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Contempornea
ISSN: 1688-7638
Direccin provisoria:
cp 11200
Montevideo, URUGUAY
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Comit editorial
Aldo Marchesi, Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educacin y Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de la Repblica, Uruguay
Vania Markarian, Archivo General de la Universidad
de la Repblica, Uruguay
Jaime Yaff, Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de la Repblica, Uruguay
Comit asesor
Gerardo Caetano, Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de la Repblica, Uruguay
lvaro Rico, Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educacin de la Universidad de la Repblica, Uruguay
Jos Rilla, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad
de Ciencias Econmicas y de Administracin de la
Universidad de la Repblica e Instituto Universitario del
Centro Latinoamericano de Economa Humana, Uruguay
Comit acadmico
Uruguay
Clara Aldrighi, Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educacin de la Universidad de la Repblica
Alcides Beretta, Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educacin de la Universidad de la Repblica
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Contenido
Dossier: Los caminos al autoritarismo en la segunda mitad del siglo xx en Amrica Latina
Los frentes del anticomunismo
Magdalena Broquetas 11
Organizaciones demcratas y radicalizacin anticomunista en Uruguay, 1959-1962
Gabriel Bucheli
31
Ariel Eidelman
53
Estado peligroso y Medidas Prontas de Seguridad: Violencia estatal bajo democracia (1945-1968)
77
Leandro Kierszenbaum 97
La salida militar como nica opcin frente al comunismo:
la experiencia chilena desde la mirada nacionalista catlica argentina (1970-1974)
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Varia
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La centralidad de la poltica era algo que queramos en el presente y que buscbamos en el pasado.
A 25 aos de La partidocracia uruguaya
297
Isabella Cosse
299
Marina Franco. Un enemigo para la nacin. Orden interno, violencia y subversin, 1973-1976
Mariana Iglesias
305
Vania Markarian
307
Leandro Morgenfeld
308
Ivette Trochn. Escenas de la vida cotidiana, Uruguay, 1950-1973: Sombras sobre el pas modelo.
Andrew J. Bacevich. Washington rules. Americas Path to Permanent War.
Magdalena Broquetas (Coordinadora). Fotografa en Uruguay. Historia y usos sociales 1840-1930.
311
Gerardo Leibner. Camaradas y compaeros. Una historia poltica y social de los comunistas del Uruguay
315
Jaime Yaff
317
Mara Cristina Tortti. El viejo partido socialista y los orgenes de la nueva izquierda (1955-1965)
Archivos: agn
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Presentacin | 9
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Dossier | 11
Magdalena Broquetas1
Resumen
Abstract
Este artculo examina la reaccin de las derechas en el Uruguay de la crisis de fines de los
aos cincuenta y principios de los sesenta, en
el marco de la Guerra Fra y la profundizacin
de la injerencia estadounidense en el pas. A
travs de algunos ejemplos, se analiza el modo
en que la accin y el discurso de las derechas
se extendieron en diferentes esferas, como la
educacin pblica, el movimiento sindical, los
partidos polticos y la administracin pblica.
Por otra parte, el artculo procura reflejar la
diversidad de movimientos, organizaciones y
facciones partidarias que integraron el heterogneo mapa de las derechas en este perodo,
coincidiendo en ocasiones y tambin distancindose en sus formas de actuar, en su bagaje
ideolgico y sus vnculos con el sistema poltico partidario.
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de fines de los cincuenta y principios de los sesenta ante la percepcin de amenaza al orden establecido. Para ello, se toman en cuenta sus etapas, integracin, programas, valores y eventuales
tensiones internas, as como su posible ligazn con el gobierno estadounidense en el marco de la
Guerra Fra.2 Como se ver en el breve estado de la cuestin que se esboza a continuacin, tanto
el perodo como el enfoque elegido estn demandando investigaciones nuevas y especficas.
La bibliografa que analiza en su totalidad la coyuntura 1958-1967, lo hace de manera panormica y est integrada por trabajos de poca5 o textos concebidos con fines divulgativos hace ya
casi dos dcadas.6 A su vez, algunos trabajos en los que se aborda el ascenso del autoritarismo y
la crisis democrtica de fines de los sesenta, se remontan a los ltimos aos de este tramo, lo que
no debe interpretarse como una arbitrariedad en la cronologa sino como la problematizacin y
puesta en discusin de la misma.7
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5
6
7
Real de Aza acu el concepto de sociedad amortiguadora en un ensayo de 1973 que permaneci indito
durante una dcada. Carlos Real de Aza, Uruguay una sociedad amortiguadora? (Montevideo: ciesu, 1984).
En la misma lnea analtica se ubica la nocin de sociedad hiperintegrada de Germn Rama, La democracia
en el Uruguay (Montevideo: Arca, 1987), 62, 74, 80-81.
Germn DEla, El Uruguay neo-batllista. 1946-1958 (Montevideo: ebo, 1982). Entre los abordajes que
discuten la interpretacin anterior deben mencionarse los trabajos de Hugo Cores, La lucha de los gremios
solidarios. 1947-1952 (Montevideo: ebo, 1989) y Francisco Panizza, Uruguay: batllismo y despus. Pacheco,
militares y tupamaros en la crisis del Uruguay batllista (Montevideo: ebo, 1990).
Rossana Di Segni y Alba Mariani, Los blancos al poder y Uruguay hoy. Crnicas contemporneas ii,
Enciclopedia Uruguaya 59 y 60 (1969).
Rosa Alonso y Carlos Demasi, Uruguay 1958-1968: crisis y estancamiento (Montevideo: ebo, 1986); Benjamn
Nahum, Ana Frega, Mnica Maronna e Ivette Trochn, El fin del Uruguay liberal, 1959-1973 (Montevideo:
ebo, 1993).
Martha Machado y Carlos Fagndez, Los aos duros. Cronologa documentada: 1964-1973 (Montevideo:
Monte Sexto, 1987). La decisin de adelantar la cronologa de la crisis tambin est presente en mi propia
sntesis sobre el perodo que comprende los aos sesenta y la dictadura. Magdalena Broquetas, Liberalizacin
econmica, dictadura y resistencia. 1965-1985, en Ana Frega et al, Historia del Uruguay en el siglo xx. 18902005 (Montevideo: ebo, 2007).
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Desde diferentes disciplinas en la ltima dcada han surgido diversos trabajos centrados en
los orgenes de la violencia poltica en la historia reciente del Uruguay, con foco en las organizaciones armadas de la izquierda y en el impacto de la violencia revolucionaria en los partidos
polticos de esta tendencia.11 En su totalidad se trata de investigaciones que integran la memoria
de los protagonistas o testimonios indirectos y, en algunos casos, se inscriben deliberadamente en
el campo de historizacin de esas memorias.12
Los cambios en el aparato represivo del Estado y la influencia del gobierno estadounidense en
este proceso de radicalizacin y violencia poltica en ascenso han sido objeto de investigaciones
Carlos Zubillaga examin los cambios en el mapa poltico-partidario en un perodo que trasciende el aqu
propuesto. A este se suman contados trabajos, como el de Pereira sobre el viraje de la Lista 15 del Partido
Colorado o el de Chagas y Trullen que, de manera tangencial, refiere a los orgenes de la Unin Colorada
y Batllista. Carlos Zubillaga, Los partidos polticos ante la crisis (1958-1983), en Gerardo Caetano, Jos
Rilla, Pablo Mieres y Carlos Zubillaga, De la tradicin a la crisis. Pasado y presente de nuestro sistema de partidos
(Montevideo: claeh-ebo, 1985), 41-112; Jorge Chagas y Gustavo Trullen, Pacheco. La trama oculta del poder
(Montevideo: Rumbo Editorial, 2005).
Las posiciones y la intensa actividad del movimiento estudiantil en esta poca slo han sido objeto de estudio
de Mark Van Aken en un breve trabajo que comprende una sntesis de varias dcadas. Mark Van Aken, Los
militantes. Una historia del movimiento estudiantil uruguayo desde sus orgenes hasta 1966 (Montevideo: fcu,
1990). Por su parte, los textos sobre historia del movimiento obrero de la poca proceden en su mayora del
relato de los protagonistas y no analizan el perodo en su especificidad, sino como parte de un proceso concebido, de manera lineal, hacia la unidad sindical. Entre otros, esta es la modalidad sobresaliente en Hctor
Rodrguez, Nuestros sindicatos (1865-1965) (Montevideo: Ediciones Uruguay, 1965) y El arraigo de los sindicatos, Enciclopedia Uruguaya 51 (1969); Universindo Rodrguez, Silvia Visconti, Jorge Chagas y Gustavo
Trullen, El sindicalismo uruguayo a 40 aos del congreso de unificacin (Montevideo: Taurus, 2006).
12 Marina Cardozo, Memorias del Coordinador: algunas fechas significativas en la formacin del mln-Tupamaros, en aavv, Problemas de la historia reciente del Cono Sur 2 (Buenos Aires: ungs-Prometeo Libros, 2011).
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histricas recientes, centradas fundamentalmente en el estudio de la asistencia tecnolgico-financiera a la Polica y en la injerencia en los medios masivos de comunicacin.13 Estos trabajos integran
fuentes novedosas (archivos policiales, documentacin diplomtica y de los servicios de inteligencia extranjeros recientemente desclasificada) que han enriquecido la reconstruccin del panorama
interno y, a su vez, incorporado al anlisis histrico la dimensin internacional y regional. No obstante, permanecen menos estudiados y no han sido objeto de revisiones recientes los cambios en
las Fuerzas Armadas, en particular en lo que refiere a las repercusiones de la victoria nacionalista
en la estructura de mandos y al surgimiento de nuevas o reagrupamiento de antiguas facciones
derechistas en su seno.14
Asimismo, en particular en el ltimo lustro, han proliferado trabajos y avances de investigacin que se interrogan sobre las derechas15 o examinan en profundidad las caractersticas y los
usos en la larga duracin de instrumentos represivos reiteradamente aplicados durante toda la
dcada de 1960, como lo fueron las medidas prontas de seguridad.16 Sobre los anlisis del primer
tipo cabe destacar que en esta nueva lnea ha predominado el estudio de episodios puntuales o el
seguimiento de un actor social concreto, por sobre una perspectiva que entrelace estas acciones,
posiciones y propuestas e identifique los elementos conservadores y las heterogneas manifestaciones de las derechas en el transcurso de todo el perodo.
A modo de balance puede afirmarse que la coyuntura comprendida entre los dos ltimos aos
de la dcada de 1950 y el inicio de la crisis poltica en 1968 requiere an de anlisis histricos
que permitan comprender el perodo en su integridad, atendiendo a los sujetos sociales que lo
protagonizaron, con sus apuestas y horizontes de expectativa concretos. Con frecuencia se ha
simplificado el acontecer histrico de este tramo, que se intuye ms complejo y menos lineal, e
idealizado el perodo inmediatamente anterior, probablemente por haber mantenido la mirada
puesta en la coyuntura que se inici en 1968, caracterizada por la agudizacin de la violencia
poltica y la represin estatal. Por otra parte, podra pensarse que esta falta de anlisis especficos
sobre los grupos y facciones derechistas y su incidencia en la conformacin de un pensamiento
autoritario de ms larga duracin, ha sido una constante en la historiografa uruguaya en la que
parecera haber permeado la idea, socialmente extendida y abonada por la literatura ensaystica,
de una derecha dbil o inexistente, en comparacin con pases vecinos, y asimilada a las estructuras partidarias tradicionales.
14 En la exigua produccin sobre este tema se destacan los trabajos de Selva Lpez, Estado y Fuerzas Armadas
en el Uruguay del siglo xx (Montevideo: ebo, 1985) y Gabriel Ramrez, El factor militar. Gnesis, desarrollo y
participacin poltica (Montevideo: Arca, 1988), ambos centrados en un perodo ms amplio.
15 Mauricio Bruno, La caza del fantasma. Benito Nardone y el anticomunismo en Uruguay (1960-1962)
(Montevideo: fhce, 2007); Gabriel Bucheli, Los inicios. Rastreando los orgenes de la violencia poltica
en el Uruguay de los 60, Cuadernos de historia reciente. 1968-1985 (2008); Vctor Bacchetta, El asesinato de
Arbelio Ramrez, (Montevideo: Doble Click Editoras, 2010). Un primer avance en el conocimiento de estas
organizaciones lo constituye el artculo de Rodolfo Porrini, As empez el fascismo. A 30 aos de la muerte
de Arbelio Ramrez, La Lupa-Brecha (16/8/1991).
16 Mariana Iglesias, La excepcin como prctica de gobierno en Uruguay, 1946-1963, Contempornea 2 (2011).
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Infiltrados en la enseanza
En los ltimos meses de 1958, despus de la sancin de la Ley Orgnica de la Universidad
que inclua la autonoma, prevista en la Constitucin de 1952, diversas voces se levantaron para
poner bajo sospecha a las autoridades cuya mxima jerarqua era desde 1956 Mario Cassinoni,
ex diputado socialista, al cuerpo docente y a los gremios estudiantiles. En un informe de situacin divulgado por el Movimiento Nacional por la Defensa de la Libertad (mondel) en
setiembre de 1959 se alertaba sobre la extraterritorialidad obtenida en Uruguay por el comunismo internacional que desplegaba una maniobra tpicamente comunista para sovietizar nuestra
Universidad hasta ahora LIBRE, DEMOCRTICA y de verdad POPULAR.19 La consigna
fundamental de este movimiento, presentado pblicamente en agosto de 1958 como un ncleo
de ciudadanos, integrantes de diversos sectores de opinin, [que] ha estimado oportuno y necesario hacer un llamamiento a la ciudadana nacional en vistas de que la libertad de la Repblica
se encuentra amenazada por el afn imperialista del movimiento comunista internacional, apuntaba a RECUPERAR LA UNIVERSIDAD PARA LA DEMOCRACIA.20 La organizacin
contaba desde sus orgenes con un grupo estudiantil con representantes en Preparatorios y
diversas Facultades,21 que a partir de este momento se fortaleci y desarroll como filial con
nombre propio y voluntad combatiente en el ambiente estudiantil: el Movimiento Estudiantil
para la Defensa de la Libertad (medl).
18 Sandra McGee Deutsch, Las derechas. La extrema derecha en Argentina, Brasil y Chile. 1890-1939 (Buenos
Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2005), 21-22. La autora retoma, a su vez, un planteo de Roger
Eatwell.
19 Noticias del Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad (setiembre de 1959), Archivo de la
Direccin Nacional de Informacin e Inteligencia (en adelante dnii), Carpeta N479B.
20 Declaracin del Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad (1/8/1958), dnii, Carpeta N479B.
Maysculas en el original.
21 As consta en la informacin que el Servicio de Inteligencia y Enlace de la Polica conserv acerca de este
movimiento. Informe (22/9/1959), dnii, Carpeta N479.
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logrado una gravitacin tal en el mundo universitario que exced[a] las posibilidades del estudiantado y exig[a] un apoyo muy amplio con intervencin de los Profesionales y del Profesorado,
en una accin conjunta y combinada. Para la fecha el movimiento haba impulsado la creacin
de una Asociacin de Estudiantes de Preparatorios, creado bases de accin entre el estudiantado
de Secundaria del Interior de la Repblica y procuraba disputar la hegemona a la Federacin
de Estudiantes Universitarios del Uruguay (feuu) en los centros de estudiantes de los distintos
servicios universitarios.22
La idea de infiltracin obsesionaba a los integrantes del medl, al igual que a la totalidad de
las organizaciones anticomunistas. En este sentido su prdica estaba imbuida de connotaciones
blicas y metforas castrenses, como qued de manifiesto en el proyecto de realizacin de una
labor de verdadero Estado Mayor, que estudie, planee, asesore, dirija impulse a la lucha general
por la recuperacin de la Universidad, de cara a las futuras elecciones universitarias. La accin
militante de este ejrcito de reserva se justificaba, segn argumentos de esta organizacin, en un
contexto en que la autonoma y el orden jurdico vigentes impedan la accin del gobierno y de
los partidos polticos mayoritarios. Los objetivos fundamentales de la organizacin consistan en
contrarrestar las huelgas y ocupaciones de liceos, denunciar irregularidades administrativas y dejar al descubierto los fines polticos perseguidos por la feuu, encubiertos bajo conflictos gremiales
y universitarios.23
En los dos aos siguientes el medl tuvo visibilidad pblica a travs de la participacin en
manifestaciones anticomunistas, difundi su programa en los centros estudiantiles y a travs de la
prensa peridica y disput simblica y concretamente el espacio de la Universidad.24 Cuando la
Revolucin cubana emprendi su viraje al socialismo, el movimiento se manifest en contra, aunque hasta entonces su actividad militante en relacin al plano internacional se haba centrado en
la denuncia del avance del comunismo sovitico en los pases de Europa del Este.25 Se autodefini
como un movimiento demcrata, anti-fascista y anti-totalitario.26 En julio de 1962, un informe sobre organizaciones extremistas del Servicio de Inteligencia y Enlace del Departamento de
Investigaciones de la Polica, lo mencionaba entre las organizaciones de derecha de naturaleza
estudiantil, a pesar de lo cual t[enan] afiliados no estudiantes.27
En octubre de 1960 naci la Confederacin de Estudiantes del Interior (cei) con el objetivo
de nuclear a los estudiantes de Secundaria y contrarrestar la influencia de la feuu fuera de la capital de la Repblica. Segn un informe policial fechado en abril de 1962, esta era una organizacin
con proyecciones importantes en el mbito nacional, que estaba trabajando intensamente en
24 Informe policial (julio de 1962), dnii, Carpeta N479 y Memoria Anual del Servicio de Inteligencia y Enlace de
la Polica de Montevideo (1960). En la madrugada del 5 de octubre de 1960 un grupo de estudiantes del medl
intent tomar la sede de la Universidad de la Repblica, siendo repelidos con violencia por militantes de la
feuu que haban sido avisados de estos propsitos. Durante los das siguientes, este episodio, conocido como
asalto a la Universidad, involucr a autoridades policiales y polticos nacionalistas. Tanto el medl como el
mondel negaron su participacin como grupo en el hecho. M. Bruno, La caza del fantasma, 49-59 y dnii,
Carpeta N781.
25 El Movimiento Estudiantil en Defensa de la Libertad. Remitido del movimiento que preside el Sr. Eusebio
Vaeza, El Pas (16/5/1960).
26 El medl no aclar quines son los socios de ms de un peso, Accin (14/7/1962).
27 Informe sobre organizaciones extremistas, dnii, Carpeta N674.
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los medios estudiantiles de todos los departamentos, y es evidente que ya ha dominado la accin
de la FEDERACIN DE ESTUDIANTES DEL INTERIOR, que responde a las directivas de la feuu. La organizacin gremial cont con el apoyo explcito de Consejo Nacional de
Gobierno y en particular con la intermediacin del consejero Benito Nardone. Un ejemplo de
esta intercesin lo constituye el apoyo gestionado por el lder ruralista, en enero de 1962, para la
concrecin de un congreso de padres demcratas en la ciudad de Artigas, en el que se buscara
formar un frente comn junto a los estudiantes.28 A propsito de este episodio, medios de prensa como el semanario Marcha y legisladores de la oposicin denunciaron que varios delegados al
Congreso fueron trasladados en aviones de la Fuerza Area.29
As como el medl o la cei haban desplegado sus acciones en el mbito gremial-estudiantil en el que las huelgas y los paros por los atrasos presupuestales del gobierno eran cada vez
ms frecuentes, otros movimientos centraron la atencin en el cuerpo docente y los contenidos
de determinadas asignaturas. Tal fue el caso de la Asociacin de Lucha Ejecutiva y Repudio de
los Totalitarismos en Amrica (alerta) y la Organizacin de Padres Demcratas (orpade), ambas organizaciones con una intensa actividad pblica en los primeros aos de la dcada de 1960.
Desde su fundacin en octubre de 1960, alerta manifest su preocupacin por los problemas
del estudiantado, planteando la necesidad de lograr cambios en los planes de estudio por ejemplo, la obligatoriedad de la materia Educacin Cvica y Democrtica y la exigencia a autoridades
y docentes de la enseanza de alguna forma de adhesin explcita a los principios democrticos.30
El radio de accin de esta asociacin trascendi el campo de la educacin formal, aunque sin
dudas la vigilancia ideolgica en este mbito fue uno de los pilares de su plataforma.
La orpade se constituy en abril de 1962 como una organizacin laica e integrada por hombres y mujeres de todos los partidos polticos democrticos, definicin que exclua a las izquierdas
partidarias.31 Segn manifest Celia Reyes de Viana, uno de sus miembros fundadores, orpade
haba nacido para decirle NO a los docentes comunistas infiltrados.32 En los archivos policiales
se dej constancia de que el propsito de esta entidad e[ra] crear una conciencia popular, frente al
peligro de infiltracin comunista en la enseanza.33 Con este objetivo la organizacin se moviliz
fundamentalmente en el Interior del pas, llegando a organizar tres congresos que contaron con la
presencia de docentes, estudiantes y figuras vinculadas al gobierno, como el ex ministro de Salud
Pblica, Carlos Stajano, o el ministro de Relaciones Exteriores, Homero Martnez Montero.34
En el segundo Congreso de Padres y Amigos Demcratas, organizado en julio de 1962 en la
ciudad de Tacuaremb, se aprob solicitar, segn los artculos 58, 59, 68 y 72 de la Constitucin,
la ilegalidad de las doctrinas marxistas leninistas para que sean sancionadas y penadas por ley [y]
enviar carta al presidente del Consejo de Gobierno, pidiendo la reglamentacin de la Ley 11.923
28 M. Bruno, La caza del fantasma, 64. El Congreso finamente se realiz en el mes de marzo.
29 Agitacin y subversin. El Congreso de Padres en Artigas, Marcha (16 /3/1962) y Diario de Sesiones de la
Cmara de Representantes (dscr) (31/7/1962), 117-118.
30 En el seno de alerta se analizaron los Problemas de la Juventud Actual, El Da (3/11/60).
31 No obstante varios de sus integrantes venan participando desde el ao anterior de la Asociacin de Padres y
Alumnos Liceales (apal) que haba enviado representantes al Primer Congreso Nacional de Padres y Amigos
Demcratas, realizado en la ciudad de Artigas en marzo de 1962.
32 orpade es fuerza democrtica indestructible, El Pas (4/7/1965).
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que exige probada militancia democrtica en los funcionarios. En un memorndum interno del
Servicio de Inteligencia Policial, del mes de abril de 1962, se dejaba constancia que orpade haba
contado con el apoyo solidario de otras entidades, como la Asociacin Patritica del Uruguay,
el Ateneo de Montevideo, el Movimiento Nacional Femenino Pro Defensa de la Democracia, la
Confederacin de Estudiantes del Interior y alerta.36
35
Varios representantes partidarios coincidieron en estas valoraciones sobre la educacin pblica en general y la situacin extrema en la Universidad de la Repblica, tal como qued de
manifiesto al debatirse en el Senado, en octubre de 1960, el asalto a la sede principal de esta
casa de estudios por parte de estudiantes demcratas. En esa oportunidad el representante
ubedista,39 Eduardo Rodrguez Larreta, implicado por la oposicin con el grupo que intent la
toma denunci que la Universidad se haba convertido en una sucursal de la Central nica de
Trabajadores, en la que ya nadie estudia. Apoyaba su afirmacin en la opinin de otros docentes,
como la eminente educacionista [] Celia Reyes de Viana, que a travs de una carta publicada
en la prensa afirmaba que se haba suprimido el derecho a estudiar. El senador nacionalista
declar que todos estos paros, huelgas, detenciones de trabajo, protestas, conflictos a un mes de
los exmenes, tienen a los padres de familias desesperados. No caba duda de que se estaba ante
un cuadro [] decretado por un grupo que, seguramente, es insignificante en el conglomerado
nacional, pero que aprovecha de nuestras discordias para hacer sentir su fuerza y su plan.40
35 Finaliz en Tacuaremb el ii Congreso de Padres Demcratas, La Maana (24/7/1962).
36 dnii, Carpeta N1285
38 En el contexto de los atentados de julio de 1962, cuando ms de una decena de personas fueron secuestradas y
agredidas fsicamente, el fedan sobre el cual recaan sospechas de responsabilidad en los atentados convoc
a una conferencia de prensa, a la que concurrieron representantes de medios invitados, que se desarroll en
penumbras, con la presencia de sus principales dirigentes con el rostro cubierto.
39 La expresin alude a la coalicin Unin Blanca Democrtica (ubd), formada en octubre de 1956 dentro
del Partido Nacional e integrada por sectores escindidos del herrerismo y vertientes del nacionalismo
independiente. En las elecciones de 1958 este sub-lema dentro del Partido Nacional se diferenci del sector
herrerista, aliado con la Liga Federal de Accin Ruralista.
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42 Ayer Hungra, hoy Cuba, maana URUGUAY, Antorcha (junio-agosto de 1961), 18-19. Maysculas en el
original; M. Etchechury, Entre el colegiado, Cap. v.
43 Para meditar. Plantea nuevo mensaje al Pas el Movimiento por la Libertad, La Maana (13/9/1960).
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tambin se manejo el concepto de manipulacin y deslizamiento encubierto al referirse al adoctrinamiento a travs del otorgamiento de las becas con todo pago que son dadas a los obreros
para visitar Rusia y sus pases satlites como Cuba, China Roja y otros, lo cual dejaba en evidencia la dependencia absoluta del sindicalismo uruguayo en relacin al comunismo sovitico.44
En su programa de lucha por el perfeccionamiento de la Democracia Representativa, alerta
organiz un debate abierto en el Ateneo de Montevideo sobre Relaciones Laborales y convoc
en carcter de expositores a representantes de la Confederacin de Sindicatos Uruguayos (csu)
y del sector patronal.45 La csu haba nacido en 1951 para disputar la influencia del Partido
Comunista Uruguayo en la rbita sindical, vinculada a la Confederacin Internacional de
Centrales Sindicales Libres y a la Organizacin Regional Interamericana de Trabajadores liderada por los sindicatos de Estados Unidos;46 a comienzos de los aos sesenta era un espacio
dominado por los intereses estadounidenses. Segn testimonio de Philip Agee, ex funcionario de
la cia en Uruguay, la csu estaba respaldada por la estacin de Montevideo que haba desplegado
varias operaciones para fortalecer[la]. No obstante hacia mediados de la dcada no se haba
podido evitar su declinamiento.47
Entre 1964 y 1965 orpade, hasta entonces centrada casi exclusivamente en la movilizacin
en el rea de la enseanza, lider un embate anti-sindical dirigido fundamentalmente contra
gremios de la administracin pblica que, desde comienzos de la dcada, venan multiplicando
las instancias de coordinacin y concitando la adhesin de un significativo nmero de trabajadores. En la vspera del levantamiento de las medidas prontas de seguridad en diciembre de 1965,
la organizacin se dirigi al Gobierno nacional en trminos amenazantes orpade ALERTA
declaraba un volante propagandstico recordando la inconveniencia de cualquier acuerdo o levantamiento de sanciones al sindicalismo subversivo y exiga explcitamente mano dura en el
mantenimiento de la definicin de ilegalidad de la huelga entre los funcionarios pblicos.48 En
simultneo a esta movilizacin, la propaganda de orpade se canaliz a travs de la difusin de
folletera que, bajo ttulo Si usted fuera un trabajador sovitico se le prohibira a usted declararse en huelga, desenmascaraba el doble discurso del Partido Comunista Uruguayo en su
dominio de la accin sindical. Los librillos centraban su argumentacin en la ambigedad y la
deshonestidad de la accin comunista en el medio local, mientras que en la urss los sindicatos
estaban sometidos al Estado, la huelga era ilegal, los dirigentes sindicales estaban sobornados y se
aplicaban penas extremas por infringir la ley.49
Desde su creacin, la actividad sindical fue objeto prioritario de investigacin por parte de los
servicios de inteligencia policial que dedicaron considerables recursos a su vigilancia y produjeron
extensos informes sobre sus integrantes, lneas de accin y vnculos internacionales. En la primera
mitad de los aos sesenta, la consolidacin de la unidad sindical, a travs de la ctu primero y de la
cnt y el Congreso de Pueblo entre 1964 y 1966, provoc el fortalecimiento de estos seguimientos. A modo de ejemplo puede mencionarse el balance de la inteligencia policial sobre situacin
46 Rodolfo Porrini. La sociedad movilizada, en Ana Frega et al, Historia del Uruguay en el siglo xx, 293
47 Philip Agge, La cia por dentro. Diario de un espa (Buenos Aires: Sudamericana, 1987), 275-276 y 301.
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actual del campo sindical y su proyeccin a la poltica nacional fechado en junio de 1966. El texto
aluda al fuerte [] funcionamiento del poder sindical; que ese poder es orientado por la accin
de los dirigentes comunistas, que por todos los medios tratan de inclinarlo a nivel poltico, para
capitalizar voluntades en la prxima contienda electoral.50
La intranquilidad ante los trabajadores organizados tambin fue una constante entre las
preocupaciones de los gobernantes ruralistas y las mayoras del Poder Ejecutivo, que desde
comienzos de la dcada ensayaron posibilidades de reglamentacin sindical y contuvieron la movilizacin de este sector a travs de la represin policial y el empleo de determinados instrumentos
legales.51 Desde esta ptica la protesta sindical era vista como agitacin y no representaba una
expresin aislada, sino que formaba parte de un plan general de alteracin del orden establecido.
As lo expres Benito Nardone en una sesin del Consejo Nacional de Gobierno a propsito de
la ola de atentados y tatuajes ocurrida en julio de 1962, en la que argument sobre la necesidad
de dotar de mejores recursos y ms presupuesto a la Polica: esto que empez con tatuajes en las
calles, puede terminar en una huelga general, porque esto es posiblemente una poltica de ablandamiento para ir sembrando el terror y llegar a lo otro.52
En este sentido, con frecuencia dirigieron sus declaraciones o llamamientos a los gobernantes
o a los representantes poltico-partidarios, ubicndose en una posicin vigilante y alerta respecto
a decisiones que, por impopulares, podran conllevar un costo electoral. El mondel lo expresaba
exactamente en esos trminos en un mensaje dirigido a los gobernantes, a los partidos polticos tradicionales y al pueblo de la Repblica, en el que, entre otros reclamos, se demandaba
la desarticulacin de los cuadros revolucionarios comunistas. Los hombres que actan en el
constante trajn poltico, estn obnubilados por el futuro electoral, sealaba el comunicado de
prensa. Arriesgar, por tanto, su porvenir poltico con una poltica drstica que nos vuelva a todos
los orientales al sentido comn y a los superiores intereses de la Patria, es sacrificio muy grande al
que los partidos gobernantes no se hallan muy decididos.53 En octubre de 1959, la filial femenina
del movimiento se diriga al gobierno en trminos similares, exigiendo la ruptura de relaciones
diplomticas con la urss, entre otras medidas indispensables para la seguridad democrtica.54
La crtica suba de tono y mientras justificaba al partido gobernante, con poca experiencia en
el ejercicio del mando, [que] ha recibido una economa difcil, un panorama social quebrantado
por los agitadores comunistas que ya haban logrado infiltrarse en todos los estratos del pas,
50 dnii, Carpeta N492C
51 R. Alonso y C. Demasi, Uruguay 1958-1968, 19. Desde los primeros aos de la dcada se sucedieron las
denuncias de malos tratos y torturas a militantes sindicales detenidos por la Polica. En el informe presentado
en la comisin pre-investigadora de la Cmara de Representantes sobre Procedimientos policiales con
trabajadores (Investigacin) se recopilan varios testimonios de vctimas de torturas en la rbita de este
cuerpo. dscr (20/6/1962), 64.
54 La mujer adhiere con gran entusiasmo a la lucha de Defensa de la Libertad, El Pas (3/10/1959).
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era implacable con el batllismo de la Lista 15, con representacin minoritaria en el Consejo
Nacional de Gobierno, identificndolo como el sector de cuyas filas parte un grupo decidido
al contubernio poltico con el comunismo local, que no es otra cosa que el agente directo del
comunismo sovitico. Frente a la poltica del avestruz que vienen siguiendo las clases rectoras
del pas, el mondel convocaba y cifraba sus esperanzas en una oportuna reaccin, desarrollada
en el plano social.55
Esta postura acechante en relacin a los partidos polticos y al gobierno tuvo una manifestacin extrema en el fedan, cuya publicacin peridica llev el sugestivo ttulo de Centinela. La
organizacin consideraba que las viejas estructuras polticas de nuestro pas han cumplido su
ciclo y cuestionaba a la poltica y los polticos en clave moralizante, denunciando la inmoralidad
y el desenfreno que les caracterizaba y rodeaba la improvisacin en los actos de gobierno. El
reproche iba dirigido a los polticos percibidos como demagogos y alejados de las necesidades
del pas real y al parlamento envilecido, visto como una institucin en donde sus integrantes
dictan leyes en beneficio propio, por el proteccionismo desmedido a una burocracia excesiva e
improductiva. Recordemos que dicho frente rechazaba las formas polticas del liberalismo y se
manifest partidario de una democracia corporativa. La militancia anticomunista o antimarxista
en los planos estudiantil y sindical acercaba al fedan a los dems movimientos sociales que engrosaban las filas de las manifestaciones anticomunistas.57 Sin embargo, a diferencia de estos ltimos,
que reivindicaban una nocin de nacionalismo o patriotismo tal era el trmino elegido por ellos
mismos circunscripta a la delimitacin jurdico-territorial vigente, esta organizacin mantena
55 Para meditar
56 Nota al Presidente del Consejo Nacional de Gobierno (25/5/1961), dnii, Carpeta N674.
57 Declaracin del fedan (enero de 1962), dnii, Carpeta N726.
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contactos transnacionales con otras juventudes nacionalistas revolucionarias58 y anhelaba la construccin de una gran Patria hispanoamericana y una efectiva unin rioplatense.59
En la rbita del gobierno el menosprecio hacia los poderes Legislativo y Ejecutivo y el escaso
apego a la Constitucin de los consejeros ruralistas qued en evidencia en varias ocasiones a travs de las insinuaciones golpistas y de la insistencia en la ilegalizacin del Partido Comunista.60
A su vez, esta idea de inoperancia y falta de respuesta legislativa parecera haber permeado en
algunos sectores de la Polica y el Ejrcito. En julio de 1962, en una interpelacin al Ministro
del Interior a propsito de la falta de investigaciones policiales sobre los atentados que se haban
iniciado con el ataque a Soledad Barrett, el diputado quincista Jorge Vila denunci la existencia
de un movimiento artiguista, integrado por oficiales de polica, algunos militares en situacin
de retiro y algunos civiles sumariados y echados del Ejrcito y la Polica a raz de un episodio que
fue sindicado como un verdadero putsch de carcter nazi. El diputado cit de memoria uno de
los puntos del programa de este movimiento que se propona bregar por parlamentos ms trabajadores o, sino, que se vayan: nada de asambleas deliberantes que discuten y que no hacen nada.61
Un ao y medio despus, el 24 de enero de 1964, el Servicio de Inteligencia y Enlace de la Polica
tuvo conocimiento de que se planificaba para el da siguiente un golpe de Estado por Comandos
Civiles apoyados por militares. Los detenidos por este episodio negaron cualquier propsito
golpista, aunque admitieron estar todos ligados a la entonces denominada Legin Artiguista.62
60 En setiembre de 1962 un editorial del peridico nacionalista El Debate denunciaba, aludiendo a Nardone,
que haba un gobernante que desde hace un ao, cada pocos das, efecta un ataque contra la democracia. El
consejero ruralista Faustino Harrison tambin haba sugerido pblicamente la necesidad de un descanso a
la democracia en enero de 1962. El crimen del nio, El Debate (18/9/1962) y 1962: Suplemento especial
de fin de ao, El Popular (28/12/1962). Sobre las sugerencias de ilegalizacin del Partido Comunista del
Uruguay, vase la postura de Nardone en el Consejo de Estado en julio de 1962. Actas del cng (17/7/1962).
61
dscr
(31/7/1962), 117
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histricos del pensamiento conservador uruguayo del siglo xx. Sin embargo, las derechas de fines
de los cincuenta y principios de los aos sesenta desplegaron su ideologa y sus prcticas en un
nuevo marco socio-econmico, poltico y cultural, atravesado por las repercusiones de una crisis
econmica que se transformaba en estructural, una intensa movilizacin social, los efectos de la
accin de las izquierdas en la regin y la concrecin a nivel mundial de un rgimen que propona
con xito una alternativa al capitalismo. Por otra parte, el realineamiento proestadounidense de
Uruguay tras la Segunda Guerra Mundial y el clima de anticomunismo propio de la Guerra Fra
ambientaron, tanto en el plano objetivo como en el del imaginario, un escenario poco propicio
para las ideologas vinculadas al nazifascismo y alentaron el desarrollo de posiciones conservadoras y de derecha que no supusieran cuestionamientos a la democracia liberal.
En este contexto, antiguos temores respondieron a nuevas realidades. De manera similar a sus
antecesores de la dcada del treinta, los grupos y facciones derechistas de comienzos de los sesenta manifestaron su preocupacin por el sesgo ideolgico de la educacin formal. No obstante,
mientras que durante los aos treinta esto se traduca en una crtica a las formas de patriotismo
cosmopolitas e incluyentes impulsadas desde comienzos de siglo por los gobiernos batllistas, fundamentalmente en la educacin primaria, en los sesenta revelaba la intranquilidad generada por
un movimiento estudiantil numeroso y politizado que contaba entre sus conquistas recientes con
una Ley que garantizaba la autonoma de gestin para la Universidad de la Repblica.
A lo largo de este artculo intent demostrar la necesidad de trazar un mapa de las derechas
que diera cuenta de los elementos aglutinantes, los matices y las divergencias. A travs de varios
de los ejemplos seleccionados puede comprobarse que entre los movimientos y organizaciones se
distinguen dos tipos de pensamiento derechista que, tentativamente, podran catalogarse como de
tendencia conservadora y radical o revolucionaria. En el primer grupo se ubicaron movimientos
o agrupaciones como mondel, medl, alerta y orpade, inscriptos en la tradicin del liberalismo
conservador, que se autodefinieron demcratas, se movilizaron a favor de un nuevo orden legal y
mantuvieron, en diversos grados, vinculacin con la poltica partidaria y los polticos, aunque esto
no les impidi plantarse como organizaciones de control y vigilancia de los mismos. Integrando
la tendencia extrema o radical identificamos, entre otros, al fedan y al Movimiento Progresista,
ambas entidades portadoras de un discurso antiliberal, anti-izquierdista y de rechazo hacia la
democracia representativa. El adjetivo que las caracterizo se fundamenta en la autopercepcin
de estas organizaciones que enarbolaron diversos proyectos de cambio poltico, social, econmico
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Por tratarse de una investigacin en curso, para finalizar, considero oportuno abrir algunas
interrogantes relativas a los itinerarios y al desarrollo de estas posiciones en la primera mitad de
los aos sesenta. Una mirada cronolgica revela, desde 1963, la desintegracin o el declive de la
aparicin pblica de la mayora de las agrupaciones y movimientos que hemos enmarcado dentro
de la derecha conservadora. La permanencia de orpade parecera constituir una de las pocas
excepciones a esta situacin. Cul fue entonces el destino de sus integrantes y la suerte de sus
programas y reivindicaciones? En sus memorias, Philip Agee refiere al cambio de rumbo de la
cia en relacin a Uruguay. La llegada del embajador Wymberly Coerr supuso la remocin del entonces director de la estacin montevideana de la agencia, Tom Flores, y el fin de la intervencin
poltica con Nardone y de las operaciones militantes.63 Esta decisin podra haber incidido en
las posibilidades de supervivencia de algunas organizaciones, aunque tambin cabe preguntarse
si muchas de sus demandas fueron escuchadas y defendidas por sectores poltico-partidarios y
finalmente adoptadas desde el gobierno nacional.
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en el Partido Colorado que reagrup tendencias derechistas bajo el seno de la Unin Colorada
y Batllista ofrecen un panorama que podra haber albergado e incorporado estas tendencias.
Por ltimo, cabe preguntarse sobre la permeabilidad entre las dos categoras propuestas para
comenzar a desbrozar el heterogneo mapa de las derechas en los aos sesenta. Para este punto
resulta clave el trazado de itinerarios y el anlisis comparativo tanto de las bases sociales como
de los sectores dirigentes de ambas tendencias. Resta, a su vez, examinar aspectos fundamentales
para comprender y explicar sus conexiones y disidencias, tales como sus rituales, esttica, mbitos
de reclutamiento y formas de financiamiento de sus acciones y propaganda.
Archivos
Archivo de la Direccin Nacional de Informacin e Inteligencia
Prensa
Accin (julio 1962)
Fuentes
Actas de Sesiones del Consejo Nacional de Gobierno (10 y 17 de julio de 1962)
Diario de Sesiones de la Cmara de Senadores (10 de octubre 1960)
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Organizaciones demcratas
y radicalizacin anticomunista
en Uruguay, 1959-1962
Gabriel Bucheli1
Resumen
Abstract
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Introduccin
Este trabajo es parte de una investigacin ms amplia que abarca el estudio de numerosas
organizaciones de derecha no partidaria visibles en el pas entre fines de los aos 50 y comienzos
de los 60.2 Este artculo da cuenta de tres de ellas (mondel, alerta y medl), que por su presencia
pblica resultan representativas del vasto movimiento anticomunista de la poca. Partimos de la
base de que este movimiento recoge en buena medida la tradicin liberal del Uruguay, pero bajo
las fuertes influencias del pensamiento conservador, fortalecido en el contexto de la Guerra Fra
y acicateado por el impacto a escala continental de la Revolucin cubana.
Movimiento Antitotalitario del Uruguay, Liga Oriental Anticomunista (loa), Movimiento Nacional para
la Defensa de la Libertad (mondel), Movimiento Nacional Femenino para la Defensa de la Libertad,
Organizacin Democrtica Latino Americana, Frente Revolucionario Democrtico (organizacin cubana
en el exilio), Amigos de Cuba Libre y Democrtica, Asociacin para la Lucha Ejecutiva y Repudio de
los Totalitarismos de Amrica (alerta), Movimiento Civil de Reafirmacin Democrtica - En Guardia,
Frente Demcrata del Uruguay (fdu), Agrupacin Juvenil pro Liberacin de Cuba, Organizacin de Padres
Demcratas (orpade), Organizaciones Demcratas del Interior (odi), Movimiento Estudiantil para la
Defensa de la Libertad (medl), Confederacin de Estudiantes del Interior (cei). Esta lista corresponde
a las organizaciones que por sus nfasis discursivos hemos llamado de matriz liberal. La investigacin
ha permitido detectar otro conjunto de organizaciones presentes en esta etapa, de neta matriz fascista o
falangista, que no ser objeto de este artculo.
Vase: www.ateneodemontevideo.com/historia.html
Mark Van Aken, Los militantes. Un estudio del movimiento estudiantil universitario uruguayo desde sus orgenes
hasta 1966 (Montevideo: fcu, 1990), 225.
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del Ateneo revisara la decisin adoptada por la Junta, conceba la mocin conciliatoria como un
resultado transaccional que simplemente aplaza el inevitable enfrentamiento planteado entre dos
ideologas definidas que se excluyen.5
En setiembre de 1960 se produjo el choque decisivo que anunciaba el medl, cuando un conjunto de socios del Ateneo present una mocin que propona discutir si el castrocomunismo es
compatible con el espritu atenesta.6 El debate se prolong en la Asamblea durante dos sesiones
muy lgidas, al final de las cuales se impuso la posicin del ala conservadora. Uno de los planteos
de los mocionantes recogido por la prensa reclamaba: el Ateneo tiene que ponerse al frente de
un gran movimiento para impedir que los Andes se conviertan en otra Sierra Maestra. Por la
negativa votaron, entre otros, Emilio Frugoni, Pedro Daz y Reyna Reyes, los dos primeros connotados dirigentes socialistas.7 La Maana, diario colorado conservador, titul: Por 115 votos
frente a 22, se declar anoche el Ateneo contra el rgimen de Fidel Castro.8 El sector derrotado
en la Asamblea abandon la institucin. La consecuente ruptura dej en adelante al Ateneo como
un referente del anticomunismo militante.
La fundamentacin contraria de Reyna Reyes fue publicada en el semanario Marcha en la
seccin Cartas de los lectores. Su lnea argumental era la siguiente:
No hay razn alguna para que el Ateneo adopte una resolucin por mayora sobre
el asunto [] Jams las tom en las clebres discusiones de fines de siglo entre espiritualistas y materialistas o cuando la famosa polmica entre Jos Pedro Varela y
Carlos Mara Ramrez que era de ndole filosfico-poltica [] Quienes pretenden
hacer valer un criterio de mayora lo que buscan es el efecto sicolgico del repudio del
Ateneo a la Revolucin Cubana, para proseguir la triste y famosa caza de brujas.9
Al da siguiente, el alivio del editorial de La Maana era elocuente: no faltaba quienes creyeran que el Ateneo haba sido copado por los simpatizantes de la dictadura cubana.10
La inteligencia policial catalog ms adelante al Ateneo como una entidad seria y responsable, ha organizado algn Congreso anticomunista, pero no tiene una actividad continuada en ese
aspecto.11 Lo cierto es que la mayora de los movimientos anticomunistas que fueron relevados
en esta investigacin, sesionaban de manera permanente o puntual en los salones del Ateneo y su
discurso procur sostener una relacin privilegiada con la histrica tradicin liberal del Ateneo.
El Pas (22/6/1960), 6.
La Maana (1/10/1960), 2 y 4.
6
8
9
10 La Maana (2/10/1960), 4.
11 Memorndum. Ref: Informe sobre organizaciones anticomunistas, no oficiales. Montevideo, 6/4/1962, dnii,
Carpeta N674.
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lderes partidarios (los casos de los Consejeros de Gobierno Benito Nardone,12 oficialista, y Csar
Batlle Pacheco,13 opositor, son notorios), la aparicin reiterada de sus manifiestos y propaganda en la
prensa de diversas fracciones partidarias, la presencia de militantes de partido entre los dirigentes de
aquellas organizaciones, todo ello indica el nexo existente entre ambas esferas de accin. Sin embargo,
lejos estamos de una mera construccin partidaria de instrumentos sociales para la accin ciudadana.
Las agrupaciones anticomunistas as conformadas constituyeron organismos de marcada autonoma,
con activistas de ambos partidos, adems de cvicos e independientes, lo que explica su nfasis discursivo suprapartidario. S resulta elocuente de las inercias partidocntricas del pas el hecho de que
el movimiento demcrata adquiriera fuerte presencia en los perodos interelectorales, debilitndose
en las coyunturas electorales, como veremos ms adelante.
En ese sentido, el acento bipolar del discurso anticomunista guardaba ms relacin con los
posicionamientos internacionales de las fracciones partidarias, que con los clivajes de la poltica
interna. Encontramos as un frente comn conformado por el batllismo catorcista y el riverismo
colorados, algunos vestigios del nacionalismo independiente y el ruralismo nardonista. El herrerismo va a recoger en este sentido las ambigedades de su particular posicionamiento nacionalista
(marcado por impulsos neutralistas e incluso antiimperialistas) aunque su principal rgano de
prensa, El Debate, no escapar en los momentos ms lgidos al coro anti-izquierdista.14 El batllismo quincista, por su parte, como veremos, se mostr radicalmente ajeno a esa polarizacin.
El Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad (mondel)
El historiador estadounidense Mark Van Aken seala que el mondel tena vnculos estrechos con el ala conservadora del prestigioso Ateneo de Montevideo.15 Adems de funcionar en
su local de la Plaza Libertad, varios de sus referentes eran activos integrantes de esa institucin.
El documento fundacional de este movimiento data del 1 de agosto de 1958. En ese manifiesto
se afirmaba:
La Libertad de la Repblica se encuentra amenazada por el afn imperialista del
movimiento comunista internacional [] Como organizacin subversiva, el comunismo es una quinta columna del imperialismo sovitico [] Es imprescindible
contrarrestar enrgicamente la propaganda demaggica del comunismo [] combatiendo la infiltracin de los agentes comunistas en aquellas posiciones pblicas y
privadas desde las cuales socavan la salud moral de nuestro pueblo y especialmente
de nuestra juventud.16
Una carta del mondel a sus adherentes, fechada en setiembre de 1959, sealaba un retraso
de ms de un ao en las actividades del movimiento,17 debido a las necesidades del trabajo de or12 Lder del ruralismo. Ms all de su controvertido ingreso en la poltica nacional, lo incluimos bajo el rtulo
lder partidario a partir de su participacin en las lides electorales y de gobierno desde 1958.
13 Lder del batllismo catorcista, antagonista del batllismo quincista conducido por Luis Batlle Berres.
14 Slo como apunte, vale consignar que en el marco de esta investigacin hemos encontrado fuertes simpatas
desde el movimiento que hemos denominado de matriz fascista o falangista hacia el herrerismo, traducido
tanto en el respeto por su lder, fallecido en abril de 1959, como por uno de sus dirigentes ms polmicos,
Enrique Erro, de errticos posicionamientos izquierdistas entre 1962 y 1984, ao de su muerte.
15 M. Van Aken. Los militantes, 225.
17 Este retraso refuerza la hiptesis esbozada ms arriba, en cuanto a que la coyuntura electoral frenaba la
energa del movimiento anticomunista de carcter suprapartidario.
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Meses despus, en enero de 1961, luego de los confusos episodios que terminaron con la
muerte del manifestante anticastrista Serafn Billoto frente a la sede del Partido Comunista,21
el mondel lanz un extenso manifiesto en la prensa que llamaba a aprobar Leyes democrticas
contra las actividades antinacionales.22
18 La proximidad tanto ideolgica como en el tiempo de este trabajo de investigacin recabado por el mondel,
con el libro de Benito Nardone, Peligro rojo en Amrica Latina (Montevideo: Impresiones Diario Rural sa,
1961), abre la hiptesis de una cooperacin entre aqul movimiento y el poltico ruralista.
19 Carta del mondel dirigida a los Sres. Adherentes. Montevideo, setiembre de 1959, dnii, Carpeta N479 B.
Maysculas y subrayados en el original.
20 El Bien Pblico (23/5/60), 5.
21 Ver Gabriel Bucheli, Rastreando los orgenes de la violencia poltica en el Uruguay de los 60, Cuadernos de
la Historia reciente. Uruguay, 1968-1985 4 (Montevideo: ebo, 2008).
22 La Maana (31/1/61), 2. Como se ver ms abajo, ser finalmente alerta, en mayo de 1961, quien presente
a las autoridades nacionales un proyecto de ley tendiente a frenar al comunismo.
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Los comunicados a travs de la prensa fueron frecuentes hasta entrado el ao 1961, para
luego desaparecer, sntoma tal vez de la disolucin de esta organizacin. Al mismo tiempo, otras
comenzaban a tomar protagonismo en la actividad anticomunista local, siendo alerta y el medl
las ms visibles. No ha sido posible encontrar las explicaciones de tal desaparicin, pero puede
deberse al nuevo dinamismo que esos otros grupos vinieron a imprimirle al movimiento.
Resulta sintomtico de esto el que, en los distintos manifiestos firmados por el mondel,
encontremos nombres que se repiten en las directivas de otras organizaciones similares contemporneas. De los diecisiete nombre recabados, ocho eran, haban sido o seran dirigentes de alguna
de las siguientes organizaciones: Liga Oriental Anticomunista, Movimiento Antitotalitario
del Uruguay, Organizacin Democrtica Latinoamericana, alerta y Frente Revolucionario
Democrtico pro Cuba Libre, adems del Ateneo de Montevideo.
Esa situacin, sumado a que el citado Movimiento Femenino y el medl nacieran como filiales
del mondel, permite conjeturar que nos hallamos ante un frente anticomunista que actuaba en
un sentido relativamente unitario, ms all del perfil particular que coyunturalmente le daban las
diferentes agrupaciones.
Asociacin para la Lucha Ejecutiva y Repudio de los Totalitarismos de Amrica (alerta)
Esta organizacin fue creada el 4 de octubre de 1960.23 En sus Estatutos se defina como
[una] institucin para la lucha y defensa de los ideales democrticos representativos [que] bregar por todos los medios a su alcance a favor del ms estricto
cumplimiento de estos PRINCIPIOS:
Desde noviembre de 1960, alerta desarroll una fuerte presencia en la prensa nacional. La
lista de diarios en que aparecen los sueltos, informes o notas de dirigentes de alerta recorre todo
el abanico de las fracciones conservadoras de los partidos: El Pas (Partido Nacional ubd), El
Debate (Partido Nacional - Herrerismo), El Da (catorcismo colorado), La Maana y El Diario
(coloradismo conservador), El Bien Pblico (catlico), El Plata (Partido Nacional ubd) y La
Tribuna (Partido Nacional).
No debemos descartar una amplia presencia radial. Un memorndum policial hace referencia
a sus exhortaciones a travs de la prensa oral y escrita.25 Precisamente, dos de sus ms conspicuos
dirigentes eran propietarios de tres emisoras radiales y accionistas de un canal de televisin. Entre
los medios de prensa de fracciones de los partidos tradicionales se distingue la mirada crtica del
diario batllista Accin. Por su parte, la prensa de izquierda vio, crey ver o quiso ver en esta orga23 Carta de alerta al Presidente del Consejo Nacional de Gobierno. Montevideo, 25/5/1961, dnii, Carpeta
N674.
24 Estatutos de alerta (Montevideo: Impresora Uruguaya S. A.: mayo de 1961), dnii, Carpeta N674.
25 Memorndum. Ref: Actividades de las organizaciones que se indican. Montevideo, 18/7/1962, dnii, Carpeta
Polica de Montevideo, N726.
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2) De los ejrcitos regulares, que han de ser sustituidos por milicias del pueblo,
lase por verdugos que claman el paredn para quienes no piensan como ellos.
Todava la consigna se prolonga:
1) Lograr la adhesin de los maestros para sembrar el odio contra todo lo que no
venga del comunismo.
2) Lograr la adhesin de los mdicos []
30 El Debate (29/1/1961), 4.
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El manifiesto continuaba con idntico mensaje a presidentes y directores de todos los entes
del Estado, as como a industriales, comerciantes, propietarios de rganos de prensa e incluso al
ministro de Defensa como responsable de los Centros de Instruccin de Oficiales de Reserva.
Estn en todos los sectores de la actividad nacional. Al acecho. Prestos a la traicin. Capacitados
slo para la traicin. Hay que decirlo sin miedo y sin jactancia. En voz alta para que la Repblica
escuche y juzgue. Para que se tomen las medidas pertinentes con esos brbaros.33
Para terminar con el flagelo, alerta convocaba explcitamente a la militancia ciudadana:
Ciudadanos: Por primera vez en la Repblica. Por primera vez contra la traicin organizada,
hay un movimiento de hombres libres y responsables, dispuestos a desenmascarar y enfrentar con
energa y con firmeza a las bandas comunistas. Por primera vez en nombre de sagrados principios
y de normas que la Constitucin de la Repblica obliga a defender, los orientales dirn basta!
al Comunismo Internacional Adhiera, afliese al Movimiento de reivindicacin nacional que
ha calado ms hondo en la conciencia colectiva. Juntos construiremos la victoria ms aplastante
sobre la barbarie comunista.34
Pero la ajenidad partidaria tampoco era admisible: En alerta no hay blancos ni colorados
hay blancos o colorados o cvicos o independientes, que aman a su pas []. Se lanzaba una
advertencia a los malos polticos. Los gobernantes que no hacen demagogia o politiquera []
sern respaldados por la conciencia nacional.37
35 El Debate (29/1/1961), 4.
36 El Debate (29/1/1961).
37 El Debate (29/1/1961).
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La neutralidad ante la rivalidad entre los dos partidos mayoritarios era expresamente evidenciada, incluso, en trminos de referencias histricas. Cuando en mayo de 1962 la organizacin
realiz una serie de actividades en el pueblo de Tupamba, departamento de Cerro Largo, la
delegacin de alerta fue al lugar de la batalla que lleva ese nombre,38 a rendir homenaje a los
cados de ambos bandos.39
Para los integrantes de alerta quedaba una esperanza si los partidos desfallecan y si la
aplicacin de la fuerza se volva necesaria. En ese sentido, las Fuerzas Armadas seran el ltimo
respaldo de nuestra democracia, por lo que deben seguir de cerca y con atencin los prximos
acontecimientos.40
Juventud y educacin
Los jvenes fueron blanco destacado de la prdica de alerta. En una de las primeras apariciones pblicas de la organizacin se anunciaba que En el seno de alerta se analizaron los problemas
de la juventud actual. En un Ateneo de Montevideo rebosante de pblico [] fueron analizados
los descabellados desvaros de los demagogos [] y las absurdas e irreverentes reacciones de algunos sectores de la juventud. La disertacin estuvo a cargo del Prof. Juan Carlos Sabat Pebet.41
Lament que desde la propia Universidad estn actuando con una impresionante irresponsabilidad y un lenguaje inadecuado. Se haca necesario luchar contra ciertos slogans disparatados y
antisociales que andan de boca en boca y se mostr partidario de una propaganda adecuada de
firmes principios morales. Exiga que en los planes de estudios oficiales [] la asignatura de [sic]
Educacin Cvica y Democrtica, no sea de libre aprobacin [] dar lugar a sancin cuando el
alumno no haya querido estudiarla, ni entenderla (aplausos) []. Finalmente, y en medio de un
clima de entusiasmo, segn el cronista de El Da, la Asamblea apoy por unanimidad la mocin
[de] someter a las autoridades de la enseanza la propuesta de que todo profesor manifieste oportuna y solemnemente estar del lado de los principios democrticos que rigen al pas.42
40 El Debate (29/1/1961), 4.
41 Fue candidato a Senador por el Partido Colorado, encabezando una de las listas del sub-lema Por los ideales
de Batlle en las elecciones de 1958, pero no fue electo.
42 El Da (3/11/1960), 4.
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La redaccin del anteproyecto se realiz con el aporte del Dr. Juan B. Carballa49 y del Juez
Letrado de 3er. Turno, Dr. Emilio Siemens Amaro.50 Segn dijo Carballa a alerta: tiende a dar
proteccin a intereses jurdicos a diario desconocidos y faltos, hasta el momento de disposiciones
represivas. Se agregaba que no cree que nuestro pas deba a aspirar a un orden fundado en la
amenaza de las penas, pero sera ingenuo a esta altura de las cosas, creer que no las necesitamos.51
Das despus, la Asociacin convocaba a una conferencia de prensa para presentar el anteproyecto. El Da titul: Clula democrtica consciente en contraposicin al fenmeno
comunistizante infiltrado en el mundo. En la nota se estableca que el texto llena el vaco que
la legislacin positiva actual no prev para este tipo de delito.52 El Pas consign que alerta
43 El Pas (4/6/1962), 5.
46 Manifiesto (19/1/1961).
49 Desarroll una amplia actividad acadmica en el mbito jurdico. Escribi, entre otras obras, Delitos contra la
Patria (1951) y Medidas de seguridad (1977). Fue diputado por el Partido Colorado en Canelones, en 1948,
ejerciendo una suplencia.
50 Fue Consejero de Estado en el primer perodo de la dictadura cvico-militar (19/12/1973 a 2/8/1976) Tras la
intervencin del Partido Nacional por parte de las autoridades dictatoriales, fue nombrado por el rgimen, el
15 de marzo de 1979, Presidente de la Comisin Administradora de los bienes partidarios.
51 Carta de alerta al Presidente del Consejo Nacional de Gobierno.
52 El Da (1/6/1961), 4
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La prdica de alerta en lo relativo a la violencia oscil entre el tono defensivo y el amenazante. Por un lado se deca que al Comunismo no se le debe combatir con violencias y s
con firmeza;54 pero el mismo manifiesto no dudaba en expresar que alerta est dispuesto a
enfrentarlos cualquiera sea el precio que pueda costarle esa lucha [] no est dispuesta a caer en
debilidades ni a demostrar cobarda [] Pero no teme las expresiones de violencia pues, adems
de la razn le asiste la fuerza: el pas entero y demcrata, y sus Fuerzas Armadas.55
53 El Pas (2/6/1961), 5.
54 El Debate (29/1/1961), 4.
55 El Debate (29/1/1961).
56 El Debate (29/1/1961).
57 El Debate (29/1/1961).
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Por cierto que este pronunciamiento poltico del batllismo quincista da cuenta de la intencin
de ese grupo por retener para s el espacio poltico del justo medio, equidistante de ambos extremos ideolgicos, y constituye tambin la presuncin de que toda expresin poltica de derecha que
se radicalizara pareca condenada a deslizarse a la tentacin de la violencia de tipo fascista.
En el invierno de 1962, otros hechos de violencia sacudieron al pas. Se trat de una ola de tatuajes con esvsticas a militantes de izquierda y otros atentados. alerta censur los hechos, pero
dej en suspenso su opinin acerca de las responsabilidades en los mismos, donde slo pudieron
haber actuado los comunistas o los fascistas; unos, para capitalizar por el atentado ms adeptos, y
los otros, porque pretenden reverdecer sus viejas tcticas.61
En primer lugar, es notoria la vinculacin de varios de sus dirigentes con el mundo de los negocios.64 Diez de ellos eran en aquellos aos connotados empresarios. Cuatro integrantes de alerta
figuraban tambin como asesores legales, directores o representantes de numerosas empresas importantes. La lista de conexiones empresariales se enriquece cuando observamos la participacin
de varios de ellos en las directivas de diversas cmaras empresariales: Unin Industrial del Uruguay
60 Accin (7/9/1961). Maysculas en el original.
61 El Pas (28/5/1962), 5.
62 Memorndum, 6/4/1962.
64 Su relacin con el poder econmico se deja ver en esta apreciacin que alerta hizo pblica con absoluta
naturalidad. Ante la pregunta De dnde le viene el dinero al comunismo?, se responda que alerta ha
advertido a las instituciones bancarias sobre la necesidad de averiguarlo. Tomado de El Debate (29/1/1961), 4.
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(uiu), Federacin Rural (fr), Cmara Nacional de Comercio (cnc), Asociacin de Corredores
de Bolsa de Montevideo, Cmara de la Construccin del Uruguay, Unin de Exportadores del
Uruguay y Asociacin Nacional de Broadcasters del Uruguay (andebu). Es pertinente subrayar
que dos de los dirigentes de alerta eran hijos de antiguos dirigentes de varias cmaras empresariales, repitindose algunas (la uiu, la cnc y la fr) y apareciendo otras: Asociacin Rural del
Uruguay, Asociacin de Cmaras de Comercio y Liga de Defensa Comercial.
Entre los dirigentes encontramos a dos connotados polticos blancos, ambos del nacionalismo
independiente, que compartieron su actividad en el mundo empresarial con la poltico-partidaria:
el Dr. Gervasio Posadas Belgrano, quien fuera senador (1941-42) y ministro (1939-41), entre
otros cargos, y el Dr. Jos Pedro Aramenda, que sera presidente del brou65 (1965). Adems,
otros dirigentes de alerta eran hijos de figuras pblicas que haban tenido notoriedad en el
campo de la poltica dcadas atrs.66
Existe un mbito especfico en el que coinciden varios dirigentes de alerta. Se trata del
Rotary Club de Montevideo (rcm). Entre aquellos encontramos varios socios de este ltimo. Al
menos siete dirigentes de alerta fueron socios de dicho Club, habiendo compartido militancia
varios de ellos entre los aos 40 y 50; dos de ellos fueron presidentes del rcm. Es de inters destacar que los padres de dos dirigentes de alerta tambin haban coincidido en Juntas Directivas
del rcm. Si bien los propsitos polticos del rcm, dicho esto en el sentido ms amplio del trmino,
no eran explcitos, s se produce una toma de posicin pronorteamericana en torno a la Segunda
Guerra Mundial y fuertemente panamericanista en los primeros aos de la Guerra Fra.67
Desaparicin de alerta
Entre noviembre de 1960 y el primer semestre de 1962 la presencia de alerta en la prensa
fue muy marcada. A partir de ese momento, sus comunicados se van haciendo ms espaciados en
el tiempo para luego desaparecer de los medios escritos.
Este movimiento parece haber recogido las ambigedades propias del escenario anticomunista. Posiblemente sea en el campo de la accin poltica donde la interna se resquebraj. Dos
muertes producidas en ocho meses68 pudieron poner en duda el papel de este tipo de organizaciones, sobre todo para los sectores ms liberales del anticomunismo criollo, ms all del grado
65 Banco de la Repblica Oriental del Uruguay.
67 Ver Enrique Brussoni, Historia del Rotary Club de Montevideo (Montevideo: Rotary Club de Montevideo,
1984), 208 y 236.
68 Serafn Billoto en enero de 1961 y Arbelio Ramrez en agosto del mismo ao.
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de responsabilidad directa que les cupiera en esos hechos. Es posible que renombradas figuras de
alto prestigio social no desearan quedar involucradas, al menos visiblemente, en lo que poda ser
un escenario de violencia creciente.
El carcter suprapartidario del movimiento tambin pudo agotar sus energas polticas. Su
perodo de vida ms activo, entre octubre de 1960 y junio de 1962, corresponde al tiempo interelectoral. Es probable que la centralidad recuperada por los actores partidarios (los partidos y
sus mltiples fracciones) ante la puja electoral, debilitara a las organizaciones que sustentaban su
prctica y su discurso en tan slo uno de los temas de la agenda de aquellos. La lucha comicial
posicionaba el acento de lemas y sub-lemas en otras cuestiones. Una muestra de la escasa repercusin que a nivel popular (lase electoral) tena la cuestin del anticomunismo?
Esa aparente artificialidad planteada por Van Aken estaba sustentada, segn l, en la influencia que tuvo en su creacin la voluntad poltica de una organizacin no estudiantil de la que
ya hemos hablado, el mondel, del cual el medl dependa o era un afiliado.70 Van Aken sostiene
que la direccin del medl haba sido confiada al Dr. Miguel Blanzaco,71 del cual se deca que
estaba estrechamente vinculado al importante diario El Da.72 Esta afirmacin viene a abonar la
hiptesis de que el medl fuera slo la fachada estudiantil de un movimiento poltico anticomunista ms amplio. Sin embargo, es notorio que la organizacin fue fructfera en reclutar jvenes
estudiantes detrs de sus ideas.
71 Segn consta en archivos de la dnii, haba sido Secretario de la loa, integrante del mondel y militante de
la Lista 14 del Partido Colorado. Agrupaciones anticomunistas, Montevideo, 22/9/1958, dnii, Carpeta
Polica de Montevideo, N479.
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En notas de prensa, el medl deca contar con diez mil afiliados, la mayora de ellos entre los
14 y 18 aos73 y tener el respaldo de sesenta mil seguidores.74 No existen elementos objetivos para
verificar esas cifras.
El punto de partida:
la infiltracin anarco-socialista-comunista en la enseanza
El Informe sobre la situacin universitaria en el Uruguay es un documento fundacional del
medl que denuncia la penetracin de la izquierda en los centros educativos. El informe sealaba
la situacin en los diferentes centros universitarios en los que predominaban grupos izquierdistas.
Las referencias a stos eran concluyentes: grupos enemigos, grupos disolventes, cruda infiltracin anarco-comunista o total dictadura de la tendencia socialista-comunista.75
Ganar adhesiones en las generaciones ms jvenes era estratgico:
En los liceos del Interior del pas se haban ya creado importantes bases de accin en Rocha,
Paysand y Lavalleja. En el Interior, las perspectivas son an ms favorables, como regla general,
las localidades de extensin limitada como son las Capitales Departamentales, ofrecen campo
poco propicio para la infiltracin de los agitadores rojos.77
Las dificultades encontradas para contrarrestar la situacin eran las siguientes: la pasividad,
la indiferencia de la mayora del estudiantado; ausencia de slidos principios cvicos y morales
en el estudiantado, que se deja conducir a la indisciplina y el desorden movido por los falsos
ideales y fines que los agitadores esgrimen hbilmente; falta de coordinacin, de direccin y de
armas dialcticas en aquella juventud que est dispuesta a resistir.78
En consecuencia, el medl se propona las siguientes lneas de accin: despertar en el estudiantado, en los Profesores y Profesionales, la conciencia y la gravedad de la situacin; despertar
en todos una enrgica militancia; hacer una verdadera labor educativa difundiendo en el estudiantado joven, sanos conceptos cvicos y morales; realizar una labor de verdadero Estado
Mayor, que [] impulse la lucha general por la recuperacin de la Universidad; proveer de
entrenamiento y armas dialcticas a todos aquellos que luchen por nuestra causa.79
73 Accin (24/7/1962), 6.
74 El Pas (7/1/1961), 5.
75 medl, Informe sobre la Situacin Universitaria en el Uruguay. Montevideo, 22/1/1960, dnii, Carpeta
N479.
76 medl, Informe sobre la Situacin Universitaria en el Uruguay.
77 Informe sobre la Situacin Universitaria en el Uruguay.
78 Informe sobre la Situacin Universitaria en el Uruguay.
79 Informe sobre la Situacin Universitaria en el Uruguay.
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Adems, el medl seal a aquellas organizaciones que, sin ser estrictamente comunistas, actuaban como adlters [sic] del comunismo. Cumplan esa funcin la feuu, el semanario Marcha,
la Lista 15 y su diario Accin, el Plenario Obrero Estudiantil, el Socialismo, la Agrupacin
Nuevas Bases, la fraccin poltica de Enrique Erro, el mro y quiz poca, hasta que demuestre lo
contrario. La mirada sobre el quincismo era elocuente, tratndolos de tontos tiles. No es que
la Lista 15 fuera comunista, pero en su desordenada lucha por llegar al poder les hace el caldo
gordo. En definitiva, la tercera posicin es una traicin.81
El medl y la violencia
La cuestin de la violencia recorri toda la peripecia del medl, tanto por presentarse como
vctima de acciones de la izquierda, como por ser acusado l mismo de gestarla.
El asalto fallido a la Universidad de octubre de 1960 fue presentado por el medl como una
agresin violenta de los comunistas contra estudiantes demcratas. En un manifiesto aparecido
en la prensa dos das despus, el medl declinaba toda responsabilidad y deploraba los hechos,
afirmando que la violencia es el clima ms favorable a las fuerzas totalitarias. Se indicaba que,
segn la versin proveniente de crculos estudiantiles totalmente confiables, los izquierdistas
haban atacado a balazos a un grupo de estudiantes demcratas [que] indignados por la prepotente influencia que ejercen las fuerzas comunistas en la Universidad, resolvieron manifestar su
repudio a la situacin, colocando sobre la puerta de la Universidad, fijado con alambre, un cartel
de tela con la inscripcin Presupuesto S, Comunismo No.82 Sin embargo, en los archivos
de inteligencia policial existen evidencias sobre el porte de armas por parte de seis estudiantes
demcratas que quisieron ingresar esa noche al local universitario y fueron detenidos en las
inmediaciones por la polica.83
Desde entonces, las denuncias de integrantes del medl ante la polica sobre atentados ocurridos o en riesgo de producirse fueron recurrentes. En los archivos de la dnii se han encontrado
numerosos ejemplos.
80 El Pas (7/1/1961), 5. Los Estados Unidos rompieron relaciones con Cuba el 3 de enero de 1961, hecho
indudablemente encadenado con la campaa local que exiga la ruptura. Esta era, adems, la posicin pblica
de los Consejeros de Gobierno Benito Nardone y Csar Batlle Pacheco.
81 El Pas (14/7/62), 5 y El Plata (14/7/62), 3.
82 El Pas (7/10/1960), 5.
83 Departamento N3. Oficio N361/60. Montevideo, 6/10/1960. Carta del Sub-Comisario Encargado al
Seor Juez Letrado de Instruccin y Correccional de 6to. Turno. dnii, Carpeta Polica de Montevideo,
N781.
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El anlisis de esta serie de denuncias, que constituyen una lista seguramente incompleta, no
es sencillo, por lo que manejaremos diversas hiptesis, probablemente complementarias. Si bien
ninguna organizacin de izquierda pareca embarcada en la realizacin de atentados polticos a
esa altura de la dcada (ntese que ni las denuncias ni las investigaciones policiales, al menos las
disponibles, apuntan a grupos especficos, ms all de generalidades), no deben descartarse acciones espontneas de militantes izquierdistas que actuaran de manera inorgnica, respondiendo a la
dialctica de violencia de la etapa. De todos modos, la secuencia de denuncias deja latente el sentimiento de persecucin de los militantes de la derecha, real o imaginado. Tampoco debe descartarse
el uso poltico de la denuncia con su efecto propagandstico. Si un objetivo declarado era poner a los
comunistas fuera de la ley qu mejor manera que demostrar que actuaban en la ilegalidad?
Respecto a presuntas acciones de violencia en las que habran participado militantes del
medl, no existe evidencia incriminatoria definitiva. Las acusaciones de la izquierda, a las que
debe sumarse el diario quincista Accin, son tan numerosas como azarosas. Esto ocurri tanto
ante el asalto a la Universidad (octubre de 1960),84 en el caso de los incidentes frente a la sede
del Partido Comunista que terminaron con la muerte de Billoto (enero de 1961),85 como en el
asesinato de Arbelio Ramrez (agosto de 1961),86 o ante las agresiones con tatuaje de esvsticas
(invierno de 1962).87 La respuesta del medl fue sistemticamente la de negar toda responsabilidad. En los dos primeros casos, el argumento consista en invertir la direccionalidad de la
violencia (los militantes anticomunistas eran presentados como vctimas, no como agresores);88
en los otros dos casos se rechaz toda vinculacin.89
No existe mayor evidencia sobre el uso de violencia fsica por parte de los militantes del
medl. Los seis atacantes de la Universidad detenidos con armas no han podido ser vinculados a
esa organizacin; la denuncia de que los tiradores que mataron a Ramrez huyeron en direccin
al local del medl para cobijarse en su interior resulta imposible de probar. Constituye esto un
elemento para sostener que el medl era ajeno a la prctica de la violencia? Sin duda no. Se puede
manejar razonablemente la hiptesis de que esta organizacin fuera usada como fachada por grupos interesados en imponer una lgica de violencia. Calibrar qu grado de responsabilidad cabra
entonces a sus dirigentes escapa a las posibilidades de este trabajo.
Van Aken, para interpretar el acercamiento del medl a prcticas de violencia, ofrece el
mismo argumento que ha sido utilizado para explicar las mismas prcticas en la izquierda: la
84 Habran actuado bandas fascistas de la loa que actan tambin bajo el nombre de una de sus secciones,
lase medl. El Popular (6/10/1960), 1
85 Hampones asalariados de la embajada yanki a travs de la loa y el medl atacan la Universidad, locales
estudiantiles y la Casa del Partido Comunista; apedrean y balean, junto con la polica. El Popular (13/1/1961), 8.
86 Fascistas del medl asesinaron ayer a un profesor, El Popular (18/8/61), 1. En los das siguientes El Popular
denunci a integrantes del medl, a personas vinculadas con ambos partidos tradicionales y a hampones a
sueldo como participantes en el incidente, adems de complicidad a la polica por encubrir la huida de los
tiradores. Segn su versin, stos se habran refugiado en el propio local del medl, a pocos metros del iava.
Esta ha sido la versin incorporada en el imaginario de la izquierda uruguaya, pero nunca pudo ser probada.
87 Accin (24/7/62), 6.
88 El Pas (7/10/1960), 6 y Volante del medl: El pueblo uruguayo exige JUSTICIA (enero de 1961), dnii, N
479. Mayscula en el original.
89 Conferencia de prensa, El Diario (14/7/62), 7; El Bien Pblico (14/7/62), 5; El Pas (14/7/62), 6; El Plata
(14/7/62), 3 y Accin (24/7/62), 5. En esa conferencia de prensa se desliz la sospecha de que en el caso Barret
se trataba de un autoatentado, igual que la versin que hizo pblica alerta.
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autodefensa, Cuando algunos pegadores de carteles del movimiento tuvieron problemas con
activistas de la Federacin [feuu], el aparato contrat matones para que les sirvieran de guardaespaldas, y poco despus un grupo de casi veinte hombres armados tom a su cargo la tarea de
vigilar el cuartel general de la organizacin.90 En 1960, luego del asalto a la Universidad, un
comunicado de prensa del medl deca que sus integrantes se han visto precisados a [sic] andar
armados en previsin de un posible ataque de elementos adversos a sus ideas.91 Ms tarde, en
1962, el presidente del medl, Victorio Ferrero, contribua pblicamente a fortalecer esa idea: El
comunismo est formando un plan que tiende a arrastrar a los dems a la violencia [] hay un
segundo plan, que son las brigadas de vigilancia para tratar de fomentar y provocar incidentes,
que a la postre causen choques armados y harn de nuestro Uruguay una segunda Cuba.92
Cul es la distancia que media entre la autodefensa y la agresin armada? Ha sido en general
un dilema difcil de resolver.
91 La Maana (8/10/1960), p. 3.
92 El Plata (14/7/62), 3
93 Adems, el medl arrendaba un amplio local de dos plantas (suntuosa residencia, acota Van Aken) en la calle
Tristn Narvaja casi Lavalleja (hoy Emilio Frugoni casi Enrique Rod).
94 El Popular (18/8/1961), 1. Nota relacionada con el asesinato de Arbelio Ramrez.
95 Accin (24/7/62), 6.
96 En la entrevista concedida para este trabajo, O.B. relat cmo un numeroso grupo de estudiantes que se
aprestaba a ingresar al iava y se propona desarrollar militancia estudiantil, fue convocado por dirigentes del
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El medl, a nosotros, estoy hablando de la generacin aquella, los que no lo integramos, nos dio la impresin de algo muy manipulado, con mucho dinero, fue
una cosa que nos hizo sospechar, claro, nunca tuvimos una prueba de nada []
Recuerdo una vez una reunin con la gente que quera meternos en el medl []
nos queran meter adentro, una discusin [] y de donde estn sacando la plata?
Bueno, hay gente que contribuye [] y hubo una insistencia nuestra que gener
una desconfianza y al no tener una respuesta clara fue que nos abrimos.97
La misma idea recogi Van Aken en entrevistas a protagonistas de los hechos. En relacin al
financiamiento del medl por parte de la Embajada de los Estados Unidos, afirma que esas acusaciones provienen no de los militantes de la feuu sino de los dirigentes del medl.98 Van Aken
concluye que el medl era controlado por una verdadera estructura de poder, que los integrantes
llamaban el aparato. De acuerdo con los estudiantes que formaron parte del medl, el verdadero
poder estaba en manos del Movimiento Nacional para la Defensa de la Libertad, el Ateneo, El
Da y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.99
Segn Van Aken, en setiembre de 1960 se haba producido una ruptura dentro del medl:
La creciente toma de conciencia de las manipulaciones del aparato produjo muy
pronto una fisura en filas de los estudiantes dirigentes del medl. Los que se oponan a ser dominados por aqul se llamaban a s mismos independientes, tildando
a sus adversarios de serviles. En setiembre de 1960 los independientes lograron
medl para integrarlos a su organizacin. No siendo convencidos, formaron otra agrupacin que se llam
Movimiento Estudiantil Democrtico (med) y que operaba exclusivamente en el iava.
97 Entrevista a O.B.
100 En junio de 1963 culmin el trabajo de una Comisin de la Facultad de Medicina que aplic severas sanciones a varios estudiantes acusados de participar en el hecho.
101 Memorndum, 6/4/1962.
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la mayora en la Comisin Directiva, y trataron de arrancar el control a los dirigentes adultos. El aparato respondi cerrando el cuartel general del medl por
algunos das, pasados los cuales el centro reabri con una nueva comisin directiva
compuesta por serviles. Los independientes que se separaron fueron denunciados
como comunistas por los nuevos dirigentes.102
Algunas conclusiones
Las evidencias relevadas indican que entre 1959 y 1960 se produjo una ofensiva anticomunista de sectores liberal/conservadores, empujados por el itinerario de la Revolucin cubana y la
vigorosa actividad propagandstica que desarroll la izquierda (partidaria, estudiantil y sindical)
en su apoyo. Es notorio el papel de diversas fracciones de los partidos tradicionales y sus rganos
de prensa ms representativos en la construccin del discurso, pero lo novedoso es la proliferacin
de organizaciones emanadas de la sociedad civil, que irrumpieron con un discurso que oscilaba
entre la reivindicacin democrtica, la obsesin anticomunista y la amenaza lisa y llana contra los
portavoces del desorden.
El discurso de estas organizaciones estaba cargado de urgencias (la denominacin alerta es,
en ese sentido, elocuente) y presentaba un hondo sentido de cruzada nacional. Frente a un peligro
que pareca amenazar el statu quo, era necesario activar respuestas radicales que encendieran la
alarma ciudadana, tocando resortes claves del imaginario nacional: la escuela, la familia, la juventud, la patria, el Estado. Todas las certezas se podan perder si la ciudadana no reaccionaba en
clave patritica.
As podemos resumir sus principales contenidos polticos e ideolgicos:
Tocando fibras nacionalistas (contra la amenaza fornea), apelando al tradicional cosmopolitismo uruguayo (solidaridad con el pueblo cubano vctima de una cruel dictadura) y a la defensa
de los derechos humanos (repudiando el paredn), en base a una fuerte campaa de prensa, el
bloque en cuestin fue capaz de convocar a sectores ciudadanos sensibles a esa prdica. Resulta
difcil, si no imposible, cuantificar esa adhesin. El hecho de que las movilizaciones no fueran
frecuentes ni muy numerosas contribuye a abonar la hiptesis de la pasividad de las fuerzas
102 Los militantes, 228.
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103 Sobre la formacin de grupos de choque civiles ver Vctor Bacchetta, El asesinato de Arbelio Ramrez. La
repblica a la deriva (Montevideo: Doble Click Editoras, 2010).
104 Ver G. Bucheli, Rastreando los orgenes de la violencia poltica en el Uruguay de los 60.
105 Rastreando los orgenes de la violencia poltica en el Uruguay de los 60.
106 Consejo Nacional de Gobierno.
107 Philip Agee, Inside the Company. cia Diary (Penguin Books, 1975). Tomado de Mauricio Bruno, Violencia
anticomunista en el Uruguay de los tempranos aos sesenta. Algunas operaciones de las bandas fascistas y
su conexin poltica, Segundas Jornadas de Historia Poltica, fcs-udelar, Montevideo, junio de 2008, 9.
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Archivos
Archivos de la Direccin Nacional de Informacin e Inteligencia: Carpetas relacionadas con organizaciones de
derecha Ns 479, 479 B, 674, 726 y 781.
Prensa
El Pas,
La Maana,
El Bien Pblico,
El Da,
Accin,
El Debate,
El Popular
Fuentes
Entrevista a O.B. (integrante de la Agrupacin Juvenil pro-liberacin de Cuba y del med, agrupacin demcrata
del iava, en torno a 1960).
Ateneo de Montevideo: www.ateneodemontevideo.com/historia.html
Bibliografa
Bacchetta, Vctor. El asesinato de Arbelio Ramrez. La repblica a la deriva. Montevideo: Doble Click Editoras,
2010.
Bruno, Mauricio. Violencia anticomunista en el Uruguay de los tempranos aos sesenta. Algunas operaciones
de las bandas fascistas y su conexin poltica, Segundas Jornadas de Historia Poltica, Montevideo:
fcs-udelar, junio de 2008.
Brussoni, Enrique. Historia del Rotary Club de Montevideo. Montevideo: Rotary Club de Montevideo, 1984.
Bucheli, Gabriel, Rastreando los orgenes de la violencia poltica en el Uruguay de los 60, Cuadernos de la Historia
reciente. Uruguay, 1968-1985 4. Montevideo: ebo, 2008.
Nardone, Benito. Peligro rojo en Amrica Latina. Montevideo: Impresiones Diario Rural sa, 1961.
Van Aken, Mark. Los militantes. Un estudio del movimiento estudiantil universitario uruguayo desde sus orgenes hasta
1966. Montevideo: fcu, 1990.
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Ariel Eidelman1
Resumen
Abstract
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Introduccin
El objetivo de este trabajo es realizar un anlisis de las principales caractersticas de la revista pfa-Mundo Policial, aparecida a fines del ao 1969.2 A partir de esas caractersticas y del
tratamiento de ciertos temas que aparecen en forma sostenida, nos interesa, en primer lugar,
interpretar las distintas formas en que la institucin buscaba adoctrinar y reforzar la identidad
policial de sus agentes. En ese sentido, realizamos un anlisis de los discursos que vehiculizaba
la revista, de algunas de las tapas y ejemplos de humor grfico, buscando explicitar los mensajes
que la Polica Federal Argentina (pfa) transmita desde all a sus miembros y a la sociedad civil.
Nos hemos propuesto en este artculo analizar la revista hasta el ao 1973, tomando en consideracin la transformacin de la situacin poltica nacional que supuso el cierre de la experiencia
de la dictadura militar autodenominada Revolucin Argentina y el advenimiento de un nuevo
rgimen poltico de origen constitucional, con el acceso del peronismo al poder. A pesar de este
recorte, queremos advertir que hemos detectado fuertes continuidades en el despliegue de la actividad represiva y el desarrollo de los aparatos represivos del Estado nacional, entre los gobiernos
de facto y los civiles durante la dcada del setenta. Por este motivo creemos que difcilmente se
haya modificado de forma radical la construccin de la identidad institucional de la pfa por el
nuevo cuadro poltico. El recorte, ms que nada de carcter funcional, deja pendiente el abordaje
del tema en la etapa posterior a mayo de 1973.
Luego del golpe de Estado de junio de 1943, el gobierno militar que asumi el poder en el
pas llev adelante el viejo proyecto de crear una fuerza policial de carcter federal, con capacidad
para actuar en todo el territorio nacional. De esta forma, fue creada la Polica Federal Argentina
por Decreto N17.750 del Poder Ejecutivo Nacional, el 24 de diciembre de 1943. Esto se hizo a
partir de la preexistente Polica de la Ciudad de Buenos Aires. Esta ltima fuerza policial haba sido
creada en 1880, junto a la federalizacin de la ciudad como capital de la Argentina. Tras un ao para
crear la nueva institucin, la pfa remplaz a la Polica de la Ciudad el 1 de enero de 1945.
Aunque en los ltimos aos la dcada del 70 y la violencia poltica han generado un creciente
inters en los historiadores e investigadores de la historia argentina, continan siendo escasos los
trabajos que abordan la represin y los aparatos represivos del Estado nacional como las fuerzas
policiales, su desarrollo, actividad e intervencin en la segunda mitad del siglo xx. En ese sentido,
consideramos este trabajo un aporte al tratamiento ms frontal de esos temas y problemticas.
Respecto del siglo xix y la primera mitad del siglo xx, los estudios que abordan los problemas
vinculados al control social, el crimen y la justicia o especficamente las instituciones policiales
se han ampliado en los ltimos aos, como muestra la produccin de investigadores como Lila
Caimari, Ricardo Salvatore, Ernesto Bohoslavsky, Osvaldo Barreneche o Diego Galeano, entre
otros.3 Al mismo tiempo, la actividad de las fuerzas policiales y de seguridad en el presente y en
2
3
Este trabajo se basa en un captulo de mi tesis de Doctorado, El desarrollo de los aparatos represivos del
Estado argentino durante la Revolucin Argentina (1966-1973), defendida en la Universidad de Buenos
Aires en el ao 2010.
Ver, por ejemplo, Lila Caimari, Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policas y periodistas en Buenos Aires, 19201945 (Buenos Aires: Siglo xxi, 2012) y Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina (Buenos
Aires: Siglo xxi, 2004); Ricardo Salvatore, Carlos Aguirre y Joseph Gilbert (Editores) Crime and Punishment
in Latin America. Law and Society since Late Colonial Times (Durham y London: Duke University Press,
2001); Ricardo Salvatore y Carlos Aguirre (Editores) The Birth of the Penitentiary in Latin America: Essays on
Criminology, Prison Reform and Social Control, 1830-1940 (Austin: University of Texas Press, 1996); Ernesto
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las ltimas dcadas ha sido abordada por la criminologa crtica y tambin por diferentes ciencias
sociales, como la sociologa o la antropologa jurdica. Han sido un insumo y un punto de referencia tanto los trabajos de Laura Kalmanowiecki, sobre la historia de la polica poltica en la ciudad
de Buenos Aires en la primera mitad del siglo xx,4 como el estudio etnogrfico realizado por
la antroploga Mariana Sirimarco, que analiza los procesos institucionales de construccin del
sujeto policial en las escuelas policiales de la pfa y de la polica de la provincia de Buenos Aires.5
Para fines de la dcada del sesenta, la pfa contaba con varias iniciativas comunicacionales
para proyectar su imagen institucional sobre la sociedad argentina en general, y portea en particular, desarrolladas a partir de su Divisin de Relaciones Pblicas. Desde el ao 1963 la fuerza
5
6
Bohoslavsky, Lila Caimari y Cristina Schettini (Organizadores) La polica en perspectiva histrica. Argentina y
Brasil (del siglo xix a la actualidad) (Buenos Aires, 2009), digital; Osvaldo Barreneche, La reforma policial del
peronismo en la provincia de Buenos Aires, 1946-1951, Desarrollo Econmico 186 (2008) y Diego Galeano,
Escritores, detectives y archivistas. La cultura policial en Buenos Aires, 1821-1910 (Buenos Aires: Teseo, 2009).
