El pasado en el presente. Qué hacer con la memoria de la Guerra Civil

161 Francisco Colom González El pasado en el presente Qué hacer con la memoria de la Guerra Civil Francisco Colom González* La identidad colectiva de una sociedad, tanto como el sentido atribuido a sus instituciones políticas, dependen en gran medida de la percepción del tiempo histórico, esto es, de las tramas narrativas mediante las que los individuos se reconocen en su pasado colectivo y asumen la responsabilidad de lo que hicieron las generaciones anteriores. Como es bien sabido, la transición española a la democracia iniciada en 1977 se basó en un acuerdo tácito entre las fuerza políticas que la guiaron. La creación de una nueva institucionalidad capaz de sustituir las estructuras legadas por la dictadura del general Franco se hizo sin mirar atrás, sin exigir responsabilidades, sin que nadie pidiese perdón. A diferencia de otras experiencias políticas equiparables, en España no hubo comisiones de la verdad, ni informes sobre los crímenes cometidos por la dictadura, ni reparaciones simbólicas a las víctimas de un período que abarca casi medio siglo de su historia contemporánea1. Las compensaciones económicas para quienes sufrieron prisión o represalias se hicieron en general con una notable discreción política. El temor a una involución impidió que en el proceso de democratización se incluyese una reflexión terapéutica o cauterizadora de las heridas del pasado. No sólo existía un hiato generacional entre las víctimas de la guerra y los protagonistas de la transición. La oposición democrática estaba impaciente por consolidar unos cambios que le permitiesen acceder al poder y era consciente del soporte sociológico que con el tiempo se había procurado el franquismo. En ese contexto, reivindicar justicia hacia el pasado no parecía tan urgente como consolidar una alternativa para el presente. Por otro lado, la derecha post-franquista consideraba la dictadura como un * Profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España). Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto Justicia intercultural, del Ministerio de Ciencia e Innovación (FFI2008-05931). 1 Para una visión comparada de la transición española a la democracia en el contexto internacional, véase A. Barahona de Brito, C. González Enríquez y P. Aguilar (eds.), The politics of memory: transitional justice in democratizing societies, Oxford University Press, Oxford, 2001. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 162 El pasado en el presente. Qué hacer con la memoria de la ... producto colateral de la guerra civil y ésta y sus atrocidades como una consecuencia inevitable del fracaso de la Segunda República. Esta es una vieja tesis que la literatura revisionista sobre las causas de la guerra ha rescatado con gran éxito editorial durante los últimos años2. Sus connotaciones ideológicas son fácilmente reconocibles: se justifica el franquismo por la guerra y ésta por el contexto político previo. Puesto que en ambos bandos se cometieron atrocidades durante la contienda, no habría nada que ganar escarbando en el pasado, salvo el peligro de resucitar los viejos demonios familiares. Por consiguiente, la mejor opción sería dejar las cosas como están, «dejar que los muertos entierren a los muertos», según reza la frase bíblica. Esta es, sin embargo, una posibilidad que se ha hecho cada vez más impracticable. La política de la memoria constituye una corriente de acción y opinión que se ha consolidado con fuerza en la cultura cívica contemporánea ejerciendo su influencia en los campos del derecho internacional, los medios de comunicación de masas y la propia reflexión intelectual. Desde la irrupción de la figura del desaparecido en los años 70, iniciativas políticas como las comisiones de la verdad, de categorías normativas como la justicia transicional y de principios jurídicos como el de jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad, han engrosado el variado y prolífico repertorio de las políticas de reparación del daño3. Los destinatarios de esas políticas han sido por lo general las víctimas de violaciones de los derechos humanos, también sus allegados y descendientes, pero en última instancia el ámbito donde se dirime su eficacia y repercusión es en los registros políticos, morales e históricos de las sociedades en que se han practicado. Las demandas de reparación y justicia se han extendido así al ámbito de la memoria histórica. La ubicación de la experiencia española en este proceso no deja de presentar rasgos peculiares. La pulsión consensual con que se legitimó su transición a la democracia y su anticipación a la eclosión de las iniciativas de justicia transicional en el mundo le hurtaron a la sociedad española la posibilidad de sentar las bases de su reconciliación sobre una aproximación terapéutica al pasado. Ello ha llevado a que se hable a veces de un pacto de olvido o de una amnesia programada como correlato de la transición española. Los datos 2 Véase, por ejemplo, P. Moa, Los mitos de la Guerra Civil, La Esfera de los Libros, Madrid, 2003. 