Bolivia: el millonario caso de corrupción que involucra a

exministros, parlamentarios y dirigentes del partido de

Evo Morales
https://www.bbc.com/mundo/noticias/
2015/12/151205_millonario_escandalo_corrupcion_partido_evo_morales_bm

La justicia del país halló 49 obras "fantasma" y proyectos observados por los que
se giraron US$6,8 millones de arcas públicas a cuentas privadas de referentes del
partido de Evo Morales, al menos 205 personas se encuentran procesadas y se
dispuso la detención de una exministra, dos senadores y dos dirigentes de
organizaciones que son parte del oficialismo en Bolivia.

El caso es conocido como "Fondo Indígena" sobre gente que ha recibido dinero
en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son inexistentes"

Los acusados
El Fondo Indígena era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos
de desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia.
Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno de Evo Morales después de
que estalló el escándalo de corrupción.
El informe presentado el fin de semana por la fiscalía boliviana señala
responsabilidades individuales en cinco líderes oficialistas.
En los 10 meses previos, desde que la Contraloría General de Bolivia denunció
irregularidades en al menos 153 obras financiadas por el Fondo Indígena, otras
205 personas fueron procesadas.

Una de las personas acusadas son la exministra de Desarrollo Rural y Tierras

Julia Ramos quien es acusada por incumplimiento de deberes, incumplimiento de
contrato, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y
favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Ramos recibió desembolsos en su cuenta
personal de alrededor de US$2,8 millones por la ejecución de 28 proyectos
observados.
Los senadores Jorge Choque y Felipa Merino son investigados por cinco
proyectos "fantasma". Ambos también fueron detenidos involucrados con
desembolsos de más de US$500.000.

El dinero
El debate en Bolivia se concentra en el destino del dinero salido de las arcas
públicas destinado a proyectos que no se concluyeron o a obras que jamás fueron
empezadas.
Si bien la fiscalía boliviana detectó malos manejos por US$6,8 millones, la
interventora del Fondo Indígena, Lariza Fuentes, informó en agosto que el daño
económico podría alcanzar los US$14,9 millones.

Estafa millonaria en línea puede quedar impune

https://www.eldiario.net/portal/2021/10/15/estafa-millonaria-en-linea-puede-quedar-
impune/

Debido a la falta de una normativa específica, el caso de estafa millonaria a través

de una aplicación móvil, donde al menos 2.000 personas en el país fueron
afectadas puede quedar impune, según abogados consultados por EL DIARIO.

El abogado Eduardo León manifestó que, actualmente, no existe en el país una

normativa precisa referente a las denominadas estafas piramidales ya que el
artículo 335 del Código Penal refiere solo el delito de estafa y para algunos casos
como este con el agravante de víctimas múltiples. Es decir que este caso sería
una estafa agravada, cuya sanción máxima es de diez años de privación de
libertad.

“Estos son delitos que son calificados como delitos patrimoniales y estos tienen
una virtud procesal que pueden incluso llegar a ser una conciliación porque la
finalidad es recuperar el bien jurídico que en este caso sería el dinero”, explicó.

El jurista refirió que en Bolivia hay casos emblemáticos de delitos de estafa,

empero que ninguno tuvo el resultado esperado como el caso de la inmobiliaria
Finsa de los años 80, donde después de 12 años de deambular en los estrados
judiciales, se dictó una sentencia contra los responsables que estafaron a más de
21 mil acreedores y alrededor de 51 millones de dólares.

El abogado Víctor Medinaceli manifestó que existe un vacío jurídico en el caso de

estafas piramidales, lo que hace que la mayoría caiga en la impunidad porque no
conocen a la persona y porque este tipo de casos son transfronterizos.

