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Ensayos sobre
INCLUSIÓN
FINANCIERA
Ensayos sobre inclusión financiera. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires : Biblioteca Nacional ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Ministerio de Economía, 2021.
344 p. ; 23 x 15 cm.
ISBN 978-987-728-136-1
1. Finanzas Personales. 2. Economía. 3. Inclusión Social. I. Título.

CDD 336.001
BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO
Director: Juan Sasturain

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Producción y diseño editorial: Ediciones BN
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© 2021, Biblioteca Nacional

Agüero 2502 (C1425EID)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.bn.gov.ar
IMPRESO EN ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINA

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Índice
7 > Presentación
9 > Trabajos ganadores
Categoría estudiantes
13 > Consumos dilemáticos. Análisis y propuestas de

políticas para ampliar derechos en una sociedad
de consumidores atravesada por la explotación
financiera. Rafael Dellacqua
45 > La educación y la tecnología como medios de inclu-
sión financiera. Proyecto Miguita. Nicolás
Carreras, Franco José Cervetto, Catalina Caparroz y
Gabriel Agustín Ghigliazza
73 > Entendiendo la bancarización en Argentina. Nicolás
Francisco Abbate
101 > Inclusión financiera y empoderamiento de la mujer:
análisis, desafíos y propuestas para Argentina
en la era digital. Pamela Giachero y Abril Emiliani
131 > Fintech para agricultura familiar. Productores hortí-
colas platenses, problemáticas y posibilidades de
financiación en la actualidad. Jesica Anabella Paredes
Categoría jóvenes profesionales
159 > ENIF: entre saberes expertos y prácticas ordinarias.

Lógicas sociales y morales del dinero. Fernando
Moyano, Malena Rubinstein
207 > Redes neuronales al servicio de la Inclusión Finan-
ciera en Argentina. Sofía Orazi
235 > Índice de inclusión financiera: una medición global y
multidimensional. Facundo Nicolás Pastor
269 > La inclusión financiera como determinante de la
competitividad del sector financiero a nivel sub-
nacional en Argentina. Carla María Daniele Barra
307 > Brechas de género en la inclusión financiera y vio-
lencia doméstica. Estudio de experiencias en
América Latina y recomendaciones de política en
Argentina. Nicole Carolina Maspi, Franco Frizzera y
Luciana Yanina Romero
Presentación
El Concurso Federal de Ensayos sobre Inclusión Financiera buscó

promover la participación de jóvenes universitarios y profesionales
a lo largo y ancho del país, con el objetivo de premiar y reconocer
los ensayos e investigaciones más destacados sobre la materia para
contribuir al diseño de políticas públicas, considerando siempre a
la inclusión y educación financiera como herramienta fundamental
para reducir las brechas sociales y de género y avanzar así hacia
una sociedad más justa e inclusiva.
Desde el Ministerio, destacamos la importancia de poner a la
inclusión financiera en el centro del debate de los jóvenes profesio-
nales a través de este concurso, impulsando esta agenda que hemos
definido como política de Estado y que los líderes del G20 han reco-
nocido como uno de los principales pilares del desarrollo global.
Enfrentamos un contexto desafiante, con nuevas restriccio-
nes y cambios impuestos por la pandemia, con necesidades que
merecen ser atendidas y que se multiplican en los sectores más
desprotegidos. Si medimos la inclusión financiera en términos de
acceso al sistema financiero, observamos que más del 90% de la
población adulta posee una cuenta bancaria. No obstante, su uso
cotidiano es aún muy limitado, y en la gran mayoría de los casos
consiste únicamente en el retiro de efectivo. Esto evidencia que no
solo se requiere trabajar en el acceso sino sobre todo en el uso, en la
educación financiera, en la protección de los derechos del consumi-
dor financiero, en la prevención de fraudes, estafas y ciberdelitos, y
en el uso sano y responsable del sistema financiero.
8 | Ensayos sobre inclusión financiera
En este sentido, los trabajos presentados hicieron especial foco

en temáticas que son de interés para el sector público y que están en
línea con los objetivos que busca promover la Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera (ENIF) para el período 2020-2023, apro-
bada por el Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera que
preside el Ministerio a través de la Secretaría de Finanzas.
Los artículos han abordado propuestas de políticas públicas
para ampliar derechos a través de la inclusión financiera y se han
referido a la educación y a la tecnología para la inclusión, al rol
de la bancarización en la inclusión financiera de las personas, a la
persistencia de las brechas de género en materia de inclusión, al
desarrollo económico y a la igualdad de oportunidades y a la ENIF
y su medición.
La decisión de impulsar el concurso, junto con la publicación
de este libro, coedición del Sello Manuel Belgrano y Ediciones
Biblioteca Nacional, que presenta los ensayos más destacados, con-
tribuye a generar una masa crítica de aportes y referencias biblio-
gráficas que esperamos continúe creciendo en el tiempo. Desde el
Ministerio de Economía seguiremos trabajando con el compromiso
de profundizar la educación financiera en todo el territorio argen-
tino y avanzar en políticas inclusivas que permitan reducir las
brechas de género y promover la igualdad de oportunidades en el
acceso a los productos y servicios financieros.
Lic. Leandro Toriano

Subsecretario de Servicios Financieros
Trabajos ganadores
Los ensayos comprendidos en la presente publicación son los

que resultaron premiados en el Concurso Federal de Ensayos de
Inclusión Financiera de la primera edición del Premio Mecon,
una iniciativa del Ministerio de Economía, con el apoyo de la
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).
En el concurso participaron más de cien estudiantes y gradua-
dos/as y se presentaron cuarenta y ocho ensayos. Los premios fueron:
Categoría estudiantes
• Primer puesto: “Consumos dilemáticos. Análisis y propues-

tas de políticas para ampliar derechos en una sociedad de con-
sumidores atravesada por la explotación financiera” de Rafael
Dellaqua, Universidad del Litoral.
• Segundo puesto: “La educación y la tecnología como medios
de inclusión financiera”, de Nicolás, Carreras, Franco Cervetto,
Catalina Caparroz y Gabriel Agustín Ghigliazza, Universidad
de Buenos Aires.
• Tercer puesto: “Entendiendo la bancarización Argentina” de
Nicolás Abbate, Universidad de Buenos Aires.
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• Primera mención: “Inclusión financiera y empoderamiento

de la mujer: análisis desafíos y propuestas para Argentina en
la era digital” de Pamela Sabrina Giachero y Abril Florencia
Emiliani, Universidad de Río Cuarto.
• Segunda mención: “Desarrollo económico, igualdad de
oportunidades e inclusión financiera: Fintech para agricul-
tura familiar. Productores hortícolas platenses, problemáti-
cas y posibilidades de financiación en la actualidad”, de Jesica
Anabella Paredes, Universidad de Lanús.
Categoría jóvenes profesionales
• Primer puesto: “ENIF: entre saberes expertos y prácticas

ordinarias. Lógicas sociales y morales del dinero” de Fernando
Moyano y Malena Rubinstein, Universidad del Litoral y de la
Universidad de Buenos Aires respectivamente.
• Segundo puesto: “Redes Neuronales al servicio de la Inclusión
Financiera en Argentina” de Sofía Orazi, Universidad Nacional
del Sur.
• Tercer puesto: “Índice de inclusión financiera: Una medi-
ción global y multidimensional” de Facundo Nicolás Pastor,
Universidad Argentina de la Empresa.
• Primera mención: “La inclusión financiera como determi-
nante de la competitividad del sector financiero a nivel subna-
cional en Argentina” de Carla María Daniele Barra, Universidad
Nacional de Córdoba.
• Segunda mención: “Brechas de género en la inclusión finan-
ciera y violencia doméstica: estudio de experiencias en América
Latina y recomendaciones de política en Argentina” de Nicole
Trabajos ganadores | 11
Carolina Maspi, Franco Frizzera y Luciana Yanina Romero,

Universidad de Buenos Aires.
Esta iniciativa, que construye conocimiento sobre economía y

género y aporta al debate académico, no podría haber sido posible
sin la colaboración de los destacados especialistas a nivel nacio-
nal e internacional en las temáticas abordadas que integraron el
jurado: Cecilia Fernández Bugna, Cecilia Nahón, Daniel Kostzer,
Daniela Sánchez, María Delfina Rossi, Diego Alberto Bastourre,
Eugenia Arugete, Mariano Jorge Sardi, Mateo Bartolini, Mercedes
D’Alessandro, Lorena Moscovich, Pablo Javier Salinas, Paula
Garnero, Ariel Setton y Ariel Geandet.
Consumos dilemáticos. Análisis
y propuestas de políticas para
ampliar derechos en una sociedad
de consumidores atravesada por la
explotación financiera
Rafael Dellacqua
1. Introducción: La sociología al servicio de la inclusión

financiera
El presente ensayo constituye un acercamiento a las dinámi-

cas de consumo y deuda de los sectores populares en Argentina.
Esperamos a partir del mismo demostrar la importancia que
poseen las herramientas analíticas y los enfoques sociológicos
para la elaboración de políticas y normativas orientadas hacia
una promoción real de la inclusión financiera. Para ello, reali-
zaremos un análisis que permitirá comprender cómo funciona
el endeudamiento entre los sectores populares en su realidad
más cotidiana e inmediata, entendiendo a la deuda en un sentido
ampliado, que incluye también las compras en cuotas de bienes de
consumo final, en la medida en que constituyen un compromiso y
13
obligación de pago a futuro al igual que las demás formas de deuda

(Wilkis, 2013).
Específicamente, analizaremos la problemática que surge a
la hora de realizar compras en cuotas para sectores cuyos ingre-
sos, debido a su exclusión del mercado laboral formal, son muy
inestables. Como veremos, el acceso informal al mercado laboral
—comúnmente conocido como trabajo “en negro”— suele obs-
taculizar la posibilidad de mantener una constancia en los pagos
regulares de las cuotas, y por lo tanto, genera la necesidad de sus-
pender los pagos o, en el mejor de los casos, de realizar múltiples
refinanciaciones que terminan incrementando considerablemente
el precio inicial de los bienes adquiridos. Sin embargo, el punto cru-
cial de nuestro análisis y el elemento más grave de la problemática
desde nuestro punto de vista, es la relación social que se crea entre
estos actores y las instituciones privadas que les ofrecen servicios y
productos financieros, cuyas tasas de interés suelen ser mucho más
elevadas que las que ofrece la banca tradicional, a la que acceden sec-
tores sociales que poseen una mayor estabilidad laboral e ingresos.
Para comprender en detalle esta relación social y la complejidad
que la misma acarrea, se presentarán diversos análisis sustenta-
dos en experiencias empíricas y teóricas propias y ajenas, basa-
dos especialmente en entrevistas realizadas a lo largo de la última
década en barrios populares y empresas financieras de las ciudades
ubicadas en el Gran Santa Fe y el Gran Buenos Aires. A partir de ello,
indagaremos en detalle sobre el tipo de relación social donde se pro-
duce el fenómeno de la explotación financiera, cuya comprensión
entendemos indispensable en la búsqueda de una transformación
real de las relaciones de deuda entre hogares de economías vulne-
rables e instituciones financieras. Además, presentaremos diversas
Rafael Dellacqua | 15
propuestas de políticas de Estado que pueden implementarse con

el fin de intermediar en esta relación social, partiendo de la idea
de que, de no intervenir la autoridad pública en estas lógicas de
manera decisiva y determinante, la explotación encontrará siem-
pre la manera de sostenerse y, de este modo, la exclusión de estos
sectores continuará profundizándose a medida que se consolide el
presente esquema de organización social basado en el consumo.
2. La explotación financiera
De acuerdo con Roig y Chena (2017), la explotación financiera como

forma de captación del ingreso de los sectores más vulnerables de la
economía forma parte de un nuevo sistema de transferencias de exce-
dentes económicos y jerarquización social. El mismo se sustenta en
tasas de interés diferenciales para distintos sectores de la población,
dando lugar a la profundización de la brecha entre quienes pueden
acceder a una ocupación formal e ingresos estables y aquellos sec-
tores que no se encuentran insertos en dicho mercado laboral, y que
por lo tanto sobreviven en situaciones laborales informales e inesta-
bles. Así, por ejemplo, los autores demostraron, mediante un estu-
dio realizado en distintos barrios populares de la ciudad de Buenos
Aires, la existencia de un aumento de las tasas de interés pagadas por
los hogares de trabajadores de la economía popular del 32% solo en el
año 2014, índice que ascendió a un 41% en 2015.
Mientras se profundizaba el grado de apropiación del ingreso
de estos sectores por parte de las empresas financieras privadas, el
gobierno creó en el año 2014 el plan “Ahora 12”, que permitía acce-
der a compras en cuotas de bienes de consumo con algunas tarjetas
de crédito de la banca tradicional sin tener que pagar intereses. Ello
implicó que, desde ese momento, quienes tenían un trabajo for-

mal podían acceder a este beneficio, lo cual era una clara amplia-
ción de derechos en términos de acceso al consumo, pero también
una profundización de la brecha entre quienes estaban insertados
en el mercado laboral formal y quienes no. Este hecho constituye
un ejemplo puntual de una situación en la cual mientras que para
unos sectores se ampliaban sus derechos en términos de acceso a
servicios financieros de calidad, para otros se profundizaba el peso
que generaba sobre sus economías la posibilidad de acceder a estos
servicios. Es esta situación, que se mantuvo e incluso se profun-
dizó en los años posteriores, la que vamos a analizar a lo largo del
presente ensayo, centrándonos, por un lado, en las estrategias que
implementan los hogares de la economía popular para acceder al
consumo, y por el otro, en las representaciones del personal de las
empresas financieras cuyos servicios y tasas de interés dan lugar al
fenómeno de la explotación financiera.
3. La sociedad de consumo
Un punto crucial en la elaboración de estudios sociológicos que

permitan analizar y comprender en detalle fenómenos sociales es
la contextualización de las relaciones específicas que se tomarán
como objeto de estudio. Es por ello que, a continuación, presen-
taremos una breve caracterización del contexto económico-social
donde se producen las relaciones de explotación financiera que
tomamos como objeto de estudio.
En cuanto a la situación de marginalidad y exclusión en la que
se encuentran los hogares que analizaremos, esta puede compren-
derse como el resultado de un proceso de desafiliación masiva de
una parte importante de los sectores populares de la relación sala-

rial (y su correspondiente empobrecimiento) que se produjo a par-
tir de las últimas décadas del siglo XX en toda América Latina, como
consecuencia de la aplicación de políticas y lógicas de organización
social neoliberales (cuyo impacto fue especialmente grave en el
caso de Argentina). Estos cambios reconfiguraron las dinámicas de
integración de estos sectores, los cuales, al quedar progresivamente
excluidos del mercado laboral formal (elemento de integración cen-
tral durante buena parte del siglo XX), desarrollaron nuevas formas
de sociabilidad, en las que el barrio, las relaciones de parentesco
y la interacción cotidiana pasaron a ocupar un lugar central como
puntos de apoyo en su conformación identitaria (Merklen, 2005).
Sin embargo, a partir de la reactivación económica iniciada en
el año 2003, y de un nuevo paradigma de intervención estatal en
la economía inaugurado por el kirchnerismo que implicó políticas
de Estado orientadas hacia la regulación de las relaciones labo-
rales, el aumento de la cobertura previsional y políticas sociales
de transferencias de ingresos (Benza, 2016), otro elemento pasó a
ocupar un lugar central en las lógicas de interacción e integración
cotidiana de los sectores populares en Argentina: el acceso masivo
al mercado de consumo. En este contexto, la posibilidad de acce-
der a bienes y servicios que previamente eran exclusivos de un
sector privilegiado de la sociedad permitió a quienes no lograron
insertarse en el mercado laboral formal, pero sí acceder a otras
formas de ingresos más irregulares, incorporarse a las dinámicas
de modernización y participación en la innovación en términos de
bienes y productos tecnológicos.
A pesar de los cambios significativos que implicó esta nueva
etapa para los hogares de menores ingresos, este proceso presentó
sus limitaciones, dado que la imposibilidad de acceder a ingresos

estables y garantías laborales generó dificultades para estos sectores
a la hora de obtener bienes y servicios de calidad. Para dar respuesta
a la incapacidad del nuevo crecimiento económico de generar una
demanda de mano de obra suficiente como para captar a este sec-
tor de la sociedad que todavía permanecía excluido de la economía
formal, el Estado implementó diversas políticas de transferencias
monetarias (tales como el Plan Familias por la Inclusión Social, la
Asignación Universal por Hijo, el Plan Potenciar Trabajo, etc.), las
cuales garantizaron una base mínima de ingresos para los hogares
que permanecían en la marginación. Estas políticas fueron funda-
mentales para la disminución de la pobreza extrema y la indigencia,
y permitieron ampliar la capacidad de consumo de estos hogares.
Además, con el cobro de estas asignaciones se produjo la bancariza-
ción de buena parte de los mismos. Sin embargo, esta bancarización
fue limitada, dado que las cuentas que se crearon para cobrar estas
transferencias —denominadas cuentas “sueldo”— solo permiten la
extracción de dinero por cajero automático (aunque en los últimos
años fueron incorporando otras herramientas, pero sumamente
limitadas en comparación con otros tipos de cuentas bancarias).
En estas condiciones, si bien se amplió considerablemente la
capacidad de gasto de los hogares de los sectores populares, esta
no fue suficiente como para cubrir sus demandas de consumo. A
partir de ello, los servicios financieros se fueron convirtiendo
progresivamente en un recurso indispensable, al permitirles acce-
der a una mayor cantidad de bienes y servicios. Ello dio lugar a
la emergencia de una gran cantidad de empresas financieras pri-
vadas y a un crecimiento considerable de las preexistentes, que
supieron captar con eficacia dicha demanda creciente de servicios
financieros por parte de las clases populares. Sin embargo, la falta

de protecciones y garantías en relación a la modalidad de acceso a
dichos servicios sentó un terreno fértil para la emergencia del fenó-
meno de la explotación financiera.
A partir de estas consideraciones, nuestro trabajo se posiciona
en una perspectiva científica de acuerdo con la cual, para compren-
der a los sectores populares y sus prácticas, preferencias y decisio-
nes de consumo y deuda, resulta necesario comprender el lugar
central que ocupa el consumo en sus lógicas de pertenencia coti-
dianas. A raíz de ello, destacaremos a continuación las implicancias
que tiene la creciente accesibilidad al consumo en un sentido de
identidad y pertenencia desde un enfoque sociológico.
4. Consideraciones sociológicas sobre el nuevo

paradigma de consumo
Reconocer que nos encontramos en una sociedad de consumo,

donde diversos procesos sociales y políticos habilitaron la posibi-
lidad del acceso masivo —pero al mismo tiempo limitado— de los
sectores populares al mercado de consumo de bienes y servicios,
implica reconocer que, en relación al consumo popular, se ha pro-
ducido una expansión de derechos. Diversos sociólogos, nacionales
y también extranjeros, vienen analizando, especialmente durante
la última década, las funciones que desempeñan el dinero y el con-
sumo en la vida cotidiana de los actores en términos de constitu-
ción identitaria, participación e integración social (Miller, 1999;
Figueiro, 2013; Zelizer, 2011; Wilkis, 2013 y 2017; Roig, 2015, etc.).
Consideramos que este análisis demanda una reflexión sobre el tipo
de sociedad que se está consolidando, especialmente desde finales
del siglo XX y principios del XXI, que optamos por definir como
sociedad de consumo (Appadurai, 2001), dada la creciente centra-
lidad que este posee en la estructuración de las relaciones sociales.
En este nuevo esquema de organización social, las lógicas de inte-
gración y participación de los actores se gestan cada vez menos en
torno al mercado laboral, y cada vez más en relación al consumo y
gasto de dinero (Miller, 1999). Esto no implica necesariamente el
reemplazo de una estructura social por otra, sino más bien, la per-
sistencia de las estructuras de desigualdad y de las luchas por valer
preexistentes, pero readaptadas a un nuevo contexto, donde el tra-
bajo pierde parte de su centralidad en la vida social de las personas,
mientras que el consumo y los diversos usos sociales de los bienes
se convierten en factores claves en la construcción identitaria y
comunitaria de los actores.
Sin embargo, en este contexto, el sistema económico capita-
lista, favorecido por una reducción de su regulación bajo los para-
digmas socio-político-económicos neoliberales, ha dado lugar a
nuevas formas de explotación y apropiación del ingreso del traba-
jador precarizado en Argentina —tal como también se puede obser-
var en muchos otros países de América Latina (Villarreal, 2004 y
2008; Lavinas, 2014, etc.)— mediante la oferta desigual de servicios
financieros, y el aprovechamiento de la mayor posibilidad, necesi-
dad y demanda de consumir de estos actores.
A partir de estas consideraciones, nos planteamos la siguiente
pregunta: ¿es posible invertir este esquema, y convertir la explo-
tación financiera de los sectores populares en una relación de
ampliación de derechos, mediante la universalización del acceso
a servicios financieros de calidad para el conjunto de la población
argentina? Para responderla, consideramos necesario comprender
cómo funciona la explotación financiera en la cotidianeidad de estos

sectores. Eso es lo que haremos a continuación, analizando, por un
lado, las percepciones y lógicas que guían la acción del personal de
instituciones financieras de Santa Fe y Buenos Aires, y por el otro,
los significados que se construyen en los hogares de la economía
popular en torno al consumo y la deuda. Luego, postularemos algu-
nas propuestas de políticas de Estado y medidas de intervención
específicas sobre el tipo de relación social que nos interesa, que
consideramos pueden ser un insumo clave para dar respuesta a la
problemática desde un enfoque científico/sociológico.
5. Lógicas y percepciones del personal de financieras
A continuación presentaremos brevemente algunas característi-

cas que poseen las empresas que otorgan servicios financieros a los
sectores populares, basándonos en entrevistas realizadas a perso-
nal de las mismas entre los años 2013 y 2014.
En términos generales, estas empresas se insertan en el mer-
cado de productos financieros partiendo de estudios rigurosos de
mercado, donde eligen invertir sus recursos considerando factores
tales como el nivel de masividad de la clientela a disposición, los
riesgos que implica el ofrecimiento de determinado producto para
determinada población, y el grado de competitividad existente en
el mercado donde esperan insertarse. Algunas se especializan en
un tipo específico de servicio financiero, como puede ser el finan-
ciamiento de consumo en comercios minoristas, préstamos perso-
nales de efectivo, tarjetas de crédito de la empresa, etc.; mientras
que otras, en cambio, proporcionan varios de estos servicios de
manera simultánea.
En general, dado que la banca tradicional, especialmente a par-

tir de inicios del siglo XXI, comenzó a acaparar el mercado de ser-
vicios financieros al que suelen acceder los sectores medios y altos
de la sociedad, estas empresas suelen ofrecer servicios financieros
especialmente para los sectores populares, que son quienes que-
dan fuera del mercado crediticio formal. Es por ello que los pro-
ductos financieros que ofrecen suelen incluir sumas de dinero y
compras de bienes en cuotas cuyos precios son relativamente bajos,
permitiendo a los trabajadores de la economía popular la posibili-
dad de acceder de manera inmediata a un bien o gasto que no pue-
den cubrir con sus ingresos y fondos habituales. Para ello, suelen
requerir muy poca información a quienes acceden a sus productos,
en comparación con los créditos y préstamos de las instituciones
bancarias (en general, con presentar un pago de factura y el DNI es
suficiente, aunque en algunos casos se piden otras garantías, como
pueden ser números de teléfonos de conocidos del usuario, conocer
a alguien que ya haya accedido al servicio, etc.).
Por otra parte, el personal entrevistado reconoció que las
tasas de interés que suelen ofrecer por sus productos financieros
son considerablemente altas. La justificación en todos los casos
viene dada por el grado de riesgo que implica para estas empresas
el hecho de proporcionar créditos u ofrecer la posibilidad de com-
prar en cuotas con muy pocas garantías materiales. En palabras de
una empleada del sector contable de una financiera santafecina:
“Las tasas nuestras tienen una gran diferencia con las del banco,
posiblemente lleguen a ser hasta el doble, por una cuestión de que
la celeridad no es la misma. Nosotros tenemos muchos riesgos”
(Santa Fe, 2013). De este modo, para asegurarse de que el negocio sea
“rentable”, estas empresas suelen compensar el riesgo que implica
prestar dinero contando con pocas garantías, recurriendo a estrate-

gias tales como una elevación considerable de las tasas de interés a
cobrar a su clientela, así como también la oferta de planes de pagos
mucho más reducidos que los que suele ofrecer la banca tradicional
(en general, suelen ser de 3, 6, o como mucho, 10 cuotas mensuales).
Por otra parte, estas empresas en general suelen ofrecer dis-
tintos servicios de acuerdo a la tenencia o no de recibo de sueldo,
siendo los intereses muy superiores para quienes no poseen dicha
garantía, que justifican en los mismos términos de reducción de
riesgo. En palabras de un encargado de sucursal de otra empresa:
Nosotros tenemos dos planes: con recibo de sueldo, los diferen-

ciamos, hay clientes que hacen la tarjeta con recibo de sueldo y
hay clientes que la hacen sin recibo de sueldo. Hacemos una dife-
rencia porque justamente la persona que hace una tarjeta con
recibo de sueldo si el día de mañana no paga, se le puede embar-
gar, entonces es como un respaldo, entonces tiene más cantidad
de cuotas, tiene un interés más bajo y no realiza ningún tipo de
entrega en los comercios (Santa Fe, 2014).
Otro elemento central del funcionamiento de este mercado

que pudimos identificar al analizar las entrevistas, es el rol funda-
mental que desempeña el historial crediticio de quienes pretenden
acceder a los planes de financiamiento de estas instituciones. Los
clientes tienen que ganarse la confianza del personal de las empre-
sas mediante un historial de pagos en el que demuestren que son
“cumplidores”, para poder acceder a créditos más grandes, plazos
mayores e intereses más bajos. Además, ante cada nuevo cliente, se
realiza un análisis breve pero exhaustivo de su historial de deudas
y compras en cuotas recurriendo a distintas bases de datos de ins-

tituciones privadas que recopilan esta información (como son,
en el caso de Santa Fe, el Veraz, el Sistema General Bancario, el
Departamento de Informes del Centro Comercial, etc.). Esto tam-
bién puede pensarse en términos de reducción de riesgo: al conocer
al cliente y su historial crediticio, el personal puede corroborar que
los riesgos de mora serán menores, y entonces mejora la calidad de
la oferta de productos financieros que pueden ofrecerle.
Además de las etiquetas de cumplidor y responsable, existen
muchas otras nociones que suelen construirse en relación a su
clientela en estas instituciones, las cuales constituyen en sí mis-
mas un recurso que utilizan para tomar decisiones a la hora de
decidir otorgar un préstamo. En rasgos generales, observamos que
se piensa a los usuarios de escasos recursos como personas que no
pueden acceder al consumo si no es por medio de la “ayuda” del
servicio que proporcionan. Del mismo modo, se los piensa como
gente con incapacidad de ahorrar, pero con deseos de consumir,
por lo cual, en muchos casos existe una impresión de “caridad”
en el desempeño de sus actividades. No se problematizó en nin-
gún caso por parte de los entrevistados el hecho de que los inte-
reses elevados y las refinanciaciones suelen generar verdaderas
crisis en los hogares que hacen uso de sus servicios. En cambio,
se observa una autopercepción de estar ayudando a sus clientes,
y tienen muy presente la idea de que apuntan a gente que quedó
“excluida del sistema” por no tener un sueldo en blanco, por lo que
ellos vienen a cubrir sus necesidades de acceder a bienes y servi-
cios ofreciendo sus productos financieros.
A diferencia de lo que reflejan los datos sobre los niveles críti-
cos de explotación financiera en Argentina, la impresión que dejan
entrever las entrevistas al personal de las financieras es más bien

la de una interacción armónica con la clientela: pudimos obser-
var que se repite mucho la idea de que “los pobres son los que más
devuelven, porque necesitan seguir accediendo a los préstamos”.
Los entrevistados suelen presentarse como personas que se ini-
ciaron en el rubro con prejuicios sobre la moralidad y el grado de
responsabilidad de los sectores populares, pero que luego, al ver su
nivel de cumplimiento con los pagos, descubrieron que son gente
“honrada” y “cumplidora”. En algunos casos, estas empresas otor-
gan premios a los clientes que cumplen con los pagos en tiempo y
forma, destacando de este modo la importancia que posee esta res-
ponsabilidad para su funcionamiento.
Por último, queremos recuperar un aspecto que puede resultar
útil tener en cuenta para comprender el funcionamiento de estas
instituciones: se trata del hecho de que su personal insiste mucho en
la calidad del servicio que brindan, y, especialmente, en el atributo
positivo de flexibilidad en las modalidades de pagos que ofrecen,
lo que conciben como un beneficio especial para que sus clientes
puedan cumplir con los pagos a pesar de no haberlo logrado en los
tiempos estipulados. Además, varias veces se presenta el hecho de
que el mismo personal de las empresas realiza, con la finalidad de
garantizar que se cumplan los pagos, una suerte de “instrucción” de
sus clientes respecto a la importancia de ser responsable a la hora
de sacar un crédito o realizar una compra en cuotas. A partir de ello,
podemos decir que operan con ciertos marcos de moralidad que si
bien no se manifiestan a la hora de establecer los intereses de sus
servicios, sí en cambio influyen en la elección del tipo de crédito
para consumo que se otorgará, y en el asesoramiento de la clien-
tela respecto a las estrategias que deberían emplear para acceder
a recursos financieros de manera no problemática (lo que también

entendemos como un mecanismo para reducir el riesgo de mora).
6. Estrategias de consumo de la economía popular
Para comprender la participación de los hogares de los secto-

res populares en las relaciones de financiamiento, analizaremos
brevemente diversos aspectos y nociones que se presentaron en
las entrevistas analizadas, los cuales consideramos que pueden
resultar de utilidad para nuestro análisis de su relación con las
empresas financieras.
En rasgos generales, podemos identificar el lugar central que
ocupa la organización de los gastos del hogar en la vida cotidiana de
estas personas. Los entrevistados constantemente dan cuenta de la
implementación de múltiples estrategias para explotar al máximo
el aprovechamiento de los ingresos del hogar. Esta imagen de acto-
res estrategas y calculadores dista considerablemente de los juicios
que suelen construirse en relación a los sectores populares como
“improvisados” e “irracionales” a la hora de tomar decisiones de
consumo. Por otra parte, mientras que algunos hogares suelen recu-
rrir con cierta frecuencia a los préstamos de dinero que ofrecen las
instituciones financieras, en otros casos se percibe una suerte de
rechazo hacia estas prácticas, con discursos tales como: “Gracias a
Dios, nosotros no hacemos esas cosas” (Santa Fe, 2015). En general,
quienes tienen esta percepción suelen haber tenido experiencias
pasadas problemáticas con dichas instituciones, al no haber podido
cumplir con los pagos a tiempo, o bien conocen a alguien que pasó o
está pasando por dicha experiencia, y por lo tanto la rechazan como
una estrategia válida para acceder al consumo.
Sin embargo, respecto a las compras en cuotas, esta consti-

tuye una práctica completamente usual entre estos actores, del
mismo modo en que resulta muy usual también no poder cumplir
con los pagos en los tiempos estipulados y, por lo tanto, tener que
incurrir en numerosas refinanciaciones, lo cual suele generar con-
secuencias a largo plazo en estos hogares, ya que una compra que
inicialmente se suponía que se terminaría de pagar en un plazo de
unos meses puede terminar tardando mucho más tiempo en ser
cubierta, y asumir un costo mucho mayor al del contrato inicial. A
pesar de ello, pudimos notar que cuando la posibilidad de cumplir
con los pagos a tiempo peligra estos actores cuentan con una amplia
gama de herramientas para hacerle frente a los desafíos de cumplir
con pagos prolongados en el tiempo, incluso en los casos de extrema
pobreza y gran vulnerabilidad económica.
En este sentido, dentro de los recursos con los que cuentan estos
actores para ampliar su capacidad de consumo, las herramientas y
servicios que ofrecen las instituciones financieras ocupan un lugar
importante, pero no monopólico. De hecho, pudimos identificar
otras estrategias de acceso al consumo de bienes y servicios, entre
las cuales queremos destacar dos que consideramos relevantes por
su grado de frecuencia y eficacia: el préstamo de tarjetas de crédito
por parte de familiares y amigos, y los círculos de ahorro. En ambos
casos se trata de estrategias basadas en las redes de socialización y
el capital social de estos actores (Bourdieu, 2000).
En cuanto a los préstamos de tarjetas por parte de familiares o
amigos, esta constituye una práctica sumamente habitual: la cer-
canía a una persona que se encuentra en una relación laboral “en
blanco” permite hacer uso de su tarjeta de crédito para realizar com-
pras en cuotas, accediendo de este modo a sus beneficios. Este tipo
de relación requiere de un alto grado de confianza entre las partes e

implica, además, un nivel de compromiso elevado para quien realiza
la compra con la tarjeta prestada, dado que el no cumplimiento con
los pagos mensuales —es decir, con la entrega periódica de efectivo
al propietario de la tarjeta— puede tener un alto costo en términos
de perjuicio de la relación afectiva que habilitó en un principio el
acceso a este recurso. Wilkis (2013) define esta valoración positiva
del cumplimiento en tiempo y forma de los pagos de deudas como
una forma de acumulación de capital moral. Dicho capital, sostiene
el autor, constituye la forma de reconocimiento que se otorga a los
actores ante el cumplimiento de obligaciones y expectativas. En el
caso de los sectores populares, en una sociedad estructurada por el
consumo, esta forma de capital se convierte en un recurso indis-
pensable para quienes no poseen ningún otro tipo de garantía, ya
que es la única herramienta con la que cuentan para acceder a cier-
tos bienes y servicios. Este mismo capital es el que reconocen las
instituciones financieras cuando otorgan “premios” y beneficios a
sus clientes por cumplir con los tiempos de pago preestablecidos.
Por otra parte, los círculos de ahorro son grupos de créditos
rotativos formados, en general, por entre diez y treinta vecinos de
un mismo barrio que se reúnen mensual o semanalmente para hacer
una contribución a un fondo común. En la misma reunión en la cual
hacen la contribución, la totalidad del dinero reunido se entrega
a uno de los participantes. De este modo, realizan esta práctica de
manera periódica hasta que cada uno de los participantes haya reci-
bido el mismo monto, que es equivalente al total de dinero reunido
en cada una de las reuniones. Es por ello que se considera tanto
una forma de crédito como de ahorro, en la medida en que quie-
nes reciben el dinero en primer lugar (que suelen ser las personas
más conocidas por el resto de los participantes, o quienes generan

una mayor confianza en el resto debido a su participación previa en
otros círculos) lo experimentan como un crédito, mientras quienes
lo reciben en los últimos encuentros, como una forma de ahorro.
Aquí, nuevamente la noción de capital moral puede permitirnos
comprender las ventajas que otorga la legitimación frente a los
pares a la hora de acceder a mejores herramientas para el consumo.
Consideramos que estas observaciones empíricas reflejan el
hecho de que el ahorro es una práctica propia de los sectores popu-
lares, a diferencia de las percepciones que presentó el personal de
las financieras sobre su pulsión a consumir sin poseer dinero. Por
otra parte, esto constituye un reflejo de la capacidad de la población
de desarrollar sus propias herramientas ante la exclusión de los
beneficios que proporciona el sistema bancario tradicional a quie-
nes poseen sueldos fijos y realizan aportes.
Sin embargo, a pesar de contar con estos sistemas complejos
de ahorro y crédito, la mayoría de los entrevistados tuvo alguna vez
una experiencia problemática con instituciones financieras. En
algunos casos, la acumulación de deudas había llevado a los hoga-
res a niveles críticos, donde la cobertura de las necesidades básicas
peligraba. En estos casos, la suspensión de los pagos, aunque impli-
case una mayor carga en un futuro y una pérdida de capital moral
frente a las empresas de crédito, se manifestaba como la solución
obvia: “es comer o pagar, y yo elijo comer” (Buenos Aires, 2015). El
fenómeno de la explotación financiera, de este modo, se hizo pre-
sente en menor o mayor medida en cada una de las encuestas, aun-
que no siempre fue vivido como tal. Sin embargo, en general, existe
una imagen negativa en relación a las instituciones financieras,
pero siempre son percibidas como un “mal necesario”, sin el cual
el acceso al consumo de bienes durables, o a otros bienes de carác-

ter más suntuario como la ropa de marca, se tornan prácticamente
inviables. Partiendo de estas observaciones generales, presentare-
mos a continuación una recopilación de diversas normativas exis-
tentes en torno a las relaciones de consumo y deuda, a partir de lo
cual plantearemos nuestras propuestas basadas en las observacio-
nes empíricas y los análisis teóricos hasta aquí planteados.
7. Alternativas de intervención en relación a la problemática
En la actualidad existe una serie de herramientas políticas y jurídi-

cas que buscan regular desde el Estado la relación de poder que se
establece entre consumidores y vendedores de bienes y servicios en
favor de los primeros. Así, por ejemplo, desde finales del siglo XX
hasta la actualidad se fueron creando distintas normativas orienta-
das a promover los derechos de la población en tanto consumidores,
imponiendo a los comercios e instituciones financieras la obligación
de proporcionar información adecuada y veraz, trato digno y equi-
tativo, y remarcando la necesidad de una eficaz educación para el
consumo. Entre estas se destacan: el Artículo 42 de la Constitución
Nacional, incorporado con la reforma de 1994; la Ley de Defensa del
Consumidor, sancionada en el año 1993; la incorporación al Código
Civil y Comercial de la obligación de interpretar los contratos de con-
sumo siempre en favor del consumidor (aunque el mismo documento
luego establece el derecho de retención por parte de la parte acree-
dora ante el incumplimiento de pagos) y la Resolución 51/2017 de la
Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción de la Nación,
que obliga a los comercios a ser transparentes en relación al porcen-
taje del precio final que corresponde a los intereses por financiación.
En cuanto a la regulación de las instituciones financieras, en el

año 1977 se sancionó la Ley de Entidades Financieras, que establece un
marco de regulación para el funcionamiento de estas instituciones,
quedando especialmente a cargo del Banco Central de la República
Argentina el control sobre las mismas. Sin embargo, dicha normativa
no establece controles específicos sobre el poder ejercido por estas
instituciones sobre los actores sociales a los que les prestan dinero,
aunque sienta un precedente al dejar en manos de una institución
pública —el Banco Central— la potestad de establecer un marco de
regulación sobre las mismas. Por otra parte, se dieron avances impor-
tantes en el mismo sentido en el año 2014, con la ampliación del único
artículo de la Ley de Defensa del Consumidor que hacía referencia a
las relaciones crediticias, creándose además dos nuevas instancias
de intervención en los conflictos entre consumidores e instituciones
comerciales y financieras, como son la figura de los conciliadores y la
Auditoría de Relaciones de Consumo. Si bien estas normativas cons-
tituyen instancias necesarias para la ampliación de los derechos de la
población en relación al acceso al consumo, en ambos casos se trata
de instituciones que buscan intermediar en conflictos que surjan a
raíz de una enajenación de derechos del consumidor en un momento
posterior a la realización de la compra, pero no establecen una regu-
lación ni límites a las condiciones en las cuales se puede acceder a un
crédito o compra en cuotas. Por lo tanto, no implican una promoción
real del acceso a servicios financieros democráticos y de calidad para
el conjunto de la población.
Reconociendo la importancia de la problemática que nos com-
pete, en el año 2017 el Ministerio de Finanzas de la Nación creó el
Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF) en el
ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, el cual se planteó, entre
sus objetivos principales, la elaboración de políticas públicas con el

fin de garantizar el acceso universal a servicios bancarios y finan-
cieros de calidad. Siguiendo en esta línea, en el año 2020 se amplia-
ron las funciones y composición del CCIF, creándose la Estrategia
Nacional de Inclusión Financiera.
En este contexto, si bien todavía no existe un marco normativo
que establezca límites al grado de explotación financiera que recae
sobre los hogares de menores recursos, sí consideramos que se fue-
ron consolidando condiciones normativas y jurídicas fundamenta-
les para la implementación de políticas que permitirán intervenir
de manera eficaz en la problemática que venimos analizando a lo
largo del presente ensayo. A raíz de ello, plantearemos a continua-
ción una serie de propuestas de medidas que pueden implemen-
tarse desde el Estado Nacional, con la finalidad de transformar la
desigual correlación de poder existente entre las instituciones pri-
vadas que otorgan créditos y otros servicios financieros y los sec-
tores populares de nuestro país. Tal como se verá a continuación,
estas propuestas nacen de los estudios y enfoques sociológicos que
hemos recuperado a lo largo del presente ensayo, y por lo tanto tie-
nen la ventaja de que se sustentan en un conocimiento científico y
empírico sobre la realidad social y económica, tanto de las lógicas y
prácticas de consumo de los sectores populares, como de los esque-
mas de interpretación y acción del personal que forma parte de las
instituciones financieras. De este modo, si bien su implementación
puede llegar a demandar una gran complejidad, consideramos que
pueden constituir insumos de gran utilidad, así como también una
experiencia que refleje la gran importancia que tiene el recurso a
métodos y enfoques científicos a la hora de intervenir sobre rela-
ciones sociales desiguales mediante políticas públicas.
7.1. Control estatal de las tasas de interés
Si bien es responsabilidad del Estado garantizar un desarrollo eco-

nómico de la sociedad que permita ampliar el acceso de la población
al trabajo estable y formal, consideramos que el presente con-
texto demanda una intervención urgente en materia de derechos
financieros que garantice a quienes todavía no pudieron acceder
a derechos laborales, al menos la posibilidad de que los servicios
financieros a su disposición sean de calidad y no posean un carác-
ter usurero. En ese sentido, nuestra primera propuesta parte de las
observaciones presentadas hasta el momento. Por un lado, dado
que las instituciones financieras, aun funcionando en un mercado
altamente competitivo que obliga a bajar las tasas de interés para
que sus servicios financieros sean elegidos, siguen estableciendo
tasas de interés sumamente elevadas que captan buena parte de
los ingresos de los hogares cuyas economías son más vulnerables;
por otra parte, dado que quienes integran estas instituciones no
problematizan el hecho de que su ganancia se compone, en buena
medida, de los mínimos excedentes que se producen en los hogares
de menores recursos; y por último, ante el hecho de que la ausen-
cia de mejores ofertas financieras y la alta demanda de acceder al
consumo por parte de los sectores populares los obligan a pagar los
intereses elevados que ofrecen dichas instituciones con tal de poder
acceder a bienes de consumo, proponemos la elaboración de políti-
cas públicas que tiendan a generar un control estricto y universal
sobre las tasas de interés que puedan cobrar todas las instituciones
que ofrezcan productos financieros en el territorio nacional.
Ello puede materializarse mediante la regulación desde el Banco
Central de la Nación Argentina del accionar de estas instituciones,
el cual ya cuenta con un marco normativo como es la Ley de Enti-

dades Financieras que lo habilita a reglamentar su funcionamien-
to. En concreto, se propone el establecimiento de un límite máximo
a los intereses que se pueden cobrar por la compra de bienes y ser-
vicios en cuotas y el acceso a créditos, dado que los valores extre-
mos que actualmente pueden llegar a adquirir dichos intereses son
los que pagan los hogares de menores recursos. Ello no quiere decir
que luego la banca tradicional no pueda establecer intereses inclu-
so menores para competir en el mercado crediticio. Sin embargo, al
establecer límites en el valor de dichos servicios se favorecería de
manera directa a los hogares populares, al impedir la existencia de
tasas que capten de manera desmedida sus ingresos.
De este modo, mientras que los precios al contado de los distintos
bienes y servicios fluctúan constantemente de acuerdo a los múlti-
ples factores que operan en el mercado, se plantea la planificación y
regulación desde el Banco Central de los precios de los productos y
servicios financieros, para lograr a partir de ello revertir el presente
sistema de intercambio de servicios financieros que se encuentra
sujeto a factores contingentes, como son la competencia del mercado
financiero, y el riesgo que implica otorgar préstamos a hogares cuyos
ingresos son inestables. Estos factores, por sí solos, terminan dando
lugar a la explotación de la necesidad de consumir de los hogares de
menores ingresos, lo cual se ve favorecido por una mínima regula-
ción por parte del Estado de dicha relación económica y social.
Dada la complejidad que implica la implementación de este
primer punto, entendemos que el cálculo para establecer límites a
las tasas de interés deberá partir de instancias de negociación pre-
vias con representantes de las instituciones públicas y privadas
que intervienen en las relaciones de crédito y compras en cuotas,
así como también con organismos que representen los derechos

de la población en tanto consumidores. Sin embargo, dado que en
muchos casos el personal de estas instituciones considera que sus
servicios realmente favorecen a la población, al permitirles acceder
a la compra de bienes y a dinero en efectivo de manera inmediata,
y al asesorarlos en muchos casos en relación a la toma responsable
de préstamos (en algunos casos incluso se definen como mutua-
les), el Estado puede permitirles legitimarse ante la sociedad civil
al reconocerlas bajo este carácter mediante el cual se presentan a sí
mismas, y reforzarlo al ofrecerles diversos beneficios que faciliten
su accionar, en tanto pasarían a constituir realmente servicios de
calidad y de ampliación de derechos para la población civil, y no ya
sistemas de explotación de los sectores excluidos. Esto puede ser
fundamental para reducir las tensiones potenciales de una inter-
vención desde el Estado que afecte directamente las tasas de ganan-
cias de las empresas financieras.
Para materializar esta propuesta, una herramienta clave
puede ser la contraprestación de servicios desde el Estado a estas
instituciones que permita otorgarles una mayor seguridad en
el desempeño de sus servicios. En este sentido, el Estado puede
tomar diversas medidas que generen una reducción de los riesgos
y demás complicaciones que surgen en el ejercicio cotidiano de sus
actividades. A partir de ello, propondremos un ejemplo específico
de una medida que se puede tomar sin grandes dificultades, con la
finalidad de aumentar las posibilidades, y en lo posible, de garan-
tizar que el dinero prestado a los hogares de menores recursos (ya
sean créditos o compras en cuotas) será efectivamente devuelto: la
creación de un registro centralizado de compras en cuotas y crédi-
tos para el consumo.
7.2. Registro Nacional de Créditos y Compras en Cuotas
Se propone la creación de un registro elaborado y monitoreado por

parte del Estado de todas las situaciones de deuda de los casos par-
ticulares (recordemos que entendemos a la deuda en un sentido
sociológico, incluyendo todo compromiso asumido de pago a futuro).
Esto implicaría nuclear la información existente en el conjunto de
las instituciones privadas del país que realizan un historial de com-
pras en cuotas, pagos e incumplimientos de usuarios de servicios
financieros, y la generación de un registro público confiable, estable
y permanente que permita acceder a dicha información de manera
inmediata y eficaz. Además, ello habilitaría la posibilidad de que los
negocios, ante cada posibilidad de otorgar un crédito o de realizar
una venta con financiación, puedan acceder al historial de deudas y
compras en cuotas de cada cliente. Dicha actividad dejaría de depen-
der de instituciones privadas como son el Veraz o el Registro de
Informes Comerciales en el caso de Santa Fe, que además, al ser un
servicio para las empresas antes que los clientes, suelen cometer el
error de no notificar a los deudores respecto a su situación de mora,
del mismo modo que no hay una forma de controlar la veracidad de
la información que manejan en relación a la población.
Por otra parte, con la creación de un registro público centra-
lizado, la información otorgada sería mucho más confiable para
los comercios, y el Estado se aseguraría de notificar a los deudores
de manera periódica respecto a sus deudas, proporcionando ade-
más distintas alternativas, herramientas y acompañamiento en los
casos de mora, con la finalidad de permitirles salir lo antes posible
de dicha situación (desde una mirada de derechos y no punitiva).
Esto solucionaría la gran cantidad de casos de personas que figuran
en estos registros privados pero no lo saben; esto, tal como pudimos

ver en las entrevistas realizadas a usuarios de créditos de los secto-
res populares, tiene consecuencias muy graves para la población,
en casos donde se acumulan por años deudas de las cuales no se
tiene conocimiento hasta el momento en que estas se convierten en
un impedimento para acceder a un beneficio determinado.
7.3. Promoción de una educación financiera con perspectiva popular
Entre los principales objetivos que se plantean en el marco de la

Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), uno de los pun-
tos centrales es la promoción de la educación financiera. Dentro de
la misma, propuestas tales como la incorporación de contenidos de
educación financiera en escuelas secundarias, y la coordinación con
otras instituciones privadas y públicas para su promoción desde un
enfoque personalizado y oportuno de acuerdo a las necesidades de
la población vulnerable, nos parecen fundamentales. En este sen-
tido, consideramos que la eficacia de políticas que busquen promo-
ver el desarrollo de herramientas en la población para una mejor
gestión de sus economías familiares, tanto en términos de ahorro
como de endeudamiento, dependerá del conocimiento de las rea-
lidades de los hogares sobre los que se espera intervenir. Para ello,
los programas de educación financiera orientados para jóvenes,
adultos y adultos mayores deben reconocer las particularidades
de los contextos donde esperan operar, y a partir de ello potenciar
las herramientas y estrategias de supervivencia, consumo y deuda
preexistentes en los territorios específicos.
Partiendo de esta propuesta, consideramos que, en el caso
de los sectores populares, esta modalidad educativa tendrá
necesariamente que reconocer las experiencias, percepciones y

preferencias de estos actores. Proponemos entonces la inclusión
en los programas de educación financiera de herramientas que,
desde un enfoque comunitario, permitan replicar experiencias
que dieron resultados positivos en condiciones similares, como
ocurre con los círculos de ahorro en algunos barrios populares de
Buenos Aires. Por otra parte, tal como pudimos ver en las entre-
vistas a sectores populares, en muchos casos existe una confianza
mayor frente a sistemas de préstamo y ahorro más cercanos a la
población, sustentados en relaciones de amistad y parentesco,
antes que en sistemas más complejos como los que ofrecen las
instituciones bancarias y financieras. Teniendo en cuenta que
la llegada de servicios financieros a estos sectores por parte de
empresas privadas suele tener un carácter altamente usurero,
dicha desconfianza se presenta como una reacción lógica a las
situaciones de violencia económica que hemos analizado a lo largo
del presente ensayo.
De este modo, la educación financiera con una perspectiva
popular tendrá que reconocer estas resistencias y su origen para
resultar eficaz, y del mismo modo, deberá buscar potenciar los sis-
temas complejos a los que recurren estos actores para ahorrar y
organizar sus gastos en su vida cotidiana, como son el marcaje de
dinero (que consiste, básicamente, en la designación del dinero que
ingresa para fines específicos); el recurso a las redes de socializa-
ción y de solidaridad barriales (como son los círculos de ahorro, el
préstamo de tarjetas, etc.); y promover la creación de otras herra-
mientas de organización colectiva para el ahorro y la deuda que
no damnifiquen sino que potencien los lazos sociales y afectivos
preexistentes. Estas herramientas pueden construirse armando
equipos de trabajo interdisciplinares que, mediante el estudio de

las realidades cotidianas de los hogares más vulnerables, elabo-
ren programas integrales orientados específicamente a generar
un impacto positivo y eficaz sobre la población, reconociendo sus
particularidades. En ese sentido, plantearemos nuestra última pro-
puesta, que nace de la necesidad de reducir el impacto negativo que
puede tener la administración de los gastos sobre las relaciones
sociales hacia el interior de los hogares.
7.4. Colectivización de las estrategias de consumo y deuda en

los hogares
Uno de los aspectos más característicos de la economía popular

que pudimos observar, tiene que ver con la asignación de roles
hacia el interior de los hogares en relación a la administración
del consumo y los gastos de los hogares. Específicamente, pudi-
mos observar que en los hogares nucleares biparentales (que son
la gran mayoría de los casos analizados), en general es la madre
del hogar quien se encarga de organizar el gasto y, por lo tanto,
de ampliar la capacidad de consumo familiar. Esta función, que
demanda una gran inversión de tiempo en la vida cotidiana de
estas mujeres, implica tareas diversas, tales como la planificación
de estrategias de consumo y ahorro, así como también, una cons-
tante negociación con el resto de los miembros del hogar con la
finalidad imponer la necesidad del cuidado del dinero disponi-
ble para maximizar su aprovechamiento. Ello implica una carga
mucho mayor para estas mujeres en comparación con el resto
de los miembros del hogar, en la medida en que la capacidad de
consumo del hogar depende casi enteramente de una constante
atención y regulación por parte de estas. Además, implica tam-

bién una mayor carga al responsabilizarse por los fracasos y las
limitaciones de la economía familiar para cumplir con sus expec-
tativas de consumo (Peresin y Cassino, 2021). Esta problemática
se agudiza en un contexto donde es cada vez mayor la proporción
de mujeres que trabajan dentro y fuera del hogar para generar
ingresos, mientras que siguen cargando de igual manera con la
responsabilidad sobre la administración económica y financiera
del hogar.
A raíz de ello, proponemos que los programas de educación
financiera contemplen también esta desigual responsabilidad hacia
el interior de los hogares en relación al consumo y la deuda, y que
fomenten la responsabilización colectiva de los integrantes de cada
hogar en relación a la administración del dinero y el gasto. Esto
puede materializarse haciendo hincapié, mediante diversas herra-
mientas educativas, en la importancia de que la responsabilidad
sobre la administración del ahorro, y la implementación de estra-
tegias para acceder a herramientas financieras y cumplir con los
pagos en tiempo y forma, se colectivice hacia el interior de los hoga-
res, y que de este modo constituya una problemática que competa
al conjunto familiar. Además, la incorporación de una perspectiva
de género en dichos programas que problematice la distribución
desigual de roles hacia el interior de los hogares puede resultar
muy útil en este sentido.
8. Reflexiones finales
En un contexto latinoamericano donde los Estados mismos se

encuentran sujetos a relaciones de dominación y explotación
económica por parte de organizaciones internacionales y otros

prestamistas extranjeros, los cuales sacan provecho de sus nece-
sidades de acceder a divisas y recursos económicos para poder
desarrollar sus economías, el Estado argentino no debería permitir
que se reproduzcan relaciones semejantes hacia el interior de su
población, donde nuevamente los sectores más vulnerables son los
más explotados a partir de la oferta desigual de servicios financie-
ros en un contexto de creciente demanda de consumo.
Tal como hemos descrito en el inicio del presente ensayo,
en términos identitarios, de integración y pertenencia, el con-
sumo ocupa un lugar de creciente importancia en las sociedades
contemporáneas. Del mismo modo, la masificación del consumo
implica un avance en términos de igualación de derechos para
el conjunto de la sociedad. A raíz de ello, consideramos que el
fomento desde el Estado del acceso universal al consumo en con-
diciones dignas constituye una política necesaria que garantizará
no solo una expansión de derechos, sino también el desarrollo de
la economía nacional mediante la consolidación de un mercado
interno amplio e integrado. Estas condiciones generan la nece-
sidad de políticas públicas que tiendan a revertir la situación a
partir de la cual, mediante tasas de interés diferenciales, las ins-
tituciones y comercios que ofrecen productos financieros captan
una parte importante del ingreso de los hogares más vulnerables,
profundizando de este modo la brecha entre quienes poseen dere-
chos laborales y quienes no.
Ante esa situación, el presente ensayo presentó una apro-
ximación desde una mirada sociológica a la problemática de la
explotación financiera, a partir de la cual elaboramos diversas pro-
puestas de políticas de Estado que esperamos constituyan insumos
de utilidad para dar una respuesta eficaz a la misma. Creemos en la

importancia de la implementación de enfoques científicos por parte
de las instituciones públicas, que permitan reconocer y caracteri-
zar la realidad social en toda su complejidad. Esa fue la orientación
principal de nuestra labor en el presente escrito.
Para finalizar, haremos un breve recaudo respecto a nuestra
propuesta: si bien entendemos que el acceso democrático a bienes
y servicios para el conjunto de la población argentina es necesario,
queremos destacar que esta transformación tiene que ir acompa-
ñada por políticas ambientales que reconozcan y promuevan pau-
tas consecuentes con el respeto por los derechos humanos al medio
ambiente sano. Esta consideración parte del reconocimiento de la
actual crisis civilizatoria socioambiental que nos afecta, y que se
acentúa en el territorio latinoamericano en las últimas décadas.
Desde nuestro punto de vista, no pueden ni deben pensarse de
manera separada el desarrollo económico a través del consumo y
una protección transversal del medio ambiente que contemple un
real control de los ciclos de producción, consumo y desecho. Si la
masificación del consumo implica generar un impacto negativo en
el ecosistema a largo plazo, la ampliación de derechos que la misma
genera será limitada y ficticia. Hechas estas consideraciones, con-
sideramos que, en la medida en que el Estado contemple los dere-
chos a un ambiente saludable para la población presente y futura
de nuestro país, el acceso universal a bienes y servicios de calidad
constituye un claro síntoma de desarrollo económico desde una
mirada inclusiva y una progresiva reducción de la desigualdad en
nuestra sociedad.
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La educación y la tecnología como
medios de inclusión financiera.
Proyecto Miguita
Nicolás Carreras, Franco José Cervetto,