3 Desde 1974 se han creado más de 32 comisiones de la verdad en 28 países. Véase http:// www.amnesty.org/es/international-justice/issues/truth-commissions. La noción de justicia transicional busca el reconocimiento de las víctimas y la promoción de la reconciliación, la paz y la democracia en sociedades que han atravesado por experiencias traumáticas de autoritarismo y violación masiva de los derechos humanos. El principio de jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad mantiene la responsabilidad penal y la posibilidad de enjuiciamiento de personas cuyos crímenes se cometieron fuera de los confines del Estado que los incrimina e independientemente de su nacionalidad, lugar de residencia o cualquier otra relación con el mismo. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 Francisco Colom González 163 demuestran, sin embargo, que la rememoración y el estudio de la guerra civil han sido una constante en la vida cultural y académica española durante el período democrático. Desde la muerte del general Franco en 1975 la abundancia de estudios históricos, películas y monografías divulgativas sobre la guerra civil, y en menor medida sobre el franquismo, ha creado un volumen de material en el que resulta difícil desenvolverse. Esta avalancha ha pasado, además, por distintos ciclos. El interés inicial por las circunstancias de la guerra dio paso a la curiosidad de las nuevas generaciones por las condiciones de la vida cotidiana bajo el franquismo, al debate con los revisionistas de derecha sobre las causas y la justificación del conflicto y, en la actualidad, a la revelación de las auténticas dimensiones de la represión durante y tras la guerra, así como a la reparación debida a las víctimas. Por las características que asumió la guerra –fruto de un golpe de Estado frustrado y de la movilización popular contra él en un contexto de profundas divisiones sociales– buena parte de las víctimas lo fueron en la retaguardia, no en el frente, y como resultado de una estrategia represiva con diversos grados de planificación que sembró de fosas comunes la geografía española. La abundancia de documentación y de trabajos de investigación histórica no ha impedido, sin embargo, la reiterada denuncia de una supuesta carencia de memoria sobre este decisivo período del pasado nacional: lo que popularmente se conoce como el debate sobre la memoria histórica. Algunos historiadores han denunciado a este respecto la existencia de una confusión epistemológica entre las funciones cognitivas de recordar y conocer tras la que latiría un prejuicio organicista sobre la concepción de la sociedad4. La pregunta que flota en el aire es si las sociedades poseen verdaderamente algo así como una memoria histórica y si ésta se reduce a la suma de las rememoraciones individuales o es fruto de una elaboración colectiva. En realidad, advierten, no se puede tener memoria más que de aquello que personalmente se ha vivido. Estrictamente hablando ningún individuo podría tener memoria histórica, ya sea democrática o autoritaria, sino tan sólo recuerdos personales. Sólo la historia, en cuanto disciplina científica, podría recuperar el pasado como conocimiento. Por ello la historia se aprende, no se recuerda. Además, la dimensión social de los recuerdos, su institucionalización en un relato público, se encuentra políticamente mediada e implica una relación afectiva con el pasado: «Mientras el conocimiento histórico tiende a la objetividad por el uso de instrumentos propios de la crítica, hay tantas memorias 4 S. Juliá, «Memoria, historia y política de un pasado de guerra y dictadura», en S. Juliá (dir.): Memoria de la guerra y del franquismo, Taurus, Madrid, 2006, pp. 27-77. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 164 El pasado en el presente. Qué hacer con la memoria de la ... como individuos, por más que grupos de individuos puedan compartir (a base de celebraciones o de adoctrinamiento) idénticas memorias de un acontecimiento que les haya afectado; sólo en este sentido podría hablarse de memoria colectiva»5. Negar la capacidad de la memoria para producir conocimiento parece, sin embargo, una afirmación un tanto arriesgada que pasa por alto numerosos estudios sobre la epistemología de la investigación histórica6. Sin ir más lejos, la memoria permite la representación del pasado y es parte esencial de la formación de las identidades colectivas. En realidad, el debate que ha prendido en la sociedad española no tiene tanto que ver con el incremento y la exactitud del conocimiento histórico como con el significado moral y político de la rememoración colectiva. La asimilación de un pasado traumático es una cuestión que afecta a todas las sociedades carentes de una conciencia inocente sobre su propia historia. Lo que está en juego en este caso es, por un lado, la