Ecuador Hacia El 2025

Ecuador hacia el 2025:
Escenarios, conflictos
y oportunidades
Bernardo Gortaire-Morejón (comp.), Gilda Guerrero Salgado,
Ramiro Lapeña Sanz, Marta Fernández Sebastián,
Paola Lozada y Juan Francisco Camino Apunte
Ecuador hacia el 2025: escenarios, conflictos y oportunidades
Bernardo Gortaire-Morejón (comp.), Gilda Guerrero Salgado, Ramiro Lapeña Sanz,

Marta Fernández Sebastián, Paola Lozada y Juan Francisco Camino Apunte
Primera edición electrónica: septiembre, 2023

ISBN: 978-9942-765-91-8
Revisión científica:
Mtr. Hernán Antonio Moreano Urigüen
Dec. Julián Augusto Reyna Moreno
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

Crnl. C.S.M. Víctor Villavicencio A., Ph. D.
Rector
Publicación autorizada por:

Comisión Editorial de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
Cpcb. Rolando Reyes - Vicerrector de Investigación (Encargado)
Presidente
Corrección de estilo y diseño

Mtr. Xavier Chinga
Imagen de cubierta: https://acortar.link/BDmHgc
Derechos reservados. Se prohíbe la reproducción de esta obra por cualquier medio impreso, reprográfico
o electrónico. El contenido, uso de fotografía, gráficos, cuadros, tablas, y referencias es de exclusiva
responsabilidad de los autores.
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

Av. General Rumiñahui s/n, Sangolquí, Ecuador
www.espe.edu.ec
Los derechos de esta edición electrónica son de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE,
para consulta de profesores y estudiantes de la universidad e investigadores en
www.repositorio.espe.edu.ec.
Escenarios, conflictos
y oportunidades
Bernardo Gortaire Morejón (comp.)

Gilda Alicia Guerrero Salgado
Ramiro Lapeña Sanz
Marta Fernández Sebastián
Paola Lozada Lara
Juan Francisco Camino
2
Escenarios, conflictos y oportunidades
Bernardo Gortaire-Morejón
bgortairemorejon@gmail.com
M.Sc. en Política Pública y Desarrollo Humano con Especialización en Integración

Regional y Gobernanza Multinivel por la Universidad de Maastricht y la Universi-
dad de Naciones Unidas-MERIT. Licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones In-
ternacionales por la Universidad de Las Américas. Es autor del libro “El camino a la
integración desde la identidad: Una aproximación suramericana”, junto al excanciller
Mauricio Montalvo. Recientemente fue autor de uno de los capítulos del libro “In-
teligencia estratégica del futuro: Pensamiento crítico e interconectado en un mun-
do global”, publicado en un ejercicio conjunto entre la Universidad de Alcalá y la
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Ha escrito varios artículos en torno a la
integración regional, desarrollo social y política, en revistas indexadas. Actualmente
es Director de Proyectos en QUID Ecuador, organización dedicada al desarrollo de
proyectos de desarrollo sostenible, y es Profesor Invitado del Centro de Estudios y
Pensamiento Estratégico de la ESPE, desde el mes de marzo de 2022, con el que ha
publicado varios estudios sobre Relaciones Internacionales, Geopolítica y Seguridad
desde la perspectiva global y regional.
Gilda Guerrero Salgado

gguerrero185@puce.edu.ec
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Más-

ter en Ciencias Sociales con Mención en Relaciones Internacionales por FLACSO
Ecuador. Obtuvo adicionalmente el Máster Propio en Cooperación Internacional
Descentralizada por la Universidad del País Vasco, España. Es también Licenciada en
Comunicación con mención en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador (PUCE). Durante 13 años ha ejercido la docencia superior
en las áreas de Seguridad, Integración Regional, Teoría de las Relaciones Internacio-
nales. Ha trabajado como periodista, comunicadora para el desarrollo, y como inves-
tigadora asociada en proyectos sobre la relación entre la comunicación, seguridad e
inteligencia. Desde 2012 colabora como docente en la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador para el área de Relaciones Internacionales (actualmente dentro del do-
minio Política y Derecho para la participación social y las relaciones justas). Sus intereses,
proyectos y publicaciones están alrededor de la securitización, integración regional,
percepciones y comunicación dentro de los intercambios internacionales.
3
Ecuador hacia el 2025
Ramiro Lapeña Sanz

ramirolsanz@gmail.com
Máster en Política Internacional. Especialista en Comunicación y Conflictos Arma-

dos. Licenciado en Periodismo. Ha sido profesor entre 2013 y 2021 en la Universi-
dad Tecnológica Equinoccial, sede Santo Domingo, Ecuador, y fue coordinador de
la Maestría en Comercio, mención Gestión de Operaciones Logísticas y Negocios In-
ternacionales de la misma institución. Actualmente sigue ejerciendo la docencia en el
sector público. Es miembro fundador y presidente de la Fundación para el Fomento
del Conocimiento Científico y Tecnológico (FUNDACIENCIA) de Ecuador. Sus te-
mas de investigación son la política exterior ecuatoriana, las relaciones internaciona-
les de América Latina y la economía política internacional latinoamericana. Cuenta
con varias publicaciones entre revistas indexadas y capítulos de libro. En 2023 publi-
có su obra más reciente, “El análisis de política exterior desde las teorías marxistas:
autonomía y nacionalismo petrolero en Ecuador durante la etapa de Rafael Correa”,
como capítulo del libro “Análisis de política exterior desde América Latina: enfoques,
diseños metodológicos y casos”, coordinado por el Dr. Raúl Salgado y editado por
Flacso Ecuador.

martaferse@gmail.com
Doctora en Ciencias Políticas (Ph.D) y Licenciada en Periodismo por la Universidad

Complutense de Madrid. Es además Máster en Relaciones Internacionales y Comu-
nicación y en Política Internacional. Forma parte del grupo de expertos del Observa-
torio Paz, Seguridad y Defensa de la Universidad de Zaragoza y es miembro del Co-
legio de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla La Mancha. Sus principales áreas
de investigación son la seguridad marítima, seguridad internacional y el crimen or-
ganizado.
4
Paola Lozada
pvlozada@puce.edu.ec
Candidata doctoral de Estudios Internacionales por FLACSO Ecuador. Magister en

Relaciones Internacionales. Especialista en Cooperación Internacional. Profesora
Agregada de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Docente de la Univer-
sidad Andina Simón Bolívar. Al inicio de su carrera se enfocó al trabajo con ONGs
para colaborar con comunidades indígenas y afroecuatorianas en temas de resolución
de conflictos y derechos humanos, con jóvenes en temas de liderazgo y paz, además
de capacitación para mediadores. Posteriormente se vinculó al sector público donde
estuvo a cargo de la cooperación y relaciones internacionales de varias institucio-
nes como: Agrocalidad, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Ministerio de
Agricultura y Servicio Nacional de Aduanas. Adicionalmente, estuvo al frente de las
relaciones con Organismos Multilaterales desde la Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional. Actualmente es parte del comité organizador del Programa Regional
para el Estudio y la Práctica de Acción Noviolenta Estratégica en las Américas. Sus
enfoques investigativos se orientan principalmente a la resolución de conflictos y es-
tudios de paz.
Juan Francisco Camino Apunte

juan.camino@ute.edu.ec
Magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca – España y Máster en

Relaciones Internacionales por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (Ecuador).
Cuenta con 10 años de experiencia en el sector público, y 7 años en la docencia univer-
sitaria, especialmente en la Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Se ha des-
empeñado además como Director de Vinculación con la Sociedad en la Universidad
Hemisferios (2019-2021) y asesor parlamentario (2021-2023). Actualmente es profesor
en la Universidad Tecnológica Equinoccial y Director de Asuntos Internacionales del
Ministerio de Gobierno. Sus intereses de investigación son la Cultura Política, la frag-
mentación del sistema de partidos y los efectos de los sistemas electorales, permitién-
dole publicar varios artículos en revistas indexadas. Es columnista en Latinoamérica
21 y Tereré Cómplice, portales especializados en política latinoamericana, mismos
que le han permitido replicar sus artículos de opinión en importantes periódicos de
la región como el Folha de Sao Paulo (Brasil), El Espectador (Colombia), El Nacional
(Venezuela), El Universal (México), El Universo (Ecuador), La Tercera (Chile), Página
Siete (Bolivia) y Diario Perfil (Argentina).
5
6
Índice
Prefacio........................................................................................ ................... 11
Capítulo I - Implicaciones geopolíticas y desafíos del

Ecuador al 2025. Una mirada regional..................................................... 15
Introducción.................................................................................................. 17
¿Se vive un verdadero giro a la izquierda en América Lati-

na?............................................................................................... ................... 22
Nueva oportunidad para la integración latinoamericana...................... 30
Discusión y conclusiones............................................................................. 37
Referencias..................................................................................................... 41
Capítulo II - Instituciones primarias y comunidades de

seguridad: una mirada a Ecuador, hacia el 2025, desde la
Escuela Inglesa............................................................................................. 45
Introducción.................................................................................................. 47
Contexto global: algunos apuntes.......................................... ................... 47
El contexto ecuatoriano en la incertidumbre internacional ................... 50
Sobre la teoría de la Escuela Inglesa.......................................................... 55
Análisis: una aproximación a las instituciones primarias

en el gobierno de Guillermo Lasso............................................................ 59
Consideraciones finales............................................................................... 64
Referencias..................................................................................................... 67
Capítulo III - Incertidumbre externa y zozobra interna:

los retos de la política exterior ecuatoriana hasta 2025......................... 73
Introducción.................................................................................................. 75
La incertidumbre del sistema internacional a través de sus

crisis................................................................................................................ 75
7
Crisis 1: Bipolaridad emergente cada vez más rígida........................ 76
Crisis 2: De la globalización liberal de los costos a la

globalización (¿iliberal?) de los riesgos................................................ 79
Crisis 3: La guerra de Ucrania y sus externalidades glo-

bales........................................................................................................... 80
Crisis 4: Inflación: la tormenta perfecta................................................ 82
Zozobra interna en Ecuador........................................................................ 83
Los cuatro ejes de la política exterior ecuatoriana.............................. 84
Problemas y dificultades para la política exterior............................... 87
Conclusiones................................................................................................. 91
Referencias..................................................................................................... 93
Capítulo IV - La importancia de la seguridad marítima

en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador............................ 101
Introducción.................................................................................................. 103
Crimen organizado en Ecuador.................................................................. 104
Actividades delictivas en las costas ecuatorianas.................................... 105
El narcotráfico....................................................................... ................... 105
Piratería y robo a mano armada............................................................ 107
Contrabando............................................................................................. 107
Pesca indiscriminada............................................................................... 108
Repercusiones Sociales y Políticas de la criminalidad ma-

rítima en Ecuador......................................................................................... 109
El papel de las Fuerzas Armadas a la hora de combatir las

actividades ilícitas en las aguas de Ecuador............................................. 111
Conclusiones................................................................................................. 112
8
Referencias..................................................................................................... 115
Capítulo V - Disputas entre identidades indígenas poli-

tizadas y potencias extranjeras por recursos y poder:
Una lectura desde la geopolítica crítica................................................... 117
Introducción.................................................................................................. 119
Decisiones políticas en el sector minero ecuatoriano.............................. 121
Intereses nacionales e inversiones.......................................... ................... 123
Geopolítica de las resistencias.................................................................... 126
Reflexiones finales........................................................................................ 131
Referencias..................................................................................................... 134
Capítulo VI - La diplomacia parlamentaria ¿Intromisión

en la diplomacia tradicional o alternativa para la proyec-
ción internacional de los Estados?............................................................ 137
Introducción.................................................................................................. 139
Marco teórico............................................................................. ................... 140
Organismos Interparlamentarios a los que pertenece la

Asamblea Nacional del Ecuador................................................................ 142
Parlamericas.............................................................................................. 142
Parlatino.................................................................................................... 143
Parlamaz.................................................................................................... 143
Unión Interparlamentaria (UIP)............................................................ 143
Eurolat....................................................................................................... 144
Grupos Parlamentarios de Amistad existentes en el pe-

ríodo legislativo 2021-2025..................................................................... 144
¿La Diplomacia Parlamentaria es una intromisión en la di-

plomacia tradicional o una alternativa para la proyección
internacional de los Estados?...................................................................... 145
9
Conclusiones................................................................................................. 146
Referencias..................................................................................................... 148
Índice de tablas
Tabla 1 Evolución del PIB en América Latina 2004-2022............................. 26
Tabla 2 Objetivos del Plan de Trabajo 2021-2025, Alianza

CREO PSC....................................................................... ................... 53
Tabla 3 Escuela Inglesa, Conceptos y Adaptación de Devlen,

James y Özdamar................................................................................. 57
Tabla 4 Instituciones primaras en el gobierno de Guillermo Las-

so 2021-octubre 2022, bajo el Plan de Trabajo 2021-2025
de su candidatura................................................................................. 60
Tabla 5 Proyectos mineros en el Ecuador....................................................... 124
Tabla 6 Instrumentos internacionales sobre medio ambiente

suscritos por el Ecuador....................................................................... 129
Tabla 7 Grupos Parlamentarios de Amistad de la Asamblea Na-

cional del Ecuador. Período 2021-2025............................ ................... 144
Índice de figuras
Figura 1 Mayor socio comercial entre Estados Unidos y China

para países de América Latina.......................................... ................... 19
Figura 2 Perspectiva viral de tendencias políticas en América

Latina 2022.......................................................................................... 22
Figura 3 Aproximación real al mapa político de América Latina

2022.................................................................................. ................... 23
Figura 4 Nivel de tolerancia a golpes militares en contextos de

corrupción............................................................................................ 29
10
Prefacio
A lo largo del 2022 el Centro de Estudios y Pensamiento Estratégico (CES-
PE), de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE ha trabajado de manera
permanente en la generación de contenidos en los campos de la seguridad y la
defensa, publicando de manera mensual distintos textos orientados a la actua-
lización de la coyuntura global, regional y nacional; establecer propuestas de
política pública para el campo de la defensa y la seguridad; y sobre todo, pro-
mover una cultura de análisis crítico y, de cierta manera, endémico de la de-
fensa y seguridad del Ecuador. Estos contenidos, canalizados hacia tomadores
de decisión en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de
Defensa, así como hacia otros actores de los campos de la defensa y seguridad
del Ecuador, también están disponibles de manera virtual para todo aquel que
mantenga interés en esta apasionante y necesaria línea de estudio1.
En este sentido, el presente libro representa un esfuerzo conjunto e inte-
rinstitucional para dotar de amplitud al análisis de la situación que el Ecuador
enfrenta y enfrentará en el futuro cercano. Este texto se nutre de la diversidad
de corrientes teóricas y conceptuales de sus distintos autores. Más allá de una
compilación de reflexiones hacia un mismo norte, este libro permite ver al
Ecuador hacia 2025 desde múltiples aristas, lo que facilitará delimitar líneas de
acción y tener expectativas claras del entorno nacional, regional e internacio-
nal. En los distintos capítulos, el lector podrá familiarizarse con aproximacio-
nes desde el constructivismo, la escuela inglesa de las Relaciones Internaciona-
les, la geopolítica crítica, el análisis de la seguridad marítima e incluso desde
una visión de la paradiplomacia.
Los autores de este libro representan a un crisol de perspectivas y procesos
formativos del estudio de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales.
De la misma manera, se genera un esfuerzo conjunto desde distintas institu-
ciones académicas de Ecuador e incluso del exterior.
Este aporte constituye un importante paso hacia la generación de una es-
cuela de pensamiento local, que responde a visiones, identidades e incluso
necesidades de estudio desde el ámbito del Ecuador. Bajo este precepto, la
contribución de este texto se extiende a la capacidad de penetrar en el debate
público más allá de la visión única de una sola institución, sino desde el po-
tencial escenario en el que Ecuador se convierta en un centro de pensamiento
estratégico en sí mismo.
1
Todos los análisis están disponibles en el sitio web del CESPE en: https://cespe.espe.edu.ec/publicaciones-de-in-
vestigacion/
11
Algunos capítulos del presente libro realizan aproximaciones proyectivas
al entorno de 2025, mientras que otros se limitan a contextualizar los fenóme-
nos actuales que tendrán mayor incidencia en el futuro cercano. Para el lector
especializado se debe resaltar el hecho de que los análisis aquí vertidos no
tienen una visión prospectiva, pero sí brindan una amplia gama de recursos
que facilitan este tipo de análisis. Por otro lado, para aquellos que comienzan a
estudiar los campos de la seguridad y la defensa, o las miran desde otras áreas
de estudio, los distintos capítulos de este texto tienen un rol contextualizador
que simplifica la inserción en la materia e invita a profundizar en su reflexión.
La diversidad de aproximaciones teóricas también aporta en la compren-
sión de un problema multidisciplinario y heterogéneo. Los retos que enfrenta
Ecuador en la actualidad y, en el marco institucional vigente, hasta las eleccio-
nes de 2025 han adoptado un carácter que requiere de una mayor presencia de
la seguridad y la defensa en el debate público. Sin embargo, para la obtención
de mejores resultados, ese debate no puede partir de pasiones ideológicas o
de posturas políticas, sino que tiene que anclarse al análisis metodológico y a
la evidencia disponible. En este sentido, este libro procura complementar las
reflexiones de expertos, profesionales en formación e incluso aficionados de la
materia.
El análisis de lo nacional no puede realizarse sin una apropiada conside-
ración de lo internacional. Sobre todo, cuando países como Ecuador, depen-
dientes de las dinámicas globales, no cuentan con una plena capacidad para
desafiar las corrientes de las tendencias económicas y de seguridad globales
y regionales. En este marco, el presente texto ayuda, de manera general, a
entender algunos de los fenómenos internacionales que condicionan y deben
orientar a la toma de decisión interna en el país. De ignorarse estos factores, el
Estado ecuatoriano será incapaz de enfrentar y mitigar las amenazas y riesgos
a los que se enfrenta actualmente, y que se proyectan hacia el futuro cercano.
La seguridad y la defensa no pueden enclaustrarse en los miembros de las
fuerzas de seguridad del Estado. Resulta fundamental ampliar el debate a
otras esferas civiles, para facilitar la gestión de fuerzas militares y policiales, y
complementar las doctrinas de seguridad y defensa con visiones endémicas,
que respondan a la diversidad de un país como Ecuador. Para esto, resulta
fundamental comprender los contextos globales y regionales, pues los Esta-
dos, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, y sus realidades responden a su
capacidad de respuesta a los fenómenos provocados por los actores con pro-
yección hegemónica, así como fenómenos de carácter multidimensional como
la economía, el medioambiente, entre otros.
12
Bajo estas consideraciones, se invita al lector a revisar las páginas de este

texto con la curiosidad, apertura, e incluso con el ojo crítico para hacer de su
tiempo de reflexión una experiencia fructífera, que permita seguir ampliando
la literatura alrededor del análisis geopolítico y geoestratégico, desde una vi-
sión local.
Ahora bien, aunque el texto se enfoca en su mayor parte en una contextua-
lización ecuatoriana, esto no significa que muchas de las realidades expuestas
en este texto no correspondan a otros países de América Latina, e incluso de
otras zonas del mundo en desarrollo. En consecuencia, la utilidad de los con-
ceptos desarrollados en este libro tiene un carácter más amplio.
Otra de las ventajas de la diversidad teórica vertida por los diferentes auto-
res de estos capítulos es que permite desenclaustrar el estudio de la seguridad
y la defensa desde una postura netamente militar o policial.
En este sentido, los tomadores de decisión que utilicen a este material como
fuente de consulta podrán ampliar su margen de comprensión de la cuestión
desde una perspectiva más allá de los recursos de fuerza, y entenderán que, en
el fondo, la seguridad y la defensa son una cuestión política. Como antesala,
se deberá recordar que la política trasciende más allá del quehacer y disputa
electoral, pues consiste en el amplio escenario de toma de decisiones y aplica-
ción de medidas estratégicas (política pública) que garantizan el alcance de los
objetivos nacionales.
Por otro lado, los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que re-
curran a este texto podrán evitar a los “falsos amigos” de la seguridad y la
defensa, comprendiendo que su rol y labor se pueden beneficiar de una plena
comprensión del escenario.
Esto resulta de particular importancia en un momento histórico de zozo-
bra y cargado de incertidumbre; el mismo que es aprovechado por actores
políticos con intereses personalistas o con visiones de carácter partidista, que
recurren a la demagogia y al populismo para concentrar mayor poder. En con-
secuencia, aquellos que portan con honor los uniformes de su nación podrán
encontrar en este texto un aliado frente a la manipulación de conceptos a tra-
vés de la sobresimplificación y la unidimensionalidad de la seguridad y la
defensa a las que, ciertos actores políticos, intentan orientar.
Finalmente, aunque cada capítulo tiene sus propias conclusiones, se hace
una invitación para que cada lector pueda sacar nuevas reflexiones y, poten-
cialmente, nuevos contenidos que complemente e incluso disientan de los
puntos expresados en estas páginas.
13
El Ecuador de 2025 requiere, casi con urgencia adelantada, la claridad que

solo el debate académico puede proveer. En consecuencia, todos los aportes
de este libro y de los análisis que salgan de ello son fuente de certeza en un
escenario de conflictividad latente.
Bernardo Gortaire Morejón
14
https://acortar.link/wtxg6s
CAPÍTULO I
Implicaciones geopolíticas y
desafíos del Ecuador al 2025.
Una mirada regional
Bernardo Gortaire Morejón
16
Introducción
En el momento en el que se redactan estas páginas, América Latina atra-
viesa un proceso importante de transición política. La victoria de Luiz Inácio
Lula da Silva en una apretada segunda ronda, desarrollada el 30 de octubre
de 2022, vino acompañada de un profundo despertar de sentimientos en la
opinión pública de la región. Por un lado, generó alegría en los sectores de iz-
quierda, e incluso despertó satisfacción en sectores del centro que veían a Bol-
sonaro como una amenaza a la democracia y, por otro lado, generó preocupa-
ción en los sectores conservadores, y en los casos más radicales ha provocado
la denuncia de fraude, llegando al punto de querer que las Fuerzas Armadas
intervengan para evitar el ascenso de Lula al poder (France24, 2022a).
El caso brasileño resalta no por la particularidad de la elección, sino por la
continuación de una tendencia visible a lo largo y ancho de América Latina en
los últimos años, donde se ha visto el desplazamiento de gobiernos de derecha
a favor de gobiernos de izquierda. Tal fue el caso de Perú, donde Pedro Casti-
llo ganó las elecciones de junio de 2021 y asumió el poder en julio del mismo
año; de Honduras, donde Xiomara Castro ganó las elecciones de noviembre de
2021, y asumió el poder en enero de 2022; de Chile, donde Gabriel Boric ganó
las elecciones de diciembre de 2021, y asumió el poder en marzo de 2022; y de
Colombia, donde Gustavo Petro ganó en las elecciones de junio de 2022, y se
posesionó en el mando en agosto del mismo año. Estos gobiernos se sumaron
al de Alberto Fernández, de Argentina; Luis Arce, de Bolivia; Andrés Manuel
López Obrador, de México, y a los gobiernos de izquierda autoritaria de Da-
niel Ortega, de Nicaragua; Nicolás Maduro, de Venezuela y Miguel Díaz-Ca-
nel, de Cuba.
No obstante, es necesario aclarar que esta tendencia es más compleja de lo
que parece. En este sentido, parte del análisis de este capítulo está orientado a
romper que América Latina atraviesa un “giro a la izquierda” similar a lo que
se dio en los primeros años del siglo XXI, en la llamada “marea rosa”. Se plan-
tea que el fenómeno actual se desarrolla en un escenario político, económico,
y geopolítico completamente distinto, por lo que la variable de la tendencia
ideológica de quien ocupa el Ejecutivo no es suficiente como para hablar de
un despertar de la izquierda en la región. En este sentido, como se verá más
adelante, los retos regionales hacia 2025 trascienden más allá del eje izquier-
da-derecha.
Este contexto se desarrolla en un entorno de inestabilidad “pospandémica”,
resaltando el hecho de que la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado
17
y que sigue requiriendo atención especial por parte de los sistemas de salud
pública (Smith-Schoenwalder, 2022), aunque podría estar cerca de acuerdo a
titulares de la Organización Mundial de la Salud (United Nations, 2022). Un
fenómeno que continúa haciendo estragos en la calidad de vida de millones de
personas alrededor del mundo, no solo por el impacto a nivel productivo y co-
mercial, sino por el daño emocional y psicológico que representa la pérdida de
familiares, e incluso los efectos secundarios del contagio conocido como Long
COVID (CDC, 2022). Aunque en el futuro es posible que el nivel de alerta para
este virus en particular se vea reducido, la pandemia ya deja una dura lección
para toda la Comunidad Internacional.
Como se destacaba en el párrafo anterior, gran parte del impacto de la pan-
demia se concentró a nivel productivo y comercial. Desde la revolución indus-
trial, muy pocas veces se había vivenciado una paralización a nivel productivo
con tal impacto a nivel global, y nunca se había dado a tal escala y a un grado
en el que cientos de millones de personas tuviesen que, literalmente, dejar de
trabajar. Conforme los países iban cerrando sus fronteras, y millones de tra-
bajadores eran enviados a sus hogares, mientras el personal de salud global
exponía su vida mientras enfrentaba su mayor reto en siglos, los indicadores
económicos demostraban la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial
(Banco Mundial, 2020).
A pesar de que después de que el proceso de vacunación global comenzara
a permitir la recuperación de la productividad y, en consecuencia, la recupe-
ración económica, algunos fenómenos han provocado que se mantenga una
inestabilidad permanente. Uno de los primeros llamados de atención a la fra-
gilidad de la economía global fue la crisis de los contenedores; un fenómeno
provocado por la interrupción del ciclo de comercio marítimo, en el que los
contenedores utilizados para transportar la carga se quedaban “estancados”
en puerto debido a la falta de productos para completar el ciclo de comercio.
Sin embargo, para finales de 2022 esta crisis parecería estar por cerrarse, con
una paulatina recuperación de las rutas de comercio, y el retorno de la norma-
lidad en el uso de contenedores (Prego, 2022).
Otro de los factores que siguen alterando la estabilidad económica global
es el estancamiento de la economía de la República Popular China (RPC). La
RPC se enfrenta un sólido desafío como consecuencia de la coyuntura glo-
bal y nacional, debilitados por el COVID-19 al que tratan de contener con su
política de “Cero COVID”, y condicionada por la presión de Estados Unidos
para limitar su competitividad a través de sanciones comerciales y económi-
18
cas, principalmente en el campo tecnológico, así como la presión en el ámbito

de la defensa de manera sistemática con el aumento del apoyo a Taiwán, la
firma del AUKUS (con Reino Unido y Australia), y el diálogo con competido-
res regionales a través del Quad (con Australia, Japón, e India), y el vínculo
comercial con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN por sus
siglas en inglés), y comerciales y defensivos con Corea del Sur y Japón (Gortai-
re Morejón, 2022; Kharpal, 2022; Ting-Fang, Li y Yu, 2022).
Esta situación afecta de manera particular a América Latina debido a que,
en los últimos años, la región se había beneficiado del aumento de comercio
con China, llevando incluso a varios países, especialmente de Suramérica a
crear un estrecho vínculo comercial con la RPC, lo que ha permitido romper
con la dependencia hemisférica comercial con Estados Unidos (como lo mues-
tra la Figura 1). Sin embargo, a pesar de los retos actuales, China continúa
ampliando su presencia en la región, aumentando sus vínculos comerciales
(Jourdan, Aquino y Spetalnick, 2022), e incluso extendiendo propuestas con
un fuerte potencial geopolítico como ofrecerse a comprar la deuda externa de
El Salvador (Soto y Duarte, 2022).
Figura 1
Mayor socio comercial entre Estados Unidos y China para países de América Latina
Nota. Adaptado de Jourdan, Aquino y Spetalnick, 2022
19
El ataque de Rusia a Ucrania alteró el escenario de paz global y ha puesto

contra las cuerdas al sistema multilateral. Aunque algunos sectores pueden
argumentar que en sí mismo el uso de la violencia nunca se suspendió, desta-
cando los conflictos más cercanos en Etiopía, Yemen, Siria, Libia, Afganistán e
Irak, lo cierto es que pocos eventos militares han tenido tanto impacto a nivel
multidimensional como la guerra rusoucraniana. Incluso los conflictos previa-
mente mencionados habían sido prácticamente ignorados por la mayoría de la
sociedad civil en América Latina, o eran ecos distantes de fenómenos que no
tenían ningún impacto en su calidad de vida.
A pesar de que los primeros ecos de una Tercera Guerra Mundial del 24
de febrero de 2022 han cedido espacio a una normalización del conflicto en la
opinión pública, lo cierto es que las interrupciones al comercio, las sanciones
económicas y la suspensión de muchos canales productivos han tenido un im-
pacto real en América Latina, especialmente para aquellos países que depen-
den de la industria petrolera y para aquellos que tenían a Rusia un polo para
la exportación de productos no tradicionales.
En algunos aspectos, el conflicto ha representado mayores ingresos debido
al incremento de los precios del petróleo que durante algunos años estuvo
estancado, pero al mismo tiempo para la gran mayoría de países latinoameri-
canos con moneda propia la guerra ha tenido un impacto severo en términos
de inflación y pérdida de poder adquisitivo con relación al dólar.
Sin embargo, se debe destacar que uno de los mayores retrocesos en térmi-
nos internacionales para la región ha sido la falta de capacidad de adoptar una
postura común. La mayoría de gobiernos latinoamericanos han tenido una
postura de rechazo al conflicto en una posición neutral, con excepciones como
Nicaragua, Venezuela y Cuba que se han alineado más hacia el bando ruso,
y Ecuador cuyo gobierno en deferencia a su fortalecido vínculo con Estados
Unidos se ha decantado por asumir una postura proucraniana. No obstante,
la tónica ante la ausencia de capacidades militares ha sido la de un silencio
casi inútil, sin intentar sacar provecho al multilateralismo como escenario para
posicionar una agenda de intereses generalizados de América Latina, y a la
espera de que las potencias decidan el futuro del mundo.
La competencia por los espacios de liderazgo en la región entre las poten-
cias ocurre precisamente en el marco de desarticulación regional. A pesar de
los múltiples intentos para alcanzar un posicionamiento estratégico a nivel
global, América Latina y las subregiones que la componen han sido incapaces
de encontrar articulaciones que satisfagan los intereses de todos sus miembros
20
o, en su defecto, han carecido de un verdadero apoyo popular que permita

establecer un programa al largo plazo, más allá de cadenas de valor reducidas
aplaudidas prácticamente solo por los representantes gubernamentales y dele-
gados internacionales que participan de los procesos en la Comunidad Andi-
na (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur), y el Sistema de Integración
Centroamericano (SICA), y más recientemente la Alianza del Pacífico.
En este sentido, sin intención de quitarle mérito a los avances en la inte-
gración de América Latina, el presente capítulo presenta una reflexión crítica
acerca del futuro de este proceso en la región. Este análisis se desarrolla en el
marco de la actual configuración de fuerzas políticas en la región, por lo que
algunos planteamientos podrían variar en los próximos años después de las
elecciones presidenciales de Argentina y Paraguay en 2023, de Panamá, Uru-
guay, México e incluso de Estados Unidos en 2024. No obstante, el potencial
eje Brasil-México podría ser motivación para que algunos sucesos importantes
tengan lugar en la región hasta 2025.
Para un país como Ecuador, cuya capacidad de acción internacional se en-
cuentra sujeta al entorno geopolítico, debido a su mala gestión de recursos y
su falta de política de Estado, resulta de vital importancia valorar su contexto
regional. En este sentido, este texto busca aclarar el panorama que los toma-
dores de decisión tendrán que afrontar, sobre todo cuando se toma en cuenta
que en 2025 se tendrán que llevar a cabo nuevas elecciones presidenciales2. La
persona que ocupe el puesto del Ejecutivo tendrá que lidiar con, entre otras
cosas, un escenario donde América Latina sigue sujeta a los cambios estructu-
rales de las potencias globales con mecanismos de competencia cada vez más
violentos.
Bajo esta coyuntura, los siguientes apartados destacan la situación regional
y los escenarios en los cuales se tendrá que definir la política internacional del
Ecuador. Es fundamental tomar en cuenta que estas condiciones son vitales
para uno de los objetivos estratégicos del Estado ecuatoriano como lo es la
integración latinoamericana; la cual se destaca en su Constitución desde su
preámbulo, y se aborda como uno de los objetivos del régimen de desarrollo,
así como en el tercer capítulo del Título VIII, que corresponde a la Relaciones
Internacionales del país (Constitución del Ecuador, 2008). Ignorar el contexto
solo llevará a la prolongación de una agenda inconclusa y la pérdida de capa-
cidad de Ecuador, e incluso de la región, de que sus posturas encuentren eco
en el panorama internacional.
2
Debido a la inestabilidad política que atraviesa el país existen escenarios donde las elecciones se vean adelantadas
debido al uso de la herramienta legal de la “muerte cruzada”. Actualmente este factor está sujeto a los resultados
de las elecciones seccionales de 2023, donde el Ejecutivo presentará 8 preguntas para una Consulta Popular, que
servirá como termómetro de popularidad a una posible transición.
21
¿Se vive un verdadero giro a la izquierda en América Latina?

