Valle y Ramos

Número 1 • Año 2023 • Págs.
32-52
Recibido: 27/03/2023
Aprobado: 10/07/2023
Neoliberalismo y pobreza femenina: casos

de Ecuador y Perú
Neoliberalism and female poverty: cases of Ecuador
and Peru
Alex Iván Valle Franco1

Daniela Ramos2
1
Docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador y
de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor jur. en derecho por
la Universidad de Bremen-Alemania, Postdoctor Universidad de Bremen,
Magister en Derecho con mención en mecanismos de protección en la
Universidad Andina Sede-Quito, y Magister en Sociología en FLACSO. Docente
invitado de posgrado de las Universidades IAEN, FLACSO, PUCE, U. Católica
de Cuenca. Investigador asociado de ZERP Universidad de Bremen-Alemania,
y de la Universidad Católica de Santa Fé-Argentina. Secretario general del
COPLAD-ILANUD. Ex becario DAAD y GIZ (cooperación alemana). Miembro del
Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas, Cap. Ecuador. Código
ORCID:0000-0001-9992-9044.
Correo electrónico: alex.valle@iaen.edu.ec
2
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, maestrante en
Derecho Procesal por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Posee
certificación en educación continua Género Violencia y Femicidio por la
Universidad del Estado – Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador.
Posee un Diplomado en docencia virtual y actualmente ejerce su profesión
dentro del ámbito de la educación superior.
Correo electrónico: daniramosromero@hotmail.com
Resumen
El presente artículo hace un breve análisis de los efectos negativos del
neoliberalismo como propuesta económica y política en la sociedad actual, de cara c
a las vulneraciones de derechos humanos fruto de la aplicación de medidas
gubernamentales. Se revisarán los índices de acceso a educación, salud, trabajo,
vivienda, de las mujeres en el Ecuador y en el Perú. Los acápites desarrollarán
desde su contemplación, reconocimiento legal, y enfoque de política pública, hasta
las cifras de la aplicación de estos ejes. Por último, se describirá la perspectiva
utilitarista de la aplicación de la política a estudiarse.
Palabras clave: neoliberalismo, mujeres, pobreza, utilitarismo y derechos

sociales
Abstract
This article makes a brief analysis of the negative effects of neoliberalism as an
economic and political proposal in today's society, in the face of human rights
violations resulting from the application of government measures. The indices of
access to education, health, work, housing, of women in Ecuador and Peru will be
reviewed. The sections will develop from its contemplation, legal recognition, and
public policy approach to the figures of the application of these axes. Finally, the
utilitarian perspective of the application of the policy under study will be
described.
Keywords: technical cooperation, Colombia, Chile, Peru, Uruguay

Neoliberalismo y pobreza femenina | Alex Iván Valle Franco & Daniela Ramos
I. Introducción
El presente artículo hace un breve análisis de los efectos negativos del

neoliberalismo como propuesta económica y política en la sociedad actual, de cara a las
vulneraciones de derechos humanos fruto de la aplicación de medidas gubernamentales.
Se revisarán brevemente las tesis de la famosa Escuela de Chicago - la cual surge a
mediados del siglo XX – en rechazo a John Maynard Keynes, y su propuesta de
intervención del Estado en la economía y la sociedad, con la finalidad de promover el
libre mercado y las ideas del monetarismo. Este artículo hace énfasis en los efectos de
precarización en la población femenina del Perú y del Ecuador y las cifras macros de
estos grupos poblacionales.
El neoliberalismo, originado modernamente en la Escuela de Chicago, promueve la

defensa de las instituciones del sistema capitalista, la propiedad privada como bien
inembargable y absoluto, la reducción de la intervención del Estado, y la subordinación
de las instituciones al sistema económico. Es decir, dejar hacer y dejar pasar al sistema
de mercado en preponderancia de la misma población (Squella, Villavicencio y Zuñiga,
2012).
En América Latina, el neoliberalismo ha promovido una agenda de individualismo

en todas las áreas, incluso en el derecho; y ello nos ha quitado esa capacidad de
organización comunitaria, necesaria para concebir otras formas de solución de conflictos,
de promover una economía social y solidaria, y de ver las relaciones interpersonales en
relacionamiento con el otro, lo cual incluye a la naturaleza como sujetos de derechos
(Urquijo, 2014).
Por lo mencionado, el neoliberalismo, como propuesta económica, y en especial en

los años 70, atacó al modelo keynesiano de intervención estatal y de Estado de Bienestar,
y para ello, fue clave que ciertas personalidades políticas lleguen al poder, como
Margaret Thatcher en Inglaterra en 1979, Ronald Reagan en USA en 1980, y Kohl en
Alemania en 1982. A partir de ello, y con un modelo inglés que “contrajo la emisión
monetaria, elevó las tasas de interés, bajó drásticamente los impuestos sobre los ingresos
altos, abolió los controles sobre los flujos financieros, creó niveles de desempleo masivos,
aplastó huelgas, impuso una nueva legislación antisindical y cortó los gastos sociales”
(Perry, 2003, p. 12). Adicionalmente, se impuso una ola de privatizaciones en todos los
sectores estratégicos, de servicios e incluso sociales; tales como la vivienda, salud, y
educación. Desgraciadamente, los demás países siguieron dicho ejemplo.
Todo este paquete de decisiones económicas por medio de gobiernos que fueron
afianzando su democracia y gobernabilidad en la fuerza militar y policial, fue generando
efectos negativos en la población civil, que cada día veía disminuida su capacidad
adquisitiva, fuentes de trabajo, y oportunidades de desarrollo individual y familiar.
El autor Jean Feyder (2017) en una publicación sobre el hambre, muestra las cifras
de la pobreza por región, teniendo los siguientes resultados: 51% en África; en el sur de
REVISTA CENTRA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES

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Asia 22%; en el Asia Oriental 16%; en Latinoamérica 14%. Asimismo, según OXFAM
(2020), en América Latina y el Caribe, el 20% de la población más rica concentra el 83%
de la riqueza. Ante este panorama, el compromiso de los Estados por generar políticas
públicas que disminuyan la desigualdad ha sido nulo o poco eficiente.
Dichas cifras muestran cómo la acumulación de propiedad por parte de unos pocos
ha superado el bienestar social colectivo, y cómo una especie de necropolítica surge en
contra de quienes no son considerados productivos o útiles al mercado (Mbembe, 2011).
En resumen, los efectos del neoliberalismo han socavado el ejercicio de los derechos
humanos en sus diversos niveles y ámbitos, por lo cual es necesario un repensar del
modelo económico y del rol del Estado.
La metodología usada en el presente trabajo responde a un método analítico-crítico

y dogmático, de enfoque cualitativo, de modo socio-jurídico, y en el cual se ha aplicado
la técnica de análisis documental. Por la extensión del presente trabajo, se ha
desarrollado un nivel descriptivo y correlacional de sus contenidos.
II. Desarrollo
2.1. Antecedentes y desarrollo del neoliberalismo
La propuesta del neoliberalismo desde Friedrich Hayek (1944) era la consecución

del crecimiento económico, la acumulación del capital de las élites a costa de la
desigualdad y el sacrificio de la clase trabajador, por eso era indispensable debilitar o
desaparecer los sindicatos. Las propuestas en esta etapa pueden reducirse a:
a) promover un máximum de crecimiento económico de libre mercado y del lucro del

capital privado; b) abatir el costo de la fuerza de trabajo; y c) cercenar el gasto público
social. Se trata de tres insignias que persisten hasta ahora (con matices). (Ezcurra, 1998,
p. 37)
En esta primera etapa “fundacional” del neoliberalismo que duró aproximadamente

30 años, se estableció una doctrina basada en el mercado como instrumento eficaz para
la asignación de recursos y necesidades. Se confió en la autorregulación del mercado y
la mínima intervención. En la misma línea, según la premisa de Robert Nozick citada
por Squella (Squella, Villavicencio y Zuñiga, 2012):
Nadie es, en grado alguno, esclavo de otro. Por tanto, nadie es propiedad total o
parcial de otro. Por tanto, cada persona es dueña de sí misma. Por tanto, Cada persona
debe ser libre de hacer lo que le plazca mientras no dañe a otros. Nadie está obligado a
ayudar a los demás. (p. 173)
Esta afirmación corresponde a la teoría de la justicia del libertarismo, sobre la cual

se asienta un capitalismo no humanista ni solidario, y que tiende al bienestar de las élites
económicas bajo el argumento de que, si los ricos son más ricos, esto favorecerá a toda
la economía y todos los estratos sociales.

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Sin embargo, de lo dicho, las cifras a nivel mundial muestran mayor desigualdad e
inequidad en la concentración de la riqueza. Según cifras de la Organización
Internacional del Trabajo (2022), en la actualidad existen más de 50 millones de
personas en situación de esclavitud moderna en el mundo, y otras formas de explotación
laboral.
En los años 70, el neoliberalismo cobró más fuerza de la mano de Thatcher (Gran
Bretaña, 1979) y Reagan (EE. UU., 1980); dando lugar a ajustes estructurales en sus
países en pro de reducir el Estado de Bienestar. Por otra parte, se benefició a la banca de
Bretton Woods (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial), con el fin de
crear clubs que se dediquen al pago de la deuda (Ezcurra, 1988). Es así como nace la
época de los denominados ajustes estructurales.
En América Latina, a fines de los 80, el proceso se consolidó y profundizó en las

administraciones de Salinas (México, 1988), Menem (Argentina, 1989) y Fujimori (Perú,
1990), las cuales aplicaron ajustes estructurales de pago de la deuda, crecimiento
macroeconómico, liberación de los mercados, disminución de la presencial estatal y
menos derechos sociales, políticas de privatización, la desregulación de los mercados
internos y, en particular, la contracción o contención del gasto público social, y la
disminución de salarios, todo ello con el objetivo de conseguir “equilibrios
macroeconómicos (en especial, en materia de presiones inflacionarias y de las cuentas
fiscales y externas)” (Ezcurra, 1988, p. 38).
Una característica de esta época fue deprimir la fuerza del trabajo y los salarios de
los trabajadores. El trabajo se consideró como una mercancía que se puede obtener al
menor precio posible; se habla de una bandera ortodoxa de flexibilización laboral en la
que se redefinió el poder del capital sobre el trabajo.
Bajo todos estos presupuestos mencionados se propuso un proyecto integral e

internacional dentro del ámbito político y económico para favorecer al mercado y a las
corporaciones, cuyo fin fue la homogeneización del modelo a nivel mundial.
En definitiva, el neoliberalismo propuso la consecución de bienestar económico para

todos con un libre mercado y competitividad, basado en restricciones sociales y
reducción de la intervención estatal. Estos postulados aplicados en varios países tuvieron
sus consecuencias y una relación directa con los niveles de pobreza en el mundo, ya que,
sin estado de bienestar ni inversión social, el acceso a los derechos como educación, salud
y vivienda, se vieron restringidos solo a quienes pudieran pagar por dichos servicios.
Con la lógica neoliberal, los gobiernos han impulsado la privatización de sectores

estratégicos como minas, petróleos, telecomunicaciones, y hasta servicios básicos como
energía eléctrica, agua potable, calefacción, entre otros. Es decir, que se ha impuesto la
lógica del capital sobre los bienes y los servicios públicos, y su argumento ha sido la
deficiencia en la calidad del servicio público y la optimización de recursos por medio de
la intervención privada. Sin embargo, la realidad es que los servicios son más caros e
ineficientes, y accesibles únicamente para unos pocos.

