El desafío medioambiental : una lectura desde los esquemas de integración regional suramericanos en las primeras décadas del Siglo XXI

Universidad de La Salle Ciencia Unisalle Negocios y Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 1-1-2018 El desafío medioambiental: una lectura desde los esquemas de integración regional suramericanos en las primeras décadas del siglo XXI Karen Julieth Hurtado Sierra Universidad de La Salle, Bogotá Laura Marcela Díaz Sierra Universidad de La Salle, Bogotá Jesús David Orozco Gómez Universidad de La Salle, Bogotá Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones Citación recomendada Hurtado Sierra, K. J., Díaz Sierra, L. M., & Orozco Gómez, J. D. (2018). El desafío medioambiental: una lectura desde los esquemas de integración regional suramericanos en las primeras décadas del siglo XXI. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/118 This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Negocios y Relaciones Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co. El desafío medioambiental: una lectura desde los esquemas de integración regional suramericanos en las primeras décadas del siglo XXI. Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Profesional en Negocios y Relaciones Internacionales Karen Julieth Hurtado Sierra Laura Marcela Diaz Sierra Jesús David Orozco Tutor: María Eugenia Vega Universidad de La Salle Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Programa de Negocios y Relaciones Internacionales Bogotá D.C 2018 Tabla de contenido Introducción……………………………………………………………………………………..1 Capítulo 1: Elementos diferenciadores que exhiben el regionalismo abierto y post-liberal……8 1.1 Integración……………………………......................................................................8 1.1.1 Antecedentes de la integración……………………………………………….10 1.1.2 De la integración al regionalismo en América Latina………………………..13 1.2 Regionalismo abierto en América Latina…………………………………………..15 1.3 Regionalismo Post-liberal…………………………………………………………..18 Capítulo 2: Principales retos ambientales en Suramérica en las primeras décadas del siglo XXI……………………….………………………………………………….21 Capítulo 3: Mecanismos propios de los procesos de regionalización para la protección ambiental en Suramérica …………………………………………………………………………………...28 Conclusiones…………………………………………………………………………………….40 Referencias Bibliográficas………………………………………………………………………44 Resumen A partir de la década de los años 70s los problemas ambientales son incorporados en el marco internacional, considerándose un aspecto transversal y de carácter multidimensional que impacta las políticas económicas y sociales; es así como se empieza a plantear la necesidad de afrontar los problemas ambientales desde la participación conjunta de los Estados. Partiendo de esta premisa, el presente trabajo analiza el tratamiento de los temas relativos al medio ambiente desde el regionalismo en Suramérica, este entendido como estrategia por excelencia de alcance regional para la concertación política y cooperación entre los Estados de la región. Para esto, se abordará el regionalismo desde dos concepciones, el regionalismo abierto definido por la interdependencia comercial preferencial y el impulsado proceso de liberalización comercial dado en Latinoamérica en la década de los 90 y por otra parte, el regionalismo post-liberal o post-hegemónico caracterizado por plantear un proceso de integración regional en el cual los Estados recuperen la capacidad institucional y la regulación de políticas comunes. Todo esto conduce a entender las nuevas iniciativas de integración que no solo generan una interdependencia comercial, sino también reducen las brechas sociales, políticas y medioambientales de la región.. A partir del modo de abordaje es teórico descriptivo con de técnicas de investigación cualitativas, en este caso el análisis de contenido, permitirán analizar de qué manera el regionalismo suramericano ha abordado las problemáticas del medio ambiente desde la implementación de políticas en las agendas gubernamentales de la región. Palabras Claves: Suramérica, regionalismo, medio ambiente. Abstract Since the 1970s, environmental problems are incorporated into international framework, considering it a transversal and multidimensional aspect that impacts economic and social policies. This is how the need to tackle environmental problems from the cooperative participation of the States begins to be raised. Based on this premise, this paper analyzes the treatment of issues related to the environment from regionalism. This is understood as a strategy par excellence of regional scope for political coordination and cooperation among the States of the region. In this way, regionalism will be approached from two conceptions, open regionalism delimited by the preferential commercial interdependence and the impelled process of commercial liberalization given in Latin America in the decade of the 90’s; and post-liberal or post-hegemonic regionalism characterized by proposing a process of regional integration in which the States recover institutional capacity and regulation of common policies. All this leads to evidence how the new integration initiatives are not only a tool to create a commercial interdependence, but also reduce the social, political and eviromental gaps of the region. In accordance with the above, this qualitative research through a descriptive theoretical approach and using content analysis as a technique, will allow us to analyze how South American regionalism has addressed environmental issues since the implementation of policies in the government agendas of the region. Keywords: South America, regionalism, environment. Introducción La intensificación del proceso de globalización y la desenfrenada dinámica de la economía deja entrever un marco internacional determinado por fenómenos de carácter interméstico. En este escenario en particular, los problemas relativos al medio ambiente han adquirido importancia en la agenda internacional, luego de que la liberalización del comercio, el intercambio de bienes y servicios, el flujo de capital y las nuevas formas de industrialización desencadenaran impactos negativos en el ambiente, originando una amenaza para la supervivencia de la vida humana y las futuras generaciones. En efecto, existe una continua preocupación por los científicos a nivel mundial quienes señalan “los riesgos de un colapso sobre el planeta no como producto de las guerras entre naciones, sino como consecuencia de una guerra silenciosa” (Avellaneda, s.f, p. 32). El cambio climático, la deforestación, el agotamiento de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad y la inseguridad transfronteriza constituyen algunos de los problemas ambientales que han sido consecuencia de un modelo de desarrollo basado en la continua explotación de recursos naturales, siendo el tema de entrada en la discusión internacional para el manejo del medio ambiente. De ahí que la problemática ambiental, desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, haya tomado relevancia en la comunidad internacional a través de distintos mecanismos políticos e institucionales1, a fin de alcanzar un desarrollo económico que preserve el aspecto ambiental. En su mayoría, dichas iniciativas internacionales establecen que la solución a la problemática ambiental se debe obtener a partir de la cooperación entre los estados2. De igual maneara, la preocupación relativa al medio ambiente se manifestó también en la Cumbre del Milenio (2000) en la cual se estableció la necesidad de forjar una alianza global para el desarrollo capaz de enfrentar los desafíos de la globalización y garantizar el cuidado del medio ambiente (Hernán Blanco, 2005). La Conferencia de Estocolmo 1972, el “Informe Brundtland” 1987, la “Cumbre de la tierra”, en Río de Janeiro, (Brasil),Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 1992, la “Cumbre de la tierra”, en Río de Janeiro, (Brasil), Protocolo de Kioto 1997, “Cumbre sobre desarrollo Sostenible”, en Johannesburgo, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002) 2 “Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen esta la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen”. Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Principio 7 1 1 Conviene resaltar que la relevancia de la agenda ambiental en Suramérica, objeto de estudio en la presente investigación, se hace evidente por dos factores fundamentales. La primera de ellas son los recursos naturales: se sabe que la subregión alberga cerca del 40% de la diversidad biológica de la tierra, el 25% de los bosques del planeta y 26% de las fuentes renovables de agua dulce (Guinand & Cánepa, 2011). El segundo factor se ha abordado en las diferentes conferencias desarrolladas en el continente sudamericano, y trata acerca del cambio climático, biodiversidad, recursos hídricos, producción y consumo (Hernández, s.f.). Es importante resaltar la aproximación entre los estados como forma de cooperación y de construcción de instituciones para la ejecución de políticas dentro de un esquema de integración regional. En efecto, se empiezan a vislumbrar ideas de integración en los años 60 que propenden por la relación entre países con el fin de disminuir barreras económicas, políticas y comerciales, que han conducido a un ambiente multilateral mucho más consolidado. A partir de aquí, surgen los conceptos de integración y regionalismo, que presentan diferencias conceptuales, pero que se encuentran estrechamente relacionados: por un lado, está la integración regional no solo como medio de inserción internacional y consolidación de políticas de cooperación y asociación entre los estados, sino como mecanismo para mermar las asimetrías entre estos en materia comercial, política y económica; (EFI, 2017) y por otro, el regionalismo, determinado por la unidad geográfica entre países que comparten fronteras naturales entre en una misma región y que se inclinan por intereses políticos, económicos, sociales y medioambientales, intensificando la integración hasta alcanzar un grado de identidad más allá de los pactos fronterizos, de tal forma que se incorporen procesos de cambio en la concepción de la agenda de los Estados, como contrapeso y protección a los retos de la globalización (Morales, 2007). Hay que mencionar, además, que la integración regional surge como un proceso que incluye en sí mismo la coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda en la región, cuya finalidad es dar respuesta a las diferentes necesidades que emergen debido a la existente interdependencia en los ámbitos social, político, económico, cultural y medioambiental de una nación respecto a su entorno, según concuerdan Morales (2007) y Rosales (2014). 2 A finales de la década de 1980 en el marco de la integración regional, Suramérica se vio la necesidad de mejorar su inserción en el ámbito internacional en términos comerciales, debido al nuevo escenario que se definía, por un lado, con el fin de la guerra fría y por otro, con los procesos de globalización (Sanahuja, 2009). Es así como en el año 1989 en el marco del consenso de Washington se lleva a cabo un primer intento por caracterizar la liberalización económica de la región, en la cual se pretendió generar un modelo liberalizado. De aquí se propusieron reformas3 para la viabilidad de la inserción, siendo este consenso el preámbulo de la implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica, según lo refiere Casilda (2004). Dicho en otros términos, un modelo que promueve la liberalización de mercados, el ajuste estructural, la privatización, desregulación, es decir, un modelo que pregona la apertura económica (Cabrera, 1992). Aquí es importante mencionar que la cuestión ambiental comienza a ser parte de la agenda latinoamericana a partir de la modificación constitucional de cada país. Según Murillo (2008) el Derecho Internacional ha sido una de las causas principales para que la gestión ambiental se haya implementado en las agendas nacionales de la región. las constituciones políticas se han ido enverdeciendo y el marco ambiental debe ser protegido por el estado y la sociedad en conjunto. Así mismo, iniciativas como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)4 acuñan marcos institucionales para la preservación del medio ambiente. Hecha esta salvedad, a comienzos de los años 90 en el marco de la apertura en Suramérica el regionalismo abierto5, concepto acuñado por la CEPAL en 1994, se desarrolló caracterizándose por la implementación 3 Tales como disciplina fiscal, variación en el modo en el cual se emplea el gasto público, reforma fiscal, tipos de interés, liberalización comercial, política de apertura referente a la inversión extranjera directa, política de privatizaciones, política desreguladora, y derechos de propiedad (Casilda, 2004). 4 La cuestión ambiental es incorporada como tema regional durante los años setenta 4 y recobra mayor importancia en los años noventa. En 1969 con el Acuerdo de Cartagena se constituye la CAN, organismo regional que empieza a evidenciar la inclusión de temas relativos al medio ambiente, considerando así uno de los objetivos principales la preservación del ambiente en los procesos de integración, esto permite que sea uno de los modelos de integración con mayor implementación de políticas medioambientales en la actualidad. Adicionalmente, en concordancia con la convergencia entre la agenda ambiental y los procesos de integración, se identifica que hacia 1991 surge Mercosur en el marco del tratado de Asunción, esta organización surge de la necesidad de ampliar los mercados nacionales a partir de acuerdos bilaterales y multilaterales, al igual surgen temas pioneros en la agenda, tales como el aprovechamiento de los recursos, la preservación del medio ambiente y el mejoramiento de las conexiones entre países (Caetano, 2011). 5 América Latina se ve enmarcada por dos fenómenos en el marco de la CEPAL; el primero se da por la necesidad de una apertura comercial que incrementa la inversión intralatinoamericana tomando en cuenta una cercanía geográfica y en segundo lugar una tendencia “natural” de integración por de las demás naciones. Así, se desarrolla el regionalismo abierto como un proceso de interdependencia económica, impulsado por acuerdos preferenciales de integración, políticas de apertura y desreglamentación para aumentar la competitividad de la región y construir una economía internacional más abierta y transparente (CEPAL, 1994). 3 de acciones direccionadas a fomentar la interdependencia entre diferentes países de una región, sin diezmar la interdependencia generada con otras naciones del mundo. De este modo, se fomentó el regionalismo sin oponerse a la ejecución de políticas neoliberales con diferentes naciones del globo 6, según lo señala Aranda & Salinas (2015). Asimismo, basa su patrón de desarrollo en la exportación de productos primarios, comprendiendo la naturaleza como capital natural –sustituible por capital artificialy a la conservación como una forma de inversión, cuyo efecto genera un alto impacto ambiental, según señala (Ocampo, 2009). Fruto de esta apertura surgen diferentes concepciones del regionalismo en el subcontinente, donde se adoptan diferentes iniciativas para revitalizar los acuerdos preexistentes7. Sin embargo, Gudynas (2005) afirma que, pese a los esfuerzos por ofrecer nuevos mecanismos a los nuevos acuerdos, se desencadenaron una serie de crisis en áreas sociales, políticas y ambientales que fueron imputadas al modelo de apertura neoliberal y su centralización en el mercado, así como al regionalismo abierto y su postura direccionada a potencializar este modelo8. En definitiva, la crisis del regionalismo abierto mostró su ineficiencia a la hora de responder a tendencias como el abuso de exportación de productos primarios o a las demandas sociales respecto a la equidad en los niveles de desarrollo (Aranda & Salinas, 2015). 6 A su vez, todo acuerdo de integración en el marco del regionalismo abierto debía: garantizar la liberación de mercados en términos de sectores; incluir la liberalización amplia en términos de países; estar regidos por normas que favorezcan las reglamentaciones comerciales establecidas por el GATT; suscribirse entre países con economías estables, para fortalecer el regionalismo a nivel institucional –evitando así desequilibrios macroeconómicos-; Aplicar niveles moderados de protección frente a terceros –de ser necesario-; minimizar los costos de transacción entre países; adoptar acuerdos que favorezcan la transferencia de tecnología; incluir medidas que favorezcan el ajuste de países de menor desarrollo, todo para promover la inversión intrarregional; favorecer mecanismos institucionales que fomenten la participación de los distintos sectores sociales de los países (Fuentes, 1994). En el marco de este regionalismo se evidencia la falta de relevancia dada al medio ambiente, ya que su finalidad es, como se evidencia con anterioridad, lograr la libertad comercial. 