El proyecto turístico Barrancas del Cobre en Chihuahua y la violación a los derechos indígenas

El inah en la modernidad María Teresa Olivera Carrasco María de la Luz Aguilar Rojas Coordinadoras El inah en la modernidad VIII (2013) y IX (2014) Congresos Nacionales de Investigadores María Teresa Olivera Carrasco María de la Luz Aguilar Rojas Coordinadoras ISBN: ------------ (Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH) Primera edición 2021 Imagen de portada: VIII Congreso Nacional de Investigadores del INAH "El INAH en la Modernidad". Metepec-Atlixco, Puebla noviembre 2013. Diseño editorial: Hernán García Crespo D. R. ©2021 Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH Córdoba 45, colonia Roma; 06700 Ciudad de México comite@snp-inahinvestigadores.org ISBN: ------------Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin la previa autorización por escrito del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH Impreso y hecho en México Índice MINERAS 25 LAS MINERAS EN SONORA, DE TODO COMO EN BOTICA César Armando Quijada López 27 VISITA A LOS FILOS MEZCALA: LA MINERÍA Y LA ARQUEOLOGÍA Rosa Ma. Reyna Robles 47 EL INAH ANTE LA AMENAZA DE LA MEGAMINERÍA TÓXICA. EL CASO ABIERTO EN MORELOS Y SUS DERIVACIONES A NIVEL NACIONAL Paul Hersch Martínez 63 MEDIO AMBIENTE 85 BREVE REFLEXIÓN SOBRE LOS VALORES INTANGIBLES EN MATERIA AMBIENTAL Isela Guadalupe López López 87 LA CONCENTRACIÓN DEL AGUA EN MANOS PRIVADAS: LA VENTA ILEGAL DE AGUA POR RANCHEROS Y EJIDATARIOS EN BAJA CALIFORNIA SUR Armando de Jesús Romero Monteverde 99 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA INVESTIGACIÓN LOS USOS DE LA FOTOGRAFÍA EN LAS CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS José Gamboa Cetina 117 119 APORTES DE LOS ALGORITMOS Y DE LA IMAGENOLOGÍA MÉDICA A LA COMPRENSIÓN DE LA MOVILIDAD Y CARGA FÍSICA EN GRUPOS HUMANOS DEL PASADO. APLICACIÓN Y EJEMPLOS DE CASOS EN EL ÁREA MAYA José Manuel Arias López 135 TECNOLOGÍA EN EL SEMIDESIERTO: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN EL ARTE RUPESTRE DE NUEVO LEÓN Moisés Valadez Moreno y Denise Carpinteyro Espinosa 165 ELABORACIÓN DE MODELOS RECONSTRUCTIVOS DE TEOTIHUACÁN, CONTEXTOS FUNERARIOS, ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS, PINTURA MURAL Y CERÁMICA Roberto Pliego Martínez, Ignacio Rodríguez García, Luis Alfonso González Miranda y Fernando García Aguirre 175 INTERDISCIPLINARIEDAD EN EL PROYECTO VENUS: APORTES DESDE LA HISTORIA Y LA RESTAURACIÓN Imelda Estela Cacique García y Álvaro Santillán Bueyes 193 METODOLOGÍA DE REGISTRO DIGITAL EN AutoCAD PARA LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA José Antonio López Palacios, Yalo Jesús Madrigal Cossío, Yanin Arenas Ávila, Fabián Gutiérrez Gómez, Dulce María Díaz Velasco y Ramón López Valenzuela 209 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SU APLICACIÓN EN EL MANEJO Y OPERACIÓN DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS Jaime Cedeño Nicolás y Luis Antonio Huitrón Santoyo 221 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) PARA EL REGISTRO, GESTIÓN Y ANÁLISIS DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO EN LA REGIÓN NORTE DE VERACRUZ Alejandro J. Uriarte Torres 235 INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO 251 SOCIALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO ANTROPOLÓGICO A TRAVÉS DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Mayelnikte Garduño Sansore, Mayti Yajaira Cahum Chan, Claudia Rubí Caamal Solís y Juan Parra Uc 253 ARQUEOLOGíA Y TURISMO UN PARADIGMA Noemí Castillo Tejero 265 EL PROYECTO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE EN CHIHUAHUA Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS Horacio Almanza Alcalde 277 AFECTACIONES AL MARCO LEGAL: CASO DE LA PRIVATIZACIÓN DEL SITIO NATURAL CEREMONIAL WIXARIKA DE TATEI HARAMARA EN LA PLAYA E ISLA DE SAN BLAS NAYARIT María de Guadalupe Zepeda Martínez 299 DESARROLLO URBANO 313 PATRIMONIO Y MODERNIDAD: TRABAJOS DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO EN TERRITORIOS NORTEÑOS Moisés Valadez Moreno y Denise Carpinteyro Espinosa 315 EL IMPACTO URBANO EN LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA ZONA CERRIL DE XOCHIMILCO Araceli Peralta Flores 327 EL CERRO DEL OBISPADO: UN SITIO HISTÓRICO DE MONTERREY ANTE NUEVAS AMENAZAS DEL DESARROLLO URBANO Lydia Espinosa Morales, María Olimpia Farfán Morales y Moisés Valadez Moreno 343 ARQUEOLOGÍA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CAMPECHE: PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS Vicente Suárez Aguilar y Heber Ojeda Mas 367 LA REGIÓN DE MÉRIDA: INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Luis Raúl Pantoja Díaz 381 MODIFICACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVAS 407 LA REVOLUCIÓN EDUCATIVA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Jaime Garduño Argueta 409 EL INAH Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL ENTORNO ACTUAL: EL CASO DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO-SAN MIGUEL DE ALLENDE Beatriz Cervantes Jáuregui y Gabriela Zepeda García Moreno 425 LA CONSULTORÍA ARQUEOLÓGICA: IMPOSIBILIDADES Y POSIBILIDADES ANTE LA DESTRUCCIÓN COTIDIANA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Júpiter Martínez Ramírez 443 INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO sonido, o los conciertos de Plácido Domingo y Pavarotti, lo que se hizo en 2011 en Tzintzuntzan o Cacaxtla, es decir, una nueva violación a los reglamentos. ¿Cuál es el conocimiento que queremos se lleve el visitante, nacional y extranjero de la grandeza de las civilizaciones prehispánicas?, difundámoslo en museos de zona, trípticos, visitas guiadas, y evitemos que los visitantes vayan a escalar pirámides para ver el paisaje; todavía no he visto que se permita en Francia a ningún visitante llegar a los techos de los Castillos del Loire para admirar el paisaje. Con tristeza recuerdo cómo las autoridades del INAH del sexenio pasado se prestaron a la farsa de “Las nuevas maravillas del mundo”, orquestada por Televisa y Coca Cola, donde se proponía como una nueva maravilla a la pirámide de Kukulkan en Chichén Itzá, cuando ya la zona arqueológica en totalidad había sido incluida por la UNESCO como uno de los sitios Patrimonio de la Humanidad. Hay que tener cuidado con la información que se da a cualquier visitante de las zonas arqueológicas, ésta debe ser verídica, es necesaria la existencia de guías de las zonas abiertas al público, pues muchas no se han reeditado, o bien hacer nuevas. Cada zona debe tener un museo interactivo en el que el visitante entienda cómo están ahora las ruinas restauradas, pero también cómo debieron ser en su época de apogeo. Es inconcebible que en este momento a pesar de años de lucha y concientización todavía existan mexicanos que promuevan la privatización de los bienes arqueológicos, como objeto de consumo, como un producto salvador de la economía nacional por las supuestas divisas que a través de él van a captar; se olvidan de que hay que educar a los niños y jóvenes sobre su pasado, que conozcan su historia. El turismo arqueológico no es el salvador de la economía nacional pero el conocimiento de nuestro pasado es el salvador de nuestra idiosincrasia como mexicanos, que nuestro patrimonio arqueológico sea nuestro orgullo y no objeto de comercio. Paradigma: la arqueología como historia o para el turismo- 275 276 EL INAH EN LA MODERNIDAD Bibliografía Castillo Tejero, Noemí, “México, su protección a través del tiempo para la protección de su patrimonio cultural”, Revista Arqueología Americana, San José, Instituto Panamericano de Geografìa e Historia, 1997. ———,“El patrimonio arqueológico en México y su conservación”, Patrimonio y Conservación Arqueológica, México, INAH, 2000, pp. 35-44. ———, “El patrimonio monumental arqueológico ante el embate del siglo XXI”. XX Simposium Internacional del Patrimonio Monumental, ICOMOS México A.C., 2000, pp. 28-38. Cottom, Bolfy, “Régimen federal, cultura, educación. Patrimonio cultural en México”, Diario de Campo. Suplemento, México, INAH, 2000. Franco, Ivan, ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural en México?, Unas Letras, 2011. Figueroa Matus, José Manuel y Muñoz Gómez, Manuel, La cultura y las instituciones culturales de México, Delegación Sindical D-III-24, INAH, 2004. Flores Marini, Carlos, “El patrimonio monumental y el turismo”, Conservación, México, ICOMOS México, Vol. 4, 1994. Gómez Consuegra, Lourdes, Documentos internacionales de conservación y restauración, Jalisco, INAH, 2009. González Morelos, Aldir, “Patrimonio arqueológico y turismo”, Patrimonio 4 Delegación Sindical DII-IA-1, INAH, 2009. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Código de Ética, México, INAH,2002. Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, México, INAH, 1972. Morales Cano, Lucero, “La industria del turismo cultural”, Raíces, 6-7, DEAS INAH, 2001. Patrimonio, cultura y modernidad, México, INAH, H. Cámara de Diputados, LVIII Legislatura,1990. Rodríguez Alomá, Patricia, Reunión de expertos. Proyecto Gestión Integral del Patrimonio Cultural, Buenos Aires, UNESCO, 2002. EL PROYECTO TURÍSTICO BARRANCAS DEL COBRE EN CHIHUAHUA Y LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS Horacio Almanza Alcalde halmanza.chih@inah.gob.mx Centro INAH Chihuahua Introducción En su afán por crecimiento económico, los gobiernos estatal y federal vieron a partir de la década de los noventa a la Sierra Tarahumara como una región estratégica para el desarrollo turístico. Para ello lanzaron un programa de inversión e implementación a 10 años, conocido como Plan Maestro Barrancas del Cobre. Fundamentalmente a partir de 2009, el enfoque de la inversión ha sido en infraestructura de transporte y de servicios incluyendo un aeropuerto, así como atractivos como un teleférico, un bungee jump y un sistema de tirolesas. El anuncio de la puesta en marcha en 