CSJN. Migraciones. 2022

Nación
Secretaría de Jurisprudencia
de la
Justicia
de
Corte Suprema
Migraciones
Ley 25.871
Edición noviembre 2022
(Con hipervínculos a la base de Jurisprudencia)

Índice
Migraciones ........................................................................................................................................................................................................................... 2
Ley 25.871 ............................................................................................................................................................................................................................... 2
Objetivos de la ley (artículo 3°) ......................................................................................................................................................................... 2
Causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional (artículo 29) 4
Reemplazo de las causas impedientes de permanencia..................................................................................................... 6
Condenado, estar cumpliendo o tener antecedentes (inciso c) ..................................................................................... 7
Elusión del control migratorio (inciso I)................................................................................................................................................ 9
Estándar de reunificación familiar (artículo 29 in fine) ...........................................................................................................10
Cancelación de la permanencia en el país (artículo 62)............................................................................................................ 15
Retención de migrantes (artículo 70) ........................................................................................................................................................18
Agotamiento de la vía administrativa (artículo 84) ........................................................................................................................ 20
Derecho del migrante a contar con representación letrada (artículo 86) ................................................................. 20
Solicitud de ingreso al país ...............................................................................................................................................................................23
Pedido de asilo político ........................................................................................................................................................................................23
Cuestiones procesales ........................................................................................................................................................................................ 24
Jurisdicción y competencia ....................................................................................................................................................................... 24
Procesos colectivos y conflicto de competencia .................................................................................................................... 25
Beneficio de litigar sin gastos ................................................................................................................................................................... 26
Continuación con la investigación ........................................................................................................................................................ 26
Conflicto interadministrativo ......................................................................................................................................................................27
Admisibilidad del recurso extraordinario (cuestión federal) ..................................................................................................27
Otros ................................................................................................................................................................................................................................... 29
Migraciones
Ley 25.871
Objetivos de la ley (artículo 3°)
“ARTICULO 3° — Son objetivos de la presente ley:
a) Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia migratoria, y dar
cumplimiento a los compromisos internacionales de la República en materia de derechos humanos, integración y
movilidad de los migrantes;
b) Contribuir al logro de las políticas demográficas que establezca el Gobierno Nacional con respecto a la
magnitud, tasa de crecimiento y distribución geográfica de la población del país;
c) Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país:
d) Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar;
e) Promover la integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas como residentes
permanentes;
f) Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina de manera permanente o
temporaria, el goce de criterios y procedimientos de admisión no discriminatorios en términos de los derechos y
garantías establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los convenios bilaterales vigentes
y las leyes;
g) Promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes, conforme a lo establecido en la
Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y
abierta con relación a los migrantes y sus familias;
h) Promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en forma legal para el mejor
aprovechamiento de sus capacidades personales y laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y social de
país;
i) Facilitar la entrada de visitantes a la República Argentina para los propósitos de impulsar el comercio, el turismo,
las actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales;
j) Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a
personas involucradas en actos reprimidos penalmente por nuestra legislación;
k) Promover el intercambio de información en el ámbito internacional, y la asistencia técnica y capacitación de los

recursos humanos, para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada trasnacional.”
Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

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La Ley de Migraciones 25.871 tiene como objetivos tanto garantizar el ejercicio del derecho a la
reunificación familiar (art. 3° inc. d) como promover el orden internacional y la justicia, denegando el
ingreso y permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos reprimidos
penalmente por nuestra legislación (art. 3° inc. j).
“Granados Poma, Héctor”, 28/08/2012
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de la Dirección
Nacional de Migraciones que ordenaba con fundamento en el art. 29, inciso c, de la ley 25.871 la
expulsión del actor del territorio nacional, pues no se ha alegado una trasgresión al límite para el
ejercicio de la facultad administrativa prevista en el citado artículo, que está dado por la prohibición
de adoptar criterios discriminatorios (artículo 3, inciso f, de la ley 25.871).
“Otoya Piedra”, 344:3600 (Voto del juez Rosenkrantz)
La ley 25.871, sancionada en el año 2003, derogó la ley de facto 22.439, fijó una nueva política
migratoria para nuestro país y los objetivos del nuevo ordenamiento fueron explicitados en el texto
de la propia ley en los que, por un lado, se eliminaron criterios potencialmente discriminatorios para
la admisión de extranjeros y se determinaron una serie de impedimentos de carácter objetivo para su
ingreso y permanencia en el país (artículos 3, inciso f, y 29 de la ley) y, por el otro, el legislador
procuró garantizar el derecho a la reunificación familiar, precisando que el vínculo protegido por este
derecho alcanza a los padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con discapacidad
del migrante (artículos 3, inciso d, y 10, de la ley).
“Barrios Rojas”, 343:990 (Voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco)
La dispensa prevista en el art. 29 de la ley 25.871 por razones humanitarias o de reunificación familiar
cuya concesión por parte de la administración es discrecional, constituye una excepción a la regla de
la expulsión y como tal debe ser especialmente motivada; en tanto el límite para el ejercicio de esta
facultad administrativa está dado por la prohibición de adoptar criterios discriminatorios (artículo 3,
inciso f, de la ley).
En ejercicio de sus atribuciones el legislador sancionó la ley 25.871 de “Política Migratoria Argentina”,
fijando entre sus objetivos garantizar “…el ejercicio del derecho a la reunificación familiar” de los
inmigrantes con “…sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con capacidades
diferentes” (artículos 3° inciso d y 10), como así también asegurar “…a toda persona que solicite ser
admitida en la República Argentina de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y
procedimientos de admisión no discriminatorios…” (artículo 3°, inciso f). De igual modo, el legislador
traza como objetivo de la política migratoria el de “promover el orden internacional y la justicia,

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denegando el ingreso y/o la permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos
reprimidos penalmente por nuestra legislación” (artículo 3°, inciso j).
“Barrios Rojas”, 343:990 (voto del juez Rosatti)
Causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional

(artículo 29)
“ARTICULO 29. — Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional:
a) La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o

adulterada. El hecho será sancionado con una prohibición de reingreso por un lapso mínimo de cinco (5) años;
b) Tener prohibido el ingreso, haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso, hasta tanto
las mismas no hayan sido revocadas o se hubiese cumplido el plazo impuesto al efecto;
c) Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por
tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o
delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más;
d) Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de
guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el
Tribunal Penal Internacional;
e) Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones nacional o internacionalmente
reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la
ley 23.077, de Defensa de la Democracia;
f) Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por promover o facilitar, con fines de lucro, el
ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el Territorio Nacional;
g) Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por haber presentado documentación material o
ideológicamente falsa, para obtener para sí o para un tercero un beneficio migratorio;
h) Promover la prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el
exterior por haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el
tráfico o la explotación sexual de personas;
i) Intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el control migratorio o por lugar o en horario
no habilitados al efecto;
j) Constatarse la existencia de alguno de los impedimentos de radicación establecidos en la presente ley;
k) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley.
En el caso del inciso a) el Gobierno Federal se reserva la facultad de juzgar a la persona en la República cuando el
hecho pueda relacionarse con cuestiones relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional o
resulte posible vincular al mismo o a los hechos que se le imputen con otras investigaciones sustanciadas en el
Territorio Nacional.
La Dirección Nacional de Migraciones, previa intervención del Ministerio del Interior, podrá admitir,
excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes

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permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular, a los extranjeros comprendidos
en el presente artículo.
Resulta suficiente que a los efectos de decidir la expulsión de la persona extranjera que la
administración exprese en cuál de los supuestos legales previstos en el artículo 29 de la ley 25.871
encuadra la situación del interesado.
El artículo 29 de la ley 25.871 establece una regla que determina la expulsión en el supuesto en que
el migrante, hubiera sido condenado o estuviera cumpliendo condena, en la Argentina o en el
exterior, o tuviera antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado
de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena
privativa de la libertad de tres (3) años o más.
La sentencia que hizo lugar al planteo de la actora de permanecer en el país por considerar que se
reinsertó en la sociedad y que transcurrió un tiempo considerable desde la comisión del delito debe
ser dejada sin efecto, pues ninguno de esos factores están contemplados en la ley a los efectos de
dispensar la expulsión de quienes se encuentren comprendidos en las causales del artículo 29 de la
ley 25.871; más aún, de acuerdo con la ley, es la administración quien debe decidir en cada caso
concreto el otorgamiento de la dispensa, y justificarlo si así lo decide.
La concesión de la dispensa para permanecer en el país – art. 29 ley 25.871 - es discrecional para la
administración y solo puede ser concedida de modo excepcional y mediante resolución
especialmente fundada.
La fórmula legislativa del art. 29 de la ley 25.871 no agravia al pluralismo y diversidad en el que se
afinca nuestra máxima expresión de juridicidad y los tratados internacionales de protección de los
derechos humanos (artículos 16, 19, 33, 75 incisos 17, 22 y 23, Constitución Nacional; artículo 1°,
Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 2°, Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial).
“Barrios Rojas”, 343:990 (Voto del juez Rosatti)

