Institucionalidad y derecho ambiental en Centroamérica
2013, PROBLEMÁTICAS DEL REGIONALISMO LATINOAMERICANO EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI
La región centroamericana posee una considerable riqueza biológica que se traduce en la biodiversidad de su flora y fauna, bosques, humedales, cuencas hidrográficas, cuerpos de aguas superficiales, ecosistemas montañosos, costeros y marinos; todos ellos de gran valor cultural, económico, turístico y científico. A pesar de su riqueza biológica, Centroamérica es una región castigada por la pobreza y una de las zonas del mundo más vulnerables a los desastres naturales, fruto de un uso no sustentable de sus recursos naturales con la depredación, deforestación y contaminación de los mismos. Agobiados por conflictos armados internos y crisis económicas, política y social durante la década de los ochenta, los países de la región destinaron pocos esfuerzos a la protección del medio ambiente, careciendo de institucionalidad para la gestión ambiental mientras la legislación existente trataba el tema de forma transversal y dispersa. A principios de la década de los noventa, Centroamérica logra consolidar los procesos de pacificación y se construyen instituciones entorno a un sistema democrático. En este contexto, se reestructura completamente el proceso de integración de la región y se da vida al Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, que se incluye como eje fundamental de la protección del medio ambiente y la búsqueda del equilibrado desarrollo y uso del patrimonio natural. Se crean organismos regionales destinados exclusivamente al tema ambiental y los países del área firman una serie de convenios y acuerdos regionales e internacionales que van conformando y delineando el Derecho Ambiental Centroamericano. Con el apoyo de los organismos regionales, los países del istmo generan y consolidan instituciones y leyes nacionales destinadas a dar una efectiva protección y preservación de sus recursos naturales.
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PROBLEMÁTICAS DEL REGIONALISMO LATINOAMERICANO EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI, 2013
Este trabajo presenta un análisis de las ventajas y desventajas para que los países miembros de UNASUR adopten el sucre, la moneda virtual del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) bien como moneda virtual o como moneda común, dando por hecho que los avances en la integración suramericana hacia una unión monetaria continuarán progresivamente. Para ello, se presenta, en primer lugar, una revisión de la literatura sobre la factibilidad de una unión monetaria suramericana y de la utilización de una moneda común. En segundo lugar, el análisis se centrará en determinar las ventajas y desventajas de que, por una parte, cada país continúe manteniendo su moneda (independiente) y fije su paridad cambiaria respecto al SUCRE, manteniéndose este último como moneda virtual para las transacciones comerciales y financieras, y por la otra, la adopción del sucre como moneda común para los países de UNASUR, cumpliendo con las tres funciones que se le asignan al dinero: medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta.
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Latinoamérica, y Sudamérica en particular, afrontaron un escenario diferente en la primera década del siglo XXI. Entre los cambios producidos se destaca la aparición del denominado “regionalismo poshegemónico”. En ese marco surgieron nuevos escenarios de cooperación entre los Estados de la región. Esta situación reabrió viejos debates e instauró nuevos en torno a cuestiones tales como: si estos procesos presentaban nuevas instancias de integración; si asistíamos a un nuevo multilateralismo latinoamericano; si dicho multilateralismo tenía características distintivas y qué impacto tenían estos procesos en relación a los vínculos con las potencias regionales y extra-regionales. En este artículo pretendemos avanzar algunas reflexiones sobre el caso específico de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) tratando de dar respuesta a los interrogantes antes mencionados. A partir del presente análisis, es posible señalar que se introdujo una práctica singular lo que ha dado lugar al multilateralismo sudamericano. El mismo se caracteriza, entre otras particularidades, por constituir un proceso de concertación política o, en su defecto, uno de integración multifuncional, distanciándose de perspectivas tradicionales, propias de las visiones economicistas de los procesos de integración. No obstante, también se debe mencionar que dicho proceso no fue lineal ni ha estado exento de dificultades. Así, UNASUR ha transitado un quinquenio de luces y un quinquenio de sombras, manifestando, de esta forma, los principales desafíos que se presentan para el multilateralismo sudamericano en el nuevo siglo.
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“La Comunidad Andina de Naciones: una evaluación de sus instituciones a medio siglo de su gestación”, El Derecho, 27 de abril de 2017.
La integración y cooperación regional entre los Estados de América Latina ha presentado, en más de seis décadas de experiencia, distintos resultados como se observa en el caso del Mercosur, la Alianza del Pacífico, los países centroamericanos y del Caribe. En este sentido, el proceso de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante, “CAN”) ha presentado avances y retrocesos idénticos a los anteriores y amerita un análisis actualizado de sus órganos e instituciones de modo que permitan, en lo posible, comprender no sólo su estructura y contexto, sino también su desarrollo y proyección al fracaso o una convergencia superadora. Para lograr el objetivo propuesto, se realizará una síntesis histórica de la CAN que nos permita advertir cómo fue su proceso de gestación para, luego, continuar con un análisis de sus instituciones y órganos de modo que nos habilite, finalmente, a realizar algunas consideraciones sobre sus desafíos actuales y futuros.
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Conmemorando el 25° aniversario del MERCOSUR, este trabajo realiza un balance del devenir del proceso de construcción de región desde el 2003 a nuestros días, para dilucidar los elementos de la coyuntura crítica que se encuentra atravesando. Se argumenta que el MERCOSUR enfrenta desafíos que se despliegan en tres niveles: 1) cómo resolver el rompecabezas de incompatibilidad entre proyectos nacionales que están cambiando y el proyecto regional imperante del Mercosur 2002-2003 y 2012-2013; 2) cómo proyectar al Mercosur en el marco de la nueva geopolítica latinoamericana, que incluye proyectos regionales que se superponen, complementarios y/o en pugna, y, en especial, en la que se tensiona cada vez más la división ideológica entre el eje Atlántico y el eje Pacífico; 3) cómo se inserta internacionalmente el Mercosur en un contexto en el que se retoman (y/o reformulan) las negociaciones birregionales con la Unión Europea (UE), el establecimiento de mega-acuerdos comerciales y la gravitación de la República Popular China
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PROBLEMÁTICAS DEL REGIONALISMO LATINOAMERICANO
EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI
Misión UJMD
Fomar, por medio de la docencia, la proyección social y
la investigación, profesionales capaces de integrarse y
desarrollarse en un entorno nacional e internacional, con alta
competencia, espíritu de investigación e innovación, sólida
moralidad, profunda sensibilidad humana y clara visión del
futuro
Universidad Dr. José
Matías Delgado
Visión UJMD
Tener consolidada y proyectada su excelencia académica,
dentro de un proceso de acreditación permanente, nacional
e internacional, manteniendo su liderazgo institucional y
aseurando que sus graduados compitán exitosamente en un
mundo globalizado.
PROBLEMÁTICAS DEL REGIONALISMO
LATINOAMERICANO
EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI
Noemí B. Mellado
Coordinación General
Juan Carlos Fernández Saca
Coordinación Editorial
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María Luciana Ali
Clara Amzel-Ginzburg
Manuel Cienfuegos Mateo
Wilson Nerys Fernández
Juan Carlos Fernández Saca
Rita Marcela Gajate
Rita Giacalone
Marcelo Halperin
Noemí Beatriz Mellado
Gloria Edel Mendicoa
José U. Mora Mora
Eugenia Candelaria Pardo
Ricardo Sebastián Piana
Lautaro Martín Ramírez
Carmen Rosa Schaposnik
Amalia Stuhldreher
Martín Tetaz
Luis A. Toro G.
María Eugenia Vega
Universidad Dr. José
MATÍAS DELGADO
PROBLEMÁTICAS DEL REGIONALISMO LATINOAMERICANO
EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI
338.98
P962
sv
Problemáticas del regiionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI /
coordinación general Noemí Beatriz Mellado; coordinación editorial Juan Carlos
Fernández Saca. --1ªed. --San Salvador, El Salv. : Editorial Delgado, 2013.
384 p. ; 25 cm.
ISBN 978-99923-934-7-5
1. Tratados comerciales –América Latina. 2. Política comercial –América Latina. 3.
Desarrollo económico. I. Mellado, Noemí Beatriz, coordinación general. II.
Fernández Saca, Juan Carlos, Problemáticas del regionalismo
latinoamericano…2013, coordinador ed. III. Título.
© 2013 Editorial Delgado. Universidad Dr. José Matías Delgado.
Km 81/2 Carretera a Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán,
Departamento de La Libertad, El Salvador, C. A.
Teléfono: (503) 2212-9447
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Distribución
Librería Delgado, Universidad Dr. José Matías Delgado
Teléfono: (503) 22-12-9415
Correo electrónico: liberiadelgado@ujmd.edu.sv
El contenido de este libro es responsabilidad exclusiva de los autores.
Hecho el depósito que manda la ley.
Referencias de los autores
ÍNDICE
7
Presentación
13
I. LOS DESAFÍOS DEL NUEVO MULTILATERALISMO
25
El sistema económico internacional y los avatares
en la construcción de un nuevo multilateralismo
MARCELO HALPERIN
27
La cláusula de habilitación de la OMC
y los acuerdos comerciales preferenciales
¿Qué sucede con las medidas no arancelarias?
LAUTARO M. RAMÍREZ
37
II. ENFOQUES JURÍDICOS-INSTITUCIONALES
53
Instituciones de los procesos de integración sudamericanos.
Modelos y tendencias actuales
RITA MARCELA GAJATE
55
MERCOSUR: suspensión de Paraguay, ingreso de Venezuela
CLARA AMZEL-GINZBURG
75
Colaboración judicial en procesos sudamericanos de
integración económica: las consultas prejudiciales andinas
MANUEL CIENFUEGOS MATEO
93
Las Cartas Iberoamericanas de Gobierno Electrónico
y de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
Hacia una definición local de los parámetros institucionales
del buen gobierno
RICARDO SEBASTIAN PIANA
117
III. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL REGIONALISMO ACTUAL:
COMERCIO, MONEDA E INFRAESTRUCTURA
137
Los aspectos económicos en los nuevos acuerdos
sudamericanos de integración
RITA GIACALONE
139
Impacto del comercio exterior en la cohesión social
de los países del MERCOSUR
MARTÍN TETAZ
160
Tratado de Comercio de los Pueblos: su contenido y
estudios de caso del comercio entre Venezuela
y Bolivia (2006- 2009)
LUIS A. TORO G.
183
Perspectivas económicas acerca del uso del SUCRE
en la UNASUR
JOSÉ U. MORA MORA
197
La teoría de la integración regional y la infraestructura
sudamericana
WILSON NERYS FERNÁNDEZ
211
IV. MEDIOAMBIENTE
229
El medioambiente como un problema de seguridad
en el regionalismo
MARÍA EUGENIA VEGA
231
La dimensión medioambiental del MERCOSUR
desde el enfoque del
constructivismo: ¿Chances para una construcción
participativa?
AMALIA STUHLDREHER
249
Institucionalidad y derecho ambiental
en Centroamérica.
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ SACA
268
V. AMPLIACION DE LA AGENDA SOCIAL
287
La dimensión social del MERCOSUR
GLORIA EDEL MENDICOA
289
La cohesión/inclusión social en la agenda
del regionalismo sudamericano:
UNASUR-MERCOSUR
NOEMÍ B. MELLADO Y MARÍA LUCIANA ALI
308
Educación, cooperativas y ‘cohesión social’ en el ALBA-TCP
CARMEN ROSA SCHAPOSNIK Y EUGENIA CANDELARIA PARDO
355
Referencias de los Autores
María Luciana Ali: Licenciada en Relaciones Internacionales. Especialista en
Políticas de Integración. Auxiliar Docente en la Cátedra de Economía Política,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Investigadora del Instituto de Integración Latinoamericana. Editora y compositora
de la Revista Aportes para la Integración Latinoamericana y Boletín Informe Integrar del
Instituto de Integración Latinoamericana, UNLP. Invitada por la Universidad Federal
de Mato Grosso del Sur; la Universidad de la República, Uruguay; la Universidad
Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de Catamarca y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI). Autora de diversas publicaciones, entre
las que se destacan: “Infraestructura y Gobernabilidad en el MERCOSUR”, en:
Los Cambios en la Infraestructura regional y sus impactos ambientales en clave de
mejorar la gobernabilidad en el MERCOSUR, Editorial Lerner, 2011, Argentina; “Las
Cumbres Presidenciales en el MERCOSUR y su contribución a la gobernabilidad”,
en: Gobernabilidad e instituciones en la Integración Regional, Editorial Lerner, 2010,
Argentina. E-mail: luali1@yahoo.com.
Clara Amzel-Ginzburg: Abogada, Universidad Nacional de Buenos Aires. Magíster
en Integración Latinoamericana, Universidad Nacional de La Plata. Docente de
posgrado de la Maestría en Integración Latinoamericana. Coordinadora de la
revista “Aportes para la Integración Latinoamericana”, Directora asistente y
Coordinadora académica del Boletín “Informe Integrar” del Instituto de Integración
Latinoamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional
de La Plata. Integrante del equipo de investigación del Instituto de Integración
Latinoamericana. Autora de diversas publicaciones nacionales. E-mail: claraginz@
yahoo.com.ar
Manuel Cienfuegos Mateo: Magíster en Estudios Europeos, Instituto Universitario
de Estudios Europeos de la Universitat Autònoma de Barcelona (1989); Licence
spéciale en Droit Européen, Institut d’Etudes Européennes, Université Libre de
Bruxelles (1990). Doctor en Derecho, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
(1995). Profesor Titular (acreditado como Catedrático) de Derecho Internacional
Público y Derecho de la Unión Europea, Universitat Pompeu Fabra (2002). Director
Adjunto del Observatorio de las Relaciones con América Latina (ORLA) de Barcelona
(2005). Entre las publicaciones más recientes relacionadas con la temática de este
trabajo, cabe destacar: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, clave de bóveda
de su gobernabilidad”, en: MELLADO Noemí (Ed.), Gobernabilidad e instituciones en
la integración regional, Lerner Editora, 2010, Argentina; y “Opiniones consultivas en
el MERCOSUR y cuestiones prejudiciales en la Unión Europea como instrumentos
de gobernabilidad”, en: CIENFUEGOS MATEO Manuel, MELLADO Noemí y
FERNÁNDEZ Wilson (Eds.), Desafíos del desarrollo de la infraestructura regional para
el medio ambiente, la cohesión social y la gobernabilidad del MERCOSUR, Taller de
Comunicación, Montevideo, 2012. Más información http://www.upf.edu/orbis/
professorat/cienfu.html.
8 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Wilson Nerys Fernández: Doctor en Sociología (Aprovado com Louvor) por la
Universidad de Brasilia (UnB), Brasil. Maestro en Economía y Política Internacional
por el CIDE, México. Profesor de Geografía por el IPA, Montevideo, Uruguay.
Director Académico de la Maestría en Relaciones Internacionales, Facultad de
Derecho de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Profesor Titular
de Teoría de las Relaciones Internacionales de dicha Facultad y Profesor Invitado
en diversas universidades de Europa y América Latina. Consultor - Auditor en
temas socioeconómicos en la Gerencia de Control de Gestión Ambiental de la
Auditoría General de la Nación de la República Argentina. Premio “Jesús Silva
Herzog 1980” del Colegio de Economistas de México-Filial Guerrero. En 1982 fue
declarado “Huésped Distinguido” por el H. Ayuntamiento de la Ciudad y Puerto
de Acapulco de Juárez, Gro., México. Miembro del Consejo Editorial de diversas
revistas sobre Integración Regional. Autor y co-autor de diversos libros y artículos
científicos.
Juan Carlos Fernández Saca: Licenciado en Economía y Maestro en Administración
Pública, Universidad Dr. José Matías Delgado de El Salvador y Magíster en
Integración Latinoamericana, Universidad Nacional de La Plata. Decano de la
Facultad de Posgrados y Educación Continua de la Universidad Dr. José Matías
Delgado. Fundador de las publicaciones electrónicas “Investigaciones de
Posgrados” y “Ventana Económica” de la misma Universidad. Profesor titular
de la cátedra de Economía Internacional II de la Licenciatura en Economía
Empresarial y profesor de Metodología de la Investigación en el área de posgrados
de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Profesor invitado por el Instituto de
Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata. Autor de
diversos artículos de su especialidad. E-mail: jcfernandezs@ujmd.edu.sv
Rita Marcela Gajate: Abogada. Especialista en Integración Latinoamericana.
Especialista en Docencia Universitaria y Educación Superior. Investigadora
Categorizada II por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República
Argentina. Profesora Adjunta Ordinaria de Economía Política, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata. Profesora de Derecho de
la Integración en la Maestría en Integración Latinoamericana y Especialización en
Políticas de Integración de la Universidad Nacional de La Plata. Profesora Adjunta
Ordinaria de Economía Política, Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos
Aires. Secretaria de Asuntos Académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, períodos: 2007-2010, 20102012. Actualmente Secretaria en la Cámara Segunda de Apelaciones, Sala 2, del
Departamento Judicial La Plata. Autora de numerosas publicaciones nacionales
e internacionales en Derecho de la Integración e Institucionalidad Jurídica de la
Integración Regional. E-mail: ritagajate@jursoc.unlp.edu.ar
Rita Giacalone: Ph. D. en Historia (Indiana University, EEUU); Profesora Titular
de Historia Económica en el Departamento y en el Postgrado de Economía, de
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes,
Referencias de los autores | 9
Mérida, Venezuela; Coordinadora del Grupo de Investigación en Integración
Regional (GRUDIR) y del Programa de Formación de Tutores (PROFORTE) de dicha
universidad. Investigadora del Centro de Estudios Agroalimentarios (CIAAL). Ha
sido Directora de la Escuela de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Jurídicas
y Políticas, y Editora de la Revista Venezolana de Ciencia Política y de la Revista
Agroalimentaria. Ha publicado libros, artículos y capítulos, en español e inglés,
sobre temas de integración regional, historia empresarial, relaciones económicas
internacionales y relaciones empresarios-Estado en América Latina y el Caribe.
E-mail: ritagiacalone@yahoo.com
Marcelo Halperin: Abogado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad
de Buenos Aires. Egresado de la Escuela de Sociología, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba.
Secretario de la Maestría en Integración Latinoamericana y de la Especialización
en Políticas de Integración de las Carreras de posgrado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP. Profesor de Derecho Internacional Económico
en ambas Carreras. Investigador del Instituto de Integración Latinoamericana,
UNLP. Consultor de organismos de integración y cooperación regional (SELA,
ALADI, INTAL, CEPAL, PNUD, BID). Autor de diversas publicaciones nacionales e
internacionales de su especialidad. www.marcelohalperin.com.ar
Noemí Beatriz Mellado: Especialista en Derecho de la Integración Económica.
Profesor Titular de Economía Política, Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
y Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Profesor de posgrado de Teoría de la Integración e Integración Latinoamericana.
Directora del Instituto de Integración Latinoamericana. Directora de la Maestría
en Integración Latinoamericana y Especialización en Políticas de Integración,
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Profesor visitante
e invitado por varias universidades nacionales, latinoamericanas, europeas y
estadounidenses. Investigador Categoría I del Sistema Nacional de Investigadores,
Secretaría Políticas Universitarias, Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología
de Argentina. Premio a la Labor Científica, 2011, UNLP. Directora de la Revista
“Aportes para la Integración Latinoamericana” y del Boletín “Informe Integrar”. Autora
de diversas publicaciones nacionales y extranjeras, sobre actores empresariales
y sindicales argentinos, relaciones América Latina y bloques extra-regionales e
integración regional. E-mail: integra@netverk.com.ar.
Gloria Edel Mendicoa. Doctora en Ciencias Sociales con Especialización en
Sociología (UCALP, 1997). Profesora Titular Regular de la Universidad de Buenos
Aires. Directora del Grupo de Estudio Institucionalidad Social y Mercosur.
Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
Profesora visitante y huésped de diversas universidades extranjeras entre otras:
Universidad Internacional de Andalucía, Universidad de Colima (México), Instituto
de Relaciones Internacionales San Tiago Dantas, UNESP-UNICAMP-PUC/SP,
Universidad Gregoriana de Roma. Investigadora Categoría I del Sistema Nacional
10 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
de Investigadores. Secretaria de Investigación en el Departamento de Humanidades
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza. Autora y coautora
de diversos libros, artículos y ensayos relacionados con procesos de integración
regional. Sus trabajos como investigadora la han llevado a tener vasta experiencia en
la formación de recursos humanos, tanto en la dirección de tesistas, investigadores
en formación y formados como asimismo relaciones con diversos grupos académicos
y de profesionales. E mail: gloriaedel@gmail.com
José Mora Mora: Ph.D. (2002) y Magister (1999) en Economía, University of
Illinois at Chicago, IL, USA. Economista (1991), Universidad de Los Andes, Mérida,
Venezuela. Profesor Titular (Mayo 2010 - presente) Universidad de Los Andes.
Pregrado: Teoría Microeconómica. Postgrado: Política Monetaria y Cambiaria,
y Crecimiento y Desarrollo Económico. Director del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales (Enero 2011-Presente), Universidad de Los Andes,
Venezuela. Profesor visitante Universidad de Vermont, Burlington, VT, USA, 20072009. Profesor visitante Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, 2006-2010.
Instructor visitante University of Illinois at Chicago, Chicago, IL, USA, 1999-2002.
Investigador Programa Estimulo al Investigador (PEI) del Observatorio Nacional de
Ciencia y Tecnología (ONCTI).
Eugenia Candelaria Pardo: Contadora Pública Nacional. Técnica en Cooperativas.
Auxiliar Docente de Economía Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Nacional de La Plata. Maestría en Integración Latinoamericana,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La
Plata. Investigador en formación del Instituto de Integración Latinoamericana,
de la Universidad Nacional de La Plata. Coautora de publicaciones nacionales
y extranjeras sobre temas de cooperativismo e integración regional. E-mail:
eugeniacpardo@yahoo.com.ar
Ricardo Sebastián Piana: Abogado y Dr. en Ciencias Políticas. Profesor de
Derecho Político de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata. Integrante del equipo de investigación del Instituto de
Integración Latinoamericana. Profesor visitante en la Escuela de Leyes de
Indiana University, EEUU, en el Institut für Informations, Telekommunikations
und Medienrecht, Westfaslische Wilhelms – Universität, Münster, Alemania, y en
las Facultades de Derecho de la Universidad de Zaragoza, España, del Institut de
Préparation à l’Administration Générale de la Université d’Auvergne, Francia y de la
Universidad Católica de Curitiba y las Federales de Santa Catarina, Santa María y
de Río Grande del Norte, Brasil. Secretario de Investigación Científica de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Autor de
diversas publicaciones nacionales y extranjeras. E-mail: r_piana@yahoo.es
Lautaro Martín Ramírez: Abogado y especialista en Políticas de Integración,
Maestría en Integración Latinoamericana y Doctorando en Ciencias Jurídicas en la
Universidad Nacional de la Plata. Jefe de Trabajos Prácticos de Economía Política,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. Tutor de cursos a distancia del
Referencias de los autores | 11
Departamento de Gestión Pública Efectiva de la Secretaría de Asuntos Políticos
de la Organización de los Estados Americanos. Investigador del Instituto de
Integración Latinoamericana y consultor en temas de integración económica
regional, comercio y ambiente del Departamento de Desarrollo Sostenible de la
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados
Americanos y de la División de Integración y Comercio del Banco Interamericano de
Desarrollo. Autor de diversos artículos en materia de integración regional y derecho
económico internacional, tanto en Argentina como en el extranjero. Miembro de
la Interamerican Bar Association y del International Law Institute, ambos con sede en
Washington DC, Estados Unidos y de la Society of International Economic Law de
Londres. www.lautaromramirez.com
Carmen Rosa Schaposnik: Licenciada en Economía, Técnica en Cooperativas y
Especialista en Políticas de Integración, Universidad Nacional de La Plata, UNLP.
Investigadora del Instituto de Integración Latinoamericana, UNLP. Profesora
Adjunta Ordinaria de Economía Política, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
UNLP. Docente en la Maestría en Entidades de la Economía Social, Universidad
Nacional de Rosario (UNR). Autora de publicaciones nacionales y extranjeras
sobre integración regional, economía social y cooperativismo. E-mail: rosasnik@
yahoo.com.ar
Amalia Stuhldreher: Licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad del
Salvador (USAL), Argentina. Doctora en Ciencia Política, Universidad de Mainz,
Alemania. Investigadora activa del área de Ciencias Sociales de la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación (ANII), Uruguay. Docente del Centro Universitario de
Tacuarembó (CUT), Universidad de la República (UDELAR), Uruguay. Docente del
Diploma de Posgrado en Estudios Internacionales – Mención Sistema Internacional
e Integración, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, Uruguay. Conferencista del
Módulo Jean Monnet de Estudios Europeos, Universidad Católica del Uruguay
Dámaso Larrañaga (UCUDAL). Autora de publicaciones relativas a los procesos
de integración en América Latina y sus relaciones interregionales con la Unión
Europea, así como sobre temas de la agenda global (migraciones internacionales
contemporáneas, cambio climático, energías renovables) y sus repercusiones a nivel
local de cara a la problemática del desarrollo sustentable. E- mail: astuhldreher@
hotmail.com
Martín Tetaz: Economista, graduado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
con estudios de posgrado en Psicología Cognitiva en la Universidad de Buenos
Aires y actualmente Doctorando en Ciencias de la Gestión de la UNLP. Investigador
del Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) e Investigador visitante del
Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales (CEDLAS), ambos de la
UNLP. Profesor invitado de la Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador
y de la Universidad de la República, Uruguay. Autor de libros, capítulos de libros
y de numerosos artículos científicos sobre temas de su especialidad. Columnista
habitual de diarios y revistas de circulación nacional. E-mail: martintetaz@yahoo.
com.ar
12 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Luis A. Toro G.: Economista, graduado en la Universidad de Los Andes (ULA)
Mérida – Venezuela. M.A en Economía Internacional en University of San Francisco,
California, EEUU. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela). Investigador Principal del
Grupo de Integración Regional (GRUDIR). E-Mail: luistorog@gmail.com
María Eugenia Vega: Doctoranda en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires. Becaria de Postgrado del CONICET. Cursante del Postgrado Regional en
Desarme y No Proliferación, Fundación NPS Global. Profesora Visitante en la
Maestría en Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPSAL,
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. Magíster en Defensa Nacional,
Escuela de Defensa Nacional de la República Argentina. Licenciada en Ciencia
Política, Universidad de Buenos Aires. Miembro del Grupo de Integración Regional,
GRUDIR, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Los Andes,
Mérida, Venezuela.
Presentación | 13
Presentación
Desde el fin de la Guerra Fría el orden internacional de posguerra registra un
proceso de profundos cambios, en el que el regionalismo es una expresión clara
del auge de los espacios de integración y cooperación.
El siglo XXI nace en un escenario de incertidumbre ya que la crisis económicofinanciera mundial, que se evidencia en el año 2007, golpea al capitalismo en uno
de los componentes de su núcleo central y se expande al conjunto de la economía
mundial, debilitando al multilateralismo global y regional. Mientras se observa un
decaimiento de la capacidad económica de Estados Unidos y Europa, el fenómeno
muestra su complejidad en cuanto a su intensidad, diferentes dimensiones y
correlaciones con otras tendencias críticas como la medioambiental, energética y
alimenticia.
De esta manera, exhibe por un lado la incapacidad del sistema capitalista de
gestionar y regular la economía y, por otro, el poder del capital como la debilidad
del Estado que actúa en función de esos intereses tratando de recomponer la
confianza en el sistema financiero. En consecuencia, el capital dominado por la
lógica financiera en contra de la economía productiva, reproduce la acumulación
y concentración de riqueza en detrimento de amplios sectores de la sociedad que
se manifiestan en resistencias y luchas a escala planetaria. No hay certezas sobre
el derrotero inmediato de la economía mundial como tampoco sobre el devenir de
la recuperación y la reestructuración capitalistas.
Así, nos enfrentamos a diferentes retos políticos, económicos, sociales y
estratégicos que plantean las relaciones internacionales de estos tiempos. Han
surgido nuevos polos dinámicos de crecimiento como China, India y Rusia, que
modifican la estructura de esas relaciones y, si bien pueden abrir ventanas de
oportunidades para la región, también pueden ser un factor de incidencia para la
reprimarización de sus economías.
El fortalecimiento de algunas economías llamadas emergentes como los BRICS,
los impactos de la crisis, particularmente en los países centrales, y los resultados
insatisfactorios de la Ronda de Doha, llevan a objetar el orden financiero, monetario
y comercial de posguerra.
Por su parte Latinoamérica vive una situación caracterizada primordialmente
por una concentración del ingreso y de la riqueza que suele ser, en términos
proporcionales y en comparación con otras regiones, desmesurada. La pobreza
sigue aquejando a la región -177 millones de personas pobres, de las cuales 70
millones son indigentes-. Pese a las altas tasas de crecimiento que registró la
región en los últimos años y el avance en la reducción de la pobreza, ello fue
insuficiente para contrarrestar el crecimiento poblacional desde los años ochenta.
En términos absolutos existen 38 millones más de pobres y 8 millones más de
indigentes, además, la fluctuación de sus tasas de crecimiento y la marginalidad
en la economía mundial en un proceso de polaridad global centro-periferia que
lleva a ampliar la brecha entre los países del norte y del sur.
14 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
En este contexto, se agudizan las críticas hacia el neoliberalismo del siglo pasado y
a las políticas de relacionamiento externo que, bajo el regionalismo abierto, crearon
nuevas formas de vinculación dependiente de la economía mundial. De este modo,
se activa el debate sobre las políticas de desarrollo e inserción internacional y
acerca del rol del Estado como de la sociedad civil. A pesar de ello, frente a la crisis
internacional la región no exhibió un accionar mancomunado, aunque sus efectos
no alcanzaron la intensidad que ha tenido en los países centrales. Cada uno de los
países trató de enfrentarla de modo individual, manteniendo en su gran mayoría
la esencia de las políticas neoliberales en cuanto a la regulación de los flujos de
capital y a los manejos fiscal y monetario. De igual forma en materia de política
social, sus lineamientos no logran desprenderse del asistencialismo neoliberal,
pese a las reformulaciones que se observan en algunos gobiernos nacionales.
Asimismo, se han producido una serie de acontecimientos relacionados con
diversos factores: múltiples propuestas de integración y concertación económica
y política de distinta naturaleza y alcances institucionales, que ponen al
descubierto un regionalismo con diferentes velocidades y a la vez asimétrico; la
ampliación de las agendas internas de los esquemas de integración económica
hacia otras dimensiones como la social, medioambiental, energética, alimentaria,
de infraestructura y participación social; marcos ideológicos, posicionales, y
comerciales diferentes. También un proceso de reconfiguración política en América
Latina; el retorno de intereses nacionales, políticos y sectoriales que imperan sobre
los regionales revelan heterogeneidades a nivel subregional e inclusive subnacional
y un fuerte recelo en torno a la construcción de instituciones integracionistas y/o
de articulación de políticas públicas.
La lógica de la integración también varió y se orienta a enfrentar las problemáticas
derivadas de las dinámicas internas de los propios procesos, como también la
búsqueda de nuevos espacios en la economía global. Los países latinoamericanos
en general tienen entre sí y con relación a otros grupos o bloques, membrecías
múltiples que persiguen distintos objetivos y valoraciones, lo cual agrega otro
factor de incertidumbre, debilitan la integración regional ante la atomización de
esfuerzos y aumentan la fragmentación entre los países. De igual forma conspiran
con la adopción de una posición común en los foros internacionales, debido a la
maraña de Acuerdos Comerciales Regionales -ACR- que afectan al multilateralismo
y lo alejan del libre comercio.
Las actuales reglas de juego, tanto a nivel nacional, subregional, regional,
internacional y multilateral en un contexto de crisis global, dan cuenta de una
realidad que no fue acompañada por desarrollos teóricos que respondan a la
misma. En este escenario, tanto el concepto de desarrollo como de inserción
internacional están sujetos a deconstrucción y obligan a repensar los paradigmas
tradicionales de integración regional.
La utilización indistinta de los conceptos de “regionalismo” y “regionalización”
como sinónimo de integración económica en el marco de la economía mundial,
Presentación | 15
conduce no sólo a precisar estos conceptos sino a abordar al regionalismo
actual que, por su carácter innovador reclama la atención de la comunidad
científica, requiriendo de nuevos conocimientos y enfoques multidisciplinarios
para enfrentar su complejidad. De allí que en este libro se ponen en discusión las
categorías analíticas de regionalismo, regionalización e integración y se aborda
a ese regionalismo en sus características singulares: su diferente naturaleza, la
amplitud temática y geográfica y la no exclusividad de sus miembros.
La diversidad de proyectos de integración en gran medida se articula con los
políticos y económicos de los gobiernos de la región y es abarcativa desde los
procesos preexistentes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA) pasando por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), hasta la Alianza del Pacífico.
Como respuesta al desafío que afrontan las ciencias sociales en la región, se intenta
contribuir al debate, desde distintas perspectivas teóricas e interdisciplinarias,
para lograr un entendimiento más cabal y profundo de las tendencias del
regionalismo actual y su aporte a la teoría de la integración a partir de un enfoque
latinoamericano.
Esta necesidad surge de la propia historia de nuestro regionalismo que evidencia,
desde su origen, un entorno compuesto de concepciones e intereses divergentes
intra y extrarregionales. El estructuralismo y dependentismo de la CEPAL como
visión propia de América Latina, enriqueció la teoría de la integración hasta los
años setenta. Luego las transformaciones multidimensionales de fin de siglo y la
difusión de posiciones teóricas provenientes de otras latitudes, particularmente de
las relaciones internacionales, como explicación generalizada de los procesos de
integración, superaron aquellas líneas interpretativas sin generar otras alternativas
a la nueva realidad, pese a la tesis del regionalismo abierto de los años noventa.
Desde diferentes posiciones teóricas y epistemológicas se pretende generar
aportes para el análisis, la comprensión y el planteamiento de nuevas alternativas
al regionalismo a partir de ciertos interrogantes claves: ¿Es la categoría
“regionalismo” la que mejor describe los procesos actuales? ¿Qué características
tiene? ¿Cuál es su rol en la región? ¿Cuáles son sus consecuencias en el sistema
multilateral de comercio? ¿Cómo se evalúan los resultados de las diversas acciones
instrumentales o iniciativas que se han venido implementando en distintos ámbitos
de integración o cooperación regional?
Estas problemáticas suscitaron la atención de un grupo de investigadores
de diversa procedencia que desde el año 2008 se encuentran comprometidos
con la red interuniversitaria de “Formación de Posgrado e Investigación en
Integración Regional –REDFIRE-” de los Programas de Fortalecimiento de Redes
Interuniversitarias III, IV y V del Ministerio de Educación de la Nación Argentina,
16 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
que permitió darle continuidad al trabajo mancomunado de las universidades
participantes.
Integran esta red los siguientes posgrados e instituciones:
El Instituto de Integración Latinoamericana (IIL) y sus posgrados de
“Maestría en Integración Latinoamericana” y “Especialización en Políticas
de Integración” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Nacional de La Plata, Argentina, cuya coordinación general de
la red está a cargo de su Directora Noemí B. Mellado. Conforman el equipo
de investigación institucional: María Luciana Ali, Clara Amzel-Ginzburg,
Rita M. Gajate, Marcelo Halperin, Juan I. Miranda, Eugenia Pardo, Ricardo
Sebastián Piana, Lautaro Ramírez, Carmen Rosa Schaposnik, Martín Tetaz
y María Eugenia Vega.
El “Postgrado de Economía” de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de Los Andes, Venezuela, bajo la coordinación
de Rita Giacalone con sus investigadores José Mora Mora y Luis Toro G.
La “Maestría en Relaciones Internacionales” de la Facultad de Derecho de
la Universidad de la República, Uruguay, cuyo coordinador es Wilson Nerys
Fernández.
El “Observatorio de Relaciones con Latinoamérica” de la Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona, España, coordinado por Manuel Cienfuegos
Mateo.
La “Facultad de Posgrados y Educación Continua” de la Universidad Dr.
José Matías Delgado, El Salvador, coordinada por su Decano, Juan Carlos
Fernández Saca.
Como producto del desarrollo de un proyecto de investigación común titulado
“Gobernabilidad e instituciones en la construcción de la Integración Sudamericana”, se
publicaron los siguientes libros:
Gobernabilidad e Instituciones en la Integración Regional (2010), Lerner
Editora SRL, Córdoba, Argentina.
Los cambios en la infraestructura regional y sus impactos ambientales en clave
de mejorar la gobernabilidad e institucionalidad en el MERCOSUR (2011),
Lerner Editora SRL, Córdoba, Argentina (financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-).
Desafíos del desarrollo de la infraestructura regional para el medio ambiente,
la cohesión social y la gobernabilidad del MERCOSUR (2012), Taller de
Comunicación, Uruguay (también financiado por AECID).
Instituciones, Comercio y Cooperación Monetaria en la Integración
Sudamericana: Sus efectos sobre la Gobernabilidad Regional (2012), Lerner
Editora SRL, Córdoba, Argentina.
También se organizaron seis eventos científicos por parte de la Universidad
Nacional de La Plata, la Universidad de la República de Uruguay y la Universidad
Dr. José Matías Delgado, de El Salvador.
Presentación | 17
Sobre la base de la dinámica que adquirió la red y sus importantes resultados,
se presentó, en el año 2011, a una nueva Convocatoria del Programa de
Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias (V) del Ministerio de Educación
de la Nación Argentina, con el propósito de dar sustentabilidad efectiva a la
cooperación regional e internacional, mediante la identificación de nuevas
líneas de investigación a desarrollar de forma mancomunada; la realización
de publicaciones conjuntas; la acción de las instituciones participantes en
otros ámbitos de la cooperación internacional; el intercambio permanente
de información y materiales bibliográficos y la organización de eventos
académicos. Se buscó, en definitva, crear una sólida base de cooperación con
miras al futuro y lograr la integración de un cuerpo estable de docentes e
investigadores a compartir entre las universidades miembros. Para sostener
este espacio científico a través del desarrollo de investigaciones conjuntas
e interdisciplinarias mediante la cooperación horizontal y facilitando la
publicación, difusión y transferencia a los organismos de integración, se
emprendió un nuevo proyecto siguiendo la línea de investigación anterior,
titulado Regionalismo Sudamericano: Viejas y nuevas problemáticas en clave de
mejorar la gobernabilidad regional.
Es en este marco que se inscribe el libro que se presenta como producto de la
labor científica desarrollada en el período y del Simposio sobre “Regionalismo
Sudamericano” que se organizó entre los días 5 y 6 de noviembre del año 2012,
en la sede del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional
de La Plata.
Con el aporte de académicos e investigadores procedentes de distintas
universidades y latitudes, se aborda el multilateralismo de estos tiempos y las
dimensiones jurídico-institucional, económica, social y medioambiental de los
procesos regionales, con el fin de profundizar en ciertas problemáticas clave,
que puedan dar lugar a nuevas líneas de investigación futura. A través de cinco
apartados se exhiben los nuevos desarrollos conforme a los ejes de su tratamiento.
Brevemente se referencian a continuación:
En “El sistema económico internacional y los avatares en la construcción de un
nuevo multilateralismo”, Marcelo Halperin parte del vínculo existente entre dos
procesos simultáneos: la fragmentación o atomización de los compromisos
multilaterales (con especial referencia a la Organización Mundial del Comercio y
al Fondo Monetario Internacional) y el creciente grado de importancia que suele
asignarse a los denominados “Tratados de Libre Comercio” (TLC´s). Luego revisa
y cuestiona las principales omisiones y simplificaciones halladas en los diversos
estudios comparativos de estos tratados que circulan en los medios académicos
y, en especial, los supuestos acerca de la posibilidad de una reconstitución del
mismo modelo de multilateralismo a partir de la convergencia de TLC´s. También
analiza la estructura de esos tratados y su vinculación con el particular tipo de
desafío que deben afrontar los Estados nacionales de países en desarrollo frente a
las condiciones imperantes en la economía global.
18 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
A continuación, en “La cláusula de habilitación de la OMC y los acuerdos comerciales
preferenciales ¿Qué sucede con las medidas no arancelarias?”, Lautaro M. Ramírez,
desde una perspectiva crítica, aborda las consecuencias del debate que se viene
suscitando respecto a si las ventajas comerciales acordadas en los Acuerdos de
Comercio Preferencial (ACP) al amparo de la Cláusula de Habilitación -Art.2 inc.
c)-, comprenden sólo a las arancelarias o también a las medidas no arancelarias.
El debate no es menor, ya que de no quedar comprendidas dentro de la cláusula
NMF, sólo serán aplicables entre los miembros del ACP en tanto que si caen dentro
de aquel principio las mismas deberán ser extendidas a todos los Estados Partes
de la OMC. Esta última postura es la esgrimida por los países desarrollados de la
organización a diferencia de la primera que es la sostenida por los países en desarrollo.
Por tanto, el trabajo aborda cuestiones vinculadas al trato especial y diferenciado en
el plano de la OMC y su relación con los ACP desde la dogmática jurídica, para poder
determinar si quedan comprendidas o no las preferencias no arancelarias en el
principio NMF del Acuerdo GATT de 1947.
En “Instituciones de los procesos de integración sudamericanos. Modelos y
tendencias actuales”, Rita Marcela Gajate, trata las fortalezas y debilidades del
desarrollo institucional de los sistemas de integración en Sudamérica. En la actual
realidad de la integración se espera que la institucionalidad creada sostenga
e impulse los procesos de integración y contribuya a un renovado y dinámico
regionalismo. No obstante, se advierte un estancamiento generalizado en el
desarrollo institucional, que entre otras razones, obedece a las inconsistencias de
las estructuras institucionales dadas. Se centra particularmente en las carencias
del MERCOSUR. La autora señala causas provenientes del modelo institucional
escogido como también las originadas en cambios carentes de coherencia funcional.
Teniendo en cuenta que en este caso, si bien la institucionalidad fue definida
transitoriamente en su tratado fundacional, en los veinte años de su evolución se
han sumado instituciones y modificado las estructuras. Tales transformaciones
merecen ser evaluadas, con el fin de clarificar si ellas son adopciones conducentes
hacia una más consistente institucionalidad.
Clara Amzel-Ginzburg particularmente analiza, en “MERCOSUR: suspensión de Paraguay,
ingreso de Venezuela”, el laudo 01/12 del Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR
como consecuencia de la presentación que hiciera Paraguay en disconformidad con las
decisiones de Argentina, Brasil y Uruguay de suspender a ese país y disponer el ingreso
de Venezuela al bloque. Estas medidas fueron adoptadas por estimar que la destitución
del Presidente de Paraguay en ejercicio de sus funciones mediante juicio político del
Congreso, no se ajustaba al debido proceso por no respetar el derecho de defensa del
destituido. Esta situación fue considerada como una ruptura del orden democrático
en violación del Protocolo de Ushuaia -sobre compromiso democrático de los Estados
partes-. El estudio es de carácter exegético-normativo y a la revisión del laudo se agregan
consideraciones sobre el ingreso de Venezuela.
Siguiendo con el tratamiento de la dimensión jurídico-institucional Manuel
Cienfuegos Mateo en “Colaboración judicial en procesos sudamericanos de
Presentación | 19
integración económica: las consultas prejudiciales andinas”, expone el régimen
jurídico de las consultas prejudiciales de la CAN. Analiza sus principales elementos
a la luz de su normativa básica y de la jurisprudencia que la interpreta y aplica,
tales como la naturaleza de este instrumento procesal; la legitimación activa para
remitir las consultas prejudiciales; las prerrogativas del juez interno en relación con
las consultas prejudiciales; las competencias prejudiciales del Tribunal de Justicia
de la CAN; los efectos jurídicos de las sentencias prejudiciales de interpretación y
los recursos frente a su incumplimiento. En el desarrollo del trabajo se identifican
algunas semejanzas y diferencias con el procedimiento de cuestiones prejudiciales
de la Unión Europea.
Ricardo Sebastián Piana en “Las Cartas Iberoamericanas de Gobierno Electrónico
y de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Hacia una definición local de
los parámetros institucionales del buen gobierno”, sostiene que los gobiernos de
la región han emprendido y renovado sus agendas de reforma del Estado y de la
Administración Pública en los últimos veinte años. Iniciadas con el Consenso de
Washington, las reformas del Estado de primera generación fueron continuadas
por otras, identificadas como de segunda generación, que parecieron dar un giro
copernicano con respecto a aquellas. No mucho después políticas de gobierno
electrónico propiciadas por el entonces Vicepresidente de los Estados Unidos, Al
Gore, irrumpieron en Latinoamérica. Hoy, con Barack Obama, el Gobierno Abierto
parece ser el paradigma vigente. Si bien el carácter foráneo se presenta como
constante, existen parámetros Iberoamericanos sobre el buen gobierno que es
necesario analizar. Las Cartas Iberoamericanas elaboradas en el marco del Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo –CLAD-, son resultado de
los consensos alcanzados por los gobiernos iberoamericanos en materia de buen
gobierno y administración pública. Si bien abordan diversos temas como los de la
función pública, el buen gobierno, el gobierno electrónico, la calidad en la gestión
pública y la participación ciudadana, el centro en ellas es el ciudadano y sus
derechos. Frente a las permanentes modificaciones en los modelos de reforma
y las problemáticas derivadas del isomorfismo institucional, el estudio de estos
parámetros locales contribuirá a la conformación de reformas locales, sustentables
y más legítimas.
Rita Giacalone plantea en “Los aspectos económicos en los nuevos acuerdos
sudamericanos de integración”, que en Sudamérica existen acuerdos con
expectativas de representación regional: UNASUR y ALBA, proyectos regionales
de Brasil y Venezuela, respectivamente, y la Alianza del Pacífico, a partir de una
propuesta de Chile, Colombia, México y Perú. Los tres no responden a patrones
tradicionales de la integración, como la aspiración de ir de una zona de libre comercio
a un mercado común, pero incluyen una dimensión económica. En ese capítulo se
identifica y compara esa dimensión, mediante su ubicación en los objetivos de los
acuerdos y su jerarquía en relación con otras cuestiones (institucionales, sociales,
etc.) en declaraciones, resoluciones, entre otras. También se explora cómo se
articulan los nuevos acuerdos con las políticas exteriores de Venezuela (ALBA),
Brasil (UNASUR) y Chile y Colombia (Alianza del Pacífico). El objetivo es identificar
20 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
de qué forma estos acuerdos expresan las preferencias económicas y políticas de
países que buscan influir en la integración sudamericana y en su proyección hacia
el exterior.
En el “Impacto del comercio exterior en la cohesión social de los países del MERCOSUR”,
Martín Tetaz centra su problemática en el impacto de la apertura en la desigualdad de
ingresos, vía un cambio en las remuneraciones de factores, para luego estudiar el efecto
en materia de cohesión social analizando la polarización de los ingresos laborales. La
hipótesis de partida es que el shock de la apertura genera un impacto sesgado en contra
del factor escaso, afectando su remuneración y aumentando inicialmente la polarización
de ingresos, con el consecuente deterioro de la cohesión social, pero que luego el
propio aumento de la tasa de retorno de la educación incentiva la mayor demanda por
formación reduciendo la desigualdad educativa y achicando nuevamente la polarización
y la desigualdad. Presenta un modelo de dos generaciones que deciden los niveles de
capital humano a incorporar, ocurriendo un shock de apertura después que la primera
generación ya ha tomado sus decisiones de formación educativa, pero antes de que
lo haga la segunda cohorte. Con datos del SEDLAC-CEDLAS sobre distribución de la
educación, retornos y desigualdad, sumados a datos de CEPAL sobre comercio exterior,
se realiza un contraste empírico de esa hipótesis
En el siguiente Capítulo sobre el “Tratado de Comercio de los Pueblos: su contenido
y estudios de caso del comercio entre Venezuela y Bolivia (2006- 2009)”, Luis
A. Toro G. aborda, en el marco de la Alianza Bolivariana para Nuestra América
(ALBA), el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) entre Bolivia y Venezuela.
A diferencia de los tratados de comercio preferenciales, cuyo objetivo es ampliar
el mercado de bienes y servicios entre países, se considera a ese tratado como
un instrumento “de intercambio solidario y complementario entre los países,
destinados a beneficiar a los pueblos”. Se analiza la diferencia de este Acuerdo
con otros firmados en el marco de la teoría tradicional de las uniones aduaneras
y se observa su impacto sobre los flujos de comercio entre Bolivia y Venezuela en
el período comprendido entre los años 2006–2012.
José U. Mora Mora en la “Perspectivas acerca del uso del Sucre como moneda
común sudamericana”, presenta en primer lugar una revisión de la literatura
sobre la factibilidad de una unión monetaria suramericana y de la utilización de
una moneda común. En segundo lugar, y dando por hecho que los avances en la
integración suramericana hacia una unión monetaria continuarán sucesivamente,
el análisis se centra en determinar las ventajas y desventajas de que, por una
parte, cada país mantenga una moneda independiente y fije su paridad cambiaria
respecto al Sucre, manteniéndose éste como moneda virtual para las transacciones
comerciales y financieras y, por la otra, la adopción del Sucre como moneda común,
con las funciones de medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta. En
este último escenario se presenta una evaluación de las diferentes metodologías
que pudieran adoptarse para que los países ajusten sus paridades cambiarias de
acuerdo con el régimen de cambio fijo estricto que prevalecerá en la región.
Presentación | 21
Wilson Nerys Fernández en “La teoría de la integración regional y la infraestructura
sudamericana”, a partir de trabajos previos centrados en el desarrollo de la
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA),
procura indagar en las condiciones en que la misma debe concretarse. Para ello
revisita conceptos claves de la teoría de la integración regional –muchos de ellos
previos a la creación del MERCOSUR-, ajenos a los más comúnmente utilizados,
aquellos procedentes de la teoría económica y de la doctrina jurídica: la integración
regional no es un asunto exclusivamente comercialista o económico. Frente a este
planteamiento el autor entiende que se marcharía hacia el fracaso del proceso.
Su análisis se basa en los precedentes teóricos de Galtung, Errandonea, Deutsch,
Cantori y Spiegel, Gilpin y Sklair, entre otros.
Por su parte, María Eugenia Vega en “El medioambiente como un problema de
seguridad en el regionalismo”, se centra en las problemáticas medioambientales
como componentes de la seguridad. El marco teórico se basa en considerar a los
problemas medioambientales como elementos plausibles de ser tratados bajo el
paraguas de la seguridad. Para esto, introduce el concepto de seguridad ambiental,
considerado una herramienta para la desecuritización, la cooperación y la solución
pacífica de las controversias, y analiza qué se ha realizado en estos aspectos a nivel
regional, tomando como referencia a la OEA, y en el subregional, exponiendo el caso de
MERCOSUR. Concluye que, pese a no haber consenso en el debate teórico, la mayoría
de los estudios al respecto muestran la tendencia a que el concepto de seguridad
ambiental se constituye en un elemento de cooperación y no de securitización.
Asimismo, considera que si bien la arquitectura institucional muestra insuficiencias,
aún para el tratamiento de estas problemáticas, el regionalismo constituye una
estrategia adecuada de políticas dinámicas de concertación y cooperación pero
por sobre todo, para la construcción de instituciones y políticas de alcance regional
en el ámbito de la seguridad medioambiental.
Respecto a la agenda ambiental, Amalia Stuhldreher
en “La dimensión
medioambiental del MERCOSUR desde el enfoque del constructivismo: ¿Chances
para una construcción participativa?”, plantea el interrogante acerca de la
potencialidad del enfoque constructivista para analizar los avances reales que se
han podido realizar en materia de una agenda medioambiental conjunta en el
MERCOSUR. Se tiene en cuenta aquí la búsqueda de posicionamientos comunes
en el marco de la evolución del bloque en los últimos años y se presentan
algunas líneas argumentales del enfoque del constructivismo social como marco
interpretativo para analizar el aporte de las comunidades epistémicas y de la
sociedad civil para definir una agenda medioambiental conjunta, considerando
los casos de Brasil, Argentina y Uruguay. A partir de la identificación de avances y
déficits se esbozan algunas perspectivas.
Juan Carlos Fernández Saca en el estudio nominado “Institucionalidad y derecho
ambiental en Centroamérica” analiza la estructura legal e institucional en materia
ambiental del proceso de integración centroamericana. Muestra la incidencia
que su formación, consolidación y funcionamiento han tenido no sólo desde el
22 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
punto de vista jurídico-institucional sino, en las políticas y la cooperación regional
con el objetivo de hacer del medio ambiente un pilar fundamental del desarrollo
económico y social de los pueblos de la región.
Gloria Edel Mendicoa aborda “La dimensión social del MERCOSUR”, sostiene
que la integración social no es un hecho dado. Con esta afirmación de partida el
presente ensayo instala algunas reflexiones acerca del modelo de integración
regional del MERCOSUR. Ello deriva en interrogantes que motivan a aportar
nuevas significaciones acerca del proceso de integración en los escenarios del
Siglo XXI. Las aseveraciones que se han hecho sobre el Mercosur Social, en este
caso, son interpeladas. Por un lado, se reconocen las teorías en pugna y aquellas
sustentadas en principios de corte positivista e incrementalista. Estas últimas,
desplazadas por otras que dan lugar a la complejidad relacional de los nuevos
modelos y los vectores de impacto que las transformaciones mundiales provocan.
En este contexto, se exponen los comportamientos de actores diversos que,
en sus encrucijadas decisionales deben superar obstáculos para emprender un
proyecto que, inevitablemente, debe advertir sobre los dilemas del futuro del
MERCOSUR. En esa dirección, no se puede prescindir de la dimensión social en
toda su vastedad y, por lo tanto, asumir que el proceso reclama profundizar y
actuar sobre otros ejes epistemológicos y renovados paradigmas.
Noemí B. Mellado y María Luciana Ali en “La cohesión/inclusión social en la agenda del
regionalismo sudamericano: UNASUR-MERCOSUR”, tratan el regionalismo actual
en una de sus características principales “la amplitud temática”, circunscribiéndola
a la “cohesión/inclusión social” y a los procesos UNASUR y MERCOSUR. Sostienen
que bajo un discurso amplio de desarrollo humano aparece el concepto de
“cohesión social” como eje dominante en la literatura y retórica político-social
actuales, de los organismos regionales e internacionales y que de los documentos
oficiales surgen una serie de problemas heterogéneos con impacto social, que
afectarían esa cohesión. Por tanto se plantean si esta noción, como la de otros
términos asociados, instituye un nuevo discurso tendiente a naturalizar, paliar o
remover las problemáticas sociales que aquejan a la región. Parten de dos líneas
de indagación: una, orientada al análisis de los textos oficiales como expresión del
discurso al más alto nivel político -Cumbres presidenciales-, identificando aquellos
enunciados que constituyen sentido -pobreza/desigualdad, cohesión/integración,
inclusión/exclusión y desarrollo- para determinar la significación y valoración
que se hacen de ellos en las organizaciones seleccionadas. Otra, a precisar las
estrategias y/o acciones instrumentales con que cuentan estos procesos para
implementar lo que se formula y poder determinar en una etapa posterior su
contribución a la gobernabilidad regional.
La cohesión social es retomada por Carmen Rosa Schaposnik y Eugenia Candelaria
Pardo en “Educación, cooperativas y ‘cohesión social’ en el ALBA-TCP”. Analizan
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) como
proceso de integración que recoge el legado histórico de los integracionistas
latinoamericanos y que, anunciado como proyecto contrahegemónico, se pone
Presentación | 23
en marcha en 2004 sobre la base de cuatro grandes ejes -energético, social,
económico y financiero- y de principios como la cooperación y la solidaridad
hacia países menos desarrollados -entre otros-. Se parte de la ‘cohesión social’
-atributo de sociedades que comparten valores igualitarios y desarrollan
estrategias, políticas e instituciones para reducir las desigualdades sociales- para
analizar dimensiones como la educación y la participación social encarnada en
organizaciones de la economía solidaria -especialmente las cooperativas-. Relevan
documentos de Cumbres presidenciales, voces de autores y políticas en dos países,
Bolivia y Nicaragua, seleccionados por ser los que registran índices de desarrollo
humano y de desigualdad, que reflejan una situación desventajosa frente a los
otros miembros del espacio regional. Sin la pretensión de extraer conclusiones
definitivas, presentan argumentos que intentan mostrar potencialidades y
dificultades, certezas e incertidumbres de un proceso en plena construcción.
Este libro es fiel reflejo de la labor desarrollada durante el corriente año por los
miembros de la red, además de incorporar el valioso aporte de dos investigadoras
-Gloria Edel Mendicoa y Amalia Stuhldreher- que participaron activamente en
el Simposio realizado y pertenecen a instituciones directamente vinculadas al
proyecto común.
Se confía en que este esfuerzo colectivo permita un mayor entendimiento de las
tendencias del multilateralismo y regionalismo actuales y contribuya a la Teoría
de la Integración.
Vaya el reconocimiento general a todos aquellos que con sus reflexiones,
comentarios y sugerencias cooperaron no sólo con al éxito del evento científico,
sino enriqueciendo el contenido de este libro. Asimismo se agradece especialmente
al personal administrativo del Instituto de Integración Latinoamericana -Hernán
Gómez Raffatella, Guillermina Del Bueno y Germán Asens- por su colaboración
abnegada y dedicación incondicional que permitieron materializar los objetivos
propuestos.
Noemí B. Mellado
Coordinadora
La Plata, Argentina, febrero de 2013
I.
Los desafios
del nuevo multilateralismo
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 27
El sistema económico internacional y los avatares
en la construcción de un nuevo multilateralismo1
Marcelo Halperin
1. Estado de situación y pronósticos acerca del ordenamiento
multilateral y del papel asignado a los TLC’s
La literatura da cuenta de una progresiva erosión de las disciplinas multilaterales
representadas por las instituciones y normativas emergentes de la segunda
posguerra o acuerdos de Bretton Woods, con especial referencia al Fondo Monetario
Internacional (FMI) y a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El autor sugiere analizar los cambios ocurridos desde que las paridades “oro”
fijadas por el FMI se fueron convirtiendo en referencias hipotéticas (1971, 1973);
así como las modificaciones introducidas por la Ronda Uruguay del GATT y la
creación de la OMC.
En varios documentos intentó sistematizar una extensa bibliografía que
contribuya a delinear el estado de la situación característico de la economía global.
En tal sentido, anotó que la economía global está yendo en la dirección contraria
a los supuestos tradicionales que nutrieron las concepciones acerca de la
competitividad. Así, la segmentación de los mercados no sólo es compatible con
la economía global, sino que constituye uno de sus rasgos esenciales. El sistema
de acumulación productiva y reproductiva tiene un soporte tecnológico, que a la vez
explica el funcionamiento y las tensiones sociales de dicho sistema. Es un proceso
histórico que se realimenta sobre la base de la segmentación dinámica (ciclos de
procesos, productos y servicios) y estática (diferenciación de procesos, productos
y servicios). De modo que las actividades productivas, y luego los productos y
servicios tienden a diferenciarse según estándares de diseño, calidad, seguridad,
inocuidad y afinidad a pautas de protección ambiental. Todos estos estándares
van modificándose permanentemente. Las estrategias de comercialización se
desarrollan incentivando ciclos y diferenciaciones, pero la explicación de dicho
proceso histórico de segmentación excede como tal a la teoría del marketing,
remitiendo en cambio a las condiciones de producción prevalecientes para esta
fase del sistema económico internacional. Simultáneamente, aquí se supone
que las negociaciones comerciales internacionales no pueden sino reproducir
estrategias con el mismo rasgo de diversificación, tanto en la atomización de
1
Este artículo reproduce parte del trabajo publicado en el mes de octubre de 2012 con el mismo
título en “Informe Integrar”, Boletín del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad
Nacional de La Plata.
28 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
los acuerdos o “asociaciones” entre países, como en la atomización de las
preferencias negociadas (incluyendo los requisitos específicos para calificar el
origen). Resultan así regímenes de administración (y ya no liberalización) del
comercio, atendiendo a la responsabilidad indelegable que asumen los Estados
nacionales para intentar proteger a sus poblaciones frente a los desplazamientos
producidos por el impacto de los ciclos y las diferenciaciones aludidas. Los
actuales TLC’s pasan a ser entonces minuciosos códigos de administración del
comercio. En tales condiciones, el concepto de competitividad aplicado por los
analistas a la creación y el desvío del comercio internacional se vuelve una noción
prácticamente inasible o irreal.
Durante los últimos años estos cambios fueron agudizándose hasta el punto
que han dado lugar a las dramatizaciones típicas de fin de ciclo.
En principio, la recomposición de un ordenamiento simbólico y normativo a
escala mundial no parece posible. Pero el diagnóstico apocalíptico tampoco es
fiable. La hipótesis de este trabajo es que la fragmentación o atomización de
negociaciones y compromisos no está desintegrando las relaciones económicas
internacionales en el sentido de dejar a su paso tierra arrasada. En cambio,
afloran nuevas condiciones para estabilizarlas, aunque bajo un paradigma
distinto.
2. Apreciación de resultados obtenidos en estudios empíricos
comparados de TLC’s: hallazgo de omisiones y errores sistemáticos
A la luz de las características indicadas en los TLC’s (administración de sensibilidades
recíprocas a través de las medidas disconformes y otras modalidades de reserva
de mercados; y establecimiento de mecanismos de negociación permanente), el
autor sugiere que estaría gestándose una nueva formación internacional. Pero no
es ésta la perspectiva dominante desde la literatura económica de raíz neoclásica,
que suele abordar a los TLC’s para ensayar con ellos distintos tipos de ejercicios
estadísticos destinados a evaluar los alcances de la creación o del desvío de
comercio a partir de la liberalización comercial que presuntamente identifica
tales ordenamientos. Pero ocurre que como reflejo sintomático de las condiciones
impuestas por la economía global, los TLC’s están muy lejos de anticipar una
hipotética liberalización del comercio entre los países signatarios. Inclusive
haciendo caso omiso de las “medidas disconformes” y otras reservas de mercado
contempladas minuciosamente dentro de su plexo normativo, las interpretaciones
que identifican al auge de los TLC’s con la mayor apertura de mercados (sea calificada
la supuesta liberalización como creación o bien como desvío de comercio), de
todos modos suelen adolecer de gruesos errores metodológicos. En tal sentido, los
análisis comparativos casi nunca ponderan la exagerada desagregación de datos
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 29
que debería surgir al considerar -como correspondería- los muy diversos tiempos
y ritmos en las desgravaciones comprometidas. Tales diferencias en los tiempos
y ritmos de desgravación configuran variaciones ostensibles en toda la extensión
del nomenclador arancelario al fijar distinciones que casi nunca engloban, bajo los
mismos patrones de liberalización, a ramas o sectores productivos enteros. A ello
debe agregarse la medición del aprovechamiento de las concesiones, que a su vez
parece no depender necesariamente de la magnitud de dichas concesiones.
Asimismo, algunos autores cuestionan las simplificaciones estadísticas tejidas a
partir de las concesiones arancelarias pactadas en los TLC’s, señalando que no
suelen considerarse aspectos tales como las excepciones o exclusiones reconocidas
en los Acuerdos; las implicaciones que deberían atribuirse a las corrientes del
comercio de servicios; y la relativa incidencia de la magnitud de las concesiones
comerciales, con respecto al acceso a los mercados de las mercancías negociadas.
En particular, se cita el trabajo de un investigador sorprendido por la escasa
atención prestada por los analistas a los programas de liberalización gradual que
contemplan los Acuerdos. Este mismo autor menciona que en su búsqueda sólo
pudo encontrar, entre los estudios dedicados a evaluar el impacto de los TLC’s, un
solo trabajo en el que se reconocía relevancia teórica al análisis de las excepciones
o sectores excluidos de los programas de liberalización.
Tampoco es frecuente la medición del grado de distorsión, introducido por las
medidas no arancelarias toleradas por los propios Tratados, con respecto a la
misma materia que simultáneamente se somete al programa de desgravación.
Y finalmente no suele proyectarse sobre la economía de cada uno de los países
signatarios de determinados TLC’s, el impacto producido por nuevos compromisos
de acceso a mercados que pudieran contraerse frente a terceros países (típicamente
mediante otros TLC’s).
En resumen, la frecuente degradación de los TLC’s como materia de análisis
comparativo se manifiesta por la imputación de su ilusoria homogeneidad. En
efecto, es escasa o nula la ponderación metodológica del tratamiento dispar
asignado por los distintos Tratados a cuestiones cruciales en todos ellos:
(a) “Medidas disconformes” y otras modalidades de reservas de mercado
bajo figuras tales como los requisitos específicos de origen; requisitos e
incentivos de desempeño tolerados; y excepciones o exclusiones al programa
de liberalización;
(b) Dispersión de tiempos y ritmos de desgravación en toda la extensión de la
materia negociada;
(c) Nivel de aprovechamiento efectivo de las concesiones, que a su vez puede
tener un efecto sobre las transacciones no necesariamente vinculado a la
30 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
magnitud de las concesiones acordadas; e
(d) Impacto ejercido sobre las transacciones bilaterales puestas bajo el amparo
de un Tratado, por la progresiva extensión de concesiones similares y
sustitutivas con las cuales cada uno de los países signatarios beneficia a
terceros países a través de otros TLC’s.
3. Objeciones a un análisis comparado de los TLC’s que postula su
progresiva licuación y el reordenamiento multilateral
Las simplificaciones estadísticas aludidas más arriba, contribuyen a reforzar la
creencia sobre el desmoronamiento multilateral. Sin embargo, algunos autores han
optado por asignarle a los TLC’s una propiedad regenerativa desde la perspectiva
multilateral preexistente. Por ejemplo, Peter A. Petri utiliza la terminología
usualmente aplicada en materia de comercio internacional de servicios, para
indicar que a partir de los TLC’s estaría reconstruyéndose el sistema de comercio
internacional “desde abajo” (bottom up). La conceptualización matricial representa
un cambio cualitativo frente a la perspectiva de los analistas empeñados en la
minimización sistemática de los TLC’s. Pero luego su hipótesis acerca del sentido
atribuido a una progresiva convergencia de dichos instrumentos y la posible
recomposición -por esa vía- del ordenamiento multilateral ahora erosionado, a
juicio del ponente parece remitir al mismo error o vicio de interpretación de la
doctrina que sigue reivindicando los engendros de Bretton Woods. Al respecto,
aplicando la concepción de Richard E. Baldwin sobre el efecto “dominó” como
consecuencia de la proliferación de los TLC’s, Petri advierte que la progresiva
multiplicación de TLC’s suscriptos por los mismos países va alterando la relación
costo-beneficio con respecto a los compromisos multilaterales sobre la materia
negociada en ellos, desde al menos dos perspectivas: el costo administrativo
por la creciente superposición de compromisos iría en aumento y los beneficios
comerciales asociados a la captura de los mercados, en cambio, recorrerían
una curva descendente, hasta el punto crítico en el que las curvas de caída
de beneficios y aumento de costos se cruzarían, marcando en ese punto
de intersección la conveniencia de tornar hacia un sistema de concesiones
multilaterales. Pero se pasa por alto que la erosión del multilateralismo y el
consiguiente auge de las relaciones bilaterales, tiene directa vinculación con los
cambios estructurales en las condiciones de producción prevalecientes a escala
mundial. El multilateralismo del futuro ya no será el mismo del pasado. Es decir
que aun aceptando la prevalencia de los beneficios sobre los costos, a medida que
convergen los TLC’s en la misma materia negociada y para un número creciente
de países involucrados en ellos, de todos modos las características del eventual
retorno a un sistema multilateral debería reflejar los cambios en las condiciones
de producción que fueron, precisamente, la causa del desmembramiento del
régimen multilateral conocido. Una vez más debería considerarse la sustancia de
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 31
los TLC’s como expresión o respuesta de los Estados nacionales frente al desafío
de la economía global. Por ejemplo: una cosa es imaginar la convergencia de
concesiones arancelarias y otra cosa (más difícil pero también más realista), es
imaginar la convergencia de “medidas disconformes”.
4. Conjeturas con respecto a las ideologías prevalecientes a propósito
del sistema económico internacional y el ordenamiento multilateral
En la medida en que siga recayendo sobre los Estados nacionales el peso de
neutralizar los efectos indeseables de la economía global sobre sus propias
poblaciones, cabe suponer que el sistema económico internacional mantendrá
sus rasgos como un ágora donde proliferan las prácticas del regateo. Mientras
tanto deberán permanecer aletargadas las musas inspiradoras de las épicas
supranacional y supra-racional, bajo el deseo napoleónico de concentrar la más
enérgica fuente posible de poder y racionalidad. Esta especie de obsesión histórica
por alcanzar -también dentro de la política económica internacional- una “razón
objetiva”, parece vincularse al auge o quizás a la temprana declinación de distintas
civilizaciones. Revisando el antecedente más cercano, la segunda posguerra en el
siglo XX fue un campo propicio para descubrir las consecuencias del estallido de
ese tipo de paradigmas, como lo atestigua el desgarramiento intelectual expuesto
por la Escuela de Frankfurt, al poner al desnudo lo poco que había quedado en pie
después de la conflagración: una esquilmada “razón instrumental”.
Bajo el imperio devaluado de dicha “razón instrumental” pueden entenderse
los resquebrajamientos de fin de siglo aludidos más arriba, con respecto a
las políticas monetarias y comerciales. Sin embargo, todavía queda en pie un
novedoso hallazgo de la intelectualidad que adornó la segunda mitad del mismo
siglo XX. Se trata de imputar una capacidad de homeostasis o autocorrección a
los ordenamientos instituidos, creencia quizás inspirada en la cibernética y sus
cualidades vinculadas a la búsqueda de realimentaciones virtuosas. Semejante
adjudicación de racionalidad a la economía global, llegó al punto de justificar
la despreocupación por las transgresiones de política económica (los Estados
nacionales empeñados en el dispendio de recursos para sostener a poblaciones
y tecnologías desplazadas) y por las transgresiones corporativas (depredación de
mercados a través de prácticas empresariales de acaparamiento, manipulación y
colusión, incluyendo la multiplicación y diversificación de operaciones con títulos
valores). De modo que las transgresiones no fueron objeto de una ponderación
multilateral.
Entretanto, y dado que las sensibilidades en la economía global están a flor de piel,
las medidas y prácticas predatorias, restrictivas y discriminatorias, comenzaron a
ser materia de regulaciones bilaterales y a lo sumo plurilaterales.
32 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Es decir, que las acciones multilateralmente no punibles (por la imposibilidad de
prescindir de ellas), han pasado a ser materia de regulación acordada, sobre la
base del reconocimiento recíproco de las sensibilidades afectadas en cada caso.
Sin embargo se sigue dando por sentado el predominio de un sistema -en última
instancia, el mismo que había sido erigido en Bretton Woods- fundado en aquella
solidaridad objetiva y, por lo tanto, presumiblemente idóneo como mecanismo
disuasivo. Esta es la convicción inspiradora de: (i) la preservación de anchos
márgenes de discrecionalidad en los flujos internacionales de bienes, servicios y
capitales entre corporaciones privadas; y (ii) las reformas introducidas por la Ronda
Uruguay al Sistema de Solución de Diferencias del GATT y el encuadramiento del
régimen dentro de la entonces flamante OMC. Se supuso -y aún se supone-, con
respecto a los flujos internacionales, una particular benignidad asociada a la
circulación irrestricta de mercancías, prestaciones, activos físicos y financieros;
y que basta un régimen de coerción progresiva para impedir que los Estados
Miembros de la OMC burlen sus compromisos recíprocos.
La Ronda Doha (abierta en 2001) quizás encuentre su principal obstáculo en la
dificultad para asumir las implicaciones de aquel axioma sistémico, posiblemente
inspirado en la cibernética. La magnitud del problema puede advertirse
catalogando falencias, omisiones e insuficiencias en las disciplinas multilaterales.
El autor sugiere a continuación reparar brevemente sobre algunas de ellas:
A.
B.
C.
Impedimentos para neutralizar maniobras públicas o privadas dirigidas a la
manipulación del comercio y los mercados internacionales, debido al ancho
margen concedido al comercio intra-firma y a los precios de transferencia;
y a la falta de regulaciones multilaterales para contrarrestar los abusos de
posiciones dominantes;
Imposibilidad de afrontar conflictos de intereses, planteados con motivo de
la imposición de normas técnicas justificadas por objetivos en materias de
inocuidad, calidad, seguridad y protección del medio ambiente, cuando las
exigencias vigentes en los mercados superan los estándares convencionales;
y
Carencia de instrumentos que permitan ponderar el impacto de las
fluctuaciones monetarias y cambiarias con respecto a las corrientes
comerciales.
A modo de conclusión, se considera que podría progresarse en la comprensión del
proceso erosivo que padece la OMC, si los analistas advirtieran que los tres problemas
indicados más arriba no pueden, por su propia naturaleza, ser presentados como
desafíos a encarar dentro del orden multilateral tal como se encuentra prefigurado
en esta fase del capitalismo tardío o economía global. Y que precisamente la
imposibilidad de resolver dichos problemas con alcance multilateral, es lo que da
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 33
lugar al auge de previsiones en los TLC’s, ya sea mediante regulaciones o bien,
subsidiariamente, suministrando vías y procedimientos institucionales destinados
a fijar los ámbitos y condiciones para negociar y concertar medidas preventivas,
reparadoras o compensatorias en un marco de reciprocidad.
5. Descripción de la estructura de los TLC’s y su vinculación con
el particular tipo de desafío que deben afrontar los Estados
nacionales en el capitalismo tardío
Este trabajo sugiere que la estructura de estas codificaciones constituye, de por sí
el indicador o expresión sintomática de una formación internacional incipiente o
sobreviniente. Al respecto propone reparar al menos en dos puntos: (a) el contenido
sustancial de la normativa codificada que no es, precisamente, la consagración
de un irrestricto acceso a los mercados; y (b) la modalidad institucional que
acompaña a las regulaciones en toda su extensión, con el objeto de promover una
gimnasia de negociación permanente.
A propósito del contenido sustancial de la normativa codificada, advierte que los
TLC’s distan de consagrar el “libre comercio”. Sin embargo, el “libre comercio” y
su impacto sobre las condiciones de competitividad sigue siendo el eje temático
de los estudios preocupados por construir agregados estadísticos a partir de la
comparación entre distintos tratados internacionales catalogados como “de libre
comercio”. Así se minimiza o ignora la verdadera carne de su normativa, expuesta
mediante la genérica expresión “medidas disconformes” (non-conforming measures).
Las “medidas disconformes” consisten en “medidas que no se ajustan” a las
llamativas declaraciones de principios (esencialmente: trato de la nación más
favorecida y trato nacional) ostentadas en los encabezamientos de distintos capítulos
y secciones. Tales declaraciones de principios adornan los encabezamientos pero
luego son pormenorizadamente minimizadas. Así, las “medidas disconformes”
constituyen extensas y densas nóminas de actividades y regulaciones restrictivas,
que se reconocen recíprocamente los Estados Partes con el objeto de evadir
la aplicación de aquellos mismos principios y fijar legítimamente reservas de
mercado en materias tan variadas como el comercio de bienes, las inversiones,
el comercio de servicios, las compras gubernamentales, el transporte y las
telecomunicaciones. Las múltiples observaciones incorporadas a las nóminas de
requisitos específicos de origen, tienen en muchos casos un efecto equivalente:
consagrar reservas de mercado. Desde esta perspectiva, los mentados TLC’s
constituyen ya no manifestaciones de libre comercio, sino transacciones destinadas
a reglar la administración de sensibilidades recíprocas. De modo que por su
propia estructura, los TLC’s atienden a la necesidad de estabilizar las condiciones
de supervivencia, empezando por encuadrar las relaciones bilaterales y a veces
34 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
plurilaterales. En resumen, a través de las “medidas disconformes” pares o
grupos de países interesados en incrementar su interdependencia, incorporan
cláusulas destinadas a neutralizar los efectos indeseables de la economía global.
En esos mismos marcos bilaterales y plurilaterales, la flaqueza institucional por
carencia de órganos comunitarios y de tribunales jurisdiccionales, muestra en
el revés de la trama una llamativa convocatoria al ejercicio de negociaciones
sistemáticas y permanentes con respecto a la materia negociada. Esa exigencia
insoslayable de consensuarlo todo, implica la puesta en práctica de una gimnasia
de concertación a través de múltiples comisiones, comités, foros, grupos técnicos
y ad-hoc. De modo que para estabilizar las condiciones de supervivencia en
la economía global comienza a difundirse un paradigma que ya no desciende
precisamente desde las altas cumbres de una supranacionalidad y supraracionalidad estatutarias.
6. Condiciones planteadas a los países en desarrollo, urgidos de
negociar TLC’s con países de mayor desarrollo relativo. Propuestas
Para los Estados de países en desarrollo, que por su tradición colonial cuentan con
burocracias habituadas a escudarse bajo las disciplinas multilaterales (aunque no
les traigan beneficios concretos), negociar un TLC plantea dos desafíos sucesivos:
el desafío inicial -que debe afrontarse para poder sentar las delegaciones a las
mesas de negociación-, consiste en arribar a un orden de prioridades, lo que
supone contar con dos tipos de apoyo: el sustento político dentro del propio
país; y la preparación y soporte técnico que permitan diseñar las “medidas
disconformes” y luego articularlas en el sentido de asegurar la consistencia de las
prioridades preestablecidas para las materias reguladas en toda la extensión de
cada Tratado. Luego asoma un segundo desafío, tanto en el proceso de negociación
destinado a formalizar un TLC como también durante toda su vigencia, incluyendo
las instancias de renegociación. Este segundo desafío consiste en la adquisición
de destrezas, que como hemos anticipado, están vinculadas al desarrollo del
pensamiento dialéctico: destrezas para el reconocimiento recíproco de las
diferencias y consiguiente individualización de los términos de la desigualdad.
Ocurre que las propias prioridades pueden ser cuestionadas, ya no sólo por
la prepotencia o por los artilugios de un embaucamiento, sino porque en el
intercambio de prestaciones y de pretensiones, es posible descubrir que esas
prioridades pierden justificación, que deben ser matizadas o modificadas en el
propio interés del país representado por la misma delegación que las ha expuesto
al abrir las negociaciones. Y tratándose de países en desarrollo, este tipo de
(desagradable) descubrimiento difícilmente puede ser procesado sin escándalos,
por los conflictivos entrecruzamientos de intereses atribuibles a la dualidad de las
estructuras productivas y comerciales internas.
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 35
Con lo expuesto, el autor sugiere cuáles son los principales problemas de política
económica que aquejan a los países en desarrollo en esta fase de la economía
global: identificar sus propias prioridades frente a las de otros países con
los cuales deben articular jurídicamente su interdependencia; y luego poder
revisar esas mismas prioridades durante la negociación, la implementación y la
renegociación de los compromisos. Tales problemas pueden llegar a ser críticos
cuando las contrapartes son países centrales o -al menos- de mayor desarrollo
relativo, esto es, países formadores de precios o con mayor participación o
incidencia significativa en los distintos mercados en juego. Y aquí concluye con las
siguientes preguntas: ¿se conocen acciones de cooperación técnica, programadas
o ejecutadas por organismos internacionales, con el objeto de asistir a países en
desarrollo para perfeccionar sus destrezas aplicadas a la identificación y revisión
de prioridades con motivo de la negociación, implementación o renegociación de
TLC’s? Y si no se conocen, cabe una segunda pregunta: ¿las élites de los países
en desarrollo que cargan con dichos problemas pendientes, han adquirido alguna
conciencia sobre la envergadura de estos problemas?
36 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
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La cláusula de habilitación de la OMC y los
acuerdos comerciales preferenciales ¿Qué sucede
con las medidas no arancelarias?
Lautaro M. Ramírez
Introducción
Harto conocido es que los Acuerdos Comerciales Preferenciales (ACP) se han
reproducido de manera exponencial en la última década, los cuales, pese a estar
previstos como excepciones a la Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF)
contemplada en el Art. I del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT en inglés), siguen ofreciendo ciertas dudas a la propia organización. En primer
lugar, porque las preferencias arancelarias allí negociadas no son extensibles a los
demás Estados Partes de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo cual genera
un régimen de excepción. En segundo lugar, porque los ACP no siempre se ajustan a las
previsiones contenidas en las Cláusulas que permiten su vigencia y su excepcionalidad
dentro del marco normativo de la Organización -Cláusula de Habilitación y Art. XXIV
del GATT-, pese a que se presuponen concordantes con ellas, salvo resolución en
contrario de la propia organización. Sin embargo, si bien las preferencias arancelarias
contempladas en los ACP quedan excluidas del NMF, lo cierto es que el debate
actual gira en torno a qué sucede con las medidas no arancelarias negociadas en
estos Acuerdos por los países en desarrollo.
El hecho de que las medidas no arancelarias queden o no comprendidas dentro de
la NMF, tiene diferentes efectos e impactos en el comercio internacional, cuestión
a la cual se hace referencia más adelante. Empero la situación también debe ser
analizada, en una etapa anterior ya que también se vincula con el Trato Especial
y Diferenciado (TED) dado a los países en desarrollo dentro de la OMC, por parte
de los países desarrollados. Desde ésta perspectiva, debe recordarse que cada
uno de los países miembros de la OMC al momento de incorporarse a la misma,
decide qué categoría detentará dentro de aquella -desarrollado o no desarrollado-,
no existiendo requisitos mínimos ni otras previsiones en cuanto a esta cuestión.
De este modo, el cuerpo normativo de la OMC ofrece la posibilidad a los países
desarrollados de que estos tengan un TED con otros países, sin ser extensible
dicho tratamiento al resto de los miembros, lo cual se ha denominado principio de
la no reciprocidad, en atención a que el país en desarrollo puede no ofrecerle ese
mismo tratamiento al país que sí se lo concede.
Acorde con lo anterior, y dado que en otra oportunidad ya se ha analizado el
instituto del TED en el marco de la OMC (Miranda-Ramírez, 2012: 117), en
este texto se estudia el caso de las medidas no arancelarias negociadas en los
38 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
ACP regionales o generales notificados a la OMC en el marco de la Cláusula de
Habilitación en atención a que existen diferentes interpretaciones sobre ello en
cuanto a su relación con el principio NMF.
1. Problemática del alcance del principio NMF a la reducción o
eliminación de las medidas no arancelarias contempladas en los
ACP regionales o globales
La NMF es un principio rector de la OMC contemplado en el GATT originario, que
regulaba las rondas de negociaciones. También fue receptado luego de la creación
de aquella organización internacional, que vino a dar lugar a la tercera institución
pensada luego de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, cualquier excepción
a este principio, implica una limitación a los objetivos perseguidos por la propia
organización en pos de la liberalización del comercio global. Por este motivo, la
interpretación que hacen algunos países en torno a las medidas no arancelarias,
irían en contra de aquel objetivo. Sin embargo, y en el contexto jurídico normativo
en que se encuentra la manda que analizaremos, da lugar a dos interpretaciones
contrapuestas.
Debe recordarse que originariamente el GATT preveía sólo la posibilidad de un
tratamiento recíproco entre las partes contratantes, con una serie de excepciones
contempladas en el mismo cuerpo del Acuerdo. Con el devenir de los años y dada
la presión de ciertos países en la posguerra como los países nuevos que se iban
estableciendo tras las descolonizaciones, lograron que el tratamiento recibido, en
ciertos casos por parte de los desarrollados, no requiriera de reciprocidad. De este
modo, en el año 1979 se arriba a la Decisión denominada “Tratamiento diferenciado
y más favorable, reciprocidad y plena participación de los países en desarrollo”2 que
viene a permitir aquella situación. Dentro de este contexto, será entonces que
se prevé la excepción, en la cual los países desarrollados otorgan preferencias a
aquellos que se encuentran en desarrollo sin necesidad de extenderlas al resto
de los Estados Contratantes del GATT de 1947 en aquel entonces. Sin embargo,
no será hasta bien entrado el siglo XXI que comience a debatirse si las medidas
no arancelarias quedan o no sujetas al régimen contemplado en la Cláusula de
Habilitación.
De esta manera, el debate nunca se centró en las preferencias arancelarias, ya que
el modo en que se encuentra redactada la Cláusula de Habilitación, claramente
permite extraer que éstas quedan fuera del principio NMF. Sin embargo, y dado el
avance, la evolución y el incremento del movimiento de mercancías a nivel global
y en atención a que los aranceles, una vez consolidados en la OMC, no pueden ser
2
Conocida como Cláusula de Habilitación.
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 39
modificados ni ampliados, (salvo la excepción contemplada en el Art. XXVIII del
GATT)nuevas modalidades vieron la luz a fin de establecer medidas restrictivas o
proteccionistas, las cuales quedan comprendidas bajo las no arancelarias, a las
que se hace referencia más adelante.
La discusión radica, en primer lugar, no solo en que el TED en relación a los
aranceles dados a los países en desarrollo por parte de los desarrollados se
presenta como una excepción al principio NMF, lo cual ya ha sido reconocido,
sino que ahora la cuestión estriba en que si la misma excepción puede darse en
el caso de las reducciones o eliminaciones de las medidas no arancelarias en el
marco de un ACP regional o general dentro de la Cláusula de Habilitación. Bajo
esta perspectiva, es menester entonces analizar qué plantea la norma que se
encuentra actualmente bajo la lupa de los países en desarrollo. Concordante con
lo anterior, el Párrafo 1 de la Cláusula de Habilitación, expresamente dispone:
1. No obstante las disposiciones del artículo primero del Acuerdo General,
las partes contratantes podrán conceder un trato diferenciado y más
favorable a los países en desarrollo, sin conceder dicho trato a las otras
partes contratantes.
De esta manera queda expresamente estipulada la posibilidad de la concesión
de un TED a los países en desarrollo, sin que sea necesaria la reciprocidad,
quedando aquel tratamiento exento de la aplicación de la Cláusula NMF. A mayor
abundamiento, lo estipulado en el párrafo 2 de la Cláusula de Habilitación -en
principio-, debe ser observado a la luz del contenido del párrafo 1 transcripto. De
ese modo, la manda mencionada explícitamente dispone que:
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán:
a) al trato arancelario preferencial concedido por partes contratantes
desarrolladas a productos originarios de países en desarrollo de conformidad
con el Sistema Generalizado de Preferencias;
b) al trato diferenciado y más favorable con respecto a las disposiciones
del Acuerdo General relativas a las medidas no arancelarias que se rijan
por las disposiciones de instrumentos negociados multilateralmente bajo
los auspicios del GATT;
c) a los acuerdos regionales o generales concluidos entre partes
contratantes en desarrollo con el fin de reducir o eliminar mutuamente los
aranceles y, de conformidad con los criterios o condiciones que puedan
fijar las PARTES CONTRATANTES, las medidas no arancelarias, aplicables
a los productos importados en el marco de su comercio mutuo;
d) al trato especial de los países en desarrollo menos adelantados en el
contexto de toda medida general o específica en favor de los países en
desarrollo.
40 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
El párrafo transcripto da una serie de posibilidades que se encuentran
comprendidas dentro del TED con las características propias que este detenta.
De este modo, dispone que el trato arancelario preferencial, en el marco de un
Sistema Generalizado de Preferencias, se encuentra dispensado de ser extensible
a los demás miembros de la Organización por lo estipulado en el párrafo primero
de la Cláusula de Habilitación (inc. a); igual situación presentan las medidas no
arancelarias generales negociadas en el marco del sistema multilateral (inc. b) y
el trato dado los países menos adelantados (inc. d). Sin embargo, la duda tiene
origen en lo que establece el inciso c) del párrafo supra transcripto.
De conformidad con lo anterior, y a modo de un análisis más acabado, puede
desglosarse el inciso en dos partes. La primera, que estipula que: “a los acuerdos
regionales o generales concluidos entre partes contratantes en desarrollo con el fin de
reducir o eliminar mutuamente los aranceles […]” de lo cual no existe ninguna duda.
Los aranceles negociados en ACP Regionales o Generales no quedan comprendidos
en el principio de la NMF.
La segunda, vinculada al objeto de análisis del presente, se relaciona directamente
con la parte in fine del inciso, referente a la reducción o eliminación de las medidas
no arancelarias, que dispone “[…] y, de conformidad con los criterios o condiciones
que puedan fijar las Partes Contratantes, las medidas no arancelarias, aplicables a los
productos importados en el marco de su comercio mutuo;”
Al análisis de este párrafo vinculado a las medidas no arancelarias concedidas en
el marco de un ACP regional o general, se dedica el siguiente acápite.
2. ¿Exclusión o inclusión de las medidas no arancelarias del principio
NMF?
Sobre la extensión de la manda, existen dos posturas bien delimitadas. Por un
lado la de los países desarrollados y por otro la de aquellos que no lo son y que
han celebrado algún ACP. En este contexto, el Consejo de Cooperación del Golfo3,
por mencionar sólo uno, notificó la constitución de una unión aduanera en los
términos del Art. XXIV del GATT y en el marco de la Cláusula de Habilitación,
siendo este bloque el que esgrime que las reducciones o eliminaciones de las
medidas no arancelarias acordadas en el marco de la unión se encuentra fuera del
principio NMF. Contrariamente las Comunidades Europeas y los Estados Unidos
de Norte América sostienen una posición opuesta a aquella. Veamos qué han
sostenido estos últimos, y qué ha respondido el Consejo de Cooperación del Golfo
a sus argumentos.
3
Compuesto por el Reino de Bahréin; Emiratos Árabes Unidos; Kuwait; Omán; Qatar y el Reino de
la Arabia Saudita.
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 41
Posiciones de las Comunidades Europeas4:
1. Que el párrafo 2 (c) de la Cláusula de Habilitación no brinda el apropiado
marco legal para justificar la creación de una unión aduanera, lo que incluye
la eliminación de las medidas no arancelarias entre las partes.
2. Que desde que los Estados Miembros de la OMC no han establecido los criterios
ni condiciones aplicables para la eliminación de las medidas no arancelarias,
la Cláusula de Habilitación no puede invocarse para justificar la reducción o
eliminación de medidas no arancelarias sobre una base preferencial.
Posición de los Estados Unidos5:
1. Que la Cláusula de Habilitación solamente permite la adopción de medidas
incompatibles con el Art. I del GATT –principio NMF– que excluye solamente a
las preferencias arancelarias.
Respuesta del Consejo de Cooperación del Golfo:
1. Que el párrafo 2 (c) de la Cláusula de Habilitación expresamente establece la
“reducción o eliminación de barreras no arancelarias”.
2. Que la Cláusula de Habilitación no requiere que los miembros de la OMC
establezcan criterios o condiciones para reducir o eliminar las barreras no
arancelarias, pero que si podrían hacerlo de así considerarlo. Asimismo, el
hecho de no haberlas adoptado, no anula el contenido del párrafo 2 (c).
3. Que cuando se invoca la relevancia del contenido de la Cláusula de Habilitación,
lo cierto es que ésta no es incompatible con el Art. I del GATT.
De esta manera, han quedado planteadas las posiciones en torno a las medidas
no arancelarias contempladas en los ACP regionales o generales al amparo de
la Cláusula de Habilitación, pese a no haberse encontrado ninguna solución ni
interpretación auténtica sobre la norma que dé fin al debate. Veamos por qué es
importante el encontrar una respuesta a ésta cuestión y qué formas de encontrarla
pueden darse.
3. Importancia de la eliminación de las medidas no arancelarias
Se sostuvo ya que los aranceles negociados en ACP regionales o generales al
amparo de la Cláusula de Habilitación se encuentran exentos del principio NMF
de conformidad con los párrafos 1 y 2 de la misma. Sin embargo el debate se ha
centrado, tal como se mencionó, en qué sucede con las medidas no arancelarias
4
5
Las posiciones pueden consultarse en el siguiente documento de la OMC
del 25 de noviembre del 2008, Comité de Comercio y Desarrollo, original
Las posiciones pueden consultarse en el siguiente documento de la OMC
del 25 de noviembre del 2008, Comité de Comercio y Desarrollo, original
WT/COMTD/66/Add.2,
en inglés.
WT/COMTD/66/Add.3,
en inglés.
42 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
otorgadas en el marco de aquellos acuerdos en el mismo contexto. La problemática
debe ser resuelta porque estas medidas se presentan como límites al comercio
internacional, lo que cual deviene en barreras artificiales al comercio, dando, a su
vez, mejores y mayores ventajas a las Partes de un ACP en esta materia, cuando
estas son reducidas o eliminadas; excluyendo, a su vez, la aplicación de dichas
ventajas a aquellos que no son parte.
Veamos entonces qué y cuáles son estas medidas que quedarían o no incluidas en
el principio NMF, según la postura que se adopte. Desde ésta perspectiva, la OMC
no ha dado una definición de las mismas sino que, en su glosario de términos6,
solamente ha enumerado ejemplos de las mismas, encontrándose como sinónimo
dentro del mismo glosario la expresión “obstáculos no arancelarios”. Sin embargo,
y desde el punto de vista jurídico, el Tratado de Montevideo de 1980, que da
lugar a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), las define como:
“cualquier medida de carácter administrativo, financiero, cambiario o de otra naturaleza
que impida o dificulte la libre importación o colocación de productos en el mercado
local”, de este modo la eliminación de estas medidas facilitarían el comercio.
De conformidad con ello, las medidas no arancelarias pueden agruparse para la
ALADI (s/f, Cuaderno Nº 7) en dos categorías según su naturaleza:
1. Restricciones de carácter cuantitativo: son aquellas destinadas a controlar el
volumen de las importaciones, como los cupos de importación, el régimen
de licencia previa, vistos buenos a cargo de un organismo estatal, prohibición
de las importaciones –incluidas la prohibición temporal y la prohibición de
temporada–, obligación de incorporar insumos nacionales en la fabricación de
un producto, entre otras.
2. Medidas que surten efecto a través de los costos y los precios: destinadas
a impedir que las mercancías importadas no se vendan por debajo de un
cierto precio, como los derechos variables y gravámenes suplementarios a la
importación, regímenes de precios mínimos u oficiales, medidas antidumping
y compensatorias, depósitos previos, entre otras medidas que afecten el
comercio recíproco.
Por otra parte, entre las más utilizadas en el marco del comercio internacional, se
encuentran las siguientes (Idem):
•
•
6
Cupos de importación: Restricción de las importaciones de un determinado
producto mediante el establecimiento de una cantidad y un valor máximo
para el producto cuya importación se autoriza.
Compromiso de precios: Entre el exportador de un producto y las autoridades
del país importador, con el objeto de eliminar el efecto perjudicial del
dumping o los subsidios.
Véase http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/glossary_s.htm
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 43
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medidas antidumping: Aquellas utilizadas con el fin de neutralizar el efecto
de daño o de amenaza de daño causado por la aplicación de prácticas de
dumping.
Medidas compensatorias: Aquellas utilizadas con el fin de neutralizar
cualquier subsidio concedido directa o indirectamente a la fabricación,
producción o exportación de cualquier mercancía.
Exigencia de porcentaje de contenido nacional: Licencia que se concede
con la condición de que el producto de que se trate incluirá un cierto
porcentaje de insumos nacionales. Esta cuestión se vincula directamente
con los Regímenes de Origen Preferenciales.
Importación prohibida: Prohibición incondicional de importar.
Inspección previa al embarque: Control obligatorio de la calidad, la cantidad
y el precio de los productos antes de su expedición en el país exportador,
efectuado por la agencia de inspección designada a este efecto por las
autoridades del país importador.
Licencias automáticas: Aprobación sin reservas de las solicitudes de
importación. Se denomina licencia general, o liberal, abierta.
Licencias previas: Son de carácter discrecional y dependen del criterio de
la autoridad expedidora.
Medidas cambiarias: Prácticas de las autoridades monetarias o cambiarias,
por las cuales se reglamenta el acceso al mercado cambiario para
operaciones de importación.
Medidas financieras: Determinan las condiciones de pago de las
importaciones.
Monopolio estatal: Obligación de efectuar todas las importaciones, o las de
determinados productos, por intermedio de un organismo estatal o una
empresa bajo control estatal.
Normas Técnicas y requisitos de calidad: Reglamentos que establecen
requisitos técnicos, sea directamente, sea remitiendo a una norma,
especificación técnica o código de conducta o incorporando su contenido,
con el objeto de proteger la vida y la salud de las personas, los animales y
las plantas. Para proteger el medio ambiente y la fauna y la flora silvestres
y garantizar la seguridad de las personas, entre otras.
Requisitos de etiquetado: Disposiciones que regulan el tipo y tamaño de
los signos que deben estamparse en los embalajes y las etiquetas que
prescriben la información que puede o debe proporcionarse al consumidor
en ellos.
Valores referenciales: Para fijar el precio, las autoridades del país importador
tienen en cuenta el precio interno al productor o al consumidor; establecen
un precio mínimo y otro máximo; o recurren a una determinada cotización
del mercado internacional. Se utilizan diversos términos, como precios
oficiales, precios mínimos de importación, precios mínimos de exportación,
44 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
•
precios básicos de importaciones o precios de base a la importación.
Requisitos sanitarios: Toda medida aplicada con el fin de proteger la
salud y la vida de los animales; preservación de vegetales de los riesgos
resultantes de la entrada o propagación de plagas; para proteger la vida
y salud de las personas. Incluye medidas como autorizaciones previas,
registros sanitarios, certificados sanitarios e inspecciones sanitarias.
Concordante con lo anterior, las medidas no arancelarias, según el glosario de
términos de la OMC serían, entre otras, las siguientes: los contingentes, los
regímenes de licencias de importación y las reglamentaciones (Ídem).
Recapitulando, entonces el hecho de establecerse medidas no arancelarias en
ACP regionales o globales notificados al amparo de la Cláusula de Habilitación,
dependiendo de la postura que se adopte, quedan o no comprendidas en la
Cláusula NMF. Veamos entonces que efectos tendría el situarse en una u otra
postura.
A. Exclusión de las medidas no arancelarias del principio NMF
De encontrarse excluidas las medidas no arancelarias contempladas en un ACP
regional o general al amparo de la Cláusula de habilitación, la reducción o eliminación
de cupos, las barreras ambientales o sanitarias y fitosanitarias, etiquetas, entre otras,
solo serán aplicables al comercio intrarregional del ACP del que se trate, pudiéndose
establecer, por ejemplo, unas medidas sanitarias y fitosanitarias para los Estados
Partes del acuerdo comercial y otras diferentes para las demás partes de la OMC no
miembros del ACP o regirse estos últimos por los Acuerdos Generales, por ejemplo, el
“Acuerdo sobre la Aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias” de la OMC.
B. Inclusión de las medidas no arancelarias del principio NMF
Por su parte, si las medidas no arancelarias contempladas en una ACP regional
o general, celebrado al amparo de la Cláusula de Habilitación, quedasen
comprendidas dentro del principio NMF, la reducción de cupos y otras medidas,
deberían otorgarse a los demás Estados Miembros de la OMC. El impacto de
esto, empero, deberá analizarse en la reducción o eliminación de cada una de
las medidas adoptadas. Sin embargo, a continuación se analiza el impacto que
tendría una u otra posición en el plano de los ACP regionales celebrados por
países de Sudamérica.
4. Efectos de la inclusión o no de las medidas no arancelarias en la
NMF: Análisis en el marco del MERCOSUR
Veamos entonces que efectos tendría la interpretación en uno u otro sentido del
párrafo 2 (c) en el caso del Mercado Comun del Sur (MERCOSUR). Desde ésta
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 45
perspectiva, recuérdese que este bloque –AAP.ACE Nº18– ha sido notificado7 a la OMC
bajo la Cláusula de Habilitación el 17 de febrero de 1991, como una unión aduanera
y acuerdo de integración económica. Con esos fines, tomemos como ejemplo el caso
de las medidas sanitarias y fitosanitarias.
El MERCOSUR cuenta con diferentes normas que contemplan la aplicación de medidas
no arancelarias, pese a que el Tratado de Asunción prevé la eliminación de éstas de
manera progresiva8. De esta manera, verbigracia la Resolución del Grupo Mercado
Común (GMC) denominada “Principios, directrices, criterios y parámetros para los
acuerdos de equivalencia de los sistemas de control sanitario y fitosanitario entre los
estados partes del MERCOSUR” del año 1999, tal como lo expresa su nombre prevé
una serie de lineamientos vinculados a los acuerdos de equivalencia de los sistemas
de control sanitario y fitosanitario entre los miembros. En caso de que efectivamente
estas medidas fuesen adoptadas estableciéndose criterios comunes o generales entre
los Estados Miembros, las mismas deberían ser también aplicables a los productos
provenientes de otros Estados no partes del MERCOSUR, independientemente del
fin buscado con la medida bajo análisis. Similar situación se daría en caso de que el
bloque contara con un régimen propio de medias sanitarias, en atención a que sus
Estados Partes son mayormente agrícola y ganaderos. En este caso, las reducción,
facilitación o eliminación de medidas no arancelarias vinculadas al tema que se
menciona, de quedar comprendidas en la Cláusula NMF, deberían ser extendidas a
los demás miembros de la OMC, sin embargo ello podría ocasionar perjuicios de
no aplicarse un régimen sanitario o fitosanitario distinto en atención a que no se
ingresarían productos de la misma región.
Por otra parte, de existir un reglamento propio en materia sanitaria y fitosanitaria
del MERCOSUR y de aplicarse éste entre sus miembros, y el “Acuerdo sobre la
aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias” de la OMC hacia terceros Estados
daría lugar a un tratamiento discriminatorio hacia estos últimos. Sin embargo, el
fundamento de dicho tratamiento diferenciado estaría dado en que se encuentra
enmarcado en un ACP que solo vincula a las partes y no es extensible a terceros.
A mayor abundamiento cabe preguntarse, ¿por qué los países en desarrollo o
en desarrollo y desarrollados que celebren ACP deben hacer extensibles sus
reducciones o eliminaciones no arancelarias al resto de los Estados Miembros de
la OMC? Ello en atención al principio general del derecho que establece que los
Acuerdos solo obligan a las partes.
7
8
Para más información sobre la notificación a la OMC por parte de los Estados Partes del
MERCOSUR véase el documento L/7044 del 9 de julio de 1992 -Restringido-.