2008 generó expectativas y detonó el incremento de la plusvalía de la tierra en el área y, en consecuencia, el interés de inversionistas por la apropiación privada. Casos añejos de apropiación y disputa por la tierra se agudizaron entre comunidades indígenas, empresarios y gobierno estatal. Este trabajo se centra en dos de cuatro disputas por la tierra dentro del contexto del proyecto turístico. Mogotavo es una comunidad indígena con ocupación ancestral de su territorio, sin embargo, dos solicitudes de dotación de tierra han sido negadas por el gobierno federal con el argumento de que no existen como comunidad. La comunidad ha sufrido acoso por tres generaciones de la familia Sacristán, que se esta- [ 277 ] 278 EL INAH EN LA MODERNIDAD blecieron y obtuvieron la propiedad privada de las tierras donde se encuentran asentados. Conscientes de que ocupaban tierras indígenas, los Sacristán siempre vieron con recelo a sus residentes originales, sin embargo, no habían hecho ningún esfuerzo legal para expulsarlos hasta el anuncio del proyecto turístico en 2008. El hostigamiento comenzó, y dos años después, parte de las tierras de Sacristán fueron vendidas a una empresa de bienes raíces propiedad de un grupo político afín al secretario de turismo. Esta empresa continuó las amenazas contra la comunidad y desarrolló un plan de desalojo y reubicación para la mayoría de sus residentes. La comunidad de Wetosachi, por su parte, es posesionaria de las tierras desde mucho antes de que éstas fueran adquiridas como propiedad privada en la década de 1980 por parte de los hermanos empresarios Encinas1 a través de una transacción con un mestizo local que previamente había reclamado la propiedad. Los empresarios dejaron las tierras sin uso por décadas y no realizaron ningún intento de desalojar a los posesionarios indígenas, hasta que el gobierno anunció la etapa de implementación del Proyecto Turístico Barrancas del Cobre. Desde entonces, la comunidad ha denunciado el acoso de uno de sus empleados. La economía política del turismo, los conflictos de recursos y el proyecto turístico de la Barranca del Cobre Un sector influyente de la literatura antropológica ha subrayado la importancia de considerar la economía política global en el análisis de las relaciones sociales y políticas a nivel local2 Para entender mejor el poder de decisión política en el despojo de la tierra y los procesos de conflicto en la Sierra Tarahumara, aquí se 1 Casi la totalidad de los nombres e individuos han sido anonimizados en este trabajo, por cuestiones de ética de investigación. 2 Farmer, 2004; Mintz, 1997; Wolf, 2001. INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO exploran los límites del poder de decisión de los grupos sociales subalternos y la forma en que este es constreñido por actores políticos globales, en colaboración con élites locales con el objetivo de acceder y apropiarse de los recursos locales. La literatura ya ha demostrado el grado en que las instituciones y actores nacionales y locales consienten su propia asimilación al sistema económico de mercado global, a pesar de que ello resulte desfavorable a la economía, a la soberanía y a los intereses del país. Por ejemplo, las instituciones financieras presionan a los gobiernos nacionales a invertir en turismo con el fin de cumplir con las políticas de desregulación global.3 Además, es bien sabido que el turismo representa porcentajes de ingresos bajos para las economías nacionales del país de destino, la generación de empleo para mano de obra local suele ser precaria, las ganancias en divisas se ven mermadas por la concentración de inversiones en la industria turística de los países del norte y los servicios turísticos son inaccesibles para 80-90% de la población fuera de los países occidentales y desarrollados. En este contexto, el capital global influye altamente en los procesos de formulación de políticas nacionales del sector y, por lo tanto, mina la soberanía de los Estados y contribuye a la desigualdad social. Mientras que el papel de los gobiernos nacionales se limita a garantizar condiciones favorables para las empresas, el equilibrio entre las ganancias económicas y el impacto socio-ambiental es cada vez más cuestionado.4 En el caso de México, la mayoría de los desarrollos turísticos costeros terminan involucrando negocios por la tierra con comunidades pesqueras así como diversas formas de apropiación5 por 3 El General Agreement on Trade and Services (GATS) y el Trade Related Investment Measures (TRIMS) desregulan la inversión transnacional al eliminar medidas de protección para la industria nacional. De Chávez, 2007:222. 4 Duterme, 2007; Suresh, 2007; UNEP, n/d; Lagunas, 2007; Hall y Tucker, 2004; De Chávez, 2007:222; BBVA, 2011. 