7 Entre los cuales encuentran el Plan de Acción Económica para Centroamérica en 1990; el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos por el cual se establece el Sistema de Integración Centroamericana en 1991; el Pacto Andino (1991); los Protocolos de Trujillo y Sucre (1996 y 1997 respectivamente) que, en el año 1997, convierten el Pacto Andino en Comunidad Andina; la firma de Acuerdos de Complementación Económica, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración en la década de 1990. En el mismo lapso surgen en Latinoamérica otros proyectos tales como el Grupo de los Tres entre Colombia, México y Venezuela (1990); Mercado Común del Sur (1991); el Tratado de Libre Comercio de América del Norte Entre Estados Unido, Canadá y con participación de México (1992); la creación de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) promovida por el Mercado Común del Caribe (CARICOM) (1994); la propuesta estadounidense para crear un Área de Libre Comercio de las Américas (1994) Ibañez (2000); Serbin (2011). 8 A su vez, la integración regional fomentada a finales del siglo XX generó falencias como la disparidad de niveles de desarrollo en el marco de la integración o la distribución desigual de los costos y beneficios de dicha integración generó tensiones entre las naciones de la región (Sunkel, 1998). 4 A esto se añade que el deterioro del regionalismo abierto llevó a la fragmentación regional, desembocando en el abandono del modelo neoliberal -junto con el regionalismo abierto-, de manera parcial, por parte de algunos países suramericanos, así como la evaluación de la globalización como una amenaza. De modo que, de acuerdo con Bernal (2013), se extiende por parte de los países que declinan el modelo liberal, la iniciativa de nuevos proyectos de integración regional que implementen políticas nacionalistas y proteccionistas reevaluando la posición del Estado, la cual debe ser partícipe del desarrollo económico, de la intervención y de la protección social. Con ello, señala Sunkel (1998), se pretendió obtener mayor poder de negociación en conjunto respecto a los países desarrollados. Acorde con lo anterior, en el contexto donde se busca el fomento de nuevos proyectos de integración regional, se presenta como continuación del agotado regionalismo abierto, una nueva propuesta de integración con una perspectiva bien diferente y a la que algunos autores han llegado a denominar “regionalismo post - liberal” o “post – hegemónico”9 (Sanahuja, 2009). Conviene subrayar que esta especie de regionalismo promueve una agenda político-económica y social, también una intención de repolitización de la región en la cual los protagonistas son los Estados, los movimientos sociales y los líderes, y prioriza la búsqueda de nuevas estrategias de desarrollo, no solo en el contexto económico, sino también en el político y social, es decir, amplía sus campos de influencia, lo que a la postre llevará a definir la soberanía nacional como un instrumento para reforzar la gobernabilidad interna de las naciones (Sanahuja & Cienfuegos, 2010). En este mismo sentido se afirma (Naredo, citado en Higón, 1996) que el regionalismo post-liberal o posthegemónico busca la convergencia del sistema socioeconómico y del medio ambiente, entendiendo que el ecosistema10 puede subsistir por sí mismo, mientras el sistema económico depende del ecosistema. A su vez, se presentó en la región una convergencia ideológica que permitió emerger al regionalismo posliberal, lo que facilitó en cierta medida los diálogos entre los diferentes países de la región (Bywaters, 2009). 10 Se entiende por ecosistema a un conjunto de elementos relacionados entre sí, donde cada componente puede estar en diferentes estados o situaciones. Estos componentes son tanto bióticos - incluyendo organismos vivos (plantas, animales, hongos y microorganismos del suelo)-, como abióticos -de origen orgánico y no orgánico (como la capa de hojarasca acumulada en el suelo, la materia orgánica en los agregados del suelo y partículas de suelo mineral, gotas de lluvia, viento y nutrientes del suelo)-. Dicho ecosistema puede recibir afectaciones en cualquiera de sus componentes, por lo cual es menester distinguir entre resistencia y resiliencia de un ecosistema. La primera se refiere a la capacidad que tiene para absorber los efectos de perturbaciones dadas. La resiliencia, hace referencia a la capacidad que tiene el ecosistema para regresar lo más posible a su estado previo a la perturbación. Ante perturbaciones ligeras, el ecosistema generalmente se recupera sin problemas. Sin embargo, ante perturbaciones de mayor magnitud, la recuperación del sistema se vuelve más difícil. En algunos casos la transformación del ecosistema es tal que, aun cesando la perturbación, no regresa a un estado similar al original. Holling (1973); Castillo & González (2009). 9 5 También declara que los recursos naturales no pueden ser sustituidos por el capital elaborado por el hombre y no pueden agotarse sin generar afectaciones irreversibles al bienestar social (Luffiego & Rabadán, 2000). Es en este contexto, entonces, que la presente investigación busca dilucidar de qué forma se están abordando las cuestiones relativas al medio ambiente en la base del regionalismo abierto y post-liberal, si se parte de la premisa que el medio ambiente solo puede ser tratado desde la acción concertada de los Estados (Vega M. , 2013). Partiendo de esta idea, a lo largo del documento se buscará dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿De qué manera las formas que asume el regionalismo sudamericano en las primeras décadas del siglo XXI abordan los retos ambientales? Para ello, se indagará acerca del regionalismo post-liberal como unos de los enfoques presentes en Suramérica hacia los procesos de integración y regionalismo y cómo desde dicho enfoque la región afronta las afectaciones ambientales y económicas. De ahí que la hipótesis de la investigación sea: Dado el carácter interméstico y multidimensional de los fenómenos ambientales, afrontar sus consecuencias no deseadas requiere de la acción concertada de los Estados, de manera que entre las formas que asume el regionalismo durante las primeras décadas del siglo XXI en Suramérica, el regionalismo post-liberal, frente al regionalismo abierto, se plantea como el escenario más adecuado para el tratamiento de las mismas. De esta manera, teniendo en cuenta los objetivos específicos, la investigación se dividirá en tres partes, las cuales se esbozan a continuación: En primer lugar, se describen los elementos diferenciadores que exhiben las concepciones de ambos regionalismo. En segundo lugar, se identificará los retos ambientales que afronta el subcontinente suramericano en las primeras décadas del siglo XXI para finalmente, identificar los mecanismos que incorporan los procesos de regionalización suramericanos de la actualidad para enfrentar los retos ambientales. Es importante recalcar que la presente investigación es de tipo teórico descriptivo, con uso de la técnica de investigación cualitativa del análisis de contenido, la cual parte del principio de que, examinando los textos directamente, es posible conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir, trata los textos no sólo como signos dotados de un significado conocido por su 6 emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo de producción de un texto (Krippendorff, 2004, p.36). El método de recolección de datos es bibliohemerográfico, mediante esta recopilación nos permite identificar, describir y analizar la forma en que la integración y el regionalismo han dado tratamiento a las cuestiones relativas del medio ambiente en Suramérica. 7 Capítulo 1: Una revisión de los elementos teóricos que permiten hablar de integración en Suramérica. El presente capítulo tiene como fin exponer y analizar de manera sucinta las teorías sobre integración regional y regionalismo en Suramérica, las cuales han surgido con la intención de modificar las dinámicas de cooperación y relación intrarregional de los países, con el fin de llegar a comprender de manera más amplia el modo en que se han dado hasta ahora estos procesos de cooperación en la subregión. Para ello, en una primera instancia, se profundizará en las formas que tradicionalmente ha asumido la integración regional, concepto que se plantea, en un primer momento, a partir de la necesidad de la incorporación económica mundial, y que, a su vez, con el paso de las décadas, se comprendió que implicaba toda una saber multidimensional de la sociedad. En este orden de ideas, la razón de ser de la integración está en el logro del bien común de los Estados que la emprenden, y afectará de manera sustancial la vida cotidiana de los ciudadanos que habitan los Estados parte de estos procesos. En segunda instancia, se evaluarán los elementos que exhiben tanto el regionalismo abierto como postliberal, nuevas propuestas de procesos subregionales de carácter económico, político, social y ambiental que propenden por dinámicas de cooperación entre los diferentes países. Así, se podrán vislumbrar los nuevos escenarios de la integración y los retos coyunturales, tales como las restricciones económicas y las políticas intrarregionales presentes. 1.1 Integración La integración entre Estados es un mecanismo que empieza a tener auge a mediados del siglo XX, tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Al parecer, los países de Europa encontraron en este mecanismo una forma de cooperar y llevar a cabo propuestas en bloque para hacer frente a la dinámica del mercado que se imponía a nivel global (Mata & Volpini, 2011). Es así como los procesos de integración entre países de Europa por esta época, que a la postre dan como resultado la aparición de la Unión Europea, presentan en un primer momento un abundante contenido de tipo comercial con preocupaciones y objetivos económicos claros. Sin embargo, los procesos de integración presentan unas características que les son 8 propias y pueden estar orientados a distintas prácticas o finalidades, tal como lo demuestra el proceso que siguió la misma Unión Europea con el curso de las décadas hasta la fecha. En primer lugar, no se reducen a una serie de acuerdos o alianzas que prioricen los aspectos mercantiles o económicos por sobre los demás temas de interés para la sociedad. Esta mirada limitada de los problemas que afronta la integración es comprendida como un proceso primario de la misma, y al cual se conoce como Regionalización (Mata & Volpini, 2011): “se puede determinar que mientras el regionalismo significa la eliminación de las barreras naturales desarrolladas por los países, los procesos de integración intensifican las relaciones entre estos, alcanzando un grado de identidad más allá de la mera formación de pactos inter-fronterizos” (p, 92). Por otra parte, varios académicos y políticos entienden la integración como la posibilidad de afrontar fenómenos de carácter multidimensional, tales como las identidades y afinidades culturales, las configuraciones económicas, los posicionamientos geopolíticos y los modos de gobernanza alternativos al nacional o global (Hurrell, 2007). También hay quienes lo ven como la posibilidad de mejoramiento de las condiciones de inserción internacional, de cooperar en bloque para hacer frente a temáticas como la sustentabilidad y bienestar de la población (Altmann, 2012). En segundo lugar, la integración expresa una manera de ‘desplazamiento de lealtades’ (Bernal-Meza, 2007), ya que exige la transformación del sistema de Estados individuales con sus propias políticas internas en una estructura en la que la autonomía de los Estados y sus esfuerzos están enfocados hacia un sistema y unas metas comunes, acordadas por los mismos Estados, y para las cuales han erigido una legislación y unos mecanismos para el cumplimiento de tales propósitos, además de conformar un nuevo ‘macro núcleo de poder’ (Bernal-Meza, 2007). Esta figura de la integración parece como la de un Supra Estado que “mantiene su cohesión debido a los valores ampliamente compartidos entre sus miembros y el acuerdo general acerca del marco del sistema” (Haas citado por Dougherty & Pfaltzgraff, 1993, p. 442). Al respecto, Bernal-Meza (2007), afirma que “a través de los bloques y esquemas regionales, la regulación económico-social transita desde los Estados nacionales a las regiones y bloques, transfiriéndose a éstos la autonomía de diversos ámbitos de la política pública que antes era puramente estatal” (p.7). En otras palabras, el proceso de integración en sí mismo genera la disociación de una práctica estatal entendida 9 como algo cerrado, impenetrable e inalienable, para dar cabida a una nueva experiencia compartida entre los países de una misma región: “la integración describirá el proceso de aumento de la interacción y de la interpenetración de forma tal de oscurecer las fronteras entre el sistema de organizaciones internacionales y el entorno suministrado por sus naciones-estado miembros" (Haas citado por Dougherty & Pfaltzgraff, 1993, p. 445). En tercer lugar, la integración es un medio para alcanzar metas políticas, económicas, sociales y culturales. Ahora, bien, hablar de metas u objetivos implica, necesariamente, que los procesos de integración parten de una lectura y unas acciones para responder a determinada realidad actual y proyectar un camino hacia un futuro posible. De acuerdo con la experiencia de procesos como los Objetivos del Milenio adoptados por todos los países y bloques regionales suscritos a la ONU, cada una de las estrategias implementadas por los procesos de integración, sea en el ámbito económico, social, político o cultural, se encuentra "referida exclusivamente a un proceso que vincula un sistema internacional concreto dado con un sistema concreto futuro oscuramente discernible” (Haas citado por Dougherty & Pfaltzgraff, 1993, p. 445). Por tanto, si la integración puede darse para responder a una problemática actual que preocupe a los Estados que la componen, además de posibilitar una mayor influencia de la región a nivel mundial, puede deducirse que el proyecto de sistema futuro que se propongan los procesos de integración, será el mundo que éstos idean para sus pueblos. Esto último no es de menor relevancia, ya que, continuando con Haas citado por Dougherty & Pfaltzgraff (1993), los procesos de integración, al potenciar el poder e impacto de las regiones a nivel mundial, están en las plenas condiciones de procurar el bienestar de la sociedad en todos los ámbitos, algo que, de acuerdo con lo escrito hasta ahora, parece la vía que deberían tomar estas formas de cohesión entre Estados. 