Catalina Caparroz y Gabriel Agustín Ghigliazza
I. Introducción
a. Presentación
En la actualidad, la República Argentina enfrenta un gran desafío

concerniente a una inclusión financiera real, de calidad constante en
el tiempo. Para afrontarlo, se considera que la bancarización de sus
habitantes es el primer objetivo a alcanzar ya que es lo que define el
grado de desarrollo del sistema financiero de un país. Esto rige tanto
para los individuos como para las empresas, aunque estas herramien-
tas pueden ser utilizadas por todos los demás agentes económicos,
cumpliendo un importante rol en el crecimiento de una economía.
El siguiente objetivo, más necesario aun, es trabajar sobre las
bases para lograr una mayor sostenibilidad en el tiempo. Esto ha
de ser posible solo si se comienza educando financieramente a
45
todos los segmentos de la sociedad que se espera que participen

activamente del sistema en el futuro.
Sin embargo, tales metas a cumplir se ven imposibilitadas debido
a factores multicausales como son la inequidad en los niveles de
aprendizaje, la desinformación por el exceso de fuentes y su dudosa
veracidad, la creación de nuevas herramientas tecnológicas que deri-
van en una brecha en la sociedad y la falta de difusión de las partes
interesadas. Los bajos índices de ahorro en la región también reducen
las aspiraciones de fortalecer a la clase media y baja, imposibilitando
la acumulación de activos y derivando en una mayor vulnerabilidad
ante eventos adversos como son las crisis socioeconómicas que afec-
tan negativamente al empleo, el consumo y la inversión.
Por eso, es de gran importancia la enseñanza de conceptos
esenciales para que los usuarios comprendan cómo funciona el
dinero, pudiendo aplicar mejores estrategias para el manejo de sus
finanzas. Dicho esto, al fomentar una mayor inclusión financiera se
generan mayores posibilidades desde el desarrollo personal, fami-
liar o de un emprendimiento que resulta en un aumento a niveles
agregados de actividad en una economía.
Oportunamente el siguiente ensayo propone desde la inves-
tigación, una solución innovadora y tecnológica mediante una
herramienta digital para lograr un mayor nivel de educación e
inclusión financiera tanto en la República Argentina como en el
resto de Latinoamérica.
b. Análisis del universo
Antes que nada, cabe aclarar que este proyecto pretende enmar-
carse dentro de la Ley N° 27440 de financiamiento productivo del
Carreras, Cervetto, Caparroz y Ghigliazza | 47
Consejo de Inclusión Financiera. Dicha ley, publicada en mayo de

2018, propone entre sus objetivos propender a la inclusión finan-
ciera, y encomienda al Consejo de Coordinación de la Inclusión
Financiera (presidido por el Ministerio de Finanzas y represen-
tantes de los ministerios de Hacienda, Producción y Desarrollo
Social, el Banco Central de la República Argentina y la Jefatura de
Gabinete de Ministros) la elaboración de una Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera (ENIF). Este Consejo tendrá entre sus prin-
cipales funciones “Proponer la ejecución de programas y planes
específicos que desarrollen el impulso al crédito y al microcrédito,
y la educación financiera”.
Siguiendo con estas líneas se debe entender, primero, qué es la
inclusión financiera. De acuerdo con el Banco Mundial, significa,
para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financie-
ros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades (transacciones,
pagos, ahorros, crédito y seguro) prestados de manera responsable y
sostenible (Banco Mundial, 2018), siendo de esta forma la inclusión
clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Aquellos
segmentos más vulnerables suelen ser las pequeñas y medianas
empresas, hogares en áreas rurales, individuos empleados en el sec-
tor informal o aquellos retirados y, según la región evaluada, pode-
mos añadir a las mujeres a la vez que el colectivo LGTBQ+.
Asimismo, es igual de importante analizar el contexto finan-
ciero que atraviesa la Argentina para poder aplicarla. En primera
instancia, basándose en la encuesta que hizo el Banco Central de la
República Argentina consultando por los hábitos de extraer dinero
o realizar pagos mediante canales electrónicos a una muestra de
personas que cobran a través de un depósito en la cuenta bancaria
se obtiene que, en la mitad de los casos —un 49%— las extracciones
se realizan en partes durante el mes. Un 24% utiliza el saldo en la

cuenta bancaria para realizar compras y pagos con tarjeta de débito,
de crédito y/o transferencias. Una fracción menor, de solo el 4%,
dice que deja el dinero en la cuenta, lo que a veces se realiza como
una forma básica de ahorro en el sistema financiero. Más aun, tres
de cada cuatro entrevistados (76%) dicen que extraen todo el dinero
que reciben de su cuenta bancaria ya que prefieren utilizar efectivo
para sus transacciones.
En cuanto a productos financieros en la encuesta realizada en
Argentina se mencionaron veinte productos. De ellos, solo ocho son
conocidos por más de la mitad de la población. La tarjeta de crédito
es el producto más conocido (93%), tarjeta de débito, los depósitos
en la caja de ahorro, los depósitos en cuentas corrientes y los prés-
tamos personales, y los depósitos a plazo fijo son los que le siguen.
Es importante destacar que solamente a nivel nacional un 33% ha
oído hablar de inversiones en Acciones, un 24% de Títulos Públicos
y un 21% de Fondos Comunes de Inversión. Por otra parte, en mate-
ria de ahorro, solamente el 29% de los encuestados declara haber
ahorrado en el último año. Este nivel es uno de los más bajos del
mundo. En lo que tiene que ver con la planificación financiera y
la cultura del ahorro, solo un 48% declara ponerse metas de largo
plazo y esforzarse por alcanzarlas. El mayor nivel se alcanza en el
grupo de 18 a 29 años con el 55% (BCRA y CAF, 2017).
A lo dicho anteriormente, se le añade la crisis generada por la
pandemia COVID-19 que puso aún más en evidencia la imperiosa
necesidad de contar con un sistema financiero que garantice el ade-
cuado acceso a una cuenta bancaria, medios de pago electrónicos e
instrumentos de ahorro y financiamiento. Asimismo, esta situación
atípica mostró aun más nítidamente la trascendencia estructural
que tiene para la población, particularmente para los grupos más

vulnerables, el contar con habilidades financieras desarrolladas.
Tomando como referencia datos del BCRA es que se detallan
algunos sucesos del pasado año que resulta importante refrescar:
— Se abrieron 4,8 millones de nuevas cuentas de depósito en
pesos durante el segundo trimestre de 2020, al mismo tiempo que
la cobertura disponible de cuentas posibilitó la canalización de
ayuda social | La posibilidad de su apertura remota y la obligación
de las entidades financieras de ofrecer la Cuenta Gratuita Universal
(CGU) permitieron dar respuesta a la mayor demanda de cuentas
bancarias y medios de pago electrónicos. En particular, facilitaron el
pago del Ingreso Familiar de Emergencia y el Programa de Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Producción a quienes carecían de una
cuenta bancaria.
—Más de la mitad (53%) de los 8,9 millones de personas que
cobraron la primera liquidación del IFE lo hizo a través de una
cuenta bancaria, mientras que de la mitad restante, el 54% ya
poseía una cuenta al momento del cobro | Es decir, un 78% de las
personas con mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica del
país poseía al menos una cuenta bancaria. No obstante, la elevada
tenencia de cuentas bancarias contrastaba con el reducido uso de
medios de pago y canales electrónicos. El desconocimiento de los
servicios disponibles asociados a una cuenta bancaria y la prefe-
rencia por el uso de efectivo son factores que podrían estar liga-
dos a la baja utilización de los servicios financieros, constituyendo
este un desafío para mejorar.
— La pandemia y la consecuente medida de ASPO potencia-
ron el uso de los medios de pago electrónicos y los canales elec-
trónicos | Las transferencias electrónicas acumularon de marzo a
agosto incrementos del 61% y 93%, en montos reales y cantidades

por adulto, respectivamente. En ese mismo período, los pagos con
tarjetas de débito en comercio electrónico también se destacaron,
con montos reales que se triplicaron y cantidades que se duplicaron
(BCRA, 2020).
La población de bajos recursos ha sido la más afectada por la
pandemia y es la que, a su vez, necesita un mayor número de medi-
das de apoyo económico. Sin embargo, otro sector destaca como
uno de los más perjudicados por la crisis de la pandemia y es el de
las mujeres. Las mujeres están sobrerrepresentadas como traba-
jadoras de la industria de la salud y a menudo asumen más trabajo
de cuidado no remunerado con niños y ancianos. Normalmente
son ellas las que llevan a cabo trabajos informales y poco cuali-
ficados, por lo que han demostrado ser más vulnerables ante la
pandemia debido a las grandes reducciones de ingresos a medida
que las fábricas cierran y por la disminución de la demanda de
servicios informales prestados mayoritariamente por mujeres
(limpieza, salones de belleza, etc.). Según las cifras recopiladas de
un informe del BCRA, las mujeres registran mayores niveles de
desocupación (10,8%) respecto de los hombres (8,9%), al igual que
de informalidad (36% vs 34,2% de los hombres). A su vez, perciben
salarios, en promedio, un 29% menores que los hombres, brecha
que se amplía para las asalariadas informales (35,6%). Además,
entre las trabajadoras de casas particulares, una gran propor-
ción no posee un empleo formal (72,4%) (Dirección Nacional de
Economía, Igualdad y Género, MECON, 2020).
En el año 2020, además, se hizo notorio que la distribu-
ción digital ha sido de gran ayuda en la entrega de efectivo a los
más necesitados, especialmente cuando los ingresos se han visto
afectados debido a las medidas de confinamiento. Estos medios,

comúnmente conocidos como fintechs, permiten la transferencia
de dinero entre personas a través del uso de la telefonía celular y
en nuestro país hay una fuerte penetración de smartphones y redes
sociales que lo permite. Según el BCRA, tomando datos de ENACOM
(Ente Nacional de Comunicaciones), se determinó que el 53% de las
localidades cuenta con conectividad fija y móvil, mientras que el
23% no reporta ningún tipo de conexión. A su vez, un 24% de las
localidades tiene solamente un tipo de conexión. Se concluyó que,
en términos demográficos, las localidades con ambos tipos de cone-
xión concentran el 96% de la población total, lo cual indica que una
gran parte de ella podría acceder a Internet (ENACOM).
En síntesis, la pandemia COVID-19 aceleró los procesos que
venían sucediendo a lo largo de estos años, agilizó la digitalización
de servicios financieros lo cual ayudó a que el alcance de los mis-
mos sea mayor, especialmente para los sectores de bajos recursos.
Se abrieron múltiples cuentas en los bancos y se logró proveer de
subsidios de ayuda ante la emergencia sanitaria a estos sectores que
en su mayoría trabajaban en la informalidad y no contaban hasta
entonces con una cuenta bancaria. Pero la pregunta clave que hay
que hacerse con respecto a esto es: ¿qué pasará con esas cuentas
una vez que esta coyuntura pase y todo vuelva a la normalidad?
¿Seguirá con el mismo uso?
c. Problema detectado
Del análisis de la información relevada observamos grandes obstá-

culos que afectan el nivel de inclusión financiera en la población.
Entre algunas de las causas que detectamos podemos señalar que
en algunos casos incide la falta de educación financiera en general,

los hábitos y costumbres generados en el tiempo por la población,
y en otros casos por desmotivación, por desconfianza o por no con-
siderar un espacio de rentabilidad segura o apropiada al nivel del
costo de oportunidad esperado.
Los podemos resumir en tres grupos:
1. Personas no bancarizadas bajo ningún concepto: son aque-
llos individuos que no tienen cuenta en ninguna entidad financiera,
ni cobran algún tipo de haberes sociales. No obstante, a pesar de
que no tienen conocimientos financieros sus vidas se encuentran
atravesadas continuamente por decisiones financieras, ya sea en
sus familias o a nivel personal al momento de planificar el día a día
o proyectos a mediano y largo plazo. Estos representan el 20% de la
población activa (BCRA, 2020), aproximadamente unos 3.800.000
de posibles usuarios.1
2. Personas que no se sienten bancarizadas: aquellos indi-
viduos que a pesar de tener una cuenta a la vista abierta en una
entidad, por carecer de una enseñanza en educación financiera que
les ayude a entender conceptos básicos de los servicios disponi-
bles, proceden a retirar los fondos de sus cuentas el primer día en
el que disponen del dinero por entender necesario mover toda su
economía con dinero en efectivo por desconocimiento o costumbre,
y a su vez se consideran a sí mismos como personas no bancariza-
das. Estos representan el 32% de la población activa (BCRA, 2020),
aproximadamente unos 6.080.000 de posibles usuarios.
3. Personas bancarizadas que no usan los servicios finan-
cieros: este último grupo incluye a aquellos individuos que a pesar
de tener un conocimiento sobre aspectos vinculados al ahorro y la
1 Consideramos como posibles usuarios a personas entre 16 y 60 años.

inversión, prefieren no utilizarlos por desconfianza o pensando que

existen otras opciones más rentables. Estos representan el 43% de la
población,2 aproximadamente unos 8.170.000 de posibles usuarios.
II. Desarrollo del producto
a. Solución propuesta
Es aquí donde este proyecto concentra sus esfuerzos porque haya

una real bancarización de los argentinos mediante la educación
financiera, los conocimientos básicos en materia tecnológica para
poder operar desde donde sea y el seguimiento de determinados
objetivos que se describirán a continuación.
El foco objetivo de Miguita es la población que no se encuen-
tra bancarizada o que por diversas cuestiones no se siente parte de
esta característica como, por ejemplo —según vimos en los resul-
tados de las encuestas—, aquellos que sí poseen una cuenta ban-
caria pero que no utilizan ningún servicio financiero o retiran sus
fondos inmediatamente por desconocimiento de alternativas de
inversión y ahorro, por desconfianza o simplemente por los usos
y costumbres. En base a esto, se detectó la necesidad de educación
financiera que atraviesa nuestra sociedad. Por eso, se pensó que
la solución sería crear una plataforma que provea a los usuarios
diversas opciones según el nivel económico, situación familiar y
de bancarización, compatibilizando conceptos educativo e infor-
mativo con opciones reales de financiación, realizando una bajada
con ejemplos de proyectos de vida cercanos y cotidianos a quienes
deben afrontar decisiones financieras en el día a día sin saberlo.
2 Consejo Profesional de Ciencias.Económicas de Santa Fe, 2018.

En definitiva, los consumidores de este servicio serán, en un prin-

cipio, personas de niveles bajos o medios de bancarización, con poco
o nulo conocimiento de educación financiera. Las partes interesadas
serán los usuarios, es decir, los inversores por tipos socioeconómicos
como demandantes, y los proveedores que estarán conformados por
los asesores, instituciones educativas y financieras, y el propio servi-
cio como proveedor de material educativo como oferentes.
Asimismo, la plataforma incluirá opciones para quienes
requieran un poco más de conocimiento financiero. La población
podrá segmentarse de acuerdo con el nivel de riesgo que está dis-
puesta a correr: conservadora, moderada o agresiva. Se presume
que una persona que toma un mínimo riesgo ante la pérdida,
desechando la mínima posibilidad de perder dinero aun sabiendo
que sus ganancias son mínimas es un cliente conservador. Un
cliente moderado suele tener más conocimientos del mercado, y
aunque hay unos más agresivos que otros, por lo general prefie-
ren productos financieros entre renta fija y renta variable, donde
el reparto pueda llegar a 30% y 70% respectivamente. En cuanto a
los clientes agresivos, son inversionistas experimentados con altos
conocimientos del mercado que asumen altos riesgos en la bús-
queda de obtener la mayor ganancia posible. Aquellos clientes que
además de educarse quieran invertir tendrán la posibilidad de ser
asignados a un asesor financiero para guiarlos, pudiendo invertir
en un banco de inversión o un banco comercial con los que el pro-
yecto tendrá convenio.
Para cada tipo de usuario la aplicación contará con diversas
alternativas según su necesidad y realidad y con el fin de mejorar
sus posibilidades, que abordaremos en profundidad más adelante,
y son los siguientes:
1. Cómo lograr Miproyecto: al momento de emprender un pro-

yecto de vida, entender que es importante pensar en cuáles será las
próximas necesidades y entender cómo funciona un flujo de fondos
a través de ejemplo tipo, y evitar recurrir a financiaciones de última
instancia con tasas usureras o mercados informales de crédito.
2. Quiero ahorrar y no perder: para aquellos que quieren
conocer un poco más sobre las ventajas del ahorro, distinguir mejo-
res opciones, distinguir variables principales, el riesgo, analizar
los costos, ventajas y desventajas del crédito versus el ahorro al
momento de pensar en el futuro.
3. Quiero invertir Miguita: para el público un poco más sofis-
ticado, la aplicación tendrá un espacio para analizar conocimientos
más profundos, comparaciones entre distintas opciones de inver-
sión y la posibilidad de acceder a un servicio de asesoramiento.
Con respecto al material educativo que se proveerá a los clientes,
será en gran medida por la autoría de los participantes de este proyec-
to. Otra parte del material lo aportarán colaboraciones con invitados
especiales en donde ellos crearán sus videos, y otras veces los mismos
asesores tendrán el espacio para crear contenido como recomendacio-
nes de mercado o para poder publicitar su servicio en la plataforma. En
un futuro, también se buscará hacer convenios con universidades y co-
legios para que puedan proveer material didáctico especialmente diri-
gido a estudiantes universitarios o de colegios secundarios.
A su vez, por considerar que el seguimiento de los usuarios es
una instancia fundamental para alcanzar las metas propuestas, se
deberá lograr un compromiso entre el cliente y la marca. Para ello,
no solo la aplicación contará con un chatbox que contestará pre-
guntas estandarizadas, sino que también se espera poder abrir múl-
tiples líneas de mensajería privada en donde las personas podrán
comunicarse por dudas o consultas acerca del servicio para obtener

una respuesta más personalizada.
b. La aplicación Miguita
Esta consiste en un producto por etapas basado en una plataforma

virtual que en primer lugar estará disponible para teléfonos celula-
res y tablets. En una segunda instancia, dependiendo de la demanda
de los usuarios y el desarrollo de la misma, se prevé un lanzamiento
a través de una página web para ser utilizada desde los buscado-
res de Internet en las computadoras personales, generando de esta
forma la posibilidad de profundizar aun más los contenidos que
puedan encontrar barreras de uso desde los celulares y tablets.
Para la primera etapa, el producto será una aplicación o “app”
que estará disponible en forma gratuita, tanto para sistemas ope-
rativos Android como iOS mediante Google Play Store y App Store
respectivamente.
Dado que desde Miguita la idea es simplificar todos los proce-
sos para que la experiencia sea más cercana al usuario (UX) y de
la mayor calidad y claridad posible, creemos que desde el primer
contacto el usuario deberá sentir que todo lo que necesita lo ten-
drá a disposición en forma fácil e intuitiva, automatizando la mayor
cantidad de procesos a la hora de solicitar información y/o datos
pertinentes, con una plataforma amigable y completa.
Tanto es así que una vez descargada la aplicación, lo que se
busca es que el usuario se registre con el fin de empezar a generar
un trato personalizado.
Podrá hacerlo de dos maneras distintas. La primera, mediante
la generación de un usuario nuevo en nuestra base de datos, donde
se solicitarán datos personales tales como: nombre, apellido,

número de teléfono y dirección de correo electrónico. La segunda,
consiste en vincular su cuenta de Facebook o Gmail que reduce
los tiempos de espera notoriamente ya que se comparten los datos
automáticamente. En caso de no disponer de la clave de acceso o de
no recordarla, siempre se podrá retribuir al ingresar en la opción
“Me olvidé la clave” junto con la casilla de correo electrónico bajo
la cual está inscripto el usuario. Una vez creada la cuenta se puede
agregar una imagen personal para completar el perfil del usuario
y en caso de ser con el vínculo de Facebook o Gmail, se realiza de
manera automática.
Continuando con el flujo de procesos, luego del registro del
usuario se accede en forma continuada al menú principal. En el
mismo se desplegará un conjunto de alternativas, lo que deter-
minará ser el centro de la aplicación, desde donde se podrá elegir
entre seis opciones junto a una barra de búsqueda para apartados
específicos dentro de las anteriores. A continuación se desarrolla el
contenido y el objetivo de cada una de ellas:
1) Quiero lograr Miproyecto. Los proyectos vitales o de vida son

los deseos y sueños que queremos llevar adelante para conseguir
nuestras metas en relación a distintos ámbitos de desarrollo perso-
nal, laboral y social. En esta sección se pondrán a disposición diver-
sas estructuras preestablecidas de flujos de fondos financieros para
evaluar si es posible la concreción de dichos proyectos y, en cada
caso, qué nivel de financiación se necesita para llevarlos adelante
sin fracasar en el intento por no haber previsto adecuadamente una
necesidad de dinero futuro.
A través de simples pasos y completando los datos en los cam-
pos requeridos, se ponen a disposición algunos ejemplos en base
a los recursos y necesidades de cada individuo. Es deseable que se
puedan mostrar, a su vez, las tasas existentes en el mercado para
dar mayor transparencia e información al usuario en caso de reque-
rir un crédito para seguir adelante y concretarlo.
El usuario se encontrará en el primer paso con la posibilidad de
elegir qué proyecto quiere llevar adelante. Algunos de los previstos
son los siguientes:
a. Comprar un bien mueble o inmueble
b. Emprender una organización
c. Establecer un proyecto y promocionarlo
d. Estimar costos de la vida cotidiana
e. Calcular viajes laborales o vacacionales
f. Otros proyectos personales de diversa índole que requieran
de herramientas financieras para su cálculo.
En el segundo paso deberán completarse datos básicos de ingre-
sos y egresos para que se pueda elaborar el flujo de fondos (ingre-
sos y gastos estimados, composición del hogar, factores endógenos
y exógenos de cada individuo, horizonte temporal del objetivo a
cumplir, etc.). En función de eso, se devuelve una proyección ade-

cuada con tasas promedio de mercado.
Por último, se realiza una devolución de la situación financiera
de manera periódica (semanal, mensual, trimestral, etc.) en el caso
de llevar adelante el proyecto con planes de cuotas, considerando
la situación y los factores propios del usuario y definiendo en qué
medida puede lograr el proyecto con o sin la necesidad de recurrir
a un financiamiento adicional con el paso del tiempo. En el caso de
requerirse, se podrán acercar diferentes variables de aquellas insti-
tuciones dispuestas a promocionar el financiamiento.
Se entiende que es necesario bajar la educación financiera a las
decisiones diarias de las personas, alejando esta terminología del
sistema financiero, ya que la mayoría de las personas no bancari-
zadas toman constantemente definiciones y por desconocimiento
terminan lamentablemente ejecutando la peor elección.
2) Cómo ahorrar y no perder. Para aquellas personas que tie-
nen un porcentaje de sus ingresos mensuales destinados al ahorro
y no quieren que este dinero se vea desvalorizado, en esta sección
se brindarán conceptos como “tu caja de ahorro no ahorra” vincu-

lando las consecuencias que origina tener el dinero inmovilizado
sin ningún tipo de retribución. Asimismo, y luego de comprender
esas cuestiones, se brindarán distintas opciones de productos exis-
tentes para que los ahorros personales no pierdan valor con el paso
del tiempo. Se infiere que estas opciones son para personas con un
grado alto de aversión al riesgo y prefieren opciones conservadoras
como el plazo fijo o fondos comunes de inversión money market o
cuentas remuneradas, entre otras.
3) Invirtiendo Miguita. Esta sección está orientada para quie-
nes tengan una menor aversión al riesgo y deseen obtener ingre-
sos superiores con el fin de lograr una rentabilidad por encima
de los costos de oportunidad y el poder adquisitivo del dinero.
Considerando de por sí que a medida que aumenta el retorno espe-
rado también lo hace el riesgo, se brindará al usuario un abanico de
opciones acorde a su perfil financiero o test del inversor para acce-
der a distintas alternativas de inversión, así como la posibilidad de
comunicarse con un asesor financiero en el caso que sea necesario
mediante la intermediación con agentes idóneos.
4) Me gustaría saber más sobre. Aquí es donde se podrá acce-
der a contenidos sobre educación financiera. El usuario encontrará
material tanto de lectura como audiovisual, que abarque distintos
aspectos según el interés y la profundidad de la búsqueda. Pueden ser
desde artículos informativos, videos introductorios y textos de diver-
sos autores hasta cursos y capacitaciones para profundizar el conoci-
miento. La producción de los mismos será propia de Miguita y apunta
a satisfacer al público general y vinculados con las propuestas antes
mencionadas (proyectos de vida, ahorro e inversión), pudiendo ofre-
cer esto tanto a individuos como a instituciones que quieran capacitar
a sus integrantes (organizaciones de la sociedad civil, sector público y

privado, escuelas de nivel medio y superior, universidades, etc.).
Al ingresar el tópico deseado en la barra de búsqueda en la
parte superior de la pantalla se presentarán los títulos sugeridos,
de la misma manera que si se oprime el botón correspondiente al
tema en cuestión. El contenido que se ofrece figura como lo dis-
pone en la imagen donde se podrá leer una breve descripción del
artículo seleccionado y una referencia al tipo de contenido (PDF,
audio, video, etc.). A su vez, de tener interés por alguno en particu-
lar, se podrá incluir dentro del menú propio de Favoritos al oprimir
la figura del corazón en el borde superior izquierdo de cada uno.
Al finalizar un contenido seleccionado, estará la opción de rea-
lizar una autoevaluación y luego la aplicación arrojará sugerencias
en base a las búsquedas y selecciones de cada usuario para conti-
nuar reproduciendo contenido. Tiene consigo un sistema de pun-
tuación para inferir una conducta positiva de ánimo y continuar
con el proceso de aprendizaje.
Además de la barra de búsqueda y del menú de Favoritos, encon-
tramos en el borde inferior derecho una opción de Filtros. Esta sirve,
como bien lo indica su nombre, para incluir en la búsqueda determi-
nadas características que precisa el usuario en base a sus intereses.
Al seleccionar una opción en particular, este se desplegará
ocupando la pantalla por completo. La breve descripción que se
mostraba anteriormente ahora se visualiza de manera completa,
mostrando en detalle el contenido que comprenderá la misma.
En el margen inferior las opciones ahora son dos: la primera es
para comenzar, sugiriendo contenido audiovisual, y la segunda es
para compartir mediante otras plataformas el producto y así lograr
mayor difusión. (En caso de ser contenido de lectura, se indicará con
otro símbolo). Es importante destacar que la plataforma brindará la

opción de descargar estos contenidos al teléfono, pudiendo así opti-
mizar el uso y consumo de los datos utilizados en el proceso. Esto
permite que la aplicación siga siendo utilizada independientemente
de si uno se encuentra con o sin conexión a una red.
5) La Miguiteca. Su inclusión surge de la necesidad de buscar
palabras, referencias, significados y otras sugerencias tanto por curio-
sidad preexistente y a medida que uno reproduce los contenidos que
puedan dejar lugar a dudas en la opción anterior (4). Es decir, cum-
ple la función de una biblioteca a modo de enciclopedia para brindar
soluciones cortas y rápidas a las dudas que puedan tener los usuarios.
6) Preguntas frecuentes. El último apartado sirve para respon-
der inquietudes sobre nociones básicas de la educación financiera
(apertura de cuentas, solicitudes de créditos, tarjetas, etc.) junto
con una casilla para poder escribir opiniones, consultas, mejoras
e inquietudes a la plataforma que serán resueltas a la brevedad
y respondidas a la casilla de mensajes personal de cada usuario,
pudiendo lograr un seguimiento apropiado y que el usuario sienta

una atención más personalizada.
Continuando con el desarrollo de la aplicación, cada usuario al estar

registrado dispondrá de un perfil al que podrá acceder ingresando
por la opción del borde superior izquierdo donde se encuentra su
foto de perfil. Esta dispone de cuatro opciones que incluyen:
a) Información personal: cada usuario puede cambiar y/o modi-
ficar datos personales.
b) Notificaciones: surgen de nuevos lanzamientos de productos,
novedades de la plataforma, noticias de carácter financiero, segui-
miento del aprendizaje y otras opciones pertinentes que requieran
de un contacto que notifique con un pop up.
c) Mensajes: a diferencia de lo anterior, lo que se busca es res-
ponder mensajes de solicitudes automáticas sobre cursos como
las consultas que se hayan realizado en la sección de Preguntas
Frecuentes en el menú principal.
d) Favoritos: todos los contenidos seleccionados en cualquiera
de las opciones del menú principal como favoritos serán incluidos
en esta sección para lograr un atajo al momento de querer selec-
cionarlos nuevamente en un futuro. Los contenidos que hayan sido
finalizados o correspondan con opciones sugeridas también serán
incluidos en esta sección.
Para concluir con el desarrollo del producto, es necesario destacar

que hay una amplia variedad de funciones y características que tra-
bajan minuciosamente en los detalles para su correcta aplicación y
que se pueden ajustar adecuadamente a las necesidades y preferen-
cias de cada uno a la hora de utilizarlas.
Mediante esto se intenta dar un mejor entendimiento de las

funciones principales que pretende abarcar el producto para todo
lo que se ha mencionado anteriormente.
Los usos potenciales de Miguita en el mercado no tienen un límite
dado el amplio alcance que pueda tener dentro del público general.
c. Plan estratégico y financiero
1. Modelo de negocio
La plataforma utilizará una conjunción de aspectos de distintos

modelos de negocios como resultado de la adaptación a los cambios
tecnológicos que estamos percibiendo en la actualidad. Dicho esto,
dependiendo de los gustos y preferencias de los usuarios, mediante
un algoritmo la plataforma sugerirá un abanico más amplio de pro-
ductos y servicios tanto propios como de terceros mientras estos
sigan brindando información a la base de datos con el uso de la
misma. Los elementos a considerar son:
• Suscripciones gratuitas
• Publicidad
• Membresías para servicios selectos
• Venta de productos y servicios de terceros
• Alianzas con instituciones educativas.
2. Plan financiero
Siguiendo con el modelo de negocios propuesto, es importante

destacar cómo la plataforma podrá solventar sus acciones en el
tiempo. Al trabajar con suscripciones y contenido gratuito, la
fuente de ingresos surge de las acciones posteriores realizadas

por los usuarios. Esto se evidencia en la adquisición de análisis y
soporte más selecto y avanzado de la plataforma para poder llevar a
cabo proyectos empresariales, de inversión o cursos educativos que
debido a su complejidad requieren de una membresía paga para
financiar su desarrollo.
La venta de productos y servicios de terceros surge de la nece-
sidad de ampliar el ahorro y la inversión tanto en el corto como
el largo plazo que como resultado beneficiará el acceso al crédito
para impulsar la economía real. En las secciones ‘“Cómo no perder
Miahorro” e “Invirtiendo Miguita”, las entidades bancarias y finan-
cieras podrán publicar productos específicos como plazos fijos,
fondos comunes de inversión, carteras administradas, créditos
personales y empresariales lo que, como consecuencia, brindará
una nueva fuente de ingresos a la plataforma que dependerá de los
acuerdos realizados con la/s contrapartes en base a los suscriptores
(montos fijos, variables, etc.).
El tercer aspecto de las fuentes de ingresos es la publicidad.
Será una plataforma para los agentes mencionados en el punto
anterior que desean ampliar su cartera de clientes mientras estos
logran un mejor manejo de su patrimonio. Dentro de la plataforma
se les podrán presentar distintas alternativas, que serán facilitadas
por el algoritmo interno al público deseado.
Por último, las alianzas estratégicas con centros e institucio-
nes educativas brindarán una mayor difusión de los productos y
servicios tanto para educar como para seguir impulsando el uso
de las herramientas y productos del sistema financiero. Esto es
importante ya que el aval de las mismas puede brindar un uso más
amplio y prolongado.
3. Plan de comunicación y difusión
Los mecanismos de difusión para la plataforma se basan

principalmente en herramientas de marketing digital. Esto es
principalmente por la velocidad de difusión que tienen y los costos
que proveen por ser una economía a escala.
En primer lugar tenemos el contacto del usuario con el pro-
ducto. Esto podrá ser tanto con campañas de difusión en redes
sociales con perfiles empresariales propios de la aplicación, como
con publicidades en otras plataformas de contenido audiovisual.
Los medios en cuestión hoy en día son lo suficientemente eficien-
tes como para establecer un segmento objetivo ex ante mediante
gustos, preferencias y otras cualidades. Esto suele conocerse como
estrategias de outbound marketing. Luego tenemos, mediante su
uso, la posibilidad de compartir a través de publicaciones en otras
plataformas la aplicación de los usuarios ya registrados donde, al
haber una casilla registrada, puedan indirectamente contribuir al
acceso a otros usuarios potenciales. La existencia de los lead mag-
nets y el remarketing jugarán a su vez un rol importante al tomar
datos de aquellas personas que deseen saber más sobre la plata-
forma y retroalimentar a los mismos con mayor información al
respecto en horarios pico de uso de las redes anexas.
Por último, siempre existen promociones de productos
específicos por tiempo limitado, con descuentos, por cantidades
o seleccionados entre otros para poder brindar ventajas en el
acceso, uso y distribución de lo ofrecido que mantengan la fideli-
dad de los usuarios.
4. Análisis del mercado
FODA
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
- Población con poca educación finan-
ciera e interesada en aprender.
- No existe competencia en este servicio.
- Nula competencia en ese nicho de
- Plataforma fácil de usar.
mercado.
- Uso personal gratuito.
- Bancos privados interesados en apoyar-
- Información clara y ordenada.
nos para captar clientes.
- Facilidad de acceso para los usuarios.
- Apoyo del Ministerio de Economía para
aumentar la inclusión financiera.
DEBILIDADES AMENAZAS
- La trayectoria económica en los últimos
años fue desfavorable.
- Toda la información para educarse - La pandemia hizo que la gente pierda
financieramente es de libre acceso en capacidad de ahorro. ¿Es el momento
Internet. para lanzar este servicio?
- Nulo posicionamiento de marca. - Las entidades que prestan servicios
- Nula experiencia en el mercado. financieros con un pequeño cambio e
- Bajo nivel adquisitivo de los usuarios. inversión en publicidad pueden neu-
tralizar el potencial crecimiento del
emprendimiento.
Cruz de Porter
5. Objetivos específicos del proyecto
• aumentar el nivel de bancarización;

• lograr una mejor administración de las finanzas personales,
familiares y de los emprendimientos;
• fomentar el manejo útil y responsable de los servicios finan-
cieros existentes;
• optimizar la utilización de los recursos financieros de la
población;
• brindar mayor conocimiento de las herramientas financie-
ras disponibles;
• aportar una base acorde para la implementación de políticas
sobre la inclusión financiera;
• potenciar el producto bruto interno a través de la mejora en
el entendimiento de la importancia para un país;
• generar mayor confianza en el sistema financiero al conocer
su utilidad y participación en el crecimiento.
d. Logotipo y nombre
El diseño del logotipo se basa en el popular gato de la suerte japonés

conocido como Maneki-neko. Se cree que llama a la prosperidad, la
felicidad, el éxito o el dinero.
Decidimos darle una tonalidad azul/celeste y blanca porque es
un producto argentino, pensado para los argentinos, y como tal,
consideramos que la paleta de colores debe estar alineada con la
bandera nacional.
En cuanto al nombre, siguiendo la línea en que el producto
está pensado para los argentinos, decidimos emplear una palabra
popularmente usada por las personas para referirse al dinero como es

“guita”. La Real Academia Española lo define como “dinero contante”.
También podemos asociar el término Miguita con las migas de
pan. En ese sentido, ese alimento puede rendir mucho más cuando
se administran las migas y se aprovecha al máximo su rendimiento.
La Real Academia Española define a la palabra miguita como
“Porción pequeña de pan o de cualquier cosa”.
III. Conclusión
Con el objetivo de fortalecer el crecimiento permanente y sus-

tentable de nuestro país, resulta necesario acrecentar el nivel de
inclusión financiera de la población. Actualmente, la inequidad en
el conocimiento, la desinformación, la existencia de nuevas herra-
mientas tecnológicas y operaciones más complejas, son algunas de
las causas limitantes para tal fin. La imposibilidad de su obtención
produce un déficit en las finanzas personales, errores en la toma
de decisiones, bajo nivel de ahorro, dificultades en el acceso al cré-
dito formal y, en consecuencia, una imposibilidad de optimizar el
camino al desarrollo de una familia, una pyme, una empresa, el sec-
tor público, en definitiva: un Estado.
A lo largo del ensayo hemos planteado que, en la actualidad,
nuestro país tiene la necesidad de una mayor inclusión y para ello
sería casi inaceptable no promover una educación financiera con
alto grado de alcance, de calidad y con una bajada necesaria a las
personas alejadas del sistema. En ese sentido, venimos a plantear el
desarrollo de una aplicación cuyo objetivo principal será favorecer
el desarrollo de la estrategia nacional de inclusión financiera, con el
fin de promover la educación financiera, potenciar la capacidad de
todas las personas y generar una consecuente mejora en el futuro

de la economía del país. Brindará educación sobre el sistema finan-
ciero en general, y en particular sobre los productos y servicios vin-
culados, para optimizar los conocimientos y hábitos relacionados
con el ahorro y la planificación financiera. Asimismo, respecto de
los problemas detectados en el análisis realizado, se identificaron
las soluciones según las agrupaciones elaboradas para poder avan-
zar con el objetivo propuesto. En primer lugar, se encuentran las
personas no bancarizadas bajo ningún concepto. Para aquellas per-
sonas alejadas de cualquier tipo de bancarización, a través del uso
de la aplicación Miguita podrán acercarse a conceptos básicos en
forma indirecta con la utilización del “Quiero lograr Miproyecto”,
donde podrán con simples ejemplos evaluar sus ideas y emprendi-
mientos desde una mirada financiera. Una vez captado el interés y
al entender mejor la utilidad de una organización de este tipo, de
forma más directa podrán acceder a diversos cursos cortos y bási-
cos elaborados por especialistas en los temas y con énfasis en este
tipo de usuarios solo al alcance de un click sobre la sección “Quiero
saber más sobre”. A su vez, tendrán acceso a las respuestas a las pre-
guntas frecuentes de distintos usuarios, y en el caso de ser necesa-
rio contarán con la posibilidad de solicitar una asesoría en flujos de
fondos y presupuestos financieros para mayores precisiones en el
camino de la realización de sus proyectos vitales, y así poder conti-
nuar su proceso formativo y evolucionar hacia un nivel de bancari-
zación más alto.
En segundo lugar, para las personas que no se sienten banca-
rizadas, es decir, no usan los servicios por desconocimiento o falta
de educación financiera, dentro de Miguita podrán utilizar distin-
tas funciones para interiorizarse en temas sobre cómo mejorar la
capacidad de ahorro y no perder el valor de su dinero en la sección

“Cómo no perder MiAhorro”. Y además podrán tener una mejor
organización financiera para el logro de sus proyectos vitales con
la función “Cómo lograr Miproyecto”. A medida que avancen en
su búsqueda de mayores conocimientos, en la aplicación podrán
encontrar cursos sobre educación financiera avanzada, el acceso a
la “Miguiteca” con conceptos financieros de uso común, las pregun-
tas frecuentes, y una asesoría de alternativas de ahorro en el caso de
requerir un acercamiento personalizado.
Por último, se encuentran las personas bancarizadas que no
usan los servicios financieros, ya sea por tener cubierta su capaci-
dad de ahorro o por tener un perfil financiero más pretencioso. Para
ellos, se ofrecerán servicios para que puedan analizar las mejores
opciones donde invertir su dinero a través de la función “Quiero
invertir Miguita”, en la cual deberán completar un formulario para
generar su perfil de inversor para luego ofrecer distintas opciones
adecuadas a su criterio financiero; encontrarán toda la información
necesaria y comparativos de inversión ofrecidos por los participan-
tes de la industria financiera.
Además de todas las funciones mencionadas anteriormente para
los otros grupos de usuarios, aquí contarán con el ofrecimiento de
un asesor financiero y así podrán optimizar la posibilidad de mejorar
su situación de acuerdo a las pretensiones particulares en cada caso.
Luego de responder las inquietudes a estos problemas, fue plan-
teándose una nueva pregunta fundamental para la terminación de
este ensayo: ¿podemos idear políticas sobre inclusión financiera sin
pensar en la educación financiera? En materia financiera, la edu-
cación va a posibilitar que, a través de la enseñanza de conceptos y
del funcionamiento de las herramientas a disposición, los usuarios
comprendan mejor su rol para el manejo de sus finanzas. Es decir,

permitirá que las políticas aplicadas en la inclusión tengan el
impacto deseado en los agentes alcanzados. A su vez, promoviendo
este ciclo virtuoso en las economías familiares, se genera como con-
secuencia un incremento en el nivel de bancarización, optimiza la
planificación y establece hábitos relacionados con el ahorro y la
inversión, lo cual produce una eficiente utilización de sus recursos
promoviendo la confianza en el sistema financiero, entendiendo a
este como el motor fundamental para el crecimiento de una eco-
nomía. En ese sentido, la posibilidad de acceder a conocimientos
financieros adecuados instruirá a las personas en la toma de deci-
siones, generando una consecuente e indefectible mejora en el
desarrollo del producto bruto interno (PBI) del territorio nacional.
Referencias
Banco Mundial (2018), “Panorama general”, http://www.bancomundial.

org/es/topic/financialinclusion/overview.
BCRA y CAF (2017), Encuesta de medición de capacidades financieras en
Argentina, Banco Central de la República Argentina.
BCRA (2020), “Informe de Inclusión Financiera. Abril de 2020”, dispo-
nible en https://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/
iif0219.pdf.
Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, MECON (2020). “Las
brechas de género en la Argentina Estado de situación y desafíos”.
Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_
brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf.
ENACOM, sitio web del Ente Nacional de Comunicaciones, https://www.
enacom.gob.ar.
Entendiendo la bancarización en
Argentina
Nicolás Francisco Abbate
Introducción
La inclusión financiera puede ayudar a reducir la pobreza permi-

tiendo a las personas invertir en su futuro, suavizar su consumo
y manejar riesgos financieros. Desde el punto de vista más fun-
damental, una condición necesaria, aunque no suficiente para la
inclusión, es el acceso a los productos financieros más básicos: cajas
de ahorro, cuentas bancarias u otros tipos de cuentas transaccio-
nales. Este artículo busca analizar, desde una perspectiva micro-
económica, las razones detrás de la decisión de adquirir y utilizar
una cuenta, con el objetivo de poder plantear políticas públicas que
resuelvan las barreras existentes a la bancarización en Argentina.1
Tomando como base la encuesta The Global Findex Database lle-
vada a cabo por el Banco Mundial, para el año 2017 el 51% de las
1 A lo largo de este artículo se utilizará el concepto de bancarización como sinónimo de

acceso y uso de cuentas, sin limitarse a cuentas de la banca tradicional, sino de cual-
quier institución financiera que provea medios de ahorro y pago para sus clientes
—incluyendo, por ejemplo, billeteras virtuales—, en línea con lo planteado en Roa (2013).
73
personas encuestadas declararon que no tenían una cuenta banca-

ria personal (Demirguc-Kunt et ál. 2018).2 Estos resultados, prove-
nientes del lado de la demanda, muestran que existe un problema
relevante en el acceso a los servicios financieros más básicos en una
buena parte de la población.
Si bien en América Latina los niveles argentinos son simila-
res al promedio, comparados con otros países vecinos como Chile
(74%), Brasil (70%) o Uruguay (64%) y con países más pobres en
términos de PBI per cápita como por ejemplo Kenia (82%), los
niveles de bancarización son bajos y, según se argumentará más
adelante, parecería haber importantes oportunidades para avan-
zar sobre esta problemática.
Desde el año 2010 se han implementado numerosas políticas para
favorecer el acceso a cuentas bancarias: ese mismo año se instaura la
Cuenta Gratuita Universal,3 una cuenta en pesos con prestaciones
estándar, sin ningún tipo de costos de apertura, uso o mantenimiento;
desde 2016, las cajas de ahorro son gratuitas en su apertura, mante-
nimiento y operación (Ministerio de Hacienda, 2019). En definitiva,
estas normas establecen que el acceso a las cuentas bancarias, en lo
referido a los costos de apertura y uso, está garantizado, ya que estas
cuentas se ofrecen de forma prácticamente gratuita y no poseen limi-
taciones importantes con respecto a los servicios que ofrecen.
2 Este dato contrasta con la información del lado de la oferta, publicada por el BCRA (2019).
En su informe de inclusión financiera, se muestra que, para 2018, el 80% de los adultos
poseía una cuenta bancaria, afirmando que existe una “falta de percepción de tenencia”
para explicar la diferencia entre los datos del lado de la oferta y de la demanda. Como se
verá más adelante, el tercer enfoque tiene el potencial de explicar esta diferencia.
3 Esta cuenta fue discontinuada en 2016 y relanzada en 2020 (Min. de Economía, 2020).
Nicolás Francisco Abbate | 75
¿Por qué promover las cuentas personales?
La literatura académica identifica efectos positivos sustanciales por

la tenencia y uso de cuentas bancarias personales, incluso si las per-
sonas no acceden a instrumentos financieros más complejos (Allen
et ál., 2016). Las cuentas, al funcionar como un medio de pago, per-
miten operar con menores costos transaccionales, menor riesgo y a
una mayor velocidad que con el uso de efectivo, al tiempo que pueden
generar un historial de pago que posteriormente podría permitirles
acceder al crédito. A su vez, las cuentas permiten a los agentes acce-
der fácilmente a nuevos instrumentos (como plazos fijos, créditos o
seguros), que generan nuevas oportunidades: por ejemplo, a partir
del acceso a instrumentos de ahorro como los plazos fijos, las perso-
nas pueden suavizar su consumo y dirigir sus ahorros hacia sus pro-
pios emprendimientos de forma más directa, a partir de la formación
de un capital individual (Dupas y Robinson, 2013), así como también
pueden generar ahorros reales positivos en contextos inflacionarios.
Uno de los efectos más contundentes del uso de medios de pago
digitales es la posibilidad de las familias de tener una mejor res-
puesta ante shocks externos gracias a la extensión de su red infor-
mal de crédito. En situaciones de crisis, las familias suelen buscar
medios de crédito tanto en instituciones financieras formales
como con allegados y prestamistas informales. La posibilidad de
tener disponible un medio de pago que permita realizar transfe-
rencias instantáneas a bajo o nulo costo amplía significativamente
la red informal de crédito de las familias, al permitir que familiares
o amigos que no se encuentren geográficamente cerca puedan ayu-
darlos económicamente, favoreciendo su capacidad de respuesta
ante este tipo de shocks (Jack y Suri, 2014). De la misma forma, la
tenencia de cuentas personales permite una mayor capacidad de

respuesta estatal ante situaciones de necesidad, ya que este puede
realizar sin grandes dificultades de logística programas de trans-
ferencias a las familias que las necesiten, al tiempo que se limita
la corrupción en el pago (Demirguc-Kunt et ál., 2018). Sobre esto,
la experiencia del Ingreso Familiar de Emergencia en el contexto
de ASPO mostró el efecto favorable que hubiera tenido una mayor
bancarización, ya que esta transferencia directa a las familias no
bancarizadas se vio inicialmente demorada por la falta de medios
para hacerles llegar el dinero.
Además de estos efectos, existe evidencia de que el acceso a
cuentas personales favorece el empoderamiento femenino y la
igualdad de género, como muestran Aker et ál. (2014). En particular,
el acceso a una cuenta puede favorecer la autogestión de los recur-
sos de las mujeres, ya que la privacidad bancaria limita el control
que pueden tener sus cónyuges o familiares sobre ellas. En algu-
nos casos, como en Colombia, si bien la bancarización no generó un
mayor empoderamiento femenino a nivel hogar, sí lo hubo a nivel
social, con una mayor participación de las mujeres en organizacio-
nes de la comunidad (Uribe Mejía, 2015). Además de esto, algunos
resultados muestran que el acceso a instrumentos de ahorro tam-
bién favorece el empoderamiento femenino, en particular a nivel
familia, al generar un pequeño capital individual que puede ser
invertido por ellas en sus necesidades cotidianas, sin depender de
sus cónyuges (Ashraf, Karlan y Yin, 2010).
Un último punto para discutir se relaciona con los posibles efec-
tos sobre la estabilidad financiera que una expansión de las cuentas
personales puede generar. Sahay et ál. (2015) argumentan que, a
diferencia del crédito, la inclusión financiera basada en el acceso a
cuentas bancarias y otros servicios financieros tiene una relación

muy débil con la inestabilidad financiera y con la variabilidad de las
tasas de crecimiento de la economía.
A modo de conclusión sobre los efectos de la bancarización, es
claro que es un primer paso necesario para la inclusión financiera,
que genera efectos positivos per se, que tiene menores riesgo sobre
la estabilidad macro que otras políticas de inclusión financiera,
como la expansión del crédito, y que, como se discutirá más ade-
lante, se trata de políticas que probablemente tengan una elevada
relación costo/beneficio.
Los microfundamentos de la bancarización
Para poder promover de forma contundente el uso de las cuen-

tas bancarias, es importante comprender las razones detrás de la
decisión de no bancarizarse a nivel individuo. Este fenómeno es
fácilmente comprensible si se consideran las dimensiones de acceso
y uso.4 Mientras que el uso se refiere a la utilización efectiva de un
servicio financiero, el acceso hace referencia a la capacidad de uti-
lizarlo. Por ejemplo, una persona que posee todas las condiciones
para abrir una cuenta bancaria (tiene acceso) puede decidir no
hacerlo por considerar que no la necesita (no hace uso del servicio).
Por otra parte, una persona a quien, por ejemplo, por pertenecer a
una minoría discriminada no se le permite acceder a los servicios
financieros, tampoco puede hacer uso del mismo. Si bien la falta de
4 Esta conceptualización se expresa de forma muy clara en Navajas y Tejerina (2006) y