5 Las tierras frecuentemente se rentan, los derechos de propiedad pueden ser vendidos a los inversionistas, o incluso toda la comunidad agraria puede ser 279 280 EL INAH EN LA MODERNIDAD actores estatales y privados. Ejemplos de estos casos son Cancún, Isla Mujeres e Isla Holbox en el Caribe mexicano6 Punta Colonet, Cabo Pulmo y el proyecto Escalera Náutica en Baja California7 Santa María Ostula8 además de los aquí analizados. Además, los denominados “ecoturismo”, “turismo de naturaleza” o “turismo de aventura” se han establecido en sitios con especial belleza escénica o singular relevancia ecológica, donde tienden a residir los pueblos indígenas. En consecuencia, los conflictos agrarios inducidos por el turismo, que solían ocurrir exclusivamente en las zonas costeras, se están trasladando a otros territorios rurales. En estos procesos de control de la tierra9 las instituciones agrarias y sus relaciones con otros actores han sido cruciales para los desenlaces de estos negocios por la tierra. El desplazamiento de comunidades rurales enteras por la industria del turismo implica la participación de éstas en los procesos de negocios con la tierra, conduciendo a menudo a procesos de acaparamiento por grandes empresas y de despojo de la población local.10 Este fenómeno también involucra reasentamientos y amplios procesos migración-inmigración con la separación resultante de muchos grupos sociales de sus economías locales y su consecuente marginación dentro y fuera de los nuevos centros turísticos. En particular, la (in)migración juvenil produce en las ciudades importantes brechas generacionales y oferta de mano de obra barata para los nuevos residentes como única alternativa.11 La creciente urbanización, crecimiento económico y el establecimiento de esdisuelta y convertida en propiedad privada. 6 Guerrero, 2012; Franco-Cáceres, 2011; Macías-Zapata, 2004. 7 Luque y Gómez, 2007; Gámez, 2008; González-Olimón, et al., 2011. 8 Gledhill, 2004; Marín-Guardado, 2004. 9 Lund y Lee-Peluso, 2011 10 Borras, et al., 2011; LRAN, 2011; Lund y Lee Peluso, 2011; Borras y Franco, 2010. 11 Castellanos, 2008:147. INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO tructuras de valores ajenos, normas y modelos de consumo en las ciudades también son causas comunes de la transformación del patrimonio cultural tangible e intangible, de generación de diferentes formas de cambio social, y todo ello influido por el creciente poder económico-político de los intereses del gran capital turístico.12 Junto con la desatención de la economía política global por la literatura de turismo (como sostienen Hall y Tucker,13 los enfoques crítico-políticos han sido también descuidados por los estudios de turismo y desarrollo. La relación entre los desarrolladores turísticos y el Estado, por ejemplo, es fundamental para comprender mejor la política de turismo. Las instituciones estatales se convierten en los agentes que ejecutan los cambios necesarios para ofrecer a la industria del turismo condiciones adecuadas para la inversión, incluyendo aspectos laborales, de seguridad, financiamiento e infraestructura. En este nivel, surgen diversas clases de intereses económicos, buscando atraer las máximas ganancias al menor costo posible. Los residentes locales, sin embargo, a menudo cuestionan los impactos ambientales y sociales involucrados, junto con las violaciones a los derechos humanos por grandes proyectos de infraestructura. En este sentido, suelen desatarse procesos de negociación y conflicto entre los diferentes actores, que involucran una variedad de estrategias y fuerzas que finalmente definirán el resultado del proyecto correspondiente.14 Los grupos generalmente afectados son residentes y comunidades que se enfrentan a diversas formas de amenazas a sus medios de subsistencia. Estas amenazas incluyen competencia desleal a sus negocios locales, impacto sobre su entorno y su con12 Machuca y Castellanos, 2008; Lagunas, 2007; Hall y Tucker, 2004; Barretto, 2007; Croall, 1994; Pattullo, 1996; Lanfant y Graburn, 1994. 13 1994; y Hall y Tucker, 2004. 14 Ver Cernea, 1988, 2000; Machuca, 2008; Hall y Tucker, 2004; Barabas y Bartolomé, 1992; Monsalve, 2012. 281 282 EL INAH EN LA MODERNIDAD texto cultural y social, exclusión de los beneficios y del proceso de toma de decisiones, la posibilidad de perder sus tierras, sin mencionar el impacto cultural a largo plazo de nuevas necesidades y formas de consumo.15 Rara vez las comunidades locales afectadas ejercen el poder suficiente para hacer frente a los actores corporativos en igualdad de condiciones para participar en una disputa formal. Sin embargo, factores tales como la organización local, el activismo, defensa legal adecuada, la asesoría de redes de solidaridad, cobertura mediática y la politización de las formas de defensa pueden contribuir de forma importante a procesos de redistribución, políticos y económicos, así como a mayores posibilidades de justicia social. Un ejemplo de esto es la manera en que las comunidades de Mogotavo, Wetosachi y Bakajípare han establecido vínculos con ONGs solidarias, participando de esta manera tanto en demandas jurídicas como en