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Es importante recalcar que el proyecto neoliberal es un programa conservador y un

proyecto político que particularmente nace y se dirige desde los Estados Unidos de
Norteamérica a través de sus instituciones estatales y corporaciones e instituciones
económico-financieras internacionales. En este punto, agencias como Bretton Woods,
Fondo Monetario Internacional, y Banco Mundial incrementaron su poder e
implementaron ajustes en el Sur global, bajo condiciones de políticas que afectaron de
forma directa e indirecta las políticas sociales de los países. En otras palabras, se verificó
la injerencia en los modelos económicos de los países de Latinoamérica a cambio de
préstamos (Ezcurra, 1988).
En una segunda etapa del neoliberalismo, denominada del “aggiornamiento”, se

intensifica la injerencia de las instituciones financieras mundiales y a la par se incrementa
la pobreza global, es así como se posiciona la influencia del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo en los países por medio de sus créditos. Todo esto está
recogido en el denominado “Informe sobre el desarrollo mundial de 1990”, que entre
otros temas recoge la erosión del consenso social, la generalización de “los conflictos
distributivos, y la aparición de movimientos anti-reforma” (Ezcurra, 1988, p. 22). En esta
época se verifican los fracasos del programa neoliberal en sus programas y diagnósticos
errados en los países, en los cuales existe inestabilidad política, económica y una
generalización y jerarquización de la pobreza.
En la actualidad, y después de una pandemia global, los resultados económicos y de

desigualdad y pobreza han aumentado de manera vertiginosa. Según OXFAM (2023) “el
1% de los latinoamericanos más ricos concentrará más riqueza que el 99% restante de la
población”.
Como se puede evidenciar, existe un crecimiento desigual y una acumulación
desproporcionada del capital que incrementa la pobreza de muchos sobre el beneficio de
pocos, es decir que se sigue promoviendo la acumulación de las élites en detrimento de
todos.
2.2. Neoliberalismo y pobreza de las mujeres
Tal y como se manifestó en párrafos anteriores, en los inicios del siglo XXI la
globalización del neoliberalismo y del capitalismo ha traído varias consecuencias; en
términos económicos, ha puesto de manifiesta el incremento de la desigualdad y la
pobreza, y nos hacen cuestionar sobre el rol de los Estados y de la misma democracia.
En esa lógica de no intervención del Estado, de exclusión y de marginalidad, se

destaca un grupo que es sin duda el más afectado y que lo constituyen las mujeres. En el
Informe de Desarrollo Humano (IDH) de 1996, se estima que siete de cada diez pobres
son mujeres. Por ende, cualquier política económica de ajuste que se tome desde el
neoliberalismo afecta más a quienes ocupan una posición más vulnerable, y
desgraciadamente las mujeres ocupan un rol más débil dentro del mercado, o
simplemente no son consideradas como parte del aparato productivo, o en otros casos su
fuerza de trabajo en los hogares no es considerada como remunerada.

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Según la autora Cobo (2003a), la pobreza en las mujeres está relacionada con la
globalización y con el avance del neoliberalismo, ya que la eliminación de una política
económica intervencionista estatal dio paso a una política genocida que deja surcos muy
profundos en las mujeres que han sido excluidas en derechos a la salud, educación,
formación y cualificación profesional o de autonomía personal, entre otras.
En primer lugar, las políticas neoliberales recortan el gasto público, y este hecho
tiene como efecto el incremento del trabajo gratuito que realizan las mujeres en el marco
familiar. Los Estados que aplican los programas de ajuste estructural redefinen y
expanden lo privado incluso en temas de orden público o particular, “para así invisibilizar
los costes de desplazamiento de la economía remunerada a la no remunerada” (Cobo,
2003a, p. 2).
En segundo lugar, “la mano de obra femenina juega un papel estratégico en este
proceso de liberalización económica, ya que en todos los países del mundo representa un
segmento de población laboral considerable” (Cobo, 2003a, p. 2). En este caso particular,
se muestran como ejemplos las maquilas o zonas francas como nueva palanca para la
inserción de las economías periféricas en el proceso de globalización. Esas zonas
industriales ofrecen nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, pero muy
frecuentemente bajo condiciones propias del siglo XIX. En estos casos, las condiciones
laborales están sujetas a contratos temporales, menor salario, flexibilización de
obligaciones patronales, no pago de seguridad social, y con sueldos en muchos casos por
debajo de la subsistencia (Cobo, 2003a).
Adicionalmente, en un mundo globalizado con enfoque capitalista, existe una
diferenciación entre trabajadores varones y mujeres, así como su forma de ingreso (Cobo,
2003b). En casi todas las regiones del mundo la participación de las mujeres en el
mercado de trabajo aumentó, pero las condiciones bajaron. Incluso en los países más
desarrollados, los sueldos de mujeres con el mismo título y experiencia que un hombre
es mucho menor, a pesar de realizar la misma tarea u oficio. Todos estos elementos han
aumentado la brecha de la pobreza entre hombres y mujeres a nivel mundial.
Para el año 2021, las mujeres fueron desproporcionadamente quienes tenían las
mayores cifras de desempleo, informalidad, pobreza y trabajo doméstico. Entre las
mujeres que tienen empleo, el 60% lo hace en situación de alto riesgo en el comercio o la
industria (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2023).
Según el informe anual de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), en el año 2022 la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la
población en la región, entre los cuales se encuentran las mujeres de 20 a 59. En tanto,
la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando
especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6%
en 2022 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2023).
Como se puede observar en las cifras arriba citadas, la pobreza es mucho más
profunda en la población femenina, y en especial en la población rural. Esto significa que
el ejercicio de derechos (especialmente sociales) queda supeditada al nivel de ingresos,
haciendo casi imposible que las mujeres accedan a servicios de calidad de educación,
trabajo, salud, vivienda, entre otros. La exclusión indirecta de las mujeres en el ejercicio