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Reemplazo de las causas impedientes de permanencia
La causal impediente para la permanencia en el país que justificó la orden de expulsión expresada
por la Dirección Nacional de Migraciones no puede ser reemplazada en sede judicial por una distinta,
que ni siquiera fue considerada por la autoridad administrativa; pues la determinación de las razones
que obstan a la permanencia de un migrante en el país corresponde, según la ley 25.871, a la
autoridad migratoria y en consecuencia, la legalidad de esa decisión solo debe juzgarse en base a los
motivos que expresa, y no de otros.
“Roa Restrepo”, 344:1013
La concurrencia de la causal impediente para la permanencia en el país hace a la motivación del acto
y debe estar expuesta en él (artículo 7°, incisos b y e, de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos) y no puede ser modificada posteriormente por los jueces cuando su validez es
cuestionada, pues si la apreciación de la causa del acto de expulsión pudiera ser reemplazada o
sustituida por los magistrados, pasaría a ser materia de un debate judicial sobre aspectos no
delimitados previamente, en lugar de constituir el antecedente necesario de la eficacia jurídica del
acto, desnaturalizando así la misión del Poder Judicial.
Incurre en un supuesto de arbitrariedad sorpresiva la sentencia que se expidió sobre una causal de
expulsión del migrante diferente a la considerada por la Dirección Nacional de Migraciones, pues de
ese modo, se consumó un inequívoco apartamiento de los términos en que había quedado trabada la
litis y una violación de las reglas procesales que rigen la jurisdicción revisora de los tribunales de
alzada (artículos 34, inciso 4, 166, inciso 6, 271 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación); solución que no se ve amparada por el principio de iura novit curia, en tanto este no habilita a
apartarse de lo que resulte de los términos de la demanda o de las defensas planteadas por los
demandados.
“Roa Restrepo”, 344:1013 (Voto del juez Rosenkrantz)
Es arbitraria la sentencia que modificó la causal de expulsión del migrante invocada en su disposición
por la Dirección Nacional de Migraciones, pues con ello el tribunal a quo se apartó del diseño
constitucional y legal, en tanto al modificar en su sede la “causa” y la “motivación” del acto
administrativo impugnado, la sala desvirtuó el sistema de la ley 25.871 y asumió una competencia de
la que carece, afectando el debido proceso legal y colocando al recurrente en estado de indefensión.
“Roa Restrepo”, 344:1013 (Voto del juez Rosatti)

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Condenado, estar cumpliendo o tener antecedentes (inciso c)
El uso de la disyuntiva "o" en el texto del art. 29, inc. c, de la ley 25.871 no evidencia que el legislador
buscara que dicha disyunción operase como excluyente entre "antecedentes" y "condena", ya que la
interpretación contraria dejaría sin sentido a las previsiones de los incs. f, g y h del mismo artículo.
“Apaza León”, 341:500
La interpretación plausible del inc. c, del art. 29 de la ley 25.871 es que tanto la "condena" como los
"antecedentes", para poder justificar la prohibición de entrada o la expulsión de un migrante, deben
relacionarse con alguna de las cinco categorías de delitos que se mencionan en el inciso -tráfico de
armas, de personas, de estupefacientes, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas-, o bien
con cualquier otro delito que para la legislación argentina merezca una pena privativa de libertad de
tres años o más.
“Apaza León”, 341:500
Las causales de expulsión de extranjeros -inciso c, del artículo 29 de la ley 25.871- no parte de
motivaciones basadas en la etnia, la raza y/o la religión del migrante, supuestos tradicionalmente
considerados como categorías sospechosas de discriminación; por el contrario, la ley se apoya en
parámetros de tipo objetivo - condena penal por la comisión de delito-, en los que la nacionalidad del
extranjero expulsado resulta irrelevante.
Estupefacientes
Resulta razonable interpretar que, en ejercicio de la facultad del Estado de decidir acerca del ingreso,
permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional, el legislador, al sancionar el artículo 29,
inciso c, de la ley 25.871, dispuso que la comisión de un delito referido a cualquiera de las etapas del
proceso de tráfico de estupefacientes (almacenamiento, transporte, tenencia con fines de
comercialización, etc.) configure una causal de impedimento para la permanencia en el país,
independientemente del monto de la condena, teniendo en miras el riesgo que esa actividad
representa para la salud pública y la seguridad común.
“Manzaba Cagua”, 345:270; “Peralta Crispin”, 344:3683
Toda vez que el artículo 29 de la ley 25.871 hace referencia exclusivamente al “tráfico de
estupefacientes”, no se advierten razones que justifiquen interpretar que la comisión de cualquier
delito vinculado con estupefacientes, en aquellos casos en los que no se probó que el condenado

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haya tenido intención de comercializar esas sustancias, genere, a los fines migratorios,
consecuencias distintas de las que ocasionan otros tipos de delitos.
“Manzaba Cagua”, 345:270
En materia de extradiciones, el tráfico ilícito de estupefacientes, cometido por pluralidad de

intervinientes en forma organizada, consume los injustos realizados en el iter criminis, en razón de
tratarse de las que se denominan “infracciones progresivas” en las que el proceder del agente va
recorriendo diferentes infracciones jurídicas de creciente gravedad y respecto de las cuales la
punición del grado más avanzado comprende el contenido del injusto de los pasos previos.
Es razonable sostener una interpretación del artículo 29, inciso c, de la ley 25.871 según la cual se
configura la causal de impedimento para permanecer en el país por la existencia de una condena por
tráfico de estupefacientes, más allá del monto de la pena, si el delito se refiere a uno de los
eslabones de esa actividad, tomando como referencia para su definición a la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.
“Peralta Crispin”, 344:3683
Es razonable sostener una interpretación del artículo 29, inciso “c”, de la ley 25.871 según la cual se
configura la causal de impedimento para permanecer en el país por la existencia de una condena por
tráfico de estupefacientes, más allá del monto de la pena, solo si el delito se refiere a uno de los
eslabones de esa actividad, tomando como referencia para su definición a la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, por lo
cual en los supuestos en los que la condena se refiera a un delito vinculado con estupefacientes sin
relación con el proceso de tráfico de esas sustancias resulta aplicable la doctrina establecida por la
Corte en el precedente "Apaza León" (Fallos: 341:500).
Corresponde confirmar la sentencia que declaró válida la decisión de la Dirección Nacional de

Migraciones respecto de la expulsión y prohibición de ingreso al país del extranjero por la causal
prevista en el artículo 29, inciso c, de la ley 25.871, toda vez que el migrante había sido condenado por
la comisión, en grado de tentativa, de un delito vinculado con el proceso de tráfico de
estupefacientes, configurándose así la causa de impedimento para permanecer en el país.
“Peralta Crispin”, 344:3683

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Invocación de la causal de forma genérica
Corresponde confirmar la orden de extrañamiento del país de un extranjero dispuesta por la

