Derecho del Consumo

El presente trabajo pretende identificar los problemas aparejados por la restricción consagrada en el artículo 54 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, por la cual cuando uno de los posibles titulares interpone una demanda de reparación por daño ambiental, el resto de los titulares se ven impedidos de deducir la misma acción, pudiendo comparecer únicamente como terceros en el proceso. De este modo, se concluye que para que la acción por daño ambiental pueda lograr materialmente con su objetivo de lograr la reparación de un ecosistema que se ha visto afectado, no parece razonable mantener dicha restricción, siendo necesario crear las instancias procesales para que los posibles titulares puedan materialmente consagrar sus propias estrategias de litigio y peticiones al tribunal, sin que se vean obligados a sumarse a la demanda que el primero de ellos interponga.

Resumen.
En la actualidad los compradores de vivienda se encuentran desprotegidos frente a ciertos vicios que emergen de forma imperceptible en sus inmuebles pero con el tiempo avanzan progresivamente hasta generar fallas estructurales que terminan deteriorando o desplomando las edificaciones. Estos vicios no se encuentran comprendidos dentro de los mecanismos civiles de protección como la acción redhibitoria y la garantía decenal. El presente artículo explora la posibilidad de acudir a la garantía inmobiliaria que establece el Estatuto del Consumidor como vía para que las personas puedan obtener la protección de sus derechos y responsabilizar a los vendedores por esos vicios.
Abstract.
Today homebuyers are unprotected from certain vices that emerge imperceptibly in their properties, but over time progress progressively to generate structural failures that end up deteriorating or collapsing their buildings. These defects are not covered by civil protection mechanisms such as redhibitorial action and ten-year guarantee. This article explores the possibility of going to the real estate guarantee established by the Consumer Statute as a way for people to obtain the protection of their rights and hold sellers accountable for such defects.

Resumen. El presente artículo tiene por propósito responder a una pregunta relativa a la publicidad comparativa en la Ley 20.169 sobre competencia desleal chilena (en adelante LCD): ¿depende su licitud del hecho de que esta sea veraz y demostrable? Una lectura preliminar de la letra e) de su artículo 4.º podría inclinarnos a responderla afirmativamente. Sin embargo, un examen más detenido de la comparación publicitaria, a partir del método dogmático y del análisis empírico, muestra que, al menos en dos casos, no es así necesariamente. PalabRas clave: publicidad comparativa, competencia desleal, protección consumidores, protección de competidores, deber de corrección.

Resumen.
El presente trabajo analiza el artículo 4 letra i) de la Ley 20.169, que sanciona como acto de competencia desleal el establecimiento o aplicación de “cláusulas contractuales” y “conductas” abusivas en desmedro de los proveedo¬res. El propósito del texto es buscar su aplicación, a través de la construcción de criterios que permitan configurar el ilícito. Para ello, se propone que la relación de competencia no es un presupuesto de aplicación de la ley, y que la desviación de clientela no es requisito exigible. Luego, se sostiene que debería integrarse con el artículo 16 letra g) de la Ley 19496, que establece los parámetros generales de abusividad.

Abstract.
The article analyzes Article 4, letter i), of Law 20.169, which sanctions the establishment or application of “contractual clauses” and abusive “behaviors” as acts of unfair competition to the detriment of suppliers. The purpose of the text is to explore its application through the construction of criteria that allow config-uring the offense. To achieve this, it is proposed that the competitive relationship is not a prerequisite for the application of the law, and the diversion of clientele is not a requirement. Subsequently, it is argued that it should be integrated with Article 16, letter g), of Law 19.496, which establishes the general parameters of abusiveness.

La sentencia seleccionada refiere al de-nominado “deber de profesionalidad” como elemento a considerar para de-terminar la responsabilidad del proveedor. El presente comentario intenta delinear los parámetros objetivos del deber de profesionalidad y sus consecuencias en lo relativo al estándar de diligencia exigible al proveedor.