El Art. 5 b) del Tratado de Asunción textualmente dispone: “Durante el período de transición, los
principales instrumentos para la constitución del Mercado Común serán: […] b) La coordinación de
políticas macroeconómicas que se realizará gradualmente y en forma convergente con los programas
de desgravación arancelaria y de eliminación de restricciones no arancelarias indicados en el literal
anterior.”
46 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
5. En definitiva: ¿Cómo se resuelve la cuestión?
En virtud de lo anterior, entonces veamos cómo podría encontrarse una solución al
problema, que contentará solo a una de las posiciones. A esos fines Corresponde
preguntarnos cuál sería el foro más adecuado para dar por tierra con la duda que
existe en relación con el alcance o no del Art. I del GATT vinculado a la reducción
o eliminación de las medidas no arancelarias contempladas en el marco de un
ACP, notificadas al amparo de la Cláusula de Habilitación de la OMC. En otras
palabras ¿se podría ir en consulta al Sistema de Solución de Diferencias (OSD) de
la propia Organización para que dé claridad a la cuestión y a la vez contar con una
interpretación auténtica del Art. 2 (c) de la Cláusula de Habilitación?
En primer lugar, el único foro con competencia para interpretar las normas de la OMC,
es la propia organización dada la especificidad de su objeto y porque aun no se ha
establecido la competencia de otro tribunal para llevar a cabo tal tarea, verbigracia
la Corte Internacional. En ese sentido, veamos que disponen las normas de la OMC
sobre este tema que requiere de una interpretación. El “Entendimiento relativo a las
normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias” de la OMC,
en su Art. 1 dispone que:
“Las normas y procedimientos del presente Entendimiento serán aplicables
a las diferencias planteadas de conformidad con las disposiciones en materia de
consultas y solución de diferencias de los acuerdos enumerados en el Apéndice 1
del presente Entendimiento […]”
De esta manera, para que el OSD intervenga, la diferencia, siendo la cuestión
que se plantea debe ser estrictamente interpretativa. A mayor abundamiento los
acuerdos enumerados en el Apéndice 1 que menciona no contemplan a la Cláusula
de Habilitación toda vez que esta no es un Acuerdo, sino que por el contrario es
una Decisión con calidad de soft law. Sin embargo, si bien se han dado diferencias
relativas a cuestiones del TED9, lo cierto es que ninguna ha versado directamente
sobre la aplicación e interpretación del Art. 2 (c) de la Cláusula de Habilitación.
Excluido entonces el OSD como posible fuente de interpretación de la cláusula
bajo análisis, deberá recurrirse a lo que establece la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados. Se debe aclarar que ésta es aplicable al derecho de
los tratados y en principio no lo seria en relación a las normas derivadas del
organismo internacional, empero esta cuestión es discutible. Votando entonces
9
Casos: United States - denial of most-favoured-nation treatment as to non-rubber footwear from
Brazil y Comunidades Europeas-. Condiciones para la concesión de preferencias arancelarias a los
países en desarrollo.
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 47
por la afirmativa, esto es que la Convención de Viena también puede aplicarse a
normas derivadas, sería lógico aplicarla para tratar de encontrar una respuesta a
lo planteado en este trabajo. Sobre el particular los Arts. 31 y 32 de la Convención
se refieren en los siguientes términos:
31. Regla general de interpretación.
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que
haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en
cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado el contexto comprenderá,
además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las
partes con motivo de la celebración del tratado:
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración
del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o
de la aplicación de sus disposiciones:
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la
cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado:
c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención
de las partes.
De conformidad con el Art. 31 de la Convención de Viena, y de tenerse en cuenta
el objeto y fin de la Cláusula de Habilitación, resulta que la misma fue aprobada
para permitir la no reciprocidad entre los Estados Contratantes del GATT, con el
objeto de colocar a los países en desarrollo en una mejor posición en cuanto tales,
exentos de la aplicación del principio NMF. En ese sentido, y si el objeto fue el
que se menciona, la posición actual de los países desarrollados respecto a que la
reducción o eliminación de las medidas no arancelarias, contempladas en un ACP
regional o general para el comercio reciproco, debe ser extendida en atención a
que se encuentran en colisión con la Cláusula NMF, no podría prosperar. Para una
mayor claridad el Art. 32 de la misma convención dispone:
32. Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a
medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos
preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para
confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para
determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con
el artículo 31:
a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o
48 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
De ello se desprende que de remontarse a las circunstancias de las celebración
de la Cláusula de Habilitación, deberá darse lugar a la posición esgrimida por el
Consejo del Golfo antes mencionado, lo cual concuerda con lo dispuesto en el Art.
31 de la Convención, aplicándose esta interpretación a la parte in fine del Art. 2 (c)
de la Cláusula de Habilitación.
Por otra parte, debe destacarse que la eliminación o reducción de las medidas no
arancelarias en el contexto de una ACP en el marco del comercio bilateral, resulta
conveniente para las partes contratantes que lo han negociado, porque han tenido
en consideración las ventajas y desventajas del mismo. De abrirse ello al resto de
los Estados Miembros de la OMC, implicaría negociar con todos ellos en pos de la
protección necesaria que cada uno de los países necesita en su mercado interno.
Si bien el interrogante planteado que da origen al presente trabajo encuentra
diferentes respuestas, la cuestión se formula para poner al descubierto los desafíos
que actualmente tienen tanto los países en desarrollo como los desarrollados en
torno a la reducción o eliminación de las medidas no arancelarias en el marco de
un ACP.
Conclusiones
De lo hasta aquí expuesto, pueden hacerse las siguientes reflexiones finales:
• En primer lugar, la duda que se plantea en torno al alcance del Art. 2 (c)
de la Cláusula de Habilitación es compleja, porque versa sobre las mismas
diferencias cuestiones vinculadas a distintos cuerpos normativos de la OMC,
lo cual lleva a que deba considerarse un entramado jurídico complejo, a fin de
dar claridad a la problemática.
• La Cláusula de Habilitación se aprobó hace más de treinta años en un
contexto completamente diferente al actual. Ello no solo le otorga un
nuevo sentido a la problemática, sino que sobre ella recae toda una nueva
serie de interrogantes, sobre todo por la dispersión en que se encuentran
actualmente las normas vinculadas al TED y a las preferencias que se les
conceden, que se consideran restrictivas.
• Las posiciones de los países desarrollados sobre el Art. 2 (c) de la
Cláusula de Habilitación, giran en torno a su beneficio y no al de los que se
encuentran en desarrollo, lo cual atentaría contra la finalidad de la propia
Cláusula.
• Por el contrario, las posiciones de aquellos que han celebrado ACP regional,
como el caso del Consejo del Golfo, parecerían ser la interpretación más
I. Los desafios del nuevo multilateralismo | 49
•
•
•
adecuada y lógica del contenido del Art. 2 (c).
El hecho de interpretarse de uno u otro modo, incide en el plano regional
sudamericano en atención a que muchos de los bloques regionales han
sido notificados en la OMC al amparo de la Cláusula de Habilitación –
verbigracia el MERCOSUR– al no cumplir con las condiciones establecidas
en el Art. XXIV del GATT. De este modo, y de hacerse una interpretación
extensiva en relación al principio NMF implicaría que las reducciones o
eliminaciones de las medidas no arancelarias dentro de sus senos, deban
ser ampliadas a los demás miembros de la OMC, no permitiéndoles
proteger sus mercados internos, al carecer de la posibilidad de hacerlo a
través de medidas arancelarias.
También puede suceder que ciertas medidas no arancelarias se encuentren
contempladas en instrumentos regionales, que se aplicarán entre los
miembros del ACP del que se trate, y otra normativa multilateral se aplique
al resto de los Países con los que comercie, verbigracia el Protocolo de
Uruguay sobre Servicios en el MERCOSUR y el Acuerdo sobre Servicios de
la OMC. Esto generaría un doble régimen legal para una misma materia,
que haría más complejos los movimientos de bienes y servicios a nivel
global.
Por último debe destacarse que el tema se encuentra en debate en la
propia OMC. Se trata de encontrar una respuesta que dé mayor claridad
en lo referido a la reducción o eliminación de las medidas no arancelarias
en el marco de una ACP regional o general para el comercio bilateral, al
amparo de la Cláusula de Habilitación.
50 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
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II.
Enfoques
jurídicos-institucionales
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 55
Instituciones de los procesos de integración
sudamericanos.
Modelos y tendencias actuales
Rita Marcela Gajate
1. Construcción institucional de
Institucionalidad e Integración
los
espacios
integrados.
En el contexto actual de la integración en Sudamérica, se espera que la
institucionalidad creada sostenga e impulse favorablemente estos procesos y
contribuya a un renovado y dinámico regionalismo. No obstante se advierte un
estancamiento generalizado en el desarrollo institucional, que entre otras razones,
obedece a las inconsistencias de las actuales estructuras institucionales dadas.
A partir de las metas incumplidas surge el cuestionamiento acerca de la viabilidad
de ambiciosos proyectos. Cimadamore (2012) concluye en que la consistencia
observable entre las metas –objetivos- y los recursos dispuestos para alcanzarlos
en los instrumentos jurídicos –tratados- que verbalizan el compromiso de los
Estados involucrados, es insuficiente. De cara a la historia de la integración
latinoamericana, plagada de incumplimientos de objetivos y plazos pactados,
existen muchas explicaciones posibles. En los distintos procesos de integración
subregional y regional, una gran parte de las mismas se concentra en variables
como la “voluntad política”, difícilmente explicitada y puesta en práctica. Este tipo
de variables tiene la virtud de simplificar interpretaciones sobre el éxito o fracaso
de la integración en América latina.
Repitiendo su tradicional comportamiento cíclico, el comercio intrarregional se
redujo en forma severa; paralelamente, las respectivas negociaciones sumaron
nuevos conflictos y el incumplimiento de algunas de las normas y estándares
previamente acordados deterioró la calidad institucional de los acuerdos y sembró
fundadas incertidumbres sobre las perspectivas de los pretendidos procesos de
profundización de la integración regional (Porta, 2012).
La construcción de espacios integrados involucra a los Estados parte en dimensiones
que claramente exceden a sus mercados. Se trata de la interpenetración de sus
sistemas en los aspectos económicos, políticos, sociales y jurídicos. Esta última
dimensión se ve impactada por las profundas transformaciones que el fenómeno
multidimensional implica.
56 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Son muchos los desafíos por enfrentar para desarrollar la institucionalización del
espacio sudamericano. Entre ellos sobresalen dos: por un lado, la conciliación
con los múltiples espacios de inserción regional y global de cada país y, por el
otro, la necesidad de dotar a los ámbitos institucionales de una dosis suficiente
de credibilidad. Ambos desafíos se acentuarán por el hecho de que las profundas
transformaciones que se están operando en los mapas del poder y de la competencia
económica global, generan múltiples opciones para la inserción externa de cada
país. En tal perspectiva, ninguno país aceptará quedar limitado a su entorno regional
sino que, por el contrario, intentará aprovechar al máximo las oportunidades que
se están abriendo en el mundo. Por otra parte, las transformaciones se explican por
la percepción de que, en general, los procesos de integración regional existentes
son poco eficaces, consecuencia de una experiencia acumulada en las últimas
cinco décadas que no siempre ha producido los resultados prometidos.
Enfrentar tales desafíos requerirá al menos de tres condiciones (Peña, 2009). La
primera, es que cada país de América del Sur desarrolle una estrategia nacional
de aprovechamiento de los múltiples espacios de su inserción internacional, que
incluya a la propia región. La segunda es que las iniciativas de alcance regional
se reflejen en instituciones y reglas de juego que tengan las cualidades necesarias
para penetrar en la realidad. Y la tercera es que los compromisos que se asuman
en los distintos ámbitos institucionales de la región –en particular, los de carácter
preferencial– permitan fortalecer y no debilitar el desarrollo de un sistema eficaz
a escala global.
Dadas las precedentes características y los retos que ha de enfrentar la
institucionalización de la integración, el análisis de la dimensión jurídica de
estos procesos implica considerar la morfología institucional, su funcionalidad,
su consistencia estructural y su coherencia ideológica en relación con el modelo
adoptado.
Se hace necesario observar si la ausencia de previsiones para articular una
institucionalidad regional con suficientes poderes delegados es lo que impide
impulsar sistemáticamente las iniciativas y la solución de conflictos que
requiere de la generación de un marco apropiado -jurisdiccional, incluso-para la
administración de la integración y resolución de los conflictos que naturalmente
emergen.
Es así como las nociones de soberanía e independencia de cada Estado partícipe,
delegación de competencias, representatividad, participación, sustentabilidad
jurídica y gobernabilidad, se abren paso en las configuraciones jurídico –
institucionales que se adoptan.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 57
Se encuentra suficientemente claro en la teoría y práctica de la integración,
que para alcanzar los objetivos fijados por modelos de integración profunda, es
necesaria la transferencia de ciertos aspectos de la soberanía a instituciones
regionales con capacidad de resolver colectivamente los conflictos inevitables por
el incremento de la interacción entre diversos actores, propia de los procesos de
integración exitosos (Cimadamore, 2012). Este elemento, distintivo de cualquier
proceso de integración profunda, ha sido reconocido incluso por las vertientes del
Intergubernamentalismo, al igual que por diversas vertientes del Neofuncionalismo
y el Institucionalismo.
Es que la institucionalidad de un sistema expresa la adopción de un modelo que
lo conforma. Manifiesta el modo que se espera en el funcionamiento y evolución
del esquema. Este es nuestro punto de partida y el enfoque original desarrollado
en nuestra línea de investigación.
2. Las cuestiones que nos interpelan
Partiendo de la posición expresada, advertimos que se hace necesario indagar
sobre la debilidad institucional de los sistemas institucionales de los procesos de
integración en Sudamérica. Advirtiendo el impacto que el contexto sudamericano
tiene en los sistemas subregionales, nuestra investigación se centra en el caso
del MERCOSUR y sus falencias10. Indagamos sobre las causas provenientes del
modelo institucional escogido y en las originadas en cambios suscitados, carentes
de coherencia funcional. Hay que tener en cuenta que en este particular caso si
bien la institucionalidad fue definida transitoriamente en su tratado fundacional,
en los veinte años de su evolución se han sumado instituciones y modificado la
estructura de las creadas. Tales cambios merecen ser evaluados con el fin de
clarificar si las mutaciones que sufriera son adopciones conducentes hacia una
más consistente institucionalidad.
Nos interpela el MERCOSUR. Advertimos -a priori- que el modelo elegido adolece de
una configuración madura que conduzca a la constitución de un mercado común.
Por ello resulta oportuno investigar si el cambio ocurrido a nivel de la retórica
político-ideológica, se ve plasmado en la dimensión jurídico-institucional del
10
Construcción Institucional en el MERCOSUR: ¿Más de lo mismo? Proyecto 11/J132 acreditado ante
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP enero 2012. Se inscribe en el marco de la Red
de Formación de Posgrado e Investigación en Integración Regional -REDFIRE III- del Programa
de Políticas Interuniversitarias IV del Ministerio de Educación de la Nación (Res.288/11SPU),
“REGIONALISMO SUDAMERICANO: Viejas y nuevas problemáticas en clave de mejorar la gobernabilidad
regional”.
58 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
MERCOSUR, si hay coherencia entre lexis y praxis que lleve a una profundización
del proceso.
Nos preguntamos si basta con la creación del Tribunal Permanente de Revisión, el
PARLASUR y la Comisión de Representantes Permanentes para mutar hacia una
estructura jurídico-institucional que conduzca al logro de los objetivos planteados
en el proceso de integración MERCOSUR. Si las modificaciones en cuanto al
modo de constitución popular del Parlamento, si los avances en cuanto a requerir
opiniones consultivas e instalar una agenda de “buen gobierno” para los estados
parte, constituyen adopciones conducentes a una mejor y más consistente
institucionalidad, o si sólo se han adoptado con miras a responder a una crítica
generalizada.
Para el estudio, centramos nuestra atención en la construcción institucional del
MERCOSUR, desde el TA de 1991 hasta la fecha, particularmente en los órganos
con capacidad de decisión y los de naturaleza jurisdiccional.
Orienta nuestra investigación, como hipótesis de trabajo, la afirmación que
sostiene que: “la debilidad jurídico-institucional del MERCOSUR se debería a
la inconsistencia del sistema institucional y a la incoherencia ideológica que lo
informa”.
Los fundamentos que nos llevaron a plantearnos el objetivo general de nuestra
investigación son: demostrar que la inconsistencia ideológica y la incoherencia
institucional del sistema producen su debilidad institucional.
Específicamente buscamos identificar las consistencias/inconsistencias del
sistema, describir las coherencias/incoherencias ideológicas y determinar su
influencia en la institucionalidad adoptada y en las reformas previstas.
En el diseño del presente trabajo hemos partido de concepciones metodológicas
que nos brindan sustento teórico en la estructuración de la investigación que
hemos iniciado.
Dada la complejidad de nuestro objeto de estudio, corresponde aplicar el pluralismo
cognitivo pues, como afirma Rolando García (2006) “investigar un sujeto complejo
implica recortar la realidad. Esto incluye aspectos sociales, económico, políticos; entre
otros”. En su opinión hay múltiples formas de abordar estos sistemas, dependiendo
de los objetivos que se persigan en cada programa concreto de estudio. No es
obvio, sin embargo, cómo debe definirse con precisión el sistema, una vez fijados
los objetivos de la investigación. Expresamente indica: “Raras veces esto se puede
ver claro desde un comienzo y resulta necesario hacer más de un intento. La definición
del sistema se va transformando en el transcurso de la investigación”.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 59
Como consecuencia, es necesario utilizar un pluralismo metodológico que permita
acceder a la concreta dimensión de los hechos, en los que en cada caso haya que
hacerse frente (Beltrán Miguel, 1985).
Si bien nuestro punto de partida es unidimensional, político-jurídico, a medida
que se avanza en la investigación se hace necesario considerar otras dimensiones
del proceso MERCOSUR en cuanto a sus objetivos económico-comerciales y
sociales; entre otros.
Algunas conceptuaciones preliminares son necesarias. Por lo tanto, referido a esta
investigación, se define como consistencia a la articulación funcional que existe
entre los objetivos del tratado y los mecanismos para su consecución. Asimismo,
entre los objetivos perseguidos por cada uno de las instituciones que conforman
la estructura del MERCOSUR y los mecanismos e instrumentos previstos para su
cumplimiento.
La inconsistencia queda definida por la ausencia o insuficiencia de
la articulación funcional. La coherencia e incoherencia se definen por la
correspondencia existente entre la retórica y la práctica.
3. Comprendiendo la construcción institucional desde su generación
Hemos entendido la necesidad de abordar nuestro objeto de estudio desde la
dinámica de la construcción institucional y desde los aportes de las teorías de las
instituciones.
Berger y Luhmann (1968) clarifican que: “Las instituciones han sido concebidas
para liberar a los individuos de la necesidad de reinventar el mundo y reorientarse
diariamente en él. Las instituciones crean “programas” para el manejo de la interacción
social y para la “ejecución” de un curriculum vitae determinado. Proporcionan modelos
probados a los que la gente puede recurrir para orientar su conducta. Si las instituciones
están funcionando en forma razonablemente normal, entonces los individuos
cumplen los roles que les son asignados por la sociedad en forma de esquemas de
acción institucionalizados y viven su vida de acuerdo con currículos asegurados
institucionalmente, moldeados socialmente y que gozan de una aceptación generalizada
e incondicional”. En esta línea, los cuestionamientos que surgen acerca del modo
elegido para la institucionalización de un proceso, conducen ineludiblemente a
la consideración de las concepciones que explican el sentido de la organización
institucional de un sistema social.
La teoría de las instituciones fue central para la corriente del funcional estructuralismo
popularizada por Talcott Parsons (1983). Asimismo la corriente fenomenológica,
especialmente Peter Berger, le otorga sustancial importancia. Con afán superador,
en los ´70 y ´80 la corriente sistémica propuesta por Nicklas Luhmann, Horton y
60 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Hunt (1996) explican: “La teoría de Luhmann no hace depender la constitución de
sistemas a la existencia de estructuras previas (necesidades básicas o derivadas, normas,
valores, instituciones, etc.), sino que más bien observa e interpreta a estas últimas como
consecuencia de la puesta en marcha y operación selectiva de los sistemas sociales”.
En la concepción funcional estructuralista todo sistema social tiene necesidades
mínimas que satisfacer. Estas constituyen sus prerrequisitos funcionales. Parsons
explica que los individuos funcionan a través de sus roles para dar respuestas a
estos prerrequisitos, que consisten en la siguiente secuencia: los sistemas sociales
deben estar estructurados de manera que sean compatibles con otros sistemas,
luego, el sistema social debe contar con el apoyo de otros sistemas, asimismo,
debe satisfacer una parte significativa de las necesidades de los actores. En un
paso siguiente se debe fomentar en sus miembros una participación suficiente,
se debe ejercer control sobre las conductas potencialmente desintegradoras y
finalmente, si surge un conflicto, se lo debe controlar. En todo sistema el lenguaje
es una herramienta esencial para poder sobrevivir.
Estos prerrequisitos conforman los cuatro subsistemas de Parsons, que son
cuatro imperativos funcionales (AGIL) necesarios en todo sistema, que son: la
adaptación (A), en la que todo sistema debe comprender las situaciones externas,
debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus necesidades. La Economía
contribuye a este proceso. La capacidad para alcanzar metas (G) se desarrolla
a través de la política. La integración (I) se da a través de la endoculturación
y la interrelación entre los otros imperativos funcionales. La latencia (L) es la
capacidad de un sistema de proporcionar, mantener y renovar la motivación de los
individuos y las pautas culturales que lo crean.
Dado que la Economía, la Política y la Cultura, conforme lo señalado en la teoría
de Parsons, son elementos constitutivos del proceso de institucionalización y,
a su vez, constituyen dimensiones esenciales de todo proceso de integración,
es necesario tomar de este enfoque teórico los fundamentos que explican las
motivaciones esenciales de los diferentes tipos de elecciones institucionales.
Asimismo, no desconocemos que en el debate teórico sobre el origen y el cambio
institucional, coexisten los enfoques histórico, sociológico y de elección racional
(Hall y Taylor, 1996).
Para el institucionalismo histórico, las instituciones son procedimientos,
formales e informales, rutinas, normas y convenciones insertas en estructuras
organizacionales de la comunidad política o del mercado. Son el resultado de luchas
de poder entre actores que presentan mayores o menores grados de asimetría en
su acceso a los recursos. Para este enfoque, las ideas y su difusión juegan también
un papel importante en la determinación de los resultados políticos o económicos.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 61
Además, en muchos casos, dichos resultados son consecuencias no previstas por
los actores que lograron imponer su predominio institucional.
La estabilidad institucional se explica como una resistencia al cambio, impuesta
por las mismas condiciones que limitan las opciones de reforma que están a
disposición de los actores. De hecho, distintas trayectorias institucionales se
explican por condiciones heredadas del pasado. Por ejemplo, las capacidades
del estado en determinado momento histórico pueden afectar opciones de
política pública en un momento posterior. Sin embargo, siempre queda abierta la
posibilidad de que ocurra algún cambio institucional importante, especialmente
durante crisis económicas o políticas.
El institucionalismo sociológico define a las instituciones como sistemas
de símbolos, mapas cognitivos y patrones morales que proveen “marcos de
significado” para guiar la acción humana. Posee una fuerte dimensión cognitiva
pues reconoce que las categorías y modelos mentales son indispensables para la
acción-respuesta y para la interpretación-reconocimiento del mundo que nos rodea.
Este enfoque sugiere que las instituciones no sólo condicionan el comportamiento
humano sino que afectan las preferencias e identidades de los individuos. Desde
este punto de vista, el de lo culturalmente específico, las organizaciones adoptan
nuevas instituciones cuando éstas aumentan la legitimidad social, según lo que es
considerado socialmente apropiado.
El institucionalismo de la elección racional, el más influyente en la academia
norteamericana, define a las instituciones como aquellas convenciones que proveen
certeza, información, facilitan la coordinación y, consecuentemente, reducen los
costos de las transacciones. Los mecanismos que estructuran las opciones de
los individuos, quienes a su vez actúan como agentes racionales, se basan en el
análisis costo-beneficio y se fundamentan estratégicamente para maximizar el
bienestar. Para los racionalistas, es la interacción estratégica la que determina
los resultados políticos o económicos, y las instituciones son el resultado de
un acuerdo voluntario entre los actores relevantes, en contraste con el enfoque
histórico. Las instituciones existentes son el producto de un proceso de selección
competitivo, en el que sólo las que ofrecen más beneficios a la sociedad pueden
persistir.
En la década de 1980, el llamado “neo-institucionalismo”, revivió el estudio de las
instituciones. Integró a su enfoque una serie de disciplinas, como la economía,
la sociología, relaciones internacionales y ciencias políticas. Se destacan las
contribuciones de Paul Di Maggio y Walter W. Powell. En economía, el nuevo
institucionalismo está más estrechamente asociado con la Universidad de Washington
en St. Louis, Missouri, del que Douglass North, es su máximo exponente con el
trabajo “La nueva institucionalidad”, por el que obtuvo el Premio Nobel en 1993.
62 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Al enfoque de la “institucionalidad normativa”, dentro de esta teoría, se lo ha
calificado como el original nuevo institucionalismo. Su central contribución radica
en un punto de vista normativo de la institucionalidad. Según sus ideas, las normas
y reglas formales de las instituciones darán forma a las acciones de aquellos que
actúan dentro de ellas. Este enfoque es contrastado con el institucionalismo de
elección racional, que sostiene que en lugar de una serie de acciones previamente
diseñadas, los individuos actúan para maximizar sus beneficios percibidos.
Esta corriente es destacada por Hall y Taylor (1996) en cuanto define a las
instituciones desde un punto de vista más amplio que el de la Ciencia Política o
de la Economía. Considera también los sistemas de símbolos, guiones cognitivos
y las plantillas de moral como una interrelación mayor entre “instituciones” y
“cultura”.
Los precedentes marcos analíticos contribuyen a clarificar el lugar que la
organización institucional tiene en cada proceso de integración. Siguiendo la
evolución del pensamiento en esta línea, entendemos que, conforme el objetivo
de nuestra investigación, la explicación de la institucionalidad normativa nos
permitirá integrar interdisciplinariamente el análisis, toda vez que el objeto de
nuestro estudio presenta esencialmente una multidimensión que impone producir
un haz de relaciones interdisciplinarias.
Como ya se ha expresado en investigaciones precedentes “el escenario actual
interno sudamericano presenta algunas condiciones de índole política que plantean
un escenario favorable para el desarrollo de instituciones que contribuyan a la
gobernabilidad regional y ellas son: la estabilidad democrática, la coincidencia en el
lenguaje político regional sobre las críticas al neoliberalismo del siglo pasado y sobre
la multidimensionalidad del fenómeno de la integración además de otorgar especial
importancia a la dimensión política. Así el activismo integrador actual va más allá de
los acuerdos de liberalización comercial e incluye otros aspectos como los de seguridad
regional, cooperación energética, medio ambiente, aspectos sociales en función de los
compromisos asumidos en la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”
(Mellado, 2010: 164).
El MERCOSUR no es ajeno a esta caracterización. Se presenta como una construcción
inmersa en el proceso de regreso al sistema democrático de sus estados parte.
Justamente “las nuevas democracias latinoamericanas buscan cimentarse en un
contexto de inestabilidad política y gran heterogeneidad social. Quizás éstas sean
las razones por las que se tornan en complejos objetos de estudio. Convergen en sus
conformaciones diversos planos sobre los cuales es necesario reflexionar. Los procesos
de integración regional intentan definir marcos de desarrollo institucional y cualifican
los costos y los beneficios de su sostenimiento para asegurar la adhesión continua de
sus miembros y consolidar los procesos transitados” (Gajate, 2010: 33).
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 63
Por las razones mencionadas, este proceso subregional de integración, ha debido
en sus orígenes optar por un modelo institucional de determinadas características
que reconoce una génesis inspirada en procesos extracontinentales como
el europeo, que -sin embargo- parece no haber influido definitoriamente en la
elección de sus formatos institucionales.
4. Elecciones institucionales. El modelo de la Integración Europea
El funcionalismo propuso un sistema de red de vinculaciones que los
gobiernos y la ciudadanía podían establecer para satisfacer las necesidades
básicas de la institucionalización del proceso de integración europeo. Esta
teoría fue enriquecida metodológica y teóricamente en por Ernest Haas quien
en 1958 publicó The Uniting of Europe, considera como la obra fundacional
del Neofuncionalismo. Argumentó que de producirse una cooperación técnica
exitosa, se generaría spillover -desbordamiento- hacia otros ámbitos como los
socioculturales y políticos, incluso en campos tradicionalmente asociados a
la highpolitics -defensa, y seguridad-. Sus hipótesis se basaron en el estudio de la
Comunidad Europea del Carbón y Acero -CECA- y su posterior desbordamiento con
la creación de la Comunidad Económica Europea -CEE- y la Comunidad Europea
de Energía Atómica -CEEA-. El Neofuncionalismo privilegió así el estudio de las
élites, la ideología y las instituciones, ya que en su concepción la integración
sería impulsada -o no- por grupos de interés, dependiendo de sus expectativas de
ganancia o pérdida.
Desde esta perspectiva es clave el concepto de supranacionalidad, que fue definido
como una yuxtaposición de poderes nacionales y federales, “se refiere a un tipo
de integración en el cual se da más poder al nuevo organismo central de lo que es
habitual en el caso de las organizaciones internacionales comunes” (Haas, 1966: 8990). A diferencia del Funcionalismo, el Neofuncionalismo incluye una paulatina
transferencia de soberanía de los Estados hacia una entidad supranacional.
“El estudio de la integración regional busca explicar cómo y por qué los Estados dejan de
ser totalmente soberanos, mezclándose y fusionándose voluntariamente con sus vecinos
hasta perder los atributos tácticos de su soberanía, mientras adquieren nuevas técnicas
para resolver los conflictos entre ellos. La cooperación regional de organizaciones, de
sistemas y subsistemas ayudan a describir el camino hacia la integración; pero no por
ello deben confundirse con la condición resultante” (Haas, 1970: 610, en Oyarzun
Serrano, 2007:6). Según el pensamiento de esta corriente, el incremento de
canales institucionales en una región, tanto público como privado, estimula la
interdependencia entre los miembros a medida que estos utilizan los mecanismos
de resolución de conflictos.
64 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
A medida que se fue desarrollando el proceso de integración europeo, la
corriente neofuncionalista observó algunos vacíos en sus análisis, principalmente
relacionados con la incapacidad para explicar la iniciación del proceso. Las
deficiencias también se advirtieron al no abordar temáticas como las relaciones
entre las dimensiones nacional-regional, internacional, el cambio actitudinal,
aprendizaje de los miembros y la falta de un modelo o teoría especial para los
países en vías de desarrollo (Oyarzún Serrano, 2007).
Posteriormente integraron esas dimensiones, enriqueciendo la teoría y creando
sofisticados modelos de análisis. Para explicar la secuencia de eventos desde que
se inicia un proceso, se mantiene, crece y/o se estabiliza, incorporaron variables
como la complementariedad de las élites, la percepción de beneficios de las
transacciones, el papel de la presión externa, la sustitución de un tipo de liderazgo
a otro o la emergencia de nuevos actores, especialmente no estatales (Schmitter,
2004).
Otra corriente explica el proceso de integración europeo desde el federalismo como
proyecto político que rechaza la soberanía estatal ilimitada, el nacionalismo y los
regímenes totalitarios. El federalismo propone la asociación basada en el respeto
mutuo, reconocimiento, reciprocidad, igualdad y consenso. Es esencialmente
anticentralista y antiabsolutista (Mariscal, 2003). Fomenta la participación,
responsabilidad cívica, cooperación horizontal y complementariedad. En tanto, la
federación es producto o materialización del proceso de unión, se basa en un pacto
federal –constitución- y se establecen procedimientos de asamblea constituyente.
Uno de sus principios clave es la subsidiariedad o exacta adecuación, es decir,
que las decisiones se tomarán en el nivel correspondiente -municipios, regiones,
Estados, organización supranacional- en razón de la naturaleza y capacidad de
las autoridades (Héraud, 1968). La idea de un “gobierno” de múltiples niveles se
puede aplicar tanto a entidades públicas como privadas y es una de sus fortalezas.
Algunos de sus exponentes de la corriente han aplicado estas concepciones a
la Unión Europea -UE- por la posibilidad de que se apruebe una constitución
comunitaria. Para otros, la UE no puede ser catalogada como federación al
no contar con una política exterior común, identificándola más bien como una
organización de carácter híbrido intergubernamental-comunitario (Sidjanski,
1998: 230-231). Es significativo advertir que los neofuncionalistas no rechazan ni
descartan que un proyecto de integración se convierta en una federación, ambos
enfoques pueden llegar a complementarse y sus diferencias se advierten más bien
en la noción de gradualidad del proceso.
Combinando aspectos de diferentes teorías, el denominado Transaccionalismo de
Karl Deutsch, produjo aportes de relevancia en torno a problemáticas como la
integración y la des-integración. Para los transaccionalistas la unión política se
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 65
explica en función del flujo de comunicaciones -transacciones- que se establecen
dentro de un territorio y de éste con el mundo exterior. Lo que finalmente conforma
el proceso de integración es el consenso entre los miembros para resolver los
problemas o conflictos por medios pacíficos, sin necesidad de recurrir a la fuerza
física a gran escala y se refleja en el sentimiento de pertenecer a una comunidad.
La UE hoy es símbolo de un proceso complejo de construcción, profundamente
institucionalizado y que revela -como organización paradigmática- aspectos
notables de consideración teórica. No obstante y -apriorísticamente- advertimos
que los análisis acerca de la institucionalización del MERCOSUR adolecen de un
enfoque teórico en los sentidos explicitados.
5. La construcción institucional en el MERCOSUR
La mayor comprensión alcanzada a través de las explicaciones del proceso de
institucionalización en la integración europea, permite reenfocar los análisis del
proceso de integración MERCOSUR.
Coincidente con los cambios de los gobiernos democráticos -Argentina y Paraguay,
1989; Brasil y Uruguay, 1990- regionalmente comenzó un nuevo impulso
dinamizador que llevó a firmar, el 6 de julio de 1990, a los presidentes de Argentina
-Menem- y de Brasil -Collor de Mello- el Acta de Buenos Aires. En virtud de ella,
se redujeron los plazos a cinco años para la concreción del mercado común,
mediante un programa de liberalización comercial -rebajas arancelarias lineales y
automáticas, la eliminación de toda restricción no arancelaria que debía concluir
el 31 de diciembre de 1994- y, el establecimiento de un arancel externo común
(Mellado, 2002). Estos acuerdos se inscribieron en la ALADI como Acuerdos de
Complementación Económica Nº 14 y entraron en vigor a partir del 1 de enero
de 1991. Finalmente, con la incorporación de Uruguay y Paraguay, se arribó al
Tratado de Asunción -TA- el 26 de marzo de 1991 que originó el MERCOSUR.
El escenario de los años noventa se caracterizó por el fin de la guerra fría, la
globalización, el nuevo regionalismo o regionalismo abierto y el predominio del
pensamiento neoliberal. En este marco se crearon MERCOSUR, y el Grupo de los
Tres -G3- en junio de 1994, al tiempo que se revitalizaron experiencias anteriores
adaptándolas a las exigencias de la época: el Mercado Común Centroamericano
se transformó en el Sistema de Integración Centroamericano -SICA- en 1993,
incorporando a Panamá. La Comunidad del Caribe -CARICOM- decidió iniciar el
proceso hacia un mercado único y el Pacto Andino devino en Comunidad Andina
de Naciones -CAN- en 1996 (Mellado, 2007).
66 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Ciertamente, la sucesión de crisis en Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela,
parecieron aportar la evidencia empírica a los enfoques críticos de los procesos
de reforma del estado de los años 90 y de su vinculación con los patrones de
institucionalización democrática postdictadura, que caracterizaron a la transición
al autoritarismo, tanto en América Latina como en otras áreas geográficas.
La crítica teórica al liberalismo conservador y sus posiciones sobre el tamaño,
la matriz de intervención y la morfología del estado se intentaron con mayor o
menor nivel de contradicción desde el neoinstitucionalismo, el liberalismo social
o igualitario, la teoría del desarrollo endógeno, la teoría de las capacidades y del
desarrollo como libertad, la teoría de la gobernabilidad democrática, las teorías
sobre la transición, consolidación e institucionalización y el republicanismo. Sin
embargo se carece hasta el hoy día de un enfoque sistemático que permita explicar
más exactamente el proceso argentino sino también otros procesos similares,
tanto en América Latina como en otros países que también los atravesaron.
(Schweinheim, 2004).
Llama la atención la falta de teoría e investigación empírica sistemática sobre
el problema de la institucionalidad, o del diseño institucional para la gestión
de las decisiones públicas en regímenes democráticos. La cuestión implica
problemáticas diversas como: el modo de asegurar la institucionalización de
un conjunto de reglas de juego (formal o informalmente estatuidas), de quiénes
toman decisiones, con qué reglas y en qué oportunidades pueden decidir, cómo
debe ser el proceso de asignación de recursos públicos, qué información pública
sobre las decisiones y los resultados de gestión debe ser generada y puesta a
disposición de la ciudadanía por los gobernantes y mediante qué procedimientos
los decisores públicos, la ciudadanía y las instituciones parlamentarias participan
en el proceso (Schweinheim, 2004).
Es que la construcción de la institucionalidad tanto en los niveles internos del estado
como -y con más razón- a nivel regional pereciera presentar las características
propias de un sistema complejo.
La conceptuación a la que Rolando García (2006: 21-22) arriba, nos parece aplicable
a nuestro objeto de estudio. Afirma: “un sistema complejo es una representación
de un recorte de la realidad, conceptualizado como una totalidad organizada (de
ahí la denominación de sistema), en la cual los elementos no son separables y por
tanto no pueden ser estudiados aisladamente”. Existe entre dichos elementos una
determinación mutua que exige la interdisciplinariedad para su abordaje.
En el caso del MERCOSUR los dilemas que se han presentado en la definición de su
estructura jurídico–institucional, han obligado a optar entre: intergubernamentalismo
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 67
o supranacionalidad, interpresidencialismo o interparlamentarismo, delegación
de competencias o conservación de controles constitucionales. Tales opciones han
enfrentado una demanda social de mayor seguridad jurídica y legitimidad, junto al
requerimiento de eficiencia en las decisiones y avance del sistema.
Las múltiples observaciones en cuanto a las falencias del sistema jurídico-institucional
del MERCOSUR (SELA, 2007; Mellado Noemí (editora) y otros, 2009; Sanahuja, 2009;
Perotti–Dreyzin de Klor, 2010; entre otros); han particularizado que las mismas giran
en torno al carácter intergubernamental de su estructura orgánica, deficiencias en
la representatividad, ausencia de seguridad jurídica, ausencia de instancias técnicas
independientes, insuficiencia en el mecanismo de votación de los órganos y
aprobación e implementación de las normas MERCOSUR y otras relacionadas con
el Sistema de Solución de Controversias. Estas deficiencias también constituyen
un obstáculo para una armonización legislativa.
Se observa, no obstante, que los estados que conforman los procesos de
integración, comprenden que su permanencia en ellos es significativamente más
ventajosa que salir de los mismos. Se advierte, pese a los magros logros, una
clara voluntad política que expresa una elección sostenida por la integración. Su
pendiente más significativo en este marco, es que pese a lo clarificado, aún no se
han encaminado hacia la adopción de estructuras supranacionales.
La relevancia de reflexionar sobre los marcos jurídico–institucionales radica en
que la estructura institucional manifiesta las prioridades y visiones de los Estados
sobre el papel que se aspira cumplir con las políticas a implementar hacia el
futuro de la integración pretendida.
Es así como partimos de la convicción de que la calidad institucional facilita la
ejecución y formulación de políticas de integración y contribuye a la durabilidad de
los compromisos. Así como también advertimos que la multiplicación y creación
de órganos no conduce de por sí a un más profundo grado de integración.
En camino hacia un tratamiento que integre los aspectos institucionales de la
problemática que nos ocupa destacamos la posición de Valdés Ugalde (2008: 107)
que expresamente plantea: “Es necesario proponer la identificación en las esferas y
procesos de concurrencia de mecanismos y reglas de control y autocontrol de la conducta
de los individuos, de las organizaciones sociales y gubernamentales, que hacen el tipo
de desempeño de la economía y la política y que tienen una instancia privilegiada de
formación en las instituciones formadas por los sistemas consuetudinarios y formales
del derecho”. En este sentido, cobra relevancia el análisis del proceso de toma de
decisiones en los sistemas de integración y la eficacia de las resoluciones finales.
Todas estas razones que conducen al interés por investigar las consistencias/
inconsistencias de la actual estructura institucional del MERCOSUR, y a analizar
68 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
las áreas que demuestren coherencia/incoherencia ideológicas que han informado
el proceso de construcción institucional en su evolución.
6. Aspectos pendientes del MERCOSUR a considerar en el análisis
El vigésimo aniversario del MERCOSUR motivó diversos diagnósticos acerca de
sus metas alcanzadas y sus pendientes. El balance efectuado da cuenta de las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en su construcción institucional.
La detección de aspectos pendientes ya identificados nos será de utilidad para
profundizar en el propósito de estudio.
El óptimo funcionamiento jurídico-institucional tiene aún cuentas pendientes en
el MERCOSUR. No podría ser de otro modo dado que el período recorrido no
es aún suficiente para la compleja implementación de un sistema jurídico que
instrumente sus ambiciosos objetivos del MERCOSUR.
Ya hemos planteado (Gajate, 2011) que aún queda por considerar en el desarrollo
del MERCOSUR:
•
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•
•
•
•
•
El avance sostenido hacia el mercado común propuesto. La profundización
del actual estado de la unión aduanera y la implementación de un Código
Aduanero del MERCOSUR.
La existencia de importantes asimetrías constitucionales entre los países
miembros.
La práctica deficiente de los Estados en materia de incorporación de
normas MERCOSUR, que posibilita su vigencia unilateral en detrimento de la
vigencia simultánea, generando inseguridad jurídica en los particulares, que
desconocen así el ámbito territorial de aplicación de tales normas.
La falta de transparencia y la deficiente publicidad oficial de las normas
MERCOSUR.
La implementación de sistemas más ágiles en los órganos con opinión
vinculante.
El logro de una mayor participación social a través de órganos que la hagan
viable.
Completar el sistema de solución de controversias.
La constitución plena del PARLASUR a través de las elecciones directas en
cada uno de los Estados partes; entre otras cuestiones de relevancia.
La actual agenda institucional ha de considerar hasta si es necesario un nuevo
Protocolo para llevar adelante las reformas que se hacen imperiosas. Hay
tendencias antagónicas al respecto al punto de haber sido objeto de negociaciones
previas en varias de las últimas cumbres.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 69
Existe cierto consenso en que el cambio institucional debe ser incremental y a la
vez integral, acordado en la perspectiva de una acumulación que genere cultura
institucional.
Se reconoce por muchos que hay que evitar cualquier forma de maximalismo que
lleve al no acuerdo pues lo central es el logro de una reforma posible que permita
el dinamismo posterior. En general, ninguna institucionalidad se cambia de una
vez y para siempre y mucho menos sobre la base de impulsos avasalladores.
Hay algunas preguntas señaladas como insoslayables (Peña, 2011) que será
necesario responder para efectuar la tan ansiada reforma:
•
•
•
¿Están los socios mayores dispuestos a someterse a disciplinas colectivas
libremente consensuadas ¿Están dispuestos a otorgarse y garantizar
preferencias económicas para que los socios inviertan en la zona?
¿Están dispuestos los países a abrir efectivamente sus espacios decisorios?
¿Están efectivamente dispuestos a abrir el debate en torno a las reformas del
MERCOSUR?
Algunos observadores (Deisy Ventura, 2011) han diagnosticado que se ha adolecido
de un funcionalismo episódico y asistemático, pues el proceso decisorio del
MERCOSUR pasa fundamentalmente “18 días por semestre” cuando se producen
las reuniones del Consejo Mercado Común y el Grupo Mercado Común. La ausencia
de vínculos estables y permanentes y la falta de vinculación con los organismos
consultivos, provoca una exagerada primacía de los criterios intergubernamentales
que bloquea la emergencia de una voluntad regional consensuada.
Sobre el cierre de la edición de esta presentación hemos conocido los avances de
la última reunión del Consejo Mercado Común de diciembre de 201211. Entre ellos,
tres acuerdos marcan la tendencia de la agenda en materia jurídico–institucional:
•
•
11
Acuerdo entre los Estados parte del MERCOSUR y Estados Asociados sobre
jurisdicción internacionalmente competente, ley aplicable y cooperación
jurídica internacional en materia de matrimonio, relaciones personales
entre los cónyuges, régimen matrimonial de bienes, divorcio, separación
matrimonial y unión no matrimonial.
Acuerdo entre los Estados parte del MERCOSUR y Asociados sobre promoción
de los Derechos Humanos en el MERCOSUR, proyecto de fortalecimiento
de coordinación y participación social en materia de políticas públicas en
Derechos Humanos.
MERCOSUR/CMC/Acta N°2. 7 de diciembre de 2012. Reunión de Brasilia.
70 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
•
•
Aprobación de lo acordado en el marco de la Reunión de Ministros de Justicia
del 23/11/12 en su XXXVIII reunión, el Plan Estratégico para el mejoramiento
del Sistema Penitenciario en el MERCOSUR
Aprobación de la Declaración de Fortaleza sobre tráfico de personas.
Estos acuerdos arribados muestran como la armonización de las legislaciones y
de las políticas jurídicas se centran en la conducción del Consejo Mercado Común.
El Parlamento bien podría haber sido el órgano que propusiese y obrase estas
transformaciones jurídicas. No obstante es el órgano ejecutivo que llevara adelante
las propuestas.
Pareciera que las reuniones de Ministros fueran las que marcasen los temas
pendientes de resolución y que determinasen la agenda.
La Declaración final de los Presidentes del bloque en su punto siete, reafirma la
necesidad de la construcción de una ciudadanía del MERCOSUR que sea capaz
de contrarrestar toda discriminación de género, etnia, orientación sexual, religión,
ideologías, origen, diferencias físicas y cualquier otra distinción que menosprecie
los derechos de las personas y el ejercicio de su ciudadanía. Este es un compromiso
con los Derechos Humanos, su cumplimiento y protección como prioridad.
Como reflexión final concluimos en que, no obstante comprobar las dificultades y
límites en materia institucional del MERCOSUR, aún ha de recorrerse un camino
de evolución que debe superar sus falencias y debilidades. Este es el desafío el
MERCOSUR para lograr sus propósitos y contribuir a una mayor integración de
nuestros pueblos.-
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 71
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MERCOSUR: suspensión de Paraguay, ingreso de
Venezuela
Clara Amzel-Ginzburg
Introducción
Al ser superada la dictadura en Paraguay en 1989, en el país transcurrió una
década de inestabilidad política. A casi mediados del decenio siguiente, esa nación
parecía ingresar paulatinamente hacia una permanencia en la institucionalidad
democrática. En 2012 el equilibrio vigente sufrió una alteración. El 22 de junio
el Senado de Paraguay12 –país miembro pleno del MERCOSUR- mediante juicio
político, destituyó al Presidente por mal desempeño de sus funciones, hecho que
tuvo sus consiguientes repercusiones en el ámbito regional (Mellado, 2012). Los
otros países del bloque fue emitieron (24/6/2012) la Declaración de los Estados
Partes del MERCOSUR y los Estados Asociados, sobre la ruptura del orden
democrático en Paraguay, por estimar que no se había respetado el debido derecho
de defensa del mandatario. En esa Declaración, Argentina, Brasil, Uruguay –
miembros plenos-, Bolivia. Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela –miembros
asociados-, en consideración a lo establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre
Compromiso Democrático en el MERCOSUR (24/7/1998), manifestaron que la
plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el
desarrollo del proceso de integración, y decidieron:
•
•
•
manifestar su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático
por no respetarse el debido proceso,
suspenderlo de forma inmediata y del derecho a participar en: la Reunión
XLIII del Consejo del Mercado Común –CMC-, en la Cumbre de Presidentes
y en las reuniones preparatorias, que tendrían lugar en Mendoza del 25 al
29 de junio de 2012,
adoptar medidas ulteriores, conforme a la consideración que Jefas y Jefes
de Estado efectuaran en esa Reunión Cumbre (Cancillería Argentina, 2012).
Así el 29 de junio los mandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay aprobaron la
Decisión sobre la Suspensión de Paraguay en el MERCOSUR en Aplicación del
Protocolo de Ushuaia. En ella, destacaron que la ruptura democrática es un
obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración y reafirmaron
que el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el país afectado,
12
La destitución del Presidente tuvo lugar al cabo de un debate de cinco horas, con el siguiente
resultado: de los 45 Senadores, 39 votaron a favor, 4 en contra y dos se abstuvieron (Noticias
Univisión, 2012).
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 75
está en el espíritu de ese documento, y subrayaron que la suspensión no implica
alterar el funcionamiento del MERCOSUR y sus órganos. Asimismo, señalaron que
conforme a los tratados fundacionales del bloque, la suspensión conlleva a la
limitación de participar en los órganos y la pérdida de los derechos de voto y veto,
sin que ello afecte el compromiso con el bienestar y desarrollo de Paraguay ni
cause perjuicio a su pueblo. En consideración a lo ya expuesto decidieron:
•
•
•
•
•
Suspender a Paraguay del derecho a participar en los órganos del
MERCOSUR y en las deliberaciones conforme al artículo 5 del Protocolo
de Ushuaia (PU)13.
En el lapso de la suspensión, lo establecido en el inciso iii) del artículo
40 del Protocolo de Ouro Preto -POP- se producirá con la incorporación
de las normas del bloque al ordenamiento jurídico nacional que efectúen
Argentina, Brasil y Uruguay conforme a lo dispuesto en el inciso ii) de ese
artículo14.
La suspensión, finalizará conforme a lo determinado en el artículo 7
del PU15 y cuando se compruebe el pleno restablecimiento del orden
democrático en la parte afectada. Los Cancilleres mantendrán consultas
regulares al respecto.
Comunicar al Parlamento del MERCOSUR la decisión adoptada.
Garantizar la continuidad de los proyectos relativos a Paraguay en el
FOCEM (Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR).
La Declaración precedente determinó que el CMC, órgano superior de la estructura
institucional del bloque (POP art.3)16, adoptara la Decisión 26/12 -13/7/2012sobre depósito de los instrumentos jurídicos del MERCOSUR. Lo hizo en virtud
de lo dispuesto en la Resolución 80/00 del Grupo Mercado Común –GMC–,
13
PU Art.4. En caso de ruptura del orden democrático en un Estado Parte del presente Protocolo, los
demás Estados Partes promoverán las consultas entre sí y con el Estado afectado. Art.5. Cuando las
consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del
presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los acuerdos de integración vigentes entre
ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad
de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar
en los órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y
obligaciones emergentes de esos procesos.
14 POP Capítulo IV Aplicación interna de las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR, Art.40. ii)
Cuando todos los Estados Partes hubieron informado la incorporación a sus respectivos ordenamientos
jurídicos internos, la Secretaría Administrativa del MERCOSUR comunicará el hecho a cada Estado
Parte. iii) Las normas entrarán en vigor simultáneamente en los Estados Partes 30 días después de la
fecha de comunicación efectuada por la Secretaría Administrativa, en los términos del literal anterior.
Con ese objetivo, los Estados Partes, dentro del plazo mencionado darán publicidad al inicio de la
vigencia de las referidas normas por intermedio de sus diarios oficiales.
15 Art.7. Las medidas a que se refiere el art.5 aplicadas al Estado Parte afectado, cesarán a partir
de la fecha de la comunicación a dicho Estado del acuerdo de los Estados que adoptaron las
medidas, de que se ha verificado el pleno restablecimiento del orden democrático, lo que deberá
tener lugar tan pronto ese restablecimiento se haga efectivo.
16 El POP establece la estructura orgánica del MERCOSUR en su Capítulo I, Secciones I a VI.
76 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
órgano con capacidad decisoria, que toma las medidas necesarias para cumplir
las Decisiones del Consejo Mercado Común (art.14 inc.III del POP), el Gobierno
de Paraguay es el depositario de los tratados internacionales suscriptos entre
los países miembros, incluidos los protocolos al Tratado de Asunción -TA-, los
firmados por el MERCOSUR con otros Estados u organismos internacionales, a
excepción de los que se protocolizan en ALADI (Asociación Latinoamericana de
Integración).
Así ante la suspensión de Paraguay, la mencionada Decisión, atribuye a la Secretaría
del MERCOSUR –SM– la función de depositario provisional de los instrumentos
precedentemente citados y sus instrumentos de ratificación. Se le ha asignado esa
función mientras dure la suspensión y comprende, en especial, las notificaciones y
comunicaciones sobre los depósitos y sus fechas, la emisión de copias autenticadas,
y su registro y publicación (art. 1 y 2).
Asimismo, por Dec. 28/12 se dispone instruir al GMC para que reglamente los
aspectos operativos de la decisión sobre la suspensión de Paraguay17.
También en la Cumbre de Mendoza, los Presidentes de los Estados partes emitieron
la Declaración sobre la Incorporación de la República Bolivariana de Venezuela al
MERCOSUR. En ella subrayaron que el proceso de integración, es el medio para
promover el desarrollo integral y enfrentar la pobreza y la exclusión social, ya
que se basa en la complementación, la solidaridad y la cooperación. Tomaron en
cuenta que el Protocolo de Adhesión de Venezuela al MERCOSUR -suscripto en
Caracas, 4/7/2006-, establece su adhesión según los principios de gradualidad,
flexibilidad y equilibrio, y el reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento
diferenciado. En consecuencia decidieron:
•
•
•
Acordar el ingreso de Venezuela al MERCOSUR,
Convocar a una reunión especial en Río de Janeiro el 31 de julio de 2012,
con el fin de admitirlo oficialmente.
Convocar a todos los países de América del Sur para que se unan en el
complejo escenario internacional actual, para conseguir que el proceso
de crecimiento e inclusión social que tiene lugar en la última década en la
región, se profundice y se constituya en un factor de estabilidad económica
y social con plena vigencia de la democracia en el continente.
Por su parte, Venezuela depositó el día 13 de julio de 2012 la Nota I DVMALC
0547 (Página oficial del MERCOSUR). Consecuentemente, el CMC por Dec.
27/12 estableció que Venezuela adquiriría a partir del 12 de agosto de 2012 la
condición de Estado parte y participaría con todos los derechos y obligaciones
17
La Dec. CMC 26/12 fue adoptada en Montevideo el 13/7/2012 y las Dec. CMC 27/12 y 28/12 en
la reunión extraordinaria celebrada en Brasilia el 30/7/2012.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 77
en el MERCOSUR, conforme al artículo 2 del TA18 y al Protocolo de Adhesión. El
procedimiento establecido en el inciso ii) del artículo 40 del POP para la vigencia
de las normas de los órganos del bloque, se realizará por la incorporación de
la normativa por los Estados partes en pleno ejercicio de sus capacidades de
acuerdo con el inciso iii) de ese artículo (art. 1 y 2)19.
Para Arbuet-Vignali (2012 a: 15) tanto la suspensión de Paraguay como el ingreso
de Venezuela respondieron a “interrogantes de índole más inmediata y necesarias
de resolver en la práctica”. En cuanto a Paraguay, su oposición a las dos medidas
adoptadas originó que manifestara su disconformidad recurriendo al Tribunal
Permanente de Revisión -TPR-.
La presentación de Paraguay ante este órgano superior del sistema de solución de
controversias del MERCOSUR, determinó el pronunciamiento expuesto en el laudo
01/2012, que se comenta a continuación.
1. Presentación de Paraguay
La presentación se efectúa con fecha 9 de julio de 2012 y en ella se solicita la
aplicación del procedimiento para atender casos excepcionales de urgencia
establecidos en el artículo 24 y la aplicación subsidiaria de los artículos 1 y 23
del Protocolo de Olivos -PO-20. El Tribunal se reúne -del 19 al 21 de julio de 2012para considerar lo solicitado, por entender que la suspensión en cuanto a la
participación de un Estado parte en los órganos del bloque no obsta a su derecho
a recurrir al sistema de solución de controversias. La demanda tiene por objeto
que se declare inaplicable:
•
•
18
la suspensión de Paraguay de participar en los órganos del MERCOSUR,
la incorporación de Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR.
Art.2. El Mercado Común estará fundado en la reciprocidad de los derechos y obligaciones entre
los Estados Partes.
19 Véase la nota 14.
20 Los artículos 1 inc. 1, 23 y 24 del PO disponen: Art.1. inc. 1: Las controversias entre los Estados
partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del TA, el POP, de los protocolos y
acuerdos celebrados en el marco del TA, de las Decisiones del CMC, las Resoluciones del GMC y
las Directivas de la Comisión de Comercio –CCM- serán sometidas a los procedimientos del PO.
Art.23. Finalizadas las negociaciones directas –previstas en el PO- entre las partes de una
controversia sin solucionarla, ellas pueden acordar expresamente someterla directamente y en
única instancia al TPR en cuyo caso éste tendrá las mismas competencias que un Tribunal Arbitral
Ad Hoc –TAH- (inc. 1). En estos casos de instancia única los laudos del TPR son obligatorios, no
estarán sujetos a revisión y tienen con relación a las partes autoridad de cosa juzgada (inc. 2).
Art.24. El CMC puede establecer procedimientos especiales para atender casos excepcionales de
urgencia que puedan ocasionar daños irreparables a las partes.
78 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
La competencia del TPR se funda en el artículo 2 inc. b de la Dec.23/0421
-reglamentaria del artículo 24 del PO-, y en subsidio en los artículos 1 y 23 del PO
(numeral 8 del laudo).
El Presidente fue destituido mediante juicio político, conforme al artículo 225
de la Constitución de Paraguay el 22 de junio de 201222. El Mandatario declaró
aceptar la decisión del Congreso, “la noche del mismo día” (numeral 9).
Según alega Paraguay, las dos medidas adoptadas –suspensión de ese País e
ingreso de Venezuela- son de tal envergadura, que causan daño irreparable porque
le impiden ejercer sus derechos soberanos e inalienables como Estado fundador
del MERCOSUR. Afirma que la suspensión no fue hecha por una norma de los
órganos fijados por el POP ni se aplicaron las fuentes jurídicas enunciadas en el
artículo 41 del mismo Protocolo23. Por ello cuestiona la legitimidad de los Jefes de
Estado para adoptar decisiones obligatorias, ya que las cumbres presidenciales
no constituyen ni integran los órganos del bloque y las decisiones adoptadas
no se ajustan a su normativa. Además estima que no hubo ruptura del orden
democrático y que no se realizaron las consultas previstas en el artículo 4 del
PU24 (numerales 11,12 y 13).
En cuanto a la incorporación de Venezuela, Paraguay argumenta su falta
de participación como miembro pleno al adoptar la decisión, sus deberes y
derechos como depositario del Protocolo de Adhesión, la falta de unanimidad
exigida por el artículo 20 del TA25, la inobservancia del artículo 40 del POP sobre
la vigencia simultánea de las normas emanadas de los órganos del bloque, y
de las normas y principios del derecho internacional que estima violadas por
la decisión -Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969-.
Además, señala que las decisiones que son el objeto de la demanda, carecen
de motivación y por lo tanto de validez jurídica y generan responsabilidad
21
22
23
24
25
Dec. 23/04. Art. 2. Cualquiera de los Estados partes puede recurrir ante el TPR conforme al
procedimiento establecido en esta Decisión siempre que se cumplan los siguientes requisitos…
inc. b) que la situación se origine en acciones o medidas adoptadas en un Estado parte en violación
o incumplimiento de normativa del MERCOSUR vigente.
El texto constitucional estatuye que el Presidente puede ser sometido a juicio político por mal
desempeño de sus funciones, delitos cometidos en ejercicio de su cargo, o delitos comunes. A
la Cámara de Diputados le corresponde formular la acusación por mayoría de dos tercios y la
Cámara de Senadores por mayoría absoluta de dos tercios juzga al acusado en juicio público. En
caso de declararlo culpable, tal declaración lo será al sólo efecto de ser separado del cargo. En el
supuesto de comisión de delitos se envían los antecedentes a la justicia ordinaria.
El art. 41 enumera como fuentes jurídicas del MERCOSUR el TA, sus protocolos, y los instrumentos
adicionales o complementarios; los acuerdos celebrados en el marco del TA y sus protocolos; las
Decisiones del CMC, las Resoluciones del GMC y las Directivas del CCM.
Dicho art.4 establece que en caso de ruptura del orden democrático en un Estado parte del PU los
demás Estados partes promoverán consultas entre sí y con el Estado afectado.
El art. 20 en su último párrafo sujeta a la decisión unánime de los Estados partes la aprobación
de las solicitudes de adhesión al bloque.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 79
internacional por incumplimiento de normas convencionales del TA, POP, y el PU
(numerales 14 y 15).
Por tanto solicita el levantamiento de la suspensión: de participar en los órganos del
MERCOSUR, y de los efectos de la Declaración sobre incorporación de Venezuela
al MERCOSUR (numeral 27).
2. Contestación conjunta de Argentina, Brasil y Uruguay
En su presentación conjunta los países miembros fundadores plantearon cuestiones
preliminares y cuestiones de fondo.
En cuanto a las “Cuestiones preliminares”, refieren en primer término a la
incompetencia en razón de materia del TPR, debido a la naturaleza política de
la decisión adoptada en el marco del PU y porque el sistema de solución de
controversias es de naturaleza comercial. Los Estados partes demandados alegan
que la democracia es condición sine qua non para el desarrollo del proceso de
integración, y que el PU está excluido del sistema de solución de controversias del
MERCOSUR, porque representa la base del proceso de integración del cual deriva
la legitimidad de los miembros para ser parte del MERCOSUR.
La suspensión de Paraguay de participar en los órganos del bloque resulta del
artículo 5 del PU (véase la nota 13) y por ello no puede ser examinada por el
TPR y en consecuencia solicitan se declare incompetente en razón de materia
(numerales 17, 18 y 19).
En segundo término consideran que la vía elegida es inadecuada porque el
procedimiento para casos de urgencia previsto en el artículo 24 del PO (véase la
nota 20) no es aplicable al reclamo de Paraguay, dado que la medida se previó
estrictamente para el caso particular de naturaleza comercial y su pertinencia se
vincula con el cumplimiento de requisitos fijados en la norma que no se aplican a
la acción intentada (numeral 20).
Es por la ausencia de negociaciones directas y falta del consentimiento de las
otras partes para el ejercicio de la competencia originaria del TPR prevista en
el artículo 23 del PO (véase la nota 20), que Paraguay no está habilitado para la
iniciación del proceso directo ante el TPR (numeral 21).
En lo referente a las “Cuestiones de fondo”, se destaca la importancia de
la cláusula democrática del PU y sus vínculos con la continuidad del proceso de
integración. Asimismo para la aplicación del artículo 5 del PU “no se prevé rito
solemne ni formalidades para llevarlo a cabo y que las medidas a adoptar son de
naturaleza estrictamente política” (numeral 22).
80 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Los demandados fundan la legalidad de la suspensión de Paraguay en razón de
haber efectuado las consultas previas con distintos actores políticos de ese país
solicitando se respetara el derecho de defensa y la garantía del debido proceso
(numeral 23).
Los Jefes de Estado son competentes para adoptar la decisión de suspensión ya
que el PU no establece nada al respecto. Asimismo, la medida es proporcional
a la situación planteada por ser la menos gravosa y de carácter provisorio. La
naturaleza de la decisión es política y por ello es innecesario efectuar un proceso
contradictorio para emitirla (numeral 24).
La ruptura del orden democrático se debió a que la destitución del Presidente se
efectuó tras un procedimiento sumarísimo sin observar las garantías del debido
proceso (numeral 25).
En cuanto a la legalidad de la declaración de incorporación de Venezuela, cabe
diferenciar la aprobación de la solicitud de la adhesión y la declaración de
incorporar un nuevo miembro. Lo primero -según el artículo 20 del TA (véase la nota
25)- exige unanimidad, pero el segundo es de carácter declaratorio y no requiere
unanimidad. La vigencia del Protocolo de Adhesión de Venezuela tendrá lugar 30
días después de la fecha del depósito del último instrumento de ratificación de los
Estados partes no suspendidos. “La participación de Paraguay en las decisiones, en
su carácter de suspendido, tornaría ineficaz el PU” (numeral 26).
En consecuencia los países miembros solicitan que se rechace el procedimiento
sin juzgar el mérito de la incompetencia en razón de materia del TPR porque:
•
•
•
•
el litigio es de naturaleza política y no es aplicable el sistema de solución
de controversias del PO o, en carácter subsidiario, por no ser éste aplicable
a la resolución de conflictos encuadrados en el PU;
la vía elegida del procedimiento sobre casos excepcionales de urgencia no
es el adecuado;
la incompetencia del TPR resulta de la falta de consentimiento para ejercer
la competencia originaria del artículo 23 del PO (véase el art. 23 en la nota
20);
de no hacer lugar a las cuestiones preliminares, se rechace por
improcedente lo solicitado por Paraguay respecto al levantamiento de su
suspensión como lo concerniente a la Declaración sobre la Incorporación
de Venezuela al MERCOSUR (numeral 27).
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 81
3. Fundamentos de la decisión del TPR
El TPR se encontraba sesionando cuando Paraguay presentó la solicitud de
medidas provisionales de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del PO y los
artículos 29 y 39 de la Dec. 37/03 que reglamenta el citado Protocolo26 (numeral
28).
El TPR fundamenta su decisión sobre la base de la competencia en razón de la
materia, las medidas excepcionales de urgencia y el acceso directo al TPR.
3.1. Competencia ratione materiae
Los demandados solicitan al TPR que se declare incompetente ratione materiae
frente al pedido de Paraguay, y alegan las razones siguientes:
•
•
•
el sistema de solución de controversias del bloque se creó para resolver
conflictos comerciales;
la democracia es un valor presente en el PU y condición sine qua non
para el desarrollo de la integración y por ello el compromiso democrático
prepondera sobre el conjunto normativo regional, ya que la legitimidad
se origina en la vigencia de las instituciones democráticas en los Estados
partes, puesto que sin tal compromiso no habría TA, PO ni MERCOSUR;
a la suspensión de Paraguay de su derecho de participar en los órganos de
bloque -conforme al artículo 5 del PU (véase el art. 5 en la nota 13)- no le
es aplicable al PO y por lo tanto no se la puede examinar en el sistema de
solución de controversias por ser materia política. De decidir el TPR sobre
esta cuestión, invadiría la esfera exclusiva de los miembros al interpretar
qué es la ruptura del orden democrático (numerales 29 a 32).
Paraguay indica como objeto de la controversia la violación del PU y otros
acuerdos del bloque para justificar su planteamiento ante el TPR. Por su parte
26
El PO en su art.15 dispone que la parte interesada puede solicitar medidas provisionales, siempre
que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento de la situación puede ocasionar
daños graves e irreparables a una de las partes en la controversia, y el Tribunal podrá dictar las
medidas provisionales que estime apropiadas para prevenir esos daños. El Tribunal podrá dejar
sin efecto esas medidas en cualquier momento (inc. 1 y 2).
Dec.37/03. Art.29. La parte interesada que solicita las medidas provisionales debe especificar
los daños graves e irreparables que se procura prevenir (inc. 1). Art. 39. Los Estados partes
en una controversia que acuerden someterse directamente y en única instancia al TPR deben
comunicarlo por escrito a dicho Tribunal a través de la Secretaría del Tribunal con copia a la
Secretaría del MERCOSUR. El TPR, al proceder en única instancia, debe actuar con la totalidad
de sus miembros (inc. 1 y 2).
82 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
los demandados invocan también al PU como el fundamento para rechazar la
jurisdicción del mismo Tribunal. De ahí que se debe establecer la relación entre el
PO y PU. Conforme al artículo 1 inc. 1 del PO (véase el art. 1. Inc. 1 en la nota 20),
la jurisdicción del sistema de solución de controversias se aplica rationae personae a
los Estados miembros del MERCOSUR y rationae materiae a las controversias entre
los Estados parte, relativas a la interpretación o incumplimiento de la normativa
del MERCOSUR. De modo que ni expresa ni implícitamente el texto del PO excluye
la jurisdicción del Tribunal sobre la base de la materia del diferendo. Es por ello
que no cabe citar la “falta de vocación” del sistema para solucionar controversias
que no formen parte de la esfera comercial. La legitimidad del sistema es su
contribución a la estabilidad, a medida que avanza el proceso de integración en
sus diferentes esferas. Esa legitimidad se debe evaluar de acuerdo con el texto del
PO, el que en principio no excluye cualquier tipo de controversia que se plantee
respecto a la normativa del bloque (numerales 33, 36, 37).
El PU no indica cuál es el foro para resolver controversias y tampoco respecto a
su aplicación o interpretación. Sin embargo en el PU se cita en su preámbulo la
relación con el conjunto normativo del MERCOSUR al reafirmar “los principios y
objetivos del Tratado de Asunción y sus Protocolos… ”. Pese a que el preámbulo no
crea obligaciones para las partes de un tratado internacional, integra su contexto
a los fines de interpretación27. Además el artículo 8 del PU, de modo expreso,
establece que “es parte integrante del Tratado de Asunción y de los respectivos
Acuerdos de Integración celebrados entre el MERCOSUR y la República de Bolivia y
entre el MERCOSUR y la República de Chile”28. Por ello es muy estrecho el espacio
de interpretación con respecto al locus de las normas invocadas en la controversia
como parte de la normativa del MERCOSUR. Consecuentemente, se deduce que el
sistema de solución de controversias abarca las normas del PU en cuanto afecten
o puedan afectar los derechos y las obligaciones de los Estados partes. Por eso no
se puede objetar el derecho de un Estado a recurrir al sistema, cuando considere
que se vulneraran sus derechos al aplicar sus normas (numerales 38, 39, 40).
La interpretación de la normativa del MERCOSUR se debe atener a los textos
aprobados por los Estados miembros, sin reemplazar lo establecido por ellos
27
Aquí el laudo en nota transcribe parte del art.31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados: “1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 2. Para
los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su
preámbulo y anexos:..”.
28 En nota en el laudo se aclara que el PU alude a su vinculación con la normativa del MERCOSUR en su
artículo 6: “Las medidas previstas en el artículo 5 serán adoptadas por consenso por los Estados Partes
del presente Protocolo según corresponda de conformidad con los Acuerdos de Integración vigentes
entre ellos, y comunicadas al Estado afectado, el cual no participará en el proceso decisorio pertinente.
Estas medidas entrarán en vigencia en la fecha en la que se realice la comunicación pertinente”.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 83
respecto a valores normativos o reglas procesales de jurisdicción. Esta tesis
sostenida por los demandados [naturaleza política de la disposición del art. 5
del PU] es relevante por estimar las consecuencias que una eventual decisión de
este diferendo puede tener para Paraguay, como para el orden interno de los otros
Estados. La normativa del MERCOSUR no crea un orden supranacional que pueda
suplir la voluntad soberana de los Estados, que también se expresa en los tratados
internacionales que firman y en las decisiones que adoptan en consecuencia.
Por eso la conclusión del Tribunal es que la observancia de la legalidad de los
procedimientos que estatuye el PU puede ser sometida a revisión conforme al
sistema de solución de controversias del bloque. Esto también es extensible a
los cuestionamientos relativos a la aplicación e interpretación de ese Protocolo
siempre que por su naturaleza, el hecho concreto requiera un examen de legalidad
(numerales 41, 42, 43).
3.2. Medidas excepcionales de urgencia
•
•
El TPR reitera que la demanda de Paraguay alega que:
el artículo 2 de la Dec.23/04 establece la competencia del TPR en casos
de urgencia,
subsidiariamente requiere el tratamiento de su solicitud como actuación
en única instancia sobre la base de los artículos 1 y 23 del PO.
Los demandados en su contestación cuestionan la competencia del TPR
porque:
• el procedimiento para casos excepcionales de urgencia del artículo 24 del
PO no es aplicable al objeto de la demanda,
• no existen elementos para el acceso directo del TRP.
Por tratarse de dos cuestiones diferentes el TPR las analiza de modo separado.
En su artículo 24 el PO confiere al CMC la facultad de establecer procedimientos
especiales para atender casos excepcionales de urgencia que puedan ocasionar
daños irreparables a los miembros. La Dec. 23/04 reglamentó ese artículo y dispone
que cualquier Estado parte puede recurrir ante el TPR conforme al procedimiento
establecido en esta norma –art.2-, cumpliendo los siguientes requisitos:
•
“se debe tratar de bienes perecederos, estacionales, o que por su naturaleza
y características propias perdieran su utilidad y/o valor comercial en un breve
período de tiempo, si fueran retenidos injustificadamente en el territorio del
país demandado, o de bienes que estuvieran destinados a atender a demandas
originadas en situaciones de crisis en el Estado Parte importador”;
84 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
•
•
•
la situación se origine en acciones o medidas adoptadas por un Estado
miembro en violación o por incumplimiento de las normas del bloque;
el mantenimiento de esas acciones o medidas puedan producir daño
irreparable;
las acciones o medidas que se cuestionen no estén siendo objeto de una
controversia en curso entre las partes involucradas (numerales 44, 45, 46,
47).
El TPR señala que la Decisión no establece si los requisitos son independientes o
acumulativos. Pero esta omisión está cubierta por el artículo 6, al disponer que
para la viabilidad del procedimiento se debe comprobar el cumplimiento de todos
los requisitos del artículo 2, complementario del artículo 52, al estatuir que el
incumplimiento de algunos de ellos, no impide que el demandante inicie un nuevo
procedimiento. El TPR considera que deben estar presentes de modo acumulativo.
Es evidente, conforme a la Dec. 23/04, que no se trata de bienes que encuadrados
en el artículo 2, ni destinados a atender demandas cuyo origen es la situación
de crisis en el país importador. Por lo tanto, no se cumple un requisito ineludible
para que se conforme la competencia originaria del TPR respecto a estas
medidas excepcionales de urgencia. Prima facie, se cumplen los otros requisitos
establecidos en ese artículo porque es una acción adoptada por los Estados por
supuesta violación de las normas del bloque, pasible de “producir daños graves
considerando la seriedad de la situación descripta y sus efectos, inclusive para un tercer
Estado; no existe aún controversia en curso para este objeto”. También se puede
alegar que al adoptar una decisión con rapidez, se reducirían los elementos de
inseguridad jurídica que pueden derivar hasta no estar decidido el objeto de esta
controversia. No obstante, pese a estos argumentos, el TPR reitera que no puede
suplir la voluntad de los Estados expresada en los requisitos esenciales de la
Dec. 23/04, que limitan su competencia respecto al procedimiento excepcional
de urgencia. De ahí que no puede entender en la materia mediante el mencionado
procedimiento (numerales 48 a 52).
3.3. Acceso directo al TPR
El TPR cita la petición en subsidio de Paraguay de accionar mediante acceso
directo ante este organismo para que entienda en la controversia conforme a lo
previsto en los artículos 1 y 23 del PO. Asimismo solicita que en razón de los
elementos fácticos del caso, se consideren cumplidos los requisitos del artículo
23. Por su parte, los demandados aducen que no se cumplieron esos requisitos ni
el demandante ha demostrado haber intentado negociaciones directas (art. 4 y 5
del PO). El artículo 23 permite el acceso directo al TPR sin pasar por la instancia
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 85
anterior del Tribunal Ad Hoc, cuando las partes en la controversia acuerden,
de modo expreso, someterse directamente en única instancia ante el TPR. La
necesidad del acuerdo expreso deriva a que las decisiones del TPR no se someten
a revisión y en consecuencia tienen efecto de cosa juzgada (inc.2).
En este caso no se indica la existencia de acuerdo entre las partes. Los demandados
alegan que no dieron consentimiento para la jurisdicción directa de este Tribunal,
condición esencial para ejercitar su legitimidad jurisdiccional.
Si bien es entendible que Paraguay invoque recurrir a la jurisdicción directa como
medio necesario para la suspensión de un acto arbitrario, sin que se le haya dado
la posibilidad de manifestarse, al faltar el consentimiento expreso de las otras
partes, el órgano jurisdiccional, no puede soslayar el texto del PO. Ello es así
aunque se originen daños a causa de la demora del proceso decisorio ordinario
(numerales 53 a 58).
3.4. Negociaciones directas
El TPR estima necesario analizar la cuestión de las negociaciones directas como
fase obligatoria del proceso de solución de controversias. El PO establece (art. 4)
que las partes en un diferendo procurarán resolverlo en primer término mediante
negociaciones directas. En función de ello, Paraguay aduce que le resultaba de
cumplimiento imposible a causa de haber sido suspendido sin tener derecho de
defensa. El Tribunal, por su parte, cita al dispositivo procesal pertinente para
pedir negociaciones directas con las otras partes (art.14 inc 1 de la Dec. 37/03,
Reglamento del PO29). Por ello, evalúa que de haberlo solicitado, la situación sería
distinta. Es inexistente la demostración en autos de que ese país hubiera tratado
de hacerlas efectivas (numerales 59 y 60).
A continuación el TPR expone la opinión minoritaria basada en el artículo
1 del PO, que delimita el ámbito jurídico de competencia. De él deriva que la
finalidad es resolver conflictos entre los Estados partes sobre el marco normativo
del MERCOSUR. De ahí que sea pertinente reflexionar si, implícitamente y en
circunstancias no previstas, de modo excepcional, puede entender directamente
y sin consentimiento de los Estados partes. Asimismo, conforme al PO (art. 24),
29
El TPR transcribe en nota dicho art. 14 inc.1 de la Dec. 37/03, y éste dispone que la comunicación
-exigida por el art.5 inc.1 del PO para iniciar negociaciones directas- debe ser enviada por escrito
a la otra parte en la controversia con copia a la Secretaría del MERCOSUR y a los demás Estados
partes, y debe contener la enunciación preliminar y básica de las cuestiones que la parte entiende
integran el objeto del diferendo, así como la propuesta de fecha y lugar para las negociaciones
directas.
86 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
se reconoce la institución de medidas excepcionales y de urgencia. Por eso cabe
deducir que eventualmente podría entender en estas medidas no sólo para las
específicamente previstas en la Dec. 23/04 sino, con prudencia, en otras situaciones
en las que las partes acrediten que se les ha negado acceso jurisdiccional o a
los demás procedimientos previstos para reclamar, por situaciones en las cuales
estimen la existencia de perjuicios irreparables y sensibles.
Si los demandados, decidieron suspender a Paraguay de participar en los órganos
del MERCOSUR y el Estado afectado no puede comenzar el procedimiento previsto
como instancia previa ante el TPR, cabe admitir que está habilitado de modo
directo y sin ser necesaria la vía de la Dec. 23/04. Sin proceder a analizar en
esta etapa la legalidad o no de la suspensión de Paraguay, al no quedar excluido
de su condición de Estado parte, no es admisible que por vía de hecho se le
impida o imposibilite el acceso al sistema jurisdiccional del bloque. Esta opinión
minoritaria concluye que es evidente que un órgano con vocación y competencia
jurisdiccional para resolver los conflictos entre Estados partes, conforme al artículo
1 del PO, en la situación señalada debe entender en las medidas excepcionales y
de urgencia, y expedirse sobre la legalidad o no de las decisiones de suspensión
y de incorporación de otro Estado como miembro pleno sin que Paraguay haya
ratificado ese ingreso (numerales 61 a 65).
4. Decisión del TPR
El TPR adoptó con fecha 21de julio de 2012 en su laudo la siguiente Decisión:
•
•
•
•
•
Por unanimidad, y respecto del planteo de los demandados de la
incompetencia rationae materiae del Tribunal, estableció que la jurisdicción
del sistema de solución de controversias del bloque comprende el examen
de la legalidad de la aplicación del PU.
Por unanimidad, decidió que no están presentes los requisitos para admitir
el procedimiento excepcional de urgencia establecido en la Decisión 23/04.
Por mayoría, resuelve que en las condiciones de la actual demanda es
inadmisible su intervención sin consentimiento expreso de los demás
Estados partes. Por igual razón considera inadmisible en esta instancia la
medida provisional solicitada.
Por unanimidad, sin analizar el fondo de la demanda, no se pronuncia
sobre el cumplimiento o la violación de la normativa del MERCOSUR. Esta
decisión no inhibe a que los Estados puedan recurrir a otros medios en el
marco del sistema de solución de controversias.
Por unanimidad, decide que los honorarios y gastos del procedimiento
sean solventados por partes iguales por los cuatro Estados partes de la
controversia (art. 36.2 del PO).
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 87
4.1. Sobre el laudo
El 26 de julio de 2012 el Instituto de Derecho Internacional Público (IDIPU) de
la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay
emitió un informe respecto al laudo reseñado. Señala que lo hizo en cumplimiento
de sus deberes académicos y de sus responsabilidades científicas respecto a los
problemas de interés general conforme a la Ley Orgánica de la Universidad (Ley
12549, art.2).
•
•
•
Dicho informe expresa:
El laudo 1/2012 es plenamente ajustado a derecho, pues el IDIPU comparte
lo sostenido por el TPR en cuanto a la admisibilidad de su competencia,
la inaplicabilidad del procedimiento especial de urgencia, y la falta de
consentimiento de los Estados partes para su intervención directa.
La suspensión del Paraguay en los órganos del MERCOSUR es inválida
por cuestiones de fondo y de forma: la destitución del Presidente por
juicio político y su sustitución por el Vicepresidente parecen, prima facie,
ajustarse a la normativa constitucional de Paraguay, por lo tanto no se
advierte una clara ruptura del orden democrático. Dicha suspensión no
fue resuelta por el órgano competente –CMC- sino por una reunión cumbre
que no tiene facultades para adoptar decisiones jurídicamente vinculantes
según las disposiciones del POP.
La admisión de Venezuela no produce efectos jurídicos, ya que el ingreso
de un nuevo miembro pleno (art. 50 del POP y 20 del TA), requiere ser
aprobado de forma unánime por los Estados partes. En este caso falta la
ratificación de Paraguay, por lo cual no se cumple con ese requisito.
Se indica que pondrá esta opinión en conocimiento de las autoridades de la
Facultad de Derecho y se procederá a su pública divulgación. Asimismo se indica
que el Director del IDIPU se excusa de participar por ser miembro alterno del
TPR (IDIPU, 2012). Sin embargo, la Unidad Académica, se deslindó del informe
del IDIPU y declaró que es inadmisible que se atribuyera a la institución o a la
Universidad una posición respecto a un tema que no había sido discutido por sus
órganos legítimos (La República, 2012).
Respecto al laudo Arbuet-Vignali y Vignali Giovanetti (2012 b: 30) sostienen que
si bien es cierto que “el juez o árbitro debe tener siempre en cuenta que él no crea el
derecho sino que lo aplica”, ante hechos de esta naturaleza y gravedad si el máximo
tribunal del sistema no “se ocupa de esclarecerlos y de reorientar sobre bases claras
las futuras actividades de la institución integradora, si sólo se limita a decir ´no soy
competente´, se abre entonces un vacío imposible de llenar poniendo en evidencia
que el MERCOSUR …carece de un sistema jurídico para resolver una cuestión tan
88 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
grave…”. En consecuencia, afirman que nos encontramos “…ante un MERCOSUR
sin seguridad jurídica, ante un MERCOSUR sin estabilidad jurídico-institucional, ante
un MERCOSUR sin credibilidad internacional”.
5. Entre suspensiones e incorporación
En el ámbito latinoamericano, también la UNASUR –en consonancia con el
MERCOSUR- suspendió la participación de Paraguay de participar en los órganos
e instituciones. En la Reunión extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado
y de Gobierno celebrada en Mendoza el 29 de junio de 2012, coincidentemente
con la Decisión 25 del 27 de junio de 2012, emitieron la Decisión 26 en la que
manifestaron:
•
•
•
•
•
•
•
Su más enérgica condena a la ruptura del orden democrático mediante un
procedimiento sumarísimo en violación al derecho de debido proceso y de
las mínimas garantías para una adecuada defensa.
Adoptar la decisión política, basada en su Tratado Constitutivo, de
suspenderlo de participar en los órganos e instituciones hasta tanto el
Consejo revoque la suspensión.
Dar por concluido el ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay,
conforme al consenso que alcanzaron los Cancilleres en la reunión del 22
de junio de 2012 en Asunción.
Designar a Perú para asumir la Presidencia Pro Tempore por el período de
un año.
Promover la suspensión de Paraguay en los foros y mecanismos de diálogo
y concertación política e integración de la región, conforme a sus propios
estatutos y reglamentos.
Conformar un grupo de alto nivel para seguir y evaluar la situación, en
particular en lo relativo a la normalización de su orden democrático
institucional.
Reafirmar la solidaridad irrestricta con el pueblo paraguayo y velar para
que los efectos de la declaración no le causen perjuicio.
Además, respecto al ingreso de Venezuela en el MERCOSUR se señaló que por esa
adhesión el PBI del bloque representará el 83,2 por ciento de América del Sur y
su población ascenderá a 270 millones de habitantes, es decir equivalente al 70
por ciento de la población del citado espacio. Amén de estas cifras se destacó la
importancia de ese país como uno de los que tiene más reservas comprobadas de
petróleo. Esto convierte al MERCOSUR en una potencia energética30.
30
Véase las manifestaciones de los primeros mandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay por el
ingreso de Venezuela en RFI (2012).
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 89
A raíz de esa incorporación, el Presidente paraguayo sustituto, decidió enviar el
Protocolo de Adhesión de Venezuela al Senado. Dicho Protocolo había sido enviado
a ese órgano legislativo en diferentes oportunidades y debió ser retirado antes de
su tratamiento por la inminencia de su rechazo. También en esta última ocasión
se negó su aprobación por considerarlo violatorio del TA, ya que en su artículo
20 requiere para la adhesión, la decisión unánime de todos los Estados partes
y Paraguay [sólo suspendido temporalmente hasta la celebración de elecciones
libres] lo es porque la suspensión no implica la pérdida de su condición de tal.
Por su parte, el Protocolo de Adhesión -adicional al TA- dispone en su artículo
12 que el Protocolo entra en vigencia el trigésimo día del depósito del quinto
instrumento de ratificación. Y ese quinto instrumento no existe por el rechazo del
Congreso de Paraguay. Asimismo, establece que este país es depositario de ese
Protocolo, de los instrumentos de ratificación, y el encargado de notificar a los
países miembros las fechas de los depósitos de esos instrumentos31, exigencia
que tampoco se cumplirá a causa de la sanción impuesta.
Con argumentos similares a los precedentes, la Presidencia de la Delegación
de Parlamentarios de Paraguay en el Parlamento del MERCOSUR emitió un
comunicado -16/7/12- en el que señala que el ingreso de Venezuela viola el TA
(Parlamento del MERCOSUR, 2012).
Consideraciones finales
La destitución del Presidente de Paraguay tiene diversas connotaciones. Al
respecto Richer (2012:4) sostiene que “en un juicio político relámpago y sobre el
escenario preelectoral paraguayo hacia las presidenciales de (abril) 2013” originó la
reacción y respuesta de sus socios en el bloque regional. Se consideró que dicho
acto se llevó a cabo por un “trámite exprés”, y calificado de “golpe de Estado
legislativo” por los otros tres miembros plenos.
En las decisiones tomadas en consecuencia se destacan ciertos aspectos claves,
en sus diversas dimensiones:
•
•
31
Jurídica: al recurrir Paraguay al TPR, este órgano procede, para cumplir
su función jurisdiccional, a la insoslayable interpretación de la normativa
del bloque, base de su decisión.
Política: tres Estados partes sancionan al cuarto en defensa de la
Véase, Declaración No. 68 (2012) por la cual el Senado paraguayo rechaza la incorporación de
Venezuela como miembro pleno del MERCOSUR. También ANSAlatina.com (2012).
90 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
•
•
democracia, como condición existencial del MERCOSUR.
Económica: la ampliación del bloque lo convierte en la quinta economía
mundial
Estratégica: El MERCOSUR se sitúa en una posición clave al sumar un
país miembro con grandes reservas de petróleo, recurso estratégico en la
economía mundial actual. De allí que no se puede subestimar la relevancia
de este hidrocarburo para evaluar la decisión de incorporar a Venezuela.
Asimismo, en el laudo 01/2012, los Estados partes demandados invocaron el PU
para fundar la decisión de suspender a Paraguay. Sin embargo, en el MERCOSUR
la defensa de los valores democráticos no se subsume a ese único documento, ella
ha quedado consagrada en:
•
•
•
•
Comunicado Conjunto de los Presidentes de los Estados Partes del
MERCOSUR (Las Leñas, Mendoza, Argentina, 1992), sobre plena vigencia
de las instituciones democráticas como condición indispensable para la
existencia y desarrollo del bloque.
Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR
(Potrero de Los Funes, San Luis Argentina, 1996), a la que se agregó el
Protocolo de Adhesión de Bolivia y Chile, en su condición de Estados
Asociados.
Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR,
Bolivia y Chile (Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, 1998), al que
adhirieron Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Protocolo de Montevideo sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR
-Ushuaia II- (Montevideo, 2011), suscripto por los Estados partes –
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, y los Estados asociados Bolivia,
Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, aprobado por Dec. 27/11, no
vigente.
Por tanto, la vigencia de las instituciones democráticas como principio y condición
existencial del MERCOSUR se manifestó de modo regular en los diversos
documentos emanados de las Cumbres Presidenciales32.
32
Para una mayor ampliación ver, Mellado (2010)
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 91
BIBLIOGRAFÍA
ANSALATINA. Com (2012). “Senado paraguayo rechaza a Venezuela en Mercosur”, en: www.ansa.it/
latina/notizie/rubriche/mercosur/20120823223935458134.html.
ARBUET-VIGNALI Heber (2012 a). “Crisis en Paraguay ¿o en los conceptos políticos y jurídicos de
su región?”, en: Estudio No. 04/12, 11 de julio, CURI (Consejo Uruguayo para las Relaciones
Internacionales), Montevideo, Uruguay.
ARBUET-VIGNALI Heber y VIGNALI GIOVANETTI Daniel (2012 b). “Laudo 01/12 del TPR. Un vacío
imposible de llenar”, en: Estudio No. 08/12, 3 de octubre, CURI, Montevideo, Uruguay.
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Argentina, Ministerio de Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y Culto, disponible
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Colaboración judicial en procesos sudamericanos
de integración económica: las consultas
prejudiciales andinas
Manuel Cienfuegos Mateo
Introducción
El objeto de este capítulo es exponer el régimen jurídico de las consultas
prejudiciales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), esto es, un instrumento
de colaboración judicial entre su Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales
internos de los Estados andinos, analizando sus principales elementos a la luz
de su normativa básica y la jurisprudencia que la interpreta y aplica, que son:
1) la naturaleza de este instrumento procesal; 2) la legitimación activa para
remitir las consultas prejudiciales y la distinción entre los jueces nacionales
obligados y los facultados; 3) las prerrogativas del juez interno en relación con las
consultas prejudiciales; 4) las competencias prejudiciales del Tribunal de Justicia
de la CAN; 5) los aspectos procedimentales relativos a la tramitación de una
consulta prejudicial; y 6) los efectos jurídicos de las sentencias prejudiciales de
interpretación y los recursos frente a su incumplimiento33. Al hilo de la exposición
se irán anotando algunas semejanzas y diferencias con el procedimiento de
cuestiones prejudiciales de la Unión Europea (UE)34.
1. El régimen jurídico de las consultas prejudiciales de la Comunidad
Andina
Las consultas prejudiciales aparecen contempladas en los artículos 32 a 36 del
Tratado de Cartagena de Indias, constitutivo del Tribunal de Justicia de la CAN, de
28 de mayo de 1979, vigente desde el 19 de mayo de 1983 (Tratado constitutivo, en
lo sucesivo), tal como quedó reformado por el Protocolo Modificatorio del Acuerdo
de Integración Subregional Andino, de 10 de marzo de 1996, en vigor desde
el 2 de junio de 1997 (Protocolo de Trujillo) y, fundamentalmente, el Protocolo
Modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la CAN, firmado
33
En relación con el Tribunal de Justicia de la CAN, véase Andueza, 1986; Quindimil López, 2006:
323-424; Vigil Toledo, 2011: 85-180. Más particularmente, respecto a la consulta prejudicial
de interpretación andina, vid. Baldeón Herrera, 2003: 245-274; Bueno Martínez, 1997: 99-132;
Tomaso, 2007: 419-442; Uribe Restrepo, 2003; Vieira, 2010: 134-157.
34 Además de los autores citados específicamente infra, para los apuntes comparativos entre la
cuestión prejudicial europea y la consulta prejudicial andina se ha seguido especialmente a
Cienfuegos Mateo, 2012b: 549-624.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 93
en Cochabamba el 28 de mayo de 1996, con vigencia desde el 25 de agosto de
1999 (Protocolo de Cochabamba)35.
Estos preceptos aparecen desarrollados en los artículos 121 a 128 del Estatuto
del Tribunal de Justicia de la CAN, aprobado por la Decisión 500, de 22 de
junio de 2001, del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que
sustituye a la anterior Decisión 184, de la Comisión de la CAN, de 19 de agosto
de 1983, desde su entrada en vigor el 28 de julio de 2001 (Estatuto del Tribunal,
en lo sucesivo). El Reglamento interno del Tribunal de Justicia de la CAN, de 18
de mayo de 2004 y vigente desde el 27 de mayo de 2004 (Reglamento interno),
concreta aspectos relativos a su organización y funcionamiento, siendo sus
disposiciones aplicables a la hora de absolver las solicitudes de interpretación
prejudicial recibidas.
Este procedimiento cuenta, además, con abundante jurisprudencia andina (2.179
interpretaciones prejudiciales de un total de 2.367 asuntos desde el inicio del
funcionamiento del Tribunal de Justicia andino en 1984 hasta 2012, esto es, un 92%
del total, según sus bases de datos36) y una Nota informativa sobre el planteamiento de
la solicitud de interpretación prejudicial por los órganos judiciales nacionales, del propio
Tribunal, de 3 de agosto de 2001 (Nota informativa)37, cuya función es facilitar la
evacuación de las consultas prejudiciales. Aunque no es vinculante, el Tribunal andino
se ha referido a –y ha transcrito literalmente- su Nota informativa en algunas de sus
sentencias, cuando los jueces internos no la habían tenido en cuenta suficientemente
al articular sus consultas prejudiciales, a modo de advertencia sutil de cómo han de
proceder en casos futuros38.
El procedimiento de cuestiones prejudiciales en la UE dispone de un régimen
jurídico tan desarrollado como el de las consultas prejudiciales andinas,
partiendo de la regulación básica que contiene el artículo 267 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, de 13 de diciembre de 2007, en vigor
desde el 1 de diciembre de 2009 (TFUE), que constituye la versión actualizada
35
36
37
38
Los tres textos básicos mencionados del Tratado de creación del Tribunal de Justicia andino
fueron codificados por la Decisión 472 de la Comisión de la CAN, en cumplimiento del mandato
contenido en la disposición transitoria tercera del Protocolo de Cochabamba.
Véase http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca/index.php?option=com_content&view=article&i
d=1&Itemid=2 (consulta realizada el 10 de enero de 2013).
Las normas citadas y la Nota informativa son accesibles en http://www.tribunalandino.org.ec/
sitetjca/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50 (consulta realizada el 10 de
enero de 2013). A su vez, las sentencias, autos y providencias del Tribunal de Justicia de la CAN,
mencionadas después como STJCA, ATJCA y PTJCA si es uno o SSTJCA, AATJCA y PPTJCA si son
varios, están disponibles en http://www.comunidadandina.org/SolControversias.aspx?fr=99.
STJCA de 30 de marzo de 2005, Proceso 31-IP-2005, marca VICTORIA’S SECRET, considerando 1.
94 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
del original artículo 177 del Tratado de la Comunidad Económica Europea, de
25 de marzo de 1957, sustituido por aquél39.
2. La naturaleza de la consulta prejudicial
Todo órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la CAN abocado a aplicar una
norma andina en un litigio interno podrá o deberá, de oficio o a instancia de parte,
plantear el tema a su Tribunal de Justicia, como intérprete supremo del Derecho
andino competente para dirimirla. Quien promueve la cuestión prejudicial se
denomina juez a quo y quien la recibe y resuelve es el juez ad quem. Una vez remitida
la cuestión prejudicial, el Tribunal Andino, tras un procedimiento parecido al que
existe en el derecho interno de cada Estado parte para la resolución de incidentes
procesales, fallará sobre las consultas formuladas por el juez nacional y le transmitirá
la interpretación prejudicial, el cual, en cuanto la sentencia que la contiene es
obligatoria, resolverá el litigio nacional a la vista de lo que en ella se disponga.
Las consultas prejudiciales constituyen, pues, un mecanismo de colaboración
judicial para garantizar la correcta interpretación y aplicación del Derecho de la
CAN en sus países miembros. En este sentido, el Tribunal de Justicia andino ha
proclamado que la consulta prejudicial “por su misma naturaleza equivale a una
solicitud que hace el juez nacional al Tribunal Comunitario para que éste le preste una
colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del
Derecho de la Integración”40. En sentido análogo se ha pronunciado el Tribunal de
Justicia de la UE41.
39
El artículo 267 del TFUE ha sido completado por otros textos normativos comunitarios, como el
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 13 de diciembre de 2007 y vigente desde el
1 de diciembre de 2009, anexo al Tratado de Lisboa como Protocolo núm. 3 (ETJUE, en lo sucesivo),
en particular sus artículos 23 y 23 bis; y el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia,
de 25 de septiembre de 2012 y en vigor desde el 1 de noviembre de 2012 (RPTJUE, en lo sucesivo),
en especial sus artículos 93 a 118. Además, esta normativa es objeto de una copiosa jurisprudencia
comunitaria (de 1953 a 2012 se plantearon 7.832 cuestiones prejudiciales de un total de 18.124
asuntos ante el Tribunal de Justicia, lo que representa el 43,2% del total), que aparece resumida
de forma sistemática en las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al
planteamiento de cuestiones prejudiciales, del Tribunal de Justicia, de 6 de noviembre de 2012 (RTJUE,
en lo sucesivo), que no es obligatoria. Todos estos textos, así como las sentencias y autos del Tribunal
de Justicia, citados en esta investigación como STJUE y ATJUE si es uno o SSTJUE y AATJUE si son
varios, están disponibles en http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/ (consulta realizada el 10
de enero de 2013).
40 STJCA de 3 de diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87, Aktiebolaget VOLVO, considerando 3.2. El
Tribunal aprovechó esta su primera interpretación prejudicial para definir con maestría la naturaleza
y muchas de las características básicas de este mecanismo procesal, pues sus consideraciones
generales abordan el reparto de funciones entre el mismo y los jueces nacionales en el marco de este
procedimiento, la necesidad de cooperación recíproca para su funcionamiento eficaz, la obligatoriedad
y el carácter facultativo de la consulta, los supuestos en que procede la suspensión del procedimiento
nacional, el planteamiento de oficio y a petición de parte de las cuestiones prejudiciales, el carácter
vinculante de la interpretación prejudicial y sus consecuencias y finalmente el alcance y los métodos de
interpretación aplicables para resolver las solicitudes prejudiciales relativas al ordenamiento andino.
41 Dictamen TJUE 1/09, de 8 de marzo de 2011, Rec. p. I-1137.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 95
Siendo ésta la finalidad básica de esta figura procesal, no se acaba de entender que
el artículo 33 del Tratado constitutivo del Tribunal de Justicia disponga que un juez
nacional de un país de la CAN, cuya decisión de fallar un litigio interno en el que “deba
aplicarse o se controvierta” (sic) una norma vinculante andina sea impugnable según el
ordenamiento interno, no tenga que suspender el proceso nacional a la espera de la
decisión prejudicial, por lo que debe fallar el caso sí, cuando proceda hacerlo, no hubiera
recibido la interpretación prejudicial, a diferencia del juez interno que falla en única o última
instancia, que tiene la obligación de suspender el proceso y elevar la consulta prejudicial
al Tribunal de Justicia andino. A nuestro juicio, es un contrasentido de la finalidad de
este instrumento procesal, que es conseguir la interpretación y aplicación uniforme del
Derecho andino -como se desprende de sus textos básicos y es reiterado constantemente
en la jurisprudencia andina42, que las jurisdicciones facultadas para elevar una consulta
prejudicial no deban suspender el proceso nacional y deban dirimirlo sin aguardar la
decisión del Tribunal de Justicia de la CAN, cuando han promovido el incidente prejudicial,
sin estar obligados a ello, por entender que precisaban la interpretación de aquél para
fallar el caso sometido a su jurisdicción.
El Tribunal de Justicia Andino ha tratado de justificar esta limitación con la que, cuando
la consulta es facultativa, es posible todavía interponer “un verdadero recurso, ordinario
o extraordinario, contra la sentencia que se va a dictar (…). El Tratado tiene en cuenta,
en este supuesto, que aún existe recurso contra dicha sentencia, cuya oportuna utilización
habrá de significar una nueva oportunidad para recabar la interpretación prejudicial, esta
vez obligatoriamente”43. Sin embargo en este razonamiento se deja de lado no sólo que
ello es contrario al principio de economía procesal sino también, y primordialmente,
que la finalidad básica de este mecanismo es socorrer al juez nacional el ejercicio de
su función jurisdiccional con la emisión de una sentencia que pueda condicionar la
suerte del proceso interno, pues precisamente por eso se llama sentencia prejudicial.
Es por eso también que en otros preceptos de su reglamentación (artículo 35 del
Tratado constitutivo y artículo 127 del Estatuto del Tribunal) se indica con acierto que
“el juez que conozca del proceso interno en que se formuló la consulta deberá adoptar en su
sentencia la interpretación del Tribunal”44.