Dirección Nacional de Migraciones, toda vez que no hizo más que aplicar la ley 25.871 sin que avizore
ningún rasgo de arbitrariedad en la decisión; antes bien, el organismo migratorio en el acto
denegatorio motivó, con suficiencia, el rechazo de la dispensa ministerial prevista en el art. 29, inc. c.
“Granados Poma, Héctor”, 28/08/2012
Casos en que no se cumplió con los requisitos del inc. c
Corresponde declarar la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que

determinó la expulsión del migrante con sustento en el artículo 29, inciso c, de la ley 25.871, toda vez
que la condena penal impuesta al actor en la que se fundó el acto de expulsión no encuadra en
alguna de las cinco categorías de delitos que se mencionan en el inciso —tráfico de armas, de
personas, de estupefacientes, lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas—, ni alcanza el
mínimo de tres años de pena privativa de la libertad allí fijado.
“Roa Restrepo”, 344:1013 (Voto del juez Rosenkrantz)
Elusión del control migratorio (inciso I)
La sentencia que declaró la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones que

dispuso la expulsión del actor con fundamento en el art. 29 inc. i, de la ley 25.871 debe ser revocada,
pues la decisión de la autoridad migratoria no hizo más que ajustarse a las previsiones establecidas
en la citada ley 25.871 por lo que desde esta perspectiva no resulta pasible de objeción alguna, sin
que obste a ello lo expuesto en el art. 61 de la Ley de Migraciones, en tanto dicho precepto solo
alcanza a los casos en que se verifique una irregularidad en la "permanencia" de un extranjero en el
país, excluyendo supuestos en el que la irregularidad se planteó en el momento del ingreso al
territorio nacional.
“Huang Qiuming”, 344:3580
Debe revocarse la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de

Migraciones que dispuso la expulsión del actor con fundamento en el art. 29 inc. i, de la ley 25.87,
pues para decidir la cuestión no puede acudirse, como lo hizo el a quo, a las previsiones del art. 23 in
fine de la ley 25.871, en tanto el otorgamiento de la "residencia temporaria" presupone la inexistencia
de los impedimentos contemplados en el ya citado art. 29, circunstancia que claramente no concurre
en el caso.
“Huang Qiuming”, 344:3580

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Estándar de reunificación familiar (artículo 29 in fine)
De acuerdo con los términos expresados en el art. 29, in fine de la ley 25.871, la dispensa por razones
de reunificación familiar no constituye sino una facultad discrecional de la administración de carácter
excepcional y restrictivo, lo cual presupone necesariamente la existencia de una solicitud concreta
por parte del interesado ante la autoridad migratoria y su correspondiente fundamentación.
“Qiu, Wenzhan”, Fallos: 345:1015
Es arbitraria la sentencia que anuló la decisión de la Dirección Nacional de Migraciones por la cual se
había denegado la residencia temporaria pedida por el migrante, declarado irregular su permanencia
y dispuesto su expulsión, con fundamento en que la administración no valoró la dispensa basada en
motivos de reunificación familiar y aspectos laborales, pues según surge de las actuaciones
administrativas, el migrante no invocó en momento alguno ante la Dirección citada la referida
dispensa y no fue sino hasta la interposición del recurso judicial cuando se refirió a dicho instituto, por
lo que mal pudo aquélla haber tenido la oportunidad de ponderar dicho extremo.
La sentencia que confirmó la expulsión de la migrante dispuesta por la Dirección Nacional de

Migraciones, con prohibición de reingreso permanente en el territorio nacional debe ser revocada, si
de la causa se desprende que la actora y sus hijos menores de edad se encuentran en una situación
de extrema vulnerabilidad y la medida de expulsión ordenada importa para estos últimos un riesgo
cierto de desamparo.
“C. G., A.”, Fallos: 345:905
Debe revocarse la sentencia que confirmó la expulsión de la migrante dispuesta por la Dirección
Nacional de Migraciones, con prohibición de reingreso permanente en el territorio nacional, pues la
migrante ha invocado y acreditado de manera fehaciente el altísimo grado de dependencia de sus
hijos menores de edad para su subsistencia y desarrollo tanto en el plano psicológico y emocional,
como económico, por lo que el cumplimiento de la orden de expulsión representa un riesgo cierto y
concreto de que sus hijos menores de edad queden en situación de desamparo.
“C. G., A.”, Fallos: 345:905
La sentencia que confirmó la expulsión de la migrante dispuesta por la Dirección Nacional de

Migraciones, con prohibición de reingreso permanente en el territorio nacional debe ser revocada,
pues la alternativa de que los hijos abandonen el territorio nacional junto a su madre les resultaría
especialmente gravosa, por cuanto en su actual centro de vida reciben una contención y asistencia
que se revela fundamental para su desarrollo integral, ya que no solo gozan de una vivienda digna y

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se encuentran regularmente escolarizados en el sistema de educación pública sino que además
participan en un programa de apoyo y ayuda en materia educativa y por intermedio de su madre, ven
cubiertas sus necesidades alimentarias a través del comedor comunitario.
“C. G., A.”, Fallos: 345:905
Cabe revocar la sentencia que confirmó la expulsión de la migrante dispuesta por la Dirección
Nacional de Migraciones, con prohibición de reingreso permanente en el territorio nacional, pues la
sentencia no abordó los agravios referentes a los graves perjuicios que la medida dispuesta irrogaría
a los hijos menores de edad de la actora, ni siquiera hizo mención del principio del interés superior
del niño invocado por la recurrente al requerir en sede administrativa la dispensa por motivos de
reunificación familiar.
“C. G., A.”, Fallos: 345:905
Corresponde revocar la sentencia que confirmó la expulsión de la migrante dispuesta por la

Dirección Nacional de Migraciones, con prohibición de reingreso permanente en el territorio nacional,
toda vez que el a quo desatendió por completo la consideración y aplicación del principio cardinal
del interés superior del niño, pese a que los elementos incorporados a la causa demostraban en
forma fehaciente la existencia de un riesgo cierto y real de que, al hacerse efectiva dicha orden
administrativa, los hijos menores de edad de la migrante quedaran en situación de desamparo.
“C. G., A.”, Fallos: 345:905
La importancia que en la nueva ley de Política Migratoria Argentina revista el principio de unidad
familiar, queda evidenciada por la competencia que se le otorga a la autoridad de aplicación para
admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, a extranjeros que se
encuentren comprendidos en algunas de las causales que obsten a su ingreso (art. 29, último párrafo
de la ley 25.871).
“Zhang, Hang”, 330:4554
En el artículo 29 de la ley 25.871 el legislador fijó supuestos específicos que obstan el ingreso o
permanencia de extranjeros en el país, y frente a esa regla general, en su último párrafo, facultó a la
Dirección Nacional de Migraciones, solo por razones humanitarias o de reunificación familiar, a
dispensar excepcionalmente su aplicación de modo fundado; esas razones resultan una excepción a
la regla y, por lo tanto, deben ser interpretadas de modo restrictivo.
“Otoya Piedra”, 344:3600

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Es arbitraria la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de
Migraciones que ordenaba con fundamentos en el 29, inciso c, de la ley 25.871 la expulsión del actor
del territorio nacional, pues si bien éste planteó en sede administrativa la dispensa por razones de
reunificación familiar invocando meramente los vínculos familiares, la administración, en uso de sus
facultades discrecionales, resolvió no admitir esa excepción sobre la base de la entidad y gravedad
del delito por el que fue condenado; así la negativa a conceder la dispensa, que es excepcional, fue
adoptada dentro del ámbito de valoración que la ley atribuye a la autoridad de aplicación y
encuentra suficiente motivación en la mención de aquella circunstancia que se formuló en los
considerandos de los actos administrativos cuestionados en la causa.
Es arbitraria la sentencia que declaró la nulidad de las resolución de la Dirección Nacional de

Migraciones que ordenaba con fundamento en el art. 29, inciso c, de la ley 25.871 la expulsión del
actor del territorio nacional, pues la interpretación asignada por el a quo al derecho de reunificación
familiar no se compadece con el propósito perseguido por el legislador al aludir a parámetros ajenos
al criterio restrictivo que debe primar al interpretar una facultad discrecional de orden excepcional.
expulsión del actor del territorio nacional, pues el rechazo del planteo de reunificación familiar
formulado por aquél fue decidido por la autoridad migratoria con arreglo al artículo citado y la
referencia a la entidad y gravedad del delito por el cual fue condenado para justificar la decisión de
no concederle una excepción a la regla mencionada, lo cual otorga per se sustento a la resolución
administrativa, en tanto se trata de una decisión que encuentra fundamento en una regla legal que la
Dirección Nacional de Migraciones tiene el deber de acatar.
expulsión del actor del territorio nacional, pues no se ha alegado una trasgresión al límite para el
ejercicio de la facultad administrativa prevista en el citado artículo, que está dado por la prohibición
de adoptar criterios discriminatorios (artículo 3, inciso f, de la ley 25.871).
La ley 25.871 solo exige que la autoridad administrativa dicte una resolución fundada cuando, en
virtud de una decisión discrecional, concede la dispensa a la expulsión por razones de reunificación