Por otro lado, el abogado Marcio Ramos lamentó que en menos de un trimestre se
haya estafado a más de dos mil personas a través de una aplicación en línea,
cuando ya había antecedentes.
Ramos apuntó que si bien la Policía cuenta con una división de Cibercrimen será
muy difícil dar con los responsables debido a las capacidades limitadas en cuanto
a requerimientos al exterior.
El jurista manifestó que si se hace un rastreo se podría llegar a los responsables,
siendo que existe lo que se llama “huella en la red”, empero debido a las
experiencias “limitadas” en el país, esto demoraría mucho tiempo.
Arturo Murillo: "caso gases lacrimógenos", el
escándalo de corrupción por el que arrestaron en
EE.UU. al exministro boliviano

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57263925

El exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, el exjefe de gabinete,

Sergio Méndez, y tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en
EE.UU. acusados de corrupción y lavado de dinero en el "caso gases
lacrimógenos" o simplemente "caso gases".
Ambos se desempeñaron entre 2019 y 2020 como funcionarios durante el
gobierno de Jeanine Áñez, quien está en prisión en Bolivia acusada de liderar un
golpe de Estado con el apoyo de la policía y el ejército.

Además, las autoridades policiales apresaron a los estadounidenses Luis

Berkman, de 58 años, Bryan Berkman, de 36, y Philip Lichtenfeld, de 48.
Estos últimos están acusados de pagar US$602.000 en sobornos a funcionarios
del gobierno boliviano en beneficio de Murillo, de Méndez y de otro funcionario
del gobierno boliviano que no fue identificado.

El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que los funcionarios bolivianos

aceptaron sobornos de los empresarios estadounidenses, quienes ganaron
contratos por aproximadamente US$5,6 millones para suministrar gas lacrimógeno
y otros equipos no letales al gobierno boliviano.
Los empresarios son propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con
sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la
proveedora brasileña Cóndor, señala el informe del Departamento de Justicia de
EE.UU.
Para promover el esquema de sobornos, que ocurrió entre noviembre de 2019 y
abril de 2020, los ciudadanos estadounidenses lavaron los pagos a
funcionarios del gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida
y Bolivia. También los tres estadounidenses organizaron el pago de US$582.000
en efectivo para Murillo y Méndez.

Una investigación revela compra irregular de 41

ambulancias para la Gobernación de Potosí
https://elpotosi.net/local/20220114_una-investigacion-revela-compra-irregular-de-
41-ambulancias-para-la-gobernacion-de-potosi.html

La Gobernación de Potosí adquirió, a través del mecanismo de compra directa

“calidad, propuesta técnica y costo”, un lote de 41 ambulancias. Existe un acta de
recepción, pero los motorizados aún no llegaron, según documentos y datos
proporcionados al periódico EL DEBER por personeros de esa administración
regional.

Esta información también fue cotejada en el Sistema de Contrataciones Estatales

(Sicoes), el registro de Fundempresa e Impuestos Internos, además de las
cotizaciones con otras importadoras de vehículos.

La Gobernación de Potosí aprobó en 2021 “el plan frente al rebrote y tercera ola
Covid-19” y sobre esa base emitió, a principios de septiembre, invitaciones
directas a las empresas importadoras de vehículos para la adquisición de 41
ambulancias que sean distribuidas a todos los municipios del departamento.

Los plazos apuntaban al 10 de noviembre, el día de la efeméride potosina, para

que en esa fecha se haga el anuncio oficial. Los conflictos sociales de entonces
afectaron al plan y tras considerar diversas propuestas la gobernación se inclinó
por la compañía unipersonal Estefals Logistics. “
La empresa fue registrada a nombre de Luis Humberto Huanca, quien firmó el
contrato con la Gobernación de Potosí. El emprendimiento fue registrado el 9 de
septiembre de 2021, poco antes de recibir la invitación del gobierno regional, con
un capital de Bs.100.000. El monto del contrato para la dotación de las 41
ambulancias fue de Bs 20,5 millones, según la cláusula 12 de la minuta de
contrato 215/2021 firmado el 26 de noviembre de 2021.

De acuerdo con un reporte del Sicoes, la fecha límite para la recepción de los
motorizados fue el 31 de diciembre de 2021, pues el contrato fijó un plazo de 40
días para que Estefals Logistics cumpla con la entrega. Esa fecha coincide,
además, con el acta de recepción.