Ver, Laura Kalmanowiecki, Policing the People, Building the State: The Police-Military Nexus in Argentina,
1880-1945, en Diane Davis y Anthony Pereira (Editores) Irregular Armed Forces and Their Role in Politics
and State Formation (New York: Cambridge University Press, 2003) y Origins and Applications of Political
Policing in Argentina, Latin American Perspectives 2 (2000). Remitimos tambin a la tesis doctoral de
Kalmanowiecki, Military Power and Policing in Argentina (New York: New School for Social Research, 1996).
Ver, Mariana Sirimarco, De civil a polica. Una etnografa del proceso de incorporacin a la institucin policial
(Buenos Aires: Teseo, 2009).
Para un anlisis de las definiciones ideolgicas y polticas del rgimen militar instalado en la Argentina en
junio de 1966, con fuerte peso del nacionalismo catlico tradicionalista, remitimos a Cyrus Cousins, General
Ongana and the Argentine (Military) Revolution of the Right: Anticommunism and Morality, 1966-1970,
Historia Actual Online 17 (2008); Arturo Laguado Duca, Ongana y el nacionalismo militar en Argentina,
Universitas Humanstica 62 (2006) y Guillermo ODonnell, El Estado burocrtico autoritario (Buenos Aires:
Belgrano, 1996).
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contaba con un espacio de treinta minutos semanales para difusin institucional en Canal 7.
Ese noticiero policial, producido por la Seccin Ceremonial, tuvo una frecuencia semanal entre
mediados de 1963 y fines de 1965 y, en una segunda etapa, entre 1966 y 1968. Desde el ao
1964 la institucin produca programas de radio: la fuerza dispona de una gran cantidad de espacios radiales donde se reproducan boletines de novedades o programas policiales como Radio
Nacional, Radio Amrica, Libertad, Municipal y El Mundo, entre otras emisoras.7 Tambin se
producan noticieros y, desde mediados de los 60, un programa denominado Polica por dentro,
para su reproduccin por los canales de televisin de la ciudad de Buenos Aires. Incluso el cierre
de la programacin diaria de la televisin estaba a cargo de un Capelln de la fuerza. Al mismo
tiempo y con intervencin de la Secretara de Prensa y Difusin de la Presidencia de la Nacin,
la institucin realizaba diferentes campaas pblicas como la de educacin vial. La pfa apuntaba
a sostener su imagen institucional a partir de ciertas reas, como la Direccin de Trnsito o la
actividad de la Direccin de Bomberos, y a partir de la actividad cultural desarrollada por las
bandas musicales de la fuerza o las exhibiciones de destreza de la Escuadra Azul del Cuerpo de
Polica Montada.
Dada la existencia de diversas iniciativas institucionales, produccin de materiales propios
y las diferentes formas de acceso a los medios masivos de comunicacin como los principales
canales de construccin de la imagen institucional, una hiptesis de este trabajo es que la funcin
principal de la revista pfa-Mundo Policial era adoctrinar a los agentes de la fuerza, reforzando la
identidad policial y la imagen institucional. La apuesta al reforzamiento y consolidacin de esas
representaciones se volva particularmente necesaria y acuciante en un contexto de crisis poltica
del rgimen militar. Una coyuntura que estaba signada por una fuerte represin poltica y social y,
en particular, por una gran actividad represiva desarrollada por la pfa, la principal fuerza policial
del pas. La represin policial llev a un fuerte rechazo, cuestionamiento y repudio de la institucin por parte de una gran parte de la poblacin. Mientras la fuerza desarrollaba una creciente
represin de la protesta poltica, social y cultural, tanto en la Capital Federal como en diferentes
escenarios del interior del pas, nos parece que se puede pensar que la legitimidad social para
su violenta intervencin de control social era cada vez menor, al mismo tiempo que el rol de la
institucin se encontraba fuertemente cuestionado por los diferentes sectores polticos y sociales
movilizados y por las vctimas de la represin estatal.
El presente artculo est estructurado considerando en primer trmino las principales caractersticas de la publicacin, enfatizando el rol protagnico de algunos intelectuales de la fuerza
y apuntando al mismo tiempo a los principales elementos de la construccin de la imagen institucional. All planteamos algunos de los principales temas de la revista y estudiamos la forma
en que son presentados para el adoctrinamiento de los miembros de la fuerza. En primer lugar,
referimos a la forma en que fue exhibida en la revista la crisis de la sociedad tradicional, sus valores y normas. En segundo lugar, examinamos la fuerte preocupacin de la revista por la violencia
poltica y el comunismo, como una de las expresiones ms importantes de esa crisis social. Se destaca en ese sentido la criminalizacin de la actividad poltica y en particular la de la guerrilla. Por
ltimo, apuntamos a las diferentes estrategias utilizadas en la revista para reforzar la imagen institucional y la identidad de los miembros de la fuerza. Paraanalizarlas diferentes representaciones
que aparecen en la revista, partimos deentender este concepto como el modo en que diferentes
7
Ver Adolfo Rodrguez y Eugenio Zappietro, Historia de la Polica Federal Argentina (Buenos Aires: Policial,
1999), 390-399.
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sujetos y grupos sociales son reconocidos por otro actor en particular. Esas representaciones, a la
vez, tienen un carcter constituyente de la realidad social y un rol fundamental en la construccin
de los lazos sociales,la comprensin de la sociedad, el conflicto social y la lucha de clases.
Desde 1969 en adelante se desempearon como directores, tanto de la editorial policial como
de la revista, el Comisario (R) Ricardo Grajirena, vinculado a los historiadores de la institucin,
y posteriormente el Comisario General (R) scar Norberto Bruno. Desde diciembre de 1971
ambos cargos fueron separados y fue nombrado como Director de la revista el Oficial Inspector
Eugenio Juan Zappietro. El nombramiento de un oficial como Zappietro con destino en la
Seccin de Ceremonial, reforzaba el peso de los historiadores de la fuerza sobre la revista junto al
personal especializado en las relaciones pblicas de la institucin. Este oficial, escritor de cuentos,
novelas y guionista de historietas con el seudnimo Ray Collins, fue el responsable principal de
la revista en sus primeros aos. Aparte de dirigir la publicacin, aparecieron una gran cantidad de
artculos, secciones y cuentos con su firma; en particular, era el responsable de la seccin de crtica
de cine y tv y de la seccin especial creada en 1971 y dedicada a los 150 aos de la pfa.
8
9
La ltima revista editada por la Polica Federal Argentina, denominada Revista de Polica y Criminalstica,
haba dejado de salir en el ao 1948.
La cifra de la tirada original est tomada de A. Rodrguez y E. Zappietro, Historia de la Polica Federal
Argentina, 401. La revista tuvo 96 pginas hasta el nmero 10, cuando se redujo a 64 pginas.
10 Para ms datos biogrficos y una bibliografa de las obras de los comisarios Romay y Rodrguez, ver Historia
de la Polica Federal Argentina, 388-389.
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Lo que daba a la revista una marca propia y particular era su objetivo general de colaborar
activamente en el reforzamiento tanto de la identidad policial de los miembros de la fuerza, como
de aspectos claves de la imagen de la institucin. En ese sentido, la idea central en la publicacin
era difundir aspectos de la historia de la polica de Buenos Aires para presentar a la fuerza de
seguridad como enlazada fuertemente con la historia patria del siglo xix, para relegitimar el rol y
la misin de la pfa en la sociedad argentina.
La pfa era presentada insistentemente como una institucin legtima y tradicional, ocupada
de la defensa de la ley y guardiana del orden social. Esa era la principal imagen que la revista
buscaba trasmitir a sus lectores y a la sociedad argentina. La pfa tambin era mostrada como el
ltimo bastin opuesto a la violencia y a la sinrazn.11 La fuerza se consideraba a s misma como
la principal defensora del orden burgus de la sociedad, de las instituciones del Estado y de la nacin, de un orden social cuestionado por elementos calificados como delictivos y antinacionales.
La imagen que la revista construa permanentemente era tambin la de una fuerza moderna y
cientfica, con un importante y merecido prestigio internacional. Ante el marcado clima de fuerte
hostilidad que mostraba una gran parte de la sociedad argentina hacia la institucin, la revista
apuntaba a destacar el reconocimiento internacional de la pfa. La principal fuerza policial del
pas era constantemente caracterizada por la vocacin de servicio y sacrificio, brindando seguridad contra el delito, la violencia, el vicio y la inmoralidad. Como una fuerza con una historia
de inventos y adelantos tcnicos de repercusin internacional, cuyo principal y paradigmtico
ejemplo era el mtodo dactiloscpico de identificacin de personas creado por Juan Vucetich.
Otra caracterstica de la revista era el gran espacio dedicado a publicar textos de ficcin.
Todos los nmeros tenan un espacio importante para publicar cuentos y poemas, en general de
temtica policial, escritos por miembros de la fuerza o escritores extranjeros, destacando el inters
de la institucin por la cultura y la literatura. En general los cuentos escritos por miembros de la
fuerza apuntaban a humanizar al agente de polica, a mostrarlo comprensivo con las lacras de
la sociedad o conocedor del lunfardo y de la cultura popular portea. En particular, a mostrarlo
con sentimientos. Otro elemento que se puede sealar es que una parte del material que public
Mundo Policial estaba tomado de otras publicaciones policiales del mundo, en general se trataba
de publicaciones de fuerzas policiales europeas y de donde ms artculos se tomaron fue de la
publicacin oficial de Interpol: Revista Internacional de Polica Criminal.
Si bien la revista tena una gran cantidad de textos y artculos que ocupaban varias pginas, se
destaca la gran cantidad de fotografas, ilustraciones y chistes grficos que inclua la publicacin
como una forma de aligerar su lectura. De hecho, se solan publicar secciones o notas donde las
fotografas e ilustraciones ocupaban un espacio ms importante que el texto mismo. Como ya
fue sealado, la revista Mundo Policial mostraba en sus pginas un espacio destinado tanto al
humor escrito como al grfico. Cul es el mensaje que se trasmita a travs del humor grfico?
Bsicamente, la aceptacin del rol de la polica en la sociedad. Muchos de esos chistes dibujados
tenan que ver con situaciones paradjicas de la tarea policial o de la relacin entre el agente de
polica y el ladrn. Tambin con la expresin de sentimientos que no se esperaban de parte de un
agente de polica. Se apuntaba a que la sociedad mostrara tolerancia, aceptacin y una naturalizacin de la intervencin del aparato represivo del Estado y, al mismo tiempo, que sus miembros
superasen los cuestionamientos a ese rol.
11 No ahorrar sangre de gauchos, Mundo Policial (en adelante mp) 10 (diciembre de 1971), 62.
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El primer nmero de pfa-Mundo Policial, que como ya sealamos fue publicado a fines del
ao 1969, resulta representativo de varios de los temas y objetivos de la publicacin. Mostraba en
su tapa una gran fotografa con un joven agente de la fuerza tomado de perfil y del pecho para
arriba, colocado de espaldas a la vereda norte de la cntrica Avenida Corrientes, vista desde la
altura del 800 y en direccin oeste. La fotografa ocupaba dos tercios de la portada de la revista y
en el resto de la tapa, sobre fondo azul, se anunciaban varios artculos y temas incluidos. La foto,
tomada de noche, expona las luces de los automviles en movimiento sobre el asfalto y de las
marquesinas de la cntrica arteria portea, destacndose la fachada del tradicional Teatro Gran
Rex y, de fondo, la Avenida 9 de Julio en el cruce con Corrientes, sus publicidades lumnicas y el
mayor smbolo de la ciudad de Buenos Aires: el Obelisco.
Con la perspectiva de la fotografa, el polica apareca en un primer plano sobre la calle, bastante ms grande que el Obelisco, en cuya direccin diriga su mirada vigilante, abarcando con
sta a toda la avenida. Se produca un fuerte contraste entre la oscuridad del cielo y las luces de la
pujante vida nocturna de la ciudad. La fotografa continuaba en la contratapa de la revista donde
se haba sobreimpreso la fotografa de un mvil policial, con tres efectivos a bordo, y se agregaba el
siguiente mensaje: Aqu, en la luz y en las sombras, imagen de seguridad La ciudad vertical estira la alucinante perspectiva de la noche. Miles de sueos nacen y mueren en la peculiar Buenos
Aires, ciudad cosmopolita y austral. La Polica Federal est a su pie, con su brazo azul, all donde
aceche la sinrazn de la violencia.
La fotografa apuntaba a trasmitir una imagen de la polica como garante del orden y la seguridad de la moderna urbe y, al mismo tiempo, a asociar a la fuerza, personificada por el agente, con
los smbolos principales de la ciudad. El mensaje que se buscaba trasmitir era que esa fuerza policial era tan propia, natural e inseparable de la ciudad como el Obelisco o la Avenida Corrientes,
emblemas principales de la identidad portea. Puede considerarse que la fotografa expresaba con
claridad el mensaje general que la revista tena por objetivo trasmitir.
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El Jefe de la Polica Federal Argentina, General de divisin Mario Fonseca,13 saludaba la aparicin de la publicacin y se refera al particular contexto en que la institucin deba desarrollar su
actividad: la humanidad vive uno de los ms trascendentales perodos de la historia y no es de extraar que mltiples agitaciones de toda ndole se manifiesten por doquier. Las transformaciones
afectan sustancialmente al hombre en s mismo y en su vida social, en los grupos y comunidades
que integra, con la consiguiente mutacin de valores tradicionales. El oficial superior agregaba,
nuestra polica, afortunadamente, goza de bien ganado prestigio nacional e internacional y de
ah que la aparicin de la revista pfa constituya la satisfaccin de una real necesidad institucional, y tambin de la necesidad de que trascienda hacia el pblico destinatario en definitiva de
los esfuerzos algo ms que la imagen difundida hasta el presente de lo que son y deben ser las
instituciones policiales.14
Como surge de ambos artculos, era la necesidad de relegitimar ante la sociedad a la institucin policial y su rol poltico y social lo que impuls la publicacin de Mundo Policial. Si la
vocacin de servicio que se postulaba y el prestigio que se mencionaba hubiesen sido aceptados
por la sociedad no hubiera hecho falta un esfuerzo editorial para penetrar en los hogares con
una imagen positiva de la institucin y, en primer lugar, en los hogares de los miembros de la
fuerza. Veremos que, rpidamente, el prestigio que se daba por conquistado a nivel nacional en
ese primer nmero de la revista dar paso a un reconocimiento de la crisis de la institucin y de
su funcin en la sociedad.
Otro rasgo destacado en ese primer nmero, que sera de all en adelante una de las principales preocupaciones de la revista, fue la aparicin de nuevas formas de delincuencia asociadas a la
violencia poltica. En un discurso del Jefe de la pfa dirigido al personal superior se sealaba que
el campo delictivo se extiende en nuevas formas no previstas en la legislacin actual. Ante los
brotes de la delincuencia violenta y los disturbios, propios de esta etapa de vida que estamos viviendo, esta Polica pudo controlar o neutralizar la situacin, sin apelar a recursos extraordinarios
12 Presentacin, mp 1 (noviembre-diciembre de 1969), 3.
13 El General Fonseca fue Jefe de la pfa desde el golpe de 1966 hasta junio de 1970, cuando termin la
presidencia del General Juan Carlos Ongana. Entonces fue remplazado por el General de divisin Jorge
Esteban Cceres Moni, quien ocup la jefatura hasta abril de 1972. El General Fonseca, nacionalista y
miembro de la fraccin azul del ejrcito una de las facciones en que se haban dividido las Fuerzas Armadas
argentinas en la dcada del 60, fue parte del ncleo de militares que planific y llev adelante el golpe de
Estado en junio de1966. Su ltimo destino antes de asumir la jefatura de la pfa haba sido como Jefe de
Inteligencia del Estado Mayor del Ejrcito.
14 Otro paso trascendental, mp 1 (noviembre-diciembre de 1969), 3.
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de orden material pero s al alto espritu de cumplimiento del deber. El General Fonseca insista
ante sus oficiales respecto del prestigio ganado por la institucin y al mismo tiempo se refera a
la necesidad de reforzar la identidad de los agentes, anunciado el propsito de esta Jefatura de
luchar por un futuro en el que cada polica sienta la distincin de serlo, el privilegio de vestir un
uniforme honroso, que alberga un alma templada y azul.15
Como evidencian los artculos que venimos reseando, la institucin policial colocaba a la
crisis poltica contempornea como el ltimo eslabn de un proceso de erosin de la sociedad
conservadora y los valores tradicionales producto de la modernizacin social, econmica y cultural que la sociedad argentina viva desde los aos 60 en adelante. Tambin se destacaba en la
representacin de la pfa el peso de la cosmovisin cristiana y de la Iglesia Catlica, con cuya
jerarqua la fuerza tena una relacin estrecha y una fuerte identificacin.
15 Texto del discurso pronunciado por el Jefe de la Polica Federal durante la cena de camaradera del personal
superior, mp 1(noviembre-diciembre de 1969), 24-25.
16 Crimen en las Naciones Unidas, mp 6 (setiembre-octubre de 1970), 6-7.
17 La pareja: discusin y sntesis, mp 7 (noviembre-diciembre de 1970), 78-79. Ver tambin Disparen contra
el matrimonio, mp 5 (julio-agosto de 1970), 70-71.
18 El clero y la polica, mp 13 (junio de 1972), 52-53.
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expansin del consumo de drogas o la violencia poltica definan nuevas tareas y nuevos enemigos
para la fuerza.
En ese sentido, una encuesta organizada por la revista preguntaba por la moda unisex. El
Reverendo Iaki de Aspiazu, fundador del Secretariado de Ayuda Cristiana a las Crceles y
asesor espiritual de la familia Aramburu, contestaba: el concepto de unisex es un grave error,
fisiolgico y filosfico. El mundo debe ser bisexual con su unidad profunda y con sus diversificaciones exteriores. En el mismo sentido, el actor Sergio Malbrn, presentado como portador de
una larga trayectoria en radio y televisin, apuntaba: no puede haber unisex. Dios hizo al hombre, hombre; y a la mujer, mujer. Otra cosa no puede concebirse. No concibo estos movimientos,
no los entiendo, y, desde mi punto de vista de hombre, no puedo aceptarlos bajo ningn concepto.
La mujer tiene una misin en la vida: acompaar al hombre que ama y ser madre.23
Respecto a los hippies, un artculo diferente sealaba: todos ellos tienen ciertas cosas en comn: el gusto por la violencia, el odio al orden establecido por la sociedad en general y la polica
en particular. Y se agregaban otras caractersticas distintivas: la consigna es romperlo todo; hay
que rerse aterrorizando a los dems, robar a un impedido, hacer una zancadilla a un ciego,
atacar a un solitario, violar tontitas que creen en el amor puro, robar un coche y otras hazaas
valiosas con tal de que los compinches estn orgullosos.24
20 Sobre los orgenes del hippismo en la Argentina y su relacin con el rock, ver Ernesto Castrilln, Hippies a
la criolla. Historia de la cofrada de la flor solar, Todo es Historia 370 (1998).
21 Respecto al surgimiento de la moda unisex, remitimos a Valeria Manzano, The Blue Jean Generation: Youth,
Gender and Sexuality in Buenos Aires, 1958-1975, Journal of Social History 3 (2009).
22 Sobre la identidad y la cultura juvenil en Buenos Aires durante los aos sesenta y setenta, ver Valeria
Manzano, Juventud y modernizacin sociocultural en la Argentina de los sesenta, Desarrollo Econmico, 199
(2010) y The Blue Jean Generation: Youth, Gender and Sexuality in Buenos Aires, 1958-1975; Alejandro
Cattaruzza, El mundo por hacer, Lucha armada en la Argentina 10 (2008) y Sergio Pujol, Rebeldes y
modernos. Una cultura de los jvenes, en Daniel James (Compilador) Violencia, proscripcin y autoritarismo
(Buenos Aires: Sudamericana, 2003). Respecto a la liberacin sexual, ver Isabella Cosse, Pareja, sexualidad y
familia en los aos sesenta (Buenos Aires: Siglo xxi, 2010) y Karina Felitti, El placer de elegir. Anticoncepcin
y liberacin sexual en la dcada del sesenta, en Fernanda Gil Lozano, Valeria Pita y Mara Gabriela Ini,
Historia de las mujeres en la Argentina. Siglo XX (Buenos Aires: Taurus, 2000).
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Tambin abundaban los ejemplos de humor grfico que estigmatizaban a los hippies o los
asociaban directamente al consumo de drogas. Inclusive se public un dibujo (ver abajo) que era
bastante representativo del temor de la sociedad tradicional, y dentro de ella de la institucin
policial, frente al fenmeno y su capacidad de expandirse en la sociedad argentina. El dibujo
mostraba a un agente policial que llega a la comisaria con una gran barba y el pelo desalineado y
que ha pintado con motivos florales su patrullero, ante el estupor de sus camaradas y superiores.25
En definitiva, para la pfa la juventud encarnaba todos los riegos para el orden social y todos los
cuestionamientos a la sociedad tradicional.
La tapa del N13 de la revista (ver abajo), correspondiente a junio de 1972, tena un gran dibujo que representaba una combinacin de varias de las preocupaciones de la fuerza de seguridad.
Un dibujo mostraba a dos jvenes hippies abrazados y de espaldas; ambos tienen la misma contextura fsica, el pelo largo y desalineado, y estn vestidos exactamente igual, con la misma ropa:
jeans, remera de manga larga, sandalias y morral. Uno de los dos con un cigarrillo de marihuana
encendido en su mano. Dos signos de pregunta sobre sus espaldas buscaban reforzar la imposibilidad de reconocer su identidad sexual: si se trata de una pareja heterosexual (y en ese caso quin
es el hombre y quin la mujer), de dos hombres o dos mujeres. En una sola representacin grfica
se combinaban con claridad varias de las preocupaciones de la pfa: la juventud, los hippies, las
drogas y la indefinicin sexual.
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El editorial del nmero siguiente volva sobre el asesinato de Aramburu y daba cuenta de la
fuerte repercusin que haba provocado en las instituciones y aparatos del Estado. El impacto del
asesinato era difcil de asimilar. La creciente actividad de la guerrilla llevaba a la polica a destacar
el alcance de la crisis social y poltica que viva el pas y el creciente protagonismo de la violencia:
el estado de indefensin se hace ms notorio y contribuye a que se vaya perdiendo la fe y confianza en las instituciones republicanas, y que se piense en medidas o reacciones violentas que siempre
terminan por generar otras violencias.27 La crisis que arrastraba al gobierno y al Estado nacional
se haca extensiva a la pfa, poniendo en cuestin la legitimidad y el prestigio que se daban por supuestos en los primeros nmeros de la revista. El asesinato de un General del Ejrcito Argentino,
que era al mismo tiempo un ex Presidente de facto, constituy para la sociedad conservadora y
las instituciones coercitivas del Estado la expresin ms importante y preocupante de la amenaza
al orden establecido.
26 Una dolorosa experiencia, mp 4 (mayo-junio de 1970).
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A raz del secuestro de Aramburu la revista public un artculo dedicado al tema de los
secuestros extorsivos que se haban generalizado desde 1969. Comentando la ola de secuestros
extorsivos de carcter poltico sucedidos en varios pases de Amrica Latina, el artculo destacaba
el carcter amoral de los mismos.28 Se planteaba que luego de un prolongado eclipse de varias
dcadas el secuestro extorsivo haba reaparecido en el ltimo ao. El artculo calificaba como
subversivos a los grupos que realizaban los secuestros de contenido poltico y encontraba en sus
actividades un fuerte antecedente en el anarquismo de la primera mitad del siglo xx y, en una
forma que sera recurrente en la revista, apuntaba a desestimar la justificacin ideolgica o poltica de la accin. La clasificacin que se realizaba de esas actividades como subversivas apuntaba
a colocar la accin de la guerrilla como un tipo particular de delincuencia. Como ha sealado
Roberto Bergalli, conocido criminlogo crtico, un rasgo destacado de la actividad represiva y de
disciplinamiento social del Estado argentino en la segunda mitad del siglo xx ha sido la equiparacin entre delincuencia comn y subversin poltico-social.29 Esa operacin contaba con races
profundas en la ideologa de la defensa social, uno de los efectos de la criminologa positivista de
principios de siglo.30
Otro caso que tuvo una fuerte repercusin en la revista fue el asesinato de un Subcomisario
de la Direccin de Coordinacin Federal (dcf ) de la pfa por parte de una organizacin polticomilitar. Desde 1969 en adelante, una de las organizaciones guerrilleras de mayor actividad en el
pas fueron las Fuerzas Argentinas de Liberacin (fal).31 Su represin por parte de la polica
llev a la detencin y tortura de varios de sus miembros y a la desaparicin de algunos de sus
militantes en marzo de 1970. Uno de los oficiales de la dcf, que fue sindicado como torturador
y responsable de la muerte bajo tortura del militante Alejandro Bald en marzo del 70, fue ajusticiado en noviembre de ese ao por un comando de las fal. La organizacin haba conseguido
la direccin particular de algunos oficiales de inteligencia de la pfa. El Subcomisario Osvaldo
Sandoval, Subjefe de la Divisin Asuntos Polticos de la dcf y uno de los principales responsables
de la represin de la guerrilla en la pfa, fue asesinado en la esquina de Olazbal y Triunvirato, en
el barrio de Villa Urquiza de la ciudad de Buenos Aires, el 14 de noviembre de 1970.
A raz de ese hecho, el editorial del N6 de Mundo Policial, correspondiente a setiembre-octubre de 1970, estaba ocupado por las palabras pronunciadas en su sepelio por su inmediato superior
jerrquico, el Jefe de la Divisin de Asuntos Polticos, Comisario Inspector Luis Colombi. Luego
de calificar a la pfa como el ltimo bastin entre los lobos rabiosos y la comunidad inerme, el
oficial superior apuntaba: dile al Creador que esta tierra necesita hombres como t, hombres de
verdad. Que defiendan como t una antigua tradicin de centauros y hroes de todos los das.
29 Roberto Bergalli, Eplogo y reflexiones sobre el control social en Amrica Latina, en Massimo Pavarini,
Control y dominacin (Mxico: Siglo xxi, 1988), 213-215 y Roberto Bergalli, Criminologa y epistemologa
en los diez ltimos aos de Argentina, en aavv, Reunin preparatoria del ix Congreso Internacional de
Criminologa (Panam: Universidad de Panam, 1982).
30 Sobre la criminologa positivista y la ideologa de defensa social como justificacin y racionalizacin del
control social en general y del sistema represivo en particular, ver Beatriz Ruibal, Ideologa del control social.
Buenos Aires 1880-1920 (Buenos Aires: ceal, 1993); Rosa Del Olmo, Criminologa Argentina. Apuntes para su
reconstruccin histrica (Buenos Aires: Depalma, 1992) y M. Pavarini, Control y dominacin, 49-52.
31 Sobre la organizacin poltico-militar fal, ver Stella Grenat, Una espada sin cabeza. Las fal y la construccin
del partido revolucionario en los 70 (Buenos Aires: Razn y Revolucin, 2010) y Ariel Hendler, La guerrilla
invisible. Historia de las fal (Buenos Aires: Vergara, 2010).
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Que mientras haya un hombre de uniforme azul, habr ley y habr una sangre que derramar cara
a cara con una delincuencia irrisoria, que ha escogido imitar otros estilos de vida para clavar su
pual en nuestro costado y desangrarnos. La alocucin enfatizaba la juventud de los atacantes:
fueron tres lobos jvenes los que clavaron sus dientes en tu sangre.32 Este discurso permite ver la
forma en que la fuerza asociaba su actividad a la defensa de la ley y del orden capitalista, al mismo
tiempo que consideraba a la guerrilla como un fenmeno de races extranjeras y sin causas en la
sociedad argentina. En la revista la actividad de la guerrilla era permanentemente calificada como
un extremismo poltico de carcter terrorista, una forma de sealar tanto su condicin ajena a la
idiosincrasia poltica nacional, supuestamente moderada, as como carente de cualquier apoyo en
la poblacin.
Aunque la revista public una gran cantidad de artculos sobre policas de otros pases, se destacan dos elogiosos artculos sobre el Federal Bureau of Investigation (fbi) norteamericano y su
director Edgar J. Hoover, figura fuertemente conservadora, anticomunista, antisemita y racista. Se
enfatizaba en ambos artculos que el fbi era tomado como ejemplo a seguir en la lucha contra el
comunismo y la subversin por la pfa. Un primer y extenso artculo apareci en el primer nmero
de Mundo Policial y destacaba los xitos y el prestigio de esa institucin.33 El artculo tomaba al
fbi como un ejemplo a seguir por la fuerza y destacaba el carcter fuertemente anticomunista y
antisubversivo de Hoover. Tras la muerte de Hoover, en mayo de 1972, Mundo Policial public
una necrolgica que calificaba a ste de gigante moral y de tenaz enemigo del crimen y la subversin. Se lo reivindicaba como el primer anticomunista de los Estados Unidos. Tambin se
apuntaba que el auge de una variada y extendida delincuencia era causa de un inevitable choque
entre la legin de los que defienden el orden legal establecido y el principio de autoridad como
sostn de convivencia entre los hombres, y los que reniegan del orden, delinquiendo o procurando
cambios radicales por medios violentos. Los enemigos del orden y la autoridad eran identificados
como los drogadictos, hippies, delincuentes precoces y de los otros, pacifistas y revolucionarios,
son los distintos resortes que forman el heterogneo y enmaraado paquete de problemas que
las policas estaduales deben enfrentar para seguridad o tranquilidad de los ciudadanos34.
Junto a la gran cantidad de artculos y editoriales dedicados a la actividad de las organizaciones poltico-militares en el pas, la revista public en forma permanente y constante una seccin
denominada Geopoltica, cuyo objetivo principal fue denunciar al comunismo internacional y
analizar las diferentes variantes que mostraba la izquierda a fines de los aos sesenta.35 La seccin, escrita en general por el Subcomisario (R) Walterio Landau quien haba estudiado en el
Instituto Geopoltico Alemn y haba sido responsable de la Seccin Perros de la pfa,36 se dedicaba a presentar a las expresiones de la izquierda revolucionaria o guerrillera en Amrica Latina
como una consecuencia de la infiltracin del comunismo ruso, es decir, sin causas locales. Aunque
los artculos se ocupaban principalmente del comunismo de la Unin Sovitica y sus diferencias
35 Sobre el desarrollo de la geopoltica en la Argentina de los aos sesenta y setenta, remitimos a Klaus Dodds,
Geopolitcs and the geographical imagination of Argentina, en Dodds Klaus y David Atkinson. Geopolitical
Traditions. A century of Geopolitical Thought (London: Routledge, 2000) y Jack Child, El pensamiento
geopoltico, en Louis Goodman, Johanna Mendelson y Juan Rial (Compiladores) Los militares y la democracia
(Montevideo: peitho, 1990).
36 La informacin biogrfica sobre el Subcomisario Landau en mp 1 (noviembre-diciembre de 1969), 60.
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con el comunismo chino, tambin haba precisiones sobre las variantes de la extrema izquierda
occidental. Dado que en la mirada de la pfa la actividad guerrillera en el pas y en la regin slo
poda comprenderse como producto de la infiltracin del comunismo internacional, con origen
en Mosc, Pekn o La Habana, la seccin Geopoltica es un importante complemento de la
forma en que la revista analizaba a la izquierda y la violencia poltica local.
La revista present, a la largo de sus nmeros, a las diferentes reas de la fuerza apuntando a
que la comunidad conociese y aceptase el rol de la polica en la sociedad y su necesidad objetiva.
En ese sentido, se publicaron varios artculos sobre la centenaria Direccin de Bomberos (creada
en 1870), la Interpol de Buenos Aires, el Comando Radioelctrico, el Gabinete Planimtrico, los
conscriptos de la pfa, los diferentes aspectos de la polica cientfica y tcnica, el clero policial y
tambin sobre la agrupacin sinfnica de la fuerza. Claramente, de todas las reas de la fuerza fue
37 Superpotencias, hora 26, mp 7(enero-febrero de 1971), 28-31. Maysculas en el original.
38 Sobre la Doctrina de Seguridad Nacional y las fuerzas policiales, ver Augusto Montero, Las policas y la
Doctrina de la Seguridad Nacional en la Argentina. Primera aproximacin, en Roberto Bergalli (Compilador)
Violencia y sistema penal (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2008).
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la Direccin de Bomberos la que ms espacio tuvo en la revista durante esos primeros dieciocho
nmeros y sobre la que, en mayor medida, descansaba la proyeccin de la imagen pblica y externa de la institucin, sostenida en el herosmo, la entrega y la capacidad de sacrificio que se atribua
a los bomberos de la pfa.39
Una fotografa, incluida para acompaar uno de los varios artculos que se public sobre los
bomberos de la fuerza, expresaba con claridad ese objetivo de construccin de la imagen institucional. La foto no estaba tomada en una situacin real sino realizada en la comodidad de un
estudio y mostraba a un joven bombero representando una tarea de rescate y salvamento de una
persona. Ambos dejaban ver en sus rostros seales de humo. El bombero, con equipamiento de
comunicacin, traje y casco contra fuego, apareca parado de frente a la cmara y de la cintura para
arriba, sosteniendo con ambos brazos a una joven muchacha que tena un camisn que mostraba
sus piernas y hombros. La chica manifestaba en su cara una gran tranquilidad, poco creble en
una vctima de un incendio, de un episodio traumtico o peligroso, que le da a la fotografa cierto
aire irreal. La joven, con una sonrisa en los labios, diriga una mirada embelesada hacia el joven
rescatista, mientras ste, a su vez, dirige su mirada hacia la cmara con rostro inexpresivo. La foto
quera ser una clara representacin de vocacin de servicio y herosmo, al mismo tiempo que de
la relacin propiciada entre la fuerza y la sociedad civil. La mirada de la muchacha rescatada simbolizaba el respeto, la confianza, la admiracin y reconocimiento que la fuerza esperaba encontrar
en la poblacin.40
Esa estrategia general de legitimacin de la institucin asumi distintas formas. Por un lado,
varios artculos apuntaron a mostrar a la fuerza como estrechamente vinculada a la sociedad civil
y a la cultura popular o a miembros de la institucin como capaces de destacarse en tareas o reas
ajenas a la funcin especfica de la fuerza, como el arte, la cultura o el deporte. Tambin era parte
de esa estrategia la publicacin de artculos sobre reas o aspectos de la fuerza que no estaban
cuestionados o sujetos a la crtica. Otra forma que la revista encontr para reforzar la identidad
policial fue la celebracin de los 150 aos de la polica portea. A partir de 1971 la revista dedic
un amplio espacio y secciones especficas destinado a colocar la historia de la polica en el contexto de la historia patria y a destacar su carcter centenario y heroico.
39 Un siglo de lucha contra el fuego, mp 2 (enero-febrero de 1970), 47-52; Aqu, bomberos, mp 4 (mayo-junio
de 1970), 95; Aqu, bomberos!, mp 5 (julio-agosto de 1970), 95 y Aqu, bomberos!, mp 9 (mayo-junio de
1971), 78-79.
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Tambin se pueden identificar las diversas formas en que la revista asuma la existencia de la
crisis institucional y el marcado deterioro de su imagen ante la poblacin. Desde 1970 hubo varios sntomas en editoriales, artculos y portadas que nos permiten reconocer esa repercusin. Un
aspecto destacado en este sentido era el tratamiento del tema de la violencia y la tortura policial,
una de las cuestiones que ms duramente erosionaba el prestigio institucional. En una etapa en
que esa prctica y su denuncia eran generalizadas, diferentes voces de la revista apuntaron a negar
que la pfa aplicara apremios ilegales a los detenidos.
La revista public una gran cantidad de artculos cuyo objetivo era humanizar a los policas
ante la poblacin. Varios artculos lo hacan presentando ejemplos de miembros de la pfa que
se destacaban en tareas que no eran las caractersticas de la funcin policial o presentando a
personajes de la cultura popular portea que tenan parientes en la fuerza. Los ejemplos ms
importantes fueron largas notas, ilustradas con abundantes fotografas de gran tamao, sobre
figuras principales del tango porteo como Edmundo Rivero y Enrique Santos Discpolo, en las
que apareca fuertemente destacado que en ambos casos sus padres haban sido policas. El N2
de la revista incluy un largo artculo sobre Discpolo, donde se subrayaba que su padre haba
sido durante treinta y cinco aos director de la banda de la Polica y tambin de la del Cuerpo
de Bomberos. Un recuadro cuyo ttulo era De estirpe policial insista con el mismo concepto.41
La nota sobre el cantante Edmundo Rivero, aparecida en el N4, destacaba desde su ttulo que
se trataba de Un cantor con vocacin policial y nuevamente inclua un recuadro sobre el padre
polica de Edmundo Rivero. Estos artculos buscaban, a travs de la legitimidad de importantes
referentes populares, restablecer los lazos entre la fuerza y la sociedad civil. Este tipo de artculos
fue una constante en la revista y hubo varios con distintos policas que tambin se haban destacado en el mundo de la cultura o el arte.
Otra forma de reforzar la imagen de la institucin era resaltar las reas o aspectos que no estaban cuestionados por la opinin pblica y que permitan intentar sostener una imagen positiva
del vnculo entre la pfa y la sociedad. Un claro ejemplo fue un extenso artculo sobre los conscriptos de la polica, ilustrado con numerosas fotografas. Se trataba de unos mil jvenes, procedentes
casi todos de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, que permanecan en las filas de la pfa
durante un ao y quedaban exceptuados del servicio militar obligatorio. Los agentes conscriptos
le aportaban a la institucin su juventud y cercana con la sociedad civil. Se indicaba que pese
a su juventud haban logrado que se les respete en la calle como a cualquier agente de carrera,
estable o veterano Los chiquilines se impusieron por imperio de esa simpata natural, pureza y
ternura que dan los 19 aos. Una simpata puesta al servicio de la institucin que, como siempre,
necesita de la compenetracin social. Explcitamente se depositaba en los conscriptos la tarea
de mejorar la imagen social de la institucin: Hoy la imagen del polica joven es la figura que se
desparrama por todas las esquinas y calles de la ciudad, portando un mensaje de simpata y buen
trato. Tambin se aseguraba que la pfa encontr en estos vigilantes jvenes, los ms formidables
agentes de relaciones pblicas.42
El supuesto 150 aniversario de la pfa, tomando como fecha fundacional la Ley del 24 de
diciembre de 1821 que suprimi los cabildos de Buenos Aires y Lujn, de los cuales dependan
hasta entonces los servicios policiales, brind a la revista una gran oportunidad para buscar en
el pasado nacional la legitimidad y el prestigio institucionales fuertemente erosionados ante la
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sociedad argentina. El aniversario permita colocar a la fuerza dentro de una larga trayectoria y en
el marco de una fuerte tradicin, vinculadas directamente a la historia nacional y su construccin
institucional desde principios del siglo xix. El editorial del N7, de principios de 1971, estaba
dedicado a resaltar ese aniversario. A partir de ese nmero apareci una seccin denominada
Archivo Policial con notas y fotografas del pasado de la institucin, desde la cual los esfuerzos
por ligar el presente de la pfa a ese pasado centenario fueron constantes. Nuevamente, el editorial
del N10 de la revista estaba dedicado al 150 aniversario de la institucin, destacando los inventos y la capacidad cientfica de la fuerza. Tambin se sealaba que el acontecimiento deba servir
para procurar el entendimiento entre pueblo y polica, dos fuerzas que son una sola y que deben
convalidar el libre ejercicio de la justicia y el derecho, por encima de los intereses personales.43
A partir del sexto nmero de Mundo Policial se publicaron varios artculos de historia escritos
por los historiadores de la pfa: los comisarios Francisco Romay y Adolfo Rodrguez, junto a trabajos del oficial Zappietro. En varios casos se buscaba en el anarquismo y sus atentados polticos
un antecedente de la actividad de la guerrilla. El movimiento anarquista era sealado como representante de ideas disolventes y doctrinas exticas, destacndose su actividad terrorista.44 Siempre
se intentaba desmerecer sus ideales polticos como una excusa para delinquir. En la memoria
institucional ocupaba un lugar clave la figura del Coronel Ramn L. Falcn, quien fuera Jefe de
la polica en una poca de fuertes conflictos sociales, desde 1906 y hasta su muerte, vctima de un
atentado anarquista en noviembre de 1909. La defensa de su jefatura era un aspecto permanente
de los textos de los historiadores de la pfa.45
Los artculos hacan una defensa de las intervenciones de la polica de la Capital ante diferentes conflictos sociales y las luchas de la clase obrera. Un artculo sobre la semana roja de 1909
comentaba que a principios de siglo los gremios obreros fueron captados por elementos anarquistas. La lucha del proletariado contra el capital adquiri caractersticas violentas que culminaron
con la comisin de atentados de carcter terrorista. Incendios, explosiones y hechos de sangre
marcaron la pauta, afectando a la economa nacional, pero ms an a los obreros por la prdida
de jornales como consecuencia de las huelgas. El autor agregaba que agitadores profesionales,
venidos de Europa, soliviantaron a las masas obreras argentinas, sembrando la intranquilidad
pblica e irradiando su accin al interior del pas. En referencia a la represin policial del acto
de la Federacin Obrera Regional Argentina (fora) del 1 de mayo de 1909, que dej el saldo de
varios muertos, un artculo no slo planteaba que la polica no haba realizado ninguna represin
sino que aseguraba que haba quedado probado que ninguno de los muertos lo fue por accin
de las armas policiales y tambin que la mayora de los heridos, que lo haban sido en las piernas,
se deban a proyectiles de calibres menores, es decir de armas no policiales y por lo tanto de los
manifestantes.46
Aunque, como sealamos anteriormente, la revista mostr en sus primeros nmeros algunas
expresiones de confianza en el prestigio de la fuerza ante la sociedad (nmeros dirigidos a los
43 Carta de la direccin, mp 10 (diciembre de 1971), 2 y pfa. Historia de 150 aos, mp 10 (diciembre de
1971), 33-38.
44 Atentados a presidentes, mp 8 (marzo-abril de 1971), 34.
45 Jefes de polica. La riesgosa profesin, mp 10 (diciembre de 1971), 56-58. Sobre la reforma institucional
durante la jefatura de Falcn, ver Viviana Barry, Orden en Buenos Aires. Policas y modernizacin policial, 18901910, 2009. Tesis de Maestra, idaes-unsam.
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La primera expresin clara y abierta de esa crisis se puede encontrar en un artculo del N4,
de mayo y junio de 1971, titulado con una pregunta: Vale la pena ser polica?. Aunque el texto
estaba tomado de la revista brasilea Manchete y era una entrevista a cinco comisarios de ese pas,
resulta claro que se pretenda extraer del mismo algunas conclusiones vlidas para la Argentina.
La entrevista asuma la mala imagen de la polica entre la poblacin. La conclusin del artculo
era que el polica moderno era un ser peculiar, marginado por tirios y troyanos... Tal vez valga
la pena ser polica por eso mismo: por serlo. Y formar parte de una sociedad cuya gratitud no se
busca, sino marginalmente. xito y fracaso son slo hitos de un andar sin pausa, en busca de la
verdad, esa ecuacin inestimable y fugitiva como lo que es ese equilibrio mstico y zarandeado que
se llama la felicidad.47 El artculo daba una respuesta positiva a la pregunta del ttulo, pero la sola
presencia de la pregunta daba cuenta de una crisis respecto al rol de la institucin en la sociedad.
Inclusive, el final del texto pareca llamar a los miembros de la pfa a aceptar y asumir el rol policial
sin esperar reconocimiento o aceptacin en la poblacin civil.
El editorial del N7, de enero y febrero de 1971, directamente hablaba del esfuerzo que se
realizaba no ya para ampliar el prestigio institucional, sino para intentar conservarlo. La tarea era
mantener para la institucin que nos agrupa el prestigio profesional que nos viene de tan lejos,
que nos enorgullece, que cuesta trabajo mantener, pero que tambin, cada da, estamos procurando legar acrecentado a quienes nos vayan a suceder.48 Se reclamaba como necesaria la bsqueda
de la identificacin de la poblacin con la institucin, algo que, se reconoca, no suceda por
entonces.49 Como expresa este discurso institucional, la legalidad de la actividad policial no era
sustituta de una legitimidad social que se encontraba en crisis, minando la capacidad de la fuerza
para desarrollar su actividad de vigilancia y control social. Se destacaba la necesidad de evitar que
la imagen de la institucin quedase presa exclusivamente de su ejercicio de la violencia, se trazaba
como un objetivo prioritario recuperar la legitimidad del orden social y de sus instituciones y se
apuntaba a la necesidad de considerar la funcin policial como el sostenimiento de la paz social.
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destacar an ms la frase, la misma apareca enmarcada por encima y debajo por dos gruesas
lneas negras.
El espacio del editorial estaba ocupado por un largo artculo que llevaba por ttulo la misma
pregunta de la portada de la revista. Se reconoca que, en general, la pregunta tena una respuesta
negativa: cuando la fuerza pblica se aplica contra grupos de personas que se resisten; cuando
la polica aparece como ineficaz ante la opinin pblica por una serie de hechos delictuosos; y
tambin, por qu no decirlo, cuando algn o algunos funcionarios comprometen con sus conductas la eficiencia o prestigio de las policas o de los dems policas. Se daban algunos ejemplos de
respuestas negativas: estn las de los que dicen que la polica sirve para torturar inocentes; para
que el gobierno apalee al pueblo, a los obreros o a los estudiantes; para que los policas vivan sin
trabajar, o vivan de coimas, o para que exploten a las. El texto buscaba respuestas ms positivas en ejemplos de la actividad de fuerzas policiales de otros pases, para plantear que la polica
era la representacin inmediata de la ley, de los magistrados, del Estado y que podra decirse
que la polica est destinada, fundamentalmente, a producir seguridad a su poblacin. Pero no la
seguridad de la crcel, sino la seguridad de la libertad.50
Uno de los aspectos que ms duramente cuestionaba la imagen de la pfa en la sociedad argentina de los aos setenta era la aplicacin de torturas a los detenidos. La institucin y el gobierno
nacional negaban sistemticamente y desmentan las denuncias de los abogados defensores de
presos polticos, gremiales o estudiantiles, pero esas prcticas eran generalizadas, masivas y sistemticas. Junto a la crtica de la violencia policial en general, la permanente denuncia de apremios
ilegales era uno de los mayores problemas de la institucin. Aunque la fuerza, el Ministerio
del Interior y el Poder Ejecutivo negaban los hechos, las torturas a detenidos en general y a los
militantes polticos en particular por parte de la fuerza policial eran una prctica amplia e institucionalizada. La pfa torturaba a sus detenidos y tambin brindaba asesoramiento y personal
especializado en la aplicacin de tormentos a las policas provinciales. En ese sentido, lo que se
50 Para qu sirve la polica?, mp 8 (marzo-abril de 1971), 2-5.
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escriba en general en las pginas de Mundo Policial sobre la cuestin era que los mtodos cientficos de investigacin policial haban convertido a la tortura innecesaria.
En ese contexto, la revista Mundo Policial public un largo trabajo en dos partes sobre la
tortura. Aunque el artculo fue publicado sin firma, la misma temtica, tratamiento y varias frases textuales aparecen en un libro publicado, varios aos despus, por el Comisario Ral Toms
Escobar, quien fuera docente de la pfa.51 El artculo segua en gran medida el desarrollo histrico
y los temas presentados en el libro La tortura, del abogado francs Alec Mellor.52 El artculo
presentaba a la tortura como un necesario instrumento judicial para obtener la confesin durante
la Edad Media y como tal una necesidad indispensable.53 El artculo tena doce largas pginas
para hacer la historia de la tortura y describir en detalle algunas prcticas y formas usadas a lo
largo de los siglos. Mientras se mostraba a la tortura como superada por las posibilidades que
ofreca la investigacin y la ciencia policial, al mismo tiempo era presentada como algo que haba
acompaado permanentemente al hombre a lo largo de su historia, como una realidad generalizada y, a veces, una necesidad indispensable.
Conclusiones
La Polica Federal Argentina tena entre sus objetivos permanentes lograr reconocimiento y
aceptacin de parte de la sociedad civil. Esa tarea era un verdadero desafo en un contexto caracterizado por la radicalizacin poltica de la sociedad, el desarrollo de las fuerzas de izquierda y
una profunda crisis de la dictadura militar, del Estado nacional y sus instituciones. Dentro de ese
contexto general, la actividad de la pfa en esos aos se caracteriz por una fuerte represin, control y vigilancia de los sectores activos de la poblacin. Lejos de una accin de tipo preventiva, la
pfa asuma crecientemente una violenta intervencin represiva sobre la movilizacin y la protesta
social y poltica, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del pas.
La revista apuntaba a adoctrinar a los miembros de la fuerza y a reforzar la imagen institucional y la identidad de los agentes y oficiales de la pfa, brindndoles elementos para contener el
profundo cuestionamiento y rechazo masivo que su actividad generaba en la sociedad. Es en funcin de esa actividad y orientacin de la fuerza que hay que interpretar su imagen de la sociedad,
como llena de peligros y enemigos infiltrados y, al mismo tiempo, la identificacin de su rol como
representante de la fuerza pblica, defensora de la familia, el orden social, las instituciones y la ley.
En el marco de un rgimen poltico en crisis, el Estado nacional y sus fuerzas represivas carecan de la legitimidad necesaria para su intervencin violenta y, por lo tanto, la funcin de control
social y espionaje poltico de la pfa se encontraba fuertemente cuestionada. Entre la clase obrera,
los estudiantes y tendencialmente en una mayora de la poblacin, la pfa concitaba un amplio
repudio por su permanente y generalizada actividad represiva: los asesinatos de activistas en la
represin de diferentes movilizaciones populares, las detenciones masivas, las desapariciones de
militantes y la sistemtica aplicacin de los golpes y la tortura sobre los detenidos y detenidas por
motivos polticos.
51 Ral Toms Escobar, El interrogatorio en la investigacin criminal (Buenos Aires: Universidad, 1989).
52 Allec Mellor, La tortura (Buenos Aires: Sophos, 1960). La edicin original francesa es de 1949.
53 La Tortura: del potro a la picana, mp 7 (enero-febrero de 1971), 35.
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Las representaciones que la revista expona respecto de la sociedad argentina construyen una
imagen bastante clara. Se entenda que la sociedad atravesaba una profunda crisis de sus valores e
instituciones tradicionales producto de la modernizacin y del avance de la sociedad de consumo.
La Argentina tradicional y conservadora apareca fuertemente cuestionada y superada por los
cambios que vivan el pas y el mundo. Respecto de esas transformaciones polticas, econmicas, sociales y culturales que erosionaban los valores y las instituciones tradicionales, haba en la
revista un profundo rechazo pero, tambin, cierta cuota de resignacin ante la transformacin
irrefrenable de la sociedad argentina.
En ese sentido, la revista expresaba una combinacin de los miedos y temores de la Argentina
conservadora y tradicional ante una sociedad radicalizada, cada vez ms politizada y fuertemente
orientada hacia la izquierda para discutir los destinos del pas. El mayor smbolo de ese nuevo
pas, de la Argentina revolucionaria y potencialmente socialista, era la juventud (obrera y estudiantil) y su marcado protagonismo social. La distancia de esa juventud radicalizada, con una
fuerte impronta de la cultura de izquierda, respecto de la moral y los valores tradicionales que
la pfa deseaba defender es imposible de exagerar. Si la individualizacin de peligros y enemigos
era un objetivo fundamental de la fuerza dado ese contexto de transformacin social, se destacaba en particular la identificacin de un nuevo tipo de delito y oponente para la Polica Federal
Argentina: la delincuencia subversiva, que le reclamaba a la institucin una adaptacin para su
efectiva represin.
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Marina Franco1
Resumen
Abstract
Doctora en historia por la Universidad de Pars 7-Denis Diderot (Francia) y por la Universidad de Buenos
Aires; docente e investigadora del idaes/unsam y del conicet, Argentina.
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La historia argentina de buena parte del siglo xx suele pensarse a la luz de la alternancia entre
gobiernos legtimamente elegidos y gobiernos de facto, entre democracia y dictadura, entre civiles
y militares. Con justas razones, esta alternancia y sus complejas matrices de funcionamiento han
retenido buena parte de la atencin de los analistas sociales. Una de las lneas de interpretacin
ms interesantes, por su intencin de alejarse de las lecturas dicotmicas que oponen dictadura y
democracia, ha sido propuesta por Hugo Quiroga al sostener que el caso argentino puede caracterizarse como un sistema pretoriano que desde 1930 combin en su interior gobiernos militares
y civiles en una unidad contradictoria de continuidad y discontinuidad institucional al integrar
los regmenes democrticos con los autoritarios.2 No obstante, la atencin sobre el componente
autoritario-represivo ha seguido centrada, principalmente, en las polticas de las dictaduras militares. En relacin con esto, nuestra preocupacin pasa por repensar el proceso de aparicin e
instalacin de polticas y lgicas represivas tanto en gobiernos militares como civiles y mostrar
hasta qu punto los gobiernos democrticos tambin fueron protagonistas y responsables de la
instalacin de importantes lgicas represivas, que se fueron construyendo escalonadamente al
menos desde la segunda mitad del siglo xx y hasta el fin del ciclo de alternancia cvico-militar en
1983. En otros trminos, si el juego pendular entre civiles y militares constituye segn Quiroga
un sistema nico discontinuo, las lgicas represivas que caracterizaron de manera creciente ese
perodo tambin podran ser examinadas bajo esa misma luz.
Aunque esta interpretacin es, sin dudas, tentadora, por el momento no supera su carcter
hipottico. El anlisis de las lgicas represivas en las democracias modernas es de por s un problema suficiente y esencial, pero la comprobacin de la hiptesis requerira un examen articulado
de las polticas de los gobiernos militares y civiles. No obstante, en esta primera etapa el acento
estar puesto en los tres momentos democrticos del periodo que se inicia con el derrocamiento
de Pern en 1955 y se cierra con el fin del modelo de alternancia cvico-militar en 1983: los
gobiernos de Arturo Frondizi (1958-1962), Arturo Illia (1963-1966) y Hctor Cmpora, Juan
D. Pern y Mara Estela Martnez de Pern (1973-1976).3 De todas formas, observaremos con
particular atencin los intercambios y circulacin de paradigmas de control del orden interno
entre los actores civiles en el gobierno y los actores militares, pues creemos que en esa circulacin
hay claves analticas importantes.
2
3
Hugo Quiroga. El tiempo del proceso (Rosario: Homo Sapiens, 2004), 350.
Con bastante asidero, las interpretaciones historiogrficas suelen ver el inicio de una nueva etapa histrica en
trminos de uso y apelacin a la violencia en 1955, sin embargo, el perodo peronista (1946-1955) en el cual se
pusieron en marcha diversas medidas autoritarias de control del orden interno merecera particular atencin.
Aqu lo hemos dejado de lado slo por razones operativas y, en cambio, tomaremos el peronismo de los aos
setenta. El anlisis propuesto no es una reconstruccin histrica, sino slo la exploracin especfica de ciertas
prcticas y de la legislacin de excepcin.
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El anlisis de las medidas de excepcin puede hacerse con diversos focos de atencin; aqu nos
atendremos a aquellas disposiciones del poder Ejecutivo o Legislativo que expresan un socavamiento del Estado de Derecho asociado a esta homologacin entre defensa nacional y seguridad
interior, sostenido en las figuras de un enemigo interior que amenaza el orden dado. Esto significa
que no nos detendremos en la evolucin de las prcticas policiales, militares o de inteligencia que
no se hayan plasmado en el mencionado marco normativo nacional. En este trabajo intentaremos,
entonces, ofrecer los primeros elementos empricos para pensar el problema y algunas reflexiones
provisorias.7
6
7
El Estado de sitio es el nico instituto de emergencia que existe en la Constitucin Argentina (Art. 23) y
slo puede declararse en trminos territoriales y temporales restringidos y ante la verificacin de circunstancias precisas: conmocin interior o ataque exterior que pongan en peligro la Constitucin y las autoridades.
Bajo su vigencia, el poder presidencial se limita a arrestar o trasladar personas, si stas no prefiriesen hacer uso
del derecho a salir del pas. En caso de conmocin interior, el Presidente slo puede declararlo si el Congreso
est en receso y luego debe ser confirmado o suspendido por este. En la prctica significa un acrecentamiento
de facultades del Poder Ejecutivo y una disminucin de las garantas individuales. Cf. G. Negretto, El problema; Adolfo Ziulou, Estado de sitio emergencia necesaria o autoritarismo encubierto? (Buenos Aires: Depalma,
2000); Eduardo Gregorini Clusellas, Estado de sitio y la armona en la relacin individuo-Estado (Buenos Aires:
Depalma, 1987).
Jos Manuel Ugarte, Seguridad interior (Buenos Aires: fai, 1990); Marcelo Sain, Marcelo, Los votos y las botas
(Buenos Aires: Prometeo, 2010).
He trabajado en detalle la lgica represiva del perodo democrtico 1973-1976 en Marina Franco, Un enemigo
para la nacin (Buenos Aires: fce, 2012). Para los otros perodos aqu presento elementos iniciales de anlisis.
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derechos polticos suprimidos. Por lo tanto, el nuevo gobierno inici su mandato jaqueado por
las presiones militares para mantener al peronismo fuera del juego poltico y, a su vez, mantener
el acuerdo con Pern y obtener el apoyo de las mayoras populares y obreras peronistas necesario
para asegurar la gobernabilidad y las futuras contiendas electorales. A estas presiones se sum
una oposicin partidaria amplia, antiperonista, que obstruy sistemticamente los intentos frondizistas, tanto por oposicin a sus medidas de gobierno como a sus acuerdos con Pern que se
hicieron pblicos durante las elecciones presidenciales.8 Si este contexto auspiciaba una difcil
gestin, el programa econmico desarrollista impulsado por Frondizi exacerb las tensiones, en
buena medida porque contradijo sus afirmaciones electorales. Ello abri un perodo de conflictos
crecientes y de aplicacin de medidas de excepcin en escalada en los meses siguientes. Vale la
pena detenernos en algunos tramos del proceso.
Al poco tiempo de asumir, Frondizi anunci que se permitira el funcionamiento de universidades privadas con ttulos profesionales habilitantes. Ello desat un enorme conflicto estudiantil
conocido como laica o libre, que dio lugar a importantes niveles de represin y la suspensin del
derecho de reunin por parte del gobierno. Este conflicto fue el primer anuncio de lo que luego
sera visto como uno de los engaos de Frondizi por contradecir sus promesas electorales,9 pero la
tensin mayor en la percepcin del engao estall cuando Frondizi anunci sorpresivamente una
serie de contratos petroleros firmados de manera secreta con empresas multinacionales sin pasar
por el Congreso y en contradiccin abierta con el espritu econmico nacionalista proclamado en
su programa poltico.10 El anuncio fue el inicio de una enconada oposicin de amplsimos sectores
polticos, particularmente peronistas y de izquierda, y del movimiento obrero peronista que vieron
aquello como una traicin a la idea de nacionalizacin de las materias primas. En la provincia de
Mendoza, los trabajadores de las industrias estatales de petrleo primero los sectores radicales y
comunistas y luego tambin peronistas declararon una huelga contra la nueva poltica a finales
de octubre de 1958. Ante la medida, Frondizi adujo que el conflicto no era gremial sino poltico,
con intenciones insurreccionales para abrir el camino a nuevas dictaduras supuestamente respaldadas en la democracia o la justicia social.11 Con ello se aluda al peronismo excluido del juego
poltico como principal amenaza al orden y la seguridad, pero por detrs del peronismo, Frondizi
tambin denunci los planes de dominacin de comunismo que creaban zozobra en los sectores
obreros. Estos sectores componen los enemigos de la nacin que se oponen al desarrollo, al futuro y al mantenimiento de los servicios bsicos para el funcionamiento nacional. Puntualizaba
Frondizi que una huelga para torcer por la fuerza actos de gobierno significaba un ataque a la
Constitucin y a la democracia y, por lo tanto, era pura y simplemente subversin.12
8
Sobre el perodo y sus tensiones, vase Daniel Rodrguez Lamas, La presidencia de Frondizi (Buenos Aires:
ceal, 1984); Rosendo Fraga, El Ejrcito y Frondizi (1958-1962) (Buenos Aires: Emec, 1992); Robert Potash,
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Historia de la Argentina, 1955-2010 (Buenos Aires: Siglo xxi, 2010).
Kathryn Sikkink. El proyecto desarrollista en la Argentina y Brasil: Frondizi y Kubitschek (Buenos Aires: Siglo
xxi, 2009), 290.
10 Frondizi era conocido como partidario del monopolio estatal del petrleo, pero no se haba referido al tema
en sus discursos electorales, excepto vagas afirmaciones nacionalistas y sobre la necesidad del capital extranjero (Sikkink, El proceso, 109).
11 Discurso del 9/11/1958, en Arturo Frondizi, Mensajes presidenciales (Buenos Aires: Centro de Estudios
Nacionales, 1978), 208.
12 Discurso, 9/11/1958.
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Dos das despus, el Ejecutivo estableci el estado de sitio en todo el pas. La medida fue
adoptada por decreto, a pesar de que el Congreso mbito legal obligado para ese tipo de decisiones cuando involucran una situacin de conmocin interna estaba funcionando. El Ejecutivo
argument que la decisin haba sido tomada a medianoche cuando el Parlamento no estaba efectivamente sesionando. Cuando al da siguiente la medida fue ratificada por Ley en el Congreso, el
oficialismo adujo su carcter preventivo para asegurar la continuidad del orden y las instituciones amenazadas. La oposicin, por su parte, seal que la medida implicaba negar el derecho de
huelga, que no existan las causas de conmocin interna reclamadas por la Constitucin, que no
poda usarse con carcter preventivo y cuestion la interpretacin del Ejecutivo sobre la situacin
de receso parlamentario.13
Mientras tanto, las 62 Organizaciones, el brazo poltico de los gremios peronistas, apoyaron
la huelga petrolera y bajo el estado de sitio se arrestaron centenares de peronistas y comunistas
en todo el pas. La reaccin del peronismo en la resistencia se intensific con algunos atentados
de bombas y sabotajes,14 y el gobierno respondi con una escalada de medidas excepcionales: la
ms trascendente de todas sera la declaracin de estado de conmocin interna figura ausente
en la Constitucin a travs del decreto secreto N9.880 que creaba un plan de seguridad y militarizacin del orden interno conocido como conintes (Conmocin interna del Estado). Das
despus, ante la ampliacin de la huelga a los trabajadores ferroviarios, se decret la movilizacin
del personal bajo el argumento de que se trataba de un servicio sustancial para la vida nacional y
su paralizacin era un peligro para el orden pblico.15
14 Sobre las tensiones internas del peronismo en torno al conflicto petrolero, vase Daniel James, Resistencia
e integracin (Buenos Aires: Sudamericana, 1990). No podemos detenernos aqu sobre las caractersticas
particulares de la resistencia, vase Julio Csar Meln Pirro, El peronismo despus del peronismo (Buenos
Aires: Siglo xxi, 2009); Laura Ehrlich, Rebeldes, intransigentes y duros en el activismo peronista, 1955-1962,
Buenos Aires, 2011. Tesis de Maestra, ides-ungs; D. James, Resistencia.
16 La Ley N13.234 tena como objetivo preparar el pas ante la posibilidad de ataques externos pero, en lo
concreto, defina una serie de operaciones de control interior al fortalecer el poder Ejecutivo y militarizar
el territorio. Divida al pas en zonas de jurisdiccin militar, instauraba un Consejo Nacional de Defensa
dirigido por el Presidente con amplias competencias, creaba una autoridad militar con poder absoluto sobre
los civiles e inclua el recurso a la justicia militar y el uso de la ley marcial. Fue utilizada en 1951 para resolver
un conflicto interno con trabajadores ferroviarios. J. Ugarte, Seguridad interior; Gabriel Peris, Un modle
dchange doctrinal franco-argentin: le Plan conintes 1951-1966, en Rene Fregossi (Editor) Armes et
pouvoirs en Amrique Latine (Pars: iheal, 2004).
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y los infractores eran sometidos a juicio verbal y sumario y a consejos de guerra integrados por
personal nombrado por el Comandante en Jefe del Ejrcito. El Poder Ejecutivo conservaba la
atribucin de decidir a quin se aplicaba el juicio sumario. Adems de la excepcionalidad jurdica
que implantaba, la medida de militarizacin y las siguientes tuvieron otro efecto agregado: le
dieron a las Fuerzas Armadas injerencia en cuestiones de seguridad interna y un creciente poder
para presionar al gobierno de Frondizi sobre medidas de esa ndole.17
En diciembre de 1958 el estado de sitio fue prorrogado de manera indefinida por el Congreso,
con el argumento de que era necesario para garantizar la realizacin del plan de gobierno y de
desarrollo que se haba fijado el Ejecutivo.18 De hecho, la medida nunca se levant hasta que
Frondizi fue derrocado en 1962 y su uso se articul con sucesivas y progresivas medidas de excepcin destinadas a garantizar la seguridad interna, muchas de ellas instaladas bajo la creciente
presin militar y con una retrica anticomunista cada vez ms virulenta.
En efecto, pocos das despus, finalizando 1958, el gobierno anunci un programa de estabilizacin econmica acordado con el Fondo Monetario Internacional que implicaba la eliminacin
del control de precios y subsidios, la restriccin de aumentos salariales, la privatizacin de empresas y la disminucin del dficit fiscal. El programa inclua la privatizacin del Frigorfico Nacional
realizada en enero de 1959, que dio lugar a una gran huelga y a la toma del establecimiento por
parte de los trabajadores. El gobierno recuper el frigorfico a la fuerza y las 62 Organizaciones,
presionadas por sus bases, declararon la huelga general, a lo cual el gobierno respondi con nuevas
movilizaciones del personal de transportes en Buenos Aires, del personal de empresas petroleras
y de ferrocarriles y declar como zona militar varias reas de fuerte movilizacin obrera, as como
la intervencin y militarizacin de los sindicatos.19 Esta sucesin de acontecimientos deja en
evidencia que, efectivamente, la utilizacin real del estado de sitio no fue para enfrentar la accin
sindical ni una conspiracin dentro del gobierno, sino como mecanismo de control de futuras
reacciones y resistencias a las medidas econmicas de ajuste y al programa econmico desarrollista.20 En pocas semanas, las polticas econmicas y de persecucin antiperonistas terminaron de
disolver el pacto Pern-Frondizi y confirmaron el pasaje definitivo de los gremios peronistas a la
oposicin sindical y a la resistencia armada contra la traicin frondizista.
Estas medidas de excepcin, desde el estado de sitio hasta la movilizacin del personal y la
militarizacin de los sindicatos, tuvieron varios efectos: por un lado, conculcaron garantas constitucionales y fueron usadas como instrumentos represivos legalmente respaldados y, por otro,
habilitaron un creciente espacio de autonoma militar en el control del orden interno. Este ltimo
17 Sobre ese proceso y la creciente presin militar en cuestiones de seguridad, R. Fraga, Seguridad nacional, 64 y
ss y R. Potash, El ejrcito, 400 y ss.
18 Ley N14.785 del 11/12/58. Diario de Sesiones de la Honorable Cmara de Diputados de la Nacin (1958), 6557
y ss; Diario de Sesiones de la Honorable Cmara de Senadores de la Nacin (1958), 2817 y ss.
19 Entre otros: Decreto N10.394 del 27/11/58, movilizacin de personal ferroviario; Decreto N10.395 del
27/11/58, juzgamiento de infracciones del personal ferroviario movilizado; Decreto N862 de 20/1/59,
movilizacin del personal de empresas oficiales y privadas vinculadas al petrleo; Decreto N862 del
20/1/59, declaracin de zona militar a los partidos de Berisso y Ensenada y a la ciudad de La Plata; Decreto
N889 de 21/1/59, declaracin de zona militar en Dock Sud; Decreto N906 de 23/1/59, intervencin de
las asociaciones profesionales de trabajadores en las actividades textil, de la carne, metalrgica, qumica, de
la madera y de la construccin. Sobre los hechos, Potash, El ejrcito; D. Rodrguez Lamas, La presidencia;
Ernesto Salas, La resistencia peronista. La toma del frigorfico Lisandro de la Torre (Buenos Aires: ceal, 1990).
20 Esta hiptesis ha sido sostenida por Potash, El ejrcito y Rodrguez Lamas, La presidencia.
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punto es clave, porque el gobierno de Frondizi estuvo jaqueado desde su origen por las presiones
militares atentas a las polticas presidenciales de contencin del peronismo y del comunismo y las
medidas presidenciales produjeron la ampliacin de ese espacio. En agosto de 1959, la asuncin
del General Carlos Toranzo Montero en el cargo de Comandante en Jefe del Ejrcito antiperonista que consideraba que las Fuerzas Armadas deban tener un papel de vigilancia sobre el poder
civil como garantes del bienestar de la Nacin afirm el control militar tutelar, pero tambin
reflej la eleccin de Frondizi por una posicin militar dura ante los conflictos.
Desde luego, la creciente injerencia militar estuvo acompaada por, y fue resultado de, importantes transformaciones ideolgicas y doctrinarias dentro de las Fuerzas Armadas. Entre 1957 y
1962 las doctrinas militares estaban en plena transformacin hacia la adopcin de la doctrina de
la guerra revolucionaria tomada de los militares franceses y sus experiencias en las guerras coloniales.21 A partir de ello, la principal tarea militar se centraba en la seguridad interna y se defina
en el marco de una guerra contra un enemigo interno subversivo.22 Una consecuencia crucial
fue la internacionalizacin de los conflictos polticos internos de manera que el antiperonismo
devino en una forma de anticomunismo.23 El comunismo fue percibido como un peligro igual o
mayor que el peronismo pero ambos aparecan asociados, dado que se tema que las prohibiciones
y proscripciones sobre el segundo llevaran a la masa obrera hacia el primero.
21 Esta doctrina vena a reemplazar a la Doctrina de la Defensa Nacional vigente hasta entonces, que conceba
la guerra como un fenmeno asociado a una agresin militar exterior llevada adelante por parte de otro
Estado soberano. Cfr. Ernesto Lpez, Seguridad Nacional y sedicin militar (Buenos Aires: Legasa, 1987);
Esteban Pontoriero, De la conmocin interior a la guerra revolucionaria: legislacin de defensa, pensamiento
militar y caracterizacin de la amenaza a la seguridad interna en la Argentina (1958-1970). Buenos Aires, 2012.
Tesis de licenciatura, Universidad de Tres de Febrero; M. Sain, Los votos.
22 E. Lpez, Seguridad nacional; Mario Ranalletti y Esteban Pontoriero La normativa en materia de defensa
y seguridad y la criminalizacin de las disidencias (1955-1976), v Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente
(Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento, 2010).
23 Alain Rouqui, Poder militar y sociedad poltica en la Argentina ii. 1943-1973 (Buenos Aires: Hyspamrica,
1986) y Pontoriero, E. De la conmocin.
24 Rogerio Frigerio, de orientacin desarrollista, fue el principal asesor poltico y econmico de Frondizi. Por su
supuesto comunismo y por su rol estratgico en las sombras ya que no ocup cargos centrales en el gabinete
fue una figura dursimamente cuestionada en la poca.
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Armadas y en especial al sector liderado por Toranzo Montero que reaccion acrecentando las
presiones golpistas.25
25 En pleno clima de Guerra Fra y escalada de declaraciones continentales anticomunistas, en agosto de 1961
Frondizi recibi a Guevara en cita secreta, lo cual gener un gran rechazo militar y meditico. En 1962, durante
la octava reunin de cancilleres americanos realizada en Punta del Este, se decret la expulsin de Cuba por
incompatibilidad de ideologas. Argentina reafirm su posicin anticomunista y la defensa de la democracia y
la libertad, pero se abstuvo de condenar a Cuba y votar su expulsin. Finalmente, bajo presin militar y poltica,
Frondizi rompi relaciones con la isla poco despus de la reunin uruguaya. Cfr. Mara de Monserrat Llair y
Raimundo Siepe, Frondizi, un nuevo modelo de insercin internacional (Buenos Aires: eudeba, 2003) y R. Fraga,
El ejrcito.
26 Entre otros, Decreto N4.965 del 27/4/59, Decreto N2.985 del 13/4/61, Decreto N12.681 de 18/10/60 y
Decreto N2.985 del 13/4/61, respectivamente. Vase discurso presidencial del 23/11/60.
27 Decreto N12.681 del 18/10/60.
28 Pocos das antes, el General Toranzo Montero haba elevado un memorndum al gobierno en el que afirmaba
la necesidad de reprimir el peronismo y el comunismo y presentaba a la corporacin militar como garanta
contra el avance de estas fuerzas y de la estabilidad de las instituciones. El texto represent un verdadero
ultimtum al poder poltico exigiendo cambios fundamentales, alejamiento de funcionarios, eliminacin de
la administracin peronista y comunista (vase en Fraga, El ejrcito, 148). Frondizi respondi denunciando el
golpismo, pero inmediatamente puso en marcha una serie de medidas anticomunistas cuyo contenido recuerda en algunos aspectos textuales lo manifestado en el memorndum castrense.
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El Plan conintes asignaba a las Fuerzas Armadas el control del terrorismo en un sistema
de zonas y subzonas bajo control militar y determinaba la subordinacin de las policas provinciales a las Fuerzas Armadas, as como la aplicacin de Consejos de guerra y la ley marcial. Fue
acompaado del Decreto N2.639 declarando la situacin de emergencia grave30 ya prevista
por la Ley N13.234 para tiempos de guerra de 1948. El otro antecedente fundamental en la
concepcin del conintes fue la doctrina de la guerra revolucionaria francesa que, como dijimos,
vena siendo enseada en la formacin militar argentina desde 1957, y en particular sus aspectos
vinculados a la concepcin de un enemigo interno frente al cual deba responderse con el control
militar absoluto del territorio y sus habitantes.31 Para las Fuerzas Armadas, la situacin social y las
acciones del peronismo en la resistencia encarnaban, efectivamente, un terrorismo-subversivo
inficionado de comunismo.32 De todas formas, an no contamos con informacin precisa sobre
el proceso de elaboracin del Plan conintes, lo cual permitira definir cmo estas teoras militares se plasmaron all. El nuevo decreto sealaba:
Considerando que el gobierno est obligado de [sic] aprobar estas medidas militares, mantener el estado de sitio para preservar el orden pblico y la seguridad de la
poblacin; que el Poder Ejecutivo tiene los elementos de juicio para saber que los
actos terroristas continuarn en ascenso para impedir las elecciones; considerando
que se trata de una situacin de emergencia, que la constitucin acuerda al congreso y al presidente los poderes de guerra; que el Poder Ejecutivo se ve impelido en
defensa de los supremos intereses de la repblica a proceder as porque va en ello el
mantenimiento de una forma de vida nacional en torno a los valores democrticos
de la nacin.33
En virtud de este diagnstico se extenda la jurisdiccin militar a los civiles que cometieran
actos enumerados por el Cdigo de Justicia Militar: los delitos de intimidacin pblica y terrorismo. Se estableca que los comandantes de las Zonas de Defensa bajo jurisdiccin del Ejrcito,
de la Marina y la Aeronutica, ordenaban la constitucin de los Consejos de Guerra establecidos
por el mencionado Cdigo. La aplicacin del conintes arroj cientos de detenciones y juicios
militares, as como denuncias de torturas y apremios ilegales y facilit la limpieza de miles de
activistas en sindicatos y fbricas.34 Su uso fue inconstitucional por el mecanismo decisorio uti29 Sobre los Uturuncos vase Ernesto Salas, Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista (Buenos Aires: Biblos,
2003).
30 Decreto de aplicacin del conintes: Decreto N2.628 del 13/3/60 y Decreto N2.639 del 15/3/60, de emergencia grave. (Estos decretos fueron finalmente derogados por el Decreto N6.495 del 1/8/61). Previamente,
la Ley N15.276 del 11/2/60 haba modificado y endurecido algunas figuras del Cdigo Penal vinculadas al
uso de armas de guerra y actitudes que causen tumulto o temor. Segn Potash, se sancion bajo exigencias
militares pero Frondizi se neg a incluir en la reforma la aplicacin de ley marcial (Potash, El ejrcito).
31 G. Pris, Un modle.
32 Revista de la Escuela Superior de Guerra 338 (setiembre de 1960), citado en Nicols Damin, Plan conintes y
Resistencia Peronista 1955-1963 (Buenos Aires: Instituto Nacional Juan Domingo Pern, 2010).
33 Decreto N2.639, Declaracin de situacin de emergencia grave, marco de ejecucin del Plan conintes
(15/3/1960).
34 Segn un informe del Senado de 1961 citado por Damin (Plan conintes, 296), los presos a esa fecha eran 258,
juzgados por tribunales militares con penas de entre ocho meses y veinticinco aos. Sobre el Plan conintes
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lizado sin pasar por el Congreso y porque la aplicacin de la autoridad y justicia militar a civiles
estaba explcitamente prohibida por la Constitucin en caso de emergencias.35
36 Ley N15.293 del 21/7/60, de represin de actividades terroristas, y Decreto N9.313 del 11/8/60, de
Observacin parcial de proyecto de ley de represin de las actividades terroristas.
37 Esto ltimo corresponde a la presentacin de Frondizi del proyecto en 1961, citado en E. Pontoriero, De la
conmocin, 17. En contextos de fuerte pretorianismo militar, conocer los mecanismos de iniciativa, elaboracin
y decisin sobre el contenido de estos proyectos es un problema de primera magnitud, pero en casi todos los
casos resulta bastante difcil desentraar ese proceso. En el caso del primer proyecto de 1960, sabemos que
fue elaborado por una comisin redactora integrada por un civil y un oficial del Ejrcito en el Estado Mayor
de Coordinacin; el segundo, de 1961, se inspir en el anterior y fue discutido y pensado por las Fuerzas
Armadas y defendido por Frondizi en el Parlamento. Por razones poco claras, estos proyectos no llegaron a
ser aprobados ni discutidos en el Parlamento (E. Pontoriero, De la conmocin.).
38 Segn Rodrguez Lamas (La presidencia), Frondizi no tuvo margen de maniobra por el acoso permanente y
su gobierno fue la cumbre de la militarizacin de la poltica. Segn Fraga (El Ejrcito), durante la gestin de
Toranzo Montero las Fuerzas Armadas fueron un factor de presin que impuso sus posiciones, pero el Plan
conintes expresa coincidencias entre militares y el gobierno. Para Potash (El Ejrcito), Frondizi es vctima de
las presiones militares.
39 R. Fraga, El ejrcito.
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en otros planos se mantuvo ms independiente de la presin corporativa contribuy a dar legitimidad social a la construccin de la amenaza comunista. De la misma manera, permiti que la
identificacin entre defensa nacional y mantenimiento del orden interno fuera transformada en
un objetivo democrtico que tendra larga vida en las dcadas siguientes.
Poco despus, en octubre de 1963, Arturo Illia, de la Unin Cvica Radical del Pueblo, fue
elegido Presidente en un contexto tan complejo como el de Frondizi: con un escaso respaldo
electoral (25.15%), la irresolucin del problema del peronismo y cierto descreimiento del juego
democrtico para resolverlo, jaqueado por las presiones corporativas de sindicatos y empresarios,
un amplio abanico poltico opositor y unas Fuerzas Armadas cada vez ms preocupadas por la
seguridad.40 A pesar de ello y en contraste con su antecesor, la nueva gestin radical no apel
a medidas de gobierno de tipo excepcional, tales como el estado de sitio o las intervenciones
provinciales, ni a prcticas de control del orden interno de carcter autoritario o represivo, tales
como la militarizacin de los servicios, prohibicin de derechos laborales o creacin de zonas
bajo autoridad militar en situaciones de conflicto social. Por el contrario, como veremos, Illia hizo
del no uso de esas medidas una caracterstica de su gestin, lo cual le fue duramente reprochado
por sus adversarios.41 No obstante, su gobierno que se reivindicaba heredero de la Revolucin
Libertadora que haba derrocado al peronismo y que Csar Tcach describe como republicanismo
cvico antiperonista42 mantuvo la proscripcin del Partido Justicialista, pero permiti que sus
militantes se organizaran bajo otras denominaciones. En relacin con las Fuerzas Armadas, puede considerarse que fue un gobierno expuesto al pretorianismo castrense, aunque no en la misma
medida que lo haba sido Frondizi.43
En 1964, una serie de conflictos sectoriales de gran envergadura planteados por el sindicalismo peronista que eran, en realidad, la manifestacin de un conflicto poltico de fondo del
peronismo con Illia mostr la opcin del Poder Ejecutivo por polticas de conciliacin social
sin apelar a medidas de excepcin. A fines de mayo, en respuesta al intento oficial de controlar
40 Vase autores varios citados en Csar Tcach y Celso Rodrguez, Arturo Illia. Un sueo breve. (Buenos Aires:
Edhasa, 2006).
41 Entre otras cosas, al asumir el gobierno anunci el fin de la legislacin represiva, la amnista para los presos
del Plan conintes y el indulto para varios militantes ya condenados. Vase C. Tcach y C. Rodrguez, Arturo
Illia.
42 C. Tcach y C. Rodrguez, Arturo Illia, 73.
43 La etapa de Illia estuvo atravesada por una profunda interna militar frente a la cual trat de mantenerse al
margen, pero algunas decisiones de prescindencia terminaron por fortalecer la idea de la autonoma castrense
frente al poder civil. El sector militar de mayor presin fue el legalista partidario de un supuesto respeto
de las instituciones y menos recalcitrante en su antiperonismo; a l perteneca quien despus lo derroc, el
General Juan Carlos Ongana. Sobre las internas militares y la relacin con Illia, vase A. Rouqui, Poder
militar y Potash, El ejrcito.
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algunos aspectos de la vida sindical (el manejo de fondos y las elecciones internas) y en un contexto econmico favorable pero con inflacin creciente, la cgt organiz un amplio plan de lucha
con la ocupacin escalonada de miles de fbricas, que involucr millones de trabajadores y obtuvo
un fuerte apoyo estudiantil y de la oposicin poltica. Frente a esa medida y a pesar de las presiones para intervenir, Illia se neg a decretar el estado de sitio, abog por su resolucin en el mbito
judicial y en el Congreso se aprob la Ley del salario mnimo, vital y mvil que mejoraba la
situacin de los trabajadores ms desfavorecidos y que Illia present como una transformacin
democrtica que servira de contencin al peronismo y al comunismo.44 Fueron, en cambio, las
corporaciones de empresarios y ruralistas y las derechas partidarias las que denunciaron a Illia
por su tolerancia con la subversin y la penetracin comunista, a la vez que adscriban al diagnstico militar de una guerra revolucionaria en Argentina y reclamaban medidas de excepcin
para enfrentarlos.45
Mientras en el plano social el gobierno esgrima una poltica de respeto por los canales institucionales y constitucionales de control del orden interno en parte vinculados a la posicin
de Illia de no enfrentarse al peronismo, la aparicin de otros focos de conflicto mostr otras
concepciones sobre ese mismo orden cuando variaba el sujeto conflictivo. En efecto, las reacciones
oficiales que no se produjeron en torno al peronismo como amenaza emergieron ms claramente
vinculadas a las primeras guerrillas marxistas.
Fue el caso de la aparicin de un foco armado el Ejrcito Guerrillero del Pueblo en el norte
argentino que fue desbaratado por la Gendarmera a comienzos de 1964. Aparentemente, el
Ejrcito y algunos congresistas presionaron para una intervencin militar, pero el gobierno opt
por resolverlo con la polica y fuerzas de seguridad internas. En reaccin a ello, en setiembre de
ese ao se present un nuevo proyecto de Ley de Defensa Nacional que contemplaba el uso de
las Fuerzas Armadas en seguridad interior. A su vez, el proyecto se present poco despus de una
interpelacin parlamentaria secreta a los ministros del Interior, Exterior y Defensa sobre los grupos armados en la Argentina, en la cual los miembros del gabinete manifestaron la preocupacin
gubernamental por crear instrumentos legales para la defensa del Estado que contemplaban la
intervencin de las Fuerzas Armadas.46 Durante la interpelacin, el ministro del Interior, Juan
Palmero, inscribi la situacin en los parmetros de la teora de la guerra revolucionaria y el
avance de la amenaza comunista desde la Revolucin cubana.
[] es notorio que de la existencia de dos sistemas de vida distintos ha surgido
en el mundo una competencia de poder, con posibilidades de agresin blica
dira as, de guerra propiamente dicha entre ambos bloques de pases. [] la
competencia [deriv] a otro mtodo, a otro sistema, que es el conocido como el
de guerra revolucionaria: guerra no declarada, silenciosa, pero guerra inexorable,
global y permanente.47
Como ha sealado Esteban Pontoriero, incluso los diputados de diversas fuerzas opositoras
se mostraron de acuerdo con esta lectura de una guerra subversiva. Poco despus, el reclamo de
44 C. Tcach y C. Rodrguez, Arturo Illia.
45 Arturo Illia, 95 y 131. Segn estos autores, la no represin de la protesta obrera impidi la militarizacin que
normalmente favorece el aumento de la injerencia e intervencionismo castrense, pero debilit al gobierno de
Illia.
46 Sobre el tema, R. Potash, El ejrcito, 189-191 y el detallado trabajo de E. Pontoriero, De la conmocin.
47 Citado en E. Pontoriero, De la conmocin.
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Por su parte, las Fuerzas Armadas reafirmaron reiterada y pblicamente, a travs del General
Juan Carlos Ongana, su vocacin de defender las fronteras ideolgicas contra la subversin
comunista. Pero las denuncias de infiltracin marxista en diversos mbitos sociales tambin se
transformaron en un tpico habitual usado por el sindicalismo peronista, la derecha poltica y los
sectores de poder econmico para denunciar la debilidad del gobierno y alimentar el golpismo.49
50 Sobre la legislacin de Ongana, vase Ariel Eidelman, El desarrollo de los aparatos represivos del Estado argentino durante la Revolucin Argentina, 1966-1973, 2010. Buenos Aires, Tesis de doctorado, Facultad de Filosofa
y Letras-Universidad de Buenos Aires.
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nuevos comicios que Pern gan masivamente. Ni bien Cmpora asumi, su primer acto de gobierno fue la derogacin de la legislacin represiva y de seguridad implementada por el gobierno
dictatorial anterior, as como el indulto y liberacin de los presos polticos entre los cuales se
contaban numerosos militantes de organizaciones armadas. El hecho es notable porque denota
una voluntad de volver al marco pleno de las libertades democrticas y, sin embargo, ese mismo
gobierno no derog la mencionada Ley de Defensa que fue rpidamente reactualizada y utilizada
por el gobierno de Pern, una vez desplazado Cmpora.
Lo cierto es que poco antes de la asuncin del lder histrico del peronismo, en octubre de
1973, comenz un lento proceso de cercenamiento de libertades civiles y de fuerte persecucin
poltica impulsado por el propio peronismo y como respuesta a varias situaciones simultneas:
1) el altsimo nivel de movilizacin social y obrera que sobrepasaba los cuadros de contencin
sindical, como la gran ola de toma y ocupacin de lugares de trabajo a comienzos de 1973, y el
crecimiento de sindicatos combativos que presionaban por fuera de los marcos del peronismo;
2) la presencia de organizaciones armadas revolucionarias, peronistas y marxistas, que continuaron con las acciones de secuestros, atentados y toma de unidades militares muchas de las
cuales tenan como blanco miembros de las fuerzas de seguridad; 3) el conflicto interno entre
diferentes lneas del peronismo, especialmente contra los grupos que representaban la llamada
Tendencia revolucionaria dentro de la cual se encontraba la Juventud Peronista y Montoneros.51
Este ltimo fue el conflicto de mayor envergadura y de dimensiones.
La superposicin de estos conflictos evidentes y de una crisis poltica profunda que el peronismo desencaden en el poder hicieron de la va represiva clandestina y del desarrollo de una
legislacin autoritaria en espiral ascendente la va de escape de la compleja crisis partidaria y de
gobierno. En octubre de 1973, das antes de asumir la presidencia, a travs de un documento
partidario Pern anunci la necesidad de eliminar el enemigo infiltrado dentro del peronismo,
a travs de un proceso de depuracin partidaria destinado a resolver la situacin de guerra
contra los grupos marxistas; mientras, el gobierno interino exhortaba a combatir la subversin
antiargentina representada por esos mismos grupos.52 En efecto, como el peronismo ostentaba
tambin el control del aparato estatal, la depuracin se manifest directamente a travs de polticas de Estado.
As, el disciplinamiento poltico implic la intervencin federal de varias provincias y las
renuncias forzadas de funcionarios sospechados de marxismo en todos los niveles de la administracin. Esta prctica sistemtica desat una feroz persecucin interna en la que se confundan
los espacios partidarios y gubernamentales y que termin socavando la estabilidad institucional
de muchas provincias. En ello se superpusieron mecanismos legales y recursos de emergencia
constitucionalmente admitidos y la violencia fsica directa.
