INTRODUCCIÓN111

DOCUMENTO SOBRE PROBLEMÁTICAS Y SOLUCIONES DE UNA RAMA DEL PODER
PÚBLICO
EDITH CONSTANZA PEÑA CUEVAS ID: 804701
CONSTITUCION POLITICA
SANDRA PAOLA CONTRERAS MENDEZ
NRC: 50-12571
UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS
ADMINISTRACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
UBATE, CUNDIAMARCA
19/11/2022
1
INTRODUCCIÓN.
En Colombia, el poder público fue creado entre 1936 y 1945, y la Constitución de 1991 decidió
dividirlo en tres poderes que funcionaban como herramientas para asegurar que el poder no fuera
monopolizado. Seguir a otros y crear una garantía de que nuestro país es una democracia. Las ramas
del poder son: ejecutiva, legislativa y judicial.
Esta constitución también dispuso crear organismos de control para controlar los recursos en poder
de las entidades públicas o de los particulares que administran fondos públicos. Estas agencias
incluyen la Oficina del Fiscal del Estado, la Oficina del Contralor del Estado y la Oficina del
Defensor del Pueblo.
Asimismo, para el control y fortalecimiento de la democracia y su participación, se creará un

organismo electoral, integrado por una Comisión Electoral de la República, que implantará la
Oficina de Registro de Residentes. Registro nacional de población encargado de organizar y
monitorear las elecciones, velar por la transparencia e identificar y registrar a las personas. En la
constitución de 1991, con el fin de fortalecer la democracia, se decidió otorgar autonomía a la
organización electoral, separándola de las ramas del poder público.
La función del poder judicial es administrar justicia, resolver los conflictos y contradicciones entre
los ciudadanos y entre éstos y el Estado, y resolver las cuestiones jurídicas controvertidas mediante
sentencias que adquieran fuerza de verdad final. Dichas declaraciones son principalmente
sentencias, decisiones u órdenes.
Le corresponde el ejercicio de los derechos, deberes, garantías y libertades previstos en la

constitución y las leyes para lograr y mantener la convivencia social. A continuación, encontramos
problemas del sector legal y posibles soluciones que podrían ayudar a mitigar y reducir el nivel de
corrupción resultante de la corrupción en las principales jurisdicciones administrativas de nuestro
país, así como su estructura.
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RAMA JUDICIAL.
En la actualidad, los problemas de congestión y atraso, los asociados con la impunidad siguen
siendo iguales o peores, los ciudadanos continúan percibiendo que no cuentan con un real derecho
de acceso a la justicia, existen causas externas a la propia rama judicial, tales como la existencia de
una mayor conflictividad social, que genera un mayor número de procesos judiciales, también hay
causas internas, entre ellas:
1. La administración colegiada de los recursos, a cargo del Consejo Superior de la Judicatura,

la aplicación de los recursos amplía la aplicación de todo el procedimiento relacionado con
el cumplimiento de los deberes de un juez por lo que la división administrativa se limita al
sistema judicial. El número de procedimientos incompatibles favorece el desarrollo de las
funciones administrativas, lo que las impide. Y los responsables de estos puestos tienen más
formación jurídica y académica que directiva.
2. La administración de recursos separada entre la Rama Judicial y la fiscalía general de la
Nación, la Fiscalía participa en la formulación de los planes de desarrollo y el proyecto de
presupuesto anual de la Rama Judicial, la ejecución de los recursos asignados a la misma se
hace en forma independiente de la propia rama, con lo cual dejan de existir sinergias que se
podrían aprovechar de existir un mecanismo apropiado de coordinación interinstitucional
para estos fines.
3. La rama ejecutiva no tiene influencia en la planificación del sector, y la propuesta de
presupuesto anual del departamento crea un incentivo negativo para que el gobierno proteja
los recursos asociados con esas leyes en el Congreso republicano. Así, los medios de
cooperación armoniosa de las autoridades estatales ya no se utilizan para proteger los
intereses del sistema judicial.
4. Está el inadecuado diseño y ejecución de los planes sectoriales de justicia, Desde 1991, el
sector justicia ha tenido dos planes sectoriales, los cuales han presentado fallas de
consistencia entre el diagnóstico, que parte del atraso, la congestión y la impunidad; y las
soluciones que se proponen para su solución, que tienen como primera herramienta la
inversión en infraestructura física y pretenden que la solución a los problemas del sector sea
a través de la creación de despachos judiciales.
3
Aunque hay muchas preguntas sobre el funcionamiento del sistema, sus recursos, su falta de
transparencia, hay pocos diagnósticos serios que muestren lo que realmente está pasando. A
pesar de esta ausencia general, algunos temas recurrentes son evidentes. - Independencia,
autonomía y transparencia.
El sistema legal colombiano siempre se ha enorgullecido de un alto grado de autonomía