Por ejemplo, cuando el Tribunal de Justicia andino asienta que “la finalidad propia de la consulta
prejudicial es asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena en
los Países Miembros” (STJCA de 3 de diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87, Aktiebolaget VOLVO,
considerando 3.3.).
43 STJCA de 25 de septiembre de 1990, Proceso 3-IP-90, NIKE INTERNACIONAL, considerando
2.
44 En este sentido, Quindimil López (2006: 408) asevera que la posibilidad de dictar sentencia sin haber
recibido la interpretación prejudicial no sólo “echa por tierra el fundamento mismo de esta figura, que
es lograr una interpretación jurídica uniforme del Derecho andino en el territorio de los Países Miembros”
sino que “se impide la adecuada resolución del caso (…). Puede entenderse que la no suspensión del
procedimiento contribuye a que no se utilice la cuestión prejudicial como instrumento dilatorio dentro del
proceso por alguna de las partes. Pero este argumento carece de todo fundamento en la medida en que es el
juez, y no las partes, no sólo quien remite la cuestión al TJCA, sino también el único que realiza un análisis de
la pertinencia de la presentación de la cuestión prejudicial en la medida en que la considere necesaria para
emitir el fallo”.
42
96 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
A mayor abundamiento, en la UE los jueces nacionales que suscitan una
cuestión prejudicial, sean de primera o de última instancia, han de suspender el
procedimiento interno, adoptando en su caso las medidas cautelares precisas para
garantizar la suerte final del mismo (artículo 23 del ETJUE) y, además, el litigio
nacional no puede haber finalizado antes de que se resuelvan; en caso contrario,
el Tribunal de Justicia de la UE se niega a responder a las cuestiones prejudiciales,
porque su sentencia no podría influir sobre el fallo del proceso principal y su
misión en el marco del artículo 267 del TFUE no es emitir opiniones hipotéticas45.
3. La legitimación activa para remitir las consultas prejudiciales y la
distinción entre los jueces nacionales obligados y los facultados
Sólo las jurisdicciones internas de los Estados andinos pueden plantear una
consulta prejudicial, pues “ninguna otra persona tiene facultad para promover dicha
interpretación. Este Tribunal, en consecuencia, carece de competencia para conocer
solicitudes de interpretación prejudicial que provengan de personas que no sean Jueces
nacionales que estén conociendo de una causa concreta en la cual deba aplicarse el
ordenamiento jurídico de la integración andina”46. Sucede lo mismo con el mecanismo
de las cuestiones prejudiciales en la UE, donde sólo los órganos jurisdiccionales
de los Estados miembros pueden suscitar cuestiones prejudiciales, no los Estados
miembros ni las instituciones comunitarias ni las partes del proceso principal
(artículo 23 del ETJUE y artículo 96 del RPTJUE).
El Tribunal de Justicia andino es competente para decidir qué se entiende por
juez nacional de acuerdo con el derecho interno de los Estados andinos a los fines
de las consultas prejudiciales47, lo que hace caso por caso. De su jurisprudencia
resulta una noción amplia, dado que engloba a los órganos así calificados por
los ordenamientos nacionales (como el Consejo de Estado de Colombia48), pero
también a las jurisdicciones constitucionales (como la Corte Constitucional de
este mismo país)49 y a los órganos administrativos que desempeñan funciones
formalmente de naturaleza jurisdiccional, las cuales caracteriza -en sentido
amplio- por “la independencia (no sometimiento a instrucciones jerárquicas), la
imparcialidad o neutralidad (en las controversias que se suscitan ante la Administración,
ella actúa, por lo general, como juzgadora de sus propias decisiones) y la fuerza de cosa
STJUE de 19 de mayo de 2009, Apothekerkammer des Saarlandes, C-171/07 y C-172/97, Rec. p.
I-4171.
46 PTJCA de 25 de abril de 1989, Proceso 1-IP-89, DOCTORA ANGELA VIVAS MARTÍNEZ, considerando
3.
47 PTJCA de 9 de diciembre de 1993, Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Industrial (INDECOPI).
48 STJCA de 3 de diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87, Aktiebolaget VOLVO.
49 STJCA de 9 de diciembre de 1996, Proceso 1-IP-96, Convenio de París para la protección de la
Propiedad Industrial, visto 3.
45
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 97
juzgada definitiva de las sentencias (las resoluciones que se dictan en el seno de la
Administración se encuentran amparadas en cambio por una presunción de legalidad
iuris tantum, siempre sujetas a una posterior revisión judicial)”50. Es el caso del
Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la Superintendencia de Industria y
Comercio de Colombia51 y los árbitros, sean de derecho público o privado, siempre
que decidan en derecho52, a diferencia de lo que sucede en la UE, donde la noción
de jurisdicción nacional es también amplia pero los árbitros de derecho privado
no pueden suscitar cuestiones prejudiciales (Cienfuegos Mateo, 2012a: 157-160).
Se han evacuado consultas prejudiciales por tribunales de todos los países andinos
y, en particular de sus tribunales superiores, por motivos que se comentarán
ulteriormente.
En la CAN se distingue entre las jurisdicciones obligadas y las facultadas para
solicitar una interpretación prejudicial, siendo “la existencia de un recurso en el
derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables” el
criterio que convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial que,
“en principio, resulta obligatoria”53. Como quiera que el artículo 33 del Tratado
constitutivo y los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal sólo se refieren a la
existencia de recursos internos frente a la decisión del juez nacional, cuando éste
resuelve en única o última instancia deberá instar una consulta prejudicial; por el
contrario, cuando su decisión es susceptible de recurso ordinario o extraordinario
–por ejemplo, la apelación o la casación, respectivamente-, quien la dicte no
tendrá que acudir al Tribunal Andino. Se sigue en la CAN la teoría del litigio o caso
concreto tan característico de la cuestión prejudicial de la UE54.
4. Las prerrogativas del juez a quo en relación con las consultas
prejudiciales; en particular, el llamado juicio de relevancia
Las consultas prejudiciales pueden ser formuladas de oficio, ya que constituyen
“un elemento de juris que el Juez Nacional debe tener en cuenta para fundar
STJCA de 2 de junio de 2000, Proceso 19-AI-99, Secretaría General / Ecuador, considerando 3. Las
cursivas provienen de la sentencia.
51 STJCA de 21 de marzo de 2007, Proceso 14-IP-2007, solicitud de Interpretación Prejudicial
formulada por la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, Grupo de Trabajo
de Competencia Desleal, consideración VI A.
52 STJCA de 26 de agosto de 2011, Proceso 3-AI-2010, acción de incumplimiento interpuesta por la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (ETB S.A. E.S.P.) contra la República de Colombia,
consideración 10.
53 STJCA de 19 de marzo de 2009, Proceso 07-IP-2009, SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA,
considerando 1.
54 Vid. la distinción entre las jurisdicciones nacionales facultadas y las obligadas en la STJUE de 4
de junio de 2002, Lyckeskog, C-99/00, Rec. p. I-4839.
50
98 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
jurídicamente su sentencia”55. Las partes pueden solicitar al juez interno a que
proceda a elevar la consulta, pero los órganos jurisdiccionales andinos no están
vinculados por esa petición ni siquiera cuando sea controvertida la aplicación -esto
es, discutida su aplicabilidad en el proceso nacional- por las partes, a pesar del
tenor literal de los artículos 33 del Tratado constitutivo y 122 y 123 del Estatuto
del Tribunal, pues éste los ha interpretado considerando que tienen la obligación
de obligación de “constatar si dentro del proceso a su cargo resulta previsible que
deban aplicarse normas comunes a fin de decidir el proceso, antes de proceder a
solicitar su interpretación prejudicial”. No basta, por tanto, que dentro del proceso
se citen determinadas normas del Derecho andino de la integración, bien sea
por las partes o por el Ministerio Público, para que el juez de la causa tenga que
formular automáticamente la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal
de Justicia de la CAN, porque “de procederse en esta forma, se estaría utilizando el
recurso prejudicial sin necesidad alguna, lo cual redundaría en la dilación injustificada
de los procesos, con evidente quebranto de los más elementales principios de economía
procesal que garantiza la celeridad de los procesos”56.
Es razonable esta tesis, porque el artículo 32 del Tratado constitutivo instauró la
consulta prejudicial para lograr la aplicación uniforme del ordenamiento andino en el
territorio de los países miembros, y no “como facultad para que las partes de un litigio
conviertan al Tribunal en órgano consultivo dedicado a absolver toda clase de preguntas
formuladas ad libitum”57. Ocurre lo mismo en la UE, donde los órganos jurisdiccionales
de los Estados miembros pueden plantear cuestiones prejudiciales de oficio y a
instancia de parte (punto 10 de las RTJUE), sin estar vinculadas por su petición, pues
han de verificar que la cuestión prejudicial sea necesaria para la solución del proceso
interno58; es más, los Estados miembros, las instituciones comunitarias y las partes
del proceso principal, sólo están habilitados para intervenir en el procedimiento
prejudicial que se desarrolla ante el Tribunal de Justicia (artículos 23 del ETJUE y 96
del RPTJUE), presentando observaciones escritas y orales sobre el ordenamiento
comunitario “en el marco jurídico trazado por el órgano jurisdiccional nacional”59.
STJCA de 22 de octubre de 1991, Proceso 3-IP-91, sociedad HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA,
considerando 1.
56 STJCA de 26 de febrero de 1991, Proceso 2-IP-91, León Kadoch B, considerando 2. En contra, Perotti
(2001: 97) sugiere que, cuando sea discutida la aplicabilidad de la norma andina en el proceso nacional
por las partes, “su invocación fundada por el actor o el demandado, de tal suerte que no aparezca como
una maniobra dilatoria del proceso, haría pertinente el planteamiento de la consulta al Tribunal Andino”,
inclusive si “el asunto queda fuera del ámbito del Derecho comunitario”.
57 STJCA de 9 de diciembre de 1988, Procedimiento 4-IP-88, Daimler Aktiensggesllschaft, visto 3.
58 En este sentido, la STJUE de 12 de febrero de 2008 (Willy Kempter KG, C-2/06, Rec. p. I-411,
apartados 41 y 42) subraya que el sistema instaurado por el artículo 267 del TFUE “establece
una cooperación directa entre el Tribunal y los órganos jurisdiccionales nacionales conforme a un
procedimiento ajeno a toda iniciativa de las partes (…). La remisión prejudicial se basa en un diálogo
entre jueces cuya iniciativa descansa en su totalidad sobre la apreciación que el órgano jurisdiccional
nacional haga de la pertinencia y la necesidad de dicha remisión”.
59 STJUE de 1 de marzo de 1973, Bollmann, 62/72, Rec. p. 269, apartado 4.
55
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 99
Ello significa que a los jueces nacionales les corresponde llevar a cabo el juicio
de relevancia de la consulta prejudicial. Ahora bien, el artículo 33 del Tratado
constitutivo y los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal, no exigen que el
juez andino tenga dudas acerca del sentido o alcance de una norma del Derecho
de la CAN para plantear una consulta prejudicial. Sino sólo es necesario que deba
aplicarse o se controvierta por las partes su aplicación en la resolución del caso
de autos, por lo que el juicio de relevancia en esta organización está relacionado
más estrechamente con la determinación de si una norma comunitaria andina
es aplicable para decidir el proceso interno que con las dudas que pueda
suscitar su interpretación al juez nacional. En razón de ello y de la distinción
entre las jurisdicciones facultadas y las obligadas antes expuesta, los órganos
jurisdiccionales andinos cuyas decisiones sean impugnables, pueden abstenerse
de solicitar una interpretación prejudicial, aunque la norma andina sea aplicable
al caso, en tanto que los tribunales internos superiores sólo podrán actuar de este
modo si llegan a la conclusión de que la norma andina no puede tener ninguna
repercusión en la solución del litigio por no ser aplicable al mismo60. El Tribunal
de Justicia Andino lo corrobora al sostener que, se trate de la consulta prejudicial
facultativa u obligatoria, “cuando el juez nacional no deba aplicar ninguna norma del
citado ordenamiento jurídico, no está en el caso de solicitar al Tribunal la interpretación
de la norma comunitaria, existan o no recursos internos dentro de la causa que le
corresponda fallar (…). En otras palabras, es obligación del juez nacional constatar si
dentro del proceso a su cargo resulta previsible que deban aplicarse normas comunes
a fin de decidir el proceso, antes de proceder a solicitar su interpretación prejudicial
(…). Es evidente que el juez nacional es quien debe determinar si se requiere o no
la interpretación prejudicial, pero tal determinación no es arbitraria y debe hacerse
con pleno conocimiento de causa, ya que, según se desprende del citado artículo
29 del Tratado del Tribunal [actualmente es su artículo 33], sería improcedente la
interpretación de normas comunitarias cuya aplicación no resulte necesaria según los
términos en los que se haya planteado la litis”61.
A nuestro juicio, no siempre será fácil que los jueces andinos actúen con el pleno
conocimiento de causa que demanda el Tribunal de Justicia de la CAN, pues con
asiduidad la determinación de si una norma andina es aplicable al proceso nacional
aparecerá vinculada al tema de su claridad.Pero este Tribunal se niega a que se
apliquen las doctrinas del acto claro y aclarado en el mecanismo de las consultas
prejudiciales de la CAN, con el doble corolario de que, por un lado, el juez nacional
superior deberá solicitar la interpretación de una norma andina aplicable al litigio,
60
61
En sentido contrario, Sánchez Miralles (1999: 44) defiende, cuando se trata de una consulta
obligatoria, que “a pesar de la disposición transcrita del Tratado que crea el TJCA, es evidente que el
juez tiene plenas facultades, como rector del proceso que origina la consulta, para decidir cuándo es
pertinente solicitar la interpretación prejudicial, por estar ésta relacionada con la resolución del litigio en
sus manos, y esa determinación de la pertinencia de la solicitud es facultativa del juez nacional”.
STJCA de 26 de febrero de 1991, Proceso 2-IP-91, León Kadoch B, considerando 2.
100 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
aunque no tenga duda alguna respecto a cómo aplicarla al caso de autos y, por
otro lado, podrá inhibirse de acudir ante el Tribunal Andino, si considera que la
norma no es aplicable al proceso nacional, aunque su significado y/o alcance no
sean del todo diáfanos para los expertos en la materia, lo que ha generado algunos
abusos62.
El rechazo del Tribunal de Justicia Andino a aplicar las teorías del acto claro y
acto aclarado, es una de las diferencias más sensibles entre la cuestión prejudicial
europea y la consulta prejudicial andina.
Para el Tribunal de Justicia de la UE, la existencia de dudas razonables acerca
de la interpretación o la validez de una norma comunitaria, constituye un criterio
fundamental a la hora de decidir acerca de la necesidad del planteamiento de una
cuestión prejudicial, pues no basta con que ésta sea pertinente (lo que se cumple
cuando una norma comunitaria es a priori aplicable al caso de autos) sino que se
precisa, adicionalmente, que la cuestión sea seria, lo que no ocurre cuando la respuesta
a la pregunta planteada se desprende con claridad de las normas comunitarias en
sí mismas consideradas (el acto es claro)63 o existe una jurisprudencia comunitaria
diáfana sobre ellas (el acto ha sido aclarado)64. De ahí que el Tribunal de Justicia de
la UE, en el punto 13 de sus RTJUE, recuerde que un órgano jurisdiccional nacional
“puede decidir por sí mismo cuál es la interpretación correcta del Derecho de la Unión
y su aplicación a los hechos que considere probados, en especial cuando estime que
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia proporciona indicaciones suficientes. Ahora
bien, una remisión prejudicial puede resultar especialmente útil cuando se suscite una
nueva cuestión de interpretación que presente un interés general para la aplicación
uniforme del Derecho de la Unión, o cuando la jurisprudencia existente no parezca
aplicable a una situación inédita”. También por eso el artículo 104 del RPTJUE
indica que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si la
decisión prejudicial les ofrece información suficiente o si les parece necesario
someter al Tribunal una nueva petición de decisión prejudicial.
En cambio, para el Tribunal de Justicia Andino, la claridad de una disposición o la
existencia de un precedente interpretativo suyo, no dispensan a los jueces internos
que fallan en única o última instancia de su deber de remitirle una consulta
prejudicial cuando una norma andina sea aplicable en el litigio interno. Ello es así
porque a él le ha sido otorgada “capacidad exclusiva” para interpretar las normas
que conforman el ordenamiento andino y “la interpretación que realiza el Tribunal es
62
Perotti (2001: 96) señala diversos casos en que tribunales superiores de los países andinos
omitieron realizar la consulta prejudicial por reputar que la norma andina no era aplicable cuando
realmente sí lo era, incluso reconociendo en alguno de ellos que la redacción de la norma andina
se prestaba a dudas en cuanto a su significado o alcance.
63 STJUE de 27 de marzo de 1963, Da Costa en Schaake, 28 a 30/62, Rec. p. 61.
64 STJUE de 6 de octubre de 1982, CILFIT, 283/81, Rec. p. 3415.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 101
para cada caso concreto”, de tal suerte que “la teoría del acto claro no tiene aplicación
dentro del sistema interpretativo andino”65 y, vía de consecuencia, “la existencia de
un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en
un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de
elevar la correspondiente solicitud de interpretación”66.
La doctrina ha criticado esta restricción tan poco justificada de la consulta
prejudicial andina por diferentes motivos, y de modo específico porque dificulta
la penetración de la justicia nacional en el ámbito del ordenamiento andino.
Tambien obstaculiza la recepción del Derecho de la CAN en los derechos internos,
ya que deja traslucir una cierta desconfianza en el buen hacer del juez andino
y conduce al planteamiento de solicitudes de interpretación repetitivas y, por
ende, de sentencias prejudiciales del Tribunal de Justicia Andino que reproducen
sistemáticamente interpretaciones anteriores sin ninguna necesidad (Bueno
Martínez y Perotti, 2005: 133-152; Tobón, 2005: 461-482). Personalmente nos
parece particularmente reprochable la falta de recepción de la doctrina del acto
aclarado, ya que tiene poco sentido, en términos jurídicos y de economía procesal,
que una norma cuyo significado y alcance han sido elucidados por el intérprete
supremo del ordenamiento andino, no pueda ser directamente aplicada por los
jueces nacionales de sus Estados miembros. Además los inconvenientes de la
aceptación de esta teoría serían menores, pues cabe presumir que serían contadas
las ocasiones en que, sin mediar una modificación de la normativa andina, el
Tribunal de la CAN revisara su interpretación dada en sentencias anteriores, como
bien pone de relieve la experiencia europea (Cienfuegos, 1998: 242-244). Entonces
un juez andino siempre tendría la facultad de elevar una consulta prejudicial para
solicitarle un nuevo pronunciamiento sobre una norma andina sobre la que ya
hubiera jurisprudencia andina si lo juzgase necesario, que es lo que sucede en
la UE, tal y como se reconoce expresamente en el punto 13 de las RTJUE y en el
artículo 104 del RPTJUE antes mencionados.
Otro efecto negativo de esta limitativa jurisprudencia andina es que son escasas
las consultas prejudiciales evacuadas por jurisdicciones inferiores (la excepción
viene representada por los tribunales de distrito de Ecuador con jurisdicción
contencioso-administrativa, muy activos en el uso de este instrumento procesal).
Procede como regla de los tribunales superiores del contencioso-administrativo
(y de modo destacado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Consejo
de Estado de Colombia), en tanto que obligados a acudir al Tribunal de Justicia
andino, aunque el acto sea claro o haya sido aclarado en sentencias anteriores,
porque -según hemos visto antes- tan sólo si existen recursos contra la decisión
65
66
STJCA de 7 de agosto de 1995, Proceso 4-IP-94, EDEN FOR MAN-ETIQUETA, considerando b.
STJCA de 26 de enero de 1990, Proceso 3-IP-1989, sociedad CIBA GEIGY, considerando 1. En la
misma línea, SSTJCA de 3 de diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87, Aktiebolaget VOLVO; y 30 de
abril de 2010, Proceso 76-IP-2009, IMPORTACIONES Y SERVICIOS GERMANIA.
102 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
del juez, deviene facultativa la cuestión prejudicial67. Ello contrasta con la situación
de la UE, en que la mayoría de las cuestiones prejudiciales proceden de las
jurisdicciones inferiores68.
En cualquier caso, el Tribunal de la CAN ha dejado abiertas las puertas a
reconsiderar su rechazo a la teoría del acto aclarado, en la medida en que otra
línea jurisprudencial, tras recordar que la existencia de un pronunciamiento
anterior suyo sobre la misma materia debatida de un proceso ulterior no dispensa
al juez nacional de su obligación de requerir la interpretación prejudicial, acepta
que “asimismo, bien podría el Tribunal variar y aún cambiar su opinión cuando
encuentre razones justificadas para hacerlo”69.
El incumplimiento del trámite de solicitud de consulta prejudicial por un tribunal
superior, lleva consigo la violación de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la tutela judicial y puede acarrear la nulidad de la sentencia a través de un
recurso de casación o de amparo, como consagran las jurisprudencias nacionales
-así, sentencias de la Corte Suprema del Ecuador de 5 de octubre de 1999 y
31 de agosto de 2001-. También se puede declarar la infracción del Estado al
que pertenezca la jurisdicción nacional que no hubiese cumplido su obligación de
solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la CAN por la vía
de los artículos 23 y siguientes de su Tratado constitutivo, tal y como proclama el
artículo 128 del Estatuto del Tribunal (Vigil Toledo, 2011: 139-141). Ya en el pasado
el Tribunal Andino había declarado que “no es concebible para este Tribunal que el
juez, por sí mismo o a pedido de las partes o sus representantes en los procesos internos
pueda resistirse a dar cabal cumplimiento a la petición de interpretación prejudicial.
Las consecuencias de esta conducta “contra legem” puede derivar en acciones de
incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles”70. Y en fechas
recientes (2011) ha certificado sus asertos al proclamar el incumplimiento de
Colombia, que violó la obligación de solicitar una interpretación prejudicial a
través de la Sección Tercera de su Consejo de Estado71. En la UE es también
impugnable, en vía nacional y comunitaria e incluso ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, el no planteamiento de cuestiones prejudiciales si procedía
hacerlo (Cienfuegos, 2012b: 596-597 y 616-623).
STJCA de 19 de marzo de 2009, Proceso 07-IP-2009, SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA,
considerando 1.
68 A modo de ejemplo, de las 287 cuestiones prejudiciales promovidas en España desde 1986 -vigencia de su adhesión- hasta 2012, sólo 47 proceden del Tribunal Supremo. Y hubo que esperar
a 2011 para que el Tribunal Constitucional elevase su primera cuestión prejudicial.
69 SSTJCA de 24 de noviembre de 1989, Proceso 7-IP-89, CIBA-GEIGY, punto 3. Vid. también la
STJCA de 13 de julio de 1993, Proceso 3-IP-93, SOCIEDAD ALUMINIO NACIONAL.
70 STJCA de 29 de agosto de 1997, Proceso 11-IP-96, Marca “BELMONT”, considerando 2.
71 STJCA de 26 de agosto de 2011, Proceso 3-AI-2010, acción de incumplimiento interpuesta por la
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (ETB S.A. E.S.P.) contra la República de Colombia).
67
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 103
5. Las competencias prejudiciales del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina
Corresponde al Tribunal de Justicia dar la interpretación de las normas que
conforman el ordenamiento andino con el fin de asegurar su aplicación uniforme
en el territorio de los Estados miembros (artículo 33 del Tratado constitutivo).
Según la jurisprudencia andina, el ordenamiento de este proceso de integración
está conformado, básicamente, por un lado, por las llamadas normas jurídicas
originarias, primarias o constitucionales, que son las contenidas en el Acuerdo de
Integración Subregional, suscrito en Cartagena de Indias el 26 de mayo de 1969,
y en sus protocolos e instrumentos adicionales, como es -entre otros- el Tratado
de La Paz de 28 de octubre de 1979, por el que se crea el Parlamento Andino; y
el Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la CAN, suscrito en Cartagena
de Indias de 28 de mayo de 1979 y sus protocolos modificatorios, como es el
caso del mencionado Protocolo de Cochabamba de 1996; y, por otro lado, por las
normas derivadas o secundarias, que son las decisiones del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión de la CAN, las resoluciones de
la Secretaría General y los convenios de complementación industrial y otros que
adopten los países miembros entre sí y en el marco del proceso de integración
andina (artículo 1 del Tratado constitutivo)72.
De esta regulación se infiere que no caben solicitudes de interpretación prejudicial
de actos andinos que no sean vinculantes, por más que esclarecer el soft law
pueda ser interesante por su valor complementario de las anteriores categorías
normativas, como ha puesto de manifiesto la experiencia comunitaria de
interpretación de actos no obligatorios por la vía prejudicial73. En la práctica, la
mayoría de las consultas prejudiciales andinas versan sobre normas de su Derecho
derivado, relativas a los derechos de propiedad intelectual -como las Decisiones
351 y 486-, seguidas muy de lejos por la fiscalidad indirecta -concretamente la
Decisión 388, que regula la devolución del impuesto sobre el valor añadido al nivel
andino-.
El Tribunal de Justicia de la CAN debe limitarse a precisar el significado y alcance
de las normas andinas. No estando habilitado para interpretar el derecho interno
(ello es competencia privativa de los jueces andinos), ni aplicar el Derecho
andino al caso de autos (se limita a interpretarlo, correspondiendo a los órganos
jurisdiccionales nacionales la aplicación de la interpretación prejudicial al litigio
SSTJCA de 9 de diciembre de 1996, Proceso 1-IP-96, Convenio de París para la protección de
la Propiedad Industrial; 12 de noviembre de 1999, Proceso 07/AI-99, acción de incumplimiento
interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú.
73 Para un análisis de la importancia del soft law en el Derecho de la UE, véase Alonso García, 2001:
63-94.
72
104 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
nacional)74, ni pronunciarse sobre los hechos, comprobar su exactitud o calificarlos
(también es competencia exclusiva de las jurisdicciones internas)75. No obstante,
podrá referirse a los hechos del proceso interno cuando sea indispensable para
la interpretación solicitada (artículo 34 del Tratado constitutivo y artículo 126 de
la Estatuto del Tribunal). Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal dispone de un
considerable margen discrecional para la resolución de la consulta prejudicial,
ya que tiene libertad para determinar las normas andinas, “sugeridas o no por el
requirente”, que interpretará con “el fin de lograr una comprensión global del caso
consultado”, y también para “absolver la consulta en el orden de prelación que él
mismo estime conducente”76.
La competencia prejudicial del Tribunal andino y sus limitaciones es coincidente
en líneas generales con la del Tribunal de Justicia de la UE en el marco de las
cuestiones prejudiciales77. En este caso cabe solicitar también la interpretación
de normas no vinculantes, como las recomendaciones y los dictámenes78 y la
apreciación de validez de los actos adoptados por las instituciones, órganos y
organismos de la Unión (artículo 267 del TFUE) que sean obligatorios79, que no
es posible en la CAN, aunque esta carencia de consultas prejudiciales se vea
suavizada por la existencia de una acción directa de nulidad ante su Tribunal
de Justicia80. A mayor abundamiento, las cuestiones prejudiciales comunitarias
74
75
76
77
78
79
80
Por interpretación debe entenderse, en palabras del Tribunal de Justicia andino, “la búsqueda de la
significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, tarea esencialmente distinta a la
de aplicar la norma a los hechos, la cual está reservada al juez nacional, como ya se indicó, dentro de las
correspondientes esferas de competencia. No puede referirse entonces el Tribunal al cotejo y adaptación
entre el contenido general de la norma que interpreta y los hechos concretos y particulares” (STJCA de
3 de diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87, Aktiebolaget VOLVO, considerando 3.4).
Sobre la distinción entre la interpretación y los hechos y sus limitaciones, véase SSTJCA de 22 de
octubre de 1991, Proceso 6-IP-90, HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA, considerando 3, y 9 de
noviembre de 1995, Proceso 17-IP-95, Empresa VARELA, considerando 2.
STJCA de 11 de octubre de 1994, Proceso 1-IP-94, Sociedad de Comidas Rápidas MAC POLLO,
punto 1 de la parte dispositiva.
En una formulación ya clásica, el Tribunal de Justicia recuerda que está obligado a responder a
las cuestiones prejudiciales formuladas por un órgano judicial nacional siempre que afecte a la
interpretación o a la apreciación de validez del Derecho de la UE (STJUE de 29 de noviembre de
1978, Pigs Marketing Board, 83/78, Rec. p. 2347). Pero no puede aplicarlo al caso de autos, ni
pronunciarse los hechos del litigio principal, ni interpretar el derecho interno, ni anular un acto
comunitario, etcétera. En casos como éstos, el Tribunal de Justicia debe declarar inadmisibles las
cuestiones prejudiciales, pero a poco que tenga un margen de apreciación, lo que hace es solicitar
aclaraciones al juez nacional (artículo 101 del RPTJUE) y, sobre todo, reformular las cuestiones
en aras a socorrerle en el cumplimiento de su función, buscando de este modo reforzar el diálogo
judicial con gestos de complicidad. Para un análisis de la competencia prejudicial del Tribunal de
Justicia de la UE y sus límites, véase Cienfuegos, 1997: 319-383.
STJUE de 15 de junio de 1976, Frecasseti, 113/75, Rec. p. 983.
STJUE de 11 de mayo de 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C-11/05, Rec. p. I/4285.
Para la interposición de este recurso de anulación están legitimados los órganos principales de
este proceso de integración (el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión
de la CAN y la Secretaría General), los países miembros y las personas físicas o jurídicas cuyos
derechos subjetivos o intereses legítimos se vean afectados (artículos 17 a 22 del Tratado
constitutivo).
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 105
han recaído sobre todas las categorías normativas del Derecho de la UE, si bien
de modo particular sobre el Derecho primario y el Derecho secundario81. Y sus
temáticas son mucho más variadas y cambiantes con los años que en la CAN,
aunque en los últimos tiempos afectan muy especialmente lo del medio ambiente
y los consumidores, la fiscalidad, las ayudas de Estado, la agricultura, el mercado
interior y el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, tal y como pone de
relieve la consulta de la base de datos de jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la UE antes mencionada.
6. Aspectos procedimentales de la consulta prejudicial
La consulta prejudicial puede elevarse en cualquier momento del proceso interno.
Aunque en la Nota Informativa (apartado 7) se indica que resulta recomendable que
se formule cuanto antes en aras de evitar dilaciones inútiles, en la jurisprudencia
andina se precisa la conveniencia de hacerlo después de haber oído a las partes e
inclusive más tarde, cuando el procedimiento esté listo para que se dicte sentencia
y, de este modo, el juez nacional disponga de los elementos de juicio necesarios
para resumir, en la correspondiente solicitud de interpretación prejudicial, el marco
fáctico y jurídico del litigio, puesto que “se trata de allegar un criterio hermenéutico que
tan sólo resulta operativo para el juez nacional en el momento de dictar su fallo, ya que se
plantea una cuestión de puro derecho como lo es la interpretación de las normas jurídicas
del Acuerdo de Cartagena”82. La situación es análoga en la UE, donde su Tribunal de
Justicia ha recordado que corresponde al juez nacional decidir cuál es el momento
procesal adecuado para plantear una cuestión prejudicial, si bien es preferible que se
solicite cuando el proceso interno se encuentre en una fase en la que ya pueda definir
el marco jurídico y fáctico del asunto (puntos 18 y 19 de las RTJUE).
Los jueces andinos disfrutan asimismo de amplia libertad para formular la consulta
prejudicial, en relación tanto con la forma como con su contenido. A este respecto,
el artículo 32 del Tratado constitutivo sólo requiere a las jurisdicciones andinas
que estén conociendo de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta una
norma andina, y los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal añaden que la
solicitud podrá ser formulada “directamente y mediante simple oficio”.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 125 del Estatuto del Tribunal prevé que la
solicitud de interpretación prejudicial deberá contener: a) el nombre e instancia del
juez o tribunal nacional consultante; b) la relación de las normas del ordenamiento
81
82
Sobre las fuentes del Derecho de la UE y su tipología, véase Alonso García, 2012: 133-178;
Garzón, 1993: 21-53; Mangas y Liñán, 2012: 345-384.
STJCA de 22 de octubre de 1991, Proceso 3-IP-91, sociedad HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA,
considerando 1.
106 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
jurídico de la CAN cuya interpretación se requiere; c) la identificación de la causa
que origine la solicitud; d) el informe sucinto de los hechos que el juez solicitante
considere relevantes para la interpretación; y e) el lugar y dirección en que el
juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta. Y en la Nota informativa se
hace hincapié en que el juez andino que evacúe una consulta prejudicial respecto
a la interpretación de una norma de la CAN ha de tener presente una serie de
requisitos esenciales para el buen funcionamiento del trámite prejudicial, además
de recordar que la solicitud del juez nacional debe “enviarse por correo a la sede
del Tribunal” (punto 10). De manera especial, en esta Nota se pone el acento en
que la solicitud “debe motivarse de manera sucinta pero completa, al objeto de que
el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. En
particular, la solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante
considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la CAN cuya
interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación.
Además, deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que
sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones nacionales aplicables,
todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que
emane este Tribunal. De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado
de generalidad y abstracción, que resultaría inútil, tanto para decidir el caso concreto
como para asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario” (apartado 6)83.
La inobservancia de estos requisitos puede llevar al Tribunal Andino a desestimar
la solicitud prejudicial por adolecer de un vicio substancial, como hace de vez
en cuando84. Es palmaria la equivalencia de los antedichos preceptos y de las
orientaciones de la Nota informativa con lo que prescribe el artículo 94 del RPTJUE
83
La referencia a la obligación de motivar es particularmente afortunada porque ni el Tratado
constitutivo ni el Estatuto del Tribunal de Justicia andino mencionan expresamente este deber de
motivación (implícitamente se puede considerar que en el artículo 125 del Estatuto se refiere al
mismo cuando requiere que el juez nacional elabore un informe sucinto de los hechos relevantes
para la interpretación), siendo un elemento imprescindible que debe conocer el Tribunal andino a
fin de proporcionar una interpretación útil al juez nacional para su decisión del proceso principal.
84 Verbigracia, ATJCA de 15 de mayo de 1989, Proceso 1-IP-89, solicitud formulada por el Consejo de
Estado de la República de Colombia. El Tribunal declaró que “la presente solicitud de interpretación
adolece de un vicio substancial que la hace inadmisible, ya que resulta claro que en el proceso en
cuestión no serían aplicables las normas comunitarias que el juez solicitante relaciona. Porque como él
mismo lo declara, en la demanda ‘no se especifican cuáles son los fundamentos de derecho y cuáles las
normas violadas’ y apenas se señalan normas potencialmente violadas ‘en forma difusa’. Por otra parte
el propio juez sólo ‘vislumbra’ la cita de algunas normas comunitarias, las que evidentemente nada tienen
que ver con la litis”.
Para otro ejemplo de solicitud de consulta prejudicial declarada improcedente, vid. ATJCA de 2 de
mayo de 1990, Proceso 4-IP-89, solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia,
en este caso porque se discutían básicamente cuestiones fácticas o la posible violación de normas
propias del Derecho colombiano.
En fin, la PTJCA de 1 de julio de 1993, Proceso 1-IP-93, Confecciones Anter Limitada, declara inadmisible
la consulta prejudicial puesto que la norma andina sobre la que recaía la solicitud de interpretación
prejudicial había sido sustituida por otra vigente ya en la fecha en la que se evacuó la solicitud de tal
suerte que aquélla había dejado ya de pertenecer al ordenamiento andino y no podía ser aplicable
para dirimir el litigio nacional.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 107
y los consejos incluidos en los puntos 18 y 21 a 26 de las RTJUE para guiar a los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE en el ejercicio de su
amplio margen discrecional de apreciación a la hora de determinar la forma y el
contenido de la cuestión prejudicial.
Una vez recibida la consulta prejudicial por el Tribunal de Justicia Andino, la
sustanciación es asignada a sus magistrados por sorteo, de carácter público, que
se lleva a cabo en acto previo a la sesión judicial (artículo 23 del Reglamento
interno). El magistrado a cargo de la sustanciación de la solicitud (llamado
magistrado sustanciador), debe indicar por escrito al Tribunal los puntos de la
controversia que deban constituir objeto de la sentencia, así como las razones
que deberían fundamentar la decisión en torno a cada uno de tales puntos, y
opinar acerca del fundamento de la solicitud. Los otros magistrados deliberarán,
con carácter provisional y a la vista del informe presentado por el magistrado
sustanciador, en torno a la resolución de las diversas cuestiones de hecho y de
derecho de la consulta prejudicial. Si la mayoría apoya, al menos en lo sustancial,
la orientación que dicho magistrado proponga para el proyecto de sentencia,
el presidente le encargará su redacción; en caso contrario, su confección será
encomendada a uno de los magistrados cuya opinión forme parte del criterio
de la mayoría, salvo que el magistrado sustanciador acoja las orientaciones de
la mayoría, en cuyo caso continuará como redactor del proyecto. Finalizada la
deliberación, el magistrado ponente depositará el proyecto de sentencia en la
secretaría del Tribunal para ser distribuido a los demás magistrados, formando
parte del orden del día de la siguiente sesión judicial (artículo 24 del Reglamento
interno). El Tribunal delibera con carácter reservado, con la asistencia mínima de
tres de sus cinco magistrados, adoptando sus decisiones con el voto conforme
de, al menos, tres de ellos (artículos 30 y 32 del Estatuto del Tribunal). No caben
votos salvados (sic) ni opiniones disidentes de la sentencia prejudicial (artículo 90
del Estatuto del Tribunal)85, que ha de dictarse en un intervalo de 30 días desde
la admisión de la consulta (artículo 126 del Estatuto del Tribunal). Plazo que se
cumple, por lo que la tramitación completa de un procedimiento prejudicial -desde
la solicitud por el juez nacional a su fallo por el Tribunal de Justicia- suele durar
unos 2 meses en promedio, lo que es realmente encomiable, máxime cuando
las sentencias de las consultas prejudiciales representan el 90% de su actividad
jurisdiccional (Vigil Toledo, 2012: 231-232). La regulación es análoga en la UE
(véanse en particular los artículos 16, 17 y 35 del ETJUE y los artículos 32, 33
y 89 del RPTJUE), con la diferencia tangible de que el Tribunal de Justicia suele
85
Este precepto también determina que “la sentencia deberá contener: a) la expresión de que ha sido
dictada por el Tribunal; b) la fecha y lugar en que ha sido dictada; c) la identificación de las partes; d) la
exposición sumaria de los hechos; e) el resumen de las alegaciones de las partes; f) los considerandos o
motivos que la fundamental y g) el fallo. La sentencia incluirá el pronunciamiento del Tribunal en materia
de costas, siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su contestación”.
108 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
fallar en salas de tres o cinco jueces, no existe un término perentorio para resolver
una cuestión prejudicial y el promedio para resolverlas oscila entre los 16 y los 17
meses (16,8 en 2009, 17,1 en 2009, 16,1 en 2010, 16,4 en 2011 y 15,7 en 2012),
en gran medida debido al trámite de traducción a los 23 idiomas oficiales de la
UE y al elevado número de procedimientos prejudiciales que ventila cada año su
Tribunal de Justicia (así, 523 asuntos en 2012).
El procedimiento prejudicial andino es gratuito como regla, pues los costes
de las actuaciones se sufragan con el presupuesto del Tribunal de Justicia de
la CAN, excepto los gastos en que éste incurra por la expedición de copias, la
práctica de inspecciones judiciales o la actuación de peritos, que se financiarán
por el causante según arancel, tarifa o costo aprobado por el Tribunal (artículo
38 del Estatuto del Tribunal). Las sentencias se publicarán en la Gaceta Oficial
del Acuerdo de Cartagena (artículo 43 del Tratado constitutivo y artículo 94 del
Estatuto del Tribunal) y se notifican por correo a los jueces nacionales (artículo
100 del Estatuto del Tribunal). Se encuentran, además, disponibles en la página
web del Tribunal de Justicia de la CAN antes citada86. De nuevo el régimen jurídico
de la consulta prejudicial andina muestra su gran similitud con el de la cuestión
prejudicial europea (artículo 37 del ETJUE y artículos 88, 92 y 102 del RPTJUE).
7. Los efectos jurídicos de las sentencias prejudiciales de interpretación
y los recursos frente a su incumplimiento
La sentencia prejudicial es obligatoria, por lo que el juez nacional debe respetarla
a la hora de fallar el litigio nacional si estima que la norma andina es aplicable al
caso tal y como ha sido interpretada. Es lo que rezan los artículos 35 del Tratado de
creación y 127 del Estatuto del Tribunal cuando disponen que “el juez que conozca
del proceso interno en que se formuló la consulta deberá adoptar en su sentencia la
interpretación del Tribunal”. La jurisprudencia andina es también diáfana en este
sentido porque muchas veces ha hecho hincapié en que la sentencia prejudicial
interpretativa “constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez
nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por
86
El Tribunal de Justicia andino puede también ventilar una consulta prejudicial por auto interlocutorio
y providencia, cuyo régimen jurídico (artículos 32 y 87 a 89 del Estatuto del Tribunal) no es tan
preciso como el descrito para las sentencias. Los autos se dictan para poner fin al juicio sin
decidir lo principal (ya que para decidir el fondo de la controversia se utilizan las sentencias),
con la asistencia de un mínimo de tres magistrados y el voto conforme de al menos tres de ellos;
son ejecutivos el quinto día siguiente de su notificación, pudiendo ser impugnados mediante el
recurso de reconsideración a instancia de parte, cuya interposición suspende la ejecución. De las
providencias, que han sido utilizadas por el Tribunal andino para poner fin al proceso prejudicial
sin entrar en su fondo, sólo se dice que sus errores formales (aritméticos y mecanográficos)
podrán ser corregidos de oficio o a solicitud de parte en cualquier momento.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 109
otra parte, adoptar dicha interpretación”87. Y, de paso, el Tribunal de Justicia de la CAN
ha proclamado que la “fuerza vinculante para el juez nacional” de su interpretación
prejudicial “se deriva de la atribución fundamental de este Tribunal supranacional con
capacidad para declarar el Derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan
del mismo e interpretarlo uniformemente, como reza el preámbulo de su Tratado de
Creación, que es instrumento orientador para la hermenéutica de su ordenamiento
básico primario”88.
El alcance de la obligatoriedad de la interpretación prejudicial no es erga omnes,
puesto que “la interpretación que en su sentencia establezca el Tribunal comunitario
rige tan sólo para el caso objeto de la consulta y, por tanto, no exime al juez nacional
de la obligación de consultar en casos similares o análogos”89. Esta eficacia inter
partes (Calle, 2003: 95) o, lo que es lo mismo, la falta de precedencia interpretativa
(Sánchez Miralles, 1999: 55), constituye una diferencia sensible de la sentencia
dictada en el marco de una cuestión prejudicial europea, que disfruta de efectos
jurídicos obligatorios erga omnes (Cienfuegos, 1998: 120-126), de tal suerte que
son vinculantes para el juez a quo así como, más en general, para cualquier juez
nacional que conozca de un caso análogo en el que se plantee la aplicación de
la norma comunitaria interpretada o cuya invalidez haya sido declarada, con
independencia de que sus decisiones sean recurribles o no en el derecho interno
de los países de la UE90.
Como quiera que las sentencias prejudiciales son firmes por naturaleza a partir
del día siguiente al de su notificación y aplicables en el territorio de los Estados
andinos sin necesidad de exequátur (artículo 91 del Estatuto del Tribunal), sólo
cabe su enmienda en caso de errores manifiestos de escritura, de cálculo o que
sean inexactitudes evidentes. Para eso sirve el llamado recurso de enmienda
previsto por el artículo 92 del Estatuto del Tribunal, que se activa de oficio o
a instancia de parte presentada dentro de los quince días siguientes al de la
notificación de la sentencia91. La situación es pareja en la UE, ya que la sentencia
prejudicial es firme desde el mismo día de su pronunciamiento92, de tal suerte que
sólo cabe la rectificación de sus lapsus calami (artículo 103 del RPTJUE).
STJCA de 17 de marzo de 1995, Proceso 10-IP-94, régimen común sobre propiedad intelectual,
considerando 5.
88 STJCA de 29 de agosto de 1997, Proceso 11-IP-96, Marca “BELMONT”, considerando 2.
89 STJCA de 3 de diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87, Aktiebolaget VOLVO, considerando 3.3.
90 STJUE de 6 de marzo de 2003, Kaba, C-466/00, Rec. p. I-2219, apartados 39-40.
91 Está excluida expresamente la revisión de las sentencias prejudiciales andinas, reservada para las
sentencias pronunciadas en acciones de incumplimiento (artículo 95 del Estatuto del Tribunal).
No está claro, en cambio, si es posible instar el recurso de ampliación de la sentencia si no
se hubiera resuelto sobre algún punto controvertido, ni tampoco el recurso de aclaración si la
sentencia prejudicial contuviera puntos ambiguos o dudosos (artículos 92 y 93 del Estatuto del
Tribunal), a falta de jurisprudencia andina a este respecto.
92 ATJUE de 28 de abril de 1998, Reisebüro Binder, C-116/96 REV, Rec. p. I-1889.
87
110 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Los países andinos y la Secretaría General de la CAN velarán por la observancia por
parte de los jueces nacionales a las normas que regulan las consultas prejudiciales
(artículo 36 del Tratado constitutivo y artículo 128 del Estatuto del Tribunal). Si
el juez nacional aplica una interpretación diferente a la dictada por el Tribunal
de Justicia Andino93, además de los recursos judiciales nacionales que sean
aplicables según el grado jurisdiccional, incluidos los de apelación, casación y
amparo constitucional, resulta que la Secretaría General, cualquier país miembro
y las personas físicas y jurídicas afectadas, están legitimados para interponer un
recurso de incumplimiento ante el Tribunal, en determinadas condiciones entre
las que destaca, en estos dos últimos supuestos, la obligación de elevar el caso
previamente a la Secretaría General (artículos 23-29 del Tratado constitutivo).
Para favorecer este control, los jueces andinos deben enviar al Tribunal de Justicia
Andino, las sentencias dictadas en los litigios internos que fueron objeto de
interpretación prejudicial (artículo 128 del Estatuto del Tribunal).
Aunque, como regla, las sentencias prejudiciales deben ser respetadas por las
jurisdicciones andinas, en varias ocasiones se ha constatado el incumplimiento de
un Estado miembro por su inobservancia, por los jueces nacionales. Así ocurrió
cuando el Tribunal Distrital núm. 1 de lo Contencioso Administrativo de Ecuador
desacató la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia Andino, contenida en
su sentencia de 9 de diciembre de 2004, dictada a su instancia en el proceso 06IP-94, sin que la Corte Suprema de Justicia ecuatoriana la anulase en el recurso
de casación interpuesto94. Con esta normativa andina tan clara, se han evitado
las ambigüedades que rodearon a este tema en la UE durante años, hasta que la
sentencia de su Tribunal de Justicia de 9 de diciembre de 2003 proclamó que un
Estado miembro puede ser declarado responsable de la vulneración del artículo
267 del TFUE por sus jurisdicciones internas por la vía de los artículos 258 y
259 de este Tratado, que regulan el recurso de incumplimiento95. En todo caso,
subsiste la diferencia tangible de que los particulares no pueden interponer un
recurso de incumplimiento en la UE, ya que sólo están legitimados la Comisión y
los Estados miembros96.
Los particulares podrán solicitar al juez nacional la indemnización de daños y
perjuicios que corresponda, si el Tribunal de Justicia Andino declaró la vulneración de
la sentencia prejudicial por un juez nacional, ya que su sentencia de incumplimiento
93
Se incumple también la normativa sobre la consulta prejudicial cuando un tribunal nacional
superior resuelve el proceso interno sin esperar a que el Tribunal de Justicia andino emita su
sentencia prejudicial, como sucedió con la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia de
18 de enero de 1996 (Perotti, 2001: 105).
94 STJCA de 30 de octubre de 1996, Proceso 1-AI-96, acción de incumplimiento interpuesta por la
Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador.
95 STJUE de 9 de diciembre de 2003, Comisión/Italia, C-129/00, Rec. p. I-14637.
96 STJUE de 1 de marzo de 1966, Lütticke, 48/65, Rec. p. 27.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 111
constituye “título legal y suficiente” (artículo 30 del Tratado constitutivo). Además,
podrán acudir ante los tribunales nacionales competentes, cuando sus derechos
resulten afectados porque los países miembros no tomen las medidas necesarias
para asegurar la ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia (artículo 31
del Tratado constitutivo). Por vía pretoriana se ha reconocido, también en la UE,
que las actuaciones judiciales internas declaradas por el Tribunal de Justicia,
contrarias al ordenamiento comunitario que causen daños y perjuicios, pueden
engendrar, al nivel nivel nacional, la responsabilidad patrimonial del Estado al que
pertenezca la jurisdicción responsable de tal infracción97.
Conclusiones
Los precursores del Tribunal de Justicia del Pacto Andino, apostaron decididamente
por el procedimiento de consultas prejudiciales para reforzar el sistema de solución
de diferencias creado en el Tratado de Cartagena de Indias de 1979, haciendo un
envite por la supranacionalidad (judicial), que se ha revelado acertada con el paso
del tiempo, toda vez que las cuestiones prejudiciales se han configurado como la
competencia por excelencia del Tribunal de Justicia de la CAN y la interpretación
prejudicial ha permitido confirmar y desarrollar las bases del Derecho andino,
como son los principios de primacía y efecto directo, constituyendo la pieza clave
de su sistema jurisdiccional (Vigil Toledo, 2011: 121 y 128).
Ello no obsta para que puedan censurarse algunos aspectos imperfectos de la
regulación y/o el funcionamiento de este instrumento procesal, que deberían ser
subsanados en la CAN porque sacan a la luz carencias un tanto preocupantes
en el control jurisdiccional andino. Dejando de lado cuestiones menores, quizá
el problema más grave tiene relación con las doctrinas del acto claro y del acto
aclarado, cuya invocación es corriente en el ámbito de la UE, mientras que en
la CAN está prohibida porque su Tribunal de Justicia exige a las jurisdicciones
andinas que le soliciten la interpretación prejudicial, incluso cuando consideren
que el significado y alcance de una norma andina son diáfanos en sí mismos o
han sido esclarecidos en su jurisprudencia. Ello constituye, en líneas generales, un
sinsentido que ha llevado a solicitudes de interpretación prejudicial y sentencias
prejudiciales interpretativas innecesariamente redundantes. Tampoco tiene
mucha razón de ser que los jueces andinos, cuya consulta es facultativa, al ser
impugnables sus decisiones, no deban suspender el proceso nacional mientras
se sustancia el procedimiento prejudicial, e incluso tengan que fallar el caso sin
esperar la interpretación prejudicial, siendo la razón fundamental de esta figura
procesal auxiliarles en la solución del litigio interno con la interpretación de la
97
SSTJUE de 19 de noviembre de 1991, Francovich y Bonifaci, C-6 y 9/90, Rec. 1991 p. I-5403; 30
de septiembre de 2003, Gerhard Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239.
112 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
norma andina que puede condicionarla. Finalmente, hay que traer a colación el
vacío normativo que supone que en la CAN no sea posible plantear formalmente
una consulta prejudicial de validez.
Más allá de las diferencias de régimen jurídico, lo más preocupante es que, a
diferencia de lo que ha sucedido con las cuestiones prejudiciales europeas, las
consultas prejudiciales andinas no han conseguido arraigarse del todo en los
Estados andinos en sus 25 años de vida, como prueba i.a. la escasez de solicitudes
de interpretación de interpretación de las jurisdicciones ordinarias, de primera y
última instancia, y de las jurisdicciones contenciosas de primera instancia, así
como que no esté suficientemente extendido su uso en ámbitos del ordenamiento
andino ajenos a la propiedad industrial. La doctrina denuncia que estos hechos
ponen en evidencia “un cierto desconocimiento del sistema jurisdiccional andino
en el interior de los Países Miembros de la CAN” y la todavía limitada incidencia
del Derecho comunitario andino en los Ordenamientos nacionales (Quindimil
López, 2006: 414-415; también en una posición de crítica, Dueñas Muñoz, 2011:
pp. 29-58).
A la luz de la exposición precedente cabe resaltar, en otro orden de cosas, que el
modelo de cuestiones prejudiciales europeas es la principal fuente de inspiración
de las ulteriormente instituidas consultas prejudiciales andinas, como pone de
relieve la notable similitud entre ambas figuras procesales, más allá de algunas
diferencias relevantes, resultante de la exposición anterior. Su significativa
influencia puede explicarse por diferentes motivos.
Por un lado, dado el éxito indudable que el procedimiento de cuestiones
prejudiciales de la UE instituidas por el entonces artículo 177 del Tratado de la
Comunidad Económica Europea, de 1957, estaba teniendo en la consolidación y
el desarrollo del sistema jurídico europeo desde la década de los sesenta del siglo
pasado98, resulta natural que los Estados andinos se fijarán en este instrumento
procesal al crear el Tribunal de Justicia andino en 1979.
Por otro lado, la existencia de una relevante financiación de la UE, a título de
cooperación técnico-financiera para el desarrollo, a diversos proyectos andinos
de reforzamiento de su sistema de integración, en su vertiente tanto institucional
98
Tal es realmente la trascendencia del procedimiento de cuestiones prejudiciales que Lecourt
(1991: 349-361), haciendo referencia a dos sentencias básicas dictadas en su seno, en los
asuntos Van Gend en Loos y Costa / ENEL, titula un sugerente estudio como “Quel eût été le droit
des Communautés sans les arrêts de 1963 et 1964”.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 113
como material99, abordando de paso –con los citados Protocolos de Trujillo y
Cochabamba de 1996 y la también mencionada Decisión 500 de 2001- la reforma
de su sistema de solución de diferencias para salvar las insuficiencias que se habían
detectado en los años transcurridos desde que en 1984 iniciase sus actividades el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena100.
En fin, no puede pasarse por alto la ascendencia tan importante que la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE dictada en vía prejudicial, ha
ejercido en las sentencias prejudiciales del Tribunal de Justicia de la CAN, tanto en
aspectos institucionales –como la configuración general de la consulta prejudicial
y de principios básicos como la primacía y el efecto directo101- como en temas
sustantivos, y de modo muy particular en relación con el derecho de la propiedad
industrial, como ha puesto de relieve un estudio reciente de uno de los magistrados
más reputados de este Tribunal, que previene adicionalmente, de manera bien
oportuna, que esta influencia “no se traduce en una importación irreflexiva” porque
el Tribunal andino mantiene como “propios del sistema andino rasgos ajenos a los
configurados por el Tribunal Europeo de Justicia” (Vigil Toledo, 2012: 219-221).
99
Esta ayuda técnico-financiera se prestó con la cobertura del acuerdo marco de cooperación de
“tercera generación” entre la entonces Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena
y sus países miembros, de 23 de abril de 1993, que abordó por vez primera el tema de la
profundización y la consolidación del proceso andino de integración y dio a la cooperación el
carácter de birregional. Para más información sobre el tema, véase http://www.comunidadandina.
org/Cooperacion_canue.aspx y http://ec.europa.eu/europeaid/where/latin-america/countrycooperation/andean-community/andean-community_en.htm (consulta realizada el 10 de enero
de 2013).
100 Para la evolución del Tribunal de Justicia andino, véase Bustamante y Sánchez Chacón, 2010:
117-136; Quindimil López, 2006: 339-349; Vigil Toledo, 2011: 38-43.
101 Véase especialmente el influjo de la jurisprudencia comunitaria sobre el incidente prejudicial y la
primacía del Derecho de la UE en la configuración general que de la cuestión prejudicial andina
y la preeminencia del Derecho andino que lleva a cabo el Tribunal de Justicia de la CAN en su
sentencia de 3 de diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87, Aktiebolaget VOLVO.
114 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
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Las Cartas Iberoamericanas de Gobierno
Electrónico y de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública. Hacia una definición local de los
parámetros institucionales del buen gobierno
Ricardo Sebastián Piana
Introducción
Como señala Portinaro (2003), es muy común encontrar en la literatura de los
últimos años, interrogantes acerca del poder del Estado, su futuro y su compleja
acción de gobierno, así como de su capacidad de integración social. Se ha vuelto
casi un leit motiv hablar de crisis, ocaso o más aún, del fin del Estado por la
pérdida de poderes y funciones de los aparatos estatales.
La descripción del Estado que predomina hoy es la de un Estado débil, que ha
perdido irremediablemente su soberanía en medio de una sociedad cada vez más
compleja.
Resulta evidente que la producción de resultados justifica la existencia de
cualquier institución, pero no resulta obvio cuáles deben ser esos “productos”
en una institución pública. Éstos se encuentran orientados por un modelo estatal
legitimado, que ha cambiado (y mucho) en los últimos dos siglos.
En este contexto entran a jugar las políticas de reforma del Estado y de la
Administración Pública. Y este es un proceso que se no detiene porque debe
comprenderse, también, como una forma de resolución de las crisis política,
económica y estatal que afectaron a la sociedad en las décadas de los años 70 y
80 (Zeller, 2007).
Los temas recurrentes en las agendas de reforma han buscado modificar la
capacidad institucional del Estado a través de una reestructuración organizativa,
de la creación de la carrera pública profesional, de la desburocratización de
normas y procedimientos y de la aplicación de las TIC en la gestión pública. Pero
los objetivos son distintos.
Profundas situaciones de emergencia financiera y económica de los modelos
estatales post Welfaristas, legitimaron las llamadas reformas del Estado de
primera generación propiciadas por el Consenso de Washington. Ellas estuvieron
vinculadas con la transformación estructural de las funciones –pero sobre todo- de
los fines estatales. A menos de diez años éstas fueron sustituidas por las reformas
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 117
de Segunda Generación. Estas últimas, destinadas a la mejora del funcionamiento
eficiente de las organizaciones estatales, se apoyaron en aspectos de la cultura
organizacional y las tecnologías. Otra vez, en los ´90, una nueva vuelta de tuerca
se dio con las políticas de Gobierno Electrónico, cuyo acento se pone en las TIC
pero sin modificar, inicialmente, las premisas de la Nueva Gestión Pública y su
pretensión de introducir criterio de eficacia privada al manejo de la cosa pública.
Los parámetros actuales del paradigma del buen gobierno están apoyados sobre
los pilares lanzados en la campaña presidencial de Obama de 2009: el Gobierno
debe ser transparente, participativo y colaborativo (http://www.whitehouse.gov/
open).
Los gobiernos de la región han pretendido seguir los modelos foráneos. En
efecto, muchas veces propiciados por Organismos internacionales o de crédito
internacional, los Estados latinoamericanos han intentado, por isomorfismo
institucional mimético, replicar los modelos en boga y sin embargo, o tal vez por
ello, los resultados han sido muy distintos. Ejemplo de ello fue el conocido y muy
documentado proceso de reforma del Estado de primera generación en Argentina
durante el gobierno de Carlos Menem (Oszlak, 2000).
Con las reformas de segunda generación, se pretendieron modificar los
grandes defectos en su implementación de aquellas. Sustentadas en ideologías
que pretendieron incorporar criterios de eficacia empresarial dentro de la
administración estatal, enmarcados en los lineamientos de la Nueva Gestión
Pública, se impulsaron algunas acciones que marcaron las políticas de mediados
de los ´90: Cartas Compromiso, Ventanillas Únicas, Banco de proyectos exitosos,
Audiencias públicas, fueron modelos imitados por Administraciones de corte
napoleónico, habituadas a usos discrecionales del poder y sin experiencia en
formas contractuales con los administrados entendidos como usuarios
Incentivados por el revolucionario uso de las TIC, especialmente Internet, surgen
otros parámetros de reforma que propician su uso intensivo con el fin primordial de
mejorar eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios. Otra vuelta de tuerca
se da con las políticas de Open Government que, propiciando la transparencia y
participación, hace que los parámetros del Gobierno Electrónico queden reducidos
a “poca cosa” frente a estas nuevas consignas.
Todas estas pautas tienen un origen foráneo, y sin embargo existen modelos y
propuestas locales que merecen un mayor estudio.
Desde el retorno a la democracia en Latinoamérica hemos comprendido que el
proceso de legitimación de los gobiernos requiere algo más que elecciones limpias,
periódicas y plurales. Hay que conservar esa legitimidad arquitectónicamente: el
118 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
gobierno debe demostrar que tiene una capacidad probada para dar respuesta a
las demandas y expectativas sociales creadas. Pero también hay que conservar
esa legitimidad horizontalmente: haciendo a los actores copartícipes de la gestión
y de los procesos de decisión en un esquema de participación democrática.
En el ámbito latinoamericano, las propuestas de reforma de la Administración
Pública desde fines de los años 90, han surgido desde el Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo, más conocido como CLAD. El CLAD. Es un
organismo público internacional, de carácter intergubernamental. Se constituyó
en el año 1972 por iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela y
su creación fue recomendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(Resolución 2802-XXVI), con la idea de establecer una entidad regional, que tuviera
como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas como
factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social.
Su misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos
en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración
Pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la
publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información,
la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de
cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras regiones.
Bajo su propuesta, los Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado
han aprobado en las Cumbres la “Carta Iberoamericana de la Función Pública”,
en Bolivia, en 2003; el “Código Iberoamericano de Buen Gobierno”, en Uruguay,
en 2006; la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”, en Chile, en 2007; la
“Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública”, en El Salvador, en 2008,
y la “Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana”, en Portugal, en 2009,
entre otros documentos internacionales.
Las orientaciones de las reformas son críticas del modelo implantado desde el
Consenso de Washington. Son documentos poco conocidos salvo para el público
especializado, y su estudio resulta esencial, pues marcan un horizonte hacia el
cual los gobiernos de la región han pretendido reformar sus administraciones.
Hemos seleccionado para su análisis dos de las Cartas, las últimas, por ser las de
mayor desarrollo y complejidad y estar ellas más vinculadas a los paradigmas de
reforma actuales. Creemos que su análisis es importante para la construcción de
parámetros locales de reforma.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 119
1. La carta iberoamericana de gobierno electrónico
Fue aprobada durante la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado, en Pucón, Chile, durante el año
2007, y adoptada por la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, Santiago de Chile, en noviembre de ese mismo año.
La Carta es resultado del consenso alcanzado por los representantes de los
gobiernos iberoamericanos, en busca de definir un nuevo paradigma en cuanto
al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como
herramientas coadyuvantes en la mejora de la gestión pública, y propone un
conjunto de conceptos, valores y orientaciones que facilitan dicho objetivo. Sus
enunciados sirven como orientaciones de utilidad para el diseño, implantación,
desarrollo y consolidación de las TIC como herramientas para la mejora de la
gestión pública.
La principal orientación gira en torno al reconocimiento del derecho de los
ciudadanos a relacionarse electrónicamente con el Estado, y la correlativa
responsabilidad de los gobiernos en proveer las herramientas necesarias para
satisfacer ese derecho Por ello se subraya que la perspectiva desde la que se tiene
que abordar el empleo de las TIC en la gestión pública, es la del ciudadano y sus
derechos. Este cambio de paradigma crea una oportunidad para que la sociedad
sea la dinamizadora del Gobierno Electrónico y no una simple destinataria.
1.1 Preámbulo de la Carta
Si realizamos un análisis pormenorizado de la Carta, sobre todo de su Preámbulo,
advertiremos que sus afirmaciones, como en todo preámbulo, son tanto
consideraciones fácticas, valores deseados y objetivos a alcanzar.
Una de las primeras afirmaciones es la que sostiene que si bien la información y
el conocimiento constituyen factores esenciales de la productividad y el desarrollo
humano, dadas las profundas desigualdades sociales en América Latina, aquellas
pueden constituirse en un factor que profundice esa característica, con lo cual el rol
del Estado resulta primordial para facilitar la inclusión y fortalecer la cohesión social.
Otro de los presupuestos fuertes, por sus consecuencias, es el que sostiene
son las barreras que el espacio y el tiempo ponen entre los ciudadanos y sus
Administraciones y que alejan al ciudadano del interés por la cosa pública.
Consecuencia lógica de ello (no explicitada) sería que las TIC pueden modificar
ese estado de cosas.
120 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
La Carta Iberoamericana reconoce el derecho de acceso electrónico a las
Administraciones Públicas. Se pretende, por un lado, reconocer a los ciudadanos
un derecho que les facilite su participación en la gestión pública y sus relaciones
con las Administraciones Públicas y que contribuya también a hacer éstas más
transparentes y respetuosas del principio de igualdad, a la vez que más eficaces
y eficientes y, por el otro, como objetivo estratégico indirecto, el de promover la
construcción de una sociedad de información y conocimiento, inclusiva, centrada
en las personas y orientada al desarrollo.
En ese marco, se establece, desde el propio Preámbulo, el derecho del ciudadano
a conocer, con la facilidad que implican los medios electrónicos, lo que está
haciendo la Administración, tornándola más transparente y, por ello mismo, más
controlable para luchar contra la corrupción y generar confianza en los ciudadanos.
Tienen también los ciudadanos el derecho de promover la inclusión y la igualdad
de oportunidades de forma que todos los ciudadanos puedan acceder, cualquiera
que sea su situación territorial o social, a los beneficios que procura la sociedad
del conocimiento. Otro de los derechos, clásicos desde este tipo de perspectiva,
es el de participar activamente emitiendo opiniones, sugerencias y en general en
el seguimiento de toma de decisiones, así como sobre el tipo de servicios que el
Estado provee y el modo de suministrarlo.
Los redactores de la Carta instan a la cooperación, coordinación e interoperabilidad
internacional. Así, solicitan a los Estados que, en la construcción de la Sociedad
de la Información y el Conocimiento, eviten adoptar medidas y tomar decisiones
unilaterales contrarias al Derecho Internacional, realizando acciones tendientes a
contribuir a la plena consecución del desarrollo económico y social de la población
de los países afectados y al bienestar de sus ciudadanos.
En concordancia con la orientación político-ideológica del CLAD, contraria al
neoliberalismo, la Carta reconoce el rol insustituible que le corresponde a los
Estados en estas materias, para garantizar la universalización a toda la población
y la continuidad de los servicios electrónicos y el fortalecimiento de la democracia.
1.2. Capítulo primero - finalidad y ámbito de la Carta
La Carta establece, como uno de sus primeros objetivos, el “de determinar las
bases conceptuales y los componentes que constituyen el Gobierno Electrónico” para
Iberoamérica. Si bien establecer un objetivo conceptual, como primer objetivo,
podría parecer superfluo en un documento orientativo para las políticas públicas,
hay que tener en en cuenta la gran cantidad de definiciones y orientaciones
(muchas de ellas contradictorias), que se han dado en la literatura a lo largo de
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 121
los recientes años sobre esta nueva materia. Ello hace necesario establecer una
definición mínima para cerrar el debate en torno a este concepto.
El segundo de los objetivos tiene que ver con la “definición de los contenidos del
derecho de los ciudadanos a relacionarse de forma electrónica” con sus Gobiernos
y Administraciones Públicas. El tercer objetivo es el de “conformar un marco
genérico de principios rectores, políticas y mecanismos de gestión”, llamado a
constituir un lenguaje común para el Gobierno Electrónico en los países de la
comunidad iberoamericana. El último, objetivo de la Carta, es el de “servir como
orientación para el diseño, regulación, implantación, desarrollo, mejora y consolidación
de modelos nacionales de Gobierno Electrónico en la gestión pública”.
Entre las finalidades explícitas establecidas en el Punto 2 de la Carta se enumeran
las siguientes:
a. Aproximar los Gobiernos y sus respectivas Administraciones a los
ciudadanos […].
b. Incrementar la calidad de los servicios y productos públicos que el Estado
tiene que suministrar a los ciudadanos al mejorar la eficiencia, la eficacia
y garantizar una mayor transparencia […].
c. Contribuir a que los países iberoamericanos accedan en plenitud a la
Sociedad de la Información y el Conocimiento mediante el impulso que,
para la misma, supone el efectivo establecimiento del Gobierno Electrónico
[…].
d. Coadyuvar a la consolidación de la gobernabilidad democrática, mediante
la legitimación efectiva de los Gobiernos y sus Administraciones que
comporta el potencial democratizador del Gobierno Electrónico.
e. Optimizar, con ocasión de la implantación del Gobierno Electrónico,
los modos de organización y de funcionamiento de los Gobiernos y sus
Administraciones, simplificando trámites y procedimientos.
f. Fomentar el uso de los medios electrónicos en los demás ámbitos de
la sociedad a través de la percepción de la utilidad que presentan en la
Administración Pública.
g. Sensibilizar a las Administraciones para que ofrezcan sus servicios y
se interconecten con la ciudadanía a través de estrategias de múltiples
canales de acceso.
h. Desarrollar en la implementación del Gobierno Electrónico, acciones que
apunten a generar información para que redunden en conocimiento social,
con el objetivo de aumentar la competitividad y mejorar el posicionamiento
de cada comunidad […] (Punto 2 – Finalidades – Carta Iberoamericana de
Gobierno Electrónico).
122 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, entiende las expresiones
Gobierno Electrónico y Administración Electrónica, como sinónimos; la primera
es más utilizada en Latinoamérica y la segunda en España. Para la Carta ambos
conceptos son considerados como sinónimos:
[…] el uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información
y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la
gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público
y la participación de los ciudadanos (Punto 3 – Concepto de Gobierno Electrónico
– Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico).
Según la Carta, el Gobierno Electrónico se propone la satisfacción de las necesidades
así como contribuir al desarrollo de la sociedad, por lo que –entiende– jamás
podrá consistir en una simple respuesta a las ofertas tecnológicas que provienen
del mercado. Por ello, –continúa– aquél se encuentra indisolublemente vinculado
a la consolidación de la gobernabilidad democrática, y tiene que estar orientado a
facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en el debate público y en la
formulación de la política en general o de las políticas públicas sectoriales, entre
otros medios, a través de consultas participativas de los ciudadanos (Conf. Punto
4 de la Carta).
Más adelante, en el Punto 24 -Interoperabilidad de Servicios-, se señala que el
Gobierno Electrónico constituye la oportunidad de dar respuesta plena al reto de
conseguir una gestión pública más eficiente y de establecer pautas de colaboración
entre Administraciones Públicas.
Los Principios de la Carta, que se encuentran enumerados en el Epígrafe 6º,
son los de igualdad, legalidad, conservación, transparencia y accesibilidad,
proporcionalidad, responsabilidad y adecuación tecnológica, con los que deben
interpretarse y complementarse todos los derechos, principios y exigencias
establecidos en su texto.
Respecto al primer principio, el de igualdad, se subraya que en ningún caso
el uso de medios electrónicos puede implicar la existencia de restricciones o
discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones
Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación
de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento
administrativo.
En cuanto al principio de legalidad, la Carta adopta el paralelismo o igualdad
de garantías previstas en los modos tradicionales de relación del ciudadano con
el Gobierno y la Administración. Así, las garantías de los trámites electrónicos,
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 123
deben ser las mismas que las que se reconocen en formato papel o presencial,
aún cuando aquellos supongan un simplificación general en las transacciones.
Respecto al principio de conservación, se señala la necesidad de garantizar que
las comunicaciones y los documentos electrónicos se conserven en las mismas
condiciones que en los medios tradicionales. En cuanto al principio de transparencia
y accesibilidad, se garantiza que la información de las Administraciones Públicas y
el conocimiento de los servicios por medios electrónicos, se hagan en un lenguaje
comprensible según el perfil del destinatario.
La accesibilidad Web se refiere a la capacidad de acceso a la Web y a sus contenidos
por parte de todas las personas, con prescindencia de toda eventual limitación.
Es muy importante que entre los principios, se resalte que los requerimientos de
seguridad deben ser adecuados a la naturaleza de la relación que se establezca
con la Administración (principio de proporcionalidad). Esto permite diseñar
políticas adecuadas al tipo de trámite, como la responsabilidad, de forma tal que
la Administración y el Gobierno respondan igualmente por los actos realizados a
través de medios electrónicos y de medios tradicionales.
Por último, el principio de adecuación tecnológica establece que las
administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para satisfacer sus
necesidades, recomendándose el uso de estándares abiertos y de software libre
en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y para prevenir que el
conocimiento público no sea privatizado.
1.3. Capítulo segundo - derecho al gobierno electrónico
La Carta establece el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente
con sus Gobiernos y Administraciones Públicas de forma tan amplia como lo
permita la naturaleza del trámite y la pretensión de que se trate. Según la Carta,
ello supone que las Administraciones estén interrelacionadas entre sí con el fin de
simplificar los procedimientos y que cuenten con leyes de acceso a la información
pública.
Los detalles de este derecho de amplio alcance están enumerados en el Punto 9
de la Carta e incluyen las facultades de:
•
Dirigir por vía electrónica todo tipo de escritos, recursos, reclamaciones
y quejas como si se hubieran realizado por medios tradicionales así
como utilizar documentos administrativos electrónicos en las mismas
condiciones.
124 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
•
•
•
•
•
•
Realizar todo tipo de pagos, presentar y liquidar impuestos y cualquier
otra clase de obligaciones.
Recibir notificaciones cuando tal medio sea aceptado por el ciudadano o
cuando así lo solicite.
Acceder a la información administrativa general con igual grado de fiabilidad
que la que es objeto de un anuncio en diarios o boletines oficiales.
Acceder a los expedientes para conocer su estado.
Acceder a información pública de alto valor agregado que sirva para
aumentar la competitividad.
Evitar la presentación reiterada ante la Administración de documentos que
ya obren en poder de la misma o de otra, especialmente si son electrónicos.
Este último derecho, el evitar el requerimiento de documentación ya en poder de
la administración, presupone dos principios fundamentales existentes en todo
plan de Gobierno Electrónico: “Simplificación Registral” y “Ventanilla Única”,
íntimamente relacionados entre sí y que debieron tener un mayor desarrollo en la
Carta. Según el primero, si alguien ya ha entregado cierta información al Estado,
éste no debería volver a pedirla, salvo que sea preciso actualizarla, obviamente. El
principio de Ventanilla Única supone que el Estado, idealmente en su sentido más
amplio, debe presentarse ante la sociedad como una única entidad, independiente
de su estructura interna y sus divisiones políticas o territoriales. Bajo este
principio, el Estado asume él mismo el costo de su complejidad y distribución
política, jurisdiccional y administrativa y se muestra como uno solo.
Para lograr el ejercicio efectivo de este derecho, la Carta enumera, a su vez, algunas
herramientas, instrumentos o regulaciones del Gobierno Electrónico. Una de las
primeras, es la identificación de los ciudadanos, Administraciones, funcionarios
y agentes, así como la autenticidad de los documentos electrónicos, equipos y
sistemas. Otro punto es la necesidad de que las direcciones electrónicas de las
Administraciones Públicas sean accesibles para todos los ciudadanos y, como su
complemento, la regulación y el establecimiento de registros electrónicos a los que
los ciudadanos puedan dirigir sus comunicaciones electrónicas (con confirmación
de su recepción). El siguiente ítem que menciona la Carta, el régimen de los
documentos y archivos electrónicos, es regulado más adelante.
Uno de los puntos transcendentales en cualquier política de Gobierno Electrónico
es de la Seguridad y ello no sólo por cuanto la seguridad jurídica y física son
necesarias para las operaciones y transacciones de todo tipo, sino porque aquella
aporta el elemento de confiabilidad necesario, al ser los documentos electrónicos,
elementos intangibles. Respecto a esta problemática, la Carta establece que los
Estados iberoamericanos aprobarán las normas jurídicas y técnicas necesarias,
para que los ciudadanos y las Administraciones Públicas en sus relaciones
electrónicas puedan tener seguridad y confianza, tanto en lo que se refiere a la
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 125
identidad de la persona, órgano o institución que se comunica, como en lo que se
refiere a la autenticidad e integridad del contenido de la comunicación, así como,
consecuentemente, por la imposibilidad de ser repudiada por el emisor.
Un tema también clave para establecer un verdadero acceso a la información
y para garantizar la comunicación, poco regulado hasta el momento, es el de
las direcciones electrónicas de las Administraciones Públicas. La Carta establece
que “los Estados iberoamericanos regularán sobre las direcciones electrónicas de las
Administraciones Públicas garantizando que los ciudadanos las puedan conocer con
facilidad” (Epígrafe 13, segundo párrafo de la Carta).
Se establece que las Administraciones Públicas serán responsables de la
integridad, veracidad y calidad de los datos, servicios e informaciones en sus sitios
electrónicos y portales. También de la información que publican, debiendo aclarar
cuál es el órgano responsable de los mismos y de su puesta al día. Por ello que
en los sitios electrónicos no podrán figurar avisos de exención de responsabilidad
por su contenido. Caso contrario –agrega la Carta–, esos sitios o direcciones
no podrán considerarse una sede electrónica, ni formará parte del sistema de
Gobierno Electrónico “y así deberá figurar con caracteres relevantes en todas sus
páginas” (Punto 14 de la Carta).
En el Punto 15 de la Carta con el título Registros Electrónicos se establece que
la confirmación de la recepción de los envíos digitales se hará mediante copia
autenticada, realizada automáticamente, en los que constará la fecha y hora de
presentación.
Como consecuencia del principio de igualdad establecido en el Epígrafe 6º
-Principios del Gobierno Electrónico y que hemos desarrollado más arriba,
en el Punto 17 de la Carta -Consecuencias del Gobierno Electrónico sobre el
procedimiento administrativo-, se establece que los Estados deberán prever que
puede haber quienes quieran relacionarse con medios electrónicos y quienes
no lo deseen en un mismo expediente por lo que ello obligará a reconocer el
derecho de ambos y permitir la concurrencia de modos de acceso. Se reitera el
derecho de que en todo caso los ciudadanos deberán poder conocer por medios
electrónicos el estado de tramitación de los expedientes y se agrega que el acceso
al expediente podrá hacerse por comparecencia en la oficina pública o, en su
caso, a un expediente electrónico. Se aclara, a renglón seguido, que el acceso al
expediente en la oficina pública no implica per se su acceso en formato papel; es
decir, para aquellos que no estén familiarizados con las TIC, o no quieran emplearlas
desde sus propios domicilios u oficinas, las Administraciones deberán facilitar y
poner a su disposición aparatos, equipos y personal de apoyo preparado para
acceder electrónicamente desde dichas oficinas públicas o acreditar su identidad
personalmente para remitir sus escritos por medios electrónicos desde la propia
126 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
oficina pública de información. Como consecuencia de todo ello, se consagran las
oficinas únicas de atención y de acceso por múltiples canales.
1.4.Capítulo tercero – condiciones generales para el establecimiento
y desarrollo del gobierno electrónico
La Carta es explicita, en su último capítulo, acerca de cuáles son las condiciones
para el establecimiento y desarrollo del Gobierno Electrónico.
En primer lugar, en su Epígrafe 19, reconoce que los Estados deben tener en cuenta
los problemas del tránsito hacia un sistema integral de Gobierno Electrónico, para
lo que tomarán las medidas necesarias para resolverlos. Entre ellas destaca las
de interoperabilidad e integración entre diversas jurisdicciones, por un lado, y el
componente formativo, por el otro.
Esto último implica, entre otras cosas, desarrollar metodologías de planificación
específicas (que incluyan la evaluación y el monitoreo), generar estrategias de
gestión y producción de información pública y gestionar redes, basadas en modelos
de gestión de conocimiento. Es por ello que la planificación ocupa otro ítem
importante en la Carta. Se establece que una vez definido el objetivo, es preciso
determinar los plazos de ejecución teniendo en cuenta los costos-beneficios,
así como las estrategias y metodologías necesarias para la implementación,
entre las que destaca las de gestión y producción de información pública y de
gestión de redes. La Carta insiste en el factor tiempo y agrega que los “Estados
deberían asumir compromisos de calendarios en que concreten fechas de implantación
sucesiva de servicios” (Punto 21 –Planificación del Gobierno Electrónico– Carta
Iberoamericana de Gobierno Electrónico).
En el Epígrafe 23 -Las transformaciones de las Administraciones Públicasla Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico recomienda a los Estados
acordar nuevos marcos regulatorios en lo que tiene que ver con los desarrollos
propios de sistemas o sus adaptaciones como capital estatal intangible. Agrega
la necesidad de establecer mecanismos de transferencia y sistemas de apoyo
como una referencia más para la integración interjurisdiccional. En materia de
recursos humanos, sugiere que se establezcan programas de adaptación de los
empleados públicos a los nuevos sistemas de Gobierno Electrónico, promoviendo
su profesionalización, garantizando la sostenibilidad en el tiempo de la ejecución
de los procesos electrónicos. Se agrega la necesidad de adaptar las reglas de
procedimiento a las posibilidades que ofrecen las comunicaciones electrónicas.
Su último inciso, sugiere, sin caracterizarlos, la adopción de nuevos modelos
de gestión en la Administración Pública que fomenten la mejora continua de los
procesos y su constante innovación.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 127
2. La Carta Iberoamericana de participación ciudadana en la gestión
pública
Fue aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración
Pública y Reforma del Estado en Lisboa, Portugal, en 2009 y adoptada por la XIX
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Estoril,
Portugal, en diciembre de ese mismo año.
2.1. Objeto, fundamentos y principios de la participación ciudadana
en la gestión pública
El concepto de participación ciudadana en la gestión pública que adopta la
Carta está vinculado al “proceso de construcción social de las políticas públicas que,
conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía
los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y
los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las
comunidades y pueblos indígenas” (epígrafe 2), y debe ser complementado con lo
establecido en el Preámbulo donde se lo desagrega el derecho genérico de las
personas a participar colectiva e individualmente en la gestión pública con los
derechos de información, participación, asociación y expresión sobre lo público en
la busca de una democracia plena (ver también epígrafe 3).
Uno de los objetivos definidos en la Carta es el de definir los contenidos básicos
del derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a participar en la gestión pública
(epígrafe 1, punto b).
El vínculo entre la democracia y la participación es resaltado varias veces en la
Carta y está específicamente entre los Puntos 3 y 5. En concreto se establece que
[…]
La participación ciudadana en la gestión pública es consustancial a la democracia.
Los principios democráticos de la representación política deben complementarse
con mecanismos de participación de la ciudadanía en la gestión pública, que
permitan expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad.
La participación ciudadana en la gestión pública refuerza la posición activa de
los ciudadanos y las ciudadanas como miembros de sus comunidades, permite
la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus experiencias y
la potenciación de sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la
calidad de vida de la población.
128 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Asimismo, fomenta una nueva cultura, en la que la ciudadanía va adquiriendo una
mayor disposición a informarse acerca de los asuntos públicos, a cooperar y a
respetar la diversidad social y cultural, a interactuar dentro de ella y a favorecer la
comprensión intercultural.
Desde el punto de vista de los gobiernos, la participación ciudadana en la gestión
pública ayuda a abordar los conflictos y a propiciar acuerdos, así como a aumentar
la legitimidad y efectividad de las decisiones.
También establece la Carta que la participación ciudadana en la gestión
pública, cualquiera fuere su objeto, debe combinar formas orgánicas con formas
procedimentales. Se añade, además, que el objeto es tender a la institucionalización
de la participación como a la modificación de los equilibrios de poder a favor
de aquellos que se encuentren sub representados en los circuitos de decisiones.
La Carta no efectúa distinciones según el derecho a participar, sea ejercido (o
reclamado) en forma individual o colectiva. Esta última, supone, el derecho a
organizarse en colectivos sociales y organizaciones representativas (epígrafe 35 i).
Queda establecido en el epígrafe 6 el doble vínculo existente de la participación
ciudadana en la gestión como derecho activo exigible a los poderes públicos
por los ciudadanos y las ciudadanas y su contraparte, esto es, ser una
responsabilidad cívica (corresponsabilidad social, según se lo define más
adelante en el epígrafe 10), punto que se desarrolla en el epígrafe 39.
Finalmente, cierra la sección con un listado de principios aplicables a la participación,
entre los que se destacan los de igualdad y la autonomía; el primero de ellos,
porque es derecho es de cada ciudadano, por lo que los Estados iberoamericanos
deben establecer las garantías necesarias para que cualquier derecho sea ejercido
en igualdad de condiciones; el segundo, autonomía, porque todo derecho debe
ejercerse con total libertad y auto-organización. Complementan, entre otros, la
constitucionalización, institucionalización, gratuidad y corresponsabilidad social.
2.2. La participación como organización y proceso
Un aspecto esencial que aparece en la Carta, es la necesidad de regulación de
la participación. En su epígrafe 20, reconoce que la participación en la gestión
pública puede adoptar distintas formas. Así, habrá pluralidad de formas según
el objeto de la participación: si se la ejerce sobre la toma de decisiones públicas,
sobre la actividad administrativa o sobre la evaluación de sus resultados. Y será
distinta si este derecho se ejerce en forma individual o en forma colectiva. La
participación puede canalizarse a través de procedimientos, instancias o ambos.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 129
Tendrá, por último, variantes según los tipos de sujetos sociales sobre los que
recae la política pública.
Los componentes básicos del derecho de participación ciudadana en la gestión
pública aparecen desarrollados en el Punto 35. Allí se consigna la necesidad de
que los ordenamientos jurídicos estatales reconozcan a todos los habitantes el
derecho genérico de participación ciudadana en la gestión pública y garanticen su
ejercicio efectivo. Y, en una enumeración mínima (no taxativa), se detallan en diez
incisos diferentes los derechos participativos en la gestión pública, que hemos
agrupado temáticamente para mejor comprensión, incluyendo otros que parecen
desperdigados todo a lo largo de la Carta.
Respecto al derecho de intervenir en las distintas fases de la proceso de formación
de políticas públicas, el más genérico de la enumeración, aparece en primer lugar
(epígrafe 35 inciso a), se encuentra íntimamente vinculado con el de ser informado
expresamente sobre el derecho de participación ciudadana en la gestión pública,
sus contenidos, las formas y procedimientos para su ejercicio y los entes y
órganos de la respectiva Administración Pública competente con la que se pueden
relacionar para participar (inciso g del mismo epígrafe).
En el epígrafe 38 aparece otro de los principios generales: el derecho a reclamar
derechos a través de acciones ciudadanas de interés público, como el derecho de
petición (que es establecida en la propia Carta), la acción popular, la acción de
amparo o tutela y la acción de cumplimiento.
Por su parte, el derecho a la presentación de solicitudes, proyectos y propuestas y
de recibir respuesta, comprende el de presentarlas en el ámbito competencial de
los entes y órganos públicos de los diferentes ámbitos territoriales, así como el de
recibir las respuesta.
Se reconoce el derecho a participar, a través del trámite que sea previsto, en la
elaboración, modificación y revisión de los proyectos normativos y disposiciones
de carácter general que les afecten, en particular a determinados colectivos
sociales (epígrafe 35 inciso d).
Según el epígrafe 35 inciso f) es un derecho el solicitar y obtener información
pública necesaria, referida a la gestión pública, que sea completa, oportuna, veraz
y actualizada. Este derecho es instrumental pues, como veremos, aparece como
un prerrequisito para poder ejercer útil y eficazmente el derecho de participar.
La Carta consagra que el derecho genérico de participación ciudadana en la gestión
pública, incluye el poder denunciar ante las autoridades competentes cuando se
perciba la obstaculización del ejercicio de la participación, de conformidad con el
ordenamiento jurídico nacional (epígrafe 35 inciso h).
130 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Siguiendo la línea de lo ya establecido por la Carta Iberoamericana de Gobierno
Electrónico, se sostiene en el epígrafe 36 que la aplicación de las tecnologías
de información y comunicación a los procesos de participación ciudadana en la
gestión pública, posibilita el desarrollo del derecho ciudadano a relacionarse y
comunicarse electrónicamente con sus Gobiernos y Administraciones Públicas,
sin que esto genere restricciones para aquellos que usen medios tradicionales.
Para hacer efectivo este derecho, los Estados iberoamericanos promoverán el
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, facilitando la
participación, especialmente, de los pueblos indígenas y grupos poblacionales
marginados y culturalmente diversos (epígrafe 37).
En el epígrafe 35 inciso i) aparece consagrado el derecho a organizarse en colectivos
sociales y organizaciones representativas de los ciudadanos y las ciudadanas, y
conformar redes sociales, con miras a potenciar la capacidad de incidencia sobre
la gestión pública.
El último inciso del epígrafe 35 señala el derecho a “Seguir, medir y evaluar la
gestión pública y sus resultados, de conformidad con las necesidades y ópticas de
la ciudadanía, de los colectivos sociales y pueblos indígenas”. En el epígrafe 16 se
señala, además, que es un derecho de la ciudadanía medir y evaluar los resultados
e impactos de las políticas públicas y se afirma que ello facilitará la intervención
independiente de la sociedad en el seguimiento, evaluación y su control.
Los derechos a la participación en la gestión pública (así como su ejercicio)
suponen, por su parte, la responsabilidad de los ciudadanos y organizaciones
colectivas. Como señala la Carta en su epígrafe 39, el derecho de participación
conlleva responsabilidades cívicas. Así, esa responsabilidad cívicas que implican:
•
•
•
•
•
Conocer y hacer un uso adecuado de los mecanismos de participación.
Informarse sobre los aspectos de interés público y sobre las competencias
asignadas a la entidad pública a la cual se dirija.
Escuchar las razones presentadas por los representantes de la Administración
Pública y, en los casos de ser necesaria la contra argumentación, hacerlo
de acuerdo con razones que obedezcan a la mayor objetividad posible y
mediante una actitud de diálogo.
Respetar y propiciar decisiones públicas que prioricen el interés general de
la sociedad.
Intervenir en los procesos de evaluación de la participación ciudadana, así
como de sus actuaciones, de manera que permita aprendizajes para su
mejora.
Todo derecho supone una garantía para su ejercicio. En su epígrafe 22, la Carta señala
que para garantizar la participación individual y colectiva las Administraciones
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 131
Públicas propiciarán medidas tendientes a posibilitar el acceso a información
de interés general; difundir los canales de comunicación abierta y permanente
con cada área de la Administración; su vinculación con la ciudadanía por su sola
condición de tal; la respuesta en tiempo y forma adecuados a toda consulta,
solicitud o propuesta presentadas; la provisión de mecanismos participativos
especiales para incluir a todo ciudadano y ciudadana que tenga dificultades para
comunicarse con la Administración, o limitaciones para acceder a los mecanismos
de participación ordinarios; la gestión transparente de intereses, a instancias de
colectivos ciudadanos para manifestar reclamos, propuestas o consultas en el
marco de las políticas y normas vigentes.
Para finalizar, es importante señalar que la Carta recomienda a las Administraciones
Públicas procurar que los diferentes contenidos del derecho a la participación
en la gestión pública, sean jerarquizados a través de su constitucionalización,
regulando los mecanismos, procedimientos y garantías que requiere (epígrafe 10
inciso a).
2.3. El acceso a la información pública como presupuesto de la
participación y control
La mayor participación requiere la generación de canales de participación; requiere
del establecimiento de regulaciones que determinen los derechos, obligaciones y
responsabilidades, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios, tanto unos
como otros, proactivos, con vocación civil para el cambio.
Pero es también necesario brindar los instrumentos necesarios que posibiliten
esa participación. El acceso a la información pública es uno de los requisitos
necesarios para el ejercicio del derecho de participación en la gestión pública en
sus distintas formas, que debe enmarcarse en otro de los principios generales que
debe orientar la gestión pública: el principio de transparencia.
Justamente, es por ello que la Carta Iberoamericana dedica un capítulo
especial a este recaudo, que ha recibido amplia recepción en las Constituciones
latinoamericanas, y lo reconoce como sustento de la participación, señalando,
también, como principios que el acceso y la entrega de la información deben
estar encuadrados en los de relevancia, exigibilidad, accesibilidad, oportunidad,
veracidad, sencillez, comprensión y máxima divulgación.
En su epígrafe 40, la Carta Iberoamericana de Gestión en la Participación
Ciudadana en la Gestión Pública señala que “El acceso a la información es un
derecho que sustenta el adecuado funcionamiento de la democracia puesto que es
132 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
condición para garantizar otros derechos y, en particular, el de participación ciudadana
en la gestión pública” y a continuación (epígrafe 41) establece las condiciones de
su efectividad y el principio de su gratuidad.
Referente al punto de la gratuidad en el proceso de participación, establece que
cuando hubieren tasas y precios para la recepción de la información solicitada,
las normas que los establecen así como las condiciones de su dispensa, deberán
hacerse conocer.
Vinculado con el control, la Carta señala que los Estados pondrán a disposición,
sin que necesariamente medie solicitud, información actualizada referida a la
ejecución y resultados de las políticas públicas así como información relativa a
los servicios y prestaciones que ofrecen y los requisitos, condiciones, trámites
y plazos de los procedimientos administrativos y los medios para acceder a
ellos, todo ello para facilitar la participación ciudadana y el control del manejo
de la cosa pública (epígrafes 44 a 46).
Algunas reflexiones finales
Como hemos podido intuir, muchas de estas reglas ya están en las Constituciones
políticas de los Estados o en sus normas positivas para las que hay poca
operatividad. Esto nos impide no sólo medirnos sino también compararnos.
Se puede advertir una visión neoinstitucionalista en los Códigos comentados, pues
las problemáticas están más centradas en la falta de capacidad institucional que
en las orientaciones de la gestión de la cosa pública que son, en definitiva, las
que condicionan la fortaleza, transparencia y apertura de las instituciones. En
efecto, el “Estado mínimo” no puede ser considerado una causa de las políticas
del neoliberalismo sino todo lo contrario.
Por ello también entendemos que es un error que muchas de las normas se
circunscriban al Poder Ejecutivo. Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo es,
sobre todo en el marco del presidencialismo fuerte que caracteriza al modelo
latinoamericano, el que debe cargar con mayores responsabilidades para
implementar las acciones que el Código propicia para alcanzar el buen gobierno,
lo cierto es que esas consignas, en la medida que correspondan, también deberían
ser aplicables y aplicadas por los Poderes Legislativo y Judicial, así como por
los órganos constitucionales creados fuera de la órbita de los poderes clásicos,
por los entes públicos no estatales y también por la sociedad, que padece, pero
también ampara, utiliza y convive con la corrupción, la falta de transparencia y los
favoritismos.
II. Enfoques jurídicos-institucionales | 133
Por otro lado, situar la responsabilidad del estado de cosas que es necesario
cambiar para lograr el buen gobierno sólo en cabeza de los más altos cargos del
Ejecutivo, es desconocer la responsabilidad que le cabe a los cuerpos intermedios
y empleados de las Administraciones. Aun cuando su responsabilidad y capacidad
de acción sean mucho menores, no por ello puede ignorarse el rol central que
desempeñan en la ejecución de las políticas de reforma de la Administración
Pública.
Y en este sentido, si bien el espíritu de las Cartas afirman que el Gobierno se
encuentra indisolublemente vinculado a la consolidación de la gobernabilidad
democrática y que por tal motivo tiene que estar orientado a facilitar y mejorar
la participación de los ciudadanos en el debate público y en la formulación de la
política en general, entendemos que resulta necesaria la existencia de una norma
que expresamente consagre ampliamente el derecho al acceso a la información y,
en especial que establezca las condiciones para ejercerlo cualquiera fuere el medio.
En esto las Cartas deberían haber avanzado hacia definiciones y recomendaciones
más operativas (Piana, 2010).
Teniendo en cuenta que el juicio de la ciudadanía sobre el desempeño de su
gobierno no puede darse por sentado, entendemos que el acceso a la información
es la clave de bóveda de una política participativa. El ciudadano debe tener la
capacidad de obtener y analizar por sí mismo la información relativa a la gestión
pública.
El derecho de cualquier habitante a acceder a información pública no es más que
la aplicación directa del principio republicano de la publicidad de los actos de
Gobierno y es una de las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado
de los sistemas democráticos.
A la fecha, el balance es desfavorable entre ese equilibrio necesario entre horizonte
de las políticas, las reformas y los resultados. Si las Cartas, que marcan el
horizonte de la gestión pública en Iberoamérica, se separan cada vez más de una
realidad que no mejora o que, en el mejor de los casos, lo hace más lentamente
que ese horizonte, corremos el riesgo de disolver su utilidad. Por ello, es hora de
elaborar los parámetros que traduzcan operativamente estos principios para que
se conviertan en realidad.
134 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
BIBLIOGRAFÍA
CLAD (1998). Una Nueva Gestión Pública para América Latina, disponible en: http://www.clad.org/
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III.
Aspectos económicos del
regionalismo actual: Comercio,
moneda e infraestructura
La dimensión económica en los acuerdos de
integración sudamericana
Rita Giacalone
Introducción
En Sudamérica existen distintos acuerdos con expectativas de representación
regional: UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas) y ALBA (Alianza
Bolivariana para Nuestra América), nacidos de proyectos de Brasil y Venezuela,
respectivamente, y la Alianza del Pacífico, formada por Chile, Colombia, México
y Perú. Estos acuerdos no responden a patrones tradicionales de la integración,
que atraviesan etapas como zona de libre comercio, unión aduanera, etc., pero
su dimensión económica, analizada en la segunda sección, permite captar las
diferencias entre ellos, más allá del discurso político que los envuelve. Previamente,
se resumen los lineamientos fundamentales de las políticas exteriores de Venezuela,
Brasil, Chile y Colombia y Perú que los sustentan. El objetivo es identificar de qué
forma los nuevos acuerdos expresan las preferencias económicas y políticas de
países sudamericanos que buscan influir en la integración regional y en la forma
de proyectar la región hacia el exterior.
El contexto regional en la primera década del siglo XXI – expansión económica por
el boom de las commodities y desinterés de Estados Unidos por América Latina
desde septiembre de 2001, excepto en cuestiones de seguridad y narcotráfico -generó en distintos gobiernos sudamericanos la expectativa de ampliar su rol en
el diseño de la arquitectura regional y en la inserción internacional de la región.
Esto se observa en los lineamientos de su política exterior y se instrumenta en
acuerdos regionales que expresan modelos económicos y políticos de gobiernos
que, aunque reconocen la necesidad de integrarse para tener peso como región,
también buscan proyectar sus preferencias nacionales en esa integración.
1. Las políticas exteriores de Venezuela, Brasil, Chile, Colombia y
Perú
Política exterior venezolana: Desde 1998, cuando alcanzó la presidencia Hugo
Chávez apoyado en una coalición cívica-militar de izquierda, la política exterior
de Venezuela combina realismo y geopolítica con la teoría de la dependencia.
Esto marca una clara diferencia con la política exterior de gobiernos previos, al
138 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
establecer que la posición dependiente de los países en desarrollo es consecuencia
directa del patrón de desarrollo capitalista de los países desarrollados. En esta
visión, los países dependientes no pueden ejercer soberanía a menos que rompan
su relación con el centro para obtener autonomía mediante la confrontación con
EEUU. Esta visión otorga un rol central a la planificación estatal a la integración
con países que tienen visiones políticas similares (Giacalone, 2013).
La política exterior de Venezuela se basa en el petróleo y los recursos financieros
que éste genera. Cambios en la política petrolera y el sistema tributario
acompañaron intentos de formar un bloque de países exportadores de petróleo
con posiciones políticas similares. La dificultad de constituirlo y de incidir en el
mercado internacional, hacen que el gobierno venezolano siga utilizando la OPEP
(Organización de Países Exportadores de Petróleo) con este fin. Hay también un
esfuerzo por sustituir a las compañías petroleras europeas y estadounidenses,
que operaban en el país, por otras chinas, rusas e iraníes. Aunque la diplomacia
del petróleo fue empleada por otros gobiernos antes de Chávez, es notoria la
asociación entre ayuda petrolera y gobiernos políticamente afines al venezolano
(Giacalone, 2013).
Regionalmente, el objetivo de exportar el proyecto político de Chávez se manifestó
desde el inicio de su administración, buscando hacerlo, primero, dentro de la
Comunidad Andina (CAN), a la cual pertenecía Venezuela. El gobierno venezolano
trató de convertirla en una Unión Bolivariana de Naciones que impulsara una
Confederación de Estados Latinoamericanos más política y militar que económica
(Cardozo, 2003-2004: 32). La promoción de una unión o confederación con
carácter supranacional se incorporó en la constitución de 1999. Venezuela enfatiza
la necesidad de alcanzar primero una integración política y militar de Sudamérica
para proceder luego a desarrollar sus aspectos sociales y económicos (Boersner,
2007). El principal objetivo de la política exterior de su gobierno, es desarrollar
una situación regional favorable, que internacionalice el bolivarianismo y cree un
eje anti-EEUU bajo liderazgo de Venezuela (Ojeda, 2001).
Al no lograr que el resto de la CAN adoptara su proyecto, Venezuela salió de
ella e ingresó al MERCOSUR (Mercado Común del Sur). Esto señala un cambio
importante -de lazos preferenciales con Colombia y buenas relaciones con EEUU
a lazos preferenciales con Brasil y enfrentamientos con EEUU-. La negociación
del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) estimuló el acercamiento
venezolano a Brasil y al MERCOSUR, por su coincidencia en oponerse al proyecto
estadounidense. Según Corbiere (2004: 10), en MERCOSUR tampoco logró
Venezuela alcanzar su objetivo102 de expansión política e ideológica en la región, lo
102 La falta de apoyo de Brasil se observa en el Punto 3 de la declaración conjunta firmada por los
presidentes de Venezuela y Brasil en ocasión de la visita de Lula Da Silva a Caracas (agosto de
2003).
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 139
que determinó que la propuesta discursiva de una “alternativa” al ALCA pasara a
convertirse en ALBA (Giacalone, 2007).
Entre 2003 y 2008, el boom de los precios internacionales del petróleo permitió
al gobierno venezolano financiar una política exterior proactiva para difundir en
la región su orientación ideológica. Venezuela es un ejemplo de “petro-política”,
política exterior basada en el petróleo –que se subsidia para países afines
(Petrocaribe)– y en los recursos financieros que el petróleo genera –que apoyan
una “diplomacia social” que financia en el exterior a grupos sociales y partidos
políticos ideológicamente afines– (Giacalone, 2013).