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familiar; en todos los demás casos la resolución de la administración responde al ejercicio de una
facultad reglada por la ley.
Fuera de los supuestos específicamente previstos en los artículos 62 y 70 de la ley 25.871 -que no
concurrían en el caso-, la mera existencia de un grupo familiar en el país no resulta suficiente para
dejar sin efecto la orden de expulsión fundada en alguna de las causales previstas en el artículo 29
de la ley 25.871, pues lo contrario implicaría, en la práctica, ignorar que la concesión de una dispensa
para permanecer en el país es discrecional para la administración y que solo puede ser concedida de
modo excepcional y mediante resolución especialmente fundada.
Los objetivos de la política migratoria dispuestos por ley 25.871 establecen por un lado, que se
eliminaron criterios potencialmente discriminatorios para la admisión de extranjeros y se
determinaron una serie de impedimentos de carácter objetivo para su ingreso y permanencia en el
país (artículos 3, inciso f, y 29 de la ley); por el otro, el legislador procuró garantizar el derecho a la
reunificación familiar, precisando que el vínculo protegido por este derecho alcanza a los padres,
cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores con discapacidad del migrante (artículos 3, inciso d,
y 10, de la ley).
La dispensa prevista en el art. 29 de la ley 25.871 por razones humanitarias o de reunificación familiar
cuya concesión por parte de la administración es discrecional, constituye una excepción a la regla de
la expulsión y como tal debe ser especialmente motivada; en tanto el límite para el ejercicio de esta
facultad administrativa está dado por la prohibición de adoptar criterios discriminatorios (artículo 3,
inciso f, de la ley).
No puede sostenerse que, fuera de los casos específicamente previstos en los artículos 62 y 70 de la
ley 25.871, la mera existencia de un grupo familiar en el país y la alegada reinserción de la actora en la
sociedad resulte suficiente para dejar sin efecto la orden de expulsión fundada en alguna de las
causales previstas en el artículo 29 de la cita ley.
La perturbación de las relaciones familiares per se, como consecuencia necesaria de la orden de
expulsión del migrante, dictada en un procedimiento legítimo con las debidas garantías procesales,

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no alcanza para considerar afectado el derecho de reunificación familiar (artículo 29 in fine de la ley
25.871).
“Barrios Rojas”, 343:990 (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti)
La interpretación asignada por el a quo al derecho de reunificación familiar a fin de dejar sin efecto la
expulsión de la migrante, no se compadece con el propósito perseguido por el legislador, ni guarda
armonía con el principio jurisprudencial tendiente a evitar que situaciones excepcionales se
conviertan en regla general; las razones de reunificación familiar en el artículo 29 in fine resultan una
excepción a una regla general, por lo tanto, de conformidad a reiterada jurisprudencia de la Corte,
debe ser interpretada con criterio restrictivo.
Es procedente el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia que dejó sin efecto la orden
de expulsión de la actora por considerar que en el caso se presentaba un supuesto de reunificación
familiar, toda vez que la misma contraría un texto legal, ingresando en el núcleo de discrecionalidad
que la ley atribuyó a la autoridad administrativa sustituyendo el criterio plasmado en una resolución
del Ministerio del Interior por el suyo propio.
Toda vez que no fueron suficientemente acreditadas las razones de reunificación familiar, carece de
relevancia a efectos de admitir la excepción prevista por el artículo 29 in fine de la ley 25.871, hacer
mérito –como única razón- de la supuesta reinserción de la extranjera en la sociedad, en atención al
tiempo de residencia en nuestro país y su registración laboral.
En el art. 29 de la ley 25.871, el legislador fijó supuestos específicos que obstan el ingreso o
permanencia de extranjeros, y frente a esa regla general, en su último párrafo, faculta a la autoridad
pertinente y solo por razones humanitarias o de reunificación familiar, a dispensar excepcionalmente
su aplicación de modo fundado; en tales términos, corresponde remarcar dos ejes que hacen a la
esencia del diseño legislativo i) que la dispensa constituye una excepción a las causales legislativas
de prohibición de ingreso o de permanencia; y ii) que el temperamento a adoptar queda sujeto a la
ponderación administrativa.
La sentencia que dejó sin efecto la orden de expulsión del país de una extranjera con fundamentos
en la reunificación familiar debe ser revocada pues, el análisis pormenorizado del fallo cuestionado

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permite concluir que el a quo no valoró adecuadamente la causal que la Dirección Nacional de
Migraciones invocó para cancelar el permiso precario con el que contaba la peticionaria y disponer su
expulsión del país; esto es, la condena por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de
comercialización agravado por la participación de tres o más personas a la pena de seis años de
prisión.
La sentencia que dejó sin efecto la orden de expulsión del país de una extranjera con fundamento en
la reunificación familiar debe ser revocada, pues no constituye una interpretación atendible del
artículo 29 de la ley 25.871, en tanto en la solución legislativa la reunificación familiar no es un
derecho absoluto y la citada sentencia no ha dado argumentos suficientes para acreditar que la
causal por la que se resolvió la expulsión de la actora (artículo 29, inciso c) importe una injerencia
arbitraria en las relaciones de familia o contenga una finalidad persecutoria o discriminatoria.
Cancelación de la permanencia en el país (artículo 62)
ARTICULO 62. — La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran
deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antigüedad,
categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior expulsión, cuando:
a) Con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina se hubiese articulado un hecho o
un acto simulado o éste hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere
presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada;
b) El residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso que merezca pena privativa
de libertad mayor de cinco (5) años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos. En el primer
supuesto cumplida la condena, deberá transcurrir un plazo de dos (2) años para que se dicte la resolución
definitiva de cancelación de residencia, la que se fundamentará en la posible incursión por parte del extranjero en
los impedimentos previstos en el artículo 29 de la presente ley. En caso de silencio de la Administración, durante los
treinta (30) días posteriores al vencimiento de dicho plazo, se considerará que la residencia queda firme;
c) El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera del Territorio Nacional por un período
superior a los dos (2) años o la mitad del plazo acordado, si se tratara de residencia temporaria, excepto que la
ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública argentina o se hubiese generado en razón de actividades,
estudios o investigaciones que a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones pudieran ser de interés o
beneficiosa para la República Argentina o que mediara autorización expresa de la autoridad migratoria la que
podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades consulares argentinas;
d) Asimismo será cancelada la residencia permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan
desnaturalizado las razones que motivaron su concesión o cuando la instalación en el país hubiera sido
subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el Estado Argentino y no se cumplieran o se
violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención;

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e) El Ministerio del Interior podrá disponer la cancelación de la residencia permanente o temporaria y la expulsión
de la República de todo extranjero, cualquiera sea la situación de residencia, cuando realizare en el país o en el
exterior, cualquiera de las actividades previstas en los incisos d) y e) del artículo 29 de la presente.
El Ministerio del Interior dispensará el cumplimiento de la cancelación prevista en virtud del presente artículo
cuando el extranjero fuese padre, hijo o cónyuge de argentino, salvo decisión debidamente fundada por parte de la
autoridad migratoria.
Asimismo, dicha dispensa podrá ser otorgada teniendo en cuenta el plazo de permanencia, legal inmediata
anterior a la ocurrencia de alguna de las causales previstas en los incisos a) a d) del presente artículo, el que no
podrá ser inferior a dos (2) años, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias personales y sociales del
beneficiario.
El ejercicio de la facultad conferida a la Dirección Nacional de Migraciones por el art. 62 de la ley

25.871 de cancelar –dentro del plazo previsto normativamente– la residencia que se hubiese
otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, sólo puede entenderse
respecto de extranjeros que hubieran sido admitidos como residentes en alguna de las categorías
legales y siempre que tal encuadramiento se encuentre vigente, pues de lo contrario, no existiría
residencia susceptible de ser cancelada por la autoridad migratoria.
“Funez Lopez, Charles”, 04/10/2022; “Rodríguez Buela”, 343:1434
El ejercicio de la facultad conferida a la Dirección Nacional de Migraciones por el art. 62 de la ley

25.871 de cancelar –dentro del plazo previsto normativamente– la residencia que se hubiese
otorgado, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la admisión, sólo puede entenderse
respecto de extranjeros que hubieran sido admitidos como residentes en alguna de las categorías
legales y siempre que tal encuadramiento se encuentre vigente, pues de aceptarse una
interpretación en contrario, se estaría prescindiendo de las vías previstas legalmente para la
adquisición de la residencia permanente, lo cual tendría como resultado obviar la intervención de la
Dirección citada como autoridad de aplicación de la política migratoria argentina y le impediría
ejercer las facultades que la ley 25.871 le otorga para el cumplimiento de los fines perseguidos por la
legislación.
“Funez Lopez, Charles”, 04/10/2022
Corresponde confirmar la orden de expulsión dispuesta por la autoridad administrativa respecto de

un migrante, pues descartada en el caso la aplicación del art. 62 de la ley 25.871 es la norma del art.
29 de la citada ley la que prevé la situación como la planteada, al referirse a las causas impedientes
del ingreso y permanencia de extranjeros en el país; más específicamente, el inc. c, en cuyo texto
original se establecía como impedimento el haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en
la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por delito que merezca para la legislación
argentina pena privativa de la libertad de tres años o más.