Banco Mundial (2014), aunque existen algunas sutiles diferencias con la clasificación
de exclusión voluntaria e involuntaria presentada en este trabajo y entre los autores.
Una tercera dimensión, la calidad, también es sumamente relevante, pero no será
considerada en este trabajo.
acceso genera necesariamente la no utilización del servicio, que

una persona no utilice el servicio no implica la falta de acceso.
Como surge de forma transparente de esta conceptualiza-
ción, la exclusión financiera entendida como la no utilización
de cuentas por parte de los individuos es problemática siempre
que surja de limitaciones en el acceso. El mero hecho de obser-
var un bajo nivel de bancarización o un bajo nivel de crédito no
necesariamente implica la existencia de barreras al acceso, por lo
que es importante identificar el origen de la limitada utilización
de las cuentas bancarias en Argentina.
La exclusión financiera, entonces, puede ser voluntaria, en el
caso en que el agente tenga acceso al servicio y decida no utili-
zarlo; o puede ser involuntaria, en el caso en que este desee utilizar
el servicio, pero por algún motivo vea limitado el acceso al mismo.
Además, pueden existir problemas informativos que afecten la
decisión de las personas. Estos enfoques implican políticas públi-
cas radicalmente diferentes, por lo que es importante evaluar, en
forma local o regional en un momento dado, cuáles de ellos son
válidos.
En esta sección se desarrollarán de forma particular los tres
enfoques más analizados en la literatura, y se considerarán las
principales políticas públicas para fomentar la inclusión financiera
que se desprenden de los mismos. La Tabla 1 resume las principales
políticas que se deducen de cada uno de los enfoques, a partir de lo
que se desarrolla en las siguientes secciones.
Tabla 1. Resumen de los enfoques teóricos.
Marco teórico Variables que explican la Políticas para fomentar la

decisión de no bancarizarse bancarización
A) Exclusión --Precio elevado. --Favorecimiento de la crea-

voluntaria --Distancia a las sucursales ción de sucursales y puntos
(enfoque o PDA. de acceso y extracción.
neoclásico) --Riesgo elevado. --Incentivos económi-
--Beneficios individuales por cos para el desarrollo de
utilizar una cuenta bancaria tecnologías financieras que
insuficientes. reduzcan los costos.
--Servicios sustitutos. --Reducción del riesgo sis-
témico vía política micro y
macro-prudencial.
--Estabilidad
macroeconómica.
B) Exclusión --Discriminación. --Políticas antidiscriminación.

sociocultural --No maneja el idioma. --Incentivos económicos
(involuntaria) --Analfabetismo. para el diseño de productos
--Falta de documentación. financieros que se acerquen
--Religión. a la demanda de los agentes.
--Políticas educativas.
--Reducción de los requeri-
mientos legales a los servi-
cios financieros.
C) Problemas --Desconocimiento de los --Políticas educativas y de

de información precios de los servicios. desarrollo de capacidades
Desconfianza. financieras.
--Marketing dirigido por el
sector público.
A. La exclusión como un fenómeno voluntario:

una conceptualización neoclásica de la decisión de bancarización
Una forma simple de conceptualizar el problema con respecto a la

bancarización parte de un modelo de corte neoclásico basado en la
teoría de la elección racional. Como en todo modelo de esta índole,
el agente decide adquirir una cuenta siempre que su beneficio
marginal sea mayor al costo marginal; caso contrario, la persona

decide no bancarizarse.5
En esta formulación se asume que existe información perfecta
en relación a los costos y beneficios de las cuentas, así como tam-
bién se asume que la única barrera a la bancarización es el costo de
oportunidad, que incluye: a) el costo de transporte para alcanzar
los puntos de acceso, b) los precios relacionados a la apertura, uso
y mantenimiento de la cuenta bancaria (que, como se mencionó, en
Argentina son gratuitos actualmente), y c) el riesgo relacionado a
la utilización de los servicios (como por ejemplo, la posibilidad de
quiebra de los bancos, la incapacidad de retirar los fondos debido a
crisis macrofinancieras, etc.).
Entonces, dentro de este enfoque, si se parte de las dotaciones de
los agentes —su nivel de ingresos, activos, etc.—, se llega a la conclu-
sión de que la exclusión en el sistema bancario es siempre una deci-
sión racional de los agentes, y, aun más importante, voluntaria. Es la
persona quien decide que en su situación individual no le es conve-
niente tener una cuenta, sin enfrentarse a barreras en el acceso.
En este marco teórico existe un marcado espacio de políticas
para mejorar esta situación, afectando a las tres variables mencio-
nadas. Considerando que la variable precio ya se encuentra regla-
mentada en Argentina,6 de forma tal que los precios de las cuentas
5 En este trabajo se considera el uso de una cuenta bancaria como un fenómeno bina-
rio (posee una cuenta o no), por lo que el costo marginal es equivalente al costo total
y lo mismo ocurre con el beneficio. A su vez, en este trabajo se utilizan de forma equi-
valente los “beneficios” que obtiene el agente por utilizar una cuenta bancaria con
la “utilidad” que le reporta, principalmente porque se quiere resaltar los “beneficios
objetivos” de tener una cuenta, descritos en la sección anterior.
6 Las políticas de regulación de precios, si bien encuentran justificación dentro de este
enfoque de forma directa, pueden entenderse si se esperan externalidades positivas
respecto a la bancarización, como puede ser el blanqueo de fondos que anterior-
mente se encontraban en la economía informal, o un mayor control impositivo.
básicas son nulos, existen diversos ejes de acción para fomentar la

bancarización en este enfoque, que afectan las variables restantes
(distancia y riesgo). Estos ejes se exponen a continuación.7
La distancia puede ser un factor determinante en la toma de
decisión individual del agente sobre la bancarización, en parti-
cular si este debe atravesar distancias considerables, o si existen
escasos medios de transporte que pueda utilizar. A su vez, los ban-
cos suelen ser reticentes a abrir puntos de acceso en zonas de baja
concentración, bajos recursos o de poblaciones vulnerables, ya
que el beneficio esperado por estas es menor que en zonas de alta
concentración e ingreso (Carbo et ál., 2007). Por lo tanto, las polí-
ticas que favorecen la creación de nuevas sucursales o puntos de
acceso pueden tener un impacto muy relevante sobre la bancariza-
ción. Casos como el exitoso programa Caixa Aquí de Brasil (véase
Bebczuk, 2008) muestran el efecto en la bancarización de aumen-
tar el número y alcance de las sucursales, replicándose en países
como India y México (Banco Mundial, 2014).
La expansión de la red bancaria puede deberse tanto a una mejor
regulación estatal —permitiendo la creación de, por ejemplo, puntos
de acceso extrabancarios— como mediante la promoción de tecnolo-
gías financieras que reduzcan los costos de operación, tanto para los
usuarios como para las instituciones financieras. Ejemplos exitosos
de este tipo de políticas en la última década fueron la introducción
de bancarización vía teléfonos celulares en Kenia (Suri y Jack, 2016)
7 Es importante tener en cuenta que en todos los enfoques se hace referencia a polí-
ticas que promuevan la bancarización, es decir que generen un mayor uso, y no se
tienen en cuenta políticas que afecten dimensiones como la calidad, que podrían
ser muy relevantes en otros contextos. Además, algunas políticas pueden justificarse
desde varios de los enfoques que se presentan, como la bancarización obligatoria del
pago de salarios, que puede justificarse tanto a partir de las externalidades positivas
como de los problemas informativos.
y Níger (Aker et ál., 2014), utilizando la red de telefonía móvil como

base de infraestructura para montar los servicios financieros corres-
pondientes. Es particularmente relevante el rol del Estado en este
punto para permitir a las empresas generar nuevos modelos de nego-
cio, garantizando una regulación acorde a los servicios que prestan.
El riesgo asociado al uso de servicios bancarios y la inestabi-
lidad macroeconómica pueden ser factores relevantes para expli-
car el bajo nivel de bancarización (Rojas Suárez, 2016). Con el uso
de una cuenta bancaria, el agente entrega a un tercero algunos de
sus activos a condición de poder utilizarlos en el futuro. En econo-
mías que presentan recurrentes crisis financieras, o donde exista
una volatilidad constante sobre las variables macroeconómicas,
es posible que los agentes evalúen de forma racional no incorpo-
rarse al mercado financiero por la probabilidad de insolvencia de
las instituciones financieras. En este aspecto, las políticas micro
y macroprudenciales para regular el sistema financiero favore-
cen la bancarización al reducir el riesgo sistémico e individual de
cada banco (véase, por ejemplo, Brunnermeier et ál., 2009), así
como también las políticas que reduzcan la volatilidad de variables
macroeconómicas como la inflación o las tasas de interés generan
un menor riesgo global en el sistema financiero.
A pesar de la simpleza y robustez de este enfoque, existen al
menos dos importantes limitantes: no se tiene en cuenta la existencia
de barreras al acceso, ni tampoco se consideran problemas en relación
a la información disponible que tienen los agentes: este enfoque se
limita a evaluar la exclusión voluntaria en un marco de información
completa, sin considerar que pueden existir barreras de otra índole.
Los siguientes apartados busca ampliar el enfoque neoclásico.
B. La exclusión involuntaria: un enfoque teórico basado en la

exclusión sociocultural
El segundo enfoque, que busca explicar la exclusión financiera a par-

tir de la exclusión involuntaria, de la limitación en el acceso a los ser-
vicios bancarios, considera la exclusión financiera como un fenómeno
multidimensional, que va más allá de cuestiones meramente econó-
micas, incorporando factores como la discriminación a determinados
perfiles socioeconómicos (en base a religión, grupo étnico, género,
etc.), barreras idiomáticas, barreras educativas y restricciones de
documentación o condiciones al servicio que generan que determi-
nados grupos sociales se vean excluidos del sistema financiero, aun
cuando ellos estuvieran interesados en formar parte del mismo.
Con respecto a la discriminación a determinados perfiles
socioeconómicos, el sistema financiero puede replicar prácticas
discriminatorias insertas en la sociedad de forma tal que grupos
ya marginados encuentran una barrera a la hora de ingresar al
mismo. Es claro que las prácticas discriminatorias constituyen un
fenómeno mucho más amplio que la mera exclusión financiera, ya
que afectan de forma transversal a la vida de los miembros de estos
grupos marginalizados. Si bien el análisis de las políticas que inten-
tan reducir la discriminación se encuentra más allá del objeto de
este trabajo —sin por ello dejar de considerar su importancia en la
resolución de este tipo de problemáticas—, políticas que prohíban
la discriminación institucional pueden ser medidas efectivas para
reducir su impacto (Carbo et ál., 2007).
Las barreras idiomáticas pueden representar un factor clave
en la exclusión financiera. Existen casos en los cuales los servicios
financieros son ofrecidos en un idioma diferente a los utilizados de
forma cotidiana por ciertos grupos. Esto es especialmente impor-

tante en algunos grupos sumamente vulnerados, como migrantes,
refugiados o descendientes de pueblos originarios. Por lo tanto,
políticas que favorezcan la creación de servicios que se acerquen a
las verdaderas necesidades de los potenciales usuarios —como los
servicios financieros en su lengua materna— son de vital impor-
tancia para su inclusión, cuestión que puede ser promovida por
el Estado de forma directa mediante incentivos económicos a las
empresas que cumplan estos objetivos de inclusión. Además, pue-
den existir barreras educativas al acceso al sistema financiero,
como pueden serlo, de forma particular, el analfabetismo, a pesar
de que en Argentina no se trata de un problema generalizado.
Otro factor que puede ser relevante para el acceso se relaciona
con la documentación y las condiciones necesarias para utilizar los
servicios financieros. Si bien es importante la existencia de regla-
mentación en torno a la incorporación de nuevos agentes al sistema
financiero, en particular para evitar casos de fraude o de lavado
de dinero, la documentación excesiva puede ser una importante
barrera al acceso (Ozili, 2020). Sobre este punto es importante que
las autoridades reguladoras encuentren un equilibrio entre el con-
trol de prácticas ilícitas y la limitación del servicio a personas que
no cumplen con las condiciones impuestas. Asimismo, la utiliza-
ción de nuevas tecnologías para la identificación individual puede
reducir las precondiciones necesarias para insertarse en el sistema
financiero (Giné, Goldberg y Yang, 2012).
Existe un último factor cultural, importante en algunos contex-
tos nacionales: la autoexclusión de personas por incompatibilidad
con sus principios religiosos (Banco Mundial, 2014). Al igual que en
los casos anteriores, un mejor diseño de los productos financieros
que sean compatibles con las creencias de estos individuos tiene el

potencial de resolver este tipo de exclusión.8
C. Un enfoque basado en los problemas informativos
El tercer y último enfoque considera que los agentes no se encuen-

tran en un contexto de información perfecta, por lo que pueden
estar estimando incorrectamente los costos y beneficios relaciona-
dos con los servicios financieros. En particular, esta perspectiva se
relaciona de forma directa con la escuela de pensamiento que con-
sidera a las capacidades financieras como principales limitantes de
la inclusión financiera (Ozili, 2020).
Utilizando los mismos conceptos que en el modelo neoclásico,
lo que se plantea es que existe una “desconexión” entre los costos y
beneficios de la bancarización desde el punto de vista de los agen-
tes (que se denominarán, en adelante, costos y beneficios “subjeti-
vos”) y los verdaderos costos y beneficios que estos generan. Esta
diferencia entre los valores “verdaderos” y los valores “subjetivos”
se amplifica a medida que un agente tiene menores capacidades
financieras:9 si el agente posee capacidades financieras mínimas,
8 Si bien en algunos trabajos este tipo de exclusión se categoriza como voluntaria, en

este trabajo se considera como involuntaria, ya que el agente no tiene un verdadero
acceso al sistema financiero, principalmente porque solo puede acceder a productos
incompatibles con sus creencias, productos que no están dispuestos a consumir.
9 En este trabajo se utiliza el concepto de “capacidades financieras” definido por el
Banco Mundial: “The term financial capability tends to encompass concepts ranging
from financial knowledge (including knowledge of financial products, institutions,
and concepts), financial skills (such as the ability to calculate compound interest pay-
ments), and financial capability more generally (which includes all the skills, attitudes,
and behaviors that enable individuals to use financial services to their advantage).
Financial knowledge does not necessarily translate into wise financial behavior, that
is, financial capability” (Banco Mundial, 2014, 75).
considerará que el uso de cuentas bancarias no le genera benefi-

cios, así como también sobreestimará los costos verdaderos de las
cuentas bancarias.10 En consecuencia, ya no se cumple la condición
neoclásica donde se relaciona el costo marginal con su beneficio
marginal, sino que se comparan los costos y beneficios “subjetivos”,
de forma tal que la bancarización es menos probable a medida que
las capacidades financieras son menores.
Esta diferencia entre costos “objetivos” y “subjetivos” puede
entenderse a partir de una incorrecta percepción de los costos de
apertura, mantenimiento y uso de las cuentas (por ejemplo, inter-
pretando que son productos con precio elevado, cuando en ver-
dad son gratuitas), o bien puede ocurrir que el agente perciba de
forma incorrecta el riesgo relacionado a mantener sus fondos en un
banco. En muchas ocasiones, esto se relaciona con la desconfianza
que la población no bancarizada tiene de las instituciones finan-
cieras, en algunos casos basados en los efectos de crisis financieras
sobre los activos que tenían insertos en estas instituciones —tanto
propios como de personas cercanas— (Bebczuk, 2008), así como
también por malas experiencias previas con el servicio e incluso la
sensación de ser estafado por los bancos debido a sus políticas poco
transparentes de precios (Banco Mundial, 2014).
Por lo tanto, lo que se considera a partir de este modelo es que,
en presencia de agentes con bajas capacidades financieras, es pro-
bable que estos se autoexcluyan del sistema financiero, aun cuando
en el modelo con información perfecta —i.e. si pudieran conocer
los verdaderos costos y beneficios— sí querrían bancarizarse. El
10 Si bien es posible que un agente subestime los costos y/o sobreestime los beneficios,
esto no puede ser un fenómeno de equilibrio: al formar parte del sistema financiero,
el agente corregirá sus expectativas en base a su experiencia. Por lo tanto, solo es
relevante el caso descripto para el problema de la bancarización.
Gráfico 1 resume la idea principal de este enfoque. En definitiva, se

trata de entender el problema de la bancarización desde el enfoque
de la exclusión voluntaria, pero considerando la posibilidad de una
distorsión sobre los costos y beneficios del servicio desde la pers-
pectiva del agente. Por lo tanto, a mayores capacidades financieras,
a mayor conocimiento y capacidad de desenvolverse en el ámbito
bancario, los costos y beneficios se aproximan a los verdaderos cos-
tos y beneficios.
Habiendo planteado el efecto que las capacidades financie-
ras tienen sobre la decisión de bancarizarse, es relevante pre-
guntarse por qué puede ocurrir que existan diferencias en las
capacidades financieras entre los agentes. Existen al menos tres
factores que potencialmente explican estas diferencias, que se
exponen a continuación.
Gráfico 1. Los costos y beneficios “verdaderos” y “subjetivos” de los servi-

cios financieros en función de las capacidades financieras
Nota: En el gráfico de la izquierda, se muestran los Costos desde la pers-

pectiva del agente (CA) en función de las Capacidades Financieras (CF), y
se comparan con los Costos verdaderos (C). En el gráfico de la derecha se
muestran los Beneficios desde la perspectiva del agente (BA) en función de
las CF, y se comparan con los verdaderos beneficios (B).
En primer lugar, la educación formal es un fenómeno que se

encuentra estrecha, pero no perfectamente correlacionado con
las encuestas disponibles sobre capacidades financieras (Banco
Mundial, 2014). Si bien existen importantes razones para conside-
rar la educación formal como un factor relevante en las capacidades
financieras, la evidencia empírica muestra un vínculo imperfecto
entre conocimiento financiero (en muchos casos que surge de
la educación formal) y capacidades financieras (Banco Mundial,
2014). En particular, este vínculo imperfecto se mantiene para la
Argentina (CAF-BCRA, 2019).
El segundo aspecto a considerar es el efecto del marketing que
realizan los bancos. El fenómeno del marketing segmentado con-
siste en una práctica que, desde la visión de los bancos privados,
tiene una base completamente racional: concentrar los esfuerzos
de publicidad hacia los sectores con mayores ingresos, con mayor
poder de compra. Este tipo de prácticas reduce la información dis-
ponible que los potenciales clientes de bajos recursos tienen a su
alcance, vía una menor publicidad en zonas de bajos recursos y/u
ofreciendo productos que claramente no están diseñados para per-
sonas con ingresos reducidos (Collard et ál., 2001). En definitiva,
esta menor información que llega a los agentes de bajos recursos
puede distorsionar su visión del sistema bancario, considerando
que los precios serán mayores, y/o que los productos, al no estar
diseñados para personas con su nivel de ingresos, no les reporta-
rán beneficios. Entonces, mientras que el marketing puede afec-
tar positivamente las capacidades financieras de algunos agentes,
informándoles sobre productos que pueden adquirir, el marketing
segmentado genera que las personas de bajos recursos no actuali-
cen sus percepciones.
Un último aspecto importante puede ser el efecto de las redes

interpersonales. Muchos trabajos han mostrado la importancia de
las redes interpersonales para reforzar las capacidades financieras
(Banco Mundial, 2014). Las redes interpersonales pueden favorecer
estas capacidades mediante la difusión de información entre agentes
(Katzman, 2001). Es altamente probable que una persona que acceda
a algún servicio financiero y que pueda utilizarlo exitosamente reco-
miende a personas cercanas su uso, difundiéndolo. Las redes inter-
personales pueden ayudar a explicar parte de la correlación entre el
ingreso y la bancarización, ya que las personas de mayores recursos
tienen una menor barrera de entrada, por lo que pueden difundir el
uso mediante sus redes y potenciar las capacidades financieras de
sus allegados transmitiéndoles los verdaderos costos y beneficios,
viéndose esto potenciado por el marketing segmentado.
En relación a las políticas para resolver los problemas informa-
tivos, existen dos líneas diferentes: por un lado, se encuentran las
políticas educativas; por el otro, las políticas que buscan difundir
la información faltante mediante el marketing. En el plano de las
políticas educativas, algunos autores sostienen la importancia de la
inclusión de contenido relacionado con conceptos básicos de nego-
cios y cálculo financiero en el sistema educativo. En general, este tipo
de políticas busca fomentar el conocimiento financiero (financial
knowledge) de los agentes, intentando alcanzar una inclusión social
desde un sentido amplio. A pesar de los evidentes efectos que se espe-
ran a partir de la educación financiera en las instituciones formales,
la conexión entre el conocimiento financiero y las capacidades finan-
cieras no es tan directo, y en muchos casos las políticas educativas no
fueron eficientes en evaluaciones costo-beneficio (Fernandes, Lynch
y Netemeyer, 2014), aunque algunas intervenciones educativas más
focalizadas han obtenido resultados sumamente positivos (Banco

Mundial, 2014). Con respecto a la segunda categoría de políticas, la
evidencia es aun más reducida, pero no por ello deja de ser impor-
tante. La idea detrás del marketing implementado por el sector
público es simple: dado que el mercado deja de lado a sectores con
bajos recursos mediante el marketing segmentado, el sector público
podría cubrir este espacio con publicidad equivalente que provea
información sobre cuentas bancarias y otros productos financieros.
Si los agentes no conocen la normativa vigente es poco probable que
esta sea efectiva, dado que la percepción de los agentes de las barre-
ras puede mantenerse latente. En resumen, este grupo de políticas
busca resolver los problemas informativos sobre los servicios finan-
cieros mediante la publicidad y las campañas de información.
¿Qué modelo es el más apropiado para Argentina?
Una vez definidos los tres modelos teóricos principales para abordar
la problemática de la exclusión financiera, y habiendo entendido las
diferentes políticas que cada uno de ellos recomienda, es interesante
evaluar cuál o cuáles de estos modelos son válidos para la Argentina
en la actualidad, en pos de realizar políticas efectivas para solucionar
este problema. Para ello, se utiliza los datos obtenidos por la encuesta
del Banco Mundial Global Findex Survey, del año 2017 (Demirguc-Kunt
et ál., 2018).11 De forma particular, una de las preguntas más rele-
vantes en esta encuesta se dedica a consultar a las personas que no
poseen cuentas por qué razón no las tienen; es decir, se analizan las
11 En Argentina se tomó una muestra representativa nacional de mil personas, la cual

excluye de su población a zonas rurales dispersas, que comprenden el 5.7% de la
población argentina (Demirguc-Kunt et ál., 2018b).
barreras autopercibidas a la bancarización. Para entender la validez

de cada uno de los modelos definidos en la sección previa se utili-
zan estas respuestas, ya que ofrecen información directa respecto a
la toma de decisiones del individuo. Los resultados de esta pregunta
se resumen en la Tabla 2. Barreras al acceso de autopercibidas. Es
importante destacar que al responder las personas podían seleccio-
nar todas las opciones que creyeran apropiadas.
En primer lugar, destaca en la tabla la relevancia tanto de la falta
de dinero como del costo de los servicios como fundamento para no
bancarizarse: si se evalúan en conjunto, el 73% de los encuestados
seleccionó alguna de esas dos opciones. Esto contrasta de forma
directa con el hecho de que las cuentas en Argentina son gratuitas.
Las personas que respondieron “Los servicios financieros son muy
costosos”, sin duda se encuentran mal informadas: esto representa
evidencia a favor del tercer enfoque, relacionado a los problemas
informativos. En este sentido, parece ser que el 43% de las personas
no bancarizadas pueden analizarse bajo esta perspectiva.
Tabla 2. Barreras al acceso de autopercibidas.
¿Cuál de las siguientes es una razón por la % sin cuenta,

% sin cuenta,
cual usted no posee una cuenta en un banco edad 15+,
mayores a 15
o institución financiera formal? (seleccione única opción
años
todas las que apliquen) seleccionada
No tiene suficiente dinero 59% 12%
Los servicios financieros son muy costosos 43% 1%
No necesita servicios financieros 38% 3%
No tiene la documentación necesaria 30% 2%
No confía en las instituciones financieras 25% 2%
Alguien en su familia ya tiene una cuenta 23% 2%

Las instituciones financieras están muy lejos 11% 0%
Motivos religiosos 3% 0%
Fuente: elaboración propia en base a The Global Findex Database 2017 (microdata),
disponible en: https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3324.
Con respecto a las personas que respondieron “No tiene sufi-

ciente dinero”, el panorama no es tan claro: podría ser tanto que la
persona está mal informada (enfoque de problemas informativos),
como que los costos sean demasiado elevados en relación a los bene-
ficios (enfoque de exclusión voluntaria). De la misma forma, entre
las personas que respondieron “No necesita servicios financieros”
es complejo distinguir entre el primer modelo y el tercero, a pesar
de que, muy probablemente, estos casos se alineen con el modelo de
exclusión voluntaria. Más adelante se evalúan de forma específica
cuáles de estos casos pueden ser válidos.
En segundo lugar, el 30% de las personas declaró que “no tiene la
documentación necesaria” para abrir una cuenta. De ser verdadera
esta afirmación, el segundo enfoque aplica de forma específica para
este grupo: las personas no están bancarizadas ya que se enfrentan
con barreras formales. De la misma forma, este segundo enfoque
parece aplicarse al 3% que respondió que no tiene una cuenta por
motivos religiosos, ya que evidentemente estos productos financie-
ros no están diseñados para ser compatibles con sus creencias.
En tercer lugar, la desconfianza respecto a las instituciones
financieras parece cobrar un rol relevante, con el 25% de la mues-
tra destacándola como una causa para no bancarizarse. En este sen-
tido, es probable que, dada la robustez actual del sistema financiero
argentino, se trate de una desconfianza basada en la falta de infor-
mación, por lo que el tercer modelo parece aplicar en este grupo.
En cuarto lugar, el 23% de las personas respondió “Alguien en

su familia ya tiene una cuenta”. En este caso, el modelo válido es
indiscutiblemente el de exclusión voluntaria, ya que las personas
estarían accediendo a los beneficios de la tenencia de una cuenta
sin incurrir en el costo de oportunidad. De la misma forma, el 11%
declaró la lejanía a las instituciones financieras como un problema,
validándose de igual forma el primer modelo.
En última instancia, es interesante destacar que prácticamente
ninguna respuesta fue seleccionada sistemáticamente de forma
única: a excepción de la respuesta “No tiene suficiente dinero”, todas
las demás opciones fueron seleccionadas, en su amplia mayoría, en
conjunto con otras opciones. Esta información, por un lado, mues-
tra cómo el fenómeno de la bancarización es multicausal, por lo que
es importante evaluar la totalidad de las barreras para realizar una
política de inclusión apropiada, y por el otro evidencia que es nece-
sario entender las relaciones entre las respuestas a las diferentes
preguntas para obtener más información sobre esta muestra.
Por este motivo, en el Gráfico 2 se muestran las correlaciones
entre cada una de las respuestas. Específicamente, se exponen los
coeficientes de correlación,12 destacando aquellos que son significa-
tivos y numéricamente relevantes. Si bien existen relaciones entre
prácticamente todas las variables, surgen dos importantes conclu-
siones a partir de este gráfico.
En primer lugar, la respuesta “Los servicios financieros son muy
costosos”, que, como mencionamos, señala un desconocimiento
respecto a los verdaderos costos de las cuentas, se correlaciona
significativamente con la desconfianza, la falta de documentación,
y la distancia. Como se mencionó, la relación con la desconfianza
12 La correlación entre ambas variables se calculó como el coeficiente de Pearson.

es clara, ya que las personas mal informadas son más propensas

a desconfiar de ellas. Sin embargo, la correlación con la distancia
es un resultado interesante: esto representa evidencia a favor de
la hipótesis de la adquisición de capacidades financieras vía redes
interpersonales y vía el acceso, así como también del marketing
segmentado. En otras palabras, puede entenderse que la distan-
cia potencia la desinformación, ya que se espera (a partir del pri-
mer modelo) que haya menor cantidad de personas bancarizadas
cuanto más lejos se encuentren de las sucursales, al tiempo que el
marketing en esas regiones disminuye el conocimiento sobre los
servicios. Con respecto a la falta de documentación, pueden ocurrir
dos cosas diferentes: o bien la persona está desinformada respecto
a los requerimientos de documentación (tercer modelo), o bien la
falta de documentación genera que su conocimiento no se actua-
lice (segundo modelo, ya que existen barreras de documentación,
sumado al tercer modelo, ya que la persona está desinformada).
Gráfico 2. Correlación entre las Barreras al acceso.
Fuente: Elaboración propia en base a The Global Findex Database 2017 (microdata),
disponible en: https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/3324.
En segundo lugar, hay una correlación marcada, aunque no tan

importante como podría haberse esperado, entre las personas que
respondieron “No necesita servicios financieros” y las que respon-
dieron “Alguien en su familia ya tiene una cuenta”: el 35% de las
personas que respondieron que no necesitan servicios dijeron que
alguien en su familia tiene una cuenta. En otras palabras, más de
un tercio de estos no demandan servicios financieros debido a que
acceden a los beneficios de la tenencia de una cuenta sin incurrir en
el costo de oportunidad de abrir una, por lo que para ellos el primer
modelo es válido. De todas formas, el grupo que afirmó no necesitar
los servicios financieros también se correlaciona con las personas
que están mal informadas (aquellas que dicen que los servicios son
demasiado costosos y con la desconfianza), por lo que es probable
que una parte de esta “falta de demanda” se deba a problemas infor-
mativos, es decir, al tercer modelo.
En último lugar, de las personas que declararon “No tiene sufi-
ciente dinero”, algunas también respondieron que los costos de los
servicios y la distancia impedían su bancarización. Con respecto al
primer caso, estos evidentemente consideran que no poseen dinero
suficiente porque se encuentran estimando incorrectamente los
costos de las cuentas, por lo que el tercer modelo es el válido. Con
respecto al segundo grupo, la distancia podría ser prohibitiva ya
que los costos de transporte, si las distancias son largas, pueden ser
elevados; entonces, este grupo entra dentro del primer modelo, ya
que es el costo de oportunidad (que incluye el transporte al lugar) el
que impide la bancarización.
A modo de conclusión
Los tres modelos descriptos en este trabajo, que entienden a la exclu-

sión financiera desde el plano individual, pero que en el agregado
explican fenómenos sociales, proponen políticas diametralmente
diferentes para resolver esta problemática. El primer modelo, que
considera la exclusión como un fenómeno voluntario, propone
expandir la red bancaria, desarrollar tecnologías con menores
costos y la reducción del riesgo macrofinanciero. El segundo, que
considera la exclusión involuntaria, propone reducir las barreras
legales para la adquisición de servicios financieros y limitar la dis-
criminación institucional. El tercero, que enfatiza los problemas
informativos como causa de la exclusión, proponen campañas de
comunicación y educación financiera para fomentar la inclusión.
Entonces… ¿cuál es el modelo más apropiado para entender la
exclusión financiera en Argentina? ¿Es un problema de exclusión
voluntaria o involuntaria? ¿El problema es la demanda de servicios,
o la falta de oferta? ¿Hay que mejorar la regulación para eliminar
barreras formales al acceso, o es la falta de información el problema?
La principal conclusión de este trabajo es que la respuesta a
este interrogante no es única, sino que se trata de un fenómeno
multicausal, cuyo abordaje debe ser integral. Los resultados de la
encuesta Findex proponen que ninguno de los tres modelos debe ser
descartado a priori, aunque pareciera existir una cierta jerarquía.
Por una parte, es evidente que existe una desinformación mar-
cada entre la población no bancarizada respecto a los costos de los
servicios, así como también, probablemente, de la documenta-
ción necesaria para abrir una cuenta.13 Además, hay una marcada
13 Actualmente, con la sola presentación del DNI, la persona tiene derecho a abrir una
cuenta bancaria.
desconfianza hacia las instituciones financieras. En ambos casos, es

probable que campañas de comunicación que resuelvan el problema
del marketing segmentado sean políticas sumamente eficientes,
ya que atacarían una de las principales causas de la exclusión, al
tiempo que no son particularmente costosas. Para ello, las campa-
ñas de comunicación deben ser claras, pero suficientemente infor-
mativas como para modificar el comportamiento de las personas.
Por otra parte, evidentemente existe un problema de acceso
relacionado a la distancia a los puntos de acceso, así como también
existe un cierto desinterés relacionado a la bancarización. Sobre lo
primero, la expansión de la red bancaria puede ser sumamente efec-
tiva, pero teniendo en cuenta que esta debe realizarse en las regiones
de menor densidad de puntos.14 Sobre lo segundo, como se mencionó,
es probable que una parte del grupo, al tener acceso vía su familia,
no requiera cuentas personales propias; sin embargo, las campañas
de información podrían cambiar esta actitud respecto a las cuentas.
A modo de cierre, es importante destacar que las situaciones
particulares de cada provincia y ciudad son sumamente diversas,
por lo que es de vital importancia evaluar estos modelos a nivel
particular. A modo de ejemplo, es probable que en la provincia de
Buenos Aires, región con mayor cantidad de PDA, el problema de
la distancia no sea tan relevante si se evalúan las ciudades, en rela-
ción a, por ejemplo, la provincia de Formosa o la de San Juan. De la
misma forma, si bien hay una amplia red bancaria en la provincia de
Buenos Aires, el problema de la bancarización siguen en pie, por lo
que es probable que, en tales casos, el tercer modelo sea sumamente
14 Como se mencionó antes, este artículo se centra en políticas para fomentar el uso:
no hay dudas de que una expansión de los puntos de acceso mejorará la calidad del
servicio, pero esta podría no fomentar la inclusión si se realiza únicamente en zonas
que ya poseen elevados puntos.
válido. En este sentido, es muy importante la generación de infor-

mación del lado de la demanda a nivel provincial/regional, de forma
tal que se puedan realizar políticas que resuelvan el origen de la
problemática acorde con cada situación particular.
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Inclusión financiera y
empoderamiento de la mujer:
análisis, desafíos y propuestas
para Argentina en la era digital
Pamela Giachero y Abril Emiliani
Introducción
La inclusión financiera es un tema que cada día se destaca más como

prioridad en materia de desarrollo económico. Desde principios del
año 2000 puede vislumbrarse una incipiente importancia del mismo
al integrarse como objetivo común en la agenda mundial, en las
políticas públicas de distintos gobiernos y secretarías de Hacienda,
así como en diversos organismos internacionales y bancos centra-
les, entre otros. Esto es debido a que en aquellos años la evidencia
empírica demostró su importancia como herramienta de bienestar
y mejoramiento de la calidad de vida de las personas, así como de
superación de la pobreza y generación de desarrollo económico.
Sin embargo, la inclusión financiera conlleva un gran desafío,
donde es una realidad que el sistema financiero y las oportuni-
dades en el mismo no llegan a todos los ciudadanos, y esto se ve
101
acentuado en diversos grupos excluidos, siendo uno de ellos

las mujeres, que a nivel mundial cuentan con menos oportuni-
dades económicas, financieras y laborales. De acuerdo con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), menos de la mitad
de todas las mujeres elegibles participan en la fuerza laboral, en
contraposición con el 75% de los hombres.
Y es que, a pesar de los grandes avances científicos y tecnológi-
cos de este último siglo, todavía siguen vigentes grandes brechas de
género, donde las políticas de inclusión y el alto grado de conciencia
respecto a esto no han logrado obtener la justicia, equidad e inclu-
sión correspondiente. Esto es debido a que no solo hacen falta cam-
bios en costumbres o aspectos legales y sociales, sino que además
se necesitan instituciones financieras con productos innovadores y
eficientes para las mujeres.
Respecto a esto, gracias a la gran globalización y la digitaliza-
ción de las cosas es que actualmente nos encontramos con nuevas
empresas que actúan en la industria, con productos y servicios
financieros digitales que se alejan de lo brindado por la banca tradi-
cional y vienen a revolucionar el modo en que estos son prestados,
logrando vencer muchas barreras que se alzan en torno a la inclu-
sión financiera vinculadas con la infraestructura física, los facto-
res económicos, la falta de educación financiera y por sobre todo la
informalidad económica (Grossi, 2019). Estas compañías de origen
digital son las conocidas Fintech, por las siglas en inglés: finance y
technology, las cuales, en conjunción con las políticas públicas esta-
tales, tienen el potencial de impulsar la inclusión financiera y achi-
car la brecha de género existente.
Es por esto que el presente ensayo aborda la inclusión finan-
ciera bajo la perspectiva de género, buscando plasmar la relación
Pamela Giachero y Abril Emiliani | 103
existente entre el empoderamiento de la mujer y la inclusión

financiera, teniendo presente el potencial de las Fintech en con-
junto con las políticas del Estado para el logro de una mayor inclu-
sión financiera y una reducción de las brechas de género, que
permitirán el crecimiento y el desarrollo económico de nuestro
país. Es central en este ensayo demostrar cómo la inclusión finan-
ciera se ha situado en el centro del empoderamiento económico
del género femenino y esgrimido como estandarte en el camino
hacia la igualdad de género.
Este trabajo estará estructurado de la siguiente forma: en la
primera sección se analizan los principales conceptos, entre ellos
el de inclusión financiera, el empoderamiento de la mujer y las
compañías Fintech. Luego de esto, la segunda sección detalla la
importancia de centrarse en la mujer dentro de la industria finan-
ciera, y lo que esto conlleva para el desarrollo económico y social.
En la tercera sección se discute la situación actual de Argentina,
considerando sus limitaciones y desafíos, su trayectoria en la rea-
lización de políticas orientadas a la inclusión financiera, en par-
ticular del género femenino, y el estado actual de desarrollo de
las Fintech. En la cuarta sección se considerarán antecedentes de
otros países al momento de realizar acciones que favorezcan a la
mujer en materia de inclusión financiera. La quinta sección se
centra en listar una serie de propuestas de políticas públicas refe-
ridas al tema en cuestión que se podrían aplicar en Argentina a fin
de reducir las brechas de género y mejorar la inclusión financiera,
incluyendo propuestas dirigidas a las compañías financieras digi-
tales que operan en el mercado privado bajo una perspectiva de
género. Por último, presentamos las conclusiones y discutimos los
principales resultados.
Marco conceptual
Si bien en la actualidad no nos encontramos con una teoría estable-

cida y consensuada respecto a la inclusión financiera de la mujer, sí
se ha hecho hincapié en la importancia de fomentarla, debido a que
es una herramienta clave para lograr el empoderamiento de este
grupo excluido. Es por esto que la inclusión financiera surge más
bien como un medio para llegar a una sociedad eficiente y justa.
Kofi Annan, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2001, fue
el primero en utilizar este término en diciembre de 2003, y a
partir de allí es que se ha popularizado y han surgido múltiples
definiciones del mismo. En la actualidad, gran parte de los orga-
nismos internacionales que abordan la inclusión financiera han
establecido diferentes definiciones e indicadores, sin lograrse
aún un consenso, generando una naturaleza multidimensional
del concepto de inclusión financiera en relación al acceso, uso y
calidad del mismo.
Sin embargo, una de las definiciones más actuales y aceptadas
es la brindada por el Banco Mundial (2018), que establece:
Inclusión financiera significa que individuos y empresas ten-

gan acceso a productos y servicios financieros útiles y asequi-
bles que satisfagan sus necesidades de transacciones, depósitos,
ahorros, créditos y seguros distribuidos de una manera respon-
sable y sustentable.
A partir de esta definición es que podemos manifestar que si

bien la posesión de una cuenta bancaria suele ser concebida como
parámetro de inclusión financiera, esta abarca mucho más, y se
encuentra también relacionada con el acceso y el uso efectivo de

servicios y productos financieros en general. Hoy en día, y sobre
todo gracias al desarrollo de las Fintech, se puede acceder a ciertos
beneficios financieros sin siquiera contar con una cuenta bancaria.
Y en correlación a esto surge el término “bancarización” para
medir la inclusión financiera, la cual está dada por el acceso y el uso
de los servicios financieros, segmentándola en tres grupos: banca-
rizados, semi bancarizados y no bancarizados (Accenture, Cámara
Argentina de Fintech, 2018). La diferencia entre estas puede verse
en la siguiente figura:
Figura 1
Bancarizados Semibancarizados No bancarizados

--Posee cuenta --Posee cuenta ban- --No posee acceso a
bancaria. caria y la posibilidad una cuenta banca-
--Acceso a servicios de acceder a otros ria u otro servicio
financieros diversos. servicios bancarios. financiero.
--Utiliza con frecuen- --Administra sus --Administra sus

cia ambas. finanzas mediante finanzas mediante
transacciones en transacciones en
efectivo y entidades efectivo y entidades
extrabancarias. extrabancarias.
--Depende de
financiamiento
alternativo.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Informe Ecosistema

Fintech Argentino (2018).
Una nueva figura que se encuentra penetrando en los dis-
tintos sectores que utilizan servicios financieros son las antes
mencionadas Fintech, que se convierten en un pilar para la
inclusión financiera en la era digital. La palabra “fintech” apare-

ció por primera vez en los buscadores en 2005, pero no se exten-
dió masivamente ni se viralizó hasta el año 2014 (Bosch Liarte
y Bosch Liarte, 2016). Si bien nos encontramos con dispersas
empresas Fintech, como ser Bloomberg y Paypal, que fueron crea-
das durante las décadas del ochenta y noventa, este segmento cre-
ció exponencialmente recién a partir de la crisis mundial del año
2008 (Carballo, I. E., y Bartolini, M., 2020).
La Cámara Argentina de Fintech (2018) las define como “empre-
sas de origen digital cuya actividad principal es brindar servicios
financieros mediante el uso de la tecnología”. De acuerdo con el tipo
de servicio ofrecido, las empresas que conforman el ecosistema
Fintech argentino pueden agruparse en ocho categorías: Pagos
y transferencias, Préstamos, Servicios Fintech B2B, Inversiones,
Insurtech, Blockchain y Cryptomoneda, Financiamiento Colectivo
y Seguridad Informática. Incluso dicha Cámara destaca que la
inclusión financiera debe ser integral, sostenible, con bienes y ser-
vicios financieros útiles y usados, y deben brindarse de manera res-
ponsable (Accenture, Cámara Argentina de Fintech, 2018).
Otro gran concepto que ha tomado relevancia especialmente en
los últimos quince años, y que se caracteriza además por su mul-
tidimensionalidad y subjetividad es el de empoderamiento feme-
nino. Respecto a esto, consideramos que la definición de Rowlands
(1997) es la más pertinente; lo define como “Un potencial para ser
utilizado en la planeación del desarrollo de manera que garantice
que las necesidades de las mujeres sean abordadas” (García, A. F.
H., 2019). Este empoderamiento tiene relación con la superación de
los estereotipos de género que se encuentran arraigados en la socie-
dad, y que son las normas, valores, y creencias que se construyen
socialmente entre hombres y mujeres y que son compartidas por la

sociedad (Tomás Pérez, 2013).
Y no hay que perder de vista la conceptualización de la palabra
género, que se refiere a las diferencias sociales más que las biológi-
cas, entre hombres y mujeres, que han sido aprendidas, que cam-
bian con el paso del tiempo y son propias dentro de cada cultura.
Es por eso que el género, a diferencia del sexo, es una construcción
cultural, una categoría analítica que puede ser aplicada a todas las
áreas del desarrollo social, en lo político, económico, ambiental,
social, cultural e institucional (Tomás Pérez, 2013).
La importancia de centrarse en la mujer en el

mercado financiero
A lo largo de la historia y a través del tiempo se ha mantenido un

mismo fenómeno: la desigualdad de género. El mismo se evidencia
con los privilegios que tienen los hombres respecto de las mujeres a
través de mayores posibilidades y derechos, que históricamente se
le han negado al grupo femenino, y solo hace pocas décadas se han
comenzado a reconocer. Esta desigualdad se manifiesta por medio
de violencia, discriminación, sometimiento, opresión, subordi-
nación, desequilibrios de poderes entre ambos géneros y vulnera-
ción de derechos por parte de la sociedad, fundada en un sistema
hetero-patriarcal aún vigente. Estos sucesos en muchos casos están
directamente relacionados con el ámbito económico: la dificultad de
acceder a trabajos calificados, decentes y registrados, la existencia de
diferencias salariales, una mayor posibilidad de caer en la pobreza,
subrepresentación dentro de la sociedad, condicionamiento para
acceder a ciertos puestos dentro de la sociedad y abusos laborales.
En este contexto se continúa perpetuando la violencia y la

desigualdad de género, las mujeres continúan siendo discrimina-
das y luchan día a día con las dificultades para que se les reconozcan
sus derechos, buscando obtener los mismos beneficios que los hom-
bres y llegar así a un cierto nivel de bienestar, tanto propio como de
sus familias. Si bien toda persona lucha por sus derechos y busca
mejorar su bienestar, para el género femenino esta lucha cuesta el
doble. Es necesario reconocer la importancia de la situación espe-
cífica de las mujeres al hablar de inclusión financiera, debido a la
gran brecha entre hombres y mujeres respecto al uso y acceso de
servicios financieros.
Si bien tener en cuenta a las mujeres en la inclusión financiera
no asegura la eliminación completa de la desigualdad de género, sin
duda ayudará a que este grupo de la población pueda mejorar su
bienestar, junto con el de sus familias y de la sociedad de la cual for-
man parte, permitiendo además la posibilidad de independizarse
y empoderarse, y en muchos casos salir de situaciones de violen-
cia y sometimiento familiares o laborales. Esto se lograría con una
educación financiera y una cartera de bienes y servicios financieros
orientados al sector femenino, garantizándole que estos sean efec-
tivos y seguros, permitiéndole así crecer económicamente, contro-
lar sus finanzas y lograr un bienestar superior.
Es importante destacar que las mujeres tienen mayores posibi-
lidades de caer en la pobreza que los hombres, y esto ha sido verifi-
cado mundialmente con un análisis de datos de una encuesta en más
de 98 países en el año 2017 por parte de ONU Mujeres y del Banco
Mundial. Esto se da especialmente dentro de los 20 y 34 años, lo cual
coincide con las edades reproductivas, momento de la vida en el que
muchas abandonan el mercado laboral y toman a cargo las tareas del
hogar. Además, si observamos la participación de hombres y mujeres

por sector de actividad, observamos que la actividad en que más se
ocupan las mujeres es como personal doméstico, siendo esta de baja
productividad y nivel de remuneración, y generalmente radicada en
el ámbito informal. Esto perpetúa la tendencia a la pobreza por parte
del grupo femenino, que termina alejado del sistema financiero. Se
fundamenta así la importancia de aumentar el acceso a productos
y servicios financieros de buena calidad a personas en condiciones
de vulnerabilidad para lograr un crecimiento inclusivo y reducir la
pobreza, permitiendo al género femenino la posibilidad de participar
en el sistema financiero, ahorrar y además invertir en algún proyecto
productivo o negocio, en la educación de los hijos y/o en el mejora-
miento del hogar (Castillo, 2018).
Con una educación financiera que considere explícitamente a
las mujeres, y con un buen sistema jurídico y tecnológico, que garan-
tice la seguridad del sistema financiero, se lograría un camino hacia
el progreso social. El importante papel de las mujeres se funda no
solo en su gran participación en el porcentaje de la población, sino
también en su perfil más responsable, comprometido y leal frente
a sus obligaciones en la vida diaria, y también frente a entidades de
crédito, y al aprovechamiento que estas realizan en las pocas opor-
tunidades de acceso al crédito que obtienen. De hecho, un estudio
realizado por el Banco Mundial de Mujeres (2016) ha demostrado
que si los bancos ofrecieran créditos a las mujeres de bajos recursos
y estas los tomaran, el PBI per cápita mundial podría aumentar un
12% para el año 2030.
Como última razón de la importancia del género femenino,
consideramos relevante mencionar que, de acuerdo con un estudio
realizado por Harvard Business Review (Silverstein y Sayre, 2009),
las mujeres realizan o tienen una importante influencia en el 94%

de las decisiones de compra de muebles de hogar, 92% de las vaca-
ciones, 91% de una vivienda, 60% de un automóvil y 51% de pro-
ductos electrónicos. Esto quiere decir que participan activamente
e incluso realizan por su cuenta la mayoría de las adquisiciones de
la unidad familiar. Es debido a esto que es muy beneficioso para la
economía considerar especialmente a la mujer para impulsar un
mejor acceso y uso de productos y servicios financieros que con-
templen pago, financiación y ahorro.
Estado actual y barreras a la inclusión financiera de Argentina
Argentina enfrenta importantes desafíos en materia de inclusión

financiera, que se ven profundamente vinculados con diversas
problemáticas macroeconómicas y estructurales que obstruyen el
camino hacia una sociedad más digitalizada e inclusiva. Uno de los
principales desafíos que el sistema financiero presenta es el bajo
nivel de profundidad comparado con otros países, que asciende a
tan solo un 15% del PBI (BCRA, 2019).
En lo que refiere al uso de servicios financieros, el porcentaje
de adultos que posee al menos una cuenta bancaria alcanza el 80,4%
(datos a marzo de 2018, según Informe de Inclusión Financiera,
BCRA, 2020), lo que evidencia un alto nivel de bancarización. Sin
embargo, el problema radica en que la población mayormente no le
da uso y extrae el dinero por un cajero, sin tener más relación con
su banco, generando un uso deficitario de los servicios y productos
financieros disponibles.
A raíz de una encuesta de medición de capacidades financie-
ras realizada por el Banco Central de la República Argentina en
conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina, relevada

en 2017, se verificó la falta de participación de las mujeres en el sis-
tema financiero, advirtiéndose que solo el 48% de las mujeres tie-
nen financiamiento a través del mismo. En dicho estudio también
se observó que solo un 26% de las mujeres ahorraron en dicho año,
y que más de la mitad de quienes ahorraron lo han hecho fuera del
sistema financiero, y las causas se hallan principalmente en sus
bajos ingresos, falta de educación financiera y falta de oportunida-
des en comparación con los hombres.
Por otra parte, a partir de los datos brindados por el Informe de
Inclusión Financiera (IIF) referidos a julio de 2020 respecto a las
brechas de género, podemos obtener el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Brechas de género respecto al porcentaje de deudores en los

distintos grupos de proveedores.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos a junio de 2020 del IIF.
Este gráfico muestra que, en lo relacionado al porcentaje de deu-

dores en el sistema financiero, existe una brecha que asciende a 3,8
puntos porcentuales, pero que obedece principalmente a los bancos
privados (4,3pp), ya que los bancos públicos cuentan incluso con un
porcentaje mayor de financiamiento a mujeres que a hombres. Pero
el mayor problema radica en los niveles de financiamiento a cada
grupo, como puede verse en el siguiente gráfico, donde la brecha es

mucho más significativa:
Gráfico 2. Promedio en los distintos grupos de proveedores. Junio 2020.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos a junio de 2020 del IIF.
Respecto al saldo promedio, es evidente que los hombres cuen-

tan con un acceso al crédito mucho más amplio, donde la brecha
asciende a 30,8 pp, y se ve con mayor intensidad dentro de los ban-
cos públicos, donde las mujeres se ven afectadas negativamente en
sus posibilidades de acceder a financiamiento, con una desigualdad
respecto a los hombres que alcanza los 41,1 pp. Esto se ve relacio-
nado además con la brecha de ingresos entre hombres y mujeres:
a nivel nacional en promedio el sexo femenino tiene un ingreso
que representa el 70% del ingreso de los hombres. Por otra parte,
la existencia de un mayor desempleo en detrimento de las mujeres
intensifica la brecha.
Por otro lado, también es preocupante la limitación tecnoló-
gica que enfrenta nuestro país, plasmada tanto en lo que respecta
a conectividad a Internet, ya que existen zonas en las que no hay
acceso a Internet, como en la escasa o nula posesión de dispositivos
tecnológicos. En este contexto, queda en evidencia que los sectores
de bajos ingresos son los más perjudicados, observando un acceso

desigual a lo largo de todo el país a la infraestructura digital. Otra
problemática está relacionada con la falta de conocimientos y
habilidades digitales y financieras por parte de la población, pues
muchos habitantes plantean desconfianza hacia el uso de las mis-
mas por ignorancia respecto a su correcta utilización.
En relación a esto, el desarrollo de las Fintech es especialmente
clave para aquellas zonas en las que los puntos de acceso y los
canales presenciales de la banca tradicional no llegan, pero que sí
poseen conectividad a Internet. Las Fintech se están convirtiendo
en un actor social crucial al ofrecer acceso a crédito, financiamiento
y educación financiera para los segmentos no bancarizados y semi
bancarizados de la población.
Para el año 2020 se identificaron 133 Fintech que operan den-
tro del ecosistema argentino, especialmente nacionales. El eco-
sistema se encuentra en un proceso de crecimiento y expansión,
marcado por la adopción de nuevas tecnologías y la digitaliza-
ción, que cobra fuerza en el país. La mayor concentración de estas
compañías se encuentra en la provincia de Buenos Aires con 108
empresas, representando el 81,12% del ecosistema. El resto está
radicado en tan solo cinco provincias: Mendoza, Córdoba, Jujuy,
Tucumán y Santa Fe, lo que denota las grandes posibilidades de
desarrollo y ampliación a futuro. Otra característica es que el 69%
de las Fintech en Argentina se crearon en los últimos cinco años
(Alonso, 2020).
Dentro de la Cámara Argentina de Fintech nos encontramos
con la iniciativa “Mujeres Fintech” que busca conectar a más muje-
res con el ecosistema y generar una industria diversa e inclusiva. De
acuerdo con participantes del ecosistema Fintech, el aporte de más
mujeres en la creación y operatividad de las plataformas permite

generar empresas más democráticas, con una atención especial a
los grupos que tradicionalmente han sido desatendidos en materia
de inclusión financiera. Es necesario que las mujeres comiencen a
involucrarse en campos como la informática y la ciencia de datos,
logrando que los algoritmos utilizados para préstamos de crédito
eliminen el sesgo y la brecha de género existente.
Más allá de todo esto, y volviendo al sector público, no hay que
olvidar que un gran problema de trasfondo que tiene la Argentina
y que venimos acarreando desde hace ya varias décadas, es el alto
nivel de economía informal, el cual influye directamente en la pro-
moción de inclusión financiera. Según los datos del INDEC, en 2019
esta informalidad ascendía a un 34,2%, y se cree que en realidad
podría llegar a ser mucho más que lo estimado. El problema está en
que muchas de las políticas en materia de inclusión financiera se
dirigen a quienes se encuentran en el mercado formal, excluyendo
a una gran parte de la población, que es justamente el sector más
vulnerable, formado por un porcentaje importante de mujeres, en
el cual debería hacerse más hincapié. Afortunadamente, las empre-
sas Fintech son una gran solución parcial para aquellos marginados
que no tienen oportunidad en el sistema financiero tradicional.
Yendo más lejos aun, las problemáticas estructurales de
Argentina en relación con su deficitario sistema fiscal, conjunta-
mente con un sistema jurídico con normas mal diseñadas, y con
fallas en la aplicación de controles, generan un gran freno al cre-
cimiento económico y al desarrollo de las empresas, repercutiendo
también en el nivel de empleo y crecimiento de la economía for-
mal, lo que nuevamente perjudica a la inclusión financiera, donde
la brecha de género se verifica en todas estas aristas.
El sistema tributario argentino cuenta con un elevado nivel