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de dichos derechos aumenta las brechas de desigualdad y disminuye las oportunidades

de un mejor proyecto de vida. Según el Banco Mundial (2022), 2 400 millones de mujeres
en el mundo no tienen los mismos derechos económicos que los hombres.
En el caso particular de Ecuador y Perú, las cifras tampoco son alentadoras. El
Ecuador está en el ranking 41 de la brecha de género, mientras que Perú ocupa el lugar
número 37 (Expansión, 2022).
De lo manifestado anteriormente, es evidente que la pobreza afecta el ejercicio en
materia de derechos, y lo hace de forma directa o indirecta. A continuación, se mostrarán
los índices de acceso a educación, salud, trabajo, vivienda, de las mujeres en el Ecuador
y en el Perú para evidenciar que el índice es mucho menor que el de los hombres. De
otra parte, se mostrará cómo dichos efectos están relacionados con las políticas públicas
utilitaristas y neoliberales de los gobiernos de turno.
2.3. Vulneración y datos de los derechos económicos, sociales y culturales de las
mujeres (educación, trabajo, vivienda y salud)
Tras el contexto del neoliberalismo y la afectación del goce de derechos
fundamentales de las mujeres, es importante recalcar que tanto en Ecuador como en
Perú se reconoce que todas las personas gozarán de los mismos derechos y
oportunidades, además de reconocer a las mujeres como un grupo con protección
especial. Estos derechos están reconocidos en la Constitución de cada país como norma
suprema, con miras a que la legislación y demás resoluciones amparen el goce de
derechos fundamentales reconocidos. Sin embargo, ¿qué sucede en la realidad? o ¿qué se
evidencia?
Es importante recalcar que según las cifras del portal del Banco Mundial de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el año 2021, en Perú las mujeres
representaban el 50,5% de la población y en Ecuador el 50,1% (Banco Mundial, s. f.)1.
Por ende, la población femenina representa más de la mitad de la población total en los
dos países:
1 Recabado de Perspectivas de la población mundial: Revisión de 2008. De División de Población de

las Naciones Unidas – Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.5559.FE.5Y?locations=PE-EC

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Figura 1
División por edades de la población femenina total en Ecuador y Perú
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Perú Ecuador
Nota. Adaptación propia de la información de Datos del Banco Mundial, Población, mujeres –
Perú, Ecuador
Los datos del gráfico que antecede fueron recopilados del Portal del Banco Mundial
de la ONU, y describen la situación individual de cada país en el 2021. En el caso
concreto de los dos países bajo análisis, las cifras son muy parecidas. En resumen, el
porcentaje de la población femenina de 0 a 19 años en Perú es del 33%, y en Ecuador es
del 35%; de la población de 20 a 39 años en Perú es del 31%, y en Ecuador es del 33%;
de la población de 40 a 59 años en los dos países representan el 21%; y la población de
60 años en adelante en Perú representa el 15% y en Ecuador el 11%. Con base a esta
división se puede hacer un análisis del goce de los derechos fundamentales establecidos
anteriormente.
2.3.1. Derecho a la educación
En cuanto al acceso a la educación, la Constitución de la República del Ecuador de
2008, en su artículo 26, determina que es un derecho de las personas que debe perdurar
a lo largo de sus vidas. El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 37, determina
que es un deber del Estado su promoción y garantía para el desarrollo de la población
joven. Siendo uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisamente el Objetivo 4,
es determinante desarrollarlo.
El gobierno ecuatoriano, para el año 2022, planteó nuevas políticas educativas que
se enfocan en cinco ejes fundamentales; el primero enfocado al diseño de un plan de
retorno a las aulas de los colegios, para lo cual se abrirán puntos de encuentro en cada
parroquia del Ecuador; el segundo eje se enfoca en el fortalecimiento del sistema para un
enfoque inclusivo, rehabilitando 900 escuelas rurales; el tercer eje se enfoca en la
inclusión de los padres de familia para la creación de ajustes que se adapten a las
necesidades comunitarias; el cuarto eje se dirige a la promoción de salarios dignos a los

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docentes; y finalmente, el quinto eje se enfoca en crear políticas de un sistema educativo

