Derecho del Empleo

La historia de las ramas del Derecho dan cuenta de una dialéctica entre las distintas nociones históricas de Sujetos del Poder y de la Voluntad, y de los Objetos de la Voluntad y del Poder. En la intersección de cada uno de ellos subyace una rama jurídica.
Así como el Derecho Laboral surgió ante la aparición de un Sujeto Colectivo del Poder, constituido por el Movimiento Obrero, se ensaya en el presente trabajo la posible configuración (y el necesario y consecuente reconocimiento que debe prestar la disciplina jurídica) de un nuevo y emergente Sujeto de la Voluntad, al que ha de corresponderle un "derecho a trabajar", y un Objeto de la Voluntad que habrá de configurarse como "puesto de trabajo" como posibilidad de realización de toda comunicación, de toda expresión, de toda expansión de cada persona humana.

DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE REEMPLAZO EN EL SECTOR PÚBLICO. El reemplazo no es lo mismo que la suplencia, solo se da por cese de personal, de no cumplir con los requisitos para su elaboración se produciría su desnaturalización (autor José María Pacori Cari) Acceda al artículo en
https://drive.google.com/file/d/1kQ2SfveQleEfrd4p6tYlUyjxnxH4mU9E/view?usp=sharing
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La ley 35/2010 contiene, junto con la reforma laboral, otra del mercado de trabajo y una tercera de las empresas de trabajo temporal. Aunque la primera es la que ha recibido una mayor atención, las otras dos suponen cambios significativos respecto de la situación previa. Las novedades que se producen en el ámbito de la intermediación suponen una mejora técnica en la Ley de Empleo, pero dejan de lado a los servicios públicos de colocación, centrándose en la iniciativa privada en el mercado de trabajo. Respecto de ésta, se admite la actividad lucrativa de las agencias de colocación, apostando por este sujeto como principal mecanismo para dinamizar la intermediación. Estos sujetos podrán desarrollar una pluralidad de funciones, incluyendo la recolocación, que se regula como tal actividad por primera vez en nuestro Derecho, aunque de una manera deciente. Respecto de las ETT, se limita a dar cumplimiento a la directiva 2008/104, revisando tanto el alcance del principio de igualdad de trato para los trabajadores en misión como las prohibiciones y restricciones a su activi-dad, pero excluyendo a estas empresas de los cambios que se operan respecto de la intermediación, en contra de las propuestas que se habían venido presentado de reconvertirlas en agencias de empleo.

Act nº 35 of 2010 includes three different reforms: the first of labour law, the second of labour market law and the third of the regulation of temporary help agencies. Notwithstanding the fact that the first one has received most of the attention, the other two do mean significant changes. Changes in the field of placement improve the Employment Act currently in force in Spain; nevertheless, act 35 pays little attention to public employment services, as it is devoted mostly to private providers. It allows the operations of private enterprises providing placement services, considering them as the main instrument to improve the situation of the labour market. These agencies can provide a number of services, including outplacement, which is regulated for the rst time in Spanish law. In the field of temporary work agencies, just implements directive 2004/104, improving the principle of equal treatment for temporary workers and reviewing restrictions and prohibitions. These agencies are nevertheless excluded from placement and other services, and therefore do not evolution to a model of " employment agencies " , as it was proposed during the debates prior to the 2010 reforms.

EXTRACTO Palabras clave: mercado de trabajo, intermediación, colaboración público-privada En las últimas décadas se han generalizado en todos los ámbitos de las políticas públicos los mecanismos de colaboración público-privado (CPP). Estos sistemas, que están alineados con las últimas tendencias en el diseño de estas políticas, se han extendido también a las de empleo, inclu-yendo una pluralidad de servicios y actividades en han llegado al núcleo de la actividad pública en el mercado de trabajo, la intermediación. Encontramos prácticas de este tipo en multitud de países, y el nuestro también las está poniendo en práctica en este mismo momento, con cierto retraso respecto a otros. El momento tardío de implantación de estos sistemas; y la forma en que se han hecho, con posterioridad a la territorialización de los SPE y a la generalización de una iniciativa privada no lucra-tiva, han condicionado la manera en que la CPP se ha puesto en práctica entre nosotros. El Acuerdo Marco de agosto de 2013 ha servido de cauce para poner en marcha esta experiencia, que todavía no ha llegado a culminarse del todo, y que se enfrentará sin duda a problemas como consecuencia de este retraso, de la falta de financiación y de la situación del empleo en un contexto de crisis económica generalizada.

La determinación de las materias que se encuentran comprendidas dentro del concepto de " empleo " y su inclusión en el concepto de " legislación laboral " a efectos de declarar la reserva competencial a favor del Estado o la posibilidad de ser transferidas a las Comunidades Autónomas ha arrojado bastantes dudas a la doctrina iuslaboralista. Dudas que han sido aclaradas en cierta medida por el Tribunal Constitucional. Resulta crucial en la elaboración de los nuevos Estatutos de Autonomía, denominados ya generalizadamente " de segunda generación " y en su desarrollo y aplicación, contar con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la interpretación de los artículos 148 y 149 de la Constitución, en general, y del alcance del título competencial en materia de empleo, en particular. Con este objetivo este estudio se inserta en el presente número conmemorativo, para tratar de analizar el verdadero alcance de nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía en la regulación del Título competencial en materia de empleo.

La determinacion de las materias que se encuentran comprendidas dentro del concepto de “empleo” y su inclusion en el concepto de “legislacion laboral” a efectos de declarar la reserva competencial a favor del Estado o la posibilidad de ser transferidas a las Comunidades Autonomas ha arrojado bastantes dudas a la doctrina iuslaboralista. Dudas que han sido aclaradas en cierta medida por el Tribunal Constitucional. Resulta crucial en la elaboracion de los nuevos Estatutos de Autonomia, denominados ya generalizadamente “de segunda generacion” y en su desarrollo y aplicacion, contar con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la interpretacion de los articulos 148 y 149 de la Constitucion, en general, y del alcance del titulo competencial en materia de empleo, en particular. Con este objetivo este estudio se inserta en el presente numero conmemorativo, para tratar de analizar el verdadero alcance de nuestro Estatuto de Autonomia para Andalucia en la regulacion del Titulo competenc...