de presión tributaria, alta inequidad y gran presencia de tributos
altamente distorsivos, junto con una densa complejidad tributaria.
Como bien la historia nos muestra, esto es un problema estructu-
ral del financiamiento del sector público, caracterizado por la falta
de una estructura recaudatoria permanente y estable a lo largo del
tiempo, lo que explica los desequilibrios y los sustanciales aumen-
tos en la presión tributaria argentina. Todo esto genera grandes
déficits fiscales, y se evidencia el notorio ahogamiento que sufren
las empresas, que frena su crecimiento y el de toda la población, al
tiempo que perpetúa su funcionamiento en la economía informal.
Los impuestos están castigando la inversión por varias vías,
reduciendo los márgenes de rentabilidad y el ahorro, que es fuente
de futuras inversiones. De acuerdo a un informe de Data Driven
Argentina, realizado en base a datos del Banco Mundial y PWC,
los impuestos que gravan a las empresas colocan al país en una
situación única: en Argentina, la presión impositiva a la producción
es la mayor respecto a todas las economías relevantes del planeta.
Como se mencionó anteriormente, las instituciones jurídicas
también atañen a la inclusión financiera y funcionan como límite
a la misma, y esto se ve especialmente en el género femenino. De
acuerdo a esto, el Fondo Monetario Internacional en 2018 realizó
una investigación sobre inclusión financiera de mujeres mediante
una encuesta a mil personas en 140 países diferentes, y concluyó
que aquellas mujeres que viven en países que cuentan con mayor
protección jurídica tienen más probabilidades financieras, tanto al
momento de abrir una cuenta bancaria, como de pedir préstamos y
ahorrar, y como sabemos esta inclusión impulsa a la economía en
general. Por ello es necesario generar avances en nuestra estructura
jurídica, ya que es claro y reconocido mundialmente el deficiente

sistema jurídico con el que contamos. Falta un mecanismo que per-
mita crear una estructura jurídica eficaz para apoyar el empodera-
miento de las mujeres, y no solo en relación a la inclusión financiera
(FMI, 2019). De acuerdo con el Banco Mundial (2018), los países que
han logrado más avances con miras a la inclusión financiera son
los que han creado un entorno normativo y reglamentario propicio.
Pero no todo es negativo, ya que nuestro país ha demostrado
su preocupación por la inclusión financiera a través de distintas
iniciativas, especialmente a partir de 2015, que es cuando se deter-
minó que la inclusión financiera es un factor que propicia siete de
los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones
Unidas, 2015). Entre estas iniciativas podemos mencionar las medi-
das tomadas por el BCRA a fin de fomentar la inclusión financiera,
como ser cajas de ahorro gratuitas y para menores, apertura y cie-
rre de cuentas de forma no presencial, regulación de corresponsales
no bancarios y de cajeros neutrales, así como de las tasas de inter-
cambio y del plazo de pago a comercios, transferencias gratuitas y
creación de la Plataforma de Pagos Móviles, regulación del Código
QR, promoción de la educación financiera, creación del alias CBU y
del Código Virtual Uniforme, la obligatoriedad de las cuentas sueldo,
entre otros.
Otro dato no menor es que Argentina cuenta con el Consejo
de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF), creado por
Resolución 121/17 y que fue relanzado en septiembre de 2020, apro-
bando en conjunto la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF), que sirve como mapa para orientar las políticas públicas
vinculadas al tema. Y si bien en el pasado ya se habían realizado
avances, esta nueva ENIF 2020-2023 tiene la particularidad de que
por primera vez se tienen en cuenta los grupos sociales vulnera-

bles, de los que las mujeres indudablemente forman parte. Esto
genera grandes esperanzas a futuro, siendo los dos años siguientes
claves para Argentina si las políticas públicas en materia de inclu-
sión financiera que fueron diseñadas por el CCIF en conjunto con
el Ministerio de Economía de la Nación se llevan a cabo con éxito.
Experiencia internacional
Alrededor de todo el mundo, la política más difundida y aplicada

para lograr la inclusión financiera la constituyen los microcréditos,
a través de los cuales se otorgan préstamos de cantidad reducida de
dinero a personas con bajos ingresos que, por lo general, carecen de
empleo formal y de garantía económica, ayudándolas a que puedan
invertir el dinero en sus emprendimientos productivos.
Se considera que los microcréditos modernos comenza-
ron a tomar mayor relevancia a raíz de los lanzados por el Banco
Grameen, fundado en 1983 por Muhammad Yunus en Bangladés.
Yunus y el Banco fueron galardonados con un premio Nobel de la
Paz en el año 2006. El economista y líder social afirmó en dicho año
que el dinero que llegaba a las familias a través de las mujeres se tra-
ducía en muchísimo más beneficio que la misma cantidad de dinero
llegada a través de los hombres (García, 2019). Así se fundamenta
que desde los primeros años el banco ha otorgado la mayoría de sus
microcréditos a mujeres de zonas rurales, para que estas puedan
utilizarlos en sus propios negocios y proyectos, y puedan manejarse
de manera independiente, dándoles la oportunidad de generar más
dinero y cubrir sus deudas con creces, logrando que grandes grupos
de la población puedan salir de la pobreza.
Una medida puntual de inclusión financiera que considera a las

mujeres la vemos plasmada en el caso de Bolivia, donde radica la
Institución Financiera de Desarrollo CRECER, la cual, bajo un enfo-
que de género, brinda servicios financieros principalmente a muje-
res de bajos recursos (CAF, 2018). Cabe destacar que no solo otorga
créditos, posibilidades de ahorro y otros bienes y servicios finan-
cieros, sino que en adición a esto brinda servicios de desarrollo por
medio de acceso a la educación y a la salud, logrando así un grado de
desarrollo y crecimiento económico en los distintos departamentos
en los que trabaja.
A su vez, la IFD CRECER colabora junto con Tigo Bolivia
—empresa de telefonía móvil— en su programa “Mujeres
conectadas”, que tiene como objetivo incorporar a las mujeres,
principalmente a las de áreas rurales, a las nuevas tecnologías a
través de una capacitación y educación digital, para enseñarles
acerca del uso de Internet, correos electrónicos, billeteras elec-
trónicas, etc. El objetivo de la institución financiera en Bolivia
no está fijado en el retorno del dinero, sino más bien en brindar-
les a las mujeres la posibilidad de invertirlo en educación, capa-
citación, salud, alimentación, vivienda e incluso la posibilidad
de invertirlo en nuevos emprendimientos o aquellos que ya se
encuentran en marcha, logrando mejorar la calidad de vida de
cada mujer y de sus familias.
Por otro lado, en México nos encontramos con el Banco
Compartamos México, el cual tiene entre sus servicios el Crédito
Mujer, destinado exclusivamente a aquellas que deseen ampliar
o comenzar su negocio, otorgando a grupos integrados por un
mínimo de diez mujeres emprendedoras un monto de dinero para
que puedan llevar a cabo sus inversiones.
Cabe destacar que es muy importante y necesario que los pro-

gramas de microcréditos alrededor del mundo sean acompañados
de educación financiera a sus usuarios y buena atención al cliente,
para que así estos puedan invertir su dinero de la mejor manera y
obtener la mayor rentabilidad, ya que, de no ser así, es posible que
continúen en la pobreza, y se ven imposibilitados su crecimiento y
el mejoramiento de la calidad de vida.
En lo que respecta a las Fintech, los resultados de una encuesta
realizada por el Banco Internacional de Desarrollo en conjunto con
Finnovista —una empresa que opera alrededor de todo el mundo—
arroja que aproximadamente un 35% de las Fintech en América
Latina tienen a una mujer dentro del equipo fundador; esto es
muy positivo teniendo en cuenta que el promedio mundial es
estimativamente de un 7%. Por otra parte, México, Colombia y Brasil
son los países latinoamericanos con la mayoría de Fintech fundadas
por mujeres, con el 31%, el 14% y el 12% del total de América Latina,
respectivamente (BID y Finnovista, 2018).
También se verificó que un 38% de las empresas que tienen muje-
res en sus equipos fundadores toman medidas que apuntan a lograr
una inclusión financiera, atendiendo a pymes y clientes que son poco
tenidos en cuenta por el sistema financiero, en comparación con las
empresas cuyos fundadores son hombres, de las cuales solo un 31%
toman políticas relacionadas al tema. Debido a esto el hecho de que
mujeres asuman altos cargos y se involucren en las empresas Fintech
favorece el logro de una inclusión financiera más igualitaria.
Al momento de brindar bienes y servicios financieros a muje-
res, uno de los casos de éxito respecto al abordaje de la perspectiva
de género es la compañía colombiana Sempli, la cual a través del cré-
dito “Más mujeres Sempli” brinda préstamos totalmente digitales
dirigidos a mujeres emprendedoras. Esto genera en la población

femenina no solo la oportunidad de acceder a créditos para realizar
inversiones en sus negocios, sino también la posibilidad de operar
en el sistema financiero digital. Medidas de esta índole muestran un
avance importante en materia de inclusión financiera, permitiendo
a mujeres emprendedoras, en muchos casos de bajos recursos y que
pueden no tener acceso a la banca tradicional, la oportunidad de
participar en el sistema financiero.
Propuestas
Para lograr un efectivo acceso universal e igualitario de bienes y

servicios financieros por parte de toda la población, de una manera
segura y eficiente y que, a su vez, esto contribuya a alcanzar una
igualdad de género, es necesario que se apliquen medidas y políti-
cas destinadas al género femenino, mejorando así la calidad de vida
de las mujeres, su familia y de toda la población. Es por esto, que en
pos de lograrlo proponemos las siguientes políticas estatales:
Centros estatales de atención financiera a mujeres.
Garantizar el funcionamiento de establecimientos u oficinas a lo
largo de todo el país que atiendan a mujeres en lo atinente a inclu-
sión y educación financiera. Si bien hay mucha información acerca
del sistema financiero, muchas mujeres no acceden a la misma por
falta de Internet, desconocimiento, o por no estar incluidas en la
economía formal. Sería útil que esta información fuera acercada a
estos grupos más vulnerables por medio de publicidades en vecin-
darios cercanos, números de teléfono, folletería en barrios de bajos
recursos, para que pudieran tomar conocimiento de que cuentan
con ayuda y posibilidades de crecimiento financiero. Una forma de
hacerles llegar la información disponible podría ser, por ejemplo,

a través de ANSES, adonde concurren muchas mujeres para soli-
citar subsidios de desempleo u otros beneficios. En sus sucursales
podrían adjudicarse microcréditos y opciones de ahorro, se podría
brindar información y educación financiera, conocimiento sobre
las distintas posibilidades de financiamiento que existen y ayudar-
las a tomar decisiones en función de la situación de cada una, acceso
a tecnología en el establecimiento para realizar trámites financie-
ros digitales, entre otros.
Microcréditos. Es fundamental que exista financiamiento
destinado exclusivamente a mujeres, que considere la situación
económica de cada una, y también sus situaciones de vida para
ofrecer un crédito, teniendo en cuenta que son un grupo vulne-
rable. De tal manera, los créditos podrían entregarse teniendo en
cuenta: actividad realizada por la beneficiaria —ya sea que actúe
en el mercado formal o informal laboral—, composición de su
familia, obligaciones a cargo, si es emprendedora, el destino que le
dará al monto recibido, etc. Conforme a esto, se lograría determi-
nar el crédito que la misma podría solventar y que le ayudaría de
acuerdo a sus necesidades.
Por otra parte, en esta área serían pertinentes alternativas a
las garantías tradicionales que se suelen pedir, buscando resolver
el problema de información asimétrica mediante el uso de infor-
mación de las redes sociales de las mujeres y la frecuencia de los
medios de pago de los servicios básicos, entre otros, que pueden
servir para conocer la reputación del acreditado y ayudar a mitigar
cuestiones de selección adversa.
Entrada de inversiones y marco regulatorio para las Fintech.
Como ya hemos desarrollado anteriormente, las empresas Fintech
cuentan con un gran potencial para resolver muchas de las barre-

ras a la inclusión financiera. Es por esto que por parte del Estado
es crucial promover la instalación y creación de estas empresas en
todo el país; esto generaría aumentos en los servicios financieros
y ayudaría a la inclusión financiera de la mujer. Es el Estado quien
debe crear un ambiente propicio para la entrada de inversiones que
va a permitir el desarrollo de las nuevas empresas Fintech, ya que
al día de la fecha muchas provincias se encuentran desprovistas
de este servicio. Y por sobre todo, es necesario que cada vez más
mujeres estén inmersas en el mundo de las finanzas digitales, como
clientes, proveedoras y fundadoras de los mismos. Por su parte,
para lograr una inclusión financiera con perspectiva de género, es
necesario que las mujeres formen parte de los equipos que aplica-
rán y diseñarán las distintas políticas a llevar a cabo. También es
importante que se realicen estudios, analizando así la situación de
las mujeres a lo largo de todo el país, sus necesidades financieras
y también sociales. Por otro lado, es imperioso en materia jurí-
dica que las autoridades regulen la labor de las Fintech, generando
incentivos a su desarrollo y expansión.
Crear incentivos para el uso de pagos electrónicos. Debido
a que las mujeres son las que participan más activamente en las
decisiones de compra de la unidad familiar, resulta imprescindi-
ble que exista una oferta de pagos digitales en todos los comercios,
por lo que es necesario generar incentivos, tanto a comerciantes
como compradores, para utilizar estos medios en vez del pago
convencional en efectivo. Promover el uso de las billeteras vir-
tuales, como ser las empresas Fintech MercadoPago o Ualá, entre
otras, así como otorgar subsidios y reducciones de cargas fisca-
les son grandes oportunidades que permitirán expandir el uso de
pagos electrónicos en detrimento del efectivo. La elevada pene-

tración de la telefonía móvil y la falta de inversión en el sector de
las telecomunicaciones indican que existe un amplio margen de
mejora. Esta política claramente tiene que ir en consonancia con
una formalización de la economía, ya que es más difícil respecto
de la población que opera en el mercado informal lograr y garan-
tizar la utilización de los mismos.
Creación de una ley de bancarización digital integral. Para
garantizar la inclusión financiera es necesario que la misma se
encuentre respaldada dentro de una misma norma integral y explí-
cita que forme parte del sistema normativo de nuestro país, garan-
tizando seguridad, respaldo jurídico e información completa y
uniforme a los usuarios de bienes y servicios financieros.
No hay que dejar pasar por alto al momento de diseñar y aplicar pro-
puestas o planes que Argentina es un país muy extenso, donde con-
fluyen muchas zonas geográficas y económicas totalmente distintas
entre sí, de manera tal que, para hablar de inclusión financiera, es
necesario que el sistema financiero sea llevado a las distintas partes
del país de manera adaptada a las distintas culturas y economías.
Es difícil pensar en un sistema financiero que beneficie e
incluya a toda la población, cuando hay muchas comunidades y gru-
pos de personas que no poseen Internet ni servicios básicos, como
agua potable, desagües cloacales, electricidad y gas. A su vez, esta
situación está ligada a la pobreza, y antes de considerar el acceso
a los servicios financieros por parte de esta población se requiere
garantizar el acceso a dichos servicios básicos y primordiales para
el desarrollo y bienestar general.
Conclusiones
Cada vez más la inclusión financiera se destaca como una priori-

dad en materia de desarrollo. Esto es así debido a la gran influencia
que tiene el mismo en la disminución de la pobreza y el crecimiento
de la población. Es por esto que en las últimas décadas Argentina
ha incorporado a su agenda de gobierno esta temática y realizado
diversas políticas públicas; demostrando su preocupación por la
inclusión financiera, ha creado el Consejo de Coordinación de la
Inclusión Financiera en 2017.
Por otro lado, a lo largo del ensayo se ha demostrado la impor-
tancia que tiene la inclusión financiera en el empoderamiento de
la mujer, y dicho empoderamiento para el desarrollo de un país.
Esto demuestra la necesidad de llevar a cabo políticas de inclusión
financiera con perspectiva de género, debido a las vulnerabilidades
y desigualdades a las que se encuentran sometidas las mujeres en la
sociedad, siendo a su vez las más comprometidas en lograr la inde-
pendencia y el desarrollo del país.
Sin embargo, a pesar de los avances científicos y de los esfuerzos
realizados, quedan grandes desafíos en materia de inclusión finan-
ciera, así como de eliminación de las brechas de género y obtención
de igualdad de oportunidades en el mercado. Las barreras a las que
se encuentra sometida Argentina son diversas y numerosas, y se
deben solucionar varios problemas macroeconómicos y estructura-
les de trasfondo para permitir realmente una inclusión financiera
equitativa y universal.
Por ello es que podemos decir que la falta de inclusión finan-
ciera no proviene de un único hecho, sino de una conjunción de
los mismos; pueden mencionarse la informalidad del mercado
laboral de un 34,2% (INDEC, 2019) que impacta principalmente

en las mujeres, el bajo nivel de profundidad financiera respecto
de otros países, la falta de políticas efectivas que generen interés
por parte de los oferentes bancarios por los segmentos de meno-
res ingresos y grupos vulnerables, y el alto grado de desconfianza
por parte de los argentinos en el sistema bancario. Por otra
parte, contar con un sistema tributario tan segmentado, ines-
table e ineficiente como el argentino, así como la falta de regu-
laciones e instituciones jurídicas sólidas y eficientes impactan
negativamente en la inclusión financiera. No es un tema menor
que a este contexto se le agrega una inestabilidad no solo macro-
económica y financiera, sino tambien cambiaria, que afecta
directamente el uso de instrumentos financieros de largo plazo, y
generan una aversión al riesgo y desconfianza en la moneda local
que induce a la utilización de formas de ahorro de baja rentabi-
lidad, así como un desaliento en la inversión. En adición a todo
esto, la alta inflación a su vez desalienta el desarrollo del sistema
financiero y junto con ello de la inclusión financiera. En este con-
texto, hasta los más efectivos programas de educación e inclusión
financiera pueden fracasar.
Es por esto que la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera
2020-2023, si bien promete hacer grandes cosas en pos de lograr
una mayor inclusión financiera, debe venir acompañada de un plan
económico integral para todo el territorio argentino, que considere
las desigualdades de género y apunte a la estabilización económica
a largo plazo, permitiendo así una recuperación de la confianza de
las personas en el sistema financiero y un mayor desarrollo econó-
mico y financiero futuro, en consonancia con una disminución de
las brechas de género.
Asimismo, no hay que dejar de lado que, en esta época de digi-

talización de las cosas, apuntar al desarrollo de la industria finan-
ciera digital de la mano de las Fintech generará grandes avances en
materia financiera, debido a que son claves en la provisión de pro-
ductos y servicios financieros a sectores desatendidos por la banca
tradicional. Las Fintech hacen posible “servir a un mayor volumen
de consumidores de bajo valor, en lugar de lo que hacen los ban-
cos, que es servir a un volumen bajo de consumidores de alto valor”
(Alonso, J. C., y Perossa, M. L., 2020).
Pero no todo se encuentra resuelto en estas compañías, ya que
es necesario que las mismas empiecen a contar con una política de
género explícitamente definida para conformar los equipos de tra-
bajo, ya que el 84% de las mismas no la tienen. Tener un equipo
diverso dentro de las Fintech podría llegar a ser muy provechoso, ya
sea para alcanzar nuevos clientes, para la dinámica laboral, y ade-
más para la diversidad de ideas y conocimientos, pudiendo repercu-
tir significativamente en los resultados alcanzados por las empresas
(Cámara Argentina de Fintech, 2019). Por otra parte, solo el 6% de
las Fintech argentinas manifiesta tener productos específicos para
mujeres, por lo que es necesario avanzar en ello también.
El sector Fintech, por su carácter innovador, tiene la llave para
derribar barreras en materia de discriminación y desigualdad de
género. La clave reside en la apuesta por la meritocracia al momento
de ocupar puestos directivos y de responsabilidad en las mismas,
así como estimular a la mujer a que se involucre en el mundo de las
finanzas digitales. Igualar la participación de la mujer en la indus-
tria tecnológica y en las Fintech representa uno de los desafíos más
grandes para los próximos años, y las nuevas generaciones están
liderando este cambio.
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130
Fintech para agricultura familiar.
Productores hortícolas platenses,
problemáticas y posibilidades de
financiación en la actualidad
Jesica Anabella Paredes
1. Introducción y objetivos
Este trabajo va a estar enfocado en fomentar la inclusión financiera

para productores hortícolas del cinturón verde de La Plata.
Este sector presenta desventajas para poder obtener finan-
ciamiento. Uno de los mayores obstáculos es la falta de condicio-
nes formales para recibir créditos, tiene crecientes dificultades
para el acceso a las fuentes de financiamiento, limitando sus
posibilidades de continuidad o crecimiento productivo. Ante
este problema, algunos agricultores familiares recurren casi
exclusivamente al ahorro que se puede generar en los momentos
de buena producción y/o precios. Los que no pueden autofinan-
ciarse acuden a las fuentes informales de crédito (acopiadores,
intermediarios, prestamistas, etc.) en condiciones desventajosas
(Fernández, 2018).
131
Solo el 18,64% de los horticultores de la provincia de Buenos

Aires tienen financiamiento y de los que pudieron financiarse el
73,60% lo hizo en sistemas no bancarizados como prestamistas,
proveedores de insumos (CHB, 2005).
El sector de los productores hortícolas del cinturón verde de La
Plata abarca la zona oeste de Olmos, Etcheverry, Romero y Abasto
(70%), se amplía hacia Arana, Parque Pereyra, el sector sur del par-
tido y Gorina hacia el norte. En el Censo HortiFlorícola de Buenos
Aires (CHB, 2005) se estimó que esta zona tiene una producción
anual promedio de 75.000 toneladas. Es una de las principales
regiones abastecedoras de la ciudad de Buenos Aires y el conur-
bano: alrededor del 60% de los productos frescos que se consumen
proviene de la región productiva de La Plata (Villulla, 2006).
Este sector cuenta con infinitas riquezas, pero también con
muchas problemáticas; es necesario mejorar las condiciones de los
productores desde varios aspectos: económico, laboral, medioam-
biental y de salud.
La inclusión financiera es clave para poder generar oportu-
nidades y el desarrollo de la comunidad. Financiar con créditos a
personas de bajos recursos o de economía informal demostró bue-
nos resultados. Podemos encontrar modelos exitosos como el de
Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, fundador de Banco
Grameen y desarrollador del concepto de microcrédito.
Tomando en cuenta lo planteado hasta este momento, nos pre-
guntamos entonces: ¿se puede mejorar el acceso al financiamiento
para los productores hortícolas platenses?
El objetivo general del siguiente trabajo está enfocado en
mejorar el acceso al financiamiento para el sector hortícola
platense, mediante el desarrollo de una Fintech que otorgue
Jesica Anabella Paredes | 133
préstamos destinados a los productores hortícolas del cinturón

verde de La Plata.
• Fomentar la inclusión financiera: lograr el acceso a servicios
financieros (préstamos) que resulten útiles para satisfacer sus
necesidades, provistos de manera sustentable y responsable.
• Fomentar su educación financiera: lograr que obtengan
conocimientos y herramientas financieras para desarrollar
sus actividades.
2. Marco teórico acerca de las posibilidades de financiación para

la agricultura familiar en el sector de la horticultura platense
2.1. Ubicación y formación de la zona de los productores

hortícolas platenses
La conformación histórica de la región hortícola platense (García y

Lemmi, 2011) se inicia de manera planificada y luego se extiende en
la década del cincuenta como parte de la migración italiana. Luego,
con la aparición de nuevas tecnologías (el invernáculo) y un nuevo
sujeto (el horticultor boliviano) a partir de la década del noventa. Las
múltiples influencias sociales, políticas e históricas responden a que
La Plata es el área más desarrollada del cinturón verde bonaerense.
La primera manifestación de la horticultura en Argentina fue-
ron las huertas, pequeños lotes de tierra contiguos a las casas que
servían para autoabastecerse y venver los excedentes. Con el capi-
talismo y el crecimiento del mercado interno, en el siglo XX el obje-
tivo principal pasa a ser la comercialización (García y Le Gall, 2009).
Así surgen las quintas, puramente empresariales, pronto requieren
más tierras y se colocan en las periferias de la urbe, conformando
los denominados cinturones verdes. Así nace el cinturón verde que

rodea a la ciudad de Buenos Aires, que abastece de verduras frescas
(Le Gall y García, 2010).
Figura N° 1. Ubicación del Cinturón Verde Bonaerense,
provincia de Buenos Aires (Argentina).
Fuente: Dirección Provincial de Desarrollo Rural,

Ministerio de Asuntos Agrarios (PBA).
Figura N° 2. Ubicación del Cinturón Hortícola de La Plata,

provincia de Buenos Aires (Argentina).
Fuente: Elaboración según mapas del Censo Hortiflorícola

de Buenos Aires, 2005.
2.2. Economía social y agricultura familiar
Es importante desarrollar los conceptos de economía social, popu-

lar y agricultura familiar para poder entender bien el sector que
estamos analizando.
Como menciona Coraggio (2013) la economía popular tiene
como base de organización económica las unidades domésticas,
básicamente los hogares y las comunidades. Su principal recurso es
el conjunto de capacidades de trabajo de sus miembros. Puede pasar
de un trabajo en relación de dependencia a múltiples emprendi-
mientos familiares o no familiares. La economía popular se enfoca
en acceder a medios de vida que les permitan resolver parte de sus
necesidades, desarrollar su potencial productivo y un nuevo tejido
social, hoy fragmentado por las políticas neoliberales.
“Hacer” Economía Social [y solidaria] es entonces un concepto

para la transición desde la periferia, que implica contribuir
conscientemente a desarticular las estructuras de reproducción
del capital y a construir un sector orgánico que provea a las nece-
sidades de todos con otros valores, institucionalizando nuevas
prácticas en medio de una lucha contrahegemónica, contra la
civilización capitalista, que afirme otro concepto de la justicia
social, que combine el mercado regulado con otros mecanismos
de coordinación de las iniciativas, que pugne por redirigir las
políticas estatales y en particular la producción de bienes públi-
cos, pero que —salvo excepciones puntuales— no puede por un
tiempo (que resulta muy largo para la sobrevivencia inmediata
pero corto para el largo período histórico) dejar de operar dentro
de la existente (Coraggio, 2013, 13).
Dentro de la economía social podemos encontrar la activi-

dad de la agricultura familiar,1 que se entiende como una “forma
de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal obje-
tivo la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”,
donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella
realizadas son hechas por individuos que mantienen entre sí lazos
de familiares; la mayor parte del trabajo es aportada por ellos, la
propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la
tierra) pertenece a la familia, y se realiza la transmisión de valo-
res, prácticas y experiencias. Dentro de esta definición deben estar
incluidos distintos conceptos: pequeño productor, minifundista,
campesino, chacarero, colono, mediero, productor familiar y tam-
bién los campesinos y productores rurales sin tierra y las comu-
nidades de pueblos originarios. Por último, la definición señala
que el concepto de agricultura familiar comprende las actividades
agrícolas, ganaderas o pecuarias, pesqueras, forestales, las de pro-
ducción agroindustrial y artesanal, así como las tradicionales de
recolección y el turismo rural.
A lo largo de la historia la concepción del término agricultura
familiar fue cambiando y junto a ello la forma en que la familia con-
cibe “hacer” la producción, que también merma con el tiempo, con
el contexto, con las posibilidades de cada familia y principalmente
por las necesidades de supervivencia de las mismas. Estos actores
que llevan adelante el proceso productivo tienen la denominación
de agricultores familiares. La agricultura familiar representa un
recurso significativo en la vida de la familia, un tipo de producción
en el cual la unidad doméstica y la productiva están físicamente
1 Concepto el definido por FONAF (2006). Federación de Organizaciones Nucleadas

de la Agricultura Familiar.
integradas y donde cada individuo de la familia contribuye a la

producción formando un colectivo de trabajo y aportando la frac-
ción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en el estableci-
miento (Montoya, 2015).
2.3. Microfinanzas y microcrédito rural en América Latina
La palabra microfinanzas se usa hace unas tres décadas. Comenzó

como una preocupación de donantes y de instituciones que fueron
llegando a la conclusión de que era necesario “enseñar a pescar más
que entregar peces”. Se quería llegar a los pobres de manera rápida,
con costos operacionales bajos y que pudieran tener resultados
efectivos. Se pensó que las instituciones de países en desarrollo
originadas en acciones de caridad serían rigurosas y capaces de
llegar a ser comercialmente exitosas. Instituciones que tienen en
su origen una preocupación social por la reducción de la pobreza
y no nacen como un nuevo nicho de la banca comercial. La esencia
del microcrédito consiste en prestar pequeños montos de crédito
a clientes pequeños, para que puedan mejorar sus negocios y sus
condiciones de vida.
Las organizaciones que atienden el microfinanciamiento en
América Latina actúan desde hace más de treinta años,2 y las que
atienden al sector de microempresas, ya sean urbanas o rurales,
desde hace más de cincuenta o setenta años3 dependiendo de los
2 En Brasil comenzaron a operar en 1973. En Asia fue el Grameen Bank de Bangladesh,

la institución que dio origen al auge del interés por este fenómeno antes que en Brasil.
3 Las instituciones que financian a microempresas han sido de origen estatal en
muchos países de América Latina, particularmente en la agricultura; también hay de
origen religioso, instituciones de caridad, ONG, sin fines de lucro, cuya motivación
es reducir la pobreza. Gente de países desarrollados que al tener contacto con la
pobreza en el Tercer Mundo han creado instituciones.
países. La práctica de las microfinanzas ha sido intensa en algunos

países más que en otros, como es el caso de América Central, de
Bolivia y Perú. No hay un registro sobre las estadísticas que permi-
tan tener una visión global.
Hay necesidad de mayor disponibilidad de servicios financie-
ros hacia los sectores más pobres, incluido el sector agrícola, en
el que una de las limitantes a su crecimiento es el menor acceso
a financiamiento. Enfrentan una serie de riesgos que hace que no
sean atendidos y esas razones han servido para justificar la inter-
vención pública, donantes internacionales o instituciones multila-
terales. En el crédito agrícola y, particularmente en el crédito hacia
las microempresas, se aprecia que:
• En ausencia de intervención del Estado se puede obtener un
equilibrio competitivo en el mercado del crédito con raciona-
miento y escasez (Stiglitz y Weiss, 1981).
• Mayor riesgo debido al costo de no tener información sobre
el prestatario, o que el costo de obtener la información sea muy
elevado (ej: mayor costo de cobranza).
• Los prestatarios pequeños tienen costos fijos similares a
los grandes y eso hace muy oneroso poder atender al cliente
pequeño (Evans, 1996).
• Una particularidad del sector rural son las distancias y difi-
cultades de comunicación que hacen más costoso el crédito por
unidad prestada (Acevedo, 2002).
• La ausencia de crédito puede inducir a un menor cam-
bio tecnológico, esencial para aumentar la productividad en
la agricultura y la única vía para generar mayores ingresos
en mediano plazo (Feder, Just, y Zilbermann, 1985 citado en
Griffith, 1995).
En la región, hay operando al menos tres tipos de instituciones:

1) de donantes privados o públicos (organismos multilaterales), 2)
con financiamiento público, como es el caso de la banca de desarrollo
(organismos agrupados en ALIDE) y 3) bancos comerciales.
Los criterios de éxito para las instituciones de microfinancia-
miento son tres:4
1) La sostenibilidad de las instituciones financieras. Si no
son comercialmente rentables, su viabilidad de mediano plazo es
incierta, ya que dependerían de la voluntad de los donantes y no del
éxito de la actividad económica. 2) La cobertura. Si las instituciones
pueden trabajar de manera exitosa con muy baja cobertura, no pro-
vocarían un impacto significativo. 3) Que apunten a los segmentos
más pobres de los sectores rurales.
Se utilizan estos criterios de éxito por dos razones: 1) la cober-
tura es para analizar si podrán tener algún impacto significativo
(puede ser muy eficiente y atender a cien usuarios; frente a la
necesidad de un millón, no tendrá ningún impacto. 2) En el caso
de la sostenibilidad es que sean políticas autosustentables, que no
dependan de las prioridades de los donantes, que pueden ser cam-
biantes y no generar efectos duraderos.
Además, hay que tener en cuenta:
• La equidad. No es justo prestar a clientes que no tendrán
capacidad de pago, su proyecto no es socialmente rentable; y no
permitirá prestar a otros.
• Instituciones creíbles, dispuestas a hacer efectiva la cobranza
por las deudas que han contraído, ya sea acudiendo a las garan-
tías o a los avales.
4 Estos criterios son comunes en la literatura de microfinanzas.

• Los niveles riesgo de su cartera son inferiores a los de

las instituciones públicas, fundamental para mantener la
rentabilidad.
• El mayor costo de las operaciones de microfinanzas se cobra
con intereses y/o comisiones más altos, lo que también se da
para el microcrédito agrícola.
• La ausencia de información contable o formal de los clientes
es reemplazada por técnicas como entrevistas con vecinos, pro-
veedores, clientes y prestamistas.
• La falta de garantías es suplida con garantías menos tradi-
cionales como electrodomésticos, tv, avales y, en algunos casos,
con créditos grupales.
• Los servicios financieros demandados van más allá de los
créditos. Hace a las instituciones más independientes de los
donantes y de los vaivenes políticos.
En cuanto a las características de los créditos la mayoría son de
corto plazo, para capital de trabajo. La decisión del crédito se basa
en el deudor y en la calidad de su proyecto más que en las garan-
tías. En cuatro de los cinco casos, se parte con montos pequeños, y
si el cumplimiento es bueno, se aumentan. La frecuencia de pagos
es corta, para hacer un adecuado seguimiento, en algunos casos
ajustándose al ciclo agrícola, en otros el pago se hace a la cose-
cha. Utilizan software especializados para el proceso de selección,
manejo y cobro de los créditos, que se han ido perfeccionando.
En la mayor parte de los casos, el ahorro de los clientes ha ido
en aumento, dentro de la institución financiera, respondiendo a la
necesidad de tener más servicios financieros y no solamente el cré-
dito. En cuatro de las cinco instituciones existen depósitos que han
ido en aumento, esto tiene efectos beneficiosos para el agricultor
debido a la facilidad de liquidación. En ninguno de los casos se exi-

gen como condición para la obtención de los préstamos.
En lo relacionado a los recursos humanos, están motivadas por
la misión social. Las que operan con éxito en el sector agrícola tienen
ejecutivos especializados en agricultura, lo que es básico para cono-
cer sus especificidades, poder hacer una evaluación, hacer averigua-
ciones locales de sus referencias comerciales y de proveedores, usar
información verbal, poder proyectar las necesidades del negocio,
tener una aproximación realista de los riesgos y examinar sus otras
fuentes de ingreso. En casos exitosos, hay incentivos a las remune-
raciones de bonos relacionados con metas individuales, grupales y
de la empresa, lo que redunda en un mejor desempeño del personal.
2.4. Proyecto de financiación para agricultura familiar
El denominado cinturón verde de La Plata y sus alrededores, como

comentamos anteriormente, es una de las principales regiones
abastecedoras de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El cinturón hortícola platense constituye el área productiva
más importante del Cinturón Verde Bonaerense con el 46,15% de
la superficie productiva total y el 25,15% de la superficie hortícola
total de la provincia de Buenos Aires. El 100% de la producción en
el partido tiene como destino el consumo en fresco, abasteciendo
de hortalizas frescas al área metropolitana en la que viven más
de 13 millones de habitantes. La lechuga es el cultivo que ocupa la
mayor superficie plantada. La variedad de productos en este par-
tido es muy amplia, superando los treinta tipos hortalizas cultiva-
das, entre ellas: apio, acelga, espinaca perejil y otras verduras de
hoja, en general (CHB, 2005).
El aporte que intenta realizar este trabajo es poder visualizar

las problemáticas del sector y exponer lo necesario que es el finan-
ciamiento para la agricultura familiar.
La mejor manera de realizarlo consideramos que es a través de
Crowdlending (plataformas de crédito, incluyendo préstamos entre
pares o peer to peer lending).
El ecosistema Fintech se duplicó en el año 2020 en compara-
ción al 2018 (BID/LAB 2020). Otros segmentos que han crecido son
los proveedores de servicios, entre los cuales encontramos a los
“Proveedores tecnológicos” y los “Servicios Fintech B2B”, los verti-
cales “Pagos digitales” y “Préstamos”.
El vertical de “Préstamos” continuó creciendo a pesar de un
contexto económico adverso con aumento de la morosidad, contrac-
ción del crédito y mayor dificultad para obtener financiamiento de
terceros. En relación con los horizontales, las Fintechs están con-
tribuyendo significativamente al proceso de inclusión y educación
financiera. Si bien los ratios clásicos de crédito/PBI y depósitos/PBI
siguen siendo muy bajos en Argentina en comparación con otros paí-
ses de la región, el aporte que hacen las Fintechs crece día a día.
La industria de préstamos Fintech presenta un rápido creci-
miento desde su surgimiento en 2005. El crecimiento del sector res-
ponde a que brinda una mejor experiencia de usuario, procesos de
evaluación de riesgos basados en el desarrollo tecnológico y moto-
res de cálculo robustos, y llegada a segmentos no bancarizados. La
industria cuenta con un alto grado de expansión, pero continúa
siendo pequeña en comparación con otros países y con el propio
sistema financiero local. Las empresas encuestadas afirman que el
crédito Fintech les ha permitido a individuos y empresas mejorar la
calidad de su acceso al crédito.
En Argentina, si bien en los últimos años tanto el BCRA, como la

CNV han emitido diversas regulaciones que impactan en la indus-
tria de servicios financieros, la mayoría de esas regulaciones no están
dirigidas específicamente a la industria Fintech sino que hacen foco
en el tipo de actividad (préstamos, intermediación financiera, segu-
ros, agentes de mercados de capitales, brokers, financiamiento colec-
tivo, etc.) sin discriminar si dicha actividad es efectuada a través de
plataformas digitales (universo Fintech) o si es efectuada por compa-
ñías tradicionales. Una de las excepciones en donde sí se ha visto una
regulación que hace foco en las Fintechs es en el segmento de medios
de pago, más concretamente en lo atinente a proveedores de servi-
cios de pago. Las perspectivas para los próximos tres años continúan
siendo positivas en lo atinente a disponibilidad de inversores, regu-
lación, soporte a Startups, mercado consumidor y capital humano.
Creemos que puede haber varias alternativas para mejorar las
problemáticas —que vamos a describir más adelante—, desde lo
financiero logrando que el crédito sea accesible sin tantos requisi-
tos formales. Por eso proponemos el desarrollo de una Fintech para
pequeños agricultores. Para mejorar su comercialización se puede
desarrollar una plataforma de mercado online en el que todos los
pequeños agricultores puedan registrarse y ofrecer sus productos,
de este modo pueden poner el precio de sus productos y el costo
del envío queda a cargo del comprador. Para minimizar el uso de
agrotóxicos pensamos en el desarrollo de una aplicación móvil en la
que puedan registrar los productos utilizados en sus plantaciones
y tener alarmas, recomendaciones y recordatorios de las acciones
a realizar. También debe ir acompañado de capacitaciones online
para que puedan ir mejorando su utilización y potenciar el empleo
de los productos agroecológicos.
3. El contexto de la agricultura familiar en la provincia

de Buenos Aires. Principales problemáticas de la
agricultura familiar
Analizando la AF en la provincia de Bueno Aires, se destaca el cin-

turón verde de La Plata y en el mismo se pueden observar varias
problemáticas. Vamos a comentar brevemente tres, que considera-
mos importante desarrollar: acceso al financiamiento, la comercia-
lización de sus productos y la utilización de la agroecología.
3.1. Financiamiento
Una problemática presente es el acceso a la financiación. Los agri-

cultores familiares tienen una clara desventaja para poder obtener
financiamiento. Uno de los mayores obstáculos es la falta de condi-
ciones formales para recibir préstamos.
Cuadro 1.1. Cantidad de EHFs, por actividad según hayan o no recibido

financiamiento externo.
Explotaciones Actividad
Total
Hortiflorícolas Horticultura Floricultura Mixta
Total provincia de Buenos Aires 3.856 2.934 848 74
Sin financiamiento 3.163 2.387 710 66
Con financiamiento 693 547 138 8
Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005.

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de
Economía Rural (DER).
Cuadro 1.2. Cantidad de EHFs que recibieron financiamiento,

por actividad, según fuente.
Fuentes de Grado de Total Actividad

financiamiento financiamiento (1) Horticultura Floricultura Mixta
Total provincia de Buenos Aires 603 547 138 8
Banco Total 60 50 9 1
oficial Parcial 39 26 11 2
Banco Total 18 12 6 -
privado Parcial 21 11 10 -
Proveedores Total 167 112 55 -
de insumos Parcial 74 58 13 3
Total 251 231 18 2
Otros
Parcial 114 87 27 -
(1) Dada la posibilidad de que una misma EHF haya recibido financiamiento de más de una fuente
para las distintas actividades, la sumatoria de los parciales puede exceder el total de EHF presentado.
Como se detalla en el Cuadro N° 1 podemos ver que solo el
18,64% de los horticultores de la provincia de Buenos Aires tuvie-
ron financiamiento y en el Cuadro N° 2 se puede ver que de los que
pudieron financiarse el 73,60% lo hizo en sistemas no bancarizados
(prestamistas, proveedores de insumos).
Un punto a desarrollar dentro del acceso a la financiación es sobre
el acceso a la tierra, las posibilidades de comprar las tierras donde
producen. Como comenta Juan Manuel Villulla (2006) las explota-
ciones que no están en condiciones de hacer frente a las nuevas exi-
gencias abandonan la actividad, y las que consiguen desarrollarse
adquieren o arriendan las superficies que las primeras van dejando.
En el sector hortícola platense esto adquiere una forma opuesta:
las tierras que quedan a disposición no son adquiridas por las explo-
taciones más grandes, alimentando el fenómeno de la concentración,
sino que se subdividen en explotaciones más chicas y son arrendadas

por nuevos pequeños productores, en la mayor parte de los casos de
nacionalidad boliviana. Se da así una “atomización” del uso de la tie-
rra, por la cual donde había una explotación, ahora encontramos tres
o cuatro. Aumenta la cantidad de productores, un aumento global de
la producción. Vuelve a hablarse de “sobreoferta” o sobreproducción,
constituye otro factor que empuja los precios de venta hacia abajo.
No hay un movimiento significativo de compra-venta de tierras,
sino una gran movilidad en torno al mercado de los arrendamientos. Es
el fenómeno que en la zona se conoce como el auge de los “alquilantes”.
Para los interesados en conseguirla, la tierra se mantiene en
niveles de difícil alcance, es por esto que no se registra tanta movi-
lidad en el mercado de compra-venta.
Los arrendamientos, sin embargo, se ofrecen relativamente
accesibles y de beneficios rápidos. Los contratos suelen ser por tres
o cuatro años. Es tiempo suficiente para instalar la infraestructura
productiva necesaria (invernáculos, etc.) y retirarla de la explotación
ajena casi cuando es momento de renovarla, habiendo acumulado
excedentes y con la posibilidad de elegir seguir o no en la actividad.
Los pequeños alquilantes, para obtener el arrendamiento de
una parcela y luego subdividir internamente la explotación por
separado buscan conectarse entre sí, ya que en otras condiciones
no podrían. Esto no figura en ninguna estadística, pues tanto los
contratos de arrendamiento como el acuerdo de subdivisión al inte-
rior del grupo de alquilantes son “de palabra”, es decir, informales.
También hay que mencionar que producen y viven en peores
condiciones que los antiguos horticultores. La situación es de per-
manente inestabilidad y vulnerabilidad ante la informalidad y el
riesgo del mercado hortícola.
3.2. Comercialización
Otro problema general que enfrentan los productores familiares son

los elevados índices de concentración, centralización y oligopoliza-
ción de los mercados, que otorgan cada vez más poder a los actores al
final de las cadenas de valor. Es frecuente que la intermediación entre
los productores y los consumidores se apropie de gran parte del valor
generado y condicione los destinos de la producción. Tienen muy
poca comercialización directa, lo que les dificulta poder fijar el precio;
las políticas públicas de apoyo a pequeños productores podrían ayu-
darlos en este punto (compras públicas a pequeños productores, que
garanticen condiciones para proveer alimentos sanos y baratos a la
ciudadanía, así como a escuelas, hospitales e instituciones públicas).
Otras debilidades en la comercialización para la agricultura
familiar se encuentran la dispersión geográfica y alejamiento de los
centros de consumo, y los inconvenientes asociados a los mismos
como los altos costos de flete y falta de acceso al crédito para costear
infraestructura necesaria de almacenamiento o para los espacios
físicos para el comercio.
Otro punto a tener en cuenta es que no es tan importante el volu-
men producido en una sola cosecha, sino producir muchas cosechas.
Es decir: pequeños cultivos de alta rotación para ingresarlos en el mer-
cado en distintos momentos. Tener más de una oportunidad de venta,
en vez de tratar de optimizar una sola. La inestabilidad del mercado y el
hecho de que se trata de bienes perecederos agrava el riesgo de una in-
versión “centralizada”. Por lo tanto, las estrategias de concentración de
explotaciones para imponer mejores condiciones de negociación en el
mercado no vienen resultando una vía ni válida ni predominante, como
pudo haberlo sido en los ochenta y en una gran parte de los noventa.
Cuadro 2.1. Comercialización de la producción de hortalizas, por destino y canal de comercialización, según grupo de cultivo.
Para consumo fresco

Para industria
Total
Mercados concentradores Acopiador Supermercado Verdulería
comer- A con-
Grupo de
ciali- sumi- Venta Consig- Con-
cultivo Puesto Venta Consig- Venta Consig- Venta Consig- Puesto
zado Otras
propio directa nación directa nación directa nación propio dor
tn
directa nación trato
tn
Total
Provincia
917.731 93.513,20 95.068,67 142.383,58 341.665,98 20.797,58 32.851,87 4.282,93 2.396,10 15.631,39 21.605,52 32.045,30 2.011,30 113.327,70
de Buenos
Aires
De hoja 111.938,90 28.306,09 6.453,49 26.537,75 28.678,15 7.166,57 6.842,49 523,06 515,96 4.906,22 915,00 420,39 - 657,05
Crucíferas 15.187,88 2.977,71 939,78 4.278,13 3.744,59 705,72 1.603,59 164,44 32,96 521,27 129,92 57,24 - -
Pesadas o
677.021,47 37.627,55 78.611,95 69.937,99 291.634,75 9.424,70 15.955,50 503,92 1.240,14 7.421,36 19.1770,91 30.921,25 2.011,30 111.870,65
de raíz
De flor,
fruto y 113.583,13 24.601,84 9.063,45 41.629,70 17.608,50 33.500,59 8.450,28 3.091,52 607,05 2.782,53 789,69 646,42 - 800,00
tallo

Elaboración: Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural (DER).
Como menciona Montoya (2015) para los productos agroeco-

lógicos uno de los problemas en la comercialización es que hay
dificultad de contar con un sello de identificación, sostenido por
normas supervisadas de producción, hace que se pierdan en la
enorme oferta hortícola general, impidiendo a los consumidores
reconocer las bondades comparativas de estos productos y por lo
tanto carecer de una valoración económica adecuada.
3.3. Agroecología
Un punto a mejorar es el fomento de la agroecología, en las AF

se necesita desarrollar la producción sin agrotóxicos, que además
tienen precios elevados y ayudaría a disminuir sus costos. Pasar
de la producción hortícola actual, basada en el alto uso de insu-
mos, a una más amigable con el medio ambiente, haciendo un uso
eficiente de los recursos, disminuyendo la utilización de agro-
químicos y aplicando criterios básicos para hacer una utilización
adecuada de los mismos.
Cuadro 3.1. Cantidad de EHFs que realizaron análisis, por tipo, según actividad.
EHF que realizan análisis

Actividad Total
De agua De agua y suelo De suelo
Total Provincia
3.856 338 434 142
de Buenos Aires
Hortícola 2.934 203 301 121
Florícola 848 129 124 18
Mixta 74 6 9 3

Cuadro 3.2. Reconocimiento de plagas y/o enfermedades,

por actividad, según tipo.
Actividad
Tipo de reconocimiento Total (1)
Horticultura Floricultura Mixta
Total de EHF que reconocen
3.750 2.850 829 71
plagas o enfermedades
Lo conoce por experiencia 2.762 2.024 685 53
Realizó cursos de capacitación 183 120 56 7
Le pregunta a otro productor 381 271 103 7
Consulta a un técnico 779 629 134 16

Consulta al proveedor de
11.749 1.430 291 28
insumos
Otros 46 23 16 7
(1) Dada la posibilidad de que una misma EHF reconozca las plagas o enfermedades de distintas
maneras para las distintas actividades, la sumatoria de los parciales puede exceder el total de
EHF presentado. Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005. Elaboración:
Dirección Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural (DER).
Cuadro 3.3. Asesoramiento en el uso de plaguicidas,

por actividad, según origen.
Actividad
Asesoramiento Total (1)
Horticultura Floricultura Mixta
Total de EHF que recibieron
3.643 2.771 806 66
asesoramiento
De otro productor 404 286 115 3

De técnico privado 529 421 99 9
De técnico oficial 278 229 39 10
De cooperativa 267 113 149 5
De proveedor de insumos 2.554 2.020 493 41
Decide por publicidad 75 55 19 1

(1) Dada la posibilidad de que una misma EHF reciba asesoramiento de distintas fuentes y para
distintas actividades, la sumatoria de los parciales puede exceder el total de EHF presentado.
Fuente: Censo Hortiflorícola de la Provincia de Buenos Aires 2005. Elaboración: Dirección
Provincial de Estadística (DPE) y Dirección de Economía Rural (DER).
Podemos ver que realizan muy poco análisis de agua y suelo.

