Grupo 2 Hoja N° 1

Introducción

La dictadura militar en Argentina, que tuvo lugar entre 1976 y 1983, es uno de los períodos
más oscuros de la historia contemporánea del país. Este régimen autoritario, conocido por sus
políticas de represión, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por la intensa
represión y control político sobre las universidades nacionales, tuvo un impacto profundo en
la educación y el desarrollo del conocimiento. Durante el “proceso de reorganización
nacional”, así llamado por el gobierno militar, se querían modificar las estructuras sociales y
económicas del momento. Para ello era necesario combatir al enemigo cultural. Por esta
razón, en nuestro país, las universidades, sus docentes y alumnos eran los principales agentes
sociales observados y censurados en ese momento. Docentes y no docentes cesados,
expulsados y en algunos casos se prohibió ejercer su labor, lo que llevó a despidos masivos
de docentes, cierre de carreras, y la eliminación de teorías consideradas subversivas. Este
período estuvo marcado por la intervención directa del Estado en las instituciones
académicas, la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otras, experimentó una reducción
significativa en la matrícula estudiantil y una estructura jerárquica impuesta por las
autoridades militares. A pesar de la represión, surgieron esfuerzos por mantener viva la
esencia en la Reforma Universitaria de 1918, destacando principios como la autonomía
universitaria y el movimiento estudiantil.

En este ensayo se pretende explorar algunos acontecimientos que marcaron nuestro sistema
educativo que fue un antes y un después en las universidades y para los actores sociales que
participaban en ella. Explicar qué impacto tuvo en la comunidad y cómo fue el resurgimiento
de la vida política y académica tras la restauración de la democracia en 1983.

Desarrollo
La Reforma Universitaria tuvo origen con una de las principales ideas de los militares y el
Ministerio de Cultura y Educación que consideraban a las universidades como los espacios en
donde se había infiltrado el comunismo. Por lo tanto, les era necesario intervenir y reordenar
los claustros alterados por el accionar subversivo que, para ellos, impedían los derechos de
estudiar y enseñar, fue entonces que los militantes políticos que estudiaban en las
universidades fueron el blanco de reprensión y las FF. AA. comenzaron a analizar el accionar
de las distintas agrupaciones estudiantiles particularmente, la Federación Universitaria
Argentina y las federaciones locales eran “aquellos” espacios donde el comunismo
internacional había logrado su objetivo: el cogobierno universitario.

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Para la dictadura cualquier movimiento estudiantil motivaba convenientemente al estudiante
y lo hacía perder su condición como tal, pues se los sacaba de la universidad para pegar
carteles en la ciudad, realizar contacto de tipo terrorista (Seia Guadalupe, 2018).

Para lograr imponerse, la dictadura buscó limitar el conocimiento, sosteniendo que las
universidades habían perdido los valores esenciales y que tenían una falsa concepción sobre
las ideas de autoridad y libertad y que peligraba una pérdida de nivel académico. Dicho
problema universitario dio lugar al consenso antisubversivo entre los militares y civiles que
participaron de la toma de decisiones en el ámbito educativo.

El reordenamiento universitario propuesto desde la cartera educativa buscaba transformar la

estructura de gobierno y el funcionamiento de la institución. De este modo se sancionó la ley
21.276 en donde las universidades quedaron bajo el control del Poder Ejecutivo Nacional y el
Ministerio de Educación. Además, les daba facultad de accionar ante a cualquier situación
que afectara la paz y que fuera obstáculo para el normal funcionamiento de las universidades;
como también, prohibía toda actividad política o gremial de adoctrinamiento y agitación.

Ante esta directiva, los rectores porteños acordaron que los estudiantes podían llegar a ser
escuchados, pero no podían formar parte del gobierno, incluso si estuvieran formándose
profesionalmente en el país.

Para Lucas Lennon, rector que propuso una gestión más abierta al estudiantado, la juventud
era el principal “destinatario” de la obra que estaban desarrollando. Los objetivos de la
educación superior sólo se lograrían con “orden”, fruto de “la convivencia armónica y
respetuosa de los diferentes estamentos que componen la comunidad universitaria, por
esencia jerarquizada”. (Seia Guadalupe, 2018, p. 12)

Pese al consenso antisubversivo y de la identificación del origen reformista, la autonomía

universitaria tuvo diferencias entre los funcionarios que tenían cargos jerárquicos en el
ministerio de educación.

Así algunos rectores defendían la autonomía académica mientras otros ministros apostaban a
la subordinación directa de las casas de estudio para avanzar con el “reordenamiento” y
“redimensionamiento” de las universidades. Sin embargo, cualquier pensamiento que
estuviera en acuerdo parcial o en contra del ideal de la dictadura, era desarticulado por la
cartera educativa.