Este trabajo busca analizar las denominadas mediaciones individuales y colectivas como mecanismos alternativos de resolución de conflictos operados por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). Para ello, se revisa y comenta el texto de la Ley 19.496 (Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores), antes y después de su última modificación, con una técnica de contraste. El estudio de la normativa y sus cambios concluye que las “mediaciones” individuales y colectivas no son, en rigor, mediaciones, sino procedimientos que representan un esfuerzo legislativo encaminado a establecer pautas de regulación para ese tipo de Alternative Dispute Resolution (ADR).

Este trabajo plantea que la forma en que el sistema inglés ha implementado el control de cláusulas abusivas es una experiencia que se debería mirar si, haciendo microcomparación, se busca construir una propuesta que mejore nuestro respectivo sistema interno. Diversas razones apoyan esta afirmación. A continuación, se parte explicando por qué resulta recomendable mirar cómo los ingleses han controlado preventivamente cláusulas abusivas y se describe cómo ha funcionado este control aludiendo, además, a algunos de sus resultados. Lo anterior se logra a través de un análisis del trabajo que la Office of Fair Trading realizó en este ámbito. El artículo concluye con una síntesis de las virtudes de este estilo de control preventivo de cláusulas abusivas.

Los días 30 y 31 de mayo de 2024 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata, se realizó el 1er Coloquio Nacional Interdisciplinario sobre Consumidores y Sociedad de Consumo (CONISOC), con el objetivo reunir a personas, entidades públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de diferentes ámbitos académicos, sociales, de la economía y culturales, bajo la consigna de analizar en forma crítica y propositiva las problemáticas e incertidumbres que plantea para las y los consumidores la sociedad de consumo actual. El CONISOC es un espacio independiente que invita a pensar críticamente nuestro entorno y el rol actual que ocupamos como consumidores y consumidoras y, a partir de allí, construir una identidad colectiva capaz de
desarrollar herramientas y estrategias aptas para incidir en la toma de decisiones en los diferentes planos y aspectos políticos que nos involucran en nuestras vidas cotidianas. Este documento es un resumen de las conferencias, paneles y talleres que se desarrollaron durante los días días de actividades.

ISLER SOTO, Erika (2024) “Art. 32 LPDC”, Barrientos Camus, Francisca; De la Maza Gazmuri, Iñigo; Pizarro Wilson, Carlos (Dirs): La protección de los derechos de los consumidores. Comentarios a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Segunda edición ampliada y actualizada hasta la Ley 21.398 de 2021 (Santiago, Thomson Reuters) pp. 954-969.

- ISLER SOTO, Erika (2024) “Art. 30 LPDC”, Barrientos Camus, Francisca; De la Maza Gazmuri, Iñigo; Pizarro Wilson, Carlos (Dirs): La protección de los derechos de los consumidores. Comentarios a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Segunda edición ampliada y actualizada hasta la Ley 21.398 de 2021 (Santiago, Thomson Reuters) pp. 913-921.

ISLER SOTO, Erika (2024) “Encabezado Art. 3 LPDC”, Barrientos Camus, Francisca; De la Maza Gazmuri, Iñigo; Pizarro Wilson, Carlos (Dirs): La protección de los derechos de los consumidores. Comentarios a la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. Segunda edición ampliada y actualizada hasta la Ley 21.398 de 2021 (Santiago, Thomson Reuters) pp. 365-374.

Resumen.
El presente trabajo analiza el artículo 4 letra i) de la Ley 20.169, que sanciona como acto de competencia desleal el establecimiento o aplicación de “cláusulas contractuales” y “conductas” abusivas en desmedro de los proveedores. El propósito del texto es buscar su aplicación, a través de la construcción de criterios que permitan configurar el ilícito. Para ello, se propone que la relación de competencia no es un presupuesto de aplicación de la ley, y que la desviación de clientela no es requisito exigible. Luego, se sostiene que debería integrarse con el artículo 16 letra g) de la Ley 19496, que establece los parámetros generales de abusividad.