En todo caso, el proceso de contratación fue discutido el 11 de octubre de 2021

por los asambleístas potosinos. Ese día, el Ejecutivo departamental pidió modificar
el presupuesto para incorporar los Bs 20,5 millones para “fortalecer con
ambulancias a las redes municipales de salud”. En Potosí hay 41 municipios y el
contrato fue para adquirir la misma cantidad de esos vehículos de auxilio, “Tipo I”.
Así se lee en el informe 017/2021-2022 de la Asamblea Departamental que,
finalmente, fue aprobado por la mayoría que allí tiene el MAS.

El documento detalla que la asignación presupuestaria incluye la adquisición de

cinco ambulancias “Tipo II”, precisamente, para atender la emergencia.

Yocalla está a unos 25 kilómetros de la capital del departamento. Tiene unas 42

comunidades dispersas que están enfrentando “un estado de emergencia por el
Covid”, apuntó Chura, quien comentó que en su jurisdicción se optó por atender a
los enfermos en sus hogares.

Para la operación de los Bs 20,5 millones que representa el costo de las

ambulancias, se aplicó el Decreto 4432 que autoriza compras directas hasta el 31
de diciembre de 2021, la fecha en que también estableció el Sicoes como plazo
final para esta operación
El proceso de compra directa de 41 ambulancias para la Gobernación de Potosí
se inclinó por la empresa que ofreció el precio más alto. Todo esto a pesar que el
mecanismo incluía la variable de “costo”.

La primera empresa pidió Bs 18,5 millones por esos vehículos. La segunda

planteó un precio de Bs 17,5 millones. En ambos casos, los motorizados son de
fabricación japonesa, tal como estableció el requerimiento de la administración
potosina. Al final, la Gobernación se inclinó por la oferta de Estefals Logistics que
demandó Bs 20,5 millones, es decir Bs 500.000 por cada unidad o $us 71.000..

La empresa que se adjudicó la dotación de 41 ambulancias a Potosí se registró

con un capital de Bs 100.000 el 9 de septiembre de 2021, al inicio del proceso de
contratación para el “plan frente al rebrote y tercera ola covid-19”. En la cláusula
cuarta de la Minuta de Contrato 215/2021, el responsable legal de esta compañía
declara un número de NIT que no coincide con la naturaleza de su
emprendimiento. El registro 10531005017 señala, según el registro digital de
Impuestos Nacionales a una empresa de “mantenimiento de vehículos”. Tampoco
coincide el nombre del proveedor.

Caso Pari, desfalco a Banco Union

https://www.paginasiete.bo/seguridad/2021/8/16/desfalco-al-banco-union-esposa-
socio-chofer-de-pari-se-declaran-culpables-304072.html#!

Son cuatro años transcurridos del millonario desfalco al Banco Unión

perpetrado por el exjefe de operaciones de la agencia financiera en el
municipio de Batallas, Juan Franz Pari Mamani, su esposa, uno de sus
seis socios y su chofer se declararon culpables en un juicio abreviado
(16/08/2021). Se beneficiaron así con una pena mínima, por la que
podrán pedir su libertad en los siguientes días.

La medida se dispuso pese a que no hay avances en la investigación y

no se conoce de manera oficial a cuánto asciende el dinero sustraído
entre 2016 y 2017, solo se cuenta con el cálculo inicial de 37,6 millones
de bolivianos.

Carolina del Coral Jerez Larrea, esposa de Pari, fue la primera en

solicitar el juicio abreviado en septiembre de 2020. En febrero de este
año, Alexis Daniel Calderón Hurtado, amigo de colegio y uno de los seis
socios de Pari en la empresa Saltcom SRL, también hizo la petición. El
chofer de Pari, Pablo Vásquez, fue el tercero en declararse culpable y
pedir el proceso abreviado.

Se conoce que también pidieron un juicio abreviado la ciudadana

argentina y novia de Pari, Luciana Cagnola, y otro de los socios de
Saltcom SRL, Eduardo Pinto. Ambas solicitudes están pendientes de
resolución.

