Lavado De Activos

Es un hecho indiscutible que a lo largo de 26 años de vigencia la Constitución de 1991 se ha consolidado como institución soporte de las del Estado y generado una cultura política alrededor de ella de parte del conjunto del pueblo colombiano. Empero falta mucho camino por recorrer en la construcción legal y del funcionamiento administrativo del Estado acordes con los valores que sirven de fundamento a dicha carta. Ya que el objetivo es consolidar como algo natural la famosa expresión contenida en el Art.1° de la Constitución que define a Colombia como “un Estado Social de  Derecho”.
Vivimos, después de siglos que dieron la impresión de que el Derecho no tenía ya nada más que decir, una época de cambios acelerados y de producción de doctrinas jurídicas no decantadas en forma de una teoría que, sin embargo, producen variados efectos. De ello, se ocupan los distinguidos docentes que han escrito cada uno de los capítulos de este libro, los cuales abordan temáticas de distintas ramas del derecho pero siempre con la transversalidad de la perspectiva constitucional.

El objeto de este estudio es analizar la armonización del actual y vigente art. 2 de Ley de Lavado de Activos frente a la normativa internacional que informa la represión de tal fenómeno delictivo transnacional.Este estudio que se realiza con el objetivo de reconstruir un aparato argumentativo que informe la legitimidad del nombrado dispositivo legal. Hecho ello, se identifica al «nuevo tipo penal de aislamiento» y se extraen las consecuencias que trae la armonización de la legislación peruana con la normativa internacional. Estas consecuencias principalmente se reflejan en: una configuración mínima de los elementos del tipo penal de aislamiento y una sistematización funcional con el resto de delitos que prevé la Ley de Lavado de Activos

El autor expone las razones que abogan por
definir al “delito de lavado de activos” como
un delito autónomo, tanto en la configuración
de sus elementos como en su proceso judicial,
y a la par se exponen las razones que justifican
definir a la “actividad criminal previa”
de manera genérica, sin necesidad de brindar
una especificación de los hechos ni del autor
de tal hecho previo. La exposición se realiza
analizando la Sentencia Plenaria Casatoria
N.° 1-2017, anotando principalmente los argumentos
que apoyan la autonomía del nombrado
delito, así como exponiendo también
algunos puntos críticos que se encuentran
en tal sentencia.

RESUMEN El autor analiza los rasgos fundamentales del tipo de lavado de activos vigente en el ordenamiento jurídico peruano. Asimismo, entre las actuales dificultades que plantea la aplicación e interpretación de este delito, selecciona expresamente dos: la indeterminación y el objeto de los actos de lavado, proponiendo, como vías de solución, abordar el problema desde el contenido de la garantía penal nullum crimen sine lege y las exigencias de necesidad de pena.

El  objetivo  de  este  artículo  es  conocer  cómo  es  posible  la  prevención  de  los  delitos  como  el  lavado  de  activos  en  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  (mipymes)  en  Colombia.  A  nivel  metodológico  se  recurre  al  estudio  descriptivo  con  un  enfoque  cualitativo,  recurriendo  a  la  revisión  bibliográfica;  se  consultaron  fuentes  secundarias  las  cuales  puntualizaron  información  relevante  para  el  desarrollo  de  la  investigación. Se encontró que el lavado de activos se puede presentar en distintos ámbitos empresariales; la falta de capitales de inversión y de trabajo, son dos causas financieras que conllevan a que los empresarios recurran  a  mercados  informales  de  recursos  donde  se  encuentran  disponibles dineros de fuentes ilícitas. Estos ingresan a través de formas de  préstamos  o  aportes  sociales,  permitiendo  que  la  Mipyme  aumente  sus  recursos  para  la  inversión  en  compra  de  activos;  de  igual  manera,  pueden  ingresar  a  través  de  compras  y  ventas  ficticias  que  permiten  legalizar  parcialmente  ciertas  cantidades  de  dinero.  La  prevención  del  lavado de activos no es solo una responsabilidad de las autoridades del Estado, debe ser un compromiso de los empresarios y de los contadores, quienes deben velar porque los recursos que ingresen a la empresa por ventas,  créditos,  aportes  asociales  y  donaciones  provengan  de  fuentes licitas,  incluso,  se  debe  garantizar  en  la  medida  de  lo  posible  que  las  relaciones  de  compra  y  venta  se  realicen  con  terceros  que  no  tengan  pendientes con la justicia.

La presente publicación se presenta ante el público con la enorme satisfacción del trabajo cumplido. Recoge los resultados finales de las investigaciones desarrolladas por los docentes y estudiantes vinculados a los grupos de investigación del Centro de Estudios e Investigaciones en Desarrollo Regional (CEIDER) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Cali, con la colaboración de otros investigadores externos. Los temas institucionales, empresariales, y económicos, son abordados desde diferentes enfoques, enriqueciendo las temáticas y generando espacios para la discusión y el debate.

Aunque múltiples legislaciones tipifican el blanqueo de activos que proceden de un delito tributario, en concordancia con los postulados del GAFI y otros organismos internacionales, en esta contribución se defiende que el espacio para la comisión de estas formas de lavado, es bastante reducido. en la medida que no es aceptable la tesis de la contaminación total del patrimonio del defraudador, la dimensión del lavado de activos está condicionada, como en todos los casos de blanqueo, a la identificación segura, con las mínimas garantías probatorias, de los concretos bienes que provienen de un delito anterior. si a ello se suma que la prescripción del delito tributario y la llamada regularización tributaria dan lugar a la descontaminación del objeto material, entonces el ámbito de estas formas de blanqueo es aún más acotado. Por lo demás, este grupo de delitos proporciona un terreno bastante fértil para interpretaciones estrictas, cuando no restringidas, conforme a la imputación objetiva, como se aprecia por ejemplo en el tratamiento de los casos de mezcla de bienes.