reparación simbólica a las víctimas olvidadas –fundamentalmente las del bando republicano– mediante la exhumación de sus restos, su correcta identificación y su entierro digno. Por otro lado, se trata de establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos españoles puedan finalmente reconciliarse con la historia reciente de su propio país. Hasta la fecha la estrategia dominante en este asunto había sido la evitación del problema. Según la interpretación canónica de la transición a la democracia, ésta no se basó en un principio de amnesia, de pérdida de memoria, sino en un principio de amnistía, esto es, de olvido legal: un pacto político para echar al olvido y no pedir cuentas por el pasado con el fin de construir un modelo de convivencia orientado hacia el futuro7. La Ley de Amnistía del 14 octubre de 1977, consensuada en las Cortes españolas tras las primeras elecciones democráticas, junto con los indultos concedidos por el Rey en su acceso al trono, clausuraron penal y políticamente la guerra civil y la dictadura. De esta manera no sólo los luchadores por la democracia desde la clandestinidad, sino también los acusados de crímenes terroristas durante el último período del franquismo y los funcionarios del régimen responsables de abusos contra los derechos humanos se vieron beneficiados e igualados por las medidas de gracia. A diferencia de las contestadas leyes de amnistía y de punto final en Chile y Argentina, la cancelación de las responsabilidades por el pasado se realizó en España con un notable consenso social o, cuanto 5 S. Juliá, «Presentación», en Memoria de la guerra…, cit., p. 18. 6 Véanse al respecto, por ejemplo, los trabajos pioneros de M. Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria, Anthropos, Barcelona, 2004. 7 Un buen ejemplo de esa postura es la del propio S. Juliá, «Echar al olvido: memoria y amnistía en la transición», en Claves de la Razón Práctica, n.º 129 (2003), pp. 14-25. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 Francisco Colom González 165 menos, en ausencia de protestas significativas. Pero si realmente todo esto fue así, ¿por qué el actual repunte del interés en la sociedad española por la recuperación de la memoria sobre la guerra civil y el franquismo? La principal hipótesis apunta a un cambio en la cultura política heredada de la transición a la democracia. El relevo generacional sería el mayor responsable de la nueva actitud de la sociedad española hacia su pasado. No sólo han desaparecido los condicionantes políticos que marcaron la transición hace treinta años. Las nuevas generaciones han perdido el temor que embargaba a sus antecesores y han retomado con curiosidad aquello que sus mayores decidieron que era mejor no remover8. Son así los nietos de los muertos y represaliados, no los hijos, quienes reivindican ahora la memoria y la dignidad de sus abuelos y han abierto un debate que la sociedad española ya no va a poder rehuir por más tiempo. Lo que parece quedar excluido para siempre es la posibilidad de seguir ocultando uno de los aspectos más abyectos de la contienda –el carácter masivo y sistemático de la represión con fines políticos– y de convertir el recuerdo de los asesinados y los vencidos en uno de los que Francisco Ferrándiz ha denominado desechos discursivos de la transición española a la democracia: «Estas narrativas contemporáneas de la derrota parecen reclamar un papel más central en las políticas de la memoria de la España actual. No como discursos objetivos y verificables sobre el pasado […] ni como generadoras de formas de victimización acríticas, homogéneas o caricaturescas, sino como fundamentos imprescindibles de un sistema democrático más profundo que pueda contenerlas sin ocultarlas, ignorarlas o denigrarlas»9. La promulgación de la llamada Ley de Memoria Histórica constituye el capítulo más visible de ese proceso. Esta ley, cuyo anodino nombre oficial es el de LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, reconoce que «es la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de 8 Véase el dossier monográfico Generaciones y memoria de la represión franquista: un balance de los movimientos por la memoria, en Hispania Nova, n.º 6 (2006), http://hispanianova. rediris.es. 9 F. Ferrándiz, «Fosas comunes, paisajes del terror», en Revista Española de Dialectología y Tradiciones Populares, Vol. LXIV, n.º 1 (Enero-Junio 2009), pp. 61-94. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 166 El pasado en el presente. Qué hacer con la memoria de la ... nuestra historia». Esta ley vino precedida de la declaración de 2006 como Año de la Memoria Histórica y del reconocimiento de la Segunda República española como «el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado». Semejante declaración se justificaba por la necesidad de recordar «con todos sus defectos y virtudes –con toda su complejidad y su trágico desenlace–, buena parte de los valores y principios políticos y sociales que presidieron ese período [republicano] y que se han hecho realidad en nuestro actual Estado social y democrático de Derecho»10. La ley contiene medidas de muy diverso tipo: el reconocimiento genérico del derecho individual a la memoria, la declaración de la ilegitimidad de los tribunales franquistas creados con vulneración de los derechos fundamentales, la derogación de la vigencia jurídica de sus normas y resoluciones, ayudas económicas para los excluidos de medidas compensatoria anteriores, acceso a la ciudadanía española para los descendientes de los exiliados, así como una serie de preceptos para regular la exhumación de fosas comunes y erradicar de los espacios públicos la apología de la guerra civil y la dictadura. Este movimiento de reparación histórica ha encontrado, como era de esperar, fuertes resistencias. Entre las acusaciones más oídas está la de que es una iniciativa que «no interesa a nadie», en palabras del líder de la oposición, o que se trata de un movimiento revanchista11. Sin duda, la guerra civil y sus secuelas no se cuentan entre las preocupaciones cotidianas de los españoles. El alineamiento de sus antepasados en el conflicto ni siquiera explica ya los comportamientos políticos de los españoles contemporáneos, pero los avatares ligados a la guerra y su desenlace siguen apelando a los sentimientos de quienes se vieron directa o indirectamente afectados por ella y constituyen una parte esencial de las narraciones mediante las que se han socializado las generaciones posteriores. La guerra civil se ha configurado así como una referencia de fondo de la imaginación histórica española, un elemento que todos han tenido que ubicar en alguna parte de su experiencia personal y familiar. Los síntomas de este cambio son numerosos y reveladores: los seriales televisivos que recrean la vida cotidiana durante el franquismo han batido índices de audiencia; uno de los mayores éxitos editoriales de los últimos años –Soldados de Salamina, de Javier Cercas– ha sido una novela que relata con estilo de indagación histórica los ficticios avatares de uno de los fundadores de la Falange tras su fallido fusilamiento en las postrimerías de la guerra; la apertura de viejas fosas comunes por grupos de voluntarios ha concitado 10 Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. 11 Véase, por ejemplo, Legalidad contra falsa memoria, editorial del ABC, 1 de Febrero de 2007. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 Francisco Colom González 167 una creciente atención pública y se encuentra en los orígenes de la actual legislación sobre la memoria histórica. Salvando las distancias, se trata de un fenómeno no muy distinto del que supuso la superación de la cuestión racial en los Estados Unidos, del nazismo en Alemania o de las dictaduras militares en los países del Cono Sur. Contar dónde estuvieron y qué hicieron los padres o abuelos durante la guerra civil, tanto como el posicionamiento personal ante el franquismo, son actos que reflejan de forma inmediata las diferencias de socialización entre quienes se criaron aquí y los llegados de fuera, para quienes la épica de la inmigración y el esfuerzo por ubicarse en la sociedad española constituyen probablemente la clave biográfica y narrativa fundamental. Pero más allá de estas circunstancias se atisba un proceso de mayor calado: el surgimiento de una nueva autopercepción histórica en la sociedad española, con la consiguiente erosión de la memoria hegemónica elaborada durante el franquismo sobre las causas de la guerra, sus consecuencias y el propio papel histórico del régimen. Hacer justicia al pasado Es en este punto donde muestran su importancia las connotaciones políticas de la memoria histórica y el significado que puedan tener expresiones como hacer justicia a las víctimas o al pasado. Todo sistema político cuenta para su legitimación con una narración ad hoc de sus orígenes y trayectoria. Ni siquiera las sociedades más volcadas en la innovación y el cambio pueden prescindir de la elaboración de una memoria compartida. Esto es así porque en cuanto sujetos sociales compartimos una noción cultural del tiempo. Pero no sólo se trata de un condicionamiento cultural: la posibilidad de asumir responsabilidades y de expiar culpas depende también de una determinada concepción moral del tiempo. Semejante concepción tiene una dimensión individual, como percepción subjetiva de la vida propia, y una proyección colectiva, tal y como se refleja en las innumerables prácticas y rituales de conmemoración social, de manera que se puede hablar de estrategias de la memoria al servicio de un determinado proyecto político. La tradición humanista greco-latina, por ejemplo, ya entendía el estudio del pasado como una fuente de sabiduría para el presente. Asimismo, durante el siglo XIX y buena parte del XX los estudios históricos y las políticas culturales en general estuvieron guiadas por el interés en elaborar unas identidades colectivas