procesos de activismo consistentes en manifestaciones, mítines y campañas y difusión de su larga historia de lucha a través de artículos y videos. Un análisis de los mecanismos de poder y la mediación en los procesos de despojo de tierra derivado de la inversión turística estaría incompleto sin la consideración de la influencia de la economía política y los procesos del mercado global. El propósito no es analizar aquí en detalle el funcionamiento del turismo en la economía política global, sino mostrar la manera en que las demandas del mercado a nivel local y nacional influyen en el diseño de políticas en las dimensiones local y nacional. En este sentido, el mercado juega un importante papel en la gobernanza económica y política mundial, lo cual sugiere que también tiene una influencia fundamental en la política nacional y local y la consideración de estos factores pueden dar luz a la reflexión sobre las causas de los procesos de despojo de tierras en territorios indígenas. 15 Machuca, 2008; Lagunas, 2007: 20. INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO El Plan Maestro Barrancas del Cobre El Plan Maestro Barrancas del Cobre fue presentado a mediados de los noventa por el Gobierno Federal como un importante programa de inversión en el estado de Chihuahua que involucra proyectos de desarrollo en transporte, comunicaciones, agua y alcantarillado infraestructura, así como servicios turísticos con inversión pública y privada.16 La fase de implementación se presentó en 2005 con el nombre de Proyecto Turístico Barrancas del Cobre (PTBC), el cual ajustó las iniciativas de inversión iniciales al enfocarse en áreas de infraestructura de suministro de agua, un teleférico, tirolesas, un salto de bungee e inversión privada en hoteles y servicios turísticos en el área del Divisadero Barrancas. El PTBC, situado en la zona montañosa del estado de Chihuahua, generó expectativas sobre el aumento del valor de la tierra en la región, dando pie, hasta ahora, a cuatro disputas por la tierra entre comunidades indígenas e inversionistas locales. Tres de estos conflictos (Mogotavo, Wetosachi El Madroño y Bakajípare) se encuentran estrechamente relacionados debido a su cercanía y enfrentan despojo de tierras o amenazas de desalojo forzoso como consecuencia del mismo proyecto. Mogotavo es una comunidad indígena con ocupación ancestral de su territorio, cuyas dos solicitudes de dotación de tierra han sido continuamente negadas por el gobierno federal. La comunidad ha sufrido acoso por tres generaciones de la familia Sacristán, que se establecieron y obtuvieron la propiedad privada de las tierras donde se encuentra asentada la comunidad. Más adelante en 2010, parte de las tierras de Sacristán fueron vendidas a una empresa de bienes raíces, la cual continuó las amenazas contra la comunidad y desarrolló un plan de reasentamiento para la mayoría de sus residentes. 16 Mancera, et al., 1998:37; Sariego, 2001, 2008; Mayer, 1996. 283 284 EL INAH EN LA MODERNIDAD La comunidad de Wetosachi se estableció mucho antes de que las tierras fueran adquiridas como propiedad privada en la década de 1980 por parte de los hermanos Mendoza Pagés, empresarios del sector de construcción. Desde la inauguración del proyecto turístico la comunidad ha sufrido acoso por empleados de empresarios. La comunidad indígena de Bakajípare, la mayoría de los cuales tienen derechos de propiedad de la tierra en el ejido de San Alonso, se enfrentaron con el arrendamiento arbitrario de una porción de sus tierras por un empresario hotelero. La comunidad indígena demandó jurídicamente a la asamblea del ejido por la renta ilegal de las tierras. Como resultado del anuncio de un proyecto de gran escala, el valor de las tierras en la zona se incrementó y lo mismo sucedió con la demanda de estas. En dos casos —Mogotavo Mesa de la Barranca y Wetosachi El Madroño— actores privados ya ostentaban derechos de propiedad privada, de tierras que ancestralmente han estado habitadas por las comunidades indígenas, pero, el auge turístico aumentó aún más el interés en el mercado de la tierra. Para ello, los inversionistas vieron la necesidad de persuadir a las comunidades indígenas de abandonar sus tierras y trasladarse a las habitaciones construidas ad hoc en el ejido vecino de San Luis de Majimachi, indicando que, de no hacerlo, se verían en la necesidad de emplear medidas más coercitivas. En décadas anteriores Mogotavo se había enfrentado a una larga lucha con las autoridades agrarias y otras oficinas del Estado con el apoyo de organizaciones clientelares que al final no aportaron ninguna ganancia a las comunidades. En su búsqueda por una propiedad segura y pacífica, las comunidades indígenas han enfrentado dos tipos particulares de obstáculos establecidos por funcionarios estatales y actores privados. En primer lugar, los terrenos habitados por las comunidades de Wetosachi y Mogotavo fueron adquiridos por mestizos locales, certificados por las