1.1.1 Antecedentes de la integración. Si bien los orígenes de la integración regional se remontan a la teoría del funcionalismo (funciones que debe cumplir la sociedad internacional para suplir las necesidades de la humanidad cuando estas sobrepasan sus fronteras), el neo-funcionalismo (integración supeditada a la magnitud de los beneficios que reciben los Estados) (Ahcar & Galofre, 2013), resulta pertinente recordar que este tipo de iniciativa 10 interestatal toma auge con procesos integracionistas como la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, de la cual surge posteriormente la Unión Europea. Este proceso de integración europeo nace con el objetivo de crear un mecanismo supra-estatal que permitiera a los países que lo componían una recuperación económica, tras los desastres que dejó la guerra, y controlara las relaciones políticas entre los mismos, pensando en evitar futuras confrontaciones como la que se acababa de vivir (Torres, 2008). Uno de los logros que alcanzó la CECA fue el de implementar una estructura institucional de común acuerdo entre los países que les exigía sacrificar algo de su soberanía, pero que garantizaba en un alto grado la transparencia de los acuerdos a los que se llegaba en el marco de este proceso de integración, logro que podría ser explicado gracias a “la independencia y autoridad real de la maquinaria de la institucional de la Comunidad vis-á-vis los gobiernos nacionales y los agentes económicos y sociales involucrados” (Torres, 2008, p.728). Posteriormente se da la conformación de la Comunidad Económica Europea (CEE) en la cual se constituyen “las cuatro famosas libertades de circulación de personas, servicios, mercaderías y capitales” (Martínez, citado por Serra, p. 26). Así Martínez, refiriéndose a la conveniencia de la conformación de la CEE para los países que la conformaron, nos dice que “a doce años de finalización de la Segunda Guerra, Europa plantea con lucidez y convicción cuáles son los caminos más razonables para consolidar la recuperación Económica e institucional” (citado por Serra 2016, p. 26). De este modo, en el marco de esta integración, se suprimieron los aranceles entre los Estados parte y se fijó uno común (Serra, 2016). Estos procesos de integración en Europa son producto de dinámicas mundiales que exigieron cambios en la política y la economía de los países, sobre todo a nivel industrial. Surge entonces el paradigma de la modernización y el de Desarrollo Económico, los cuales ubican al bloque de la Europa occidental y a Estados Unidos como los más adelantados a la luz de estos paradigmas (Valcárcel, 2006). En este orden de ideas, los procesos de modernización exigieron una nueva categorización de la geografía económica en el mundo e implicaron una profunda significación a nivel social, político y hasta espiritual en todas las sociedades del planeta (Valcárcel, 2006). Sostenidos en ideas y teorías que aportaban disciplinas como la economía y la sociología, la modernización y el desarrollo implicaron una estructura social básica que Valcárcel (2006) menciona citando a Talcott Parsons, ideólogo de estos paradigmas: 11 “el grupo superior disfrutando prerrogativas de poder político, y generalmente también de prestigio religioso, y el inferior, compuesto principalmente por campesinos y algunos artesanos y pequeños comerciantes. En tal situación, con importantes excepciones, la producción económica está controlada, pero no activamente ‘dirigida’ por los grupos superiores” (p.8). En segundo lugar, el paradigma de modernización implicó la industrialización, esto es, el remplazo de economías rurales por economías que se llevaban a cabo desde las ciudades, las cuales exigían una determinada implementación de tecnologías nuevas y controles de calidad. Sin embargo, de acuerdo con Valcárcel (2006) la noción del desarrollo “aparece a mitad del siglo veinte en lo fundamental como un problema de crecimiento de la economía de mercado, de ampliación de la riqueza material expresada en un único o sobredimensionado indicador macroeconómico: el producto interno bruto” (p. 7). Este desarrollo sería posible gracias a que “la industrialización, la tecnificación de la agricultura y la elevación de la productividad permitirían, justamente, generar dicho crecimiento económico” (p.7). A su vez, este modelo implica que hay unas regiones en el mundo con mayor nivel de modernización y desarrollo económico. Es así como los países del África que se independizaban para la época, los de América Latina y algunos de Asia, fueron vistos como los que se encontraban en el grado más retrasado de dicho desarrollo, por lo cual se les empezó a conocer como El Tercer Mundo (Valcárcel, 2006). Es de este modo como la integración, mediante los paradigmas de la modernidad, se presentan en el panorama mundial como un proceso a escala global y determina la posición político-económica de los países que integran estos procesos. En este orden de ideas, John Dunning, el economista reconocido mundialmente como el padre de los negocios internacionales, afirma que: “el crecimiento de las integraciones regionales en el mundo, junto con otros fenómenos, como por ejemplo la presión de las empresas a favor de la innovación de los productos, la calidad de los mismos, la reducción de los precios y el resurgimiento de las políticas de apoyo y fomento del mercado, es una de las causas últimas de las tendencias globalizadoras.” (Segrelles, 2005, p. 2) De lo anterior se puede deducir que, al existir el deseo por un crecimiento industrial, comercial y económico, que mejore la calidad de vida de los ciudadanos de una región, se recurre a la integración regional para que haga a los Estados más competentes a nivel mundial y que este fenómeno conlleva finalmente a la globalización. 12 Por otro lado, autores como Francois Houtart (1994) señalan que “la mundialización está ligada al desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción a nivel mundial, o lo que es lo mismo, resulta una consecuencia directa de las tendencias económicas del planeta” (Segrelles, 2005, p. 3). En la misma línea, desde un enfoque económico, Segrelles (2005), considera que: “el fenómeno globalizador se debe a la interacción de condiciones que se dan tanto en el plano nacional como en el internacional como resultado de circunstancias inherentes al desarrollo del propio sistema capitalista en el mundo, es decir, la mundialización aparece en realidad como producto y agente de las tendencias históricas internacionales de acumulación capitalista” (p.3). De acuerdo a lo planteado hasta aquí, se podría decir que la globalización y la integración se originan, de un lado, de esa tendencia a potencializar la producción y, de otro, por pensamientos y prácticas capitalistas, pero sobre todo, por el interés de potenciar políticamente la región y los intereses de los Estados que hacen parte de dichos procesos. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el proceso de globalizaciónregionalización está vinculado también a la reciente expansión de las grandes corporaciones transnacionales y al avance de los transportes y las comunicaciones. De este modo, la globalización facilita la “gestión de las firmas transnacionales” (Segrelles, 2005, p. 3) ya que se pueden llegar a resolver problemáticas de abastecimiento en ciertas regiones. Las integraciones regionales, además, son la respuesta lógica a la progresiva mundialización de la economía y al aumento de los intercambios comerciales en el planeta, puesto que así se posibilita el logro de una inserción internacional adecuada, mejora las relaciones mercantiles, productivas y políticas en el seno de la región para generar mayor capacidad de negociación factible a cada país (Alonso citado por Segrelles, 2005, p. 4). 1.1.2 De la integración al regionalismo en América Latina El regionalismo es un concepto general definido de diversas maneras en distintas épocas y contextos, explicado desde varios enfoques y utilizado para entender múltiples fenómenos, principalmente en el marco de la globalización. Surge, de alguna forma, en el marco de la problemática de la globalización, pues sería “políticamente más viable construir tales instituciones a nivel regional que global”, según el 13 internacionalista británico Hurrell (1995). Así, habría “poderosos argumentos prácticos en favor de las contribuciones basadas regionalmente para resolver problemas globales y de la aplicación regional de los estándares o medidas globalmente acordados” (Hurrell, 1995, p. 45). Por ello, el mismo Hurrell (1995) considera que el carácter global de muchos asuntos sería frecuentemente sobrevalorado y que la opción por el nivel regional sería más adecuada para atender las necesidades globales: “Aunque hay indudablemente asuntos genuinamente globales (tales como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad) y aunque muchos otros asuntos (tales como los problemas de los refugiados ambientales) constituyen efectivamente un asunto mundial, sus efectos son probablemente sentidos de manera más directa dentro de regiones particulares y es a nivel regional, más que global, que el balance de intereses e incentivos resulta adecuado para presionar a los estados a buscar alguna respuesta política.” (p.5) Tras las distintas definiciones en la que se concibe el regionalismo subyacen distintos enfoques teóricos. Una de ellas es la distinción que se presenta entre regionalismo y regionalización. Ibañez (2000) por un lado, se refiere al regionalismo como una iniciativa política de representantes gubernamentales que buscan cooperación política y económica entre los estados y actores que forman parte de una misma región; por otra parte, entiende la regionalización como el conjunto de procesos de integración y se da de forma efectiva a causa de uno o varios ámbitos regionales. A esto se añade que el regionalismo puede ser considerado de manera más frecuente como una expresión del liberalismo, que entiende las relaciones internacionales desde la lógica de la cooperación y de la primacía de la racionalidad humana para preservar la paz. El supuesto clave del liberalismo en el marco de Kant, que incluye la creencia en las cualidades racionales de los individuos, la fe en la factibilidad del progreso en la vida social, y la convicción de que los seres humanos, a pesar de su interés propio, son capaces de cooperar y construir una sociedad más pacífica y armoniosa (Russett, 2010). El regionalismo ocupa un lugar destacado en el debate sobre la gobernanza global comprendido como la vuelta al multilateralismo y la necesidad de una mayor adaptación de los Estados-nación a la lógica de la globalización, principalmente como fórmula de posicionamiento geoestratégico y de inserción en los mercados internacionales. 14 1.2 Regionalismo abierto en América Latina La implantación de un “nuevo orden económico” después de la Segunda Guerra Mundial permitió el surgimiento de flujos comerciales y una economía política internacional enfocada en nuevas reformas de interacción económica que trajo consigo la aparición del GATT y el surgimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en los años 90 (Molina, 2007). Asimismo, se da paso a organizaciones regionales en Latinoamérica cuyas propuestas de distinta naturaleza se ven enmarcadas específicamente por intereses integracionistas. Esta nueva configuración se da entre dos tendencias internacionales: la influencia de Estados Unidos en la región modificando las relaciones económicas y la misma iniciativa de los países latinoamericanos, la cual pretende una conectividad regional a través de un acercamiento físico del territorio. En efecto, en Latinoamérica tanto el “regionalismo viejo” de los años setenta, como el “regionalismo abierto” de los años noventa, han contribuido a la idea de ampliar la autonomía de los países de la región. Sin embargo, cabe recordar que el regionalismo viejo fue una iniciativa utilizada durante la Guerra Fría como una estrategia de integración política y económica que delimitó el nivel de autonomía de las políticas de desarrollo y las organizaciones de seguridad dirigidas por Estados Unidos (Sanahuja, 2012). En otros términos, la literatura sobre este tema caracteriza el regionalismo viejo11 a grandes rasgos como un “regionalismo cerrado”, el cual establece la creación de una economía protegida con la posibilidad de exportar de forma competitiva. Igualmente, este proceso abarca políticas proteccionistas e intervencionistas del Estado (Carillo & Pozo, 2014). A pesar de los mecanismos establecidos en este proceso de integración, los países se enfrentaron a dificultades por el bajo fortalecimiento institucional al interior de cada gobierno dejando entrever una insuficiencia en el comercio intrarregional. De ahí que, a finales de la década de 1980 en el marco de la integración regional 12, Latinoamérica vio la necesidad de mejorar la inserción en el ámbito internacional en acuerdos comerciales, debido al nuevo 11 En el contexto latinoamericano, el regionalismo viejo en primera instancia hizo alusión a la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y, en segundo lugar, a la integración económica, y al desarrollo de estrategias políticas planteadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), asentadas en el modelo de sustitución de importaciones fomentando el desarrollo industrial a nivel regional y promoviendo cambios en los mercados y en los modelos de producción (Sanahuja, 2012). 15 escenario que se definía con el fin de la guerra fría y los procesos de globalización (Sanahuja, 2009). La integración regional surge, entonces, como un proceso que incluye en sí mismo la coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda en la región, cuya finalidad es dar respuesta a las diferentes necesidades que emergen debido a la existente interdependencia en los ámbitos social, político, económico, cultural y medioambiental de una nación respecto a su entorno, según concuerdan Morales, (2007) y Rosales, (2014). Como ejemplo de dichas necesidades se destaca el incremento de las importaciones, la disminución de los niveles de protección, la apreciación de la moneda y la estabilización de las economías a nivel regional según lo afirma Fuente (1994). Es así como en el año 1989, en el marco del consenso de Washington, se lleva a cabo un primer intento por caracterizar la liberalización económica en Latinoamérica, con la pretensión de generar un modelo liberalizado para la región. Allí se propusieron reformas tales como disciplina fiscal, variación en el modo de emplear el gasto público, reforma fiscal, tipos de interés, liberalización comercial, política de apertura referente a la inversión extranjera directa, política de privatizaciones, política desreguladora, y derechos de propiedad. Este consenso fue el preámbulo de la implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica, según lo refiere Casilda (2004). Dicho en otros términos, un modelo que promovió la liberalización de mercados, el ajuste estructural, la privatización, desregulación, es decir, que pregonó la apertura económica (Cabrera, 1992). Ahora bien, a comienzos de los años 90 en el marco de la CEPAL, el regionalismo abierto se desarrolló a partir de dos fenómenos: en primer lugar, por la necesidad de una apertura comercial que incrementara la inversión intra-latinoamericana tomando en cuenta una cercanía geográfica y, en segundo lugar, una tendencia “natural” de integración por las demás naciones (CEPAL, 1994). Así, se desarrolló el regionalismo abierto, caracterizándose por la implementación de acciones direccionadas a fomentar la interdependencia entre diferentes países de una región, sin diezmar la interdependencia generada con otras naciones del mundo. De este modo se fomentó, sin oponerse a la ejecución de políticas neoliberales con diferentes naciones del planeta13, según lo señala Aranda & Salinas (2015). Asimismo, basa su patrón de 13 A su vez, todo acuerdo de integración en el marco del regionalismo abierto debía: garantizar la liberación de mercados en términos de sectores; incluir la liberalización amplia en términos de países; estar regidos por normas que favorezcan las reglamentaciones comerciales establecidas por el GATT; suscribirse entre países con economías estables, para fortalecer el regionalismo a nivel institucional –evitando así desequilibrios macroeconómicos-; Aplicar niveles moderados de protección frente a terceros –de ser necesario-; minimizar los costos de transacción entre países; adoptar acuerdos que favorezcan la transferencia de tecnología; incluir medidas que favorezcan el ajuste de países de menor desarrollo, todo para promover la inversión intrarregional; favorecer mecanismos institucionales que fomenten la participación de los distintos sectores sociales de los países (Fuentes, 1994). En el marco de este regionalismo se evidencia la falta de relevancia dada al medio ambiente, ya que su finalidad es, como se evidencia con anterioridad, lograr la libertad comercial. 