(2017 - Vol. 35 - N.1) - Revista Estudios Paraguayos

2017, Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica

Revista Estudios Paraguayos, Año: 2017 - Volumen: 35 - Numero: 1.

ISSN 0251-2483 Revista de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" Revista ESTUDIOS PARAGUAYOS ONLINE Open Journal System www.respy.org Vol. XXXV 1 Revista Estudios Paraguayos © Centro de Estudios Antropológicos (CEADUC) Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Independencia Nacional y Comuneros Casilla de Correo #1718 - Asunción - Paraguay Telefax: (595-21) 40 10 44 extensión 252 E-mail: ceaduc@gmail.com Web: wwww.ceaduc.uca.edu.py José Galeano Monti Gerenciando la exclusión social: Vidas marginales en instituciones de encierro y de afectación de libertad.................................................................................................5 Rodrigo Villagra Carrón Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de personas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias...........................................................................15 Maximiliano Mendieta M. y Julia Cabello Alonso Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales..............47 Alejandra Estigarribia La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay..............................................................65 Juan A. Martens Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva.....................................83 Sarah Patricia Cerna Villagra Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay.....................................................123 Lilian Soto Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito...............................................................................................................145 Hugo Valiente y José Galeano Monti Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad......167 Camila Corvalán Divergencia social y encierro. El conflicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes..............................................................................187 María V. Abente Ojeda, Luciana Agostina Ratti Fretes Nivel de resiliencia de adolescentes de 14 a 20 años en privación de libertad en tres centros educativos..............................................................................................203 Claudia Pacheco, Fernando Hamuy y Javier Mendoza La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción................................................................................................219 Gladys Arzamendia Benítez Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos...............................................245 Friedhelm Guttandin Transgresiones normativas y control social..................................................................265 Oscar Balbuena Jara Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.....277 Corina Leguizamón Políticas culturales en contextos de encierro para reafirmar identidades desde el ser sujeto de derecho.......................................................................................301 2017 Vol. XXXV, Nº 1 Asunción - Paraguay Junio 2017 LISTA DE EVALUADORES DE ESTUDIOS PARAGUAYOS 2013-2018 EVALUADORES REFERENCIA INSTITUCIONAL Abente Brun, Diego Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, Paraguay Amarilla, Deisy Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Arditi, Benjamín Universidad Nacional Autónoma de México, México Caballero Mejías, Ester Universidad Carlos III de Madrid, España Caballero Merlo, Javier Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Caballeros Campos, Herib Universidad Nacional de Canindeyú, Paraguay Cerna Villagra, Sarah Universidad Nacional Autónoma de México, México Céspedes Darmany, Lorena Universidad Complutense de Madrid, España. Céspedes Ruffinelli, Roberto Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Demelenne, Dominique Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Filartiga Callizo, Camilo Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Fretes Carreras, Luis Universidad de Lisboa, Portugal Fuentes Armadans, Claudio Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Gephart, Malte Universidad de Hamburgo, Alemania Gómez Romero, Celeste Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Paraguay López, Magdalena Universidad de Buenos Aires, Argentina Martínez Escobar, Fernando Universidad de Buenos Aires, Argentina Ortiz Sandoval, Luis Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay, Paraguay Peris Castiglioni, Carlos Universidad Nacional de Asunción, Paraguay Rehnfeldt, Marilin Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Rivarola Franco, Magdalena Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Paraguay Saracho, Víctor Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Sarah, Darío Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Silvero, José Manuel Universidad Nacional de Asunción, Paraguay Solís, Juan Mario Universidad Nacional de San Luis de Potosí, México Taboada Gómez, Victoria Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Telesca, Ignacio Universidad Nacional de Formosa, Argentina Zárate López, Nilo Universidad Católica "Ntra. Sra. de la Asunción", Paraguay Narciso Velázquez Rector José Guillermo Von Lucken Vicerrector Académico Gabriel Benítez Secretaría General Teresa Servín Vicerrectora de Administración y Finanzas Nilo Zárate Director del CEADUC CENTRO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS (CEADUC) José Zanardini Ramiro Domínguez Ricardo Moreno Azorero Myrian A. Gaona Martínez Presidente Vicepresidente Coordinador Secretaria Consejo Directivo Deisy Amarilla Beatriz G. de Bosio Jan David Hauck Jorge García Riart Enrique Gaska Bartomeu Melià Luis Ortiz Sandoval Feliciano Peña Páez Adelina Pusineri Marilín Rehnfeldt Sinforiano Rodríguez Lino Trinidad Sanabria Guillermo Sequera Jorge Servín Cristina Vera Díaz Rodrigo Villagra Las ideas expresadas por los autores son personales, no representan la opinión o posicionamiento del CEADUC y de la Universidad Católica. Correspondencia y Canje: Revista Estudios Paraguayos © Centro de Estudios Antropológicos (CEADUC) Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Independencia Nacional y Comuneros Casilla de Correo #1718 - Asunción – Paraguay Telefax: (595-21) 44 10 44 extensión 252 e-mail: ceaduc@gmail.com web: www.ceaduc.uca.edu.py Publicación indexada en: LATINDEX, BIBLAT, CLASE, HAPI, ERIC, ULRICHS, CIBERA Y MIAR. Disponible en Academia.edu: http://ucap.academia.edu/ep y en Google Libros ESTUDIOS PARAGUAYOS Revista de la Universidad Católica Nuestra “Señora de la Asunción” Director: Nilo Damián Zárate López Editor: Carlos Anibal Peris Castiglioni Secretaria: Myrian A. Gaona Martínez Consejo Editorial Miguel Alberto Bartolomé (Instituto Nacional de Antropología e Historia, México) Beatriz González de Bosio (Universidad Católica, Paraguay) Luc Capdevila (Universidad Rennes 2, Francia) Isabelle Combès (Instituto Francés de Estudios Andinos, Bolivia) Graciela Chamorro (Unversidad Federal de Grande Dourados, MS, Brasil) Jorge Eremites (Universidad Federal de Grande Dourados, MS, Brasil) Ebelio Espínola (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela) Henryk Gaska (Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay) Ana María Gorosito (Universidad Nacional de Misiones, Argentina) René Harder Horst (Appalachian State University, EEUU) Bartomeu Melià (Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóicos -ISEHF, Paraguay) Mario Ramos Reyes (Universidad de Kansas, EEUU) Marilín Rehnfeldt (Universidad Católica, Paraguay) Sinforiano Rodríguez (Asociación Indigenista del Paraguay, Paraguay) Gianpaolo Romanato (Universidad de Padova, Italia) Rodrigo Villagra (Universidad Católica de Itapúa, Paraguay) José Zanardini (Centro de Estudios Antropológicos, Paraguay) Consejo Cientíico homás Whigham (Universidad de Georgia, EE.UU) Ignacio Telesca (Universidad Nacional de Formosa, Argentina) Luis Ortiz Sandoval (Instituto de Ciencias Sociales de Paraguay, Paraguay) José Manuel Silvero (Universidad Nacional de Asunción, Paraguay) Magdalena López (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Javier Núman Caballero Merlo (Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, Paraguay) Luis Fretes Carreras (Universidad de Lisboa, Portugal) Sarah Cerna Villagra (Universidad Nacional Autónoma de México, México) Víctor Saracho (Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, Paraguay) Claudio José Fuentes Armadans (Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, Paraguay) Victoria Taboada (Universidad Humboldt Berlín, Alemania) REVISTA ESTUDIOS PARAGUAYOS Revista de la Universidad Católica Nuestra “Señora de la Asunción” Departamento de Ciencias Sociales - Centro de Estudios Antropológicos Vol. XXXV, Nº 1 - Asunción del Paraguay - Junio 2017 José Galeano Monti Gerenciando la exclusión social: Vidas marginales en instituciones de encierro y de afectación de libertad..............5 Rodrigo Villagra Carrón Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de personas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias.............15 Maximiliano Mendieta M. Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales......................47 y Julia Cabello Alonso Alejandra Estigarribia La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay...........................................................65 Juan A. Martens Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva.....................................................83 Sarah Patricia Cerna Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay..............................................................123 Villagra Lilian Soto Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito...........................................145 Hugo Valiente y Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad...................................................167 José Galeano Monti Camila Corvalán Divergencia social y encierro. El conlicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes..........................................................187 María V. Abente Ojeda, Nivel de resiliencia de adolescentes de 14 a 20 años en privación de libertad en tres centros educativos.............203 Luciana Agostina Ratti Fretes Claudia Pacheco, Fernando Hamuy y Javier Mendoza La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción...................219 Gladys Arzamendia Benítez Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos..................................................................................245 Friedhelm Guttandin Transgresiones normativas y control social..........................265 Oscar Balbuena Jara Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del mecanismo nacional de prevención de la tortura...............277 Corina Leguizamón Políticas culturales en contextos de encierro para reairmar identidades desde el ser sujeto de derecho..........301 BIBLIB: 0251-2483 (2015), 5-14 GERENCIANDO LA EXCLUSIÓN SOCIAL: VIDAS MARGINALES EN INSTITUCIONES DE ENCIERRO Y DE AFECTACIÓN DE LIBERTAD José Galeano Monti1 “Probablemente en 100 o 200 años, o tal vez más, porque la stultitia humana no se agota fácilmente, al mirar hacia atrás no seamos capaces de sentir más que vergüenza por la existencia de instituciones como la cárcel”. Jorge Núñez Vega, 2007. Siendo que la toma de decisiones políticas y el pensamiento social debiera tener base cientíica, en el Paraguay se legisla y se piensa con base al sentido común y al conocimiento empírico y vulgar. Ello no es producto de la casualidad, de la mala suerte o del infortunio. En materia de desarrollo de ciencia y de la cultura cientíica, tomando como indicador la cantidad de publicaciones en Web of Science (WoS) de algunos países de la región, entre los años 2002 y 2015, se encuentra que Paraguay tiene 1.063 publicaciones, frente a Brasil con 623.010, Argentina con 117.844, Uruguay con 10.670 y Bolivia con 3.642 (CONACYT, 2016). La relación sería entonces que Brasil produce documentación cientíica 600 veces más, Argentina 100 veces más, Uruguay, 10 veces más y Bolivia 3 veces más que Paraguay. Paraguay es uno de los países con la inversión más baja en investigación y desarrollo. Mientras que la inversión promedio para el desarrollo de la ciencia de los países latinoamericanos en el año 2011 era de 0,78% del total del producto bruto regional, en el Paraguay se invertía 0,06% (Sena Correa y Duarte Masi, s/f). Esta situación acarrea un déicit en materia cientíica ya que no existe la cantidad ni la calidad de personas que se dediquen a la investigación. El Paraguay se encuentra en condiciones especiales de exclusión cultural y cientíica en el concierto internacional académico. El escaso avance en el conocimiento cientíico de la sociedad paraguaya no per1 Lic. en Sociología por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Mgs. en “Servicios Públicos y Políticas Sociales” por la Universidad de Salamanca, y actualmente cursando el “Doctorado en Ciencias Sociales” en la Universidad de Salamanca. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 5 Gerenciando la exclusión social: Vidas marginales en instituciones de encierro y de afectación de libertad mitió la generación de debates nacionales donde dialoguen líneas de investigación, métodos y resultados, y menos aún hizo posible hacer parte de espacios internacionales para exponer las discusiones locales a la luz de las discusiones regionales y mundiales actuales, generando un círculo virtuoso para el desarrollo del campo cientíico paraguayo por el aporte y aprendizaje en publicaciones y eventos académicos (Ortíz y Galeano, 2015: p.7). Si nos centramos en lo que hace a la administración, gerencia, proyecto, diseño y ejecución de las instituciones y de las personas en contextos de encierro, objetivo de los artículos correspondientes al dossier del presente número de la revista, partimos de la idea de que son necesarios los estudios sociales y cientíicos para el conocimiento de la situación y condiciones en las que se encuentran. Esta producción de conocimiento debe tomarse como el punto de partida de todo lo que hace a dicha compleja burocracia de acciones necesarias para que cumpla la función social esperada de brindar dignidad, dotar de habilidades y/o proteger a las personas que se encuentran en instituciones totales, lugares “de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente” (Gofman, 2001: p.17), y que bien podrían aplicarse a las cárceles, centros educativos, hogares de abrigo, institutos psiquiátricos, y a aquellos en los que se afecta y/o priva la libertad. Desde los estudios de Gofman a esta parte, existen numerosas evidencias de las consecuencias y efectos negativos que producen el encierro y la afectación de libertad en estas instituciones, entre las que se encuentran “una serie de depresiones, degradaciones, humillaciones y profanaciones del yo” (Ibídem, p.27) que ocasionan la despersonalización, la desindividualización, la alienación, la desculturación, entre otros. Desde el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se fueron generando oportunidades para la investigación social en los contextos de encierro en el Paraguay. Desde esta entidad del Estado paraguayo se cuenta con información acerca de las condiciones de vida, vulneración de derechos humanos, administración y gerenciamiento de estos espacios, a través de los informes de monitoreo y seguimiento, como de las investigaciones y estudios cuantitativos2 y cualitativos3 desarrollados por profesionales 2 3 6 Censos de adolescentes en privación de libertad, de mujeres privadas de libertad; relevamiento de datos de la población indígena privada de libertad. “Cuando la excepción es regla” acerca de la aplicación de la medida de abrigo de niños, niñas y adolescentes; “El derecho a tener derechos: realidades del encierro en el Paraguay” acerca de personas adultas mayores, personas con discapacidad, adolescentes y personas adultas privadas de libertad y en prisión preventiva. Además, se encuentran en fase de publicación cuatro investigaciones financiadas con fondos de PROCIENCIA del CONACYT, correspondientes a los proyectos 14-INV-367, 14-INV-378, 14Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 José Galeano Monti especializados en cada una de las temáticas, que se encuentran publicadas y son de acceso gratuito. Estas investigaciones no pretenden agotar el análisis ni la descripción del estado en el que se encuentran las instituciones de encierro del Paraguay. Buscan dar soporte a los necesarios estudios que deben realizarse acerca de esta realidad y de las condiciones de vida en estas instituciones, que por naturaleza es de control y de encierro, y de difícil acceso en muchas ocasiones. Realidades que tienen que ser contadas, conocidas y divulgadas, como mecanismo de contraloría social y ciudadana de manera a garantizar los derechos humanos de la población que padece estas instituciones. Se plantean inicialmente las siguientes interrogantes que tienen que ser abordadas desde las distintas disciplinas, las universidades, los institutos públicos y privados que se dedican a la investigación: ¿Para qué queremos los hogares de abrigo, las cárceles y los centros educativos? ¿Qué función deberían cumplir? ¿Son necesarios? ¿Por qué existen? ¿Quiénes son las personas que van allí? ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran? ¿Qué esperamos de estas instituciones totales, instituciones de encierro? La afectación de la libertad, el no poder salir de un territorio o recinto establecido por motivos políticos, económicos, o sociales, es una de las situaciones más extremas, desalentadoras y denigrantes que puede pasar una persona. ¿A quiénes se encarcela? ¿Cuáles son los delitos que cometieron? ¿El delito es social antes que individual? ¿No será que el haber nacido en un país desigual, sin protección social es la causa que motiva a delinquir? Decir que, en la actualidad, en las cárceles se encuentran casi con exclusividad y en su totalidad las personas con mayores desventajas y pertenecientes a la clase social y a los estratos más bajos, no es una exageración. Esto viene ocurriendo como una tendencia mundial a causa del endurecimiento de la mano punitiva y del debilitamiento de la mano social de los Estados (Wacquant, 2000; 2009; 2010). En el Paraguay se da este fenómeno con la misma tendencia de crecimiento espectacular de la población penitenciaria. Se pasó de tener 60 personas presas por cada 100.000 habitantes en el año 2000, a 164 en el año 2015, lo que implica prácticamente una triplicación en 15 años. La vida en las cárceles se encuentra signada por el hacinamiento y la sobrepoblación, situación que implica y ocasiona pésimas condiciones de vida (Galeano, Leguizamón y Valiente, 2015). Sabemos que también se reprime a golpe de mano dura policial, se encarcela en prisiones para pobres, se disciplina en centros de servicios sociales... Sabemos, en deinitiva, que el control y el castigo de las «disfunciones» que el propio moINV-461 y 14-INV-462, acerca de personas adultas mayores, historias de vida de jóvenes y adolescentes, condiciones de vida usuarios del Hospital Psiquiátrico, y la salud en ámbitos de intervención del MNP. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 7 Gerenciando la exclusión social: Vidas marginales en instituciones de encierro y de afectación de libertad delo genera, tiene muchos rostros (García y Ávila, 2015: p.24). Si se encarcela a “los pobres”, entonces surgen algunas preguntas desde el campo de la criminología y la sociología: ¿Qué es realmente un delito? ¿Cuáles son las conductas que podemos considerar trasgresoras? ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Cuáles delincuentes son los más peligrosos? ¿Nos encontramos más seguros porque cada vez están más presos? ¿Cuáles son las políticas públicas de protección que deberían crearse e implementarse en el Paraguay? Un graiti que se encontraba en Asunción, resumía bastante bien esta situación de injusticia del encierro, medida y basada en la cantidad de dinero del delincuente, al decir: “El que roba poco va al panchito López, y el que roba mucho al Palacio de los López”. Existe una tendencia internacional, del que Paraguay tampoco se encuentra exento, de implementar políticas neoliberales para la organización de las vidas, el control y aplicación de la seguridad. Un neoliberalismo que... interviene... fomentando la rivalidad y la competencia como palanca de deseo. Un neoliberalismo que se traduce en privatización, no solo de los recursos públicos, sino de toda vida en común... que, tiene que proveer otro tipo de seguridades distintas a las que proporciona el vínculo cooperativo e igualitario (García y Ávila, 2015: pp.16-17). Las aplicaciones de estas políticas neoliberales vienen además produciendo un proceso de gentriicación de las principales ciudades: produciendo una segregación socio espacial, en el que algunos sectores quedan incluidos e insertos en la sociedad y otros sectores quedan fuera (conocidos en las ciencias sociales como guetos urbanos). En el caso paraguayo se viene produciendo en las últimas décadas este desplazamiento de los estratos sociales más bajos y desprotegidos, propiciado por parte de los estratos superiores (empresas, inmobiliarias, políticos). En la actualidad se siguen produciendo proyectos que tienden a colocar en la periferia de las principales ciudades y alejar a las familias y personas en situación de vulnerabilidad. Ejemplos de esta política son las costaneras de Asunción y de Encarnación, que tuvieron negativas consecuencias sociales y económicas para las personas que fueron expulsadas hacia a la periferia; o las comunidades indígenas que fueron reasentadas por la represa de Itaipú perdiendo su territorio y su cultura. En esta misma lógica de exclusión hacia sectores lejanos se insertan la mayoría de las cárceles y los centros educativos en el Paraguay, que se ubican a kilómetros de las principales ciudades, sin acceso a servicios públicos de transporte, lo que diiculta en la práctica el contacto con las personas encerradas, generando ruptura del capital social y de sus relacionamientos y, por tanto, cada vez mayor aislamiento y exclusión. 8 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 José Galeano Monti Los proyectos actuales de construcción de las cárceles siguen esta misma lógica: el complejo carcelario de Emboscada y las penitenciarías en Minga Guazú. Frente a esta tendencia de alejamiento promovidas por los decisores políticos, es que resultan necesarias investigaciones que rescaten las experiencias de vida y los relatos de las personas que se encuentran encerradas, para que la realidad interpele a la sociedad, para observar el tipo de comunidad que estamos creando y del que todos y todas somos partícipes. Es necesario remarcar que la voz de las personas privadas de libertad no suele ser oída en ningún escenario extra-muros… No es usual que las personas encarceladas sean convocadas para contar su experiencia carcelaria, sus padecimientos, la vulneración de sus derechos y las consecuencias del encierro (Daroqui et al, 2003: p.11). Seraini da cuenta que en los últimos años fue creciendo la inversión en políticas punitivas y represivas, y que éstos gastos superan ampliamente a la inversión en políticas sociales. En 2012 gastamos G 153.000 por persona en atención primaria de la salud, G 1.590.000 por niño y niña en la escuela y G 1.864.000 en la niñez que sufre hambre; una persona privada de libertad (en la cárcel) le cuesta al país G 16.135.000 sólo en materia penitenciaria (sin incluir los gastos del sistema judicial) (Seraini, 2013: p.8). ¿Es la inversión de recursos económicos para encerrar y castigar más importante que la inversión social? ¿Desde el castigo se pueden solucionar los problemas sociales? ¿Hasta qué punto puede ser tolerable la cultura del encierro con sus consecuentes malos tratos? ¿Hasta cuándo seguiremos mirando con asombro a los países “desarrollados” que clausuran cárceles e instituciones de encierro? ¿Cuál es la preparación profesional que tienen las personas encargadas del cuidado y la custodia de las personas afectadas o privadas de libertad? ¿Cuánto más se seguirá invirtiendo en la punición antes que en la protección de la población paraguaya carente de un sistema de protección social de su población? ¿Es el encierro, la privación de libertad, la inversión en la punición y el castigo, el mejor método de gestionar los problemas que tenemos en el Paraguay? Frente a esta problemática es que los estudios paraguayos acerca de la realidad del encierro resultan necesarios. Los enfermos crónicos, los marginados sociales y los incapacitados sin familia —ailiados en otro tiempo a organizaciones caritativas y religiosas— han pasado ahora a ser competencia de las organizaciones sanitarias y asistenciales del Estado. Por tanto, a todos los niveles económicos, los problemas físicos, Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 9 Gerenciando la exclusión social: Vidas marginales en instituciones de encierro y de afectación de libertad psicológicos y sociales del individuo han escapado a la esfera privada y, bajo la responsabilidad de profesionales e instituciones, son tratados mediante procedimientos burocráticos y cadenas de montaje (Basaglia, 1977: p.85). Es importante demostrar el deterioro que sufren las personas sometidas a las rutinas de la institucionalización en un contexto en el que las instituciones de encierro se encuentran socialmente aceptadas por preconceptos de beneicencia, de recuperación o readaptación social. Por ejemplo: - Cuando en un hogar de abrigo se prohíbe acudir a la escuela de la comunidad a los niños y niñas internados; o a salir a la plaza a jugar con los otros niños; o cuando no se les asiste sanitariamente; - Cuando en un centro educativo de adolescentes se los somete a un régimen parecido al servicio militar obligatorio; se entrega la cena a las cinco de la tarde y no se da otra comida hasta las seis de la mañana del día siguiente; o no se le permite tener visitas de amigos o amigas porque no tienen la mayoría de edad y los trámites son excesivamente burocráticos; - Cuando en los hospitales psiquiátricos se somete a algunos pacientes a terapias de electroshock, o existe una persona que nació allí porque su madre era paciente y ya quedó institucionalizada por herencia; - Cuando en las cárceles se encierra a las personas de los estratos sociales más desfavorecidos, provenientes de los mismos barrios; se encarcela a indígenas y se los expone a un proceso de violencia cultural; se somete a las personas privadas de libertad a un régimen inhumano, en situación de hacinamiento, sin espacio para desarrollar ningún tipo de actividad que tienda a la supuesta reinserción social, tal vez lo único que asegura el sistema penal es que cada persona que por allí transite llevará el estigma del “preso kue”; cuando en una celda de 6 x 4 mts se encuentran 30 personas, amontonadas como en los campos de exterminio nazi; - Cuando los hogares de las personas adultas mayores empiezan a ser los espacios en los que se destina a los abuelos y las abuelas sin su consentimiento; - Cuando en las comisarías, instituciones que deberían garantizar la seguridad de las personas, perpetúan prácticas de tortura con técnicas idénticas -incluso perfeccionadas- a las que existían en la época de la dictadura de Stroessner; cuando la policía somete a las mujeres detenidas a violencia sexual. De ninguna manera se pretende abarcar todas las problemáticas que existen en las instituciones de encierro en el Paraguay. Incluso existen instituciones que afectan o privan de la libertad a personas, que todavía no fueron identiicadas o consideradas como tal y que es necesario abarcarlas. 10 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 José Galeano Monti Sí se pretende con estos ejemplos, basados en testimonios que son comprobados por diversas investigaciones e inspecciones a estas instituciones de encierro, demostrar que entre la teoría (idea, la creencia, lo formal o lo legalmente establecido), y la práctica (la realidad) existe una distancia enorme. Y justamente existen diversos estudios, publicaciones e investigaciones cientíicas de ciertos aspectos de la realidad, y al mismo tiempo existe un vacío del estudio de la práctica, de la vida intra-muros, de las personas que allí se encuentran. Frente a estas situaciones nos encontramos con un problema que tiene que ser contado, estudiado, analizado, para luego poder ser sugerido e intervenido. A las ciencias sociales del Paraguay le queda mucho que transitar e investigar acerca de la situación de las personas institucionalizadas, y de las instituciones de encierro o instituciones totales. Es importante describir, analizar, a las personas y a las instituciones totales, cómo son, qué efecto causan, cómo viven, cuáles son los problemas; no desde lo políticamente correcto, o desde la postura personal, sino desde lo comprobado y construido a partir del método cientíico. Por último, es importante pensar en el in de la cárcel, establecido en normativas nacionales e internacionales. Si se sigue pensando que la cárcel cumple un in de reinserción social (¡qué paradoja la de reinsertar a personas excluidas!) antes que re-excluir socialmente a las personas, se estará derrochando, malgastando el dinero público destinado para esto, pero lo más importante son los costos humanos, la denigración de las personas que viven, sobreviven y sufren en las cárceles en la actualidad. Mejor sería sincerarse, y decir, como plantean algunos investigadores, que la cárcel no fue creada para combatir la delincuencia, sino que para encerrar a los pobres (González, 2015), y que cumplen así su carácter segregacionista (Basaglia, 1977). Siendo esta la línea de análisis, se estaría entonces hablando que el encierro, la afectación y la privación de libertad, producen una re-exclusión a los territorios excluidos desde los que provienen. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 11 José Galeano Monti Referencias bibliográficas Basaglila, Franco. 1977. 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Población indígena privada de libertad: relevamiento elaborado en base a las ichas de los/as internos/as de todas las instituciones penitenciarias del país, en <http://mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-09-46/func-startdown/236/>.(Consultado el 5 de junio de 2017). Núñez Vega, Jorge. 2007. “Las cárceles en la época del narcotráico: una mirada etnográica”, Nueva Sociedad, Nº 208, pp. 103-117. Ortíz, Luis y José Galeano. 2015. “Rezago epistémico y (auto)exclusión académica: Las ciencias sociales paraguayas en el concierto internacional”, FORUM - Latin American Studies Association, XLVI (1), pp. 7-9. Sena Correa, Emilce y Sergio Duarte Masi. s/f. El estado actual de la ciencia y la tecnología en el Paraguay, en <http://www.pol.una.py/sites/default/iles/iles/Estado_de_la_ Ciencia_PY_2013.pdf>.(Consultado el 5 de junio de 2017). Seraini, Verónica. 2013. “El vacío de un Estado social está siendo ocupado por un Estado punitorio y represor”, Revista Economía y Sociedad, Nº 12, pp. 7-9. Wacquant, Loïc. 2000. Las cárceles de la miseria, Buenos Aires, Ediciones Manantial. Wacquant, Loïc. 2009. Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad social, Barcelona, Editorial Gedisa. Wacquant, Loïc. 2010. Parias urbanos: marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio, Buenos Aires, Ediciones Manantial. 14 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 BIBLIB: 0251-2483 (2015), 15-46 DISCRIMINACIÓN Y SUBORDINACIÓN RACIAL TRAS LAS REJAS. NÚMEROS Y CONDICIONES CARCELARIAS DE PERSONAS INDÍGENAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. Enviado: 28/03/2017 Aceptado: 05/06/2017 Rodrigo Villagra Carrón1 Resumen Este trabajo se propone analizar las condiciones en prisión y las estadísticas de personas indígenas privadas de libertad relevadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) entre abril a diciembre del año 2016 y publicadas en una base de datos. Para dicho objetivo, se utilizan las distintas variables registradas como pueblo, causa judicial, tipo de delito, oicio, tiempo en prisión, entre otras, como indicadores del grado de autonomía judicial de los pueblos indígenas, la incidencia e implicancia de factores agravantes de discriminación racial como el nivel educativo o socio-económico de personas indígenas detenidas. Todas estas variables ilustran las brechas raciales de acceso a la justicia y la respuesta selectiva del Estado cuando se acusa y detiene a una persona indígena por la comisión de un delito. Estas estadísticas, en conclusión, demuestran que la intervención del Estado preponderante ante los diversos conlictos sociales e individuales que involucran a los indígenas tanto entre sí como con la población no indígena, es de carácter y de efecto punitivo. Conforme a esto, las garantías constitucionales de los derechos de los pueblos indígenas, y particularmente sus derechos humanos y procesales básicos, se vuelven ilusorios antes que reales. Palabras clave Población indígena privada de libertad, indígenas, sistema penitenciario, discriminación racial. 1 Presidente de Tierraviva. Investigador Nivel I del PRONII-CONACYT. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 15 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias Abstract his article intends to analyse the prison conditions and statistics of indigenous in incarceration researched between April to December 2016 by the National Mechanism to Prevent Torture (MNP Spanish acronym) and published in a database. For this purpose, it uses the MNP database variables such as ethnicity, judicial cause, job, type of crime, time in prison, amongst others, as indicators of the extent of judicial autonomy of the indigenous peoples, as well as the incidence of aggravating factors of racial discrimination such the education and socio-economic level of indigenous imprisoned. All of the variables illustrate an ethnically segregate access to justice and a selective response of the State when them accuse of a crime and arrest an indigenous person for it. hese records, in conclusion, show that the predominant intervention and response of State before the social and individual conlicts that involve indigenous peoples both amongst them and with non-indigenous population, is castigatory both in form and in efect. According to this, the indigenous peoples constitutional guarantees, and particularly, their basic human and procedural rights become illusory rather than factual. Key words Indigenous in incarceration, indigenous peoples, penitentiary system, racial discrimination. 16 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón 1. Introducción El presente artículo es una análisis inicial sobre estadísticas de personas indígenas privadas de libertad en la cárceles del Paraguay y las tendencias e indicadores que estas cifras representan en relación a tres aspectos generales: la vigencia, superposición y/o complementariedad de los sistemas de justicia y derecho propio indígenas con el sistema penal estatal paraguayo; el acceso a la justicia y discriminación racial hacia dicha población indígena y brechas existentes respecto a la población no indígena. El análisis es hecho a partir de relevamiento e investigación realizados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) sobre Indígenas Privados de Libertad resultante en una base de datos (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, 2016) que comprende la situación de 180 personas indígenas en situación carcelaria en todo el país, incluyendo datos especíicos respecto a esta situación2, relevados entre el término del mes de abril del 2016 y el 30 de diciembre del mismo año. En este artículo se busca, a partir de datos numéricos y sus respectivas estadísticas, escrutar los siguientes indicadores: i) la utilización, complementariedad y/o contraposición de las justicias indígenas de acuerdo al porcentaje (mayor, menor o inexistente) de personas de cada pueblo indígena respectivo en situación carcelaria y la eventual correlación de ésta con el lugar de origen (comunidad/domicilio rural o urbana/o); ii) de acuerdo a la titulación de las causas judiciales en las que se tipiican los tipos de delitos singulares o asociación de delitos de los que se acusa y/o condena a las personas indígenas detenidas, identiicar la incidencia de ciertos delitos y su vinculación a la situación al interior de los pueblos y comunidades, su relación con otros factores con otros fenómenos de orden socio-económico y/o cultural que podrían resultar en una mayor vulnerabilidad de la población indígena como la migración rural-urbana, la explotación intensiva y abusiva de tierras por el agronegocio o el narcotráico, el racismo, entre otros; iii) en virtud de los datos sobre el grado de instrucción, situación procesal, tipo de defensa, tiempo promedio de privación de libertad y las sanciones carcelarias, determinar cómo estas variables ilustran el acceso a la justicia –o más bien su falta– de las personas indígenas e indican otros matices de la discriminación racial y social de la población indígena. 2 Los rangos o campos de datos por persona indígena detenida son: edad, sexo, etnia, grado de instrucción, oficio, comunidad de residencia/domicilio, distrito, departamento, institución de encierro, situación procesal, causa judicial, tipo de hecho punible, circunscripción judicial, tipo de defensa, días de privación de libertad, si registra sanción disciplinaria y número de veces de la sanción. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 17 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias 2. Las justicias en juego y la distribución étnica en prisión El hecho de que la mayoría de los y las indígenas en prisión se (auto) identiiquen como pertenecientes a ciertos pueblos especíicos en un porcentaje realmente elevado, respecto al menor número o inclusive la ausencia de personas de otros pueblos, es a la vez algo notorio e interpelador. Como respuesta ensayamos varias alternativas de explicación que centran su enfoque en los factores sociológicos que podrían converger en este resultado y en las propias lógicas y sistemas de organización socio-políticos y punitivos de las sociedades indígenas afectadas, sin pretender ser totalmente exhaustivos ni concluyentes en las causales presentadas. Tabla Nº 1: Número de personas detenidas por etnia/pueblo y sexo Pueblo indígena Sexo Masculino % Femenino % Total % Aprox. Paĩ tavyterã 74 41% 4 2% 78 43% Ava guaraní 41 23% 3 1,6% 44 24% Mbya guaraní 36 20% 1 0,5% 37 21% Enxet 5 2,7% 0 0% 5 2,7% Ybytoso 4 2,2% 0 0% 4 2,2% Nivaclé 3 1,6% 0 0% 3 1,6% Angaité 3 1,6% 0 0% 3 1,6% Enlhet 1 0,5% 0 0% 1 0,5% Guaraní Ñandeva 1 0,5% 0 0% 1 0,5% S/d 4 2,2% 0 0% 4 2,2% 172 96% 8 4% 180 100% Total Fuente: elaboración propia con base en datos del MNP (2016). En primer término, la tabla Nº 1 nos indica que abrumadoramente son varones los que están en prisión, unos 172 individuos, el 96% del total, frente a apenas 8 mujeres, que representan apenas el 4% del total. No deja de ser llamativo el hecho de que la distribución étnica de las mujeres en prisión, aun en su bajo número, es correlativa a la distribución general de pertenencia étnica. A saber: 78 personas o el 43% de los indígenas que están en prisión son del pueblo paĩ tavyterã, y 4 de ellas son mujeres. Les siguen en número unas 44 personas del pueblo ava guaraní con un 24%, de las cuales 3 son mujeres y el resto varones y luego unas 37 personas mbya guaraní, con un 21%, entre quienes hay una sola mujer. 18 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón En su conjunto estos tres grupos representan un 88% de todos los indígenas que están en cárceles, por lo que podría decirse que está en parte ligado a su peso y porcentaje en la población total indígena a nivel país, puesto que estos tres pueblos en su conjunto representan el 47,7%3 de dicha población. Sin embargo, aun así el número y porcentaje de personas indígenas de cada uno de estos tres pueblos sigue siendo mucho más alto de lo que representa su participación en la población indígena del país, y además, el porcentaje de personas en cada grupo va en orden inverso a su peso demográico; es decir, los paĩ son los de menor población total en relación a los ava y los mbya, pero tienen más gente en prisión, le siguen los ava guaraní, segundos en población y gente en la cárcel, y inalmente los mbya que tienen más población y menos gente en la cárcel. Conforme a esto, el peso demográico general de cada uno de estos pueblos no sería sino un factor concurrente. De hecho, si hacemos una comparación entre la tasa nacional de personas privadas de libertad, que es de 164 personas por cada 100 mil habitantes –registrada en el año 2015– (Galeano, Leguizamón, & Valiente, 2015: p.160) la misma tasa –calculada en proporción– entre los paĩ sería ¡tres veces más alta que la media nacional!, es decir de 503 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Esto demuestra una acción estatal selectivamente punitiva y excesiva en perjuicio de este pueblo indígena en desmedro de otros servicios y otras respuestas a conlictos y demandas que afectan a la misma. En el caso de los ava y los mbya, sus respectivas tasas proporcionales de personas privadas de libertad dan un total de 245 y de 179 personas respectivamente por cada 100.000 habitantes, lo que representa en el mismo orden un 80% y un 9% superior a la tasa nacional. Esto, en el caso de los ava no deja de ser excesivo y alarmante, y en el caso de los mbya, también es un indicador de una discriminación punitiva y estructural en su contra. En cuanto al resto de las personas indígenas privadas de libertad, cerca de un 10% se distribuye en porcentajes bastante menores entre otros seis pueblos: enxet, ybytoso, nivaclé, angaité, enlhet y guaraní ñandeva, como también indica la tabla Nº 1, los cuales corresponden todos al Chaco. Para completar los respectivos porcentajes por pueblo, se añade a las 4 personas de quienes se desconoce su pertenencia étnica. No obstante, se puede decir que en relación al censo existe un tercer grupo de pueblos que también no deja de ser relevante, y es el de aquellos pueblos que no registran personas detenidas –al menos en esta base de datos y al tiempo de su elaboración- estos serían: los aché de la región Oriental y los sanapanás, guaraníes occidentales, ayoreos, qom, maka, manjui, toba maskoy o enenlhet, guana y tomárãho del Chaco. 3 La población censada en el año 2012 paĩ tavyterã fue de 15.494 personas, un 13,7% del total, la ava guaraní de 17.921, un 15,8% del total y la mbya guaraní, unas 20.646 personas, un 18,1%, siendo este último pueblo el de mayor población del país, y junto con los dos anteriores los tres de mayor población entre los 19 existentes (Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2014, pág. 51) . Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 19 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias En el mismo orden de explicación sociológica existe otro factor que incide en la predominancia de los tres grupos orientales mayoritarios –paĩ tavyterã, ava guaraní y mbya guaraní– en la población indígena de las cárceles del país, y es la mayor densidad poblacional no indígena y a la vez institucional de las dependencias del Estado, incluyendo a los órganos de control social y sistemas punitivos, en sus respectivos territorios tradicionales y hábitat comunitarios que abarcan la mayor parte de la región Oriental. Dichos territorios son los descriptos conceptual, histórica y gráicamente por la antropóloga Beate Lehner (2008) los cuales, excepto el departamento de Ñeembucú y discutiblemente el de Misiones, alcanzan a todos los demás departamentos de la región Oriental, incluyendo actualmente a Central. Tal densidad poblacional e institucional necesariamente implica una mayor interacción, contigüidad y, si se quiere, conlictividad con los no indígenas, y a la vez, conlleva a una incidencia y presencia del Estado más gravitante al interior de estas poblaciones, si bien tal gravitación no necesariamente se traduce en mayores servicios del Estado en función de mejores condiciones de vida. La resultante, en cierto sentido paradójica y trágica a la vez, es una mayor presión sobre las tierras, recursos y autonomía socio-política y cultural de estas sociedades. Es así que de las 367 comunidades paĩ tavyterã, ava guaraní y mbya guaraní existentes4, unas 19 carecen de título de propiedad y unas 100 comunidades, alrededor del 27%, no tienen tierra propia o asegurada. Por otra parte, según el Censo Indígena 2012 (Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2015: pp.65-73), de las 355 comunidades registradas de los pueblos paĩ, ava guaraní y mbya guaraní al tiempo de dicho censo, unas 96 comunidades, el 27%, declararon problemas con la tenencia de la tierra –p.ej. apropiación indebida de agro-empresarios, ganaderos, campesinos e incluso entidades públicas–; unas 134 comunidades, el 38%, señaló que alquilaba parte de sus tierras5; y unas 198 comunidades, el 56%, denunció problemas con relación a los recursos naturales –p.ej. desmonte y/o mecanización de la tierra, disminución de fauna y lora, contaminación de agua y suelos, fumigación con agroquímicos, salinización, entre otros–. En cuanto a otros indicadores directamente correlativos con la población predomi4 5 20 Esta cifra es parte de un total de 509 comunidades indígenas del país registradas actualmente de acuerdo una investigación propia (Villagra, 2017), la cual utiliza los datos del Censo Indígena nacional del 2012 pero los actualiza al presente año conforme a datos propios y otras fuentes. Este esquema ilegal de explotación de tierras indígenas aseguradas – contrario a la garantía específica del artículo 64 de la Constitución de la República que establece que las propiedades comunitarias indígenas no pueden ser arrendadas- es impuesto a partir de las necesidades básicas insatisfechas y empobrecimiento generalizado de las comunidades, la ausencia de asistencia y garantías del Estado y causado principalmente por la expansión del modelo económico y agrario de concentración de tierras, agroexportación primaria, extractivismo, extensión de monocultivos y depredación de recursos naturales. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón nante de estos tres pueblos –paĩ, ava y mbya– en las cárceles, unas 77 comunidades6, el 21%, señalaron tener problemas de violencia interna –p.ej. homicidio, robo, abigeato, violación, entre otros–, y unas 126 comunidades, el 35%, problemas con violencia externa –p.ej. homicidio, robo, abigeato, violación, atropello a la comunidad, traslado forzoso, entre otros–. La identiicación de los agresores externos comprende a ganaderos, sojeros y campesinos, jueces, iscales y policías, y en algunos casos, indígenas de otras comunidades. La casi totalidad de las comunidades afectadas por casos de violencia externa (122, el 97%), recurren a alguna autoridad interna o externa en caso de violencia externa: el 63% lo hace dirigiéndose a sus propios líderes o lideresas, y/o alternativamente, a una o varias autoridades externas, al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en el 16% de casos, a la Fiscalía en el 21% y a la Policía en el 39% de los casos. Finalmente, en este punto la comparación, desde luego, resulta odiosa –por lo que nos ilustra– pero necesaria. El Estado y sus agentes intervienen de una forma u otra en los casos de violencia interna y/o en las que los indígenas son acusados de cometer delitos contra terceros, la prueba es que –al menos para los tres pueblos señalados– hay un número elevado de personas detenidas, sin que por ello esto sea necesariamente, como veremos más adelante, un índice de un mayor acceso a la justicia de la población indígena y menos aún de las personas imputadas. Sin embargo, en los casos de violencia externa directa y también de violencia estructural (es decir, la falta de restitución territorial, la desprotección contra depredación de recursos naturales, la apropiación y/o alquiler de tierras indígenas) que afectan a una de cada tres, o inclusive a una de cada dos comunidades indígenas paĩ, ava y mbya guaraní en sus derechos colectivos, muy difícilmente se pueda encontrar la misma o similar proporción de personas no 6 La base de datos de personas privadas de libertad del MNP registra a unas 100 comunidades de los pueblos paĩ, ava y mbya como comunidades de origen de las mismas. El hecho de que el número de casos es superior al de las comunidades (159 casos vs. 100 comunidades) se debe a que varias personas detenidas provienen de una misma comunidad, esto es, hay 15 comunidades paĩ, 9 ava y 8 mbya con dos o hasta cinco personas detenidas, ya sea por los mismos hechos delictivos o por delitos diferentes. En tal sentido, a manera de comparación no equivalente sino ilustrativa del alto índice de notoriedad, registro y punición de hechos punibles entre la población paĩ, se puede observar que el Censo Nacional Indígena 2012 señala como afectadas de violencia interna a 27 comunidades (Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2015, p.70) –conforme a casos en que se asume que tanto los agresores como las víctimas son indígenas en contraposición a los casos de violencia externa en los que las víctimas serían los indígenas y los agresores no indígenas. En el mismo sentido y respecto al registro de violencia interna, el estudio de Violencia e Impunidad hacia el Pueblo Paĩ Tavytera-Kaiowa (Ayala Amarilla & Quiroga, 2014, p.69) menciona que “el reporte de la Jefatura de Policía del departamento de Amambay registró en el año 2013, 57 casos entre lesiones graves, asesinatos, accidentes de tránsito, amenazas, entre otros, cuyas víctimas fueron indígenas y los presuntos autores, en su mayoría, indígenas” y finalmente, el censo del MNP base del presente análisis da cuenta de unas 50 comunidades paĩ implicadas a partir de la detención de 78 personas (y casos) provenientes de ellas. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 21 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias indígenas detenidas, imputadas y mucho menos condenadas o, en su caso, a los agentes del Estado involucrados con los procesos o sanciones correspondientes. Esta esquizofrenia operativa o doble estándar del funcionamiento estatal pone de maniiesto un sistema penal selectivo que antes que brindar garantías de justicia, igualdad ante la ley y debido proceso, controla, discrimina y criminaliza a la población indígena, negándole la protección de sus derechos. El agravante es que la negación y/o violación de derechos se da especialmente en aquellas situaciones en las que existe asimetría de poder con los agresores y en las que los bienes jurídicos en juego son necesarios para la vida en conjunto, como comunidades y pueblos, de los indígenas, lo cual es además condición fundante para su autodeterminación. 3. La autodeterminación normativa indígena en cuestión Ahora bien ¿qué nos revela el número y porcentajes por pueblos de personas detenidas de la tabla Nº 1 como indicador de dicha autodeterminación indígena, particularmente en lo que respecta al principio constitucional del artículo 63 que establece la libre aplicación de “sus sistemas de organización política, social, económica, cultural y religiosa, al igual que la voluntaria sujeción a sus normas consuetudinarias para la regulación de la convivencia interior siempre que ellas no atenten contra los derechos fundamentales establecidos en esta Constitución”? En razón del espacio de este artículo y también de la información, complejidad e historicidad de los datos y descripciones disponibles sobre los sistemas de organización social y política de los pueblos indígenas actualmente existentes, haremos aquí una reseña muy breve y selectiva de los mismos. Nos referiremos principalmente a los “sistemas de justicia” de los tres pueblos preponderantes en las estadísticas carcelarias, luego hablaremos más sucintamente e ilustrativamente del grupo de pueblos chaqueños que registran personas detenidas, y por último aludiremos al resto de los pueblos que no registran personas detenidas. Cabe señalar que es particularmente difícil esquematizar los aspectos, prácticas y sistemas de aplicación de justicia y de sanción social indígenas puesto que como señala la antropóloga jurídica Laura Nader (2002, p.11) la ley no es un fenómeno autónomo en estas sociedades, sino que es parte de procesos de resolución de disputas y relaciones de poder más extensas y que como tales, están conectadas a estructuras sociales, culturales, de organización política y económica, e incluso a la religión y la cosmología (Ibídem, pp.18-38)7. Por lo tanto, señalaremos algunas pistas del por qué hay, por una parte, cierto 7 22 Huelga señalar que, en desmedro a tal esquematización, reducción o traducción de estos sistemas, reconocemos como principio conceptual y metodológico que las sociedades son procesos de construcción permeables y dinámicos; que, desde los tiempos coloniales, pasando por la época postcolonial y llegando a la presente etapa neocolonial, se ha mantenido –aun con reEstudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón grado de autodeterminación –o explicación desde lo indígena– en los índices carcelarios y otro tanto de sujeción, interferencia, discriminación y opresión estatal. En primer término, siguiendo a Lehner podemos señalar que en general los pueblos guaraníes de la región Oriental “Ava-Guarani, Mbya, Paĩ-Tavyterã y Aché no forman unidades homogéneas, sino se distinguen entre sí en subgrupos. Estos subgrupos ocupaban, cada uno, su propia parte del territorio tradicional” (Lehner, 2008: p.3). Asimismo: Cada persona (hombre y mujer) entre los Ava-Guarani, Mbya y Paĩ-Tavyterã considera las tierras en donde vivían sus abuelos paternos o maternos como su “territorio tradicional” y, por ende, un posible y legítimo asiento para su familia. Tomando en cuenta que, así también, cada persona guarani es parte de una red extensa de parentesco, tanto consanguíneo como ainal, y convive con algunos de estos parientes, compartiendo un territorio común, concluimos que el micro – territorio es el territorio que ese grupo de parientes habita o habitaba y considera de su usufructo exclusivo. En guarani ese micro territorio se denomina TEKOHA, denominación que incluye también una connotación socio-política de convivencia y organización según las pautas culturales guarani, el TEKO (Ibídem, p.5). En tal sentido, a partir de la conformación de los subgrupos territoriales o tekoha guasu por varios tekoha parentales asociados entre sí en instancias ceremoniales y políticas, vemos, por ejemplo, entre los paĩ tavyterã que éstos son los espacios donde los distintos teko (modos de ser) –teko katu, teko porã, teko joja, teko upyty, teko johayhu, teko piro’y y teko marane’y– tienen existencia y concreción como conocimientos y prácticas veladas por autoridades socio-políticas y religiosas deinidas8: Su organización política reconoce, dos autoridades fundamentales: tekoaruvicha (el liderazgo religioso o chamán) y el mboruvicha (el liderazgo político). El primero es un guía religioso de la aldea, encargado de los rezos, canticos sagrados, rituales y curas. Generalmente es un anciano de sexo masculino, pero cada vez más mujeres se reairman en este papel social. Por otro lado, el mboruvicha, tiene la función de dirigir el Aty Guasu (Asamblea comunitaria), siendo el principal responsable por la manutención de la armonía y mediación para la solución de conlictos (Vera Britos, 2016: p.183). 8 sistencia, resiliencia, luchas y concesiones– una asimetría de poder en disputa, tanto material como simbólica, entre las sociedades indígenas y el Estado-nación paraguayo, y que éste, además, no representa un todo “univoco” o coherente, sea en su constitución o en su accionar para sí mismo y respecto a aquellos. Esto implica que pueden coexistir normas, formas de actuar y agentes estatales contrapuestos y disímiles respecto al modo de proceder y relacionarse con los pueblos indígenas, sin tampoco negarse, ciertos patrones hegemónicos. Existen otras autoridades, o si se quiere roles para ceremonias como el Mita Pepy (iniciación masculina) o Kunimi Pepy (iniciación femenina), tales como “el Pa’i Ka’aguy, el Yvyra’ija, el Tembiguái y el Teko akuva, cada cual con sus funciones específicas” (Biedermann y Zanardini, Ibídem). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 23 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias En torno a estas autoridades e instancias, se desenvuelve el sistema de solución de conlictos y normativa paĩ: El procedimiento legal cabe a toda la comunidad que se reúne formalmente y escucha a los expertos del teko porã y a las partes afectadas. Muchas veces se resuelve un pleito con la indemnización de la parte perjudicada (por ejemplo, daños materiales cometidos por ka´u –borrachera–) o con una exhortación pública (por ejemplo, en inidelidad marital o chisme difamatorio)… En casos graves de robo, homicidio y mohãy (hechizo) el tekoaruvicha manda a sus ava’ete con ‘soldados’ para traer preso al supuesto culpable. Tradicionalmente el castigo era equivalente al daño hecho y así se ajusticiaba al culpable después de presentar el caso en el aty… Actualmente existe un acuerdo entre los principales tekoaruvicha de entregar homicidas a la justicia ordinaria (policía paraguaya) y de convertir los castigos corporales en trabajos obligatorios bajo el mando de un mburuvicha. Estos ‘presos’ viven en la casa del mburuvicha y tienen que trabajar en su chacra (y así a su vez sirven parcialmente a la comunidad), en limpieza de caminos, picadas, preparación de postes, construcción de puentes y casas (Grünberg, Grünberg, y Melià, 2008: pp.135-136). En ese sentido, siguiendo siempre con los paĩ-tavyterã, la comisión de hechos o actos contra miembros de la propia parentela o etnia, son primeramente amonestados y sancionados a nivel interno, incluso cuando suceden más de una vez, pero la reincidencia o gravedad del caso pueden llevar a la denuncia y entrega a las autoridades paraguayas9. En ese sentido, el homicidio como caso grave estereotípico, puede derivar hoy en la entrega directa del acusado a las autoridades paraguayas, si bien: Los juicios se emiten generalmente en el aty guasu (asamblea general). Consideran que la vida es el bien supremo y que por lo tanto es gravísimo matar a alguien. Tradicionalmente el homicidio voluntario se le castigaba con la pena capital y a ambos (víctima y victimario) se los enterraba juntos (Biedermann y Zanardini, 2001: p.198). Esta incompatibilidad normativa, etiológica y ontológica en el juzgamiento y sanción, por ejemplo, del homicidio –en ocasiones– con la muerte, entre el sistema “tradicional” paĩ y el sistema punitivo estatal, no es una diferencia exclusiva del primer sistema respecto al segundo, sino también se da entre los mbya y los ava guaraní. Podemos, conforme a todo lo anterior, decir que, en parte, los paĩ optan por derivar los conlictos más graves e irresolubles en su propio ámbito y organización normativa a las autoridades paraguayas, y que eso implica de algún modo una aserción y ejercicio de su autodeterminación, y que esto representa más o menos una concesión voluntaria –y contextual– a los estándares normativos de los no indígenas. Sin embar9 24 Anai Vera Britos y Sofía Espínola, comunicación personal. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón go, aun así, la cantidad de paĩ detenidos/as revela que existe una conexión concurrente entre la violencia externa y la violencia interna como fenómeno incluso colateral de la primera, tal como indica el estudio sobre “Violencia e impunidad hacia el Pueblo Paĩ Tavyterã-Kaiowa”: La presencia del Estado, entonces, no ha signiicado necesariamente mayor seguridad, en el sentido de garantizar y proteger los derechos, para indígenas –y no indígenas– que habitan en esas zonas [Norte de la región Oriental]; es más, son las zonas de frontera, como el departamento de Amambay, donde las rutas de contrabando se han ido consolidando a la par que el crimen organizado fue sentando su base de operaciones, allí junto al cultivo de marihuana y el procesamiento y transporte de cocaína, entre otros negocios, imponiendo su propia lógica y modo de operar, relacionarse, inluir en las decisiones del estado y la vida social (Ayala Amarilla y Quiroga, 2014: p.24). En tal sentido, esta violencia externa y a la par el doble estándar del actuar punitivo del Estado se revela en que, de los 26 casos testimoniados en el estudio citado, de asesinatos, torturas y otras violaciones contra personas paĩ, nadie fue juzgado y condenado por estos crímenes (Ibídem, p.41). Los propios paĩ son conscientes de la dimensión, injusticia y contradicción de esta situación, como explicaba el entonces representante indígena de este pueblo en la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Gobernación de Amambay, en diciembre del 2013 a los investigadores citados: “Actualmente en Amambay hay 170 indígenas en la cárcel, 60 con causas leves. Sin embargo, ningún paraguayo que hace daño a los indígenas está en la cárcel” (Ibídem, p.69). En relación a los ava guaraní, ha existido y subsiste, en cierta medida e instancias, un sistema propio de control social, resolución de disputas y sanción punitiva, similar al de los paĩ, pero con sus propias connotaciones y procedimientos: A pesar de que el jefe secular está aparentemente encargado de administrar justicia, el delito implica una violación del orden establecido y, por lo tanto, el chamán –como agente del orden– es el que realmente determina la sanción. El Pa’i Guasu es entonces el que juzga los conlictos internos de menor cuantía; en caso de asesinato el culpable es entregado a las autoridades paraguayas, si antes los familiares de la víctima no tomaron venganza por su propia mano, que es lo que ocurre en la mayoría de las veces (Bartolomé, 1991: p. 134). Ciertamente, existe una valoración de la gravedad de la transgresión cometida, que primero la juzga el Oporaíva (Cantador-rezador-chamán) o Tamói (abuelo) y que luego se dirime en un aty guasu a instancias suya donde las personas afectadas o sus parientes presentan sus reclamos, y donde se valora los hechos y las eventuales sanciones, previéndose inclusive un moñe’e o admonición persuasiva a las personas transgresoras para rectiicar su conducta y reparar sus actos de manera preventiva. Si se determina Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 25 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias una sanción, el o los Oporaíva se valen de sus tembiguái (asistentes) o yvyra’ija que ejecutan la pena (puede incluso ser aprensiones físicas) o controlan los trabajos obligatorios impuestos a los/as acusados/as como reparación a las víctimas (Chase Sardi, 1992: p.81), tales como la apertura de una chacra o tareas comunitarias –p.ej. limpieza de caminos de la comunidad–. En el caso de asesinatos, existía la posibilidad de la venganza directa y por ende la pena de muerte para el agresor, si bien como nos indican estos reportes antropológicos de décadas atrás, ya desde hace tiempo esta práctica parece haberse dejado de lado por la inluencia y/o imposición de la sociedad no indígena y siendo que, la entrega de un asesino a autoridades paraguayas: “es un castigo muchas veces peor que la muerte dentro de la cultura guaraní y, más aún, considerando las condiciones de las cárceles del país y la ineptitud de la justicia paraguaya” (Ibídem). Vistos así de manera rápida y simpliicada, los sistemas de justicias paĩ y ava parecen hasta cierto punto conformar y ajustarse al principio de aplicación de sus reglas de convivencia interna hasta el punto en que éstas, dada la gravedad de los casos –que afectan los derechos fundamentales referidos en la Constitución como límite o restricción de la competencia jurisdiccional indígena- como ocurre con los hechos de homicidio, derivan los mismos a la justicia no indígena. Sin embargo, los ava guaraní son conscientes de la relativa inconmensurabilidad, asimetría de poder y consecuente superposición entre sus propias normas y las de los no indígenas, establecida a partir de la (neo) colonización, tal como un Oporaíva lucidamente señaló a Chase Sardi: En los tiempos antiguos, el Oporaíva se regía por la vera ley, tekotee, por la cierta costumbre de los avaete, los verdaderos hombres. Luego vinieron los paraguayos y se impusieron, mandaron y se hicieron jefes. Rigieron sus leyes. Los oporaíva ya no pudieron aplicar las suyas. La ley está fuera de nuestra nación. Cuando uno comete un delito, no nos permiten juzgarlo. Lo juzgan los paraguayos (Ibídem, p.80). Ciertamente en lo que se reiere a los ava guaraní, de 148 comunidades, aldeas y barrios registrados en el Censo Indígena 2012, unas 115 comunidades, el 78%, declararon practicar la curación indígena10 y unas 68, el 46% (Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2015: pp.85-86), las que son hechas a través de un Tamoi o anciano11 lo cual es un indicador directo de la existencia o ausencia de autoridades propias capaces de intervenir y dirimir en la resolución de conlictos, y por ende con la posibilidad misma de tener un cierto grado de autodeterminación normativa para 10 11 26 Lo que no puede sino hacerse por medio de estos Tamoi u Oporaíva, aunque podría ser también por medio de chamanes de otros pueblos o por “curanderos” no indígenas que utilizan métodos muy similares. El propio censo más adelante distingue entre quienes hacen las curaciones y sus distintos métodos, distinguiendo a líderes o chamanes, médicos naturalistas, ancianos y otras personas como los operantes, siendo más relevante esta distinción para los no indígenas, dado que varias de esas funciones y condiciones las reúnen los Oporaíva o Tamoi. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón cada comunidad, aldea o barrio ava. En lo que respecta a los paĩ, el mismo censo del 2012 indica que de 73 comunidades, aldeas y barrios existentes, unas 63, el 86%, practicaban la curación indígena y unas 47, el 64% (Ibídem), lo hacían a través de un líder o chamán, siendo del mismo modo esto un indicador de la existencia o no de autoridades “tradicionales” y por ende de la capacidad auto normativa. Sin embargo, aun cuando exista una vigencia y número importante de autoridades tradicionales –si bien con un nivel de autoridad limitado o variable en su alcance al interior de las comunidades o de los tekoka guazú–, aun cuando esto represente la existencia de sistemas normativos y de resolución de conlictos propios, y inalmente, aun cuando la derivación de ciertos casos a la justicia no indígena se haga por voluntad o decisión propia, todo esto no niega el estado de subordinación y en cierta medida, de restricción y hasta supresión de los sistemas normativos indígenas. Asimismo, el mantenimiento acotado de los sistemas indígenas no contradice sino prueba la irrupción e intervención desproporcionada y hegemónica del Estado que se releja en la detención selectiva –y masiva para estos pueblos– de personas de sus comunidades por delitos “internos” o entre indígenas, así como se maniiesta en la impunidad de otros delitos cometidos contra los mismos pueblos, comunidades y poblaciones. En el último caso de población numéricamente preponderante entre los indígenas privados de libertad, podemos empezar donde dejamos los datos de los dos pueblos guaraníes precedentes para referirnos al pueblo mbya guaraní. De 178 comunidades, aldeas y barrios mbya guaraní censadas en el 2012, unas 142, el 80%, practica curación indígena y en unas 99 comunidades, el 56%, lo hacían a través de un líder/chamán o Opygua o Karaia (líder religioso/a) tal como este pueblo los/as designan (Ibídem, pp.85-86). De manera análoga a los dos pueblos anteriores, el sistema normativo mbya se basa en preceptos devenidos de los seres ancestrales cosmológicos, que son revelados y predicados a su vez por sus líderes/as religiosos/políticos, tal como nos indica el connotado etnógrafo León Cadogan, conforme a su vez le informó el Cacique mbya Pablo Verá: Con motivo del ajusticiamiento de un reo convicto de homicidio, en una toldería llamada Alambre Punta, en Caaguazú. Aquel que se haya apoderado violentamente de una niña al lado del camino recibirá numerosos azotes. En caso contrario, compensará a la víctima. Si su víctima muriera, es indispensable que su agresor muera. El que haya hincado a su prójimo, el que haya inferido herida cortante, el que haya castigado con la espada de madera, dará compensación. Si así no aconteciere, debe ser hincado, cortado, castigado con espada de madera; purgará su delito. El ladrón será azotado, En caso contrario, compensará al dueño de la chacra a in de que vuelva a reinar la armonía entre ellos (Cadogan, 1997: p.191). Así, de buenas a primeras el sistema mbya se nos presenta con características similares a la de los otros dos pueblos guaraníes descriptos, pero con un matiz o énfasis mayor Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 27 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias en la severidad de los castigos, lo que se iniere mejor tanto de la lectura más completa de las etnografías citadas, como del propio conocimiento y contacto con poblaciones mbya. De hecho, el ajusticiamiento de personas acusadas de paje vai (hechicería en términos coloquiales) en varias comunidades mbya de distintos lugares del país, que tomó estado público en los años recientes y llegó a casos judiciales con condenas para los ejecutantes12, en las que se incorporó, en virtud de las normas del Código Procesal Penal, el criterio de la prisión “comunitaria”, puso de maniiesto, varias cosas. En principio, sólo aparentemente pareció en estos casos darse una comunicación y vinculación procesal entre los sistemas, como cuando los propios mbya de las comunidades afectadas solicitaron la intervención y auxilio de la policía y iscalía en varios de estos casos. Esto sucedió cuando inicialmente las comunidades identiicaron y apresaron a nivel comunitario a personas acusadas de paje vai, las sometieron a escarmientos físicos, e incluso solicitaron la intervención de la Fiscalía y la Policía y de otras autoridades no indígenas. El equívoco mayor se dio, por ejemplo, en el caso de las comunidades Tapyi Kue y Tahekyi de San Pedro, cuando los agentes iscales y policías intervinientes, en vez de garantizar la integridad física y vida de las dos mujeres acusadas retirándolas en el mismo acto en que la comunidad las presentó ante ellos, las dejaron a cargo de los captores, quienes entendieron esto como una ratiicación del procedimiento propio y dando por ciertos y eicientes los actos de brujería de las acusadas y los daños causados a personas de la comunidad a través de ellos. Conforme a esto, posteriormente a dicha intervención, en consenso con sus comunidades, las autoridades comunitarias mbya intervinientes – líderes, Opygua y Chondaro (soldados) - aplicaron su propio sistema punitivo ejecutando a una de las acusadas de paje conforme a los preceptos mbya. En tal sentido, la diferencia entre el sistema normativo y penal mbya respecto a los otros dos sistemas precedentemente analizados en su correlación respectiva con el sistema estatal, es que este sistema se confronta de manera más abierta y deiende aparentemente con mayor énfasis su espacio de autodeterminación normativa y punitiva, aún con esto lleva a una contradicción o confrontación de competencia, poder y valores con el sistema no indígena. Esta intuición de algún modo puede ser avalada al revisar no tanto el número elevado de personas mbya detenidas, sino las causas judiciales y delitos que se les imputan, que sugieren no tanto una cesión o subordinación 12 28 Nos tocó atestiguar, a partir de una relación de asistencia a través de un programa estatal con las personas y comunidades involucradas, las circunstancias previas y posteriores al caso de la quema de una anciana acusada de paje vai en el Distrito y Departamento de Caaguazú en el año 2013, y luego en esa misma función primeramente y luego directamente como perito antropológico interviniente, nos tocó también conocer e intervenir en un caso similar ocurrido en las comunidades Tahekyi y Tapyi Kue del Distrito de Gral. Resquín, Departamento de San Pedro. Finalmente se pudo ahondar sobre el conocimiento, las implicancias y derivaciones de estos hechos de paje vai a través del diálogo con líderes políticos y Opygua del Departamento de Itapúa y de la Provincia argentina de Misiones intervinientes en casos análogos de otras comunidades y regiones. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón “complementaria” de competencias sino una diferencia de intereses y énfasis en qué delitos o trasgresiones se castigan y cómo esto se lleva a cabo. Respecto al grupo de los pueblos chaqueños –enxet, ybytoso, nivaclé, angaité, enlhet y guaraní ñandeva– el porcentaje de personas detenidas por cada pueblo es relativamente bajo respecto al total de la población indígena en cárceles (o incluso respecto a sus respectivas poblaciones), por lo que se podría apresuradamente deducir que sus propios sistemas de resolución de conlictos y sanciones tienen plena vigencia. Así las cosas, las personas detenidas serían más bien la resultante de casos muy particulares, y como tal, de naturaleza accidental o marginal para establecer tendencias y fenómenos sociales más extensivos, demostrando sólo un actuar selectivo ya sea de las comunidades o de las autoridades no indígenas para tomar intervención en los casos. Siguiendo esa línea de pensamiento se podría pensar que la ausencia en esta base de datos de personas privadas de libertad de los pueblos sanapanás, guaraníes occidentales, ayoreos, qom, maka, ache, manjui, guana y tomárâho tiene que ver con una mayor vigencia y autonomía de sus propios sistemas de resolución de conlictos. No obstante, y como usualmente ocurre, las causas y los fenómenos sociales son de una mayor complejidad y duración para poder ser escrutados con un solo método e instrumento, o, dicho de otro modo, la base de datos del MNP es ilustrativa y útil para los números y porcentajes que presenta, pero no necesariamente es aclaratoria de aquello que no registra. No obstante, es importante decir que al igual que con los guaraníes, los chaqueños han tenido sistemas de control social, resolución de conlictos, liderazgos políticos y religiosos análogos y en cierto modo diferentes a la vez. En este sentido, el antropólogo argentino José Braunstein nos señala que: Más de cincuentena sociedades, constituidas por instituciones con normas diferenciadas, forman parte de lo que llamamos “pueblos chaqueños”… Además, a lo largo del último medio siglo, cada una de ellas ha ido modiicando progresivamente sus formas políticas por la inluencia de la sociedad envolvente… muchos de los sistemas políticos eran aines entre sí; lo que, en cierta medida, posibilitaba la composición y recomposición de alianzas que integraba precisamente sus mecanismos constitutivos. No obstante, de una manera general pueden distinguirse claramente tres grupos de pueblos. A los que hablan idiomas de los grupos lingüísticos Matako (involucrados tradicionalmente bajo los nombres de wichí, niwaqlé, chorote, maká); Guaycurú (entre los que se incluye los que se llama mocoví, toba y pilagá); y Maskoi (lengua, sanapaná, angaité, toba-lengua y guaná-lengua); que ocupan las cuencas del Pilcomayo y el Bermejo, ríos que constituyen una suerte de “cintura” del Gran Chaco, los llamaré “chaqueños centrales”… [luego están] los pueblos “norteños” de habla Zamuko (ayoreo y chamacoco)… [y por último] los “occidentales” de habla Tupí-Guaraní (chiriguano, chané, tapiete, y otros) (Braunstein, 2008: p.19-20). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 29 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias Los chaqueños centrales, reduciendo al mínimo los argumentos y clasiicación de Braunstein, tendrían liderazgos “carismáticos”. Conforme a esto el gobierno comunitario y la resolución de conlictos podrían oscilar entre las decisiones de consenso grupal y/o comunitario de las cuales dichos líderes serían unos operadores o catalizadores con mayor o menor éxito. Las diferencias no resueltas a ese nivel o nivel parental, por lo tanto, podrían continuar su curso a través de mecanismos alternos de agravamiento o resolución de conlictos como la confrontación directa de los grupos, la división o faccionalismo de los mismos, la instigación/defensa/ataque chamánicos, el reclamo y la compensación económica de las víctimas afectadas, entre otros. Tales mecanismos podrían ser a su vez afectados por mecanismos de legitimación actualmente disponibles, desde el liderazgo reconocido por el INDI, pasando por los chamanes activos, hasta las posibles inluencias y aliados externos como iglesias, ONG, y funcionarios estatales. Es decir, los sistemas de los chaqueños centrales, no se rigen por el cumplimiento de normas, procedimientos o preceptos taxativos y por sanciones coercitivas preestablecidas que son ejecutadas o hechas ejecutar a partir del mandato de sus líderes y a través o sobre sus subalternos. Cabría agregar, siguiendo la diferenciación de Braunstein, que los liderazgos zamukos o norteños responderían más bien a organizaciones de banda bajo un liderazgo, pero también a asociaciones unilineales que se identiican como clanes13 (Ibídem, p.21); en tanto que los chaqueños occidentales podrían entenderse “a partir de una ideología de linajes o grupos organizados a partir de principios unilineales. Entre ellos la jefatura es dependiente de una idea de legitimidad basada en la herencia de roles 13 30 Cf. Fishermann (Fishermann, 2008: p.98) señala que “en el ámbito de las relaciones humanas dentro del grupo, los ayoréode no conocían ningún código de justicia de carácter obligatorio, pero sí un sentimiento de derecho o de justicia que, en caso de conflicto, se manifestaba en el hecho de que en el transcurso de las discordias se llegaba a una concertación en las opiniones y ésta empujaba hacia una decisión”, de esa decisión era consultado el jefe asuté o dakasute, y según la infracción podía resultar en la muerte del acusado, o la expulsión y abandono de éste y su familia, a su suerte en los montes, llamados los expulsados ayoré doi. Fishermann, agrega, al referirse al reconocimiento del derecho consuetudinario ayoreo por parte de la legislación paraguaya, que “en un caso donde un hombre mató a su esposa, el Estado (por medio del Ministerio Público) aceptó la decisión de los dakasutédie de las diferentes comunidades ayoréode, de condenarlo a vivir aislado acompañado por algunos familiares, hasta que el grupo damnificado concediera su retorno” (Ibídem, p.99). En el caso yshyr ybytoso el antropólogo Chase Sardi (1987), al igual que el caso ava, nos acerca una monografía donde detalla expresamente el liderazgo y derecho consuetudinario de ese pueblo, indicando que “El Hãrra era el espacio donde los líderes y ancianos de la comunidad se reunían, para deliberar sobre los asuntos más importantes a resolver… era el nombre del sitio; pero, por extensión, también el de la asamblea… el cauce legal que indicaba la cultura era no hacer justicia por propias manos, sino a través del Hãrra… En el juzgaban los pölohto, teniendo en cuenta la opinión de todos los otros miembros… Dentro del Hãrra existía una instancia superior los hnedeio õr ukurbo… constituida por los seis jefes de guerra superiores, pölohto hnedeio… Era aquella la autoridad que juzgaba, en última instancia y aplicaba las penas” (Ibídem, pp.45-46). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón sociales que trasciende a la actuación individual”14. Es por ello que en el caso de los pueblos comprendidos dentro de ese 10% indicado más arriba e incluso con mayor número de personas privadas de libertad, como por ejemplo, las 5 personas enxet, las 4 yshyr yvytoso o las 3 angaité pueden responder a circunstancias contingentes antes que revelar la existencia de una tendencia, que en todo caso, podría estudiarse mejor viendo si las detenciones e imputaciones no responden a un patrón común de actuación de los agentes iscales y policiales que actúan en el Chaco. Finalmente, de los pueblos que no registran personas privadas de libertad, como los aché de la región oriental15 o los tomárâho16, manjuy o maka del Chaco (estos últimos en realidad originarios de esa región y ahora residentes también en varios puntos urbanos de la región Oriental), se puede cavilar sobre su mayor autodeterminación normativa, aventurar la conclusión de que tienen un menor índice de violencia interna y/o participación en hechos delictivos más allá de sus comunidades, o atribuir esta ausencia a su baja representación demográica en relación a otros pueblos, o por último, aceptar simplemente como una contingencia temporal el hecho de que en el año 2016 no se haya privado de libertad a personas pertenecientes a esos pueblos. No obstante, reconociendo la existencia, variación especíica y temporal de sus propios sistemas normativos, así como una indudable interacción con el sistema penal no indígena, no se puede aventurar mayores explicaciones y menos conclusiones al respecto. 14 15 16 Cf. (Lowrey, 2008) y (Bossert y Villar, 2008). Philipe Piragi Edeb (Edeb, 2008: pp.193-194) señala que en el caso de los aché “durante su vida nómada en el monte, los Aché no tenían ‘cacique’… tradicionalmente, dominaba… una autoridad espiritual y religiosa asumida colectivamente por los hombres mayores (ymagi) y los ancianos (chüã purã) de cada banca local... con el sedentarismo forzoso, la tutela misionera y el estado militar paraguayo ya impusieron caciques a los Aché para dialogar con la sociedad nacional”. Éstos, agrega Edeb, eran mayormente jóvenes que desplazaron a aquellas autoridades tradicionales. Finalmente, señala el mismo autor que “desde el 2007, el Pueblo Aché se ha constituido en un sujeto colectivo que logró reencontrarse y organizarse en forma autónoma –fuera de la agenda y logística misionera–, y… enfocar temas fundamentales de sus derechos colectivos… (estatutos de la FENAP)… se planteó la necesidad de reactivar y actualizar un sistema jurídico propio, para defender a las colectividades y poder sancionar en conformidad con los valores tradicionales Aché, las normas del Derecho consuetudinario y el Derecho Positivo” (Ibídem, p.210). De manera análoga lo descripto por Chase Sardi para los yshyr ebytoso, Guillermo Sequera (2006: pp.103-104) nos describe cómo se organizan y dirimen sus propios asuntos los yshyr tomáraho, indicando que el campamento comunitario es el Dyt “en cuyo centro se basa el harra… el Pylotak [Cacique] es elegido en consenso por toda la comunidad… en el dyt, el Pylotak se ubica detrás de su adjunto arn tûrnk... una especia de jefe-adjunto, seguido de los líderes nahryts o asistentes guerreros de todo el dyt. Los hombres o mujeres más ancianos de la banda êhyrt u orn yhyrtl, tienen la responsabilidad de cuidar a la comunidad en ausencia de los jefes. El rol de los ancianos ytaro, también se fundamenta en animar y presidir a las reuniones, cuyo peso moral y político es bastante grande sobre las decisiones a ser tomadas”. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 31 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias 4. ¿Cuáles son los delitos que llevan a un/a indígena a la cárcel? En la tabla Nº 2 vemos los tipos de delitos más recurrentes en número y porcentaje, de acuerdo a clasiicación de títulos del Código Penal y según la tipiicación de las causas judiciales que se registra en la base de datos del MNP de las personas indígenas privadas de libertad. Esto a su vez es otro indicador del tipo de interacción e intervención, en términos de control social y punición, que realiza el Estado respecto a la población indígena. Tabla Nº 2: Tipo de delitos Tipos de delitos y tipiicación de las causas judiciales Número de casos % Contra la persona y la vida (homicidio, homicidio doloso y otros delitos, doble homicidio, tentativa de homicidio) 110 62% Contra los bienes de la persona (p.ej. abigeato, hurto, hurto agravado, hurto agravado en grado de tentativa, robo, robo agravado, robo agravado en grado de tentativa, robo con resultado de muerte y/o lesión grave) 26 14% Contra la autonomía sexual y contra menores (p.ej. coacción sexual; coacción sexual y violación; abuso sexual; abuso sexual en niños y/ adolescentes y maltrato bajo tutela y/o violación del deber de cuidado y educación; proxenetismo; proxenetismo y abuso sexual en niños, y trata de personas) 19 11% Contra la disposiciones de la Ley 1340/88 que reprime el tráico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas (p.ej. posesión y tráico de estupefacientes, tenencia de estupefacientes/marihuana) 13 7% Contra la persona y la integridad física (p.ej. Lesión grave) 8 4% Contra la convivencia (p.ej. violencia familiar, violencia familiar y lesión grave; violación del deber de patria potestad y privación de libertad) 4 2% 180 100% Total Fuente: elaboración propia con base en datos del MNP (2016). El número mayor de causas es sobre homicidios y delitos asociados, lo que podría ser revelador de un nivel de violencia interna importante en las comunidades, fruto a su vez de numerosos factores instigadores, principalmente socio-económicos, como la falta 32 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón de empleo, la pobreza, la discriminación y baja autoestima, abuso de alcohol, alienación cultural, etc. El efecto es que ya sea subrogando, complementando y/o subordinando los sistemas de justicia y/o resolución de conlictos propios, la respuesta directa y selectiva del Estado es privar de libertad a los supuestos asesinos indígenas –y el énfasis en la condición de supuestos es importante porque, como veremos más adelante, la mayoría de los acusados no tiene aún condena– y dejar impune a los supuestos o efectivos asesinos de indígenas. Esto quiere decir que si uno es indígena y comete o se le acusa de un hecho de homicidio irá a la cárcel con mucha mayor certidumbre que si uno no es indígena y se le acusa o comete ese mismo delito en contra de una persona indígena. Asimismo, el alto índice de personas indígenas acusadas y detenidas por homicidio (o delitos asociados) también es un indicador de la asociación entre la situación de pobreza generalizada de esta población y la caracterización de la sanción social que la acompaña, si bien esta relación de causalidad (a mayor pobreza mayor número de homicidios) no es necesariamente directa sino indirecta. En tal sentido, algunos autores señalan que el factor preponderante entre los mayores índices de homicidio y criminalidad es la institucionalidad, entendida como “el fortalecimiento o debilitamiento del orden normativo formal e informal que sirve de contención a los comportamientos violentos” (Briceño-León, 2012: p.3159). Ciertamente en el mismo sentido, que las personas indígenas detenidas por homicidio en los últimos cuatro años, de acuerdo con la base de datos del MNP, estén entre el número de 25 y 1817 podría sugerirse como un parámetro para calcular la tasa de homicidios de esta población por cada 100 mil habitantes; siendo la población indígena total un poco superior a esa cifra de referencia –de unas 117.150 personas según el último Censo- (Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, 2014: p.18). De tal modo, la tasa de homicidio por 100 mil habitantes en la población indígena oscilaría en ese período de 4 años entre 21,3 y 15,3 homicidios por cada 100 mil habitantes al año. Así las cosas el promedio referencialmente estimado de 21,3 homicidios por cada 100 mil habitantes para el año -el año previo al relevamiento de la base de datos- y de 18,7 homicidios para el año 2013 -el año más reciente a la realización del Censo de Población indígena– se podría comparar con la tasa de homicidios a nivel nacional18 de 7,98 homicidios por cada 100 mil habitantes del año 2015 y de 8,43 casos para el año 2013 (Ministerio del Interior, 2015), lo que representaría más del doble de casos en la población indígena. Sin embargo, en esta estimación por ejemplo 17 18 Conforme a la fecha de detención de esta base de datos, unas 22 personas fueron detenidas en el 2016, unas 25 en el 2015, unas 18 en el 2014 y unas 22 en el 2013, si bien se debe considerar que en los últimos tres años –2015, 2014 y 2013- el número de casos podría ser mayor puesto que varias personas ya podrían haber sido liberadas previamente al mes de abril del 2016, tiempo en que se inició el relevamiento de los datos por parte del MNP. En principio, en esta tasa también deberían estar incluidos aquellos cometidos contra o entre la población indígena, puesto que la misma incluye todos los casos de homicidios ocurridos en el territorio nacional. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 33 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias no se tiene en cuenta que varias personas indígenas detenidas pudieron ser acusadas (o responsables) de un mismo hecho de homicidio, que entre los casos señalados hay algunos que son tentativas, y que por otro lado también podría haber casos de homicidio entre la población indígena que no derivaron en detenciones. Finalmente, el punto que queremos enfatizar en el análisis de la incidencia gravitante de este tipo de delitos de homicidios y asociados entre las causas de las personas indígenas privadas de libertad, es que no necesariamente podemos comprobar que el mismo releja una mayor tasa de criminalidad y/o violencia entre la población indígena –aunque eso se pueda sugerir–. Aun cuando este fuera el caso, dicha tasa releja más bien la conjunción y concurrencia de variables condicionantes e instigadoras ya inicialmente citadas –pobreza, falta de oportunidades, etc.– entre las que resalta la respuesta selectiva y bifurcada del Estado: mayormente ausente o insuiciente a nivel de servicios y protección social y contundente a nivel punitivo contra esta población. Conforme al orden de preminencia de las causas judiciales y tipos de delitos de la tabla Nº 2, siguen, con un porcentaje bastante menor, los delitos contra los bienes de la persona, que relejan también la punición selectiva en contra de aquél derecho que no se puede transgredir: el de la “propiedad privada” y cuya sanción vía la aprehensión de las personas acusadas o responsables, constituye un instrumento de control social y punición de dicha población empobrecida y étnicamente discriminada. A éstos le siguen en porcentaje, también menor, los casos de delitos contra la autonomía sexual y contra menores que relejan en parte la incidencia negativa de las condiciones de vida degradada, marginación y relación de intercambio asimétricas –e ilegales como el proxenetismo– que se generan en la proximidad con los centros urbanos, tendencia que se puede sugerir a partir del hecho de que 13 de las 19 personas privadas de libertad por estos delitos, provienen de comunidades urbanas o periurbanas. En el mismo sentido, no deja de ser signiicativo que el siguiente porcentaje en importancia, de un 7%, sea el de delitos ligados al tráico de estupefacientes y drogas peligrosas, cuya incidencia también necesariamente se debe al aumento de la presión externa sobre las tierras y población indígena por parte de las redes de narcotraicantes en los departamentos y zonas geográicas donde estas tienen predicamento, así como también a la respuesta punitiva prioritaria del Estado ante este fenómeno –de nuevo selectiva en cuanto al control social– todo lo cual constituye un efecto concurrente y a la vez con-causa de una mayor vulnerabilidad y proceso de criminalización de la pobreza indígena. Por último, las causas que tienen menor incidencia porcentual y resultan en privación de libertad son las relativas a los delitos contra la convivencia y la integridad física, lo cual también podría indicar que existe un mayor grado de autodeterminación en cuanto a su juzgamiento y resolución a nivel interno de las comunidades. 34 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón Tabla Nº 3: Relación entre el oicio de las personas y la frecuencia de causas/casos en que se les implica Oicio Frecuencia Porcentaje 106 58,9% Albañil 6 3,3% Ama de Casa 3 1,7% Artesano 2 1,1% Ayudante Albañil 5 2,8% Campero 1 0,6% Empleado 3 1,7% Estudiante 3 1,7% Agricultor Jardinero 1 0,6% Jornalero 26 14,4% Lavandera 1 0,6% Motosierrista 2 1,2% Obrero 1 0,6% Peón de estancia 8 4,4% Reciclador 1 0,6% Sin ocupación 1 0,6% Tractorista Total 2 1,1% 180 100% Fuente: elaboración propia con base en datos del MNP (2016). En cuanto los oicios de las personas privadas de libertad, el mayor porcentaje de delitos atribuidos a un oicio determinado se corresponde con el mayoritario o que usualmente se identiica y anota a las personas indígenas, y que es el de agricultor. No obstante, bajo dicho oicio muchas veces se generaliza e incluye a muchas personas indígenas cuya actividad principal económica no es la agricultura o no lo es exclusiva y preponderantemente, dado que las mismas se dedican adicional o incluso preferentemente a otras actividades de subsistencia tales como la pesca, la caza, la recolección y el pastoreo, ya sea alternadamente o agregando al conjunto de estas actividades el trabajo estacional o “changa”, principalmente realizado en el sector económico primario y rural. No obstante, bajo el rótulo de “agricultor” y su incidencia porcentual, si podemos deinir el peril socio-económico mayoritario de las personas indígenas privadas de libertad como personas en situación de pobreza. Por otro lado, los demás oicios que siguen con un porcentaje notable pero muy inferior a los agricultores, como el caso de los jornaleros, Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 35 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias no hacen sino conirmar el peril del indígena preso/a como “pobre”. Entre ese grupo se incluye también a las mujeres por ejemplo como ama de casa o lavanderas. Los oicios asalariados o de relativa mayor categoría laboral y por ende de supuesta mayor remuneración y/o estabilidad –comprendidos entre ellos los empleados, motosierristas, tractoristas, peones de estancia– comparten porcentajes más o menos bajos, pero en su conjunto también relejan las actividades socio-económicas y opciones laborales usuales de la población indígena y, podemos decir, también su “techo” ocupacional, lo cual indica que casi ningún indígena sobrepasa (o alcanza) un salario mensual superior al mínimo, y aquellos privados de libertad no son excepción. Por último, ciertos oicios como los de albañil, ayudante de albañil, estudiante, reciclador o empleado podrían decirse que están más asociados a un contexto urbano –aun cuando esto no sea siempre así – y en su conjunto llegan a un casi 10% de la población en cárcel, también coincidente con el porcentaje de población indígena urbana. Sin embargo, de realizarse un cruzamiento entre los oicios, la comunidad o lugar de origen de las personas19, el lugar donde se realizó el supuesto hecho punible y ciertos delitos cuya comisión y/o notoriedad es más frecuente en áreas urbanas (p.ej. como proxenetismo y tráico de estupefacientes) quizás podrían elevarse un poco más la relación entre privación de libertad de personas indígenas y su residencia o vinculación a contextos urbanos, lo cual a su vez indicaría una mayor marginalidad, vulnerabilidad y punición de los indígenas en tales contextos. Tabla Nº 4: Relación entre el grado de instrucción de las personas y la frecuencia de causas/casos en que se las implica Grado de instrucción Frecuencia Porcentaje válido Analfabeto 38 23,3% Primer grado 11 6,7% Segundo grado 30 18,4% Tercer grado 21 12,9% Cuarto grado 14 8,6% Quinto grado 22 13,5% Sexto grado 13 8,0% Séptimo grado (Primer curso plan viejo) 2 1,2% Octavo grado (Segundo curso plan viejo) 4 2,5% Noveno grado (Tercer curso plan viejo) 2 1,2% 19 36 Un examen preliminar de las comunidades de origen de las personas indígenas privadas de libertad, indica que alrededor del 20% son urbanas o periurbanas. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón Primer año (Cuarto curso plan viejo) 1 0,6% Segundo año (Quinto curso plan viejo) 3 1,8% Tercer año (Sexto curso plan viejo) Total 2 1,2% 163 100,0 Fuente: elaboración propia con base en datos del MNP (2016). De modo a cerrar o concluir la relación entre pobreza, falta de acceso a la educación y respuesta punitiva del Estado tenemos que empezando por el porcentaje de que uno de cada cuatro indígenas en la cárcel es analfabeto, subimos a 60% o más si agregamos a los analfabetos funcionales (con instrucción sólo hasta grados primeros inferiores), lo cual indica que el Estado tiene mayor efectividad para hacer ingresar a una persona indígena pobre a la cárcel que para hacerla ingresar a la escuela. Es decir, si una persona indígena tiene por su edad o su condición (adulta analfabeta) el peril para ingresar y recibir servicios educativos del Estado, tienen menos chances de lograrlo que, si esa misma persona es imputada o acusada de un delito, de ingresar a la cárcel. La discriminación no termina ahí, puesto que la comparación de la efectividad y calidad de la oferta educativa del Estado con su oferta o respuesta punitiva, también se puede hacer, una vez accedido al sistema correspondiente –educativo o carcelario–, por el tiempo de “retención” en dicho sistema y sus efectos (re) educativos positivos y negativos. En tal sentido, un dato que vale por si sólo es el número de indígenas privados de libertad aún sin condena, es un total de 154 personas, es decir el 85,6%, quienes en promedio han estado 546 días en prisión, lo cual es un porcentaje altísimo de personas sin acceso a la justicia, no sólo por la privación de libertad sino por la indeinición de su situación legal respecto al delito que se les atribuye. Las personas con condenas son sólo unas 26 del total, un 14,4% y han estado en promedio unos 1305 días en prisión, alrededor de 3 años y medio. Si comparamos los promedios de retención de los sistemas, vemos que, en su conjunto, las 180 personas indígenas privadas de libertad han pasado en promedio unos 665 días por persona en la cárcel, mientras que ese mismo promedio –calculando por los años y días de educación- es decir unos 184 días lectivos al año (ABC Color, 2007)- que han recibido estas mismas personas nos da apenas unos 608 días en la escuela por persona. Es decir, en promedio la población indígena en cárcel ha pasado más tiempo de su vida en prisión que en la escuela. Esto es maniiestamente y abismalmente injusto, en el caso de las 38 personas indígenas analfabetas que han pasado en promedio 737 días en prisión y ningún día en la escuela (o menos de 184 días, dado que pudieron llegar a ingresar pero no completaron el primer grado primario). Desde luego, esta comparación es ilustrativa pero no acrítica respecto a las falencias de la oferta de educación del Estado para con los indígenas. Es conocido el bajo nivel educativo y otros problemas metodológicos, inancieros y de diversa índole aún no resueltos de las Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 37 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias escuelas indígenas, y en tal sentido la tabla Nº 4 demuestra la falta de acceso a la educación secundaria de la mayoría de las personas indígenas presas, lo cual es un iel relejo de las limitaciones de acceso de la población indígena a nivel país. Por otro lado, esta comparación tampoco es equitativa dado que es evidente que en horas –y otro tipo de efectos “formativos” de la personalidad e identidad– un día lectivo escolar no es igual ni proporcional a un día de privación de libertad. Con todo, lo que si demuestra es que el Estado, respecto a los indígenas en este caso, es mejor represor que educador. Tabla Nº 5: Relación entre los tipos de delito de acuerdo a clasiicación de títulos del Código Penal y los oicios de las personas de las causas judiciales que se les atribuyen Tipo de hecho punible Oicio Contra la persona Contra los Contra la bienes de la convivencia de persona las personas Ley 1340 que reprime el tráico ilícito de drogas Total Agricultor 62,0% 42,3% 75,0% 53,8% 58,9% Albañil 1,5% 7,7% - 15,4% 3,3% Ama de Casa 0,7% 3,8% - 7,7% 1,7% Artesano 1,5% - - 1,1% Ayudante Albañil 1,5% 25,0% - 2,8% 7,7% Campero 0,7% - - - 0,6% Empleado 1,5% 3,8% - - 1,7% Estudiante 1,5% 3,8% - - 1,7% Jardinero 0,7% - - - 0,6% Jornalero 14,6% 19,2% - 7,7% 14,4% Lavandera - - - 7,7% 0,6% Motosierrista 0,7% - - - 0,6% Obrero 0,7% - - - 0,6% Peón de estancia 5,1% 3,80% - - 4,4% Reciclador 0,7% - - - 0,6% Sin ocupación 0,7% - - - 0,6% Tractorista 0,7% 3,80% - - 1,1% Total 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: elaboración propia con base en datos del MNP (2016). 38 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón En esta tabla se ilustra cuáles son los oicios preponderantes en la comisión de cada tipo o conjunto asociado de delitos. En los hechos punibles contra la persona, la proporción en este tipo de delitos o delitos asociados más o menos se corresponde también con la proporción de los oicios entre la población indígena de la cárcel. En los delitos contra los bienes, sin embargo, vemos que ciertos oicios ganan una mayor proporción o incidencia de la que tienen en su participación entre la población privada de libertad; esto indica que, para ciertos oicios como albañiles, ayudantes de albañiles y otros, que también podrían tener mayor asociación con ámbitos urbanos, se les atribuye y apresa con mayor facilidad por delitos contra la propiedad. Una asociación relativamente similar se puede ver en los porcentajes de los oicios de las personas acusadas por tráico de estupefacientes, de nuevo algunos oicios que se vinculan más a ámbitos urbanos como albañil o jornalero e incluso lavandera tienen mayor incidencia que su participación proporcional poblacional, en este tipo de delitos. Tabla Nº 6: Relación entre los oicios de las personas y los tipos de hechos punibles que en mayor/menor porcentaje se les han sindicado Tipo de hecho punible Contra la persona (vida, integridad física, autonomía sexual y menores) Contra los bienes de la persona Contra la convivencia de las personas Ley 1340 que reprime el tráico ilícito de drogas Agricultor 80,2% 10,4% 2,8% 6,6% 100,0% Albañil 33,3% 33,3% - 33,3% 100,0% Ama de Casa 33,3% 33,3% - 33,3% 100,0% Artesano 100,0% - - - 100,0% Ayudante Albañil 40,0% 40,0% 20,0% - 100,0% Campero 100,0% - - - 100,0% Empleado 66,7% 33,3% - - 100,0% Estudiante 66,7% 33,3% - - 100,0% Jardinero 100,0% - - - 100,0% Jornalero 76,9% 19,2% - 3,8% 100,0% Oicio Lavandera Total - - - 100,0% 100,0% Motosierrista 100,0% - - - 100,0% Obrero 100,0% - - - 100,0% Peón de estancia 87,5% 12,5% - - 100,0% Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 39 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias Reciclador 100,0% - - - 100,0% Sin ocupación 100,0% - - - 100,0% Tractorista 50,0% 50,0% - - 100,0% Total 76,1% 14,4% 2,2% 7,2% 100% Fuente: elaboración propia con base en datos del MNP (2016). En la tabla Nº 6 vemos el porcentaje del tipo de delitos que se le atribuyen a las personas indígenas en cárcel según el oicio con el cual se las ha registrado. En términos generales, en el primer caso, el oicio de agricultor es, como ya se ha establecido, el de mayor número de casos que se distribuyen a su vez en su participación en cada tipo de delito, más o menos con el mismo porcentaje que estos delitos están representados en el conjunto de causas. Lo mismo podría decirse para el oicio de jornalero, que es el que le sigue, si bien de lejos, en el número de casos, y que tiene distribuida su participación en tres tipos de delitos. Otros oicios aún de menor participación en el número de casos, también tienen distribuida su participación en tres tipos de delitos como los albañiles y ayudantes de albañil y ama de casas, y por último otros en dos tipos, como los peones de estancia y tractoristas. Sin embargo, en ninguno de estos casos se podría inferir tanto una explicación como una posible “tendencia” respecto a la participación diversiicada de estos oicios en más de un tipo de delito, puesto que la muestra es pequeña y la aleatoriedad o causalidad no develada de tal distribución sólo podría revelarse con información adicional relevada de los casos y las personas indiciadas. Tabla Nº 7: Registro de sanciones disciplinarias de acuerdo a la situación procesal Registra sanción disciplinaria *Situación procesal tabulación cruzada No Si, 1 vez Si, 2 veces Total Frecuencia % dentro de Situación Frecuencia Con condena 39 11 50 42.3% 27.8% 5 2 7 procesal 3.2% 7.7% 3.9% 110 13 123 71.4% 50.0% 68.3% 154 26 180 100.0% 100.0% 100.0% procesal Fuente: elaboración propia con base en datos del MNP (2016). 40 Total 25.3% Frecuencia % dentro de Situación Prisión preventiva procesal Frecuencia % dentro de Situación Situación procesal Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón La tabla Nº 7 nos demuestra que la mayoría de las personas indígenas privadas de libertad han sido sancionadas disciplinariamente en la cárcel, 130 de ellas o el 72,2%, y entre éstas, la mayor parte incluso 2 veces. Esto representa un agravante de las condiciones carcelarias, posiblemente incluso un elemento indicador de posibles prácticas discriminatorias, ya sean intencionales por parte de las autoridades y/o guardia cárceles, o por omisión, cuando se considera menos importante o relevante un trato humanitario y debido a los indígenas. Respecto al tipo de defensa, los datos de la base no requieren una tabla ilustrativa, 113 personas cuentan con defensa pública y sólo 5 con defensa privada, mientras que no hay datos disponibles sobre 62 casos restantes. Ni la defensa pública ni la privada –que podría suponerse que al ser pagada directamente por la persona afectada podría tener un trato más preferencial y por ende expeditivo en el avance y resolución de los casos– no demuestran mejores resultados en el impulso de los procesos, puesto que en ambos casos el 80% o más de los/as defendidos/as están con prisión preventiva y sin condena. Tabla Nº 8: Indígenas por circunscripción judicial Circunscripción judicial Porcentaje Capital 2,8% Concepción y Alto Paraguay 10,0% San Pedro 1,7% Cordillera 0,6% Guairá 1,7% Caaguazú 5,0% Itapúa 0,6% Central 2,8% Amambay 35,6% Canindeyú 16,1% Alto Paraná 16,7% Presidente Hayes 3,3% Boquerón 3,3% Total 100,0% Fuente: elaboración propia con base en datos del MNP (2016). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 41 Discriminación y subordinación racial tras las rejas. Números y condiciones carcelarias de peronas indígenas privadas de libertad en Instituciones penitenciarias En la tabla Nº 8 podemos observar el porcentaje de casos que lleva cada circunscripción judicial. En teoría debería haber una correspondencia entre la circunscripción en la cual la causa es iniciada y proseguida, la comunidad, distrito y departamento de residencia de la persona indiciada y el lugar de encierro con prisión preventiva o condena de dicha persona, siempre y cuando el delito o delitos que motiven la causa no hayan sido realizados en un lugar diferente al de la residencia. Por lo tanto reconocemos que estas variables pueden no corresponderse entre sí. Vemos que son cuatro las circunscripciones que tienen mayor porcentaje de casos, de más a menos, Amambay, Alto Paraná, Canindeyú y Concepción y Alto Paraguay, lo que en cierta medida también corresponde a la mayor proporción de casos por pueblos y lugares de residencia y origen de los mismos. Sin embargo, a personas indígenas cuyas causas están en estas circunscripciones, y que su residencia y origen coinciden con las mismas, en varios casos se las remite a instituciones de encierro de otras localidades y departamentos, lo que es una diicultad de hecho para ser asistidas y defendidas en forma y aún más para ser visitadas por parientes y personas de sus comunidades. Así tenemos, por ejemplo, 23 personas, cuyos casos se procesan en las circunscripciones judiciales de Canindejú y Alto Paraná, y que provienen de comunidades de dichos departamentos pero que están recluidas en la cárcel de Coronel Oviedo, o los casos de 7 personas recluidas en la cárcel de Villlarrica, que provienen de circunscripciones como Canindejú, Alto Paraná o Caaguazú. Lo mismo puede alegarse para el caso de las 15 personas originarias del Chaco que están recluidas en la cárcel de Concepción, coincidiendo sólo para dos de ellas la circunscripción con el lugar de encierro, ya que Alto Paraguay está comprendida dentro de aquella circunscripción; todo lo cual no impide al conjunto estar muy alejados de sus comunidades de origen. Finalmente, las 19 personas indígenas adolescentes, es decir entre 14 y 17 años entre las que están 2 mujeres, están todas recluidas en centros educativos y no en prisiones de adultos. 5. Conclusiones El Estado paraguayo priva de libertad con mucha eicacia a los indígenas, y particularmente a personas de tres pueblos en concreto, a los paĩ tavyterã, los ava guaraní y los mbya guaraní, ante la existencia de hechos delictivos identiicados como “violencia interna” en sus comunidades. Sin embargo, actúa con mucho menos efectividad e incluso con complicidad para intervenir y juzgar hechos de “violencia externa”, es decir, en aquellos en que la violencia se perpetra en contra de los indígenas por terceros –muchos de ellos con un grado de poder socio-económico elevado-, quedando los agresores no solo libres sino impunes. Tal doble estándar punitivo es un indicador claro de la discriminación estructural fundante –devenida del origen de la relación pueblos indígenas y el Estado-nación– 42 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Rodrigo Villagra Carrón reproducida a través de prácticas institucionales “de facto” por instituciones como la Policía, la Fiscalía y otros operadores de justicia, que más allá de las leyes garantistas y renovadas declaraciones de inclusión y consideración particular de los derechos indígenas, conirman tristemente tal discriminación. En cuanto a la autonomía normativa, política y jurisdiccional de los diversos sistemas indígenas, el sistema punitivo no indígena parece complementarlos respetando hasta cierto grado tal autonomía en función del resguardo de derechos fundamentales establecidos en su marco jurídico. Sin embargo, aun en los casos en que pueblos indígenas como los paĩ, ava y mbya –a la sazón los que más personas tienen en prisión– aparentemente derivan como una instancia última o superior al sistema de justicia no indígena ciertos casos– y sin considerar aquellos donde existen una contraposición o inconmensurabilidad en los hechos que se consideran delitos y sus eventuales sanciones –muchos de estos casos quedan irresueltos, desde los propias expectativas y concepción indígena–. Esto es, si el 86% de las personas indígenas está detenida sin condena, no sólo no se satisfacen las expectativas de justicia –al no investigarse los hechos– sino de resolución de los conlictos que subyacen a esos hechos y defensa de los derechos individuales y colectivos en juego: el sistema encuentra o apresa un culpable, y al no proseguir en tiempo y forma las causas, no aclara su responsabilidad, no conforta a las víctimas, no contempla la posibilidad del perdón o reinserción comunitaria de la persona, en deinitiva, no imparte justicia sino castigo. Entretanto, al apresar indígenas y dejar impunes a no indígenas ante hechos delictivos similares, simplemente consagra la desigualdad, y actúa no desde el paradigma del pluralismo jurídico sino del Estado hegemónico, punitivo y discriminador en contra de la población indígena. No obstante, respeto a la autonomía normativa y jurisdiccional indígena, es importante señalar que se requiere de investigaciones de mayor profundidad –incluyendo el relevamiento de la visión y perspectivas de las personas privadas de libertad, de sus comunidades de origen, así como de otros referentes y autoridades de sus pueblos– de modo a esclarecer mejor por qué se da la preminencia en número de personas de ciertos pueblos y por qué la ausencia de otros. Respecto al acceso a la justicia, la base de datos del MNP es concluyente y dramática en sus estadísticas: la mayoría de los indígenas privados de libertad son personas en situación de pobreza, con un bajo nivel educativo –tanto que sus días en la cárcel en promedio exceden al tiempo que han estado en la escuela–, permanecen en un limbo jurídico al prologarse la prisión preventiva en la mayor parte de los casos, lo que prueba que su defensa pública –en la mayoría de los casos– o privada no es adecuada, así como las sanciones que han recibido y los traslados a centros de reclusión de sus comunidades, no se condicen con un trato humanitario ni menos respetuoso de su condición indígena, la cual implica un nivel de arraigo importante. 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En estas zonas empobrecidas actúa casi exclusivamente la criminalización secundaria a través de la persecución por parte de los oiciales de las comisarías jurisdiccionales a jóvenes de escasos recursos, y dentro de este grupo también, a quienes consumen marihuana sometiéndoles a un proceso de privación de libertad a través del Ministerio Público y el Poder Judicial. El artículo se centra en dos casos judiciales, en los que los abogados –quienes escriben este material- se desempeñan como defensores de derechos humanos, y que se centran en el Bañado Sur durante la inundación de este lugar en 2016, cuando dos jóvenes son procesados por el hecho punible de tráico de estupefacientes, especíicamente, marihuana, y se describe el sin in de violaciones a la ley que comete la Policía Nacional en el proceso de privación de libertad de los mismos. Palabras clave Paraguay, criminalización, pobreza, marihuana, Bañados, Sistema Penal, Ley de Estupefacientes 1340. 1 Abogados, Investigadores y Defensores de Derechos Humanos. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 47 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales Abstract In the city of Asuncion, several people live in social exclusion, poverty and extreme poverty. Much of these inhabit what is colloquially called “Bañados”, which are excluded territories on the banks of the Paraguay River, as a consequence, to a great extent, of the forced displacement generated by the agro-export model. In these impoverished areas, secondary criminalization acts almost exclusively through the prosecution of juvenile ofenders by judicial oicers, and within this group also, those who consume marijuana by subjecting them to a process of deprivation of liberty through the Public Ministry and the Judicial Branch. he article focuses on two judicial cases, in which the lawyers -who write this material- serve as defenders of human rights, and that focus on the Bañado Sur during the lood of this place in 2016, in which two young are prosecuted for the punishable ofense of narcotics traicking, speciically marijuana, and describes the endless violations of the law that the National Police in the process of depriving them of freedom. Keywords Paraguay, criminalization, poverty, marijuana, Battered, Criminal System, Narcotics Act 1340. 48 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Maximiliano Mendieta Miranda y Julia Cabello Alonso 1. Introducción La criminalización de la pobreza, no es un fenómeno exclusivamente nacional, sino que adquiere fuerza como mecanismo de propaganda de una respuesta estatal a una aparente inseguridad social. Esta inseguridad social se responde desde los Estados neoliberales con represión y eliminación de los aparentes enemigos del sistema y sus ideas dominantes. En este sentido, el sociólogo francés Loïc Wacquant, analizando la realidad de personas excluidas en dos países desarrollados, señala el proceso de políticas públicas llamadas a superar la pobreza y su infeliz desembarco a políticas de criminalización de la misma, desapareciendo el rol garante de derechos por parte del Estado y dando lugar a la marginación de territorios excluidos debido a esa renuncia de la vocación institucional garantista de los Estados. Y esta renuncia en el desarrollo de estos territorios y sus habitantes se transforma en estigmatizaciones que trasversalizan la vida de estas personas, construyéndose imágenes distorsionadas como territorios plagados de peligros que es legitimada desde los propios habitantes de estos territorios, así como por otros sectores de la sociedad en una clara disputa de clases y, claro está, por los medios masivos de comunicación social. Este análisis es perfectamente vigente también en nuestra realidad nacional. Por otra parte, Wacquant también señala que una de las estrategias desarrollada por los Estados neoliberales al momento de abordar la marginalidad y la pobreza es la penalización, invisibilizando los problemas sociales que debe afrontar. La República del Paraguay es un país donde existe una gran desigualdad social que genera pobreza, exclusión y migración del campo a la ciudad lo que determina la creación de territorios peri-urbanos denominados “bañados” teniendo en cuenta que son ribereños y en los que existe una violación estructural de toda la dimensión de los derechos humanos. El presente trabajo se centra en ese territorio bañadense teniendo en cuenta que los autores realizan trabajo voluntario y de militancia en los mismos, principalmente, en la defensa de los derechos humanos a través de la abogacía, ante la criminalización de la pobreza, la corrupción, las torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en las comisarías de la zona. Aborda el uso indebido del sistema penal cuando hablamos de la persecución a jóvenes empobrecidos de estas zonas en relación al consumo de marihuana, la violación del principio constitucional del debido proceso, así como una cadena de corrupción y violencia que empieza en la Policía Nacional y que se consolida en el proceso impulsado por el Ministerio Público avalado por el Poder Judicial. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 49 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales 2. Metodología abordada La metodología utilizada es la del estudio de casos, utilizando la estrategia de investigación participante, de forma a realizar una relexión crítica del proceso penal instaurado en relación a personas provenientes de territorios marginalizados. La investigación acción participativa es señalada como pertinente y apropiada para el estudio de poblaciones vulnerabilizadas, además de proporcionar elementos para transformar desigualdades socioeconómicas, entre otras, puesto que exige contar con una base crítica en las ciencias sociales (Lucas Breda). Es así que el trabajo nace y se desarrolla desde dos casos llevados por los autores, abogados, que se dieron en el Bañado Sur en época de inundación de este territorio durante el 2016. En ambos casos se procesa penalmente a dos jóvenes del Bañado Sur, en el marco del hecho punible de “tráico de estupefacientes”, especíicamente marihuana. Las características que presentan estos casos se replican en la de otros jóvenes de los bañados, por lo que adquieren la connotación de emblemáticos y son de utilidad para el presente análisis y así entender, a través de ellos, la realidad de criminalización de jóvenes provenientes de territorios marginalizados. Este artículo realiza un estudio anacrónico en combinación con un análisis a través del materialismo histórico considerando no solo la situación por la que pasan miles de jóvenes empobrecidos en este tipo de proceso penal desarrollado sino, también, las causas estructurales y económicas que generan y consolidan una estructura penal-penitenciaría desigual, inconstitucional y violatoria de las garantías procesales penales. Los nombres de las personas procesadas penalmente, protagonistas de los casos analizados en este trabajo son icticios, a los efectos de protegerlos ante cualquier represalia. 3. Infraestructura económica, desigualdad y Bañados La infraestructura económica de la República del Paraguay se asienta en un modelo agro-exportador que genera la máxima desigualdad a nivel mundial en relación a la tierra, pobreza y migración forzada del campo a la ciudad en donde miles de familias se ubican en territorios excluidos, principalmente, en la ribera del río Paraguay denominado por ese motivo “bañados”. En ese sentido, la base material del sistema en relación a las fuerzas productivas y las relaciones de producción responde a una estricta política neoliberal que concentra los medios de producción en los empresarios y multinacionales del monocultivo de soja y del ganado que encuentra sustento en la mera exportación a mercados internacionales, gozando, además, de la más baja presión tributaria de la región. Este 50 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Maximiliano Mendieta Miranda y Julia Cabello Alonso modelo es la principal causa de que, aproximadamente, 200.000 mil personas migren forzosamente del campo a la ciudad y que, a pesar de que Paraguay sea el cuarto mayor exportador de soja en el mundo y el tercer mayor exportador de carne bovina a nivel mundial, en la actualidad, existan casi 700.000 personas que pasen hambre en la población paraguaya (Naciones Unidas, 2017). Es parte de esta población la que vive en el Bañado Sur, el bañado más poblado de la ciudad de Asunción y donde existen miles de jóvenes que no solo no acceden a derechos humanos, sino que son oprimidos por un sistema penal y penitenciario clasista y represivo que los utiliza y estigmatiza como únicos responsables de la inseguridad interna del país. Es así, que las cárceles que albergan a más de diez mil personas estén repletas de personas empobrecidas. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), órgano estatal, ha comprobado el abuso del encierro y su utilización como mecanismo de abordaje de los problemas sociales. Así mismo evidenció patrones discriminatorios en su aplicación, puesto que únicamente existen o se acentúa notoriamente su aplicación en casos de marginalizados, usuarios de drogas, personas sin recursos económicos para afrontar la búsqueda de justicia, entre otros. De esta forma, señala el MNP (2017: p.98), el encierro es la única respuesta del Estado a problemas sociales; construyéndose, en consecuencia, una profundización de éstos y marginando aún más a las personas en situación de vulnerabilidad. 4. De la persecución y tortura a militantes en la dictadura estronista a la percusión y tortura a jóvenes empobrecidos en la transición democrática Parte de la población paraguaya tuvo que resistir y morir durante la dictadura más larga de la región; la comandada por el Gral. Alfredo Stroessner y el Partido Asociación Nacional Republicana (denominado coloquialmente como Partido Colorado, hoy en el poder) la que se mantuvo durante 35 años y en donde se inició e instauró el proceso neoliberal basado en un sistema muy cercano a un neo-feudalismo. Durante este lapso, el Poder Judicial fue una extensión inconstitucional del Ejecutivo, el que brindó hasta la fecha, impunidad a los amigos colorados del dictador ante la apropiación indebida de tierra indígena y campesina. En el marco de las fuerzas represivas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se encargaron, en relación con la criminalización secundaria2, a perseguir al “enemigo” quien era el opositor al régi2 “La criminalización secundaria es la acción punitiva ejercida sobre personas concretas, que tiene lugar cuando las agencias policiales detectan a una persona, a la que se atribuye la realización de cierto acto criminalizado, la investiga, en algunos casos la priva de su libertad ambulatoria, la somete a la agencia judicial, ésta legitima lo actuado, admite un proceso (o sea, el Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 51 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales men dictatorial que luchaba por un país libre. Así las cosas, el chivo expiatorio para justiicar la inseguridad interna eran estos militantes opositores, así como las personas empobrecidas de territorios excluidos o aquellas con orientaciones diferentes a las dominantes, como los y las homosexuales. Estos grupos de personas eran perseguidos por la Policía Nacional, la que los privaba de libertad inconstitucionalmente, así como la que los torturaba, mataba y/o desaparecía. Las cosas en la actualidad no han cambiado mucho cuando hablamos de la instauración del mismo derecho (y cultura) penal del enemigo3, que tiene como principal agencia de estigmatización a la prensa comercial. En este contexto, la Policía Nacional cumple la función de perseguir, torturar, privar ilegalmente de libertad en las comisarías y en las cárceles, y varias veces, asesinar a las personas empobrecidas de los bañados que terminan en ellas. Si bien la droga más común, que destruye a familias enteras en los bañados, es el crack, la marihuana es la principal sustancia que, muchas veces, es implantada por la Policía Nacional. La experiencia de defensa y consecuente involucramiento profesional que se ha obtenido en los casos llevados, señalan que, tanto en el tráico del crack como de marihuana en los Bañados, la Policía Nacional es la principal responsable de traicar directamente con micro-traicantes y de aprehender y criminalizar a quienes no colaboren con el negocio. Al inal, los que terminan en las cárceles son los jóvenes empobrecidos, a veces usuarios de crack o a veces usuarios de marihuana, a veces, sin serlo, falsamente responsabilizados de sí serlo. La respuesta a la exclusión social4 y el problema del crack en los bañados es desarrollada por el Estado con represión, violencia y cárcel, cuando en realidad es un problema de salud pública que debería encararse con un enfoque de derecho, contención e inclusión social. A través de nuestra militancia y defensa de derechos humanos en el Bañado Sur, hemos experimentado por años esta persecución, tortura y corrupción de la Policía Nacional, principalmente, a través de las comisarías 8°, 21° y 24°. En esta última es 3 4 52 avance de una serie de actos secretos o públicos para establecer si realmente ha realizado esa acción), se discute públicamente si la ha realizado y, en caso afirmativo, admite la imposición de una pena de cierta magnitud que, cuando es privativa de la libertad ambulatoria de la persona, es ejecutada por una agencia penitenciaria” (Zaffaroni, 2005: p.7). La doctrina refiere a derecho penal de enemigo a las disposiciones legales o prácticas oficiales, de dotar de peligrosidad, y consecuentemente, a plausible de un proceso penal y sanción a determinadas personas que no “encajan” dentro del pensamiento dominante del “deber ser” y que pueden resultar diferentes según determinada coyuntura histórica. Hoy pueden ser los “enemigos” las personas empobrecidas, los usuarios de drogas, entre otros. Los autores se adhieren a lo descrito por el sociólogo José Galeano Monti como “paradigma de exclusión social” entendido como tal en el “deterioro de aspectos de la vida de las personas y de los territorios donde viven, que, bien pueden ser ocasionados por las condiciones territoriales, por las condiciones coyunturales de las personas, o bien conjugándose simultáneamente ambas condiciones” (Galeano Monti, 2015). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Maximiliano Mendieta Miranda y Julia Cabello Alonso donde hace meses atrás ha fallecido un joven en la propia celda de esta dependencia policial. Señalamos, sin tapujos, que esta comisaría es un centro de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo esto, recogido también en los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Estas violaciones a los derechos humanos de las personas empobrecidas ya las venimos denunciando hace varios años ante distintas instituciones del Estado paraguayo5. En la casi totalidad de los casos, cuando pasan de la Policía Nacional a la Fiscalía, ésta solo utiliza el acta policial y la lagrante violación de derechos de los oiciales para imputar y, posteriormente, el juzgado utiliza esto para enviar a los jóvenes a la cárcel, como lo señalan, justamente, los casos narrados en el presente artículo. Vale recalcar que no existe un mínimo esfuerzo investigativo o tamiz para analizar la conducta y las circunstancias de aprehensión. Tan solo se utiliza el acta plagado de violaciones del debido proceso para encarcelar a los jóvenes empobrecidos. Ante los reclamos de la poca seriedad de los actos preliminares investigativos existe una suerte de amparo verbal de denominarlo “práctica judicial” o “práctica iscal”, pretendiendo, de esta forma, excusarse de la lagrante violación de derechos en la aprehensión y encarcelamiento. La práctica violatoria pretende ser transformada en ley derogatoria constitucional. Así las cosas, los sistemas policial, iscal y judicial paraguayo se convierten en un modelo penal clasista y represivo teniendo en cuenta el proceso de estigmatización, de castigo y de violación de derechos humanos por el que debe pasar la persona que vive en situación de pobreza, en quien se impone la selección punitiva del Estado. El jurista Eugenio Zafaroni, actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), explica que “cuando se selecciona como enemigos a los delincuentes comunes, la estigmatización se orienta a todo su grupo de pertenencia, que en nuestra región son los jóvenes de barrios precarios” (Zafaroni, 2011: p.515). Sin embargo, las y los jóvenes cuando tienen sus derechos humanos plenamente garantizados son por esencia y naturaleza, generalmente, libres, creativos, rebeldes y alejados del círculo vicioso de la delincuencia que es propiciada, como vamos viendo, por la pobreza y exclusión social en la que viven. En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica que: La violencia y los delitos son fenómenos que tienen sus raíces en problemas sociales complejos que trascienden al derecho penal, y que están relacionados con aspectos mucho más abarcadores y profundos como la justicia y la inclusión social, y la distribución equitativa de los recursos económicos (CIDH, 2013: p.54). 5 La criminalización de la pobreza en el Bañado Sur se plasma en el capítulo denominado “Criminalización de la Pobreza en Paraguay”, autoría de Maximiliano Mendieta Miranda en el libro “Exclusión Social y Pobreza Urbana: Experiencias y Análisis desde el Bañado Sur”, 2015. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 53 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales Algo muy difícil de obtener en un sistema, que como vimos más arriba, se basa en la desigualdad social. La CIDH también explica que la comisión de delitos “tiene que ver con factores como la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades de ascenso social y la falta de acceso a la educación y a la salud” (Ídem) situación en que viven muchas personas del Bañado Sur. Así, la “solución” que ofrece el Estado paraguayo a las personas que viven en situación de pobreza, exclusión social y sin oportunidades, como hemos señalado, es la criminalización en su máxima acepción. 5. Los casos de Marcos y Ernesto: violación del debido proceso, extorsión sexual y material y persecución a militantes defensores jóvenes de Derechos Humanos Ernesto es un joven de 20 años. Dotado de carisma y de talento artístico, conforma, junto a otros jóvenes una organización social, que, entre otras cosas, reclama fuertemente a las autoridades la injusta selección punitiva que recae sobre el Bañado Sur, donde vive. Ernesto, junto con otros miles de familias, se ve desplazado, cotidianamente, de su casa por las inundaciones acaecidas con las crecidas del Río Paraguay. El barrio de Ernesto no despierta interés en las autoridades que no llegan a conmoverse con esta migración interna cotidiana. Ante la falta de respuestas sensatas, la familia de Ernesto, al igual que muchas otras, debe buscar refugio temporal en plazas públicas, recibiendo, además de todas sus pérdidas y discriminación estructural, el reproche y reclamo de vecinos de dichas plazas que ven en esta incursión de pobreza, la “desvalorización de sus inmuebles” como sin disimulo señalan. Esta equiparación de la acumulación de patrimonio sobre la dignidad de la vida humana, o la naturalización de que hay vidas que valen más que otras, instaladas sobre una plataforma unicultural y mercantilista, son las que, entre otros puntos, otorgan viabilidad a que las prácticas policiales, iscales y judiciales gocen de aprobación y azuce. A principios de enero de 2016, una patrullera con funcionarios de la Comisaría 8va. Metropolitana recorriendo los precarios campamentos instalados en los alrededores de la Plaza Japón, visualizó a una niña de 13 años, a quien uno de los policías ya había observado con anterioridad según relato de la niña, quien, en esa ocasión, como antes, debió soportar los “piropos” e “invitaciones sexuales” del mismo. Como en las otras ocasiones, la niña sólo atinó a apresurar el paso y refugiarse en su casa. Pero en esa ocasión, comentó llorando a su madre que, desde hacía semanas, este mismo policía venía siguiéndola y acosándola sexualmente. La madre y la niña 54 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Maximiliano Mendieta Miranda y Julia Cabello Alonso son compañeras en la misma organización que Ernesto. Éste y otros compañeros, enterados del tema, decidieron hacer frente a la comisaría 8va. Es así, que se llegó hasta la sede de la comisaría y en un grupo de diez personas, aproximadamente, donde también estaba Julia Cabello Alonso, una de las autoras de este artículo, reclamaron al comisario el actuar de su funcionario, identiicando claramente al mismo y solicitando su inmediato traslado del lugar, además de exigir la denuncia por la comisión de acoso sexual en niños. El comisario se comprometió a investigar la situación. Una semana más tarde, este mismo policía, que no fue trasladado, además de seguir molestando a la niña y a su familia para que sea retirada la denuncia, siguió a Ernesto hasta una cancha de futbol y lo aprehendió acusándolo, verbalmente, de tráico de estupefacientes. Ernesto se vio así, involucrado en un proceso penal que lo tuvo casi seis meses en la penitenciaría nacional de Tacumbú. Marcos, pertenece al mismo barrio que Ernesto. Tiene 16 años. Un año antes, en los alrededores del lugar donde se encontraba su casa, fue aprehendido por oiciales policiales de la comisaría 8va. y acusado, verbalmente, de tráico de estupefacientes. Llamaron a su madre y directamente le solicitaron Gs. 500.000 para no derivar su caso a la iscalía. Ni la madre ni la familia de Marcos contaban con esa suma de dinero, pero conocedora del largo e injusto proceso que terminaría con su hijo tras las rejas, decidió juntar el dinero como sea, endeudándose y recurriendo a las pequeñas sumas que sus vecinos podían facilitar. Pagó la libertad de su hijo. A éste lo liberaron, advirtiéndole “que lo tenían en la mira”. La familia de Marcos, luego de unos meses, decidió mandarlo lejos del barrio donde podía estar ausente a la hambruna corrupta de la comisaría 8va. Sin embargo, en ocasión de las iestas de in de 2015, llegó a su barrio a pasar unos días con su familia. En el mismo mes de enero de 2016, en que toman a Ernesto, Marcos, nuevamente, fue encontrado por la policía de la comisaría 8va. Con “bromas” e insultos, “celebran” haberlo encontrado. Volvieron a aprehenderlo y volvieron a llamar a la madre, para exigirle idéntico trato al arribado hacía un año. La madre, simplemente, no pudo juntar, en esta ocasión, el dinero. Desesperada, comunicó a la policía dicha imposibilidad. Ante esto, uno de los policías le ofreció un nuevo trato: liberar a su hijo con la condición de que ésta mantenga relaciones sexuales con este policía. Este tipo de propuestas, son comunes en la zona, llegando, uno de los autores de este artículo, Maximiliano Mendieta, a denunciar estos hechos. La madre rechazó dicha posibilidad y la policía procesó a su hijo adolescente. 5.1. La aprehensión, procedimiento judicial y las violaciones a disposiciones legales En ambos casos, la aprehensión, se dio violando claras disposiciones legales. El Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 55 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales artículo 179 del Código Procesal Penal6, establece que, para la inspección de personas, se deberá contar con testigos hábiles, no vinculados a la policía, además de otros puntos; todos, omitidos, en todos los casos por la Policía Nacional. Seguros de su propia impunidad, realizan la requisa personal, sin contemplar la disposición legal al efecto y “encontrando” siempre que convenga, droga, que es atribuida como propiedad de la persona requisada. En el caso de Ernesto, la marihuana “hallada” por agentes de la comisaría 8va. sumaba 19 gramos, en el caso de Marcos, 11 gramos (el mínimo para evitar una sanción penal es la de 10 gramos). Sin testigo alguno que avale la legalidad de la requisa, ambos jóvenes se encuentran ante una acusación policial de estar portando gramos de marihuana en cantidad suiciente para ser considerados, eventualmente, traicantes según la ley 1340, por la que se los comienza procesando bajo la igura de “tenencia sin autorización”. Por otro lado, la cadena de custodia de las sustancias supuestamente incautadas ni tan siquiera busca revestir seriedad. En la audiencia de análisis en la Secretaría Nacional Antidrogas celebrada días después, a in de determinar, el kilaje y el tipo de droga en cuestión, se realiza un pintoresco y absurdo procedimiento, en el cual se presentan los paquetes, cuya procedencia no puede ser sostenida mínimamente de forma seria. Ante la pregunta de la defensa de cuál es la prueba de que esos sean los paquetes supuestamente incautados al momento de las irregulares inspecciones, nos señalaron: la “palabra de la policía nacional”. Sí, la palabra de quien fue denunciado por acoso sexual en niños una semana antes por la persona ahora procesada y por quien solicitó “favores sexuales” a una desesperada madre. Esas audiencias de análisis de sustancias no revisten seriedad alguna. La cadena de custodia debe en cada paso contemplar la participación de la defensa. Sin ningún tipo de garantía, se presentan paquetes que nadie puede sostener de forma indubitable que pertenezcan a los procesados en cuestión. Para ahondar elementos de violaciones a las leyes, el narco test es realizado a estas personas, sin presencia de abogado defensor alguno. Tan solo “aparece” un acta donde la policía asegura haber realizado el test y encontrado los resultados plasmados. 6 56 “La Policía podrá realizar la requisa personal, siempre que haya motivos suficientes que permitan suponer que una persona oculta entre sus ropas, pertenencias, o lleva adheridas externamente a su cuerpo, objetos relacionados con el hecho punible. Antes de proceder a la requisa deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y del objeto buscado, invitándole a exhibir el objeto. La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la Policía; bajo esas formalidades se labrará un acta que podrá ser incorporada al juicio por su lectura”. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Maximiliano Mendieta Miranda y Julia Cabello Alonso 5.2. El rol del Ministerio Público y el del Poder Judicial Estos elementos fueron señalados a la representante de turno de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráico del Ministerio Público, Abg. Lorena Ledesma, quien en ambos casos estaba a cargo de las investigaciones; desde las irregularidades procesales hasta la corrupción de la Policía Nacional, el revanchismo por la denuncia de acoso sexual en el caso de Ernesto, como el intento de extorsión sexual para la liberación de Marcos. La representante iscal, asintió y ahondó dichas expresiones. Señaló tener más que comprobada la corrupción de la comisaría 8va., la implantación de droga, y demás. Pero advirtió que seguiría el procedimiento dado por la “práctica iscal”, vale decir, solicitar según la ley 1340 la prisión preventiva. En el caso de Marcos, se abstuvo de hacerlo, quedando el caso en suspenso y sin movimiento alguno. Tampoco fue desestimada la denuncia policial. Simplemente, el caso permanece inactivo. En cambio, en el caso de Ernesto, la propia iscal, solicitó su traslado a Tacumbú, oponiéndose al requerimiento de medidas alternativas solicitadas por la defensa. Si bien es cierto que la ley contiene la disposición de que, en casos de tenencia sin autorización, crimen, deberá ser solicitada la prisión preventiva, los agentes iscales, reconocen abiertamente la inconstitucionalidad de dicha disposición. Esto se ha reproducido en todos los casos que llevamos en los últimos años por razones similares en los bañados de Asunción. Los agentes iscales conocen, asimismo, la corrupción de las comisarías asentadas en los Bañados. Conocen el procesamiento de personas inocentes. Conocen que la aprehensión es irregular y causal de nulidad. Sin embargo, tras el argumento de la “práctica iscal” avalan estas irregularidades. Cabe destacar que, en el caso de Ernesto, el trato de la defensa con el Ministerio Público fue respetuoso desde el inicio hasta el inal, tanto desde la agente a cargo como de sus asistentes. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que los operadores de justicia (Jueces, Fiscales y Defensores Públicos) y los abogados que ejercemos la profesión, estamos llamados a un principio de justicia que pareciera ser ingenuo sostener en la actualidad. Tachados de “idealistas”, rechazan la propuesta de los abogados que invitamos a ahondar en las injusticias y revertir dicha situación, utilizando las herramientas que están a nuestro alcance. De ninguna manera deberíamos quedarnos con la aplicación de leyes injustas sin hacer todo lo posible por derogarlas, por evidenciarlas como absurdas, sin recurrir a todas las instancias para solicitar la protección de comunidades vulnerabilizadas por el ejercicio abusivo de la policía corrupta. No puede ser normal, el sólo “hacer nuestro trabajo”, y quedarse con la conciencia tranquila de estar haciendo lo correcto, siendo que en el rol que desempeñamos podríamos hacer mucho más. La sociedad solo alcanzará los ideales de justicia y paz social, cuando más seamos los “audaces” que nos neEstudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 57 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales guemos a aceptar lo mínimo como techo máximo de nuestro actuar. Caso contrario, el sólo “hacer nuestro trabajo” sin mayores cuestionamientos, solo mantiene y perpetúa el perverso status quo en el que nos encontramos. Terminamos siendo cómplices. En el caso del Poder Judicial, sin embargo, lo ordinariamente encontrado, es indignante. Bajo las propias palabras de la jueza en audiencia, “los jóvenes de los bañados deben estar todos presos”. Nos encontramos con casos donde se negaban a plasmar dichos como esos en las actas, o negativas de plasmar elementos señalados por la defensa. Ni qué decir, del escándalo que se produce cuando exigimos que estén presentes en las audiencias, como determina la ley y no como es ordinario en la inmensa mayoría de los casos, en donde se rompe el principio de inmediatez y las audiencias se realizan solo con presencia del dactilógrafo. Existen casos sustanciados enteramente, en donde nunca se encontraron los o las magistradas con los jóvenes imputados. En el caso de Ernesto, por negligencia del juzgado a cargo, Juzgado Penal de Garantías 2, a cargo de la jueza Lici Teresita Sánchez, la inspección psicológica solicitada por la defensa no fue comunicada a tiempo al penal, por lo que fue postergada en más de cuatro ocasiones, y demorando un simple trámite más de cinco meses; debiendo, aguardar Ernesto, estas esperas, privado de su libertad. Ante los reclamos de la defensa, en un punto, la jueza optó por denunciar por “inconducta” a la superintendencia a los abogados de Ernesto, los autores de este artículo. A lo largo del proceso, ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, contemplaron la disposición legal de brindar a Ernesto algún tratamiento contra la adicción, como lo señala el artículo 29 de la ley 1340. Se contentaron con “cumplir la ley” sólo en la parte en que se lo priva de libertad. Un tema no menor es la constante estigmatización dada a los jóvenes provenientes de los Bañados. El derecho penal del enemigo, ya señalado precedentemente, adquiere una de las muestras más evidentes cuando tratamos estos casos. Desde la misma señalización de los policías para proceder a la inspección de estar ante una “persona sospechosa” sin detallar en qué consiste dicha sospecha, en qué argumento legal se basa. O el considerar relevante de parte de los psicólogos del Poder Judicial que Ernesto tenga tatuajes, tal cual lo plasmaron en su informe dado a conocer a la jueza. Cabe señalar que altas autoridades de Derechos Humanos del Poder Judicial han señalado a los abogados autores de este artículo, en reuniones formales, que, al no disponer el Estado de centros de desintoxicación y tratamiento de adicciones suicientes, en los casos que los afectados no cuenten con recursos para pagar centros privados, deben “necesariamente” ser derivados a las cárceles. “No se puede hacer otra cosa”, nos señalan. Vale decir, ante su propia incapacidad, el Estado decide afrontar esto con represión, encierro, renuncia a tratamientos sanitarios, perpetuación de la criminalización; y en las cárceles, lugar donde más fácilmente se consiguen drogas 58 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Maximiliano Mendieta Miranda y Julia Cabello Alonso según informes oiciales del propio Estado. Todo eso es pasado por alto. Absurdo. Injusto. Reprochable. Confesiones de un Estado desinteresado y egoísta de sus ciudadanos empobrecidos. 5.3. La prisión preventiva como sanción anticipada Al igual que en otros casos, en el de Ernesto, su prisión preventiva fue solicitada. En este punto, cabe resaltar que la prisión preventiva tiene como objetivo el asegurar la presencia del imputado durante la investigación penal y el evitar su obstrucción, estando ante eventuales hechos caliicados como graves. Por lo tanto, estos son los extremos que deben reunirse conjuntamente: hecho grave, estar ante un peligro de fuga y estar ante la posibilidad de obstrucción a la investigación. La prisión preventiva, por tanto, es de aplicación excepcional, avalado esto, incluso en disposiciones constitucionales. Sin embargo, en la práctica es exactamente lo contrario, en especial cuando estamos en casos de jóvenes provenientes de sectores empobrecidos. La prisión preventiva, se aplica sin el mínimo análisis o mención de estos extremos, estando, por tanto, ante penas anticipadas, desvirtuando la naturaleza de esta igura penal. De hecho, investigaciones de campo y publicadas por propios órganos del Estado, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, señalan que de distintos relatos recabados, se puede concluir que existen “reglas paralelas” a la normativa vigente al momento de aplicar la prisión preventiva, que suceden en referencia a: atributos personales, al tipo de hecho punible investigado o a la repercusión mediática del caso. Uno de estos estudios señala, “los factores extralegales, tales como el lugar de residencia (zonas consideradas peligrosas o rojas), el aspecto físico, los antecedentes procesales, la presión mediática, los actores involucrados, entre otros, son determinantes para enviar a una persona a prisión preventivamente” (Martens, 2015: p.208). De hecho, el MNP señala en su Informe de Gestión 2016 (p.104), que el 77% de las personas procesadas se encuentran privadas de libertad, siendo uno de los porcentajes más altos de América, contradiciendo el carácter excepcional de la prisión preventiva. Esta cuidada naturaleza jurídica de la prisión preventiva ya fue pervertida, contrariando el artículo 19 de la Constitución de la República del Paraguay, que señala que la prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio, por la Ley Nº 2493 de 2004 que señalaba en su artículo 1° in ine, que no se podrán otorgar medidas alternativas (ergo se aplicará prisión preventiva) en los casos que se investiguen hecho punible contra la vida o la integridad física. De este modo, con una ley, se echó por tierra la disposición constitucional y la naturaleza jurídica de la prisión preventiva que llama a analizar las circunstancias de cada caso a in de evitar la inconducente abstracción de los mismos, en rígidas disposiciones legales. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 59 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales Esta situación inconstitucional fue profundizándose en el 2011 cuando se sanciona la Ley Nº 4431 que dispone que no se podrán aplicar medidas alternativas cuando se esté investigando un hecho punible caliicado como crimen. La tenencia de estupefacientes sin autorización, es un crimen, para la ley de estupefacientes, la Nº 1340. De esta forma la igura de la prisión preventiva es aplicada sin considerar ningún punto particular de cada caso en cuestión. Basta que sea caliicada la investigación bajo un hecho punible catalogado como crimen, para que alguna medida alternativa sea desechada. Con esto, la audiencia del 242, que corresponde a la aplicación de medidas (prisión preventiva o alternativa a la misma), que determinará la situación procesal del imputado a lo largo de la investigación, deviene en un acto icticio y absurdo, estando desde el inicio advertidos que “según la ley” no es aplicable otra salida más que la prisión preventiva. No importa, para la “práctica iscal” o para la “práctica judicial”, lo que señale la propia Constitución de la República del Paraguay. Ni qué decir la omisión adrede que se realiza a contemplar disposiciones otorgadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esto, para nuestros magistrados, todavía corresponde a leyes foráneas, desconociendo la plena vigencia de los mismos, su grado supraconstitucional, inclusive, y la obligatoria aplicación del control de convencionalidad7 que deben realizar para atender los casos particulares llegados a su conocimiento. 5.4. La impunidad Luego de casi seis meses de una relación conlictiva con el juzgado a cargo, se consiguió cambiar la caliicación penal de tenencia sin autorización a una igura prevista por la ley 1340 que reconoce a personas como Ernesto como consumidores y, por lo tanto, exentos de pena, sino con la obligación de someterse a un tratamiento contra la adicción. Esto fue solicitado al Ministerio Público, que a su vez lo solicitó al juzgado. Con el cambio de caliicación, se requirió, en audiencia preliminar la suspensión condicional del procedimiento, salida procesal que impone reglas de conducta para los procesados por uno o dos años en lugar de proseguir con el proceso. El cúmulo de irregularidades señaladas permanentemente en estos procesos analizados y en muchos otros en donde también intervenimos, son ignorados por los operadores de justicia. Los agentes policiales siguen sin siquiera ser sumariados. Sigue el tráico, sigue la criminalización. Ernesto salió de la cárcel de Tacumbú el 6 de julio de 2016. Estuvo privado de su 7 60 Se entiende por control de convencionalidad al obligatorio ejercicio que deben realizar los Estados de analizar sus prácticas y adecuarlas a lo estipulado en convenciones internacionales de derechos humanos y jurisprudencia de órganos competentes en la materia. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Maximiliano Mendieta Miranda y Julia Cabello Alonso libertad por casi seis meses. Contó con abogados amigos que se preocuparon y ocuparon de su caso. Pero la vida de Ernesto en la cárcel sufrió un cambio como sólo lo saben quiénes pasaron por eso. Hoy, Ernesto, ya se muestra cauteloso en la defensa de derechos humanos como antes lo ejercía dentro de su organización. La estrategia disuasiva de la policía, en parte, surtió efecto. Por ahora. 6. Conclusión La sociedad democrática, por deinición, tiene sólo un Estado que se comporta del mismo modo con ricos y pobres; que hace valer la ley igualmente para todos; que no ejerce una vigilancia especial, ni una diligencia punitiva especial, sobre un sector particular de la sociedad, y especialmente no en contra de los desposeídos. La penalización de la pobreza es, en deinitiva, un abandono del proyecto de sociedad democrática. Y la pregunta que debería hacerse… es si ese es el tipo de sociedad que se quiere construir. Si -después de haber luchado para eliminar la dictadura militar de la sociedad- se quiere instituir una dictadura sobre los pobres para respetar otra dictadura: la del mercado (Wacquant, 2005: p.14). La pobreza, la extrema pobreza y la exclusión social están directamente relacionadas a la desigualdad social que genera, principalmente, el modelo agro-exportador que expulsa del campo a la ciudad a miles de compatriotas que se refugian para vivir como pueden en los bañados. En estos cinturones de pobreza podemos observar la violenta ausencia de acceso a derechos básicos que también deben soportar inundaciones de sus casas precarias y pérdidas materiales irreparables. A esto se le suma una policía y un sistema iscal y judicial que persigue a las personas de los bañados violando, lagrantemente sus derechos, como en el caso de criminalización del consumo de marihuana a través del uso indebido del sistema penal, corrupción y una ley inconstitucional, elementos que nos demuestran los casos del Bañado Sur de Marcos y Ernesto. El actuar del Ministerio Público y del Poder Judicial, es claramente violatorio a disposiciones constitucionales, aplicándose de forma arbitraria la Ley Nº 1340. Graves irregularidades cometidas por la Policía Nacional son pasadas por alto, reproduciéndose un proceso mecánico con interés ausente de conocer las particularidades de cada caso. Si bien, en algunos casos, como los de Ernesto se encuentra con un agente iscal respetuoso, no alcanza cuando se trata de buscar la simple justicia. El hecho que una persona esté privada de su libertad arbitrariamente, por actuares corruptos conocidos de la Policía Nacional, basados en leyes inconstitucionales no conmueven el actuar comprometido de los operadores de justicia. Así también, las Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 61 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales violaciones legales conocidas en el proceso no son objeto de investigación posterior. En casos de jóvenes empobrecidos, usuarios de estupefacientes, que no pueden pagar centros privados de tratamiento, y no alcanzan a conseguir lugar en las insuicientes plazas proporcionadas por el Estado, la respuesta de los propios funcionarios de derechos humanos, es la cárcel como única posibilidad resolutoria. El reclamar derechos, sea ante policías por hechos que deberían causar la más profunda indignación pública como el acoso sexual a una niña o el reclamar los derechos procesales de personas enjuiciadas reciben como respuesta del Estado, la denuncia, la represión con objetivos disuasivos; poniendo en riesgo a propios defensores de Derechos Humanos. En esta guerra vigente por la dignidad y por la justicia, aún queda mucho por hacer. Y no sólo dependerá de la aplicación de la ley, sino de la ocupación un poco más allá de la mera mecanización del trabajo de impartir justicia. 62 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Maximiliano Mendieta Miranda y Julia Cabello Alonso Referencias bibliográficas Constitución de la República del Paraguay. 1992. Galeano Monti, José. 2015. “Desigualdad, pobreza y exclusión social urbana”, Ponencia en el Primer Seminario de Criminalización de la Pobreza: Análisis y Relexión desde los Derechos Humanos”, Asunción. Ley 1286 de 1998 - “Código Procesal Penal”. Ley 1340/1988 - “Que modiica, adiciona y actualiza la Ley 357/72, “Que reprime el tráico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos aines y establece medidas de prevención y recuperación de farmacodependientes”. Ley 2493 de 2004 - “Que modiica el artículo 245 de la ley 1286/98 “Código Procesal Penal”. Ley 4431 de 2011 - “Que modiica el artículo 245 de la ley 1286/98 “Código Procesal Penal”, modiicado por ley 2493/04 “Que modiica el artículo 245 de la ley 1286/98 “Código Procesal Penal”. Lucas Breda, Karen Marie. 2015. “Lo que es Antiguo también es Nuevo – Investigación Acción Participativa”, Texto Contexto Enferm, 24(1): pp.11-12. Martens, Juan. 2015. “La prisión preventiva: Análisis de su aplicación en Asunción, Central y Ciudad del Este”, El Derecho a Tener Derechos. Realidades del Encierro en Paraguay, Asunción, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; Naciones Unidas, Instituto de Estudios Comparados en Ciencia Penales y Sociales. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 2017. Informe Anual de Gestión 2016, Asunción, MNP. Naciones Unidas. 2017. “Informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación acerca de su misión al Paraguay”, en <https://documents-dds-ny.un.org/ doc/UNDOC/GEN/G17/019/76/PDF/G1701976.pdf?OpenElement>. (Consultado el 6 de junio de 2017). Wacquant, Loïc. 2005. “Castigar a los parias urbanos”, Revista Oicios Terrestres, N° 17, pp. 10-14. Wacquant, Loïc. 2007. Los Condenados de la Ciudad. Gueto, Periferias y Estado, Buenos Aires, Editorial Siglo XXI. Wacquant, Loïc. 2010. Castigar a los pobres: el gobierno neoliberal de la inseguridad Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 63 Crimilización del consumo de marihuana en territorios empobrecidos: Uso indebido del sistema penal, corrupción y violaciones de disposiciones constitucionales social, Barcelona, Editorial Gedisa. Zafaroni, Eugenio. 2005. Derecho Penal Parte General, Buenos Aires, Ediar. 64 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 BIBLIB: 0251-2483 (2015), 65-82 LA CÁRCEL COMO CORONACIÓN DE LAS EXCLUSIONES. HISTORIAS DE VIDA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES EN PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN PARAGUAY. Enviado: 03/04/2017 Aceptado: 01/06/2017 Alejandra Estigarribia1 Resumen Este estudio cualitativo realizado en Penitenciarías y Centros Educativos de la capital y el departamento Central tiene como objetivo comprender con mayor profundidad las características de las vidas de las personas privadas de libertad. Estudios precedentes muestran que las personas privadas de libertad son principalmente personas excluidas y marginalizadas, no obstante resta comprender mejor las trayectorias de sus vidas. Para el estudio se realizaron 10 historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad. Los resultados sugieren que los derechos de estas personas se ven cercenados ya mucho antes de la privación de libertad, de hecho, sus entornos familiares son poco propicios, sufren abandono escolar y se dedican a actividades de producción de ingresos riesgosas. Con la privación de libertad las posibilidades se restringen aún más. El abordaje estatal para estos problemas es la privación de libertad. Palabras clave Privación de libertad, adolescentes, jóvenes, políticas punitivas 1 Licenciada en Sociología por la Universidad Católica. Investigadora. Email: alejandra.esti@ gmail.com Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 65 La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay Abstract his qualitative study aims to provide a deeper understanding of the characteristics of youth’s lives that are currently incarnated in juvenile detention centers and in prisons in the Central department of Paraguay. Previous studies show that incarcerated population mainly belongs to the marginalized part of society, however, a better understanding of their lives trajectories is needed. For this study, 10 life stories were conducted. hese persons’ rights are undermined before their incarceration, in fact, their familiar environments are not favorable, they drop of school and the ways they produce their incomes are dangerous. With incarceration, they are deinitely on the margins of society. he state approach to social problems is purely penal. Key words Incarceration, adolescents, youth, penal policies 66 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Alejandra Estigarribia 1. Introducción “Yo decidí salir porque mi mamá se sentaba a llorar, que no podía más y que quería que nosotras estudiáramos; entonces le dije yo una vez a mi hermana, ‘jaha ñande la ñande poha Sanlorenzope, [vamos con nuestro remedio a San Lorenzo], ‘jaha’ he´i’ [vamos me dijo]. Prácticamente nosotros (con mi hermana) le manteníamos a nuestros hermanitos. Nosotros luchamos por ellos porque mi papá siempre tomaba, fumaba”. Gabriela relata cómo y por qué decidió “salir”, es decir comenzar a trabajar a los 7 años. Así cómo Gabriela muchas y muchos adolescentes y jóvenes que hoy están privadas y privados de libertad en Centros Educativos y Penitenciarías de Paraguay debieron “salir de sus casas” debido a la marginalización y exclusión que sufren incluso antes de nacer y que terminan coronadas con su ingreso al sistema penal y la consecuente privación de libertad. Cuando se dice que “el Estado está ausente” en los estratos empobrecidos de la población, se debe especiicar que se reiere al Estado en su carácter de garantizador de derechos, ya que el Estado en su faceta punitiva se encuentra omnipresente. Las características de las personas privadas de libertad evidencian la exclusión a la cual están expuestas. El 90% de las y los adolescentes no completaron la educación primaria obligatoria (1° a 9° grado) y el 52% no estudiaba al momento de ingresar al centro educativo. Este porcentaje es más alto en el caso de las mujeres, de las cuales el 75% no estudiaba frente al 51% de los varones en la misma situación. Por otro lado, el 83% de las y los adolescentes trabajaba antes del ingreso al Centro Educativo, generalmente en trabajos precarios y desprotegidos y en cantidades de superan lo legalmente establecido como carga laboral diaria (MNP, 2015a). En cuanto a la población adulta privada de libertad, el 16% de las personas privadas de libertad no sabe leer ni escribir, lo que representa más del doble del porcentaje a nacional del 7,1%. Además, el 7% no tiene estudios formales y más del 40% no completó la educación primaria obligatoria. En relación al trabajo, el 14% no trabajaba al momento de su detención, cifra considerablemente elevada respecto a la cifra de desocupados a nivel nacional del 3,3%. Del porcentaje total que trabajaba al momento de ingresar a una penitenciaría, más del 30% lo hacía en trabajos precarios. Los salarios percibidos dan cuenta de esta realidad, ya que el 35,6% ganaba menos del salario mínimo, un 23,1% ganaba el mínimo y un 23,2% ganaba más del salario mínimo (Ministerio de Justicia, 2014). Ahora bien, esta ausencia del Estado en cuanto a la garantía de derechos se contrapone a la presencia excesiva del Estado en su carácter punitivo. Loïc Wacquant (2009) airma que la decisión de encerrar a la población marginalizada y excluida es una deci- Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 67 La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay sión política. Es una decisión política abordar los problemas sociales con políticas punitivas antes que con políticas sociales y es una decisión demasiado costosa económica y socialmente. Mientras que en atención primaria se gasta Gs. 153.000 por persona, Gs. 1.590.000 por niño y niña en la escuela y Gs. 1.864.000 en la niñez que sufre hambre; una persona privada de libertad cuesta al país sólo en materia penitenciaria (sin incluir los gastos del sistema judicial) Gs. 16.135.000 (Última Hora, 2012), gasto que, además, se da en un contexto de vida infrahumana de parte de las personas recluidas. El estudio a través del cual se recogieron los datos que forman parte de este artículo se llevó a cabo en los Centros Educativos Itauguá, La Esperanza, Virgen de Fátima y las Penitenciarías Nacional de Tacumbú y la Casa del Buen Pastor, entrevistando a personas adolescentes y jóvenes de 17 a 24 años. La principal técnica utilizada fueron las entrevistas en profundidad para la construcción de historias de vida, que forma parte de lo que metodológicamente se conoce como métodos o perspectivas biográicas. La elección de este abordaje se debe a que el mismo permite conocer la problemática desde el punto de vista de las y los actores involucrados en ella y por medio de otras fuentes realizar una contextualización de los fenómenos sociales en el marco en el cual se desarrolla. Como resultado se obtuvieron diez historias de vida. Se debe aclarar que todos los nombres de las personas entrevistadas y sus familiares fueron cambiados con el in de resguardar su identidad. 2. Referencias teóricas La principal referencia teórica de este estudio es Loïc Wacquant (2010) y sus conceptos de “Prisonfare” y Estado punitivo. Prisonfare es un término que se utiliza para designar a los programas de penalización de la pobreza vía el direccionamiento preferencial y el empleo activo de la policía, los tribunales y las cárceles (así como sus anexos: la libertad vigilada, la libertad condicional, bases de datos de criminales y variados sistemas de vigilancia) en el interior y en las proximidades de los territorios marginalizados. Wacquant hace una revisión histórica del paso del Estado de Bienestar al Estado Punitivo en el marco del neoliberalismo. Él realiza un análisis del tratamiento del Estado al avance de la marginalidad que paradójicamente el mismo ha impulsado y anclado con la conluencia de políticas de desregulación económica y cortes en protección social. Indica que el Estado pudo tratar socialmente la emergencia de la pobreza, centrándose en los mecanismos que la generan o bien “medicar” los síntomas individuales, sin embargo, se centró en la vía penal para la resolución de conlictos sociales. El auge de las políticas punitivas sin embargo no es una respuesta a la inseguridad criminal, sino a la inseguridad social generada por la precarización del trabajo asalariado. En este sistema, la cárcel funciona como “contenedor judicial donde se arrojan los 68 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Alejandra Estigarribia desechos humanos de la sociedad de mercado” (Wacquant, 2010: p.25). No obstante, no sólo la encarcelación es el indicador del Estado punitivo, sino también la violencia y persecución policial que no siempre termina en la encarcelación (Wacquant, 2012). 3. Referencias conceptuales En el estudio se utilizan algunos conceptos construidos por otras autoras y autores y otros son conceptos emergidos del presente estudio. Se utiliza en el concepto de consumo problemático de drogas, que se puede deinir como: Aquellos tipos de usos que tanto desde el punto de vista médico toxicológico como desde el punto de vista sociocultural son capaces de provocar daños en al menos una de las siguientes cuatro áreas vitales: 1) el área de las relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos), 2) el área de las relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio), 3) el área de la salud física y psíquica y, 4) el área de las relaciones con la ley (Folgar, 2003: p.27). Por otro lado, en el estudio se denomina fuerzas represivas del Estado a aquellas instituciones estatales que tienen la capacidad de ejercer coerción sobre la población. Varios autores clasiican a las instituciones policial y militar dentro de lo que aquí se denomina fuerzas represivas del Estado, nombrándolas de distintas maneras: aparatos represivos de Estado (Althusser, 1988), aparatos coercitivos (Gramsci, 1984). Además del concepto de trabajo, se utiliza el concepto de actividades de producción de ingresos. Esto se debe a que varias de las actividades realizadas por las personas entrevistadas y por sus familiares se salen del concepto estricto de trabajo, sin embargo, son actividades mediante las cuales garantizan su sustento. En el estudio se entiende por trabajo a aquellas actividades realizadas con el objetivo de producir ingresos y que no se encuentran tipiicadas como hechos punibles. Por otra parte, cuando se habla en general del trabajo y otras actividades (hechos punibles), se utiliza el concepto de “actividades de producción de ingresos”. También se utiliza el concepto de violencia sexual para referirse a todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (Organización Múndial de la Salud, 2013: p.2) Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 69 La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay 4. Contexto. Paraguay y sus cambios demográicos e institucionales La distribución geográica de la población paraguaya tuvo un cambio dramático en los últimos 60 años. La población pasó de ser principalmente rural, con 65% en áreas rurales y 35% en áreas urbanas en el año 1950 a ser mayoritariamente urbana con 40% en áreas rurales y 60% en áreas urbanas en el año 2012 (DGEEC, s/f). La migración del campo a la ciudad debido a la expansión de los cultivos extensivos para exportación generó un crecimiento urbano sin planiicación y sin políticas de inclusión de esta gran cantidad de “nuevos urbanos” que se ubican en las zonas periféricas de la ciudad conformando los cinturones de pobreza de la ciudad (Riquelme y Vera, 2013; Galeano, 2014). Paralelamente a la urbanización del país, en los últimos quince años se triplicó la población privada de libertad y en los últimos cinco años la misma se duplicó; lo curioso de estos números es que no se corresponden con un crecimiento de la inseguridad criminal2. Este crecimiento de la población encerrada está precedida y respaldada legalmente por el endurecimiento de la penalidad y la lexibilización de las garantías (Galeano, Leguizamón, y Valiente, 2015). En los últimos años también se ha notado un crecimiento en los presupuestos destinados a la persecución penal sumado al conjunto de lo que se denominan como fuerzas represivas del Estado. En el Preguspuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016 se puede observar el enorme presupuesto destinado a las instituciones encargadas de la represión del delito y la acusación, en comparación al ínimo presupuesto destinado a las instituciones de defensa y vigilancia de cumplimiento de derechos (ver gráico N°1). Gráico N°1: Presupuesto General de la Nación aprobado, año 2016, en millones de guaraníes Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley N° 5.554 “Que aprueba el presupuesto general de la Nación para el ejercicio iscal 2016” 2 70 Se utiliza el concepto de inseguridad criminal para distinguirlo del concepto de inseguridad social en el mismo sentido que Wacquant (2012), es decir como sinónimo de hechos punibles cometidos. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Alejandra Estigarribia La priorización de unas instituciones por sobre otras, traducidas en los prespuestos destinados a las instituciones, releja la prevalencia de un tipo de política que se centra en reprimir y perseguir antes que proteger. 5. Resultados Como resultado de las entrevistas se construyeron diez historias de vida, que dieron lugar a una serie de categorías de análisis. De los resultados emergidos se delinean características relacionadas a la educación, los entornos familiares, las trayectorias de producción de ingresos, el consumo problemático de drogas, el contacto con las fuerzas represivas del Estado y la vida luego de la privación de libertad. Tabla N°1: Datos de las personas entrevistadas Nombre Edad Lugar de privación de libertad Alicia 21 años Penitenciaría Nacional del Buen Pastor (Pabellón Evangélico) Daniel 21 años Penitenciaría Nacional de Tacumbú (Mixta Alta) David 17 años Centro Educativo Itauguá Gabriela 20 años Penitenciaría Nacional del Buen Pastor Humberto 17 años Centro Educativo de Itauguá La Esperanza Jason 19 años Penitenciaría Nacional de Tacumbú (Pabellón Libertad) José 20 años Penitenciaría Nacional de Tacumbú (Pabellón Libertad) Laura 17 años Centro Educativo Virgen de Fátima Rubén 18 años Centro Educativo Itauguá Ruth 17 años Centro Educativo Virgen de Fátima Fuente: Elaboración propia 5.1. Educación “A la mañana nos íbamos a vender remedio. Nos íbamos a las 7 de la mañana y a las 12:30 por ahí ya veníamos. Después nos íbamos a la escuela hasta las 3 nomás. Siempre llevábamos un justiicativo para retirarnos después del recreo” Gabriela La educación es evocada como valor universal y está reconocida como derecho en la Constitución de la República del Paraguay. Sin embargo, la permanencia escolar difícilmente se logra en contextos de vulnerabilidad, como lo conirman los datos emergidos del estudio. Todas las personas entrevistadas tuvieron acceso a la educación formal, sin embar- Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 71 La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay go, casi ninguna completó la educación básica establecida como obligatoria, o bien no llegaron al curso que se correspondería con su edad. El promedio de años de estudios de las personas entrevistadas es de 6 años. En todos los casos, la educación formal se dio en contextos de vulnerabilidad para su sostenimiento, es decir en combinación con actividades de producción de ingreso para sostenimiento propio y/o de la familia, consumo de drogas y escasez de recursos “A esa edad también. Trabajaba y limpiaba. A veces vendía toda mi mercadería y ya me iba a trabajar para poder comprar para mis útiles. No me iba a la escuela para ir a trabajar. Sábados y domingos si o si tenía que trabajar. Después me dejé ya de vender la mercadería porque era riesgoso. Después seguí limpiando vidrio. No había plata, era difícil. Yo ya estaba en las drogas” Alicia “Un día cuando tenía nueve años era difícil la situación de vida con mi familia. Empezó a faltar plata así para educación, para nuestra comida y empezamos a trabajar los dos hermanos en ese momento, uno era chiquitito todavía. Empezamos a trabajar vendiendo verduras. Poníamos en bolsas plásticas y vendíamos casa por casa. Así pasábamos el día y después con nuestro estudio también” Rubén “Sí, yo trabajaba en peluquería… cuando yo salí del hogar me iba a la escuela y después dejé porque veía como no había nada para comer en mi casa y eso, me dediqué a trabajar” Ruth La mayoría de las personas se encontraban estudiando en los lugares de privación de libertad al momento de la entrevista, sin embargo, es necesario aclarar que la educación dentro de los lugares de privación de libertad es precaria e insuiciente en cuanto a carga horaria y calidad (ver sección “Educación” en MNP, 2013; MNP, 2015b, MNP, 2016). Muestra de ello es la diferencia entre la carga horaria del sistema público de educación, en el cual se tienen generalmente 30 horas semanales en el primer y segundo ciclo y 36 horas semanales en el tercer ciclo, y la carga horaria en los Centros Educativos en donde el 38% de las y los adolescentes tiene una carga horaria semanal de 11 a 15 horas y el 27% de 6 a 10 horas semanales (MNP, 2015a). 