El mayor conocimiento que tienen sobre plagas y enfermedades es
a través de su propia experiencia, cuando no es por consultas que
realizan a su proveedor de insumos, lo cual deja expuesto que muy
pocos realizaron cursos de capacitación. Para el uso de plaguicidas
la mayoría se asesora con su proveedor de insumos, quedando en
evidencia la necesidad de capacitaciones.
Como menciona Montoya (2015), hay varias problemáticas
técnicas de producción vinculadas al uso de agroquímicos. Se
debe generar un cambio en la forma de producir, de manera que
se fomente la disminución del uso de fitosanitarios y se adapten
las tecnologías necesarias a las particularidades de cada estableci-
miento o se generen en el mismo. Los mayores problemas que se
visualizan en el sector son los relacionados a salud, debido a que
existen intoxicaciones frecuentes por aplicaciones químicas inade-
cuadas, contaminación de napas de aguas, degradación de suelos y
eliminación de biodiversidad.
Actualmente se puede visualizar un modelo productivo de agri-
cultura de tipo intensivo, en el que se promueve la producción bajo
invernáculo y donde el aumento o mantenimiento de la producción
depende de la incorporación de gran cantidad de insumos en forma
de agroquímicos, principalmente fitosanitarios. Esta moderniza-
ción en la producción se viene promoviendo desde la década de los
sesenta en la Argentina, a partir de la Revolución Verde, pero se pro-
fundiza en los noventa con la apertura de los mercados, aparición
de semillas transgénicas, siembra directa y tecnologías apropiadas.
Esta profundización de la agricultura en el país, que en prin-
cipio se plantea para los cultivos extensivos (soja, maíz, trigo,
etc.) se enmarca entonces en un modelo productivo basado en la
dependencia de insumos químicos, maquinarias, transgénicos,
tecnologías y finalmente alcanza a producciones intensivas como

es el caso de la horticultura.
Con el transcurso del tiempo, este modelo que procuraba mejo-
rar las condiciones de vida de los productores trajo aparejados gra-
ves problemas económicos, sociales y culturales.
Por un lado, el alto costo de los insumos hace que algunos pro-
ductores que necesitan mejorar la productividad y ser competitivos
acaben disminuyendo el número de productos poniendo en juego
la biodiversidad y su soberanía alimentaria. Por otro lado, se van
perdiendo los saberes culturales en la forma de producir debido
a la adopción masiva de tecnologías disponibles para permanecer
en el sector productivo. Sumado a esto, los productores no logran
alcanzar un desarrollo con mejores condiciones de vida y cuando
los hijos crecen no quieren continuar con la producción, originán-
dose una migración continua desde el periurbano hacia la ciudad,
imposibilitando el recambio generacional.
Todos estos problemas, entre otros, hacen vulnerables a los
pequeños productores, generan pobreza y propician su desaparición
del territorio rural.
Este problema en la forma de producir es central porque junto
a los mencionados anteriormente se agregan la contaminación
de napas de aguas, la degradación y salinización de los suelos, la
desaparición de especies vegetales y controladores biológicos se va
perdiendo la capacidad de producir de manera sustentable y soste-
nible en el tiempo. A medida que pasan los años se torna más difícil
reparar los daños causados y volver a producir de una manera más
amigable con el ambiente.
4. Análisis de las posibilidades de financiación para la

agricultura familiar en la provincia de Buenos Aires
4.1. Bancos públicos y privados
En el sector de los bancos públicos de la provincia de Buenos Aires

podemos destacar que los tres principales bancos del país tienen
opciones para el sector de las microempresas. El Banco Provincia se
destaca con Provincia Microcréditos desde el año 2009 con crédi-
tos con mínimos requisitos y una línea exclusiva para la actividad
Agro. En el Banco Ciudad encontramos Ciudad Microcréditos, muy
parecida a la anterior y el Banco Nación fue el último en desarrollar
una línea similar (en los dos últimos no hay una línea Agro especí-
fica para pequeño agricultores).
Banco Nación: Créditos para Microempresas5 destinados a
monotributistas, responsables inscriptos con antigüedad mayor a
12 meses desde inscripción. Montos inversión: hasta $ 2.058.750 y
Capital de trabajo: $ 617.625. Entre 36 y 60 meses. Piden garantías.
Banco Ciudad: Ciudad Microcréditos.6 Montos hasta $ 421.875,
plazo de 4 a 24 meses. Requisitos: un año de permanencia en la acti-
vidad, inscripción impositiva sujeta a evaluación.
Banco Provincia: Provincia Microcréditos7-Línea Agro.
Productores agropecuarios con antigüedad de un año. Adaptación
de cuotas a los ciclos productivos (mensuales, bimestrales, trimes-
trales o semestrales). Período de gracia de hasta seis meses. Capital
5 https://www.bna.com.ar/Empresas/NacionEmprende/Financiamiento.Para
Microempresas.
6 https://www.ciudadmicrocreditos.com.ar/microcreditos.html.
7 En https://www.provinciamicrocreditos.com/.
de trabajo: plazo de 12 hasta 36 meses. Inversión productiva: plazo

de 37 hasta 60 meses.
En los bancos privados no pudimos encontrar alternativas de
financiamiento para el sector de pequeños agricultores, vemos que
piden requisitos que concuerdan con sectores más formalizados.
Tienen requisitos y se solicita documentación que es muy difícil que
posean los productores de la agricultura familiar (garantías, ins-
criptos, etcétera).
4.2. Otras alternativas de financiación
Detallamos algunas instituciones que tienen posibilidades de

financiación:
Consejo Federal de Inversiones (CFI). tiene un programa hor-
tícola en el valle bonaerense del Río Colorado.8 Para micro, peque-
ñas y medianas empresas hortícolas de esta región, línea de créditos
para reactivación productiva, para capital de trabajo e inversión.
Los montos son hasta $ 750.000; plazo máximo 48 meses con 12
meses de gracia; tienen garantías.
Banco Social de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,
UNLP. En mayo del año 2005 se crea el Banco Social de la Facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales. Primera experiencia en el país
de una entidad de microcrédito implementada desde una Facultad.
Fundación ArgenINTA-CONAMI Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.9 Gestionan herramientas de microfinanzas
desde hace más de diez años. Con el objetivo de asistir a la comunidad.
8 http://cfi.org.ar/nota/programa-de-fortalecimiento-y-diversificacion-horticola-va-
lle-bonaerense-del-rio-colorado.
9 https://www.argeninta.org.ar/conami.
Administran líneas de microcréditos orientadas al sector rural y

periurbano. Trabajo articulado con el INTA y con fondos otorga-
dos por la Comisión Nacional de Microcrédito (dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social). Hay dos líneas para emprendimien-
tos en funcionamiento que no cuentan con los requisitos para crédi-
tos bancarios: 1- Microcréditos (individual o con garantía solidaria).
Monto promedio $ 50.000. Plazo promedio 12 meses. 2- Crédito aso-
ciativo: para grupos asociativos de la economía social (cooperativas,
asociaciones civiles, grupo de productores no formalizados). Monto
promedio $ 150.000. Plazo promedio 12 meses.
5. Reflexión final
El sector de las microfinanzas puede desempeñar un papel de alivio de

las condiciones de pobreza en América Latina. La pobreza rural se ha
reducido poco y mantiene una prevalencia superior a las zonas urba-
nas en los países examinados en CEPAL en 2002 (Gutierrez, 2004).
El microcrédito rural permite incorporar nuevas tecnologías,
aumentar las oportunidades de mercado, de las actividades rurales,
con lo cual pueden mejorar su productividad, sus ingresos y de esta
manera contribuir al desarrollo del sector y reducir sus niveles de
pobreza. Como pudimos ver, las instituciones de microcrédito que
no atienden a la agricultura, no lo hacen debido a que el crédito es
más costoso (mayores distancias, poca información), las operacio-
nes son más riesgosas (por la actividad agropecuaria) y no tienen
personal experimentado. Se puede minimizar todo esto incorpo-
rando las acciones de las instituciones exitosas en microfinanzas.
Como detallamos, hay varias alternativas para mejorar las pro-
blemáticas antes mencionadas desde lo financiero logrando que el
crédito sea accesible sin tantos requisitos formales. Por eso pro-
ponemos el desarrollo de una Fintech para pequeños agricultores.
También comentamos el desarrollo de una plataforma online para
mejorar su comercialización y una aplicación móvil para potenciar
el uso y capacitación sobre productos agroecológicos.
Nuestro proyecto quiere brindar oportunidades a este sector
excluido financieramente y que puede lograr mejoras significa-
tivas, aliviando las problemáticas que analizamos, reduciendo la
pobreza y mejorando la calidad de vida de los productores de la
agricultura familiar.
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-es-la-fonaf
ENIF: entre saberes expertos y
prácticas ordinarias. Lógicas
sociales y morales del dinero
Fernando Moyano, Malena Rubinstein
Introducción
El 19 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández decretó

la cuarentena para todo el territorio argentino, como medida
clave para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2. De
tal modo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO),
supuso la interrupción de un conjunto de actividades económi-
cas que daban sustento a gran parte de la población. Para paliar el
impacto social y económico que implicó el freno de las mismas, el
gobierno lanzó una serie de medidas que se materializaron a través
de transferencias monetarias, créditos y congelamiento de tarifas.
Entre aquellas disposiciones se destacaban la emisión de bonos
para jubilados y prestaciones no incluidas en el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA); suspensión del débito automático
a créditos ANSES; el lanzamiento del Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); el congelamiento
159
de tarifas en servicios esenciales; la postergación de aumentos en

alquileres; los Créditos a Tasa Cero para monotributistas; la pro-
visión de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); el reintegro
del 15% con el uso de tarjeta de débito para jubilados, pensionados,
titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación
por Embarazo para protección social (AUE); y la distribución de la
Tarjeta Alimentar. De esta manera se conformaba un entramado
de políticas económicas por parte del Estado donde convivieron el
crédito, la moratoria y las transferencias monetarias —directas e
indirectas— en los hogares.
Una vez diseñado el esquema de asistencia económica por
parte del Estado aparecía otro elemento a resolver: la forma de ges-
tión y cobro. Uno de los casos emblema de este contratiempo fue
el de los jubilados y jubiladas. A pocos días de sancionarse el ASPO
se dispuso un cronograma de cobros que será recordado por las
innumerables e interminables colas que las imágenes televisivas
replicaron. Tal escena no hizo más que visibilizar las desigualdades
existentes frente al sistema bancario y la débil educación finan-
ciera de un sinnúmero de argentinos y argentinas. La concentra-
ción geográfica de cajeros, la falta de acceso a tecnología —junto
con dispositivos móviles— y la escasa expansión de Internet móvil,
mostraban las deficiencias del sistema bancario argentino.
En este marco, en septiembre de 2020 se relanzaba la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) y el Consejo
de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF) —creados en
2017— con un nuevo diagnóstico para vehiculizar los recientes
objetivos de dicha política pública. La misma dispuso como obje-
tivos estratégicos achicar las brechas de género y promover la
igualdad de oportunidades en el acceso a los productos y servicios
Fernando Moyano, Malena Rubinstein | 161
financieros (ENIF, 2020). La ENIF realiza un diagnóstico del estado

de situación en torno al sistema financiero, identificando una serie
de actores sociales como vulnerables, para dar cuenta así de su
exclusión y procurar de tal modo su incorporación. Dentro de estas
poblaciones vulnerables se encuentran los grupos de bajos ingre-
sos, desocupados, emprendedores de la economía popular, adultos
mayores, mujeres y personas LGTBI+ (ENIF, 2020).
Este ensayo analiza las prácticas financieras ordinarias al
interior de ciertos hogares catalogados como vulnerables por la
ENIF. Estructuramos el análisis en dos apartados: en el primero,
trabajamos sobre diferentes relaciones de endeudamiento toma-
das por grupos de bajos ingresos: trabajadores y trabajadoras de
la economía popular, comerciantes barriales y trabajadores y tra-
bajadoras empobrecidas. En el segundo, analizamos la situación
de mujeres de distinto rango etario que son receptoras de la AUH
y Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de 7 Hijos. El
trabajo de campo consiste en una etnografía económica realizada
entre 2014 y la actualidad, en las provincias de Santa Fe, Buenos
Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta metodología
de investigación permite desnaturalizar las acciones y decisio-
nes económicas, observando los valores, normas y obligaciones
sociales que las conforman. Entendemos que dicha perspectiva es
esencial para analizar el impacto de las políticas sociales en las
poblaciones destinatarias.
Una muestra concreta de las virtudes de la metodología imple-
mentada es que permite ver aquello que los datos cuantitativos por
su grado de agregación no permiten mostrar. De tal modo, identifi-
camos prácticas financieras que no son contempladas en los manua-
les económicos tradicionales, ni en los diagnósticos institucionales
sobre el estado actual del sistema financiero. Por ejemplo, la expan-

sión de formas alternativas de financiamiento tales como las “jun-
tas”, “roscas”, “círculos”, “pasanaco”, “rondas” que operan como
un mecanismo desregulado para el ahorro o crédito a tasa cero.
También tienen un peso importante otro tipo de financiaciones
como los préstamos entre familiares, el fiado, los créditos por día
y el adelanto del sueldo. Otro elemento que aparece como novedad
es el endeudamiento con el Estado a partir de los Créditos ANSES,
lanzados en 2017, con orientación a un sujeto social con poca llegada
al mercado formal crediticio.
La perspectiva teórica que empleamos es la de la sociología del
dinero, línea de indagación inaugurada por Viviana Zelizer. Esta
línea de análisis propone un distanciamiento crítico de aquellas
interpretaciones que tratan a los intercambios y prácticas mone-
tarias como un objeto propio de relaciones mercantiles, imper-
sonales y afectivamente neutras, donde la primacía del dinero
corresponde a sus funciones económicas: reserva de valor, uni-
dad de cuenta, unidad de medida, medio de intercambio (Zelizer,
1994, 2008, 2008a, 2012). Sus investigaciones han dado cuenta
de cómo el dinero adquiere diferentes significados y usos según
su origen, las relaciones y vínculos mediante los cuales circula,
y los diferentes medios de intercambio utilizados en dichas prác-
ticas. Esto implica entender que las prácticas monetarias están
inmersas en marcos sociales y culturales específicos que no pue-
den ser dejados de lado en la comprensión de sus hechos. Con eso
no desconocemos la relevancia del conocimiento técnico sobre
las prácticas económicas, más bien entendemos que el mismo es
parte de una visión particular del mundo la cual está integrada a
las prácticas de las personas.
Esta perspectiva de análisis, si bien es incipiente en Argentina,

ha generado algunas investigaciones que son pertinentes de nom-
brar. Ariel Wilkis (2013), ha mostrado cómo en el mundo popular
—donde comúnmente el dinero es cuestionado— existen diferentes
piezas de dinero, que dan cuenta de cómo valores monetarios y valo-
res sociales forman una unidad de análisis sobre la relación que las
personas tienen con los fenómenos económicos. De este modo, ilu-
mina cómo las virtudes morales diferencian y jerarquizan a las per-
sonas poniendo en juego una serie de disputas por afirmar un cierto
estatus social. Por otra parte, Martin Hornes (2020) ha dado cuenta
de cómo el dinero es un producto social maleable. Sobre el análisis de
transferencias monetarias condicionadas, el autor observa cómo el
significado del dinero transferido por el Estado es múltiple y en él
confluyen definiciones expertas, sentidos ordinarios y públicos. En
este marco, las prácticas y los sentidos ordinarios que las personas
y los hogares tienen sobre tal dinero, desafían constantemente los
saberes expertos que dan forma a estas ayudas sociales.
Por otra parte, existe toda una literatura que vincula el mundo
de las finanzas o la llamada financiarización de los hogares1 con las
poblaciones vulnerables. Numerosos autores han mostrado, en pri-
mer lugar, el aumento del crédito al consumo en términos absolutos
y relativos desde principios del siglo XXI en nuestro país. El crédito
y el aumento de préstamos dirigidos hacia los hogares se explican
en parte por la bancarización (iniciada en los noventa) y en buena
medida por la multiplicación de productos y servicios financie-
ros “extra bancarios” —financieras, mutuales y casas comerciales
(retailers). Tanto Wilkis (2014) como Luzzi (2017) coinciden en
1 Entendida como la vinculación de las finanzas hogareñas con las finanzas del mer-
cado (Luzzi, 2017).
afirmar que este desarrollo de oferta de servicios financieros es

de tipo diversificado y segmentado, proporcionando productos en
condiciones muy disímiles a distintos grupos sociales y en la cual
solo una parte está sujeta a regulaciones públicas.
Ariel Wilkis (2014) argumenta que la evolución de la financia-
ción orientada al consumo entre 2003 y 2012 aumentó no solo en
términos absolutos sino en términos comparativos respecto de otras
modalidades de créditos (prendarios, hipotecarios). En términos
absolutos, los préstamos al consumo en pesos se multiplicaron 23
veces en 9 años. Respecto a la evolución porcentual entre los diferen-
tes tipos de créditos, aquellos dedicados al consumo en 2003 ronda-
ban el 15,43% del total de créditos, mientras que el 40,5 pertenecía
a créditos comerciales y un 44% a los de garantía real (prendarios e
hipotecarios). En cambio, llegado el año 2012, los créditos al consumo
treparon al 41,2% del total de créditos en pesos, en tanto los comer-
ciales se mantuvieron alrededor del 40,76 y 18% los de garantía real.
En consonancia con este proceso, Luzzi y Del Cueto (2014) muestran
además del aumento de los créditos orientados al consumo, que los
titulares de tarjetas de crédito emitidas por los bancos se incremen-
taron entre 1997 y 2014 cuatro veces. En el mismo sentido, entre 2006
y 2012 la cantidad de tarjetas en circulación emitidas por bancos,
pero también por cadenas comerciales y entidades de otro tipo, pasó
de 20 millones a 37 millones (Luzzi y Del Cueto, 2014), número que
indica la creciente oferta de mecanismos “plásticos” de crédito.
En la misma línea, muchos autores y autoras atribuyen este
incremento de las finanzas a una monetización y financiarización
de la política social. Lena Lavinas (2014) sostiene que a partir de la
década del noventa Latinoamérica fue el laboratorio del nuevo dis-
positivo de “lucha contra la pobreza” preferido en todo el mundo,
las “transferencias monetarias condicionadas” (TMC). El auge de

estas transferencias se da en el marco de un cambio más amplio en
la naturaleza de la protección social —cambio que afecta a países
desarrollados como subdesarrollados—. Lavinas (2014) explica —y
Lapavitsas (2009) también— que tanto los gobiernos de centrodere-
cha como de centroizquierda se han dado cuenta de que no pueden
permitirse el tipo de sistemas de bienestar que surgieron en el siglo
XX. De este modo, en las últimas tres décadas los Estados han proce-
dido a reducir su tamaño o a han sido desmantelados, sustituyendo el
modelo de la amplia cobertura por otros más individualizados, y en
lugar de la prestación desmercantilizada de bienes y servicios, han
pasado a hacer un mayor énfasis en las transferencias monetarias
(Lapavitsas 2009; Lavinas, 2014; Luzzi y Del Cueto, 2016; González,
2017). En consonancia con este proceso, muchos autores han mos-
trado cómo la monetarización de la política social abrió las puertas
del mercado del crédito al consumo para los sectores más empobre-
cidos a través de diferentes prácticas (Wilkis y Hornes, 2017), gene-
rando una nueva infraestructura de bienestar.2
Asimismo, otras investigaciones han ido un paso más allá, y
se atreven a hablar de una financiarización de la política social
(Nougues, 2020) y de la transformación de Estados de bienestar
(Welfare States) en Estados creadores de deuda (Debtfare States)
(Soederberg, 2014). En líneas generales, Nougues (2020) analiza
a los Estados como oferentes de herramientas financieras, en par-
ticular para los grupos vulnerables, revirtiendo así la matriz de la
2 El término nueva infraestructura de bienestar (Wilkis, 2020), enfatiza en la relación

entre Estado, mercado y familias en pos de la producción de bienestar de los hoga-
res, no desde arriba hacia abajo —del Estado a las personas— sino en un proceso de
interrelaciones mutuas donde las familias ponen en movimiento sus estrategias en
pos de este fin.
política social y la gramática del endeudamiento. En lugar de ser

los Estados quienes están en deuda con su población en la provi-
sión de bienes y servicios de primera necesidad, son los propios
hogares y las personas quienes recurren al endeudamiento con el
Estado para dicha satisfacción de necesidades. La economista es
incluso más crítica sobre esta transformación en la forma de pro-
veer bienestar social; Soederberg (2014) plantea que bajo el manto
de la “inclusión financiera” se naturaliza y normaliza una situa-
ción en la cual los trabajadores pobres no tienen otra forma de sub-
sistir que endeudándose a tasas altas.
Como bien señala el último documento de la ENIF (2020), a
pesar del escenario descrito, el nivel de profundidad del sistema
financiero argentino es muy bajo en términos relativos. Ante el
mismo diagnóstico en otros países de la región, el Estado ha tenido
un rol activo para subsanarlo. Las estrategias varían entre cons-
truir un sistema financiero paralelo en consonancia con las necesi-
dades propias de los sectores populares o apuntar a la integración
de los sectores populares al sistema financiero tradicional. En
México, por ejemplo, se inclinaron por la segunda opción, mediante
el downscalling de bancos y el upgrading de microfinancieras (Bazán
Levy y Saraví, 2012). En Argentina, a partir del lanzamiento de los
Créditos Argenta y ANSES —con sus sucesivas variantes— parece-
ría estar iniciándose el camino hacia la primera estrategia: la cons-
trucción paralela de un sistema financiero. La polémica que gira en
torno a este paradigma es si el acceso a servicios financieros por
parte de hogares pobres resulta beneficioso y puede romper con los
condicionantes estructurales de la pobreza —que exceden la esca-
sez de dinero— o si, por el contrario, conllevan el riesgo inexorable
de sobreendeudamiento y catástrofe social.
El análisis sobre el trabajo de campo fue guiado por una

reflexión en diálogo con el diseño de la ENIF, el Programa Nacional
de Educación Financiera (PNEF) y algunos interrogantes que, si
bien no serán saldados en este ensayo, pretendemos poner sobre
la mesa: ¿es posible generar mayores condiciones de igualdad
desarrollando ciertas pedagogías financieras para los grupos eco-
nómicos más vulnerables? Ante un sistema financiero formal que
excluye a los sectores más relegados, ¿cómo puede garantizarse
la integración? ¿La inclusión de mujeres a diversas herramientas
financieras produce de por sí una disminución de las desigualdades
de género? ¿Qué implicaría el diseño de instrumentos financieros
para mujeres y personas LGTBI+?
Conocimientos prácticos de los trabajadores empobrecidos:

más allá del desconocimiento y la educación financiera
El análisis, los diagnósticos y las propuestas provenientes de las

ciencias económicas, en líneas generales performan la realidad que
dicen describir (Callon, 2008). La literatura sociológica que analiza
este fenómeno, el de la performatividad de las ciencias económi-
cas y sus derivados, da cuenta de todos los objetos y dispositivos
materiales y no materiales y humanos y no humanos que inter-
vienen en la sociedad para de algún modo formatearla y de esa
manera lograr que se adecuen a las lógicas formales que presentan
las teorías económicas —la acción racional, los mercados perfec-
tos— (Garcia-Marie, 1986; Callon, 2008; Callon y Muniesa, 2015;
Lorenc Valcarce, 2012). Ejemplo claro de esto en el mundo finan-
ciero lo constituyen los scoring o rankings que miden la solvencia
crediticia de las personas y que están basados en estimaciones que
van más allá del cálculo económico, sino que también incorporan
evaluaciones morales (Fourcade y Healy, 2013; Wilkis, 2017)
En este apartado, en el que nos enfocamos en trabajadores
informales y de ingresos bajos, intentaremos echar luz sobre las
justificaciones y mecanismos no económicos que intervienen en
las decisiones financieras de las personas. Es decir, en tanto nues-
tra postura es entender cómo la cultura y la economía no pueden
disociarse en la comprensión de los hechos y fenómenos moneta-
rios, creemos que es relevante proponer un análisis que profun-
dice sobre esta línea y que sea útil al conocimiento de la sociedad
en su conjunto.
Instrumentos financieros desde las prácticas y representaciones de

las personas: del desconocimiento a los hechos
La ENIF junto con el PNEF abogan por un programa de política

pública que promueva el uso responsable y sostenible de instru-
mentos financieros al tiempo que se empeñan en mejorar las capa-
cidades y el conocimiento financiero de las personas. Asimismo, los
objetivos principales son fomentar la confianza en el sistema finan-
ciero formal y crear buenos hábitos y comportamientos para la
administración y planificación financiera (PNEF, 2019). Bajo estos
objetivos subyacen algunas pautas morales, que entendemos como
formas de uso legítimas y correctas de los instrumentos financie-
ros, que nos parece pertinente resaltar de forma sucinta. El docu-
mento del PNEF resalta lo siguiente:
Por educación financiera entendemos el proceso por el cual

los individuos y empresas mejoran la comprensión de la oferta
integral de servicios financieros, desarrollan la habilidad de

entender qué producto financiero es necesario para cada etapa
de su vida, y generan buenos hábitos y comportamientos para la
planificación y administración financiera (PNEF, 2019, 5).
Este breve e introductorio párrafo hace las veces de puerta de

entrada para problematizar sobre las conductas y/o comportamien-
tos financieros de los sectores vulnerables. Trabajando sobre los
resaltados, se observan algunas cuestiones que son interesantes de
analizar. En primer lugar, el documento sugiere que tanto indivi-
duos como empresas no tienen una comprensión acabada de cuáles
son las diversas ofertas que tiene el mercado financiero formal, adju-
dicando así un factor clave a la falta de conocimiento sobre el mismo.
En segundo lugar, también supone que las habilidades financieras
de las personas son escasas o están poco desarrolladas y vinculan tal
nulo desarrollo a una forma de uso incorrecta según un espacio tem-
poral: cada etapa de la vida. Esto supone que hay momentos adecua-
dos para utilizar ciertos instrumentos financieros en detrimento de
otros y que las personas no están educadas para su uso, ni tampoco
identifican etapas temporales concretas adecuadas para ello. Por
último, de forma similar, el documento deja entrever que los hábi-
tos y comportamientos financieros en torno a la administración y
planificación realizados por las personas no son los más adecuados,
es decir, las personas están mal habituadas a hacer uso de las finan-
zas, las utilizan de forma incorrecta y aleatoria. Estos supuestos y
normas morales presentan cierto tipo de conductas legítimas que
las personas deben tener en torno al uso de diversos instrumentos
financieros. Si bien muchos de estos pueden ser ciertos y estar refle-
jados en hechos concretos, creemos que su aporte para comprender
las prácticas financieras es acotado. En lo que sigue, proponemos

un análisis de prácticas financieras que nos permitan mostrar cuán
acotado es este diagnóstico y qué aportes pueden realizar las cien-
cias sociales a estos objetivos políticos.
Instrumentos financieros formales
Estos documentos citados (ENIF, 2020 y PNEF, 2019) atribuyen

la falta de utilización de instrumentos financieros formales al
desconocimiento y la falta de confianza derivada de este. En nues-
tras entrevistas pudimos observar dos cuestiones que nos parece
pertinente remarcar: uno, que, por un lado, puede haber cierto
desconocimiento del sistema bancario, pero también existen otras
situaciones que preferimos denominar “conflictos de interpreta-
ción” (Weber, 2008); y dos, que la falta de confianza no depende solo
del desconocimiento sino también de la forma en que se resuelven
conflictos morosos y los compromisos sociales que el uso de estas
herramientas supone.
Como argumenta la antropóloga francesa Florence Weber
(2008), la etnografía, al dar acceso a las interpretaciones nativas,
permite analizar malentendidos o conflictos de interpretación
en el corazón de las transacciones económicas y financieras. En
muchas de nuestras entrevistas observamos que se producen dife-
rentes malentendidos acerca de cómo se diagraman los pagos, la
cantidad de las cuotas, etc. La comunicación poco clara en la inte-
racción entre bancos, financieras y clientes, no promueve la crea-
ción de confianza en dichas instituciones. Si bien esto puede estar
asociado a un desconocimiento de cómo funcionan estas herra-
mientas, también cabe la pregunta sobre las formas en que estas
instituciones proponen resolver las situaciones de endeudamiento,

desconociendo diferentes marcos de calculabilidad ordinarios que
tienen otros grupos sociales (que veremos con el correr del texto).
Un ejemplo de estos casos es el del señor Mendoza (trabaja
como sereno), vecino de un barrio periférico de la ciudad de Santa
Fe, Santa Rosa de Lima. Él había solicitado un préstamo para que
su hijo adquieriera una moto. Según sostenía, el crédito estaba dia-
gramado en diez cuotas que, por una relación de antigüedad con
el banco (Hipotecario), le habían permitido obtener. Sin embargo,
luego de haber abonado las diez cuotas, el banco siguió el cobro por
cinco cuotas más; cuando Mendoza se dio cuenta concurrió hasta
el banco sin poder solucionar dicho conflicto por deuda; sobre eso
decía: “Hubieran tenido un poquito más de amabilidad y avisar,
porque me avisó cuando ya tenía $ 1000 adentro”. Situaciones simi-
lares a esta se repiten en nuestras entrevistas. Cabe profundizar en
algunas cuestiones más.
Otra de las constantes en nuestras entrevistas es el escaso
grado de flexibilidad que presentan para las personas estas enti-
dades ante casos de morosidad. Frases como “vos no pagás, pero el
banco algo te saca” eran corrientes en nuestros encuentros. Una
situación de estas nos comentaba Rosa, dueña de un quiosco en el
barrio Santa Rosa de Lima (Santa Fe): “Claro; hice una financiación,
me fui al juzgado de falta, viste... Pero siempre me han tratado de
solucionar, de acuerdo a lo que uno gana”. En este sentido, vemos
que tener conflictos por morosidad con los bancos u otro tipo de
entidades financieras implican resoluciones que, en general, se
manejan a discrecionalidad de los acreedores, dejando márgenes de
resolución poco flexibles que, para quienes tienen ingresos escasos
e irregulares, es un factor primordial a tener en cuenta.
Pero no solo esto afecta la forma en que perciben los créditos

formales los sectores más empobrecidos. Luci, una asistente esco-
lar del barrio Santa Rosa de Lima (que si bien tiene un empleo for-
mal, la retribución salarial es baja) en Santa Fe explicaba sobre una
situación similar: “Refinanciación tuve que hacer… Porque si no
me embargaban el sueldo…”. En sintonía, Daniela, ama de casa del
mismo barrio (su esposo es obrero de la construcción) comentaba:
Sí, porque después te llueven las cartas… Viste que ahora se

manejan con eso. Yo te lo digo porque cuando yo me atrasé con la
tarjeta, la misma secretaria de me dijo: “Tratá de juntar de a dos
pesitos, porque ellos se manejan sacándote la escritura”. Vos no
pagás, pero ellos algo te sacan… Porque uno firma y ya queda. Te
fichan ahí y chau... No sacás más en ningún lado.
Este tipo de situaciones, sumado a los llamados por teléfono al

propio deudor, a sus familiares, compañeros de trabajo, el envío de
SMS, etc. (estrategias que tanto bancos y financieras como también
casas de refinanciación utilizan ante casos de morosidad), cumplen
la función de amedrentamiento y amenazas que buscan crear un
efecto persuasivo y psicológico sobre las conductas de las personas,
las cuales comentaban sentir presión y vergüenza ante dichas ins-
tancias. Lo que se busca es generar un efecto disciplinador sobre las
conductas financieras, que las personas experimentan como poco
flexibles y atormentadoras (Hadad, 2019, 2019a) y que, a su vez, tie-
nen consecuencias futuras como no poder obtener más financiación.
Este marcaje hacia las personas como deudoras, instituido bajo
las categorías que explicitan las entidades encargadas de informes
e indicadores que miden la confiabilidad crediticia de las personas
como el Veraz, por ejemplo, se suman a ciertas etiquetas sociales que

corren por el mismo carril. Muchos de nuestros entrevistados hacían
referencia a que no querían ser señalados en el barrio como aquellos
que están endeudados, dando cuenta de cómo las finanzas actúan
sobre la reputación y estima personales (Villarreal, 2010; Guerin,
2014). En este sentido, la distinción moral que genera cumplir cier-
tas obligaciones sociales —pagar las deudas—, es un factor clave
para interpretar las conductas económicas de las personas, y en este
caso, es una dimensión esencial —junto con otras— para entender
por qué existe tal aversión al uso de instrumentos formales.
El fiado y la lógica del aguante
El fiado, nos comentaban muchos entrevistados, es percibido como

una ayuda, como un salvavidas en momentos en los que se nece-
sitan bienes y productos básicos. Si tenemos en cuenta que gran
parte de los trabajadores empobrecidos poseen ingresos irregula-
res, el fiado se convierte en un mecanismo y en una estrategia de
supervivencia. En este sentido, el fiado es una práctica extendida
en muchos sectores vulnerables ante la escasez de dinero en efec-
tivo (Villarreal, 2000; Figueiro, 2012).
En los intercambios y transacciones económicas es importante
comprender tanto los acuerdos como los significados que adquiere
cada una de las relaciones entabladas (Zelizer, 1994, 2008, 2012).
En nuestras entrevistas pudimos contactar tanto a dueños de
comercios barriales pequeños (quioscos, despensas, almacenes,
etc.), como a quienes eran vecinos y clientes de los mismos. En
dichos encuentros pudimos observar cómo los partícipes de estos
intercambios realizaban acuerdos —tácitos o explícitos— sobre
cómo será la devolución del fiado: “Yo cobro a fin de mes y lo pri-
mero que hago es pagar. Y la chica del almacén sabe que la primera
semana del mes ya estoy cobrando” (Luci, citada más arriba). “Ayer
cobramos y le pagué ciento cincuenta que le debía, nada más”,
nos comentaba el matrimonio Fiordomo, vecinos del barrio Santa
Rosa de Lima, quienes habían sido propietarios de una pequeña
despensa. En este sentido, tanto prestatarios como clientes entien-
den cómo funciona la negociación.
Ahora bien, esto conlleva un par de cuestiones más. Por parte
de los comerciantes, implica atenerse a esperar el pago —aunque
algunas veces dicha espera sea tediosa—, tanto porque entienden
las situaciones de sus clientes como porque dicha práctica resulta
una estrategia comercial. “No te queda otra que esperar”, sostenían
muchos de ellos. Ahora bien, cuando dicha espera se extiende en el
tiempo, el vínculo comercial tiende a tensionarse, lo que en algunas
situaciones implica que tales comerciantes no quieran otorgar más
fiado a ciertas personas. Lo interesante es observar que, tanto para
nombrar a quienes pueden utilizar como a quienes ya no pueden,
estas personas realizaban evaluaciones morales sobre sus clientes.
Cuando consultamos sobre a quiénes sí y a quiénes no daban
dinero fiado primaban una serie de vínculos significativos (familia-
res, vecinos, amigos). Pero en la comprensión profunda asomaba lo
siguiente. Susana, dueña de un pequeño quiosco en el barrio Santa
Rosa nos decía: “Yo los conozco que sé que son buenas personas, me
dicen: ¿me aguantás hasta mañana, hasta pasado? Yo les digo bueno
sí”. Comentarios de este estilo —personas honestas, personas tra-
bajadoras—, sacan a relucir las evaluaciones morales que vehicu-
lizan la selección de los clientes, un buen cliente “pagador” es una
buena persona, no solamente alguien que cumple.
Asimismo, cuando algunos de estos clientes rompían con la

promesa de pago, los comerciantes nos decían: “¿Me fallaste? Nunca
más… venís, me pagás, pero nunca más”, comentaba Rosa, dueña
de un comercio en barrio Santa Rosa. Ella atribuía la disrupción de
este vínculo comercial a que muchas veces los clientes no compren-
den los esfuerzos que los comerciantes realizan:
… porque yo hace diez minutos que entro, con un carrito que fui
a comprar papitas, palitos, todas esas cosas, y yo corro con un
carrito, no pago un remís, no pago nada con tal de hacer algo de
economía para mi casa.
En estos fragmentos volvemos a observar las pautas morales

que supone cumplir con los compromisos de pago. El acuerdo econó-
mico conlleva la comprensión de los esfuerzos físicos y económicos,
que terminan por realzar un uso “ahorrado” del dinero (“no pago
remís, no pago nada”), en pos de distinguir de quienes malgastan sus
ingresos por no saber “hacer economía para su casa” que permita
solventar las economías de los hogares. Esta última cuestión deja
entrever que hay clientes que no actúan de la misma manera, lo que
interrumpe muchas veces el vínculo comercial (Zelizer, 2008).
Por su parte, ya comentamos que quienes son clientes vivencian
estos intercambios como ayuda, lo que ya implica tener un compro-
miso en la medida en que solventa necesidades básicas (en la mayo-
ría de casos los fiados son de mercadería, es decir, de productos y
bienes de primera necesidad). Pagar el fiado entonces implica dos
cosas: por un lado, poder seguir utilizando esta financiación que
sirve como sostén de necesidades básicas (materiales); por otro,
también es reconocer ciertas virtudes morales de los comerciantes,
como sostenía la señora Maldonado, vecina de un barrio periférico

de Santa Fe ciudad. Ella nos comentaba que su almacenera no solo
los aguanta; ella dice: “Lo primero que hace mi marido es pagarle a
la señora, porque demasiado nos aguanta. Pero eso sí, no nos priva
de nada la señora. Lo que queremos nos da. Nos tiene confianza”.
De este modo, el fiado se organiza en torno a una lógica comercial
donde interviene la evaluación de las virtudes morales de las perso-
nas. En este caso, además de aguantar, algunos comerciantes tratan
a sus clientes más frecuentes como personas que tienen dinero en
efectivo, aunque no sea así, lo que aumenta el compromiso de los
compradores para con sus comercios barriales.
Así, el “aguante” (Alabarces, Garriga Zucal. Moreira, 2008) en el
fiado se sostiene tanto en una necesidad material como sociológica.
Por un lado, la necesidad material de solventar bienes de primera
necesidad en hogares donde los ingresos son escasos, irregulares
y esporádicos. Al mismo tiempo, para mantener este vínculo es
necesario cumplir con la obligación social asociada a que las deudas
deben pagarse, pero como vemos, quien paga y cumple sus com-
promisos no es solo un buen cliente, es una buena persona, alguien
honesto, alguien que entiende que lo que está haciendo quien le fía
no es una transacción comercial, sino que es una ayuda para poder
mantener sus necesidades básicas satisfechas.
Los créditos barriales por día: la financiación de los comercios
Los circuitos de comercio, sostiene Zelizer (2008), además de tener

significados compartidos acerca de dicho intercambio, deben iden-
tificar a quienes son los partícipes del mismo de manera excluyente
de quienes no lo son (Zelizer, 2008, 2012). Los créditos de cobro y
pago diario también eran una actividad extendida en los barrios

donde hicimos nuestras entrevistas. Estos intercambios tienen la
particularidad de identificar a los comercios barriales como sus
principales clientes: “Ellos tenían que ver que vos tenías negocio,
si no no te dan… porque ven que vos trabajás todos los días y que
vos podés pagarles”, comentaba la familia Fiordomo, vecinos que
ya citamos más arriba.
Estas entidades ofrecen una gama variada de productos para
comerciantes: balanzas, freezer, carameleras, mostradores, estante-
rías, etc. Uno de los requisitos, como comentaba la familia Fiordomo,
es poseer un comercio barrial que brinde garantías materiales de
que habrá dinero todos los días. Esto es un factor clave tanto para
acreedores como deudores, en la medida en que trabajar para el día a
día (los quioscos y almacenes) supone tener ingresos diarios irregu-
lares e inconstantes, pero que pueden servir para pagar un préstamo
de cobro diario, sea cual fuere el costo. Esto nos comentaba Viviana,
comerciante barrial de 42 años asentada en barrio Los Troncos en
Santa Fe: “Ellos te traen un catálogo de un montón de cosas. Y así
empecé a comprar algunas cosas... No es que comprás barato, pero
sí está en la facilidad de pago”. En otra entrevista, Yoana y su madre,
del barrio Los Troncos de Santa Fe, nos decían algo similar:
… suponete, tienen una heladera, que está a tres mil y algo, “te la
damos y todos los días nos das cincuenta pesos”, te dicen; o cien
por día, como vos quieras arreglarlo. Y ahí es donde te la dan, te
traen la heladera y al otro día ya te empiezan a cobrar.
Estos fragmentos ilustran cómo se articulan estos intercam-

bios y cuáles son algunas de las razones por las que las personas
los escogen. El hecho de que sirva y permita a los comercios

barriales hacer uso de sus ingresos diarios y por ende mejorar la
calidad de sus prestaciones adquiriendo ciertos bienes, al tiempo
que brinda una facilidad de pago y la posesión del bien de forma
inmediata, también supone que los prestamistas se adecuan a la
necesidad de sus clientes, y que estos últimos tomen el compro-
miso de pago.
Ahora bien, estos intercambios tienen otra particularidad, la
de que a veces suponen cierto grado de violencia física. Ante situa-
ciones de morosidad, nuestros entrevistados nos comentaban cómo
son las resoluciones de dichos conflictos. La misma Yoana nos decía
lo siguiente:
… todos los días a las ocho de la mañana, ¿sabes qué?, golpeando

la puerta; tocándote el timbre. Si no atendés no se van, se quedan
ahí esperando, esperando... Sí, hasta que no les abrís no se van, te
cobran sí o sí. Andan dos, uno anda armado y el otro anda cobrando.
Asimismo, cuando la morosidad prosigue, nuestros entrevista-

dos nos comentaban que los mismos cobradores les retiran el pro-
ducto adquirido o, en algunos casos, pueden darles uno de menor
valor según el monto abonado hasta ese momento. En este último
caso, el historial crediticio con estas casas comerciales es esencial.
Solamente, nos decían los entrevistados, si ya “sos cliente” (lo que
implica un vínculo extendido en el tiempo), “podés negociar las
cuotas y las resoluciones de estos conflictos”. Lo relevante de estos
conflictos también es dimensionar que los propios deudores saben
cuáles son las situaciones que pueden atravesar, es decir, tienen
significados compartidos sobre el cómo de la transacción.
Lo que quisimos resaltar con esta breve explicación de los

créditos de pago diario, es que su utilización responde a varias
cuestiones que, si bien siguen la lógica económica, también están
mediados por la falta de otros dispositivos de adquisición de bie-
nes, como asimismo de la violencia física. En este sentido, la nece-
sidad de poder mejorar los comercios y la calidad de ingresos que
tienen los mismos hacen que algunos comerciantes se inclinen por
estas financiaciones antes que por otras, donde los requerimientos
y garantías son diferentes, mostrando que los cálculos económicos
muchas veces están sometidos a un cálculo inmediato y no planifi-
cado, mediado por cierto grado de violencia física.
Resumiendo
En este apartado focalizamos en la relación que los fenómenos eco-

nómicos tienen con los marcos culturales y sociales en donde se
desarrollan, en particular, haciendo un análisis acotado de cómo se
llevan adelante y se configuran relaciones de crédito y deuda en los
barrios populares. Como observamos, la distinción entre “buenos”
y “malos” instrumentos financieros, y entre los momentos correc-
tos de su uso, se relacionan con formas de realizar cálculos y racio-
nalidades diversas, donde entran en juego significados sociales,
normas morales y factores económicos y materiales.
Si bien aquí no incluimos el análisis de otras relaciones finan-
cieras por cuestiones espaciales, realizar algunos comentarios
extra sobre ellas nos sirve para enfatizar el argumento. Otras
prácticas extendidas en los barrios eran los créditos intrafami-
liares o entre conocidos que eran vehiculizados por la calidad de
estos vínculos afectivos. En ellas estos vínculos tenían un efecto
disciplinador a la hora de la devolución de los mismos, es decir,

un buen amigo, un buen hijo o hija, no solo sabe cuáles son los
momentos correctos de pedir a un allegado dinero (“cuando estoy
en la lona”), sino que también, si es necesario, se endeuda mante-
niendo el valor que la familia o la amistad tiene por sobre los valo-
res económicos, donde se devuelve lo prestado aunque “cueste
caro”. Por otro lado, también muchos de los entrevistados comen-
taban que usaban créditos de prestamistas informales (en los que
la violencia física es un mecanismo que aparece al instante en que
hay morosidad), pero a su vez, se constituyen en un vehículo que
tienen los sectores sociales más vulnerables carentes de garantías
para tener dinero en efectivo de inmediato.
Estos ejemplos nos sirven para profundizar nuestro argu-
mento. Si tenemos en cuenta que la población analizada en gene-
ral no tiene trabajo registrado ni ingresos fijos, tanto las garantías
como los mecanismos de financiación que utilizan no pueden ser
pensados solo desde la irracionalidad, el desconocimiento y la falta
de confianza en el sistema financiero formal. En sí, deben ser una
problemática pertinente de interrogar.
Toda relación de crédito debe resolver una cuestión: cómo
obtener pruebas de que en el futuro pactado por el crédito se devol-
verá el dinero prestado en el presente (Carruthers, 2010, 2011). Así,
las diferentes especies de garantías (Wilkis, 2015) que las personas
puedan demostrar son una cuestión central a tener en cuenta en
estas relaciones. Si tomamos en consideración que el ingreso al
mercado formal está mediado por garantías económicas y laborales
(empleo registrado) —que no dejan de ser morales en el fondo, en la
medida en que se presupone que quienes tienen ingresos corrien-
tes serían personas más afectas a efectuar los pagos de los créditos
y quienes no tienen ingresos corrientes serían más reticentes,

cuestión que no ocurre de tal manera (Chena y Roig, 2017)—, las
únicas garantías que tienen los sectores vulnerables de ingresar al
mercado financiero (formal e informal), son sus garantías morales.
Aunque las mismas traducen otros valores (ser un sujeto de crédito
confiable —no riesgoso—, ser buena persona, ser honesto, ser buen
amigo, hijo, devolver el aguante de los comerciantes), no materia-
lizan más que la idea de obligación social de que las deudas deben
pagarse (Wilkis, 2013, 2017).
De tal modo, cuando las personas no tienen garantías econó-
micas que ofrecer y encuentran en diferentes mecanismos otras
herramientas financieras que les permitan llevar adelante la eco-
nomía de su hogar haciendo “malabares” (Guerin, 2014b), no tie-
nen más que demostrar sus garantías morales. Esto ratifica dos
cosas: por un lado, que la decisión de adquirir un crédito se rela-
ciona, en efecto, con las condiciones materiales y económicas de
las personas y, en particular, con las herramientas que se ajustan
a esta condición; y, por otro lado, que las personas toman más cré-
dito o deuda para sobrellevar la economía de sus hogares porque
es el medio que tienen para hacerlo, y pagan las mismas no solo
para mantener dicho vínculo, sino para distinguirse moralmente
de las demás personas que faltan a sus compromisos. Es decir,
detrás de la razón económica se encuentra una razón sociológica
por la cual, pese a los grados altos de endeudamiento, las perso-
nas continúan pagando y endeudándose, manteniendo el círculo
vicioso entre ingresos escasos —característicos de estos grupos—,
supervivencia y moral.
Finanzas populares y feminizadas: identidad, roles y

mandatos en las relaciones financieras
Como ya dijimos, desde la perspectiva de la sociología económica

los usos del dinero —y los significados en torno al mismo— no
pueden ser analizados de manera exógena a las circunstancias ins-
titucionales, políticas y sociales de los actores. El entendimiento
sobre “las reglas del juego”; los significados que intervienen; los
roles asignados en la sociedad según el género, la edad, o naciona-
lidad inciden en las prácticas monetarias de los agentes económi-
cos. Si bien existen distintas acepciones para el término “género”,
para desnaturalizar las división sexual del trabajo la historiadora
estadounidense Joan Wallach Scott (1996) señala que se trata de
un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las
diferencias sexuales y a su vez una forma primaria de relaciones
significantes de poder. Sobre este último punto, la autora indica
que no se trata del único campo en donde se articulan relaciones de
poder, pero sí ha sido transversal y permanente en distintas tradi-
ciones occidentales y orientales a lo largo de la historia. En cuanto
al elemento constitutivo de las relaciones sociales, por la importan-
cia que conlleva para el análisis subsiguiente señalaremos que se
sustenta en símbolos culturales, conceptos normativos, nociones
políticas e identidades subjetivas (Scott, 1996).
El concepto “desigualdad de género” últimamente está muy
presente en los discursos para justificar ciertas políticas sociales,
pero, ¿a qué nos referimos cuando la evocamos? En los últimos años,
han proliferado análisis que complejizan la relación capital-trabajo,
introduciendo al análisis económico la dimensión sobre la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo. Se trata de un conjunto de actividades
necesarias para sostener la vida y realizadas fundamentalmente

en esferas feminizadas e invisibilizadas (Pérez Orozco, 2017). La
evidencia existente demuestra que en Latinoamérica estas tareas
se encuentran desigualmente distribuidas en dos niveles distin-
tos. Por un lado, entre hogares, Estado, mercado y organizaciones
comunitarias. Por otro lado, entre varones y mujeres (Rodríguez
Enríquez, 2017). Esta situación persiste a través de un conjunto de
valores que asocia a la lógica de acumulación y el trabajo remune-
rado con la masculinidad —ética productivista— y a la responsabi-
lidad de sostener la vida con lo femenino —ética reaccionaria del
cuidado (Pérez Orozco, 2017).
Esta ética reaccionaria del cuidado en algunas ocasiones se ve
reforzada por las condicionalidades que deben cumplir las recepto-
ras de TMC que además, por su condición socioeconómica, no pue-
den tercerizar las tareas de cuidado del hogar y del niño (Angulo
Salazar, 2018; Rodríguez Enríquez, 2011). En la mayoría de los casos
que estudiamos dependen en su totalidad del tiempo y trabajo de
la madre; “... siempre me limitaba mi hijo. En el Sanatorio Güemes
estuve dos meses, el tercer mes ya me iban a poner en blanco y a mi
hijo no sé qué le pasó y no pude seguir”, comenta Giuliana. El caso
de Liz es muy similar:
En toda la cuestión de mis hijos me encargo siempre yo […] esta

vez me matriculé sola, antes lo ponía a él también como segunda
opción. Pero a veces le pedía documentos o algunos trámites y no
me lo quería dar, ¿viste? […] yo con él me separé por violencia,
por eso nos separamos nosotros, ya hace un par de años. Entonces
por eso esta vez, una secretaria del colegio de mi hijo me dijo:
¿Por qué no los inscribís vos sola como sostén de tu familia?
Atendiendo a esta relación desigual según el género, organis-

mos internacionales han avanzado en el diseño de programas de
financiamiento dirigidos específicamente a mujeres, por dos moti-
vos: 1) se considera que administran mejor los recursos en pos del
bienestar de los miembros del hogar; 2) se identifica cierta inequi-
dad para acceder a fuentes de financiamiento, debido a elementos
sociales, culturales y económicos. En este sentido, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015 por la Organización
de Naciones Unidas (ONU) promueve el diseño de acciones o refor-
mas que otorguen a las mujeres el derecho a los servicios financie-
ros para alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento
de las mujeres (Objetivo Desarrollo Sostenible Nro. 5).
Sin embargo, los resultados de la aplicación de estas políticas
son controversiales; si bien algunos estudios afirman que adquie-
ren mayor empoderamiento e independencia por el manejo de un
ingreso monetario, muchos otros consideran que se restringe la
autonomía y el acceso al mercado formal de trabajo (Cecchini y
Madariaga, 2011; Cavallero y Gago, 2019). Los estudios que analizan
el fenómeno de endeudamiento de los hogares pobres hacen hinca-
pié en el rol que cumple la identificación económica de las mujeres
para el acceso al crédito; recae sobre ellas la responsabilidad de ges-
tionar las deudas del consumo y reproducción familiar, dando lugar
a un proceso de feminización de las finanzas populares impulsada
por la conexión entre políticas sociales y extensión del mercado del
crédito (Wilkis, 2014). Para continuar contrapesando estas conclu-
siones, a continuación analizamos los significados que se atribu-
yen a las distintas prácticas económicas y los distintos usos que se
destinan según el origen del dinero para contrastarlos también con
los preceptos de la ENIF (2017, 2020) y el PNEF (2019).
Ser buena madre, esposa y deudora: la importancia de los vínculos

en el crédito informal
Las modalidades informales para acceder al financiamiento care-

cen de las características de sostenibilidad y seguridad que brindan
los medios formales; por ende, las personas que lo utilizan sue-
len ser más vulnerables a estafas o defraudaciones. Sin embargo,
muchas veces es el único mecanismo por el cual se pueden afrontar
gastos más importantes o imprevistos. De esta manera aparece una
intersección entre el acceso al crédito y/o ahorro y los vínculos de
confianza construidos por las mujeres. Esto se manifiesta por ejem-
plo en la participación en “juntas” del barrio o familiares; la terce-
rización de relaciones financieras —solicitud de crédito a través de
un familiar— y el préstamo o adelanto del empleador.
Las “juntas”, por ejemplo, consisten en una forma de aho-
rro o crédito en la cual participa un número determinado de per-
sonas que se pusieron de acuerdo para aportar semanalmente o
mensualmente cierto monto de dinero para formar una “bolsa” que
se asigna sucesivamente a los participantes hasta que todos hayan
cobrado y realizado el aporte acordado. Se trata de un mecanismo
no regulado por el Estado, basado íntegramente en la confianza
mutua, por lo cual generalmente se convoca a familiares y amista-
des para participar:
Estoy en una junta pero no del barrio, de la familia del papá de

mi hijo y voy a recibir treinta mil el mes que viene. Yo tengo que
poner semanal $ 500, o $ 2.000 por mes. Somos creo que veinte
personas, yo soy la número tres, una vez que lo cobras seguís
poniendo plata hasta que todos cobren.
Se trata de una estrategia de financiamiento que Giuliana rea-

lizó en reiteradas veces y que siempre le funcionó para afrontar
gastos más altos como la compra de un terreno en la villa donde
vive y en la cual proyecta empezar construir con el cobro de los
próximos 30 mil pesos.
La irregularidad de los ingresos provenientes de la actividad
laboral en los hogares pobres, como ya se indicó anteriormente,
implica que muchas veces se recurra al “fiado”. La señora Maldonado
nos dice que la almacenera del barrio, a quien conoce desde hace
años, le permite retirar mercadería de manera anticipada al pago:
Y cuando nos atrasamos con el almacén, hablamos con la señora

de que nos aguante porque no salió ningún trabajo. Entonces
después le pagamos y no tienen problemas, porque tienen siem-
pre trabajo y aparte ella nos conoce de hace años.
Otra forma de financiamiento basado en la confianza cons-

truida en el tiempo aparece en el caso de Giuliana y los préstamos
otorgados por su empleadora: “Porque a veces no tenía para com-
prarle la medicación a mi hijo, ponele $ 1.000 o 500 y ella me lo
daba. Después me lo descontaba en dos cuotas para no sentirlo”. En
este caso, la moral del dinero (Wilkis, 2015; Zelizer, 1994) reviste
una importancia de igual magnitud a la confianza construida en el
vínculo. Giuliana cuenta que su empleadora, si era necesario, ade-
lantaba su salario de empleada doméstica siempre y cuando se tra-
tara de la salud de su hijo. Aquí lo que habilita el préstamo por parte
de la acreedora es el uso moralmente aceptable que le asignará su
empleada —el “adelanto” posibilita el rol de “buena madre”.
Programas sociales: identificación económica de receptoras de TMC

como garantía de acceso a un crédito formal con privados
Si bien en el discurso de las entrevistadas generalmente aparece

una renuencia a la adquisición de préstamos formales, la identifi-
cación económica como receptoras de una PNC o una AUH, en algu-
nos casos significó la posibilidad de acceder por primera vez a una
tarjeta de crédito por parte de una financiera o una casa comercial.
Esto, principalmente, posibilitó la compra de bienes más costosos
—como electrodomésticos, muebles, calzado— y la compra de ali-
mentos en supermercados. En cuanto a las tarjetas de crédito ban-
carias, se encuentran poco expandidas. En el caso de Liz cuenta con
una del Banco Galicia y otra del HSBC que utiliza fundamentalmente
para la adquisición de electrodomésticos o para completar las com-
pras del mes si no llega con su ingreso mensual. Las adquirió cuando
trabajaba en blanco como empleada doméstica:
Trabajaba hace un montón de años en blanco por eso pude sacarlas.