La Camara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Semillero de Derecho, Tecnología e Innovación de la Fac de Derecho y Ciencias Políticas de la UdeA, han querido brindar para la comunidad empresarial, que realiza negocios mediante e-commerce, información sobre cómo llevarlos a cabo respetando los derechos de los consumidores establecidos en la Ley 1480 de 2011 y sus decretos reglamentarios. El propósito es que esta información sea clara y concisa, permitiendo identificar el marco jurídico para dichos contratos.

El trabajo resume los hechos del caso Olivera Fuentes contra Perú ante la Corte IDH en materia de discriminación en el consumo por orientación sexual. Se presentan los principales hitos del procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se analiza el fondo de la sentencia, se resumen las medidas correctoras y, a modo de conclusión, se hace un comentario general de la relevancia de la sentencia.

Con el presente ensayo se pretende evaluar la conveniencia de mantener en Colombia un régimen disperso o si en cambio se debe preferir optar por un régimen positivo de carácter sistemático sobre las cláusulas restrictivas de responsabilidad pública y privada. Lo anterior bajo una óptica de Derecho Comparado en donde se abordarán los principales aspectos de los dos únicos intentos de reforma del régimen vigente y bajo la observación de las propuestas legislativas que en la última década han pretendido reformar el estatuto del consumidor.

Este artículo examina el proceso de ingreso a la docencia en universidades argentinas, centrándose en la Universidad Nacional del Nordeste y las leyes que rigen las convocatorias públicas. El autor destaca la importancia de la transparencia en estos procesos y analiza las opciones disponibles en caso de incumplimiento en la divulgación de los actos concursales. Finalmente, se ofrecen sugerencias para mejorar la normativa existente y reforzar la publicidad de los concursos públicos.

La orgánica de protección de los consumidores comienza en Chile en 1932, desde esa fecha han existido distintos modelos normativos de protección de los derechos de los consumidores que han contemplado diseños contravencionales de carácter administrativos e incluso penales. El Servicio Nacional del Consumidor inicialmente se le limitó a funciones de educación e información, lo que se ha ido subsanando mediante reformas legales, la última de ellas por Ley Nº 21.081, que le permiten retomar funciones y atribuciones con las que en décadas anteriores contaron los órganos antecesores como el Comisariato, Superintendencia y Dirinco. Palabras claves Contravención-consumidor-Sernac-funciones y atribuciones.

La contratación civil se fundamenta en la igualdad de las partes contratantes ante la ley. Pero de hecho esa igualdad no existe, lo que existe es el desequilibrio entre ellas. La tendencia moderna es evitar que ese desequilibrio produzca inequidades económicas, caso en el cual será considerado significativo y causa de anulación o modificación de las relaciones contractuales. La legislación actual ha regulado este tema en los llamados contratos de adhesión, pero nuestra aspiración es que esta regulación alcance todo tipo de contratación.

Con el presente ensayo se pretende evaluar la conveniencia de mantener en Colombia un régimen disperso o si en cambio se debe preferir optar por un régimen positivo de carácter sistemático sobre las cláusulas restrictivas de responsabilidad pública y privada. Lo anterior bajo una óptica de Derecho Comparado en donde se abordarán los principales aspectos de los dos únicos intentos de reforma del régimen vigente y bajo la observación de las propuestas legislativas que en la última década han pretendido reformar el estatuto del consumidor.

RESUMEN: El presente trabajo analiza si el principio pro consumidor se encuentra adecuada y suficientemente reconocido en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores chilena. Se llega a una conclusión negativa, tanto desde su consagración como principio general, como de las funciones explícitas que efectivamente se encuentran tipificadas. PALABRAS CLAVE: Pro consumidor; principios generales del Derecho; Derecho de Consumo; interpretación.