5.2. Entornos familiares “Mis hermanas y eso salen y piden en la calle, con su hijo. Hace 30, 40, 50 y se va ya… Dos limpian (vidrios) y uno está en mi casa, trabaja en albañil y uno está en Tacumbú… Mi hermano Pablo está por la calle, pide, mi hermana Jesica también pide” Ruth El 75% de las y los adolescentes en privación de libertad en Paraguay tienen ingresos familiares globales que se corresponden con el 30% más pobre del Paraguay y el 72 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Alejandra Estigarribia 43% de las familias son beneiciarias de los programas de sistema de protección social no contributivo destinados a familias en situación de pobreza (MNP, 2015a). Los datos emergidos en este estudio conirman que los entornos familiares en los cuales se desarrollaron las personas entrevistadas son entornos poco propicios para el crecimiento de niñas, niños y adolescentes desde el punto de vista de las condiciones socio económicas, la violencia intrafamiliar y el consumo problemático de drogas y alcohol. La caracterización de las condiciones socioeconómicas familiares se puede construir en base a las fuentes de producción de ingresos de las madres y padres, las características de las viviendas y los mismos relatos de las personas entrevistadas sobre las condiciones de sus familias. Las formas de producción de ingresos se corresponden con trabajos precarios, sin seguridad ni protección laboral, y en algunos casos de alto riesgo. Las madres de tres personas se dedican o dedicaban al microtráico, dos de ellas se dedican paralelamente a otras actividades como reciclaje y manicura. Una de las madres se dedica al reciclaje exclusivamente. Las madres de otras tres personas se dedican a la venta de remedios yuyos, comida y frutas. Las otras tres restantes son limpiadoras de un local de comidas, empleada doméstica y agricultora. Los padres se dedican a reventa de entradas, reciclaje, mecánica de motos, conductor de taxi, agricultura y venta de frutas paralelamente a otro empleo de DJ en una discoteca, dos de ellos son albañiles y dos cuicacoches. En cuanto a las condiciones de las viviendas, la mitad de las personas entrevistadas vivía en viviendas de tabla (madera) o hule. Por otro lado, los relatos sobre las condiciones socio económicas familiares, dan cuenta de la vulnerabilidad. “Ellos (padre y madre) son pobres, pero pobres luego. Ellos viven la vida de lo que mi papá recauda nomás. No les sobra a ellos ni para comprarse una ropita o salir a pasearse, sólo para el sustento de la casa” Jason “Empezó a faltar plata así para educación, para nuestra comida y empezamos a trabajar” Rubén “Veía como no había nada para comer en mi casa y eso, me dediqué a trabajar” Ruth La mitad de las personas vivió situaciones de violencia intrafamiliar en su entorno familiar directo. En todos los casos la agresión física estuvo dirigida del padre hacia la madre. De todos los casos de violencia, cuatro de ellos reportaron ser víctimas directas de agresiones, las tres mujeres y un hombre. Las situaciones de violencia derivaron en el abandono del hogar por parte de dos personas y en el inicio del consumo de drogas en el caso de una. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 73 La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay Todas las personas entrevistadas, con excepción de una, reportaron entornos de consumo problemático de drogas y/o alcohol en sus hogares familiares, ya sea de parte de padres, hermanos u otros familiares directos (tíos). Tres personas hablaron de problemas de alcoholismo del padre y/o la madre. Dos personas hablaron de problemas de consumo de drogas por parte de sus tíos. Cuatro personas hablaron de problemas de consumo de drogas por parte de sus hermanos o hermanas. En la mayoría de estos casos, las personas entrevistadas relacionan este entorno con su propio consumo. Finalmente, una característica muy importante del entorno familiar es la cantidad de familiares privadas y privados de libertad. Seis de las diez personas tenían familiares en privación de libertad al momento de la entrevista, y tres de ellas tenían a más de un familiar en esta situación. 5.3. Trayectorias de producción de ingresos “Nosotros tomamos una decisión con mi hermano de venir a trabajar en el centro como lustrabotas… Con eso nos manteníamos económicamente, después hubo un tiempo que hendy [no había dinero]. Lo que nos dejó mi papá, vendíamos y después empeñábamos. Ahí se fueron todito las cosas de valor… Después ya le queríamos regalar algo a nuestras novias y ya robábamos… Después de salir de [del Centro Educativo de] Itauguá ya robaba bien, es decir ya tocaba más plata. Tenía ya mi moto y en mi moto nomás ya me iba” Jason Las personas entrevistadas se iniciaron en su actividad de producción de ingresos a los 9,5 años en promedio. Las actividades a las cuales se dedicaban son en su mayoría trabajos informales, lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta que a tan temprana edad es imposible acceder a un trabajo formal. El principal motivo por el cual iniciaron la vida productiva fue la escasez de recursos en el hogar, lo que implicó la necesidad de generación de recursos para el propio sustento y aporte de recursos para el hogar. Tabla N°2: Actividades de producción de ingresos de adolescentes y jóvenes en privación de libertad participantes del estudio Nombre Alicia 74 Edad de inicio Actividades de producción de ingresos 7 años Venta de juegos de azar en la calle y en buses Venta de estampas en buses Venta de verduras, frutas y mercaderías traídas de Clorinda en el mercado de Luque Limpia vidrios Microtráico Robo y hurto Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Alejandra Estigarribia Daniel 14 años Venta de frutas en buses Robo y hurto David 8 años Carpintero Albañil Mecánico Robo y hurto Gabriela 7 años Trabajo en calle pidiendo dinero Venta de remedios yuyos Venta de frutas y verduras Venta de juegos de azar Empleada doméstica Microtráico Robo y hurto Humberto 12 años Robo y hurto Jason 10 años Lustrabotas Ordenanza de casa de cambios Robo y hurto José 8 años Limpia vidrios Robo y hurto Laura 8 años Venta de frutas Empleada doméstica Microtráico Robo y hurto Rubén 9 años Venta de verduras Ayudante en granja Carga de camiones Robo Ruth 12 años Venta de comestibles en buses Empleada en peluquería Microtráico Robo y hurto Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas En la tabla N° 2 se listan las actividades de producción de ingresos, ordenadas cronológicamente por persona. Allí se puede ver que todas las personas, con excepción de una, se iniciaron con trabajos informales y luego pasaron a otras actividades como microtráico, hurtos y robos, lo cual devela la extrema vulnerabilidad en que viven Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 75 La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay estas personas, ya que son actividades sumamente peligrosas. Más de la mitad de las personas entrevistadas trabajaron en algún momento de su vida en contexto de calle, esto implica una exposición a diversos peligros y convierte al trabajo en una actividad de alto riesgo. Por otro lado, las actividades que no se desarrollaban en la calle, implicaban de igual manera malas condiciones laborales en cuanto a horarios y remuneración. “Limpiando vidrio, hay muchas personas que son degenerados, vienen y te dicen ‘tengo un 50 mil, vamos pues’ yo le derramo agua. Ahí me amenaza que le va a llamar a la policía, yo le digo que le llame nomás, por maleducado le tiré agua. Yo estoy trabajando y vos sos maleducado” Alicia “En la calle cualquier cosa pasa y se te agarra y dicen ‘este tiene luego antecedentes’…, ‘vamos a dejarle nomás ya como sospechoso’, y voy a venir nomás otra vez. Por eso no da gusto trabajar en la calle, pero si tenés antecedente limpio, tranquilo trabajas” Daniel “Me iba a la calle y los más grandes nos pegaban, heta aipo’o [me pegaron mucho], nos maltrataban. Mi hermano estaba luego en la calle y me iba con él. Yo era retobado. Pero después se hicieron mis socios” José Los datos generales sobre adolescentes privadas y privados de libertad indican que el 85% de ellas y ellos trabaja antes del ingreso a los Centros Educativos, la mayor parte de ellos se dedicaba a oicios de Albañil, ayudante de albañil (25%) y trabajos de calle, limosnas, limpiavidrios (15%). La mitad de las adolescentes eran empleadas domésticas (MNP, 2015). En el caso de las personas adultas, 14% se encontraba desempleada al momento de la privación de libertad, entre quienes trabajaban el 30% se dedicaba a trabajos precarios (MJ, 2014). 5.4. Drogas “Empecé con cocaína. Los hermanos de mi papá consumen, son viciosos. Yo me iba a comprarle droga a ellos, desde los 8 o 9 años, me conocían todo, en la Chacarita. Me subía en el [la línea del bus] 48 y me iba. Un día tuve, ya me gusta ya la cosa y ahí empiezo a consumir, después me fui con el crack” Humberto Con excepción de una, todas las personas entrevistadas consumen o consumieron drogas, sostenida y problemáticamente. En la mayoría de los relatos, el inicio del consumo no se narra de manera clara, por lo que la edad exacta de inicio tampoco es clara, pero en todos los casos fue a temprana edad (entre los 9 y los 14 años). En cuanto a los motivos que atribuyen las personas entrevistadas al inicio del consumo de drogas se encuentran problemas familiares, el hecho de ser víctimas de agresiones y la inluencia de otras personas. 76 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Alejandra Estigarribia “Siempre mi papá jugaba por nosotros. Nos pegaba, nos rompía y eso con el cinto, con cable nos pegaba. Siempre mi mamá y eso… sufría mucho la verdad. Hasta que yo me metí en las drogas, busqué refugio en otro lado. Empecé a fumar la droga y eso, después ya vine y paré acá” Gabriela “Vino un amigo y me ofreció. Yo era boba en ese tiempo. Y fumé. Yo no me hallaba porque no sabía cómo ayudarle a mi papá, la droga te hace pasar la preocupación” Laura En cuanto a las drogas consumidas, casi todas las personas entrevistadas consumían más de una, pero la más recurrente o la que más consumen/consumieron es el “crack” o “chespi”. Se debe tener en cuenta que es la droga más barata que existe en el mercado y también la más dañina en el sentido de la dependencia que genera y los daños a la salud que implica (Enfoque Territorial, s/f.). Las personas entrevistadas hablaron de los efectos que les producen estas drogas, por ejemplo, dicen que la marihuana causa relajación, la cocaína aceleración, las pastillas (Disomnilán) estado de euforia, cola de zapatero pérdida de la sensibilidad ante el frío, el crack insomnio, pérdida del apetito, sensación de bienestar que hace olvidar los problemas, además de una fuerte dependencia. El crack también acarrea problemas de salud como caída del cabello y descomposición de la dentadura. El consumo problemático de drogas, debido a la dependencia que causa y a las actividades relacionadas (robo, por ejemplo) implicó para muchas de las personas entrevistadas, pérdidas en distintas áreas de sus vidas: familia, educación, trabajo, entre otras. “Después me empecé a drogar y ya no me importaba nada. Dejé de vender en el mercado, limpiaba vidrio y me iba a la escuela. Después ya no me iba a la escuela. Ahí ya me quedaba en la calle, 2-3-4 meses me quedaba en la calle. Mi mamá venía a buscarme y yo me escondía de ella. No me quería ir, yo me hallaba ahí” Alicia “Sí (le gustaba la escuela), pero después por culpa de la porquería [la droga] lo que ya no me gustaba más” David “Dejé [la escuela] porque me metía más en la droga. Dejé mi colegio, dejé de trabajar, dejé mi casa, me fui por la calle” Laura A pesar de que todas las personas, excepto una, consume o consumía drogas de forma problemática, la mayoría tiene una opinión negativa de las mismas y por oposición una visión positiva de lograr superar la dependencia. De las nueve personas que consumen o consumían, sólo tres fueron al Centro Nacional de Control de Adicciones alguna vez en su vida y todas ellas volvieron a consumir luego del tratamiento realizado. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 77 La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay 5.5. Contacto con las fuerzas represivas del Estado “Ellos (los agentes policiales) para que no se noten los moretones te ponen toalla y te pegan, doblan la toalla y te hacen dormir en el piso y te patean, así sólo por dentro te golpean y no se ven los moretones afuera” David La actuación violenta de la policía en contra de niños, niñas y adolescentes es un hecho constatado por estudios existentes (ver Vera y González, 2011), también la exposición a malos tratos y torturas durante la aprehensión (52% recibió maltrato físico durante la aprehensión por parte de la policía), durante el proceso iscal y judicial y en los Centros Educativos (19,5% recibió maltrato físico por parte de los guardias en los Centros Educativos) (MNP, 2015a). Los lugares de privación de libertad de las personas adultas también registran tratos crueles, inhumanos, degradantes y torturas (MNP, 2013). Los datos emergidos de este estudio conirman los datos citados, y aportan en el sentido de mostrar que no sólo la actuación es violenta, sino que el segundo mayor contacto de las personas entrevistadas con el Estado se da a través de sus fuerzas represivas; es decir, fuera de la educación formal a la cual todas y todos accedieron en distinta medida, las instituciones que forman el complejo represivo del Estado son las que más presentes han estado en la vida de estas personas. Este contacto se da con distintas dependencias, de distintas formas y en distintos momentos, pero el factor común es la violencia con que operan. Cuatro personas relataron la violencia física sufrida en el momento de la aprehensión, tanto por parte de efectivos de la SENAD, como por parte de la policía. Tres personas relataron la violencia física durante su detención en Comisarías. Tres personas narraron situaciones de violencia física en los lugares de privación de libertad y una de ellas habló de violencia sexual por parte de un trabajador del Penal. “Empecé a esperar (en la Comisaría esperaba su derivación al CEI) y todas las noches nos jugaban los policías” Rubén “Ese día ligamos muchísimo, la SENAD, nos apuntó con armas, de balde nos pegó. Encontró nuestro consumo, pipa, cuchillito que usamos para consumir. Teníamos todo moretón así, nos puso boca para abajo, nos apuntó con su arma luego” Alicia Además de la violencia física, otros tipos de violencias ejercidas por las fuerzas represivas del Estado son la extorsión y la violencia psicológica. “Le denuncié (al agresor sexual), pero el policía no me creyó a mí. Me dijo ‘qué piko una chespirita, vos seguro le buscaste, no vamos a agarrar tu denuncia’. En la Comisaría 5ª de Pelopincho. No me creyeron” Laura 78 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Alejandra Estigarribia “Me pidió la plata. Plata, plata nomás quería, pero no quería de la propiedad de la víctima. Le pregunté cuánto necesitaba y me dijo 800.000 [guaraníes]3 y que con el resto ellos nomás se iban a arreglar. Yo no tenía. En ese momento tenía 180.000 nomás y 170.000 tenía mi amigo. Le dimos 350.000 [guaraníes] y nos dijo que no es mucho, que igual nomás nos íbamos a ir a la comisaría. Le pedimos de vuelta nuestra plata y nos dijo que eso iba a quedar como evidencia” Rubén 5.6. La vida después de la cárcel “No sé cómo me voy a sentir cuando esté afuera. Yo siento que va a ser diferente ya para mí (…) Pienso que mis hijas ya no van tener el cariño que me tenían hace cinco meses atrás. Hace cinco meses que no les veo más a mis hijas y eso. Pienso que van a tener vergüenza de mí y todo eso, y que todo el mundo pueda decir ‘pea petei carcelara kue’ [esa es una ex carcelera], que se van a burlar de mí. Todo eso pienso yo” Gabriela La población privada de libertad pertenece a los estratos más empobrecidos y marginalizados de la sociedad y esta situación de exclusión se agrava con la privación de libertad ya que marca de por vida a las personas y restringe sus posibilidades futuras. El hecho de contar con antecedentes penales inluye en las sanciones que las personas reciben de parte de las y los jueces (ver Vera y González, 2011) afecta las posibilidades de reinserción social y laboral, creando estigmas y rechazos (Guttandin, y otros, 2016). En los relatos de las personas entrevistadas se pueden observar mayormente el debilitamiento de los lazos familiares, la imposibilidad de conseguir trabajos formales y la vulnerabilidad ante las fuerzas represivas del Estado. “Viste que en la calle cualquier cosa pasa y se te agarra y dicen este tiene luego antecedentes (…), vamos a dejarle nomás ya como sospechoso, y voy a venir nomás otra vez” Daniel “Para entrar (a trabajar) te pide tu curriculum, antecedente policial. Cuando eso yo no tenía antecedente pero ahora creo imposible ya si me piden antecedente; uno luego que yo estoy por robo pues y la mayoría ya no quieren” Gabriela “Cuando vos salís de acá tenés antecedentes, vos no podés salir a trabajar porque la gente dice ‘vos saliste de la cárcel’ te discriminan porque tenés antecedentes” Laura 3 100.000 guaraníes equivalen aproximadamente a 18-20 dólares. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 79 La cárcel como coronación de las exclusiones. Historias de vida de adolescentes y jóvenes en privación de libertad en Paraguay 6. Relexiones inales La devaluación de los derechos durante toda la vida, profundizada durante los encuentros con las fuerzas represivas del Estado y coronada con la privación de libertad, naturaliza un estado de precariedad que construye sujetos aún más precarizados. Sin embargo, esto no es arbitrario, es una decisión política deliberada de abordaje de los problemas sociales con políticas punitivas antes que con políticas sociales. Las trayectorias de vida de las personas entrevistadas dan cuenta de los intrincados caminos que debieron recorrer para la sobrevivencia, como el inicio de actividades de producción de ingresos a temprana edad, realización de actividades de alto riesgo y el abandono escolar. También se observa la vulnerabilidad socioeconómica de sus entornos familiares y el involucramiento intra e inter generacional con la ley penal. En las trayectorias de vida se ve la ausencia del Estado en su carácter ejecutor de políticas sociales y garantizador de derechos y se ve su presencia en cuanto a ejecutor de políticas punitivas en contra de la población marginalizada. 80 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Alejandra Estigarribia Referencias bibliográficas Alexander, Michelle. 2010. he New Jim Crow. Mass Incarceration in the age of Colorblindness, Nueva York, he New Press. Althusser, Louis. 1988. Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Buenos Aires, Nueva Visión. Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos, s.f. Población en el Paraguay, en<http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/PoblacionenelParaguay/ PP001.htm> (Consultado el 15 de mayo de 2017). Enfoque Territorial, s.f. Manual de drogas, reducción de daños y adicciones, en <http:// enfoqueterritorial.org.py/wp-content/uploads/2017/04/MANUAL-de-Drogas-Adicciones-...pdf>(Consultado el 15 de mayo de 2017). 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La familia aparece como la principal proveedora de bienestar y en ella se sustentan la ruptura con el crimen. Palabras claves Desistimiento criminal, cárcel, reincidencia, Paraguay 1 Investigador Categorizado, PRONII I- CONACYT. Profesor investigador, Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes (FCTA-UNP) y del INECIP-Paraguay. Candidato a PhD. y Máster en Criminología, Política Criminal y Seguridad (Universidad de Barcelona). Máster en Garantismo Penal y Derecho Procesal Penal (UNP). Realizó estancia de investigación sobre inseguridad en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga. Trabaja dos líneas de investigación: Criminología e Inseguridad y la Criminalización Secundaria. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 83 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva Abstract his article examines the relationship between structural constraints and the emergence of reports of criminal desistance in a sample of 100 convicted of four criminal categories, close to their release in Paraguay. he results indicate that the narratives of rupture with delinquency are closely linked to the capacity of the prisoner to maintain the social and family support with which he entered prison. he family appears as the main provider of well-being and testimonies of rupture with crime. Keywords Desistance from crime, jail, recidivism, Paraguay 84 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens 1. Introducción Este artículo forma parte de la tesis doctoral denominada “Condicionamientos estructurales y surgimiento de narrativas de desistimiento criminal en penados próximos a su liberación. Análisis de una muestra de delincuentes en Paraguay”, realizada en la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del profesor Santiago Redondo Illescas. Los principales teóricos del desistimiento criminal, en especial desde la perspectiva de la teoría del control social y del ciclo vital, han enfatizado la importancia de los condicionamientos estructurales en el proceso de desistimiento. Autores como Sampson y Laub (2003) y Farrall, Bottoms y Shapland (2010) han airmado que la mayor parte de las personas que han entrevistado en sus pesquisas se han apartado de la delincuencia, en gran parte, porque han podido capitalizar circunstancias claves, ya sean situacionales o estructurales. En Catalunya, Cid y Martí (2011) han documentado que entre los principales condicionamientos estructurales que posibilitan o impiden el nacimiento de relatos de superación de la desviación se encuentran las posibilidades de ingreso al mercado laboral, los vínculos sociales (familia, amigos, pareja, matrimonio) y los problemas de salud. Farrall y otros (2010), así como O’Sullivan, Kemp y Bright (2015), han sostenido que existe una interacción intrínseca entre la acción/decisión del delincuente y la estructura social en la producción de los procesos de superación del delito, aclarando que la decisión de abandonar la delincuencia es siempre ejercida dentro de una determinada estructura social, que lo condiciona. En este mismo sentido, King (2013) sostiene que la determinación de la persona es el aspecto transformador del desistimiento de la delincuencia y que la misma se encuentra inluida por el contexto social, que a su vez delimita el alcance de sus posibilidades. Siendo así, las estructuras y episodios de cambios estructurales son relevantes para el análisis del abandono de la desviación teniendo en cuenta que pueden representar nuevas posibilidades para el alejamiento del mundo delictivo, así como tienen la potencialidad de bloquear determinadas oportunidades (Sampson y Laub, 2005). Es por ello que la mayoría de los individuos que buscan separarse de la criminalidad ven el proceso de desistimiento como una manera de trazar un camino hacia una mayor inclusión social en la sociedad normal (Farrall y otros, 2010). Investigaciones realizadas en el contexto anglosajón, principalmente, han documentado que la existencia de vínculos sociales y familiares prosociales facilitan el proceso de desistimiento (Forrest, 2014; Sampson y Laub, 1993; Sampson y Laub, 2003). No obstante, estos vínculos son insuicientes por sí solos, ya que precisan estar acompañados de la decisión individual y de situaciones contextuales y/o estructurales favorables que Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 85 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva hagan posible o efectivo ese deseo de cambio (Bachman, Kerrison, Paternoster, Smith y O’Connell, 2016; Farrall y otros, 2010; Kazemian, 2007; Vaughan, 2007). Burnett (1992), Farrall y otros, (2010) y Zamble y Quinsey (1997) coinciden plenamente en que las personas que han reincidido vivieron a la salida de prisión o en el contexto del cumplimiento de su pena comunitaria, una situación mucho más problemática que los que han abandonado el delito, por lo que consideran que las relaciones y vínculos sociales facilitan la reinserción, principalmente el acceso a fuentes de trabajo dentro de la economía formal. Los postulados de la teoría del control social informal y la del ciclo vital han demostrado que son aplicables en contextos tan dispares como el de los Estados Unidos de la segunda postguerra y en el de la Europa nórdica, encontrándose en Noruega apoyos empíricos para supuestos teóricos de estas teorías, tales como que los vínculos institucionales convencionales asociados con la transición a la vida adulta tienen la capacidad de reducir e incluso terminar la conducta criminal de delincuentes reincidentes, y que en determinadas circunstancias, la formación de una pareja estable podría tener los mismos efectos que el matrimonio en cuanto inhibidor de conductas desviadas (Sampson y Laub, 1993; Savolainen, 2009). A pesar de ello, en el contexto latinoamericano es incipiente la investigación sobre la terminación de la carrera delictiva, y en especial sobre los relatos que subyacen a la misma desde las perspectivas teóricas que sirven de marco teórico a esta investigación. Particularmente, en el Paraguay es escaso el estudio sobre el sistema penitenciario en general y no existen antecedentes de indagaciones sobre los relatos de desistimiento delictivo, a tal punto que la escasez de estudios especializados sobre el régimen penitenciario, desde el sector público en el Paraguay, sería el relejo del desinterés y la improvisación del Estado en la formulación de políticas públicas basadas en el enfoque de derechos para mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria (Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), 2013; 2015; 2016; 2017). En función de lo anterior, este artículo se dirige a conocer la relación existente entre los condicionamientos estructurales, tales como el apoyo familiar, las posibilidades de acceso al mercado laboral y el tratamiento penitenciario, y el surgimiento de narrativas de desistimiento criminal, en una muestra de personas privadas de libertad de distintas categorías delictivas y provenientes de zonas urbanas y rurales, próximos a su liberación, en el Paraguay. Por ello, este estudio está delimitado a hombres adultos condenados por cuatro categorías delictivas, a saber: delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, delitos contra la salud pública (drogas), y delitos contra la autonomía sexual, que cumplen condenas en cuatro de las 16 penitenciarías de Paraguay, que son la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, y las cárceles regionales de los departamentos de Misiones, San Pedro y Concepción. 86 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens Estos tipos delictivos fueron seleccionados debido a que constituyen el 90 por ciento de las condenas dictadas en el país (Ministerio de Justicia, 2013). Además generan gran impacto mediático y social (Orrego, 2015). Las prisiones seleccionadas albergan a 1.552 de los 2.548 hombres condenados, es decir, al 60,9% (Ministerio de Justicia , 2014). La Penitenciaría Nacional y la Penitenciaría Regional de Misiones fueron incluidas en el estudio porque concentran población mayoritariamente proveniente de zonas urbanas, en tanto que las regionales de San Pedro y Concepción, por albergar a personas procedentes de zonas rurales. La muestra está constituida por quienes están en condiciones legales de beneiciarse con la libertad condicional por hallarse en la última etapa de su cumplimiento penitenciario, ya que una vez cumplidas las dos terceras partes de la condena en sistema legal paraguayo, toda persona privada de libertad, sin importar el delito por el que fue condenado, tiene derecho a la libertad condicional, según el artículo 51 del Código Penal de 1997, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en este artículo, los cuales hacen referencia al comportamiento durante el cumplimiento de la pena y la personalidad del reo. Las narrativas de las personas condenadas se recogen con preguntas abiertas, en la última parte del cuestionario y al igual que algunas investigaciones similares (Cid y Martí, 2011; Kirkwoord, 2015) se las interpreta cualitativamente, a través de la integración y el análisis de las cuatro variables que fueron elaboradas siguiendo el modelo que utilizaron en su trabajo Cid y Martí (2011); así como los indicadores empleados por otros estudios, como los de King (2012), Kirkwoord (2015) y Maruna (2001), que hacen referencia a la ruptura con la identidad delincuente, a los planes de vida prosociales, a la percepción de autoeicacia y a la conianza depositada en la no reincidencia tras la recuperación de la libertad. Estas cuatro variables recogen los principales elementos que impactan en el proceso de surgimiento de las narrativas de desistimiento criminal y son: 1) ruptura con el pasado, es decir, la superación de la identidad delincuente, basada en una autodeinición como personas que han roto con la delincuencia como forma de vida (King, 2012; Sampson y Laub, 2003; Ward, 2017); 2) planes de vida prosociales, que se expresan en la voluntad de acabar de cumplir la pena impuesta y consolidar sus propósitos familiares y de trabajo (Sampson y Laub, 1993; 2003); 3) la percepción de autoeicacia, demostrada por la consideración que tienen los entrevistados de que se alejarán de la vida criminal y que sus propósitos personales de integración a una vida convencional podrán ser logrados (Claes y Shapland, 2016; Sampson y Laub, 2003); y, 4) una conianza en la no reincidencia a pesar de las adversidades que encontrarán en la inalización de la condena (Laub y Sampson, 2003; Sampson y Laub, 2003). De esta manera, teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, en este artículo son consideradas narrativas desistentes del delito las que se adecuan de manera positiva con estos cuatro elementos: ruptura con la identidad delincuente, planes de Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 87 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva vida prosociales, percepción de autoeicacia, y conianza en la no reincidencia; en tanto que, son consideradas narrativas persistentes en la delincuencia las que, aunque incluyan relatos de ruptura con la identidad delincuente y/o maniiesten planes de vida prosociales, no expresan una percepción de autoeicacia, autocontrol y/o conianza de no volver a la delincuencia, y aquellas que responden negativamente a uno o más elementos de análisis de la narrativa. 2. Marco teórico En la década de los ’90 se acrecentó el interés de los criminólogos sobre el desistimiento criminal (Weaver 2016), principalmente a partir de las investigaciones de Sampson y Laub (1993) y Maruna (1997), sin embargo aún no se conoce suicientemente sobre el por qué las personas se apartan de la delincuencia, ni cuáles son los factores que desencadenan y mantienen el proceso de abandono del delito (Andrews y Bonta, 2010; Dufour, Brassard y Martel, 2015; King, 2012; Paternoster, Bachman, Kerrison, O’Connell y Smith, 2016; Walker, Bowen y Brown, 2013). A su vez, Göbbels, Ward y Willis (2012) sostienen que la cuestión es aún más compleja ya que varias investigaciones han mostrado que muchos delincuentes dejan de cometer delitos incluso sin ayuda profesional, sustentando esta airmación en investigaciones realizadas por autores como Laub y Sampson (2003), Laws y Ward (2011), y Serin y Lloyd (2009). La complejidad del tema que se aborda en este trabajo ha hecho que diferentes teorías criminológicas se ocupen de explicar, desde distintas perspectivas, el inicio, la continuidad y la terminación de la actividad criminal. Sin embargo, algunos autores sostienen que existen determinados enfoques que cuentan con el modelo teórico más apropiado para estudiarlo. Precisamente, Cid y Martí (2011) airman que los principales postulados que contribuyen a entender la trayectoria delictiva y los procedimientos de desistimiento delictivo de las personas son los siguientes: la teoría del aprendizaje, la teoría del control, la teoría de la tensión, y la teoría del etiquetaje, agregando que también se deben tener en cuenta la trayectoria y el ciclo vital, algunas de las cuales se presentan sintéticamente a continuación. 2.1. Teorías del control, del aprendizaje y de la tensión Si bien estas teorías tienen una genealogía formidable (Downes y Rock, 2012; Redondo, 2015), el nombre al cual acostumbran asociarse es Travis Hirschi (Cid y Larrauri, 2001). Para Redondo (2015), la concepción criminológica del control social más conocida e investigada durante las últimas décadas del siglo XX ha sido la teoría de los vínculos sociales de Hirschi, explicando que en ella se considera que el factor crítico que protege a los jóvenes de inmiscuirse en conductas infractoras es su vinculación con diversos 88 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens contextos socialmente integradores y que, por el contrario, la realización de conductas antisociales antes de los 18 años, como el consumo de drogas y alcohol, aumentan las posibilidades de condenas en la edad adulta (Craig, Morris, Piquero y Farrington, 2015). Hirschi (1969) explica que los actos delictivos se producen cuando el lazo de un individuo con la sociedad es débil o se ha roto y ha denominado apego, compromiso, participación y creencia a estos vínculos sociales. A su vez, Redondo (2015) realiza una conceptualización de estos cuatro elementos citados anteriormente de la siguiente manera: apego, o lazos emocionales con otros, en forma de afecto e identiicación con ellos; compromiso, o ubicación apropiada de los individuos en la sociedad, incluyendo la familia, la escuela y otros contextos y actividades juveniles de cariz prosocial; participación, o implicación en actividades convencionales, ya sean familiares o escolares, que faciliten la adquisición de habilidades y actitudes contrarias a la delincuencia; y, adquisición de creencias coherentes con los valores sociales respetuosos de las normas y contrarios al delito. Cid y Martí (2011) sostienen que la teoría del control social como base para entender el desistimiento ha encontrado su principal apoyo en las investigaciones de Sampson y Laub (1993) y Laub y Sampson (2003), en las que estos autores reanalizan y continúan un estudio longitudinal realizado a mediados del siglo XX, en el cual se muestra que los principales factores explicativos del alejamiento de las conductas desviadas son dos puntos de inlexión: el hecho de que la persona consolide una relación de pareja y que acceda a un puesto de trabajo estable. Sampson y Laub (1993) se basan en la teoría del control para airmar que el desistimiento es más probable que ocurra en la juventud, cuando la persona adquiere nuevos vínculos sociales y que este enfoque no solo es relevante para explicar el origen de la delincuencia en la infancia y su continuación en la adolescencia, sino también para conocer las razones que llevan al desistimiento en la vida adulta (Cid y Martí, 2011). Con relación a la teoria del aprendizaje social, la teoría originaria de la asociación diferencial de Sutherland fue posteriormente desarrollada por Burges y Akers como teoría del aprendizaje social de la conducta delictiva (Redondo, 2015), que considera que el comportamiento delictivo ha sido aprendido por la persona sobre la base, principalmente, del contacto con personas o grupos que han reforzado la clase de pensamientos, sentimientos y actitudes que preceden a la conducta delictiva (Akers, 2009). De acuerdo a esta perspectiva, el comportamiento delictivo se aprende, sobre la base de cuatro mecanismos principales que operan en combinación (Redondo, 2015), siendo el primero la asociación diferencial, o vinculación preferente de un sujeto, con personas que cometen delitos, considerándose que tienen más fuerza e inluencia sobre el individuo las asociaciones diferenciales siguientes: a) las prioritarias, es decir aquellas que aparecen antes en la vida; b) las más frecuentes; c) las que duran más tiempo; y, d) las que son emocionalmente más intensas. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 89 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva En segundo término, la asociación diferencial de una persona con delincuentes expone a dicha persona a deiniciones especíicas favorables al delito, o sea, a valores, actitudes y signiicados estimuladores de conductas infractoras concretas. El tercer dispositivo teórico de esta perspectiva es el reforzamiento diferencial, o preponderancia de consecuencias favorables o gratiicantes, como resultado de la realización de las conductas delictivas. Cuanto mayor reforzamiento diferencial, ya sea material o social, reciba alguien por el comportamiento infractor que realiza, mayor probabilidad tendrá de repetirlo. Por último, el cuarto mecanismo de la teoría del aprendizaje realza la imitación de las conductas delictivas, a partir de observar su realización por parte de otras personas que son signiicativas para el individuo, es decir, apreciadas, admiradas o queridas por él. Cid y Martí (2011) recuerdan que a partir del movimiento conocido con el nombre de What Works?, que ha evaluado los programas de rehabilitación y ha establecido los principios de la intervención efectiva, se ha revalorizado la teoría del aprendizaje como base para conseguir que la persona inalice su carrera delictiva. Finalmente, con relación a las teorías de la tensión Redondo y Pueyo (2007) explican que múltiples investigaciones han puesto de relieve la conexión entre las vivencias de tensión y la propensión a cometer ciertos delitos, especialmente delitos violentos (Andrews, Bonta y Wormith, 2006). Muchos homicidios, asesinatos de pareja, lesiones, agresiones sexuales y robos con intimidación son perpetrados por individuos que experimentan fuertes sentimientos de ira, venganza, apetito sexual, ansia de dinero y propiedades, o desprecio hacia otras personas. Al respecto, una perspectiva clásica en psicología es la hipótesis que conecta la experiencia de frustración con la agresión. En esta misma línea, una formulación criminológica más moderna es la teoría general de la tensión, que señala la secuencia explicativa de la relación entre estrés y delito, resaltando entre las fuentes de tensión la imposibilidad que el individuo pueda lograr objetivos sociales positivos, ser privado de gratiicaciones que posee o espera, y ser sometido a situaciones aversivas ineludibles. Explican Redondo y Pueyo (2007), que como resultado de las anteriores tensiones, se generarían en el sujeto emociones negativas que como la ira energizan su conducta en dirección a corregir la situación. Una posible acción correctora contra una fuente de tensión experimentada es la conducta delictiva. La supresión de la fuente alivia la tensión y de ese modo el mecanismo conductual utilizado para resolver la tensión se consolida. Un resultado que parece constante en las investigaciones dirigidas a conocer los factores que explican las diferencias entre las personas que reinciden de las que desisten es que las primeras encuentran mucho más obstáculos que las segundas para dejar de delinquir (Cid y Martí, 2011). En este mismo sentido, Farrall y otros (2010) y Vaughan (2007) son plenamente coincidentes en cuanto a que las personas que han reincidido, en general, vivieron a la salida de prisión o en el contexto del cumplimien- 90 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens to de su pena comunitaria, una situación mucho más problemática que los que han desistido. Aunque pueda haber algunas diferencias entre las investigaciones, puede airmarse que las personas que reincidieron, percibieron o experimentaron, concretamente, más problemas económicos, mayor diicultad para insertarse laboralmente, más conlictos en las relaciones familiares o de pareja y más adicciones a las drogas (Cid y Martí, 2011). 2.2. Criminología del desarrollo La investigación sobre carreras delictivas, también conocida como criminología del desarrollo, concibe la delincuencia en conexión con las diversas etapas vitales por las que pasa el individuo, especialmente durante los periodos de su infancia, adolescencia y juventud (Redondo y Pueyo, 2007). La criminología del desarrollo es una de las propuestas teóricas más importantes en la actualidad, que incorpora conocimientos de la investigación y teorías psicológicas precedentes en el estudio de la carrera criminal, siendo una importante síntesis a este respecto la efectuada por los investigadores canadienses Andrews y Bonta (2003), en su modelo de Riesgo-Necesidades-Responsividad (Redondo y Pueyo, 2007). Se considera que durante la adolescencia, muchos jóvenes realizan actividades antisociales de manera estacional, pero que las abandonan pronto, de modo natural; ya que la adultez está relacionada con el desistimiento (Rocque, Posick, y White, 2015). Sin embargo, la prioridad para el análisis psicológico son los delincuentes persistentes, que constituyen un pequeño porcentaje de jóvenes, que tiene un inicio muy precoz en el delito y que van a cometer muchos y graves delitos durante periodos largos de su vida (Moitt, 1993). En los estudios sobre carreras delictivas se analizan las secuencias de delitos cometidos por un individuo y los factores que se vinculan al inicio, mantenimiento y inalización de la actividad delictiva. Así pues, su principal foco de atención son los factores de riesgo de delincuencia (Redondo y Pueyo, 2007). Este modelo se orienta a las aplicaciones psicológicas en prevención y tratamiento de la delincuencia y establece tres grandes principios: 1) el principio de riesgo, que asevera que los individuos con un mayor riesgo en factores estáticos (históricos y personales, no modiicables) requieren intervenciones más intensivas; 2) el principio de necesidad, que airma que los factores dinámicos de riesgo directamente conectados con la actividad delictiva (tales como hábitos, cogniciones y actitudes delictivas) deben ser los auténticos objetivos de los programas de intervención, y 3) el principio de individualización, que advierte sobre la necesidad de ajustar adecuadamente las intervenciones a las características personales y situacionales de los sujetos (su motivación, su reactividad a las técnicas, etc.). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 91 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva 2.3. Teorías del etiquetamiento Las teorías del etiquetamiento, según explican Cid y Larrauri (2001), representó un cambio de orientación respecto de la anterior criminología dominada por el paradigma causal, ya que hasta aquel momento, la criminología había estudiado las causas del comportamiento delictivo, sin embargo, los teóricos del etiquetamiento deienden la importancia de estudiar el proceso de deinición por el cual la sociedad interpreta y deine un comportamiento como desviado y reacciona frente a él. Paternoster e Iovanni (1989), citado por Cid y Larrauri (2001) observan que las principales teorías de esta escuela provienen de dos grandes tradiciones, a saber: 1) el poder económico y político determina el qué y a quién se etiqueta; y 2) la experiencia de ser etiquetado es instrumental para la creación de un carácter y de un estilo de vida más desviado. Esta última tesis ha sido abonada por Wiley y Esbensen (2016) quienes han documentado que ser detenido o arrestado no sólo aumenta la delincuencia futura sino que también ampliica las actitudades desviadas. La etiqueta de delincuente, en efecto, puede promover que el individuo se vea envuelto en grupos desviados, ya que aumenta la participación en los mismos (Bernburg, Krohn, y Rivera, 2006); así mismo el contacto previo con el sistema penal puede ser considerado como un indicador de reincidencia por los que se han desarrollado distintas iniciativas institucionales, como por ejemplo, en los Estados Unidos de América, buscando facilitar la reinsesión laboral, de la cada vez más creciente cantidad de ex prisioneros (Nakaruma y Bret, 2014). La detención y el encierro reducen las posibilidades de reinserción escolar y aumentan la probabilidad de ser etiquetado como delincuentes en los centros educativos (Aizer y Doyle, 2015; Bernburg, Khron y Rivera, 2006), así como la capacidad de planiicar una vida fuera de prisión (Soyer 2014). Excepcionalmente, se pueden mitigar las consecuencias negativas del encierro, pero nunca se las pueden eliminar (Slocum, Wiley y Esbensen, 2016). De acuerdo al labbeling, en la constitución de la identidad individual interviene de modo decisivo la reacción de la gente, ya que la formación de la identidad es un proceso social. Una experiencia traumática como el hecho de ser arrestado y condenado puede ser la culminación de la construcción de la imagen de delincuente (Cid y Larrauri, 2001), e incluso podría ser predictor de una condena (Tahamont, Yan y Liu, 2015). Maruna (2001) compara el discurso o narrativa vital de persistentes en el crimen y desistentes de la actividad delictiva y llega a la conclusión que, en los primeros, la persona sigue cautiva de la etiqueta del delincuente, viéndose como esclava de las circunstancias e incapaz de evitar el delito. En cambio, en el discurso de cesación de la desviación aparece una clara separación entre la identidad de la persona como un delincuente y la identidad actual, en que el individuo asume un rol de persona convencional capaz de superar las circunstancias que en el pasado le llevaron a delinquir. 92 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens Por último, la teoría de la identidad ha cobrado fuerza en los últimos años en la explicación de la terminación de la carrera delictiva. Para sus exponentes, el desistimiento criminal es causado por cambios en la autopercepción, y sostienen que la identidad prosocial, así como la determinación de formar parte de sociedad convencional, se incrementan con el paso del tiempo y han aportado evidencias empíricas que sustentan la relación existente entre una buena identidad y la ruptura con la desviación (Bachman, Kerrison, Paternoster, Smith y O’Connell, 2016; Kerrison, Bachman y Paternoster, 2016; Rocque, Posich, y Paternoster, 2016; Paternoster, Bachman, Kerrison, O’Connell y Smith, 2016). 2.4. Conceptualización de desistimiento criminal El interés criminológico por el proceso de desistimiento del crimen se ha desarrollado en la década de los ’70 y ’80, profundizándose el estudio en los ’90, principalmente con los trabajos de Sampson y Laub (1993) y Maruna (1997), enfatizándose en distintos aspectos, ya sean personales o de la estructura social como desencadenantes del proceso de alejamiento del crimen (Weaver 2016). El auge de las investigaciones sobre la cesación de la actividad delictiva ha hecho que el desistimiento se haya conceptualizado según las necesidades de las distintas pesquisas, por lo que su conocimiento se ve diicultado por incoherencias teóricas, así como por las deiniciones y las reglas que se emplean para medirlo (Laub y Sampson, 2001), desconociéndose aún si es que ocurre de manera repentina, o si lo más habitual es el apartamiento paulatino y discontinuo de la desviación, en el que existen periodos abstinentes, y otros de posibles reincidencias delictivas (Bushway y otros, 2001; Bushway, Paternoster y Brame, 2003; Shapland y Bottoms, 2011). Sin embargo, Redondo (2015) sostiene que ambos formatos de cesación de la desviación son factibles dependiendo de los casos particulares, pero que quizá lo más frecuente y generalizado sea el abandono progresivo del delito. Maruna (2002) apoya esta idea al sostener que el desistimiento es generalmente conocido como un proceso antes que como un evento; y Kurlychek, Bushway y Brame (2012) airman que si bien las personas declinan de manera gradual de la delincuencia, el desistimiento instantaneo también existe. Tal como ya se ha mencionado, varios autores sostienen que, a pesar de la creciente investigación en los últimos años, es aún limitado el conocimiento sobre la terminación de la carrera criminal y de los mecanismos de interacción entre los distintos factores internos y externos que operan; así como acerca del rol de la decisión de la persona que desea alejarse de la delincuencia, y los condicionamientos estructurales que determinan el surgimiento de narrativas de desistimiento de la carrera criminal (Bushway y otros, 2003; Claes y Shapland, 2016; Datchi, 2017; Farrington y Hawkins, 1991; Göbbels, Ward y Willis, 2012; King, 2012; Laub y Sampson, 2001; LeBlanc y Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 93 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva Loeber, 1998; Maruna, 2002; Piquero, Sullivand y Farrington, 2010; Uggen y Piliavin, 1998, citados por Kazemian, 2007; Ward, 2017; Weaver, 2016). De esta manera, la conceptualización más frecuente de la cesación de la trayectoria delictiva habla de un proceso en el que intervienen varios factores, tanto internos como externos y en donde la decisión del delincuente tiene gran incidencia, ya que tiende a ser un transcurso deliberado y consciente (Bracken, Deane y Morrisette, 2009; Bushway y otros, 2001; Carlsson, 2011; Colman y Vander Laenen, 2017; Davey, Day y Balfour, 2015; Göbbels y otros, 2012; Laub y Sampson, 2003; LeBel, y otros, 2008; Maruna, 2002; Maruna, 2016; Maruna, 2016; Nakamura y Bucklen, 2014; Petrich, 2016; Sampson y otros, 2006; Skardhamar, Monsbakken y Lyngstad, 2016; Ward y Beech, 2006). Göbbels y otros (2012) sostienen también que, a pesar de que muchos criminales dejan de cometer delitos, existe una ausencia de explicación psicológica y social integral del proceso de desistimiento, que comienza en el momento en que el individuo decide detener sus acciones ofensivas y terminan en el punto de ingreso exitoso a la sociedad. Por eso, explica Kazemian (2007), los autores y estudios utilizan deiniciones variadas de la cesación de la carrera delictiva, algunas de los cuales se exponen a continuación. Para Loeber, Stouthamer-Loeber, Van Kammen y Farrington (1991) el desistimiento delictivo se da cuando no se comete delitos por un periodo menor a un año, sin embargo, para Shover y hompson (1992), la cesación de la carrera delictiva ocurre cuando la persona no ha sido arrestada en los siguientes 36 meses de haber abandonado la prisión. A su vez, Kruttschnitt, Uggen y Shelton (2000) establecieron que el desistimiento delictivo es la ausencia de infracciones registradas o de violación de la libertad condicional por un periodo de dos años. Por su parte, Maruna (2001) sostiene que, para que exista desistimiento delictivo, las personas que se identiicaron a sí mismas por un largo periodo de tiempo como delincuentes habituales deben airmar que no cometerán delitos y deben mantenerse en el futuro alejadas de la conducta criminal, por lo menos, durante un año. Sin embargo, Maruna, LeBel, Burnett, Bushway y Kierkus, (2002), citado por Kazemian, (2007) hablan de no reincidentes en un periodo de diez años de la salida de prisión; y, inalmente, Sampson y Laub (2003) establecen la necesidad de la no existencia de un nuevo arresto hasta los 70 años. A pesar de esta falta de uniicación de criterios respecto al cuándo y cómo se produce la cesación de la actividad criminal, como se ha visto, existe mayor coincidencia de que se trata de un proceso en el que interactúan factores internos y externos y en donde la decisión del delincuente, condicionado a su vez, por distintos factores socio estructurales, juega un rol preponderante en la culminación de la carrera criminal. 94 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens 2.5. Condicionamientos estructurales y desistimiento Los principales teóricos del desistimiento criminal desde las perspectivas de la teoría del control social informal y del ciclo vital, han enfatizado la importancia de los condicionamientos estructurales en el proceso de desistimiento explicando que “la mayor parte de las personas que hemos entrevistado han desistido de la criminalidad, en gran parte, porque han podido capitalizar circunstancias claves, ya sean situacionales o estructurales” (Sampson y Laub, 2003, p. 306). La construcción de una nueva identidad, que implique la ruptura de la autopercepción del delincuente, así como la decisión de acabar con la carrera criminal son esenciales para el inicio del proceso del desistimiento delictivo, sin embargo, esta nueva autopercepción y decisión están condicionados para la esctructura social a la que pertenece la persona (King, 2012; Ward, 2017). Entre los principales condicionamientos estructurales que posibilitan o impiden el surgimiento de narrativas de ruptura con la desviación se encuentran las posibilidades de ingreso al mercado laboral, los vínculos sociales (familia, amigos, pareja, matrimonio) y los problemas de salud (Cid y Martí, 2011; Kleck y Jackon, 2016). Sin embargo, algunas investigaciones recientes del ámbito nórdico ponen en duda el papel del empleo en los procesos de desistimiento (Skardhamar y Savolainen, 2014), por ejemplo, Aaltonen (2016) sugiere que la relación laboral juega un papel limitado inclinándose hacia la postura que el acceso al empleo es más bien una consecuencia antes que la causa del desistimiento criminal, por lo que de este modo, conforme a estos hallazgos recientes, la transición al empleo es más bien una consecuencia de la ruptura con la criminalidad, ya que la mayoría de los delincuentes han desistido antes de la transición al empleo. En los hallazgos de Cid y Martí (2011), la provisión de atención y apoyo por parte de las familias a los penados aparecen como un motor del proceso del alejamiento de la delincuencia, sin embargo, no consta que hayan sido puestos de maniiesto en investigaciones sobre desistimiento realizadas en otros contextos, hecho que hace vincularlo al rol que juega la familia en los países del sur de Europa como proveedora de bienestar de los penados. Farrall y otros (2010), por su parte, sostienen que existe una interacción intrínseca entre la acción/decisión y la estructura social, en la producción de procesos del desistimiento del crimen, aclarando que la iniciativa es siempre ejercida dentro de una determinada estructura social, por lo que la organización y los episodios de cambio estructurales son importantes porque pueden representar nuevas posibilidades para la toma de decisión respecto al alejamiento de la criminalidad; así como algunas cosas cierran posibilidades a la voluntad de dejar de lado el crimen, otras las posibilitan. Tanto es así, que el impacto de la decisión y el contexto en el que se produce es cada vez más estudiado, principalmente, en los últimos cinco años (Paternoster y otros, 2015). Por todo ello, la mayoría de los delincuentes que desean desistir, ven el proceso de desistimiento como una manera de trazar un camino hacia una mayor inclusión social Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 95 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva en la sociedad normal (Claes, y Shapland, 2016; Farrall y otros, 2010; Maruna 2016). En concreto, existe suiciente evidencia empírica sobre la importancia de los lazos y vínculos sociales como inhibidores o facilitadores de la conducta desviada, pero en la medida en que éstos se constituyen en sistemas de compromisos interpersonales, ya que no es cualquier tipo de relación el que impacta positivamente en el alejamiento de la conducta delictiva. En la exploración de las narrativas de vida presentadas por Sampson y Laub (1993) en “Crime in the Making”, quedan documentados que una unión marital débil, la inestabilidad en el empleo y la escasez de vínculos sociales, facilitan la persistencia en la delincuencia. Por el contrario, unos fuertes lazos matrimoniales, la estabilidad laboral y el vínculo social fuerte, están relacionados con el desistimiento de la conducta criminal y la desviación. Con relación al empleo, algunas investigaciones están discutiendo si se constituye en causa o consecuencia del desistimiento y en este sentido los hallazgos de Skardhamar y Savolainen (2012) reieren que sería una causa, antes que una consecuencia. 2.6. Factores estáticos y dinámicos en el proceso de desistimiento Desde una perspectiva general, se puede englobar en dos grupos las teorías de la criminalidad en sus esfuerzos de explicar el inicio, la permanencia y la terminación de la carrera criminal. Para Cid y Larrauri (2001), siempre han existido dos sensibilidades que llevan a situar el objeto de estudio en aspectos distintos, distinguiéndose por tanto, por un lado, los factores estáticos, y por otro, los dinámicos, que se vuelven a subdividir en sociales y subjetivos (LeBel y otros, 2008). Los factores estáticos están asociados a la personalidad del individuo antes que a su contexto social o cultural (Sampson y Laub, 2003). La tradición psicológica de la criminología se ha preocupado por aquellas características personales que se consideran relevantes para entender su actividad delictiva, explican Cid y Larrauri (2001). Entre los predictores estáticos de la desviación se destacan la edad, el sexo, la carrera criminal y los antecedentes familiares, así como también, la precocidad delictiva, la impulsividad o psicopatía, que contribuyen al riesgo actual pero que generalmente no pueden modiicarse (Redondo y Pueyo, 2007; Sampson y Laub, 1992; Sparkes y Day, 2016). La criminología de tradición sociológica es la que se ha interesado en las características del grupo social que se consideran inluyentes en el nivel de delincuencia en una sociedad. Así, por ejemplo, las diversas teorías consideran que factores como la tasa de pobreza, la movilidad social, la presión al éxito, la división en clases de la sociedad o el conlicto cultural, entre otros, son relevantes para entender las diversas tasas de criminalidad entre sociedades (Cid y Larrauri, 2001). Los factores de riesgos dinámicos mencionados precedentemente como facilitadores de la delincuencia guardan relación con estas características del grupo social. 96 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens De este modo, los predictores dinámicos-sociales se reieren a instituciones, desarrollo de eventos y procesos que pueden ser medidos, como el matrimonio, el empleo o la paternidad (Bersani, Laub, y Nievwbeerta, 2008; Sampson y Laub, 2003); en tanto, que los dinámicos-subjetivos están vinculados a la interioridad del sujeto, su identidad, así como sus valores, objetivos y motivaciones (Lebel y otros, 2008). Los factores de riesgo dinámicos son substancialmente modiicables (Redondo y Pueyo, 2007). En este orden de ideas, Olson, Stalans, y Escobar (2016) han documentado que el estado civil (soltero o separado) y el nivel de educación podrían constituirse en factores de riesgo para la reincidencia violenta, dependiendo de los contextos en que se dan y las relaciones que surgen de las mismas; en tanto que en sentido contrario, Brooks y Hendrix (2015) han asociado el casamiento y las relaciones románticas con el alejamiento del crimen y de las conductas desviadas (Brooks y Hendrix, 2015). Sin embargo, estos predictores de riesgo dinámicos-sociales de por sí no se constituyen en inhibidores de la conducta criminal, ya que el sentido en que actúa dependerá de las circunstancias y vínculos que generan. En el caso del empleo lo que hace la diferencia es el trabajo estable, el compromiso laboral y los lazos sociales establecidos entre los trabajadores (Sampson y Laub, 2003). Lo mismo ocurre con el matrimonio, que en sí mismo es insuiciente para romper con el crimen, ya que lo que actúa como inhibidora de la delincuencia es la fuerza y calidad de la unión marital (Bersani y otros, 2008; Laub, Nagin y Sampson,1998; Sampson y Laub, 2003; Savolainen, 2009). En estos casos, tanto el matrimonio como el empleo actúan como puntos de inlexión que impiden la continuidad de la carrera criminal. 2.7. Desistimiento y tipologías delictivas No existen coincidencias entre los autores sobre si los procesos de alejamiento del crimen varían de acuerdo a las tipologías delictivas, ya que un sector importante de los teóricos piensan que para la terminación de la carrera criminal tienen más peso factores criminógenos como los estáticos y dinámicos antes que el delito cometido por lo que, recientemente, ha crecido el interés en entender de qué manera funciona especíicamente este viaje a la vida convencional, principalmente en determinados delincuentes como los drogodependientes y sexuales (Colman y Vander Laenen, 2017; Elisha y otros, 2012; Göbbels y otros, 2012; Milner, 2017). Precisamente, Gottfredson y Hirschi (1990) deienden que es posible elaborar una teoría general explicativa de todos los delitos, esto es, que es posible encontrar un denominador común a todos los delincuentes. De acuerdo a estos autores, este debe extraerse analizando los rasgos del delito y del delincuente, pues, para que una teoría criminológica sea correcta, debe corresponderse y ser capaz de explicar los hechos que se conocen acerca de la delincuencia. También Göbbels y otros (2012), quienes Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 97 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva desarrollaron una teoría integradora para explicar el alejamiento criminal de los delincuentes sexuales pretenden que este enfoque sea aplicado en el análisis de otros tipos criminales. 3. Resultados cualitativos Las preguntas realizadas a los sujetos entrevistados en esta investigación recaban informaciones con relación a cuatro elementos: 1) ruptura con el pasado o superación de la identidad delincuente, basada en una autodeinición como personas que han roto con la delincuencia como forma de vida; 2) planes de vida prosociales, que se expresen en la voluntad de acabar de cumplir la pena impuesta y consolidar sus propósitos familiares y laborales, 3) la percepción de autoeicacia, sugerida por la consideración de que son los mismos entrevistados quienes han tomado la decisión de alejarse del crimen y que sus metas pro sociales podrían ser realizadas, y 4) una conianza en la no reincidencia a pesar de las adversidades que encontrarían en la inalización de sus condenas. Siguiendo el modelo propuesto por Cid y Martí (2011) son considerados desistentes del delito las narrativas que cumplen de manera positiva con estos cuatro elementos enunciados anteriormente, es decir, quienes maniiestan ruptura con la identidad delincuente, planes de vida prosociales, percepción de autoeicacia, y conianza en la no reincidencia. Por el contrario, son consideradas persistentes en el crimen quienes cumplen negativamente con los cuatro indicadores enunciados, a pesar de manifestar planes de vida prosociales, no maniiestan conianza en ser agentes de su destino ante las adversidades. 3.1. Desistentes del delito El 31% de los entrevistados en esta investigación son considerados desistentes del delito por adecuarse positivamente sus narrativas a los cuatro indicadores de análisis elaborados; y siendo de entre estos, el 38,7% delincuentes contra la vida; el 25,8%, delincuentes contra la propiedad y contra la salud pública (drogas), y el 9,6%, delincuentes contra la autonomía sexual. A continuación se presentan las principales características de estos individuos, así como los relatos en que sustentan sus propósitos de abandonar la carrera criminal cuando recuperen, conforme las cuatro tipologías delictivas examinadas. 3.1.1. Hechos punibles contra la propiedad Los condenados por delitos contra la propiedad que tienen narrativas desistentes del delito son personas que no tienen identidad delincuente y que han recibido duran- 98 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens te todo el encierro el apoyo familiar, ya sea emocional y/o económico, de manera frecuente y sostenida, especialmente por parte de un pariente cercano; por lo general, de la madre y/o de la esposa. Cid y Martí (2011) habían observado que los vínculos sociales, como la familia, amigos y pareja están entre los condicionamientos estructurales que posibilitan o impiden el surgimiento de las narrativas de desistimiento criminal. Respecto a la frecuencia de visitas, la mayoría quienes son considerados desistentes del delito los recibe semanalmente, incluso hasta tres veces a la semana y en ningún caso, el periodo de ayuda y/o visitas excede los 30 días. Comúnmente, la madre y la esposa son quienes ofrecen acompañamiento, ya sea en forma de visitas personales y ayudas económicas consistentes en dinero en efectivo, víveres, medicamentos y ropas; seguidos en menor medida por los hermanos y padre. Todos los entrevistados valoran muy positivamente el apoyo familiar recibido puntuándolo muy satisfactoriamente. La provisión y apoyo en las familias de la población adulta aparece como un motor del proceso de desistimiento, así como lo documentaron también Cid y Martí (2011), en Cataluña. Los planes prosociales que reieren están muy relacionados al apoyo familiar que reciben, constituyéndose también en garantía de sus propósitos de no reincidencia ante los problemas que podría presentar la vida en libertad. 3.1.2. Hechos punibles contra la vida Las personas condenadas por homicidio que expresan relatos desistentes del delito son individuos que generalmente no han tenido identidad delincuente, que consideran la desviación realizada como un grave error por el que están pagando muy caro. Excepcionalmente, quienes pertenecieron a bandas criminales y han ido cambiando de rubro delictivo hasta convertirse en sicarios encuentran en el tiempo vivido en la penitenciaría como la oportunidad que les ha servido para alejarse de personas y circunstancias criminógenas logrando construirse una nueva identidad y generar nuevos vínculos sociales. Para estas personas, el alejamiento de las conductas criminales ha sido como una forma de supervivencia, teniendo en cuenta que de seguir perteneciendo a las bandas criminales ya habrían estado muertas. En ningún caso han referido que el tratamiento penitenciario les ha aportado en su decisión de alejamiento de conductas criminales. Varias de las personas entrevistadas pertenecientes a esta categoría analítica han estado insertas en el mundo laboral de la economía formal, previo al ingreso a prisión, situación que les hace sentir seguras que podrán reinsertarse al empleo cuando recuperen su libertad. Existen incluso quienes son egresadas de universidades y ex docentes universitarios que fundan su manifestación de alejamiento deinitivo del delito en estas circunstancias. Sus planes prosociales están más relacionados al trabajo produc- Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 99 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva tivo de forma independiente, como emprendedores o microempresarios antes que a los vínculos familiares, ya que comúnmente poseen profesiones u oicios. La posesión de esta experiencia laboral en el mundo de la economía formal o una profesión o un oicio les genera una gran percepción de autoeicacia, y que de ninguna manera volverán a realizar conductas delictivas, aunque se encuentren en situaciones muy adversas, aun en la misma situación en que llegaron a cometer delitos. 3.1.3. Delincuentes contra la salud pública (drogas) Los individuos que fueron analizados bajo esta categoría, a pesar de dedicarse durante largo periodo al negocio de la droga no tenían identidad, ni se sentían delincuentes a pesar de estar purgando condenas, aunque reconocen que cometieron una conducta prohibida por ley, pero que ha sido solamente probando suerte o con la intención de mejorar su condición económica, pero que les ha ido mal. De manera general, los entrevistados coinciden en que nunca se vieron inmersos en una estructura criminal y menos aún en la cárcel, ni presentados en los medios de comunicación como personas pertenecientes a una organización delictiva. Es que se sentían inmunes al sistema penal a pesar de estar operando ya como miembros de una banda. El siguiente relato ilustra esta especie de ingenuidad de varios de los entrevistados, que al parecer creían que cometerían conductas prohibidas por la ley por largo tiempo, sin que tenga relevancia penal. Otro de los rasgos de este grupo de entrevistados es el arrepentimiento por la conducta realizada, y en especial, por no identiicar el peligro, ni la vulnerabilidad al dedicarse a un negocio ilícito. Se lamentan por la mala decisión adoptada y reconocen cierta ingenuidad al no evaluar todas las circunstancias antes de ingresar al mundo de las drogas. Con relación a los planes pro sociales para la vida en libertad, la mayoría piensa continuar la vida que tenía antes de que ingrese a colaborar con las bandas de narcotraicantes, algunos los expresan manifestando que volverán a estudiar, que se reincorporarán al emprendimiento familiar. El plan de reincorporarse al emprendimiento familiar aparece principalmente en el relato de las personas de zonas rurales, que vivían y trabajaban con sus padres. El plan prosocial futuro está muy ligado al apoyo familiar, ya que ven en este acompañamiento las posibilidades de concreción de los proyectos que se imaginan que ejecutarán cuando recuperen su libertad. Como estrategias de autoeicacia y para evitar caer en la delincuencia, los desistentes del delito de esta categoría analítica expresan que se alejaron de amigos delincuentes, y que en el futuro evitarán situaciones y lugares criminógenos. Especíicamente, los condenados por hechos punibles contra la salud pública (drogas), que tienen relatos desistentes del delito, en general, a pesar de dedicarse durante largos periodos de tiempo al negocio de las drogas no se sienten identiicados con la 100 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens delincuencia, ni se ven como criminales, lo que les ha facilitado el surgimiento de relatos de alejamiento de la desviación. En ocasiones, los amigos y las circunstancias que han vivido les han llevado a involucrarse con bandas delictivas, con quienes han roto el vínculo, precisamente debido al apoyo familiar que han recibido durante la estancia en prisión. Sus planes prosociales y autoeicacia están igualmente muy vinculados al apoyo familiar y el alejamiento de las personas y circunstancias que les ha acercado a la actividad ilegal. Comúnmente, los entrevistados de zonas rurales prevén reincorporarse inmediatamente a un emprendimiento familiar agrícola cuando recuperen su libertad. El apoyo familiar y el vínculo prosocial les ha sido vital para rechazar los ofrecimientos de asistencia durante el encierro por parte de sus antiguos jefes o colegas de las bandas a las cuales pertenecían. 3.1.4. Hechos punibles contra la autonomía sexual Ninguno de los entrevistados en esta categoría analítica tiene identidad delincuente y la infracción penal que cometieron lo hicieron en el marco de un contexto cultural y social donde las relaciones consentidas entre personas adultas y menores de edad están bien vistas e incluso son promovidas, más de las jóvenes entre 15 y 17 años. Los casos que fueron analizados en esta investigación están relacionados a hechos que si bien están tipiicados en la normativa penal paraguaya como delitos sexuales, se reieren a situaciones en las cuales existe consentimiento entre las partes y la diferencia de edad entre víctima y victimario no es de muchos años, ya que se trataba de situaciones en donde hombres de 20 o 22 años fueron condenadas por relaciones con mujeres menores de entre 14 y 17 años. Aunque conocían de la ilegalidad cometida, los entrevistados reieren que desconocían la gravedad de la acción para la legislación penal y que de haberlo sabido no se hubieran expuesto a la cárcel, alegan también en su defensa la inexistencia de coacción, fuerza o violencia, así como relación de poder o dominación. Respecto a los planes de los individuos entrevistados, todos están relacionados al estudio y al trabajo, con el apoyo de los familiares e incluso de la propia víctima del delito. En ningún caso se trata de personas que forman parte de grupos criminales y sus edades oscilan entre los 18 y 25 años. En resumen, los testimonios analizados bajo esta categoría se corresponden a hombres entre 18 y 25 años, que están condenados por delitos sexuales cometidos con consentimiento de la víctima, cuyas edades corresponden a mujeres menores entre 14 y 17 años. En ningún caso hubo fuerza, ni violencia y existían relaciones previas entre víctima y victimario. Los entrevistados no tienen identidad delincuente, aunque reconocen la ilegalidad de la conducta cometida, desconociendo la gravedad de las consecuencias jurídico-penales de sus actos. Durante el encierro reciben apoyo famiEstudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 101 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva liar y social, e incluso de las víctimas y airman que este acompañamiento continuará una vez que recuperen su libertad, por lo que sus planes prosociales en libertad están muy vinculados a estas relaciones. 3.2. Persistentes en el crimen El 69% de los entrevistados fueron considerados persistentes en el crimen debido a que sus narrativas se corresponden negativamente con una o más variables construidas para la clasiicación y análisis de los relatos de los individuos consultados en esta investigación, que como se explica detalladamente en la parte Metodología, son: 1) ruptura con la identidad delincuente; 2) planes de vida prosociales; 3) percepción de autoeicacia; y, 4) conianza en la no reincidencia. Coincidente con los hallazgos de Cid y Martí (2011), los persistentes no se ven como agentes de su propio futuro y/o creen que factores externos, fuera de su control, podrían resolver los problemas que se les presente y/o aún consideran que la delincuencia es una posibilidad de supervivencia, una vez que recuperen la libertad. Del conjunto de individuos considerados persistentes en el crimen, el 49,2% son delincuentes contra la propiedad; el 23,1% están condenados por hechos punibles contra la vida; el 14,4% son penados por hechos punibles contra la salud pública (drogas), y el 13% sentenciados por hechos punibles contra la autonomía sexual. Seguidamente se presentan las principales características de estos individuos y los relatos que verbalizan al tiempo de inalización de sus condenas, agrupados según las tipologías delictivas estudiadas. 3.2.1. Hechos punibles contra la propiedad Los delincuentes contra la propiedad que tienen relatos persistentes en la criminalidad son personas que, en general, mantienen una identidad criminal y que sienten que están atrapadas como en un círculo vicioso del que no pueden alejarse ya que no disponen de las habilidades ni de las herramientas necesarias para vivir distanciados de la desviación punible. En algunos casos, esta identidad está reforzada por los mismos funcionarios de prisiones que consideran y tratan como delincuentes irredimibles a los internos de los estratos sociales más bajos, ya que identiican pobreza con criminalidad. En ocasiones, los entrevistados de esta categoría delictiva justiican y minimizan las conductas punibles que han realizado, generalmente restándole importancia a los objetos substraídos dejando de lado la valoración de la acción. Comúnmente, no encuentran apoyos sociales ni familiares para concretar sus planes prosociales, por lo que un sector de los consultados se ve ingresando nuevamente al mundo de la delincuencia o a bandas criminales cuando recupere su libertad, principalmente, aquellos que siguen manteniendo proximidades con asociaciones criminales. Igualmente, carecen de profesión y/o experiencias laborales previas en el mundo de la economía 102 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens formal y del apoyo familiar que les podrían facilitar una vida alejada de la criminalidad cuando estén fuera de prisión, por lo que no se ven como agentes de su propio destino y maniiestan que se dejarían llevar por las circunstancias, eligiendo la opción más cómoda o fácil cuando se enfrenten a situaciones problemáticas que les pongan en la posición de elegir entre una opción ilegal cómoda y otra legal, pero complicada. 3.2.2. Hechos punibles contra la vida En esta categoría analítica se identiican dos tipos de periles criminales bien diferenciados uno del otro: el primero está integrado por quienes cometieron el delito como parte de una banda criminal, y el segundo, por quienes lo realizaron por un mandato social y/o cultural, ya que sintieron lesionados su honor y/o reputación social, por lo que el homicidio se constituyó en un imperativo moral. Las personas del primer grupo tienen identidad delincuente mientras que las del segundo grupo no se consideran desviados. El grupo de los condenados por delitos contra la vida que tiene identidad delincuente está constituido por quienes se hicieron de esta autopercepción a lo largo de su carrera criminal, generalmente como miembro de una asociación delictiva que se dedicaba al robo con fuerza o violencia, o al narcotráico, y son personas que cometieron diversos tipos delictivos a lo largo del tiempo, actuando como integrantes de la misma. Estos entrevistados explican que no tenían intenciones o que no se habían propuesto cometer delitos contra la vida, pero que debido a las circunstancias tuvieron que hacerlo, como miembros del grupo; por otro lado, de distintas formas han expresado que continúan vinculados a un grupo criminal y que esperan su liberación para reincorporarse al mismo. En síntesis, en esta investigación se han identiicado dos periles de personas que cometieron hechos punibles contra la vida, que tienen relatos persistentes en el crimen al tiempo de la inalización de sus condenas: el primero se corresponde a quienes pertenecen a una banda criminal y el segundo a quienes no tienen ninguna adhesión a grupos que se dedican a la delincuencia. En ambas clasiicaciones, los consultados no están arrepentidos de las conductas realizadas expresando que volverían a hacerlo, en el hipotético caso en que se encuentren en las mismas circunstancias en que ejecutaron el delito por el cual están condenados. Algunos de estos delincuentes justiican su acción en un mandato social, que se constituye en un imperativo para salvar su honor y/o reputación. La cantidad de ingresos a prisión, así como el vínculo con grupos delincuenciales y la falta de apoyo familiar identiican claramente como obstáculos que les impide proyectar sus vidas fuera de la criminalidad, con excepción de quienes cometieron el delito para defender honor, ya que éstos cuentan con el apoyo y acompañamiento social y familiar. Finalmente, quienes aún tienen vínculos con grupos de la criminalidad organizada se iniciaron de manera temprana en la actividad delictiva y fueron profesionalizándose o cambiando de rubro, según las necesidades y circunstancias. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 103 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva 3.2.3. Hechos punibles contra la salud púbica (drogas) Las personas condenadas por hechos punibles contra la salud pública (drogas) constituyen el 14,4% de quienes tienen relato persistente en el crimen, y de entre estas, el 70% están en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, el 20% en la Regional de Misiones, y el 10% en la Regional de San Pedro. En esta categoría analítica se identiican tres periles criminales a saber: 1) personas que actuaron como parte de una asociación criminal, ya sea como vendedoras, transportadoras o miembro de la logística; 2) personas consumidoras de sustancias prohibidas que encontraron en el micro tráico la forma de solventar sus gastos de consumo, y, 3) personas cultivadoras de marihuana en zonas rurales del país que reieren que es el único rubro de cultivo que les deja renta por lo que optan por su cultivo. En cada una de estas categorías identiicadas, los entrevistados negaron lesividad a sus conductas y lo justiican con distintas explicaciones. Con relación a la identidad, los entrevistados que actuaban como parte de un grupo criminal son individuos que aún mantienen su identidad delincuente y maniiestan que cuando recuperen su libertad volverían a realizar algún tipo de actividad delictiva en caso que se les presente una oportunidad favorable, y especialmente, si es su grupo quien le solicita. A su vez, las personas que consumen algún tipo de droga prohibida, y las que cultivan marihuana encuentran la justiicación de su actuación en la desigualdad estructural de la sociedad paraguaya sosteniendo que su actividad delictiva les proveyó de los medios económicos, que el Estado les negó para lograr llevar una vida digna, por lo que de esta manera, los integrantes de esta sub clasiicación, no tiene autopercepción delincuente pero sí sienten que están excluidas del sistema económico. En general, los condenados por delitos contra la salud pública (drogas), que tienen relatos persistentes en el crimen están constituidos por tres tipos de delincuentes, con características especíicas: personas que actuaron como parte de una banda criminal, consumidores de sustancias prohibidas y cultivadores de zonas rurales del país. La característica que los une es que todos encuentran una justiicación a la conducta criminal, algunos en la desigualdad social y otros en la riesgo de hacer dinero a través del negocio del tráico de sustancias. En general, tienen identidad delincuente, a excepción de los productores que reconocen la ilegalidad de la conducta, pero no sienten que ellos, particularmente, sean desviados, ya que en la zona donde plantan la hierba, la práctica está aceptada socialmente, e incluso está promovida por funcionarios policiales desleales. Respecto a los planes futuros, comúnmente no tienen muy claro lo que harán, salvo los que pertenecen a un grupo criminal que ven su paso por la prisión como una cuestión propia de la profesión que escogieron; tampoco descartan volver a realizar la misma conducta que los llevó al encierro. 104 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens 3.2.4. Hechos punibles contra la autonomía sexual El 13% de los entrevistados que tienen relatos persistentes en el crimen están condenados por hechos punibles contra la autonomía sexual, siendo sus principales características la inexistencia de identidad delincuente y elevada edad, siendo el promedio general de 48 años. Sin embargo, excluyendo a dos entrevistados que están en la franja de los treinta años, el promedio de edad sube a 61 años. Comúnmente, además de referir que no tienen identidad delincuente, también niegan, racionalizan y/o justiican los hechos por los cuales están condenados. Consecuente con la racionalización de sus hechos, la mayoría proyecta seguir una vida como si no hubiera realizado una conducta castigada, por lo que reieren a planes prosociales como seguir trabajando o contribuyendo al mantenimiento familiar. Respecto de la autoeicacia de estos delincuentes sexuales persistentes en el crimen, la misma está muy ligada a la experiencia o trayectoria profesional o las habilidades técnicas, ya que son personas que estaban insertas en el mercado de trabajo y maniiestan que no tendrán mayores inconvenientes para conseguir un lugar donde trabajar. Sin embargo, el delito, principalmente el sexual, es una posibilidad que tienen en mente para cuando recuperen la libertad. Si bien algunos de los consultados no respondió si volverían a cometer el mismo hecho por el cual están condenados, estando en similares circunstancias, todos quienes accedieron a responder esta pregunta dijeron que sí lo harían, explicando además que no deberían estar encarcelados porque no ven el disvalor de su conducta. Una de las diferencias entre los delincuentes contra la vida y sexuales persistentes en los delitos en este punto es que los homicidas que mataron en defensa de su honor reconocen el disvalor de la conducta, mientras los penados por delitos sexuales, no ven reproche en su acción. Con relación a la carrera delictiva, es mayor el porcentaje de quienes están encerrados por primera vez y fueron detenidos ya en la adultez, sin embargo, ello no indica que no hayan cometido un delito con anterioridad por el que están condenados, más aún teniendo en cuenta que los delincuentes sexuales fueron los que en menor medida respondieron a la pregunta que indaga sobre la comisión de delitos que fueron descubiertos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que como justiican el abuso sexual, principal causa de las condenas, no identiican el hecho como delito. 4. Discusión de resultados Este artículo recoge y analiza cien testimonios obtenidos en entrevistas con personas encarceladas por cuatro categorías delictivas en el Paraguay, como se detalla en la Metodología, de los cuales 42 corresponden a delincuentes contra la propiedad; 28 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 105 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva a personas condenadas por delitos contra la vida; 18 a penados por delitos contra la salud pública (drogas), y 12 a encarcelados por delitos sexuales. Tras la clasiicación de los testimonios, treinta y un relatos son considerados desistentes del delito y sesenta y nueve, persistentes en el crimen. Teniendo en cuenta las tipologías delictivas analizadas, los penados por delitos contra la salud pública (drogas) son quienes en mayor medida expresan narrativas desistentes del delito, en tanto que los delincuentes contra la propiedad son quienes tienen más relatos de continuidad en el crimen. A continuación se discuten los hallazgos de esta investigación con los teóricos de la criminología en los próximos ocho apartados. 