Como se planteaba en la introducción, la elección de Lula cerró un ciclo a
través del cual, la gran mayoría de gobiernos de la región están liderados por
un Ejecutivo que pertenece a un partido o promueve un discurso que entra en
los ejes de la izquierda. De esta manera se ha popularizado la imagen de que
en América Latina se ha impuesto la izquierda de manera absoluta, promo-
viéndose un imaginario de aislamiento para la derecha en la región, tal y como
se muestra en la Figura 2. Discursivamente, tanto desde la izquierda como
la derecha, se ha promovido la semblanza de la situación actual se asemeja
a la llamada “Marea Rosa” de comienzos del siglo XXI, donde el socialismo
del siglo XXI ocupó las agendas políticas de la gran mayoría de la región. La
conexión no parte únicamente del cambio a la izquierda en sí mismo, sino del
retorno de figuras como Lula, que formaron parte de ese primer gran bloque
de izquierda regional.
Figura 2
Perspectiva viral de tendencias políticas en América Latina 2022
Nota. Tomado de fuentes abiertas
La Figura 2 se hizo viral a través de redes sociales como Twitter y Face-

book, e incluso formó parte de cadenas masivas a través de Whatsapp. Este
mapa simplificaba la afiliación ideológica entre los ejes de izquierda, centro y
22
derecha, y venía acompañada de advertencias de una alianza potencialmente

comunista, bajo el dominio de Cuba y Venezuela. De la misma manera, otras
cuentas, tanto reales como trolls, denunciaban que el establecimiento de un
bloque de izquierda traería consigo corrupción, violencia, e incluso posicio-
namiento del Crimen Transnacional Organizado (CTO). Por otro lado, inter-
nautas afines a la izquierda celebraron la transición como una victoria regional
contra la derecha, denunciando la falta de soluciones y resultados de los go-
biernos que ocupaban la administración estatal tan solo un par de años antes.
De manera general se puede afirmar que el anhelo para algunos y la preo-
cupación para otros es que este nuevo “giro a la izquierda” replique las con-
diciones que definieron a la región en los primeros tres lustros del siglo XXI.
No obstante, esta aproximación es errónea en muchos aspectos, y es una mala
representación de la realidad interna de los países. En este sentido, la Figura
3 presenta un escenario más realista del contexto político regional. Como es
posible constatar a través de esta imagen el panorama no es homogéneo, sino
que existe una amplia diversidad de condicionantes en la toma de decisiones.
Figura 3
Aproximación real al mapa político de América Latina 2022
23
América Latina cuenta con un contexto distinto al de comienzos del siglo

XXI. Tal vez uno de los factores más relevantes radica en el hecho de que la
izquierda de corte progresista o directamente afín al socialismo del siglo XXI
ya tuvo una experiencia previa, cuyos resultados han sido contestados y han
generado conflictos debido a múltiples casos de corrupción, mala administra-
ción de las finanzas y fondos públicos, o asociaciones con el CTO (como en el
caso venezolano). Esto genera que exista un mayor control social, sobre todo
desde la oposición (en ocasiones infundado por sesgo ideológico), e incluso un
cierto grado de incertidumbre para sectores afines, que ya no están dispuestos
a entregar absoluta confianza a todas las acciones de sus gobiernos. Esto tam-
bién afecta la manera en la que se puede entender el mapa político regional.
Más allá de esto, parte de lo que la lectura del mapa político regional puede
mostrar es que los gobiernos, incluso si llegan a compartir una misma ten-
dencia, deben lidiar con retos internos que, tal como se describía en el párrafo
anterior, a veces son complejos de lidiar por el intenso control de la oposición.
Tal es el caso de Perú, donde el presidente Pedro Castillo ha tenido un rechazo
permanente desde el momento de su elección, y que casi desde su posesión ya
enfrentaba pedidos de vacancia (incluso antes de que salieran a la luz poten-
ciales casos de corrupción a su nombre) (DW, 2022), y que potencialmente no
acabaría su mandato si la oposición tiene éxito en los litigios que han comen-
zado contra el Presidente. Este patrón ha sido visible en Chile, con Gabriel
Boric (France24, 2022b), y Colombia, con Gustavo Petro (CNN Español, 2022),
e incluso con gobiernos de derecha como el Guillermo Lasso en Ecuador (BBC
News Mundo, 2022). Lo importante de este fenómeno es destacar que la arti-
culación de una agenda única resulta sumamente compleja cuando la estabili-
dad interna está amenazada.
Una de las aclaraciones necesarias de este análisis es que para las categoriza-
ciones entre izquierda y derecha de la Figura 3 se tomó en cuenta la autoiden-
tificación de los partidos políticos que dirigen cada país. Sin embargo, también
se tomó en cuenta factores como la perspectiva de la participación del Estado
en la economía, objetivos con respecto a la distribución de la renta, progresivi-
dad de derechos sociales (aborto, derechos LGBTI+, eutanasia, aproximación
al consumo de drogas). En regímenes populistas, como El Salvador, se valora-
ron las acciones y discursos más destacados en la prensa internacional como
la agenda contra los Derechos Humanos y la política de “mano dura” contra
las maras, el rechazo a las Organizaciones No Gubernamentales, la campaña
de compra de criptomonedas. Sin embargo, como régimen nacionalista y po-
24
pulista se debe tomar en cuenta que la presidencia de Nayib Bukele también

cuenta con elementos que podrían atribuirse a la izquierda.
Es más, a pesar de que es sumamente complejo afirmar que se puede llegar
a un entorno sin ideología tal y como lo plantea Ramón García (1975), pues la
ideología es el campo en el que se desarrolla cualquier debate político, se debe
destacar que la dualidad izquierda-derecha ha perdido su capacidad expli-
cativa en muchos escenarios (Buruma, 2017). Ejercicios como el Diagrama de
Nolan que incluyen variables de corte social, económico y político en varias
dimensiones, ampliando el espectro más allá de un eje dual (incluyendo los
apartados sobre relación con el Estado y el mercado), mejoran la capacidad
de entender el posicionamiento ideológico de la modernidad. No obstante,
vale la pena tomar en cuenta que en regiones como América Latina donde el
común de la sociedad civil no es formado en los campos de la cultura política
mucha gente aún comete el error de estancarse en la dualidad de la izquierda
y la derecha.
Debido a esto, no solo basta con determinar si la tendencia de un presidente
se alinea con los discursos de izquierda o derecha. En primera instancia, pro-
longando uno de los problemas tradicionales de la política latinoamericana,
se debe considerar los contenidos programáticos de varias de las propuestas
responden más a objetivos populistas y demagogos (tanto para la izquierda
como para la derecha). En este sentido, se generan brechas entre gobiernos
con aproximaciones más técnicas que aquellos que se concentran en los índi-
ces de popularidad. A manera de ejemplo se puede rescatar que la izquierda
representada en Pedro Castillo tiene diferencias significativas en la izquierda
de Gabriel Boric, así como ambos tienen fracturas con la izquierda de Nicolás
Maduro.
Un análisis mucho más profundo de tendencia ideológica de cada partido
gobernante en la región, así como de la legislación vigente en cada país y las
lógicas de equilibrio de poderes (incluyendo al Poder Judicial y su vínculo
con el Ejecutivo) podría arrojar un mapa aún más preciso. Sin embargo, dicho
análisis trasciende el espectro del presente capítulo, aunque quedaría la puerta
abierta para ampliar este tipo de análisis en el futuro. Lo importante del análi-
sis previo es que se puede rescatar que, a diferencia del fenómeno político de
comienzos del siglo XXI, el mapa político regional no es ni se debería interpre-
tar como una ola en sí misma, sino una tendencia que responde a cuestiones
estructurales. Como lo plantea Kahhat (2022) “la tendencia general no es a la
victoria de la izquierda, es a la derrota de los oficialismos”.
25
Uno de los motivos principales para esta transición ha sido la mal gestio-
nada situación económica a nivel nacional, condicionada por los efectos de la
pandemia, la reducción de los costos de las materias primas, y en varios casos
el sobreendeudamiento externo y la corrupción. Como lo muestra la Tabla 1,
con la excepción de Guyana la tendencia para el PIB regional ha sido suma-
mente dura a partir de 2019. En este sentido, los gobiernos de derecha, que
tradicionalmente tienden a ser muy reservados en el gasto público y en la
participación del Estado en la economía no pudieron administrar el adverso
entorno global, provocando desafección en el electorado y reposicionamiento
de los candidatos de la oposición.
Tabla 1
Evolución del PIB en América Latina 2004-2022
Nota. Obtenido de IMF, 2022.
26
A pesar de que muchos países de la región ya han logrado recuperar sus

condiciones económicas “prepandémicas”, la gran mayoría han tenido una re-
cuperación muy lenta o incluso mantienen un nivel de contracción económica.
Esto provoca descontento en la población y ha acelerado la capacidad de in-
serción del CTO en la región y, a su vez, facilita la postura de la oposición. De
esta manera, el malestar de la población es explotado en términos electorales
para lograr acceder al poder, incluso a costa del beneficio de la población a tra-
vés de prácticas populistas y demagógicas, que entorpecen la función pública.
No obstante, esto también limita la capacidad de tomar medidas articuladas a
nivel transnacional, aunque grupos como el Foro de Sao Paulo intentan man-
tener un nivel de planificación mínimo que facilite el ascenso al poder de gru-
pos de izquierda, así como la diplomacia de Estados Unidos promueve el éxito
de partidos liberales y conservadores a través de la articulación de grupos de
pensamiento o el financiamiento de iniciativas políticas de grupos de derecha
latinoamericanos.
Otra de las variables a tener en cuenta es la distribución de los beneficios del
crecimiento económico. Como se puede ver en la Tabla 1, Colombia, uno de
los países que hizo la transición por primera vez a la izquierda, en la llamativa
elección de Gustavo Petro (a pesar de su pasado como guerrillero), es uno de
los países con mejor rendimiento en términos de crecimiento económico. De la
misma manera, aunque la contracción en 2020 fue dura para Chile su recupe-
ración en 2021 fue particularmente ventajosa. No obstante, ambos países atra-
vesaron por sus respectivos “estallidos sociales”, donde un amplio porcentaje
de la población reclamó por una mejora en las condiciones de distribución,
exigiendo un cambio en las estructuras en dos de los países con tradición con-
servadora más sólida de la región, y que incluso son tomados como casos de
éxito por la derecha (Jiménez-Yánez, 2020).
De esta forma, otro fenómeno que se ha observado de manera generalizada
en la región es que, a diferencia de los modelos de democracia parlamentaria
donde las bancadas opositoras se ven prácticamente obligadas a establecer
coaliciones que permitan el alcance de objetivos de Estado, la oposición hace
esfuerzos para limitar los éxitos del gobierno de turno, de manera que puedan
recuperar el poder de manera acelerada. Esto tiene un efecto nocivo a nivel po-
pular, pues las personas empiezan a ver con desconfianza a los procesos a ni-
vel institucional, sobre todo en entornos de pobreza e inseguridad. En la gran
mayoría de transiciones gubernamentales del último ciclo electoral se ha visto
cómo los candidatos derrotados aseguran a los sectores que les apoyaron que
27
trabajarán para oponerse a las acciones del candidato ganador. Este fenómeno
no es exclusivo de América Latina, sino que se ha vuelto una práctica común,
sobre todo en candidatos de corte populista, incluso en democracias sólidas
como Estados Unidos y Europa Occidental (Casullo, 2021).
Esta incidencia negativa en el alcance de soluciones tiene una repercusión
significativa a nivel económico, pues se interrumpe la capacidad de generar
normativa que permita mantener un crecimiento económico estable. Al mis-
mo tiempo, el péndulo político, mal gestionado, incide en que no se generen
políticas de Estado y se mantengan variaciones drásticas que desincentivan a
la inversión extranjera. Este fenómeno se ha logrado contener de manera efec-
tiva en países como Uruguay y Costa Rica, donde los partidos han tendido a
mantener un nivel de respeto institucional que evite transiciones dramáticas y
polarización. E incluso en Colombia, Chile, y Perú, debido a un relativamente
sólido aparato institucional que garantiza seguridad jurídica en el campo de
la inversión
No obstante, y a pesar de que ha habido una reducción significativa en el
nivel de tolerancia a los golpes de Estado militares, en la región todavía existe
un 40% de la población que ve como aceptable la interrupción a la democracia
(como lo evidencia la Figura 4). Esto demuestra que la internalización demo-
crática todavía tiene grandes retos en la región. En consecuencia, no resulta
extraño que medidas de carácter radical como la detención masiva, a pesar de
las múltiples denuncias de detenciones a inocentes y violación de Derechos
Humanos, en El Salvador sea sumamente popular; que los regímenes dicta-
toriales de Cuba, Nicaragua y Venezuela se mantengan relativamente esta-
bles a pesar de los evidentes atentados a la democracia, o incluso que grandes
grupos de la población brasileña que se han manifestado frente a las últimas
elecciones con la intención de que las Fuerzas Armadas eviten el ascenso de
Lula al poder.
28
Figura 4
Nivel de tolerancia a golpes militares en contextos de corrupción
Nota. Obtenido de Castorena y Rosario, 2021
Este nivel de tolerancia a modelos no democráticos debe ser un factor que

debe ser tomado en cuenta, sobre todo con relación a la estabilidad del siste-
ma democrático estadounidense. Se debe considerar que uno de los factores
que contiene a los sectores autoritarios latinoamericanos es el temor de que
Estados Unidos opte por sancionar a regímenes que adopten posturas anti-
democráticas, como ha ocurrido principalmente con Cuba y Venezuela. Una
transición política estadounidense, tolerable con gobiernos autoritarios podría
significar un salto al pasado similar a las décadas de 1960, 1970 y 1980 cuando
los gobiernos de Estados Unidos incluso llegaron a promover el surgimiento y
permanencia de regímenes dictatoriales en la región.
Por otro lado, una de las preocupaciones actuales del posicionamiento de
la izquierda en la región es que se reincorporen a actores que han demostrado
prácticas peligrosas contra la democracia como Venezuela. El vínculo del régi-
men venezolano con actores del narcotráfico despierta sospechas y justificada
inconformidad (Unidad de Investigación de Venezuela, 2022). Sin embargo,
el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya ha reestablecido el vínculo con
Venezuela de manera pública. En la reunión mantenida con Nicolás Maduro
destacaron que se busca recuperar las relaciones entre ambos Estados debido
a que la pérdida de cooperación ha significado el aumento de amenas a nivel
fronterizo, y una contracción de capacidades para ambos países.
En materia de seguridad, Petro destacó que en su agenda está que ambos
países vuelvan a cooperar en materia de intercambio de inteligencia. De la
misma manera, el presidente colombiano propuso la posibilidad de que se
29
celebre una conferencia latinoamericana para evaluar los resultados de la gue-

rra contra las drogas. Se debe destacar que la postura del mandatario es que
esta estrategia ha fracasado pues no ha logrado contener el crecimiento del
problema, mientras que se ha provocado una “desestabilización democrática,
un millón de muertos, y territorios perdidos para las sociedades y los Estados”
(El Espectador, 2022).
Esta posible reapertura al contacto con Venezuela puede marcar la tónica
de nuevos procesos en la región. De ser exitoso, el renovado vínculo entre
Colombia y Venezuela, empujará a las cancillerías de la región a retomar el
contacto perdido en los últimos años y podría ser detonante de nuevos proce-
sos integrales en la región. Sin embargo, también existe la posibilidad de que
la recuperación de relaciones sea contraproducente y sea aprovechada por el
CTO para asentarse de manera transnacional entre Colombia y Venezuela, ge-
nerando una amenaza regional aún más sólida.
Más allá de esta situación particular entre estos dos países, esta sección del
presente capítulo debe servir como un insumo para entender que los procesos
políticos en América Latina no deben ser sobresimiplificados y se deben tomar
en cuenta múltiples variables para tener una mejor imagen de la situación.
Ahora bien, aunque no se llegue a hablar de una ola de izquierda regional, las
afinidades y puntos en común en las agendas podrían generar un nuevo mo-
tor para que la integración regional tenga un nuevo ciclo de aceleración. En la
siguiente sección de este capítulo se aborda el tema a mayor detalle.
Nueva oportunidad para la integración latinoamericana

Durante los primeros lustros del siglo XXI América Latina encontró espa-
cios para fortalecer sus ejercicios de cooperación. Como antesala se puede des-
tacar que la región siempre se caracterizó por ser una zona relativamente pa-
cífica, con pocos conflictos interestatales en comparación a otras regiones, con
factores de identidad común ligados a una historia de colonización semejante,
y con un modelo productivo que operaba en las mismas líneas (Gortaire Mo-
rejón y Montalvo, 2020). No obstante, estas mismas condiciones de semejanza
han sido motivo para que la integración no sea entendida como una necesidad
profunda por parte de la sociedad civil, y la gran mayoría de procesos de inte-
gración en la región se mantengan a un nivel de élites políticas o económicas,
sin mayor trascendencia institucional.
30
Los intentos con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc)

fundada en 1960, que pasó a ser la Asociación Latinoamericana de Integración
(Aladi) en 1980, debido a las brechas económicas y productivas entre los mis-
mos Estados Latinoamericanos, fueron el primer indicio de que las economías
y la cultura productiva de la región requieren una aproximación que trascien-
da más allá de las leyes del mercado. De la misma manera, el Pacto Andino,
que evolucionó a la Comunidad Andina (CAN), y el Mercado Común del Sur,
que surgieron como alternativas subregionales con el fin de acelerar el proce-
so de integración entre países más cercanos, no han logrado penetrar a nivel
identitario en la mayoría de las sociedades que conforman estos procesos.
Otras iniciativas como el Mercado Común Centroamericano, que trascendió
hacia el Sistema de Integración Centroamericano, o la Comunidad del Caribe
(Caricom) han tenido una mayor capacidad de cohesión. Esto ha permitido a
sus países miembro el contar con medidas de comercio integradas y acciones
en beneficio a sus ciudadanos. Sin embargo, debido al débil peso geopolítico
de sus miembros, a pesar de haber alcanzado niveles de alineación común en
términos comerciales, económicos, e incluso en el apartado diplomático, estas
iniciativas regionales no terminan de generar contrapesos en los grandes de-
bates de la Comunidad Internacional, manteniendo a sus Estados como acto-
res de menor categoría al momento de lidiar con cuestiones de interés global.
La integración regional es importante, no solo por su capacidad pacificado-
ra en el marco de una paz liberal como consecuencia de la interdependencia.
La integración regional puede contribuir a la mejora de la industria nacional
debido a las cadenas regionales de valor; aportar a la generación de mercados
de consumo mucho más amplios que lo que se cuenta a nivel nacional; au-
mentar los niveles de industrialización, innovación, y desarrollo tecnológico;
generar ventajas en términos de acceso a la educación (especialmente supe-
rior), salud, turismo; desarrollar mercados financieros amplios que faciliten el
acceso a crédito; y generar política pública transnacional para dar respuesta a
problemas, amenazas y riesgos comunes de carácter natural o antropogénico.
En este sentido, varios autores (Hettne y Söderbaum, 2000; Tavares, 2004;
Hettne, 2005; Perrota, 2014) plantean que la integración regional va más allá de
la cooperación bilateral o multilateral, sino que puede trascender a niveles que
sobrepasan al Estado-nación. En este sentido, la región adquiere capacidades
propias y actúa de manera casi armónica combinando los esfuerzos de cada
nación que la conforma hacia objetivos comunes, el ejemplo más claro de este
tipo de accionar se da en Europa, donde la Unión Europea (UE) ha logrado
31
articularse como vocera de los intereses de 27 países (antes del Brexit 28), y
actúa (en la mayoría de los temas) como un solo actor frente al resto de la Co-
munidad Internacional.
Otro ejemplo con bastante solidez está en el este de África donde la Comu-
nidad Africana Oriental (EAC por sus siglas en inglés) ha conseguido relativa
estabilidad, crecimiento económico, libre movilidad a través de un pasaporte
común, e incluso se está pensando en establecer una moneda única, en un
continente tradicionalmente asociado con el conflicto y la falta de orden. De
la misma manera, el ASEAN también ha conseguido posicionarse como una
zona de relativa estabilidad en Asia y ha habilitado condiciones de paz y segu-
ridad para los ciudadanos de sus miembros, algo que, sumado a la simplifica-
ción de los procesos comerciales ha contribuido con el crecimiento económico
y lucha contra la pobreza de sus 10 países miembros.
Es complejo llegar a afirmar que la integración latinoamericana ha fracasa-
do, sobre todo porque el contrafactual sería la ausencia absoluta de integra-
ción, lo que pudo haber limitado los escenarios de cooperación y pudo haber
abierto escenarios de conflicto entre Estados. Sin embargo, la velocidad y el
impacto de la integración europea han opacado los resultados de las organiza-
ciones latinoamericanas, y también ha existido una falta de voluntad política
en las autoridades de la región para trascender más allá de la visión comercial
de la integración y, sin una sólida consciencia desde la sociedad civil, tampoco
ha existido la presión para que aumenten los niveles integración.
Incluso el proyecto que aspiraba a trascender del formato tradicional de
integración comercial propuesto por Bela Balassa (1964), en la que se propone
un proceso escalable que pasa por las siguientes etapas: (1) Zona de Preferen-
cia Comercial, (2) Zona de Libre Comercio, (3) Unión aduanera, (4) Mercado
común, (5) Unión económica, y (6) Unión Política. No obstante, la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur) fundada en 2008, que devino de la Comu-
nidad de Naciones Suramericanas, propuso hacer un salto directo a la integra-
ción política sin atravesar nivel comercial. Para esto, buscaba servir de puente
entre la CAN y el Mercosur, en lugar de hacer contrapesos.
A pesar de la politización de Unasur, que terminó provocando su colap-
so institucional, la organización tenía méritos significativos, pues permitía y
mantenía el diálogo permanente a nivel presidencial, ministerial, e incluso en
temas especializados a través de los consejos sectoriales. Una de las áreas a
destacar, en la que el resto de intentos de integración se habían mantenido dis-
persos, era el ámbito de la seguridad y la defensa. Unasur fue capaz, durante
32
un breve periodo de tiempo, de articular los esfuerzos regionales hacia un

objetivo común, y por primera vez en la historia, estas aspiraciones buscaban
operar por fuera de las lógicas hegemónicas de los Estados Unidos.
Unasur tomó avances como el del Consenso de Guayaquil de 2002 se de-
claró a “América del Sur como Zona de Paz y Cooperación” y se planteó que
“queda proscrito, en América del Sur, el uso o la amenaza del uso de la fuerza
entre los Estados” (Declaración sobre Zona de Paz Sudamericana, 2002). Este
resultaba un avance significativo en términos históricos para la región que, a
pesar de no haberse caracterizado por la abundancia de conflictos bélicos a lo
largo de su historia, mantenía tesis de choque entre países vecinos como una
probabilidad latente, en el marco de la doctrina militar tradicional. Al mismo
tiempo, la iniciativa debería reconocerse como un avance significativo a nivel
global, dado que la historia de humanidad ha estado más bien caracterizada
por el conflicto y no por la paz.
Posteriormente, la reunión extraordinaria de Costa de Sauípe, siete meses
después de que se hiciera el salto de la Comunidad de Naciones Suramerica-
nas a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se constituyó el Consejo
de Defensa Suramericano (CDS), en diciembre 2008, como instancia de consul-
ta, cooperación y coordinación. Propuesto por el presidente Lula y el ministro
de Defensa, Nelson Jobim, con este último que se permitió hacer una gira por
la región promoviendo la iniciativa y entre marzo y abril del 2008, y tratando
de reducir la desconfianza que generaba la propuesta en algunos gobiernos
(Long y Suñé, 2022). Entre estos, el presidente Álvaro Uribe fue uno de los ma-
yores frenos a la iniciativa, sobre todo por la aproximación que tenían algunos
gobiernos de izquierda al problema con las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), destacando la postura de Venezuela que planteaba la
noción de reconocerlas como fuerzas beligerantes, mientras que en Colombia
se mantenía la tesis del terrorismo (que posteriormente, durante el mandato
del Presidente Santos fue reformulada).
El exministro de defensa de Chile, Francisco Vidal planteó que el CDS per-
mitiría:
...la modernización de los Ministerios de Defensa, la transparencia sobre
gastos e indicadores de Defensa, la identificación de riesgos y amenazas
que puedan afectar la paz, la creación de un mecanismo para la generación
de posturas comunes y el establecimiento de un mecanismo de acción inme-
diata ante situaciones de riesgo para la paz de nuestras naciones. Del mis-
mo modo, nos hemos propuesto colaborar recíprocamente en temas como
33
las operaciones de paz y la acción ante catástrofes naturales, así como en la

promoción de iniciativas de complementación y cooperación en materias de
industria de la Defensa. Finalmente, fortaleceremos también el intercambio
entre los países en materias de formación y capacitación (Grupo de Trabajo
del Consejo de Defensa Suramericana, 2009).
De cierta forma, algunos de estos objetivos se alcanzaron temporalmente.
Durante la etapa álgida de Unasur se fundaron, en 2009, el Centro de Estudios
Estratégicos de Defensa (CEED) con sede en Buenos Aires y, en 2014, la Escue-
la Suramericana de Defensa (ESUDE) con sede en Quito. De la misma mane-
ra, se consiguió el Registro Suramericano de Gastos de Defensa, considerado
como “una medida de confianza mutua de reconocimiento global cimentada
en un exitoso esquema de cooperación sur-sur” (Vega y Comini, 2017). Y en
ese mismo sentido, se publicó el Inventario Militar Suramericano, un docu-
mento que tenía como fin transparentar las capacidades de los países surame-
ricanos, de manera que aumenten los niveles de confianza entre Estado de la
región. No obstante, ha de destacarse que para algunos actores del campo de
la seguridad y la defensa este tipo de actos representaron amenazas y riesgos
para los países.
El argumento de que revelar información sobre presupuestos e inventario
era peligroso siempre estuvo presente en sectores conservadores; sobre todo,
para quienes tenían preocupación de que regímenes del socialismo del siglo
XXI utilicen la información develada para dañar a sus Estados. Lo cierto es que
organizaciones como la Organización del Tratado del Atlántico Norte han lo-
grado una verdadera cohesión precisamente por la transparencia en este tipo
de información. Por otro lado, aunque las probabilidades de guerra interesta-
tal en la región son escasas, todavía existen voces que caen en un nacionalismo
carente de estrategia y limita las capacidades de articulación de esfuerzos.
Tras el fracaso de Unasur, con la suspensión de la participación y denuncia
del tratado por parte de la mayoría de Estados miembros, en algunos casos
en contra de la normativa nacional (Long y Suñé, 2022), la cooperación en
el área de defensa y seguridad ha retornado al ámbito vecinal. El Foro para
el Progreso de América del Sur (Prosur), que ha sido un esfuerzo superficial
para mantener el diálogo regional sin invertir en la infraestructura institucio-
nal necesaria para consolidar una verdadera integración ha quedado a cargo
de construir diálogo en las materias de en temas de infraestructura, energía,
salud, defensa, seguridad, y gestión de riesgos de desastres.
Sin embargo, desde su fundación en 2019, apenas ha logrado concretar tres
cumbres presidenciales y seis reuniones extraordinarias que en la mayoría de
34
casos han sido meramente virtuales. De la misma manera, el grupo de trabajo

