La vida de Javiera en SENAME institucionalizacion disciplinamiento y biopolitica

La vida de Javiera en SENAME: institucionalización, disciplinamiento y biopolítica Durante un rutinario examen físico para ingresar a la unidad de hospitalización psiquiátrica infantil, la enfermera de turno detectó que Javiera tenía múltiples secuelas derivadas de distintos episodios de maltrato y castigos físicos. Javiera se observaba angustiada y melancólica. Su rostro transmitía pavor y un evidente sufrimiento. La enfermera de turno, pese a que intentó examinarla silenciosamente, no logró evitar preguntarle directamente a la niña qué es lo que le había ocurrido. Sin pensarlo demasiado, Javiera exclamó que la funcionaria del Sename: “Me agarró del brazo y yo andaba ansiosa y desajustada y me pegó así, combos [realizando el ademán de los golpes ejercidos en sus antebrazos]…ella me agarró fuerte y me pegó combos y aún me duelen…usted tiene que decirle al tío J.C. para que informen al tribunal, para que me protejan y me ayuden, porque después yo soy la que tengo que volver al CREAD y me da miedo, me da terror que me vuelvan a pegar…” (Rauld, 2019: 73)1. Permítanme presentar a mi protagonista. En el año 2005 en Chile, Javiera fue institucionalizada en el régimen de protección del Servicio Nacional de Menores, a cargo del Programa Colocación Familiar por inhabilidad parental de sus progenitores, según consta en la resolución jurídica del Juzgado de Familia de Santiago. Posteriormente, el año 2007 fue trasladada al Hogar de Vida Familiar de la Fundación San José. Un año después, fue derivada al Hogar de Niñas Inés Riesco, hasta el cierre de la institución a mediados de 2012. Mientras estuvo institucionalizada, fue atendida por un programa de reparación de maltrato en calidad de víctima de abuso sexual. Luego de un año, egresó presuntamente de forma favorable respecto del proceso de intervención psicosocial que experimentó. El año 2013 tras haber sido atendida en el proyecto sobre el trauma sexual, ingresó a un proyecto ambulatorio de diagnóstico parental para evaluar las competencias de sus familiares, con el objeto de visualizar la existencia de un adulto idóneo dispuesto a asumir su cuidado. Sin resultados favorables, Javiera fue ingresada al CREAD Galvarino a la edad de 12 años. Desde dicha institución estatal, fue reingresada a la oferta de programas de reparación de maltrato como víctima de agresión sexual, maltrato físico, maltrato psicológico y negligencia parental grave. Las razones anteriores, _____________ 1 Los datos de individualización de la niña han sido modificados, con el objeto de no transgredir su derecho a la privacidad, confidencialidad y calidad del proceso de tratamiento afines a su ficha clínica. permitieron que el poder judicial, la obligara a desarrollar un traumático proceso psicoterapéutico por cinco años más, sin perjuicio de haber sido sometida previamente dos años a una terapia de la que nunca quiso participar. El año 2017, Javiera nuevamente fue institucionalizada por orden del Juzgado de Familia de Santiago a la residencia proteccional de niñas Padre Don Orione, lugar en el que solo estuvo dos semanas hasta ser expulsada por la directora y religiosa superiora, ya que la niña experimentó un episodio severo de descontrol de impulsos. El tribunal derivó de inmediato a la niña al CREAD Pudahuel, luego de que la institución católica excluyera de su atención a la niña, al apelar no contar con el personal especializado para atender a Javiera. Desde el año 2014, Javiera ha sido paciente regular de la unidad de corta estadía psiquiátrica de un hospital pediátrico. Ha sido hospitalizada en reiteradas ocasiones por episodios de agitación psicomotora que incluyen auto y heteroagresión a sus pares, así como a profesionales del SENAME. El psiquiatra del hospital a cargo, diagnosticó a su paciente con un trastorno de descontrol de impulsos, discapacidad cognitiva moderada y epilepsia frontal. Durante el mes de junio de 2017, egresó al centro del SENAME con un plan de intervención y tratamiento