4.1. Identidad En las distintas narrativas analizadas, la identidad es uno de los principales rasgos distintivos entre quienes maniiestan relatos desistentes del delito y los que sostienen testimonios persistentes en el crimen, en las cuatro categorías delictivas estudiadas de manera coincidente con los hallazgos de Bachman y otros (2016); Healy (2014); Maruna (2001); Na y otros (2015); Lero Jonson y Cullen (2015); y Paternoster y Bushway (2009). Mientras quienes abandonarían el crimen no tienen identidad delincuente o expresan que han roto con su pasado criminal, la mayoría de los persistentes aún se sienten atrapados en un círculo vicioso en donde se ven y perciben como criminales o desviados, del cual no pueden salir (Bachman y otros, 2016; Cid y Martí, 2011), es decir, siguen cautivos de la etiqueta de delincuente (Maruna, 2001). Bachman y otros (2016) destacan el papel que juega la identidad en el proceso de alejamiento del crimen inclinándose hacia la posición que la transformación de la autopercepción precede al alejamiento de las conductas desviadas. A su vez, Paternoster y Bushway (2009) han encontrado relación entre el deseo de convertirse en un individuo apartado de la desviación y el efectivo alejamiento del crimen. En esta investigación, todos los consultados que tienen como propósito futuro evitar el delito verbalizaron claramente este deseo de alejamiento o de ruptura con su pasado, expresándolo de distintas maneras. En general, quienes continuarían en la delincuencia tras recuperar su libertad también perciben la necesidad de superación de la auto etiqueta criminal como paso necesario para la ruptura con la desviación, pero a diferencia de los desistentes no se sienten capaces de lograrlo debido a la falta de apoyos y las escasas habilidades profesionales (Aaltonen, 2016; Cid y Martí, 2011, Farrall y otros, 2010; Kleck y Jackon, 2016; Lebel y otros, 2008; Redondo y Pueyo, 2007; Savolainen, 2009). Un grupo de desistentes del delito ingresó a prisión sin identidad delincuente y mantuvo esta autopercepción durante los años de encierro, en gran medida, debido al trato por parte de los funcionarios (eran considerados delincuentes ocasionales), así como por el apoyo 106 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens y la contención familiar recibidos. Coincidentemente con las explicaciones de Farrall y otros (2010), quienes quiebran su identidad criminal son personas que han podido capitalizar el apoyo social y/o familiar recibidos durante el encierro, como la profundización de las relaciones con personas prosociales, tales como la pareja, esposa, padre o madre, y el alejamiento de quienes participan de bandas criminales (Barnes y Beaver, 2012; Forrest, 2014; Giordano y otros, 2015; Laub y otros, 1998; Laub y Sampson 2006; Martí y Cid, 2013; Sampson y Laub, 1990; Sampson y Laub, 2001). Los entrevistados de las cuatro categorías delictivas, que se alejarían de la vida criminal fundan la ruptura de su identidad desviada, además del apoyo familiar, en sus experiencias laborales y habilidades profesionales, rememorando que han tenido un pasado en el cual vivían fuera de la delincuencia y volviendo a identiicar ese estado como posible, ya que la decisión de regresar a esa condición está en ellos a través de una profunda decisión personal, acorde a las explicaciones de Lebel y otros (2008) y de Savolainen (2009). En este mismo sentido, Sampson y Laub (2003) destacan la relevancia de la convicción personal en el proceso de renuncia a los actos ilegales al enfatizar que las personas que han entrevistado en sus pesquisas han participado activamente en la construcción de sus propias vidas alejadas de la criminalidad; y que conforme a sus hallazgos, lo que hacen los condicionamientos estructurales, como la experiencia laboral y la formación profesional, es facilitar esta participación (Farrall y otros, 2010; King, 2012; Ward, 2017). Como relejan los testimonios realizados en este artículo, el tipo delictivo no tendría incidencia para la ruptura de la identidad criminal, como condición necesaria para el surgimiento de narrativas de desistimiento del crimen, sino que los relatos de los condenados al tiempo de la culminación de las penas impuestas, estarían más bien vinculados a los condicionamientos estructurales como el apoyo familiar y social recibidos, el trato en prisión por parte de funcionarios e internos, así como por las experiencias laborales y habilidades profesionales previas al encierro (Bachman y otros, 2016; Cid y Martí, 2013; Davey y otros, 2015; Farrall y otros; 2010; Kazemian, 2007; Milner, 2017; Savolainen, 2009). 4.2. Carrera delictiva y ciclo vital La carrera criminal, la edad, el sexo y la precocidad delictiva son, entre otros, los factores o predictores estáticos de la desviación (Cid y Larrauri, 2001; Craig y otros, 2015; Hill, Blokland y Van der Geest, 2016; LeBel y otros, 2008; Redondo y Pueyo, 2007). Estos mismos factores habrían tenido incidencia en los tipos de relatos de los encarcelados al tiempo de la inalización de sus condenas, entrevistados en este trabajo, ya que de manera coincidente con estas airmaciones, quienes expresan que abandonarían la actividad desviada cuando recuperen su libertad son personas que han Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 107 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva empezado tarde en la delincuencia o, en su caso, han tenido un contacto tardío con el sistema penal, en una franja de edad superior a los 25 años; y quienes persistirían se iniciaron temprano en las conductas ilegales. Con relación a la cantidad de ingresos a prisión, el 70% de quienes se proponen alejarse del delito tiene una sola entrada; el 22,5% cuenta con dos registros en instituciones penitenciarias, y solo un 8,5% está en más de dos ocasiones. Por el contrario, quienes verbalizan testimonios de permanencia en la desviación, en un 54,9% ha sido detenido por primera vez antes de los 18 años y ha sido internado en más de una ocasión en centros de detención; a su vez, el 72,1% de los persistentes tiene dos o más encarcelamientos. Como sostiene Moitt (1993), en este grupo podría estar ese pequeño porcentaje de personas que se inicia temprano en la delincuencia y continúa durante mucho tiempo. De esta manera, los hallazgos de este trabajo aportarían fundamentos empíricos a la hipótesis de que un inicio temprano de la carrera delictiva indicaría tendencia a relatos persistentes. A su vez, la edad en sí misma se constituiría en un elemento facilitador para el alejamiento de la delincuencia (Andrews y otros, 2006; Moitt, 1993; Sampson y Laub, 1993; Rocque y otros, 2015), ya que el promedio de edad de quienes abandonarían la criminalidad en esta investigación es de 34 años y excluyendo a los delincuentes sexuales, el promedio asciende a 39 años; sin embargo, la media de los persistentes es de 33 años, y sacando a los delincuentes sexuales, desciende a 28 años. Finalmente, un contacto temprano con el sistema penal, así como la cantidad de ingresos a prisión serían factores que diicultan el surgimiento de relatos de desistimiento criminal en los penados, independientemente de la categoría delictiva por la cual están condenados (Bernburg y otros, 2006; Craig y otros, 2015; Del Olmo, 1999; Kazemian y Travis, 2015; Nakaruma y Bret, 2014; Tahamont y otros, 2015; Wiley y Esbensen, 2016) ya que los categorizados como persistentes en esta investigación, en general, han tenido un contacto anticipado con el sistema penal. 4.3. Apoyo familiar El 83, 8% de las personas entrevistadas en esta investigación que sostuvieron narrativas de alejamiento de la actividad criminal han recibido apoyo familiar durante su encierro, en concordancia con los hallazgos de investigaciones en distintos contextos nacionales sobre cesación de las carreras delictivas, que han puesto de relieve la importancia del sustento familiar, como un condicionamiento estructural, para el surgimiento de relatos de desistimiento de la desviación, en cualquier tipología delictiva (Aaltonen, 2016; Cid y Martí, 2011; Liem, 2013; Martí y Cid, 2013; Mowen y Visher, 2015; Sampson y Laub, 1993; Savolainen, 2009). La mayoría de las personas entrevistadas que tienen relatos desistentes del delito 108 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens han recibido visitas y apoyos por parte de sus familiares más cercanos, principalmente de la esposa o madre, durante todo o gran parte del periodo de encierro (Cid y Martí, 2011; Elisha y otros, 2012; Liem, 2013; Martí y Cid, 2013; Savolainen, 2009). Sin embargo, solo el 52,1% de quienes persistirían en la desviación han tenido contacto con sus familiares; estos hallazgos están en concordancia con las investigaciones de Sampson y otros (2006) que han documentado el efecto que tiene en las personas encarceladas la formación de las parejas prosociales y el apoyo de estas durante la reclusión, apuntando que las mismas actúan como inhibidoras de la delincuencia, más aún aquellas relaciones en las que existen fuertes lazos emocionales. Este mismo resultado ha detectado Savolainen (2009), en sus investigaciones realizadas en la Europa nórdica, en donde también registró que además de las esposas, las parejas estables tienen similares consecuencias que el matrimonio. En un sistema penitenciario con altos índices de violaciones de los derechos humanos y con necesidades básicas de los internos insatisfechas, como caracterizan a las cárceles paraguayas (Portillo, 2015; Orrego, 2015; Orrego, 2017), el apoyo familiar aparece como esencial para el sustento y la contención de los penados, ya que las familias suplen la tarea estatal de garantizarles, condiciones mínimas de vida dentro de la prisión. En este sentido, muchos relatos desistentes del delito están directamente vinculados a la compensación del apoyo y sacriicio familiar para la satisfacción de sus requerimientos durante el encierro, como también había documentado Cid y Martí (2011). Es que de manera transversal en todas las categorías delictivas, los testimonios de abandono de conductas desviadas encuentran sustento en el apoyo y contención proveídos por las familias, ya sean padres, madres, esposas y/o parejas. Efectivamente, este artículo abona las evidencias empíricas sobre la importancia de los lazos y vínculos sociales y familiares, como inhibidores o facilitadores de la conducta desviada o criminal (Sampson y Laub, 1995), que actúe de una y otra forma dependerá del tipo de familia y de los valores que en ella predominen (Cid y Martí, 2011; Farrall y otros, 2010; Liem, 2013; Martí y Cid; 2013). 4.4. Experiencia laboral y formación profesional La experiencia laboral y la formación profesional están muy ligadas a la autoeicacia en el relato de los entrevistados en este artículo, y por tanto a las narrativas que incluyen planes prosociales, lejos de la delincuencia, en el afán de llevar una vida convencional, ciertamente, estos atributos personales, son en sí mismos, condicionamientos estructurales que facilitan o diicultan el surgimiento de uno u otro tipo de autopercepción al inalizar la condena (Cid y Moliné, 2011; Martí y Cid, 2013; Savolainen, 2009). Coincidente con estas premisas, el cien por ciento de quienes abandonarían la criminalidad estaba trabajando al tiempo de su ingreso a prisión, y lo hacía en el con- Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 109 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva texto de emprendimientos productivos familiares, como funcionario o gestionando una mini empresa personal. Sin embargo, los que maniiestan relatos de permanencia en la desviación, recuerdan antecedentes laborales en la economía sumergida, o nunca han trabajado, aunque de manera excepcional, existen algunos con relatos persistentes en el delito que estaban insertos en el empleo formal. Por el contrario, en el grupo de los desistentes del delito no existe ninguno que no haya estado inserto laboralmente, antes de su ingreso a prisión o con experiencias laborales en emprendimientos productivos agrícolas, en el caso de los que son de zonas rurales. La experiencia laboral anterior al encierro es valorada positivamente por los entrevistados, principales por aquellos desistentes del crimen, ya que confían que ese potencial les permitirá obtener medios lícitos de subsistencia e ingresos económicos; sin embargo, entre quienes seguirían en la desviación criminal la valoración es moderada, ya que en su mayoría se trata de actividades dentro de la economía sumergida, como vendedores ambulantes o cuidacoches, lo que no produce conianza de reinserción laboral. Los hallazgos indican que este tipo de actividades no tendrían la entidad para generar percepción de autoeicacia, ni de inserción al mercado laboral de la economía formal. La relación entre la formación profesional y la percepción de desistimiento criminal se observa también en los siguientes hallazgos: entre quienes superarían la delincuencia, el 48,3% tiene formación secundaria, el 38,7% concluyó la primaria y el 6,4% tiene estudios universitarios. Todos estaban trabajando en actividades lícitas al tiempo de su detención e ingreso al centro penitenciario. Precisamente, unas de las variables con mayor fuerza, con relación al tipo de relato, es la percepción de las posibilidades de encontrar empleo en función de la experiencia profesional y las habilidades técnicas; es que conforme a los datos de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC, 2015), los años de estudios están directamente relacionados con el ingreso y las mejores condiciones de trabajo, ya que las personas que han concluido la secundaria, en promedio, perciben mejor salario que quienes solo tienen terminada la educación primaria (DGEEC, 2014). Por el contrario, los entrevistados que podrían seguir en la delincuencia en un 70% solo tienen formación primaria y de acuerdo a las estadísticas nacionales proveídas (DGEEC, 2015), estos individuos tienen menos posibilidades de conseguir un trabajo estable y, en el caso que se inserten laboralmente, será en la economía sumergida, que emplea al 20% de la población ocupada en Paraguay, y la retribución que recibirían difícilmente podrá sufragar sus gastos básicos. De esta manera, estos hallazgos podrían sustentar la percepción de que las facilidades de ingreso al mercado laboral están asociadas generalmente con el alejamiento del crimen (Cid y Martí, 2011; Kruttschnitt y otros, 2000; Martí y Cid, 2013; Savolainen, 2009). 110 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens 4.5. Condicionamientos culturales Un grupo de entrevistados, principalmente sancionados por delitos contra la propiedad y penados por homicidios realizados en contextos rurales, no reieren identidad delincuente, pero tienen relatos persistentes en el crimen, justiicando sus actuaciones en la aceptación social de sus conductas, ya sea en la comunidad donde crecieron, vivieron y cometieron el delito, en el núcleo familiar o en la imposibilidad de obtener por medios lícitos lo necesario para subsistir, adecuándose algunas de estas explicaciones a las teorías de la tensión (Redondo y Pueyo, 2007). De esta forma se maniiesta también la inluencia familiar en el surgimiento de un determinado tipo de narrativa, en este caso, de permanencia en la desviación como explican Martí y Cid (2014) y Cid y Martí (2011). Precisamente, en el caso de cultivadores de marihuana de zonas rurales, donde la práctica tiene gran aceptación social, la familia y la comunidad se convierten en inhibidoras de la ruptura con la desviación (Martí y Cid, 2014). El otro sector en el que aparecen estos relatos es entre quienes cometieron delitos contra la vida en contextos rurales, alegando defensa del honor; en general, son personas que entran en contacto tardío con el sistema penal y están orgullosas de sus conductas, ya que consideran que debían hacerlo por un mandato moral y social, por lo que cuentan con cierto grado de aceptación social en sus círculos inmediatos. Las condenas que se les impusieron determinaron circunstancias de excitación emotiva en el momento de la realización del hecho, por lo que están atenuadas, variando sus castigos entre cinco y siete años, respectivamente. Estas formas de resolver sus problemas lo habrían aprendido en las relaciones sociales en sus comunidades, pequeñas y alejadas de los centros urbanos, aún permeados por códigos culturales particulares (Riquelme, 2015). Tal como lo explica Akers (2009), de esta manera habrían reforzado sus pensamientos, sentimientos y actitudes con relación a la conducta delictiva, al punto que lo justiican plenamente y airman que lo volverían a realizar estando en las mismas circunstancias. El apoyo social es clave en sus relatos de persistencia, ya que sienten que no solo cumplieron el mandato social vigente en la comunidad de dónde provienen, sino que reciben el apoyo familiar y la solidaridad social tras el crimen, materializándose a través de visitas y ayudas económicas durante el encierro. Son personas que crecieron y viven con quienes naturalizan y creen en ese tipo de delitos como forma de resolución de problemas que les plantea la estructura social (Redondo, 2015), es decir, con familias que les inducen a este tipo de criminalidad (Martí y Cid, 2013). 4.6. Justiicación de la conducta Un grupo de condenados por delitos contra la propiedad y otro por hechos puni- Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 111 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva bles contra la salud pública (drogas) que realizaron el hecho para satisfacer sus necesidades de consumo, justiican su actuación en la falta de oportunidades y la desigualdad social de la que son víctimas, reiriendo a la imposibilidad de acceder a los medios legítimos para obtener la satisfacción de sus necesidades. Son personas reincidentes, generalmente, con identidad delincuente y proveniente de las zonas periféricas de las ciudades, cuyos testimonios de continuación en la desviación están vinculados a la frustración por no acceder a los ines que impone una sociedad de consumo, en concordancia con las explicaciones de Andrews y otros (2006) y de Redondo y Pueyo (2007). Estos entrevistados están conscientes que a la salida de la prisión se enfrentarán a unas condiciones estructurales difíciles por lo que no creen poder insertarse laboralmente ya que no tienen experiencias laborales en la economía formal, ni formación profesional; tampoco cuentan con redes de apoyos prosociales que les facilite iniciar un proceso de ruptura con la criminalidad. De esta manera, estos relatos son coincidentes con los hallazgos de Cid y Martí (2011) y de Bottoms y Shapland (2010) en el sentido que los que reinciden vivieron a la salida de prisión, o en el contexto del cumplimiento de la pena, una situación mucho más problemática que los que lograron abandonar el crimen. Este grupo de personas está consciente que tendrá diversos tipos de problemas fuera de la prisión, por lo que cree muy probable su regreso a un centro penitenciario. Como sostienen Cid y Martí (2011), las personas que reincidieron, percibieron o experimentaron concretamente más problemas económicos, mayor diicultad para insertarse laboralmente, más conlictos en las relaciones familiares o de pareja y más adicciones a las drogas. 4.7. Potenciación recíproca de riesgos En general, varios de los entrevistados provenientes de las periferias de las ciudades que tienen relatos de permanencia en la delincuencia son personas en las que convergen varios factores de riesgos de diversa naturaleza, tanto estáticos como dinámicos, por lo que sus testimonios se estarían ajustando a las postulados de la potenciación recíproca de los riesgos inter-fuentes (Redondo, 2015), que es uno de los tres principios del modelo teórico del Triple Riesgo Delictivo, conforme al cual la conluencia de riesgos de naturaleza diversa, en un sujeto, potenciaría sus respectivas inluencias negativas e incrementará exponencialmente la probabilidad individual de conducta delictiva. Quienes están en esta categoría son personas que provienen de zonas de exclusión social de las periferias de las ciudades, con un inicio temprano en la delincuencia o, en su caso, contacto temprano con el sistema penal, siendo detenido o encarcelado aún antes de cumplir la mayoría de edad, con escasa instrucción formal y sin experiencia laboral en trabajos de la economía formal. Generalmente, consumidoras de sustancias 112 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. Martens prohibidas, que han mantenido en prisión, en connivencia con funcionarios corruptos. Algunos cuentan con vínculos sociales y familiares, pero estos tienen escasa capacidad de brindarles apoyo que les contribuya para el inicio de un proceso de inclusión social, en donde la delincuencia o la marginalidad no forma parte del proyecto de vida. Por el contrario, quienes expresaron que dejarán la criminalidad no tienen estas privaciones estructurales acumuladas, por lo que están en mejores condiciones comparativas con relación a los persistentes en el sentido de que cuentan con apoyos o redes prosociales, tienen experiencias laborales o están en posesión del conocimiento de artes u oicios que les permitiría emprender una vida económica productiva y sustentable, y no forman parte de la población excluida del penal, a quienes los mismos funcionarios de prisiones llaman y ubican en lugares, que según sus clasiicaciones están destinados a los irrecuperables. 4.8. Tratamiento penitenciario Ninguna cárcel del país tiene la capacidad de proveer servicios de tratamiento penitenciario a los internos, ya que no cuenta con la infraestructura, ni con los profesionales para cumplir con esta mandato constitucional (MNP, 2014; 2016; 2017; Orrego, 2015) por lo que acorde con esta situación sólo el 3,2% de los entrevistados manifestó que recibió, en algún momento de su encierro, cierto tipo de apoyo por parte de profesionales de la prisión, sin embargo, el 29% de los entrevistados tienen relatos de alejamiento del crimen, con lo que las airmaciones de Göbbels y otros (2012), de que la mayoría de los delincuentes dejan de delinquir sin ningún tipo de apoyo profesional encuentran sustento empírico en este trabajo. Precisamente, una de las complejidades del desistimiento criminal reside en que varias personas dejan la vida criminal sin ningún tipo de ayuda profesional, tal como explican Göbbels y otros (2012), basándose en investigaciones realizadas por Laub y Sampson (2003), Laws y Ward (2011) y Serin y Lloyd (2009). 5. Relexiones inales Los hallazgos y al análisis de los mismos, en el contexto penitenciario paraguayo dan cuenta que el surgimiento de narrativas de desistimiento criminal está muy relacionado al capital social y estructural que posee el condenado al tiempo de su ingreso a la prisión, tales como las redes de apoyo prosociales (familiares y amigos con intenciones y/o capacidad de brindar asistencia), la formación profesional o técnica, las experiencias laborales fuera de la economía sumergida, la carrera delictiva, y la identidad auto percibida y asignada por los funcionarios e internos. El sistema de encierro del Paraguay tiende a crear, conirmar y/o a profundizar la identidad delincuente ya Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 113 Desistinimiento criminal en Paraguay. Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva que no brinda ningún tipo de apoyo ni tratamiento penitenciarios, ya que estos apenas iguran en los planes de la administración penitenciaria, o quedan a cargo de iglesias cristianas, que sin ningún criterio cientíico llevan a cabo algunas iniciativas que declaran estar destinadas a la rehabilitación personal y social, pero enfocados desde la fe. De esta manera, el surgimiento de relatos de desistimiento criminal es más probable en aquellas personas capaces de mantener, durante el tiempo de su encierro, el apoyo prosocial con el que ingresan, o en los condenados que han podido conseguirlos durante su estancia en prisión. Notoriamente, cuanto más condicionamientos estructurales favorables tienen los penados es más alta la percepción de autoeicacia y de las posibilidades de cumplimiento de sus planes prosociales, ya que encuentran más argumentos para coniar en que podrán llevar una vida alejada de la delincuencia. Se ha encontrado que la identidad prosocial no siempre está relacionada con relatos de alejamiento del delito, pues existen situaciones en las cuales las conductas cometidas están penadas como delitos o crímenes en la legislación, pero sus autores no las identiican como tales, no se sienten reprochables y menos aún delincuentes. En estos casos, las familias y las comunidades actúan como desencadenantes de relatos de persistencia en el crimen, especialmente en aquellos casos en los cuales la acción cometida, aunque ilegal, está naturalizada y/o vista como un mandato social en defensa del honor o de la reputación, o en los casos en que identiican al crimen como un medio legítimo de subsistencia, como sienten los cultivadores de marihuana que han sido entrevistados. En general, los relatos de desistimiento analizados se sustentan en tres fuentes: a) ayuda familiar y social, principalmente para la compensación o evitación de dolor por lo recibido durante el encierro, b) formación profesional y experiencias laborales que generan autoeicacia en el sentido de que los planes imaginados podrán ser realizados exitosamente, y c) ruptura con personas o grupos criminógenos que aparecen identiicados como los principales motivadores de conductas desviadas. El ciclo vital aparece relacionado con los relatos desistentes, a excepción de los delincuentes sexuales en el que operaría de manera contraria, ya que el promedio de edad de los mismos es mucho menor (22 años) que el de los persistentes (48 años). En esta categoría, quizá el tipo delictivo por el cual están condenados ha sido determinante, pues en el caso de los desistentes, en todas las situaciones se corresponden a hechos punibles cometidos sin violentar la voluntad de la víctima. La carrera delictiva y el inicio temprano en la delincuencia están igualmente relacionados al tipo de relato, ya que quienes abandonaría la criminalidad, por lo general, no tienen varios ingresos a prisión, ni se inician temprano en la actividad delictiva. Por el contrario, quienes seguirían en la desviación tuvieron contacto temprano con el sistema penal y lo han estado en varias ocasiones. 114 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Juan A. 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Análisis de los condicionamientos estructurales en el surgimiento de relatos de cesación delictiva Skardhamar, T., Monsbakken, C., & Lyngstad, T. 2016. Crime and Transition to Marriage. British Journal of Criminology, 54 (3), 411-427. Slocum, L., Wiley, S., & Esbensen, F. 2016. he importance of Being Satisied. A Longitudinal Exploration of Police Contact, Procedural Injustice, and Subsequent Delinquency. Criminal Justice and Behavior, 43 (1), 7-26. Soyer, M. 2014. he Imagination of Desistance. British Journal of Criminology , 54 (1), 91-108. Sparkes, A., & Day, J. 2016. Aging bodies and desistance from crime: Insights from the life stories of ofenders. Journal of Aging Studies, 36, 47-58. Tahamont, S., Yan, S., & Liu, J. 2015. Pathways to Prison in New York State. Criminology, 14, 431-453. Vaughan, B. 2007. he internal narrative of desistance. British Journal of Criminology, 390-404. Walker, K., Bowen, E., & Brown, S. 2013. 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Cambridge: Cambridge University Press. 122 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 BIBLIB: 0251-2483 (2015), 123-144 GÉNERO, VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL: UN ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN PARAGUAY. Enviado: 13/03/2017 Aceptado: 25/05/2017 Sarah Patricia Cerna Villagra1 Resumen En este trabajo se estudia con una perspectiva de género a las mujeres privadas de su libertad, tanto su peril socio-demográico como las condiciones estructurales de la exclusión social que atraviesan y su situación al interior de nueve penales en Paraguay. Esta investigación tiene como objetivo principal analizar los elementos condicionantes de exclusión social que inciden en la comisión de cierto tipo de delitos por parte de mujeres recluidas en los principales centros penales de Paraguay. Así como también examinar las condiciones de reclusión de las mujeres privadas de su libertad en este país sudamericano. La metodología es empírico-descriptiva y empírico-explicativa y para el análisis de los datos se utiliza el método comparado con la técnica cualitativa. La hipótesis planteada es que el ejercicio de la violencia de género al interior de los hogares, junto con una institucionalización temprana en albergues o penitenciarías, así como la explotación laboral en la infancia aunada a la precariedad laboral inciden en la comisión de delitos como el robo y el microtráico de estupefacientes por parte de las mujeres paraguayas. Palabras clave Mujeres, cárceles, exclusión social, Paraguay 1 Candidata a Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México y en Estado de Derecho y Gobernanza Global, Universidad de Salamanca. Máster en Ciencia Política, Universidad de Salamanca, España. Licenciada en Ciencias Políticas, Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Paraguay. Miembro del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII) del CONACYT, Paraguay en el Nivel I. Docente de la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 123 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay Abstract In this work, a gender perspective is studied for women deprived of their freedom, both their socio-demographic proile and the structural conditions of social exclusion they are experiencing and their situation within nine penitentiaries in Paraguay. his research has as main objective to analyze the conditioning elements of social exclusion that afect the commission of certain types of crimes by women detained in the main penal centers of Paraguay. As well as examining the conditions of detention of women deprived of their freedom in this South American country. he methodology is empirical-descriptive and empirical-explanatory and for the analysis of the data is used the method compared with the qualitative technique. he hypothesis is that the exercise of gender-based violence within the home, together with early institutionalization in shelters or penitentiaries, as well as the exploitation of children in the workplace, coupled with the precariousness of work, afect the commission of crimes such as robbery And micro-traicking of narcotics by Paraguayan women. Keywords Women, prisons, social exclusion, Paraguay 124 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra 1. Introducción Las mujeres privadas de su libertad han atravesado condiciones previas de exclusión social y abandono tales como violencia doméstica, explotación laboral, institucionalización temprana en hogares o albergues, explotación infantil y condiciones laborales de precariedad. Aunado a estas condiciones de exclusión social previa, las cárceles se constituyen a su vez, en espacios de opresión que conjugan simultáneamente discriminaciones por el género, la clase social y las condiciones de vulnerabilidad como las enfermedades crónicas o el embarazo, generando un círculo vicioso de exclusión y abandono a lo largo de sus vidas. Este círculo no se puede romper ni con el encierro ni con la libertad porque coadyuvan factores externos e internos que la gran mayoría de las veces vuelven a excluirlas y abandonarlas a su suerte, ya sea, dentro de los penales como fuera de ellos. Entre los factores externos de la exclusión social se encuentran las condiciones de explotación laboral prematuras, el abandono y la institucionalización temprana en albergues u orfanatos, la precariedad laboral. Los factores internos de exclusión constituyen: la violencia de género en sus hogares, las condiciones precarias de vida al interior de los penales y la violación de sus derechos humanos como mujeres privadas de su libertad. En esta investigación se analizan esos factores de exclusión social tanto al exterior como al interior de las cárceles. En la primera parte del trabajo se presentan las propuestas teóricas sobre género y exclusión social, así como también sobre los estudios criminológicos respecto a las mujeres delincuentes. En la segunda parte se presenta la metodología de investigación de este trabajo. En la tercera parte se presentan las características socio-demográicas de las mujeres privadas de su libertad. En la cuarte parte se analizan los factores que inciden en la comisión de delitos. Finalmente, se analizan las condiciones de reclusión de las mujeres privadas de su libertad en nueve penales en Paraguay. 2. Género y exclusión social: aproximaciones teóricas al fenómeno de las mujeres privadas de su libertad La literatura sobre mujeres privadas de su libertad es escasa y reciente, porque como lo señalan las especialistas en el tema, en las ciencias sociales ha existido un vacío importante o mejor dicho, “la ausencia de una mirada de género” tanto en los trabajos sociológicos, y politológicos como en los criminológicos y penales (Antony, 2007: p.74). Esta autora apunta que, por lo general, las investigaciones sobre mujeres recluidas se habían caracterizado por una concepción androcéntrica y etnocéntrica que privilegiaba el enfoque sobre el delincuente varón. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 125 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay La ausencia de estudios en ciencias sociales, en general y criminológicos, en particular, sobre las mujeres que cometen delitos, ha tenido como causas principales: 1) la baja tasa de delincuencia femenina; 2) los estudios con estereotipos de género sobre la mujer que contribuyeron a distorsionar la realidad (Ídem) y; el androcentrismo en las ciencias sociales. En este sentido, este trabajo apunta a aportar al debate al interior de las ciencias sociales y de la política criminal en Paraguay2 desde una perspectiva de género, porque se suscribe con lo planteado por Antony (2007) que las necesidades de las mujeres son invisibilizadas ante las necesidades de los hombres privados de su libertad, lo cual se evidencia en la falta de condiciones arquitectónicas adecuadas al interior de las prisiones, en la falta de presupuestos y recursos con un enfoque de género que permitan considerar las condiciones y necesidades diferenciadas de las internas respecto de los reclusos varones. Respecto a los estudios sobre el tema, Ariza e Iturralde (2015: p.6) señalan que, en la literatura especializada sobre el estudio de mujeres detenidas en América Latina, se sostiene que las prisiones son espacios opresivos y discriminativos para las mujeres, ya que, en ellas, son doblemente estigmatizadas por: 1) haber realizado conductas desviadas y; 2) por desviarse de sus roles de esposas y madres dependientes y dóciles (Antony, 2007: p.76; Rodríguez, 2004: p.12; Lagarde, 1993: p.676). Otras autoras como Salinas (2007: p.3) también hablan de una triple discriminación hacia las mujeres privadas de su libertad: la primera, respecto a su sexo; la segunda, respecto a su condición de reclusas (Briseño, 2006; Azaola, 1996; Azaola y Yacamán, 1996) y la tercera, respecto a su pertenencia de clase, ya que la mayoría de ellas proviene de los estratos económicos inferiores de la sociedad, lo cual, las hace a su vez, más vulnerables a la discriminación y más proclives a ser invisibilizadas (Almeda, 2002, 2003; Cervelló, 2006). 2.1. Género e interseccionalidad Las cientistas sociales feministas han aportado las categorías de género y de interseccionalidad para ofrecer herramientas teóricas y metodológicas para abordar y comprender las asimetrías en torno al género, la pertenencia étnica y la orientación sexual en una sociedad. El concepto de género fue acuñado por primera vez por Gayle Rubin en 1976 para referirse al sistema sexo-Género como “el momento reproductivo de un modo de producción”, que puede ser sexualmente igualitario o estar estratiicado por género (Rubin, 1976: p.150). Esta autora sostiene que la opresión (de los hombres 2 126 En este punto es importante señalar que las cárceles constituyen un reflejo de la política criminal del Estado paraguayo hacia las mujeres delincuentes y que solo castiga ciertos delitos como el tráfico de estupefacientes, el robo, la estafa y el homicidio, pero deja de lado otros “ilegalismos” cometidos con mayor frecuencia por las mujeres como el maltrato infantil o la evasión fiscal. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra hacia las mujeres) no es inevitable sino que es producto de las relaciones sociales. Esta categoría analítica ha sido utilizada en diversas disciplinas para poner de maniiesto los mecanismos y dispositivos que crean y reproducen espacios de opresión, subordinación y discriminación en las mujeres en las diferentes sociedades (Cobo, 2014: p.9). Otras formas de llamar al sistema sexo-género en las ciencias sociales han sido el patriarcado y el modo de reproducción (Rubin, 1976: p.152). Por su parte, Scott (1996: p.21) señala que el interés por considerar al género como categoría analítica surgió recién a mediados del siglo XX en un contexto de gran confusión epistemológica, en el que, las teóricas feministas pudieron insertar al género como categoría de análisis que permitiera explicar la persistente desigualdad entre hombres y mujeres. Para esta autora, el género es un “elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos” y en este sentido, el género es “una forma primaria de relaciones signiicantes de poder” (Scott, 1996: p.23). Por su parte, para Lamas (2000: p.84) el concepto de género guarda relación con el “conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos” para dotar de símbolos y además “construir socialmente lo que es ‘propio’ de los hombres (lo masculino) y lo que es ‘propio’ de las mujeres (lo femenino)”. Al mismo tiempo señala que la nueva acepción de género se reiere “al conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres” (2000: p.3). Esta autora apunta a que es la cultura la que marca a los sexos con el género y éste a su vez marca la percepción de otros ámbitos como lo social, lo político, lo religioso y hasta lo cotidiano (2000: p.4). Para Scott (1996: p.7) el género denota las construcciones culturales que ediican socialmente ideas sobre los papeles apropiados para las mujeres y los hombres. Desde otra perspectiva, Butler (1990) deine al género como “el resultado de un proceso mediante el cual las personas reciben signiicados culturales, pero también los innovan”. De todas las deiniciones anteriormente señaladas, en esta investigación se utiliza la categoría de género para describir, comprender y analizar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en un contexto político y social que distingue los roles asignados a los hombres y a las mujeres y con ello, unos ejercen el poder y otras, se someten a él. En este sentido, la categoría del género permitirá analizar las condiciones estructurales de exclusión social que han atravesado las mujeres previamente a su reclusión, así como también, comprender las asimetrías al interior de los nueve penales estudiados en esta investigación. Así también, la perspectiva de género en esta investigación permite observar que las mujeres privadas de su libertad tienen condiciones y necesidades especíicas que Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 127 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay deben ser atendidas sin caer en programas y políticas públicas que reproduzcan los roles estereotipados de género que generan desigualdades entre hombres y mujeres, tanto al interior de las cárceles como al exterior de las mismas. Precisamente sobre este punto, Azaola (2007: p.74) sostiene que las necesidades de las mujeres son invibilizadas al interior de los penales y se maniiestan, por ejemplo, en la capacitación y/o empleo en actividades tradicionalmente femeninas, pero con escasas oportunidades laborales y/o precariedad laboral en el mercado externo. 2.2. La noción criminológica respecto a la mujer infractora La literatura criminológica en torno a la mujer delincuente surge apenas en el siglo XIX y para su estudio, Del Olmo (1998) propone tres etapas analíticas dentro de la literatura criminológica que se enfoca en la conducta de las mujeres criminales (Azaola, 2013: p.153). A la primera la denomina, la corriente tradicional que había surgido de la mano de teóricos como Lombroso y Ferrero (1895) quienes argumentan postulados biologicistas que consideran a la mujer inferior al hombre en el marco evolutivo y por ello, con menor capacidad para delinquir y como consecuencia, presentaban una tasa menor de delitos que los hombres (Yugueros, 2013: p.313). Otros autores adjudican las diferencias entre las conductas delictivas masculinas y femeninas a factores como la mayor presencia de hormonas andrógenas en ellos y menor en ellas, lo cual explicaría los menores niveles de agresividad en las mujeres (Gray, 1970; Leganes y Ortola, 1999). Así como también apuntan a factores explicativos como el desajuste hormonal durante las fases sexuales y la crisis catamenial (Aznar, 1968), desde esta perspectiva se aduce que las mujeres criminales tienen instintos más primitivos debido a su condición femenina. En una segunda etapa, las teorías modernas que fueron contemporáneas al proceso de liberalización de las mujeres con la mayor adquisición de derechos individuales y colectivos en el mundo occidental. Estas propuestas teóricas fundamentan que existen otros factores explicativos más allá de los biológicos que pueden permitirnos comprender este fenómeno, entre ellos, la socialización diferencial que reciben hombres y mujeres y la inluencia que ejerce ésta en los modelos y estereotipos de género desarrollados en las sociedades (Weis, 1982). Esta corriente había pronosticado el aumento de las tasas de delincuencia femenina como consecuencia de la emancipación de la mujer y su mayor desarrollo en la esfera pública (Adler, 1975; Simons, 1975). Cabe señalar que estos pronósticos no se cumplieron. Otras propuestas dentro de las corrientes críticas señalan que existe un control social sobre las mujeres que inluye en que éstas tengan un comportamiento funcional al rol que le han determinado socialmente y reproduciendo constantemente un papel débil o sumiso en la sociedad (Miralles, 1983). 128 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra La tercera ola propuesta por Del Olmo es la denominada de las teorías feministas. Estos análisis habrían incorporado la perspectiva de género al estudio de las conductas delictivas, lo cual representó uno de los cambios más signiicativos y de mayor repercusión en el desarrollo del pensamiento criminológico (Azaola, 2013: p.154). Las teorías feministas en la criminología fueron elaboradas por Del Olmo (1998) y Heidensohn (1995). Todas estas vertientes teóricas en la criminología no han hecho más que reproducir los estereotipos de género presentes en sus respectivas sociedades, como se explicó anteriormente, los análisis con perspectiva de género permiten de-construir esas ideas, conceptos y prejuicios en torno los roles de género para buscar explicaciones teóricas más apropiadas para comprender las diferencias entre hombres y mujeres en una sociedad y en una cultura determinada. Es por ello, que en este trabajo se utilizará la perspectiva de género para analizar las condiciones sociales, económicas y culturales que incidieron en las conductas delictivas de mujeres privadas de su libertad en Paraguay. Y, además, busca explicar cómo las asimetrías de género persisten dentro de las políticas criminales en Paraguay y se maniiestan en las condiciones de reclusión de las mujeres paraguayas. 3. Metodología La metodología utilizada en esta investigación es empírico-descriptiva y empíricoexplicativa. Los datos utilizados han sido recogidos por el Mecanismo de Prevención de la Tortura en Paraguay en el año 2015. Especíicamente se utiliza en esta investigación las bases de datos y los informes presentados sobre el “Censo de Mujeres Privadas de su Libertad 2015, Condiciones de vida, vulneración de derechos humanos, torturas y malos tratos”. Para el análisis de los datos se utilizará el método comparado con la técnica cualitativa. 3.1. Presentación de los datos: periles socio-demográicos de las mujeres recluidas La población que ha participado del Censo de Mujeres está privada de su libertad en nueve penales de la república del Paraguay, los cuales se detallan en la tabla Nº 1, por penitenciaría, tipo de prisión y número de mujeres en ellas. La población participante del Censo pertenece en su mayoría a la Casa del Buen Pastor, donde se aglutina mayor parte de las mujeres, más del 60% de las entrevistadas. En la tabla Nº 1 se puede observar que solo 2 de los 9 penales del estudio son exclusivos Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 129 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay para mujeres, el resto solo son áreas de mujeres dentro del penal. Lo cual constituye un problema importante para las mujeres privadas de su libertad por la convivencia con hombres tanto otros reclusos como los guardias de las cárceles. Tabla Nº 1: Población participante del Censo de Mujeres Penitenciaría Tipo de penitenciaría Número de mujeres privadas de su libertad Casa del Buen Pastor Exclusiva para mujeres 471 Juana María de Lara Exclusiva para mujeres 88 Regional de Encarnación 60 Regional de Coronel Oviedo 50 Regional de Concepción Regional de Pedro Juan Caballero Regional de Villarrica Área de mujeres dentro del penal 27 26 23 Regional de Misiones 22 Regional de San Pedro 18 Total de mujeres privadas de su libertad - 785 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Mujeres Privadas de su Libertad 2015 3.2. Peril socio-demográico de las mujeres recluidas En esta sección se brinda el peril socio-demográico de las mujeres encuestadas, según su zona de residencia previa a su detención, su situación civil y de maternidad, así como también cuáles han sido principalmente los delitos cometidos para que sean privadas de su libertad. En cuanto a la zona de residencia previa a la reclusión, en la tabla Nº 2 se observa que la mayor parte de las mujeres vivían en zonas urbanas de los departamentos de Central, de la Capital, Alto Paraná e Itapúa. Un porcentaje menor, 3,8% vivían en el extranjero y las demás en departamentos más rurales como Caaguazú, Concepción, San Pedro y Canindeyú. 130 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra Tabla Nº 2: Departamento donde vivían antes de su reclusión Porcentaje de las mujeres que vivían allí Departamento Central 35,6% Asunción 25,1% Alto Paraná 14,4% Itapúa 4,2% En el extranjero 3,8% Amambay 3% Caaguazú 2,3% Concepción 2,2% San Pedro 2% Canindeyú 1,7% Cordillera 1,3% Paraguarí 1,2% Guairá 1% Otros departamentos 2,3% Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Mujeres Privadas de su Libertad 2015 El grado de vulnerabilidad social respecto a su maternidad y estado civil de las mujeres privadas de su libertad se puede observar en datos respecto a la jefatura de hogar en manos de mujeres solamente. Tabla Nº 3: Maternidad y Estado Civil Estado Civil Si No Soltera 60,4% 85,1% En concubinato 13,9% 7,4% Casada 15,4% 6,4% Divorciada 4,1% 1,1% Viuda 6,3% Total 100% 100% Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Mujeres Privadas de su Libertad 2015 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 131 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay Del total de las encuestadas, 87,65% reirieron ser madres. Así también del total de las mujeres privadas de su libertad consultadas, 63,5% señaló que era soltera, 13,1% que vivía en concubinato, 14,2% estaba casada, 3,7% estaba divorciada y 5,5% era viuda (MNP, 2016). Aquí es importante resaltar los datos de maternidad y estado civil para constatar que más del 63% de las mujeres que son madres son solteras, lo cual comprueba lo planteado en otros estudios sobre delincuencia femenina que señalan que la mayoría de ellas son madres solteras, situación que las pone en condiciones de vulnerabilidad y necesidad de ingresos para la manutención de sus hijos como únicas proveedoras del hogar (Azaola, 2013). En cuanto a su nivel educativo, el Censo revela datos interesantes, ya que la mayoría de las mujeres cuenta con un nivel de estudios básicos y más del 50% de estas mujeres supera el promedio de años de estudio a nivel nacional que solo alcanza a 7 años, como lo muestra el gráico Nº 1. Por el contrario, los hombres presos presentan niveles educativos más bajos del promedio nacional, lo cual apunta el análisis hacia otros factores de exclusión social estructural de las mujeres como la discriminación laboral y/o la violencia de género. Una hipótesis podría señalar que muchas mujeres, a pesar de tener un buen nivel de estudios no acceden a empleos estables y bien pagados o son víctimas de violencia de género y como consecuencia de defenderse de ellos, terminan en prisión, como fue el caso de Lucía Sandoval3. Este dato contradice lo planteado en otros estudios respecto al bajo nivel educativo de la población femenina en las cárceles, ya que, en Paraguay, el nivel educativo de las mujeres presas es mayor que el promedio nacional de años de estudio. Gráico Nº 1: Nivel de escolarización de las mujeres censadas Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censo de Mujeres privadas de su libertad 2015 3 132 Lucía Sandoval estuvo privada de su libertad por más de tres años por el homicidio de su esposo mientras esperaba el juicio. Finalmente, el Tribunal de Sentencia la absolvió por no existir pruebas en contra de ella (ABC Color, 2014). El caso de Lucía fue emblemático respecto a la violencia de género tras existir un historial de abusos y denuncias hacia su marido, antes de la muerte accidental de éste. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra En cuanto a los delitos cometidos por las mujeres privadas de su libertad4, las infracciones más cometidas son el tráico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, hechos punibles contra la persona y contra los bienes de la persona en más del 97% de los casos entrevistados. Tabla Nº 4: Los delitos más cometidos Delito del que se le acusa Ley 1340 que reprime el tráico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas Porcentaje 58,5% Hechos punibles contra la persona5 20,1% Hechos punibles contra los bienes de la persona6 18,5% Hechos punibles contra la convivencia de las personas 1,5% Hechos punibles contra las relaciones jurídicas 0,5% Hechos punibles contra la seguridad de la vida y de la integridad física de las personas 0,1% Hechos punibles contra el orden económico y tributario 0,1% Hechos punibles contra el Estado 0,1% Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Mujeres Privadas de su Libertad 20155 6 Entre las razones por las cuales el narcotráico es el delito con mayor incidencia, la literatura sobre mujeres que delinquen sostiene que ellas cometen delitos principalmente por las siguientes razones: la pobreza, la exclusión social, la falta de educación y formación y otras circunstancias socio-culturales (Yugueros, 2013: p.315). Como se observa en la tabla Nº 4, el informe del Mecanismo de Prevención de la Tortura en Paraguay (2016) señala que el delito con mayor incidencia entre las mujeres privadas de su libertad es el narcotráico7, lo cual constituye una realidad no solo para4 5 6 7 El Censo de Mujeres (2015) señala que para ellas existe un patrón de criminalización secundaria que es muy parecido al que se presenta con los adolescentes privados de su libertad en Paraguay. Lo cual significa que del universo de delitos que se cometen en este país, la política criminal del Estado paraguayo persigue con mayor énfasis a aquellos relacionados con el narcotráfico. Aquí es importante apuntar que se observa otro patrón en las mujeres privadas de su libertad en varios países de América Latina, el mayor delito es el microtráfico, al igual que los adolescentes, no el narcotráfico a gran escala y precisamente son las mujeres y los adolescentes los que se encuentran en el eslabón más débil y más bajo de la cadena de tráfico de estupefacientes a gran escala y los que más fácilmente tienden a caer presos. Se refiere a delitos como el homicidio, la coacción sexual, el secuestro, etc. Guarda relación con delitos como el robo, el hurto, la estafa y la reducción. El Informe (MNP, 2016: p.24) señala que los delitos más cometidos guardan relación con el micro tráfico de estupefacientes y posesión de sustancias prohibidas. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 133 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay guaya sino latinoamericana, ya que otros estudios realizados en Colombia, Costa Rica y México presentan el mismo fenómeno entre la población femenina de los penales. Cabe señalar en este punto que es importante especiicar que el negocio de narcotráico a gran escala en América Latina está en manos, mayoritariamente, masculinas, y el microtráico en manos femeninas. En relación con lo anterior, Antony (2007: p.77) apunta que el microtráico se constituye en el delito con mayor incidencia entre la población femenina por las siguientes razones: 1) es una actividad que les permite desempeñarse en sus demás roles sociales, tales como madres, esposas, amas de casa, abuelas, etc., ya que el desempeño en este negocio no requiere necesariamente el traslado a lugares alejados de sus viviendas o fuera de ellas, lo cual a su vez, les permite cumplir con su labor productiva y reproductiva dentro de sus hogares; 2) las mujeres cumplen el papel de distribuidoras de los estupefacientes proporcionados por los varones, muchos de los cuales, son a su vez, sus parejas o familiares; 3) el negocio del microtráico les permite generar ingresos de manera rápida para cubrir gastos del hogar y de la alimentación familiar. Otro dato no menos importante respecto de la situación de mujeres privadas de su libertad en las cárceles paraguayas es su situación procesal. El Censo de Mujeres (MNP, 2016) revela que 74% de las mujeres presas aún no contaba con una sentencia, este dato mantiene la tendencia nacional de 73% de presos que estaban presos sin condena en 2014 (Paraguay.com, 2014) y de 77,5% en esta misma situación en octubre de 2015. 4. Análisis de los factores que inciden en la comisión de delitos por parte de las mujeres paraguayas recluidas por microtráico, lesiones, robo y hurto. En este apartado se presenta el análisis de los elementos condicionantes de exclusión social que han incidido en la comisión de delitos por parte de mujeres recluidas (en su mayoría por delitos ligados al microtráico de estupefacientes, lesiones, robo y hurto) en los principales centros penales de Paraguay8. Las mujeres privadas de su libertad en el Paraguay comparten semejanzas sociodemográicas y condiciones de exclusión social similares antes de ser recluidas por 8 134 Como se señaló con anterioridad, las cárceles constituyen un reflejo de la política criminal del Estado paraguayo que prioriza perseguir los delitos relacionados con el narcotráfico y deja de lado otros delitos como el maltrato a menores o la evasión fiscal. En este sentido, este apartado sobre los factores que inciden en la comisión de delitos por parte de las mujeres paraguayas busca explicar por qué estas mujeres (detenidas por microtráfico, lesiones, robo y hurto) están presas y no otras mujeres que cometen otros “ilegalismos”. Ya que el universo de las mujeres privadas de su libertad no constituye la totalidad de mujeres que delinquen en Paraguay. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra delitos como el tráico de drogas y robos, principalmente. En lo referente a las condiciones de exclusión social previas a la comisión del delito por parte de las mujeres estudiadas, Azaola (2013: p.156) sostiene que, entre las consecuencias de las políticas públicas de guerra contra las drogas en América Latina, se encuentra el aumento de la población femenina en las prisiones que comparten características socio-demográicas similares, tales como: mujeres en situación de pobreza, madres solteras, migrantes o pertenecientes a minorías étnicas. La mayoría de estas mujeres se involucran en delitos, principalmente, el microtráico de estupefacientes y el robo como alternativas de generación de ingresos para mantener a sus hijos. En ese sentido, las mujeres paraguayas privadas de su libertad también comparten estas características similares con sus pares de la región latinoamericana. Como en esta investigación se pretende analizar los elementos condicionantes de exclusión social que inciden en la comisión de delitos por parte de mujeres recluidas en los principales centros penales de Paraguay, en la Tabla Nº 5 se presentan las variables explicativas al fenómeno estudiado. Tabla Nº 5: Variables explicativas Variables independientes Indicadores Violencia de género al inte- Porcentaje de mujeres que ha sido víctimas de violenrior del hogar cia en su hogar por parte de un familiar y/o pareja Porcentaje de mujeres que han vivido en un albergue Antecedentes de instituciodurante su infancia o ya han ingresado en más de una nalización ocasión al penal Explotación laboral durante Porcentaje de mujeres que ha trabajado en situación la infancia y/o adolescencia de explotación en su niñez y/o adolescencia Precariedad laboral Porcentaje de mujeres empleadas en trabajos caracterizados por los bajos salarios o la inestabilidad laboral Fuente: Elaboración propia Como hipótesis de esta investigación se propone que el ejercicio de la violencia de género al interior de los hogares, junto con una institucionalización temprana en albergues o penitenciarías, así como la explotación laboral en la infancia aunada a la precariedad laboral inciden en la comisión de delitos como el robo y el microtráico de estupefacientes por parte de las mujeres paraguayas. Esta hipótesis conirma lo planteado por otros trabajos sobre el tema de delincuencia femenina en la región, como los estudios de Azaola (2013) y Unión Europea (2005) que sostienen que los elementos de exclusión social como la violencia de género, la Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 135 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay precariedad laboral y abandono contribuyen en gran medida a la comisión de este tipo de delitos por parte de las mujeres en América Latina y Europa. A continuación, se presentan los indicadores de cada una de las variables explicativas para comprender el fenómeno de la delincuencia femenina en Paraguay a través de datos empíricos recogidos en el Censo de Mujeres privadas de su libertad 2015. Respecto a la violencia de género en el hogar, el gráico Nº 2 presenta los datos sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica entre la población femenina privada de su libertad. Gráfico Nº 2: Pregunta a la censada: ¿Alguna vez fuiste víctima de violencia doméstica? Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censo de Mujeres privadas de su libertad 2015 Más del 44% de las mujeres privadas de su libertad han sufrido violencia doméstica, de esa población violentada al interior de sus hogares, 69,4% lo ha vivido en presencia de sus hijos/as y en 1% de los casos mientras estaban embarazadas. Así también, estas mujeres coniesan que 75,9% de los casos, la violencia fue ejercida por parte de sus parejas o exparejas y en 9,6% de los casos por parte del padre de sus hijos/as. Otro dato no menos importante, es que en 43,2% de los casos, las mujeres hicieron la renuncia correspondiente por violencia doméstica y en algunos casos, tuvieron que realizar la denuncia hasta en 12 ocasiones. Respecto a las personas que ejercen el maltrato hacia las mujeres, se conirma lo planteado en varios estudios sobre violencia de género en la región y son las personas más cercanas a la víctima como pareja y/o familiares. 136 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra Gráico Nº 3: Pregunta a la censada: ¿Quién fue la persona que te maltrató? Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censo de Mujeres privadas de su libertad 2015 Otro dato importante que brinda el Censo es el alto porcentaje de impunidad ante las denuncias de violencia doméstica. De las mujeres que hicieron la denuncia, en 52,5% de los casos no pasó nada con la querella, 22,6% de ellas maniiesta que la persona agresora sí fue privada de su libertad o cuenta con una orden de restricción, en 16,7% de los casos la pareja se separó, en 3,3% la violencia domestica aumentó tras la denuncia y 0,8% maniiesta que asesinó a la persona que la maltrató. La impunidad junto con la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, especíicamente la policía y el sistema judicial son factores que coadyuvan al incremento de los casos de violencia hacia las mujeres en Paraguay. Los antecedentes de institucionalización de las mujeres privadas de su libertad se reieren al porcentaje de mujeres que han vivido en un albergue durante su infancia o ya han ingresado en más de una ocasión al penal. De las encuestadas, 5,6% reirió que se había encontrado internada en un albergue, hogar de abrigo u orfanato durante su infancia y/o adolescencia y 19,7% de ellas apuntó que ya había ingresado tempranamente en más de una ocasión al penal por delitos previos. En cuanto a los indicadores de explotación laboral en su infancia y/o adolescencia, 20,7% de las entrevistadas señaló que había trabajo como criadita9 en su niñez o adolescencia. 9 La figura de la criadita en Paraguay se utiliza para denominar a una situación de empleo informal infantil de niñas y mujeres rurales en zonas urbanas, que, en realidad, disfraza una situación de explotación infantil a menores de edad en condiciones de vulnerabilidad. Las criaditas son en su mayoría niñas y mujeres adolescentes de zonas rurales que fueron enviadas a zonas urbanas por sus familiares para que estudien y a cambio reciben comida y alojamiento por trabajar sin salario fijo, ni horarios fijos ni ningún tipo de prestación laboral. En la mayoría de los casos, estas niñas y mujeres enfrentan todo tipo de abusos al interior de los hogares donde trabajan tales como físicos, emocionales y sexuales. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 137 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay En cuanto a la variable de precariedad laboral, en el gráico Nº 4 se detallan los tipos de empleo realizados por las mujeres antes de su detención, como se puede observar, la mayoría de ellas, más del 70% de las encuestadas, realizaban trabajos en condiciones precarias, es decir, sin ingresos ijos, sin seguro médico o seguridad social. A estas condiciones limitadas, cabe señalar que, en la mayoría de los trabajos que realizaban las mujeres, en Paraguay no se paga un salario mínimo por la realización de los mismos. De las entrevistadas solo 7% de ellas, realizaba trabajos en mejores condiciones laborales, especíicamente, las funcionarias privadas o públicas, las que trabajaban en empresas y las docentes. Gráico Nº 4: Pregunta realizada a las mujeres censadas: ¿En qué trabajaba antes de su detención? Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censo de Mujeres privadas de su libertad 2015 Como se puede constatar en esta sección, un porcentaje importante de las mujeres privadas de su libertad han afrontado diversas limitaciones y obstáculos a lo largo de sus vidas que les han imposibilitado el desarrollo de una niñez y/o adolescencia en condiciones seguras y estables, sino que muy por el contrario, la exclusión social, el maltrato, así como el abandono familiar e institucional han sido las constantes en su desarrollo hacia la edad adulta. Estas condiciones de exclusión, así como las decisiones que han tomado a lo largo de sus vidas han incidido en las comisiones de los delitos por los que fueron privadas de su libertad. El problema de las exclusiones que afrontan no acaba una vez ingresan a los centros penitenciarios porque como se verá a continuación, las opresiones hacia ellas continúan adentro de las cárceles donde además del género se cruzan otras variables como el estado de salud, la discapacidad, la condición de vulnerabilidad ligada a las enfermedades crónicas, el embarazo o el acceso a un empleo o recursos económicos para mantener un alojamiento “digno” al interior de los penales. 138 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra En el siguiente apartado se presentan las condiciones de precariedad en el encierro que enfrentan las mujeres privadas de su libertad en torno al acceso laboral, a los estudios, a la salud, al alojamiento digno y las circunstancias que atraviesan las personas en situación de vulnerabilidad como las mujeres embarazadas, las que tienen enfermedades crónicas y el grupo LGTBI. 5. Condiciones de reclusión de las mujeres privadas de su libertad 5.1. Acceso laboral De las mujeres entrevistadas, 59,3% manifestó estar trabajando dentro del penal. Entre los empleos que más realizan, se encuentran corte y confección, limpieza, manualidades y venta de comida, como se puede observar en la Tabla Nº 6. Tabla Nº 6: actividades laborales desempeñadas dentro del penal Actividad laboral % Corte y confección 22,6% Limpieza 15,7% Manualidades 15,5% Venta de comida 15,5% Cocina 8,4% Cartonería y reciclaje 7,1% Fuente: Elaboración propia con base en datos de Censo de Mujeres privadas de su libertad, 2015 Como se puede observar en la tabla todas las actividades, excepto la cartonería y reciclaje, son empleos que reproducen los estereotipos de género respecto a actividades típicamente femeninas. 5.2. Estado de salud: Controles ginecológicos De las mujeres encuestadas, 43,5% dijo que se encontraba en buen estado de salud al momento del levantamiento del Censo, 37,9% dijo que se encontraba con un estado de salud regular y 18,7% dijo que contaba con un mal estado de salud. Respecto al acceso y ejercicio de sus derechos sexuales, más del 57% de las mujeres encuestadas señaló que no acceden a controles ginecológicos dentro de las penitenciarías en las que se encuentran. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 139 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay Ambos datos registrados por el Censo de Mujeres son alarmantes ya que el derecho a la salud, en general y la salud sexual para las mujeres quedan rezagados al interior de los penales paraguayos. Respecto a la salud mental, las encuestadas manifestaron que 89% no recibe atención psiquiátrica, mientras que 11% sí lo hace y en cuanto a la atención psicológica, del total de encuestadas, 58% de ellas manifestó que no recibe atención y 42% sí recibe atención. Más del 80% de las mujeres que reciben tanto atención psiquiátrica como psicológica dicen que se encuentran conformes con la atención. 5.3. Alojamiento digno Respecto a las condiciones sanitarias dentro de los penales, las cifras son alarmantes, ya que, 91,5% de las mujeres encuestadas señaló que conviven diariamente en sus celdas con la presencia de todo tipo de insectos y alimañas, así como también 17,2% de ellas manifestó que conviven cotidianamente con la presencia de roedores y comadrejas. 5.4. Mujeres en situación de vulnerabilidad al interior de los penales En cuanto a las mujeres embarazadas y madres con hijos pequeños, de las entrevistadas, 7,8% de ellas se encuentran embarazadas o en periodo de lactancia y de ellas, 61,7% manifestó que se embarazó estando privada de su libertad. De este grupo de mujeres, 68,2% señaló que cuenta con controles ginecológicos dentro del penal. La mayoría de las mujeres embarazadas se encuentran en los penales mixtos de San Pedro con una población de 37,5% del total de embarazadas, mientras que Encarnación cuenta con 25% y Coronel Oviedo con 15,4%. Mientras que en los penales solo de mujeres, el Buen Pastor solo cuenta con 7,2% y la penitenciaría de Juana de Lara no cuenta con ninguna mujer embarazada. En este punto, es importante señalar lo que apuntan los estudios especializados sobre políticas criminales para mujeres respecto a las consecuencias de la presencia de varones en las mismas instalaciones que las mujeres privadas de su libertad, ya sea en calidad de agentes de seguridad o como varones privados también de su libertad. En ese sentido, los estudios señalan que los casos de abusos físicos o sexuales son altos en los penales mixtos o en aquellos solo de mujeres pero que cuentan con varones como guardias de seguridad. Por otra parte, de las entrevistadas, 6,6% de ellas se encuentra privada de su libertad en compañía de algún/a hijo/a pequeño/a. De este grupo, 96,8% vive solo con un/a hijo/a y 3,2% vive con dos hijos/as. Otra condición de vulnerabilidad para las mujeres al interior de los penales es 140 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra para aquellas que cuentan con enfermedades crónicas, las personas con discapacidad o aquellas personas con orientaciones sexuales no hegemónicas (LGTBI). De las mujeres privadas de su libertad, 1% de ellas cuenta con el Virus de Inmunodeiciencia Humana y de ese grupo, 60% accede a medicamentos y tratamiento brindados por la penitenciaría en la que se encuentran. El otro 40% no recibe ni tratamiento ni medicamentos, cifra por demás alarmante en cuanto a la falta de cobertura a personas con enfermedades crónicas y al ejercicio de los derechos sanitarios y sexuales de las mujeres privadas de su libertad. En cuanto a las personas con discapacidad, 17% de las mujeres privadas de su libertad manifestó que cuenta con algún tipo de incapacidad. El 2% de las mujeres encuestadas manifestó que pertenece a una orientación sexual no hegemónica, es decir, es considerada parte del colectivo LGTBI. De ellas, 45% se encontraba recluida en el penal del Buen Pastor, 9,1% en el área de mujeres del penal de Encarnación, 18,2% en el penal de Villarrica, 18,2% en la penitenciaría de Misiones y 9,1% en la penitenciaría Juana María de Lara. En este punto es importante señalar que no se reportaron datos en el Censo respecto a los derechos sexuales y reproductivo de este colectivo en especíico, así como si existen casos de abusos físicos o sexuales para este grupo en particular de parte de los agentes de seguridad o de otras mujeres privadas de su libertad. Otro dato que no revela el Censo de Mujeres (MNP, 2016) pero que ha sido develado por el Mecanismo de Prevención de la Tortura y otras investigaciones de tipo periodístico es la explotación sexual de las mujeres privadas de su libertad en las penitenciarías de San Pedro, Misiones y Coronel Oviedo. Según una investigación del periodista Iván Lisboa (2016) del diario Última Hora revela que varias reclusas de las penitenciarías señaladas son obligadas a vender sus cuerpos a funcionarios del penal o a otros reclusos a cambio de comida, un lugar donde dormir y artículos de higiene personal. 6. Principales conclusiones La exclusión social, la violencia y el abandono han sido constantes en la vida de las mujeres privadas de su libertad, antes y después de su ingreso a las penitenciarías paraguayas. En esta investigación se ha estudiado con una perspectiva de género a las mujeres privadas de su libertad, tanto en su peril socio-demográico como las condiciones estructurales de la exclusión social que atravesaron previamente a su reclusión y posteriormente a su encierro al interior de nueve penales en Paraguay. Entre los elementos condicionantes de exclusión social que inciden en la comisión de delitos como el microtráico de estupefacientes, el robo y los hechos punibles contra las personas por parte de mujeres recluidas en los principales centros penales de Paraguay se presentaron en esta investigación: el ejercicio de la violencia de género al Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 141 Género, violencia y exclusión social: Un análisis de las condiciones de vida de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay interior de los hogares, la institucionalización temprana en albergues o penitenciarías, así como la explotación laboral en la infancia aunada a la precariedad laboral. Como se pudo constatar en el apartado analítico, la mayoría de las mujeres entrevistadas han atravesado uno o varios de estos factores de exclusión social durante su infancia, adolescencia o previamente a su ingreso al penal. El círculo violencia, exclusión social y abandono hacia las mujeres se mantiene constante tanto adentro como afuera de los penales paraguayos. Donde además se cruzan factores como la clase social, el género y otras condiciones de vulnerabilidad que oprimen simultáneamente a las mujeres a lo largo de sus vidas. Previamente al ingreso, se observan en la mayoría de las encuestadas que afrontaron situaciones de violencia en sus hogares por parte de familiares, así como explotación laboral precoz y/o precariedad e inestabilidad en sus empleos, además de haber ingresado a instituciones rígidas como albergues u orfanatos durante su niñez o adolescencia. Aunada a estas condiciones de exclusión social, una vez ingresadas al sistema penal, las cárceles no brindan condiciones dignas de vida para ellas, muy por el contrario, vulnera sus derechos humanos a la salud, derechos sexuales y reproductivos, así como a oportunidades de capacitación y trabajo en actividades demandadas en el mercado, una vez que recuperen su libertad. El sistema penal se constituye en una parte de la larga cadena de exclusión social que se inicia tempranamente y atraviesa a lo largo de las vidas de estas mujeres signadas en su mayoría por la pobreza, la violencia y el abandono familiar e institucional. Este trabajo ha intentado aportar elementos analíticos para el tema de las mujeres privadas de su libertad en Paraguay con una perspectiva de género que permita observar que las condiciones y necesidades de las mujeres recluidas son distintas a la de los hombres. El análisis con una perspectiva de género permite además visibilizar las necesidades y condiciones de las mujeres para que sean tenidas en cuenta tanto por las instituciones del sistema de justicia como del sistema penal y por las políticas criminales en Paraguay para poder quebrar el círculo de exclusión social que recluye a mujeres empobrecidas, madres solteras, víctimas de violencia que fueron explotadas laboralmente y que se encuentran recluidas por delitos como el microtráico de estupefacientes y que, difícilmente, una vez que recuperan su libertad, pueden reinsertarse socialmente, sino que vuelven a ser excluidas por sus antecedentes penales y por los lazos sociales con los que cuentan fuera de los penales. 142 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Sarah Patricia Cerna Villagra Referencias bibliográficas ABC Color, 10 de octubre de 2014, El renacer de Lucía, en<http://www.abc.com.py/ especiales/in-de-semana/el-renacer-de-lucia-1294401.html>(Consultado el 26 de mayo de 2017). 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La información consignada en el Censo de mujeres privadas de libertad del año 2015, realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), muestra que el empleo doméstico es la segunda categoría ocupacional a la que se dedicaban las mujeres encarceladas antes de su paso por prisión y revela que los tipos más frecuentes de delitos por los que están acusadas son los relacionados al tráico de drogas y a hechos punibles contra la propiedad que incluye robos, hurtos y otros. En este marco, el artículo debate el rol de la exclusión social en la delincuencia femenina y las especiicidades del empleo doméstico, así como los detonantes que pueden inducir a las trabajadoras domésticas a incurrir en actividades que las llevan a prisión. Finalmente, se debaten aspectos de políticas públicas relacionadas con las desigualdades socioeconómicas y con las deiniciones sociales sobre lo que debe perseguirse penalmente. Palabras clave Género, clase, exclusión social, empleo doméstico, mujeres privadas de libertad, políticas públicas. 1 Médica, máster en administración y políticas públicas, diplomada en presupuestos públicos. Es investigadora asociada y coordinadora de las líneas de apoyo a la igualdad del empleo doméstico y a la participación política de las mujeres del Centro de Documentación y Estudios (CDE); cuenta con publicaciones sobre estos y otros temas de políticas públicas. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 145 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito Abstract he relationship between crime, gender and work is scarcely studied in Paraguay, despite of its importance for understanding the vulnerabilities to crime to which certain types of employment expose women. he information contained in the Census of Women deprived of liberty of 2015, carried out by the National Mechanism for the Prevention of Torture (MNP), shows that domestic employment is the second occupational category to which women incarcerated were dedicated before their imprisonment. he Census also reveals that the types of crimes for which women ex domestic workers are most frequently accused are those related to drug traicking and property punishable ofenses such as robberies, appropriation, and others. In this context, the article discusses the role of social exclusion in female delinquency and the speciicities of domestic employment as well as the triggers that may induce domestic workers to engage in activities that lead to imprisonment. Finally, public policy issues related to socio-economic inequalities and to social deinitions of what should be prosecuted are discussed. Key words Imprisoned women, gender, class, social exclusion, domestic employment, public policies. 146 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto 1. Introducción El análisis de género de la relación entre delincuencia y trabajo puede aportar tanto a la identiicación de los efectos y los caminos que las ocupaciones laborales podrían estar marcando a las mujeres, como a la demostración de las vulnerabilidades a las que podrían exponerlas; sin embargo, no hay una extensa historia de investigación al respecto. Desde la criminología y la sociología se sitúa el inicio de los análisis sobre la delincuencia femenina recién en la segunda mitad del Siglo XIX (Fuller, 2008; Yugueros García 2013); en tanto, los estudios de género y feministas sobre mujeres y delitos son mucho más recientes y se remiten a la segunda mitad del Siglo XX, como lo reiere Almeda Samaranch (2017), e incluso al Siglo XXI, como lo indica la misma autora con relación a España: El estudio de las cárceles de mujeres y de las mujeres encarceladas ha sido, en España, un tema largamente olvidado por la academia, especialmente por la investigación sociológica, que no le ha prestado la atención que merecía hasta recién entrado el siglo XXI. (p. 151). América Latina ha sido incluso más lenta en la investigación de la relación mujeresdelito, pero en la última década se han realizado varios trabajos sobre mujeres privadas de libertad en la región, identiicando los tipos de delitos más frecuentes, la situación de las mujeres en las cárceles y otros aspectos vinculados a la delincuencia femenina; en varios de ellos se han incorporado datos sobre Paraguay2. Aunque constituyen un campo clave para comprender aspectos importantes de los sistemas de dominación y exclusión de clase y género, es difícil encontrar en el país estudios sobre la relación entre trabajo y delito o que crucen las tres variables: trabajo, delito y género-. Dadas estas omisiones, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) realizó en 2015 un Censo de mujeres privadas de libertad que fue aplicado a toda la población penitenciaria del Paraguay y releva, por tanto, información sobre un universo total. El Censo aporta información clave para llenar el vacío en este campo de estudio pues identiica las ocupaciones anteriores de las mujeres encarceladas en el Paraguay, lo que permite análisis especíicos. En este marco, el presente artículo tiene como interés concreto estudiar la información referida a las mujeres que antes de su prisión se encontraban trabajando en el empleo doméstico y que, según el Censo, conforman el 16,3% de la población femenina penitenciaria. El trabajo vincula estos datos a los referidos al empleo doméstico, relevados por la Encuesta Permanente de Hogares del año 2015 (EPH 2015) y desagregados por la Dirección General de Encuestas Estadísticas y Censos (DGEEC) para ésta y otras investigaciones3. Si bien son necesarios estudios a profundidad que 2 3 Ver por ejemplo Mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay (2008), Mujeres en prisión: los alcances del castigo (2011), entre otros que estudian varios aspectos de la delincuencia femenina en la región. La DGEEC proveyó a la autora de los cruces correspondientes a los datos sobre el empleo Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 147 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito exploren de forma cualitativa las vidas y trayectorias de las mujeres encarceladas que trabajaban como empleadas domésticas, el análisis de la información existente puede indicar algunas cuestiones importantes para comprender el lugar en el que está ubicado el empleo doméstico en la sociedad paraguaya y la vulnerabilidad en la que coloca a las mujeres que se dedican al mismo para aspectos delictuales especíicos. También puede brindar pistas sobre la explotación de clase y género que este tipo de empleo desata y las reacciones que podrían inducir a las mujeres a acciones ilegales, en una sociedad que ha tenido históricamente internalizada la idea de la “criminalidad” de las empleadas domésticas, sin haber analizado a fondo las bases estructurales y culturales sobre las que podría estar asentado este pensamiento y, en algunos casos, esta realidad. Se pretende además tender algunas líneas para pensar en políticas públicas vinculadas con el mundo del trabajo de las mujeres y especíicamente con el empleo doméstico, que hasta hoy continúa discriminado en el Paraguay, y sobre la política de persecución penal y de encarcelación que existe en el país, que afecta diferenciadamente a los sectores más desposeídos y, cuando se trata de las mujeres, a aquellas que provienen en gran parte de colectivos que ya estaban excluidos antes de su paso por prisión. 2. Mujeres y exclusión ¿puerta al delito? Uno de los aspectos teóricos clave sobre género y delincuencia se reiere a las causas de los delitos que las mujeres cometen. Quienes estudian el tema colocan como un momento importante en los análisis e investigaciones la aparición de la criminología feminista, en la segunda mitad de los años 90. Desde esta disciplina se critican, contestan y desarticulan las airmaciones realizadas hasta entonces desde una mirada claramente masculina que atribuía las causas de los delitos cometidos por las mujeres a su naturaleza; Fuller (2008) indica: La mayoría de las investigaciones que aparecen desde la década de los setenta buscaron romper con el estereotipo que presuponía que las conductas criminales de las mujeres eran respuestas emocionales o correspondían a su naturaleza (por ejemplo a disturbios debidos a la menstruación, el puerperio o la menopausia). Según señalan, los delitos femeninos están directamente relacionados con los papeles atribuidos a la mujer en la vida social. (p.104) Los estudios feministas sobre el tema apuntaron a la socialización femenina para analizar los tipos y causas más frecuentes de los delitos cometidos por las mujeres: la pobreza, la soledad en la crianza de los hijos, las responsabilidades domésticas, las escasas oportunidades de educación, de empleo, de vivienda digna, fueron colocadas como circunstancias generadoras de un contexto de exclusión social previo que marca las historias y trayectorias de las mujeres que terminan en prisión. Almeda (2017) expresa: doméstico relevados en la EPH2015. 148 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto La “exclusión de la exclusión” es el peril que sobresale cuando se estudia a las mujeres encarceladas en todos los países de referencia de las investigaciones. Porque muchas de ellas ya fueron “excluidas socialmente” antes de estar condenadas y, una vez ya están encerradas, la cárcel las vuelve a excluir con sus políticas de aprisionamiento y castigo. Historias de mujeres pobres, apartadas antes de entrar en el sistema de justicia criminal, descritas por medio de parámetros similares en todas las investigaciones: sin trabajo remunerado, con problemas de vivienda o sin hogar, miembros de grupos minoritarios, jóvenes, cabezas de familias mono parentales o con responsabilidades en el hogar y funciones domésticas mayormente asumidas por ellas desde muy jóvenes y que, a menudo, no controlan del todo (p.157). Este marco teórico y empírico aplica con facilidad a las mujeres encarceladas del Paraguay y principalmente al 16,3% de ellas que antes de ir presas trabajaban en el empleo doméstico, una categoría ocupacional en la que se cruzan varios factores de discriminación al tratarse, generalmente, de mujeres pobres, jóvenes, con escasa educación, duras responsabilidades familiares, migrantes del campo a la ciudad o pertenecientes a zonas marginalizadas de los núcleos urbanos y guaraní hablantes, con toda la carga discriminatoria que la lengua -aunque oicial- aun conlleva. En efecto, los datos empíricos nacionales son contundentes respecto a las desventajas de las mujeres que trabajan en el empleo doméstico, que coniguran el 93,5% de quienes están en esta categoría ocupacional, conformando el 7,1 % de la Población Económicamente Activa (PEA). Esto da un total de 224.301 (doscientos veinticuatro mil trescientas un) mujeres que trabajan en uno de los empleos más desvalorizados del país, constituyendo el 16,4% de la PEA ocupada femenina. Gráico Nº 1: Empleo doméstico según sexo. Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, EPH 2015. Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) El desagregado de algunas variables en esta población evidencia las condiciones de exclusión: el 16,2% de quienes trabajan en el empleo doméstico se encuentra en el quintil de ingresos correspondiente al 20% más pobre de la población, el 30,9% habla Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 149 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito solo guaraní y el promedio de años de estudio es de apenas 7,8 años (EPH 2015). Además, el empleo doméstico lo desarrollan principalmente mujeres jóvenes que migran del campo a la ciudad (Soto, 2014) o aquellas que habiendo nacido en zonas periféricas de las ciudades trabajan en casas de familias más pudientes (Escobar y Soto, 2009). La información del año 2015 muestra la juventud de las trabajadoras domésticas. Gráico Nº 2: Edad de las trabajadoras domésticas. Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, EPH 2015. Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) La juventud de las mujeres que trabajan en el empleo doméstico se releja y aumenta en la población que ha cometido algún tipo de delito que la envió a prisión: la media de la edad de las mismas es de 30,93 años, un 35% tiene entre 18 y 24 años (lo que implica tres puntos porcentuales más que la población general de empleadas domésticas) y un 44% tiene entre 25 y 39 años, doce puntos porcentuales más que las trabajadoras domésticas fuera de prisión. Gráico Nº 3: Edad de las ex trabajadoras domésticas remuneradas en prisión Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) 150 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto Los datos referidos indican que la exclusión y las condiciones de fragilidad y discriminación como la lengua, la procedencia o la juventud son realidades en la vida de las trabajadoras domésticas paraguayas, y pese a los esfuerzos por modiicar la situación de menos derechos, ésta persiste. La información sobre las condiciones discriminatorias del empleo doméstico, sus problemas y las demandas de cambios arribaron con fuerza a la escena pública y social a partir de la primera década del Siglo XXI cuando se logró una sinergia entre producción de conocimientos y organización gremial de las trabajadoras domésticas. Esta conluencia generó una sensibilización social y política sobre la situación injusta que implicaba la existencia de un tipo de empleo con menores derechos que los demás y su carácter discriminatorio con las mujeres, dado que el mismo ocupaba casi en su totalidad mano de obra femenina. A partir de entonces se hicieron una serie de investigaciones que produjeron y difundieron información sistematizada sobre la situación de las trabajadoras domésticas remuneradas y sobre su organización para el reclamo de sus derechos. Esto contribuyó al proceso de fortalecimiento y expansión de la lucha de las organizaciones de trabajadoras domésticas para modiicar la legislación que las discriminaba, lo que inalmente se logró en el año 2015 con la aprobación de la Ley 5407 del Trabajo Doméstico. La nueva ley del empleo doméstico reconoció varios derechos que anteriormente estaban negados a las trabajadoras domésticas remuneradas, pero mantuvo la discriminación salarial; en tanto, los aspectos incorporados por la ley que podrían mejorar la vida de quienes se dedican a este empleo como el derecho a la jubilación o al seguro médico pleno aún se encuentran en proceso inicial de implementación. Es así que el empleo doméstico en el Paraguay sigue siendo una ocupación laboral que provee escasas perspectivas de superación de condiciones poco favorables de vida y, al ser un empleo ejercido mayormente por mujeres, las coloca en situación de fragilidad en varios sentidos, entre ellos, a la búsqueda de caminos para satisfacer necesidades que a veces son básicas como la alimentación de hijos e hijas, que incluso pudieran no ser los legales. La intersección entre trabajo, género y delito alora en este tipo de empleo como un elemento estructural básico que corrobora lo señalado en los diversos estudios, como lo expresa la siguiente frase: “las causas por las cuales las mujeres delinquen son debidas mayoritariamente a la pobreza, exclusión social, falta de instrucción educativa y otras circunstancias socioculturales” (Yuguero García, 2013: p. 315). 3. Casa ajena y prisión: lugares y no lugares de las empleadas domésticas Linda Mc Dowell (1999), en su estudio “Género, identidad y lugar. Un estudio de las geografías feministas” analiza los movimientos de las mujeres y los lugares en los que ellas se ubican espacialmente como determinantes de sus existencias y el devenir Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 151 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito de sus vidas, de sus lugares o no lugares y de sus posibilidades de vivir en la inclusión o en la exclusión. Tanto ante una movilidad de un punto a otro distante, como en el caso de las migraciones que causan un desplazamiento desde una realidad geográica concreta a otra -por ejemplo cuando las mujeres de las zonas rurales migran a las zonas urbanas para ser criadas o empleadas domésticas, o se trasladan a otro país-, como ante desplazamientos mínimos -cuando una mujer de una zona pauperizada de una ciudad acude a una casa de un barrio más acomodado a trabajar como empleada doméstica-, se coniguran cambios que determinan los posicionamientos y por tanto las exclusiones pues, como lo expresa Mc Dowell: “los espacios surgen de las relaciones de poder; las relaciones de poder establecen las normas; y las normas deinen los límites, que son tanto sociales como espaciales, porque determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido” (p.15) Los espacios geográicos y desplazamientos son claves en las vidas de las trabajadoras domésticas paraguayas. Los datos indican que la mayoría de quienes se desempeñan en el empleo doméstico son mujeres migrantes del campo a la ciudad, y las migraciones de mujeres paraguayas al exterior tienen como componente central el desplazamiento para la dedicación al trabajo doméstico y de cuidados (Soto, González y Dobreé, 2012; Soto et al, 2016, entre otros). En la gráica siguiente puede observarse que la mayoría de quienes se emplean en el servicio doméstico desarrollan su trabajo en las zonas urbanas. Gráico Nº 4: Mujeres trabajadoras domésticas según área de residencia Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Permanente de Hogares, EPH 2015. Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) 152 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto Esta realidad de desplazamiento geográico se releja también en la población de mujeres en prisión que fueron empleadas domésticas: más del 50% de ellas se encuentra en el penal “Buen Pastor” de Asunción (55,4%), sin embargo, el 66,4% nació en una ciudad fuera de la capital, lo que implica que antes de su prisión estaban viviendo en una ciudad diferente a la de su nacimiento. La siguiente tabla muestra los datos correspondientes a los lugares en los cuales están presas las mujeres ex trabajadoras domésticas. Gráico Nº 5: Porcentaje de mujeres ex trabajadoras domésticas, por lugar en prisión Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) La siguiente tabla compara el lugar de nacimiento y el lugar de prisión de las ex trabajadoras domésticas encarceladas. Tabla Nº 1: Comparación entre lugar de nacimiento y lugar de prisión de las mujeres ex trabajadoras domésticas Asunción Departamento fuera de Asunción y Central Lugar de Prisión 54,4% 45,6% Lugar de nacimiento 33,6% 66,4% Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) Estas realidades de movimientos geográicos que implican desplazamiento de sentidos, de costumbres, de lengua, vestimenta, colocan ante la evidencia el posicionamiento de las empleadas domésticas en espacios de exclusión que no existen solo ni principalmente por distancias geográicas sino por un paralelismo de vidas que están Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 153 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito juntas, pero profundamente separadas. El trabajo en una casa que conigura un espacio similar al que se posee, pero con condiciones absolutamente diferentes en términos de comodidades y recursos dibuja ante la mirada una réplica de la propia vida, pero en condiciones distintas: un barrio con todos los servicios, una vivienda sin precariedades, una despensa con todo lo necesario para no pasar hambre. Se convive en el mismo espacio durante mucho tiempo, en algunos casos hasta de forma permanente como en el empleo sin retiro que aún perdura4, pero viviendo vidas totalmente diferentes a las de los patrones o patronas. Mc Dowell airma: “Las distancias sociales no siempre necesitan una lejanía geográica, y los ocupantes de los mismos espacios «cartesianos» pueden vivir en lugares distintos” (p.17). No resulta ilógico, por tanto, pensar que el trabajo con pocos derechos en una casa en la cual abundan cosas de las que se carece en una vida de privaciones, podría facilitar el camino hacia delitos especíicos como aquellos denominados “hechos punibles contra los bienes de las personas” que incluyen robos y hurtos, en el marco de desigualdades sociales que se convierten en distancias difíciles de salvar, sobre todo si implican carencias en necesidades básicas para la subsistencia propia o la de los hijos/as. De ahí que importe el análisis sobre los efectos tanto de las migraciones como de los cambios que supone el trabajo en el empleo doméstico; quizás permita entender lo que podría impulsar a las trabajadoras domésticas a cometer ciertos tipos de delitos, y a transitar desde el lugar no propio en la casa de un patrón o patrona -espejo distorsionado de su propia vida- hacia un “no lugar”5 potenciado como es la prisión. En palabras de Mc Dowell: El viaje no tiene porqué incluir un gran desplazamiento geográico; de hecho puede ser local o incluso puede realizarse sin desplazamiento físico alguno. Se trata de una experiencia de cambio que resulta de la transformación de las circunstancias económicas, sociales y culturales de las mujeres que comienzan a trabajar en fábricas, en las casas de la élite, como personal de servicio y que, por primera vez, entran en relación con otros tiempos y otros espacios (p.17). La asignación del empleo doméstico a las mujeres en situación de pobreza, socializadas en las tareas domésticas implica el establecimiento de un lugar concreto de 4 5 154 De acuerdo a la EPH 2015, 11, 3% de quienes se dedican al empleo doméstico lo hacen sin retiro. Mc Dowell cita al antropólogo francés Mario Augé (1993) en su descripción del concepto del “no lugar”. “Un no lugar es aquel emplazamiento propio del mundo contemporáneo en el que las transacciones y las interacciones se realizan entre individuos anónimos, por lo general, despojados de cualquier símbolo de identidad social que no sea el número identificativo de una tarjeta de crédito o de un pasaporte” (p.18). Si bien el “no lugar” se plantea como un espacio casi de anonimato, puede ser usado para pensar en las prisiones, espacios en los que la identidad propia se diluye en el marco de la común de “prisionera/o”. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto inferiorización, de un espacio del que se sale con mucha diicultad y que, por el contrario, tiende a reproducirse. ¿Hay alguna forma de escapar de un círculo que atrapa en las condiciones de pobreza y exclusión? La lucha por los derechos podría ser una de las formas, girando alrededor del sueño sobre las posibilidades de mejorar los sueldos, las perspectivas de vida; es lo que hacen en el Paraguay unas pocas trabajadoras domésticas que se asocian, se sindicalizan y están dando la batalla para modiicar las condiciones de discriminación del empleo doméstico en el país. Pero quizás la salida visualizada no sea esa, y tampoco exista una conformidad con continuar una vida con ingresos escasos, sin perspectiva de jubilación y teniendo que trabajar tanto por tan poco, en un oicio que desgasta el cuerpo de una manera acelerada, hasta los 80 o 90 años, sin posibilidades de pensar en brindar los medios a hijos e hijas para que puedan estudiar y salir de un ambiente que podría encerrarles también. Y entonces aparece la delincuencia en forma de tráico de drogas y robos, los delitos por los que la mayoría de las mujeres ex trabajadoras domésticas en prisión están recluidas. 4. Los delitos de las ex trabajadoras domésticas El análisis de los delitos por los cuales están encarceladas las mujeres que se dedicaban al empleo doméstico muestra claramente que las causas que han enviado a la mayoría de ellas a prisión son las vinculadas a la posesión o tráico de estupefacientes, tipiicados en la Ley 1340, y los hechos punibles contra los bienes de las personas que incluyen delitos como hurto, robo, apropiación o daños a la propiedad; casi el 70% de estas mujeres están procesadas o condenadas por hechos que se incluyen en estas categorías, como puede observarse en la siguiente tabla. Tabla Nº 2. Delitos cometidos por mujeres en general y por ex trabajadoras domésticas en prisión. Tipo de delito Total de mujeres Mujeres ex TDR en prisión en prisión Ley 1340 que reprime el tráico ilícito 58,50% de estupefacientes y drogas peligrosas 47,90% Hechos punibles contra la persona 20,10% 20,80% Hechos punibles contra los bienes de 18,90% la persona 29,20% Hechos punibles contra la convivencia 1,50% de las personas 2,10% Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 155 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito Los datos indican la importancia de debatir aspectos relacionados con la política anti drogas en el país, que indudablemente se ha convertido en la principal causa del encarcelamiento de mujeres, a diferencia de lo que sucede con los hombres, encarcelados en su mayoría por hurto y robo los más jóvenes, en tanto los mayores de 40 años están en prisión por delitos sexuales6. También es necesario el debate sobre la política de persecución penal y punición ante delitos no violentos. Los resultados de estas políticas muestran que quienes se ven afectados mayormente por todo el rigor de las mismas son los grupos poblacionales con más desventajas, entre los que las mujeres trabajadoras domésticas se encuentran. Las preguntas son claves ¿tiene sentido el encierro de mujeres, y toda la carga de truncar sus vidas, por delitos que se deinen como tales en el marco de una “guerra contra las drogas” cuestionada hoy a nivel global?, ¿es proporcional la pena aplicada por delitos que apenas causan daño o son una parte mínima del engranaje de una cadena delictual como el narcotráico?, ¿es justa una persecución penal que termina en prisión por delitos que tienen su base en una responsabilidad social global de establecimiento y consolidación de desigualdades merced a medidas legislativas discriminatorias como la correspondiente al empleo doméstico? El estudio “Mujeres en prisión: los alcances del castigo” (2011) expresa en este sentido, con relación a las mujeres presas de la Argentina: Estos elementos presentan interrogantes sobre la racionalidad de la actual política criminal relacionada con las mujeres y conducen a plantear la hipótesis de que existe una desproporción entre las penas que éstas sufren y el daño producido por los delitos que se les atribuyen. La mayoría de las detenidas fue condenada por delitos no violentos –en general, por tráico o contrabando de drogas a menor escala– y no había estado en prisión con anterioridad” (p. 16). Los datos sobre las veces que han estado en prisión las mujeres muestran que las políticas que las encarcelan colocan el punto de inlexión en enviarlas a sitios de los que se saldrá con una vida que ya nunca será igual. 6 156 Las publicaciones realizadas en el año 2014 sobre el 2do. Censo Penitenciario mencionan esta información, por ejemplo, el periódico ABC Color informaba: “entre los varones más jóvenes, los hechos punibles más frecuentes son robo y hurto; entre los adultos mayores a 40 años son el abuso sexual en niños, coacción sexual y violación”. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto Gráico Nº 6: Cantidad de veces en prisión de las mujeres ex trabajadoras domésticas remuneradas Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) Por otra parte, apenas un 22% de las mujeres ex trabajadoras domésticas remuneradas tenía condena, en tanto casi el 80% estaba procesada. Sin embargo, el 41,2% estaba en prisión desde hacía más de 12 meses. Gráico Nº 7: Estado judicial. Condenada Procesada Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 157 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito Gráico Nº 8: Tiempo en prisión. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) Los datos sobre el estado judicial y el tiempo en prisión de las mujeres ex trabajadoras domésticas indican sus diicultades para defenderse adecuadamente, lo que de hecho se corresponde con lo que sucede con las mujeres en las cárceles de los países latinoamericanos, como lo expresa Giacomello (2013) en su estudio “Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina”: “la mayoría de estas mujeres procede de los estratos sociales más marginados y socialmente excluidos, y no cuenta con los medios económicos ni con el conocimiento legal o el capital social para proveerse de una defensa legal adecuada” (p. 2). 5. Las responsabilidades familiares en solitario y la prisión Los factores de género claramente moldean las vidas de las mujeres trabajadoras domésticas que van a prisión. El 70,4% son mujeres solas, no concubinadas ni casadas, y sin embargo, más del 80% tiene hijos y entre quienes tienen hijos, más del 50% tiene más de tres. Esto implica que estas mujeres probablemente estaban criando solas a sus niños/as. 158 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto Gráico Nº 9: Cantidad de hijos de mujeres ex trabajadoras domésticas en prisión. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) La maternidad sin corresponsabilidad paterna y con escasas políticas estatales de cuidados, además de otras responsabilidades familiares, podría ser un aspecto central a analizar en las mujeres que se encuentran en prisión, donde la media para las ex trabajadoras domésticas es de 3,3 hijos/as. Este factor es considerado por algunos estudios como impulsor de las mujeres hacia actividades más lucrativas donde podrían terminar en las redes del narcotráico. Giacomello expresa: En América Latina, las circunstancias socioeconómicas constituyen la principal motivación por la cual las mujeres “eligen” cometer una actividad penada. La región tiene el índice más alto de desigualdad económica del mundo y un alto porcentaje de la población que vive en pobreza e indigencia en la región son mujeres. Este fenómeno se conoce como feminización de la pobreza y se maniiesta en áreas urbanas y rurales. Es importante resaltar el aumento de los hogares mono parentales a jefatura femenina. Las mujeres a menudo son las únicas responsables de sus hijos e hijas y cumplen dobles o triples jornadas laborales para poder fungir como sustento económico y, al mismo tiempo, no desatender las responsabilidades que les son asignadas como madres o abuelas. El peso de los cuidados de niños, niñas y a veces personas de la tercera edad recae enteramente sobre ellas, empujándolas a veces a buscar en la venta de drogas una manera de combinar sus múltiples obligaciones (p.2). Con relación a lo que sucede con las mujeres madres en prisión, los estudios han relevado situaciones de culpa y abandono, así como la pena añadida que implica la separación, como lo reiere el estudio “Mujeres en prisión. Los alcances del castigo” Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 159 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito (2011): “en el caso de las detenidas que son madres, el alejamiento se vuelve más grave tanto para ellas como para sus hijos. La destrucción del vínculo materno-ilial constituye una ‘pena’ añadida a la condena, que además trasciende a los hijos” (p. 14). 6. Mujeres indígenas y extranjeras ex trabajadoras domésticas encarceladas De acuerdo a los datos del Censo, 3,1% de las mujeres ex trabajadoras domésticas en prisión son indígenas. Esta presencia, con una diferencia porcentual por arriba sobre la relación entre población indígena sobre población total en el Paraguay (1,8%), indica que las mujeres indígenas que se dedican al empleo doméstico también están expuestas a vincularse a la delincuencia. El análisis de los contextos de exclusión permite entender la presencia de mujeres indígenas ex trabajadoras domésticas en prisión pues las condiciones de destitución de derechos de las mismas son aún más profundas, incluso en una ocupación de por sí excluida como el empleo doméstico, e indica que la mirada interseccional es central para el análisis. Un ensayo de Fátima Rodríguez del año 2016, en el que estudia los datos del Censo indígena del año 2012 y los testimonios de mujeres indígenas trabajadoras domésticas menciona que el promedio de remuneraciones de sus informantes entrevistadas era de apenas el 15,5% del salario mínimo vigente en Paraguay a la fecha. Indudablemente, no existe posibilidad de satisfacer necesidades básicas con salarios de estas características y resulta imperioso un estudio a profundidad sobre estas mujeres, así como ampliar las relexiones sobre las mujeres indígenas en el empleo doméstico. Por otra parte, el Censo da cuenta de tres extranjeras ex trabajadoras domésticas recluidas en las cárceles paraguayas en el año 2015: dos brasileñas y una peruana. Esto abre otro campo a ser analizado no solo con relación a quienes están presas en el Paraguay sino a las paraguayas presas en otros países dado que, de acuerdo a los estudios, en toda la región el delito de tráico de estupefacientes es el que más cantidad de mujeres coloca en las cárceles. 7. La vida antes de la prisión: criadazgo, exceso de trabajo y además… la violencia Las trayectorias de vida de las ex trabajadoras domésticas en prisión pueden aportar mucho sobre los detonantes que las indujeron a actividades fuera del marco legal; algunos de los datos relevados en el Censo indican que sus historias han pasado por circunstancias difíciles como por ejemplo el criadazgo: el 27% respondió que sí había pasado por el mismo; ello indica de por sí una vida dura pues el criadazgo se trata de la entrega de una niña o adolescente a alguna familia fuera de la nuclear para que realice 160 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto trabajos domésticos a cambio de casa, comida y estudios. Las investigaciones sobre este fenómeno han demostrado que se trata de una de las peores formas de trabajo infantil pues las niñas son sometidas a explotación, maltratos y abusos de todo tipo. Gráico Nº 10: Criadazgo previo. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) Por otra parte, los datos sobre las condiciones de trabajo en las que se encontraban las mujeres antes de ingresar a prisión indican que éstas no eran las mejores. Tampoco los factores que permiten aspirar a mejores condiciones de vida, como el estudio, eran favorables. Los propios datos sobre el empleo doméstico del año 2015 muestran las precarias condiciones de trabajo: apenas el 14,6% tiene algún seguro médico, el 98,5% no aporta a ningún sistema jubilatorio y el salario medio percibido era del 62,1% del salario mínimo legal, salario que de acuerdo al artículo 249 del Código del Trabajo, debería ser suiciente para cubrir las necesidades tales como comida, refugio, vestido, transporte, seguridad, cultura y recreación honesta considerándolo jefe de familia. A esto debe sumarse lo relevado entre las propias mujeres presas: la media de horas de trabajo diario que desarrollaban era de 10,79, más del 30% trabajaba más de 12 horas diarias, la media de años de estudios era de 6,82, apenas el 6,7% tuvo escolarización completa o estaba cursando estudios universitarios y el 49,4% solo había realizado la primaria. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 161 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito Gráico Nº 11: Horas de trabajo diario de ex trabajadoras domésticas remuneradas antes de entrar en prisión. Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) Finalmente, la violencia de género, omnipresente en las vidas de las mujeres en el Paraguay también formó parte de las historias de las mujeres en prisión estudiadas, el 42% informó que había sido víctima de violencia doméstica. De quienes sufrieron violencia el 50% la vivió frente a sus hijos y el 6,3% estaba embarazada cuando sucedió. Para siete de cada diez el victimario fue su pareja, ex pareja o padre de sus hijos/as y el 61,5% no hizo la denuncia. Gráico Nº 12: Porcentaje de mujeres en prisión, ex trabajadoras domésticas, que alguna vez fue víctima de violencia doméstica Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Mujeres Privadas de Libertad 2015. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) 162 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto Los aspectos de las trayectorias de vida mencionados indican que las condiciones previas de las mujeres en prisión que trabajaban en el empleo doméstico no eran las mejores y aunque es necesaria información más acabada, con entrevistas a profundidad, brindan un panorama sobre algunos factores que pueden ser importantes para pensar en los cambios que deben producirse en las políticas públicas. 8. Apuntes inales La información sobre las mujeres en las cárceles del Paraguay que se desempeñaban como trabajadoras domésticas indica la vinculación entre las formas de delincuencia, la clase y la socialización de género. Muestra asimismo que la mayoría de estas mujeres presas ha delinquido en categorías que tienen que ver, antes que con la violencia, con las deiniciones sociales sobre lo que debe perseguirse penalmente y con las desigualdades socioeconómicas, como lo expresa el estudio sobre mujeres presas en Argentina: Desde distintas corrientes teóricas del ámbito de la sociología y la criminología, existe un consenso generalizado respecto de la idea de que el sistema penal castiga a los más débiles, a aquellos sectores más vulnerables y excluidos de la sociedad, que son sometidos a las violencias e inseguridades cotidianas. El aumento de la aplicación de la fuerza punitiva del Estado, lejos de responder a cambios demográicos o de la tasa delictiva, se debe en mayor parte a decisiones de política criminal (p. 13). Los factores de clase y género determinan el tipo de crimen que cometen las mujeres y eso se identiica claramente en el análisis de la relación entre mujeres, trabajo y delito y especíicamente en la relación entre las mujeres, el empleo doméstico y el delito. Las mujeres trabajadoras domésticas que terminaron en prisión tenían escasas posibilidades de ganar un monto de dinero adecuado para su supervivencia y las de sus familias, la mayoría tiene más de tres hijos, escasos estudios y por tanto pocas oportunidades de modiicar sus situaciones. Estos elementos se cruzan para producir una necesidad económica básica como mantener a los hijos. A partir de ahí se abre un camino a la búsqueda de obtención de dinero aún a costa de las posibilidades de pérdida de libertad, lo que se ve claramente con la identiicación de los tipos de delitos por los cuales está presa la mayoría: delitos relacionados con el tráico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas y delitos contra la propiedad. Finalmente, se despliega un campo de preguntas que debe interpelar a la sociedad y a quienes son responsables de diseñar e implementar políticas públicas: estas mujeres ¿hubiesen delinquido si su ocupación laboral no fuera discriminada, permitiéndoles apenas sobrevivir con menos de un salario mínimo mensual?, ¿qué pasará con las mismas, volverán al lugar de exclusión del que transitaron hasta el encierro al salir de prisión?, ¿tendrán las posibilidades de superar las discriminaciones que conlleva haber Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 163 Mujeres privadas de libertad y empleo doméstico en Paraguay: Clase, género y delito estado en prisión?, ¿habrán adquirido otras capacidades laborales durante su encarcelamiento? Si no, ¿cómo se vuelve a un tipo de empleo en el que difícilmente haya apertura para mujeres que han estado en prisión?, ¿a qué se vuelve entonces? Indudablemente, la información sobre las mujeres presas en el Paraguay es un instrumento primordial para pensar en modiicar las condiciones de exclusión del empleo doméstico, desarrollar e implementar políticas públicas de inclusión y de género, y analizar aquellas que deben ser erradicadas por su poder dañino para las mujeres en particular, para sus hijos e hijas, y por extensión, para toda la sociedad. 164 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Lilian Soto Referencias bibliográficas Almeda Samaranch, Elisabet. 2017. “Criminologías feministas, investigación y cárceles de mujeres en España”, Revista de Sociología, Vol. 102, N°2, pp. 151-181. Benítez, Carlos. 2014. “El 35 por ciento de más de 9.000 reclusos es reincidente”, en <http:// www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/judicial/el-35-por-ciento-de-mas-de9000-reclusos-es-reincidente-1253147.html>(Consultado el 15 de mayo de 2017). 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Se analizan estadísticamente los datos del censo de mujeres privadas de libertad del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura del 2015, y se encuentra que serían las variables vinculadas a la trasgresión de los mandatos de género los factores que operan como catalizadores de la selectividad punitiva presente en el castigo físico o el hostigamiento psicológico y sexual. Las características de exclusión social de las internas no se constituyen –por sí solas- en factores de riesgo de tortura. Palabras clave Mujeres privadas de libertad, tortura, género, exclusión social. 1 2 Abogado por la Universidad Nacional de Asunción, con estudios de postgrado en derechos humanos por la Universidad de Chile y la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó en diversas organizaciones de la sociedad civil en investigación y litigio en casos de derechos humanos. Lic. en Sociología por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Mgs. en “Servicios Públicos y Políticas Sociales” por la Universidad de Salamanca, y actualmente cursando el “Doctorado en Ciencias Sociales” en la Universidad de Salamanca. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 167 Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad Abstract he article seeks to know the factors by which women currently deprived of their liberty are victims of torture. It is hypothesized that women in situations of social exclusion and those who transgress gender mandates are more likely to be victims of police and penitentiary violence. Statistical analysis of the census of women deprived of liberty of the National Preventive against Torture in 2015, and it is found that the variables linked to the transgression of gender mandates are the factors that act as catalysts of punitive selectivity present in Physical punishment or psychological and sexual harassment. he characteristics of social exclusion of the inmates do not, by themselves, constitute risk factors for torture. Keywords Women deprived of liberty, torture, gender, social exclusion. 168 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Hugo Valiente y José Galeano Monti 1. Introducción y objetivo El Paraguay, al igual que los demás países de la región, viene experimentando el crecimiento de su población penitenciaria hasta llegar a picos históricos sin precedentes tanto en las cifras netas como en la tasa de personas privadas de libertad por 100 mil habitantes (Galeano, Leguizamón y Valiente, 2015). Este crecimiento afecta por igual a hombres y a mujeres. En el segmento femenino de la población penitenciaria, la población se cuadruplicó desde el 2000, y en los últimos siete años, experimentó un crecimiento del 175% (MNP, 2016). La literatura regional sobre las mujeres en prisión da cuenta de este fenómeno y apunta a dos hallazgos fundamentales (Giacomello, 2013; Antony, 2007; CELS et. al., 2011; CEJIL, 2006; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2003; Del Olmo, 1998). Por una parte, existe una relación estrecha entre el crecimiento de las tasas de encarcelamiento femenino y el endurecimiento de la política contra el narcotráico y un mayor involucramiento de las mujeres en organizaciones criminales. El enfoque de la política criminal regional se ceba en la persecución de los eslabones más bajos de la cadena de distribución y comercialización, donde las mujeres ocupan los niveles más bajos y reemplazables de las organizaciones criminales. De ahí la sobrerrepresentación femenina en la población recluida por drogas, a la par que la sobrerrepresentación de los delitos conexos al narcotráico en la conformación de la población femenina3. La mayoría de las mujeres proviene de los estratos sociales más excluidos, y cargan sobre sí el peso de discriminaciones de género acumuladas: son víctimas de violencia familiar, tienen los empleos más precarios y sobrellevan la desproporcionada responsabilidad de tener que hacerse cargo solas, del cuidado y la sobrevivencia de sus hijos. Por el otro, la bibliografía es descriptiva del padecimiento de las mujeres en la prisión, que va más allá de los límites “legales” propios de la sanción penitenciaria. Las prisiones de mujeres se caracterizan por presentar condiciones de hacinamiento extremo como resultado de políticas abusivas de la prisión preventiva y de las penas desproporcionadas; los sistemas judiciales no facilitan una defensa adecuada. Asimismo, en las prisiones, las mujeres se ven expuestas a situaciones de violencia basadas en género o a formas especíicas de violencia. Las mujeres, como población minoritaria de los sistemas penitenciarios, sufren la invisibilización de sus demandas y necesidades especíicas. A la falta de centros propios para mujeres, se suma su mayor riesgo a la violencia y la explotación sexual en las prisiones, la ausencia de recursos de salud propios para las mujeres y las menores oportunidades -de por sí escasas- educativas y laborales. 3 Paraguay no escapa a esta descripción, ya que el 58,5% de las mujeres se encuentra en prisión por esta causa (MNP, 2016). En la población masculina, la participación de estos hechos punibles en la conformación de la población alcanza el 21,5% (MNP, 2015). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 169 Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad La mayor presencia y circulación de mujeres en los circuitos de las agencias de criminalización secundaria las coloca en una situación de mayor frecuencia de ser víctimas de violencia institucional del Estado, bajo la forma de tortura y malos tratos. Los datos del “Censo de mujeres privadas de libertad” del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de la República del Paraguay (MNP, 2016) señalan que un 35,3% de las mujeres entrevistadas alegaron haber sido víctimas de tortura y/o malos tratos durante el procedimiento de detención; un 10,4% de las mujeres reportó malos tratos en alguna fase del proceso judicial, en particular en las primeras etapas de la investigación o al prestar declaración indagatoria; un 20% reportó haber recibido tortura y/o malos tratos en la prisión, por parte de funcionarios penitenciarios y/o otros internos/as con la aquiescencia de aquéllos. De un modo global y sin considerar las distintas etapas en las que se preguntó sobre los episodios de violencia institucional, el 45% de las mujeres censadas reportó haber sido víctima de un episodio de tortura y/o malos tratos en algún momento del proceso de criminalización secundaria. Las torturas incluyen diversas formas de violencia física, sexual y psicológica, aunque mayoritariamente se alegaron estas últimas4. Estos datos tienen relación con aquella violencia que es motivada con una inalidad y la diferencian de aquellas situaciones que -aún siendo violentas- son derivadas de las condiciones estructurales miserables de las prisiones5. Si bien existe la bibliografía descriptiva de las características de mujeres privadas de libertad en procesos de criminalización secundaria, al menos en el ámbito latinoamericano no existe literatura que dé cuenta de los factores sociales preexistentes en las víctimas que determinen su mayor riesgo de sufrir tortura y malos tratos ni permitan hacer una caracterización de su intencionalidad. Estudios recientes reieren sobre la experiencia de la tortura en prisioneras políticas durante los regímenes de excepción bajo la doctrina de la seguridad nacional (Comisión Nacional sobre prisión política y tortura, 2004; Aucía, 2011). En el Paraguay, los trabajos de la Comisión de Verdad y Justicia, plasmados en el informe inal de la investigación del período autoritario stronista, también evidencian un “ethos” profundamente sexualizado de la tortura en contra de las prisioneras políticas y -lo que fue un 4 5 170 Una de las internas cuyo testimonio fue recogido en el censo del MNP refirió que “en la comisaría un policía casi me viola y me salvé, porque entró justo el comisario” (MNP, 2016: p.43). El relato de la interna señala la pervivencia del tándem torturador bueno/torturador malo y su poderosa actualidad victimizando a otros “enemigos públicos”. Al respecto, las convenciones internacionales en materia de tortura, tanto en el ámbito interamericano como en el de las Naciones Unidas, incorporan el elemento de la intencionalidad como un componente conceptual principal de la definición de este crimen. Es decir, para que exista tortura, es necesario que exista un agente agresor que provoca intencionalmente un sufrimiento físico o psicológico, con una finalidad de investigación criminal, como castigo por una falta real o presunta, con un móvil discriminatorio, o con cualquier otra finalidad similar. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Hugo Valiente y José Galeano Monti hallazgo en extremo inquietante- en contra de niños y niñas (CVJ, 2008). Pero, sobre la tortura presente en los periodos posteriores de restauración democrática, aquella que se registra contra mujeres criminalizadas dentro del marco de la legalidad estatal por delitos comunes -la que ya no es perpetrada en el contexto de crímenes de lesa humanidad-, no se cuenta con referencias ni descriptivas ni explicativas. En este artículo, se exploran los patrones que describe la intencionalidad de la tortura en el tiempo presente, a partir del análisis de algunas variables del censo de mujeres privadas de libertad 2015 del MNP. En particular, se busca caracterizar a las mujeres víctimas de la tortura en los procesos de criminalización secundaria y explorar cuáles son los factores de riesgo que determinan una mayor frecuencia de alegaciones de tortura en algunos casos característicos respecto de otros. Asimismo, se explora cuáles son los patrones frecuentes de la intencionalidad de la tortura: si la misma es instrumental a los ines de la investigación criminal o bien presenta signos de cumplir otros objetivos extrajudiciales de disciplinamiento social. En particular, se explora si son los factores de exclusión social presentes en las víctimas, basados en discriminaciones preexistentes de género, los que determinan una mayor frecuencia de alegaciones de tortura. En sentido alternativo, se explora si son otros factores, como las conductas trasgresoras de los roles o mandatos de género, los determinantes para un mayor riesgo de las víctimas. La cárcel, como institución semi cerrada y autoreferenciada, crea un sistema de signiicantes propios que organizados conforman -entre otras cosas- el argot penitenciario. En la cárcel paraguaya circulan en este sistema de referencias vocablos tales como “limpiecero”, “mombucha”, “mambero”, “quitaisura”, “aguanta-bronca”, “causeta”, “pasillera”, “kamboya” que nombran a ese abigarrado tableau vivant de personajes que conforman la población penitenciaria. “Kamboya” es un concepto central en el relato de las personas privadas de libertad en el Paraguay. Reiere a la persona que es pobre o marginal, que está en el último eslabón de la pirámide social. En la estratiicación social de la cárcel, la presa “kamboya” es la más pobre y la que menos recursos tiene entre las personas excluidas, que dentro de la cárcel son la población mayoritaria. Pero el vocablo también se aplica a las cosas: en toda cárcel existe el “pabellón kamboya”, o para referirse a una comida de pésima calidad es común escuchar “kamboyaité la tembi’u”. “Mombucha” es una palabra más infrecuente. Es el sustantivo que alude a la persona revoltosa o rebelde, que se enfrenta a las autoridades o a otros internos/as con mayor autoridad, el incesante generador de problemas. Es un neologismo que proviene de la castellanización del verbo guaraní “mombu” que signiica reventar o hacer estallar; también tiene una connotación sexual vinculada a la desloración (Guasch et. al., 1996). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 171 Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad La pregunta que orienta este artículo indaga acerca de si son aquellos elementos presentes en la caracterización de las “presas kamboya” (pobreza extrema, empleos precarios, escasos años de estudio, trayectorias familiares o personales de institucionalización, etc.) o de las “mombuchas” (conductas trasgresoras tales como los periles criminológicos asociados a la violencia masculina o el consumo de drogas) los que deinen una mayor exposición a la violencia institucional de género que se materializa en la tortura policial o penitenciaria. 2. Marco conceptual Como señala Davis (2016: p.72) las prácticas institucionales de represión están generizadas, y son un relejo a la vez que un componente funcional de la estructura generizada de la sociedad en su conjunto. Las mujeres fueron inquilinas tardías en el proceso de nacimiento y consolidación de la prisión y su incorporación como población objetivo de las políticas de encarcelamiento masivo es muy reciente. Hasta mucho después del nacimiento de la prisión, el castigo a las trasgresiones de las mujeres estuvo ligado al espacio doméstico, con métodos de tortura física autorizados por la ley como parte de los atributos de los maridos. Dado que las mujeres no eran portadoras de derechos en el espacio público, la lógica subyacente del castigo penitenciario como suspensión de este estatus público carecía de sentido para ellas, quienes -al carecer de reconocimiento legal alguno- estaban desposeídas de los atributos de ciudadanía que la pena penitenciaria despojaba. La persistencia de la violencia doméstica y la coexistencia durante el nacimiento de la prisión de otros castigos como el destierro a las colonias dan cuenta de estas formas de castigo generizado. Para la interpretación del sentido de la violencia de género, se siguen los postulados teóricos de Segato (2003) que propone un análisis de la violencia tomando nociones del estructuralismo levi-straussiano. Para esta autora, la violencia de género se estructura a partir de la conjunción de dos ejes de sentido que organizan las relaciones de género en las sociedades. Uno es horizontal y marca las relaciones de alianza, competición e intercambio entre sujetos considerados pares entre sí. El otro eje es vertical, marcado por el intercambio que se da entre sujetos desiguales, que articula las relaciones de subordinación entre estatus diferenciados. La dinámica del eje horizontal se basa en una economía simbólica de circulación de dádivas, en tanto que en el eje que marca el diferencial jerárquico las relaciones son de exacción forzada o tributo, que en el marco del patriarcado asume su forma extrema en la violación sexual. En el caso paradigmático de las relaciones de género, la mujer es un “otro” en el orden de estatus, proveniente de su subordinación y menor valor de género, pero también es un “otro” en el orden del contrato, como competidora en la sociedad, el trabajo, la política. El sistema es inestable por la interacción e inluencia de una economía 172 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Hugo Valiente y José Galeano Monti sobre la otra y por la doble inserción de los sujetos en el mismo, por lo que su reproducción no es automática y necesita de una inversión violenta para el mantenimiento de su equilibrio interior. Este esquema analítico nos explica por qué es imposible la reproducción pacíica del patriarcado, a la vez que aporta una teoría de sentido a la violencia de género. En este sentido, la violencia tiene una clara etiología restauradora de un mandato de género desaiado o trasgredido, y el acto violento representa el esfuerzo por el disciplinamiento social restaurador de la subordinación de género trasgredida. De este modo: el castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar, esto es, de su posición subordinada y ostensiblemente tutelada en un sistema de estatus. Y ese abandono de su lugar alude a mostrar signos de una socialidad y una sexualidad gobernadas de manera autónoma o bien, simplemente, a encontrarse físicamente lejos de la protección activa de otro hombre. El mero desplazamiento de la mujer hacia una posición no destinada a ella en la jerarquía del modelo tradicional pone en entredicho la posición del hombre en esa estructura, ya que el estatus es siempre un valor en el sistema de relaciones. Más aún, en relaciones marcadas por el estatus, como el género, el polo jerárquico se constituye y realiza justamente a expensas de la subordinación del otro (Segato: 2003: p.31). 3. Aspectos metodológicos Este artículo propone una aproximación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo exploratorio. Para el mismo se procesaron y analizaron los datos proporcionados por el MNP mediante el Censo de Mujeres Privadas de Libertad, base de datos disponible en formato de datos abiertos públicos en la web institucional de dicha entidad. Esa base responde a la metodología de censo estadístico de hecho o de facto, fue recogido entre los meses de mayo a octubre de 2015, abarcando un universo total de 785 mujeres privadas de libertad (el 96,5% de la población total) en los nueve establecimientos penitenciarios donde se encuentran recluidas las mujeres (MNP, 2016). A efectos metodológicos se crearon tres variables dependientes categóricas dicotómicas (donde 1 = Sí y 0 = No): a) Tortura y malos tratos durante la aprehensión y en el proceso judicial: Uniicando las respuestas dadas a las preguntas “9.1 Durante la aprehensión por parte de efectivos policiales, ¿le lastimaron, le golpearon, le insultaron?” y “9.2 ¿Fue golpeada, maltratada o insultada durante el proceso judicial?”, que engloba a la tortura y malos tratos aplicados en la investigación del hecho punible. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 173 Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad b) Tortura y malos tratos en la prisión: Con las respuestas dadas a la pregunta “9.3 ¿Fuiste o sos golpeada, maltratada o insultada en la Penitenciaría?”, que conlleva la tortura y malos tratos aplicados en el gobierno de las prisiones. c) Castigada en la celda de aislamiento: Con las respuestas dadas a la pregunta “¿Fue derivada alguna vez a la celda de aislamiento?”, que conlleva una forma adicional de violencia institucional presente en las estrategias de control disciplinario de las prisiones, con la salvedad que la celda de aislamiento (a diferencia de los golpes, el maltrato psicológico, las amenazas de violencia o el abuso sexual) está autorizada por ley6. La frecuencia de estas respuestas fue cruzada con quince variables independientes, también categóricas y dicotómicas, que fueron a su vez agrupadas en dos conjuntos de variables, según tengan relación con condiciones de exclusión social y/o discriminación de género o indiquen una conducta trasgresora del mandato de género. 3.1. Variables de exclusión social 1. Criminalizada por un hecho punible relacionado a drogas: Donde Sí = al código 10 de la variable 82 “¿De qué delito se le acusa?” del Censo7. 2. Víctima de violencia doméstica: Proveniente de la variable 71 “¿Alguna vez fuiste víctima de violencia doméstica?” del Censo. 3. Infancia en situación de criadazgo: Proveniente de la variable 119 “¿Alguna vez viviste en situación de criadazgo?” del Censo. 6 7 174 El aislamiento o confinamiento solitario está en el límite de lo que se considera un apremio físico o psicológico ilegal. En el derecho internacional de los derechos humanos existe toda una reglamentación muy precisa acerca de las condiciones en las cuales se debe aplicar esta sanción disciplinaria y las salvaguardias de las que se debe rodear a su aplicación para prevenir la tortura (CIDH, 2011: pp.152-160; Consejo Económico y Social, 2015: pp.18-20; Consejo de Derechos Humanos, 2011: pp.24-27). Faltando alguna de estas garantías, la sanción deviene en cruel e inhumana, pudiendo configurar tortura. La literatura especializada también definió la diferencia entre el “régimen de aislamiento” y el “régimen de aislamiento prolongado”, que se da cuando se sobrepasa los quince días, ya que las investigaciones empíricas han determinado que superado ese plazo se producen efectos psicológicos nocivos, con lo cual el trato ya deviene en tortura (Shalev, 2008; Consejo de Derechos Humanos, 2011: p.9). El régimen de aislamiento prolongado equivale a tortura. La legislación de ejecución penal paraguaya autoriza a la aplicación de la sanción de aislamiento hasta por 30 días, para los casos más graves como las lesiones entre internas o portar un aparato celular. No obstante, no existe limitación acerca de cuántas veces puede un interno o interna ser sancionado con el aislamiento de manera consecutiva a raíz de sucesivas faltas. Abarca todos los hechos punibles definidos en la Ley Nº 1340/1988 y sus modificaciones, que reprime el tráfico de sustancias estupefacientes. En esta categoría de hechos punibles existe sobrerrepresentación de la población femenina privada de libertad. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Hugo Valiente y José Galeano Monti 4. Tiene familiares privados de libertad: Proveniente de la variable “Familiares privados de libertad actual y anteriormente” del Censo. 5. Mujer menor de 29 años: Donde Sí ≤ 29 en la variable 9 “Edad” del Censo. 6. Extranjera: Donde sí son todas las respuestas diferentes a (≠) 1 en la variable 10 “Lugar o país de nacimiento”. 7. Indígena: Proveniente de la pregunta “¿Es indígena?” del Censo. 8. Beneiciaria de al menos un programa de pobreza: Proveniente de la variable 57 “Es beneiciaria de al menos un programa de pobreza” del Censo. 9. Menos de 9 años en el sistema educativo: Donde Sí = a respuestas < 9 de la variable 24 “Último grado o curso que aprobó”. 10. Ingreso inferior al Salario Mínimo Legal (SML): Donde Sí = a respuestas < 1.824.0558 de la variable 60 “Ingreso Semanal”. Previamente el ingreso semanal fue multiplicado por 4 para llegar a obtener una aproximación a lo que sería el salario mensual. 3.2. Variables de trasgresión 11. Criminalizada por un hecho punible contra las personas: Donde Sí = al código 1 de la variable 82 “¿De qué delito se le acusa?” del Censo9. 12. Criminalizada por un hecho punible violento contra la propiedad: Esta variable fue creada para el presente artículo. En un primer momento se seleccionaron las respuestas = al código 2 de la variable 82 “¿De qué delito se le acusa?” del Censo. Posteriormente, se revisó la fuente primaria de la información, correspondiente a las bases de datos de información de las mujeres privadas de libertad, proveídas por el área judicial de las 9 penitenciarías. Para lograr un mayor detalle y obtener solamente las respuestas en las que hubo violencia, fueron seleccionadas como Sí los casos de “robo”10. 8 9 10 Salario mínimo legal vigente a octubre de 2015. Abarca a los hechos punibles previstos en el Código Penal paraguayo en el capítulo de los hechos punibles contra las personas. Conlleva los delitos violentos contra las personas como el homicidio, el secuestro, la trata de personas, el abuso sexual y otros donde la población masculina está sobrerrepresentada. Abarca el robo en sus distintos grados (la tentativa, el robo simple y el agravado). El Código Penal paraguayo, al igual que otras leyes penales, distingue la sustracción de la propiedad mediante fuerza o amenaza (el robo) de la sustracción mediante la distracción o el descuido (el hurto), la sustracción mediante maniobras fraudulentas (la estafa, la lesión de confianza, etc.) y la legalización de ganancias ilícitas (el lavado, la reducción, etc.). El robo es el delito por excelencia de la población masculina privada de libertad, en la que está sobrerrepresentada. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 175 Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad 13. Criminalizada por un hecho punible contra la propiedad: Donde Sí = al código 2 de la variable 82 “¿De qué delito se le acusa?” del Censo 11. 14. Usuaria de drogas: Esta variable fue creada para el presente artículo uniicando las respuestas dadas a las variables 160 “¿Consumía drogas antes de entrar a la Penitenciaría?” y 161 “Consume drogas ahora que entró a la Penitenciaría?” del Censo, donde Sí ≥ 1. 15. Orientación sexual lésbica o bisexual: Donde Sí = al código 2 de la variable 6 “Género” del Censo. 4. Tortura y malos tratos durante la aprehensión y en el proceso judicial Los datos ofrecidos por el censo del MNP señalan que un 35,3% de las mujeres señaló que fue víctima de tortura o malos tratos durante su detención. De entre éstas, un 43,1% reirió haber sido víctima de tortura o malos tratos físicos y un 56,9% reirió tortura o malos tratos psicológicos. El principal agente agresor que se destaca en este período es la Policía Nacional (69,6% de los casos), seguido de la Secretaría Nacional Antidrogas de la Presidencia de la República (SENAD) (con el 28,3%) y la Fiscalía (2,2%) (MNP, 2016). En tanto, un 10,4% alegó haber recibido los apremios durante el proceso judicial, ya sea durante las audiencias de declaración indagatoria o en otros momentos del procedimiento. En esta etapa, la frecuencia alegada de malos tratos psicológicos fue del 77,1%, frente al 22,9% que alegó haber recibido violencia física. Nuevamente, la Policía Nacional (con 64,3%) es la institución identiicada como principal agresora, seguido de la SENAD (21,4%) y de funcionarios del Ministerio Público (14,3%). Estas situaciones de violencia institucional estarían relacionadas a los primeros momentos de intervención policial preliminar ante un supuesto hecho punible. Se corresponden a situaciones en las que se produce violencia en el procedimiento de la aprehensión de la mujer sospechosa o bien en la investigación del hecho punible. Es decir, se trata de la tortura o malos tratos que son instrumentales para el esclarecimiento del ilícito. El análisis de los resultados arrojó que entre las variables de exclusión se da una relación signiicativa de mayor frecuencia de alegaciones de tortura respecto de las mujeres menores de 29 años. 11 176 Incluye todos los delitos previstos en el capítulo de los hechos punibles contra los bienes de las personas del Código Penal paraguayo. En esta categoría de hechos punibles, la población masculina privada de libertad está sobrerrepresentada. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Hugo Valiente y José Galeano Monti Tabla Nº 1: Frecuencia de la tortura y malos tratos durante la aprehensión y en el proceso judicial ¿Fue torturada o maltratada durante Caracterización la aprehensión o en el proceso judicial? Variables de exclusión Sí No Criminalizada por un hecho punible relaciona- Sí 41,9% 58,1% do a drogas No 46,5% 53,5% Sí 47,9% 52,1% No 40,9% 59,1% Sí 38,9% 61,1% No 39% 61% Víctima de violencia doméstica Infancia en situación de criadazgo Tiene familiares privados de libertad Mujer menor 29 años Extranjera Sí 41% 59% No 44,8% 55,2% Sí 48,6% 51,4% No 39,7% 60,3% Sí 45,2% 54,8% No 43,9% 56,1% Sí 38,5% 61,5% No 43,1% 56,9% Beneiciaria de al menos un programa de po- Sí 41,5% 58,5% breza No 44,5% 55,5% Sí 42,7% 57,3% No 45,2% 54,8% Sí 41,2% 58,1% No 59,5% 40,5% Sí No Indígena Menos de 9 años en el sistema educativo Ingreso inferior al SML Variables de trasgresión Criminalizada por un hecho punible contra las Sí 49,3% 50,7% personas No 41,8% 58,2% Criminalizada por un hecho punible violento Sí 60,7% 39,3% contra la propiedad No 42,4% 57,6% Criminalizada por un hecho punible contra la Sí 51,4% 48,6% propiedad No 42,2% 57,8% Sí 48,4% 51,6% No 41,5% 58,5% Sí 63,6% 36,4% No 43,0% 57% Usuaria de sustancias estupefacientes Orientación sexual lésbica o bisexual Fuente: elaboración propia. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 177 Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad Por otro lado, son las variables de trasgresión las que arrojan una mayor frecuencia de tortura y malos tratos. La mayor frecuencia se observa en relación a las mujeres criminalizadas por hechos punibles contra las personas, por hechos punibles violentos contra la propiedad y por hechos punibles contra la propiedad en general, siendo particularmente signiicativo que las mujeres acusadas de haber cometido el crimen de robo, presentan una diferencia de casi 20% más respecto de las mujeres que están criminalizadas por otro delito que no sea el robo. También una mayor frecuencia se observa en relación a la variable orientación sexual, donde se reporta que las mujeres autodeinidas como lesbianas o bisexuales alegan un 20% más haber sufrido violencia durante la detención policial o el procedimiento iscal policial, respecto de las mujeres autodeinidas heterosexuales. Con respecto a los otros resultados, también se observa una diferencia signiicativa en la variable del salario, pero en un sentido negativo. Es decir, se observa que las mujeres que percibían, antes de estar presas, ingresos mensuales superiores al mínimo legal alegan mayor frecuencia de haber sido víctimas de malos tratos. Con respecto a las demás variables, en particular a las de exclusión, no se destacan relaciones que indiquen la inluencia signiicativa de algún factor en particular. Es decir, se trataría de características presentes en las mujeres víctimas que no se encuentran relacionadas a la tortura recibida de manera independiente a otro factor determinante. Incluso, en la variable indígena se observa que el hecho de pertenecer a un grupo étnico originario sería un factor asociado a una menor frecuencia de alegaciones de tortura12. Asimismo, similar situación se tiene presente en la criminalización por narcotráico, ya que es menor la frecuencia de esta categoría respecto de quienes se hallan criminalizadas por otros delitos. 5. Tortura y malos tratos en la prisión En la prisión, un 20% de las mujeres privadas de libertad alegó haber sufrido tortura o malos tratos; un 44,4% reirió violencia física y el 55,6% alegó violencia o malos tratos psicológicos. Se sindica a los y las guardias de la prisión como los principales agentes agresores (72,7%), seguido de la directora (18,2%), los y las enfermeros/as (4,5%) y otras autoridades o funcionarios (4,5%) (MNP, 2016). El análisis de los datos nuevamente resalta a la edad entre las variables de mayor frecuencia de alegaciones de tortura, ya que son las mujeres jóvenes las que alegan haber sufrido violencia institucional en la prisión. 12 178 Ello a pesar que las mujeres indígenas están mayoritariamente criminalizadas -al igual que los hombres indígenas- por el crimen de homicidio, otra variable de trasgresión que reporta mayor frecuencia en la referencia a la tortura. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Hugo Valiente y José Galeano Monti Tabla Nº 2: Frecuencia de la tortura y malos tratos en la prisión ¿Fue torturada o maltratada en la Caracterización penitenciaría? Variables de exclusión Sí No Criminalizada por un hecho punible relaciona- Sí 17,4% 82,6% do a drogas No 23,2% 76,8% Víctima de violencia doméstica Infancia en situación de criadazgo Tiene familiares privados de libertad Mujer menor 29 años Extranjera Indígena Sí 25,4% 74,6% No 15,9% 84,1% Sí 22,2% 77,8% No 20,3% 79,7% Sí 20% 80% No 20% 80% Sí 25,2% 74,8% No 16,3% 83,7% Sí 19,4% 80,6% No 20,1% 79,9% Sí 25% 75% No 20,1% 79,9% Beneiciaria de al menos un programa de po- Sí 16,8% 83,2% breza No 20,7% 79,3% Sí 21,2% 78,8% No 18,8% 81,2% Sí 18,5% 81,5% No 30,4% 69,6% Menos de 9 años en el sistema educativo Ingreso inferior al SML Variables de trasgresión Sí No Criminalizada por un hecho punible contra las Sí 24% 76% personas No 18,4% 81,6% Criminalizada por un hecho punible violento Sí 25% 75% contra la propiedad No 19,5% 80,5% Criminalizada por un hecho punible contra la Sí 24,3% 75,7% propiedad No 18,9% 81,1% Sí 22,6% 77,4% No 18,6% 81,4% Sí 54,5% 45,5% No 17,4% 82,6% Usuaria de sustancias estupefacientes Orientación sexual lésbica o bisexual Fuente: elaboración propia. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 179 Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad Ahora bien, en la prisión se registra entre las variables de trasgresión una mayor frecuencia con la característica de haber sido víctima de violencia doméstica en las relaciones de pareja o familiares anteriores al encierro. Nuevamente, el ingreso económico mensual vuelve a dar resultados signiicativos, pero también en sentido negativo, ya que los ingresos superiores al SML tienen una incidencia en más del 20% en el reporte con mayor frecuencia de violencia institucional. Con respecto a las variables de trasgresión, se observa que todas aquellas vinculadas con el peril criminológico que las agencias de criminalización construyen sobre las mujeres presas siguen teniendo una mayor frecuencia relativa de denuncias, pero no resultan tan signiicativas y decisivas como en el procedimiento de aprehensión policial. En cambio, la variable de orientación sexual reporta una frecuencia tres veces superior para las lesbianas y bisexuales respecto de las internas que se autodeinen como heterosexuales. También la variable del consumo de sustancias estupefacientes se encuentra vinculada a una mayor frecuencia de alegaciones de malos tratos, al igual que en el caso de la violencia durante la aprehensión policial; en ambas situaciones, sin embargo, esta diferencia no llega a ser desproporcionada o superior al 10%. Con respecto a las demás variables de exclusión, no se observan otras relaciones que indiquen la inluencia signiicativa de algún factor en la mayor frecuencia de las denuncias. Incluso en estos casos, las variables de extranjería y de beneiciaria de programas de pobreza se vinculan a una menor frecuencia. Nuevamente, la criminalización por narcotráico opera en un sentido similar, como una variable que reduce la posibilidad de tortura. 6. Castigadas en la celda de aislamiento El 15,2% de las mujeres privadas de libertad reirió haber sido derivada en algún momento a la celda de aislamiento como castigo disciplinario. En su mayor parte (62,2%) fueron enviadas una sola vez. El 8,2% fueron aisladas hasta dos veces y el 15,9% hasta tres, durante el tiempo que llevaban recluidas. No en todas las cárceles opera igual este recurso de control disciplinario, lo cual evidencia una focalización de esta práctica de violencia institucional. Cuatro instituciones en particular (el correccional Juana María de Lara de Ciudad del Este y las Regionales de Pedro Juan Caballero, San Pedro, Oviedo y Encarnación) fueron las que más alegaciones sobre el uso de la celda de aislamiento recibieron en el censo. En la primera de ellas, casi el 30% de las mujeres privadas de libertad había sido aislada en algún momento (MNP, 2016). El aislamiento es una forma institucionalizada de malos tratos y aún tortura, cuando se la aplica sin las debidas salvaguardias. Las internas que fueron derivadas al aislamiento lo fueron por faltas tales como peleas y/o agresiones entre ellas, haber sido descubiertas con objetos prohibidos (celulares o drogas), la “falta de respeto” a la directora o funcionarias al presentar reclamos y otras faltas menores. 180 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Hugo Valiente y José Galeano Monti Tabla Nº 3: Frecuencia del castigo en la celda de aislamiento ¿Fue derivada alguna vez a una cel- Caracterización da de aislamiento? Variables de exclusión Sí No Criminalizada por un hecho punible relaciona- Sí 46,7% 55,4% do a drogas No 53,3% 44,6% Víctima de violencia doméstica Infancia en situación de criadazgo Tiene familiares privados de libertad Mujer menor 29 años Extranjera Indígena Sí 50,5% 43,1% No 49,5% 56,8% Sí 19,1% 20,9% No 80,9% 79,1% Sí 17,8% 24,3% No 82,2% 75,7% Sí 52,4% 39,5% No 47,6% 60,5% Sí 3,7% 5,5% No 96,3% 94,5% Sí 2,9% 1,4% No 97,1% 98,6% Beneiciaria de al menos un programa de po- Sí 16,8% 18% breza No 83,2% 82% Sí 53,3% 49,5% No 46,7% 50,5% Sí 62,7% 77% No 37,3% 23% Criminalizada por un hecho punible contra las Sí 35,7% 27,8% personas No 64,3% 72,2% Criminalizada por un hecho punible violento Sí 13,3% 8,6% contra la propiedad No 86,7% 91,4% Criminalizada por un hecho punible contra la Sí 26,5% 19% propiedad No 73,5% 81% Sí 39,3% 35,6% No 60,7% 64,4% Sí 3,1% 2,1% No 96,9% 97,9% Menos de 9 años en el sistema educativo Ingreso inferior al SML Variables de trasgresión Usuaria de sustancias estupefacientes Orientación sexual lésbica o bisexual Fuente: elaboración propia. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 181 Mombuchas y Kamboyas Caracterización de la tortura y malos tratos contra mujeres privadas de libertad El análisis de la frecuencia en la celda de aislamiento no presenta valores signiicativos que indiquen el peso de alguna variable en la coniguración de la intencionalidad del castigo. Este análisis es aplicable tanto a las variables de exclusión como a las de trasgresión. 7. Conclusiones Los datos analizados indican que no son las características presentes en las internas “kamboyas” las que determinan una mayor frecuencia de la tortura. Más bien, son las internas “mombuchas”, y las variables vinculadas a la trasgresión de los mandatos de género los factores que operan como catalizadores de la selectividad punitiva presente en el castigo físico o el hostigamiento psicológico. Si bien es la exclusión social y la acumulación de discriminaciones de género las que explican la criminalización secundaria de las mujeres que están privadas de libertad, estas circunstancias por sí solas no indican un mayor riesgo de ser víctimas de malos tratos. En el proceso de aprehensión policial, resalta como un dato signiicativo la construcción de un peril criminológico que opera en los agentes policiales en contra de las mujeres que son criminalizadas por hechos punibles contra la propiedad, en particular, cuando se trata de un hecho violento, es decir, el robo. La mujer que comete -o se sospecha que ha cometido- un delito que es típicamente masculino (según el imaginario colectivo) se convertiría así en una persona peligrosa, alguien a quien disciplinar y punir para devolverla a una posición jerárquica correspondiente. En un sentido inverso, se observa que el mismo dispositivo disciplinario no se activa cuando la mujer es detenida por la comercialización o el tráico de drogas. En este caso, la mujer no estaría contestando la subordinación de género, porque su ilegalismo está incurso dentro de la posición subalternizada que el crimen organizado asigna a las mujeres, como colectivo, posición que es previsible en la percepción de las agencias de criminalización secundaria. Las variables de exclusión no tienen un peso signiicativo en la frecuencia de tortura, incluso algunas inciden en sentido contrario, indicando que a mayor empoderamiento de la mujer, mayor es la trasgresión y más probabilidades de riesgo de sufrir torturas se presentan. La variable edad tiene una importancia en el sentido de focalizar la selectividad punitiva de la tortura en las detenidas más jóvenes, aunque es factible que no opere de manera autónoma a las variables de trasgresión13. En la prisión, la misma operación sobre el peril criminológico opera en la frecuencia de la tortura y los malos tratos. A la variable de la edad, se suma en este caso la de 13 182 La edad media de las mujeres privadas de libertad es de 34 años. La edad modal es de 23 años. Se trata de todos modos de una población joven. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Hugo Valiente y José Galeano Monti víctima de violencia doméstica, en asociación con los ingresos superiores al salario mínimo legal. En ambos casos, a su vez, la variable orientación sexual tiene un peso determinante en la mayor frecuencia de las alegaciones de tortura. Si bien la población que se autodeine como lesbiana o bisexual es minoritaria y no incide en la frecuencia global de la variable tortura, su desproporcionada relación con los castigos conirma que es fundamentalmente la trasgresión de los mandatos de género el factor que determina una mayor exposición al riesgo de sufrir tortura. Estos elementos también se vincularían con la naturaleza masculinizada de las agencias de criminalización secundaria, en particular la policía y la prisión, que se ve reforzada por la ausencia de un control de legalidad crítico por parte de las agencias iscales y judiciales, que aplican un derecho de características androcéntricas14. El castigo con la sanción de aislamiento, sin embargo, a pesar de ser aplicado en condiciones de arbitrariedad y violencia institucional equiparables a los malos tratos o aún a la tortura, no presenta variables signiicativas que la vinculen con una forma de castigo generizada. El aislamiento podría, en tal caso, operar como una forma de maltrato institucionalizado que se relaciona con las estrategias de gobernanza de las prisiones y como un dispositivo regulador de la violencia entre las internas. A diferencia de la violencia directa -física o psicológica- el aislamiento no operaría sobre la base de la percepción amenazante de la trasgresión de género. En conclusión, la tortura en contra de las mujeres no opera como un dispositivo funcional a la investigación del hecho punible. Funcionaría en todo caso, como un mecanismo disciplinario de sanción de la trasgresión de género adicional o independiente a la sanción judicial futura o potencial que se espera del ilegalismo cometido. Los factores que conformarían la intencionalidad de la tortura en contra de las mujeres no estarían relacionados a los ines de la investigación criminal. Estarían vinculados a componentes culturales presentes en el patriarcado, que es la matriz sociocultural hegemónica que enmarca y dota de sentido a la violencia institucional a la vez que aporta justiicación moral a sus agentes. 14 Una cuestión para futuras investigaciones, ante la insuficiencia de variables presentes en el censo del MNP, es la del sexo de los victimarios. Es muy probable que en la policía los agresores sean mayoritariamente hombres. En la prisión, a pesar de su carácter de institución masculinizada, hay una mayor presencia de mujeres cumpliendo funciones de guardias con la capacidad legal de usar la violencia contra las internas. Un análisis de estos factores en la generización del castigo según el sexo del perpetrador de la tortura podría ofrecer resultados interesantes. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 183 Hugo Valiente y José Galeano Monti Referencias bibliográficas Antony, Carmen. 2007. “Mujeres invisibles: Las cárceles femeninas en América Latina”, Nueva Sociedad, N° 208, pp. 73-85. Aucía, Analía; Barrera, Florencia; Berterame, Celina; Chiarotti, Susana; y Alejandra Paolini. 2011. Grietas en el silencio. Una investigación sobre la violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, Rosario, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem). 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Enviado: 15/03/2017 Aceptado: 25/05/2017 Camila Corvalán1 Resumen El presente artículo aborda la problemática de la privación de libertad de los y las adolescentes, a través de un análisis descriptivo en base a una exhaustiva revisión bibliográica en la búsqueda de describir el sistema de institucionalización en clave de divergencia social, concepto planteado por el autor Germán Silva-García. La situación de conlicto social, consecuencia de la divergencia, determina la intervención del sistema penal. Las conductas consideradas “desviadas” son en realidad modos de actuar divergentes, que toman una línea de acción necesaria para la subsistencia de un grupo social, ante la incapacidad de accionar de otra manera o la desvalorización de las motivaciones que impulsan otras líneas de acción. Palabras clave Divergencia social, adolescentes, derechos de la niñez, privación de libertad, encierro. 1 Socióloga por la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Colaboradora del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 187 Divergencia social y encierro. El conflicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes Abstract his article addresses the problem of deprivation of liberty of adolescents, through a descriptive analysis that was carried out based on an exhaustive bibliographical review to understand the system of institutionalization of adolescents in the key of social divergence, a concept proposed by the author Germán Silva-García. he situation of social conlict, as a consequence of the divergence, determines the intervention of the penal system. Behaviors considered to be “deviant” are in fact divergent modes of action, which take a line of action perhaps necessary for the subsistence of a social group, given the inability to act otherwise or the devaluation of the motivations that drive other lines of action. Keywords Social divergence, adolescents, children’s rights, deprivation of liberty, coninement. 188 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Camila Corvalán 1. Introducción El reconocimiento de los derechos humanos de los y las adolescentes en conlicto con la ley penal ha sido ampliamente contemplado en los últimos 25 años por numerosos instrumentos internacionales, así como por la legislación interna de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, la constante visibilización de la participación de adolescentes en hechos delictivos provoca una inacabada discusión acerca de los jóvenes, el sistema penitenciario y la efectividad de la justicia. El sistema penitenciario en Paraguay se encuentra colapsado, y no se avizoran alternativas que den respuesta de fondo al exponencial crecimiento de la población carcelaria que ha tenido lugar en la última década, situación que también incluye a los y las adolescentes. Este fenómeno encuentra como una de sus principales causas el abuso de la disposición de la prisión preventiva (López, 2014). Los Centros Educativos para Adolescentes son concebidos con funciones muy distintas a los establecimientos penitenciarios que albergan a los adultos en contexto de encierro, trazándose como horizonte “fomentar su educación y su adaptación a una vida sin delinquir” (Ley 1680, 2001, art. 206). Están ideados sobre la base de la doctrina de la protección integral, que tiene como in último proteger a los adolescentes, a quienes reconoce como sujetos que se encuentran en una etapa de evolución intelectual y emocional, por lo cual requieren de atención especializada. A pesar de plantearse como espacios educativos, las condiciones de encierro de los adolescentes infractores no diieren sustancialmente de aquellas que afectan a las personas adultas recluidas: largos periodos de estancia sin condena, hacinamiento, malos tratos, torturas, manejo informal de la justicia y violaciones de derechos humanos afectan directamente a la consecución del objetivo de reinserción de los adolescentes institucionalizados. A simple vista la lógica de funcionamiento entre ambos tipos de instituciones no varía demasiado. Otro punto en común entre los adolescentes y adultos recluidos son las condiciones socio-económicas de sus entornos de origen, caracterizados por una situación de insatisfacción de necesidades básicas difícilmente sorteable. Esta situación no es fortuita, sino que forma parte de un esquema de desigualdad y exclusión estructurales. Especíicamente sobre la población adolescente en centros educativos se encuentra que “el 55% de los y las adolescentes viven en familias con las características del 10% más pobre de la población paraguaya” (Galeano y Balbuena, 2015a: p.52). La perspectiva teórica de este análisis descriptivo ha requerido una exhaustiva revisión bibliográica a in vincular conceptos básicos de la teoría sociológica del delito al contexto de encierro de los adolescentes de los Centros Educativos, en la búsqueda de comprender este sistema de institucionalización en clave de “divergencia social”. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 189 Divergencia social y encierro. El conflicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes Este concepto se pone en discusión con el de desviación social, partiendo de las bases teóricas fundamentadas por Germán Silva-García (2012). Además, se han tenido en cuenta notas de campo tomadas durante entrevistas a adolescentes en el contexto de 4 visitas de seguimiento y monitoreo a los Centros Educativos de Itauguá (CEI) y Sembrador, de Villarrica (CESV), realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en el año 2016. 2. Perspectivas teóricas: desviación de la conducta o divergencia social La sociología jurídica, especíicamente en su rama criminológica interpreta las acciones sociales relacionadas con la criminalidad y el control social, en su expresión penal. En este sentido, la noción de “desviación social” adquiere relevancia: según Silva-García esta acepción es “la voz más utilizada por la sociología y la criminología modernas” (Silva-García, 2012: p.131) Talcott Parsons -exponente del estructural-funcionalismo- airma que la desviación social es una anomia del sistema social, es la orientación motivada de un actor en orden a accionar en contra de una o más pautas normativas institucionalizadas, y plantea que, frente a este problema, es necesario que el sistema opere con mecanismos de control social, que restituyan su equilibrio: Existen tendencias hacia la desviación, a apartarse de la conformidad con los criterios normativos que han llegado a establecerse como parte de la cultura común. En este sentido, una tendencia a la desviación es un proceso de acción motivada, por parte de un actor que indiscutiblemente ha tenido toda clases de oportunidades de aprender las orientaciones requeridas y que tiende a desviarse de las expectativas complementarias de conformidad con los criterios comunes en tanto en cuanto estos son relevantes para la deinición de su rol (Parsons, 1976: p.197). Germán Silva-García, basado en fundamentos de la teoría crítica, propone una teoría sociológica del delito, ofreciendo una discusión en torno a la pertinencia de tal concepto en tanto su uso relacionado con el delito2, ya que el término desviación implica: • Que existe una posición normal o dirección correcta, respecto de la cual una acción diferente es considerada una desviación: Se asume que los conformistas (que serían mayoría) y los desviados son dos bloques homogéneos opuestos. • Contiene una descripción preestablecida de la situación, donde se introduce una dicotomía entre lo normal o correcto y lo desviado. 2 190 La desviación no necesariamente representa una ruptura de las normas jurídicas o cuerpos jurídicos. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Camila Corvalán • Que una caliicación normativa de lo «desviado», jurídica o social, es siempre acertada. • Una serie de connotaciones peyorativas que, de modo particular, señalan la desviación como una forma de deiciencia o patología social, reprobable. El autor postula que el objeto de la criminología es la “divergencia social”, término que rescata un fenómeno propio de la vida social y “plantea la necesidad teórica de emprender un análisis integral, que comprenda las facetas macro y microsociológicas de la vida social, de la acción y la estructura social” (Silva-García, 2012: p.159). Es decir, airma una relación dialéctica entre la divergencia (microsocial) y el control penal (macrosocial), que constituyen el fenómeno sociológico del delito. La fundamental confrontación se da entre los intereses y valores o creencias, que motivan la sanción de las conductas divergentes. Lo desviado no es entonces simplemente lo que vulnera la regularidad o las prohibiciones, sino también aquello que impide la reproducción social. Sin embargo, se trata de dos espacios analíticos diferenciados que no deben confundirse, pues en ocasiones aquello que vulnera las regularidades y altera las prohibiciones no sólo es deseable […] sino incluso necesario para permitir la reproducción social” (Soltonovich, 2012: p.128). Silva-García expone que la dicotomía normales-desviados es falsa y prescriptiva, por lo tanto, insuiciente para describir la realidad empírica. En la noción de desviación la relación se da entre la expectativa de cumplimiento de la norma y la conducta del desviado: se busca mantener un orden considerado natural y deseable, mientras que la categoría “divergencia” implica además sumar a esta ecuación los intereses particulares de quien en términos jurídicos sería denominado “víctima.” Son varios los autores que anteceden a Silva en la crítica a la noción de desviación: Sumner (1994), adopta el término “censura o comportamiento censurado” en reemplazo de conducta desviada, Tomeo (1979) intenta suplir el término utilizando la palabra “conlicto”, Morris Ghezzi (1988) introduce el concepto de marginalidad, mientras que Soltonovich (2012) hace referencia a que el concepto remite a un conlicto ideológico. Vizenzo Ferrari (1989) coincide con el último: Si la conducta se considera desviada es porque se “deduce” de la aplicación de una norma (la conducta es desviada porque la norma dice que lo es) y la norma se “deduce” de la existencia de conductas consideradas socialmente “anormales” o “patológicas” (debe existir una norma que limite la conducta considerada desviada); el dispositivo ideológico se hace evidente, por una parte y, por otra, encubre los dispositivos que subyacen en la norma como dispositivo de control y construcción social (Ferrari, 1989: p.229). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 191 Divergencia social y encierro. El conflicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes La interacción social implica el ejercicio de ciertos roles, que varían según las líneas de acción que adquieren los grupos sociales. Los roles tienen su origen en instituciones aprendidas en el proceso de socialización, por lo que se trasforman con frecuencia y se innovan particularmente en situaciones de divergencia. La noción de divergencia implica que existe una línea de acción social separada y dispareja respecto de otra, que cuenta con motivaciones y formas de acción propias. Esta separación “condensa una situación de contradicción que puede derivar en un conlicto” (Silva-García, 2012: p.166) y se diferencian porque una de ellas prima sobre la otra, que será reconocida por el sistema penal como ilícita. El desempeño de los roles en el curso que siguen las líneas de acción y la evolución del conlicto que se haya desatado dependen, en gran medida, del grado de poder disponible para los actores de la relación. (Ibídem). La organización jurídica de la sociedad depende de cómo los miembros de ésta se ubican o resultan ubicados en distintas posiciones, según la participación que se les asigna o conquistan en el proceso de producción de bienes y en la forma de adquisición de riqueza (Bergalli, 2005: p.202). La construcción del par normal/desviado se elabora a partir de una cultura dominante, que encuentra sus bases a las desigualdades sociales. Según Gilbert Ceballos (1997) la clasiicación entre normalidad y desviación la hacen las clases sociales. El autor airma que para la teoría del conlicto son tres factores que se dan dentro de la sociedad capitalista, que hacen posible lo anterior: • Acceso a recursos: Los individuos pertenecientes a las clases dominantes de la sociedad capitalista cuentan con una alta cantidad de recursos para evitar verse envueltos en situaciones que puedan signiicarle el ser tildado como desviados. • Construcción de normas en base a intereses de clase: Los sistemas normativos y jurídicos de la sociedad capitalista están construidos para beneiciar y proteger los intereses de las clases dominantes. • La noción de una ley “natural” o “divina”: En el sistema normativo/jurídico, en el caso de que una ley tenga un claro sesgo de injusticia, los integrantes de la clase dominante y la sociedad en general apela a la existencia de esa injusticia como una especie de norma “natural”, la cual es inapelable. Sin tomar en cuenta el caso exactamente contrario: que el marco jurídico aludido tenga esas características para acentuar una situación de injusticia. Desde la perspectiva de los conformistas, el derecho es considerado una forma de control social ante la desviación, mientras que la óptica de la divergencia fundamenta el origen de este control en las desigualdades de clase: es la clase dominante, ubicada 192 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Camila Corvalán en una instancia superior, la que diseña, administra y aplica las formas de control social expresadas en el sistema penal, es decir, ejerce de esta forma un control punitivo (Bergalli, 2005). El derecho funciona como “una auténtica superestructura ideológica -en el sentido marxiano- que legitimó la implantación de un sistema social sobre el cual, desde el Estado, se ha ejercido un control implícito y explícito” (Bergalli, 2005: p. 189). 3. Adolescentes en conlicto con la ley: un acercamiento a sus derechos La Convención de los Derechos del Niño es de carácter vinculante para el Estado paraguayo desde 19903. Según este marco, garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes gocen plenamente de todos sus derechos es responsabilidad estatal, y en caso de que alguno se encuentre amenazado, es su deber restablecer el ejercicio del derecho afectado a través de los mecanismos jurídicos, políticos y administrativos con los que cuenta. Sin embargo, es sabido que la respuesta estatal en materia de infancia y adolescencia en condiciones de vulnerabilidad ha sido históricamente deiciente: La acción u omisión del Estado responde de modo sustancial a estructuras profundamente desiguales sostenidas por respuestas económicas, sociales y políticas de un Estado pobre, con respuestas pobres a una población en situación de pobreza y de extrema pobreza (Cabrera, Rodríguez y Florentín, 2016: p.384). En el Paraguay, el Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI), dependiente del Ministerio de Justicia, es el órgano de ejecución de las políticas públicas de atención integral a los adolescentes infractores, de acuerdo a los tratados internacionales suscriptos, y en concordancia con lo estipulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En relación a los derechos de las y los adolescentes desde una perspectiva penal, existe una legislación diferenciada que obliga a la justicia a contar con actores especializados, encargados de brindar un trato especial en el acceso a la justicia, que aplicaran medidas con especial atención en el bienestar del/la adolescente. El sistema penal especializado en adolescencia establece “la imputabilidad con una orientación y una inalidad eminentemente educativa, considerando las características propias del desarrollo evolutivo de niños, niñas y adolescentes” (Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 2015). La propuesta socioeducativa, adoptada por el Estado, apela a su propia responsabi3 “Convención Internacional de los Derechos del Niño”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por la República del Paraguay mediante ley N° 57/1990 del 20 de septiembre de 1990. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 193 Divergencia social y encierro. El conflicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes lidad, de la sociedad y de la familia para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños, y adolescentes, promueve la responsabilidad por el daño causado a terceros y el robustecimiento de los vínculos sociales y familiares. La mencionada Convención, en su artículo 40, estipula que la institucionalización de las y los adolescentes debe utilizarse como “última ratio”4 y durante el periodo más breve posible, en lugares en donde sean tratados con humanidad y respeto, se tenga en cuenta sus necesidades de acuerdo a su edad, (recreación, salud, alimentación sana, descanso), mantengan el contacto con su familia y estén separados de adultos. Esto se plasma en el artículo 168 de Código de la Niñez y la Adolescencia, al expresar que “el hecho punible realizado por un adolescente será castigado con medidas correccionales o con una medida privativa de libertad, solo cuando la aplicación de medidas socioeducativas no sea suiciente” (Ley Nº 1680, 2001, art. 196). Sin embargo, la cantidad de adolescentes -varones y mujeres- recluidos en centros educativos en nuestro país contradice el principio de la privación de libertad como último recurso. En promedio, los adolescentes infractores que son privados de su libertad pasan entre 8 a 11 meses recluidos en alguno de los 8 centros educativos que actualmente existen en el Paraguay5 y las condiciones de reclusión vulneran varios de sus derechos básicos. La gran mayoría de ellos han excedido el tiempo de su condena o desconocen en absoluto el estado de sus procesos judiciales. Un elevado porcentaje aguarda su medida estando privado de libertad: el 95% de los y las adolescentes se encuentran en prisión preventiva y solamente el 5% cuenta con condena (Galeano y Balbuena, 2015a: p.66). Para el 10 de mayo de 2017, del total de 317 adolescentes, sólo 45 cumplían con una condena. Ya en el año 2001, el “Informe alternativo de cumplimiento de los DDNN en el Paraguay” elaborado por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA, 2001) airmaba: Una de las violaciones o incumplimiento más frecuente por parte de las autoridades de las recomendaciones dadas en las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, es referente al tiempo de reclusión de los adolescentes. La gran mayoría de los jóvenes recluidos está bajo el régimen de prisión preventiva, lo que implica que esta medida no se la utiliza como excepción sino como regla. 