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Tal fue el caso el de Alberto Constantini y Luis Cabral funcionarios de la UBA, quienes
habían sido designados por las autoridades de la cartera educativa y que defendían la
autonomía académica y administrativa como medio para el desarrollo de una universidad de
excelencia, fueron presionados a dejar sus puestos. Por su parte, Constantini presentó su
renuncia, y Cabral al negarse a renunciar fue cesado de sus funciones.

Para el PEN 1la puja de poder por la autonomía seguía siendo una amenaza ya que hasta el
momento había resistencia y no les permitía lograr los cambios esperados (1974-1975). Es
por eso, que con el proyecto de ley presentado por el ministro Juan Llerena Amadeo en 1979,
se buscó subsanar dicho “error”.

Dicho proyecto quería actualizar la normativa de la ley 20.654 y establecer los fines de la
universidad, como sus funciones y objetivos; destacar la formación plena del hombre, la
transmisión de valores, conocimientos y verdad, como también la autonomía académica y
autarquía administrativa, económica y financiera. Todo meticulosamente planificado ya que
estas dos últimas se veían limitadas ante las exigencias del denominado “bien común” y el
mantenimiento del orden público. Así el Poder Ejecutivo Nacional se reservaba la
intervención ante incumplimiento de la ley, alteración del orden público o conflicto insoluble
de la universidad y, de esta manera, podía ejercer mayor poder (Seia Guadalupe, 2018).

Tras la presentación del proyecto se generaron olas de cuestionamientos por parte de autores
políticos y universitarios que sostenían se buscaba adoctrinar política e ideológicamente a los
jóvenes estudiantes. Pese a los cuestionamientos, el 22 de abril de 1980 se sancionó la nueva
ley universitaria, así para la dictadura la universidad pasó a ser una institución que dependía
directamente del gobierno nacional con la intermediación de los funcionarios de la cartera
educativa. La cual, no podía ni debía elegir sus propias autoridades, aprobar su estatuto,
definir sus planes de estudios y programas sin la supervisión y autorización del PEN.

Ante casi 7 años de miedo que había sembrado el terrorismo en el país, el pueblo siguió firme
en su oposición, los familiares de las víctimas alzaron sus voces en huelgas y marchas y los
estudiantes y docentes que habian sido desplazados de las universidades públicas,
encontraron una alternativa en universidades privadas ya que tenían menos control estatal y
mayor apertura ideológicas; así como también se conformaron asociaciones que eran
financiadas por entidades extrajeras, como el SAREC de Suecia y el IDRC de Canadá.
1
PEN : Poder Ejecutivo Nacional.

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 En 1981, se conformó la multipartidaria nacional donde presionaron para el retorno de la
democracia. Entre 1982-1983, luego de que el país haya perdido la guerra declarada a Gran
Bretaña para la recuperación de las Islas Malvinas, bajo el gobierno de Galtieri, las protestas
se hicieron más fuertes y los distintos partidos políticos se afirmaron, fue entonces que la
dictadura se vio obligada a llamar a elecciones y dar un paso al costado.

Quedó claro que el conocimiento tuvo mayor poder y es de destacar la valentía de muchos
docentes y estudiantes que dieron su vida para que las universidades fueran libres de
adoctrinamientos. Por último y dicho en palabras de alguien que vio de cerca tales
acontecimientos:

Pablo Bohoslavsky (2021) “Uno se pregunta qué puede hacer contra una dictadura, hay
muchas cosas que se pueden hacer, pero una cosa que está sin duda prohibida es hacer nada” .
(Historia del Sistema Universitario Argentino. Cap 9: Terrorismo de Estado. YouTube)

Conclusión

En este ensayo se plantearon algunos acontecimientos que marcaron nuestro sistema

educativo dándole un antes y un después a las universidades y a los actores sociales que
participaban en ella buscando implementar una cruel represión para disciplinar a la sociedad
en un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y
política. Para ello utilizaron la desvalorización intelectual en las políticas educativas.
Observamos que aunque la dictadura intentó eliminar la herencia de la reforma universitaria,
el movimiento estudiantil logró mantener vivos sus principios utilizando el legado de 1918
como una herramienta para la democratización y oposición a la dictadura.

Referencias bibliográficas

"Historia del Sistema Universitario Argentino". Centro de Producción Audiovisual (CPCA)

de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) - Cap 9- Terrorismo de Estado.
https://www.youtube.com/watch?v=EJEnpf5ZD9o

“La Reforma Universitaria durante la última dictadura Universidad de Buenos Aires

(1976-1983)
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=43658&datos_academicos=yes

“Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo”, Buenos Aires. (1977)

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