multidisciplinario que procuraba disminuir su daño. No obstante, en el proyecto SENAME ante una nueva agitación psicomotora, los funcionarios del CREAD Pudahuel solicitaron a la policía que la mantuviera esposada dentro del mismo régimen que prometió protegerla. Tras este episodio, volvió a ser trasladada a la unidad psiquiátrica del mismo hospital, para mantenerla hospitalizada con ayuda del poder judicial durante todo el periodo estival. Ahora bien, me interesa exponer detalladamente los mecanismos institucionales del poder que operan en el tratamiento de la infancia huérfana, pobre, huacha, expósita e institucionalizada. En la medida en que el poder disciplinario de la institucionalización es estricto, los mecanismos analizados por Foucault se hacen cada vez más visibles. Al igual que en el célebre Vigilar y castigar, Javiera debe someterse a cumplir con la rutina de la institucionalización. Su vida se encuentra apresada hasta en sus más ínfimos detalles por los mecanismos del poder. Así, Javiera debe cumplir a diario con la rutina que trabajadores sociales, abogados, psicólogos y educadores han definido para ella, con el propósito que al cumplir la mayoría de edad se inserte exitosamente en los aparatos productivos del mercado. En este sentido, Javiera se convertirá en fuerza útil cuando sea al mismo tiempo “cuerpo productivo y cuerpo sometido” (Foucault, 2012: 35). Si bien la vida de un niño o de una niña depende del poder disciplinario para su desarrollo, es un hecho histórico que la racionalidad de control de la población infantil, ha incluido siempre prácticas de maltrato físico, psicológico, médico y psiquiátrico. Gilles Deleuze señala que la institución es por antonomasia, un espacio en el que surgen con claridad las relaciones de saber-poder. En sus palabras, instituciones como cárceles, escuelas, hospitales, asilos o manicomios son “el lugar de encuentro entre estratos y estrategias, donde archivo de saber y diagrama de poder se mezclan e interpenetran, sin confundirse” (Deleuze, 2013: 18). A mi juicio, los efectos del poder denunciados por Foucault respecto de las prisiones se sustentan en la misma racionalidad que las instituciones disciplinarias del SENAME, sean estas Residencias Familiares, Centros de Reparación de Administración Directa del Estado, Residencias de Alta Especialidad, Centros de Internación Provisoria, Centros de Régimen Cerrado, etcétera. La vida institucionalizada, o la vida privada de libertad, – sea por razones de protección o por cometer un delito en contra del contrato social– supone siempre la captura de la vida misma. En el interior de los dispositivos que menciono, hace que no solo los condenados puedan ser “tratados como niños, sino que los niños sean tratados como prisioneros” (Foucault, 1997: 35: Rauld: 2019). Las modalidades de dominación del cuerpo Desde la dictadura militar las políticas de control gubernamental de la población infantil se han diversificado y extendido bajo una fuerte vigilancia. Como insistentemente afirma Foucault, vivimos una época de férrea vigilancia del cuerpo, sobre todo en el ámbito infantil. Las tecnologías panópticas están multiplicadas y expandidas por todo el cuerpo social. Las tecnologías de control del cuerpo del infante han cambiado, haciéndose más profundas por medio de la profesionalización del poder disciplinario. En el caso de Javiera, el poder se manifestó bajo fuertes tecnopolíticas de gobierno: de las tecnologías de los programas ambulatorios a la institucionalización, de la tecnología hospitalaria, a las tecnologías del poder psiquiátrico y farmacológico. En cualquier caso, se trata de modalidades distintas de encierro del cuerpo. He aquí, una notable similitud entre el sometimiento infantil de Javiera y la crítica literaria expuesta en Impuesto a la carne de Diamela Eltit. En ella, la querella de la intervención disciplinaria, gobierna el cuerpo precario de una hija atada al cuerpo de su madre. Permítasenos hacer referencia tan solo a un breve párrafo en el que Eltit nos describe lo siguiente: “Desde