en materia de Defensa se ha orillado al intercambio de buenas prácticas en el
ámbito de la ciberdefensa, industria de la defensa y modernización de minis-
terios (Prosur, 2021), sin proyecciones de una mayor cooperación a un nivel de
alianza. Por un lado, esto encuentra un anclaje en la lógica de que la región no
enfrenta amenazas bélicas en el futuro cercano, y a nivel político tampoco exis-
te la necesidad de aumentar capacidades, pues se procura priorizar en otras
dimensiones de la seguridad.
No obstante, el crecimiento del CTO en la región ha llegado a despertar el
debate sobre la verdadera utilidad de las Fuerzas Armadas en la región. En
países como Ecuador se ha llegado a ver posturas en conflicto entre la elimi-
nación del apartado militar en su totalidad, tratando de replicar el modelo
costarricense, o el uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen. En
este sentido, el colapso de Unasur nuevamente representó una pérdida impor-
tante, toda vez que se retrasaron los diálogos del Consejo Suramericano Sobre
el Problema Mundial de las Drogas, creado en agosto de 2009, y del Consejo
Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de
Acciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional noviembre 2012.
Es importante recordar que en el ámbito del problema mundial de las dro-
gas Unasur había avanzado en la formación de seis Grupos de Trabajo alrede-
dor de los siguientes temas, y cada Grupo fue asignado a un país coordinador:
1) Reducción de la demanda (Argentina); 2) Desarrollo alternativo, integral,
y sostenible, incluido el preventivo (Perú); 3) Exportación e importación de
productos químicos (Chile); 4) Medidas de Control (Colombia); 5) Lavado de
Activos (Perú y Venezuela); 6) Armonización Legislativa (Argentina). Aunque
el diálogo en este campo continúa activo, los días en los que la región llevaron
una postura común ante el problema mundial de las drogas presentada ante
las Naciones Unidas (Uruguay Presidencia, 2015).
En este sentido, la integración de Suramérica y América Latina atraviesa un
momento de crecimiento estable, pero muy lejos de trascender más allá de un
modelo comercial bajo el marco de la Organización Mundial de Comercio. La
Alianza del Pacífico ha conseguido sólidos avances en crear un nuevo espacio
con proyección extrarregional, en términos comerciales. No obstante, no se
presta como un escenario en el cual se contemple un modelo supranacional
con capaz de articular a sus miembros, ni a potenciales candidatos, a un grado
de cooperación más allá de sus gobiernos.
Bajo este contexto, el marco de gobernanza con presidentes de izquierda en
la gran mayoría de la región. E incluso un potencial eje Brasil-México, que por
35
primera vez tendría dos presidentes de izquierda, podría traducirse en un im-

pulso necesario para recuperar un modelo de integración que trascienda más
allá del diálogo arancelario. Si los presidentes Lula y López asumen el rol del
“buen hegemón” y se animan a financiar procesos de integración más sólidos
se verá una verdadera transición. De lo contrario es poco probable que se logre
romper con la zona de confort política.
Como lo plantea el presidente de Colombia, Gustavo Petro, “a pesar de
nuestro discurso los europeos han hecho más” (El Espectador, 2022). Esto de-
bido a que Alemania y Francia han asumido un rol movilizador de la integra-
ción, incluso asumiendo costos económicos que permiten a países más peque-
ños percibir beneficios de la integración, y a sus poblaciones estar conscientes
de ello. A su vez, este fue uno de los grandes motivos por los cuales los pro-
motores del Brexit tuvieron éxito, pues los políticos británicos convencieron a
la mayoría del electorado que los costos de pertenecer a la UE eran más altos
que sus beneficios. El desastre económico posterior al Brexit ha demostrado
que la situación era contraria, y Reino Unido percibía más de lo que perdía al
invertir en la Unión.
Si lo que se busca es recuperar a la Unasur, el primer cambio tiene que ser
el formato de votación y se deberá corregir o eliminar al método de consenso.
La regla del consenso fue (…) absolutamente virtuosa en su intencionali-
dad, pero, paradójicamente, selló una importante debilidad fundacional de
la Unasur: la posibilidad de que cualquier Estado miembro pudiera oponer-
se al deseo de la mayoría y así paralizar el proceso de toma de decisión y el
mismo avance de la organización (Long y Sune, 2022, p.65-66).
Sin un cambio en este veto simbólico los países que se encuentran en una
contracorriente política seguirán frenando cualquier intento de trascender a
nivel regional; como lo hizo en su momento Colombia que sirvió como actor
disidente en la región durante el período más próspero de Unasur. Al mante-
ner un gobierno de derecha en un entorno de izquierda se generaron brechas
importantes, y un grado de escepticismo (en algunos casos justificado) que
sirvieron como freno a los avances de conexión, principalmente en términos
de seguridad y defensa. De recuperarse la Unasur y de mantenerse la regla de
consenso, países como Ecuador, Paraguay y Uruguay podrían frenar al resto
del entorno de izquierda.
En este sentido, la transición de gobiernos en la región puede servir como
detonante para una nueva oportunidad de integración latinoamericana. Sin
embargo, se requiere de inversión y renuncias a posturas políticas e incluso a
36
cierto grado de la soberanía. De lo contrario, es poco probable que se alcance

una propuesta o modelo de integración que provoque que América Latina o
sus respectivas subregiones operen de manera articulada como un solo actor
frente al mundo. Esto provocaría que la integración se mantenga como sueño,
y la región solo sirva como fuente de clasificación de estadísticas y orientación
de presupuestos de programas de desarrollo.
Discusión y conclusiones
En una región donde incluso el fútbol sigue siendo un motivo para frag-
mentar a las sociedades latinoamericanas, los esfuerzos gubernamentales para
alcanzar una verdadera integración regional deben ser aún mayores. Sobre
todo en países como Ecuador, donde la integración latinoamericana es un ob-
jetivo de Estado, resulta fundamental que se tomen acciones y medidas que
permitan un verdadero ejercicio de trascendencia y que no se limiten al mero
grado arancelario. Resulta incluso triste decirlo, pero hasta las mafias del nar-
cotráfico y del CTO se han dado cuenta de lo necesario de operar más allá de
las fronteras nacionales, pero los actores políticos parecen ignorantes a esta
realidad.
El 2025 está más cerca de lo que parece, y las condiciones regionales se
prestan para que se puedan generar cambios positivos. Sin embargo, América
Latina permanecerá vulnerable a cuestiones como la inestabilidad económica,
la polarización política, y el crecimiento de actores como el CTO. En conse-
cuencia, los gobiernos deben ser lo suficientemente hábiles para gestionar es-
trategias de mediano y largo plazo; cuestión en América Latina pareciera más
propio de un wishful thinking que una realidad plausible. A pesar de esto, la
gestión de una apropiada gestión política depende en gran medida de la espe-
ranza de que se pueden alcanzar los objetivos planteados.
En este sentido, Ecuador encuentra un tablero que, como se ha visto a lo lar-
go de este capítulo, se tiñe de un matiz, pero que no representa una tendencia
totalmente consistente. Resalta el hecho que, al menos hasta 2025, el Ejecutivo
ecuatoriano se encontrará en desventaja en términos ideológicos en la región.
Esto puede entenderse de algunas maneras, por un lado, una mala gestión
de la política exterior puede provocar un aislamiento para el país, incluso en
términos vecinales entre Petro y Castillo. No obstante, si se maneja una polí-
tica exterior pragmática, el Ecuador puede aprovechar las tendencias de sus
37
vecinos para asentar su relación con unos Estados Unidos que, bajo Biden,
han regresado a ver con mayor atención a la región. Y, al mismo tiempo, repli-
cando un poco el accionar de Colombia durante la marea rosa, puede ocupar
espacios de diálogo sin perder el hilo de la cooperación regional.
Ahora bien, a diferencia de Colombia, que cuenta con mayor capacidad y
que además ha mantenido una postura exterior más bien disonante con vi-
siones hacia el norte en lugar de hacia el sur, el gobierno ecuatoriano obraría
mal en asumir una postura completamente liberal (o neoliberal), ignorando el
hecho de que existe un porcentaje importante de la población ecuatoriana que
discrepa con esta tendencia. El error de esta aproximación es que, en caso re-
tornar un gobierno de izquierda ahora inspirada por las victorias en la región,
se desdibujarían los avances del actual gobierno casi como un hecho escrito
en piedra. En este sentido, el reto es asumir compromisos y posturas que no
rompan con los objetivos estratégicos del Estado y que permitan satisfacer a la
agenda política nacional.
La inestabilidad política provocada por las tensiones polarizantes entre
presidentes y sus respectivos congresos servirá de contención para procesos
regionales. En muchos casos, la toma de decisiones en términos de política
exterior depende de un control previo o posterior de los poderes legislativos.
En consecuencia, es complejo llegar a pensar que existirán procesos de integra-
ción con total solidez. Sin embargo, no se descartan potenciales escenarios de
interconexión donde Brasil pueda reposicionar agendas de interconexión su-
ramericana. Por otro lado, el potencial giro político en Argentina podría ejer-
cer de contrapeso a acciones de la izquierda regional. Cabe destacar que estas
competencias ideológicas solo postergan un necesario trabajo conjunto que
la región debe adoptar para asumir una posición más sólida en el escenario
internacional.
Uno de los campos donde resalta el interés presente y futuro de la nación
está precisamente en la esfera de la seguridad. El incremento de la violencia,
la abierta afrenta que las organizaciones criminales nacionales y con vínculos
externos han viralizado en el país, y la pérdida de control del Estado de territo-
rio y espacios como los centros de privación de libertad, han demostrado que
el gobierno del Ecuador debe encontrar formas de articular sus capacidades
para retomar el monopolio legítimo de la fuerza. En primera instancia, el ac-
tual gobierno parece haberse orientado a recuperar los vínculos con Estados
Unidos, e incluso ha conectado con Israel para obtener recursos materiales. No
obstante, una rápida mirada al caso de Colombia y México demostrarían que
esta estrategia no sería suficiente.
38
Por otro lado, el régimen Nayib Bukele en El Salvador empieza a resultar

atractivo para los débiles gobiernos latinoamericanos. La pérdida de la base
nacional también ha provocado que agentes sin interés en el desarrollo de su
nación vean en el crimen organizado un negocio lucrativo y beneficioso, aun-
que esto represente el estancamiento de su país. Por otro lado, el resentimiento
que este daño genera en la sociedad también despierta el interés en medidas
radicales, aunque estas rompan con la ley, el debido proceso, e incluso po-
tencialmente violen los Derechos Humanos de civiles inocentes. En 2025 el
panorama será mucho más claro, y se sabrá si la arriesgada (e incluso cruel)
apuesta de El Salvador valió la pena, o la falta de soluciones integrales que
provocan a la inseguridad deviene en un sistema más cercano a la dictadura
que a la democracia.
Otra de las cuestiones que tendrá que ser observada a detalle desde Ecua-
dor es la evolución de los movimientos indígenas en la región. El ya conocido
liderazgo de la comunidad indígena en Bolivia podría encontrar vínculos de
conexión en el Brasil de Lula, que ha anunciado la creación de un ministerio
para pueblos indígenas, algo que podría encontrar ecos en la Colombia de Pe-
tro. A su vez esto podría generar incentivos para las comunidades mapuches
de Chile y Argentina, que actualmente enfrentan incluso con violencia a una
sociedad y sistema de la que cada vez se sienten menos parte. Con un entorno
regional más favorable, las organizaciones indígenas del Ecuador, principal-
mente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
podría encontrar alianzas para que su agenda sea incluso más sólida de lo que
es actualmente.
El gobierno ecuatoriano deberá ser lo suficientemente inteligente para po-
der canalizar las demandas de las comunidades indígenas sin caer en el recha-
zo de los sectores racistas del país, pero tampoco cediendo a un punto des-
proporcionado en el que se generen privilegios por encima del resto de etnias.
Para ello, el diálogo regional puede ser nuevamente un escenario necesario en
el cual se pueden tomar medidas y aproximaciones conjuntas a la situación.
Entre los factores regionales que comparten los países latinoamericanos está la
invisibilización de la población indígena3, un debate que se ha metido debajo
de la alfombra y que podría volverse prevalente en el corto tiempo.
Finalmente, no solo Ecuador, sino la región en general tendrá que perma-
necer a la expectativa del desarrollo de las tensiones globales, resaltando la
hegemonía en disputa de Estados Unidos por parte de China, así como la evo-
lución de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambos conflictos tienen el potencial
3
Una de las variables que tendrá que ser abordada en su momento es la cantidad de descendientes de poblaciones
indígenas o indígenas que han abandonado sus prácticas culturales, que paulatinamente podrían sumarse a las cau-
sas de las comunidades indígenas por afinidad o por interés, de conformidad a la conquista de logros y beneficios.
39
de alterar el rumbo global de manera definitiva y podrían forzar un cambio

de actitud por parte de América Latina. Más allá del resultado de las tensio-
nes entre estos actores, ambos fenómenos demuestran la necesidad de trabajar
por un modelo de integración real, lejos de la politización, con instituciones
fuertes, y con la voluntad política de renunciar a discursos basados en falsas
nociones de soberanía y chauvinismo.
Por ahora, la idea de un conflicto que involucre a América Latina parece
distante y definitivamente es poco probable. No obstante, las condiciones de
carácter global, en especial las consecuencias del cambio climático y la depre-
dación de ciertos biomas pueden ser un motivo por el cual países extrarregio-
nales intenten beneficiarse de la riqueza natural de la región. En ese mismo
escenario, cuestiones como el aumento del nivel del mar, la desertificación, la
pérdida de fuentes de agua dulce y alimentación, pueden provocar presiones
drásticas y desplazamientos humanos masivos, que a su vez se traduzcan en
conflictos no entre Estados, sino entre comunidades humanas. Al momento,
América Latina, mucho menos Ecuador, no cuenta con capacidades para lidiar
con ninguna de estas amenazas, cabe cuestionarse si sus líderes serán capaces
de gestionar estrategias a tiempo.
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CAPÍTULO II
Instituciones primarias y
comunidades de seguridad: una
mirada a Ecuador, hacia el 2025,
desde la Escuela Inglesa
Gilda Alicia Guerrero Salgado
46
Introducción
En esta segunda década del siglo XXI, el planeta parecería estar viviendo
aún en el inestable inicio de la centuria, con un 2001 que marcó el fin una su-
puesta unipolaridad global y segura. Los atentados en Estados Unidos por
parte de Al Qaeda trajeron toda clase de discusiones alrededor de la seguri-
dad, su conceptualización, y de las amenazas de análisis y contención. Se co-
mienzan a mirar seguridades más complejas y se desarrollaron mejor nuevos
conceptos, como el de la seguridad humana (IIDH, s/f).
Asimismo, entramos en el Debate de las Emergencias dentro del campo
de las Relaciones Internacionales (Kavalski, 2007): los paradigmas clásicos del
conflicto clausewitziano y de los ideales liberales del Sistema Bretton Woods
dejan de explicar completamente una realidad que fluye velozmente. La Gue-
rra en Afganistán, la crisis mundial del 2008, las Revoluciones 2.0 (Ghonim,
2012) en el Norte de África y la Segunda Guerra en Irak dejaron ver conflictivi-
dad determinada por actores estales, actores no estatales y amenazas híbridas
en un nuevo paradigma no linear que llama a nuevos debates (Kavalski, 2007).
La ciencia de las Relaciones Internacionales ha tratado de buscar un giro
que exprese las necesidades del actual sistema internacional y que nos permita
combinar los elementos culturales e ideacionales con las dinámicas de la de-
fensa y de la seguridad clásica que, a pesar de su nuevo eje multidimensional,
siguen vigentes. En este espíritu, este capítulo observará, luego de una rela-
ción de contexto global y nacional desde el hito de la pandemia de 2020, cómo
se pueden retomar esos elementos de manera prospectiva a través de la Escue-
la Inglesa, con el objetivo de señalar los valores securitarios y posibilidades de
cooperación en seguridad para Ecuador hacia el primer cuarto de siglo XXI.
Contexto global: algunos apuntes

El 2020 y la pandemia dejaron ver la llegada del interés nacional en el más
alto sentido de Morgenthau (1986), lo cual ha develado que los Estados van
planificar y actuar primero y, ante todo, por su interés nacional, más allá de
cualquier moralidad y cooperación. La desconexión dejó ver la debilidad de la
sociedad internacional para poder enfrentar estas dinámicas (Dalponte, 2021).
Incluso, las potencias en competición hegemónica (China y Estados Unidos en
especial) entraron en crisis y en la Trampa de Tucídides (concepto desarrolla-
47
do por Allison, 2017): es decir, han empujado su agresividad por el temor de

perder influencia en tiempos de crisis.
Es decir, la pandemia habría tenido varios efectos en las relaciones entre los
dos competidores principales: China y Estados Unidos4. En primer lugar, el vi-
rus ha afectado la performance comercial de estos Estados, tanto que “EE.UU.
ha sido más vulnerable a los efectos económicos negativos de la pandemia en
términos de comercio internacional. El crecimiento del PIB en EE.UU. cayó del
2,2 % en 2019 al −3,5 % en 2020”, mientras que el PIB de China creció un 2,3
% en 2020, del 5,9% en 2019 (Duggan, y Grabowski, 2021, p. 96). El siguiente
patrón fue una globalización ralentizada y un aumento de procesos regiona-
les, lo cual representa dificultades para el mantenimiento de la “estabilidad
hegemónica” de los estadounidenses.
Esta fue la idea de la era Trump en la que se abrió una “caja de Pandora”
internacional hacia el quiebre de la globalización. Por lo tanto, los Estados
Unidos fueron tangenciales en la lucha en contra de la enfermedad. China,
en cambio se alzó como un actor fundamental: su labor con la Organización
Mundial de la Salud para proveer equipo médico y su vacuna SINOVAC hizo
que varios Estados en vías de desarrollo miren a esa potencia como un sector
de ayuda, un espacio antes ocupado por los estadounidenses. El poder blando
chino dio un paso más en la llegada del poder del país asiático. Este liderazgo
nunca había caído en un Estado no occidental (Duggan, y Grabowski, 2021).
Mientras tanto, América Latina entró en una relación nueva con China. Si
ya antes de la pandemia la región se había volcado hacia esa nación como un
mercado abierto para su desarrollo económico, en 2021 las exportaciones lati-
noamericanas a China alcanzaron 222.582 millones, con un aumento del 31,4%
respecto a 2020. Incluso en la disrupción total de mercados, América Latina
apostó al competidor asiático (SELA, 2022). De hecho, en 2021, el comercio
entre China y América Latina y el Caribe aumentó un 41,1% respecto a 2020,
registrando un nuevo récord en las transacciones, por valor de 451.591 millo-
nes de dólares (SELA, 2022).
Mientras tanto, un informe de la Agencia Reuters mostró cómo los Estados
Unidos dejaba de liderar las relaciones comerciales con América Latina en el
2021. Es más, sus cifras llegan a menos de 180 mil millones. Cabe anotar, que
el estudio se hizo sin México y sin datos de Argentina, Perú, Uruguay, Costa
Rica, Honduras y Surinam, naciones que, sin embargo “históricamente no se
balancearían en términos de la relación de China versus Estados Unidos en
cifras comerciales” (Asia Financial, 2022).
4
Si bien se reconoce la presencia de otros competidores como India, Turquía y Rusia, los dos primeros no llegan a
tener influencia en el caso ecuatoriano de manera directa, mientras que Rusia se encuentra debilitado por su conflicto
con Ucrania (2022). Se trabaja con el eje sino-estadounidense.
48
Este escenario positivo ha sido golpeado por la invasión rusa en Ucrania

de febrero de 2022. Las brechas creadas son graves. Según informa el Banco
Interamericano de Desarrollo:
Rusia y Ucrania están entre los principales exportadores de productos bási-
cos. En particular, presentan posiciones dominantes en los mercados mun-
diales de varios cultivos agrícolas, algunos metales y fertilizantes. El con-
flicto ha obstaculizado los flujos de exportaciones a raíz de la destrucción
de las plantas productoras, el bloqueo de las rutas comerciales y el impacto
de las sanciones económicas internacionales. Por consiguiente, los precios
de los productos básicos, que ya mostraban una tendencia alcista desde el
inicio de la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19, se han dis-
parado (Giordano y Michalczewsky, 2022, p. 2).
Ante lo señalado, se espera que los precios sigan elevados por el conflicto
ruso-ucraniano. Por lo tanto, la incertidumbre es alta, y en ese sentido no se
puede determinar un presupuesto o planificación estables en América Latina,
sobre todo por la prevalencia regional de Estados dependientes de lo agrícola
y de los primarios (en especial Ecuador) (Giordano y Michalczewsky, 2022, p.
3). El alza de los precios ha afectado a todo el sistema y, por supuesto ha sido
la raíz del recrudecimiento de dos grandes desafíos para los latinoamericanos:
el crimen organizado y la migración no regulada, directamente relacionados a
las condiciones precarias que, con el contexto pandémico y conflictivo del todo
el globo, se han vuelto más apremiantes. Al respecto, con datos de la OCDE:
El costo de la guerra podría reducir el crecimiento mundial un punto por-
centual, agregar 2,5 puntos porcentuales a la inflación global y sumar 1,5
puntos porcentuales más a las tasas de interés para los mercados emergen-
tes. Esta simulación se condice con las revisiones a la baja realizadas en abril
por el FMI (2022), que ahora prevé que el crecimiento del PIB mundial en
2022 será del 3,6%, y el de ALC será del 2,5%, es decir, menos que las respec-
tivas tasas de crecimiento del 4,9% y el 3,0% pronosticadas en noviembre
(2021) (Giordano y Michalczewsky, 2022, p. 3).
A nivel político, la pandemia creó más abismos. La desigualdad social pre-
via a la emergencia imprevista y la ausencia de Estado habría llamado a posi-
ciones ultranacionalistas. Brechas de atención y servicios, brechas económicas,
incompetencia e interés dejaron ver precariedad en todo el mundo, sobre todo
en África y América Latina. Ahora hay más riesgos: “también se dio en medio
del resurgimiento del ultranacionalismo, el afianzamiento de políticas neo-
conservadoras, y el neodarwinismo (Campoalegre Septien, 2020, citado por
Binstock, Nathan, Pardo y Peláez, 2021, p. 135).
49
Las consecuencias sociales de la enfermedad se ensañaron con los actores

excluidos históricamente y en los ejes de clase, etnia y género. Frente a esto,
varios Estados latinoamericanos han puesto el acelerador en el extractivismo
como una forma de enfrentar el declive económico, a pesar de las llamadas a
evitar el declive ambiental. Es más, en el caso ecuatoriano, se habrían registra-
do un uso mayor del recurso petrolero ante la falta de desarrollo económico,
que terminó en riegos múltiples para los pueblos originarios y para la Amazo-
nía (Cevallos, 2020):
La decisión gubernamental de reforzar la extracción petrolera a través de la
construcción de una ruta de acceso de 2,2 km2 en pleno corazón del Parque
Yasuní, entre marzo y mayo de este año, más allá de impactar al medioam-
biente, legitimaba la entrada y salida permanente de trabajadores de las
empresas petroleras, aumentando las posibilidades de transmisión de la
COVID-19. Esta decisión gubernamental era emitida en medio de una cri-
sis sanitaria que se agravaba en territorios indígenas en donde no estaban
siendo prestados los servicios médicos adaptados a sus realidades y necesi-
dades, tal como dicta la Constitución Política del Ecuador (Cevallos, 2020, p
5, según prensa ecuatoriana del 17/09/2020).
El contexto ecuatoriano en la incertidumbre internacional

Con los apuntes del enfoque global indicados en el apartado anterior, en el
actual se tomará el Plan de Trabajo de la alianza CREO y Partido Social Cris-
tiano (PSC) que llevó al poder al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, con
el fin de caracterizar los valores de esa alianza y señalar el paisaje institucional,
económico y social del 2020 de acuerdo a la actual mirada gubernamental.
Posteriormente, se indicarán los contextos de los puntos tomados en cuenta
dentro del plan para caracterizar la situación país. Con esto se pasará al análi-
sis y prospectiva desde la Escuela Inglesa.
El 24 de mayo de 2021, se posesionó el presidente Guillermo Lasso. De ten-
dencia centro derecha y liberal. Este actor rompió 14 años de gobiernos de iz-
quierda en Ecuador, separados por la línea socialista de Rafael Correa y el giro
conservador y al centro (y derecha) que tuvo su sucesor Lenin Moreno que
llegó a Carondelet en 2017. En su plan de Gobierno 2021-2025, en alianza con
el Partido Social Cristiano (derecha conservadora, representante de grupos de
poder económico de la región Costa, en especial de la ciudad de Guayaquil)
50
señalaba como misión: “Establecer una plena democracia regida por el Estado
de Derecho, donde funcionen las instituciones y se respete la libertad” (Lasso
y Borrero, s/f, p. 6).
Se buscaba también promover una economía de libre mercado y abierta al
mundo, fiscalmente responsable para lograr crecimiento y generar empleo.
También se hablaba de ciudadanos en búsqueda de elegir los medios para al-
canzar su realización personal y familiar de manera libre. El actual presidente
dejó ver su interés por trabajar de manera contundente en el eje económico
(Lasso y Borrero, s/f). En este eje, entre varias reflexiones, la alianza CREO Y
PSC ofrecían enfrentar la desocupación de más de 1 millón de personas cuyas
labores fueron afectadas por la pandemia COVID 19.
De la misma manera, se señalaban las relaciones conocidas: tan solo 2 de
cada 10 ecuatorianos tenían un trabajo adecuado durante la campaña de 2020,
mientras que 6 millones estaban en condición inadecuada o precaria. Para po-
der paliar la situación se hablaba de flexibilidad laboral (que apoyen a ambas
partes de la relación contractual) a través de una Ley de Oportunidades Labo-
rales. La base del emprendimiento, la reducción de costos de legalidad para
abrir un negocio, la facilidad hacia el seguro de desempleo, la educación dual.
Sobre todo, se buscó la posibilidad de facilitar la creación de negocios por cos-
tos y tributos, más prestaciones laborales.
A nivel de comercio internacional, la alianza se centró en hacer que el Ecua-
dor saliera de su aislamiento comercial y turístico:
Durante mucho tiempo, las relaciones comerciales e internacionales de
nuestro país priorizaron prejuicios y falsos conceptos ideológicos en lugar
de bienestar de los ecuatorianos. Todo esto ocasionó un impacto negati-
vo en el espíritu empresarial, la inversión privada, el turismo y el empleo.
Además, los excesivos obstáculos burocráticos y los costosos procedimien-
tos han restringido tanto la apertura comercial, la competitividad y el de-
sarrollo del Ecuador. Como consecuencia Ecuador es un país carísimo para
vivir y producir (Lasso y Borrero, s.f., p. 3)
La política comercial debía orientarse a la democracia, el derecho interna-
cional, el medio ambiente y los Derechos Humanos. La idea era “Más Ecuador
en el mundo y más mundo en Ecuador (p. 33-35)”. El país estaba determinado
hacia una apertura a la globalización, a los mercados internacionales, ideas,
productos y servicios, consolidación de las exportaciones en nuevos merca-
dos. El enfoque se dirige hacia las grandes economías del mundo, crear segu-
ridad jurídica y un ambiente a la inversión extranjera, con menos burocracia,
51
con una apertura hacia las importaciones, vistas como elementos de más alto
consumo y más apoyo a los emprendedores en cuanto a insumos. La inserción
de capitales en el país era primordial.
La liberalización de la banca se planteaba hacia evitar el porcentaje de liqui-
dez destinado a la banca pública (inversiones poco productivas). También se
planificó posicionar a la banca en servicios de industrias de seguro, mercados
de valores, y administración de fideicomismos y de fondos. La promoción de
la competencia con banca privada internacional era otro de los grandes pasos
del gobierno de Guillermo Lasso. Por otro lado, el gobierno no deja de ser ex-
tractivista “velando por el medio ambiente” como se indica en su plan, con el
fin de destinar el presupuesto a obras prioritarias. Sobre los combustibles, los
recursos de su importación debían redirigirse a educación, salud y seguridad,
reduciendo el contrabando.
En política internacional, el gobierno actual busca salir del aislamiento del
socialismo del siglo XXI (Lasso y Borrero, s.f., p. 67). Se debían plantear más
tratados de libre comercio en línea a lo realizado por Colombia, Perú y Bolivia,
tomando como liderazgo al Chile de Piñeira con 23 tratados. Otra prioridad
fue la inserción a la Alianza del Pacífico, firma de un tratado comercial con
Estados Unidos (TLC) y una política apegada al derecho internacional. Como
adicional se asegura el respeto a los tribunales internacionales para la resolu-
ción de controversias. La planificación del gobierno, en lo internacional, como
se observa, fue muy limitada.
Sobre la seguridad, el plan subraya el aumento de asesinatos en Guayaquil,
Durán y Samborondón de 85,7% como ejemplos. También se destaca la des-
confianza hacia la Policía Nacional por parte de los quiteños (57%), y el bajo
uso del sistema judicial por los ciudadanos (8% no denunciaban delitos). El
plan ya indicaba el problema del microtráfico y del hacinamiento de las cárce-
les (para abril de 2019 había 40.096 personas privadas de libertad en Ecuador,
con infraestructura para un poco más de la mitad: 27.742). Si bien se menciona
en el texto la inversión en seguridad y la necesidad de nuevas políticas de se-
guridad, el desempleo se considera la mayor causa de delincuencia.
Sobre el crimen organizado, su incidencia y su trabajo alrededor de la coor-
dinación con los países vecinos y organismos policiales internacionales deter-
mina la única línea de aprovechamiento de la integración latinoamericano. Se
prometió igualmente una reforma del sistema judicial para lograr enfrentar el
flagelo, así como capacitación laboral y mejores condiciones de vida en el sis-
tema penitenciario. En cuanto a la migración, la alianza llamaba a regularizar
52
el estatus migratorio para lograr su desarrollo e integrarlos al espacio laboral.