A la vez, desde mediados de 1973, la crisis partidaria instalada en el seno del poder y la
reaccin gubernamental ante los altos niveles de movilizacin y radicalizacin poltica y social
dio lugar a un proceso de restriccin sistemtica y permanente de diversos derechos y garantas
constitucionales, presentado como una necesidad impuesta por la lucha contra el enemigo interno partidario y nacional y las amenazas al orden que representaba ese enemigo cada vez ms
difuso. En el mbito laboral, por ejemplo, una serie de medidas legislativas tendieron a achicar
51 Aqu slo podemos hacer referencias muy generales a un proceso muy complejo que hemos analizado en
detalle enM. Franco, Un enemigo.
52 Documento Reservado, La Opinin (2/10/1973) y Clarn (2/10/1973), respectivamente.
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los espacios y posibilidades polticas del sindicalismo ms combativo surgido hacia fines de los
sesenta; se centraliz y concentr el poder en los sindicatos nacionales peronistas y se recort
sustantivamente la democracia sindical y el derecho de huelga. Estas disposiciones permitieron
intervenir y suspender la personera gremial de numerosos sindicatos, se crearon marcos legales
para la detencin de lderes gremiales no peronistas y se limitaron considerablemente las huelgas
y conflictos fabriles as como se declararon prescindibles miles de empleados pblicos por razones
polticas y sindicales. En el mbito educativo se colocaron autoridades reconocidamente fascistas,
se impusieron leyes restrictivas de la actividad universitaria y de su vida poltica, se intervinieron
muchas casas de estudio y se clausuraron sus centros de estudiantes. En el mbito de la libertad
de expresin e informacin, se instal una creciente censura de medios (prensa, radio y televisin)
y la prohibicin de libros y materiales considerados subversivos. Varias de estas medidas y las
que vendran se sostuvieron legalmente en la Ley de Defensa de 1966 y reinstalaron leyes de ese
gobierno de facto que Cmpora haba derogado al asumir.53
Entre 1973 y 1975, la accin de bandas parapoliciales de derecha y otros comandos sindicales
y partidarios, incluso algunos ligados a las Fuerzas Armadas, acompaaron con acciones de violencia terrorista las polticas intrapartidarias y gubernamentales de depuracin del peronismo
o antimarxistas en general: por ejemplo, la accin represiva de estas bandas se ejerci contra
estudiantes y docentes en los mbitos universitarios ya afectados por leyes restrictivas, muchos
peridicos partidarios y comerciales fueron tocados por la censura y la presin gubernamental
mientras eran asesinados o amenazados los periodistas y atacadas las redacciones, fueron asesinados delegados sindicales y obreros de los sectores combativos afectados por las nuevas leyes
sindicales y algunos de los funcionarios destituidos por marxistas durante las intervenciones
federales fueron asesinados o desaparecidos antes de 1976.
53 Entre las ms destacadas en el mbito laboral tuvieron injerencia la Ley de Asociaciones Profesionales
(N20.615 del 29/11/1973), las leyes de prescindibilidad (N20.549 del 31/10/1973 y N20.713 del 8/8/1974)
y la Ley de Seguridad (setiembre de 1974); en el universitario, las leyes de prescindibilidad y la Ley Universitaria
(N20.654 del 14/3/1974). La creacin de figuras represivas en los marcos de la poltica de seguridad se dio con
la reforma del Cdigo Penal (N20.642 del 25/1/1974) y la Ley de Seguridad, entre otras.
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una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana,
lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa y empearnos
decididamente en la lucha a que d lugar.54
54 Presidente J.D. Pern ante el copamiento del cuartel militar de Azul por el Ejrcito Revolucionario del
Pueblo, citado en Clarn (21/1/1974).
55 Ley N20.840 del 28/9/74.
56 Decreto N1.368 del 6/11/1974. En los meses siguientes se restringi el derecho de opcin a salir del pas,
una de las pocas limitaciones al Poder Ejecutivo que la Constitucin considera bajo estado de sitio.
57 Decreto secreto N261 del 5/2/1974 y Decreto N2.772 del 6/10/1975.
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Reflexiones finales
La indagacin realizada aqu sobre los tres gobiernos democrticos de la etapa cvico-militar
de la segunda parte del siglo xx argentino arroja resultados interesantes pero no suficientes para
llevar a conclusiones definitivas. Es evidente que todos se caracterizaron por enfrentar complejas
situaciones de conflicto social y poltico que no siempre fueron resueltas de la misma manera,
pero que tendieron a enfrentarse a travs de medidas de emergencia y que una vez que esas medidas se impusieron tendieron a hacerse permanentes la prueba es que en los dos casos en que se
decret el estado de sitio en democracia la disposicin se mantuvo hasta el final de la gestin y se
transform en regla y forma de gobierno. Curiosamente, en el gobierno de Illia, el nico donde
se evitaron medidas de ese tipo, fue la oposicin poltica y los sectores dominantes quienes las reclamaron. As, estas variantes hablan de una concepcin del juego poltico en la cual las prcticas
arbitrarias de ejercicio del poder y de su concentracin fueron vistas como formas que legtimas
o no eran parte del horizonte de posibilidades para el mantenimiento del orden interno y la
resolucin de conflictos.
A pesar de los distintos estilos polticos, que sin duda explican algunas de las diferencias
halladas, un dato muestra una continuidad en espiral ascendente: la concepcin de un enemigo
interno que plantea una situacin blica no convencional. Transformadas en leyes o no, estas concepciones fueron recurrentes como marcos de comprensin del conflicto y a travs de los periodos
analizados tendieron a virar su diagnstico de mayor peligrosidad del peronismo al marxismo, a
la vez que se ampliaban y tendan a adquirir vaguedad extrema para aplicarse a las ms variadas
formas de la protesta social. Llegado el punto en que el enemigo interno se defina por su supuesta amenaza, no ya al orden institucional sino a la esencia misma de la nacin, el discurso sobre la
legitimidad de su erradicacin se hizo difcil de revertir. Como vimos, la representacin de esta
amenaza termin de hacer aceptable la identificacin entre defensa nacional y seguridad interna,
habilitando un mayor espacio de accin de las Fuerzas Armadas corporacin cuya lgica de funcionamiento se defina ya por un fuerte pretorianismo ascendente. Ese pretorianismo obedeca
a prcticas previas de intervencin en el juego poltico que se retroalimentaron con las lgicas de
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excepcin de los gobiernos civiles, pero no fue el causante exclusivo de las prcticas autoritarias
ni represivas, ni tampoco esa compleja relacin entre civiles y militares debe reducirse a la simple
idea de gobiernos democrticos maniatados. No obstante, esto tampoco significa que la distincin entre dictadura/democracia y civiles/militares sea ociosa para entender la implantacin de
lgicas represivas, sino que ese tipo de lgicas de control interior se explican por procesos ms
complejos y compartidos que la simple presencia militar en el poder.58
Sin duda, una lectura posible es analizar la evolucin de estas concepciones a la luz del cambio
en las doctrinas militares y su rpida penetracin en las polticas de seguridad de los gobiernos
democrticos y sus elencos polticos. En efecto, la semejanza entre las concepciones militares y
civiles del orden que hemos relevado plantea la pregunta fundamental sobre la circulacin de esas
representaciones del conflicto a lo largo de las dcadas recientes. Con certeza, el cambio en los
paradigmas militares es relevante, porque no puede ignorarse la importancia del poder militar
como actor poltico en el gobierno durante sucesivos perodos y porque las nuevas ideas militares
sobre la seguridad permitieron formalizaciones legales de peso; pero, probablemente, adems de
eso haya que pensar en una concepcin multiforme y progresivamente compartida por los actores
del poder sectores dominantes, actores polticos, civiles y militares por igual. En ese sentido,
efectivamente, tal vez estamos ante una forma nica, aunque discontinua y cambiante, de entender el conflicto, el orden interno y la seguridad.
Las lgicas represivas analizadas fueron discontinuas, incluso con momentos importantes pero breves de reversin. Sin embargo, en su tendencia general muestran un claro
proceso ascendente, con saltos importantes en 1966, una aceleracin entre 1973 y 1975 y un
salto cualitativo en 1976. Esto no significa ni debe ser ledo como un proceso que de manera
sobredeterminada y teleolgica se diriga al terrorismo de Estado. No es nuestra intencin hacer
una genealoga explicativa de la ltima dictadura militar, ms bien se trata de pensar las construcciones de lgicas autoritarias y prcticas represivas que con caractersticas especficas cortaron
transversalmente la historia institucional de largas dcadas de la historia argentina reciente.
Bibliografa
Agamben, Giorgio. Estado de excepcin. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2007.
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58 El objetivo de estas reflexiones no es explicar la presin militar ni los golpes de Estado, sino un proceso que
consideramos transversal a esos cortes y que debe ser visto como una variable entre varias para entender la
creciente autonoma militar. Por tanto, que los gobiernos civiles contribuyan a travs de polticas represivas
a la autonomizacin militar no significa que esas polticas sean la causa nica de esa autonoma ni que eso
sea el factor explicativo suficiente de la presin militar ni de los golpes de Estado.
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Estado peligroso
y Medidas Prontas de Seguridad:
Violencia estatal bajo democracia (1945-1968)
Leandro Kierszenbaum1
Resumen
Abstract
This paper attempts to identify conceptualizations and authoritarian legal practices that
were present during the different democratic
governments in Uruguay between 1945-1968.
The analysis will focus on one of the main conceptual and legal legacies of the Terrismo: the
idea of the dangerous state, its constitutional
and legal implications, and practical implementation. Conceptually and operationally
linked with the idea of dangerousness, Prompt
Security Measures constituted a tool for social
control with which democratic governments
repressed social and political mobilization. The
relationship between these tools is not chronological, since Prompt Security Measures
were present already in the first constitution of
the country, but the conceptual meanings and
its implementation are linked with each other.
In other words, the logic of the dangerous state was useful to understand and legitimize the
concrete implementation of the measures.
Doctor en Historia en el Instituto Sverdlin de Historia y Cultura de Amrica Latina en la Universidad de Tel
Aviv.
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Este trabajo intenta identificar elaboraciones tericas y prcticas legales autoritarias elaboradas durante la dictadura terrista que estuvieron presentes durante los diferentes gobiernos
democrticos. Ante la escalada represiva de los 60, las autoridades oficiales recurrieron a instrumentos argumentales y legitimadores que se fueron consolidando durante gran parte del siglo xx.
El artculo se limita a un perodo que podra llamarse de entre dictaduras, pero tal delimitacin
no puede ser absoluta si se tiene en cuenta los procesos histricos como tales, que incluyen perodos anteriores y posteriores y que son tambin discutidos en el trabajo. La lectura crtica de textos
escritos por funcionarios oficiales durante la dictadura cvico-militar permitir entrever las dinmicas y herramientas explicativas desarrolladas con anterioridad durante el perodo democrtico
y su concreta articulacin bajo el rgimen de facto. La imagen que frecuentemente surge de la
historiografa existente es la de un Uruguay pacfico, donde los problemas se resolvan mediante
el dilogo y los amplios consensos. Estas interpretaciones han resaltado los aspectos globales del
conflicto, considerando a Uruguay como un escenario ms de la Guerra Fra bajo el manto de la
importada Doctrina de la Seguridad Nacional.2
El presente anlisis propone una lectura que pone en relieve aspectos preexistentes en la
democracia uruguaya que permitieron la posterior adopcin de lneas operativas e ideolgicas
provenientes de dicha Doctrina. Si bien la misma estuvo presente en las diferentes dictaduras
de los aos sesenta y setenta, cada pas la adopt a su manera. En el marco del Cono Sur, en
Argentina se desapareci y asesin a miles de subversivos, en Chile se fusil y tortur a cientos
de militantes, mientras que en Uruguay el aparato represivo se caracteriz por el frreo control
social, las detenciones prolongadas y el vasto uso de la tortura.3 Vale decir, la doctrina fue traducida por los aparatos represivos de los Estados, pero cada uno siguiendo una especie de lenguaje
local. Este artculo intenta echar luz a ciertas particularidades de ese lenguaje, descifrar sus lgicas
y su puesta en prctica. No quiere decir esto que la represin durante la dictadura cvico-militar
haya tenido las mismas proporciones que la anterior, ni que la represin de los aos 40 y 50 haya
sido la misma que la de los 60 tempranos, ni los 60 tardos cuando ya estaba establecida la lucha
armada. Sin embargo considero que haba ciertos parmetros de usos y formas de legitimar la
violencia que se fueron cristalizando durante los distintos gobiernos democrticos.
El anlisis se focalizar en uno de los principales legados conceptuales y legales del terrismo:
la idea del Estado Peligroso, de sus implicancias legales, constitucionales y su puesta en prctica
concreta. Directamente vinculadas conceptual y operativamente a la lgica del Estado Peligroso,
aunque no por esto resultantes de la misma ni con una lgica de continuidad, las Medidas Prontas
de Seguridad constituyeron una herramienta de control social con la cual los distintos gobiernos democrticos reprimieron movilizaciones sociales y polticas. Es por ello que se analizarn
2
Una excepcin de esto seran los trabajos publicados recientemente por Mariana Iglesias, en los que analiza
la aplicacin de las Medidas Prontas de Seguridad durante la segunda mitad del siglo xx. Sus trabajos, sin
embargo, no analizan otras figuras y prcticas represivas que fueron aplicadas durante dicho perodo. Mariana
Iglesias, En procura del orden interno: sentidos y estrategias en torno a la sancin de medidas de excepcin
en el Uruguay de mediados del siglo xx, Nuevo Mundo Mundos Nuevos. Disponible en: http://nuevomundo.
revues.org/index56848.html; y El estado de excepcin en Uruguay y Argentina. Reflexiones tericas, histricas e historiogrficas, Revista de Historia Comparada 5-1, 91-115.
Luis Roniger y Mario Sznajder, The Legacy of Human-Rights Violations in the Southern Cone:Argentina, Chile
and Uruguay (Oxford:Oxford University Press,1999). Sobre el sistema represivo uruguayo ver: Carlos Demasi et al, La dictadura Cvico-Militar: Uruguay 1973-1985 (Montevideo: ebo, 2009) y Aldo Marchesi et al,
El presente de la dictadura: Estudios y reflexiones a 30 aos Del golpe de Estado en Uruguay (Montevideo: Trilce,
2003).
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tambin varias instancias en las que estas Medidas fueron aplicadas. La relacin entre estas dos
herramientas no es cronolgica, puesto que las Medidas Prontas de Seguridad estuvieron presentes ya en la primera Constitucin del pas, sino que los significados conceptuales y su puesta en
prctica se vincularon unos con otros. En otras palabras, la lgica del Estado Peligroso serva para
comprender y legitimar la puesta en prctica concreta de las Medidas. Documentos de Estado,
tanto ministeriales como informes parlamentarios, as como publicaciones producidas por diferentes sectores de la sociedad ideolgicos, periodsticos, legales permiten rastrear las formas en
que diversos sectores de la sociedad fueron cambiando sus expectativas y sus reacciones hacia la
violencia mediada por el Estado.
El Estado Peligroso
Segn la criminologa positivista, el objetivo del Derecho no es castigar o reprimir al infractor sino neutralizar teraputicamente su temibilidad para poder defender a la sociedad.4 Esto
implica la penalizacin de delitos consumados pero tambin la accin profilctica. De esta lgica
surge el concepto de estado peligroso, que define una situacin en la que todava no se cometi
un delito pero en la que existe la posibilidad de que se transforme en un evento delictivo temido.
En otras palabras, es posible penalizar o sancionar a quien la autoridad considere que representa
un peligro para la sociedad, sin culpabilidad y sin delito: toda sociedad tiene derecho a defenderse de los sujetos temibles, an antes de que delincan.5
Desde el punto de vista constitucional, dicha lgica resulta problemtica ya que el Artculo
12 determina que nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal,
lo que supone que la pena se origina en un delito, en un acto, pero no en un pensamiento, una
opinin o una tendencia que no llegan a tener una exteriorizacin.Para el jurista uruguayo Juan
B. Carballa la necesidad de la defensa social proyect en las leyes y cdigos de los pases democrticos frmulas que recuerdan las adoptadas por Estados totalitarios para asegurar su propia
continuidad. Consideraba que era lgico y oportuno el aprovechamiento de una experiencia
[totalitaria] ya que esta contribua a salvar un peligro en momentos en los que se luchaba para
sobrevivir.9
4
Nerio Rojas, Medicina Legal (Buenos Aires, Montevideo: Ateneo, [1936] 1976), 254.
8
9
Alejandro Rovira, El estado peligroso en la legislacin uruguaya; estudio de la Ley N10.071 de 22 de octubre de
1941 sobre vagancia, mendicidad y estados afines (Montevideo, 1960).
El estado peligroso, 59.
Felipe Gil y Justino Jimnez de Archaga, Sobre la Teora del Estado Peligroso (Montevideo: Pea Hnos.,
1932).
Juan B. Carballa, Delitos contra la patria (Montevideo: Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la Repblica, 1951), 45.
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El codificador uruguayo Irureta Goyena desestimaba las crticas, considerando que el estado
peligroso no pudo ser aplicado en el Cdigo Penal no por la supuesta violacin del principio
nullum crimen nulla poena sine previae lege penale sino por cuestiones financieras. Es decir, el
Estado no tena los medios para montar la infraestructura que implicara la aplicacin de dicha
lgica. Desde el punto de vista conceptual, crea que el principio no era violado porque supuestamente se trataba de una sancin y no de una pena. Siguiendo esta lgica se concibi la Ley
N10.071 de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, cuyo proyecto de ley fue iniciado en 1937
en pleno terrismo, sancionado en octubre de 1941 y sigue vigente hasta hoy. El propio Gabriel
Terra consider que la ley era necesaria para la defensa social y la correccin de aquellos individuos que por su mala conducta, antecedentes morales, gnero de vida, etc., se pueda inferir que
pueden violar la norma y perturbar la paz social.10
Al ser esencialmente flexibles, los conceptos de peligrosidad y temibilidad permitan consolidar el proceso de criminalizacin y, por ende, de represin a los sectores que por diversas
razones era necesario neutralizar. Bajo esta lgica se poda legitimar la detencin y fichaje de
homosexuales11 y la represin de supuestos infanto-juveniles,12 por un lado, y la detencin de
obreros o funcionarios pblicos movilizados por el otro. Esto qued registrado en los documentos
que enviaba el Jefe de Polica de Paysand durante la huelga remolachera de fines de 1957 y comienzos de 1958. Aquellos obreros que fueron detenidos arbitrariamente como lo denunciaban
socialistas y comunistas eran representados como vagos y linyeras por las autoridades. Resulta
sugerente que los linyeras que en una de las primeras pginas del mismo documento eran considerados vagos, aunque se tratara de autnticos trabajadores remolacheros, pocas pginas ms
adelante figuraran en una lista de obreros en huelga fichados segn la empresa en la que trabajaban. Creo que este hecho no revela un simple error del autor, sino la arbitrariedad y ambigedad
con la que se podan aplicar categoras que permitan acudir a la ley vigente.
Tanto la prensa como los informantes de la polica revelaban la existencia de un sistema por
el cual los obreros al ser detenidos eran fichados y luego, al ser liberados, obligados a portar un
documento que indicaba que ya haban pasado por dicho proceso.13 Esto dejaba en evidencia que
la flexibilidad discrecional que representaba el estado peligroso serva tambin para reprimir
movilizaciones sociales y as endurecer el control social.
11 A pesar de que la homosexualidad no estaba penada por la ley, segn Al Rojo Vivo, el Comisario Walter
rvalo declar que haban ms de 40.000 homosexuales que haban sido fichados por la Polica. Es decir
que se llevaba registro de personas que no haban cometido ningn delito. La llaga que sangra, Al Rojo Vivo
(21/6/1966).
12 Vania Markarian, Menores violentos: la adolescencia en Uruguay de los cincuenta, Brecha (13/2/1998).
13 Antecedentes informados por la Jefatura de Polica de Paysand, sobre su intervencin en la huelga parcial decretada por algunos obreros remolacheros adheridos al Sindicato nico de Obreros Rurales (sudor)
(30/1/1958). agn, Fondo Luis Batlle Berres, Caja 86.
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ordinarios. Al ser supuestamente preventivas no permiten imponer medidas punitivas y de carcter definitivo, compartiendo, por lo tanto, elementos de la lgica del estado peligroso. En una
analoga entre la legtima defensa interpersonal con la social, el estado peligroso en general y las
medidas prontas de seguridad en particular actuaran como herramientas jurdicas por las cuales
el Estado prevera una situacin en la cual la ley no garantiza su continuidad, permitindose
ejercer su autoridad por fuera de los medios ordinarios pero dentro del Estado de Derecho. Y
como en una disputa interpersonal, ante la argumentacin de la legtima defensa se debe aceptar el peligro en la medida que lo temi el agredido, aunque ste magnifique las cosas en forma
excesiva;15 el Estado se asegura el poder de apreciacin del peligro. En su trabajo sobre la legtima defensa, el jurista Camao Rosa exalt el elemento de la solidaridad, es decir, la defensa de
una persona hacia un tercero. Ese desconocido podra ser el Estado que, como persona jurdica,
es legtimamente defendible. En la prctica esto legitimara a quien prestara colaboracin con la
Justicia o defendiera la propiedad nacional.16 En otras palabras, al concebir al Estado como una
persona jurdica se lo transformara en un sujeto defendible amparado por la normativa de la legtima defensa. Esto lleva implcito ciertas contradicciones conceptuales, ya que a pesar de que el
Estado es quien debera retener el monopolio del uso de la violencia legtima, no slo deja espacio
para que los particulares hagan justicia por mano propia y establezcan normas de facto sino que
l mismo, previnindose, deja abiertas estas posibilidades. Ante un ataque inminente el Estado
poda acudir al principio de la legtima defensa de manera similar a las relaciones interpersonales
y as legitimar el uso de herramientas de facto, por fuera de las normas formales que habran
demostrado ser insuficientes para garantizar su seguridad.
14
Justino Jimnez de Archaga analiz las diferencias y similitudes entre las medidas prontas
de seguridad y otras figuras jurdicas tales como el estado de sitio, el estado de asamblea, la
suspensin general de garantas constitucionales, etc.17 Todas ellas tienen como cometido dar
respuesta a la necesidad de defender el orden institucional, la integridad del territorio y la soberana del Estado. Sin ingresar en las diferencias procedimentales especficas, las medidas prontas
de seguridad, en teora, garantizan ms que las otras figuras el respeto por los derechos fundamentales; por ejemplo, en el caso del estado de sitio, dice el jurista, se crea un status especial,
una situacin jurdica general, mientras que las medidas prontas de seguridad son decisiones de
alcance particular y no afectan las garantas de los derechos humanos.18 La suspensin general de garantas acta como una temporal anulacin de todos los medios jurdicos destinados a
proteger los derechos de la personalidad, fuera de las limitaciones que el Estado se haya impuesto
basndose en las normas de derecho interno o internacional. Es por ello que, a diferencia de las
medidas prontas de seguridad, la adopcin de dicha medida est reservada, por lo general, exclusivamente al Poder Legislativo.
15 Segn E.C.R.-Homicidio (La Justicia Uruguaya, Sentencia 2.380), a los efectos de la legitimidad de la
defensa hay que aceptar el peligro en la medida que lo temi el agredido, aunque ste magnifique las cosas en
forma excesiva.
16 Antoo Camao Rosa (1958), 26.
17 J. Jimnez de Archaga, Recurso de Habeas Corpus y Medidas Prontas de Seguridad, La Justicia Uruguaya
71, 127-134.
18 Recurso de Habeas Corpus, 128
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19 En dicho mes, el mln mat a varios integrantes de lo que se dio a conocer como el Escuadrn de la Muerte.
Por otra parte, varios operativos de las fuerzas de seguridad culminaron con la muerte de varios militantes tupamaros. Adems, el 17 de abril fueron abatidos ocho militantes comunistas y herido de muerte un oficial del
Ejrcito en un violento acto de represin. Virginia Martnez, Los fusilados de abril: Quin mat a los comunistas
de la 20? (Montevideo: Ediciones del Caballo Perdido, 2002). Sobre la legitimidad y constitucionalidad de la
Ley de Seguridad, ver la recopilacin de artculos escritos por el Dr. Carlos Martnez Moreno y publicados
en su momento (1972) en el semanario Marcha: Carlos Martnez Moreno, Los das que vivimos: Homenaje
de la Cmara de Senadores (Montevideo, 1994). Particularmente, Ley de Seguridad o matanza legalizada?
(1994), 85 y El Rgimen se va a la guerra (1994), 93.
20 Luis Vargas Garmendia, Estudio sobre derechos individuales, en Fernando Bayardo Bengoa, Los derechos del
hombre y la defensa de la nacin (Montevideo: Ediciones Jurdicas, 1977), 58.
21 Clara Aldrighi, La injerencia de Estados Unidos en el proceso hacia el golpe de Estado. Informes de la
misin de Seguridad Pblica y la Embajada en Uruguay (1968-1973), en A. Marchesi et al, El presente de la
dictadura, 2005.
22 L. Vargas Garmendia, Estudio sobre derechos individuales (1977), 58.
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fundamento ya que no eran sustancialmente diferentes a aquellas presentes en los lugares desde
donde se propagaban dichas crticas.
Aparte de las fuentes extranjeras, basaba sus argumentos en la normativa jurdica uruguaya
vigente durante los distintos gobiernos constitucionales anteriores al golpe, que a su vez, sin
decirlo de forma expresa, se inspiraba en ciertos aspectos en la doctrina positivista italiana. El
trabajo reproduca el proyecto de ley Sobre estado peligroso para la seguridad de la Nacin que,
basndose en los argumentos de Irureta Goyena expuestos en el proyecto de la Ley N10.071,
daba un paso ms pretendiendo definir explcitamente a los estados peligrosos que ya no eran
afines sino decididamente ideolgicos.Resuma:
Si la Nacin como bien jurdico penalmente preservado es un pueblo portador de una historicidad existencial, puede y debe prevenirse esta objetividad jurdica, frente a la posibilidad de
futuros delitos destinados a desgarrarla en su integridad soberana e independiente, y por ello en la
continuidad de su propia Historia.24
Quedaba claro que su intencin era demostrar la continuidad jurdica entre la democracia
liberal y el gobierno de facto. Desde su punto de vista la normativa adoptada por la dictadura
no significaba ms que la puesta en prctica de preceptos presentes en la reglamentacin de una
democracia atacada.
Las elaboraciones conceptuales manejadas por Bayardo Bengoa y Vargas Garmendia revelan la continuidad de ciertos lineamientos anteriores al perodo abiertamente autoritario. Las
herramientas argumentales que estos funcionarios usaban no provenan de un vaco ni fueron
enteramente importadas, sino que se fundamentaban tambin en la doctrina y prcticas legales
nacionales, desarrolladas durante el terrismo y cristalizadas durante los aos de la supuesta democracia perfecta.
En sntesis, la defensa de la sociedad deba ser ejercida por el Estado a travs de medidas profilcticas y teraputicas. El cuerpo social estaba constantemente atacado y en peligro, amenazado
por agentes nocivos. En caso que dichas amenazas se concretasen o incluso creasen la sensacin
de concretarse, el Estado contraatacara legtimamente por intermedio de medidas represivas. En
la prctica, esta diferenciacin se desdibujaba, sin dejar en claro qu medidas eran preventivas
y cules represivas pero, en ambos casos, eran concebidas como parte de la legtima defensa. A
travs del anlisis de diferentes episodios y los debates producidos a raz de ellos, intentar comprender el significado de esas medidas y cmo se instauraban en los cuerpos de los implicados.
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situacin en trminos de agresor y agredido. Definiendo el carcter pblico del servicio, el riesgo
de conmocin pblica y el peligro que implicaba el desconocimiento de la autoridad, el Estado
haca de la disputa un acto de defensa de toda la sociedad.25
A veinte das de haber asumido el nuevo gobierno colegiado en marzo de 1952, se decretaron Medidas Prontas de Seguridad a raz del conflicto de la salud pblica que par a mdicos y
funcionarios. La proximidad de los eventos insinuaba una relacin entre ellos: el nuevo gobierno,
que estrenaba una nueva forma de gobierno (el colegiado), pretenda dejar en claro quin era
el que gobernaba y as evitar que se generara una imagen de debilidad frente a la movilizacin
social. Desde las filas del gobierno se argumentaba que el apoyo a la huelga significaba aprobar la
subversin, lo que a su vez implicaba darle carta blanca a impulsos o movimientos dispuestos a
sobrepasar las fronteras de la legalidad y del orden constituido, y entrando en ese terreno, nadie
sabe hasta dnde podemos llegar.28 Es por esto que el Consejero Martnez Trueba advirti la
ejecucin de una poltica de indeclinable energa.29 Tambin criticaba la ilegitimidad de las medidas, sealando la inexistencia de un autntico estado de conmocin interior y la existencia, en
cambio, de una situacin que poda solucionarse con el uso de medios ordinarios, existentes, a su
juicio, slo en un gobierno presidencialista y menos deliberativo. Si bien no se denunciaron malos
tratos o detenciones masivas, El Sol advirti, casi profticamente, lo arriesgado que era involucrar
a la institucin armada en la solucin de problemas de la vida civil. Deca que la injerencia de las
ffaa constituira una grieta en el edificio de las institucin y podra llegar hasta el corazn de
nuestro ordenamiento institucional los riesgos de un militarismo creciente.30 El sector colorado
antibatllista encontr una oportunidad ideal para criticar la ineficiencia del colegiado, no por la
ilegitimidad del recurso sino por el apresuramiento y la incapacidad de resolver los conflictos
mediante el sentido comn.
dscr
29 Anunci una poltica de indeclinable energa el Sr. Martnez Trueba, El Diario (24/3/1952).
30 El empleo del Ejrcito, El Sol (1/4/1952).
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Ejecutivo aplic nuevamente las Medidas Prontas de Seguridad, esta vez por el conflicto del
transporte y la posterior unin de los gremios solidarios. La consumacin de huelgas y paros
demostraba, segn El Da, la subversin en que ha cado la tica funcional y el avance de las
siembras disolventes que hacen posible que un comit intente sustituir las legtimas autoridades
del pas.32 La actitud del nuevo gobierno deba demostrar firmeza, diferencindose de los anteriores que haban tolerado [] movimientos que, bajo una falsa mscara gremial, subvertan el
orden pblico y tendan a desorganizar e incluso paralizar, el desarrollo normal de la vida de la
Nacin.33Paralelamente, entre los das 6 y 9 de setiembre, las ffaa fueron programando el empleo del Ejrcito para el caso de que se concret[as]en los paros anunciados.34 Es decir, durante
las dos semanas previas a las medidas no parece haberse manejado la posibilidad de recurrir a
medidas negociadas para solucionar el conflicto. Ms all de las reivindicaciones salariales, lo que
estaba en pugna nuevamente era el derecho a huelga de los funcionarios pblicos. Los sectores
vinculados al gobierno acudan nuevamente al Art. 165 del Cdigo Penal y en el lado opuesto,
desde el socialismo, argan la inconstitucionalidad de la ley y su origen totalitario.35 Al igual que
las medidas de marzo, lo que se pretenda era proyectar una imagen de fortaleza del nuevo sistema
de gobierno y que ste no confundira generosidad y tolerancia con debilidad. Esto se traducira,
a la postre, en censura, clausura de varios sindicatos, detenciones arbitrarias, violacin del derecho
de Habeas Corpus, la aplicacin de la Ley de Indeseables y la movilizacin de miles de soldados
del interior hacia la capital. Contrariamente a lo dispuesto por la Constitucin, no se dio cuenta
al Poder Legislativo sobre las detenciones y las condiciones en las que se llevaron a cabo y, como
lo denunciaba Marcha, la situacin de emergencia tambin era una oportunidad para castigar a
obreros que participaron de la huelga de ancap de 1951.36
Por las proporciones de la operacin militar pareca que el colegiado se enfrentaba a una revolucin subversiva total e inminente. Segn el informe del Ministerio de Defensa a la Asamblea
General en marzo de 1953, el da posterior al decreto de las medidas se iniciaron gestiones para
la adquisicin de treinta jeeps y la absorcin total de los medios de transporte pertenecientes a
los ministerios de Obras Pblicas y de Ganadera y Agricultura. Adems, se plante la requisa
de armas de todos los negocios del ramo y de los talleres de reparacin, y se dispuso el establecimiento de un servicio de seguridad y vigilancia en la Estacin Transmisora de la Radio Oficial
que realizara un estudio y propaganda para la Inspeccin General del Ejrcito sobre los servicios
de seguridad y vigilancia a establecer en las Difusoras de la Capital.37 Segn el mismo informe, el
14 de setiembre se estableci la elevacin de diez hombres del servicio de Seguridad y Vigilancia
del siem, la inteligencia militar, para realizar servicios de seguridad y vigilancia de los entes en
huelga, adems de su intervencin para asegurar la continuidad de los servicios. Tambin se le
encomend al Ejrcito el patrullaje de la ciudad en conjunto con la Polica.
Un obrero de la carne relat para Marcha el proceso de su detencin en el marco de las
Medidas Prontas de Seguridad, su internacin y posterior liberacin. El obrero no denunci el
32 La subversin imperante, El Da (3/9/1952).
33 El orden social, El Da (6/9/1952).
35 Deca: Actualmente no existe una disposicin similar ms que en Rusia, Espaa y Portugal, en 165, El Sol
(16/9/1952).
36 20 das de Medidas Prontas, Marcha (3/10/1952).
37 Informe del Ministerio de Defensa, 198.
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uso de la violencia fsica pero, segn el semanario, el hecho no dej de constituir un ensayo, en
pequeo, de un Estado policial, con los poderes desplazados desde el Consejo de Gobierno al
Ministerio del Interior y de la rbita judicial a la policial.38 Para el semanario, la negacin del
ejercicio del habeas corpus representaba un sntoma fundamental de subrogacin a la Justicia
por la Polica. Este ensayo analizado por Marcha en 1952 fue definido por lvaro Rico como
policializacin del Estado de Derecho, pero adjudicndolo al perodo de fines de los aos 60 y
comienzos de los 70.39 De esta investigacin se desprende, sin embargo, que la experiencia autoritaria no surgi de un vaco sino que las propias estructuras gubernamentales y legales contenan
elementos en los cuales durante la segunda mitad de la dcada de 1960 los presidentes Gestido,
Pacheco Areco y Bordaberry pudieron inspirarse o basarse.
A poco tiempo de haber asumido el nuevo gobierno herrero-ruralista, en abril de 1959, el
Poder Ejecutivo decret Medidas Prontas de Seguridad a raz de las trgicas inundaciones que
sufri el noroeste del pas, cedindole a las ffaa el control de la situacin. Si bien las medidas
no tuvieron un objetivo represivo, la intervencin del Ejrcito y la autonoma que se le concedi
revelan la creciente intervencin de la institucin armada en la solucin de problemas de la vida
civil. Esto tambin foment el surgimiento de una imagen del Ejrcito de institucin eficiente y
desinteresada que poda solucionar los diferentes problemas del pas. Quien deba determinar si el
orden haba sido perturbado era, segn el informe del Ministerio del Interior, el propio gobierno
a travs de de sus poderes discrecionales. El Poder Ejecutivo, por lo tanto, se crea con posesin
del poder de decidir cul era el inters y la voluntad gremial mayoritaria y legtima, adems de
determinar cundo las movilizaciones sindicales ponan en riesgo la paz social. De lo expuesto en
el informe, el Poder Ejecutivo tena el poder tambin de determinar el autntico ser nacional ya
que consideraba que hombres de nuestra tierra no podan ser capaces de subvertir en tal forma
la democracia y erigirse en Gobierno desalojando y desplazando a los titulares legtimos de la
soberana nacional.40
39 lvaro Rico, Del Estado de Derecho al Estado Polica: Uruguay 1967-1973, en Carlos Demasi et al,
Estado de Derecho y Estado de Excepcin: Alemania y Uruguay: las dcadas violentas (Montevideo: Trilce-Goethe
Institut-Facultad de Derecho, 1999), 63.
40 Benjamn Nahum et al, Crisis poltica y recuperacin econmica 1930-1958 7 (Montevideo: ebo), 19.
41 La interpelacin fue iniciada por los diputados Manuel Flores Mora, Zelmar Michelini, Luis Hierro
Gambardella y Astul Benavides, del ala liberal del Partido Colorado. dscr (13/11/1961).
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de que se trataba de una escalada considerable que continu durante todo el ao 1962, consentida
y/o fomentada desde el gobierno. En su intervencin, el diputado blanco Alberto Heber Usher
no hizo demasiados esfuerzos en desmentir los hechos y se limit, por un lado, a sealar que no
se trataba de una poltica represiva programada y, por otro, a acusar a los gobiernos colorados que
cometieron ms pecados y ms graves que el nuestro, muchas ms persecuciones, muchos ms
castigos corporales.42 Como se ha visto hasta ahora, la violencia sindical, poltica, social y estatal
no fue privativa a ningn gobierno pero durante el gobierno blanco se produjo efectivamente un
importante salto en su intensidad.
El gobierno blanco volvi a recurrir a las Medidas Prontas de Seguridad hacia finales de su
primer gobierno, las cuales fueron retiradas en los primeros das del segundo. Nuevamente moviliz unidades militares y policiales para combatir el estado de subversin que representaba la
huelga de funcionarios de ute.44 Segn el ex comisario Alejandro Otero, por iniciativa directa de
Jefe de Polica Mario Aguerrondo el servicio de Inteligencia y Enlace durante ese perodo se ocup especialmente del mejoramiento y actualizacin de los archivos de gremialistas. Consideraba
que su participacin en algunos conflictos como los de ute y Correo, a comienzos de los 60,
fue fundamental, no slo como experiencia sino porque pudo dejar instalado un oficial que
chequeaba la correspondencia que llegaba de los pases comunistas, pudiendo registrar nombres
y direcciones.45
42
dscr
(13/11/1961), 141.
43 La estudiante de enfermera Dora Isabel Lpez, quien estaba en las inmediaciones del local, fue alcanzada
por una bala que la hiri de muerte. A pesar de la cantidad de caeros detenidos, las denuncias de torturas,
las pericias que no pudieron probar que hayan sido los caeros los responsables de la muerte, la prensa grande
sigui acusndolos.
44 Durante las Medidas Prontas de Seguridad de fines de 1963 hasta principios de 1964 fueron detenidos 400
dirigentes y funcionarios del Ente.
45 Juan Pedro Ciganda, Universindo Rodrguez y Silvia Visconti, Los archivos de Inteligencia y la historia
uruguaya, Revista de la Biblioteca Nacional 3 (2009), 15-48.
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El decreto de Medidas Prontas de Seguridad del 7 de octubre de 1965 revelaba el uso recurrente que se le estaba dando a esta herramienta para detener las numerosas movilizaciones
sindicales. El oficialismo volva a argumentar a favor del decreto de las medidas en el estado
de subversin inminente provocado por el comunismo internacional y los conflictos sindicales,
mientras que la oposicin desde el quincismo hasta el comunismo lo vea como una pretendida
demostracin de autoridad y slo hizo una demostracin de su debilidad.46 Segn el diputado
comunista Rodney Arismendi, dicha demostracin de autoridad tena como objetivo proyectarle
al gobierno de eeuu la imagen de estabilidad laboral que garantizase la consumacin de transacciones planeadas con el fmi.47
La noche en que se decretaron las medidas haba miles de efectivos policiales y militares
acuartelados, que salieron al da siguiente a patrullar las calles y a vigilar los locales de los organismos estatales. Inmediatamente comenzaron a detener a cientos de funcionarios y dirigentes
gremiales, quienes fueron transportados a la Jefatura de Montevideo e interrogados por agentes
de Inteligencia y Enlace.48 Se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el
Cerro, pedreas y lanzamientos de ccteles molotov a taxis que circulaban a pesar de la huelga,
redadas de la Direccin de Investigaciones y en un caso un polica hiri de bala fueron tres disparos intimidatorios a una persona que intent cerrar un comercio. Adems, las ediciones de
El Popular y poca fueron censuradas y confiscadas. De todos modos, lo ms trascendente del perodo en el que rigieron las medidas fueron las nuevas denuncias por torturas en varios puntos del
pas. Julio Castro denunciaba el caso del militante maosta Julio Arizaga que, junto a los sumarios
iniciados en 1961, demostraban que se viva nuevamente bajo el reino de los torturadores como
haba sido durante la dictadura terrista. Los torturadores que, seguramente eran muchos de
ellos, los mismos que entonces, no se limitaban al anormal que golpea con sus puos sino que
incluan tambin a aquel jerarca de mano enguantada y de voz melosa, que la ordena, la autoriza
o la tolera.49
El 7 diciembre del mismo ao se volvieron a imponer las medidas, implantndose un recurso para
mantenerlas de facto sin la aprobacin del Poder Legislativo. Lo que ocurra era que los legisladores
oficialistas no concurran a sala, lo que imposibilitaba la toma de decisiones efectivas que pudieran
levantar las medidas. Esta estrategia se mantuvo hasta el 15 de diciembre, cuando comenz el receso
anual de la Asamblea General. La Comisin Permanente se pudo reunir el 18 y dej sin efecto las
medidas, pero el Poder Ejecutivo no acat la decisin hasta el 23 del mismo mes.50
En octubre del ao siguiente, Al Rojo Vivo informaba sobre la represin de las Fuerzas de
Seguridad a la movilizacin de los funcionarios del Frigorfico Nacional que pretendan bloquear
el puente sobre el arroyo Pantanoso. Segn la revista, la represin fue lamentablemente dura
y excesiva, lo que desencaden una guerra de agua, gas, cachiporras, bayonetas caladas, gente
46 Julio Mara Sanguinetti, El peligroso camino de restringir las libertades, Accin (17/10/1965).
47 dscr 573(3/11/1965), 291. El 8 de octubre de 1965 El Diario informaba que Uruguay recibira 50 millones
de dlares del fmi, luego de haber informado una semana antes que 56 toneladas de oro en lingotes fueron
enviadas a la Reserva Federal de los Estados Unidos como garanta de los futuros prstamos. Parte ms oro,
El Diario (1/10/1965) y Uruguay recibir 50 millones de dlares del fmi, El Diario (8/10/1965).
48 Siguen deteniendo a dirigentes gremiales, El Diario (14/10/1965).
49 Julio Castro, Foco de la gangrena: la tortura tambin es una tcnica, Marcha (5/11/1965).
50 Miguel ngel Semino, El control de las Medidas Prontas de Seguridad, Revista de Derecho Pblico 1 (1972),
43.
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esposada y vejada en postes. Hacia finales de 1966 se produjeron las primeras vctimas en
enfrentamientos entre la polica y militantes tupamaros. El 22 de diciembre fue muerto Carlos
Flores en un tiroteo con la polica en plena va pblica, lo que implic la detencin de varios
miembros de la organizacin luego de que la polica atara cabos a travs de la identidad del fallecido, anteriores detenciones que fueron vinculadas y confesiones varias. El 27 del mismo mes
murieron, en un enfrentamiento en una chacra de la organizacin, el militante Mario Robaina
y el Comisario de Radiopatrulla Antonio Silveira Regalado. Ms all de esta ltima muerte, los
allanamientos, muertes de los militantes, detenciones y torturas constituyeron un duro golpe
que la represin le dio a la incipiente organizacin, obligndola a reorganizarse completamente. Adems, en 1966 se realizaron los comicios electorales, votndose tambin la reforma de la
Constitucin. La poblacin se decidi por la propuesta que daba mayor poder al Poder Ejecutivo.
Jos Mara Bordaberry recuerda con satisfaccin: El porcentaje que obtuvo la papeleta naranja
fue abrumador. La gente la peda. Haba que terminar con el desastre; y entiende que los uruguayos votaron por un rgimen autoritario en el buen sentido, no en el falso sentido que se le da
hoy. Es decir se decidieron por el presidencialismo y por el orden.52 Atrs quedaba el colegiado,
un sistema que en sus ltimos aos enfrent sus carencias a travs de medidas de fuerza.
51
En dichas elecciones presidenciales simultneas fue elegido el Gral. (R) scar D. Gestido del
Partido Colorado. Tras haber dirigido pluna (Primera Lnea Uruguaya de Navegacin Area) y
afe (Administracin de Ferrocarriles del Estado), Gestido era considerado un lder honesto y
eficiente. En el corto perodo de su gobierno, antes de su fallecimiento, Gestido lleg a aplicar
ciertas medidas que dejaban entrever una tendencia que se iba haciendo cada vez ms autoritaria.
En agosto, el gobierno prohibi la reunin del Congreso Permanente de Unidad Sindical de
Trabajadores de Amrica Latina apoyado por la recientemente formada Convencin Nacional
de Trabajadores; en el mismo mes se ocup militarmente el puerto; en octubre se decretaron
Medidas Prontas de Seguridad acompaadas de la renovacin de polticas fondomonetaristas,
detenciones a obreros y censura de la prensa; en noviembre, tras el conflicto de la banca, se
proces con prisin a nueve dirigentes gremiales y cuatro funcionarios.53 La retrica suba de
temperatura; a comienzos de octubre adverta desafiante un artculo en la publicacin de aebu
(Asociacin de Empleados Bancarios del Uruguay): Cuando un gobierno se dispone a solucionar sus problemas o por lo menos intentar solucionarlos a expensas de las clases populares,
debe preparar a sus fuerzas de represin.54 Gestido deca el 23 de octubre para justificar sus
medidas: La grave conmocin provocada por los conflictos gremiales [] me forzaron a plantear la necesidad de adoptar rpidas medidas de seguridad en defensa del orden pblico [] La
continuacin de este estado de cosas slo hubiera llevado por el peligroso camino de nuestra
destruccin poltica y social.55
Vale la pena detenerse en el proceso que fue propuesto por el primer gobierno blanco sin xito de reglamentar el derecho a huelga, pero que fue implementado de hecho para los dirigentes
gremiales bajo el gobierno de Gestido. El fiscal actuante, el jurista Camao Rosa, acudi a dos
52 Citado en Miguel ngel Campodnico, Antes del Silencio Bordaberry: Memorias de un presidente uruguayo
(Montevideo: Linardi y Risso, 2003), 52.
53 En crisis el derecho de huelga?, Al Rojo Vivo (14/11/1965).
54 La violencia necesaria, aebu (5/10/1967).
55 Hugo Cores, El 68 Uruguayo: los antecedentes, los hechos, los debates (Montevideo: ebo, 1997), 113.
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figuras legales presentes en el Cdigo Penal que le permitan criminalizar la actividad gremial.
Primero, considerar la huelga como un atentado agravado y, segundo, coautora del delito de
omisin contumacia de los deberes del cargo. Ya no se trataba de una redada masiva donde se
detena, fichaba e interrogaba a cientos de trabajadores (medida arbitraria de por s) sino que se
trataba del procesamiento con prisin de dirigentes gremiales.
Adems de la represin contra el movimiento obrero, la persecucin a los movimientos guerrilleros se mantena y con ella la tortura. El 14 de noviembre fue detenido Gustavo
Inzaurralde (uno de los posteriores desaparecidos por el Plan Cndor en Paraguay) portando
un portafolio con armas, junto a Yamand Gonzlez, Lilin Celiberti (secuestrada en Brasil
por el mismo Plan en 1978, presa hasta el final de la dictadura) y Elena Quinteros (desaparecida tambin durante la dictadura), todos militantes de la Asociacin de Estudiantes de
Magisterio de Montevideo. El interrogatorio revela que el Comisario Otero quien firmaba los
interrogatorios pretenda atar cabos ideolgicos y operativos para la represin de movimientos que podan estar vinculados al mln.56
Tras la muerte del presidente Gestido y la posterior llegada de Pacheco al poder, la tendencia
de represin al movimiento obrero, conjuntamente con la persecucin a posibles guerrilleros, se
agudiz y ampli hacia otros frentes. El 12 de diciembre de 1967, pocos das despus de su asuncin, Pacheco clausur por decreto el diario poca y el semanario El Sol. Adems, se le retir la
personera jurdica al Partido Socialista, al Movimiento Revolucionario Oriental, a la Federacin
Anarquista Uruguaya, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y al Movimiento de Accin
Popular Uruguayo. En otras palabras, se ilegaliz a gran parte de la izquierda no alineada con el
pcu, que no llamaba a la inmediata lucha armada y a la ruptura abierta de la legalidad democrtica, al mismo tiempo que condenaba formalmente las medidas del gobierno.57 Las medidas fueron
bienvenidas por los sectores ms conservadores de ambos partidos.
57 Gerardo Leibner, Camaradas y Compaeros: Una historia poltica y social de los comunistas del Uruguay
(Montevideo: Trilce, 2011).
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en manos a las ffaa el combate a la subversin, sino la colaboracin entre el poder poltico (a
travs del Poder Ejecutivo) y todos sus agentes represivos. Adems, se anulaban ciertas garantas
legales como el derecho de Habeas Corpus que podan entorpecer el combate. Como ya se ha
visto, en plena democracia representativa cuando el Estado durante los diferentes gobiernos lo
crey necesario, no vacil en recurrir a estos dispositivos para asegurar su propia continuidad.
61 Protagonistas del triste suceso. Dos jvenes de familia modesta enfrentados por el destino, El Pas
(17/8/1968) y Trgico episodio que culmin con la muerte de un obrero, El Pas (24/12/1946).
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estudiantes, el polica no quera matar a nadie cuando dispar desde el suelo. En ambos casos
haba que lamentar las muertes, pero era necesario aclarar que en 1946 el obrero era un huelguista
ugetista y que Lber Arce era un estudiante comunista, a diferencia de sus verdugos, quienes eran,
el primero un hombre de bien y el segundo un polica estudiante. Es evidente que la intencin
de El Pas era explicar la violencia y la represin desde la quita de responsabilidad a los verdugos,
quienes haban tenido que enfrentar con su cuerpo las amenazas que ponan en peligro el orden
establecido.
A los pocos das, El Popular revelaba que el polica que le dispar a Lber Arce confes haber
utilizado dos armas de fuego, una de ellas fuera de los reglamentos y que haba sido trada de
Argentina (tan sencillo era pasar armas de un lado a otro del ro? Por lo menos no era necesario
ni cuestionarlo), donde haba realizado un curso de perfeccionamiento. Segn el peridico comunista, testigos haban declarado que los policas haban sacado sus armas para provocar a los
estudiantes y luego comenzado a efectuar numerosos disparos. El Juez determin que no se trat
de un caso de legtima defensa y que el polica deba ser procesado directamente por homicidio.
Hctor Lescano, actual ministro de Turismo y en ese entonces joven estudiante de Veterinaria,
le inform al periodista Csar Di Candia que dicho oficial estuvo muy poco tiempo detenido.62
Eran estos fallos de la Justicia los que distintos sectores sociales y polticos crean que entorpecan
la efectividad de la labor de los encargados de la lucha contra los grandes criminales: las movilizaciones sociales y la subversin.
Algo ms de un mes despus, en otra manifestacin estudiantil fueron abatidos dos estudiantes:
Hugo de los Santos y Susana Pintos. El 20 de setiembre, segn la polica, los efectivos apostados
en las inmediaciones de la Universidad fueron apedreados y agredidos con numerosos disparos
efectuados con armas de fuego y hondas con las que se arrojaban bulones.63 Contradictoriamente,
la polica informaba que un polica haba sido alcanzado por una bala, mientras que El Popular
sealaba que la prueba de que los estudiantes no haban disparado con armas era que no hubo
ningn herido.64 Esta contradiccin revelara el intento de ambos bandos por explicar que su
accionar cumpla los cdigos por los cuales se deban mantener la paridad y proporcionalidad
de los medios con que se realizaban las disputas y que no fueron los responsables de la escalada.
Sin poder determinar en base a estas fuentes si los estudiantes estaban armados o no, lo cierto es que dos estudiantes ms fueron alcanzados por perdigones provenientes de armas nuevas,
recientemente recibidas de los Estados Unidos. Segn el estudio de Aldrighi basado en documentos desclasificados de la cia, en agosto de 1968 llegaron cincuenta escopetas antimotines.
Este dato confirma lo que denunciaba El Popular: que las armas que se haban utilizado eran
desconocidas para el pas. Adems, la historiadora revela que la orden de disparar fue impartida
por el Coronel Alfredo Rivero, quien haba sido instruido en los Estados Unidos.65
Como en los casos anteriores, desde El Pas se haca hincapi en el origen ideolgico de las
vctimas, ambos militantes de la ujc, para mostrar que se trataba de agitadores profesionales y no
de estudiantes inocentes. Por su parte, desde el pcu hacan el mismo hincapi pero para demostrar
62 Csar Di Candia, Memoria: el camino de la violencia uruguaya (1940-1973) 4 (Montevideo: El Pas, 2006), 25.
Lamentablemente no he encontrado fuentes adicionales a esta.
63 El Cerro y la Universidad fueron los escenarios de refriegas sin precedentes, El Pas (22/9/1968).
64 Serios incidentes se registraron el viernes en la zona de la Universidad, El Popular (22/9/1968).
65 Clara Aldrighi, El programa de asistencia policial de la aid en Uruguay (1965-1974), Estudios IberoAmericanos 34-1 (2008), 181-204.
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cmo sus militantes no se intimidaban ante la violencia oficial. En definitiva, ninguno de los dos
negaba la legitimidad del uso de la violencia, para protestar uno y para reprimir el otro.
Ante estos casos de violencia en que los heridos y los muertos se iban sumando, ciertos sectores
de la oposicin intentaron ponerle freno a la peligrosa escalada. Pocos das despus de la muerte
de Susana Pintos y Hugo de los Santos, el ala liberal y moderada del Partido Colorado encabezada por Zelmar Michelini promovi una interpelacin del Senado al ministro del Interior. A pesar
de las duras acusaciones que se le hacan al ministro, el Senado no pudo conseguir su censura ya
que los parlamentarios hicieron uso de un mtodo ya conocido y que se reiterara durante todo
el perodo en que rigieron las medidas de seguridad: se retiraban de sala para dejar a la cmara
sin qurum para sesionar y as conseguan la interrupcin de los debates. Era un mtodo por el
cual los sectores que acompaaban la poltica represiva y autoritaria de Pacheco neutralizaban
activamente las intervenciones de la oposicin. Es decir, el Presidente no actuaba a espaldas del
parlamento, sino que contaba con su complicidad institucional al evitar ste el debate abierto de
ideas y polticas.
Conclusiones
En este estudio propuse un abordaje que pone en relieve la existencia de ciertos patrones de
usos y percepciones del Estado que permitieron la posterior adopcin de una ideologa represiva
emanada de la hemisfrica Doctrina de Seguridad Nacional al final de la dcada de 1960. Esta
lectura no supone que durante los aos 1940 y 1950 la sociedad uruguaya fuera tan violenta como
lo fue entre finales de la dcada de 1960 y mediados de la dcada de 1980; las diferencias de magnitud e intensidad son evidentes. Sin embargo, tampoco se puede considerar la erupcin de un
sistema represivo como una sorpresa o un simple producto de los procesos externos que operaron
sobre el pas, como algo supuestamente ajeno a las tradiciones uruguayas.
La presencia de los legados terristas durante perodos democrticos liberales se haca evidente
a travs de la legislacin y en las prcticas represivas del Estado. El concepto estado peligroso
representa una elaboracin terico-jurdica que permiti articular el espacio de apreciacin subjetiva que abre el argumento de la legtima defensa, permitiendo legitimar medidas represivas
arbitrarias.
Los modos de concebir las amenazas a la sociedad se superponan por momentos; conceptos
como enfermedades sociales, patologas que subvertan la continuidad de la familia, la autoridad
y la propia continuidad del Estado de Derecho, demarcaban las percepciones de lo peligroso.
En ese marco se poda reprimir tanto a las amenazas sociales, tcomo la vagancia, como a los
huelguistas movilizados.
ntimamente conectadas a esta dinmica, ante situaciones que eran percibidas como de
urgencia, las Medidas Prontas de Seguridad adoptadas durante todo el perodo estudiado estrechaban el control social y reducan a un mnimo las garantas individuales. Adoptando la idea de
la agresin ilegtima e inminente al cuerpo social en momentos de tensiones socioeconmicas
y/o polticas, los diferentes gobiernos recurrieron a estas medidas, incorporando a las ffaa a la
vida civil y, en varias oportunidades, contratando civiles armados por las patronales para cubrir
las tareas de represin. Bajo el marco de estas medidas se censuraban publicaciones y sindicatos,
se detena arbitrariamente y se anulaba el derecho de Habeas Corpus, dejando el destino de los
ciudadanos, como analiza Agamben, despojados de su categora de ciudadanos con derechos,
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sujetos despolitizados que quedaban como en un limbo legal en manos del Poder Ejecutivo y
no del Poder Judicial. El 4 de noviembre de 1969 los senadores Juan Carlos Mastalli y Amlcar
Vasconcellos (Partido Colorado) mocionaron al Senado el establecimiento de una Comisin
Investigadora para determinar la exactitud de las denuncias sobre violaciones de los derechos
humanos y comisin de actos de tortura a detenidos y regmenes de detencin vejatorios a la
dignidad humana bajo el rgimen de Medidas Prontas de Seguridad.66 Las conclusiones fueron
terminantes: la Polica de Montevideo haba cometido variados tipos de tortura y vejmenes
tanto a detenidos por causas comunes hurtos, rapias, contrabando, etc., como a polticos
delitos de lesa nacin, atentado contra la Constitucin en grado de conspiracin, asociacin
para delinquir convirtindose en una prctica habitual, casi normal. En numerosos casos fueron cometidas contra personas que ni siquiera fueron sometidas a la Justicia, as como a personas
que luego de serlo fueron exonerados de sus cargos.
En definitiva, la experiencia dictatorial terrista dej sus legados a travs de un Cdigo Penal
y un marco conceptual legal de inspiracin fascista, junto a prcticas de violencia represiva y punitiva que atravesaron los diferentes gobiernos democrticos. Los legados terristas sirvieron de
referencia para aquellos que buscaban herramientas argumentales para la adopcin de medidas
represivas, como lo anteriormente expresado por Vargas Garmendia y Bayardo Bengoa, as como
para aquellos que oponindose a stas, como Julio Castro, lo vean como eptome de la arbitrariedad y el oscurantismo poltico.
Recibido 11/04/12 Aceptado 27/07/12
66 Actas de la Comisin Especial Investigadora sobre violaciones de los derechos humanos y comisin de actos de torturas
a detenidos y regmenes de detencin vejatorios a la dignidad humana (Montevideo: Cmara de Senadores de la
Repblica Oriental del Uruguay, diciembre de 1969-mayo de 1970).
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Dossier | 115
La salida militar
como nica opcin frente al comunismo:
la experiencia chilena desde la mirada
nacionalista catlica argentina (1970-1974)
Resumen
Abstract
This article analyzes the discourse of the nationalist Catholic magazines Tiempo Poltico
and Cabildo vis a vis the political situation
in Chile between the presidency of Salvador
Allende and the first stage of the military government led by General Pinochet. It focuses
on how these periodicals built positive self-representations and negative representations of
the Unidad Popular and the opposition parties, among others, by using different strategies
of legitimation and discrediting.
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Introduccin
Desde la recuperacin democrtica en la Argentina el estudio del acontecer poltico de los
aos setenta ha despertado el inters de numerosos investigadores sociales. Esta circunstancia encuentra su explicacin en el lugar preponderante que ha ido ocupando la historia reciente en la
renovacin de los estudios sobre la dinmica poltica nacional y, en particular, por el hecho de que
en aquella etapa nuestro pas se vio atravesado por un proceso de aceleracin de las transformaciones que se venan desarrollando desde dcadas anteriores, en relacin a la manera de entender
y practicar la poltica, cuyos efectos podran ser rastreados hasta la actualidad.
Para los argentinos, los setenta cobran una significacin especial al convertirse en el marco
en el cual se hizo posible el retorno del peronismo al gobierno luego de una larga proscripcin,
acontecimiento que gener enormes expectativas dentro del campo de las fuerzas progresistas
desde las ms moderadas a las ms radicales, a la vez que despert un profundo rechazo entre los
sectores refractarios al amplio movimiento liderado por el general Juan Domingo Pern.
Entre estas filas antiperonistas encontramos a la revista Cabildo. Este emprendimiento editorial
sali a la luz en mayo de 1973, pocos das antes de la asuncin presidencial del dirigente peronista
Hctor Cmpora. Fue resultado de la iniciativa de un reducido ncleo de jvenes nacionalistas que
consideraban que el pas viva una grave coyuntura de disolucin y enervamiento, por lo que restaurar la grandeza argentina por medio de la accin de un movimiento nacionalista autnomo3
resultaba el imperativo de la hora. A tal fin, se lanzaron en una suerte de cruzada moralizante,
combatiendo desde sus columnas toda manifestacin poltica, social, econmica y cultural que,
desde su ptica, pusiera en peligro los valores tradicionales en nuestro pas y la regin.
En este contexto, en reiteradas oportunidades dedicaron espacio en su seccin
Hispanoamericanas al tratamiento del acontecer chileno, sacudido por la crisis que erosionaba
el gobierno de la Unidad Popular liderado por el presidente Salvador Allende y, posteriormente,
por el advenimiento del gobierno de facto surgido del golpe de Estado del 11 de setiembre de
1973. Desde las columnas de Cabildo la experiencia chilena fue cubierta con gran inters, debido a que era considerada un caso paradigmtico como escenario de lucha entre las fuerzas del
comunismo internacional y aquellas que expresaban la resistencia a su avance en defensa de los
atributos de la nacionalidad. En otras palabras, desde esta perspectiva nacionalista el proceso
poltico chileno era concebido como una especie de espejo donde las naciones vecinas deban
mirarse y reconocerse, dado que estaban amenazadas por el mismo peligro: el marxismo, que
persegua subvertir el orden social establecido para implantar un rgimen comunista y totalitario.
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Olga Ulianova (Editora) Redes polticas y militancia. La historia poltica est de vuelta (Santiago: Ariadna
Ediciones, 2009), 11-12.
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Este trabajo se enmarca en mi proyecto de investigacin Una cruzada por la revolucin nacional: anlisis de
prensa y agrupaciones nacionalistas catlicas argentinas (1955-1976), realizado bajo la direccin conjunta de
las doctoras Mabel Cernadas de Bulnes y Elizabeth Rigatuso.
Jorge Saborido, Slo la Revolucin Nacional salvar a la Patria. La revista Cabildo y el ideario del nacionalismo catlico argentino en las dcadas de 1970 y 1980, en Fortunato Mallimaci y Humberto Cucchetti
(Compiladores) Nacionalistas y nacionalismos: debates y escenarios en Amrica Latina y Europa (Buenos Aires:
Gorla, 2011), 41-42. Cabe destacar que, si bien los aportes de este investigador sobre la revista Cabildo constituyen una contribucin invaluable a nuestra investigacin, dado que stos se centran en la etapa abierta por
el ltimo golpe militar de 1976 y prosiguen por el derrotero seguido por la publicacin durante la transicin
democrtica argentina de los aos 80, consideramos necesario realizar un abordaje especfico de las particularidades de su discurso y prcticas polticas en su etapa fundacional (1973-1976), propsito que orienta el
objetivo del presente trabajo.
En este sentido remitimos a Daniel Lvovich, Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina (Buenos Aires:
Ediciones B, 2003), 23.
Sobre la nocin nacionalismo restaurador seguimos a Cristian Buchrucker, Nacionalismo y peronismo. La
Argentina en la crisis ideolgica mundial 1927-1945 (Buenos Aires: Sudamericana, 1987).
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A estas tradicionales denuncias, a partir de los aos sesenta slo se sumara como un tpico
novedoso la voz de alarma sobre el avance de las tendencias ecumnicas y democrticas en el seno
de la Iglesia Catlica. Aferrados a un diagnstico decadentista, doctrinariamente rgidos y reacios
a los acuerdos polticos estos nacionalistas apostaron a organizarse desde una tribuna meditica
moralizante y combativa. Con el lema Por la Nacin contra el Caos esta cruzada polticoperiodstica se lanz bajo la direccin de Ricardo Curutchet, veterano nacionalista secundado por
dos jvenes estudiantes que compartan su lectura de la realidad: Vicente Massot y Juan Carlos
Monedero.
Las ediciones de la revista Cabildo fueron mensuales y entre sus colaboradores se encontraron numerosos intelectuales y acadmicos universitarios, entre los que se destacaban Lus M.
Bandieri, Roberto Raffaelli, Bernardino Montejano, Vctor Beita, Ignacio B. Anzotegui, Hugo
Esteva, Flix Adolfo Lamas, Vctor E. Ordez y Enrique Daz Araujo. Se constituy como un
espacio de convivencia e interaccin entre nacionalistas pertenecientes a distintas generaciones,
pero esta particularidad no les impidi integrarse en un mismo proyecto poltico y poner de manifiesto su vocacin de ejercer presin,10 en su intento por afectar el proceso de toma de decisiones
desde el mbito de la influencia, en una etapa de nuestro pas profundamente convulsionada por
8
Las severas crticas de la revista Cabildo al gobierno peronista provocaron su clausura en febrero de 1975.
Sin embargo, inmediatamente sus responsables insistiran en sus objetivos a travs de El Fortn, el cual despus de dos ediciones tambin sera clausurado por atentar contra la institucionalidad. Renovado el equipo
editor, algunos miembros de este grupo nacionalista lanz entre junio de 1975 y febrero de 1976 la revista
Restauracin. Entre 1976 y 1991, Curutchet retomar la direccin de Cabildo en su Segunda poca.
10 Cfr. Hctor Borrat, El peridico, actor poltico (Barcelona: Gili, 1989), 150. Seguimos a este autor en la concepcin de los peridicos como actores de naturaleza colectiva, capaces de afectar el proceso poltico a travs
de su potencial ascendente sobre los gobiernos de turno, los partidos polticos, las corporaciones y dems
componentes de su pblico.
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La revista exhiba muy pocos apoyos comerciales, dependiendo en gran medida de la venta de
ejemplares por suscripcin. Las publicidades ms recurrentes que aparecan en nuestro perodo de
inters correspondan al Club del Libro Cvico y a la Librera Huemul, entidades capitalinas de
reconocido compromiso con la cultura nacionalista catlica ms tradicional. Su tirada no ha podido ser constatada debido a la ausencia de los datos correspondientes en ndices estadsticos, como
el del Instituto Verificador de Circulaciones (ivc);12 y, si bien no tuvo una influencia dominante
en amplios sectores de la sociedad argentina, este medio reciba una considerable aceptacin entre
ciertos espacios de poder especialmente dentro de los crculos de sociabilidad de las Fuerzas
Armadas y se vinculaba estrechamente a una red de interaccin constituida por otras publicaciones de sensibilidad afn, como Mikael, Verbo, Universitas y peridicos de fuerte insercin regional
en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y Patagonia, como La Nueva Provincia.13
Enrolados en las filas opositoras al gobierno peronista y alarmados por la posibilidad de que la
izquierda revolucionaria tomara el control de la situacin, los nacionalistas de Cabildo se lanzaron
a la propagacin de sus concepciones polticas a travs del acceso al discurso pblico vehiculizado
por la actividad periodstica, asumiendo el rol de emisores institucionales que participaban con
otros medios en el establecimiento de la agenda pblica, es decir, de las representaciones sociales
activas durante aquel perodo.14 En otras palabras, constituyeron la voz de una intelectualidad
disidente que influy en la opinin pblica, contribuyendo a legitimar la destruccin del orden
democrtico y su reemplazo por opciones de corte autoritario y jerrquico.
Desde esta perspectiva, a continuacin abordaremos el tratamiento que este ncleo poltico
le otorg al acontecer chileno en la revista Cabildo, al ser considerado como un caso paradigmtico de gran inters para estos nacionalistas en su esfuerzo por encontrar soluciones para los
problemas argentinos. Dado que la preocupacin de este grupo por la actualidad trasandina no
comenz en 1973, sino que podemos encontrar registros periodsticos sobre este particular en
11 Sobre el perodo remitimos a las obras de Carlos Altamirano, Peronismo y cultura de izquierda (Buenos Aires:
Temas Grupo, 2001) y Bajo el signo de las masas (1943-1973) (Buenos Aires: Ariel, 2001); scar Anzorena,
Tiempo de violencia y utopa. Del golpe de Ongana (1966) al golpe de Videla (1976) (Buenos Aires: Ediciones del
Pensamiento Nacional, 1998); Pablo Bonavena et al, Orgenes y desarrollo de la guerra civil en la Argentina 19661976 (Buenos Aires: eudeba, 1998); Pablo Hernndez, Peronismo y pensamiento nacional 1955-1973 (Buenos
Aires: Biblos, 1997); Mara Matilde Ollier, El fenmeno insurreccional y la cultura poltica (1969-1973) (Buenos
Aires: ceal, 1986); Enrique Oteiza (Coordinador) Cultura y Poltica en los aos 60 (Buenos Aires: uba, 1997);
Alfredo Pucciarelli (Editor) La primaca de la poltica. Lanusse, Pern y la Nueva Izquierda en tiempos del gan
(Buenos Aires: eudeba, 1999); Beatriz Sarlo, La batalla de las ideas (1943-1973) (Buenos Aires: Ariel, 2001);
Liliana De Riz, La poltica en suspenso: 1966/1976 (Buenos Aires: Paids, 2000), entre otros.
12 Segn testimonios citados por Jorge Saborido, durante la dictadura iniciada en 1976 la revista Cabildo habra
tenido un promedio mensual de cinco mil ejemplares vendidos aproximadamente. Cfr. Slo la Revolucin
Nacional salvar a la Patria, 43.
13 Remitimos a Lus Fernando Beraza, Nacionalistas, la trayectoria poltica de un grupo polmico (1927-1983)
(Buenos Aires: Cntaro, 2005), 310. En lo relativo a la interaccin de Cabildo con los medios de prensa
mencionados, nos referimos a las numerosas ocasiones en que miembros del staff de una publicacin apareca
simultneamente como colaborador de otra u otras. Cfr. Laura Graciela Rodrguez, Catlicos, nacionalistas
y polticas educativas en la ltima dictadura (1976-1983) (Rosario: Prohistoria, 2011), 19-22 y Elena Scirica,
Educacin y guerra contrarrevolucionaria: una propuesta de Ciudad Catlica - Verbo, Clo & Asociados 11
(2007), 119-140.
14 Cfr. Alejandro Raiter et al, Representaciones sociales (Buenos Aires: eudeba, 2002).
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Si bien una gran parte de las columnas que constituyen nuestro corpus no estn firmadas,
en ciertas ocasiones el abordaje de la realidad chilena estuvo especficamente a cargo del joven
secretario de redaccin Vicente Massot, de Flix Adolfo Lamas y Vctor E. Ordez. En estos
dos ltimos casos, nos referimos a dos recurrentes colaboradores de la publicacin de destacada
actuacin en el mundo de la sociabilidad nacionalista.
Flix Adolfo Lamas se doctor en Ciencias Jurdicas, se desempe como docente universitario especializado en Derecho Tributario en la Universidad Catlica Argentina y fue autor de
numerosos trabajos sobre Filosofa del Derecho. Entre 1973 y 1975 fue colaborador en Cabildo y
dirigente del Movimiento Unificado Nacionalista Argentino (muna), junto a Ricardo Curutchet,
entre otros.16 Por su parte, Vctor Eduardo Ordez era abogado y tuvo una importante trayectoria como escritor desde su participacin en las revistas Dinmica Social, Ulises y Verbo durante las
dcadas del cincuenta y sesenta. Fue un gran defensor del hispanismo y se sum al equipo editor
de Cabildo en su primera etapa y en sus ediciones posteriores, hasta su muerte en 2005.17
En este colectivo nacionalista, la publicacin tambin incluira a ciertos referentes del nacionalismo chileno, a los cuales rescataba como pares periodistas y camaradas de lucha. Tal es el caso
del director del peridico Tizona, de la ciudad de Via del Mar, Juan Antonio Widow Antoncich,
un joven Doctor en Filosofa y docente de la Universidad Catlica de Valparaso que, en los aos
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Este exponente del nacionalismo chileno en reiteradas ocasiones tuvo oportunidad de colaborar en Cabildo, aportando sus impresiones e interpretaciones sobre el proceso que conducira
al derrocamiento de Allende y la instauracin de una dictadura militar. A modo ilustrativo podramos citar la ocasin en la que estos nacionalistas argentinos completaron la nota Qu saldr
de ese Chile que sangra? con extractos de un editorial de Widow publicado en Tizona, en los
cuales claramente se promova una salida militar al problemtico contexto poltico de mediados
de 1973.19
De manera anloga a la que se refiere a s mismo como la nica voz de alerta ante el avance
comunista en Argentina, Cabildo presentaba a sus colegas chilenos como la expresin del autntico nacionalismo chileno, los cuales con valenta enfrentaron al poder an debatindose en su
crnica pobreza de medios econmicos.20 He ah el herosmo de su cruzada poltico-religiosa,
el cual los legitimaba como interlocutores vlidos al momento de ofrecer a los lectores una evaluacin de la situacin con posterioridad al establecimiento del gobierno militar. Los siguientes
pasajes son ilustrativos en este sentido:
Tras el caos en que haba sumido a Chile el marxista gobierno de Allende, la patritica junta
militar la ha devuelto al pas trasandino la calma, necesaria para que contine su desarrollo histrico en conformidad con sus ms preclaras tradiciones. Entre los muchos civiles que durante la
tirana comunista se jugaron la vida da a da en defensa de Cristo y Chile, Juan Antonio Widow,
director de Tizona publicacin mensual figura en primera lnea. Por eso, CABILDO le ha
requerido a l una opinin que sabemos apasionada y nacionalista.21
Desde esta posicin de pretendida autoridad poltica y superioridad moral, estos nacionalistas
argentinos y trasandinos, representados por la figura de Widow desplegaron una serie de juicios y valoraciones sobre los protagonistas y partcipes en el proceso chileno abordado, en funcin
de sus postulados ideolgicos y de su propia propuesta programtica, cuyos principales aspectos
procedemos a exponer seguidamente.
20 Flix Adolfo Lamas, CHILE: Su drama, su ejemplo y su opcin, Cabildo 6 (4/10/1973), 22.
21 Juan Antonio Widow, Chile: significado de un Despertar, Cabildo 11 (7/3/1974), 14. Maysculas en el
original.
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Los principales blancos de sus ataques periodsticos los constituyen el presidente Allende, la
Unidad Popular que ejerca el gobierno bajo su mandato y los partidos opositores mayoritarios.
Para estos nacionalistas Allende y la Unidad Popular eran la expresin del triunfo del marxismo
en Chile y su peligroso avance sobre el Cono Sur, como podemos observar en los dos fragmentos
publicados ante la asuncin de Allende en 1970 y en las jornadas previas al golpe militar, que
presentamos a continuacin:
Creemos que Allende con su marxismo regimentado terminar, si lo dejan, con
Chile [] Tambin se ha de destacar que con el Frente Popular, de alguna manera,
llegan al Gobierno las guerrillas de toda Latinoamrica. Con su impulso, sus exigencias, sus prepotencias, ellas vern jugadas tambin sus posibilidades. 23
All se padece desde los ltimos tiempos, casi diramos desde el instante mismo de
la instauracin de la UNIDAD POPULAR en el poder, un clima permanente de
inseguridad y caos, como consecuencia del intento de concretar la marxistizacin
de todos los mbitos, por parte de esta concordancia de los partidos de izquierda.24
Desde esta ptica, el triunfo del socialismo en Chile por la va pacfica abra una nueva y
alarmante posibilidad de que las estrategias comunistas, tradicionalmente partidarias de la toma
revolucionaria del poder, se diversificaran y fortalecieran el avance del marxismo en la regin. Por
tal motivo, la revista se senta en la obligacin de intensificar la denuncia sobre el peligro que significaba la posibilidad de que esta experiencia perdurara en el tiempo, ms all de las dificultades
que atravesaba el gobierno de la Unidad Popular a tres aos de su victoria electoral.
En la bsqueda de los responsables polticos que crearon las condiciones propicias para que
la izquierda chilena accediera al poder del Estado, Cabildo sealaba categricamente a los partidos de la oposicin, exceptuando a ciertas agrupaciones nacionalistas, distinguidas como tal vez
los nicos francamente opositores.25
Nos referimos a los partidos mayoritarios y tradicionales del sistema poltico chileno, en especial a la Democracia Cristiana, antecesora de la Unidad Popular en el Poder Ejecutivo. En
los siguientes ejemplos podemos identificar cmo se culpaba a esta oposicin partidaria de no
ofrecer una propuesta transformadora de la situacin de dependencia que atravesaba el pas, lo
que explicaba el atractivo que haba tenido la oferta de los socialistas para los votantes, del mismo
22 Paul Chilton y Christina Schffner, Discurso y poltica, en Teun A. van Dijk (Compilador) El discurso como
interaccin social. Estudios sobre el discurso ii, una introduccin multidisciplinaria (Barcelona: Gedisa, 2000), 304.
24 Qu saldr de ese Chile que sangra?, Cabildo 4 (2/8/1973), 25. Maysculas en el original.
25 Qu saldr de ese Chile que sangra?
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modo que la acusaba de no haber ejercido suficiente resistencia al gobierno allendista y su programa revolucionario:
Claro es, tambin, que a un pueblo explotado por extranjeros, cuando se le propone un cambio
bajo cualquier signo, no se le puede ofrecer como alternativa a un conglomerado de burgueses
asustados, liberales crematsticos que aceptan, primero, la ley de los dados y, despus, se acuerdan
del orden cuando la fuerza de las cosas les golpea en la cara y de que son conservadores cuando
ya nada tienen que conservar. Por supuesto, la Democracia Cristiana, aqu como en Europa, muy
contenta con su papel de partero del marxismo.26
Desde su matriz ideolgica antiliberal, la democracia era concebida como un peligroso vehculo para la subversin del orden y el ascenso de sectores adversos a la Nacin. Esta Nacin,
entendida como un todo ordenador, se vea minada por la competencia de intereses sectoriales
y partidarios, por el reemplazo del respeto de una autoridad trascendente por la autoridad de la
mayora numrica. De este modo, la partidocracia era sealada como condicin previa necesaria
si bien, no suficiente para el triunfo del comunismo.
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gobierno de Salvador Allende e instauraron un rgimen militar que despert grandes expectativas
en estos sectores del nacionalismo argentino, en solidaridad con sus pares chilenos.
A diferencia de esta categrica adhesin nacionalista al golpe militar liderado por el general
Augusto Pinochet, la reaccin que este acontecimiento gener en los principales actores polticos
y mediticos asumi rasgos muy heterogneos condicionados por la convulsionada coyuntura
argentina que comenzaba a encaminarse hacia un estado de excepcionalidad jurdica creciente
vinculado con una lgica represiva centrada en la eliminacin del enemigo interno.30
El gobierno nacional, encabezado por Ral Lastiri presidente provisional por noventa das,
desde la renuncia de Hctor Cmpora hasta la asuncin del general Pern, adopt una posicin
ciertamente ambigua frente a los sucesos chilenos. Decret tres das de duelo por la muerte de
Salvador Allende y a los pocos das reconoci a la flamante Junta Militar, dando continuidad a las
relaciones diplomticas con las nuevas autoridades de Santiago. Asimismo, asumi una actitud
distante frente a los refugiados chilenos que escapaban de la represin militar y los ciudadanos
chilenos residentes en el pas, quienes en muchos casos fueron detenidos por adoctrinamiento y
tenencia de material izquierdista. Esta circunstancia acentu las dificultades que ya vena manteniendo el Poder Ejecutivo con los legisladores, quienes en su mayora, a pesar de su diversidad
partidaria expresaron severas crticas al nuevo orden militar trasandino.31
Dentro del escenario de la prensa, diarios de gran tirada como Clarn, avalaron la posicin de
las autoridades argentinas como una manifestacin de una poltica exterior pragmtica, no atada
a fronteras ideolgicas. En tanto, el diario La Opinin y medios de sensibilidad radicalizada ligados a las tendencias revolucionarias expusieron una posicin de inequvoco rechazo a la postura
oficial, denunciando la violencia represiva del rgimen pinochetista y la falta de solidaridad del
gobierno argentino con los exiliados chilenos.32
Lejos de ambivalencias en la justificacin del golpe de Estado, en primera instancia Cabildo
recurri a la lgica del mal menor, con la conviccin de que en forma inminente exista la amenaza del estallido de una guerra civil en aquel pas ante la presunta profundizacin de la faceta
autoritaria del gobierno socialista, tal como podemos apreciar en el siguiente pasaje:
Hay que aceptar como meritoria la decidida actitud de las Fuerzas Armadas chilenas por lo que hasta ahora han hecho, vale decir, por el derrocamiento del rgimen
marxista que pretenda encadenar a su patria; no hay que olvidar, sin embargo, que
no les quedaba otra alternativa. Dadas las circunstancias y el peligro creciente de
que Allende consumara un autogolpe sangriento, matando a los opositores ms
caractersticos y a los jefes militares, la solucin adoptada era necesaria; y esto es
lo que silencian, con ser obvio, todos aquellos que arrojan incendiados denuestos
30 Cfr. Marina Franco, Un enemigo para la nacin. Orden interno, violencia y subversin, 1973-1976 (Buenos
Aires: fce, 2012).
31 Remitimos a M. Franco, Un enemigo, 69-72 y 122; Grupo Editor Latinoamericano, Historia general de
las relaciones internacionales de la Repblica Argentina, (s/d) disponible en: http://www.ucema.edu.ar/ceieg/
arg-rree/14/14-014.htm Sobre las repercusiones del golpe militar chileno en Iberoamrica desde la perspectiva de la diplomacia espaola, son muy sugerentes los aportes de Cristina Luz Garca Gutirrez, La
reaccin de Espaa ante el golpe militar en Chile, Naveg@mrica, revista electrnica de la Asociacin Espaola
de Americanistas 6 (2011), disponible en: http://revistas.um.es/navegamerica
32 Cfr. Fernando Ruiz, Las palabras son acciones. Historia poltica y profesional de La Opinin de Jacobo Timerman
(1971-1977) (Buenos Aires: Libros Perfil, 2001).
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contra los heroicos rebeldes chilenos. [] Es decir, en realidad las Fuerzas Armadas
ms que provocar la guerra civil la evitaron.33
Por otra parte, se suma a este carcter heroico atribuido a los golpistas chilenos la condicin
popular del levantamiento, al que se presenta como producto de una decisin de importantes sectores sociales delegada en las Fuerzas Armadas, por ser la sntesis representativa de la
Nacin y, por lo tanto, sus defensoras incuestionables. El siguiente ejemplo expone claramente
este razonamiento:
Pero el pas real, el de los propietarios, el de los militares, el de los curas de misa y olla, el de
las amas de casa y el de los camioneros, el de los hombres concretos, se puso de pie. El fue el que
derrot al comunismo y a sus aliados de la up. Un pas organizado, de interior rico, no suficientemente desquiciado por el atomismo liberal, con una gran vocacin asociativa, se rescat a s
mismo.
Y coloc su destino en manos de sus Fuerzas Armadas. Que son como la Nacin misma y
como su reflejo y resumen.34
El desprestigio del sistema democrtico y los partidos polticos dentro de esta cosmovisin
convierte a las Fuerzas Armadas, asimiladas a la Nacin, como las depositarias de las esperanzas
de la fe nacionalista en la restauracin de los valores tradicionales. En otras palabras, estos nacionalistas esperaban fervientemente que las Fuerzas Armadas chilenas en el poder no agotaran
su labor reiterando la frmula autoritaria de los gobiernos de facto conocidos hasta el momento
en nuestro pas, los cuales suspendieron temporalmente el funcionamiento de las instituciones
liberales para luego devolver a los partidos y las clases dominantes el control del rgimen poltico,
sin innovaciones de fondo. Como se expone categricamente en el siguiente pasaje, la opcin era
clara:
Volver, con o sin retoques, con o sin proscripciones, al viejo rgimen, como si la presencia
en el pas del gobierno del marxismo y de la demagogia hubiese sido slo una ancdota; tal es
el ejemplo de la Argentina desde 1930 hasta ahora. En tal caso, la consecuencia est a la vista;
no es otra que el fracaso, el caos, el llegar al fin del precipicio. O hacer, en cambio, la Revolucin
Nacional, superando las falsas antinomias de izquierdas y derechas, uniendo en la Patria, la justicia, la paz y el trabajo de todos los sectores, a todas las clases y regiones, dando as nacimiento a un
Nuevo Estado, a una Nueva Repblica, que ponga en marcha un proyecto vlido de convivencia
para todos los chilenos.35
En torno a esta demanda es posible observar el modo en que este medio plantea claramente
la necesidad de establecer una suerte de alianza entre la corporacin militar en el gobierno y los
sectores de la civilidad que pudieran aportarles un programa poltico que realizara la Revolucin
Nacional, entre los cuales los propios nacionalistas se colocaban a la vanguardia. Desde esta
perspectiva, se destacaba que los militares chilenos posean la autoridad moral para encarar el
proceso de cambios,36 sin embargo, requeriran del apoyo ciudadano de los partidarios de este
33 CHILE: Su drama, su ejemplo y su opcin, 20-21.
36 [] Y si las autoridades no provocan el aplauso de los ciudadanos, es seguro que cuentan con su respeto. No
slo por la fuerza que tienen y que han demostrado ser capaces de usar sino por su autoridad moral. Despus
de los robos y las orgas, del parloteo irresponsable, del atropello sistemtico, estos hombres austeros dan
una sensacin de seriedad que los pone al margen de toda sospecha. Constituyen, tpicamente, un gobierno
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camino de transformacin para que aportaran el contenido poltico que guiara su accionar. De
este modo, se vislumbraba una posibilidad propicia para que las ideas nacionalistas tan largamente proclamadas tuvieran oportunidad de verse plasmadas en esta experiencia que se iniciaba,
como se expresa en el fragmento que exponemos a continuacin:
Para ello las Fuerzas Armadas tienen que comprender que si bien no se puede cogobernar
con los viejos polticos del fracaso, tampoco puede ser misin exclusiva de ellas el hacer realidad
este replanteo profundo de la poltica nacional; ser necesario, por lo tanto, dar nacimiento a un
vasto movimiento nacional, cvico-militar, que sea sustento doctrinario y programtico, a la vez
que nervio y motor, de la Revolucin por todos esperada.37
38 Remitimos a modo de ejemplo a Chile: Habla el General Pinochet, Cabildo 12 (4/4/1974), 17-18.
39 Chile: Habla el General Pinochet, 18. Cursivas en el original.
40 Chile por de Dentro, 24-25.
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chilenos; de torvas y esquivas se han vuelto francas y enrgicas. Se les ha abierto el horizonte.
Antes estaban mal y se disponan a estar peor; ahora estn mal y creen que paulatinamente van
a ir mejorando.41
A pesar de esta enumeracin de logros de la dictadura chilena en el corto plazo, Cabildo
adverta, con cierta preocupacin, que todava no se haba avanzado en contra de la Masonera ni
se haba resuelto el problema de la Universidad. Para mediados de 1974, a un ao de la implantacin del gobierno de facto, el balance que haca este medio en relacin al rumbo del proceso era
positivo, pero no por ello descuidaba su actitud vigilante. Sus expectativas sobre el desarrollo de
la Revolucin Nacional en Chile eran muy altas y, por tal motivo, no cejara en la demanda de
un mayor compromiso cvico-militar en profundizar las transformaciones en el sentido deseado.
La solucin pinochetista:
una salida para los problemas argentinos
En 1973, en los meses previos al derrocamiento de Salvador Allende, la sociedad argentina
viva uno de los procesos de mayor efervescencia poltica de su historia, motorizado por la restauracin de las instituciones democrticas de la mano del regreso del peronismo al poder. Sin
embargo, el retorno al orden constitucional no poda conducir automticamente al abandono de
la cultura poltica autoritaria y la vorgine de violencia habra de minar rpidamente las esperanzas depositadas en el gobierno electo.
Adems, el movimiento peronista ya no era el mismo que haba sido arrancado del poder en
1955. Gracias al manejo estratgico de la verticalidad que haba realizado Pern desde el exilio, el
viejo caudillo haba logrado convertirse, a un mismo tiempo, en la encarnacin de la patria socialista y de la patria peronista, concepciones que dividan a quienes se reclamaban sus herederos,
ya sea por haber combatido en las formaciones especiales juveniles o bien por haber defendido la
ortodoxia, principalmente desde la corporacin sindical, durante todos esos aos de proscripcin.