que nacimos mi madre y yo fuimos maltratadas por los médicos y sus fans. El aislamiento se instaló como la condición más común o más normal en nuestras vidas. Recuerdo, con una obsesión destructiva, en cuanto nos sentimos despreciadas y relegadas cuando se desencadenó una impresionante manía hospitalaria fundada en la pasión por acatar los síntomas más oprobiosos de las enfermedades. La costumbre de ensalzar y hasta glorificar las enfermedades (como parte de una tarea científica) marcó el clímax de la medicina y coincidió con nuestro precario nacimiento. De inmediato la nación o la patria o el país se pusieron en contra de nosotras. En contra de nosotras, ¿hace cuánto?, ¿unos doscientos años? Sí, ya han pasado, quizás, ¿doscientos años? Sí, doscientos años que estamos solas tú y yo, me dijo mi mamá. Lo repitió cada día. Solas tú y yo”. (Eltit, 2010: 10). En la actualidad, la sociedad panóptica tiene una férrea vigencia. Sus efectos de vigilancia están inscritos en el espesor de los cuerpos infantiles. Por ello, no es casual que Eltit en Impuesto a la carne vuelque su preocupación literaria a los dos últimos siglos de nuestra historia. Ahora bien, no pretendemos ignorar la función que posee el sistema judicial en la desprotección infantil. Nuestro interés no radica en responsabilizar exclusivamente al dispositivo tutelar del SENAME, pues dicha institución no es la única política de la infancia en Chile, pero sí la más representativa. Nos interesa explicitar la dimensión biopolítica del derecho en el gobierno de la población infantil y cómo los efectos discursivos del poder circulan y penetran los cuerpos al producir una verdad jurídica. La dimensión biopolítica del derecho La Convención Internacional de Derechos del Niño es la referencia filosófica y jurídica de mayor legitimidad en el mundo del derecho internacional contemporáneo. Ella ha creado una verdad jurídica atemporal en torno al niño como sujeto jurídico. La CIDN no solo ha proclamado la consagración de los derechos individuales de los niños; al mismo tiempo ha favorecido las condiciones de su privación de libertad en nombre de la seguridad de la población. En otras palabras, el sistema que promulga defender sus libertades individuales, es el que determina sus condiciones de sometimiento y encierro. He aquí, que frente a la amenaza de los hombres, de la seguridad nacional, de la población o de los gobiernos, el derecho aparece como una forma de dominación en el que la vida es apresada. El derecho deviene tribunal y entonces se judicializa el conflicto. En este sentido, en nombre de la defensa del niño aparece todo un poder disciplinario en el que proliferan psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesores, educadores y abogados. Ya sea en la internación proteccional de niños vulnerados en sus derechos, o bien, en la condena punitiva de infantes que transgredieron la ley, el dispositivo adoptará la misma estrategia política de control gubernamental: el encierro jurídico de la población. Así pues, el tribunal administrará con su verdad jurídica la vida de un niño, la legalizará, la confinará o la llevará hacia la muerte. Pura biopolítica de la población. Críticas al Sename Es necesario legitimar las críticas que se han esgrimido en contra del SENAME, pues las sistemáticas muertes y violaciones a los derechos humanos de la infancia provienen del Estado y de sus aparatos de gobierno. Lo paradójico del poder es que la dominación de la infancia ha quedado al desnudo por parte de los mismos profesionales que se desempeñan en las instituciones disciplinarias. Las denuncias de maltratos físicos, torturas, maltratos psicológicos, masivas fugas de niños, funcionarios involucrados en delitos de explotación sexual infantil, así como abusivas prácticas de medicalización de psicofármacos, permiten cuestionar el gobierno de la población infantil en los regímenes proteccionales y privativos de libertad. En el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del año 2017 se objetivaron las deudas que el Estado mantiene con la