afines a las necesidades de los nuevos Estados nacionales. Pero tales estrategias no han sido exclusivas de los nacionalismos. La rememoración colectiva de los hitos y sacrificios vinculados a la construcción de un régimen de libertades constituye igualmente uno de los elementos fundamentales de la concepción cívica de la nación. Ernest Renan llegó incluso a reivindicar la funcionalidad estratégica del olvido –o más bien Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 168 El pasado en el presente. Qué hacer con la memoria de la ... de la memoria selectiva– para los forjadores de naciones12. Es así comprensible que los intentos de imponer interpretaciones hegemónicas de la historia hayan llevado a los profesionales de su estudio a rechazar vehementemente el historicismo como punto de referencia moral. En palabras del historiador británico Sir John Harold Plumb, el pasado no es más que una construcción normativizada de la historia con el fin de aherrojar el futuro: «La historia no es el pasado. El pasado es siempre una ideología creada con un propósito. Está diseñado para controlar a los individuos, motivar a las sociedades o inspirar a las clases. Nada ha sido usado de manera tan corrupta como los conceptos del pasado. El futuro de la historia y de los historiadores estriba en limpiar el relato de la humanidad de esas engañosas visiones de un pasado con finalidad»13. En España, la larga hegemonía del pasado franquista y la reiteración de los conflictos que lastraron la implantación de un Estado constitucional durante los dos últimos siglos atestiguan la debilidad histórica del nacionalismo cívico frente al vigor del catolicismo político y las distintas variantes de autoritarismo. La reconciliación como mito fundacional de la democracia española contemporánea se asienta por ello sobre la interpretación interesada de un fracaso colectivo: el de la guerra civil de 1936-39. La supuesta simetría de la culpabilidad, la idea de del que todos fueron culpables por igual del estallido del conflicto, permitió a los sectores reformistas del franquismo transitar hacia la democracia y a la oposición al régimen sublimar su opción política por la reforma en lugar de la ruptura con las instituciones heredadas del mismo. Sin embargo, el acuerdo de la transición de no recurrir a la memoria para reconciliarse con el pasado ha repercutido con fuerza en la cultura política de la España contemporánea, que se ha visto privada de unas sólidas referencias históricas y culturales a las que aferrarse. El resultado ha sido la ambigua impresión de que nuestras instituciones democráticas son tan herederas del reformismo franquista como de la tradición demo-liberal. La democracia española se presentaría así como un sistema político desarraigado que logró salir de la ciénaga de la dictadura como el barón de Münchhausen, tirando de sus propios cabellos, sin apoyos ni vínculos con la historia. Su institucionalidad sería el fruto portentoso de un acto político primigenio –el pacto autofundante de la transición– más que de una restauración histórica de la interrumpida legalidad democrática. Esta interpretación anti-historicista de la 12 E. Renan, ¿Qué es una nación?, Alianza, Madrid, 1987. 13 J. H. Plumb, The Death of the Past. London, Penguin Books, 1973, p. 16. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 Francisco Colom González 169 democracia española corre el riesgo de permitir a los sectores más conservadores de su sociedad patrimonializar, sin haberlo apoyado, el indudable éxito colectivo que supuso el proceso de transición a la democracia, presentándolo como un derivado de los efectos pacificadores del franquismo. Lo cierto es que la eficacia política de ese síndrome anamnético es en la actualidad muy heterogénea. En las regiones del país sometidas a la hegemonía de los nacionalismos periféricos es evidente que el metarrelato consensual de la transición hace tiempo que quedó arrinconado por distintas versiones de un victimismo histórico que resulta políticamente mucho más funcional. Por otra parte, la derecha tradicional se desenvuelve cómodamente en un espacio ideológico configurado por el aggiornamiento del catolicismo político, la reivindicación de un nacionalismo español de vieja traza y los aires de liberalismo económico que le llegan del mundo anglosajón. Ha sido por ello la izquierda tradicional la que, diluidas las viejas referencias emancipatorias de la sociedad industrial, más ha acusado las consecuencias de una débil memoria democrática. Curiosamente, la resistencia a alterar el tradicional marco interpretativo de la transición ha puesto del mismo lado a algunos sectores conservadores y progresistas que lo fraguaron, quizá en un intento por salvaguardar su obra política frente a la crítica histórica. Es en este amplio contexto en el que deben interpretarse los actuales combates por la memoria en España14. La memoria colectiva nunca es monolítica. Se encuentra sometida a los