Como afirma Liliana De Riz,
[] detrs de esas consignas no haba programas polticos que tradujeran las preferencias de quienes las defendan. De ese modo, lo que estuvo en juego en las
luchas que atravesaron al peronismo desde su regreso al gobierno fue el control del
movimiento y del gobierno mismo, en nombre del verdadero peronismo.42
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El hecho, ya pblicamente comprobado, de que los partidos polticos argentinos, sin excepcin, hayan lamentado el derrocamiento del marxismo en Chile, no puede ser sino revelador de
la hondura hasta donde han calado el mal, el desconcierto, la torpeza y la frivolidad. Si nadie ha
atinado, en la Argentina, salvo honrosas excepciones, a denunciar lo que es el marxismo y todos
han jugado a confundirlo con la liberacin, con la legalidad o con la soberana nacional, es seal
que todo est podrido en Dinamarca y que ninguno de esos partidos est en condiciones subjetivas ni objetivas de enfrentar al marxismo, porque el marxismo los ha envuelto y los ha empapado.
El marxismo, pues, ha triunfado en las inteligencias de los liberales argentinos.43
De esta manera, esta publicacin aseveraba que ningn partido, ni siquiera el peronista,44
sera capaz de frenar el avance de la radicalizacin poltica promovida por el marxismo ya que
el propio sistema partidario y sus bases legales creaban las condiciones para su reproduccin. Por
tal motivo, llamaba la atencin de sus lectores sobre el caso chileno para que fuera tomado como
un ejemplo, dado el paralelismo que presentan ciertas circunstancias locales o de otros pases con
las de la Nacin trasandina.45
Presentando a Chile como una experiencia que pareca proyectar las alternativas a las que
este medio crea estaba condenada la Argentina, a saber: someterse a la accin del comunismo
o luchar por su derrota; son muy elocuentes las palabras de Flix Lamas sobre el derrocamiento
del gobierno de Allende:
Chile vuelve a mostrar, con su tragedia, tanto lo que debe como lo que no debe hacerse. En Chile hicieron una experiencia las fuerzas marxistas de Hispanoamrica,
las cuales estn muy lejos de estar derrotadas; es por eso que si bien esta nacin
cuenta con una victoria sobre sus espaldas, tiene a la vez, delante suyo, una peligrosa opcin, la cual no es exclusiva de Chile sino de muchos otros pueblos que han
padecido males semejantes. Ya ha pasado sobradamente el tiempo de los diagnsticos; ahora es el momento de obrar.46
Este llamado a la accin no estaba dirigido al gobierno ni a la clase poltica, en cuyos miembros Cabildo no depositaba ninguna esperanza, dado que consideraba que haban sido derrotados
en el campo poltico-ideolgico por el marxismo; el balance que de la coyuntura chilena haca
su equipo editor, reforzaba sus convicciones en la necesidad de una solucin militar para este
alarmante problema nacional. Es posible identificar esta conclusin en las siguientes palabras
de Vicente Massot:
44 Si bien Cabildo se haba mostrado tradicionalmente dentro de las filas de la oposicin al peronismo, haba
expresado ciertas esperanzas en materia de combate al marxismo a partir del distanciamiento del general
Pern del ala izquierda de su movimiento, a modo ilustrativo Cfr. Cabildo 2 (14/6/1973), 7. Sin embargo, estas
expectativas fueron rpidamente desechadas frente a la ambigua posicin adoptada por el gobierno nacional,
a las declaraciones del propio lder, quien calific la muerte del presidente Allende como una tragedia para el
continente, y a las manifestaciones de repudio al golpe expresadas por ambas Cmaras del Congreso argentino, controladas por la mayora oficialista.
45 CHILE: Su drama, su ejemplo y su opcin, 20.
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democrticamente electo que no posea la mayora del pueblo tras s, ni el poder hegemnico
dentro del Estado, y crea posible realizar las transformaciones estructurales que efectivicen la va
al socialismo en el marco de las instituciones democrticas dadas, tarde o temprano ver llegado
el momento histrico lmite en que no resulten admisibles la presencia y sobrevivencia de esas
estructuras burguesas orgnicas so pena de caer en el reformismo. Enfrentado a la decisin de
romper con dichas estructuras Parlamento, Corte Suprema, grande y mediana propiedad el
gobierno debe estar dispuesto a ganar el poder mediante un enfrentamiento, merced al cual las
ffaa le queden subordinadas. 47
El destinatario de la convocatoria a participar en una cruzada antimarxista eran las propias
Fuerzas Armadas argentinas. De este modo, bajo la forma de una advertencia para el enemigo
marxista, llamaba a la corporacin militar a conservar una posicin autnoma frente a las errticas polticas encaradas por Pern y Mara Estela Martnez de Pern, su viuda y sucesora en la
presidencia, a partir de julio de 1974; las convocaba a prepararse para el enfrentamiento final con
las fuerzas del comunismo, en el ejercicio de su rol de defensoras de la Patria y la nacionalidad.
Consideraciones finales
Al recorrer las pginas de Cabildo en los aos 1974, 1975 y comienzos de 1976, es posible
reconocer que la coyuntura chilena ya no despertaba el mismo inters en estos nacionalistas argentinos, los cuales se concentraron en el complejo proceso nacional, lanzndose abiertamente a
promover la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas, pblico al que destinaba prioritariamente sus columnas.
Es posible reconocer que esta preocupacin por ver realizada la Revolucin Nacional en el
pas y la regin segua vinculando implcitamente la realidad trasandina y la nacional. Las mismas
demandas que se planteaban al gobierno de facto de Pinochet a un ao de su asuncin, en una
suerte de balance de su gestin, se vean expresadas en febrero de 1976 a travs de las columnas de
Restauracin sucesora de Cabildo y El Fortn, referidas a las especulaciones sobre la inminente
toma del poder por parte de la corporacin militar argentina. En ellas planteaban sus inquietudes
acerca del dilema de optar entre una nueva aventura golpista y la cruzada nacionalista que la
Patria reclamaba.
Esta interrogante sera develada en el corto plazo. Luego del golpe de Estado el 24 de marzo
de 1976, se instaur una dictadura con una declamada vocacin de refundacin nacional que
despert grandes ilusiones entre las filas de este sector tradicionalista; pero el entusiasmo fue
efmero, dada la resistencia de las nuevas autoridades militares a implementar un programa de
cambios estructurales tan alejado de la realidad argentina como el que aquellos proponan. Sin
47 Vicente Gonzalo Mara Massot, El fracaso de la va pacfica al Socialismo, Cabildo 17 (12/9/1974), 30.
Cursivas en el original.
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contemporanea
embargo, el rgimen militar supo utilizar a su favor el capital que este grupo detentaba a travs del
aporte que su doctrina y un nmero considerable de sus militantes hicieron como contribucin a
la legitimacin y ejecucin de polticas represivas, en el marco del terrorismo de Estado aplicado
hasta la restauracin democrtica en 1983 y reivindicado por estos sectores bajo la consigna de la
lucha antisubversiva hasta la actualidad.
Ms all del anlisis de las representaciones y juicios expresados por los nacionalistas de este
medio grfico sobre el proceso institucional del vecino pas, como parte de sus deseos, ansiedades,
dudas y temores sobre el futuro poltico argentino de corto plazo, en el presente trabajo hemos
esbozado algunas facetas de los vnculos poltico-periodsticos de los editores de Cabildo con la
publicacin nacionalista chilena Tizona, sin pretensiones de exhaustividad. Las interrogantes que
se abren en este sentido resultan un fuerte estmulo para ahondar en la indagacin de la conformacin de estos nexos de interaccin en clave transnacional. Por tal motivo, esta lnea de trabajo
orientar los prximos pasos de este proyecto de investigacin, con la intencin de contribuir al
anlisis de las redes nacionalistas del Cono Sur, su idiosincrasia, composicin y transformaciones
en el contexto de posguerra, signadas crecientemente por los postulados de la Doctrina de la
Seguridad Nacional y las fronteras ideolgicas dictadas por la Guerra Fra.
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48 En este sentido, Luis Miguel Donatello insiste en la necesidad de realizar anlisis de las corrientes nacionalistas en perspectiva comparativa Norte-Sur o Sur-Sur: estudiar una paradoja: una suerte de cosmopolitismo
anti-cosmopolita. Cursivas en el original. Cfr. Del gueto hacia la reconfiguracin de las comunidades polticas. Una propuesta analtica entre Amrica Latina y Europa, en F. Mallimaci y H. Cucchetti (Compiladores)
Nacionalistas y nacionalismos, 283.
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Resumen
Abstract
Departamento de Histria, Universidade Federal de Minas Gerais (ufmg), Grupo de Pesquisa Histria
Poltica-Culturas Polticas na Histria (http://www.fafich.ufmg.br/hcpcph/).
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Outro propsito analisar a importncia dos valores anticomunistas nas aes do aparato
repressivo e de informaes construdo pelos militares no sistema universitrio. O anticomunismo forneceu aos agentes de represso uma razo de ser e um sentido de misso, ao apontar o
alvo principal que deveriam mirar. Assim, eles atuaram na tentativa de impedir a contratao de
professores marxistas, bloquear a circulao de textos e ideias socialistas e tambm evitar os contatos culturais com pases do bloco sovitico. Mas o trabalho desses agentes encontrava desafios
e limites na prpria complexidade do regime militar brasileiro, que tinha formato modernizador-autoritrio. De um lado, os lderes do regime desejavam combater a esquerda, porm, de outro,
queriam modernizar as instituies acadmicas e universitrias que receberam mais investimentos financeiros, verbas para pesquisa e ps-graduao e tiveram suas instalaes ampliadas para
comportar o aumento no nmero de estudantes, que foram multiplicados em dez vezes durantes
os vintes anos do poder militar (de 140.000 para 1.400.000 universitrios entre 1964 e 1984).
Assim, os agentes repressivos tinham que controlar instituies universitrias que passavam por
crescimento frentico, com a entrada de massas de novos estudantes, muitos deles receptivos a
ideias radicais. Por vezes, as administraes universitrias contrataram professores com valores de
esquerda, implicando desafios aos projetos de saneamento ideolgico. Outra dificuldade para os
combatentes anticomunistas foi a estratgia dbia do governo militar diante dos pases socialistas,
como se ver a seguir.
Anticomunismo no significa apenas um conjunto de opinies divergentes em relao a um
projeto poltico, mas um movimento, uma causa que mobilizou aderentes fervorosos, crentes
que a salvao do pas (e do mundo) dependia da represso ao comunismo. No se pode dizer
que o anticomunismo seja uma doutrina, pois ele contm matrizes ideolgicas diferentes, principalmente no caso do Brasil (catolicismo, nacionalismo e liberalismo), mas as representaes
nele inspiradas originaram uma tradio peculiar. Esses valores j circulavam no final do sculo
xix, quando foram utilizados contra lderes pioneiros da revoluo social, mas se tornaram mais
fortes aps a Revoluo de 1917, que resultou na associao indelvel de comunismo com o
bolchevismo, tornados sinnimos a partir da. O experimento dos soviets foi representado como
a concretizao dos ideais socialistas, o que permitia caracterizar o comunismo como uma utopia realizvel. Como no mesmo ano de 1917 ocorreram greves importantes no Rio de Janeiro
2
Criou-se uma ameaa tanto para os Estados Unidos quanto para a Amrica Latina originria de um movimento poltico desviante - a ameaa comunista. Esta, por sua vez, justificou a ajuda externa especializada
em segurana nacional para combat-la. Em outras palavras, os Estados Unidos criaram os argumentos para
justificar a existncia desse perigo especfico e, a seguir, mostraram-se dispostos, mediante pagamento, a
proteger os pases ameaados atravs da ajuda policial e tambm militar. Cf. Huggins, Martha K. Polcia e
poltica. Relaes Estados Unidos/Amrica Latina (So Paulo: Cortez, 1998), 232.
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No obstante, somente nos anos 1930 a presena do comunismo no cenrio pblico tornou-se
mais visvel, quando o pequeno Partido Comunista criado em 1922 passou a ocupar espao mais
significativo, com a adeso de intelectuais, militares (entre eles o mtico Luiz Carlos Prestes) e o
aumento no recrutamento de trabalhadores. Em 1935 os comunistas, que compunham a alma da
Aliana Nacional Libertadora, entidade organizada no formato das frentes populares, lideraram
uma tentativa de insurreio armada, rapidamente destruda pelas foras da ordem. Tratou-se de
levante essencialmente militar que envolveu quartis em Natal (Rio Grande do Norte), Recife
(Pernambuco) e Rio de Janeiro (ento a capital federal), mas o plano dos revolucionrios era armar
brigadas populares que serviriam como foras auxiliares. A insurreio de 1935, que nas verses
oficiais foi batizada pejorativamente de Intentona Comunista (intento louco, assassino) provocou
importantes desdobramentos polticos. O presidente Getlio Vargas, ento enfraquecido e sob
muitas crticas, aproveitou-se do evento para fortalecer seu poder e editar medidas excepcionais,
como a decretao do Estado de Guerra e algumas emendas Constituio. Formou-se uma
Unio Sagrada reunindo grupos conservadores e liberais em torno de Vargas, em nome da defesa da ordem e do combate ao comunismo.
O novo contexto poltico, que abriu caminho para o golpe autoritrio de novembro de 1937,
quando Vargas tornou-se ditador, comeou a ser desenhado sob a fumaa dos combates de 1935.
O impacto da chamada Intentona Comunista foi enorme, notadamente entre as lideranas catlicas e os militares. Afinal, no era rebelio comum, mas tentativa dos comunistas de tomarem
o poder que, caso bem sucedida, poderia ter provocado grandes transformaes na organizao
social brasileira. A comoo tornou-se maior quando a imprensa divulgou que estrangeiros ligados Internacional Comunista participaram da frustrada tentativa revolucionria, o que serviu de
confirmao ao argumento de se tratar de ameaa integridade da ptria.
Os eventos de novembro de 1935 foram marcantes na construo da tradio anticomunista,
na medida em que foram apropriados para consolidar as representaes do comunismo como fenmeno negativo. O episdio foi mitificado e originou a formao de verdadeira legenda negra em
torno da Intentona Comunista, reproduzida ao longo dos anos. O levante foi representado como
exemplo de manifestao das caractersticas malficas atribudas aos revolucionrios que, segundo as verses anticomunistas, teriam cometido vrios crimes ignbeis durante os quatro dias da
revolta (estupros, assassinatos a sangue frio, roubo), considerados uma decorrncia necessria dos
ensinamentos da ideologia mals.
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do Estado, mas principalmente das Foras Armadas, comemorado como episdio de vitria da
ptria contra a ameaa comunista.
Pode-se dizer que no Brasil houve 3 grandes ondas anticomunistas: em 1935-37, em 194648 e em 1961-64. O primeiro contexto j foi mencionado e culminou no Estado Novo de
Getlio Vargas, regime ditatorial que se inspirou em elementos fascistas, mas manteve caractersticas heterogneas que, a propsito, permitiram a reciclagem de Vargas posteriormente como
lder popular. A segunda onda ocorreu durante a redemocratizao posterior Segunda Guerra,
quando o Partido Comunista foi legalizado e tornou-se fora poltica importante nos centros
urbanos, com votao expressiva e influncia preponderante no movimento sindical e nos meios
intelectuais. Os grupos de direita reagiram atemorizados e engendraram forte campanha anticomunista, que tornou o pcb ilegal e levou cassao dos mandatos parlamentares eleitos pelo
partido (em 1947 e 1948). A represso ao pcb acalmou um pouco os temores da direita, mas
vrios grupos anticomunistas continuaram ativos nos anos 1950, inclusive porque percebiam a
ameaa como combate mundial em que o Brasil era apenas uma das frentes de batalha.
No incio dos anos 1960, a nova conjuntura poltica atiou mais uma vez a polarizao esquerda-direita, que desta vez culminaria em golpe militar. Assim como em outros pases, notadamente
da Amrica Latina, o Brasil viu surgir uma gerao radical influenciada pela Revoluo Cubana
e as lutas terceiro-mundistas, e tambm pela percepo dos problemas sociais internos, como
demandas por reformas agrria e educacional. A influncia da esquerda aumentou no perodo o
que beneficiou o Partido Comunista, mas, tambm deu origem a novas organizaes socialistas,
como o grupo cristo Ao Popular (ap) e o grupo marxista Poltica Operria (polop). Nesse
quadro, um evento aparentemente fortuito contribuiu muito para o incremento do poder dos
grupos de esquerda. Com a renncia de Jnio Quadros e a ascenso do Vice-Presidente Joo
Goulart ao governo em setembro de 1961, a esquerda brasileira teve sua primeira oportunidade
para influenciar os rumos do pas.
Embora fosse um rico estancieiro gacho, Goulart era poltico trabalhista sensvel aos argumentos de esquerda, principalmente s demandas dos lderes sindicais. Durante seu governo
as esquerdas tornaram-se mais ativas no cenrio pblico, com aumento de greves, ocupaes de
terras e mobilizaes estudantis, o que levou muitos a imaginar-se s portas da revoluo social.
No campo da direita, previsivelmente, tambm foi forte a sensao que a esquerda estava no
poder, o que provocou nova onda de mobilizaes contra o comunismo. Em parte, o recurso
tradio anticomunista era estratgia oportunista para facilitar o proselitismo da campanha
contra Goulart, mas a questo no pode ser resumida manipulao, pois os comunistas eram
3
Motta, Rodrigo Patto S, Em guarda contra o perigo vermelho. O anticomunismo no Brasil: 1917-1964 (So
Paulo: Perspectiva-fapesp, 2002). Sobre a insurreio de 1935 cf. Vianna, Marly de Almeida Gomes,
Revolucionrios de 35: sonho e realidade (So Paulo: Companhia das Letras, 1992).
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percebidos de fato como os lderes mais influentes esquerda. Outras questes contriburam
para o golpe, como a crise econmica, que se manifestou na inflao descontrolada e na reduo
das taxas de crescimento, e tambm as denncias de corrupo envolvendo aliados do governo.
Entretanto, a crena na ameaa comunista foi o tema mais importante na mobilizao golpista,
a exemplo das Marchas da Famlia com Deus pela Liberdade que levaram milhares de pessoas
s ruas com cartazes e slogans anticomunistas, eventos significativos para demonstrar o apoio de
parte da sociedade derrubada do governo.4
No campo das iniciativas repressivas, o novo regime construiu grande aparato de segurana e
informaes. rgos tradicionais de polcia poltica que eram vinculados aos governos estaduais
(os Departamentos de Ordem Poltica e Social) desde os anos 1920 foram ampliados; a Polcia
Federal foi reorganizada, tornando-se pela primeira vez capaz de aes nacionais; e vrias agncias militares foram criadas, como o Servio Nacional de Informaes, o Centro de Informaes
do Exrcito, o Centro de Informaes da Aeronutica (a Marinha j tinha o seu) e o sistema
doi-codi (Destacamento de Operaes Internas e Centro de Operaes de Defesa Interna).
Alm disso, em 1967 foram criadas Divises de Segurana e Informaes (dsi) nos Ministrios
civis, com base em estruturas pr-existentes.5 A partir de 1970, a dsi do Ministrio da Educao
e Cultura comeou a organizar Assessorias de Segurana e Informaes (asi) nas Universidades
federais (e algumas estaduais), que na poca eram aproximadamente 30. Esse sistema de informaes, que chegou a compor uma rede enorme, com milhares de agentes, tinha o papel de vigiar
os inimigos e adversrios do regime militar, particularmente a esquerda e os comunistas. Vamos
4
Presot, Aline, Celebrando a Revoluo: as Marchas da Famlia com Deus pela Liberdade e o Golpe de
1964, in Denise Rollemberg y Samantha Quadrat (Organizadoras) A construo social dos regimes autoritrios Legitimidade, consenso e consentimento no sculo xx. Brasil e Amrica Latina (Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 2010), 71-96.
Para a criao das dsi cf. Carlos Fico, Como eles agiam. Os subterrneos da ditadura militar: espionagem e polcia
poltica (Rio de Janeiro: Record, 2001).
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nos ater, neste artigo, atuao das agncias de informao no campo universitrio, que passou
por notvel expanso durante a ditadura.
A documentao produzida por tais agncias6, previsivelmente, revela a motivao anticomunista de muitas atividades dos rgos de informao, quase uma obsesso. Enxergavam comunistas
por toda parte e qualquer movimento de contestao era atribudo aos desgnios do Movimento
Comunista Internacional, expresso que originou uma das siglas to ao gosto da comunidade de
informaes, mci. Mesmo com os expurgos de 1964 e 1969, quando ocorreu a maior parte das
demisses e aposentadorias de servidores pblicos, entre eles os docentes, o nimo vigilante dos
membros da comunidade de informaes no arrefeceu.
Essa insistncia na tecla do anticomunismo pode gerar estranhamento, pois, alm da represso ter sido forte o suficiente para desbaratar os grupos revolucionrios, nos anos 1970 os Partidos
Comunistas estavam em declnio, superados por novos grupos e lideranas de esquerda. Pode-se
dizer que, nesse momento, como em pocas anteriores, vigorou estratgia de industrializao do
anticomunismo, ou seja, de mobilizao oportunista do medo ao perigo vermelho. Entretanto,
a motivao oportunista no suficiente como explicao, pois em muitas aes e discursos os
agentes da represso mostravam-se convictos, e alguns at hoje permanecem ativos em sua luta.
Para compreender esse quadro deve se levar em conta que o anticomunismo forneceu um ethos
combatente aos integrantes das agncias de represso e informao, uma razo de ser que justificava sua existncia e misso. Sobretudo, ele fornecia a imagem do inimigo a vigiar e reprimir.
Por outro lado, se verdade que as organizaes comunistas tradicionais estavam em declnio,
notadamente o pcb que, nessa poca, de maneira irnica, comeou a ser chamado partido,
o mesmo no se pode dizer das ideias socialistas. Um arguto observador contemporneo do
ambiente cultural e acadmico afirmou, em 1970, que a influncia da esquerda era grande e havia aumentado depois de 1964, apesar da vitria da direita.7 A hiptese levantada por Roberto
Schwarz estava correta no que toca aos jovens universitrios. Os partidos comunistas tradicionais
estavam em crise, mas isso no significava perda de influncia dos valores socialistas, ao contrrio,
parte importante da juventude intelectualizada sentia-se atrada por eles, notadamente conceitos marxistas, ainda que os apropriassem de maneira difusa. Por isso, observando a situao de
acordo com a perspectiva dos militares, eles tinham alguma razo na sua ansiedade em relao
influncia da esquerda nas Universidades, mesmo no contexto da represso, no obstante sua
compreenso de que tudo derivava das aes do mci fosse equivocada e, por vezes, ridcula.
Armado desse nimo combatente, o aparato de segurana e informaes manteve presso sobre
os Reitores para expurgar os subversivos,8 inundou as asi universitrias com anlises sobre supostos planos do movimento comunista e, sobretudo, com propaganda de natureza anticomunista.
7
8
Desde o incio dos anos 1990 o Estado brasileiro vem abrindo consulta pblica os documentos dos rgos de informao e represso, com polticas de acesso por vezes errticas. Os acervos mais significativos
encontram-se no Arquivo Nacional e em alguns Arquivos estaduais, entre eles So Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais. Para este trabalho foram usados tambm acervos das ASI universitrias que se encontram na
Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade de Braslia.
Roberto Schwarz, Cultura e poltica, 1964-1969, in O Pai de Famlia e outros estudos (So Paulo: Companhia
das Letras, [1978] 2008), 71.
s vezes at ser filho de comunista era proibido. Em 15/02/78, a dsi/mec comunicou Universidade de
Braslia (unb) que um aluno da Universidade Federal do Paran, filho do comunista Oto Bracarense Costa,
havia pedido transferncia para aquela Universidade. Em resposta, a asi/unb comunicou que a transferncia
foi indeferida pela Universidade. sb 10.1.107. Arquivo asi/unb, cedoc/unb.
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De acordo com os textos produzidos pela comunidade de informaes era preciso manter-se
alerta, pois os comunistas seguiam ameaando a civilizao crist e o pas. Em meio a esse copioso
material, constitudo por brochuras, panfletos, livros e cartazes foram selecionados alguns exemplos, notadamente textos que tm a singularidade de abordar a infiltrao comunista nos meios
estudantis pelo prisma dos militares.
Caixa 15, mao 14. Arquivo aesi/ufmg. (Artigo publicado em O Estado de So Paulo, 19/11/70).
12 A calourada tradicional entre estudantes universitrios brasileiros e consiste em uma espcie de ritual de
iniciao para os novos universitrios, que so submetidos a brincadeiras (raspagem de cabelo, pintura do
corpo) ou obrigados a se submeter a situaes ridculas (andar com cartazes pendurados ao pescoo).
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em Congresso do Partido Comunista da Unio Sovitica, o texto aponta as estratgias dos revolucionrios na Amrica Latina, que tiveram vitria importante com a ascenso de Allende no
Chile. No caso do Brasil, que seria uma das prioridades do mci, o texto denunciava a estratgia
sovitica de atrapalhar o sucesso dos governos originados do movimento de 31 de maro de 1964.
Curiosamente, apesar de apontar perigos e estimular o medo, a concluso otimista ao dizer que
os comunistas estavam muito divididos no Brasil (linhas russa, comunista e cubana), e que as
aes repressivas e o sucesso econmico do governo militar vinham minando suas possibilidades
de sucesso. Nota-se aspecto paradoxal, quase contraditrio: afirmavam a unidade das aes comunistas, da insistirem na sigla mci, porm, ao mesmo tempo, percebiam as divises entre os grupos
de esquerda, cada um deles se imaginando capaz de liderar a revoluo. Entretanto, na tica dos
rgos de informao, as divergncias entre as diferentes faces comunistas eram superficiais e
conjunturais, relacionadas s diversas estratgias de chegada ao poder. No fundo, acreditavam, todos os grupos comunistas acalentavam o mesmo projeto, inspirado no modelo sovitico de 1917,
e convergiriam no caso da vitria de algum deles.13
No mesmo ano de 1972, os rgos de informao comearam a divulgar que o mci estava
orientando o Movimento Comunista Brasileiro (outra sigla, o mcb) a reorganizar o movimento
estudantil, desorganizado desde 1969. Como os rgos de informao monitoravam os Diretrios
estudantis permitidos pelas leis do regime militar, e estava proibida a volta de entidades banidas,
como a Unio Nacional dos Estudantes, a nova estratgia seria burlar a vigilncia usando encontros estudantis das diferentes reas de saber para fazer subverso e distribuir publicaes ilegais.
Os agentes de informao das Universidades deveriam estar atentos, sobretudo, porque fazia
parte da estratgia do mci usar meios moralmente condenveis que subjugam e condicionam os
jovens. Os comunistas disseminariam o uso de entorpecentes, a licenciosidade moral e o desprezo pelos valores tradicionais e pela Histria, tudo para destruir as estruturas morais da ordem
social e conseguir levar os jovens subverso. Contra esse inimigo insidioso, cujas aes tinham
escala global, a dsi/mec recomendava: somos compelidos a aplicar um tratamento total.14
Devido percepo do comunismo como ameaa internacional, uma das obsesses era monitorar a influncia dos pases do bloco socialista nas universidades. Desde 1964, o novo regime
vinha reduzindo os laos com os pases socialistas que haviam sido estabelecidos no governo de
Joo Goulart. Nos anos anteriores interveno militar foram criados rgos culturais bilaterais, como o Instituto Cultural Brasil-urss (icbus), e firmados acordos para envio de estudantes
brasileiros Unio Sovitica. Entretanto, para desagrado dos militares radicais e seus aliados, os
governos sados do movimento de 1964 preferiram no romper totalmente os laos diplomticos e culturais com a urss. O primeiro governo militar, chefiado pelo General Castelo Branco
rompeu relaes diplomticas com Cuba, entrou em choque com a China ao prender e julgar
os membros de misso comercial que estava no Brasil no momento do golpe15 e enviou tropas
para participar da interveno norte-americana na Repblica Dominicana. Porm, a orientao
diplomtica frente aos pases socialistas combinou convico anticomunista e pragmatismo, em
14 Cf. sb 8.3.2-15. Arquivo asi/unb, cedoc/unb. interessante notar que alguns grupos de esquerda realmente
utilizaram encontros de rea para se reorganizar, mas a leitura de que o mci inspirava tais aes puro exagero.
15 O argumento que Cuba vinha interferindo nos assuntos internos do Brasil e outros pases latino-americanos, notadamente a Venezuela, ao fomentar a ao de grupos armados. Sobre a crise relacionada priso da
misso chinesa cf. Rodrigo Patto S Motta, O perigo vermelho e vem de fora: o Brasil e a urss, Locus, 13
(2007); Juiz de Fora, ufjf (2007), 227-247.
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arranjo complexo e por vezes tenso. Atitudes baseadas apenas no anticomunismo marcaram as
relaes com Cuba e a China, mas, no que toca Europa oriental e urss os compromissos ideolgicos foram atenuados por interesses comerciais e diplomticos.
Em 1965, o Brasil exportou cerca de 90 milhes de dlares para a Europa oriental, com um
supervit de aproximadamente 20% desse valor. Os pases socialistas estavam longe de constituir-se nos maiores parceiros comerciais do Brasil, mas tambm no era montante a ser desprezado.
Por isso a deciso de Castelo Branco de enviar o Ministro Roberto Campos a Moscou, em
setembro de 1965,16 demonstrao que seu governo desejava manter laos econmicos normais
com a rea de influncia sovitica. A influncia da Unio Sovitica em certas regies do mundo,
notadamente entre os pases no alinhados, era to ou mais importante que os mercados da
Europa oriental. Manter relaes corretas com os soviticos era estratgico em vista da insero
internacional do Brasil e o contrrio, ou seja, o rompimento com a urss poderia trazer dificuldades diplomticas e comerciais com alguns pases do terceiro mundo.
As agncias de represso percebiam as razes pragmticas que fundamentavam a ambiguidade em relao urss e a atitude de low profile da diplomacia brasileira em direo ao leste,
embora alguns mais imaginativos enxergassem a tambm o dedo da infiltrao comunista.
Ainda assim, pressionaram o governo para, pelo menos, restringir os contatos na rea cultural. Passo importante nessa direo foi dado em 1970, por meio de estudo da Secretaria Geral
do Conselho de Segurana Nacional (csn) que, encaminhado ao Presidente Emlio G. Mdici
tornou-se poltica oficial do governo. Em maro de 1970, a exposio de motivos No8 foi enviada
ao Presidente da Repblica, assinada pelo General Joo Batista Figueiredo, Secretrio-Geral do
csn e Chefe do Gabinete Militar.
Provocada por notcias da imprensa sobre a partida de estudantes brasileiros para a urss, a
Secretaria Geral do csn resolveu estudar o assunto, com ajuda do sni e do Itamaraty. Incomodava
o fato de tantos estudantes estarem se dirigindo para o bloco socialista quando o entendimento
oficial, inclusive no Itamaraty, era que o aumento de laos culturais com tais pases no interessava
ao Brasil. Alm do envio de estudantes por meio do icbus, que poderiam voltar como agentes do
comunismo internacional preocupava tambm o fato de algumas universidades estarem fazendo
16 Naturalmente, a deciso de enviar misso oficial urss sofreu oposio da linha-dura. Cf. Roberto Campos,
A lanterna na popa: memrias 2 (Rio de Janeiro: Topbooks, 1994), 765-773.
17 Dados retirados de relatrio da Embaixada dos eua no Brasil. RG 59, caixa 1944, pasta 4. National Archives
and Records Administration, College Park, md. Em relatrio elaborado em 1970, com auxlio da Embaixada
brasileira em Moscou, o sni estimou em 100 o total de estudantes brasileiros na urss. Caixa 21/A, Fundo
csn, an-coreg (Arquivo Nacional, Coordenao Regional de Braslia).
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convnios por iniciativa prpria, na ausncia de proibio oficial. Um desses casos foi mencionado na exposio de motivos do csn: a coppe/ufrj havia contratado professores da Universidade
de Moscou e pretendia ampliar o convnio para trazer mais cientistas russos. Preocupado, o
Secretrio-Geral do csn props medidas para evitar que os governos comunistas utilizassem
acordos e manifestaes culturais como instrumentos de exportao e penetrao ideolgica.
Ele sugeriu proibir o funcionamento de entidades como o icbus, mesmo que fossem de natureza
privada; impedir, ou pelo menos reduzir a ida de brasileiros para estudarem na urss e pases do
bloco; proibir convnios entre universidades e escolas brasileiras com similares do exterior, sem
prvia autorizao do mec. Em decorrncia da ltima medida, o General Figueiredo recomendou
que se proibisse a coppe/ufrj de renovar o acordo com a Universidade de Moscou, aps o trmino dos contratos em vigor com os professores russos.18
A exposio de motivos do csn tornou-se poltica oficial ou oficiosa do governo e algumas
das medidas sugeridas por Figueiredo foram implantadas. No caso da coppe, o acordo que mantinha quatro professores soviticos nos seus quadros expirou em 1971 e no foi renovado, apesar
dos esforos do lder da instituio, professor Alberto Coimbra, para convencer as autoridades
da inexistncia de riscos polticos e das vantagens acadmicas, pois se tratava de pesquisadores
de primeira linha. Ele apelou ao Secretrio-Geral do Ministrio da Educao, um Coronel do
Exrcito, mas foi informado que a determinao contrria vinha de instncias superiores e nada
poderia ser feito.19
Outro efeito imediato da iniciativa do csn: no incio de 1971, as Universidades foram avisadas
pela dsi/mec, por ordem do Ministro da Educao, e em carter secreto, que estava proibido o
funcionamento de entidades que objetivam o estreitamento de laos culturais com pases de regime socialista totalitrio. O texto reproduzia praticamente na ntegra a linguagem da Secretaria
Geral do csn, avisando ainda que estava proibido o aliciamento de estudantes brasileiros para
estudarem na urss. No mesmo documento, outra determinao teria maiores efeitos prticos nas
Universidades. Os acordos com instituies estrangeiras s seriam permitidos mediante consulta
prvia ao Ministrio da Educao.20 O objetivo era dificultar os contatos com a rea socialista, porm, os termos foram genricos para evitar problemas diplomticos, como a acusao de prticas
discriminatrias contra pases com quem o Brasil mantinha relaes normais. Seja por concordarem com a medida ou por desejarem evitar problemas, as autoridades universitrias obedeceram.
Alguns Reitores avisaram os Diretores de Faculdades e Institutos sobre as novas determinaes,
advertindo que deveriam dificultar contatos acadmicos com pases socialistas e a urss, por ordens superiores.21
Por causa dos melindres diplomticos tambm no houve medidas explcitas de proibio
do icbus, que era entidade privada sem vnculos oficiais com a urss, e tampouco se proibiu o
envio de estudantes brasileiros para pases socialistas. O nmero pode ter diminudo por causa
das presses dos rgos de informao, mas o fluxo no foi interrompido. Em compensao, as
agncias repressivas aumentaram a presso sobre toda atividade considerada suscetvel de facilitar
18 Caixas 74/B e 21/A, Fundo csn, an-coreg a coppe/ufrj (Coordenao dos Programas de Ps-Graduao
de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro) foi criada em 1964 como centro de pesquisa e psgraduao na rea de engenharia e tecnologia.
19 Giulio Massarani et al, Alberto Coimbra e a coppe. (Braslia: Editora Paralelo 15, 2002), 33.
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o aumento da influncia dos pases comunistas. Por exemplo, monitoraram publicaes doadas
s universidades por pases socialistas, em busca de livros suspeitos, e solicitaram que pedidos de
professores para afastamento no exterior, sobretudo quando o destino era a urss fossem encaminhados com bastante antecedncia, para dar tempo s agncias de informao para investigarem.22
Visando obter dados sobre os diplomados pela uappl espalhados pelo Brasil, em novembro
de 1972 a Agncia Central do sni difundiu documento entre os vrios rgos de informao. O
texto advertia que a Universidade sovitica era controlada pela kgb e, durante seus cursos alegava
o sni, os alunos seriam submetidos pregao marxista-leninista.25 Como alguns ex-alunos j
haviam retornado e lecionavam em instituies brasileiras, colocando em risco a segurana nacional, a ac/sni solicitava levantamento dos nomes de todos os egressos, principalmente aqueles
cujos diplomas haviam sido revalidados no Brasil. O sni ainda no sabia como funcionava o
sistema de revalidao de diplomas estrangeiros e pedia aos membros da comunidade de informaes mais dados sobre o assunto.
A partir da, diversas agncias de segurana comearam a rastrear pessoas e diplomas. Foram
localizadas situaes de norte a sul do pas, mas os resultados das gestes dos rgos de informao
22 sb 3.3.1-01. Arquivo asi/unb, cedoc/unb e caixa 18, mao 22, Arquivo aesi/ufmg
23 Veja 69 (31/12/69), 29. O jornal O Globo publicou nota semelhante em 7/01/1970.
24 ace 10805/85, Fundo sni, ani-coreg.
25 ace 3675/83, Fundo sni, ani-coreg.
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variaram, pois nem sempre conseguiram impedir que os egressos da uappl trabalhassem. Em
Gois foi identificado casal suspeito trabalhando para a Prefeitura de Anpolis. Wilson tinha sido
militante comunista antes de 1964 e, pouco depois, foi para a uappl fazer graduao e mestrado.
L se casou com a colombiana Laura e, aps sete anos na urss, ele voltou com a companheira e
um filho para sua terra natal, onde ambos foram contratados pelo poder municipal. Aps o casal
ter sido descoberto pelos rgos de informao, em 1972, ambos foram demitidos.26 Outro
casal com histria semelhante foi localizado em Minas Gerais, s que nesse caso a esposa era
russa e ambos obtiveram diplomas em Fsica na urss. Em 1974, Joo Lenine conseguiu emprego
em uma subsidiria da empresa estatal usiminas e sua companheira russa tentou o mesmo, sem
sucesso.27
Entre 1972 e 1975, as agncias de informao rastrearam diplomas soviticos revalidados
por vrias Universidades brasileiras, como Universidade de So Paulo, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Minas Gerais, em reas como Qumica, Fsica,
Engenharia, Geologia e at Medicina. Alm disso, a colnia de estudantes brasileiros na urss
foi vigiada, com ajuda da dsi do Ministrio das Relaes Exteriores e da Embaixada Brasileira
em Moscou, inclusive por meio de violao de correspondncia. Uma carta dirigida ao irmo por
estudante gacho que vivia em Moscou foi interceptada no incio de 1971, e o contedo no agradou aos agentes de informao. Entusiasmado, ele elogiou a qualidade do ensino (inigualvel
em qualquer parte do mundo) e a sociedade sovitica, prometendo fazer esforos para que mais
brasileiros fossem estudar l.28 Em 1978, outra ao contra os universitrios brasileiros na urss:
um grupo de seis ex-estudantes da uappl desejava voltar ao Brasil, mas encontrava dificuldade
para obter passaporte junto Embaixada. Eles ameaaram denunciar o caso imprensa e acionar a Justia caso seus passaportes fossem negados e, por isso, a dsi do Ministrio das Relaes
Exteriores montou pequeno dossi sobre o grupo. O sni, que era a agncia central do sistema de
informaes instruiu que eles fossem interrogados e vigiados quando de sua chegada ao Brasil.29
At 1975, as Universidades brasileiras credenciadas tinham autonomia para revalidar diplomas estrangeiros, por delegao do Conselho Federal de Educao. No entanto, graas presso
dos rgos de informao e segurana, preocupados em desestimular o estudo na urss, essas normas foram alteradas. O primeiro sinal foi um Aviso Circular Reservado (No122, de 26/02/1975)
do Ministrio da Educao s Universidades, determinando que processos de revalidao de
diplomas obtidos em pases sem acordo cultural com o Brasil fossem enviados primeiro ao
Ministrio.30 Os processos ficaram suspensos por alguns meses e a Secretaria Geral do csn voltou
carga, para reforar a poltica iniciada em 1970. O csn, por essa poca (1975) secretariado pelo
General Hugo Abreu montou Grupo de Trabalho para reestudar a questo das relaes culturais
com o bloco socialista, com o objetivo de desestimular a ida de estudantes e bloquear os diplomas.
De acordo com texto assinado por Abreu:
27 No h como ter certeza se o contrato dela foi barrado por razes polticas, pois, anos depois, quando os
rgos de informao conseguiram controlar a revalidao de diplomas soviticos, o sni liberou a revalidao
do diploma da mulher, de nome Nina. ace 2903/82, Fundo sni, an-coreg.
28 ace 11453/85, Fundo sni, an-coreg.
29 Pastas op 1172 e op 1403. Fundo deops, Delegacia de Ordem Poltica, Arquivo do Estado de So Paulo.
30 sb 7.2.1-34. Arquivo asi/unb, cedoc/unb e ace 4171/80, Fundo sni, an-coreg.
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A meno a treinamento guerrilheiro deve ser imputada a arroubo retrico do General Abreu,
pois seria improvvel sua existncia quando se sabe que a poltica sovitica no favorecia aes
armadas, pelo menos no Brasil. De qualquer forma, o aparato de segurana conseguiu o desejado,
ao menos em parte. A situao era delicada porque setores do governo no desejavam melindrar
os soviticos ou dar-lhes motivos para reclamaes em foros internacionais. Por isso, foi aprovada
uma linha de ao que, ainda nas palavras do General Abreu em outro estudo sobre o mesmo
assunto, permitia atender os interesses imediatos do relacionamento bilateral comercial e financeiro e as cautelas de Segurana Nacional, assegurar flexibilidade e satisfazer s peculiaridades das
relaes polticas.32 A flexibilidade mencionada se refletiu nas decises de no fechar os icbus,
mas criar mecanismos legais para control-los, e determinar que as Universidades perdessem
autonomia para revalidar diplomas dos pases socialistas, mas, sem express-lo claramente.
Embora isso no tenha sido mencionado nos documentos do csn e dos rgos de informao factvel supor que a flexibilidade tinha por objetivo, tambm, evitar problemas com os
elementos liberais no Conselho Federal de Educao (cfe) e nas Universidades. Por isso, o texto
submetido como resoluo ao cfe, e aprovado em dezembro de 1975 (resoluo N43/75 do cfe)
no mencionava os pases socialistas, apenas a preocupao com as centenas de diplomas obtidos
por brasileiros no exterior, sem verificao da qualidade das instituies frequentadas. A preocupao de preservar a qualidade dos profissionais com ttulos superiores em atuao no pas foi
a justificativa apresentada para aprovao da nova resoluo, que determinou que a deciso final
nos processos de revalidao caberia ao Ministrio da Educao (mec). Entretanto, as razes de
ordem poltica no ficaram ausentes do texto, talvez para deixar claro, e assim evitar reclamaes,
que, em alguns casos, motivos de segurana nacional determinariam as decises. O texto aprovado pelo cfe dizia: a universidade, antes de iniciar a instruo do processo, encaminhar os autos
ao Departamento de Assuntos Universitrios (do mec), que examinar o pedido, tendo em vista
as necessidades do Pas e a segurana nacional, e proferir a deciso.33
A partir da, os rgos de informao puderam bloquear processos de revalidao de diplomas. Encontramos documentao sobre um caso, envolvendo agrnomo formado na uappl que
submeteu seu diploma Universidade Federal Rural de Pernambuco, em 1977. O Ministrio da
Educao respondeu que o pedido no poderia ter andamento, nos termos do artigo 8 da resoluo 43/75 do cfe, o mesmo que se referia s necessidades do Pas e a segurana nacional.34
Quanto aos profissionais que j haviam conseguido legalizar seus diplomas no Brasil, sua vida
31 Exposio de Motivos No88 (29/11/75). Caixa 74/B, Fundo csn, an-coreg.
32 Exposio de Motivos No99 (26/12/75). Caixa 74/B, Fundo csn, an-coreg.
33 Revista Documenta 181 (1975), 187-189.
34 ace 2034/81, Fundo sni, an-coreg.
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continuou sob vigilncia estrita, s vezes com prejuzos marcantes. Por exemplo, em 1977 um
uruguaio de nacionalidade brasileira e formado em Matemtica pela uappl tentou ser contratado como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas, foi barrado, graas
recomendao negativa da asi/ufrgs.35 Na Universidade Federal da Bahia (ufba), o professor
de Fsica Paulo Miranda, contratado em 1972, foi demitido em 1977 devido resoluo sobre
os diplomas. Ele estudara na uappl entre 1964 e 1970 e, embora alegasse ter diploma revalidado
pela usp, no apresentou comprovao quando os rgos superiores da ufba, pressionados pelo
aparato de represso, fizeram essa exigncia. De nada adiantou a solidariedade do Diretor do
Instituto e os protestos de estudantes e colegas, seu contrato foi rescindido.36
Consideraes finais
As convices anticomunistas foram elemento significativo para a construo de laos de
identidade entre os grupos favorveis ao golpe de 1964, em especial os militares, a quem forneceram um sentido de misso. E tambm inspiraram algumas aes da ditadura, tanto na esfera
repressiva quanto no terreno educativo e cultural. No entanto, anlise mais atenta do impacto das
polticas anticomunistas nos meios acadmicos e intelectuais revela que tiveram efeitos limitados. Nem todos os docentes com perfil esquerdista foram afastados das instituies de ensino,
e as agncias de represso no conseguiram impedir que alguns jovens professores com ideias
socialistas fossem contratados. Tampouco os militares da direita radical conseguiram bloquear
totalmente os contatos culturais com os pases socialistas, assim como no foram capazes de impedir a circulao de ideias e textos de esquerda, inclusive o marxismo, cuja influncia aumentou
36 O caso gerou reportagem em Veja 474 (5/10/1977), 64, que mencionou a asi como a responsvel pela
demisso. Cf. tambm Clemente, Jos Eduardo Ferraz. Cincia e poltica durante o regime militar: o caso
da comunidade brasileira de fsicos. (Salvador; ufba, 2005), 216-224. Dissertao de Mestrado, Instituto de
Fsica, ufba.
37 O caso da ufrgs est em ace 10663/85 e o da ufrj em ace 5218/77, Fundo sni, an-coreg. asi/dr-3 era a
agncia de informaes vinculada Delegacia do mec no Estado do Rio de Janeiro.
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Essa percepo comum entre os duros foi aguada com o incio do processo de distenso poltica no governo do General Ernesto Geisel, a partir de 1974. O quarto presidente militar adotou
a estratgia de liberalizar e reduzir a escala repressiva, com vistas a institucionalizar o regime
autoritrio e atenuar os choques com as foras de oposio. Essa poltica desagradou direita
radical dominante nos aparatos repressivos, que temia o recrudescimento das aes da esquerda
tanto quanto desejava evitar a perda de seu poder e prestgio no aparelho do Estado. A resposta
de tais grupos distenso foi aumentar as aes repressivas e, de fato, ocorreram muitas mortes
e desaparecimentos entre 1974 e 1976, principalmente de lderes dos dois Partidos Comunistas
mais influentes.39 O nimo anticomunista tornou-se o ponto de unio para os militares radicais
insatisfeitos com a postura moderada defendida por Geisel, que ficaram enraivecidos quando o
presidente adotou posies diplomticas pragmticas tambm em relao China e aos jovens
governos marxistas que surgiram ao fim do imprio portugus na frica. Entre 1974 e 1975, o
governo brasileiro reconheceu o governo de Angola, estabeleceu laos diplomticos com a China
popular e votou a favor de resoluo da onu condenando o sionismo, para agrado dos pases
rabes. Para os mais radicais da direita, tais aes eram indcio que a infiltrao comunista atingira o prprio ncleo do poder militar, e suas acusaes dirigiam-se principalmente ao General
reformado Golbery do Couto e Silva, conselheiro poltico de Geisel.
39 O Partido Comunista Brasileiro (pcb) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), sendo o ltimo o resultado
de uma ciso no incio dos anos 1960. Aproximadamente trs dezenas de membros do Comit Central dos
dois partidos foram mortos entre 1974 e 1976, e mais alguns militantes de base.
40 A tal lista trouxe prejuzo para algumas pessoas, como o professor Hlio Pontes, que deixou de ser nomeado
Reitor da ufmg por causa da repercusso do episdio. A lista de Frota pode ser encontrada em O Estado de
So Paulo (24/11/1977), 22. Para conhecer a opinio da direita radical sobre Geisel uma fonte interessante so
as memrias do General Frota. Sylvio Frota, Ideais trados (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006).
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Frota, Sylvio. Ideais trados. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
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Vianna, Marly de Almeida Gomes. Revolucionrios de 35: sonho e realidade. So Paulo: Companhia das Letras,
1992.
41 Esses atentados bomba mataram uma pessoa e deixaram vrios feridos. Em abril de 1981, no Rio de Janeiro,
militares paisana tentaram colocar bombas em um centro de convenes (Riocentro) onde iria ocorrer show
com a presena de artistas de oposio. Por falha tcnica dos terroristas uma das bombas explodiu em seu
carro, matando um Sargento do Exrcito e ferindo um Capito. A repercusso do caso levou ao fim das aes
terroristas de direita, embora os responsveis no tenham sido punidos pelo Estado.
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Dossier | 149
Resumen
Este artculo explora las relaciones entre
los trminos con los que se caracteriz la amenaza a la seguridad interna en la legislacin de
defensa argentina de la dcada del sesenta y
las conceptualizaciones sobre dicha materia
realizadas en el marco de las doctrinas contrainsurgentes francesa y estadounidense. En
este sentido, el trabajo apunta a mostrar la circulacin de una serie de nociones propias del
mbito castrense entre destacados polticos argentinos y su influencia en la elaboracin de la
normativa de defensa, tanto durante la presidencia de Arturo Illia (1963-1966) como bajo
la presidencia de facto del general Juan Carlos
Ongana (1966-1970). Por ltimo, este trabajo
seala la necesidad de problematizar la divisin tradicional entre civiles y militares como
actores polares durante los aos sesenta y plantea la cuestin de pensar las continuidades de
ciertos discursos autoritarios ms all de la clsica divisin entre democracia y dictadura.
Abstract
This article explores the relationships between terms that characterized the threat to
internal security in the Argentinean defense
legislation in the sixties and conceptualizations on this matter made in the framework
of the French and U.S. counterinsurgency doctrine. In this sense, the work aims to show the
circulation of a set of ideas characteristic of the
military realm among prominent Argentine
politicians and their influence on the development of regulations for defense under President
Arturo Illia (1963-1966) and under de facto
presidency of General Juan Carlos Ongana
(1966-1970). Finally, this paper points out
the need to problematize the traditional division between civil and military as polar actors
during the sixties and raises the question of
continuities of certain authoritarian discourses
beyond the traditional boundary between democracy and dictatorship.
Programa de Estudios sobre Historia del Tiempo Presente, Universidad Nacional de Tres de Febrero.
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150 | Pontoriero
contemporanea
Introduccin2
En la dcada del sesenta la llamada Doctrina de la Guerra Revolucionaria (dgr) y, luego, la
denominada Doctrina de la Seguridad Nacional (dsn) conformaron el marco de ideas a partir
del cual los militares argentinos pensaron los problemas relativos a la seguridad interna y la defensa. Ahora bien, como se buscar mostrar en las pginas que siguen, la circulacin de ciertas
nociones propias del pensamiento militar mencionado se extendi ms all de los muros de los
cuarteles e institutos castrenses para alcanzar a destacados hombres de la poltica argentina de
ese entonces.
El objetivo del presente artculo ser analizar las formas en las que se conceptualiz el carcter
de la amenaza a la seguridad interior en la legislacin de defensa argentina y en las hiptesis de
conflicto elaboradas por el Ejrcito en el perodo 1963-1970. Al mismo tiempo, se incorporar
el estudio de las ideas militares presentes en la dgr y en la dsn con el objetivo de mostrar las
relaciones conceptuales existentes entre estas ltimas con la legislacin y las hiptesis de conflicto
mencionadas.
En ese sentido, lo que se buscar saber es si existi una definicin de la amenaza interna comn tanto al gobierno democrtico del Dr. Arturo Illia (1963-1966) como al gobierno de facto
del general Juan Carlos Ongana (1966-1970), poniendo en evidencia una lnea de continuidad
entre ambos. Con referencia a esto ltimo, cabe sealar que dicha problemtica no ha sido abordada en los estudios clsicos sobre las Fuerzas Armadas argentinas en el siglo xx ni tampoco
desarrollada por investigaciones posteriores.3
Este artculo tiene su origen en una reelaboracin de los captulos tercero y cuarto de mi tesis de Licenciatura
en Historia. Ver Pontoriero, Esteban. De la conmocin interior a la guerra revolucionaria: legislacin de defensa,
pensamiento militar y caracterizacin de la amenaza a la seguridad interna en la Argentina (1958-1970) (Buenos
Aires: Departamento de Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2012).
Los estudios histricos clsicos sobre las ffaa argentinas a los que se hace referencia son: Robert Potash, El
Ejrcito y la poltica en Argentina. De la cada de Frondizi a la restauracin peronista. Primera parte, 1962-1966
(Buenos Aires: Sudamericana, 1994) y El Ejrcito y la poltica en Argentina. De la cada de Frondizi a la restauracin peronista. Segunda parte, 1966-1973 (Buenos Aires: Sudamericana, 1994); y Alain Rouqui, Poder
militar y sociedad poltica en la Argentina ii. 1943-1973 (Buenos Aires: Emec, 1998). Cabe sealar que entre
2009 y 2011 se llev a cabo una labor de investigacin en el marco del proyecto Evolucin de la poltica
sobre seguridad interior en Argentina (1955-1976). Para una primera aproximacin a la cuestin ver Mario
Ranalletti y Esteban Pontoriero. La normativa en materia de defensa y seguridad y la criminalizacin de las
disidencias (1955-1976), V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente (Buenos Aires: Universidad Nacional
de General Sarmiento, 2010).
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6
7
John Steward Ambler, The French Army in Politics, 1945-1962 (Ohio: Ohio State University Press, 1966),
149-239.
Es importante aclarar que la dgr no es un bloque uniforme sino que, ms bien, a los fines de realizar una
exposicin sinttica, se esquematiza su definicin. Ver Christian Olsson, Guerre totale et/ou force minimale ? Histoire et paradoxes des coeurs et des esprits, Cultures & Conflits 67 (2007), 40. Christopher
Cradock y M. L. R Smith, No Fixed Values. A Reinterpretation of the Influence of the Theory of Guerre
Rvolutionnaire and the Battle of Algiers, 19561957, Journal of Cold War Studies 4 (2007), 80.
Peter Paret, French Revolutionary Warfare from Indochina to Algeria (Santa Brbara: Praeger Publishers, 1964),
25-26, 29-30, 98.
Michel Don, Larme dAlgrie et la pacification (Paris: Plon, 1959), 15-64. Raoul Girardet (Coordinador) La
crise militaire franaise 1945-1962: aspects sociologiques et idologiques (Paris: Armand Colin, 1964), 173-185.
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Adems de este marco terico general, el segundo elemento que caracterizaba a la dgr era un
conjunto de tcnicas de combate que se recomendaba implementar para hacer frente a la guerra
revolucionaria en curso. Cabe destacar que debido a que la misma era llevada adelante por un
enemigo interno que se mimetizaba con la multitud, el principal objetivo para las fuerzas del
orden lo constitua el control de la poblacin. En este sentido, las medidas que se prescriban en el
marco de la dgr estaban orientadas hacia el mantenimiento de la seguridad interna del Estado.8
Entre los principales mtodos que se recomendaban pueden sealarse la divisin del territorio
en zonas de defensa militares (cuadriculacin), subordinacin de las fuerzas de seguridad al mando de las ffaa y medidas de accin y guerra psicolgicas. Asimismo, exista una serie de prcticas
ilegales y criminales que formaban parte de la realidad de las medidas antisubversivas, tales como
el establecimiento de centros clandestinos de detencin y la metodologa del secuestro, tortura
para la obtencin de informacin, muerte y posterior desaparicin de los cadveres.9
La dgr fue incorporada por el Ejrcito argentino a fines de 1957.10 En lo que respecta a las
otras fuerzas, la Marina mostr una temprana preocupacin por la doctrina francesa desde fines
de la dcada del cincuenta.11 Por su parte, la Fuerza Area public algunos pocos trabajos sobre
el asunto.12 La difusin de la nueva doctrina en el mbito castrense local se llev a cabo por
diferentes medios, entre los ms destacados pueden sealarse: a) los viajes y estadas de carcter
formativo de oficiales argentinos en las academias militares francesas, b) la llegada al pas de asesores galos especializados en la dgr y su establecimiento en una comisin permanente en la sede
del Estado Mayor del Ejrcito, c) la publicacin de artculos sobre el tema en las revistas militares,
d) la edicin de bibliografa relacionada con la doctrina francesa y, e) la realizacin de cursos y
conferencias sobre la temtica.13
El proceso de introduccin del conjunto de ideas relacionado con la dgr durante el perodo
1957-1962 tuvo dos consecuencias fundamentales: la primera fue la sustitucin del paradigma doctrinario de defensa de las ffaa vigente hasta ese momento, la Doctrina de la Defensa
Nacional (en adelante, ddn). La misma se caracterizaba por concebir a la guerra como un
fenmeno asociado a una agresin militar exterior llevada adelante por parte de otro Estado
soberano.14 Por lo tanto, a partir de su reemplazo por la dgr, la principal tarea de las ffaa pasara a estar relacionada con el mbito de la seguridad interna en el marco de una guerra contra
8
9
George Amstrong Kelly, Lost Soldiers. The French Army and the Empire in Crisis 1947-1962. (Cambridge: mit
Press, 1965), 120, 134-140.
P. Paret, French Revolutionary Warfare.
12 Se relev la Revista de la Escuela de Comando y Estado Mayor y la Revista Nacional Aeronutica y Espacial para
el perodo 1957-1962.
13 Ernesto Lpez, Seguridad Nacional y sedicin militar (Buenos Aires: Legasa, 1987), 144-160. Roberto Diego
Llum, Influence de la Mission dassesseurs militaires franais specialists en guerre contre rvolutionnaire, dans la
formation des officiers argentins pendant la priode 1957-1970 (Paris: Universit de Paris iii-Sorbone NouvelleInstitut des Hautes Etudes de lAmrique latine, 2003), 31-110. Memoire du dea.
14 Sobre la ddn ver, Marcelo Fabin San, Los votos y las botas: estudios sobre la defensa nacional y las relaciones
civil-militares en la democracia argentina (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2010), 94-108
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17 Sobre este complejo proceso consultar, David Rock, La Argentina autoritaria (Buenos Aires: Ariel, 1993),
204-206 y D. Llum, Influence de la Mission, 79-83. Sobre el enfrentamiento entre Azules y Colorados ver,
R. Potash, El Ejrcito y la poltica (Primera parte), 100-176 y A. Rouqui, Poder militar, 193-223.
18 Hctor Ral Rodrguez Espada, Una doctrina argentina, Revista de la Escuela Superior de Guerra 386 (1970),
112. E. Lpez, Seguridad Nacional, 171-181. Daniel Mazzei, El Ejrcito argentino y la asistencia militar norteamericana durante la Guerra Fra, Taller 20 (2003), 16-18. En este artculo se utiliza una versin facilitada
por el autor.
19 Alfred Stepan, The New Profesionalism of internal Warfare and Military Role Expansion, en Alfred Stepan (Coordinador) Auhoritarian Brazil. Origins, Policies, and Future (New Haven: Yale University Press,
1973), 47-65. Alain Rouqui, El Estado militar en Amrica Latina (Buenos Aires: Emec, 1984), 134-171.
20 Douglas Blaufarb, The counterinsurgency Era: Doctrine and Performance (New York: Free Press, 1977), 22-51.
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El segundo elemento de importancia en la dsn lo constitua la idea de que los eeuu no deban participar con fuerzas militares propias en los pases que estuvieran en una etapa avanzada
de crisis revolucionaria. En todo caso se recomendaba intervenir de forma preventiva en el inicio
de un proceso poltico pasible de derivar en un conflicto mayor dirigido por el comunismo. En
base a este principio, los tericos de la dsn sealaban que el objetivo central de una estrategia
contrainsurgente deba apuntar a mejorar la calidad de gestin de los gobiernos del tercer mundo
amenazados por el comunismo. En este sentido, se deba lograr que estos regmenes polticos
obtuvieran el apoyo popular suficiente como para quitarle al comunismo la base social necesaria
para la causa revolucionaria.22
En el marco de la dsn se consideraba a la guerra de guerrillas como una accin multidimensional, llevada adelante con medios militares, polticos, econmicos, sociales y psicolgicos, por
consiguiente, era necesaria una respuesta integral ante una amenaza de ese tipo. Ahora bien, la
dsn se caracterizaba por priorizar la implementacin de medidas preventivas antes que solamente
represivas. En base a esta idea se elabor el concepto de accin cvica.23 Dicho trmino haca referencia al uso de fuerzas militares locales en proyectos de utilidad para la poblacin. Los campos
sobre los que se propona intervenir incluan educacin, entrenamiento, obras pblicas, agricultura, transporte, comunicaciones, salud y sanidad, contribuyendo al desarrollo econmico y social.24
Para hacer frente al fenmeno de la guerrilla rural comunista, a nivel operativo, los tericos
de la dsn recomendaban crear unidades de combate especiales de cincuenta hombres con mando
descentralizado y capacidad para actuar de manera autnoma con movimiento de abanico dentro
de la zona rural. Asimismo, se retomaba el sistema francs de control de la poblacin a travs
de la cuadriculacin (quadrillage) del territorio en el que se estaba combatiendo. Por otro lado,
los especialistas estadounidenses recomendaban la ayuda de una fuerza de apoyo para asistir a
las unidades de combate desde el aire por medio de helicpteros. Por ltimo, recordaban que en
este tipo de guerra, los armamentos y los equipamientos pesados, as como la organizacin en
regimientos, divisiones y cuerpos, incluidos los cuarteles generales, se consideraban elementos
superfluos.25
En Argentina, los programas de accin cvica tuvieron un impacto relativamente escaso. Los
principales motivos para esto fueron, por un lado, que este pas posea un nivel relativamente
21 D. Blaufarb, The counterinsurgency Era, 66-67.
22 The counterinsurgency Era, 67.
23 Wilard F. Barber y Neale Ronning, Internal Security and Military Power. Counterinsurgency and Civic Action
in Latin America (Ohio: Ohio State University Press, 1966), 180-181.
24 W. Barber y N. Ronning, Internal Security and Military Power, 6.
25 The counterinsurgency Era, 60.
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avanzado de desarrollo econmico y un aceptable estndar de vida. Esto haca que los proyectos
tuvieran un impacto menor entre la poblacin.26 Por otro lado, en Argentina el riesgo de insurgencia se encontraba en las grandes reas urbanas en donde los proyectos de accin cvica no se
haban implementado, dndosele la prioridad al medio rural.27
En base a esas previsiones estratgicas, el Ejrcito realiz en este perodo una reestructuracin general. De acuerdo a los militares encargados de llevar adelante ese proceso, era necesario
disponer de una organizacin territorial bsica y reducida que permitiera liberar las fuerzas
operacionales. Tambin se consideraba necesario mantener en el despliegue de paz ncleos importantes de las fuerzas operacionales en las proximidades de los grandes centros urbanos y otros
ncleos capaces de intervenir en reas rurales o centros urbanos de segunda importancia. Por
ltimo, se volva prioritario establecer la doctrina y el respaldo legal necesarios para efectivizar la
potencial intervencin de las ffaa en cuestiones de seguridad interna.32
28 S. Amaral, Guerra revolucionaria, 194, 195. D. Mazzei, El Ejrcito argentino, 17. Mario Ranalletti,
Contrainsurgencia, catolicismo intransigente y extremismo de derecha en la formacin militar argentina.
Influencias francesas en los orgenes del terrorismo de Estado (1955-1976), en Daniel Feierstein
(Coordinador) Terrorismo de estado y genocidio en Amrica Latina (Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009), 278.
29 Ramn Genaro Daz Bessone, Testimonio de una dcada (Buenos Aires: Crculo Militar, 1996), 50-51. MarieMonique Robin, Escuadrones de la muerte: la escuela francesa (Buenos Aires: Sudamericana, 2005), 268.
30 Servicio Histrico del Ejrcito Argentino, Coleccin: Planeamiento y Movilizacin, Caja N4, Comando en
Jefe del Ejrcito-Estado Mayor del Ejrcito, Ejrcito Necesario (1965), 5.
31 Servicio Histrico del Ejrcito Argentino (1965), 5-6.
32 Servicio Histrico del Ejrcito Argentino, Coleccin: Planeamiento y Movilizacin, Caja N4, Elaboracin
del Plan Militar (1966), 4-5. Ver tambin, Servicio Histrico del Ejrcito Argentino, Coleccin: Estructura y
Organizacin, Caja N1, Sobre la Reestructuracin del Ejrcito en los aos 1964-1965 (1965), 1-4. Por ltimo,
puede consultarse, Servicio Histrico del Ejrcito Argentino, Coleccin: Estructura y Organizacin, Caja N1,
Comisin Especial de Reestructuracin del Ejrcito, Documento N 7. A. Estructura Superior del Ejrcito.
B. Estructura Inferior del Ejrcito y su Despliegue de Paz. C. Plan de Transformacin (1963), 1-4.
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Como resultado del plan dispuesto, durante estos aos se llevaron a cabo importantes modificaciones en la estructura orgnica del servicio, destacndose la sustitucin del sistema de ejrcitos,
divisiones y regimientos por el de cuerpos de Ejrcito, brigadas y batallones.33 A nivel doctrinario,
las autoridades encargadas de planificar la reestructuracin del servicio planteaban la cuestin
de la siguiente manera: se tomar como base, en todos los niveles de la conduccin operativa y
tctica, la doctrina vigente en el Ejrcito de los Estados Unidos de Norte Amrica, adaptndola
a los medios, posibilidades, idiosincrasia, etc. de nuestro Ejrcito. El planeamiento y empleo para
enfrentar la guerra revolucionaria se basar en la doctrina del Ejrcito Francs.34 Tal como se
dijo ms arriba, la dgr sigui ocupando un lugar relevante en el pensamiento militar posterior
al derrocamiento de Frondizi en marzo de 1962. Por ltimo, debe sealarse que el problema de
la falta de legislacin de defensa acorde al nuevo marco doctrinario planteaba la necesidad de su
actualizacin.35 Este ltimo asunto ser lo que se analizar a continuacin en la segunda parte de
este trabajo.
33 Sobre el proceso de reestructuracin del Ejrcito ver, R. Potash, El Ejrcito y la poltica (Primera parte), 192195. Gustavo Cceres, La crisis militar argentina, en Gustavo Cceres y Thomas Sheetz (Editores) Defensa
no provocativa. Una propuesta de reforma militar para la Argentina (Buenos Aires: Editora Buenos Aires, 1995),
24-25; D. Llum, Influence de la Mission, 83-89. Cabe sealar que el servicio vena desarrollando esta idea
desde 1961. Al respecto ver, Servicio Histrico del Ejrcito Argentino, Coleccin: Estructura y Organizacin,
Caja N2, Secretara de Guerra-Direccin General de Estadstica Militar, Los cuerpos de Ejrcito. Definicin del Potencial de sus Jurisdicciones (1961).
34 Servicio Histrico del Ejrcito Argentino, Coleccin: Estructura y Organizacin, Caja N1, Comisin Especial
de Reestructuracin del Ejrcito, Documento N 7. A. Estructura Superior del Ejrcito. B. Estructura
Inferior del Ejrcito y su Despliegue de Paz. C. Plan de Transformacin (1963), Anexo N 1, 1.
35 Servicio Histrico del Ejrcito Argentino, Coleccin: Planeamiento y Movilizacin, Caja N4, Planeamiento
y Programacin en el Ejrcito (1964), 3.
36 R. Potash, El Ejrcito y la poltica (Primera Parte), 178. A. Rouqui, Poder militar, 226. Csar Tcach, Arturo
Illia: un sueo breve. El rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966 (Buenos Aires:
Edhasa, 2011), 69.
37 Liliana De Riz, Historia argentina 8: la poltica en suspenso: 1966-1976 (Buenos Aires: Paids, 2007), 13-65.
Marcos Novaro, Historia de la Argentina. 1955-2010 (Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010), 89-104.
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La demanda del legislador cordobs tena relacin con los hechos ocurridos a principios
de 1964, cuando el gobierno descubri y desactiv, con efectivos de la Polica provincial y la
Gendarmera Nacional, el accionar de grupos armados en dos provincias del norte argentino,
Salta y Tucumn. En vinculacin con esto, adems de los campamentos y escondites de armas
descubiertos en la zona, se hallaron indicios sobre la existencia de una red de simpatizantes y
colaboradores.40 Por consiguiente, los ministros del gobierno nacional que asistieron a la interpelacin parlamentaria se ocuparon de brindar a los diputados distintas informaciones relacionadas
con las caractersticas del fenmeno de los grupos armados en la Argentina.41
En el marco de la interpelacin, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el Dr. Zavala
Ortiz, introdujo un concepto que, desde su punto de vista, era crucial para definir la amenaza a
la seguridad interior en la situacin nacional (e internacional) de ese momento: la guerra revolucionaria. En este sentido, mientras desarrollaba una explicacin acerca de la gnesis de este
fenmeno, el ministro seal:
[] es notorio que de la existencia de dos sistemas de vida distintos ha surgido en
el mundo una competencia de poder, con posibilidades de agresin blica dira
as, de guerra propiamente dicha entre ambos bloques de pases. Pero la existencia
de un poder tan extraordinario como el que surge de la energa atmica ha determinado paradjicamente, una autolimitacin de la posibilidad de la guerra en su
sentido ms propio. Eso ha dado motivo a que la competencia se derivase a otro
mtodo, a otro sistema, que es el conocido como el de guerra revolucionaria: guerra
no declarada, silenciosa, pero guerra inexorable, global y permanente.42
38 Argentina. Congreso de la Nacin. Diario de sesiones de la Cmara de Diputados 4 (Buenos Aires: Imprenta
del Congreso, 1964), 2871-2909. Para ms informacin sobre la interpelacin en la prensa escrita de la poca
ver, Clarn (26/8/1964), 13. Clarn (27/8/1964), 21. La Nacin (25/8/1964), 1. La Nacin (27/8/1964), 16.
La Prensa (24/8/1964), 1. La Prensa (26/8/1964), 1. La Prensa (27/8/1964), 1. La Razn (26/8/1964), 1. Por
ltimo, tambin ver, Primera Plana (25/8/1964), 7.
41 Para las palabras pronunciadas por el ministro del Interior ver, Diputados, Diario de sesiones (1964), 28722874. En relacin al ministro de Defensa, ver Diputados, Diario de sesiones (1964), 2876-2883. Por ltimo, en
referencia a lo expresado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, ver Diputados, Diario de sesiones
(1964), 2884-2888.
42 Diputados, Diario de sesiones (1964), 2884.
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46 Sobre este asunto, Sandler deca: No se me escapa, como seal con inteligencia el seor ministro de
Defensa, que muchas de estas filiaciones son desmentidas por las organizaciones partidarias a las cuales el
afiliado pertenece. Y as ha de ser, porque en esta guerra subversiva, en esta guerra de guerrillas, el antifaz, el
disimulo, es uno de los instrumentos. Ver, Diputados, Diario de sesiones (1964), 2888. Para las afirmaciones
de otros legisladores en esta misma lnea de argumentacin, ver, por ejemplo, lo expresado por el diputado del
Partido Demcrata Nacional por Mendoza, Emilio Jofr, en Diario de sesiones (1964), 2892. Tambin consultar la intervencin de Amrico Ghioldi, diputado por la Capital Federal del Partido Socialista Democrtico,
en Diario de sesiones (1964), 2896-2897.
47 Diario de sesiones (1964), 2905.
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y subversin, etc., fueron utilizados por los legisladores y los ministros sin ser claramente definidos.48 Por ltimo, debe indicarse que dichos trminos aparecan fuertemente vinculados (ya sea
como sinnimos o como componentes de la misma) a la realidad mayor que implicaba el nuevo
tipo de guerra, la guerra revolucionaria.49
50 Argentina. Congreso de la Nacin. Diario de sesiones de la Cmara de Senadores 2 (Buenos Aires: Imprenta del
Congreso, 1964), 1195-1203. En la prensa escrita ver, Clarn (20/9/1964), 15-16. La Nacin (25/8/1964), 1;
La Prensa, 1. Para un minucioso informe periodstico sobre el proyecto de ley de defensa nacional, se recomienda consultar el que se encuentra en Anlisis (19/10/1964), 26-29.
51 Clarn (4/8/1964), 19.
53 R. Potash, El Ejrcito y la poltica (Primera parte), 190-191. Asimismo, cabe recordar las palabras finales del
ministro de Defensa en la interpelacin. Ver nota al pie 44. Por ltimo, consultar la seccin primera de la
fundamentacin de la ley de defensa nacional redactada por el Dr. Surez. Ver, Senadores, Diario de sesiones
(1964), 1200.
54 Segn Robert Potash este desenlace se debi a que el Senado, controlado por la Unin Cvica Radical del
Pueblo, no estaba de acuerdo en que existiera la necesidad de sancionar una nueva legislacin sobre seguridad
interna. Ver, El Ejrcito y la poltica (Primera parte), 191.
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Lo primero que debe sealarse es que en el mensaje firmado por el Presidente de la Nacin
y por el ministro de Defensa que precede al proyecto de ley, se utiliza una definicin de guerra
revolucionaria que remite a la explicacin realizada por Zavala Ortiz durante la interpelacin
del mes de agosto y, en ltima instancia, a los conceptos propios de la dgr. Sobre esta cuestin,
el mensaje expresaba:
Que el mundo vive un estado de profunda transformacin y de conflicto permanente, en el cual no se advierte una clara lnea divisoria entre la paz y la guerra,
sino slo etapas de una lucha por sobrevivir o imponerse, librada entre bloques de
naciones movidas por ideologas, intereses y sistemas polticos antagnicos. Esta
lucha se lleva a cabo con todos los instrumentos del poder, sean militares, polticos, econmicos o psicosociales; [] en consecuencia, es notoria y evidente la
necesidad de dictar normas legales de carcter general que permitan adecuar la
organizacin de la defensa nacional a las cambiantes situaciones que conforman el
mundo moderno.55
56 Ver, Clarn (23/9/1964), 12; La Nacin (23/9/1964), 14; La Prensa (23/9/1964), 14. Para los trabajos aparecidos durante 1964 en las revistas militares en los que se analiz el fenmeno de la guerra revolucionaria
ver, Esteban Pontoriero, La caracterizacin de la amenaza a la seguridad interna en la legislacin de defensa
en la Argentina (1963-1966): continuidad o ruptura?, xiii Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia
(Catamarca: Universidad Nacional de Catamarca, 2011), 6.
57 La Prensa (23/9/1964).
58 Senadores, Diario de sesiones (1964), 1196. El plan general de defensa nacional constaba de una serie de
medidas, entre las cuales debe resaltarse la que otorgaba al Gobierno la facultad para autorizar la intervencin
de las ffaa, fundamentalmente del Ejrcito, para reprimir conflictos que se dieran dentro del territorio
nacional.
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texto de fundamentacin de la ley, una definicin del mencionado concepto tomada de Joaqun V.
Gonzlez, en la cual estableca que la conmocin interna a que la Constitucin se refiere comprende tanto los movimientos abiertamente hostiles a la autoridad, contrarios al orden pblico,
como tambin esos anuncios evidentes de ms hondas perturbaciones, pero que no han tomado
todava una forma prctica, una forma externa.59
Sobre el concepto de emergencia grave, en principio cabe sealar que, de acuerdo al punto
40 de la fundamentacin, el mismo constitua una especificacin del de conmocin interna, que
segn la Constitucin Nacional se estableca como precondicin para la declaracin del estado de
sitio.60 Por otra parte, en cuanto a sus caractersticas, Surez sealaba en el punto 37 que el concepto de emergencia grave est integrado por dos elementos esenciales: la gravedad o extensin
de la alteracin del orden o seguridad y el hecho de que los efectos de esa alteracin no puedan
ser controlados o anulados por entes privados u oficiales locales y requieran el concurso de las
autoridades nacionales.61
Si bien la caracterizacin general de la amenaza a la seguridad interior y a la defensa en la
coyuntura, tal cual estaba expresada en la nota introductoria, se relacionaba fuertemente con la
idea de una guerra revolucionaria en curso, el proyecto de ley de setiembre de 1964 introduce
las figuras de conmocin interna y emergencia grave. Cabe destacar al respecto que las razones
que podan conducir al gobierno a declarar el estado de conmocin interna no poseen lmites precisos, de esta manera, se corra el riesgo de avanzar hacia un orden autoritario de excepcin, el cual
estara justificado por cumplir la funcin de salvaguardar los derechos individuales y del Estado.
59 Senadores, Diario de sesiones (1964), 1203. Tomado de J. V. Gonzlez, Debates constitucionales, 225.
60 Diario de sesiones (1964), 1202.
61 Diario de sesiones (1964), 1202.
62 Ley N16.970 del 6/10/1966, Ley de Defensa Nacional en, Anales de Legislacin Nacional xxvi-c (1966),
1474-1481. Al respecto ver, El Ejrcito y la poltica (segunda parte), 19-21.
63 Nota al Poder Ejecutivo acompaando el proyecto de ley, en Anales de Legislacin Nacional xxvi-c (1966),
1475.
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De esta forma se buscaba legitimar la ampliacin de los posibles mbitos de intervencin de las
ffaa en materia de seguridad y defensa.
65 Decreto N739 del 3/2/1967, Ley de Defensa Nacional: reglamentacin de la Ley N16.970 en, Anales de
Legislacin Nacional xxvii-a (1967), 472-480. La cita corresponde a la pgina 474.
66 Un fenmeno similar ha observado la historiadora francesa Raphalle Branche en relacin a los efectos de
la dgr durante la Guerra de Argelia. Al respecto seala: [] sur certains points, la lgislation se coule dans
les formes de la guerre rvolutionnaire.Ver, Raphalle Branche, La torture et lArme pendant la guerre
dAlgrie, 1954-1962 (Paris: Gallimard, 2001), 108.
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Conclusiones
Durante el perodo 1963-1970 en Argentina se elaboraron una serie de hiptesis de conflicto,
un proyecto y una ley de defensa que, bajo la influencia de la dgr y de la dsn, incorporaron la
figura de la amenaza a la seguridad interna bajo la nocin de la conmocin interior. De esta
manera, se logr adaptar la normativa mencionada a las necesidades que impona el combate de
la guerra revolucionaria que, de acuerdo a ciertos sectores polticos y militares, se hallaba en
pleno desarrollo.
Uno de los resultados de esta coincidencia entre civiles y militares en referencia a la identificacin de una amenaza grave al orden pblico de tipo revolucionaria fue la progresiva fusin
de los mbitos de la seguridad interior y de la defensa nacional. Este proceso, iniciado a finales
de la dcada del cincuenta, afianzado durante los aos sesenta y reforzado durante la dcada del
setenta, culmin con el otorgamiento de un carcter blico a las diferentes acciones contestatarias
realizadas en diferentes esferas (estudiantil, sindical, cultural, social, etc.) y derivadas de una creciente conflictividad poltica interna.
De lo anterior se deriva un aspecto central para este trabajo: la necesidad de poner en tensin
la divisin clsica entre civiles y militares propia del anlisis poltico del perodo estudiado. En
este sentido, se mostr que ambos sectores compartieron una visin comn sobre el problema de
la amenaza a la seguridad interior. La figura del enemigo subversivo tuvo un lugar central en las
hiptesis de conflicto contempladas por el Ejrcito, ocup un espacio relevante en la interpelacin parlamentaria de 1964 y, para finalizar, figur como una preocupacin central en el proyecto
de 1964 y en la ley de defensa de 1966.
Debe resaltarse que en ese punto, el vinculado a la sancin de una ley de defensa nacional que
contemplara el problema de la seguridad interior, el gobierno de facto encabezado por el General
Ongana concret un objetivo que se haba planteado ya durante el gobierno del Dr. Illia: establecer un basamento legal para instrumentar la intervencin de las ffaa en acciones vinculadas al
mantenimiento y/o el reestablecimiento del orden. En referencia a esta cuestin y como parte de
un anlisis retrospectivo realizado a finales de la dcada del ochenta del siglo pasado, el para ese
entonces retirado General Osiris Villegas sealaba que en cuanto a la ley de defensa nacional
N 16.970, se puede decir que es casi una textual reproduccin aunque ms atenuada de un
proyecto preparado durante el gobierno del presidente Illia.67
Por consiguiente, esta temprana convergencia entre los miembros de los elencos polticos
del perodo estudiado y los integrantes del sector castrense plantea la necesidad de repensar
los espacios del autoritarismo en la Argentina de la primera mitad de la dcada del sesenta. En
vinculacin con esto, se constata la existencia de inquietantes lneas de continuidad, muchas de
las cuales recin estn comenzando a descubrirse, que se constituyen en los antecedentes de un
proceso de construccin conceptual del enemigo interno cuyos efectos ms devastadores en la
realidad histrica se alcanzarn en la dcada del setenta.
67 Osiris G. Villegas, La llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, Revista Militar 721 (1989), 24. Negritas
en el original.
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Dossier | 167
El proceso de organizacin
de la personalidad:
una pedagoga de la contrarrevolucin
en Argentina, 1976-1983.
Federico Sor1
Resumen
El Proceso de Reorganizacin Nacional
argentino (1976-1983) no signific tan slo
una ruptura institucional, sino una continuacin y profundizacin de la reaccin contra los
proyectos revolucionarios que lo precedieron,
que a la vez fueron respuestas a las proscripciones de las dcadas anteriores. Militares y civiles
conservadores idearon un proyecto contrarrevolucionario que pretenda la fundacin de
una nueva repblica. Una parte fundamental
de ese proyecto fue la poltica educativa, incluyendo una pedagoga antisubversiva y una
reforma a la educacin cvica concebida como
un proceso de organizacin de la personalidad. Estas reformas estaban caracterizadas
por definiciones restrictivas de la libertad, la
democracia y la identidad nacional.
Palavras chave: contrarrevolucin, educacin, Argentina, nacionalismo
Abstract
The Argentine Process of National
Reorganization (1976-1983) entailed not
only an institutional rupture but also the dictatorial continuation and deepening of the
reaction against the revolutionary projects
that preceded it, themselves responses to the
proscriptions of the previous decades. Military
officials and conservative civilians conceived a
counterrevolutionary project that aimed at the
foundation of a new republic. Education policy
comprised a fundamental part of that project,
including an anti-subversive pedagogy and a
civic education reform conceived as a process
of personal organization. These reforms were
characterized by restrictive definitions of liberty, democracy, and national identity.
Key words: counterrevolution, education,
Argentina, nationalism
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El 8 de julio de 1976, tres meses y medio despus del golpe de Estado que dio inicio en
Argentina al autodenominado Proceso de Reorganizacin Nacional (prn, 1976-1983), un decreto firmado conjuntamente por el presidente de facto Jorge Rafael Videla y su primer ministro de
Educacin, Ricardo Pedro Bruera, orden un proceso de organizacin de la personalidad que
se llevara a cabo a travs de la educacin cvica.3 Dos meses ms tarde, el ministro les explicaba
a los directores de los Institutos del Profesorado que la nueva educacin cvica pretenda que los
alumnos internalizaran normas y valores tico-sociales para desarrollarse correctamente y devenir ciudadanos conscientes y responsables.4 Al inaugurar el ao lectivo de 1977, en una escuela
de Santa Fe, Bruera expona ante un pblico de nios, padres, maestros y autoridades escolares
su concepcin general: la educacin y la virtud, e incluso la consciencia del nio, se desarrollan
a travs de su internalizacin de la violencia o, en sus palabras, no sin violencia sobre la propia
pasividad.5
La contrarrevolucin
La Amrica Latina de la posguerra haba sido testigo de un nuevo modelo de democracia,
caracterizado por una participacin poltica y por derechos sociales ms amplios que bajo las
repblicas de comienzos del siglo veinte y fortalecido por la alianza blica del capitalismo y el
comunismo contra los regmenes fascistas. No obstante, la realineacin geopoltica que marc
el comienzo de la Guerra Fra socav los frentes antifascistas y conllev una reconfiguracin de
2
Exposicin del seor Ministro de Cultura y Educacin, Prof. Ricardo Pedro Bruera, al inaugurar la reunin
de rectores de Institutos del Profesorado para la puesta en marcha del Programa de Actualizacin Docente
en Formacin Cvica (9/9/1976), reproducido en bc 18-12 (octubre de 1976): 15-34. Una copia personal de
este discurso fue provista por Bruera al autor en junio de 2008.
Decreto N1.259 y Resolucin del Ministerio de Cultura y Educacin (mce) N610 (8/7/1976), en Boletn
de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y Educacin (bc) 18-5, anexo (julio de 1976), 2; Centro Nacional de Informacin y Documentacin Educativa (cenide), mce, Buenos Aires. Ver tambin La Opinin
(17/7/1976).
Ricardo Bruera, Iniciacin del curso lectivo 1977 (Santa Fe, 7/3/1977), 10; cenide, Foll 042.4. Una copia
de este discurso fue tambin suministrada al autor por el propio Bruera.
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El proceso de organizacin de la personalidad | 169
alianzas marcada por una oposicin ms activa al comunismo internacional. Las democracias
sociales cedieron su predominancia a dictaduras que gozaron del apoyo de Estados Unidos desde
mediados de siglo hasta la dcada del ochenta.6 En Argentina, el peronismo, que haba gobernado
entre 1946 y 1955, fue caracterizado como totalitario por sus detractores y proscripto desde 1955
hasta 1973. Como en la mayor parte de Amrica Latina, durante este perodo los movimientos
de izquierda en Argentina se radicalizaron como reaccin a su incapacidad de participar en elecciones libres, que eran peridicamente prohibidas o canceladas porque conduciran al triunfo del
peronismo.7
Si los lderes de la vieja izquierda haban conminado a sus seguidores a esperar las condiciones
propicias para la revolucin y a luchar entretanto por reformas sociales limitadas, los de la nueva
izquierda, inspirados por Cuba, Argelia y Vietnam, llamaban a un ataque frontal contra el sistema capitalista a travs de una movilizacin voluntarista y violenta que impondra las condiciones
necesarias para el socialismo.8 La derecha se radicaliz, a su vez, haciendo un uso ms sistematizado de la represin y desarrollando proyectos polticos ms explcitamente ideolgicos e incluso
fundacionales. Las dictaduras del Cono Sur, que tuvieron fases reaccionarias y fundacionales,
fueron en gran parte medios de las clases dominantes para erradicar las democracias que haban
respondido a las demandas populares (los llamados populismos) e imponer sistemas conservadores de participacin poltica limitada para as resguardar las relaciones capitalistas.9 Los planes
econmicos neoliberales requeran altos niveles de represin, dirigida en particular contra la izquierda y el sindicalismo combativo; en Argentina, esto result en las peores violaciones a los
derechos humanos de las que haya registro, con miles o acaso decenas de miles de asesinatos y
desapariciones de personas.10
La dictadura argentina fue contrarrevolucionaria y no meramente reaccionaria, es decir, no se
propona solamente restituir el status quo sino que pretenda la fundacin de una nueva sociedad a
7
8
Daniel James, Resistance and Integration: Peronism and the Argentine Working Class, 1946-1976 (Cambridge
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10 Paul W. Drake, Labor Movements and Dictatorships: The Southern Cone in Comparative Perspective (Baltimore:
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travs de un proyecto que era en parte una inversin mimtica de las ideologas revolucionarias.11
El rgimen signific una profundizacin de la reaccin que haba iniciado la derecha peronista
durante la presidencia de Mara Estela (Isabel) Martnez de Pern. Para justificar la renovada
suspensin del Estado de derecho, las Fuerzas Armadas y los sectores conservadores denunciaban
lo que perciban como el caos dominante y hacan constante referencia al efmero gobierno de
Hctor Cmpora, que perseveraba vvido en el imaginario conservador como representativo de los
supuestos excesos de la democracia de masas: el sindicalismo combativo, la guerrilla y los proyectos
revolucionarios de la izquierda tanto marxista como peronista. En una referencia histrica a la repblica oligrquica nacida con la Organizacin Nacional del siglo diecinueve tardo, el Proceso
de Reorganizacin Nacional buscaba establecer los parmetros de un nuevo sistema poltico para
consolidar sus reformas sociales, econmicas y polticas, de modo de impedir la futura resurgencia
del peronismo (condenado como populista y demagogo) y asegurando la exclusin permanente
de la izquierda. La reaccin contra la radicalizacin del peronismo y la izquierda revolucionaria
permiti una alianza entre los sectores liberales y nacionalistas, alianza que sera fuente de tensiones irresolubles dentro del rgimen.12
El Nacionalismo se haba desarrollado medio siglo antes, en estrecha relacin con el fascismo
italiano y como respuesta a la inmigracin, al liberalismo y al comunismo. Revisin de la historiografa liberal mediante, los nacionalistas haban defendido el legado hispnico y la espiritualidad
cristiana en oposicin a toda doctrina materialista. La dictadura de 1976 adopt algunos elementos fundamentales del nacionalismo, enfatizando la necesidad de eliminar un enemigo interno
para redimir la nacin.13 Este ideario sera predominante en el mbito educativo.