16 desarrollo en la exportación de productos primarios, asociando a la naturaleza como capital natural – sustituible por capital artificial- y a la conservación como una forma de inversión cuyo efecto genera un alto impacto ambiental. De igual manera, en este contexto se indica que el desarrollo social se origina, en primer lugar, como política social de largo plazo, segundo, en la educación como vía para superar la pobreza, y tercero, en el trabajo como factor de integración social, dejando de lado tópicos de gran relevancia como lo es la preservación ambiental, según señala Ocampo (2009). Así, el regionalismo abierto se establece como la herramienta de primera mano para una “competitividad auténtica”, basada en la transformación productiva y la incorporación de un progreso técnico; una forma de conformar mercados regionales abiertos basado en la liberalización de diferentes sectores (Sanahuja, 2007). En este sentido, el proyecto de interdependencia netamente comercial entró a ser un modelo de constante agotamiento. El escenario regional no solo se enfrentaba a mayores exigencias productivas y de competitividad mundial con el surgimiento de economías como la de China o India, sino también a una mayor demanda de gobernanza internacional (Sanahuja, 2007), lo cual hacía vislumbrar la necesidad de un fortalecimiento institucional en áreas de índole político, social y ambiental. En efecto, frente al énfasis de liberalización comercial, el regionalismo abierto en la literatura ha sido sustituido por una nueva perspectiva en la que algunos autores le han llegado a denominar “regionalismo post-liberal”. Actualmente, “El regionalismo latinoamericano se está redefiniendo en clave suramericana” (Sanahuja & Cienfuegos, 2010, p. 88), lo cual hace referencia en grandes rasgos a una nueva definición de integración en Suramérica en términos políticos. El marco económico y comercial pierde peso, se da paso a una agenda “positiva”, centrada en una cooperación sur- sur con la creación de instituciones y políticas comunes en ámbitos no comerciales y una preocupación más acentuada por las dimensiones sociales, de seguridad y los niveles de desarrollo (Sanahuja & Cienfuegos, 2010). Sobre esta discusión, el regionalismo post-liberal, también llamado “regionalismo post-neoliberal” incorpora la recuperación de las capacidades estatales, “la vuelta al estado”, optando por una redireccionalización política hacia el bienestar de la sociedad a través de la inversión pública, la redistribución de la riqueza y el incentivo al consumo interno (Lockhart, 2013). 17 1.3 Regionalismo Post-liberal. En lo que respecta al regionalismo en Suramérica existen diversos autores que definen los espacios en los que se enmarca el regionalismo. Uno de ellos es Sanahuja (2009), quien indica que el regionalismo en la región, a saber, regionalismo post-liberal o post-hegemónico, surge principalmente como resultado de la crisis que primó en la década de 1990, la cual se caracterizó por el agotamiento de la estrategia de integración mediante la cual se implementó un cambio del modelo cepalino hacía una integración que, si bien eliminó medidas arancelarias y otras medidas de libre circulación, mantuvo barreras no arancelarias y de otra índole. La liberalización comercial fue sustituta de la política de desarrollo por lo que no se explotaron campos como infraestructura física, políticas de ciencia y tecnología, innovación y desarrollo tanto productivo, energético y regional. Añadido a estos factores, el bajo crecimiento del comercio intrarregional a causa de las exportaciones suramericanas basadas en productos primarios, así como los barreras administrativas, barreras no arancelarias, inestabilidad macroeconómica, los elevados costes de transporte, entre otros, se sumaron a la debilidad institucional y política, caracterizadas por el rechazo a la creación de órganos cuyas competencias fueran soberanas, o a la existencia de un derecho de integración de orden imperativo. Todo lo anterior fomentó el nuevo regionalismo caracterizado por el predominio de la agenda política, de seguridad, por concepciones del desarrollo que priorizan el papel estatal en tópicos sociales -la lucha por la cohesión social, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y las asimetrías-, a su vez por la adopción de políticas concernientes al campo de la energía e infraestructura, y a la cooperación en Suramérica. En consecuencia, los tópicos comerciales pierden importancia. Dicho en otros términos, es un regionalismo definido por la soberanía nacional mediante el cual se apuntala la gobernabilidad interna de las naciones, se revitaliza la democracia y la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo económico superando los costos del regionalismo anterior en el marco de la ciudadanía, inclusión y democracia (Sanahuja citado en Gómez, 2014). En este mismo sentido, Serbin (2011) afirma que, si bien los nuevos proyectos de integración posibilitaron la implementación de nuevos modelos regionalistas con mayor énfasis en la politización, en la integración social y la equidad entre Estados, estos han fomentado tanto la fragmentación regional como el resurgimiento de percepciones tradicionalistas de soberanía nacional. Por lo cual se cuestiona si estos 18 mecanismos de integración en donde se promueve una institucionalidad de este tipo junto con una normatividad encaminada al largo plazo son efectivos. La participación de unos gobiernos y la reticencia de otros, la falta de compromiso en lo que respecta a la formulación, implementación, seguimiento y veeduría de los procesos por parte de la ciudadanía, son algunas dificultades que se afrontan en este modelo de integración. Ahora bien, haciendo hincapié en el regionalismo post-liberal o post-hegemónico se evidencia la existencia de documentos que indican que el Estado establece mecanismos de inclusión social adoptando medidas tales como la dirección de la inversión pública, el manejo de exportaciones, redistribución de la riqueza y el fomento del consumo interno. En los puntos anteriores se destaca como factor común la realización de políticas orientadas hacia el desarrollo en diferentes aspectos, tal como lo enmarcan la agenda social, por lo que se crea el Consejo de Desarrollo Social Suramericano, establecido como espacio para diálogo, cooperación y coordinación para el desarrollo de los pueblos; la agenda del tratamiento cotidiano de la droga, gestionada por el consejo suramericano sobre la droga; y la agenda energética, donde se pregona el desarrollo energético suramericano, ratificando la visión estratégico-regional con la cual se diversifican las fuentes energéticas desde una estrategia sostenible. Según Gómez (2014) en estos documentos se muestra la relevancia de UNASUR como proyecto de regionalismo post-liberal, lo cual se debe a la formación de un área de libre comercio en América del Sur, pero priorizando la contemplación de aspectos políticos y sociales. Es en este escenario de UNASUR como estandarte del regionalismo post-liberal donde se encuentran autores que le definen como uno de los fenómenos más trascendentales en términos geopolíticos de la región, cuyo proceso se cumple en un contexto regional caracterizado por el rechazo generalizado, político y social a las directrices económicas del consenso de Washington, además de estimular la convergencia del sistema socioeconómico y del medio ambiente (Naredo, citado en Higón, 1996). Por lo que se promulga que: “Sudamérica atraviesa hoy por un periodo de intensas transformaciones políticas, ideológicas, económicas y sociales, favorecido por el declive de la agenda económica neoliberal y por el ascenso de gobiernos con plataformas políticas de corte progresistas…Tales tendencias vienen siendo agrupadas por algunos analistas bajo el concepto de regionalismo postliberal.” (García, 2010, p. 30). 19 A su vez Bywaters (2009), indica que el regionalismo en cuestión se caracteriza por priorizar la resolución de problemáticas políticas y sociales de los países de la región trascendiendo la mirada económica. Sanahuja (2012) amplía su caracterización y menciona que el regionalismo post-liberal retorna a las relaciones exteriores y políticas de desarrollo más desatendidas de la agenda comercial; retoma a la agenda del desarrollo distanciándose del neoliberalismo y su enfoque de liberalización comercial; fomenta la mayor autonomía frente al mercado, dando una agenda renovada en tópicos como la paz, seguridad, defensa, gestión de crisis y coordinación de la política exterior; enfatiza en la creación de instituciones y políticas comunes y de cooperación en ámbitos no comerciales, lo que implica una agenda activa Sur-Sur; e incrementa en la preocupación por temáticas sociales, asimetrías del desarrollo social, una integración regional que converja a diezmar la pobreza y desigualdad, además de la búsqueda por incrementar la participación de actores no estatales y legitimización social en los procesos de integración. 20 Capítulo 2: Principales retos ambientales en Suramérica en las primeras décadas del siglo XXI. Es oportuno ahora mencionar, que posterior a la década de los años 90s, hubo una fuerte homogenización de las políticas neoliberales en los diferentes países de Latinoamérica, lo que conllevó adoptar características tales como la apertura económica unilateral, desregulación de los mercados, tanto laboral como financiero, privatizaciones de las empresas públicas y una serie de disminuciones por parte de los Estados en cuanto a responsabilidades sociales –previsión y jubilación-, de salud, de educación, vivienda, pasando a una dinámica del mercado en empresas privadas (Bernal, 2013, p. 3). Esto ocasionó que las políticas exteriores conforme al multilateralismo imperante, determinara las decisiones comerciales y de medio ambiente. Es por esto que los Estados Unidos se convierte en el protagonista de las relaciones con los países latinoamericanos. De esta manera, entra la globalización a ser parte de la panorámica del contexto histórico, que propuso nuevos desafíos en materia de progresos para la humanidad. Es así como Latinoamérica se halla en un entorno de oportunidades, caracterizadas por una atmósfera de homogeneidad, según lo señala Bernal (2013) como una visión de “regionalismo abierto” considerada a través de una apertura comercial esencialmente unilateral al mundo de carácter no proteccionista, la cual responde a la dinámica neoliberal, visión estructuralista basada en la industrialización sustitutiva de importaciones, la protección de mercados internos y las industrias nacionales (p.3). Bajo estas consideraciones, emerge en Suramérica el tema medioambiental como uno de los más importantes asuntos que deben reflexionarse en torno a la economía de los países y de la región, particularmente (Guinard & Cánepa, 2011, p.2-3), consideran que el primer desafío que la subregión debe enfrentar, es la deforestación y segundo, el aumento sostenido de emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles y producción de cemento. Con todo esto, la cantidad y calidad de combustibles consumidos, la existencia de controles inadecuados para las emisiones vehiculares, el aumento en la fabricación de vehículos con funcionamiento con base en hidrocarburos, la fumigación con plaguicidas en comunidades rurales, la emisión de partículas por la erosión del suelo y la combustión de masa agroindustrial y en algunas ciudades particularmente la quema de combustibles al interior de las viviendas de familias en condiciones de pobreza. Por consiguiente, el panorama revelado en el informe de la CEPAL (2002), ubica a Suramérica de entrada al siglo XXI, en una situación comprometedora, teniendo en cuenta que los altos niveles de contaminación, comprometen la sostenibilidad del desarrollo en diversos contextos, esto puede conllevar a un incremento de los fenómenos hidrometereológicos extremos, 21 intensificación de los desastres asociados al clima, avances en la desertificación, reducción del área agrícola, afectaciones costeras por incrementos del nivel del mar y finalmente, perturbaciones en los ecosistemas, comprometiendo así, grandes espacios eco-sistémicos y de biodiversidad en el continente. Frente a esto, las cifras que muestra el PNUMA (2011) en la primera década de los años 90s, el aumento de partículas suspendidas fue del 6.2%; dióxido de azufre, 22%; óxidos de nitrógeno, 41%; hidrocarburos, 45%; monóxido de carbono, 28%, finalmente dióxido de carbono con el 37%. Estos datos quieren decir que las emisiones de plomo siguen siendo un problema importante cuando se observa el objeto de la industria dedicada a fabricar pinturas, baterías y ciertos alimentos, vehículos que utilizan gasolinas con plomo; lo cual conduce a problemas de salud pública que aún hoy, permanecen sin un sistema de prevención que esté aunado con los planes de salud de los diferentes países. En este punto vale la pena detenerse a reflexionar en la falta de prevención y ejecución de programas para sustituir los elementos contaminantes del medio ambiente, en este punto se debe analizar cuál es la relación de la contaminación con la economía, tal como lo presenta el informe de la CEPAL (2002): “el costo que representa su mitigación como por las pérdidas en días laborables que se originan en los daños a la salud de los trabajadores la contaminación atmosférica afecta permanentemente la salud de más de 80 millones de habitantes de la región y significa unos 65 millones de días de trabajo perdidos. Este fenómeno es la principal causa de unos 2.3 millones de casos anuales de insuficiencia respiratoria crónica entre los niños, así como de más de 10 mil casos de bronquitis crónica entre los adultos. Su efecto en la salud es aún más evidente en la población vulnerable, constituida principalmente por las personas mayores y los infantes” (p. 79). En línea con lo anterior, es preocupante que los costes ambientales con gran impacto económico van a tener un porcentaje que va del 1% al 4,5% del PIB, lo que equivale a decir, que las consecuencias irreversibles no cuantificables en vidas humanas o biodiversidad tendrán un alto coste económico, social y medioambiental. A este respecto, Guinard & Cánepa (2011), plantean temas prioritarios para Suramérica en materia legislativa y trazan una ruta de análisis para identificar cuáles serían las posibilidades legislativas que pudieran coadyuvar en el desarrollo de una economía sostenible. Al respecto conviene decir que el tema del cambio climático demanda en el subcontinente mucho más, debido a que se ha convertido en una amenaza latente, los cambios de temperatura y los frecuentes desastres naturales han hecho fijar la mirada en las circunstancias que debe replantearse para resolver estas problemáticas, ya que los efectos se ven reflejados en la infraestructura, la agricultura, la generación de energía, las migraciones, 22 el turismo, la seguridad y defensa de soberanía de los países. Por tales razones, Guinard & Cánepa (2011), destacan el cambio climático como un compromiso que se debe ir incorporando en las agendas de políticas nacionales, regionales e internacionales (p.9). Una vez señalada esta distinción, conviene advertir las medidas urgentes que deben tomarse en la medida que los cálculos de la CEPAL, estiman que para el 2025 el daño económico causado por el cambio climático equivale al 4,5% del PIB, es decir, 30.000 millones de dólares anuales para los países de Latinoamérica, atribuyendo la pérdida de 1% del PIB, entre el año 2010 y el 2100, si no se logra llegar a un consenso global en torno a la disminución del calentamiento global (p.10). Con todo lo anterior, el crecimiento económico es uno de los puntos relevantes registrados en la mayoría de los países de Suramérica durante el siglo XXI, también este ha sido uno de los factores que ha incidido fuertemente en el aumento de la presión sobre los recursos naturales de la región. Es evidente, según Guinard & Cánepa (2011), que las relaciones comerciales con países como China con base en el intercambio de productos y artículos primarios a cambio de bienes manufacturados exacerba aún más el peso de los recursos de los países suramericanos, colocando en riesgo la sostenibilidad de aquellos con los cuales sostiene relaciones comerciales. En este sentido, Suramérica debe considerar el hecho de mitigar el conflicto que se genera entre los compromisos que asume la región respecto la sostenibilidad, biodiversidad y el bienestar de las poblaciones rurales, principalmente indígenas y el crecimiento económico. Por esto es vital que los países suramericanos cuenten con las políticas e instrumentos regulatorios en los Estados y entre los países que comparten ecosistemas para que se puedan resolver asuntos ambientales que no se desligan de los asuntos políticos económicos y sociales. Dentro de este contexto, según lo referencian Guinard & Cánepa (2011), Suramérica le es inminente repensar el tema de la producción y el consumo sostenible, a partir de la pregunta: “¿Cómo hacemos para producir bienes y servicios que utilicen menos recursos naturales y que generen menos basura y contaminación?” (p. 14) La gran apuesta para salir a flote frente a esta obvia pregunta es indudablemente, fortalecer la infraestructura tecnológica eco-eficiente o tecnología verde, y sobre todo la investigación; todo esto con el propósito de mejorar la reciclabilidad, durabilidad y reducir la intensidad energética de los productos y procesos por unos más limpios. Con todo y esto, se puede llegar a definir el camino más acertado que se vislumbra a futuro: seguir fortaleciendo las políticas de promoción de bienes y servicios 23 que impliquen un bajo impacto ambiental, asequibilidad a los consumidores, responsabilidad social