autoridades agrarias y luego vendidos INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO a inversionistas privados, quienes hicieron caso omiso de la posesión de las comunidades indígenas. En segundo lugar, el Estado ha rechazado la creación del núcleo agrario de Mogotavo con el argumento de que su patrón de asentamiento era demasiado disperso y por lo tanto la comunidad no podía ser considerada como tal. Bajo una dinámica diferente, la población de la comunidad indígena vecina de Bakajípare se enfrentó a la concesión como propiedad privada a un hotelero de parte de sus tierras, llevada a cabo por sus compañeros mestizos ejidatarios y la directiva del comisariado en particular. Estas acciones se sostuvieron a través de la negación de formas locales de territorialidad y sistemas normativos, así como por la invisibilización de la existencia física y jurídica de los sujetos indígenas. Las instituciones estatales y otros mediadores legitimaron estas decisiones al asumirse ellos mismos como representantes políticos. Reconocimiento diferenciado y despojo de tierras por interés en inversión turística La historia de estas formas de reconocimiento diferenciado, son de eficaz diligencia gubernamental hacia los trámites de los particulares (familia Sacristán), en contraste con la sistemática obstaculización de las gestiones de la comunidad indígena. Por mencionar algunos ejemplos, la comunidad de Mogotavo no fue llamada para verificar, como lo obligaba la ley, la demarcación de límites de los lotes de los Sacristán, y los topógrafos enviados por las autoridades agrarias, a petición de Mogotavo, concluían la falta de capacidad agraria de Mogotavo alegando su inexistencia como comunidad indígena. Entre estas, se encuentran casos injustificados de validación a los reportes en contra de la comunidad e invalidación de aquellos a favor. 285 286 EL INAH EN LA MODERNIDAD A esta dinámica se añade el ineficiente papel jugado por los intermediarios y asesores oficialistas de la comunidad. En contraste con estos, la asesoría de organizaciones de la sociedad civil con las que se vinculan hasta la primera década de 2000 les da resultados más positivos y concretos al llevar el conflicto al ámbito jurídico donde las partes se enfrentarían como iguales dentro del sistema jurídico hegemónico y haciendo énfasis en los derechos culturales y colectivos indígenas recientemente reconocidos por el derecho internacional. En 1921 un mestizo de apellido Sacristán solicita a las autoridades federales agrarias el reconocimiento de la propiedad de 1 000 hectáreas como propiedad privada17 dentro del territorio ancestral indígena de Mogotavo.18 16 años más tarde, en 1937, sus hijos reciben concesiones19 de tres terrenos 500 has. cada una.20 En enero de 1982, 39 miembros de Mogotavo realizaron una petición de dotación ejidal con el nombre de Mesa de la Barranca recibieron una resolución en sentido negativo en septiembre del mismo año, debido a que los inspectores agrarios (CAM)21 declararon Mogotavo como una comunidad inexistente en julio de 1982. 17 Bajo este argumento, él alega la necesidad de contar con esta propiedad para él y sus cinco hijos, pues sus padres habían vivido ahí desde antes de su nacimiento en 1882. Argumenta haber servido en la revolución mexicana y posteriormente haber ejercido el cargo de presidente municipal; sin embargo, apunta que sus enemigos destruyeron sus pertenencias y por lo tanto requería de mayor seguridad sobre la propiedad heredada. 18 A partir del número de hijos de Federico Sacristán. Homero Saldanha archivo privado 13/07/87 HS. 19 “A título oneroso”. Adjudicación de tierras nacionales a un particular en la forma de propiedad privada tras una ocupación de más de seis años. RAN, 7/3224 pp. 1102. 20 En virtud del decreto del 2 de agosto de 1923 argumentando posesión dentro de tierras nacionales por más de seis años el cual es el mínimo establecido por ley para la “Adquisición a título oneroso”. El alcalde de Bocoyna certifica una residencia por nueve años (11/04/40, RAN p. 3). 21 Comisión Agraria Mixta. Archivo 2294. INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO En julio de 2008 un miembro de la familia Sacristán vendió más de dos tercios de sus propiedades a un grupo de cinco políticos del PRI, todos socios propietarios de una recién formada compañía de bienes raíces. El acuerdo establece que el vendedor es responsable de tomar acción jurídica o material para el desalojo de los habitantes, “preferentemente de forma voluntaria”.22 La familia Sacristán —propietarios del actual Hotel Divisadero— y algunos de sus guardias de seguridad advirtieron a la gente de Mogotavo que desalojaran los terrenos, o de lo contrario tendrían que enfrentar un proceso de reasentamiento forzado.23 La organización Tierra Nativa tomó la defensa jurídica de la comunidad y se entró en una etapa de demandas y resoluciones que, aunque no eran del todo favorables, detenían y evitaban