conflictos y cambios de hegemonía cultural. A nadie ha de sorprender, pues, que los intentos actuales por inaugurar una nueva relación con el pasado traumático, enfatizar el carácter aconfesional del Estado o introducir una nueva cultura cívica a través del sistema educativo, hayan sido interpretados por la Iglesia católica y por algunos sectores conservadores como un ataque directo al predominio tácito de su modelo cultural. Con todo, los conflictos sobre la memoria histórica no pueden reducirse a un mero cálculo de estrategia o de oportunismo político. La sociedad española tenía una cuenta pendiente con las consecuencias de la guerra civil y necesita reubicar el principio de la reconciliación histórica sobre bases más sólidas que el desagravio unilateral y el olvido estratégico. El debate sobre la asunción por las nuevas generaciones de la gran tragedia española del siglo XX se ha venido demorando durante treinta años y no podía seguir excluyendo a aquellos a quienes se menciona en la exposición de motivos de la nueva ley de memoria histórica: a las víctimas olvidadas de la guerra, a los fusilados en las cunetas, a los que fueron priva- 14 Véase F. Erice, «Combates por el pasado y apologías por la memoria. A propósito de la represión franquista», en Hispania Nova. Revista de historia contemporánea, n.º 6 (2006), http:// hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d013.pdf, y P. Aguilar, «Los debates sobre la memoria histórica», en Claves de Razón Práctica, n.º 172 (2007), pp. 64-8. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 170 El pasado en el presente. Qué hacer con la memoria de la ... dos de su libertad y sus bienes, se vieron arrojados al exilio o lucharon por los valores democráticos en algún momento de ese largo período. Es evidente que la asimetría en la gestión de la memoria de las víctimas de la guerra constituía un agravio comparativo para los supervivientes y sus familiares. El acuerdo tácito de la transición de no hacer del pasado una cuestión política partía de una desigualdad manifiesta: los crímenes cometidos en la zona republicana durante la guerra fueron extensamente investigados por la denominada Causa General informativa, creada por decreto del Ministerio de Justicia el 26 de abril de 1940 con la intención de averiguar «el sentido, alcance y manifestaciones más destacadas de la actividad criminal de las fuerzas subversivas que en 1936 atentaron abiertamente contra la existencia y los valores esenciales de la Patria»15. Las víctimas del bando nacionalista fueron en general reconocidas y honradas como caídos por Dios y por España tras el final de la contienda y sus familiares compensados con los medios que permitía la situación del país en aquellos momentos. Por el contrario, las víctimas republicanas, así como los miles de fusilados durante los años de brutal represión en la postguerra, se vieron condenados a una doble muerte –física y simbólica– pues sus nombres no sólo fueron omitidos del recuerdo público, sino que en muchos casos sus cuerpos y lugar de sepultura nunca llegaron a ser identificados. Es una amarga ironía histórica que España, un país que se enorgullece de su contribución contemporánea a los organismos y campañas internacionales en favor de la paz, cuente con miles de desaparecidos enterrados anónimamente en cunetas y campos por todo el país. Esta es una circunstancia que la nueva legislación puede y debe cambiar radicalmente. Las funciones sociales de la memoria ¿Existe una obligación moral hacia el pasado? Y si este es el caso, ¿cómo hacer justicia a las víctimas? ¿Es posible la reconciliación sin el recuerdo de lo ocurrido? Cuestiones fundamentales como éstas, y no el revanchismo o el oportunismo político, son las que verdaderamente plantea la Ley de Memoria Histórica. La calidad moral de una sociedad puede medirse de muchas maneras, pero sin duda una de las más reveladoras es la forma en que trata a sus víctimas. La nueva ley se inspira en una concepción restaurativa de la justicia que cifra la definitiva reconciliación de los españoles con su pasado en el reconocimiento de la dignidad y el honor de las víctimas olvidadas. Sin embargo, la noción de una memoria justa compartida por todos los integrantes de las nuevas generaciones plantea serios problemas en un régimen democrático, 15 Ministerio de Justicia, Causa general. La dominación roja en España. Avance de la información instruida por el Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Madrid, 1943, p. XI. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 Francisco Colom González 171 donde necesariamente coexisten distintas sensibilidades y percepciones del pasado. La memoria histórica es inevitablemente un terreno de confrontación política, porque en torno a ella se expresan ideas distintas sobre el presente y sobre el futuro. La solución no pasa por la elaboración de un nuevo contra-relato hegemónico. La agresividad con que esta ley ha sido recibida por algunos sectores demuestra que nos encontramos ante una cuestión que todavía afecta a un nervio extremadamente sensible de la sociedad española. En realidad, no hay evidencias de que sea el revanchismo lo que mueve tales iniciativas, ni parecen existir de momento vías jurídicas que pudieran dar un cauce penal a esa supuesta intención vengativa. El intento del juez Garzón de someter los crímenes de la guerra civil a una causa judicial ha generado algunos equívocos en este sentido, pues no se trata a estas alturas de reclamar responsabilidades penales por hechos acaecidos hace más de medio siglo, sino del reconocimiento simbólico que la democracia española les debe a todas las víctimas de la guerra y a las víctimas del franquismo. En este punto es preciso señalar que las víctimas merecen nuestra compasión y respeto por su condición de tales, no por sus ideas políticas, que no ganan valor ni prestigio por la condición sacrificial de sus portadores. Nos encontramos, pues, ante dos cuestiones de distinta índole que conviene diferenciar: de un lado, la responsabilidad histórica por los crímenes cometidos; de otro, la reparación simbólica debida a las víctimas. Una legislación que intente gestionar un legado histórico tan traumático como el de la guerra civil española debería aspirar a promover una reconciliación asentada en la restitución de la dignidad y el recuerdo de las víctimas sin renunciar a establecer las responsabilidades históricas y políticas por los hechos acaecidos. Ambos procesos obedecen a lógicas morales distintas, pero no son incompatibles. Una vez canceladas las consecuencias penales de los crímenes no es preciso incurrir en lo que Max Weber calificó como la clerical manía de querer tener siempre razón. Quizá sea la Iglesia católica, en su doble condición de víctima y victimaria durante la contienda, la que más rápidamente ha sacado conclusiones. La Conferencia Episcopal Española anunció en el mes de abril de 2007 la beatificación de 498 nuevos mártires de la guerra civil. Su entonces secretario general y portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, señaló que esta iniciativa «no va contra nadie, ni tiene que ver nada con el gobierno. La intención de la Iglesia es promover el espíritu del perdón. La memoria de los mártires no es para buscar culpas a nadie, pero no es que no las haya»16. Más allá de que esta medida concreta, promovida en su día por Juan Pablo II, pueda interpretarse como una respuesta de la conservadora y beligerante Iglesia española a la Ley de Memoria Histórica, la idea que transmite es 16 El País, 28 de Abril de 2007, p. 40. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 172 El pasado en el presente. Qué hacer con la memoria de la ... clara: una cosa es la voluntad de perdón y de reconciliación; otra distinta, la búsqueda de la verdad y la determinación histórica de las responsabilidades. Conocimiento, responsabilidad y reconciliación aluden pues a dimensiones de la memoria –de una respectiva naturaleza didáctica, política y terapéutica– que son social y cualitativamente distintas entre sí. La dimensión política de la memoria trasciende el ámbito privado de los recuerdos personales. La aceptación o determinación de responsabilidades históricas supone por ello el conocimiento y reconocimiento público de los papeles desempeñados por los individuos y las instituciones en contextos de conflicto. De la trasparencia y facilidad con que fluyan esos procesos depende que los ciudadanos lleguen a asumir críticamente la historia de su propio país y puedan reconocerse en las instituciones políticas del presente. La dimensión terapéutica de la memoria alude, por otro lado, a la posibilidad de redimir el daño moral a través de un ejercicio anamnético y está relacionada con la elaboración del duelo personal y la voluntad de perdón. Es evidente que quienes sufrieron en silencio la pérdida de seres queridos jamás olvidaron, pero el temor instaurado en la sociedad española impidió durante largo tiempo que el duelo privado se transformase en reivindicación pública. La inhibición de la memoria y el refugio en el silencio se repiten así como una constante en la historia oral recabada entre los represaliados y sus allegados más inmediatos. A menudo son sus descendientes quienes descubren sorprendidos, a pie de fosa, la insospechada existencia de un fusilado o de un desaparecido en la familia17. La represión ejercida por el franquismo sobre los vencidos en la guerra no sólo buscaba el silencio forzoso, sino también su erradicación de la historia mediante la desarticulación de las comunidades de memoria en las que se socializan los recuerdos. El enmudecido testimonio de las fosas, su carácter de secreto público, ejercía por ello una particular pedagogía del terror. Se pretendía hurtar del control familiar y social el duelo por las víctimas, pues aquello de lo que no puede hablarse ni transmitirse a las siguientes generaciones deja de existir. El psicoanálisis ha mostrado que en aquellos contextos conflictivos donde predomina el rechazo social o los pactos de silencio, los supervivientes traumatizados se quedan a solas con sus propias experiencias. El historiador alemán Friedhelm Boll ilustró mediante una serie de entrevistas con supervivientes del genocidio judío y con víctimas del estalinismo cómo la 17 El material oral recopilado sobre las experiencias de la guerra, la represión y el exilio es muy amplio y disperso. Para una visión sucinta de los principales recursos audiovisuales sobre este tema, véase R. Arias, «La Guerra Civil y el exilio. Testimonios audiovisuales», en Página Abierta, n.