empresarial y sobre todo una pedagogía social para reeducar los patrones de consumo. Con esto tocamos el punto más sensible que sitúa al subcontinente frente a la disyuntiva de colocar en riesgo sus recursos naturales y biodiversidad o situarse como líder mundial en la oferta de servicios generados en sus ecosistemas. En este sentido se trata por un lado de preservar recursos y por otro, de valorar el potencial que ofrece la naturaleza para la producción, esto con miras a posicionar a la región como líder en investigación, tecnología, soluciones médicas (Guinand & Cánepa, 2011). Conforme a lo anterior, para tratar de menguar esta situación, Suramérica como región debe centrar su labor en el apoyo mancomunado de países desarrollados y menos desarrollados, según lo propone la CEPAL (2015). Se debe repensar los paradigmas de desarrollo urbano, inequidades y desigualdades espaciales, en este sentido, la planificación, respecto a la ocupación de territorio, ya que la geografía, la geología y el clima se han visto seriamente afectados por los cambios climáticos, lo que en últimas convierte a Suramérica en una región vulnerable. Ahora bien, para lograr hacer frente a estas problemáticas, se hace emergente atender a la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales renovables y al desarrollo sostenible; para lograr mitigar estas realidades inminentes se creó gracias a los países de la Comunidad Andina, el Comité Andino para la Prevención de desastres (CAPRADE), el Proyecto de Apoyo a la Prevención de Desastres en la CAN (PREDECAN), todo esto con el apoyo de la Unión Europea (Guinard & Cánepa, 2011, p. 116). Del mismo modo, los esquemas de integración suramericana analizado por estos dos autores, coinciden en que el Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), integrado hace ya 30 años por los países de: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, intentan fortalecer las acciones de los Estados parte, para coordinar programas, estudios y proyectos amazónicos, sellado con un pacto firmado al 2018 (p.117). Cabe señalar que en este documento se incluyen: asuntos indígenas, gestión del conocimiento e intercambio de informaciones, gestión regional de salud, infraestructura y deporte, turismo, fortalecimiento institucional, financiero y jurídico y hace una mención a los temas emergentes: cambio climático, desarrollo regional y energía (p.119). Con esto en mente se evidencia claramente que el aumento de la relevancia ambiental en relación a la economía sigue aumentando en Suramérica con los años; la región tiene según Guinard & Cánepa (2011), la posibilidad de ser una superpotencia en diferentes campos, entre ellos: “servicios de la biodiversidad, el carbón, el agua dulce; como almacén global de carbono la región podría liderar la monetización de los 24 servicios de los ecosistemas y establecer la base para la integración de las funciones de producción y conservación.” (p. 130). En este caso, el desafío es fortalecer las acciones llevadas por la asociación entre algunos países para combatir la deforestación llevada a cabo en la Amazonía y en la prevención y gestión infraestructural para evitar que los desastres naturales sigan cobrando vidas humanas. Dentro de este marco ha de considerarse que las acciones están anquilosadas porque aún no se ha superado la lógica de considerar a las medidas de protección del ambiente como barreras al comercio, concepción que la actual crisis financiera internacional probablemente tienda a agravar. La falta de una legislación normativa que actúe directamente en materia ambiental y que por el contrario, impide potenciar la competitividad y el comercio, es necesario que los Estados que hacen parte de proyectos de integración regional, contemplen en sus respectivas legislaciones la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), y contengan proyectos de aplicabilidad y de emprendimientos futuros; sin embargo, la forma como se establecen sus constituciones en organizaciones federales y su debida jurisdicción, dificulta la legislación y la aplicación de esta herramienta (Moreira, 2012, p. 14). Finalmente, los aportes que se hacen para comprender que la sostenibilidad y la riqueza biodiversa en especies y ecosistemas son en definitiva la alternativa de responsabilidad sostenible y de posibilidades de reactivación económica para todos los países de Suramérica. Es por todo esto que en el informe GEO MERCOSUR del año 2008, se presentó una propuesta de Integración, Comercio y Ambiente, con el propósito de entregar elementos y contribuciones de gran relevancia a la transversalización de las políticas de Desarrollo Sostenible. En este sentido, se muestra un estudio en el escenario actual de la región en un contexto de la economía globalizada, a la vez que permite descifrar las relaciones y efectos que deben tenerse en cuenta de la fuerte demanda de los mercados internacionales (PNUMA, 2008, p. 9). Conforme a lo anterior, los países comprendidos en este informe avanzan desde entonces en un estilo de desarrollo que atienda a las expectativas del mercado, exportando materias primas ya que, por otro lado, las importaciones de los países Suramericanos están fuertemente marcados por patrones de productos manufacturados (p.78). Ahora bien, para lograr estos propósitos, se analiza la forma de inserción internacional, atendiendo principalmente a mitigar los impactos ecológicos; de allí que las responsabilidades de las transnacionales dedicadas a la extracción de minerales, hacen parte de las regulaciones estatales de los Estados parte, también del campesinado organizado que obtiene el 25 respaldo de los gobiernos para proteger, por ejemplo, las semillas nacionales, en el caso Monsanto y sus semillas transgénicas. (p. 89) Todo esto conlleva a pensar en dos escenarios que en su momento planteó el reporte del GEOMERCOSUR, en primer lugar, fue la sustentabilidad como visión común en materia de desarrollo, el uso adecuado de los recursos naturales, interconexiones energéticas asociadas a planes de desarrollo de sus zonas de influencia, mecanismos de amortiguación de los impactos ambientales y total gestión participativa; en segundo lugar, el asunto a mejorar, ya que poco se incorpora en alto grado, como debería ser la gestión ambiental, puesto que en el plano comercial y productivo se acentúa mucho más el patrón de exportación, teniendo en cuenta la demanda de explotación de recursos. (p. 136) Por esto, es emergente el avance en materia agropecuaria, teniendo en cuenta el cultivo de biocombustibles para consumo nacional, regional e internacional. Esto último, porque la infraestructura en construcción de carreteras e hidrovías no ha manejado adecuadamente los impactos ambientales; en este escenario la sociedad civil no logra generar el impacto que se necesita para vincularse a los procesos de integración social debido en gran medida a la idea de desarrollo que se tiene con base en la obtención material como generadora del progreso. De lo anterior se desprende que, actualmente el freno al comercio a causa de las restricciones y las importaciones, según lo manifiesta Bernal (2013), han hecho que uno de los desafíos actuales sea mantener las mejores relaciones entre Argentina y Brasil, ya que esto ha determinado una desventaja porcentual después que se abrieran las puertas a las importaciones de China. (p. 9) Así mismo, los países más pequeños que hacen parte del MERCOSUR, han visto con desavenencia cómo estos países han hecho negociaciones por fuera del mismo, generando falta de credibilidad en los procesos políticos y comerciales. Finalmente, en la era del tema medioambiental en Suramérica se plantean nuevos retos de gestión ambiental a nivel global y de cooperación internacional; es urgente que los gobiernos demuestren acciones a fin de proteger los bienes públicos globales sobre la base de esquemas multilaterales innovadores. Es fundamental que el sector privado participe en los acuerdos ambientales internacionales tales como: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología (CEPAL, 2017). Para lograr la viabilidad del desarrollo, los países latinoamericanos están en el deber de tomar decisiones para transformar y redireccionar la economía que comience por satisfacer 26 las necesidades sociales y resarcir los deterioros ambientales ocasionados por los patrones de industrialización productiva; esto se logra con cambios en los patrones de inversión pública y privada que garanticen proyectos sostenibles con alta rentabilidad social. A modo de conclusión, es fundamental considerar los niveles de desarrollo y de industrialización de los países que componen Suramérica para lograr trabajar por objetivos comunes que vinculan a los Estados en un desarrollo sostenible basado en el enfoque de políticas económicas y sociales que permita considerar el apoyo recíproco, el fomento de la competitividad con participación social que cohesionen el tejido social. Los países de la subregión deben comprender la posición privilegiada en materia de recursos naturales y por esto es imprescindible que haya modernización agrícola, combatir la pobreza extrema, acceso a la tierra, mejorar la infraestructura productiva entre los pequeños, medianos productores y la agroindustria. También es vital considerar la protección de la fauna silvestre, bosques de diversos pisos térmicos y nacimientos acuíferos los cuales se han visto seriamente afectados por la explotación minera ilegal y sin la biotecnología necesaria para su utilización. De la misma manera como la deforestación maderera se ha visto intensificada por causa de la expropiación de tierras a indígenas, población nativa y la venta de tierras por parte de los Estados –por ejemplo, en Colombia- a empresas multinacionales por causas de la corrupción (Robledo, 2010). Así como también, la falta de proyección rural y planeación territorial urbana que incide fuertemente en elevados índices de contaminación, ocasionados por el uso de agroquímicos y contaminantes proporcionados por la industria y medios de transporte. Esto último, ha sido motivo de interés por parte de los organismos de salud, que ven en la calidad del aire un agente alterno que requiere a toda vista acciones contundentes. En la medida que existan acuerdos globales con relación a la posición de los países suramericanos y se respeten dichos acuerdos ambientales es posible que mejore la protección ambiental; se requiere acciones que confluyan entre las reformas del sistema financiero, comercial y tecnológico; acuerdos institucionales y gubernamentales al interior de los países que integran el continente, es decir, que exista gobernabilidad ambiental y un profundo compromiso ético y responsable con el sistema ambiental de la región. 27 Capítulo 3: Mecanismos propios de los procesos de regionalización para la protección ambiental en Suramérica. Uno de los problemas que más se ha venido abordando desde los procesos de regionalización en Suramérica durante las últimas décadas, y gracias al cual se ha evidenciado más la necesidad de procesos de integración multidimensionales que impliquen el compromiso total de todos los sectores de la sociedad y de todos los frentes políticos, ha sido el del medio ambiente. Al observar que esta problemática abarca temas capitales como la superación de la pobreza de los países en desarrollo, la producción y el consumo de bienes o la explotación de los suelos, se da a entender con mayor claridad el por qué ha cobrado semejante protagonismo en escenarios como el MERCOSUR, la Comunidad Andina, la UNASUR, entre otros. De acuerdo con el manual publicado en conjunto por el PNUD y el PNUMA en 2015, recursos como el agua, los minerales, los bosques, el suelo, son “la base fundamental” de muchos países en desarrollo y aprovecharlos de manera acertada genera importantes beneficios (PNUD-PNUMA, 2015). A esto se le suma el profundo vínculo que en el mencionado grupo de países hay entre pobreza y medio ambiente ya que, de acuerdo con el mismo informe, el sustento del 70% de los 1.200 millones de pobres del mundo que viven por debajo del umbral de la pobreza depende en gran medida de los recursos naturales (PNUDPNUMA, 2015, p. 11). Es así como se explica que el uso y cuidado apropiado del medio ambiente afecta favorable o desfavorablemente a la población pobre, la cual, siguiendo el mismo estudio, desarrolla sus actividades económicas y de subsistencia gracias a los ecosistemas y recursos naturales. Ello demuestra de qué manera el tema medioambiental no solo plantea el cuidado de la naturaleza, también implica su uso responsable y el desarrollo que posibilita un manejo adecuado de los recursos naturales como base fundamental de una economía sostenible. En esta misma línea, el objetivo séptimo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)14, trata sobre garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y contempla cuatro metas, las cuales versan sobre 1) la implementación de los principios del desarrollo sostenible en las políticas públicas y los programas nacionales, 2) la reducción de pérdida de la biodiversidad, 3) la reducción del porcentaje de personas sin Compendio de metas propuestas por los líderes mundiales en el año 2000 en busca de mejorar la calidad de vida de los países en todos los aspectos. 14 28 acceso al agua potable y 4) el mejoramiento de la vida de las personas que viven en tugurios (Naciones Unidas, 2015). Cada una de estas metas se mide a través de las acciones que lleven al cuidado del medio ambiente por parte de gobiernos, organizaciones civiles y bloques de países. De acuerdo con el informe realizado en 2015, Suramérica presenta un alto grado de deforestación en las primeras dos décadas del nuevo siglo, y ha mejorado en temas como el acceso al agua potable, el mejoramiento de la vida de personas que viven en tugurios y la reducción de pérdida de la biodiversidad, punto en el cual se considera líder (Naciones Unidas, 2015). Tal es la importancia de la problemática que afrontan los Estados y las organizaciones de integración en la región al abordar el tema ambiental, el cual sobrepasa las barreras estatales, compromete a sus poblaciones y exige la implementación de estrategias que impliquen un cambio de mentalidad y de accionar en cada sector económico y sociopolítico, ya que “muchos problemas ambientales y climáticos surgen de aquello que los economistas denominan “fallos o ineficiencias de las políticas y del mercado” que, al no asignarle suficiente valor y precio al medio ambiente tampoco incluyen los daños ambientales en la toma general de decisiones económicas (PNUD-PNUMA, 2015, p. 12). Ante este panorama de riesgos que trae consigo el no tomar acciones, se hace necesaria la implementación de estrategias que sirvan como “guía coherente, unificadora e integradora para la adopción de decisiones”, que conduzca “a la elaboración de planes para lograr objetivos de largo plazo y a la formulación de prioridades en la distribución de los recursos” (CEPAL, 2000, p. 120). Estas estrategias podrían funcionar como mecanismos destinados al cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y puesta en marcha de políticas y recursos que sean necesarios para ello por parte de los sectores de la sociedad, pensando en una vida mejor para las personas sin que este objetivo altere o debilite el medio ambiente ni permita el despilfarro de los recursos naturales. Al respecto, los gobiernos deberán entender que “lo más importante para poder formular estrategias adecuadas es poseer la información necesaria y realizar un diagnóstico correcto de la situación mediante indicadores apropiados de desarrollo sostenible” (CEPAL, 2000, p. 120), algo que conlleva una entera comprensión de la problemática ambiental que en sí misma obliga a generar todo un marco conceptual y unas lógicas que le son propios. En Suramérica, al tratarse de una de las regiones más ricas del mundo en cuanto a biodiversidad, el cuidado ambiental y el desarrollo sostenible son el reto a futuro que deben afrontar las naciones y ello solo será 29 posible enfocando todos los sectores de la población y a todas las instituciones hacia su cumplimiento (Kakabadse 2005). Si no se direcciona la educación, si no se crea infraestructura pública, si no se maneja esta problemática entendiendo que todos los ecosistemas depende unos de otros sin importar fronteras de países, y si no se implementa el conocimiento científico y la tecnología en torno al desarrollo sostenible, difícilmente se podrá hacer frente a los temas ambientales que afectan la región (Kakabadse, 2005, p. 161). En este punto se puede entender