Se debía impulsar la aceptación e inclusión de los migrantes para la seguridad
de todos los involucrados, trabajar convenios de cooperación interguberna-
mental y con organizaciones internacionales. Migración e inseguridad son los
puntos más resaltados.
En resumen, los objetivos por eje fueron los siguientes.
Tabla 2
Objetivos del Plan de Trabajo 2021-2025, Alianza CREO PSC
Nota. Elaboración propia sobre la base de Lasso y Borrero, s.f.
Si bien estaban planteados para los cuatro años de gobierno, los objetivos
han tenido problemas para plasmarse. En el eje social, la crisis se ha centrado
en la educación y en la salud. No obstante, para abril de 2022 se habían desvin-
53
culado a al menos 400 médicos del Instituto de Seguridad Social bajo la causal
de “productividad” (Novik, 2022). Además, los medicamentos escaseaban en
los hospitales públicos para 2022 (Teleamazonas, 2022). Sobre educación, se
retiró el examen de ingreso a las universidades, que ha llevado a la búsque-
da de cupos en el sector privado. En mayo de 2022, Senescyt ─Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación─ indicó que 93 mil es-
tudiantes se quedarían sin cupo para la universidad pública (Primicias, 2022).
A nivel económico, se nota una alineación más clara al plan de trabajo: el
Estado ha comenzado a trabajar en tratados de libre comercio con Costa Rica
y China. Hasta el 2025, se habla de negociaciones con México, Estados Uni-
dos, Alianza del Pacífico (Vásconez, 2022). Se reorganizó la distribución del
bono de desarrollo humano a sectores vulnerables (55 USD mensuales) (El
Universo, 2022). En cuanto a matriz productiva, el extractivismo sigue siendo
la base económica. De acuerdo al Banco Central del Ecuador, las exportaciones
subieron a USD 22.233 millones entre enero y agosto de 2022, un crecimiento
en valor de 30% frente al mismo período de 2021, el grueso de esta entrada se
refiere a petróleo y camarón (Primicias, 2022b). En general, la economía regis-
tró un crecimiento interanual del 3,8% en el primer trimestre del 2022. Si bien
hubo una baja en el primer trimestre del 22% por el conflicto entre Ucrania y
Rusia, 12 de los 18 sectores productivos reportaron desempeño positivo (Ban-
co Central del Ecuador, 2022).
El gobierno ha seguido entonces su plan en varios elementos comerciales y
económicos, especialmente en el gasto público, con una ejecución muy lenta.
Para 2025, el país quiere alcanzar un superávit y reducir su déficit fiscal. En
2023 se piensa aumentar salarios, pero con un ajuste en la inversión pública,
algo difícil en línea a las presiones internacionales e inflación generalizada. No
se subirán impuestos debido a la base gubernamental de dinamización econó-
mica, apostándose a la alianza público-privada. Para 2023 se pretende bajar el
déficit a 1000 millones, teniendo como apoyo la focalización en el subsidio a
los combustibles (Vásconez, 2022b).
La situación de inseguridad, en el eje institucional, se ha vuelto la gran lí-
nea de debilidad gubernamental. Las cifras hablan por sí solas: para finales de
agosto de 2022, el gobierno solo había ejecutado 61,4%, cuando debía hacer
al 66%. El país pasa por un periodo de ajuste en búsqueda de más reservas y
“achicar al Estado” en eficiencia y eficacia de recursos de acuerdo a lo indicado
en su plan (El Universo, 2022b). Por supuesto, esto plantea déficits en varios
sectores e incrementa la inseguridad. Un ejemplo de ello es que, ante la ola
54
de femicidios en el país, se retomó el apoyo a casas de acogidas para mujeres

en situación vulnerable, afectadas por los recortes presupuestarios (Primicias,
2022b).
Sobre inseguridad, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Cri-
men Organizado (UNODC) menciona que uno de los principales medidores
de la violencia e inseguridad en un país es la tasa de homicidios. Según las es-
tadísticas de seguridad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),
durante el año de 2021 se dieron un total de 2492 homicidios intencionales en
el país, que comparado con los 1372 homicidios del año 2020 supera en un
84,6%. La situación es grave: según la Policía Nacional, para mediados de 2022
el Ecuador presenta 2521 asesinatos, con una posible tendencia a 4000 muertes
violentas para diciembre (Primicias, 2022c; Sarzosa, 2022).
Con estos antecedentes se ha observado el contexto de análisis del presen-
te artículo (global y nacional), además, de manera resumida en línea a sus
principales hitos -en seguridad, gestión, extensión de derechos, economía- el
contexto del gobierno ecuatoriano de Gobierno de Guillermo Lasso. Con esta
base, se analizarán desde la Escuela Inglesa las instituciones primarias de este
gobierno con el fin de delinear 1) la protección de las instituciones primarias
ecuatorianas para mantener su seguridad y 2) La potencialidad de extender
sus valores en búsqueda de una comunidad de seguridad andina hacia el 2025.
Sobre la teoría de la Escuela Inglesa

La Escuela Inglesa de las Relaciones Internacionales tiene como lugar de
nacimiento al Comité Británico de Relaciones Internacionales en 1959. Char-
les Manning y Martin Wight plantean esta escuela con tres tendencias: rea-
lismo, racionalismo y revolucionismo. Más tarde, Hedley Bull tomaría estos
lineamientos hacia los tres conceptos bases de la Escuela: “el realismo con el
sistema internacional, el racionalismo con la sociedad internacional y el revo-
lucionismo con la sociedad mundial” (Egas, 2013, p. 19).
Los inicios de la Escuela Inglesa se han centrado en trascender al sistema
internacional de Estados y lograr una comprensión de la sociedad creada en
la posguerra. Se buscaba recuperar dos líneas perdidas en el análisis sistémi-
co hegemónico: la historia y la moral internacional (Aimé, González, 2019).
La base es plantear las nociones de paz, orden y justicia, junto con la norma.
Como una manera de ordenar el pensamiento de esta escuela, hay que ir ha-
cia Hedley Bull y Martin Wight. El primero es quien determina lo que será la
55
línea pluralista de la Escuela Inglesa, mientras que Martin Wight estará pla-
neado hacia la línea solidarista. Este debate, que parte del texto The Grotian
Conception of International Society, publicado por Hedly Bull en 1966 gravita
alrededor del concepto del cambio y de la transformación, una crítica al orden
establecido a través de la norma, y la descripción de órdenes específicos.
Cabe anotar que ambas líneas se van a alejar fuertemente de la idea realista,
neorrealista y liberal del sistema. Más bien, se acepta a la norma internacional
como instrumento legítimo que determinar relaciones societarias. Los debates
quieren revisar el nivel de aceptación en sociedades pluralistas y solidaris-
tas sobre la guerra, las fuentes del derecho internacional y el estatus de los
individuos frente a los Estados. En este sentido, se observan dos escenarios:
una sociedad mundial que logra tener valores en acuerdo y compartidos, con
normas y derecho (los solidaristas) o una sociedad de miembros que llegan a
acuerdos mínimos de convivencia con interés propio (los pluralistas) (Aimé
González, 2019, p. 21).
La necesidad de un programa de investigación de esta Escuela ha sido to-
mada por Barry Buzan, quien será la base para este trabajo. Ya en 2015, el autor
señala que la Escuela Inglesa no ha sido suficientemente aplicada por los aca-
démicos, en especial para quienes hacen estudios de seguridad internacional
(Buzan, 2015). De acuerdo Hall (2001), si bien la Escuela Inglesa (EI) había
tenido muy poco desarrollo entre 1959 hacia inicios de la década de los 80, su
estudio se volvió masivo, con congresos, paneles y artículos, muchos de ellos
centrados en la validez del derecho internacional.
La Escuela se ha visto como una potenciadora de investigación con sus tres
tradiciones: realismo maquiavélico y hobbesiano, su racionalismo grociano y
su tendencia revolucionaria kantiana, capaz de mirar el progreso de la historia
y de un sistema estatal hacia una sociedad de Estados. Igualmente, plantea sus
tres conceptos como base: sistema internacional anárquico, sociedad interna-
cional y sociedad mundial (Devlen, James y Özdamar, 2005, p.172).
A pesar de este “debate interno” pluralista–solidarista sobre los alcances
de una sociedad internacional, definida por Bull como “un grupo de Estados,
conscientes de sus intereses y valores comunes, que forman una sociedad en
el sentido de que se consideran unidos por una serie de normas comunes, que
regulan sus relaciones y que colaboran en el funcionamiento de las institucio-
nes comunes” (Bull, 1977, citado en Aimé González, 2019). La Escuela Inglesa
presenta una mirada global y patrones claros de percepción de esa sociedad
que le da un cuerpo ecléctico, pero fuerte a la teoría. La mirada de la Escuela
56
Inglesa sobre la sociedad internacional permite que se tomen en cuenta un

conjunto de normas y reglas de asociación y solidaridad. Incluso, podemos
pensar que propone valores compartidos humanos. Por lo tanto, se siguen los
elementos de Devlen, James y Özdamar (2005), quienes plantean bases claves
de la Escuela Inglesa para el programa de investigación.
Tabla 3
Escuela Inglesa, Conceptos y Adaptación de Devlen, James y Özdamar
Nota. Adaptado de Devlen, James y Özdamar (2005, p. 175)
En este sentido, la Escuela Inglesa ha migrado hacia los Estudios de la Segu-

ridad, más allá de la mirada realista y de la razón de Estado. ¿Podemos lograr
que los intereses, valores, reglas, instituciones y orden lleven a una coopera-
ción más real? Al respecto, Barry Buzan (2015) propone un marco para el es-
57
tudio de la seguridad desde la perspectiva de la EI. Esta Escuela, para Buzan,

tiene una base muy parecida a la constructivista/ cualitativa. Al igual que en
esta teoría, los autores de la EI se enfrentan a la construcción de amenazas, a
las percepciones de inseguridad, a las rivalidades. Son capaces de ver cuándo
sube y baja la coerción. Las razones para aceptar o no la norma internacional,
al punto de que Buzan propone, bajo la mirada de Watson (1992) la “razón de
sistema”, es decir la creencia de que hay beneficios por mantener al sistema en
funcionamiento. Algo mucho más allá de la razón de Estado.
Dentro de la EI, la aproximación societal se vuelve, por lo tanto, una base
fundamental en su línea de labor cercana al constructivismo. Por lo tanto, el
programa teórico ofrece el concepto de instituciones primarias de la sociedad
internacional. Estas instituciones, como señala Buzan, son primarias. Estas son
“profundas, orgánicas” son ideas evolucionadas y prácticas que constituyen
“el juego y los jugadores de las relaciones internacionales” (Buzan, 2015, ‘p. 5).
En pocas palabras, las instituciones primarias determinan qué es valioso
y qué deja de ser valioso en el desarrollo histórico de la sociedad internacio-
nal. En el contexto europeo, los autores de la EI describen a la soberanía, a la
territorialidad, al balance de poder, al derecho internacional, a la diplomacia,
al nacionalismo, al manejo de poder, a la igualdad humana, al desarrollo y al
mercado. Son lo que es legítimo, justo, y hasta moral en la sociedad interna-
cional (teniendo en cuenta que muchas otras formas de instituciones pueden
darse en el mundo, en el contexto y su desarrollo histórico).
Buzan indica además que “diferentes mezclas de instituciones primarias
producen diferentes tipos de sociedad internacional, que a su vez generan y
sustentan diferentes lógicas de anarquía e (in)seguridad” (Buzan, 2015, pp. 6 y
7). Con esto, el autor presenta mundos realistas previos a 1919 en sistemas de
“Política Mundial” hasta sistemas de convergencia, menos realistas, en donde
la razón de sistema “paga” mejor que la razón de Estado a las diferentes na-
ciones.
La inseguridad, por lo tanto, se mide en la aceptación o combate de estas
instituciones primarias en el sistema internacional; también su cambio. Quié-
nes están dentro y afuera es un tema de sumo interés para la EI: el balance
de poder tiene que ver con la aceptación o no de procesos hegemónicos. La
guerra es, en cambio, un elemento negociado, una institución primaria cuya
práctica se hace más fácil o limitada de acuerdo a su aceptación, o la forma de
encontrar formas alternativas de resolución de conflictos en el globo. Esto tam-
bién abre la posibilidad de pensar la creación y potenciación de comunidades
de seguridad (Buzan, 2015).
58
En este trabajo, se plantea a la Escuela Inglesa como una manera de enten-

der a estas instituciones primarias en la forma de cimientos de lo que Buzan
(2015) llama instituciones secundarias: organizaciones y cuerpos físicos del
sistema internacional, que también crean reglas y normas (organizaciones y
regímenes internacionales). Así se discute si pueden ser elementos para pro-
teger a regiones que las comparten en un momento de recambio de poder,
el tiempo entre reinos de 2022, cuando existen competidores por el dominio
mundial, más allá del espejismo de los años 90 e inicios de los 2000: la unipo-
laridad estadounidense.
Con todo lo dicho, y sobre la posibilidad de entender acuerdos mínimos en-
tre grupos de Estados para la seguridad, en este trabajo se plantea un análisis
de los objetivos de seguridad del gobierno de Guillermo Lasso y una proyec-
ción hacia el 2025, entendiendo el contexto explicado en el primer apartado
de este trabajo y las reflexiones e hitos del apartado ecuatoriano. Para esto, se
observarán también algunos ámbitos básicos en cuanto a los grandes proble-
mas del gobierno en el área que, como se mencionó son crimen organizado y
migración. ¿El gobierno tiene una tendencia hacia protección de instituciones
primarias en la actualidad? ¿Hay un potencial en estos elementos para lograr
herramientas de cooperación más fiable hacia la protección de los intereses
ecuatorianos como plantea la EI en su hipótesis básica de trabajo? ¿El país
podría extender sus instituciones primarias a la comunidad de seguridad an-
dina?
Análisis: una aproximación a las instituciones primarias en el

gobierno de Guillermo Lasso
Bajo los puntos del plan de gobierno de Lasso durante su candidatura, men-
cionados en las primeras secciones de este capítulo, se identificaron los tres
ejes principales de su propuesta, la cual lleva un año y medio de trabajo en
Ecuador (al momento de redactarse estas páginas). Sobre esto, con la pers-
pectiva de Buzan, podemos reconocer estas instituciones primarias. Lo que el
gobierno protege y ve como base de cooperación o seguridad.
59
Tabla 4
Instituciones primaras en el gobierno de Guillermo Lasso 2021-octubre 2022, bajo el
Plan de Trabajo 2021-2025 de su candidatura.
Nota. Elaboración propia sobre la base de Lasso y Borrero, s.f.
Se puede observar, tanto en los objetivos, como en la narrativa guberna-

mental ya descrita y presente en este año y medio de gobierno, que el Ecuador
debía abrirse al mundo. Hay una razón de sistema, pero dentro de las acciones
y valores hegemónicos liberales. De acuerdo a lo revisado y nombrado, el con-
tenido específico del plan habla sobre un Ecuador que ve al mundo como la
sociedad internacional de las grandes potencias (EEUU reconocido como he-
gemón), en una relación soberana, pero subsidiaria, de la nación ecuatoriana.
La globalización se observa como el espacio de intercambio, ideas y produc-
tos, donde la producción y consumo son desarrollo y por lo tanto libertad. La
integración del “Socialismo del siglo XXI” se percibe como más aislacionista
que potenciadora. La institución secundaria de normas y reglas sobre valores
compartidos en la región no se nombran, más bien la institución mercado se
nota como la primaria hacia los acuerdos TLC con todo el planeta, incluyendo
la Alianza del Pacífico.
Con los detalles indicados, se pueden añadir a los ejes el valor “libertad
comercial” como raíz de seguridad y de valor compartido. Se ve el intento de
reorganizar las normas y estructuras del Ecuador para entrar a la sociedad in-
ternacional determinada por el hegemón sin cuestionamientos. La seguridad
60
está en el empleo, la competitividad y el emprendimiento. El mercado es la

respuesta al Estado, en total coherencia con el ideario y presentación del par-
tido CREO al inicio de su campaña.
A esto, se añaden los elementos de relacionamiento con la sociedad inter-
nacional que se observan en el gobierno de Lasso. En la práctica, Lasso bus-
ca repuestas hacia los ejes económico, social e institucional en tres ámbitos
problemáticos: apertura económica al contexto global (lo que se ha descrito
en el apartado anterior); migración no regulada, seguridad ciudadana e inter-
nacional ante el crimen organizado. El primer punto determina la base de la
estructura internacional de Lasso (su razón de sistema). No obstante, el ma-
nejo de los dos puntos adicionales no ha sido exitoso y deja ver una tendencia
antiregionalista, más centrada en un relaciones bilaterales, mínimas y puntua-
les, sobre la institución primaria “Mercado” como se observa a continuación a
través de un análisis documental de medios de prensa y declaraciones guber-
namentales abiertas al público5.
Sobre seguridad, ha pedido la cooperación de la comunidad internacional
frente a los 500 mil venezolanos en el país, que se presentan como la mayor
fuente de crisis para el gobierno, a pesar de la presencia de actores colombia-
nos y de otras nacionalidades. Lasso afirmó que:
Con medio millón de venezolanos viviendo en el Ecuador, somos uno de
los tres principales receptores de migrantes de dicho país y, pese a nuestras
dificultades presupuestarias, atendemos a esa población con salud, educa-
ción y otros servicios sociales (Voz de América, 2022. Discurso en la xx re-
unión de ONU).
Si bien la situación con los migrantes es un factor de trabajo que ha llevado
a un plan de inserción, el presidente se centra en su plan de manera estricta,
llevando la institución mercado a sus citas fuera del país.
Durante la cita con la autoridad de Portugal, Lasso aseguró que se habló
de estrechar los lazos de inversión y comercio exterior con el país europeo,
además se ofreció “abrir una embajada de Ecuador en Portugal” y de la
necesidad de tener una conexión aérea Lisboa – Quito para promover el tu-
rismo entre ambas naciones. Con este acercamiento se afianza una vez más
la política de Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador.
Posteriormente, el Jefe de Estado se reunió con el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien destacó que
el proceso de regularización para migrantes venezolanos que lidera Ecua-
dor, en su primera etapa, ya ha integrado a 104.000 personas que ahora pue-
5
Los medios revisados han sido Primicias, Voz de América, El Universo, El Comercio, de tiraje nacional y disponibles
en red.
61
den acceder al mercado laboral, de educación, entre otros. En ese sentido,

el representante del organismo internacional dijo: “Vamos a trabajar juntos
en el programa de movilización de recursos internacionales», con miras a
fortalecer las acciones que ejecuta el Gobierno del Encuentro en beneficio de
la población migrante (Presidencia del Ecuador, 2022).
Así, el gobierno ha iniciado el proceso “Estoy Aquí”, un programa que lle-
garía a más de 300 mil venezolanos con el fin de identificarlos y lograr su inte-
gración (Ministerio de Gobierno, 2022). Esta regularización se dará a través de
un visado renovable cada dos años, con la condición de no tener antecedentes
penales. La idea es lograr enfrentar la movilidad humana no regulada con el
fin de desecuritizar a esta población y llegar a una percepción de seguridad.
Posterior al ingreso, la visa VIRTE, de Residencia Temporal de Excepción
para Ciudadanos Venezolanos (VIRTE), documento que se extenderá hasta el
15 de agosto de 2023. Con esto, estas personas tendrán acceso a cedulación,
seguridad social y acceso al sistema financiero y a créditos, como señala el
prospecto de la visa en su página web oficial (ACNUR, 2022). El migrante se-
guro es un migrante productivo a nivel económico, algo que subraya la aten-
ción prioritaria que da el actual régimen ecuatoriano a la institución primera
Mercado.
En cuanto al tema crimen organizado y narcotráfico, es posible indicar, en el
plan de gobierno, un impulso hacia la cooperación regional en cuanto a coor-
dinación entre fuerzas de seguridad. En este sentido, el presidente ha tenido
acciones complejas tales como el uso de Estados de Excepción por conmoción
interna, como ha sido el caso del paro nacional de junio de 2022, y anterior-
mente una serie de motines en cárceles del Ecuador. Esto no ha parado la es-
calada de violencia con la prospectiva de asesinatos a 2022 descrita en párra-
fos anteriores, y el número de asesinados en motines carcelarios producto de
conflictos entre bandas rivales por el control de recursos, mercados externos y
pabellones de los centros de rehabilitación. A octubre de 2022, se han registra-
do 400 decesos violentos de personas privadas de libertad (desde 2020) (BBC
Mundo, 2022).
Ahora, a nivel externo, sus acciones han estado dirigidas hacia la relación
con las grandes potencias. En octubre de 2021, el presidente, en reunión con el
secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, señaló la extensión de la coo-
peración entre Ecuador y el hegemón en cuanto a defensa y seguridad (Vé-
lez, 2022). Casi un año después, la General Laura Richardson, comandante
del Comando Sur visión el país sobre el mismo tema con el fin de promover el
62
diálogo en temas de seguridad, defensa y fortalecimiento de fuerzas armadas

(Embajada y Consultado de Estados Unidos en Ecuador, 2022).
En cuanto al ámbito de seguridad y defensa, es importante señalar que el
presidente ha recibido cinco visitas de autoridades estadounidenses. Estas vi-
sitas han dejado recursos económicos para la Policía Judicial, desminado de
fronteras con Perú, 35 millones en materia de refugio y migración, retiro de
visas a ciudadanos con vínculos en crimen organizado, asistencia técnica legal
e inclusión de Ecuador a la lista de los principales países de tránsito o produc-
tores de droga (Primicias, 2022d). Lasso ha aprovechado la relación con Esta-
dos Unidos para lograr un plan de combate al narcotráfico, el llamado Plan
Ecuador, nombrado en noviembre de 2021.
Si bien el nombre recuerda al Plan Colombia, se plantearía como una estra-
tegia entre los países involucrados en las cadenas de producción, distribución
y venta de droga en América Latina. No se han creado, sin embargo, planes
certeros de seguridad y, más bien, se ha visto el interés de sostener relaciones
con el hegemón con el fin de suplir las necesidades ecuatorianas. La línea de
seguridad acepta la estructura hegemónica de convergencia como una forma
de mantener al país seguro en un contexto de alta dificultad e incertidumbre
(Buzan, 2015).
Los valores liberales del sistema hegemónico, las instituciones primarias de
mercado, derechos básicos para el emprendimiento, el mantenimiento de la li-
bertad comercial y los canales abiertos de la interdependencia son los ejes que
guían el trabajo de seguridad y relaciones internacionales del actual gobierno
ecuatoriano. Sobre esto, y en la base del contexto internacional actual, ¿Pode-
mos plantear una comunidad de seguridad bajo instituciones compartidas?
¿Una institución secundaria hacia la seguridad y proyectos de integración y
desarrollo en Sudamérica, o al menos en la región andina?
En primera instancia, vemos la tendencia hacia la protección del mercado
en apertura y flexibilidad, de manera que el bilateralismo se percibe como
la verdadera oportunidad del país. La integración profunda, más allá de la
interdependencia económica, se observa como aislacionista e ideológica de iz-
quierda. La potenciación hacia esa estructura necesitaría de la voluntad políti-
ca para entender a la integración como una herramienta hacia una comunidad
que no solo hable de formas de acción militarizadas o policializadas, sino ha-
cia un agenda más constructivista y diversa de seguridad. Sería un mecanis-
mo para reparar las desigualdades que el mercado no puede mediar. Si bien
el país se abre a la sociedad internacional a través de tratados comerciales,
63
multilateralismo y acuerdos con el hegemón hemisférico, el integracionismo

sudamericano está muy poco explorado y explicitado por el gobierno. La li-
bertad, elemento mediador de toda relación micro a macro, se deja ver, hasta
el momento en el gobierno.
Sobre todo, se ha hecho una división de cuestiones entre los competido-
res hegemónicos. Estados Unidos es un socio comercial, pero también un ges-
tor de seguridad. China, por su parte es un competidor hacia lo económico
y comercial, con el que se trata de mediar la problemática petrolera. Se ha
solicitado la desvinculación del petróleo al pago de la deuda con china, y la
renegociación, que asciende a 5 mil millones de dólares. Un Tratado de Libre
Comercio, instrumento comercial e ideológico del gobierno, se está trabajando
al momento de escritura de este capítulo (Serrano, 2022).
Es decir, para 2025 se podría plantear que la tendencia no va a cambiar,
sobre todo ante el conflicto en Ucrania, en el que Rusia (competidor hegemó-
nico y comprador de productos ecuatorianos) se encuentra debilitado. No se
ven pasos hacia la integración de una comunidad sudamericana frente a los
grandes retos de seguridad. Hay una cierta cooperación, pero no una integra-
ción profunda y alternativa al orden y la sociedad internacional imperantes.
Globalización y sociedad internacional de convergencia, con instituciones pri-
marias Bretton Woods son las sinergias que se presentan como opciones para
la estabilidad y el desarrollo (Buzan, 2015).
Consideraciones finales
En este capítulo se ha realizado un análisis de contenido del plan de go-
bierno del presidente Lasso, y se ha hecho una recopilación en prensa de los
hitos en seguridad nacional frente a las dos dinámicas más amenazantes para
el país: movilidad humana desregulada y violencia causada por el narcotráfico
y crimen organizado. Con esto, a través de las premisas de la Escuela Inglesa,
se han delineado a las instituciones primarias que protege el actual régimen
ecuatoriano (para entender su dinámica securitaria). Luego, a través de esos
hallazgos, se ha discutido sobre la oportunidad de fortalecer a la integración
regional desde Ecuador como una comunidad de seguridad hacia el 2025.
En este trabajo se ha descrito que las instituciones primarias son elementos
de cuidado, protección y prioridad para la sociedad internacional. Hemos vis-
to también que, a pesar de la posible formación de una comunidad de orden,
64
la Escuela Inglesa llama al respeto de la noción de interés nacional. Con esto

en mente, se ha hecho el análisis del plan de gobierno y primer año de trabajo
de Lasso sobre el contexto securitario y los dos contextos que más afectan al
mismo en Ecuador: seguridad y migración.
Al respecto, algunas consideraciones que quedan abiertas:
• El Ecuador, en el primer año y medio de trabajo del presidente Lasso, se
ha centrado en mantener la estructura hegemónica de la sociedad inter-
nacional como forma de seguridad y desarrollo.
• En este sentido, ha decidido entrar en la estructura de convergencia hi-
perglobalizada dentro de la red hegemónica de ONU, multilateralismo
y cooperación con los Estados Unidos. Esa es la razón de Estado ecua-
toriana.
• No pretende mostrar valores o instituciones diferentes para enfrentar al
narcotráfico o crimen organizado (Ej. alternativas de control y discusión
desde la región sudamericana, andina o latinoamericana).
• Más bien, el gobierno tiene una posición modernizadora de la preven-
ción sobre seguridad que ha logrado recabar recursos en un momento
de alta incertidumbre: hay que proveer derechos básicos, Derechos Hu-
manos de salud ampliada y educación como base. A esto, hay que aña-
dir emprendimiento, trabajo y apertura comercial. Un ejemplo de esta
perspectiva es que el crédito en banca privada se vuelve uno de los de-
rechos que recibe el migrante venezolano al registrarse y regularizarse.
• Así, las instituciones primarias que proyecta y sostiene el país a nivel in-
terno y externo, como valores para proteger a la seguridad son derechos
básicos no extendidos (no se habla de diversidades y hay una actitud
conservadora sobre el consumo de droga), libertades personales y de
mercado, protección al derecho internacional de tratados y, sobre todo
la protección del Mercado. La línea liberal del gobierno se mantiene:
libertades de propiedad privada, vida y libertades como propulsores de
la seguridad del país. Un país que se desarrolla en mercado financiero,
laboral y emprendimiento es menos inseguro.
• Esto por supuesto no deja ver desigualdades históricas, necesidades de
diversidad y ejes de género y desarrollo, invisibilizadas en la dinámica.
Con todo lo dicho, es posible decir que la EI se presenta como una herra-
mienta factible para el análisis de las tendencias políticas, en cuanto a proyec-
ción de valores del Estado ecuatoriano. Si bien se necesita una muestra más
65
amplia de declaraciones, los indicios develan una línea de pensamiento, valo-

res, instituciones que permiten una cooperación limitada, con valores mercan-
tiles como la base de la toma de decisiones.
Así, el gobierno de Guillermo Lasso no plantea la formulación de estrategias
que no estén en acuerdo con la alineación al poder hemisférico, y eso podría
ser la tónica de su gobierno hasta 2025. La suya es una acción conservadora
en momento de crisis y se ha sostenido en sus valores partidistas sobre qué
considera valioso y a proteger. Aunque la cooperación con los Estados Unidos
puede ser una gestión de recursos importante, la sostenibilidad de un proyec-
to de seguridad solo se puede lograr a nivel comunitario, no solo partidistas/
gubernamental, replanteando con otros Estados líneas de apoyo, comprensión
y percepciones relativas a la realidad de lo andino, e incluso sudamericano.
Un estudio parecido en los países andinos y en Sudamérica posterior a las
elecciones en Brasil podrían dejar ver esas instituciones de cooperación.
66
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71
72
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CAPÍTULO III
Incertidumbre externa y zozobra
interna: los retos de la política
exterior ecuatoriana hasta 2025
Ramiro Lapeña Sanz
74
Introducción
Ecuador afronta los siguientes años de la administración del presidente
Guillermo Lasso en un escenario complejo tanto doméstico como internacio-
nal. Este último se caracteriza por un sistema internacional multipolar interde-
pendiente, dentro del cual despunta cada vez con más fuerza una bipolaridad
emergente entre China y Estados Unidos. Ambos compiten en el área geoeco-
nómica y también geopolítica con consecuencias que impactan directamente
en sus economías y, dado su rol de centros de poder económico y comercial
del sistema internacional, también para el resto de actores estatales y no esta-
tales del mismo.
Esto ha derivado además en un cambio en la forma de entender el proceso
de globalización, pasando de una globalización de los costos a una globaliza-
ción de riesgos. A ello se añade la existencia de focos de tensión derivados de
ese enfrentamiento bipolar, además de otros procedentes de conflictos conge-
lados, con la guerra ruso-ucraniana como punto más álgido y de posibles de-
faults nacionales en Estados de África y Asia-Pacífico como consecuencia de la
inflación internacional generada por la competición bipolar y la globalización
de los riesgos.
La incertidumbre del sistema internacional se suma a la zozobra existente al
interior del Ecuador. Caracterizada por la polarización del sistema político y la
crisis de institucionalidad, la ausencia de una planificación clara de la política
exterior sin objetivos concretos y con una visión ideologizada del sistema in-
ternacional y sus complejidades. De la misma manera, resalta la inexperiencia
del gobierno en cuestiones internacionales y estratégicas. En este sentido, el
presente capítulo se centrará en abordar los retos de la política exterior ecua-
toriana para el año 2025, tomando en consideración para ello el análisis de los
actores, agendas y temas en los niveles internacional y doméstico, y emplean-
do herramientas teóricas y metodológicas de las Relaciones Internacionales y
de la Geopolítica.
La incertidumbre del sistema internacional a través de sus cri-

sis
El inicio de la segunda década del siglo XXI ha traído numerosos cambios
en el sistema internacional que han generado, en conjunto, un entorno caracte-
75
rizado por una alta incertidumbre producto de la coincidencia de diferentes si-

tuaciones de crisis que se retroalimentan, pues están interrelacionados. La pri-
mera crisis se genera por la competición geoeconómica entre Estados Unidos
y China, que configura una bipolaridad emergente cada vez más rígida orden
(Actis y Creus, 2018; Creus y Actis, 2019). La segunda, derivada de lo anterior,
es una crisis de la globalización liberal tal y como venía configurándose desde
las década anteriores, y que algunos autores llegan a afirmar que es “el fin de
la edad de oro de la globalización” (Poast, 2022), y que incluso llegaría a repre-
sentar una amenaza para la gobernanza global basada en el multilateralismo y
el respeto a los principios de la democracia liberal ante el avance de los auto-
ritarismos como el de Vladimir Putin en Rusia (Applebaum, 2022) o las dere-
chas neopatriotas en Europa y Latinoamérica (Sanahuja y López Burian, 2020);
aunque existen voces que son más optimistas al respecto (Fukuyama, 2022).
Esto derivaría, incluso, en un cambio de la dinámica globalizadora: de la
globalización de costos se pasaría a una globalización del riesgo (Actis, 2022).
La tercera afecta a la anterior y es la guerra de Ucrania luego de la invasión
rusa en febrero de 2022, que ha traído problemas de seguridad alimentaria,
energética y de sanciones económicas con afectación internacional. La cuarta
crisis está a su vez alimentada por la crisis bélica y por decisiones de la Reserva
Federal norteamericana, y es el incremento del riesgo de default y tensiones
sociales subsiguientes en varios países de Asia-Pacífico, África y Latinoamé-
rica.
Crisis 1: Bipolaridad emergente cada vez más rígida