indefinidamente toda acción de desalojo y despojo por parte de los particulares. En una acción audaz, la comunidad indígena de Wetosachi demandó a las autoridades por la creación del Fideicomiso Barrancas del Cobre por haber omitido la creación de un consejo consultivo regional. El tribunal en un principio falló contra la comunidad argumentando que ella no se encontraba asentada en la misma área donde el proyecto se habría de desarrollar, pero finalmente les reconoció el derecho a la consulta y mandató al gobierno del estado a proteger a la comunidad así como ordenó la creación de un consejo consultivo regional para garantizar el ejercicio del derecho al consentimiento, libre, previo e informado de las comunidades indígenas de la zona y a garantizar una representación adecuada de la comunidad indígena de Wetosachi.24 Tras vincularse las comunidades con ONGs solidarias, alcanzaron, no sin dificultades, sus primeros triunfos en décadas, en 22 Archivo Homero Saldanha, 14/07/08. 23 Comunicación verbal: Cortés, 2010; Bustillos-Ramírez (A), 2010; BustillosRamírez (B), 2010; Bustillos-Meráz, 2010. 24 Amparo en revisión 781/2011. 287 288 EL INAH EN LA MODERNIDAD buena medida a partir del ejercicio y reivindicación de sus propios procesos de toma de decisiones, los cuales eran respetados por los asesores. ¿Representación política o intermediación? La anulación de la soberanía del sujeto político y el desplazamiento de la autodeterminación Las prácticas y las relaciones sociales encontradas en los procesos de disputa de las Barrancas del Cobre sugieren que el despojo es posible debido a la restricción del poder de toma de decisiones políticas de las comunidades indígenas, tanto a nivel global, nacional y local. La apropiación de tierras por actores privados es, en pocas palabras, una cuestión de cesión de la soberanía de actores subalternos hacia representantes políticos y mediadores; y a su vez del Estado a los actores del mercado en la dimensión de la economía política global. La evidencia empírica también indica que, en consecuencia, la resistencia al despojo y la defensa de la tenencia de la tierra por las comunidades indígenas son resultado del ejercicio de la autodeterminación vía sus sistemas normativos. En primer lugar, el Plan Maestro Barrancas del Cobre se originó a partir de un proceso de negociación entre el gobierno del estado de Chihuahua y los gobiernos federales con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para financiar un desarrollo turístico a gran escala en la región indígena de la Sierra Tarahumara. Aunque en la primera etapa, en la década de 1990, se preveía la existencia de un consejo consultivo, éste fue tempranamente disuelto y omitido del plan (Ruiz, comunicación personal, 2010). La unilateralidad del proyecto y los consecuentes abusos de los derechos humanos contra las comunidades indígenas llevó a los asesores legales de estas a demandar a los inversionistas por violar el principio del consentimiento libre, previo e informado, garantizado por el derecho internacional. INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO Como resultado, a principios de 2012, los jueces correspondientes dictaminaron, por un lado, amparo contra todo reasentamiento forzado de la comunidad indígena de Mogotavo por parte de la empresa de bienes raíces SENSA y, a partir de una demanda de Wetosachi, la obligación de instalar un Consejo Consultivo con el fin de garantizar la participación de las comunidades y el consentimiento informado sobre el proyecto turístico. En este sentido, los intentos de los actores privados para llevar a cabo el proyecto de desplazamiento fue consecuencia de las decisiones tomadas en función de las necesidades del mercado global y sin embargo enfrentó la posterior resistencia de las comunidades a través de la organización y el establecimiento de alianzas con redes de solidaridad y organizaciones de la sociedad civil. Observaciones en el trabajo etnográfico y los archivos agrarios dan evidencia de momentos críticos en los procesos de disputa de la tierra y particularmente de los mecanismos de disputa en la práctica. Por ejemplo, los datos muestran cómo la comunidad de Mogotavo primero confió y se apoyó en una gama de agentes e intermediarios que no obtuvieron logros a favor de la comunidad indígena, mientras que de forma diligente y eficaz apoyaron a los empresarios y las élites locales. Al final, la asesoría jurídica y las demandas contra actores dominantes demostraron ser un mejor instrumento para enfrentar los intentos de despojo. Sin embargo, esta opción no existiría sin la reivindicación por parte de la comunidad de prácticas de autodeterminación tales como los sistemas normativos tradicionales, donde se toman las decisiones por consenso. Ejemplos de los primeros son las sistemáticas negaciones por parte de funcionarios agrarios y topógrafos de reconocer a Mogotavo como un pueblo y por lo tanto, de tener derecho a la propiedad de la