también por qué en el mismo informe publicado por PNUD-PNUMA se esbozan los atributos que deben tener un proyecto que ponga en marcha mecanismos de protección ambiental, pues plantea que cualquier iniciativa por parte de los gobiernos que propenda por el cuidado del Medio Ambiente debe contemplar los siguientes ítems: -Uso sostenible de los recursos naturales Adaptación al cambio climático -Atención centrada en la reducción de la pobreza y la equidad, en especial para grupos marginados como mujeres y pueblos indígenas -Trabajo en pro del crecimiento inclusivo verde (PNUD-PNUMA, 2015, p. 4). Así entendida, la regulación ambiental, basándose en mecanismos claros y estructurados, debe llevarse a cabo mediante procesos de culturalización, investigación científica e implementación de políticas y destinación de recursos que permitan generar un cambio de hábitos en el fondo de la sociedad pero que sobre todo garantice un porvenir mucho más digno para la humanidad. Surge, entonces, el interrogante sobre qué acciones destinadas al cuidado del medio ambiente y al impulso del desarrollo sostenible han sido promovidas por los procesos de integración en Suramérica, pues al tratarse de un tema de dimensiones globales, es claro que estos procesos ocupan un lugar protagónico en lo que se refiere a la toma de decisiones y la ejecución de acciones que lleven al mejoramiento de dicha problemática. Aún cuando la inquietud por el medio ambiente haya sido un problema planteado ya hace décadas en el marco de los procesos de regionalización en Suramérica, queda pendiente, para el presente documento, la revisión de las acciones que estos procesos han adelantado en torno a dicha preocupación. A partir de la cumbre de Río, en 1992, los gobiernos suramericanos se acogieron a los principios promulgados en dicha cumbre, los cuales eran enfáticos en cuanto a la necesidad de enfocar esfuerzos en el cuidado del medio ambiente y la economía sostenible, enmarcados dentro de la estrategia de 30 implementación conocida como la Agenda XXI (De Lisio, 2013). Algunos de los objetivos y principios que se estipulan en esta agenda son: “El carácter global, integral y holístico de la cuestión ambienta, -La acción del hombre como origen de las disfunciones ambientales, -La autodeterminación de las naciones condicionada por la interdependencia ambiental, -La necesidad de aumentar los niveles de comprensión de los problemas, -Equidad y responsabilidad internacional, -El uso sostenible de los Recursos Naturales, -La tecnología ambientalmente adecuada” (p. 1). A pesar de que cada país acogió estas líneas de acción y principios, veinte años después, en la cumbre Río+20, no se expuso una estrategia mancomunada por parte de los países suramericanos en torno a esta temática (De Lisio, 2013, p. 4), lo cual daba serios indicios del estado de retraso que la región ha demostrado para cumplir con lo pactado y asumido en 1992. Revisando la literatura existente sobre el tema, más que acciones concretas y apuestas estructuradas que den indicio de un compromiso palpable y efectivo por parte de estos procesos y asociaciones, varios autores concuerdan en que solo se encuentran un montón de vacíos operativos, de fallas institucionales, de problemas de estructura y de impulsos individuales por parte de los Estados que hacen parte de estos procesos de regionalización (Kakabadse, 2005). Esto no quiere decir que no se hayan adelantado esfuerzos para hacer frente a las problemáticas ambientales y de pobreza en el marco de los procesos de integración; lo que sucede es que queda aún mucho camino por recorrer en cuanto a la comprensión de un problema que sobrepasa las lógicas estatales y que exige una cooperación efectiva por parte de todos los Estados vinculados e implementación de estrategias que comprendan la problemática de manera multidimensional. Una tema que se discute es el de que los acuerdos y las políticas que se plantean en el marco de los procesos de regionalización e integración suramericana no delegan responsabilidades de forma específica ni establecen compromisos concretos (Vega M. , 2016), lo cual deja a voluntad de cada gobierno por separado la decisión de acoger o no lo acordado, hecho que, más adelante, pone en tela de juicio el efecto real que pueda tener este tipo de iniciativas. Otra de las problemáticas es de tipo conceptual, a saber: los procesos de regionalización todavía entienden la temática del medio ambiente desde un punto de vista puramente económico y aún no se llega a la conciencia de que es un problema transversal y afecta a cada una de las partes de la sociedad, ya que plantea cuestiones culturales, sociales, políticas, científicas al lado de las económicas. El no comprender 31 los retos ambientales desde esta perspectiva holista, conlleva a la dificultad de vincular a todos los miembros de la sociedad con miras al cuidado del medio ambiente y de impulsar economías sostenibles (De Lisio, 2013). Así mismo, hay una notable carencia de legislación que pueda aplicarse para el cumplimiento de los acuerdos y tratados a los que llegan los países adscritos a los procesos y organizaciones regionales. Si bien existen acuerdos que contemplen el tema medioambiental de manera prioritaria, como el caso del acuerdo sobre medio ambiente de MERCOSUR, no hay un instrumento que garantice a nivel regional el cumplimiento de los objetivos y los gobiernos apuestan más por una especie de integubernamentalismo que por una normativa común a la cual se deban someter los Estados pensando en mejorar la problemática que se pretende afrontar (Vega M. , 2016), la cual, como ya se mencionó anteriormente, implica entender y actuar de manera común, bajo una estructura política y legislativa que a todos los países vincule, ya que el medio ambiente sobrepasa cualquier límite o frontera territorial. Por último, la estructura institucional pocas veces resulta acorde con las necesidades que exige la implementación de una estrategia o política planteada en los acuerdos que tratan sobre protección y mejoramiento ambiental, esto es, hay un distanciamiento entre los objetivos trazados y los instrumentos implementados para lograr tales objetivos. Este hecho no resulta de menor importancia y al respecto, Vega (2016) afirma que “la historia de la integración regional en América Latina ha estado plagada de vaivenes, de inicios marcados por grandes optimismos y expectativas que, finalmente y con el correr del tiempo, parecen acabar diluyéndose” (p. 8). Es así como la falta de una legislación y de una estructura institucional para mejorar las condiciones ambientales y de desarrollo sostenible de la región demuestran una especie de voluntad y hasta de entusiasmo para llegar a acuerdos comunes, pero a su vez delata la falta de compromiso para asumir responsabilidades a la hora de erigir una institucionalidad regional con las herramientas necesarias para lograr un efectivo mejoramiento en los temas que tienen que ver con el medio ambiente. En este panorama, será preciso revisar las iniciativas relativas al cuidado ambiental que se han propuesto desde estos procesos de regionalización. 32 En primer lugar, aparece el caso del MERCOSUR. Afirma Bernal (2013) que “MERCOSUR es hoy una unión aduanera imperfecta, condicionada por la imposibilidad de avanzar en las estructuras institucionales supranacionales y por las políticas comerciales unilaterales aplicadas por los principales socios” (p 6). Esta concepción sobre MERCOSUR no es reciente, y en los albores de este proceso de integración se entreveía que tenía como principal eje de acción el intercambio comercial entre los países afiliados, en este caso Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aún cuando desde sus principios fundacionales reconociera la importancia del cuidado del medio ambiente (Guinard & Cánepa, 2011, p. 124). No obstante, podría decirse de MERCOSUR que ha sido uno de los procesos que más ha dirigido esfuerzos en el tema ambiental y de desarrollo sostenible. En 1992 se creó la Reunión Especializada de Medio Ambiente (REMA), la cual es considerada como la primera iniciativa medioambiental impulsada desde MERCOSUR, y que se encargaría de revisar la legislación de medio ambiente de cada región y proponer soluciones a los problemas que cada Estado parte presentara. De acuerdo con Guinard & Cánepa (2011) y Vega, M. (2016), la labor de la REMA ofreció múltiples aportes en cuanto a la institucionalidad y propuestas de acción política que mejoraran en los Estados parte la problemática medioambiental y, sobre todo, de desarrollo sostenible. Posteriormente, se constituyó la política ambiental a partir del Acuerdo Marco sobre el Medio Ambiente del MERCOSUR, el cual ya tenía en cuenta otras dimensiones de la sociedad diferentes a la meramente política al plantearse la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable “mediante la articulación de las dimensiones económicas, sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor calidad del ambiente y de la vida de la población” (Mercosur, 2003). Frente a este acuerdo, menciona Vega (2016) que, a pesar de ser una muestra del interés de las naciones del MERCOSUR frente a temas ambientales y de sostenibilidad, adolece de normatividad blanda y resalta que, en dicho documento, no se asignan funciones y responsabilidades específicas, es decir, queda a la voluntad política de las naciones y a los recursos que cada una pueda gestionar para llevar a cabo sus políticas ambientales. Ahora bien, la mayor parte de las iniciativas ambientales del MERCOSUR, de acuerdo con Guinard & Cánepa (2011), están vinculadas a la producción y consumo sostenible, a la gestión ambiental de residuos. 33 Es así como se puede contar una estrategia para la Biodiversidad, un Plan de Acción del MERCOSUR para la Cooperación en Materia de Biocombustibles, un Política Mercosur de Gestión Ambiental de Residuos Especiales de Generación Universal y Responsabilidad Post-Consumo, entre muchas otras, lo cual lleva a pensar en un MERCOSUR activo en las cuestiones ambientales, quizá el más activo de la región. No obstante, El MERCOSUR no ha instituido la supranacionalidad, no hay por tanto, normas supranacionales, ni derecho comunitario en sentido estricto, lo cual acusa una falencia institucional y legal a la hora de comprometerse y hacer cumplir lo acordado en las distintas iniciativas. Por otro lado la Alternativa Bolivariana de los Andes (ALBA), cuyo regionalismo vanguardia está más cercano a los asuntos multidimensionales, atendiendo específicamente a combatir la pobreza y el desarrollo de los pueblos, parte de su directriz fundacional es tener una mirada crítica frente a los procesos de globalización, fundamentalmente su accionar está en promover mayor participación de los Estados, por encima de las empresas privadas, este proceso de integración regional tiene lo que a otros les hace falta y es la importancia asignada a las políticas sociales y a la participación de movimientos sociales, cuestiones de género, problemas indígenas, el papel social de la mujer (Bernal, 2013). A este propósito sobre “La integración de los pueblos” es que la ALBA, erige principios multidimensionales más allá de los que estuvieran inmersos en los otros procesos de integración regional, sin embargo, cabe agregar que actualmente la desaparición del ex presidente Chávez, su fundador y Venezuela el mayor donador de los recursos destinados a la cooperación económica y el desarrollo, coloca en crisis el destino del acuerdo, teniendo en cuenta que el mandatario Nicolás Maduro prevalece en el ojo del huracán frente a una fuerte crisis económica y política. Otro proceso de integración regional como se meciono anteriormente, es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), creado a partir del tratado de Cooperación Amazónica (TCA) el cual fue firmado entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela “con el objetivo de realizar esfuerzos y acciones conjuntas para promover el desarrollo armónico de sus respectivos territorios amazónicos” a partir de acciones como “ promover la investigación y el intercambio de información con la finalidad de ampliar los conocimientos; así como, establecer un sistema regular de 34 intercambio de información sobre las medidas de conservación de los mismos” (Guindar & Canela, 2011, p.117). En 2002 se crea la Secretaría Permanente de la OTCA con sede en Brasilia, ente que se encarga de coordinar los procedimientos establecidos en el Tratado que da origen a esta asociación de Estados y a su vez de los estudios e investigaciones, estudios y proyectos a realizar en el Amazonas (Guinard & Cánepa. 2011, p.117). Entre 2004 y 2010 la OTCA contó con un plan de acción el cual contemplaba acciones como: Plan de Acción Regional de Biodiversidad, Programa Regional de Áreas Protegidas, Proyecto Trasnacional de Conservación de Áreas Protegidas, Proyecto Monitoreo de la deforestación y de los cambios de uso de la tierra en el bosque Panamazónico, Programa Regional de Biocomercio, Geoamazonía, Proyecto regional de recursos hídricos, entre muchas otras acciones que dan muestra del compromiso de la organización con su función fundamental que es el cuidado de la cuenca amazónica. No obstante, este plan jamás se materializó (De Lisio, 2013, p.6), dejando patente, una vez más, la tendencia a plasmar iniciativas sobre el papel que no trascenderán de allí. En lo que concierne a la Comunidad Andina (CAN), cabe mencionar que es uno de los procesos de integración regional más antiguos del continente, conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI) (Guinard & Cánepa (2011, p.120) y fue creado con el objeto de establecer un mercado común entre los países integrados. En su estructura institucional cuenta con un Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores (CAMRE) encargado de la legislación al lado de la Comisión, compuesta por los Ministros de Comercio de los Países Miembros (p. 120). En lo que se refiere a los temas ambientales, y muy a pesar de mostrar mayor solidez institucional que las organizaciones anteriores, la Comunidad Andina en su tratado de conformación, el Acuerdo de Cartagena, señala: “Los Países Miembros emprenderán acciones conjuntas que permitan un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales y no renovables y la conservación y mejoramiento” (Comunidad Andina, Acuerdo de Cartagena, Capítulo XVI Cooperación Económica y Social. Artículo 128 del medio ambiente). En 1998 crea el Comité Andino de Autoridades Ambientales, ente encargado de asesorar y proponer ejes de acción a las ya mencionadas autoridades institucionales de la CAN (Guinars & Cánepa. 2011, p.122). 35 La Comunidad Andina propuso, además, la Estrategia Regional de Biodiversidad para los países del Trópico Andino, siendo uno de los primeros intentos que buscaba llevar cabo acciones comunitarias a nivel regional. Como producto de esta estrategia, entre 2004 y 2006 (Vega M. , 2016) se crea una Agenda Ambiental, documento con el que buscaba apoyar y guiar a los Estados de la CAN en temas relacionados con la implementación de políticas y acciones destinadas al cuidado del medio ambiente, a la biodiversidad y el cambio climático (Guinard & Cánepa. 