4 5 194 La medida privativa de libertad para el caso de adolescentes en conflicto con la ley es la última instancia a la que puede acudir el juez y sólo se aplicará cuando todas las demás medidas previstas para proteger, vigilar y acompañar al adolescente, se hayan demostrado ser inútiles o ineficaces para el logro de su cometido. Cuatro ubicados en las ciudades de Asunción, Villarrica, Encarnación, Concepción; dos ubicados en Ciudad del Este; y dos ubicados en Itauguá. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Camila Corvalán La privación de libertad consiste en “la internación del adolescente en un establecimiento especial, destinado a fomentar su educación y su adaptación a una vida sin delinquir” (Ley Nº 1680, 2001, art. 206). Ésta supone una evidente restricción de algunos derechos, pero normativamente debería estar acompañada por un componente socioeducativo que ofrezca a los adolescentes las herramientas necesarias para reintegrarse a la sociedad, y una mirada interdisciplinaria para la atención de sus casos. El mismo artículo 206 menciona reiteradas veces que la medida privativa de libertad es de aplicación exclusiva para casos en los cuales “anteriormente se haya intentado responder a las diicultades de adaptación social del adolescente mediante una modiicación de las medidas no privativas de libertad”. La perspectiva desde el derecho respecto al delito como una diicultad de adaptación social del/la adolescente es reforzada cuando se menciona la suspensión de una condena: En caso de una condena a una medida privativa de libertad de hasta un año, el Juez ordenará la suspensión cuando la personalidad, la conducta y las condiciones de vida del adolescente permitan esperar que éste, bajo la impresión causada por la condena y por medio de obligaciones, reglas de conducta o sujeción a un asesor de prueba pueda, aun sin privación de libertad, adecuar su conducta a las normas sociales y a una vida sin delinquir (Ley Nº 1680, 2001, art. 206). En marzo de 2016, fue aprobada la Política Penal Adolescente de Paraguay, por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia6. Esta política adquiere un enfoque de justicia restaurativa7, elaborada a partir de visitas de seguimiento y monitoreo por parte de la Comisión Interinstitucional de Visita y Monitoreo a los Centros Educativos, organismo articulado entre el Estado y la sociedad civil8. A lo largo del documento, y en particular en la exposición relacionada al marco sociopolítico, se expone la situación de vulnerabilidad y “déicits signiicativos en [las] circunstancias sociales y familiares de los adolescentes en conlicto con la ley penal” (Política Nacional de Atención a Adolescentes en Conlicto con la Ley Penal – PONACOL. 2016-2021), sin embargo, al igual en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 6 7 8 La aprobación de esta Política es parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado Paraguayo en el caso “Panchito López”. Mecanismo de administración de justicia para adolescentes, que tiene como finalidad reparar el daño -individual, social y en las relaciones- causado por el delito cometido. La comisión estuvo compuesta, entre otras instituciones, por el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, además de organizaciones de la sociedad civil. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 195 Divergencia social y encierro. El conflicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes plantea que los programas y servicios brindados a los adolescentes en esta situación estarán orientados a su reinserción y reintegración a una sociedad excluyente, que no se asume como divergente. En ambos casos, se presupone una realidad social única, donde las acciones de los grupos siguen las mismas motivaciones, se coniguran a partir de un mismo “habitus” y se desarrollan en un contexto unívoco. 4. ¿Quiénes toman un camino divergente? Los datos expuestos en el informe “Paraguay Joven” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2016), evidencian que el 24,5% de los adolescentes paraguayos se encuentran en situación de pobreza, y el 10,6% en extrema pobreza, siendo mayor el nivel de pobreza en las mujeres que en los hombres. Son varias las investigaciones que arrojan datos sobre la asociación entre pobreza, extrema pobreza y las conductas delictivas de jóvenes y adolescentes, cuyos resultados arrojan claves sobre cuán decisivos son los factores de carácter estructural en la trayectoria de vida de los adolescentes en conlicto con la ley penal (Tonkonof, 2001; Cooper, 2005; Canales, 2008; UNFPA, 2016; Galeano y Balbuena, 2015a; Uceda-Maza y Domínguez, 2017). Especíicamente sobre la población adolescente en centros educativos, Galeano y Balbuena sostienen que “el 55% de los y las adolescentes viven en familias con las características del 10% más pobre de la población paraguaya” (Galeano y Balbuena, 2015a: p.52). En este punto, es oportuno mencionar que el 40% de los adolescentes indicaron que ellos o algún miembro de su familia es beneiciario de algún programa de combate a la pobreza del Estado paraguayo (Ibídem), por lo tanto, provienen de familias reconocidas como pobres o extremadamente pobres por un sistema de protección social estatal. Las vulnerabilidades a las que están expuestos los y las adolescentes, en sus lugares de origen, los convierte en potenciales víctimas de violencia física y sexual, uso de drogas, armas, negligencia física y emocional. Situaciones económicas de pobreza, apegos negligentes, o la exposición continua y sistemática a situaciones altamente frustrantes y estresantes como el maltrato, la tortura, o la discriminación sistemática (burnout) por parte de sus iguras de autoridad, pueden llevar a la persona expuesta a esas circunstancias a pensar que la única manera de resolver conlictos es de manera violenta, con lo que se podría crear así vínculos afectivos y sociales deicientes, y reforzando las ideas de dependencia de “los otros” para lograr una calidad de vida digna (Galeano y Balbuena, 2015b: p.130). 196 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Camila Corvalán La privación de libertad no es algo completamente nuevo para estos adolescentes, ya que en sus entornos cercanos suele ser recurrente tener un pariente o conocido en la cárcel. Cooper sostiene que los adolescentes infractores adscriben a una “contracultura delictiva que cuenta con formas de prestigio y conlleva percepciones especíicas sobre el sistema social; usos y costumbres particulares; lenguaje y música que los identiica; cogniciones, sentimientos e importantes grados de identidad positiva, así como de solidaridad entre los delincuentes” (Cooper, 2005: p.198). Un punto clave que mencionan Galeano y Balbuena es el alto número de casos de adolescentes que airmaron tener familiares privados de libertad al momento del censo, que correspondía al 42%. Sobre este punto, los autores argumentan que: al estar expuestos durante la mayor parte de su vida a un modelo respetado y con el cual se identiican llevando a cabo acciones que les lleva a la privación de libertad, [los adolescentes] se ven inluenciados psicológica y socioeconómicamente coaccionados para el delito (Galeano y Balbuena, 2015b: p.139). Es posible interpretar que el papel de las clases ligado a la coniguración ideológica es en realidad un elemento fundamental en la tensión entre las conductas sociales normales y aquellas que se deducen como patológicas o desviadas. El control punitivo del Estado neo-liberal ya no se descarga más, como antaño, sobre sujetos individuales, sino sobre sujetos colectivos, quienes son tratados institucionalmente como “grupos productores de riesgo” (De Giorgi, 2000: p.16). Las condiciones desfavorables -de pobreza y exclusión- trazan una trayectoria difícil de sortear para los adolescentes, que ante ese panorama tienen escasas posibilidades de tomar decisiones sobre el rumbo que quisieran tomen sus vidas en aspectos como la educación, aspiraciones profesionales o el trabajo. La gran complejidad de las sociedades contemporáneas habilita, por otro lado, el desarrollo de contrasentidos: por ejemplo, en situaciones de una pobreza muy extendida ciertas conductas consideradas “patológicas” o “desviadas” por los sectores dominantes que, además, producen y controlan el sistema jurídico en donde tales conductas son declaradas ilícitas, son en realidad necesarias para la integración social y la supervivencia de muchas personas (Soltonovich, 2012: p.130) En general, a nivel nacional existe un descenso lineal de la escolarización de los y las adolescentes a partir de los 12 años. En el caso de los adolescentes en situación de encierro, se encontró que el 90% de ellos no tiene completa la educación primaria (Galeano y Balbuena, 2015a). La educación y la formación son caminos que ejercen una importante inluencia en la emancipación personal, el ejercicio de los derechos y en las oportunidades de inserción laboral. El derecho a la educación está contemplado en el artículo 28 de la Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 197 Divergencia social y encierro. El conflicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes Constitución Nacional, y es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los niños y las niñas. Se debe tener en cuenta que uno de cada cuatro adolescentes fue criado por madres, padres, o por ambos, que no contaban con educación escolar básica concluida. Y uno de cada diez adolescentes fue criado asimismo por padres, madres o ambos, analfabetos. Al contrastar estos datos con la teoría del aprendizaje social9, es realmente preocupante, ya que, para los adolescentes, la educación no es un valor, y ello debido a las condiciones del entorno y del contexto en que van desarrollando sus vidas, en donde, además van madurando ideas de incompetencia, cediendo el manejo de sus realidades a otras personas, objetos o situaciones externas a ellas (Galeano y Balbuena, 2015b: p.137). La publicación “La Infancia Cuenta” del Observatorio de Política Públicas y Derechos de la Infancia y la Adolescencia -CDIA Observa- airma que las desigualdades en la educación se transmiten de padres a hijos, perpetuando el ciclo intergeneracional de la pobreza y que “sólo un 20% de los jóvenes cuyos padres no terminaron la educación primaria logran terminar dicho nivel” (CDIA Observa, 2015: p.16). La permanencia en el sistema escolar no varía en gran medida durante la estancia de los adolescentes en los Centros Educativos, lo cual es preocupante ya que la población penitenciaria depende de la instrucción que reciba durante su estancia en los centros educativos para su efectiva reinserción social y económica. Si bien son varias las perspectivas acerca de los móviles por los cuales los adolescentes cometen actos delictivos, sin duda, los puntos comunes de la mayoría de aquellos que se encuentran privados de libertad son la desprotección estatal, la pobreza, la desestructuración familiar y las condiciones estructurales de desigualdad. En la medida en que las personas se encuentren desarrollando sus vidas en ambientes empobrecidos, se verán inluidas de manera determinante, por la condición socioeconómica que ostentan, en la elaboración de ideas de dependencia y poco control sobre su propia vida (Galeano y Balbuena, 2015b: p.130). En los entornos en los cuales se desarrolla la vida de la gran mayoría de los adolescentes convergen estructuras de opresión, dominación y/o discriminación que los pone en un contexto de exclusión social, económica, cultural y política obstaculizando su capacidad de resiliencia. Estos contextos propician la reproducción de una cultura que aprueba la violencia como forma de castigo y adolece de una predominante persistencia del autoritarismo y la represión. 9 198 “La Teoría del Aprendizaje Social supone que los factores personales, el ambiente y el comportamiento se ven influidos e interactúan mutuamente para determinar el desarrollo de la personalidad y las manifestaciones conductuales, así como a la ejecución de tareas” (Galeano y Balbuena, 2015b:126). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Camila Corvalán El sistema de protección del Paraguay resulta insuiciente desde la infancia, y no cuenta con la capacidad de enfrentar las situaciones de vulneración social a las que están expuestos los niños, niñas y adolescentes. 5. Consideraciones inales El conlicto social es una consecuencia de la divergencia y, en tanto, efecto de ella, constituye uno de sus componentes teóricos más importantes. Es a partir del conlicto social que la situación es deinida como problema y, como consecuencia de esto, empieza el sistema penal a preocuparse por intervenir. El apelativo de criminal no es una cualidad atribuible al hecho respectivo, en sí mismo considerado, sino una caliicación producto de un acto de decisión política, ejecutado a través de un proceso de criminalización (Becker, citado en García-Silva 2012, p. 174. La acción desviada es aquella que viola o atenta contra las expectativas de otros, pero en una relación en la cual el “desviado” es capaz de vulnerar o poner en peligro a los intereses de quien ha establecido la norma. Las conductas consideradas “desviadas” son en realidad modos de actuar divergentes, que toman una línea de acción tal vez necesaria para la subsistencia de un grupo social, ante la incapacidad de accionar de otra manera o la desvalorización de las motivaciones que impulsan otras líneas de acción, lo que queda invisibilizado en la perspectiva legal del tratamiento del delito. No es posible negar la inluencia de la condición socioeconómica en la conducta, en donde se considera de vital importancia a la comunidad, ya que, si las comunidades en que viven los niños proporcionan pocos recursos efectivos y afectivos, y las conductas adaptativas no son reforzadas por el medio social, para que las personas se desarrollen óptimamente, éstos quedan expuestos a los peligros de optar por cursos de vida nocivos y perjudiciales (Galeano y Balbuena, 2015: p.129). Los adolescentes privados de libertad pertenecen a una infancia desprotegida, en entornos atravesados de vulnerabilidades donde sus derechos más básicos no fueron jamás contemplados o ya se encontraban amenazados. La privación de libertad y sus preocupantes características son resultado de las faltas de políticas de promoción, garantía y protección de los Derechos Humanos, relejados en el sistema penitenciario, pero además en la desigualdad y la exclusión social, así como la inequidad en el acceso a oportunidades para niñas y niños. En una sociedad democrática y bajo un Estado de derecho la actuación del control penal debe procurar conducir el conlicto social a un escenario reglado, donde sea tratado de manera racional y pacíica realizando el valor de la justicia, pero además con el propósi- Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 199 Divergencia social y encierro. El conflicto social vinculado a la privación de libertad de los y las adolescentes to de amparar a los más vulnerables, precisamente, a aquellos que careciendo de poder suiciente no podrían resistirse a su adversario por fuera de la administración de justicia penal (García-Silva, 2012: p.171). Son dos las facetas a tener en cuenta en el camino hacia la mejora del sistema penal juvenil y las condiciones de vida de los adolescentes restringidos en su libertad. Por un lado, la promoción y el desarrollo integral de la infancia que impliquen estándares de justicia para todos los niñas, niños y adolescentes; y por otro lado, reducir el grado y el impacto de la privación de sus derechos. Las condiciones de encierro resultan nocivas para los adolescentes al apartarlos de los espacios considerados propios, sus familias, sus pares, sus entornos territoriales. La pertinencia y efectividad de la institucionalización como medida sancionatoria se pone en tela de juicio al entender las conductas delictivas como parte de la naturaleza social y no como un fenómeno anómico, de inadaptación social. Es entonces necesario bosquejar medidas alternativas y cumplirlas. Esta es una convicción compartida entre quienes trabajan en el campo de la infancia, que aún colisiona con la demanda social de más castigo hacia los jóvenes, y de reproches punitivos que no desalojan del imaginario social el encierro en los reformatorios o las cárceles de menores. La privación de la libertad, cualquiera sea su forma y duración, es perjudicial para las niñas, niños y adolescentes, implica la separación del adolescente de todo su entorno conocido y puede interpretarse como un mecanismo de control de la niñez empobrecida. López (2010) realiza un análisis sobre las reformas penales en Argentina asociadas a los adolescentes en conlicto con la ley: Una lectura crítica de estas reformas supone analizarlas ya no en forma lineal con arreglo a las denominadas garantías procesales, sino en relación y funcionalidad respecto de los procesos sociales macro de exclusión, precarización e inlación de los sistemas penales, como respuesta indirecta a las problemáticas sociales emergentes, producto éstas de las profundas transformaciones en la estructura social, económica y política que impulsó la introducción del modelo neoliberal instrumentado desde la década del 70. Estas transformaciones en la estructura social se articulan estratégicamente con la consolidación del sistema penal como soporte para la “gobernabilidad de la exclusión”, en un progresivo desplazamiento del estado del welfare hacia el estado penal (López, 2010: p.26). Este escenario, propicia que, a pesar de los condicionamientos jurídicos y en contra de las recomendaciones internacionales, la sociedad tenga como expectativa que los adolescentes infractores sean sancionados rápidamente y exija la aplicación de severas penas de reclusión. 200 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Camila Corvalán Referencias bibliográficas Bergalli, Roberto. 2005. “Relaciones entre control social y globalización: Fordismo y disciplina. Post-fordismo y control punitivo”, Sociologías, N°13, pp. 180-211 Caballero Quiñónez, José y Juan Francisco Sánches. 1998. Reporte del Estudio sobre “Niñas, niños y adolescentes privados de libertad en el Paraguay”, Asunción, Ministerio Público, DNI Paraguay, UNICEF. 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Enviado: 12/03/2017 Aceptado: 18/05/2017 María Virginia Abente Ojeda1, Luciana Agostina Ratti Fretes2 Resumen La adolescencia es una etapa de cambios y transformaciones que permite el crecimiento personal y progresivo en una interacción con la sociedad; un período en el que los adolescentes desarrollan su nivel de madurez, adquiriendo una identidad propia dentro del contexto social. Ahora bien, a pesar de encontrarse ante situaciones adversas, éstos pueden desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos mediante su capacidad de resiliencia, la cual les permite seguir proyectándose en el futuro frente a condiciones de vida desfavorables. Teniendo en cuenta que la situación de encierro representa para el adolescente una adversidad, la presente investigación se propuso analizar el nivel de resiliencia de adolescentes en privación de libertad en tres centros educativos de las ciudades de Asunción e Itauguá, lo cual resulta de gran importancia debido a la falta de estudios previos referentes al tema a nivel nacional. Para lograr los objetivos se realizó un estudio con enfoque mixto, de tipo descriptivo y exploratorio. Los datos se obtuvieron a través del Inventario de Resiliencia IRES y entrevistas semiestructuradas, con la participación de 136 adolescentes, varones y mujeres de 14 a 20 años. Como resultado de la investigación, se concluye que los y las adolescentes poseen un nivel de disposición a la resiliencia medio/elevado, capacidad desarrollada en función al nivel de riesgo que experimentan al estar institucionalizados. 1 2 Estudiante de la carrera de Psicología. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Paraguay. Estudiante de la carrera de Psicología. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Paraguay. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 203 Nivel de resiliencia de adolescentes de 14 a 20 años en privación de libertad en tres centros educativos Palabras clave Resiliencia, Adolescente, Afrontamiento, Privación de libertad, Centro Educativo. Abstract Adolescence is a phase of changes and transformations that allows a personal and progressive growth in an interaction with society; a period in which teenagers develop their level of maturity, acquiring an own identity within the social context. However, despite facing adverse situations, they can develop psychologically healthy and successful through their ability to be resilient, which allows them to continue projecting themselves in the future against unfavorable living conditions. Taking into account that a situation of coninement represents an adversity towards the adolescent, the present research aims to analyze the level of resilience of adolescents in detention in three educational centers in the cities of Asunción and Itauguá. To achieve this objective, it has been made a study with a mixed, descriptive and exploratory approach. he data was obtained through the IRES Resilience Inventory and through semi-structured interviews, with the participation of 136 adolescents, men and women between 14 and 20 years of age. As a result of the research, it concludes that adolescents have a medium/high disposition to resilience, a capacity developed according to the level of risk they experience when they are institutionalized. Key words Resilience, Adolescents, Confrontation, Privation of Liberty, Educational Center. 204 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 María Virginia Abente Ojeda , Luciana Agostina Ratti Fretes 1. Introducción Durante la adolescencia, la persona frecuentemente se enfrenta a diicultades de socialización y de construcción de la identidad que son inherentes a la edad; el adolescente entonces puede sufrir los ataques de factores de riesgo que lo lleven a actuar de forma delictiva (Monciaux, 2005). Es por ello que en esas condiciones, algunos adolescentes empiezan una carrera delincuente. Ya en privación de libertad, algunos logran parar esa trayectoria y reintegrarse de manera adecuada a la sociedad, tanto en el ámbito social como económico. Con el in de cumplir estos objetivos, la privación de libertad del adolescente en el Paraguay consiste en el encierro en un establecimiento especial destinado a reinsertar socialmente, y de esta manera fomentar su educación. En el contexto paraguayo, a esta institución se denomina “Centro Educativo”. La situación en la que se encuentran estos adolescentes, el encierro, las condiciones de vida dentro del centro educativo, además de la incertidumbre que genera en los mismos el hecho de no conocer el tiempo que permanecerán allí, podrían representar situaciones adversas para los y las adolescentes. El futuro de éstos podría verse afectado si no son capaces de enfrentar el encierro y salir adelante. La situación se complica en la medida que ellos desconocen la capacidad de resiliencia que poseen para sobrellevar las adversidades que conlleva la privación de libertad. Se encontraron diversos trabajos sobre la situación de adolescentes en privación de libertad tanto en investigaciones nacionales como regionales. No obstante, a nivel nacional la situación de encierro relacionada con la resiliencia no se ha investigado lo suiciente. Se considera entonces, que el factor resiliente, referido como la capacidad de los individuos de enfrentarse y sobrellevar situaciones adversas que se le pueden presentar, constituye una fase importante en los adolescentes que se encuentran en privación de libertad, puesto que son ellos, quienes en un futuro al salir de la condición de encierro, deberían poder reinsertarse a la sociedad adecuadamente. Todo esto considerando el rol en la formación cívica y readaptación que los Centros Educativos deben inculcar a los y las adolescentes infractores. La resiliencia es un cambio de paradigma: privilegia el enfoque en las fortalezas, no en el déicit o problema; e involucra a los individuos, familias, grupos, comunidades e instituciones a que sean parte de la solución con el conjunto de recursos internos y externos que permitan enfrentar situaciones críticas de todo tipo (Quintero, 2005). El concepto de resiliencia ha sido incorporado a las ciencias sociales a partir de los años sesenta. Este término proviene del latín, de la palabra resilio, que signiica volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar (Kotliarenco, Cáceres, Fontecilla, 1997). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 205 Nivel de resiliencia de adolescentes de 14 a 20 años en privación de libertad en tres centros educativos Gaxiola (2011) propone que el ser humano posee un conjunto de atributos que, al combinarse entre sí, dan lugar a la resiliencia y los mismos pueden ser contemplados en diez dimensiones: afrontamiento, actitud positiva, sentido del humor, empatía, lexibilidad, perseverancia, religiosidad, autoeicacia, optimismo y orientación a la meta. El objetivo del presente artículo es analizar el nivel de resiliencia de adolescentes varones y mujeres de 14 a 20 años que se encuentran en privación de su libertad en los centros educativos de Itauguá, La Esperanza y Virgen de Fátima. En este artículo se presentan los resultados referentes a la dimensión de afrontamiento de los y las adolescentes participantes. El afrontamiento comprende la capacidad que posee una persona a enfrentar los problemas y buscar el apoyo necesario si así lo requiera. Lazarus y Folkman (1984) deinen a la misma como los esfuerzos conductuales y cognitivos continuos para manejar las demandas internas o externas que exceden los recursos individuales. La capacidad de afrontamiento posibilita la protección contra las consecuencias adversas, por lo tanto, se considera una dimensión clave para el desarrollo de la resiliencia (Agaibi y Wilson, 2005). 2. Metodología Para lograr los objetivos se realizó un estudio con enfoque mixto, de tipo descriptivo y exploratorio, puesto que se explora un fenómeno nuevo o desconocido, como es la resiliencia en situación de encierro en la que se encuentran los y las adolescentes en el Paraguay. Según el informe de gestión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2015), la población mencionada está organizada de la siguiente manera, teniendo en cuenta los criterios de sexo, edad y situación procesal de los adolescentes: Tabla Nº 1: Población de adolescentes en privación de libertad Centro Educativo Mujeres Proc. Varones Cond. Proc. Cond. Centro Educativo de 0 Itauguá (CEI) 0 176 16 Centro Educativo 0 Integral La Esperanza (CEILE) 0 14 3 Centro Educativo 11 Virgen de Fátima 0 0 0 SUB-TOTAL 0 190 19 11 14 a 17 años 18 a 20 años Subtotal 155 37 195 14 3 17 11 0 11 180 40 223 Nota: Proc.: Procesados; Cond.: Condenados. Fuente: Segmento extraído de Informe de Gestión del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2015) 206 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 María Virginia Abente Ojeda , Luciana Agostina Ratti Fretes La muestra es de tipo intencional, autoseleccionada y no probabilística. Los datos se obtuvieron a través del Inventario de Resiliencia IRES y entrevistas semiestructuradas, con la participación de 136 adolescentes, varones y mujeres de 14 a 20 años de los centros educativos de Itauguá, La Esperanza y Virgen de Fátima. Tabla Nº 2: Participantes de la investigación según técnica de recolección y centro educativo Técnica de recolección de datos Centro Educativo de Itauguá Centro Educativo La Esperanza Centro Educativo Virgen de Fátima Total de participantes Cuestionario IRES 111 16 9 136 Entrevistas 12 3 2 17 Fuente: Elaboración propia. En las entrevistas y gráicos las citas están referidas de la siguiente manera: Centro Educativo de Itauguá (CEI); Centro Educativo Integral La Esperanza (LE) y Centro Educativo Virgen de Fátima (VF), y los números que le siguen corresponden a la persona entrevistada. Según Gaxiola et. al. (2011), el afrontamiento podría implicar, entre otros, los siguientes indicadores: buscás el apoyo de otros cuando necesitás de su ayuda; cuando tenés problemas los enfrentás inmediatamente; por más difíciles que sean las situaciones en tu vida sos capaz de enfrentarlas; para vos los problemas son un reto que superar. 3. Análisis de resultados En cuanto al primer indicador que consiste en conocer si los y las adolescentes buscan apoyo cuando necesitan ayuda, se encontró que 21% presenta nula o baja disposición (nunca y casi nunca respectivamente) a la resiliencia en cuanto a buscar el apoyo de alguien; mientras que un 62% del total de los y las adolescentes tiene media o elevada disposición resiliente según este indicador (casi siempre y siempre respectivamente) (Gráico Nº 1). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 207 Nivel de resiliencia de adolescentes de 14 a 20 años en privación de libertad en tres centros educativos Gráico Nº 1: Buscás el apoyo de otros cuando necesitás de su ayuda. Fuente: Elaboración propia. Al analizar las respuestas del IRES, en cuanto a la variable “buscás el apoyo de otros cuando necesitás de su ayuda”, de acuerdo a los centros educativos se encontró que en VF las respuestas presentan una mayor tendencia hacia la disposición resiliente; y que LE fue en donde se encontró este indicador con el menor nivel de disposición a la resiliencia. Esto denota que las mujeres buscan ayuda de otras personas para resolver los problemas con mayor frecuencia que los varones de la población encuestada. Los varones preieren en un mayor porcentaje no recurrir a otros y resolver sus problemas por sí mismos. (Gráico Nº 2). Gráico Nº 2: Reactivo 1 de la dimensión Afrontamiento según Centro Educativo Fuente: Elaboración propia. 208 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 María Virginia Abente Ojeda , Luciana Agostina Ratti Fretes En las entrevistas cualitativas, se realizaron dos preguntas. De la primera, ¿preferís solucionar los problemas por vos mismo o con ayuda de otras personas?, surgieron dos tipos de respuestas, prácticamente en las mismas proporciones. Poco más de la mitad de los adolescentes mencionó que tratan de resolverlos ellos mismos. “Sólo nomas yo trato de solucionar mis problemas” (Entrevista a adolescente CEI2). “Muchos problemas ya tuve y todo con la ayuda de Dios pude salir adelante, (…) De las personas no recurro a nadie, trato de resolver yo solo” (Entrevista a adolescente LE3). Mientras que poco menos de la mitad manifestó que busca ayuda al momento de enfrentar sus problemas. Indicando lo siguiente: “Sí, recurro algunas veces a mi mamá y eso” (Entrevista a adolescente LE2). “Con ayuda obviamente” (Entrevista a adolescente CEI4). La segunda pregunta cualitativa del indicador fue ¿recurrís a alguien cuando se te presenta algún problema?, ¿a quién recurrís? En el caso de aquellos que mencionaron recurrir a alguien si lo necesitan, airmaron que generalmente buscan a su familia y en menor medida a los amigos y otras personas, entre los que se pueden mencionar vecinos y agentes de derechos humanos. “A los derechos humanos… y acá adentro a nadie luego le busco, solo nomas” (Entrevista a adolescente CEI5). “Yo recurrí a mi mamá y a mi tía y eso, pero no me querían ayudar” (Entrevista a adolescente CEI11). En el indicador “cuando tenés problemas los enfrentás inmediatamente” se encontró que, un 59% siempre enfrenta los problemas de manera inmediata buscando diversas soluciones. Por otra parte, un 7% y 16% casi siempre y algunas veces enfrentan los problemas. Por último, las personas que no desafían los problemas representan un 5% (casi nunca) y 13% (nunca) respectivamente (Gráico Nº 3). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 209 Nivel de resiliencia de adolescentes de 14 a 20 años en privación de libertad en tres centros educativos Gráico Nº 3: Cuando tenés problemas los enfrentás inmediatamente Fuente: Elaboración propia. Luego de analizar el segundo reactivo de la dimensión por centro educativo, pudieron observarse los siguientes resultados. En primer lugar, se identiica que más de la mitad de la población de cada centro siempre enfrenta sus problemas de manera inmediata. Además, se observa que el porcentaje de adolescentes que no enfrenta los conlictos, es relativamente bajo, esto se distingue con más acentuación en el centro VF, donde el porcentaje de personas que no enfrentan sus problemas es nulo. Esto podría signiicar que los mismos, al no disponer de la ayuda adecuada, se podrían ver obligados a enfrentar dichas situaciones y adversidades por su propia cuenta (Gráico Nº 4). Gráico Nº 4: Reactivo 2 de la dimensión Afrontamiento según Centro Educativo Fuente: Elaboración propia. 210 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 María Virginia Abente Ojeda , Luciana Agostina Ratti Fretes Para este indicador, en la entrevista cualitativa, se realizó la siguiente pregunta: ¿de qué manera enfrentás tus problemas? Esta interrogante no fue respondida por la totalidad de los entrevistados, no obstante, se obtuvieron algunas airmaciones como: “Trato de solucionar, me alejo de ellos por un rato hasta que consiga algo y si no consigo no me acerco hasta conseguir y yo me alejo porque yo creo que yo causo el problema” (Entrevista a adolescente CEI07). “Y fumando cigarrillo y eso. Y algunas veces marihuana (enfrenta sus problemas)” (Entrevista a adolescente CEI08). “Para enfrentar me fui al centro de adicción que está sobre Venezuela y así pude resolver, (…) me fui por voluntad” (Entrevista a adolescente CEI12). “Y… hablando (enfrenta los problemas)” (Entrevista a adolescente VF1). Al comparar las respuestas obtenidas, se observó que los y las adolescentes presentan diversas maneras de enfrentar las situaciones problemáticas que viven, por ejemplo: alejarse de los problemas, recurrir a drogas u otras sustancias, y resolverlos a través del diálogo. Con relación al tercer indicador de la dimensión se encontró que tan solo un 6,6% presenta nula o baja disposición a la resiliencia en cuanto a la capacidad para enfrentar los problemas a pesar de la complejidad de las mismas; mientras que un 83,1% del total de los y las adolescentes tiene media o elevada disposición resiliente según este indicador (Gráico Nº 5). Gráico Nº 5: Por más difíciles que sean las situaciones en tu vida sos capaz de enfrentarlas Fuente: Elaboración propia. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 211 Nivel de resiliencia de adolescentes de 14 a 20 años en privación de libertad en tres centros educativos Los resultados obtenidos en cada Centro Educativo concuerdan con los resultados generales, debido a que más del 60% de los adolescentes en CEI, LE, Y VF, se considera capaz de enfrentar los problemas siempre, incluso a pesar de la diicultad de los mismos. Esto además indicaría que muy pocos adolescentes presentan nula o baja predisposición resiliente en relación a este reactivo, en especial las mujeres de VF, que a diferencia de los varones de los demás centros, no manifestaron ser incapaces de enfrentar los problemas sin importar que éstos sean muy complicados (Gráico Nº 6). Gráico Nº 6: Reactivo 3 de la dimensión Afrontamiento según Centro Educativo Fuente: Elaboración propia. En el cuarto indicador “para vos los problemas son un reto que superar” se encontró que más de la mitad de la población (54% y 10%) considera que los problemas siempre y casi siempre son un reto que superar. Por otra parte, un 20% airma que los problemas son un reto en ocasiones, y, por último, el 16% de la población no tiene a los problemas como desafío por superar (Gráico Nº 7). Gráico Nº 7: Para vos los problemas son un reto que superar Fuente: Elaboración propia. 212 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 María Virginia Abente Ojeda , Luciana Agostina Ratti Fretes Las respuestas obtenidas en cada Centro Educativo, coinciden con el análisis general. En los tres centros, más del 50% de la población considera a los problemas como un reto a superar. Se destaca LE con un 81,3% de la población que presenta elevada disposición resiliente respecto a este reactivo. Sin embargo, pese a que la totalidad de los centros presentan en mayor medida una consideración de los problemas como retos a superar, el CEI posee el mayor porcentaje de población (18%) que considera que los problemas no son retos, más bien piensan que son obstáculos (Gráico Nº 8). Gráico Nº 8: Reactivo 4 de la dimensión Afrontamiento según Centro Educativo 4. Discusión y consideraciones inales De los resultados obtenidos se puede observar que en promedio, el 58,5% de los y las adolescentes participantes de la investigación, posee una presencia elevada de disposición resiliente, en cuanto al afrontamiento de sus problemas, es decir, que los mismos tienden a enfrentar los problemas de una manera adecuada y buscar apoyo en caso que sea necesario. En contrapartida, se observa que las personas con presencia nula o muy débil de disposición resiliente, en cuanto a la dimensión explorada y los indicadores correspondientes, representan un índice relativamente bajo, cercano al 15% de la población, reforzando lo expuesto anteriormente, que la mayoría de adolescentes se considera capaz de afrontar situaciones problemáticas. En los cuatro indicadores correspondientes a la dimensión, se encontró una tendencia positiva de acuerdo a las respuestas obtenidas. Los índices demuestran que, frente a cada indicador, alrededor del 50% de la población responde “siempre”; y entre ellos, se destaca el tercer indicador con un 73,5% de la población que airma enfrentar las situaciones de la vida a pesar de la diicultad de las mismas. Además, cabe destacar Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 213 Nivel de resiliencia de adolescentes de 14 a 20 años en privación de libertad en tres centros educativos que este indicador es el que presenta en menor medida disposición resiliente nula y débil, con apenas un 6,6% de personas que responden nunca y casi nunca. Luego de realizar la comparación de los resultados obtenidos a través del inventario de índole cuantitativa, con las respuestas de las entrevistas de índole cualitativa, se observa que los mismos coinciden en términos generales. Se puede observar que en el primer reactivo “busco el apoyo de otros cuando necesito de su ayuda” en el análisis cuantitativo, más de la mitad de la población airma que busca apoyo en los demás concordando con las respuestas de las entrevistas, en las cuales se observa que cerca de la mitad de los entrevistados (8 personas de 17) airma que busca ayuda y generalmente lo hace con su familia y en menor medida con amigos y otras personas, entre los que se pueden mencionar vecinos y agentes de derechos humanos. Se concluye que los y las adolescentes poseen un nivel de disposición a la resiliencia medio/elevado, concordando así con lo expuesto por Monciaux (2005) y Lorenzo (2010), quienes airman que para que una persona sea resiliente, necesita pasar por alguna situación riesgosa y así fortalecer sus factores protectores. Otra dimensión que se destaca es la perseverancia, la cual posee un mayor número de respuestas positivas, demostrando que los y las adolescentes se esfuerzan para lograr las metas que se proponen a pesar de las diicultades presentadas en el trayecto, tratando constantemente de mejorar sus vidas y luchando hasta conseguir lo que quieren. Esto demuestra que a pesar de la situación de encierro y vulnerabilidad en la que se encuentran estos adolescentes, los mismos persisten en sus acciones para lograr lo que desean, buscando obtener una mejor calidad de vida tanto dentro del centro educativo como al momento de su reinserción a la sociedad. Se podría considerar que la capacidad de resiliencia media y elevada que se observó en los adolescentes en privación de libertad, se desarrolló en función al nivel de riesgo de la situación por la que están pasando. No obstante, la promoción de la resiliencia debería convertirse en una práctica común y de acción prioritaria no sólo por parte de las autoridades de los centros, sino de las familias de origen en favor de la calidad de vida de la comunidad, debido a que la resiliencia aporta una mirada esperanzadora y optimista. Estos resultados podrían deberse además a la etapa de crecimiento y desarrollo en que se encuentran, puesto que la adolescencia es un periodo de cambios y transformaciones que permite el crecimiento personal y progresivo en una interacción con la sociedad; tiempo en el que los y las adolescentes desarrollan su nivel de madurez, adquiriendo una identidad propia dentro del contexto social. Lo que demuestra que, a pesar de encontrarse ante situaciones adversas, éstos pueden desarrollarse psicológicamente sanos y exitosos mediante su capacidad de resiliencia, la que les permite seguir proyectándose en el futuro frente a condiciones de vida desfavorables. 214 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 María Virginia Abente Ojeda , Luciana Agostina Ratti Fretes A partir de este estudio, se recomiendan futuras líneas de investigación que podrían llevarse a cabo sobre el tema, así como métodos que resultarían eicaces: • Comparación con una población conformada por adolescentes de 14 a 20 años no privada de libertad, como estudiantes de 3er ciclo y Nivel Medio de una institución educativa. • Relación entre el tiempo de institucionalización de los internos y su capacidad resiliente. • Análisis sociodemográico de la población adolescente privada de libertad y su relación con la capacidad resiliente. • Correlación entre la capacidad de resiliencia y la situación judicial de los y las adolescentes, comparando grupos de adolescentes con prisión preventiva y con condena. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 215 María Virginia Abente Ojeda , Luciana Agostina Ratti Fretes Referencias bibliográficas Agaibi, Christine y Wilson, John. 2005. “Trauma, PTSD, and resilience: A review of the literature”, Trauma Violence and Child Abuse, 6, pp. 195-216. Gaxiola Romero, José; Frías Armenta, Martha; Hurtado Abril, Maira; Salcido Noriega, Luis; Figueroa Franco, Magdalena. 2011. “Validación del Inventario de Resiliencia (IRES) en una muestra del noroeste de México, Enseñanza e Investigación en Psicología, 16 (1), pp. 73-83. Kotliarenco, María Angélica; Cáceres, Irma; y Marcelo Fontecilla. 1997. Estado del arte en resiliencia, Washington, Organización Panamericana de la Salud. Lazarus, Richard y Susan Folkman. 1984. Stress, appraisal and coping, New York, Springer. Lorenzo, Roberto. 2010. Resiliencia: Nuestra capacidad de recuperación ante los obstáculos, Buenos Aires, Andrómeda. Monciaux, Michel. 2005. La resiliencia: resistir y rehacerse, Barcelona, Gedisa. Quintero, Ángela. 2005. “Resiliencia: contexto no clínico para trabajo social”, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud, (3), pp. 73-94. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 217 BIBLIB: 0251-2483 (2015), 219-244 LA POLÍTICA NACIONAL DE SALUD MENTAL Y LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ASUNCIÓN. Enviado: 02/03/2017 Aceptado: 24/05/2017 Claudia Pacheco1, Fernando Hamuy2 y Javier Mendoza3 Resumen El presente artículo busca describir la implementación de las políticas de salud mental en el Paraguay, a través de las experiencias de usuarios y personal del Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Asunción, centro de mayor referencia nacional, en cuanto a servicios y recursos. La misma se basa en resultados de un estudio local realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Se desea relacionar dicha experiencia con la teoría de la institucionalización, la normalización y la exclusión social de personas con discapacidad psicosocial, realizando un contraste con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la búsqueda de la autonomía individual como objetivo de los procesos de rehabilitación. Palabras clave Hospital Psiquiátrico, discapacidad psicosocial, políticas de salud mental, institucionalización, normalización, exclusión social. 1 2 3 Licenciada en Psicología por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y Master en Educación por la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Coordinadora de proyectos en organizaciones de la sociedad civil, así como educadora e investigadora. Licenciado en Psicología por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Investigador y coordinador de proyectos en organizaciones de la sociedad civil. Licenciado en Psicología por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Investigador y técnico de proyectos en organizaciones de la sociedad civil. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 219 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción Abstract his article seeks to describe the implementation of mental health policies in Paraguay, through the experiences of users and staf of the Psychiatric Hospital of the city of Asunción, the greatest national center in terms of services and resources. It is based on the results of a local study conducted by the National Mechanism for the Prevention of Torture. he desire is to link this experience with the theory of institutionalization, normalization with social exclusion of people with psychosocial disabilities. Making a comparison between the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the search for individual autonomy as an objective of the rehabilitation process. Keywords Psychiatric Hospital, psycosocial disability, mental health policies, institutionalization, standardization, social exclusion. 220 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza 1. Introducción El presente artículo se basa en los hallazgos del estudio del 2016, inalizado en el 2017, promovido por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes4 (MNP) denominada “Legislación, Derechos Humanos, y su relación con la calidad de vida de las personas diagnosticadas con enfermedades mentales que se encuentran institucionalizadas en hospitales psiquiátricos y/o instituciones de encierro del Paraguay”, la cual fue realizada en el marco de los Fondos Concursables de Proyectos de I+D del fomento a la investigación cientíica de CONACYT. Si bien el mismo contempló una serie de aspectos, mayormente centrados en describir la calidad de vida de los usuarios del servicio, el presente artículo rescata aquellos elementos vinculados al enfoque de atención, desde el contraste de las políticas públicas y el discurso versus su aplicación en la práctica. El presente artículo tiene como objetivo el analizar la implementación de las políticas públicas de salud mental; basándose en las experiencias de los usuarios y el personal del Hospital Psiquiátrico de la ciudad de Asunción, centro de mayor referencia, en cuanto a servicios y recursos. Con esto se busca el sinceramiento del alcance de dichas políticas en la práctica. 2. Metodología del estudio base El enfoque utilizado en la investigación fue mixto, de corte transversal y exploratorio, donde se buscó no solo la revisión de estadísticas y bases de datos existentes (documentos oiciales) sino explorar con mayor profundidad la información, a través del rescate de las percepciones de los entrevistados, investigando desde la realidad subjetiva de las personas, atendiendo a las limitaciones implícitas acerca de la generalización de los resultados (Hernández Sampieri, 2010). Fue de tipo exploratorio, ya que no se identiicaron trabajos similares previos. Así como de corte transversal, ya que el levantamiento de datos correspondió a un determinado tiempo y población (Ídem). En la misma se ha podido relevar datos de cuatro servicios de atención dentro del 4 Institución del Estado paraguayo con autarquía funcional, creada por Ley 4288/11, conforme al mandato del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Esta entidad tiene como función primordial prevenir prácticas de torturas y colaborar con la protección de las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Entre estas se encuentran las personas con trastornos mentales, denominadas actualmente personas con discapacidad psicosocial. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 221 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción Hospital Psiquiátrico: Urgencia, Corta Estancia, Atención a Usuarios Agudos, y Atención a Usuarios Crónicos. En el presente estudio se plantearon dos objetivos especíicos. El primer de ellos, orientado a la evaluación de la calidad de vida de los usuarios del Hospital Psiquiátrico, y el segundo pretendía formular recomendaciones y sugerencias a in de lograr el mejoramiento del sistema de la salud mental. Para la toma de datos se realizó una selección de participantes basada en el proceso de observación naturalista, vinculada en forma directa a las personas involucradas en cada uno de los espacios observados. Se entrevistó a un total de 16 usuarios; 2 mujeres y 3 varones de la sala de Corta Estancia, 3 mujeres y 2 varones de las salas de Agudos; y 2 mujeres y 4 varones de las salas de usuarios Crónicos. En cuanto a entrevistas al personal, se entrevistó a 2 psicólogos, 6 enfermeros, 2 médicos residentes, 3 psiquiatras y 2 trabajadores sociales. Por último se entrevista de manera complementaria, a 12 autoridades y referentes profesionales, tanto del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, así como del Hospital Psiquiátrico. 3. Un abordaje a conceptos claves Es importante, en primer lugar, deinir a los usuarios del servicio del sistema nacional de salud mental como personas con discapacidad psicosocial, la cual puede ser entendida como una limitación producida por “disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar una o más actividades cotidianas o para ejercer sus derechos humanos” (ISSSTE, 2016: p.2), la que debe distinguirse de la discapacidad intelectual. Esta terminología surge como derivación de las relexiones realizadas desde la incorporación del enfoque de derechos humanos al enfoque médico, y se la describe de la siguiente manera: [la] restricción causada por el entorno social y centrada en una deiciencia temporal o permanente de la psique debida a la falta de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado de las siguientes disfunciones mentales: depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad, trastornos generalizados del desarrollo (autismo y Asperger), trastorno por déicit de atención con hiperactividad, trastorno de pánico con estrés post-traumático, trastorno fronterizo, esquizofrenia, trastorno esquizo-afectivo, trastornos alimentarios (anorexia y bulimia) y trastorno dual (que es una de estas disfunciones pero con una o más adicciones) (DIF, s/f: p. 23). 222 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza Este concepto reemplaza a anteriores como “enfermedad mental”, “trastorno mental” o “loco”, y se construyó en los años 60, como parte de una iniciativa de personas con discapacidad del Reino Unido denominada “Social Disability Movement”, y se valida en su inclusión en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en vigencia desde mayo del 2008 (habiendo sido ratiicada por Paraguay como Ley No. 3540/08 ese mismo año). Este es el primer documento jurídico en reconocer a la persona con discapacidad psicosocial como sujeto de derechos. Al decir de Verdugo (2001) este cambio conceptual busca generar un nuevo modelo de atención integral, en donde las instituciones sean quienes adapten sus servicios a las necesidades especíicas de los distintos usuarios en lugar de lo contario. Este nuevo enfoque se denomina el modelo centrado en la persona, busca establecer intervenciones que logren mejorar la calidad de vida de los usuarios y sus familias, reconoce a la persona como sujeto individual activo y partícipe de su propio proceso y en consecuencia, de su recuperación. Este cambio conceptual generó una serie de revisiones y tensiones en diversos ámbitos, sociales, políticos y jurídicos, las cuales hasta la fecha se podría hipotetizar, no han logrado resolverse en su totalidad. Uno de los motivos que sirven para graicar las tensiones, es el hecho de que hasta la fecha el poseer una discapacidad psicosocial sigue implicando cierto grado de estigma social. En este sentido encontramos una primera deinición de Jones et al. (1984, citado en Muñoz y Crespo, 2009: p.12) donde el mismo deine a la “locura” como “una marca (atributo) que vincula a la persona con características indeseables (estereotipos)”. Staford y Scott (1986, citado en Muñoz y Crespo, 2009: p.12), avanzan en construir la relación de la discapacidad psicosocial con el estigma, al relacionarlo con el concepto de normalidad, deiniéndolo como “una característica de las personas que resulta contraria a la norma de una unidad social, considerando como norma una creencia compartida dirigida a comportarse de una forma determinada, en un momento preciso”. Y por último Croker, Major y Steele (1998, citado en Muñoz y Crespo, 2009: p.12), caracterizan a los individuos estigmatizados, como aquellos que poseen “algún atributo o característica que conlleva una identidad social la cual es devaluada en un contexto social particular”. Las personas con discapacidad psicosocial son generalmente estigmatizadas cuando características tales como, la peligrosidad, comportamientos violentos, la impredecibilidad de su carácter, su incompetencia e incapacidad para tareas básicas, y la falta de control, utilizadas por la sociedad para deinirlos. Por lo general esto genera una marcada diicultad en la inclusión social de las personas con discapacidad social y sus Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 223 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción familias; exponiéndolas a situaciones de exclusión en distintos niveles (comunidad, sistema laboral, acceso a servicios o derechos). Lo que puede ser interpretado como un círculo vicioso donde los mismos se asocian a factores de riesgo tales como comportamiento de auto-exclusión y/o conductas auto-punitivas (Twenge, Catanese, Baumeister, 2003), generando un quiebre con aquellas personas consideradas normales, con la imposibilidad de seguir con patrones de conductas aceptadas. Históricamente los manicomios (del griego manía (locura) y komion (lugar)) nacen enmarcados en satisfacer la necesidad de ser un mediador entre las personas normales y las que se vinculaban a características citadas en el párrafo anterior, ya que como lo relata Foucault en la “Historia de la locura en la Época Clásica” (1993: p.13); a principios del siglo XIX “por razones muy diversas, los locos podían ser segregados de la comunidad o, peor aún, eliminados por los medios más insólitos, como entregarlos a los marineros para que se los llevaran lo más lejos posible a un destino incierto, en la enigmática Nave de los Locos”. Sacristán (2009: s/p) sostiene que con el avance de la ciencia y la psiquiatría moderna el manicomio se constituyó en un espacio “destinado a cuidar, tanto en el sentido de atender como en el de vigilar, a peligrosos y diferentes”. El mismo autor relexiona sobre la paradoja del manicomio al airmar cuanto sigue: “este lugar de la locura ha sido percibido como un espacio para silenciar a todos aquellos cuya manera de pensar, sentir o comportarse resulta intolerable o amenazante para la sociedad” (ídem). Por institucionalización se considera lo propuesto por Castel 1984, Gofman 1981, Goldchuk y Casella 1992, Ingleby 1982 (citado por Cañete y Kalinski, 2006: p.2) donde las personas en situación de reclusión, por lo general, en psiquiátricos y cárceles, deben asumir como reglas propias (individuales) las normas internas, de las instituciones totales, como una forma de adaptación a la imposición de una situación extraña, de forma tal que la identidad previa de los internos quedaba sepultada bajo la que se abría paso con el correr del tiempo. Un concepto relevante al manicomio como espacio de institucionalización, es la normalización vista desde la ilosofía de Michel Foucault, al conceptualizarla como “un sistema inamente graduado y con intervalos medibles en los cuales los individuos pueden ser distribuidos alrededor de una norma, una norma que a la vez organiza y es el resultado de su controlada distribución” (citado en Marulanda, 2007: p.49). Los manicomios se podrían encasillar dentro del concepto de instituciones totales de Gofman (1970), quien las clasiica en cinco tipos: a) 224 Las creadas para cuidar de las personas que padecen de algún tipo de incapacidad y al mismo tiempo son inofensivas, como serían los hogares para ciegos, ancianos, huérfanos e indigentes, Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza b) Instituciones creadas para cuidar de aquellas personas incapaces de cuidarse a sí mismas pero que al mismo tiempo se constituyen en una amenaza involuntaria para la comunidad, es el caso de los hospitales de enfermos infecciosos, leprosarios y hospitales psiquiátricos, c) Las constituidas con el in proteger la comunidad contra quienes son una amenaza para ella de forma intencional, por lo que estos establecimientos no se proponen como objetivo inmediato el bienestar de sus internos; estos recintos serían cárceles, presidios, campos de trabajo y de concentración, d) Instituciones destinadas al mejor cumplimiento de una tarea laboral como serían los cuarteles, las escuelas de internos, diversos tipos de colonias, y por ultimo e) Establecimientos concebidos como refugios del mundo, que sirven también para la formación de religiosos, como lo serían conventos, monasterios, abadías, entre otros. En el contexto de la paradoja de manicomio como espacio de cuidado y rehabilitación y a la vez de reclusión, la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, aboga por la desmanicomialización, ya que, al decir de Sarraceno y Montero (1993, citado en Hernández Monsalve, 2011) todo proyecto de rehabilitación y reinserción, debe darse en el marco de una intervención profesional y a través de las redes sociales naturales. Siendo el mayor reto de este proceso, según Ortiz Lobo (2013), encontrar el equilibrio entre la provisión y medida más adecuada del “apoyo” para que la persona con discapacidad pueda enfrentar el proceso de recuperación y logre potenciar su nivel de autonomía. Se entiende por verdadera autonomía a la capacidad de las personas de vivir de manera independiente, de que la persona “sea dueña de su propia vida y que decida sobre las cosas que le preocupan y le interesan” (Down España, 2013: p.7). En la búsqueda de la consecución de dicho objetivo la rehabilitación psicosocial, como lo señala Hernández Monsalve (2011: p.296), alude a una serie de estrategias, con una visión holística, encaminadas al “desarrollo, recuperación y potenciación de capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes de funcionamiento psicosocial, básicas para poder mantener a la persona en su entorno familiar y social en unas condiciones lo más ‘normalizadas’ e independientes posibles”. La misma se reiere a un conjunto de estrategias para afrontar las diicultades para el desempeño de la vida diaria de las personas que presentan problemas persistentes de salud mental de suiciente gravedad, como para limitar el desarrollo de su vida diaria y de sus objetivos personales. El problema de la discapacidad psicosocial no está limitado únicamente a la persoEstudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 225 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción na, involucra también a la familia, a la comunidad, a la sociedad y a la cultura en general. En este sentido, y al decir de Sarraceno y Montero (1993, citado en Hernández Monsalve, 2011) todo proyecto de rehabilitación y reinserción, debe darse en el marco de una intervención profesional y a través de las redes sociales naturales. 4. El hospital Psiquiátrico: las políticas públicas y su práctica 4.1. ¿Cuál es el marco de aplicación de la Salud Mental en Paraguay? La Red Integrada e Integral de Servicios de Salud (RIISS) surge en febrero de 2014, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de servicios públicos de salud, buscando su fortalecimiento a través de la gestión territorial, y consiste en “un conjunto de servicios de salud vinculados entre sí por su misión única, por objetivos comunes y funcionamiento cooperativo e interdependiente, que permiten ofrecer atención continua e integral a la población, de forma humanizada, segura y con equidad” (MSPyBS, 2015: pp.13-14). Regida por el principio de universalidad, el cual señala que todos los habitantes de un país deben ser alcanzados por el sistema de salud, la RIISS está orientada por la Estrategia de Atención Primaria de Salud (APS), lo que signiica que aborda la salud: en su entorno ambiental, socio-económico y cultural, considerando los determinantes sociales de la salud, estudiando las características demográicas, epidemiológicas, sociales y culturales de la población a cargo y realizando acciones integrales de promoción, prevención, curación, rehabilitación y cuidados paliativos (Ibídem, p.27). Para lograr lo expuesto anteriormente, la RIISS se organiza en 3 niveles: a) El primero se considera al contacto inicial o la entrada al sistema de salud. Es el que está más próximo a la población, se centra en servicios de baja complejidad y está conformada por las Unidades de Salud Familiar de tipo estándar, las móviles, las satélite y las ampliadas. b) El segundo consiste en servicios de mediana complejidad como la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía general, está conformado por los Hospitales Distritales. c) El tercer nivel de la red ofrece servicios de alta complejidad reservados para atender situaciones especíicas, de poca prevalencia, como son patologías complejas que necesitan de cuidados especializados y equipo de alta tecnología. Está conformado por los Hospitales Regionales, Nacionales, Generales y Especializados, así como otros Institutos, donde se sitúa el Hospital Psiquiátrico. Otra cuestión a tener en cuenta es la Política Nacional de Salud Mental 2011-2020, 226 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza elaborada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, dentro del marco de las “Políticas Públicas para la Calidad de Vida y la Salud con Equidad 2008-2013”, aprobada por el Poder Ejecutivo el 31 de diciembre de 2010. Busca la superación del modelo hospitalocéntrico–manicomial (desmanicomialización), planteando un abordaje comunitario de la salud mental y fundado en el respeto a los derechos humanos, siendo una de sus propuestas paradigmáticas: Garantizar la continuidad del cuidado de los ciudadanos y ciudadanas con trastornos mentales, tanto en sus comunidades como en el Sistema Público Nacional de Salud a través de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS): Red de Atención Primaria, Red de Atención Especializada, Red de Atención Hospitalaria y Red de Atención a las Urgencias, como principales y Red de Apoyo diagnóstico, de Vigilancia de la Salud, de Asistencia Farmacéutica, de Rehabilitación-Órtesis y Prótesis como complementarias. La continuidad del cuidado implica también que un equipo de salud sea responsable del seguimiento, acompañamiento y tránsito de las personas por las RISS cuando sea necesario (MSPyBS, 2011: p.30). Uno de los principios fundamentales de la Política Nacional de Salud Mental 2011 – 2020 es el derecho de los usuarios a ser atendidos y tratados en sus comunidades, por lo que propone una reestructuración de la Atención Psiquiátrica, ya que considera que el Hospital Psiquiátrico, como única modalidad asistencial aísla a los usuarios de su medio, generando mayor discapacidad psicosocial y crea condiciones desfavorables que apeligran los derechos humanos de los usuarios, un enfoque que deviene de la Declaración de Caracas 1990. “Nosotros estamos queriendo fortalecer un hospital monovalente. La opción uno es fortalecer consultorios, una atención monovalente de agudos y agudas, tener una sala de contención para las fases más críticas y hacer una reingeniería del manejo de pacientes crónicos” (Asesor técnico del Hospital Psiquiátrico). El modelo de atención psicosocial propuesto por la política nacional estipula que: es un proceso complejo que tiene como in recuperar la condición de sujetos de derecho de las personas que sufren encierro en los manicomios por enfermedad mental crónica. Permite superar la deuda social, los restos de una herencia autoritaria, iniltrada e instalada en la cultura de nuestro pueblo con graves consecuencias en el modo de relacionamiento social (MSPyBS, 2011: p.22). El mismo documento plantea que la desmanicomialización se trata de un proceso cultural, no reducido únicamente al Hospital Psiquiátrico: Signiica incluir en el desarrollo de las políticas de salud mental un multiverso de voces que abarque la de los profesionales de la salud, de la sociedad civil, fundaciones y organizaciones que trabajan en el área. Signiica desmontar el discurso hegemónico, re- Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 227 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción duccionista y biológico para sustituirlo por otro de carácter participativo, incluyente de otras disciplinas cientíicas y saberes populares. Y signiica también rescatar las buenas prácticas, las respuestas efectivas que las propias comunidades utilizan para resolver los problemas relacionados a la salud mental (Ídem). Detrás de esto se encuentra el objetivo de que los servicios de salud mental, se constituyan en un espacio que busca reducir el estigma social asociado a las personas con discapacidad psicosocial, y la exclusión social que tiene como consecuencia. “Los pacientes no se quieren quedar en su ciudad por el estigma” (Directora del Hospital Psiquiátrico). “No solo es importante la ley sino hacer algo en relación a la estigmatización y la discriminación y negación de la discapacidad psicosocial. Sobre todo, con adultos mayores” (Directora del Instituto de Bienestar Social). A la desmanicomialización cultural, se debe sumarle la edilicia, que se traduce en la intención de reducir el nivel de internación y favorecer modelos de servicios ambulatorios con base comunitaria; a lo que se suma la desmanicomialización presupuestaría, relacionada a redestinar los fondos con los que se cuenta para así lograr la implementación efectiva de políticas con base en Derechos Humanos. 4.2. Institucionalización de personas con discapacidad psicosocial Sin embargo, al revisar el “Directorio de Servicios de Atención a la salud mental en la Red Integrada de Servicios de Salud” de diciembre de 2015, por ejemplo no se tienen registros de psiquiatras en los departamentos de San Pedro, Canindeyú, Pdte. Hayes, Alto Paraguay y Boquerón; por lo que las personas que viven en estos lugares del país no tienen acceso a atención psiquiátrica en sus comunidades, lo que puede entenderse como la imposibilidad del cumplimiento, en la práctica, de los principios del política nacional, ya que siguen viéndose obligadas a buscar atención en el Hospital Psiquiátrico, desapegándose de su comunidad y perdiendo el contacto con su familia y allegados, propiciando así el proceso de institucionalización, tal como se puede observar en las siguientes dos frases de participantes de la investigación: “No hay ningún centro de internación en el interior. Casi todos los pacientes de esta sala son del interior, el 90% aproximadamente” (Psiquiatra en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Un paciente que viene del interior sale del sistema, su juzgado está en Pilar, nosotros no tenemos recursos para trasladarlo, su familia se desentiende con la excusa de que está en el hospital por orden judicial” (Asesoría jurídica del Hospital Psiquiátrico). 228 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza Este último dato es el primer elemento que permite airmar, que más allá de la isiología de atención y desmanicomialización de la política actual de salud mental, el hospital psiquiátrico sigue siendo la única modalidad asistencial, lo que sigue perpetuando modelos anteriores. En el año 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), impuso medidas cautelares al Estado paraguayo por violaciones a los Derechos Humanos de personas en sufrimiento mental internadas en el Hospital Psiquiátrico. En el año 2005, la Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), irmaron un acta con el Estado paraguayo ante la CIDH. La misma contenía los compromisos asumidos por el Estado para llevar a la desinstitucionalización gradual, reducción del número de internados, fortalecimiento paralelo de los servicios de salud mental de base comunitaria y promulgación de una ley garante de los derechos de las personas con trastorno mental. Para su cumplimiento se estableció un plazo de cinco años. Entre los años 2007 y 2008, la CIDH volvió a evaluar las condiciones del Hospital Psiquiátrico, con base en dicha evaluación el 30 de julio de 2008 impuso nuevamente medidas cautelares a favor de las personas internadas. El Estado Paraguayo, en respuesta a las medidas cautelares, centró sus acciones en la mejora de las condiciones de habitación y tratamiento de las personas internadas en el Hospital Psiquiátrico, pero éstas se limitaron a las mejoras de las condiciones de la infraestructura del Hospital y no se registran mejoras en el problema de la numerosa población hospitalaria, la falta de diagnósticos, tratamientos adecuados, programas de rehabilitación, ampliación y fortalecimiento de servicios de salud mental de base comunitaria, entre otros. Así como tampoco se crearon espacios de rehabilitación (u hogares sustitutos) fuera del hospital. “Tenemos 6 hogares, el proyecto era crear 1 por año, pero desde 2010 aproximadamente no se crean más hogares” (Dirección médica del Hospital Psiquiátrico). En la actualidad se cuenta con seis hogares sustitutos, dos de ellos ubicados dentro del departamento Central, (Limpio, Luque), uno en San Ignacio, Misiones y otro en Hernandarias, Alto Paraná, así como dos en Asunción. Esto, bajo ningún aspecto se traduce en la necesaria descentralización territorial de los servicios, no satisface la demanda, así como tampoco logra cumplir con el deseado cambio de paradigma de atención: “Hay muy pocos hogares, y funcionan con muchos problemas” (Directora del Instituto de Bienestar Social). “Ahora estamos preparando un paciente para ir a un hogar sustituto. Todos los pacientes que están en esta sala pueden estar en un hogar sustituto” (Psiquiatría de Sala Crónicos del Hospital Psiquiátrico). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 229 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción Un dato importante a señalar es que en el Paraguay aún no se cuenta con una Ley de salud mental, siendo uno de los 19 países (de 35) de Latinoamérica y el Caribe que no poseen una ley. 4.3. ¿Quiénes son los usuarios del Hospital Psiquiátrico? “La mayoría de los pacientes no tiene un criterio médico para estar acá, deberían estar en su comunidad” (Directora del departamento de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico). Uno de los principios fundamentales de la Política Nacional de Salud Mental 2011 – 2020 es el relacionado a la admisión de pacientes, que propone que el acceso a una institución psiquiátrica se realice de la misma forma que el ingreso a cualquier otro establecimiento de salud ante situaciones de enfermedad. Esto se traduce en la intención de que la internación sea el último recurso implementado en procesos de tratamiento a padecimiento. En el caso particular del Hospital Psiquiátrico de Asunción, la admisión se realiza en el servicio de Urgencias, evaluando a las personas con el in de determinar si son o no admisibles. Para esto se cuenta con tres habitaciones, dos de ellas para cuatro personas cada una, y una sala para casos especiales, como por ejemplo adolescentes. En promedio los usuarios pueden permanecer entre 24 a 72 horas en observación, para luego ser dados de alta o ser internados en alguno de los otros tres servicios ofrecidos por la institución: a) Salas de Corta Estancia: Donde se derivan a los usuarios que requieren de una breve internación para luego ser dados de alta. Es importante destacar que este servicio es exclusivo para personas que estén acompañadas por sus familiares, debido a que se busca mantener el vínculo y hacerlos partícipes del proceso. Cuenta con 8 habitaciones preparadas para dos usuarios y sus respectivos acompañantes, se estima que el promedio de estadía en este sector del Hospital Psiquiátrico es de 15 días a 2 meses. b) Servicio de Agudos: Está destinado a las personas con crisis agudas y a los más violentos de la institución, tiene por objetivo compensar y estabilizar a los usuarios para su posterior recuperación. Cuenta con una sala para varones con 35 camas y otra para mujeres con 34 camas, ambas tienen celdas de contención individuales para aquellas personas internadas que tengan riesgo hetero y auto-agresividad. c) 230 Salas para usuarios Crónicos: es muy poco frecuente que se derive a una persona desde Urgencias a este servicio, puesto que aquí se encuentran usuarios que llevan mucho tiempo en la institución. Según el personal de la institución Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza consultado, este servicio tiene por objetivo brindar una internación más prolongada a aquellas personas que no cuentan con contención familiar. Existen 4 salas para varones y 2 para mujeres, en promedio albergan de 30 a 40 usuarios cada una. La gran mayoría de las personas que están en este servicio viven en el hospital hace 20 o 25 años. El principio 4 de la Política deine la determinación de una enfermedad mental, a partir de normas médicas aceptadas internacionalmente, por lo que no se deberían considerar factores determinantes de diagnóstico a, por ejemplo, conlictos familiares y/o profesionales, judiciales, así como tampoco a la falta de conformidad con los valores morales, sociales, culturales, políticos o religiosos dominantes de su comunidad. Es el criterio médico el que debe imperar. Además el mismo documento contempla que el hecho de tener historial de tratamientos no debería bastar, por sí solo, para justiicar la determinación de una enfermedad mental en la actualidad. Este factor, o criterio, desde la percepción de distintos actores no condice con la situación del Hospital Psiquiátrico en la actualidad, ya que existiría un porcentaje relevante de personas internadas sin cumplir los criterios médicos necesarios para estar internados, como lo expresa el siguiente testimonio: “Existen usuarios que están en el hospital por cuestiones que no están relacionadas a su salud mental, por ejemplo, por cuestiones de herencia, dinero, litigios familiares. La ley es muy ambigua” (Psicólogo en área de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico). Un elemento ligado a la política de admisión hace hincapié en hacer todo lo posible por evitar una admisión involuntaria, lo que debería suceder solo ante casos que realmente lo necesiten. Lo que se establece utilizando los siguientes criterios: a) Que debido a esa enfermedad mental existe un riesgo grave de daño inmediato o inminente para esa persona o para terceros; o b) Que, en el caso de una persona cuya enfermedad mental sea grave y cuya capacidad de juicio esté afectada, el hecho de que no se la admita o retenga puede llevar a un deterioro considerable de su condición o impedir que se le proporcione un tratamiento adecuado que sólo puede aplicarse si se admite al paciente en una institución psiquiátrica de conformidad con el principio de la opción menos restrictiva (MSPyBS, 2011: p.48). Si bien no se pudo acceder a estadísticas sobre esta tipología tipo de ingreso, la percepción del personal de la institución sobre la cantidad de ingresos voluntarios versus involuntarios, indicaría la imposibilidad de cumplir lo establecido por la política nacional: “Es muy raro ver un ingreso voluntario; la mayoría ingresan involuntariamente” (Trabajador social en sala de Urgencias del Hospital Psiquiátrico). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 231 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción La “Guía de Criterios de Admisión y Manejo de Personas con Trastornos Mentales” (PICU), es un documento que se encuadra en los criterios internacionales de la atención integral, el cual busca sistematizar, con criterios, el proceso de admisión a las unidades de salud mental. El mismo acata las recomendaciones de las organizaciones internacionales tanto de salud mental, como de defensa de los derechos humanos. Esta guía estipula que la admisión está indicada solamente a usuarios considerados de alto riesgo. Para determinar esta condición se requiere de una evaluación médica basada en criterios prestablecidos, de orden estrictamente médico-psiquiátricos, los cuales son: a) Juicio gravemente deteriorado y algunos factores de riesgo. b) Las consecuencias de cometer algún delito o crimen son graves y están relacionadas a su condición psiquiátrica (MSPyBS, 2013, p. 12). Así mismo, la guía deine los factores de exclusión a la admisión o internación, entre los que se pueden destacar por su falta de su cumplimiento: a) Edad menor de 18 años o mayor a 60 años, b) El usuario puede ser mantenido y efectivamente tratado dentro de un nivel menos restrictivo de atención, c) La conducta del usuario/a, es resultado directo del abuso de sustancias y no está sufriendo una exacerbación de un trastorno mental en el tiempo de la evaluación para su admisión, d) La admisión se encuentra siendo utilizada como alternativa al encarcelamiento, debe ser descartada la simulación de un trastorno mental, e) Usuarios con causas judiciales, al menos de que haya una orden judicial de transferencia, acompañada de un peritaje por psiquiatra forense y la evaluación para la admisión, cumpla con los criterios médicos establecidos (MSPyBS, 2013, p. 14). Sin embargo, en muchos de los casos, los criterios anteriormente expuestos no son cumplidos, ya que en la práctica se siguen realizando internaciones que no tienen que ver con los estándares médicos, sino que responden a cuestiones sociales, vacíos legales o la falta de infraestructura en otros servicios de salud. En muchos casos se hace evidente la omisión a los factores de exclusión. Esto se puede ver claramente en los testimonios recogidos en la investigación: “Hay menores de edad, pero están acompañados por sus padres” (Enfermero en Corta Estancia del Hospital Psiquiátrico). “En esta sala están los pacientes mayores, además algunos pacientes vulnerables 232 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza que son más jóvenes, 2 autistas y 1 con retardo mental. En esta sala tenemos pacientes de condición asilar” (Psiquiatra en crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Adicciones no recibe un paciente en crisis, no tiene urgencia, y a la familia le es más cómodo dejarle acá al paciente” (Psiquiatra en Agudos del Hospital Psiquiátrico). “Todos los pacientes que están en esta sala pueden estar en un hogar sustituto” (Psiquiatra en crónicos Hospital Psiquiátrico). “Se usa el psiquiátrico para zafar de Tacumbú” (Médico residente en Agudos del Hospital Psiquiátrico). Se considera oportuno resaltar que la práctica de ingresar a personas menores de 18 años sigue vigente, lo que ya llevó al país a ser sancionado por la CIDH en el 2003. “Existen menores internados por varios días en una sala especial, fueron derivados por el hospital Acosta Ñu, por agresividad” (Médica en urgencias del Hospital Psiquiátrico). Ante la consulta a referentes sobre el motivo de la existencia de adolescentes en el Hospital Psiquiátrico, éstos reirieron que se trataría de un problema estructural resultante de la ausencia de políticas especíicas para el sector, y como consecuencia de servicios especializados de salud mental para dicho grupo. Por lo que nuevamente el Hospital se convierte en el único recurso disponible para contener dichas situaciones. “Ese impacto es mínimo numéricamente hablando, claro que un caso es un caso y eso es signiicativo, no te puedo dar la precisión exacta de número, pero en líneas generales acá no hay oferta para adolescentes” (Asesor Técnico del Hospital Psiquiátrico). “Es una problemática (reiriéndose a adolescentes en corta estancia), eso sabe la dirección general, el tema de menores de edad, ellos necesitan un espacio diferente. El hospital Acosta Ñu tiene una unidad, pero cuando el cuadro es muy severo nos derivan… muchas veces los enfermeros no tienen capacitación de manejo de enfermos psiquiátricos. Nosotros recibimos al adolescente, lo compensamos farmacológicamente, se hace la contención y se deriva al Acosta Ñu o a la cátedra de psiquiatría, solo que cuenta con pocas camas. Lo ideal sería tener una Unidad de Niños y Adolescentes, y tener una Unidad Geriátrica, esa es la tendencia mundial” (Director Médico del Hospital Psiquiátrico). “Se debe pensar en el sistema de salud (clínicas por ejemplo) para enviar a adolescentes y ya no al Psiquiátrico, se debe resolver en los hospitales. Los que nos llegan tienen el consentimiento de las familias y se agotaron todas las instancias” (Directora del Hospital Psiquiátrico). A esto se le suma la posible causal de aquellas personas ingresadas por motivos Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 233 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción judiciales, donde el criterio que prima para tomar la decisión es el jurídico-legal y no así el médico psiquiátrico. De esta situación se puede inferir que el Hospital Psiquiátrico es utilizado como una alternativa a la prisión formal, centrándose recluir a los individuos (cumplir condena). Esta práctica no está vinculada a la búsqueda de la rehabilitación o tratamiento de este grupo de personas, donde si bien, pudiese existir un diagnostico vinculado a la discapacidad psicosocial, no se cumplen criterios básicos de internación. “Uno de los principales problemas que tenemos son los pacientes judiciales, porque ya están de alta pero tienen que cumplir condena” (Médico Residente en agudos del Hospital Psiquiátrico) “Al servicio, ingresan los pacientes más descompensados, pacientes en crisis. También pacientes con orden judicial, que no tienen criterios internación, ingresan al servicio por riesgo de fuga” (Psiquiatra en agudos del Hospital Psiquiátrico). “Muchas veces los pacientes son traídos por la policía, tenemos información de que son los mismos policías los que recomiendan a las familias ‘anda denunciale que agredió’, sin que dicha agresión haya existido, para que entonces intervenga la iscalía” (Psiquiatra en agudos del Hospital Psiquiátrico). A la problemática de la judicialización se suman aquellas vinculadas al consumo, y abuso, de sustancias psicoactivas, y la criminalización de los mismos. “Muchos tienen diagnóstico psiquiátrico, pero no están descompensados. Muchos de los pacientes judiciales son por sustancias. Tenemos 11 pacientes judiciales, de los cuales siete están de alta” (Médico psiquiatra en agudos del Hospital Psiquiátrico). En relación a la judicialización de los casos se observaron elementos que visibilizan la presión del poder judicial hacia el el personal médico, con base en advertencias de jueces a posibles procesamientos por desacato, por cuestionar el ingreso de estas personas ante la falta de criterios médicos para su internación. “Vuelve porque tiene orden judicial, a veces no tiene orden judicial y la policía lo agarra y lo trae. Muchos psiquiatras que se opusieron tuvieron problemas con la ley por desacato” (Directora de la unidad de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico). “Probablemente hubo casos de desacato, pero en este periodo no, ahora hay un poco de apertura. Al atender acá cumplimos con el oicio, y hay informes de que no necesitan internación” (Asesora jurídica del Hospital Psiquiátrico). 234 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza 4.4. ¿Cuáles son las prácticas del Hospital Psiquiátrico y sus consecuencias en los usuarios? Una de las posibles consecuencias visibles de esta práctica de judicialización de la internación es la croniicación de las personas que ingresan sin criterios médicos. “(Referente a un paciente que ingresó con orden judicial sin un trastorno) el adquirió acá un trastorno, el hecho de no salir le afecta, él tiene que salir de acá” (Asesora Jurídica del Hospital Psiquiátrico). “El estar en el psiquiátrico produce deterioro, y los psicoactivos (típicos) deterioran bastante al paciente” (Directora Unidad de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico). Para Parsons (1999, citado en Chuaqui, 2015) la psiquiatría moderna identiicó consecuencias negativas de la institucionalización derivada de la internación prolongada de los usuarios en servicios psiquiátricos. Sus consecuencias serían la minusvalía, la pasividad y obediencia ante los estímulos del medio social, el considerarse como “enfermo”, desde un un rol pasivo, que se traduce en la imposibilidad de autorregularse con miras a una inserción social exitosa. Dichas consecuencias se vinculan en la práctica con las técnicas de la internación descriptas por Gofman (1970), y que presentan los siguientes rasgos: a) Ruptura de las relaciones sociales anteriores lo que provoca exclusión social: Lo que se ve expresado en el relato sobre la experiencia del Hospital psiquiátrico en aspectos tales como el aislamiento de sus relaciones con sus familiares, comunidad o personas signiicativas, visibilizado en las siguientes frases: “En esta sala nadie que entró volvió a salir para una vida en comunidad o familiar. Viven en total abandono” (Enfermero en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Sólo cinco pacientes de los 36 que están en la sala tienen contacto con su familia” (Enfermero en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “No me siento feliz porque este no es mi lugar, no me hallo más lejos de mi ciudad” (Usuario en Corta Estancia del Hospital Psiquiátrico). “Quiero irme, quiero irme por el sufrimiento que me produce el estar acá. Añoro a mi familia. Mi madre es la viene a saludarme, pero no sé cada cuanto tiempo” (Usuaria en sala Agudas del Hospital Psiquiátrico). b) Énfasis en la obediencia pasiva (intentando eliminar reacciones conlictivas): Mayormente visible en lo vinculado a conductas no deseadas, ya sea por su carácter de violencia, o como metodología de control y supervisión. Así como una herramienta para efectivizar el tratamiento médico. “Si te portas mal hay castigo” (Usuaria en sala de Agudas del Hospital Psiquiátrico). Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 235 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción “Si no querés tomar tu remedio; inyectable” (Usuaria en sala de Agudas del Hospital Psiquiátrico). “Si no querés tomar tu remedio te llevan a agudos” (Usuario en sala de Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Los pacientes deben recibir el tratamiento si o si, en caso de negarse se le hace tratamiento parietal (intramuscular). El psiquiatra decide el tratamiento. Si el paciente no quiere internarse se hace un documento de internación no voluntaria” (Enfermero en sala de Crónicos del Hospital Psiquiátrico). c) Avasallamiento del yo, rebaja de la autoestima e internalización del rol de enfermo: Se reiere al proceso interno de pérdida de identidad, que se ve relejado en la ausencia de oportunidades de apropiación y sentido de individualidad, un diferenciarse del otro en base a criterios subjetivos. “Su ropa se mezcló con la de los otros. No hay donde guardar cosas personales” (Usuaria en sala de Crónicas del Hospital Psiquiátrico). “En su mayoría, nadie tiene nada porque no tienen sentido de pertenencia, salvo bombillas o jarras para terere. Tampoco usan su propia ropa” (Enfermero en sala de Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Los usuarios no cuentan con ropa propia, al momento de llevar a lavar las ropas se juntan todas y de forma aleatoria cada uno recibe un conjunto diferente. Las ropas son recolectadas para lavar y luego se lleva a la sala lavada pero cada usuario usa cualquiera... Sus ropas son donadas” (Enfermero en sala de Crónicos del Hospital Psiquiátrico). d) Pérdida de la privacidad: Relacionada a la incapacidad de delimitar el espacio personal, estableciendo límites ante los demás. “No tengo nada de privacidad ni de dinero. Solo un bolso (como el resto de mujeres internas) donde tengo algo de comida” (Usuaria en sala Agudas del Hospital Psiquiátrico). “Acá no hay privacidad, le bañan a todas juntas” (Usuaria en sala Agudas del Hospital Psiquiátrico). e) Papel meramente decorativo o accesorio de las terapias ocupacionales y grupales: Relacionado a la carencia o precariedad de contenido y recursos terapéuticos rehabilitadores de las terapias “alternativas”, con una inalidad especíica basada en la necesidad de cada caso. “Se despiertan, toman su medicación, se les cepilla o se cepillan. Se cambian los colchones y van al patio (algunos) Algunos van a la sala de TV, otros juegan vóley. 236 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza Mucha ociosidad, faltan espacios de lectura, televisión, ajedrez, que hagan cosas que le gustan” (Enfermero en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “En lo referente al área de Rehabilitación del Hospital Psiquiátrico, especíicamente a las tareas de manualidades y demás me parecen que son formas de “entretener” al usuario y entretener sería lo mismo que mantener dentro” (Directora del Servicio Puente). “Me levanto, desayuno, me baño, espero, espero, espero, almuerzo, espero, espero, espero, meriendo, espero, espero, espero, ceno y duermo” (Usuario en Corta Estancia del Hospital Psiquiátrico). El modelo de la internación centrado en el propósito de volver a la persona a la normalidad fuera de su contexto social y dentro de una institución psiquiatra, no puede ser considerado como un modelo de rehabilitación psicosocial real. Se puede visibilizar en relexiones de funcionarios del Hospital psiquiátrico como la internación prolongada produce una “adaptación” a la institución, generando, a la par, un mayor grado de “desadaptación” al contexto social externo, acentuando la exclusión y minusvalía social (Chuaqui, 2015). “Una persona que está crónica es aquella que mantiene una monotonía rutinaria” (Trabajador social del Hospital Psiquiátrico). “Algunos usuarios están todo el día dentro del pabellón” (Enfermero en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Yo siempre digo que si el paciente se quiere fugar es porque está bien todavía, el ambiente acá es tóxico” (Enfermero en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). Esta situación se ve agravada por el enfoque de los servicios de atención, en donde se incluye a la rehabilitación, ya que como se pudo observar a través de los distintos testimonios, lo que se buscaría mayoritariamente es combatir y reducir los síntomas de los usuarios, desde un abordaje bio-medico, así como la contención de usuarios en crisis5, por encima de estrategias que busquen potenciar el nivel de autonomía. “Acá se empieza con una entrevista semiestructurada, el tiempo internación no da para un trabajo de rehabilitación, se hace un abordaje Express. Se ven las debilidades del paciente y se trabaja sobre ellas” (Psicóloga en Corta Estancia del Hospital Psiquiátrico). “En lo referente a rehabilitación, los psiquiatras deciden quién está en condiciones de no perder sus habilidades como seres humanos” (Enfermera en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). 5 Se identificaron en entrevistas con funcionarios tres tipos de contención: Física, Medicamentosa y la Sala de contención. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 237 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción “Principalmente se realiza una intervención en crisis, que consiste en medicación y aislamiento. Por lo general utilizan antipsicóticos; también ansiolíticos, y en algunos casos estabilizadores y anticonvulsivos. Sólo los casos extremos reciben terapia electro convulsiva (cinco pacientes), tres veces a la semana, la cantidad de sesiones depende del criterio psiquiátrico. Nosotros no tenemos condiciones para rehabilitar, sólo para contener” (Psiquiatra en Agudos del Hospital Psiquiátrico). “El 80% de los pacientes más o menos, son pacientes que abandonaron su medicación” (Residente urgencia del Hospital Psiquiátrico). Esto cobra mayor relevancia cuando se toma en consideración la estructura de los servicios de rehabilitación, los cuales solamente cuentan con espacio para 30-35 personas por día, para una población de aproximadamente 300-400 personas. “Los lugares son limitados, máximo acceden 30 a 35 usuarios” (Psicólogo en el área de rehabilitación del Hospital Psiquiátrico). “En esta sala no tienen vida social. Solo realizan actividades de terapia ocupacional algunos seleccionados por el psiquiatra que crea quien es capaz” (Enfermero en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Para la gran mayoría no hay rehabilitación” (Enfermero en Agudos del Hospital Psiquiátrico). La mayor consecuencia negativa del actual funcionamiento del sistema de Salud Mental y su puesta en práctica desde el Hospital Psiquiátrico, es el alto nivel de reingreso, lo que puede ser interpretado como un fracaso del sistema en lograr la inclusión psicosocial de los usuarios del servicio a sus comunidades de origen “En la reinserción (social) 3 de cada 10 responden, el resto reingresa” (Enfermero en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Hay gente que está hace 20 o 25 años en el psiquiátrico, la gran mayoría” (Enfermera en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Estuve en el Neuropsiquiátrico unas 25 veces” (Usuario en sala de Agudos del Hospital Psiquiátrico). Se visibilizó que uno de los mayores elementos por lo que se produciría el fenómeno del reingreso, es la ausencia de la familia o entorno cercano en el proceso de rehabilitación; por lo que si bien puede existir una reducción signiicativa de los síntomas que lleva al alta médico, no se observaron trabajos efectivos en donde se prepare a los usuarios y su familia a afrontar la normalidad del día a día extra muro. En muchos casos esto se debe a cuestiones externas al Hospital Psiquiátrico y vinculadas a la familia, ya sea por motivos geográicos, económicos o voluntad. 238 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza “Muchas veces se puede dar el alta, pero no se puede salir. No pueden salir porque no hay buena contención familiar y no le dan sus medicamentos a tiempo” (Enfermera en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “Se hace el trabajo de rehabilitación, se le prepara al paciente, después viene, le lleva su familia y a los 7 días está de vuelta y vuelve peor de lo que se fue, difícil es si no hay colaboración por parte de las familias” (Enfermero en Crónicos del Hospital Psiquiátrico). “En esta sala nadie que entró volvió a salir para una vida en comunidad o familiar. Viven en total abandono” (Enfermo en Crónico del Hospital Psiquiátrico). 5. Conclusión Es oportuno señalar como un paso importante la instalación de la temática en las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), así como el contar con una política nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud y Bienestar Social (MSPyBS). Aunque se considera que estos avances deberían ser más constantes y permanentes, así como ganar mayor visibilidad al ser la postura oicial del Estado paraguayo en lo relacionado a la atención a personas con discapacidad psicosocial. Si bien se reconoce que su implementación, y los cambios necesarios para ella, requieren tiempo y esfuerzo por su grado de complejidad. Se considera que a nivel de políticas públicas se pudo evolucionar, si bien la práctica aún no ha logrado beneiciarse de ello. Se visibiliza ampliamente en que los criterios de admisión e internación no son respetados, por diversos motivos y no necesariamente vinculados al sistema de salud mental, sino a actores externos (ejemplo ministerio público, poder judicial, familias, sociedad en general). Los datos planteados en el presente artículo ponen de maniiesto la necesidad de descentralizar la atención del Hospital Psiquiátrico, tanto a nivel geográico, como de recurso exclusivo o prioritario del sistema de salud mental, tal como lo plantea la RISS, ya sea a través de unidades especializadas de salud mental en centros asistenciales y hospitales, o desde centros de atención comunitaria, más cercanos a los territorios de los usuarios o vinculados a residencias alternativas para dicho colectivo. Esto plantea la necesidad de analizar exhaustivamente la inversión en programas temáticos, para así plantear estrategias donde la distribución de los fondos pueda ser más inclusiva y abarcativa, que permitan redistribuir la demanda actual del Hospital Psiquiátrico a distintos puntos del sistema nacional de salud. El plan de salud mental, donde estas propuestas están plasmadas en forma especíica y detallada, no aseguró que la presente administración del MSPyBS haya podido Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 239 La política nacional de salud mental y los servicios de atención del hospital psiquiátrico de Asunción aumentar los recursos inancieros y la inversión en modelos centrados en la comunidad y en modelos de prácticas de rehabilitación psicosocial. Tal vez el camino para ello esté en la consecución de una ley de salud mental que plantee de facto fondos gubernamentales asignados a espacios alternativos descentralizados de asistencia, así como la puesta en práctica de alternativas al sistema exclusivo bio-médico; en búsqueda de alternativas que faciliten la inserción de los usuarios del sistema de salud mental en su contexto social natural. Los recursos humanos y económicos centrados en modelos bio-médicos siguen perpetuando un modelo tradicional de profesionalismo, donde el profesional experto determina lo que es mejor para sus pacientes, sin ningún tipo de resguardo o rescate del deseo del sujeto: lo que contribuye en mayor medida a la alienación y deshumanización de las personas con discapacidad psicosocial, perpetuando el estigma social y su exclusión, la rehabilitación con miras a la autonomía personal debe ser el foco de todo tratamiento. Se considera oportuno plantear un análisis en profundidad de este punto, desde el constructo del bio-poder de Michael Foucault, para ahondar en la relación del abordaje netamente bio-médico y su relación con la institucionalización. La centralización del tratamiento y la rehabilitación en un abordaje bio-médico se constituye en un problema importante, que se agrava por la complementación deiciente con otros enfoques terapéuticos. Esto en la actualidad se visibiliza en la diicultad de que el alta médico de los usuarios implique un retorno deinitivo al mundo externo del Hospital Psiquiátrico. Los índices de reinserción, y relexiones de distintos actores sobre la situación de los usuarios plantean un fracaso de la implementación actual del sistema que se traduce en una institucionalización perpetua. La institucionalización, como resultado de internaciones prolongadas y la ausencia del complemento de rehabilitación, tiene como consecuencia la normalización de la persona, no con base en valores de la sociedad, sino a valores y normas de la institución, como se ve expresado en los puntos planteados por Gofman, croniicando los atributos que perpetúan la estigmatización social, y por extensión, la exclusión social fuera del contexto psiquiátrico. Es aquí donde surge la propuesta de tener como foco de la atención el modelo centrado en la persona, que viene impulsándose en el ámbito de la salud. Esta propuesta busca reconocer la necesidad de facilitar procesos que permitan reconstruir vidas que merezcan la pena ser vividas; que sean satisfactorias, plenas y valiosas. Se debe recordar que el signiicado de valor y satisfacción varía de una persona a otra, por ello, el rol del profesional es el de apoyar y orientar el proceso de (re)construcción de las capacidades del usuario. 240 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza Es urgente una revisión técnica y conceptual del enfoque de recuperación a la luz de las evidencias actuales ya que esto redeiniría el rol de los recursos humanos en centros hospitalarios e instituciones psiquiátricas. Por último se debe señalar lo preocupante de la identiicación de adolescentes (como usuarios ocasionales o permanentes), cuando existen recomendaciones a nivel mundial sobre la necesidad de que esta población reciba una atención especíica y especializada, acorde a la edad y no deberían bajo ningún motivo estar incluidos en servicios para adultos. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 241 Claudia Pacheco , Fernando Hamuy y Javier Mendoza Referencias bibliográficas Chuaqui, Jorge. 2015. “Institucionalización Psiquiátrica: el caso de los Hogares Protegidos de la Región de Valparaíso”, Psiquiatría y Salud Mental, 32 (2), 109-117. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2004. Medidas Cautelares 2003. Punto 63, en<http://www.cidh.org/medidas/2003.sp.htm> (Consultado el 10 de marzo de 2017). Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2009. Medidas Cautelares 2008. Punto 35, en <http://www.cidh.org/medidas/2008.sp.htm>(Consultado el 10 de marzo de 2017). 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Los resultados indican una calidad de vida por debajo de lo esperado, siendo el sedentarismo, la falta de acceso a la salud y la situación socioeconómica, los factores de riesgo más predominantes. La infantilización en el trato, el abandono por parte de la familia y la aplicación de castigos al adulto/a mayor, fueron las situaciones más referidas. Palabras clave Calidad de vida, derechos humanos, adultos mayores, institucionalización, factores de riesgo. 1 Psicóloga Clínica por la Universidad Nacional de Asunción, con estudios de postgrado en Didáctica Universitaria y en Planificación Estratégica Educacional (IAEE). Docente de metodología de la investigación. Es miembro titular del Grupo de trabajo del Sector Educativo MERCOSUR. Con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha desarrollado una investigación con la población adulta mayor institucionalizada de Asunción y Central ( Años 2013-2014) Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 245 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos Abstract he article aims to show the perception of institutionalized older adults and caregivers about the quality of life, protective factors, risk factors, types of abuse and violation of rights. he applied methodology is a mixed, descriptive and cross-sectional approach. he sample is made up of three groups (n = 201; n = 72; n = 26) of public and private collective housing in Asunción and ive departments in Paraguay. he results indicate a lower than expected quality of life, being the sedentary lifestyle, the lack of access to health and the socioeconomic situation, the most prevalent risk factors. Childhood in treatment, abandonment by the family and the application of punishment to the adult / elderly, were the most mentioned situations. Keywords Quality of life, human rights, older adults, institutionalization, risk factors. 246 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez 1. Introducción El presente artículo hace referencia a los principales resultados de la investigación con la población de personas adultas mayores institucionalizadas de Asunción y de los Departamentos Central, Paraguarí, Guairá, Alto Paraná y Boquerón, de la República del Paraguay. Esta investigación fue impulsada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) con apoyo inanciero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). La literatura revisada y la información disponible respecto a la población adulta mayor institucionalizada en Paraguay, dan cuenta que es una temática poco explorada y en consecuencia invisibilizada, acentuando la presencia de posibles factores de riesgos y la vulneración de los derechos. En esta línea, se estableció como objetivo principal el análisis de las distintas dimensiones de la calidad de vida y detección de indicadores de riesgo, señales de alerta ante situaciones de maltrato y factores protectores de los derechos humanos fundamentales, centrando la mirada en la persona adulta mayor que reside en una vivienda colectiva. La fuente primordial de consulta, a más de las observaciones en terreno y de la literatura sobre el tema, es la propia persona adulta mayor, que comparte sus conocimientos, actitudes, experiencias y reiere pensamientos, emociones, sentimientos, vivencias, sueños y esperanzas. Su participación es muy importante al momento de pretender un abordaje objetivo y signiicativo más cercano al contexto, la condición y la realidad actual. Asimismo, el hecho de practicar la habilidad de escucha al personal responsable del cuidado al adulto mayor (cuidador/a, director/a) fue un complemento relevante en la valoración de las variables de estudio y permitió realizar un contraste entre las respuestas dadas por los grupos ante los mismos reactivos presentados. El trabajo de campo se desarrolló en un total de 26 instituciones que representa el 54% de la población de hogares y residencias de personas adultas mayores a nivel país, conocidos por lo general como “hogares de ancianos”. Aunque no pretende ser representativo del universo de las viviendas colectivas y de sus miembros, este estudio abre el panorama como fuente de referencia para otras investigaciones y ofrece elementos que pueden servir de base para la discusión, relexión, diseño e implementación de acciones orientadas a la mejora de la calidad de vida de las personas adultas mayores institucionalizadas. Se presenta como contribución a la toma de conciencia en los diferentes actores de la sociedad y en las personas e instituciones encargadas de delinear políticas públicas adaptadas a las realidades de las Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 247 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos personas adultas mayores, como garantes de sus derechos y en el claro reconocimiento de la necesidad de preparar el mejor escenario para la población de personas adultas mayores que va en aumento en nuestro país, en la región y en el mundo. Se reconoce que el fenómeno demográico dominante, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo, es el envejecimiento de la población. Al intentar explicar sobre las causas de dicho fenómeno, se ponen en evidencia dos situaciones sociodemográicas que apuntan a la disminución de la tasa de natalidad y la existencia de un aumento de la esperanza de vida al nacer. Ambas situaciones desembocan en el incremento de la población de personas con mayor edad. Revisando el contexto socio-histórico es signiicativo observar los aportes de Pérez Ortiz (1997), en el que señala que las primeras y más inluyentes aproximaciones a la vejez como fenómeno social coinciden con el inicio de la década de 1950, bajo el claro dominio de los paradigmas funcionalistas y conductistas, y en respuesta a una serie de repercusiones sociales emergentes en el marco del desarrollo de los países industrializados, citando como causas: la jubilación obligatoria, el predominio de la familia nuclear, el impacto de los procesos de industrialización y urbanización, y la creciente movilidad social y geográica. Estas aproximaciones resultaron en un debate que sigue siendo fuente de controversias: la cuestión del envejecimiento y la adaptación social. Si se parte, suponiendo que todo individuo tiene un conjunto de necesidades que satisfacer y que para ello cuenta con una serie de capacidades y habilidades personales que tiene que movilizar para aprovechar las oportunidades que le ofrece el entorno social, la máxima gratiicación se encontraría en la eiciente adaptación del individuo al medio social existente (Pérez Ortiz, 1997). A mediados de la década de 1960, se propuso que la edad o el agrupamiento por edades, típico de las sociedades avanzadas, conduce inevitablemente hacia la formación de una subcultura, que es la que deine y dirige la conducta de sus miembros (Bazo, 1990). Las sociedades estarían forzando a las personas que sobrepasan una determinada edad a constituir una minoría. Si bien el análisis de la subcultura de la vejez es un importante aporte para la comprensión del envejecimiento actual, ya que introduce componentes o factores psicosociales, no es difícil que mediante esta vía se confunda a la subcultura con marginalidad, deiniendo a priori a los ancianos como un grupo marcado por la falta de movilidad (física y social), ausencia de competitividad, pobreza, segregación y aislamiento social. Poniendo énfasis en la coerción u obligatoriedad que la sociedad impone a sus miembros ancianos para actuar según ciertas normas y pautas preestablecidas, la teoría del labelling (etiquetaje) sostiene que el grupo de “viejos” responde más a una identidad impuesta por la sociedad que a un proceso de auto identiicación, que sería 248 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez secundaria e irrelevante. De esta forma, la persona etiquetada de senil o vieja condicionará su conducta al signiicado social de la etiqueta, es decir, decrepitud, dependencia, enfermedad, y terminará asumiendo estas características como propias, fundiéndose realmente con esta identidad. Esta teoría es interesante en cuanto sitúa el envejecimiento en el terreno de las valoraciones sociales y la interacción social; aunque la naturaleza general de sus términos no consigue explicar el fenómeno de la vejez por completo. Además, esta población desarrolla un grado de actividad social de acuerdo a tres factores: su condición de salud, su situación económica y el apoyo social que recibe. Esta consideración de factores provenientes del medio social (la salud es considerada desde su enraizamiento social) es vastamente utilizada por profesionales del área de las ciencias sociales en intervenciones en terreno, demostrando que el control de uno o todos estos factores permite modiicar la realidad social de la vejez, hecho sumamente relevante. Si bien no permite indagar más profundamente sobre la deinición social de la vejez, esta perspectiva ha demostrado, con la acción y la investigación empírica, que la desvinculación social no es causada por la edad sino por otras circunstancias asociadas, como la mala salud, la pérdida de relaciones y la disminución en los ingresos. 2. Marco de referencias 2.1. Líneas teóricas que explican el fenómeno del envejecimiento Para analizar la situación de las personas adultas mayores de América Latina, es imprescindible revisar las principales perspectivas desde las cuales se ha pretendido explicar el fenómeno de la vejez y de las acciones destinadas a asegurar o incrementar su bienestar. La teoría de la modernización tiene como punto de partida el criterio de la edad, cuya argumentación busca en el pasado las claves para explicar el sentido actual del envejecimiento. Sus postulados pueden resumirse en la existencia de factores que acompañan al proceso de modernización, como el aumento de la proporción de población adulta mayor sobre el total, el cambio en el tipo de conocimiento dominante, la extensión de la educación, la sustitución del modelo de familia extensa por el modelo nuclear en virtud al proceso de urbanización, producen un efecto combinado cuyo resultado es la disminución de la valoración social de la vejez. Una concepción más dinámica de la teoría de la modernidad aportada por Pérez Ortiz (1997), desarrolla una nueva óptica que toma los instrumentos demográicos de cohorte y generación, para utilizarlos como herramienta clave en el tratamiento de la vejez desde un punto de vista sociológico. Su hipótesis de partida es que a medida que Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 249 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos cumplen años, las personas cambian social, psicológica y biológicamente, cambian roles y acumulan conocimientos, actitudes y experiencias. Según el mismo autor, desde la perspectiva generacional, el dato biológico carece de importancia por sí mismo, y sólo cobra relevancia cuando se encadena a una serie de conceptos que progresivamente coniguran el fenómeno social de la comunidad de pertenencia a una generación, donde se verá que cada etapa del concepto de generación hace referencia a un grado más alto de vinculación entre las personas. Tal es así que el primer eslabón estaría ligado al dato biológico (el año de nacimiento), luego la posición generacional, que incorpora al dato biológico la necesidad que las personas compartan un mismo entorno socio histórico o conjunto de oportunidades y restricciones que pesan sobre la posición individual, y el tercer eslabón en la deinición del concepto de generación es la conexión generacional, que alude a una vinculación concreta de las personas. El criterio generacional indica la existencia de una permanente lucha o relación de conlicto potencial entre generaciones, que en la actualidad tiende a resolverse a favor de los más jóvenes y en detrimento de las generaciones de avanzada edad, que se ven relegadas a los últimos puestos sociales. Sin embargo, siguiendo la lógica analítica de este enfoque, el proceso de envejecimiento no es inmutable ni está ijo, sino que varía a lo largo y dentro de cada cohorte a medida que la sociedad cambia, a medida que la sociedad establece los límites cronológicos que separan los grupos de edad, y a medida que se establecen valoraciones positivas y negativas por razón de pertenencia a estos grupos. Otra perspectiva que utiliza a la edad como criterio ordenador es la del ciclo de vida, que introduce la noción de que la vejez es una etapa más en el proceso total del ciclo vital. Es decir, la vejez no implica necesariamente una ruptura en el tiempo ni el ingreso a una etapa terminal sino que es parte de un proceso donde el individuo continúa dialogando con la sociedad, al igual que en etapas anteriores. La vejez posee su propio conjunto de normas, roles, expectativas y status, y es la sociedad la que establece una pauta social sobre la edad que corresponde a este ciclo, por tanto no tendría, por deinición, razón para ser una etapa de exclusión social. Otro punto de análisis de la vejez es el sistema o estructura social, que logra sus puntos más relevantes cuando se desarrolla en torno al factor cultural sobre la vejez, la importancia del entorno social, la condición física de los individuos y al debate acerca de la adaptación. Aplicando este supuesto a la vejez, los sociólogos norteamericanos Elaine Cumming y William Henry, elaboraron su conocida y controvertida teoría del retraimiento o desvinculación, la que más tarde tendrá como respuestas la teoría de la actividad, originalmente formulada por Robert Harvighurst y la teoría del vaciado de roles. La primera 250 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez teoría sostiene que la vejez conlleva inevitablemente la disminución de la interacción entre el individuo y la sociedad y que este hecho es satisfactorio (o funcional) para ambas partes. Por un lado, este abandono permitiría al adulto mayor desprenderse (esencialmente a través de la oportunidad de jubilarse) de una serie de roles y responsabilidades socio laborales que ya no está en condiciones físicas ni psicológicas de asumir y encontrar un espacio de paz para prepararse para la muerte (Rodríguez, 1995). En oposición a la teoría de la desvinculación, aparece la teoría de la actividad, cuyo fundamento central se basa en que el envejecimiento normal implica el mantenimiento de las actitudes y actividades habituales de la persona por el máximo tiempo posible y que, por lo tanto, un envejecimiento satisfactorio consiste en permanecer como en la edad adulta (Bazo, 1990) Este enfoque reconoce en la pérdida de roles (como consecuencia de la viudez, la jubilación y la emancipación de los hijos, entre otras circunstancias) la fuente principal de inadaptación de los adultos mayores al sistema. De esta forma, el bienestar de la persona y de la sociedad deberá ser resuelto a través de la intensiicación de otros roles ya existentes o con la creación de nuevos roles capaces de proporcionar un suiciente nivel de actividad que permita a la persona ajustarse a su nueva situación sin que ello signiique consecuencias negativas para su conducta. Otro enfoque teórico alude a que la vejez es más una construcción social que un fenómeno psicobiológico y, por tanto, son los condicionantes sociales, económicos y políticos los que determinan y conforman las condiciones de vida y las imágenes sociales de las personas mayores (Rodríguez, 1995). Según Pérez Ortiz (1997), la base de este enfoque está en que en las sociedades industrializadas las personas adultas mayores ocupan, en general, una posición social y económica que es inferior a la de cualquier otro grupo y además dependiente y al margen de la sociedad. Considera que este status fue construido y legitimado como consecuencia de las exigencias del capitalismo, que ha usado al Estado como intermediario mediante las políticas públicas dirigidas especíicamente a la vejez. Desde esta posición, los beneicios de una política social generosa originan una serie de estereotipos negativos sobre la vejez –en especial el de dependencia– determinados por una imagen social que propicia la ubicación de un grupo humano en condición subsidiaria al resto de la sociedad, la que le entrega beneicios a cambio de nada, en forma de pensiones, servicios sociales y sanitarios, acceso a bienes culturales en condiciones ventajosas, etc. Los representantes de esta teoría han analizado críticamente la institución de la jubilación y su carácter ambivalente (Alba, 1995) que es un derecho, pero también es una imposición que despoja de una parte importante de los roles sociales que coniguran la propia identidad. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 251 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos Asimismo, desde los aportes realizados por la teoría de género, incorporaron la diferenciación estructural profunda que implica la condición sexual de las personas, a lo largo de la vida y durante la vejez (Arber y Ginn, 1996). Como resultado, se sostiene la importancia tanto de los factores sociales estructurales diferenciadores –estrato social, género, raza- en cuanto a condiciones individuales, como del efecto generación o cohorte, el que marcaría con determinadas características sociales e históricas a los individuos que integran cada grupo de edades. De acuerdo a Pérez Ortiz (1997), la vejez no supone la adscripción automática a una posición social de prestigio, ni tampoco lo contrario, sino será lo que quiera que sea la sociedad que la crea. A pesar de las críticas a los aportes teóricos sobre el fenómeno de la vejez, fundamentada principalmente en el carácter homogeneizador de la vejez, la cuestión de la adaptación o inadaptación a un conjunto de normas y pautas predeinidas por el sistema social dominante, la validez de estas observaciones y considerando muchas otras que fueron formuladas desde el ámbito teórico y el empírico, es indudable que los enfoques funcionalistas y conductistas que dieron pie a una primera aproximación a la vejez como fenómeno social han sido de gran trascendencia. La teoría de la desvinculación fue un gran aporte al conocimiento de la vejez, no tanto por su planteamiento como por el debate que su controvertida argumentación impulsó entre cientíicos sociales. Del mismo modo, la teoría de la actividad es la primera que intentó indagar las causas exactas que provocan la inadaptación de las personas adultas mayores y dar inicio a la discusión acerca de la pérdida, reasignación y signiicado de los roles durante la vejez, cuestiones sumamente relevantes. 2.2. Institucionalización de la persona adulta mayor El aumento considerable de las personas adultas mayores, sumado a los cambios experimentados a nivel familiar ha favorecido el crecimiento de la oferta de hogares de adultos mayores. Los estudiosos de la gerontología no están seguros de que estas instituciones sean favorables para el bienestar integral de las personas adultas mayores, en lo referido a los sentimientos de identidad, roles, seguridad, etc. Según Gaviria (2003), estos aspectos se relejan en el stress que puede sufrir la persona en un primer momento al ingresar a la institución, al presentar diicultades en la adaptación al funcionamiento interno de esta institución, hecho comprensible porque la persona se encuentra con un entorno diferente al suyo, al que estuvo acostumbrada durante muchos años de su vida. En otras palabras, su cotidianidad, su mundo más próximo, que es el único que le resta, cambia radicalmente. En la Reunión Regional de la Sociedad Civil sobre Envejecimiento (2003), se plan- 252 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez teó que la persona adulta mayor en un hábitat residencial colectivo, podría seguir ciertos modelos básicos de comportamiento que han sido observados: • Adaptación: acepta la dinámica de la institución a la cual ingresó, donde existen reglas que debe cumplir con el in de mantener un orden. La adaptación es una situación difícil ya que implica adecuarse a una serie de situaciones a las cuales no estaba acostumbrado anteriormente, en el que las reglas no son propias, sino impuestas por personas extrañas del lugar donde reside. • Aceptación: se ajusta en forma pasiva a la dinámica relacional, a cada una de las personas que se encuentran viviendo en la misma institución, por ser un grupo que tiene una vida en común. No obstante, es un grupo heterogéneo, donde cada persona tiene su propia individualidad e historia, lo que puede hacer difícil la convivencia de algunos con su entorno. • Resignación: siente que no tiene la opción de otro tipo de vida en la institución de residencia y su conducta tiende a traducirse en apatía y/o depresión. • Simulación de transformación: aparenta o simula una transformación en una relación más positiva y armónica. Piensa que con el transcurso del tiempo se pueden generar lazos beneiciosos para una buena convivencia durante el tiempo que permanezcan en el mismo entorno, compartiendo las mismas situaciones de la vida cotidiana. • Evasión o anulación: prevalece el descontento por el lugar en el cual vive, por ser una situación desconocida y poco grata que no quiere vivir. Esto lleva a que se retraiga y no quiera socializar con el resto de las personas a su alrededor, hace que se produzca una evasión a la situación que está viviendo y que no es deseada, ni es buena para su salud mental y física. Es variada la gama de conductas que pudieran manifestarse en la persona adulta mayor institucionalizada, en este sentido Gofman (2004), hace referencia a la aculturación, que se produce cuando una persona adulta mayor ingresa al hogar con una cultura de presentación, es decir, con sus hábitos de afuera y dentro del hogar enfrenta otra cultura. 2.3. Calidad de vida Según la literatura revisada, la calidad de vida tiene un concepto multidimensional y está asociada al nivel de satisfacción de la persona en cuanto a necesidades básicas y otros componentes que se constituyen en el fundamento del bienestar individual y social. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 253 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos que aumente la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión (OMS, 2002) Un factor protector, alude a toda aquella situación, contexto o característica individual que disminuirá la probabilidad de riesgo y en consecuencia facilitará el logro de la salud integral y sus relaciones con la calidad de vida (OMS, 2002) 2.4. Maltrato a la persona adulta mayor El maltrato es entendido como la acción única o repetida, o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de conianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana (OMS, 2002). Esta deinición es congruente con la congruente con la Declaración de Toronto para la prevención global del Maltrato de las Personas Mayores, desarrollada en Ontario, el 17 de noviembre de 2002. Puede ser de varios tipos: físico, psíquico/emocional, sexual, inanciero o simplemente relejar un acto de negligencia intencional o por omisión. 2.5. Visitas realizadas a las viviendas colectivas de personas adultas mayores En las visitas realizadas a los hogares de personas adultas mayores en los distritos de Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este, Encarnación y en el departamento Central, se pudo observar ciertas características comunes, que se citan a continuación, de acuerdo al Informe Anual de Gestión 2014 del MNP (2015: p.160) • No todos los adultos mayores cuentan con documento de identidad. • A pesar de que la mayoría viene de un contexto en situación de pobreza, no recibe pensión alimenticia para personas adultas mayores. • Escasez de personal para la atención individualizada. • Las personas adultas mayores reciben colchones, frazadas, ropa y pañales. • Son pocas las visitas que reciben de sus familiares y amigos. • 4 de los cinco hogares declaró que no recibe visitas de control del MSP y BS 2.6. Protección y promoción de los derechos humanos La Constitución de la República del Paraguay del año 1992, en el artículo 57 dispone que: “toda persona en la tercera edad tiene derecho a una protección integral. Debe promoverse su bienestar mediante servicios sociales que se ocupen de sus necesidades de alimentación, salud, vivienda, cultura y ocio”. 254 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez El artículo 4° de la Ley N° 1885/2002 “De las personas adultas mayores”, tiene como inalidad tutelar los derechos de las personas adultas mayores. Se establece que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el órgano estatal que tendrá a su cargo la aplicación de dicha ley y el cumplimiento de las funciones emanadas de ella. Con el Decreto Nº 10.068/2007 que reglamenta la Ley 1885/2002, se creó la Dirección de Adultos Mayores, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, constituyéndose en ente rector nacional. Tiene como funciones la implementación de la ley del adulto mayor, supervisión y control de las actividades de las entidades públicas o privadas, observando que las mismas se encuentren enmarcadas en el Plan Nacional de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, entre otras funciones. 3. Aspectos metodológicos El estudio es de tipo no experimental, con enfoque mixto, descriptivo y de corte transversal. Se aplicó el muestreo no probabilístico intencional, estableciendo ciertos criterios de selección que posibilitaron la participación de personas adultas mayores (n=201), cuidadores y cuidadoras (n=72), y directores, directoras responsables de la administración de la institución (n=26). Se diseñaron y utilizaron tres cuestionarios como instrumentos de recolección de datos, basados en especiicaciones técnicas de expertos y aplicados en prueba piloto para la obtención de la versión revisada y aprobada. Las consideraciones éticas fueron los pilares fundamentales para el desarrollo de la investigación: solicitud de la autorización correspondiente, consentimiento informado, participación libre y voluntaria, conidencialidad de la información, secreto profesional y actitud de respecto a la integridad de los participantes. El análisis de datos se realizó a través del Paquete Estadístico Aplicado a las Ciencias Sociales (SPSS 24). Se tuvo en cuenta variables de género, departamento y tipo de gestión. 4. Principales resultados Se abordaron diferentes dimensiones de la calidad de vida y el acceso a los derechos humanos, desde la percepción de las personas adultas mayores participantes de la muestra, cuidadores y cuidadoras, directores y directoras de las instituciones, identiicando características y situaciones referidas a datos sociodemográicos y socioeco- Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 255 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos nómicos, estado de salud, red social de apoyo, servicios recibidos, derechos humanos, y el peril de las personas encargadas del cuidado de las personas adultas mayores. 4.1. Datos sociodemográicos y socioeconómicos El 89% es de nacionalidad paraguaya y el 100% no pertenece a pueblos originarios. La edad promedio es de 75 años. El 55% es de género femenino y sexo mujer, y el 45% es de género masculino y sexo varón; respectivamente. La mayoría expresó que sabe leer y escribir y que accedió a la educación primaria. Las mujeres vivían con sus hijos/as y los varones con sus respectivas parejas en igual proporción antes de ser institucionalizados, muchos de ellos obligados a ingresar a la institución por sus familiares. El 92% tiene familiares vivos. Respecto a la situación económica el 54% no recibe pensión, cobro por jubilación ni ayuda económica, mientras que el 46% sí recibe ayuda económica, con la salvedad que la mitad de este grupo percibe regularmente la suma de 500.000 Gs. Esto supone el riesgo de pobreza o exclusión social al que están expuestos, relejando la magnitud de la desprotección en la que se encuentran, representa además un posible riesgo de mayor incremento en la institucionalización de las personas adultas mayores al no contar con los recursos necesarios para llevar una vida digna. 4.2. Estado de salud Las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente la hipertensión arterial y la diabetes son las más referidas, además de la artrosis, Mal de Hansen (lepra) y dolores en el cuerpo. La salud mental sigue siendo una gran deuda en las viviendas colectivas, al no contar con servicio de profesionales del área para la atención con enfoque preventivo y de intervención en los casos requeridos, considerando que de la muestra encuestada el 41% se siente triste o deprimido/a, el 35% intranquilo/a y preocupado/a, el 30% nervioso/a, enojado/a, el 29% experimenta abandono o desamparo y el 22% no duerme bien. La falta de actividades físicas es notoria. Los dolores en el cuerpo, en las extremidades, dolor de cabeza, dolor de panza y la gastritis son los más frecuentes según reieren tanto mujeres como varones, aunque las dolencias tienden a darse más en mujeres. La prevalencia de la diabetes se da casi en la misma proporción tanto en varones como en mujeres, así también la artrosis y la lepra o mal de Hansen (tabla Nº 1). Entre las enfermedades que más aquejan a la población masculina surgieron las siguientes: gastritis, enfermedad pulmonar, problemas neurológicos, epilepsia, depresión, cáncer. Las mujeres manifestaron las siguientes enfermedades: hemiplejia, esquizofrenia, VIH, ACV, problemas de la vista, fracturas óseas. 256 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez Tabla Nº 1: Tipo de enfermedad y/o dolencia Mujer Varón Artrosis 12,7% 10,0% Lepra 9,1% 10,0% Fracturas óseas 1,8% 0% Colesterol 3,6% 0% Elefantiasis 0% 2,0% Diabetes 18,2% 18,0% Hemiplejia 3.6% 6,0% ACV 7,3% 4,0% 0% 2,0% 3,6% 2,0% Bronquitis Ceguera/Cataratas/Problemas de la vista Cáncer 0% 2,0% Depresión 0% 4,0% VIH 1,8% 0% Esquizofrenia 3,6% 0% Hipertensión 0% 2,0% Parkinson 1,8% 2,0% Dolor de cuerpo-extremidades-cabezapanza 32,7% 28,0% Problemas neurológicos-epilepsia 0% 4,0% Enfermedad pulmonar 0% 2,0% Gastritis Total 0% 2,0% 100,0% 100,0% Fuente: elaboración propia (n=201) 4.3. Red de apoyo social Las visitas de los familiares y amigos se vuelven cada vez más infrecuentes, según reirió el 51 % de los participantes de la muestra encuestada, expresaron además que reciben más visitas de personas extrañas que de sus propios familiares y amigos/as. El 86% no conoce a los vecinos del hogar donde reside y el 100% no conoce organización o asociación alguna de personas adultas mayores, en consecuencia, la participación en estos grupos es nula. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 257 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos 4.4. Servicios recibidos El 87% expresa que le brindan lo que precisa. Datos auspiciosos con relación a los servicios recibidos por parte de los responsables del hogar, sin embargo se considera que la tendencia debe ser mejorar en forma continua y brindar siempre la mayor satisfacción a todos. Cabe señalar que algunos hogares (públicos y privados) todavía presentan espacios con barreras arquitectónicas, representando incomodidad y riesgos para las personas adultas mayores residentes. En menor porcentaje se accede a servicios de psicología, psiquiatría, isioterapia y odontología, éstos exclusivamente a cargo de la familia. 4.5. Derechos humanos Se identiicó que el maltrato está presente en estos ámbitos, siendo la infantilización en el trato y la aplicación de castigos las situaciones más referidas tanto por los adultos mayores como por los cuidadores y cuidadoras. El 47% reirió que fue objeto de maltrato verbal. El testimonio que merece atención es que si bien no fueron objeto de maltrato físico, muchos son testigos observadores del trato impropio a sus pares, causando angustia e impotencia. El 16% expresó que se siente abandonado/a y la percepción de no ser querido/a, apreciado/a o valorado/a. El 16% de los varones recibió amenazas y el 5% de las mujeres fue atada en alguna oportunidad. 4.6. ¿Quiénes cuidan de las personas adultas mayores y quiénes cuidan de los cuidadores/as? El 94% de las personas encargadas de brindar los cuidados en contextos de vivienda colectiva son mujeres. El 65% es de estado civil soltero/a, el 35% tiene estudio universitario y el 30% estudios secundarios. El 65% no tiene seguro médico y el 96% no tiene otro trabajo remunerado. El salario del 59% oscila entre 1.500.000 a 2.000.000 Gs. Se ha identiicado la modalidad de “cuidadora sin retiro” y en otros casos no cuentan con las condiciones mínimas que garanticen su seguridad y salud, exponiendo a riesgos en el contexto laboral. Con relación a consultas en función al cuidado brindado al adulto/a mayor, se encontraron diferencias llamativas en las respuestas dadas ante las mismas preguntas por ambos grupos, acerca de la realización de actividades físicas y recreativas, comunicación con familiares, la autorización para salir del hogar, privacidad y necesidad de ayuda para la realización de actividades de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria. Los directores y las directoras, proporcionaron información actualizada respecto a la gestión y el funcionamiento de la institución a su cargo. Llama la atención que un número importante de estas instituciones no cuenta con la habilitación respectiva por 258 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez parte del MSP y BS, y se constató la modalidad de sedes o sucursales de hogares, por la alta demanda de atención. Muchas de las viviendas colectivas visitadas carecen de identiicación visible como institución, dando la impresión de clandestinidad, funcionan bajo llave las 24 horas como medida de seguridad, según se argumentó. En otros casos los vecinos desconocen la existencia de un “hogar de ancianos”, al ser consultados durante la búsqueda para la realización del trabajo de campo y ante la falta de actualización del directorio de instituciones de abrigo proporcionado por el ente rector. Tabla Nº 2: Correlación entre respuestas dadas por cuidadores/as y adultos/as mayores Dimensiones/Variables sobre asistencia y/o Respuestas: cuidados a las personas adultas mayores Cuidadores/as Respuestas: Adultos/as mayores La atención es integral Sí: 93% Sí: 87% Asistencia isioterapéutica Sí: 57% Sí: 47% Asistencia psicológica o psiquiátrica A veces: 39% A veces: 33% Alimentación variada y suiciente Siempre: 95% Siempre: 88% Realiza actividades físicas Sí: 66% Nunca: 41% Participa de actividades recreativas Sí: 76% No: 57% Facilita la comunicación con familiares Sí: 79% Nunca: 42% Institución autoriza salida del hogar bajo responsabilidad de un familiar o encargado Sí: 85% Sí: 48% Se cuida la privacidad Sí: 94% A veces: 64% Adulto/a mayor es tratado como niño/a Sí: 64% Sí: 24% Utilización de medidas de castigos Sí: 6% Sí: 5% (atada) Necesidad de asistencia para AVD Siempre: 80% A veces: 62% Ayuda para la higiene (baño diario) Siempre: 94% Sí: 47 Ayuda para caminar o desplazarse Siempre: 76% No: 62% AIVD Ayuda para tomar medicamentos Sí: 84% Sí: 59% Enfermedades crónicas y/o dolencias son frecuentes Sí: 72% Sí: 59% Fuente: elaboración propia (n=72; n=201) Se pueden observar diferencias en las respuestas dadas por ambos grupos ante preguntas relacionadas a: la realización de actividad física, actividades recreativas, la comunicación con familiares, la autorización para salir del hogar, privacidad, necesidad de ayuda para AVD y AIVD. El dato más llamativo es la coincidencia de respuestas en relación a la utilización de castigos. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 259 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos 5. Conclusiones En general, lo datos indican una calidad de vida por debajo de lo esperado, siendo el sedentarismo, la falta de acceso a la salud y la situación socioeconómica, los factores de riesgo más predominantes. La infantilización en el trato, el abandono por parte de la familia y la aplicación de castigos al adulto/a mayor, fueron las situaciones más referidas por los adultos mayores y en algunos casos por los cuidadores y cuidadoras. El hecho de ser testigos del maltrato hacia los pares por parte de los cuidadores y las cuidadoras les causa angustia e impotencia. Se observó que la aplicación de medidas como atar a las personas adultas mayores está presente en las viviendas colectivas tanto de gestión pública como privada y son mujeres las que más expresaron que fueron atadas en alguna oportunidad y los varones que fueron objeto de amenazas y maltratos verbales. Entre los factores de riesgo identiicados, el sedentarismo o la inactividad física es el factor de riesgo más signiicativo, porque su presencia aumenta la probabilidad de que aparezca una situación asociada a otra problemática especíica: enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT), dolencias físicas, depresión, discapacidad motora y la dependencia cada vez más acentuada hacia el cuidador o cuidadora por requerir necesariamente de ayuda para el desarrollo de actividades de la vida diaria (AVD). Se observa con preocupación la pérdida forzada de la autonomía personal relacionada a las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), probablemente por el propio mecanismo institucional y de encierro en el que se ve sometido el adulto mayor privado del acceso a comunicación con sus familiares y amigos, la negativa en la autorización para salir del hogar a más de las limitaciones en la movilidad y en el uso de medios de trasporte. La incapacidad para tomar decisiones en el manejo y administración de su propio dinero, es una falsa creencia de parte de los familiares y encargados. La situación socioecómica desfavorable representa para las personas adultas mayores un riesgo de pobreza, exposición a la exclusión social e incremento de la institucionalización. Es satisfactoria la percepción respecto a la provisión de servicios básicos y materiales elementales en las viviendas colectivas. Sin embargo, la institución no cubre servicios especializados necesarios como isioterapia, odontología, psicología o psiquiatría. Los familiares al reconocer como una necesidad se encargan de gestionar y abonar para asegurar estos servicios. La alimentación variada y suiciente se identiicó como un factor protector, aunque un número importante reiere que algunos alimentos deben ser costeados adicionalmente por ellos mismos. Fueron hallazgos positivos, la resiliencia y el valor por la vida a pesar de las condiciones adversas. Ante esta realidad actual, se recomienda: 260 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez • Contribuir en la prevención de enfermedades físicas y mentales (detección precoz) y la promoción de estilos de vida saludables. • Diseñar un plan de actividad física, con adecuación razonable a las potencialidades y limitaciones individuales; a los efectos de contrarrestar el sedentarismo como factor de riesgo principal asociado a otras problemáticas especíicas. • Implementar actividades recreativas, culturales, artísticas u ocupacionales para el uso del tiempo libre y la educación no formal, potenciando capacidades físicas, cognitivas y sociales. • Promover mayor inclusión social con redes de apoyo comunitario, participación en Asociaciones de Adultos Mayores y restablecer los vínculos familiares y de amistad. • Modiicar los espacios diseñados con barreras arquitectónicas y procurar el mantenimiento continuo de las instalaciones. • Viabilizar las supervisiones de control y apoyo a los encargados de hogares y residencias de adultos mayores, trabajando en forma articulada con otras instancias para mejorar en forma continua la atención y el servicio brindado a las personas adultas mayores institucionalizadas. • Garantizar el cumplimiento de la Ley Nº 5537/16 “Que Regula los Establecimientos de Atención a Personas Adultas Mayores”. Controlar la habilitación correspondiente del MSP y BS para el funcionamiento del hogar y residencia de personas adultas mayores; de gestión oicial, privada y privada subvencionada. Actualizar el directorio de hogares y residencias de personas adultas mayores de todo el país. • Tomar intervención ante todo tipo de maltrato a la persona adulta mayor institucionalizada. Trabajar desde el enfoque preventivo a in de evitar situaciones de violencia y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales. • Difundir en el seno de las familias, la sociedad y de las instituciones garantes de derechos, los resultados de la investigación en la intención de generar mayor conciencia y compromiso para la protección integral, mejora de la calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores. • Gestionar ante las instancias pertinentes, la inclusión del adulto mayor institucionalizado como beneiciario de la pensión alimentaria, previa revisión y planteamiento de la modiicación de la Ley N° 1885/2002. • Fortalecer la formación, capacitación continua del personal encargado del cuidado de las personas adultas mayores y prestar especial atención a la neEstudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 261 Institucionalización de las personas adultas mayores: Su calidad de vida y vulneración de derechos humanos cesidad de mejorar la calidad en las interacciones entre los mismos. Prestar atención a la situación laboral de los cuidadores y las cuidadoras, de manera que tengan las garantías del trabajo digno que faciliten a su vez el cumplimiento de su rol. 262 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Gladys Arzamendia Benítez Referencias bibliográficas Aranibar, Paula.2001. Acercamiento a las principales líneas teóricas, Santiago, CELADE-FNUAP- CEPAL. Arzamendia, Gladys. 2015. Personas adultas mayores institucionalizadas en el departamento Central y Asunción, Asunción, MNP. Fernández Guillaume, Sonia. 2013. Los Derechos de los Adultos Mayores en Paraguay, Asunción, Defensoría del Pueblo. García, Juan Antonio y Morales Juan Manuel. 201. Psicomotricidad y Ancianidad. Un programa de estimulación psicomotriz en la tercera edad, Madrid, Centro de la Educación Prescolar y Especial (CEPE) General Pardiñas. Hernández Sampieri, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista; Pilar. 2014. Metodología de la investigación, México, McGraw-Hill. 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Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 263 BIBLIB: 0251-2483 (2015), 265-275 TRANSGRESIONES NORMATIVAS Y CONTROL SOCIAL. Enviado: 15/03/2017 Aceptado: 31/05/2017 Friedhelm Guttandin1 Resumen Las transgresiones normativas se pueden clasiicar en pecados o transgresiones morales, criminalidad, desviación, riesgo. Si bien cada una de las cuatro variantes domina en una época especíica del desarrollo de las sociedades, en la actualidad pueden aparecer en diferentes combinaciones. Se trata de tipos ideales. El tipo de transgresión moral o pecado corresponde a sociedades pre modernas, la criminalidad a la fase de la constitución de las sociedades burguesas, la desviación a la modernidad clásica y el riesgo a la segunda modernidad o post modernidad. A cada uno de estos tipos de transgresión corresponde un típico procedimiento de control social: sacriicio o venganza, castigo, tratamiento o política / social, prevención / intervención situacional. Palabras clave Trasgresión, pecado, crimen, desviación, riesgo. 1 Dr. en Sociología, Catedrático de la Universidad Católica e investigador Nacional e Internacional de proyectos y consultorías sociales. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 265 Transgresiones normativas y control social Abstract Normative transgressions can be classiied in sins or moral transgressions, criminality, deviation, risk. While each of the four variants dominates in a speciic era of the development of societies, at present they can appear in diferent combinations. hese are ideal types. he type of moral transgression or sin corresponds to pre-modern societies, criminality to the stage of the constitution of bourgeois societies, the deviation to classical modernity and the risk to the second modernity or post modernity. To each of these types of transgression corresponds a typical procedure of social control: sacriice or revenge, punishment, treatment or political / social, prevention / situational intervention. Keywords Transgression, sin, crime, deviation, risk. 266 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Friedhelm Guttandin 1. Introducción Las transgresiones normativas se pueden clasiicar en pecados o transgresiones morales, criminalidad, desviación, riesgo. Si bien cada una de las cuatro variantes domina en una época especíica del desarrollo de las sociedades, en la actualidad pueden aparecer en diferentes combinaciones. Se trata de tipos ideales. El tipo de transgresión moral o pecado corresponde a sociedades pre modernas, la criminalidad a la fase de la constitución de las sociedades burguesas, la desviación a la modernidad clásica y el riesgo a la segunda modernidad o post modernidad. A cada uno de estos tipos de transgresión corresponde un típico procedimiento de control social: sacriicio o venganza, castigo, tratamiento o política / social, prevención / intervención situacional. Gráico Nº 1: Transgresiones normativas y procedimientos de control social. Fuente: elaboración propia. 2. Pecado (Huizinga 2001, Le Gof 1987) Los diez mandamientos de la Biblia y las leyes del Corán enseñan el origen divino de las normas, y no solo de las normas, sino también de las sociedades que se fundamentan en estas normas. En estos casos, una transgresión de las normas es percibida inevitablemente como una transgresión del orden divino, es decir como un pecado. Esta condición de indiferencia entre un orden social y un orden moral (religioso) dominaba en sociedades europeas medioevales y encuentra actualmente nuevas fuerzas en el fundamentalismo islámico. La transgresión de las normas es percibida como indicador para la crisis del “mundo de valores”. Como reacción a este diagnóstico se insiste en una restitución simbólica de este “mundo” mediante castigos ejemplares preferentemente aplicados a forasteros y minorías que tienen que asumir el rol de chivos expiatorios. A partir de ahí se desaEstudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 267 Transgresiones normativas y control social rrolla un sistema de castigos expresivos contra los marginados con el objetivo de marcar y estabilizar los límites de grupos y sus identidades. El pecador que pertenece a la propia comunidad es visto como un moralmente / religiosamente débil que mediante remordimiento y contrición obtiene la chance de reintegración. Representantes para este procedimiento de conservación y restitución del orden moral social provienen tradicionalmente del ambiente religioso conservador. A la religión como factor dominante de esta orientación cultural moral, se agregan, en las sociedades de la época post medioeval, criterios como nación y pertenencia étnica. La crítica hacia la decadencia de valores tiende a corresponder con la idea de un estado autoritario paternalista. 3. Criminalidad (M. Weber 1992, Foucault 2008) El concepto de la criminalidad se fundamenta en la idea de que el individuo es libre de decidir los ines y medios de sus actuaciones. Pero del mismo modo, él también es responsable de los resultados y consecuencias de aquellas. En la tradición de la sociología, se encuentra en lo que Max Weber deine como “actuación social”, una cercanía con el concepto de criminalidad: se trata de un individuo que antes de actuar, está calculando costos y ganancias. La racionalidad del actor weberiano tiene su correspondencia en la racionalidad del sistema jurídico. La reacción a transgresiones normativas de parte de las instancias jurídicas orienta el castigo al provecho / utilidad del delito para el delincuente como también al daño causado para la sociedad. En este modelo del derecho penal los delitos y sus castigos de antemano tienen que estar determinados y no hay ninguna pena sin una ley correspondiente. Además, los castigos deben mantener una relación proporcional tanto en lo cualitativo como también en lo cuantitativo con el delito. Con estos principios que se combinan también con el principio de la igualdad frente al derecho, el derecho penal liberal erradica –así el tipo ideal- procedimientos punitivos asistemáticos. En el tipo ideal “criminalidad” se encuentra una orientación hacia la realización de los intereses particulares. Se pronuncia la responsabilidad individual y la libertad. El tipo “criminalidad” corresponde a la idea de una integración social mediante un intercambio de bienes en mercados libres. Para esta variante de integración social el Estado juega un rol marginal. En vez de un control externo estatal se constituyen autodisciplina y autocontrol individual como factores que puedan establecer orden social. Uno de los orígenes de las Ciencias Humanas y Sociales se encuentra según Michel Foucault en las observaciones sistemáticas de los condenados en las cárceles modernas: observaciones externas se transforman en auto observaciones, normativas externas son internalizadas, control externo se transforma en auto control. Lo que en el laboratorio carcelario parece funcionar, fuera de éste encuentra todavía obstáculos: no todos los hombres respetan voluntariamente el orden social. En la búsqueda de las 268 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Friedhelm Guttandin causas para las transgresiones, los cientíicos sociales comenzaron a establecer comparaciones entre personas que respetan las reglas y normas y personas que las transgreden. De esta manera el comportamiento transgresor es entendido como atributo de la persona. Se buscaba las causas para este comportamiento dependiente de la disciplina y de la orientación profesional en los genes, la isiognomía, el alma (psicología), en las circunstancias de la infancia (déicit de socialización), en la desorganización social (falta de control) o en otras circunstancias de la vida. En diferencia a la criminalidad estas explicaciones implican una menor adscripción de responsabilidad con la consecuencia, que la reacción legítima no consiste en un castigo sino en un tratamiento. Se parte de la idea que se pueden cambiar las personas como también las circunstancias de su vida. A partir de este punto la prevención, el tratamiento medicinal y psicológico, la resocialización, la rehabilitación, la integración social forman parte de la reacción a las transgresiones criminales. En este contexto social humanista surgen las teorías del comportamiento desviado. 4. Comportamiento desviado A partir de los años cincuenta del siglo pasado el término “comportamiento desviado” comenzó su carrera en la Sociología. No hay diccionario en Sociología donde faltaría la explicación de las teorías sobre el comportamiento desviado. Pero en los años ochenta con los “linguistic turn” y “cultural turn” en las Ciencias Sociales se presentaron nuevas teorías que entraron a competir con los ya clásicos abordajes de la desviación - esto vale en especial para la teoría de riesgo-. En sus orígenes el concepto “desviación” pareció atractivo por su carácter técnico y objetivo que provino de la idea de la desviación estadística. De esta manera el concepto desviación se diferenció de otros, hasta aquel entonces, dominantes conceptos como “degeneración”, “desorganización” o “patología social”. Rápido se perdió el origen estadístico. En lo siguiente, el término se reirió menos a una desviación de un comportamiento típico, sino a una desviación de reglas y normas sociales. Según las interpretaciones de Durkheim y Parsons se trata de reglas y normas con validez general para una sociedad que cumplen la función de constituir y mantener el orden social. Las condiciones sociales y las funciones estructurales de las transgresiones de las normas y reglas vigentes forman a partir de este momento el tema de la desviación. 4.1. El abordaje normativo – funcionalista (Durkheim 1993/ Parsons 1999 / Merton 2002) La teoría de la desviación de normas se reiere a una relación entre el individuo y la sociedad, en la cual se constituye el orden social mediante la internalización de valores y normas de parte del individuo. Sociedad es conceptualizada como un sistema homoEstudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 269 Transgresiones normativas y control social géneo organizado congruente a un estado nacional. Dentro de éste, los roles y las posiciones se encuentran en un orden funcional de referencia mutua. Son la socialización / internalización juntos con el control social que garantizan que los individuos cumplan con las exigencias de sus roles. En el centro de estas teorías se encuentran la actuación conforme con las normas sociales y la transgresión o desviación de aquellas normas. La desviación de esta perspectiva parece ser una consecuencia de ambiguas expectativas o de conlictos de rol y también de deiciencias de socialización y de control social. Esta teoría de desviación prometió un análisis de desorden social independientemente de juicios morales y categorizaciones oiciales. Además, intentó relacionar los diferentes tipos y formas de desviaciones sociales en un contexto teórico general. No obstante, se quedan algunas preguntas teóricas. ¿Cómo se puede identiicar desviaciones y transgresiones de normas? Ni Durkheim ni Parsons y tampoco Merton deinen de manera clara lo que es desviación. Para ellos la desviación cumple la función de la estabilización del orden moral de la manera que los otros responden a la transgresión con sanciones. Este procedimiento es deinido como control social que mantiene el orden social en un equilibrio. Pero esta función de control social se encuentra de manera tautológica conectada con la presencia de la desviación, lo cual, en vez de suponer, se debería explicar. Una salida de la tautología se encuentra combinando la desviación con las expectativas normativas, es decir con normas que rigen para los actores cuando entran en interacciones con diferentes grupos. Pero de esta manera se suspende la idea rectora de un único sistema de normas que rigen de manera general y homogénea el comportamiento de los integrantes de una sociedad. En vez de referirse a un solo sistema normativo, los individuos se encuentran ahora enfrentados con una heterogeneidad de expectativas normativas provenientes de los grupos diferentes. Aparentemente también los criminales actúan –por ejemplo, en el contexto de su subcultura– siguiendo normas, a pesar de que están transgrediendo las normativas del derecho penal. A partir de este punto de argumentación, cuando se habla de desviación se tiene que plantear la pregunta, de quienes son las reglas y normas que se están transgrediendo en situaciones determinadas. Ahora queda visible, como consecuencia lógica, que las transgresiones de reglas no son características inherentes de actuaciones especíicas, porque de situación a situación, de grupo a grupo cambian las reglas vigentes. Lo que en un grupo vale como transgresión, en otro puede parecer algo “normal”. Este argumento marca el punto de crítica central del abordaje de etiquetación (labeling) en cuanto a la perspectiva funcionalista. 270 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Friedhelm Guttandin 4.2. El abordaje de etiquetación / estigma (Becker 2009 / Gofman 1998) Lo que caracteriza el comportamiento desviado no se encuentra en aspectos inherentes de este comportamiento mismo, sino en las reglas y su aplicación a ciertas categorías de individuos o grupos. Desviación se reiere a deiniciones subjetivas y a reglas, que en interacciones, dependiendo de situaciones especíicas, son negociados entre los actores. A partir de ahora la investigación de desviación relexiona sobre los procesos de la constitución y del desarrollo de normas incluyendo su aplicación selectiva. En la tradición de la fenomenología y de la teoría de la interacción simbólica se analiza actuaciones como interacciones, que se orientan en las expectativas de los otros. La base para esto ya no son en primera línea normas, sino el habla, y especialmente el conocimiento compartido por los participantes de la interacción -un conocimiento que es estabilizado/institucionalizado en forma de las expectativas que se conectan con los diferentes roles-. Pero instituciones como un mundo de sentidos simbólicos, en el cual los valores, las normas y su respectiva legitimación están presentes, y en el que cada vez, de nuevo, tienen que ser reproducidos mediante la actuación de los individuos. Por esto su vigencia es frágil y amonestada por rechazos, críticas y olvidos. El orden social parece ser una construcción enfrentando la amenaza del caos. Si bien en este abordaje las normas y las desviaciones también obtienen una importancia central, ellos ya no son entendidos como únicos factores de deinición de la actuación social, sino más como, de mayor o menor grado, variables y factores de orientación que en su aplicación necesitan de la interpretación y creatividad de los actores. Por supuesto, estas construcciones / etiquetaciones de comportamiento desviado no dependen de la voluntad de los actores, sino siguen a los discursos sociales en los cuales se encuentran tipiicaciones y categorizaciones orientadoras. De esta manera la teoría de la desviación es ampliada por aspectos de conocimiento (prejuicios, estereotipos). En las negociaciones entre los inter actores por las construcciones / etiquetaciones y su aplicación, este conocimiento sirve como base. Con el éxito del abordaje de desviación en los años sesenta y setenta el vocabulario teórico se mudó hacia los movimientos estudiantiles, a los intelectuales en las esferas de cultura y política y a las administraciones públicas. En este contexto especialmente el término “desviación” perdió su original sentido crítico objetivo y se transformó en una etiqueta negativa para minoridades que lucharon por sus derechos, como los homosexuales, las personas con discapacidad, los enfermos, entre otros. A partir de la experiencia de la estigmatización también mediante el término “desviado” el término vuelve a la Sociología: surgen críticas al abordaje sociológico de la desviación, que le culpan de una alianza con prácticas de opresión de minorías. Pero estas culpaciones se reieren al uso de un término fuera del contexto académico y posterior a su desarrollo Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 271 Transgresiones normativas y control social cientíico. A pesar de esto, las teorías de desviación no perdieron su potencial crítica. 5. Riesgo (Beck 1998) Según la teoría de la “sociedad de riesgo” las sociedades modernas entran en una nueva fase de desarrollo en la cual el tema de la distribución de la riqueza es sustituido por la distribución de riesgos. Central para la “sociedad de riesgo” son la erosión de los lazos tradicionales de integración social, la individualización de los seres humanos y inalmente la responsabilidad individual para las consecuencias de las actuaciones. La familia, el vecindario, el medioambiente de la clase social que fueron garantes de solidaridad, protección y seguridad en situaciones de crisis, pierden importancia. Si bien esto señala también un nuevo grado de libertad individual, el riesgo de las actuaciones individuales y singulares de terminar en fracasos aumenta enormemente. Donde faltan las antiguas instituciones como “rieles de comportamiento” ya no se puede hacerles responsable. Desde esta perspectiva, la responsabilidad individual se diferencia en dos dimensiones. Primero, las actuaciones individuales corren mayores niveles de riesgo y, segundo, hay individuos y grupos que por sus actuaciones “son” un riesgo. Los miembros de poblaciones de riesgo ya no son percibidos como personas con orientaciones erróneas e incompletas causadas por su socialización desfavorable, sino más que nada como portadores de factores de riesgo. A los posibles transgresores de las normas se tiene que identiicar y cercar con estrategias de seguridad: prevención, aislación, exclusión. Para los individuos que no pertenecen al grupo de aquellos que “son” un riesgo, vale que tienen que asumir cada vez más la responsabilidad para su seguridad individual. El tipo ideal de la desviación converge con el modelo socialdemócrata de la inclusión social mediante un estado de bienestar en el cual los profesionales de asistencia social, tratamiento e inclusión trabajan para la protección y rehabilitación de poblaciones desviadas. A diferencia de esta idea de rehabilitación y protección, el tipo ideal “riesgo” insiste en la responsabilidad individual acercándose de esta manera al tipo “criminalidad”. Pero existen también similitudes con el tipo conservador religioso (pecado) con su sistema penal expresivo para marcar los límites e identidades grupales con la inalidad de exclusión de grupos de riesgo. 272 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Friedhelm Guttandin Tabla Nº 1: Cuadro sinóptico de transgresiones normativas y control social Transgresiones normativas/ Sociedades Sociedades pre modernas Sociedad burguesa Modernidad clásica Postmodernidad Transgresión Pecado, transgresión moral Criminalidad Desviación Riesgo Control social Venganza, penas corporales, contrición, puriicación Disciplinar, autocontrol Disciplinar, inclusión risk management, exclusión Estratiicación Corporaciones políticas (príncipes, nobleza, burguesía) Clases económicas Estratos sociales grupos de estilo de vida Estado / política Absolutismo, feudalismo, sociedades tribales Estado de derecho Estado de bienestar Estado de intervención Discurso político Tradicional conservador Liberal social democrático Neo liberal, neoconservador, postmoderno Teorías cientíicas Principios religiosos, pérdida de valores Decisiones libres y racionales Anomía, teorías de desviación Sociedades de riesgo Fuente: elaboración propia Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 273 Friedhelm Guttandin Referencia bibliográfica Beck, Ulrich. 1998. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Barcelona, Buenos Aires, México, Paidos Básica. Durkheim, Emile. 1993. La división del trabajo social, Buenos Aires. Editorial Planeta. Foucault, Michel. 2008. Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI. Gofman, Erving. 1998. Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu. Huizinga, Johan. 2001. El otoño de la edad media, Madrid, Alianza Le Gof, Jaques. 1987. La bolsa y la vida: Economía y religión en la edad media, Barcelona. Gidesa. Merton, Robert K. 2002. heoría y estructuras sociales, México, Fondo de Cultura Económica. Parsons, Talcott. 1999. El sistema social, Madrid, Alianza. Weber, Max. 1992. Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 275 BIBLIB: 0251-2483 (2015), 277-300 METODOLOGÍA Y RAPPORT. EL MONITOREO, EL SEGUIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN SOCIAL EN ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA. Enviado: 12/03/2017 Aceptado: 27/06/2017 Oscar Balbuena Jara1 Resumen Este artículo se basa en el análisis de la metodología utilizada en los trabajos de campo de investigación social, así como de monitoreos y seguimientos de instituciones de encierro, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Igualmente se analiza y propone el rapport como base fundamental para el trabajo en contextos de encierro. Se basa el análisis en los conocimientos metodológicos y teóricos, y en las experiencias recogidas durante cuatro años de trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y sistematizadas en los componentes cualitativos de las bases de datos generadas en el marco de los trabajos realizados. Igualmente se enmarca en el concepto de investigación secundaria o con datos secundarios (Vieytes, 2004). Se conceptualizan constructos claves para entender la ilosofía de los trabajos de campo, así como metodología, rapport, institución de encierro, interdisciplinariedad, integralidad, entre otros. Las principales conclusiones fueron que el acercamiento progresivo hacia las personas privadas de libertad genera rapport, la vestimenta crea barreras en el marco de los trabajos de investigación, monitoreos y seguimientos y afectaría a la calidad de los resultados obtenidos, y que la interdisciplinariedad evita caer en un reduccionismo cientíico y metodológico. 1 Maestrando en psicología clínica, con énfasis en psicoterapias con base en evidencia, por la Facultad de Filosofía, de la Universidad Nacional de Asunción. Jefe de Investigación y Estadística Social del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 277 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Palabras claves Metodología, rapport, personas privadas de libertad, integralidad, contextos de encierro. Abstract his article is based on the analysis of the methodology of ieldwork of social research, as well as monitoring and follow-up of institutions of coninement, through the National Mechanism for the Prevention of Torture. It also analyzes and proposes rapport as a fundamental basis for work in coninement contexts. he analysis is based on methodological and theoretical knowledge and on the experiences gathered during four years of work of the National Mechanism for the Prevention of Torture and systematized in the qualitative components of the databases generated in the framework of the work carried out. It is also part of the concept of secondary research or secondary data (Vieytes, 2004). Key concepts are conceptualized to understand the National Mechanism for the Prevention of Torture ieldwork philosophy, as well as methodology, rapport, institution of closure, interdisciplinarity, comprehensiveness, among others. he main conclusions were that the progressive approach to people deprived of freedom generates rapport, clothing creates psychological barriers in the framework of research, monitoring and follow-up and afects the quality of the results obtained, interdisciplinarity avoids falling into a Scientiic and methodological reductionism. Keywords Methodology, rapport, persons deprived of their liberty, integrality, contexts of coninement. 278 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara 1. Introducción El presente artículo es una relexión de todo el trabajo que viene realizando el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay (MNP) desde el año 2013. El mismo se constituye en un proceso constructivo en el que muchas personas, desde la teoría, la práctica, la investigación, e incluso desde la intuición experta, fueron institucionalizando estrategias de trabajo de campo, de lobby, y otras de incidencia política. El principal de los objetivos propuestos en este artículo es el de establecer las bases para la deinición de metodologías de trabajo de campo en contextos de encierro2. Y los objetivos especíicos que se persiguen son los de: (i) deinir el marco legal del trabajo en contextos de encierro en el Paraguay; (ii) proponer un marco conceptual para el trabajo de campo en contextos de encierro; (iii) transmitir experiencias del trabajo de campo de investigación, monitoreo y seguimiento del MNP; (iv) delinear una metodología para trabajos de campo, monitoreos y seguimientos a instituciones de encierro; y, (v) elaborar conclusiones con base en las características, experiencias, conocimientos, y teorías de las ciencias sociales. El MNP es un ente autárquico, con personería jurídica de derecho público, creado a través de la ley 4288/11, para reforzar y colaborar con la protección de las personas privadas de libertad contra todo tipo de trato o penas prohibidas por nuestra legislación vigente y las normas internacionales que rigen la materia, así como prevenir y procurar la erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes en reglamentación de la ley 2754/05. Y a través de la misma, se determina que el MNP integrará el sistema internacional de control para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, o degradantes (ley 4288/11, Art. 1°). La ley 4288/11 determina igualmente que el MNP cumplirá sus funciones a través de la Comisión Nacional, los escabinos y escabinas que integren la participación ciudadana, los y las funcionarias técnicas permanentes o temporales, los demás funcionarios afectados por la Comisión para actividades especíicas, y las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, se relacionará con los demás organismos públicos y privados con absoluta independencia para el cumplimiento de sus ines (ley 4288/11, Art. 3°). En lo relacionado a los ámbitos en los que deberá intervenir, la ley expresa que el MNP organizará su intervención en los lugares en donde existan, o se presuma que existan personas, connacionales o no, afectadas en su libertad, en establecimientos tanto públicos como privados, y en especial en: (i) penitenciarías u otros establecimientos similares; (ii) centros educativos para adolescentes; (iii) establecimientos po2 Cabe recordar que cuando se habla de contextos de encierro se hace referencia a los ámbitos de intervención del MNP, establecidos en su artículo N° 4. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 279 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura liciales, militares, o educativos que cumplan funciones similares; (iv) establecimientos de internación de personas con discapacidades físicas o mentales, adicciones, o con discapacidad; (v) hogares de abrigo de niños, niñas y adolescentes, mayores de edad, y adultos mayores; (vi) unidades móviles de detención o aprehensión; y, (vii) lugares de tránsito de inmigrantes (ley 4288/11, Art. 4°). Uno de los artículos de la ley 4288/11 que guarda mayor relación con el presente artículo es el octavo, el cual se reiere a la conidencialidad y la reserva de la identidad de las personas u organizaciones que brindan información al MNP. En dicho artículo se basan casi todas las acciones llevadas a cabo en terreno, en trabajos de campo, y recolección de datos en general, ya que deine de manera legal la manera de manejar la información recolectada durante los trabajos. En él se expresa que toda información proporcionada, salvo autorización expresa del informante, será reservada, resulte o no pertinente, falsa o verdadera, aunque exista un proceso penal abierto, y si del conocimiento de la información pudiera temerse razonablemente algún tipo de represalia o daño, la Comisión está obligada a resguardar la identidad del informante, incluso si existe una orden judicial solicitándola (ley 4288/11, Art. 8°). De esta manera, y con base en el artículo 8° de la ley 4288/11, en trabajos de campo se opta por utilizar el consentimiento informado de forma verbal. En otra manera de operativizar la ley 4288/11, se cuenta con la colaboración, en condición de escabinos y escabinas, voluntarios y voluntarias, o personas interesadas en las temáticas abarcadas por el MNP. Esto se da en trabajos de campo, asesoría y consejería técnica. 2. Marco conceptual 2.1. Metodología Se deine la metodología como la ciencia del método o el arreglo ordenado; especíicamente, la rama de la lógica que se interesa en la aplicación de los principios del razonamiento, aplicados a la indagación cientíica y ilosóica (APA, 2010). En este trabajo especíicamente, se denomina metodología a la lógica del conjunto de acciones, técnicas y estrategias utilizadas en el marco de trabajos de campo en la investigación, el monitoreo, y el seguimiento de instituciones de encierro del país. Se considera que las ciencias sociales tienen contacto con la realidad a través de sus metodologías, y que la calidad de los datos que se obtengan depende en gran medida de este entrelazado de variables cientíicas y sociales. Por tanto el investigador debe estar preparado para enfrentarse a situaciones completamente nuevas, poco conocidas y poco estudiadas (Kalinsky, 2004). Igualmente, dentro de todo el entramado socio- 280 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara cultural, contextual y político, se deben tener en cuenta aspectos relacionados al sexo y al género. De la misma forma, la metodología planteada para trabajos de campo en contextos de encierro debe, con base en las características y dinámicas propias de las poblaciones estudiadas, contar con un grado de lexibilidad determinado con el objetivo de contrarrestar imponderables en terreno. 