11 Arno J. Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870-1956: An Analytic Framework (Nueva York:
Harper & Row, 1971), 45. La categora de contrarrevolucin entendida como la articulacin de un proyecto
poltico basado en valores conservadores tradicionales en reaccin a una amenaza revolucionaria, real o percibida permite una interpretacin ms rigurosa de la radicalizacin ideolgica del prn. Esto no implica, sin
embargo, que todos los elementos heursticos derivados por Mayer de su anlisis de los fascismos sean aplicables a la dictadura argentina. Parecera que los idelogos del prn identificados en las siguientes secciones
provenan en su mayora de la clase media (de acuerdo con Mayer), aunque esta caracterizacin es debatible
en algunos casos particulares. Si bien sus proyectos no eran atractivos para las clases populares (a diferencia
de lo que arguye Mayer), existi, durante el prn, el intento, ms o menos discursivo pero significativamente
reiterado, de formar algn consenso alrededor de sus objetivos, bajo la especie de un movimiento de opinin
nacional. Los inevitables desfases entre categora general y caso particular no desembocan necesariamente en
la imposibilidad de la aplicacin de aqulla a ste; en efecto, pueden sealar la necesidad de refinar la categora
de anlisis emprendimiento que excede los lmites de este trabajo. Para la aplicacin de la categora de
contrarrevolucin de Mayer a Amrica Latina, ver Greg Grandin, Living in Revolutionary Time: Coming
to Terms with the Violence of Latin Americas Long Cold War, en Grandin y Gilbert Joseph (Editores) A
Century of Revolution: Insurgent and Counterinsurgent Violence During Latin Americas Long Cold War (Durham: Duke University Press, 2010), 11-18. Para la dinmica de revolucin y contrarrevolucin en otros casos
sudamericanos, ver Peter Winn, The Furies of the Andes: Violence and Terror in the Chilean Revolution
and Counterrevolution, 239-275 y Weavers of Revolution: The Yarur Workers and Chiles Road to Socialism
(Nueva York: Oxford University Press, 1986); Forrest Hylton y Sinclair Thomson, Revolutionary Horizons:
Past and Present in Bolivian Politics (Londres y Nueva York: Verso, 2007).
12 Paula Canelo, El proceso en su laberinto: La interna militar de Videla a Bignone (Buenos Aires: Prometeo, 2008);
Novaro y Palermo, La dictadura militar, 33-43.
13 David Rock, Authoritarian Argentina: The Nationalist Movement, Its History and Its Impact (Berkeley y Los
Angeles: University of California Press, 1993), xiii, 227-231; Sandra McGee Deutsch, Las derechas: The
Extreme Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939 (Stanford: Stanford University Press, 1999), 334335; Federico Finchelstein, Transnational Fascism: Ideology, Violence, and the Sacred in Argentina and Italy,
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El Proyecto Nacional del general Ramn Genaro Daz Bessone, de agosto de 1977, prevea
el retorno al gobierno civil recin en 1991; el primer ministro de Planeamiento de la dictadura
insista en que la subversin, que estaba basada en un caos conceptual, deba ser combatida a
travs de la educacin para todas las edades y sectores, inculcndose a la niez y a los jvenes
sentimientos y valores, as como tambin espritu de servicio y patriotismo.20 La dictadura se
14 Afirm Videla que tendrn vigencia los movimientos de opinin, La Opinin (31/3/1976).
15 Afirm el Presidente que la lucha contra la subversin se dar en todos los campos, La Opinin (8/7/1976).
16 Cabildo (16/7/1976), citado en Rock, Authoritarian Argentina, 229.
17 La Opinin (4/8/1976).
18 Citado en Judith Gociol y Hernn Invernizzi, Un golpe a los libros: Represin a la cultura en la ltima dictadura
militar (Buenos Aires: eudeba, 2002), 29-30.
19 Clarn (7/7/1979), en Jaime Malamud Goti, Terror y justicia en la Argentina. Responsabilidad y democracia
despus de los juicios al terrorismo de estado (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2000), 69.
20 Estructuras y traspaso del poder que prev el Proyecto Nacional, La Prensa (31/8/1977). Para un anlisis
detallado del Proyecto Nacional, ver Hugo Quiroga, El tiempo del proceso. Conflictos y coincidencias entre
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hara cargo de la formacin de personas responsables y de la adopcin de las medidas necesarias para prevenir la desviacin intelectual y moral de la juventud.21 El proyecto fundacional de
Ricardo Zinn, un economista que en 1975 haba diseado las medidas de ajuste y devaluacin
implementadas por el ministro de Economa Celestino Rodrigo, convocaba a un plan educativo
que fuera compatible con la filosofa nacional y que estuviera basado en la tica cristiana, la
pertenencia de Argentina al hemisferio occidental y los valores de solidaridad y libertad entendidos como base de la iniciativa individual y la propiedad privada.22 Miguel ngel Iribarne,
profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Catlica Argentina, exiga el establecimiento de
una concepcin integral, cristiana y occidental, que anime el conjunto de la educacin a travs de
sus instrumentos formales e informales.23 Juan Jos Cataln, ministro de Educacin entre junio
de 1977 y agosto de 1978, declaraba que el sistema de vida democrtico, igualitario, abierto, libre,
surgido en los siglos xviii y xix, ha sido socavado por la aparicin de las masas, y argumentaba:
creo que falta un elemento sustancial [], una lcida clase dirigente que seale a la Argentina
sus objetivos, que fije las medidas para lograrlos y que transmita a toda la poblacin [] los influjos polticos necesarios para dirigir a la Nacin.24 En tanto, el Plan Nueva Repblica de mayo
de 1977 exiga al menos doce aos de dictadura para cubrir tres ciclos de educacin y garantizar
la formacin de nuevos dirigentes y un movimiento de opinin fortalecido.25
Conformacin de un sistema educativo acorde con las necesidades del pas, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nacin y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser
argentino: ste era el octavo de los Objetivos Bsicos del prn, que se hicieron circular el da
del golpe y gozaran de estatus constitucional.26 Las polticas educativas de la dictadura reflejaron contradicciones ms abarcadoras entre los sectores liberales y nacionalistas que integraron
el rgimen.27 A grandes rasgos, las reformas de la dictadura tendieron a disminuir la garanta de
integracin y movilidad social caracterstica del sistema educativo argentino. Algunas polticas de
ndole liberal, tales como la transferencia de las escuelas primarias a las provincias en 1978 y el
sistema dual que combinaba la educacin tcnica con pasantas laborales y la separaba de la educacin humanista, tendan hacia la fragmentacin del sistema educativo en circuitos diferenciados
por sectores sociales, la sujecin de oportunidades educativas a las demandas del mercado laboral
polticos y militares, 1976-1983 (Rosario: Homo Sapiens, 2004), 98-106 y Canelo, El proceso en su laberinto,
68-78.
24 La Opinin (20/10/1977 y 3/11/1977), citado en Cecilia Braslavsky, Estado, burocracia y polticas educativas, en Juan Carlos Tedesco, Cecilia Braslavsky y Ricardo Carciofi, El proyecto educativo autoritario: Argentina
1976-1982 (Buenos Aires: flacso, 1983), 94.
25 Del general Jorge Olivera Rovere, secretario general del Estado Mayor del Ejrcito desde diciembre de
1976; ver Novaro y Palermo, La dictadura militar, 200; Canelo, 75. En marzo de 1978, las Bases Polticas
del Ejrcito para el Proceso de Reorganizacin Nacional incluan una Etapa Fundacional caracterizada por la
estructuracin de un movimiento de opinin nacional, la normalizacin de los partidos polticos y finalmente
la transicin a un gobierno cvico militar. El proceso en su laberinto, 94-96.
26 Acta fijando el propsito y los objetivos bsicos para el Proceso de Reorganizacin Nacional, 2.8.
27 Para un anlisis detallado de las tensiones internas al prn, ver Canelo, El proceso en su laberinto.
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y la promocin de un modelo regresivo de distribucin de la riqueza.28 Sin embargo, fue el catolicismo conservador y no el neoliberalismo el que inspir las reformas curriculares y disciplinarias y
constituy la ideologa dominante que el sector educativo deba reproducir. En reaccin directa a
los cambios introducidos por el camporismo, el objetivo del currculum era eliminar la subversin
e inculcar valores conservadores para la nueva repblica.29 El siguiente anlisis se centrar sobre
estos aspectos fundacionales y contrarrevolucionarios que la educacin durante la dictadura argentina comparti con otros regmenes contemporneos del Cono Sur.30
El accionar por lo tanto, est dirigido a la conciencia y la moral del hombre a fin de afectar
los principios que lo rigen, para reemplazarlos por otros acordes a su filosofa.
El esfuerzo de la subversin se concentra en los dirigentes de la estructura social
(poltica, intelectual, econmica, religiosa, militar, etc.) teniendo en cuenta la accin multiplicadora que stos pueden producir.
28 Pablo Pineau, Impactos de un asueto educacional: las polticas educativas de la dictadura (1976-1983), en
Pineau et al, El principio del fin. Polticas y memorias de la educacin en la ltima dictadura militar (1976-1983)
(Buenos Aires: Colihue, 2006). Para la tendencia antidemocrtica de la separacin de la educacin tcnica y la
humanstica, ver Antonio Gramsci, On Education, en Selections from the Prison Notebooks, editado y traducido
por Quintin Hoare y Geoffrey Nowell Smith (Londres: Lawrence and Wishart, 1971), 33.
29 Ver Laura Graciela Rodrguez, Catlicos, nacionalistas y polticas educativas en la ltima dictadura (19761983) (Rosario: Prohistoria, 2011); Adriana Puiggrs, Espiritualismo, normalismo y educacin y Myriam
Southwell, Algunas caractersticas de la formacin docente en la historia educativa reciente. El legado del
espiritualismo y el tecnocratismo (1955-1976), ambos en Puiggrs (Editora) Dictaduras y utopas en la
historia reciente de la educacin argentina (1955-1983) (Buenos Aires: Galerna, 1997).
30 Ver Silvia Campodnico, Ema Julia Massera y Niurka Sala, Ideologa y educacin durante la dictadura.
Antecedentes, proyecto, consecuencias (Montevideo: ebo, 1991); Kathleen B. Fischer, Political Ideology and
Educational Reform in Chile, 1964-1976 (Los ngeles: ucla, 1979).
31 Entrevista a Marta Royo, 4/4/2012. Una versin de esta ancdota aparece en Santiago Garao y Werner
Pertot, La otra juvenilia: militancia y represin en el Colegio Nacional de Buenos Aires: 1971-1986 (Buenos Aires:
Biblos, 2002), 110.
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Por ello la accin subversiva afecta todos los campos del quehacer nacional, no
siendo su neutralizacin o eliminacin una responsabilidad exclusiva de las Fuerzas
Armadas, sino del pas y la sociedad toda, a travs de sus instituciones.
El objetivo final de la subversin es la toma del poder mediante la sustitucin del
gobierno establecido.32
Este panfleto del Ministerio y otro del Estado Mayor del Ejrcito describan as la supuesta
tarea de la subversin en la escuela primaria: en estos niveles el accionar subversivo se desarrolla
a travs de maestros ideolgicamente captados que inciden sobre las mentes de los pequeos
alumnos, fomentando el desarrollo de ideas o conductas rebeldes, aptas para la accin que se
desarrollar en niveles superiores.33 Sin embargo, especificaban: en este nivel no existen, hasta el
presente, organizaciones estudiantiles que realicen tareas de captacin o agitacin. Si el Ejrcito
y el Ministerio de Educacin consideraban oportuno aclarar que los nios de entre seis y trece
aos de edad no estaban siendo captados por agrupaciones estudiantiles subversivas como paso
para su ulterior reclutamiento en organizaciones guerrilleras, era porque a su juicio otros tipos de
subversin ya operaban en las aulas.
32 mce, Subversin en el mbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo) (Buenos Aires: mce, 1977), 16. Cursivas
de autor; en cenide, Foll 37.014.7. Ver tambin el anlisis de Rodrguez en Catlicos, nacionalistas, 52-57, 67.
33 mce, Subversin en el mbito educativo, 48-49; Estado Mayor General del Ejrcito (emge), Marxismo y
subversin: mbito educacional (sin lugar, sin fecha [1977]), 19-20; en cenide, Foll 37.014.7.
34 emge, Marxismo y subversin, 21. Las principales organizaciones identificadas por el Estado Mayor eran la
Juventud Guevarista (afiliada al Partido Revolucionario de los Trabajadores y al Ejrcito Revolucionario
del Pueblo), la Unin de Estudiantes Secundarios y la Juventud Universitaria Peronista (ambas ligadas a
Montoneros).
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Para ello desarrolla una accin de infiltracin que, perfectamente planificada y ejecutada, le permita acceder a las aulas, para luego desde ellas inculcar conceptos o
interpretaciones de nuestra religin, historia o tradiciones, y de la realidad actual,
que ponen en tela de juicio los valores fundamentales que sustentan la civilizacin
occidental y cristiana. []
Esta accin se cumple en todos los niveles educativos a travs del personal docente
marxista infiltrado, con la colaboracin directa o indirecta y muchas veces involuntaria del resto del personal.36
De hecho, la subversin no era el enemigo monoltico de la nacin, sino un proceso de identificacin que amenazaba la homogeneidad imaginaria de la argentinidad tan reiterada en el
discurso militar. Si entendemos a la subversin desde una perspectiva lingstica, como la presencia de lo contingente en lo necesario, donde la necesidad es el esfuerzo de literalizacin que
fija las diferencias de un sistema relacional, entonces la subversin tiende a socavar y remover
los elementos de la cadena de significacin.39 El esfuerzo de literalizacin dictatorial pretenda
fijar las identidades bajo la nocin abarcadora de argentinidad y supona, por ello, la exclusin
36 Directiva sobre infiltracin subversiva en la enseanza, anexo de la Resolucin N44 de la Secretara de
Estado de Educacin (see) (11/10/1977), transcrita en la Circular N187 de la Direccin Nacional de Educacin Media y Superior (dinems) (27/10/1977); en Archivo Normal 1, La Plata. Una formulacin casi
idntica se encuentra ya en Subversin en el mbito educativo, 45.
37 Peter Smith, Talons of the Eagle, 201-202; Rock, Authoritarian Argentina, 196 y 228; Marie-Monique Robin,
Escadrons de la mort, lcole franaise (Paris: Dcouverte, 2004). El peridico bimensual Estrategia, fundado
por Juan Guglialmelli en 1969 sobre el modelo del francs Stratgie, serva para diseminar la Doctrina de la
Seguridad Nacional en el Ejrcito argentino.
38 La Opinin (25/5/1976).
39 Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics
(Londres: Verso, 1985), 113-114; Michel de Certeau, The Capture of Speech and Other Political Writings. Traducido por Tom Conley y editado por Luce Giard (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997), 3-60.
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La formacin de personas
La formacin de personas consista en dos momentos fundamentales: la erradicacin de la
subversin y la inculcacin de valores conservadores. El siguiente anlisis se centrar sobre el
segundo aspecto, menos estudiado en la bibliografa existente.
41 Ver la definicin de accin en Hannah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of Chicago Press,
1958), 177.
42 Rodolfo Walsh, Operacin masacre (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1972), 197.
43 Entrevista a Bruera, 25/4/2012. No parece que Bruera pretendiera justificar la desaparicin de personas
por motivos puramente ideolgicos, ni colaborar con ella directamente. (Este tema, relativo al Operativo
Claridad, merece un estudio aparte, a base de documentos secretos inditos en posesin del autor). Sin embargo, las ideas que motivaron la activa campaa del ministro para excluir permanentemente a individuos
considerados subversivos del mbito educativo son las mismas que, segn la cpula militar, justificaban las
polticas represivas ms extremas.
44 La Opinin (14/4/1976); Mensaje del Ministro de Cultura y Educacin al pas; cenide, Foll 042.4. Una
copia de este discurso fue tambin suministrada por Bruera al autor en junio de 2012.
45 La Opinin (4/6/1976).
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las jerarquas mientras haca que la libertad no slo fuera compatible con la autoridad, sino que
dependiera de ella; para eso, Bruera aplic la doctrina de educacin personalizada.
El educador espaol Vctor Garca Hoz, vinculado al Opus Dei, haba desarrollado el concepto y el mtodo de la educacin personalizada bajo la dictadura de Francisco Franco. Sus libros
eran, desde los aos sesenta, lectura obligatoria en los profesorados de algunas universidades
nacionales, entre ellas la de Rosario, de donde Bruera es oriundo.46 La educacin personalizada
se basa en una estrecha relacin entre maestro y alumno, poniendo especial nfasis en los valores
del esfuerzo, el ascetismo y la espiritualidad. Busca la formacin de la personalidad del alumno
a travs de la obediencia y la independencia totales, cuya oposicin sera slo aparente. Garca
Hoz resolva la paradoja de esta pedagoga asctica de manera algo pueril, mediante el reconocimiento de un dogma y un principio moral superior a toda voluntad y a toda inteligencia
humana, propias y ajenas, que implicaran toda independencia de lo que a la ley se oponga y
toda obediencia a lo que ella prescribe.47 Concebida como aborrecimiento de lo prohibido, la
independencia obviamente no se opona a la sumisin. Esta era la libertad que los voceros de la
dictadura promovan, denunciando como Bruera la falsa oposicin entre autoridad y libertad.
En efecto, segn Bruera la obligacin es principio de la libertad []; soy libre cuando yo por
mi propia decisin y opcin asumo el camino que tengo que realizar, pero no cuando hago todo
lo que quiero.48
La finalidad de la escuela dictatorial era el desarrollo de la moral y de la conciencia nacional:
nuestra tarea, explic Bruera en aquel discurso inaugural de 1977, es cooperar en el desarrollo
moral de nuestros alumnos, ayudarlos a descubrir los valores de nuestra comunidad nacional.49
Se buscaba la perfeccin moral a travs de la propia educacin, ilustrada con el imaginario cristiano de santos y ermitaos: esta concepcin asctica de la propia vida figurada en el rigor que
exige siempre el subir una montaa.50 El ascetismo se opona al materialismo que, de acuerdo
con el pensamiento nacionalista, caracterizaba tanto al liberalismo como al comunismo.51 Segn
Bruera, la virtud es el principio por el cual se adquiere el cumplimiento espontneo y legtimo
de la obligacin y se obtena mediante el esfuerzo personal y no a travs de la memorizacin o la
46 Ver Carolina Kaufmann, La Siberia rosarina: irice-conicet-unr, Argentina (1977-1983), en Kaufmann
(Editora) Dictadura y educacin. Vol. 1: Universidad y grupos acadmicos argentinos (1976-1983) (Buenos Aires:
Mio y Dvila, 2001); Rodrguez, Catlicos, nacionalistas, 98-101.
47 Nelly M. Filippa, Educacin personalizada y dictadura militar en Argentina, 1976-1983 (San Juan: Universidad
Nacional de San Juan, 1997). La cita es de Vctor Garca Hoz, Pedagoga de la lucha asctica (Madrid: csic,
1947), 403-405, citada en Filippa, Educacin personalizada, 40-41. El anlisis de libertad y autoridad (o
independencia y obediencia) de Garca Hoz se basaba en una distorsin del de Hegel, que segn el espaol
era su inspiracin. Segn Garca Hoz la resolucin de la oposicin entre libertad (conciencia) y orden social
se resolvera a travs de la sumisin al orden social entendido como libertad. Esto no es una resolucin
dialctica sino la prevalencia de uno de los momentos, aunque ste sea llamado por el nombre de su anttesis.
Ver G. W. F. Hegel, Espritu objetivo: El orden tico, en La fenomenologa del espritu, secciones 464-476.
48 Entrevista a Bruera, 20/6/2008.
51 El ascetismo tambin contradeca el consumismo fomentado por el plan econmico del rgimen; Tedesco,
Elementos, 26. Bruera impona as una pedagoga asocial, es decir, una pedagoga alienada de la realidad
social; Iniciacin, 30. Lo que los alumnos realmente aprendan era la realidad social en tanto sta permeaba
las instituciones educativas, constituyendo as el currculum oculto. Esta dinmica habra complicado o
impedido la reproduccin ideolgica que las reformas educativas pretendan; Ibd., 20-21.
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La propia educacin no estara completa sin otro elemento: no es posible, de ninguna manera, alcanzar las metas de la propia educacin y de la incorporacin adulta a la sociedad sin
violencia sobre la propia pasividad, sin renunciamientos sobre la comodidad complaciente56Con
la cooperacin del maestro, el alumno debe (activamente) violentar su propia pasividad para entrar al orden social. De la misma manera que la dictadura demandaba y consegua la autocensura
de la sociedad, su atribucin del origen de la violencia (que caracterizaba al aparato educativo
como a todos los otros mbitos) al individuo, en este caso al nio, constitua, en efecto, una
demanda de que los nios internalizaran esa violencia para desarrollar su consciencia. Esta postulacin era significativamente similar a la descripcin nietzscheana del desarrollo de la conciencia:
Todos los instintos que no se descargan afuera se tornan hacia adentro esto es lo
que llamo interiorizacin del hombre: as surge por primera vez lo que ms tarde
se llama su alma. []
El instinto de libertad forzado a la latencia es evidente, este instinto de libertad
reprimido, contenido, aprisionado en el interior y finalmente descargado slo sobre
s mismo: eso, y solamente eso es en sus comienzos la mala consciencia.57
En palabras de Bruera: reingresar al rigor escolstico de la formacin como misin significativa y nica asumible por las instituciones educativas, representa para m toda una plataforma
poltica.58 Si el origen de la filosofa moderna, que Descartes describi como copernicano, fue
52 Entrevista a Bruera, 20/6/2008.
53 Iniciacin, 4.
54 Iniciacin, 9.
55 Agustn, De libero arbitrio, Libro Segundo. Para la relacin entre razn y fe (crede, ut intelligas), ver el Sermn
43.7. Para la conexin entre los rdenes religioso y social, ver Civitas Dei.
56 Iniciacin, 10.
57 Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, Ensayo 2, secciones 16 y 17 (traduccin del autor en colaboracin
con Juan Melone). Nietzsche describe este proceso por el cual el individuo y su (siempre mala) consciencia
surgen mediante la internalizacin de la norma y el castigo a su violacin; Zur Genealogie der Moral, 1.13 y
2.13-17. En tanto, Michel Foucault presenta el castigo como la forma que toma el poder para engendrar un
sujeto sometido: el hombre del que nos hablan y que nos invitan a liberar ya es el efecto de una sujecin ms
profunda que l mismo. Lo habita y lo hace existir un alma que ya es parte del dominio ejercido por el poder
sobre el cuerpo. El alma es efecto e instrumento de una anatoma poltica; el alma es prisin del cuerpo;
Surveiller et punir: Naissance de la prison (Paris: Gallimard, 1975), 34. Traduccin del autor.
58 Bruera, Educacin y poltica (1979), citado en Kaufmann, La Siberia rosarina, 164.
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el remplazo del silogismo escolstico por el pensamiento del individuo como primera premisa irrefutable, la operacin ptolemaica del ministro implicaba una reafirmacin de las verdades
autoritativas sobre el razonamiento del individuo, as como la demanda de que su yo fuera modelado por esas verdades. Este proceso personal facilitara la formacin poltica de la moral y la
conciencia nacional.
Estos contenidos podran haber sido un resumen sinttico de ersa. Guiada por la teora de
la dependencia y por un cristianismo conciliar, ersa haba incorporado el revisionismo de la
historiografa liberal para denunciar la explotacin de Argentina, y del resto de Amrica Latina,
por potencias extranjeras y las desigualdades entre clases sociales y regiones que resultaron del
sistema agroexportador. Al mismo tiempo, el currculum estimulaba a los alumnos a estudiar la
realidad social en su entorno inmediato y a luchar por una sociedad igualitaria bajo la consigna
de liberacin o dependencia.61
Segn la resolucin de Bruera, la educacin cvica deba centrarse en valores morales, ideales
nacionales e instituciones histricas, no en asuntos socioeconmicos. El objetivo era iniciar al
alumno en el conocimiento de los ideales de vida y de las instituciones de las distintas pocas
histricas a fin de posibilitar el desarrollo de su capacidad de comprensin del presente y de los
valores de la moral cristiana de la tradicin nacional y de la dignidad del ser argentino.62 Tres
dcadas y media despus, Bruera reconoce con respecto a la cuestin del ser nacional que ah
haba algo fundacional frente a las tergiversaciones que venan desde ersa.63 El 8 de julio de
59 Entrevista a Bruera, 20/6/2008.
61 Estudio de la Realidad Social Argentina, Nueva Serie Divulgacin 9 (cenide [n], mce, 1974), 2; en cenide,
Foll 372.83 1. Ver tambin la Resolucin del mce N368 (10/7/1973) y el resumen del Decreto N384/73,
en bc 16-2 (junio de 1973), 6.
62 Resolucin del mce N3 (31/3/1976), Anexo I, bc 18-1 (abril de 1976), 16-17; cenide.
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1976, Videla y Bruera decidieron el remplazo permanente de ersa por Formacin Cvica a travs
de un decreto presidencial que era a la vez resolucin del Ministerio de Educacin. Entre los
considerandos se estipulaba: Que es preciso afianzar el proceso de organizacin de la personalidad del joven y lograr su proyeccin hacia la madurez adulta de manera tal que llegue a ser un
ciudadano consciente y participativo, con capacidad de asumir la situacin social.64
Qu significaba organizar la personalidad de los alumnos de secundaria? Una gua difundida
en julio de 1976 comenzaba con una transcripcin del decreto citado, seguida inmediatamente
de un enunciado del objetivo del nuevo currculum: la Formacin Cvica proporciona la oportunidad para que el alumno pueda internalizar juicios de valor tico-social contribuyendo, de
esta manera, a afianzar el proceso de organizacin de su personalidad y la asuncin de conductas que le permitan llegar a ser un ciudadano consciente y participativo.65 Bruera proporcion
una respuesta ms detallada en un extenso discurso pronunciado ante un pblico de directores
de Institutos del Profesorado dos meses despus del decreto. All argument que la Formacin
Cvica buscaba socializar a los alumnos a travs de la internalizacin de normas, inculcndoles
ciertos valores considerados tradicionalmente argentinos que serviran como base de futuros proyectos sociopolticos e impartiendo una nocin de libertad basada en la obediencia a la autoridad
y en la conformidad al orden social.66
Para conformar nuestra unidad como pas y como nacin, segn Bruera, se haca necesario
intensificar la accin de la escuela en esa explicacin de los valores reales, existentes, pero tal vez
64 Decreto N1.259 y Resolucin del mce N610 (8/7/1976), en bc 18-5, Anexo (julio de 1976), 2. La Resolucin
del mce N728 del 9 de agosto de 1976 eximi a los alumnos que adeudaran ersa de rendir examen; bc 18-9
(septiembre de 1976), 1.
65 Formacin Cvica. Guas para la Enseanza del Ciclo Bsico, bc 18-5, Anexo (julio de 1976), 6.
66 Exposicin del seor Ministro de Cultura y Educacin (9/9/1976). Ver tambin Carolina Kaufmann y
Delfina Doval, Paternalismos pedaggicos (Rosario: Laborde, 1999), 128.
67 Entrevista telefnica a Bruera, 20/6/2012.
68 Exposicin, 24.
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ocultos en nuestra sociedad e introducir en la educacin una moral deliberada, es decir, una enseanza moral deliberada y no oculta.69
Siguiendo la lgica de la educacin personalizada, Bruera arga que la libertad no era solamente compatible con la autoridad sino que la presupona. De este modo, la libertad no sera
ms que obediencia a la norma (correcta), mientras que la aceptacin de un orden social dado (y
externo), o la definicin kantiana de la heteronoma, sera la base o incluso sinnimo de la autonoma individual. Bruera, en efecto, afirmaba que las etapas del desarrollo de la moral a travs de la
Formacin Cvica le permiten al alumno avanzar desde una heteronoma hasta una autonoma y
explicaba que nosotros tendemos bsicamente con ello a formar ciudadanos racionales, responsables, altruistas, pero bsicamente autnomos, es decir, dueos de su propio yo.70 Continuando con
la inversin, Bruera declaraba que la libre individualidad del alumno era un efecto de su sumisin
al orden social o del proceso de socializacin: se trata del problema de la obediencia en relacin
con el cumplimiento de la norma. La obediencia es una condicin del hombre. La obediencia es
una potencia humana que tambin se desarrolla []. Esto implica un desafo, la necesidad de
conducir a nuestros alumnos dentro del proceso de socializacin, o sea, de asumir la sociedad, que
es paralelo, que es simultneo, que es lo mismo que asumir su propio yo.71
El proceso de socializacin, entendido como el proceso a travs del cual un individuo aprende
las formas de una sociedad para funcionar en ella, demandaba que el alumno internalizara un
conjunto de normas y valores, transformndolos en elementos constitutivos de su disposicin
natural:
Qu es internalizacin?
Definimos a [sic] internalizacin como una conformidad con ideas valorativas dadas que se convierten en una disposicin de necesidades en la personalidad del que
acta. Qu significa convertirse en una disposicin de necesidades? Es algo que
pasa a ser propio de la persona, que se integra jerrquica y valorativamente en ella y
que, por su unicidad tiene precisamente el doble carcter de ser integrativo y jerarquizador de valores. Es decir, la persona internaliza en la medida en que desarrolla
su yo: socializa en la medida en que se incorpora a los modos de una sociedad. Los
modos de la sociedad tambin integran y desarrollan el yo cuando se convierten
en una disposicin de necesidades, es decir, es algo que se asume, en primer lugar,
libremente, y de responsabilidad porque la estructura de la personalidad implica la
idea de libertad de eleccin por la propia existencia.72
70 Exposicin, 27-28. Para una discusin de la autonoma y la heteronoma, ver Immanuel Kant, Groundwork
of the Metaphysics of Morals, traduccin de H. J. Paton (Nueva York: Harper, [1948] 1964), 88-95. La
autonoma es la propiedad que tiene la voluntad de ser una ley para s misma (independientemente de toda
otra propiedad perteneciente a los objetos del deseo) o la Idea de la voluntad de todo ser racional como una
voluntad que hace la ley universal; Groundwork of the Metaphysics of Morals, 87 y 70. Cursivas en el original.
Obedecer normas externas llevara a la variacin del acto moral de acuerdo a circunstancias cambiantes, lo
cual contradira el requisito de mximas universales; Groundwork of the Metaphysics of Morals, 13.
71 Exposicin, 34.
72 Exposicin, 25-26.
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necesarias o naturales. Un ejemplo aclara la cuestin: una cosa es que los chicos formen fila en
la escuela porque si no viene la sancin, ilustraba el ministro, y otra que realmente la idea de
orden haya sido internalizada como tal y sea una disposicin de necesidad en su personalidad.73
74 Para la oposicin entre el dominio de la necesidad (la naturaleza) y el dominio de la libertad (la voluntad),
ver la tercera antinomia en Immanuel Kant, Critique of Pure Reason (1781), 444-451 o (1787), 472-479,
traducido y editado por Paul Guyer y Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998)
y Groundwork, 105-110. Para el progreso infinito cuyo final (imposible) sera la unidad entre libertad y
naturaleza y la coincidencia entre virtud moral y felicidad natural, ver Kant, Critique of Practical Reason, en
Practical Philosophy, editado y traducido por Mary J. Gregor (Cambridge: Cambridge University Press), 122 y
125. En una de las formulaciones de Kant, mientras que la heteronoma consiste en estar gobernado por leyes
externas, la autonoma es la capacidad que tiene el individuo racional de dotar a la naturaleza con las leyes
de la libertad; Kant, Critique of Judgment, traducido por James Creed Meredith (Oxford: Oxford University
Press, 1952), 176.
75 Ver Carolina Kaufmann y Delfina Doval, La enseanza encubierta de la religin: la Formacin Moral
y Cvica, en Kaufmann (Editora) Dictadura y educacin. Vol. 3: Los textos escolares en la historia argentina
reciente (Buenos Aires: Mio y Dvila, 2006); Luis Alberto Romero, Luciano de Privitellio, Silvina Quintero
e Hilda Sbato, La Argentina en la escuela: la idea de nacin en los textos escolares (Buenos Aires: Siglo xxi,
2004), 126-139; Rodrguez, Catlicos, nacionalistas, 90-94. Para un anlisis de Educacin Moral y Cvica en
Uruguay durante la dictadura, ver Campodnico et al, Ideologa y educacin. Por su parte, la dictadura brasilea
impuso la materia Educao Moral e Cvica, de rasgos similares a los aqu descritos, en 1969.
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cos, los objetivos de fmc incluan el desarrollo de actitudes tico-religiosas. As lo aclaraban los
Contenidos Bsicos, aprobados en diciembre de 1978 por la Sptima Asamblea Extraordinaria
del Consejo Federal de Educacin (cfe) e implementados por una resolucin que se public en
la peculiar fecha del 29 de febrero de 1979.76
Los contenidos bsicos de fmc incluan una introduccin con el marco general y los principales objetivos del nuevo currculum, que comenzaba con una descripcin de la sociedad como
realizacin extrahistrica de la naturaleza humana y medio necesario para la perfeccin moral del
individuo. A partir de esta concepcin era indispensable inculcar valores rectos en los jvenes
y, confrontando la amenaza de los principios subversivos, aseverar el derecho de los jvenes a la
educacin moral.
La persona-nica, indivisible, incomunicable en su ser e irrepetible busca continuamente su perfeccin. Esta perfeccin slo puede obtenerla en el medio social,
hacia el cual el hombre est orientado y donde actualiza todas sus potencialidades.
La sociedad no es la resultante de procesos histricos sino una respuesta concreta,
real y efectiva a la naturaleza misma del hombre: al ser humano le es esencial la
vida en sociedad. []
Es por ello que se hace necesario preparar a la juventud para que organice y lleve
adelante su vida personal y social sobre la base de rectos principios morales que la
eleven a su perfeccin en todos los rdenes.
Los jvenes deben comprender que una comunidad poltica debe tener como objetivo superior la bsqueda de la plena realizacin y que sta slo se encuentra en
la consolidacin del bien comn, entendido como el conjunto de condiciones de la
vida social que posibilita la perfeccin a cada uno de sus miembros y destacando
que su logro no es obligacin particular de ningn sector, sino responsabilidad
personal indelegable.78
Juan Rafael Llerena Amadeo, que como ministro de Educacin (1978-1981) presidi la
asamblea del cfe donde se aprob el documento, debe haber impulsado esta visin tomista de la
76 Resolucin del mce N254 (16/2/1979), en bc 18-63 (29 de febrero de 1979), 2-10. 1980 fue ao bisiesto.
77 Contenidos Mnimos del Ciclo Bsico para el nivel medio, anexo de la Resolucin del mce N48 (9/1/1979),
en bc 18-61 (diciembre de 1978): 1-14; cita de pgina 2. Cursivas del autor.
78 Contenidos Mnimos, 3.
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80 Segn Mayer, todo proyecto contrarrevolucionario se caracteriza por el pragmatismo ideolgico; Dynamics
of Counterrevolution, 52, 62. Obviamente, esto no significa que todo pragmatismo ideolgico implique
contrarrevolucin.
82 Entrevista a Llerena, 17/6/2008. El parentesco podra ser considerado como un elemento psicolgico y poltico significativo para explicar la autovalidacin del ministro en su rol de novel fundador.
83 Ver, por ejemplo, Alasdair McIntyre, Moral Law As Subversive: The Case of Aquinas, en Ethics and Politics:
Selected Essays (Nueva York: Cambridge University Press, 2006), 47-51.
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fundamento del orden moral y el perfeccionamiento moral como la principal tarea del hombre.84
Un manual de primer ao declaraba que debe existir un orden moral superior al cual el hombre se
someta voluntariamente y por propia conciencia.85 Segn un autor de fmc vinculado con el Opus
Dei, el orden moral no es creacin del hombre ni producto de su imaginacin, sino una realidad
fundada en la voluntad de Dios, que se manifiesta a travs de la Creacin.86 Tras la postulacin
de este orden moral natural, los manuales de fmc fomentaban la virtud moral del individuo. El
hombre deba perfeccionarse constantemente, bajo el supuesto de que slo poda acercarse a la
perfeccin una condicin divina, pero no alcanzarla.87
As, los libros de texto proponan una nueva praxis: el conocimiento debera conducir al hombre a la conquista de la virtud, a la felicidad terrena y a su destino eterno. Como hemos visto,
ste era el sentido y fin ltimo de la vida humana tal como lo haban definido las autoridades
educacionales. Roberto Kechichin, un renombrado autor de manuales de educacin cvica en
diferentes perodos, declaraba que el hombre deba esforzarse para conquistar arduamente las
cuestas escarpadas de la virtud y as practicar el bien y evitar el mal.88 Por otro lado, los manuales de fmc replicaban las nociones autoritarias del orden poltico, del derecho y de la democracia,
a la vez que fomentaban la obediencia incuestionable a la autoridad constituida. Segn otro autor,
la palabra ley debe interpretarse como regla y norma constante de las cosas. La ley sirve para
regular la libertad moral del hombre. Este mismo autor declaraba que la obediencia es la virtud
por la cual aceptamos el orden jerrquico establecido y cumplimos las rdenes que nos imparten
los que tienen autoridad para hacerlo.89 Kechichin defina el derecho etimolgicamente (del
latn directus) como lo que est alineado, recto, enderezado, y arga tambin que las leyes del
Estado no dependen de las propias ideas sobre moral que tenga una persona: estn impuestas por
la autoridad y se deben cumplir en forma ineludible.90
84 Los siguientes manuales han sido consultados: Blas Barisani, Formacin Moral y Cvica 1 (Buenos Aires: Estrada, 1979); Csar Reinaldo Garca y Apolinar Edgardo Garca, Formacin Moral y Cvica. Primer curso (Buenos
Aires: Sainte Claire, 1980); Garca y Garca, Formacin cvica. Segundo curso (Buenos Aires: Sainte Claire,
1979); Roberto N. Kechichin, Formacin moral y cvica. Primer ao del ciclo bsico, de escuelas de comercio y
escuelas de educacin tcnica, cuarta edicin (Buenos Aires: Stella, 1980); ngela E. Luchenio, Formacin Moral
y Cvica 1 (Buenos Aires: Kapelusz, 1980); Luchenio, Formacin Moral y Cvica 2 (Buenos Aires: Kapelusz,
1980); Alfredo de la Pea, Formacin cvica y moral I [Formacin moral y cvica. Para llegar a ser] (Buenos Aires:
Mariano Moreno, 1981); y Eduardo Martn Quintana y Horacio Roberto Granero, Formacin moral y cvica:
El hombre y sus acciones. La familia (Madrid: Plus Ultra, 1981).
85 Kechichin, fmc 1, 15.
86 Blas Barisani, Formacin Moral y Cvica 2 (Buenos Aires: Estrada, 1981), 5-6; citado en Kaufmann y Doval,
Paternalismos pedaggicos, 136-137. Negritas en el original. En efecto, el mismo autor en su manual para primer ao defenda el creacionismo, que lacnicamente defina como una teora que se basa en lo afirmado en
las Sagradas Escrituras, y describa al evolucionismo como una hiptesis que no ha sido demostrada como
verdadera; Barisani, fmc 1, 4. La segunda imagen de este manual (luego de una reproduccin de La creacin
del hombre de Miguel ngel que introduca el primer captulo, titulado El hombre) era una fotografa de la
escultura Moiss de Miguel ngel con una peculiar leyenda que describa al Profeta sosteniendo las tablas
con los Doce [sic] Mandamientos de la Ley de Dios; Barisani, fmc 1, 10-11. Para la vinculacin de Barisani
con el Opus Dei, ver Rodrguez, Catlicos, nacionalistas, 93.
87 Luchenio, fmc 1, 15; Barisani, FMC 1, 8.
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Mientras que los manuales de ersa haban definido la democracia poniendo nfasis sobre los
derechos sociales y la participacin popular activa en el gobierno, la definicin contenida en los
libros de fmc era considerablemente ms abstracta: empleamos ms bien la palabra democracia
como adjetivo, como indicadora de una cualidad. As decimos: pas democrtico, gobierno democrtico, intendente democrtico, club democrtico, colegio democrtico. La utilizamos para
referirnos a la manera de ser, a la manera de comportarse, a un estilo de vida.91 La democracia
definida como estilo de vida era obviamente un concepto mucho ms indeterminado que la
democracia como organizacin poltica efectiva. En efecto, la democracia poda existir incluso en los regmenes monrquicos: de acuerdo a esto puede darse el caso de pases con forma
de gobierno monrquico donde, sin embargo, existe un sistema democrtico, porque se dan las
caractersticas mencionadas y porque su estilo de vida es democrtico. Tal es el caso de algunas
monarquas europeas.92 Por otro lado, segn estos mismos manuales, la demagogia, el populismo
y el intervencionismo estatal constituan desviaciones del ideal democrtico del mismo orden
que la anarqua.93 Si un pas poda ser monrquico y democrtico, algn otro bien podra ser
democrtico y dictatorial. As se insinuaba que incluso con una dictadura formal, Argentina era
democrtica debido a su estilo de vida. Esto era consistente con las declaraciones reiteradas de
los generales, segn las cuales los derechos humanos estaban siendo respetados, las opiniones de
los ciudadanos responsables seran consideradas y la finalidad ltima de la dictadura era salvar
la democracia.
Conclusiones
Los educadores de la dictadura argentina redefinieron la democracia como estilo de vida,
postularon un orden moral a la vez natural y divino al cual el individuo deba someterse en busca
de la virtud, reinterpretaron la libertad como sometimiento a aquel orden y a sus representantes
terrenos e impusieron la obediencia a la norma autoritaria como fundamento para el desarrollo de
la conciencia. Al mismo tiempo, se esforzaron por erradicar la subversin del mbito educativo,
entendiendo la subversin como la tendencia a estudiar conflictos socioeconmicos, impulsar
la transformacin social y, ms generalmente, fomentar la creatividad, la rebelda y la libertad
excesiva todo esto interpretado como prolegmeno a la lucha armada. Estas peculiaridades
pedaggicas conformaron un proceso de organizacin de la personalidad a travs del cual las
autoridades educacionales del rgimen intentaron dar sustento a sus ambiciones fundacionales. Guiadas por un catolicismo conservador de selectos atributos tomistas y agustinianos, las
reformas educativas de la dictadura eran la manifestacin a nivel escolar de un proyecto contrarrevolucionario abarcador, ideado por la convergencia cvico-militar efectiva de la dictadura
para excluir permanentemente el Estado de bienestar, el socialismo y la democracia de masas,
formando ciudadanos idneos para una nueva repblica de participacin popular limitada y bajo
el tutelaje perpetuo de las fuerzas armadas.
91 Kechichin, fmc 1, 294. Debe aclararse, sin embargo, que esta definicin de democracia ya haba sido usada
por el mismo autor en sus libros de Educacin Democrtica, como se llam la educacin cvica entre 1956 y
1972. Un prrafo idntico aparece en Kechichin, Educacin Democrtica 1 (Buenos Aires: Stella, 1969), 139.
92 Kechichin, fmc 1, 294; Kechichin, Educacin Democrtica 1, 139. La nica diferencia entre las dos versiones
era que Educacin Democrtica deca Inglaterra en lugar de algunas monarquas europeas.
93 Por ejemplo, Luchenio, fmc 2, 134 y 137-140.
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El proceso de organizacin de la personalidad | 187
Puede afirmarse, a grandes rasgos y con cierta obviedad, que el proyecto autoritario fracas:
los jvenes ciudadanos nunca desarrollaron su consciencia libremente sumisa y la nueva repblica que los idelogos soaron qued en el terreno de los escritos futuristas pasados. Algunas
causas de este fracaso pueden encontrarse en los conflictos internos del rgimen, la resistencia
dispersa a sus reformas y el retorno a la democracia precipitado por la aventura de Malvinas, as
como en las contradicciones entre una educacin espiritualista y un plan econmico que supo
fomentar el consumismo. Sin embargo, vale la pena hacer una consideracin histrica y otra
normativa que lamentablemente amortiguan este fracaso. Por un lado, la dictadura contribuy
al desmantelamiento de la movilizacin popular (incluido gran parte del sindicalismo combativo), lo que facilit la transicin casi completa al neoliberalismo de los aos noventa; de modo
que un aspecto del individualismo, aunque claramente no espiritual, se arraig durante los aos
del rgimen. Por otro lado, el proyecto ideolgico aqu estudiado caracteriza un pensamiento
conservador y, en ciertas coyunturas, contrarrevolucionario, sostenido por sectores sociales y
polticos que, aunque no favorecidos por las relaciones de fuerza actuales, no han desaparecido
de Argentina ni de la regin.
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Varia | 189
Entre la institucionalidad
y la accin revolucionaria
Una historia del Movimiento Revolucionario
Oriental (Uruguay, 1961-1973)
Eudald Cortina Orero1, 2
Resumen
Abstract
El triunfo de la revolucin cubana fue configurando una nueva izquierda que durante la
dcada de 1960 puso el acento en los procesos insurgentes como va de acceso al poder.
La solidez o debilidad de las instituciones, el
marco de oportunidades polticas de cada pas
y la progresiva deriva autoritaria en Amrica
Latina, defini el camino que recorrera esta
izquierda revolucionaria, bien tratando de
insertar su actividad en el sistema poltico
imperante o impulsando, por el contrario, proyectos de lucha armada. El objetivo de este
artculo es analizar el surgimiento y desarrollo del Movimiento Revolucionario Oriental
(mro) en el marco de esta doble realidad, la
influencia terica y metodolgica de la revolucin cubana y la evolucin del discurso
autoritario en la poltica uruguaya.
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Bajo estas mismas premisas se fue conformando en Amrica Latina una nueva izquierda, ideolgicamente impregnada de un nacionalismo revolucionario, crtica con la lnea de
los Partidos Comunistas latinoamericanos y emocionalmente vinculada al proceso cubano.
Asumimos en este trabajo el concepto de nueva izquierda e izquierda revolucionaria conforme
lo define Eduardo Rey Tristn (2005). Es decir, como una corriente poltica caracterizada por su
bsqueda de una transformacin radical de la sociedad y su oposicin a la izquierda tradicional,
que en Amrica Latina adquiri una originalidad y caractersticas propias debido a la fuerte
influencia de la Revolucin cubana. Afirma Rey Tristn que el grueso de los grupos de la nueva
izquierda latinoamericana compartieron estrategias, discursos polticos y formas de accin y que
es, precisamente, la opcin por la lucha armada revolucionaria su principal elemento definitorio,
motivo por el que es comn su denominacin como izquierda revolucionaria.5
En este contexto de radicalizacin continental, desde las juventudes de los partidos socialdemcratas y de la Democracia Cristiana, as como de algunos partidos nacionalistas, se alzaron
voces crticas en defensa del proceso cubano. De Accin Democrtica en Venezuela surgira el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir); sectores del apra conformaran en Per el apra
Rebelde, germen del mir peruano; y en Chile la Democracia Cristiana experimentara diferentes
rupturas por la izquierda, muestra del impacto de la Revolucin cubana en todo el continente.
En Uruguay, uno de estos jvenes defensores del proceso cubano fue Ariel Collazo, diputado del
gobernante Partido Nacional desde 1959 y figura poltica sobre la que se edificara el mro. Con
una formacin antiimperialista y latinoamericanista,6 Collazo viaj por primera vez a Cuba a
finales de 1960, formando parte de una delegacin de polticos, intelectuales y dirigentes sindicales y estudiantiles uruguayos. De Cuba Collazo recuerda en sus memorias un pas movilizado
y en constante estado de emergencia ante la posibilidad de una eventual invasin norteamericana, que se concretara en Playa Girn.7 El 10 de enero de 1961 el Gobierno uruguayo, del que
todava formaba parte Collazo, expulsara al Embajador cubano, Juan Garca Inchustegui, ante
las presiones norteamericanas para que Uruguay rompiera relaciones con la isla caribea. Los
3
4
5
6
7
Eduardo Rey Tristn, La izquierda revolucionaria uruguaya, 1955-1973 (Sevilla: Diputacin de Sevilla,
Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, 2005), 54-59.
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E. Rey Tristn, La izquierda revolucionaria, 21.
Ariel Collazo, Historia de una pasin poltica (Montevideo: Productora Editorial, 2004), 45-47.
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caminos del Partido Nacional y del joven diputado comenzaban a transitar direcciones opuestas.
Al regresar a Uruguay, las diferencias se profundizaron. Collazo inici una defensa acrrima de
la Revolucin que le llev a recorrer el pas. La visita a Cuba haba transformado profundamente
a Collazo, al punto que el dirigente blanco Daniel Fernndez Crespo afirmara que ste pareca
iluminado.8
Su separacin del Partido Nacional no tardara en llegar y, as, el 10 de marzo de 1961 Collazo
publicara una carta en la que anunciaba su alejamiento de la Lista 51 y del Partido Blanco.9
La desvinculacin definitiva llegara en julio de 1962,10 en pleno proceso de negociaciones para
constituir un frente electoral de izquierdas. Para entonces Collazo ya estaba al frente de un embrionario movimiento que poca relacin guardaba ya con las estructuras del Partido Nacional.
Desde las pginas de Marcha, el grupo conformado en torno a Collazo lanzara un llamamiento
a la formacin de un movimiento en defensa de la Revolucin cubana, ponindose como objetivo
en el plano nacional la apertura de un camino para la revolucin uruguaya. Al movimiento se fueron acercando personalidades de diferentes orgenes polticos: desde el batllismo se incorporaron el
abogado Anatolio Palamarchuk y Vctor Sann, blancos como Carlos Furtado y Rogelio Gonella,
los comunistas Odorico Prez y Ramn Iturate Pea, independientes como el matrimonio formado por Mara Mercedes Luna y Fernando Pereira, el abogado de origen colombiano Armando
Cuervo y jvenes como Juan Antonio Trmboli, Bolvar Castro y Jorge Abell.11
Dos elementos fueron fundamentales para reunir a militantes de tan diversa procedencia:
la defensa del proceso cubano y el liderazgo adquirido por Ariel Collazo dentro del Partido
Nacional.12 Al primer aspecto se una una concepcin americanista, tercerista y antidogmtica
que caracterizara a la nueva agrupacin y que posibilit la adherencia de diferentes sectores.13
Aunque la primera opcin para denominar a la organizacin fue la de Movimiento Revolucionario
Nacional, la disparidad de orgenes polticos y la identificacin que generaba con el Partido
Nacional hizo que esta denominacin se descartase en favor de Movimiento Revolucionario
Oriental. As, el 21 de abril de 1961, coincidiendo con una multitudinaria manifestacin en apoyo
a Cuba tras el intento de invasin de Playa Girn, se realiz la asamblea constitutiva del mro.
En esta primera etapa, el mro se enmarc polticamente dentro de un nacionalismo revolucionario, de corte popular y latinoamericanista, fijndose como objetivo la transformacin
radical de Uruguay mediante el perfeccionamiento de su rgimen democrtico y el desarrollo de
una reforma constitucional.14 Los esfuerzos de la nueva organizacin se centraron en afirmarse
como fuerza poltica independiente, cohesionndose hacia el interior y proyectndose hacia la
sociedad, a travs de difusiones radiales y el desarrollo de actos polticos. Respecto a la consolidacin interna, el mro se dot de un Comit Ejecutivo presidido por Armando Cuervo, Anatolio
Palamarchuk como Secretario General, e integrado por Ariel Collazo que actuara desde este
8
9
10 Movimiento Revolucionario Oriental (en adelante, mro), Desvinculacin de Ariel Collazo del Partido
Nacional, poca (8/7/1962).
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momento como representante nacional, Rogelio Gonella, Hctor Uboldi, Oscar Onetto, Vctor
Sann, Juan Antonio Trmboli y Mara Mercedes Luna.15
El mro buscar incrementar su militancia, cuya extraccin social era la de sectores medios
y profesionales, especialmente en su direccin. Este aspecto se modificar con la incorporacin
de ncleos de trabajadores y estudiantes, que se irn sumando a la organizacin con la creacin de bases barriales en los sectores populares de Montevideo.17 As se estructuraron la base
Libertad o Muerte en La Teja, conformada por Anatolio Palamarchuk, Vctor Sann, Jaime
Gentini y Hctor Uboldi. En el barrio Unin se cre la base Amrica Latina, que funcionaba en
casa de Victoriano Caballero y que conformaban su hermano Guillermo, scar Onetto y Venus
Regueiro. La base Lavalleja estaba ubicada en la carpintera de Facundo Ezquerra y de ella
formaban parte, adems de los hijos de Ezquerra, Rubn Borrazs, Francisco Espnola y Elbio
Domecq.18
Los jvenes Jorge Abell y Eleuterio Fernndez Huidobro haban conformado la base Grito
de Asencio en el barrio Buena Vista, mientras que la base Venceremos de La Teja se reuna en
una peluquera propiedad de Carlos Rivera Yic. La otra figura poltica de esta base era Eduardo
Pinela, motivo por el que tras su muerte e integrados en lo que despus sera el Movimiento
de Liberacin Nacional-Tupamaros sus compaeros rebautizaron la estructura como base
Pinela.19
La novedosa propuesta poltica del mro atrajo a un nutrido grupo de jvenes que, al poco
tiempo, conformaran la Juventud del mro. Jorge Abell, Juan Antonio Trmboli, Carlos Rivera
Yic, Eduardo Pinela y Eleuterio Fernndez Huidobro introdujeron en el mro nuevos bros y
nuevas formas de accin poltica, acompaando las protestas de los caeros y vinculndose a
los sectores ms desfavorecidos de la sociedad uruguaya. Aos despus algunos de sus nombres
apareceran en las portadas de los principales peridicos del pas, vinculados a la expropiacin
de armas del Tiro Suizo y como dirigentes y militantes del mln.20
16 Entrevista a Hebert Mejas. Montevideo, 3/8/2010. Mejas Collazo fue integrante del mro hasta mediados
de 1963, momento en que abandona la organizacin para unirse a uno de los grupos que conformaran el
mln.
17 Mara Mercedes Luna, 29/7/2010.
18 Historia del Movimiento.
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estancamiento pecuario y la bajada de sus precios. La recuperacin del poder decisorio de los
centros econmicos mundiales favoreci el descenso de los precios de exportacin y el aumento
de los precios de importacin, lo que impuls el endeudamiento. Uruguay sufri el reacomodo de
la economa internacional. La produccin se detuvo, la inflacin se dispar y el desempleo alcanz
niveles nunca antes registrados en el pas.21
En el plano poltico, tras casi un siglo de gobiernos colorados, el Partido Nacional haba logrado en 1958 la victoria electoral, dando un giro en las polticas econmicas con el auspicio del
fmi. El Gobierno estrech las relaciones con los Estados Unidos, rubricando diferentes acuerdos
que garantizaban la hegemona norteamericana en la regin. Si en 1960 se firm en Montevideo
la constitucin de la Asociacin Latinoamericana de Libre Comercio, al ao siguiente Uruguay
acogera la reunin del Consejo Interamericano Econmico y Social que impulsara la Alianza
para el Progreso. Cinco meses despus, la Reunin de Cancilleres celebrada en Punta del Este
acordaba la expulsin de Cuba de la Organizacin de Estados Americanos (oea).22
Precisamente, una de las caractersticas del mro desde su fundacin ser la bsqueda de la
unidad de la izquierda, proclamando la unidad sin exclusiones en referencia a la tradicional
posicin anticomunista de las agrupaciones de izquierda hacia el pcu. As, desde 1961 Collazo
inici los acercamientos con otras formaciones polticas, como el Partido Socialista, la Lista 14
de Enrique Erro y la Agrupacin Nuevas Bases, aunque esta iniciativa unitaria fracasara ante la
21 Federico Fasano Martens, Despus de la derrota. Un eslabn dbil llamado Uruguay (Mxico: Nueva Imagen,
1980), 86-87.
22 E. Rey Tristn, La izquierda revolucionaria, 30-31.
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negativa del Partido Socialista y de Erro de formar coalicin con el pcu de cara a las elecciones
de 1962. Las fuerzas contrarias al acuerdo con el pcu conformaron en febrero de 1962 la Unin
Popular.
Ante esta situacin, en las filas del mro se plantearon tres opciones: crear una segunda
coalicin junto al pcu, concurrir en solitario a las elecciones, sin socialistas ni comunistas, o la
propuesta de la Juventud: no participar electoralmente. La Asamblea del mro aprob, finalmente,
su integracin a una lista comn con el pcu, que se presentara a las elecciones bajo el sugerente
nombre de Frente Izquierda de Liberacin (fidel). A l se sumaron, adems, el Movimiento
Popular Unitario, la Agrupacin Batllista Avanzar y el Movimiento Batllista 26 de Octubre, entre
otras organizaciones de menor entidad.25
La decisin del mro era consecuente con su propuesta de unidad sin exclusiones, recoga la
experiencia de unidad con los comunistas que haba transitado ya el proceso cubano y enfrentaba
la prdica anticomunista instalada en la izquierda uruguaya.26 Para el mro la alianza con el pcu
garantizaba visibilidad, crecimiento orgnico y posibilitaba su insercin institucional. Los resultados electorales fueron positivos para las organizaciones integrantes del fidel: de los 27.000
votos obtenidos por los comunistas en 1958, la coalicin pasaba a recibir 41.000 votos. En el mro,
Collazo consegua un puesto en la Cmara de Diputados y la joven organizacin lograba obtener
representacin parlamentaria.
Crisis en la Juventud
El proceso de negociaciones con el pcu y el vuelco hacia el trabajo electoral de cara a las elecciones estuvo atravesado por una fuerte crisis interna que tuvo como protagonista a la Juventud
del mro y que tena como transfondo la polarizacin entre lucha electoral y accin revolucionaria.
El debate tuvo como eje central las ocupaciones de tierras que en el norte del pas preparaban los
caeros de la Unin de Trabajadores Azucareros de Artigas (utaa), para las que el mro haba
comprometido medios y militantes.
Todo haba surgido tras una reunin entre Ral Sendic y Ariel Collazo en Bella Unin, en la
que Sendic, entonces dirigente del Partido Socialista Uruguayo, haba comunicado su intencin
de ocupar algunos terrenos. Collazo sugiri realizar la ocupacin meses antes de las elecciones,
para que la previsible respuesta represiva fuera ms comedida.27 Finalmente, se acord la toma
conjunta, entre los caeros de Artigas y un grupo de jvenes militantes del mro, de una estancia
abandonada en el departamento de Salto, propiedad de Silva y Rosas. scar Onetto, miembro de
la direccin del mro, reconoce el compromiso adoptado por esta organizacin en las ocupaciones
y afirma que la principal dificultad para alcanzar un acuerdo con el Partido Comunista y otras
fuerzas era precisamente el rechazo de esos grupos a la toma de tierras proyectada.28
Hasta Bella Unin se desplaz un grupo de militantes de la Juventud, entre los que figuraban
Eduardo Pinela, Eleuterio Fernndez Huidobro y Carlos Rivera Yic. Para Collazo, estos jvenes
25 Frente Izquierda de Liberacin, El Frente Izquierda proclama sus candidatos, poca (1/9/1962).
26 E. Payse Gonzlez, Ariel Collazo: Cuba es el tema ms importante, Marcha (14/9/1962).
27 Historia de una pasin, 53 y 58.
28 Historia del Movimiento.
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estaban embalados, queran pasar a la accin y dejaban las elecciones en un segundo plano.29
En efecto, la Juventud del mro privilegiaba el trabajo entre los caeros frente a las disputas interpartidarias de cara a las elecciones y criticaba a su direccin por el incumplimiento de los acuerdos
alcanzados sobre las ocupaciones. Fernndez Huidobro, por entonces uno de esos jvenes, afirma
que el mro fue distrayendo militantes y recursos de las tareas vinculadas al plan de ocupacin de
tierras en la medida que avanzaba el proceso electoral:
El lmite de lo soportable lleg el da en que utaa mand preguntar por la existencia concreta de cosas concretas a los efectos de tomar su decisin final y fijar fecha.
Se nos orden contestar que estaba todo pronto y nosotros, que sabamos que no
estaba, quedamos hundidos en un dilema de responsabilidad personal: si contestbamos lo que se nos ordenaba, le dbamos va libre a utaa con destino a un fracaso.
Si decamos la verdad, caamos en la deslealtad para con nuestra direccin.30
Hebert Mejas, quien ms tarde se integrara al grupo que se escindira del mro, seala que
aunque la relacin formal del movimiento con Sendic estaba establecida va Collazo, el vnculo
real se daba a travs de la Juventud, que se encargaba no slo de acompaar la labor del dirigente
socialista entre los caeros sino de trasladar la correspondencia de Collazo para Sendic.
Los compaeros que hacan el enlace empezaron a sospechar algo, a partir de las conversaciones que tenan cuando viajaban y conversaban con Sendic [] Sendic manejaba informaciones
que no eran muy exactas con la realidad, las posibilidades y el desarrollo nuestro. Sendic empez
a hablar de acciones, de la ocupacin de tierras, y los compaeros empezaron a sospechar, por la
conversacin que tenan, que estaba un poco desubicado sobre la situacin nuestra, sobre las posibilidades reales que tenamos, sobre planes que no tenan mucho fundamento [] Sobrepasaban
las posibilidades que tenamos para llevarlos adelante. Entonces se dio repetidamente eso y en
uno de los viajes le abren la carta que manda Collazo a Sendic [] Y entonces encuentran que le
est dando manija para la ocupacin de tierras y la marcha caera y prometiendo que poda contar
con un apoyo, que no tena nada que ver con la realidad y las posibilidades nuestras.31
La crisis se zanj en forma drstica, en un plenario en el que volaron sillas y en el que los
libros de la biblioteca del local del mro terminaron esparcidos en la calle tras ser arrojados por las
ventanas.32 No haba vuelta atrs. Como resultado, el grueso de la Juventud del mro abandon
la organizacin.
En el fondo de todas estas discusiones estaba planteada una visin enfrentada de las tcticas
y los medios de lucha. Para el sector de la Juventud, que al poco tiempo creara el Movimiento
de Apoyo al Campesinado, una de las vertientes de la que surgira el mln, la revolucin uruguaya
no pasaba por las instituciones y era preciso avanzar nuevas formas de lucha, incluida la armada.
Para la direccin del mro, en cambio, la va electoral no slo permaneca abierta sino que estaba
fuertemente legitimada por la poblacin y, aunque no renunciaba a la lucha armada, dudaba que
esta fuera viable en Uruguay, mientras no estuviera inserta en una estrategia regional.33 As, el 31
de julio de 1963, mientras aquel grupo de jvenes que se haban escindido del mro participaba en
29 Ariel Collazo, 30/7/2010.
30 Eleuterio Fernndez Huidobro, Historia de los Tupamaros (Montevideo: ebo, 2005), 26-28.
31 Hebert Mejas.
32 Hebert Mejas.
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la expropiacin de armas del Tiro Suizo, un grupo de militantes del mro se encontraba en Cuba
recibiendo instruccin guerrillera.
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41 Entrevista a Jos Maneiro. Montevideo, 12/8/2010. Jos Maneiro fue integrante de la jmro y de las faro.
42 Cuestionario enviado a Jos Delbono, noviembre de 2009. Jos Delbono fue integrante del mro y de las faro.
43 Jos Maneiro, 12/8/2010.
44 mro, Declaracin programtica (2/7/1965). Archivo David Cmpora, Centro de Estudios Interdisciplinarios
Uruguayos (en adelante, adc-ceiu).
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armada y adoptaba como forma principal la lucha guerrillera rural y, como formas auxiliares, la
insurreccin urbana y el trabajo dentro de las fuerzas armadas.45
Ni tupas ni bolches
Ubicado a medio camino entre la legalidad y la accin armada clandestina, el mro se convertir en los hechos en una organizacin puente entre la izquierda legal y la izquierda revolucionaria.
As, pese a mantener entre 1962 y 1971 una coalicin electoral con el pcu partido que rechazaba
la posibilidad de impulsar la lucha armada, ser uno de los firmantes del llamado Acuerdo de
poca, alcanzado por el grueso de las organizaciones de la izquierda revolucionaria uruguaya, con
la excepcin del mln, que para entonces ya se encontraba en pleno desarrollo operativo. El mro
pareca ser fiel a su consigna de unidad sin exclusiones, sin rechazar la alianza con unos y otros
y haciendo de punto de conexin entre ambas izquierdas.
En efecto, la identificacin del mro con la Revolucin cubana y su vinculacin al plan continental guevarista actu en este periodo con un efecto reclutador, en especial entre jvenes
procedentes de la Unin de Jvenes Comunistas (ujc). Para Mario Rossi Garretano, futuro dirigente militar de las faro, la incorporacin del mro a ese proyecto internacionalista y la posicin
del Partido Comunista respecto a la lucha armada fue determinante a la hora de romper con el
pcu: mi hermano scar se haba integrado al mro y reciba de primera mano la informacin
del compromiso estratgico del mro en el plan del Che. Al tomar conocimiento de ese plan, del
comportamiento de varios pc en Amrica Latina con respecto a la lucha armada [] decido
renunciar al pcu e integrarme al mro.46
Para ese entonces, el pcu todava mantena la alianza electoral con el mro a travs del fidel y
ambas organizaciones compartan programa y sus militantes espacios de trabajo a nivel sindical
y poltico, de manera que el paso de militantes de una organizacin a otra en ambos sentidos era habitual. As, a mediados de 1966, Juan Antonio Trmboli, miembro de la direccin
del mro, estableci contacto con un grupo de estudiantes del Nocturno N 1 de Montevideo,
que funcionaba en el Liceo Zorrilla,47 y del Instituto Alfredo Vsquez Acevedo (iava). En el
grupo figuraban lvaro Gascue, Hctor el negro Cardozo, Nemesio Falco, Alejandro Lerena,
Arbelio Ramrez (h) y Jos Surra;48 poco despus se incorporaran Alberto Prez Iriarte, Rafael
46 Testimonial de Mario Rossi Garretano enviado a Rodrigo Vscovi (2003), autor de Ecos revolucionarios.
Luchadores sociales, Uruguay, 1968-1973. Facilitado por Mario Rossi Garretano.
iava,
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Mntaras, Susana Gonzlez y Ral Castro. En este proceso se integrara un grupo de jvenes
procedente del barrio Cerro, entre los que se encontraban Ariel y Walter Burghi, Jos Maneiro
y Jos Delbono,50 reconstituyndose la Juventud del mro.
49
Consolidado este grupo de jvenes, en enero de 1967 se formaliz la constitucin del Frente
Estudiantil Revolucionario (fer), concebido como ala gremial de la Juventud del mro. Aunque
tena la pretensin de integrar a independientes, el fer slo trascendi el marco de la jmro
en el iava, donde se integraron algunos independientes y un pequeo grupo de la Federacin
Anarquista Uruguaya (fau). En el plano poltico, el fer entr en franca oposicin con el sector
estudiantil del pcu, lo que tens las relaciones entre el mro y su socio de coalicin y gener enfrentamientos entre las juventudes de ambas organizaciones.51
La creacin del fer, la posicin encontrada respecto a la accin armada, escenificada durante
la conferencia de la olas, y el Acuerdo de poca acabaran rompiendo, como veremos, la coalicin de izquierdas entre comunistas y mro, que se hara pblica tras el inicio de las operaciones
por parte de las faro a finales de 1968. Para entonces, el fer haba roto los lazos orgnicos con
el mro. Una ruptura en la que pes la creciente atraccin que el mln ejerca sobre el estudiantado
radicalizado.52
51 Jos Maneiro
52 lvaro Gascue, Apuntes para una historia del Frente Estudiantil Revolucionario (fer), Cuadernos de la
historia reciente 6 (2010).
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revolucionaria, caso de fau, mir, musp y mln, nica organizacin que en ese momento desarrollaba una actividad armada reconocida. Tan slo por intervencin directa de Salvador Allende
se consigui la incorporacin final del Partido Socialista Uruguayo (psu).53 Pese a los intentos
del pcu por monopolizar el Comit, en l se plantearon con claridad dos tendencias: un sector
mayoritario, que respaldaba las tesis del pcu, y un sector minoritario, compuesto por el mro, el
Movimiento Batllista 26 de Octubre y el psu, que respaldaban las tesis que acabaran saliendo
vencedoras en la olas.
La Conferencia refrend las tesis guevaristas del desarrollo continental de la revolucin, proclamando la lucha armada como lnea fundamental de accin en Amrica Latina, el
marxismo-leninismo como base ideolgica y Cuba como vanguardia del movimiento antiimperialista latinoamericano.54 Sin embargo, los partidos comunistas con presencia mayoritaria
en las delegaciones de Uruguay y Chile, consiguieron que la olas admitiera dos excepciones a
las disposiciones generales. Rodney Arismendi, por el Comit uruguayo, y Luis Corvaln, por el
chileno, defendan que por el pasado democrtico de ambos pases y por el carcter democrtico
de sus Fuerzas Armadas no era previsible un golpe de Estado en Uruguay y Chile, por lo que la
va pacfica al socialismo era viable en ambos pases.
El Acuerdo de poca
La Conferencia de la olas habra de servir para unificar a la izquierda revolucionaria uruguaya que se encontraba dispersa en una multiplicidad de pequeas organizaciones.56 Esta unin se
concret pocos meses despus de la conclusin de la Conferencia, con la reaparicin del diario
poca el 7 de diciembre de 1967 y la firma del Acuerdo de poca, tres das antes, entre el mro, la
fau, el mir, el psu, el mapu y el Grupo de Independientes de poca.57 Los firmantes del acuerdo
se comprometan a desarrollar las resoluciones polticas de la olas en el plano nacional, fijando
como principal objetivo la maduracin de las condiciones para la revolucin uruguaya.58
53 Eduardo Rey Tristn, La Organizacin Latinoamericana de Solidaridad (olas) y la polmica sobre las
formas de la revolucin latinoamericana. El caso uruguayo, en Antonio Gutirrez Escudero y Mara Luisa
Laviana Cuetos (Coordinadores) Estudios sobre Amrica: siglos xvi-xx (Sevilla: Asociacin Espaola de
Americanistas, 2005), 1698-1703.
56 Armando Cuervo, En la lnea que define los dos campos, Amrica Latina 2. Suplemento Especial I (agosto
de 1967).
57 Acuerdo de poca (4/12/1967), poca (7/12/1967).
58 La izquierda revolucionaria, 124-125.
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El acuerdo se daba en el plano poltico, en el plano sindical y desde el punto de vista estratgico, desde el punto de vista revolucionario, porque ya casi todas las organizaciones venamos
desarrollando aparatos poltico-militares, en condiciones preparatorias. El mln vena ms avanzado como estructura clandestina. En cambio, el resto ramos todas organizaciones legales que
estbamos generando las condiciones de organismo poltico-militar. Cada uno con su tendencia
ideolgica determinada. [] Eran todas variantes que apoyaban un mismo objetivo.59
En los hechos, poca reapareci un 7 de diciembre y slo cinco das despus era clausurado
por un decreto del Poder Ejecutivo, que cerraba tambin el semanario socialista El Sol y ordenaba la detencin del Consejo Editorial de poca. Junto al cierre de ambas publicaciones, el
Poder Ejecutivo ilegalizaba a las organizaciones firmantes del acuerdo. Para el mro comenzaba
el periodo de clandestinidad. La clausura de poca y la ilegalizacin de las organizaciones que lo
impulsaron no hacan ms que confirmar, para el mro, los anlisis previos que advertan sobre el
giro autoritario en la poltica uruguaya y ratificaban la necesidad del uso de la violencia como respuesta a la represin institucional.61 Este giro haba quedado expuesto en un artculo de Collazo,
titulado El Uruguay no es una excepcin,62 publicado en la revista del Comit Ejecutivo del
mro, Amrica Latina. En l, Collazo pona en duda la supuesta excepcionalidad uruguaya en el
contexto latinoamericano.
En este trabajo Collazo rechazaba que Uruguay fuera a quedar al margen de la oleada de
golpes de Estado que se vena produciendo en Amrica Latina. El artculo refutaba tambin la
segunda excepcionalidad uruguaya, que vena a afirmar la imposibilidad del desarrollo de la lucha
armada en el pas dadas sus condiciones geogrficas, posicin que era sostenida por tericos como
Regis Debray. El mro, si bien coincida en que la lucha armada aislada en el caso uruguayo no era
viable, defenda que sta era posible integrada en un conflicto de mbito regional. Basndose en
su propia experiencia de coordinacin revolucionaria dentro del Plan del Che y en la coordinacin represiva que comenzaba a darse entre los pases del Cono Sur, para el mro la lucha no se
iba a dar pas por pas sino regionalmente: la lucha continental abre para nuestro pas inmensas
posibilidades, porque en ella se superan las peculiaridades y los obstculos que en un Uruguay aislado hacan pensar a Debray que ramos una excepcin. Integrados en el proceso del continente,
los uruguayos dejamos de ser una excepcin.63
60 jmro, fau, mir, js, Manifiesto del Coordinador Juvenil Universitario Antiimperialista, Marcha (20/1/1967).
61 Ariel Collazo, La oligarqua uruguaya se quita la mscara, Marcha (16/2/1968).
62 Ariel Collazo, El Uruguay no es una excepcin.
63 A. Collazo, El Uruguay no es una excepcin.
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Los jvenes que deciden permanecer en el mro inician una serie de pequeas acciones, entre
finales de 1967 y principios de 1968, en las que resulta detenido uno de los participantes. El hecho obligara a este sector de la Juventud a informar a la direccin sobre las acciones que haban
venido desarrollando y, tras diversas reuniones en las que la Juventud presiona a la dirigencia del
mro para que se defina, el grupo comunica que se lanza, con o sin el apoyo de la direccin, a la
lucha armada.66
Finalmente, en los primeros meses de 1968, la Junta Central del mro se rene en la clandestinidad en una casa del barrio Pocitos. En esa reunin, la mayora de los miembros de la direccin
del mro decide desarrollar un aparato armado, que no solamente sirviera como base regional
sino para operar tambin, ahora s, en Uruguay.67 Nacen as las Fuerzas Armadas Revolucionarias
Orientales (faro) y se nombra una direccin colectiva formada por Ariel Collazo, su hermano
Anbal, Luciano da Silva, Juan Antonio Trmboli, Ariel Burghi, Jos Maneiro y los hermanos
scar y Mario Rossi.68
Si bien el surgimiento de las faro tiene su origen inmediato en la respuesta del mro a la nueva situacin generada tras su ilegalizacin, ste no se explica sin la evolucin que durante toda la
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dcada haba venido recorriendo la organizacin. Desde 1965, a raz del segundo Congreso partidario, el mro haba definido ya una lnea favorable a la lucha armada. Algunos de sus militantes
haban recibido formacin poltico-militar en Cuba y la organizacin haba colaborado con el
proyecto guevarista. Durante la Conferencia de la olas, el mro se haba posicionado del lado de
las tesis cubanas, enfrentndose ideolgicamente con el pcu, organizacin con la que mantena
coalicin electoral. Acorde con esta lnea, el mro dispona, al menos desde 1966, de una cierta
infraestructura militar que inclua un taller de documentacin falsa, depsitos de armas y un taller
elemental de explosivos para acciones directas de masas y aparatos de comunicacin.
Sin embargo, pese a disponer de esta estructura clandestina incipiente y de plantear en forma
terica la lucha armada, el mro confiaba an en que el desarrollo de los acontecimientos transcurriesen por la va institucional.
Objetivamente se especulaba que bamos a vivir un sistema de libertades recortadas, pero que
caminaba todava por el proceso electoral [] No es que desde el punto de vista orgnico nos
agarr mal. Ese viraje tctico no fue previsto, porque si se hubiera previsto, automticamente vos
hubieras desarrollado una estructura clandestina que exista en forma incipiente en el mro, pero
que no se preparaba para la guerrilla urbana, sino que era ms bien de apoyo a lo estratgico []
Una cosa es ser base de apoyo y otra cosa asumir en el lugar que corresponda el tipo de lucha.69
La ilegalizacin de las organizaciones firmantes de poca respaldaba ideolgicamente a aquellas organizaciones que, como el mro, advertan del giro autoritario en la poltica uruguaya y les
llenaba de razones para impulsar la lucha armada. Este paso fue asumido como un salto natural
entre el grueso de la militancia de la Juventud, sin embargo, este giro tctico provocara el distanciamiento de algunos dirigentes y militantes entre 1968 y 1970. Alejamiento que, con el tiempo,
acab por convertirse en un desprendimiento hacia el Partido Comunista de aquellos que no consideraban la accin armada como una tarea inmediata. De este proceso formaron parte dirigentes
de la primera etapa como Armando Cuervo, vinculados a la tarea parlamentaria y electoral, pero
tambin dirigentes sindicales como Antonio Marotta, del sector bancario. Militantes y dirigentes
que una vez creado el Frente Amplio en 1971 adherirn como independientes a la Lista 1001,
del fidel.
La primera accin reconocida por las faro tuvo lugar el 10 se setiembre de 1968 y consisti
en la recuperacin de un vehculo, utilizado para asaltar al da siguiente una sucursal de la Unin
de Bancos del Uruguay, entidad de la que se sustrajeron 7.200 dlares. Un mes despus, el 3 de octubre, las faro volvieron a asaltar una nueva entidad bancaria, la sucursal Arroyo Seco del Banco
Comercial. En esta ocasin el botn super los 12.800 dlares. Ambas acciones fueron coordinadas por los argentinos Ramn Torres Molina y scar Doglio, integrantes de una estructura
conocida como Guerrilla del Ejrcito Libertador (gel) y que tiempo despus se incorporaran
a las Fuerzas Argentinas de Liberacin (fal).70 Adems del apoyo argentino, en estos primeros
pasos las faro recibieron la asistencia de militantes brasileos. Uno de ellos, Benavides, instruira a un grupo del mro en la fabricacin de explosivos,71 mientras que dos cuadros militares de
vpr aportaran los conocimientos adquiridos por esta organizacin en la planificacin y ejecucin
69 Mario Rossi, 2/8/2010.
70 Esteban Campos y Gabriel Rot, La Guerrilla del Ejrcito Libertador. Vicisitudes polticas de una guerrilla urbana
(Buenos Aires: El topo blindado, 2010), 31-32.
71 Jos Maneiro, 12/8/2010.
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El aparato de las faro comenz a reestructurarse a principios de 1969. La direccin del mro
haba ordenado un repliegue tctico para evaluar la dimensin del golpe recibido y recomponer
sus fuerzas. Para ello, las faro acudieron al mln en busca de apoyo para consolidar su estructura.
72 Cuestionarios enviados a Jos Delbono y Mario Rossi, noviembre-diciembre de 2009.
73 Historia de una pasin, 77.
74 Ariel Collazo, Del Doctor Ariel Collazo: Desvinculacin del mro del fidel, Marcha (29/11/1968).
75 fidel, Del Frente Izquierda de Liberacin: Aceptacin de la desvinculacin del mro y de Ariel Collazo,
Marcha (6/12/1968).
76 Mario Rossi, 2/8/2010.
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En esta reunin, en la que participaron por el mln Ral Sendic, Candn Grajales y Eleuterio
Fernndez Huidobro, se resolvi mantener un contacto permanente entre ambas organizaciones, que quedara establecido entre Mario Rossi y Candn Grajales, primero, y Efran Martnez
Platero, despus. En cuanto al apoyo material, el ingeniero y dirigente tupamaro Juan Almiratti
enseara, en un taller ubicado en la calle Viladerb, a fabricar amonal a un combatiente de las
faro conocido como Jorge.77 En ese mismo periodo, el tambin tupamaro Lauro Salles formara en la fabricacin de armas caseras a otro grupo de militantes de las faro.78
Las detenciones por los asaltos bancarios generaron la desercin de algunos militantes, por
temor o descontentos con el resultado de las acciones. De modo que las faro tuvieron que hacer
frente a una nueva campaa de reclutamiento en estos primeros meses de 1969. Las faro utilizaron tres vas principales de reclutamiento: el aparato poltico, la actividad sindical y la Juventud
del mro. El criterio organizativo tenda a que las clulas del aparato armado tuvieran crecimiento
fuera del aparato poltico, en especial desde el mbito sindical, ya que los sectores de masas eran
clandestinos y no estaban ligados al aparato poltico del mro. Esta tendencia se explicaba en la
necesidad de preservar la compartimentacin de la clula: venir de una estructura electoral, con
gente que haba estado en los diarios o en procesos electorales, por ms que vos sostuvieras cierta
compartimentacin, automticamente esos compaeros quedaban descompartimentados dentro
de la estructura.79
En otros casos, la integracin a las faro se dio despus de hacer de correo o de guardar materiales o armas. Es el caso de Samuel, un joven militante procedente de Durazno y simpatizante
del mln, que se incorpora en 1970 a las faro: me pidieron guardar un arma, una granada []
Cuando guardo ese arma, los compaeros me invitaron para los fierros, guardando armas, llevando portafolios. Por necesidad orgnica tras las cadas, haba necesidad de publicitarse, de hacer
presencia, me vi obligado a participar en acciones armadas.82
Junto al aparato poltico y la insercin social y sindical, la tercera va de reclutamiento era la
Juventud del mro, que desde su formacin se haba mostrado favorable a la lucha armada. Ya durante 1967 algunos de los componentes de la Juventud haban participado en diferentes acciones
81 Entrevista a Sergio Npoli y Diana Lubetkin. Montevideo, 5/8/2010. Integrantes de las faro.
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armadas, como la colocacin de dos artefactos explosivos con volantes en el Nocturno N 1 del
Liceo Zorrilla o el robo de un fusil Mauser y dos pistolas a un coleccionista privado. A finales de
ese ao viaj a Cuba un grupo de estos jvenes, entre los que figuraban Alejandro Lerena, Alberto
Prez Iriarte, Arbelio Ramrez, Jorge Zabalza, el flaco Lbano83 y Ruben Sassano.84 Con la muerte
de Guevara en Bolivia los jvenes uruguayos desplazados hasta Cuba irn regresando escalonadamente a Montevideo. A su vuelta, el mro estaba ilegalizado y haba comenzado a desarrollar su
aparato armado. Algunos de ellos Alberto Prez Iriarte, Arbelio Ramrez, el negro Cardozo o
Ruben Sassano participaran de las primeras acciones de las faro, otros, como Alejandro Lerena,
Rafael Mntaras, Hernn Pucurull, su compaera Mirta o el propio Zabalza, seguirn tambin
el camino de la lucha armada pero en el seno del mln.
85 Simn Torres y Julio Aronde, Debray y la experiencia cubana, Monthly Review 55 (octubre de 1968).
86 mro, Y el Uruguay no era una excepcin, Amrica Latina 2 (octubre de 1968).
87 Los Tupamaros abren una ruta revolucionaria, Punto Final 95 (enero de 1970).
88 faro, Documento 2 (1970), cedema.
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En los cinco aos en que las faro se mantuvieron activas (1968-1972), el grueso de las
acciones realizadas se enfoc a la propaganda armada y al apoyo a conflictos laborales. A estas
operaciones se sumaron las acciones de pertrechamiento y los asaltos a bancos, cuyo objetivo era
dotar de armamento a las columnas y suministrar fondos econmicos. Estos operativos econmicos tenan en algunos casos un carcter regional, puesto que con ellos se pretenda dar apoyo
financiero a otras organizaciones revolucionarias latinoamericanas. Es el caso del asalto el 11 de
junio de 1970 a una sucursal del Banco del Uruguay, en el que las faro se hicieron con un botn
de 10.000 dlares, ste fue derivado a compromisos internacionalistas.
Las operaciones en apoyo a conflictos laborales revertan para las faro un carcter fundamental en la lucha contra el oportunismo en el mbito sindical.91 Para esta organizacin, la lucha en
este mbito deba ser abordada tanto por los gremios como por las organizaciones revolucionarias, a las que caba tanto la realizacin de operaciones armadas en apoyo a los conflictos como la
preparacin y el adiestramiento de los trabajadores para el desarrollo de acciones de masas. Bajo
esta concepcin, las faro llevaron a cabo durante 1970 la toma del Frigorfico Castro en apoyo
al conflicto que avanzaban sus trabajadores, la ocupacin de la fbrica de productos porcinos
Ernesto Ottonello y la toma de la firma Electro Confort, en solidaridad con los trabajadores de
89 Mario Rossi, diciembre de 2009.
90 El Guerrillero Oriental 1, rgano de prensa oficial de las far Orientales (julio de 1970), adc-ceiu.
91 faro, Documento 3. La tctica reformista (1970), cedema.
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la fbrica de artefactos elctricos tem sa92. En el mismo sentido se realizaron diferentes acciones
en apoyo a la huelga que seguan los trabajadores de la cadena de almacenes Manzanares, como la
toma de establecimientos, el ataque a las casas de los directivos, as como el secuestro de camiones
de alimentos y su reparto en cantegriles.93 Tambin en el contexto de un conflicto laboral, una
de las estructuras que para 1971 se mantena operativa prepar el secuestro de un directivo de la
papelera cicsa, accin que no lleg a concretarse ante la falta de infraestructura.94
La accin de mayor envergadura realizada por las faro tuvo lugar en mayo de 1970 y fue
bautizada como Operacin Z. Este operativo fue concebido por la organizacin como un salto
cualitativo en el camino hacia enfrentamientos militares de mayor complejidad que, finalmente,
no llegaran. La accin, diseada en varias etapas, consisti en la toma del Cine Plaza en pleno
centro de Montevideo. En ella participaron una treintena de combatientes que tomaron las diferentes plantas del edificio en una accin de propaganda armada. Aunque las faro pretendan
proyectar una pelcula, el desarrollo de la operacin no fue del todo exitoso y debieron recurrir
a una arenga y el lanzamiento de octavillas. Previamente, las faro haban copado el sindicato
amarillo afute accin enmarcada en el apoyo a la tendencia combativa que se mantena en
conflicto en ute, cuya sede se utiliz como acuertelamiento para efectuar la accin central.95
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iniciado en el contacto que los presos de las diferentes organizaciones armadas haban mantenido
en prisin. Esta concepcin, que diferenciaba entre un frente antioligrquico electoral (fa) y un
frente revolucionario (fln), definira la postura del mro respecto al fa. Como en etapas anteriores, para el mro no existira contradiccin entre lucha armada y lucha electoral, desarrollndolas
en mayor o menor medida segn la coyuntura. La organizacin asuma que en Uruguay coexistan ambas formas de lucha, pacficas y no pacficas, pero si en 1970 predominaron estas ltimas,
en 1971 es fcil advertir que predominarn aquellas.
En cuanto al fa, el mro vislumbraba en su seno dos sectores diferenciados: una vertiente
reformista y otra revolucionaria. Lo que diferenciaba a ambas tendencias, para el mro, era
fundamentalmente la tctica: mientras los primeros slo aceptaban la lucha pacfica, otorgando
un papel fundamental a los comicios, la tendencia revolucionaria defenda la combinacin de
todas las formas de lucha.100 Desde la ptica del mro, a partir de 1967 se haba ido configurando
un movimiento de masas revolucionario que ya no slo utilizaba formas de lucha pacficas y al
que el mro caracterizaba como embrin del fln. De esta manera, el polo revolucionario dentro
del fa se converta, para el mro, en una expresin pblica del fln.
A diferencia del fa, donde la tendencia reformista era la predominante, el fln deba ser el
resultado de la unin de las diferentes organizaciones revolucionarias, tanto las presentes en el fa
como aquellas no incorporadas a ste. As, ante la ausencia de una nica vanguardia, la direccin
del fln deba recaer en las tres organizaciones que en ese momento desarrollaban actividad armada en el pas: mln, opr-33 y el propio mro-faro.101 La actuacin del mro dentro del Frente
Amplio respondi a esta doble filiacin, como miembro del polo revolucionario en el fa y como
impulsor de un fln, abortado por las diferencias entre los grupos que deban conformarlo, la
problemtica interna de cada organizacin y la propia dinmica de los acontecimientos.
Los resultados para esta organizacin fueron contradictorios y acabaron por definir su desaparicin de la escena pblica. En trminos generales, Patria Grande recab 71.000 votos el
23,7% de los recibidos por el Frente Amplio. El grueso de los votos, casi 60.000, correspondi
a la lista de Erro y el resto en torno a los 11.200 votos a Ariel Collazo.103 Era la primera
ocasin en que el mro se presentaba con lista propia y aunque el nmero de votos recibidos era
significativo, no alcanzaron para que Collazo renovara su cargo como diputado. Tan slo un da
despus de perder su inmunidad como parlamentario, el 17 de febrero de 1972, Collazo fue de100 mro, Frentes y partido, Liberacin 3 (marzo de 1971).
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tenido.104 Tras dos aos sin ser procesado, el dirigente del mro sali al exilio en 1974 y se asent
en Espaa. Para entonces, el mro y las faro tenan al grueso de su militancia preso, algunos no
seran excarcelados hasta 1985, otros haban iniciado el camino del exilio en Suecia, Francia o
Italia. A los pocos militantes que permanecieron en libertad y a aquellos que fueron abandonando la prisin les fue imposible sostener la organizacin en un contexto represivo como el de la
dictadura militar.
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Torres, Simn y Julio Aronde, Debray y la experiencia cubana. Monthly Review 55, octubre de 1968.
Varela Petito, Gonzalo. El movimiento estudiantil de 1968. El iava, una recapitulacin personal. Montevideo: Trilce,
2005.