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La situación del grupo familiar del migrante puede ser invocado ante la autoridad migratoria en la
oportunidad procesal prevista en el artículo 70 de la ley 25.871, por lo cual los agravios que se
plantean en el recurso extraordinario con fundamento en los vínculos familiares del migrante, por el
momento, resultan insustanciales (Voto del juez Rosenkrantz).
Toda vez que el supuesto del artículo 62, inciso b, de la ley 25.871 (registrar conducta reiterante) no
fue la razón de hecho y de derecho por la que la Dirección Nacional de Migraciones dispuso la
expulsión, no resulta válido que la cámara haya introducido esa causal, pues no solo con ello excedió
el control de legalidad y razonabilidad, sino también porque la decisión adoptada implicó sustituir los
motivos del acto administrativo sin la debida oportunidad de debate en sede administrativa y judicial
por parte del migrante.
El art. 62 de la ley 25.871 alude a los supuestos en que la Dirección Nacional de Migraciones puede
cancelar una residencia ya otorgada, cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa de la
admisión; situación que no concurre en el caso, toda vez que el actor no gozaba de ninguna de las
categorías legales de residencia, razón por la cual inició ante la autoridad de aplicación un trámite de
regularización migratoria.
“Rodríguez Buela”, 343:1434
La sentencia que declaró la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones

denegatoria de la solicitud de regularización migratoria por considerar que no podía invocarse
válidamente lo dispuesto por el art. 29, inc. c), de la ley 25.871 al hallarse cumplido el plazo previsto
por el art. 62, inc. b), debe ser revocada, pues la hermenéutica adoptada por el a quo se aparta del
texto de la ley citada y pretende extender la aplicación de un supuesto de adquisición de firmeza, por
el paso del tiempo, de una residencia que hubiese otorgado cualquiera fuese su antigüedad,
categoría o causa de la admisión como el previsto por el art. 62, inc. b), a un caso no alcanzado por
esa norma, pues el actor se encontraba residiendo irregularmente en el país y, por lo tanto, no
gozaba de ninguna de las categorías de residencia legalmente previstas.
La sentencia que declaró la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones

denegatoria de la solicitud de regularización migratoria sobre la base de considerar que no podía
invocarse válidamente lo dispuesto por el art. 29, inc. c), de la ley 25.871 al hallarse cumplido el plazo
previsto por el art. 62, inc. b) debe ser revocada, pues esta interpretación, que prescinde de las vías
previstas legalmente para la adquisición de la residencia permanente (art. 22 de la ley citada), tendría
como resultado obviar la intervención de la Dirección como autoridad de aplicación de la política

17
migratoria argentina y le impediría ejercer las facultades que la ley le otorga para el cumplimiento de
los fines perseguidos por la legislación.
Toda vez que el supuesto del artículo 62, inciso b, de la ley 25.871 -registrar conducta reiterante- no
fue la razón de hecho y de derecho por la que se dispuso la expulsión del por parte de la Dirección
Nacional de Migraciones extranjero, no resulta válido que la cámara haya introducido esa causal en la
sentencia, pues -con exceso del control que estaba llamada a realizar- sustituyó la causa y la
motivación del acto, sin la debida oportunidad de debate en sede administrativa y judicial por parte
del migrante.
“Roa Restrepo”, 344:1013 (Voto del juez Rosatti)
Toda vez que la orden de expulsión que da lugar a la causa fue dictada cuando la actora pretendía
acceder a un régimen especial de regularización migratorio a fin de obtener una residencia en el país,
dicha circunstancia descarta la aplicación de la regla del artículo 62 de la ley 25.871; del mismo modo,
tampoco resulta aplicable la disposición del artículo 70 de dicho ordenamiento, puesto que no se ha
dictado todavía una orden de retención y la actora tampoco alegó alguna relación de parentesco con
argentinos nativos, tal como requiere dicha norma.
Retención de migrantes (artículo 70)
ARTICULO 70. — Firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del Interior o la Dirección Nacional
de Migraciones, solicitarán a la autoridad judicial competente que ordene su retención, mediante resolución
fundada, al solo y único efecto de cumplir aquélla.
Excepcionalmente y cuando las características del caso lo justificare, la Dirección Nacional de Migraciones o el
Ministerio del Interior podrán solicitar a la autoridad judicial la retención del extranjero aún cuando la orden de
expulsión no se encuentre firme y consentida.
Producida tal retención y en el caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino
nativo, siempre que el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad al hecho que motivara la resolución, la
Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y constatar la existencia del vínculo alegado en
un plazo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles. Acreditado que fuera el vínculo el extranjero recuperará en forma
inmediata su libertad y se habilitará respecto del mismo, un procedimiento sumario de regularización migratoria.
En todos los casos el tiempo de retención no podrá exceder el estrictamente indispensable para hacer efectiva la
expulsión del extranjero.
Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al Juzgado que hubiere dictado la orden a tal
efecto.

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Corresponde revocar la sentencia que había autorizado la orden de retención del migrante requerida
por la Dirección Nacional de Migraciones en los términos del artículo 70 de la ley 25.871- texto según
decreto 70/2017- a los fines de cumplir con la expulsión del país, pues en la actualidad no rigen las
disposiciones de la citada ley 25.871 que dieron sustento a la pretensión de la Dirección de ejecutar el
acto de expulsión pese a que la sentencia de cámara no se encontraba firme en razón de haberse
interpuesto recurso de queja contra la denegación del recurso extraordinario y resulta claro que el
decreto 138/2021 trajo aparejada una modificación normativa de carácter estrictamente procesal de
aplicación inmediata al trámite de la causa.
“García, Arsenio”, Fallos: 345:1034
por la Dirección Nacional de Migraciones en los términos del artículo 70 de la ley 25.871 –texto según
decreto 70/2017- a los fines de cumplir con la expulsión del país, pues el decreto 138/2021 derogó el
citado decreto 70/2017 y restableció el texto originario de la ley 25.871, según el cual debe
encontrarse firme y consentida la orden de expulsión a fin de que la autoridad administrativa pueda
pedir la retención del migrante, perdiendo vigencia tanién el artículo 69 nonies introducido por el
artículo 18 del decreto 70/2017 que disponía que dictada la sentencia por la Cámara Federal
correspondiente confirmatoria del acto de expulsión y habiendo quedado firme o denegado el
recurso extraordinario federal, la Dirección Nacional de Migraciones, en caso de corresponder, podía
ejecutar la medida de expulsión sin más trámite.
por la Dirección Nacional de Migraciones en los términos del artículo 70 de la ley 25.871 –texto según
decreto 70/2017- a los fines de cumplir con la expulsión del país, pues la circunstancia de que se
encuentre en trámite un recurso de queja por apelación extraordinaria federal denegada, aun cuando
dicho recurso carezca de efectos suspensivos respecto de la decisión cuestionada, impide
considerar que esta se encuentra firme, en tanto de ese modo se halla operativa la fase recursiva.
Es prematuro el pronunciamiento que confirmó la orden de retención del migrante a los fines de su
expulsión, dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones, pues de las constancias de la causa
surge que la orden de expulsión se encuentra en debate sin haberse dictado aún sentencia en
primera instancia, en tanto conforme a lo dispuesto en el art. 70 de la ley 25.871 cuando se encuentra
firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del Interior o la Dirección Nacional de
Migraciones, pueden solicitar a la autoridad judicial competente que ordene su retención, mediante
resolución fundada, al solo y único efecto de cumplir aquélla.
“EN – DNM”, 345:224