enfocado a la tecnología y recibir herramientas (Secretaría General de Comunicación de
la Presidencia, 2021). Sin embargo, ¿se reflejan estos objetivos en las cifras?
El Ministerio de Educación en Ecuador, determina que para el periodo de 2022-
2023 en educación inicial, primaria, y Bachillerato General Unificado (BGU) están
activas 15 997 instituciones educativas, que forman a 4 322 138 estudiantes a nivel
nacional, representando el 23,69% de la población ecuatoriana. Del porcentaje total de
estudiantes de dichas instituciones, el 50,32% son de sexo femenino. En cambio, en
cuanto a bachilleratos técnicos, la revista sobre asuntos de género No. 156 de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, analizando las cifras del
Ministerio de Educación en Ecuador, determinaba que existen 1 491 de instituciones de
Bachillerato Técnico, y que el 56% de estudiantes son hombres (García, 2019).
El mismo documento determina que en el Bachillerato Técnico (BT) “los hombres
(…) representan el 56% del total de estudiantes. (…) Al contrario, en el BGU son
levemente mayoritarias las mujeres: 50,1% frente al 49,9% de hombres” (García, 2019,
p.20). En ese sentido el autor Tomaselli (2018), citado por la misma autora, determina
que la población que opta por el BT pertenece a familias en situación de vulnerabilidad,
ya que representa un medio accesible al mercado laboral y por ende a la población que
tiene más acceso a generar ingresos laborales (García, 2019)
En ese sentido, del porcentaje total de la población femenina, los datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) establecen que, para enero del
2022, el 48.9% de mujeres cuenta con estudios de educación general básica; el 25.39%
con educación media, bachillerato o técnico; y, únicamente el 13,38% cuentan con
estudios de educación superior. Considerando las edades descritas anteriormente, de las
cifras se aprecia que no se promueve la inclusión de la educación como derecho durante
toda la vida de las estudiantes.
En virtud de lo previsto en la revisión de las políticas públicas del sector de
educación en Perú, este se enfoca en distintos ejes: el primero se enfoca en estudiar el
contexto socioeducativo del Perú y avaluar la gestión de la ley en Perú; el segundo se
enfoca en una gestión educativa descentralizada; el tercero se orienta en las políticas de
desarrollo docente; el cuarto se orienta a estrategias de aprendizaje; y en el quinto se
ubica el desarrollo de los desafíos y oportunidades.
Sin embargo, el informe de “Género y educación en Perú” para la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Muñoz,
2020) determina que al igual que en Ecuador, la educación se basa en tres fases de la
Educación Básica Regular (EBR): inicial, primario y secundario. De acuerdo con la
Unidad de Estadística Educativa (ESCALE) del Ministerio de Educación del Perú
(MINEDU), para el año 2018 había un total de 106 886 instituciones educativas; sin
embargo, de esta cifra, el 18% de estas unidades educativas se encuentran en sectores
rurales, por lo tanto, se evidencia un gran porcentaje de migración estudiantil a las
distintas provincias. En breves cifras, el 44% de población que tiene acceso a la educación
son mujeres.

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Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2019, el 31.1% de las mujeres de más de
15 años lograron adquirir un nivel de educación superior. De estas cifras se desprenden
que solo el 14.9% de las mujeres consiguen un título universitario y el porcentaje
restante representan títulos técnicos superiores.
Figura 2
Comparativa entre Hombres y Mujeres en la educación
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Educación Básica Educación Superior
Ecuador Hombres Ecuador Mujeres Perú Hombres Perú Mujeres
Nota. Adaptación propia de la información de la Encuesta Nacional de Hogares Perú (2019) y

del Informe “Género y educación en Perú” para UNESCO (Muñoz, 2020).
El cuadro anterior grafica los datos previstos anteriormente. Del mismo se puede
concluir que el goce del derecho a la educación se puede demostrar observando que la
tasa de mujeres con acceso a la educación superior, tanto en Ecuador como en Perú, es
menor que las de los hombres. Tras varios análisis en los informes gubernamentales de
los dos países, se busca romper la brecha de género aplicando los principios
fundamentales de las políticas públicas que aún no reflejan efectividad.
2.3.2. Derecho al Trabajo.
El derecho ecuatoriano determina en su artículo 35 de la Constitución de la
República del Ecuador de 2008, señala que el Derecho al Trabajo es un derecho y deber
social para la promoción de una remuneración justa que cubra las necesidades personales
y familiares; así mismo, el Código del Trabajo promueve el desarrollo de los derechos
laborales de todas las personas en el territorio ecuatoriano, incluyendo a los extranjeros
que son residentes.
Las políticas laborales en Ecuador se distribuyen desde varios sectores (nacionales
y extranjeros; adultos y adultos jóvenes), así mismo, se distribuyen desde distintos
planes, el Plan Nacional del Desarrollo tiene como primer eje la generación de empleo
desde distintos impactos, incluidas las políticas del empleo joven, fijación de salario
mínimo, negociación y beneficios sociales (Grupo FARO, 2019).
En el contexto ecuatoriano, el Informe Mensual del mercado laboral a marzo de
2022, elaborado por la Cámara de Industrias y Producción, estableció que, en virtud del
Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), únicamente existen “8.31 millones de

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personas con empleo o dispuestas a trabajar. De este total, el 32,7% tuvo un empleo
adecuado, mientras que el empleo en condiciones no adecuadas se ubicó en el 62%”
(Cámara de Industrias y Producción [CIP], 2022), de la población total del Ecuador.
Por lo tanto, según el reporte de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo del INEC, se determina que únicamente el 65% de la población ecuatoriana
es económicamente activa.
El mismo informe determina que para marzo de 2022, del total de personas con
desempleo el 47,9% son mujeres y 52,1% son hombres. Sin embargo, únicamente el
35,4% del porcentaje de mujeres poseen empleos adecuados, dejando una tasa deficiente
en las condiciones dignas que el Ecuador aborda en cuanto a empleo digno; es decir, que
dos de cada diez mujeres en Ecuador tienen un empleo adecuado.
Figura 3
Cifras de la situación de mujeres en Ecuador en la esfera laboral
Empleo adecuado Subempleo Desempleo
Nota. Adaptación propia a partir de la información del Instituto de Estadísticas y Censos

(INEC), 2018.
Adicionalmente, el diario El Universo recopiló los datos de la campaña “Data for

equality” de la Organización y Promoción de la Economía, Violeta que determinó que el
35% de mujeres mantuvo su trabajo durante la pandemia del COVID-19, el 33% aumento
de responsabilidades y el 48% perdió su trabajo. Es importante recalcar que, esta
recopilación de datos que aborda el diario El Universo determina que de los 4,4 millones
de personas que conforman la Población Económicamente Inactiva, 3,3 millones son
mujeres (Cámara de Industrias y Producción [CIP], 2021).
De acuerdo con ONU Mujeres (2023) citando a la Comisión de Transición (CDT,
2023), se determina que, a partir del año 2013, el ingreso mensual de las mujeres en áreas
rurales fue de 219 USD, comparado con los ingresos de hombres que son de 293 USD.
En zonas urbanas fue de 421 USD para las mujeres y 524 USD para los hombres. Es
importante recalcar que la canasta básica para el año 2023 es de 764,71 USD (Vera,
2023), siendo cifras alarmantes en base a los objetivos de la política estatal.
La política pública peruana se establece a través de su Decreto Supremo No. 013-
2021-TR, recalcando que el Estado promoverá condiciones económicas, institucionales

