La Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica establece la responsabilidad penal y administrativa de funcionarios públicos que se enriquecen desproporcionadamente durante su gestión. Algunos casos notables donde se aplicó la ley incluyen fraude en la compra de medicamentos por la Caja Costarricense de Seguro Social, investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito del presidente ejecutivo de una empresa proveedora del estado, y un escándalo relacionado con la importación de cemento chino sin pagar aranceles. La ley busca perseguir el en
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La Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica establece la responsabilidad penal y administrativa de funcionarios públicos que se enriquecen desproporcionadamente durante su gestión. Algunos casos notables donde se aplicó la ley incluyen fraude en la compra de medicamentos por la Caja Costarricense de Seguro Social, investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito del presidente ejecutivo de una empresa proveedora del estado, y un escándalo relacionado con la importación de cemento chino sin pagar aranceles. La ley busca perseguir el en
La Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica establece la responsabilidad penal y administrativa de funcionarios públicos que se enriquecen desproporcionadamente durante su gestión. Algunos casos notables donde se aplicó la ley incluyen fraude en la compra de medicamentos por la Caja Costarricense de Seguro Social, investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito del presidente ejecutivo de una empresa proveedora del estado, y un escándalo relacionado con la importación de cemento chino sin pagar aranceles. La ley busca perseguir el en
La Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica establece la responsabilidad penal y administrativa de funcionarios públicos que se enriquecen desproporcionadamente durante su gestión. Algunos casos notables donde se aplicó la ley incluyen fraude en la compra de medicamentos por la Caja Costarricense de Seguro Social, investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito del presidente ejecutivo de una empresa proveedora del estado, y un escándalo relacionado con la importación de cemento chino sin pagar aranceles. La ley busca perseguir el en
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La Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica, también conocida como Ley
8422, establece la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios
públicos que obtienen un enriquecimiento desproporcionado durante su gestión.
Algunos de los casos más destacados relacionados con la Ley de
Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica incluyen:
1. Caso Caja-Fischel: en el año 2011, se descubrió un supuesto fraude en la
compra de medicamentos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a la empresa Fischel. La investigación determinó que varios funcionarios públicos habían recibido sobornos por parte de la empresa a cambio de otorgar contratos. Varios de los involucrados fueron procesados por enriquecimiento ilícito. 2. Caso Yanber: en el año 2018, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en contra del presidente ejecutivo de la empresa Yanber, uno de los principales proveedores del Estado costarricense. Se investigó el posible tráfico de influencias para obtener contratos públicos y la compra de bienes inmuebles en efectivo. 3. Caso Cementazo: en el año 2017, se destapó un escándalo de corrupción relacionado con la importación de cemento chino sin pagar los aranceles correspondientes. Se investigó la posible participación de varios políticos y empresarios en este caso de presunto enriquecimiento ilícito. Varios funcionarios públicos fueron procesados por delitos como cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. 4. Caso Juan Carlos Bolaños: en el año 2017, se investigó a Juan Carlos Bolaños, empresario costarricense, por supuesto tráfico de influencias para obtener contratos públicos para su empresa. También se le acusó de enriquecimiento ilícito por poseer bienes que no correspondían a su nivel de ingresos. Este caso generó un gran revuelo en la opinión pública y llevó a la renuncia del entonces presidente del país, Luis Guillermo Solís.
la Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica fue aprobada en 2016 y entró en
vigencia en 2017. Su objetivo principal es perseguir el enriquecimiento injustificado de funcionarios públicos y particulares que hayan obtenido un beneficio económico ilegal.
La Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica fue aprobada en 1995, pero su
entrada en vigencia se retrasó debido a diversas circunstancias. A lo largo de los años, hubo varios intentos por parte de diferentes gobiernos para poner en marcha la ley, pero por diversas razones no se logró su implementación.
En 2017, finalmente se logró la entrada en vigencia de la ley después de que se
llevaran a cabo una serie de ajustes y mejoras en su redacción y estructura. Estos cambios permitieron que la ley fuera más clara y precisa, lo que facilitó su aplicación y cumplimiento.
Cabe destacar que la Ley de Enriquecimiento Ilícito es una herramienta
importante en la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en Costa Rica, y su entrada en vigencia representa un paso importante en la lucha contra estos delitos.
En relación a la educación, la Ley de Enriquecimiento Ilícito se aplica a los
funcionarios públicos y a otros servidores públicos que trabajan en el sector educativo, incluyendo a los directores y docentes de escuelas públicas y universidades públicas.
Algunos casos de aplicación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito en el sector
educativo en Costa Rica incluyen:
1. Caso de la exdirectora del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): En 2017, la
exdirectora del INA fue condenada por enriquecimiento ilícito y peculado por haber utilizado recursos públicos para pagar una supuesta consultoría que no había sido realizada. La exdirectora fue condenada a 12 años de prisión y a la devolución de los fondos sustraídos. 2. Caso de la exdirectora del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): En 2016, la exdirectora del ICE fue condenada por enriquecimiento ilícito y peculado por haber utilizado fondos públicos para gastos personales, incluyendo viajes, compras y servicios de lujo. La exdirectora fue condenada a 12 años de prisión y a la devolución de los fondos sustraídos. 3. Caso de la exdirectora del Ministerio de Educación Pública (MEP): En 2015, la exdirectora del MEP fue condenada por enriquecimiento ilícito por haber utilizado fondos públicos para gastos personales, incluyendo viajes, compras y servicios de lujo. La exdirectora fue condenada a 8 años de prisión y a la devolución de los fondos sustraídos.