Política exterior brasileña: La política exterior brasileña muestra continuidad a lo
largo de las últimas décadas en objetivos como el desarrollo económico basado
en la industrialización, precondición para alcanzar autonomía internacional, y la
integración como plataforma para construir un bloque regional bajo liderazgo de
Brasil, que asegure su reconocimiento como poder medio. También se observa
continuidad en su estrategia regional de articular círculos concéntricos en
su entorno, para defender mejor sus intereses económicos frente a los países
desarrollados (Simoes, 2002: 27; Malamud: 2005). Moneta (2002: 109) la
resumen «como un ejercicio de agregación de poder para mejorar las condiciones
de negociación con países extra regionales y otras regiones», en el cual el centro de
interés brasileño no es la región sino los interlocutores externos. De todas formas,
esta estrategia asegura la expansión de las empresas brasileñas en Sudamérica
impulsada por la caída del mercado de MERCOSUR debido a recurrentes crisis
económicas, el riesgo de la liberalización comercial entre Colombia, Venezuela y
México en el Grupo de Los Tres (Martínez Puñal y Carneiro, 2001) y la posibilidad
de desarrollar el nordeste brasileño con los recursos energéticos de Venezuela.
A pesar de la continuidad, el tradicional pragmatismo brasileño ha ajustado los
objetivos de su política exterior al cambiante panorama internacional. Durante la
década del 2000 el boom de las exportaciones de commodities, en un contexto de
declive de las economías desarrolladas, impulsó a Brasil a trasladar la prioridad
del ámbito subregional (MERCOSUR) y regional (Sudamérica) al global. Según
Grugel y Medeiros (1999: 58-60), para fines de los noventa la integración cumplía
dos funciones para Brasil: 1) promover su crecimiento económico, al mejorar su
inserción en mercados regionales, y 2) ampliar su capacidad de liderazgo político
en América Latina. Una década después era más importante para Brasil jugar un
rol global y transformarse de actor económico (“global trader”) a actor político
(“global player”) (Saraiva, 2010, 2012).
Si MERCOSUR sirvió para convertir a Brasil en actor económico global, UNASUR le
sirve para afirmarse como actor político global. Esta evolución de actor económico
a político determina una diferenciación en el interés brasileño por la integración
140 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
económica (MERCOSUR) y la integración política (UNASUR). El regionalismo
brasileño admite distintos niveles porque sus intereses económicos (MERCOSUR)
se complementan con objetivos políticos y de seguridad en la UNASUR, para que
Brasil se proyecte globalmente como garante de institucionalidad democrática
y estabilidad en Sudamérica. UNASUR representa un paso intermedio entre el
nivel regional y el global, debido a su dualidad: mantiene los logros económicos
del MERCOSUR y muestra la contribución brasileña a la gobernanza regional y,
potencialmente, a la global.
Las políticas exteriores de Chile, Colombia y Perú: Entre 1990 y 2010 la
Concertación estableció los lineamientos de la política exterior de Chile, que no
parece tener diferencia con la del gobierno actual. La prioridad fue la inserción
unilateral en la economía global “para no pagar los altos costos de administración
de los acuerdos parciales ni los costos políticos de experimentos proclives a la
burocratización y el populismo” (Fuentes, 2011: 24-25, 31). Chile optó por una
liberalización comercial con bajos niveles de regionalismo, firmando tratados de
libre comercio con países desarrollados y en desarrollo. En la medida en que
el mercado interno chileno es pequeño y limita su potencial de crecimiento, el
acceso al mercado externo le permite resolver ese problema y convierte al sector
exportador en el motor económico (Guardia, 2011: 61-63).
La apertura comercial no significó el abandono de los organismos regionales,
pero Chile no se incorporó al MERCOSUR “porque un ingreso pleno… limitaba
su autonomía en términos de política comercial y su capacidad de continuar
reduciendo unilateralmente su arancel general. También implicaba subordinar
sus futuras negociaciones comerciales a los intereses del bloque” (Guardia,
2011: 67-68). Entre 1990 y 2010 Chile se ubicó como “potencia mediana”
orientada al Pacífico, con mercados externos diversificados, que opta por el
multilateralismo y usa los acuerdos comerciales para disminuir las hipótesis
de conflicto vecinales (Escobar, 2011: 49). La apertura comercial diversificó su
canasta exportadora en número de productos; aunque el cobre representa entre
40 y 50% de sus exportaciones, éste representaba entre 70 y 80% en décadas
previas. Sudamérica como región es la principal proveedora de importaciones
de Chile, tiene un rol fuerte en sus exportaciones y su IED hacia ella supera los
US$40 mil millones (Guardia, 2011: 74-75).
Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, 2012) señala que el desarrollo de Chile “depende… del comercio
exterior y la política exterior es… un medio para favorecer la internacionalización de
nuestra economía, fortalecer la promoción comercial y fomentar el desarrollo económico
y social nacional. Dado que este desarrollo se encuentra… ligado a su capacidad
exportadora, es de fundamental importancia que existan escenarios económicos
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 141
globales que favorezcan el libre comercio internacional y la reducción de barreras
comerciales de cualquier índole”. Mientras que, en lo relativo a integración regional,
“la atención se concentra en el desarrollo de la infraestructura regional, el fortalecimiento
de la conectividad, la coordinación de políticas sociales, la reducción de la pobreza, la
integración energética, el diálogo político y el libre comercio, objetivos que dan un sentido
real a la idea de integración”. Todo ello le permite a Chile presentarse como la salida
natural del MERCOSUR al Pacífico (Morales Ruvalcaba, 2007: 114).
En resumen, en términos globales y regionales la política exterior chilena se vincula
con el logro de objetivos pragmáticos. En ello coinciden Colacrai y Lorenzini
(2005: 45), quienes destacan como “fuerzas profundas” de continuidad en su
política exterior a la estabilidad institucional y los procesos políticos democráticos
(excepto por el gobierno de Pinochet), el presidencialismo, los factores territoriales,
el equilibrio regional y la diplomacia civil-pragmática.
En Colombia, se ha producido un giro reciente de su política exterior que es visto
como un esfuerzo por reinsertarse en Sudamérica, para diversificar sus relaciones
internacionales después de un período de alineamiento con EEUU, que culminó
en 2008 y 2009 con enfrentamientos con Ecuador y Venezuela. Sin disociarse de
su socio del Norte, el gobierno colombiano busca profundizar lazos económicos
y políticos con sus “aliados naturales” en América Latina (México, Chile y Perú)
y principalmente en Asia. También ocupa lugar especial la reactivación de las
relaciones económicas con Brasil que ya se habían impulsado entre 2003 y
2008. El reconocimiento regional a este esfuerzo ha sido el nombramiento de
la colombiana María Emma Mejía como secretaria general de UNASUR y el voto
sudamericano que llevó a Colombia a ocupar la silla rotativa regional en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas (2011-2012) (Ramírez, 2011).
En cuanto a objetivos, “la diversificación de las relaciones internacionales de
Colombia, tanto en el ámbito multilateral como también en la búsqueda de nuevos
socios y alianzas estratégicas en el ámbito internacional” es necesaria para avanzar
hacia la “prosperidad democrática” (Presidente Juan Manuel Santos, 2010). Esta
se basa en más empleo, menos pobreza y más seguridad, lo cual implica lograr
“crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades y consolidación de
la paz”.
Colombia fue incluida en 2010 en el grupo de los Civets (con Indonesia, Vietnam,
Egipto, Turquía y Sudáfrica), economías intermedias que comienzan una etapa
de despegue buscando pasar de gatos monteses (civets) a tigres. Cardona (2011)
considera que esto se ha convertido desde entonces en una meta para su gobierno.
Por ello las prioridades son “mejorar los indicadores sociales, la infraestructura, el
nivel de desarrollo en general, la competitividad, ser parte de la OCDE [Organización
142 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
para la Cooperación y el Desarrollo Económico] y… de la APEC (Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico)”. A ello se agrega que, desde el retiro de Venezuela, su
principal cliente y socio económico en los noventa, la CAN ha perdido interés para
Colombia.
Ardila (2011: 113) destaca la formación de nuevas alianzas internacionales por
parte de Colombia y su interés por la APEC, pues sus miembros representan
más de la mitad del PIB mundial y concentran el mayor crecimiento y desarrollo
económico. Según García (2011: 184), la vinculación transpacífica de Colombia es
menor que la de otras naciones latinoamericanas, pero resulta coherente porque
tres de las cuatro organizaciones que integran el sistema de cooperación del
Pacífico, entre ellas la APEC, siguen el modelo de regionalismo abierto103 que
prefiere el gobierno colombiano.
De los tres países, Perú es el que muestra más interés en la integración regional,
o al menos en acercarse a Brasil. Esto se debe a que Perú “ha comprendido que
se encuentra en el camino entre el corazón de Brasil y China” (Cardona, 2011: xxi),
ubicación geográfica que le permite ser cabecera de tres ejes interoceánicos de
la IIRSA, impulsados por Brasil para alcanzar la costa pacífica. De esta forma
puntos básicos de su política exterior son el fortalecimiento de la presencia de
Perú en Sudamérica y una mejor inserción en la economía global (España. Oficina
de Información Diplomática, 2012).
García Belaúnde (2010) considera que el gobierno de Alan García “decidió apostar
por una integración… con cada uno de aquellos países que son importantes para el Perú”,
lo cual incluye Brasil y China. La llegada al gobierno de Ollanta Humala, suscitó
expectativas de cambio, sin embargo, en su discurso de inauguración prometió
mantener el modelo económico neoliberal que se considera es el responsable del
crecimiento sostenido de la economía peruana en los últimos años. La política
exterior actual se basa en la concertación entre gobierno, partidos y sectores
económicos, lo que muestra continuidad con las administraciones previas (España.
Oficina de Información Diplomática, 2012).
En la primera década del siglo XXI, entre las líneas prioritarias de la política
exterior peruana, según su Cancillería (Marco de la política exterior peruana,
2004), estuvo la intensificación de las relaciones con los países industrializados
y los de Asia-Pacífico. En esa década Perú firmó tratados de libre comercio con
EEUU y la UE y Morales Ruvalcaba (2007: 114) señala que, al ser el único país
103 El regionalismo abierto, según la CEPAL (1994: 8), es un “proceso de creciente interdependencia
económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras
políticas, en un contexto de apertura y desregulación, con el objeto de aumentar la competitividad de los
países de la región y de constituir en lo posible un cimiento para una economía internacional más abierta
y transparente”.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 143
andino miembro de la APEC, Perú puede articular la región con Asia-Pacífico. Entre
2004 y 2009 Perú se ubicó con Chile, México, Argentina y Brasil, entre los cinco
países latinoamericanos responsables del 90 % de las exportaciones regionales a
Asia-Pacífico (Altemani, 2010: 70).
En general, Chile, Colombia y Perú, utilizan estrategias complementarias de
inserción internacional: 1) la continuación de las políticas de apertura económica
iniciadas en los ochenta (mediante acuerdos con países desarrollados de fuera de
la región); 2) la búsqueda de la integración regional o bilateral con sus vecinos;
y 3) las negociaciones multilaterales en la Organización Mundial de Comercio
(OMC). Ellas se basan en la necesidad de “ampliar mercados externos, estimular una
mayor competitividad internacional y… propiciar un desarrollo económico más estable
y duradero” (Rodríguez, 2007: 40). De forma pragmática, sus gobiernos buscan
equilibrar y moderar otras fuerzas políticas regionales para que la integración
que éstas impulsan, basada en el nacionalismo económico (MERCOSUR) o la
politización de la agenda exterior (ALBA), no entorpezca sus proyectos nacionales
de inserción internacional (Veiga y Ríos, 2007: 24).
UNASUR no es un problema para ellos, algo que cuestiona que este acuerdo
rechace el regionalismo abierto (Sanahuja, 2012: 2)104. Como señala Gambina
(2012: 122), “en la primera década del siglo XXI, en algunos países se procesa
un cambio asentado en la crítica a las políticas de libre mercado implementadas
previamente, lo que no supone el desmantelamiento de la institucionalidad derivada de
ese proceso… la UNASUR expresa la articulación de países que sustentan el clima…de
los noventa, de otros que critican las políticas de ese decenio y de países que…avanzan
en mutaciones… de rumbo socialista”.
2. La dimensión económica de ALBA, UNASUR y Alianza del Pacífico
2.1. ALBA/TCP (Alianza Bolivariana para Nuestra América-Tratado de
Comercio de los Pueblos)
El documento fundacional de ALBA firmado en diciembre de 2004 entre Cuba y
Venezuela destaca como base la afinidad ideológica, que reaparece cuando se
incorpora un nuevo miembro. En el documento original se hace referencia a su
carácter de proyecto alternativo al ALCA, fundamentado “en la creación de economías
cooperativas entre las naciones para compensar las desigualdades existentes entre los
países del hemisferio, dando prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación
en bloques subregionales”. En lo económico, se propone el desarrollo desde adentro,
104 UNASUR, además de no interferir con sus acuerdos comerciales extra-regionales basados en
el regionalismo abierto, apoya la integración de la infraestructura y de la energía y permite a
Chile, Colombia y Perú diseñar e implementar medidas regionales para enfrentar la crisis global
(Gambina, 2012).
144 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
para crear mecanismos propios de acumulación y generación de progreso técnico,
y orientar la industrialización hacia mercados internos prioritarios, para que “los
países latinoamericanos alcancen niveles de excelencia que les garanticen una sólida
inserción en la economía mundial”. Entre sus objetivos incluye crear “un modelo
económico productivo humanista, soberano, solidario y ambientalista”, diseñar una
estrategia de integración energética, impulsar el mercado interno sudamericano
y fortalecer el rol del Estado en la producción estratégica. Además se plantea
la necesidad de identificar cadenas productivas que complementen fortalezas
en recursos naturales, promover el comercio intra-regional justo y establecer un
sistema monetario regional (Instituto Pedro Gual, 2007: 23-24, 25, 26).
La afinidad ideológica de los gobiernos de ALBA incluye una visión bastante similar
del desarrollo económico -mientras Bolivia y Ecuador enfatizan, respectivamente
el “vivir bien” y el “buen vivir”, inspirados en raíces indígenas, Venezuela está más
cerca del modelo socialista cubano-. Aunque esta visión se considera basada en la
solidaridad antes que en la acumulación (Bancerz, 2011), la propuesta de Bolivia
en 2006 de incluir la suscripción de Tratados de Comercio de Los Pueblos (TCP)
en el acuerdo, indica que los aspectos comerciales de la relación con Venezuela
son importantes para sus otros miembros105.
En 2011 se estimaba que el intercambio comercial dentro del ALBA había
alcanzado 22 mil millones de dólares en 7 años, con un máximo en el 2008 debido
a los altos precios petroleros. En 2011, el Correo del Orinoco, periódico que refleja
la opinión del gobierno venezolano, calificaba al ALBA como “una zona comercial”
que, con la salida de Venezuela de la CAN, se convertiría en el segundo bloque
latinoamericano en importancia, después del MERCOSUR (El Universal, 2011). En
2012 se incluía entre los objetivos generales y estratégicos del Programa Patria
(2012: 35), programa de desarrollo venezolano para 2013-2019, “construir la
Zona Económica del ALBA mediante el andamiaje económico necesario, fortaleciendo
el papel del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) y del Banco del
ALBA…”.
Fuera de Venezuela se observa mejor la dimensión económica del acuerdo. En Cuba,
el petróleo venezolano es el “colchón” sobre el cual descansa la alianza política
y económica entre los dos países, ya que la isla recibe 100.000 barriles diarios
de crudo a precios preferenciales, a cambio de unos 30.000 técnicos (del sector
salud, educación y deportes). Venezuela es el primer socio comercial de Cuba,
con un intercambio que supera 3500 millones de dólares anuales. Recientemente,
Cuba y Venezuela firmaron acuerdos comerciales por 1300 millones de dólares
(González-Calero, 2011). El Banco de Comercio Exterior de Venezuela (Bancoex)
105 Stefanoni (2012) destaca que el “vivir bien” incorporado en la constitución boliviana no se refleja
en la discusión micro o macroeconómica en ese país y no plantea eliminar el capitalismo sino
establecer un modelo pluralista con economía comunitaria, estatal y privada.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 145
estima que las exportaciones venezolanas a Cuba, Nicaragua, Ecuador y Bolivia
-mayoritariamente de petróleo y derivados a precios subsidiados- sumaron 4.200
millones de dólares en 2009, mientras que las importaciones venezolanas de
ellos alcanzaron 1.300 millones. En Ecuador, donde la dependencia económica es
menor, las exportaciones petroleras venezolanas representaron 1.136 millones de
dólares y las no petroleras, 67,4 millones, frente a importaciones por 607 millones
en 2009 (EFE, 2011).
En este sentido, cualquier cambio en la relación económica con Venezuela
preocupa a los gobiernos de ALBA. En Nicaragua, los empresarios impulsan un
tratado de comercio con Venezuela para “sustituir” la voluntad política por un
documento que otorgue certidumbre a sus exportaciones a ese mercado -un total
de 127,2 millones de dólares en el primer semestre de 2010, frente a 2 millones
antes del ingreso a ALBA-. En Bolivia hay inquietud por la sostenibilidad de la
relación comercial: en el primer cuatrimestre de 2010 las exportaciones bolivianas
a Venezuela alcanzaron 340,3 millones de dólares y las importaciones, 289,6
millones, con saldo favorable a Bolivia por 41,6 millones, pero Bolivia adeudaba
en 2010 a Venezuela 319,7 millones de dólares por gasóleo importado para cubrir
la demanda interna (EFE, 2011)
El aumento del comercio intra-ALBA se acompaña del desarrollo de una moneda
virtual (SUCRE). En su primer año de existencia, 2010, hubo seis operaciones
por 10 millones de sucres, equivalentes a 12 millones de dólares, pero en 2011
se realizaron 431 operaciones por 216 millones de sucres (270 millones de
dólares) (El Mundo, 2012). El ingreso de Venezuela al MERCOSUR, seguido por
los de Bolivia y Ecuador, crea expectativas acerca de que se impulse la utilización
del sucre en ese acuerdo (Pereira, 2012: 14), ya que los tres lo utilizan en sus
relaciones comerciales.
Al crearse el Banco del ALBA (2008) se planteaba que promovería y administraría
fondos de financiamiento reembolsables o no reembolsables para fomentar el
desarrollo económico, social y ambiental, el comercio justo, la asistencia técnica
y la investigación y el desarrollo (Hernández, 2008). Un ejemplo es el Fondo de
Crédito Rotatorio a Importadores Venezolanos para la Adquisición de Bienes
Bolivianos (textiles, madera, cuero, joyería, colchones, muebles para el hogar,
metalmecánicos, tejas, baldosas y ladrillos). En 2012, al anunciarse la zona
económica común del ALBA (Eco-ALBA), se acordó destinar uno por ciento de sus
reservas internacionales para dicho banco (ALBA, 2012).
Si ALBA originalmente incluyó aspectos destacados en el rechazo al ALCA -lucha
contra la pobreza y exclusión social, derechos humanos, laborales y de la mujer,
establecimiento de fondos de compensación para asimetrías, etc. (Arellano, 2009;
146 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Fernández Borges, 2006)-, luego ha ido incorporando proyectos económicos
concretos (SUCRE, TCP, Banco del ALBA, ferias empresariales, ruedas de negocios
y exposiciones productivas) por solicitud de sus miembros.
2.2. CSN/UNASUR (Comunidad Sudamericana de Naciones-Unión de
Naciones Sudamericanas)
Hasta la conversión de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) en
UNASUR y la creación del Comité de Reflexión, que recomendó establecer un
acuerdo institucional que entró en vigencia en 2010, los aspectos sectoriales
concentraron la atención de los presidentes. Dos de los tres primeros grupos de
trabajo definidos por el Comité (infraestructura y energía) (Burges, 2005: 444)
tienen implicaciones económicas.
La creación de la CSN (2004) le restó peso al MERCOSUR como instrumento
para que Brasil alcanzara los objetivos de su política exterior (Llenderrozas, 2008:
68). Su función de mecanismo para ampliar el liderazgo de Brasil en América
Latina (Grugel y Medeiros 1999: 58, 60) se desplazó a la UNASUR. En 2005,
Jaguaribe (citado en Llenderrozas 2008: 66) consideraba a la CSN una alianza
estratégica Brasil-Argentina para alcanzar un sistema sudamericano de libre
comercio y cooperación. Pero otros observaban un giro en la política exterior
brasileña, evidenciado en un mayor protagonismo brasileño, no del MERCOSUR,
en asuntos regionales importantes. Dos años más tarde Brasil firmaba un acuerdo
de asociación estratégica con la UE sin MERCOSUR (Saraiva, 2010: 87).
En términos económicos, MERCOSUR fue en su origen un mercado en el cual
la industria brasileña podía expandirse sin reestructurarse, dada su mayor
competitividad relativa en la región que en el mundo, lo cual permitía suavizar el
impacto de la globalización. Por ello, la integración económica brasileña retuvo un
“componente significativo de desarrollo nacionalista” (Grugel y Medeiros, 1999: 53),
al mismo tiempo que MERCOSUR le permitía hablar en nombre de Sudamérica.
También era útil para conducir la negociación del ALCA porque le agregaba los
votos de sus socios en los grupos de acceso al mercado y agricultura, dada la
importancia de las exportaciones de este sector en las economías del Cono Sur.
Esto permitió al gobierno brasileño oponerse a un proceso negativo para su
política exterior y su industria, que no estaba preparada para una mayor inserción
internacional (Machado y Ferraz, 2003: 349).
Pero en la primera década del siglo XXI el crecimiento de la economía brasileña
se vinculó más al comportamiento de la economía global que a la integración
regional. Factores fundamentales fueron los grandes flujos de capitales, que
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 147
se orientaron a las economías emergentes por las bajas tasas de interés en las
economías desarrolladas, y el crecimiento del comercio mundial por la demanda
china (Magalhães Prates, 2008: 70, 101). El comercio intra-MERCOSUR disminuyó
porcentualmente en relación con la década anterior. Aunque para el 2000 había
pasado su punto máximo, sufrió una caída importante con el default argentino
(2001) y las exportaciones de commodities hacia destinos extra-regionales
reforzaron la tendencia. Las exportaciones brasileñas al MERCOSUR bajaron en
porcentaje al nivel de 1990 (cerca de 9%) (Ayuso Pozo, 2011: 220)106. Aunque a
precios constantes las exportaciones intra-MERCOSUR de Argentina y Brasil eran
en 2008 casi 50% mayor que el promedio de la década anterior, en porcentajes
los mercados extra-regionales atrajeron 85,1% del total exportado y el bloque,
14,9%, lejos del máximo histórico de 25% (1998) (BID-INTAL, 2009: 29). Para
2007 Brasil había diversificado sus clientes y el “market share” del MERCOSUR
había disminuido (Vigevani y Ramanzini Júnior, 2010: 71).
Desde 2004, las ventas extra-regionales impulsan el comercio del MERCOSUR
(BID-INTAL, 2009: 33). Si el dinamismo económico sudamericano en la década del
2000 dependió más de la vinculación con la economía global que de la integración
(Vaillant, 2007: 25), cuanto mayores las economías menor fue el porcentaje de
ellas que siguió dependiendo de la integración regional e, inversamente, mayor
su importancia para las economías pequeñas. La disminución relativa de la
importancia económica de MERCOSUR para sus miembros, según Vaillant (2007:
47), se reflejó en los temas que se trataron en las cumbres sudamericanas.
Se enfatizó primero el desarrollo de la infraestructura (2000-2003), luego la
convergencia económica CAN-MERCOSUR (2004-2006) y, después del 2006, la
cooperación política y cultural por la menor importancia de la región para sus
respectivas economías.
En 2010, MERCOSUR había perdido la función de promover el crecimiento
económico y mejorar la inserción de Brasil en los mercados internacionales,
debido a cambios en su estructura económica, que movió su eje de la industria a
los agro-negocios y aumentó la importancia del comercio extra-regional de bienes
primarios107. El comercio con MERCOSUR no es ya el motor del crecimiento
económico en Brasil, ni siquiera sumándole el resto de Sudamérica y/o la ALADI.
En términos relativos, MERCOSUR ha perdido importancia comercial para Brasil,
106 Según datos del FMI, (Malamud y Castro, 2008: 45-47), en 2004 el comercio de Brasil con
MERCOSUR era 9,6% de su comercio total; el de Argentina, 26%; Uruguay, 35,5% y Paraguay,
55,3%.
107 Esto se traduce en cambios en el mercado de trabajo brasileño, donde ha aumentado el empleo
no calificado, vinculado a exportaciones de productos básicos a China y la EU, y disminuido el
calificado, asociado a exportaciones industriales a EEUU (Kupfer, Castillo, Dweck y Nicoll, 2012).
148 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
exceptuando al sector industrial brasileño ya que MERCOSUR aún atrae buena
parte de sus exportaciones (Bekerman, 2011)108.
En este contexto, cabe preguntarse cuál es la función de la UNASUR. Para Rojas
Aravena (2005), Sudamérica no es una región de paz como señala el discurso, ya
que entre 1995 y 2005 hubo distintas crisis político-institucionales que terminaron
con destituciones o renuncias de presidentes (1 en Argentina, Paraguay y Perú,
respectivamente, 2 en Bolivia y 3 en Ecuador), más un golpe de estado en Venezuela
(2002). Casi todas ellas requirieron de esfuerzos regionales para neutralizarlas.
Esto permite argumentar que, como la expansión económica de Brasil hacia
MERCOSUR y otros mercados sudamericanos necesita de paz y estabilidad, es
necesaria una respuesta regional coordinada (UNASUR) para problemas de ese
tipo. Beirute (2010), además, considera a la UNASUR el resultado de un contexto
en el que las economías sudamericanas han pasado de la complementariedad
a la competencia y han abandonado los supuestos originales de la integración
económica, por lo cual hay que recurrir a lógicas políticas y no, comerciales109. De
ambas formas, la dimensión económica de UNASUR sería secundaria o indirecta.
Sin embargo, UNASUR mantiene una dimensión económica en lo relativo a
integración energética, infraestructura y finanzas. Un documento (Radio Nacional,
2012) recoge la evolución de la integración energética desde la Cumbre de
Margarita (Venezuela, 2007) hasta la firma del Tratado Energético Sudamericano,
(Argentina, 2010), en una reunión cumbre extraordinaria en la cual se aprobaron
los Lineamientos de la Estrategia Energética Sudamericana, el Plan de Acción
para la Integración Energética Regional y el Tratado Energético Sudamericano.
Allí se plantean actividades como la realización de un balance de los recursos
energéticos regionales, la constitución de una empresa grannacional, de un
instituto de investigación y la apertura del diálogo entre UNASUR y OPEP (Bancoex,
2012). En lo relativo a infraestructura, se adscribió la Iniciativa para la Integración
de la Infraestructura Sudamericana/IIRSA al COSIPLAN/Consejo Sudamericano
de Infraestructura y Planificación110. Las declaraciones oficiales de UNASUR la
destacan como destinada a promover la unidad sudamericana, pero su Plan de
Acción Estratégica 2012-2022 se concentra en financiar proyectos de alto impacto
económico (Comité Editorial, 2012: 80). La dimensión financiera aparece en el
Banco del Sur, programado para entrar en funciones en Caracas en 2013. El banco
se incorporó a UNASUR por presión de ALBA, pero el gobierno brasileño no lo
considera una alternativa al Fondo Monetario Internacional (FMI) sino otra fuente
108 El interés por incorporar nuevos miembros a MERCOSUR puede vincularse con intereses del
sector exportador industrial brasileño frente a la crisis global.
109 Veiga y Rios (2007) coinciden con Beirute en ver a la UNASUR como “una huida hacia adelante”
que incorpora muchos objetivos y temas porque profundizar lo económico resulta conflictivo.
110 Sobre los objetivos económicos de la IIRSA véase Giacalone, 2009.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 149
de financiamiento para el desarrollo, como su Banco Nacional de Desarrollo/
BNDES (Sanahuja, 2012: 16).
Además de la dimensión económica en las áreas de energía, infraestructura y
finanzas111, el Tratado de UNASUR (2008) busca alcanzar la integración a través
de un proceso que incluya lo avanzado en MERCOSUR y CAN. Su artículo 3 detalla
los aspectos económicos a lograr mediante políticas regionales. De todas formas,
el MERCOSUR, factor clave para derrotar el ALCA, no tiene la misma importancia
para Brasil a la hora de negociar sus intereses con los países desarrollados o
de proyectarse global y regionalmente (Saraiva, 2012; Vaz, 2012). El ingreso de
Venezuela a MERCOSUR y la invitación a Bolivia, junto con conversaciones para
hacer compatibles las instituciones de UNASUR y CAN, parecen indicar que Brasil
respalda la integración económica de Sudamérica en MERCOSUR, hasta que su
membrecía sea la misma que la de UNASUR. Queda por verse si MERCOSUR será
el brazo económico de la UNASUR o si uno de los dos absorberá al otro.
2.3. Alianza del Pacífico
La Alianza del Pacífico surgió de una propuesta del ex presidente peruano Alan
García en abril de 2011 (Declaración de Lima) y agrupa a Chile, Colombia, México
y Perú con el objetivo de profundizar la integración entre sus economías y definir
acciones concertadas para negociar con Asia-Pacífico. Como antecedente se
encuentra el Arco del Pacífico Latinoamericano, foro de concertación y cooperación
regional promovido por Colombia y establecido en 2007. Sus miembros son
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Perú. Sus objetivos incluyen diálogo político, concertación
y convergencia en temas económico-comerciales y cooperación para vincularse
con Asia-Pacífico. Su estructura incluye Reuniones Ministeriales, Reuniones de
Altos Funcionarios, Secretaría Pro-témpore y Grupos de Trabajo (Convergencia
Comercial, Infraestructura y Logística, Promoción y Protección de Inversiones,
Cooperación Económica y Técnica para la Competitividad y el de Reflexión).
Según el tratado de la Alianza (junio de 2012), los requisitos para pertenecer al
acuerdo son: 1) haber firmado acuerdos comerciales bilaterales con todos sus
miembros y 2) estar vigente en ellos el estado de derecho, la democracia y el
orden constitucional. El primero ha impedido hasta ahora el ingreso de Panamá y
Costa Rica, que permanecen como observadores, en tanto terminan de negociar
111 El Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas agrega la “integración productiva” de PYMES
industriales y de servicios para paliar problemas globales y mejorar el comercio regional. La
“integración productiva” sustituye a la expresión intercambio comercial, que aparecía en la
propuesta original (Dellatorre, 2011).
150 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
los acuerdos bilaterales que les faltan (Panamá con Colombia y México y Costa
Rica con Colombia y Perú). La dimensión económica es central en el acuerdo
y se expresa en grupos de trabajo sobre movimiento de personas de negocio y
facilitación para tránsito migratorio, comercio e integración, servicios y capitales
y mecanismo de solución de controversias. Como innovación, a la cooperación
aduanera se agrega la integración de sus respectivas bolsas de valores.
La Declaración de Lima (abril 2011) destaca que la Alianza busca conformar
“un proceso de integración profunda”, definido como “un instrumento efectivo
para mejorar el desarrollo económico y social de nuestros pueblos, para promover
las capacidades de emprendimiento y avanzar hacia un espacio amplio que resulte
más atractivo para las inversiones y el comercio de bienes y servicios, de manera que
proyecte a nuestros países con mayor competitividad, especialmente hacia la región
Asia Pacífico”. Paralelamente se fomentará la integración física y eléctrica a través
de grupos de trabajo bilaterales y subregionales y se homologará los acuerdos de
comercio existentes.
En la Declaración de Mérida, Yucatán (II Reunión Cumbre de la Alianza, diciembre
2011) se reafirmó como requisito fundamental la vigencia del estado de derecho
y del orden constitucional, la separación de poderes y la protección a los
derechos humanos; se agregaron referencias a desarrollo sostenible y al combate
a la pobreza, la exclusión y la desigualdad social. Se establecieron como áreas
prioritarias a desarrollar, la cooperación en materia de medio ambiente y cambio
climático, ciencia y tecnología, PYMES y desarrollo social. Se creó un Comité
Conjunto Mixto para promover el comercio de servicios e inversión, que analizaría
las normas de inversión en cada uno de sus miembros, y se propuso negociar un
acuerdo de comercio electrónico. Como tareas para 2012 se fijaron: 1) suscribir el
tratado constitutivo fundacional; 2) iniciar las negociaciones arancelarias y sobre
normas de origen a ser implementadas en 2013; 3) coordinar medidas sanitarias
y fitosanitarias; 4) establecer una visa para personas de negocios y para movilidad
académica y estudiantil; 5) invitar a organismos internacionales a brindar asistencia
técnica para estudiar la situación del transporte terrestre y marítimo. Destaca el
acompañamiento del sector privado mediante conversaciones entre PROEXPORT
Colombia, PROCHILE, PROMPERU y PROMEXICO, la cooperación técnica del BID
y el Acuerdo de Intención entre las Bolsas de Valores de Chile, Colombia, México y
Perú, firmado en la II Reunión Cumbre.
Luego de una III cumbre virtual (marzo de 2012), la IV Reunión Cumbre fue en el
Observatorio Paranal, Antofagasta, Chile, en junio de 2012. Allí se expresaron como
objetivos: 1) estrechar las relaciones bilaterales; 2) profundizar el intercambio
comercial; y 3) intensificar los flujos de inversión entre la Alianza del Pacífico y
terceros mercados. Se destacó la conclusión de negociaciones sobre comercio
electrónico, el inicio de trabajos de la red de investigación en materia de cambio
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 151
climático, la labor del Grupo Bolsa Mexicana de Valores para participar en el
MILA (Mercado Integrado Latinoamericano), donde ya participan las Bolsas de
Santiago, Bogotá y Lima. Durante la Cumbre Iberoamericana (Cádiz, noviembre
2012) la V Reunión Cumbre de la Alianza aprobó para el 2013 la reducción en
90% del arancel comercial entre sus miembros (Infolatam, 2012).
Existen distintas interpretaciones de la Alianza. Según Kahhat (2011), el Arco
del Pacífico se originó porque “a diferencia de los Estados que integran el
MERCOSUR”, todos sus miembros tenían o negociaban tratados de libre comercio
(TLC) con EEUU. Para ellos carecía de relevancia la razón fundamental por la cual
los países del MERCOSUR se oponían a la creación del ALCA y a suscribir un TLC
con EEUU -los subsidios agropecuarios-. Para “esos países el tema virtualmente
desaparecía de la agenda comercial a nivel hemisférico”. Además los gobiernos
del Arco comparten el capitalismo de mercado como modelo económico y la
democracia representativa como modelo político, se ubican a orillas del Pacífico y
buscan negociar o han negociado tratados comerciales con economías de la APEC,
especialmente China.
Felipe Calderón, presidente mexicano, al hablar en el Congreso de Chile el 7 de
junio de 2012 (citado en Nicollielo, 2012) señaló además:
‘’ ¿Dónde estará el crecimiento en las próximas décadas en el mundo? No estará
en Europa. Probablemente tampoco esté en los Estados Unidos; probablemente
no esté tampoco en Japón. El crecimiento del mundo se dará alrededor de
economías emergentes y crecientes en las costas del Pacífico [...], se ha
abierto una magnífica oportunidad de prosperidad para nuestros pueblos, que
no queremos ni vamos a desaprovechar...’’.
Para Vieira (2012), la Alianza del Pacífico establece una alineación frente a ALBA
ya que ambos acuerdos tienen claras diferencias -democracia representativa, libre
comercio y acuerdos con países desarrollados frente a gobiernos autoritarios
y personalistas, anti-EEUU y con fuerte participación estatal en la economía-.
Por su parte, Petrella (2012) opina que la alianza se contrapone a proyectos
proteccionistas como MERCOSUR y busca mejorar su inserción en el mundo a
partir del regionalismo abierto. Otra diferencia con MERCOSUR es que la Alianza
exporta más y está situada en una región comercialmente más dinámica. Para
Olmos (2012) la Alianza significa “un adiós” a que Chile, Colombia y Perú se
sumen al MERCOSUR. El ingreso de Venezuela a éste intensifica el enfrentamiento
entre ambos grupos y también el proteccionismo de MERCOSUR.
Según Valenzuela (2012), la Alianza muestra la división de la CAN y considera a
ésta y a MERCOSUR “esfuerzos fracasados”. Además, le complica el panorama
152 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
a Brasil en su afán de presentarse como el único intermediario en las relaciones
de Sudamérica con el mundo. Brasil, por ser el único BRIC sin acceso directo al
Pacífico, “requiere de Chile y Perú para alcanzar la cuenca del pacífico y de Colombia
para generar mecanismos de cooperación en temas de seguridad regional e integración
militar”. La Alianza busca entonces ser un contrapeso regional a Brasil. Estas
tres interpretaciones pueden complementarse porque para los países andinos
(Colombia y Perú) representa más peligro el ALBA y para México, el poder de
Brasil. Sánchez (2012) añade que la alianza es más pragmática que discursiva
y, al concertar las relaciones de los cuatro con China, limita la competencia y
conflictividad entre ellos.
Conclusiones
Las políticas exteriores de cinco naciones sudamericanas muestran donde se
originan los lineamientos básicos de los nuevos acuerdos sudamericanos y su
relación con los modelos de desarrollo político y económico de las mismas. Estos
acuerdos comparten un discurso similar relativo al desarrollo sustentable, la
cohesión social y la eliminación de la pobreza, así como al logro de mayor poder
regional, pero su dimensión económica permite captar la diversidad entre ellos.
Una comparación de la dimensión económica muestra que: 1) ALBA-TCP presentó
en su origen una dimensión principista y alternativa en el discurso venezolano,
aunque para los otros miembros parece tener una dimensión económica tradicional
(comercio, inversiones, petróleo) que ahora incorpora también Venezuela; 2)
UNASUR otorga importancia secundaria a lo comercial, lo que se asocia con
los logros obtenidos por Brasil en este campo mediante MERCOSUR, pero tiene
una dimensión económica en energía, infraestructura y finanzas; y 3) la Alianza
del Pacífico enfatiza un regionalismo abierto más pragmático que MERCOSUR y
CAN, al avanzar en forma simultánea en comercio y otros aspectos económicos.
Resumiendo, los acuerdos se apartan del modelo de integración clásica que
presupone el avance en etapas de la zona de libre comercio al mercado común,
etc., y su dimensión económica muestra que la integración sudamericana se da en
un contexto en el que coexisten diferentes visiones nacionales de cómo insertarse
regional y globalmente.
Adicionalmente, los nuevos acuerdos cuestionan afirmaciones acerca del fin del
regionalismo abierto en Sudamérica. Éste se mantiene en la Alianza del Pacífico
y, si Brasil respalda la inclusión de factores políticos y de seguridad en UNASUR
para mantener sus intereses proteccionistas en MERCOSUR, también se proyecta
globalmente sin que el acuerdo regional lo limite. Sólo en ALBA hay un esfuerzo
sistemático porque el Estado recobre protagonismo comercial y económico en
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 153
la integración (Veiga y Rios 2007: 28). La UNASUR enfatiza lo no comercial
pero no limita la liberalización del intercambio, que sigue funcionando más allá
de MERCOSUR y CAN. Veiga y Rios (2007: 18) consideran que la UNASUR es
compatible con el regionalismo abierto, mientras el ALBA no lo es. Serbin (2010:
12) coincide al destacar que MERCOSUR y UNASUR no cuestionan los principios
de la liberalización económica ni de la economía de mercado.
De lo anterior, se concluye que en Sudamérica varios gobiernos buscan transferir
sus programas domésticos al ámbito regional, lo que se traduce en la existencia de
distintos acuerdos de integración. Un contexto regional de expansión económica
amenazada por la continuación y profundización de la crisis global es el acicate
para efectuar esa transferencia y no perder lo alcanzado.
154 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
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Impacto del comercio exterior en la cohesión social
de los países del MERCOSUR
Martín Tetaz
Introducción
A partir de la década del ’90 en el marco de la fuerte influencia del Consenso
de Washington, como indica Mellado (2002), “…se apreció a la apertura comercial
como una condición necesaria y suficiente para el crecimiento y el logro de la equidad
en la distribución. De este modo, se pasó de una estrategia de desarrollo orientada
hacia adentro a una orientada hacia el exterior, privilegiando la inserción de cada país
en la economía global. El mercado regional se convirtió en un área de expansión del
comercio y de las finanzas de las economías centrales, al tiempo que se concibió a
la integración como una etapa en su trayectoria hacia el libre comercio mundial en el
marco del regionalismo abierto, acrecentando la vulnerabilidad externa y la desigualdad
social”.
Que la mayor apertura incidiría en la distribución de los ingresos, poniendo por
esa vía en riesgo la cohesión social, es algo que se podría haber anticipado a partir
de las conclusiones del modelo teórico de Heckscher y Ohlin (ver Leamer, 1995).
Según el famoso modelo de los suecos, los países se especializarán en la
producción de aquellos bienes que usan para su producción intensivamente aquel
factor que es comparativamente más abundante en ese país, importando por el
contrario, aquellos productos cuya fabricación utiliza intensivamente el factor que
escasea en esa región.
Stolper y Samuelson (1941) demostraron que ese patrón de comercio cambiaría
las remuneraciones relativas en los países involucrados, aumentando el retorno
del factor que se exportaba y bajando la remuneración relativa del factor que venía
implícito en el bien importado.
Cuando el comercio se produce entre los países centrales y los periféricos
asiáticos, el resultado es una mejora de los salarios y un abaratamiento del capital
en aquellas naciones subdesarrolladas, pero como señala Keifman (2006) cuando
la actividad de intercambio involucra a los países latinoamericanos, puesto que
el factor que escasea comparativamente -salvo en el caso de Brasil y México- es
la mano de obra y el factor abundante son los recursos naturales, se produce
un abaratamiento de los salarios de la mano de obra no calificada y una fuerte
aumento de la renta de la tierra.
Ahora bien; Si bien el concepto de Cohesión Social no es unívoco, puesto que “…
desde la perspectiva política, se lo utiliza como sinónimo de políticas sociales, es decir
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 159
lo que se ha dado en llamar “políticas de cohesión social”, otros lo reducen a la “lucha
contra la pobreza y la desigualdad”, están los que vinculan el concepto con el “diálogo
social y con los pactos sociales” y, por último, los que lo asocian con el “desarrollo”
(Mellado, 2012), lo cierto es que en la medida en que la profundización del
regionalismo abierto modifica las remuneraciones de los factores en el sentido
antes planteado, pues es esperable un mayor grado de cohesión social en los países
subdesarrollados asiáticos y un deterioro en los periféricos latinoamericanos.
Gasparini y Cruces (2008) y Galiani y Sanguinetti (2003) han probado empíricamente
el aumento de la desigualdad de ingresos ocasionado en la apertura económica.
Viollaz (2008) demostró, por otro lado, que efectivamente existió una mayor
polarización de los ingresos laborales coincidentemente con la mayor apertura de
los ’90 en Argentina, pero que ese proceso se detuvo y se ha comenzado a revertir
de la mano de una distribución más igualitaria del acceso al capital humano.
Esta investigación extiende entonces los resultados de Gasparini y Cruces (op. cit.)
y de Viollaz (op. cit.) para considerar el caso de los otros países del MERCOSUR,
y aumenta el horizonte temporal del análisis hasta el 2010.
El objetivo es confirmar el impacto de la apertura en la desigualdad de ingresos,
vía un cambio en las remuneraciones de factores para estudiar luego el efecto en
materia de cohesión social analizando la polarización de los ingresos laborales.
La hipótesis es que el shock de la apertura genera un impacto sesgado en contra
del factor escaso, afectando su remuneración y aumentando inicialmente la
polarización de ingresos, con el consecuente deterioro de la cohesión social, pero
que luego el propio aumento de la tasa de retorno de la educación, incentiva la
mayor demanda por formación, reduciendo la desigualdad educativa y achicando
nuevamente la polarización y la desigualdad.
El trabajo continúa en la siguiente sección presentando un modelo de dos
generaciones que deciden los niveles de capital humano a incorporar, ocurriendo
un shock de apertura luego de que la primera generación ya ha tomado sus
decisiones de formación educativa, pero antes de que lo haga la segunda cohorte.
La tercera parte se dedica a explorar los conceptos de cohesión social y
polarización, presentando un cómputo novel de los valores de la distribución
funcional del ingreso para los países del MERCOSUR junto con la estimación del
índice de Esteban, Gradín y Ray de Polarización.
Con datos del CEDLAS sobre distribución de la educación, retornos y desigualdad,
sumados a datos de CEPAL sobre comercio exterior, se realiza seguidamente un
contraste empírico de esa hipótesis.
160 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
La quinta sección se enfoca en la cuestión de la determinación endógena de los
niveles educativos de la población, a partir de los cambios en las remuneraciones
factoriales producidos a raíz del proceso de apertura.
Una última parte de contraste empírico se presenta para testear la hipótesis de
cambio estructural en el paradigma de integración, motivado por el reconocimiento
de los impactos sociales de los nuevos regionalismos. La séptima sección presenta
las conclusiones.
1. El modelo
Partimos suponiendo la existencia de dos períodos, que llamaremos -los ’90 y
los 2000-, y de retornos a la educación que se determinan en cada momento a
partir del equilibrio entre la oferta y la demanda, relativas a trabajadores que se
desenvuelven en sectores intensivos en trabajo calificado y no calificado.
Así en t0 se cumple en el mercado de trabajo que
Or (Wr; αr; Er) = Dr (Wr, PMGr, Pr) (1)
Donde Wr es el salario relativo, αr son las preferencias relativas de los individuos
calificados y no calificados por uno u otro empleo, para un mismo salario, Er es
el nivel educativo relativo en cada uno de los sectores, mientras que PMGr es la
productividad marginal relativa en uno u otro empleo, y Pr es el precio relativo de
los bienes producidos con participación más intensiva de trabajadores calificados
y no calificados.
De la ecuación (1) suponemos entonces que surge un salario relativo de
equilibrio Wre
Wre = f(αr; Er; PMGr, Pr) (2)
Ese salario puede sufrir modificaciones por un shock en cualquiera de los
parámetros de (2), como por ejemplo un proceso de apertura que cambie Pr, o un
avance tecnológico que aumente PMGr, pero en el corto plazo supondremos que
los parámetros de la oferta no pueden variar.
En t1 permitimos que existan modificaciones en Er y r; en particular supondremos
que Er t1 depende de los salarios relativos en t0
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 161
Er t1 = g(Wret0) (3)
Podemos entonces representar gráficamente el equilibrio en el mercado de trabajo;
el shock y el nuevo equilibrio del siguiente modo.
En t0 el mercado está equilibrado con un salario relativo W1, ocurre un shock
que desplaza la demanda relativa en favor del sector que emplea intensivamente
trabajadores calificados y como la Or no es inelástica en el corto plazo -porque no
se puede ajustar Er-, pues se produce una fuerte subida del salario relativo que
queda entonces en W2.
Hasta aquí, por simplicidad suponemos que se cumple la ecuación (1), que el
mercado se vacía y que por lo tanto el shock no produce desempleo, pero es
perfectamente posible modificar la ecuación 1 y suponer que:
Or (Wr; αr; Er) = Dr (Wr, PMGr, Pr) + Ur (∂; µ ) (1’)
Donde Ur es en realidad el desempleo relativo entre sectores -que depende de la
velocidad de ajuste de los parámetros “∂” y de factores institucionales “µ”- , que
garantiza que cualquier porción del shock que no sea absorbida por los salarios
termine ajustando cantidades.
En ese caso, no será relevante para las decisiones de acumulación de capital
humano solo mirar el salario relativo de equilibrio sino, también la probabilidad
relativa de quedar desempleado, de modo que la ecuación (3) quedaría del
siguiente modo
Er t1 = g(WrEt1) (3’)
162 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Donde WrEt1 es el salario relativo esperado en t1, que obviamente depende del
salario de equilibrio en t0, pero también de la probabilidad relativa de desempleo
que se basa en Ur0
Ahora bien, independientemente de si el ajuste se produce en precios o en
cantidades, lo cierto es que en ambos casos el shock termina generando incentivos
para modificar la demanda por acumulación de capital humano, con lo que en el
largo plazo (t1) se producirá un desplazamiento positivo de la oferta relativa en el
mercado de trabajo, que por simplicidad en el gráfico representamos convirtiendo
la curva de corto plazo en una de largo.
Cuando los factores productivos tienen tiempo de acomodarse, entonces, se
amortigua notablemente el efecto desequilibrante inicial del shock externo sobre
la demanda de los mismos.
2. Diferenciales salariales, polarización y cohesión social
El propósito de este trabajo es el de identificar la relación existente entre comercio
internacional y cohesión social.
En este sentido se plantea que “la cohesión social consiste en la capacidad de
una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizando las
disparidades y evitando la polarización” (Council of Europe, 2005: 9).
Pero puesto que Tironi (2008)112 ha sostenido que “altos niveles de desigualdad, no
implican necesariamente una crisis de cohesión social, si existe un proceso significante
de movilidad social (o al menos la expectativa de ese proceso)”, concluimos que dado
que la cohesión social, como ha dicho Halperín (2011) “pretende reflejar un grado
mínimo de estabilidad o equilibrio dentro de la estructura social”; la amenaza de ese
equilibrio ocurrirá ante la presencia de una alta polarización social, con escasa
movilidad.
Lamentablemente, no existe suficiente información estadística en los países del
MERCOSUR, respecto a la movilidad social de la población, por lo que en este
trabajo nos concentraremos en el análisis de la polarización y de la distribución
funcional del ingreso.
La razón por la cual nos interesa el impacto del comercio en la distribución
funcional, tiene que ver con que los indicadores de polarización (ver SEDLAC,
2012, para detalles metodológicos) se construyen con base en las encuestas a
112 Citado por Marquez (2010).
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 163
hogares de los distintos países latinoamericanos, que por lo general no captan
correctamente ingresos no laborales, y podría argumentarse además la existencia
de algún grado de polarización entre clases sociales definidas de acuerdo con la
posesión de los medios de producción.
Dicha distribución funcional se basa en la participación de los asalariados en el
producto, por lo que la misma subirá toda vez que el comercio internacional suba
la remuneración de ese factor, respecto básicamente a la del capital y a la de la
renta de la tierra y recursos naturales.
El siguiente Cuadro presenta una estimación de la distribución funcional para los
países del MERCOSUR, en los últimos 20 años.
Cuadro N°1
Distribución Funcional del Ingreso
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Argentina
Brasil
46
46
49
47
39
37
37
39
40
39
41
33
36
38
39
40
41
42
47
49
45
42
44
45
40
38
39
38
39
38
38
38
34
35
34
33
33
32
32
33
32
Uruguay
Paraguay
47,0
45,8
44,6
43,4
42,9
45,6
52,9
46,1
48,6
40,6
38,1
39,9
39,8
41,9
43,1
42,6
44,9
43,7
24,3
25,5
29,7
29,9
31,0
32,6
32,5
31,6
31,4
32,2
31,0
31,6
28,9
30,2
31,8
31,2
28,8
28,5
27,2
30,4
27,3
Fuente; construcción propia en base a CEPAL y SEDLAC (en los años intermedios en que no
existían datos, se extrapolaron los valores)
Respecto a la polarización partimos de la definición de Esteban y Ray (1994) que
sostienen que una población está polarizada si:
164 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
i)
ii)
Hay pocos grupos, pero de tamaño importante
Dentro de esos grupos, los miembros comparten algunos atributos y
tienen cierto grado de identificación con otros miembros de su mismo
grupo (homogeneidad)
iii) Existe algún grado de alienación entre los miembros de diferentes grupos
(heterogeneidad).
Sobre esta base, en un estudio posterior (Esteban, Gradin y Ray 1998) los autores
proponen construir un índice de polarización basados en la distribución personal
del ingreso.
Para comprender el indicador, pensemos en una curva de Lorenz como la
presentada en el siguiente gráfico:
Gráfico N°1
Ahora supongamos que queremos ver cuán polarizados se encuentran 3 grupos de
la población. Recordemos que estamos buscando que los individuos de cada uno
de los grupos sean muy parecidos entre ellos y muy distintos a los de los otros
dos grupos.
Lo que hace el indicador EGR, entonces, es buscar en la curva de Lorenz los tres
segmentos donde una representación lineal de la curva quedaría lo más cercana
posible a la representación real, o lo que es lo mismo, minimizar la distancia entre
la representación de una curva de Lorenz de tres segmentos lineales, respecto de
la curva original.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 165
Con esa metodología, presentamos a continuación los valores del índice de
polarización de los países del MERCOSUR para los últimos 20 años.
Cuadro N°2
Índices de polarización de Esteban Gradín y Rey (3)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Argentina
Brasil
Uruguay
Paraguay
0,57
0,58
0,56
0,56
0,57
0,60
0,61
0,61
0,63
0,62
0,64
0,66
0,67
0,67
0,64
0,62
0,60
0,58
0,57
0,57
0,55
0,76
0,76
0,76
0,75
0,75
0,74
0,75
0,75
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,73
0,71
0,71
0,70
0,69
0,68
0,67
0,51
0,50
0,50
0,51
0,52
0,53
0,53
0,53
0,55
0,55
0,55
0,58
0,59
0,58
0,59
0,57
0,59
0,60
0,58
0,58
0,57
0,72
0,72
0,71
0,71
0,71
0,70
0,70
0,70
0,70
0,66
0,65
0,68
0,66
0,65
0,63
0,64
Fuente; construcción propia en base a SEDLAC -en los años intermedios en que no existían
datos se extrapolaron los valores-
3. Evidencia empírica de la relación entre polarización y comercio
internacional
La primera pregunta que busca responder esta sección es si existe una relación
lineal entre apertura comercial -medida como el promedio entre exportaciones e
importaciones respecto del PBI-.
166 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Para tal efecto construimos un panel con los datos de apertura comercial,
distribución funcional, producto bruto interno y polarización de los cuatro países
del MERCOSUR en las dos décadas pasadas. En particular, para el caso de la
apertura, distinguimos entre apertura hacia el MERCOSUR y extra bloque.
Presentamos las regresiones con coeficientes fijos de cada país -método within- a
continuación:
Cuadro N°3
Distribución funcional del Ingreso
Desvío Estadístico
Coeficiente
prob T Intervalo de conf. Al 95%
Std
T
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
Log del PBI
31,050
28,373
1,090
0,277
-25,497
87,596
-34,150
10,926
-3,130
0,003
-55,925
-12,374
-0,723
1,098
-0,660
0,512
-2,912
1,466
Constante
52,252
19,675
2,660
0,010
13,039
91,465
R2 (within)
0,130
Cuadro N°4
Polarización Esteban, Gradín y Rey (3)
Coeficiente
Desvío
Std
Estadístico
prob T
T
Intervalo de conf.
Al 95%
1,193
0,309
3,860
0,000
0,577
1,809
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
Log del PBI
-0,185
0,090
-2,050
0,044
-0,366
-0,005
-0,033
0,009
-3,720
0,000
-0,050
-0,015
Constante
1,179
0,158
7,470
0,000
0,864
1,494
R2 (within)
0,280
Del Cuadro Nº 3 se desprende que existe una relación negativa y estadísticamente
significativa entre la apertura comercial extra MERCOSUR y la participación de los
asalariados en la renta, al tiempo que del Cuadro Nº 4 surge un efecto positivo
de la apertura extra MERCOSUR -baja la polarización- y negativo respecto de la
apertura hacia el MERCOSUR -aumenta la polarización-.
La interpretación de los coeficientes es directa; cada 10 puntos de incremento
de la apertura extra MERCOSUR, por ejemplo, baja 3,4 puntos porcentuales la
porción del ingreso que se apropian los trabajadores e incrementa 18,5 puntos la
polarización.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 167
El crecimiento del PBI también contribuye a bajar la polarización, aunque no tiene
efectos estadísticamente significativos en la distribución funcional. Cada 10% que
sube el PBI baja 3 puntos la polarización.
Para comprender como se llegó a esos resultados, piénsese que lo que hace
el método within en una regresión de panel, es promediar los cambios que se
producen hacia adentro de cada uno de los países, sin dejar que el resultado se
vea afectado por las diferencias estructurales entre ellos.
Así, en los siguientes 2 gráficos vemos la relación que existe entre la apertura
comercial -hacia el MERCOSUR y hacia afuera- y la desigualdad funcional para
cada uno de los países.
Gráfico N°2
Distribución funcional y apertura extra MERCOSUR
168 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Gráfico N°3
Distribución funcional y apertura intra MERCOSUR
El Gráfico Nº 2 nos muestra que por lo general la apertura extra MERCOSUR bajó
la participación de los asalariados en la renta, salvo en el caso de Brasil. Esto es
consistente con el hecho de que Argentina, Paraguay y Uruguay son básicamente
exportadores de materias primas hacia afuera del bloque, e importadores de
manufacturas, por lo que cuando aumenta su comercio exterior, tal y como
lo predice el teorema de Stolper y Samuelson, sube la renta del factor que se
exporta -tierra- y baja la del que se importa -trabajo-. El resultado respecto al
factor capital probablemente sea ambiguo dada la alta tecnificación del sector
exportador primario, que cancela en buena parte el componente de capital de las
importaciones.
La apertura hacia el MERCOSUR (Gráfico Nº 3) también bajó la participación
de los asalariados en Argentina, pero produjo resultados ambiguos en los otros
países -en el caso de Brasil prácticamente no cambió su grado de exposición al
bloque en los 20 años considerados, demostrando que su interés en el mismo es
más político que económico-.
Respecto a la polarización, los siguientes dos gráficos permiten ver la relación que
existió en cada país, cuando se modificaron los niveles de apertura.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 169
Gráfico Nº4
Polarización y apertura extra MERCOSUR
La polarización parece haber bajado gracias a la apertura hacia fuera del
MERCOSUR en los casos de Brasil y Paraguay, haberse mantenido más o menos
constante para Uruguay y haber subido ligeramente para Argentina.
Gráfico Nº5
Polarización y apertura intra MERCOSUR
170 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
En cambio, cuando la apertura se da hacia dentro del bloque, sistemáticamente
produce incrementos en la polarización, salvo en el caso de Brasil puesto que
como habíamos comentado, es el único país que no cambia su grado de apertura
al MERCOSUR en los 20 años analizados.
Ahora bien, el argumento de este trabajo es que los cambios en los niveles de
polarización y desigualdad funcional, se producen vía la modificación en las
remuneraciones relativas que origina el comercio internacional, de modo que a
continuación construimos regresiones donde la variable dependiente será la tasa
de retorno de los distintos niveles educativos y la variable explicativa la apertura
comercial.
Cuadro N°5
Retornos mincerianos de la educación superior -hombresDesvío Estadístico
Coeficiente
prob T Intervalo de conf.Al 95%
Std
T
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
Log del PBI
Constante
2,441
1,356
1,800
0,076
-0,262
5,144
-0,336
0,397
-0,850
0,399
-1,127
0,455
-0,005
0,039
-0,120
0,907
-0,081
0,072
0,695
0,693
1,000
0,320
-0,688
2,077
R2 (within)
0,040
Cuadro N°6
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
Log del PBI
Constante
R2 (within)
Retornos mincerianos de la educación superior -mujeresDesvío Estadístico
Coeficiente
prob T Intervalo de conf. Al 95%
Std
T
0,127
1,388
0,090
0,927
-2,641
2,896
0,719
0,406
1,770
0,081
-0,091
1,529
0,026
0,039
0,650
0,515
-0,053
0,104
0,094
0,710
0,130
0,895
-1,322
1,509
0,070
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 171
Cuadro N°7
Retornos mincerianos de la educación media -hombres-
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
Log del PBI
Constante
Coeficiente
Desvío
Std
Estadístico
prob T
T
1,553
0,708
2,190
0,032
0,141
2,966
-0,684
0,207
-3,300
0,002
-1,098
-0,271
-0,034
0,020
-1,670
0,098
-0,074
0,006
1,056
0,362
2,910
0,005
0,333
1,778
R2 (within)
Intervalo de conf. Al 95%
0,190
Cuadro N°8
Retornos mincerianos de la educación media -mujeresDesvío Estadístico
Coeficiente
prob T Intervalo de conf. Al 95%
Std
T
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
Log del PBI
Constante
R2 (within)
-0,344
0,816
-0,420
0,674
-1,971
1,283
-0,573
0,239
-2,400
0,019
-1,049
-0,097
-0,034
0,023
-1,490
0,142
-0,081
0,012
1,152
0,417
2,760
0,007
0,319
1,984
0,160
De acuerdo a los Cuadros 5 y 6, la apertura hacia el MERCOSUR aumentó los
retornos de la educación superior para los hombres, a la vez que la apertura extra
MERCOSUR hizo lo propio con el mismo premio para las mujeres.
Por su parte, la mayor apertura hacia el MERCOSUR también subió los retornos
de la educación media para los hombres, pero la apertura hacia terceros bajó el
premio por completar los estudios secundarios tanto para los hombres como para
las mujeres.
A título interpretativo y para facilitar la lectura de los coeficientes, pensemos que
en promedio la educación superior tiene una tasa de retorno del 68% en los países
analizados -los graduados universitarios ganan un 68% más que los no graduadosy cada 10 puntos que sube la apertura hacia el MERCOSUR, por ejemplo, aumenta
ese premio por completar estudios superiores para los hombres 24% y 15% en el
caso de la educación media.
Que la apertura hacia dentro del bloque aumente el premio por estudiar, está
señalando que el tipo de comercio que se lleva a cabo entre los países miembros
del bloque es de tipo intra industrial, con alta demanda de mano de obra
172 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
calificada, mientras que el hecho de que la apertura hacia afuera del MERCOSUR
haga caer los diferenciales salariales, lo que está mostrando es que en el balance
se importan muchos productos con valor agregado por mano de obra altamente
calificada (manufacturas, tecnología).
Juntando ahora los resultados de los Cuadros 3 al 8, emerge legítimamente la
pregunta de si no puede ser que la polarización y los cambios en la desigualdad
funcional se produzcan por otra razón más allá de la apertura comercial, como
por ejemplo el cambio tecnológico.
A tal efecto resulta conveniente estimar el impacto que los cambios en las tasas de
retorno ejercen sobre la polarización y la desigualdad, exclusivamente cuando esos
cambios se producen por modificaciones en los niveles de apertura económica.
Seguidamente, entonces estimamos -siempre en panel, y con coeficientes fijos por
países- por el método de variables instrumentales, donde en una primera etapa se
calcula el impacto de la apertura en las tasa de retorno a la educación y luego se
usan los valores de esa predicción como instrumentos de la apertura comercial en
la segunda etapa.
Cuadro N°9
Estimación de la polarización, usando variables instrumentales -Apertura MERCOSUR
y Apertura extra MERCOSURDesvío Estadístico
Intervalo de conf.
Coeficiente
prob T
Std
T
Al 95%
Retorno
educación
0,467
0,224
2,080 0,037
0,028
0,906
superior
hombres
Constante
0,300
0,163
R2 (within)
1,840
0,065
-0,019
0,619
0,270
Cuadro N°10
Estimación de la polarización, usando variables instrumentales -Apertura MERCOSUR
y Apertura extra MERCOSURCoeficiente
Desvío
Std
Retorno
educación
superior
mujeres
-0,106
0,128
-0,830
0,408
-0,357
0,145
Constante
0,707
0,082
8,630
0,000
0,546
0,867
R2 (within)
Estadístico
prob T
T
0,020
Intervalo de conf.
Al 95%
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 173
Cuadro N°11
Estimación de la polarización, usando variables instrumentales (Apertura MERCOSUR y
Apertura extra MERCOSUR)
Coeficiente
Desvío
Std
Estadístico
T
prob T
Intervalo de conf.
Al 95%
Retorno
educación
media
hombres
0,364
0,110
3,310
0,001
0,149
0,580
Constante
0,468
0,052
9,050
0,000
0,367
0,569
R2 (within)
0,350
Cuadro N°12
Estimación de la polarización, usando variables instrumentales -Apertura MERCOSUR
y Apertura extra MERCOSURCoeficiente
Desvío
Std
Estadístico
prob T
T
Intervalo de conf. Al 95%
Retorno
educación
media mujeres
0,081
0,128
0,630
0,528
-0,170
0,332
Constante
0,603
0,058
10,460
0,000
0,490
0,716
R2 (within)
0,030
De los Cuadros 9 y 11 se deduce que efectivamente los cambios en la apertura
comercial, que generan impactos en la remuneración de los factores (retornos a
la educación), producen modificaciones concomitantes en la polarización, para el
caso de los hombres, pero no en cuanto a las mujeres.
Sistemáticamente mayores retornos a la educación, asociados a una mayor
apertura, generan más polarización y ponen así en riesgo la cohesión social.
Sabemos además, por los Cuadros 5 y 7, que aumento de la apertura hacia el
MERCOSUR siempre sube las tasas de retorno -generando más polarización-,
mientras que cuando los incrementos del comercio se dan hacia afuera del
MERCOSUR, no hay cambios de polarización por culpa de modificaciones en las
tasas de retorno a la educación superior, pero sí vía variaciones en la retribución
a los estudios secundarios.
174 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
4. La hipótesis del cambio endógeno en la oferta de capital humano
Hasta aquí hemos probado que existe una relación estadísticamente significativa
entre el nivel de apertura económica y los retornos a la educación, que a su turno
impacta en las tasas de polarización de la población.
Pero, la hipótesis inicial que se desprendía del modelo teórico presentado, y que
coincidía con resultados anteriores para Argentina (Viollaz op. cit.), era que debido
al impacto inicial de la apertura en los diferenciales salariales atribuibles a los
distintos niveles educativos, se producía un cambio endógeno en la demanda de
educación por parte de la población que busca captar esos mayores retornos
invirtiendo en capital humano.
Si así hubiera sido, debería haber existido un efecto desequilibrante inicial -en los
’90 por ejemplo-, pero una amortiguación de ese efecto en la década posterior,
puesto que cualquier shock que implicara una mayor apertura en los 2000 se
vería -parcialmente- compensado por el aumento del capital humano generado por
culpa del shock anterior.
Como ya hemos probado el efecto de los cambios en las tasas de retorno de la
educación, en la polarización, ahora controlamos por los cambios en los niveles
educativos de la población -alto, medio o bajo- para ver si cuando son tenidos en
cuenta amortiguan de alguna manera los impactos de la apertura en las tasas de
retorno.
Cuadro N°13
Retornos mincerianos de la educación superior -hombres-
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
Coeficiente
Desvío Std
Estadístico
T
prob T
Intervalo de conf. Al
95%
3,27133
1,52551
2,14
0,036
0,22802
6,31464
-0,9195
0,45799
-2,01
0,049
-1,8331
-0,0058
Log del PBI
-0,0885
0,04327
-2,05
0,045
-0,1748
-0,0022
Porcentaje
población
nivel educativo
medio
0,02407
0,00666
3,61
0,001
0,01078
0,03735
Porcentaje
población nivel
educativo alto
-0,0112
0,00898
-1,24
0,218
-0,0291
0,00676
Constante
1,67512
0,71711
2,34
0,022
0,24453
3,10571
R2 (within)
0,2058
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 175
De la comparación entre el Cuadro Nº 13 y el Cuadro Nº 5, resulta que el efecto
de los cambios en el capital humano (oferta en el mercado de trabajo) amortiguan
los efectos de la apertura sobre las tasas de retorno de la formación superior en
los hombres -los salarios relativos-, haciendo que el mayor comercio hacia dentro
del MERCOSUR tenga en realidad un impacto menos desequilibrante -generando
menor polarización- al tiempo que el incremento de los flujos comerciales hacia
afuera, tendría un efecto menos igualador que antes -reduciendo menos la
polarización-.
El resultado coincide con la hipótesis teórica, mostrando que el impacto directo
de la apertura es en realidad mucho más significativo, pero que se amortigua
con los cambios en las calificaciones de los trabajadores, producto de la mayor
educación.
Cuadro N°14
Retornos mincerianos de la educación media -hombresCoeficiente
Desvío Std
Estadístico
T
prob T
2,62115
0,84318
3,11
0,003
0,93906
4,30324
-0,3957
0,25314
-1,56
0,123
-0,9007
0,10927
Log del PBI
-0,0206
0,02392
-0,86
0,393
-0,0683
0,02714
Porcentaje
población
nivel educativo
medio
0,00224
0,00368
0,61
0,546
-0,0051
0,00958
Porcentaje
población nivel
educativo alto
-0,0107
0,00496
-2,17
0,034
-0,0206
-0,0008
Constante
0,8145
0,39636
2,05
0,044
0,02379
1,60521
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
R2 (within)
Intervalo de conf.
Al 95%
0,2482
Acá la comparación relevante es con el Cuadro Nº 7 y nos indica nuevamente un
efecto amortiguador de los cambios en el capital humano, respecto a la apertura
hacia el MERCOSUR, pero cuando miramos la apertura hacia afuera del bloque
nos encontramos con que no tiene significación estadística por sí sola.
176 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Cuadro N°15
Retornos mincerianos de la educación superior -mujeresCoeficiente
Desvío Std
Estadístico
T
prob T
-0,2232
1,53718
-0,15
0,885
-3,2898
2,84338
-0,2082
0,4615
-0,45
0,653
-1,1289
0,71245
Log del PBI
-0,0756
0,0436
-1,73
0,087
-0,1626
0,01139
Porcentaje
población nivel
educativo medio
0,02227
0,00671
3,32
0,001
0,00888
0,03566
Porcentaje
población nivel
educativo alto
0,00065
0,00905
0,07
0,943
-0,0174
0,0187
Constante
1,37641
0,72259
1,9
0,061
-0,0651
2,81795
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
R2 (within)
Intervalo de conf. Al
95%
0,2544
El Cuadro Nº 15 nos muestra los retornos a la educación superior de las mujeres,
cuando se analiza conjuntamente el impacto de la apertura comercial (demanda)
y de los cambios en el capital humano –oferta-.
En comparación con el Cuadro Nº 6, desaparece ahora el efecto desequilibrante de
la apertura extra MERCOSUR -que subía los retornos mincerianos- señalando que
la mayor educación es la responsable de la desigualdad y no la apertura.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 177
Cuadro N°16
Retornos mincerianos de la educación media -mujeresIntervalo de conf. Al
95%
Coeficiente
Desvío Std
Estadístico
T
prob T
0,61527
0,93138
0,66
0,511
-1,2428
2,47332
-0,0056
0,27962
-0,02
0,984
-0,5634
0,55227
Log del PBI
0,01331
0,02642
0,5
0,616
-0,0394
0,06601
Porcentaje
población
nivel educativo
medio
-0,0065
0,00407
-1,6
0,114
-0,0146
0,0016
Porcentaje
población nivel
educativo alto
-0,0086
0,00548
-1,57
0,122
-0,0195
0,00235
Constante
0,48928
0,43782
1,12
0,268
-0,3841
1,3627
Apertura
MERCOSUR
Apertura Extra
MERCOSUR
R2 (within)
0,286
Finalmente, el Cuadro precedente se compara con el número 8, encontrándose
el mismo efecto de antes, solo que ahora los cambios en la estructura educativa
son responsables de la caída en los retornos de la educación media, eximiendo de
responsabilidad a la apertura.
En síntesis, la apertura hacia el MERCOSUR tiene un fuerte impacto que
desequilibra en el caso de los salarios pagados a los hombres, premiando de
manera importante la acumulación de capital humano, pero ese impacto que se ve
amortiguado en la realidad por el incremento en la oferta relativa de trabajadores
calificados que se produce por los avances en la educación.
La apertura hacia fuera del MERCOSUR tiene también un alto impacto, pero en
el sentido contrario, reduciendo las desigualdades en los salario masculinos y
contribuyendo a una mayor cohesión social. Ese impacto igualador se ve menguado
por los cambios en los niveles de capacitación de la oferta laboral.
En lo que hace al mercado laboral femenino, en consonancia con lo encontrado en
el análisis de variables instrumentales, no hay efectos de la apertura comercial.
5. ¿Cambio de paradigma?
Una última hipótesis que nos interesa testear es si ha habido algún cambio
estructural coincidente con el paradigma del nuevo regionalismo que, con el
178 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
reconocimiento de la importancia de las “Metas del Milenio” viene planteando la
necesidad de que los procesos de integración tengan en cuenta el sostenimiento
de la cohesión social.
En este sentido, las crisis de los modelos comercialistas de integración, sostenidos
en las recomendaciones del Consenso de Washington, hizo que los nuevos
esquemas surgidos luego de los ’90 tuvieran en cuenta la preocupación por los
impactos sociales de los procesos de integración, aunque fuera en declaraciones
retóricas.
Es relevante preguntarse entonces si esta mayor preocupación por lo social,
realmente se ha traducido en un cambio cualitativo de los procesos de integración
-nuevos y preexistentes- o si se continúa en la misma senda por la que se venía.
Con ese propósito, incluimos ahora en nuestra regresión de variables instrumentales
de los Cuadros 9 al 12, una variable dummy que busca captar algún cambio
estructural acaecido a partir del 2000.
Cuadro N°17
Estimación de la polarización, usando variables instrumentales -Apertura MERCOSUR
y Apertura extra MERCOSURDesvío
Estadístico
Intervalo de conf.
Coeficiente
prob T
Al 95%
Std
T
Retorno educación
0,310
0,108
2,880
0,004
0,099
0,521
superior hombres
Dummy Nuevo Reg
-0,017
0,011
-1,550
0,122
-0,039
0,005
Constante
0,423
0,074
5,730
0,000
0,278
0,568
R2 (within)
0,280
Cuadro N°18
Estimación de la polarización, usando variables instrumentales -Apertura MERCOSUR
y Apertura extra MERCOSURDesvío
Estadístico
Intervalo de conf.
Coeficiente
prob T
Std
T
Al 95%
Retorno educación
0,548
0,146
3,750
0,000
0,262
0,834
media hombres
Dummy Nuevo Reg
0,022
0,008
2,700
0,007
0,006
0,037
Constante
0,370
0,071
5,210
0,000
0,231
0,509
R2 (within)
0,180
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 179
Cuadro N°19
Estimación de la polarización, usando variables instrumentales -Apertura MERCOSUR
y Apertura extra MERCOSURDesvío
Estadístico
Intervalo de conf. Al
Coeficiente
prob T
Std
T
95%
Retorno educación
-0,183
0,342
-0,540
0,591
-0,853
0,486
superior mujeres
Dummy Nuevo Reg
0,027
0,041
0,660
0,508
-0,053
0,108
Constante
0,741
0,196
3,780
0,000
0,356
1,126
R2 (within)
0,020
Cuadro N°20
Estimación de la polarización, usando variables instrumentales -Apertura MERCOSUR
y Apertura extra MERCOSURDesvío
Estadístico
Intervalo de conf. Al
Coeficiente
prob T
Std
T
95%
Retorno educación
1,5987
2,07592
0,77
0,441
-2,47
5,66743
superior mujeres
Dummy Nuevo Reg
0,12125 0,15217
0,8
0,426
-0,177
0,4195
Constante
R2 (within)
-0,146
1,01548
-0,14
0,886
-2,1363
1,8443
0,030
Como puede verse claramente en estas cuatro últimas regresiones (Cuadros
17 al 20), prácticamente no existe ningún cambio estructural significativo en la
última década, respecto a la anterior, y cuando realmente hay un efecto -en el
caso del impacto de la apertura en la polarización vía el cambio en el retorno de
la educación media para los hombres- pues resulta desequilibrante y contribuye a
aumentar la polarización.
Conclusiones
El trabajo parte del supuesto de que existe un impacto de la apertura comercial en
la cohesión social por la modificación de las tasas de retorno de la educación, como
resultado de que el shock de apertura cambia la demanda relativa de factores.
Se postula además que ese impacto estará amortiguado por el cambio endógeno
en la acumulación de capital humano por parte de las personas, y que los cambios
en los retornos de la educación acaecidos como consecuencia del shock de
apertura, incentivarán a los agentes.
180 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
La conclusión principal del trabajo y el resultado más importante del contraste
empírico es que efectivamente la apertura comercial tiene un impacto tanto en la
polarización como en la distribución funcional del ingreso, a través de los cambios
que ocasiona en las remuneraciones de los factores productivos.
Pero el efecto de la apertura comercial no es homogéneo sino que depende del tipo
de comercio. En particular, el comercio extra MERCOSUR reduce sustancialmente
la participación de los trabajadores en la renta, mientras que el comercio hacia
dentro del MERCOSUR no la afecta. El comercio hacia adentro del bloque
incrementa la polarización de ingresos -mayormente laborales-, al tiempo que el
comercio hacia terceros tiene un efecto igualador en los ingresos laborales.
En consonancia con lo que postulaba el modelo teórico, los cambios endógenos
producidos en la acumulación de capital humano como respuesta a las
modificaciones en las retribuciones a los factores ocasionadas por el shock inicial
de apertura, tienen el efecto de amortiguar los impactos desequilibrantes de la
apertura intra Mercado Común, y también achican los efectos igualadores del
comercio extra zona.
Además, el análisis por variables instrumentales confirma que los efectos
de la apertura sobre la polarización, ocurren por la vía de su impacto en las
remuneraciones factoriales, independientemente de que otros factores que tienen
el poder de modificar las remuneraciones relativas de los trabajadores de distinta
cualificación, estén teniendo lugar -shocks tecnológicos, por ejemploPor último, no existe evidencia estadística suficiente para sostener la hipótesis de
que exista un cambio real de paradigma en materia de integración asociado a una
mayor preocupación por los impactos sociales de los procesos.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 181
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Working Paper, Nº 70.
Tratado de Comercio de los Pueblos: su contenido
y estudio de caso del comercio entre Venezuela y
Bolivia (2006-2012)
Luis A. Toro G.
Introducción
El 29 de abril del 2006 en La Habana, por iniciativa de Bolivia y en el marco de la
Alianza Bolivariana para América (ALBA), se firma el Tratado de Comercio de los
Pueblos (TCP). A diferencia de los tratados de comercio preferenciales cuyo objetivo
es ampliar el mercado de bienes y servicios entre países, estos acuerdos “son
instrumentos de intercambio solidario y complementario entre los países destinados a
beneficiar a los pueblos” (Wikipedia, TCP).
Es de interés revisar el desarrollo del Acuerdo entre Venezuela y Bolivia en el
marco del ALBA y el TCP. Para la consecución de este objetivo se tomará cada uno
de los catorce puntos definidos para ser desarrollados entre Venezuela y Bolivia.
Las acciones a tomar por parte de Venezuela en sus relaciones con Bolivia en el
marco del ALBA y el TCP están descritas en catorce apartados (Anexo A); por otra
parte, las acciones a tomar por Bolivia en sus relaciones con Venezuela se expresan
en seis propósitos (Anexo B) y finalmente las acciones conjuntas a desarrollar por
Cuba y Venezuela en sus relaciones con Bolivia en el marco del ALBA y el TCP
(Anexo C). El objetivo de esta reflexión es hacer un análisis del impacto de este
Acuerdo sobre los flujos de comercio entre Bolivia y Venezuela con énfasis en el
periodo 2006–2012; además, observar la diferencia de este Acuerdo con otros que
han sido firmados en el marco de la teoría tradicional de las uniones aduaneras.
1. Visión global de la economía boliviana
El principal sustento de la economía de Bolivia está en extraer y exportar materias
primas. En el sector primario las actividades más importantes son la minería
y la exploración, producción, transporte y refinación de petróleo y gas. En la
primera actividad, la principal empresa, Mina San Cristóbal S. A (MSC), produce
concentrados de zinc-plata y plomo-plata; la segunda actividad es desarrollada
por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos-Corporación (YPFB). En el sector
secundario destaca las industrias de cerveza con Cervecería Boliviana Nacional
S.A; lácteos, Pil Andina S.A su empresa líder, con un crecimiento sostenido en su
producción y en sus inversiones; Oleaginosas con Gravetal, empresa agroindustrial
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 183
dedicada al procesamiento de grano de soya para la producción de aceite crudo
y harina destinados a la exportación; industria automotriz, INMETAL; cemento,
Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) una de las empresas más grandes de
Bolivia; finalmente, textiles, cuya principal empresa, Ametex, orienta su producción
principalmente al mercado externo. En el sector terciario, Bolivia ocupa la segunda
posición a nivel mundial en el desarrollo de micro finanzas, gran parte de su
economía es informal y existen pocas industrias grandes, lo que ha permitido el
crecimiento de microempresas comerciales y de servicios que obtienen apoyo
financiero de entidades de microcréditos altamente especializadas. Otro subsector
es el bancario, con importantes bancos como el Banco Mercantil Santa Cruz,
Nacional de Bolivia y Banco Bisa. En tercer lugar se destacan las empresas de
telecomunicaciones (Entel, Tigo y Nuevatel).
1.1. Sector interno
Para el año 2011, el PIB boliviano registró un crecimiento de 5,1% (cuadro 1),
lo que significó una aceleración del crecimiento en 1% con respecto al 2010.
Las actividades económicas que registraron un mayor crecimiento en 2011
fueron: servicio de transporte y almacenamiento con un crecimiento de 6,5%,
electricidad, gas y agua con 7,0% y la construcción creció en 7,5%. Los sectores
más importantes de la economía boliviana, minería y agricultura, crecieron en
relación con 2010 un 4,3% y 3,2% respectivamente, crecimiento inferior al de la
economía en general.
Del lado de la demanda, el PIB basó su crecimiento en el aumento del gasto de
consumo final, que creció en 5,4% y el consumo del gobierno un 4,3%.
La formación bruta de capital registró un aumento de 12,8%, mayor que el
crecimiento observado en el 2010 que fue de 7,1%. y se debió al aumento de
inversiones públicas.
184 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Cuadro 1
BOLIVIA: Producto Interno Bruto
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011/a
Tasas anuales de variación b/
2,7 4,2
4,4
4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,1
0,8 2,3
2,6
3.0 2,8 4,4 1,7 2,5 3,5
Producto interno bruto total
Producto interno bruto por habitante
Producto Interno bruto sectorial
Agricultura, ganadero, caza, silvicultura y pesca
8,7 0,2
Explotación de minas y canteras
5,0 9,4
Industrias manufactureras
3,8 5,6
Electricidad, gas y agua
2,9 3,1
Construcción
-23,7 2,2
Comercio al por mayor y al por menor.
restaurantes y hoteles
1,8 3,5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
3,9 4,0
Establecimientos financieros, seguros, bienes
Inmuebles y servicios prestados a las empresas -3,3 -1,5
Servicios comunales, sociales y personales
2,9 3,3
Producto interno bruto por tipo de gasto
Gasto de consumo final
2,1 2,9
Consumo del gobierno
3,6 3,1
Consumo privado
1,9 2,9
Formación bruta de capital
-12,8 -11,8
5,0
13,1
3,0
2,7
6,4
4,3 -0,5 2,8 3,7
5,4 7,0 22,9 -2.0
8,1 6,1 3,7 4,8
4,0 4,3 3,6 6,1
8,2 14,3 9,2 10,8
-1.2
4,0
2,6
7,3
7,5
3,2
4,3
3,3
7,0
7,5
2,4
2,9
3,4
3,9
4,8
3,5
4,0
4,0
4,3
5,6
3,8
8,0
3,4
6,5
0,4
3,0
5,4
3,3
6,3
3,7
4,7
3,5
4,1
5,6
5,6
3,6
5,3
4,9
4,0 4,1 5,3
3,3 3,8 3,9
4,1 4,2 5,5
-5,1 11,1 29,3
3,7
3,8
3,7
3,9
3,9 5,2
3,1 4,3
4,0 5,4
7,1 12,8
3,3
3,4
3,3
26,9
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales
a/Cifras preliminares
b/ Sobre la base de cifras en moneda nacional a precios constantes de 1990
La economía boliviana creció a una tasa interanual del 5,1% hasta marzo de 2012
y según la CEPAL, para la totalidad del año, la economía creció en un 5 % %, lo
cual significa un leve descenso con respecto al 5,1% observado en 2011, pero
sigue siendo uno de los índices más altos de la región, superado en crecimiento
por Panamá, Haití y Perú (gráfico 1).
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 185
Gráfico 1
América Latina y el Caribe: Tasa de Variación
Anual del PIB, 2011-2012
(En Porcentajes)
Panamá
Haití
Perú
Venezuela (Rep. Bol. de)
Nicaragua
Costa Rica
Chile
Bolivia (Est. Plur. de)
Rep. Dominicana
Ecuador
Colombia
Centroamérica (9 países)
México
Uruguay
Guatemala
América Latina
Honduras
América Latina y el Caribe
Cuba
América del Sur (10 países
El Salvador
Argentina
El Caribe
Brasil
Paraguay
-4
2,0
2,0
1,6
1,6
-2
0
2
3,2
3,2
3,2
3,0
2,8
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
4,4
4,0
3,5
3,5
4
9,5
6,0
5,9
6
8
10
12
Fuente: Comisión conómica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales.
1.2. Sector externo
Se inicia el análisis del sector externo boliviano considerando tanto la estructura
de sus exportaciones como el uso o destino económico de sus importaciones. En el
período 2007–2012 los hidrocarburos han tenido una contribución relevante en el
total de las exportaciones, con una participación mínima de 38,5% en el año 2009
hasta alcanzar un máximo de 50% en el 2012; para este mismo año, le siguen los
minerales con una participación de 31% y los productos no tradicionales como el
café, maderas, azúcar, etc. con 16,2% de participación (cuadro 2).
186 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Cuadro 3
Estructura de las Exportaciones
VALOR OFICIAL
(En millones de $US)
PRODUCTOS
2007
%
2008
% 2009|1|
% 2010(p)
% 2011(p)
% 2012|1|
%
MINERALES
1,387,5 28.4 1.932.3 27,4 1.846,1 33,6 2.388,3 33,9 3.421,6 37,3 1.594,7 31,1
Estaño
213,2
281,7
233,5
350,3
453,8
182,0
Zinc
696,5
740,8
689,6
888,1
944,2
356,3
Plata
226,6
525,6
610,6
797,6
1,375,5
547,8
Atimonio
25,9
24,4
16,4
43,4
57,8
31,2
Vólfran
22,0
22,8
17,8
21,3
19,9
10,4
Oro
122,9
142,2
116,5
95,2
95,2
56,2
Otros
80,3
194,8
161,7
192,3
475,1
410,7
HIDROCARBUROS
2.242,0 45,9 3.486,6 49,4 2.110,2 38,5 2.987,3 42,4 4,114,5 44.9 2.565,5 50,0
Petróleo|1|
268,8
324,3
139,7
186,6
227,6
77,3
Gas Natural
1.971,2
3.159,1
1,967,6
2.797,8
3.884,9
2,487,9
Otros|1|
1,9
3,2
2,9
2,8
2,0
0,3
NO TRADICIONALES
960,0 19,6 1.211,6 17,2 1.193.7 21,8 1.390,9 19,8 1.373,3 15,0
834,4 16,2
Café
13,8
13,9
14,6
15,3
26,1
7,1
Maderas
66,6
72,3
63,7
70,2
59,6
24,6
Azúcar
23,0
49,7
74,0
44,0
0,8
11,4
Cueros
29,3
22,6
12,3
25,6
37,4
18,4
Soya (grano, harina y horta) 190,9
232,8
343,9
336,8
353,2
228,7
Artesanías
6,1
5,1
5,5
13,4
3,9
1,4
Castaña
70,7
83,5
64,2
91,8
135,4
61,7
Prendas de vestir
31,4
30,2
23,8
28,9
12,9
6,8
Aceite de soya
92,8
106,8
144,0
185,8
257,0
129,2
Artículos de Joyería
53,4
23,7
2,1
17,6
23,1
11,3
Otros|1|
382,0
571,0
445,4
561,4
464,0
333,8
TOTAL(A)
4.589,5 93,9 6.630,5 93,9 5.150,0 93,9 6.766,4 96,1 8.909,4 97,2 4.994,6 97,3
OTROS|1|
300,2 6,1
427,5
6,1
336,4
6,1
271,8
3,9
257,8 2,8
140,3 2,7
TOTAL CIF(A) +(B)
4.889,7 100.0 7.058,0 100.0 5.486,4 100.0 7.038,2 100.0 9.167,2 100.0 5.134,9 100.0
AJUSTE(C)
-385,5
-532,9
-526,0
-647,8
-835,3
-329,3
Gastos de realización -385,5
-532,9
-526,0
-647,8
-835,3
-329,3
TOTAL FOBJANDHQ
4.504,2
6.525,1
4.960,4
6.390,4
8,331,9
4.805,5
Fuente:
ADUANA ANCIONAL-INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
Elaboración: BANCO NACIONAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR EXTERNO
1 A partir de 1991 incluye diesel oil.
2 Gas licuado, fuel oil, gasolina.
3 Incluye: flores, palmitos, alcohol, cacao, madera trabajada, efectos personales, bebidas y otros.
4 Comprende reexpotaciones, bienes para transformación, bienes para reparación, combustibles y lubricantes.
(p) Cifras preliminares.
(*) Enero - junio 2012
Según el uso o destino económico de las importaciones de bienes por parte de
Bolivia, los bienes intermedios tuvieron, durante el período 2007-2012, una participación por encima del 50% en el total de las importaciones, a excepción del
año 2007 cuya participación fue de 49,3%. Los bienes de capital, en el 2012,
ocuparon el segundo lugar con 28,2% de participación (cuadro
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 187
Cuadro 3
Estructura de las Exportaciones
Participación
CLASIFICACIÓN
2006
BIENES DE CONSUMO
No duraderos
Duraderos
BIENES INTERMEDIOS
Combustibles y Lubricantes
Para la Agricultura
Para la Industria
Para la Construcción
Partes y Accesorios
de Eq. de Transporte|1|
BIENES DE CAPITAL
Para la Agricutura
Para la Industria
Equipo de Transporte
Diversos
EFECTOS PERSONALES
VALOR TOTAL CIF
AJUSTES |2|
VALOR TOTAL CF AJUSTADO
Deducción por
fletes seguros y otros
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
Participación
2007
%
2008
%
2009
%
2010
%
2011
%
2012 (p)
%
16.8 836.7
11.5 417.9
5.3 418.8
50.1 1.769.9
9.3 280.4
3.7 146.7
28.4 1.024.1
5.7 205.6
23.3
11.6
11.7
49.3
7.8
4.1
28.5
5.7
1.118,7
554,0
564,7
2.599.0
555.4
210.9
1.393.5
309.0
21.9
10.9
11.1
51.0
10.9
4.1
27.3
6.1
928.0
516.9
411.0
2.305.0
470.2
218.3
1.204.2
295.5
20,3
11.3
9.0
50.4
10.3
4.8
26.3
6.5
1,1326
641.5
491.1
2.709.5
615.2
240.7
1.414.8
313.1
21.9
11.9
9.1
50.2
11.4
4.5
26.2
5.8
1.713.6
853.1
860.5
3.745.8
1.025.4
300.3
1/800.0
450.5
22,3
11,1
11,2
48.8
13.4
3.9
23.5
5.9
769.6
430.3
339.3
1.925.6
583.7
128.2
912.4
208.4
20.2
11.3
8.9
50.6
15.4
3.4
24.0
5.5
88.7 3.0 113.1
945.8 32.3 952.4
30.0 1.3
65.8
568.8 20.1 653.9
317.9 10.9 232.8
20.0 0.7
24.1
3.1 0.1
4.8
2.925.8 160.0 3.580.0
-10.0
-2.3
2915.5
3.585.7
32
26.5
1.8
18.2
6.5
0,7
0.1
100.0
130.3
2.6
1.315.1 25.8
97.3
1.9
902.1 17.7
315.7
6.2
61.8
1.2
5.5
0.1
5.100.2 100.0
-13.8
5.081.4
116.9
1.273.9
77.3
652.5
344.1
64.3
6.1
4.577.4
-32.4
4.544.9
2.6
27.8
1.7
18.6
7.5
1.4
0.1
100.0
125.7
1.495.5
101.5
1.046.0
347.9
49.2
6.6
5.393.3
-13.6
5.379.7
2.3
27.7
1.9
19.4
6.4
0.9
0.1
100.0
169.7
2.184.3
162.7
1..503.8
517.7
20.9
8.1
8.672.7
-3.4
7.664.2
2.2
28.5
2.1
19.6
6.7
0.3
0.1
100.0
490.2
336.5
153.7
1.466.7
272.3
108.6
834.4
166.8
-130.2
%
-213.3
-317.3
-216.7
-376.9
-537.9
93.0
2.4
1.073.5 28.2
107.7
2.8
74.29.8 19.5
223.0
5.9
30.1
0.8
3.5
0.1
3.802.3 100.0
0.0
3.02.3
-270.3
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Elaboración: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR EXTERNO
NOTAS 1 De acuerdo a Tercera Revisión del Manual de Cuentas Nacionales NNUU.
(2) Ajustes por alquiler de aeronaves y nacionalización de vehículos importados en gestiones anteriores.
(p) Cifras preliminares.
(*) Cifras a junio de 2012.
La balanza comercial boliviana con Venezuela presenta un crecimiento con
superávita de 35% en el año 2007 con relación al año anterior 2006. Luego, en
el año 2008 continúa siendo con superávit pero con un decrecimiento respecto
al año anterior de 94%. Para el año 2011 la balanza comercial boliviana con
Venezuela se torna deficitaria (gráfico 2).
188 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Gràfico 2
Balanza comercial Bolivia ‘ Venezuela
(Miles de dòlares)
250
200
150
100
50
Balanza comercial
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
-100-
1997
-50
1996
1995
0
150
-200
FUENTE
En el 2011, Bolivia exportó a Venezuela 83 productos por un valor de 293 millones
de dólares. Entre los principales productos exportados están: aceite de girasol
en bruto, torta de soya, aceite de soya en bruto, telas y fieltros y camisetas de
algodón. Bolivia compró a Venezuela 167 productos por un valor de 525 millones
de dólares. Entre los principales productos comprados están: gasolina sin
tetraetilo de plomo para vehículos y tractores, productos laminados planos de
hierro o acero, gas licuado de petróleo, gasóleo o diesel.
Las compras bolivianas a Venezuela crecieron en el año 2011 en 76% al pasar de
298.655 miles de dólares en el año 2010 a 524.953 miles de dólares. Esta cifra
superó a Brasil, su principal socio comercial, que creció en 39% (cuadro 4).
Cuadro 4
BOLIVIA IMPORTACIONES AL MUNDO SEGÚN PAÍSES DE ORIGEN GESTIONES 2010-2011
(Datos preliminares)
(Toneladas mútricas y miles de dólares estadounidenses)
NRO
1
2
3
4
5
6
7
PAIS
BRASIL
ARGENTINA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
JAPÓN
VENEZUELA
PERÚ
TN
2010
701.023
761.412
439.694
174.455
71.965
395.665
307.660
MILES
(US
1.000.882
699.360
536.440
710.515
316.582
296.655
348.424
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE - Bolivia
T
2011
804.302
915.667
610.343
216.443
130.625
547.071
372.448
MILES
(US
1.386.764
957.272
945.968
862.056
588.113
524.953
472.062
VARIACIÒN RELATIVA
TN
MILES
(US
14.7
38.6
21.8
46.9
38.8
76.3
24.1
21.3
81.5
35.8
30.3
75.8
21.1
21.5
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 189
Para el año 2011 se observa un crecimiento, con respecto al 2010, de las compras
externas bolivianas de diesel en un 76%; barras de hierro o acero sin alear creció en
32,5%. Por otra parte, gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos automóviles
con un índice de antidetonante sup. a 95, disminuyó su crecimiento en 12%. En
contraste, las compras externas de gasolina sin tetraetilo de plomo para vehículos
automóviles con un índice de antidetonante entre 90 y 95, crecieron un 418,6%;
gas licuado de petróleo (glp), creció en 100%; betún de petróleo, creció en 33,2%
(cuadro 5). El dinamismo de las compras externas de Bolivia de los anteriores
productos, recibidos principalmente de Venezuela, no ha sido resultado de la
firma del Acuerdo. Ese intercambio se ha dado y podrá seguirse dando con y sin
el Acuerdo.
Cuadro 5
BOLIVIA PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE EL MUNDO SEGÚN VALOR
GESTIONES 2010-2011 (Datos preliminares)
(Expresado miles de dólares estadounidenses)
NRO
NANDINA
1
2
5
7
15
22
PRODUCTO
2010
2710192100 DIÉSEL
415.375
7214200000 BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALE/ 130.450
2710111340 GASOLINA SIN TETRAETILO DE PLOMO 115.595
PARA VEHICULOS AUTOMÓVILES CON
UN ÍNDICE DE ANTIDETONANTE SUP. A
85
2710111330 GASOLINA SIN TETRAETILO DE PLOMO
17.699
PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVIBLES CON
UN ÍNDICE DE ANTEDETONANTE ENTRE
90 Y 95
2711190010 GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP)
0
2713200000 BETÚN DE PETRÓLEO
29.888
2011
%
730.113
172.842
102.010
75.8
32.5
-12
91.779
418.6
48.203
39.820
100
33.2
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE - Bolivia
En lo referente a los principales mercados para las ventas externas bolivianas,
en agosto del año 2012 los cinco principales destinos fueron Brasil, con una
participación de 31% en el total de las exportaciones totales; le sigue Argentina
con 17%, Estados Unidos con 14%, Perú con 5% y Japón con 4%. Ello concentra el
71% del total de las exportaciones bolivianas. Por otra parte, las compras bolivianas
externas proceden de Brasil, 18%; Argentina y China, 13%; Estados Unidos, 10%
y Venezuela y Perú 7%. Ello representa casi el 68% del total de las importaciones.
Bolivia tiene superávit comercial con cuatro, de sus cinco principales destinos
para sus exportaciones; con Perú registra un déficit de 7 millones de dólares y con
Venezuela muestra igualmente un déficit de 166 millones de dólares (cuadro 6).
190 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Cuadro 6
BOLIVIA: SALDO COMERCIAL SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES, ENERO 2011-2012 (p)
(En millones de dólares estadounidenses)
ENERO-AGOSTO 2011 (p)
PAÌS
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO COMRICIAL
ENERO-AGOSTO 2012 (p)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
SALDO COMRCIAL
Brasil
1924,36
875,55
1.048,92
2257,36
953.14
1304,22
Argentina
631.99
610,62
21,37
1235,54
704,38
531,16
Estados Unidos 616,02
549,84
66,18
984,80
543,61
441,20
Perú
304.16
285.83
18.33
352.77
369.72
(7,15)
Japón
356.85
285,41
71,43
312,82
219.04
93,78
Colombia
147.97
136,69
11,28
291,82
219,04
93,78
Corea del Sur
287.97
40.93
246,79
233,79
46,02
187,78
China
229,64
545,04
(315,40)
215,63
685,25
(469,62)
Bélgica
226,62
17,96
208,65
210,52
15,72
194,79
Venezuela
171,10
346,63
(175,53)
193.00
359,17
(166,17)
Suiza
176,45
11,54
164,91
172,34
22,92
149,42
Chile
121,84
202,61
(80,78)
161,79
231,39
(69,60)
Ecuador
37,67
17,37
20,30
123,43
22,17
101,26
Canadá
142,13
20,73
121,40
92,17
32,91
59,26
Reino Unido
85,93
24,71
61,21
69,89
42,49
27,40
España
59,21
62,78
6.43
46.79
57,10
(10,31)
Australia
116,70
2.27
114,43
40,70
3.03
37,67
Alemania
31,40
89,90
(58,50)
32,41
105,18
(72.78)
Italia
25,74
49,38
(23,64)
31,20
135,93
(104,73)
México
41.40
113.60
(72,20)
27.31
142.02
(114,71)
Resto de países 155.65
428,5
(272.86)
129.20
446.8
(317,47)
Efectos Personales 1.19
4.83
(3.)
1.73
4,59
(2,86)
TOTAL
5.891.63
4.712.66
1.178.98
8.216.82
5.230.85
1.985.98
Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior - IBE/ (p)
Datos preliminares
1.2.1. Acciones a desarrollar por Venezuela en Bolivia
La primera tarea a realizar por parte de Venezuela en su relación con Bolivia, se
describe en el punto primero de “Acciones a desarrollar por Venezuela en sus
relaciones con Bolivia en el marco del ALBA y el TCP” (Anexo A). Este primer punto
del Acuerdo envuelve apoyo de Venezuela a Bolivia en aspectos de asesoría técnica
en el campo de la energía e hidrocarburos; suministro de crudos y productos
terminados en volúmenes que sean requeridos para cubrir la demanda interna
boliviana. En contraprestación, se establecen mecanismos de compensación
para el pago, con productos bolivianos de los bienes y servicios recibidos por
parte de Venezuela. Por otra parte se prevén inversiones por parte de Venezuela
en infraestructura, petroquímico, siderúrgica y químico–industriales. Por último
se prevén otras formas de cooperación, sin señalar cuáles, que ambos países
acuerden.
Como una concreción parcial al primer punto descrito en párrafo anterior, el 31
de marzo del año 2011, se suscribió en Cochabamba, Bolivia, el llamado “Acuerdo
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 191
de Comercio entre los Pueblos y Complementariedad Económica y Productiva”.
El acuerdo se oficializa a través de las siguientes disposiciones: Bolivia: Ley No
167 del 19/08/2011 y Venezuela: Decreto No 8.159 del 18/04/2011. Entre los
objetivos fijados en este acuerdo se destacan:
1. Búsqueda de una integración alternativa a los Tratados de Libre Comercio.
2. Fortalecer la complementación económica, productiva y comercial con
criterios de igualdad, equilibrio y solidaridad para el mutuo beneficio.
3. Desarrollar acciones concretas que permitan priorizar a organizaciones
indígenas, campesinas, comunales, micro, pequeñas y medianas empresas,
cooperativas, empresas estatales y grannacionales, con el fin de lograr el
objetivo del “Vivir Bien” y la suprema felicidad social.
4. Expandir y promover el ámbito de intercambio comercial, solidario y
complementario, condicionado a la complementación económica y
productiva113.