Vscovi, Rodrigo. Ecos revolucionarios. Luchadores sociales. Uruguay, 1968-1974. Montevideo: Nos, 2003.
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Aldo Marchesi1
Vania Markarian2
Resumen
Abstract
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contemporanea
Empezamos con esta breve referencia a nuestras experiencias personales para enfatizar la estrecha relacin que existe entre la bibliografa que nos disponemos a analizar y las vicisitudes ms
generales de la memoria colectiva a las que tambin haremos referencia. Esta interaccin fue clave
al organizar esa abundante literatura en un recorrido cronolgico por las corrientes que fueron
dominantes en cada momento, detenindonos en sus nfasis tericos, perspectivas disciplinarias,
asientos institucionales, condicionantes polticas y problemas histricos ms importantes. El resultado es una divisin en etapas de esa produccin intelectual, aunque somos conscientes de que
muchos textos tienen un carcter fronterizo y podran, argumentadamente, ubicarse en un lugar
diferente al de nuestra clasificacin. Con esas salvedades y necesarios matices, nos referimos en
primer lugar a los enfoques estructurales de nfasis socio-econmico que surgieron para entender
la instalacin de regmenes autoritarios de nuevo tipo en la regin. Examinamos a continuacin
las perspectivas institucionales con acento en lo poltico dirigidas fundamentalmente a la explicacin de los procesos de crisis y transicin a la democracia.4 Nos detenemos luego brevemente
en un interregno de ms de un lustro de casi total silencio social sobre el pasado reciente, cuando
algunas apuestas aisladas a la clave subjetiva y abordajes de dimensiones culturales empezaron a
instalarse en la agenda acadmica. Viene finalmente la seccin ms extensa del artculo, dedicada
a describir en detalle la consolidacin de un campo de estudios donde predominan las ideas de
terrorismo de Estado y violaciones a los derechos humanos como marcas de todo el perodo.
Este proceso abarca hasta el presente e incluye los cambios que mencionbamos al comienzo
de esta introduccin. Desde la conciencia todava fresca de esas transformaciones es que, a ms
de seis aos de haber intentado por primera vez con otros colegas un balance de la produccin
bibliogrfica sobre el pasado reciente en Uruguay, volvemos a emprender la tarea.
3
4
Aldo Marchesi, Vania Markarian, lvaro Rico y Jaime Yaff, Pensar el pasado reciente: Antecedentes y perspectivas, en A. Marchesi et al (Editores) El presente de la dictadura: Estudios y reflexiones a 30 aos del golpe de
estado en Uruguay (Montevideo: Trilce, 2004), 5.
Estas dos primeras etapas recogen con pocas modificaciones el ya mencionado artculo del 2004 realizado en
coautora con Yaff y Rico, el resto es sustancialmente nuevo.
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Enfoques estructurales
y primeras caracterizaciones socio-econmicas
Hacia la segunda mitad de los aos sesenta, comenzaron a aparecer los primeros esfuerzos
por entender el avance de un nuevo tipo de rgimen autoritario en el Cono Sur. Esta discusin
se proces muchas veces a nivel regional, haciendo justicia a la extendida idea de que se trataba
de un mismo intento de imprimir un cierto rumbo a la economa y la poltica de estos pases, con
claro origen en los centros de poder mundial, particularmente en las polticas imperialistas de
Estados Unidos. Estos enfoques marcadamente estructurales tenan relacin con las doctrinas de
la izquierda militante de matriz marxista y tambin races en la labor de la Comisin Econmica
para Amrica Latina (cepal) y las entonces populares teoras de la dependencia. En Uruguay,
los extensos estudios de la estructura econmica y social del pas realizados por el Instituto de
Economa de la Universidad de la Repblica y los anlisis sobre la influencia de los organismos
financieros internacionales fueron insumos claves de esta primera etapa de reflexin dedicada
a entender las transformaciones del capitalismo dependiente y sus cambios coyunturales, especialmente luego del viraje de la poltica econmica entre fines de 1967 y mediados de 1968.5
Los nombres de Alberto Couriel, Samuel Lichtensztejn, Luis Macadar, Ral Trajtenberg y Ral
Vigorito son buenos ejemplos de esta generacin de economistas uruguayos que se formaron bajo
el influjo estructuralista cepalino y abrazaron el dependentismo.6
Antes de esta etapa, a comienzos de los sesenta, el equipo de trabajo de la Comisin de Inversiones y Desarrollo
Econmico (cide) haba llevado adelante la primera experiencia de estudio y planificacin econmica de
corte cepalino en Uruguay. Ver Adolfo Garc, Ideas y competencia poltica, 1960-1973: Revisando el fracaso de
la cide (Montevideo: Trilce, 2002).
Entre los trabajos ms influyentes y con mayor divulgacin del perodo podemos mencionar: Alberto Couriel
y Samuel Lichtensztejn, El fmi y la crisis econmica nacional (Montevideo: fcu, 1967); Instituto de Economa,
Universidad de la Repblica, El proceso econmico del Uruguay: Contribucin al estudio de su evolucin y
perspectivas (Montevideo: udelar, 1969). Por ms informacin sobre la evolucin de los estudios econmicos
en esta etapa, ver Economa, en Ciencia y Tecnologa en el Uruguay (Montevideo: cinve-mec, 1986).
Para una descripcin de este recorrido intelectual a nivel latinoamericano ver el prefacio de Guillermo
ODonnell, Contrapuntos (Buenos Aires, Barcelona, Mxico: 2003).
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necesidad de articular explicaciones globales. Entre los primeros estudios que buscaron entender
el camino al autoritarismo integrando los aspectos econmicos, sociales y polticos sin subordinaciones fciles, se destaca el trabajo de 1971 de Carlos Real de Aza Poltica, poder y partidos en
el Uruguay de hoy.8 Junto a otros trabajos contemporneos, este texto detectaba la incapacidad
del sistema poltico de resolver la crisis nacional sin dejar de sealar el papel de los partidos en la
conformacin social y estatal del pas.9 Si bien su atencin hacia el sistema partidario poda entroncarse con la vieja historia poltica, en desuso en aquellos aos, su inters por la relacin entre
sistema poltico y estructura social y su consideracin de las nuevas expresiones de descontento,
especialmente la violencia de izquierda, eran lneas novedosas que no tendran demasiados continuadores hasta los ltimos aos de la dictadura.10 Tambin la dimensin regional del anlisis y
su discusin de la categora colonial-fascista de Helio Jaguaribe para caracterizar a los nuevos
regmenes de represin poltica y social en Argentina y Brasil y empezar a reflexionar sobre
Uruguay mostraban la agudeza del autor, a pesar de su insistencia en los rasgos amortiguadores
de la sociedad uruguaya.11
Este tipo de discusin sobre las dimensiones regionales de los procesos contemporneos dio
origen a un enfoque que se reivindicaba acadmico sin renegar del compromiso social. Estos
estudios se proponan entender las particularidades del avance autoritario en pases relativamente
desarrollados donde la mayor parte de la poblacin era urbana y altamente politizada, lo cual
marcaba a su entender una diferencia sustancial con otros procesos regionales ms o menos recientes. El nombre clave en estos esfuerzos es el argentino Guillermo ODonnell, quien en su
estudio pionero sobre el gobierno del General Juan Carlos Ongana acu la expresin Estado
burocrtico autoritario para caracterizar estos fenmenos.12 En palabras de ODonnell, el centro
8
9
Carlos Real de Aza, Poltica, poder y partidos en el Uruguay de hoy, en Luis C. Benvenuto y otros,
Uruguay hoy (Buenos Aires: Siglo xxi, 1971).
Ver tambin C. Real de Aza, El impulso y su freno: Tres dcadas de batllismo y las races de la crisis uruguaya (Montevideo: ebo, 1964). Desde la sociologa, Aldo Solari, Uruguay, partidos polticos y sistema electoral
(Montevideo: El libro libre, 1998) y Alfredo Errandonea, El mutacionismo electoral como indicador de
estabilidad poltica, Revista Uruguaya de Ciencias Sociales, 1-2 (1972), buscaron entender estos procesos,
mientras una generacin ms joven publicaba sus contribuciones en los Cuadernos de Ciencias Sociales y la
Revista Uruguaya de Ciencias Sociales. Por la evolucin de los estudios politolgicos y sociolgicos en esta
etapa, ver Gerardo Caetano, Pablo Mieres, Jos Rilla y Romeo Prez, Los partidos polticos en las ciencias
sociales uruguayas, 1960-1990, en G. Caetano et al, Partidos y electores: Centralidad y cambios (Montevideo:
claeh-ebo, 1992). Es importante destacar el aporte realizado desde los estudios legales por Alberto Prez
Prez, Constitucin de la rou de 1967, anotada y concordada (Montevideo: Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, 1970) y algunos interesantes planteos de coyuntura y propuestas de cambio de autores como Vivian
Tras, Alberto Methol Ferr, Rodney Arismendi y Roberto Ares Pons.
10 Por esta poca aparecieron las primeras exploraciones sobre la guerrilla urbana, expresiones de la curiosidad
que el asunto despertaba dentro y fuera del pas. Estos enfoques no solan ofrecer una explicacin de la relacin entre violencia revolucionaria y avance autoritario, optando por una visin testimonial, descriptiva y
casi siempre favorable a la izquierda armada, ver Carlos Nez, Tupamaros, la nica vanguardia (Montevideo:
Provincias Unidas, 1969), Antonio Mercader y Jorge De Vera, Tupamaros: estrategia y accin (Montevideo:
Alfa, 1969), Antonio Prez Garca, Poltica y sociedad (Montevideo: Nuestra Tierra, 1970), Maria Esther
Gilio, La guerrilla tupamara (Montevideo: Biblioteca de Marcha, 1971), Alain Labrousse, Los tupamaros:
Guerrilla urbana en Uruguay (Buenos Aires: Tiempo Contemporneo, 1971) y Arturo Porzecanski, Uruguays
Tupamaros: The urban guerrilla (Nueva York: Praegers Publishers, 1973).
11 Por el debate sobre los rasgos amortiguadores de la sociedad uruguaya, ver C. Real de Aza, Uruguay, una
sociedad amortiguadora? (Montevideo: ebo, 1984).
12 G. ODonnell, Modernizacin y autoritarismo (Buenos Aires: Paids, 1972) y El Estado burocrtico autoritario,
1966-1973: Triunfos, derrotas y crisis (Buenos Aires: Editora de Belgrano, 1982).
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del anlisis era la afinidad electiva entre el autoritarismo burocrtico y la alta modernizacin.13
De acuerdo a esta perspectiva, la percepcin de una amenaza a la dominacin capitalista habra
llevado a la alta burguesa, en alianza con el capital internacional, a buscar apoyo y proteccin en
la corporacin militar. En la dcada del setenta, los estrechos vnculos de ODonnell con universidades estadounidenses y su pasaje por Brasil dieron dimensin transnacional a la discusin de
estos temas.
Luego de los golpes de Estado del Cono Sur, otros muchos acadmicos importantes de la regin
se radicaron en diferentes pases europeos y americanos y ampliaron aun ms los lmites geogrficos del debate. Los trabajos de latinoamericanos y latinoamericanistas como Fernando Enrique
Cardozo, Liliana de Riz, Philippe Schmitter, David Collier y Alfred Stepan expresaron un esfuerzo por repensar las continuidades y discontinuidades histricas del nuevo autoritarismo en
base a categoras como corporativismo y fascismo, adems de autoritarismo burocrtico.14 Las
polmicas en torno a la caracterizacin de los nuevos regmenes como fascistas fueron especialmente importantes para quienes reconocan una matriz marxista en sus agendas de investigacin
y discusin sobre el pasado reciente en el rea latinoamericana. Junto con el planteo de Jaguaribe,
la definicin de fascismo dependiente de Theotonio dos Santos y la caracterizacin de regmenes
fascistas sin adjetivos en el trabajo de Agustn Cueva fueron muy influyentes en algunos crculos
acadmicos y debates polticos del exilio, especialmente en pases como Mxico y Cuba.15
En el caso uruguayo es notoria en estos aos la escasez tanto de produccin acadmica como de
anlisis poltico, aunque la mayora de los estudios ms conocidos lo mencionaban como parte de
las tendencias regionales y existieron algunos aportes especficos de uruguayos y uruguaylogos.
La mayora de los investigadores uruguayos se dedic en esta poca a estudiar aspectos puntuales
de la problemtica contempornea nacional, sin participar de lleno en las discusiones ms globales
sobre la caracterizacin de los nuevos regmenes autoritarios.16 Hubo algunos autores extranjeros
que contribuyeron a integrar el caso uruguayo a los debates regionales. Publicados en la segunda
mitad de los setenta, los libros del estadounidense Martin Weinstein y el argentino-israel Edy
Kaufman fueron pioneros intentos de entender el presente dictatorial de un pas que, al menos en
el contexto latinoamericano, haba asombrado por su pasado democrtico y socialmente progresista.17 Mientras Weinstein prcticamente reduca los orgenes del autoritarismo a la derrota del
proyecto liberal y urbano implementado por el presidente Jos Batlle y Ordez, principal lder
13 G. ODonnell, Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of Democracy, en
David Collier (Editor) The New Authoritarianism in Latin America (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1979).
14 En D. Collier (Editor) The New Authoritarianism in Latin America.
15 Ver Theotonio Dos Santos y Liliana de Riz, Fascismo en Amrica Latina?, Revista Mexicana de Sociologa
39-1 (1977) y Agustn Cueva, El desarrollo del capitalismo en Amrica Latina (Mxico: Siglo xxi, 1997).
16 Entre estos trabajos monogrficos cabe citar la tesis de doctorado de Jorge Lanzaro, Sindicatos y sistema poltico: Relaciones corporativas en el Uruguay, 1940-1985 (Montevideo: fcu, 1986) sobre relaciones corporativas;
la tesis de maestra de Jorge Landinelli, La movilizacin estudiantil universitaria en la crisis social de 1968
(Montevideo: fcu, 1988); y el trabajo de A. Couriel, El Uruguay empobrecido, deuda externa y neoliberalismo
(Montevideo: ebo, 1988) sobre endeudamiento externo. Entre los intentos de ubicar el caso uruguayo en el
contexto latinoamericano, ver Gernimo De Sierra, Consolidacin y crisis del capitalismo democrtico
en Uruguay, en Pablo Gonzlez Casanova (Editor) Amrica Latina: Historia de medio siglo 1 (Mxico: Siglo
xxi-unam, 1977).
17 Edy Kaufman, Uruguay in Transition: From Civilian to Military Rule (New Brunswick, NJ: Transaction
Books, 1979) y Martin Weinstein, Uruguay: The Politics of Failure (Wesport: Greenwood Press, 1975).
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del Partido Colorado, a comienzos del siglo xx, Kaufman responsabilizaba a la corporacin militar por el golpe de Estado y enfatizaba el papel de los grupos econmicos, la guerrilla tupamara y
el parlamento en la cada de la democracia. Un artculo publicado por el estadounidense Howard
Handelman en 1981 encuadraba el caso uruguayo en el esquema de ODonnell y examinaba en
detalle las percepciones de los empresarios industriales sobre la amenaza que habran significado la movilizacin sindical y las acciones guerrilleras.18 El historiador estadounidense Henry
Finch propuso ese mismo ao un enfoque econmico de larga duracin para entender el avance
autoritario como resultado de la inhabilidad del sistema poltico para resolver las contradicciones
originadas en los aos sesenta en el proceso de modernizacin capitalista.19
En lneas generales, puede decirse que estas primeras reflexiones examinaron la importancia
de condicionantes econmicos y conflictos de clase en el avance autoritario y sealaron el nuevo
papel institucional de las Fuerzas Armadas, con nfasis en la preocupacin por desmovilizar a
un sector popular previamente activado. Ms all de amplias zonas de discrepancia, uno de los
logros ms importantes de la mayora de estos estudios tempranos fue cuestionar la hiptesis que
relacionaba el desarrollo econmico con el fortalecimiento de la democracia poltica. Aunque publicado recin en 1987, el trabajo de Germn Rama tambin particip de esta forma de pensar los
vnculos entre economa y poltica al proponer la idea de un desborde de la capacidad de respuesta
del Estado frente a las demandas encontradas de los diferentes sectores sociales.20
18 Howard Handelman, Labor Industrial Conflict and the Collapse of Uruguayan Democracy, Journal of
Interamerican Studies and World Affairs 23-4 (1981).
19 Henry Finch, A Political Economy of Uruguay since 1870 (Nueva York: St. Martin Press, 1981).
20 Germn Rama, La democracia en Uruguay (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1987).
21 Juan Linz y Alfred Stepan, The Breakdown of Democratic Regimes (Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 1978).
22 G. ODonnell y Philippe Schmitter, Tentative Conclusions about Uncertain Democracies: Transitions from
Authoritarian Rule (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1986).
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23 Charles Gillespie, Negociando la democracia (Montevideo: icp-fcu, 1995) y Luis E. Gonzlez, Estructuras
polticas y democracia en Uruguay (Montevideo: fcu, 1993).
24 C. Gillespie, Louis Goodman, Juan Rial y Peter Winn, Uruguay y la democracia, 3 vols. (Montevideo: Wilson
Center Latin American Program-Montevideo Series-ebo, 1984-85).
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ochenta.25 Entre estos trabajos de nfasis poltico, cabe destacar la original tesis de doctorado de
Francisco Panizza en la Universidad de Essex, Inglaterra, sobre la crisis del Estado batllista, que
analizaba las estrategias discursivas y representaciones de actores como los Tupamaros, el presidente Jorge Pacheco y los militares. Si bien comparta el inters por la poltica que caracteriz a
muchos de sus contemporneos, la reflexin de Panizza estaba ms ligada a la renovacin de las
ideas de la izquierda acadmica que a la agenda de la politologa norteamericana. Se notaba la
impronta metodolgica de Ernesto Laclau, su director de tesis, y la influencia del pensamiento de
Antonio Gramsci en el uso de conceptos como hegemona y transformismo.26
25 Ver Luis Costa Bonino, La crisis de los partidos tradicionales y el movimiento revolucionario (Montevideo: ebo, 1985)
y La crisis del sistema poltico uruguayo (Montevideo: fcu, 1995); J. Lanzaro, Sindicatos y sistema poltico: Relaciones
corporativas en el Uruguay, 1940-1985 (Montevideo: fcu, 1986); Silvia Dutrnit, El maremoto militar y el archipilago partidario: Testimonios para la historia reciente de los partidos poltico uruguayos (Montevideo: ecs-Instituto
Mora, 1994); y Gonzalo Varela, De la repblica liberal al Estado militar (Montevideo: Nuevo Mundo, 1988).
26 Por la renovada influencia de Gramsci entre los intelectuales latinoamericanos, ver Julio Labastida (Editor)
Hegemona y alternativas polticas en Amrica Latina (Mxico: Siglo xxi, 1985); Ernesto Laclau y Chantal
Mouffe, Hegemona y estrategia socialista: Hacia una radicalizacin de la democracia (Madrid: Siglo xxi, 1987).
Para la aplicacin de este enfoque al caso uruguayo ver Francisco Panizza, Uruguay, Batllismo y despus:
Pacheco, militares y Tupamaros en la crisis del Uruguay batllista (Montevideo: ebo, 1990).
27 Por una postulacin ya clsica de esta perspectiva como programa de investigacin, ver G. Caetano, J. Rilla y
R. Prez, La partidocracia uruguaya, Cuadernos del claeh 44 (1987), 37-62.
28 Carlos Zubillaga y R. Prez, El Uruguay de nuestro tiempo, 1958-1983: Los partidos polticos.1958-1983
(Montevideo: claeh, 1983) y La democracia atacada (Montevideo: ebo, 1988); G. Caetano y J. Rilla, Breve
historia de la dictadura (Montevideo: ebo, 1987).
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estudios seminales por la cantidad de temas e ideas nuevas, as como por la originalidad de sus
enfoques. Algunos de sus trabajos expresaban lneas de inters comunes a la ciencia poltica estadounidense en el anlisis de instituciones y actores polticos, mientras otros daban cuenta de una
curiosidad intelectual ms difcil de encasillar, indagando en asuntos como memoria, imaginario,
derechos humanos y juventud que no tendran casi continuadores en los prximos diez aos.29
En esta primera produccin fue central el aporte de los centros privados de investigacin que
funcionaron en el pas en los aos de dictadura, cuando la Universidad de la Repblica estaba
intervenida por el gobierno y su produccin era escasa por no decir nula. Aunque su labor tena
un nfasis econmico, estos centros dieron origen a estudios sobre una variedad de temas relativos
al pasado reciente. Entre ellos se destacaron el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay
(ciesu, fundado en 1975), el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (ciedur,
1977), el Centro de Investigaciones Econmicas (cinve, 1975) y el Centro Latinoamericano de
Economa Humana (claeh, 1958), con apoyo logstico de diversos organismos y fundaciones
extranjeras. Fue en esos lugares donde primero se pens sistemticamente sobre la crisis de la
democracia y el ascenso autoritario, aos antes de que la Universidad retomara sus funciones
tradicionales y estableciera espacios para investigar estos temas.30
Fue tambin all donde se empez a reflexionar sobre otros varios aspectos de la transicin. Al
igual que con el estudio del sistema poltico y los partidos, la temtica de los movimientos sociales
fue sugerida por su actuacin en los ltimos aos de la dictadura, lo que gener algunos debates
de inspiracin gramsciana sobre una redescubierta sociedad civil y su eventual articulacin con
la vida poltica.31 La mayora de los estudiosos de la transicin sostuvo que estos movimientos
haban sido independientes de las estructuras partidarias mientras la clase poltica haba estado proscripta, pero debieron finalmente articular sus demandas a travs del sistema partidario.
Interpretaciones de este tipo solan describir un breve perodo de creatividad de la sociedad civil
rpidamente interrumpido por la restauracin del lugar central de los partidos.32 Un tono similar tuvieron los varios anlisis contemporneos sobre los intrincados procesos de concertacin
entre los partidos y las organizaciones sociales.33 Entre estos tempranos estudios de la transicin
29 Juan Rial, Partidos polticos, democracia y autoritarismo, 2 vols. (Montevideo: ciesu-ebo, 1984), Relaciones interpartidarias y con actores polticos no partidarios de la oposicin frente a regmenes autoritarios (Montevideo:
ciesu, 1984), La izquierda partidaria frente a la redemocratizacin: Hacia una integracin negativa? (Montevideo: ciesu, 1985), Concertacin y gobernabilidad: Proyecto, acuerdo poltico y pacto social, la reciente experiencia
uruguaya (Montevideo: ciesu, 1985) y Las Fuerzas Armadas: Soldados-polticos garantes de la democracia?
(Montevideo: ciesu, 1986). Sobre memoria e imaginarios, ver Carina Perelli y J. Rial, De mitos y memorias
polticas (Montevideo: ebo, 1985).
30 Los primeros espacios universitarios que se dedicaron al estudio del pasado reciente de forma sistemtica fueron el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos y el Centro de Estudios Interdisciplinarios
del Uruguay, fundados en 1985 en la Facultad de Humanidades y Ciencias bajo la direccin de Luca Sala y
Jos Pedro Barrn, respectivamente.
31 La mayor parte del debate gir en torno a los nuevos movimientos sociales Carlos Filgueira (Editor) Movimientos sociales en el Uruguay de hoy (Montevideo: flacso-ciesu-evo, 1985); Mara Bonino, Ariel Celiberti
y Jorge Ferrando, Participacin y organizaciones sociales: Tres casos en el Uruguay (Montevideo: eppal, 1990).
Fueron escasos los trabajos sobre movimiento obrero bajo la dictadura. Ver Jorge Chagas y Jorge Tonarelli, El
sindicalismo bajo la dictadura, 1973-1984 (Montevideo: Nuevo Mundo, 1989).
32 F. Panizza y Adolfo Prez Piera, Estado y sociedad (Montevideo: ciesu, 1988); J. Rial, Relaciones interpartidarias.
33 J. Rial, Concertacin y gobernabilidad; Horacio Martorelli, Carlos Pareja y Romeo Prez, Las incertidumbres de
la concertacin (Montevideo: ciedur, 1984).
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es importante mencionar las primeras exploraciones del factor militar que se aventuraron en un
asunto complejo y casi sin antecedentes en el pas.34
34 Selva Lpez Chrico, El Estado y las Fuerzas Armadas en el Uruguay del siglo xx (Montevideo: ebo, 1985); J.
Rial, Las Fuerzas Armadas; C. Perelli, Convencer o someter: el discurso militar (Montevideo: ebo, 1987); Gabriel
Ramrez, El factor militar: Gnesis, desarrollo y participacin poltica (Montevideo: Arca, 1988).
35 Ver Cecilia Lesgart, Usos de la transicin a la democracia: Ensayo, ciencia y poltica en la dcada del 80 (Rosario:
Homo Sapiens, 2003).
36 Ver V. Markarian, Idos y recien llegados: La izquierda uruguaya en el exilio y las redes transnacionales de derechos
humanos, 1967-1984 (Mexico: Correo del Maestro-La Vasija, 2006).
37 G. De Sierra, Sociedad y poltica en el Uruguay de la crisis (Montevideo: Librosur, 1985).
38 Danilo Astori, La poltica econmica de la dictadura (Montevideo: ebo, 1990); Luis Macadar, Uruguay, 19741980: Un nuevo ensayo de reajuste econmico? (Montevideo: cinve-ebo, 1982) y Jorge Notaro, La poltica
econmica en el Uruguay, 1968-84 (Montevideo: ebo, 1984).
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entender todo el perodo de la dictadura, al tiempo que planteaba una serie de enfoques y temas
que luego probaron su rendimiento para la investigacin. Los libros de scar Bruschera, Martha
Machado-Carlos Fagndez y Cristina Torres-Francois Lerin, la serie El Uruguay de la dictadura
de ebo y el tomo 8 de la coleccin de historia uruguaya de la misma editorial son otros buenos
ejemplos de una incipiente intencin de ordenamiento y sntesis en relacin con esa etapa.39 Esta
intencin estuvo asimismo entre las preocupaciones fundacionales del ceiu en 1986 y se plasm
finalmente en dos volmenes de cronologa publicados en 1996 y 2003.40 Por su parte, los libros
de Nelson Caula-Alberto Silva y Diego Achard aportaron tambin informacin y documentacin para profundizar en el conocimiento de la dictadura y la transicin.41
Mencin aparte merecen los abundantes aportes testimoniales de este perodo tan marcado
por la necesidad de compartir en pblico las difciles experiencias de los aos anteriores. Las
obras dedicadas a narrar el sufrimiento de la tortura y el encarcelamiento se transformaron en
xitos editoriales y referencias centrales de los debates pblicos. Alfredo Alzugarat menciona dos
textos fundantes de esta literatura: Las manos en el fuego, una reconstruccin histrica de Ernesto
Gonzlez Bermejo a partir de cartas y conversaciones con el ex preso Tupamaro David Cmpora,
y Las memorias del calabozo, donde Eleuterio Fernndez Huidobro y Mauricio Rosencof narran
sus padecimientos, vivencias y resistencias como rehenes de la dictadura.42 Junto a otros que
circularon en los medios de comunicacin de la izquierda y los movimientos sociales, estos textos
ayudaron a construir una representacin que asimilaba la dictadura a las experiencias represivas.
Este enfoque adquiri una repercusin pblica aun mayor a partir de 1986, luego de la aprobacin de la Ley de Caducidad de la Pretensin Punitiva del Estado que marc la cancelacin del
trmite judicial para las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y policas en
territorio nacional desde el golpe de 1973 hasta el fin de la dictadura en marzo de 1985.
Sin embargo, esta reflexin no lleg al mundo acadmico, generndose una suerte de divorcio
de otros actores sociales que enfatizaban los aspectos represivos del pasado reciente. Entre las
pocas excepciones a este tratamiento marginal de las dimensiones represivas debe destacarse el
trabajo de 1986 de Juan Rial Los limites del terror controlado: los hacedores del miedo en el
Uruguay que describa los efectos sociales del sistema de miedo (o bveda de terror) sostenido
por los dos establecimientos de reclusin militar que haban albergado prisioneros polticos.43
A fines de la dcada apareci Uruguay Nunca Ms, otro libro que, desde la frontera entre el
39 G. Caetano y J. Rilla, Breve historia; scar Bruschera, Las dcadas infames: Anlisis poltico, 1967-1985
(Montevideo: Linardi y Risso, 1987); Martha Machado y Carlos Fagndez, Los aos duros: Cronologa
documentada, 1964-1973 y Los aos oscuros: Cronologa documentada, 1973-1979 (Montevideo: Montesexto,
1987 y 1991); Franois Lerin y Cristina Torres, Historia poltica de la dictadura uruguaya, 1973-1980
(Montevideo: Nuevo Mundo, 1987); Autores varios, El Uruguay de la dictadura, 1973-1985 (Montevideo:
ebo, 2004); Benjamn Nahum, Ana Frega, Mnica Maronna e Ivette Trochon, El fin del Uruguay liberal,
1959-1973 (Montevideo: ebo, 1990).
40 Carlos Demasi (Coordinador) Cronologa comparada de la historia reciente del Uruguay, i: La cada de la
democracia, 1967-1973 y Cronologa comparada de la historia reciente del Uruguay, ii: El gobierno cvico-militar,
1973-1980 (Montevideo: fcu, 1996 y 2003).
41 Nelson Caula y Alberto Silva, Alto el fuego (Montevideo: Montesexto, 1986) y Diego Achard, La transicin en
Uruguay (Montevideo: ebo, 1996).
42 Ernesto Gonzlez Bermejo, Las manos en el fuego (Montevideo: ebo, 1985); Eleuterio Fernndez Huidobro y
Mauricio Rosencof, Memorias del Calabozo, 2 vols. (Montevideo: Tupac Amaru Ediciones, 1987).
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activismo y la academia, se propuso indagar en estos asuntos desde una perspectiva ms sistemtica.44 Sobre la base de documentos testimoniales recopilados por el Servicio Paz y Justicia (serpaj)
y una encuesta a presos polticos de la empresa Equipos Consultores Asociados, el libro puso
nfasis en la prisin e intent dar una visin comprehensiva del fenmeno represivo integrando
el proceso histrico, las prcticas concretas del terrorismo de Estado (tortura, justicia militar,
prisin, asesinato, desapariciones, coordinacin represiva, etc.) y otras dimensiones del autoritarismo (desarticulacin de la sociedad civil, exilio, secuelas, etc.). Adems, el informe integraba
lo sucedido desde 1972 en el marco del estado de guerra interno, aprobado por el parlamento
para permitir la suspensin de garantas y derechos constitucionales en el marco del combate a
la sedicin, todava en democracia. Publicado un mes antes del plebiscito de 1989 que buscaba
derogar la Ley de Caducidad (y que no logr su objetivo), el Nunca Ms qued identificado con
esa causa y perdi protagonismo luego de su derrota.
Al mismo tiempo, fue creciendo en la regin una sensacin de malestar en relacin al rumbo
de las transiciones y las formas de explicarlas que se tradujo en enfoques que buscaban ampliar
los lmites planteados por la transitologa y las definiciones de la poltica predominantes en
los ochenta.46 Una de estas lneas ampliatorias tuvo que ver con la reflexin acerca del miedo y
el terror, guiada por la inquietud de trascender la lgica estrictamente poltica y aventurarse en
aspectos ms subjetivos que haban marcado los procesos recientes en toda Amrica Latina. 47
44 serpaj, Uruguay: Nunca Ms (Montevideo: serpaj, 1989).
45 En el 2000, fcu edit una compilacin de J. Lanzaro, La segunda transicin en el Uruguay: gobierno y partidos
en un tiempo de reformas (Montevideo: fcu, 2000) que resulta sintomtica de ese contexto. Inclua cinco
trabajos elaborados en los noventa en el Instituto de Ciencia Poltica de la Universidad de la Repblica que
indagaban en el perodo previo a 1973 y el posterior a 1985 pero no consideraban la dictadura ni por s misma
ni como un aspecto relevante para pensar el perodo post-dictatorial. En gran medida, la dictadura apareca
como una excepcin en relacin a la vida poltica del Uruguay.
46 En 1996, Elizabeth Jelin y Eric Hershberg afirmaban que la preocupacin de los transitlogos por los
temas de institution-building haban afectado negativamente la consideracin de los actores colectivos,
especialmente los sectores populares en los procesos de democratizacin del Cono Sur. Ver Eric Hershberg
y Elizabeth Jelin (Editores) Construir la democracia: derechos humanos, ciudadana y sociedad en Amrica Latina
(Buenos Aires: Ediciones Nueva Sociedad, 1996).
47 Esta preocupacin tuvo una expresin pionera en el proyecto de G. ODonnell y Cecilia Galli, con fondos del
Social Science Research Council (ssrc) de Estados Unidos, sobre lo que llamaban la cultura del miedo. El
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Otro enfoque que ofreci importantes herramientas para ampliar el anlisis de los procesos
de democratizacin fue el estudio de cmo se recuerdan las experiencias de la violencia poltica y del terrorismo. En Uruguay, este tipo de enfoques se expres en el temprano e influyente
Fracturas de la memoria, de 1993, donde los psicoanalistas Marcelo Viar y Maren Ulriksen de
Viar se proponan indagar los efectos de la represin poltica en las vctimas para luego avanzar
hacia reflexiones sobre memoria colectiva.48 Tambin algunos trabajos desarrollados en el marco
de los estudios culturales reflexionaron en torno a la representacin de la dictadura en los relatos
nacionales y proveyeron nuevos insumos para pensar las relaciones entre autoritarismo, nacin y
memoria. Nelly Richard en Chile, Hugo Achugar en Uruguay y Beatriz Sarlo en Argentina, por
mencionar slo tres nombres importantes, trajeron esta discusin a la regin.
Todos estos estudios se relacionaron con el desembarco en nuestras costas de un nuevo clima intelectual que puede denominarse de forma general como posmodernidad.49 Aunque de
una manera difusa, el nuevo clima condens una serie de inquietudes intelectuales que ya se
venan procesando durante la democratizacin: la reflexin acerca de las fronteras entre literatura
e historia, la inquietud en torno al papel de las minoras tnicas y de gnero, la revalorizacin
de los estudios en torno a la cultura y su relacin con la poltica y las crticas a los enfoques ms
estructurales. Todos estos aspectos se expresaron en transformaciones internas de cada disciplina,
afectando de diversas formas los estudios sobre el pasado reciente.
A partir de todos estos elementos se fue configurando un escenario intelectual ms fragmentado que en la dcada anterior, pero indudablemente ms rico en propuestas. Hacia la segunda
mitad de los noventa, comenz a hacerse visible en Uruguay el trabajo de una red de intelectuales
que haba mantenido abierto el debate sobre la dictadura y sus repercusiones en el presente. Esta
red, que no estuvo inscripta en un mbito institucional nico, fue la impulsora de un fecundo dilogo interdisciplinario del cual dan cuenta algunos libros de la coleccin Desafos de la editorial
Trilce.50 En su mayora, estos libros fueron compilaciones de artculos de uno o varios autores y en
ellos prim el gnero ensaystico. En general, no se trataba de investigaciones sino de reflexiones
abiertas que apuntaban a revelar carencias en la reflexin acadmica y social, incorporando nuevas
temticas en la agenda de las ciencias sociales y llevando al debate nacional las ideas que estos
mismos intelectuales estaban discutiendo a nivel regional.
Dentro de esta coleccin, el libro que mejor expres este impulso innovador en relacin a
la dictadura fue Uruguay, cuentas pendientes: Dictadura, memorias y desmemorias.51 All, Carlos
Demasi y Hugo Achugar reflexionaron sobre el lugar de la dictadura en el relato de la nacin y
trabajo culmin en el libro de Juan Corradi, Patricia Weiss Fagen y Manuel Garreton, Fear at the edge: State
Terror and Resistance in Latin America (California-Oxford: University of California Press, 1992).
48 Marcelo Viar y Maren Ulriksen de Viar, Fracturas de memoria: Crnicas para una memoria por venir
(Montevideo: Trilce, 1993).
49 Entre los autores ms influyentes en nuestro medio podemos mencionar a Cornelius Castoriadis, Michel
Foucault y Hayden White.
50 Entre algunos de los intelectuales integrantes de dicha red estaban Hugo Achugar, Gerardo Caetano,
Daniel Gil, Marcelo Viar y Maren Ulriksen de Viar. Entre los encuentros promovidos por esta red
podemos mencionar Identidad nacional: memoria, actualidad y proyecciones (1992), Violencia poltica
y traumatismos histricos (1994), Memoria social: la literatura y las ciencias sociales (1996), Memoria
social: comunidades y fragmentaciones (1998). En la realizacin de algunos de ellos participaron, adems de
la Universidad de la Repblica, organizaciones privadas como la Alianza Francesa y el Instituto Goethe.
51 . Rico (Editor) Uruguay: Cuentas pendientes (Montevideo: Trilce, 1995).
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La constitucin de un campo
de estudios histricos sobre el pasado reciente
Esta ltima dcada, la primera del nuevo siglo, puede tomarse como un perodo de convergencia de varias de las tendencias que se venan afirmando en las etapas anteriores. Por un
lado, los esfuerzos por promover ciertas temticas e inquietudes en relacin al pasado reciente
se comenzaron a expresar en proyectos de investigacin que permitieron una acumulacin de
conocimiento sobre esos temas. Por otro lado, la presin del movimiento de derechos humanos
redund finalmente en cambios significativos respecto a la voluntad poltica de investigar los
crmenes de la dictadura y dar curso a su trmite judicial. En conjunto, estas dos tendencias, una
ms acadmica y otra ms poltica, permiten definir una nueva etapa marcada por la configuracin de un campo de estudios con cierta legitimidad social y el predominio de lo que podramos
llamar un nuevo sentido comn sobre el pasado reciente uruguayo que suele circunscribirse al
reconocimiento de los aspectos ms brutales de la represin estatal.
Para empezar a entender este nuevo clima de poca se hace necesario repasar algunos antecedentes que signaron la instalacin de esos temas en la escena pblica. Al asumir la presidencia en
marzo de 2000, Jorge Batlle reconoci la necesidad de dar respuesta oficial a los reclamos sobre
las consecuencias de la represin, especialmente en relacin con la situacin de los desaparecidos
que haba cobrado centralidad entre las otras prcticas de la dictadura. El camino propuesto fue
la creacin de una Comisin para la Paz cuyo informe final confirm veintisis denuncias sobre
desapariciones de ciudadanos uruguayos en territorio nacional. Se puede decir que fue la primera
respuesta del Estado a los reclamos de verdad sobre los crmenes de la dictadura. Los familiares de las vctimas reconocieron que se trataba de un paso importante, al tiempo que exigieron
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continuar en el camino de la verdad y la justicia y publicaron los resultados de sus propias investigaciones en el libro A todos ellos.52
Al tiempo que se sucedan instancias de gran impacto pblico vinculadas con acciones represivas de los aos setenta, la incansable prdica del movimiento de derechos humanos, redoblada
desde mediados de los noventa, iba logrando instalar el tema en la discusin pblica y reforzando
la presencia del pasado reciente en la agenda de los diferentes partidos polticos. En la campaa
electoral de 2004, las fuerzas de centro-izquierda nucleadas en el Encuentro Progresista manifestaron su preocupacin por estos asuntos tan importantes en las experiencias de los grupos y
partidos que integraban la coalicin. La administracin de Tabar Vzquez fue un verdadero momento de inflexin en la actitud oficial al respecto. Adems de habilitar la actuacin de la Justicia
dentro de los marcos legales vigentes, el gobierno se preocup por avanzar en lo que consideraba
una asignatura pendiente mediante algunas medidas que pueden ubicarse en el terreno de las
polticas de la memoria y otras acciones dirigidas al conocimiento ms profundo de lo sucedido
en los aos de dictadura.53 Entre estas ltimas, las excavaciones arqueolgicas y la ubicacin de
restos en algunos predios militares fueron las primeras muestras evidentes de las atrocidades cometidas durante la dictadura (y negadas en la post-dictadura) ante un pblico amplio que muchas
veces haba estado ajeno a la militante literatura de denuncia de los aos anteriores.
Por otra parte, la idea del pasado dictatorial como una rmora que era preciso despejar, segn
la formulacin de Vzquez en su discurso de asuncin, permite entender que se encomendara
a un prestigioso (y prestigiante) triunvirato de historiadores de la Universidad de la Repblica
( Jos Pedro Barrn, Gerardo Caetano y lvaro Rico) la tarea de dar cumplimiento a la ley que
haba prescrito la pretensin punitiva del Estado pero que de todos modos habilitaba la investigacin sobre los casos de desaparicin forzada ocurridos entre 1973 y 1984.54 Este encargo
puso a un grupo de docentes y estudiantes universitarios (convocados por esos tres acadmicos)
ante el inusual desafo de utilizar sus saberes especficos para dar satisfaccin a un mandato legal
y poltico. Por un lado, la decisin sugera que el gobierno pretenda abordar ese pasado desde
criterios y mtodos cientficos colocados por encima de banderas e intereses supuestamente
ajenos a la academia. Aunque la opinin no fue compartida por los polticos de la oposicin que
remarcaron la ya antigua adhesin de los universitarios a la izquierda, se trataba de un gesto interesante, sobre todo en relacin con otras experiencias similares de la regin donde la idoneidad de
las comisiones encargadas de este tipo de investigaciones no haba estado relacionada con ponderaciones tcnicas sino con fundamentos de tipo moral y tico (e incluso con meros clculos de
proporcionalidad poltica). Por otro lado, sin embargo, el gesto pona a la dictadura y sus crmenes
ms visibles como materia de una disciplina, la historia, que, ms all de las discusiones tericas y
las renovaciones heursticas de sus cultores, suele disociarse del presente y remitirse a un tiempo
saldado, es decir, relativamente ajeno a las discusiones vivas de una colectividad.
En los hechos, este gesto del gobierno contribuy efectivamente al fortalecimiento de un
campo de estudios hasta entonces nebuloso sin eliminar al tema como un asunto vivo en las
discusiones pblicas. Los trminos de la discusin, a su vez, se vieron fuertemente afectados por
52 Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, A todos ellos (Montevideo: mfudd, 2004).
53 Entre otras acciones se puede mencionar la creacin de un da del Nunca Mas, la derogacin del 14 de abril
como fecha de conmemoracin estatal, los proyectos legislativos de reparacin a presos polticos y familiares
de desaparecidos y las apuestas educativas en estas temticas.
54 A. Rico y G. Caetano comparten su trabajo de historiadores con la Ciencia Poltica.
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ese movimiento que puso al pasado reciente en la gida de los historiadores. Todos esos cambios
pueden resumirse en el predominio de las ideas de terrorismo de Estado y violaciones a los
derechos humanos que articulan los cinco gruesos volmenes publicados por el equipo universitario en 2007.55 Por su condicin intermedia entre productos acadmicos y monumentos
pblicos, estos tomos permiten empezar a desbrozar el significado de esas ideas en la comprensin social del pasado reciente.
En primer lugar, la propia idea de que una investigacin histrica se centrara en el rastreo
puntual de los casos de los detenidos desaparecidos, establecida por la presidencia al encomendar
el trabajo, volva a afirmar la centralidad de esa modalidad represiva como marca de los once
aos de historia nacional que abarca la dictadura aun en su periodizacin ms restrictiva. En
consonancia, un gran porcentaje de las pginas de estos libros est destinado a presentar de forma
descarnada (bajo el formato de fichas con entradas estandarizadas) toda la informacin que se
pudo recabar sobre cada caso, con particular atencin a los datos provenientes de archivos y repositorios oficiales. Aparece aqu otro rasgo de esta forma de relacionarse con el pasado reciente
que vincula estrechamente la produccin de pruebas documentales duras con la consecucin
de la verdad en una paradjica recuperacin del tradicional positivismo. Sin espacio para considerar las distancias entre el juez y el historiador, en la formulacin de Carlo Ginzburg, estos
volmenes equiparaban de hecho los mtodos ms clsicos de la investigacin histrica con la
produccin de evidencia para los juicios que se estaban reabriendo.56
55 Presidencia de la Repblica Oriental del Uruguay, Investigacin histrica sobre detenidos desaparecidos en
cumplimiento del artculo 4 de la ley 15.848, 5 vols. (Montevideo: impo, 2007).
56 Ver Carlo Ginzburg, Il giudice e lo storico: considerazioni in margine al proceso Sofri (Torino: Einaudi, 1991).
Por las diferentes soluciones que se han dado al problema de la prueba en otros casos del Cono Sur, ver A.
Marchesi, Esta es la Verdad! Construccin, sentidos y usos de la verdad en los informes Nunca Ms del
Cono Sur, Temticas, 17-33/34 (2009).
57 Universidad de la Repblica, Investigacin histrica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en el Uruguay,
1973-1985, 3 vols. (Montevideo: udelar, 2009).
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procesos sociales y polticos de esa misma etapa. Esto poda ser interpretado, a su vez, como la
asimilacin de la dictadura al terrorismo de Estado que, sin entrar ahora a analizar las races
mltiples y los usos variados de los conceptos polticos, poda resultar en la reduccin de un
complejo proceso histrico al quebrantamiento de las garantas que deben ofrecer los Estados de
Derecho a sus ciudadanos en un esquema liberal.
Aunque desde una gran diversidad de temas y enfoques, tambin la literatura acadmica
estuvo dominada en esta etapa por la reflexin sobre la violacin de ciertos derechos y marcos
legales bsicos. Los anlisis sobre la instalacin del autoritarismo, es decir sobre el lustro o la dcada previa al golpe, dependiendo de los intereses de los autores, son un ejemplo particularmente
claro de esta tendencia. Sus preguntas se han formulado frecuentemente en trminos de quin
tir la primera piedra contra el slido edificio democrtico? o qu fue primero: el huevo o la
gallina en la gestacin de las dinmicas de violencia poltica?58 Estas interrogantes han merecido
respuestas diversas y hasta antagnicas, reforzando en los autores la percepcin de pertenecer
a compartimientos estancos. Sin embargo, mirado con cierta distancia analtica, todos parecen
compartir un marco de interpretacin liberal que pone en dilogo sus interpretaciones y configura
un campo de estudios. Adems, la sola existencia de estas reflexiones indica la nueva disposicin
de los historiadores a discutir las causas del golpe. Como veremos a continuacin, es indudable
que esta produccin ha avanzado bastante sobre la literatura de nfasis estrictamente poltico de
los ochenta que se cea a un universo reducido de temas como el rgimen de gobierno, el sistema
de partidos, las negociaciones de las lites y los procesos electorales.
Entre los trabajos ms originales e influyentes de esta etapa, cabe destacar la lnea de reflexin
de lvaro Rico sobre el liberalismo conservador anterior al golpe que alcanz su formulacin
como libro de tesis sobre lo que este autor llama camino democrtico a la dictadura. Esta expresin, que se volvi frecuente en las discusiones sobre estos temas, refiere al fortalecimiento
desde fines de los aos sesenta de una serie de dinmicas disruptivas y autoritarias de las propias
instituciones en crisis, en particular el proceso de degeneracin interna de la democracia y la
autotransformacin del Estado de Derecho en Estado policial.59 A partir de estas premisas,
Rico interviene en los debates antes mencionados sobre la gnesis del autoritarismo con el inters de explicar tambin la perdurabilidad de ciertas dinmicas en la postdictadura. Sin detenerse
demasiado en la historia concreta de actores e instituciones, usa la filosofa poltica como herramienta para analizar las mutaciones de los mecanismos de dominacin que aparecen como
claves explicativas del deterioro de la convivencia social y las mediaciones polticas a lo largo del
perodo. La novedad de su respuesta no radica en el sealamiento del Estado y los sectores dominantes como negligentes o transgresores en sus funciones de produccin del consenso ni en la
consecuente afirmacin de que la consolidacin del autoritarismo precede al golpe de Estado, dos
tesis que comparte con una tendencia de larga duracin en los estudios del pasado reciente. Su
impronta procede, en cambio, de una posicin terica que ve la continuidad entre esas rupturas
y las funciones habituales del poder en su faceta de productor de orden y obediencia. A esto se
suma una formulacin precisa y efectiva que ha permitido la apertura de reas de investigacin
58 Ver A. Marchesi, Tupamaros et dictature, radicalisation et autoritarisme: dbats sur le coup dEtat de 1973
en Uruguay, Vingtime Sicle 105 (Pars: Presses de Sciences Politiques, enero-marzo de 2010) y A. Marchesi
y Jaime Yaff, La violencia bajo la lupa: Una revisin de la literatura sobre violencia poltica en los sesenta,
Revista Uruguaya de Ciencia Poltica, 19-01 (enero-diciembre de 2010).
59 Para una visin global de su planteo ver: A. Rico, Cmo nos domina la clase gobernante: orden politico y obediencia
social en la democracia posdictadura Uruguay, 1985-2005 (Montevideo: Trilce, 2005).
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Otra lnea de indagacin original sobre el camino al golpe ha tenido que ver con el papel de
los intelectuales en los procesos de radicalizacin poltica que habran provocado una respuesta
represiva en los aos sesenta. Varios de estos trabajos se han centrado en la izquierda para lanzarse
a la bsqueda de responsables del clima de poca que ambient ese ascenso autoritario. Quizs
el trabajo paradigmtico en este sentido sea el libro de Hebert Gatto dedicado a examinar el
entorno poltico-cultural en que surgi y se desarroll el mln-t.61 ste y otros textos centrados
en las relaciones entre cultura y poltica o, ms precisamente, entre circulacin de ideas y luchas
por el poder, pueden inscribirse en un rea de investigacin de gran riqueza en relacin a los
aos sesenta, cuando se produjo un replanteo general de la figura del intelectual como agente de
cambio social. Parecera que esta produccin, que podra inscribirse en el campo de la historia
intelectual, empieza a plantear un enfoque distinto a los estudios todava dominantes de la dictadura y sus prolegmenos que suelen centrarse en la institucionalidad estatal. A su vez, trabajos
adscribibles a esta tendencia como el de Adolfo Garc sobe la cide y el de Jos Rilla sobre las relaciones entre historia y poltica entre 1942 y 1972 ponen en discusin procesos, asuntos y marcos
cronolgicos diferentes a los ms usuales en la literatura sobre este perodo.62
Otro rasgo de esta etapa es el aumento exponencial del caudal de libros testimoniales, periodsticos y acadmicos centrados en actores del pasado reciente. Aunque no siempre los ha guiado
la intencin de ofrecer explicaciones globales del perodo, estos trabajos suelen ampliar el rango
de informacin disponible y aportar nuevas pistas para su comprensin. La produccin sobre el
mln-t, que puede rastrearse casi hasta la aparicin pblica del grupo, registr un gran impulso
editorial hacia fines de los noventa. La variedad de enfoques de esta etapa incluye tanto relatos de
trayectorias polticas de militantes y lderes, que a veces deriva en una suerte de historia oficial
expuesta por los voceros de la organizacin, como relatos menos oficiosos de episodios puntuales
generalmente relacionados con su derrota y bsquedas de una perspectiva ms acadmica sobre
sus orgenes y altibajos hasta el presente.63
Gran parte de esta produccin interviene en el debate ya mencionado sobre el papel de los
grupos sociales y los actores polticos en los procesos de radicalizacin de los sesenta y los setenta.
60 Mariana Iglesias, En procura del orden interno: sentidos y estrategias en torno a la sancin de medidas de
excepcin en el Uruguay de mediados del siglo xx, Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Cuestiones del tiempo presente (2009). Disponible en: http://nuevomundo.revues.org/56848; Magdalena Broquetas, De qu manera
practicas, discursos e instituciones desde los tempranos sesenta configuraron relaciones autoritarias de poder
que influyeron en el desenlace del golpe?, Jornadas de reflexin acadmica a propsito del 35 aniversario del
golpe de Estado en Uruguay (9/7/2008).
62 A. Garc, Ideas y competencia poltica y J. Rilla, La actualidad del pasado. Usos de la historia en la poltica de
partidos del Uruguay, 1942-1972 (Montevideo: Debate, 2009).
63 Samuel Blixen, Sendic (Montevideo: Trilce, 2000); Miguel ngel Campodnico, Mujica (Montevideo: Fin de
Siglo, 1999); E. Fernndez Huidobro, Historia de los Tupamaros, 3 vols. (Montevideo: tae, 1986); Jorge Torres,
Tupamaros: La derrota en la mira (Montevideo: Fin de Siglo, 2002); Alfonso Lessa, La revolucin imposible:
Los Tupamaros y el fracaso de la va armada en el Uruguay del siglo xx (Montevideo: Fin de Siglo, 2002); Clara
Aldrighi, La izquierda armada (Montevideo: Trilce, 2001); H. Gatto, El cielo por asalto; A. Garc, Donde hubo
fuego: El proceso de adaptacin del mln-Tupamaros a la legalidad ya la competencia electoral, 1985-2004 (Montevideo: Fin de Siglo, 2004); Eduardo Rey Tristn, A la vuelta de la esquina: La izquierda revolucionaria uruguaya,
1955-1973 (Montevideo: Fin de Siglo, 2006).
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Ms recientemente han aparecido numerosos textos que se centran en otros grupos de izquierda. Aunque tampoco suelen apuntar a un replanteo global del perodo, estos estudios tienen
la virtud de empezar a enriquecer la comprensin de procesos que tanto la academia como las
discusiones pblicas haban reducido al enfrentamiento entre la guerrilla y las fuerzas represivas.
Una mencin especial en ese sentido merecen los trabajos sobre los comunistas que, a pesar de
haber tenido importante protagonismo poltico y sindical antes y durante la dictadura, haban
quedado notoriamente relegados entre los intereses de los estudiosos de esas etapas. Luego de
los aportes ms testimoniales que analticos de los ex dirigentes Tito Martnez y Jaime Prez,
los estudios de Marisa Silva, Gerardo Leibner, Adolfo Garc, Jaime Yaff, lvaro Rico y Vania
Markarian han comenzado a revertir esa omisin, aunque todava no es posible vislumbrar con
claridad sus discusiones y puntos de encuentro.64 Otros grupos siguen subrepresentados en la
produccin sobre el perodo con slo algunos trabajos y enfoques parciales vinculados a las tendencias anarquistas, socialistas y otras.65 Entre esta produccin todava escasa destaca el extenso e
informado estudio de Eduardo Rey Tristn sobre la familia de grupos de protesta que denomina
izquierda revolucionaria. El libro resulta persuasivo, tanto en la reconstruccin emprica de las
diferentes trayectorias como en el rastreo de los debates y puntos de acumulacin de una mirada
de partidos y aglomerados que mucho contribuyeron al impacto poltico de la izquierda uruguaya
en los aos sesenta y setenta del siglo pasado.66
64 Jos Jorge Martnez, Crnicas de una derrota (Montevideo: Trilce, 2004); Jaime Perz, El ocaso y la esperanza
(Montevideo: Fin de Siglo, 1996); Marisa Silva, Aquellos comunistas, 1955-1973 (Montevideo: Taurus, 2009);
Gerardo Leibner, Las ideologas sociales de los revolucionarios uruguayos de los 60, Nuevo Mundo Mundos Nuevos (2007). Disponible en: http://nuevomundo.revues.org//index11682.html; A. Garc, Ana Laura de
Giorgi y Federico Lanza, Ideologa y adaptacin partidaria: El Partido Comunista de Uruguay y el colapso
del campo socialista, 1985-2009, V Congreso Latinoamericano de Ciencia Poltica (Buenos Aires, julio de 2010);
V. Markarian, Ese hroe es el joven comunista: Violencia, herosmo y cultura juvenil entre los comunistas
uruguayos de los sesenta, Estudios Interdisciplinarios de Amrica Latina y El Caribe 21-2 (2010).
65 Ivonne Trias, Hugo Cores (Montevideo: Trilce, 2008); Hugo Cores, Memorias de la resistencia (Montevideo:
ebo, 2002); Juan Carlos Mechoso, Accin directa: Una historia de la fau, 3 vols. (Montevideo: Ediciones
Recortes, 2002-2009); J. Yaff, Arismendi y Tras: Marxismo y poltica en el Uruguay de los 60, v Jornadas
de Historia de las izquierdas. Las ideas fuera de lugar? (Buenos Aires, 2009). cedinci.
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Una novedad interesante en los abordajes de actores es la acumulacin de reflexiones sobre las
fracciones ms progresistas del Partido Nacional que, sin renegar de su adhesin partidaria, suelen aportar datos e interpretaciones basados en la consulta a fuentes primarias y el estudio serio
del perodo.67 Los grupos de derecha y los sectores ms conservadores de los partidos tradicionales no cuentan an con un cuerpo sistemtico de literatura especfica, a pesar de algunos aportes
desde la academia,68 el periodismo y el gnero testimonial.69 De todos modos, junto al puado de
publicaciones sobre temas militares, tanto investigaciones como alegatos testimoniales,70 todos
estos trabajos empiezan a abrir puertas para comprender la interna de los partidos tradicionales y
el papel de las Fuerzas Armadas en el camino al golpe de Estado.
Adems de aportar nuevas perspectivas y datos para la comprensin del perodo, algunos de
estos trabajos de tono testimonial, fundamentalmente los de lderes polticos de diferentes tendencias, han buscado desarrollar una estrategia argumental que trascienda la experiencia personal
para construir un relato de pretensin global. Tal vez el primer ejemplo de este tipo de estrategia se remonta a los ochenta con la popular Historia de los Tupamaros de Eleuterio Fernndez
Huidobro. En la dcada siguiente aparecieron otras historias, desde ese lugar de enunciacin
fronterizo entre lo testimonial y lo poltico, como las ya mencionadas de Hugo Cores y Juan
Carlos Mechoso para el anarquismo, Carlos Julio Pereyra, Ferreira, Morelli y Abal para el Partido
Nacional y J. M. Sanguinetti para el Partido Colorado.
Con el mismo nimo de registrar enfoques que amplan el universo de actores pueden mencionarse algunos trabajos que comienzan a pensar en sus dimensiones inter y transnacionales, es
decir, en las relaciones entre pases y en los movimientos que, con independencia de los Estados,
conectaron gente e ideas a travs de las fronteras. Esto incluye trabajos sobre la influencia de
Estados Unidos en la gestacin del autoritarismo,71 la coordinacin represiva regional,72 los
vnculos entre los grupos armados de la regin,73 la participacin de la izquierda en movimientos
67 Ver D. Sempol, La historiografa blanca sobre el pasado reciente entre el testimonio y la historia, en Carlos
Fico, Marieta De Moraes Ferreira, Maria Paula Araujo y Samantha Viz Quadrat, Ditadura e Democracia na
Amrica Latina (Brasil: fgv, 2008).
68 Gabriel Bucheli, Rastreando los orgenes de la violencia poltica en el Uruguay de los 60, Cuadernos de la
historia reciente: Uruguay 1968-1985 4 (Montevideo: ebo, 2008); Mauricio Bruno, Algunas operaciones de
las bandas fascistas y de su conexin poltica, Cuadernos de la historia reciente: Uruguay 1968-1985 5 (Montevideo: ebo, 2008); M. Broquetas, A propsito de las repercusiones del caso Eichmann: Antisemitismo y
anticomunismo en Uruguay, 1960-1962, Encuentros Uruguayos, (2010). Disponible en: http://www.fhuce.
edu.uy/images/archivos/revista%20encuentros%202010%20set1%20entrega.pdf; Daniel Corbo, Como hacer
presidente a un candidato sin votos: Las elecciones protestadas de 1971 (Montevideo: Planeta, 2009).
69 M. A. Campodnico, Antes del silencio: Bordaberry, memoria de un presidente (Montevideo: Linardi y Risso,
2003); J. Chagas y Gustavo Trullen, Pacheco: La trama oculta del poder (Montevideo: Rumbo Editorial, 2005);
A. Lessa, Estado de guerra (Montevideo: Fin de Siglo, 1997).
70 J. Trccoli, La ira del Leviatn (Montevideo: Fin de Siglo, 1996); Centro Militar, Nuestra verdad, 1960-1980:
La lucha contra el terrorismo (Montevideo: Artemisa, 2007).
71 C. Aldrighi, La intervencin de Estados Unidos en Uruguay, 1965-197: El caso Mitrione (Montevideo: Trilce,
2007); como antecedente de esta temtica ver Wilson Fernndez, El gran culpable: La responsabilidad de los
eeuu. en el proceso militar uruguayo (Montevideo: Atenea, 1986).
72 V. Markarian, Una mirada desde Uruguay a la coordinacin represiva regional, 1973-1984, en Ernesto
Bohoslavsky, Marina Franco, Mariana Iglesias y Daniel Lvovich (Editores) Problemas de historia reciente del
Cono Sur (Buenos Aires: Prometeo-ungs, 2010).
73 A. Marchesi, Geografas de la protesta armada, guerra fra, nueva izquierda y activismo transnacional en el cono sur:
El ejemplo de la Junta de Coordinacin Revolucionaria, 1972-1977, Sociohistrica. Cuadernos del cish 25 (2009).
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de denuncia en clave de derechos humanos y las experiencias del exilio.74 En su conjunto, estos
trabajos empiezan a enriquecer una visin hasta ahora demasiado estrechamente ligada a los
lmites nacionales.
Otro tema pendiente que ahora parece haber entrado en la agenda es la caracterizacin del
rgimen autoritario uruguayo a travs de su anlisis histrico concreto y el trabajo de fuentes
primarias. El libro colectivo de Demasi, Marchesi, Markarian, Rico y Yaff muestra los primeros
resultados en esa direccin.75 Entre los varios trabajos monogrficos sobre cultura, economa,
poltica y relaciones internacionales, destaca el artculo de Rico por su esfuerzo de aplicar cierta
teora poltica al examen del caso uruguayo. A su vez, el texto de Marchesi trae a nuestro medio
un tema clsico de los estudios sobre procesos autoritarios en el mundo como es la generacin de
consenso bajo gobiernos dictatoriales. En relacin a la tradicin verncula, este trabajo se inscribe
en un rea de investigacin que de modo incipiente haba abordado Rico en Qu haca usted el 27
de junio? y que tiene como marco general de referencia ms de tres lustros de acumulacin acadmica sobre las relaciones entre cultura y poltica a partir del examen de los discursos generados
por el Estado y sus articulaciones con la sociedad.76
Otra lnea de anlisis que muestra la acumulacin producida desde los noventa es la de la
memoria colectiva. As como en la regin, tambin en Uruguay esa temtica fue una de las ms
transitadas en la ltima dcada y media luego de un largo perodo de desinters. En 1985 Rial y
Perelli haban publicado De mitos y memorias polticas: La represin, el miedo y despus donde sealaban las alteraciones producidas por la crisis de los sesenta, la dictadura y los intentos restauradores
de la democratizacin en el imaginario construido en la primera mitad de siglo. Planteaban
tambin un anlisis acerca del uso de los derechos humanos en relacin a los conflictos por el
pasado que se comenzaban a procesar en ese momento. Diez aos ms tarde aparecieron otros
trabajos centrados en la relacin entre memoria y nacin,77 adems de los ya citados sobre polticas culturales del rgimen.78 Luego empezaron a surgir reflexiones sobre la memoria colectiva
en relacin a las experiencias de la violencia poltica y el terrorismo de Estado. Al ya referido
concepto de fracturas de memoria de Marcelo Viar y Maren Ulriksen de Viar se agregaron
nuevos enfoques que desde perspectivas ms vinculadas a lo social y cultural comenzaron a estudiar las maneras en que los actores sociales y polticos se apropiaban de los discursos sobre el
pasado reciente e intentaban significar las experiencias de la violencia y la represin para construir
sus identidades.79 Estos abordajes propusieron una aproximacin interdisciplinaria centrada en el
74 V. Markarian, Idos y recin llegados, Marisa Ruiz, La piedra en el zapato: La accion de Amnistia Internacional en
los sucesos de mayo de 1976 en Buenos Aires (Montevideo: udelar, 2006); Silvia Dutrenit (Editora) El Uruguay
del exilio: Gente, circunstancias, escenarios (Montevideo: Trilce, 2006).
76 A. Rico, Qu haca Ud. durante el golpe de Estado? (Montevideo: Fin de Siglo, 1994); Isabella Cosse y V.
Markarian, 1975, Ao de la Orientalidad: Identidad, memoria e historia en una dictadura (Montevideo: Trilce,
1996); A. Marchesi, El Uruguay inventado: Las polticas audiovisuales de la dictadura, reflexiones sobre su
imaginario (Montevideo: Trilce, 2001).
77 Ejemplos pioneros de este enfoque fueron los libros de I. Cosse y V. Markarian, Memorias de la historia:
Una aproximacin al estudio de la conciencia histrica nacional (Montevideo: Trilce, 1994); Hugo Achurar y G.
Caetano (Editores) Identidad uruguaya: Mito, crisis o afirmacin? (Montevideo: Trilce, 1992).
78 I. Cosse y V. Markarian, 1975, Ao de la Orientalidad y A. Marchesi, El Uruguay inventado.
79 A. Marchesi, Guerra o terrorismo de Estado? Recuerdos enfrentados sobre el pasado reciente uruguayo,
en E. Jelin (Editora) Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas in-felices (Buenos Aires, Mxico: Siglo
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anlisis de actores colectivos y en las luchas por el pasado desarrolladas en la esfera pblica durante las dictaduras y las democracias. En esta lnea ha sido muy influyente en la regin la labor
de Jelin, tanto por sus trabajos como por el programa de investigacin impulsado a partir de 1998
con el auspicio del ssrc.80
Renaci tambin en esta ltima etapa el gnero testimonial, especialmente en el campo de los
derechos humanos.81 Al igual que en el informe Uruguay Nunca Ms, la denuncia del horror de la
represin se presentaba como una manera de evitar la repeticin de la experiencia autoritaria. Sin
embargo, es posible detectar algunas renovaciones. El ya mencionado texto A todos ellos puede ser
ledo en esta clave. Compuesto a partir de mltiples fuentes (documentos oficiales, testimonios,
denuncias internacionales, etc.), este libro buscaba trascender la figura de la vctima y propona
desde el prlogo rescatar a los desaparecidos de la deshumanizacin a travs de la reconstruccin de sus vidas polticas, sociales y cotidianas. Otra novedad de la produccin testimonial fue
la primaca de la perspectiva de gnero femenino para pensar las experiencias represivas, segn
expresaron Memorias para armar y De la desmemoria al desolvido, producidos por colectivos de ex
presas polticas. Estos trabajos habilitaron el pasaje de un relato pico a un tono ms cotidiano e
ntimo que pona nfasis en las pequeas formas de resistencia.82 Algo similar han propuesto los
primeros intentos de construir un enfoque generacional a partir de la visibilidad que han adquirido en el ltimo lustro problemticas como la de los nios nacidos en cautiverio.83
En trminos ms generales, esta expansin de enfoques, temas y perspectivas se dio en un
contexto de mayor desarrollo institucional de propuestas vinculadas al perodo. En la ltima
dcada se puede percibir un aumento de la inversin en actividades, programas de investigacin,
propuestas educativas, musesticas y archivsticas en relacin a la historia reciente. Los eventos
acadmicos y culturales convocados por la Universidad de la Repblica para conmemorar los
treinta aos del golpe de Estado reunieron unas tres mil personas y parecieron marcar un antes
y un despus en relacin a las apuestas institucionales vinculadas a esta temtica. A partir de
ese momento se han sucedido numerosos simposios, seminarios y charlas donde investigadores,
periodistas y activistas de diferentes generaciones han planteado sus enfoques de la historia reciente. A su vez, los proyectos y programas de investigacin sobre estos asuntos lograron un apoyo
xxi, 2001); J. Yaff, Izquierda, historia y tradicin, Cuadernos del claeh 86 y 87; D. Sempol, De Liber Arce
a liberarse: El movimiento estudiantil uruguayo y las conmemoraciones del 14 de agosto, 1968-2001, en E.
Jelin y D. Sempol, El pasado en el futuro: Los movimientos juveniles (Buenos Aires: Siglo xxi, 2006); G. Gatti,
El detenido-desaparecido (Montevideo: Trilce, 2008); Eugenia Allier, Batallas por la memoria: Los usos polticos
del pasado reciente en Uruguay (Montevideo: Trilce, 2010).
80 El programa Memorias de la represin poltica en el Cono Sur dirigido por Jelin y luego co-dirigido por
Carlos Ivn De Gregori permiti que becarios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Per, Uruguay y Estados
Unidos investigaran estos temas. La editorial Siglo xxi edit la coleccin Memorias de la represin que
condensa lo producido en ese programa.
81 En trminos generales se ha entendido por gnero testimonial a la narrativa no ficcional que cuenta en
primera persona experiencias relacionadas con la represin y la militancia poltica. Muchas veces esta produccin se concibi como alternativa a las narrativas oficiales sobre el perodo. Las fronteras entre este gnero
y otros vinculados a la ficcin literaria y la produccin historiogrfica suelen resultar opacas y han sido
objeto de mltiples debates. Ver Alfredo Alzugarat, Trincheras de papel: Dictadura y literatura carcelaria en
Uruguay (Montevideo: Trilce, 2007) y Rossana Nofal, La escritura testimonial en America Latina (Tucuman:
Universidad Nacional de Tucuman, 2002).
82 Taller de gnero y memoria de ex presas polticas, Memoria para armar, 3 vols. (Montevideo: Senda, 2003);
Taller vivencias de ex presas polticas, De la desmemoria al desolvido (Montevideo: Vivencias, 2002).
83 Graciela Jorge (Editora) Maternidad en prisin poltica: Uruguay, 1970-1980 (Montevideo: Trilce, 2010).
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Por otra parte, varios actores que hasta el momento no se haban preocupado demasiado por
la investigacin y la difusin del conocimiento sobre el pasado reciente, ms all de circunstancias
polticas coyunturales, comenzaron en la ltima dcada a intervenir en los debates. Empezaron as
a disputar el lugar preponderante de los actores de izquierda, que no slo estaban estrechamente
asociados a los movimientos de derechos humanos que desde los ochenta reclamaban verdad
y justicia sino que tambin producan la mayor parte de los testimonios, trabajos acadmicos y
notas de prensa sobre esta temtica. La Universidad de la Repblica, por ejemplo, haba tenido
posturas explcitas de apoyo a la causa de los derechos humanos. Esto se agudiz luego del triunfo del gobierno de izquierda, que favoreci la consolidacin de un campo de estudios y dio gran
visibilidad a las opiniones de quienes venan defendiendo esta causa desde haca varios lustros.
Fue entonces que nuevas instituciones acadmicas y periodsticas vinculadas a los partidos
tradicionales o a sectores conservadores no partidarios comenzaron a tener un papel ms activo
en relacin al pasado reciente. El diario El Pas, por ejemplo, lanz en abril de 2007 una coleccin
de veinticinco fascculos llamada Historia Reciente: Desde Hiroshima a las Torres Gemelas.84
El proyecto fue dirigido por el filsofo Pablo Da Silveira y apoyado por la recientemente creada Fundacin Jean Francois Revel que contaba entre sus miembros a los ex presidentes Luis
Alberto Lacalle, Julio Maria Sanguinetti, los doctores Ramn Daz y Enrique Beltrn vinculados
84 Pablo Da Silveira, Historia Reciente: Desde Hiroshima a las Torres Gemelas, 25 vols. (Montevideo: El Pas, 2007).
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a Bsqueda y El Pas, respectivamente, y el politlogo Romeo Prez, entre otros. Un ao despus, el ex presidente Sanguinetti public su ya mencionada versin de la historia anterior al
golpe. En el prlogo, se presentaba como portavoz de la mayora moderada: La voz de los
tres millones de uruguayos que fuimos contrarios a la violencia poltica guerrillera tanto como al
golpe de Estado posterior se ha escuchado poco. Y su posible relato de los hechos, el ms sereno,
menos todava..85 Sanguinetti consideraba que su experiencia como gobernante lo pona en la
mejor condicin para escribir una historia desapasionada. El libro fue un xito editorial que ya
lleva nueve ediciones. Por otra parte, la Universidad de Montevideo, vinculada al Opus Dei, ha
comenzado un seminario permanente de Historia del pasado reciente coordinado por el licenciado Daniel Corbo que ya va en su quinta edicin con la participacin de polticos, acadmicos
y periodistas. En resumen, esta proliferacin de voces que disputan con las ideas de la izquierda y
del movimiento de derechos humanos es el indicio ms firme del desarrollo de un campo que ya
no es posible obviar o desacreditar asocindolo a una sensibilidad poltica particular.
A modo de cierre
A lo largo del artculo hemos repasado los diferentes momentos e itinerarios de la constitucin
de un campo de estudios sobre el pasado reciente. En cada caso, hemos referido a las situaciones
polticas y acadmicas que definen pocas particulares. El llamado momento socio-estructural
estuvo vinculado a una coyuntura de fuerte polarizacin ideolgica y a enfoques acadmicos que
integraban economa poltica y rgimen poltico para tratar de explicar la emergencia de autoritarismos de nuevo tipo. El segundo momento estuvo marcado por un cierto consenso entre las
elites polticas y acadmicas acerca de la relativa estabilidad alcanzada por estos regmenes y la
urgencia de buscar salidas, lo cual permite entender la valorizacin de la democracia liberal como
mecanismo de administracin del conflicto y una condena hacia formas anteriores de la poltica
vinculada con el uso de la fuerza. Posteriormente, como consecuencia del trmite que se dio a las
demandas de verdad y justicia sobre las violaciones a los derechos humanos (especialmente el
resultado del plebiscito de 1989), se extendi la percepcin de que la transicin haba terminado
y asistimos a un interregno de un lustro en que el tema pareci desaparecer de la agenda pblica
y acadmica. Sin embargo, grupos ms o menos aislados cuestionaron esta visin y propusieron
miradas alternativas que definieron las claves de un nuevo perodo iniciado a mediados de los
noventa junto a los renovados reclamos de derechos humanos. Este nuevo momento estuvo marcado por la gradual constitucin de un campo de estudios caracterizado ms por la diversidad de
enfoques y la abundancia de estudios monogrficos sobre diferentes aspectos que por una perspectiva determinada de la dictadura y sus derivaciones.
En el 2004, cuando ese campo empezaba a consolidarse, sealbamos con otros colegas algunas carencias que nos resultaban flagrantes en la reflexin sobre el perodo: la violencia en su
dimensin poltica y estatal, la definicin del rgimen autoritario y las dimensiones regionales e
internacionales de dicho proceso. Como hemos mostrado en las pginas anteriores, los ltimos
aos han sido prolficos en dar respuesta a esas insuficiencias evidentes. En cierta medida, este
hecho da cuenta de la capacidad de renovacin y actualizacin que han tenido en la ltima dcada
los estudios del pasado reciente, la voluntad de dilogo interdisciplinario, la creatividad heurstica
85 Julio Mara Sanguinetti, La agona de una democracia: Proceso de la cada de las instituciones en el Uruguay, 19631973 (Montevideo: Taurus, 2008), 13.
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y el permanente esfuerzo de reflexionar sobre s mismo. Pero esto no debe oscurecer debilidades
que hoy nos parecen acuciantes, especialmente un exceso de auto referencialidad y una escasa
apertura a otras pocas.
En este sentido, queremos ahora plantear los caminos que aspiramos que transite ste, nuestro
campo de estudio en el futuro prximo. La voluntad de ampliacin que nos resulta ms urgente
es en trminos cronolgicos y quizs lleve a reconsiderar las periodizaciones tradicionales de la
historia uruguaya. Todo indica que nuevos estudios comenzarn a prestar una mayor atencin a
los procesos que han quedado en las fronteras de lo que comnmente se ha aceptado por historia
reciente: el Uruguay de la crisis de los tardos cincuenta y tempranos sesenta y la transicin democrtica de los ochenta. Hasta el momento, esto se ha manifestado en una atencin hacia el perodo
previo como consecuencia de la propia dinmica que han generado las investigaciones sobre el
perodo. La frase acuada por Rico sobre el camino democrtico al autoritarismo ha mostrado
un potencial que trascendi el lapso sugerido por el autor. Algunos investigadores estn empezando a estudiar los componentes autoritarios del Estado y otros actores polticos en los primeros
sesenta.86 De todos modos, la gran cuenta pendiente sigue siendo trascender la polarizacin del
lustro anterior al golpe (1968-1973) y el rgimen autoritario en sentido estricto (1973-1984)
para evaluar el impacto de esos procesos en relacin al conjunto de la segunda mitad del siglo, es
decir, no slo lo que aqu llamamos el Uruguay de la crisis sino tambin el neobatllismo, es decir
la etapa de recuperacin de algunos rasgos del proyecto batllista a mediados del siglo xx por parte
de esa faccin del Partido Colorado. En cierta medida estudiar la mitad de siglo requiere poner
en dialogo dos comunidades historiogrficas centrales que no han tenido mucha oportunidad de
dialogo despus de aquellos intentos pioneros de Real de Aza y Rama: los batllismos y el nuevo
autoritarismo. Cmo se concilian nociones como las del Uruguay amortiguado, hiperintegrado y partidocrtico con procesos donde todos estos elementos parecen ser lo menos visible?
Varios autores han sealado las limitaciones de estas categoras para el anlisis de la larga duracin87 y otros han propuesto su eficacia analtica,88 pero an carecemos de un cuerpo sistemtico
de investigaciones histricas que interpelen estas categoras en los diferentes momentos de la
segunda mitad del siglo. En sntesis, nos parece que ms all de los mltiples debates pblicos que
se seguirn suscitando acerca de la historia reciente, en los prximos aos el trabajo acadmico
debera estar orientado a un mayor dilogo con otras reas de la produccin historiogrfica sobre
el Uruguay y la regin. No es que pretendamos a travs de esta operacin normalizar la historia
reciente; por el contrario, la idea es subvertir las versiones ms aceptadas de la historia nacional
a partir de lo que la historia de estas ltimas dcadas tiene para decir sobre el pasado y el presente
del Uruguay contemporneo.
86 G. Bucheli, Rastreando los orgenes; M. Bruno, Algunas operaciones de las bandas fascistas; M. Broquetas, A propsito de las repercusiones del caso Eichmann; M. Iglesias, En procura del orden interno y Mara
Eugenia Jung, Universidad y derecha radical, 1968-1973, Jornadas de Historia Poltica, icp-fcs, Montevideo,
agosto de 2011.
87 Rico, Cmo nos domina las clases gobernante; F. Panizza, Uruguay, batllismo y despus.
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Mariana Villaa1
Resumen
Abstract
Palabras clave: cine uruguayo, cine de combate, Cinemateca del Tercer Mundo
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Al desarrollar, hace un par de aos, una investigacin acerca de los Circuitos y Dilogos del
Nuevo Cine Latinoamericano (1967-1986),2 nos enfrentamos al poco conocimiento que existe
(principalmente en Brasil) sobre la historia de la Cinemateca del Tercer Mundo (c3m). Entrar en
contacto con esa experiencia, singular en la historia de las cinematecas de Amrica Latina, adems de permitirnos conocer los contornos y sentidos particulares que el debate sobre el llamado
Nuevo Cine Latinoamericano adquiri en Uruguay, nos posibilit adentrarnos en los caminos de
la lucha y de la resistencia polticas que sigui un significativo grupo de cineastas, intelectuales y
artistas frente al avance autoritario en ese pas.
En este artculo, fruto de una investigacin en fase inicial, buscamos comprender las motivaciones vigentes en la fundacin de esta singular cinemateca y caracterizar su produccin
documental.3 Al abordar los orgenes de este proyecto, con el objetivo de conocer su sentido
poltico e ideolgico, especificaremos algunos puntos comunes con otros proyectos colectivos
de cine en Amrica Latina, como las aspiraciones de creacin de una sede o polo de difusin
del cine poltico en la regin o cmo se inspiraron en las experiencias del grupo argentino Cine
Liberacin, encabezado por Fernando Solanas y Octavio Getino.
Trataremos tambin algunos aspectos estticos e ideolgicos de la produccin de la c3m, centrndonos especialmente en Lber Arce, Liberarse (Mario Handler y Mario Jacob, 1969, 10). Este
documental revela algunas de las opciones estticas y polticas esgrimidas por los miembros de
la c3m y asumidas en su publicacin oficial, la revista Cine del Tercer Mundo, as como el impacto
de los acontecimientos de la poca en el campo de la poltica uruguaya. Adems, nos brinda elementos para reflexionar sobre los vnculos polticos de los cineastas con la militancia de izquierda,
especialmente su apoyo a los Tupamaros y, luego, al Frente Amplio. La pluralidad de referencias
que encontramos en ese cortometraje que incluye a los jvenes comunistas, al Che Guevara, los
Tupamaros y a Vietnam, entre otros expone la mezcla de influencias que caracteriz la cultura
poltica de izquierda vigente en Uruguay en los aos sesenta, as como la circulacin de modelos
y proposiciones de cine poltico estimuladas por la produccin documental latinoamericana de
la poca.
La Cinemateca del Tercer Mundo, creada en 1969 en Montevideo, tena entre sus objetivos
recopilar, archivar, divulgar y producir pelculas consideradas polticas, trmino que remita al
ideario de la izquierda, a la concepcin de que la pelcula deba utilizarse como un arma para
intervenir en la sociedad y en el destino de la nacin. En conformidad con esta idea, el logotipo
de la institucin diseado por Paco Laurenzo, representaba justamente a un cineasta blandiendo
una cmara como si se tratara de una ametralladora. Dicha composicin se hizo eco de un perodo
turbulento en Uruguay, en el que las fuerzas de izquierda se radicalizaban frente a la grave crisis
No hemos tenido acceso, hasta el trmino de la redaccin de este trabajo, al documental Cinemateca del Tercer
Mundo (2011) de Luca Jacob que, seguramente, es referencia obligatoria para el estudio del tema y una fuente
valiosa de informacin. De esa autora utilizamos en este artculo su ensayo c3m: una experiencia singular
(1997), disponible en la biblioteca de la Cinemateca Uruguaya. Otro trabajo referencial para la comprensin
del periodo, publicado en el momento del cierre de este artculo, es el libro de Vania Markarian, El 68 uruguayo.
El movimiento estudiantil entre molotovs y msica beat (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2012).
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Sobre las particularidades del rgimen cvico-militar uruguayo, por algunos considerado una dictadura
constitucional (discusin no exenta de polmicas), ver: Gerardo Caetano y Jos P. Rilla, Breve historia de la
dictadura (1973-1985) (Montevideo: claeh-ebo, 1987); Jean-Marc Coicaud, LIntrouvable dmocratie autoritaire (Paris: LHarmattan, 1996), 32-38; Jos Luis Castagnola y Pablo Mieres, La ideologa poltica de la
dictadura. El Uruguay de la dictadura (1973-1985) (Montevideo: ebo, 2004), 113-144.
Algunos autores reflexionaron sobre este concepto en el mbito latinoamericano, sealando las diferencias en
relacin a la concepcin de cine poltico en Europa y destacando la mezcla de referencias estticas. Octavio
Getino y Susana Vellegia, El cine de las historias de la revolucin (Buenos Aires: Altamira-Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales, 2002); Fabin Rodrigo Magioli Nez, O que Nuevo Cine Latinoamericano? O
cinema moderno na Amrica Latina segundo as revistas cinematogrficas especializadas latino-americanas (Niteri:
Universidad Federal Fluminense, 2009), 30. Tesis de Doctorado.
El medio cinematogrfico uruguayo histricamente se centr en Montevideo, capital que en la dcada de
1950 tena numerosos cineclubes y alrededor de cien salas de cine. Algunos crticos tenan reputacin internacional como Homero Alsina Thevenet, Jaime Francisco Botet, Manuel Martnez Carril y Guillermo
Zapiola, y trabajaban en publicaciones como Film, Marcha, Nuevo Film o el Segundo Cuaderno de El Pas.
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En los aos sesenta, la Cinemateca Uruguaya promova con nfasis la difusin del cine arte
o cine de autor, pero sin dejar de contemplar las producciones del neorrealismo italiano y del
Cinema Novo brasileo, que manifestaban un creciente apego por temticas sociales y se interesaban por la bsqueda de un cine autntico, comprometido con las problemticas locales. Esa
programacin ecltica y favorecida, en el medio cinematogrfico, por una poltica de censura histricamente ms indulgente que en los pases vecinos,8 contribuy a la divulgacin de un tipo de
cine que gan rpidamente muchos adeptos, sobre todo en el pblico joven universitario. Adems
de las frecuentes muestras organizadas por la Cinemateca Uruguaya, algunos festivales de cine
realizados en el pas y promovidos por el peridico Marcha y por el sodre (Servicio Oficial de
Difusin, Radiotelevisin y Espectculos), tuvieron un papel importante en la difusin de pelculas latinoamericanas de protesta social y poltica.
La edicin de 1958 del Festival de Cine Internacional Documental y Experimental del sodre
puede considerarse un momento clave en las discusiones sobre el cine poltico en el Cono Sur y
sobre la viabilidad de proyectos colectivos, temas que seran la tnica, en la dcada de 1960, de las
perspectivas del grupo identificado por el trmino Nuevo Cine Latinoamericano (ncl).9
Aunque el Festival de Via del Mar (Chile), realizado en 1967, es considerado el marco fundador del ncl,10 testimonios de realizadores como Nelson Pereira dos Santos y Fernando Birri
aseguran que en el Primer Congreso de Cineastas Latinoamericanos Independientes, realizado
en ocasin del llamado festival del sodre en 1958, ya se discutan los nuevos rumbos que iba
7
8
9
Marcus Mello, Cinefilia(s), en http://www.revistacinetica.com.br/cinefilias.htm. Ver tambin: El cine uruguayo. Documento elaborado por la Cinemateca Uruguaya en 1996. Disponible en: www.rau.edu.uy/uruguay/
cultura/Uy.cine.htm
En los aos 1980, por ejemplo, la Cinemateca Uruguaya tena dieciocho mil asociados y once salas de cine.
Pasados sus aos ureos, an posee un gigantesco acervo y una notable actividad de difusin. Oswaldo
Saratsola, Funcin completa, por favor. Un siglo de cine en Montevideo (Montevideo: Trilce, 2005), 218-220.
Por esa razn, algunas muestras atraan a brasileos y argentinos, como la de cortos cubanos realizada en 1968
por el Comit de Apoyo a la Revolucin o la exhibicin de La hora de los hornos, en marzo de 1969, filme
prohibido en Argentina.
Es importante aclarar que la produccin volcada a las preocupaciones polticas no era la nica existente: en
ese perodo tambin se destaca la presencia de la esttica vanguardista del Nuevo Cine argentino, por ejemplo,
analizada en Simn Feldman, La generacin del 60 (Buenos Aires: Instituto Nacional de CinematografaEdiciones Culturales Argentinas-Legasa, 1990). Sin embargo, considerando los lmites de este trabajo y
nuestro inters en hacer resaltar las principales referencias que marcaron la produccin de la Cinemateca
del Tercer Mundo, nos centraremos en el ncl. Esta denominacin designa, de forma poco precisa, cierta
produccin cinematogrfica, documental y ficcional realizada en Amrica Latina a partir de los aos sesenta,
de fuerte connotacin poltica y social. El trmino surgi simultneamente en el discurso de algunos realizadores y en la prensa especializada en Amrica Latina, a finales de los aos sesenta, y pas a identificar un
presunto movimiento cinematogrfico, plural, que albergaba la produccin flmica y terica de cineastas como
Fernando Birri, Fernando Solanas, Jorge Sanjins, Glauber Rocha, Toms Gutirrez Alea y Julio Garca
Espinosa, entre otros. Mariana Villaa, Circuitos e Dilogos do Nuevo Cine Latinoamericano (1967-1986),
Relatrio de Ps-doutorado (San Pablo: fflch-usp, 2010); F. Nez, O que Nuevo Cine Latinoamericano, 2009.
10 Isaac Len Fras, Los aos de la conmocin: 1967-1973; entrevistas con realizadores sudamericanos (Mxico:
unam, 1979); Aldo Francia, Nuevo Cine Latinoamericano en Via del Mar. (Santiago: cesoc-Ediciones Chile
Amrica, 1990).
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Otro hecho que merece ser destacado de este evento uruguayo fue la creacin de alaci
(Asociacin Latinoamericana de Cineastas Independientes), en un intento de promover el intercambio comercial de pelculas y agilizar la obtencin de financiamiento. La alaci, que no lleg
a salir del papel, quiz pueda ser considerada la primera de muchas iniciativas institucionales
que llenarn la historia del ncl en las dcadas siguientes.12 Vemos as que Montevideo tambin
albergaba, desde finales de los aos cincuenta, intercambios y discusiones acerca de la identidad
y las formas de supervivencia del cine latinoamericano, entendido como eminentemente poltico.
Diez aos ms tarde una de las aspiraciones de la Cinemateca del Tercer Mundo ser, todava, la
de intensificar ese intercambio, recaudar recursos y asegurar un circuito mnimo para la supervivencia de los cineastas independientes.