política y una notoria estabilidad institucional. Para mantener la distancia entre la política y el
derecho, fue necesario un proceso colaborativo en el que se le dio autonomía al poder para
cubrir las vacantes sin cargos directos de los gobiernos u otros sectores.
La falta de transparencia de las ramas, la percepción errónea de la independencia judicial y la

falta de control interno llevaron a la autonomía e independencia y al corporativismo judicial. El
Tribunal Supremo es prueba de ello. Potentes donde verdaderos clanes luchan por sus
descendientes y dinastías como si fueran casas reales. No hay control externo de candidatos, no
hay transparencia en forma de elecciones, y no hay sistema de rendición de cuentas. Y este
problema va más allá de las reuniones. Esto se extiende, por ejemplo, a problemas de
autonomía en la industria (que es administrada por el Consejo Superior de la Judicatura desde la
constitución de 1991). Si bien es importante mantener la independencia y el autogobierno del
poder judicial, la estructura actual de los órganos de gobierno en el campo otorga un poder
excesivo al liderazgo judicial.
Otro gran problema de la industria es la falta de información y transparencia. El servicio del

Consejo Superior de la Judicatura en la recopilación y acceso a la información del número es
muy incierto. El seguimiento y la evaluación de la política jurídica son igualmente limitados.
Estos problemas van acompañados de una crisis ética en la cúpula del poder judicial,
acompañada de una comprensión muy limitada de la independencia del poder judicial. La
defensa grosera de ciertos privilegios era deplorable. Participación judicial en el Congreso
protegiendo la inamovilidad y la jubilación obligatoria. Beneficios de jubilación y otros
beneficios relacionados con el trabajo, como el exceso de vacaciones pagadas. Problemas de
eficacia y eficiencia A pesar de varias reformas y ajustes, la administración de justicia en
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Colombia sigue siendo lenta, ineficaz e insatisfactoria para gran parte de las personas que
dependen de ella.
ESTRATEGIAS
Proponer anticorrupción es más que llamar la atención sobre el problema, es responsabilidad de

todos los que nos preocupamos por la salud institucional de Colombia. La corrupción es otra de
las cosas que más preocupa a la sociedad colombiana. La lentitud de la justicia favorece la
imposición de delitos, y no hay garantía de reparación del daño causado ni de devolución al
erario de las sumas sustraídas, que suelen acabar en paraísos fiscales.
1. El control interno de los partidos Creación de comisiones de control independientes. La

detección previa de la corrupción debe provocar una alarma temprana en los partidos
políticos y su actuación inmediata, que además de repercutir en el ámbito interno debe
elevarse a la fiscalía con el fin de determinar las responsabilidades penales.
2. Voluntad de eliminar la corrupción de la estructura del partido. Hasta ahora, los partidos
políticos se han mantenido pasivos frente a la agitación interna, incluso cómplices en el
cobro de comisiones como parte de su financiación. Intentaron ocultar, negar o minimizar
este sistema.
3. Deportación del imputado y destitución inmediata de su cargo público. Incluso de manera
proactiva, si la advertencia social o el comportamiento, aunque sea legal, no es ético para el
oficial. Independientemente de la responsabilidad penal que haya podido traer consigo con
su conducta, es necesario asumir la responsabilidad política.
4. Intervención. Las autoridades otorgan autorizaciones nacionales como garantías de
legalidad, justicia y transparencia. Los secretarios, auditores y tesoreros de los gobiernos
locales y todos los organismos regionales tienen una responsabilidad más amplia para con
los ciudadanos que su relación con los funcionarios electos. Los funcionarios deben
establecer altos estándares éticos, honestos y justos para sus acciones.
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