El Acuerdo, vigente a partir de abril de 2012, da continuidad a las preferencias
arancelarias emanadas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), para acceder
al mercado venezolano en los próximos cinco años (2011-2016), con posibilidad
de firmar un acuerdo definitivo; libera en un 100% el universo arancelario, a
excepción de productos de algunas industrias que se consideren industria naciente
en ambos países. Además, establece para la compensación de pagos, implementar
y consolidar el uso del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos
(SUCRE). Este Acuerdo no ha tenido efectos en la corrección del déficit de balanza
comercial de Bolivia con Venezuela. Según el Instituto Boliviano de Comercio
exterior (IBCE), el déficit en balanza comercial continúa manteniéndose en enero
del 2012. Dicho déficit es de 52 millones de dólares: se registraron importaciones
por 58 millones de dólares y exportaciones por 6 millones de dólares. En enero de
2012, Bolivia compró a Venezuela 33 productos, por un valor de 58 millones de
dólares. Las compras de diesel fueron de 56 millones de dólares, equivalente al
96,55% del total de las importaciones.
Lo anterior, contradice el objetivo uno del Acuerdo. Lo propuesto se enmarca en
la teoría tradicional de Uniones Aduaneras de Viner (1950) y Lipsey (1957) al
plantear en forma clara la formación de un área de libre comercio.
Por otra parte, según el Presidente del Directorio Ejecutivo del Consejo Monetario
del Sucre, durante el transcurso del año 2012, este mecanismo logró un incremento
del 150% de las operaciones comerciales de la región. Según la misma fuente más
de 150 empresas operan con el SUCRE, de las cuales 90% pertenecen al sector
privado, 6% al sector público y el resto entre pequeñas y medianas empresas.
“Desde el punto de vista de Venezuela, las operaciones se centran 80% con Ecuador;
113 Para ver texto del Acuerdo http://www.ibce.org.bo/asistencia-tecnica/OK-Bolivia-Venezuela.pdf)
192 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
con Cuba aproximadamente 4% y con Bolivia, 20%, lo que significa que el Sucre viene
consolidándose y estamos delante de la perspectiva que habíamos marcado”, acotó el
funcionario.
Por el lado de la oferta exportable de Bolivia, los resultados no han sido los
esperados, visto lo prometido en el segundo párrafo de los Acuerdo cuyo texto
señala: “SEGUNDO: Los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la
República de Cuba garantizan a Bolivia la compra de las cantidades de productos de la
cadena oleaginosa y otros productos agrícolas e industriales exportados por Bolivia, que
pudieran quedar sin mercado como resultado de la aplicación de un Tratado o Tratados
de Libre Comercio promovidos por el gobierno de Estados Unidos o gobiernos europeos.”
en los que participan “organizaciones indígenas, campesinas, comunales,
micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, empresas estatales,
grannacionales114, con el fin de lograr el objetivo del “Vivir Bien” y la “suprema
felicidad social”. Así, el valor de las exportaciones totales de Bolivia a Venezuela
en los primeros cinco meses del año 2011 descendió en 60 %. Las exportaciones
de textiles, cayeron en 94% en el año 2011 respecto al mismo periodo del 2010
(IBCE). El gerente del IBCE, Gary Rodríguez, atribuye este comportamiento
a “la indolencia de la burocracia venezolana”. Los importadores venezolanos
deben tener un “Certificado de No Producción o Producción Insuficiente” como
paso previo para obtener divisas, ello dificulta el pago de las compras a Bolivia.
Ello es previsible cuando excluye al mercado y se le sustituye por instancias
gubernamentales.
El cumplimiento de los catorce puntos del Acuerdo “Acciones a desarrollar
por Venezuela en sus relaciones con Bolivia en el marco del ALBA y el TCP”115
depende de los precios de la factura petrolera y de la actuación de la burocracia
gubernamental de ambos gobiernos.
1.2.2. Acciones a desarrollar por Bolivia en Cuba y Venezuela
Las Acciones a desarrollar por Bolivia en sus relaciones con Cuba y Venezuela en
el marco del ALBA y el TCP se describen en seis puntos (Anexo B). Los primeros
tres puntos se refieren al área económica: promesas de suministro a Venezuela y
114 El concepto GRANNACIONAL es un planteamiento netamente político que tiene varios fundamentos:
• Histórico y geopolítico: la conformación de la gran nación latinoamericana y caribeña.
• Socioeconómico: la satisfacción de las necesidades sociales de los pueblos no es local, sino
regional.
• Ideológico: afinidad conceptual de los países que integran el ALBA sobre la “globalización
neoliberal, el desarrollo sustentable con justicia social, la soberanía… y el derecho a su
autodeterminación…”. (Alvarado, 2009)
115 Para ver el Acuerdo http://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Comercio_de_Pueblos
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 193
Cuba de productos agrícolas, mineros, agroindustriales, pecuarios e industriales;
la contribución de Bolivia a la seguridad energética de Cuba y Venezuela con
su producción hidrocarburífera disponible y excedentaria de hidrocarburos y,
finalmente, incentivos a Venezuela y Cuba para llevar a cabo inversiones en Bolivia
mediante la eliminación del impuesto sobre utilidades a toda inversión estatal y
de empresas mixtas. Los siguientes tres puntos están referidos a compromisos
académicos, culturales y científicos.
De los puntos del Acuerdo correspondiente al área económica es importante
prestar atención a los dos primeros: “PRIMERO: Bolivia contribuirá con la exportación
de sus productos mineros, agrícolas, agroindustriales, pecuarios e industriales que sean
requeridos por Cuba o Venezuela. SEGUNDO: Bolivia contribuirá a la seguridad energética
de nuestros países con su producción hidrocarburífera disponible excedentaria”. El
primer punto resta libertad a los exportadores bolivianos, públicos y privados, de
vender sus productos a quienes paguen el mejor precio. Con respecto al segundo
punto, Bolivia tiene un gasoductos con Argentina y otro a Brasil y un ducto de
líquidos con Chile; la producción de gas y de líquidos está disminuyendo y Bolivia
está importando gasolina desde Chile; así, Bolivia no cuenta con producción
disponible excedentaria.
1.2.3. Acciones a desarrollar en forma conjunta por Venezuela y Cuba
en Bolivia
Finalmente, el Acuerdo contiene acciones conjuntas a desarrollar por Cuba y
Venezuela en sus relaciones con Bolivia en el marco del ALBA y el TCP. Estas
acciones se describen en cinco puntos (Anexo C). Los tres primeros se refieren
al área económica: eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias a las
importaciones hechas por Venezuela y Cuba desde Bolivia; garantía de compra de
exportaciones bolivianas de productos oleaginosos y otros productos agrícolas e
industriales que pudieran quedar sin mercado como consecuencia de la aplicación
de un Tratado o Tratados de Libre Comercio auspiciados por el gobierno de
Estados Unidos o gobiernos europeos. Por último, Venezuela y Cuba ofrecen a
Bolivia ayuda financiera, técnica y de recursos humanos para la creación de una
línea aérea del Estado boliviano “genuinamente nacional”. Los dos siguientes
puntos se refieren a la contribución por parte de Cuba y Venezuela en el desarrollo
deportivo boliviano y aspectos de política económica internacional, referida a la
condonación sin condiciones de la deuda externa boliviana. Estas acciones son
similares a las acciones a desarrollar por Venezuela en Bolivia.
194 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Conclusiones
Haciendo un seguimiento preliminar al Acuerdo en aspectos inherentes al área
económica, se observa un divorcio entre la letra del Acuerdo y las acciones hasta
ahora llevadas a la práctica por parte de los gobiernos de ambos países. El
Acuerdo, en lo referente al comercio de bienes, no ha logrado beneficiar a Bolivia.
En primer lugar, se plantea la compra de productos agrícolas, industriales y
oleaginosos por parte de Venezuela y Cuba, con ello se espera tener un mercado
seguro para estos productos, sin embargo la experiencia ha demostrado que este
compromiso fue letra muerta.
El compromiso de Venezuela de aumentar sus importaciones de productos
bolivianos para aumentar sus reservas estratégicas de alimentos, disposición
contenida en el inciso séptimo que determina: “Venezuela incrementará notablemente
las importaciones de productos bolivianos, especialmente aquellos que contribuyan a
elevar sus reservas estratégicas de alimentos”. Este compromiso no se materializó
debido a que se libera de aranceles al ingreso de importaciones bolivianas a
Venezuela, pero se exigen certificados de no producción o producción insuficiente
como paso previo para la obtención de divisas. Ello retarda y obstaculiza el pago
de las compras a Bolivia. Por otra parte se intenta dinamizar el sector productivo
intensivo de mano de obra. El sector exportador textil se ha visto afectado; en los
primeros cinco meses del año 2011, pues exportó 1.1 millones de dólares, cuando
en ese mismo período del año 2010 había exportado 18,5 millones de dólares, lo
que significa una caída en las de exportaciones de textiles de 94%.
Por último, se intenta construir acuerdos de integración diferentes a los
tradicionales, pero en la práctica lo establecido en el acuerdo en relación con la
eliminación arancelaria, no es más que la formalización de un acuerdo de libre
comercio conforme al esquema de integración propuesto por Viner.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 195
BIBLIOGRAFÍA
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info.ve/contenido/sucre-ha-incrementado-150-transacciones-comerciales, consultado octubre
2012
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LIPSEY Richard G. (1957), “The Theory of Customs Unions: Trade–diversion and Welfare”, Economica,
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TRATADO DE COMERCIO DE PUEBLOS, , http://es.wikisource.org/wiki/Tratado_de_Comercio_de_
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VINER Jacob (1950), The Customs Union Isue. Caregle Endowment for International Peace, Nueva York,
Chap 4.
WIKIPEDIA, Tratado de Comercio de los Pueblos, en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_
Comercio_de_los_Pueblos
196 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
ANEXOS
Anexo A
Acciones a desarrollar por Venezuela en sus relaciones con Bolivia en el marco del
ALBA y el TCP
1. Cooperación energética y minera
2. Exención de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal y de empresas mixtas
bolivianas
3. 5000 becas de estudio
4. Crédito de 100 millones de dólares para proyectos productivos y de infraestructura
5. Donación de 30 millones de dólares
6. Donación de asfalto y planta de mezclado de asfalto
7. Importación de alimentos nacionales
8. Incentivos fiscales venezolanos para proyectos de interés estratégico de Bolivia
9. Preferencias para aeronaves de bandera boliviana
10. Apoyo con infraestructura y equipos de transporte aéreo y marítimo venezolanos para
el desarrollo de Bolivia
11. Apoyo a empresas bolivianas de transformación aguas debajo de materias primas
12. Apoyo en estudios de investigación de biodiversidad
13. Promoción de núcleos de desarrollo endógeno sobre la experiencia de la Misión
Vuelven Caras
14 . Venezuela desarrollará convenios con Bolivia en la esfera de las telecomunicaciones,
que podría incluir el uso de satélites.
Anexo B
Acciones a desarrollar por Bolivia en sus relaciones con Cuba y Venezuela en el marco del
ALBA y el TCP
1. Exportaciones mineras, agrícolas, agroindustriales, pecuarias e industriales de
acuerdo a requerimiento de Cuba y Venezuela
2. Apoyo a la seguridad energética de Cuba y Venezuela con producción hidrocarburífera
excedente de Bolivia
3. Exención de impuestos sobre utilidades a toda inversión de Cuba y Venezuela
4. Apoyo de Bolivia con su experiencia en el estudio de los pueblos originarios a Cuba y
Venezuela
5. Intercambio de experiencias sobre conocimientos ancestrales de la medicina
tradicional
6. Intercambio de experiencia sobre recursos naturales y de patrones genéticos agrícolas
y ganaderos
Anexo C
Acciones conjuntas a desarrollar por Cuba y Venezuela en sus relaciones con Bolivia en el
marco del ALBA y el TCP
1. Eliminación de aranceles y barreras no arancelarias para importaciones procedentes
de Bolivia
2. Compra de productos bolivianos afectados por la aplicación de TLC de los EEUU y
Unión Europea
3. Cooperación financiera, técnica y de recursos humanos para una línea aérea
genuinamente boliviana
4. Cooperación para desarrollar el deporte
5. Apoyo a la demanda boliviana de condonación de la deuda externa
Perspectivas económicas acerca del uso del SUCRE
en la UNASUR
José U. Mora Mora
Introducción
Después de cumplirse con el requisito de suscripción de los parlamentos de al
menos 9 países, la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) entró en vigencia
el 11 de marzo de 2011 y con ello se dio un gran paso hacia la integración
suramericana que se inició en Cuzco, Perú, en el año 2004. Aunque en principio
la creación y entrada en vigencia de UNASUR viene a constituir un punto de apoyo
político para sus miembros muy importante en el contexto mundial, el proceso de
integración que se ha venido planteando sigue en los pasos de la Unión Europea
para la creación de una unión monetaria suramericana. De hecho, la creación y
entrada en vigencia del Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) el 29
de enero de 2010 y la creación del Banco del Sur el 23 de noviembre de 2009
pudieran constituir columnas importantes en la conformación y consolidación de
UNASUR ya que el SUCRE pudiera servir de moneda común en la unión.
En ese sentido, este trabajo presenta un análisis de las ventajas y desventajas para
que los países miembros de UNASUR adopten el sucre, la moneda virtual del ALBA
(Alternativa Bolivariana para las Américas) bien como moneda virtual o como
moneda común, dando por hecho que los avances en la integración suramericana
hacia una unión monetaria continuarán progresivamente. Para ello, se presenta,
en primer lugar, una revisión de la literatura sobre la factibilidad de una unión
monetaria suramericana y de la utilización de una moneda común. En segundo
lugar, el análisis se centrará en determinar las ventajas y desventajas de que, por
una parte, cada país continúe manteniendo su moneda (independiente) y fije su
paridad cambiaria respecto al SUCRE, manteniéndose este último como moneda
virtual para las transacciones comerciales y financieras, y por la otra, la adopción
del sucre como moneda común para los países de UNASUR, cumpliendo con las
tres funciones que se le asignan al dinero: medio de pago, reserva de valor y
unidad de cuenta.
1.
Factibilidad de una unión monetaria suramericana
El concepto de unión monetaria o área monetaria óptima fue introducido por
primera vez por Mundell (1961). Sencillamente se define como un área de libre
comercio con una moneda única, donde las políticas económicas son determinadas
de manera conjunta y las tasas de cambio son fijadas de manera irrevocable a la
198 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
moneda de uso corriente por los países miembros de la unión. La experiencia
más reciente en la formación y consolidación de un área monetaria la constituye
la Unión Monetaria Europea (UME), cuya entrada en vigencia oficial corresponde
al 1 de enero del 2000 y tiene sus orígenes en el Tratado de Maastricht firmado
en 1991 por las economías europeas más grandes. Otras uniones monetarias
no menos importantes pero menos conocidas: han sido la Unión Monetaria
del Caribe Oriental (ECCU, por sus siglas en Inglés) conformada por Antigua y
Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y
las Granadinas; la Unión Monetaria y Económica de África Occidental, constituida
por Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y
Togo; y también se puede mencionar La Zona del Franco Francés, conformada
por Camerún, República Centro Africana, Chad, República del Congo, Guinea
Ecuatorial y Gabón. Finalmente, aunque no constituida como una unión monetaria
propiamente dicha, se puede mencionar el conjunto de los cincuenta estados de
Estados Unidos como ejemplo de una unión monetaria, no sólo de larga trayectoria
sino también de un relativo éxito económico, político y social.
La discusión teórica sobre la conveniencia de establecer una moneda común,
mantener un régimen monetario independiente o dolarizar la economía se hace,
bien, desde la perspectiva del análisis de los costos y beneficios de cada opción o
del criterio de convergencia económica para el caso específico de un área monetaria
óptima. Específicamente, el criterio de convergencia consta de las siguientes cinco
condiciones que los países candidatos debían (deben) cumplir:
a. Una tasa de inflación de no más del 1,5% por encima de las tres mejores
tasas de inflación entre los países miembros de la unión.
b. Un déficit presupuestario o fiscal planeado real, inferior al 3% del producto
interno bruto (PIB).
c. Una razón deuda del gobierno/PIB inferior al 60%.
d. Una tasa de interés promedio de largo plazo inferior al doble de los niveles
observados en los países con las tres mejores tasas de inflación.
e. Tipo de cambio fijo durante (al menos) los dos primeros años después de su
ingreso a la unión.
En la literatura de las áreas monetarias óptimas se identifican los siguientes siete
criterios considerados pertinentes para el sostenimiento de un régimen de moneda
común: movilidad de capital, diferencial de tasas de inflación, diversificación de
las exportaciones, tamaño relativo del comercio exterior, concentración geográfica
del comercio, producto interno bruto, y el nivel de desarrollo económico. De éstos,
sólo dos (diferenciales de tasas de inflación y de tasas de interés) se consideran
criterios importantes en el Tratado de Maastricht. Es decir, que los porcentajes
Deuda/PIB y Déficit/PIB y el régimen de cambio fijo, no se han considerado
relevantes en la formulación del cuerpo teórico de las áreas monetarias óptimas
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 199
y, en consecuencia, la elección de estas condiciones dentro del criterio de
convergencia carece de fundamento teórico.
Por otra parte, la lista de costos, que se deriva principalmente de la pérdida de
discrecionalidad en el diseño y ejecución de una política monetaria activa, incluye
la pérdida de señoreaje, la inhabilidad para seleccionar el punto más deseado
sobre una curva de Phillips de corto plazo, la incapacidad para devaluar o revaluar
la moneda y, finalmente, la incapacidad para reaccionar a shocks domésticos o
internos que se pudieran propagar asimétricamente entre los países miembros de
la unión, debido a los bajos niveles de convergencia observados antes de conformar
la unión. Con respecto a los beneficios, es frecuente encontrar referencias a la
disminución de los costos de transacción, la eliminación de la incertidumbre y
volatilidad de la tasa de cambio y el aumento de credibilidad de la autoridad
monetaria (véase Eichengreen, 1992; DeGrauwe, 1992; Cohen, 1989 y Corden,
1972 para una discusión más detallada de los pro y contra de la integración
monetaria). Adicionalmente, un grupo de autores argumentan que los países que
forman parte de una unión monetaria tienden a tener un mejor funcionamiento
económico que aquellos que no lo son. Entre los argumentos más comúnmente
señalados se pueden mencionar una baja tasa de inflación, derivada de la
eliminación del sesgo inflacionario de la política monetaria discrecional (Alesina
y Barro, 2001); una tasa de crecimiento económico más alta, derivada de tener
tasas de interés bajas y elevadas inversiones en capital físico (Dornbusch, 2001)
y del hecho de que al eliminarse la volatilidad de la tasa de cambio, se fomenta el
comercio internacional y en consecuencia se estimula el crecimiento económico
(Rose y Van Wincoop, 2001), además de que la asimetría del impacto de los shocks
disminuye como consecuencia de estos fenómenos.
La investigación empírica, con relación a si las economías suramericanas deben
conformar una unión monetaria o mantener un régimen monetario independiente,
revela que los resultados no son concluyentes. Edwards y Magendzo (2003) comparan
los beneficios y costos de los países bajo “uniones monetarias independientes” (UMI)
y estrictamente dolarizados con los correspondientes costos y beneficios de los
países que mantienen un régimen independiente (emiten su propia moneda). Los
resultados empíricos evidencian que los países que forman parte de una UMI o están
estrictamente dolarizados, o han tenido tasas de inflación mucho más bajas que
aquellos países con régimen independiente. No obstante, la volatilidad del crecimiento
económico, ha sido mayor en los países dolarizados y en UMI, que en los países con
moneda independiente. Con respecto a la tasa de crecimiento del producto per-cápita
los resultados son interesantes. Mientras las economías estrictamente dolarizadas y
los países con régimen independiente han tenido tasas de crecimiento muy similares,
los países bajo UMI han exhibido tasas de crecimiento económico más elevadas. Un
análisis más profundo de este fenómeno reveló que los países que estaban influyendo
200 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
sobre los resultados, eran aquellos del área monetaria del Caribe oriental. Estos
países son relativamente muy pequeños, tienen como actividad común el turismo y
geográficamente están ubicados relativamente cerca de los principales mercados. Una
vez excluido el grupo, los resultados indican que las tasas de crecimiento económico
no difieren estadísticamente entre las tres muestras.
Karras (2003a) ha considerado sólo el caso de dolarización en Latinoamérica bajo
el supuesto de que los países de Norte, Centro y Suramérica decidan formar un área
monetaria con Estados Unidos y adopten como moneda común el dólar. Mediante
una descomposición de las fluctuaciones del producto en shocks específicos y
comunes, encuentra que los shocks específicos son significativamente grandes
y no están sincronizados. Es decir, de acuerdo con la metodología utilizada, no
es posible concluir que los países de Norte, Centro y Suramérica constituyan un
área monetaria óptima. No obstante, Karras señala que, en términos de los costos
de estabilización, individualmente Canadá, Honduras y Colombia son los mejores
candidatos para dolarizar sus economías mientras que Perú y Argentina son los
países que suponen los costos de estabilización más elevados y, por ende, se
clasificarían como los peores candidatos para dolarizar sus economías.
Berg et al (2002) evalúan las opciones de regímenes monetarios para los países
latinoamericanos. Estos autores apuntan que los costos de adoptar una moneda
común superan los beneficios, ya que estos países enfrentan shocks económicos
diversos, la magnitud e importancia del comercio intrarregional es mínima, excepto
en algunos casos en los que el comercio con Estados Unidos es relativamente
importante, y son afectados de manera simétrica por shocks financieros externos.
Dicen también que la dolarización unilateral o independiente es más efectiva en
aquellos países que mantienen vínculos comerciales importantes con Estados
Unidos, países en los que la credibilidad de las autoridades monetarias está
irreversiblemente perdida y otros donde existe una elevada demanda de activos
financieros denominados en dólares.
Rose y Engel (2002), mediante un análisis empírico comparado de las condiciones
económicas de los países que conforman uniones monetarias con aquellos que
mantienen un régimen monetario independiente, hallaron que los primeros
comercian más, exhiben una menor volatilidad del tipo de cambio y los ciclos
económicos están más sincronizados.
Los beneficios de formar una unión monetaria se podrían apreciar en una tasa
de inflación más baja y en una reducción de la variabilidad de la misma, siempre
que el Banco Central del país cuya moneda se adopta como medio de pago, esté
menos sesgado a crear inflación que las autoridades monetarias locales. Además, la
sustitución de la moneda local por otra, eliminaría la variabilidad de la tasa de cambio
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 201
e imposibilitaría la apreciación o depreciación de la moneda local con respecto al
dólar. En consecuencia, los movimientos de la tasa de cambio con respecto a otras
monedas, como el Yen o el Euro, seguirían exactamente el mismo patrón establecido
por el dólar. Finalmente, también podría argumentarse que la unión monetaria traería
consigo tasas de crecimiento económico positivas, más sostenidas y menos volátiles.
Por otra parte, los costos de unificarse estarían asociados a la incapacidad de las
autoridades monetarias de cada país de usar su propia política monetaria para
responder a shocks de oferta agregada, o para aminorar y suavizar las oscilaciones
cíclicas. Estos costos dependerán de cuán correlacionadas estén las fluctuaciones
cíclicas de cada país con las correspondientes del país emisor de la moneda común.
Mora (2001), en el análisis del Índice de Convergencia Económica (ICE), encuentra
que el grado de convergencia promedio para los países suramericanos oscila entre
33,5 y 279,9, valores que corresponden a Brasil y Bolivia, respectivamente. En este
sentido, Brasil es la economía más convergente de Suramérica, mientras que Bolivia
es la más polarizada. En lo que respecta a los miembros de la UME, los promedios
del ICE se distribuyen desde 42,6 hasta 179,2 indicando que Austria, tiene un
grado de convergencia macroeconómica significativo, mientras que Portugal, cuyo
ICE es más elevado, es el más polarizado. Comparando los datos se puede apreciar
que, excluyendo a Bolivia, los grados de convergencia de los países suramericanos
son muy similares a los correspondientes de la UME, con excepción de Irlanda
y Portugal. Estos resultados para la UME son consistentes con los encontrados
por Socas (2002). En ese mismo sentido, la contribución individual promedio
de cada uno de los indicadores en la conformación del índice de convergencia
económica, muestra que en lo que respecta a la tasa de inflación, Brasil en el área
suramericana y Holanda en la UME, presentan los mayores grados de convergencia
y que, comparativamente, Brasil es relativamente más convergente que Holanda en
sus respectivas áreas monetarias. Los países que reflejan una mayor polarización
son Bolivia en Suramérica y Portugal en la UME. Colombia se destaca en cuanto
a las tasas de crecimiento del PIB, real y la brecha del PIB mientras que Holanda
y Francia se caracterizan por el elevado grado de convergencia en los respectivos
indicadores. Ecuador y Francia resaltan por el nivel de convergencia obtenido por
la razón saldo fiscal/PIB. Venezuela, Ecuador y Holanda se destacan por su alto
nivel de convergencia en su volatilidad del tipo de cambio, mientras que Brasil y
Alemania por los elevados niveles de convergencia de sus tasas de desempleo.
En Italia y Colombia coadyuva el grado de convergencia en el saldo en cuenta
corriente como porcentaje del PIB. Finalmente, la correlación entre las principales
variables macroeconómicas no muestra resultados tan prometedores como los
indicados por el criterio de convergencia.
En otro documento, Mora (2006), evalúa diferentes alternativas de regímenes
monetarios en Suramérica. Específicamente compara cuán beneficioso y cuán
costoso sería para los países Suramericanos dolarizar sus economías, formar
202 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
una unión monetaria independiente o mantener el régimen independiente
actual. El periodo de estudio abarca desde 1965 a 1998, ambos inclusive. Los
principales resultados señalan que dolarizar las economías sin conformar una
unión monetaria, es la alternativa más factible para algunos países suramericanos
ya que representa menores costos en términos de volatilidad del producto y una
menor tasa de inflación. Por otra parte, las asimetrías existentes entre los países
y la posibilidad de shocks asimétricos y el bajo grado de intercambio comercial
entre los mismos, imponen severas restricciones a la unificación monetaria ya
que los costos superan los beneficios que los países pudieran obtener en caso de
seleccionarse esta alternativa. Específicamente, en términos de tasas de cambio y
de inflación las tres alternativas podrían representar beneficios limitados para las
economías de la región. Estos beneficios estarían relacionados con la existencia
de un régimen de cambio fijo en el caso de la dolarización y con la credibilidad
del banco central de la unión monetaria en el alcance de sus objetivos de política.
Es importante destacar que la existencia de correlaciones positivas en tasas de
inflación y en tasas de cambio, se interpretarían a favor de la creación de una
moneda única y de un banco central común. Es decir, esas correlaciones permiten
concluir que existen shocks comunes que afectan simétricamente a la mayoría de
las economías de Suramérica y, en consecuencia, un banco central común, con
un bajo sesgo inflacionario, reaccionaría favorablemente y disminuiría el impacto
que tal innovación pudiera tener sobre las tasas de inflación o sobre las tasas de
cambio. En ese sentido, esta alternativa sería altamente deseable. El problema es
que estos beneficios no serían tan apreciables si sólo se miran las correlaciones
de los componentes cíclicos del producto real. No obstante, una moneda común
en la región podría disminuir significativamente la incertidumbre y el riesgo en las
transacciones y, en consecuencia, propiciar el comercio intrarregional y de esta
manera aumentar la correlación entre los componentes del ciclo entre los países
de suramericanos. En este sentido, la creación y éxito de un Banco Central con
moneda común independiente, como el Euro o el dólar en los Estados Unidos,
dependerá en gran medida de la capacidad política de los representantes de cada
país en el diseño de la política para aceptar la importancia relativa de Colombia
y Chile en la toma de decisiones, por ser estos países los que han mostrado de
manera consistente un menor sesgo inflacionario, bajas tasas de depreciación de
sus monedas y un crecimiento económico no muy elevado pero sostenido.
Finalmente, Mora (2008), en un documento que reúne las principales conclusiones
de los dos trabajos previos y sustentándose en el hecho de que el análisis de
correlaciones se limita a oscilaciones de corto plazo, propone el uso del análisis de
cointegración con el fin de determinar no sólo la sincronización de los ciclos de las
economías suramericanas, y sino también cómo, las variables macroeconómicas,
responden en el largo plazo ante diversos shocks. Los resultados son consistentes
con el análisis de correlaciones presentado en los documentos anteriores, en
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 203
los que no se observan patrones comunes que reflejen una relativa simetría en
los impactos que los shocks externos pudieran tener en las distintas economías.
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay son los países que exhiben menos posibilidades
de cointegración en relación con los co-movimientos de largo plazo entre los PIB
de cada país. Con respecto a la tasa de cambio, la hipótesis nula de que las series
están co-integradas, se rechaza en el 70% de los casos posibles y un resultado
similar se observa con relación a las tasas de inflación. A pesar de la poca evidencia
a favor de shocks simétricos, es importante destacar, que Venezuela, en las tres
variables, es el único país que exhibe un patrón de cointegración con el resto de
países suramericanos considerados. Sólo con Bolivia, en lo referente al PIB real;
y con Chile, en relación con la tasa de cambio, por tener estos casos particulares,
en los cuales no se encontró evidencia de cointegración con Venezuela.
2. Análisis de las ventajas y desventajas del SUCRE como moneda
común virtual o del SUCRE como moneda única de UNASUR
El SUCRE es el mecanismo mediante el cual se canalizan los pagos
internacionales entre los bancos centrales de los países miembros del sistema,
y que se producen como consecuencia de las operaciones comerciales que
ocurren entre tales países. Los países que actualmente conforman este sistema
de compensación son Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Todos estos
países son miembros del ALBA y de ellos sólo Bolivia, Ecuador y Venezuela, son
miembros de UNASUR.
Este mecanismo de compensación de pagos tiene su fundamento en el uso de una
moneda virtual (SUCRE) que sustituye al dólar de Estados Unidos como unidad de
cuenta y pago. Al ocurrir una transacción comercial entre dos países miembros,
sus bancos centrales registran la operación en sucres, pero la liquidación, es decir,
el pago a exportadores y el cobro a los importadores, se realiza en la moneda
local de cada país. En el caso específico de Ecuador, estas operaciones locales se
realizan en dólares de Estados Unidos116. El SUCRE fue aprobado en la reunión de
Cochabamba el 16 de octubre de 2009 y su entrada en vigencia se materializó el
27 de enero de 2010. El valor inicial del signo monetario fue de US$1,25.
De acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos, la creación y entrada en
vigencia del sucre ha venido ocurriendo de manera completamente distinta a
cómo se creó y entró en vigencia el Euro. En ese sentido, el sucre es una unidad
monetaria virtual que solo puede ser utilizada entre los países miembros del
sistema. No es una moneda común ya que, aun cuando la UNASUR es un hecho,
el sucre es en realidad la moneda virtual de algunos países del ALBA, que no
116
Véase http://www.sucrealba.org/index.php/cmr/que-es-el-sucre/que-es-el-sucre
204 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
es un área monetaria óptima. De igual manera, el sucre tampoco es la moneda
común de la unión, ya que UNASUR no es un área monetaria óptima como lo es,
por ejemplo, la Unión Europea y, además, porque no todos los países miembros lo
han adoptado como unidad monetaria virtual. En ese sentido, entre los escenarios
de conformación de una unión monetaria suramericana, existe la posibilidad de
que el signo monetario sea una moneda de otro país no miembro de la unión o
de otra área monetaria (como el dólar, el Euro o el sucre), que sea una moneda
de uno de los países miembros (como el Real brasilero, el Peso chileno o el Peso
colombiano) o una moneda nueva (como lo es el Euro para los países de la Unión
Europea). Este trabajo considera la primera posibilidad. Es decir, para llevar a
cabo el análisis, se supondrá que los países de UNASUR adoptan el sucre como
moneda virtual o como moneda común.
Las diferencias entre la concepción del sucre y la de otras monedas, como el
Euro, se han producido por las divergencias conceptuales y políticas de los líderes
políticos, ministros, presidentes de bancos centrales y técnicos sobre la creación
de la UNASUR, del Banco del Sur y, evidentemente, del sucre. En el desarrollo de las
conversaciones se han podido apreciar diversas posiciones y enfrentamientos para
que las posturas individuales de cada país prevalezcan. Brasil y Argentina han visto
la creación del Banco del Sur como un organismo multilateral de financiamiento
para proyectos importantes no solo de infraestructura, y de desarrollo científico
y tecnológico para satisfacer el avance regional. La propuesta ecuatoriana se ha
enfocado más en la conformación de mecanismo alternativo de financiamiento,
orientado hacia la consolidación de un área monetaria óptima donde el Banco
del Sur tenga el rol de un banco central, que coordine las políticas económicas
de los bancos centrales de los países miembros. Y la propuesta Venezolana fue
más conciliadora y recibió el apoyo de Argentina y Ecuador, ya que coincidía
con las ideas de un organismo multilateral de financiamiento para el desarrollo
regional y con las ideas de que el financiamiento no se limite solo a proyectos de
infraestructura sino también a proyectos culturales y sociales que disminuyan
las asimetrías y la exclusión social. En otras palabras, la creación de UNASUR
paulatinamente se ha ido alejando de la idea de una unión monetaria y se acerca
más a la conformación de una unión como poder político y económico que sirva
de balance o equilibrio a la arquitectura financiera internacional, al menos desde
la perspectiva suramericana.
Estas diferencias conceptuales en la concepción del sucre y de UNASUR, se
ven plasmadas en las ventajas que se señalan en la conformación de la unión
suramericana y en la creación de la moneda. Entre las ventajas117 se pueden
destacar las siguientes:
117 Véase http://www.sucrealba.org/index.php/cmr/que-es-el-sucre/ventajas
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 205
a. Acceso a un mercado ampliado de aproximadamente 68 millones de
habitantes, con diversificada la oferta de bienes y servicios no solo
con costos de importación más bajos, y con precios más bajos a los
consumidores. Si el volumen de comercio intrarregional aumenta, las
economías pueden experimentar una reducción de las asimetrías, es decir,
una mayor sincronización de los ciclos económicos y por tanto el sucre
apreciarse frente al dólar. Esto permitiría una mayor fortaleza y favorecería,
en el largo plazo, la creación de un área monetaria.
b. Permite el uso de moneda local para el pago de las importaciones.
Esto significa que los bancos centrales de cada país mantienen su
“independencia” y, por tanto pueden manejar a su discreción la política
monetaria con el fin de reaccionar ante los shocks específicos que afecten
sus economías.
c. Reduce los costos de conversión de divisas y los costos asociados a la
incertidumbre cambiaria. El sucre es una unidad de cuenta cuyo propósito
es propiciar la estabilidad de las tasas de cambio entre los países
suramericanos ante la evidente volatilidad del dólar norteamericano en los
últimos años. Los países latinoamericanos seguirían manteniendo tasas
de cambio flexibles entre ellos pero fijas con respecto al sucre.
d. Existe una aparente voluntad política que, de materializarse, puede ser
muy importante para la conformación del sucre como mecanismo de
compensación de pagos.
e. Optimiza los trámites administrativos para pagos internacionales y reduce
otros costos transaccionales originados por información asimétrica.
f. Facilita la liquidación expedita de las obligaciones adquiridas.
g. Maximiza el flujo de caja de la tesorería de la empresa.
Por otra parte, entre los problemas que derivarían del uso del sucre como moneda
virtual se pueden mencionar los siguientes:
a. Aunque la mayoría de las monedas suramericanas se han fortalecido frente
al dólar, todavía existen excepciones. Venezuela, uno de los impulsores más
importantes del proyecto, tiene una moneda que cada año pierde valor
frente al dólar. Bolivia, aunque no ha visto fortalecer su moneda, esta no
se ha depreciado significativamente. Ecuador no emite su propia moneda
y ha utilizado el dólar norteamericano como moneda oficial (economía
dolarizada).
b. Aun cuando los bancos centrales de cada país mantuvieran su
“independencia”, influiría negativamente sobre la estabilidad del sucre ya
que los bancos centrales utilizarían la política monetaria para estimular
sus propias economías y generaría una descoordinación de políticas que
afectaría las tasas de cambio, aumentaría la incertidumbre, acentuaría las
asimetrías e incrementaría los costos de transacción.
206 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
c.
d.
e.
Al igual que con el dólar, las monedas de algunos países pudieran depreciarse
o apreciarse frente al SUCRE, ya que por no estar sincronizados sus ciclos
y tendencias, algunas economías crecerían más aceleradamente mientras
otras podrían contraerse. Esto afectaría la noción de precios relativos y la
asignación de recursos.
El consenso político que ha permitido la creación del sucre no es lo
suficientemente fuerte ya que desde sus inicios algunos países han
mostrado sus preferencias por la creación de un Banco del Sur más como
organismo de financiamiento que como Banco Central de una unión de
naciones. La estrategia es apegarse al acuerdo, aunque no todos los países
(especialmente Brasil y Argentina) no están del todo de acuerdo con el
mismo. No ven la necesidad de la creación de un sistema de compensación
de pagos. El mismo podría lograrse con y sin el sucre. Ellos ven más la
necesidad de un organismo sustitutivo de financiamiento de proyectos en
algunas áreas que consideran prioritarias para el desarrollo. Venezuela se
agrega en el sentido de que los proyectos sean estatales, no privados y que
tiendan a disminuir la exclusión social.
Con excepción de Brasil y Argentina, la dinámica de las relaciones
comerciales entre los países suramericanos es muy limitada y se caracteriza
por una falta de diversidad económica. En otras palabras, las posibilidades
de creación de comercio son limitadas.
Por su parte, la creación de un área monetaria óptima y el uso del sucre
como moneda común pueden representar ventajas como las que se señalan a
continuación:
1.
2.
Si el volumen de comercio intrarregional aumenta, las economías pudieran
presenciar una mayor sincronización de los ciclos económicos y por tanto
el sucre pudiera apreciarse frente al dólar. Esto permitiría una mayor
fortaleza y favorecería, en el largo plazo, la consolidación de la unión
monetaria. Esta consolidación se traduciría en una reducción significativa
de las asimetrías y favorecería la inclusión social.
A pesar de que las décadas de los ochenta y noventa representaron periodos de
inestabilidad macroeconómica caracterizada por bajas tasas de crecimiento,
severos periodos de inflación, elevadas tasas de desempleo y agudas crisis
cambiarias, muchos países lograron salir de esas crisis y adoptaron serios
programas de ajuste y reestructuración de sus economías, que las hizo mucho
más diversificadas e integradas. Los problemas cambiarios e inflacionarios
han sido controlados y el empleo y el producto real han aumentado. En este
contexto, las autoridades económicas han recuperado y han ganado mucha
credibilidad. En ese sentido, esta recuperación de credibilidad podría ser un
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 207
3.
4.
5.
factor determinante en la toma de decisiones de política económica que
fortalecería al sucre y a la unión.
Desaparecería la inestabilidad cambiaria que disminuiría la incertidumbre,
los costos de transacción y favorecería la dinámica comercial y la
diversificación del comercio.
Si el Banco del Sur es menos sesgado a crear inflación que las autoridades
monetarias locales, entonces, las tasas de inflación y de interés disminuirían
haciendo que los capitales se movilicen dentro del área, aumentando la
inversión en aquellos países o regiones donde el retorno sea mayor.
Se estimularía un crecimiento económico estable y sostenido.
Entre las desventajas de tener al sucre como moneda común y UNASUR como
unión monetaria se menciona:
1. La pérdida de discrecionalidad en el diseño e implementación de la política
monetaria para reaccionar ante shocks específicos en cada país.
2. La política monetaria del Banco del Sur, como banco central de la unión,
pudiera favorecer más a unas regiones que a otras y esto acrecentaría las
asimetrías.
3. La incapacidad política para manejar las diferencias en las preferencias de
las autoridades del Banco del Sur por mayor crecimiento, menor inflación,
reducción de asimetrías, estabilidad económica, entre otros objetivos,
generaría retrasos en el diseño e implementación de la política monetaria
o de medidas de ajuste. Esto se traduciría en un menor crecimiento
económico, incertidumbre, inestabilidad, mayores tasas de interés y bajos
niveles de inversión.
Conclusiones
Tal como está concebido, el sucre es una unidad monetaria virtual que se utiliza
para registrar y realizar los pagos de compensación entre los bancos centrales de
los países miembros por las operaciones comerciales que se dan entre éstos.
Entre sus ventajas se destaca el acceso a un mercado ampliado de aproximadamente
68 millones de habitantes, la diversificación de la oferta de bienes y servicios no
sólo con costos de importación más bajos, sino también precios más bajos para
los consumidores, el mantenimiento de la discrecionalidad de la política monetaria
por parte de los bancos centrales de cada país, la posibilidad de aumentar el
volumen de comercio intrarregional, la reducción de los costos de conversión de
divisas y la incertidumbre cambiaria y, finalmente, la reducción de las asimetrías
por una mayor sincronización de los ciclos económicos de los países miembros.
208 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Respecto a las desventajas, es importante señalar que el hecho de que no
todas las monedas se han fortalecido frente al dólar, haría más difícil el uso del
sucre; la relativa independencia de los bancos centrales crearía problemas de
descoordinación de políticas que influirían sobre el crecimiento económico y
las tasas de cambio; la debilidad del consenso político y por último la falta de
dinamismo de las relaciones comerciales limitarían la creación de comercio.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 209
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Wilson Fernández
A la memoria de Alfredo Errandonea (h),
maestro de muchos, amigo de tantos, pensador libre
que alimentó con su reflexión la teoría sociológica del Río de la Plata.
Introducción
“Al mismo tiempo que el capital tiende, por un lado, necesariamente, a destruir todas
las barreras espaciales opuestas al tráfico, esto es, al intercambio, y a conquistar la
tierra entera como un mercado, él tiende, por otro lado, a anular el espacio por medio
del tiempo, esto es, a reducir a un mínimo el tiempo tomado para el movimiento de un
lugar a otro” (Marx, Grundrisse, 1857-58: 2,13).
“Estamos pasando por una transformación que modificará el sentido de la política y la
economía en el siglo XXI: No existirán productos ni tecnologías nacionales, ni siquiera
industrias nacionales. Ya no habrá economías nacionales... la principal misión política de
una nación consistirá en manejarse con las fuerzas centrífugas de la economía mundial
que romperán las ataduras que mantienen unidos a los ciudadanos... A medida que las
fronteras dejen de tener sentido en términos económicos, aquellos individuos que estén
en mejores condiciones de prosperar en el mercado mundial serán inducidos a librarse
de las trabas de la adhesión nacional, y al proceder de esta manera se desvincularán de
sus colegas menos favorecidos” (Reich, 1993:13).
La elección de las citas antecedentes no responde a una identificación ideológica
-difícil de entender, además, dadas las circunstancias, el tiempo histórico y los
posicionamientos públicos tan diferentes de uno y otro autor citados-, sino al
deseo de remarcar dos cosas. Por un lado, el hecho de que, desde su origen, el
desarrollo del capitalismo a escala mundial se ha caracterizado por la existencia
de determinadas tendencias económicas -avizoradas por Marx a mediados del
siglo XIX-, que suponen la necesidad de una continua superación de las barreras
espaciales, temporales y tecnológicas que se oponen a su expansión.
Por el otro, que dichas tendencias, si no son reguladas de alguna manera, tienden
a hacer desaparecer el sistema internacional en el que nos formamos, surgido
en la Segunda Posguerra Mundial y conformado por Estados nacionales, para
dar paso a una sociedad mundial (global) dominada por un pequeño grupo de
212 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
poderes políticos estatales íntimamente ligados entre sí y por las élites dirigentes
de grandes empresas, ya no-nacionales -posiblemente en un estadio superior al de
las trasnacionales-, que tendrán a su cargo la toma de las principales decisiones
económicas, productivas y tecnológicas.
Esas decisiones afectarán la vida de individuos crecientemente diferenciados
por su acceso o no a determinados bienes tecnológicos y a las posibilidades
de producción, consumo y difusión que éstos habilitan, traspasando fronteras,
clases y culturas; aumentando las desigualdades existentes en el seno de aquellas
sociedades que, como las latinoamericanas en general y las del MERCOSUR y la
UNASUR en particular, tienen en los altos niveles de pobreza uno de los principales
nudos a desatar para alcanzar su desarrollo.
Cabe mencionar que el presente artículo, que tiene como temas la teoría de la
integración regional y la infraestructura regional sudamericana, surgió como
resultado de ver una cita de Alfredo Errandonea (h), a quien recordamos en el
acápite, en un inspirador trabajo de Noemí Mellado y Luciana Ali (2012) en el que
se reflexiona sobre Estado, ciudadanía e integración. La preocupación por el por
qué, el para qué y el para quiénes, de la integración regional latinoamericana, nos
había llevado personalmente a realizar reflexiones sobre temas similares tiempo
atrás.
Así lo hicimos en dos oportunidades, en el inicio del esperanzador proceso de
creación del MERCOSUR y también una década después, cuando el proyecto de
integración comenzaba a estancarse en medio de sucesivas crisis monetarias
externas -que incidieron, en enero de 1999, sobre la devaluación del real brasileño
tras lo cual vinieron las posteriores crisis de Argentina del 2001 y del Uruguay, un
año después- y del canto de sirena al que se enfrentaban los países latinoamericanos
cuando fue propuesto el para muchos, tentador proyecto estadounidense de
creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Años después, debimos ocuparnos de un tema poco trabajado y referenciado,
incluso en los medios de comunicación de masas, que tiene una incidencia
determinante en el proceso de integración sudamericana, ya no exclusivamente
mercosuriano: la integración de la infraestructura regional continental. La
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA),
hoy día dependiente del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento
(COSIPLAN), dependiente de la UNASUR, fue lanzada en Brasilia en el año 2000
-casi en simultáneo con otro megaproyecto similar que cubría el Sur de México
y toda Centro América, el Plan Puebla Panamá, hoy día llamado Programa
Mesoamérica- suponía un nuevo desafío para el proceso de integración regional
sudamericano. Y a él dedicamos varios trabajos en estos últimos años.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 213
Por lo tanto, este documento tiene como referencias a dichos trabajos previos,
centrados en las razones que dieron origen al MERCOSUR (Fernández, 1992) y al
rechazo de éste al ALCA (Fernández, 2000) por un lado, y por otro, en una serie de
artículos referidos al desarrollo de la IIRSA (Fernández, 2009, 2011 y 2012), en los
que procuramos indagar en las condiciones en que la misma debería concretarse.
Para ello revisitaremos conceptos claves de la teoría de la integración regional
–muchos de ellos muy anteriores incluso a la creación del MERCOSUR y que
son ajenos a los más comúnmente utilizados actualmente, que proceden de la
teoría económica y de la doctrina jurídica. Pondremos nuestro énfasis en tratar
de demostrar que la integración regional es un asunto social en el más amplio
sentido del término -es decir, político, sociológico, estratégico, cultural y no,
exclusivamente, económico y/o comercialista- y que, si se sigue planteando así,
es muy factible que se vaya hacia el fracaso del proceso.
A nuestro entender, uno de los problemas que enfrentan los procesos de integración
regional en general, y los del MERCOSUR y de la Unión Europea hoy –pese a
partir de realidades históricas, sociales y económicas muy distintas- es que en
buena medida la marcha y evolución de la integración regional ha quedado en
manos principalmente de tecnócratas procedentes de la economía –que ven todo
a través de modelos econométricos a partir de las leyes de oferta y demanda y de
ganancias y pérdidas- y del Derecho, que tienden a regular –y consiguientemente,
a fijar un corsé conservador- todos los acontecimientos de la realidad social118.
Como remarcaba en sus clases y poniendo un particular énfasis en el tema el gran
filósofo y politólogo español Ignacio Sotelo, el proceso de integración europeo
iniciado en 1951 se basó fundamentalmente en la necesidad de fortalecer y
asegurar la paz, para lo cual la economía debía funcionar bien. Europa estaba
literalmente destrozada, en el término de 80 años Francia y Alemania –principales
promotores del acuerdo de integración- se habían masacrado mutuamente en tres
ocasiones (1870, 1914 y 1939) y la recuperación económica era requisito sine qua
non para garantizar la paz, y recuperar condiciones mínimas de bienestar para
118 Sobre esto último nos viene a la mente un ejemplo reciente: a raíz del golpe de Estado parlamentario
contra el Presidente Fernando Lugo de Paraguay, dicho país fue suspendido en el MERCOSUR
hasta tanto se regeneren las condiciones de vida democrática; casi simultáneamente, los otros
tres gobiernos del bloque aceptaron el ingreso de Venezuela. Pero a juicio de muchos juristas esto
no es legal hasta que Paraguay –el Estado suspendido- dé su voto afirmativo. Y si la exclusión
de Paraguay se alarga en el tiempo, o si –a juzgar incluso por las manifestaciones públicas de
algunos de sus nuevos dirigentes- su reingreso no se realiza, ni Venezuela ni ningún otro Estado
sudamericano podría integrarse al MERCOSUR. En la visión de estos juristas –que hacen caso
omiso a las razones de fondo que llevaron a la suspensión de Paraguay-, ni los elementos de tipo
económico –que recomiendan el ingreso de Venezuela al bloque subregional- ni las valoraciones
geopolíticas –que van en el mismo sentido- tienen aquí su lugar. El tema da, además, para pensar:
si no estuviese Chávez ni sus seguidores en la Presidencia de Venezuela las posturas ¿serían las
mismas?
214 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
sus poblaciones. No hay paz con ciudadanos sin trabajo, sin vivienda, con hambre,
con descontento social, despojados de su dignidad, sin futuro. Esa premisa que
nos muestra la historia, debería ser recordada hoy nuevamente, cuando en el
continente europeo están en alza los movimientos neofascistas.
Los países que han conformado el MERCOSUR, más otros que están asociados
o en proceso de incorporación al acuerdo subregional, no sufrieron los efectos
negativos de las guerras mundiales acontecidas en Europa. Pero sí padecieron
sendas dictaduras, orquestadas -o adecuadas, como en el caso de la más antigua,
que fue la de Paraguay- a imagen y semejanza de los postulados de la Doctrina de la
Seguridad Nacional y su contraparte operativa, la Doctrina de Contrainsurgencia.
Estas doctrinas, impulsadas desde los Estados Unidos y reformuladas por sus
discípulos locales, dominaron la región, desataron la guerra interna contra
las poblaciones locales y generaron un primer proceso de integración regional
-del segmento más perverso, el represivo- de estos regímenes dictatoriales, en
lo que en preliminar trabajo de Klare y Arnson denominó, a finales de los años
setenta e inicios de los ochenta, como la “internacional de las espadas”, algo que
posteriormente fue conocido como “Operación Cóndor”.
La sumatoria generalizada de inestabilidad política y económica, dictaduras
militares, deudas externas -y ojalá que no eternas-, “décadas perdidas” para el
desarrollo, “ajustes estructurales”, etc., fueron el caldo de cultivo que posibilitó
que, tras la recuperación democrática casi simultánea que ocurrió en Argentina,
Brasil y Uruguay, germinase -o se re-generase- la idea de que la integración regional
sudamericana era un antídoto posible a la crisis económica, política y social
recurrente en los países de la región. Las experiencias parcialmente frustradas (y
frustrantes) de los intentos de creación de la ALALC, la ALADI y el Pacto Andino,
entre otros, igualmente habían ido dejando enseñanzas que, teniendo como espejo
el por entonces exitoso modelo europeo, podían ser capitalizadas en un nuevo
proyecto de integración regional que tomó el nombre de MERCOSUR.
Los vaivenes de la política interna de los países sudamericanos en general, y de
los del MERCOSUR en particular, fueron modificando -a lo largo de los 21 años
que nos separan de la firma del Tratado de Asunción- los objetivos y los contenidos
del proceso de integración regional. En los prolegómenos, apenas salidos de
sus respectivas dictaduras y en plena “Década Perdida” -aún no llamada así-, el
primer acuerdo argentino-brasileño, el Programa de Integración y Cooperación
Económica (PICAB) firmado en julio de 1986 entre los presidentes Raúl Alfonsín y
José Sarney, tenía como prerrequisitos la consolidación democrática y la paz y la
seguridad regionales (Sosa, 1988).
De ahí se derivó posteriormente al Tratado de Asunción, con un enfoque
comercialista –y devaluado– de la integración que Carlos Menem, Fernando Collor
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 215
de Melo, Luis Alberto Lacalle y Andrés Rodríguez firmaron en 1991. La integración
regional retomó nuevos bríos en su oposición al ALCA, que impulsaba el gobierno
de Estados Unidos y que suponía un ingreso al proceso de globalización por la
vía de que nuestra región se reconvirtiese en una zona de influencia continental,
que a la vez fuera una reserva de mercado y una fuente de recursos naturales para
una economía que, como la estadounidense, a la vez que era la más globalizada
del planeta, tenía crecientes problemas de competitividad frente a sus principales
socios comerciales: la Unión Europea, Japón, China, Corea del Sur y el resto de las
crecientes economías asiáticas (Fernández, 2000).
Por último, las afinidades políticas progresistas que comenzaron a conformarse en
esta última década, volvieron a poner el acento en temas de convergencia no sólo
económica sino, también, política y social… aunque muchas de esas convergencias
no han salido de lo discursivo.
1. Revisitando algunos conceptos: Estado y Sociedad global
Hace algo más de una década rescatábamos el análisis que Oman (1994) hacía al
respecto de la globalización y sus efectos sobre los países en desarrollo. Según este
autor, el sistema internacional de finales de siglo XX se encontraba enfrentado a
una serie de problemas de diverso tipo que hacen referencia a las relaciones entre
globalización y regionalización. Entre los mismos citaba la viabilidad del sistema
comercial mundial, la necesidad acrecentada de una profunda integración de las
políticas a nivel internacional y la declinación aparente de la autonomía nacional
en materia de política económica.
El debate sobre globalización y regionalización abarca el impacto de la revolución
tecnológica, las fuentes del crecimiento económico y de la productividad a largo
plazo, la importancia de los cambios en los sistemas de gestión empresarial y en
la organización del trabajo, así como los éxitos en la competitividad de los países
y de las empresas. Este debate implica, asimismo, tener en cuenta la emergencia
de un mundo tripolar, la mutación rápida de las relaciones Norte-Sur, la diversidad
existente entre los países en desarrollo, la pobreza y el peligro de exclusión para
una amplia franja de la población mundial y, en las economías desarrolladas, la
expansión del paro y una disparidad cada vez más marcada de los salarios y de los
ingresos. Engloba también, por último, el papel de los gobiernos y la naturaleza de
las relaciones entre el Estado y el mercado (Oman, 1994: 11 y ss.).
Examinando las consecuencias de la globalización y de la regionalización para
los países en desarrollo, Oman trata acerca de los lazos que existen entre esos
dos fenómenos, insistiendo en que no son procesos antagónicos sino que, por el
216 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
contrario, tenderán a reforzarse mutuamente. Ve a las fuerzas microeconómicas
como el motor de la globalización y destaca que son éstas las que están impulsando
la integración regional de facto tanto como los acuerdos regionales de jure entre
los gobiernos. Las empresas globalmente competitivas tienden a organizar o
consolidar las redes internacionales de aprovisionamiento y de producción en el
seno de cada región, lo que permite comprender el interés manifestado por dichas
firmas por el establecimiento o el reforzamiento de los acuerdos regionales.
Según este autor, la noción de globalización recubre al menos cuatro fenómenos: el
primero de ellos es el relativo a la declinación relativa de la preeminencia política y
de la hegemonía económica de los Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra
Mundial, y a la implosión de la Unión Soviética, fenómenos que han puesto término
a la bipolaridad.
En segundo lugar, se trata del progreso rápido de los mercados financieros
mundiales después del fin de los años setenta, estimulado a la vez por la
desregulación de dichos mercados y por la irrupción de las nuevas tecnologías
de la información. La globalización financiera ha reducido considerablemente el
poder de control de los bancos centrales sobre el valor de las divisas, agravado
por la inestabilidad y las fluctuaciones de las tasas de cambio sobre el efecto de
la especulación, y disminuido la autonomía de la política monetaria y fiscal de los
gobiernos.
El tercer fenómeno trata de las actividades de las empresas tanto en el sector
manufacturero como en los servicios, estimulados también estos sectores de la
economía real por la desregulación y por las nuevas tecnologías de la información.
El fin de numerosas situaciones oligopólicas, ha acelerado la toma de conciencia
de un cambio radical en las reglas de juego de la competencia internacional, lo que
resulta en un clima de incertidumbre y de inestabilidad crecientes entre aquellas
empresas, a lo que los poderes públicos responden en parte intensificando sus
esfuerzos de integración regional.
El cuarto, que ha contribuido considerablemente en los últimos años a llamar
la atención sobre la “globalización”, es la inquietud general concerniente a
las amenazas ecológicas. La idea extendida es que esos efectos “externos”
involuntarios, peligrosos para el mundo entero, son el resultado del libre juego de
las fuerzas del mercado, y que incluso los gobiernos más poderosos son incapaces
de remediarlos solos.
Estos cuatro fenómenos están en el origen del sentimiento de que los gobiernos
no pueden más controlar el funcionamiento de los mercados, en un mundo donde
reinan en el presente la incertidumbre y la inestabilidad real o latente.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 217
Manuel Castells (1999: I-115-116) no está de acuerdo del todo con este aserto.
Así, dice que: “em sua versão simplista, a tese da globalização ignora a persistência
do Estado-nação e o importantíssimo papel do governo na definição da estrutura e da
dinâmica da nova economia... Dados mostram que a regulamentação e as políticas
governamentais afetam as fronteiras internacionais e a estrutura da economia global.
Não há nem haverá no futuro previsível um mercado internacional aberto totalmente
integrado para mão-de-obra, tecnologia, bens e serviços enquanto existirem Estadosnações (ou associações de Estados-nações, como a União Europeia) e enquanto houver
governos para promover, na concorrência global, os interesses de seus cidadaõs e das
empresas nos territórios sob sua jurisdição”.
También para Sklair (1995) el Estado mantiene su importancia, ya que es: “o
ponto de referência espacial para a maioria das práticas transnacionais cruciais que
contribuem para compor as estruturas do sistema global, no sentido de que a maioria
das práticas transnacionais se cruzam em determinados países e estão sujeitas à
jurisdição de determinadas nações-estados”.
1.1. Estado y Mercado
Mientras que para el Estado, “las fronteras territoriales son la base necesaria de
la autonomía nacional y la unidad política”, para el mercado es imprescindible
la eliminación de todos los obstáculos, políticos o de cualquier otro tipo, que
dificulten la operación de las transacciones. El mercado se basa en los conceptos
de integración funcional, relaciones contractuales y creciente interdependencia
entre oferta y demanda.
La relación que se establezca entre Estado y mercado, en consecuencia, adquiere
una particular importancia en los tiempos actuales, cuando las tendencias hacia
la globalización se dan simultáneamente con las que llevan a la conformación de
bloques geoeconómicos.
“… el mercado sin duda constituye un medio de alcanzar el poder y ejercerlo, y el Estado
puede utilizarse, y de hecho se utiliza, para obtener riqueza. El Estado y el mercado
interactúan para determinar la distribución del poder y la riqueza en las relaciones
internacionales” (Gilpin, 1992: 22).
1.2. Integración regional
Volviendo a lo que señalábamos en el principio de este artículo, acerca de lo
que debería ser la pregunta básica a contestar cuando existen tantas marchas
218 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
y contramarchas, dudas e incertidumbres en un proceso de integración que por
largos períodos ha aparecido como estancado: ¿por qué, para qué y por quien nos
integramos?
Según Errandonea (1977: 86-98), la integración interestatal básicamente
presupone:
1)
la densificación interaccional entre los actores;
2)
la solidaridad o cooperación prevalente;
3)
un sentimiento de pertenencia relativamente excluyente;
4)
la participación multidimensional de los actores incluidos y
5)
ciertas condiciones de estabilidad que impliquen un colectivo de cierta
durabilidad.”
1.3. Integración, Consenso, Gobernabilidad
“Todo colectivo integrado supone la presencia de, al menos, una cierta medida
generalizada de consenso, so pena de producir el proceso inverso, la desintegración”
(Ibídem).
“Como la gobernabilidad (Prats, 2003, cit. por Mellado y Ali, 2011: 179)
correspondería a la capacidad de los gobiernos (y, por extensión, de los acuerdos de
integración regional) de formular e implementar decisiones en forma democrática,
(la integración) requiere de cierta medida generalizada de consensos domésticos
(participación social).”
Este concepto tiene una doble acepción:
1)
una vinculada a los costos y beneficios del propio proceso de integración y
2)
otra relacionada con el derecho a influir en la elaboración de decisiones.
1.4. Condiciones para la integración
Desde el punto de vista de la teoría política, J. Galtung (1968, cit. por Fernández,
1992 y 2000) señalaba que las condiciones para la integración entre Estados
nacionales son tres:
1)
La existencia de un sustrato común de valores y de intereses y, más importante
aún, una escala de preferencias bien establecida entre ellos, de modo que
conflictos y dilemas puedan ser más fácilmente resueltos. Eso significa decir
que las visiones del mundo y de la sociedad de los diversos actores -los
Estados nacionales- deben ser convergentes, obteniendo su legitimación por
consenso.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 219
2)
3)
Una relativa homogeneidad estructural entre dichos actores -económico-social,
político-institucional- y, junto a esto, un cierto grado de complementariedad
entre ellos, condición para que se amplíe su interdependencia.
La percepción, por todos los actores, de sus propias ganancias derivadas de
la integración, de modo que sean asegurados el apoyo y el compromiso de
cada uno de ellos a la asociación supranacional.
Según Galtung, aunque ninguna de esas condiciones sea necesaria o suficiente, ellas
favorecen el desarrollo de redes de interdependencia entre los actores y refuerzan
los puntos de identificación que facilitan la transferencia de lealtad del plano
nacional para el supranacional, de la cual resultan patrones de intercomunicación
humana que van caracterizando sentimientos, actitudes y comportamientos
integrativos, sobre todo “de parte de las élites nacionales relevantes.”
Esa dimensión psicosocial de los procesos de integración sería “la que se
revela condición esencial para su éxito” por cuanto la integración “es un proceso
relacional que, en última instancia, envuelve la interacción entre personas, que pueden
ser hostiles o cordiales de acuerdo con las representaciones mentales que se formen,
simbólicamente, sobre las bondades o maleficios, para ellas o para sus países, de la
propia integración” (Deutsch, 1978, cit. por Fernández, 1992).
Por su parte Nye (1971, cit. por Fernández, Ibídem) utiliza el concepto de potencial
de integración, el cual implica:
1)
la simetría o igualdad económica de los actores;
2)
la complementariedad y consistencia de los valores e intereses manifiestos,
compartidos por las élites de los actores envueltos;
3)
la existencia de pluralismo estructural interno de los actores;
4)
la capacidad de los organismos políticos de los actores para asumir, con
continuidad, competencia y flexibilidad, las tareas de la integración.
En nuestro trabajo de 2000, utilizando una perspectiva sistémica, decíamos que
el proceso de integración subregional del Cono Sur de América puede ser visto
también como un subsistema integrante a su vez de un sistema internacional
-que a su vez está compuesto por otros múltiples elementos y/o subsistemasen el cual el resto del mundo constituye el entorno del que provienen diversas
influencias. El área de incidencia de cada elemento o subsistema, a su vez, es
mayor o menor según su grado de apertura al exterior y su peso relativo en el
conjunto. Al mismo tiempo, muchos de ellos se superponen total o parcialmente,
haciendo más complejo el análisis (Fernández, 2000).
De este modo, podemos considerar al MERCOSUR como un subsistema
relativamente abierto -o relativamente cerrado- a las demandas procedentes de
su entorno internacional -tales como los muchos problemas del proteccionismo
220 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
comercial, las presiones en pos de reformas del aparato estatal, la desregulación
de sus economías y la privatización de sus empresas públicas, algunas de éstas
demandas típicas derivadas del Consenso de Washington y que mucho costo
aparejaron a los ciudadanos de los países en que dichas medidas se aplicaron-, el
que a su vez está compuesto por elementos -los Estados nacionales individualescuyo entorno inmediato pasa a ser, a su vez, el conjunto MERCOSUR.
Estos Estados resuelven aquellas y otras demandas de acuerdo a sus situaciones
internas particulares, pero contando con una definición política en favor de
su apertura al subsistema MERCOSUR, generando un proceso múltiple de
retroalimentación al interior de los Estados miembros, entre ellos y de ellos
con el resto del sistema internacional. Se reproduce así, en un nuevo estadio,
el continuum de demandas, productos y retroalimentaciones entre los actores
intervinientes, los que están sujetos a situaciones de distinto orden y sentido según
los diversos niveles que ocupan y roles que juegan, los que a veces pueden llegar
a ser contradictorios entre sí. Con base en lo dicho, terminábamos resumiendo así
estos conceptos:
“Retomando la conceptualización de Errandonea, tendríamos entonces que el
proceso integracionista del Mercosur implicaría una densificación de las demandas y
respuestas de los Estados-Miembros a partir de sentirse copartícipes de una empresa/
sistema común donde los problemas y tensiones internos deberían solucionarse por
la vía de acuerdos solidarios y/o cooperativos del nuevo conjunto constituido con los
otros Estados de la región y en una relación de relativo aislamiento/enfrentamiento
con el resto del sistema internacional. A su vez, este estrechamiento/apertura de las
interacciones entre los actores subregionales debería ir abarcando -en forma paulatina
y crecientemente acelerada- nuevas dimensiones de actividad, generando también
nuevas lealtades nacionales y grupales” (Fernández, 2000).
Por último, dado que no hay integración regional posible sin un importante
esfuerzo destinado a realizar las obras de infraestructura -vial, ferroviaria, aérea,
portuaria, etc.- que posibiliten la concreción de la misma, es importante tener en
cuenta también los aspectos estrictamente geográficos de la integración regional.
Según Cantori y Spiegel (1970, cit. por Fernández, 1992 y 2000), para alcanzar la
integración económica es necesario considerar:
1)
la proximidad geográfica
2)
la infraestructura de transportes y comunicaciones
3)
el nivel de las relaciones políticas, culturales y económico-financieras
preexistentes entre los países
4)
la localización e importancia relativa de los núcleos o concentraciones
productivas
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 221
5)
6)
sus interconexiones y
sus relaciones de dominio sobre las regiones a ellas periféricas.
2. La integración de la infraestructura (IIRSA)
2.1. Integración e Infraestructura
En tanto consideramos firmemente que la integración regional se sigue revelando
como un mecanismo idóneo para romper con la tradicional dependencia
latinoamericana -lo que implica tanto trabajar en los frentes internos (inter e
intraestatal) como de cara al externo (representado por potencias y empresas de
gran poder global)-, para lo cual la integración de la infraestructura regional es un
elemento vital, cabe hacer algunas puntualizaciones.
En primer lugar, la Iniciativa IIRSA, hoy bajo el paraguas institucional de la UNASUR,
nace con los auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo y el impulso
fundamental del gobierno de Brasil, que fue el que convocó la reunión de los doce
mandatarios que, en octubre de 2000, acordaron impulsar dicha iniciativa. Eran
tiempos de plena vigencia de las políticas del Consenso de Washington y varios
de los gobernantes que participaron en la Cumbre aplicaban dichas políticas.
Como señalábamos supra, casi simultáneamente nacía el Plan Puebla Panamá,
que agrupaba a los estados del sureste mexicano -los más pobres de dicho paíscon los países de Centro América, lo que -sumado al Plan Colombia- hacía temer
acerca de los objetivos finales de estos megaemprendimientos (Fernández, 2012).
En segundo lugar, más allá de la magnificencia e inutilidad de algunos de los
proyectos de infraestructura que se planteaba realizar -pensamos, por ejemplo,
en el puente que atravesando el Río Uruguay uniría Colonia con Buenos Aires,
ampliando la conectividad sobre un río que ya cuenta con otros tres puentes-,
la realidad era que los pueblos sudamericanos estaban de espaldas entre sí y
de frente a los océanos, que los comunicaban con Europa y los Estados Unidos
principalmente.
Desde los tiempos de la Colonia, la población se había distribuido en el territorio
del continente en una franja costera de escasos quilómetros de ancho, dejando
un interior vacío. Como señalábamos en un trabajo anterior, la distribución
tipo “cáscara de huevo” propia de Uruguay, se repetía en toda América del Sur
(Fernández, 2009). Las excepciones se correspondían fundamentalmente a la
existencia de explotaciones mineras, sus zonas de aprovisionamiento agrícola o
a las poblaciones que se iban instalando en las rutas y ríos que llevaban hacia
ellas. Paraguay era la excepción mediterránea –aunque ligada por los ríos-, ya que
222 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
incluso Bolivia tuvo su salida al mar, que perdió en la Guerra del Pacífico y a la cual
sigue reclamando. Sólo en tiempos mucho más recientes la red urbana de estos
países comenzó a hacerce compleja y a tener un entramado más amplio, siendo
tal vez Brasil el ejemplo más dinámico al respecto, con la emergencia de ciudades
que en pocas décadas se nutren de inmigrantes internos y que alcanzan cifras
millonarias de habitantes.
Es decir, pensar en integración regional suponía cubrir las carencias de
infraestructura vial, ferroviaria, aérea y fluvial que padecía América del Sur. Sólo
que IIRSA trascendía ampliamente las necesidades del MERCOSUR, incluyendo
a sus Estados Asociados, Chile y Bolivia, y se alineaba más con la propuesta
brasileña de crear una Comunidad Sudamericana de Naciones, idea que luego
derivó en la formación de la UNASUR.
En el marco de IIRSA, los gobiernos han conformado una cartera consensuada de
531 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, que se
encuentran divididos en 47 grupos de proyectos. Cuando comenzamos a trabajar
sobre IIRSA, a fines del año 2007, el monto de inversión estimado era de US$
38 mil millones, lo que para América del Sur era ya una cantidad sumamente
importante. Sin embargo, un año después alcanzaba los US$ 68 mil millones,
para el 2010 era de US$ 98 mil millones y en setiembre de 2011 alcanzaba la
cifra de US$ 116.120,6 millones, monto que no ha cambiado hasta ahora (Página
oficial IIRSA).
Según dicha página, aproximadamente el 71,4% de los 531 proyectos de su Cartera
presenta avances significativos. A septiembre de 2011, la inversión movilizada de
dichos proyectos asciende a la suma de 98.696,6 millones de dólares. El 11,9%
de los proyectos (10.408,9 millones de dólares) ha sido concluido, el 29,9%
(52.046,6 millones de dólares) se encuentra en fase de ejecución y el 29,6%
(36.241,1 millones de dólares) en fase de pre-ejecución.
Queda claro que la implementación de los diversos proyectos supone, por su
complejidad, la aplicación de tecnologías específicas -hay que atravesar montañas,
desiertos, selvas, abrir canales, crear puertos y aeropuertos, etc.- y de ingentes
cantidades de trabajo especializado y no especializado. Pero las ganancias para
las empresas constructoras y transportistas también habrán de ser muy grandes.
Es importante recordar que el pago de los gastos de todas estas obras sigue siendo
responsabilidad de los gobiernos involucrados, es decir, en última instancia, de los
ciudadanos de los mismos.
De los diez Ejes de Integración y Desarrollo, algunos están activos y en distinto
grado de ejecución -Eje Mercosur-Chile, Eje Perú-Brasil-Bolivia, Eje Amazónico,
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 223
etc.-, en cambio otros están estancados y sin avance notorio. Ello tiene que ver
tanto con el interés de los gobiernos encargados de llevar adelante los trabajos,
como con las necesidades reales de dichas obras, cuando no de la oposición de
diversos grupos sociales que encuentran elementos negativos en la realización
de los mismos -por ejemplo, en el caso del Eje Hidrovía Paraguay-Paraná, que en
la planificación original afectaría el Pantanal, lo que llevó a que se suspendiesen
los trabajos preparatorios luego de las denuncias de un grupo internacional de
científicos-.
En ocasiones, la oposición de dichos grupos sociales ha elevado la tensión política
en algunos de los países involucrados, llegando a provocar la represión por parte de
las autoridades -caso de Corral Quemado, Sarameriza, etc., en el Perú gobernado
por Alan García- (Fernández, 2011). Más recientemente, también en Bolivia -en
el caso del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure, TIPNIS- y Brasil
-en el del Complejo Hidroeléctrico del Río Madeira- han provocado disensiones
y enfrentamientos políticos y sociales entre los detractores y los defensores de
dichos proyectos.
Más allá de los discursos, varios de los Ejes propuestos son corredores bioceánicos
con inicio y fin en puertos ubicados en uno y otro extremo del continente que, dado el
notable incremento de la producción de commodities que se ha generalizado en la región
-que hace hablar de re-primarización de estas economías-, permiten suponer que la
integración entre los actores económicos involucrados pasará fundamentalmente por
la participación en las tareas de carga y descarga en los puntos de trasbordo de las
mercaderías, ya que es dable pensar que los destinos finales habrán de ser puertos
de ultramar ubicados en Asia, Estados Unidos y Europa.
Dichos corredores bioceánicos permitirán obviar los rezagos y los costos que
actualmente genera el Canal de Panamá, ineficiente ya para el volumen de cargas
que necesitan transitar de uno a otro océano. Con ello, se ganará además en
autonomía regional respecto a los Estados Unidos, que es quien controla dicha vía
interoceánica. (Fernández, 2012)
Pero esa mayor autonomía será especialmente en beneficio de la producción
brasileña, ya que su gobierno es el principal interesado -junto a las empresas
trasnacionales que dominan especialmente las áreas de suministros para (y
comercialización de) dichos commodities- en abaratar costos y en lograr una
mayor accesibilidad a las costas del Pacífico (Fernández, 2009). Los puertos que
se construyan o adecúen en Colombia, Ecuador, Perú y Chile tendrán su actividad
dependiente, en gran medida, de la producción brasileña. Por todo ello es que el
Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) ha incrementado sustancialmente
su presencia en el financiamiento de los proyectos de IIRSA.
224 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
3. A modo de resumen
1)
2)
No hay integración regional posible sin infraestructura que la habilite.
En las condiciones actuales de América Latina, no hay infraestructura regional
sin intervención conjunta del Estado y el mercado -con especial mención a los
fondos de inversión y las grandes empresas constructoras-.
3) Pero para que la integración, para sea exitosa, requiere la convicción de que
aportará beneficios al país y al ciudadano.
4) Ello obliga a obtener consensos al interior de las naciones involucradas en el
proceso de integración, y entre dichas naciones entre sí.
5) Es necesario también facilitar la participación en la toma de decisiones de los
ciudadanos habitantes de las áreas afectadas por las obras de infraestructura.
6) Para ello, hay que disminuir considerablemente los conflictos -económicos,
políticos, sociales, ambientales, etc.- y
7) hacer que los beneficios económicos derivados de la explotación de nuevos
recursos lleguen también a los pobladores de las áreas afectadas.
8) Todo ello implica cooperar nacional y regionalmente con sentido constructivo y
9) trabajar arduamente para generar conciencia ciudadana colectiva volcada a
favor de la integración.
10) Por último, es necesario estar atentos para bloquear las estrategias
extrarregionales -de Estados o Empresas transnacionales- que van tras
nuestros recursos y contra la independencia económica latinoamericana.
Para finalizar, mea culpa
Todo proyecto social propositivo -es decir, que es el resultado de propuestas sociales
racionales y planificadas y que no se deriva espontáneamente de situaciones
casuales y/o incontrolables-, y en particular uno tan ambicioso como significa toda
propuesta de integración regional entre Estados, debe ser analizado en función de
las razones que llevan a su ocurrencia, que vías -entre las diversas alternativas
posibles- utiliza para su desarrollo y, fundamentalmente, para beneficio de quien
o quienes se realiza.
Los héroes fundacionales de las naciones de América Latina, al menos en lo que
respecta a algunas de sus principales figuras, dejaron señales claras acerca de
la necesidad de la unión política, económica y social de nuestros pueblos. Es
frecuente ver citas de ellos, en particular de Simón Bolívar, José de San Martín,
José Artigas, José Martí… Y, obviamente, los niños de los pueblos que veneran a
dichos héroes -futuros ciudadanos- crecen conociendo sus idearios.
Más allá de las “historias negras” que tejieron sus enemigos políticos de entonces
-y también las que siguen desarrollando los de hoy-, su pensamiento perduró.
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 225
No importa que, posteriormente a su desaparición de sus personas de la escena
pública, las ambiciones de riquezas, poder y/o prestigio de los subsiguientes
partidos políticos y caudillos encaramados en el poder estatal desatasen cruentas
disputas territoriales al interior y entre los nacientes países latinoamericanos119. El
pensamiento latinoamericanista y unitario resurgió, una y otra vez.
Para nosotros, que crecimos y nos educamos en un pequeño país rioplatense
influenciado por la música y la cultura de sus dos grandes vecinos, Argentina y
Brasil, y que vivimos nuestra juventud en los años en que las convulsiones sociales
de los años sesenta y setenta nos forzaban a elevar la mirada para entender lo que
sucedía en nuestra pobre América, la definición a favor de la integración regional
latinoamericana fue una respuesta necesaria y obvia120.
Partíamos, además, de contar con el legado de nuestro Padre Artigas -como
lo denominaba el Gral. Líber Seregni121-, que nos marcó el camino para dar
respuesta acerca del por qué, para qué y a favor de quienes debe producirse la
integración regional. En lo que es todo un compendio político, económico y social,
el “Reglamento Provisorio para el Fomento de la Campaña…”, el Gral. José Artigas
ordenaba en su brevísimo mandato:
“Por ahora el señor alcalde provincial y demás subalternos se dedicarán a fomentar
con brazos útiles la población de la campaña. Para ello revisará cada uno, en sus
respectivas jurisdicciones, los terrenos disponibles; y los sujetos dignos de esta gracia
con prevención que los más infelices serán los más privilegiados.
119 El argentino Carlos Escudé contaba, hace algunos años, que en algún momento de su trayectoria
académica había hecho un estudio sobre lo que se enseñaba en los programas y libros escolares
de los países latinoamericanos, y que había encontrado que el “enemigo” contra el cual se hablaba
en textos e himnos nacionales (himnos de guerra), estaba habitualmente ubicado al otro lado de
las fronteras.
120 Nuestra reflexión se fue enriqueciendo a lo largo de las décadas, más allá de los autores
universales –principalmente europeos- que también íbamos incorporando, del pensamiento que
en las páginas del semanario “Marcha” iban desgranando, semana a semana, figuras como Carlos
Quijano, Julio Castro, Mario Benedetti, Eduardo Galeano. Leer “La Nación Latinoamericana”, de
Jorge Abelardo Ramos, junto con “El mundo es ancho y ajeno”, de Ciro Alegría, “Pedro Páramo” de
Juan Rulfo, “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos o “Yo, el Supremo”, de Roa Bastos, entre muchos
otros, nos servían para entender mejor lo que “Las venas abiertas de América Latina”, el famoso
ensayo de Galeano, pretendía mostrarnos. Y al tiempo que leíamos esos autores –y veíamos el
cine del neorrealismo italiano o de la Nouvelle Vague francesa tanto como la obra de Solanas y
Gettino o de Costa-Gavras-, las luchas por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados
Unidos, la guerra de Vietnam, el Mayo Francés o el “Cordobazo” iban mostrándonos una realidad
política, económica y social en la que la lucha del hombre por la justicia, la libertad y la igualdad
era el centro del conflicto y que el mismo trascendía ampliamente nuestras fronteras nacionales
y latinoamericanas.
121 El Gral. Líber Seregni (1916-2004) fue fundador y Presidente del Frente Amplio, el partido político
actualmente en el gobierno en Uruguay. Prisionero (y sometido a la tortura) de la dictadura
militar entre 1973-1974 y 1976-1984, es considerado por todas las fuerzas políticas del país
como un referente moral. Durante su vida fue un reconocido defensor del ideario artiguista, y
frecuentemente hacía referencias, en sus discursos, a la vida y obra de José Artigas.
226 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos
pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría
de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia.
Serán también agraciadas las viudas pobres si tuvieren hijos. Serán igualmente
preferidos los casados a los americanos solteros, y estos a cualquier extranjero” (José
Artigas, “Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el Fomento de la
Campaña y Seguridad de sus Hacendados.” Cuartel General, 10 de Setiembre de
1815).
III. Aspectos económicos del regionalismo actual: Comercio, moneda e infraestructura | 227
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IV.
Medioambiente
El medioambiente como un problema de seguridad
en el regionalismo122
María Eugenia Vega
Introducción
Como se señaló en otro trabajo (Vega, 2009) el fin de Guerra Fría sentó las bases
para una reforma de los estudios sobre seguridad internacional principalmente
en dos órdenes de cuestiones: poniendo en entredicho la tradicional centralidad
en la guerra, en el instrumento militar y en la seguridad del Estado como objeto
de la disciplina, y en el empleo del concepto de securitización (Der Ghougassian,
2003: 12).
La problemática del medioambiente ha sido uno de los temas que ha recibido
mayor atención en los últimos años, constituyéndose en una de las principales
preocupaciones de la comunidad internacional, de los distintos gobiernos,
el mundo académico y la sociedad civil en general. La temática ambiental,
referida principalmente a mantener la integridad ecológica del planeta y en
especial de Suramérica, está tomando cada vez mayor relevancia en las políticas
internacionales y en las regionales que se expresan en los distintos esquemas de
integración promovidos por los países.
Si se toma en consideración la situación estratégica actual y futura sobre la
escasez de recursos naturales, resulta gravitante contar con elementos adecuados
que, por un lado, protejan dichos recursos y; por otro, tiendan a minimizar los
efectos de eventuales crisis medioambientales. En definitiva, se hace pertinente
limitar los riesgos de una militarización o posible amenaza medioambiental que
ponga en riesgo la seguridad.
Específicamente, se hace referencia a la instancia regional, en el caso de la OEA, y
a la subregional, ejemplificada mediante el MERCOSUR. El objetivo es establecer
las potenciales alternativas de política para la región, tendientes a asumir el rol
preventivo de la defensa en la seguridad ambiental y la minimización de posibles
controversias, para lo que se considera al regionalismo como la estrategia por
excelencia.
122 El presente trabajo se enmarca en el plan de trabajo final para la obtención del título de Dra.
en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, titulado “La incidencia de los problemas
medioambientales en la seguridad regional. Desafíos para la construcción de una agenda de seguridad
ambiental en América del Sur”, en cumplimiento con la Beca Interna de Postgrado Tipo II otorgada
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
232 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
1. Nuevos elementos para el análisis
El paraguas de la Guerra Fría contribuyó esencialmente a entender la seguridad
como un concepto estrictamente militar, y por ende, centrado en el Estado como
actor monopólico de las Relaciones Internacionales. Es en este sentido que Buzan
(2007: 265) lo considera subdesarrollado, a la vez que advierte el peligro inherente
de un concepto débil, pero políticamente poderoso.
Sin embargo, las transformaciones producidas por el advenimiento del proceso de
globalización, la erosión del poder del Estado y la consolidación de nuevos actores
en el escenario internacional, sacaron a la luz los debates que desde la década de
los 80 ocupaban a los especialistas en el área123. El carácter cambiante del sistema
internacional y la creciente interdependencia, requerían perspectivas más amplias
de la seguridad que trascendieran su concepción desde el punto de vista exclusivo
de su asociación con el poder duro. Así, comienza a acuñarse el concepto de
multidimensionalidad de la seguridad, asumiendo que la seguridad de los Estados
puede ser puesta en jaque por distintos factores, amén de la amenaza de uso de
la fuerza por parte de otros Estados. Este concepto integra aspectos económicos,
sociales y políticos.
Esta perspectiva amplia de la seguridad tiene entre sus mayores exponentes a
la Escuela de Copenhague124 (Buzan, 1991; Waever, 1995; Møller, 2000). Pese
a que estos autores analizan la seguridad fundamentados en las premisas del
neorrealismo (sistémico), también desarrollan elementos que tienen que ver con
la noción neoliberal de las relaciones internacionales (instituciones), además de
incluir componentes de la escuela del constructivismo y la seguridad humana. Los
precursores de la Escuela de Copenhague estudian el concepto de seguridad desde
una perspectiva amplia y ecléctica, es decir, política, social, medioambiental,
militar y económica, ya que consideran que la seguridad es un componente
integral de las relaciones internacionales y de los Estados, que se centra en el
resguardo tanto de las instituciones políticas y sociales, como de los individuos.
En atención a la ampliación del concepto y el carácter específico que adquiere la
seguridad, la Escuela de Copenhague considera que “por seguridad se entiende
cuando un representante del Estado declara una condición de emergencia, así que
reclama el derecho de usar cualquier medio que sea necesario para bloquear el
desarrollo de la amenaza” (Waever, 1995: 21). En teoría, cualquier tema puede
123 Las reacciones en contra del realismo, por ejemplo a través de la noción de interdependencia.
Se recomienda ver, por ejemplo: Nye Jr., J. y Lynn-Jones, S. (1988); Tuchman Mathews, J. (1989);
Ullman, R. (1983).
124 Instituto de Investigación para la Paz de Copenhague.
IV. Medioambiente | 233
ser localizado en el espectro que va desde la no politización (lo que significa
que el Estado no pugna con éste y no es un tema de debate público o que no
implica la toma de alguna decisión), pasando por la politización (es decir, es parte
de la política pública, que requiere una decisión gubernamental y asignación de
recursos, por ejemplo), hasta la securitización, en la que el tema aparece como
amenaza a la supervivencia, demandando medidas de emergencia y justificando
acciones por fuera de los cánones normales de los procedimientos políticos.
Este proceso es el que se conoce como securitización o seguritización125, en
tanto que la teoría de los complejos de seguridad regional (Buzan, Waever y de
Wilde, 1998: 26) concibe a la seguridad como el movimiento que lleva a la política
por fuera de las reglas de juego establecidas, y caracteriza a la problemática como
un tipo especial de política. De hecho, el proceso de securitización puede ser visto
como una versión extrema de politización, para la cual la Escuela de Copenhague
elabora una suerte de espectro de políticas públicas. Por tanto, securitizar
implica poner en práctica acciones que van más allá de las reglas del juego, ya
que se supone en riesgo la propia supervivencia, por lo que se acude a medidas
de emergencia que sobrepasan el tratamiento político de los conflictos, para
garantizar la defensa ante una amenaza no necesariamente militar e interestatal.
En sentido riguroso, la securitización debe entenderse como una versión más
extrema del carácter político, que se le da a amenazas que vulneran la supervivencia
de los actores implicados. Lo anterior produce una identificación de medidas de
emergencia y acciones justificadas por encima del tratamiento político, lo que le
permite al Estado recurrir a medios extraordinarios, en un marco de legitimidad y
garantizar la defensa de los ciudadanos frente a la amenaza identificada (Waever,
1998: 27).
Sin embargo, es importante advertir que para la Escuela de Copenhague la
securitización de un tema sólo debe darse en la medida en que se presente una
amenaza inminente; lo ideal es la desecuritización, es decir, llevar a cabo las
acciones necesarias para disipar la amenaza sin poner en riesgo el Estado de
derecho. Los autores enfatizan el peligro de una securitización excesiva y subrayan
que son los actores los responsables del manejo de los problemas de seguridad
y no fuerzas anónimas y objetivas, advirtiendo así sobre una despolitización y
objetivación del problema de la seguridad (Buzan, Waever y de Wilde, 1998: 212).
En otras palabras, para esta Escuela la securitización de un tema sólo debiera
darse en la medida en que se presente una amenaza inminente, pero lo ideal es la
desecuritización, es decir, poner en práctica las acciones necesarias para disipar
125 Término que responde al neologismo anglosajón securitization, por lo que en castellano se utilizan
indistintamente seguritización y securitización.
234 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
la amenaza, sin que se caiga en la necesidad de entrar en colisión con el Estado
de derecho.
A partir de esto, y como se ha advertido en otras investigaciones (Vega, 2008: 101 y
Vega, 2009), se hace estrictamente necesario escindir los conceptos de seguridad
y defensa, los que erróneamente tienden a entremezclarse en muchos casos. La
no distinción entre estos conceptos puede llevar, eventualmente, a la búsqueda
de resolver los asuntos de seguridad empleando los medios de la defensa, lo que
implicaría entonces la securitización.
En el caso de América Latina, para Buzan y Waever (2003), resulta difícil establecer
relaciones de seguridad independientes (a modo de Complejos de Seguridad126),
debido a la influencia de EEUU. Sin embargo, reconoce que existen las condiciones
para que la región evolucione hacia un modelo de multilateralidad.
En efecto, “la institucionalidad en formación, producto de los acuerdos de las Cumbres
de las Américas y de otras reuniones e instancias vinculadas a la diplomacia de cumbres,
ha generado un marco articulador que define principios orientadores y organizativos,
entre los cuales la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, juegan un
rol clave. De ellos se desprenden mecanismos operativos que contribuyen al diseño
y establecimiento de potenciales regímenes internacionales específicos. Este es un
proceso aún en conformación” (Rojas Aravena, 2000: 3).
En definitiva, las nuevas perspectivas de seguridad confieren a ésta un carácter
amplio y multidimensional, en el que el tratamiento de las diversas problemáticas
que involucra, obedece a elementos sistémicos que también se consideran las
unidades internas y el carácter regional y subregional que puede alcanzar el
conflicto, sea este político, económico o para este caso específico, medioambiental.
2. El medio ambiente como problema de seguridad
Desde la perspectiva que aquí se propone, se considera el medioambiente como
elemento esencial de la seguridad, en tanto que resulta indispensable para el
desarrollo de los individuos. Aunque el ambiente comienza a vislumbrarse como
un tópico a nivel político e internacional a partir de los años ’70, no es sino hasta
la década de 1980 y principios de los ’90 que se asocia al concepto de seguridad.
Mathews (1989) describe esta evolución:
126 Si bien ya se hizo referencia, es conveniente aclarar que esta teoría concibe a la seguridad
regional como un grupo de Estados cuyas inquietudes y percepciones acerca de su seguridad
se interrelacionan de manera tan estrecha que sus problemas de seguridad regional no pueden
analizarse o resolverse de manera aislada.
IV. Medioambiente | 235
“La década va a exigir una redefinición de lo que constituye la seguridad nacional. En el
decenio de 1970, el concepto se amplió para incluir la economía internacional (…) Ahora
los acontecimientos mundiales sugieren la necesidad de otro análogo, la ampliación de
la definición de seguridad nacional para incluir los recursos, el medio ambiente y las
cuestiones demográficas (…) La disminución de algunas cuestiones tradicionales de
seguridad, al final de la Guerra Fría, y el surgimiento de las preocupaciones ambientales
en la agenda internacional se han fusionado para crear un tema de estudio académico
denominado «la seguridad del medio ambiente»”
Sin embargo, pasados alrededor de unos 30 años, todavía no existe consenso,
mucho menos claridad conceptual. Como derivación, tampoco se ha podido
determinar cuándo un problema es de seguridad ambiental, cómo se responde ni
con qué medios.
Por estos motivos, aquí se utiliza el enfoque que entiende el deterioro medioambiental
como factor de riesgo porque su peligrosidad no depende de una voluntad hostil
que le otorgue una dirección determinada, pero que puede transformarse en una
amenaza. Puede hablarse así de Seguridad Ambiental (o Seguridad Ecológica,
según la escuela que se tome en cuenta), la cual, como situación ideal implica “el
mantenimiento de la biosfera local o planetaria, como sistema de sostén esencial del
cual depende toda empresa humana” (Buzan y Waever, 1998: 152); como campo
de análisis, atiende las “amenazas no convencionales contra el sustrato ambiental
esencial para el desarrollo de la población y para el mantenimiento de su integridad
funcional” (Matthew, s/f).
Más estrictamente, Foster y Wise (1999), conceptúan las amenazas a la seguridad
ambiental, como “(…) aquellas condiciones de degradación ambiental y escasez
inducidas por el deterioro de los recursos naturales que directa o indirectamente ponen
en peligro la seguridad” y que deben valorarse (...) por la contribución que realizan a la
intranquilidad social, violencia colectiva, conflictos interestatales o desestabilización,
en cualquier lugar del mundo donde intereses estratégicos importantes están en juego”,
motivos por los cuales estos aspectos han sido incorporados últimamente en los
debates sobre asuntos estratégicos de seguridad.
Dado el carácter transnacional de sus efectos, para algunos especialistas la
cuestión medioambiental se ha convertido en tema de tratamiento en las agendas
de seguridad a nivel regional y continental; exceden la capacidad individual de los
Estados para hacerles frente, al tiempo que la seguridad de cada Estado depende
de manera creciente de las políticas llevadas a cabo por otros Estados.
En efecto, desde finales de la década del ’90, los estudios relacionados con la
seguridad ambiental han realizado importantes esfuerzos por generar elementos
236 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
cooperativos y evitar que la degradación o los conflictos medioambientales
trasciendan hacia situaciones violentas, lo cual evidenciaría, de algún modo, que
la noción amplia, más que propender por una militarización o a hacer borrosa la
línea entre seguridad y defensa, lo que trata es de evitar que aquello ocurra. De
esta manera, la seguridad ambiental adquiere un carácter conciliador, y puede
ser definida como “el proceso pacífico de reducción de la vulnerabilidad humana
a los efectos (y riesgos) de la degradación medioambiental inducida por el humano,
para abordar las causas profundas de la degradación del medio ambiente” (Barnett y
Dovers, 2001: 158).
Graeger (1996) enumera cuatro razones para relacionar a la seguridad con el
medioambiente:
1)
La degradación medioambiental es en sí misma una severa amenaza a la
seguridad humana y a toda la vida en el planeta;
2)
La degradación medioambiental - o el cambio - pueden ser consecuencia de
conflictos violentos. Esta degradación también puede exacerbar un conflicto
originado por otras razones (por lo que contribuye a la escalada). Por otro
lado, la preparación militar representa una amenaza para el medioambiente,
aunque también los medios militares pueden ser utilizados para protegerlo.
3) La predictibilidad y el control son elementos esenciales de la seguridad militar
y estos son esenciales también para salvaguardar el ambiente. La solución
al problema medioambiental puede promover la cooperación y, por lo tanto,
puede ser vista como una política de seguridad o de construcción de la paz.
4) Una vez establecido el nexo entre seguridad y medioambiente, se hace legítimo
para la autoridad política hablar de una responsabilidad medioambiental de
la política de seguridad.
Desde una perspectiva global, el medioambiente puede relacionarse con la
incongruencia entre las fronteras legales internacionales del sistema estatal y
las fronteras de las redes ecológicas que constituyen el problema político de la
interdependencia ecológica internacional. Frente a la imposibilidad de un gobierno
mundial, es donde adquiere fuerza la idea de los regímenes internacionales127
(List y Rittberger, 1992: 85-86). Esta argumentación se sostiene sobre la base
de que las sensibilidades y vulnerabilidades atraviesan los límites del Estado y
dan lugar a problemáticas de interdependencia, siendo “la formación de regímenes
internacionales una respuesta colectiva de dos o más Estados a una situación
problemática en la forma de cooperación institucionalizada” (List y Rittberger, 1992:
87). Dentro de esta misma perspectiva, Hurrell (1995) señala que la cooperación
regional interestatal, como forma de regionalismo, puede servir para desarrollar
127 ”Los cuales pueden ser definidos como una forma de acción colectiva, basados en principios
compartidos, normas, reglas, y procesos de toma de decisión que constriñen el comportamiento
de los estados individuales en áreas específicas” (List y Rittberger, 1992: 86).
IV. Medioambiente | 237
estructuras de seguridad, promover valores, o resolver problemas comunes como
producto del aumento de la interdependencia.
Así, resulta de fundamental relevancia la existencia de regímenes internacionales,
ya que estos constriñen el accionar de los Estados a partir de reglas y normas
implícitas o explícitas, formales e informales.
En concordancia con esto, existe la posibilidad de la cooperación ambiental
como un medio para construir la paz (Brock, 1991). Ya desde fines de la Guerra
Fría, la cooperación en materia de seguridad ambiental contribuyó a afianzar el
proceso de la Conferencia para la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE)128, y
demostró la posibilidad de un régimen internacional de fomento, incluso a través
de las líneas divisorias de un conflicto mundial (List, 1990; Rittberger, 1990).
Sin embargo, pese a este auspicioso panorama basado en la cooperación, las
amenazas existenciales son tradicionalmente definidas en términos del principio
constitutivo del Estado, la soberanía (Dubash y Seymour, 2004), lo cual de alguna
forma limita las intenciones cooperativas surgidas a partir de los regímenes
internacionales y, además, de que estos “pueden ser existencialmente amenazados
por situaciones que pueden socavar las reglas, normas, e instituciones que constituyen
esos regímenes” (Ídem: 22).
Efectivamente, uno de los argumentos que posiblemente tiene más peso en contra
de la inclusión de la variable medioambiental como un problema de seguridad
es el nexo entre seguridad y Estado, dado el respeto legal y político al concepto
de soberanía (Graeger, 1996: 112). Sin embargo, para algunos autores, estas
limitaciones tradicionales no debieran ser aplicables para los temas relacionados
con el medioambiente ya que “sin una ley internacional o supranacional, los Estados
no pueden protegerse a sí mismos de las consecuencias negativas de la degradación
medioambiental originada fuera de sus bordes” (Ibidem). En este sentido, los
tratados internacionales existentes sobre la materia, serían débiles ya que surgen
de negociaciones entre Estados, que se basan primordialmente en el principio de
soberanía nacional.
En relación con lo anterior, Dubash y Seymour (2004) plantean la necesidad de
incrementar la inversión en la construcción de instituciones y estructuras de
gobernanza para manejar la problemática. Pese a que señalan que todavía es
desconocido qué tipo de instituciones son efectivas en cada contexto particular,
las sugerencias de Conca y Dabelko (2002), abogan por invertir en la creación
de instituciones orientadas hacia los recursos transfronterizos. Estos últimos
argumentan que la cooperación internacional en la gestión de los recursos naturales
128 La Cumbre de la CSCE, celebrada en París en 1990, incluyó una declaración conjunta de 22
Estados, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética.
238 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
transfronterizos, pueden reducir el riesgo de conflictos violentos entre los Estados,
ofreciendo una plataforma más amplia para la paz, ya que el problema es elevado
al nivel de la alta política.
Un elemento fundamental para entender el medioambiente como un problema
de seguridad es el tratamiento político del término. El no contar con elementos
universales de consenso sobre si el ambiente es un problema de seguridad
y al considerar variables como la interdependencia, la cesión de soberanía, la
tendencia a militarizar conflictos de naturaleza no militar, entre otros factores,
conlleva a que el tratamiento de los conflictos, desde el marco normativo vigente o
desde la respuesta de las autoridades a una determinada amenaza, esté denotado
por las posiciones políticas de los gobernantes (o grupos con influencia en el
sistema político), el contexto institucional y el sistema socio-político en general. Al
considerar los temas medioambientales desde la alta esfera política, en contextos
democráticos, la tendencia indicaría un menor grado de controversia violenta,
como señala la corriente del liberalismo en Relaciones Internacionales. Es decir,
que ante una inminente amenaza, en contextos democráticos primaría más la
negociación y solución de controversias antes que la coacción.
Sin embargo, debe tenerse siempre en cuenta que uno de los principales escollos a
la hora de tratar las problemáticas medioambientales es que el rango de materias
susceptibles de ser consideradas amenazas es muy amplio, porque van desde
elementos relativamente concretos, como la supervivencia de especies individuales
o tipos de hábitat (bosques, lagos), a temas de gran escala como el mantenimiento
del clima planetario o la biosfera. Esto dificulta aún más su tratamiento.
3. La seguridad medioambiental en el contexto regional y subregional
A nivel mundial, las definiciones nacionales se enmarcan en las disposiciones
emanadas del sistema de Naciones Unidas, y son funcionales a la participación
en los regímenes internacionales de la seguridad que atañen a nivel hemisférico.
En este contexto, la actuación de la región latinoamericana se da en el marco de
la OEA y en aquellas instancias de este organismo relativas a la seguridad.
Específicamente en el ámbito de la seguridad, la OEA, a través de su consejo
permanente, cuenta con una Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH), la que
desde su constitución en 1995, ha apuntado a generar una concepción actualizada
de la seguridad, situación que se ha ido materializando principalmente desde que
se celebrara la Conferencia Especial sobre Seguridad de 2003. Es a partir de ésta,
que los Estados de la región han reconocido.
IV. Medioambiente | 239
“(…) que las amenazas, las preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el
hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el concepto y
enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradicionales,
que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y medioambientales”
(Rojas Aravena, 2003).
La importancia de la cuestión ambiental en la región resulta crucial, al considerar
que sus economías de la región son predominantemente agrícolas (Petifford,
1996). En efecto, para Renner (2004), aunque elementos como el cambio ambiental
afectan a toda la humanidad, las personas que viven en los países en desarrollo,
generalmente son las más vulnerables a sus efectos al depender directamente
de actividades como la agricultura, la silvicultura o la pesca, para su bienestar y
supervivencia.
Si considerar las problemáticas medioambientales como temáticas bajo la órbita
de la seguridad resulta por demás complejo, para el caso de la región bajo
estudio, el concepto de seguridad ambiental adquiere una serie de aristas que
dificultan aún más la utilización del término. Fundamentalmente, esto obedece
a que en muchos países de la región se asume una visión amplia de la seguridad
(económica, social, política y medioambiental), pero se utilizan medios basados
en enfoques tradicionales de la seguridad, para enfrentar los conflictos de
naturaleza no militar. Adicionalmente, las amenazas a la seguridad crecen por la
falta de estructuras gubernamentales sólidas para afrontarlas, además de que una
buena parte de los convenios internacionales y de cooperación entre los gobiernos
regionales son inadecuados para hacerles frente con eficacia (Benítez, 2003: 53).
En concordancia con lo planteado, Benítez (Ibidem) señala que una de las
dificultades para alcanzar mayores niveles de consenso en el ámbito regional
respecto a la seguridad, estaría dada por la importancia que los distintos países
otorgan a la seguridad nacional como elemento prioritario.
Podría decirse que el debate en la región está caracterizado por el desacuerdo
que existe entre diversas definiciones de seguridad y defensa, que se traducen
también en divergencias con respecto a la definición de amenazas y al modo de
enfrentarlas. Al tratar de forma indistinta las amenazas tradicionales y las no
tradicionales, parece diluirse la diferencia histórica entre los conceptos de defensa
y seguridad pública o ciudadana, que han regido en la región hasta el momento.