A veces me vienen $ 7.000 de tarjeta más o menos. Entonces por
ahí les compro algo a mis hijos con eso, la tele la compré con cuotas
por ejemplo. Lo bueno es que podés pagar el otro mes. A veces me
falta, compro con la tarjeta y voy pagando mensualmente.
Giuliana también tuvo ese medio de pago, pero en lugar de asociarlo

a una “facilidad” lo vincula con un incentivo al consumo superfluo:
“Tuve cuando estaba en blanco pero la di de baja. Por la misma
situación de que ya no estaba trabajando como debe ser y las tarje-
tas son tentadoras y por las dudas preferí no”.
La señora Cejas no utiliza una cuenta bancaria, pero tiene Tarjeta

Naranja, con la que paga indumentaria deportiva para sus hijos, ali-
mentos, muebles o elementos de trabajo para su marido jardinero.
En determinado momento un sobrino le pidió el uso de la tarjeta para
poder afrontar la compra de un andador y un cochecito ante el naci-
miento de su hijo. El acuerdo era que él le iba a dar en efectivo las siete
cuotas correspondientes en cada cierre de la tarjeta, sin embargo el
pago de las últimas terminó afrontándolo ella por lo cual decidió res-
tringir el uso del plástico únicamente para su familia núcleo:
No le voy a sacar la mercadería, pero una vez sí, dos veces no me

lo van a hacer […] entonces si tengo tarjeta, bueno, me ocupo de
mis hijos, que yo sé que lo que yo gano no me alcanza para vestir
a los otros, entonces me meto en un crédito y les compro ropa a
los siete, y a mi nieto acá.
Para ella, el acceso a una tarjeta tuvo un significado dual: por

un lado una restricción de su autonomía al tener que lidiar con las
solicitudes de préstamo por parte de otros familiares, pero también
de cierta independencia porque deja de ser obligatorio el consenso
para algunas decisiones económicas:
Firmo yo sola nomás, antes tenía que consultar, sí, porque tenía
que firmar él porque a mí no me daban créditos en ningún lado.
Cuando él trabajaba en la carnicería, el crédito era de él, o sea sí o
sí tenía que firmar él […] ahora lo hago yo sola nomás.
En los casos de la señora Maldonado, la señora Cornaglia y la

señora Belquis, el balance respecto de los beneficios del crédito por
parte de entidades financieras es más difuso. La señora Maldonado

también tiene una Tarjeta Naranja que al principio le resultó útil en
los momentos en que “no había tanto trabajo” para poder comprar
alimentos y para sumar puntos. Si bien al momento de la entrevista
había adquirido la tarjeta hacía menos de un año, ya había tenido
una experiencia de atraso en el pago, por lo cual tuvieron que refi-
nanciarla en tres cuotas que afrontó pidiéndoles dinero prestado a
sus hijos. Lo paradójico de la situación es que obtuvo el plástico por
su condición de beneficiaria de una PNC y sin embargo la refinan-
ciación de las cuotas la solventó con el trabajo de albañilería de sus
hijos. Esta situación la llevó a tener una mirada negativa sobre el
uso del crédito y a darse de baja de la tarjeta:
Lo que pasa es que es mucha plata. Vos te atrasás una cuota y

después se te vienen. Yo no pagué dos meses y me mandaron de
judiciales, por la Tarjeta Naranja. Yo no la puedo ir a pagar a un
Pago Fácil o ir a pagarla al Banco, no, yo tengo que ir a judicial a
pagarla. Ahí voy a pagar yo, es una oficina de abogados.
La señora Cornaglia escuchó en la radio que estaban otor-

gando la Credifiar y la Tarjeta Naranja y fue al centro a trami-
tarla. Al igual que la señora Maldonado, recurre a los préstamos
que le otorgan sus hijos cuando no le alcanza para pagar las cuo-
tas —que a veces tienen que solicitar un adelanto a su jefe. Utiliza
estas tarjetas para comprar electrodomésticos, alimentos, gastos
de fin de año y para “prestarles” el beneficio de las cuotas a sus
hijos cuando necesitan hacer algún gasto más alto: “Cuando ellos
necesitan zapatillas, yo voy y saco para ellos y ellos después me
dan para que yo pague la cuota”. El pago de la tarjeta es el primer
gasto que cubre en el mes y asegura que a veces tiene que realizar
“hasta dos horas de fila para pagar”.
Belquis intentó obtener tarjetas de crédito y préstamos perso-

nales para la compra de electrodomésticos pero se los denegaron
por no contar con un ingreso demostrable y embargable. Por ese
motivo recurrió al uso de una tarjeta que pertenece a una amiga:
Ella va y firma y ella me saca a nombre de ella. Las cosas que

tengo yo están todas a nombre de ella. He sacado la heladera y el
televisor en veinticuatro cuotas […] Jamás me he atrasado, yo he
cobrado y lo primero que he pagado es a ella […] porque yo ahora
donde estoy viviendo no viene nada a mi nombre, no tengo un
impuesto, nada. El impuesto que viene del agua viene a nombre
del chico que me vendió la casa.
El uso de tarjetas de casas comerciales para acceder a la tenencia

de electrodomésticos aparece en reiteradas ocasiones. La señora Cejas
pudo acceder a la compra de un ventilador y una tele a través de un cré-
dito en diez cuotas en una sucursal de Garbarino. A modo de garantía
presentó la constancia de cobro de la PNC y un servicio a su nombre:
Yo no espero que llegue el resumen, yo voy y pago antes… después

me llega el resumen… por eso te digo, yo cobro todos los prime-
ros, salgo del banco, pago lo de Garbarino y pago los setecientos
pesos que debo de Tarjeta Naranja.
La señora Fernández también comenzó a comprar electrodo-

mésticos en Frávega a través de la tarjeta de su hermano que tenía
un conocido en el comercio y le facilitaba el acceso. Más adelante,

con el recibo de sueldo de su esposo —antes de que lo despidieran—
pudo comprar la heladera y el televisor en doce cuotas a su nombre:
Si Frávega no me daba la posibilidad, yo tenía que ir juntando

para comprar, porque otra forma no tenía. Te cobran mucho de
intereses, porque te ponés a sacar cuentas y es mucho, pero por
ahí no hay otra forma.
En cuanto al uso de la tarjeta de débito se encuentra poco exten-

dida en las entrevistas. Posiblemente en algunos casos esto se deba
a falta de información, pero también encontramos explicaciones
asociadas a deficiencias en el servicio por parte de las instituciones:
Cuando yo estuve en blanco la señora me pagaba a través del

Banco Francés […]. La tarjeta la tengo pero cuando fui a cobrar
en la sucursal de Pompeya nos dio la sorpresa de que ya no iba
a trabajar con ANSES y no podíamos recibir el beneficio por el
banco. El banco mismo nos mandó a cobrar en un Pago Fácil que
queda también en Pompeya.
Esta dificultad implica que Giuliana, para poder cobrar, tenga

que presentarse de manera presencial frente al Pago Fácil y retirar
el monto completo en efectivo, privándose de la posibilidad del uso
de la tarjeta de débito y los beneficios que conlleva —por ejemplo,
la devolución de un 15% en compra de alimentos con un tope de
reintegro. Cuando se le consulta sobre la posibilidad de realizar un
traspaso a otro banco aparecen como limitación el desarrollo de la
pandemia y la falta de tiempo.
El ahorro es una de las recomendaciones más frecuentes para

una cultura financiera eficiente. Se considera que puede ser favo-
rable tanto para enfrentar adversidades como para la inversión y
gestión de gastos (PNEF, 2019). Sin embargo, en el caso de las muje-
res pobres aparece como limitación la herramienta financiera para
llevarla a cabo. En las entrevistas la acción de ahorrar se anota como
algo positivo que se transmite como un valor a los hijos. Pero tanto
Liz como Giuliana manifiestan no poder utilizar la cuenta bancaria
en la que perciben la TMC para “guardar” dinero. Liz cuenta:
¿El banco qué hace?, te deposita y te dan un plazo de veinte días, si

en esos veinte días tú no sacas o no compras con esa plata se debita
otra vez automáticamente. Una vez me pasó eso, hace un montón
de años, cuando tenía, a Leandro y Aron, a los dos. Yo había dejado
como $ 500 en la cuenta y dije “Bueno, voy a ir a sacar”, después
de un tiempo fui, después de casi un mes creo, antes de que me
depositen el otro y no tenía. Y llamé a la ANSES y pregunté y me
decían que no, que eso se debita automáticamente, te dan un plazo.
Giuliana describe una situación muy similar: “Me pasó una vez
que dejé pasar como dos meses y medio y me dijeron que me iban a po-
ner como inhabilitada, yo la verdad ni me acordaba”. Esto significa que
en caso de existir ahorros deben utilizarse mecanismos informales.
Viejas identificaciones económicas como garantía de nuevos

servicios financieros: acceso a préstamos formales con el Estado
Los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada, que

en las últimas décadas propiciaron las garantías para el acceso al
crédito en casas comerciales y entidades financieras, ahora se arti-

culan con programas estatales de inclusión financiera. La puesta en
marcha de los Créditos ANSES —enmarcados en los objetivos del
Consejo de Coordinación de Inclusión Financiera (Res. 121/2017)—
se da en el marco de una transformación de la institucionalidad de
la protección social. Dicha transformación ha atravesado gestio-
nes antagónicas a cargo del Poder Ejecutivo, añadiendo un motivo
más para dejar de lado los análisis coyunturales y poner la mira en
la transformación holística que implica. Esta política merece una
observación minuciosa sobre los resultados en materia de género,
ya que del total de solicitantes de prestaciones no incluidas en el
SIPA, las titulares de la AUH —en un 98% mujeres— fueron el tipo
de destinatario que más solicitó el crédito, alcanzando en abril de
2019 a un 70% del total de las titulares.
En el año 2017 se estableció como monto máximo del crédito
hasta cinco mil pesos por hijo, aumentando en 2019 a doce mil pesos
por hijo, siendo la modalidad de cobro de la cuota el débito automá-
tico de la caja de ahorro. En cuanto al financiamiento, hasta 2019
podían pagarse en 24 cuotas, con un costo financiero total (CFT)
de 54,14%, o en 36, con un CFT de 48,91%. Sin embargo, durante
diciembre de 2019 y diciembre de 2020 se suspendió el débito, que
se reanudó en enero de 2021 con una reducción de la Tasa Nominal
Anual que pasó a un 32% (https://www.anses.gob.ar/creditos-anse
s-para-asignacion-universal-por-hijo).
En los testimonios pudimos observar que esta forma de endeu-
damiento adquiere características específicas, como por ejem-
plo una carga menor en el pago de las cuotas en comparación con
otras obligaciones financieras por tratarse de un mecanismo de
descuento automático y un costo financiero total más bajo que el
de otros créditos. Pero también, una incertidumbre respecto del

cobro, el monto adeudado, el interés que podrían cobrar y la dificul-
tad que esto acarrea para planificar su economía. Liz, por ejemplo,
en un momento de la pandemia pensó en volverse a su país de ori-
gen, Perú, pero no sabía qué podía suceder con el pago del crédito:
La verdad que no lo siento tanto porque como no es la plata que yo

pongo, me debitan automáticamente, es como que no me afecta.
Yo, al contrario, quisiera que me descuenten como para que ya
me lo saque de encima, la deuda, ¿viste?, porque nos van a cobrar
más impuestos seguro, me imagino. Porque antes hacía planes,
ponele, me pagaban 7.000 y yo ya sabía qué es lo que tenía que
gastar con los 7.000. Y ahora, como no me descuentan, todos los
meses me depositan 15.000, por el tema de los chicos. Y si me van
a descontar más, es como que ya me descuadra.
Cuando se le consulta a Giuliana por el monto total solicitado no

recuerda con exactitud, pero tampoco tiene ningún tipo de registro
que le permita consultar esa información. Relata que cuando soli-
citó el crédito al Estado, el monto se depositó unos días después en
su cuenta bancaria y ella elaboró un registro propio en papel —que
hoy no encuentra— con los descuentos que le correspondía afrontar.
Al consultar a la línea 130 y a la Aplicación Mi ANSES, en un caso
le comunican que no disponen de esa información y en la App esa
pestaña figura “en mantenimiento”. Con esta estrategia de financia-
miento aparecen dos elementos a tener en cuenta: la incertidumbre
y falta de información respecto de los cobros y descuentos. Liz tam-
poco recuerda con exactitud el monto solicitado y solo cuenta con
un email que recibió el día de la solicitud donde se le informa que la
operación fue exitosa, sin ningún tipo de información adicional: “No

sé, sé que en 2018 pedí uno, creo que en 2019 fue que pedí el otro.
Pero creo que pedí el máximo por hijo las dos veces”.
En cuanto al uso del Crédito ANSES, encontramos que se uti-
liza para afrontar gastos similares a los de las tarjetas de entidades
financieras, por ejemplo para la compra de muebles, electrodomés-
ticos, gastos de cumpleaños. Giuliana lo solicitó a través de la página
en dos ocasiones, una primera en el año 2018 por el monto máximo
de ese entonces y otra en 2019 por el monto restante:
Le venía celebrando el cumpleaños todos los años, […] le llevaba

al jardín la torta para compartir con todos los nenes. Y hacía
doble torta, porque era una para el jardín y otra en la casa. Y la
abuela de mi hijo me avisó para que yo saque el crédito y pueda
hacer ese gasto.
En el caso de Liz, el crédito se destinó para la compra de un tele-

visor y un sillón para sus tres hijos,
En ese tiempo no me alcanzaba. Trabajaba en blanco en ese

tiempo, de empleada doméstica y en ese tiempo me pagaban muy
poco […] Lo usé para comprarme algunas cosas para la casa. Pude
comprar esta mesa, el sillón para los chicos, como para que ten-
gan también su comodidad ellos.
Acostumbrada a las largas filas y la gestión en las sucursales

financieras, a Giuliana la página le generaba desconfianza. Recién
cuando se encontró con el dinero en la cuenta confió en la opera-
ción financiera que había realizado:
… ahí hice el “clic” de que sí estaba ese beneficio de poder pedir el

préstamo para cualquier tipo de ayuda… me cayó la ficha cuando
me llegó la plata por el cajero. Me parecía medio sospechoso,
porque lo saqué a través de la página, no vaya a ser un engaño.
No tengo mucho conocimiento… No es wow pero por lo menos es
una ayuda que el Estado nos da para beneficio de nuestros hijos.
Yo digo a veces que hay gente que no sabe aprovechar las ayudas
sociales, hay mucha ayuda acá.
Liz gestionó el Crédito ANSES a través de la línea 130 porque no

podía realizarlo por el celular.
Me enteré por la noticia. Vi que se podíam inscribir las personas que

estaban cumpliendo, presentando la libreta, que tienen que tener sí
o sí todo al día. Y me inscribí y lo pude hacer. Primero por Internet
no lo podía hacer. Entonces llamé por teléfono y la persona por telé-
fono me ayudó, en el 130. Le dije que no podía, que no tenía compu-
tadora, así que “lo hice por celular y no puedo”, le dije. Me pidieron
unos datos y me dijeron que a los cinco días me lo acreditaban.
En síntesis
Existen dos ejes claves que conversan con la dimensión de género a

la hora de afrontar las distintas estrategias financieras: 1) conservar
los buenos vínculos y roles asignados para la adquisición de crédi-
tos informales, y 2) ser receptoras de un programa social —como
identificación económica que en algunos casos se interpreta como
“solvencia”— para acceder a un crédito formal. Esta última con-
sideración ahora asume una garantía adicional: la posibilidad de
acceso a un crédito formal otorgado por el Estado. El Crédito ANSES

tiene un uso similar al otorgado por instituciones financieras, sin
embargo en muchos casos ambas fuentes de financiación persisten
y se superponen al interior del hogar.
Desde el año 2017, la mayoría de las receptoras de AUH y PNC apa-
recen bajo una condición de doble obligación frente al Estado como
contrapartida para la percepción de dos ingresos distintos. Por un
lado una asignación, que garantiza un ingreso básico para la crianza
y que, por tratarse de una TMC está acompañada de las condicionali-
dades de asistencia escolar y atención sanitaria, que requieren la pre-
sentación anual de una cartilla acreditada, y por otro lado un ingreso
proveniente del crédito que conllevan una obligación financiera.
En síntesis, la inclusión financiera muchas veces significa una
autonomía para poder afrontar las decisiones económicas cotidia-
nas, y otras veces, una restricción de la independencia por el miedo
a que le quiten algún bien embargable y por el rol que se asume
en la familia como titular de un servicio financiero que se utiliza
para otros miembros de la familia. La etnografía económica pone
en evidencia que, al igual que sucede con las TMC, los usos y sig-
nificados del dinero proveniente de las distintas modalidades del
sistema financiero —informales, formales de instituciones priva-
das y formales del Estado—, en el caso de las mujeres pobres, están
íntimamente ligados al cuidado y reproducción de los miembros del
hogar, es decir, a una ética reaccionaria del cuidado.
Conclusiones
Ante la puesta en marcha de mecanismos de endeudamiento en

los hogares pobres y las relaciones de poder y dominación que
conllevan, el análisis del trabajo de campo nos disparó nuevos inte-

rrogantes: ¿qué forma debería adoptar la intervención del Estado
para evitar abusos en los cobros de intereses y posibles sobreen-
deudamientos en los hogares? ¿Se establece una nueva forma de
dominación entre el Estado y receptores de programas sociales
ante la oferta de créditos? ¿Qué formas asume? ¿Qué formato y
contenido deberían integrar la Estrategia Nacional de Inclusión
Financiera y el Plan Nacional de Educación Financiera para alcan-
zar los objetivos delineados?
Alexandre Roig (2017) sostiene que los grupos vulnerables están
explotados financieramente, tanto en la relación capital-trabajo
como en la forma en la que se saca rentabilidad financiera de ellos,
lo que supone nuevas formas de regulación de dicha relación de
explotación. Los esquemas de obligación de pago y las clasificaciones
morales sobre los sujetos se encuentran materializados no solo en
las relaciones formales de crédito, sino en las demás relaciones que
surgen como “ecologías financieras” (Ossandon et ál., 2017). Esto per-
mite que las prácticas se configuren en una manera de dominación
que unos ejercen y otros deben aceptar para conseguir los beneficios
materiales a los que se puede acceder a través de ella. La hipótesis
de que en las relaciones de crédito asoman valores de diverso tipo
—sociales, culturales, y morales— lleva implícita que la producción
de desigualdades y diferenciaciones existe en tanto se disciplina a los
demandantes a la vez que se los distingue entre sí (Wilkis, 2013).
A partir de la Resolución 516/17 podríamos inclinarnos a pensar
que el Estado argentino asumió cierto protagonismo en el conflicto
en torno a la inequidad existente frente al sistema de créditos según
el nivel de ingresos, género y condiciones frente al mercado de tra-
bajo, inclinándose por la estrategia del “sistema financiero paralelo”.
Sin embargo existe una fuerte controversia en nuestros días en

torno al rol que debe ocupar el Estado y los Costos Financieros de
los créditos emitidos. La actual directora ejecutiva de la ANSES,
Fernanda Raverta, publicó una nota de opinión en la cual caracteriza
a los Créditos ANSES como un “masivo sistema de créditos bancarios
a tasas de mercado” en contraposición con los originales Créditos
Argenta que representaban un sistema de inclusión financiera para
adultos mayores (Infobae, 01/11/2020). Es difícil concluir sobre los
efectos de una política relativamente nueva. A priori se puede con-
siderar que cuando el Estado se retira y se observa una ausencia de
políticas regulatorias para generar garantías para acceder al crédito
formal, el extractivismo financiero resulta más agresivo aún.
Según una investigación realizada por Roig (2017), los cos-
tos financieros anuales de los préstamos formales pueden llegar
hasta un 89%, mientras los otorgados por prestamistas “no regis-
trados” a un 1200%. Los Créditos ANSES para titulares de la AUH
significan una novedad en cuanto al involucramiento del Estado
en la generación de una fuente regulada de servicios financie-
ros para un sector desprovisto de ingresos formales provenien-
tes de la actividad laboral. Sin embargo, la forma en que aparece
esta intervención estatal daría cuenta más de una financiariza-
ción de la política social que de una democratización del acceso
a servicios financieros, ya que esta política crediticia, si bien no
reemplaza a la transferencia monetaria dirigida a garantizar
el cumplimiento de condiciones de escolaridad y sanidad bási-
cas para niños y niñas, se produce en un contexto de reducción
de la capacidad de consumo de las titulares de la AUH3 y por lo
3 El alto nivel de demanda se produce en el marco de una pérdida del poder de compra de
las titulares en 2016 y 2017 de 7,1% y 7% respectivamente en relación a 2015 (CEPA, 2018).
tanto pierde su sentido inclusivo. A su vez se trata de un universo

poblacional feminizado, donde ya existían niveles de financiari-
zación previos y sin embargo no se contempla en el diseño de la
política esta especificidad para garantizar que los resultados sean
efectivamente una inclusión y no una mera sujeción a nuevas
obligaciones financieras. Por ejemplo, podemos observar que el
significado que se atribuye al Crédito ANSES es el de una exten-
sión de la “ayuda” para el cuidado de los niños y niñas y que el uso
del dinero se corresponde con ese significado. Para transformar
el sentido de la política debería pensarse en el otorgamiento de
montos mayores a tasas inferiores que permitan reemplazar el
uso de mecanismos informales que se utilizan, por ejemplo, para
la compra de un terreno o para reformas en el hogar.
Por último, consideramos que es acertada la decisión de un
Plan Nacional de Educación Financiera para concientizar sobre los
beneficios del uso de algunas formas de pago, por ejemplo las tar-
jetas de débito o crédito de instituciones bancarias, en detrimento
del retiro de todo el dinero en efectivo. Sin embargo, si se pretende
una inclusión financiera de sectores vulnerables, el PNEF y la ENIF
deben incorporar información sobre las prácticas ordinarias de
los hogares pobres. En muchos casos, se dispone de información
sobre los beneficios y desventajas de los servicios financieros, pero
existen limitaciones estructurales en la oferta para los segmentos
vulnerables, que imposibilitan la mejor gestión de los recursos.
Por otro lado, en el PNEF (2019) se promueve el uso de servicios
financieros de manera responsable, fomentando los buenos hábi-
tos para la administración y planificación financiera. Sin embargo,
contradictoriamente aparece en los servicios financieros que
oferta el Estado una falta de información básica —como el monto
total solicitado, la cantidad de cuotas restantes a pagar, o la tasa

de interés con la que se reanudarán los cobros— que imposibilita
dicha planificación y previsión recomendada. Por último, creemos
que las Acciones Estratégicas Nro. 5 y 6 del PNEF (2019) —esto es,
“Fomentar el ofrecimiento de crédito responsable” y “Minimizar
las prácticas abusivas y fraudulentas”— son las más urgentes de
aplicar. Como quedó plasmado en el trabajo etnográfico, los conflic-
tos de interpretación y la falta de educación financiera no son las
limitaciones más grandes a las que se enfrentan los hogares empo-
brecidos, y en la mayoría de los casos se observa una conducta res-
ponsable en cuanto al cumplimiento de las obligaciones financieras
tanto para los mecanismos formales como informales.
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Redes neuronales al servicio de la
inclusión financiera en Argentina
Sofía Orazi
Introducción
La relevancia de una inclusión financiera universal como objetivo

de política de desarrollo ha cobrado importancia a través de los años
y actualmente forma parte de la agenda central de los gobiernos,
organismos internacionales y académicos. Tanto el Grupo del Banco
Mundial como la Organización de Naciones Unidas han establecido
metas muy ambiciosas para mejorar el acceso al sistema financiero
de toda la población. El informe denominado Microscopio Global
“The Economist Intelligence Unit” analiza los marcos políticos para
la inclusión financiera en 55 economías de mercados emergentes.
En el último informe Argentina subió dos posiciones, quedando en
el puesto número 7 frente a los diversos esfuerzos por mejorar la
inclusión financiera (EIU, 2019).
Uno de los hitos más importantes para la inclusión finan-
ciera en el país se dio en el año 2017, cuando se creó el Consejo
de Coordinación de la Inclusión Financiera, que es un órgano
207
interministerial creado por Resolución 121/2017 del ex Ministerio

de Finanzas, con el objetivo de elaborar e implementar una estra-
tegia integral de inclusión financiera. En el año 2019 se aprobó la
primera estrategia de inclusión financiera de la nación, con objeti-
vos ambiciosos y específicos para cumplir en el período 2019-2023.
En este contexto de planificación de dicha Estrategia Nacional
Integral, en el año 2017 se realizó el relevamiento del Banco Central
de la República Argentina (BCRA) en colaboración con el CAF-
Banco de Desarrollo de América Latina, denominado Estudio de
Capacidades Financieras de Argentina,1 cuya metodología ha sido
desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) (Iglesias y Mejía, 2018). A través de esta
encuesta se obtuvo información sobre 1.224 individuos de diversas
regiones del país, sus características socioeconómicas, la tenencia y
utilización de instrumentos financieros y un gran conjunto de datos
sobre las capacidades financieras de los individuos encuestados.
En este sentido, la capacidad financiera de una persona se puede
observar desde distintos ángulos. En la encuesta, estas capacidades
se planificaron para agruparse en tres dimensiones: en cuanto a la
planificación, es decir, el hábito de hacer un presupuesto personal,
ya sea exacto o general y si la persona finalmente lo cumple; el grado
de adhesión de una serie de afirmaciones sobre distintas actitudes
favorables para su bienestar financiero (como considerar su capaci-
dad de pago antes de comprar algo, su inclinación por “vivir al día”
y no preocuparse por el futuro, su preferencia hacia el gasto o el
ahorro, entre otros); y por otro lado, se evaluaron los conocimientos
1 Se puede descargar la base completa, la encuesta y los apartados metodológicos

en la página web: http://www.bcra.gov.ar/BCRAyVos/encuesta_caf.asp (última vez
consultado: 01/03/2020).
Sofía Orazi | 209
financieros de la persona (si puede realizar una división sencilla, si

identifica el valor del dinero en el tiempo, la existencia de pagos por
intereses, entre otros).
La metodología de análisis aplicada es un tipo particular de red
neuronal artificial, denominado mapas autoorganizados de Kohonen
(SOM, por sus siglas en inglés), que permite analizar todas las varia-
bles al mismo tiempo a través de un mapa bidimensional que iden-
tifica los elementos más cercanos, con características similares, en
base a las variables que han sido introducidas en su aprendizaje. En
el proceso, reduce las dimensiones de la información de entrada,
de n-dimensiones a un conjunto de mapas bidimensionales de cada
variable y la denominada U-Matrix que pondera todas las variables
en un solo mapa. Este tipo de herramientas es el primer paso en el
abanico de opciones que presentan las redes neuronales para el aná-
lisis de grandes datos, ya que reducen la complejidad de tratar con
grandes cantidades de elementos y de variables a una interpretación
gráfica específicamente diseñada en base al conjunto de datos con el
que se entrena la red. Al ser aprendizaje no supervisado, a su vez,
reduce los costos de interacción y la subjetividad del investigador.
Para la formación del mapa, en este trabajo se incluyen un total
de ocho indicadores: tres sobre las características socio-económicas
del individuo, una sobre su nivel de inclusión financiera —es decir
la tenencia y/o elección de instrumentos financieros—, y otras cua-
tro sobre sus capacidades financieras, en cuanto al grado de pla-
nificación financiera personal, el nivel de adhesión hacia actitudes
financieras saludables y sus conocimientos acerca de la variedad de
productos disponibles y de matemática financiera básica.
Hay varios objetivos detrás del presente trabajo. El primero de
ellos es detectar si la inclusión financiera está en concordancia con las
características socioeconómicas de los individuos y sus capacidades

financieras. El segundo objetivo se centra en analizar la cantidad de
grupos distintos que se detectan en la red final, entre quienes debería
hacerse distinto foco de política según sus capacidades financieras. Y
el tercer objetivo se basa en sugerir, para estos grupos, distintas pro-
puestas de política de inclusión y/o educación financiera.
Marco teórico
El impacto de la inclusión financiera se ha estudiado a distintas

escalas. En principio, la existencia de un vínculo entre inclusión
financiera y desarrollo económico se explica tras el surgimiento una
gran cantidad de trabajos, desde los años noventa, demostrando la
importancia del desarrollo financiero para las economías, promo-
viendo el desarrollo industrial y empresarial, mejorando la produc-
tividad y la acumulación de capital.2 De esta forma, se desprende
que la inclusión es una parte esencial del desarrollo financiero de
un país, a través de la creación de instituciones financieras forma-
les, sustentables e inclusivas, que canalicen el ahorro, la inversión
y por ende, promuevan el crecimiento económico en países en
desarrollo (Barajas et ál., 2020).
Diversos trabajos han evidenciado la importancia de la inclu-
sión financiera para el desarrollo económico. Collins et ál. (2009)
estudiaron la forma en que las personas de menores recursos
manejan sus finanzas en países subdesarrollados. Al tener pocos
ingresos, inestables en el tiempo, y tener proveedores informales,
inseguros y costosos, los costos de administración de las finanzas
2 Ver por ejemplo: Levine (2005); Jeanneney y Kpodar (2011); Beck, Demirguc-Kunt y
Levine (2007).
Sofía Orazi | 211
son muy altos para asegurar la alimentación, el consumo de bienes

esenciales, la educación, entre otras prioridades familiares. En este
sentido la inclusión financiera podría resultar una salida a muchos
de los circuitos que entrampan la pobreza.
Otro trabajo interesante es el de Bruhn y Love (2014) quienes
estudiaron los efectos de la inclusión financiera en dos regiones de
México que se encontraban desabastecidas de servicios financie-
ros, pudiendo medir el efecto antes y después de los cambios intro-
ducidos. Detectaron que la expansión de instituciones financieras
que se enfocan en la población excluida del sistema financiero, de
ingresos medios y bajos, tiene un impacto positivo sobre el acceso
al mercado laboral, el desarrollo de emprendimientos y el aumento
de los ingresos. A su vez, observaron un incremento en el producto
bruto per cápita en aquellas regiones donde había menor provisión
de servicios antes del experimento.
Sin embargo, los últimos datos de Global Findex, en base al
relevamiento del Banco Mundial del año 2017, revelan que los adul-
tos que poseen una cuenta en una institución financiera o con un
proveedor de dinero móvil, son el 69% de la población total. Sin
bien hubo un aumento del 7% desde 2014, un progreso que se vio
impulsado por los pagos digitales, las políticas gubernamentales y
la creciente aparición de servicios financieros a los que se accede a
través de teléfonos celulares e Internet (Demirguc-Kunt et ál. 2017),
en países en desarrollo la exclusión financiera continúa siendo una
realidad para gran parte de la población.
En Argentina, en el segundo informe de inclusión financiera,
de abril de 2020 se destaca que se registran, en promedio, 1,4 cuen-
tas de depósito en pesos por adulto a diciembre de 2019. Pero en
las encuestas presenciales, la tenencia de cuentas bancarias (o al
menos el reconocimiento de las mismas) apenas alcanza el 53% de

la población adulta (Martínez et ál., 2020).
La exclusión financiera no afecta a toda la población por igual.
Diversos trabajos han estudiado los determinantes de la exclusión
financiera. Allen et ál. (2016) utilizan la base de datos Global Findex
del año 2011 para 123 países del mundo y encuentran que las proba-
bilidades de tenencia y uso de las cuentas financieras, en particular
para el ahorro, son más altas entre individuos de mayores ingresos
y nivel educativo. A su vez, la edad tiene un efecto no lineal, es decir,
los individuos de edad mediana tienen, en promedio, más cuentas
que los más jóvenes y los adultos mayores. Los autores no encuen-
tran un efecto significativo del género en la tenencia y uso de las
cuentas financieras. La mayor frecuencia de uso, sin embargo, se da
entre titulares de género masculino, de altos ingresos, educación y
de mediana edad.
Otros autores (Martínez Pería, M. S., 2014; De Olloqui et ál.,
2015) identifican que los principales obstáculos que limitan la
inclusión financiera en América Latina incluyen limitaciones res-
pecto de la demanda, como bajas capacidades financieras de los
usuarios, la informalidad y la ausencia de productos que se ade-
cúen a las necesidades y aporten valor, las cuales pueden resultar
poco costo-efectivos para las instituciones financieras de modelos
de negocio tradicionales. A su vez, si bien el panorama político y el
regulatorio han progresado en la región, han resultado poco efecti-
vos para lograr los objetivos de política pública propuestos.
Como se mencionó previamente, el desconocimiento y
desinformación de la población sobre temas básicos en economía
y finanzas limita su capacidad para tomar decisiones responsables,
conscientes y competentes. En este sentido, la educación financiera
Sofía Orazi | 213
es crítica para la inclusión, ya que colabora a que las personas

desarrollen las habilidades para comparar y seleccionar aquellos
servicios que mejor se adaptan a sus necesidades y posibilidades,
empoderándolas para ejercer sus derechos y responsabilidades
(Mejía y Rodríguez Guzmán, 2016).
Diversos académicos y hacedores de políticas públicas se han
interesado en el hecho de que los individuos sin los conocimientos
financieros básicos carecen de las herramientas para tomar las deci-
siones más ventajosas para su bienestar económico. Trabajos como
los de Behrman et ál. (2010) y Capena et ál. (2011) identifican una
relación causal en la cual mejores indicadores de educación finan-
ciera conllevan mayor acumulación de riqueza. Gnan et ál. (2007)
destacan que la educación financiera suaviza el funcionamiento de
los mercados financieros en la medida en que las mejores decisiones
financieras de los ciudadanos en su conjunto reducen las probabili-
dades de crisis y favorecen la estabilidad del sistema. Mientras que
Mandell (2009) considera que las malas decisiones financieras de
los consumidores tienen efectos negativos sobre la economía, tales
como bajas tasas de ahorro y de formación de capital, bajos niveles
de ahorro para la vejez, y un mayor índice de inequidad en la distri-
bución del ingreso.
Es por esto que en este trabajo se consideran variables carac-
terísticas del nivel socioeconómico de los individuos, el grado de
tenencia y utilización de servicios financieros y también las capa-
cidades financieras de la población, en cuanto su participación en
la planificación de las finanzas personales, su grado de adhesión
hacia actitudes financieras saludables y la capacidad de compren-
der matemática financiera básica. Todas las variables han sido
identificadas por la bibliografía como claves para una inclusión
financiera armónica tanto para la persona como para los provee-

dores, y que beneficie a la estabilidad del sistema financiero y el
desarrollo económico.
Metodología
Los mapas auto-organizados de Kohonen (SOM, por sus siglas en

inglés, Self Organizing Maps) son un tipo de redes neuronales arti-
ficiales, con un proceso de aprendizaje no supervisado (Kohonen,
2001). Son especialmente adecuadas para tareas de clustering, ya
que este tipo de redes reúne elementos según su homogeneidad
considerando todos los atributos o variables definidas en la investi-
gación de forma dinámica.
Este tipo de metodología ha sido utilizado en muchos campos,
como en la segmentación de mercado, la minería de datos o el aná-
lisis bio-informático (Kohonen, 2013). En particular, también ha
sido aplicada a numerosos estudios en el contexto financiero (Ecer,
2013; Terceño et ál., 2013; Sorrosal-Forradellas et ál., 2017), mos-
trando una gran capacidad descriptiva y predictiva.
Para auto-organizarse, los SOM necesitan una capa de imputs o
entradas, estos son vectores de n elementos; la cantidad de vectores
responde a la cantidad de individuos que tiene la base, y la cantidad
de elementos responde a la cantidad de dimensiones que se necesi-
tan para describir las características relevantes de cada individuo
al fin de la investigación. Luego hay un proceso de aprendizaje y
se activa una capa de salida de m neuronas, que representan una o
más entradas, y se distribuyen en función de las similitudes y dife-
rencias que va encontrando entre los individuos en términos de las
variables que se introducen.
Sofía Orazi | 215
El proceso mediante el cual los SOM obtienen el mapa es el

siguiente: primero, los datos de entrada se describen en términos
de vectores de n componentes. De tal forma, se obtiene un conjunto
de patrones (P) como: xp=(x1p, x2p,...,xnp) con P=1, 2, 3 … n y donde
xip representa el valor del i-ésimo componente del patrón P. Todos
los patrones se introducen en el sistema en una escala similar; si
hay algunas diferencias, esas variables deben normalizarse. En este
trabajo se utilizaron índices de las variables más importantes. No es
necesaria una ponderación previa de dichos índices ya que la red a
través del proceso de aprendizaje va identificando similitudes, dife-
rencias y outliers y va ajustando los pesos. Por este motivo los índi-
ces son simples y aditivos como se explica en el siguiente apartado.
En cada paso del entrenamiento, los patrones se eligen
linealmente y se comparan con los vectores de peso que forman las
filas en la matriz: W=(wki)k=1,...m;i=1,...n donde wki es el peso asociado a
la conexión entre la neurona de entrada i y la neurona de salida k.
La neurona ganadora, denominada Unidad de Mejor Coincidencia
(BMU por sus siglas en inglés) es la neurona cuyo vector de peso
tiene la menor distancia con los datos del individuo. Aunque se pue-
den utilizar diferentes definiciones de distancia, la más común es la
distancia euclidiana. Entonces, la unidad ganadora k* satisface:
dk*p=min [dkp]k=1,...m=min [ ∑ (xip - wki)2 ] (1)
Una vez que se ha encontrado la neurona ganadora, se actua-

lizan los pesos asociados a esta neurona y también los de las neu-
ronas de su área de vecindad. Por eso, el proceso de aprendizaje
es dinámico. Es al mismo tiempo competitivo y cooperativo. Es
competitivo porque solo gana una neurona por la regla anterior,
pero también cooperativo porque no solo se modifica la BMU, sino

también sus vecinas topológicas.
Se han diseñado dos variantes del algoritmo de entrenamiento
SOM, el entrenamiento secuencial tradicional y el entrenamiento
por lotes. En este trabajo se utilizó el segundo ya que los pesos se
calculan de manera más eficiente con Matlab (Vesanto et ál., 2000).
Los nuevos pesos se obtienen como resultado de la siguiente
expresión:
wki (t+1)= wki(t) + α(t)·[ xip - wk*i(t) ] (2)
Donde α(t) denota la tasa de aprendizaje, que tiene un valor

entre 0 y 1 y disminuye monótonamente con el número de itera-
ciones, para asegurar la convergencia de la red. El área de vecindad
de la unidad ganadora está formada por unidades adyacentes en un
área rectangular o hexagonal, y cuyo radio también disminuye con
el número de iteraciones.
El número m de neuronas en la capa de salida es un tema clave en
la aplicación de SOM; depende de la cantidad de datos que se analizan
y del número de dimensiones incluidas. Aunque no existe un principio
teórico determinístico para definir el tamaño óptimo del mapa, existe
una compensación en relación con el tamaño del mapa: si es dema-
siado pequeño, es posible que no explique algunas diferencias impor-
tantes dentro de los datos de entrada. Por el contrario, al aumentar
el tamaño del mapa, la herramienta va perdiendo poder explicativo
ya que se vuelve más difícil identificar elementos similares. En este
trabajo se han testeado diferentes tamaños de mapa encontrando un
mejor carácter explicativo en una red de 12x12 neuronas.
Sofía Orazi | 217
Descripción de los datos
Para poder garantizar el óptimo funcionamiento de los mapas de

Kohonen se han formado diversos índices de variables clave para
la inclusión y sobre capacidades financieras, todos ellos varían
entre 0 y 1:
• Índice de Nivel Socioeconómico (IND_NSE): El nivel socioe-
conómico contempla las características del hogar, sus ingresos, la
educación y empleo del Principal Sostén del Hogar. El nivel socioe-
conómico más alto (AB) con un valor de 1 y luego disminuye para
las otras categorías.
• Índice de Nivel Educativo (IND_NED): el nivel educativo de la
persona más alto, es decir quien tiene posgrado completo, tiene
un valor de 1, y disminuye hasta 0,1 que es para personas sin
instrucción.
• Índice de Edad (IND_EDAD): El individuo con mayor edad de la
muestra toma valor 1, que es a la edad de 90 años y el valor 0 es para
el más joven de la muestra que tiene 18 años, mientras que el resto
de las edades se distribuye en ese rango.
• Índice de Inclusión Financiera (IND_IF): Se armó un índice
en base a la respuesta sobre tenencia de instrumentos financieros.
Este índice tiene 5 subíndices que a su vez varían entre 0 y 1. El pri-
mer subíndice es de cuenta bancaria, si la persona manifestó cobrar
sus ingresos a través de una cuenta bancaria, tener un depósito en
caja de ahorro o en cuenta corriente, en esos casos toma el valor 1.
De esta misma manera, quienes tienen tarjeta de débito también
tienen otro 1 en el subíndice. Se incluyeron también la tarjeta de
crédito, las variedades de préstamos (hipotecarios, prendarios,
personales, al empleador, entre otros) y el ahorro, ya sea teniendo
depósitos de plazo fijo o haber respondido de forma positiva la pre-

gunta de si ahorra. De esta forma, cada instrumento suma 0,2 pun-
tos, si la persona manifestó tener todos los instrumentos tendrá un
índice de inclusión financiera de 1.
• Índice de Planificación de la Economía del Hogar (IND_PLAN):
Este índice mide la participación que tiene el encuestado en las
decisiones financieras de su hogar, si tiene un presupuesto, si ese
presupuesto es general o exacto, y el grado en el cual las perso-
nas siguen ese plan. Esto permite evaluar el nivel de planificación
financiera personal o del hogar, en el caso que sea quien toma las
decisiones financieras del grupo familiar. De esta forma, cada res-
puesta afirmativa suma 0,25 puntos; si respondió de forma positiva
las cuatro preguntas tiene un índice de 1.
• Índice de Actitudes y Conductas (IND_ACT): incluye infor-
mación respecto a la inclinación de los individuos hacia actitudes
favorables para su bienestar financiero. Los individuos dicen si
consideran su capacidad de pago antes de comprar algo, su incli-
nación por “vivir al día” y no preocuparse por el futuro, su pre-
ferencia hacia el gasto o el ahorro, el grado de aversión al riesgo,
si vigilan personalmente sus asuntos financieros, si establecen
metas financieras a largo plazo, y si consideran que el dinero está
para ser gastado.
• Índice de Conocimiento de Instrumentos Financieros (IND_
CIF): En este índice se toman los datos de conocimiento de instrumen-
tos financieros, entre ellos se pregunta sobre depósitos en cuentas,
tarjetas, inversiones, préstamos. A partir de estas respuestas se arma
un índice sobre la cantidad de instrumentos que manifestó conocer
la persona. También varía entre 1 —quien conoce todos los instru-
mentos— y 0 —cuando no reconoció ninguno de ellos—.
Sofía Orazi | 219
• Índice de Conceptos y Conocimientos (IND_CONOC): incluye

algunas variables para evaluar conocimientos financieros, si el indi-
viduo puede realizar una división sencilla, si identifica el valor del
dinero en el tiempo y la existencia de pagos por intereses. También
si entiende la relación existente entre riesgo y rendimiento, el
efecto que tiene la inflación sobre los precios y los beneficios de la
diversificación de las inversiones. A su vez, revela si puede realizar
adecuadamente cálculos sencillos de interés simple y compuesto.
En la siguiente Tabla 1 se resumen los promedios y desvío estándar

de los indicadores y a su vez los índices de correlación de Pearson
entre ellos.
Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los indicadores.
IND_
IND_ IND_ IND_ IND_ IND_ IND_ IND_
CON_
NSE NED EDAD IF PLAN ACT CONOC
IF
Promedio 0,67 0,49 0,32 0,38 0,45 0,59 0,50 0,59

Std_dev 0,09 0,11 0,19 0,24 0,25 0,11 0,22 0,16
P-corr
IND_NSE 1,00 0,53 -0,05 0,27 0,11 0,19 0,29 0,23

IND_NivED 1,00 -0,23 0,35 0,11 0,25 0,35 0,27
IND_EDAD 1,00 0,06 0,14 -0,12 0,02 0,06
IND_IF 1,00 0,24 0,28 0,32 0,24
IND_PLAN 1,00 0,20 0,13 0,12
IND_ACT 1,00 0,24 0,15
IND_CON_IF 1,00 0,29
IND_CONOC 1,00
Fuente: Elaboración propia en base a BCRA (2017).

En base a la Tabla 1 se puede observar que el promedio de nivel

socioeconómico es cercano a 0,7 que corresponde al nivel C3, un
nivel educativo de casi 0,5 que representa al secundario completo.
En cuanto a la edad, el promedio es de 0,32 puntos que equivalen a
41 años. Por otro lado, el promedio del indicador de inclusión finan-
ciera se encuentra cercano a 0,4, que representa que en promedio
se tienen y utilizan hasta dos servicios financieros de los cinco
principales que integra el indicador.
En cuanto a las capacidades financieras varían entre 45% para
el promedio de planificación y 59% para actitudes y conocimientos
de matemática financiera, mientras que sobre el conocimiento de
instrumentos financieros en promedio conocen la mitad de los ins-
trumentos que incluye la encuesta.
Por otro lado, es importante destacar que los índices de nivel
socioeconómico, nivel educativo y actitudes tienen poca variabili-
dad. A su vez, se destaca que las variables tienen muy baja correla-
ción lineal entre ellas, lo cual favorece a la metodología en cuanto
cada variable aporta características con distintas distribuciones.
Resultados
El primer objetivo del trabajo es revisar hasta qué punto las carac-
terísticas socioeconómicas de los individuos encuestados y sus
capacidades financieras se distribuyen de igual forma entre quie-
nes se encuentran incluidos o no. Tal como se observa en la Tabla
1, la correlación entre las variables analizadas es baja. Este mismo
resultado puede observarse en los gráficos de los planos individua-
les del Gráfico 1. Estos mapas matizan de mayor a menor intensidad
el peso de cada neurona en la medida de cada variable. Valores más
Sofía Orazi | 221
oscuros son valores más altos del indicador analizado y colores más
amarillos o claros representan valores más bajos. De esta forma se
puede analizar el patrón de distribución de las neuronas en base a
cada variable. Si dos variables son altamente correlativas entonces
su patrón de distribución es similar.
Gráfico 1. Mapas de planos individuales.
Los primeros dos cuadros representan el nivel socioeconómico

(NSE) y el nivel educativo, que junto con la variable del índice de
actitudes muestran una distribución un poco difusa, esto se debe
a la baja variabilidad de la variable, por lo que aportan menos con-
sistencia al armado de la red. En cuanto a la edad, se separan tres
grupos, uno arriba a la izquierda y otro abajo a la derecha, con
menores pesos y entremedio neuronas con mayores pesos. La dis-
tribución sobre la variable de inclusión financiera en el sentido de
tenencia y/o elección de distintos servicios financieros presenta un
patrón vertical, distinguiendo que quienes están a la derecha y a la
izquierda tendrán distintos niveles.
En los cuadros inferiores se encuentran los mapas de distri-

bución de los indicadores de capacidades, actitudes y conocimien-
tos. La distribución de quienes planifican sus propias finanzas se
puede identificar una distribución diagonal. En cuanto al índice
de conocimiento de instrumentos financieros también hay un
grupo de mayor peso sobre la derecha pero más sobre el lado infe-
rior. Y por último la variable de conocimientos sobre matemática
financiera podría esperarse que tenga más relación con el nivel
educativo, pero en realidad la distribución es distinta, un grupo
reducido de neuronas en el lado derecho superior representa a un
grupo de mayor peso.
De este análisis se desprenden algunos puntos importantes
para analizar luego en el mapa general. El hecho de que las varia-
bles no sean correlativas y que la red no las haya agrupado de forma
similar significa que se pueden distinguir grupos heterogéneos. Por
ejemplo, de quienes tienen y utilizan servicios financieros pero no
planifican, que pueden implicar un riesgo para la estabilidad del
sistema financiero; o de quienes conocen y tienen las capacida-
des financieras pero no utilizan servicios financieros, un grupo de
exclusión voluntaria, por mencionar algunos ejemplos.
Pero para poder identificar estos grupos es necesario revisar el
plano de distancias neuronales que muestra las neuronas del mapa
y según el color del triángulo de conexión con su vecina, es la dis-
tancia entre ellas. De esta forma se puede observar dónde se han
formado grupos de neuronas cercanas y delimitar las barreras o
lugares donde se han distanciado.
Sofía Orazi | 223
Gráfico 2. U-Matrix o mapa de distancias neuronales con

sub-agrupaciones.
Como se puede observar, se formaron cinco grupos de neuronas

que se encuentran cercanas entre sí y distanciadas del resto de las
neuronas del mapa, y hubo tres neuronas que tienen un individuo
cada una, que se excluyeron de los grupos ya que son outliers. Para
poder analizar cada grupo en particular se analizan las estadísticas
descriptivas de cada grupo en la Tabla 2 y en los gráficos radiales.
Tabla 2. Promedios y desvío estándar de cada grupo.
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

Nivel 69% 71% 63% 65% 66%
socioeconómico (0,10) (0,12) (0,11) (0,10) (0,12)
52% 54% 41% 43% 48%
Educación
(0,12) (0,13) (0,13) (0,12) (0,12)
38 46 49 42 26
Edad (años)
(0,19) (0,22) (0,25) (0,24) (0,09)
Inclusión 56% 52% 22% 9% 31%
financiera (0,20) (0,27) (0,18) (0,12) (0,26)
71% 43% 62% 29% 16%
Planificación
(0,16) (0,26) (0,23) (0,17) (0,14)
62% 63% 56% 50% 59%
Actitudes
(0,13) (0,12) (0,14) (0,13) (0,12)
Conocim. 47% 72% 28% 37% 41%
instrumentos (0,17) (0,24) (0,15) (0,21) (0,21)
Conocim. 63% 67% 54% 54% 47%
matemática (0,19) (0,17) (0,19) (0,21) (0,18)
Cantidad de
250 395 184 199 178
individuos
Gráfico 3. Promedios grupales.