2011, p.122). No obstante, según señala Vega (2016), a pesar de la pertinencia de varias de las iniciativas de la CAN y la pretensión de unas estrategias a ejecutar de manera colectiva, el modo de operar en estos temas aún queda supeditado a la decisión de los Estados parte. Añadido a esta problemática, cabe señalar que la CAN ha entrado en un proceso de debilitamiento debido al retiro de Venezuela de la asociación, a los conflictos internos entre los estados parte y la supresión del Parlamento Andino (p.9). Otra iniciativa de regionalización como lo es la Alianza del Pacífico, conformada en el 2011, también reconocido como Alianza de Integración Profunda (AIP), a diferencia del MERCOSUR, el modelo de apertura de este es continuar con el “regionalismo abierto”, según Bernal (2013) “los países que lo integran representan modelos de apertura, liberalización y desregulación económica y comercial.” (p.17). Este proyecto de regionalismo ha permitido atraer inversionistas del oriente tales como China, Corea del Sur, Japón. Los Estados aliados tienen en común la proximidad geográfica y política, sino que también, coinciden en tener economías con bajos niveles de protección que el resto de proyectos de regionalismo. La política de esta Alianza se fundamenta claramente en una dimensión de comercio en el que impera la noción de competitividad por encima de la de desarrollo (Bernal, 2013). En lo que respecta a la problemática ambiental, la Alianza solo cuenta con un comité científico que es el encargado de realizar estudios sobre todo en lo que se refiere al cambio climático. Existe el documento Oportunidades de Colaboración en Investigación Sobre Cambio Climático (2014), el cual es el resultado de una tarea de investigación científica en la que participaron los Estados parte de esta organización. Los proyectos medioambientales de la Alianza están basados en gran medida sobre el principio de mitigación, como bien se menciona en dicho documento, pero su labor ha sido poco perceptible, e incluso, para la presente investigación, al tratar de buscar mayor información sobre los avances del comité científico en 36 la página web de la Alianza, resulta que ésta no se encuentra en funcionamiento y solo se halla alguna información que data de 2015 en la página de la Cancillería de Colombia. A esto se suma que la Alianza ha omitido, desde su misma fundación, la inclusión de países que notablemente divergen en el plano de las posiciones de sus gobiernos de aquellos países que hacen parte de la organización (Vega M., 2016, p.16). Otros hechos, como la insistencia en temas de intercambio comercial, por encima del tema ambiental, dejan claras muestras sobre la poca voluntad de los Estados parte de la Alianza en lo que se refiere a asumir los retos del desarrollo sostenible. Otro proceso de integración recientes y significativo en Suramérica es la UNASUR, conformada en el año 2008 por todos los países de la región (Guinard & Cánepa, 2011, p. 126). De acuerdo con su tratado constitutivo, este proceso predica que “la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de Mercosur y la Comunidad Andina (CAN), así como la experiencia de Chile, Guyana y Surinam” (Tratado Constitutivo de UNASUR, citado por Vega 2016, p. 12). Además, ha retomado la importancia de incluir en su agenda de integración económica –vía zona de libre comercio-; integración social, física, energética; armonización de políticas de desarrollo social, rural y alimentario; la cooperación en las áreas de tecnología, salud, ciencia, educación, cultura y sobre todo la interacción de las empresas privadas y la sociedad civil; con el tiempo se agregó la cooperación en el área de seguridad y la defensa (Bernal, 2013). En definitiva, este proceso mantiene un modelo de regionalismo flexible que le permite un pragmatismo ideológico y comercial, el cual acepta políticas arancelarias existentes de la CAN, MERCOSUR, CARICOM Y Chile y conforme a este principio ha demostrado una capacidad de resolver problemas regionales, intrarregionales y bilaterales15. Del mismo modo, otro proyecto no menos importante y actual del multidimensionalismo regional Sudamericano, e integrado por 33 Estados. Este proceso hace parte de: El conflicto surgido en la crisis Bolivariana; el apoyo al Grupo de Río en la solución del conflicto fronterizo por un ataque perpetrado por el entonces grupo armado de las FARC al Ecuador; las derivaciones del acuerdo militar entre Colombia y Estados Unidos por las bases militares en territorio colombiano; el conflicto político entre Colombia y Venezuela. De aquí deviene el CDS, Consejo de Defensa Sudamericano, como estatuto interno de la UNASUR, propuesto por Lula Da Silva en el año 2008, para reafirmar el respeto de la soberanía, la integridad, inviolabilidad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. 15 37 “(...) la ola de “regionalismo pos-liberal”, bajo la percepción de un relativo declive de la hegemonía de Estados Unidos y con el ascenso, en la mayoría de países sudamericanos de gobiernos que rechazan la ortodoxia del consenso de Washington” (Saltalamacchia citado en Bernal, 2013, p.15). Es así como Brasil y México, principales impulsores de este proyecto, ven una iniciativa encaminada a ampliar y consolidar el desarrollo sustentable, la paz y la cooperación. Se destaca por el pragmatismo político que considera la solidaridad, flexibilidad, pluralidad, diversidad, complementariedad de acciones y participación voluntaria en las iniciativas; en lo regional busca un orden más justo y equitativo, armónico en lo internacional. En este sentido, la soberanía, la integridad territorial, la promoción de la democracia, la protección de los derechos humanos y respeto por la diversidad, es el pilar que forma parte de su ideario; este proyecto concuerda con el planteamiento que lidera el ALBA, gracias a liderazgo ejercido por el ex presidente Chávez en su momento. Pero a pesar de mostrar un fuerte interés en integrar a la región mediante un ‘proceso innovador’, no hay hasta la fecha un mecanismo para afrontar la problemática en cuestión ambiental y más bien se ha asumido desde distintas dependencias creadas en la estructura interna de la organización. Por otra parte, de acuerdo con De Lisio (2013), desde mediados de 2013 se ha hecho cada vez más evidente un distanciamiento con el reto ambiental y sostenible de Suramérica en el marco de este proceso de integración y se ha tomado el rumbo de propender por una enaltecer de los recursos naturales que posee la región, exaltando su abundancia y el privilegio que ello ofrece. Más aún, siguiendo al mismo autor, se han venido desarrollando desde UNASUR megaproyectos que, además de afectar los ecosistemas de la región, han generado serias brechas entre la población y los gobiernos, lo cual niega por completo la posibilidad de incluir a la población en los procesos medioambientales. Es así como desde UNASUR “la lógica de la integración está basada en los valores de mercado que potencian en este momento el intercambio de bienes y productos con la Cuenca del Pacífico, debiéndose resaltar que un factor clave es facilitar el comercio entre Brasil, país atlántico y la principal economía del continente y la sexta a nivel mundial, con China, la segunda economía mundial y la de mayor crecimiento sostenido en los últimos 10 años.” (p.13), En este orden, tras una revisión a los procesos de integración, se hace evidente que aún la región no cuenta con ningún plan mancomunado que se enfoque en el desarrollo sostenible y en el cuidado ambiental. No hay ningún proyecto firme que haya perdurado y se haya ejecutado basado en los principios de las cumbres 38 de Río los Objetivos del Milenio. Las políticas, las propuestas, las iniciativas surgen y muy pronto se desvanecen, dinámica que solo demuestra la incapacidad por parte del bloque Suramérica para afrontar estos retos. Tal como lo señala Kakabadse (2005) “Estamos destruyendo ecosistemas naturales, no porque no tenemos más remedio; lo estamos haciendo porque por lo general las decisiones se toman en función del costo-beneficio inmediato y no del costo-beneficio a largo plazo” (p.162). Pensar en una solución para la problemática medioambiental y de desarrollo sostenible, es aspirar a un proyecto que muy probablemente no mostrará sus frutos de un día para otro. La apuesta por una iniciativa de semejante magnitud, debe extender su mirada y sus pretensiones hacia el futuro, hacia 20 o quizá 100 años más adelante, y ello implica, como ya se señaló, una mirada holista de la cuestión y una propuesta estructurada a la altura de los objetivos planteados, en la que se involucren a todos los sectores de la sociedad y a todas las instituciones. 39 Conclusiones Es claro que los procesos de integración en Suramérica aún están marcados por los antiguos paradigmas políticos y económicos del modelo capitalista de la segunda mitad del siglo XX, los cuales conllevan la explotación de recursos naturales sin responsabilidad alguna, en beneficio de sectores económicos y de políticas que se resisten a confrontar fundamentales en la actualidad. En este contexto, las prácticas políticas y económicas del regionalismo abierto han demostrado su incompatibilidad con la problemática ambiental y su profundo significado. Tras revisar las diferentes clases de regionalismo que se han dado en la región, se hizo evidente que su versión post-liberal se erigió en su momento como la salida integral a los nuevos retos que afrontó Suramérica con la llegada del siglo XXI, entre los que se incluía la superación y mitigación de la crisis ambiental. Una de las conclusiones más importantes que resulta de realizar el presente estudio, y que es de suma importancia poner en debate, es la experiencia contradictoria que vive la subregión a la hora de encaminar los procesos de integración hacia la mencionada problemática. Por un lado, la evidente inclinación tradicional por parte de los gobiernos en sostener dinámicas políticas y económicas enfocadas en el libre comercio y la explotación de los recursos, sin priorizar en las consecuencias que ello pueda acarrear para la región, es la causa fundamental de que los procesos de integración carezcan de una normativa institucionalizada que garantice la cooperación de cada uno de los Estados y no dé cabida a intereses individuales o a políticas y estrategias comerciales que afecten el medio ambiente. En contraposición a esta postura tradicionalista o un tanto encerrada de los procesos de integración actuales, está la misma problemática ambiental, la cual es señalada desde casi todas las áreas del conocimiento y advertida por organizaciones internacionales. A nivel de la política internacional, en la actualidad no hay quien se atreva a negar públicamente que el camino de los gobiernos y de los Estados está esencialmente vinculado con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de nuevas formas de producción y consumo que propendan por el cuidado del mismo, como condición fundamental para una mejor calidad de vida de los seres humanos. Así, el que ahora parece ser un viejo modelo y el modelo que genera la crisis ambiental son dos caras de una misma moneda en las agendas propuestas por los procesos de integración regional en Suramérica y la mención de uno conlleva necesariamente a la del otro. 40 El tema ambiental, que se proyectaba con gran fuerza desde comienzos de la década de 1970, ha ido perdiendo bastante fuerza en estos escenarios y al día de hoy el panorama que se presenta al respecto resulta bastante confuso: no hay, en el marco de un proceso de integración, una apuesta con proyección a futuro que involucre a toda la región y que vincule a la sociedad de manera efectiva y garantizada, algo que se concluye tras observar cómo estas dos primeras décadas del siglo XXI han estado marcadas por la inconsistencia y la discontinuidad de los proyectos en lo que al tema medioambiental se refiere. Los últimos procesos de integración en la región, como la Alianza del Pacífico y la misma UNASUR, presentan agendas en las que resultan de primer orden temas de políticas mercantiles, tratados de libre comercio y cargas de impuestos para exportaciones, aún cuando se suponía que el centro gravitacional de las agendas regionales se había trasladado de los intereses comerciales a los retos del desarrollo sostenible. Este nuevo horizonte para la política y el desarrollo aún se no asume enteramente con sus nuevos paradigmas en Suramérica. En consecuencia, tal experiencia contradictoria en los procesos de integración post-liberal puede traer consigo una nueva forma de sub-desarrollo para la región, demarcado por la ausencia de políticas y saberes encaminados en la elaboración de propuestas que posibiliten el desarrollo sostenible. He ahí la importancia de la problemática planteada, siendo que lo puesto en juego son las implicaciones que, a futuro, puede traer a nivel económico y social el hecho de carecer de una cooperación efectiva y comprometida en lo relativo al desarrollo sostenible. En otras palabras, esta experiencia contradictoria coloca a la región en un lugar de obsolencia frente a los nuevos retos que afrontan las naciones. En el marco del presente estudio se encontró que la mayoría de los procesos de integración que en la actualidad se dan en la región no demuestran aplicar plenamente los nuevos retos del Desarrollo Sostenible y sus mismos discursos permanecen obsoletos, ya sea para plantear acciones, que en su mayoría son de tipo mercantil-económico, o bien para dirigirse a los distintos sectores de la sociedad buscando integrarla. Es cierto que en los tratados fundacionales de las organizaciones integracionistas como el MERCOSUR o en los planteamientos de la cumbre de Río en 1992 se expresa de manera formal la preocupación ambiental. Incluso es innegable que se han llevado a cabo iniciativas que asumen la problemática. No obstante, el vacío más importante que se entrevé en estas iniciativas y en su posterior fracaso, además de 41 la más que evidente falta de voluntad política, es la ausencia de una propuesta que ejecute mecanismos ambientales efectivos que involucren a todos los sectores de la sociedad. Es así como se explica que los procesos de integración en Suramérica reconocen la importancia de dirigir sus miradas hacia el cuidado ambiental y a la puesta en marcha de una economía sustentable y, no obstante, pareciera como si quisieran lograrlo sin que ello implique mayores compromisos y transformaciones, postura que, teniendo en cuenta el modelo económico que llevó al mundo a la crisis ambiental, resulta insostenible si se pretende dar un giro en esta cuestión. En este contexto, se hace imperioso resaltar la importancia que cobra el cuidado del medio ambiente y la intención de erigir economías sustentables como un reto que exige una comprensión y un accionar holista. Por un lado, temas como la escasez de los recursos hídricos, la deforestación o el calentamiento global, son experiencias globales que a largo y corto plazo pueden afectar de manera irremediable a todas las sociedades y, por ende, exigen medidas como la cooperación regional para lograr disminuir sus efectos negativos y preparar a los países ante estas circunstancias. En este orden de ideas, se puede comprender que la integración en este momento debería ser más una especie de consecuencia dada por una serie de hechos que involucran a todos y no solo un discurso o una retórica de globalización para socavar la soberanía estatal. Dirigir la economía y el desarrollo hacia el medio ambiente implica una puesta en marcha de métodos y mecanismos que van desde la producción, la educación, la legislación, el bienestar de los más pobres y el ejercicio de una política que promueva la relevancia del cuidado de la naturaleza y su uso apropiado. En ese sentido es que se entiende el holismo de la crisis ambiental como una problemática que involucra absolutamente y de manera indiscutible a todos los sectores de la sociedad. De igual manera el carácter holista de esta problemática involucra al conocimiento. Uno de los retos más importantes que debe asumir un proceso de integración es el de articular cada uno de los saberes de las ciencias humanas y naturales en los proyectos que propendan por esta nueva dinámica ambiental y sustentable. Comprender la articulación de los saberes como la única forma de abordar el problema del medio ambiente en su magnitud, posibilita, en primer lugar, la idea de que el conocimiento tiene influencia en las decisiones políticas y por ende en el poder. Por otro lado, promover unos saberes en torno al modelo 42 de Desarrollo Sustentable entendido como el último estadio de la economía mundial, evidentemente conllevará a que los países latinoamericanos se encuentren a la vanguardia de las dinámicas mundiales, desarrollando propuestas en torno a esta problemática que tengan coherencia con las condiciones sociales y ambientales de estos países. Aquí es importante resaltar las grandes posibilidades que tiene la región de potenciarse dentro de este nuevo modelo económico. De ofrecer escenario para un marco institucional y normativo común que propenda por este modelo de desarrollo, Suramérica cuenta con unas condiciones naturales únicas para su puesta en marcha, gracias a su biodiversidad, a sus recursos hídricos y a su vegetación. En otras palabras, los distintos proyectos de regionalismo buscan en general la promoción del diálogo y la cooperación en ámbitos multidimensionales. Así mismo, los proyectos manifiestan alianzas importantes, pero aún se mantiene una condición heterogénea en los Estados parte. Hay que mencionar que dichas inicitivas, representan un ejercicio de “flexibilidad y pragmatismo” político que debe aprovecharse con mayor incidencia teniendo en cuenta el desarrollo sustentable. Es urgente seguir pensando en un modelo de regionalismo que considere mayores compromisos políticos y democráticos para el fortalecimiento de las políticas públicas y la economía. Por último, es necesario considerar a Latinoamérica en general y Suramérica en particular como una sola región que busca el posicionamiento internacional, precisamente por tener la capacidad de biodiversidad y abastecimiento de recursos naturales y materias primas a gran parte de países del mundo. Resulta fundamental que los proyectos continúen mejorando a través de las experiencias y los cambios de gobierno, para esto es necesario mejorar las condiciones de posibilidad de los países latinoamericanos para fortalecer a la región en mejor calidad de vida y competir frente a los emergentes cambios que lidera la política y economía externa. 