Esto conlleva a su vez otra cuestión no menor, los roles y funciones de las fuerzas
armadas.
Los enfoques de seguridad nacional han estado tradicionalmente centrados en
temas militares, sobre la base de la capacidad de las fuerzas armadas para
240 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
disuadir las amenazas hacia el territorio, además de que en América Latina los
militares han jugado un papel histórico importante en la imposición del orden
interno (Petifford, 1996: 298). Adicionalmente, Tulchin (2005) señala que en los
países latinoamericanos, además, existe una institucionalidad débil en la que
interactúan e influyen en las decisiones una gran diversidad de actores.
Consecuentemente, esta misma conjugación de factores ha distorsionado la
necesaria diferenciación entre seguridad y defensa. En términos generales, la
seguridad alude a una suerte de percepción psicosocial de estar libre de amenazas
que puedan afectar el normal desenvolvimiento del Estado y la sociedad. En
tanto que la defensa constituye una acción derivada de la seguridad, pudiendo
entenderse como la organización del poder armado y no armado del Estado
con el fin de ser empleado en caso de amenaza, potencial o efectiva (Villalba
Fernández, 2005: 64), como política y como conjunto de recursos, debe satisfacer
la demanda que surge de la seguridad en el ámbito de la soberanía del Estado,
que se vincula a la política exterior, a la integridad territorial y a las amenazas
externas. En consecuencia, no debe ser confundida con la seguridad interior o
ciudadana, pero, salvo honrosas excepciones, no es lo que ocurre en la región,
signada por la coexistencia de distintas visiones y definiciones de la seguridad y la
defensa y por ende, del empleo del poder militar.
En una investigación previa (Vega, 2008: 97), se observaba que el avance de la
definición compartida de seguridad hemisférica como concepto multidimensional,
si bien implica el reconocimiento de que los problemas de seguridad son comunes
y requieren respuestas cooperativas, también alerta que las definiciones amplias
pueden conducir a la securitización de los problemas en la región y a la militarización
de las respuestas, reproduciendo una tendencia histórica a extender el campo de
acción de los militares, lo que a su vez podría conducir a su desprofesionalización
y politización.
En palabras de Rojas Aravena,
“El gran peligro consiste en la expansión conceptual, dado que si ello ocurre se tiende
a militarizar el conjunto de las actividades significativas de la población. De allí que
la variable central en torno a la cual se debe organizar el concepto de seguridad sigue
siendo el uso de la fuerza, es decir, las cuestiones que afectan a la vida y la muerte, en
lo referido a la guerra y la paz. Otras dimensiones y esferas que afectan la vida pueden y
deben ser enfocadas desde la cooperación, la capacitación, la transferencia de recursos
u otros arreglos institucionales” (1999: 15-16).
Todo esto ha generado un debate sobre los nuevos roles de las Fuerzas Armadas
y de seguridad, que en muchos casos incrementan sus tradicionales misiones
de defensa, según la legislación interna de los países y del grado de afectación
IV. Medioambiente | 241
de estas amenazas, en contextos en los que no se han terminado de resolver
relaciones cívico-militares tradicionalmente conflictivas.
De la misma forma, la articulación de una seguridad cooperativa en el continente
ha sido incorporada de manera discreta, debido al bajo nivel de conocimiento
sobre defensa y seguridad internacional por parte de las élites, por el alto nivel
de sensibilidad y complejidad que constituyen las relaciones político-militares y
por la persistencia de enfoques tradicionales en materia de seguridad y política
exterior (Navarro, 1999).
En efecto, la institucionalidad en formación, entre otras instancias, ha generado
un marco articulador que define principios orientadores y organizativos, entre los
cuales la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, juegan un rol
clave. De ellos se desprenden mecanismos operativos que contribuyen al diseño
y establecimiento de potenciales regímenes internacionales específicos (Rojas
Aravena, 2000: 3).
Adicionalmente, y en específico materias como el medioambiente, pueden
constituirse en factores de cooperación en el ámbito de la seguridad debido a la
neutralidad política del término (Graeger, 1996) y por ser un elemento transversal
en la casi totalidad de los países, lo cual permite la coordinación de medidas de
orden internacional y de dominio político doméstico (Navarro, 1999).
En definitiva, si bien el sistema interamericano ha ido evolucionando hacia nuevas
definiciones en materia de seguridad, distintas de la visión geopolítica tradicional,
los diversos esfuerzos realizados no han generado una arquitectura institucional
lo suficientemente capaz de atender a los diversos requerimientos de la seguridad
medioambiental.
Por otra parte y a nivel subregional, el MERCOSUR es la instancia que si bien en
sus comienzos se constituyó como una zona para el libre intercambio económico,
con los años se ha transformado en un organismo que intenta abarcar también
la integración política, social y cultural, en la que, además, los tópicos de
seguridad y respecto de la problemática medioambiental se han ido incorporando
paulatinamente.
En materia de seguridad, esta región ha logrado una importante serie de avances,
entre los que se destaca la Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile
como Zona de Paz. Esta responde a diversos compromisos hemisféricos asumidos
por los países de la región, que incluyen la reunión de la Asamblea General de la
OEA (Santiago de Chile, 1991) y las disposiciones para redefinir los conceptos de
seguridad hemisférica; la Declaración de San Salvador de 1998 sobre Medidas de
Fomento de la Confianza; el Tratado de Tlatelolco sobre Proscripción de Armas
242 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Nucleares en América Latina y el Caribe; el Compromiso de Mendoza sobre la
prohibición completa de Armas Químicas y Biológicas (ver: MERCOSUR, 1998) y,
en general, numerosas declaraciones respecto a la seguridad en el continente, que
configuran el escenario hemisférico, regional y subregional.
Con respecto a la variable medioambiente, en 1992 se creó la Reunión Especializada
de Medio Ambiente (REMA) primer antecedente institucional para el desarrollo
de la temática ambiental en el MERCOSUR, que tiene como objetivo analizar la
legislación vigente en los Estados Partes y proponer acciones en las distintas
áreas, con el objeto de proteger el Medio Ambiente, a través de recomendaciones
al Grupo Mercado Común.
Entre sus avances cabe mencionar el establecimiento de las Directrices Básicas de
Política Ambiental que definían un conjunto de principios orientadores, objetivos
mínimos y líneas de acción que aseguren la política ambiental por los Estados
Partes. En 1995 se firmó la Declaración de Taranco coincidiendo en la conveniencia
de transformar la REMA en un Subgrupo de Trabajo del Grupo Mercado Común.
Así se creó el Subgrupo de Trabajo Nº 6 Medio Ambiente.
La política ambiental en el MERCOSUR se consolidó con el Acuerdo Marco
sobre Medio Ambiente del Mercosur de 2001, el cual pretende que “el desarrollo
sustentable y la protección del medio ambiente, mediante la articulación de las
dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor calidad
del ambiente y de la vida de la población”. En el Acuerdo, se reafirman los principios
consagrados en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y asegura su aplicación;
así como, el compromiso de los Estados Parte de cooperar en el cumplimiento de
los acuerdos internacionales suscritos y analizar los problemas ambientales de la
subregión en pro de una cooperación que proteja el medioambiente y los recursos
naturales.
Adicionalmente, establece 4 áreas temáticas: 1) Gestión sustentable de los
recursos naturales, 2) Calidad de vida y planeamiento ambiental, 3) Instrumentos
de política ambiental y 4) Actividades productivas ambientalmente sustentables.
Las políticas ambientales en MERCOSUR se han concebido con mayor articulación
a la variable comercial que caracteriza a este esquema de integración. En efecto,
las políticas que mayor desarrollo han tenido, son las referidas a la promoción y
cooperación en producción y consumo sostenible, gestión ambiental de residuos
especiales y responsabilidad post-consumo, gestión de químicos, gestión
ambiental en pequeñas y medianas empresas. Una política a destacar, referida a la
gestión de las aguas subterráneas transfronterizas, es el Acuerdo sobre el Acuífero
Guaraní que se aprobó en el 2010, luego de seis años de trabajo y negociaciones
IV. Medioambiente | 243
entre los países. Más recientemente, la temática de cambio climático y energías
limpias ha pasado a ser de interés para las autoridades de Agricultura, en cuanto
a los efectos del cambio climático en ese sector y en cuanto a la temática de los
biocombustibles. El Consejo Agrícola del Sur ha creado dos grupos de trabajo para
Manejo de Riesgo y Seguros Agropecuarios y para Políticas Públicas y Cambio
Climático. Por su parte, los ministros de Ambiente aprobaron un plan de acción
para la cooperación en materia de biocombustibles.
Pero lo que puede observarse en este bloque regional, es que no se hace alusión
a una relación directa entre medioambiente y seguridad. De ahí que el impacto
que puedan tener en ésta es de alcance medio. Además, si la colaboración entre
fuerzas armadas puede contribuir a la solución pacífica de controversias, en caso
de conflictos que contengan componentes medioambientales, no está delimitado
el rol que puedan asumir estas herramientas de la defensa en ellos. No obstante,
estos tratados resultan de trascendental importancia, ya que implican que los
Estados se someten de manera responsable a los marcos jurídicos internacionales
que regulan, y se comprometen a llevar una política de seguridad y defensa
acorden con los requerimientos del sistema internacional.
Las disposiciones internacionales han tendido a generar regímenes de cooperación
tanto a nivel mundial como regional y subregional, lo cual ha generado que los
diversos países ajusten los sectores comprometidos en materia ambiental, a los
requerimientos internacionales. Sin embargo, el carácter no vinculante de los
acuerdos internacionales, por un lado, dificulta una articulación y homogeneización
de políticas entre países, y por otro, dependerá de cada Estado el asumir una
política más o menos proactiva en relación al medioambiente.
Con el fin de no caer en el riesgo de securitizar estas problemáticas, más se
trasluce la necesidad de avanzar en una institucionalidad para la región basada
en los desafíos que implica el asumir una perspectiva amplia, fundamentada en
la cooperación. De lo contrario, el asumir nuevas funciones bajo lineamientos
y definiciones tradicionales, puede generar la percepción de militarización y
además provocar resistencia y desconfianza ante la comunidad internacional,
particularmente en el entorno vecinal.
Renner (2004) sugiere que un adecuado entendimiento de la seguridad ambiental,
requiere de un cambio fundamental en las prioridades políticas sobre la seguridad,
tanto en el nivel nacionales como internacionales, para que la misma sea vista
como una forma de fortalecer la prevención de conflictos, de mantenimiento de la
paz y el desarrollo de mecanismos de alerta temprana que incorporen sistemas
de vigilancia social, económico, de salud e indicadores ambientales. En este
contexto, señala que las fuerzas armadas no constituyen la herramienta idónea
para proporcionar un adecuado control sobre el medioambiente y la seguridad
244 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
humana, ya que estos problemas no pueden ser resueltos mediante la aplicación
de las hipótesis y las cualidades de la cultura militar: “en lugar de antagonismo, el
unilateralismo, y el secreto, lo que se necesita es la cooperación, el multilateralismo, y
la apertura” (Renner, 2004: 330).
Conclusiones
Pese a que en el debate teórico todavía no es posible identificar un consenso respecto
a si la seguridad ambiental es un elemento que contribuye a la desecuritización,
cooperación o minimización de controversias, o si por el contrario, el relacionar
los problemas medioambientales con la seguridad representa una militarización
del problema, la mayoría de los estudios han tendido a mostrar las condiciones
necesarias para que este concepto se constituya efectivamente en un elemento de
cooperación en lugar de coerción.
A nivel internacional los distintos organismos multilaterales y los diseños
regionales relacionados con la seguridad, han incorporado gradualmente las
temáticas de seguridad ambiental frente a los desafíos que estas representan. Se
ha hecho necesario que el concepto se incorpore también en el ámbito subregional
en función de que es en este nivel donde surgen la mayoría de los conflictos
medioambientales. En el caso de América Latina, puede encontrarse una serie
de avances en la incorporación de los nuevos elementos, que incluye el concepto
amplio de seguridad, lo cual, no obstante, se ve obstaculizado por diseños
institucionales y acuerdos vigentes propios del contexto de Guerra Fría, basados
en la noción tradicional de seguridad nacional.
No obstante, se ha reconocido que el concepto de seguridad ha asumido múltiples
dimensiones, como destaca a nivel hemisférico la Declaración de Bridgetown que
precedió a la Conferencia Especial de Seguridad de la OEA de 2003; sin embargo,
por la prioridad diferente que le otorgan los gobiernos a estas amenazas, no se
definen en los compromisos asumidos en la Conferencia los mecanismos específicos
de cooperación (Benítez Manault, 2003). El mismo patrón se reproduce a nivel
subregional: en Sudamérica no se observa la implementación de acciones aptas
para limitar los riesgos a la seguridad ambiental, por no haber una percepción
compartida de la amenaza. Si bien la cooperación en el marco de la integración
constituye un pilar fundamental para paliar las deficiencias, puede decirse que
hasta el momento han fracasado en combatir la degradación ambiental al nivel
requerido (Facetti, 2001), ya que la mayor parte de los esfuerzos se han dedicado
a la solución de los aspectos económicos de los problemas (Von Molkte y Ryan,
2001).
IV. Medioambiente | 245
La Declaración del Mercosur más Chile y Bolivia como Zona de Paz, que considera
elementos sustanciales en función de la nueva conceptualización de la seguridad,
basada en elementos cooperativos y no coercitivos, no incluye puntos explícitos
en relación con la seguridad ambiental, además de no contar con definiciones
efectivas ni vinculantes para resolver disputas. Así, a pesar de los esfuerzos en
este sentido, en el marco del MERCOSUR las instituciones existentes no poseen
la capacidad de formular, priorizar e implementar una estrategia para analizar y
administrar los desafíos ambientales a la seguridad regional.
De esta manera, los Estados sudamericanos no contarían con definiciones
operativas para enfrentar los requerimientos del sistema internacional en materia
de seguridad medioambiental. Los tratados hemisféricos resultan obsoletos en
las actuales condiciones, aunque en concordancia con lo que aquí se plantea,
el camino para la renovación en función de la cooperación aparece más claro
en el nivel subregional. En este contexto, se hace necesario generar estructuras
regionales y subregionales que tiendan al tratamiento de lo ambiental bajo la
órbita de la seguridad, que por un lado, permitan adaptarse a los requerimientos
de los regímenes internacionales, y por otro, den cuenta de las realidades propias
del entorno para actuar en concordancia con los desafíos de la región.
Sin embargo, y concomitantemente con el retorno a la democracia, el entorno
sudamericano ha puesto particular énfasis en su inserción mundial, e incorporando
los nuevos desafíos que implica la seguridad internacional y asumiendo una
política tendiente a la integración sustentada en la cooperación. En lo que se
refiere específicamente a la defensa, se ha manifestado desde un comienzo el
principio de no intervención, de resolución pacífica de controversias y de respeto
al derecho internacional (Insulza, 1993).
Es en este sentido, entonces, que debe destacarse la importancia y el rol del
regionalismo en esta materia, ya que constituye una estrategia adecuada de
políticas dinámicas de concertación y cooperación pero por sobre todo, para la
construcción de instituciones y políticas de alcance regional en el ámbito de la
seguridad medioambiental.
En un escenario global marcado por la incertidumbre climática, el aumento de
población, la alta demanda internacional de recursos naturales y los posibles
conflictos por el acceso, uso y conservación de los mismos, la relevancia de la
temática ambiental seguirá aumentando, especialmente en Sudamérica, dada la
riqueza y diversidad biológica, cultural, de recursos hídricos y energéticos que
posee la región y dado el deterioro al cual este capital natural está siendo sometido.
246 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Los nuevos enfoques abren un sinnúmero de posibilidades para el cambio y
la generación de una arquitectura institucional adecuada para enfrentar la
problemática de la seguridad ambiental, lo que requiere de un debate amplio
entre todos los sectores involucrados, que legitime los cambios que podrían darse
y generen un espacio abierto para la desecuritización y cooperación tanto a nivel
regional como subregional.
IV. Medioambiente | 247
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La dimensión medioambiental del MERCOSUR:
¿Chances para una construcción participativa?129
Amalia Stuhldreher
Introducción
La década de los ’90 del siglo XX, signada por el avance de la globalización y por
el llamado regionalismo abierto, conjugó un marco de acción diferente para los
países de América Latina y el Caribe (ALC). Contextualmente fue determinante
la influencia creciente de las relaciones externas sobre el diseño de las políticas
internas. A la inversa, los países en vías de desarrollo veían debilitada su capacidad
de incidencia en foros internacionales relevantes. Aquí resaltaban dos cuestiones
(Bizzozero, 2011a: 5): a nivel de las relaciones internacionales, y en función de los
recursos de poder, resultan cruciales las respectivas capacidades para participar
en la definición de los regímenes internacionales de un nuevo orden. Por otra
parte, se planteaba a los Estados la cuestión relativa a la economía y la política de
desarrollo, con una agenda crecientemente interméstica.
Para ALC se tornó crítico alcanzar suficiente cohesión en su proyección externa:
la entidad regional debía explicitarse en un mundo donde interactuaban actores
con capacidad de acción global, grupos regionales de Estados y entidades
transnacionales. En el MERCOSUR, y en razón del objetivo de la Unión Aduanera,
la articulación de la política comercial común y la participación conjunta en
negociaciones internacionales concentraron gran parte de los esfuerzos. En
contraste, la preocupación por las políticas de desarrollo sustentable en los países
del bloque y su articulación externa, se esboza con una mención genérica en el
Tratado de Asunción. Sin embargo, la Declaración de Canela (1992) así como la
Declaración de Taranco (1995), denotan esfuerzos tempranos en la búsqueda de
posicionamientos medioambientales conjuntos.
El interés por una mirada diferenciada al marco regional engarza con la constatación
del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente) de hace ya
diez años respecto a que aunque los acuerdos regionales sumaban dos tercios
del total de acuerdos internacionales medioambientales, desde el punto de vista
de la conceptualización y relevamiento empírico, la cooperación regional había
129 Quiero expresar mi agradecimiento a Lincoln Bizzozero del Programa de Estudios Internacionales
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR (Universidad de la República) que me alentó
a procurar pensar la integración regional más allá de los aspectos estrictamente económicocomerciales. Asimismo quiero agradecer a KarstenBechle del ArnoldBergstraeserInstitut de
Friburgo por el estímulo de sus consideraciones teóricas sobre el enfoque del constructivismo
social.
250 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
recibido poca atención o había sido ‘amontonada’ con el análisis de los acuerdos
globales (Balsinger/Prys/Steinhoff, 2012: 4-5). Tras los tímidos resultados de
la Cumbre de Río+20 y en un momento crítico para el MERCOSUR, se plantea
aquí el interrogante acerca de la potencialidad del enfoque constructivista para
analizar los avances reales que se han podido realizar en materia de una agenda
medioambiental conjunta en el bloque. Como punto de partida se recorren
rápidamente hitos relevantes en la búsqueda de posicionamientos conjuntos del
bloque en materia medioambiental. En segundo lugar, para enmarcar el análisis se
hace una breve mención de la evolución del bloque en los últimos años. En tercer
lugar, partiendo de la referencia incluida en diversos tratados internacionales
acerca de la participación pública como presupuesto del desarrollo sostenible,
se presentan algunas líneas argumentales del enfoque del constructivismo social
como marco interpretativo para analizar el aporte de las comunidades epistémicas
y de la sociedad civil para definir una agenda medioambiental. En cuarto lugar se
busca abordar la situación particular de Brasil, Argentina y Uruguay. Finalmente,
considerando logros y déficits, se esbozan algunas perspectivas a futuro.
1. El MERCOSUR y los intentos de posiciones conjuntas en materia
medioambiental
Como ya se mencionó, la cuestión del desarrollo sostenible fue esbozada en el
Tratado de Asunción al hablar de la meta del desarrollo económico con justicia
social: “(…) ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento
de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento
de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la
complementación de los diferentes sectores de la economía con base en los principios
de gradualidad, flexibilidad y equilibrio” (Mercado Común del Sur, 1991). Por su
alcance regional el acuerdo debía abarcar necesariamente la cuestión ambiental,
generando normas vinculadas directa o indirectamente con la temática y que
favorecieran la armonización en la materia.130
Respecto a la proyección externa, la Declaración de Canela de febrero de 1992 de
los presidentes del Cono Sur y de Chile procuró definir una posición común sobre
temas ambientales, proclamando el compromiso con el desarrollo sostenible y
la responsabilidad en materia de protección ambiental y el uso racional de los
recursos naturales, postulando la necesidad de cooperación científica y tecnológica
con los países desarrollados. Como principio medular regía la complementariedad
entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico.
130 Sobre la evolución institucional y legal medioambiental en el MERCOSUR véase: Secretaría
MERCOSUR, 2006; Martínez Arteaga, 2011: 88 y ss.
IV. Medioambiente | 251
Por otra parte, la Resolución del Grupo Mercado Común (GMC) Nº 10/94, que
define las Directrices Básicas en Materia de Política Ambiental para el MERCOSUR,
establece la coordinación de criterios ambientales comunes para la negociación
del bloque a nivel internacional, mientras que la Declaración de Taranco de
1995 señala el compromiso de coordinación de posiciones conjuntas en foros
mundiales de medioambiente (biodiversidad, cambio climático y Comisión de
desarrollo sustentable), tematizando la Agenda 21 y los acuerdos ambientales
multilaterales (Colacrai, 1998: 307-308; Martínez Arteaga, 2011: 95). La Decisión
9/95 del Consejo del Mercado Común (CMC) aprueba el “Programa de Acción
del MERCOSUR hasta el año 2000”, planteando una planificación estratégica que
retoma el concepto de la promoción del desarrollo económico regional sustentable
con justicia social coincidente con la conceptualización de Naciones Unidas.
Pese a esto, las dificultades de articulación se hicieron evidentes al no consensuarse
el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre Medio Ambiente, no apoyado
por Argentina. La propuesta recogía postulados de la Declaración de Río de 1992,
como la internalización de los costos ambientales en los procesos productivos de
bienes y servicios, así como el pago por el uso de recursos naturales.131 En 2001,
por medio de una Decisión del CMC se aprueba un Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente, cuyo Preámbulo explicita el objetivo del desarrollo económico social y
ambientalmente sustentable. Asimismo se fija el compromiso de los Estados partes
a cumplimentar los acuerdos internacionales en materia ambiental, se ratifican
los principios de la Declaración de Río y de la Agenda 21 y la complementariedad
entre políticas comerciales y medioambientales.
En 2009, en el marco de la X Reunión de Ministros de Medio Ambiente se
propusieron lineamientos para un proyecto de cooperación de adaptación al
cambio climático en el MERCOSUR: Más allá de las posibles estrategias, se apuntó
a lograr cooperación financiera internacional, transferencia tecnológica y creación
de capacidades de acuerdo con las necesidades de los países de la región. De
cara a la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible Río+20,
durante la XI Reunión de Ministros de Medio Ambiente, se expresó la intención de
plasmar conjuntamente los intereses y desafíos del MERCOSUR, permitiendo una
reflexión conjunta sobre la aspiración de la región en términos medioambientales
y los caminos críticos para su realización: Se acordó redactar un documento
común sobre los avances desde Río 1992, así como incentivar a los movimientos
sociales a aportar propuestas. Finalmente, durante la XII Reunión en noviembre de
2010 en Brasilia, se discutió la posición conjunta para la Cumbre de Cancún sobre
131 Dado el mayor grado de avance de la legislación brasilera de protección ambiental, Argentina
temía los impactos a nivel de competitividad de una rápida incorporación del Protocolo. También
preocupaba la falta de armonización de los estándares ambientales.
252 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Cambio Climático.132 Con relación a Río+20 se acordó realizar un balance de los
avances desde Río 1992 y revisar los enfoques del MERCOSUR sobre “Economía
Verde”.
2. Evolución del MERCOSUR en los años recientes
Para una comprensión más cabal, los intentos de articulación esbozados
anteriormente debieran ser enmarcados dentro del devenir del proceso regional,
en especial durante la última década. Desde la teoría política de la integración
regional, dicha evolución llevó a que algunos autores hablaran de regionalismo
estratégico (Briceño Ruiz, 2006; Guerra Borges, 2009; Bizzozero, 2009; Bizzozero,
2011a, 2011b). Lo que se expresaba aquí era que con el inicio del siglo XXI se
habían dado cambios de gobierno en la región, coincidiendo con la revisión de las
prioridades del modelo de desarrollo brasilero y de su política exterior hacia la
región. Esto habría fortalecido progresivamente la noción del MERCOSUR como
opción estratégica para mejorar la inserción internacional. Junto a la discusión sobre
los vínculos del regionalismo con la reestructuración del orden internacional, se
procuraba mensurar el rol de los llamados emergentes del sistema, concretamente
las potencias medias y regionales como Brasil, para determinar su capacidad de
incidir activamente en diferentes niveles de la estructura internacional (Bizzozero,
2011a: 36 ss.).
Respecto a los modelos de desarrollo, cabe recordar que una cuestión ya
planteada en el debate en torno a los ‘nuevos regionalismos’ de los ‘90, se
refería a si efectivamente conformaban marcos de articulación de ideas y del
ámbito normativo-institucional, mediando entre el proceso de globalización y los
procesos nacionales. Con el denominado regionalismo estratégico y la redefinición
de prioridades temáticas, surgen nuevos orientadores simbólicos que refuerzan
la idea de que el MERCOSUR no constituye simplemente un bloque comercial,
sino también un espacio catalizador de valores, tradiciones y futuro compartido
(Bizzozero, 2011a: 7). Resultan ilustrativos los lineamientos del Consenso de
Buenos Aires (2003), del documento de Río de Janeiro y del Acta de Copacabana
de 2004, así como del Programa de Trabajo 2004-2006, con temas pendientes
desde los ’90, relacionados con ‘crecimiento con equidad’.
Sin embargo, la ausencia de pronunciamientos explícitos permite intuir que en
aquel momento todavía no se visualizaban a los desafíos medioambientales como
centrales para el nuevo impulso que se pretendía dar al proceso regional. Así,
132 El documento expresa preocupación sobre la experiencia de Copenhague, donde los países de la
región no consiguieron articular una posición conjunta. Se tematizan las características que la
cooperación internacional sobre cambio climático debería adoptar para satisfacer las necesidades
de la región (Secretaría de Medioambiente, 2010).
IV. Medioambiente | 253
en el Programa de Trabajo 2004-2006 que define áreas específicas (económicocomercial, social, institucional), no se hace mención expresa ni transversal de las
connotaciones medioambientales de cada una de esas áreas, así como tampoco
incluye a la temática en la nueva agenda del bloque, en la que se focalizan los
programa de cooperación en ciencia y tecnología, así como la integración física y
energética (MERCOSUR/CMC/Dec. Nº 26/03). Se evidencia así la debilidad en la
articulación de las políticas ambientales de los países miembros, con las políticas
económicas y sociales respectivas, debilidad que se traslada a los lineamientos
diseñados para el bloque. La disociación temática es especialmente llamativa
después de que por Decisión del CMC Nº 02/01 en 2001133, se hubiera aprobado el
ya mencionado Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR y, después
de los debates de la Cumbre Internacional sobre la Financiación del Desarrollo en
Monterrey y de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en Johannesburgo en
2002, que señalaban la interrelación entre desarrollo, pobreza y medioambiente y
enfatizaban la necesidad de coherencia de las políticas internas.
3. Construcción participativa de la agenda MERCOSUR: aportes del
enfoque constructivista
El planteamiento de nuevas cuestiones en el marco del ‘regionalismo estratégico’
favoreció a su vez una nueva modalidad de participación de actores en la región,
que asumiendo determinados roles en el entramado institucional influyeron en
el devenir del proceso, ya que la estructura institucional otorga competencias
a actores gubernamentales y no gubernamentales (académicos, científicos y
expertos de organizaciones de la sociedad civil), generando efectos de derrame
socio-político (Bizzozero, 2011b: 7-8). Aunque el impulso a esta ‘construcción’
provendría de la institucionalidad del MERCOSUR, con fuerte inducción desde
los gobiernos, la misma sería reapropiada desde lo regional-nacional para ser reconducido a las instancias nacionales, en las que se materializa una horizontalidad
intra-social que devendría en inter-social y proporcionaría eventualmente insumos
para el desarrollo de una identidad regional. Según esta interpretación, la evolución
muestra un lento proceso de construcción de principios, normas y valores con
participación de sectores diversos de la sociedad civil, académicos y políticos,
con resultados específicos que en algunos casos están relacionados con bienes
públicos regionales.
Dicha participación resulta relevante a fin en dilucidar la capacidad del bloque
de darse un ordenamiento y una agenda medioambiental externa. Aquí los
133 El Acuerdo establece criterios orientadores en materia ambiental. El Preámbulo plantea el objetivo
para la región de lograr un desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable, estableciendo
el compromiso de las partes de cooperar para cumplimentar acuerdos internacionales en materia
ambiental. Se reafirman los principios de la Declaración de Río 1992 y la Agenda 21.
254 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
postulados teóricos del constructivismo social como expresión de las teorías
basadas en el conocimiento, pueden eventualmente proporcionar algunas claves
de interpretación. Como señala Bechle (2005: 7 y ss.) en su sistematización de
los aportes del mencionado enfoque, dentro del llamado ‘tercer debate’ en la
disciplina de las relaciones internacionales, los pos-positivistas suponen que
la realidad social es construida socialmente y que, por lo tanto, no puede ser
interpretada en forma inconexa del individuo y su contexto. En oposición a los
enfoques positivistas que parten de actores racionales con preferencias fijas
(homo economicus), para los enfoques pos-positivistas las identidades, intereses
y preferencias de los actores no son determinadas en forma exógena, sino que se
configuran en un proceso endógeno (homo sociologicus) (Hänggi, 1998).
Siguiendo la argumentación de Bechle, cabe recordar que dentro del constructivismo
social con su énfasis en el rol de las identidades colectivas como determinante de
los intereses estatales, en particular se destaca la interpretación de Wendt. El autor
enfatiza que la identidad social del Estado se conforma exclusivamente a partir de
la interacción con otros estados y con las estructuras del sistema internacional.
Consecuentemente, la estructura anárquica del sistema internacional, no
necesariamente conduce al imperio de la lógica de un sistema de autoayuda orientado
según consideraciones de poder, lo que posibilita prácticas interestatales que a través
de procesos de aprendizaje induzcan un cambio en las relaciones internacionales
(Wendt, 1992).
Aunque la referencia a la constitución endógena de las identidades introdujo
un elemento dinámico en las explicaciones hasta ahora estáticas de enfoques
teóricos sistémicos neorrealistas o institucionalistas, el aporte de Wendt también
parte del nivel ‘sistema internacional’, relativizando la dimensión intra-estatal.
Sin embargo, como subraya Bechle, en sentido estricto el constructivismo social
asume una posición analítica-ontológica intermedia entre actor y estructura, por
lo que la explicación de Koslowski y Kratochwil surge como más plausible en
términos de explicación del cambio en las relaciones internacionales (Koslowski/
Kratochwil, 1994: 216). Éste ocurriría cuando los actores, a través de sus prácticas,
modifican las reglas y normas constitutivas de la interacción internacional. La
misma reproducción de la práctica de actores internacionales (como los Estados),
depende de la reproducción de prácticas de actores domésticos (individuos o
grupos). En consecuencia, los cambios fundamentales en política internacional se
darían cuando las creencias y las identidades de los actores domésticos cambian,
alterando de esa forma las reglas y normas constitutivas de sus prácticas políticas.
Así, es el nivel de la sociedad (en donde se construyen las identidades colectivas)
el que en definitiva es responsable de la definición de los intereses estatales y de
la praxis de cada Estado en la esfera de las relaciones internacionales: el cambio
de las identidades colectivas se produce cuando se han transformado las ideas
que le sirven de base.
IV. Medioambiente | 255
Finalmente, culminando la sistematización de Bechle (2005: 10) debe señalarse
la importancia indiscutible de las comunidades epistémicas en lo que hace
a la transmisión de ideas. Según la conceptualización de Haas (1992), dichas
comunidades constituyen grupos nacionales o transnacionales de profesionales
que comparten determinada visión del mundo (episteme): disponen de reconocida
expertise en un área en particular de política, comparten un conjunto de creencias
normativas que les proporcionan una base de valores para la acción social.
Esas creencias compartidas sirven a su vez de base para dilucidar las múltiples
conexiones entre posibles cursos de política y resultados esperados. Asimismo,
sus miembros comparten nociones de validación en su área de especialización,
así como iniciativas políticas comunes, esto es, un conjunto de prácticas comunes
asociadas a con un conjunto de problemas hacia los cuales se dirige su competencia
profesional. Además, estas comunidades buscan ejercer influencia sobre los
decisores políticos a través de Track-Two-Diplomacy, procurando convencerlos
sobre la pertinencia de sus ideas, funcionando como linkage actors134 entre el nivel
de la sociedad y el del Estado (Mingst, 1995).
Para la consideración específica de la temática medioambiental en el contexto
regional, el enfoque constructivista pareciera adecuado en tanto que la ciencia
funciona frecuentemente como portavoz del medioambiente. Así, en relación, por
ejemplo, a los temas de contaminación ambiental, es evidente la capacidad de
las comunidades epistémicas para modificar la percepción y formular el contexto
para respuestas colectivas a problemas internacionales (Adler/Haas, 1992). Por
fuera de la academia, el medioambiente con frecuencia careció de voz propia, a la
inversa de los intereses económicos y sociales expresados por el sector privado, los
sindicatos u otras organizaciones sociales con representación en los parlamentos
(Scholz, 2007: 178). Además, la pluralidad y la calidad de las interfaces existentes
entre la ciencia y la política, son factores decisivos para incluir la dimensión
ambiental de forma adecuada en el proceso político.
A la consideración de las comunidades epistémicas en términos de participación
en la definición de la agenda medioambiental el MERCOSUR puede sumarse la
referencia a las organizaciones de la sociedad civil. Cabe aquí mencionar aspectos
comunes de la episteme compartida por ambos actores, que otorgan a las cuestiones
medioambientales carácter prioritario. Se tematiza así el fenómeno frecuente en ALC,
donde el saber técnico supera los límites estrictos de la academia y se pone a disposición
de los movimientos ambientalistas (Reboratti, 2007: 170), en algunos casos, incluso,
en la persona de los mismos expertos. Por otra parte, esta consideración conjunta se
ve justificada por un lado por la fluidez creciente de la interacción del saber técnico
134 Mingst (1995) categoriza como linkage actors a individuos, representantes gubernamentales y
actores no-estatales que actúan a través de las fronteras estatales ejerciendo influencia sobre las
políticas públicas.
256 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
medioambiental con el saber consuetudinario en la materia, propio de determinados
actores de la sociedad civil como las organizaciones indígenas.
4. Situaciones nacionales
4.1 Brasil
El caso de Brasil resulta especialmente interesante, ya que expone conflictos
propios en torno a la soberanía nacional y la potestad de Estado para disponer
de los recursos naturales, con el fin de sustentar el desarrollo económico135 por
un lado, y la co-responsabilidad global en materia ambiental (Amazonia!) por el
otro. Se explicitan aquí las paradojas que enfrenta el Estado brasilero: Cuanto
más procura perfilarse como potencia con liderazgo regional, mayores son las
expectativas de la comunidad internacional, por lo que el país se ve confrontado
con la necesidad de asumir un rol pionero en Sudamérica y cumplir con estándares
ecológicos y sociales. En cuanto a su posicionamiento de Brasil en la arena global,
destaca su liderazgo en energías renovables, en particular en biocombustibles,
donde Brasil se ha posicionado activamente como gran exportador, convirtiendo
además a los biocombustibles en punta de lanza de su política exterior.
A la inversa, la negativa a asumir compromisos en materia de desforestación y
reducción de emisiones en conferencias internacionales, revela los límites del
modelo agroexportador. A eso se suman los intentos de modificar el Código
Forestal, relativizando los compromisos asumidos en Copenhague en 2009136.
Aunque en las negociaciones internacionales sobre cambio climático se destaca
el nivel científico y diplomático de Brasil, revelando un potencial significativo para
un ejercer un rol ejemplar en cuanto a política ambiental y social en ALC, en
algunos casos de políticas medioambientales como el establecimiento de zonas
de reserva ecológica, se hace evidente el conflicto con los grandes proyectos
energéticos y de infraestructura del gobierno. Frecuentemente dichos proyectos,
cuyos planes originarios se remontan a la política estratégica relativa a Amazonas
de los años ’70 y que han sido incluidos en el PAC (Programa de Aceleraçao do
Crescimiento), enfrentan el rechazo masivo de la sociedad civil: Paradigmáticos
son los enfrentamientos por la construcción de la represa de Belo Monte y el
rol protagónico del Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS), que nuclea a
135 La Constitución de 1988 en su Capítulo VI, Art. 225 consagra el derecho para todos “a un medio
ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una sana calidad
de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las
generaciones presentes y futuras”, señalando las incumbencias del Poder Público para asegurar dicho
derecho. También cabe mencionar la Ley específica Nº 6.938 de 1981.
136 En el debate sobre la “modernização” del Código Forestal, la Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência (SBPC) y la Associação Brasileira de Ciências (ABC) presentaron en octubre 2011 un
documento que rebate puntos polémicos de la propuesta aprobada por la Cámara Federal.
IV. Medioambiente | 257
más de 250 organizaciones de base de la región amazónica (Peters, 2011). En
otros casos, como el de la lucha contra la contaminación atmosférica urbana,
las organizaciones ambientalistas han desempeñado un rol más modesto de
fiscalización, denuncia y propuesta de nuevos proyectos (Simioni, 2003: 82).
Por su parte, los movimientos sociales así como las organizaciones de la sociedad
civil del Brasil, se caracterizan crecientemente por una articulación temática
independiente del origen social de sus miembros, promoviendo la no violencia y
trabajando en red (Zimmering, 2008: 40). Actividades significativas se orientan a
la preservación del ecosistema, mejoramiento de la calidad del medioambiente
(aire, agua, residuos sólidos), educación ambiental y la difusión de información
sobre agricultura sostenible. Si bien el marco legal de sus acciones está dado por
su inclusión en la Constitución de 1988, la ley reglamentaria de la participación
de la sociedad civil (Ley 9790/99) sólo reconoce a las OSCIP (organizaçao da
Sociedade Civil de Interesse Público).
En el caso de Brasil, los así llamados ‘nuevos’ movimientos sociales que surgen
a partir de los ’70, reclaman al Estado mayor eficiencia, transparencia, control y
obligación de rendir cuenta de sus actos (Reboratti, 2007: 170; Peters, 2011: 2),
lo que puede interpretarse como el inicio de un cambio cultural y una reacción a
la debilidad crónica del sistema de partidos políticos. Deben considerarse aquí
los condicionamientos de la cultura política de ALC, marcada por tradiciones
estatistas centralizadoras, patrimonialistas y determinadas por relaciones basadas
en el clientelismo, la meritocracia y los intereses creados entre la sociedad y el
Estado (Simioni, 2003: 69). Así, las cuestiones planteadas por organizaciones
ambientalistas, se vinculan estrechamente con la construcción de ciudadanía
para aquellos en situación de desigualdad, enfatizando los derechos sociales y las
consecuencias de la degradación socioambiental.
En lo que hace a las comunidades epistémicas ambientales, estudios de casos
indican que es necesaria una mirada diferenciada que evite reduccionismos
propios del enfoque teórico elegido respecto a una eventual homogeneidad
cognitiva y normativa. Por ejemplo los miembros de la ‘comunidad epistémica
climática’ o ‘grupo MCT’137, presentan identidades más complejas, mayor
ambivalencia, mayor capacidad de agencia y lealtades más selectivas frente a
la ‘episteme climática’ que lo que se asume desde la teoría, evidenciando una
adhesión inestable, limitada e internamente fragmentada por parte de los
científicos implicados. Mientras que por un lado estos especialistas se articulan
en redes profesionales transnacionales, son también conscientes del predominio
de los países desarrollados en los foros como el IPCC (Intergovernmental Panel
137 Grupo afiliado al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) y de Itamaraty, encargado de establecer
la posición brasilera en las negociaciones sobre cambio climático.
258 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
on Climate Change), generando desconfianza en la academia brasilera. Por otra
parte, dicho grupo, corporizando cierta tendencia a la convergencia normativa,
ha impulsado progresivamente posiciones y políticas nacionales menos reactivas
a la participación de Brasil en regímenes internacionales en materia climática,
procurando mayor apertura y compromiso con el desarrollo de las ciencias
ambientales (Lahsen, 2004: 153 y ss.). Su participación en el Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas junto a las instancias gubernamentales y a representantes
de la sociedad civil, facilita el trasvase de sus posiciones.
Por otra parte, la cuestión de la asignación de recursos a la investigación constituye
un tema crítico138 (Lahsen, 2004: 158.). Desde la óptica de la construcción
social de la realidad, la investigación académica en materia medioambiental
(en particular la referida a la Amazonia) detenta debilidades significativas: Una
región que ecológicamente se encuentra en el centro de la atención mundial, no
dispone de suficientes estructuras científicas propias a nivel local para trabajar
problemas relevantes, ni para acompañar los procesos de transformación en curso
(Schönenberg, 2007: 203-204).
Al mismo tiempo, la importancia creciente de la problemática ambiental durante
los últimos años determinó la creación de centros de investigación y formación
que inciden en las políticas públicas. Desde el ámbito privado se procuró un
acercamiento técnico con, por ejemplo, el Centro de Estudios en Sustentabilidad
(GVces) de la Escuela de Administración de Empresas de la Fundación Getulio
Vargas (FGV-EAESP),139o el Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social.
El desarrollo del agronegocio en la última década, estimuló el surgimiento de
instancias como el Instituto de Estudios de Comercio y Negociaciones Internacionales
(ICONE). Asimismo, las entidades representativas de intereses privados, han
procurado desarrollar mecanismos de transferencia de tecnología y agrupan a
sus asociados en proyectos de protección medioambiental y sustentabilidad.140
También han surgido entidades públicas como el Instituto de Investigaciones
Ecológicas (IPÊ), PENSA (Centro de Conocimientos en Agronegocios), en el
Departamento de Administración de la Facultad de Economía, Administración y
Contabilidad de la Universidad de San Pablo o el Centro de Desarrollo Sustentable
de la Universidad de Brasilia.
138 Es destacable el liderazgo brasilero en inversiones en ciencia y tecnología por ser el único país de
ALC que destina un porcentaje superior al 1% del PBI a dicho rubro.
139 Aquí se estableció la plataforma Empresas pelo Clima (EPC) para gestar una transición hacia una
economía de bajo carbono.
140 Puede citarse el Consejo Empresarial Brasileiro para el Desarrollo Sustentable (CEBDS). A nivel
sectorial, la Unión de la Industria de la Caña de Azúcar (UNICA) o la Asociación Brasilera de
Celulosa y Papel (BRACELPA).
IV. Medioambiente | 259
Respecto a los preparativos de Río+20, y más allá de las actividades de la Comisión
Nacional141 encargada de organizar la Cumbre, el Consejo de Desarrollo Económico
y Social (Presidencia), inició en 2010 un proceso consultivo que permitió firmar un
Acuerdo con 70 entidades de la sociedad civil en octubre de 2011. Se apuntaba a
un posicionamiento conjunto, no solamente para acompañar al gobierno nacional,
sino también establecer un compromiso político con el desarrollo sustentable
durante la Cumbre (CDES, 2011).
4.2 Argentina
Como argumentan Pelfini y Beling (2011: 3 y ss.), el caso argentino presenta algunas
particularidades: Claramente sin detentar las condiciones de potencia emergente
asignadas a Brasil, por algunas de sus características sí podría atribuírsele el
estatus de ‘sociedad emergente’ por asumir circunstancialmente algún grado de
liderazgo en algunos campos. Más aún, por sus repetidos ciclos de stop and go,
Argentina suele ser considerado como un ‘eterno país emergente’. Dos cualidades
le aseguran un lugar destacable; por un lado, su creatividad cultural y por otro
lado su carácter de potencia agroalimentaria (commodities) y agroenergética
(biocombustibles). Pese a los problemas de sustentabilidad social y ambiental
del modelo de agronegocios, existiría espacio para una novedosa conjunción de
creatividad cultural e innovación productiva en el sector agropecuario, que podría
generar las condiciones para una auténtica emergencia capaz de sustentar un
liderazgo en un rubro clave como el de las energías renovables no convencionales:
La clave radicaría en una articulación novedosa entre el nivel macro (definición
de reglas jurídicas y económicas, así como de políticas de fomento de ciencia y
tecnología)142, el nivel meso (mercado asociado a la innovación productiva) y el nivel
micro (sociedad civil). Precisamente es a nivel de la sociedad civil donde encuentra
especial y vital expresión la creatividad cultural mencionada, experimental y de
relación crítica con la autoridad, con cierta propensión a la radicalización por lo
que con frecuencia devendría más reactiva que proactiva.
Desde los ‘90, los movimientos ambientalistas desarrollados en Argentina con
frecuencia surgieron a causa de conflictos en torno a proyectos mineros, instalación
141 La Comisión Nacional de Brasil inició su tarea en julio de 2011 para entregar una propuesta a
Naciones Unidas en noviembre. La Comisión encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores
y la ministra de Medio Ambiente incluye 18 ministerios, distintos sectores sociales y entidades
gubernamentales.
142 La Constitución Nacional en su Art. 41 establece el derecho a gozar de un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras, por lo que fija el deber de
preservarlo. Dentro del marco reglamentario destaca la Ley General del Ambiente Nº 25.675 de
2002.
260 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
industrial, contaminación, deforestación o proyectos de aprovechamiento
hidrológico. Originalmente fueron movimientos sociales de base, muchos volcados
al tema ambiental. Se registra así un incremento de organizaciones ambientalistas,
entre las que destacan algunas surgidas por iniciativa de por técnicos y
profesionales preocupados por la promoción de una agenda de sustentabilidad,143
que desarrollaron cierta capacidad de articulación para alcanzar posicionamientos
conjuntos frente a políticas nacionales sectoriales, proponiendo una agenda
alternativa.144
Entre las comunidades epistémicas, es posible identificar instituciones públicas y
privadas abocadas específicamente a la investigación, formación y eventualmente
diseño de políticas públicas en materia medioambiental en diferentes áreas.
Dentro del primer grupo puede mencionarse el Centro Tecnológico para la
Sustentabilidad (CTS) de la Universidad Tecnológica Nacional, las diferentes líneas
de trabajo de las Universidades de San Martín, de Rosario y de Buenos Aires,
y el Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES) de la Universidad
de Luján. También las instituciones públicas han incorporado líneas relativas al
desarrollo sustentable, protección del medioambiente y energías renovables, como
el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) o el INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria).
Entre las entidades privadas pueden mencionarse el Centro de Investigación,
Observación y Monitoreo Territorial y Ambiental (CIOMTA) en Santa Fe, así
como el Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPYS). También
cabe identificar instituciones de investigación y formación focalizadas en
diversas áreas que han incorporado la temática medioambiental y energética a
sus líneas de trabajo, tales como la Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas (FIEL) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO Argentina).
También los intereses sectoriales han buscado posicionarse en clave ‘ambiental’
aunque su involucramiento pareciera menor que el de sectores similares en Brasil,
donde como reacción al avance de las exigencias del marco normativo, muchas
143 Pueden mencionarse aquí el Programa Argentina Sustentable (PAS), Bios ONG, Los Verdes, Pro
Eco Grupo Ecologista, Alihue, Greenpeace, Vida Silvestre, Taller Ecologista, Fundación Ambiente
y Recursos Naturales (FARN), Amigos de la Tierra, así como la Asociación Argentina de Abogados
Ambientalistas.
144 En septiembre de 2011 algunas de las organizaciones mencionadas se pronunciaron
conjuntamente de forma crítica frente al anuncio del gobierno argentino de profundizar el Plan
Estratégico Agroalimentario Industrial, señalando prioridades para la política ambiental nacional
(COM Ambiental, 27/9/11).
IV. Medioambiente | 261
organizaciones sectoriales incorporan explícitamente la sustentabilidad ambiental
como línea de trabajo.145
4.3. Uruguay
La situación del Uruguay en materia medioambiental fue documentada
fehacientemente en 2008 por el Informe Geo Uruguay, cuyos diagnósticos siguen
plenamente vigentes (PNUMA/CLAES/DINAMA, 2008). Se constataba aquí la fuerte
presión de los contextos internacional, regional y nacional sobre las variables que
influyen en el estado del ambiente en el país, concretamente el aumento de los
precios internacionales de los principales productos de exportación (commodities),
el aumento del consumo interno, el proceso de extranjerización y concentración de
la tierra continúa, así como la falta de fiscalización ambiental. Paradojalmente, la
institucionalidad ambiental siendo débil y aislada, mientras que el tema ambiental no
parecía crucial en ministerios clave dentro del gobierno ni en los partidos políticos.
Un indicio de ello está dado por la falta de información sistematizada sobre el estado
de los recursos naturales, así como acerca de qué forma los cambios en el ambiente
afectan el bienestar humano. Un aspecto clave señalado por el Informe GEO está en
el uso de la tierra, con cambios acelerados en la última década (incremento de la
forestación, expansión de la superficie agrícola, intensificación productiva creciente
en el agro e incipiente en otros sectores, a lo que se sumó últimamente la minería).
Aunque se han dado avances promisorios en el manejo de la zona marino-costera,
no resultan suficientes y debieran profundizarse. Dicha región concentra actividades
de enorme importancia económica para el país, y gran parte de ellas dependen
fuertemente del estado del ambiente. A esto se suman a nivel país, problemáticas
como el tratamiento de residuos sólidos e industriales, la incertidumbre acerca
del estado de la biodiversidad por falta de información sistematizada, el aún
incipiente proceso de creación de un sistema de áreas naturales protegidas, las
llamadas crisis energéticas que conviven con el rápido crecimiento económico y la
ausencia de medidas de eficiencia energética.
Las estimaciones señalan que de continuar las tendencias actuales el país
sufrirá la intensificación de los problemas ambientales con mayores impactos en
el bienestar humano, principalmente en materia de salud y conflictos sociales
relacionados con temas ambientales. Se plantea así la cuestión de la fiscalización
145 En el caso de las organizaciones industriales o agropecuarias argentinas como la Unión Industrial
Argentina (UIA), Sociedad Rural Argentina (SRA) o las Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA) pueden identificarse actividades puntuales de asesoramiento o difusión de información
o estudios. Con mayor grado de especialización cabe mencionar actividades de asesoramiento
y capacitación brindada a sus miembros por la Cámara Empresaria de Medioambiente (CEMA),
la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) y la Cámara Argentina de Biocombustibles
(CARBIO).
262 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
y monitoreo de los proyectos de desarrollo, siendo necesario incluir con mayor
fortaleza la temática ambiental en instituciones gubernamentales, aunque en los
últimos años se ha diversificado la batería de instrumentos medioambientales y
muchos gobiernos han utilizado una combinación de instrumentos (de comando,
de control, de mercadeo o participativos) para superar problemas ambientales,
previéndose el uso de instrumentos económicos (UNEP, 2007).146
En teoría, aquí resultaría clave la cooperación interinstitucional con participación
del sector privado y los movimientos y organizaciones medioambientales. En
el caso del Uruguay, los sectores y la sociedad civil abocados a la temática
medioambiental, se insertan en un amplio espectro político-ideológico signado en
parte por los movimientos de izquierda. Gran cantidad de organizaciones trabajan
articuladas, recogiendo la agenda internacional, tal como el caso de Redes Amigos
de la Tierra. Por otra parte, muchas ONGs se agrupan en redes de segundo
orden tal como Uruguay Ambiental, que constituye la Red Uruguaya de ONGs
ambientalistas, de la que el CLAES (Centro Latinoamericano de Ecología Social)
funciona como secretaría, siendo responsable del Observatorio de Desarrollo.
También se destaca el trabajo de ANONG (Asociación Nacional de Organizaciones
No Gubernamentales), una red que agrupa ONGs abocadas al desarrollo en
vinculación a la dimensión social y medioambiental. Se suman otras, tales como la
Red Uruguaya de Agroecología. En lo que respecta a las comunidades epistémicas,
dentro de la Universidad de la República (UDELAR), se destacan las facultad de
Ciencias, Veterinaria y Humanidades, cuyos referentes cooperan frecuentemente
con distintas ONGs. Dentro del ámbito de investigación pública puede mencionarse
al INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), que entre sus programas
incluye uno de carácter transversal referido a la sustentabilidad.
En los últimos veinte años se lograron ciertos avances en la institucionalización
de los procesos participativos.147Sin embargo, el proceso de la instalación de la
papelera de la exBotnia afectó el diálogo de las organizaciones medioambientales
con el MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente) y con la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente). En términos
generales, la valoración por parte de varias ONGs respecto a su inclusión en los
procesos gubernamentales, no es precisamente positiva, ya que se percibe una
postura anti- sociedad civil por parte de algunos entes estatales. La fragmentación
interna de algunas dependencias tales como la DINAMA, tampoco contribuye a la
consolidación de un camino conjunto.
146 Por ejemplo el Art. 7 de la Ley General de Protección del Ambiente (Ley 17.283 de noviembre de
2000).
147 En 1993 el decreto 261/993 constituyó la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio
ambiente (COTAMA), organismo interinstitucional de asesoramiento y coordinación en materia de
política y gestión medioambiental. La Ley 16466 de 1994 facultó al Poder Ejecutivo a disponer
de audiencias públicas en aquellos proyectos de graves repercusiones sociales, culturales o
ambientales.
IV. Medioambiente | 263
Tal como sucede en Brasil y Argentina, se constata en Uruguay el dilema de los
imperativos del crecimiento económico y la sustentabilidad medioambiental.
Como señala el Informe GEO de 2008, Uruguay se encuentra frente al desafío
de profundizar el “Uruguay natural” sin abortar la posibilidad de hacer viable el
“Uruguay productivo”.
Conclusiones
El análisis del contexto global permite aseverar que la gobernanza multilateral
actual, no dio respuesta eficaz al desafío de lograr una mayor coherencia entre
las condiciones que resultan de los mecanismos y foros globales existentes,
y las necesidades reales de los países de ALC (CEPAL, 2011: 234), lo que es
particularmente evidente en materia de desarrollo sustentable. A la inversa,
debe también decirse que en temas claves como el cambio climático, ALC no
se presenta a las negociaciones internacionales en forma articulada, sino con
diferentes prioridades y diversidad de agendas (Fuentes-Bracamontes, 2011).
Pese a reconocer las ventajas que podrían con llevar los acuerdos regionales (así
como globales) basados en indicadores ambientales de desarrollo sostenible
acordados previamente, la región ALC no concurrió a la Cumbre de Río+20 con
una hoja de ruta consensuada. Las discusiones en el marco de la CEPAL, buscaron
decantar aportes, pero resulta ilustrativo que los abordajes se referían a políticas
y acciones nacionales, que ni siquiera mencionaban los esquemas de integración
regional de ALC.
Lo que se constata en el caso del MERCOSUR, es que pese a un enfoque que
fuera conceptualizado como regionalismo estratégico, pese a la institucionalidad
en materia medioambiental y pese a las intenciones explicitadas oportunamente,
el bloque no consigue desarrollar una estrategia de posicionamiento y negociación
externos que salgan al encuentro de sus necesidades de desarrollo sustentable. A la
heterogeneidad ambiental se suma la fragmentación del territorio sudamericano,
donde las fronteras políticas pesan más que los límites ambientales (Reboratti,
2007: 164-165). A manera de síntoma, es interesante recordar que la conflictividad
precisamente en torno a un tema medioambiental (conflicto entre Argentina y
Uruguay por las papeleras), fue lo que exacerbó posturas nacionalistas cuando
ya casi estaban olvidadas. Por otra parte, la escasa coherencia de las políticas
internas ofrece claves para explicar las dificultades de la articulación de posiciones
conjuntas en materia medioambiental, que de ser superadas, permitirían una
proyección asertiva del bloque y favorecerían una participación activa en los
regímenes internacionales del caso.
Frente a estas constataciones, ¿qué claves proporciona eventualmente el enfoque
constructivista para afinar la mirada y aprehender alguna dinámica relevante que
264 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
nos ayude a una mejor comprensión de la situación de la dimensión medioambiental
del bloque y una posible agenda conjunta? Aplicando la lente constructivista,
podríamos afirmar que mientras en el caso brasilero es posible identificar avances
interesantes, los casos argentino y uruguayo evidencian las dificultades de las
comunidades epistémicas y la sociedad civil para actuar como linkage actors e
influenciar el espectro de políticas públicas incluida la política exterior. De cara al
futuro cabe esperar la profundización del cambio progresivo de los últimos años
en términos de movilización social. De hecho, las pautas tradicionales, estatistas
y patrimonialistas de la práctica política, por ejemplo en Argentina como Brasil,
no han constituido un impedimento para el surgimiento de diversas formas de
participación de los sectores populares.
En lo que hace a circulación de ideas, por su gran potencial de activación las
organizaciones de la sociedad civil estarían en situación de profundizar el cambio,
aunque también pueden impedirlo o hacerlo retroactivo, lo que de por sí sería
significativo, dado el énfasis en cuestiones socio-ambientales que viene creciendo
desde los ‘90. Sobre el rol de las comunidades epistémicas como portadoras de ideas
y como agencias gestoras del cambio a través del impulso a la convergencia normativa
y cognitiva, podría mencionarse su potencial de agenda-setters que enfatizan la
centralidad de la problemática medioambiental como condición para un desarrollo
sustentable. Para la plena consecución de esa función, la academia debiera superar
bloqueos propios de su accionar. Al mismo tiempo, el análisis de su rol debe evitar
reduccionismos propios del enfoque constructivista, para dar cuenta de la diversidad
de los intereses complejos y contradictorios de los múltiples sectores involucrados en
los procesos de desarrollo, que buscan asimismo su legitimación y posicionamiento
en clave ‘epistémica’.
Respecto a los aportes de la sociedad civil y las comunidades epistémicas para
definir una agenda externa medioambiental a nivel de MERCOSUR, lo que hoy
constatamos es su débil articulación a través de las fronteras (lo que también
se comprueba a nivel de los respectivos representantes gubernamentales frente
al bloque). Esto evidentemente no proporciona bases adecuadas para alcanzar
posiciones conjuntas, lo que no quita mérito a las iniciativas existentes. Ocasiones
puntuales como los preparativos para las Cumbres, pueden ofrecer coyunturas
favorables para acciones coordinadas y permiten un prudente optimismo. En otro
nivel, la concreción de la Agencia Ambiental del MERCOSUR podría facilitar el
diseño de una agenda externa inclusiva si no se limitara a una iniciativa simbólica.
Como sugieren Balsinger, Prys y Steinhoff (2012: 26), la cooperación regional
en materia medioambiental es fluctuante y, con frecuencia, sigue la evolución de
los acuerdos internacionales medioambientales no-regionales. En ese sentido, se
podría quizás especular que los escasos avances en pos de la prolongación de un
régimen crucial como el de Kioto II, hayan eventualmente influenciado la evolución
IV. Medioambiente | 265
del tema medioambiental en el MERCOSUR en los últimos años. Pero a la inversa,
la Cumbre internacional de Río+20 hubiera sido una oportunidad para una
construcción participativa, que permitiera la consolidación del liderazgo de Brasil
como potencia regional emergente de la mano de sus socios, apuntando a aumentar
la capacidad de incidir activamente sobre uno de los regímenes internacionales
claves. Los otros países miembros del MERCOSUR y sus sociedades hubieran
podido propiciar un avance en ese sentido, en el entendimiento de que ello podía
sustentar a futuro un regionalismo que realmente pueda reclamar para sí el rótulo
de estratégico. Pero la Cumbre pasó sin pena ni gloria para nuestros países, lo
que proporciona claves acerca de lo que cabe esperar en materia del MERCOSUR
medioambiental, que a nivel de bloque al momento pareciera devenir sin una
estrategia consolidada y con discretos niveles de participación de la sociedad civil
y las comunidades epistémicas. En ese contexto, el proceso de construcción de la
agenda medioambiental regional aún dista de ser genuinamente inclusivo.
266 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
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Institucionalidad y derecho ambiental en
Centroamérica
Juan Carlos Fernández Saca
Introducción
La región centroamericana posee una considerable riqueza biológica que se
traduce en la biodiversidad de su flora y fauna, bosques, humedales, cuencas
hidrográficas, cuerpos de aguas superficiales, ecosistemas montañosos, costeros
y marinos; todos ellos de gran valor cultural, económico, turístico y científico.
A pesar de su riqueza biológica, Centroamérica es una región castigada por la
pobreza y una de las zonas del mundo más vulnerables a los desastres naturales,
fruto de un uso no sustentable de sus recursos naturales con la depredación,
deforestación y contaminación de los mismos.
Agobiados por conflictos armados internos y crisis económicas, política y social
durante la década de los ochenta, los países de la región destinaron pocos
esfuerzos a la protección del medio ambiente, careciendo de institucionalidad
para la gestión ambiental mientras la legislación existente trataba el tema de
forma transversal y dispersa.
A principios de la década de los noventa, Centroamérica logra consolidar los
procesos de pacificación y se construyen instituciones entorno a un sistema
democrático. En este contexto, se reestructura completamente el proceso de
integración de la región y se da vida al Sistema de la Integración Centroamericana
-SICA-, que se incluye como eje fundamental de la protección del medio ambiente
y la búsqueda del equilibrado desarrollo y uso del patrimonio natural. Se crean
organismos regionales destinados exclusivamente al tema ambiental y los países
del área firman una serie de convenios y acuerdos regionales e internacionales
que van conformando y delineando el Derecho Ambiental Centroamericano. Con
el apoyo de los organismos regionales, los países del istmo generan y consolidan
instituciones y leyes nacionales destinadas a dar una efectiva protección y
preservación de sus recursos naturales.
1. El patrimonio natural de Centroamérica
Centroamérica tiene una extensión geográfica aproximada de 500.000 km2 y en
ella se concentra una gran diversidad de animales y plantas que la convierten
en una región muy rica en biodiversidad, “figura en los primeros lugares del mundo
IV. Medioambiente | 269
en cuanto a número de especies si se compara con algunos de los grandes países
megadiversos (Australia, Brasil, Colombia, Indonesia y México). Se sitúa en segundo
lugar en densidad de plantas y en primer lugar para los grupos de aves y mamíferos”
(Obando, 2010:16).
Han sido identificadas 17 eco-regiones y 22 zonas de vida que contienen alrededor
de 20.000 especies de plantas, de las cuales 4.715 son endémicas, a lo que se le
agregan 451 especies de vertebrados que califican también como endémicos. El
área de bosques permanentes en la región ha sido calculada, para el año 2000, en
17.824.000 hectáreas (PNUD, 2003).
Cuadro 1. Centroamérica: diversidad de especies conocidas de plantas y
vertebrados (número de especies)
Grupo
Belice
Plantas
Anfibios
Aves
Mamíferos
Reptiles
Peces de agua dulce
3.750
41
574
152
126
116
Totales
4.607
Costa
El
Rica
Salvador
11.451
3.411
183
32
862
542
239
147
226
98
135
40
13.096
4.270
Guatemala
Honduras
Nicaragua Panamá
7.754
142
722
192
245
220
7.525
121
715
229
212
130
9.000
92
673
187
170
157
12.178
179
957
259
229
190
9.275
8.932
10.279
13.992
Nota: no incluye peces marinos
Fuente: (Obando, 2010:18)
Cuadro 2. Centroamérica: ecosistemas por país
País
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Cantidad de ecosistemas
15
11
16
19
17
15
12
Nota: Guatemala y Honduras son los países con la mayor diversidad,
concentrando en su territorio 19 y 17 ecosistemas respectivamente de un
total de 22 que se contabilizan en Centroamérica.
Fuente: (Obando, 2010:23)
270 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Según el Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas -SICAP- (2003), los países
de la región han declarado un total de 557 zonas como áreas protegidas, con una
extensión superficial de 12.968.608,9 hectáreas que equivalen aproximadamente
a un 25% de la superficie regional; más del 40% de estas áreas se ubican en
zonas fronterizas. El mayor número de áreas protegidas se ubican en Costa Rica
(155) y el menor en El Salvador (3); Guatemala es el país que mayor número de
hectáreas tiene bajo este sistema (3.197.579), siendo El Salvador el que posee
la menor cantidad (7.110,7); Belice es el país de la región que posee el mayor
porcentaje de su territorio nacional protegido (47,2%) y El Salvador en la última
posición (0,33%). Sin embargo, este último país cuenta con 118 áreas protegidas
propuestas, que aún no han obtenido su declaratoria y que equivalen al 1,56%
del territorio nacional. Es importante destacar que “El 83% de las áreas protegidas
presenta tamaños menores a 15.000 hectáreas. Solamente el 4% es mayor de 100.000
hectáreas.” (Estado de la Región, 2008: 408).
Sobre el recurso agua, Centroamérica posee 23 cuencas compartidas o
internacionales, en las que se ubica el 40% del territorio de la región (191.449
km2). Ahí se encuentran encontrándose ahí bosques, manglares, acuíferos y
humedales. Las principales fuentes de agua para riego o consumo humano se
encuentran en acuíferos volcánicos ubicados en las partes altas de las cuencas
(PNUD, 2003).
2. Amenazas medioambientales
Los recursos naturales que posee Centroamérica se encuentran amenazados por
fuerte presión proveniente del crecimiento poblacional (particularmente en zonas
urbanas), actividades industriales y uso intensivo de plaguicidas.
Los bosques regionales se encuentran afectados por la deforestación y los
incendios forestales. En el primer aspecto se observan grandes diferencias en el
daño registrado entre los países del istmo; se calcula que durante la década de los
noventa El Salvador fue el país que menor número de hectáreas de áreas boscosas
perdió con un promedio de 7.000 anuales contra las 117.000 que se estima
de Nicaragua; la región en su conjunto pierde anualmente aproximadamente el
2,1% de sus bosques. Además, se considera que cerca de 24.000 km2 han sido
perjudicados por incendios forestales (PNUD, 2003).
Los recursos ubicados en las zonas costeras de los litorales centroamericanos
también se encuentran expuestos a elevados niveles de contaminación,
particularmente provenientes de actividades humanas que se realizan lejos del
IV. Medioambiente | 271
mar, como la contaminación agrícola y el vertido de desechos sólidos, residuos
químicos y aguas servidas en cuencas hidrográficas o lacustres con mayor índice
de urbanización. Se calcula que aproximadamente el 21.6% de la población de
Centroamérica depende de las costas para su sustento, por lo que la contaminación
de estos recursos afecta en gran medida a estas comunidades ante la disminución
de la producción pesquera y la pérdida de atractivos turísticos de las playas de la
región.
Exceptuando a Guatemala y Honduras, los habitantes de los países centroamericanos
se concentran en zonas urbanas, particularmente en sus ciudades capitales donde
la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales requiere de urgentes
mejoras, sobre todo en las dos ciudades más pobladas de la región como son San
Salvador y Guatemala, donde el tratamiento de las aguas servidas y desechos
líquidos no supera el 3% de éstas.
El acceso a alcantarillado público también es sumamente deficiente, lo que
favorece la proliferación de tanques sépticos como es el caso de Costa Rica, donde
apenas el 35% de la población urbana cuenta con alcantarillado sanitario. La
ausencia o carencia de adecuados sistemas de tratamiento de aguas residuales y
la proliferación de tanques sépticos, son la principal causa de la contaminación de
los mantos acuíferos subterráneos y de las aguas superficiales en Centroamérica
(PNUD, 2003).
Centroamérica es además una zona de “alta prevalencia de eventos naturales que,
debido a la precariedad socio ambiental que vive la gran mayoría de la población, con
bastante frecuencia se convierten en desastres, causando graves impactos en materia
de pérdidas humanas, socio-ambientales y económicas.” (IBARRA, 2005:98). Según
estimaciones de la CEPAL148, entre 1970 y 2009, se han registrado 234 desastres
climáticos que han afectado a 26,6 millones de personas y ocasionado pérdidas
por US$26.890 millones. La misma institución ha contabilizado 63 desastres
geofísicos149 con un costo de US$92.376 millones que afectaron a 5,4 millones de
personas.
148 Unidad de Desastres, División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, CEPAL. Véase:
http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/desastres/noticias/paginas/5/40985/P40985.
xml&xsl=/desastres/tpl/p18f.xsl&base=/desastres/tpl/top-bottom.xsl
149 Como terremotos, erupciones volcánicas, derrumbes, hundimientos de tierra, entre otros.
272 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Gráfica 1.
Centroamérica: distribución sectorial de daños y pérdidas de desastres
evaluados por CEPAL entre 1970-2009
2%
0%
2%
Económico
3%
Social
Infraestructura
25%
43%
Medio ambiente
Otros sectores
25%
Remoción de
escombros
Gsdtos de
emergencia
Fuente: CEPAL
3. El tema medioambiental en el SICA
La década de los noventa marca una nueva etapa en el proceso de integración de
Centroamérica que ve el fortalecimiento institucional del mismo. La conformación
del SICA, a partir del Protocolo de Tegucigalpa150, se convierte en el punto inicial
de este nuevo periodo. Con el SICA, el medioambiente pasa a formar parte integral
del nuevo marco jurídico-político que rige los senderos integracionistas en la
región, al establecer como uno de sus propósitos lo siguiente:
“Establecer acciones concertadas dirigidas a la preservación del medio ambiente por
medio del respeto y armonía con la naturaleza, asegurando el equilibrado desarrollo y
explotación racional de los recursos naturales del área, con miras al establecimiento de
un Nuevo Orden Ecológico en la región” (Protocolo de Tegucigalpa…, 1991, Artículo
3, literal i).
El SICA está compuesto por cinco subsistemas, a saber: Económico; Social;
Político; Cultural; y Ambiental. Este último -que es el que atañe a este ensayo- se
encuentra integrado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
-CCAD- como Secretaría Técnica Especializada y por las siguientes instituciones
regionales especializadas: Comité Coordinador Regional de Instituciones de Agua
Potable y Saneamiento de Centro América, Panamá y República Dominicana
-CAPRE-; Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en
150 El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)
es firmado el 13 de diciembre de 1991 en el marco de la XI Reunión Cumbre de Presidentes
Centroamericanos, celebrada en Tegucigalpa, Honduras.
IV. Medioambiente | 273
América Central -CEPREDENAC-; y Comisión Regional de Recursos Hidráulico
-CRRH-. El eje de integración Ambiental tiene competencia sobre los siguientes
tópicos151: Recursos Naturales y Biodiversidad; Cuencas y Recursos Hídricos;
Saneamiento Ambiental y Control de Contaminación; Desastres Naturales; Cambio
Climático; y Evaluación de Impacto Ambiental.
4. La institucionalidad ambiental de la integración centroamericana
La creación de instituciones regionales dedicadas a la gestión ambiental y de los
recursos naturales en Centroamérica, se ve impulsada en la década de los noventa
gracias a la firma de convenios multilaterales en materia ambiental subscritos
por todos los países de la región y que, por lo tanto, implicaron la ejecución y
seguimiento de los mismos. Para ello se requería contar con instituciones
regionales capaces de establecer marcos de cooperación y coordinación de
actividades destinadas a la protección del patrimonio natural del istmo y facilitar
la consolidación institucional y jurídica nacional.
4.1. Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo -CCADConsiderada la máxima autoridad en materia ambiental del SICA, la CCAD es
creada en la Cumbre Presidencial de Costa del Sol, El Salvador, celebrada en
febrero de 1989 y concebida dentro del marco de los Acuerdos del Plan de Paz de
Esquipulas II152. La firma del convenio constitutivo de la CCAD se realiza durante la
Cumbre Presidencial de San Isidro Coronado, Costa Rica, en diciembre de 1989,
entrando en vigencia el 14 de junio de 1990. Su sede se encuentra en El Salvador.
Forman parte además del acervo jurídico de la CCAD su Reglamento Interno y el
Protocolo al Convenio Constitutivo de la CCAD.
La misión de la CCAD consiste en: “Desarrollar el régimen regional de cooperación
e integración ambiental que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población
centroamericana”153. De manera que, la CCAD determina, gestiona, comunica,
coordina y desarrolla las áreas prioritarias de acción y líneas estratégicas en
cuanto a materia ambiental y desarrollo sostenible se refiere. Es también el ente
encargado de incorporar y coordinar el tema ambiental en los convenios, tratados
y acciones que el resto de subsistemas de integración del SICA ejecutan.
151 Ver la Estructura Temática de la SG-SICA en http://www.sgsica.org/sgsica/tematica_sgsica.aspx
152 A partir del Acuerdo de Esquipulas II se establece un procedimiento con el que se pretende
alcanzar una paz firme y duradera en Centroamérica; este procedimiento se basaba en una
propuesta del presidente Oscar Arias Sánchez de Costa Rica que le significó la concesión del
Premio Nobel de la Paz en 1987.
153 Véase: http://www.ccad.ws/antecedentes.html
274 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
La máxima autoridad dentro de la CCAD es el Consejo de Ministros, que está
conformado por las autoridades de ambiente y recursos naturales de los países
centroamericanos. Una Secretaría es la encargada de las acciones ejecutivas,
administrativas, financieras y procedimentales. También componen la CCAD los
Comités Técnicos, que realizan funciones de asesoría a los miembros del Consejo
de Ministros en tópicos tales como: cambio climático, comercio de especies en
peligro de extinción, humedales, biodiversidad, desertificación, evaluación de
impacto ambiental, bosques y áreas protegidas, entre otros.
La importancia de la CCAD en la integración ambiental de la región no se hizo esperar.
Durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, Centroamérica
hizo una propuesta conjunta que denominó “Agenda Centroamericana de Ambiente
y Desarrollo”. Otro de sus principales aportes consistió en su impulso para la
creación y adopción en 1994 de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo
Sostenible -ALIDES-.
Así mismo, la CCAD impulsa en 1999 el Plan Ambiental para la Región
Centroamericana -PARCA-, enfocado al desarrollo y conservación del patrimonio
natural y los retos ambientales de la región, constituyéndose en un proceso
primordial para la creación de capacidades para el abordaje de los retos
ambientales que enfrenta la región. Para los periodos 2004-2009 se presentó
un segundo PARCA que se enfocó a la formulación y validación de instrumentos
armonizados para la gestión de una política regional. El tercer PARCA154, 20102014, centra su propuesta en la gobernanza ambiental, el manejo de la calidad
ambiental, gestión del patrimonio natural y adaptación al cambio climático.
La CCAD ha sido también la promotora de la firma de importantes convenios
internacionales y regionales sobre temas ambientales, que han contribuido en
gran medida a la proliferación de leyes y reglamentos sobre el tema en los países
centroamericanos.
4.2. Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales
en América Central -CEPREDENACCreado a partir de la firma del convenio constitutivo por parte de los Ministros de
Relaciones Exteriores de Centroamérica el 29 de octubre de 1993, en la Ciudad de
Guatemala; el CEPREDENAC es una secretaría especializada de carácter regional
e intergubernamental perteneciente al SICA cuya sede se ubica en Guatemala.
154 Véase: http://www.sica.int/ccad/parca.aspx?IdEnt=2
IV. Medioambiente | 275
El 3 de septiembre de 2003 se firma un nuevo convenio constitutivo en la ciudad
de Belice, estableciendo como objetivo general: “…contribuir a la reducción de
la vulnerabilidad y el impacto de los desastres, como parte integral del proceso de
transformación y desarrollo sostenible de la región, en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), a través de la promoción, apoyo y desarrollo de
políticas y medidas de prevención, mitigación, preparación y gestión de emergencias”
(Artículo 3. Objetivos).
Las funciones básicas del CEPREDENAC consisten en la promoción y coordinación
de la cooperación internacional en el ámbito de las emergencias; facilitar el
intercambio de información y experiencias entre instituciones y países del istmo;
y brindar asesoría tecnológica y técnica con el objetivo de reducir los impactos en
la región de los desastres naturales.
4.3. Comité Regional de Recursos Hidráulicos -CRRHEl CRRH es un organismo técnico de carácter intergubernamental adscrito al
SICA; esta especializado en meteorología y clima, hidrología y recursos hídricos
e hidráulicos. Este comité se crea el 9 de septiembre de 1966 durante la Tercera
Reunión del Sub Comité de Cooperación Económica Centroamericana que se
celebró en Tegucigalpa, Honduras. Su sede se encuentra en Costa Rica.
El objetivo primordial del CRRH es: “Promover el desarrollo y conservación de los
recursos derivados del clima, principalmente los hídricos y su utilización sostenible,
como medio para lograr un desarrollo integral de los países del Istmo Centroamericano
que contribuya a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”155.
Sus funciones son coordinar y facilitar proyectos, financiamiento, acciones, políticas
y programas relacionados con el recurso agua, y la vigilancia meteorológica y del
ciclo hidrológico.
5. El Derecho Ambiental en el marco de la Integración Regional
Los países de la región cuentan con referencias sobre el medio ambiente y la
protección del mismo en sus respectivos textos constitucionales. A pesar de ello, las
referencias son variadas y abordadas en algunos casos desde diferentes aspectos
tales como el derecho de los habitantes de contar con un ambiente ecológico sano
y equilibrado; la salud del ser humano; la protección de la flora, fauna, bosques y
155 Véase: http://www.aguayclima.com/home.htm
276 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
agua; la agricultura; el uso de los recursos naturales y la preservación de la belleza
de los mismos.
Las leyes ambientales de la región se vieron criticadas en numerosas ocasiones
debido a su variedad y dispersión, que derivaron en confusión y duplicidad de
funciones entre diferentes instituciones estatales. Con el objeto de contar con
una estructura de gestión ambiental más sistemática, cada país del área creó,
particularmente a partir del segundo quinquenio de los noventa, instituciones
públicas y leyes nacionales orientadas exclusivamente a la gestión ambiental y la
protección y uso sostenible de los recursos naturales.
En el ámbito de la integración regional en materia medioambiental, la creación
de la CCAD y los posteriores esfuerzos de dicha comisión, llevaron a los países
centroamericanos a la firma, ratificación, ejecución y seguimiento de una serie de
convenios regionales e internacionales que se convierten en el marco jurídico del
Derecho Ambiental de Centroamérica.
5.1. Convenios Regionales
•
Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres
Prioritarias en América Central
Firmado por los Presidentes de los países centroamericanos (excepto Belice)
el 5 de junio de 1992 en Managua, Nicaragua. El objetivo del convenio es: “…
conservar al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, de la
región centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones”
(Capítulo I, Principios Fundamentales, Artículo 1). Este convenio es producto
de la conciencia que tienen los estados centroamericanos de la necesidad de
un uso racional del medio ambiente, dada su interrelación con el desarrollo
sostenible y por el valor e importancia estética, histórica y científica que los
ecosistemas de la región poseen. Es reconocida la relevancia tanto de las
personas como del Estado en la conservación de la biodiversidad de la región,
por lo que es un tema que concierne a la sociedad en su conjunto debido a que
el uso sustentable de los recursos naturales conlleva una mejora en la calidad
de vida del ser humano. Se establece el Consejo Centroamericano de Áreas
Protegidas -CCAP- como el ente coordinador en las tareas de armonización
de las estrategias y políticas asociadas a las áreas protegidas del istmo como
un efectivo corredor biológico mesoamericano (Artículo 21).
•
Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos
Rubricado por los Presidentes centroamericanos (excepto Belice), el 11
de diciembre de 1992 en la Ciudad de Panamá. Reconoce la existencia de
IV. Medioambiente | 277
evidencia sobre gestiones realizadas por personas naturales y jurídicas,
destinadas hacia la importación de desechos peligrosos hacia Centroamérica,
razón por la cual se volvió imperativo tomar acciones destinadas a evitar
el tráfico ilegal de dichas sustancias. Se prohíbe la importación y tránsito
de desechos peligrosos hacia el territorio centroamericano y el vertido de
desechos peligrosos en el mar y aguas territoriales156. Este acuerdo incluye
además una categorización de desechos peligrosos, lista de características
peligrosas (códigos según la Organización de las Naciones Unidas), y
operaciones de eliminación que no conducen a la recuperación de recursos,
el reciclado, la regeneración, la reutilización directa u otros recursos157.
•
Convenio Regional sobre Cambios Climáticos
Firmado en la Ciudad de Guatemala el 29 de octubre de 1993 por los Ministros
de Relaciones Exteriores de todas las naciones de la región (excepto Belice),
establece como objetivo el que: “Los Estado deben proteger el sistema climático
en beneficio de las generaciones presentes y futuras sobre la base de la equidad
y de conformidad con sus responsabilidades y sus capacidades, para asegurar
que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo
económico de los Estados continúe” (Capítulo I, Principios Fundamentales,
Artículo 1). Surge del reconocimiento y preocupación por el efecto directo de
las actividades humanas en la concentración de gases de efecto invernadero
en la atmósfera, que podrá conllevar a un calentamiento de la superficie
que generaría un efecto negativo en los ecosistemas naturales y en los seres
humanos. Además se reconoce la vulnerabilidad del istmo centroamericano a
los efectos adversos del cambio climático, dado que posee regiones expuestas
a sequías e inundaciones, zonas costeras bajas y ecosistemas montañosos.
Se crea el Consejo Centroamericano de Cambio Climático -CCCC- adscrito a
la CCAD y al CRRH, y con la función de coordinar esfuerzos regionales para
uniformizar las políticas vinculadas con el desarrollo del Sistema Regional del
Control del Cambio Climático158.
•
Convenio para el Manejo y la Conservación de los Ecosistemas Naturales, Forestales
y el Desarrollo de Plantaciones Forestales
Subscrito el 29 de octubre de 1993 en la Ciudad de Guatemala por los
Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica (excepto Belice), el
objetivo de este convenio es: “…promover mecanismos nacionales y regionales
para evitar el cambio de uso de las áreas con cobertura forestal ubicada en terrenos
de aptitud forestal y recuperar las áreas deforestadas, establecer un sistema
156 Véase: Artículo 3 del Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos
157 Véase: Anexos I, II y III del Acuerdo Regional sobre el Movimiento Transfronterizo de Desechos
Peligrosos.
158 Véase: Artículo 19 del Convenio Regional de Cambios Climáticos.
278 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
homogéneo de clasificación de suelos, mediante la reorientación de políticas de
colonización en tierras forestales, la desincentivación de acciones que propicien
la destrucción del bosque en tierras de aptitudes forestal, y la promoción de un
proceso de ordenamiento territorial y opciones sostenibles” (Capítulo I, Principios
Fundamentales, Artículo 2). El convenio surge debido a las consideraciones
del potencial de desarrollo forestal de la región, la riqueza y diversidad en flora
y fauna de sus bosques tropicales; y que a pesar de contar con esta riqueza
natural, un porcentaje significativo de los habitantes de Centroamérica vive
en condiciones de pobreza; de manera que, el uso eficiente y sostenible de
los recursos forestales de la región debe ser un componente en la estrategia
para combatir la pobreza, particularmente en las zonas rurales donde la
deforestación es un aspecto que limita las oportunidades de desarrollo de los
pobladores, debido a la erosión, inundaciones, sequías y pérdida del potencial
agrícola, forestal y de biodiversidad. Se implementa además el Consejo
Centroamericano de Bosques -CCAB- como un comité técnico adscrito a la
CCAD, con el mandato de dar seguimiento a las disposiciones establecidas en
el convenio (Artículo 7).
•
Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (ALIDES)
Aprobado el 12 de octubre de 1994 en Managua, Nicaragua, en el marco de la
Cumbre Ecológica Centroamericana para el Desarrollo Sostenible. Establece
siete principios fundamentales para el logro del desarrollo sostenible, a
saber: el respeto a la vida en todas sus manifestaciones; el mejoramiento de
la calidad de la vida humana; el respeto y aprovechamiento de la vitalidad
y diversidad de la tierra de manera sostenible; la promoción de la paz y la
democracia como formas básicas de convivencia humana; el respeto a la
pluriculturalidad y diversidad étnica de la región; el logro de mayores grados
de integración económica entre los países de la región y de estos con el resto
del mundo; y la responsabilidad intergeneracional con el desarrollo sostenible.
La ALIDES se define como “una iniciativa de políticas, programas y acciones a
corto, mediano y largo plazo que delinea un cambio de esquema de desarrollo, de
nuestras actitudes individuales y colectivas, de las políticas y acciones locales,
nacionales, y regionales hacia la sostenibilidad política, económica, social, cultural
y ambiental de las sociedades” (1994: 2). Este instrumento sirvió como marco
de inspiración para la creación y/o fortalecimiento de instituciones públicas
dedicadas a la regulación normativa del medio ambiente y los recursos
naturales en cada uno de los países de la región.
5.2. Convenios Internacionales
•
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas
IV. Medioambiente | 279
Subscrita en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971, fecha que
además se estableció como el Día Mundial de los Humedales. Este instrumento
establece que cada Parte Contratante: “…fomentará la conservación de los
humedales y de las aves acuáticas creando reservas naturales en aquéllos, estén
o no incluidos en la Lista, y tomará las medidas adecuadas para su custodia”
(Artículo 4, numeral 1). La entrada en vigor de esta convención en las naciones
centroamericanas se inició en Guatemala el 26 de octubre de 1990 y fue El
Salvador el último país en ponerla en vigencia el 22 de mayo de 1999.
•
•
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre.
Aprobada el 3 de marzo de 1973 en Washington D.C., Estados Unidos. Hace
un reconocimiento de la imposibilidad de reemplazar la fauna y flora silvestres
como elementos de los sistemas naturales de la tierra, y del creciente valor de
estos elementos en términos económicos, estéticos, científicos, culturales y
recreativos. Se establece a los Estados y a los pueblos como los sujetos idóneos
para su conservación, y a la cooperación internacional como un aspecto esencial
en su protección contra la explotación excesiva, a la que ciertas especies de
flora y fauna se ven sometidas por el comercio internacional. Contiene tres
apéndices: el primero incluye las especies en peligro de extinción que son o
pueden ser afectadas por el comercio; y su comercialización se autoriza bajo
circunstancias excepcionales. El segundo referencia a las especies que no
se encuentran necesariamente en peligro de extinción pero pueden llegar a
estarlo a menos de que su comercio esté sujeto a una estricta reglamentación.
El tercer apéndice incluye especies que cualquiera de las Partes contratantes
haya manifestado se encuentran sometidas a reglamentación. dentro de
su jurisdicción, para prevenir o restringir su explotación y se requiera de la
cooperación de otras Partes para controlar su comercio159. En Centroamérica,
únicamente Costa Rica, Guatemala y Panamá han ratificado la convención; el
resto de naciones del área solo se encuentran adheridas a la misma.
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
Firmada en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. Parte
del reconocimiento de la conveniencia de: “…establecer por medio de esta
Convención, con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, un orden
jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación internacional
y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización
equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación
del medio marino y la conservación de sus recursos vivos”160. De las naciones
159 Véase el Artículo II Principios Fundamentales de la Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.
160 Véase el párrafo cuarto del Preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar.
280 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
centroamericanas, la primera en ratificar la convención fue Belice el 13 de
agosto de 1983, siendo Nicaragua el último, al hacerlo el 3 de mayo de 2000.
El Salvador y Panamá únicamente la han firmado.
•
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
Aprobado el 22 de marzo de 1985 en Viena, Austria. Parte de los potenciales
efectos negativos que la modificación de la capa de ozono puede ocasionar
en la salud humana y el medio ambiente. Establece también la necesidad de
la cooperación internacional para su protección y el requerimiento de mayor
investigación y análisis científico para incrementar los niveles de conocimiento
sobre el fenómeno en cuestión161. Todos los países centroamericanos que se
han adherido al convenio, siendo el primero de ellos Guatemala el 11 de
septiembre de 1987, y Belice el último en adherirse el 6 de junio de 1997.
•
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Firmada en la ciudad de Nueva York el 9 de mayo de 1992. Su objetivo último
es: “…lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención,
la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el
sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que
la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible” (Artículo 2. Objetivos). Las naciones
centroamericanas han ratificado la convención, Belice y Costa Rica lo hicieron
en 1994 y el resto de países del área se sumaron en 1995.
•
Convenio sobre la Diversidad Biológica
Rubricado el 5 de junio de 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Tiene
como objetivos: “…la conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras
cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos
y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada” (Artículo 1.
Objetivos). El primer país centroamericano en ratificarlo fue Belice el 30 de
diciembre de 1993, siendo El Salvador el último, 8 de septiembre de 2004.
•
Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación en Países con
Sequías Severas y/o Desertificación
Aprobada en París, Francia, el 17 de octubre de 1994. El objetivo es: “…luchar
contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados
161 Véase el Preámbulo del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono.
IV. Medioambiente | 281
por sequía grave o desertificación, en particular en África, mediante la adopción
de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación
y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con
el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas
afectadas” (Artículo 2, numeral1). La convención parte del reconocimiento
de que las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas ocupan una proporción
considerable de la superficie terrestre y que además son el hábitat y fuente
de sustento de un porcentaje de la población igualmente considerable.
Además se reconoce que la sequía y la desertificación son fenómenos de
dimensiones mundiales y que un gran número de naciones en desarrollo y
menos adelantados se ven directamente afectadas por estos fenómenos162.
De los países de la región, Belice, El Salvador y Guatemala únicamente se han
adherido. El resto de países ya la han ratificado, siendo Panamá el primero -4
de abril de 1996-.
•
Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
Signado en Kyoto, Japón, el 11 de diciembre de 1997. Este protocolo pretende
que las Partes incluidas en el Anexo I163 cumplan con “…los compromisos
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del
artículo 3” (Artículo 2, numeral 1). Fija cuantitativamente la meta de reducciones
del total de emisiones de gases de las Partes incluidas en el Anexo I a un nivel
inferior no menor al 5% al registrado en 1990. Esta reducción deberá haberse
efectuado en un lapso entre 2008 y 2012. Se estableció además el año 2005
para que las partes incluidas en el Anexo I mostraran avances concretos en
el cumplimiento del compromiso adquirido en este protocolo164. Todos los
países centroamericanos lo han ratificado; el primero fue El Salvador el 30 de
noviembre de 1998 y Belice el último el 26 de septiembre de 2003.
•
Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad
Firmado en Montreal, Canadá, el 29 de enero de 2000. Su objetivo es
conforme con el enfoque de precaución establecido en el Principio 15 de
la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y consiste
en: “…contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de
la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos
modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos
162 Véase el Prólogo de la Convención de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación en
Países con Sequías Severas y/o Desertificación
163 Forman parte de este “anexo I” los países desarrollados y aquellas naciones que están en proceso
de transición a una economía de mercado. Ningún país de Centroamérica esta incluido en este
anexo. Ver Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
164 Véase el Artículo 3, numerales 1 y 2 del Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
282 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose
concretamente en los movimientos transfronterizos” (Artículo 1, Objetivos). En
Centroamérica, únicamente El Salvador, Nicaragua y Panamá han ratificado
el protocolo; Costa Rica y Honduras lo han firmado; Guatemala y Belice solo
se han adherido al mismo.
•
Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
Subscrita el 22 de mayo de 2001 en Estocolmo, Suecia. Su objetivo establece
que: “Teniendo presente el criterio de precaución consagrado en el principio 15
de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del
presente Convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los
contaminantes orgánicos persistentes” (Artículo 1, Objetivos). Reconoce las
propiedades tóxicas de los contaminantes orgánicos persistentes, los que
además son resistentes a la degradación, son bioacumulables en ecosistemas
terrestres y acuáticos, y transportados por el aire, agua y especies migratorias,
hacia lugares distintos a los de su liberación. La exposición a estas sustancias
genera problemas de salud, particularmente en países en desarrollo y afecta
especialmente a las mujeres y por lo tanto a las generaciones futuras165. Todos
los países centroamericanos la han firmado; El Salvador, Nicaragua y Panamá
lo hicieron en 2001 y el resto de países lo hicieron en 2002.
Conclusiones
El territorio centroamericano goza de una enorme riqueza ecológica que contrasta
con la marcada pobreza en la que viven millones de sus habitantes. Esta situación,
sumada a la carencia de políticas firmes de protección del medio ambiente ha
llevado a que la región sufra de serios problemas de deforestación, sequías y
contaminación que la hacen muy vulnerable a los desastres naturales e impactan
directamente en zonas de gran concentración poblacional.
La concientización y el reconocimiento por parte de los gobiernos centroamericanos
del enorme valor que los recursos naturales de la región poseen, y de la necesidad
de hacer un uso racional y sustentable de ellos, ha significado un gran paso para
la inclusión del tema ambiental en las agendas políticas de la región. El proceso
de integración no ha sido ajeno al tema ambiental (impulsado por el elevado nivel
de interdependencia entre ellos), y ahora se le reconoce como un pilar central para
la consecución de mejores niveles de desarrollo económico y alcanzar elevados
estándares de vida de sus habitantes. La existencia y consolidación de instituciones
165 Véase el Preámbulo del Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.
IV. Medioambiente | 283
ambientales de carácter regional es muestra de la relevancia de la que ahora goza
este tema en el istmo.
Durante los últimos años, los países de la región han avanzado en la construcción de
ordenamientos jurídicos e institucionales destinados a la protección, preservación
y usos sustentables de sus patrimonios naturales. La influencia y cooperación de
los organismos regionales ha sido relevante en este aspecto.
La consideración y existencia de aspectos medioambientales y de recursos
naturales en los textos constitucionales de los países del istmo y la adhesión, firma
y ratificación de numerosos convenios regionales e internacionales en materia
ambiental, por parte de las naciones centroamericanas es otra señal del creciente
compromiso que los gobiernos del área están asumiendo sobre este tema.
Si bien Centroamérica aún tiene un camino largo por recorrer en la armonización,
congruencia y coordinación de sus políticas, leyes e instituciones enmarcadas
en el tema ambiental, los avances logrados, particularmente en la cooperación
entre países e instituciones y la constante evolución de su legislación ambiental,
permiten augurar una mayor penetración y concientización sobre el tema ecológico
en las políticas y programas destinados a la consecución del desarrollo económico
y humano de la región.
284 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
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en el cumplimiento del convenio sobre la Diversidad Biológica, febrero, Ciudad de Guatemala,
Guatemala.
V.
Ampliación de la agenda social
La dimensión social del MERCOSUR
Gloria Edel Mendicoa
1. Comentarios iniciales
A partir de la afirmación la integración social no es un hecho dado, las reflexiones
que nos movilizan se orientan a discutir otros procedimientos de análisis con
instrumentos teóricos y empíricos, que hagan viables criterios de comparación
entre actores, para reconocer hasta dónde pueden ser aceptadas otras estrategias
de integración. Estas últimas, sin duda, no pueden desprenderse de tensiones,
crisis recurrentes, ni intencionalidades que no siempre son acordadas en una
mesa de negociación. Es más, lo que subyace es por qué no todos son invitados
y qué se hace para encontrar coherencia entre discursos y decisiones in situ.
Precisamente, porque se estima que son otras las dimensiones que entran en
juego y no son fáciles de aprobar. Se habla de las posiciones de flexibilidad, la
concepción de un pensamiento de largo plazo y el conocimiento de estrategias
propias de la comunidad internacional; factores que se estiman imprescindibles
para comprender otros estadios de una política regional. Para instalar el debate
se recorrerán tres escenarios: la revaloración del concepto de institucionalidad
social; nuevos círculos de representación e influencia y un proyecto político y social
con acento en las relaciones de la organización y sus procesos internos que lo
otorgan los actores subnacionales. Todo ello debiera encarnarse en lo que Souza
Do Santos (2010) denomina la epistemología del sur, concepto que siguiendo a
su autor, reclama nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos
válidos, científicos y no-científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos
de conocimiento… El sentido de tales premisas está dado por la búsqueda de
conocimientos y acciones que eviten las desigualdades, las discriminaciones y las
injusticias.
La puesta en marcha del MERCOSUR en 1991 y su siempre repetida Acta de
Asunción, tiene como palabra clave el logro de la justicia social. Por ello la dimensión
social y los planteos que de la misma se puedan hacer, tiene por fin su decidida
incorporación a la agenda política y desde la misma un sentido de planificación
estratégica, hoy ausente, que haga visible ese esperado y renovado proyecto de
integración regional. Desde ese punto de vista cabe la pregunta ¿cuánto es conocido
y sabido del plan estratégico de Acción Social del MERCOSUR? Tal vez, y como se
intentará comentar más adelante, es responsabilidad del conjunto gubernamental,
de intelectuales y de académicos hacerlo suyo para su mayor trascendencia a la
comunidad en su totalidad. Se está ante una oportunidad que nace en los albores
del presente siglo. Un dato insoslayable lo otorgó el propio bloque cuando inició el
proceso de transformación con la clara intención de profundizar en sus políticas.
La suerte entonces quedó echada.
290 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
2. Los escenarios. Perspectivas, descripción y pautas explicativas
para la comprensión del proceso
El MERCOSUR en su perspectiva productiva y sus variables en juego no se discute.
Se apela a los efectos previsibles que un desarrollo económico trae consigo: la
redistribución y dar cuenta que en la agenda del siglo XXI lo que no puede faltar es la
inclusión. Ese es el desafío. Consiste en la exposición sobre posturas epistemológicas,
ideológicas y teóricas que abrieron tramas argumentales para hacer valer la identidad
y la pertenencia, aspectos distintivos del proceso que se entrecruzan detrás de ese
gran telón denominado inclusión social y construcción de ciudadanía. Se trata de
considerar primero a la integración como una política pública y a la integración social
como capaz de articular el conjunto de valores constitutivos que hacen a una lógica
conceptual y, por ende, una base de fundamentos que dará pie a una escuela de
pensamiento o paradigma. Cuenta con atributos propios que la sustentan y por el
sitio que como “escuela” posee, se la tendrá que reconocer, por su traspaso a la
intervención. Para ello, se apela a las tres i (Diccionario de Políticas Públicas, 2009:
439) que interpela tres elementos: las ideas, los intereses y las instituciones. Obviando
el desarrollo particularizado de las dimensiones en juego y debido a las lógicas y
dinámicas que suponen cada una como valores, actores y representaciones que
sostienen, lo cierto es que las tres son asumidas como una forma de hacer converger
enfoques de la acción pública, para contrastar hipótesis que se ciernen sobre la
misma unidad de análisis: la integración regional. Ello no impide que sean observadas
algunas particularidades conceptuales, que son trasladadas a la integración regional
como política. Para ello hay que entenderla como nudo de proceso social en el que
sobresalen un antes y un después. En el primero aparecen múltiples actores con
distintos recursos e intereses, después, la cristalización de recursos y reposición de
los actores involucrados. La profundidad del análisis advierte sobre la necesidad de
alcanzar la definición del problema como aspecto crucial y que, desde el mismo, se
llega al desencadenamiento de la política. No puede confundirse definir un problema
con la simple descripción de una situación que “no nos gusta” y que se desea cambiar.
En este lugar surge el dilema de cuál es el problema y qué del mismo puede derivarse
en una política. Es decir, se tiene que aludir a la construcción de aquella en la cual es
crucial la idea. Y en esa dirección no puede bordearse la importancia y la influencia
de las comunidades epistémicas: el grupo de personas o entidades que comparten
una cierta percepción sobre los problemas públicos y tratan de impulsar un conjunto
de análisis y propuestas para impulsar una política o un cambio normativo. Estas
comunidades siempre están dispuestas a introducir innovación en las decisiones
políticas. Aunque muchas veces el entramado de actores con fuertes intereses
a escala regional, nacional-estatal está muy consolidado y puede obstaculizar
la situación, impidiendo cambios significativos, y dejando margen sólo para
particularismos y oportunismos.En este ámbito y enfocados en la iniciativa política,
hay que estar alertas sobre las denominadas coaliciones que representan el
V. Ampliación de la agenda social | 291
conjunto de intereses públicos de carácter local, regional, nacional o transnacional
en relación con una cierta política. Con este telón de fondo entonces la integración
aparece como problema que reclama de su clara definición. Ello incumbe
resguardar por su lado, la adopción del perfil epistémico en relación al impulso
y forma que con un enfoque u otro y con una perspectiva de intervención —tanto
si es económica, social, física o cultural— y una decisión que puede tal vez, por
caso, ponderar un estilo bilateral o multilateral reforzado en dos países, —los
de mayor liderazgo— o, con un sentido de trascendencia que supone decisiones
adoptadas mediante una integración regional, permitida mediante libre circulación
de bienes, servicio, capitales, y personas, tal como se representa el MERCOSUR
actual. Asimismo, el encaje, de aquellos en los que prime la regionalización y
multilateralismo, como igualmente asociado y en sintonía con las relaciones
internacionales en tanto incorpora la noción de transferencia de lealtades. Como
se ve, la integración tendrá un extenso desarrollo por los diversos enfoques que
el mismo proceso ha ido adquiriendo tanto que sigue preocupando y abriendo
preguntas. En este ensayo, como se observa, se hacen algunos acercamientos.
Aunque la idea que se instala y se hace propia es la integración social. Esta no
puede medirse con indicadores econométricos. Es más profunda y tiene que
ver con la identidad, la pertenencia y la gradualidad. Se trata, de una estrategia
morfogenética relacional que no adhiere a la trasformación inmediatista, sino a la
gradualidad de las acciones.
Por otra parte, se afirma recurrentemente, evitar los efectos negativos de la
globalización, que para el caso deriva en la pregunta ¿cuáles son los efectos que
habrá que observar? Tal vez, se la pueda ver como un proceso objetivo, planificado,
pluridimensional, necesario, actual e ineludible que se constituye como única
alternativa para enfrentar aquellos; o bien desde nuevos escenarios que, en tal
caso, mueven a considerar el tránsito de una sociedad de clases a una sociedad con
múltiples ejes de desigualdad y de una sociedad estructurada a una sociedad de riesgos
y nuevas formas de acción colectiva (Subirats y Gomá, 2000: 14).