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y sociales para garantizar a las personas un trabajo decente y productivo, así mismo la
Política Nacional de Empleo Decente, que se enfoca en una acción multisectorial, busca
ubicar la falla en las condiciones de trabajo a fin de brindar facilidades para promover
condiciones favorables.
En el contexto peruano, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(2020) determina que las mujeres enfrentan graves desigualdades para su inserción en
el ámbito laboral, incluyendo significativamente su condición de trabajo. El 80% de las
mujeres trabajadoras en Perú representan trabajos domésticos con 6 horas de diferencia
más que los hombres, y el ingreso por hora para los hombres es entre 28% y 40% superior
al que las mujeres perciben.
En general, las mujeres de los países en América Latina, en virtud de las cifras
descritas, están sujetas a tasas más elevadas de subempleo y desempleo, en donde
predominan los sectores laborales con salarios mucho más bajos. Más en estos países
que representan a la diversidad de mujeres indígenas ubicadas en sectores rurales de la
población sin posibilidad de crecimiento, si no es migrando a otras provincias y más a
las zonas urbanas (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú [MTPE],
2008).
2.3.3. Derecho a la vivienda
El artículo 30 de la Constitución de la Republica del Ecuador de 2008 determina que
las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, incluyendo una vivienda
digna y adecuada. El autor Gago (2009) considera que la vivienda es una necesidad
humana fundamental para el desarrollo personal de las personas, por lo tanto, no
constituye solo el derecho a contar con un espacio físico, sino la seguridad jurídica de
tenencia, disponibilidad de acceso a servicios básicos y vivienda asequible.
Para el Relator Especial Sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada (s. f.), el Comité
de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera que el
derecho a una vivienda adecuada abarca la protección contra el desalojo forzoso,
destrucción y demolición arbitrarias; el derecho a ser libre, a la privacidad y a la familia;
el derecho al libre tránsito y lugar de residencia. En cuanto a política pública, el Ecuador
plantea el Plan Nacional de Desarrollo, que enfoca el derecho a la vivienda como factor
de realización de otros objetivos. Por ejemplo, como estrategia para la planificación del
territorio, gestión para mejora del hábitat y condiciones de vida; erradicación de la
pobreza y protección de la familia.
En el contexto ecuatoriano, para el año 2010 la taza poblacional urbano y rural
aumentaron y especificaron que, de la población total, 9 090 786 personas se encuentran
viviendo en zonas urbanas. Por dicho aumento en la población urbana, se visualizan
consecuencias relacionadas con el desempleo, pobreza y, sobre todo, déficit habitacional
(Villacís y Carrillo, 2012, p. 11).
Es importante determinar que las cifras para el año 2018 han demostrado que el
66,2% de las viviendas son propias y totalmente pagadas; y el 18% son arrendados. Entre
cifras importantes que han desarrollado en el Plan de Vivienda, se menciona que desde
el 2008 al 2018 se ha disminuido el 10% de las personas que viven en hacinamiento y

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condiciones precarias (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2020, p. 37). Centrándose en

el derecho de las mujeres a la vivienda, para el inicio de los años 2000, el 50.6% de las
viviendas están ocupadas por mujeres (Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer en Ecuador [CLADEM Ecuador], 2007. p. 15).
Sin embargo, la tenencia de la vivienda física no es el único factor para promover el
derecho a la vivienda, tal como se observó en las doctrinas de diversos autores. El Comité
de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Ecuador
(CLADEM Ecuador) (2007, p. 11) determina que el 30% de las mujeres de la región se
encuentran situadas en áreas urbanas, tras las cifras de subempleo y trabajo con
condiciones no adecuadas se determina que la mujer rural es la más afectada por las
condiciones de pobreza.
El análisis mencionado anteriormente determina que para inicios de los 2000, en el
74% de los hogares primaba la jefatura masculina, y que referente al restante porcentaje,
el 12% de las mujeres jefas de hogar son discriminadas y no reconocidas, pese a que son
el principal aporte económico dentro del mismo. (CLADEM Ecuador, 2007, p. 14). En
base al déficit cuantitativo que realiza el INEC (2001), el 24,7% del saldo de las personas
sin hogar en Ecuador son mujeres.
En el contexto peruano, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, que, de
acuerdo con la Observación No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, contempla, al igual que en Ecuador, la seguridad jurídica de la tenencia,
servicios básicos, infraestructura y habitabilidad. Igualmente, la Ley No. 30156 da
potestad al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú la promoción
el mejoramiento y protección de los centros poblados, urbanos y rurales.
En cuanto a política pública, en Perú se encuentra la política de Estado No. 21 del
Acuerdo Nacional, la cual aborda el desarrollo de la infraestructura y vivienda, con
énfasis en salud, educación, saneamiento y servicios básicos. En su eje 2 promueven la
inversión pública y privada para ampliar el acceso a los servicios básicos y fomentar la
construcción masiva e industrializada (Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional, 2016,
p. 37).
En Perú, en el año 2017 se determinó que únicamente el 29,4% de viviendas
ocupadas presentes son particulares. El 74% de la población es afectada por condiciones
de inhabitabilidad, incluyendo significativamente a las mujeres que conllevan trabajo
doméstico (Quispe, 2005). Por lo tanto, la vivienda no solo conlleva contar con su espacio
físico propio sino factores que van más allá de la esfera estructural que no se cumplen.
2.3.4. Derecho a la Salud
En cuanto al derecho a la salud en Ecuador, en el año 2021 se crea el Plan Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva, enfocada a promover las condiciones de salud
garantizando la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, con el
objetivo de garantizar la salud y la vida digna para todas y todos. Así mismo está vigente
el reglamento para regular el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos en