43 Bibliografía Ahcar, S., & Galofre, O. (2013). Procesos de integración regional en América Latina: un enfoquue político. Revista de Economía del Caribe, 11. Obtenido de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/economia/article/view/5055/4124 Allard, R. (2014). Diez desafíos para America Latina en la década 2010-2020: ¿hacia un neo regionalismo emergente? Universidad de Chile , Estudios Internacionales, Chile. Alonso, V. B. (1996). Se vino el Mercosur. Los trabjadores en el proceso de integración. Montevideo: Fesur-Ciedur. Obtenido de http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/uruguay/ciedur/ciedur.rtf Altmann, J. (2012). Integración Política: Un camino hacia la integración Latinoamericana. En F. R. Aravena, J. A. Borbón, & T. B. Brealey., América Latina: Caminos de la Integracion Regional (págs. 11-48). FLACSO. Obtenido de http://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretariageneral/Integraci%C3%B3n%20Regional.pdf Aranda, G., & Salinas, S. (2015). Alba y Alianza del Pacífico: ¿Choque de integraciones? Universum, 30(1), 17-38. Obtenido de http://www.scielo.cl/pdf/universum/v30n1/art_02.pdf Aravena, F. R. (2007). América Latina y los desafíos pala integración regional. Secretaria General de FLACSO. Guatemala: FLACSO. Obtenido de DialnetAmericaLatinaYLosDesafiosParaLaIntegracionRegional-2787569%20(2).pdf Avellaneda, M. (s.f). La discusión internacional sobre Medio Ambiente y nuestras perspectivas. En P. d. Ambiente. Obtenido de http://www.bdigital.unal.edu.co/16770/1/12284-31391-1-PB.pdf Bernal, R. (2013). Modelos o esquemas de integración y cooperación en curso en América Latina (UNASUR, Alianza del Pacífico, ALBA, CELAC): una mirada panorámica. Berlín: IberoAmerikanisches Institut. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Alemania/iai/20161117032353/pdf_1393.pdf Bernal-Meza, R. (2007). Sistema mundial y Mercosur: globalización, regionalismo y política exterior. Carta Internacional, 12-24. Obtenido de https://cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/415/169 44 Bywaters, C. (2009). Unasur y la integración latinoamericana: propuesta de un nuevo modelo del regionalismo post-liberal. Encrucijada Americana, 4-26. Obtenido de http://www.encrucijadaamericana.cl/articulos/otonoinvierno2009/1formato-Articulo-UNASURDefinitivo-21-de-Abril-ok.pdf Cabrera, E. (Agosto de 1992). El modelo neoliberal en América Latina. Revista del Departamento de Sociología. , 7(19). Obtenido de https://es.slideshare.net/DulceSanchez19/edgar-jimnezneoliberalismo Caetano, G. (2011). Mercosur 20 años. Centro de Formación para la Integración Regional. Obtenido de http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2011/08347.pdf Carillo, F. S., & Pozo, P. C. (2014). Las implicaciones para Amértica Latina de la renovación de paradigmas sobre regionalismo e integración. ETEA. Obtenido de https://www.uhu.es/IICIED/pdf/7_9_regiona.pdf Casilda, R. B. (2004). América Latina y el Consenso de Washington. Boletín económico de ICE, Información Comercial Española 2803, 19-38. Obtenido de http://www.revistasice.info/cachepdf/BICE_2803_1938__4F750124143128257278CDB775B3F4F9.pdf Castillo, A., & González, É. (2009). Principios generales sobre manejo de ecosistemas. En: Conservación de ecosistemas templados de montaña de México. Ciudad de México.: Universidad Autónoma de México. Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales. Obtenido de http://www.iies.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/M7_LectCOMP_CastilloGonzalez-Guadiano_2010.pdf CEPAL. (2000). Desarrollo sostenible: perspectivas de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: ONUE. Obtenido de https://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/9628/lcl1613e_ind.pdf CEPAL. (2002). La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades. Santiago de Chile: CEPAL. Obtenido de https://www.cepal.org/rio20/tpl/docs/5.DesSost.Julio2002.pdf 45 CEPAL. (2015). El desafío de la sostenibilidad ambiental en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37791/LCM23_es.pdf CEPAL. (07 de 2017). Comision Economica para América Latina y el Caribe. Obtenido de http://www.cepal.org/es/temas/medio-ambiente/acerca-medio-ambiente CEPAL, C. E. (1994). El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad. Santiago de Chile: CEPAL. Obtenido de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11951/053081089_es.pdf?sequence=1 De Lisio, A. (2013). Desarrollo sustentable e integración regional. Caracas, Venezuela: Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). Obtenido de http://library.fes.de/pdffiles/bueros/caracas/10368.pdf Dougherty, J., & Pfaltzgraff, R. (1993). Teorías en pugna en las Relaciones Internacionales. Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/0B6TV2GrpLABqaGdDQ3dVRmxaMjQ/edit Dunning, J. (1994). Globalization, economic restructuring and development. University of New Jersey , UNCTAD. New Jersey: ONU. Obtenido de http://unctad.org/en/Docs/prebisch6th_dunning_en.pdf EFI. (2017). Procesos de Integración. Economía y Finanzas Internacionales. Obtenido de Pontificia Universidad Católica de Ecuador: http://puceae.puce.edu.ec/efi/index.php/economiainternacional/2-uncategorised/40-procesos-de-integracion Fuentes, J. A. (Agosto de 1994). El regionalismo abierto y la integración económica. Revista de la CEPAL. (53). Obtenido de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11951/053081089_es.pdf García, C. A. (2010). La inserción internacional de Sudamérica: la apuesta por la Unasur. Revista de Ciencias Sociales, 29-40. Obtenido de http://www.flacso.org.ec/docs/i38chaves.pdf Gomez, M. (2014). Regionalismo Post-Hegemónnico en América del Sur. VII Congreso de Relaciones Internacionales. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44715/Documento_completo.pdf?sequence=1 46 Gudynas, E. (2005). El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La interacción económica al servicio de la transformación productiva con equidad. Revista de la CEPAL. Obtenido de http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/4377/lcg1801e.htm Guinand, L. E., & Cánepa, M. (2011). Avances y Desafós de las políticas regionales ambientales en Suramérica. Nuevo Mundo, 1(6), 99-136. Obtenido de http://www.iaeal.usb.ve/mundonuevo/revistas/MN06/MN_06(04).pdf Hernán Blanco, L. T. (2005). Globalización y medio ambiente. Lecciones desde las Américas. Santiago: RIDES-GDAE. Obtenido de https://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/wg/ParteI.pdf Hernández, C. (s.f.). Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales . Obtenido de http://www.fundacioncibei.org/agenda-internacional-y-medio-ambiente/ Herrera, S. B. (1997). Globalizacion y desarrollo mundial. . La Habana : Ciencias Sociales . Higón, F. (1996). Desarrollo económico y sostenibilidad: Una revisión de la literatura. Departament d`Economía Aplicada. Universitat de Valencia. Obtenido de DialnetDesarrolloEconomicoYSostenibilidad-3142473.pdf Holling, C. (1973). Resilience and Stability of Ecological Systems . Vancouver, Canadá: Annual Review of Ecology and Systematics. Obtenido de http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.es.04.110173.000245 Houtart, F. (1994). La mundialización de las resistencias y de las luchas contra el neoliberalismo. Louvain-la-Neuve (Bélgica).: Centre Tricontinental. Obtenido de http://latinoamericana.org/2002/textos/castellano/Houtart.htm Hurrell, A. (1995). Explaining the resurgence of regionalism in world politics. International Studies, 331-358. Hurrell, A. (2007). One world? Many worlds? The place of regions in the study of international society. International Affairs, 83(1), 127-146. Obtenido de http://mwmt.co.uk/documents/MWML2006_Hurrell.pdf Ibañez, J. (2000). El nuevo regionalismo latinoamericano en los años noventa. Asociación española de profesores de derecho internacional y relaciones internacionales. Revista electrónica de estudios 47 internacionales (REEI). Obtenido de http://www.reei.org/index.php/revista/num1/agora/nuevoregionalismo-latinoamericano-anos-noventa Kakabadse, Y. (2005). La biodiversidad y la promoción del medio ambiente en Sudamérica. Obtenido de www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=19921 Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An introduction to its Methodology. London. Lockhart, N. F. (2013). La identidad de Unasur: ¿Regionalismo post-neoliberal o post-hegemónico? Revista Ciencia Sociales, 97-109. Obtenido de 12316-19631-1-SM.pdf Luffiego, M., & Rabadán, J. M. (2000). La evolución del concepto de sostenibilidad y su introdución en la enseñanza. Enseñanaza de las Ciencias., 18(3), 473-486. Obtenido de http://www.raco.cat/index.php/ensenanza/article/viewFile/21701/21535 Mata, J., & Volpini, C. (2011). El regionalismo y la integración en el Mercosur. Ética e Filosofía Politíca, 2(13), 90-108. Obtenido de http://www.ufjf.br/eticaefilosofia/files/2011/05/13_2_diz.pdf Mercosur. (2003). Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur. Asunción, Paraguay. Molina, F. (2007). Visiones del regionalismo y regionalización en América del Sur en el nuevo milenio. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 13(3), 13-32. Obtenido de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17721562002 Morales, M. E. (2007). Un repaso a la regionalización y el regionalismo: Los primeros procesos de integración regional en América Latina. CONfines de Relaciones Internacionales y Ciencia Política., 3(6), 65-80. Obtenido de http://confines.mty.itesm.mx/articulos6/MoralesM.pdf Moreira, A. C. (2012). Integración regional y Medio Ambiente. Reflexiones acerca de la dimensión ambiental del Mercosur. Rio de Janeiro: Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional. Conferencia Bienal. Obtenido de http://lasil-sladi.org/files/live/sites/lasilsladi/files/shared/Working%20Papers/Working%20Paper%207%20Moreira.pdf Murillo, C. (2008). La cooperación ambiental en los tratados de libre comercio. Ciudad de México: Naciones Unidas. Obtenido de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5024/S08000178_es.pdf?sequence=1 48 Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nueva York: ONU. Obtenido de http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf Ocampo, J. A. (2009). Reconstruir el futuro. Globalización, desarrollo y democracia en América Latina. Bogotá: CEPAL. Obtenido de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1850/S33098O15R_es.pdf?sequence=1&isAl lowed=y ONU. (2012). Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2012 . Asamblea General de las Naciones Unidas. Obtenido de http://www.un.org/es/sustainablefuture/about.shtml PNUD-PNUMA. (2015). Integración del medio ambiente y el clima en los procesos de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible. Manual para el fortalecimiento de los procesos de planificación y definición del presupuesto. Obtenido de http://unpei.org/sites/default/files/publications/UNDP_-UNEP_PEI_Handbook__%20Spanish_0.pdf PNUMA. (2008). Geo Mercosur. Integración, Comercio y Ambiente en el Mercosur. Montevideo, Uruguay: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Obtenido de http://ambiental.net/wp-content/uploads/2015/11/GeoMercosurCompleto.pdf PNUMA. (2011). Temas emergentes en nuetro medio ambiente global. PNUMA. Obtenido de https://books.google.com.co/books?id=6j0tFfGzWToC&pg=PA75&lpg=PA75&dq=pnuma+201 1&source=bl&ots=VDLV3T7NR-&sig=GoexHpo63-mA0sUgEn06aGVnmPQ&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwisuNSK8uDZAhWSzlMKHdI8AasQ6AEIUDAF#v=onepage&q=pn uma%202011&f=false Pontificia Universidad Catolica de Ecuador. (07 de 2017). Obtenido de Procesos de Integración: http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/2-uncategorised/40procesos-de-integracion Robledo, J. (2010). La corrupción en el poder y el poder de la corrupción en Colombia. Bogotá: Aguilar. Rosales, O. (2014). Integración regional: hacia una estrategia de cadenas de valor inclusivas. Naciones Unidas. Santiago de Chile: CEPAL. Obtenido de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36733/S2014216_es.pdf?sequence=1 49 Russett, B. (2010). Liberalism. En M. K. Tim Dunne, International relations theories (págs. 94-113). Oxfordshire: Oxford University press. Obtenido de http://www.academia.edu/10064301/_HIN_100504_International_Relations_Theories__Tim_Dunne_Milja_Kurki_Steve_Smith Sanahuja, J. A. (2007). Regionalismo e integración en América Latina: balance y perspectivas. Pensamiento Iberoamericano, 75-106. Obtenido de http://eprints.ucm.es/42577/1/DialnetRegionalismoEIntegracionEnAmericaLatina-2872515.pdf Sanahuja, J. A. (2012). Regionalismo post-liberal y multilateralismo en Suadamérica: El caso de UNASUR. En A. Serbin, L. Martínez, & H. R. Júnior, El regionalismo post-liberal en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos (págs. 19-71). Buenos Aires: CRIES. Obtenido de http://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/10/2012Anuario-CRIES-1.pdfhttp://www.ieei-unesp.com.br/portal/wp-content/uploads/2012/10/2012Anuario-CRIES-1.pdf Sanahuja, J. A., & Cienfuegos, M. (2010). Una región en construcción. UNASUR Y la integración en América del Sur. Barcelona: Fundación CIDOB. Obtenido de 28_Interrogar_UNAREGIONENCONSTRUCCION.pdf Sanahuja, José Antonio. (2009). Del "regionalismo abierto" al "regionalismo post-liberal". Crisis y cambio en la integración regional en América Latina. Anuario de la integración en América Latina y el Gran Caribe, 11-54. Obtenido de http://eprints.ucm.es/42566/1/sanahuja%20del%20regionalismo%20abierto%20al%20regionalis mo%20postliberal.pdf Santos, F. (2014). Las implicaciones para América Latina de la renovación de paradigmas sobre regionalismo e integración. Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación. ETEA. Segrelles, J. A. (2005). La integración regional de América del sur: una comunidad sudamericana de naciones frente a la creación del aérea de libre comercio de las Américas (ALCA). Actas Latinoamérica de Varsovia(28), 123-147. Obtenido de https://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/integracionpolonia.pdf 50 Serbin, A. (2011). Regionalismo y soberanía nacional en América Latina: Los nuevos desafíos.4,137178. Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES). Obtenido de http://www.cries.org/wp-content/uploads/2010/09/Documentos-15-web.pdf Serra, M. (2016). La integración regional. Historia y perspectiva actual. Universidad Abierta Interamericana. Obtenido de http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC120726.pdf Suárez, P. M. (2012). Regionalismos en el marco de las relaciones del siglo XXI. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sunkel, O. (1998). Desarrollo e integración regional: ¿otra oportunidad para una promesa incumplida? . Revista de la CEPAL. Obtenido de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12139/0NE229241_es.pdf?sequence=1&isAl lowed=y Tamarit, F. H. (1996). Desarrollo económico y sostenibilidad: una revisión de la literatura. Valencia: Departament d' economía aplicada. Universitat de Valencia. Obtenido de DialnetEconomiaDelDesarrolloSostenible-5248646.pdf Torres, E. (2008). La comunidad europea del carbón y del acero. Un exitoso y aún inacabado experimento institucional. Anuario Mexicano de Derecho Internacional., 3, 713-742. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a21.pdf Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Lima: Departamento de Ciencias Sociales Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de http://docplayer.es/14591082-Genesis-y-evolucion-del-concepto-y-enfoques-sobre-el-desarrollodocumento-de-investigacion.html Vega, M. (2013). El medioambiente como problema de seguridad en el regionalismo. En: Mellado, N. y Fernández Saca, J. (Coord.). Problemáticas del regionalismo latinoamericano a inicios del siglo XXI., 231-248. Vega, M. (2016). El tratamiento de los problemas medioambientales en Sudamérica. Una mirada desde los esquemas de integración regional. Ciudad Paz-ando, 9(2), 27-39. 51 52