19
Es arbitraria la sentencia que confirmo la orden de retención del migrante a los fines de su expulsión,
dispuesta por la Dirección Nacional de Migraciones, toda vez que la misma prescinde de dar un
tratamiento adecuado a la controversia de acuerdo con las constancias de la causa y la normativa
aplicable, a la vez que se funda en afirmaciones dogmáticas que no dan respuesta a los planteos del
afectado.
“EN – DNM”, 345:224
La situación del grupo familiar del migrante puede ser invocado ante la autoridad migratoria en la
oportunidad procesal prevista en el artículo 70 de la ley 25.871, por lo cual los agravios que se
plantean en el recurso extraordinario con fundamento en los vínculos familiares del migrante, por el
momento, resultan insustanciales .
“Funez Lopez, Charles”, 04/10/2022 (Voto del juez Rosenkrantz)
Agotamiento de la vía administrativa (artículo 84)
ARTICULO 84. — Agotada la vía administrativa a través de los Recursos de Reconsideración, Jerárquico o Alzada,
queda expedita la vía recursiva judicial.
El plazo para la interposición del respectivo recurso, será de treinta (30) días hábiles a contar desde la notificación
fehaciente al interesado.
Corresponde revocar la sentencia de cámara que desestimó la queja contra la sentencia de primera
instancia que confirmó la resolución del Ministerio del Interior que ordenó la expulsión del recurrente
del país, por considerar que el remedio judicial previsto en el título VI de la ley 25.871 permitía la
revisión de lo actuado en sede administrativa en una única instancia jurisdiccional si el ordenamiento
no contiene una norma expresamente restrictiva que impida a la cámara conocer, como natural
tribunal de la alzada, respecto de las sentencias definitivas dictadas por los jueces de primera
instancia que llevan a cabo originariamente el control judicial sobre los actos jurisdiccionales
cumplidos por la administración en el marco del citado ordenamiento (art. 84).
“Johnsondiversey de Argentina”, 337:813; “Ojeda Hernández, Luis Alberto” 10/07/2014
Derecho del migrante a contar con representación letrada (artículo 86)
ARTICULO 86. — Los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que carezcan de medios económicos,
tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan
llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del territorio argentino. Además
tendrán derecho a la asistencia de intérprete/s si no comprenden o hablan el idioma oficial. Las reglamentaciones
a la presente, que en su caso se dicten, deberán resguardar el ejercicio del Derecho Constitucional de defensa.

20
No corresponde declarar la nulidad del acto de expulsión del migrante con fundamento en que la
presentación de aquel con patrocinio letrado se había producido luego del dictado del acto, pues del
artículo 86 de la ley 25.871 -texto anterior a la reforma dispuesta en el decreto 70/2017- no se colige
la exigencia de comunicar ese derecho al interesado de forma personal y fehaciente, y nada se dice
acerca de dar intervención al Ministerio Público de la Defensa en caso de ausencia de petición
expresa en ese sentido; asimismo tampoco surge del decreto 616/2010 un deber específico a cargo
de la Dirección Nacional de Migraciones de llevar a cabo esa notificación al interesado o dar
intervención al órgano referido en los procedimientos administrativos tendientes a decidir la
permanencia de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional.
“Zuluaga Celemín, Claudia Lucía”, 13/10/2022.
Corresponde revocar la sentencia que declaró la nulidad del acto de expulsión del migrante con
fundamento en que la presentación de aquel con patrocinio letrado se había producido luego del
dictado del acto, pues ante la falta de demostración de una lesión efectiva al derecho de defensa y la
ausencia de incumplimiento de un precepto normativo expreso y específico, el invocado derecho a la
asistencia jurídica oportuna no puede ser interpretado con tal extensión que conduzca a declarar la
nulidad del acto de expulsión solo por la ausencia de previa notificación al interesado de la
consagración de ese derecho.
Cabe revocar la sentencia que declaró la nulidad del acto de expulsión del migrante con fundamento
en que la presentación de aquel con patrocinio letrado se había producido luego del dictado del
acto, pues los fundamentos de la decisión recurrida y los planteos de la actora no precisaron qué
argumentos conducentes esta se habría visto privada de esgrimir, por lo que no se advierte de qué
modo la previa labor de un letrado en defensa de sus derechos habría influido en la decisión que
cuestiona.
Cabe confirmar la sentencia que declaró nulo el acto de expulsión del migrante con fundamento en
que la presentación de aquel con patrocinio letrado se había producido luego del dictado del acto,
pues de la claridad y amplitud del lenguaje utilizado por el artículo 86 de la ley 25.871 -que consagra
el derecho a contar con asistencia jurídica gratuita en favor de los ciudadanos extranjeros- no cabe
sino entender que dicho derecho fue concedido para garantizar el asesoramiento en todas las
instancias procesales de los casos en los que la expulsión es una de las consecuencias posibles;
conclusión, reafirmada por la previsión de la ley 19.549 .
“Zuluaga Celemín, Claudia Lucía”, 13/10/2022 (Disidencia del juez Rosenkrantz)

21
Corresponde confirmar la sentencia que declaró nulo el acto de expulsión del migrante con
fundamento en que la presentación de aquel con patrocinio letrado se había producido luego del
dictado del acto, pues del carácter voluntario que indudablemente tiene el patrocinio letrado en
favor de los migrantes no se sigue que la Dirección Nacional de Migraciones esté exenta del deber
de comunicar la existencia de ese derecho.
La única manera eficaz de que un extranjero sobre quien pesa una orden de expulsión conozca los
derechos que le asisten es mediante la intervención de un abogado y esto requiere no solamente
que el derecho a la asistencia jurídica exista cuando se carezca de medios económicos -como de
hecho existe en virtud de lo dispuesto por el artículo 86 de la ley 25.871- sino que, además, dicho
derecho sea oportunamente comunicado, pues de lo contrario, el derecho consagrado en la ley no
sería más que una quimera.
Al momento en que se notificó la orden de expulsión, la Dirección Nacional de Migraciones debió

anoticiar al ciudadano extranjero del derecho a contar con representación letrada, máxime cuando no
había tenido participación previa en el procedimiento que dio lugar a su expulsión; dicho derecho no
fue honrado con la mera comunicación efectuada al notificarle la disposición, pues allí solo se hacía
alusión genérica al título de la ley y a los plazos de impugnación respectivos pero no al derecho a
contar con representación letrada de forma gratuita, lo que resulta insuficiente para cumplir con la
garantía en la forma prevista por el legislador.
- La mayoría desestimó la queja por considerar que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280
CPCCN)-.
“Peralta Valiente”, 341:1570 (Disidencia de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco)
La interpretación efectuada por la cámara, de acuerdo con la cual al momento de los hechos no era
exigible que la notificación del acto de expulsión al ciudadano extranjero anoticiara expresamente al
interesado de que contaba con el derecho a la asistencia jurídica gratuita a la que alude el art. 86 de
la ley 25.871, es inconsistente con la garantía constitucional de la defensa en juicio que esa norma
legal, junto con el art. 1°, ap. f, de la ley 19.549, vienen a reglamentar.
- La mayoría desestimó la queja por considerar que el recurso extraordinario era inadmisible (art. 280
CPCCN)-.