Sofía Orazi | 225
El primer grupo tiene un elevado nivel socioeconómico en

promedio, alcanzando el nivel de C3, y también un nivel educativo
de secundario completo en promedio. Es un grupo relativamente
joven, con un promedio de 38 años, con el nivel de inclusión finan-
ciera promedio más alto que el resto de los grupos, aunque con
bastante variabilidad. A su vez, son quienes más planifican sus
finanzas personales y tienen buen nivel de actitudes financieras
saludables. Si bien conocen menos de la mitad de los instrumen-
tos que se incluyen en la encuesta, tuvieron buenas respuestas de
matemática financiera. Por lo que aumentar el nivel de inclusión
financiera de este grupo, que es bastante numeroso en compara-
ción con los otros, sería principalmente enfocarse en aumentar la
información o publicidad sobre los distintos instrumentos que se
encuentran a su disposición y sus beneficios para que diversifiquen
más los productos financieros a los que acceden.
El segundo grupo tiene el mejor nivel socioeconómico y educa-
tivo de la muestra, sobrepasando en promedio el nivel C3 y estudios
terciarios en promedio. Son un poco mayores en edad que el grupo
anterior, con un promedio de 46 años. Tienen un índice de inclu-
sión financiera levemente menor que la media, aunque sí conocen
mucho más los servicios que se ofrecen en el mercado, como indica
el índice de conocimientos sobre instrumentos financieros, solo
que no los eligen. Tienen un menor grado de planificación de las
finanzas personales y tuvieron muy buenas respuestas en cuanto
a actitudes financieras y sobre matemática financiera. Este grupo
es el más grande de los que identificamos en el mapa final, y puede
responder a lo que denominamos previamente como exclusión
voluntaria, ya que conociendo y entendiendo los conceptos e ins-
trumentos financieros, eligen no tenerlos o utilizarlos. Puede que
para este grupo se requiera reforzar los incentivos para planificar

mejor sus finanzas personales y de esta forma encuentren espacio
para utilizar servicios beneficiosos para diversificar sus ingresos,
generar más renta en sus ahorros, etc.
Los grupos de la derecha tienen otro perfil. En el grupo 3 tienen
un nivel socioeconómico promedio menor al de los anteriores, como
también el nivel educativo, siendo que en promedio no alcanzaron
a terminar el secundario. Son quienes tienen más edad en prome-
dio de la muestra, alcanzando los 49 años y utilizan menos servi-
cios financieros que los grupos anteriores. Tienen buenos índices
de planificación y de actitudes saludables en términos financieros,
pero no conocen la variedad de instrumentos financieros que hay
en el mercado, ni tampoco tienen muchos conceptos de matemática
financiera básica, por lo que puede que encuentren difícil compren-
der los beneficios y responsabilidades de acceder a diversos instru-
mentos financieros. Es un grupo más tradicionalista, hace las cosas
bien, pero a su manera. En síntesis este grupo puede enfrentar
algunas dificultades en términos de edad, de ingresos o conceptos
previos para la inclusión financiera; habría que realizar políticas
más personalizadas para destacar los beneficios de los instrumen-
tos financieros y realizar campañas de inclusión y promoción sen-
cillas en términos lingüísticos y matemáticos. De todas formas este
grupo es más reducido que los anteriores.
Algo similar ocurre con los grupos 4 y 5, que tienen nivel
socioeconómico y educativo medio a bajo. El grupo 4 es de quie-
nes tuvieron el menor índice de inclusión financiera, en pro-
medio tuvieron un índice de 9%, es decir que no tienen ningún
instrumento (índice de 0) o uno solo (20%) de los cinco instru-
mentos más básicos. Así también tuvieron el nivel más bajo de
Sofía Orazi | 227
actitudes saludables en términos financieros y una planificación

mucho menor que los grupos anteriores, siendo que en edad no se
diferencian de los grupos anteriores, ya que en promedio tienen
alrededor de 42 años. Este grupo requiere de la mayor atención
en términos de política de inclusión financiera ya que hay mucho
espacio para informar, educar y promover instrumentos financie-
ros acordes a sus necesidades particulares.
El grupo 5 es el más joven, con 26 años en promedio, con menor
nivel educativo y de calificaciones en matemática financiera. Este
grupo sería el más permeable a incorporar nuevos productos e ins-
trumentos, tanto desde el sector financiero tradicional como tam-
bién del fintech, ya que sus actitudes financieras fueron positivas
en promedio, aunque también se podría incentivar a un mejor pla-
neamiento de finanzas personales. De todas formas este grupo es
el más reducido.
De esta forma se destaca que el mapa final pudo identificar
cinco grupos de individuos claramente heterogéneos. En todos
los casos se deben diseñar políticas públicas en favor de fortale-
cer alguna deficiencia, ya sea en favor de la inclusión financiera,
de conocimiento, tenencia o elección de servicios financieros
o en alguna de las capacidades financieras que se analizaron en
términos de planificación de las finanzas personales, o sobre sus
actitudes o conocimientos financieros para lograr que todos los
argentinos puedan tomar decisiones responsables, conscientes y
competentes sobre los servicios financieros. Las redes neuronales
tienen mucha capacidad para aportar a esta tarea, siendo este tra-
bajo preliminar y sugestivo de una de las herramientas iniciales
del paquete estadístico de las redes neuronales que es el caso del
clusterizado no supervisado.
Conclusiones
Los servicios financieros permiten que las personas puedan mane-

jar mejor sus finanzas cotidianas, estabilicen sus consumos en el
tiempo, inviertan en salud, educación y negocios. Como así también,
facilitan superar shocks que pueden alterar la situación financiera de
una familia, tales como eventos inesperados, períodos de desempleo
o problemas de salud. Muchas personas en Argentina carecen de
los servicios financieros primordiales, como cuentas bancarias o de
pagos digitales, que pueden servir para estas funciones y habilitan al
acceso de otros servicios financieros importantes para la administra-
ción financiera del hogar y de los emprendimientos.
Desde un punto de vista integral, la inclusión financiera se
refiere al conocimiento, tenencia y uso activo de servicios finan-
cieros de calidad y acorde a las necesidades y posibilidades de la
población. En este sentido es que se destaca la importancia de la
educación financiera como un medio para potenciar las capacidades
financieras de la población: que puedan conocer sus posibilidades,
formulando y respetando un presupuesto financiero, que tengan
actitudes financieras positivas para su bienestar y a su vez que pue-
dan identificar los conceptos básicos sobre matemática financiera.
En base al reciente relevamiento del Banco Central sobre las
Capacidades Financieras en Argentina, en el año 2017, en este tra-
bajo se analizan los principales indicadores del perfil socioeconó-
mico de los individuos encuestados, su grado de inclusión financiera
y sus capacidades financieras, con el objetivo de entrenar una red
neuronal para identificar grupos heterogéneos para la promoción y
focalización de las posibles políticas públicas de inclusión y educa-
ción financiera.
Sofía Orazi | 229
Se identificaron cinco grupos con características y posibi-

lidades diferentes. Del lado izquierdo se identifican dos grupos,
con mayor cantidad de individuos, con niveles socioeconómicos y
educativos mayores en promedio, ambos con buenas capacidades
financieras. Aunque al grupo del sector superior le faltan conoci-
mientos sobre la variedad de instrumentos financieros que hay en
el mercado. Mientras que para el grupo inferior, de mayor edad,
debería reforzarse la importancia de la planificación financiera, ya
que en promedio respondieron menos frente a estas preguntas.
Por otro lado, en el sector derecho del mapa se identificaron
tres grupos más pequeños en términos de cantidad de individuos,
de menores niveles socioeconómicos y educativos que los dos ante-
riores. De mayor a menor edad, el grupo del sector superior puede
denominarse como el más tradicionalista, ya que la planificación
y las actitudes financieras fueron favorables en promedio, pero en
cuanto a los conocimientos de los instrumentos del mercado y de
matemática financiera tuvieron más dificultades. En el medio se
encontró otro grupo de edad intermedia, con los menores índices
de inclusión financiera de la muestra, de actitudes saludables en
términos financieros y una planificación mucho menor que los gru-
pos anteriores. En último lugar, el grupo del sector inferior es de los
más jóvenes de la muestra, con menor nivel educativo y de califica-
ciones en matemática financiera. Sus actitudes financieras fueron
positivas en promedio, aunque también se podría incentivar a un
mejor planeamiento de finanzas personales.
En cuanto a las sugerencias de políticas particulares de cada
grupo, para los individuos del sector izquierdo sería importante
realizar campañas de información sobre los beneficios de diversifi-
car la tenencia y uso de servicios financieros, para invertir, mejorar
la rentabilidad de sus ahorros, entre otros. En particular el grupo

2, del sector inferior, tiene menor nivel de planificación de sus
finanzas personales, lo que resulta clave para tomar decisiones res-
ponsables sobre las elecciones de servicios y productos financieros
acordes a sus posibilidades.
Sobre el sector derecho existe más margen para políticas de
educación financiera, ya que las capacidades financieras actuales
se encontraron más debilitadas. A partir de políticas de informa-
ción, educación y capacitación financiera existen muchas posibi-
lidades de mejorar la inclusión financiera de estos grupos. Para el
caso del grupo 5, que la red los agrupó en el sector inferior dere-
cho, se identifican también posibilidades de inclusión a través del
mercado tecnológico o fintech, pero siempre acompañado de una
mayor capacitación para asegurar que estos nuevos usuarios sean
conscientes y responsables sobre los compromisos que asumen al
aumentar sus consumos financieros.
Entre las limitaciones del presente trabajo se encuentra el uso de
variables con poca variabilidad, como el caso del nivel socioeconó-
mico. Podría considerarse incluir en futuros trabajos otras variables
explicativas del nivel de ingresos, de empleo o incluso género para
entrenar a la red. Por otro lado, la metodología de redes neuronales
para clusterizado es uno de los funcionamientos más básicos de este
tipo de herramientas, que brindan muchas más posibilidades para
el campo de estudio. A su vez, en cuanto a las sugerencias de polí-
tica podrían hacerse revisiones más profundas de experiencias pre-
vias en otros países, con similares condiciones que Argentina, para
mejorar las posibilidades de éxito de las mismas.
Sofía Orazi | 231
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Índice de inclusión financiera:
una medición global y
multidimensional
Facundo Nicolás Pastor
Introducción
En los últimos años la inclusión financiera ha sido uno de los temas

que más interés han despertado en el literatura económica. Al ser
un concepto amplio, uno de los principales desafíos ha sido el de
poder definir cuáles son sus determinantes, también entendidos
como dimensiones, para luego poder cuantificarlos mediante
diversas estimaciones.
En el afán de utilizar información homogénea entre países
que permita su posterior comparación, una amplia gama de traba-
jos se ha apoyado en diversas encuestas de alcance global. Cuando
esta información es obtenida mediante la interacción con indivi-
duos, las encuestas permiten cuantificar dimensiones asociadas a
la demanda, mientras que cuando la información es provista por
instituciones formales, las dimensiones que logran medirse están
asociadas a la oferta.
235
La utilización de información comparable entre distintos paí-

ses ha permitido el desarrollo de índices que reflejan el grado de
inclusión financiera en cada uno de ellos, y que pueden servir para
realizar comparaciones en función de otras variables tales como el
PBI per cápita, el índice de Gini o la pobreza.
En este sentido, el aporte de este trabajo de investigación
reposa en dos partes: por un lado, en la elaboración de un índice
que mide la penetración de la inclusión financiera en 113 países, uti-
lizando información proveniente tanto por el lado de la demanda
como de la oferta. Por otra parte, al realizar estimaciones en dos
etapas mediante Principal Component Analysis (PCA) se elabora
inicialmente un índice para cada dimensión de la inclusión finan-
ciera y luego, sí, un índice global. Esto permite establecer de manera
paramétrica la ponderación de cada dimensión sobre el índice glo-
bal, reduciendo la discrecionalidad por parte del autor como sucede
en modelos no paramétricos.
Luego de estimado el índice tanto para cada dimensión como
para la inclusión financiera, se lo utiliza para medir su correlación
con otras variables de interés tales como la desigualdad, la pobreza
o el empoderamiento femenino.
1. Revisión de literatura
La inclusión financiera es uno de los temas que más interés han

despertado durante los últimos años en el análisis económico,1
dando paso a una amplia gama de líneas de investigación que
1 Cihak et ál. (2012) repasa una encuesta a reguladores bancarios durante el año 2011
y casi el 70% tenía como objetivo promover la inclusión financiera. Y en 2018 los líde-
res del G-20 acordaban que era uno de los pilares de la agenda de los próximos años
(Park y Mercado, 2018).
Facundo Nicolás Pastor | 237
analizan su relación con temas tales como el desarrollo económico,

la brecha de género, la pobreza o la desigualdad.2
Al tratarse de un campo de investigación relativamente
reciente es que no es sencillo encontrar una definición que sea
universalmente aceptada (Tita y Aziakpono, 2017). De todas mane-
ras, quizá la que mejor representa en espíritu a la inclusión finan-
ciera sea la de Ozili (2020), quien dice:
… cuando hablamos de inclusión financiera nos referimos

al proceso bajo el cual una mayor proporción de individuos,
especialmente los de menores recursos, pueden acceder a servi-
cios financieros en el sistema formal de una economía.
Poder medir y cuantificar el grado de penetración financiera en

cada país es un desafío que la literatura ha tratado de resolver, por lo
que decidir cuáles son los determinantes que permiten captar dicha
penetración no ha sido un tema trivial. Por un lado, existen trabajos
que reposan el grado de inclusión financiera en variables como el
ingreso (Tuesta et ál., 2015), la educación (Chintra y Selvam, 2013,
Chikalipah, 2017), la infraestructura de un país (Chikalipah, 2017,
Siddik et ál., 2015), el tamaño del sistema bancario y la tasa de inte-
rés (Uddin et ál., 2017), la tasa de alfabetización (Chikalipah, 2017)
o el nivel de educación y la edad (Tuesta et ál., 2015).
Por otro lado, existe toda una rama de trabajos que analizan los
determinantes de la inclusión financiera valiéndose de información
obtenida en encuestas. Esto ha traído algunas ventajas, tales como
2 Para inclusión financiera y brecha de género, ver Musa et ál. (2015). Para ver el impacto
de la inclusión financiera sobre la pobreza y la desigualdad, ver Beck Demirguc-Kunt,
y Levine (2007) y Nanziri (2016).
obtener información de carácter individual o como también facili-

tar la comparación intertemporal entre un mismo o varios países.3
De esta manera, cada pregunta con su consecuente respuesta fue
generando indicadores que permitieron describir de manera pre-
cisa el alcance de la inclusión financiera en cada país. Estos indica-
dores, a su vez, podían agruparse de acuerdo a alguna característica
en común, dando paso a lo que la literatura denominó dimensiones.
En este sentido, un trabajo de referencia ha sido el de Honohan
(2008), quien utilizó encuestas de hogares de manera combinada
con información provista por bancos. En otro trabajo de relieve,
Sarma (2008) utiliza los datos publicados por el Banco Mundial
en su “World Development Indicators 2006” y del FMI en sus
“International Financial Statistics”, informes en donde en ambos
casos la información respecto a la inclusión financiera se había
obtenido mediante encuestas.
Si bien las encuestas permitieron recopilar mucha informa-
ción en un puñado de variables, no siempre la literatura las utilizó a
todas ellas de manera simultánea. En el trabajo de Honohan (2008)
la inclusión financiera tiene como única dimensión el Acceso,
medido por la obtención de una cuenta en el sistema formal por
parte de un ciudadano, mientras que en Demirguc-Kunt y Klapper
(2012) las dimensiones ya son dos: el Acceso y el Uso.
Esta idea de ampliar la manera de medir la inclusión finan-
ciera ya se observaba en otros trabajos. Autores como Kempson
(2004) advertían que tener una cuenta bancaria no era suficiente
para que esta fuera usada adecuadamente, mientras que Beck,
3 Si bien las encuestas son elaboradas por instituciones diferentes suelen realizar pre-
guntas muy similares y medir las mismas variables, por lo que sus diferencias suelen
reducirse a la cantidad de países analizados o el alcance temporal de los datos.
Demirguc-Kunt y Peria (2005) analizan los motivos por los cuales

una persona que tuviera una cuenta formal no necesariamente la
usara. Allen et ál. (2012) busca ganar precisión analizando si las
personas utilizan el sistema formal para ahorrar y si había cierta
frecuencia en su utilización (entendiendo que una cuenta bancaria
está en uso cuando se realizan tres o más retiros de dinero por mes).
En el caso de Sarma (2008) aparece el volumen de crédito y depó-
sitos como proporción del PBI como una manera de medir el Uso,
lo cual encuentra ciertas similitudes con los trabajos posteriores
de Cámara y Cuesta (2014), Amidzic et ál. (2014) y Park y Mercado
(2018) en donde se mide dicha dimensión mediante el porcentaje de
personas que obtuvieron un préstamo en el sistema formal.
Si bien una de las maneras que podría ayudar a mejorar la medi-
ción de la dimensión Uso es la disponibilidad de teléfonos móviles,
los cuales en los últimos años se han vuelto un puente para la utili-
zación de productos formales (Mehrota y Nadhaneel, 2016),4 toda-
vía no existe una amplia cantidad de datos que permita incorporar
el uso de la telefonía móvil para calcular un índice.
Así como la literatura fue interpretando que para realizar una
estimación precisa no bastaba con medir una sola dimensión, sino
que había que abrir paso a una segunda dimensión, con el tiempo
nuevas investigaciones advirtieron que dos dimensiones tampoco
eran suficientes. Sarma (2008) consideró que las dimensiones
Acceso y Uso proveían información parcial y podían concluir en
resultados engañosos. Cámara y Tuesta (2014) consideraron que la
dimensión Uso estaba afectada por variables como el PBI per cápita,
el capital humano de cada país o los hábitos culturales, por lo que
4 Chauvet y Jacolin (2017) señalan que estos cambios fueron más notorios en países
en desarrollo.
era necesario incluir una tercera dimensión que permitiera volver

más precisa la medición.
El Global Partnership for Financial Inclusión (GPFI) del G-20,
publicado en el año 2013, consideró que la tercera dimensión que
debía incluirse era la Calidad de los productos y servicios financie-
ros.5 En los últimos años distintos hacedores de política han utili-
zado estas tres dimensiones, aunque la dificultad para obtener datos
de calidad en varios países hizo que algunos autores descartaran
esta dimensión a la hora de componer un índice (Mialou et. ál.,
2017). Ante esto, una parte de la literatura se inclinó por utilizar las
Barreras a la inclusión financiera6 como la tercera dimensión, ana-
lizando cuáles son los motivos por los cuales las personas se autoex-
cluyen del sistema financiero formal.7
La segmentación entre varias dimensiones dio paso a otra carac-
terización: las dimensiones asociadas a la demanda y las asociadas a
la oferta. Dentro de la primera quedaron agrupadas todas aquellas en
donde la información se obtiene a través de la interacción con usuarios
mientras que en la segunda quedan asociadas todas las dimensiones
en las cuales la información es provista por instituciones formales.8
Por lo tanto, las dimensiones Uso y Barreras van a ser dimensiones
que aporten información por el lado de la demanda, mientras que la
dimensión Acceso va a aportar información por el lado de la oferta.
5 Esta dimensión se componía de indicadores tales como la alfabetización financiera o

el uso de ahorros para emergencias financieras.
6 El Reserve Bank of India (RBI) identifica cuáles son las barreras que afectan el acceso
a los productos financieros formales.
7 Allen et ál. (2012) hacían notar qué era lo que excluía a ciertos individuos del sistema,
encontrando que el 66,0% de los reportados no tenían una cuenta bancaria por no
tener suficiente dinero mientras que un 23,0% no tenía cuenta dado que otro familiar
poseía alguna y un 5,0% no la tenía por motivos religiosos.
8 Ver “Global Partnership for Financial Inclusion, 2013. The G20 basic set of financial
inclusion indicators”.
1.1. La utilización de un índice como herramienta de medición
Una de las mejores definiciones de por qué es importante reali-

zar un índice quizá la haya dado Sarma (2008), advirtiendo que
la literatura necesitaba de una medida que pudiera usarse para
saber el alcance de la inclusión financiera en cada economía. En
sus palabras:
Una medida sólida e integral de la inclusión financiera es impor-

tante para hacer un balance de la situación actual con respecto
a la inclusión financiera en una economía y para monitorear el
progreso de las iniciativas políticas emprendidas para promover
la inclusión financiera. Una medida sólida y completa de la inclu-
sión financiera también será de importancia para la comunidad
de investigadores en pos de alcanzar hipótesis interesantes rela-
cionadas a la inclusión financiera.
El trabajo de Sarma (2008), que puede considerarse funda-

cional a la hora de elaborar un índice, mostró una característica
que se volvería habitual en ensayos posteriores y fue la de reali-
zar la estimación en dos etapas.9 Es decir, una primera en la cual
se realiza un índice para cada dimensión y luego una segunda en
la cual se sintetizan todas esas dimensiones en una sola, dando
paso a un índice global. De todas maneras, a pesar de los avan-
ces que significó su trabajo, el autor recibió algunas críticas de
otros autores debido a que en el pasaje de la primera a la segunda
9 Otros autores que han realizado índice han sido Amidzic et ál. (2014), quien metodo-
lógicamente trabaja con la técnica de Factor Analysis (F.A). En AFI (2016), se realiza
un índice siguiendo los pasos de Sarma (2008) mientras que Park y Mercado combi-
nan los métodos usados por Sarma (2008) y Cámara y Cuesta (2014).
etapa no se ponderaba el peso de cada dimensión sobre el total

del índice.10
En este sentido, el trabajo de Cámara y Cuesta (2014) implicó
varios aportes de magnitud: por un lado, entender que en la litera-
tura hacía falta un índice que incorporara de manera simultánea
información proveniente tanto de la oferta como la demanda. Hasta
ese momento, la mayoría de los índices se habían basado en datos
provistos por el lado de la oferta, lo que hacía que a la hora de medir
la dimensión Uso se produjeran sobreestimaciones en cuanto a la
cantidad de cuentas formales o cantidad de préstamos existentes en
una economía debido al hecho de que una persona podía poseer más
de uno en cada caso. Además, el trabajo tenía una novedad extra y
era que los datos provenientes por el lado de la demanda eran obte-
nidos de manera individual.
Por otro lado, la modelización paramétrica evitó los problemas
que genera la asignación discrecional de los ponderadores de cada
dimensión sobre el índice global. La estimación mediante PCA en
dos etapas permitió la elaboración de un índice para cada una de las
dimensiones que luego servirían de base para la obtención de un
nuevo índice que englobe a todas las dimensiones.
Si bien el aporte de Cámara y Cuesta (2014) fue significativo,
los autores no realizaron ninguna actualización de sus resultados.
Ante esto, y aprovechando la mayor cantidad de países con infor-
mación disponible que ofrecen las últimas mediciones de la Global
Findex y la FAS, es que este trabajo de investigación apunta a relle-
nar dicho espacio ofreciendo un índice para cada dimensión de
la inclusión financiera junto a un índice global, que abarca a 113
10 Una crítica aparece en Ahamed, M. M. y Mallick, S. K. (2019).

países con datos correspondientes a los años 2017 y 2019.11 También

se presentan algunas estimaciones que permiten inferir la corre-
lación existente entre la inclusión financiera y variables como la
desigualdad, la pobreza o el empoderamiento femenino.
El trabajo se organiza de la siguiente manera: primero se
explica la metodología utilizada con sus correspondientes ecua-
ciones y estimadores. El paso siguiente es presentar los resul-
tados de cada una de las dos etapas de estimación. Más tarde
se muestran los resultados de las estimaciones respecto a la
desigualdad, la pobreza y el empoderamiento femenino. Por
último, las conclusiones.
2. Metodología: la importancia de utilizar Principal

Component Analysis
Para describir esta metodología podríamos seguir a Krishnakumar

y Nagar (2007), quienes afirman:
La idea básica detrás de este método es determinar combinacio-

nes lineales ortogonales de un conjunto de indicadores obser-
vados, los cuales son elegidos de tal manera que reproduzcan la
varianza original lo más fielmente posible.
11 No todos los países presentan datos actualizados en la encuesta FAS, pero algunos
de ellos se incluyeron en el índice debido a su importancia en la economía global uti-
lizando el último dato disponible. A continuación se enumeran dichos países, ubicán-
dose entre paréntesis el último año para el cual había datos: Australia (2018), Bélgica
(2018), Francia (2018), Alemania (2018), Corea del Sur (2018), Suecia (2018), Reino
Unido (2013) y Estados Unidos (2009).
Siguiendo a Ram (1982),
la metodología PCA permite representar de manera parsimo-

niosa un amplio set de variables en tan solo unas pocas variables o
incluso en una sola, capturando gran parte de la varianza de estas
variables y ofreciendo información de manera más sintetizada.
La utilización de PCA en dos etapas como herramienta de tra-

bajo es útil en varios aspectos. Por un lado, evita cualquier tipo de
discrecionalidad a la hora de ponderar el peso de cada dimensión
respecto al índice global. Por otra parte, la elaboración de un índice
para cada dimensión permite obtener información valiosa sobre
ellas, la cual puede ser utilizada para otros trabajos de investiga-
ción. Además, la estimación en dos etapas minimiza el sesgo que
presenta PCA de darles más ponderación a los indicadores que
están altamente correlacionados entre sí.12
Siguiendo la notación de Cámara y Tuesta (2014) vemos que
en la primer etapa de PCA aparecen las siguientes ecuaciones, en
donde Yiu, Yib y Yia y son tres variables endógenas que capturan la
dimensión Uso, Barreras y Acceso respectivamente, al tiempo que
el subíndice i representa a cada país de la muestra:
Yiu= β1 cuentasi+ β2 ahorrosi+ β3 préstamosi+ ui (1)
Yib= θ1 distanciai+ θ2 documentacióni+ θ3 accesibilidadi+θ4 confianzai+ ∈i (2)
Yia= γ1 bancoskm2 i+ γ2 bancosadultos i+ γ3 ATMkm2 i+γ4 ATMadultos i+ vi (3)
12 Ver Mishra (2007).

Al interior de la ecuación (1) tenemos tres indicadores, cuen-

tas, ahorros y préstamos. El primer indicador captura el porcentaje
de adultos encuestados que posee una cuenta en el sistema formal o
posee una tarjeta de débito asociada a una institución formal, siendo
que también se incorpora al indicador a aquellas personas que tienen
un familiar cumpliendo con tales requisitos y que por ende no consi-
deran necesario tener una cuenta o tarjeta de débito propia. El indi-
cador ahorros mide el porcentaje de adultos encuestados que durante
los doce meses previos a la encuesta ahorró o reservó dinero en una
cuenta de alguna institución formal. El indicador préstamos mide el
porcentaje de adultos encuestados que durante los doce meses previos
a la encuesta tomó un crédito en una institución del sistema formal.
La ecuación (2) está compuesta por cuatro indicadores, dis-
tancia, documentación, accesibilidad y confianza. Con distancia nos
referimos al porcentaje de adultos encuestados que no poseen una
cuenta en el sistema formal por el hecho de que las instituciones
se encuentra alejadas. Documentación refiere al porcentaje de adul-
tos encuestados que no poseen una cuenta formal por no tener la
documentación necesaria, tal como puede ser un documento de
identidad o un recibo de sueldo. Accesibilidad mide el porcentaje de
adultos encuestados que no poseen una cuenta formal por consi-
derar que los servicios financieros son muy costosos. Y por último,
confianza mide el porcentaje de adultos encuestados que no poseen
una cuenta formal por no confiar en las instituciones financieras.13
13 La encuesta Global Findex no estipula una distancia determinada bajo la cual catalo-
gar que las instituciones formales están lejos de la persona, como tampoco estipula
qué tan caro debería ser un servicio financiero para considerarlo como una barrera o
algún parámetro que mida la confianza. Es decir que la percepción de cada persona
de sentirse lejos del sistema formal, o que el servicio es oneroso o que no confía en
el sistema formal es totalmente subjetiva.
La ecuación (3) también se compone de cuatro indicadores,

como son la cantidad de bancos comerciales por cada 1.000 km2, la
cantidad de bancos comerciales por cada 100.000 adultos, la cantidad
de ATM por cada 1.000 km2 y la cantidad de ATM por cada 100.000
adultos. A diferencia de las otras dos dimensiones, en este caso no
se requiere explicar que significa cada indicador ya que su propio
nombre detalla bien que capta su significando, dejando solamente
como lugar para la aclaración que ATM son las siglas en ingles de
cajero automático (Automated Teller Machine).
Para la estimación de las variables endógenas, Cámara y Tuesta
(2014) plantean
definir Rp (pxp) como la matriz de correlación de los indicadores p

estandarizados para cada dimensión. Luego denotemos λj (j = 1,...
p) como el j-ésimo valor propio, en donde el subíndice j se refiere al
número de componentes principales coincidente con el número de
indicadores o subíndices, p. Además, definamos a ϕj (px1) como el
vector propio de la matriz de correlación y asumamos que λ1 >λ2>
λp’ y denotemos Pk(k = 1,…,p) como el k-ésimo componente princi-
pal. Por lo tanto, obtenemos el estimador correspondiente de cada
dimensión de acuerdo con los siguientes promedios ponderados:
Yiu = Σpj,k=1 λ uj P uki (4)
Σ p j=1 λuj
Ybi = Σpj,k=1 λ bj P bki (5)

Σ p
j=1
λ
b
j
Yai = Σpj,k=1 λ aj Paki (6)

Σpj=1 λaj
Donde Pk=X* λj, siendo que este último término representa la

varianza del k-ésimo Componente Principal y X es la matriz de indica-
dores. Las ponderaciones otorgadas a cada dimensión son decrecientes,
de modo que la mayor proporción de la variación en cada dimensión se
explica por el primer componente principal y así sucesivamente.
Luego viene la segunda etapa de la estimación por PCA, en la
que se reemplazan los valores de Yiu, Yib y Yia, y en la ecuación (7),
escrita a continuación, quedando por calcular el valor de ω1, ω2 y
ω3, los cuales van a reflejar el peso relativo de cada dimensión sobre
el índice global. Así, la inclusión financiera puede determinarse
linealmente como:
Inclusión Financierai= ω1 Y u i + ω2 Y b i + ω3 Yai+ ei (7)
Aquí se aplica un procedimiento similar al aplicado en la pri-

mera etapa de PCA (cuando se estimaron los vectores de λ) por
lo que el estimador del índice de inclusión financiera surge de la
siguiente manera:
I.Fi = Σpj,k=1 λj Pki (8)

Σpj=1 λj
Siguiendo con lo detallado por Cámara y Tuesta (2014):
La mayor ponderación, λ1, es asignada al primer componente

principal ya que representa la mayor proporción de la varia-
ción total en todas las variables causales. De manera similar, el
segundo peso más alto, λ2, se adjunta al segundo componente
principal y así sucesivamente.
Cada componente de (8) puede ser reescrito como una combi-

nación lineal entre los tres subíndices (p=3) y los auto vectores de
las respectivas matrices de correlación, representadas a continua-
ción por ϕ, tal como se expresa en las siguientes ecuaciones:
P1i= ø11 Yiu+ ø12 Yib+ ø13 Yia (9)

Así, el índice de Inclusión Financiera puede expresarse como:
I.Fi= Σj=13 λj (øj1 Yiu+ øj2 Yib+ øj3 Yia) (12)

Σj=13 λj
De aplicarse un reordenamiento de términos podemos expresar

el índice global como un promedio ponderado, tal como se observa
en la ecuación (7), en donde la ponderación de cada dimensión en el
índice final, ωk, queda establecida como:
ωk= Σ3j=1λj øjk , con k = 1, 2, 3. (13)

Σ3j=1 λj
3. Resultados
3.1. Primera etapa de PCA
Aquí se elaboró un índice para cada dimensión de la inclusión

financiera, en donde la ponderación de los indicadores está norma-
lizada de forma tal que la suma sea igual a 1. Así, hay un subíndice
que refleja a la dimensión Uso, otro para la dimensión Barreras y
otro para la dimensión Acceso. Es importante destacar que en cada
una de las tres dimensiones analizadas no hubo un indicador que
sea dominante respecto a los demás, es decir que su ponderación
fuera muy alta, lo cual es una condición deseada a la hora de elabo-
rar cualquier índice. La Tabla 1 muestra estos resultados.
La dimensión Uso está compuesta por los indicadores cuentas,
ahorros y préstamos, siendo este último el que tiene una mayor pon-
deración (0,43) seguido por cuentas (0,33) y ahorros (0,25). En el
caso de la dimensión Barreras, se observa que el indicador que tiene
una mayor ponderación es distancia (0,30), seguido por confianza
(0,28), accesibilidad (0,22) y documentación (0,20).14 Por último, la
dimensión Acceso muestra que su indicador con mayor pondera-
ción es la cantidad de bancos cada 100.000 adultos (0,36), seguido por
la cantidad de bancos cada 1.000 km2 (0,24). Los indicadores referi-
dos a los cajeros automáticos muestran una ponderación similar,
ya que por un lado la cantidad de cajeros automáticos cada 1.000 km2
pondera 0,20 y la cantidad de cajeros automáticos cada 100.000 adul-
tos pondera 0,19.
14 Un punto interesante a tener en cuenta es que la distancia a los establecimientos

formales debería ser una barrera que pierda ponderación en las próximas encuestas,
debido a la mayor penetración de los medios de pagos digitales.
Tabla 1. Estimaciones de los componentes principales.
Uso
Variable PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 Prom. Pond.
Cuentas 0,6121 -0,3749 0,6963 - 0,33
Ahorros 0,6186 -0,3215 -0,7169 - 0,25
Préstamos 0,4926 0,8696 0,0351 - 0,43
Eigenvalues 2,1117 0,6444 0,2438 - -
Barreras
Distancia 0,3179 0,9309 0,1795 -0,0085 0,30
Documentación 0,5240 -0,0164 -0,8353 0,1656 0,20
Accesibilidad 0,5687 -0,2419 0,2114 -0,7573 0,22
Confianza 0,5486 -0,2731 0,4747 0,6317 0,28
Eigenvalues 2,7389 0,8213 0,3515 0,8807 -
Acceso
Bancos_km 0,6814 -0,1888 0,1512 0,6908 0,24
Bancos_adultos 0,1801 0,6842 0,6922 -0,1423 0,36
ATM_km 0,6834 -0,1817 -0,1407 -0,693 0,20
ATM_adultos 0,1904 0,6806 -0,6915 0,1496 0,19
Eigenvalues 1,8855 1,3896 0,5962 0,1286 -
La Tabla 2 muestra de manera acumulada el total de la varianza

que se explica por cada componente. En el caso de la dimensión Uso,
el primer componente concentra el 70,4% de su información siendo
que se observa una contribución relativamente uniforme entre los
tres indicadores (cuentas, ahorro y préstamos). Sin embargo, cuando
miramos el segundo componente vemos que solamente el indica-

dor préstamos aporta nueva información, lo cual podría estar sugi-
riendo que acceder a un préstamo es el paso siguiente en el camino
de la inclusión financiera ya que para acceder a este primero se
debe tener una cuenta en el sistema formal.
En el caso de la dimensión Barreras se observa que el primer
componente refleja el 68,5% de la información, aunque en este caso
tres de los cuatros indicadores (documentación, accesibilidad y con-
fianza) muestran una contribución uniforme y distancia aparece
más rezagado. Quizás esto pueda deberse a la inminente aparición
de los medios de pago digitales, que permiten que en algunos paí-
ses15 la distancia comience a perder fuerza como una barrera a la
inclusión financiera. De todas maneras, cuando miramos el segundo
componente vemos que justamente distancia es el único indicador
con una contribución positiva, por lo que difícilmente se la deba
descartar como una variable importante. Así, el total de la varianza
que se acumula al tener en cuenta los dos primeros componentes
principales es de un 89,0%.
Para la dimensión Acceso vemos que el primer componente
concentra el 47,1% del total de la información, y que en su interior
hay una distribución claramente heterogénea entre los indicadores
más asociados a la distancia, que contribuyen en mayor cuantía, y
los indicadores asociados a la densidad poblacional, que contribu-
yen menos (aunque esta información se revierte cuando miramos
el segundo componente principal).
15 Aquellos países en los cuales la aparición de los medios de pago digitales han permi-
tido sortear el efecto negativo de una extensa distancia a los bancos comerciales o
cajeros automáticos son los que se encuentran en el África subsahariana.
Tabla 2. Varianza acumulada por componentes.
Uso
Componentes Varianza Acumulada
PC 1 0,7039
PC 2 0,9187
PC 3 1
Barreras
PC 1 0,6847
PC 2 0,8901
PC 3 0,978
PC 4 1
Acceso
PC 1 0,4714
PC 2 0,8188
PC 3 0,9678
PC 4 1
En la Tabla 7 se ofrece un ranking de países en función de cada

una de las dimensiones analizadas. Si bien la estimación mediante
PCA le asigna un valor diferente a cada país, sobre el cual luego
se estimó el índice global, a los efectos de que sea más amena su
interpretación se los presenta en la tabla rankeados desde el
número 1° al número 143° y no con el valor obtenido en la estima-
ción (lógicamente, esto no cambia el lugar que cada país ocupa en
el ranking).
3.2. Segunda etapa de PCA
Tal como se mencionó al analizar los resultados de la primera

etapa de la estimación por PCA, un resultado deseable a la hora de
elaborar un índice ponderado es que cada dimensión tenga un peso
similar, algo que sucede nuevamente en esta segunda etapa. La
dimensión con mayor peso es Acceso (0,36), seguida por Barreras
(0,34) y Uso (0,30). La Tabla 3 refleja estos resultados.
Tabla 3. Estimaciones de los componentes principales.
Índice de inclusión financiera
Variable PC 1 PC 2 PC 3 Prom. Pond.
Uso 0,6734 -0,2577 0,6929 0,30
Barreras 0,691 -0,1136 0,7138 0,34
Acceso 0,2626 0,9595 0,1016 0,36
Eigenvalues 1,7862 0,9493 0,2643 -
Los datos obtenidos en nuestra estimación revelan que la

dimensión Acceso es la más importante a la hora de explicar el
grado de inclusión financiera en un país. Respecto a la estructura
del componente principal, detallada en la Tabla 4, se observa que el
primer componente explica el 59,5% del total de la varianza. Si bien
en su interior la contribución de cada dimensión no es equitativa,
ya que aporta más información la dimensión Acceso y Barreras que
la dimensión Uso, al mirar el segundo componente principal se
observa que la dimensión Uso es la única que aporta nueva infor-
mación siendo que entre los dos componentes principales acumu-
lan 91,2% del total de la varianza.
Tabla 4. Varianza acumulada por componentes.
Inclusión Financiera
PC 1 0,5954
PC 2 0,9119
PC 3 1
La Tabla 8 muestra el ranking de países de acuerdo a su grado

de inclusión financiera, entendiéndose que los países que aparecen
en los primeros lugares son los de mejores resultados. Estos puestos
son ocupados en exclusividad por países desarrollados, algo que de
todas maneras no debería sorprender ya que es lógico esperar una
fuerte correlación entre el grado de inclusión financiera y el pro-
ducto de cada país.
4. Utilidad del índice: algunas estimaciones
Si bien el objetivo principal de este trabajo es la elaboración de un

índice que permita medir la penetración de la inclusión financiera
en cada país, algunas estimaciones pueden ser de utilidad a la hora
de entender su finalidad. En este sentido, a continuación se ana-
liza la correlación entre el grado de inclusión financiera y variables
como la desigualdad, la pobreza o el empoderamiento femenino.16
Formalmente, estimamos las siguientes ecuaciones:17
16 A este último concepto la literatura se refiere como female empowerment, del cual no
hay una traducción exacta al castellano.
17 En la ecuación (14), Y adopta el valor promedio del Índice de Gini para los años 2017-
2018 (último con información disponible). En la ecuación (15) adopta el promedio de
la tasa de pobreza en las líneas de pobreza nacionales entre 2017 y 2019, mientras
que en la ecuación (16) adopta el porcentaje de la población femenina de 15 o más
años que tomó un préstamo en una institución financiera formal en 2017. Todos estos
Yt,i=α+β1IIF2017-2019,i+β2PBI2017-2019,i+ θi Di+ εi (14)
Yt,i=α+β1IIF2017-2019,i+β2PBI2017-2019,i+ θi Di+ εi (15)
Yt,i=α+β1USO2017,i+β2PBI2017,i+ θi Di+ εi (16)
El número de regresores es limitado para evitar problemas de

multicolinealidad. En la ecuación (14) y (16) la estimación es a tra-
vés de mínimos cuadrados ordinarios, mientras que en la ecuación
(15), al observarse problemas de heterocedasticidad, se utilizaron
mínimos cuadrados ponderados. Los resultados de las estimaciones
son presentados en la Tabla 5.
Tabla 5. Resultados de las estimaciones.
Variable Desigualdad Pobreza Empoderamiento
-0,155*** -0,159***
Inclusión financiera
(0,038) (0,056)
-0,437 -0,709
Crecimiento 2017-2019
(0,405) (0,605)
Países de ingresos altos y 0,044 -0,026 0,012

medianos-altos (0,024) (0,035) (0,021)
datos fueron obtenidos del Banco Mundial. IIF es el índice de inclusión financiera, que
en las dimensiones Uso y Barreras presenta datos de 2017 y en la dimensión Acceso
datos de 2019. En la ecuación (16) se utiliza solamente la dimensión Uso debido a
que los datos sobre empoderamiento femenino llegan hasta el año 2017, aunque esto
también sirve para reflejar que el índice estimado para cada dimensión, en la primera
etapa de PCA, también puede utilizarse de manera autónoma. La variable PBI mide la
tasa de crecimiento promedio entre los años 2017 y 2019, aunque en la ecuación (16)
solamente se usa la tasa de crecimiento del año 2017. Y la variable D es una dummy
que toma el valor 1 cuando el país es considerado de ingresos altos o de ingresos
medios altos (lugar que ocupa Argentina), y toma el valor 0 cuando el país es de
ingresos medios bajos o bajos. Esta categorización es relevada por el Banco Mundial.
0,089*
Dimensión uso
(0,035)
0,134
Crecimiento 2017
(0,321)
0,452*** 0,452*** 0,099***

Constante
(0,029) (0,042) (0,022)
Observaciones 59 68 113
R-cuadrado 0,280 0,2383 0,136
Los resultados de la Tabla 5 muestran una correlación negativa

entre inclusión financiera e indicadores como la desigualdad o la
pobreza, al tiempo que una mayor inclusión financiera correlaciona
positivamente con el empoderamiento femenino en base a nuestras
variables explicativas. Estas tres estimaciones tienen los signos
esperados y en todos los casos son estadísticamente significativas.
Por caso, un aumento en una unidad en el índice de inclusión finan-
ciera implica una caída del 0,16% tanto en el índice de Gini como
en el porcentaje de personas viviendo en la pobreza. En cuanto al
empoderamiento femenino, un aumento en una unidad en el índice
que mide la dimensión Uso implica un aumento del 0,09% en la
cantidad de mujeres que toman un préstamo en el sistema formal.
De todas maneras, sería interesante poder explorar los efec-
tos de la interacción entre la inclusión financiera y otros factores
para evaluar si esta, por sí sola, es un factor suficiente para redu-
cir la pobreza y la desigualdad de ingresos. Beck, Demirguc-Kunt
y Honohan (2009) sugieren que la inclusión financiera puede
reducir la pobreza y la desigualdad no tanto a través de la provi-
sión de servicios formales a grupos de bajos ingresos sino a través
de salarios más altos y una mayor participación en el sector for-
mal la economía.
Controlar por el ingreso de los países, subdividiendo a la mues-

tra en dos, no arrojó resultados significativos en ninguna de las
tres estimaciones, por lo que no es posible afirmar que en países
de ingresos medios-altos o altos, en donde se encuentra ubicada
Argentina de acuerdo al Banco Mundial, haya un mayor impacto de
la inclusión financiera sobre estas variables.
En resumen, una mayor inclusión financiera permite mejorar
los indicadores socioeconómicos aquí analizados, lo cual es un pri-
mer paso a la hora de pensar en una sociedad mejor. Naturalmente,
un segundo paso es diseñar políticas al interior de cada país que
exploten de la mejor manera posible sus características para así
potenciar los resultados.
5. Conclusiones
Por empezar, que las ponderaciones de cada una de las dimensiones

que conforman al índice global hayan tenido un peso relativamente
similar da la pauta de que metodológicamente el índice está bien
elaborado. Además, que la mayoría de los países con mayor PBI per
cápita sean los que se encuentran en los primeros puestos del índice
también nos indica de la consistencia del trabajo y que por ende su
utilización para futuras comparaciones tiene sustento.
En cuanto a las dimensiones, los resultados muestran que el
Acceso es la que tiene mayor preponderancia sobre la inclusión
financiera. Inicialmente, esto lleva a pensar en la importancia de
la infraestructura física a la hora de lograr una mayor inclusión, la
cual permitía acercar a los ciudadanos a los diversos bancos comer-
ciales o cajeros automáticos. De todas maneras, el fuerte avance
de los medios de pagos digitales va a permitir que haya un mayor
acceso a los productos formales sin necesidad de una mayor inver-

sión física, por lo que la dimensión Acceso debería mostrar mejores
resultados en próximas ediciones.
Superar las Barreras que todavía alejan a parte de la población
de los productos formales es uno de los desafíos por lograr. Si bien
la primera barrera es la distancia, la cual también se debería solu-
cionar ante la propagación de los medios de pagos digitales, la falta
de confianza en el sistema formal y el costo de los productos son
cuestiones a resolver por los propios policy makers. En ese sentido, la
gratuidad de las cuentas de depósitos tal como existe en Argentina
sería una política que debería traer mayores beneficios que costos,
al ser un primer paso para que esas personas que pasen a estar ban-
carizadas luego ahorren en el sistema formal.
Respecto al Uso, algunos países en desarrollo muestran una
foto que sirve para explicar el estado de situación. En los últimos
años ha habido programas de gobiernos en los cuales existen trans-
ferencias de dinero mediante el sistema formal a sectores de meno-
res recursos, dando paso a que muchas personas que no estaban
bancarizadas pasaran a tener una cuenta formal. Pero esta cuenta
queda reducida solamente a la extracción de las transferencias del
programa y no logra un nuevo uso, por lo que el desafío es alcan-
zar un mayor grado de utilización. El camino está realizado por la
mitad, pero el paso más difícil parecería ya estar dado.
En cuanto al análisis con indicadores como la desigualdad, la
pobreza o el empoderamiento femenino, los resultados muestran
que la inclusión financiera puede ser un mecanismo mediante el
cual mejorar ciertos aspectos de la sociedad. Sobre las estimacio-
nes de este trabajo, que muestran correlaciones de alcance global,
quedará para futuras investigaciones pensar políticas específicas
en cada uno de los países que maximicen el impacto de la inclu-

sión financiera.
Con todo, el avance que ha adquirido la inclusión financiera en
los últimos años no parece que vaya a detenerse en el corto plazo,
por lo que todavía queda mucho camino por recorrer. El avance tec-
nológico apunta a resolver los problemas asociados con el acceso
y las barreras a los productos formales, por lo que el desafío para
las autoridades es mejorar los incentivos para utilizar los produc-
tos formales, ya sea mediante menores costos de mantenimientos o
mejorando los retornos a ahorrar en el sistema formal.
6. Apéndice
Tabla 6. Variables descriptivas.
Variables Descriptivas
Variable Obs Promedio Desvio St. Min. Max.
Uso
Cuentas 113 0,7107 0,2542 0,13 1,00
Ahorro 113 0,2653 0,2034 0,02 0,77
Préstamos 113 0,1298 0,0707 0,01 0,38
Barreras
Distancia 113 0,1054 0,1463 0,0 0,92
Accesibilidad 113 0,1265 0,1194 0,0 0,42
Documentación 113 0,8488 0,0876 0,0 0,32
Confianza 113 0,0783 0,0718 0,0 0,28
Acceso
Bancos_km 113 38,8375 137,5224 0,1 1315,20
Bancos_adultos 113 17,5143 13,1996 0,4 64,50
ATM_km 113 138,0688 509,5852 0,1 4145,30
ATM_adultos 113 61,8395 52,6523 0,7 267,00
Tabla 7. Índice de cada una de las dimensiones.
Uso Barreras Acceso

País Índice País Índice País Índice
Nueva Zelanda 1 Suecia 1 Hong Kong 1
Canadá 2 Finlandia 2 Singapur 2
Suecia 3 Corea del Sur 3 Malta 3
Dinamarca 4 Dinamarca 4 Luxemburgo 4
Reino Unido 5 Países Bajos 5 Líbano 5
Alemania 6 Singapur 6 Japón 6
Bélgica 7 Australia 7 Bélgica 7
República de
Australia 8 Japón 8 8
Mauricio
Finlandia 9 Canadá 9 Bangladesh 9
Austria 10 Malta 10 Suiza 10
Países Bajos 11 Nueva Zelanda 11 Corea del Sur 11
Estonia 12 Luxemburgo 12 Italia 12
Luxemburgo 13 Francia 13 West Bank y Gaza 13
Singapur 14 Croacia 14 Reino Unido 14
Suiza 15 Suiza 15 Israel 15
Japón 16 Bélgica 16 India 16
Eslovenia 17 Reino Unido 17 Países Bajos 17
Malta 18 Israel 18 España 18
Egipto 19 Estonia 19 Chipre 19
Israel 20 Austria 20 Portugal 20
Francia 21 Alemania 21 Francia 21
Mongolia 22 Irlanda 22 El Salvador 22
Irlanda 23 Grecia 23 Bulgaria 23
Italia 24 Estados Unidos 24 Polonia 24
Macedonia del
25 Eslovenia 25 Guatemala 25
Norte
Macedonia del
Estados Unidos 26 26 Kuwait 26
Norte
España 27 Hong Kong 27 Letonia 27
Portugal 28 Letonia 28 Trinidad y Tobago 28
Letonia 29 Portugal 29 Nepal 29
Emiratos Árabes República de

30 30 Eslovenia 30
Unidos Mauricio
Chipre 31 España 31 República Checa 31
República de
32 Serbia 32 Eslovaquia 32
Mauricio
Grecia 33 Chipre 33 Filipinas 33
Polonia 34 Italia 34 Dinamarca 34
Malasia 35 Tailandia 35 Alemania 35
Tailandia 36 Mongolia 36 Moldavia 36
Turquía 37 Polonia 37 Hungría 37
Eslovaquia 38 Lituania 38 Armenia 38
República
Lituania 39 Bosnia 39 39
Dominicana
Croacia 40 Montenegro 40 Uzbekistán 40
Emiratos Árabes
Republica Checha 41 41 Pakistán 41
Unidos
Kuwait 42 China 42 Serbia 42
India 43 Egipto 43 Croacia 43
Namibia 44 Kuwait 44 Indonesia 44
Arabia Saudita 45 India 45 Rumania 45
Macedonia del
Trinidad y Tobago 46 Turquía 46 46
Norte
Montenegro 47 Myanmar 47 Bosnia 47
Serbia 48 Ruanda 48 Ruanda 48
Rusia 49 Namibia 49 Albania 49
Brasil 50 Marruecos 50 Montenegro 50
China 51 Malasia 51 Costa Rica 51
Georgia 52 Vietnam 52 Marruecos 52
Bulgaria 53 Uzbekistán 53 Georgia 53
Hungría 54 Trinidad y Tobago 54 Grecia 54
Kazajstán 55 Arabia Saudita 55 Turquía 55
Sudáfrica 56 Eslovaquia 56 Tailandia 56
Costa Rica 57 Kazajstán 57 Irlanda 57
Emiratos Árabes
Chile 58 República Checa 58 58
Unidos
Bosnia 59 West Bank y Gaza 59 Honduras 59
Ucrania 60 Líbano 60 Jordania 60

Bolivia 61 Rumania 61 Austria 61
Nepal 62 Botsuana 62 China 62
Uruguay 63 Bangladesh 63 Vietnam 63
Indonesia 64 Georgia 64 Estados Unidos 64
Líbano 65 Bulgaria 65 Panamá 65
República
66 Sudáfrica 66 Malasia 66
Dominicana
Rumania 67 Rusia 67 México 67
Corea del Sur 68 Uruguay 68 Camboya 68
Hong Kong 69 Nepal 69 Colombia 69
Argentina 70 Togo 70 Togo 70
Kenia 71 Mozambique 71 Egipto 71
Panamá 72 Costa Rica 72 Lituania 72
Jordania 73 Armenia 73 Nueva Zelanda 73
Perú 74 Indonesia 74 Brasil 74
Honduras 75 República Kirguiza 75 Myanmar 75
Armenia 76 Zambia 76 Nicaragua 76
Colombia 77 Kenia 77 Suecia 77
Botsuana 78 Zimbabue 78 Sudáfrica 78
Guatemala 79 Hungría 79 Bolivia 79
Albania 80 Mauritania 80 Uganda 80
Bangladesh 81 Burkina Faso 81 Senegal 81
Moldavia 82 Pakistán 82 Chile 82
Uzbekistán 83 Ucrania 83 Kenia 83
Filipinas 84 Mali 84 Benín 84
República Kirguiza 85 Liberia 85 Costa de Marfil 85
Zambia 86 Afganistán 86 Estonia 86
Mozambique 87 Sudán del Sur 87 Iraq 87
Vietnam 88 Jordania 88 República Kirguiza 88
México 89 Brasil 89 Rusia 89
Uganda 90 Benín 90 Argentina 90
Togo 91 Chile 91 Uruguay 91
República
Ruanda 92 92 Burkina Faso 92
Dominicana
West Bank y Gaza 93 Argentina 93 Paraguay 93
Benín 94 Bolivia 94 Perú 94

Paraguay 95 Camboya 95 Arabia Saudita 95
Nicaragua 96 Níger 96 Liberia 96
Zimbabue 97 Guinea 97 Mozambique 97
El Salvador 98 Senegal 98 Mongolia 98
Mauritania 99 Albania 99 Guinea 99
Burkina Faso 100 Moldavia 100 Zimbabue 100
Marruecos 101 Costa de Marfil 101 Australia 101
Myanmar 102 El Salvador 102 Finlandia 102
Senegal 103 Panamá 103 Canadá 103
Pakistán 104 Uganda 104 Afganistán 104
Camboya 105 Guatemala 105 Zambia 105
Afganistán 106 Perú 106 Mali 106
Iraq 107 Filipinas 107 Mauritania 107
Costa de Marfil 108 Nicaragua 108 Ucrania 108
Mali 109 Honduras 109 Botsuana 109
Guinea 110 Iraq 110 Níger 110
Liberia 111 México 111 Namibia 111
Níger 112 Colombia 112 Sudan del Sur 112
Sudán del Sur 113 Paraguay 113 Kazajstán 113
Tabla 8. Índice de Inclusión Financiera por país.
Inclusión Financiera
País Índice País Índice País Índice
Nueva Zelanda 1 Lituania 39 Botsuana 77
Canadá 2 Croacia 40 Albania 78
Suecia 3 República Checa 41 Colombia 79
Dinamarca 4 Kuwait 42 Guatemala 80
Reino Unido 5 India 43 Bangladesh 81
Alemania 6 Namibia 44 Uzbekistán 82
Australia 7 Arabia Saudita 45 Moldavia 83
Finlandia 8 Trinidad y Tobago 46 República Kirguiza 84
Bélgica 9 Montenegro 47 Filipinas 85
Austria 10 Serbia 48 Zambia 86
Países Bajos 11 Rusia 49 Mozambique 87
Estonia 12 Brasil 50 Vietnam 88