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el Sistema Nacional de Salud, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural que

promueve una educación sexual, humanística y científica2.
En Perú, la Ley No. 29973 garantiza el acceso a la salud de mujeres con
discapacidad, así mismo garantizando la rehabilitación, la salud sexual y reproductiva.
La Ley No. 29600 igualmente promueve la educación sexual y ayuda a mujeres
embarazadas. Y la Ley No. 28983 establece como objetivo la adopción de políticas, planes
y programas para garantizar el derecho a la salud en cualquier ámbito entre hombres y
mujeres3.
El autor Parra (2008, p. 149) en el boletín de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) determina que el derecho a la salud comprende un sistema de
protección que incluye la atención sanitaria y factores socioeconómicos de salud que
faciliten la igualdad de oportunidades para su acceso. Es decir que la garantía de este
derecho comprende muchos factores, como prevención de la violencia de género,
alimentación, acceso a servicios básicos, condiciones de trabajo favorables, vivienda
digna y un medio ambiente sano.
El acceso a la salud en un enfoque de género determina una gran diferencia en los
factores que corresponden al derecho de las mujeres, como el derecho a la salud sexual
y reproductiva; derecho a la atención en salud sexual y reproductiva; derecho a la
autodeterminación sexual y reproductiva; derecho a la salud y pobreza; y, violaciones del
derecho de la salud de la mujer. Por lo tanto, se determina que van de la mano con la
promoción de los demás derechos.
Según la autora Chávez (2014, p. 47), el derecho a la salud femenina conlleva un
análisis exhaustivo de cifras de distintas índoles como prostitución y trabajo sexual;
erradicación de la violencia sexual en cualquier ámbito; detección de enfermedades
catastróficas; erradicación de la violencia contra la mujer; embarazos y tazas de
natalidad; condición socioeconómica para tratamientos médicos, y estrés laboral y el
derecho al trabajo.
El derecho a la salud es una esfera muy grande, para el que es necesario un análisis
exhaustivo para determinar su aplicación; sin embargo, en breves cifras, en el Ecuador
la esperanza de vida de las mujeres es del 80,2%. Las principales causas de muerte de las
mujeres son 1. COVID-19 y demás virus con el 24,6%; 2. Colelitiasis con el 23,1%; 3.
Apendicitis con el 15,5%; 4. Complicaciones del embarazo y parto con el 12,4%; y, 5.
Anormalidades de los órganos pelvianos 11,9% (Gobierno de la República del Ecuador,
2021).
Algunos aspectos importantes es que el promedio mayor de reales tratamientos en
embarazos entre niñas de 12 a adultas de 49 años se produce en el sector urbano, a
diferencia del sector rural que evidencian menos controles; en cuanto a la lactancia, el
mayor porcentaje se da en el sector rural con casi el 70%, siendo uno de los sectores más
vulnerables con menos condiciones saludables para la alimentación de las madres
(Gobierno de la República del Ecuador, 2021, p.115).
2 Véase https://oig.cepal.org/en/laws/8/country/ecuador-12
3 Véase https://oig.cepal.org/en/laws/8/country/peru-52

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En cuanto a exámenes específicos tenemos el Papanicolau y la mamografía que son

específicos para preservar la salud sexual y reproductiva de las mujeres; de los exámenes
realizado a nivel nacional, únicamente el 47% es proveniente del sector rural, y la
mamografía únicamente el 15% (Gobierno de la república del Ecuador, 2021, p. 117).
Por lo tanto, se observan causas específicas relacionadas con el cuerpo femenino que pese
a las políticas de salud mencionadas no han sido suficientemente inculcadas en el sector
rural.
En el contexto peruano, la salud se enfoca en la erradicación de la violencia contra
la mujer que en virtud del Informe de la Adjuntía No. 003-2012-DP/ADM, se establece
que se encontraron varias debilidades en la aplicación de la política estatal, como la
escasa coordinación intersectorial, insuficiente respuesta sanitaria integral, la falta de
procedimientos adecuados de rutina en la atención mental y física de las mujeres; el
limitado número de proveedores de salud y la indebida atención en casos de violencia
psicológica.
Por lo tanto, en cuanto al desarrollo en el sector de la salud, que es muy amplio, se
evidencia una falta de coordinación entre entidades estatales y la falta de la identificación
de los factores de importancia, es decir, valores específicos de pobreza, acceso a métodos
anticonceptivos o sanitarios que son necesarios para el desarrollo de la mujer día a día.
2.4. Reflexión de la aplicación de la política pública y utilitarismo
Como hemos evidenciado, la política pública es un proceso de carácter público que
involucra decisiones y operaciones para la distribución de recursos. Santander y Torres
(2013, p. 15) determinan que las políticas públicas son un reflejo de los ideales y deseos
de la población en una sociedad, es decir que es un mecanismo que enmarca objetivos
para el bienestar general y dan una pauta para dirigir los planes del gobierno hacia el
punto central del desarrollo deseado.
En ese sentido, el utilitarismo es una teoría de la justicia que fue propuesta por varios
exponentes en el siglo XIX. Uno de los principales fue Jeremy Bentham al establecer
dos factores, el dolor y el placer, los cuales son parte de naturaleza del ser humano, es
decir que están vinculados con la distinción de lo bueno o malo. Esta distinción se mide
por la proporción de los efectos que se producen en la sociedad, ya sea por la aplicación
de normas o por la implementación de medidas estales. En segundo lugar, se establece
el principio de utilidad, el cual propone que la acción personal o estatal que produzca la
mayor felicidad (placer) como finalidad es la universalmente aceptada (Araujo, 2000, p.
271). Cabe señalar que la palabra felicidad es el equivalente a la distinción del dolor y
placer, por lo tanto, es utilizada por los autores a lo largo de la historia del utilitarismo
como un factor importante para la explicación de la teoría.
Una política pública estatal, en virtud de la teoría del utilitarismo, produce bienestar
cuando produzca felicidad al mayor número de personas de la sociedad de que se trate.
De esta manera, el criterio moral básico es el de la utilidad o beneficio máximo, hasta el
punto de que, por lo mismo, deliberar en una situación social cualquiera acerca de qué es
lo justo se reduce a calcular lo que produzca la mayor felicidad para el también mayor
número de personas.

