El caso Caram no es el primero ni será el último en suceder porque tenemos un diseño constitucional vetusto y antidemocrático que invita a los actores a desarrollar estas prácticas.
No se pueden tapar actos delictivos e inmorales apelando simplemente a las renuncias partidarias y a hacer pasar por tribunales de ética a personas que han sido procesadas por la Justicia.
No habrá transformaciones sustantivas en nuestras infancias y adolescencias si estas son miradas o etiquetadas como un problema y no se convierten en protagonistas de la solución.
Nunca me despertó entusiasmo la idea de modificar la Constitución para resolver problemas sectoriales, particulares o parciales. Sin embargo, la situación actual de los gobiernos departamentales amerita un examen en profundidad y un rediseño de las reglas que ordenan su funcionamiento.