Adems de ser heredera, en gran medida, de los debates que circulaban en el medio cinematogrfico haca ms de una dcada, la creacin de la c3m tambin debe ser comprendida en
el mbito de la lucha poltica y de la disputa por un espacio dentro del propio medio cinematogrfico uruguayo. Los mencionados festivales del sodre, por ejemplo, haban sido creados en
contraposicin al estilo del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, evento que existi
entre 1951 y 1960. El festival de Punta era considerado por simpatizantes de izquierda un
evento burgus, extranjerizado, volcado al desfile de celebridades y sin ninguna preocupacin
por los problemas y por la cinematografa verdaderamente latinoamericanos. En contraste, los
festivales del sodre exhiban al pblico uruguayo filmes polticos que exponan la realidad y
eran representativos de las tendencias recientes de la cinematografa latinoamericana, tales como
Tir Di (Fernando Birri, 1960), Ro Zona Norte (Nelson Pereira Santos, 1957) o Un vintn
pal Judas (Ugo Ulive, 1959). Adems, los organizadores promovan debates sobre el documentalismo e invitaban a nombres reconocidos en esta rea, como los veteranos John Grierson y Joris
Ivens, para discutir los rumbos del cine en Amrica Latina.
Como en otros pases de Amrica Latina, en ese momento la cultura poltica de izquierda
se fortaleca y ganaba terreno dentro de la propia industria cultural uruguaya. El creciente xito
de los festivales del sodre estimul al semanario Marcha a volcar su festival de cine, ya en la
dcima edicin en 1967, a las pelculas polticas. Este nuevo espacio abierto para el cine de
combate, apoyado por un peridico de gran circulacin que promova festivales desde 1946 y
contaba con un activo departamento de crtica cinematogrfica, fue recibido con entusiasmo por
los sectores de izquierda. La clida acogida que dieron al festival, el pblico y la crtica, impuls
11 Nelson Pereira dos Santos, por ejemplo, considera dicho Congreso un marco indiscutible en su propia trayectoria, pues las discusiones de las cuales particip lo condujeron luego a realizar Vidas Secas. Testimonio
presentado por el cineasta en la mesa organizada sobre la historia del Nuevo Cine Latinoamericano
(11/7/2006), durante el Festival de Cine Latinoamericano realizado por el Memorial da Amrica Latina
(San Pablo).
12 Octavio Getino ubica los primeros eventos para sellar formas de cooperacin ya en los aos 40. Ms tarde
se concibe la Federacin Latinoamericana de Cine, liderada por los cineastas Helvio Soto (chileno), Len
Hirszman (brasileo) y el productor argentino Rodolfo Kuhn, en diciembre de 1965, en Via del Mar.
En 1967, tambin en Via del Mar (en el Primer Encuentro de Cineastas Latinoamericanos), despunta el
proyecto de un Centro Latinoamericano del Nuevo Cine. Octavio Getino. Cine latinoamericano. Economa y
nuevas tecnologas audiovisuales (Mxico: Trillas-Federacin Latinoamericana de Asociaciones de Facultades
de Comunicacin Social, 1990), 130.
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13 Algunos miembros llegaron a militar en comits de apoyo a esa organizacin uruguaya de guerrilla urbana,
cuyo discurso estaba pautado por el nacionalismo, el marxismo y el guevarismo. Mario Handler film algunos
testimonios de detenidos polticos en la Crcel del Pueblo, la prisin que aglutinaba los capturados por los
Tupamaros. Ana Laura de Giorgi. Las tribus de la izquierda. Bolches, latas y tupas en los 60 (Montevideo: Fin de
Siglo, 2011), 130. Ver tambin: Juan Jos Arteaga, Breve Historia Contempornea del Uruguay (Mxico: fce,
2002), 261-316.
14 Coalicin formada en 1970 y reglamentada en marzo de 1971, constituida por numerosas organizaciones
de izquierda como el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demcrata Cristiano, la Unin
Popular, el Frente Izquierda de Liberacin (fidel), el Movimiento 26 de Marzo. El Frente particip de las
elecciones de 1971 y su candidato, el Gral. Lber Seregni, obtuvo cerca del 18% de los votos. La c3m film, en
marzo de 1971, el acto de la proclamacin de la candidatura de Lber Seregni, que result en el documental
La bandera que levantamos. Ana Laura de Giorgi, Las tribus de la izquierda, 131. Sobre la historia del Frente
Amplio, ver: Andr Lopes Ferreira, A unidade poltica das esquerdas no Uruguai: das primeiras experincias
Frente Ampla (1958-1973) (San Pablo: unesp-Assis, 2011), 256-352. Tesis de Doctorado en Historia.
15 L. Jacob. c3m: una experiencia singular, Cinemateca Uruguaya (1997), 15, 21. Digital.
16 Enrique Serra Padrs. Como el Uruguay no hay... Terror de Estado e Segurana Nacional. Uruguai (1968-1985):
do Pachecato ditadura civil-militar (Porto Alegre: ufrgs, 2005), 189. Tesis de Doctorado en Historia.
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En ese perodo, conocido como pachecato, las izquierdas y la propia juventud universitaria uruguaya comienzan a radicalizarse polticamente.
Este proceso se percibe en la peculiaridad de esa cinemateca, sobre la cual uno de sus
principales fundadores, el documentalista Mario Handler, afirma en esa poca: La c3m es una
evolucin. Nos pareca que en Amrica Latina las cinematecas eran pasivas, y a esta altura, negativas [...]. La c3m se propone archivar el material de combate, estabilizarlo y difundirlo. El
nombre es demasiado grave, pero la propuesta es crear una cultura total del hombre militante en
este momento histrico.17
Hay que subrayar que un cierto movimiento de reevaluacin del papel de las cinematecas
en Amrica Latina ya haba empezado a ocurrir en los ltimos congresos de la ucal (Unin de
Cinematecas Amrica Latina).19 Esta entidad, en las palabras de Fabin Nez, devino en los
aos setenta en otro polo aglutinador y movilizador del Nuevo Cine Latinoamericano y en sus
congresos las cinematecas latinoamericanas fueron convocadas a participar en el proceso de descolonizacin, lo que significaba dedicarse a la difusin de las obras de Amrica Latina y, cuando
fuera posible, a hacer pelculas.20 Vemos as que los moldes innovadores de la c3m deben ser
ubicados en el mbito de estas aspiraciones de un nuevo formato de cinemateca para la Amrica
Latina.
Los integrantes ms activos de la c3m eran Hugo Alfaro y Jos Wainer (ambos crticos y redactores de Marcha), el cineasta Mario Handler, el periodista Mario Jacob (vinculado a El Diario)
y el empresario y distribuidor Walter Achugar. Segn el testimonio de Mario Jacob, la c3m no
posea exactamente una direccin, sus integrantes se reunan peridicamente y dividan las tareas
conforme sus inclinaciones personales: Walter Achugar, Jos Wainer y Hugo Alfaro trabajaban
directamente en las exhibiciones y con las finanzas, mientras que Mario Handler y el mismo
Mario Jacob se dedicaban ms a la produccin.21
Las exhibiciones promovidas por la c3m ocurran en lugares muy diversos: cineclubes, sindicatos, salas y teatros variados de Montevideo (Cine Central, Teatro Oden, Universal, El Galpn).
17 Isaac Len Fras y Antonio Gonzlez Norris, El cine de 4 minutos. Entrevista con Mario Handler,
Hablemos de Cine 52 (marzo-abril 1970), 48.
18 Tzvi Tal, Cine y revolucin en la Suiza de Amrica. La Cinemateca del Tercer Mundo en Montevideo,
Cinemais 36 (octubre-diciembre 2003), 168.
19 La ucal, creada en 1965 en Buenos Aires, realiz su iii Congreso paralelamente al i Encuentro de Cineastas
Latinoamericanos en 1967, en el marco del Festival de Via del Mar. El v Congreso fue realizado en
1971 en Montevideo y el vi Congreso, en 1972, en Ciudad de Mxico. F. Nez, O que Nuevo Cine
Latinoamericano?, 465.
20 O que Nuevo Cine Latinoamericano?, 462-463, 466.
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El formato de las sesiones realizadas por la c3m tambin era variable y, en los inicios de los
aos 70, fue frecuente el formato cine-acto o cine-espectculo, donde se combinaba la exhibicin de una pelcula con un recital de poesa y la presentacin de canciones, en general motivados
por un tema especfico, que poda ser la guerra de Vietnam, la Revolucin cubana, la solidaridad
con el gobierno de Allende o el apoyo a la campaa de Frente Amplio.23 Vemos que la accin
de la c3m tuvo lugar principalmente en Montevideo, aunque sus integrantes llegaron a circular,
algunas veces, por el interior del pas los fines de semana. Durante esas sesiones en el interior,
generalmente, la exhibicin de la pelcula era precedida por una presentacin oral explicativa y, al
final, los cineastas intentaban, no siempre con mucho xito, debatir los temas sociales y polticos
con el pblico.24
Walter Achugar tuvo un papel importante en la concretizacin de la Cinemateca, pues ya
tena una significativa trayectoria en el negocio de distribucin de pelculas latinoamericanas en
Argentina y Uruguay, con su distribuidora Nuevo Cine, adems de que haba sido programador
de los festivales de Marcha y del cineclub homnimo. Su experiencia, sus contactos y la influencia
que ejerci en el grupo fueron fundamentales para que uno de los focos de la Cinemateca fuera la
difusin y el intercambio de pelculas latinoamericanas. Uno de estos contactos claves, por ejemplo, fue el argentino Edgardo Pallero, miembro del grupo Cine Liberacin, que ayud a alimentar
los puentes clandestinos para utilizar una expresin de Jos Carlos Avellar entre los cines de
Argentina, Brasil y Uruguay durante este perodo.25
22 Segn los testimonios de militantes compilados por A. L. de Giorgi, Las tribus de la izquierda, 72.
23 Todas esas sesiones de la c3m eran noticiadas en el peridico Marcha. Destacamos, como ejemplo de cineacto, el espectculo Amrica Latina en Lucha en el Teatro El Galpn, el da 14 de agosto de 1970. Ese
espectculo fue integrado por la exhibicin de dos pelculas de la c3m (Me gustan los estudiantes y Lber Arce,
Liberarse) intercaladas por poemas y canciones. Marcha (14/8/1970), 17.
24 Hugo Alfaro, Navegar es necesario. Quijano y el semanario Marcha (Montevideo: ebo, 1984), 61.
25 Pallero trajo para Argentina filmes brasileos de temticas sociales y polticas, como Deus e o Diabo na Terra
do Sol y Os Fuzis. Adems, se destac como productor. Vivi dos aos en Brasil y fue productor ejecutivo de
cuatro documentales realizados por la Caravana Farkas (1964-1969). Clara Leones Ramos, As mltiplas vozes
da Caravana Farkas e a crise do modelo sociolgico. Dissertao de Mestrado (San Pablo: eca-usp, 2007), 23-36.
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Celebrar el xito en el extranjero (aunque con pizcas de irona) era una estrategia de discurso
que pretenda legitimar el proyecto, blanco de crticas en el propio medio cinematogrfico nacional, principalmente por parte de algunos especialistas que consideraban el cine de combate
demasiado panfletario. Manuel Martnez Carril, por ejemplo, condenaba explcitamente el cine
defendido por la c3m. En un artculo de balance sobre la produccin de 1969, Martnez Carril
afirmara, a comienzos de 1970, que aquel cine, bien intencionadamente til para la revolucin,
generaba una nueva forma de alienacin: la que calma la conciencia [], la que induce a suponer que se est haciendo la revolucin participando del espectculo y que, por consiguiente, ser
espectador es un acto revolucionario.26
Por detrs de las crticas al combativismo, presente en el discurso de la c3m estaban tambin
las distintas concepciones de revolucin y del papel del cine en el proceso de politizacin de las
masas, adems de, naturalmente, las afinidades con esta o aquella organizacin. Los bolches
(bastante numerosos, incluso entre los artistas e intelectuales) criticaban la manera con que los
tupas promovan una guerra civil en el pas (guerra que sera admitida por ellos en su Proclama
de Paysand, de enero de 1972), argumentando que esta retrasaba la verdadera revolucin.27
En sentido opuesto a esa posicin y a las crticas en la prensa especializada, el editorial de Cine
del Tercer Mundo enfatizaba la importancia y la urgencia del cine de combate en Amrica Latina,
todava poco conocido por razones polticas. A continuacin, destacaba la lealtad de la revista al
cine crtico, pobre y comprometido, y afirmaba que esa publicacin, un verdadero emblema del
cine del tercer mundo, debera utilizarse como arma de combate.28
27 Vania Markarian, Ese hroe es el joven comunista: violencia, herosmo y cultura juvenil entre los comunistas
uruguayos de los sesenta, Revista Estudios Interdisciplinarios de Amrica Latina y el Caribe 21-2 (2011).
Disponible en: http://www1.tau.ac.il/eial. Ver tambin los comentarios sobre la crtica comunista al
aventurerismo de los Tupamaros en C. Aldrighi, La izquierda armada. Ideologa, tica e identidad en el mlnTupamaros (Montevideo: Trilce, 2001), 94-95.
28 Hugo Alfaro, Presentacin, Cine del Tercer Mundo 1 (octubre 1969), 3-10.
29 Presentacin, Cine del Tercer Mundo 2 (noviembre 1970), 7-10. Los dos editoriales y la seleccin de los
textos apuntan al inters por el cine cubano, el grupo Cine Liberacin y el Cinema Novo, considerados el
tronco central del Nuevo Cine Latinoamericano.
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y una accin concreta, en fin, una doctrina cultural, pero tambin una experiencia. Como vemos,
la revista no representaba slo a la c3m y s, en trminos ms generales, un programa, una doctrina, siguiendo la inexactitud habitual y alguna megalomana que exista en el discurso de los
cineastas latinoamericanos defensores del cine poltico.
El hecho es que la revista y la propia institucin c3m se plantearon, en primer lugar, como
portavoces del Nuevo Cine Latinoamericano, afirmar ese nuevo cine haciendo hincapi en el reconocimiento europeo ya conquistado. Esto es visible no slo en los editoriales sino en algunos textos
del primer nmero, como una interesante entrevista mutua de Jean-Luc Godard a Fernando
Solanas, en la cual se hace nfasis en la viabilidad del dilogo entre dos estilos de cine que, a pesar
de las diferencias, podan admirarse, comprenderse, pues, como lo demuestran esos realizadores,
nutran numerosos puntos en comn, entre los cuales estaba, principalmente, el rechazo al cine
comercial, hollywoodense. La presencia de Godard nos revela la preocupacin de los editores en
dejar claro que la c3m no rechazaba el lenguaje experimental y el arte de los cineastas extranjeros
que se mostraban solidarios a la difusin del cine latinoamericano en Europa.
En segundo lugar, otra disposicin presente en el primer nmero de la revista es defender ese
Nuevo Cine Latinoamericano como parte orgnica del cine del tercer mundo, segn refrenda
el ttulo de la publicacin y el nombre de la institucin. En el artculo Cine revolucionario en
el Tercer Mundo, su autor, Alberto Filippi, menciona las cinematografas del llamado Tercer
Mundo (o el Tercer Cine como le gusta decir a Solanas).30 Pero aqu se debe hacer una diferenciacin, pues las dos expresiones (cine del Tercer Mundo y Tercer Cine) no eran exactamente
equivalentes: la ltima traduca un modelo especfico de cine poltico, defendido por Fernando
Solanas y Octavio Getino en el artculo-manifiesto Hacia un tercer cine: apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberacin en el Tercer Mundo,31 de 1968, que acompa
la difusin de la pelcula La hora de los hornos y que defenda el uso prioritario de los circuitos
clandestinos de difusin. Cabe sealar que, a pesar de la importancia de las ideas del grupo Cine
Liberacin en la constitucin de la c3m, sus integrantes no necesariamente defendan, como en la
propuesta argentina, que el circuito clandestino fuera ideal para el cine de combate. Y esa postura no es difcil de comprender, ya que en Uruguay imperaba la casi ausencia de cinematografa
nacional por lo que no tena sentido rechazar cualquier oportunidad de insercin mercadolgica.
En ese aspecto, cabe sealar que la presencia y el protagonismo de un distribuidor en el grupo
ya indicaba esa especificidad uruguaya, es decir, la necesidad de integrarse a un mercado posible latinoamericano y, preferentemente, europeo. Aunque el mercado del cine poltico tuviera
su propia geografa, vinculada al circuito de festivales (de este y del otro lado del Atlntico) y a
mecanismos informales de cooperacin e intercambio, esta insercin permitira a los uruguayos
alimentar su deseada produccin nacional.
De todas formas, en esa poca la expresin tercer cine circulaba con distintos significados en
Amrica Latina. Recurdese que aluda directamente a tercer mundo, trmino que estaba a la
moda, malograda su imprecisin, posea un fuerte carcter movilizador y se haca ms atractivo por
30 Alberto Filippi, Cine Revolucionario en el Tercer Mundo, Cine del Tercer Mundo 1 (octubre 1969), 17.
31 En este texto los autores proclaman la existencia, en lneas generales, de tres tipos de cine: el 1, comercial,
hollywoodense, alienante; el 2, el cine de autor, burgus, que consegua ser, en la mejor de las hiptesis,
reformista; y el 3, el cine revolucionario, libertador, que dispensaba el mercado ya que su prioridad era abordar
la realidad y sensibilizar al pblico, motivar la accin utilizando, para ello, todos los instrumentos posibles
(tales como la exhibicin clandestina y la estrategia de crear obras inacabadas, dejando a los espectadores
imaginar el resultado del impasse expuesto, a ejemplo de la propuesta construida en La hora de los hornos).
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su carga emocional que por su consistencia y operatividad.32 As, tercer cine figuraba tambin,
por ejemplo, como nombre de una seccin de la revista venezolana Cine al Da desde el nmero
6, en diciembre de 1968. Esa revista era muy respetada en el circuito del cine latinoamericano,
al lado de Hablemos de Cine (peruana) y de Cine Cubano. Cuando fue publicada por primera vez
su seccin Tercer Cine, los editores venezolanos aclararon que haba una coincidencia (y no
equivalencia) entre su nombre y el trmino acuado en el manifiesto Hacia un tercer cine. Esta
casualidad, segn esos editores, comprobaba el compromiso general del cine latinoamericano, en
aquel momento histrico, con la bsqueda de una tercera realidad.33 A continuacin veremos
cmo el llamado cine del tercer mundo se present en trminos de realizacin cinematogrfica,
en uno de los documentales de la c3m.
La produccin de la c3m
En general, se atribuyen cinco producciones a la Cinemateca: Elecciones (Mario Handler
y Ugo Ulive, 1967, 36), Me gustan los estudiantes (M. Handler, 1968, 6), Lber Arce, Liberarse (M.
Handler y Mario Jacob, 1969, 10), La bandera que levantamos (M. Jacob y Eduardo Terra, 1971,
14), adems de la animacin En la selva hay mucho por hacer (Walter Tournier, Alfredo Echaniz
y Gabriel Peluffo, 1973-74, 17),34 terminada casi artesanalmente, despus de que la Cinemateca
fuera cerrada por la represin militar que incaut los materiales y los equipos en 1973.
Sin embargo, dos de estas producciones se hicieron, en realidad, antes del inicio oficial
de la Cinemateca, en 1969. En la pelcula Elecciones hay crditos para el icur (Instituto de
Cinematografa de la Universidad de la Repblica). Esa institucin patrocin la produccin de
dicha obra documental, que no tena el grado de radicalismo que las siguientes asumiran. La
posterior desvinculacin de los cineastas (Handler y Ulive) de ese Instituto, debe entenderse
teniendo en cuenta los lmites de una institucin ubicada en una Universidad estatal, que le
impedan suscribir proyectos de cine de combate.35 As, la imposibilidad sentida por los
cineastas, tras 1968, de contar con espacios institucionales como el icur para realizar sus obras
contestatarias, fue otro factor que motiv la creacin de la c3m.
32 Las tribus de la izquierda, 45-52. Los sentidos que poseen las expresiones tercer cine y cine del tercer
mundo ya fueron explorados en algunos trabajos: Guy Henebelle (Coordinador) Le Tiers Monde en films.
Cinemaction/Tricontinental (Paris: Franois Maspero, 1982); Gabriel Teshome H. Third Cinema in the Third
World (Ann Arbor: umi Research Press, 1982); Roy Armes, Third World Film Making and the West (Berkeley,
Los Angeles, London: University of California Press, 1984); John Downing (Editor) Film and Politics in
the Third World (New York: Autonomedia, 1997), Jim Pines y Paul Willemen, Questions of Third Cinema
(London: British Film Institute, 1989). Apud P. Paranagu, Le cinma en Amrique Latine: le miroir clat.
Historiographie et comparatisme (Paris: LHarmattan, 2000), 140.
33 Seccin El Tercer Cine, dedicada a la Muestra de Cine Documental de Mrida (Venezuela), del 21 al 29 de
setiembre de 1968, donde se difundi el filme La hora de los hornos y el mencionado manifiesto. Cine al Da 6
(diciembre 1968), 4.
34 La autora de la obra tambin es atribuida al llamado Grupo Experimental de Cine. Ver: http://www.
cinelatinoamericano.org/ficha.aspx?cod=1808.
35 La Universidad de la Repblica, segn la Ley Orgnica de 1958, si bien se rega por los principios de
autonoma y cogobierno (de los docentes, estudiantes y graduados), dependa del presupuesto quinquenal
que le autorizara el Parlamento en el marco de la Ley del Presupuesto Nacional que se aprobaba al inicio de
cada perodo de gobierno, el que deba serle suministrado ao a ao por el Poder Ejecutivo. La relacin de
la Universidad con el gobierno se volvi cada vez ms conflictiva entre 1958 y 1973, en particular a partir de
1968. Ver Historia de la Universidad de la Repblica en el Portal de la udelar. Disponible en: http://www.
universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/98#heading_761.
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El primer documental, Elecciones, realizado por Mario Handler y Ugo Ulive, registra las campaas electorales de dos candidatos a diputados en 1966: Amanda Huerta de Font, por el Partido
Colorado, y Salviniano Prez, de apodo Nano, por el Partido Nacional (o Blanco). El mediometraje de 36 minutos, realizado con el aval de los candidatos, expone a travs del recurso del
paralelismo el discurso populista y demaggico de ambos y parece inspirado por el documental
estadunidense Primary (1960), de Robert Drew, sobre las campaas polticas de los senadores Hubert H. Humphrey y John F. Kennedy para presidente, realizado para la televisin en el
formato de cine directo. Una de las intenciones claras de Elecciones es mostrar cmo los partidos tradicionalmente rivales en Uruguay posean muchas semejanzas en trminos de discurso y
prctica poltica. El documental registra la amplia victoria del Partido Colorado y su respectivo
candidato a la Presidencia, el general scar Gestido.36
En este documental, en el que percibimos claros elementos del cine directo, existe tambin la
arista de la crnica, del reportaje a modo de ensayo, con una fuerte carga de contemplacin y
subjetividad (sensacin resultante, entre otros factores, de los lentos y panormicos movimientos
de la cmara o de los instantes de silencio). Aunque las preocupaciones sociolgicas y polticas
sean evidentes, se adentra al espectador en la individualidad y en las idiosincrasias de los dos candidatos. A veces se retrata al pueblo como vctima (cuando lo que est en foco es la fragilidad y la
miseria de los nios, por ejemplo), otras, como cmplice (cuando la cmara muestra la participacin festiva en la parrillada promovida por el candidato-caudillo Nano, fuertemente aplaudido),
pero nunca sin alguna piedad cristiana. A pesar del contenido crtico, no hay, en esa produccin,
un llamado a las armas dirigido al espectador: ese dato nos muestra que Handler y Ulive, en ese
momento (1967), aunque visiblemente influenciados por el marxismo, no se haban sumado al
apoyo a la lucha armada, postura que marcara la produccin de la c3m dos aos despus, como
veremos a continuacin.
El documental Lber Arce, Liberarse, realizado en 1969 tambin por Mario Handler (cineasta que tena mayor experiencia acumulada en el momento de la formacin de la c3m), ahora
en colaboracin con Mario Jacob, es un cortometraje silente, dedicado a un joven estudiante de
odontologa, feriante y militante de la Juventud Comunista, que muri despus de haber sido herido por un oficial militar en una manifestacin estudiantil, en agosto de 1968. El corto, donde al
principio vemos claramente identificado el logotipo de la c3m, fue ganador del Premio Joris Ivens
en el Festival de Leipzig, ese mismo ao. Llama la atencin la ausencia total de sonido, dado que
aporta ms de un significado simblico: el duelo por el mrtir homenajeado, el gradual silenciamiento de intelectuales y artistas en el contexto del pachecato. En contraste con las punzantes
36 Gestido asumi la presidencia en marzo de 1967, momento en que entraba en vigor una nueva Constitucin,
que fortaleca el Ejecutivo y ampliaba el mandato presidencial a cinco aos. El contexto era de gran crisis
econmica, la que Gestido no logr aplacar en su breve gobierno pues fallecera en diciembre de ese mismo
ao. Su Vicepresidente, Jorge Pacheco Areco, emprendi, hasta marzo de 1971, un gobierno autoritario,
disolviendo los partidos de izquierda, numerosos peridicos y combatiendo los grupos de oposicin, en
especial los que defendan la lucha armada, como los Tupamaros. J. J. Arteaga, Breve Historia Contempornea
del Uruguay, 268-275.
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bandas sonoras de la mayora de los documentales (como es el caso de Me gustan los estudiantes, realizado por la c3m en el ao anterior, que utiliz canciones de protesta de Violeta Parra y
Daniel Viglietti), o con la fuerza de los tambores en la apertura de La hora de los hornos, Lber
Arce impone un silencio incmodo, tambin en consonancia, desde un punto de vista pragmtico,
con la visible precariedad de la produccin.
Si en Elecciones haba una clara evocacin al cine directo (evidente en los momentos de entrevistas a los candidatos) y al neorrealismo italiano (en la frecuente bsqueda de las miradas y en el
registro de los comportamientos de la gente sencilla), en Lber Arce vemos la influencia indiscutible
de La hora de los hornos, con su estilo investigativo y sociolgico. Al principio un pequeo texto de
apertura, bastante patritico, presenta las bellezas naturales de la Repblica Oriental del Uruguay,
repleta de colinas onduladas, arroyos bordeados por montaas, pastos naturales que alimentan el
ganado, carreteras que unen el pas, playas que en verano se visten de fiesta y risas de nios, etc. A
continuacin, contrastando con el tono de alabanza de este retrato de la ex Suiza de Amrica, un
panorama socioeconmico nada positivo: estadsticas de desempleo, el subdesarrollo y la cantidad
de bancos dominados por el imperialismo, manifestaciones populares, la ostentosa presencia de los
militares, entre otros aspectos, revelan los problemas existentes en el pas y en Amrica Latina.37
Esta estrategia de deconstruccin del discurso patritico, oficial, de modo que la verdad fuese
gradualmente revelada al espectador, con abundante uso de fotografas de peridicos, estadsticas
y datos econmicos, tambin figuraba en La hora de los hornos.
En esta construccin nos damos cuenta de la lgica discursiva, muy comn a las izquierdas,
cuyas denuncias eran, en general, respaldadas por datos confiables: nmeros e imgenes que
conferan veracidad a las declaraciones. Esta misma lgica era inherente a la concepcin acerca
del papel del documental poltico en la poca: los cineastas se sentan en el deber y plenamente
autorizados de hacer cuestionamientos sobre la veracidad o la falsedad de un cierto discurso, ya
que estaban equipados con pruebas documentales concretizadas por las denuncias textuales y
las imgenes. Se esperaba que el espectador, a su vez, impulsado por los mismos parmetros de
la izquierda, creyera en las informaciones y, para eso, atribuyera la debida autoridad a la institucin promotora de ese discurso desmitificador: la Cinemateca del Tercer Mundo. Por lo tanto,
en este cine de combate, panfletario, quien deca era igual o ms importante que el contenido
propiamente dicho.38
Adems, la narracin fluye de lo ms general a lo especfico, en la indefectible perspectiva
sociolgica que caracterizaba diversos documentales latinoamericanos de los sesenta.39 De esta
forma, el personaje principal, Lber, solo se presenta despus de la contextualizacin necesaria
37 En los subttulos leemos el siguiente discurso, de forma intercalada con las imgenes que ilustran y a veces
se contraponen irnicamente: Mentira; Uruguay, ex Suiza de Amrica; Un pas para 500 familias;
80.000 desocupados; De 29 bancos, 20 estn dominados por el capital imperialista; Pas en crisis,
subdesarrollado; explotado; dominado por el imperialismo norteamericano; como el resto de Amrica.
38 Sobre esa cuestin de los elementos definidores del documental, como la expectativa de la creencia, hay un
amplio debate terico. Ver: Roger Odin, Film documentaire, lecture documentarisante, en R. Odin y J.C.
Lyant (Editores) Cinmas et ralits. (Saint-Etienne: Universit de Saint-Etienne, 1984), 263-278; Silvio
Da-Rin, Espelho Partido: tradio e transformao do documentrio (Ro de Janeiro: Azougue, 2004), 15-22,
221-224; Bill Nichols, Introduo ao Documentrio (Campinas: Papirus, 2005) y Representing Reality: issues
and concepts in documentary (Bloomington: Indiana University, Press, 1991).
39 Jean-Claude Bernadet clasific esa perspectiva de modelo sociolgico y realiz un anlisis de sus
caractersticas a partir de ejemplos de documentales de modelo sociolgico en el marco del Cinema Novo
brasileo. La hora de los hornos represent la referencia principal de este tipo de discurso para los cineastas de
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Lber es descrito como un mrtir que, a los 29 aos, fue vctima del oficial Enrique Tegiache,
quien le disparara en una manifestacin estudiantil, el 12 de agosto de 1968, lo cual provoc
su muerte dos das despus.40 Esa manifestacin se ubica en un contexto de crisis econmica y
autoritarismo vividos por Uruguay y de forma ms amplia, por la Amrica Latina, tal como nos
informan los letreros.41
El ao 1968 haba sido bastante turbulento en el pas: adems de los efectos de una espiral
inflacionaria, haba ocurrido una ola de paros, bajo fuerte tensin poltica y social.42 Los cambios
introducidos por la reforma constitucional de 1967 haban reforzado al Ejecutivo pero no evitaran sucesivas crisis ministeriales, lo que reflejaba cierta desestructuracin del aparato del Estado
y la crisis interna que afectaba los partidos Blanco y Colorado. El gobierno de Pacheco Areco
enfrentaba con intolerancia esas huelgas populares y no admita la negociacin con las organizaciones de izquierda. Los guerrilleros, por su parte, protagonizaban cada vez ms secuestros y
asaltos.43 En el medio estudiantil, el aumento en el precio del transporte pblico haba trado
como consecuencia movilizaciones y ocupaciones de escuelas y facultades, realidad esta que revela
el documental al demostrar la radicalizacin de la accin tupamara, a la vez que cuenta la historia
del sacrificio heroico de un militante de la Unin de Juventudes Comunistas (ujc).
En gran parte de este corto seguimos el cortejo fnebre que moviliz a miles de personas a
travs de las calles de Montevideo. La muerte del joven militante conmovi a la poblacin por
tratarse de un estudiante de clase media, como muchos otros, y fue un llamado de atencin hacia
la amenaza que constitua la represin militar sobre la poblacin civil. Los homenajes durante el
cortejo, tales como el de algunas mujeres que lanzaban ptalos de flores sobre el atad, adems de
algunas placas pintadas con las palabras Lber Arce ha muerto o Silencio, ofrecen la dimensin
del significado poltico de aquel funeral que, incluso, contribuy de forma significativa al aumento
la c3m. Jean-Claude Bernadet, Cineastas e imagens do povo (San Pablo: Companhia das Letras, 2003). Ver
tambin: Clara Leones Ramos, As mltiplas vozes da Caravana Farkas e a crise do modelo sociolgico.
40 Leemos: En ese ao [1968] la ex Suiza de Amrica tiene su primer mrtir por la libertad; Lber Arce,
militante de la juventud comunista, estudiante de odontologa, feriante, de 29 aos, fue herido por el oficial
Enrique Tegiache el 13 de agosto de 1968; Dos das despus, a las 10 y 35, Lber Arce mora.
41 Como el resto de Amrica; Slo se gobierna con medidas de seguridad; con represin; Para enfrentar esta
situacin los estudiantes salen a la calle en 1968.
42 Acerca de los episodios que marcan ese ao, ver: V. Markarian. El 68 uruguayo.
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de las afiliaciones a la ujc. El montaje, que intercala de forma gil imgenes directamente relacionadas con el tema (fotos del estudiante, escenas del cortejo, helicpteros sobrevolando la
multitud) con otras ajenas a este hecho especfico (escenas de enfrentamiento entre la polica y
civiles negros en Estados Unidos, entrenamientos militares, escenas de barrios miserables, soldados que fuman con arrogancia en la guerra de Vietnam, carteles Go Home Rockefeller, etc.),
recuerda directamente el formato de La hora de los hornos, muy elogiado por la crtica en ese momento, en el cual la sucesin, as como la superposicin y el contraste de fragmentos, componen
poco a poco el sentido pretendido.
44
En los momentos finales, el documental presenta noticias y letreros que testimonian el fortalecimiento de la accin de los Tupamaros.47 Como podemos percibir, aunque el ejemplo de
conducta que muestra el corto sea el de un joven mrtir comunista, el mensaje final celebra a
los Tupamaros y al guevarismo, revelando, por un lado, la convivencia, el entrecruzamiento de
referencias comunes a una misma cultura poltica de izquierda, y por otro, la disputa interna entre
las organizaciones vigentes en ese campo, ya que el desenlace final invita al espectador a elegir las
armas, como los tupas.
Intercalado con los encuadres donde aparece repetidas veces la cara de Lber, a veces vivo, a
veces muerto, el espectador lee poco a poco el siguiente texto, que hace referencia a la muerte
44 En 1968 la ujc gan seis mil nuevos afiliados y en 1969, ocho mil. Adems de Lber Arce, en ese periodo
murieron vctimas de la represin los jvenes comunistas Susana Pintos y Hugo de los Santos. Ver, El 68
uruguayo.
45 S. Da-Rin, Espelho Partido, 157.
46 I. Len Fras y A. Gonzlez Norris, El cine de 4 minutos, 46. Entre los jurados de esa Muestra figur el
uruguayo Jos Wainer, adems de Guido Aristarco, Marcel Martin, Rodolfo Eizaguirre, Agustn Mahieu
y Joris Ivens. En los resultados finales hubo empate entre tres cineastas: Santiago lvarez, Jorge Sanjins
(ambos por el conjunto de la obra) y Fernando Solanas, por La hora de los hornos. Ver el dossier de la revista
Cine al Da, publicado en ese ao, sobre Mrida 68.
47 Dichas noticias informan sobre las por entonces recientes acciones en Pando, donde cuarenta y nueve
tupamaros ocuparon la comisara, un cuartel de bomberos y tres bancos, el 8 de octubre de 1969 (aniversario
de la muerte del Che Guevara). A pesar de un malogrado desenlace termin con la captura de diecinueve
tupamaros la accin fue celebrada como un marco heroico por el movimiento. Las noticias se intercalan con
las frases En cualquier lugar; que nos sorprenda la muerte; Los Tupamaros.
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heroica: Bienvenido sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un
odo receptivo, y otra mano se tienda, para empuar nuestras armas, y otros hombres se
apresten a entonar los mismos cantos, con tableteos de ametralladora, y nuevos gritos de
guerra y de victoria. Despus de estas frases, la firma del Che. Poco despus, en primer plano,
vemos el cuerpo de Lber Arce en el suelo. Ese registro del cuerpo inerte del hroe recuerda la
foto del Che Guevara muerto, tan impactante en el final de La hora de los hornos. De esa forma se
fusionan, superpuestos, los dos mrtires: el sacrificio del comunista uruguayo se reviste del aura
del revolucionario argentino-cubano que haba muerto recientemente y ambos legitiman, en ese
momento, la radicalizacin de la accin de los Tupamaros. La muerte de los dos se glorifica en la
forma de un llamado revolucionario, una convocatoria a que surjan nuevos hroes.
Es importante sealar que, a finales de los aos sesenta, tras la muerte del Che, las ms distintas tendencias polticas de izquierda se apropiaron de la figura y la imagen del revolucionario:
de esa forma, mientras en La hora de los hornos el Che muerto (es decir, la famosa foto del CheCristo) serva para reiterar la ideologa peronista,48 en Lber Arce, Liberarse su sentido poltico
remita al apoyo a la guerrilla urbana asumida por los Tupamaros.
Las referencias a La hora de los hornos en Lber Arce encontraban eco, como ya mencionamos, en
los textos publicados por la revista Cine del Tercer Mundo, particularmente en su primer nmero, que
trajo varios artculos dedicados a esta pelcula y al Grupo Cine Liberacin. En el editorial, Hugo
Alfaro celebraba el hecho de que La hora de los hornos se haba convertido en un ttulo legendario
del cine combativo del tercer mundo. Adems de esa referencia, podemos percibir algo de la propuesta del realizador cubano Julio Garca Espinosa, que sera publicada en su ensayo Por un cine
imperfecto y que ya circulaba en los foros de debate del nuevo cine latinoamericano.
Cabe aclarar que, mientras el primer nmero de la revista difundi especialmente las ideas
de Solanas, Getino y Glauber Rocha, el segundo, en 1970, se centr en las tesis de Julio Garca
Espinosa, acompaada de un artculo de Solanas y de Getino que celebraba la propuesta presumida en el ttulo del texto cubano. El ensayo-manifiesto Por un cine imperfecto, escrito en
1969, fue inmediatamente publicado por esa revista uruguaya y por la peruana Hablemos de Cine.49
48 Mariano Mestman, en su artculo sobre La hora de los hornos, analiza los usos polticos que de la imagen
del Che hace el peronismo y su fuerte presencia en el movimiento cultural argentino. Ensea los vnculos
existentes entre el uso de la imagen del Che por el Grupo Cine Liberacin y los enlaces entre ese, la grfica
poltica de Ricardo Carpani y un determinado grupo de artistas plsticos de vanguardia, de Rosario y Buenos
Aires. Mariano Mestman, La hora de los hornos, el peronismo y la imagen de Che, Secuencias, Revista de
Historia del Cine 10 (julio 1999), 53-65. Disponible en: http://www.filmraymundo.com.ar/home.htm.
49 Hablemos de Cine 55 y 56 (setiembre-diciembre 1970), 37-42 y Cine del Tercer Mundo 2 (noviembre 1970),
103-122. El artculo da nombre al libro Por un cine imperfecto (Caracas: Rocinante, 1970), 11-32 y fue, ms
tarde, publicado en J. Garca Espinosa, La doble moral del cine (Madrid: eictv-Ollero&Ramos, 1996), 13-28.
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Gener gran polmica porque Garca Espinosa sostuvo que la calidad tcnica no era primordial
si el cineasta lograba el principal objetivo, que era comunicar algo importante para el pblico. Su
modelo de cine era el cine poltico que dialogase con la cultura popular. El autor, en ese texto y en
otro, que aparecera como una especie de complemento a sus ideas, En busca del cine perdido
(1971), se acerc a la perspectiva del Grupo Cine Liberacin en contra del cine comercial y el
cine de autor y defendi la concepcin, muy valorada en el contexto cubano, de que cualquiera
podra ser un director de cine.50 Como puede verse, el ensayo defenda el cine precario, urgente, realizado en el calor del momento y con los recursos posibles, asunto que planteara ardientes
polmicas durante la dcada de setenta.51
As, pareca que Lber Arce ilustraba anticipadamente la propuesta del llamado cine imperfecto (o sus primeras reverberaciones en el medio cinematogrfico). Adems, el lenguaje urgente,
rstico y panfletario (que hacen recordar los documentales de Santiago lvarez) haca evidente
la importancia que Cuba y el combativismo guevarista haban adquirido como referencia fundamental para los cineastas de la c3m.
50 Sobre la trayectoria poltica de Garca Espinosa y su defensa del cine popular, subyacente a la idea del cine
imperfecto, ver el sexto captulo de Mariana Villaa, Cinema Cubano. Revoluo e Poltica Cultural (San
Pablo: Alameda, 2010).
51 Como la polmica entre Garca Espinosa y el crtico argentino Amlcar Romero, en las pginas de la revista
chilena Primer Plano, en 1972 y 1973. O que Nuevo Cine Latinoamericano?, 80.
52 Las tribus de la izquierda, 131.
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en un difcil proceso de bsqueda de equilibrio y consenso mnimo en torno a una agenda comn,
donde no fueran pocas las negociaciones para la viabilidad del proyecto.54
Sin embargo, a pesar de las divergencias entre las tendencias de izquierda, hubo, especialmente
en Montevideo,55 una amplia y apasionada incorporacin de la mayora de los cineastas, artistas e
intelectuales al Frente Amplio. Andr Ferreira destaca la estrategia bifronte del Frente Amplio
que, a su ver, favoreci esa amplia filiacin tambin en la sociedad civil y en el medio poltico: al
mismo tiempo en que el Frente representaba la lucha contra el autoritarismo, contra el despotismo
de Pacheco Areco, ofreca una alternativa poltica, dentro de una perspectiva democrtico-electoral, a la violencia armada (vista por algunos como anrquica) de los Tupamaros.56
El movimiento de los Tupamaros, que ya contaba con significativo apoyo en el medio cultural montevideano, no particip de la fundacin del Frente Amplio, pero se integr por medio
de la creacin de un brazo legal, una expresin pblica para participar de la coalicin: el
Movimiento 26 de Marzo. Esta organizacin, dirigida por Mauricio Rosencof, congreg diversos
intelectuales en su Agrupacin de los Trabajadores de la Cultura, la cual cont con la participacin de varios integrantes de la c3m.57
Aunque amplia, la adhesin no fue suficiente y, tras la derrota del Frente, en la ltima produccin de la c3m el mensaje poltico fue tambin evidente pero revestido ahora por la tentativa de
sobrevivir a la represin (que ya haba destrozado a la guerrilla y a la Cinemateca) mediante la
expresin de esperanza en das mejores. El corto En la selva hay mucho por hacer (1973) muestra
las dificultades de la represin bajo el formato de una fbula que fusiona la guerrilla con preceptos
comunistas y anarquistas. El guin se bas en el libro homnimo de Mauricio Gatti, publicado
por la Comunidad del Sur en 1971, estructurado a partir de las cartas escritas a su hija cuando l
estaba detenido. Por medio de esas cartas, Gatti trataba de explicarle a la nia su situacin y su
ideario de forma metafrica.
La animacin utiliz el texto original pero puso de relieve, por medio de representaciones
grficas, la banda sonora y el movimiento, la crueldad vigente en la prisin (un zoolgico, en el
relato) y la importancia de la unin y la solidaridad para enfrentar al enemigo (presentado como
un cazador arrogante, militarizado, que atrapa a los animales de la selva). Al final prevalece una
perspectiva redentora: los animales, con la ayuda de otros compaeros libres y de una intrpida
nia, pueden escapar del Zoo y volver a la selva, donde empiezan a desarrollar estrategias para
evitar las probables nuevas investidas del cazador. Esta animacin, realizada al comienzo de la
dictadura, particip en festivales y gan algunos premios en los aos setenta, premios en los que
pes, sin duda, amn de la calidad indiscutible del trabajo, el cierre trgico de la institucin.58
54 Ferreira destaca que el pcu defenda la formacin de un frente desde 1955. Sin embargo, el Frente Amplio fue
oficialmente convocado por el pdc, ya que se pretenda reforzar la propuesta democrtica y no le interesaba
a su direccin que el electorado pensara que predominaba una lnea comunista. Andr Lopes Ferreira, A
unidade poltica das esquerdas no Uruguai, 215; 227, 252.
55 Juan Jos Arteaga menciona la montevideanizacin de la izquierda e informa que dos tercios de los votos
que el Frente Amplio recibi en 1971 fueron en Montevideo. Breve Historia Contempornea del Uruguay, 295.
56 A unidade poltica das esquerdas no Uruguai, 195.
57 Como Mario Handler, Walter Tournier y Jos Wainer, Clara Aldrighi presenta una lista de los principales
intelectuales que participaron de esa Agrupacin, de la que Mario Benedetti fue una especie de portavoz.
La izquierda armada, 108.
58 Primer premio (categora animacin) en el xix Festival Internacional de Cines Documentales y Cortometrajes,
Bilbao, Espaa, 1977. Particip en el Festival de Mosc, en 1978, y gan el premio La edad de Oro de la
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En 1972, entre los miles de arrestos ocurridos, se efectu la detencin de Eduardo Terra y
Walter Achugar. Los otros miembros de la c3m, as como la mayora de los intelectuales y artistas
uruguayos, se fueron al exilio. Estas detenciones fueron combatidas con protestas y hubo, incluso,
apelacin formal de algunas entidades internacionales como la ucal y la fiaf. Merece relieve la
peticin organizada por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematogrficos, con cerca de
doscientas firmas contra la detencin de Terra y Achugar, en 1972.63 Adems, hubo cartas y manifiestos dirigidos por varias revistas de cine al gobierno uruguayo y a sus embajadas en muchos
pases, con las firmas de cineastas latinoamericanos y europeos entre los que se hallaban Glauber
Rocha, Miguel Littn, Michelangelo Antonioni, Roberto Rosselini, Costa-Gavras, Chris Marker,
Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti y Godard.
63 L. Jacob, c3m: una experiencia singular, 15; 21. Ver tambin, Repulsa Internacional por la detencin de
Achugar y Terra, Hablemos de Cine 64 (abril-junio 1972).
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fueron completamente desarticulados, como ocurri con el Partido Comunista que tuvo ms de
quinientos miembros encarcelados en 1975. Con uno de los ms altos ndices de presos polticos,
los militares uruguayos se ganaron la fama de ser los responsables de la transformacin del pas en
una gigantesca prisin, tal como pareca presagiar En la selva hay mucho por hacer.
En un balance final, podemos decir que la historia de la Cinemateca llama la atencin del
investigador del cine latinoamericano en numerosos aspectos. En primer lugar, est el papel desempeado por su publicacin Cine del Tercer Mundo que, al realizar una importante recopilacin
de ensayos tericos, testimonios y anlisis fundamentales del cine latinoamericano de la poca,
produjo una primera sntesis del ideario del ncl. En esta sntesis salta a la vista la presencia de la
produccin terica y flmica del Grupo Cine Liberacin. Debido a su frecuente presencia en la
revista y en las producciones de la c3m, las ideas y la influencia de la produccin de los cineastas
argentinos pueden considerarse un norte fundamental de esa experiencia. Sin embargo, como
intentamos demostrar, los uruguayos hicieron su propia lectura, un poco ms flexible, del tercer
cine propagado por sus vecinos, principalmente si consideramos la miscelnea de discursos presente en la revista.
En cuanto a los proyectos de esa institucin, aunque estos no se hayan concretizado plenamente, fructificaron en algunos logros que vale la pena sintetizar. A pesar de que la institucin no
haya podido ser efectivamente una Cinemateca, promovi la exhibicin y la circulacin de varias
pelculas latinoamericanas prohibidas en otros pases y contribuy al debate sobre el papel de las
cinematecas, proponiendo nuevos moldes para este tipo de institucin.
De hecho, la c3m dej su marca en la produccin nacional, pues logr realizar, de forma completa o parcial, obras que tuvieron la cobertura de la crtica especializada y que participaron en
el circuito de festivales, adems de atraer al pblico estudiantil y de alimentar la cultura poltica
de izquierda. La disposicin en ese perodo, principalmente del pblico joven, de participar y
prestigiar la produccin nacional se desvaneci poco despus. A lo largo de los aos setenta se
instaur una grave crisis en el medio cinematogrfico uruguayo, latente en la franca reduccin de
pblico y de salas.64
Adems, desde el punto de vista histrico, sus pelculas nos ofrecen material para reflexionar
sobre los debates y la dimensin de las diferencias entre las tribus en la produccin cinematogrfica, tema este que exige ms profundizacin (pues, aunque estas diferencias existieron y, por cierto,
importaron en la configuracin de la identidad de la Cinemateca, en las obras cinematogrficas,
en virtud de la propia polisemia del lenguaje, lo mismo adquieren un enorme peso que, en ciertos
momentos, parecen sucumbir a la sed de movilizacin general).
En trminos polticos, y si consideramos el proyecto original de la institucin, los filmes de
combate, como era la intencin de los cineastas, cumplieron esa funcin, pues ejercieron un
papel relevante dentro del pas en la campaa de apoyo al Frente Amplio y participaron de muchos actos en pro de movimientos o luchas que trascendieron las fronteras nacionales (Vietnam,
Revolucin cubana, gobierno de Allende, etc.), adems de difundir la situacin social y la poltica uruguaya por medio de su circulacin en festivales internacionales. Si bien es cierto que no
se materializ el propsito de constituir un amplio acervo de cine poltico (de forma similar al
proyectado Centro del Cine Latinoamericano en el Festival de Via del Mar, en 1967), con
64 Aldo Marchesi, El Uruguay inventado. La poltica audiovisual de la dictadura, reflexiones sobre su imaginario
(Montevideo: Trilce, 2001), 128.
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seguridad esta aspiracin, interrumpida por la dictadura militar, sirvi como una referencia histrica para la creacin del Comit de Cineastas Latinoamericanos en 1974, en Caracas; Comit que
se convertira, mucho ms tarde, en 1985, en la Fundacin del ncl, activa hasta hoy y con sede en
La Habana, que logr reunir por fin el anhelado y significativo acervo.
La historia de esta Cinemateca alberg motivaciones polticas y la apasionada determinacin de defender un colectivo de realizadores identificados con el cine poltico, unidos en una
comunidad imaginada65 que, a pesar de evocar el tercer mundo, aluda fundamentalmente a la
Amrica Latina. As, la experiencia de la c3m aliment y pretendi legitimar cierta identidad del
cine latinoamericano y las aspiraciones del cine uruguayo. Permiti tambin que hoy pudiramos
acompaar la compleja traduccin en imgenes del romanticismo revolucionario, aunque fuese
interrumpida, desgraciadamente, por la violencia que pronto incidi sobre estos realizadores.
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65
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Concurso | 265
Agosto 4 de 2012
Reunido el Tribunal designado para fallar en el concurso A 25 aos de La partidocraciauruguaya,organizado por la revista Contempornea. Historia y problemas del siglo XX, por
unanimidad resolvi otorgar el primer premio al artculo tituladoLapartidocraciauruguaya:
aportes para la discusin de una hiptesis.
El Tribunal entendi que no obstante la debilidad en el tratamiento de la condicin actual
de lapartidocracia, el trabajo mencionado posee el mrito deabordar el tema conperspectiva
histrica sin evitar el anlisis poltico. Aunque no comparte la totalidad de los conceptos expuestos, valor muy especialmente el esfuerzopor hacer una revisin crtica del texto, subrayando sus
aciertos ysus limitaciones.
Gernimo de Sierra
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Ral Jacob
Francisco Panizza
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Concurso | 267
La partidocracia uruguaya:
aportes para la discusin de una hiptesis
Carlos Demasi1, 2
Resumen
Abstract
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El artculo propona un enfoque interdisciplinario a partir del encuentro de una disciplina joven con mucho para decir y otra ya firmemente instalada en una larga tradicin acadmica. Los
autores eran conscientes de lo novedoso de su experimento y de la necesidad de una renovacin
de los enfoques (se alude en el texto a la crisis del modelo piveliano y a la necesidad de reescribir
toda la historia del siglo xix), por lo que proponen tres vas de acceso a una historia poltica
renovada: mejores preguntas, larga duracin, cuantificacin. En un momento de balance, veinticinco aos despues, es del caso preguntarse hasta qu punto esa promesa se ha visto cumplida.
La ciencia poltica ha tenido un enorme desarrollo en el pas y ocupa legtimamente un espacio
relevante en la academia y en la comunicacin social; sus aportes han enriquecido el conocimiento del sistema poltico y su funcionamiento y las tcnicas de medicin social son ampliamente
reconocidas por su fiabilidad. Sin embargo, puede decirse que en la mirada sobre la historia, la
ciencia poltica no ha hecho un aporte de la misma significacin. Y tal vez algunas de las explicaciones de esa limitacin se encuentren ya en este artculo fundacional de 1987.
Partidocracia: De qu hablamos?
Una de las objeciones ms fuertes que puede hacerse a la presentacin de 1987 es que en ella
lo que parece el objeto central de su especulacin no se presenta como proposicin a demostrar
sino como un postulado a admitir. La primera mencin a la centralidad de los partidos en el
cuerpo del artculo aparece en trminos un tanto imperiosos: Tmese por vlida la centralidad
que lo partidario presenta en la poltica uruguaya3 y, a partir de ese momento, el discurso se
extiende en las potencialidades del enfoque propuesto sin retornar sobre las definiciones pendientes. Curiosamente, los autores prefieren designar al fenmeno como centralidad de los partidos
ms que con el trmino partidocracia que aparece destacado en el ttulo; pero en cualquier caso
eluden definir con precisin las notas caractersticas del objeto: qu cosa son los partidos que
ocupan ese lugar privilegiado y cundo y cmo instalaron su centralidad en el sistema. Respecto
3
Gerardo Caetano, Jos Rilla y Romeo Prez. La partidocracia uruguaya. Historia y teora de la centralidad
de los partidos polticos, Cuadernos del claeh 44 (1987), 40.
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del concepto partidos no hay en el texto ninguna referencia, se lo alude como si se tratara de
un fenmeno natural cuya definicin resulta innecesaria por obvia. Tambin el cundo recibe
referencias muy vagas: a veces es desde las primeras dcadas de este siglo,4 en otras desde la
etapa fundacional del Estado y la sociedad uruguaya, ratificada por la referencia a federales y
unitarios cuando propone analizar los partidos en relacin con el exterior,5 el perodo 1910-1934
o an en el rico siglo xix uruguayo cuando cuestiona la tesis extendida de la democracia uruguaya como invencin moderna del 900 asumiendo su origen como un efecto de la dimensin
popular y masiva de las viejas divisas.6 Otras referencias igualmente confusas podran sealarse
en el texto, en las que parece haberse perdido aquella conviccin inicial que reclamaba la necesaria
reescritura de la historia poltica del siglo xix; como veremos despus, estas confusiones inciden
directamente sobre la pretensin innovadora del artculo.
Si bien no hay una definicin explcita de las caractersticas de los partidos, s se encuentra
un repertorio de temas a estudiar de los que puede extraerse la visin que tienen los autores de
esas entidades y tambin aquello que ven como sus aspectos ms interesantes. Es as que en una
enumeracin de siete temticas globales, la mayora (seis) se refieren a relaciones entre aspectos
estticos del sistema: conduccin y aparatos, diferenciacin etaria, partido y ciudadana, socializacin poltica, coparticipacin, relaciones con el afuera partidario o nacional. Solamente en un
caso aparecen referencias a los aspectos evolutivos, cuando habla de la construccin de tradiciones polticas y para polticas junto a la tarea de reconstruccin ideolgica del pasado nacional.
Si nos guiamos por este repertorio aparece clara la preferencia por los aspectos funcionales y
estticos, en desmedro de los propiamente histricos y dinmicos. Por otra parte muchas de las
caractersticas que se pretende estudiar son exclusivas de los llamados partidos tradicionales,
tales como la coparticipacin, el clientelismo, la mezcla ideolgica que confunde el relato de su
propio pasado con la historia nacional Slo en dos casos (construccin de tradiciones y partidos
internacionalistas) se abre el espacio para la inclusin (que sugestivamente es explcita) de los
llamados partidos de ideas.7 En resumen: el centro del anlisis son las colectividades tradicionales, a las que el texto tiende a identificar como los partidos por antonomasia; ocasionalmente
y para aspectos parciales se introduce expresamente la salvedad de que se incluye a todos, no
solo los tradicionales.8 Si el campo partidario coincide tan exactamente con el de los partidos
tradicionales, tambin la percepcin de la centralidad aparecer rgidamente acotada.
4
5
6
7
8
G. Caetano, J. Rilla y R. Prez. La partidocracia uruguaya. Historia y teora de la centralidad de los partidos
polticos (1987), 42.
La partidocracia uruguaya, 41.
La partidocracia uruguaya, 43.
La partidocracia uruguaya, 40.
La partidocracia uruguaya, 44.
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Aunque el esfuerzo por formalizar las proposiciones las vuelve un tanto enigmticas, igualmente pueden sealarse en ellas dos caractersticas: por un lado, el enfoque estructural-funcionalista
que aporta la ciencia poltica tiende a promover anlisis descriptivos y abstractos con enunciados
que terminan en lugares muy cercanos a la tautologa. Para decirlo en otros trminos: cmo
identificar a priori aquellos elementos centrales del sistema, de forma de poder actuar para
prevenir la ocurrencia de cambios asimilables a ineficiencia y an a paralizacin? Desde una
perspectiva ex post resulta muy simple el diagnstico: si el sistema entr en crisis, entonces los
elementos que sufrieron modificaciones son de aquellos que pueden definirse como centrales.
Pero para entonces esa verificacin ya parece poco relevante.
La otra caracterstica a sealar es el malestar analtico que manifiesta cuando debe enfrentarse
a la variabilidad de la contingencia histrica, lo que no deja de resultar curioso en un artculo
que ya desde el ttulo propone a la historia como uno de sus objetos principales. As vemos que
ante la mirada histrica la centralidad se vuelve precaria, por dos razones: la dependencia de la
centralidad con la fortuna poltica de aquellos que la han detentado y su potencial inestabilidad
en el tiempo donde puede verse afectada tanto por la variabilidad de la contingencia como por
la revisin historiogrfica (es decir el cambio del relato del pasado a partir de una inversin de
sentidos que transforme lo principal en dependiente y donde factores que eran determinantes
en el antiguo relato de la centralidad, pasen a transformarse en marginales). La influencia estructuralista parece trasmitir un aire platnico en ese deseo de inmutabilidad en el tiempo, como si
cambio se asimilara a imperfeccin. Pero, como reconocen los autores con cierto desnimo,
precaria y todo, la centralidad de ndole histrica parece por lo comn prevalecer, en los debates
polticos concretos, sobre las de naturaleza esttica o funcional.10
Me parece que estn enumeradas algunas de las debilidades centrales del enfoque propuesto
en la primera parte del artculo, que pueden expresarse en cierta incompatibilidad existente entre
una forma de abordaje interdisciplinario que jerarquiza principalmente los aspectos ms formalizables del sistema para lo que hay que suponerlo muy estable combinada con el sealamiento
de cambios a lo largo del tiempo, algo que por definicin postula la mirada histrica.
La larga duracin.
Pero cmo pueden combinarse con eficacia dos enfoques que son tan contradictorios en sus
posturas metodolgicas? Los autores encuentran la solucin planteando una opcin muy fuerte
por la herramienta braudeliana de los anlisis de larga duracin. Como enuncian en el texto, en
un prrafo cargado de contenido:
Pero si la historia poltica es, entre otras cosas, una indagacin del poder, de su
composicin, su funcionamiento y su distribucin, y todo ello en la dimensin
temporal, se nos imponen entonces otros compromisos tericos y temticos. No es
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Creo que puede aceptarse sin dificultad con la reserva del derecho a proponer otra(s), la
flexible definicin de historia poltica que se establece en la primera parte del prrafo; en cambio
el imperativo enfoque de larga duracin que propone a continuacin reclama ms compromiso del lector y merece una discusin ms atenta, aunque ms no sea en atencin a que ningn
uruguayo del siglo xix aceptara que las revoluciones pudieran calificarse de ilusin ptica.
Presentada en este contexto la invocacin a la larga duracin, tan comn en la vulgata braudeliana, reclama ser debatida por lo menos desde tres ngulos diferentes: su importancia especfica,
su aplicabilidad al caso de la historia poltica en general y su relevancia en el caso de la historia
poltica uruguaya en particular.
12 Fernand Braudel, El Mediterrneo y el mundo mediterrneo en la poca de Felipe ii, Vol. 2, (Mxico: fce, 1953):
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como tales directamente dependientes de la contingencia del observador. De all que se vean
fuertemente afectados por el lugar del investigador, como ocurre en el caso de la temporalidad
braudeliana.
Como funcionario de una universidad occidental del siglo xx, que trabaja en oficinas acondicionadas, aprovisiona su despensa en el supermercado y sigue el da a da poltico en los mass
media, Braudel ve a la poltica como un factor de corta duracin y en cambio el clima se le
presenta como casi un invariante histrico. Pero desde el lugar del campesino que es objeto de
su estudio las temporalidades deban verse de manera muy diferente. Por ejemplo, no podra ver
al clima como fenmeno de especie alguna porque el concepto clima no estaba en su utillaje
mental (para emplear una expresin cara a Braudel): recordemos que en los crculos cientficos la
elaboracin que diferenci los conceptos de meteorologa y de clima recin fue completada en el
trnsito del siglo xviii al xix. Adems, como la supervivencia del campesino estaba muy ligada al
siempre variable estado del tiempo este se le presentara como factor en rpido cambio, del cual
difcilmente pudiera compartir lo que instalado en su apacible escritorio poda definir Braudel
como casi inmvil: el momento de la siembra y de la cosecha, el estado de los caminos, la practicabilidad de los pasos y de los puentes, el acceso a los mercados, todo lo que defina la diferencia
entre la abundancia y el hambre dependa del caprichoso e incontrolable tiempo atmosfrico.
A la inversa, para una comunidad campesina encerrada en su aldea, la poltica definira una dimensin esttica: el rey actual se confunde con el anterior, siempre est en guerra con alguien en
algn lado y los nicos eventos relevantes de su existencia son la coronacin, la boda y la muerte.
Adems, la compleja logstica de las comunicaciones poda presentarle estos eventos en una secuencia muy ajena al tiempo-calendario: muy separados en el tiempo o simultneos. El resultado
sera entonces una temporalidad radicalmente distinta y por momentos exactamente inversa a
la que manejaba Braudel: tambin para ellos lo importante sera el clima y no la poltica, pero
estaran muy atentos a aquel tiempo corto que Braudel desdeaba por vnementiel.
Por lo tanto, si los sujetos histricos que son el objeto del anlisis hubieran tenido la posibilidad de enunciar sus propios niveles de temporalidad difcilmente coincidiran con la que propone
el historiador; y esta comprobacin no es irrelevante si definimos como objeto de la historia la
comprensin de pocas pasadas. La sntesis histrica siempre construye una visin del pasado que
es diferente de la que podan tener los contemporneos, pero eso no equivale a validar una descripcin que les fuera manifiestamente irreconocible. Ciertamente, esto no inhabilita el uso de la
larga duracin por el historiador, aunque sin duda le impone restricciones bastante severas: con la
conciencia de que no son notas del objeto estudiado sino opciones descriptivas ideolgicamente
condicionadas por el lugar, corresponde que las elecciones del historiador se hagan explcitas y
que se fundamenten. Estas dificultades no son menores y la bibliografa de Braudel nos muestra
claramente los esfuerzos que debi realizar para mantener, a veces a cualquier costo, su esquema
de exposicin en tres niveles.
Si la larga duracin es un concepto problemtico, su aplicacin a la historia poltica agrega
nuevas dificultades porque expresamente Braudel exclua a sta del pedestal de la dure. La
poltica slo le despertaba recelos, muy similares a los que conmueven a los autores del artculo
comentado: Desconfiemos de esta historia todava en ascuas,13 ese mundo peligroso y tan
engaoso en el que los acontecimientos resonantes no son, con frecuencia, ms que instantes
13 F. Braudel, El Mediterrneo, i, xviii.
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fugaces. En 1946 y frente a las exigencias de un campo acadmico en el que quera ser aceptado, Braudel inclua a la poltica en su extensa descripcin del mundo mediterrneo. Pese a todas
las salvedades y al aburrimiento que le provoca, la incluye porque La historia es la imagen de
la vida bajo todas y cada una de sus formas. No es nunca una eleccin.15 Ms tarde el acadmico
Braudel ya transformado en jefe de escuela abandonar definitivamente ese prurito integracionista y arrojar prcticamente al olvido el anlisis de los fenmenos polticos. Con eso se plegaba
plenamente al espritu de los Annales, donde nunca se acept que la poltica pudiera ser otra cosa
que histoire vnementielle.
14
Aos despus fue Jacques Julliard16 quien plante la posibilidad de incluir a la poltica de
pleno derecho dentro de la longue dure braudeliana, para lo cual propona un ineludible cambio de perspectiva y una radical renovacin del repertorio conceptual. Para incluirla en la larga
duracin, el historiador debe prestar atencin a aspectos de la poltica que van ms all de la
trayectoria de un lder o la peripecia de un equipo gubernamental. Por lo tanto, una historia que
pretenda analizar a la poltica en la perspectiva de la larga duracin deber repensar primero
cmo debe definir la poltica y tambin evaluar la importancia del cambio histrico como factor
explicativo. Porque en ltimo trmino, la larga duracin interpela a la identidad: postular que una
caracterstica social cambia mientras permanece como la misma es una operacin compleja y su
manejo supone serias dificultades. Los textos clsicos de metodologa aquellos que configuraron
a la Historia como disciplina ya prevenan sobre este problema y sealaron el riesgo del anacronismo como la sombra que amenaza persistentemente el trabajo del historiador. Me interesa
invocar uno de esos textos, el de Langlois y Seignobos, porque en l aparece una referencia expresa al tema de la duracin; con su reconocible estilo prescriptivo sealaban los pasos a seguir para
no tropezar con las dificultades de su manejo: Se buscarn los casos extremos, cuando aparece
por primera vez y cuando por ltima la forma, la doctrina, el uso, la institucin, el grupo. Pero no
basta anotar los dos casos aislados, el ms antiguo y el ms reciente, hay que averiguar el perodo
en que el hbito ha estado verdaderamente en prctica.17
A travs del arcasmo de la formulacin es perceptible el sentido comn que rezuma el consejo, pero no parece ser tenido en cuenta y no es raro encontrar que se le asigna el carcter de
fenmeno de larga duracin a gestos inscriptos en momentos y contextos diferentes, sin tomar
en consideracin si se trata del mismo fenmeno ni sus formas de su permanencia entre uno y
otro momento. Aparentemente el nico recurso de la larga duracin para eludir el problema del
anacronismo es la postulacin de alguna forma de estabilidad en el tiempo, dando preeminencia a
la perduracin por sobre el cambio. Pero en la extrema diversidad de las contingencias histricas
es impensable la ausencia de cambio en el objeto analizado; de all la elaboracin de frmulas
que juegan con los conceptos cambio y continuidad como dos aspectos de una misma realidad.
Aunque confieso que me resulta difcil traspasar la configuracin retrica de tales frmulas, dira
que la genealoga del enunciado continuidad en el cambio nos aproxima ms a la duracin de
Bergson (que posiblemente Braudel conociera) que al tiempo de Heidegger. Pero en ltimo
trmino, la apora slo parece resolverse por una voluntaria eleccin que hace el lector cuando
decide privilegiar a uno u otro de los trminos.
14 El Mediterrneo, i, xix.
16 Jacques Julliard. La poltica, en Jacques Le Goff y Pierre Nora, Hacer la historia, ii (Barcelona: Laia, 1979).
17 C.V. Langlois y C. Seignobos. Introduccin a los estudios histricos (Madrid: Daniel Jorro Editor, 1913), 286.
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Por lo antes mencionado, la aplicacin del anlisis de larga duracin resulta algo incmoda
en el marco de la historia poltica en general, pero por varias razones es particularmente ardua
en el caso de la historia uruguaya. No es la menor que debemos considerar una larga duracin
de caractersticas muy especficas: recordemos que Braudel la despliega en una escala de siglos y
en una extensin de continentes o de ocanos, algo que es impensable para cualquier ejercicio de
anlisis de la historia de esta comarca. Pero aun aceptando un modelo a escala de la larga duracin y asumiendo tambin como vlida la preeminencia de la duracin sobre el cambio, en qu
medida eso incidira positivamente en la tarea de reconstruccin de la historia poltica uruguaya?
La historiografa tradicional ya ha empleado ejes de larga duracin para analizar la poltica, por lo
menos desde la Historia de los partidos polticos de Pivel. Braudeliano avant la lettre, Pivel ya instal
a los partidos polticos como agentes de larga duracin: surgidos de una matriz preexistente desde
la colonia, representan el invariante de un relato donde todo lo dems es efmero y se constituyen como categoras inmutables que configuran todas las etapas del pasado.18 En ese sentido
Pivel ya habra manejado tambin el concepto partidocracia (ya que no el trmino) presentando
la evidencia de una historia centrada en los partidos polticos; es curioso ver cmo en algunos
momentos el artculo de 1987 parece hundirse insensiblemente en el pantano piveliano de la
mismidad histrica, por ejemplo cuando hace remontar la partidocracia a la etapa fundacional
del Estado.19 Ciertamente la mirada de larga duracin permite superar el paso jadeante de la
historia poltica, pero muchas veces tiende a naturalizar fenmenos que son productos histricos,
lo que puede llevarnos a olvidar que existi un efecto inicial de alteridad que marc su comienzo.
Por esa razn resulta inquietante que en el repertorio de preguntas que propone el artculo de
1987 no aparezca el qu ni el cundo de los partidos, es decir que no se percibe la necesidad de
una definicin ms o menos precisa y de la bsqueda de un modelo esquemtico que explique las
formas de su permanencia desde el comienzo (cuandoquiera que haya sido) y el presente.
Los partidos polticos uruguayos tienen su comienzo, que les es propio y que no se confunde
ni con el surgimiento del Estado, ni con el de la vida independiente, ni con el de la sociedad,
como los de estos no se confunden entre s; pero ese comienzo no se hace visible ni en Pivel ni
en el artculo de 1987. Habra que pensar qu gracia especial habran recibido los partidos para
situar su comienzo en esas instancias fundacionales, cuando no existe ninguna otra dimensin
social que haga coincidir su inicio con un momento tan privilegiado. Esta mezcla que confunde
dimensiones histricas tan diversas es una anomala analtica que slo pasa desapercibida cuando se aceptan como vlidas las elaboraciones ideolgicas del pasado formuladas por los propios
partidos. Se hace visible as un problema, que creo central en la construccin de una historia poltica renovada, pero que desde una perspectiva de larga duracin tiene todas las posibilidades de
quedar situado exactamente en el punto ciego. De esta manera bloquea por defecto la pretensin
renovadora que la propuesta inclua en su origen, asumiendo parmetros metodolgicos muy
similares a la historiografa piveliana que pretenda superar.
18 Carlos Demasi. Los partidos ms antiguos del mundo: el uso poltico del pasado uruguayo, Encuentros
Uruguayos 1 (2008), 67.
19 La partidocracia uruguaya, 41.
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En ese tramo la preceptiva histrica recupera su sitio y cuando enumera un conjunto de caractersticas permanentes del sistema de partidos las sita en un marco cronolgico preciso: se
admite que la partidocracia resulta un fenmeno reconocible a partir de las primeras dcadas
del siglo pasado, que sera cuando se definen los trazos de su centralidad y su especificidad. A
partir de all el artculo enumera los factores que explican su estabilidad en el tiempo, describe
las relaciones partidos-Estado-sociedad con una pauta de anlisis multidimensional (sincrnico,
diacrnico y comparativista) para concluir proponiendo la adscripcin del sistema poltico al
perfil de una repblica conservadora. Esta enumeracin un tanto apresurada de las caractersticas aconseja un cambio de paso en el comentario; corresponde apuntar a una caracterstica ms
general, que nos permita explicar algunos de los efectos del artculo en su tiempo.
Siguiendo una lnea que el mismo artculo propone, resulta til adoptar una perspectiva de
ms largo plazo, pero en este caso no con el objetivo de analizar las prcticas o las estructuras
partidarias sino centrada en las relaciones de la sociedad uruguaya con la temporalidad y no atendiendo a las permanencias sino al cambio. Toda sociedad comparte una economa del tiempo,
entendida como la forma de organizar la realidad como transicin entre el pasado y el futuro, y
la mirada actual sobre aquel presente de 1987 deja en evidencia la existencia de formas distintas
de instituir el orden del tiempo, es decir las especficas configuraciones del pasado y del futuro
apoyadas en una interpretacin del presente que son ampliamente compartidas en su poca. Lo
que queda a la vista es que ste presente de 2012 ya no es el de aquel 1987; en los veinticinco
aos transcurridos se han sucedido cambios profundos en la realidad internacional y tambin
local que han incidido en la manera de posicionarnos frente a los hechos. Esto no me parece que
sea, insisto, una decisin personal de los autores (de los de aquel artculo, ni del de ste) sino ms
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Mirado de esta forma el texto analizado cambia de carcter y puede verse como un signo que
nos comunica algo sobre su poca: pasa de ser un texto terico de historia a serlo en la historia;
deja de ser la descripcin de una hiptesis y pasa a tener valor de diagnstico de un momento que
se describa como determinado por su pasado, lo que tambin implicaba una dimensin de pronstico. Un rpido ejercicio de recuperacin de ese orden del tiempo puede contribuir a explicar
algunas de las referencias y de las ausencias que configuran la descripcin.
En 1987 todava estaba muy fresco el proceso de la transicin uruguaya que devolvi la hegemona poltica a los partidos y especialmente a los tradicionales. El rgimen de historicidad de
la transicin instal esa realidad como una manifestacin del ser esencial del pas, un retorno a
la realidad poltica como siempre fue. En ese entonces, con estructuras partidarias fortalecidas,
liderazgos firmes y amplias mayoras parlamentarias, los partidos tradicionales instituan una
triunfalista visin del campo poltico del pasado, configurado imaginariamente como esttico y
donde la evidencia de ese presente proyectaba su vigencia por lo menos a todo el siglo xx, lo que
construa una perspectiva que exclua la posibilidad de modificaciones. Pero en una expectativa
de futuro que distaba de ser optimista, este paisaje tan estable contribua a consolidar una democracia que recin recuperada se vea como una conquista an insegura: la crisis econmica era
ms grave a la salida de la dictadura que antes del golpe y pareca un axioma indiscutible que la
insatisfaccin social derivara en inestabilidad poltica. El tema apareca permanentemente tanto
en los mensajes polticos como en los anlisis acadmicos,20 y ante esa circunstancia asomaba
nuevamente la amenaza de la corporacin militar (en la poca, no podan estar ajenas al espritu
del lector las complejas contingencias que acompaaron la aprobacin de la Ley de Caducidad).
Se configuraba entonces un campo que mantena una configuracin heredada de la ltima fase
de la dictadura: la coalicin poltico-partidaria (donde los partidos tradicionales eran mayora)
era sinnimo del frente democrtico, enfrentada al autoritarismo militar y a los sectores de la
derecha. Esta forma de organizar la realidad proyecta una perspectiva de futuro que pareca muy
tangible en la segunda mitad de los aos 80: la democracia era un logro cuya conservacin slo
era posible si mediaba la autocontencin de las fuerzas sociales. As introduca un giro voluntarista en el anlisis que aumentaba las dudas sobre la permanencia del sistema. Los autores lo
expresan as:
Nuestra observacin de las permanencias del sistema poltico y de la centralidad
de sus partidos puede conducir a una lectura de la historia que muestre que los
uruguayos han preferido la conservacin social para salvar a esta repblica tan
mediada por sus partidos. Resultar de ello una mediana que, lejos de verse marcada por la fatalidad, podra explicarse por la racionalidad. Podra sostenerse,
20
Por ejemplo, en 1983 deca Juan Rial: Guardando las distancias, estamos ms cerca de la situacin
de la Argentina de principios de los 70 cuya sociedad miraba mayoritariamente con nostalgia el peronismo
idealizndolo como un proyecto mesinico. Juan Rial, A la bsqueda de una nueva alternativa para la
democracia en el Uruguay (agosto 1983), en Partidos polticos, democracia y autoritarismo, Tomo i (Montevideo:
ciedur-ebo, 1984), 84; y todava en 1986 deca A. Solari: [] los viejos factores que llevaron a la cada de
la democracia en el pasado, no se presentan de la misma manera, pero estn lejos de haber desaparecido.
La redemocratizacin, en el sentido profundo, es una tarea que insumi muchos aos y cuyo xito depende
de una gran sabidura poltica y social. Aldo Solari, El proceso de redemocratizacin en el Uruguay, en
Uruguay. Partidos polticos y sistema electoral (Montevideo: fcu, 1991), 253.
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asimismo, que fueron las osadas sociales y econmicas a veces el solo temor de
ellas las que precipitaron las crisis del sistema poltico y que entonces, el bajo
perfil en ese campo expresado en los partidos, result la garanta de la permanencia, de nuestro pacto poltico republicano. Si ese diagnstico fuera certero, el
panorama hacia adelante no nos resulta auspicioso. Por ello conviene interpelar a
esa percepcin y a esta coyuntura desde una doble perspectiva. Cul es la alternativa a esta repblica conservadora trabajosamente construida en el Uruguay?
Qu chance le asigna este sistema histricamente legitimado a quien propugne
cambios sustanciales pero dentro del esquema democrtico? Es que los impulsos
transformadores que la sociedad uruguaya tambin ha demostrado poseer, pueden
encontrar su canalizacin en este pacto republicano de signo tradicional? O desde
la perspectiva inversa, nos pone a salvo dicho pacto de los arrebatos dictatoriales
de la ultraderecha?21
La cita refleja las incertidumbres de la poca, resumidas en la pregunta final. Pero adems
est planteado un problema que era muy pertinente en aquel momento: la conservacin de la
democracia implicaba sacrificar las expectativas de transformacin de la sociedad? Democracia y
cambio social aparecan como trminos antagnicos y los experimentos que pretendieran hacerlas
compatibles arriesgaban a resultados catastrficos: all estaban los ejemplos de la Unidad Popular
y de la Argentina del tercer peronismo. La experiencia del futuro para los uruguayos de 1987 evaluaba a la democracia como un rgimen esencialmente inestable sometido al acoso de enemigos
poderosos y jaqueada por la persistente crisis econmica. El valor que la sociedad adjudicaba a
la democracia reconquistada abra el espacio para una alternativa que inclua tambin una respuesta: la promocin de la poltica a una dimensin autnoma, diferente al status subordinado
a la economa que tena en los aos sesenta. La estrategia que se encuentra en el artculo parece
apuntar en esa direccin, proponiendo que la conservacin del sistema de partidos en su forma
actual es la nica opcin para la permanencia de la democracia. Entindase que esto no es un
capricho de los autores ni tampoco una opcin consciente, sino el ineludible efecto de realidad
que el presente del historiador ejerce sobre su esfuerzo de reconstruccin y su imaginacin (algo
que, me adelanto a decir, tambin resulta rastreable en este mismo comentario). Pero, sea dicho
en beneficio de los autores, algunos indicios refuerzan la impresin de que el tono del artculo
estaba muy en sintona con el estado de espritu de quienes por entonces ramos sus lectores; eso
explicara que pasaran desapercibidas algunas debilidades o incoherencias de la exposicin que ya
sealamos y que hoy se vuelven mucho ms visibles.
A ellas pueden agregarse algunas ms, que parecen integrar el repertorio de rechazos que
configuraban la identidad a fines de los ochenta. Desde este presente puede sealarse una omisin
importante en la enumeracin de las caractersticas que definen la centralidad y permanencia
de los partidos que tal vez no hubiera habido forma de hacer visible en aquel entonces: en la
lgica de esa centralidad debera existir alguna forma de mecanismo disciplinador de los cuadros
partidarios para hacer efectiva la aplicacin de las decisiones en la prctica poltica concreta. La
hiptesis de la centralidad de los partidos supone el permanente posicionamiento frente a renovadas demandas polticas, junto a la capacidad de funcionar como un grupo que haga valer el peso
del nmero en la toma de decisiones estatales. Comprensiblemente si se atiende la evidencia
poltica disponible no aparece mencionada esa disciplina partidaria tan ajena a la realidad de los
21 La partidocracia uruguaya, 60-61.
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Esta descripcin implica algunas dificultades que ponen en riesgo la validez de la hiptesis
que pretende fundamentar. No se entiende una centralidad de los partidos que termina siendo
instrumentada por un grupo social que tiene instancias de decisin que le son propias y que tiene
tambin la capacidad de actuar coordinadamente desde uno y otro de los partidos: con toda lgica
podra afirmarse entonces que la centralidad corresponde a las clases altas y no a los partidos
que slo les serviran de instrumentos. Adems, al llegar al final del prrafo surge otra pregunta:
qu sentido tiene la democracia poltica cuando las grandes mayoras de la ciudadana quedan
atrapadas en la telaraa tradicionalista y votan en contra de sus intereses?
Este descentramiento no ocurrira solo en la prctica poltica normal sino que tambin funcionara en el caso de las rupturas institucionales: En los conflictivos procesos que condujeron a
los golpes de Estado de 1933 y 1942, a pesar de la crisis previa de los partidos y del protagonismo
decisivo de otros actores, el rol protagnico lo siguieron jugando los partidos.23 Sin entrar a discriminar cmo se compatibiliza el rol protagnico de los partidos con el protagonismo decisivo
de otros actores, efectivamente como dicen los autores la historia de los golpes de Estado en el
siglo xx muestra que los partidos fueron decisivos en esas instancias (aunque hacen la discutible
salvedad del episodio de 1973). Pero ms all de que los partidos son los mediadores naturales
en cualquier intervencin que se produzca en el espacio poltico (y por lo tanto siempre tendrn
algn rol que desempear en el caso de golpes de Estado), corresponde sealar que ese protagonismo partidario ha tenido una caracterstica singular: siempre coexistieron los sectores de los
dos grandes partidos que apoyaron el golpe con los sectores de esos mismos partidos que lo resistieron. Por s misma, la intervencin de los partidos polticos en los golpes de Estado no parece
excepcional y es reconocida como caracterstica de las democracias modernas; como seala Linz,
avanzado el siglo pasado ya el asalto al poder protagonizado por un grupo social segn el modelo
22 La partidocracia uruguaya, 51-52.
23 La partidocracia uruguaya, 56.
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de Malaparte no apareca como algo posible. Lo llamativo del caso uruguayo es que los partidos
mayoritarios se dividieran en todos los golpes de Estado; y esto ocurre por lo menos desde el
golpe fundacional de febrero de 1898 hasta el de 1973 inclusive. Que se aluda al protagonismo
decisivo de otros actores y que siempre aparezca una lnea que fractura transversalmente a los dos
partidos tradicionales parece indicar que el impulso golpista ha provenido de fuera de los partidos
y que stos no han sido sus agentes, salvo que consideremos a los partidos como entidades capaces
de incluir simultneamente en su seno a tendencias absolutamente contradictorias.
24
Creo que la hiptesis de la centralidad partidaria resulta cuestionable por el manejo de las
herramientas analticas en estas situaciones especiales as como por la forma especfica de administrar un orden del tiempo que aparece como ya predeterminado. Pero ocurre que slo dos aos
despus ese orden temporal que el artculo daba por evidente y natural vari radicalmente. A poco
de la aparicin de La partidocracia se produjeron dos acontecimientos relevantes: en Europa,
la cada del muro de Berln y la desaparicin del bloque socialista, y pocas semanas despus en
Uruguay, la conquista de la Intendencia montevideana por el Frente Amplio. Los dos hechos ponan en crisis la percepcin de la realidad hasta entonces aceptada y modificaban profundamente
la construccin del futuro: para el caso de la historia universal, por ejemplo, alteraron los trminos
de la evolucin previsible y, como dira F. Furet con irona, desde entonces en el futuro del socialismo est el capitalismo. Tambin en la realidad de la poltica uruguaya el triunfo electoral del
Frente Amplio mostraba la consolidacin de un tercer protagonista hasta entonces excluido en
el campo de la poltica partidista. Ese es uno de esos momentos de crisis del tiempo [] cuando
pierden su evidencia las articulaciones del pasado, del presente y del futuro.25
Los acontecimientos de noviembre de 1989 alteraron drsticamente la temporalidad en tanto percepcin social y tambin como herramienta acadmica en el terreno de la historia. Esto
reclam con urgencia una profunda renegociacin de los recuerdos y los olvidos, lo que inclua
tambin al concepto de partidocracia y a su presentacin analtica tal como se realiz en 1987.
Algunos hechos que entonces parecan naturales dejaron de serlo, como la confusin entre partidos y partidos tradicionales o la caracterstica naturalmente conservadora del sistema; en
cambio quedaron a la vista otros aspectos que pareceran poco relevantes para la temporalidad
de aquel 1987 pero que hoy pueden verse como los heraldos de una transformacin profunda:
por ejemplo el novedoso talante negociador que desde la dictadura presida la relacin entre los
partidos tradicionales, que sustituy al estilo confrontacional que haba sido la caracterstica histrica y que resulta el prembulo de la poltica de coalicin que llevaran adelante en los noventa;
o el sorprendente crecimiento del Frente Amplio en las elecciones de 1984 que aparece como un
anticipo de su triunfo electoral en 1989. Tampoco hay ninguna pista en el texto que nos permita
advertir lo que ser el eclipse temporal de los partidos uruguayos en la dcada de los 90 y el auge
de los movimientos sociales que desarrollaron su capacidad de movilizacin y de propuesta al
margen y por fuera de los partidos. Ms an: tambin queda fuera de la vista la campaa por la recoleccin de firmas para la derogacin de la Ley de Caducidad, una iniciativa que se desarrollaba
mientras era escrito el artculo, que haba sido generada por los movimientos sociales y que en su
despliegue divida a los partidos tradicionales. Entendmonos, no se trata de cuestionar el artculo
porque desde el presente muestre carencias en su capacidad de previsin, sino que lo cuestionable
24 Juan Linz. La quiebra de las democracias (Madrid: Alianza, 1987), 103-104.
25 Franois Hartog. Rgimes dhistoricit. Prsentisme et expriences du temps (Francia: ditions du Seuil, 2003),
27.
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La utilidad de la partidocracia
Podra concluirse entonces que la combinacin de la presin del presente con el uso desprevenido de una herramienta de anlisis inadecuada, la larga duracin, actu como factor restrictivo
para la construccin de una nueva historia poltica y result decididamente inhibitorio para
percibir las ya visibles rupturas con el pasado. Ahora parece conveniente volver sobre el concepto originario y replantearlo en otros trminos: ha existido una partidocracia uruguaya? Los
anlisis realizados en el pasado pertenecen, claro, al momento en que se elaboran y al que tambin contribuyen a configurar, pero la forma como operan nos dice algo sobre nuestro presente.
Posiblemente la hiptesis de la centralidad de los partidos muestre mayor potencial para funcionar como una herramienta descriptiva, siempre que vuelva a su sentido originario de hiptesis,
es decir una afirmacin que la investigacin se encargar de confirmar o negar. La enunciacin
de esa hiptesis debe explicitarse con suficiente precisin como para que no sea compatible con
cualquier cosa, pero tambin con flexibilidad como para que pueda aplicarse a pocas y circunstancias diferentes. Tambin su demostracin debe incluirse en un contexto diferente del que se
plante originalmente; y esto no solamente porque hoy el orden del tiempo no acepta los mismos
rechazos que en el pasado (aunque ahora incluya otros) sino porque ya entonces los parmetros
tericos resultaban inapropiados para hacerlo viajar por el tiempo y as intervenir como una estructura explicativa til para la investigacin histrica. Para que eso ocurra habra que construir
alguna definicin del concepto partidos polticos que permita poner un umbral ms o menos
preciso a su operatividad cronolgica y establecer mecanismos que alerten la aparicin de fracturas y discontinuidades en la vigencia del concepto. Por otra parte, es til recordar la definicin
que Julliard manipulando una frase de Trotsky propona para historia poltica: la historia de
la intervencin consciente y voluntaria de los hombres en los terrenos en los que se deciden sus
destinos.26
Los enfoques estructuralistas no nos pueden llevar a desdear el potencial de transformacin social que tiene la actividad poltica; no olvidemos que es con este sentido de herramienta
transformadora que la invocamos cuando hablamos de polticas sociales, econmicas o culturales.
Debemos entonces reivindicar una historia que adjudique capacidad creadora a los agentes individuales o colectivos y donde sus decisiones incidan de alguna forma en la configuracin de su
realidad, redimindolos de las prisiones de larga duracin. Para referirnos a un caso concreto:
aceptemos que no es imaginable el batllismo si no se toma en cuenta la accin y la voluntad de
Jos Batlle y Ordez; y ajustemos los mecanismos de anlisis para apreciar en su justa medida
aquella capacidad de innovacin que por alguna razn y no por un espejismo sorprenda a sus
contemporneos y alarmaba a los conservadores. Esta lectura historizada parece cuestionar ms
26 J. Julliard, La poltica, 241.
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Una mirada que vuelque la atencin a aspectos individualizables y contingentes no necesariamente hace a la historia incompatible con la ciencia poltica. De esta pueden esperarse aportes
valiosos por lo menos en dos dimensiones: por un lado en la creacin de herramientas analticas
operables en los anlisis del pasado y, por otro, en el rescate de sus propios desarrollos y de las
aplicaciones que hicieron los agentes en pocas pasadas. Si bien es cierto que la institucionalizacin de la ciencia poltica es relativamente reciente en nuestro pas, la circulacin de obras de los
tericos polticos ha sido intensa y permanente desde mucho tiempo atrs. Para mencionar un
solo caso, es llamativa la variedad y actualidad de la bibliografa que manejaban los legisladores
que se encargaron de elaborar las leyes electorales en las primeras dcadas del siglo pasado. Los
problemas de la realidad poltica uruguaya no le eran exclusivos sino que estaban en la agenda
de los gobiernos y tambin de los acadmicos. Esa continua retroalimentacin ha configurado
las acciones de los agentes polticos proyectndolos en dimensiones que van ms all de la coyuntura inmediata, de la misma manera que ha permitido instalar las elaboraciones acadmicas
en un marco de realidades concretas. Correlativamente, las elaboraciones actuales de la ciencia
poltica pueden aportar elementos para reconfigurar interpretaciones del pasado que enriquezcan
la perspectiva; pero sin que eso signifique congelar la imagen buscando una descripcin ideal
inmutable.