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En el tema de la aplicación de políticas en cuanto a la promoción de derechos de las

mujeres, se analiza que el utilitarismo no es utilizado como un mecanismo para que la
mayoría de la población sea feliz, ya que el porcentaje del número poblacional femenina
de los dos países es mucho mayor que la masculina, sino que se utiliza en la esfera
neoliberal que ampara la utilidad del sistema, en este caso en específico, un sistema
patriarcal.
El sistema, como pudimos ver en el primer numeral, impidiendo que la economía
sea realmente solidaria, se basa en la erradicación de los sectores vulnerables; un claro
ejemplo es el derecho a la vivienda, el cual se enfoca en la urbanización de los sectores
rurales y la destrucción del medio ambiente, que no solucionan el problema central, que
es la desigualdad entre el sector rural y urbano por la falta de acceso a servicios básicos.
Las autoras Farah y Salazar (2010), en un análisis de la aplicación del neoliberalismo
en políticas públicas Latinoamericanas señalan que “la ausencia de igualdad básica y la
naturaleza regresiva de las políticas son razones para que los derechos no se ejerzan y,
además, para que sean vulnerados constantemente” (p.112), ya que son medidas desde la
métrica del utilitarismo con la utilidad que el sistema ha impuesto. En una frase más
sencilla, el Estado al momento de pensar en la capitalización de los derechos, está
favoreciendo al sistema neoliberal y “la globalización neoliberal significa el fin del Estado
como instancia de redistribución económica y el fin de las políticas sociales. En definitiva,
significa la subordinación de la política a la economía” (Cobo, 2003a, p.1).
Conclusiones
Queda claro que el neoliberalismo como doctrina económica, política y social, se ha
exportado a diversos países, y que su aplicación ha estado supeditada a la negociación de
la deuda por medio de instituciones crediticias internaciones como el FMI, el BID, BM,
entre otros.
La imposición de reformas normativas o de política pública al interno de los países
que aceptan negociar créditos no han favorecido a las sociedades en las cuales se han
adoptado políticas neoliberales, pues es claro que el recorte de presupuesto en materia
social no sirve para el desarrollo de ninguna población. El dejar hacer y dejar pasar como
postulado mercantil, solo ha beneficiado a los grupos de poder y a las élites económicas
de los diversos países.
Las condiciones más fuertes e inflexibles fueron aplicadas en Latinoamérica y
perjudicaron a los sectores más pobres de la sociedad, en esa misma línea, se muestra
que los grupos más vulnerables han sufrido vulneración en sus derechos. Entre los
grupos vulnerables, es indiscutible que los niveles mayores de desigualdad y pobreza se
encuentran las mujeres, y de ellas, las mujeres de las zonas rurales son las más afectadas.
La exclusión de las mujeres en el ámbito del trabajo, comercio y otras actividades
económicas no solo las excluye de tener ingresos, sino que las excluye del acceso a
derechos básicos como el de salud, educación, vivienda, entre otros. Este hecho amplía
más las brechas de desigualdad y las va relegando a “ciudadanas de segunda clase”.
Los Estados son responsables de respetar y garantizar los derechos humanos de
todos sus habitantes, en especial de los grupos vulnerables. La garantía de derechos no

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excluye los derechos económicos, sociales y culturales, pues estos son necesarios para el
desarrollo de la vida con dignidad. Las mujeres han sido doblemente excluidas. Por un
lado, están las políticas públicas generales que adoptan un carácter patriarcal, y no
permiten un igual acceso a puestos de trabajo, a la educación formal, puestos políticos y
de relevancia, entre otros. Por otro lado, el enfoque del neoliberalismo cuyo enfoque se
dirige a las personas productivas no permite con sus recortes tener una política más
incluyente. De hecho, los recortes sociales afectan de forma directa a las mujeres y las
excluyen como sujetos de derecho.
El porcentaje de mujeres pobres ha ido en aumento en los últimos años, en
particular, en los países en los cuales se han aplicado las políticas neoliberales al pie de
la letra. No es coincidencia entonces que ellas hayan sido las más afectadas, pues son las
excluidas de los excluidos.
Mucho se habla de soberanía de los Estados de cara a las migraciones, pero no se
dice nada sobre la intromisión e imposición de estándares que están en los umbrales de
la necropolítica y que afectan a las y los ciudadanos. Priman más los intereses personales
de las élites de unos gobernantes sobre las mayorías. Es indispensable adoptar un cambio
que permita, al menos, negociar mejores condiciones sin afectar lo social, pues el voraz
capitalismo de mercado no respeta los derechos, ni la vida de las personas. Las políticas
públicas deben responder a las necesidades de las personas y no a intereses del sistema
financiero internacional.

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