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Casos de La Ley 8422

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La Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica, también conocida como Ley

8422, establece la responsabilidad penal y administrativa de los funcionarios


públicos que obtienen un enriquecimiento desproporcionado durante su
gestión.

Algunos de los casos más destacados relacionados con la Ley de


Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica incluyen:

1. Caso Caja-Fischel: en el año 2011, se descubrió un supuesto fraude en la


compra de medicamentos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social
(CCSS) a la empresa Fischel. La investigación determinó que varios funcionarios
públicos habían recibido sobornos por parte de la empresa a cambio de otorgar
contratos. Varios de los involucrados fueron procesados por enriquecimiento
ilícito.
2. Caso Yanber: en el año 2018, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y
Anticorrupción abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en
contra del presidente ejecutivo de la empresa Yanber, uno de los principales
proveedores del Estado costarricense. Se investigó el posible tráfico de
influencias para obtener contratos públicos y la compra de bienes inmuebles en
efectivo.
3. Caso Cementazo: en el año 2017, se destapó un escándalo de corrupción
relacionado con la importación de cemento chino sin pagar los aranceles
correspondientes. Se investigó la posible participación de varios políticos y
empresarios en este caso de presunto enriquecimiento ilícito. Varios
funcionarios públicos fueron procesados por delitos como cohecho, tráfico de
influencias y enriquecimiento ilícito.
4. Caso Juan Carlos Bolaños: en el año 2017, se investigó a Juan Carlos Bolaños,
empresario costarricense, por supuesto tráfico de influencias para obtener
contratos públicos para su empresa. También se le acusó de enriquecimiento
ilícito por poseer bienes que no correspondían a su nivel de ingresos. Este caso
generó un gran revuelo en la opinión pública y llevó a la renuncia del entonces
presidente del país, Luis Guillermo Solís.

la Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica fue aprobada en 2016 y entró en


vigencia en 2017. Su objetivo principal es perseguir el enriquecimiento injustificado de
funcionarios públicos y particulares que hayan obtenido un beneficio económico ilegal.

La Ley de Enriquecimiento Ilícito en Costa Rica fue aprobada en 1995, pero su


entrada en vigencia se retrasó debido a diversas circunstancias. A lo largo de los
años, hubo varios intentos por parte de diferentes gobiernos para poner en
marcha la ley, pero por diversas razones no se logró su implementación.

En 2017, finalmente se logró la entrada en vigencia de la ley después de que se


llevaran a cabo una serie de ajustes y mejoras en su redacción y estructura.
Estos cambios permitieron que la ley fuera más clara y precisa, lo que facilitó su
aplicación y cumplimiento.

Cabe destacar que la Ley de Enriquecimiento Ilícito es una herramienta


importante en la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en Costa
Rica, y su entrada en vigencia representa un paso importante en la lucha contra
estos delitos.

En relación a la educación, la Ley de Enriquecimiento Ilícito se aplica a los


funcionarios públicos y a otros servidores públicos que trabajan en el sector
educativo, incluyendo a los directores y docentes de escuelas públicas y
universidades públicas.

Algunos casos de aplicación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito en el sector


educativo en Costa Rica incluyen:

1. Caso de la exdirectora del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA): En 2017, la


exdirectora del INA fue condenada por enriquecimiento ilícito y peculado por
haber utilizado recursos públicos para pagar una supuesta consultoría que no
había sido realizada. La exdirectora fue condenada a 12 años de prisión y a la
devolución de los fondos sustraídos.
2. Caso de la exdirectora del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): En 2016,
la exdirectora del ICE fue condenada por enriquecimiento ilícito y peculado por
haber utilizado fondos públicos para gastos personales, incluyendo viajes,
compras y servicios de lujo. La exdirectora fue condenada a 12 años de prisión y
a la devolución de los fondos sustraídos.
3. Caso de la exdirectora del Ministerio de Educación Pública (MEP): En 2015, la
exdirectora del MEP fue condenada por enriquecimiento ilícito por haber
utilizado fondos públicos para gastos personales, incluyendo viajes, compras y
servicios de lujo. La exdirectora fue condenada a 8 años de prisión y a la
devolución de los fondos sustraídos.

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