2.2. Rapport Se entiende el rapport, en una situación de investigación social, como la relación cálida y relajada de mutuo entendimiento, aceptación y compatibilidad comprensiva entre los individuos. El establecimiento del rapport con el cliente en la psicoterapia es con frecuencia una meta signiicativa inmediata para el terapeuta a in de facilitar y profundizar la experiencia terapéutica y fomentar el progreso y mejoramiento óptimos del cliente (Diccionario APA, 2010). Para los efectos prácticos del presente artículo, se deine como rapport a todas las estrategias, técnicas psicológicas y sociales, utilizadas en los relacionamientos personales, generalmente cara a cara, con las personas. El mismo tiene como inalidad última establecer una relación tranquila y calmada, así como ofrecer un ambiente de empatía, conianza, y apertura, que tienda a un clima de aceptación positiva incondicional entre el o la entrevistadora y la persona entrevistada. Se considera que la calidad de los datos obtenidos en los trabajos de campo, así como en contextos de laboratorio, e investigaciones en contextos de encierro en particular, son en gran medida proporcionales a la calidad y la pertinencia de la metodología escogida. Al asumir la responsabilidad de escoger una metodología para el trabajo de campo en contextos de encierro, el aspecto metodológico en ocasiones se vuelve una incógnita, ya que estos establecimientos se encuentran, históricamente, inexplorados por la ciencia debido a su diicultad en el acceso. 2.3. Institución de encierro: deinición legal del MNP El MNP deine las instituciones de encierro como toda aquella en la que se encuentren, o se presuma que se encuentren personas privadas o afectadas de su libertad, debido a cuestiones legales, derivaciones involuntarias, o por decisión propia, sean éstos públicos o no, y de connacionales o no. En el presente artículo se profundizará acerca de las penitenciarías u otros establecimientos similares, para varones y mujeres, debido a que son dichas instituciones las Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 281 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que más personas albergan, y las que más monitoreos tienen en su haber. 2.4. Entrevistas La técnica más utilizada en los trabajos de monitoreo e investigación del MNP es la entrevista, ya que se considera que es la que mejor se adapta a las necesidades prácticas de la institución3, viendo que una de las inalidades de la misma es obtener datos para la elaboración de informes de investigación y monitoreo. Se deine a las entrevistas en dos tipos. El primero, la entrevista, considerada como una conversación dirigida con el propósito de obtener de un individuo información especíica con ines de investigación o monitoreo. Las entrevistas pueden ser altamente estructuradas, incluyendo preguntas establecidas, o no estructuradas, que varían con el material introducido por el entrevistado (APA, 2010). Y, el segundo, la entrevista a profundidad, referida a aquella especialmente diseñada para revelar los sentimientos, actitudes, opiniones y motivos muy arraigados. Las mismas tienden a ser conversaciones frente a frente relativamente largas y semiestructuradas (APA, 2010, modiicado del concepto original del diccionario de la APA). 2.5. Entrevistador/a En las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, los profesionales y en cierta medida también los y las estudiantes, cuentan con experiencia suiciente dentro de su formación, y con la posibilidad de incorporar habilidades especíicas necesarias para llevar a cabo entrevistas en contextos de su praxis profesional o pasantías profesionales supervisadas. En este caso especíico se hace referencia a la investigación, monitoreo, o seguimiento de los ámbitos de intervención. Se considera que el o la entrevistadora es un agente crucial en el proceso de recolección de datos e información acerca de las condiciones de alojamiento de las poblaciones, del relevamiento de los datos necesarios para las acciones del MNP, así como de la constatación del cumplimiento, o no, de sus derechos. Se deine al o a la entrevistadora como la persona, profesional o estudiante capacitado o capacitada, que tiene a su cargo el contacto directo con la personas, varones y mujeres, internas de las instituciones de encierro que se encuentran en los ámbitos de intervención del MNP, además de establecer una charla estructurada o semiestructurada, de índole profesional, y que tiene como objetivos claros y concretos, previamente establecidos, recolectar información de calidad acerca de temas relacionados a la privación de libertad, a las condiciones institucionales de trato, alojamiento, actitudes, así 3 282 Igualmente se utilizan técnicas de observación, análisis documentales, entre otras. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara como relevar y gestionar denuncias, y sobre el cumplimiento de derechos en general. 2.6. Colaboración de personas de la sociedad civil En lo que reiere a la colaboración de las personas de la sociedad civil en las actividades llevadas a cabo por el MNP, se distinguen principalmente dos: el voluntariado y el escabinado. Respecto al voluntariado, pueden ser estudiantes o profesionales en general, interesados en participar en la temática, trabajos de campo, carga de datos, o generación de bases de datos y/o de informaciones de los trabajos llevados a cabo por el MNP, o en ganar experiencia en el ámbito de la ciencia social, la investigación, y los derechos humanos en general. Pueden colaborar de dos maneras, una realizando trabajos de gabinete en la oicina (aunque igualmente apoyaron actividades en terreno), y otra en trabajos especíicos en terreno, por ejemplo, en investigaciones, monitoreos y seguimientos. En todos los casos los y las voluntarias pasan por un proceso de sensibilización acerca de la institución, la naturaleza del trabajo, las características de las poblaciones en que se van a desenvolver. Igualmente, se informa acerca de la documentación necesaria para el ingreso a las instituciones. Y, por último, se realiza un proceso de capacitación acerca del instrumento a ser utilizado en la actividad especíica en la cual colaborarían. En lo que tiene que ver con la igura del escabinado, en el artículo 23, de la ley 4288/11 la misma es deinida como “ciudadanos que no ocupan cargos públicos, electos por los comisionados en atención a su idoneidad para llevar a cabo funciones asignadas a los miembros de la Comisión Nacional, en el área de intervención para la que fueron electos”. 2.7. Instrumentos (hoja de entrevista, hoja censal, guía de entrevistas) Los instrumentos de recolección de datos son todos aquellos que se crean con la inalidad de recabar datos de interés y generar información importante acerca de algún fenómeno, hecho, situación, condición, o actitud ante ciertas situaciones que son desconocidas, tanto en contextos de monitoreo y seguimiento, como de investigación. El tipo de información recolectada puede variar entre cualitativa, utilizada en casos en donde se busque profundizar en el conocimiento de las percepciones subjetivas, actitudes, profundidad de la información, y variedad de la información. Y, cuantitativa, cuando lo que se intenta relevar son datos estadísticos, hechos concretos, tasas, Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 283 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cantidades, duración de situaciones, promedios y generalizaciones en general. O mixta, con la cual se intenta acopiar información combinada de las dos tipologías anteriores con la inalidad de incluir la mayor cantidad de variables sobre algún hecho o fenómeno concreto. Entre los instrumentos con los que cuenta el MNP se encuentran las hojas de entrevistas, que consisten en instrumentos utilizados generalmente en investigaciones que se llevan a cabo en los ámbitos de intervención de la institución, y constan de dimensiones mixtas. Igualmente se utilizan las hojas censales, que tienen el objetivo de obtener información acerca de todas las unidades muestrales de una población estudiada, utilizados para recolectar información mixta, aunque mayormente cuantitativa. El MNP creó hasta el momento dos hojas censales, utilizadas en dos censos4. Otro de los instrumentos utilizados son las guías de preguntas, las cuales incluyen dimensiones principalmente cualitativas, y se utilizan en visitas de inspección, monitoreo, y seguimiento. Como estrategia de recolección de datos se utilizan entrevistas personales, a profundidad, grupales, y grupos focales, para los cuales se emplean habitualmente guías de entrevistas. Igualmente se utilizan cuestionarios, instrumento de medición considerado clave para la obtención de información en terreno, mediante entrevistas, asimismo el cuestionario es el principal instrumento de medición cuando se llevan a cabo investigaciones mediante encuestas (Shaughnessy, Zechmeister y Zechmeister, 2007). 3. La investigación cientíica social Se entiende a las ciencias sociales como “una unidad cimentada en la diversidad” (Prats, 2012: p.7), compuesta por diversos elementos, tanto personas como objetos, instituciones, situaciones, lo cual forma una totalidad. Toda esta diversidad, esa realidad global, integral, posee características generales y particulares, que inalmente constituyen “todas aquellas que se derivan de la presencia y acción de los seres humanos y a la que denominamos genéricamente lo social” (Ídem). El estudio del entramado social a través de distintas disciplinas, como la sociología, la psicología, la antropología, la economía, el derecho y el trabajo social, entre otras, es lo que se llama ciencias sociales, es decir, se considera a las ciencias sociales como el 4 284 Para mayor información al respecto, ver en anexos de: (i) http://mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-09-46/Publicaciones/Abriendo-puertas-al-encierro.-Realidad-de-adolescentes-en-privaci%C3%B3n-de-libertad-en-Paraguay/; y, (ii) http://mnp.gov. py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-09-46/Publicaciones/Censo-de-MujeresPrivadas-de-Libertad-2015/ Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara estudio cientíico de los fenómenos que tienen lugar en la sociedad, tanto de manera general, como los censos de población, o los censos de poblaciones especíicas, como el censo de mujeres privadas de libertad (MNP, 2016a). La sociedad es contenida en un marco, con la diversidad correspondiente, el mismo dota a las ciencias sociales tanto de los objetos de estudio, y además es de por sí, la que facilita el campo de investigación de las ciencias sociales. Así, toda la diversidad encontrada en el marco social debe ser aprehendida a través de la investigación cientíica, utilizando el método de la ciencia con objetivos de medición y aprehensión de la realidad, del conocimiento y de los fenómenos que tengan lugar en el entramado social. Con relación al método cientíico, se lo considera “un procedimiento para descubrir las condiciones en que se presentan sucesos especíicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, veriicable, de razonamiento riguroso y observación empírica” (Tamayo y Tamayo, 2014: p.30). Este procedimiento dota a la investigación cientíica social de herramientas validadas por varios cientíicos, quienes las ponen a prueba constantemente en diferentes contextos. Igualmente estas herramientas pueden encontrarse en procesos de validación, casos en donde los resultados técnicos y de proceso de obtención de datos pueden brindar evidencia de su validez y su coniabilidad para que otros cientíicos lo utilicen. Las principales características del método cientíico son la sistematicidad y la objetividad, además debe abordar problemas solubles, ser contrastables, así como replicables en la realidad. 3.1. La interdisciplinariedad Acorde con la tendencia global de la ciencia, y del método cientíico (UNESCO, 2015), el MNP opta, tanto en la investigación cientíica como en el monitoreo de instituciones de encierro, por la interdisciplinariedad, de la cual se puede decir que es una característica intrínseca y transversal, a la vez del enfoque de los trabajos, como de la estructura institucional, ya que en el equipo técnico, al igual que los y las comisionadas se encuentran desempeñando tareas profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales. Igualmente, y buscando críticas que colaboren en la elaboración, estructuración, y utilización de los diferentes instrumentos de medición creados con la intención de recolectar datos válidos, sólidos y coniables, se solicita el asesoramiento técnico de referentes de las ciencias sociales en Paraguay. Para entender mejor el concepto de interdisciplinariedad, se deine a ésta como: el trabajo colaborativo, en equipo, y con la lógica propia de un sistema integrado de referentes intelectuales y políticos, de especialistas, personas y profesionales de ciencias Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 285 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura aines, en busca de un objetivo común; así, la interdisciplinariedad “incorpora los resultados de las diversas disciplinas, tomándolas de los distintos esquemas conceptuales de análisis, sometiéndolos a comparación y enjuiciamiento y, inalmente, integrándolas” (Tamayo y Tamayo, 2014: p.70). Uno de los objetivos principales de este enfoque es evitar caer en el reduccionismo cientíico. Otra característica importante que aporta al concepto de la interdisciplinariedad es que “no es una epistemología; es, simplemente, una metodología de la investigación cientíica” (Tamayo y Tamayo, 2014). 3.2. La integralidad Se entiende a la integralidad como un enfoque en donde se abordan problemáticas sociales desde el concepto de salud integral. En él, se considera a las personas como seres biopsicosociales y ecológicos, por ello este enfoque incluye una mayor cantidad de variables, e incrementa la profundidad de la investigación. El objetivo es obtener un espectro más extendido de análisis en el proceso de producción de conocimientos sobre un fenómeno social. La noción de integralidad, o del enfoque integral, se plasma en el delineamiento de los trabajos, tanto de monitoreo como de investigación social, así como en la construcción de las dimensiones a ser incluidas en las estructuras de los instrumentos de medición, y el trabajo de campo en general. Tomando en cuenta dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, y ecológicas al abordar los problemas que se estudian. En la dimensión biológica se toman en cuenta las variables del organismo físico, el cuerpo, la constitución biológica de las personas, por ejemplo la alimentación digna y adecuada como derecho; lo cual se reiere al desarrollo físico, y a saciar el hambre, los cuales son fenómenos biológicos. La dimensión psicológica se reiere a las variables que incluyen los estados de ánimo, las percepciones subjetivas, las patologías mentales; y otros como la ansiedad, la depresión, y las alteraciones de la conciencia. Un ejemplo se da al tener en cuenta estados de agitación en algún pabellón determinado5 al tomar la decisión de recolectar datos en ese momento, o esperar unas horas o días a que la situación se normalice. Los estados de agitación inluyen negativamente en la disposición psicológica de las personas al momento de realizar entrevistas. Con relación a la dimensión social del enfoque integral, ésta es considerada una variable relacionada a la vida social de las personas, ejemplo de ello son los índices de las visitas de familiares y amigos, de actividades comunitarias (fuera de las instituciones), con quien de su familia se lleva mejor, entre otros. 5 286 Como días en donde hubo requisas violentas o profundas, las cuales afectan psicológicamente a la población del pabellón. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara Respecto a la dimensión ecológica, contextual o medioambiental, es la que guarda relación con los aspectos físicos de los lugares de alojamiento de las personas privadas de libertad, las estructuras que les brindan las instituciones de encierro. Como ejemplo se citan a la higiene de los lugares de alojamiento, la salubridad, los olores del entorno, los índices de hacinamiento y sobrepoblación de las cárceles, la adecuación de la estructura a las necesidades de poblaciones vulnerables y en general, como las personas adultas mayores, personas de pueblos originarios, o qué tan estimulantes son psicológicamente los ambientes que albergan a niños y niñas, entre otras. 4. Marco operativo en lugares de encierro El marco operativo de los trabajos de campo del MNP se basa principalmente en las políticas y directrices de la Asociación de Prevención de la Tortura (APT), la cual establece los lineamientos generales de actuación para su prevención. Asimismo, se hace referencia a conceptos y aspectos didácticos y metodológicos que guardan relación con la labor de prevenir la tortura a través de monitoreos e investigaciones sociales, las mismas fueron encontradas en la literatura técnica de las ciencias sociales, en lo concerniente a la elaboración de los instrumentos, así como a los trabajos de campo llevados a cabo por el MNP. 4.1. Deinición del estudio Se considera al presente trabajo como un análisis de los conocimientos y experiencias, en combinación con teorías de diferentes áreas relacionadas con las ciencias sociales. Todas ellas desde una ilosofía integral, e incorporadas en el marco de diferentes trabajos de campo llevados a cabo desde la creación del MNP como institución hace cuatro años, y en sus diferentes ámbitos de intervención. Además, durante el transcurso del tiempo se generaron datos e información relacionados con la realidad de los ámbitos de intervención del MNP, desde la propia institución así como de personas, organizaciones e instituciones que realizaron investigaciones en contextos de encierro. Por ello, se considera que el presente artículo utiliza datos e información de distintas fuentes, y que debido a ello se enmarca en el concepto de investigación secundaria o con datos secundarios (Vieytes, 2004). 4.2. Elaboración de instrumentos Todos los instrumentos de medición son elaborados en el MNP, con el equipo técnico. El cual cuenta con profesionales con experiencia de distintas disciplinas de las ciencias sociales y jurídicas, y que trabajan interdisciplinariamente en su elaboración. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 287 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Los instrumentos son elaborados especíicamente para los temas a ser investigados. Y se confeccionan con base en otros instrumentos, incluyendo indicadores extraídos de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, así como del marco jurídico nacional e internacional. También se incluyen variables o reactivos que se consideren necesarios6. Los tipos de instrumentos utilizados en trabajos de campo son los cuestionarios, guías de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y a profundidad, guías de observación de infraestructura, hojas censales, entre otros. La intención central del MNP es dotar a los instrumentos de base cientíica. Y para mantener el estatus cientíico de sus instrumentos se llevan a cabo revisiones continuas, autocríticas constantes, actualizaciones y adaptaciones, pruebas piloto, y se los somete a análisis, y al arbitrio de expertos en las diferentes materias estudiadas. 4.3. Casos y experiencias de análisis En este apartado se exponen las principales experiencias y casos que son utilizados para el análisis del presente artículo. Como existe poca información acerca de estas temáticas en la región, se hizo uso de la experiencia acumulada, y de las publicaciones realizadas por el MNP, de las cuales se extrajeron datos, experiencias, y análisis que fueron volcados en este artículo; con la inalidad de exponer la metodología delineada ante las comunidades cientíicas, académicas, políticas, y a la opinión pública en general. Censo de adolescentes El primer trabajo en donde se utilizó la metodología censal, llevado a cabo por el MNP, inició en el año 2014 y fue concluido en el 2015. Fue además el inicio de una ardua tarea de establecer los parámetros técnicos, políticos y prácticos de la metodología de los trabajos de campo del MNP. Tuvo como objetivo profundizar en la descripción y el análisis de la población adolescente en privación de libertad en centros educativos y áreas de adolescentes en penitenciarías de mayores en Paraguay. En la recolección de los datos participaron 26 estudiantes universitarios, provenientes de distintas universidades del país; y se realizaron 399 entrevistas, correspondientes al 103% de la población adolescente en privación de libertad (Galeano y Balbuena, 2015). Censo de mujeres privadas de libertad en el Paraguay Otro de los trabajos del MNP en el cual se utilizó la metodología censal fue el de las 6 288 Ejemplo: preguntas rompe hielos, como “¿de qué club sos?”, las cuales sirven de asidero semántico para comenzar las entrevistas. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara mujeres privadas de libertad. Fue la segunda investigación en la que se optó por esta metodología. Se inició en el año 2015 y culminó en el 2016. En este trabajo se contó con la participación de 126 estudiantes voluntarias y voluntarios de universidades, públicas y privadas, con las cuales se irmaron convenios para trabajos conjuntos. Igualmente, estudiantes y profesionales, voluntarios y voluntarias, colaboraron en el diseño, carga y gestión de la base de datos generada por el censo. Se realizaron entrevistas a 785 mujeres privadas de libertad, lo que se corresponde con el 96,5% de la población total de mujeres privadas de libertad en Paraguay en el momento de la recolección de datos (MNP, 2016a). Entre los objetivos de la investigación se encuentra el de generar impacto político y establecerse como insumo básico para la elaboración de políticas públicas adaptadas a las necesidades reales de la población de mujeres privadas de libertad. Informes del MNP Otros trabajos relevantes y directamente relacionados con la naturaleza de este artículo son los trabajos de campo de monitoreo de instituciones de encierro, ya tengan como objetivo monitorear o llevar a cabo seguimientos, con base en monitoreos, a las recomendaciones elaboradas por el MNP a las instituciones visitadas. La inclusión de los informes de monitoreo se debe a la naturaleza de los trabajos, y a que los mismos cuentan con metodologías basadas en la necesidad de generar rapport en el momento de llevar a cabo entrevistas en terreno. Cabe recordar que éstos cuentan con características únicas, y debido a ello las metodologías varían en función a éstas, sin embargo la naturaleza de todas es la misma y se encuentra implícita en todas las planiicaciones de trabajos de campo de monitoreo del MNP, o sea, el de la potenciación de los datos obtenidos en entrevistas, con base en la generación de un adecuado rapport y el delineamiento de una metodología, adaptada a estos contextos, basada en las características de las poblaciones de encierro. No es la intención de este trabajo analizar todos los informes que genera el MNP, ya que son varios, debido a ello se citan solamente tres que podrían ser considerados los más signiicativos y útiles como medida de la importancia de las metodologías y el rapport en los trabajos de campo, que son los correspondientes al Centro Educativo de Itauguá (MNP, 2016b), a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este (MNP, 2016d), y al Centro de atención a usuarios de drogas Transformando Vidas (MNP, 2016c). Referencias internacionales Un trabajo importante, a los efectos del presente artículo, es “Condiciones de vida en la cárcel: resultados de la encuesta de detenidos condenados”, llevado a cabo en Argentina en el año 2015. La misma tenía el objetivo de “analizar la cotidianeidad en los Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 289 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura penales, desde las voces de quienes están en situación de encierro” (UNTREF, CELIV, 2015: p.11). En dicho marco, se estudiaron dimensiones como “la efectividad de los programas de inclusión social, la conexión entre los privados de la libertad y el mundo exterior, la socialización y las redes internas, la violencia dentro de las cárceles, y el desempeño institucional de las autoridades carcelarias” (Ídem). Se considera, particularmente para este trabajo, que la característica más relacionada con la naturaleza del mismo, fue la que guardó relación con las estrategias utilizadas en trabajos de campo. Con objetivos similares al de este artículo, se hace referencia al trabajo de Magna y Muñoz, (2012), “La visita a prisión como metodología innovadora en derecho penal”, que se llevó a cabo en cárceles de España. Se considera que este trabajo aporta datos comparativos interesantes de analizar en contraste con lo que ocurre en Latinoamérica. 5. La propuesta de acercamiento y de trabajo del MNP En los casos de recolección de datos del MNP, antes de iniciar cualquier entrevista, se le explica a la persona los objetivos del trabajo; además, siempre se lee y se explica el artículo 8º de la ley del MNP7, y se le alienta a expresarse con libertad, sin temor a sufrir daños, sufrimiento o represalias posteriores por parte de los y las funcionarias de las instituciones visitadas, una vez terminada la entrevista. 5.1. Sensibilización: desmitiicación Se llama así al proceso de informar acerca de la naturaleza institucional del MNP, así como a la introducción a la ley 4288/11, de las facultades que adquieren a través de esta ley los funcionarios y funcionarias, así como escabinas y voluntarias, al igual que las personas que realizarán actividades con la institución. Igualmente, en el marco de este proceso, se introduce a la persona al conocimiento de las características de los trabajos de campo, y de la realidad de los ámbitos de encierro, lo que se debe tener en cuenta al trabajar en estos contextos, el tipo de vestimenta a utilizar, la documentación necesaria para el ingreso; igualmente se abren espacios destinados al intercambio de ideas y experiencias sobre los contextos de encierro, y la aclaración de dudas a los que trabajarán por primera vez en estos contextos. El principal objetivo de este proceso es sensibilizar a personas que participan por 7 290 Sobre la confidencialidad y la reserva de la identidad. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara primera vez en actividades del MNP, y así reducir los temores y la ansiedad que generan los contextos de encierro. Otro de los objetivos principales es desmitiicar, con base en la experiencia acumulada por funcionarias del MNP, la idea de que los contextos de encierro son lugares peligrosos, y en los que se encuentran personas a las que habría que temerles. Cabe resaltar que desde la creación del MNP, nunca se tuvo ningún tipo de inconveniente con ninguna persona privada de libertad, jamás la integridad física, psicológica ni social estuvo, o fue puesta en riesgo en ninguna de las inspecciones llevadas a cabo por la institución. Por último, este proceso es el único que capacita en materias prácticas a las personas que participarán de las inspecciones y actividades del MNP. El mismo es llevado a cabo tanto por los y las comisionadas de la institución, así como también por componentes del equipo técnico. Generalmente se lleva a cabo al menos un día antes de cada trabajo (dependiendo de la envergadura y la naturaleza del mismo), además se incluyen capacitaciones en uso de instrumentos de medición. 5.2. El contexto de encierro: características principales Al caracterizar los ámbitos naturales de intervención del MNP, se resalta una de las principales características, que la justicia encierra solo a las personas que se encuentran en situación de pobreza y desprotección social (Galeano y Balbuena, 2015; MNP, 2016a); son contextos en donde la pobreza se aprecia de manera directa. Esta característica es análoga en casi todos los ámbitos de intervención, sin embargo se agudiza si el contexto es el penitenciario. Estos contextos se caracterizan por ser lugares en donde coexisten muchas necesidades insatisfechas, hecho que se nota al momento de ingresar a ellos, ya que, desde el primer contacto, alguien demanda la satisfacción de alguna necesidad, que puede ser desde un cigarrillo, hasta una operación del ojo, por poner dos ejemplos. Una de las necesidades más demandadas es la que guarda relación con la situación procesal, “libertad es la bronca”8 es lo que generalmente se escucha, ante todo. Otra característica resaltante es que la mayoría de las personas que se encuentran privadas de libertad no tienen visitas de sus amigos, y tienen contadas visitas de sus familiares, lo que se considera que resulta en la necesidad psicosocial de tener contacto con el exterior, con personas amigables, empáticas, que les traten como igual, y maniiesten actitudes abiertas a la conversación. El hecho más relacionado con la necesidad de las visitas sociales son los traslados 8 Expresión utilizada en penitenciarías del Paraguay; que denota que lo más anhelado es la libertad, y que el encierro es lo más frustrante. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 291 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura arbitrarios, en donde si alguien es de Asunción y va de traslado a ciudades alejadas como Concepción, Misiones o Pedro Juan Caballero, automáticamente dejan de recibir visitas; así, en conjunto con la situación de pobreza, la negligencia y la arbitrariedad institucional, se crean situaciones de abandono social. Una de las recomendaciones que se realiza en ocasiones de los procesos de sensibilización es que no se dé nada, ni dinero, ni objetos de ningún tipo, ya que todo en la cárcel es moneda de cambio que inalmente pueden ser utilizados o comercializados de cualquier manera. Debido a ello se establecen estrategias para salvar tales situaciones. Generalmente se opta por entrar a los trabajos de campo solamente con lo necesario, luego, al ser abordados con estas solicitudes, se les aclara que no se cuenta con nada de lo que piden, que generalmente son monedas, dinero para comprar alimentos, lápices, bolígrafos, entre otros. Un punto a tener en cuenta aquí es que si alguien se percata de que a uno se le dio alguna moneda por ejemplo, podría generar algún hipotético malestar generalizado9. 5.3. Caracterización de la población privada de libertad Las principales características de la población privada de libertad son la falta de servicios básicos y la sistemática vulneración de sus derechos, lo cual se corresponde con todos los ámbitos visitados por el MNP. Como se dijo anteriormente, en los contextos de encierro en el Paraguay se mantienen insatisfechas varias necesidades básicas, se cita a la salud física y mental como una de las falencias más destacables de los sistemas y las administraciones de estos establecimientos. Faltan profesionales capacitados y por sobre todo comprometidos, al igual que insumos médicos, espacios adecuados, medicamentos, ambulancias, promoción de la salud, entre otros. La atención es deiciente, y la rehabilitación muy difícil. Otra característica es que la alimentación es mala, poco variada, y de elaboración en condiciones precarias. No se cuenta con alimentación correspondiente a cada etapa del desarrollo, ni con alimentación diferenciada debido a necesidades médicas. Igualmente, la situación procesal de la mayoría de las personas que se encuentran privadas de libertad debido a cuestiones legales, es bastante particular ya que existe un alto porcentaje de personas presas preventivamente, sin condena. Según el parte diario del Ministerio de Justicia, del 15 de diciembre de 2016, el porcentaje de personas presas sin condena asciende a 75,8 %, incluyendo varones y mujeres (MNP, 2016b). Además, en general, las personas reciben pocas visitas de sus familiares, así como de sus amigos o amigas, lo cual se puede observar en la mayoría de las instituciones 9 292 En general se utiliza la estrategia de decirles que no se puede ingresar al establecimiento con dinero o ciertos objetos que se consideran de valor en los contextos de encierro. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara visitadas hasta el momento por el MNP (Galeano y Balbuena, 2015; MNP, 2016a). El maltrato y la tortura recibidos por parte de las autoridades es otra característica compartida de los ámbitos de intervención del MNP (Galeano y Balbuena, 2015). Son personas constantemente golpeadas, o expuestas a situaciones de maltrato hacia otras personas, con la intención de enviar el mensaje que reivindique su poder, de manera represiva y autocrática. Se concluye, con base en datos del MNP, que las poblaciones de sus ámbitos de intervención están constituidas homogéneamente. Este hecho es crucial para determinar la representatividad de las muestras tomadas en trabajos de investigación, monitoreo, o seguimiento, ya que, cuanto más homogénea sea una población, menor será la muestra necesaria para que ésta sea representativa. Haber podido determinar esta característica de la población, fue de inconmensurable ayuda al momento de tomar decisiones metodológicas para trabajos de campo y muestreos. 5.4. El trabajo en contextos de encierro de Paraguay: rapport, vestimenta, y documentación necesaria. Para el MNP no es lo mismo ir vestido con trajes que ir vestido con ropa casual, de calle. Se considera que la manera de vestir inluiría directamente en el rapport, el cual es, quizás, la variable más importante a tener en cuenta al momento de realizar trabajos en estos espacios. Del establecimiento del mismo depende en gran medida el éxito o el fracaso de la recolección de datos, y de las visitas en general. En ocasión de la recolección de datos del censo de adolescentes en privación de libertad, acompañaron la actividad unas estudiantes voluntarias de una universidad privada del Paraguay, y, al inal de la jornada nos percatamos de que se habían duplicado muchas entrevistas, y se cayó en la cuenta de que los adolescentes iban de entrevistadora en entrevistadora diciendo que aún no se los había entrevistado, uno de ellos incluso llegó a entrevistarse con cinco entrevistadoras distintas. Con base en el análisis de las experiencias, el MNP dedica todo el esfuerzo necesario a la sensibilización con el in de lograr un óptimo desenvolvimiento en terreno, a establecer el mejor rapport posible durante el relacionamiento con las personas privadas de libertad, y a que mantengan una actitud empática al momento de tener contacto con ellas. Igualmente, se debe contar con la identiicación correspondiente, en el Paraguay es necesario, excepto para funcionarios del MNP, llevar cédula de identidad para el ingreso. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 293 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 5.5. En busca de rapport Con relación a las inspecciones de monitoreo y seguimiento, así como las de investigación social, el MNP propone una estrategia de acercamiento a las personas, en la cual el objetivo es trabajar en lugares en donde desarrollan su vida diaria, es decir, en sus propias celdas, pabellones, pasillos, dormitorios, entre otros. De la misma forma, tanto la manera de vestir, así como la actitud, son aspectos a tener en cuenta al deinir estrategias metodológicas de los trabajos en estos terrenos. Se considera que entrevistarse con las personas privadas de libertad sentados en su cama, colchón, o lo que se tenga a mano para sentarse ayuda a lograr un mejor rapport, hace que las personas se sientan autónomas, con mayor conianza, que perciba empatía, se le da a las personas la posibilidad de elegir el lugar en donde se realizará la entrevista. Además, cuanto más adentrado uno esté en el espacio físico en donde viven las personas privadas de libertad, menor será la posibilidad de que algún guardia se acerque a intentar escuchar algo de lo que se dice en las conversaciones. Se gana así en privacidad, anonimato, comodidad, y autonomía. Tanta es la importancia que se le brinda a generar rapport encontrándose en situación de entrevistas, observación u otros, que en una ocasión se llevó a cabo una entrevista en el lavadero de ropas de un penal, bajo el sol, donde la persona lavaba sus ropas, a la vez que respondía las preguntas del censo de mujeres. Igualmente, para lo concerniente a las penitenciarías, se cuenta con dos estrategias metodológicas más: (i) indagar acerca de la realidad en otros penales en los espacios en donde se sienten más cómodas y seguras, en casos en que la persona entrevistada ha sido trasladada de una cárcel a otra; y, (ii) entrevistar a personas que ya hayan salido en libertad, brindándole las garantías de conidencialidad y reserva de identidad, las mismas se llevan a cabo en lugares elegidos por las personas a entrevistar, generalmente bares, o sus lugares de trabajo, plazas, espacios públicos, entre otros. 5.6. Casos de los censos de adolescentes y de mujeres en privación de libertad En el caso de los dos censos, el de adolescentes en privación de libertad (Galeano y Balbuena, 2015), y el de mujeres privadas de libertad (MNP, 2016a), se establecieron una serie de estrategias metodológicas de campo, con vistas a mejorar el acceso a información sólida, válida y coniable, y a establecer el mejor rapport posible; buscando de esa manera brindar mayor autonomía, comodidad y seguridad a las personas entrevistadas. 294 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara Una de las estrategias fue crear el rol de coordinador de campo, cumpliendo con las funciones de quedarse con todos los elementos e insumos a ser utilizados en la jornada en algún lugar acordado, generalmente uno bien visible y cerca de la zona de la cárcel en donde se lleven a cabo las entrevistas10 y desde ahí observar la mayor parte del lugar, además de colaborar con los y las entrevistadoras en el sentido de buscar personas a quienes entrevistar al iniciar los trabajos. Luego, mientras todo el equipo se encuentre realizando entrevistas, ir hablando con internos e internas que aún no fueron entrevistadas, y así acordar la entrevista siguiente. Se utilizaron listas oiciales de las cárceles, donde se iban marcando los nombres de las personas que ya habían sido entrevistadas a in de no duplicar los casos. La estrategia consistió en ir de persona en persona, en cada sector, y solicitarle hacer la entrevista para el censo. La decisión de hacerlas o no, quedó de esa manera bajo la voluntad de las personas privadas de libertad. Este es un momento en el que haber establecido una relación abierta, cordial y empática con la persona, resulta crucial para que acceda a ser entrevistada. Los indicadores de que para el MNP esta estrategia resultó son la cantidad de personas entrevistadas en ambos censos, habiendo utilizado dicha estrategia. Otra estrategia metodológica, y que fue utilizada solamente en trabajos de investigación, fue la de llevar caramelos a las entrevistas, de esa manera se incentivó a las personas privadas de libertad, y accedían a las entrevistas. Una bolsita conteniendo caramelos hizo en varias oportunidades la diferencia entre acceder o no a las entrevistas. A todas las personas entrevistadas en el marco de trabajos del MNP se les lee y explica el artículo 8 de la ley 4288/11, acerca de la conidencialidad y la reserva de la identidad. Como hecho anecdótico, en un caso que sirvió de mucho para ganar experiencia, el equipo cayó en la cuenta de que en un almacén11, en una cárcel en donde se trabajó durante mucho tiempo, debido a la cantidad de personas privadas de libertad, se vendían bolsitas improvisadas de caramelos, con packaging12 casero, resultado de la acumulación de caramelos utilizados en las entrevistas, por parte de una persona, que luego fue a vendérselos a la propietaria de uno de los almacenes. 10 11 12 Los trabajos de campo en ambos censos fue organizado bajo una lógica zonal, en donde se avanzó organizadamente, bloque tras bloque, sucesivamente, con la finalidad de hacer el trabajo lo más ordenadamente posible, así como para no dispersar tanto la presencia de los y las entrevistadoras en las instituciones visitadas. Son espacios de las cárceles en Paraguay que también pueden ser denominados tiendas o bazares, en donde se venden productos varios, desde alimentos hasta pilas, pasando por una amplia gama de otros productos de primera necesidad para las personas privadas de libertad. Este es un término en inglés que es de amplia utilización en la región, y denota un envase, empaque, o embalaje. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 295 Metodología y rapport. El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura Por último, se pone a consideración una última estrategia, que guarda relación con el hecho de no acceder a la entrevista por parte de la persona privada de libertad. ¿Qué hacer en caso de que la persona no acepte realizar la entrevista en el momento en que se le solicita por primera vez? Para ello se estableció la siguiente estrategia: si la primera vez que se le solicita la entrevista a una persona dice que no, se buscan estrategias de negociación alternativas, y se trata de persuadirla al menos hasta tres veces más con la intención de no perder información valiosa. Con esta estrategia persuasiva se lograron evitar varios casos perdidos. 5.7. Crítica de acercamiento de operadores judiciales, derechos humanos, funcionarios públicos. El MNP considera que ir de traje es poco estratégico para los trabajos de campo, ya que a través de ese tipo de apariencias se crean distancias entre las personas. En sus informes se exponen datos acerca de la relación entre los operadores de justicia y las personas privadas de libertad. Principalmente en cárceles y centros educativos, estas últimas maniiestan recurrentemente que los y las funcionarias que visitan las instituciones de encierro no conocen las celdas o pabellones, y solicitan llevar a cabo entrevistas en cuartos, espacios u oicinas que se encuentran en áreas fuera de sus contextos cotidianos, o sea las celdas o pabellones. El MNP encuentra esto poco estratégico si lo que se intenta es conocer las condiciones en que se alojan, o saber que realmente pasan en su día a día las personas que se encuentran en las cárceles, o en los centros educativos. Los sacan de su contexto y los llevan a uno preferentemente más alejado de éstos. Se considera que ello va directamente en contra de rapport, y de la recolección de los datos, además de perder información valiosa acerca de cómo es la cotidianeidad en los contextos de encierro, y alimentar comportamientos discriminatorios ante la presencia de personas privadas de libertad. Conclusiones El acercamiento progresivo, no invasivo, sistemático, genera conianza a largo plazo. Lo que signiica que, como las personas privadas de libertad son consideradas sujetos de derechos, se respetan sus espacios, sus necesidades, así como el derecho que tienen a negarse a realizar las entrevistas, o a realizarlas en los lugares que consideren mejor. Lo cual genera conianza en las personas más reacias a colaborar, ya sea por motivos de características personales, por miedo, suspicacia, inseguridad o escepticismo, que inluya en su toma de decisión y acción. La apariencia inluiría en las personas entrevistadas, tanto en las entrevistas así 296 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Oscar Balbuena Jara como en las dinámicas de los trabajos de campo. Se considera que la percepción que la persona privada de libertad tenga de quien la entreviste es de fundamental importancia; por lo tanto, la apariencia, basada en la manera de vestir, es importante en gran medida en el objetivo de realizar charlas, reuniones o entrevistas con ines de monitoreo, seguimiento o investigación. Se considera que esto, por ejemplo ir de traje a entrevistar, crea una barrera psicológica en la persona privada de libertad. Las entrevistas en los lugares naturales de alojamiento de las personas privadas de libertad generan un ambiente de empatía y conianza en las personas entrevistadas. Esto genera rapport y ayuda a generar la mayor empatía posible con las personas privadas de libertad, ya que les crearía una sensación de igualdad con respecto a la persona que se encuentra entrevistándola, les brinda a las personas privadas de libertad seguridad, comodidad, y genera una mayor apertura de su parte. La interdisciplinariedad dota a la investigación de un punto de vista más integral que las abarcadas desde una sola disciplina cientíica. De esta manera se genera un abanico más grande de posibilidades de análisis, y aporta puntos de vista diferentes, enriqueciendo el producto inal de los trabajos. Igualmente, y con la misma lógica, la interdisciplinariedad favorece al proceso de construcción de los instrumentos de medición. Por último, este enfoque ayuda principalmente a evitar caer en un reduccionismo cientíico y metodológico, como ya lo airmaba Tamayo y Tamayo (2014). El voluntariado y las pasantías, son aspectos extremadamente importantes cuando la institución es pequeña y los fondos con que se cuenta para realizar los trabajos son escasos. La opción de realizar proyectos de monitoreo, seguimiento, e investigación, con la inclusión de voluntarios y voluntarias, beneicia a ambas partes; por una parte al MNP al posibilitar la colaboración de personas capaces para realizar trabajos, sin los cuales no se podrían realizar. Otro aspecto a destacar es que con los voluntariados los y las que participan lo hacen desde su formación académica universitaria, así que también se beneician debido a que los trabajos se realizan en contacto con lugares, personas y situaciones reales, ya dentro de la formación. Igualmente el voluntariado es considerado como una plataforma de aprendizaje y formación de personas en aspectos relacionados a las ciencias sociales, a las metodologías cientíicas, al manejo de situaciones laborales en la vida real, entre otras; allí, las personas se forman para ser actores protagonistas de la prevención de la tortura, ya que ellos y ellas tomarán en el futuro la posta de las personas que actualmente se encuentran luchando contra el lagelo de la tortura. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 297 Oscar Balbuena Jara Referencias bibliografías ACNUDH; APT; Foro Asia Pacíico. 2010. Prevención de la Tortura: Guía operacional para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Ginebra, ACNUDH, APT y Foro Asia-Pacíico. Albinyana, Josep y Sabina Cervera. 2014. Vida en prisión. Guía práctica de derecho penitenciario, Madrid, Fe d’erratas. Ander-Egg, Ezequiel. 2003. 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El monitoreo, el seguimiento y la investigación social en ámbitos de intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura “Transformando vidas”. Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Consumo de drogas”, Asunción, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 2016d. Informe de Seguimiento ISPAV N° 18/16, Asunción, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. 2016. Estadísticas: Parte diario, martes 6 de setiembre de 2016, en <http://www.mnp.gov.py/index.php/investigacion-social/2015-08-23-04-10-39/func-startdown/161/>. (Consultado el 15 de mayo de 2017). Naciones Unidas. 1948. Declaración universal de Derechos Humanos, Ginebra, Naciones Unidas. Naciones Unidas (s/f). La educación básica en los establecimientos penitenciarios, Maryland, Naciones Unidas. Prats, Joaquim. 2012. Las ciencias sociales en el contexto del conocimiento cientíico. 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Se incluyen instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos relacionados con la cultura y las personas privadas de libertad, a la luz de los debates teóricos sobre las implicancias de la cultura como construcción de la identidad de personas y/o grupos sociales que se encuentran privadas de libertad. Palabras clave Derechos humanos, cultura, privadas de libertad, derecho a la cultura, políticas culturales. 1 Master en derechos humanos, democracia y Estado en iberoamérica por la Universidad Alcalá de Henares. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, con experiencia en el ámbito de la comunicación y los derechos humanos en instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales entre los cuales se encuentran el Instituto Paraguayo del Indígena, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, PNUD y el Instituto Social del MERCOSUR. Fue docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Asunción. Actualmente, es directora de comunicación y cultura del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR con sede en Buenos Aires, Argentina. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 301 Políticas culturales en contextos de encierro para reafirmar identidades desde el ser sujeto de derecho Abstract his article approaches the importance of cultural rights in the context of coninement, focusing on persons deprived of liberty. he perspective analyzed is that of the right to culture, not only as an artistic expression incorporated as an inherent ield of the right to education, but as a right in itself that must be thought of as a public policy in terms of identity and diversity that allow interaction and reairmation of persons deprived of their liberty. It includes instruments of international human rights law related to culture and persons deprived of liberty, in the light of theoretical debates on the implications of culture as the construction of the identity of individuals and / or social groups that are private of freedom. Keywords Human rights, culture, deprived of freedom, right to culture, cultural policies. 302 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Corina Leguizamón Si hablamos de que la Constitución del Paraguay establece que la privación de libertad tiene por objetivo la reinserción de la persona condenada, necesitamos hablar también de los derechos que les son garantizados a la población en situación de encierro para que el objetivo sea cumplido. En esos términos es necesario pensar que la cultura y la educación son dos derechos fundamentales que deben ser garantizados juntos, pero también por separado. Ello requerirá del Estado pensar en políticas y programas que permitan el acceso a la educación y la cultura a todas las personas en situación de encierro, sean estas mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, indígenas, etc. Lo que debe quedar en claro para comprender la reinserción es que la cárcel no es un lugar de “castigo” si no un lugar donde se ofrezca alternativas para que el individuo pueda modiicar su autopercepción, es decir deje de mirarse como un “delincuente” para comprender que es una persona con dignidad y derechos. Claro está que lo que ocurre día a día en las cárceles y las condiciones de las mismas en nuestra región son una clara muestra de que lamentablemente las cárceles siguen siendo ese depósito humano, donde van a parar aquellas personas a las que a lo largo de sus vidas le han sido negados derechos fundamentales. Y no solo las cárceles, también los hogares de abrigo, albergues para niñas, niños, adolescentes, para personas mayores, no obstante, este análisis se centrará en las cárceles. Siendo la cárcel un lugar que seguirá existiendo, es necesario avanzar en mejores condiciones de vida para sus habitantes, de forma a que pueda cumplir con el objetivo que la ley le ha determinado, entendiendo además que la misma es administrada por el Estado, por lo que a su vez requiere que los administradores públicos piensen en políticas públicas tendientes a proteger a cada una de las personas privadas de libertad. La educación y la cultura son derechos fundamentales, conocidos como derechos económicos, sociales y culturales propiamente dichos. La educación tiene como in producir y reproducir saberes sin restricciones ni exclusiones y sin discriminaciones de ninguna especie. Estos conocimientos deben ser críticos, solidariamente responsables, regulados por el respeto al otro y con un interés emancipatorio y de socialización (Herrera, Paloma y Frejtman, 2010). Por su parte, la cultura es una construcción que se expresa en los pueblos y comunidades desde universos simbólicos y de sentidos que son socialmente compartidos. De ello resulta lo que cada pueblo, colectivo o grupo humano puede construir y en la cual basa su sentido de pertenencia y de diferencia, es decir su identidad. Por tanto, no se puede hablar de educación y cultura, sin pensar las políticas y estrategias especíicas tanto para la educación como para la cultura. La declaración de Friburgo2, en su artículo 2 deine el término de cultura, así como los derechos culturales: 2 De la UNESCO, adoptada en mayo de 2007. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 303 Políticas culturales en contextos de encierro para reafirmar identidades desde el ser sujeto de derecho El término “cultura” abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los signiicados que da a su existencia y a su desarrollo…. La expresión “identidad cultural” debe entenderse como el conjunto de referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se deine, se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su dignidad. Asimismo, el artículo 5 establece: Toda persona, individual y colectivamente, tiene el derecho de acceder y participar libremente, sin consideración de fronteras, en la vida cultural a través de las actividades que libremente elija. Los derechos culturales incluyen entre otros, cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura. Es necesario aquí detenernos en las artes, como herramienta fundamental y exitosa para la educación. No obstante, no corresponde solo a las políticas de educación desarrollar acciones culturales, debe pensarse también en políticas y programas de cultura que den cuenta de lo dicho anteriormente, en cuanto que, lo que se construye como cultura es parte de la identidad de pueblos, colectivos y grupos sociales, etc. Hablar de educación y cultura en contextos de encierro sigue siendo actual y necesario. Pero no solo de la educación como espacio formal y el arte como ámbito de la cultura instrumental a los ines de la educación, si no y principalmente de la cultura como derecho y expresión de la identidad en un contexto de encierro y por tanto, de políticas y programas culturales porque está claro que, la cultura a través del arte, así como la política y en ocasiones, la religión contribuyen a un cambio de visión, a una transformación en cuanto que permite que la persona se vea como sujeto que crea e interactúa positivamente. Revertir la mirada para incorporar políticas públicas de cultura y transformar las de educación, es un paso que se tiene que dar. Es decir, una educación liberadora que contribuya a que las personas privadas de libertad desarrollen sus capacidades de pensamiento crítico y a transformar sus vidas entendiendo que son personas sujetos de derecho y dignidad. Y los espacios culturales donde se reconozcan en su identidad y en la diversidad a partir de entre otras cosas, las diferentes manifestaciones del arte, el idioma, las tradiciones, el intercambio del ser y hacer. Hasta el momento los estereotipos, cargados de prejuicios siguen funcionando como categorizadores generales de personas, incluso de nosotros mismos (O’Sullivan et al., 1997). Relexionar sobre ello, haciendo referencia a las cárceles es pensar sobre 304 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Corina Leguizamón cómo categorizamos a las personas privadas de libertad y con base en ello qué posibilidades y qué derechos les deben ser garantizados. Zafaroni (2012: s/p.), menciona: Quien entra a la cárcel semianalfabeto y egresa como ingeniero electrónico, naturalmente que ha subido su nivel de invulnerabilidad y tiene otra autopercepción de sí mismo. No es porque lo hayan ‘arreglado’ como a un artefacto del hogar descompuesto o al que le faltaba una pieza, sino porque le han subido su nivel de invulnerabilidad quitándole el estereotipo introyectado. Y es aquí donde empezamos a adentrarnos en lo que signiican el arte y la cultura en un contexto de encierro. Foucault (1981) explica que en las cárceles se busca instalar en la conciencia del sujeto un dispositivo de control, construir una subjetividad que sea sumisa a los intereses del poder. Mientras que el arte como manifestación cultural se constituye como parte de nuestra identidad. La creación artística es en sí el desarrollo de la subjetividad y de la sensibilidad y facilita la coniguración de una identidad que reconoce al otro en su diferencia como sujeto de derecho. Ya señalamos que la educación y la cultura son derechos fundamentales que deben ser garantizados a las personas privadas de libertad. Ciertamente, los derechos son universales y están interrelacionados; no obstante, tanto la educación como la cultura necesitan ser política pública juntas pero también por separado, porque ambas si son bien entendidas, garantizan el libre desarrollo de la personalidad, una es complementaria de la otra pero cumplen funciones de forma independiente también. La cultura es lo que permite la interacción y la construcción de identidades, la educación contribuye al desarrollo de conocimientos y a la formación de la personalidad. En las cárceles, la política de cultura es imprescindible porque a través de sus diferentes manifestaciones las personas se van relacionando y reconociéndose en la construcción de un vínculo que les permite encontrarse en experiencias solidarias desde diversos campos simbólicos y ello se convierte en imprescindible para las personas en contexto de encierro. Seguidamente se exponen algunos instrumentos en materia de derechos humanos que argumentan el porqué de la necesidad de contar con políticas y programas no solo de educación sino también de cultura. En los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, el 6 dice que “todos los reclusos tendrán derecho de participar en actividades culturales y educacionales destinadas al desarrollo total de la personalidad humana”. También, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo EconóEstudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 305 Políticas culturales en contextos de encierro para reafirmar identidades desde el ser sujeto de derecho mico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977 expresan cuanto sigue: “para el bienestar físico y mental de los reclusos se organizarán actividades recreativas y culturales en todos los establecimientos” (Regla 78). El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos de las personas privadas de libertad (2011) también menciona la cuestión cultural como un ámbito que favorece el cumplimiento de los objetivos de la pena carcelaria. La Comisión Interamericana reconoce la necesidad de que los reclusos tengan la posibilidad y los espacios para organizar por sí mismos actividades deportivas, religiosas, culturales, musicales, e incluso de coordinar determinados aspectos de su convivencia. Lo cual es favorable para el cumplimiento de los objetivos de la pena, y en deinitiva para el mantenimiento de la armonía y buena marcha de los centros penales. En las recomendaciones, el informe expone que es necesario “implementar programas de actividades culturales, deportivas y recreativas en las que los reclusos puedan ocupar su tiempo”. En las conclusiones del informe, se expresa que: Así, los Estados deben adoptar políticas públicas integrales, orientadas a la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados. El logro de estos objetivos, depende necesariamente del establecimiento de un sistema integral en el que los Estados establezcan planes y programas de trabajo, educación y otros, orientados a brindar a los reclusos las herramientas necesarias para su eventual retorno a la sociedad. A lo largo del artículo se mencionan contenidos de instrumentos de derechos humanos que sirven de base para señalar la importancia de que los Estados y en particular, el Estado paraguayo cuente con una política o programa cultural para penitenciarias. Tanto Argentina como Brasil disponen de políticas de cultura para penitenciarías que dan cuenta de experiencias que promueven la participación en talleres creativos, de capacitación y relexión de música, pintura, plástica, etc. Así como, las bibliotecas abiertas que contribuyen a crear condiciones de disponibilidad y acceso ofreciendo no solo una alternativa de tiempo libre sino se constituye en un lugar donde los sujetos pueden encontrarse con experiencias que impacten signiicativamente en sus vidas. En el caso paraguayo existen iniciativas aisladas relacionadas al ámbito cultural, pero es necesario que estas se conviertan en política pública y no sigan reducidas a acciones puntuales que, además son promovidas, la mayoría de las veces, por entidades privadas y/o religiosas que colaboran con los centros de encierro. Las acciones y actividades culturales deben ser parte de una política que tenga objetivos claros y que atienda las necesidades especíicas de los grupos poblacionales de las penitenciarías y otros contextos de encierro, partiendo del principio de que la 306 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 Corina Leguizamón cultura es un derecho fundamental y que no puede ser negado a ningún habitante, lo cual impone obligaciones especíicas para las instituciones de los Estados. Además, de reconocer que contar con políticas de cultura en las penitenciarías representa ofrecer un horizonte o un espacio que signiica una alternativa donde otros se encuentran con otros y desde allí pueden cambiar su realidad y de esta forma contribuir a que, las penas carcelarias inalmente puedan ofrecer otros caminos posibles en la coniguración de la identidad. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 307 Corina Leguizamón Referencias bibliográficas Foucault, Michel. 1981. 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El Guaraní Conquistado y Reducido, por Bartomeu Melià 6. El Derecho Consuetudinario Indígena, por Miguel Chase-Sardi 7. Indios Guaraníes y Chamanes Franciscanos, por Luís Nécker 8. Raíz y Destino del Guaraní, por Marcos Morínigo 9. Memorias, por León Cadogan 10. Diccionario Nivaclé-Castellano/Castellano-Nivaclé. Ed. completa, por José Seelwische, O.M.I. 11. Chamanismo y Religión entre los Ava-Katu-Ete, por Miguel A. Bartolomé 12. Ñane Ñe’ẽ Guaraníme, por Lino Trinidad Sanabria 13. El Guaraní Experiencia Religiosa, por Bartomeu Melià 14. El Precio de la Sangre, por Miguel Chase-Sardi 15. La Contabilidad en las Reducciones Guaraníes, por Teresa Blumers 16. Ayvu Rapyta, por León Cadogan 17. Diccionario Mbya Guaraní - Castellano, por León Cadogan 18. Los caminos que conducen a Jesús - Nava Noyishai. Nava Tajuiya pa Jesús, por José Seelwische 19. Un Pueblo Desconocido en Tierra Desconocida, por W. B. Grubb 20. Revista Ñemitỹ - Tomo I 21. Testimonio Indígena, por Margarita Durán - José Luís Salas 22. Ecos de la Selva, por José Zanardini 23. Taruma Poty, por Lino Trinidad Sanabria 24. San José de Caazapá, por Margarita Durán Estragó Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 311 25. Kurusu Ñe’ẽngatu, por Graciela Chamorro 26. San Lorenzo de Campo Grande, Memoria Histórica, por Margarita Durán 27. Moya ‘ansaeclha’ Nengelpayvaam Nengeltomba Enlhet, por Hannes Kalisch y Ernesto Unruh 28. Aspectos Fundamentales de la Cultura Guaraní, por Egon Schaden 29. Realidad Social del Paraguay, por Javier Numan Caballero - Roberto L. Céspedes R. 30. Textos Míticos de los Indígenas del Paraguay, por Miguel Chase-Sardi y José Zanardini 31. Mirando de Frente, por José Zanardini 32. Etnicidad, Tierra y Poder, por Wayne Robins 33. Ya’alva Pangcalhva. Biografías Enlhet, por Ernesto Unruh y Hannes Kalisch 34. El Encuentro de la Gente y los Insensatos, por Miguel A. Bartolomé 35. La Misión del Pilcomayo, por Margarita Durán Estragó 36. El Cesto y el Arco, por Carlos Mordo 37. Antropología y Filosofía de la Educación, por Roger Texier 38. Ya’alva Pangcalhva II. Biografías Enlhet, por Ernesto Unruh y Hannes Kalisch 39. Los Indígenas del Paraguay, por José Zanardini y Walter Biedermann 40. Relatos Bilingües Ayoreos, por Deisy Amarilla Stanley 41. Rocío Tropical, por José Zanardini 42. Guardianes de la Selva, por Richard Reed 43. Enenlhet Apaivoma - Gramática Toba, por Ernesto Unruh, Hannes Kalisch y Manolo Romero 44. Cultura del Pueblo Ayoreo, por José Zanardini 45. Palavai Nuu! - Etnografía Nivaclé, por Miguel Chase-Sardi 46. Sakoiahan - Relatos Toba, por Manolo Romero, Hannes Kalisch y Ernesto Unruh 47. Antropología Cultural Aplicada a las Ciencias de la Salud, por Sinforiano Rodríguez 48. Plantas Medicinales del Paraguay, por Ricardo Moreno Azorero 49. La Ínsula Paraguaya, por Eric Courthès 50. Moñe’ẽrã Guaraníme, por Lino Trinidad Sanabria 51. Tomarâho. La Resistencia Anticipada. Tomo I, por Guillermo Sequera 52. Lumnanas (gente del monte) los Manjui, por Andrea Chamorro 53. Vana pankek tata, por Ernesto Unruh, Hannes Kalisch y Manolo Romero 54. Angaité - Koahlvok - Las voces de un pueblo, por Mariana Franco y Gladys Imaz 55. Pueblo Angaité - Memoria Histórica, por Juan Pablo Amarilla 56. La etnia Manjui - Lumnanas del Chaco, por Víctor Bareiro 57. Máscaras y Espíritus, por Ilona Zindler 58. Tomarâho. La Resistencia Anticipada. Tomo II, por Guillermo Sequera 312 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 59. Halhema Teves, por Hannes Kalisch 60. La Sabiduría de la Selva, por José Zanardini y Deisy Amarilla 61. El Origen de la Pintura, por Edgardo Jorge Cordeu 62. Agtemágháta Apqueh Hleanma - Pueblo Sanapaná, por Deisy Amarilla 63. Pai-Tavyterã, por Bartomeu Melià, Georg Grünberg y Friedl Grünberg 64. he roles of Medicinal Plants, por Norman Breuer Moreno 65. Cadogan, desde Abergavenny hasta Australia y más allá (1829-2005) Tomo I, por Jimmy Cadogan 66. Cadogan, desde Abergavenny hasta Australia y más allá (1829-2005) Tomo II, por Jimmy Cadogan 67. Cadogan, desde Abergavenny hasta Australia y más allá (1829-2005) Tomo III, por Jimmy Cadogan 68. En las calles de Ciudad del Este, por Fernando Rabossi 69. Yxyr Poruwo Ahwóso Jewo 1000 - Conjugación de 1000 verbos en ocho tiempos verbaculares, por Guillermo Sequera 70. Antropología Cultural aplicada a las Ciencias de la Salud - 2ª Edic., por Sinforiano Rodríguez 71. Antropología Paraguaya, por Izabel Malinowski 72. Parientes de la Selva. Los Guaraníes Mbyá de la Argentina, por Miguel A. Bartolomé 73. Ishiro ôreyuwo poruwo. Sabiduría de los Ishir del Chaco, por Andrés Ozuna 74. Pasado, presente y futuro de la lengua guaraní, por Bartomeu Melià, sj 75. Diversidad, Interculturalidad y Educación en Brasil y en Paraguay: Problemas, experiencias y realidades, por José Maria Rodrigues (org.) 76. he two Shamans and the owner of the cattle:Alterity, storytelling and shamanism amongst the Angaité of the Paraguayan Chaco, por Rodrigo Villagra Carron 77. Educación, lenguas y culturas en el Mercosur: Pluralidad cultural e inclusión social en Brasil y en Paraguay, por José Maria Rodrigues (org.) 78. Diccionario Mbya-Guaraní Castellano 3ª Edición actualizada, por León Cadogan 79. Lo que ellos dijeron. Sabiduría del Pueblo Sanapaná, por Deisy Amarilla y Civito Monte Duarte 80. La captura del Ayoreo José Iquebi, por Deisy Amarilla y José Iquebi Posoraja 81. Cómo inluye el Opy en la construcción de la identidad Mbya, por Isaac Díaz-Ambrona Moreno 82. La lengua materna como facilitadora de la producción escrita en la segunda lengua, por Teresa D. González Ramos de Benítez 83. Bilingüismo y educación bilingüe: Un análisis sociolingüístico de contacto guaranícastellano en el Paraguay, por María Eva Mansfeld de Agüero, Carlos M. Lugo B., Karina E. Agüero M. y Shaw Nicholas Gynan Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 313 84. Investigación cualitativa interpretativa. Una caja de herramientas, por Friedhelm Guttandin 85. Ciudadanía Democrática y Multilingüismo: La construcción de la identidad lingüística y cultural del Mercosur, por José Maria Rodrigues (org.) 86. Descubrimiento del castellano paraguayo a través del guaraní. Una historia de los enfoques lingüísticos, por Hedy Penner, Soledad Acosta y Malvina Segovia 87. Culturas Indígenas, por José Zanardini (comp.) 88. Franciscanos Vascos en Paraguay. Un estudio antropológico, por Jone Luna 89. Intervenciones del gobierno con pueblos indígenas entre 1989 y 2013, por Lorenza Benítez V. y Delia E. Castillo L. 90. Marcos Nujach’e Moreno: Côque yimônlhajayash - Testimonio de mi vida y de mis pensamientos, por Marcos Moreno y Verena Regehr 91. Un relato de la globalización desde el Chaco (entre otros lugares), por Mario Blaser 92. Sociedad y cultura en tiempos de desigualdad. Instituciones, contradicciones, legitimación, por Luis Ortiz Sandoval (coord.) 93. Políticas lingüísticas para la integración educativa y cultural en el Mercosur: Legislación, Planiicación Idiomática y Glotopolítica, por José Maria Rodrigues (org.) 94. Diccionario Nivaclé-Castellano- 3ª Edición, por José Seelwische, O.M.I. 95. Los Caduveos. Diario de viaje, por Guido Boggiani 96. Reciprocidad y Economía en la pre historia e historia colonial del Paraguay. Una mirada a nuestras raíces a la luz de los valores de la Economía de Comunión, por Diana Durán 97. Sabiduría en la diversidad, por José Zanardini 98. Meike makha valayo. No habían paraguayos, por Rodrigo Villagra Carron 99. Ayvu Rapyta. Textos míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá - 4a Edición, por León Cadogan preparada por Bartomeu Melià y Antonio Caballos. 100. Edición Especial 50 años - Suplemento Antropológico, por José Zanardini (Coord.) 101. Voces de la Selva, por Deisy Amarilla y José Zanardini 102. Las Mujeres Ayoreas: De la Selva a la ciudad, por Deisy Amarilla 103. Inlectional morphology in the Zamucoan languages, por Luca Ciucci 104. Feria de lenguas en el Paraguay - Toiko ñe’ênguéra Paraguáipe, por PÑS-SPL y CEADUC 105. Familias paraguayas: Trabajo en la calle y conlictividad, por Cristina Bosselli C., Gloria Medina y Mariela Centurión 106. La fotosíntesis de la cultura: Estudios etnobiológicos en comunidades Guaraníes de Misiones, Argentina, por Héctor Keller 107. Los Ava Guaraní Paranaenses. Un etnocidio sistemático, por Mariblanca Barón 314 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 BIBLIOTECA DE ESTUDIOS PARAGUAYOS 1. La Constitución Paraguaya Concordada, por Justo J. Prieto 2. Transporte Eléctrico en el Paraguay. Su conveniencia, por Ricardo Canese 3. Iglesia y Estado en el Paraguay durante el gobierno de Carlos Antonio López, por Carlos Heyn Shupp, sdb 4. La cultura paraguaya y el libro, por Joseina Plá 5. Cien capítulos de Economía Paraguaya, por C. Fletschner 6. Tratados y Actos Internacionales de la República del Paraguay - Tomo I, por E. Bordenave - L. Rachid R. 7. Itaipú y la cuestión energética en el Paraguay, por Ricardo Canese 8. La ciencia en Aristóteles, por Juan Enrique Bolzán 9. Tratados y Actos Internacionales de la República del Paraguay - Tomo II, por E. Bordenave - L. Rachid R. 10. Temas Cervantinos y otros ensayos, por Mariano Morínigo 11. Apuntes de Historia Cultural de Paraguay, por Efraím Cardozo 12. 28 Entrevistas para este Tiempo, por Pepa Kostianovsky 13. Los cepos modernos de la dependencia, por Agustín Oscar Flecha 14. Tratados y Actos Internacionales de la República del Paraguay - Tomo III, por E. Bordenave - L. Rachid R. 15. Tratados y Actos Internacionales de la República del Paraguay - Tomo IV, por E. Bordenave - L. Rachid R. 16. Radio Cháritas. Medio siglo de historia, por Margarita Durán Estragó 17. Evangelización de la cultura y santuarios, por Claudio Giménez 18. La teoría Aristotélica de la vida y del calor vital, por Ángel J. Cappelletti 19. Presencia Franciscana en el Paraguay (1538-1824) - Tomo I, por Margarita Durán Estragó 20. Diálogo nacional. Urgencia de nuestro tiempo, por Margarita Durán Estragó 21. En la lucha por el derecho, por Vicente Zayas 22. Templos de Asunción, por Margarita Durán Estragó 23. Tratados y Actos Internacionales de la República del Paraguay - Tomo V, por E. Bordenave - L. Rachid R. 24. Presencia Franciscana en el Paraguay - Tomo II, por Margarita Durán Estragó 25. Ciudadano y Soldado. Comentarios a la correspondencia de Justo Prieto con Arturo Bray, por Justo J. Prieto Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 315 26. El pensamiento y la acción pedagógica de Ramón I. Cardozo, por Justina Álvarez C. 27. Hispanoamérica en la Narrativa, por Mariano Morínigo 28. La muralla robada, por Joseina Plá 29. Manual para didáctica universitaria, por Heinz Neuser 30. Monseñor Ramón Bogarín Argaña - Testimonios, por Emilio Fracchia y otros 31. Cartas y Decretos del Dictador Francia - Tomo I, por Alfredo Viola 32. Viaje a Destiempo, por Renée Ferrer de Arréllaga 33. Responsabilidad profesional de los médicos, por José Raúl Torres Kirmser 34. De nuestras lenguas y otros discursos, por Rubén Bareiro Saguier 35. El papel político de los militares en el Paraguay 1870-1990, por Gustavo Gatti 36. Tratados y Actos Internacionales de la República del Paraguay - Tomo VI, por E. Bordenave - L. Rachid R. 37. Cartas y Decretos del Dictador Francia - Tomo II, por Alfredo Viola 38. Educación y desarrollo rural en el Paraguay, por María M. Rivarola 39. Cartas y Decretos del Dictador Francia - Tomo III, por Alfredo Viola 40. Nuestro Mundo entre la Tierra y el Cielo, por Salvador Villagra Maiodo 41. Mancuello y la Perdiz, por Carlos Villagra Marsal 42. Padre aquí estoy, por San Miguel Garicoits 43. A la búsqueda de un mercado común. MERCOSUR, por Gladys Benegas 44. Finanzas y Derecho Financiero - Tomo I, por Manuel Peña Villamil 45. El evangelio por los caminos del hombre, por Emilio Grasso 46. San Cosme y San Damián. Testimonio vivo del pasado jesuítico, por Blanca Amaral y Margarita Durán E. 47. Cien años de Doctrina Social de la Iglesia, por Ciro Martínez y Fermín Castellano 48. La América Latina Paradojal, por Alejandro Vial 49. Auge y crisis de un modelo económico: El caso paraguayo, por Dionisio Borda 50. Los Presidentes del Paraguay (1844-1954), por Raúl Amaral 51. Derecho Tributario - Tomo II, por Manuel Peña Villamil 52. Historia de la Educación en el Paraguay 1812-1932, por Juan Speratti 53. Al amanecer del Tercel Milenio, por Emilio Grasso 54. La Estancia Jesuítica de Paraguarí, por Margarita Durán Estragó 55. La Presencia Japonesa en el Paraguay, por Emi Kasamatsu 56. Derecho Administrativo - Tomo III, por Manuel Peña Villamil 57. El libro de Job, por César Alonso de las Heras 58. Filosofía y Pensamiento Democrático, por Mario Ramón Reyes 316 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 59. Cuentos de la Guerra y de la Paz, por José Santiago Villarejo 60. Cartas y Decretos del Dictador Francia. Tomo IV, por Alfredo Viola 61. Japón: mi mundo oriental, por Yolanda Gómez González 62. San Francisco de Yuty. Origen y Desarrollo, por Mirta Caballero de Tessada 63. Villa Lombardía. Utopía hecha realidad, por Eduardo Ramírez Bordón 64. Ética y Filosofía. Ensayos dispersos, por Mario Ramos Reyes 65. Cultura de la Paz, por Edmundo Valenzuela, sdb 66. La Historia: Interpretación, Narración y Escritura en Paul Ricoeur, por Nilo Zárate 67. Lo transtextual en Roa Bastos, por Eric Courthès 68. Estado y Frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del Dr. Francia, por Nidia R. Areces 69. La Integración Nacional del Paraguay (1780-1850), por Ricardo Pavetti 70. Un Siglo de Expansión Colonizadora. Núcleo poblacional establecido en torno a la Villa Real de la Concepción. Origen y desarrollo socio-económico - 2ª Edición, por Renée Ferrer 71. Valores Tradicionales y Emergentes en la Universidad, por Ilde Silvero 72. La Experiencia Teologal del Hombre según Xavier Zubiri, por Teresa del Pilar Ríos 73. 25 poetas, músicos, compositores y cantores populares del Paraguay, por Ramón Giménez 74. Paraguay el camino hacia el Oeste, por Julia Velilla Laconich 75. Lo que el río se llevó. Estado y Comercio en Paraguay y Corrientes, 1776-1870, por homas Whigham 76. Tras los Expulsos. Cambios demográicos y territoriales en el Paraguay después de la expulsión de los jesuitas, por Ignacio Telesca 77. La República como tarea ética, por Mario Ramos Reyes 78. Realidad Social del Paraguay II, por Javier Numan Caballero M. 79. Villa Encarnación. Campamento de la Independencia 1843-1906, por Margarita Durán Estragó 80. El espacio jesuítico-guaraní. La formación de una región cultural, por Norberto Levinton 81. Dominación colonial y trabajo indígena, por María Laura Salinas 82. Una guerra total. Paraguay, 1864-1870: Ensayo de historia del tiempo presente, por Luc Capdevila 83. El sentido de la vida y la trascendencia en Viktor Frankl, por Teresa del Pilar Ríos 84. Escritos del Padre Fidel Maíz - II. Virgen de los Milagros, Sermones Religiosos y Discursos Patrióticos, por Carlos Heyn Schupp, sdb Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 317 85. Enseñanzas del Bicentenario ante los desafíos globales de hoy: Repensando el cambio para nuestra América, por Beatriz González de Bosio y José Zanardini (comp.) 86. La Independencia del Paraguay y el Imperio del Brasil, por R. Antonio Ramos 87. Sociología aplicada a la realidad social del Paraguay - 2da. Edición revisada, por Javier Numan Caballero 88. La Independencia y sus Protagonistas: Aporte de Benjamín Velilla a la Historia del Paraguay, por Margarita Velilla (comp.) 89. El régimen de Stroessner y la resistencia indígena, por René D. Harder Horst 90. Machado de Assis: Cuentos para muchas voces, por Luís Eduardo Wexell Machado y Maria Rosa Duarte de Oliveira (org.) 91. Escritos del Padre Fidel Maíz - III, Otros escritos y artículos del libro. Desagrabio 1916, Biografía y juicio del P. Maiz, por Carlos Heyn Schupp, sdb 92. La Instrucción Pública en la Época Colonial, por Olinda Massare de Kostianovsky 93. Calidad de la información periodística. Responsabilidad social de la prensa, por Roque Acosta Ortíz 94. Jesuitas, Guaraníes y Emigrantes en las Reducciones del Paraguay, por Gianpaolo Romanato 95. Glosario de Paraguayismos en Hijo de Hombre de Augusto Roa Bastos, por Isabel Baca de Espínola y Ebelio Espínola Benítez 96. Radio Cáritas - Universidad Católica. Itinerario de los últimos 25 años, desde la visión de sus protagonistas (1986 – 2011), por Roque Acosta Ortíz y Mariano Mercado 97. La formación docente desde la perspectiva inclusiva. El caso concreto del Paraguay, por Luiz Albérico Barbosa Falcão 98. Historia, doctrina y principios cooperativos en los editoriales del Dr. Enzo Di Tore Chartrán, por José F. Samudio Falcón (comp.) 99. Educación y desigualdad. Las clases desfavorecidas frente al sistema educativo paraguayo, por Luis Ortiz Sandoval 100. Qué Onda. La radio en Paraguay en la post dictadura, por Rogelia E. Zarza Sanabria 101. La Iglesia y los partidos en la vida política del Paraguay desde la Independencia, por François Chartrain 102. Cartas Anuas de la provincia jesuítica del Paraguay. 1663-1666. 1667-1668. 16691672. 1672-1675, por María Laura Salinas (int.) y Julio Folkenand (col.) 103. Los que se fueron, Mario Ramos-Reyes 104. Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Paraguay. 1681-1692. 1689-1692. 16891700, por María Laura Salinas (int.) y Julio Folkenand (col.) 105. Platero y yo - Platero ha che. Edic. bilingüe, por Juan Ramón Jiménez y Lino Trinidad Sanabria 318 Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 106. El rol de la FF.AA. en la sociedad democrática. Historia, opiniones de expertos, relexiones personales, por Silvio Torres Chávez. 107. El profesor de Matemáticas de Solano López. Iglesia-Estado-Educación (1843-1846), por Jorge García Riart 108. Alteraciones Auditivas, Nivel del Lenguaje en Niños y Adolecentes Concurrentes al Hospital Barrio Obrero y el Colegio de La Providencia, por Margarita Brizuela de Cabral, Elvira Villagra de Cerna, Gissel J. Benítez e Investigadores juniores 109. Soldados de papel. La propaganda en la prensa paraguaya durante la guerra de la Triple Alianza (1864-1870), por María Lucrecia Johansson 110. La instrucción pública en el Paraguay. Período 1900-1940. Vol. I, por Juan Bautista Rivarola Paoli 111. ¿Cómo hablan los paraguayos con dos lenguas? Gramática del jopara, por Guido Kallfell 112. Cartas Anuas de la Provincia Jesuítica del Py (1714-1720. 1720-1730. 1730-1735. 1735-1743. 1750-1756. 1756-1762, por María Laura Salinas (introd.) y Julio Kolkenand (colab.) 113. Desigualdad y clases sociales. Estudios sobre la estructura social paraguaya, por Luis Ortiz Sandoval (Coord.) 114. Historia, pensamiento y cultura, por Seny Hernández Ledezma y Mario RamosReyes 115. La cultura en el aula. Material de apoyo didáctico para docentes- 2da. Edición, por Beatriz González de Bosio Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 319 CENTRO DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”(CEADUC) NORMATIVAS GENERALES PARA PUBLICAR EN LA REVISTA ESTUDIOS PARAGUAYOS La Revista ESTUDIOS PARAGUAYOS es una publicación cientíica, relacionada a las temáticas de carácter ilosóico, sociológico, histórico, pedagógico, político y otros aines, dirigida principalmente a investigadores, docentes y estudiantes de ciencias sociales. Los artículos que serán publicados en ESTUDIOS PARAGUAYOS, deberán reunir los siguientes requisitos: 1. El trabajo debe ser inédito. La Revista no acepta artículos que hayan sido enviados simultáneamente para su evaluación, y/o publicación, en otras revistas o libros, del país o del exterior. Los trabajos recibidos serán revisados por los integrantes del Comité Editorial y los aceptados serán evaluados por árbitros designados por dicho Comité Editorial. 2. Durante el proceso de evaluación por pares, se reservará la identidad del/ los autor/es, omitiendo la identiicación como ailiación institucional. Tampoco será mencionado referencia alguna que le permitirá al evaluador inferir indirectamente la autoría del trabajo. Las informaciones autorales se registran aparte y solamente los editores tienen acceso a ellas. 3. En la evaluación se usa el método doble ciego. Se caliicarán de Excelente, bueno, regular o deiciente los siguientes aspectos: relevancia del tema, originalidad y solidez en la interpretación, estructura lógica del discurso, coherencia argumentativa, redacción y estilo, documentación bibliográica, cumplimiento de las normas editoriales, y éxito en el propósito comunicativo. El veredicto implica la publicación del artículo sin modiicaciones, con ligeras modiicaciones, con modiicaciones sustanciales, o su NO publicación. 4. El plazo para responder varía conforme a la complejidad de las evaluaciones y de las eventuales modiicaciones sugeridas y realizadas. Los datos de recepción y aprobación de cada colaboración será informado en el texto publicado. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 321 5. El texto se puede presentar en español, guaraní, portugués o inglés, teniendo en cuenta las siguientes orientaciones: - Debe incluir un resumen que explicite el tema general y el problema de la investigación, además de objetivos y/o hipótesis, metodología, análisis de material y principales conclusiones, con un máximo de 10 líneas y en dos lenguas. - Deberá incluir 4 o 5 palabras clave, también en dos idiomas, que le indique al lector los principales temas del trabajo. - El articulo incluirá: a) un título y subtitulo, con un máximo de 25 palabras; b) nombres/s del/os autores, identiicando/s al pie de página, con los datos relativos a la producción del artículo, e indicando la institución/universidad donde trabaja; c) deberá indicar las notas utilizadas, así como las referencias bibliográicas. 6. Todos los trabajos deben estar encaminados dentro del siguiente formato: - - - 322 Emitido en cualquier procesador de textos, preferentemente Word, donde se permita su modiicación/maquetado para la edición inal. Los artículos deberán contener un mínimo de 15 páginas, numeradas secuencialmente. La fuente a utilizarse es Times New Roman, 12 Normal, para el texto y en negritas para los subtítulos. El título deberá estar en mayúsculas, Times New Roman, 12 y negritas. El espaciado es de 12 pts. O Automático entre títulos y subtítulos. El entrelineado de 1.5. Las citas dentro del texto, en el siguiente formato: (Apellido, Año: Página Referenciada) - (Planás, 2014: p.45). Las notas a pie de página deberán ser exclusivamente explicativas manteniendo el mismo formato de las referencias bibliográicas en el texto. Las gráicas, tablas y iguras deberán ser integradas en el texto durante el proceso de recepción y dictamen. Solo en caso de ser aceptado el artículo, entonces deberán ser enviadas en archivo separado, en el formato original de su elaboración, y debidamente citados y numerados. La letra de los cuadros y gráicos debe ser Times New Roman, tamaño 10, los gráicos deben ir sin color, sin negritas y si están elaboradas en Excel deben ir sin borde. Las imágenes, en JPG, preferentemente en blanco y negro. Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 - La Bibliografía deberá ir al inal, conteniendo solo las obras citadas, de la siguiente manera: Libros: Sartori, Giovanni. 1995. Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados, México, Fondo de Cultura Económica. Capítulo en libro: Kirchheimer, Otto. 1990. “he catch-allparty”, en Peter Mair (ed.), hewesteuropeanpartysystem, Oxford, Oxford University Press, pp. 50-60. Artículo de revistas: O’Donnell, Guillermo. 1994. “Delegativedemocracy”, Journal of Democracia, Vol. 5, No. 1, pp. 55-69. Hemerografía: Lozano, Pilar. 2011. “Colombia lanza un plan de combate a cuatro años contra la guerrilla y los paramilitares”, El País, 25 de mayo, p. 20. Internet: Fundación Seguridad y Democracia. 2008. Sudamérica: ¿carrera armamentista o renovación militar?, en <http://www.seguridadydemocracia.org/articulos213> (Consultado el 15 de mayo de 2008) 7. EL trabajo deberá ser enviado a ceaduc@gmail.com o epedicion@gmail.com o al sistema OJS en www.respy.org 8. La Revista ESTUDIOS PARAGUAYOS se reserva todos los derechos autorales sobre los artículos publicados, inclusive su traducción, permitiendo por tanto su posterior reproducción o trascripción, con la debida citación de la fuente. PARA MAYOR INFORMACIÓN CEADUC Centro de Estudios Antropológicos Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” Independencia Nacional y Comuneros Tel./Fax: 595-21-44 10 44 - Int.: 252 - E-mail: ceaduc@gmail.com Nilo Zarate, Director: nilozarate@gmail.com Carlos Peris, Editor: carlosperisc@gmail.com Asunción - Paraguay Estudios Paraguayos - Vol. XXXV, Nº 1 - Junio 2017 323

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(2017 - Vol. 35 - N.1) - Revista Estudios Paraguayos

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