El sistema internacional desde el año 2001 se ha caracterizado por su na-
turaleza multipolar, luego del que los atentados al World Trade Center mar-
casen el fin del periodo unipolar estadounidense (Palomares Lerma y García
Cantalapiedra, 2019). Sin embargo, desde el año 2017 el sistema internacional
está moviéndose hacia lo que Esteban Actis y Nicolás Creus denominan bipo-
laridad emergente entre China y Estados Unidos (Actis y Creus, 2018; Creus
y Actis, 2019). China es hoy una potencia en claro auge económico y militar
y está haciendo movimientos para incrementar su influencia política. Es ya la
segunda potencia en términos de PIB global y es uno de los pocos países que
no registró un decrecimiento de su economía en 2020, en plena pandemia de
Covid-19. De la misma manera, es ya el primer socio comercial de más de la
76
mitad de los países del globo, penetrando en mercados tradicionalmente vin-

culados a Estados Unidos, como es el caso de buena parte de América Latina.
Además, Beijing ha alcanzado un nivel de innovación tecnológica tal que se
ha convertido en un competidor directo para Estados Unidos y otros tradicio-
nales líderes tecnológicos como Japón o Corea del Sur. Se ha llegado al punto
de que China está un paso por delante en tecnologías relacionadas con la de-
nominada cuarta revolución industrial, como el 5G. Además, en los últimos
años ha puesto en marcha un agresivo programa de ampliación de su flota
naval con vistas a crear una armada capaz de competir con la norteamerica-
na (incluyendo portaaviones) y de modernización y ampliación de su arsenal
nuclear. El objetivo, según el general Charles Richard, jefe del Comando Estra-
tégico de Estados Unidos, es llegar a tener capacidad de invasión de Taiwán
en 2027 y lograr un arsenal de 1.000 cabezas nucleares para 2030 (Díaz, 2022;
Fernández, 2022).
Por otra parte, China presenta una agenda que busca incrementar su in-
fluencia política global a través de dos estrategias. La primera es el acerca-
miento a países de Asia Pacífico, Asia Central, Latinoamérica (área clave para
Estados Unidos) y Caribe y África con medios económicos, cuya punta de
lanza sería la Belt and Road Initiative (BRI), y la entrega de ayuda financiera
no condicionada políticamente para proyectos de obra pública en estos países
(Delage Carretero, 2019). Así como, en el marco de la pandemia, a través de
una diplomacia sanitaria consistente en la venta o entrega en forma de coope-
ración internacional de insumos médicos básicos y, más tarde, vacunas dirigi-
dos a países del sur global; sin olvidar la firma de acuerdos comerciales y de
otro tipo con ella.
La segunda estrategia consiste en ocupar puestos cada vez más importantes
en las organizaciones multilaterales claves de la gobernanza económica y po-
lítica mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la
ONU, con el objetivo no de cambiarlo en su totalidad, pero sí de reorientarlo
hacia sus intereses (Delage Carretero, 2019, p. 148). Es, por tanto, una potencia
emergente que aspira a poner en cuestión el liderazgo del sistema internacio-
nal.
Por su parte, Estados Unidos continúa siendo un referente de potencia glo-
bal, pero está enfrentando problemas y retos tanto domésticos como exter-
nos. En el plano interno encara dificultades relativas a la convivencia política,
merced a la polarización entre republicanos y demócratas. Esto se ha visto
agravado por el auge de una extrema derecha neopatriota (Sanahuja y López
77
Burian, 2020) que tuvo en el presidente Donald Trump una expresión popular.
Adicionalmente, existen tensiones domésticas derivadas de la creciente des-
igualdad en términos de redistribución de la riqueza entre la población (que
están relacionadas con las externalidades del offshoring productivo globali-
zador fomentado en la década de 1990 y 2000); y por la nunca resuelta cues-
tión racial, que explotó en el movimiento Black Lives Matter. Externamente
Estados Unidos ha sufrido un desgaste significativo fruto de las guerras de
Afganistán e Irak. Ambos conflictos obligaron a desviar recursos y atención de
sus áreas tradicionales de influencia e interés, como Latinoamérica o Europa,
lo que facilitó la penetración de China en esas áreas.
De la misma forma, económica y tecnológicamente EE.UU. ha perdido bue-
na parte de la ventaja que tenía con respecto a China, país que se revela como
una amenaza para Washington. Está próxima en términos de PIB, siendo la
segunda economía mundial, y mantiene con EE.UU. una relación de interde-
pendencia económica, comercial e incluso financiera, es uno de los mayores
tenedores de deuda pública norteamericana (Brettell y Pierog, 2021). Ambos
países tienen un duopolio mundial en diversos sectores de la revolución in-
dustrial 4.0: internet de las cosas, inteligencia artificial, automatización y otras
(UNCTAD, 2019, 2021).
La amenaza que China supone ha sido puesta de manifiesta en numerosos
documentos oficiales de Estados Unidos, como la Interim National Security
Guidance (Biden, 2021), o las más recientes National Security Strategy (The
White House, 2022) y National Defense Strategy (U.S. Department of Defense,
2022b). En todas ellas se plantea un escenario de “competición estratégica”
en el plano económico y tecnológico con el país asiático, mientras que a Rusia
sí se la cataloga de amenaza directa, especialmente en el marco de la guerra
de Ucrania. La visión del gobierno con respecto a lo que China representa
es compartida por el público americano: según una encuesta de The Chicago
Council, China es percibida como una amenaza económica en un 68% de los
encuestados, y se la percibe como un rival o adversario en más de mitad de los
preguntados (Kafura, 2021).
Las tensiones entre ambos países se han trasladado al plano comercial en
forma de barreras arancelarias, sanciones y prohibiciones a empresas (BBC
News Mundo, 2021) o, incluso, el forzar desinversiones so pena de cierre de
actividades, como fue el caso de la red social Tiktok (El Comercio, 2020). Algu-
nas de estas medidas buscan impedir, de una u otra forma, el acceso a determi-
nadas tecnologías de origen estadounidense que China no domina. La última
78
de ellas ha sido la prohibición a todo ciudadano de trabajar en empresas del

sector de semiconductores china (so pena de perder la ciudadanía) o proveer
determinada tecnología de chips a empresas chinas, incluidas máquinas de li-
tografía avanzada (Brands, 2022), y se barajan sanciones similares de Washin-
gton en otros campos geoeconómicamente estratégicos como la inteligencia
artificial, computación cuántica o biotecnología (Clark, 2022).
Estas tensiones han introducido inestabilidad en el mercado internacional
y han llevado a muchas empresas a buscar formas de evitar las externalidades
negativas derivadas, como le sucedió a TSMC, la empresa clave de semicon-
ductores taiwanesa, la cual sufrió una pérdida de valor en bolsa luego de co-
nocerse las sanciones de la administración Biden (Hosoda y Mookerjee, 2022).
Algunas han optado por la venta de fábricas en China, como baraja la coreana
SK Hynix, responsable del 15% de la producción mundial de chips de memo-
ria DRAM, claves para ordenadores y smartphones (Pan, 2022). Así, el sistema
internacional se encuentra en un proceso de transición hacia una bipolaridad
emergente, que pareciera ir hacia una variante tensionada por la competición
geoeconómica que mantienen China y Estados Unidos, y que está introducien-
do gran incertidumbre en el sistema.
Crisis 2: De la globalización liberal de los costos a la globalización

(¿iliberal?) de los riesgos
El COVID-19 y las medidas de confinamiento global hicieron que la econo-
mía mundial se paralizase en 2020 y se entrase en una recesión generalizada
de la que los países están saliendo con mayores o menores esfuerzos. La subi-
da generalizada de los combustibles y de ciertas materias primas y bienes de
producción y consumo como consecuencia de los cuellos de botella logísticos
ocasionados en los puertos del sureste asiático y los subsiguientes incrementos
de fletes marítimos em los meses siguientes a la reapertura de los confinamien-
tos complicó la reactivación económica, haciéndola más lenta.
Por ejemplo, el precio internacional del petróleo a finales de 2021 se situó
por encima de los 70 dólares por barril (OPEP, 2021), y desde febrero de 2022
el precio internacional del crudo se ha situado por encima de los 100 dólares
por barril (OPEP, 2022) como consecuencia de la guerra de Ucrania. Este mar-
co complica la recuperación económica en aquellos países que, como Ecuador,
fueron de los más golpeados por el parón en la actividad económica derivado
del coronavirus.
79
La pandemia permitió visualizar la alta dependencia mundial de China (in-

cluso por parte de EE.UU. y la Unión Europea) en tanto proveedor de bienes
industriales, de equipo e incluso de consumo final (algo que se vio perfecta-
mente con los insumos médicos). y las dificultades derivadas de confiar en
el outsourcing y la diversificación (y extensión) geográfica de las cadenas de
valor. La globalización basada en el just in time y la carrera por los menores
costos mostró sus carencias, y el papel de China como país clave en esa estra-
tegia de costes bajos.
Esto, y la mayor rigidez aparente de la bipolaridad emergente, ha hecho
que se esté abandonando la visión neoliberal de una globalización de costos,
sustituyéndose por otra caracterizada por la observancia del riesgo y la bús-
queda de estrategias que permitan disminuir los impactos derivados de esos
riesgos. Entre ellas están el acortamiento de las cadenas de valor mediante el
traslado de procesos productivos a países más cercanos al país de origen de la
empresa (nearshoring), o la repatriación de dichos procesos al propio mercado
de origen (onshoring) (Clark, 2020), en especial en sectores considerados críti-
cos y cuya dependencia de China se ha evidenciado problemática.
También se ha puesto de la mesa la diversificación geográfica de los cen-
tros productivos hacia países de la misma área regional para intentar evitar
los daños colaterales de permanecer en China mientras continúe el enfrenta-
miento entre ese país y Estados Unidos (reshoring); e incluso la posibilidad
de trasladar la producción a naciones aliadas o amigas (ally-shoring) (Aus-
tin y Dezenski, 2021). Este último concepto, surgido en Estados Unidos (Coy,
2021), entiende que las cadenas de valor generadas entre países democráticos
y comprometidos con una economía y comercio internacionales basados en
pilares liberales son más fiables y están menos expuestas a la dependencia con
respecto de China.
Crisis 3: La guerra de Ucrania y sus externalidades globales

El 24 de febrero de 2022 Rusia iniciaba una “operación especial” en el este
de Ucrania que tenía como objetivo, en palabras de Putin: “defender al pueblo
que durante ocho años ha sufrido persecución y genocidio por parte del régi-
men de Kiev. Para ello, apuntaremos a la desmilitarización y desnazificación
de Ucrania” (Sanches, 2022). Lo que en principio era una operación limitada
a proteger a la población de las regiones separatistas de Donesk y Lugansk,
80
en la zona del Donbass, al este de Ucrania, se está convirtiendo en una guerra

abierta que al comienzo parecía buscar la rendición ucraniana o la ocupación
completa del territorio para poder controlar el país y evitar la deriva hacia
Occidente de las últimas dos décadas ejecutada por las autoridades de Kiev.
Dicha orientación incluía poder formar parte de la Alianza Atlántica. rechaza-
da en la cumbre de esa organización celebrada en Bucarest en 2008 por el resto
de países salvo EE.UU., proponente de la idea (De Ayala, 2008), y la firma de
un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 2013, que incluía un área
de libre comercio libre comercio (Bentzen, 2020; European Union External Ac-
tion, 2022).
Casi nueve meses después el conflicto se ha convertido en una pesadilla
para Rusia. Ha sufrido numerosas bajas de soldados y pérdida de material
terrestre, aéreo y marítimo, incluyendo algunas tan simbólicas como cruce-
ro Moskva de la flota del Mar Negro (Axe, 2022; El País, 2022), y se ha visto
obligado a llamar a una movilización general parcial para poder contar con
200.000 tropas de refresco ante el avance ucraniano en el frente, que ya ha re-
cuperado amplias zonas ocupadas por los rusos al inicio del conflicto. Esto ha
sido posible gracias a la movilización de Estados Unidos y los países OTAN
en proporcionar a Ucrania ayuda material, técnica y de inteligencia a Kiev. La
unión de los aliados y, en especial, de los países europeos en torno a la causa
ucraniana ha hecho que la guerra se alargue más allá de lo previsto inicialmen-
te dada la desigualdad de medios entre los contendientes. La resolución del
conflicto parece aún lejana cuando estas líneas están escribiéndose.
El conflicto ha traído serias externalidades para todos los países. Dado el
papel relevante de Rusia como productor y comercializador de gas natural y
petróleo a Europa y las sanciones impuestas a este país, la Unión Europea ha
tenido que buscar aceleradamente cómo romper con la dependencia energé-
tica que desde hacía décadas mantenía con Moscú, mirando hacia el gas de
esquisto de Estados Unidos al África Subsahariana, entre otros. Esto ha conlle-
vado de igual forma a un encarecimiento sostenido de los precios de los com-
bustibles en todo el globo, lo que ha conllevado un gran descontento social en
varios países. En aquellos que son productores las subidas han contribuido a
engrosar los ingresos fiscales, pero también han tenido incrementos en el pre-
cio en el surtidor para los consumidores, como ocurrió en Ecuador, donde se
rozaron los cinco dólares por galón de gasolina super.
Además, el rol de Ucrania y Rusia como productores mundiales de trigo, y
el de Rusia como uno de los mayores exportadores de fertilizantes del mun-
81
do, ha hecho encarecer los precios de los cereales y en consecuencia los de

los alimentos, lo que ha tenido efectos nocivos en la seguridad alimentaria de
poblaciones de los países en vías de desarrollo y subdesarrollados. El encare-
cimiento de la energía y los alimentos ha contribuido a la espiral inflacionaria
global, poniendo contra las cuerdas a aquellas naciones que estaban en peor
situación de recuperación postcovid o arrastraban grandes deudas externas,
caso de Sri-Lanka (OCHA Regional Office for Asia, 2022).
Por otra parte, Rusia representaba para América Latina un mercado impor-
tante para sus agroexportaciones, toda vez que Moscú abrió la puerta al mer-
cado de este continente tras las sanciones de la UE por la invasión de Crimea
en 2014. En el caso de Ecuador, Rusia era el tercer mercado de exportación
y era un gran comprador de camarón, banano y rosas (Villarreal y Estrella,
2022). Para este último producto es importante, pues era el país al que se des-
tinaba el 15% de toda la producción y en él Ecuador es líder en las rosas (El
Universo, 2022).
Crisis 4: Inflación: la tormenta perfecta

La cuarta crisis se produce en buena medida por las externalidades de la
guerra de Ucrania y los problemas en las cadenas logísticas postcovid y los
subsecuentes de las sanciones a China. Las subidas de los costos de importa-
ción de combustibles, alimentos, fertilizantes y equipos tecnológicos, sumados
a la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de variar al alza el tipo
de interés del dólar para combatir su propia inflación, ha hecho que muchos
países enfrenten problemas de liquidez severos. En algunos casos se llegó al
default, como ocurrió con Sri-Lanka en mayo de 2022, que se llevó por delan-
te al primer ministro, y Líbano en marzo de ese año. No son los únicos: de
acuerdo con un estudio de Bloomberg Economics (Maki, 2022), El Salvador,
Argentina, Ghana, Egipto, Túnez y Pakistán corrían riesgo de ser los siguien-
tes en registrar suspensión de pagos, y junto a Sri Lanka sumaban un cuarto
de billón de dólares de deuda externa.
Pese a su deuda externa superior al 50% del PIB, Ecuador cuenta a su favor
con la dolarización, que ha permitido tener una de las tasas más bajas de infla-
ción de la región.
Lo negativo está en el índice de riesgo país, que se ha disparado hasta tocar
a mediados de octubre de 2022 los 1.945 puntos. Desde junio de 2022 el riesgo
82
país de Ecuador subió 1.042 puntos. La incertidumbre ante las mesas de diá-
logo nacional entre la CONAIE y el Gobierno, la inestabilidad y polarización
política entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, la reducción del precio del
petróleo y la negativa previsión económica mundial están entre las causas de
este incremento del riesgo país, según la Asociación de Bancos Privados del
Ecuador.
Zozobra interna en Ecuador

La llegada al poder del presidente Guillermo Lasso (CREO) en mayo de
2021 se da en medio de un escenario doméstico complejo. El país se encontraba
en una crisis económica grave, derivada de la política económica de gobiernos
anteriores donde la deuda pública se encontraba en el 61,50% con respecto
al PIB (Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, 2021), superando el
límite legal del 40% del PIB (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Pú-
blicas, 2010) y también por el parón que supusieron las medidas de contención
del COVID-19 durante 2020.
El país había sido en 2020 el que registró el peor desempeño económico en
América Latina, con la excepción de Venezuela. Además, desde el mandato de
Rafael Correa (2007-2017) Ecuador se encontraba en una situación de bicéfa-
lo-dependencia con respecto a Estados Unidos y China (Lapeña Sanz y Czub-
ala Ostapiuk, 2018; Lapeña Sanz y Czubala Roman, 2018), que se había prolon-
gado y profundizado durante el ejecutivo de Lenin Moreno (2017-2021): dicha
profundización se da con varios hechos.
Con China destaca la incorporación a la iniciativa BRI (El Comercio, 2018a)
o la firma de nuevos préstamos y líneas de crédito con el país asiático (El Co-
mercio, 2018b; España, 2018). Con Estados Unidos se debe reseñar, entre otros,
la reentrada en Ecuador de la USAID o la firma del Acuerdo de Fase Uno sobre
normas comerciales y transparencia (diciembre 2020) y la adhesión a la Inicia-
tiva América Crece en los últimos meses de mandato. La vinculación a Améri-
ca Crece va unida a otras dos cuestiones de cariz geopolítico y geoeconómico.
La primera es la firma en 2021 de un acuerdo marco con la Corporación
Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, dio acceso a
Ecuador a 3.500 millones de dólares que irían destinados a la reactivación del
sector petrolero, de telecomunicaciones y electricidad, y para reemplazar par-
te de su deuda externa principalmente con China (Infobae, 2021). La segunda,
83
que fue condición para firmar el anterior acuerdo, se trató de la unión en 2020
a la iniciativa “Red Limpia”, que bajo impulso norteamericano busca expulsar
del mercado latinoamericano del 5G a las empresas chinas, principalmente a
Huawei (Torres, 2021).
Bajo este escenario el programa de gobierno de Lasso (CREO, 2020) se cen-
traba en tres ejes (social, económico e institucional) con un marcado enfoque
economicista-liberal, al identificarse la causa de los problemas del país en una
de falta de libertad económica tanto interna como externa. En el Foro de Davos
de junio de 2021 el presidente ecuatoriano ya había señalado que uno de sus
objetivos sería “promover una economía de libre mercado y abierta al mundo,
fiscalmente responsable, para lograr un crecimiento sostenible con equidad,
y generar empleo, como la mejor forma de crear oportunidades para todos”
(Lasso, 2021a).
Los cuatro ejes de la política exterior ecuatoriana

La política exterior del actual ejecutivo ecuatoriano no es ajena al espíritu
general del programa de trabajo del presidente Lasso. Bajo el axioma “Más
Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador” tanto el primer mandata-
rio como su equipo, el primer canciller Mauricio Montalvo (Loaiza, 2021), el
primer vicecanciller César Montaño (Centro Ecuatoriano de Estudios Interna-
cionales, 2021), el segundo y actual canciller Juan Carlos Holguín (Holguín,
Juan Carlos, 2022), e incluso la embajadora de Ecuador en Estados Unidos,
Ivonne Baki (Flacso Ecuador-Estudios Internacionales, 2021), han reiterado las
prioridades de la acción exterior del estado, que se resumen en cuatro ejes
fundamentales.
El primero es lograr la inserción comercial a través de la búsqueda de acuer-
dos comerciales con los principales socios comerciales o potencias económicas
mundiales (entre ellos Canadá, Rusia y la Unión Económica Euroasiática, Co-
rea del Sur, Turquía, India y otros). Al final del mandato se espera haber firma-
do al menos diez acuerdos, para lo que el presidente dio orden de establecer
tres equipos negociadores para abarcar varias negociaciones simultáneas, tal
y como señaló en anterior vicecanciller Montaño en un encuentro académico
(Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales, 2021). Esto último es señal
de la prioridad que Lasso tiene en este objetivo.
La segunda es la entrada a la Alianza del Pacífico, que se contempla como
un mecanismo de integración que permitirá cumplir con los objetivos de inser-
84
ción internacional del Ecuador. Para lograr esto en paralelo se necesita alcan-
zar un acuerdo comercial con México, y en estos momentos se está trabajando
en ello, si bien está encontrando escollos en puntos fundamentales para Ecua-
dor como el camarón, el atún o el banano. La importancia de estos dos acuer-
dos se denota no solo en múltiples declaraciones de Presidencia, Cancillería y
del propio ministro de Comercio Exterior, sino también en la designación de
un diplomático de carrera de larga experiencia y gran prestigio, Francisco Ca-
rrión, para ocuparse de la embajada de México (García, 2021) y en la visita que
realizó Lasso a ese país para reunirse con Manuel López Obrador en agosto de
2021, para así destrabar las negociaciones (El Comercio, 2021b).
El tercer objetivo tiene que ver con firmar un acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos, objetivo que tímidamente tuvo Lenin Moreno y que es priori-
tario para el nuevo mandatario. Las relaciones con ese país son muy cercanas,
como demuestran las múltiples visitas recíprocas que han efectuado diversas
autoridades norteamericanas a Ecuador desde 2018 y del país andino hacia
Estados Unidos. Destacan las del Secretario de Estado Anthony Blinken o los
jefes del Comando Sur del Ejército norteamericano Almirante Craig S. Falle y
Laura Richards; la directora regional de la DEA Valeria Nickerson o diversas
delegaciones de congresistas y senadores (Córdova Alarcón, 2022).
La firma de un TLC y la renovación de SGP pendiente son la prioridad en la
relación bilateral por parte de Carondelet, junto con la atracción de inversión
procedente de ese país para los sectores estratégicos6, la profundización de
la cooperación en materia de seguridad y defensa (en especial por el narco-
tráfico)7 y la mejora de la cuestión de la migración ecuatoriana hacia EE.UU.,
como señalaba Ivonne Baki en un conversatorio académico en 2021 (Flacso
Ecuador-Estudios Internacionales, 2021). Lograr un acuerdo de libre comercio
con Estados Unidos afronta un obstáculo no menor: en abril de 2021 caducó la
vigencia del Trade Promotion Authority, que durante cinco años autorizó al
presidente de los Estados Unidos a pasar por el Congreso nuevos acuerdos de
libre comercio con otras naciones. El Congreso norteamericano no tiene inten-
ción de darle vida, y por lo publicado tampoco parece que el presidente Biden
quiera solicitar su reactivación en el corto plazo (Palmer, 2021).
El cuarto objetivo está relacionado también con la consecución de un trata-
do de libre comercio, en este caso con China. Se esperaba que, en marzo 2022,
coincidiendo con la visita que realizase Guillermo Lasso a ese país con motivo
de los Juegos Olímpicos de Invierno, se pudiera firmar dicho acuerdo (Alva-
rado, 2021), que fue planteado en una conversación telefónica por Xi Jiping
6
A este objetivo apuntaló la firma del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados (Convenio del CIADI) por parte de Ecuador el pasado 21 de junio (CIADI, 2021).
7
En este sentido, Ecuador fue incluido este 15 de octubre por Estados Unidos en una lista de 22 países identificados
como principales productores o estados de tránsito de droga.
85
con el propio Lasso en agosto de 2021 (El Comercio, 2021a). Este acuerdo, aún
por materializarse, es importante dado que el país asiático es el segundo socio
comercial y uno de los principales acreedores del país junto al FMI y otros
multilaterales regionales.
Además, China fue clave en el éxito del plan de vacunación del gobierno
de Lasso, al aportar seis de las nueve millones de dosis de vacunas contra el
COVID-19 inoculadas en los primeros 100 días de gobierno. Existe cercanía a
China por parte del Ejecutivo de Lasso, observable en hechos como la asisten-
cia de autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa a un
acto virtual conmemorativo por el 94º aniversario de la fundación del Ejército
Popular de Liberación de China (Montaño, 2021) o el hecho de que Guillermo
Lasso fuera el primer mandatario de Estado en entregar una carta de felicita-
ción a China por el centenario del Partido Comunista Chino (Zárate, 2021).
La consecución de un acuerdo comercial con China ahondaría por tanto en
la relación estratégica bilateral, y aseguraría un mercado dinámico para los
productos ecuatorianos. Los riesgos de este acuerdo estarían en el ahonda-
miento de la matriz primario-exportadora, algo que ya ha ocurrido con otros
casos de naciones que mantienen acuerdos de este tipo con China, como Perú
(Serrano, Diana, 2021). Así como en la profundización del nexo de dependen-
cia con ese país, lo que significa continuar siendo vulnerables ante decisiones
de Beijing, como ocurrió con el caso del veto de las exportaciones de tres fir-
mas ecuatorianas de camarón en 2020 (España, 2020).
Los cuatro objetivos fundamentales parecieran pretender alcanzarse po-
niendo en marcha una política exterior de tipo “no alineamiento activo” (For-
tín et al., 2020): no tomar partido por ninguna de las potencias que compi-
ten bipolarmente y tratar de obtener beneficios de la relación con ambos sin
pronunciarse sobre temas sensibles para cualquiera de los dos contendientes.
Este enfoque, eminentemente pragmático y que permite controlar riesgos y
externalidades derivadas del posicionamiento con una u otra potencia (y que
podría recordar en parte al realismo periférico de Carlos Escudé), coincide
además con la reivindicación del Ejecutivo de Lasso de ejercer una política
exterior libre de ideologías que impedía en el pasado poder tener unas relacio-
nes internacionales abiertas a todos los Estados, y que más bien contribuía a
dividir el mundo en bloques ideológicos, como señaló Lasso ante la Asamblea
de la ONU en 2021 (Lasso, 2021b).
86
Problemas y dificultades para la política exterior