22
Solicitud de ingreso al país
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que declaró improcedente el amparo y dispuso que el
Ministerio de Relaciones Exteriores dictase el acto de trámite o de fondo, relativo a la solicitud de
ingreso al país de la esposa del recurrente pues la nueva ley de Política Migratoria Argentina, 25.871,
no sólo derogó la norma bajo la cual se denegó la solicitud de ingreso al país sino que estableció una
variación sustancial de los objetivos a tener en cuenta para la admisión de extranjeros.
“Zhang Hang”, 330:4554
El art. 29 de la nueva ley 25.871 determina una serie de impedimentos al ingreso y permanencia de
extranjeros, entre los que no se encuentra la "proclividad al delito", causal bajo la cual se negó el
pedido, categoría abandonada para establecer la necesidad en todos los casos, de la existencia de
una condena penal (confr. incs. c, f, g, y h) requisito esencial a la luz del principio de presunción de
inocencia y del resguardo del debido proceso.
Aun en el marco del art. 21, inc. g. del Reglamento de Migraciones aprobado por decreto 1023/94 -
modificado por decreto 1117/98- carecía de sustento la reconducción de la causa bajo la forma de un
amparo por mora y la afirmación de que el demandado no había dictado el acto administrativo
denegatorio de la visa solicitada, ya que desde la contestación del informe la autoridad de aplicación
había manifestado la decisión adversa al ingreso al país de la esposa del recurrente.
Pedido de asilo político
La Ley de Migraciones 25.871 y la reglamentación vigente, consagran a la Dirección General de

Migraciones como la “autoridad competente” para tramitar pedidos de asilo político territorial.
“Rodríguez Menéndez, José Emilio”, 11/08/2009

23
Cuestiones procesales
Jurisdicción y competencia
Competencia federal
Corresponde a la justicia federal de Ezeiza entender en la denuncia del equipo interdisciplinario de

Comisaría de la Mujer y la Familia contra un matrimonio, por la presunta vulneración de los derechos
de dos niños menores de edad, y la posible comisión de alguno de los delitos previstos por la ley
25.871 y 139, inciso 2, del Código Penal, toda vez que de las constancias del trámite efectuado por la
Dirección Nacional de Migraciones surge que los menores ingresaron al país en virtud de que se les
concedió su desembarco provisorio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, por razones
humanitarias y en calidad de "residentes transitorios turistas", por el plazo de setenta y dos horas,
como consecuencia de una sentencia de adopción plena dictada en la República de Guinea Bissan,
que no había sido legalizada por el consulado argentino con competencia en ese país y, asimismo, se
verificó que desde ese momento hasta la entrega de los niños en la comisaría de la mujer, los
denunciados tampoco habían solicitado el reconocimiento de esa sentencia ante la justicia de familia,
lo que, en definitiva, habría provocado la permanencia irregular de los menores en el país, en
infracción a las disposiciones reguladas por la ley 25.871.
CSJ 1091/2021 “NN s/ incidente de incompetencia”, 19/04/2022
Compete al fuero federal la investigación y juzgamiento la conducta que habría configurado la

infracción al artículo 117 de la ley 25.871, si se constató la presencia de dos personas de nacionalidad
extranjera trabajando a cargo del imputado, quienes permanecían irregularmente en el país, en tanto
carecían de la documentación que acreditara su identidad, como de aquella que los habilitara para
trabajar allí.
“De La Cruz Céspedes”, 30/09/2021
Si el magistrado de excepción no cuestiona la naturaleza federal del hecho a investigar -la

adulteración de un documento público destinado a eludir el control de migraciones- sino que se
limita a alegar que no se encuentran acreditadas las circunstancias que rodearon la comisión del
delito, corresponde a este juez asumir su jurisdicción e incorporar al proceso los elementos de juicios
necesarios a fin de conferir precisión a los hechos.
“Young Hoon Cho”, 07/10/2008
Corresponde remitir las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y

Correccional Federal, aunque no hay sido parte en esta contienda, para que desinsacule el juzgado
que deberá continuar investigando en la causa instruida por infracción a la Ley de Migraciones 25.871,

24
en la que se investiga a un matrimonio de nacionalidad peruana que facilitaría la entrada o
permanencia ilegal de inmigrantes al país, toda vez que los testimonios son coincidentes en que los
imputados tenían su residencia en Bueno Aires, desde la que se generarían las conexiones para traer
al país los extranjeros y donde éstos residirían temporariamente hasta ser trasladados a la provincia
de Río Negro.
“Pimentel Jesús”, 22/07/2008
Competencia originaria
Resulta ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema la denuncia en la que se solicita que
se investigue la participación del imputado, Cónsul de la República de Bolivia en Buenos Aires, en
una presunta red ilícita internacional, que en violación de la ley 25.871 trasladaba ciudadanos de
nacionalidad boliviana desde su país hasta el nuestro, con el propósito de reducirlos a servidumbre
en talleres textiles clandestinos, si los escasos elementos de prueba reunidos hasta el presente
resultan insuficientes para determinar la materialidad de los hechos denunciados y, en su caso, el
encuadre típico y la eventual responsabilidad que pudiera caber en su comisión al cónsul
denunciado, sin perjuicio de lo que pudiera resultar como consecuencia del avance de las
investigaciones.
“González Quint”, 330:1599
Procesos colectivos y conflicto de competencia
Corresponde rechazar la acumulación de la causa al amparo colectivo iniciado toda vez que la misma
se originó a partir de la presentación individual efectuada por un migrante a los fines de cuestionar
los actos dictados por la Dirección Nacional de Migraciones respecto de su situación migratoria, en
cuyo contexto impugna la constitucionalidad de la normativa aplicada a su caso particular, todo lo
cual conduce a descartar la existencia de un proceso colectivo, único supuesto previsto en el
Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos (ac. 12/2016) a los fines de la pretendida
acumulación.
“Xu, Bingbin”, 344:3438

25
Por el modo en que está prevista la acumulación en el art. IV del Reglamento de Actuación en
Procesos Colectivos (ac. 12/2016), restringida a aquellos casos en que exista un juicio en trámite,
registrado con anterioridad y que presente una sustancial semejanza en la afectación de los
derechos de incidencia colectiva, resulta improcedente la acumulación, al amparo colectivo iniciado,
de la causa originada partir de la presentación individual efectuada por un migrante con el fin de
cuestionar los actos dictados por la Dirección Nacional de Migraciones respecto de su situación
migratoria, en cuyo contexto impugna la constitucionalidad de la normativa aplicada a su caso
particular.
“Xu, Bingbin”, 344:3438
Beneficio de litigar sin gastos
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que rechazó in limine el pedido de concesión del beneficio
de litigar sin gastos del actor, pues ante la marcada singularidad del procedimiento sumarísimo
especial migratorio contemplado en la ley 25.871, las divergencias interpretativas que surgirían de los
artículos 78 y 84 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -apuntadas por la cámara- no
podrían válidamente formularse en el marco de dicho trámite en la medida en que, concretamente,
en él no se contempla la realización de una audiencia preliminar ni la posibilidad de declarar la causa
como de puro derecho.
“Hope Casilla”, 344:3749 (Voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti y voto del juez Rosenkrantz)
Cabe dejar sin efecto el rechazo in limine el pedido de concesión del beneficio de litigar sin gastos,
pues ante la marcada singularidad del procedimiento sumarísimo especial migratorio, las
divergencias interpretativas que surgirían de los artículos 78 y 84 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación -apuntadas por la cámara- no podrían válidamente formularse en el marco
de dicho trámite en la medida en que, concretamente, en él no se contempla la realización de una
audiencia preliminar ni la posibilidad de declarar la causa como de puro derecho, sin que obste a
dicha conclusión la aplicación supletoria de las normas generales que regulan el proceso sumarísimo
(artículo 69 undecies de la ley 25.871), que prevén la declaración de la causa como de puro derecho o
bien la realización de la audiencia preliminar del artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación en tanto tal como surge del citado artículo 69 septies, en el procedimiento migratorio la
administración se limita a elevar el recurso del migrante con un informe frente a lo cual el juez debe
expedirse sobre la habilitación de la instancia y sobre el fondo del planteo en un plazo brevísimo.
“Hope Casilla”, 344:3749 (Voto del juez Rosenkrantz)
Continuación con la investigación
En virtud de que se desconoce el modo en que se pasó el control migratorio para el ingreso al país,
atento la subsunción que del iter criminis efectuó el juez de la extradición en el delito de "tráfico