infancia a nivel legislativo y en lo que se refiere a la implementación de políticas que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos suscritos por Chile (Universidad Diego Portales, 2017: 221). En la actualidad, la discusión sobre la desprotección de la infancia en medios de prensa se ha reducido a un diálogo entre especialistas jurídicos y clínicos, por lo que el problema se aborda solo desde una dimensión técnica. Se trata en suma, de una reducción analítica del poder disciplinario que deja entrever la perfecta funcionalidad entre las ciencias jurídicas y las ciencias médicas y terapéuticas. Así funciona la matriz epistemológica-jurídica prevista por Foucault en Vigilar y castigar, pues aquí se hace visible la intersección de las tecnologías del poder “en el principio tanto de la humanización de la penalidad como del conocimiento del hombre” (Foucault, 2012: 33). Me interesa destacar que desde el momento en que un niño es ingresado a un dispositivo por el poder judicial, con la promesa moderna de restituir sus derechos vulnerados o resignificar sus experiencias traumáticas, lo que se produce es la revictimización de su subjetividad mediante prácticas criminológicas, clínicas o institucionales, al mismo tiempo que esa intervención psicosocial, lo convierte en objeto de gobierno y obediencia. Más que niños a proteger, un sujeto a someter y gobernar. Los niños del bajo pueblo son un objeto de la biopolítica (Rauld, 2019: 79). La muerte en la infancia confinada Quisiera dedicar un breve apartado a la dimensión de la muerte. Me interesa arriesgar la siguiente hipótesis en el campo de la muerte y la desprotección infantil: la racionalidad que ha operado en los procesos de confinamiento e institucionalización se ha grabado a fuego en la infancia. Su expresión más brutal fue la creación del SENAME como institución en tiempos dictatoriales, bajo la promesa gubernamental de que se incluiría a la infancia en los procesos económicos de la modernización capitalista neoliberal. Ahora bien, transcurridos más de 40 años desde su conformación histórica, los niños institucionalizados en el SENAME no solo no han sido integrados a los procesos productivos del país, sino que tampoco lo han sido en cuanto a su escolarización formal, entre otros múltiples aspectos del desarrollo humano. Por todas estas razones, la infancia confinada ha sido rechazada desde siempre como ciudadanía legítima. La confinación y exclusión de los infantes es un permanente trayecto hacia la muerte, porque el gobierno de las poblaciones genera desigualdades. Los infantes del bajo pueblo constituyen una población cualitativamente inferior respecto de la vida de la población general. La idea de una biodesigualdad es interesante en el análisis biopolítico que aquí he enfatizado, porque a diferencia del positivo poder sobre la vida, el principio filosófico no está centrado en el “hacer vivir”, sino que estrictamente en el “dejar morir”. A mi juicio, la dimensión de la muerte en la biopolítica infantil del bajo pueblo no se expresa en la muerte física o necropolítica del niño, sino en la notable posibilidad de hacerle morir en vida. Ante la ausencia de un proyecto que potencie el gobierno de la vida como seres vivientes, la muerte en vida de un niño reside en la pasividad con la que los gobiernos exponen su vida a la contingencia y al azar de los acontecimientos. En mi opinión, el problema de la muerte se comprende con claridad si prestamos atención a la definición que realiza Clara Valdera. La autora lo expone de la siguiente manera: “Con la dictadura nos mataban, ahora nos dejan morir” (Valverde, 2015: 15). El hacer morir en vida a un niño o a una población de infantes, sin duda tiene que ver con la noción de biodesigualdad. Esta conceptualización es relevante, porque una forma de hacer morir un cuerpo es dejarlo a su suerte. He aquí, una nueva elevatio contemporánea. Una vieja práctica del antiguo pater familias, que se deja apreciar en la medida en que el gobierno actúa como si fuera el soberano. La gubernamentalidad otorga un