Por ello, se entiende que la integración regional, en tal dirección, no puede esquivar
la interacción de la tríada global-regional-local pero que, de la misma, la síntesis se
consolida en la emergencia de niveles territoriales de gobierno y la impostergable
reestructuración de procesos políticos y administrativos, materializados en
actores subnacionales, estrategias en red y una nueva diplomacia. Es decir, será
útil atender a las fuerzas de la mundialización económica, política y cultural
advirtiendo que las lógicas reorganizacionales que se ven en “ciertos” lugares
estratégicos (lo local), combinadas con lógicas que reacomodan lo nacional en dos
direcciones: en los bloques regionales para tener mayor peso en el contexto internacional
y en una re- funcionalización del Estado nacional para amortiguar los efectos perversos
de la globalización (Sassen 2010: 35).
292 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
La aproximación a esta hipótesis coloca, como fuera anticipado, a la pertenencia
como el punto nodal para alcanzar efectivos cambios y traducir las ideas en reales
intereses institucionales, lo cual se conjuga con el renacer de un sentido de identidad
que se construye mediante la historia: la misma que se retoma en el presente
y se proyecta al futuro. Asimismo, con estos esperados para su incorporación
institucional la referencia empírica para identificar las prioridades del presente
latinoamericano se ciernen en torno a tres conjuntos de sujetos sociales, que a modo
de anticipo se indican: el género: la mujer y su ciudadanía limitada, expresada en
la ausencia de la distribución de sus derechos sociales, económicos, y políticos; la
edad: que se define en los niños, niñas y adolescentes cuya ciudadanía le es negada
por carecer los adultos de las responsabilidades elementales para salvaguardar su
futuro; y los migrantes, en quienes no se puede hacer efectiva una política de libre
circulación de mano de obra alterando su capacidad de expresar sus derechos no
solo en torno a derechos de trabajo, sino, también, a derechos políticos. Con estos
conjuntos categoriales, se pone un marco argumental en el cual la integración social
aparece no como un modo o una dimensión de la integración, que como es sabido, su
realización hasta ahora se ha fundado en políticas sectoriales que son relevantes, que
se suman al proceso, pero que son todavía insuficientes. Pero sí, desde el sentido en
que se aborda este ensayo se tiene presente la teoría de las tres i que reitera a modo
de interpelación: ¿cuál es la idea, cuáles son los intereses y cuáles las instituciones?
En lo ejecutado en el MERCOSUR Social, especialmente en su último lustro, se
valoran los alcances del Mercosur Educativo, Sociolaboral y Social, respectivamente.
En rápida síntesis y tal como lo expresa Casa Patria Grande (Colección América
Latina para todos, Número 2), del primero se pueden mostrar los avances producidos
desde 1992, que mediante el Sector Educativo del MERCOSUR (SEM) se conformó
un espacio educativo común. Desde el mismo se impulsan el concurso literario para
estudiantes de escuelas medias (Caminos del MERCOSUR), las bibliotecas populares,
Escuelas sin Fronteras; el Parlamento Juvenil del MERCOSUR. Se han homologado
los títulos del área media y para la superior, se establecieron los mecanismos y se
validaron académicamente para las carreras de agronomía, medicina, ingeniería,
veterinaria, arquitectura, odontología y enfermería. El Mercosur socio laboral trabaja en
tres grandes propósitos: empleo y trabajo decente, libre circulación de trabajadores
y fortalecimiento de la dimensión socio laboral a través de la implementación del
Plan Regional de Inspección de Trabajo (PRIT). Con estas decisiones se afianza la
Declaración Sociolaboral del MERCOSUR, apuntalando la aprobación producida en
1998 sobre Derechos Individuales, Derechos Colectivos y más. Explícitamente en lo
que hace a los resultados del MERCOSUR Social, el mismo se muestra en la Agenda
Social del MERCOSUR a partir del Plan de Trabajo 2004-2006, cuyos objetivos
inspiran una integración al servicio de los pueblos para construir ciudadanía, fortalecer
la democracia y profundizar la participación social en el proceso de integración, reducir
desigualdades y asimetría sociales y lograr una sociedad cohesionada. Lo enunciado evoca
V. Ampliación de la agenda social | 293
que lo social se ha incorporado en la agenda, aunque la dimensión en tanto objeto de
estudio y de intervención, sigue exigiendo debate en torno al modo de propiciarla con
este ejercicio dilemático: ¿es un hecho dado o se vislumbra un nuevo paradigma frente
a la integración?
El PEAS (Plan Estratégico de Acción Social) arriba, señalado aprobado por el
MERCOSUR /CMC/DEC Nª12/11, dio luz a los ejes directrices del mismo, que
sucintamente se mencionan en su orden correlativo: erradicar el hambre, la pobreza y
combatir las desigualdades sociales; garantizar los Derechos Humanos, la asistencia
humanitaria e igualdades étnica, racial y de género; universalización de la Salud
Pública; universalización de la educación y erradicación del analfabetismo; valorizar y
promover la diversidad cultural; garantizar la inclusión productiva; asegurar el acceso
al trabajo decente y a los derechos de previsión social; promover la sustentabilidad
ambiental; asegurar el diálogo social; establecer mecanismos de cooperación regional
para la implementación y financiamiento de políticas sociales. Este conjunto de ejes
y sus correspondientes directrices dan pie a la puesta en valor de un efectivo proceso
planificador. Ello nos devuelve una vez más a las tres i. En primer lugar la idea exigió la
capacidad de decisión y emprendimiento para viabilizar la creación del PEAS lo, cual
es un salto cualitativo que debe aplaudirse.
Así y todo, y con disposición a seguir con el debate los acápites siguientes, cabe
añadir que para mejorar respuestas propositivas para la acción, hay que tener
perspectivas que desarrollen una visión de largo plazo, sin obviar el presente, y
con ella articular el cambio institucional.
Los gobiernos, en tal dirección, están conminados a dejar ser cada Estado para
constituirse en un real colectivo regional y evitar la tesis (cada) Estado defiende al
bloque por distintos motivos y no hay un proyecto colectivo sino “cuatro nacionales”
(Malamud, 2007: 18). La coordinación y la armonización de las Políticas como
fuentes inductoras, tendrán que valorarse y estar acordes incluso con los resultados
de las reformas estatales de los 90. Como subrayara Leonardo Garnier (2000: 160),
la tibieza de las reformas en algunos países se debe a la incapacidad para inducir
cambios profundos en las organizaciones públicas, las cuales se caracterizan por
la inercia heredada de la fase marcada por un Estado omnipresente y unilateral,
que las llevó a aislarse de la sociedad y a perpetuar juegos de poder internos y
ajenos a su función primordial. Así el cambio se torna inexcusable tanto para
afirmar, tal como lo hace el autor citando a Bernardo Kliksberg (Ídem: 161), que el
nuevo paradigma deberá concentrarse en asuntos como los modos de formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas esenciales y en el
abordaje de aspectos estratégicos en relación con las metas nacionales prioritarias
con su repercusión regional.
294 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Vinculados a las estrategias de integración y considerando las teorías en pugna,
positivismo vs. constructivismo, la dicotomía se zanja por la mentada estructura
morfogenética relacional que incluirá las partes, las convertirá en todo y valorará
la complejidad de tales relaciones y obligará a revisar el actual esquema.
1.1. Tres escenarios para el debate. Su relación con las comunidades
epistémicas
Con las consideraciones precedentes, se proponen tres escenarios vistos como
categorías analíticas abarcadoras de referentes conceptuales como institucionalidad
social, capacidad de coordinación y profundización y referentes subnacionales y
territorialidad.
Escenario 1) Una Integración que involucre una Institucionalidad Social para consolidar
la creación de un espacio económico, político y social por la vía de la interpenetración
estructural, voluntaria y solidaria de los Estados parte.
Para esta afirmación se opta por un esquema multidimensional que tiene a la
Integración Social como objeto de análisis. Esta categoría se asume con una
definición diferente a aquélla que la interpreta como un hecho dado, en el sentido
de poseer una misma lengua, religión, historia. Por el contrario, se introducen
otras dimensiones diferentes a las posiciones convencionales, lo cual acerca
a la estructura morfogenético relacional (Mendicoa, 2007: 163-184). Por su
parte, esta concepción fue expuesta como parte del estado de la cuestión que
surgida en la investigación llevada a cabo en el Instituto de Investigaciones Gino
Germani y que diera lugar incluso a conclusiones, constatadas empíricamente,
tienen a los gobiernos municipales como sujetos en estudio. Tales municipios
son miembros de las Mercociudades, los cuales alcanzan actualmente a 160
firmantes de los acuerdos respectivos. (Mendicoa, 2004: 159-200). Tomando
los antecedentes señalados se midió el alcance de una estrategia de integración
mediante las categorías que además ha contado con la influencia teórica del
investigador rioplatense Alfredo Errandonea (1987)166, cuyos contenidos, en
términos de estrategia metodológica, se incorporan para su mejor explicación
y que seguidamente se exponen, mostrándose su permanencia en el acervo
integracionista:
166 Alfredo Errandonea, sociólogo, uruguayo de alto reconocimiento en el campo de la disciplina. Dejó
un gran legado en términos de metodología, pensamiento crítico expresado en artículos, ensayos,
libros. Tales referencias metodológicas se hallan vinculadas a las investigaciones acreditadas:
A086, Programa de Incentivos 2002; UNLAM y S011/2003 UBACYT. Instituto de Investigaciones
Gino Germani. UBA.
V. Ampliación de la agenda social | 295
a) Pertenencia. El compromiso en la construcción de una comunidad a compartir
valores; no a la unanimidad, pero sí al diálogo sobre dichos valores. En la
esfera política la legitimidad remite a un reconocimiento de las instituciones
por parte de los ciudadanos. Conforme Bernard (citado en Godinez, 2007:
34)167, ello exige una implicación más activa y, en la esfera económica,
especialmente en el trabajo, se descarta la exclusión, pero un compromiso
más profundo supone, la prosecución de la igualdad, la justicia social y de la
equidad. Se distingue el grupo de pertenencia que se afirma en la frecuencia
de interacción, respecto del grupo de referencia en el que se ubican los
individuos, que adoptan los valores del mismo y aspiran a su pertenencia. La
identidad colectiva en la base de la pertenencia y dispone a la pregunta ¿hasta
dónde llega la puja de ser parte física de un lugar pero tener referencia a otro?).
b) Densidad Interaccional. Más fuerte desde una perspectiva sectorial (basada
en el intercambio y en relación a los vaivenes aduaneros). Está comprobado
que se limita a determinados grupos de interés como empresarios por
encima de parlamentaristas o estudiantes universitarios. Puede esperarse
que desde los gobiernos exista una visión, más comprehensiva del proceso.
Los ejemplos: gabinete social, el PARLASUR, el Fondo de Convergencia, son
elementos que presuponen una tendencia al cambio. Aunque los grupos u
organismos regionales han crecido, sin embargo es insuficiente su capacidad
de comunicación y siguen siendo desconocidos por la ciudadanía en su
conjunto; desde ese lugar ¿cuál es el paradigma que interesa institucionalmente
consolidar?.
c) Participación. Para sumar actores no solo desde la opinión sino para la acción.
Tienen todos la misma voluntad política; la viabilidad de este impulso se da
mediante el reconocimiento del… aumento de la capacidad decisional autónoma
de la capacidad regional, mediante una creciente incorporación de todos los
grupos sociales al reparto del producto económico y al proceso político (Bosier,
1984: 9-32); el reconocimiento de la responsabilidad social de los dirigentes,
especialmente en los trabajadores. Asegurar la participación de ORIT; CGT;
CIOLS; CUT de Brasil; de las voluntades de intercambio en el Mercosur Educativo;
y aún mucho más el tema prosigue porque introduce las preguntas para qué y
con quién. El espacio social, geográfico, político en transformación incorpora
a los actores subnacionales del “policy making” y a los instrumentos que
cualquier gobierno debe poseer para hacer política. Con esta plataforma ¿es
posible construir la real construcción de la integración?
d) Competencia y Conflicto. El accionar de los actores que tienden a bloquear y
obstaculizar a los otros actores, de forma que la obtención del fin por una de
las partes, implica la pérdida del objetivo por parte de los otros. El conflicto
no solo busca obstaculizar las acciones de las otras partes, sino que intenta
167 Se hace referencia al artículo de Bernard P. (2000). Social Cohesión: “A dialectical Critique of a
Quasi-Concep”. Strategic Research and Analisys Directorate, Departament of Canadian Heritage.
296 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
destruir al oponente. Cómo se encuentra hoy América Latina tan solo para
mencionar algunos focos de conflicto: Bolivia-Chile, disputa territorial sobre la
salida al océano Pacífico, exportación de hidrocarburos bolivianos; ColombiaNicaragua, disputa fronteriza sobre las islas San Andrés y Providencia;
Colombia-Venezuela, 34 disputas sobre delimitaciones fronterizas, migración,
guerrillas, contrabando, tráfico de drogas; Costa Rica-Nicaragua, delimitación
fronteriza, migración; Gauleguaychú-Fray Bentos (por papelera de Botnia)168.
La pregunta que inspira esta síntesis ¿cuánto de cooperación cuanto de
conflicto? Si persiste el conflicto la Patria Grande caerá en el vacío político y
social, y sólo mostrará las debilidades del conjunto de actores que tienen las
capacidades para alcanzarla. O ¿es lo contrario?
e) Estabilidad. Quizá lo más logrado. La cláusula instalada en el Tratado de
Asunción y ratificada en los restantes protocolos sobre la reafirmación de la
democracia en los países de la región otorga la certeza de encaminarse hacia
un proceso de completud y superación respecto de los deterioros que sufriera
América Latina.
Las dimensiones aplicadas ofrecen estrategias metodológicas que dilucidaron
el comportamiento y actitudes de actores de competencia en gobiernos
municipales. Utilizando escalas de medición como la de Guttman y de
Bogardus169, se pudo tener una aproximación de las distancias sociales y
la limitada y débil capacidad de los decisores de diversas representaciones
(políticos, administradores gubernamentales), para pensar un proceso de
integración que puedan coadyuvar a un modelo de integración social, inspirada
en un consenso cuyo argumento principal se encuentre en la reconstrucción de
la capacidad democrática, una economía sostenible y promoción de derechos
socio laborales.
Escenario 2) La capacidad de coordinación y armonización conlleva una agenda de
reformas en la que la capacidad de interdependencia a nivel nacional, puede dar más
eficacia a las relaciones multilaterales: La nueva gobernanza.
La Escala de Coordinación de Políticas del Instituto Europeo de Administración
Pública, compara la capacidad de coordinación en funcionarios, que puedan
alcanzar la consagración del interés institucional. La escala en cuestión, aplicada
168 Botnia: empresa finlandesa productora de pulpa de celulosa.
169 Escalas de Guttman y Bogardus. Procedimientos metodológicos para determinar en la primera,
propiedades de una escala a través de un conjunto de ítems de corte acumulativo. Lleva el
nombre de su creador Luis Guttman quien la introdujera al campo de las técnicas de investigación
científica en 1944. La segunda se ocupa de medir distancia social entre conjuntos de ciudadanos
procurando reconocer el nivel de intensidad de prejuicios latentes o manifiestos en sujetos sociales
en relación.
V. Ampliación de la agenda social | 297
a funcionarios locales170, ofrece un parámetro de referencia para identificar
similitudes y diferencias entre cada uno de los casos. En la versión metodológica
de Guttman se diferencia una secuencia ordenada de componentes cualitativos,
de capacidad de coordinación y como es acumulativa, existe una progresión desde
los niveles inferiores hasta los superiores. En rápida enumeración los niveles son
toma de decisiones independiente; comunicación con otros ministerios (intercambio
de información); consulta con otros ministerios (retroalimentación); búsqueda de
consenso en materia de políticas; arbitraje de diferencias; fijación de parámetros de
acción; establecimiento de prioridades; y estrategia general. El alcance obtenido
permitió una imagen general de las capacidades de coordinación, aportó datos
que dan cuenta de insuficiencia en la administración de aportes que efectúen
diseños de políticas en el contexto regional; debilidad en la participación intensiva
para la concurrencia de proyectos integrados y flaquezas en la coordinación a nivel
intragubernamental. Asimismo las debilidades nacionales tampoco encuentran
una contraparte en el órgano Mercado Común, carencia puede significar una
ventaja y una oportunidad, para las expectativas de un proyecto refundacional.
En síntesis, y como sugiriera, Metcalfe, L. (2000: 113), la integración no es cuestión
de transferir la soberanía y la autoridad a una organización separada que luego actúa
independientemente de los participantes del proceso de integración…Incluye el diseño
y desarrollo de una relación asociativa entre un gran número de organizaciones que
participan en campos de políticas específicas, de modo que puedan trabajar en conjunto
y en forma efectiva para enfrentar las preocupaciones comunes y aunar intereses…para
gestionar las redes de organizaciones.
Con todo se reitera y valoran los esfuerzos y cambios alcanzados por el PARLASUR;
el Mercosur Educativo; el Mercosur Social, la Reunión de Ministros y Autoridades
de Desarrollo Social (RMDAS); la Secretaría Social Permanente y el Instituto
Mercosur Social.
Escenario 3) Un referente regional que concilie una gestión centrada en funciones
constitutivas de un proyecto político y social con acento en las relaciones de la
organización y sus procesos internos, que se encarnan en los actores subnacionales.
Los referentes subnacionales dan sentido a la territorialidad y por ende la integración
social puede visibilizarse en ese mismo espacio: el territorio.
El concepto derivado de terrendi asociado históricamente a la dominación
y al poder. Es omnipresente y ambiguo a la vez. Sin embargo instalados en el
170 Se alude a la línea de estudio conformada por los Proyectos UBACyT acreditados S011/ S041/
S068; S087; S20020100100085, conformando todos una base de datos que son referencias
recurrentes. Dicha línea es llevada a cabo por el Grupo de Estudio Institucionalidad Social
y Mercosur con sede en el IIGG. Fue constituida en el año 2003 bajo aprobación del Comité
Académico del mencionado centro académico. Gloria Edel Mendicoa, Directora.
298 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
presente, y sobre las derivaciones que las políticas inconclusas de las reformas
del estado en torno a la descentralización, nuevas concepciones se han producido.
En este apartado es necesario asegurar otros niveles conceptuales. Según
Dennis Rondinelli (1989; en Boissier Etcheverry, 2007) descentralización sería
“la transferencia de responsabilidades de planificación, gerencia y recaudación
y asignación de recursos, desde el gobierno central y sus agencias a unidades
territoriales” y son reconocidos cuatro modos o grados de descentralización: (i)
desconcentración, (ii) delegación, (iii) devolución y (iv) privatización o regulación
cuyas definiciones son: Desconcentración: redistribución de poder de decisión
y de responsabilidades financieras y de administración entre varios niveles del
gobierno central, hacia oficinas no localizadas en la capital. La delegación es la
transferencia de poder de decisión y administración sobre funciones públicas a
organizaciones semiautónomas, no totalmente controladas por el gobierno central,
pero responsables en último término ante éste (por ejemplo empresas públicas,
corporaciones de desarrollo regional o unidades ejecutoras de proyectos oficiales);
la devolución es la transferencia de autoridad, financiamiento y administración
hacia gobiernos locales. Particularmente, hacia municipios que eligen sus
alcaldes y concejos, cobran sus impuestos y tienen independencia para tomar
decisiones de inversión. Por último la privatización es aquella política dirigida a
que los servicios sean provistos por empresas, grupos comunitarios, cooperativas,
asociaciones voluntarias privadas, individuos, pequeñas empresas informales
y otras organizaciones no gubernamentales. En rigor el autor sostiene que la
privatización consiste desde dejar la provisión de bienes y servicios enteramente
a la competencia económica, hasta “partenariados” entre agencias públicas y
empresas privadas.
La preocupación por este segmento gira en torno a los espacios subnacionales
en la toma de decisiones, lo cual también es complejo, ambiguo y actualmente
omnipresente en el debate. Como se sabe el MERCOSUR cuenta hoy con la
Red Mercociudades, espacio organizacional con condiciones para avanzar
hacia un modelo de racionalidad social para el MERCOSUR. Desde ese lugar, y
para traer algunas evidencias empíricas, el cuestionario autoadministrado a
funcionarios de gobiernos municipales (alrededor de 30 variables para detectar
el grado de conocimiento que poseen sobre el proceso de integración, hasta
los beneficios que perciben en su implementación) distinguió capacidades y
actitudes respecto de atributos decisionales y condiciones de suficiencia para
emprender y dar ventajas a un proceso con otras perspectivas. Los resultados
no fueron alentadores. El mayor porcentaje tiene limitados conocimientos sobre
su pertenencia y a la par la ve como una oportunidad para emprender negocios
que en todo caso se circunscriben a aspectos puntuales de la política municipal.
Ello deriva en preguntar ¿hasta dónde se garantiza y defiende que, el espacio
territorial que configura las Mercociudades, como subregión, propicie eficazmente
V. Ampliación de la agenda social | 299
por ejemplo, la circulación de bienes y personas? En un proceso de integración
regional la “recomposición” de sus circuitos territoriales, dará cabida a migrantes
e implicará salir de los parámetros con los que hasta ahora se los ha concebido.
En tal sentido es determinante el circuito migratorio. Por lo tanto las preguntas de
Sartori (2001:108) ¿integración de quién?; integración ¿entre quiénes?, ¿integración
cómo?, integración ¿por qué?, echa luz a un tema que enfrenta a nuestros países:
de receptores a expulsores y, por ende, una doble exigencia: diseñar una política
centrada en la exclusión, reconvertirla en inclusiva y la refundación del proceso
con una estrategia que consolide alternancia de actores y mecanismos que
eliminen intermediaciones y apoyo de migrantes, especialmente trabajadores más
desprotegidos. A su vez, y asumiendo las debilidades mencionadas, el problema
debe ser visto en términos de las propias limitaciones del proceso de integración
y su viabilidad para asegurar un cambio. Desde ese lugar es que se defienden los
actores que pueden incidir en la toma de decisiones como la Red Mercociudades,
las OSC y las Universidades, todos ellos se hacen cruciales. Se trata de apertura
necesaria cuyo fin es adaptar sus políticas a las necesidades reales de la gente
del MERCOSUR, haciéndolas más próximas y más eficaces. Es el equilibrio entre
las representaciones formales, que seguirán perdurando: es asegurar un estado
sinergial en el que figuren gobiernos locales, regionales y los gobiernos centrales
junto con las organizaciones comunitarias; en otras palabras la nueva gobernanza
de la integración regional.
Ciertamente, el propósito que guía este trabajo es aportar en un proceso que
concierne a la consolidación de pertenencia, de coordinación de políticas y de
interacción de influencias. Se puede recuperar y contribuir, a un tema impulsado
por la Plataforma Laboral de las Américas, la cual defiende sean tenidos en cuenta
entre otras estrategias: conjunción de políticas; inversión y prioridades de la economía;
integración de infraestructura; promoción del desarrollo local; rol activo del Estado,
Fondos continentales (sociales universales; de capacitación; de salud Pública; empleo
para jóvenes; empleo para mujeres; eliminación del trabajo infantil171. De la Propuesta
de 2005 ¿cuánto se avanzó? La respuesta la da Julio Godio (2007) cuando afirma:
el problema, es que se registran retrocesos sociales y laborales al tiempo que se
comprueban progresos en la democracia política o electoral. Por lo tanto, para crear
empleos decentes, es central poder avanzar en la dimensión social de las relaciones
laborales, sistematizada en los derechos fundamentales del trabajo formulados por la
OIT. En la pugna teórica empírica, son diversos los enfoques con los que se puede
concebir y poner en valor la integración. Algunos serán vistos como elementales o
básicos y hasta referentes tradicionales. Pero han comenzado a visibilizarse otros
como los que subyacieron en este ensayo, tales como intergubernamentalismo,
171 Plataforma Laboral de las Américas. Cancillería Argentina. Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil. Coordinador Embajador Hugo Varsky, Boletín Nº 21, noviembre de 2005.
300 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
flexibilidad, gobernanza multinivel, nuevo institucionalismo y la teoría de la fusión;
todos al fin, tratan de explicar la naturaleza de la integración.
La secuencia del proceso ha sido avistar la integración desde la perspectiva
económica, el papel del derecho en la integración y la relación entre el Derecho
Internacional, el Derecho Interno y el Derecho Comunitario, pero sobre la
integración social, los argumentos se subsumen en el enfoque de políticas con
un sentido instrumentalista funcional-sectorial, o asociado a la historia de una
misma conformación en el gran espacio territorial, lo cual se da de bruces con
la consolidada tendencia epistemología del sur, que mueve a repensar en la
refundación del Estado.
Se trata de un campo de análisis complejo que, como se dijo sigue discurriendo
en diversas escuelas de pensamiento, tanto para suponer que estamos ante una
perspectiva pluralista, multisistémica e incluso ecléctica, en la cual cada uno
de sus componentes sin duda tiene valor en sí mismo. Igualmente el recorrido
de la integración cuyo punto de partida se lo podríamos otorgar al padre de la
Europa moderna Jean Monet (1951)172 y desde allí, la diversidad de posturas que
aún siguen atravesando marcos teóricos, debates y formas de explicar el sentido
teórico y la praxis de la integración regional bajo la influencia de entre muchos,
Ernst Haas, Andrew Moravcsik, Karl Deustsch, y Joseph Nye.
Posicionados en el siglo XXI, la lógica imperante es que no pueden excluirse
actores, grupos sociales, instituciones que tendrán que discutir objetivos
centrales y comunes. Ello por su parte se asocia a dos ejes ineludibles: la
neoinstitucionalidad y la nueva gobernanza. De la primera, y advirtiendo que las
instituciones no cambian fácilmente, por la incertidumbre que el mismo cambio
genera, y especialmente por el sitio en el que quedarán posicionados los actores
ante las nuevas configuraciones, sin embargo, debe reconocerse como otra
definición del problema. En otras palabras, aceptarse un proceso en términos
de sus impactos, para lo cual el tiempo presente nos impone enfrentar algunas
encrucijadas: la transición de una sociedad de clases a una sociedad cruzada por
múltiples ejes de desigualdad (de género, étnico-culturales, digitales, familiares,
relacionales, de edad...) sin conexión directa con el ámbito productivo-laboral; el
paso, también, de una sociedad estructurada, cierta y previsible, conformada por
grandes agregados sociales con intereses y valores estandarizados, a una sociedad
de riesgos e incertidumbres y la de mayor contundencia, los nuevos excluidos
en el marco de una sociedad donde predominaban relaciones de desigualdad y
subordinación vertical, a una sociedad donde tiende a predominar una nueva
172 Jean Monet (1888-1979). Fue el primer presidente elegido de la CECA (Comunidad del Carbón y
del Acero). Su lema: trazar un plan y no retroceder, no confundir las dificultades con las derrotas.
V. Ampliación de la agenda social | 301
lógica de polarización en términos de dentro/fuera, que implica para el nuevo
conjunto de colectivos excluidos la ruptura de ciertos parámetros básicos de
integración social, (Subirats i Humet, 2005: 34). En suma, estos rasgos que
la nueva economía postindustrial, con mayor o menor desarrollo en el seno
de nuestros países, desencadenó en primer lugar en el mercado de trabajo,
afectando a muchos trabajadores excluyéndolos precisamente del trabajo y
como se ocupa de decir, el citado Subirats I Humet Joan Subirats (2005),
ha dado lugar a nuevos «perdedores históricos». En segundo lugar, y ya se
adelantó, ese conjunto de jóvenes (la categoría de los ciudadanos negados) que
ven el tránsito de la linealidad del empleo industrial asalariado y estable, a la
aparición de un espectro de “oportunidades” complejas, precarias y dilatadas
que lo convierte en inaccesible. Los cambios y generación de nuevos escenarios,
propios de pasar a una sociedad que parece fragmentarse cada vez más, conducen
inexorablemente a nuevas exclusiones y vulnerabilidades.
En este contexto fortalecer las políticas públicas, diseñándolas a los reclamos de
estas vulnerabilidades, es decisivo si es que se quiere mitigar la desigualdad y los
efectos negativos que ella trae consigo.
Respecto de la gobernanza —del gouvernance— con uso registrado desde 1380
-siglo XIV- para querer señalar el arte o manera de gobernar y del inglés governance,
aparece actualmente como un campo de investigación para dar cuenta de la
coordinación, orientación y dirección de sectores, grupos y de la sociedad que van
más allá de los órganos clásicos de gobierno. Coincidiendo con el Diccionario de
Políticas Públicas (Op. Cit: 261) emerge frente al diagnóstico de una incapacidad de los
gobiernos para responder a los problemas que les son sometidos a consideración y para
adaptarse a las nuevas formas de organización social, económica y política. Por todo
ello, esdebate de este tiempo, y, provoca en quienes se encuentran comprometidos
en la integración regional, atender con renovados conceptos, estrategias y tácticas
políticas a la desigualdad, la negación a la diversidad y el dificultoso proceso de
(des)cohesión social. En síntesis las viejas políticas de redistribución de recursos
materiales, entre clases y grupos sociales integrados en la sociedad industrial,
deben completarse con una agenda de políticas de inclusión orientada a debilitar
los factores generadores de dinámicas de marginación social y a promover la
inserción, en múltiples dimensiones, de los colectivos excluidos (Subirats y Gomá,
1998:12).
Lo que interesa es destacar aquellas que conduzcan a reconocer que la
integración tiene un sentido, siendo éste fundamentalmente afianzar el capital
social comunitario: aquel que mueva a consolidar aspectos de las organizaciones
sociales, tales como las redes, las normas, y la confianza que facilitan la acción y
la cooperación para beneficio mutuo (Putnam, 1993: 34). Existen diferentes tipos:
integración, integridad, eslabonamiento, sinergia, todas formas que ayudan a
302 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
estudiar la comunidad y el estado, en el que se expresan las instituciones en su
complejidad, que requieren también ser concebidas con un sentido de cooperación
y gestión articulada y flexible.
Y ¿qué nos exige el MERCOSUR hoy? En principio reconocer una serie de desafíos,
alertas y riesgos concretos: cambios permanentes y dinámicas territoriales
que reclaman otras tecnologías; ausencia de políticas para el desarrollo y
administración de los recursos humanos, tanto a nivel de los organismos estatales
como del sector privado; formación y capacitación consideradas como inversión
y no como gasto; mayor competitividad intrarregional e internacional; la calidad
como concepto aplicado a producción, gestión, servicio, producto, dirección y
coordinación. Al focalizar la atención en las Mercociudades y dándole el carácter
de una reconceptualizada institucionalidad no pueden descuidarse cuestiones
estratégicas por parte de quienes la componen en tanto saber de su falta de
recursos financieros, barrera de idioma, brecha y barrera digital, costo elevado de las
telecomunicaciones internacionales, pocos contactos “face tu face” por las grandes
distancias geográficas, empleados municipales poco proactivos, sobre carga de tareas,
temas difíciles de comunicar a los ciudadanos; otros; (Observatorio de Cooperación
descentralizada, 2007:116). Los datos estadísticos muestran las asimetrías
económicas sobre las que reiteradamente se alude, que medidos por el Índice
de Gini, la brecha se ha ido profundizando, al punto de considerar una agenda
específica cuyo centro sea el rediseño del MERCOSUR, para llegar al ciudadano
por la vía de un proyecto social con mejores políticas y mejores resultados y,
quizás tener incluso como parámetro fundamental lo recientemente citado por
el ex Presidente Chileno Ricardo Lagos (2012), en el Paraninfo de la Universidad
de Guadalajara “…los indicadores de problemas sociales no mejoran con el aumento
de ingreso por habitante, sino en la forma de distribuir el monto…Esto nos obliga,
no solamente a un tema del tipo tributario, sino también a cómo aumentamos la
competitividad de nuestros países (…) Cómo podemos establecer una red pública y
privada que dé protección y mayor cohesión social. No podemos seguir creciendo si
no hay cohesión social, donde todos se sientan incorporados al crecimiento (...) Si
lo logramos, nos permite crecer con más rapidez, porque estamos aumentando las
demandas de nuestros mercados internos”.
Con esta reflexión del ex presidente y estudioso chileno, cabe deducir que de
otra manera se seguirán ensanchando, no solo tales brechas (de ingresos), sino
otros entramados sociales que se manifiestan en distintos ejes de desigualdad.
La formación de estos espacios, como se dijera anteriormente, y se desea
remarcar, incorporan al género, particularizado en las mujeres con limitaciones
de diversa índole cuando asumen jefaturas de hogar, y además son los de mayor
nivel de pobreza, a la vez que prevalecen severos déficits de asistencia médica
institucionalizada. Según el PNUD-2007/8, la diferencia de las cifras en términos
de mortalidad materna entre Latinoamérica y los países desarrollados, son
V. Ampliación de la agenda social | 303
extremadamente altas (89.4 y 6.0); los jóvenes en franca tendencia de exclusión,
que en la región son aquellos entre 15 a 24 años, los que no trabajan y no estudian,
representan entre el 12 y el 40% de los hogares pobres (CEPAL/ECLAC, 2000) y
con alto riesgo de exponer tanto a niños/as y a adolescentes al tráfico de personas
y a la prostitución; como tercera dimensión la de los migrantes, en quienes no se
puede hacer efectiva una política de libre circulación de mano de obra, alterando
su capacidad de expresar sus derechos al trabajo, así como derechos políticos. Con
el propósito de marcar algunas de las particularidades que son claras respecto
de lo que se viene aludiendo, y como caso testigo, en el conurbano bonaerense,
en los distritos del Oeste, por ejemplo, son tres la comunidades de países
fronterizos de mayor número de pobladores: bolivianos; peruanos y paraguayos.
En este lugar se cuenta con numerosos lazos de asociacionismo que hace posible
tener recomendaciones para afincarse y hallar trabajo inmediato, lo cual se da
especialmente en grupos de migrantes bolivianos. Conjuntamente la cercanía del
Mercado Central, organismo federal, dependiente de la Secretaría de Comercio
Interior, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina, es un centro
comercializador de frutas y hortalizas que abastece al Gran Buenos Aires (donde
viven 12,8 millones de personas), favorece que sea un sitio geográficamente
selecto y además, configurado como lugar de trabajo, ha operado también un
cambio de ocupaciones en los últimos años. Es así que pobladores de procedencia
boliviana, en este caso, han pasado de trabajar mayoritariamente en el rubro de la
construcción a actividades vinculadas con la venta de frutas y verduras, para lo cual
el rápido y pronto acceso al Mercado es altamente favorecedor. No obstante, no
puede desconocerse la trama de irregularidades que se tienen en la formalización
de las relaciones laborales que asimismo, se extiende a los talleres clandestinos
de costura, con riesgos de todo tipo. Este ligero examen da idea de una realidad
compleja y de difícil solución; es real y tiene a los inmigrantes como protagonistas
centrales. Es una realidad propia de migrantes que se da en la Argentina como país
receptor y que con connotaciones diferentes también sucede en muchos países y
excede a los principios constitucionales. Esta situación no pasa desapercibida y
es por esto también que activar políticas que coadyuven a la mejor inserción y a
la circulación plena de mano de obra, es hacer real la Patria Grande y se retoma
la afirmación de Julio Godio: el problema, es que se registran retrocesos sociales y
laborales al tiempo que se comprueban progresos en la democracia política o electora.
Sobre las últimas palabras
Volver a la afirmación de partida: la integración social no es un hecho dado. Para ello y a
modo de cierre repasar, que la misma la esperamos en el MERCOSUR con todos sus
países socios plenos, esperando también la recuperación de Paraguay y celebrando
304 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
la incorporación de Bolivia173, induce a concentrar relaciones de políticas con sentido
amplio, por lo cual habrá que mostrar el proceso que si bien siempre corre riesgos
de fragmentarse, tampoco anula la participación activa. Las expectativas cívicas
estarán presentes. Desmitificar modelos y formatos es parte del desencadenamiento
democrático, el cual debe estar protegido con proposiciones de políticas para la acción.
Los argumentos expuestos podrán ser vistos como aproximaciones especulativas. Sin
embargo se basan en valoraciones científicas respecto de investigaciones acreditadas
y además reconocer que la investigación supone acción, partiendo del relato. Esto
es lo que se ha realizado. Hipótesis o conjeturas de partida como las utilizadas, nos
devuelven a la necesaria reconceptualización epistémica que abarque primeramente
el sentido de la política pública como meta esencial para la integración regional.
Paralelamente, el rol de actores varios que involucran los poderes del Estado y también
la sociedad civil y sus grupos, incluyendo grupos de interés como cuerpos sindicales,
empresariales y aquellos, vistos según estudios que así lo fundamentan, en círculos
de influencia que se visibilizan en territorios (el terrendi) definidos, asibles y con
gobiernos locales, con espacio y ponderación constitucional, de la nueva gobernanza.
Estas aseveraciones, si se permite, deben ser consideradas no solo en términos de
condiciones que una institucionalidad social impone, sino que desde las mismas se
puede también mostrar un estado de inseguridad social que se materializa en franjas
de población, que están convencidas de que han quedado al márgen y que sus valores
se orientan más hacia el pasado que hacia el futuro. Ese futuro, en América Latina,
tiene en la UNASUR, el punto de enlace y quizás como fuera sugerido en Mendicoa
(2012: 34, 35) seis tópicos será menester sostener: decisión política, descartar
particularismos y ser consistente con la continuidad de la integración; ciudadanía
con calidad social y sin excluidos; políticas regionales de cara al futuro que animen
y desarrollen los bienes comunitarios.
Sin caer en el lugar común, queda mucho camino por recorrer; con esa expectativa
asegurar mayor legitimidad democrática del proyecto MERCOSUR y UNASUR. Se
trata, sobre todo, de una exigencia imprescindible si es que se pretenden cambios
sustanciales y políticas eficaces. Sus destinatarios: la ciudadanía con sus reales
problemas.
173 La XLIV Reunión Ordinaria del Concejo del Mercado Común establece el Proceso de Adhesión del
Estado Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR. Al respecto, el Protocolo de Adhesión del Estado
Plurinacional de Bolivia al MERCOSUR que fuera suscrito entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, la República de Venezuela y el Estado
Plurinacional de Bolivia, el 7 de diciembre del presente, estipulándose ( Artículo 4) que “A más
tardar en cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento,
el Estado Plurinacional de Bolivia adoptará la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM), el Arancel
Externo Común (AEC) y el Régimen de Origen del MERCOSUR”; el mencionado Protocolo entrará en
vigor en el trigésimo día contado a partir de la fecha de depósito del último instrumento de ratificación. En www.ibcemail/1513/Bolivia_Mercosur_protocolo_adhesión.asp (consulta12/12/12)
V. Ampliación de la agenda social | 305
Finalmente, evitar, como dice Robert Castel (2004: 66), el resentimiento que no
predispone a la generosidad ni a asumir riesgos; por el contrario alimenta rencores
y limita la pregunta de Touraine ¿podremos vivir juntos?
306 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
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La cohesión/inclusión social en la agenda del
regionalismo sudamericano:
UNASUR-MERCOSUR
Noemí B. Mellado y María Luciana Ali
Presentación174
Enmarcados en un contexto de crisis mundial con efectos profundos en las
economías centrales, una declinación del peso de EEUU en la región, la ascensión
de nuevos polos dinámicos de crecimiento como China, India, Rusia y Sudáfrica, un
tinte político más progresista en los gobiernos regionales y un mayor protagonismo
político y económico de Brasil, en el espacio suramericano coexisten distintos
procesos de integración. A nivel subregional -CAN, MERCOSUR, ALBA, UNASUR- y
regional -CELAC, ALADI-; algunos de ellos son manifestación de un regionalismo
“nuevo”, “en construcción”, “en transición”, “posliberal”, según los autores. En
mayor o menor medida muestran aristas comunes:
A)
revelan diversa naturaleza, poniendo al descubierto un regionalismo con
diferentes velocidades y a la vez asimétrico;
B)
descubren la búsqueda de una mayor autonomía regional enmarcada en
nuevos consensos;
C)
trascienden lo meramente comercial y se extienden a otras dimensiones
como la social, medioambiental y política;
D)
presentan pertenencias múltiples que persiguen distintos objetivos y
valoraciones.
La realidad incontrastable de Suramérica como una de las regiones de mayor
desigualdad en el mundo y el compromiso que asumieran los Estados en
la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año 2000, influyeron en el
lenguaje utilizado en los últimos años en cuanto a la ubicación temática de la
pobreza/desigualdad, exclusión/inclusión y cohesión, en la agenda pública de los
procesos de integración y en los enfoques alternativos de desarrollo que conllevan
a diferentes expectativas sobre el papel de la integración regional.
Por tanto, se aborda el regionalismo actual en una de sus características
principales: “la amplitud temática”, circunscribiéndola a la “cohesión/inclusión
social” y a los procesos UNASUR y MERCOSUR.
174 La autoría de lo desarrollado hasta el apartado (3) es de Noemí B. Mellado.
V. Ampliación de la agenda social | 309
Asimismo, como este trabajo es parte de una investigación175 más amplia que
comprende además a otros procesos de integración –CAN y ALBA-, se parte de
la formulación de ciertos interrogantes claves y comunes: ¿La ampliación de las
agendas internas de los procesos de integración sudamericanos hacia la dimensión
social tiende a paliar o remover las causas estructurales de la crisis de integración
social o cohesión que expone la región? ¿Es similar la valoración que se le da
en los distintos procesos? ¿Cuáles son los factores de convergencia/divergencia
que exhiben? Por último, las acciones, estrategias y/o política que se adoptan
para la implementación efectiva de lo discursivo ¿contribuyen a la gobernabilidad
regional?
Desde la perspectiva política se utiliza a la cohesión social como sinónimo de
políticas sociales, es decir, lo que se ha dado en llamar “políticas de cohesión
social”; otros la reducen a la “lucha contra la pobreza y la desigualdad”; están
los que vinculan el concepto con el “diálogo social y con los pactos sociales”; por
último los que lo asocian con el “desarrollo”.
Por lo general los estudios y propuestas se han dirigido a medirla o describirla más
que a comprender sus causas, sin que sea ésta nuestra pretensión porque escapa
a los objetivos del trabajo. No obstante la diversidad semántica, imprecisión
del término, complejidad derivada de las variadas dimensiones analíticas y
multiplicidad de alternativas interpretativas en juego, es importante tener en
cuenta los niveles de análisis –que en este caso es el regional- y la influencia de
las interacciones de factores y variables que operan en distintas escalas -locales,
nacionales, regionales e internacionales-, pese a que nuestro análisis no da cuenta
de las particularidades locales y nacionales aunque muchas veces remite a ellas
de forma referencial.
Tanto en la literatura como en los documentos Oficiales y Agendas de los procesos
UNASUR-MERCOSUR, los conceptos cohesión/integración social, exclusión/
inclusión social, desigualdad, pobreza, aparecen muchas veces en forma de
expresión asociada y otras como términos polares, de allí que se tendrá en cuenta
su potencial heurístico a los fines de poder analizar los discursos contenidos en
esos instrumentos.
Se aborda la problemática desde dos líneas de indagación: una, orientada
al análisis de los Textos Oficiales -documentos, declaraciones, comunicados
y acuerdos- como expresión del discurso al más alto nivel político -Cumbres
175 Regionalismo Sudamericano: inclusión social, asimetrías y medioambiente en clave de mejorar la
gobernabilidad, J 11/119, acreditado ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP y
se inscribe en el marco de la Red de Formación de Posgrado e Investigación en Integración
Regional -REDFIRE III- del Programa de Políticas Interuniversitarias IV del Ministerio de Educación
de la Nación (Res.288/11SPU), “REGIONALISMO SUDAMERICANO: Viejas y nuevas problemáticas
en clave de mejorar la gobernabilidad regional”.
310 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Presidenciales-, identificando aquellos enunciados que constituyen sentido176
-pobreza/desigualdad, cohesión/integración, inclusión/exclusión y desarrollo-,
para determinar la significación y valoración que se hacen de ellos en los procesos
seleccionados. Otra, a precisar las estrategias y/o acciones instrumentales con
que cuentan estos procesos para implementar lo que se formula. Esto servirá de
base para que en una etapa posterior podamos determinar si contribuyen a la
gobernabilidad regional177.
1. La cohesión social en el discurso político
El nuevo siglo exhibe un predominio de gobiernos progresistas en el ámbito regional,
sin que ello implique orientaciones ideológicas-políticas convergentes (Mellado, 2009:
151), aunque de modo general se activa el debate sobre las políticas de desarrollo e
inserción internacional y acerca del rol del Estado como de la sociedad civil (CEPAL,
2012). Respecto a esta última, existe una actitud crítica y contestataria con el modelo
de acumulación neoliberal de finales del siglo XX que reemplazó la matriz centrada en
el Estado por la del mercado, en la que ambos se presentaban como ideas antagónicas
del mismo modo que la sociedad apareció como la negación del Estado y éste opuesto
a la sociedad (Mellado, 2011: 275-276). Empero, es posible que estas expresiones
queden atrapadas en el marco contradictorio de una modernización capitalista, en la
cual el retorno del Estado le es funcional (Acosta, 2012: 1) sin que haya una ruptura
con el modelo neoliberal.
De allí es que las transformaciones que ocurrieron en el cuadro político regional,
a partir de procesos sociales de resistencias múltiples a las políticas neoliberales,
plantean desafíos a la integración Sudamericana en cuanto a la existencia de una
voluntad transformadora.
Asimismo, existe un mayor protagonismo presidencial y un incremento de la
diplomacia de las Cumbres. Es en ellas donde los temas de interés común que se
observan en los nuevos acuerdos, atraviesan de forma transversal los procesos de
integración preexistentes como el MERCOSUR y la CAN, ya que los documentos
emanados de las mismas priorizan, entre otros temas a la cohesión social, la
inclusión, la gobernabilidad y una mayor participación social.
Bajo un discurso amplio de desarrollo humano, aparece el concepto de “cohesión
social” como eje dominante en la literatura y discurso político-social actual, no
176 Entendiendo por discurso al entramado de enunciados que constituyen sentido. La constitución
del sentido, o los sentidos, brota no sólo de qué se dice sino de quién, a quién, dónde, cómo,
desde qué posición de poder y dentro de qué entramado histórico (Susana Murillo, 2008, citando
a Foucault).
177 Conforme a Prats (2003), la gobernabilidad refiere a la capacidad de un sistema para gobernarse
a sí mismo que, no sólo se traduce en la formulación de políticas o decisiones públicas sino en su
implementación. Ver el tratamiento dado a la gobernabilidad en: Mellado Noemí B. (2010).
V. Ampliación de la agenda social | 311
sólo de los organismos regionales sino internacionales. En los distintos procesos
integrativos sudamericanos de los tratados, reuniones, documentos, declaraciones
y decisiones, surgen una serie de problemas heterogéneos con impacto social que
afectarían la “cohesión social”. Por tanto es dable plantear si esta noción, como la de
otros términos asociados, constituyen una nueva retórica (Mealla, 2011) tendiente a
naturalizar, paliar o remover las problemáticas sociales que aquejan a la región.
1.1. Desarrollo y cohesión social. La agenda internacional
En los países latinoamericanos y por parte de los organismos internacionales,
la implementación de políticas y la formulación de estrategias para generar el
“desarrollo” ha sido un tema recurrente desde la década de los años cuarenta,
aunque como categoría de análisis se generó en los países desarrollados. Al
principio la perspectiva fue economicista e indistintamente se utilizaban los
términos “desarrollo” y “crecimiento económico”. El objetivo del desarrollo no
era más que el aumento sostenido de la renta o PIB per cápita, desentendiéndose
de los efectos distributivos y sociales del crecimiento económico. El análisis se
orientó a desentrañar los obstáculos al desarrollo de los países subdesarrollados
y los problemas de su crecimiento. De esta forma se lo concibió como el objetivo
a lograr después de cumplir con las etapas que reproducirían las experiencias de
los países desarrollados, conforme a Walt Whitman Rostow.
Así fue como en sus comienzos la doctrina cepalina criticó las categorías
analíticas originadas en otras latitudes y analizó, desde una perspectiva sistémica,
la economía mundial a partir de la concepción centro y periferia, permitiendo
identificar las especificidades de las estructuras subdesarrolladas, la tendencia
al deterioro de los términos del intercambio y superar la doctrina rostowiana de
las etapas del crecimiento. El deterioro era producto del desigual reparto de los
frutos del progreso técnico que conformó un orden económico capitalista mundial
como un único sistema de relaciones económicas. En este sistema la periferia se
relacionó de forma parcial y subordinada a los intereses de los centros, produciendo
un desigual nivel de ingreso, productividad y estructuras productivas de los polos.
Las diferencias estructurales entre el centro y la periferia incidieron no sólo en
el intercambio comercial, sino también en el rezago productivo y tecnológico,
ya que en los centros es donde primero penetraron las técnicas capitalistas
de producción y el progreso tecnológico, difundiéndose en breve tiempo a la
totalidad del aparato productivo. En cambio en la periferia el progreso técnico
entró de forma lenta e irregular. En la fase de desarrollo hacia afuera, las
nuevas técnicas sólo se implantaron en los sectores y actividades vinculadas
con las exportaciones de productos primarios, de manera que quedó el resto
312 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
retrasado. En esa etapa, la periferia produjo y exportó los bienes necesarios
para los centros industriales y esa inserción impuso dos rasgos fundamentales
en su estructura productiva: heterogeneidad estructural y especialización.
La primera explica la convivencia de sectores con distintos grados de
productividad y niveles tecnológicos, y en cuanto a la especialización, devino
de ser productor y abastecedor de materias primas y alimentos. En cambio
la estructura productiva de los centros se caracterizó por ser homogénea y
diversificada. El deterioro en los términos del intercambio era superable por
un proceso de industrialización selectiva y racional, que permitiera acceder al
avance tecnológico y aumentar la eficiencia productiva. Este proceso requería
la participación activa del Estado y la ampliación del comercio intrazona
mediante la creación de un mercado común latinoamericano. El objetivo fue
lograr un desarrollo industrial endógeno y economías de escala.
Desde este prisma, la integración no implicaba aislamiento sino que trataba de
fomentar simultáneamente el comercio intrarregional, la industrialización y el
coeficiente de participación en el comercio de productos industrializados. Las
importaciones extrarregionales se intensificaban en la medida que lo requirieran
las transformaciones de las estructuras internas de las economías, variando de tal
forma la composición de las corrientes de comercio (Gurriere, 1982).
Sin embargo en los sesenta, la sustitución de importaciones al igual que el
crecimiento económico se estancaron, al tiempo que entraron en crisis las
estrategias que se habían implementado luego de la segunda guerra mundial para
resolver los problemas sociales. Así se dio paso a la teoría de la dependencia como
crítica al desarrollismo. En esta concepción, la problemática latinoamericana
se vinculó no sólo con la relación entre centro y periferia, sino también con la
interacción de capital doméstico y extranjero y con la estructura de clases en la
región (Filgueira, 2009: 35). Todos estos aspectos de alguna forma se conectaron
con la producción de pobreza. En definitiva, como afirma Furtado (1999), el
estructuralismo latinoamericano fue una teoría de las formas de dominación que
encuentra su explicación en el origen de la dependencia a la que aludieron los
cientistas latinoamericanos Enzo Faletto, Fernando Enrique Cardoso, Theotonio
Dos Santos, Pedro Paz, Samir Amin y Osvaldo Sunkel, entre otros.
Desde principios de la década de los setenta comienzaron a producirse una serie
de transformaciones de diversa naturaleza178 en el ámbito mundial, tendientes
a conformar un espacio capitalista universal en casi todos los países del globo,
178 Incluso un nuevo paradigma socioproductivo (Mellado, 2002: 230) o sociotécnico (Murillo, 2008:
55), refiriendo con ello a un modelo de desarrollo caracterizado por un conjunto de procesos
tecno-productivos -en el campo de la telecomunicaciones, informática, microelectrónica, robótica,
biotecnología y materiales-, una nueva organización, inserción y control de la fuerza de trabajo,
además de un patrón de acumulación y regulación económica-social.
V. Ampliación de la agenda social | 313
generando una nueva división internacional del trabajo cuyo rasgo central fue la
intensificación de la competencia entre países, regiones, sectores y actores sociales,
inmersos todos en una disputa por el dominio de los mercados. Precisamente
la interdependencia de los mercados y el debilitamiento del poder estatal, que
tradicionalmente enmarcara la actividad económica, dieron lugar a importantes
cambios estructurales que se tradujeron en una creciente concentración del
ingreso y acrecentamiento de la desigualdad (Mellado, 2002: 231), implicando
una ruptura con los paradigmas económicos del estructuralismo y dependentismo
(García Delgado, 2008: 1).
En ese marco se difundió la idea de la interdependencia mundial y de dar apoyo
a un ambiente internacional liberal (Banco Mundial, 1979: 2) como estrategia
defensiva contra posibles alineamientos de los países del tercer mundo (Murillo,
2008: 53)179, en virtud de la influencia que alcanzaron estos países en la economía
internacional, sobre todo durante la crisis del petróleo de los años setenta.
Se sumó la crisis de la deuda externa de los años ochenta, que dio origen a las
políticas de estabilización y ajuste estructural en la región y a una nueva ortodoxia
sobre los estudios del desarrollo desde un enfoque neoclásico (Bela Balassa, Anne
Osborn Krueger, Ian Malcolm David Little). Se dejó de lado la perspectiva de las
“necesidades básicas180” de los años setenta en la que el desarrollo promovía la
lucha contra la pobreza (Hans Singer, Paul Streeten), criticando la intervención
del Estado y las estrategias de industrialización por sustitución de importaciones.
Asimismo, se defendió la liberalización interna y la externa -apertura comercial
y financiera- de los países subdesarrollados. En este marco la acción pública
se encaminó, de manera transitoria y compensatoria, a los sectores sociales de
extrema pobreza (Midaglia, 2011).
Con el advenimiento del neoliberalismo a nivel mundial en las agendas nacionales,
regionales e internacionales, el eje se concentró en la inserción externa de las
economías, la competitividad, la apertura comercial, el predominio de las virtudes
del mercado y la reivindicación del Estado mínimo.
179 De acuerdo a la autora, “Dos factores estructurales se podían destacar en los años 1970 en los países “en
desarrollo”: por un lado, la fuerza de trabajo con diversos y crecientes niveles de educación y organización
generaba núcleos fuertes de resistencia; por otro, el incipiente desarrollo de los tradicionales países
dependientes podía generar alianzas estratégicas impredecibles, teniendo en cuenta que además esos
países poseían los insumos fundamentales para la producción de mercancías, entre ellos la energía”.
180 Desde esta visión la acción estatal debía atender los grupos con carencias concretas que veían
insatisfechas sus necesidades básicas materiales y no materiales.
314 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
El pensamiento subyacente en el modelo sostuvo que la lógica de la economía
conduce al bien común, pues la libre acción de los mercados asegura una
asignación óptima de los recursos, los agentes económicos operan con una
estricta racionalidad de medios y fines, en tanto que la distribución del ingreso
ocurre por arrastre y como efecto del derrame. Como consecuencia, se produjo
una menor distribución de recursos materiales “entendidos como la combinación
de niveles salariales, de empleo y de bienes ligados a la seguridad social...” (Acuña,
1993: 23). Sin embargo, las condiciones socioeconómicas de Latinoamérica
durante el siglo XX en lo referente a esperanza de vida, trayectoria del PBI per
cápita y alfabetización, tuvo un mejor desempeño en el período 1940/1980 que en
el período neoliberal (Astorga, et.al, 2003 y 2005). En cuanto a la acción pública
se dirigió a aquella parte de la población con necesidades socioeconómicas
insatisfechas y se caracterizó por ser focalizada, de corte multisectorial y operativa
local (CEPAL, 2006).
Sin embargo, a mediados de los años noventa, ese modelo entra en crisis por
sus propias contradicciones y sus efectos en lo económico, social, cultural y en
algunos casos en la gobernabilidad.
Las problemáticas emergentes llevaron a que en el seno de Naciones Unidas/NU se
alcanzaran una serie de acuerdos sobre temas sociales, entre los que se destacan
“Educación para Todos” (Jomtien, Tailandia, 1990), a favor de la “Infancia” (Nueva
York, Estados Unidos, 1990), “Medio Ambiente y el Desarrollo” (Río de Janeiro, Brasil,
1992), “Derechos Humanos” (Viena, Austria, 1993), “Población y el Desarrollo”
(El Cairo, Egipto, 1994), “Desarrollo Social” (Copenhague, Dinamarca, 1995) y
“Alimentación” (Roma, Italia,1996).
Por primera vez se discutieron al más alto nivel político asuntos del desarrollo social en
la Cumbre Mundial de Copenhague. En la declaración se reconoció que el ser humano
debe ser el centro de las estrategias de desarrollo y la importancia de la política
social. En cuanto a los compromisos que se asumieron, se refieren a: la creación de
un entorno económico, político, social, cultural y jurídico que permitiera lograr el
desarrollo social; erradicar la pobreza en el mundo; promover el pleno empleo y la
integración social; lograr la igualdad y la equidad entre la mujer y el hombre; el acceso
universal y equitativo a una educación de calidad y la atención primaria de la salud;
acelerar el desarrollo de África y de los países menos adelantados; velar por que los
programas de ajuste estructural incluyan objetivos de desarrollo social; aumentar y
utilizar con mayor eficacia los recursos asignados al desarrollo social; fortalecer la
cooperación internacional, regional y subregional para el desarrollo social. De esta
manera se identifican tres elementos substanciales del desarrollo social: la pobreza,
el empleo productivo y la integración social (NU, 1995).
V. Ampliación de la agenda social | 315
El entorno propicio para el desarrollo social a que se refiere el compromiso, tiene
una perspectiva nacional y una externa. La primera implica implementar políticas
macroeconómicas y sectoriales que fomenten el crecimiento y el desarrollo
económico equitativo, promoviendo la participación plena y efectiva en el mercado
de los que viven en pobreza y los menos favorecidos. Las acciones responden al
modelo neoliberal de entonces y apuntan en definitiva a ampliar el mercado a
los menos favorecidos, articulándose con las estrategias a escala internacional
de liberalización del comercio e inversiones y los nuevos temas en debate en el
ámbito multilateral de comercio. Respecto al entorno favorable externo apunta,
entre otras cosas, a la movilización de nuevos recursos financieros, el aumento de
la estabilidad financiera, la liberalización del comercio y el acceso más equitativo
de los países en desarrollo a los mercados mundiales, a las inversiones y las
tecnologías productivas (Ídem).
Con relación a la erradicación de la pobreza se enfatiza en sus aspectos
multidimensionales y en la elaboración de estrategias nacionales y locales; mejorar
el acceso a los recursos productivos, infraestructura y asegurar la atención a las
necesidades humanas básicas: entendiéndose por las mismas la nutrición, la salud,
el agua y el saneamiento, la educación, el empleo, la vivienda y la participación en
la vida cultural y social. En lo que respecta al empleo productivo, se destaca el papel
importante que juega en la reducción de la pobreza, en la identidad humana y el
desarrollo social en general (Ídem).
Estos principios y objetivos se articulaban en el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo -PNUD- que desde 1990 publicaba el informe sobre “desarrollo
humano”, en el que el desarrollo se concibe como una ampliación de las opciones
de los individuos y las personas pasan a ser el centro de atención. Esta perspectiva
se inspiró en el enfoque “de capacidades” desarrollado por Amartya Sen (2001) y
el de las “necesidades básicas”181.
En ese escenario, la noción de pobre no se reduce en su definición a la relación
con los ingresos, sino que tiene múltiples dimensiones (CEPAL, 2010: 54),
aunque las políticas sociales tienen su eje en una visión “minimista” de las
necesidades humanas de los trabajadores y sus familias y en umbrales de
ciudadanía que niegan los derechos universales (Murillo, 2008: 63-65).
En la estrategia discursiva, al cobrar la pobreza nuevos significados, reenvía el
concepto de desigualdad como el factor fundamental que la acarrea además de
reducir “el impacto positivo que ejerce el crecimiento en la lucha contra la pobreza”
(Banco Mundial, 2004), conforme a los desarrollos teóricos que sostienen que
181 Mahbub ul Haq (1976), colaborador de Streeten, uno de los pioneros de este enfoque, sostuvo que
para eliminar la pobreza de manera permanente era necesario aumentar la productividad de los
pobres, aunque para ello tienen que tener las necesidades básicas satisfechas.
316 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
una alta desigualdad tiene efectos negativos en el crecimiento económico,
tanto en su ritmo como en su sostenibilidad (Bourguignon y Walton, 2006;
Berg y Ostry, 2011).
Como afirma Murillo (2008: 65/66), la “desigualdad” alude a diversas posibilidades
de acceso a bienes, servicios y sobre todo a la probabilidad de ser reconocido
y escuchado. Cuando se menciona la desigualdad económica, apunta a aquella
situación caracterizada por la diferencia de ingresos y capacidad de consumo
entre individuos, regiones y naciones. La desigualdad política puede ser entendida
como la diferencia con que se ejercen los derechos políticos y se tiene acceso
al poder político. Finalmente, la desigualdad sociocultural expone diferencia entre
grupos poblacionales por etnia, género, ideología, capital cultural y status social.
Cada una de las formas de desigualdad se interrelacionan, haciendo más complejo
el fenómeno. De este modo, se puede combatir cierto grado de desigualdad y
mantener la pobreza por ingresos asegurando con ello algún grado de equidad.
Ahora bien, cuando los organismos internacionales plantean la necesidad de
“luchar contra la pobreza”, la relacionan también con la desigualdad: el aumento
de una provoca el incremento de la otra y el desborde de ambas genera riesgo
social.
A pesar de ello a fines del siglo XX se potenciaron las tendencias estructurales
hacia la desigualdad y concentración de la riqueza. En el año 2002 había 11
millones más de pobres respecto a los años 90, que eran 204 millones (CEPAL,
2012a: 16). Asimismo se agravó el proceso de concentración de ingresos en países
tales como Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Panamá
(CEPAL, 1999).
Frente a esta nueva situación, que mostraba una agudización de las problemáticas
sociales y el fracaso de las políticas que en la década de los noventa respondían
al Consenso de Washington, comenzó a plantearse la necesidad de aprender de
quienes se opusieron a ellas a través de las distintas manifestaciones y contracumbres, resignificando la pobreza, poniendo el acento en sus capacidades,
V. Ampliación de la agenda social | 317
no en sus carencias y en el capital social182. Paralelamente se propiciaba el
empoderamiento de los pobres y vulnerables (Murillo, 2008: 73).
En este contexto el desarrollo se reformuló atendiendo a las nuevas cuestiones sociales
tanto a nivel global, regional, nacional y en función de la dinámica de las sociedades
involucradas, dando lugar a visiones más complejas. Así, en el mes de septiembre de
2000, los Estados Miembros de ONU celebraron un nuevo acuerdo a nivel mundial
para el desarrollo, que quedó reflejado en la Declaración del Milenio. Los temas de
tratamiento colectivo fueron, además de la paz, la seguridad y el desarme, el desarrollo
y la erradicación de la pobreza, la protección del entorno común, los derechos humanos,
la democracia y buen gobierno, la protección de las personas vulnerables, la atención a
las necesidades especiales de África (A/RES/55/2). También se asumió el compromiso
de realizar un esfuerzo conjunto para revitalizar la cooperación internacional destinada
a los países menos desarrollados. Entre los ocho objetivos fijados se resolvió reducir la
pobreza a la mitad para el 2015; reducir también a la mitad la proporción de personas
que no tienen acceso a agua potable; establecer la enseñanza primaria universal para
el año 2015 e igual acceso a todos los niveles de enseñanza; detener la propagación
del VIH/SIDA y elaborar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la
oportunidad de encontrar un trabajo decente.
En la nueva terminología, los instrumentos para resolver el problema de la pobreza
tienen como eje proveer lo mínimo, de lo esencial, pero no a todos sino a los
extremadamente pobres183 y a los más vulnerables, o a quienes se consideran en
situación de emergencia transitoria como los desocupados (Álvarez Leguizamón,
2011: 260). A cambio de ello, deben cumplir ciertas condicionalidades como trabajo
gratuito y estilos de disciplinamientos vinculados a la idea de capital humano
o social; estas intervenciones se centran en los programas de transferencias
condicionadas -PTC-, tales como el de Jefas y Jefes de Hogar en Argentina y la
Bolsa Familia en Brasil.
182 El Informe sobre desarrollo mundial de 1997 menciona a cuatro pilares de la riqueza de un país:
activos naturales -dotación de recursos naturales de un país-; activos producidos -generados por
el ser humano, infraestructura, bienes de capital, financiero, entre otros-; el capital humano –
determinado por el nivel de salud, nutrición y educación- y el social, que comprende las instituciones,
relaciones y normas que conforman las interacciones sociales (Banco Mundial, 1997). Entre estos
últimos se produce la mayor parte de la riqueza de un país, de allí la importancia de estimular
la organización del capital social. Si bien no existe consenso sobre su definición, el precursor
de su análisis, Robert Putnam (citado por Klisberg, 1999: 87), lo conceptualiza como “el grado
de confianza existente entre los actores sociales de una sociedad, las normas de comportamiento
cívico practicadas y el nivel de asociatividad”. Para Klisberg la cultura está presente en todos estos
componentes básicos del capital social, “la cultura engloba valores, percepciones, imágenes, formas
de expresión y de comunicación y muchísimos otros aspectos que definen a la identidad de las personas
y de las naciones”.
183 Expresamente se reconoce que estos dispositivos de políticas sociales se focalizan en los más
pobres para acercarlos a la línea de pobreza, pero no necesariamente a superarla (CEPAL, 2009:
30).
318 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Estos programas constituyen unas de las herramientas centrales en el marco
de las políticas sociales de combate a la pobreza adoptadas en la región. Son
de carácter no contributivo que buscan aumentar los niveles de consumo de las
familias a través de transferencias monetarias y no monetarias y, al mismo tiempo,
fortalecer el capital humano de sus miembros para romper la reproducción
intergeneracional de la pobreza (CEPAL, 2009: 30)184. Así vista, la pobreza es
producto de la reproducción intergeneracional de valores y del déficit de capital
humano. Sus causas provienen de la carencia de “capacidades individuales o de los
hogares, porque no están educados o ´calificados´ para el trabajo en forma genérica”
(Alvarez Leguizamón, 2011: 261/272). En consecuencia, ella plantearía un
problema individual, no social, como resultado de las características particulares
de las relaciones sociales y las estructuras económicas y de desigualdad que no
sólo la producen sino que la reproducen. De esta manera, a través de la política
se naturaliza la desigualdad al no cuestionarse los mecanismos básicos de su
generación y pasan a ser las víctimas de las causas de su origen. En esta visión
influyó la perspectiva de pobreza de Amartya Sen (2001) como carencia de
capacidades y no de bienes.
Tanto en los Objetivos de la Declaración del Milenio como en el compromiso
de la lucha contra la pobreza, existe un consenso respecto a la necesidad de
conformar una agenda social de la globalización frente a los efectos indeseables
de la economía global en la etapa actual del capitalismo, por lo que los Estados
nacionales asumen un papel de “protector social” (Halperin, 2011: 3).
Aunque las estrategias emprendidas no lograron los resultados esperados
(NU, 2005), el “desarrollo sostenible” en sus aspectos económicos, sociales y
ambientales pasa a ser un elemento fundamental del marco general de las
actividades de las NU (A/Res/60/1).
De esta manera, se asiste a una reformulación de la concepción misma del desarrollo
en la que se acentúa su componente ético y la “cohesión social” adquiere especial
significación, ubicándose en el centro de las políticas públicas para enfrentar
los graves males que aquejan a la sociedad: pobreza, indigencia, exclusión,
desigualdad y discriminación que impone la “heterogeneidad estructural” (CEPAL,
184 Se dirigen a las familias que tienen uno o más hijos menores de edad, con la condición de
que cumplan con condiciones vinculadas al mejoramiento del capital humano. También varios
programas comprenden a los discapacitados o adultos mayores. Las conductas requeridas por los
PTC se relacionan principalmente con las áreas de educación, salud y nutrición. Además, algunos
programas proveen transferencias en especies, tales como suplementos alimenticios y/o útiles
escolares, así como servicios en los ámbitos de educación y salud entre los cuales se cuentan las
charlas educativas, informativas y de orientación y consejería (CEPAL, 2009: 116).
V. Ampliación de la agenda social | 319
2012)185 como característica propia de las sociedades periféricas “sometidas a las
leyes del subdesarrollo capitalista y la globalización de la economía mundial” (Savia,
2011: 131).
Esas problemáticas adquieren particular relevancia en las agendas sociales al
punto que en el documento final de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo
Sostenible (2012), se expresó que la erradicación de la pobreza es el mayor
problema que afronta el mundo y que “es necesario liberar con urgencia a la
humanidad de la pobreza y el hambre”. Se reafirma la importancia de apoyar a los
países en desarrollo en su lucha, promoviendo el empoderamiento de los pobres
y las personas en situación vulnerable, advirtiendo que para ese fin y contribuir
al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio “es esencial contar con sistemas
de protección social que encaren y reduzcan las desigualdades y la exclusión social”.
1.2. La cohesión social en América Latina
En Europa desde los años ochenta la cohesión social ha sido un objetivo de las
políticas sociales, que promueve indicadores de medición (CEPAL, 2007) que le
permitan definir algunas políticas públicas. En la década posterior adquiere una
mayor importancia agregándose a la agenda trasnacional. Pese a ello se sostiene
su imprecisión conceptual (Bossío Rotondo, 2007; Freres-Sanahuja, 2006).
En sus negociaciones con Latinoamérica los europeos introdujeron este concepto
como condición para el establecimiento de relaciones entre ambas regiones.
Ella se incluyó en la III Cumbre de la Unión Europea -UE- América Latina y el
Caribe -ALyC- realizada en Guadalajara (CLAES, 2004), en la que figuró como
uno de “los principales elementos de la asociación estratégica” (Punto 50) sin que se
establecieran mayores delimitaciones conceptuales (Mellado, 2011a: 59)186. Las
185 La CEPAL destaca dos características particulares de la estructura económica y social de la
región: la alta heterogeneidad de la estructura productiva y los elevados niveles de desigualdad
en diversos ámbitos que suelen resumirse en elevados índices de desigualdad de los ingresos. La
heterogeneidad estructural constituye un elemento central a tener en cuenta en la formulación
de políticas que tengan como objetivo armonizar el aumento del crecimiento y la igualdad. Los
ingresos de los trabajadores son un eslabón fundamental que vincula la heterogeneidad estructural
y la desigualdad del ingreso. Las políticas que enfatizan el aspecto de los salarios como costos de
producción tienden a incidir en una mayor desigualdad. Su continuidad como tendencia de largo
plazo en regiones donde existe mucha desigualdad, como América Latina y el Caribe, no sólo
es cuestionable por razones éticas sino que hace peligrar la sostenibilidad social de las pautas
preponderantes del crecimiento económico.
186 Se pronunciaron en forma consensuada respecto a cohesión social -combatir la pobreza,
desigualdad y exclusión social en AL- y el multilateralismo. Se presentó el programa EUROsociAL
(Mellado, 2011a).
320 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
problemáticas sociales continuaron como centro de atención birregional en las
Cumbres de Lima, 2008187 y Madrid, 2010188.
Por su lado, el Consejo de Europa define a la cohesión social como: “la capacidad de
una sociedad de asegurar el bienestar de todos sus miembros minimizando disparidades
y evitando la polarización. Una sociedad cohesionada consiste en una comunidad de
individuos libres que se apoyan en la búsqueda de estos objetivos comunes bajo medios
democráticos” (Council of Europe, 2005). Es decir, el logro del bienestar para
todos a través de la reducción de las desigualdades debe ser un objetivo común de
los miembros de la sociedad, esto es la responsabilidad compartida. El discurso
es coherente con la tradición de la ciudadanía social que exhiben los europeos en
su cultura de derechos sociales (Sorj y Tironi, 2007: 109) y presupone un Estado
que garantice a los ciudadanos el acceso a los diferentes bienes y recursos.
Cualesquiera sean las razones, lo cierto es que en esta región aparece como una
respuesta a los requerimientos del intercambio comercial con Europa, suscitando
entre los gobiernos diversas posiciones respecto a estas relaciones189.
Acorde con lo que acontecía a nivel mundial, la CEPAL a partir del 2006 planteó la
idea de llevar a cabo políticas para la cohesión social exponiendo una importante
producción intelectual al respecto. Aunque se lo acepta como un concepto en
construcción, se lo asocia con otros términos como capital social, integración,
inclusión y práctica social. Lo define como “la dialéctica entre mecanismos instituidos
de inclusión/exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la
ciudadanía frente al modo en que ellos operan” (CEPAL, 2007: 1) e incorpora en esta
conceptualización tanto la dimensión estructural como la subjetiva, esto es, las
percepciones y valoraciones de los individuos para mostrar su grado de confianza
y adhesión al sistema político y socioeconómico. Incluso, promueve un nuevo
contrato social en los países y establece para su medición una serie de indicadores
semejantes a los europeos. Aquí la noción de cohesión se vincula con el objetivo de
lograr la gobernabilidad (Ídem: 9) para las reformas a implementar, sin modificar
la naturaleza neoliberal del modelo de desarrollo. Se elude en su visión la lógica
del conflicto social, sus distintos actores y el modelo económico que son centrales,
según Ballón (2008: 16), para poder comprender las problemáticas que encierra
187 Confluencia en torno al desarrollo sostenible y a la erradicación de la pobreza, desigualdad y
exclusión social (Ibídem).
188 Giró en torno al lema “Hacia una nueva etapa de asociación birregional: innovación y tecnología para
el desarrollo sostenible y la inclusión social”. Establecimiento de un Plan de Acción 2010-2012 y
lanzamiento del programa MIAL -Fondo de 125 millones de euros que permitirá a instituciones
financieras canalizar recursos para obras de interconexión, infraestructura energética, energías
renovables, medio ambiente y cohesión social- (Ibídem).
189 Ver, MELLADO Noemí Beatriz (2011a). “Unión Europea-América Latina y El Caribe: Un futuro
incierto en la asociación birregional” y MELLADO Noemí Beatriz (2010). “La Unión Europea y la
Integración Sudamericana, espacio político birregional”.
V. Ampliación de la agenda social | 321
la cohesión en la región. De modo coincidente Álvarez Leguizamón (2011: 278)
sostiene que en esta perspectiva, pese a reconocer a la fragmentación social, la
desigualdad económica y la diversidad cultural, se invisibiliza el conflicto social y
no se promueve la modificación de las estructuras sociales que producen pobreza.
En América Latina la utilización de este término es reciente y generó un amplio
debate en las ciencias sociales desde diferentes perspectivas -económica, política,
antropológica y sociológica-, aunque no fue factible definirlo de un modo preciso
(Jarquín, 2007: 29-34; Tironi, 2007: 28-87, Ballón, 2008: 11-26) y se tornó más
complejo (Beauvais y Jenson, 2002: 2).
Algunos involucran en el análisis de la cohesión social a otra categoría analítica
-exclusión social- (Cohen, 2011: 89) sosteniendo que la primera alude “a la idea
de reunión o adherencia de las partes en un todo…”, esto es a la unión, al consenso;
en cambio la exclusión apunta a las “incompatibilidades” y puede darse cuando
se “impide a alguien formar parte de un todo o porque se aleja o quita a alguien de un
lugar que ocupaba o pertenecía”. Ambas son especies contradictorias unidas en
lo social. Contrariamente, Sorj y Tironi (2007: 120) manifiestan que la categoría
analítica por oposición no es la exclusión social, sino la desintegración social o la
anomia. En consecuencia, la anomia y la desintegración social como su antítesis
-la cohesión-, son fenómenos sistémicos que involucran a la sociedad como un
todo. Por el contrario, la inclusión o exclusión se refieren a un asunto más limitado
como es “el acceso relativo de ciertos grupos a los recursos sociales y/o al bienestar
que resulta de ellos, así como a las percepciones que tienen los individuos o grupos, a
partir de lo anterior, de su posición relativa dentro del ordenamiento social”.
Estas posturas acercan al concepto clásico de cohesión social elaborado por Emile
Durkheim (2007). En esta visión el orden social es resultado de la solidaridad
social, la que se diferencia en mecánica y orgánica. Respecto a la primera apunta a
la división social del trabajo y cuando menor es ésta, mayor es la vinculación de los
individuos con el grupo social, es decir, existe una fuerte conciencia colectiva. En
cambio, cuando predomina la división del trabajo como en las relaciones sociales
complejas, la solidaridad es orgánica por la interdependencia de los conflictos.
Así, la cohesión es el resultado pero también un factor de realimentación de la
división del trabajo como fuente de solidaridad social. Por tanto, esta última
se teje en espacios donde interactúan las personas, donde hay coexistencia
determinada por la conciencia colectiva. Estas relaciones solidarias se fundan
en similitudes, relacionadas con el territorio, las tradiciones y los usos grupales,
y en las diferencias que tienen los agentes sociales. La conciencia colectiva es
la generadora de la solidaridad y en las sociedades tradicionales esa conciencia
común es más sólida que en las modernas, donde sus miembros son solidarios, no
tanto por conciencia sino por división del trabajo o por necesidades funcionales.
322 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
De modo divergente, para el funcionalismo norteamericano de Talcott Parsons
(1988), la diferenciación social la marcan los valores morales comunes, sobre la
base de que la sociedad es un sistema de roles que el factor cultural es el que
socializa a los individuos en los valores que garantizan las funciones globales de
la reproducción social. En esa concepción la cohesión termina siendo la resultante
de formas privadas de interacción, en la que la integración social es un hecho
privado y básicamente subjetivo (Ballón, 2008).
Desde la perspectiva de Durkheim, afirma Halperin (2011), el concepto de
cohesión “pretende reflejar un grado mínimo de estabilidad o equilibrio dentro de la
estructura social”, entonces ella caracterizaría “al estado de situación apto para
garantizar la continuidad del organismo social o –como diríamos actualmente- para
garantizar el funcionamiento de los sistemas sociales de estratificación y poder”.
Cuando un problema social por su envergadura “desarticula las relaciones de
convivencia extendidas y produce un efecto indeseable sobre la continuidad del
funcionamiento de los sistemas instituidos, se suele reflejar teóricamente como
´anomia´, o degradación o ausencia de la cohesión social”.
En las sociedades complejas la modernización puede conducir a una carencia
de solidaridad social, esto es a la anomia, que consiste en un desajuste social
que se caracteriza por un escaso nivel de integración social. Esa situación está
motivada, entre otras circunstancias, por la carencia de solidaridad y su escasa
conciencia colectiva. En consecuencia, la oposición analítica a la cohesión es la
desintegración social o la anomia, como sostienen Sorj y Tironi (2007: 120). En
el sentido clásico que le da Durkheim “...la anomia resulta de una sociedad incapaz
de ofrecer a los individuos un marco normativo externo que ponga limite a sus deseos
y pasiones, los lleve a sentirse partes de un todo, y conforme al cual puedan organizar
rutinariamente sus vidas”.
Sostiene Barba Solano (2011: 69) que la cohesión indica “la naturaleza de los
vínculos sociales que permiten a los individuos experimentar un sentido de pertenencia
social...” y si no se relaciona con la desigualdad, sólo se apunta a patrones básicos
de cooperación social y a conjunto de valores colectivos que funcionan como una
estructura vinculante, sin ser una sociedad igualitaria e incompatible con un Estado
mínimo. En cambio, cuando se incluye la noción de desigualdad, la cohesión
es vista como un atributo de sociedades que comparten valores igualitarios y
desarrollan estrategias, políticas e instituciones para reducir las desigualdades
sociales, requiriéndose un papel activo del Estado. De allí que en América Latina
ambos conceptos deben articularse.
Los niveles y las formas de desigualdad son incompatibles con cualquier camino
posible de desarrollo humano, porque afectan a un conjunto de dinámicas
sociales, económicas y políticas que inhiben la constitución de círculos virtuosos
V. Ampliación de la agenda social | 323
entre las diferentes esferas del desarrollo (Filgueira, 2009: 175). En este entorno
se cuestiona la posibilidad de pensar en un proyecto de cohesión social para la
región, teniendo en cuenta que ella no es un todo homogéneo, aunque existe un
consenso internacional sobre la necesidad de reducir las desigualdades por medio
de acciones específicas de combate a la pobreza.
Sin embargo, la preocupación por los pobres no promueve el cambio de las
estructuras sociales ni de las relaciones que las producen y reproducen como
tampoco de la exclusión. Como destacan Cimadamore y Cattani (2008: 10),
la pobreza y la desigualdad habitualmente están íntimamente ligadas, se
retroalimentan y reproducen en la medida que las condiciones políticas, económicas
y sociales sean favorables para ello; “esa interacción tiende, además, a consolidar los
efectos sociales nocivos de su conjunción”. Por eso que el crecimiento económico
que se registró en los últimos años en varios países, no implicó una disminución
significativa de la pobreza, por la sencilla razón de que la reserva de bienes ha
sido distribuida en forma tan desigual que sus efectos estructurales tienden a
concentrar por inercia las ganancias, en grupos reducidos de la población. Ello
condiciona cualquier objetivo de reducción de la pobreza a la vez que consolida o
incrementa la desigualdad.
También se plantean ciertos interrogantes cuando se alude a lograr algún resultado
de integración social frente a signos de anomia, desintegración y disrupción
social: ¿Cuál es su significado? ¿Apunta al funcionamiento del sistema tratando
de recuperar el grado de cohesión social preexistente? ¿O se refiere a reformular
las condiciones de la integración social sobre nuevos fundamentos de convivencia?
(Halperin, 2011).
Evidentemente el significado que adquiere esta apelación está íntimamente
relacionado con el modelo de desarrollo que se adopte y en este sentido es
elocuente lo que expresa Mealla (2011: 7) “al menos que se conecte decididamente
con otra estrategia de desarrollo que deje atrás la mayor desigualdad del planeta, no
será más que un complemento amortiguador del rumbo de la economía imperante….
”. En similar sentido Filgueira (2009: 177) sostiene que las metas del milenio
sólo serán reales si se comprende que hay que cambiar las dinámicas profundas
que producen los valores de los indicadores que se pretenden reducir, sino las
estrategias específicas de combate a la pobreza sólo serán paliativos localizados
sin cambiar los procesos que generan y reproducen esas situaciones (Cattani,
2011: 56/57).
El contexto de globalización, el concepto de desarrollo, la inserción internacional
y las realidades de la solidaridad también están sujetos a deconstrucción. La
reorientación del desarrollo significa que no puede concebirse más como sacrificio
324 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
de los pueblos en aras del incremento en el PIB o de la mejora engañadora del
ingreso per cápita. En este marco, la inserción internacional adquiere significación
en donde la integración se plantea como una alternativa funcional a la economía
mundial globalizada o como un proyecto consensual de desarrollo regional, en
el que se consideren las asimetrías propias de la región, construyendo políticas
sobre la base de las similitudes y diferencias desde el principio de solidaridad.
1.3. Posibilidad de una agenda regional
Es posible identificar dos posturas respecto a la alternativa de implementar
agendas sociales regionales.
Una, la de Di Filippo y Franco (1999), que sostienen que a medida que los
procesos de integración se profundizan, la integración social se acrecienta a
través de compromisos y mecanismos que permiten vincularse con la sociedad
civil, distinguiendo varios niveles:
• “acciones de consulta y cooperación”, que sólo expresan propósitos
compartidos de adoptar acciones convergentes o coordinadas en lo social;
• “órganos de representación social y política”, son compromisos y mecanismos
orientados a asegurar la representación e influencia de la sociedad civil sobre
la marcha del proceso;
• “derechos y garantías comunitarios”, sugiere compromisos y mecanismos
tendientes a la construcción de espacios sociales;
• “mecanismos y recursos supranacionales”, encaminados a acrecentar la
cohesión social en el área integrada y se conforman por compromisos
obligatorios que se traducen en una normativa supranacional emanada de los
organismos comunitarios y en la asignación de recursos económicos.
Desde esta posición es posible elaborar e implementar agendas regionales
destinadas a neutralizar los problemas sociales que afectan la cohesión. También
desde lo retórico se avala esa postura puesta de manifiesto en los últimos años del
siglo XX y en la actualidad, como producto del creciente consenso a nivel mundial
sobre la necesidad de reducir los efectos de los problemas sociales expresado
por los gobiernos, organizaciones internacionales y regionales y los diversos
grupos sociales que llevó a ampliar la agenda temática interna de los procesos de
integración.
V. Ampliación de la agenda social | 325
La otra perspectiva expresa que, ante la presencia de los Estados nacionales, no
parece tener sentido práctico esta pretensión190 ya que en “el capitalismo tardío
los Estados nacionales están muy lejos de declinar sus competencias para combatir
los problemas sociales. Por el contrario, parecería que es ésta una de sus principales
competencias: neutralizar dentro de sus respectivos territorios los efectos indeseables
de la economía globalizada” (Halperin, 2011). Pese a ello y con la finalidad de
dar una respuesta sobre la pertinencia de implementar agendas sociales en los
esquemas de integración económica, sostiene el autor la necesidad de precisar
las heterogéneas invocaciones efectuadas en los documentos oficiales y sugiere
identificar tres manifestaciones “sociales” relacionadas con las acciones de
integración económica, ellas son:
(a) Efectos o impactos sociales benéficos imputables al cumplimiento de las
metas comerciales y económicas propias de las distintas organizaciones o
esquemas de integración. Ello requiere necesariamente incorporar criterios de
impacto social dentro de la negociación de los mecanismos e instrumentos de
integración económica.
(b) Cooperación y complementación entre oficinas de los Estados que a su vez
son miembros de organizaciones o esquemas de integración, a propósito del
tratamiento de cuestiones con particular incidencia social, siendo compatible
con el primer nivel de Di Filippo y Franco.
(c) Por último, la programación conjunta o al menos coordinada de iniciativas
de integración económica y comercial, por un lado, con otras de integración
física. Tal ensamble está marcando un camino para compatibilizar actividades
productivas con el desarrollo regional y local.
Por tanto esta propuesta no desecha totalmente la posibilidad de una agenda
social al establecer algunas enunciaciones temáticas como disparador de futuras
investigaciones.
2. La creación de la UNASUR
Frente a la alternativa de que EEUU acogiera a otros países latinoamericanos en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte –TLCAN- (1992), Brasil impulsó
190 Afirma Halperin (2011) que: “para enhebrar una sociología transnacional que refundase las teorías
clásicas aplicadas al análisis de las sociedades nacionales, habría que suponer la existencia de un
sentido de pertenencia y de referencia que vinculara a los sujetos sociales con una entidad transnacional
apta para darle sentido a esa construcción teórica. Pero ¿cuál entidad transnacional? Bastaría evocar el
contexto transnacional caracterizado como capitalismo tardío o economía globalizada para comprender
la vaciedad de una propuesta semejante. Si algo caracteriza a las teorías sociológicas en la época
actual es el reconocimiento de la dificultad para encontrar una cosmovisión con la aptitud de orientar los
comportamientos individuales de los sujetos globalizados”.
326 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
la iniciativa de convergencia entre la CAN y el MERCOSUR, proponiendo en 1993
la creación del Área de Libre Comercio Suramericana –ALCSA-.
Esta propuesta se transformó en la Comunidad Sudamericana de Naciones -CSN(2004), por la que la región se comprometió a impulsar “la concertación política
y diplomática”, además de la convergencia entre MERCOSUR, CAN y Chile, para
lograr una zona de libre comercio a la que se asociarían Surinam y Guyana,
quedando integrada por doce países sudamericanos. La conformación de una
amplia zona geoeconómica en el Cono Sur formaba parte de una estrategia de
política internacional de Brasil tendiente a lograr un mayor posicionamiento
político hemisférico frente a EEUU y sus iniciativas.
Posteriormente se transformó la CSN en la UNASUR (2008), como actor
político subregional cuyo objetivo general es conformar “de manera participativa
y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y
político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales,
la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre
otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la
participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados”, y promover el diálogo
político con miras a la concertación para reforzar la integración suramericana y su
participación en el escenario internacional (art.2 y 3). De ese modo, la UNASUR
nace con un preponderante perfil político que incluye su proyección internacional
(art.15).
2.1.
Construcción de una agenda social en la UNASUR
Cuadro N º1: Las Cumbres Sudamericanas
PrinciPales Temas
Pobreza/DesigualDaD,
cohesión/inTegración
inclusión/exclusión
Pobreza y marginalidad amenazan la estabilidad institucional. Erradicación de la pobreza
absoluta y disminución de las
desigualdades.
Desarrollo
Derecho a una vida
digna, como derecho
inalienable de la persona.
acciones/insTrumenTos
Definir un programa de acción pública regional para
enfrenten a los desequilibrios
en la distribución de la riqueza.
(I Reunión de Presidentes
de América del Sur, Brasilia
1/9/00)
V. Ampliación de la agenda social | 327
Combate a la pobreza y la exclusión social.
Respeto de los derechos humanos incluyendo el derecho al
desarrollo.
Armonización legislativa en
materia migratoria.
(II Reunión de Presidentes de
América del Sur, Guayaquil,
27/7/02)
Lucha contra la pobreza, el
hambre, la generación de empleo decente y acceso de todos
a la salud y a la educación.
Se deberá asegurar una equitativa distribución del ingreso,
el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social.
La promoción del desarrollo
económico,
no puede reducirse a
políticas de crecimiento eco-nómico. Promoción del desarrollo
sostenible.
Se crea la CSN.
(III Reunión de Presidentes
de América del Sur, Cusco,
8/12/04)
Áreas
prioritarias:
medio
ambiente;
asimetrías;
promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de
la justicia social.
Promoción de la calidad de vida, generación de trabajo decente, justa distribución
del ingreso y extensión
de beneficios sociales.
Programa de acción para el
desarrollo social. Plan de Cooperación en Innovación, Investigación y Desarrollo.
(I Cumbre de Jefes de Estado
de la CSN, Brasilia, 30/9/05)
Resolver los flagelos de: pobreza, exclusión y desigualdad
social. Nuevo Contrato Social
Sudamericano.
Ciudadanía
Sudamericana. Migraciones.
Participación ciudadana en
la formulación de políticas de
integración. Cooperación para
una mayor equidad, reducción
de la pobreza, disminución de
las asimetrías.
Reconocer el derecho
al desarrollo como un
derecho sustantivo de
los derechos humanos.
Integración con rostro
humano articulada con
la agenda productiva y
se exprese en metas
de desarrollo social
El eje del desarrollo social
y humano incluyente se estructurará en torno a cuatro
mecanismos: Metas de Desarrollo Social Regional; Cooperación Técnica Horizontal;
Fondo y Observatorio Regional para el Desarrollo Social
y Humano Incluyente.
(II Cumbre de Jefes de Estado de la CSN, Cochabamba,
9/12/06)
328 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Creación de un espacio de integración y unión en lo cultural,
social, económico y político
entre los pueblos, otorgando
prioridad al diálogo político,
las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el
medio ambiente, entre otros,
para eliminar la desigualdad
socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la
democracia y reducir las asimetrías.
Desarrollo social y humano para erradicar
la pobreza y superar
las desigualdades y las
asimetrías.
Se aprueba el Tratado Constitutivo de la UNASUR.
(Reunión Extraordinaria del
Consejo de de Jefas y Jefes de
Estados y de Gobierno de la
UNASUR, Brasilia, 23/5/08)
Priorizar las acciones en vulnerables, excluidos, y en las
áreas geográficas de alto
riesgo (Chaco Sudamericano,
Highland, Amazonas, del Escudo Guayanés, entre otros)
La salud es un derecho fundamental de
los seres humanos y
la sociedad y es un
componente vital y del
desarrollo humano. La
Salud, como bien público respecto a la sociedad en su conjunto,
Creación del Consejo de Salud de América del Sur (UNASUR Salud) como foro de
consulta y cooperación.
El objetivo general es consolidar un espacio de integración
que contribuya a la salud para
todos y salud para el desarrollo. Además promover políticas comunes; actividades de
coordinación y cooperación
entre los países; reducción
de las disparidades entre sistemas sanitarios, entre otras.
(Ext. de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, Salvador
de Bahía, Brasil, 16/12/08)
V. Ampliación de la agenda social | 329
Adecuada seguridad alimentaria y nutricional evidencia
la conveniencia de trabajar
en conjunto contra la desigualdad. Compromiso en la
construcción de la ciudadanía Sudamérica abordando el
tema de migraciones.
La crisis del sistema
económico financiero,
trae
consecuencias
negativas para el crecimiento de la economía
de los países emergentes. Frente al deterioro
del bienestar básico
de los ciudadanos se
debe impulsar un desarrollo sostenible sobre la base de libertad
e inclusión social.
Creación, de los Consejos Suramericanos de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología
e Innovación y de Desarrollo
Social de la UNASUR, como
instancia de diálogo, reflexión, coordinación y cooperación sobre desarrollo social
y humano integral. Las políticas sociales regionales serán
integrales y complementarias. Promover la centralidad
de la coordinación y articulación, tanto horizontal como
vertical, de las políticas. (III
Reunión Ord. Del Consejo de
Jefas y Jefes y de Gobierno,
Quito, Ecuador, 10/8/09)
Tratamiento a la certificación
de calidad de la educación universitaria.
Impulsar el proceso
de integración en los
aspectos más urgentes para el desarrollo
humano de sus poblaciones.
Aprobación del Plan Estratégico Quinquenal 2010-2015
del Consejo de Salud Suramericano. Aprobación del
Plan de Acción del Consejo
de Desarrollo Social –CDS(Ext. Del Consejo de Jefas y
Jefes de Estado de la UNASUR, Los Cardales, 4/5/10)
Compromiso con el desarrollo
social y humano con equidad
e inclusión, y en armonía con
la naturaleza para erradicar la
pobreza, reducir las asimetrías
y superar las desigualdades.
Promoción del desarrollo sostenible de sus
recursos naturales, inclusive los bosques.
(IV Ord. Del Consejo de jefas
y Jefes de Estado y de Gobierno. Georgetown Guyana.
26/11/10)
330 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Persisten índices de desigualdad elevados que afectan la
dinámica de la reducción de la
pobreza y mantienen excluidos
de los beneficios de la expansión económica a los más vulnerables.
La integración es instrumento de reducción
de la pobreza y de inclusión social. Es necesario para avanzar
en el desarrollo sostenible y el bienestar
de los pueblos y contribuye a resolver los
problemas de pobreza,
exclusión y desigualdad social.
“Declaración de 28 de julio:
Compromiso de la UNASUR
contra la desigualdad”. Formulación de políticas públicas dirigidas a eliminar la
desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social
y procurar la participación
ciudadana. Establecer una
Agenda de Acciones Sociales
prioritarias que contribuya a
reducir las asimetrías y brechas de carácter estructural
y romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. (Ext. de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno, Lima,
Perú, 28/7/11)
Enfrentar los desafíos en materia de cohesión e inclusión
social y la reducción de las asimetrías.
Consolidar un espacio
común de integración
para un desarrollo sostenible, que permita
enfrentar las crisis.
(V Reunión Ordinaria de Jefas
y Jefes de Estado y de Gobierno, Asunción, 29/10/2011)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Documentos Oficiales.
Del relevamiento de la identificación de enunciados que constituyen sentido en los
documentos oficiales producto de las Cumbres regionales es posible diferenciar
cuatro instancias:
a) La primera discurre en las Reuniones de Presidentes de América del Sur
(Brasilia, 1 de septiembre de 2000 y Cusco, 8 de diciembre de 2004).
Frente al drama de la pobreza y de la distribución de la riqueza, “la
inclusión social”, sin aparecer su término de manera explícita, es “el
resultado del combate a la primera y la disminución de desigualdades”.
También consideran que ambas “amenazan la estabilidad institucional”,
esto es que generan riesgo social y afectarían a la gobernabilidad regional,
tal como se puso de manifiesto en algunos países de la región.
Respecto al “desarrollo”, se lo incluye bajo el paraguas de los derechos humanos
y por la Declaración de Cochabamba, producto de la II Cumbre de Jefes de Estado
de la CSN, de diciembre de 2006, expresan la necesidad de establecer un nuevo
contrato social sudamericano para promover la “integración con rostro humano”
articulada con la agenda productiva, que se exprese en metas definidas de
V. Ampliación de la agenda social | 331
desarrollo social y con la participación ciudadana en la formulación de políticas de
integración. Las “acciones” se limitan a la “cooperación” en cuanto a la búsqueda
de una mayor equidad, reducción de la pobreza, disminución de las asimetrías,
“la elaboración de una política y agenda en materia de salud y la promoción del
desarrollo social y humano incluyente”.
b) La segunda se inicia con la III Cumbre Presidencial Sudamericana de
Cusco, que crea la CSN. En ella los términos “cohesión e inclusión social”
aparecen por primera vez en el discurso oficial, pese a que el concepto
de cohesión ya había sido incorporado a través de la III Cumbre de la
UE-ALyC realizada en Guadalajara -mayo de 2004- y pasó a ser uno de
“los principales elementos de la asociación estratégica” birregional (Punto
50), como ya se expresara. Luego se lo retoma al definirse las áreas de
acción prioritaria en la I Cumbre de Jefes de Estado de la CSN de Brasilia
-30 de setiembre de 2005- y en la V Reunión Ordinaria de Jefas y Jefes de
Estado y de Gobierno de la UNASUR, Asunción -29 de octubre de 2011-.
También se sostiene que la “promoción del desarrollo económico no puede
reducirse a políticas de crecimiento económico”.
c) La tercera comienza con la aprobación del tratado constitutivo de la
UNASUR -23 de mayo de 2008-. Se reafirmó la necesidad de un “desarrollo
social y humano” para erradicar la pobreza y superar las desigualdades
y las asimetrías de la región, priorizando las acciones en los vulnerables
y excluidos, así como las áreas geográficas de alto riesgo como el Chaco
Sudamericano. A la salud se la concibió como un bien público respecto
a la sociedad en su conjunto, es decir “salud para todos y salud para
el desarrollo”. Conforme a estos propósitos deciden crear el “Consejo
de Salud de América del Sur (UNASUR Salud) como foro de consulta y
cooperación”, además de promover políticas comunes, actividades de
coordinación y cooperación entre los países, reducción de las disparidades
entre sistemas sanitarios, entre otras.
Frente a la crisis internacional establecen la necesidad de impulsar un “desarrollo
sostenible” sobre la base de libertad e inclusión social. Crean los “Consejos
Suramericanos de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación y el
de Desarrollo Social de la UNASUR”, como instancias de “diálogo, reflexión,
coordinación y cooperación sobre desarrollo social y humano integral”. Las
políticas sociales regionales serán integrales y complementarias y promueven “la
centralidad en la coordinación y articulación, tanto horizontal como vertical”.
d) En la Cumbre Extraordinaria de Lima en el 2011 se establece la necesidad
de una agenda de acciones sociales prioritarias, que contribuya a “reducir
las asimetrías y brechas de carácter estructural y romper la transmisión
332 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
intergeneracional de la desigualdad y pobreza”. Este significante estuvo
influenciado por los PTC adoptados en los países de la región como
herramienta central en el marco de las políticas sociales de combate a la
pobreza. Como se manifestara, tienen carácter no contributivo tendiente
a aumentar los niveles de consumo de las familias y deben fortalecer el
capital humano de sus miembros con el propósito de evitar la reproducción
intergeneracional de la pobreza (CEPAL, 2009: 30). En el año 2012
aprueban el Plan Estratégico Quinquenal 2010-2015 del Consejo de Salud
Suramericano y el Plan de Acción del Consejo de Desarrollo Social -CDS-.
3. Construcción de una agenda social en el MERCOSUR191
La dimensión social del MERCOSUR se aborda a partir del análisis de los
Documentos oficiales emanados de las Reuniones Cumbres. Se circunscribe
al seguimiento en particular de los términos pobreza/desigualdad, cohesión/
integración, inclusión/exclusión y desarrollo, con el fin de advertir su incidencia,
jerarquía y prioridad en la agenda de este proceso de integración. Del mismo modo
se tratan las estrategias planteadas en función de una nueva agenda social y las
instituciones, instrumentos y acciones que han sido adoptados para su superación
e implementación efectiva. Ello servirá de base para que en una etapa posterior se
pueda determinar si contribuyen a la gobernabilidad regional.
A partir de esta indagación se pudo identificar la valoración asignada a la dimensión
social por este proceso. Para ello se analizaron Comunicados y Declaraciones de
los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Asociados- emitidos con
ocasión de las Reuniones del Consejo Mercado Común -CMC-, en las llamadas
Cumbres presidenciales, desde la Primera -Brasilia, 1991- hasta la última - X
Extraordinaria, Brasilia, julio 2012-.
En las primeras reuniones Cumbres se marca el carácter meramente económico
comercialista que adquiría el proceso de integración. A pesar de que desde el
Tratado de Asunción se planteaba una integración que contribuyese en forma
destacada a la promoción del “desarrollo económico con justicia social”, estableciendo
como prerrequisito la ampliación de las dimensiones de los mercados nacionales
(Preámbulo), conjuntamente con la “necesidad de promover el desarrollo científico y
tecnológico de los Estados Partes y de modernizar sus economías para ampliar la oferta
y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes”192. De este modo, como afirma Mellado, (1995: 35) el tamaño
del mercado se convertía “en condicionalidad o motor de desarrollo económico con
191 La autoría del apartado tres (3) es de María Luciana Ali.
192 Tratado de Asunción 1991. En http://www.mercosur.int/
V. Ampliación de la agenda social | 333
justicia social y el mejoramiento de la calidad de vida…” se obtendría “con el aumento
cuantitativo y mejoramiento cualitativo de la oferta de bienes y servicios”, denotando
la naturaleza intrínseca mercantil del modelo. Hasta la firma del Protocolo de
Ouro Preto (1994) el espacio social quedó relegado solamente a los aspectos
laborales, canalizados a través de la creación del Subgrupo de Trabajo de
Relaciones Laborales, Empleo y Previsión Social subordinado al Grupo Mercado
Común -GMC- (SELA, 2008) y a la conformación de la Reunión de Ministros de
Educación y Cultura 193.
Apenas a partir del año 2000 la dimensión social adquiere presencia en los
Documentos Presidenciales. Se incorpora una nueva terminología enmarcada por
un contexto internacional que planteaba la necesidad de priorizar problemáticas
sociales tales como hambre, pobreza y desarrollo sustentable, en función de los
compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas del año
2000194.