Si bien pareciera que la política exterior del gobierno está clara, como apun-
ta Luis Córdova (Flacso Ecuador-Estudios Internacionales, 2021), se carece de
una arquitectura conceptual clara. No existe un documento macro de plani-
ficación de política exterior que incluya visión, principios y objetivos como
sí lo hubo en la administración morenista con la Agenda de Política Exterior
(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018). Se socializó con los Jefes de Misión
una Hoja de Ruta por parte de la Cancillería (Cancillería Ecuador, 2021), pero
hasta la fecha no existe un documento publicado8. La carencia de un documen-
to guía de política exterior que contemple objetivos, asigne medios y fije una
visión de oportunidades pero también amenazas en el sistema internacional
para la inserción de Ecuador en él, hace de la acción exterior un instrumento
menos eficaz de lo que debería y, sobre todo, condena a la reactividad perma-
nente a la política exterior ecuatoriana.
Esto último es, cuanto menos, preocupante dados los grandes retos que el
país va a enfrentar hasta 2025. El más importante es la membresía no perma-
nente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) para el perio-
do 2023-24, que coincide con el periodo de mayor inestabilidad internacional
merced a la bipolaridad emergente entre las dos principales potencias del sis-
tema, la guerra de Ucrania (de fin poco claro a corto plazo) y el incremento de
tensiones en la zona de Asia-Pacífico, con especial atención a la cuestión tai-
wanesa y a la proliferación nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte.
El asiento en el CSNU llega, además, en un momento en que la capacidad de
Ecuador para gestionar sus relaciones bilaterales con China y Estados Unidos
desde el prisma del no alineamiento activo cada vez se va estrechando más.
Esto es así por el cada vez más marcado alineamiento con Washington. La
Ley de Asociación Estados Unidos-Ecuador, también llamada Ley DAV 22083,
está siendo impulsada en el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de
enmarcar la asociación bilateral en materia de fortalecimiento de institucio-
nes democráticas y estado de Derecho, crecimiento económico sustentable e
inclusivo y conservación. Pese a la declaración frontal del texto, en su cuerpo
se refiere la penetración de China en América Latina y especialmente en Ecua-
dor como preocupantes, y enuncia algunas medidas que en la práctica irían
encaminadas a frenar la presencia china en ámbitos de interés securitario de
Estados Unidos. Esto en la práctica supondría una limitación al ejercicio de
soberanía de Ecuador en decisiones trascendentales para la economía como,
8
El autor del presente capítulo ha tratado de obtener, aunque fuese una versión preliminar, de la hoja de ruta ante
fuentes de Cancillería. Se le manifestó que, más que un documento, se trata de directrices verbales generales que el
mandatario habría enunciado en dicha reunión.
87
por ejemplo, qué tecnología de 5G se implementa en el país; pero también en

el tipo de relación que se desea mantener con Beijing.
La Ley DAV no es el único ejemplo de alineación. El 15 de junio de 2022 el
Secretario de Defensa norteamericano Lloyd J. Austin III anunciaba la incorpo-
ración de Ecuador al grupo de 44 naciones que integran el Grupo de Contacto
de Defensa de Ucrania en OTAN (U.S. Department of Defense, 2022a). Pese a
que la postura de Ecuador oficialmente es de condena a la invasión rusa, este
movimiento no había sido anunciado previamente por Cancillería ni tampoco
ha comentado a posteriori por el propio gobierno ecuatoriano, y existe un mu-
tismo absoluto al interior del servicio diplomático. La gravedad de este hecho
reside en que Rusia era el tercer mercado de destino de exportaciones ecuato-
rianas (ahora cerrado por las sanciones) y, además, el país euroasiático entraba
dentro de la lista de mercados con los que firmar un acuerdo comercial hasta
2025. Los riesgos de esta decisión son, por tanto, mayores a los potenciales
beneficios obtenibles.
Por otra parte, se aprecia cierta incomprensión de las dinámicas globales
que afectan a la gobernanza política y económica actual, así como de las im-
plicaciones de seguridad que suponen las relaciones económicas con Estados
Unidos y con China. La visión de un sistema internacional que aún funciona
bajo los parámetros de la globalización liberal guiada por costos, explicitada
en discursos oficiales por el propio Lasso (Lasso, 2021a, 2021b), está alejada
de la realidad de la globalización del riesgo, expuesta en la primera parte de
este trabajo. Así mismo, cuando se interroga a responsables de la toma de de-
cisiones (canciller Juan Carlos Holguín) o implementadores de las decisiones
(como la embajadora Ivonne Baki) sobre cómo la han remarcado en diferentes
espacios académicos que la Ley de Asociación EE.UU.-Ecuador, la respuesta
siempre es la misma: que esta no limita de ninguna manera la perspectiva de
la política exterior del Ecuador en su relación con China (I. Baki y Flacso Ecua-
dor-Estudios Internacionales, comunicación personal, 4 de octubre de 2022;
Diálogos sobre Política Exterior del Ecuador, 2022).
A este respecto conviene traer las palabras de Carlos Escudé sobre el caso
boliviano: “ninguna política boliviana que se oponga simultáneamente a los
intereses de Estados Unidos y Brasil tiene posibilidad de éxito. Independiente-
mente de las doctrinas jurídicas, en la práctica este es el límite de la soberanía
de Bolivia” (Escudé, 2009)(2009, p. 15). Llevada la idea al caso ecuatoriano, ca-
bría afirmar que toda política que vaya contra los intereses de EE.UU. y China
al mismo tiempo representaría el límite de la soberanía ecuatoriana.
88
Siendo conscientes de ello, sería recomendable incluir en la agenda de polí-

tica exterior vías para tratar de atacar los factores que están en el origen de la
dependencia bicéfala y ganar así mayores márgenes de autonomía en la acción
exterior.
Pero esto no parece estar en la intención del actual gobierno, que ha critica-
do en algunas ocasiones el “aventurerismo ideológico” de la acción exterior de
la etapa de Rafael Correa, buscando jugar un papel más importante en la es-
fera internacional. Esto habría llevado a cometer una serie de errores como la
pérdida de oportunidades de firmar un TLC con EE.UU., en palabras del can-
ciller Holguín (Diálogos sobre Política Exterior del Ecuador, 2022). Las causas
de esta visión aparentemente ingenua y de escaso alcance del sistema inter-
nacional y las dinámicas de las relaciones internacionales de Ecuador pueden
obedecer a varios elementos.
Una es la inexperiencia en cuestiones de diplomacia y política exterior de
buena parte del Gobierno. Una crítica importante ha ido dirigida al actual
Canciller, cuyo bagaje en cuestiones de Cancillería es muy escaso. No hay que
desdeñar tampoco una cuestión adicional: el perfil marcadamente neoliberal
de buena parte del gabinete presidencial, nutrido de cuadros de la Fundación
Ecuador Libre. Esto configuraría una visión exterior supeditada a las posicio-
nes pro-libre mercado y centrado exclusivamente en el apartado económico-fi-
nanciero. Visión que además mantiene muy poca atención a lo político-estra-
tégico, derivada también de la escasa experiencia internacional de buena parte
de ellos.
Otra residiría en las visiones y percepciones del propio presidente Lasso,
quien está teniendo un papel muy activo en la dirección de la acción exterior,
tanto en su diseño (como corresponde por mandato constitucional) como en la
implementación. Dada su cercanía con círculos de las élites económicas nor-
teamericanas y europeas por su liderazgo en el Banco de Guayaquil, y luego
de contemplar sus propuestas de leyes económicas internas y el marcado cariz
económico de su visión exterior (y el gabinete que ha compuesto, ya comenta-
do), estaríamos en condiciones de afirmar que el comportamiento de Ecuador
en política exterior respondería, según casos, a modelos pro-centro (procore)
identificados por Jeanne Hey (1995) como la conformidad (compliance), el con-
senso (consesus) entre las élites del centro y las de la periferia, y donde tiene
una importancia decisiva las preferencias del líder (leader preferences). Esto se
ejemplificaría en lo que Luis Córdova califica de “intervención por invitación”
a la petición de Ecuador a Estados Unidos de implementar un “Plan Ecuador”
89
para combatir el narcotráfico y otros problemas de seguridad interna (Cór-

dova Alarcón, 2022); o la pertenencia al Grupo de Contacto de Defensa para
Ucrania.
Los problemas de la política exterior no residen únicamente en el Ejecutivo.
El poder legislativo tiene una función importante en la política exterior ecua-
toriana, pues es el llamado constitucionalmente a ejercer control posterior a la
acción exterior del Ejecutivo, a través de herramientas como la ratificación de
tratados y acuerdos internacionales o la aprobación de declaratorias que fijan
posiciones internacionales ante cuestiones de relevancia. La actual Asamblea
Nacional presenta múltiples problemas de institucionalidad, que llevan a difi-
cultades para llegar a consensos entre sus miembros en cuestiones vitales para
el país.
La política de trincheras que se da en la Asamblea contra el Gobierno por
buena parte de las bancadas está afectando a la capacidad del Guillermo Lasso
de sacar adelante su plan de gobierno, pero también de poner soluciones a los
problemas reales de los ciudadanos. Con el actual escenario de confrontación
y en minoría, el partido oficialista ha visto reveses en propuestas de leyes que
tenían conexiones con lo internacional, como la Ley de Inversiones (Primicias,
2022). Bajo estas premisas podría darse el caso de rechazar acuerdos alcanza-
dos con otros países si los textos contienen aspectos negativos para los produc-
tores nacionales.
Este escenario podría darse con el acuerdo final con México; como ha su-
cedido con la declaración de rechazo a la Ley Dav 22083 (Asamblea Nacional
del Ecuador, 2022; Observatorio Legislativo, 2022) o la no aprobación, por abs-
tenciones, a aprobar una condena a la invasión rusa sobre Ucrania presentada
por el oficialismo (Asamblea Nacional [@AsambleaEcuador], 2022). La prime-
ra muestra un desacuerdo claro de los asambleístas con la línea de progresivo
alineamiento con Estados Unidos, mientras que la segunda pone de manifiesto
la escasa atención de los legisladores sobre los temas internacionales. También
se debe considerar que la constante confrontación desde el Ejecutivo hacia
partidos políticos y sus líderes (UNES, PSC, ID; Correa, Nebot, Xavier Hervás)
y organizaciones y líderes de la sociedad civil, en especial hacia la CONAIE y
Leónidas Iza (Barrera, 2021), influye en la posición de las bancadas sobre las
propuestas que lleguen a la cámara legislativa desde Carondelet.
Todo esto implica la enorme dificultad para alcanzar consensos entre par-
tidos políticos que pudiera dar lugar a una política exterior de Estado, capaz
de situarse por encima de cambios de liderazgos políticos y de gobiernos para
lograr una mejor inserción y alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos,
90
como sucedió en Chile tras la dictadura pinochetista (Carmody, 2014). No

existe ese consenso, y las causas parecen múltiples causas: debilidad de los
partidos políticos, desinterés y/o desconocimiento por lo internacional y en-
foque exclusivo en lo doméstico; y la excesiva polarización ideológica de las
visiones internacionales de los distintos partidos (orbitando entre discursos
sobre comunismo o democracia de mercado), que hacen difícil la concertación
para una política de Estado.
Conclusiones
Ecuador presenta una dependencia económica respecto de China y Estados
Unidos, las dos potencias que dominan el emergente sistema bipolar inter-
nacional, que se generó durante la presidencia de Rafael Correa y que se ha
consolidado en los mandatos posteriores de Lenin Moreno y en el actual de
Guillermo Lasso, sin que se haya producido una crítica sobre esa relación de-
pendiente ni los riesgos que ella implica en términos de soberanía nacional o
de desarrollo del país. El actual gobierno cuenta con una política exterior no
definida aún por una estrategia definida en un documento marco, aunque se
infieren cuatro ejes fundamentales de política exterior de las declaraciones del
propio Lasso y sus cancilleres. Esos ejes están condicionados por una visión
marcadamente liberal en el plano económico que parece más propio de épocas
anteriores (como los años 90, donde la globalización de los costos estaba en
auge) y que ignoraría las dinámicas globales y bipolares que se están configu-
rando.
En esa política exterior juega un papel muy activo el propio presidente Las-
so, quien ha optado por una acción exterior desideologizada y guiada por un
pragmatismo que busca una inserción internacional del país en clave econó-
mica, pragmática, de forma que sirva para solucionar los problemas de la eco-
nomía ecuatoriana. En este sentido la elección de una estrategia de no alinea-
miento activo con respecto a China y Estados Unidos entra en discusión con
los compromisos que los anteriores gobiernos ecuatorianos adquirieron con
ellos, y también con la tendencia observable del presente Gobierno hacia el ali-
neamiento con Estados Unidos. Esto hace que el margen para la ejecución de
una verdadera política exterior no alineada activamente sea cada vez más pe-
queño. Esto pondrá tarde o temprano en encrucijadas al país, que el Gobierno
de Lasso tendrá que resolver partiendo de la valoración de riesgos y ganancias
y de las limitaciones de la condición de dependencia bicéfala del país.
91
Sería deseable que se pudiese plantear una estrategia que permita ganar
mayor autonomía política, lo que pasaría por acercarse a más países en el pla-
no político y no solo en el económico, y apostar por la construcción de una in-
tegración latinoamericana que permita navegar en el escenario bipolar emer-
gente cada vez más rígido y confrontativo. No obstante, el excesivo énfasis en
la bilateralidad de la acción exterior ecuatoriana por encima de lo multilateral
(con la excepción de la Alianza del Pacífico) hacen dudar de que ese sea el
interés del actual gobierno ecuatoriano. Además, las dificultades para llegar a
consensos multipartidistas en Ecuador sobre política interna y exterior ponen
más complicaciones en el camino hacia una política exterior más asertiva y
menos reactiva que la actual, y que será necesaria ante el reto de ser miembro
no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a partir de 2023.
92
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CAPÍTULO IV
La importancia de la seguridad
marítima en la lucha contra el
crimen organizado en Ecuador
102
Introducción
Desde finales del siglo XX, el proceso de globalización trae consigo una serie
de cambios multidimensionales que están transformando la Sociedad Interna-
cional. Nos encontramos ante un mundo cada vez más interconectado a nivel
económico, social e incluso político. Si bien esta interconexión ha traído con-
sigo muchos aspectos positivos, sobre todo a nivel socioeconómico, también
aparecen otras consecuencias negativas, como el desarrollo de las organiza-
ciones de crimen internacional, una evolución de la delincuencia tradicional,
que supone una amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional
(Anguita, 2010). Estas bandas de crimen organizado internacional crecen y se
expanden muy rápidamente, actúan de un modo empresarial y en algunos
casos terminan incluso dominando e influenciando a los Estados y la sociedad
(Rivera-Rhony Bravo-Grijalva, 2020). Además de la globalización, el proceso
de liberalización internacional del comercio también ha supuesto una ventaja
para el Crimen Organizado Transnacional que aprovecha las rutas de comer-
cio legal para mover fácilmente dinero, personas, armas, especies protegidas y
todo tipo de sustancias ilícitas.
En el caso concreto de Ecuador, hay que tener en cuenta que su situación
geográfica lo convierte en un punto estratégico importante para las bandas de
crimen organizado que operan a nivel mundial. En sus aguas se llevan a cabo
todo tipo de actividades ilícitas, tales como la piratería y robo a mano armada,
tráfico de especies protegidas, armas y personas, pesca ilegal o narcotráfico.
Las repercusiones de estas actividades se expanden también al territorio con-
tinental, facilitando a su vez otro tipo de delitos como el blanqueo de capi-
tales, tráfico de influencia o corrupción. Todo esto supone un problema de
seguridad que puede llegar a contribuir a la desestabilización tanto nacional
como regional del país. Por tanto, el desarrollo de una Estrategia de Seguridad
Marítima en Ecuador que pueda hacer frente a la amenaza que suponen estas
bandas de crimen organizado transnacional constituye un tema importante a
tener en cuenta tanto a nivel nacional como regional.
De este modo, el objetivo de este capítulo es realizar un análisis general de
las principales actividades ilícitas que se desarrollan en las costas ecuatoria-
nas, así como su repercusión en tierra. De la misma manera, se realizará un
análisis del papel que desempeñan las fuerzas de seguridad de Ecuador en la
protección de sus aguas. Dado que el análisis forma parte de los estudios de
Seguridad entendidos de forma multidimensional y multidisciplinar, se pre-
103
tende abordar el tema de la seguridad marítima en Ecuador como un tema

ligado al crimen organizado transnacional y a las repercusiones sociales de
este, especialmente para las poblaciones costeras.
Además, en el caso ecuatoriano, veremos como el factor geopolítico influye
considerablemente en el desarrollo y arraigo de estas bandas, por lo que hacer
frente al problema lo convierte en un tema de interés tanto nacional como re-
gional. De este modo, nos serviremos del análisis cuantitativo y dentro de este
de los análisis descriptivo y analítico que nos permitirán mostrar la realidad
de la manera más exhaustiva posible a través de los conocimientos adquiridos
gracias al estudio de la información que han aportado otros autores expertos
en la zona o en la materia.
El capítulo está dividido en tres secciones: la primera en la que se analizan
las principales actividades delictivas que se desarrollan en aguas ecuatorianas
y en las que se establece un vínculo entre estas y la repercusión que pueden
tener en la seguridad nacional. Una segunda parte en la que se analiza el pa-
pel de las Fuerzas Armadas de Ecuador para hacer frente a estas actividades
ilícitas y una tercera parte en la que se establecen una serie de conclusiones y
recomendaciones en materia de seguridad marítima.
Crimen organizado en Ecuador

Al hablar de crimen organizado nos encontramos ante un concepto difícil
de precisar, ya que engloba factores geográficos, jurídicos y políticos que ha-
cen que existan una gran variedad de definiciones (Rincón, 2019). La Organi-
zación de Naciones Unidas, a pesar de no dar una definición precisa de lo que
es el Crimen Organizado Transnacional, aportó en su Convención de Palermo
una serie de características para distinguir los grupos criminales organizados.
De este modo, las Naciones Unidas lo define como “un grupo estructurado
de tres o más personas que con una continuidad en el tiempo y actuando de
acuerdo tienen el objetivo de cometer uno o más delitos para obtener, directa
o indirectamente, un beneficio económico o material”9.
Por su parte, Interpol lo define como “cualquier empresa o grupo de perso-
nas que ejercen una actividad ilegal continua que tiene como propósito prin-
cipal la generación de beneficios, independientemente de las fronteras nacio-
nales” (Fernández, 2008). Otros autores como Rincón van un poco más allá y
señalan que el crimen organizado presenta una serie de rasgos comunes que lo
9
La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional entró en vigor. el 29 de septiem-
bre de 2003.
104
diferencian: “a) una estructura organizada; b) la permanencia en el tiempo de

tal organización; c) un portafolio de actividades criminales; d) el empleo de la
capacidad armada y la violencia; e) un cierto grado de captura del Estado por
corrupción” (Rincón, 2019, p, 130).
Para este capítulo se ha considerado la definición de Crimen Organizado
en su sentido más amplio, es decir, a las definiciones aportadas por organis-
mos oficiales como Naciones Unidas e Interpol se les han añadido también
las características consideradas por Rincón ya que reflejan un concepto más
completo del Crimen Organizado Transnacional. Además, como veremos más
adelante, las aportaciones de Rincón son muy relevantes en el caso de Ecuador
y la importancia de desarrollar una estrategia de Seguridad Marítima fuerte y
eficaz.
En el caso concreto de Ecuador y tal y como se ha indicado anteriormente,
su situación geográfica lo convierte en un punto estratégico muy importante
para la actividad delictiva internacional, especialmente en sus zonas fronteri-
zas con Colombia y Perú y sus puertos fluviales y marítimos (Rivera, 2011).
Ecuador cuenta con una vasta extensión marítima, hasta cinco veces más gran-
de que el territorio continental, que si bien contribuye de manera importante al
desarrollo económico del país gracias a la pesca o el transporte de mercancías
también lo convierte en escenario de todo tipo de actividades delictivas que
repercuten a su vez en la seguridad nacional y en la credibilidad y confianza
hacia los actores estatales.
Actividades delictivas en las costas ecuatorianas

Breilh y Medina distinguen diferentes tipos de delitos que se llevan a cabo
en las costas ecuatorianas, entre los que destacan: el narcotráfico, la piratería o
robo a mano armada, el contrabando y la pesca ilegal (Breilh y Medina, 2019).
El narcotráfico
Varios son los autores que consideran el narcotráfico como la actividad de-
lictiva más potente en Ecuador, Bargent lo ha llegado a considerar como “una
de las superautopistas de la cocaína del mundo” (Bargent, 2019). Además, este
tráfico de estupefacientes viene ligado a otro tipo de delitos como la piratería
o el contrabando. Tal y como señala Rivera:
105
Ecuador no es un centro importante de producción de drogas ilícitas y en

su territorio no se cultiva coca. Tampoco ha atravesado por las convulsiones
sociales que implica tener un dinámico mercado doméstico de estas sustan-
cias como México y Colombia, lo que no elimina la realidad de que se ha
convertido en un país importante para el tránsito de drogas ilícitas e insu-
mos químicos, un lugar de relativa tolerancia frente al lavado de dinero, un
sitio apetecido para el tráfico de personas, en donde según la DEA hay una
acción significativa del crimen organizado (Rivera, 2019, p. 43).
Del mismo modo, en agosto del 2022, Mario Pazmiño, antiguo jefe inteli-
gencia del Ejército ecuatoriano, afirmó que:
Ecuador se transformó en un santuario del crimen organizado, que ha ido
mutando de un país de tránsito a una plataforma internacional de distribu-
ción de narcóticos (…). Somos considerados uno de los países procesadores
de América Latina, ubicados en el segundo lugar por debajo de Brasil en la
exportación de cocaína a África, Medio Oriente y Asia (Taglioni, 2022).
Respecto a las rutas del narcotráfico en Ecuador, Bargent señala dos gran-
des vías:
La ruta del Pacífico abastecida pro la producida en Nariño. La droga entra
en Ecuador en pequeños barcos que navegan por las aguas interiores y des-
embocan en el río Mataje, que separa Nariño de Esmeraldas. Esta misma
ruta también despacha droga a Ecuador oculta en vehículos que cruzan el
puente de Rumichaca. Una vez que la droga está en Esmeraldas, se esconde
en las playas o en viviendas. Dese allí se transporta en barcos siguiendo la
línea costera o por carretera escondida en todo tipo de vehículos. Desde
Esmeraldas tienen varias opciones: hacer un recorrido directo hasta Cen-
troamérica, lo que no es muy recomendable por la presencia de patrullas
estadounidenses y colombianas, o navegar hacia el norte o el sur de las Islas
Galápagos. Se estima que más del 17 por ciento de la cocaína con destino
a Estados Unidos pasó por las Islas Galápagos (U.S Department of Justice,
Drug Enforcement Administration, 2018).
La ruta amazónica, abastecida por la cocaína del Putumayo, llega hasta la
provincia ecuatoriana de Sucumbíos. En esta ruta la droga se introduce en
Ecuador a través de los ríos San Miguel y Putumayo, allí pequeños barcos
depositan la droga en Puerto Nuevo, Puerto Mestanza y Tarapoa. También
la droga sale de Ecuador por tierra a través de las principales carreteras del
país.
106
Vemos, por tanto, que el narcotráfico no solo se sirve de las costas ecuato-
rianas, sino que también utiliza las aguas interiores del país que suelen estar
menos controladas.
Piratería y robo a mano armada

Otro de las actividades ilícitas que se comenten en aguas ecuatorianas es
el de la piratería, entendida esta en su sentido más amplio. Es decir, teniendo
en cuenta los robos tanto en aguas internacionales como en puertos y zonas
costeras, ya que “ambos se consideran un delito marítimo que suponen a su
vez una amenaza para la navegación y para el comercio a nivel internacional”
(Fernández Sebastián, 2017).
En este caso y de acuerdo con los datos aportados por el International Ma-
ritime Bureau (IMC), los casos de piratería y robo en Ecuador han descendido
considerablemente en el 2022. En lo que va de año se han reportado cuatro in-
cidentes de robo en aguas ecuatorianas, aunque es importante señalar que, de
acuerdo al mismo informe del IMC, la mayoría de los asaltos que se producen
no se reportan. Aun así, cabe destacar que es un delito que sigue afectando
al país y que algunos autores relacionan a su vez con el narcotráfico. En 2021
se produjeron varios ataques piratas a pescadores frente a las costas de Santa
Elena y Santa Rosa. El objetivo de estos ataques es el robo de pequeñas embar-
caciones pesqueras, combustible o motores que son utilizadas en el transporte
de narcóticos (Jones, 2021). Breilh y Medina (2017) por su parte, también hacen
referencia al robo de motores fuera de borda y amplían la comisión de este
delito a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro.
Contrabando
El contrabando es otra de las principales actividades ilícitas que se llevan
a cabo a través de las fronteras de Ecuador. En el año 2021 se confiscaron más
de 19 millones de dólares por contrabando en la frontera entre Ecuador y Co-
lombia y más de 7,8 millones de dólares en la frontera con Perú (Primicias,
2021). El contrabando por vía marítima y fluvial es mayor que el que se realiza
a través de aeropuertos o fronteras terrestres ya que se puede transportar un
mayor volumen de mercancías (Breilh y Medina, 2019).
107
De entre los productos con los que se comercia ilegalmente por aguas ecua-
torianas, además de las drogas, destaca el de combustible para pesca artesanal,
especialmente en las costas de Esmeraldas, siendo además una actividad eco-
nómica más que está a su vez ligada al narcotráfico:
Recoger conchas en Esmeraldas (Palma Real por ejemplo)10 es una de las
principales actividades económicas a las que se dedican, así como a la pesca
y agricultura. La gasolina se acopia en galpones construidos de forma rústica
con caña o latas mientras que el combustible artesanal se comercia para el pro-
cesamiento de cocaína (Ruíz, 2015, p. 4).
A su vez, el contrabando viene de la mano de la comisión de otro tipo de ac-
tividades ilícitas como son la falsificación de documentos, falsas declaraciones
de aranceles o el soborno de agentes aduaneros.
Pesca indiscriminada
Otro de los delitos que se cometen en las costas ecuatorianas y que ha vis-
to un gran incremento en los últimos años es el de la pesca indiscriminada,
especialmente de barcos chinos que recorren más de 16000 kilómetros para
situarse en los límites de la Zona Económica Exclusiva de diferentes países
sudamericanos, entre los que se encuentra Ecuador, siendo la zona próxima a
Galápagos la más afectada, donde se estima que se concentran el 99 por ciento
de estas prácticas (Larrea, 2022).
Si bien estos grandes pesqueros extranjeros alegan su presencia en la zona
para la pesca del calamar, el problema viene por la práctica de una pesca indis-
criminada y no declarada de otras especies como atunes, tiburones, pepinos
de mar o langostas, cuyo coste es mayor y que supone a su vez un impacto
negativo para la economía ecuatoriana (Breilh y Medina, 2019; Larrea, 2022;
Loaiza, 2022). A esto hay que añadir la repercusión que este tipo de pesca
genera en la flora y fauna marinas. Al no poseer estos pescadores extranjeros
ningún conocimiento de los ciclos de vida de las especies marinas, las pescan
de manera indiscriminada provocando graves problemas en el ecosistema ma-
rino, así como una amenaza para algunas especies como el tiburón martillo
(Larrea, 2022).
Otra de las consecuencias de este tipo de pescas es el desplazamiento de
los pescadores artesanales locales cuyas pequeñas embarcaciones no pueden
competir con las grandes flotas extranjeras y ven amenazado su modo de vida,
10
Conchar: Expresión utilizada para referirse al expendio de combustibles de forma ilegal y en pequeñas cantidades.
108
lo que los lleva a dedicarse a otro tipo de actividades como el narcotráfico

para el transporte de droga en sus embarcaciones (Larrea, 2022). Por su parte,
Loaiza va un poco más allá y señala que estas flotas extranjeras reciben apoyo
de bandas locales que les abastecen mientras duran sus operaciones en estas
aguas, lo que refuerza la teoría de que las actividades ilícitas, en la mayoría de
los casos, están relacionadas entre sí:
Las embarcaciones chinas no actúan solas, en octubre de 2021 una investi-
gación periodística reveló que los pesqueros chinos que se sitúan cerca de
las Galápagos son abastecidos de combustible y vituallas por embarcacio-
nes del Puerto de Manta en Ecuador y de la zona costera peruana (Loaiza,
2022).
Repercusiones Sociales y Políticas de la criminalidad marítima

en Ecuador
Cuando anteriormente se ha descrito la definición de Crimen Organizado
Transnacional, se ha comentado que en este capítulo contemplaríamos su de-
finición en el sentido más amplio, es decir, sumando a las definiciones apor-
tadas por Naciones Unidas e Interpol las características que Rincón (2019) ha
atribuido al Crimen Organizado Transnacional. Hacemos aquí hincapié en
dos rasgos importantes, como son el empleo de la capacidad armada y la vio-
lencia, y un cierto grado de captura del Estado por corrupción ya que son dos
aspectos que repercuten activamente sobre la sociedad y la política estatal. En
el caso concreto de Ecuador, y tal y como se ha señalado en líneas anteriores,
estas actividades ilícitas tienen una gran repercusión social, ya que son las
poblaciones costeras las que cargan directamente con las consecuencias, vién-
dose obligados en muchas ocasiones a formar parte del proceso delictivo.
En el caso concreto del narcotráfico, ya hemos señalado como se implica
a las poblaciones costeras en la cadena de distribución de la cocaína, por un
lado, ocultando en sus viviendas parte de la droga cuando cruza la frontera
ecuatoriana y por otro lado distribuyendo la droga en sus embarcaciones:
El tráfico suele comenzar con un robo. Grupos de piratas acechan frente a
las costas, donde amenazan con armas a los pescadores para que les entre-
guen sus barcos y motores fuera de borda. Luego conforman la tripulación
de esos barcos con personas que reclutan en los pueblos pesqueros pobres,
donde la oferta de US$30.000 por un viaje de cinco días es una propuesta
tentadora (Jones, 2021).
109
En el caso de la piratería son los pescadores locales quienes sufren las con-
secuencias al ser sus pequeños barcos un medio muy apropiado para trans-
portar estupefacientes por las aguas interiores de Ecuador o por el robo de
motores o combustibles para surtir a los barcos más grandes que se emplean
para el narcotráfico. Lo mismo ocurre en el caso del contrabando, ya que al ser
el litoral ecuatoriano uno de los principales escenarios para el mercadeo de
combustible y precursores químicos utilizados en la industria del narcotráfi-
co, una vez que se ha conseguido el producto final, este ingresa de nuevo en
Ecuador para llevarlo al resto de América desde las costas ecuatorianas. Para
ello las mafias reclutan a humildes pescadores que realizan el trabajo a cambio
de dinero o de salvaguardar sus vidas (Breilh y Medina, 2019).
La pesca ilegal también causa estragos en las poblaciones pesqueras, espe-
cialmente en las zonas de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y el Oro,
que al no tener productos que pescar buscan alternativas para sobrevivir y
son “reclutados por el narcotráfico para el transporte marino de drogas en sus
embarcaciones” (Larrea, 2022). Estas consecuencias sociales influyen también
en la legitimidad estatal y suponen la percepción de un Estado débil al no ser
capaz de garantizar la seguridad ciudadana. A esto hay que añadir que otra de
las consecuencias que acompañan al crimen organizado y que puede empañar
la legitimidad estatal es la corrupción:
El hecho de que las actividades del crimen organizado, aún sin poseer una
finalidad política, obran en contra de los intereses propios de un régimen
democrático, parece prácticamente evidente: erosionan la solidez de las ins-
tituciones del Estado por medio de la corrupción de funcionarios públicos;
restan legitimidad al poder público ante los ojos de los ciudadanos; lesionan
la percepción de seguridad en la vida cotidiana de estos últimos, rompen
cotidianamente con el Estado de Derecho, etc. (Flores y González, 2008).
Tanto las repercusiones sociales como la corrupción que vienen de la mano
del crimen organizado suponen una amenaza para la estabilidad y la credibi-
lidad de una nación que, en algunos casos, como el de Ecuador, podría exten-
derse además a toda región debido a la importante situación geográfica del
país. En el caso concreto de las actividades ilícitas marítimas y fluviales hay
que contemplar que en la mayoría de los casos analizados afectan en cierto
modo a los países vecinos por lo que se puede considerar que la seguridad
marítima de Ecuador no afecta solo al país, sino que también influye y tiene
repercusiones en la seguridad de toda la región.
110
El papel de las Fuerzas Armadas a la hora de combatir las acti-