Precisó que al haber cumplido más de la “mitad de la pena privativa de

cárcel, pueden solicitar un beneficio en la ejecución de sentencia” y
solicitar su libertad.

Los tres admitieron la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y

favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Jerez y Vásquez
también fueron condenados por “receptación” de objetos o dinero
provenientes de delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas
en calidad de cómplices y asociación delictuosa.

Los informes del Ministerio Público en el cuaderno de investigaciones

citan a Calderón como “mano derecha” de Pari, con una larga lista de
hechos vinculados al robo material del dinero de las bóvedas del Banco
Unión y el lavado de dinero por medio de la firma que creó Pari.

El 26 de septiembre de 2016, cuando Pari fue aprehendido en la Plaza

Isabel la Católica junto con Cagnola, Calderón fue sorprendido en el
departamento del principal implicado sacando facturas y documentos de
los negocios que habían realizado.

En el caso de Jerez, la esposa de Pari, la relación de hechos detalla que

fue testigo de las compras de varios bienes, terrenos y al menos cinco
vehículos de lujo, entre ellos un Suzuki Grand Vitara que le regalaron y
un Chevrolet tipo Camaro obsequiado a su cuñado José Parí, hermano
menor del exjefe de operaciones, quien permanece detenido en el penal
de San Pedro.

La Fiscalía también detalló que Jerez realizó viajes, recibió bolsas de

dinero en al menos dos oportunidades (de 50.000 y 140 mil bolivianos) y
fue parte de los negocios por los cuales se trató de lavar el dinero en
Saltacom. Fue sentenciada a seis años de cárcel y en los siguientes días
podría hacerse efectiva su salida de la cárcel de Obrajes, donde estuvo
recluida junto a Cagnola.

El trato fue distinto para el chofer de Pari, detenido en el penal de San

Pedro por dar aviso de la aprehensión de Pari. Fue sentenciado a cinco
años y dos meses de cárcel por realizar un depósito bancario de 210 mil
bolivianos y entregar 53.000 bolivianos a la novia de su jefe, Cagnola,
quien usó el dinero para la compra de un vehículo Mazda modelo 2018.
Ambas operaciones realizadas por orden de su empleador, Juan Pari.

Extorsiones, audios, celulares, muertes por Covid-19 y robo de

pruebas en la Fiscalía
 Almanza En abril de 2018, Ninoska Ramos, esposa de Alexis
Calderón, socio y amigo de Juan Pari, denunció al entonces fiscal
anticorrupción, Erlan Almanza, por extorsión. La mujer publicó unos
audios de una llamada telefónica en la que se escucha al fiscal
admitir que recibió 5.000 dólares y que la madre del detenido
empeñaría un terreno para completar un pago de otros 15.000
dólares con el fin de que se beneficie con detención domiciliaria a
Calderón.
 Vecino Un segundo escándalo, en medio de los cinco procesos
que se abrieron en relación al desfalco cometido por Pari, fue otra
extorsión hacia el empresario Juan Carlos Gott, a quien Amílcar
Samuel H. C., un vecino y amigo de Almaza, le pidió dinero con el
fin de dejarlo fuera de la investigación.
 Celulares Un tercer caso irregular cometido en la Fiscalía fue la
desaparición de los celulares de los detenidos que estaban bajo
custodia de Almanza, motivo por el que se procesó a los
investigadores policiales. En su momento, Pari afirmó que existió
negociaciones con los fiscales del caso para hacer desaparecer las
pruebas. Todos los hechos sucedieron en la gestión del actual juez
y exfiscal departamental Edwin Blanco.
 Muertos En julio de 2020, el padre de Juan Pari, Secundino Pari,
falleció en San Pedro (sector Posta) luego de infectarse con
coronavirus. Fue funcionario de la Gobernación de La Paz y se
verificó que tenía un patrimonio de 4,6 millones de bolivianos.
También se conoce del fallecimiento de un exgerente del Banco
Unión, quien estuvo detenido en Santa Cruz.