Estos compromisos se plasmaron en los Documentos oficiales, destacando en ellos
los avances alcanzados en esta materia por los diversos organismos Internacionales
(NU, Organización Internacional del Trabajo -OIT-, CEPAL, Organización de Estados
Americano -OEA-), y su participación como bloque regional en diversas Reuniones
Cumbres abocadas al tratamiento de estas problemáticas (Cumbre Iberoamericana,
Cumbres de las América, Cumbre sobre Integración y Desarrollo).
En la XVIII Reunión celebrada en Buenos Aires -30 de junio de 2000- se plantea por
primera vez que “el necesario afianzamiento de la dimensión social del MERCOSUR
debe realizarse en forma conjunta con los avances en la consulta y concertación
política y en la integración económica” y se considera “impostergables los propósitos
enunciados en la Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social en el MERCOSUR,
Bolivia y Chile, suscripta en esta Cumbre”.
A partir de la firma de la Carta de Buenos Aires los presidentes manifiestan su
firme compromiso de avanzar en el ámbito de la dimensión social “convencidos
de que el crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para
alcanzar una mejor calidad de vida, erradicar la pobreza y eliminar la discriminación
y la exclusión social” y reconocen “la responsabilidad primordial del Estado en la
formulación de políticas destinadas a combatir la pobreza y otros flagelos sociales y
apoyar las acciones de la sociedad civil dirigidas al mismo objetivo”. Considerando
“que resulta prioritario profundizar la dimensión social del MERCOSUR”, instruyen a
193 En mayo de 1991, los Ministros de Trabajo del MERCOSUR emitieron la Declaración de Montevideo,
en la cual señalaban la necesidad de atender los aspectos laborales del MERCOSUR para asegurar
que el proceso de integración fuera acompañado de un mejoramiento efectivo de las condiciones
de trabajo (Uriarte, 1999).
194 Ver apartado 1.1. de este Capítulo.
334 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
las autoridades nacionales competentes “a fortalecer el trabajo conjunto entre los
seis países, así como el intercambio de experiencias e informaciones a fin de contribuir
a la superación de los problemas sociales más agudos que los afectan y a la definición de
los temas o áreas donde sea viable una acción coordinada o complementaria tendiente
a su solución (…) promoviendo la institucionalización de una reunión de las autoridades
responsables en materia de desarrollo social (SELA, 2007).
La dimensión social va adquiriendo relevancia en los Comunicados posteriores,
resaltando de manera constante su importancia, enfatizando particularmente que
el “MERCOSUR es hoy un emprendimiento que trasciende los objetivos económicos y
se vuelve un ámbito privilegiado para el tratamiento de temas de naturaleza social” –
XX, Asunción, 21 de junio de 2001–, “priorizar la dimensión social del MERCOSUR,
para incentivar el desarrollo con equidad en los Estados Partes y en la región en su
conjunto, con énfasis en aquellas medidas tendientes a propiciar la inclusión social
y económica de los grupos más vulnerables de la población” -XXIV, Asunción, 18 de
junio de 2003-; la “consolidación de la dimensión social de políticas sociales es un
eje fundamental en el desarrollo del MERCOSUR” -XXXIX, San Juan, 2 de agosto de
2010; XLI, Asunción, 28 de junio de 2011Señalando en la anteúltima Cumbre -junio de 2012-, los aspectos puntuales que
este proceso de integración pretenden alcanzar en materia social están embebidos
de toda la terminología vigente: “desarrollo sostenible, con crecimiento económico,
inclusión social y protección ambiental; una economía social y solidaria que genere
mayores puestos de trabajo; la seguridad alimentaria y nutricional, que permita
garantizar el acceso real y oportuno a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, y que
esté basada en prácticas promotoras de la salud y de respeto a la diversidad cultural;
políticas activas de protección y promoción social de los sectores más vulnerables de
la población“.
El Cuadro Nº 2 muestra el seguimiento puntual de la terminología en análisis en
las diversas Cumbres, a través del cual se puede observar la valoración asignada
por los Presidentes de los Estados Miembros y Asociados a la dimensión social
durante todo el proceso de integración.
V. Ampliación de la agenda social | 335
Cuadro Nº 2: Agenda social en las Cumbres del MERCOSUR
PrinciPales Temas
Pobreza/DesigualDaD,
cohesión/inTegración
inclusión/exclusión
Desarrollo
esTraTegias/insTrumenTos
Mejorar el nivel de vida de sus
pueblos, a través de la implementación de una política económica
que tenga en cuenta: a) la estabilidad económica, que se logra a través de austeras políticas fiscales y
monetarias; b) mayor apertura de
la economía a una inserción más
competitiva en la economía global;
c) modernización de las economías
a través de la desregulación y la
privatización. (I Reunión, Brasilia,
17/12/91)
Necesidad de economía de
mercado, estabilidad con
crecimiento, apertura y
modernización de las economías. Consolidación de
un sistema multilateral de
comercio libre.
Avances en el reconocimiento de
títulos primarios y secundarios. Incorporación de elementos comunes
a los programas de estudio de los
establecimientos educativos de los
Estados Partes. (III Reunión, Montevideo, 28/12/92)
Integración: para la promoción del desarrollo económico y la justicia social, para
que refuerce y consolide
los procesos democráticos
de los Cuatro Países, para
promover la prosperidad de
sus pueblos y alcanzar niveles más altos de vida. Relevancia de las cuestiones
relacionadas con el empleo,
las migraciones, la protección de los trabajadores y
el proceso de armonización
de las legislaciones laborales de los Estados Parte.
(V Reunión, Colonia, 17/1/94)
336 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Firma “Acuerdo sobre reconocimiento de certificaciones, títulos y
estudio de nivel primario y medio
no técnico”. (VI Reunión Buenos Aires, 5/8/94)
Avances a favor de la zona
social, el empleo y el gran
empuje para alcanzar el
desarrollo armónico de la
región.
Adopción de un nuevo perfil institucional: Protocolo de Ouro Preto.
Creación: Comisión Parlamentaria
Conjunta (CPC) y Foro Consultivo
Económico-Social (FCES). (VII Reunión, Ouro Preto, 17/12/94)
Programa de acción del MERCOSUR hasta el 2000. Declaración
Presidencial sobre compromiso democrático en el MERCOSUR” (X Reunión, Potrero de Funes, 25/6/96)
Aceptación Protocolo de Integración Cultural e Integración Educativa para la Continuación de Estudios
de la Universidad de Posgrado de
los países miembros MERCOSUR y
Recursos Educativos. Protocolo de
Integración de Formación de Postgrado Nivel Humanos en los países
miembros del MERCOSUR. Creación de la Reunión Espe-cializada
de Comunicación Social. (XI Reunión Fortaleza, 17/12/96)
Compromiso de continuar
trabajando por el crecimiento económico y social
sostenido, en un contexto
de seguridad jurídica, equilibrio y reciprocidad, con
la convicción de que éstos
constituyen factores esenciales para la prosperidad
económica y el bienestar
social.
Aceptación Protocolo de Admisión
de Títulos y Grados Universitarios
para el Ejercicio de Actividades
Académicas en los países del MERCOSUR. (XII Reunión, Asunción,
19/6/97)
Destacan firma Acuerdo de Seguridad Social del MERCOSUR. (XIII
Reunión, Montevideo, 15/12/97)
V. Ampliación de la agenda social | 337
El fortalecimiento de la democracia
representativa,
el respeto a los derechos
humanos, las libertades
fundamentales, el progreso
social y la protección del
medio ambiente, constituyen elementos fundamentales para el afianzamiento
de la paz y la seguridad en
la región.
Creación Reunión Especializada de
la Mujer. “Protocolo de Ushuaia”
sobre compromiso democrático
en el MERCOSUR, la Republica de
Bolivia y la República de Chile. (XIV
Reunión, Ushuaia, 24/7/98)
Firma de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR. (XV Reunión,
Río de Janeiro, 10/12/98)
MERCOSUR:
Importante
para el desarrollo económico y social de los Estados
Partes.
Declaración de los Ministros de Trabajo sobre el Trabajo Infantil.
Comisión Sociolaboral del MERCOSUR, ámbito en el cual se dará
seguimiento a la Declaración Sociolaboral. (XVI Reunión, Asunción;
15/6/99)
Desarrollo económico debe
ser acompañado por una
superación de los problemas sociales. Necesidad de
afianzamiento de la dimensión social del MERCOSUR
en forma conjunta con los
avances en la consulta y
concertación política y en la
integración económica.
Carta de Buenos Aires sobre Compromiso Social en el MERCOSUR,
Bolivia y Chile. 1º Reunión de Representantes Gubernamentales de Derechos Humanos de los países del
MERCOSUR, Bolivia y Chile. (XVIII
Reunión Buenos Aires, 30/6/00)
Importancia:
participación de la sociedad civil
en el proceso de integración. Importancia del MERCOSUR como instrumento
esencial para la promoción
del desarrollo económico y
social de los pueblos de la
región. Desarrollo económico e integración regional deben ser alcanzados
en un marco de justicia y
de equidad social.
Apoyar Compromiso de Gramado:
marco referencial para la definición
del plan de acción del Sector educativo del MERCOSUR 2001–2005.
Recomendación para el establecimiento de indicadores para la
fijación de metas y el seguimiento de los progresos alcanzados.
Institucionalización Reunión de
Ministros y Autoridades Responsables en Materia de Desarrollo
Social. (XIX Reunión, Florianópolis,
15/12/00)
338 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
El MERCOSUR trasciende
los objetivos económicos,
ámbito privilegiado para el
tratamiento de temas de
naturaleza social. Instrumento esencial para promover la democracia representativa, el desarrollo económico y la equidad social
en la región.
Búsqueda de reducción de la pobreza
y exclusión social,
protección del medio ambiente, progresiva liberalización comercial, el
acceso a la tecnología y la promoción
de la inversión y de
flujos más estables
de capital.
(XX Reunión, Asunción, 21/6/01)
(III Reunión Extraord., Buenos Aires
18/2/02)
Priorizar medidas
que propicien la inclusión social y económica de los grupos más vulnerables
de la población
Priorizar la dimensión social, para incentivar el desarrollo con equidad en los
Estados Partes y en la región en su conjunto.
Iniciativa de los Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del
MERCOSUR, Bolivia y Chile elaborar una Agenda del MERCOSUR
Social. (XXIV Reunión, Asunción
18/6/03)
Combatir
urgente los problemas
del hambre y de la
pobreza, de la exclusión social y la
iniquidad,
enfrentando sus causas y
consecuencias promoviendo políticas
macroeconómicas
sostenibles acompañadas de políticas
sociales que posibiliten el desarrollo de
sociedades más justas e inclusivas.
Importancia de los aportes
de la sociedad civil en todos
los aspectos del proceso de
integración.
La educación: factor fundamental para el crecimiento
y desarrollo, para la formación de una conciencia ciudadana favorable a la integración.
Seguimiento más estricto de las
acciones internas sobre el proceso
de negociación, aprobación e incorporación de normas relacionadas con el MERCOSUR ciudadano
y la integración educativa, social y
cultural. Programa de Trabajo del
MERCOSUR 2004-2006. (XXV Reunión Montevideo, 16/12/03)
V. Ampliación de la agenda social | 339
Inclusión
social,
como condición necesaria para que la
totalidad de la población tenga acceso a una vida digna,
contribuya activamente al crecimiento económico y
alcance su realización personal en el
marco del respeto
de normas y valores
comunes.
Importancia de que
el proceso de globalización permita
un mayor nivel de
inclusión social en
todos los pueblos.
Sociedad Civil: destinataria
principal de los beneficios
de la integración regional.
Importancia de su participación activa y plural. Impulsar el crecimiento económico con equidad para
fortalecer la gobernabilidad
democrática y promover el
desarrollo social. El desarrollo implica también otorgar prioridad a la educación
como herramienta fundamental de la inclusión social.
Importancia del desarrollo
de la infraestructura a través
de los ejes de conexión para
de profundizar la conectividad, de generar proyectos
con importantes impactos
sociales.
Importancia de la Declaración de
Ministros de Trabajo sobre Empleo
de Calidad.
Iniciativa de elaborar una Estrategia MERCOSUR para el Crecimiento
del Empleo. (XXVI Reunión, Puerto
Iguazú 8/7/04)
Intensificación de la coordinación y
formulación de políticas comunes
en las áreas de derechos humanos, promoción de los derechos de
la mujer, desarrollo social, salud,
educación, cultura, justicia, seguridad pública, migraciones y lucha
contra las drogas y el terrorismo.
Impulsar pacto educativo en cada
nación, que se traduzca en planes
de acción, con metas claras y recursos adecuados. Creación del
Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR. Creación del
Grupo de Alto Nivel para la Elaboración de la Estrategia MERCOSUR
del Crecimiento del Empleo. (XXVII
Reunión, Ouro Preto, 17/12/04)
340 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Analizar la pobreza
desde una perspectiva multidimensional
Compromiso de promover
educación básica de buena
calidad para todos los ciudadanos como medio fundamental del desarrollo e
inclusión social.
Educación: impulsar planes de acción concretos con directrices claras y recursos adecuados.
Aprobación del “Acuerdo de Admisión de Títulos, Certificados y Diplomas para el ejercicio de la Docencia
en la enseñanza del Español y Portugués como Lenguas Extranjeras
en los Países del MERCOSUR”. Apoyo “Declaración de Asunción: Hacia
un MERCOSUR Social” adoptada
por la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social. Entrada en vigor: Acuerdo de Seguridad
Social del MERCOSUR. Intención
de elaborar un Protocolo Sociolaboral del MERCOSUR. ((XXVIII Reunión, Asunción, 20/6/05)
Búsqueda del desarrollo
sustentable en la región y
una mejor inserción en la
economía global.
Fortalecer el MERCOSUR social incrementando la coordinación, los
sistemas de información y los instrumentos para la protección de
los sectores más desamparados.
Plan Bienal 2005 – 2007 de desarrollo social y combate a la pobreza. Adopción de la Declaración de
Montevideo. Apoyo suscripción del
Convenio de Administración del
Fondo Educativo del MERCOSUR
con la Corporación Andina de Fomento.
Aceptación de resultados Reunión
de los Ministros de Trabajo del
MERCOSUR y Estados Asociados,
articulación entre las políticas económicas, sociales, y laborales, y
profundización del diálogo social.
Declaración sobre Derechos Humanos de los Presidentes del MERCOSUR y Estados Asociados. (XXIX
Reunión Montevideo, 9/12/05)
V. Ampliación de la agenda social | 341
MERCOSUR
con
rostro humano y
perspectiva social,
impulsando un proyecto inclusivo que
contribuya a superar la pobreza y la
exclusión, promoviendo el bien común y la igualdad
de oportunidades
para el desarrollo
humano, con una
lógica de protección y promoción
social.
Consolidación del Programa SOMOS MERCOSUR. I° Encuentro por
un MERCOSUR Productivo y Social.
Prioridad de definir una agenda social integral y productiva. Adopción
de la Estrategia para el Crecimiento del Empleo en la región, elaborado por Gr. de Alto nivel Estrategia
MERCOSUR para el Crecimiento
del Empleo (GANEMPLE). (XXX Reunión, Córdoba, 21/7/06)
I Cumbre Social del MERCOSUR
Declaración de la Cúpula (XXXI Reunión, Brasilia, 15/12/06)
Importancia de fortalecer la dimensión cívica del MERCOSUR, a través de programas como “Nosotros
MERCOSUR”. Decisión del CMC:
crear Instituto Social del MERCOSUR. (XXXII Reunión, Rio de Janeiro, 18/1/07)
Necesidad e importancia de articulación y transversalidad de las
áreas sociales del MERCOSUR para
abordaje integral de problemáticas compartidas. (XXXIII Reunión,
Asunción, 28/6/07)
Compromiso
con
políticas
para
erradicación
del
hambre y la lucha
contra la pobreza.
Reconocimiento de
la estrecha relación
entre la consecución de la cohesión
e inclusión.
Apoyo: Declaración de Principios
del MERCOSUR Social y aprobación 2º Plan Bienal 2007-2009
en el marco del MERCOSUR Social: (XXXIV Reunión, Montevideo,
17/12/07)
342 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Importancia de la
energía como recurso
estratégico
indispensable para
alcanzar el desarrollo sostenible y
superar la pobreza.
Apoyo: Declaración de Integración
Cultural de los Estados Parte y Asociados del MERCOSUR. (XXXV Reunión, Tucumán, 1/7/08)
Ampliar el presupuesto, para garantizar el éxito de los programas
de inclusión social Aprobación de
la Estructura Orgánica de Instituto
Social del MERCOSUR. Creación
Comisión de Coordinación de Ministros del Área Social del MERCOSUR: (XXXV Reunión, Salvador de
Bahía, 16/12/08)
Apoyo: Declaración sobre Mecanismo de Coordinación y Articulación
de Problemas Comunes en Materia
de Desarrollo Social y Salud. (XXXVII Reunión, Asunción, 23/7/09)
Compromiso con desarrollo
regional integrado, no excluyente y equitativo, para
tratamiento favorable a
economías pequeñas y más
vulnerables.
(XXXVIII
Reunión,
8/12/09)
La consolidación de la dimensión social de políticas sociales es un eje fundamental en el desarrollo
MERCOSUR. Consolidación
del acervo normativo del
MERCOSUR en materia política, social, económica,
comercial, judicial, migratoria, educativa y cultural,
sanitaria, de seguridad,
medio ambiente y desarrollo sostenible.
(XXXIX
Reunión,
2/08/2010)
Montevideo,
San
Juan,
V. Ampliación de la agenda social | 343
Lograr un desarrollo sostenible integral que permita erradicar la pobreza, el
hambre y asegurar sociedades más justas e inclusivas
conformación y equitativo.
Profundizar los mecanismos políticos y legales necesarios para garantizar la implementación, desarrollo
y continuidad de los programas de
protección y promoción social, y la
inclusión económica y social, para
convertirlas en políticas de Estado.
Apoyo: Plan de Acción para la conformación del Estado de ciudadanía del MERCOSUR. Creación de la
Unidad de Participación de Apoyo
Social (UPS). Aprobación Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (PEAS). (XL Reunión, Foz
de Iguazú, 16/12/2010)
Apoyo a la aprobación del documento “Ejes, Directrices y Objetivos
Prioritarios del Plan Estratégico
de Acción Social del MERCOSUR
(PEAS)”. Plan de Acción del Sector
Educativo del MERCOSUR 20112015. (XLI Reunión, Asunción,
28/06/2011)
Lucha contra el
hambre como esfuerzo
prioritario
para la promoción
del desarrollo social.
Vigencia del principio de responsabilidades comunes
pero diferenciadas,
los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos naturales, la
no existencia de un
modelo de desarrollo único aplicable
a todos, atenderse
las distintas capacidades y los diferentes niveles de desarrollo de cada país,
de forma de contribuir a la erradicación de la pobreza.
Estrategia Social Regional para el
2012 “Erradicación de la Pobreza
Extrema y el Hambre en el MERCOSUR”. (XLII Reunión, Montevideo,
18/12/2011)
Definición de Desarrollo
sostenible.
Importancia
de mecanismos regionales
adecuados de financiación
para el desarrollo e implementación de proyectos sociales regionales.
Fuente: elaboración propia en base a datos MERCOSUR.
Apoyo: Declaración de Buenos Aires “Por un MERCOSUR Social e Inclusivo, Avanzando hacia la Patria
Grande. (XLIII Reunión, Mendoza,
28/06/2012)
344 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
3.1. Desarrollo
A partir del seguimiento de este término se observó que su presencia ha sido
constante en los documentos oficiales desde 1991, primero ligado a la dimensión
económica del proceso de integración; luego, a partir del año 2000, comienza
a plasmarse la idea de que: “el desarrollo económico debe ser acompañado
ineludiblemente por una superación de los problemas sociales” -XVIII, Buenos Aires,
30 de junio de 2000-; que “el desarrollo económico y la integración regional deben
ser alcanzados en un marco de justicia y de equidad social” -XIX, Florianópolis, 15
de diciembre de 2000-. Se señala a partir del año 2003, en la XXIV, Reunión,
Asunción, “la necesidad de priorizar la dimensión social del Mercosur, para incentivar
el desarrollo con equidad en los Estados Partes y en la región en su conjunto” haciendo
hincapié en la búsqueda de un “desarrollo regional integrado no excluyente y equitativo
para asegurar un tratamiento favorable a las economías pequeñas y más vulnerables”
-XXXVIII, Montevideo, 8 de diciembre de 2009-; enfatizando el “compromiso en
alentar el desarrollo económico con inclusión social, a través de la reducción de la
pobreza y la garantía de nuevas oportunidades para toda la población de la región” -XLI,
Asunción, 28 de junio de 2011-.
El concepto de desarrollo sustentable comienza a utilizarse en la XXIII Reunión
celebrada en Brasilia en diciembre de 2002, no obstante se conceptualiza recién
a través de los documentos derivados de la XL Reunión -Foz de Iguazú, 16 de
diciembre de 2010- en donde se plantea “lograr un desarrollo sostenible integral
que permita erradicar la pobreza, el hambre y asegurar la conformación de sociedades
más justas e inclusivas y equitativas.” Esa conceptualización se profundiza en la
XLIII Reunión, Mendoza, 28 de junio de 2012: “el desarrollo sostenible debe ser
considerado de forma integral, complementaria e interdependiente, respetando el
derecho de los Estados y sus pueblos al desarrollo conforme a sus respectivos modelos,
el reconocimiento al derecho de las poblaciones de superar la pobreza, la eliminación
de las condiciones que generan inequidad y exclusión, el ejercicio de sus derechos
en armonía con la naturaleza, respetando a la Madre Tierra y bajo los principios de
la Agenda 21 y otros instrumentos internacionales vigentes… Promover el desarrollo
sostenible, con crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental; una
economía social y solidaria que genere mayores puestos de trabajo; la seguridad
alimentaria y nutricional, que permita garantizar el acceso real y oportuno a alimentos
de calidad, en cantidad suficiente, y que esté basada en prácticas promotoras de la
salud y de respeto a la diversidad cultural; políticas activas de protección y promoción
social de los sectores más vulnerables de la población”.
En los documentos emanados en este encuentro queda explícitamente determinada
“la no existencia de un modelo de desarrollo único aplicable a todos, en tanto deben
atenderse las distintas capacidades y los diferentes niveles de desarrollo de cada país,
de forma de contribuir a la erradicación de la pobreza”.
V. Ampliación de la agenda social | 345
Es de destacar que a través de la diversas Cumbres se consolida el rol de la
educación como “factor fundamental para el crecimiento y desarrollo de los países”,
para la “formación de una conciencia ciudadana favorable a la integración” -XXV,
Montevideo, 16 de diciembre de 2003-; que el “desarrollo implica también otorgar
prioridad a la educación como herramienta fundamental de la inclusión social,
garantizando a todos los ciudadanos la adquisición de capacidades de aprendizaje
que les permitan acrecentar y actualizar sus habilidades y destrezas en un proceso de
crecimiento personal que engrandezca al conjunto social”. Planteando el compromiso
de “promover una educación básica de buena calidad para todos los ciudadanos como
medio fundamental del desarrollo e inclusión social” -XXVI, Puerto Iguazú, 8 de julio
de 2004, XXVII, Ouro Preto, 17 de diciembre de 2004; XXVIII, Asunción, 20 de
junio de 2005; XXIX, Montevideo, 9 de diciembre de 2005; XLII, Montevideo, 18
de diciembre de 2011-.
3.2. Pobreza/Desigualdad, Cohesión/Integración, Inclusión/Exclusión
En febrero del año 2002 en la III Reunión Extraordinaria, Buenos Aires, aparece en
los Comunicados Presidenciales por primera vez el término exclusión social: “en la
búsqueda de un mundo más justo y solidario en el que sean realidad la plena vigencia de
los derechos humanos, la reducción de la pobreza y de la exclusión social, la protección
del medio ambiente, la progresiva liberalización comercial, el acceso a la tecnología y
la promoción de la inversión y de flujos más estables de capital”. Al año siguiente en
la XXIV Reunión celebrada en Asunción, se incorpora el término inclusión social:
“priorizar medidas tendientes a propiciar la inclusión social y económica de los grupos
más vulnerables de la población”.
Es en el año 2004, en el Comunicado producto de la XXVI Reunión, que los
Presidentes de los Estados Miembros y Asociados del MERCOSUR conceptualizan
el término inclusión social, “como la condición necesaria para que la totalidad de
la población tenga acceso a una vida digna, contribuya activamente al crecimiento
económico y alcance su realización personal en el marco del respeto de normas y
valores comunes”.
En las siguientes Cumbres Presidenciales estos términos comienzan a cobrar
protagonismo y a estar presentes en todos los documentos oficiales “… en pos de
“combatir de forma urgente los problemas del hambre y de la pobreza, de la exclusión
social y la iniquidad, enfrentando sus causas y consecuencias promoviendo políticas
macroeconómicas sostenibles acompañadas de políticas sociales que posibiliten el
desarrollo de sociedades más justas e inclusivas -XXV, Montevideo, 16 de diciembre
de 2003; XXVII, Ouro Preto, 17 de diciembre de 2004; XXXIII, Asunción, 28 de
junio de 2007; XXXIX, San Juan, 2 de agosto de 2010; XLI, Asunción, 26 de junio
de 2011-.
346 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Asimismo se enfatiza la necesidad del “compromiso por un MERCOSUR con rostro
humano y perspectiva social, impulsando un proyecto inclusivo que contribuya
a superar la pobreza y la exclusión, promoviendo el bien común y la igualdad de
oportunidades” -XXX, Córdoba, 21 de julio de 2006; XXXVII, Asunción, 23
de julio de 2009; XXXVIII, Montevideo, 8 de diciembre de 2009; XL, Foz de
Iguazú, 16 de diciembre de 2010-. Así también destacan que este “proceso de
integración es un instrumento para promover el desarrollo integral, enfrentar la pobreza
y la exclusión social -XLIII, Mendoza, 28 de junio de 2012-.
La expresión pobreza aparece por primera vez en el año 2002 en los Documentos
emanados de la III Reunión Extraordinaria, donde se plantea “la búsqueda de un
mundo más justo y solidario en el que sean realidad la plena vigencia de los derechos
humanos, la reducción de la pobreza y de la exclusión social”. A partir de allí tanto la
adopción de políticas para la erradicación del hambre y la lucha contra la pobreza o
la búsqueda de un desarrollo sostenible integral que permita erradicar la pobreza,
han sido ideas fuerzas plasmadas en todos los textos oficiales.
El término cohesión solamente es utilizado en el documento emitido con ocasión
de la XXXIV Reunión, diciembre de 2007, donde los Presidentes reconocen “la
estrecha relación entre la consecución de la cohesión e inclusión en el marco de un
proceso de transformación social de los pueblos, la consolidación de la democracia y
la promoción y protección de los derechos humanos, el crecimiento económico, con la
implementación de acciones en el ámbito cultural, tales como la democratización del
acceso a los bienes culturales, recuperación del espacio público para la vida cultural de
la comunidad, y reconocimiento de la diversidad e identidad culturales”.
3.3.
Estrategias / Instrumentos
Con el transcurso del proceso de integración y a partir de la relevancia que adquirió
la dimensión social, se avanzó en su abordaje no sólo desde el punto de vista de
su definición sino también en la generación de nuevos espacios institucionales y
en la elaboración de estrategias y su coordinación.
Ello condujo: a una adaptación de la estructura institucional que se tradujo en
la reestructuración de las subcomisiones de trabajo; el Subgrupo 11 pasó a
denominarse Subgrupo 10: Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social
(1994); y en la creación de nuevas instituciones como la Comisión Parlamentaria
Conjunta y Foro Consultivo Económico Social (1994); la Comisión Sociolaboral
(1999); el Fondo para la Convergencia Estructural y Grupo de Alto Nivel para la
Elaboración de la Estrategia MERCOSUR del Crecimiento del Empleo (2004);
la Secretaria Social Permanente (2007); el Grupo de Crecimiento del Empleo
(GANEMPLE) (1997); el Instituto Social del MERCOSUR; la Comisión de
V. Ampliación de la agenda social | 347
Coordinación de Ministros del Área Social del MERCOSUR (2008) y la Unidad de
Participación de Apoyo Social (2010).
Vale la pena destacar que se institucionalizaron ciertas reuniones de ámbitos
específicos como la Reunión Especializada de Comunicación Social; y la Reunión
de Ministros y Autoridades Responsables en Materia de Desarrollo Social, ambas
con un rol fundamental en la incorporación y abordaje de la dimensión social en el
proceso de integración MERCOSUR.
A partir de la XXXVII Reunión celebrada en Asunción, el 23 de julio de 2009,
se instituyeron las Cumbres Sociales del MERCOSUR como espacios de carácter
“pluriparticipativo y de amplio alcance, sin distinciones ni exclusiones, que contribuyen
afianzar la constante necesidad de diálogo con los sectores y movimientos sociales para
la construcción de un MERCOSUR para todos”.
Como consencuencia de las Reuniones Cumbres se suscribieron numerosos
acuerdos en esta materia: el Acuerdo de Seguridad Social del MERCOSUR (1997);
la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (1998); la Carta de Buenos Aires sobre
Compromiso Social en el MERCOSUR, Bolivia y Chile (2000); el Programa SOMOS
MERCOSUR (2006); la Declaración Especial de los Presidentes de los Estados
Partes MERCOSUR en el Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR (2010).
Asimismo, a través de los Comunicados Presidenciales, se ha dado aprobación y
apoyo a los documentos emanados de las Cumbres Sociales.
El campo de la educación ha tenido un avance propio a través de la firma de bastos
Acuerdos, Compromisos, Protocolos y medidas consensuadas en los ámbitos
específicos de su tratamiento y apoyadas en los Documentos Presidenciales.
Como estrategia de planificación del procesos de integración, los Presidentes de
los Estado Miembros han definido explícitamente en el año 2006, la necesidad
“de definir una agenda social integral y productiva orientada a desarrollar iniciativas
y políticas activas, para promover el desarrollo humano integral y la integración
productiva en función de la cual elaborar un Plan Estratégico de Acción Social para
identificar medidas destinadas a impulsar la inclusión social y asegurar condiciones de
vida más dignas”. A partir de ello han ido estableciendo: el Programa de Trabajo
del MERCOSUR 2004-2006”, el Plan Bienal 2005 – 2007 en materia de desarrollo
social y combate a la pobreza; el Plan Bienal 2007-2009 y el Plan Estratégico de
Acción Social del MERCOSUR -PEAS- 2010.
Es de resaltar que en los Comunicados Presidenciales se plantea la “necesidad de
un seguimiento más estricto de las acciones internas referidas al proceso de negociación,
aprobación e incorporación de las normas relacionadas con el MERCOSUR ciudadano y la
integración educativa, social y cultural” -XXV, Reunión Montevideo, 16 de diciembre de
348 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
2003- del mismo modo que reconocen la necesidad “de profundizar los mecanismos
políticos y legales necesarios para garantizar la implementación, desarrollo y continuidad
de los programas de protección y promoción social, y la inclusión económica y social, para
convertirlas en políticas de Estado -XL, Foz de Iguazú, 16 de diciembre de 2010-.
4. Análisis comparativo UNASUR – MERCOSUR195*
El análisis comparativo del discurso expresado en los Documentos oficiales al
mayor nivel político, permitió determinar la significación y valoración asignada a
la dimensión social en ambos procesos.
Se identificó que desde la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur,
a la pobreza se la vincula con la desigualdad y a partir del año 2002 también
con la exclusión social. Ello es comprensible en un contexto caracterizado por la
pobreza y la desigualdad, que llevó a considerar a América Latina como una de
las regiones con mayor desigualdad en el mundo. Asimismo dichas Reuniones
estuvieron influenciadas por el discurso a nivel internacional de entonces -Cumbre
del Milenio, setiembre de 2000 y Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo, setiembre de 2002-.
“Cohesión Social” es un concepto que surge con la creación de la CSN (2004),
y se entiende porque se incorpora en la III Cumbre de la UE/ALyC, realizada en
el mes de mayo, que lo estableció como condición para las relaciones de ambas
regiones. Sin embargo, en el MERCOSUR no aparece sino hasta el discurso oficial
en el año 2007.
En el MERCOSUR, desde el año 2002, el concepto de pobreza se asocia con el de
exclusión social y la inclusión social aparece como condición necesaria para el
acceso a una vida digna. A diferencia del sistema de integración sudamericano,
el concepto de desigualdad no se relaciona con la pobreza. No se busca eliminar
las causas que la producen, en consecuencia la exclusión social, sino paliar sus
efectos; de allí que las acciones para lograr la inclusión social en ambos procesos
van dirigidas a los grupos más vulnerables.
Desde la creación del MERCOSUR, el concepto de desarrollo se asocia a crecimiento
económico. Ello es comprensible por la naturaleza comercial del modelo de
integración. Al resultar insuficiente, conforme al discurso político de entonces, en
el ámbito internacional a partir del año 2000 se le adiciona la dimensión social
195 *La autoría a partir de este Apartado es de Noemí B. Mellado y María Luciana Ali.
V. Ampliación de la agenda social | 349
(ver Cuadro Nº 2). En cambio en las Reuniones de Presidentes de América del
Sur como antecedentes directo de la CSN y luego de UNASUR, se plantea desde
el inicio el derecho a una vida digna como derecho inalienable de la persona y se
incluye dentro de los derechos humanos el derecho al desarrollo.
A partir del 2004 en la UNASUR se establece que el desarrollo no se reduce a
crecimiento económico y aparece el concepto de desarrollo sostenible en sus tres
dimensiones. En cambio en el MERCOSUR ya en el año 2002 se señala que, si
bien el crecimiento económico es una condición necesaria, no es suficiente para
mejorar la calidad de vida. En la misma época también surge el concepto de
desarrollo sustentable. Sólo en el MERCOSUR -Reunión de Mendoza del 2012-,
se expresa que no existe un modelo de desarrollo único sino que su definición
constituye un derecho de los estados y sus pueblos.
Tanto en el MERCOSUR como en la UNASUR a partir del 2006 la integración
adquiere el carácter instrumental del desarrollo y se la concibe en ambos procesos
con rostro humano, integral y articulado con la agenda productiva.
En el marco del desarrollo y la integración, en el MERCOSUR desde sus inicios
se le ha otorgado una significativa valoración a la educación como herramienta
fundamental de inclusión social, en cambio en la UNASUR esa importante
gravitación gira en torno a la salud como un bien público respecto a la sociedad.
En cuanto a la variedad de acciones, estrategias y/o políticas adoptadas, en ambos
sistemas de integración sólo se prevé la consulta, coordinación y articulación de
políticas públicas. Expresamente el MERCOSUR establece que estas acciones
son facultades propias de las políticas públicas de los Estados, por tanto, son
ellos quienes adquieren el carácter de protectores sociales frente a los efectos
indeseables de la economía global.
Consideraciones finales
Los cambios y transformaciones acaecidos tanto en el ámbito regional como en
el internacional, han sido acompañados por un mayor protagonismo presidencial
y un retorno a la diplomacia de las Cumbres. Es allí donde los temas de interés
común se plasman en los nuevos Acuerdos. Los documentos producto de estas
Reuniones reflejan la necesidad de incorporarlos en el proceso de integración.
Los enunciados que constituyen sentido, contenidos en los Textos Oficiales se
identifican a continuación:
La dimensión social es valorizada desde sus inicios en el ámbito sudamericano,
a diferencia del MERCOSUR que apenas en el año 2000 le dio importancia
350 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
dentro de un contexto internacional y de proyectos políticos nacionales que así lo
permitieron. A partir de allí, esta dimensión tuvo un incremento en su valoración.
Los gobiernos de la región muestran convergencias, al reconocer la existencia
de demandas sociales insatisfechas y se aprecia la búsqueda de modelos socioeconómicos más inclusivos, que tiendan a paliar la crisis de integración social o
cohesión que expone la región, esto es lograr, como sostiene Halperin, “un grado
mínimo de estabilidad o equilibrio dentro de la estructura social”, para garantizar la
continuación en el funcionamiento del sistema.
En cuanto al concepto de cohesión social en el ámbito sudamericano, no se lo
vincula con exclusión social sino que se expresan de modo independiente. Exclusión
e inclusión son tratados en el discurso como términos polares que remiten a lo
sostenido por Sorj y Tironi (2007: 120). En el MERCOSUR, como se manifestara,
el concepto de pobreza se relaciona con el de exclusión social y la inclusión social
aparece como condición necesaria para el acceso a una vida digna.
Frente al consenso internacional sobre la necesidad de reducir las desigualdades
por medio de acciones tendientes a combatir la pobreza, en el ámbito sudamericano
la desigualdad, en sus múltiples dimensiones, se vincula con pobreza y obtiene
primordial importancia ya que ambas pueden generar riesgo social y amenazar
la estabilidad institucional, en consecuencia afectar la gobernabilidad regional.
En cambio en el MERCOSUR el hambre es considerada un flagelo y adquiere una
significación especial en la lucha contra la pobreza.
No obstante, en ninguno de los procesos de integración no se advierte en la
concepción de desarrollo, un regreso al desarrollismo de los años cincuenta, ni
tampoco un quiebre sustancial con el neoliberalismo, pese al discurso crítico que
se expresa. Se reconoce en Sudamérica el derecho universal al desarrollo como
un derecho sustantivo de los derechos humanos, de acuerdo con los compromisos
asumidos en la Cumbre del Milenio de la ONU (2000).
Tanto en el MERCOSUR como en la UNASUR, las estrategias y/o políticas adoptadas
permiten afirmar que las agendas sociales sólo prevén la consulta, coordinación
y articulación de las políticas públicas y no la adopción de una política común a
llevar a cabo por instancias propias regionales.
Las acciones públicas en la UNASUR se dirigen a disminuir la brecha de carácter
estructural y evitar la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Así vista,
es producto de las características particulares de las relaciones sociales y las
estructuras económicas, que producen y reproducen la pobreza, además de
reducir los efectos que sobre ella pueda tener el crecimiento económico. Bajo esta
perspectiva, la insuficiencia de capacidades individuales y de los hogares adquiere
V. Ampliación de la agenda social | 351
significación, porque de este modo la pobreza deja de ser un problema social y se
convierte en particular.
Más, aunque sea necesario emprender investigaciones adicionales para valorar la
implementación de estrategias y/o acciones instrumentales identificadas en esta
etapa y su posible contribución a la gobernabilidad regional, se destaca que las
acciones públicas, en ninguno de los sistemas, no se orientan a la generalidad de
los pobres sino a los más vulnerables.
352 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
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Educación, cooperativas y “cohesión social” en el
ALBA-TCP
Carmen R. Schaposnik y Eugenia C. Pardo
Presentación
Las iniciativas de integración que se vienen desarrollando en América Latina
y el Caribe en los últimos años, incorporan dimensiones que trascienden las
económicas y comerciales. Son propuestas que se suelen englobar en una
categoría general de ‘nuevos regionalismos’, aunque no se originen en los mismos
presupuestos ideológicos ni tengan los mismos objetivos. La Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) es una de ellas. Se la considera
‘alternativa’ al modelo de integración neoliberal que alentaba “la copia del modelo
clásico de desarrollo capitalista avanzado, sin pensar en las diferencias existentes,
tanto históricas como estructurales, entre Europa, Estados Unidos de Norte América
y América Latina” (Schaposnik E., 1992: 29). A su vez, como afirma Girvan, se
la debe entender “como una manifestación del proceso de reconfiguración de las
relaciones regionales e internacionales y de la economía mundial; un proceso marcado
por el relativo declive del poder de los Estados Unidos y la emergencia de nuevos polos
geoeconómicos de influencia” (Citado en Benzi, 2010:78).
Incorporar el tema de la integración en el ALBA-TCP en la agenda académica es
necesario. Esto es así “en tanto la integración de aliento cepalino y la integración
de matriz neoliberal fracasaron, porque en su meta de ser funcionales al patrón de
acumulación capitalista al cual respondían, enfatizaron el comercio y abandonaron al
ser humano” (Pérez García, 2011:135). Además, como señala Espinosa (2011:173),
porque la idea de una versión minimalista de la integración regional -que se limitaba
al comercio- “tuvo magros resultados: pequeño número de países beneficiados,
amplios sectores sociales marginados de la misma, pocos sectores económicos
beneficiados mínimamente (las grandes empresas latinoamericanas, algunas privadas
y otras estatales, y sobre todo, los grandes monopolios transnacionales)”. Por otro
lado, porque los avances en la integración regional en los últimos años, plasmados
en procesos que no aparentan seguir la misma dirección, aportan un ingrediente
adicional para que una propuesta como ésta sea “motivo de análisis y reflexión,
así como de una evaluación de lo que representa, o puede llegar a representar, dentro
del contexto de la globalización y el inter-regionalismo” (Giacalone, 2008:13). Dicho
de otro modo, porque se trata de un “proceso contrahegemónico, cuyo punto de
arranque se halla tanto en la experiencia iniciada desde 1999 en Venezuela, como en la
crisis terminal del ‘regionalismo abierto’ de los ‘90, culminada en 2005 con el fracaso
del ALCA” (Benzi, 2010:79).
V. Ampliación de la agenda social | 357
El capítulo propone una lectura sobre la experiencia del ALBA a partir del análisis
del discurso oficial -documentos de las Cumbres presidenciales-; de la recopilación
de voces de autores que reflexionan y/o escriben sobre ella; y de un chequeo de
las acciones y programas implementados en función de los objetivos trazados,
aunque como se constató y resalta Valenzuela (2010), presenta la dificultad,
cuando no la imposibilidad, de disponer de información genuina sobre dichas
realizaciones. Asimismo, por tratarse de un proceso en plena construcción y de
corta existencia, se pondrán de manifiesto potencialidades y contradicciones,
certezas e incertidumbres, así como las disyuntivas que enfrenta en el actual
contexto regional e internacional.
Para lograrlo, la atención está centrada en dos dimensiones de análisis -la
educación y la participación de las cooperativas- que potencialmente contribuyen
a la ‘cohesión social’, entendida como un atributo de sociedades que desarrollan
políticas para reducir las desigualdades sociales. Para ello lo cual se requiere un
papel activo del Estado, que asegure mecanismos de participación efectiva en la
definición de proyectos de los que son destinatarios -como señala Mellado en el
Apartado V-.
En cuanto a las políticas relativas a las dimensiones mencionadas, se recorta
el estudio al Estado Plurinacional de Bolivia y a la República de Nicaragua, por
interpretar que en ellos son necesarias, en mayor medida que en otros países del
ALBA-TCP, acciones y programas para mejorar sus índices de desarrollo humano
y de desigualdad -entre otros-.
1. La integración en el ALBA-TCP: perspectivas
El origen de este proceso de integración podría situarse en el proyecto político
del “Socialismo del Siglo XXI” que el presidente de Venezuela -Hugo Chávez Fríaspresentara en febrero de 1999. En ese momento, con el nombre de “Confederación
de Estados de América Latina”, se anunciaba la promoción de un bloque regional
en el que la dimensión económica iba a estar sometida desde el principio, a la
dimensión política (Ullán de la Rosa, 2010). Aunque también es válido afirmar
que se remonta a los ideales que movilizaron las luchas por la independencia
libradas a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX; o, dicho de otro modo,
al ideario independentista con su propuesta de unidad, cooperación internacional
e integración regional entre pueblos y gobiernos latinoamericanos y caribeños,
sobre la base de la soberanía, la igualdad y la justicia social (Espinosa, 2008).
El pensamiento que lo protagoniza la inspira, recoge entonces la herencia de
numerosos próceres integracionistas -más de sesenta figuras latinoamericanas y
caribeñas- (Silva, 2011).
358 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Sin embargo, no es hasta la III Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC) -realizada en diciembre de 2001 en Venezuela- que se propone un ALBA
como ‘alternativa’ al ALCA196. Es interesante rescatar, en línea con esta propuesta,
la experiencia de los acuerdos de cooperación sobre energía y petróleo que un año
antes había firmado el gobierno venezolano con países de América Central y el
Caribe -incluyendo a Cuba como beneficiario-197.
Más allá de los antecedentes, el ALBA es una realidad a partir de diciembre de
2004, cuando los presidentes de Venezuela y de Cuba suscriben una Declaración
Conjunta en la I Cumbre Presidencial celebrada en La Habana. Desde entonces
se ha rectificado su denominación en dos oportunidades: la primera en abril
de 2006 al sumarse Bolivia en la III Cumbre Ordinaria, que implicó anexar a la
propuesta inicial el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP)198 -basado en la
complementariedad, la solidaridad y la cooperación en el comercio-; y la segunda
en junio de 2009 cuando se reemplaza el nombre ‘Alternativa’ por el de ‘Alianza’
en la VII Cumbre Extraordinaria, modificación basada en el reconocimiento de que
“el crecimiento y fortalecimiento político del ALBA-TCP la constituye en una fuerza real
y efectiva”199.
Respecto a la estrategia adoptada por sus miembros, según Benzi (2010), se ha
articulado en cuatro grandes ejes: el energético -base del proyecto, con acuerdos
como Petrocaribe200-; el social -a través de las acciones emprendidas inicialmente
por Cuba y Venezuela en sus respectivos países y replicadas luego en los otros del
bloque y hacia terceros-; el económico -en el que se destacan el TCP, los convenios
de intercambio compensado, los Proyectos y Empresas Grannacionales (PGN y
EGN), las producciones conjuntas y obras de infraestructura, entre otros-; y el
financiero -con el Banco del ALBA y el SUCRE-. Estos ejes se instrumentan con
una estructura institucional que comenzó a delinearse en la V Cumbre celebrada
en 2007 y que se ha ido completando con la creación de Consejos, Comisiones,
Comités y Grupos de trabajo.
196 Hugo Chávez Frías manifestó sus reservas respecto al modelo del ALCA en la III Cumbre de
las Américas realizada en abril del mismo año en Quebec, Canadá, aunque no se opuso a la
integración con Estados Unidos sino que planteó la necesidad de que el acuerdo fuera más justo
(Briceño Ruiz, 2011).
197 A partir de 2003 esta política se profundizaba con nuevos acuerdos por los cuales Venezuela
proveía crudos y derivados del petróleo a Cuba y ésta enviaba médicos y asesores en el área de
alfabetización al primero.
198 Denominación que se propuso en oposición a los Tratados de Libre Comercio –TLC-.
199 En la VI Cumbre ya se señalaba que el ALBA “está lista para consolidarse como una alianza política y
estratégica”.
200 El Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE, propuesto por el Gobierno de Venezuela
y suscrito por 14 países, tiene como propósito facilitar el acceso a los recursos energéticos
mediante un intercambio favorable, equitativo y justo entre los países de la región caribeña. Su
objetivo es “coordinar las políticas públicas en materia de energía de los países miembros”.
V. Ampliación de la agenda social | 359
1.1. Objetivos y principios cardinales
Los presidentes de Venezuela y de Cuba sostuvieron en la primera Cumbre que
“sólo una integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de
avanzar todos de consuno hacia niveles aún más altos de desarrollo, puede satisfacer
las necesidades y anhelos de los países latinoamericanos y caribeños, y a la par,
preservar su independencia, soberanía e identidad”. Apelaron al pensamiento de los
próceres de la independencia latinoamericana y caribeña al declarar la finalidad
de “construir una Patria Grande” y establecer como objetivo la transformación de las
sociedades asegurando la eliminación de las desigualdades sociales, fomentando
la calidad de vida y la participación efectiva de los pueblos en la conformación de
su propio destino.
Se ha configurado como “un proyecto político estratégico que se propone actuar
como un bloque de poder en el contexto latinoamericano e incluso a nivel global
(...) es la proyección regional de procesos políticos y económicos que se describen
como revolucionarios en un subsistema internacional latinoamericano cada vez más
heterogéneo” (Briceño Ruiz, 2011:76,80)201. Se caracteriza “por la centralidad de
los temas sociales y de identidad cultural, a través de iniciativas comunicacionales,
culturales y de reconocimiento del elemento indígena y de lo autóctono” y se concentra
en “temas fundamentales del presente siglo, como el cuidado del medio ambiente
y la integración energética y física, así como de la concertación de posiciones en
los esquemas multilaterales” (Silva, 2011: 241).
La construcción de la ‘Patria Grande’, como se expresa en la I Cumbre, se hará
sobre la base de doce “principios y bases cardinales”:
1. “El comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino instrumentos
para alcanzar un desarrollo justo y sustentable”.
2. “Trato diferencial y diferenciado, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo
de los diversos países y la dimensión de sus economías, y que garantice el
acceso de todas las naciones que participen en los beneficios que se deriven
del proceso de integración” -consideración de las asimetrías-.
3. “La complementariedad económica y la cooperación entre los países y
producciones” -reforzada en 2006 con la incorporación del TCP-promoviendo
de ese modo una especialización productiva “compatible con el desarrollo
económico equilibrado en cada país, con las estrategias de lucha por la pobreza
y con la preservación de identidad cultural de los pueblos”.
201 Gambina entiende que para constituirse en una integración alternativa se deben modificar las
relaciones sociales vigentes -capitalistas-, por una nueva organización social sustentada en la
cooperación que se deberá construir “desde la propia iniciativa popular” para lo cual se requiere
de “un proceso de institucionalización que estabilice la política integral de articulación de procesos que
involucran a estados y movimientos” (citado en Benzi, 2010:85).
360 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
4. “Cooperación y solidaridad” expresada en planes destinados a los países
menos desarrollados, especialmente para erradicar el analfabetismo y en
el área de salud.
5. Creación de un fondo de emergencia social.
6. Desarrollo integrador de las comunicaciones entre los países
latinoamericanos y caribeños.
7. Sostenibilidad del desarrollo “mediante normas que protejan el ambiente,
estimulen el uso racional de los recursos que impidan la proliferación de los
patrones de consumo derrochadores y ajenos a las realidades de nuestros
pueblos”.
8. “Integración energética entre los países de la región” -emprendida con el
Acuerdo de Caracas en 2001 y la creación de Petrocaribe en 2005.
9. “Fomento de las inversiones de capitales latinoamericanos” en la región, con
el fin de reducir la dependencia de inversionistas foráneos, para lo cual se
crearán un fondo latinoamericano de inversiones, un banco de desarrollo
del sur y una sociedad de garantías recíprocas.
10. “Defensa de la cultura latinoamericana y caribeña y de la identidad de los pueblos
de la región, con particular respeto y fomento de las culturas autóctonas e
indígenas”. Creación de la Televisora del Sur (Telesur202) como “instrumento
alternativo al servicio de la difusión de nuestras realidades”.
11. Medidas para que las normas de propiedad intelectual protejan el
patrimonio de los países latinoamericanos y caribeños y no se conviertan
en un freno para la cooperación entre los países de la región.
12. Concertación de posiciones en la esfera multilateral y en los procesos de
negociación con países y bloques de otras regiones. Se incluye la lucha
por la democratización de instancias internacionales, particularmente las
Naciones Unidas y sus órganos.
Las sucesivas Cumbres, con la incorporación paulatina de nuevos miembros,
fueron ratificando los objetivos y principios guías.
1.2. Aspectos socioeconómicos del ALBA-TCP
A la fecha -diciembre de 2012- está integrado por ocho países de América Latina
y el Caribe: República Bolivariana de Venezuela y Cuba -fundadores-, Estado
Plurinacional de Bolivia-, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Ecuador, San
Vicente y Las Granadinas, y Antigua y Barbuda203. Además de los miembros plenos,
202
Empresa multiestatal creada en 2005, constituida por Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador,
Nicaragua y Venezuela -abierta a incorporar nuevos socios-.
203 En agosto de 2008 se incorporó Honduras, país que se retiró del ALBA al ser destituido su presidente
por un golpe de Estado institucional. Otros países manifestaron su interés en incorporarse, aunque
no se avanzó en ese sentido (Paraguay en 2009 y Guyana y Suriname en 2010).
V. Ampliación de la agenda social | 361
participan como observadores Irán -desde 2007- y Rusia -a partir de 2009- que han
suscrito acuerdos de suministros en las áreas estratégicas de energía, armamento y
defensa; Granada, Haití204, Paraguay, Uruguay, Guyana y Siria (Silva, 2011).
Como espacio regional está habitado por más de 75 millones de personas en una
superficie de más de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y registra un PBI que
supera los 3 millones de dólares. Se observan en su territorio las mayores reservas
de petróleo y de litio, grandes depósitos de minerales -hierro, coltán, níquel,
aluminio, acero, cobre- y de gas natural. Posee además vastas extensiones de
tierra cultivable y biodiversidad, en las que se obtienen sus principales productos
agrícolas: quinua, banano, cacao, soja, caña de azúcar y café -según datos del
sitio oficial del ALBA-TCP-.
La información del Cuadro Nº 1 aporta indicios sobre la heterogeneidad estructural
que caracteriza a este bloque, en el que conviven el español, el inglés y una
diversidad de lenguas originarias.
Cuadro Nº1:
Países miembros del ALBA-TCP: aspectos socioeconómicos
País
Fecha de
incorporación
al ALBA
Superficie
-km2-
Población
PBI
precios de
PBI per cápita
mercado
-U$S- millones U$S-
Venezuela
Cuba
Bolivia
Nicaragua
Mancomunidad
de Dominica
14 /12/2004
14/12/2004
29/04/2006
11/01/2007
916.445
109.886
1.098.581
130.373
29.277.736
11.235.863
10.400.000
5.815.526
239.620,4
64 099,0
19.640,4
6.551,5
8.250,5
5.721,6
1.958,0
1.125,3
26/01/2008
751
69.625
471,9
6.939,0
Ecuador
24/06/2009
256.370
14.483.499
57.978,1
4.209,5
24/06/2009
384
111.380
680,2
6.240,3
24/06/2009
443
85.903
1.153,8
12.963,9
San Vicente y
Las Granadinas
Antigua y
Barbuda
Elaboración propia, en base a la página oficial.
Se advierte que coexisten países con notorias diferencias en cuanto a su tamaño
-por superficie, población y PBI-, las que también se visualizan respecto al Índice
de Desarrollo Humano (IDH) que elabora el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), en el que se tienen en cuenta tres dimensiones: salud,
educación y estándar de vida -Cuadro 2-.
204 En la XI Cumbre del ALBA celebrada en Caracas en febrero de 2012, se acordó convocar a Haití
como invitado permanente.
362 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Cuadro Nº2:
Países miembros del ALBA-TCP: Índice de Desarrollo Humano (IDH)
País
Cuba
Antigua y
Barbuda
Venezuela
Dominica
Ecuador
San Vicente
y Las
Granadinas
Bolivia
Nicaragua
Posición
x IDH 1
IDH
2
Salud 3
Esperanza
de vida
Educación
Años
promedio
escolaridad
Educación
Años esperados
escolarización
51
0.776
79.1
9.9
17.5
60
0.764
72.6
8.9
14.0
73
81
83
0.735
0.724
0.720
74.4
77.5
75.6
7.6
7.7
7.6
14.2
13.2
14.0
85
0.717
72.3
8.6
13.2
108
129
0.663
0.589
66.6
74.0
9.2
5.8
13.7
10.8
Elaboración propia, en base a PNUD, 2011.
Nota: 1Posición que ocupan en una lista de 179 países. 2El índice varía entre 0 y 1 -menor y mayor IDH
respectivamente-.
Como se anticipó en la presentación, los países seleccionados para la investigación,
el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Nicaragua, en relación a los
otros miembros del bloque exhiben menores IDH205, ingresos per cápita más bajos
-en dólares estadounidenses- y mayor desigualdad medida por el coeficiente de
Gini -0,565 y 0,532 respectivamente-206.
2. Políticas en materia de educación
La educación confiere a las personas que acceden a ella fortalezas para su
desempeño eficaz en la vida, y juega un papel importante en el proceso de cohesión,
reproducción y/o cambio social. Puede afirmarse que contribuye “a condicionar a
cada una de las estructuras con que se relaciona y a los procesos de reproducción y
cambio que ocurren en el desarrollo de las mismas” (Castilla Urbina, 2007:16). En
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se estableció que
205 El PNUD divide a los países en cuatro grandes categorías de desarrollo humano: muy alto, alto,
medio y bajo. La primera se refiere a países desarrollados y las tres últimas a países en desarrollo
(PNUD, 2011). El IDH de Bolivia y Nicaragua es medio, y el de los otros países del ALBA-TCP es
alto.
206 Datos de CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe, 2011, en el que se consigna
que el coeficiente es 0,394 para Venezuela y 0,495 para Ecuador (sin datos para los otros países
del ALBA-TCP). El coeficiente de Gini adopta valores entre “0” -máxima igualdad- y “1” -máxima
desigualdad-.
V. Ampliación de la agenda social | 363
“toda persona” tiene derecho a ella, regla que han adoptado múltiples tratados y
convenios internacionales firmados con posterioridad.
Siendo un proceso social y una de las áreas más sensibles en América Latina
y el Caribe, no puede entenderse la educación sin tener en cuenta su conexión
con un determinado contexto histórico-social, y en ese sentido se interpreta
que constituya uno de los pilares en los que se sostiene la propuesta del ALBATCP y una expresión del principio de “cooperación y solidaridad”. Acerca de esa
concepción señala un documento del Sistema Económico Latinoamericano y del
Caribe (SELA) que “convendría reflexionar sobre los criterios de solidaridad contenidos
en los proyectos que se adelantan en los marcos del ALBA, y que pudieran ser útiles para
el resto de programas vinculados al área social en los demás esquemas de integración
regional”. Destaca asimismo que estos proyectos van acompañados de medidas
que tienen en cuenta el medio ambiente de los pobladores de las localidades
donde se ejecutan y que “se aplican programas de acción inmediata dirigidos a superar
determinados déficit sociales para garantizar el éxito de los proyectos a implementar”
(SELA, 2008:74).
El SELA (2008:54) manifiesta, además, que “la educación de calidad y la erradicación
del analfabetismo son elementos fundamentales de cualquier estrategia con vistas
a reducir la inequidad social”, mientras que la UNESCO advierte en el ALBA-TCP
“algunas señales positivas en cuanto a la mejora de las condiciones de vida de la
población, y algunos adelantos significativos en alfabetización y acceso a la educación,
así como en la conclusión de todos los niveles de enseñanza en la mayor parte de los
países, pero la calidad sigue siendo uno de los principales retos para los próximos años”
(Pedraza, 2012:17).
2.1. La educación en las Cumbres presidenciales
El significado y la importancia concedidos a la educación los han manifestado los
presidentes de los países del ALBA-TCP a lo largo de las distintas Cumbres, pero
fue en la declaración final de la V donde se ratificó el propósito de convertirla
“en la principal fortaleza de las transformaciones que estamos produciendo en nuestras
naciones, para robustecer la conciencia histórica acerca de la unión de los pueblos
latinoamericanos”.
A continuación, en el Cuadro Nº3 se muestran las Cumbres ordinarias que
definieron objetivos y programas relativos a la educación, ordenadas por fecha de
realización.
364 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Cuadro Nº 3:
La educación en las Cumbres ordinarias del ALBA-TCP
I Cumbre Ordinaria -La Habana, Cuba- 14 de diciembre de 2004
Declaración conjunta -Venezuela y CubaPlanes especiales para los países menos desarrollados en la región, que incluya un plan
continental contra el analfabetismo (Principio 4)
Acuerdo Venezuela-Cuba para la aplicación del ALBA
Ambas partes trabajarán para eliminar el analfabetismo en terceros países (art. 5).
Acciones propuestas por Cuba (art. 12):
- 2.000 becas anuales a jóvenes venezolanos para estudios superiores (inc.7)
- asistencia en métodos, programas y técnicas del proceso docente-educativo que
sean de interés para la parte venezolana (inc.10).
Acciones propuestas por Venezuela (art. 13):
- becas para estudios en el sector energético u otros que sean de interés para Cuba
(inc. 4).
II Cumbre Ordinaria -La Habana, Cuba- 27 y 28 de abril de 2005
Declaración final -Venezuela y CubaSe aprueba el Primer Plan Estratégico del ALBA
Acciones a desarrollar
- Cuba mantendrá su apoyo a las Misiones: Robinson I; Robinson II; Ribas; Sucre
III Cumbre Ordinaria -La Habana, Cuba- 28 y 29 de abril de 2006
Acuerdo para aplicación del ALBA y el TCP -Cuba, Venezuela y BoliviaDisposiciones generales
Los países trabajarán en conjunto, en coordinación con otros países latinoamericanos,
para eliminar el analfabetismo en esos países (art. 4).
Acciones a desarrollar por Cuba (en relación a Bolivia):
- continuará aportando experiencia, material didáctico y medios técnicos para el
programa de alfabetización en cuatro idiomas: español, aymara, quechua y guaraní
(inc. 8);
- asistencia en métodos, programas y técnicas del proceso docente-educativo que sean
de interés para la parte boliviana (inc.9).
Acciones a desarrollar por Venezuela (en relación a Bolivia):
- ratifica la oferta de 5.000 becas para estudios en áreas de interés para el desarrollo
productivo y social de la República de Bolivia (inc. 3).
Acciones a desarrollar por Bolivia (en relación a Cuba y Venezuela):
- proporcionará experiencia en estudio de los pueblos originarios, tanto en teoría como
en metodología investigativa (inc. 4).
V. Ampliación de la agenda social | 365
V Cumbre Ordinaria -Tintorero, Venezuela- 28 y 29 de abril de 2007
Declaración política -Venezuela, Cuba, Bolivia y NicaraguaSe evalúa el desarrollo del programa de alfabetización aprobado en el Primer Plan
Estratégico del ALBA.
Se propone avanzar en la instrumentación de estrategias y programas grannacionales
conjuntos en materia de educación.
Se aprueba el Proyecto Grannacional ALBA-EDUCACIÓN
- Desarrollo de la misión de alfabetización en los países del ALBA y en otros de América
Latina y el Caribe, con integración de las experiencias obtenidas en Cuba, Venezuela y
Bolivia.
- Plan de formación universitaria
- Programa común de formación social para el trabajo productivo.
VI Cumbre Ordinaria -Caracas, Venezuela- 24, 25 y 26 de enero de 2008
Declaración política
Se reconocen logros significativos en el campo del desarrollo de los programas sociales
del área de educación, adelantados en Bolivia, Haití y Nicaragua.
VII Cumbre Ordinaria -Cochabamba, Bolivia- 17 de octubre de 2009
Declaración
Se ratifica la continuidad del “Proyecto Grannacional Alfabetización y Post-Alfabetización”,
priorizando el financiamiento del Banco del ALBA.
Se reitera la decisión de agilizar los trámites de ratificación del “Convenio de
reconocimiento de títulos universitarios”.
Se destaca la creación del “Fondo Editorial Educativo ALBA-TCP”, cuyo objetivo es
facilitar la elaboración, publicación y distribución de textos y/o materiales educativos
con la finalidad de fortalecer las políticas educativas en beneficio de los pueblos.
Se acuerda la priorización y financiamiento del “Proyecto Grannacional ALBA-Educación”,
que comprende al sistema educativo como un todo continuo e integrado, y contiene
líneas de trabajo en los ámbitos de educación básica y universitaria.
VIII Cumbre Ordinaria -La Habana, Cuba- 13 y 14 de diciembre 2009
Declaración final
Se alcanzaron los siguientes acuerdos:
- Aprobar el Plan de Acción del Proyecto Grannacional de Alfabetización y PostAlfabetización (inc. 1.3).
- Culminar el proceso de declaración de territorio libre de analfabetismo en todos los
países de la Alianza y continuar impulsando el proceso de post-alfabetización (inc. 1.4).
- Aprobar los Planes de Acción de políticas educativas y estratégicas para el Proyecto
Grannacional ALBA-Educación (inc. 1.5).
- Extender de forma sistemática los servicios educativos en los países miembros
hasta alcanzar la cobertura total, a fin de garantizar el acceso a la educación primaria
universal y avanzar en el acceso a la educación secundaria (inc. 1.6).
- Priorizar en los programas la formación en Educación (inc. 1.7).
366 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
IX Cumbre Ordinaria -Caracas, Venezuela- 19 de abril de 2010
Manifiesto Bicentenario de Caracas
Se destaca que las principales acciones concretas del ALBA se han manifestado en el
campo de las Misiones y Programas Sociales, contribuyendo a la universalización del
derecho fundamental a la Educación.
X Cumbre Ordinaria -Otavalo, Ecuador - 25 de junio de 2010
Declaración de Otavalo
Compromiso de fortalecer las políticas públicas para el acceso a la educación,
prioritariamente para los más excluidos, y promover políticas en beneficio directo de los
pueblos indígenas y afrodescendientes (inc.9).
Elaboración propia, en base a las Declaraciones de las Cumbres Presidenciales del ALBA.
De la lectura del cuadro surge que se han fijado objetivos en materia educativa,
entre los que sobresale el destinado a erradicar el analfabetismo en la región.
Su principal instrumentación se realiza a través de las figuras de Proyectos y
Empresas Grannacionales (PGN y EGN)207 y Misiones208.
También las cumbres extraordinarias -seis en total- se ocuparon de la educación.
En el cuadro 4 se mencionan las que hacen referencia al tema.
Cuadro Nº 4:
La educación en las Cumbres extraordinarias del ALBA-TCP
II Cumbre Extraordinaria -Tegucigalpa, Honduras– 25 de agosto de 2008
Declaración conjunta
-Cooperar con los esfuerzos que realiza Honduras a fin de reducir la pobreza e incentivar
programas sociales.
- Ampliar el Programa de alfabetización masiva “Yo Sí Puedo” a 206 municipios de
Honduras, con el objetivo de declarar su territorio libre de analfabetismo (inc. 9).
207 Son iniciativas que “materializan y dan vida concreta a los procesos sociales de la integración y la unión”
y abarcan “cualquier aspecto de la vida que pueda ser incorporado en la dialéctica grannacional”. Se
desarrollan en once áreas, entre ellas la de educación. Define su carácter “que se enmarque en
los fines y los principios del ALBA” y que en su concepción e instrumentación “participen dos o más
países” del bloque. La idea que subyace es la de un ‘mega estado’ en el sentido de la “definición
conjunta de grandes líneas de acción política común”, sin que implique la construcción de estructuras
supranacionales (Declaración de la VI Cumbre presidencial, 2008).
208 Forman un conjunto de alrededor de treinta programas gubernamentales que “surgieron en el
2003, con el objetivo de empezar a resolver con urgencia los problemas más urgentes en áreas
prioritarias y de los sectores más desfavorecidos en Venezuela, por vía de la más amplia movilización
social e institucional, como alternativa a un aparato estatal rígido e ineficiente” (Valenzuela, 2010:18).
V. Ampliación de la agenda social | 367
III Cumbre Extraordinaria -Caracas, Venezuela- 26 de noviembre de 2008
• Declaración
Asignación de recursos del Banco del ALBA para la campaña de alfabetización en Bolivia
y Nicaragua.
IV Cumbre Extraordinaria -Caracas, Venezuela- 2 de febrero de 2009
• Declaración
Compromiso de concentrar recursos y esfuerzos en áreas prioritarias, entre ellas
alfabetización y post alfabetización.
V Cumbre Extraordinaria -Cumaná, Venezuela- 16 y 17 de abril de 2009
• Declaración
Se acuerda asignar fondos para el proceso de alfabetización en Haití.
VI Cumbre Extraordinaria -Maracay, Venezuela- 24 de junio de 2009
• Declaración
En el marco del Proyecto Grannacional ALBA-Educación, se acuerda constituir la
Universidad de los Pueblos del ALBA-TCP (UNIALBA)
Constitución de un Grupo de Trabajo en materia de acreditación y evaluación de los
sistemas de educación superior. Se suscribe un Convenio de Reconocimiento de títulos o
diplomas de Educación Superior.
Se ratifica la voluntad de intensificar los esfuerzos para declarar el espacio del ALBA
como territorio libre de analfabetismo en el más corto plazo.
Se expresa satisfacción por la declaratoria de Nicaragua como territorio libre de
analfabetismo, por el inicio de los planes de post-alfabetización en Bolivia y del estudio
preliminar para la implementación de un plan de alfabetización en Dominica.
Elaboración propia, en base a las Declaraciones de las Cumbres Presidenciales del ALBA.
Como se evidencia a través de los dos cuadros, en el área específica se aprobó
el Proyecto Grannacional ALBA-Educación -siendo sus principales objetivos la
alfabetización en los países del ALBA-TCP y en otros de América Latina y el Caribey un plan de formación universitaria. También se propiciaron las Misiones, entre
las que se destacan:
•
Misión Ribas, para incluir a personas que no hayan podido culminar el
bachillerato.
•
Misión Robinson I, cuya finalidad es enseñar a leer y a escribir.
•
Misión Robinson II, para la aprobación del sexto grado de educación básica,
sustentado en el método “Yo sí puedo seguir” que utiliza la televisión, la vídeo
clase y folletos de apoyo como estrategia educativa.
•
Misión Sucre, para potenciar la sinergia institucional y la participación
comunitaria con el fin de garantizar el acceso a la educación universitaria a
todos los bachilleres.
368 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
La implementación de estos programas contribuyó a aumentar los índices de
alfabetización209 y en algunos casos a que los países fueran declarados “libres de
analfabetismo”.
Acerca de la formación universitaria, la suscripción de un Memorando de
Entendimiento210 en octubre de 2011 dio un impulso concreto a la constitución de
la Red UNIALBA -expresada como propósito en la VI Cumbre extraordinaria- Se trata
de una red conformada por los organismos responsables de dictar políticas públicas
en materia de educación superior o universitaria y las instituciones de ese ámbito
“con la finalidad de formar el talento humano para el impulso y fortalecimiento de los
proyectos y empresas Grannacionales, garantizar la participación de todos y todas en la
generación, transformación y difusión del conocimiento, así como vincular los procesos
de formación, investigación e interacción con las comunidades”. Las instituciones con
trayectoria y compromiso reconocido en las áreas de conocimiento desarrolladas
por la red, constituyen los “Nodos Nacionales”.
Como iniciativa de intercambio solidario, el ALBA-TCP jerarquiza el campo de
la educación y demuestra “cómo puede internacionalizarse la colaboración entre
gobiernos, para desarrollar servicios públicos que favorezcan a la mayoría de la
población”, en un esquema que se basa en un principio de “ventajas cooperativas”
que contribuye a reducir las asimetrías entre las naciones (Katz, 2006:67,68). En
este sentido cabe agregar -como lo hace Psacharopoulus- que las diferencias en
educación “constituyen la variable de mayor incidencia en la desigualdad de ingresos”
-y por extensión, de esas asimetrías- (citado en Castilla Urbina, 2007:14).
2.2. La situación en Bolivia y Nicaragua
La complejidad de la estructura político-administrativa en ambos casos, no ayuda
para identificar con precisión qué pertenece a los Estados nacionales y cuánto
puede atribuirse a los programas diseñados desde el ALBA-TCP. No obstante, en
general se acepta que es a través del aporte de las Misiones como Bolivia -en
209 Hasta mayo de 2009 fueron alfabetizados 3.8 millones de personas (Pérez García, 2011).
210 El Memorando “entrará en vigor en la fecha de su firma por las Partes y tendrá una vigencia de
cinco (05) años, prorrogables automáticamente por iguales períodos, a menos que una de las Partes
notifique a la otra por escrito y por la vía diplomática su intención de no prorrogable” (Memorando de
Entendimiento para la constitución, organización y funcionamiento de la Red UNIALBA, suscripto
en el marco del IV Taller “Educación para el ALBA”, Quito, Ecuador, octubre 2011. Publicado
en http://albared.org, consulta 26/11/12). En el mismo Taller se acordaron planes de acción
en Programas Grannacionales de Formación (PGF), entre ellos la creación de una Maestría
en Educación Comparada, que comenzó a funcionar en noviembre de 2012, acreditada por la
Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) y el Instituto Internacional para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (IESALC), ente de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) encargado de la promoción de la educación superior
o universitaria en la región.
V. Ampliación de la agenda social | 369
diciembre de 2008- y Nicaragua -en junio de 2009- son considerados territorios
libres de analfabetismo por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)211 (Pérez García, 2011; Valenzuela,
2010).
2.2.1. Bolivia
Bolivia -nombre que deriva del libertador Simón Bolívar- es un Estado plurinacional,
multiétnico y pluricultural, en el que el 62% de su población vive en zonas urbanas
y el resto en zonas rurales. Limita al noreste con Brasil, al sureste con Paraguay,
al sur con Argentina, al suroeste con Chile212 y al oeste con Perú y se organiza
territorialmente en 9 departamentos, que a la vez se dividen en 112 provincias
y éstas en 339 municipios y territorios de poblaciones indígenas originarias. Su
régimen de gobierno es presidencialista y de acuerdo a la Nueva Constitución
Política (2009) adopta “la forma democrática participativa, representativa y
comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres” (art. 11)213.
Según la norma constitucional “toda persona tiene derecho a recibir educación en
todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin
discriminación” (art. 17), principio que recepta la Ley de Educación del año 2010.
La misma Constitución establece que la educación “constituye una función suprema
y primera responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de
sostenerla, garantizarla y gestionarla” y que será obligatoria hasta el bachillerato y
gratuita en todos sus niveles hasta el superior (art. 81). Tanto el acceso como la
permanencia de todas las ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena
igualdad es responsabilidad del Estado (arts. 77 y 82), que en conjunto con la
sociedad tiene “el deber de erradicar el analfabetismo a través de programas acordes
con la realidad cultural y lingüística de la población” (art. 84).
El Plan Estratégico Institucional 2010-2014 recepta lo establecido en la
Constitución Política al plantear como objetivo general “brindar una educación
para todos y todas con calidad y productiva para vivir bien”, garantizando “el acceso
y permanencia en el Sistema Educativo Plurinacional, en condiciones de plena
igualdad, sin discriminación social, cultural, lingüística ni económica”. Dicho Plan
se aplica en una población en edad escolar -entre 4 y 17 años- que representa el
211 Para la UNESCO, un país es considerado libre de analfabetismo cuanto el porcentaje de analfabetos
es menor al 4% de su población.
212 Bolivia mantiene una reclamación territorial a Chile por su derecho a una salida al océano Pacífico.
213 Participativa, por medio del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria
de mandato, la asamblea y la consulta previa; representativa, por medio de la elección de
representantes por voto universal, directo y secreto; y comunitaria, por medio de la elección,
designación o nominación de autoridades.
370 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
32% del total de habitantes, de los cuales el 80% está escolarizado. La tasa de
promoción es 92,8% en el nivel primario y 89,4% en el secundario según datos del
Ministerio de Educación de 2011-.
En ese marco, el método cubano audiovisual “Yo sí puedo” enseñó a leer y a
escribir a más de 800 mil personas en Bolivia, en su mayoría mujeres y al cierre
de 2012 más de 70 mil participantes se graduarán de segundo y tercer grado de
primaria. Según la pedagoga Vivian Hernández “el plan es además la vía para el
acceso a la educación permanente de miles de bolivianos que hoy desde un enfoque
productivo, como establece la nueva ley del sector, optan por la opción por el sexto
curso de la enseñanza primaria”214. Otro dato interesante -que también se exhibe en
Ecuador- es que se ha avanzado en la “Educación Intercultural Bilingüe” como política
de Estado215, cuestión importante dado que coexisten en el país más de treinta
idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, además del
español.
2.2.2. Nicaragua
Nicaragua, también un país de naturaleza multiétnica, está ubicado en el istmo
centroamericano y limita al Norte con Honduras, al Sur con Costa Rica, al Este con
el Mar Caribe y al Oeste con el Océano Pacífico. Administrativamente está dividido
en 15 departamentos, 2 regiones autónomas y 153 municipios. El 56% de la
población es urbana, el 34% rural. La Constitución Política (2005) establece que
es un “Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible” que se gobierna
bajo la forma de una “República democrática, participativa y representativa” (arts.
6 y 7).
Se reconoce en su Constitución el derecho a una educación cuyo objetivo principal
es “la formación plena e integral del nicaragüense”, que lo dote además de una
conciencia crítica, científica y humanista; desarrolle su personalidad y el sentido
de su dignidad; y lo capacite “para asumir las tareas de interés común que demanda
el progreso de la nación”. En función de estas premisas la educación es un factor
fundamental para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad.
La enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado y el
acceso es libre e igual para todos los nicaragüenses, por lo cual “nadie podrá ser
excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas”. Los pueblos
indígenas y las comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su
214 Publicado en: http://www.alianzabolivariana.org/ (Consulta 17/11/12). Nota titulada “Destacan
en Bolivia eje integrador de postalbabetización”.
215 Según declaraciones de Enrique López-Hurtado, consultor de la Unesco, “lideran los avances en ese
tema en Latinoamérica”, en: http://www.minedu.gob.bo, consulta 14/11/12.
V. Ampliación de la agenda social | 371
región a la educación intercultural en su lengua materna, de acuerdo con la ley,
mientras que los adultos gozarán de oportunidades para educarse y desarrollar
habilidades por medio de programas de capacitación y formación. El Estado
también estará a cargo de programas educativos para suprimir el analfabetismo
(arts. 58, 116, 177, 121, 123).
Dentro de un marco legal que se completa con el Código de la Niñez y la Adolescencia
(1998) y la Ley General de Educación (2006), se elaboró el Plan Nacional de
Educación 2001-2015 mediante el cual se propone lograr una educación relevante
para la vida “que permita a todos los niveles, cerrar las brechas entre la educación y
las aplicaciones al trabajo, a la superación de la pobreza y al ejercicio democrático y
comunitario” (PNE, 2001:38).
Puede observarse que en Nicaragua el analfabetismo se ha reducido hasta llegar
casi a cero, aunque la situación reconoce la existencia de sectores de población rural
que todavía carecen de instrucción. Con el propósito de contribuir a la superación
de ese cuadro, Cuba realizó una donación en mayo de 2012 -financiada por el
ALBA- de 50 mil cartillas de lengua castellana, 50 mil de matemáticas, la misma
cantidad de geografía e historia del país, y numerosas clases en multimedias. Los
instructores cubanos utilizan programas como “Yo sí puedo”, con el objetivo de
alfabetizar; “Ya puedo leer y escribir”, para nivelar ambas habilidades; y “Yo sí
puedo seguir”, para completar los grados de enseñanza primaria216.
3. La participación de las cooperativas en el ALBA-TCP
El análisis que se presenta a continuación se circunscribe a las cooperativas,
aunque no puede soslayarse que en los últimos años han surgido “nuevos actores
(bancos éticos, organizaciones de comercio justo, empresas autogestionarias, redes
de productores orgánicos o productores artesanales, etc.) que sumados a los actores
de mayor tradición (cooperativas, mutuales, asociaciones) caracterizan un sector
específico de la economía” (Guerra, 2012: 2). Esto ha llevado a que en el campo
académico se señalara la existencia de una diversidad de agentes que se acercan
a lo que en el continente europeo se denomina “economía social”, que coexiste
en América Latina con el de “economía solidaria” y para Guerra (2012: 7) incluye
organizaciones sectoriales y autogestionarias, además de las que expresan a
“nuevos actores y actores ancestrales que recurren a lazos de solidaridad económica
como estrategias de sobrevivencia o desarrollo” y las que llevan adelante “un conjunto
216 En: Marta Sánchez, “Nicaragua: La alfabetización rescata derechos y abre oportunidades”, http://
www.argenpress.info (consulta octubre 2012).
372 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
de prácticas alternativas a las hegemónicas, donde no se destaca tanto la forma
jurídica o incluso el modelo de gestión como la finalidad sustantiva del emprendimiento
económico” -entre otras217.
Su importancia en la vida y desarrollo de los pueblos ha llevado a la OIT y la ONU a
reconocer su importancia, señalando que se trata de organizaciones que deberían
ser fomentadas y apoyadas porque constituyen una forma de organización de la
propiedad alternativa, que privilegia los sujetos sociales por encima del mercado.
En lo esencial, alientan redes de solidaridad, valores y normas de beneficio colectivo,
toma de decisiones democráticas, producción y distribución equitativa de bienes
y servicios y sistemas de precios justos y de calidad, además de promover el
empleo decente y la superación de la informalidad laboral (OIT, 2001, 2002; ONU,
2001, 2009; Mendell, 2007; Depetris y Rossini, 2008; Schaposnik, 2006, 2011;
Schaposnik y Pardo, 2009, 2011a, 2011b, 2012; Pardo, 2012; CESE, 2012).
3.1. Las cooperativas en las Cumbres presidenciales
En relación a su incorporación en la estructura institucional del ALBA-TCP, las
cooperativas no cuentan con un espacio de participación formal, como tampoco
lo tienen otras organizaciones de la economía social y solidaria. De modo que
interesa mostrar cómo las contemplan las Cumbres y Reuniones del ALBA-TCP
y los mecanismos e instrumentos previstos, toda vez que se centran más en la
cooperación y complementariedad que en la definición de instituciones específicas
para la formulación e implementación de políticas- Cuadro 5-.
Cuadro Nº 5:
Las cooperativas en las Cumbres del ALBA-TCP
III Cumbre Ordinaria -La Habana, Cuba- 28 y 29 de abril de 2006
Acuerdo para la aplicación del ALBA-TCP.
Establece que los países deberán “ejecutar inversiones de interés mutuo que pueden adoptar
la forma de empresas públicas, binacionales, mixtas, cooperativas, proyectos de administración
conjunta y otras modalidades de asociación que decidan establecer”. Se dará prioridad a
“las iniciativas que fortalezcan las capacidades de inclusión social, la industrialización de
los recursos, la seguridad alimentaria, en el marco del respeto y la preservación del medio
ambiente” (art. 5)
217
Reconociendo las prácticas que surgieron en América Latina los sectores populares, los
intelectuales y las organizaciones sociales comenzaron a adoptar otros términos: economía
popular solidaria, economía popular, economía del trabajo -entre otros-.
V. Ampliación de la agenda social | 373
V Cumbre Ordinaria -Tintorero, Venezuela-, 28 y 29 de abril de 2007
Declaración Conjunta de los Movimientos Sociales.
Se recomendó la “Democratización Financiera: creación de instituciones financieras con
instrumentos modalidades, plazos, tasas y montos que se adapten a las necesidades de
financiamiento de los emprendimientos sociales. Por ello solicitamos que en la estructura
organizativa del BANCO DEL SUR se incluya un área de atención a la economía social,
concretamente un fondo solidario para impulsar la Alternativa Bolivariana de las Mujeres de
América con miras a erradicar la feminización de la pobreza”.
VII Cumbre Ordinaria -Cochabamba, Bolivia-, 17 de octubre de 2009
Declaración Conjunta:
Se acordó establecer los Principios Fundamentales que regirán el Tratado de Comercio
de los Pueblos (TCP) “con el objeto de desarrollar el comercio regional basado en la
complementariedad, solidaridad y cooperación para el Vivir Bien” (pto.2)
Principios fundamentales ALBA-TCP:
Se consideró que el comercio tiene que favorecer “a las comunidades, comunas,
coooperativas, empresas de producción social, pequeñas y medianas empresas” (Principio
9º).
-Plan para el desarrollo del comercio en la zona económica de desarrollo compartido del
ALBA-TCP:
Se acordó la “identificación de nuevos actores económicos” con el fin de contribuir a
una mayor presencia comercial, “promoviendo a los nuevos actores comerciales” que se
mencionan en el Principio 9° del Alba- TCP. (pto. VII)
XI Cumbre Ordinaria, -Caracas, Venezuela-, 03- 04 y 05 de febrero de 2012
Acuerdo para la Constitución del Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBATCP):
- Se resalta el convencimiento de que “la distribución equitativa de las riquezas y el fomento
de formas de propiedad populares, cooperativas y sociales de los medios de producción
constituyen poderosas herramientas para asegurar la justicia social y el progreso de nuestras
sociedades y sistemas económicos”.
-Reitera el Principio 9° que guía a los TCP (art. 2)
-Establece la voluntad de las Partes de favorecer “esquemas de alianzas de
complementariedad de encadenamientos productivos, explorando las formas de asociación
que para cada proyecto resulten más apropiadas, impulsando la participación de las unidades
productivas comunales, indígenas originarias, campesinas, cooperativas, pequeñas y medianas
empresas, de propiedad social, estatal y privada, y demás tipos de emprendimientos, en dicho
proceso.” (art. 5)
Compromiso SUCRE. Movimientos Sociales del ALBA-TCP:
En el ámbito productivo se asumió el compromiso de:
“Contribuir con la unión económica y productiva de la Alianza, impulsando modelos de
propiedad social de los medios de producción, desde la base de la economía social, solidaria,
comunitaria y comunal para el desarrollo experiencias socioproductivas.” (pto.4).
Elaboración propia, en base a las Declaraciones de las Cumbres Presidenciales del Alba.
374 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
A partir de lo expuesto, se vislumbra un entramado de oportunidades para las
cooperativas en tanto se las tiene en cuenta en Programas y Proyectos como
los financiados por el Banco del Alba218, en Convenios celebrados -tal el caso del
ECOALBA que las incluye dada su forma de propiedad para encadenamientos
productivos- o en el SUCRE219 -como uno de los nuevos actores comerciales para
el comercio justo, solidario y complementario-.
En principio este tratamiento muestra una forma de inclusión ensamblada, distinta
a la estudiada en otros procesos de integración como el MERCOSUR, en el que la
captura de políticas depende de la acción colectiva en la estructura institucional a
través de la Reunión Especializada en Cooperativas (Schaposnik, 2006; Schaposnik
y Pardo, 2011; Pardo, 2012) o como UNASUR, donde si bien se planteó entre
sus objetivos prioritarios la integración productiva y el establecimiento del Banco
del Sur, pocos pasos se han dado en ese sentido - aunque existen expectativas
sobre su puesta en marcha y a que se contemple a la economía social y solidaria(Schaposnik y Pardo, 2009, 2011a; Schaposnik, 2011)
3.2. Las cooperativas en Bolivia y Nicaragua
Las cooperativas, que forman parte de la economía social y solidaria, tienen
un desarrollo significativo en los países seleccionados. Registran además
actividad y presencia en todo el territorio contribuyendo al desarrollo y a
la eliminación de desigualdades, extendiendo sus valores y principios a su
entorno y comunidad, lo que las distingue claramente de las empresas de
capital trasnacional. Interesa destacar también, que han sido reconocidas en
las normas constitucionales integrando la estructura económica del Estado.
Sin embargo, una cuestión común en Nicaragua y Bolivia se refiere a las
dificultades de los organismos públicos para ofrecer estadísticas o estimaciones,
falencia colectiva regional de larga data que obstaculiza conocer a qué rubros se
dedican las cooperativas, su aporte económico-social a la región y su relevancia
(Schaposnik, 2006; Pardo, 2012), restringiendo la posibilidad de profundizar
estudios sobre el sector.
218 De acuerdo al convenio constitutivo, son sus funciones financiar proyectos y programas para los
accionistas clase “A”, “orientados a la promoción, fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña,
mediana producción, economías asociativas, en todos los sectores económicos” (art. 4.1.4). En este
sentido se interpretan los fondos del ALBA que en Nicaragua, a través del Instituto de Desarrollo
Rural (IDR), llegan a más de cien entidades que participan en proyectos agroindustriales.
219 El Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE), se refiere a un sistema de pagos regional
basado en la utilización de una moneda electrónica para las operaciones comerciales entre los
países. También incluye la figura de intermediación financiera y generación de créditos orientados
al desarrollo de la producción exportable, abriendo las posibilidades de inserción comercial a los
pequeños y medianos productores y empresas de la economía social.
V. Ampliación de la agenda social | 375
En conocimiento de esta problemática, tanto la ONU como la OIT han instado a los
gobiernos a mejorar las estadísticas cooperativas con el fin de poder implementar
políticas públicas específicas (OIT, 2001; ONU, 2009). En el caso de Bolivia,
en los últimos años y merced a la colaboración de organismos internacionales
como el Centro Cooperativo Sueco -CCC-, la OIT o la Sociedad Canadiense para
el Desarrollo Institucional -SOCODEVI, se han intensificado los esfuerzos por
dimensionar el movimiento cooperativo, teniendo en cuenta que la Dirección
General de Cooperativas “no cuenta con el personal e infraestructura necesarios
para poder atender las necesidades del sector (registro eficiente, elaboración de
estadísticas, formación, accesibilidad y líneas de comunicación eficaces, etc.)”
(Mogrovejo y Vanhuynegem, 2012: 52, 53). Por su parte, en Nicaragua las
limitaciones estadísticas subsisten y la información disponible, como se verá
más adelante, se remonta a 2006-2007 en base al Diagnóstico realizado por la
Alianza Cooperativa Internacional -ACI-, que ya había alertado sobre el problema
de los datos y la “ausencia de información estadística actualizada y consolidada sobre
el sector”.
3.2.1 Bolivia
El sector cooperativo en este país tiene la singularidad de contar con una
gran participación en la actividad minera, que desde la década del ochenta se
desarrolló como alternativa de autoempleo y subsistencia a partir de las políticas
macroeconómicas que se adoptaron, al igual que en otros países de la región, en
el marco del Consenso de Washington. Este predominio se pudo observar en una
investigación relativa al financiamiento (Schaposnik y Pardo, 2009) y sigue vigente
de acuerdo con lo revelado por Mogrovejo y Vanhuynegem (2012:46). En efecto,
sobre un total de 1.444 cooperativas en 2010, el 49% realiza actividades mineras,
el 18% agropecuarias, el 10% se dedica a los servicios, el 10% al transporte y un
7.5% al ahorro y crédito.
Cuadro N° 6:
Cooperativas en Bolivia (2010)
Tipo de Cooperativas
Agropecuarias
Ahorro y Crédito
Transporte
Servicios
Mineras
Telecomunicaciones
Otras
Total
Fuente: Mogrovejo y Vanhuynegem (2012: 83)
Cantidad
266
108
145
143
702
16
64
1444
376 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Los mismos autores señalan que las cooperativas tienen presencia en todo el
territorio del país y que los Departamentos donde se presenta una mayor
concentración son Santa Cruz -32%-, La Paz -27,1%- y Cochabamba -8,7%-.
Respecto a la contribución que realizan, se destaca en primer término la destinada
a sus miembros, que se lleva a cabo a pesar de que el “escaso acceso a recursos
financieros repercute de manera fundamental en la ampliación de los servicios”
(Mogrovejo y Vanhuynegem, 2012: 50, 51). En el plano social, contribuyen a la
reducción de la pobreza generando tres empleos indirectos por cada empleo directo,
según datos estimados que se difunden en los informes de la Confederación de
Cooperativas de Bolivia –CONCOBOL-. Sobre una PEA de 4.927.369 habitantes, los
directos cubrirían el 3,61% y los indirectos el 10,83%, siendo el sector minero el
que produce la mayor generación (62,61%), seguido por los de telecomunicaciones
(11,09%), de servicios (8,76%) y de ahorro y crédito (8,14%).
Aunque se reconozca la relevancia de la economía solidaria y de las cooperativas
en particular, es indudable que en Bolivia, como en otros países de la región,
históricamente ha prevalecido una economía de mercado “donde los enclaves
capitalistas no han transformado la lógica de acumulación comunitaria; más bien
se han servido de la actividad intensiva en determinados nichos productivos” (Pinto
Quintanilla, 2010: 70-71). No obstante, a partir de la asunción del Presidente Evo
Morales en 2006, se han producido cambios políticos con el ánimo de modificar
ese paradigma de desarrollo boliviano (Guerra, 2012).
Con este sentido se aprobó en 2009 una nueva Constitución que enarbola principios
de ética innovadores e introduce modificaciones sustantivas en la historia del
país220. En lo esencial, marca el inicio de una etapa “basada en la pluralidad de la
estructura estatal, en la diversidad cultural y en la heterogeneidad de la base social”.
Además de eliminar regímenes especiales, consagra el mandato ideológico de
implementar un nuevo patrón de desarrollo “basado en la filosofía del Vivir Bien”
(Delgado Burgoa, 2010: 39, 53). Así dispone que “la economía plural está constituida
por las formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social
cooperativa” (art. 306, pto.II) y al articular las diferentes formas de organización
económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, solidaridad,
redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, equilibrio, justicia y
220 La modificación fue realizada en base a una amplia participación del pueblo a través de la
presentación de propuestas. Según Delgado Burgoa (2010:39), “las reivindicaciones del pueblo
boliviano —expresadas en las bases fundamentales del Estado, los principios y valores, la incorporación
esencial de los derechos colectivos, la estructura institucional, territorial y económica basadas en la
ruptura de una continuidad colonial, en la desconcentración de poder y en la consulta previa sobre
el aprovechamiento y el beneficio colectivo de los recursos naturales y la soberanía sobre la cadena
productiva— establecen una nueva concepción del constitucionalismo”.
V. Ampliación de la agenda social | 377
transparencia, establece que “la economía social y comunitaria complementará el
interés individual con el vivir bien colectivo”(art. 306, pto. III)221.
El Estado, según la norma constitucional, “reconocerá, respetará, protegerá y
promoverá la organización económica comunitaria”, que “comprende los sistemas
de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión
propios de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos” (art. 307). En
particular reconoce a las cooperativas y las protege por ser formas de trabajo
solidario y de cooperación, sin fines de lucro, asumiendo a la vez la promoción
de las actividades de producción (art. 310). Asimismo, considera que “el sistema
cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, reciprocidad, equidad
en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados”, por lo que el Estado
“fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley” (art. 55).
3.2.2. Nicaragua
Se reconoce a José Sandino como el impulsor de la economía social durante los años
treinta en las zonas rurales más pobres del país. Sin embargo es con la revolución
sandinista en la década de los ochenta que ésta se expande, merced a las políticas
estatales que jugaron un rol activo en la constitución y promoción. Luego, durante la
década del noventa, producto de vaivenes políticos y del abandono de las políticas
públicas, las cooperativas nicaragüenses tuvieron un desarrollo accidentado al igual
que los pequeños y medianos productores del país, por no haber sido incluidos en
las discusiones sobre el TLC y sus consecuencias, ni en los códigos tributarios, en
las políticas de financiamiento, en los programas de innovación tecnológica o en las
estadísticas. Tal como señala un estudio diagnóstico realizado por la ACI-Américas222
“sus problemas están directamente vinculados a la carencia de recursos, ausencia de
apoyo institucional y obstáculos de parte de algunas leyes, sobre la inseguridad de sus
propiedades y la del DR-CAFTA223 que los pone en competencia desleal en relación a los
grandes” (ACI-Américas, 2007:77).
221 Para Prada Alcoreza (2010: 187-188) es una economía plural que propone “espacios económicos
diferenciales, entrelazados e integrados que se articulan y complementan, que se distinguen por sus
efectuaciones, sus prácticas y sus estructuras diferentes”, en el que todas las estrategias económicas
-la comunitaria, la estatal, la privada y la cooperativa- estarán contenidas en el Plan de Desarrollo
Nacional y monitoreadas por el Estado. La economía comunitaria y la economía estatal serán
sus ejes primordiales, “ejes que se promocionan sin desmedro de los otros ejes económicos como el
privado y el cooperativo”.
222 La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895, es una organización no gubernamental
independiente que reúne, representa y sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo.
Cuenta entre sus miembros con 277 organizaciones de 98 países que representan casi 1.000
millones de personas de todo el mundo y con 4 oficinas regionales: América, Asia, Europa y África.
(Información disponible en: http://www.aciamericas.coop)
223 Se refiere al Tratado de Libre Comercio firmado entre República Dominicana, Centroamérica
(Nicaragua-Honduras-Guatemala-Costa Rica-El Salvador) y EEUU.
378 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
Añade este informe que con el nuevo gobierno de Daniel Ortega en 2007 surgieron
algunas perspectivas positivas sobre todo a partir de la promoción de políticas
públicas hacia el sector. Si bien esto no se puede dimensionar debido a la ausencia
de datos, cabe destacar que en julio de 2012 se sancionó la ley nacional 804
para la creación del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa,
Asociativa y Mixta, cuyos ejes serán la familia, la comunidad, la asociatividad
y el cooperativismo, la micro y pequeña empresa, la diversificación de la
producción, la conservación del medio ambiente, el modelo productivo indígena y
afrodescendientes.
De acuerdo con los resultados del estudio de la ACI mencionado, existe un universo
estimado de 4.218 organizaciones cooperativas en el país que se distribuyen en
los siguientes subsectores: agropecuarias (56%), industria y servicios (37%),
ahorro y crédito (7%).
Cuadro N° 7:
Cooperativas por Sector en Nicaragua (2007)
Tipo de cooperativas
Cantidad
AGROPECUARIAS
2.356
Cooperativas
Colectivos
AHORRO Y CRÉDITO
INDUSTRIA Y SERVICIOS
881
1.475
294
1.568
Transporte (350) Taxis (296)
Pesca
Otros Servicios: pequeña industria, artesanía, turismo,
minas (guiriceros)
Multisectoriales
Servicios Múltiples
Mantenimiento Vial (Comunales)
Vivienda
TOTAL
646
385
220
130
102
52
33
4.218
Fuente: Diagnóstico ACI–Américas (2007: 49).
El diagnóstico destaca que el cooperativismo nicaragüense contribuye a la reducción
de la pobreza, a la seguridad alimentaria y a la concesión de microcréditos en
zonas pobres rurales.
En Nicaragua, al igual que en Bolivia, la Constitución vigente -reformada en 2005reconoce variadas formas de propiedad. Las supedita a los intereses superiores
de la Nación (art. 103) y establece que “deberán ser garantizadas y estimuladas sin
discriminación para producir riquezas, y todas ellas dentro de su libre funcionamiento
V. Ampliación de la agenda social | 379
deberán cumplir una función social” (art. 5). A partir del artículo 99 se determina que
el Estado es responsable de “proteger, fomentar y promover las formas de propiedad
y de gestión económica y empresarial privada, estatal, cooperativa, asociativa,
comunitaria y mixta, para garantizar la democracia económica y social”.
A su vez, en el marco de la reforma agraria, se establece que se “promoverán las
formas de propiedad compatibles con los objetivos económicos y sociales de la nación
establecidos en esta Constitución” (art.107), para lo cual “el Estado promoverá la
asociación voluntaria de los campesinos en cooperativas agrícolas, sin discriminación
de sexo; y de acuerdo con sus recursos facilitará los medios materiales necesarios para
elevar su capacidad técnica y productiva, a fin de mejorar las condiciones de vida de los
campesinos” (art.109).
Reflexiones finales: entre certezas e incertidumbres
Una primera apreciación que cabe realizar, es que “los contenidos de cualquier
proceso de integración están fuertemente determinados por los principios, proyectos
e intereses dominantes en el escenario económico, político y social interno de los
países participantes” (Estay, citado en Benzi, 2010:90). De allí que al intentar
una evaluación sobre el desarrollo del ALBA-TCP, sea necesario contemplar el
entrecruzamiento de los proyectos nacionales con la proyección regional y tener
en cuenta la correlación de fuerzas al interior de cada país. En ese sentido, resulta
significativo el nuevo mapa político que se ha ido consolidando en América Latina
y el Caribe, con la presencia de gobiernos progresistas o de izquierda en los que
se percibe “la búsqueda de opciones, de caminos que se abran a nuevos esfuerzos que
ofrezcan respuestas diferentes, capaces de superar la exclusión social y política de una
gran mayoría de personas” (Rojas Aravena, 2006:115).
También es relevante considerar en el análisis de la experiencia, algunos aspectos
que pueden interpretarse como contradictorios con la propuesta del ALBA-TCP y que
ameritan ser estudiados en profundidad -aunque excede el propósito de este capítulo-.
Entre otros, es válido mencionar la tensión entre un nuevo modelo civilizatorio y
la persistencia de un patrón extractivo y primario exportador; la continuidad del
modelo dominante basado en la energía centrada en el petróleo y en la extracción
de recursos no renovables, opuesto a los planteamientos de grupos ambientalistas y
representativos de la población indígena; la coexistencia de compromisos propios
del bloque regional con acuerdos económicos y comerciales previos de sus
miembros -lo que genera una membresía muy compleja- (Romero, 2010).
En definitiva, cabe reconocer que como cualquier proyecto de transformación “el
ALBA está sujeto a contradicciones que una y otra vez llevan a conflictos con sus propias
aspiraciones”, lo que no impide que se registren avances en sus propósitos y se
380 | Problemáticas del regionalismo latinoamericano en los inicios del siglo XXI
puedan constatar “una serie de logros que han abierto el paso hacia una integración
social y solidaria” (Fritz, 2007:5).
Luego de analizar los documentos de las Cumbres presidenciales, describir
programas y acciones en las áreas de la educación y la participación de las
cooperativas -particularmente en Bolivia y Nicaragua-, interesa resaltar que el
ALBA-TCP es una iniciativa transformadora “que propone cosas distintas a las que se
desarrollan en otros esquemas de integración, no sólo en América Latina sino también
en el mundo general” (Briceño Ruiz, 2011:60). Puede entenderse, entonces, que
está en camino de redefinir y resignificar los procesos de cooperación e integración
existentes, lo cual conlleva como premisa que para construir colectivamente
cambios estructurales, es necesario establecer nuevas categorías, en las que la
contradicción entre lo viejo, lo existente y lo nuevo es inevitable.
En este marco, las políticas diseñadas e implementadas en los países, son
coherentes con los objetivos propuestos por el ALBA-TCP, a pesar de que resulte
complicado cuantificar los logros obtenidos por las dificultades de acceso a
información precisa. Aun así, cualitativamente pueden resaltarse los mecanismos
prácticos, inclusivos y extensivos a toda la comunidad que expresan la voluntad de
reconstruir el tejido social y superar las desigualdades sociales.
Al dejar abierta la posibilidad -y la necesidad- de continuar analizando un proceso
tan dinámico y sin desconocer tanto su juventud como la dependencia respecto
a la visión de los gobiernos vigentes -y sus liderazgos-, se entiende que los pasos
dados desde la creación del ALBA-TCP apuntan a la construcción de nuevas
identidades, lo cual estaría contribuyendo a la cohesión social y a “restaurar la
dignidad a lo político” combinando “el ideal de derechos y pluralismo y las ideas de
inspiración pública y preocupación ética-política” (Mouffe, 1999: 75 y 78).
V. Ampliación de la agenda social | 381
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