En resumen, posiblemente la hiptesis partidocrtica funcionara con toda su energa si atiende a las rupturas ms que a las continuidades y si se define con precisin los factores de larga
duracin en los que se la enmarca as como las modalidades de transformacin que estos factores
han tenido. Podramos descubrir entonces en el pasado aquellos episodios partidocrticos en los
que los partidos tradicionales desplegaron plenamente su hegemona y aquellos en los que perdieron capacidad de propuesta y, de esa forma, tratar de comprender cmo se produce el cambio
de unos momentos a otros. Sin duda, la historia de los partidos como la de cualquier otra entidad
histrica incluye avances y retrocesos, transformaciones, eclipses y auroras; y en la bsqueda de
explicaciones todava quedan preguntas por responder.
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Bibliografa
Braudel, Fernand. El Mediterrneo y el mundo mediterrneo en la poca de Felipe ii Mxico: fce, 1953.
Caetano, Gerardo, Jos Rilla y Romeo Prez. La partidocracia uruguaya. Historia y teora de la centralidad de los
partidos polticos, Montevideo: Cuadernos del claeh 44, 1987.
Demasi, Carlos. Los partidos ms antiguos del mundo: el uso poltico del pasado uruguayo, Montevideo:
Encuentros Uruguayos 1, 2008. Disponible en: http://www.fhuce.edu.uy/academica/ceil-ceiu/ceiu/
REVISTA%20ENCUENTROS%20URUGUAYOS%202008.pdf
Hartog, Franois. Rgimes dhistoricit. Prsentisme et expriences du temps. Francia: ditions du Seuil, 2003.
Julliard, Jacques, La poltica, en Le Goff, Jacques y Pierre Nora, Hacer la historia, Vol. 2, Nuevos enfoques.
Barcelona: Laia, 1979.
Langlois, C.V. y C. Seignobos. Introduccin a los estudios histricos, Madrid: Daniel Jorro Editor, 1913.
Linz, Juan. La quiebra de las democracias, Madrid: Alianza, 1987.
Rial, Juan. A la bsqueda de una nueva alternativa para la democracia en el Uruguay (agosto 1983), en Partidos
polticos, democracia y autoritarismo, Tomo 1. Montevideo: ciedur-ebo, 1984.
Solari, Aldo. El proceso de redemocratizacin en el Uruguay, en Uruguay. Partidos polticos y sistema electoral.
Montevideo: fcu, 1991.
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Jos Rilla (jr): Nosotros no tenamos ningn espritu fundacional o refundacional, nos
aplicbamos a tomar nota de algo que estbamos observando en la poltica uruguaya de ese momento, que era un momento muy especial. A partir de esa observacin tenamos una necesidad
de recurrir a un examen tanto politolgico e histrico en la trayectoria de larga duracin, pero
no haba en nuestro nimo una idea de decir ac estamos fundando o refundando o haciendo
una reconsideracin radical de la historia poltica. Aunque luego, a medida que fue avanzando el
tiempo y fuimos recibiendo las interpelaciones y los comentarios, de repente camos en la cuenta
[de] que se trataba efectivamente de una hiptesis, que es lo que es. Es lo que era y es lo que es.
En ese sentido s poda aprecirsela como algo que iba ganando su carcter de innovacin, pero
no porque nos lo propusiramos.
-Ustedes aclaran que no estaba en sus intenciones generar un programa de investigacin en torno
a esas ideas, pero hay ciertas cuestiones vinculadas a preguntas para las que la historiografa no haba
dado una respuesta. En qu preguntas les pareca que se estaba fallando? Qu nuevas miradas eran
necesarias para plantear nuevas respuestas?
Juan E. Pivel Devoto, Historia de los partidos polticos en el Uruguay (Montevideo: Claudio Garca, 1942).
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Pero tambin en la segunda gran coleccin de [ Jos Pedro] Barrn y [Benjamn] Nahum,
Batlle, los estancieros y el Imperio Britnico,4 que era una coleccin en donde Barrn y Nahum desarrollaban una inflexin muy fuerte respecto a sus estudios de su primera coleccin (la Historia
rural del Uruguay moderno5), advertan la centralidad de la poltica. Es muy curioso cmo ellos
a lo largo de los ocho tomos varan tres veces de caracterizacin de su hiptesis central. En el
tomo I hablan de la autonoma del sistema poltico. En el tomo iii, en el que hacan el anlisis del
elenco batllista, hablan de la autonoma del Estado. Incluso alguien les haba acercado a [Nicos]
Poulantzas, al que citan. En los ltimos dos tomos, particularmente en el ltimo, que es sobre la
derrota del batllismo, hablan de la autonoma relativa de los partidos.
Entonces, nosotros estbamos impactados por el contexto, pero tambin dentro de un campo
de estudios donde la historia poltica era un poco el motor de impulso de la historiografa. Era
lgico que as lo fuera. El pas estaba recuperando la poltica. En aquellos momentos esa idea de
la recuperacin de la poltica nos llevaba a nosotros a hurgar en las mltiples implicaciones que
tena la afirmacin de la centralidad de la poltica, pero ms an, de la centralidad de los partidos
en la historia uruguaya.
Nosotros nos habamos formado junto a politlogos, a filsofos polticos. Entonces en aquella usina de ideas que era el claeh6 de la poca tenamos la posibilidad de una interlocucin
interdisciplinaria, que luego fue enriquecida por la interlocucin que tuvimos en el Instituto
de Ciencia Poltica de la Universidad.7 Pero creo que en ningn momento nos planteamos una
iniciativa fundacional o refundacional, ms bien lo que queramos era profundizar en torno a
las mltiples implicaciones tericas, metodolgicas, interpretativas, pero creamos realmente que
haba mucho ms.
-Cules eran los vnculos a nivel regional, los espacios de discusin que se daban en torno a estas
ideas? Estamos en un momento de las transiciones en que el retorno a la poltica, en el sentido que ustedes lo planteaban, es caracterstico de varios pases de Amrica del Sur y atraviesa a las ciencias sociales
de la regin. En el caso de Argentina es claro, Juan Carlos Portantiero, Jos Aric, que estn pensando en
un contexto que, con sus caractersticas, es muy similar.
Romeo Prez (rp): Desde luego estbamos al tanto de todo eso, incluso el Programa de investigacin en Historia del claeh ya haba organizado en los aos ochenta dos encuentros de historia
rioplatense, creo que en 1982 y 1985, que fueron muy ricos. All se intercomunicaron historiadores de Uruguay y Argentina, pero no slo historiadores. Yo particip del primero como oyente,
pero en el segundo Carlos Zubillaga, que era el principal organizador, me pidi que hiciera una
ponencia sobre la nocin de autonoma. El Programa de Historia del claeh haba tematizado la
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Jos Pedro Barrn y Benjamn Nahum, Batlle, los estancieros y el Imperio Britnico, 8 vols. (Montevideo: ebo,
1979-1987).
Jos Pedro Barrn y Benjamn Nahum, Historia rural del Uruguay moderno, 7 vols. (Montevideo: ebo,
1967-1979).
El Instituto de Ciencia Poltica naci en la Facultad de Derecho en 1985, actuando como sala de profesores. En 1991 se convirti en uno de los cinco departamentos acadmicos de la nueva Facultad de Ciencias
Sociales.
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poltica y al tematizarla haba acumulado una cantidad de investigaciones muy importantes, tanto
de Carlos Zubillaga, que haba creado el programa, como de los investigadores ms jvenes. Al
tematizar la poltica, fueron distancindose de los estructuralismos marxistas o no marxistas ms
rgidos. No lo veo tan claro en Argentina. Eso tambin ambienta el surgimiento de la hiptesis
de la centralidad de los partidos.
-Y cmo influyeron las lecturas de Carlos Real de Aza?
gc: Real de Aza fue una influencia muy importante por la lectura o la relectura muy intensa que nosotros hicimos de sus trabajos. Nosotros hicimos una relectura muy abierta y crtica.
Hay aspectos de su obra que no tombamos. Hay un antiliberalismo presente en su obra o una
filiacin, en la ltima etapa de su vida, cercana a la ciencia poltica norteamericana donde l se
deslumbr por el rational choice o los enfoques institucionalistas a nivel internacional, que nosotros no recogimos. Pero s lemos en profundidad El patriciado uruguayo,8 sus investigaciones
sobre el poder, sus trabajos inditos, sus escritos que aparecan dispersos, El impulso y su freno.9 Si
bien Real de Aza haba sido muy ledo, lo haba en esa clave de dispersin que tuvo que ver con
su obra. Tal vez en ese momento, por primera vez, pudo ser ledo en conjunto. Y a eso adems se
agregaban los textos inditos, que comenzaban a conocerse y nosotros a promover su publicacin.
Ms all de que en Real de Aza la complejidad terica de su acercamiento a la poltica era muy
vasta y, por otra parte, muchos de sus trabajos de los aos sesenta eran muy hijos de esa poca,
hay un tipo de abordaje de la poltica que tambin influy en nosotros. Hay un acercamiento a
la poltica otorgndole a sta una densidad propia, no buscando su mera explicacin como un
epifenmeno fruto de otros quehaceres, sino buscando a la poltica como un espejo ms complejo
del conjunto de la sociedad. Esa lectura fue muy importante y nos marc.
-Cmo podra desmenuzarse el trabajo interdisciplinario que en su enfoque involucra a la Historia
y la Ciencia Poltica? Cuando mencionan la novedosa preocupacin por la poltica, por ejemplo, sostienen
que la Historia trata de responder a las preguntas que surgen de las otras ciencias sociales.
jr: Nosotros no hacamos una distincin, y creo que no la hacemos todava, entre Historia,
Ciencia Poltica, Filosofa Poltica, Economa, aunque obviamente hay planos distintos. Est el
objeto, est la cuestin, est la poltica, est el Uruguay que va saliendo de una situacin de dictadura y que nos hace preguntar cosas capaz que demasiado bsicas o elementales, como por
qu tenemos esta propensin a la restauracin? Por qu en el ao 84 u 85 el esquema polticopartidario uruguayo prcticamente es el mismo que haba en 1971 o 1973? Es una poltica rara,
poco comparable con la argentina, con la brasilea, con las polticas de Europa, donde adems el
trmino partidocentrismo y sobre todo partidocracia tena mala prensa.
No nos importaba tanto quin pona y qu pona cada uno, en trminos disciplinarios. Creo
que el dilogo de la Ciencia Poltica con la Historia, mirado desde la Historia, nos permita
formularnos algunas preguntas que de otro modo no nos habramos formulado. Eso tiene que
ver con la Ciencia Poltica cultivada en esos aos, tiene que ver con el claeh y, hablo desde la
Historia y de nosotros como historiadores, tiene mucho que ver con el dilogo que establecamos
con Romeo [Prez].
Y vuelvo al presente de esa poca: por qu la restauracin de la poltica uruguaya? El hecho de que nosotros intentramos responder a esa pregunta de por qu sta es una poltica de
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permanencias, de continuidades y donde lo partidario es central, no ha sido muy bien interpretado despus. Fue interpretado como una especie de normalizacin o de elogio de una situacin de
hecho, cuando en realidad lo que tratbamos de hacer era buscar en el pasado, con algunas preguntas que nos venan de la Historia y otras que la Historia no nos responda. Porque la Historia
no vena de un momento poltico-cntrico, la Historia en el Uruguay vena de un momento
socio-cntrico, econmico-cntrico. Haba que remontar esa cuesta, a mi criterio. No nos daba
para entender la manera cmo eran interpretados en los aos sesenta, setenta, los fenmenos de
agregacin poltica, de socializacin poltica, de lealtad poltica. Todo eso vena muy impregnado
por un enfoque socio-cntrico, econmico-cntrico, para decirlo medio rpido. Y las perplejidades de aquel presente no nos permitan encontrar una explicacin. Entonces haba que recurrir
a las preguntas que venan muchas veces de la politologa o de las ciencias polticas y de la vieja
historia, ms que de la nueva historia que tanto nos haba ayudado. Yo no me haba formado para
estudiar la poltica, nuestra formacin no vena por ah, sin embargo el presente a todos nosotros
nos influy mucho.
rp: Hay ah un rasgo epistemolgico del lugar donde estbamos investigando. La tradicin a
la que pertenece el claeh est muy marcada por el acceso a lo concreto. Es una tradicin dentro
de disciplinas cientficas, pero con un referente que se procura asimilar en su integridad, y de ah
el fuerte impulso hacia lo interdisciplinario. No hubo subordinacin de la Historia a la Ciencia
Poltica ni a la inversa. La Ciencia Poltica no era en ese momento muy subordinante porque
estaba en una etapa primaria y cuando se asociaba a la Historia, cuando realizaba preguntas que
llegaban a las dos disciplinas tambin se transformaba en sus categoras de anlisis, o por lo menos en variantes de las categoras de anlisis. Hubo un cambio para la Historia, s, pero tambin
para la Ciencia Poltica.
Como observador vea cmo en el programa de historia del claeh se producan novedades
epistemolgicas importantes. Por ejemplo, la recuperacin de la narrativa histrica y la validacin
del armado de relatos, de narraciones, de sucesiones. Vea que gente que haba recibido influencias
importantsimas de Barrn, de Nahum, de Zubillaga, se independizaban de esos grandes historiadores e iban logrando sus temticas y sus cuadros analticos. Tambin nos ayud a todos Real
de Aza, que es considerado fundador de la Ciencia Poltica pero que tambin peg muy fuente
en la Historia.
gc: Ah hay cosas que subrayara. Primero, el clima acadmico era muy propicio para transitar entre fronteras de disciplinas mucho ms abiertas. Por eso la relectura de Real de Aza nos
resultaba tan apasionante, porque era un fronterizo, era un hombre que estaba en los resquicios
de varias disciplinas, no slo vinculadas a las Ciencias Sociales. No era un hombre que haba
interpelado a la Historia o la Ciencia Poltica. Vena de la crtica literaria, transit por el campo
de las relaciones internacionales, trabaj fuertemente en esttica. Era un hombre universal. En un
contexto en donde las escuelas y disciplinas estaban en entredicho y lo que queramos estudiar
nos devolva la interpelacin de preguntas que no caban en una nica disciplina, o para las que
una disciplina deba recurrir a otras, un autor como Real de Aza era muy importante. En ese
sentido no haba pretensiones hegemnicas, primero por lo que ha dicho Romeo, pero despus
porque para nosotros hablar de la Historia y las ciencias auxiliares era cmico. En eso ayud
mucho el claeh y algunas interlocuciones.
Tambin rescato la interlocucin de Barrn, su extraordinaria apertura en mltiples aspectos, entre ellos la interdisciplina. Barrn combinaba de manera muy sabia el cultivo de un oficio
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historiogrfico muy tradicional, en el mejor de los sentidos, con una enorme apertura y una gran
curiosidad por registrar otros saberes. Esto, por ejemplo, le permiti una apertura al psicoanlisis.
Otro elemento que sealaba Rilla es que fuimos absolutamente conscientes en que emplear la
palabra partidocracia iba a implicar un problema. La partidocracia como concepto era peyorativa.
Sobre todo en Italia y en Francia la partidocracia era la crtica al agobio de los partidos. Recuerdo
que Lus Eduardo Gonzlez ms de una vez nos dijo que coincida con la hiptesis, pero no con
el nombre.
Otro elemento muy importante es que en ningn momento la idea de la partidocracia, de la
centralidad de los partidos, tena un rol legitimador del statu quo poltico. Nosotros no creamos
que la poltica uruguaya era la mejor del mundo, queramos explicar la poltica uruguaya. Afirmar
la centralidad de los partidos no era decir que la poltica uruguaya era perfecta. Ni siquiera era decir que los partidos uruguayos eran perfectos. ramos fuertes crticos de los partidos. Al afirmar
la centralidad de los partidos tampoco estbamos compitiendo con la relevancia de otros actores,
por el contrario, nosotros estudiamos otros actores. De las primeras investigaciones que hice en
Historia trabaj las cmaras empresariales y los tomos de la Agona del reformismo10 tienen que ver
con el peso de las cmaras empresariales en la poltica uruguaya de las primeras tres dcadas del
siglo xx. Orestes Santos, un dirigente herrerista en el ao 1929, en pleno congreso rural, dijo que
nadie que entienda la psicologa del Uruguay podr decir que se puede hacer algo sin los partidos
y mucho menos contra los partidos. Y lo deca alguien que era un dirigente herrerista de quinta
fila pero era un dirigente ruralista de primera fila. Y junto a eso la idea, que es una idea muy curiosa que ha surgido en este ltimo tiempo y es que quienes reivindican una idea ms republicana
de la democracia, con ms participacin, han tendido ha configurar una suerte de contraposicin
entre democracia y partidocracia. Lo cual entra en el delirio.
Esa contraposicin entre democracia y partidocracia realmente nunca se nos hubiera ocurrido, mucho menos desde la perspectiva de una democracia participativa, de una democracia
con articulacin entre los partidos y los actores sociales, de una democracia donde las mallas
de la representacin no fueran solamente ciudadanas sino que tuvieran vnculos con actores sociales. Nunca se nos hubiera ocurrido que en el debate poltico se confrontara democracia con
partidocracia. Y sin embargo veinticinco o veintisis aos despus, un actor poltico lo ha hecho
o algunos actores polticos lo han hecho, lo cual no deja de sorprender pero tambin no deja de
decir que una hiptesis que de eso se trata una vez que se establece o se registra, alcanza una
vida propia. Y est bien que as sea. Si esa hiptesis an mal entendida ayuda a responder preguntas con vigor o ayuda a generar debates cumpli su papel. Porque siempre nosotros destacbamos
a [Fernand] Braudel que deca que las hiptesis son como barcos que sirven para navegar, y el
momento ms significativo es el naufragio.
-Algo que nos llamaba la atencin es que ustedes hablan de partidos, bandos para el siglo xix, pero en
ningn momento definen qu es un partido, de repente entienden que est implcito en el desarrollo del
texto o fue una opcin la de no hacer una definicin.
rp: En una parte de la explicacin hay que reconocer eso. No tenamos muy claro todo lo
que implicaba esa afirmacin de la capacidad gobernante de los partidos, o por lo menos de esos
partidos que estaban ah. Y no nos metimos en la definicin. Tampoco recuerdo que hayamos
10 Gerardo Caetano, La agona del reformismo. La consolidacin de los sectores conservadores (1916-1925)
(Montevideo: claeh, 1983).
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discutido si haba que definirlos o no. Lo que nos interesaba era hipotetizar la capacidad gobernante de los partidos uruguayos. Creo que la hiptesis en algn momento va a naufragar porque
surgirn otras mejores, pero ha servido para navegar un poco hasta ahora porque la hicimos suficientemente abstracta. Tenamos claro que no estbamos hablando de Partido Colorado, Partido
Nacional o Frente Amplio, sino de la forma partido poltico y de una democracia de partidos gobernantes, que estaba realizada en la experiencia uruguaya, pero era una experiencia abierta hacia
el futuro. Y efectivamente en el futuro la configuracin del sistema cambi muchsimo. Cuando
escribimos eso el Frente Amplio tena el veinte por ciento del electorado. Hoy ha tenido mayora
parlamentaria absoluta en las ltimas elecciones. Pero en ese aspecto la hiptesis sobrevive. Si se
reconoce la naturaleza partidaria al Frente Amplio, no ha cambiado el gobierno de los partidos,
han cambiado los partidos en el gobierno.
Ahora, por qu no lo definimos? Porque nos interesaba afirmar otra cosa y el referente apareca poco discutido, poco cuestionado. Y tambin hay que decirlo, porque no tenamos demasiada
claridad o no tenamos una definicin que agregara algo a las existentes o que pensramos que
agregaba algo o por lo menos que deca mejor que otros modos de expresarse lo que se saba sobre
la naturaleza de los partidos. Adems, no s si hoy Pepe [ Jos Rilla], Gerardo [Caetano] y yo definimos de la misma forma a los partidos polticos. Pero en ese momento nos alcanz con dejar la
definicin implcita o simplemente referida a algunos actores poco cuestionados en su naturaleza.
Y ms bien entonces centrarnos en su capacidad de gobernantes y de ah lo de partido-centrismo.
jr: Ahora que lo pienso, hay una definicin implcita al haber aceptado que partidos eran
aquellos que a s mismos se decan y se comportaban como partidos. Al haber ido a esos grandes
agregados, no ingresando en la discusin de su naturaleza, que era una discusin muy vieja en el
pas. Porque se puede discutir, como se discuti en el siglo xix, si estos eran o no partidos, si eran
agrupaciones coyunturales, si eran oportunismos que se coagulaban en los momentos electorales
pero luego volvan a la dispersin, al multipartidismo cotidiano, como en algn momento nosotros llegamos a pensar, eso de que haba en el Uruguay una especie de bipartidismo electoral y un
multipartidismo inter-electoral. De algn modo, volver a colocar a los partidos como actores centrales supona reconocerlos como tales, como ellos se presentaban. Creerles lo que de s mismos
decan. No ciegamente, pero partir de esa base como dato. Era tomar una posicin en esa vieja
discusin respecto a quines son y quines no son partidos. Desde aquellos que en el siglo xix
discutan que los tradicionales fueran o no partidos, pasando por los socialistas que hablaban despectivamente de la poltica criolla. Y despus todas las variantes de los partidos de izquierda que
decan estos no son partidos. Y los partidos tradicionales que refirindose al nuevo actor Frente
Amplio se referan despectivamente como un rejunte o una colcha de retazos. Todo ello era una
forma de cuestionar histricamente, en el largo plazo, al actor partidario, que de todas formas se
comportaba como tal en los momentos cruciales, en las encrucijadas de decisin importante del
pas, en las instancias electorales, por cierto, pero tambin en las instancias de gobierno, que era
lo que nos interesaba y lo que falta por estudiar. Creo que a esta hiptesis le falta mucho trabajo
de hormiga de historiadores y politlogos. Hay que remangarse y para desafiarla hay que meterle.
-S, incluso ustedes sealan en el texto que la partidocracia se asienta en el funcionamiento cotidiano
de los partidos. Ese funcionamiento cotidiano sera uno de los aspectos a estudiar. Es decir, cules son las
caractersticas cotidianas que llevan a que el pas tenga este sistema?
gc: Esa es una pregunta que form parte de nuestra preocupacin terica. Nosotros tenamos una preocupacin terica. Y eso era algo nuevo en la Historia. Porque los historiadores, en
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general, desconfiaban mucho de la teora como algo propio de otras ciencias y crean que el historiador era otra cosa. Si bien decan que haba una teora, no haba que empezar desde ella sino
con el hecho y desde el hecho. Nosotros tenamos una vocacin terica fuerte, pero muy abierta.
Practicbamos deliberadamente un eclecticismo no vergonzante. Y eso t lo ves cuando repasas
los textos, incluso el texto de la partidocracia, por ejemplo.
Para lo que nosotros queramos hacer disponamos de una amplia batera de las definiciones
tradicionales de lo que era un partido pero, sin embargo, para lo que queramos hacer, esa no era
una discusin particularmente relevante. Nosotros pensamos que para lo que queramos hacer,
para lo que queramos reflexionar, en clave de abstraccin, no lo era. Que dos historiadores y un
politlogo hicieran un texto conjunto de carcter tan abstracto, era casi una desmesura o una
transgresin. Y nosotros eso lo hacamos en forma muy deliberada, muy consciente. En aquellos momentos nosotros participbamos mucho en seminarios y debates con los argentinos y
entre ellos haba un debate muy fuerte, y all s haba luchas hegemnicas, como siempre [risas],
en donde queran destruir al adversario. Y haba un grupo, que era el grupo hegemnico hasta
hoy que hablaba del retorno a la Historia. Qu era ese retorno? Volver a la Historia, alguno
ha dicho al arranque, con los aggiornamientos propios de la poca pero dejando de lado todo
aquello que invadiera desde las ciencias sociales. Nosotros no participbamos de eso, an cuando
participbamos de la recuperacin de la dimensin narrativa de la historia. Nosotros nos afirmbamos como historiadores pero con una perspectiva de teorizacin muy amplia, un eclecticismo
no vergonzante. Es muy interesante ver los textos nuestros de aquella poca. Nosotros utilizbamos categoras propias y lo hacamos de forma consciente. No queramos pertenecer a una
escuela terica. Queramos teorizar con libertad para contestar preguntas. Nos interesaban ms
las preguntas que la construccin de una escuela terica. Y creo que eso tiene mucho que ver con
la partidocracia. Recuerdo que cuando trabajbamos el siglo xix estaba el viejo tema de cuando
nacen los partidos. Entonces nosotros habamos creado la palabra, el concepto de los protopartidos. Y trabajbamos mucho desde all. Haba debates muy significativos. Uno de ellos, por
ejemplo, enfrentaba a quienes sealaban que la Guerra Grande era el gran conflicto que nutri
por primera vez de densidad poltica, programtica e ideolgica a los partidos o quienes sostenan,
como planteaba la intuicin de Pivel, que los partidos ya venan de la ltima etapa de la Colonia.
Por eso la Historia de los Partidos Polticos la empieza en 1811. Despus no lo termin de resolver,
pero ya estaba esa intuicin. Nosotros le criticbamos a Pivel eso mismo, que l no haba definido
qu consideraba partidos. Hablaba de bandos, banderas, agrupaciones.
Sin embargo, yo me acuerdo que Pancho Aric se rea. Nos deca me gusta todo eso pero
hay algo que me rechina, qu es esto de los protopartidos?. Pero claro, cuando uno no puede
terminar de definir el origen, encuentra un atajo. Sin embargo, en ese atajo estaba esta idea de
recoger la referencia de los actores, darle dignidad a lo que los actores decan de s mismos. Eso
nos daba mucho rdito. Ninguno de nosotros entonces saba lo que era la historia conceptual,
despus comenzamos a llegar a la hermenutica y ah discutamos a [Hans-Georg] Gadamer,
entre otros. Pero los historiadores conceptuales parten de eso. Antes de tomar una definicin,
registran los usos pblicos del lenguaje poltico y cmo los trminos se transforman en conceptos a partir de lo que los actores hacen o no hacen. Nosotros lo hacamos de una manera muy
artesanal pero realmente nos sirvi. Romeo, en un artculo de la poca, habla de la concreta
instauracin de la democracia uruguaya identificando cuatro conflictos articuladores, dos de los
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cuales estaban en el siglo xix y el primero de ellos era precisamente la temprana consolidacin de
formas protopartidarias...
Para aprender la poltica uruguaya haba que estudiar el siglo xix, porque en el siglo xix se
fundaban dos elementos constitutivos de la poltica uruguaya de todos los tiempos, de la cultura
poltica. Uno era la consolidacin temprana de formas partidarias, la prevalencia de todo un concepto de asociacin poltica donde los partidos eran actores colectivos fundamentales. Y el otro
era la otra idea de la coparticipacin de los partidos en el cumplimiento de tareas propiamente de
gobierno. Eran dos elementos que no nacan en el siglo xx, que venan de atrs y que se cruzaban
mucho con la relectura de Real de Aza. Que estaban all y que permitan una reinterpretacin de
la poltica uruguaya. Por eso nosotros teorizamos con mayor libertad. Tal vez la categora poltica
ms resistente a una definicin conceptual sea la de partido. Imaginate que partido se ha llamado al Hezbollah libans, al Partido del Congreso hind, al apra peruano, al Partido Colorado
uruguayo. Y an hoy, por ejemplo Isidoro Cherescky, en un libro muy significativo sobre la poltica argentina, habla de la poltica despus de los partidos, como se titula su libro de manera
muy grfica.11 Claro, porque en Argentina, cul es el partido peronista? Peronistas hubo prcticamente en cuatro o cinco de las agrupaciones que compitieron en las ltimas elecciones. Cul es
la Unin Cvica Radical? Hay una configuracin, pero hay radicales en todos los partidos.
jr: En todo caso yo dira que hay dos planos de aquella indagacin. En eso estaba mucho el
claeh y estbamos nosotros. Buscar la especificidad de la poltica y de lo poltico. Lo poltico
como una arena especfica de productividad esencial. As lo defina Carlos Pareja. La poltica
tiene una productividad esencial, no es reductible a otra dimensin.
En una entrevista de esta naturaleza uno se equivoca mucho. Empieza a recordar aquello que
haba olvidado. A m ahora me vuelve aquella idea de la poltica, de lo poltico, de la centralidad
de lo poltico. Antes que los partidos, estaba la poltica. De algn modo plantear eso era desde
el campo de la Historia, no s si desde la Ciencia Poltica que era ms joven, era una apuesta
fuertemente revisionista, sacndole al trmino si quieren (si no quieren no, yo no se las saco)
las connotaciones concretas de aquella corriente historiogrfica. Pero era una manera de revisar
aquella historia hasta el momento aceptada. Qu la atrapaba como centro? Creo que eso, la centralidad de la poltica. Que era algo que queramos en el presente, que estbamos viviendo en el
presente y que buscbamos en el pasado. Se poda decir que estbamos demasiado influidos por
el drama del presente que el pas estaba viviendo. Era un reproche que andaba por ah.
Para poner a prueba en un nivel intermedio la hiptesis haba que, usando la metfora, largar
el barquito al mar a ver qu le pasaba. Someterlo a prueba, ver si es verdad que son el centro de
decisin, que son el motor, el cerebro, los portadores de relatos centrales. Y el barquito se iba salvando. Incluso en una segunda etapa la sometimos a la coyuntura ms reciente. En aquel texto de
esta casa, del Instituto de Ciencia Poltica, Los partidos polticos de cara al 90, nosotros escribimos
11 Isidoro Cheresky, La poltica despus de los partidos (Buenos Aires: Prometeo, 2006).
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gc: Y mucho ms la microrreforma,13 que era respaldada por todos los candidatos a la presidencia y que no sali.
-De hecho cuando discutamos el texto una de las cosas que veamos es que, por lo menos hasta el 95,
hay una sociedad que se moviliza por fuera de los partidos de la que parten iniciativas polticas
jr: O al revs. Por qu la campaa del voto verde estuvo trancada hasta que los partidos
o sus grupos se volcaron a la militancia? Eso quera decir algo. Por lo menos en la lnea de la
interpretacin.
gc: Fijate este elemento: el partido poltico ms fuerte en Uruguay no se llama a s mismo
partido poltico. Los dirigentes del Frente Amplio hablan de la fuerza poltica, lo cual es un
eufemismo muy curioso y muy significativo, no hablar de partido.
jr: Pero tiene dos partidos adentro. Dos partidos, partidos.
gc: Pero dos partidos adentro que si hoy saliesen con seguridad tendran grandes dificultades
para seguir sindolo. Efectivamente hoy, en Amrica Latina y en el mundo, los partidos estn desafiados por un huracn. Pensemos dentro del continente: el bipartidismo venezolano. Pensemos
en el apra peruano. Despus de estar en el gobierno con Alan Garca no llega a marcar en las encuestas como para presentar un candidato. Pensemos en los partidos italianos, en la Democracia
Cristiana, en el Partido Comunista Italiano, en su implosin, incluso pensemos en la construccin de nuevos actores o nuevas identidades que podran ser llamadas como partidos, pensemos
en la coalicin de El Olivo o Casa de la Libertad. Y ni que hablar de lo que ha pasado en la
Argentina, el Frente por la Victoria, el justicialismo federal.
-O los presidentes que han llegado sin partido. Rafael Correa lleg sin representacin parlamentaria
gc: O el caso de Evo Morales. Hay un discurso donde se seala que el mas [Movimiento Al
Socialismo] es un movimiento de movimientos sociales y donde se plantea, en un determinado
momento, dejar de ser eso para ser un partido de movimientos sociales, y no lo logra. Y hoy en
el discurso est el problema no hemos logrado ser un partido de los movimientos sociales; o las
transformaciones del chavismo, del Movimiento Quinta Repblica y su conversin en Partido
Socialista Unificado de Venezuela.
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rp: que sali en el ao 97 o 98. Eso es un desarrollo. Una parte de lo que habra que seguir
haciendo. Aplicar, confrontar la hiptesis con evidencia emprica. Ese artculo dice mucho y
sugiere muchsimo.
-Cmo sera desafiado el modelo por la llegada de la izquierda al gobierno? Qu cosas han cambiado o variado? Pensamos por ejemplo en la apertura de instancias para la participacin poltica a actores
sociales, por ejemplo en el tema del gobierno de la educacin o en la salud... cmo eso genera tensiones al
modelo de la partidocracia?
gc: Yo creo que forma parte de uno de los debates que la izquierda tiene adentro de s misma.
La izquierda tiene grandes dificultades para afirmar su condicin de partido. Hoy tiene instalado
un debate muy fuerte respecto a su conceptualizacin de la democracia. Esto se traduce en cosas
muy especficas. Por ejemplo, en cuanto al gobierno de la enseanza, dentro de la izquierda hay
quienes sostienen que tiene que ser ejercido por docentes elegidos por los propios docentes y hay
quienes sostienen que eso sera un gravsimo error y que hay que retomar la centralidad poltica, es decir, la centralidad de los partidos en el gobierno de la educacin. Hay experiencias ms
complejas, como la de la incorporacin de los actores sociales en el bps, que es una experiencia
virtuosa. No es algo que est desafiando la centralidad de la poltica.
Por otra parte, la ltima Ley de Enseanza es una ley que tuvo sus debates, pero uno dira
que los problemas de la enseanza bsicamente no estn all. En el gobierno anterior los cinco
miembros del codicen eran nombrados por el Frente Amplio. En estos ltimos das hemos
visto una discusin muy sorprendente, que es acerca de la coparticipacin. En el texto nosotros
manejbamos la idea de que la coparticipacin no era slo una coparticipacin en el gobierno
14 Relaciones interpartidarias y gestin de gobierno en el Uruguay 1942-1973, Revista Uruguaya de Ciencia
Poltica 8 (1995), 15-33
15 Gerardo Caetano y Jos Rilla, El gobierno como cogobierno. Despliegues y repliegues de la partidocracia
uruguaya, 1942-1973, en Jorge Lanzaro (Coordinador) La segunda transicin en Uruguay. Gobiernos y partidos
en un tiempo de reforma (Montevideo: Instituto de Ciencia Poltica, 2000).
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sino tambin en el Estado. Y no slo como una concesin graciosa de los gobiernos, sino como
el reconocimiento de la necesidad de que los representantes partidarios tuvieran un lugar. Eso
fue un reclamo histrico de la izquierda durante veinte aos. El gobierno que logra eso es el de
[ Jos] Mjica. Su discurso inaugural es de una afirmacin de centralidad partidaria enorme. l
dice: yo concibo al gobierno como la generacin de las condiciones para gobernar. Y cules son
esas condiciones? El establecimiento de la posibilidad de pactar entre partidos diferentes. l dice
que no hay que estar de acuerdo en todas las cosas, que hay cuatro o cinco cosas solamente en las
que los partidos tienen que estar de acuerdo. Y sin embargo ahora, en medio de una exacerbacin
de la disputa poltica, tenemos a varios senadores del gobierno, en primer lugar Luca Topolansky
que dice que si la oposicin est tan enojada con el gobierno que se vaya. Lo cual es retomar la
doctrina que durante veinte aos margin al Frente Amplio de la integracin de los entes autnomos, an cuando era el principal partido. La izquierda tiene instalada all una gran confusin.
Yo dira que no tiene un pensamiento consistente respecto a esto. Es muy claro que hay visiones
muy contradictorias.
jr: Ac ya entramos en un terreno mucho ms opinable, pero tengo la impresin de que de
los aos que lleva de gobierno el Frente Amplio, ni para s mismo ni para el pas ha significado
una contestacin demasiado fuerte, ni por asomo, a la idea de la centralidad de los partidos. An
con todas las incorporaciones conceptuales y concretas que hacen alusin a esa tradicin tan
societaria que tiene el Frente Amplio. Eso de que hay que incorporar a los actores sociales o
los actores involucrados, eso de lo que siempre habla la izquierda y que es una especie de clich
pero, al final, cuando hay que tomar las decisiones, se vuelve a imponer, a su manera, la lgica
partidaria. An es verdad en este gobierno, que est apoyado sobre un ensamblaje medio extrao
entre los tupamaros y el MPP, que no son un partido, y el Partido Comunista, que s es uno de
los partidos ms antiguos que tiene el Frente Amplio. A pesar de esa tensin, que a veces lleva a
la parlisis, entre las bases, los comits, los congresos y las asambleas, creo que el actor partidario
termina definiendo el juego, e incluso esto lo digo como expectativa. Hay como una expectativa
eminentemente partidaria acerca de quin nos puede sacar de este aparente empate o pantano
en que puede estar el gobierno: Tabar Vzquez. Y eso remite otra vez a alguien que es capaz de
congregar a la tribu bajo la forma de partido. No creo que haya cambiado demasiado el paradigma
de la centralidad de los partidos.
Creo que habra que escribir un captulo, que yo no sabra cmo escribir pero que habra que
hacer, acerca de cmo esta hiptesis devino, para muchos, en una especie de elogio de la poltica
tradicional, colorada y blanca. Cmo pas eso? Cmo se instal esa idea de que es una hiptesis
convalidante de un estado de cosas? Se podra probar demoledoramente de que no es as, pero eso
est instalado, asociado de manera muy fuerte a la hiptesis, aunque no est en su versin original
ni mucho menos. Creo que es un objeto interesante desde el punto de vista historiogrfico.
Sin embargo, algo que le peg muy duramente a la idea fue la reforma constitucional de
1996. Habra que explicarla, con mayor abundamiento, como una objecin radical a la poltica
tradicional del Uruguay y un cambio en todos sus parmetros, pero ha pasado prcticamente desapercibida por quienes han observado la vida de la hiptesis. Mi idea es que en los gobiernos del
Frente Amplio no se han afectado demasiado los parmetros de funcionamiento de la hiptesis.
Sin embargo, la reforma constitucional, institucional, electoral, con implicaciones en el sistema de
partidos, eso es muy fuerte y no ha merecido una consideracin.
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-Tal vez el hecho de que la hiptesis haya sido vista como una teora convalidante tenga que ver
con la afirmacin que hacen sobre el final del texto. Pensando en los desafos del progresismo uruguayo,
ustedes advierten sobre el peligro que puede significar para ese progresismo, el de 1987, pensar que la
repblica haba sido siempre la expresin del conservadorismo. Como que advierten del peligro de que
ese bipartidismo tradicional fuera visto como un sistema pura y exclusivamente conservador. El Frente
Amplio no era todava una actor poltico de tanto peso y no se saba qu iba a pasar con l, de hecho en esa
segunda mitad de la dcada de los ochenta va a sufrir quiebres que lo harn tambalear.
gc: Yo estoy de acuerdo en que ninguno de los dos gobiernos de la izquierda desafi, en trminos de balance, la centralidad partidaria. Habra que ver si los compaeros estn de acuerdo,
luego de la boutade del ltimo congreso de la una.16 Aqu hay un debate abierto dentro de la
izquierda. Insisto en esto por varias razones: primero, la izquierda sigue teniendo una enorme
dificultad para legitimar la negociacin interpartidaria. Hay quienes la conciben como una concesin, quienes la conciben como un retaceo del programa y quienes lo que diran es que hay que
evitar por todos los medios negociar con los otros partidos, porque hasta la palabra negociar es
una palabra con una carga peyorativa.
jr: Se parece bastante al Uruguay eso. No es slo del Frente Amplio, la idea de que el pacto
es malo.
gc: Se parece al Uruguay de los ltimos aos. Yo me acuerdo por ejemplo la discusin sobre
el pacto del Club Naval, donde Seregni deca no, pacto no: acuerdo. Los contenidos no importaban sino la palabra que los calificaba. Incluso en el modelo organizativo interno de la izquierda.
Un partido como el Frente Amplio, que ya no es un partido de militantes, es un partido que ha
convocado a ms de un milln de personas en el ballotage y en la primera vuelta a ms de novecientas mil personas, es un partido de ciudadanos. Y que le otorgue al congreso un poder tan
desmesurado, a un casco de militantes que con muchsimo viento a favor son un veinte por ciento
del caudal electoral, da cuenta de un problema de definicin poltica.
Esto yo creo que se ve tanto en lo que tiene que ver con su organizacin interna como en su
visin del sistema poltico uruguayo. En el programa del Frente Amplio est la convocatoria a
una convencin nacional constituyente. Cuando Juan Castillo empez su campaa electoral para
la presidencia del Frente Amplio yo pensaba que si alguien le quera poner una bomba atmica
al Frente Amplio en ese momento tendra que hablar de la reforma constitucional. Y ah vuelve
un poco eso de los zapallos que se acomodan en el carro. Porque esa propuesta, que estaba en el
programa, con la que se arranc la campaa, desapareci en una semana, porque es una propuesta
absolutamente inviable. Algo tan importante que el Frente Amplio todava no ha logrado, que es
ser actor constituyente, formar parte de un pacto constituyente, hoy, con las diferencias internas
que tiene respecto a la organizacin poltica, la organizacin de los partidos, sera absolutamente
imposible. En una convencin nacional constituyente, hoy, el principal desafiado sera el Frente
Amplio, no tengo la menor duda. Tendra enormes problemas. Los otros partidos tambin, pero
sobre todo el Frente Amplio.
Y en cuanto a qu hitos pusieron en entredicho la hiptesis, eso es muy interesante. Uno
podra ser la reforma constitucional del 96, otro podra ser el referndum del 2009 por la anulacin de la Ley de Caducidad, que se inici con toda la oposicin en contra pero adems contra
16 Se refiere al congreso de Unidad Nacional, realizado el 21/7/2012, en que se calific al gobierno del Frente
Amplio como un rgimen totalitario.
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la posicin manifiesta, explcita, del Presidente de la Repblica y de los sectores mayoritarios del
Frente Amplio. Recordemos que Mujica, inicialmente, dijo que no iba a firmar. Es un movimiento que se inicia contra todos los partidos, incluso contra la izquierda. Fue un sector muy menor
de la izquierda el que lo respald.
Todas las instancias de democracia directa son desafos a los partidos. El Uruguay tiene muy
tempranamente, desde la segunda Constitucin, una institucionalidad de democracia directa muy
fuerte. En los ltimos veinticinco aos ha sido un instrumento muy utilizado por la izquierda.
Curiosamente, hoy, lo que a mi juicio es el principal desafo de la oposicin, tal vez el nico, es una
iniciativa de reforma constitucional sobre el tema que ms preocupa a los uruguayos, que se va a
plebiscitar juntamente al acto electoral y en el cual, hasta hoy, las encuestas revelan un porcentaje
mayoritario de la ciudadana a favor, pero adems un porcentaje muy alto de los frenteamplistas
que tambin est a favor y desoye las afirmaciones de sus dirigentes.17 Ac siempre hay que recordar que ciudadana y opinin pblica no son lo mismo y que una cosa es lo que se dice en una
encuesta y otra es lo que se hace en el cuarto secreto.
Por otra parte, la izquierda, despus de todo lo que pas con la Ley de Caducidad, podr seguir recurriendo de manera tan permanente al referndum o al plebiscito entre sus instrumentos
de accin poltica? No va a ser igual.
rp: Yo creo que la experiencia de gobierno del Frente Amplio no ha cuestionado la hiptesis
por la va de la participacin de movimientos u organizaciones sociales en el Estado. Adems, no
es tan novedosa esa participacin tampoco. Ya haba experiencias previas, en el bps, en el viejo
sistema de asignaciones familiares y, sobre todo, en los Consejos de Salarios. Tambin en la enseanza secundaria, en el Consejo previo a las reformas de 1972, haba representantes del Poder
Ejecutivo pero tambin otros elegidos por los docentes.
gc: Ni que hablar en trminos de propuestas. En los aos veinte el batllismo tena entre sus
propuestas programticas, en su partido, la eleccin de todas las autoridades de la enseanza por
los docentes y tambin la eleccin directa de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. No
son temas que vinieron con el Frente Amplio.
Por otra parte, y en trminos de desafo, hay que decir que la partidocracia vive en el conflicto. No vive en el consenso. Y este ha sido otro tema de debate. Se ha dicho que la partidocracia
no poda alojar la interpretacin del conflicto. Muy por el contrario, yo creo que la centralidad
partidaria, en muchos de los momentos ms conflictivos de la vida del pas, ms polarizados, es
donde se ve ms exigida. Esta idea de la partidocracia como poltica del consenso, negadora del
conflicto, es equivocada.
rp: S, por ejemplo, las divisiones partidarias ocurren y han ocurrido histricamente, pero
no son o eran cosas de todos los das sino ms bien algo poco frecuente. Los partidos son ms
estables en su conflictividad, interna y con los otros partidos, de lo que suele suponerse. Yo creo
que ah, en el Uruguay de las dcadas del sesenta y setenta, conflicto interno era casi sinnimo
de declinacin partidaria, en los enfoques acadmicos y en la conviccin de los polticos. Hoy
estamos muy lejos de eso y a veces no nos acordamos. Cuando un partido entraba en conflicto
17 Se refiere a la propuesta impulsada originariamente por el sector mayoritario del Partido Colorado y
apoyada por el sector mayoritario del Partido Nacional, que, entre varias medidas, propone rebajar la edad de
imputabilidad penal a 16 aos. Las ms de 360.000 firmas recolectadas por estos sectores polticos , nucleados
en la Comisin Nacional por la seguridad-Para vivir en paz, habilitar un plebiscito sobre el particular, que se
desarrollar de forma conjunta a las elecciones presidenciales y legislativas del ao 2014.
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interno en seguida vena el pronstico: va a votar mal, se va a separar, etctera. No creo que slo
haya influido la hiptesis partidocntrica sino tambin muchos otros estudios, pero hoy sobre
todo la academia se volvi mucho ms cautelosa, a pesar de que de vez en cuando los partidos s
se dividen.
jr: A m me parece que la hiptesis funciona tambin dentro de un sistema cultural. Es decir,
de smbolos, seales, representaciones, narrativas. Todava le sigo viendo a la poltica de partidos
una centralidad muy fuerte en esta cosa de la significacin en el trato interpersonal. Me pas hace
unos das, por ejemplo, que una persona con la cual estaba hablando mientras esperaba para hacer
una transaccin, nos fuimos un poco de tema, nos fuimos a la poltica, y me lanz una expresin
aparentemente muy ingenua que yo no s si es bien propia del Uruguay y de esto de lo que estamos hablando. Me deca: nosotros somos del Frente. Y ah estaba diciendo mucha cosa este
seor. No estaba diciendo yo voto al Frente o nosotros votamos al Frente. En lo que deca hay
una cosa de pertenencia a una tradicin que est incorporada al lenguaje de la vida cotidiana. Me
podra pasar lo mismo con un blanco o un colorado.
Yo creo que esto se puede hundir no tanto si cambian las posiciones de los actores en el
tablero, sino el lugar que la poltica tiene en la convivencia y en el cultura. Ah si yo veo ms
posibilidades que el barco se hunda. Si la centralidad de la poltica y de lo poltico se modifica de
manera radical. Y es una de las posibilidades, si es que ya no estamos en eso. En aquel texto del 89
nosotros al final creo que decamos bueno, y qu pasa con las tecnologas?, cuando ni siquiera
barruntbamos la ms mnima seal de lo que estamos viviendo ahora.
gc: La poltica y el Twitter.
jr: S, esos otros espacios de sociabilidad, de intercambio que le cambian el lugar al actor y
los actores. Hoy, afirmacin uno: la poltica no se hace de la misma manera. Afirmacin dos: tal
vez no tenga el mismo lugar que tena en los setenta, en los ochenta, en los noventa o en el siglo
xix. Si eso fuera cierto, me parece que por ah podra empezar a sentirse un hundimiento de la
partidocracia en el sentido que nosotros la estbamos entendiendo, hacia dnde? no lo s. Es
decir, la veo ms amenazada por los fenmenos de la cultura y de la civilizacin en la que estamos
que por el funcionamiento de los actores y la lucha poltica. Justamente, en la medida en que siga
habiendo lucha poltica en su sentido ms tradicional, creo que la hiptesis sigue en pie.
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Colocados como una lupa sobre el tapiz variopinto de la generacin del 900, modifican el paisaje
que estbamos acostumbrados a mirar. La comparacin del pensamiento batllista con los presupuestos
de un republicanismo radical permiten observar
una asombrosa similitud, encajando dichos supuestos tericos a la contingencia histrica del perodo,
como si fuera un puzzle prediseado y en donde las
piezas calzan con particular facilidad. Posiblemente
la aplicacin de una matriz como la reseada por el
autor en los tericos del republicanismo, habilite a
una revisin de la interpretacin tradicional de los
avatares y la fundamentacin de las acciones polticas de los protagonistas, modificando los roles y
la valoracin de las influencias en el pensamiento
de la poca. Instituciones como los instrumentos
de democracia directa, el mandato imperativo de
los partidos polticos y otros, van construyendo el
sostn de las hiptesis propuestas por el autor. En
los captulos iv y v se desarrolla la idea de que la
primaca de lo pblico por sobre lo privado en el
discurso poltico no es solamente un debate entre
lites dirigentes, sino que constituye una pieza ms
en la conformacin de una cultura cvica, basada en
el compromiso y la integracin de los ciudadanos al
proyecto de pas que se pona en juego, impulsado
fundamentalmente por los partidos polticos; del
mismo modo, identificados los principios republicanos como fuertemente explicativos del pensamiento
del batllismo, tambin arroja luz sobre la alteridad
de la tradicin liberal mayormente presente en
los diferentes grupos de oposicin, proponiendo
el autor la presencia de una lgica dialctica de la
actividad poltica, sin hegemonas ni preeminencias, en donde la sntesis se constituye en algo as
como la conformacin de una cultura que denomina
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En resumen, se trata de un libro valioso por abordar temas y tiempos de escaso tratamiento desde la
historia y las ciencias sociales en Uruguay y que ojal
despierte la inquietud de quienes puedan avanzar en
un camino analtico que empiece a desbrozar un conjunto de problemas centrales para entender una etapa
clave de la historia local y global del siglo veinte.
Vania Markarian
Universidad de la Repblica
Bacevich fue oficial en el ejrcito estadounidense y como tal estuvo en servicio por muchos
aos en Alemania; sin embargo, segn narra en la
introduccin del libro, no fue hasta 1990, ya adulto, cuando conoci realmente la otra Alemania,
la que se encontraba por detrs del muro, y todas
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sus certezas, heredadas de lo que l llama las reglas o el consenso de Washington de la Guerra
Fra, se disolvieron. All comenz su reeducacin:
el viaje hacia la ex Repblica Democrtica Alemana
que realiz con fines autoeducativos junto a otros
ex compaeros de armas, fue el inicio del largo
camino que lo llev a escribir ste y otros libros,
como Los lmites del poder o El nuevo militarismo
norteamericano. Narrando esta experiencia, que
cambi radicalmente su visin de la poltica y las
relaciones exteriores estadounidenses, este profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la
Universidad de Boston, retirado del Ejrcito con el
rango de Coronel, nos introduce a la deconstruccin
del consenso que Washington logr construir tras la
Segunda Guerra Mundial. Diseccionar crticamente estas concepciones, abrazadas por el propio autor
durante dcadas, es la aventura que nos propone la
lectura de Las reglas de Washington.
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los intereses nacionales en tanto el complejo militar-industrial absorbe recursos que son escasos y
desastre medioambiental, entre otros. La solucin
tambin aparece esbozada: Estados Unidos debe
hacer regresar las tropas o, al menos, la mayor parte
de ellas, resignando ese autoasignado rol de gendarme planetario.
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donde resquebrajar los lugares comunes que legitiman el intervencionismo impulsado por
Washington parece una tarea ardua y compleja, pero
estas denuncias, para los pases que histricamente
sufrieron la avanzada imperialista, como los latinoamericanos, no parecen tan novedosas. S, quizs,
para alertar contra quienes tienen esperanzas en el
carcter menos intervencionista de los demcratas
frente a los republicanos. Bacevich, como en su momento plantearon Howard Zinn y algunos otros,
se preocupa por explicar que los lineamientos de la
poltica exterior de Washington, ms all de los matices, se mantuvieron durante las administraciones
demcratas y republicanas. Obama, por ejemplo,
no produjo el cambio esperado luego de la nefasta
poltica exterior de Bush, sin embargo, la crtica al
militarismo estadounidense debe ir ms all, en el
sentido de entender la lgica profunda de los intereses materiales que lo determinan. Por qu la gran
burguesa del pas del norte necesita sostener esa
poltica? En qu sentido la lucha por los mercados y recursos estratgicos es central para entender
el imperio del capital que conduce Washington?
Pueden efectivamente cambiar las reglas de
Washington sin un cambio ms amplio del sistema?
Estas interrogantes, creemos, deben abordarse para
profundizar las crticas planteadas por Bacevich.
Leandro Morgenfeld
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El mismo autor trata sobre la fotografa de aficionados, en el trnsito que va de las Sociedades de
Fotgrafos hacia el Pictorialismo. Refiere a las tensiones entre el amateurismo no profesional y los
ncleos de profesionales y artistas y al surgimiento de instituciones como la Sociedad Fotogrfica
de Aficionados (1884-1898) o el Foto Club de
Montevideo (1901-1917), que supieron contar con
miembros de la intelectualidad entre sus integrantes. Asimismo, estudia la relacin entre el desarrollo
de la industria y el mercado fotogrficos (la llegada
de la empresa Kodak en 1910, entre otros hechos)
con el proceso de masificacin y enseanza de la
fotografa.
Isabel Wschebor, por su parte, analiza los distintos perodos en el empleo de la fotografa dentro
del mbito cientfico, uso que estuvo teido por las
ideas del positivismo decimonnico: la extensin del
mtodo grfico, el pasaje de la fotografa como auxiliar de la observacin a la posibilidad de comunicar
y divulgar para ensear por la vista, la creacin de
sistemas de registro y la sistematizacin de tomas,
para concluir en la posibilidad de diagnosticar clnicamente a travs de las imgenes. En tanto eco
de prcticas corrientes de las burguesas en diversos
pases, refiere a la relacin entre medicina, poder y
fotografa como entramado para la legitimacin de
discursos morales e ideolgicos.
En el abordaje del vnculo entre fotografa e
informacin, Magdalena Broquetas indaga sobre la
nocin de documento grfico, trazando un recorrido que contempla los sucesivos modos de la relacin
de la fotografa con los medios grficos, ligados a
los continuos avances tcnicos de los sistemas de
impresin: el lazo con dibujantes y grabadores, la
reproduccin de piezas artsticas, la incorporacin
activa de los lectores con sus fotografas, el uso de
las fotografas antiguas para conocer el pasado, el
fotorreportaje, la primicia y la figura del reportero
grfico para, finalmente, sealar la incorporacin de
imgenes relativas al ocio, la cultura y el deporte en
la prensa masiva.
Broquetas y Bruno se ocupan conjuntamente
de la cuestin de la fotografa en su relacin con la
vigilancia y el control social: el registro de las ejecuciones (espectculo pblico del cual se vendan
luego las tomas), los archivos policiales de delincuentes y prostitutas, los reparos de los sectores
garantistas respecto de la divulgacin de inculpados
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en proceso, la puja entre los partidarios de los distintos mtodos (bertillonage y dactiloscopa) para
una mejor identificacin y clasificacin de la poblacin anormal y la extensin final de los sistemas
identificatorios a la totalidad de la poblacin para el
ejercicio de la ciudadana.
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documentales precisos terminan as por dotar al objeto de una saludable apariencia polidrica, a partir
de la cual ningn estudio que se emprenda sobre
el asunto en el futuro puede desdear. Cabe pensar entonces que es auspiciosa la vuelta del pndulo
hacia lo monogrfico, despus de varias dcadas de
historiografa de balance y dictamen, de testimonio y virtud, explicable y justificada, tal vez, pero ya
insuficiente.
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Su investigacin se estructura en base a una categora conceptual que el historiador define como
ideologa social. Esta se compone de ideas, prejuicios, categoras, percepciones y aspiraciones
subjetivas, de ah la importancia que adquiere en su
texto el anlisis de las prcticas sociales y del lenguaje de los militantes y que las fuentes a las que recurre
no sean slo los mltiples documentos partidarios,
sino tambin los testimonios orales (historias de
vida de militantes) y artculos de la prensa partidaria cuya temtica no es, precisamente, lo poltico.
En este ngulo y en el uso de estas fuentes radica,
justamente, una de las mayores originalidades de
Camaradas y compaeros.
La era Gmez resulta en muchos sentidos la
parte ms novedosa de esta investigacin. Leibner
narra detalladamente las distintas posiciones del
pcu frente a cada coyuntura histrica (dictadura de
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Algunas opciones del historiador tambin pudieron haber operado como obstculos, por ejemplo,
el uso de fuentes orales provenientes exclusivamente
de comunistas, la ausencia de una historia comparada del Partido uruguayo con sus pares italiano
y francs en la dcada del 60, la escasa relevancia
dada en esta segunda parte a la estrategia del
pcus y sus posibles implicancias en la lnea poltica
de los comunistas uruguayos.
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Organizado en torno a cinco captulos precedidos de una introduccin que los contextualiza y
seguidos de unas reflexiones finales que reposicionan
lo presentado en ellos, el libro parte de la hiptesis
general de que la poltica educativa dictatorial no
fue una totalidad coherente y homognea, salvo
en el plan represivo hacia los actores educativos, y
que hubo al interior de los espacios analizados una
multiplicidad de proyectos no exentos de conflictos.
La historiadora se adentra tanto en las trayectorias
como en los discursos de los actores analizados,
buscando relevar qu concepciones y articulaciones polticas sustentaban sus proyectos educativos y
cmo estos intentaron ponerlos en prctica en tres
mbitos centrales del Ministerio: el nivel primario,
el secundario y el rea de Cultura.
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A lo largo de los cuatro captulos de la tercera parte se estudia la crisis y divisin del psa, para
luego focalizarse en el breve itinerario del psa de
Vanguardia, que expres al sector que se haba concebido a s mismo como alternativa revolucionaria
dentro del socialismo reformista. Una vez ms, la
otra corriente que emerge de la divisin del psa
es dejada fuera del foco central del anlisis para
concentrarse en el socialismo de vanguardia.
Esto es as porque se trata de la vertiente del socialismo argentino que Tortti considera como la
expresin temprana de la nueva izquierda, la que
definindose como nacional y revolucionaria, y estando fuertemente conectada con e influida por la
experiencia cubana, se vio tensionada con igual intensidad por la sucesin de fracasos y desilusiones
en el persistente propsito de resolver la insoslayable cuestin peronista.
La autora justifica la pertinencia de este minucioso estudio en la enunciacin de una hiptesis
general a la que se aludi al comenzar esta resea:
las transformaciones operadas entre fines de los
aos cincuenta y comienzos de los aos sesenta habran sido el punto de partida de los procesos de
renovacin de la cultura poltica y de los elencos
dirigentes de la izquierda argentina que se prolongaron hasta mediados de los aos setenta. De all
se derivara la importancia de estudiar monogrficamente el origen de esos procesos en el perodo
comprendido aproximadamente entre 1955 y 1965,
lo que aqu se verifica para uno de los mltiples
vectores en que se fue fragmentando el socialismo
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argentino desde entonces. Probablemente aqu mismo est uno de los problemas que pueden objetarse
al trabajo: el hecho de que siendo una contribucin
muy importante al conocimiento especfico del caso
estudiado, el lector no tiene modo de comprobar
especficamente, a travs del relato que se le brinda, las vinculaciones que esgrime la autora con los
desarrollos subsiguientes, puesto que los hilos de
continuidad que evidenciaran esa conexin general
no son parte del objeto de estudio ni de la contextualizacin del mismo en el proceso general de la
historia argentina reciente.
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Por ltimo, agrguese a ello el mrito, no siempre verificable en este tipo de trabajos monogrficos,
de inscribir el itinerario del actor protagnico de la
historia narrada no slo en el contexto general de
la evolucin del sistema poltico nacional y de las
circunstancias internacionales que le afectan, sino
adems en el contorno especfico de la izquierda local, entendindola como una comunidad de
mltiples actores sociales, polticos y culturales
entre los que se configura una red de relaciones y
un importante intercambio de ideas, personas y
recursos materiales y simblicos. Como bien surge
del anlisis que presenta Cristina Tortti, las formas
en que cada actor interpreta y define su accin en
el macrocontexto nacional e internacional estn
mediadas por su pertenencia y su ubicacin en el
microcontexto de la izquierda, un enfoque que probablemente sea vlido para otros actores, pero que
indudablemente lo es para aquellos que pertenecen
al campo de la izquierda, sobre todo en el perodo
de referencia de este trabajo.
Jaime Yaff
Universidad de la Repblica
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Archivos
Misin1
La misin del Archivo General de la Nacin
es la custodia, la proteccin y el servicio de los documentos pblicos, los privados de su propiedad y
los privados de inters pblico que se le confen,
como instrumento de apoyo a la Administracin, a
la Cultura, al desarrollo Cientfico y como elementos de testimonio e informacin del Estado y de sus
habitantes.
Visin2
El agn sirve al Estado, protegiendo la informacin pblica que est disponible para su uso. La
documentacin sirve a la proteccin de los derechos
humanos al asegurar que derechos y obligaciones
1
2
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estn documentados con claridad y precisin, da servicios a la Justicia mediante la administracin de los
archivos del Poder Judicial que obran en su acervo.
Objetivos Estratgicos
De acuerdo a los lineamientos fijados por la
Direccin, son objetivos estratgicos del agn:
objetivos
generales
del
agn
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incorporando nuevos archivlogos a los equipos de trabajo; con nfasis en la atencin a los
ciudadanos, distintos tipos de usuarios e investigadores que requieren servicios archivsticos.
Tratamiento Archivstico
y nuevas incorporaciones
Los avances en el trabajo tcnico documental
han permitido la organizacin y puesta a la consulta de distintos fondos y colecciones, a saber:
Ministerio de Gobierno, Aviacin Civil, Ministerio
de Industrias, Consejo del Nio, Consejo Nacional
de Subsistencias, Escribana de Gobierno y
Hacienda, Luis Batlle Berres, Octavio Assunao,
Flavio Garca, Amlcar Vasconcellos, Jos Luis
Zorrilla de San Martn, Juzgados Letrados Civiles
de 9 y 18 Turnos, entre otros. Por su parte, se
avanza en el tratamiento del fondo documental del
Ministerio de Guerra y Marina (1827 en adelante)
y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En materia de descripcin documental se elabor y edit la Gua de Fondos del Archivo General
de la Nacin (Montevideo, 2009) y, luego de un trabajo sostenido de ms de cinco aos, el CensoGua
de Archivos de Uruguay. Actualizaciones: Capital e
Interior (Montevideo, 2011).
En cuanto a nuevas incorporaciones, mediante
donacin en su mayora o por compra, el agn ha
integrado a su acervo documental las colecciones
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aplicadas al agn
Cooperacin internacional
A travs de mltiples acuerdos de cooperacin, el
agn ha desarrollado, apoyado y supervisado proyectos archivsticos, en especial mediante el Programa
adai (Apoyo al Desarrollo de los Archivos
Iberoamericanos), los acuerdos con el Ministerio de
Cultura de Espaa para el Censo-Gua de Archivos de
Uruguay (2005-2011) y los proyectos ica-pcom del
Consejo Internacional de Archivos (2010).
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A modo de conclusin
La archivloga brasilea Helosa Bellotto8 entiende al archivo como una entidad reflejo de una
institucin. Sin lugar a dudas, el Archivo General
de la Nacin constituye un fiel reflejo del transcurso
de la vida nacional.
Mauricio Vzquez Bevilacqua
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Juan Antonio Oddone (1926-2012)
Ana Mara Rodrguez Ayaguer1
El 25 de junio de 2012 falleci el historiador Juan Antonio Oddone, pieza clave en la renovacin de la historiografa uruguaya a partir de la dcada de 1960. Haba nacido en Montevideo,
en el seno de una familia humilde. Su padre, un artesano escultor en madera, de ascendencia
italiana y de firmes convicciones antifascistas y republicanas, experimentara dificultades laborales
en los difciles aos de la depresin, las que se reflejaran en la economa familiar; as lo recuerda
Oddone en un libro de memorias que ha visto la luz pstumamente y del que tomamos algunos
datos para esta nota.
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del total de su carga horaria en el edificio universitario, mientras Oddone defiende su derecho a
concurrir parte del mismo a la Biblioteca Nacional para continuar con su labor de investigacin).
Con su esposa e hijo march entonces a Mxico, donde sera docente durante ms de una dcada, en la recin creada Universidad Autnoma Metropolitana (uam) y, por un perodo mucho
ms breve, tambin en la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (unam).
No es fcil resumir en una apretada sntesis la significacin del aporte de Juan Antonio
Oddone a la renovacin historiogrfica uruguaya. Por lo pronto, debemos comenzar por sealar
que, para hacerlo, es preciso considerar no slo su produccin historiogrfica sino su labor docente y actividad acadmica en general. En este sentido, hay tres aspectos en los que, creemos, su
contribucin fue muy importante y, en muchos casos, pionera: la incorporacin de nuevos temas
a la investigacin histrica del Uruguay y la exploracin de nuevos repositorios documentales,
muchos de stos del extranjero; la labor de formacin de nuevos investigadores que llev adelante
en el marco de la Facultad de Humanidades y Ciencias y la tarea de difusin de los resultados de
las investigaciones, desarrolladas en el marco de los cursos y seminarios dictados en la Seccin
Historia de la Cultura de la mencionada Facultad.
Como complemento y, en muchos casos, como disparador de dicha labor, debemos contabilizar los amplios y calificados vnculos que teji con acadmicos de la regin y del extranjero
que contribuyeron a oxigenar la labor de investigacin historiogrfica local, ponindola al tanto
de temas y problemas que ocupaban a la historiografa latinoamericana y europea.
Los primeros dos aspectos estn fuertemente relacionados, ya que la incorporacin de nuevos
temas se bas en la exploracin de nuevos repositorios documentales, fundamentalmente del
extranjero. En primer lugar, por su importancia para la historia del Uruguay y por su fundamental
aporte al conocimiento del mismo, debemos sealar sus investigaciones sobre el proceso inmigratorio. Segn relat Oddone, al finalizar una de sus clases en la Seccin Historia de la Cultura,
Jos Luis Romero le plante la posibilidad de que l y Blanca Pars se trasladaran a Europa por
un perodo prolongado para realizar tareas de relevamiento documental en archivos de Italia,
Espaa y Francia, en relacin con un proyecto sobre el proceso de inmigracin masiva al Ro de
la Plata que orientaban Romero y Gino Germani. El prolongado trabajo en dichos repositorios
y el contacto con los investigadores que participaban en dicho proyecto coordinado desde la
Facultad de Filosofa y Letras de la Universidad de Buenos Aires se traducira posteriormente
en la elaboracin de varias obras y artculos sobre el tema, entre los que cabe destacar su estudio
sobre el impacto inmigratorio en el Uruguay, La formacin del Uruguay moderno. La inmigracin y el
desarrollo econmico social; su anlisis sobre los contextos de los pases europeos de emigracin, fundamentalmente Italia y Espaa, La emigracin europea al Ro de la Plata: motivaciones y proceso de
incorporacin; su fino anlisis de la visin de los representantes diplomticos y consulares italianos en
el Uruguay, Una perspectiva europea del Uruguay. Los informes diplomticos y consulares italianos, 18621914; as como su ya clsica sntesis del tema, Los gringos, en el marco de ese encomiable esfuerzo de
divulgacin que fue la Enciclopedia Uruguaya. Sntesis clsica y disfrutable, debimos decir, porque
Oddone escriba muy bien, hay que resaltarlo.
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Tambin por iniciativa de Jos Luis Romero fue contratado para trabajar en la Ctedra de
Historia Social que ste creara en la Universidad de Buenos Aires, perodo en el que mantuvo
estrecho contacto con el italiano Ruggiero Romano alumno dilecto de Braudel y el uruguayo
Gustavo Beyhaut, piezas claves de aquel nuevo emprendimiento de Romero.
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valorada fuera de fronteras, lo que explica que debamos a su pluma la presencia de la historia del
Uruguay en obras colectivas de singular importancia (ver listado).
Su obra
Libros
1955
1956
1963
El Principismo del setenta. Una experiencia liberal en el Uruguay. Montevideo, Instituto de Investigaciones
Histricas/fhc.
Historia de la Universidad de Montevideo. La Universidad Vieja. 1849-1885, en coautora con Blanca Pars.
Montevideo, udelar.
1965 Una perspectiva europea del Uruguay. Los informes diplomticos y consulares italianos. 1862-1914. Montevideo,
fhc.
1966
1966
Cronologa comparada de la historia del Uruguay. 1830-1945, en coautora con Roque Faraone y Blanca
Pars. Montevideo, udelar [2 ed., 1967].
1966 La formacin del Uruguay moderno. La inmigracin y el desarrollo econmico social. Buenos Aires, eudeba.
1967
1967
1971
Tablas Cronolgicas. Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, 1830-1967. Montevideo. fhc [versin corregida y
aumentada de la edicin de 1955].
La Universidad uruguaya desde el militarismo a la crisis (1885-1958), 4 vols., en coautora con Blanca Pars.
Montevideo, udelar.
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1990
2003
Vecinos en discordia. Argentina, Uruguay y la poltica hemisfrica de los Estados Unidos. Seleccin de documentos.
1945-1955. Montevideo, Departamento de Historia Americana/fhce.
1997
Cronologa comparada de la historia del Uruguay. 1830-1985, en coautora con Roque Faraone y Blanca Pars.
Montevideo, udelar.
1976
1980
1982
1986
1986
Le Nuove Nazioni, en LAmerica Latina, 1860-1950, vol. xv de la Storia Universale dei Popoli e delle
Civilt. Torino, Unione Tipografica Editrice Torinese [2 ed. 1986].
El comercio rioplatense ante la crisis del orden colonial, en De historia e historiadores. Homenaje a Jos
Luis Romero. Mxico, Siglo xxi.
The formation of Modern Uruguay. 1870-1930, en The Cambridge History of Latin America,
Cambridge, Cambridge University Press.
Regionalismo y nacionalismo, en Leopoldo Zea (Coordinacin e introduccin), Amrica Latina en
sus ideas, Mxico, Siglo xxi.
Artculos/fascculos/cuadernos
1956
1961
1959
1964
1967
1968
1968
1972
1972
1972
1985
1989
1998
Mau, el banquero del imperio y de la crisis, en Guerra y Revolucin en la cuenca del Plata. Cinco aos
cruciales: 1863-1868. Cuadernos de Marcha N5, Montevideo.
Los gringos, en Enciclopedia Uruguaya, N26, Montevideo, Editores Reunidos.
El Uruguay frente a la segunda guerra mundial. La poltica internacional del compromiso, en Hoy
es Historia, N12, Montevideo.
Uruguay en los aos 30. Montevideo, Cuadernos de Interguerras, fcu.
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Universindo Rodrguez Daz (1952-2012).
Entre las memorias y las historias de los trabajadores uruguayos2
Mara Eugenia Jung3
Javier Correa Morales4
El 3 de setiembre de 2012 falleci en Montevideo el activista poltico e historiador Universindo
Rodrguez Daz, ms conocido como el Yano. A sus sesenta aos estaba en el momento ms
prolfico de su produccin historiogrfica y, a pesar de la enfermedad que lo aquej en el ltimo
ao, alcanz a concluir tres libros de pronta aparicin.
Agradecemos a Lus Augusto Rodrguez Daz, Ivn Rodrguez, Silvia Visconti, Bibl. Cristina Bello, Mariana
Monn y Jos Pedro Charlo por proporcionarnos informacin sobre distintos aspectos de la vida, el trabajo y
la obra de Universindo.
rea de Investigacin Histrica del Archivo General de la Universidad. udelar.
La creacin de la roe fue impulsada por la Federacin Anarquista del Uruguay tras su ilegalizacin en 1967.
Un ao ms tarde el anarquismo se reestructur en tres organizaciones: el centro poltico rector, que era
la fau, una organizacin de masas para actuar en el mbito sindical (la roe) y una organizacin armada de
apoyo a la lucha de masas y la radicalizacin de la movilizacin social (opr 33).
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Adems de militante poltico y social, Yano fue un tenaz investigador del movimiento obrero
uruguayo. Su pasaje por la Facultad de Humanidades y Ciencias (1986-1998)6 le brind una
slida formacin acadmica a travs de la cual canaliz su preocupacin por historiar la peripecia
de los trabajadores uruguayos. Asumi y defendi as su doble condicin de historiador profesional y militante en una poca en que esa condicin parece haber perdido vigencia. Sin embargo,
se distanci de las historias militantes de los sesenta realizadas al servicio de una u otra de las
tendencias que actuaron al interior del movimiento sindical. Desde su oficio como historiador y
con rigor cientfico como reiteradamente sola decir se aboc a reconstruir el pasado de las
organizaciones de los trabajadores y el aporte plural de las diversas corrientes que las integraban.
Desarroll su actividad profesional por fuera de los mbitos acadmicos tradicionales. La
mayor parte de su produccin la realiz en equipos de trabajo independientes y, desde el 2005,
en su calidad de investigador del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. En
ese mbito singular institucionaliz una lnea de indagacin sobre el movimiento sindical y el
pasado reciente que a un mismo tiempo le permiti dedicarse de lleno a los estudios y actividades
de investigacin histrica.
Sus investigaciones buscaron restituir las memorias de los trabajadores, rescatar el papel que
desempearon en la construccin de valores como la democracia, la solidaridad y la justicia
social7 y, por tanto, su significativa incidencia en el devenir histrico de nuestro pas. Sus trabajos
6
7
Universindo Rodrguez Daz, Silvia Visconti, Jorge Chagas y Gustavo Trullen, El sindicalismo uruguayo: a 40
aos del congreso de unificacin (Montevideo: Taurus, 2006).
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sobresalen por el amplio abanico de temas y cortes cronolgicos que abarcan: las organizaciones
obreras de fines de siglo xix y principios del xx; la unificacin sindical; la Huelga General de
1973; el relato de diversas trayectorias de militantes que jugaron un rol decisivo en las luchas
sociales; la participacin de las mujeres y el doble condicionamiento (social y al interior del movimiento sindical) que sufrieron para desarrollar su actividad militante y la presencia e incidencia
de los trabajadores del interior del pas en estos procesos y acontecimientos.
Aunque no fue el nico, se destac por su renovacin en el manejo de las fuentes, particularmente el uso de documentacin obrera, que se reflej en el amplio caudal heurstico que dio
sustento a sus investigaciones (la prensa obrera y sindical, testimonios orales y ms recientemente
los archivos de Inteligencia). Sobre este aspecto realiz una interesante reflexin terica y metodolgica publicada en sus trabajos: Historia social de los trabajadores en Uruguay: perspectivas
metodolgicas (2002) e Importancia de la prensa sindical como fuente historiogrfica (2004, en coautora con Mara Eugenia Jung). La preocupacin por recuperar la voz de los de abajo tambin
estuvo presente en su esfuerzo por la localizacin y preservacin de la documentacin histrica
producida por los trabajadores, en su mayora dispersa, que testimonia las ideas y acciones de los
sectores subordinados que fueron objeto de sus investigaciones.
El objetivo inicial de esa investigacin fue analizar las luchas obreras de mayo de 1911: la
huelga tranviaria y la primera huelga general, ambas en el segundo gobierno de Jos Batlle y
Ordoez (1911-1915). Para hacer comprensibles e inteligibles esos acontecimientos analiz en
detalle otros factores vinculados a las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados. Con
sustento en una abundante documentacin, compuesta por prensa y registros estadsticos, abord
la caresta, la escasez de productos y la suba del precio de los alquileres como causas de la protesta social y que, por ende, incidieron en la necesidad de organizarse para exigir cambios. Es
Contribuy a la recuperacin de ejemplares extraviados por dcadas, entre ellos: El Nacional de Montevideo
(1883-1884), .La Democracia, Jaque, La Opinin, Mate Amargo, Mayora, Dignidad, Solidaridad, Aqu, Concertacin, Alternativa Socialista, El Federal (1963-1964), El Herrerista: semanario independiente del Partido Nacional
(1971). Renacer, rgano oficial de la agrupacin departamental de Montevideo Unin Colorada y Batllista con Gestido (1965), Antorcha. Unidad y Triunfo (1965-1966), El lder. Intrprete y paladn de la causa del pueblo (1971).
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El segundo tomo, publicado en 1994 y prologado por el dirigente sindical y periodista Hctor
Rodrguez, destac la participacin de los trabajadores y sus familias en las mltiples actividades
sociales y culturales del pas. Demostr cmo el sindicalismo en ese perodo luch por sus reivindicaciones pero tambin impugn al sistema vigente y a sus valores y busc alternativas para
cambiarlo. Para comprender las grandes manifestaciones de 1911 el libro recrea sus antecedentes
y sus repercusiones, que mostraron a la clase trabajadora como fuerza social con gran capacidad
de movilizacin e incidencia en la escena poltica.
Los dos libros de Universindo constituyen aportes fundamentales y novedosos para comprender uno de los perodos ms estudiados de la historia del Uruguay. El detallado manejo de la
abundante serie documental sobre la que trabaj fue enriquecido con la elaboracin de cuadros
que grafican las huelgas de 1911 y 1913, por gremios y causas.
Tras estas primeras publicaciones desarroll una maratnica carrera de investigacin que se
centr, principalmente, en los procesos ligados al pasado reciente uruguayo. Estuvo vinculado a
numerosos proyectos siempre en colectivo que se materializaron en una profusa y heterognea
produccin historiogrfica que se plasm en diversos medios con distintos niveles de profundidad y alcance: libros, captulos de libros, decenas de artculos de prensa (Brecha, La Repblica,
Trabajo y Utopa) y audiovisuales. Su obra se transform as en una referencia ineludible en el
campo de la historia social de los trabajadores.
Se destacan entre sus trabajos tres producciones audiovisuales, realizadas en coautora con el
realizador y productor Jos Pedro Charlo, en las que particip como investigador y guionista. En
ellos se abarcan distintos aspectos de la historia de los trabajadores sobre la base de entrevistas
personales a dirigentes y militantes sindicales y de material de archivo (fotogrfico y flmico).
Hctor, el tejedor (2002) reconstruye la vida del dirigente sindical textil Hctor Rodrguez y, por
qu no, buena parte de la historia del pas de los ltimos sesenta aos.
A las cinco en punto (2004) narra la singular experiencia de la Huelga General, decretada por la
Convencin Nacional de Trabajadores al otro da del golpe de Estado del 27 de junio y recopila
material flmico y fotogrfico disperso registrado durante esos quince das.
Dentro de su obra escrita se destaca El sindicalismo uruguayo. A 40 aos del congreso de unificacin sindical, realizado en coautora con Silvia Visconti, Jorge Chagas y Gustavo Trullen, donde
recorre ms de un siglo de luchas obreras en el Uruguay. Se pasa revista a los diversos intentos de
organizacin sindical a lo largo de esas dcadas, cuyo punto ms alto lo constituy la creacin de
la Central sindical uruguaya a mediados de los sesenta y que marc de ah en ms la peculiaridad
del movimiento sindical uruguayo reunido en una nica central.
Otra parte de sus trabajos refieren a la historia institucional de varios gremios: el de la construccin (Albailes: esos obreros del andamio, en coautora con Silvia Visconti), los tabacaleros, los
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Juan Carlos Mechoso. Anarquista (2006, en coautora con Mara Eugenia Jung) se aparta un
poco de los temas ms transitados. A travs del recorrido biogrfico del destacado militante
anarquista uruguayo de los 50-60, abarca una etapa de la vida del Uruguay y de Amrica Latina,
de crisis econmica y poltica y de luchas sociales, en la cual para muchos la revolucin era un
horizonte posible. Se reconstruyen los cambios ideolgicos que proces la Federacin Anarquista
Uruguaya (fau), al calor de las lecturas de tericos marxistas y de los acontecimientos internacionales (en particular la Revolucin cubana) que determinaron su derrotero posterior. Evidencia
tambin cmo era ser un militante a fines de los aos sesenta y comienzos de los setenta, el deber
que imponan los compromisos asumidos en la bsqueda de una sociedad ms justa e igualitaria
y la percepcin de la vida cotidiana y de los afectos en ese contexto.
Ms recientemente se haba abocado (con Silvia Visconti) a la recuperacin de afiches callejeros y graffitis producidos por las organizaciones sociales uruguayas (sindicatos, cooperativas
de viviendas, gremios estudiantiles, asociaciones de derechos humanos, instituciones culturales y
de enseanza) durante las dcadas del 60, 70 y 80 en Uruguay y el exilio, que son testimonio de
la resistencia al autoritarismo. Se plasm en una exposicin (Afiches callejeros. La memoria en los
muros, 2011) que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional. Sobre la base de este trabajo se prev la
prxima publicacin de La memoria en los muros que, adems del material grfico, compila otros
artculos de artistas plsticos y diseadores grficos vinculados a la temtica.9
Finalmente, su ltimo trabajo sobre los trabajadores uruguayos tendr pronta aparicin. El
sindicalismo uruguayo y los servicios de inteligencia (en coautora con Silvia Visconti) resume varios
aos de labor en los archivos de la Direccin Nacional de Inteligencia e incorpora documentos
desclasificados de eeuu. El libro analiza en la larga duracin (desde el neobatllismo a 1968)
el proceso de unidad del movimiento sindical uruguayo en vinculacin con los mecanismos de
control y de represin que se consolidaron desde los aparatos de vigilancia del Estado. Se
investigan los cambios operados en esos aos por los servicios de inteligencia del Estado que
culminaron en la creacin de la dnii, la percepcin que desde esos organismos se tena sobre el
problema de la unidad de los trabajadores, su visin del comunismo, las prcticas y procedimientos de control y el papel de Estados Unidos, entre otros.
En sntesis, su prctica historiogrfica estuvo teida por su compromiso poltico y social. En
un trabajo publicado en Brasil reflexionaba: desde mi doble condicin de ex secuestrado e historiador asum como tantos otros hombres y mujeres el compromiso de rescatar del olvido los hechos de un
pasado que est presente.10 Su principal preocupacin fue rescatar la vida colectiva de los sectores oprimidos y dar visibilidad a los trabajadores organizados a travs de la recuperacin de su
9
Adems de sus actividades de investigacin, Yano se integr a diversos proyectos de recuperacin de la memoria sobre el pasado reciente. En particular se destac su participacin en una iniciativa surgi en 2005 como
Memorias de la Resistencia; al ao siguiente, el Instituto de Diseo de la Facultad de Arquitectura lanz
el proyecto Marcas de la memoria, apoyado por distintos grupos sociales y personas. En 2010 se firm un
convenio entre la asociacin civil Proyecto de Memoria de la Resistencia, la Intendencia de Montevideo y
el Ministerio de Trabajo y obras Pblicas (mtop); el proyecto pas a la Junta Departamental de Montevideo
que tras largos meses de discusiones lo aprob. Se marcarn lugares de la ciudad donde se hayan desarrollado
actos deresistencia.
10 Universindo Rodrguez Daz, Todo est cargado en la memoria, en A ditadura de Segurana Nacional no Rio
Grande do Sul. 1964-1985 Histria e Memoria. Volume 3: Conexao Repressiva e Operaao Condor (Porto Alegre:
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A la prisin como arma poltica se le opusieron estrategias de resistencia y supervivencia, dentro y fuera
de ella, que incluan mecanismos de comunicacin clandestina, organizacin partidaria, despliegue de smbolos y un uso creativo de los escasos espacios legales y polticos que los grupos opositores tenan al alcance.
As, las prisiones se convirtieron en escenarios de conflicto y en una zona medular en la que se reflejaban
con claridad las contradicciones de la sociedad. La crcel, de manera paradjica, se convirti en un escenario
crucial de lo poltico, pues desde ah se abrieron espacios de creacin y reproduccin de formas peculiares de
solidaridad y convivencia, y se convirti en una tribuna para amplificar las luchas de los presos polticos y las
demandas de sus organizaciones o de ciertos sectores de la sociedad.
Invitamos a investigadores de diversas disciplinas a enviar ensayos para ser incluidos en este dossier
especial. Aspiramos a reunir un conjunto de materiales que reflejen tanto la diversidad de las formas que
adquiri la prisin poltica como la variedad de los regmenes que la practicaban; los aspectos polticos, culturales, legales y de gnero que informan la experiencia de la prisin; y las variadas formas de representacin
de la prisin poltica en el arte, la literatura, el testimonio y la historia.
Adems del tema principal del nmero, Contempornea est abierta a la recepcin de artculos sobre
otros asuntos dentro del campo de la historia y los problemas de Amrica Latina en el Siglo xx.
Presentacin de originales:
Los artculos debern ser inditos y tener entre 8.000 y 10.000 palabras, incluyendo notas y
bibliografa segn reglas adjuntas. Se recibirn archivos en los formatos .doc y .rtf a revistacontemporanea2010@gmail.com hasta el 12 de abril 2013.
Los autores deben enviar un cv abreviado (dos pginas) y sus datos de contacto. Se debe incluir un
resumen de entre 100 y 150 palabras con una seleccin de cuatro palabras clave. El resumen y las
palabras deben ser enviados en el idioma del artculo y en ingls.
Los textos sern sometidos a arbitraje annimo por dos especialistas en el tema si el Comit Editorial
decide que coinciden con la lnea general de la revista. Los rbitros tendrn tres semanas para la
evaluacin y recomendarn publicar, publicar con modificaciones o no publicar. Se enviarn sus
argumentos a los autores, quienes, cuando corresponda, tendrn dos semanas para revisar sus textos.
Tambin se recibirn:
reseas de libros (entre 1.000 y 1.200 palabras; con nfasis en la descripcin sobre la opinin; sin
notas al pie) de textos publicados en los ltimos cinco aos que tengan que ver con la temtica
general de este nmero;
ensayos bibliogrficos (entre 3.000 y 4.000 palabras; con nfasis en la opinin sobre la descripcin;
con notas al pie segn reglas adjuntas) que tengan que ver con la temtica general de este nmero;
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reseas de eventos (entre 2.000 y 2.500 palabras; con notas al pie segn reglas adjuntas) vinculados
al tema de este nmero y realizados en el ao inmediatamente anterior a su publicacin.
El Comit Editorial decidir sobre la pertinencia de estas colaboraciones.
Formato:
Todos los textos debern estar a espacio simple y usar el tipo de letra Times New Roman, tamao
12 en el cuerpo y tamao 10 en las notas.
No marcar cursivas y negritas en ttulos y subttulos.
Las referencias textuales de menos de cinco lneas se incluirn entrecomilladas (sin cursivas) en el texto. Si sobrepasan esa extensin, aparecern en prrafo aparte, con sangrado y sin comillas ni cursivas.
Cuando corresponda, la bibliografa y fuentes se citarn a pie de pgina segn los siguientes ejemplos:
Libros:
Sara Evans, Personal Politics: The Roots of Womens Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left (Nueva
York: Vintage Books, 1980), 23.
Peter Braunstein y Michael William Doyle (editores), Imagine Nation: The American Counterculture of the 1960s and
1970s (Nueva York: Routledge, 2001), 80.
Artculos en libros:
Ana Longoni, Tucumn Arde: Encuentros y desencuentros entre vanguardia artstica y poltica, en Enrique Oteiza
(coordinador), Cultura y poltica en los aos 60 (Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, 1997), 316.
Artculos en revistas:
Francisco Panizza, El liberalismo y sus otros: La construccin del imaginario liberal en el Uruguay (1850-1939),
Cuadernos del CLAEH 50 (1989).
Cuando se mencionen por segunda vez, se repetirn las citas, omitiendo los datos de publicacin y
acortando los ttulos y nombres:
Libros:
Artculos en libros:
Artculos en revistas:
Libros:
Evans, Sara. Personal Politics: The Roots of Womens Liberation in the Civil Rights Movement and the New Left. Nueva
York: Vintage Books, 1980.
Braunstein, Peter y Michael William Doyle (editores). Imagine Nation: The American Counterculture of the 1960s
and 1970s. Nueva York: Routledge, 2001.
Artculos en libros:
Longoni, Ana. Tucumn Arde: Encuentros y desencuentros entre vanguardia artstica y poltica. En Enrique
Oteiza (coordinador). Cultura y poltica en los aos 60. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, 1997.
Artculos en revistas:
Panizza, Francisco. El liberalismo y sus otros: La construccin del imaginario liberal en el Uruguay (18501939). Cuadernos del CLAEH 50 (1989).
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