vidades ilícitas en las aguas de Ecuador
Tal y como recoge el artículo 158 de la Constitución de la República del
Ecuador: “Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa
de la soberanía e integridad territorial y, complementariamente, apoyar en la
seguridad integral del Estado de conformidad con la Ley” (Constitución de la
República del Ecuador, 2008). Esta soberanía e integridad territorial incluye
también los espacios marítimos y fluviales de Ecuador, por tanto, el peso so-
bre la seguridad de las aguas ecuatorianas recae sobre las Fuerzas Armadas a
través de la Dirección General de los Espacios Acuáticos (DIRNEA) y el Co-
mando de Operaciones Navales y el Comando de Guardacostas. La Misión de
DIRNEA es:
Desarrollar las capacidades marítimas y proveer la seguridad en los espa-
cios acuáticos, que fortalezcan el Poder Naval y que contribuyan a la defen-
sa de la soberanía y la integridad territorial; y, con su contingente apoyar
al desarrollo marítimo nacional y a la seguridad pública y del Estado (DIR-
NEA, 2022).
La institución cuenta con más de 1300 efectivos para vigilar toda la línea
de costa y el mar jurisdiccional. Para este cometido realizan diferentes ope-
raciones y emplean sofisticadas herramientas para mitigar las actividades ilí-
citas que se desarrollan en aguas ecuatorianas, tales como la utilización de
dispositivos de monitoreo por satélite, el troquelado de motores o el control
de la inspección de talleres de motores en los puertos y poblaciones pesqueras.
Además, se ha implementado el uso del Sistema Integral de Gestión Marítima
y Portuaria (SIGMAP) para el monitoreo de barcos dedicados a la pesca y a
otras actividades acuáticas lo que permite mantener el control sobre las rutas
y los días en los que esas embarcaciones estarán faenando pro la zona (Breilh
y Medina, 2017).
En lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico, destacan los adelantos
que se han producido a partir del año 2017 con la llegada del presidente Lenin
Moreno (Bargent, 2019). En este sentido, destaca la ampliación del acuerdo
con Estados Unidos para el control del narcotráfico y la construcción de capi-
tanías en el puerto de Manta, Puerto Bolívar y el puerto de aguas profundas de
Posorja (El Universo, mayo 2019) y otro acuerdo de cooperación con Colom-
bia en el que ambos países se comprometieron a estrechar su colaboración en
materia de seguridad para hacer frente de manera conjunta al paso de drogas
111
por la frontera. Dentro de esta colaboración destacan el intercambio de infor-

mación y la transferencia de experiencias policiales y militares (El Tiempo,
marzo 2018).
A pesar de todas estas medidas y esfuerzos por parte de la Armada y la
Administración de Ecuador, las actividades ilícitas siguen sucediéndose en
las aguas ecuatorianas y suponiendo una amenaza para la seguridad del país
y de toda la región. Esto demuestra que las medidas adoptadas hasta hoy no
están siendo del todo eficientes para la lucha contra el crimen organizado en
la zona, ya que a las Fuerzas Armadas se encuentran también con una serie de
dificultades como son: la gran extensión de territorio marítimo a controlar y
una legislación anticuada.
Hay que tener en cuenta que Ecuador tiene una extensión marítima cinco
veces más grande que su territorio continental, lo que no facilita un monitoreo
exhaustivo de las actividades que allí se desarrollan. A esto hay que añadir
una falta de leyes más estrictas y actualizadas que supongan penas más duras
y se adapten a la comisión de los nuevos delitos y a la evolución de las Organi-
zaciones de Crimen Organizado y de los actos ilícitos (Breilh y Medina, 2017).
Conclusiones
En este capítulo se ha realizado un análisis de las principales actividades
ilícitas que se desarrollan en las aguas de Ecuador que nos han permitido ob-
servar de qué manera estas actividades suponen una amenaza nacional a nivel
social, económico y político. Además, debido a esa privilegiada situación geo-
gráfica del país, la amenaza de la expansión y evolución de estas bandas de
crimen organizado puede extenderse a toda la región. A esto hay que añadir
que, puesto que los delitos que se comenten en el mar tienen sus repercusiones
también en el territorio continental, sería de vital importancia desarrollar una
Estrategia de Seguridad Marítima fuerte y multidimensional que permita un
control exhaustivo de las actividades ilícitas que invaden las aguas ecuatoria-
nas. Para ello sería importante ampliar el número de efectivos de las Fuerzas
Armadas que se dedican al monitoreo de las aguas, ya que al tratarse de un
área tan extensa se requiere de mayor capacidad humana para poder realizar
un trabajo efectivo.
Otro de los problemas que se han encontrado a la hora de perseguir las acti-
vidades ilícitas realizadas en el mar es de la falta de leyes y penas que incluyan
112
este tipo de actividades delictivas. El crimen organizado se desarrolla muy

rápidamente, especialmente con las nuevas tecnologías, por lo que podría ser
interesante realizar una revisión del código penal para incluir los nuevos deli-
tos que no aparezcan contemplados y adecuadas al tipo de delito. Al respecto,
sería importante que las penas no solo se aplicaran a los autores del delito, sino
también a los jefes de estas bandas que son quienes realmente se enriquecen y
expanden el negocio.
Esto nos lleva a las repercusiones sociales que acarrea el crimen organiza-
do en las aguas ecuatorianas, especialmente en las poblaciones costeras más
vulnerables como los pescadores que encuentran en estas actividades ilícitas
un modo de vida, ya sea por obtener mayores retribuciones económicas o por-
que las bandas criminales no les dejan otra opción. En este sentido, se podría
considerar que dentro de la Estrategia de Seguridad Marítima se contemplara
la protección de estas poblaciones. Una persecución efectiva de las activida-
des ilegales que captan y amenazan a estos ciudadanos les permitiría seguir
dedicándose a su oficio y no se verían obligados a delinquir para sobrevivir.
Además, y puesto que en algunas ocasiones realizan las actividades ilícitas
coaccionados bajo amenazas a sus familias, el endurecimiento de las penas
por la comisión de delitos a las jerarquías más altas de estas organizaciones
también supondría la protección de los más vulnerables.
Otra consecuencia del crimen organizado en el mar y que tiene grandes
repercusiones en tierra es la corrupción, por tanto, la lucha efectiva contra la
corrupción debería formar parte también de esa Estrategia de Seguridad Marí-
tima ya que favorece al debilitamiento de los Estados y permite a las organiza-
ciones criminales adentrarse en el entramado político de los países y lucrarse
desde dentro con la colaboración (involuntaria) de los Estados.
Respecto a la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado
en el mar, sería un punto muy importante a tener en cuenta, especialmente
en la lucha contra el narcotráfico que ya hemos visto que está relacionado con
el resto de actividades ilícitas. Una colaboración más intensa con Colombia y
Perú favorecería a toda la región, especialmente en la protección de la flora y
la fauna acuáticas, ya que si la pesca en las aguas de Ecuador se ve mermada
por la pesca indiscriminada repercutirá también las aguas de los países veci-
nos. Algo parecido ocurre con el narcotráfico, pues debido a su largo alcance
es un delito que debe abordarse de manera conjunta entre todos los actores
implicados.
Para finalizar, señalar que la importancia geoestratégica de Ecuador, así
como la gran extensión y riqueza de sus aguas lo convierte en un país con mu-
113
cho potencial en Suramérica, por tanto, la protección de sus aguas y la creación

de una Estrategia de Seguridad Marítima potente se convierte en un tema fun-
damental para fortalecer su relevancia en la región y para el desarrollo social
y económico del país.
114
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CAPÍTULO V
Disputas entre identidades indígenas
politizadas y potencias extranjeras por
recursos y poder:
Una lectura desde la geopolítica crítica
Paola Lozada Lara
118
Introducción
La geopolítica tradicional se caracteriza por explicaciones sobre la base del
poder estatal, un territorio geográficamente delimitado y controlado, y un ac-
cionar de política exterior en función de los intereses del Estado. No obstan-
te, ese entendimiento es limitado. La explotación de recursos naturales en el
Ecuador se concibe en medio de lógicas, tensiones y realidades diferentes que
requieren lecturas e interpretaciones distintas. De ahí que se adopta el enfo-
que de la geopolítica crítica para ampliar el rango de análisis a nuevos actores,
fenómenos, símbolos y amenazas, lo que a su vez incide en una comprensión
más acorde al contexto.
En ese marco, la reconfiguración del alcance geopolítico está permeado tan-
to por el rol de países inversionistas, empresas transnacionales y el movimien-
to indígena, así como comprensiones distintas sobre espacio y territorio. El
territorio deja de incluir exclusivamente características geográficas y recursos
que apoyan la política exterior para ampliarse hacia fenómenos transnaciona-
les y elementos subjetivos, mientras que el espacio adopta nuevos calificativos
en función de las preocupaciones estratégicas, distintas al territorio como el
medio ambiente o migración.
El periodo de estudio abarca el año 2021 hasta septiembre de 2022. Esto por
cuanto se busca analizar en detalle la pugna por poder y recursos naturales
entre los actores arriba señalados en el marco del gobierno de Guillermo Las-
so. De ahí que se pretende establecer los intereses, agendas y poner especial
énfasis en los mecanismos utilizados tanto por las potencias extranjeras como
por el movimiento indígena. El primer actor utiliza su poder e influencia para
incidir en la política doméstica, pero apegado a criterios nacionales. El movi-
miento indígena, más centrado en ejercer resistencia frente a lógicas neolibera-
les dominantes, se respalda de instrumentos internacionales ambientales que
lo catapultan en el escenario internacional. El tipo de resistencia institucional y
no institucional se traduce en el primer caso en consultas populares y acciones
constitucionales y en el segundo, principalmente referidos la movilización de
junio de 2021 y el paro nacional un año después.
En este capítulo se pretende responder a la pregunta ¿cómo se interpretan
las disputas entre identidades indígenas politizadas y potencias extranjeras
por recursos y poder en el sector minero ecuatoriano? Para ello se empleará
la geopolítica crítica a fin de comprender las tensiones entre los diferentes ac-
tores y los mecanismos que cada uno emplea, ya sea a nivel discursivo o con
119
prácticas que tienen asidero en sus capacidades o están ancladas en la diná-

mica sistémica de la normativa internacional ambiental. La investigación es
cualitativa y se apega al diseño interpretativo crítico de Cecelia Lynch (2012)
por lo que se plantea un doble objetivo: por una parte, generar narrativas que
respondan al contexto y por otra cuestionar planteamientos dominantes.
Estos objetivos se respaldan con una exhaustiva revisión documental tan-
to de fuentes públicas y privadas, oficiales, no gubernamentales y de prensa,
cada una de ellas sistemáticamente elegidas en aras de contrastar los discursos
y prácticas desde diferentes perspectivas. A nivel teórico, este análisis toma
postulados de John Agnew y Gearóid Ó Tuathail como pilares fundamentales
en la discusión sobre geopolítica crítica, los cuales son complementados con
aportes de Nolte, Cabrera, Estenssoro y Vásquez desde una perspectiva más
aterrizada a la realidad latinoamericana y particularmente del Ecuador.
La estructura de la presente investigación ha sido dividida en tres compo-
nentes enfocados a mostrar las disputas por poder y recursos (provenientes
de la minería), que se desarrollan entre actores locales como el movimiento
indígena, y actores internacionales como países y empresas inversoras en el
marco del primer año y medio del gobierno de Guillermo Lasso. La primera
parte busca señalar que el gobierno ecuatoriano, desde una visión westfaliana
ligada a una lectura geopolítica tradicional, resalta la riqueza metalúrgica del
Ecuador, lo que lo lleva a apostar e impulsar las inversiones en el sector mine-
ro a través de la planificación nacional y el registro detallado de lo que la in-
versión en dicho sector representa en el presupuesto nacional. Posteriormente,
se desglosan los principales actores externos inmersos en el sector minero y
que buscan obtener utilidades derivadas de la explotación de recursos; estos
son los países y empresas inversionistas.
Esos actores cuentan con poder suficiente para incidir en la política interna,
dejando al gobierno con una limitada capacidad de agencia. La agenda y los
intereses de dichos actores son revisados desde la geopolítica ambiental de
poder. Posteriormente, se analizan a los actores locales, encabezados por el
movimiento indígena. Su resistencia, enmarcada a través de canales institucio-
nales y no institucionales, tiene eco en la visión de la población ecuatoriana,
así como en la gestión gubernamental. Se plantea dentro de esta investigación
que el movimiento indígena ejerce resistencia no solo en virtud de su cosmo-
visión propia, sino que los instrumentos internacionales ambientales surgen
como una variable sistémica que le permiten proyectarse a nivel internacional.
Finalmente, se concluye con algunas reflexiones sobre la dinámica de poder, la
120
pugna entre lecturas geopolíticas y algunos señalamientos sobre los conceptos

de espacio y territorio.
Decisiones políticas en el sector minero ecuatoriano

La actividad minera en el Ecuador de conformidad con los artículos 261 y
408 de la Constitución República es de competencia exclusiva del Estado y
su propiedad es inalienable, imprescriptible e inembargable. No obstante, esa
actividad ha conllevado varias tensiones entre el Estado, países y empresas in-
versionistas y los pueblos indígenas. De acuerdo con Carrión (2012) la minería
en el Ecuador tiene una fase primigenia en el 2000 y alcanza un punto máximo
a partir del 2016 con la apertura del catastro minero para el otorgamiento de
nuevas concesiones. A inicios del 2022 se llega a un total de 104.728 hectáreas
concesionadas ubicadas en 7 provincias (Banco Central del Ecuador, 2022)11.
Latinoamérica es una región rica en recursos minerales y, particularmente en
el caso de Ecuador, los datos del Mapa Metalogenético del Ecuador de 2019
muestran la presencia de yacimientos de oro, plata, cobre, zinc, níquel, cromo,
molibdeno y plomo.
El 24 de mayo del 2021 inicia el periodo presidencial de Guillermo Lasso
con un país sumido en una profunda crisis financiera, legado de incipientes
manejos gubernamentales y un contexto pandémico. En esas condiciones, el
gobierno parecía encontrar respuesta en la minería, con la obtención de capita-
les frescos que dinamicen la economía y que sean concomitantes a su intención
de incrementar la inversión extranjera directa. Según cifras del Banco Central
del Ecuador (2021a), en el 2020 la inversión en ese sector alcanzó los USD 165.6
millones y USD 69.82 millones solo en el primer semestre del 2021 (Banco Cen-
tral del Ecuador, 2021b). De ahí, que el plan de trabajo de la candidatura de
Lasso buscaba “Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador”, seña-
lando que “la minería aún se encuentra en niveles incipientes” con apenas dos
proyectos de minería a gran escala en producción: Fruta del Norte y Mirador
(Creo 21, 2020). Así también destaca la intención expuesta en el Plan de Crea-
ción de oportunidades 2021-2025 sobre el incremento anual de la exportación
minera hasta un promedio cuatro veces superior al de ese momento, es decir
USD 921.935.961. En el mismo Plan además se establece la intención de redu-
cir la huella de carbono frente a la biocapacidad; esto es la disponibilidad de
recursos naturales (actualmente al límite), a través de la inclusión de prácticas
11
Las provincias son: Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Morona Santiago, Azuay, El Oro y Zamora Chinchipe.
121
internacionales para velar por el medio ambiente y de conformidad con la se-

gunda directriz de la Estrategia Territorial Nacional para las Oportunidades,
regular “la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, con
la finalidad de minimizar las externalidades sociales y ambientales”.
El país había volcado su mirada a la exploración y explotación de minerales
debido al potencial económico que comportaba, una carta de salvación. Así
pues, la inversión en el tercer trimestre de 2021 alcanzó los USD 207.6 millo-
nes (Banco Central del Ecuador, 2022a) y hasta el primer semestre del 2022
se registró un total de USD 35,5 millones (Banco Central del Ecuador, 2022b).
En junio de 2022, el Ministro de Energía y Minas hablaba de un incremento
de 23% de las exportaciones en comparación con el año anterior, así como
nuevos proyectos donde se destacó un memorando de entendimiento con una
empresa canadiense, una de las productoras de oro más grandes del mundo
(Primicias, 2022).
Tras este breve repaso económico se podría afianzar, no sin reparos, la pers-
pectiva westfaliana del Estado ecuatoriano, marcada por principios como so-
beranía y derecho internacional, donde la toma de decisiones es impuesta por
un Estado democrático constitucional fuerte y centralizado. Desde la visión
geopolítica convencional se plantea que los Estados tienen soberanía sobre su
territorio y dominio sobre el espacio; de ahí que el estadocentrismo se configu-
re como una estrategia que limita el entendimiento de poder a la coerción en
el nivel doméstico (Agnew, 2001). Consecuentemente, el Estado puede contro-
lar tanto a sus ciudadanos como a los recursos (Lacoste, 1990). Cohen (2009)
explica que si una región está dotada de recursos se crean automáticamente
oportunidades de explotación, desarrollo de infraestructura y seguridad; es
decir que un Estado debe aprovechar de sus ventajas geográficas y para ello
debe apoyarse de decisiones políticas.
En el caso ecuatoriano, el Estado representado en el gobierno de Lasso de-
bería decidir sobre cuestiones como la explotación de recursos naturales y li-
mitar las acciones de actores que se oponen mediante mecanismos de poder
como la coerción. El gobierno, con base en la interpretación de los documentos
oficiales como el plan de trabajo, Plan de Creación de Oportunidades y Plan
de Acción para el sector minero, busca promover mayor inversión extranjera
directa. Uno de los sectores que registran mayores ganancias, tendencia de
crecimiento y capacidad de encadenamiento productivo desde una visión tra-
dicional de la economía es el minero. En este contexto, en Ecuador la tendencia
geopolítica de búsqueda y aprovechamiento de recursos minerales van de la
122
mano con la corriente neoliberal del gobierno para ayudar a solventar la crisis
económica pospandemia y con ello lograr beneficios en tributación, empleos,
y acceso a tecnologías.
Contrario esta lógica, la geopolítica crítica cuestiona las prácticas hegemó-
nicas y los vínculos que se forjan entre el Estado y actores con poder (Tuathail,
1996), así como prácticas que desafían imaginarios sobre lo nacional e inter-
nacional. La geopolítica crítica cuestiona los discursos y prácticas dominantes,
como las que están insertas en las hegemonías mundiales y el neoliberalismo,
que se traducen en el control de territorio y recursos. De acuerdo a Agnew
(2001) uno de los temas centrales en la geopolítica crítica son las nuevas prác-
ticas y representaciones en torno a la globalización económica, por cuanto los
Estados subyacen a los mercados; los primeros requieren ajustarse a las con-
diciones del segundo.
Al respecto de la lógica neoliberal incrustada en la globalización, Harvey
(2005) utiliza el concepto de acumulación por desposesión, refiriéndose al ím-
petu depredador y violento que conllevan las prácticas encaminadas a la ex-
pansión cuantitativa o infinita de capital. En ese sentido, Lasso se encuentra
en una encrucijada entre la explotación de recursos naturales y el cuidado am-
biental. La explotación de recursos minerales conllevaría presiones provenien-
tes de poderosos actores extranjeros, pero también respuestas ante un escena-
rio económico de crisis que no podría sostenerse sin los ingresos y la captación
de inversión provenientes de los recursos mineros. La segunda opción, el cui-
dado al medio ambiente, se fundamenta en los compromisos internacionales
adquiridos y que se encuentran a la par de los deberes primordiales del Estado
según la Constitución de la República.
Intereses nacionales e inversiones

Los intereses estatales en el caso ecuatoriano están alineados con aquellos
de las empresas extranjeras y estos últimos a su vez impulsados por los países
a los que pertenecen dichas empresas. Prueba de ello son los 14 proyectos de
minería metálica detallados en el Tabla 5, cuyos principales inversores son:
Canadá, China y Australia. Para China, el interés metálico en el Ecuador radi-
ca en el cobre, por cuanto éste representa una materia prima fundamental en
la industria tecnológica. Según Quiliconi y Rodríguez (2021) China requiere
más de 12000 toneladas de cobre anualmente, convirtiéndose en el principal
123
consumidor mundial con una demanda del 53%. En el caso de Canadá, su

sector minero contribuye con 106 billones a su PIB anualmente, por lo que se
considera como una inversión estratégica (PDAC, 2022). Australia, por su par-
te, tiene inversiones en tecnología e investigación científica, posicionándose
como el principal oferente de software minero en el mundo. De igual manera,
se orienta a exportar, principalmente cobre, a países asiáticos con China a la
cabeza (Maldonado, 2017).
Tabla 5
Proyectos mineros en el Ecuador
124
Nota. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 2022. Cámara de Minería del
Ecuador.
En ese sentido, la motivación para invertir más en el país y con ello encau-
sar los proyectos mineros a la fase de explotación responde a que países y
empresas inversionistas ven a Ecuador como proveedor de materias primas,
lo que se traduce en más minerales que vayan a sus industrias para el cum-
plimiento de sus intereses nacionales. De ahí que prácticas como el interven-
cionismo y discursos referidos al desarrollo a través de inversión toman el
nombre de “geopolítica ambiental de poder”. Este concepto señala el control
que los inversionistas tienen o buscan tener sobre los recursos para su propio
beneficio. Los actores extranjeros, en ese sentido, hacen uso de los espacios po-
líticos para ejercer su influencia, se encuentran inmersos en la pugna de poder
con los Estados que poseen los recursos y elaboran discursos con componentes
politizados.
Así también es importante reconocer que, si bien las potencias y empresas
extranjeras cuentan con poder y capacidad de incidencia, esto no implica que
no tengan una línea de cuidado ambiental. Por tanto, con esta investigación se
intenta ampliar la perspectiva del debate geopolítico con criterios más deta-
llados de los actores involucrados a fin de cuestionar algunas prácticas y dis-
cursos dominantes sin caer en extremos o llegar a satanizar a los actores, sino
señalar que no todas las acciones están desligadas de lo ambiental y en ciertos
casos, más orientadas al desarrollo sostenible.
A nivel internacional, la matriz energética continúa orientándose a un con-
sumo sostenible, sin embargo, este consumo requiere mayor explotación de
minerales raros como litio, molibdeno, manganeso, además de cobre, cobalto,
níquel, entre otros para la producción de generadores, baterías, etc. De ahí
que, desde la perspectiva ambiental, varias empresas extranjeras están toman-
do cartas en el asunto en aras de mejorar su imagen y manejar el impacto am-
biental provocado por las actividades mineras, por lo que se alinean a criterios
nacionales ambientales.
En algunos casos llegan incluso a superar esos estándares, lo que se evi-
dencia con su alineamiento a dos instituciones: la primera, la Corporación
Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo del Banco Mundial en-
caminada a apoyar el sector privado de países en desarrollo con principios en-
caminados tanto a la evaluación de manejo de riesgos e impactos ambientales
como a la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de recursos
125
naturales vivos. La segunda, el Consejo Internacional de minería y metales

(ICMM) que involucra principios encaminados a mejorar el desempeño am-
biental en temas como agua, energía y cambio climático; es decir, orientada
al desarrollo sostenible de la producción minera y alineada a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París sobre cambio climático. Pese a
todo esto, la resistencia continúa.
La preocupación del sector minero es evidente. El hecho de que el movi-
miento indígena, como un actor con gran poder a nivel nacional, no esté de
acuerdo con la reapertura del catastro minero implica dificultades para traer
nuevas inversiones al país. Consecuentemente, se incrementa la inseguridad
jurídica para los inversionistas, se obtienen menos ingresos para el presupues-
to del Estado y se complejizan las relaciones diplomáticas con países inver-
sores. Sin embargo, esta lectura geopolítica correspondería a una parte de los
actores. Por ende, se requiere contrastar esta visión con la narrativa del movi-
miento indígena.
Geopolítica de las resistencias

La geopolítica crítica busca deslindarse de concepciones tradicionales de la
geopolítica para dar paso a una diversidad de entendimientos desde las parti-
cularidades de cada contexto. La necesidad de actualizar y adaptar la geopolí-
tica a nuevas lógicas ya fue señalada por Agnew (1992) en aras de rehumani-
zar al mundo. Ese proceso involucra deconstruir visiones y conceptos como la
supremacía y poder de los Estados, rol de países del tercer mundo, construc-
ción de nacionalismos, límites de la acción social, así como concepciones sobre
lugar, tiempo, espacio y territorio. De la mano con lo anterior, la geopolítica
crítica se orienta a entender las rivalidades y resistencias que plantean a partir
de las relaciones de dominación, la reivindicación de la capacidad de agencia
de los actores sociales y la resiliencia de dichos actores frente al poder coerci-
tivo del Estado (Lois, 2022).
En Ecuador la actividad minera encuentra resistencia por parte de los pue-
blos indígenas y grupos de presión en contra del extractivismo, que buscan
dar paso al cambio en la matriz energética, diversificar las exportaciones y
garantizar sus derechos humanos y colectivos. Sus argumentos motivados por
su cosmovisión ancestral del Sumak Kawsay, el cuidado la Pachamama y sus
territorios ancestrales, los han encaminado a movilizarse en diferentes ocasio-
126
nes. Resaltan en este contexto tres momentos ordenados cronológicamente:

por una parte, la movilización de junio de 2021 e intentos por establecer diá-
logo con el gobierno en octubre y noviembre del mismo año; por otra parte el
incremento de consultas populares y acciones constitucionales; y finalmente,
el paro nacional de junio de 2022.
En junio del 2021, la movilización se orientó contra las medidas económicas
del gobierno principalmente alrededor de precios de combustibles. En ese mo-
mento también se exige el cese inmediato de la explotación minera y petrolera
en territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, así como en zonas de
recarga hídrica, como fuentes de agua. En octubre de 2021, Leonidas Iza, pre-
sidente de la CONAIE se reunió con Guillermo Lasso tras aceptar la invitación
al palacio presidencial acompañado de una movilización del movimiento indí-
gena. En la reunión no llegaron a acuerdos sobre cuestiones económicas, pero
entre los temas tratados se encontró el rechazo al extractivismo y consecuen-
temente, la detención de la explotación minera en Ecuador. En noviembre del
mismo año se realiza un segundo encuentro en Carondelet donde se actualiza
la propuesta de octubre haciendo hincapié en su rechazo por la privatización
de sectores estratégicos (CONAIE, 2022).
En cuanto a consultas populares en la Corte Constitucional se registran dos
en el primer semestre del 2021: a) 1-21-CP de marzo del 2021 que solicita rea-
lizar el control constitucional sobre la prohibición de la minería metálica a
escala artesanal, a pequeña escala, a mediana escala y a gran escala dentro del
subsistema metropolitano de áreas naturales protegidas del Distrito Metropo-
litano de Quito y otras parroquias aledañas del Chocó Andino (Corte Consti-
tucional, 2021a). b) 3-21-CP de junio del 2021, en la que se solicita realizar el
control de la constitucionalidad en temas como: a) prohibición de la minería
metálica en todas sus fases en fuentes de agua, áreas de bosque y vegetación
protectora, páramos, humedales y ecosistemas frágiles; b) contaminación ma-
siva de fuentes naturales así como cualquier acción capaz de producir un de-
sastre ecológico irreparable o destruir un ecosistema sea considerado como
ecocidio (Corte Constitucional, 2021b).
A las consultas se suman dos demandas constitucionales presentadas en el
2021. Una contra el Decreto Ejecutivo 151 del 5 de agosto del mismo año, el
cual expide el Plan de Acción para el sector minero del Ecuador que incluye la
generación de normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e infor-
mada a pueblos y nacionalidades indígenas. Así como la segunda, presentada
el 18 de octubre contra el Decreto Ejecutivo 95 sobre la Política de Hidrocar-
buros.
127
Por último, durante el paro nacional de junio de 2022 que duró 18 días, se
presentaron 10 demandas para subsanar la crisis causada por el modelo neo-
liberal a través de reducción de precios de combustibles, moratoria y renego-
ciación de deudas, precios justos en productos del campo, empleo y derechos
laborales, moratoria a ampliación de frontera extractiva, respecto a derechos
colectivos, alto a privatización de sectores estratégicos, políticas de control de
precios y especulación, salud y educación, políticas públicas frente a la ola de
violencia (CONAIE, 2022). El paro además permitió visibilizar lo que en día a
día se oculta en la ruralidad y la realidad indígena: la pobreza. Tras la firma
del Acta de Paz se estableció un plazo de 90 días para que el gobierno respon-
da a las demandas.
Luego de 90 días de terminado el paro nacional se abrieron varias mesas
de diálogo. La mesa 5 fue la referida a energía y recursos naturales. En ella
se revisan acuerdos y desacuerdos sobre el sector minero. Entre los acuerdos
destacan que el Gobierno no otorgará nuevos títulos mineros a las nuevas pe-
ticiones de derechos mineros, ni otorgará licencias ambientales hasta contar
con normativas sobre consulta previa y consulta ambiental respectivamente,
desgraficación de concesiones mineras que intercepten con el Sistema Nacio-
nal de Áreas Protegidas y zonas intangibles y la conformación de mesas técni-
cas para: a) evaluar procedimientos licencias ambientales y derechos mineros
otorgados, b) identificar, caracterizar, priorizar y remediar pasivos ambienta-
les, c) construir de manera articulada el proyecto de ley sobre consulta previa,
libre e informada, d) abordar reformas a la ley de Minería. Los desacuerdos
se focalizan alrededor de la apertura del catastro minero y la derogatoria del
decreto 151 (Acta de cierre, 2022).
Todas estas prácticas y discursos politizados inmersos en los mecanismos
de resistencia, si bien encuentran asidero en su cultura ancestral andina, lo-
graron anclarse en el escenario mundial debido a su alineamiento con instru-
mentos internacionales ambientales. Con esa variable sistémica, la normativa
internacional ambiental, se suma mayor legitimidad a la resistencia en virtud
tanto de la aceptación de los países signantes como del aval que proveen las
investigaciones realizadas por la comunidad científica. Ecuador ha suscrito
varios convenios internacionales sobre medio Ambiente, de los cuales, los más
relevantes en el tema minero se muestran en el Tabla 6.
128
Tabla 6
Instrumentos internacionales sobre medio ambiente suscritos por el Ecuador
129
Otros instrumentos que se ocupan de manera puntual de pueblos y nacio-

