puesto), mas ello no importa que una vez concretado el acto prohibido, ste no deba
ser objetado contemporneamente por el trabajador. En el caso, se rechaz la demanda
de reinstalacin promovida por el actor faltando seis das para cumplirse los dos aos de
haber sido notificado de su cesanta.
Bibliografa
Jurisprudencia
> Juicio de Reinstalacin - Oportunidad del planteo - Extemporaneidad
La falta de impugnacin por parte del trabajador a la decisin de cesanta decidida

por el estado provincial sin llevar adelante el procedimiento de exclusin de tutela,
sumado a la excesiva dilacin en solicitar la reinstalacin, denota una conducta del
trabajador prescindente de su funcin representativa e insolidaria, lo cual contrara
claramente los fines que la ley tuvo en mira al reconocer el derecho por l postulado. En
el caso, se rechaz la demanda de reinstalacin promovida por el actor faltando seis das
para cumplirse los dos aos de haber sido notificado de su cesanta.
Bibliografa
Jurisprudencia
> Exclusin de la tutela > Omisin (consecuencias) - Nulidad absoluta
La cesanta dispuesta sin cumplimentar previamente el procedimiento de exclusin de
tutela, deviene nula en los trminos de los arts. 18 y 1044, Cdigo Civil, y por ende, al
afectar la garanta de la estabilidad prescripta por el art. 14 bis, Constitucin Nacional,
ineficaz para producir la extincin del vnculo, originando el derecho del trabajador a
demandar la reinstalacin. (Del voto en disidencia del Dr. Delrieux.)
Bibliografa
Legislacin
Jurisprudencia
Corresponde declarar la ilegitimidad del decreto provincial que dispuso la cesanta
del actor, en tanto el mismo fue dictado sin contar con la previa resolucin judicial
excluyendo la garanta del representante gremial (art. 52, Ley 23551), omisin sta que
importa la nulidad de carcter absoluto de dicho acto. Consecuentemente, atendiendo
que una de las manifestaciones ms claras del orden pblico laboral lo constituye el
principio de irrenunciabilidad y toda vez que la accin objetivamente ha sido planteada
antes de que feneciera el plazo de dos aos, se debe admitir el recurso deducido y
revocar la sentencia apelada, disponiendo la reinstalacin del actor en su lugar de
trabajo dentro del plazo de cinco das. (Del voto en disidencia del Dr. Delrieux.)
Bibliografa
Legislacin
Talcahuano 442 (C1013AAJ) Telfono: +54 (11) 43730544 Buenos Air

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