º 179, marzo de 2007 http://www.pensamientocritico.org/rafari0307.html. Sobre la memoria oral ligada a las exhumaciones, véase F. Ferrándiz, «Cries and whispers: exhuming and narrating defeat in Spain today», Journal of Spanish Cultural Studies, Vol. 9, Issue 2 (2008), pp. 177-192. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 Francisco Colom González 173 cualidad de lo incomunicable está asociada a las restricciones del entorno, de manera que los aspectos indecibles de un sufrimiento abrumador mueven al sujeto traumatizado a no querer exponerse de nuevo contándolo18. La función terapéutica de la memoria discurre justamente en un sentido inverso: no estriba en suspender el juicio histórico ni en alimentar el resentimiento o la venganza, sino en reconciliarse con el pasado mediante un ejercicio de rememoración que le haga justicia recuperando a las víctimas. La sensación de alivio que suelen expresar los allegados tras reconocer los restos de un familiar en una fosa recién abierta constituye una experiencia generalizada. Según el testimonio de un antropólogo que ha presenciado más de una veintena de exhumaciones de la guerra civil, «se vive una tremenda tensión previa, pero después aparece la paz, el alivio. Y algo casi más importante: no he presenciado ninguna reacción rencorosa, de revancha. Sencillamente, todos quieren enterrar con dignidad a sus muertos»19. La historia de persecución y sufrimiento de las víctimas es así susceptible de ser evocada, pero la experiencia traumática primigenia, con su carga de insoportabilidad, no se transfiere ya a las generaciones sucesivas. La posibilidad de la reconciliación histórica estriba precisamente en la capacidad terapéutica de los rituales anamnéticos y en la pérdida del dolor que tiene lugar en el proceso de transmisión intergeneracional de los recuerdos. La vinculación de la ciudadanía con el derecho a la memoria merece una última reflexión adicional. La nueva ley reconoce que no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva, pero sí «reparar a las víctimas, consagrar y proteger con el máximo vigor normativo el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática». Se ha llegado a hablar en este contexto de los derechos de los muertos, sin duda de una deformación provocada por la jerga legalista que inunda el discurso político contemporáneo. Salvo que se crea en la resurrección de los difuntos o en la salvación de las almas, el único derecho que afecta a los muertos es el de habitar nuestra memoria, pero las condiciones de su rememoración constituyen ciertamente un derecho de los vivos. La memoria histórica desempeña en este sentido una función didáctica. Aunque el pasado jamás volverá y no se repite ni como farsa ni como tragedia, las nuevas generaciones se socializan mediante una recepción del pasado que condiciona su percepción del futuro. Manuel Azaña, el último presidente de la República, expresó en los estertores de la contienda civil la imperiosa necesidad de que los españoles se perdonasen y aprendiesen de la tragedia sufrida. Las palabras de su discurso ante las Cortes reunidas en Barcelona el 18 de julio de 1938 son 18 F. Boll, Sprechen als Last und Befreiung: Holocaust-Überlebende und politisch Verfolgte zweier Diktaturen, Dietz, Bonn, 2003. 19 F. Ferrándiz en declaraciones a El País, 3 de Octubre de 2009. Res publica, 23, 2010, pp. 161-174 174 El pasado en el presente. Qué hacer con la memoria de la ... capaces aún de conmovernos. En ellas aludía a la obligación moral de sacar de la musa del escarmiento el mayor bien posible: «Cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón». Necesitamos, pues, la memoria y no el olvido para reparar el daño de quienes todavía sufren por el pasado y para elevar la calidad moral de nuestra vida colectiva. Compadecer y compensar a las víctimas, reparar su dignidad, ubicarlas en nuestra memoria, identificar las responsabilidades… Todas ellas son variables de un conflicto de cuya correcta resolución depende en gran medida la salud cívica y la vitalidad democrática de una comunidad, pero esto es algo para lo que no existen manuales ni prontuarios: cada sociedad debe aprender por sí misma a curarse las heridas de la memoria. Recibido: 15 julio 2009 Aceptado: 9 marzo 2010 Res publica, 23, 2010, pp. 161-174