nalidades indígenas son el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas. El primero (aprobado con Registro Oficial 304 de 24 de
abril de 1998) trata sobre los procedimientos para consultar a pueblos intere-
sados sobre la prospección o protección de recursos del subsuelo, así como la
participación en los beneficios de esas actividades. El segundo, (Registro Ofi-
cial 60 de 14 de agosto de 2018) hace referencia a las consultas de los Estados
con pueblos indígenas para obtener su consentimiento libre, previo e infor-
mado antes de aprobar cualquier proyecto sobre utilización o explotación de
recursos minerales, hídricos, etc.
El tema de la consulta previa, libre e informada es entendido como un dere-
cho colectivo consignado tanto a nivel constitucional (art. 57) como en diferen-
tes instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador. La consulta previa
requiere de procesos participativos con los actores interesados, principalmen-
te pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afros y montubios, a fin de
incorporar sus visiones en la toma de decisiones (Carrión, 2012). No obstante,
si bien la consulta previa se encuentra estipulada en la constitución del 2008,
hasta el momento no ha sido normada ni ejecutada. Pese a ello, existen ante-
cedentes al gobierno de Lasso. Este es el caso relativo al proyecto minero de-
nominado Río Blanco, donde la Corte Provincial de Azuay dictó a favor de la
acción de protección por violaciones al derecho colectivo de la consulta previa.
El resultado de esta acción constitucional es que el proyecto minero Río Blanco
no puede retomar sus actividades hasta que el Estado no practique la consulta
previa (Corte Constitucional, 2018).
En este contexto, la geopolítica también se adapta a las nuevas dinámicas y
realidades abriendo paso al entendimiento de diversos fenómenos transnacio-
nales, sin sujeción territorial como el calentamiento global o preocupaciones
ambientales. Estos fenómenos facilitan el entendimiento de la presión inter-
nacional junto con la apremiante necesidad de modificar la matriz energética
hacia una producción y consumos más sostenibles con el uso de energías lim-
pias.
130
Reflexiones finales
Según Cabrera (2020, p. 23) “la geopolítica crítica establece patrones de aná-
lisis que ayudan a explicar fenómenos y procesos sociales, especialmente en
el plano internacional, abriendo el camino a otras perspectivas disciplinarias
que complementan el conocimiento y la explicación geopolítica de los fenóme-
nos territoriales”. Esta explicación se complementa con la visión de Salgado
(2022, p. 64) que plantea que el análisis de la geopolítica crítica se encuentra
“no solo en el contexto internacional sino también en su interrelación con lo
nacional”. En este sentido, las dinámicas, fenómenos y actores locales inciden
en el imaginario geopolítico de los Estados y pueden llegar a modificar tanto
sus agendas como sus procesos de toma de decisiones. De ahí la necesidad de
revisar los elementos identitarios de la sociedad y la construcción de los dis-
cursos geopolíticos que moldean la relación entre actores a diferentes niveles.
El territorio por ejemplo ha sido visto tradicionalmente como el principal
pilar de la geopolítica, debido a la importancia que tienen las características
geográficas dentro de los límites fronterizos y que a su vez incide en la expan-
sión de los intereses nacionales, más allá de las fronteras. La política exterior
por tanto estaría ligada a elementos objetivos del territorio (Cabrera, 2017) y
depende de ellos para conseguir poder y asegurar su sobrevivencia. No obs-
tante, las interpretaciones que se atribuyen al mismo no proceden únicamente
de fuentes tradicionales o estatales. La pluralidad de actores conlleva a la mul-
tiplicidad de visiones, de ahí que el análisis requiere incluir nuevos fenómenos
y elementos subjetivos. Este es el caso de las prácticas, discursos y simbolis-
mos ligados a una particular visión de territorio en línea con los patrones cul-
turales, como la idea de la Pachamama y su vínculo con lo sagrado.
En cuanto al espacio, su entendimiento generalmente más amplio como
fuente de producción social, también prioriza componentes de poder, segu-
ridad y además expansionismo en aras de la protección y proyección de in-
tereses vitales que dependen de recursos, territorios o elementos fuera de sus
fronteras. En este punto merece especial énfasis las ideas de Ratzel, quien veía
el espacio vital como la defensa de los intereses raciales de Alemania, la de
Haushofer con su intención de extenderse permanentemente en totalitarismos
y la de Mackinder sobre el dominio global (Guerrero y Valarezo, 2022).
Sin embargo, a partir de la mirada de la geopolítica crítica, se puede incluir
otro tipo de calificativos al espacio, más congruentes con las preocupaciones
del contexto, como espacios ambientales, migratorios, democráticos, de coo-
131
peración e integración; esto representa espacios también relevantes y estra-

tégicos donde priman las relaciones, la historia, las identidades (Bruckmann,
Barrios y Lajtman, 2022) y donde se ejercen dinámicas de dominación social.
Esos nuevos calificativos contribuyen a caracterizar el espacio latinoameri-
cano y ampliar su concepción de proveedor de recursos naturales hacia una
región donde los actores y sus marcos políticos y culturales juegan un papel
fundamental. En el caso del Ecuador, la geopolítica inició con consideraciones
militares, fue incidida por el dictador Pinochet y posteriormente influencia-
da por diferentes escuelas clásicas, así como por el posestructuralismo de la
geopolítica crítica (Salgado, 2022).
El escenario ecuatoriano está marcado por una disputa de poder y recursos
entre actores dominantes como Canadá, China y Australia con intereses por
acceso a minerales, el Estado ecuatoriano desde su racionalidad busca alcanzar
sus propios intereses y actores locales indígenas que, sobre la base de su cos-
movisión, derechos colectivos y apoyados por instrumentos internacionales
ambientales, ejercen resistencia. En esta dinámica, ambos actores identifican
como amenazas aquello que afecta sus intereses. Al reconfigurar las relaciones
de poder se conciben visiones diferenciadas de espacio y territorio que a su
vez modifican los entendimientos sobre soberanía y política.
El Estado ha perdido su capacidad de proyectar poder; de ahí que las polí-
ticas nacionales extractivistas se ven modificadas, cuestionadas o suspendidas
debido a la falta de acuerdos. Estos acuerdos no se alcanzan exclusivamente
en el nivel doméstico lo que complejiza el escenario. Además, no se siguen la
lógica de que al tener una minoría de poder en el ámbito nacional se favorece
el terreno para aceptar una tendencia internacional, pues hay dos tendencias
mundiales, una neoliberal y otra ambientalista, cada una con su propia agen-
da, intereses y actores, por lo que la toma de decisiones políticas y soberanas
se ve afectada.
En esta suerte de balance de poder entre los actores se encuentran, por una
parte, las empresas transnacionales, las cuales desde una lógica de mercado
buscan acumular mayor capital y posicionamiento internacional, lo que impli-
ca el acceso a nuevas concesiones mineras, alinearse a estándares ambientales
y seguridad jurídica. Para ese objetivo pretenden apoyarse del poder y control
que puede ejercer el Estado en sus ciudadanos y recursos; es decir desde una
visión geopolítica convencional.
Por otra parte, está el movimiento indígena, quien se ha mostrado tradicio-
nalmente renuente a la extracción de los recursos naturales, privilegiando el
132
cuidado del agua y la tierra. En esa lógica, resiste al extractivismo desde sus
propias prácticas y concepciones culturales (cosmovisión andina). Los meca-
nismos que utilizan ya sean normativos o de protesta se fortalecen por el hecho
que sus prácticas y discursos están en línea con las preocupaciones ambienta-
les, por lo que ha ganado espacio y acogida de los movimientos ambientalistas
locales, nacionales y extranjeros. Además, los instrumentos internacionales
medioambientales son un elemento clave que provee nuevas lógicas y diná-
micas, pues con ellos su resistencia se concibe en marcos internacionales como
la agenda planteada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, discusiones
sobre el calentamiento global y cambios de la matriz energética. De esta ma-
nera, el movimiento indígena conforma una estrategia sistémica que mejora
su capacidad de convocatoria y movilización, le permite trascender la frontera
nacional al incidir en decisiones domésticas y poner en entredicho el poder de
los inversionistas extranjeros y con ello insertarse en el escenario geopolítico
internacional.
Finalmente, a nivel académico la contribución de la geopolítica crítica está
en las implicaciones ontológicas y epistemológicas, pues considera no solo al
objeto sino al sujeto, devolviendo la perspectiva de humanidad; abre la posi-
bilidad a diferentes narrativas sin limitarse a verdades universales; y, revela
relaciones de dominación. La geopolítica crítica al englobar nuevas dinámicas
y entendimientos de prácticas y discursos de diferentes actores politizados,
cuestiona viejas perspectivas y niveles, pues ya no se debe considerar única-
mente lo local con la sociedad civil, lo nacional con el gobierno nacional, lo
internacional con los inversionistas; sino que esta geopolítica presiona por la
incorporación de nuevos niveles y dimensiones como lo supra y subestatal, lo
regional y lo global. Esta visión más inclusiva abre paso a reflexionar sobre la
gestión del territorio, analizar diferentes repercusiones geopolíticas y situar a
Latinoamérica y a Ecuador en la política internacional.
133
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136
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CAPÍTULO VI
La diplomacia parlamentaria
¿Intromisión en la diplomacia tradicional
o alternativa para la proyección
internacional de los Estados?
Juan Francisco Camino
138
Introducción
La Diplomacia Parlamentaria es tal vez uno de los campos de las relacio-
nes internacionales con menos trabajos de investigación. Esto se debe a que
la diplomacia tradicional ha sido una competencia exclusiva de los poderes
ejecutivos, independientemente de la forma de gobierno que tiene un país. En
la mayor parte de los parlamentos del mundo, existe la filiación a diferentes
Organismos Interparlamentarios, también denominados “Grupos Parlamen-
tarios Internacionales”. Estas instituciones, de naturaleza intergubernamental,
son espacios en los cuales los legisladores seleccionados directamente por los
poderes legislativos de sus países intercambian experiencias, cooperan en ma-
teria legislativa y discuten temas de interés común, mismos que se derivan de
la agenda de cada legislador, de sus organizaciones políticas, de los parlamen-
tos o de los grupos como tal.
La Unión Interparlamentaria Internacional fue el primer grupo interparla-
mentario. Nacido en 1889 (Ferrero, 2019), fue el primero de más de 70 grupos
creados hasta el año 2015. El Ecuador, particularmente, pertenece a grupos
parlamentarios que tienen como característica principal el relacionamiento de
los poderes legislativos latinoamericanos. En nuestro país, la literatura sobre
este tema es escasa, debido a que el análisis de la diplomacia se ha centrado en
lo institucional, en la política exterior del Ecuador y cómo nuestros diplomáti-
cos han llevado a la práctica los lineamientos definidos por el poder ejecutivo.
En lo que respecta a los organismos interparlamentarios, los trabajos hacen
una descripción de estas instituciones.
Este capítulo tiene como fin hacer una revisión general de los organismos
parlamentarios a los que pertenece el Ecuador, y a partir de la literatura dis-
ponible sobre estas instituciones, hacer una reflexión sobre si la Diplomacia
Parlamentaria es una intromisión a la diplomacia tradicional, o puede ser una
alternativa para la proyección internacional del Estado. En este capítulo se
describirá un marco teórico, se expondrán los organismos interparlamenta-
rios a los que pertenece el Ecuador y, posteriormente, se realizará una breve
reflexión al respecto. Al final, se plantearán las conclusiones de este capítulo y
sugerencias de posibles trabajos de investigación futuros sobre esta temática.
139
Marco teórico
La diplomacia parlamentaria es un concepto nuevo en el estudio de las Rela-
ciones Internacionales. Si bien los primeros trabajos para conceptualizar y teo-
rizar las Relaciones Internacionales datan del período inmediato a la Segunda
Guerra Mundial, algunos consideran que trabajos como el de Tucídides o el
análisis de Maquiavelo sobre el Estado darían luces sobre el comportamiento
de los Estados. La primera teoría es el realismo, a partir de los trabajos de Hans
Morgenthau (Moure, 2015). Después se producen varios debates entre los en-
foques “racionalistas” y los “reflectivistas”. Ambas corrientes epistemológicas
abarcan la discusión sobre cómo el Estado, actores no estatales, instituciones
internacionales e individuos interactúan y definen el Sistema Internacional12.
En el marco de la teoría institucionalista, sus principales supuestos estable-
cen que los actores estatales y no estatales son importantes para entender la
dinámica del Sistema Internacional. Por lo tanto, el papel de las organizacio-
nes internacionales en el comportamiento de los actores es fundamental, ya
que establecen límites a sus acciones en medio de un sistema internacional
anárquico (Kauppi y Viotti, 2014; Grasa, 2015).
Esto incluye los enfoques institucionalistas de Douglas North, y la impor-
tancia de las instituciones formales e informales para explicar el comporta-
miento de los actores.
Las instituciones internacionales ayudan a reducir la asimetría de poder
entre los Estados, permitiendo que países con menores capacidades puedan
reducir las brechas de información respecto al comportamiento de países
“centrales”, tomando como referencia los conceptos de centro y periferia del
estructuralismo y permitiendo las relaciones de cooperación (Kauppi y Viotti,
2014). Los gobiernos tienen bajo sus competencias la formulación, aplicación y
evaluación de la política exterior, la política internacional y la administración
de la diplomacia (Sánchez, 2014). Los estudios de los grupos que son confor-
mados por representantes de los poderes legislativos son incipientes, limitán-
dose a “documentar el funcionamiento de los diferentes foros parlamentarios
internacionales”, y establecer definiciones (Ferrero, 2019).
La Diplomacia Parlamentaria, desde distintos abordajes es independiente
de la diplomacia tradicional pero que a su vez la complementa (Manyi, 2017;
Stavridis, 2018; Ferrero, 2019). Para Stavridis (2018), esta incluye un conjunto
de actividades y acciones internacionales realizadas por los congresos, que
buscan establecer a los parlamentos como órganos representativos de organi-
12
Sistema Internacional entendido como un conjunto de interacciones entre diferentes actores, que producen estruc-
turas y son estructuradas al mismo tiempo.
140
zaciones regionales o globales a través de las instituciones parlamentarias que

contemplan a representantes de los poderes legislativos de varios países.
En otra definición, podemos entender a la Diplomacia Parlamentaria como
un conjunto de actividades asociadas al interés del Estado, que pueden ser
promovidas, desarrolladas y ejecutadas por los parlamentarios en un contexto
tanto de competencias constitucionales como de intercambio de valores, ideas,
experiencias y legislación entre legisladores, sea a través de medios formales
como las instituciones interparlamentarias, o informales, a través de intercam-
bio directo con sus colegas de otros parlamentos (Cincunegui, 2018). Estas ac-
tividades, pueden ser consideradas como complementarias, pero en algunos
casos pueden confundirse con la sobreposición a las competencias de los mi-
nisterios de exteriores de cada país.
La Diplomacia Parlamentaria cada vez posee de espacios más consolidados
en los cuales los parlamentarios del mundo intercambian experiencias, coope-
ran y promueven los principios democráticos, la solución pacífica de conflictos
y tratan de canalizar la agenda internacional de cada país (Inter-Parliamentary
Unión, 2005; Stavridis, 2018).
Para Fiott, y citado por Cincunegui (2018), existen 4 formas de este tipo de
diplomacia: intraestatal, interestatal, intraregional e interregional. La activi-
dad esencial de estos espacios es la interacción y cooperación parlamentaria.
Para Ferrero (2019), el modelo de la Unión Parlamentaria Internacional es el
que ha guiado a otros espacios de este tipo, permitiendo a sus miembros man-
tener relaciones formales e informales.
El enfoque europeo de la Diplomacia Parlamentaria (Ferrero, 2019) cen-
tra su análisis en los espacios de integración regional, específicamente en las
competencias y funciones de las organizaciones parlamentarias internaciona-
les, tomando como referencia al Parlamento Europeo creado en 1958 y que
actualmente alberga a representantes de los Estados miembros de la Unión
Europea, elegidos a través de sufragio directo y en circunscripción nacional.
Por otro lado, en América Latina los estudios sobre Diplomacia Parlamenta-
ria han descrito a los actores como legisladores o asesores, entendiéndose un
enfoque más constructivista en su análisis. Los objetos de estudio han sido los
grupos interparlamentarios de amistad y los Organismos Interparlamentarios,
haciendo una revisión de sus acciones y logros (Malamud & Stavridis, 2011).
Los espacios más importantes de la Diplomacia Parlamentaria son los gru-
pos parlamentarios, sean los de amistad o los órganos interparlamentarios.
También existen unos más informales, que en muchas ocasiones solo necesitan
141
de la iniciativa de ciertos legisladores como las comisiones interparlamentarias,

en las que se trabaja en el diálogo político, las misiones, visitas y recepciones
oficiales, y la participación de los legisladores en instituciones parlamentarias
internacionales (también llamados como organismos interparlamentarios), y
en todo tipo de redes internacionales de parlamentarios (Cincunegui, 2018).
En el caso de los Organismos Interparlamentarios, estos pueden definirse
como espacios de encuentro y discusión de los legisladores de los países miem-
bros, quienes interactúan con la intención de establecer posiciones comunes
respecto a temas de interés. Son grupos con autonomía de los parlamentos
y gobiernos, y sus miembros son asignados oficialmente por el Congreso de
sus respectivos países (Kissling, 2011; Manyi, 2017; Cincunegui, 2018; Ferrero,
2019). Estos grupos tienden a no tener capacidad de influir sobre los gobiernos
de los Estados miembro o sobre otros organismos internacionales. Por otro
lado, estos espacios proveen de información y experiencias parlamentarias
para fortalecer la legislación y fiscalización de sus miembros, discutir temas
planteados en el marco de estas instituciones y en algunos casos muy específi-
cos, para interpelar a las autoridades nacionales que se encargan de la política
exterior, siempre y cuando los Estados así lo hayan consentido (Lipps, 2020).
Las características de estos órganos son, de acuerdo con Kissling (2011):
• Estatutos y reglamentos que determinan su estructura y funcionamien-
to.
• La constitución de órganos y delegaciones de representantes de parla-
mentos nacionales.
• Presupuesto.
Organismos Interparlamentarios a los que pertenece la Asam-

blea Nacional del Ecuador
En esta sección se clasifican los principales Organismos Interparlamenta-
rios en los que Ecuador tiene participación a través de su Asamblea Nacional.
De la misma manera, se resaltar a los Grupos Parlamentarios en los que el país
tiene participación en el período 2021-2025.
Parlamericas
Está conformada por los congresos de 35 Estados de las Américas. Su lema
es “Fortalecemos la democracia y la gobernabilidad del hemisferio a través del
142
diálogo político y la acción parlamentaria”. Su misión es “mejorar y reforzar

los procesos democráticos nacionales y hemisféricos, aportando un foro de
liderazgo que canalice el debate continuo sobre cuestiones de interés común”.
(Asamblea Nacional del Ecuador, 2022).
Parlatino
Es un órgano parlamentario unicameral, conformado por los representantes
nacionales de los países soberanos de América Latina y el Caribe, y que fueron
elegidos a través de sufragio directo y secreto. El propósito de esta organiza-
ción es velar por los Derechos Humanos, fomentar el desarrollo económico y
social de Latinoamérica, oponerse y luchar contra toda forma de colonialismo
o neocolonialismo y contribuir a la consecución de la paz, la seguridad y el
orden jurídico internacional (Parlatino, 2022).
Parlamaz
El Parlamento Amazónico es un organismo creado en 1989 e integrado por
representantes de los congresos de los países amazónicos. Uno de sus objeti-
vos más relevantes es acelerar los procedimientos internos dirigidos a la apro-
bación de programas nacionales que favorezcan la utilización racional de los
recursos naturales (Asamblea Nacional del Ecuador, 2022).
Unión Interparlamentaria (UIP)

Esta institución nació en 1889, su objetivo inicial fue a promover la paz a
través de la diplomacia parlamentaria y el diálogo. En la actualidad, 179 par-
lamentos del mundo son miembros de este organismo, y cuenta con 12 miem-
bros asociados. Tiene como uno de sus principales objetivos la promoción de
la democracia a nivel internacional. La Unión Parlamentaria Internacional tra-
baja “por el fomento a los Derechos Humanos, la igualdad de género, el em-
poderamiento de los jóvenes y el desarrollo sostenible a través del diálogo po-
lítico, la cooperación y la acción parlamentaria” (Inter - Parliamentary Union,
2022). De la misma manera, busca promover la gobernabilidad democrática,
las instituciones y sus valores.
143
Eurolat
Es la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Está conformada por
representantes de parlamentos latinoamericanos y de los Estados pertenecien-
tes a la Unión Europea. Busca “Coadyuvar a promocionar y profundizar en los
aspectos concretos de la asociación en temas de democracia, política exterior,
gobernabilidad, integración, paz y derechos humanos, asuntos económicos,
financieros y comerciales, asuntos sociales y medio ambiente” (Asamblea Na-
cional del Ecuador, 2022; EUROLAT, 2022).
Grupos Parlamentarios de Amistad existentes en el período legislati-

vo 2021-2025
Actualmente existen 16 Grupos Parlamentarios de Amistad registrados en
la página web de la Asamblea Nacional. Los parlamentos con los que se man-
tienen estos grupos son:
Tabla 7
Grupos Parlamentarios de Amistad de la Asamblea Nacional del Ecuador. Período
2021-2025
144
Nota. Adaptado de Asamblea Nacional, 2022.
Debe tomarse en cuenta que, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones

Internacionales de la Asamblea Nacional, a la fecha de realización de este ca-
pítulo, solo se encuentran activos 2 de los 16 grupos interparlamentarios re-
gistrados.
¿La Diplomacia Parlamentaria es una intromisión en la diploma-

cia tradicional o una alternativa para la proyección internacio-
nal de los Estados?
Los grupos interparlamentarios, así como los grupos de amistad entre legis-
ladores de diferentes Estados son espacios que carecen de capacidad suprana-
cional. Esto quiere decir que no cuentan con la atribución de generar una le-
gislación vinculante a los parlamentos que pertenecen a estos grupos. Incluso
no tienen capacidad de interpelación a funcionarios del poder ejecutivo de los
Estados miembros, salvo que, en determinadas ocasiones, se le otorgue esta
capacidad por decisión soberana de un Estado.
Las instituciones interparlamentarias, al ser espacios de cooperación entre
representantes de diferentes países, se han convertido en promotores de valo-
res y principios democráticos, y en algunos casos pueden incluso enviar dele-
gaciones a países miembros para observación electoral o para verificar posi-
145
bles violaciones a los Derechos Humanos o resquebrajamientos democráticos

en coyunturas relacionadas con Golpes de Estado o protestas. Las relaciones
de cooperación entre parlamentos de varios países no debe ser vista como una
intromisión a los mecanismos diplomáticos formales del Estado, ya que tienen
su propia naturaleza, intereses y margen de acción. En el caso ecuatoriano, no
se registra la intromisión de alguna de estas instituciones en las acciones del
Ministerio rector de las Relaciones Internacionales del Estado, y más bien, la
especificidad en el trabajo de los grupos parlamentarios hace que estos tengan
un rol más complementario a la labor del Ejecutivo en la política exterior y
política internacional.
Desde una perspectiva del poder blando13, estos órganos pueden ser una
herramienta para la difusión cultural, valores políticos, orientaciones afectivas
y evaluativas sobre la democracia, Derechos Humanos, cooperación e Integra-
ción Regional. También puede servir como espacio para el intercambio acadé-
mico y de investigación sobre temas legislativos, a través del intercambio de
experiencias para la formación de Escuelas Legislativas en diferentes países
de la región.
Conclusiones
La Diplomacia Parlamentaria no es un concepto nuevo, pero sus estudios
no se han desarrollado en los últimos 15 años, y se han concentrado en el aná-
lisis de las formas en las que se manifiesta este fenómeno. Esto ha generado
una brecha en la reflexión sobre este tema, específicamente sobre sus causas
y efectos sobre las instituciones o en los actores individuales de las relaciones
internacionales de los Estados. Al no existir mucha bibliografía, el reto de los
investigadores en Relaciones Internacionales se vuelve aún mayor. Es la opor-
tunidad de generar mayor teorización sobre este tema, y desarrollar otro tipo
de estudios que puedan centrarse tanto en la producción de las instituciones
parlamentarias, grupos de amistad, y el análisis de sus actores.
La Diplomacia Parlamentaria muchas veces es entendida como “Turismo
Parlamentario”. Resignificar este concepto es uno de los principales retos, y
para hacerlo, la cooperación entre parlamentos de distintos lugares del mundo
como espacio de proyección de intereses estatales es fundamental. Si bien no
puede reemplazar a la diplomacia tradicional ni las competencias del ejecu-
tivo, el establecer modelos de legislación, intercambio de experiencias de fis-
13
De acuerdo con la definición dada por Joseph Nye, el poder blando es aquel en el cual no se usa la coerción para
influir sobre otros Estados. Se lo hace a través de la cultura, educación, religión o deportes.
146
calización y ser un espacio de cooperación entre bancadas afines le permitirá

entender en toda su dimensión el concepto de diplomacia parlamentaria.
La complementariedad con las acciones del ejecutivo puede generarse tanto
en el diseño, implementación y evaluación de la política exterior. De hecho,
con base en la cooperación entre distintos poderes del Estado y niveles de
gobierno, el Parlamento puede ser fundamental para la ratificación de trata-
dos internacionales, que, para su entrada en vigor, necesiten la aprobación de
los parlamentos. Esto es de especial interés del Estado ecuatoriano, ya que la
Constitución establece que los Tratados Internacionales requerirán de aproba-
ción legislativa para que puedan ser parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Para facilitar este procedimiento, tanto los grupos parlamentarios de amistad,
como las comisiones de Relaciones Internacionales, pueden cumplir con esa
función.
147
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149
150
Escenarios, conflictos y
oportunidades
La incertidumbre parece estar ligada a la realidad del

Ecuador como un elemento inseparable. Entre la debi-
lidad de sus instituciones formales, la presión de actores
por fuera de la ley, y el constante cambio del sistema
internacional, el país afronta desafíos coyunturales y es-
tructurales severos que demandan un dominio amplio
por parte de los tomadores de decisión y la ciudadanía
para poder emprender el mejor rumbo posible.
En este sentido, el libro “Ecuador hacia el 2025: Escena-

rios, Conflictos y Oportunidades” compila una serie de
análisis desde distintas perspectivas de la Ciencia Polí-
tica, los estudios de seguridad y las Relaciones Interna-
cionales para dar un panorama diverso y holístico que
arroje luz sobre la realidad del país.
Este esfuerzo del Centro de Estudios y Pensamiento Es-

tratégico (CESPE) busca convertirse en un aporte sólido
para el Ecuador en la búsqueda de mejores soluciones
y plena comprensión del panorama estratégico.

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Ecuador hacia el 2025:

Bernardo Gortaire-Morejón (comp.), Gilda Guerrero Salgado, Ramiro Lapeña Sanz,

Primera edición electrónica: septiembre, 2023

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

Publicación autorizada por:

Corrección de estilo y diseño

Imagen de cubierta: https://acortar.link/BDmHgc

Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

Bernardo Gortaire Morejón (comp.)

M.Sc. en Política Pública y Desarrollo Humano con Especialización en Integración

Gilda Guerrero Salgado

Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Más-

Ramiro Lapeña Sanz

Máster en Política Internacional. Especialista en Comunicación y Conflictos Arma-

Marta Fernández Sebastián

Doctora en Ciencias Políticas (Ph.D) y Licenciada en Periodismo por la Universidad

Candidata doctoral de Estudios Internacionales por FLACSO Ecuador. Magister en

Juan Francisco Camino Apunte

Magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca – España y Máster en

Capítulo I - Implicaciones geopolíticas y desafíos del

¿Se vive un verdadero giro a la izquierda en América Lati-

Nueva oportunidad para la integración latinoamericana...................... 30

Capítulo II - Instituciones primarias y comunidades de

Contexto global: algunos apuntes.......................................... ................... 47

El contexto ecuatoriano en la incertidumbre internacional ................... 50

Sobre la teoría de la Escuela Inglesa.......................................................... 55

Análisis: una aproximación a las instituciones primarias

Capítulo III - Incertidumbre externa y zozobra interna:

La incertidumbre del sistema internacional a través de sus

Crisis 2: De la globalización liberal de los costos a la

Crisis 3: La guerra de Ucrania y sus externalidades glo-

Crisis 4: Inflación: la tormenta perfecta................................................ 82

Zozobra interna en Ecuador........................................................................ 83

Los cuatro ejes de la política exterior ecuatoriana.............................. 84

Problemas y dificultades para la política exterior............................... 87

Capítulo IV - La importancia de la seguridad marítima

Crimen organizado en Ecuador.................................................................. 104

Actividades delictivas en las costas ecuatorianas.................................... 105

El narcotráfico....................................................................... ................... 105

Piratería y robo a mano armada............................................................ 107

Pesca indiscriminada............................................................................... 108

Repercusiones Sociales y Políticas de la criminalidad ma-

El papel de las Fuerzas Armadas a la hora de combatir las

Capítulo V - Disputas entre identidades indígenas poli-

Decisiones políticas en el sector minero ecuatoriano.............................. 121

Intereses nacionales e inversiones.......................................... ................... 123

Geopolítica de las resistencias.................................................................... 126

Reflexiones finales........................................................................................ 131

Capítulo VI - La diplomacia parlamentaria ¿Intromisión

Marco teórico............................................................................. ................... 140

Organismos Interparlamentarios a los que pertenece la

Unión Interparlamentaria (UIP)............................................................ 143

Grupos Parlamentarios de Amistad existentes en el pe-

¿La Diplomacia Parlamentaria es una intromisión en la di-

Tabla 1 Evolución del PIB en América Latina 2004-2022............................. 26

Tabla 2 Objetivos del Plan de Trabajo 2021-2025, Alianza

Tabla 3 Escuela Inglesa, Conceptos y Adaptación de Devlen,

Tabla 4 Instituciones primaras en el gobierno de Guillermo Las-

Tabla 5 Proyectos mineros en el Ecuador....................................................... 124