trato diferente a las poblaciones, distinguiéndolas en virtud de su aparente legitimidad al sostener que no todas valen lo mismo. La deriva de esta idea es lo que Fassin ha llamado biolegitimidad. En el caso de Javiera, la postergación y la violencia con la que le se le ha tratado, nos remite a un cuerpo que resultado de la biopolítica de la población y del poder disciplinario, cada día que pasa está más muerta que viva. Este aspecto es importante, pues he esclarecido que en el análisis filosófico que aquí realizo a partir de la lectura de Foucault, lo que prima es el carácter de la racionalidad del poder y no la lógica de los agentes de gobierno, que por medio de su deliberación acaban física o vitalmente con el niño. A partir de una lectura biopolítica de la infancia, he analizado los efectos del poder sobre la infancia contemporánea en Chile. El itinerario filosófico que he ofrecido me ha distanciado de las exégesis conspirativas que han atribuido a Foucault, oscuras exploraciones de agentes que detentan el poder. Para Foucault no se trata de ideología ni de manipulación, sino de observar “las co-implicancias entre la configuración de ciertos regímenes y formaciones discursivas, sus efectos de verdad, sus prácticas, sus operaciones y juegos de fuerzas” (Arancibia, 2005: 22). Las consecuencias de la desprotección infantil se sitúan en una estricta analítica del poder. La relevancia de nuestro análisis filosófico es que el enfoque no está centrado en los efectos científicos o jurídicos de la desprotección o la institucionalización (psiquiátricos, neurobiológicos, psicológicos, psicoanalíticos o judiciales), sino a partir de lo que las prácticas clínicas y sociales representan. En la sociedad chilena actual, la medicalización del poder psiquiátrico y clínico de las terapias comportamentales, remiten a una renovación de las tecnologías de poder sobre la vida de las cuales me interesa tomar distancia crítica. Hoy más que nunca el poder sobre la infancia está parasitado por un pensamiento médico, que remite a la renovación del poder disciplinario de las instituciones que gobiernan la infancia. No digo que ellas no sean útiles, pero todas ellas, forman parte de las tecnopolíticas de índole profesional, con el que funciona el poder de las disciplinas. Mi trabajo en este ensayo, ha subrayado la dominación del poder sobre la infancia en dos sentidos: primero, como biopolítica de la población, es decir, como un poder sobre la población infantil del bajo pueblo, en el que la institucionalización se ha configurado como una estrategia de gobierno y de control. Ante la amenaza de la desprotección de la vida infantil, el poder está llamado a poner en práctica el “hacer vivir” de la fórmula biopolítica. En segundo y último término, hemos enfatizado la dominación a través del poder disciplinario de las ciencias que gobiernan el cuerpo del niño, en el que la microfísica del poder adquiere real importancia sobre la vida de niños, niñas y jóvenes. Referencias bibliográficas Arancibia, Juan Pablo. Extraviar a Foucault. Santiago: Palinodia, 2005. Deleuze, Gilles. Foucault. Barcelona: Paidós, 2013. Eltit, Diamela. Impuesto a la carne. Santiago: Editorial Planeta, 2010. Fassin, Didier. “Otra política de la vida es posible: crítica antropológica del biopoder”. En Michel Foucault: Neoliberalismo y biopolítica. Santiago: Universidad Diego Portales, 2012. Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Argentina: Siglo XXI, 2012. Foucault, Michel. Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid: Alianza, 1997. Rauld, Juan Carlos. La desprotección de la infancia en Chile: una lectura desde la noción de biopolítica de Michel Foucault. Tesis para optar al grado de magister, Instituto de Filosofía, Universidad Diego Portales, 2019. Universidad Diego Portales, Informe de Derechos Humanos. Santiago: Ediciones Universidad Diego portales, 2017. Valverde Gefaell, Clara. De la necropolítica neoliberal a la empatía radical: Violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización. Barcelona: Icaria, 2015.