26
ilegal de personas" previsto por el artículo 116 de la Ley de Migraciones 25.871, se encomienda a la
señora Procuradora General de la Nación que arbitre las medidas del caso para esclarecer las
circunstancias que rodearon el traspaso de la víctima a través de la frontera y, a todo evento, agotar
la investigación del caso sin que queden impunes tramos de la actividad ilícita enrostrada al
imputado que, aunque tuvo comienzo de ejecución en la República del Paraguay, continuó
ejecutándose en la República Argentina.
“Gómez”, 26/03/2013
Conflicto interadministrativo
Corresponde dejar sin efecto la decisión que asimiló el reclamo por una multa impuesta por la
Dirección General de Migraciones a Aerolíneas Argentinas -por infracción al artículo 38 de la ley
25.871- y la resolución ministerial que rechazó el recurso administrativo de alzada interpuesto contra
aquél, a los reclamos pecuniarios a que se refiere el art. 1° de la ley 19.983 sobre el Régimen de
Resolución de Conflictos Interadministrativos en tanto la facultad punitiva de imponer multas no
puede ser considera como un supuesto de reclamación pecuniaria entre organismos administrativos
del Estado Nacional.
“Aerolíneas Argentinas”, 15/10/2015
Admisibilidad del recurso extraordinario (cuestión federal)
El recurso extraordinario es admisible pues se encuentra en tela de juicio la interpretación de normas

federales (ley 25.871 y decretos 70/2017 y 138/2021) y la decisión de la cámara resulta contraria a la
pretensión que el actor fundó en ella (conf. art. 14, inc. 3°, de la ley 48).
“Pfannshmidt Morales”, Fallos: 345:1079.
El recurso extraordinario es formalmente admisible por cuanto en el caso se encuentra en juego la

interpretación de una norma federal –ley 25.871- y la decisión definitiva del superior tribunal de la
causa ha sido contraria al derecho que en ella fundó el apelante (art. 14, inc. 3° de la ley 48).
Suscitan cuestión federal suficiente los agravios que ponen en tela de juicio la interpretación y
aplicación de normas federales -Reglamento de Migraciones, aprobado por decreto 1023/94, mod.
por decreto 1117/98 y nueva Ley de Política Migratoria Argentina 25.871- si la decisión de la alzada
ha sido contraria al derecho que en ellas fundó el apelante (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

27
El recurso extraordinario resulta formalmente admisible, pues los agravios de la recurrente ponen en
tela de juicio la inteligencia que corresponde atribuir a las leyes 17.671 y 25.871, de carácter federal, y
la decisión de la cámara ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas (art. 14, incs. 1° y
3° de la ley 48).
“Costa Ludueña”, 344:3132
El remedio federal es procedente pues se encuentra en tela de juicio la interpretación de una norma
federal (artículo 29 de la ley 25.871) y la decisión de la cámara de apelaciones resulta contraria a la
pretensión que el recurrente fundó en ella (conf. artículo 14, inciso 3°, de la ley 48).
“Peralta Crispin”, 344:3683; “Huang, Qiuming”, 344:3580; “Barrios Rojas”, 343:990 (Voto de los jueces
Rosenkrantz y Highton de Nolasco)
El remedio federal es procedente si se encuentra en tela de juicio la interpretación de una norma

federal (artículo 29, inciso c, de la ley 25.871) y la decisión de la cámara de apelaciones resulta
contraria a la pretensión que la recurrente fundó en ella (conf. artículo 14, inciso 3°, de la ley 48).
“Manzaba Cagua”, 345:270; “Apaza León”, 341:500
El recurso extraordinario interpuesto es formalmente admisible, toda vez que se halla en juego la
interpretación y aplicación de normas de carácter federal (ley 25.871, especialmente sus arts. 29, inc.
'c', y 62, inc. 'b') y la decisión del superior tribunal de la causa ha sido adversa a las pretensiones que
la apelante funda en ellas.
Es procedente el recurso extraordinario pues se encuentra en tela de juicio la interpretación de una

norma federal (art. 86 de la ley 25.871) y la decisión de la cámara de apelaciones resulta contraria a
la pretensión que la recurrente fundó en ella (art. 14, inc. 3° de la ley 48).
Zuluaga Celemín, Claudia Lucía, 13/10/2022.
El recurso extraordinario es formalmente admisible si se discute la validez de un acto de autoridad

nacional - Dirección Nacional de Migraciones- con fundamento en la interpretación y aplicación de
normas de carácter federal y la decisión ha sido contraria a las pretensiones que el recurrente fundó
en ellas.

28
El recurso extraordinario es formalmente admisible si la resolución que denegó la habilitación de
instancia judicial resulta equiparable a sentencia definitiva pues, de quedar firme, clausura toda
posibilidad del recurrente de acceder a la justicia para cuestionar la orden de expulsión decidida por
la Dirección Nacional de Migraciones.
Otros
Atento a la variación sustancial de la regulación normativa en las características que debe reunir la
condena penal que pesa sobre el migrante para habilitar su expulsión del país por parte de la
Dirección Nacional de Migraciones -decreto 138/2021, que restituyó la vigencia de las normas
modificadas, sustituidas o derogadas por el decreto 70/2017-, y que fueron objeto de
cuestionamientos por el actor en el recurso extraordinario, corresponde devolver las actuaciones al
juez de la causa para que -adecuando el proceso, en resguardo de la garantía de la defensa en juicio,
a fin de que las partes puedan ejercer los derechos que les asisten- examine la decisión de expulsión
a la luz de las nuevas disposiciones vigentes.
“Pfannshmidt Morales”, Fallos: 345:1079.
Habida cuenta de las profundas transformaciones que ha provocado la nueva Política Nacional de
Migraciones en relación con la norma anterior, y dado el reconocimiento de la demandada de la
incompatibilidad entre dicha normativa y la causal invocada -proclividad al delito- para negar el
ingreso al país de la esposa del recurrente, resulta procedente que la acción de amparo interpuesta
sea nuevamente fallada por los jueces de la causa sobre la base del derecho federal vigente.
Si bien la ley 22.439 ha sido derogada por la 25.871, al no haberse cumplido el requisito establecido
en el art. 124 de la nueva ley, los hechos ocurridos durante la vigencia de la primera, continúan
regidos por aquélla y el decreto 1023/94.
“Dirección Nacional de Migraciones”, 329:5567

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Nación

Edición noviembre 2022

(Con hipervínculos a la base de Jurisprudencia)

Objetivos de la ley (artículo 3°)

“ARTICULO 3° — Son objetivos de la presente ley:

c) Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del país:

d) Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar;

k) Promover el intercambio de información en el ámbito internacional, y la asistencia técnica y capacitación de los

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

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Causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional

a) La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o

j) Constatarse la existencia de alguno de los impedimentos de radicación establecidos en la presente ley;

k) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley.

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En materia de extradiciones, el tráfico ilícito de estupefacientes, cometido por pluralidad de

Corresponde confirmar la sentencia que declaró válida la decisión de la Dirección Nacional de

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corresponde confirmar la orden de extrañamiento del país de un extranjero dispuesta por la

Casos en que no se cumplió con los requisitos del inc. c

Corresponde declarar la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones que

Elusión del control migratorio (inciso I)

La sentencia que declaró la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones que

Debe revocarse la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de la Dirección Nacional de

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

La sentencia que confirmó la expulsión de la migrante dispuesta por la Dirección Nacional de

La sentencia que confirmó la expulsión de la migrante dispuesta por la Dirección Nacional de

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corresponde revocar la sentencia que confirmó la expulsión de la migrante dispuesta por la

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Es arbitraria la sentencia que declaró la nulidad de las resolución de la Dirección Nacional de

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Cancelación de la permanencia en el país (artículo 62)

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

El ejercicio de la facultad conferida a la Dirección Nacional de Migraciones por el art. 62 de la ley

El ejercicio de la facultad conferida a la Dirección Nacional de Migraciones por el art. 62 de la ley

Corresponde confirmar la orden de expulsión dispuesta por la autoridad administrativa respecto de

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

La sentencia que declaró la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones

La sentencia que declaró la nulidad de la disposición de la Dirección Nacional de Migraciones

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Retención de migrantes (artículo 70)

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Agotamiento de la vía administrativa (artículo 84)

Derecho del migrante a contar con representación letrada (artículo 86)

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Al momento en que se notificó la orden de expulsión, la Dirección Nacional de Migraciones debió

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Pedido de asilo político

La Ley de Migraciones 25.871 y la reglamentación vigente, consagran a la Dirección General de

Secretaría de Jurisprudencia – Corte Suprema de Justicia de la Nación

Corresponde a la justicia federal de Ezeiza entender en la denuncia del equipo interdisciplinario de