tierra. Estos funcionarios, en cambio, trabajaban con eficacia en el reconocimiento de la propiedad privada y el derecho de la familia Sacristán. El entonces INI otorgó asesoría y representación ante las autoridades agrarias en nombre de la 289 290 EL INAH EN LA MODERNIDAD Mogotavo, sin embargo, nunca desafió jurídicamente la posición de los actores dominantes, entre los cuales se encontraban varios aliados políticos. Bajo esa lógica, diversas clases de mediación otorgadas por organizaciones campesinas corporativistas y otros individuos más tarde resultaron sesgarse a favor de los actores dominantes. El gobierno del estado no podría considerarse un representante neutral, pues fue uno de los más interesados en la realización del Proyecto Turístico Barrancas del Cobre. Por otra parte, algunos de los actores involucrados en los intentos de despojo eran miembros del partido gobernante PRI (propietarios de SENSA, la familia Sacristán y la familia Fresno —actualmente presidente del comisariado y “cacique” del ejido San Alonso—). En realidad, el gobierno del estado siempre estuvo implicado directamente en las inversiones y en la apropiación de tierras a través de adquisiciones (arrendamientos de tierras) a través del Fideicomiso “Barrancas del Cobre” en asociación con familia Sacristán y el ejido San Luis de Majimachi. La única ocasión en que el secretario general de gobierno debía de fungir como mediador —entre Mogotavo y SENSA/familia Sacristán—, no asistió al taller al que fue invitado pero, en cambio, alertó sobre el evento a los ejidatarios mestizos de San Luis de Majimachi25 y, en consecuencia, estos irrumpieron en la reunión y amenazaron a los miembros de la ONG.26 En ese sentido, el gobierno del estado no ha sido considerado un representante político apropiado para las comunidades indígenas involucradas en el conflicto de tierras. Las comunidades de Mogotavo, Wetosachi y Bakajípare decidieron jugar bajo reglas ajenas —el sistema jurídico estatal—, sin embargo, lo hicieron después de la discusión previa y la decisión informada a través de sus sistemas normativos indígenas 25 Asociado a SENSA y la familia Sacristán. 26 Tierra Nativa, 2010. INDUSTRIAS CULTURALES Y TURISMO y de haber recibido asesoría jurídica formal de organizaciones solidarias. Las comunidades no limitaron sus prácticas de autodeterminación a sus normas internas, sino que además utilizaron otros instrumentos, como el derecho moderno oficial. Estas comunidades decidieron no ceder su soberanía a los actores dominantes, sino más bien, llevar a la práctica su libre autodeterminación en interdependencia con actores externos y normas y tener resultados, aunque preliminares y parciales, en la obtención de la propiedad de la tierra. En última instancia, la práctica de la autodeterminación resultó ser fundamental para la reconsideración de las relaciones con el Estado y el establecimiento de nuevas relaciones con actores como las organizaciones de la sociedad civil y su equipo de profesionales (documentalistas, biólogos, antropólogos, abogados y otros). Dejando atrás su relación subordinada con mediadores del Estado, las comunidades indígenas renunciaron al mismo tiempo a seguir una cultura política (como el clientelismo) que permitía el desenvolvimiento de dominación y sus tácticas específicas. Con base en estas decisiones fundamentales, las comunidades a través de sus sistemas normativos han negado su consentimiento a las prácticas formales e informales de representación política, así como a algunas de las formas institucionalizadas de dominación, contrarrestando directa e indirectamente los efectos de las representaciones hegemónicas. Por otra parte, la nueva relación con organizaciones civiles solidarias estableció condiciones para la aparición de diferentes formas de poder entre las comunidades y las autoridades tradicionales. Estos procesos sugieren que las comunidades están superando la invisibilización por parte de los actores dominantes en su propio terreno: el sistema jurídico. Las comunidades indígenas no sólo reivindican el derecho de practicar sus propios sistemas normativos, sino también su derecho de acceso a la justicia del Estado. El hecho de que las comunidades indígenas han entrado al ámbito jurídico tiene gran significado para la opinión pública 291 292 EL INAH EN LA MODERNIDAD y para los actores dominantes, pues ya no sólo llevan sus luchas al escrutinio público, sino se posicionan como sujetos políticos y jurídicos. Pasar de actores subalternos a sujetos políticos y jurídicos crea una significativa diferencia con respecto a la posición que las comunidades indígenas ocupa(ba)n en la estructura social, pues la visibilización ha mostrado comenzar a traducirse en el respeto de los otros. Bibliografía Banco Bilbao Vizcaya (BBVA). “Regional Sectorial Outlook of Mexico, an Economic Analysis”, en BBVA Research Mexico, México, D.F. pp. 1-60. 2011. 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