Luxemburgo 13 China 51 México 89
Suiza 14 Georgia 52 Togo 90
Singapur 15 Bulgaria 53 Uganda 91
Eslovenia 16 Hungría 54 Ruanda 92
Japón 17 Kazajstán 55 West Bank y Gaza 93
Malta 18 Sudáfrica 56 Benín 94
Egipto 19 Costa Rica 57 Paraguay 95
Israel 20 Bosnia 58 Nicaragua 96
Francia 21 Chile 59 Zimbabue 97
Mongolia 22 Ucrania 60 El Salvador 98
Irlanda 23 Bolivia 61 Mauritania 99
Italia 24 Nepal 62 Burkina Faso 100
Macedonia del
25 Uruguay 63 Marruecos 101
Norte
Estados Unidos 26 Indonesia 64 Myanmar 102
España 27 Líbano 65 Senegal 103
República
Portugal 28 66 Pakistán 104
Dominicana
Letonia 29 Rumania 67 Camboya 105
Emiratos Árabes
30 Corea 68 Afganistán 106
Unidos
Chipre 31 Argentina 69 Iraq 107
República de
32 Hong Kong 70 Costa de Marfil 108
Mauricio
Grecia 33 Kenia 71 Mali 109
Polonia 34 Panamá 72 Guinea 110
Malasia 35 Jordania 73 Liberia 111
Tailandia 36 Perú 74 Níger 112
Turquía 37 Honduras 75 Sudan del Sur 113
Eslovaquia 38 Armenia 76
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La inclusión financiera como
determinante de la competitividad
del sector financiero a nivel
subnacional en Argentina
Carla María Daniele Barra
1. Introducción
Una economía competitiva cuenta con condiciones de base que

le permiten crecer de forma sustentable e inclusiva, mejorando
la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Esta realidad
despierta el interés de medir la competitividad a lo largo de todo
el mundo; a nivel internacional, los indicadores más destacados
en la materia son los elaborados por el Foro Económico Mundial
(WEF) y por el Centro Mundial de Competitividad del Instituto de
Administración de Suiza (IMD).
A pesar de las diferencias en el enfoque o la composición de los
indicadores de competitividad entre diferentes autores e institu-
ciones que han buscado cuantificarla, todos coinciden y otorgan un
papel preponderante al sector financiero, clave por su rol a la hora de
potenciar la eficiencia de una nación. Su adecuado funcionamiento
269
a través de la movilización del ahorro y la asignación eficiente de

recursos mediante sus señales de precios es un factor importante
para incentivar el avance de la inversión y el crecimiento.
Las mediciones internacionales coinciden en que Argentina
cuenta con un sector financiero pequeño y poco profundo, lo que
constituye un limitante para su competitividad y posibilidad de
desarrollo. Por ende, impulsar el progreso del sector y ampliar su
inclusión en la sociedad es uno de los principales desafíos para el
crecimiento y equidad del país.
Desafortunadamente, los esfuerzos para medir la competiti-
vidad en Argentina son escasos, y los pocos estudios disponibles se
encuentran desactualizados; a nivel local, el Índice de Competitividad
Provincial elaborado por la Bolsa de Comercio de Córdoba presenta el
intento más acabado de comprender los factores que afectan a la com-
petitividad de la economía argentina, pero su última edición publi-
cada data del año 2012. Más aun, existe muy poco análisis y estudio
de la competitividad financiera dentro del país, que puede esconder
la explicación de importantes desigualdades que se encuentran den-
tro y entre las jurisdicciones y regiones subnacionales.
Por esto, se plantea la necesidad de realizar una primera apro-
ximación a la estimación de la competitividad financiera a nivel
subnacional en Argentina, para lo cual se elabora un índice de
competitividad del sector financiero de las provincias del país de
acuerdo a los lineamientos determinados por la literatura especia-
lizada en la materia y las experiencias internacionales en la medi-
ción de la competitividad económica, adaptándolo a la realidad
local y a los datos disponibles sobre esta temática.
Actualmente, los indicadores de competitividad de referencia
internacional no son totalmente representativos para explicar las
Carla María Daniele Barra | 271
diferencias de competitividad del sector financiero dentro de un país,

particularmente para el caso de Argentina. Por un lado, esto se debe
a que gran parte de las variables corresponden al agregado de la eco-
nomía y no son atribuibles a una escala subnacional, al mismo tiempo
que algunas variables que pueden ser asignadas a las provincias argen-
tinas no se encuentran disponibles o presentan importantes diferen-
cias metodológicas con los índices internacionales. De forma adicional,
al no encontrarse focalizados en el desempeño del sector financiero,
los índices citados no incluyen en su cálculo referencias al alcance del
sistema y su grado de utilización por parte de la sociedad, así como el
nivel de educación financiera y aspectos relacionados a su equidad,
factores clave a la hora de medir el nivel de inclusión financiera.
A partir de lo anterior, se incorporan al cálculo indicadores de
acceso y de uso del sistema financiero por parte de la población,
así como también variables que buscan cuantificar el nivel de edu-
cación financiera de la sociedad y el grado de equidad del sector.
Estos cuatro pilares adicionales complementan a los indicadores de
profundidad y estabilidad usuales en las mediciones internaciona-
les de competitividad, añadiendo un valor agregado a la literatura
existente en la materia.
Los resultados arrojan que existen importantes diferencias
entre las provincias con patrones que se repiten a lo largo de las
regiones del país. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital del
país, lidera en términos competitivos del ámbito financiero, mien-
tras que las provincias de Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego y
Santa Fe se destacan por sobre el resto por contar con sistemas
financieros relativamente competitivos, superando la media del
país. En el otro extremo se percibe que la mayoría de las provincias
del norte argentino presentan los puntajes más bajos del índice.
Estos resultados se condicen con la realidad económica de las pro-

vincias, validando la estrecha relación existente entre la competiti-
vidad del sector financiero, el crecimiento y la equidad.
2. Sobre la competitividad
2.1. La competitividad en la literatura económica
La competitividad económica es un concepto ampliamente tratado

en la literatura; Porter (1990) sentó las primeras bases en el estudio
de la materia, definiendo a la competitividad de una nación como
su capacidad para sostener e incrementar su participación en los
mercados internacionales, con un aumento paralelo en el nivel de
vida de la población y la productividad. Este concepto fue mutando
con el paso de los años, definiendo el mismo Porter en 2017 que una
región es competitiva cuando sus empresas privadas son capaces de
competir exitosamente tanto a nivel doméstico como a nivel inter-
nacional, mientras se mantienen y mejoran el valor económico y,
sobre todo, los estándares de vida de la ciudadanía.
A nivel macroeconómico, la competitividad incluye factores
que configuran condiciones generales para una mayor producti-
vidad; Pollar y García (2004) sostienen que el verdadero reto del
crecimiento económico es crear las condiciones para un rápido y
sostenido desarrollo en la productividad de las personas, las empre-
sas y el país. De esta forma, una economía competitiva se corres-
ponde con una productividad que conduce al crecimiento y que, a
su vez, permite generar mejores niveles de ingreso y bienestar.
Si bien gran parte de los análisis de competitividad se centran
en las condicionantes macroeconómicas como determinante clave
para el éxito de las economías, estas no son suficientes sin los funda-
mentos microeconómicos. Estos últimos dependen principalmente
del grado de sofisticación de las empresas y la calidad del entorno
de negocio, entendido este último como información, infraestruc-
tura e instituciones.
A nivel internacional existen varios indicadores que buscan
medir la competitividad reflejando la situación relativa de cada
país con respecto a las demás naciones e identificando las prác-
ticas y políticas más exitosas en esta materia. Entre los indicado-
res más destacados se encuentran el Reporte de Competitividad
Global, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF), y el
Índice de Competitividad Mundial elaborado por el Instituto de
Administración de Suiza (IMD).
A nivel local, Argentina cuenta con escasos estudios orienta-
dos a la medición de su competitividad regional o subnacional (a
nivel de provincias). El antecedente más destacado lo conforma el
Índice de Competitividad Provincial elaborado por el Instituto de
Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba
que, a pesar de realizarse de forma bienal, no se publica desde 2012.
2.2. La medición de la competitividad
El Foro Económico Mundial mide la competitividad entre países

desde 1979, evaluando en la actualidad 141 economías (que repre-
sentan el 98% del producto mundial) a través de 114 indicadores
cuantitativos y cualitativos organizados en 12 pilares. Los ámbitos
básicos para la competitividad, considerados como los primeros
que abordan los países en etapas tempranas de desarrollo, inclu-
yen las instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico,
salud y educación primaria. Por otro lado, aspectos como el fun-

cionamiento del mercado laboral, financiero o de bienes, así como
la capacitación, la educación superior y la preparación tecnológica
son considerados en el índice como aspectos potenciadores de la
eficiencia. Por último, la innovación y sofisticación son contem-
pladas como una de las áreas más complejas de competitividad,
generalmente asociadas con economías más avanzadas y de altos
niveles de ingreso. Cada variable varía en una escala de 0 a 100,
indicando cuán desarrollado está el nivel de competitividad de
una economía; todos los factores tienen el mismo peso dentro de
los pilares que los agrupan, a la vez que los pilares tienen la misma
ponderación en el cálculo del índice de competitividad.
El Informe Anual de Competitividad Mundial elaborado por el
Instituto de Administración de Suiza, por su parte, incluye a 63 eco-
nomías del mundo y es calculado a partir de 235 variables (cuanti-
tativas y cualitativas). Estas variables se encuentran agrupadas en
cuatro factores de la competitividad: desempeño económico, efi-
ciencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura;
cada uno de ellos se encuentra dividido en cinco subfactores, que
cuentan con la misma ponderación en el cálculo del índice global
sin importar la cantidad de variables que aglomeran.
Todos los indicadores que buscan medir la competitividad
incluyen entre sus componentes aspectos del sector financiero.
Esto se debe a que este juega un rol clave en la economía, otor-
gando importantes señales de precios, movilizando el ahorro, pro-
moviendo una asignación eficiente de los recursos y permitiendo
aumentar los niveles de inversión, con su correspondiente con-
trapartida en la productividad y desarrollo, a la vez que realiza un
importante aporte a la inclusión y equidad en la sociedad.
2.3. Competitividad en Argentina
En el Informe de Competitividad Global del Foro Económico

Mundial correspondiente al año 2019, Argentina se encontraba
en el puesto 83° del ranking de 141 países, por debajo de los países
más competitivos del mundo y la región, tal como se observa en el
Gráfico 1. Sin embargo, el nivel actual constituye una de las mejores
posiciones del país en términos históricos, teniendo en cuenta que
hacia el año 2015 el país alcanzaba una puntuación que lo ubicaba
en el puesto 106° del ranking en cuestión.
Gráfico 1. Ranking de Competitividad Global (WEF)
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Foro Económico Mundial (WEF).
Desagregando el indicador según sus pilares de competitivi-

dad se percibe que el sistema financiero de Argentina es una de sus
principales debilidades, encontrándose en la posición 105° respecto
a los 141 países medidos, considerablemente por debajo de su ubica-
ción en términos globales, tal como muestra el Gráfico 2.
Gráfico 2. Ranking de Argentina por pilares de competitividad. Año 2019.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Foro Económico Mundial (WEF).
Siguiendo las estimaciones del Instituto de Administración

de Suiza, Argentina se ubicó en el antepenúltimo puesto (61°) en
su ranking de la competitividad de 2019, superando solamente a
Mongolia (62°) y Venezuela (63°) y posicionándose lejos de otros
países de la región como lo exhibe el Gráfico 3. A diferencia de lo
sucedido en el indicador del Foro Económico Mundial, esta es la
peor posición de Argentina de los últimos 5 años.
Gráfico 3. Ranking de Competitividad Global (IMD).
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto de Administración de

Suiza (IMD).
Como muestra el Gráfico 4, y también a diferencia del indicador

del Foro Económico Mundial, el ámbito de las finanzas de Argentina
cuenta con un desempeño levemente mejor al promedio del país
frente al resto del mundo; sin embargo, este se ubica entre los cinco
peores países relevados por el Instituto de Administración de Suiza.
Gráfico 4. Ranking de Argentina por subfactores de competitividad. Año 2019.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Instituto de Administración de Suiza (IMD).

Para la cuantificación del nivel de competitividad del sector
financiero, ambos indicadores consideran variables que valen de
referencia para evaluar la situación del caso argentino. Sin embargo,
estos indicadores internacionales no resultan totalmente represen-
tativos para explicar las diferencias de competitividad del sector
financiero dentro de nuestro país. Por un lado, esto se debe a que
gran parte de las variables corresponden al agregado de la econo-
mía y no son atribuibles a una escala subnacional, al mismo tiempo
que algunas variables que pueden ser asignadas a las provincias
argentinas no se encuentran disponibles o presentan importantes
diferencias metodológicas con los índices internacionales. De forma

adicional, al no encontrarse focalizados en el desempeño del sector
financiero, los índices citados no incluyen en su cálculo referencias
a la inclusión y a la equidad del sistema.
3. Metodología
3.1. Variables y datos
Estimar la competitividad financiera de las jurisdicciones subna-

cionales argentinas, concretamente de las provincias, requiere
la elaboración de un índice propio que contemple las peculiari-
dades tanto de su sistema financiero como de disponibilidad de
datos. Si bien las metodologías del Foro Económico Mundial y el
Instituto de Administración de Suiza resultan adecuadas a nivel
nacional y son tomadas como base para el diseño de un indicador
de competitividad propio, estas cuentan con variables que no son
escalables a nivel provincial, no se encuentran disponibles o son
medidas de forma distinta para el caso de Argentina, tal como se
mencionó anteriormente.
De forma similar a la metodología del Foro Económico Mundial
y el Instituto de Administración de Suiza, se propone la utilización
de varios factores para estimar la competitividad financiera de las
provincias argentinas. Como se percibe en la Tabla 1, cada pilar de la
competitividad financiera propuesto está compuesto por una serie
de variables que, dada la disponibilidad de datos, permiten expli-
car la profundidad, solidez, alcance y uso del sistema financiero en
cada provincia, así como también el nivel de educación financiera
de la población y la equidad del sector.
Tabla 1. Indicadores de Índice de Competitividad Financiera para Argentina.
Pilar/Factor Indicador/Variable
Depósitos (% PBI)
Créditos al sector privado (% PBI)
Profundidad
Capitalización bursátil (% PBI)
Empresas domésticas listadas
Solidez y liquidez del sector financiero
Estabilidad y
Brecha de crédito al sector privado
solidez
Morosidad (% de préstamos en situación irregular respecto al total)
Entidades financieras (sucursales)
Entidades financieras cada 10.000 adultos
Entidades financieras por km2
Agentes de liquidación y compensación cada 10.000 adultos
Entidades bursátiles cada 10.000 adultos
Puntos de acceso
Puntos de acceso cada 10.000 adultos
Acceso
Puntos de acceso por km2
Puntos de extracción extrabancarios
Puntos de extracción extrabancarios cada 10.000 adultos
Puntos de extracción extrabancarios por km2
Acceso a Internet
Acceso a Internet móvil per cápita
Acceso a Internet fijo per cápita
Plazos fijos per cápita (a precios constantes)
Personas con acceso a financiamiento (% de adultos)
Uso
Emisiones de Obligaciones Negociables Simples (% de MiPyMEs)
Empresas con acceso a financiamiento (% de MiPyMEs)
Personas que realizan presupuesto anticipado de ingresos y gastos
Educación Personas que ahorran dinero

financiera Personas que tienen conocimiento de productos financieros bancarios
Personas que tienen conocimiento de productos financieros bursátiles
Equidad de género en el acceso al financiamiento

Mujeres con acceso a financiamiento (%)
Brecha de género en el acceso a financiamiento
Equidad de género en la educación financiera
Mujeres con educación financiera (%)
Equidad Brecha de género en la educación financiera
Equidad distributiva en la educación financiera
Personas de nivel socioeconómico (NSE) bajo con educación
financiera
Brecha entre NSE bajo vs. NSE medio/alto en la educación
financiera
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Banco Central de la República

Argentina, Comisión Nacional de Valores, Instituto Geográfico Nacional,
Instituto Nacional de Estadística y Censos y Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Dos de los seis pilares propuestos se encuentran considera-

dos en la metodología del Foro Económico Mundial: profundidad y
estabilidad del sistema financiero; sin embargo, por los problemas
mencionados previamente, su composición difiere de la del índice
en cuestión. Al mismo tiempo, se asume que al tratarse de varia-
bles correspondientes al agregado de la economía, no resultan
suficientes para explicar las diferencias de competitividad entre
las provincias.
Los otros pilares propuestos se encuentran ligados de forma
estrecha con la inclusión financiera. Este concepto de amplio
alcance es entendido, según la definición de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como el pro-
ceso de promoción de un acceso asequible, oportuno y adecuado a
una amplia gama de servicios y productos financieros regulados y
la ampliación de su uso hacia todos los segmentos de la sociedad
mediante la aplicación de enfoques innovadores hechos a la medida,
incluyendo actividades de sensibilización y educación financiera

con el objetivo de promover tanto el bienestar financiero como la
inclusión económica y social (Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, 2013). A partir de lo anterior, en este
índice son contemplados indicadores de acceso y uso de servicios
financieros, así como también el nivel de educación financiera de
la sociedad que permita comprender y aprovechar la prestación
de servicios financieros. El primero de estos pilares se encuentra
contemplado en la metodología del Instituto de Administración de
Suiza (dentro del subfactor “eficiencia bancaria”), aunque también
presenta variaciones, mientras que el segundo y el tercero no son
contemplados por ninguna de las metodologías revisadas.
Los aspectos relacionados a la equidad de género son incluidos
en el índice del Instituto de Administración de Suiza (a través de la
variable acceso al financiamiento). Siguiendo esa línea, se incluye
una perspectiva de género en el índice a través de la consideración
del acceso al crédito y la educación financiera por parte de las muje-
res y, al mismo tiempo, también se contempla la brecha existente
con los hombres en tales cuestiones. También se considera la equi-
dad distributiva, que no es contemplada en los indicadores de refe-
rencia; su consideración, así como la equidad de género, constituye
un aporte valioso a la literatura existente validando la idea de que
un sistema financiero es más competitivo cuando resulta más justo
y alcanza a todos los sectores de la sociedad.
Para todos los indicadores se utilizaron datos de fuentes oficia-
les correspondientes a 2019, o en caso contrario, al último período
disponible en la organización que los publica.
3.1.1. Profundidad
Pese a que el concepto de profundidad financiera caracteriza el sis-

tema financiero en su conjunto y no depende necesariamente de los
esfuerzos de cada jurisdicción, se puede encontrar en la literatura
numerosos estudios que validan una relación significativa entre
la profundidad financiera y la distribución del ingreso (Li, Squire,
y Zou, 1998). Por lo tanto, el análisis considera importante para
el desarrollo de una región el nivel de intermediación financiera
en términos de la capacidad de ahorro de la sociedad, así como el
financiamiento a través de créditos a privados. Concretamente, se
incorporan dentro de este pilar el porcentaje de depósitos totales y
créditos a privados por provincia con respecto al PBI de cada divi-
sión; la información utilizada para la elaboración de estos indicado-
res es tomada del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Además del sector bancario, el rol del mercado de capitales
como potenciador de la competitividad es considerado a través de
las variables de la capitalización bursátil y cantidad de empresas lis-
tadas. Dadas las características del mercado de capitales argentino,
estas variables resultan de alcance nacional y no se corresponden
con sus provincias, por lo que se considera un efecto homogéneo
para todas las divisiones subnacionales de estos indicadores.
3.1.2. Solidez y estabilidad
Aspectos como la solidez y la estabilidad del sistema bancario tam-

bién forman parte de los indicadores relacionados al sistema finan-
ciero en el ámbito nacional. De forma similar a lo que ocurre para
variables de la profundidad financiera, la solidez y la estabilidad del

sistema dependen de forma directa de regulaciones nacionales y no
pueden imputarse a cada jurisdicción subnacional, por lo que se con-
sidera un impacto homogéneo en cada provincia. Sin embargo, en
este análisis y sujeto a los datos disponibles en la materia, se consi-
dera dentro de la estabilidad financiera el nivel de morosidad de los
créditos (como porcentaje del total) y la brecha del crédito al sector
privado, en línea con la metodología aplicada por el Foro Económico
Mundial y el Instituto de Administración de Suiza. La informa-
ción utilizada en estas variables es tomada del Banco Central de la
República Argentina y el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
3.1.3. Acceso al sistema financiero
Dentro de los pilares relacionados con la inclusión financiera se

entiende por acceso a los canales mediante los cuales se pueden tener
acceso efectivo a los sistemas financieros. Para ello, las variables son
expresadas en términos relativos a la población y, en algunos casos, a
la extensión geográfica de cada provincia. De esta forma se neutralizan
las diferencias en disponibilidad de acceso según la cantidad de per-
sonas y la superficie de las diversas divisiones subnacionales del país.
En primer lugar, se considera la cantidad de sucursales de
entidades financieras que existen por provincia cada 10.000
habitantes adultos y por kilómetros cuadrados, así como tam-
bién a los puntos de acceso, entendiendo a estos como la totalidad
de cajeros automáticos, terminales de autoservicio, sucursales
móviles, corresponsales bancarios y sucursales bancarias que se
encuentran habilitadas por provincia. También se consideran
puntos de extracción extrabancarios (que incluyen comercios y
entidades no financieras) per cápita y por extensión geográfica,

cuyo despliegue en los últimos años permitió llevar el sistema
financiero a una mayor cantidad de personas a lo largo del país.
Todos estos datos son obtenidos a través del la información publi-
cada por el Banco Central de la República Argentina.
Los estudios de referencia en esta materia consideran sola-
mente a los actores del sistema bancario, por ser el componente
más dominante del sistema financiero. A diferencia de lo anterior,
en el índice propuesto también se toma en consideración la canti-
dad de agentes bursátiles registrados en la Comisión Nacional de
Valores (CNV) y su dispersión a lo largo del país como un indica-
dor del acceso de inversores al mercado de capitales argentino. De
esta manera, se incluyen dos variables: por un lado, la cantidad de
Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) disponibles por
provincia según la cantidad de adultos en cada una de ellas. Por
otro lado, también se incluye una variable que cuantifica a la totali-
dad de agentes registrados por habitante adulto: ALyCs, Agentes de
Negociación (AN) y Agentes Productores, entre otros.
El desarrollo de la tecnología y la digitalización están teniendo
un impacto creciente en el sector financiero, ya que permiten redu-
cir el costo y los obstáculos de acceso a los servicios financieros a lo
largo de todo el mundo, fomentando de esta forma una mayor inclu-
sión financiera. De hecho, la introducción de las fintechs en el mer-
cado también contribuye a la eficiencia en la provisión de servicios
financieros, lo cual permite ampliar el acceso y su utilización por
parte de los usuarios. Para incluir esta variable dentro del índice
se toma como proxy a la disponibilidad de acceso a Internet de la
población, lo que constituye una condición necesaria para aprove-
char las ventajas que instaura la tecnología a través de este nuevo
segmento en la competitividad del sector financiero. Dado esto,

se incluyen en este pilar los accesos de Internet fijo y móvil de los
adultos para cada provincia, de acuerdo a los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
3.1.4. Uso del sistema financiero
Dado que la disponibilidad de acceso al sistema financiero no

garantiza su llegada total a los distintos usuarios, el índice incluye
entre sus determinantes el grado de utilización de productos y sis-
temas financieros por parte de la población. Esta dimensión de la
inclusión financiera considera la adquisición, contratación y fre-
cuencia en la que son utilizados los servicios financieros. Entre los
indicadores más comunes de este ámbito se destacan las variables
referidas al ahorro, al crédito y a las transacciones realizadas por
los habitantes en el sistema.
Para este fin, son considerados el monto promedio de depósitos
a plazo fijo per cápita y la cantidad de personas con al menos un
financiamiento otorgado por entidades financieras (como aspectos
que reflejan la capacidad de ahorro y la penetración de los créditos
en la población). Estos datos son tomados del Banco Central de la
República Argentina.
El acceso al crédito por parte de las micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPyMEs) en el sistema bancario como en el mer-
cado de capitales es contemplado en el índice como un aspecto
clave para reducir las brechas de productividad y lograr un cre-
cimiento equitativo, aumentando el acceso al crédito por parte de
las pequeñas empresas que cuentan con un importante impacto
distributivo (a través de la generación de empleo en grupos de
población vulnerable) sobre el crecimiento y la competitividad.

Las variables utilizadas en estos factores son tomadas del Banco
Central de la República Argentina, la Comisión Nacional de
Valores y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación.
3.1.5. Educación financiera
La educación financiera constituye una de las variables centrales en

la inclusión financiera y hace referencia al grado de conocimiento
y comprensión de los productos financieros por parte de la socie-
dad, así como el comportamiento de los individuos en el sistema. Su
incorporación al análisis permite explicar la brecha que existe entre
los indicadores de acceso al sistema y el uso efectivo del mismo.
Para esto se utilizan datos cualitativos extraídos de la Encuesta
de Medición de Capacidades Financieras elaborada por el Banco
Central de la República Argentina en el año 2017. De esta encuesta,
que tiene representatividad nacional,1 se extrajo información rela-
tiva a las diferencias en conocimientos, comportamientos y actitu-
des financieras en los distintos grupos de la población. Las variables
seleccionadas corresponden a la percepción de uso y conoci-
miento de productos financieros por parte de los encuestados;
concretamente se evalúa el porcentaje de personas que manifies-
tan hacer un cálculo anticipado de sus ingresos y gastos (presu-
puesto) y que hicieron ahorros a lo largo del último año, aspectos
que se encuentran en línea con finanzas saludables. Asimismo, se
1 En los casos que las variables seleccionadas no presenten datos para todas las pro-
vincias, se aplicó el valor promedio de la región estadística (de acuerdo a las defini-
ciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos) donde se encuentran ubicadas.
incluye la proporción de personas que conocen determinados pro-

ductos financieros relacionados al sistema bancario como así tam-
bién al mercado bursátil.
3.1.6. Equidad
Tal como se mencionó anteriormente, un sistema financiero com-

petitivo induce tanto el crecimiento como la equidad; sin embargo,
también es cierto que para que un sistema sea lo suficientemente
competitivo debe alcanzar a todos los sectores de la sociedad. En esa
línea, se introduce en este índice un pilar específico para evaluar la
equidad del sector que vincula no solo una perspectiva de género,
sino también sus aspectos distributivos.
La introducción del enfoque de género se encuentra en línea
con los indicadores utilizados para la elaboración del ranking del
Instituto de Administración de Suiza; en este caso, se considera a
través de la cuantificación por provincia del porcentaje de mujeres
que tienen acceso al financiamiento y poseen educación financie-
ra.2 Dentro de cada segmento también se cuantifica la brecha exis-
tente entre el porcentaje de mujeres con acceso a financiamiento y
educación financiera respecto al porcentaje de hombres.
Por otro lado, mejores prácticas de salud financiera y mayor
conocimiento de los productos disponibles en el sistema para los
sectores de bajo nivel socioeconómico (NSE) constituyen un medio
importante para aumentar la equidad y potenciar el impacto posi-
tivo del sector financiero en el desarrollo económico. A partir de
lo anterior, se incorpora en este caso de estudio el porcentaje de
personas con bajo nivel socioeconómico que manifiestan ahorrar
2 Para ello se consideraron las mismas variables que el pilar de educación financiera.
dinero, hacer presupuestos anticipados y conocer productos finan-

cieros, siguiendo las mismas variables del pilar de educación finan-
ciera. Al igual que en el caso de la equidad de género, se cuantifica la
brecha existente en el nivel de educación financiera de las personas
con nivel socioeconómico bajo con respecto a los grupos de nivel
socioeconómico medio y alto.
3.2. Índice de Competitividad Financiera
Dado que los indicadores utilizados presentan una gran diversidad

de escala y metodología de construcción, es preciso homogeneizar
su magnitud y unidad de medida. Para ello se realiza un proceso
de estandarización de las variables que permite llevarlas a una gra-
duación única y común que varía entre 0 y 100, en línea con los
indicadores de referencia internacional. Esta normalización por
indicador se realiza mediante una transformación entre mínimos
(peor desempeño observado) y máximos (mejor desempeño obser-
vado o situación óptima) a través de la siguiente fórmula:
Zi,j= Xi,j - min{Xi}

max{Xi } - min{Xi }
Donde Zi,j representa el valor estandarizado de la variable i

correspondiente a la provincia j, el cual varía entre 0 y 100, mien-
tras que Xi,j es el valor observado de dicho indicador. Debido a la
existencia de variables con distribuciones extremas que no permi-
ten captar las verdaderas distancias entre jurisdicciones, se aplica-
ron logaritmos a todas las variables antes de ser normalizadas.
Siguiendo el criterio del Foro Económico Mundial y el Instituto

de Administración de Suiza, las ponderaciones de las variables den-
tro de cada pilar y factor son idénticas, ya que se realiza un promedio
simple entre los valores normalizados de los indicadores. Estas pon-
deraciones fueron asignadas de dicha manera dado que no existen
antecedentes válidos y ni un consenso claro para asignarle mayor
peso a un indicador particular a la hora de determinar el nivel de
competitividad en el sector financiero. De la misma manera, para el
cálculo del Índice de Competitividad Financiera cada pilar ingresa
con la misma ponderación que los demás, de forma tal que la distri-
bución entre los factores explicativos es ecuánime.
4. Resultados
Los resultados obtenidos sugieren que existen importantes dife-

rencias en la competitividad del sector financiero entre las pro-
vincias, cuya dinámica sigue de cerca la configuración regional
de Argentina. Del Gráfico 5 se extrae que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) es la que cuenta con el ambiente más propicio
para la competitividad del sector, liderando el ranking con un score
de 66,9 (sobre 100 posibles). En segundo lugar, con una diferencia
de casi 10 puntos, se encuentra la provincia de Córdoba, alcanzando
un puntaje de 57,4, seguido por La Pampa (57,0), Tierra del Fuego
(55,6) y Santa Fe (52,3), que se ubican por encima del promedio para
la totalidad del país (49,8). Entre las provincias con peores resul-
tados se encuentran Catamarca (40,4), Santiago del Estero (41,0),
Corrientes (42,6) y Tucumán (43,3), correspondientes al noroeste y
noreste argentino.
Gráfico 5. Índice de Competitividad Financiera y ranking por provincias.
Fuente: Elaboración propia.
Ilustración 1. Ranking de competitividad financiera por provincias.
En la Ilustración 1 se presenta el nivel de competitividad que

alcanza el sistema financiero para cada una de las provincias. En
consonancia con los resultados se distingue que las provincias de

Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires cuentan con un sistema financiero relativamente
más competitivo. El peor desempeño del índice se corresponde con
las provincias del norte argentino en las que el acceso al sistema
financiero y su uso es relativamente más precario que el del resto de
las regiones. La Patagonia, de forma similar a la Región Pampeana,
cuenta con niveles de competitividad superiores a la media del país.
El desempeño de las provincias por cada pilar se presenta en
la Tabla 2. Concretamente, en el análisis de profundidad, CABA
obtiene el mejor puntaje con 75, seguida por Córdoba (44,6),
Formosa (43,4) (que cuenta con un buen ratio de crédito con res-
pecto al PBI), así como La Pampa (43,3). Entre las provincias de peor
desempeño dentro de este pilar se encuentra la provincia de Santa
Cruz (25,8), con bajos porcentajes relativos de crédito y depósitos
con respecto al producto, seguida por Catamarca (28,8).
Cabe destacar un aspecto interesante en los resultados del pilar
de estabilidad y solidez del sistema. La provincia de Misiones ocupa
el primer lugar en el ranking con un puntaje de 83,3, seguida por La
Pampa (76,3), Jujuy (78,8) y Mendoza (72,8). Dado que la brecha de
crédito es uniforme, la principal explicación de las diferencias entre
jurisdicciones se debe al indicador de morosidad. En este caso, la
mejor performance relativa no es reflejada en el índice general para
las provincias de Misiones y Jujuy ya que cuentan con baja puntua-
ción en los demás pilares.
Dado que los factores anteriores cuentan con variables más
generales y representativas del agregado de la economía en su
conjunto, es en las dimensiones correspondientes a la inclusión
financiera donde se encuentran las principales diferencias entre
las jurisdicciones subnacionales. Las provincias que cuentan con

relativamente mejores canales de atención para que los usuarios
tengan acceso al sistema financiero son la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (97,9), con un puntaje casi perfecto, seguido a gran
distancia por Santa Fe (56,4), Córdoba (52,6) y Neuquén (46,1). Este
mejor desempeño se explica no solo por la mayor cantidad de pun-
tos de acceso en lo que respecta al sistema bancario y mayor acceso
a Internet, sino que también ejerce gran influencia la presencia del
mercado de capitales que se encuentra bastante centralizado en
pocas jurisdicciones; concretamente, en CABA y las provincias de
Córdoba y Santa Fe se concentra el 75% de las ALyCs del país, el 65%
de la totalidad de los agentes bursátiles registrados, e incluso más del
90% del volumen operado en el mercado de capitales. Por otro lado,
el peor desempeño corresponde a las provincias del norte argentino:
Santiago del Estero (12,5), Catamarca (14,2) y Formosa (14,3).
Por otro lado, en el pilar de utilización del sistema financiero
se destaca el puntaje de CABA, que lidera el ranking para este seg-
mento con un puntaje de 67,6. La provincia de La Pampa (63,0)
ocupa el segundo lugar, seguido por Tierra del Fuego (59,9) y
Córdoba (58,9), bastante por encima del promedio del país que se
ubica en torno a 41,7. La explicación para el desempeño del indica-
dor se encuentra en el mayor nivel de acceso al crédito por parte de
las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector bancario y a
través de la colocación de obligaciones negociables como medio de
financiamiento a través del mercado bursátil.
A partir de los resultados de la Encuesta de Capacidades
Financieras del Banco Central de la República Argentina se obtiene
que la provincia con mayor educación financiera es Río Negro,
con un puntaje de 91,1, por contar con amplio conocimiento de los
productos disponibles en el sistema bancario como así también

en el mercado de capitales. Por el mismo motivo se ubican en los
siguientes lugares del índice las provincias de Chubut, Tierra del
Fuego y Santa Cruz.3 Si evaluamos el desempeño de las provincias
que lideran el índice general se tiene que CABA, que se ubica en
el puesto 23, obtiene mal resultado en las variables relacionadas
al presupuesto de ingresos y gastos futuros así como a la capa-
cidad de ahorro de los encuestados, pero cuentan con alto grado
de conocimiento de los productos financieros. Por el contrario,
en Córdoba (puesto 11), se obtiene un buen resultado en el cálculo
anticipado de ingresos y gastos pero los habitantes no cuentan
con una buena cultura de ahorro.
Por último, en lo que respecta a equidad la provincia de Tierra
del Fuego se ubica en primer lugar con un puntaje de 63,3, pese a
contar con una brecha de género importante en el acceso al finan-
ciamiento entre hombres y mujeres. En los puestos siguientes se
encuentran Misiones (63,2), La Rioja (63,0) y Santiago del Estero
(61,7), que pese a contar con bajos niveles de educación financiera
para mujeres y personas de nivel socioeconómico bajo, cuentan con
brechas relativamente más bajas que el resto de las divisiones. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lidera el índice general, es
una de las divisiones subnacionales menos equitativas de acuerdo
a los resultados de este estudio, presentando un mal resultado en
todos los pilares excepto en el correspondiente al acceso al finan-
ciamiento por parte de mujeres, aunque el nivel de brecha en este
caso sea elevado.
3 Cabe destacar que el resultado de estas provincias puede encontrarse sesgado dado
que se les asignó el promedio correspondiente a la Región Patagónica ante la falta de
datos correspondientes.
Tabla 2. Índice de Competitividad Financiera, pilares y ranking por provincias.
Pilares/Factores
Índice
Provincias Estabilidad y Educación
general Profundidad Acceso Uso Equidad
solidez financiera
Ciudad Autónoma
66,9 (1) 75,0 (1) 65,5 (8) 97,9 (1) 67,6 (1) 50,4 (23) 45,2 (23)
de Buenos Aires
Córdoba 57,4 (2) 44,6 (2) 60,0 (12) 52,6 (3) 58,9 (4) 69,2 (11) 59,0 (11)
La Pampa 57,0 (3) 43,3 (4) 76,3 (2) 44,1 (6) 63,0 (2) 67,7 (12) 47,7 (21)
Tierra del Fuego 55,6 (4) 43,1 (6) 51,0 (22) 34,8 (9) 59,9 (3) 81,8 (2) 63,3 (1)
Santa Fe 52,3 (5) 42,5 (8) 62,5 (9) 56,4 (2) 47,0 (7) 56,2 (20) 49,2 (20)
Chubut 51,8 (6) 36,1 (19) 66,4 (7) 32,4 (10) 35,1 (13) 81,8 (2) 59,0 (10)
Mendoza 51,6 (7) 39,5 (12) 72,8 (4) 39,5 (7) 43,1 (8) 64,2 (17) 50,3 (16)
Río Negro 50,5 (8) 40,9 (11) 50,0 (24) 30,5 (11) 30,4 (16) 91,1 (1) 59,9 (7)
Misiones 50,5 (9) 39,5 (13) 83,3 (1) 24,3 (16) 17,1 (21) 75,4 (6) 63,2 (2)
La Rioja 49,2 (10) 31,4 (22) 55,2 (17) 20,7 (18) 49,1 (6) 75,7 (5) 63,0 (3)
Santa Cruz 49,2 (11) 25,8 (24) 62,1 (10) 29,3 (13) 35,9 (11) 81,8 (2) 60,2 (6)
San Luis 47,6 (12) 36,0 (20) 53,1 (19) 17,6 (19) 57,0 (5) 63,6 (18) 58,6 (12)
Neuquén 46,8 (13) 32,1 (21) 71,3 (5) 46,1 (4) 37,8 (10) 34,3 (24) 59,1 (9)
Salta 46,7 (14) 41,5 (9) 58,7 (13) 16,4 (21) 38,3 (9) 74,9 (7) 50,3 (17)
Jujuy 46,6 (15) 38,1 (15) 75,8 (3) 17,2 (20) 33,4 (15) 65,6 (14) 49,4 (19)
Provincia de
46,1 (16) 38,8 (14) 56,4 (15) 44,5 (5) 34,2 (14) 56,2 (21) 46,6 (22)
Buenos Aires
Chaco 46,0 (17) 37,4 (17) 50,4 (23) 28,6 (14) 35,5 (12) 71,5 (9) 52,6 (14)
San Juan 43,9 (18) 41,0 (10) 56,4 (16) 23,7 (17) 20,0 (20) 61,4 (19) 60,9 (5)
Formosa 43,6 (19) 43,4 (3) 58,2 (14) 14,3 (22) 13,6 (23) 72,9 (8) 59,3 (8)
Entre Ríos 43,3 (20) 36,8 (18) 66,9 (6) 35,5 (8) 20,9 (19) 67,1 (13) 32,9 (24)
Tucumán 43,3 (21) 42,7 (7) 61,1 (11) 26,0 (15) 27,0 (18) 53,2 (22) 49,7 (18)
Corrientes 42,6 (22) 37,9 (16) 54,0 (18) 29,4 (12) 13,7 (22) 70,1 (10) 50,4 (15)
Santiago del
41,0 (23) 43,3 (5) 52,7 (20) 12,5 (24) 10,4 (24) 65,6 (14) 61,7 (4)
Estero
Catamarca 40,4 (24) 28,9 (23) 52,6 (21) 14,2 (23) 27,0 (17) 65,6 (14) 54,3 (13)
Nota: Ranking global y por pilares presentado entre paréntesis. Fuente: Elaboración propia.
Carla María Daniele Barra
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5. Conclusión
Las diferentes aproximaciones a la estimación de la competitividad

en el mundo incluyen al sector financiero como un sector clave a la
hora de aumentar la eficiencia y la productividad de la economía; un
sistema financiero sólido, profundo e inclusivo constituye un motor
clave para lograr un crecimiento sustentable y de manera equitativa.
El sector financiero en Argentina es pequeño y no se encuen-
tra sumamente desarrollado en relación a otros países del mundo e
incluso de la región, por lo que impulsar su desarrollo constituye uno
de los principales desafíos para el crecimiento del país y sus regio-
nes subnacionales. Comprender aquellos aspectos que influyen en
la competitividad financiera y que podrían mejorar su rol a la hora
de movilizar el ahorro vía inversiones y asignar eficientemente los
recursos resulta clave, por lo que para poder tomar medidas para
potenciar este sector es necesario conocer cuál es su situación a
través de una medición íntegra y adecuada que permita identifi-
car cuáles son sus fortalezas y debilidades. A nivel local no existen
muchos indicadores que permitan conocer la realidad del interior
del país y mucho menos para este sector en concreto.
Por lo tanto, para poder medir el grado de competitividad del
sector financiero argentino dentro del territorio nacional y cuan-
tificar las diferencias existentes entre las provincias se elaboró un
índice de competitividad financiera con desagregación subnacio-
nal. Este toma la metodología y principales variables de los índices
de referencia a nivel mundial, adaptándolos a los datos disponibles
y a la realidad local del sistema financiero argentino.
Teniendo en cuenta la creciente importancia de la materia y que
buena parte de las diferencias regionales dentro del país responden
a estos conceptos, se incluyeron aspectos que hacen esencialmente

a la inclusión financiera y que no son contemplados de forma ínte-
gra por mediciones de referencia a nivel internacional, como son el
nivel de acceso al sistema por parte de los usuarios, su grado utili-
zación y la educación financiera de la población, así como también
indicadores que reflejan el grado de equidad del sector teniendo
en cuenta un punto de vista de género y distributivo. Estas varia-
bles complementan el análisis de profundidad, estabilidad y soli-
dez financiera existente en otros índices de competitividad para
sus factores financieros, incorporando un valor agregado clave a la
literatura en la materia bajo el argumento de que un sistema más
inclusivo es crucial para reducir la inequidad e impulsar la prospe-
ridad y productividad de un país.
Los resultados obtenidos validan la hipótesis de que existen
diferencias significativas en la competitividad del sector financiero
entre las provincias argentinas, explicadas por el distinto grado de
profundidad y solidez del sistema, así como también las dimensio-
nes de la inclusión financiera y la equidad del sector. En términos
generales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de
Córdoba, La Pampa, Tierra del Fuego y Santa Fe cuentan con siste-
mas financieros más competitivos y desarrollados, con mayor énfa-
sis en la capital nacional; por el contrario, las provincias del norte
argentino todavía enfrentan importantes desafíos para desarrollar
este sector, a pesar de contar con algunas ventajas en términos de
estabilidad y equidad respecto a otras jurisdicciones nacionales.
Los resultados obtenidos llevan a presumir que existe un vínculo
estrecho entre la competitividad del sector financiero y el desarrollo
económico de cada región; las regiones más productivas y con mayores
ingresos cuentan con un sector financiero más competitivo, mientras
que las provincias más pobres cuentan con un sistema financiero más
primitivo. Siendo el sector financiero un importante impulsor del
desarrollo, un mayor alcance a lo largo del territorio nacional permi-
tiría alcanzar una economía más próspera y productiva, que a su vez
permitiría una retroalimentación y constante adaptación del sistema
financiero a un ambiente más propicio para los negocios.
Este índice constituye una importante herramienta de diag-
nóstico para los hacedores de política, para el sector privado y la
sociedad en su conjunto frente al desafío de impulsar la compe-
titividad de la economía. Poder realizar un análisis comparativo
entre las jurisdicciones subnacionales permite evaluar las áreas
que necesitan fortalecerse y construir una respuesta coordinada
con el sector privado y académico en pos de un sector con mayor
desarrollo que promueva un crecimiento económico sustentable y
equitativo del país. Poder detectar las mejores prácticas regiona-
les es una oportunidad para superar las deficiencias existentes en
otras divisiones subnacionales; este índice proporciona una base
para recomendar medidas tendientes a mejorar la posición relativa
de algunas regiones tomando como referencia las estrategias que
han resultado exitosas en la consecución del objetivo de mayor pro-
fundidad, inclusión y equidad financiera.
La falta de estabilidad macroeconómica y la presencia de ins-
tituciones débiles, así como antecedentes poco alentadores en la
materia, mitigan fuertemente la confianza de los inversores y usua-
rios en el sistema financiero argentino; sin embargo, el entorno
macroeconómico no es el único factor que permite potenciar la
competitividad de un sector. Lo anterior hace necesario estable-
cer políticas conjuntas entre los diferentes agentes económicos
(gobierno nacional, provincial, sector académico y sector privado)
que se destinen a ampliar el alcance del sistema financiero y poten-

cien el nivel de conocimiento y educación financiera de los habitan-
tes. En este tipo de contextos, contar con mayor acceso y hacer un
mejor uso del sistema financiero se vuelve una condición necesaria
para hacer frente al cambio constante en las reglas de juego y no
quedar excluido de las oportunidades que este mercado ofrece.
Esta primera aproximación a la competitividad financiera en
Argentina encuentra como principal limitante a la falta de infor-
mación disponible a nivel subnacional; contar con más información
de accesos y usos financieros, particularmente en lo que refiere al
mercado de capitales, podría arrojar mayor luz sobre uno de los
principales déficits del sistema financiero y económico del país.
A su vez, el análisis podría perfeccionarse a través de la incorpo-
ración de más variables relativas al nivel de educación financiera
de la sociedad y de la predisposición para la innovación, que hoy
no se encuentran disponibles a gran escala. Hacia el futuro, uno de
los aspectos centrales que permitirán consolidar la competitividad
del sistema viene de la mano con una demanda más educada y exi-
gente, y con el despliegue de la tecnología a través del impulso de
las empresas fintech.
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Anexo I. Índice de Competitividad Financiera por

pilares y provincias
Ilustración 2. Ranking de competitividad financiera por provincias. Pilar Profundidad.

Pilar Profundidad.

Ilustración 3. Ranking de competitividad financiera por provincias. Pilar

Estabilidad y solidez.

Pilar Estabilidad y solidez.

Ilustración 4. Ranking de competitividad financiera por provincias. Pilar Acceso.

Pilar Acceso

Ilustración 5. Ranking de competitividad financiera por provincias. Pilar Uso.

Pilar Uso.

Ilustración 6. Ranking de competitividad financiera por provincias. Pilar

Educación financiera.

Pilar Educación financiera.

Ilustración 7. Ranking de competitividad financiera por provincias.

Pilar Equidad.

Pilar Equidad.

Brechas de género en la inclusión
financiera y violencia doméstica.
Estudio de experiencias en
América Latina y recomendaciones
de política en Argentina
Nicole Carolina Maspi, Franco Frizzera,

Luciana Yanina Romero
Introducción
La definición de Inclusión Financiera (IF) es dinámica y está dotada

de diferentes aristas y enfoques, ya sea desde la visión de la oferta
o desde la demanda de productos financieros, conjugables según
el fenómeno que se busca explicar y medir. Diversos autores coin-
ciden que la IF es un concepto multidimensional, conformado por
cuatro componentes medibles: accesibilidad, calidad, utilización
y bienestar financiero de las familias y las empresas (Alliance for
Financial Inclusion, 2010).
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) (como se citó en CAF - BCRA, 2017), la IF se
define como el proceso de promoción de un acceso asequible,
307
oportuno y adecuado a una amplia gama de servicios y productos

financieros regulados y la ampliación de su uso hacia todos los seg-
mentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques innova-
dores hechos a la medida, incluyendo actividades de sensibilización
y educación financiera con el objetivo de promover tanto el bienes-
tar financiero como la inclusión económica y social.
En 2015 se lanzó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
con el objetivo de erradicar la pobreza y conducir hacia un camino
de paz, prosperidad y oportunidades a todos los habitantes de nues-
tro planeta. Los 17 objetivos promueven una transformación finan-
ciera, económica y política para garantizar los derechos humanos
para todos. Asimismo, resaltan el acceso ampliado a los servicios
financieros en cinco de sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible
(ODS). Por la naturaleza multidimensional propia de la IF resulta
difícil hallar la relación causal entre IF y desarrollo sostenible.
En esta línea, ONU Mujeres (2018) plantea que mejorar el
bienestar de las mujeres vulnerables no es solo un acto de justi-
cia social, sino que es imprescindible para crear economías sos-
tenibles en términos sociales y políticos. Es decir, mientras las
mujeres no gocen de empoderamiento económico y social, el cre-
cimiento económico no será inclusivo. Esta situación se trasluce
en las diversas dimensiones de bienestar y privación: las niñas
nacidas en hogares pobres tienen más probabilidades de no finali-
zar sus estudios, sufrir situaciones de maternidad temprana o no
deseada y ser objeto de violencia. De esta manera, su situación de
vulnerabilidad se perpetúa. En cambio, una mujer con mayores
recursos económicos se encuentra en condiciones de mejorar las
condiciones de salud y educación de su núcleo familiar (PNUD,
2019; Carballo, 2020).
Maspi, Frizzera, Romero | 309
Entre los objetivos de la Agenda 2030 se incluye a la igualdad

de género. En este sentido, dicha Agenda presenta avances relevan-
tes al plantear las tres dimensiones de la autonomía de las mujeres
necesarias para alcanzar la plena igualdad: la autonomía econó-
mica, política y física. A su vez, se plantea eliminar todas las for-
mas de violencia contra la mujer, otorgar igual acceso a los recursos
económicos y reconocer y valorizar el trabajo no remunerado. Las
mujeres que alcanzan la independencia poseen mejores recursos
para terminar relaciones violentas y abusivas. Consecuentemente,
la Agenda 2030 insta a los países a impulsar reformas en materia
de inclusión financiera con el objetivo de brindar herramientas de
empoderamiento y autonomía económica a las mujeres.
La violencia contra las mujeres y niñas es una vulneración de
derechos que implica múltiples consecuencias sobre las víctimas,
es de las caras más opresivas de la inequidad de género y es una
de las principales barreras contra la participación en la vida social,
política y económica. Si bien estos hechos responden a una serie
variada de factores, su prevención requiere acciones coordinadas
entre múltiples actores de la sociedad. Dado que la violencia contra
las mujeres tiene diferentes formas de manifestarse, se distinguen
cinco tipos: física, sexual, emocional, económica y de control.
Una de las mayores dificultades que afronta la lucha frente
a la violencia contra las mujeres es la imposibilidad, en muchísi-
mas ocasiones, de obtener ayuda. Junto con el miedo, una razón
importante por la que muchas mujeres no buscan ayuda reside en
su grado de dependencia financiera. Es decir, no tienen suficiente
dinero o recursos económicos para establecerse de forma indepen-
diente o afrontar gastos. Además, se ha demostrado que la vulnera-
bilidad de las mujeres a la violencia aumenta con su nivel relativo
de pobreza. Si a las mujeres se les ofrecen opciones de productos y

servicios financieros que permitan su utilización de manera senci-
lla, es muy probable que algún día salven sus vidas.
En este escenario, entra en juego la IF: cuando las personas
participan en el sistema financiero mejoran sus capacidades para
gestionar riesgo, invertir, emprender un negocio y financiar gas-
tos. El acceso a recursos financieros no solo es esencial para ahorrar
dinero y acumular activos, sino que la IF puede ayudar a las muje-
res con su autonomía, aumentando su participación en actividades
económicas, y por consiguiente, sus ingresos y consumos, y a mejo-
rar sus niveles educativos (PNUD, 2019).
Diagnóstico
La violencia de género es una pandemia que azota a una de cada tres

mujeres en su vida. Según el Banco Mundial a nivel global existen
200 millones de mujeres que han sufrido mutilaciones genitales,
el 35% del total de mujeres han experimentado violencia física y/o
sexual ya sea por parte de su pareja o de otra persona, el 7% han sido
atacadas sexualmente por alguien que no es su pareja y el 38% de
los asesinatos de mujeres se dan por parte de un compañero sexual.
A nivel local, si bien las estadística no son sistemáticas, exis-
ten diversas fuentes y relevamientos. El Registro Unificado de
Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2019) registró, entre
2013 y 2018, 576.360 casos de violencia contra mujeres en la
República Argentina. Dos de cada tres víctimas tenían entre 18
y 39 años. Del universo total el 97,6% se correspondió con casos
de violencia doméstica, ya sea psicológica, física, simbólica,
económica o sexual. En el 43% de los casos el agresor es la pareja/

novio de la víctima.
En relación con la situación laboral de las víctimas, el escena-
rio más frecuente es que ambos, tanto víctima como agresor, se
encuentren ocupados, seguido del escenario donde el agresor es
ocupado pero no su víctima. Esto implica una necesidad urgente de
trabajar no solamente en la esfera de la independencia económica
de las mujeres, sino también, para aquellas que ya tienen ingresos,
en la reducción de la brecha de ingresos.
El Observatorio de la Igualdad de Género en América Latina y el
Caribe (OIG) de la CEPAL, estimó que en 2019 el 28,6% de las mujeres
de ALC no percibían ingresos propios, mientras que esta proporción
era del 10,4% para los hombres. La desigualdad en la autonomía eco-
nómica no solo es evidente en los ingresos sino también en el uso del
tiempo; en los países que cuentan con datos disponibles, el tiempo de
trabajo no remunerado es mucho mayor en mujeres que el tiempo
que dedican los hombres en esta misma actividad (ver Gráfico 1).
En Argentina, según datos de la Encuesta sobre Trabajo No
Remunerado y Uso del Tiempo (EAHU) (INDEC, 2013) las muje-
res realizan el 76% de las tareas domésticas no remuneradas. Estas
incluyen los quehaceres domésticos, las compras para el hogar, los
cuidados de personas, el apoyo escolar, entre otras. Las mujeres que
realizan este tipo de labores, el 88,9% de las encuestadas, dedican un
promedio de 6,4 horas semanales, mientras que los hombres (solo el
57,9% participa en las tareas del hogar) dedican un promedio de 3,4
horas semanales. La desigualdad en la división de las tareas domés-
ticas y de cuidado actúa como una barrera para la participación en
el mercado laboral de las mujeres y el acceso a recursos económicos
en iguales condiciones a los hombres.
Gráfico 1. Población con y sin ingresos propios por sexo y por país de ALC
alrededor de 2019.
Nota: Tiempo de Trabajo no remunerado de la población de 20 a 59 años

según ingresos propios por sexo, último año disponible (Horas semanales).
Adaptado de Observatorio de Igualdad de Género, CEPAL. https://oig.cepal.
org/es/indicadores.
Al tener una cantidad de tiempo disponible menor, las muje-

res participan menos en el mercado de trabajo. Según últimos
datos de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del 3º
Trimestre de 2020 (INDEC, 2020), la tasa de participación pro-
medio de las mujeres en el mercado laboral es de 45,4%, siendo
19,1 puntos porcentuales menor a la tasa de participación de los
hombres (64,5%) (ver Tabla 1).
Tabla 1. Resumen de los principales indicadores del mercado de trabajo.
Indicador Mujeres Hombres
Tasa de actividad 45,4% 64,5%

Tasa de empleo 39,4% 57,7%
Tasa de desocupación 13,1% 10,6%
Tasa de desocupación menores a 29 años 23,1% 19,8%
Nota. Adaptado del Cuadro 1.3 de la Encuesta Permanente de Hogares del

Tercer Trimestre de 2020, INDEC. https://www.indec.gob.ar/uploads/infor-
mesdeprensa/mercado_trabajo_eph_3trim20E927D146A5.pdf
La brecha salarial de género es originada principalmente por

la división sexual del trabajo. La asignación tradicional del trabajo
reproductivo a las mujeres condiciona su participación en el mer-
cado de trabajo, y a diferencia de los hombres, estas tienen que ele-
gir ocupaciones que les permitan conciliar el trabajo productivo
con el reproductivo. Esto genera que las mujeres se concentren en
actividades, profesiones y oficios que requieren una menor cualifi-
cación, con mayores niveles de informalidad, con menores produc-
tividades, y con remuneraciones más bajas.
Trombetta y Cabezón Cruz (2020) utilizaron datos de la EPH en
el período 2016-2019 para cuantificar la brecha salarial de género y
su relación con la estructura productiva local a través de tres mode-
los econométricos. Los autores estiman que la brecha de género en
el salario horario se ubica entre el 13,5% y el 14,6%, según se con-
trole o no por el sector productivo en el que se insertan los trabaja-
dores. Además, remarcan que la mayor parte de la heterogeneidad
salarial entre los individuos encuestados responde a factores que
no pueden medirse en las encuestas habituales, ya que la bondad de
ajuste de los modelos no ha sido afectada al incluir o no la variable
del sector productivo.
Dichas diferencias mencionadas explican que las mujeres en
el país estén sobredimensionadas en el decil de ingresos más bajos
(66,1%) y son minoría en el más alto (35,3%). Del mismo modo, uno
de cada dos hogares a cargo de mujeres pertenece a los quintiles

de menores ingresos. Esta precariedad ilustra por qué más de la
mitad (56%) de los 8,9 millones de personas que percibieron la pri-
mera liquidación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) han sido
mujeres, alcanzando un 28% de la población adulta femenina en
relación con el 24% de los adultos varones (BCRA, 2020).
Tabla 2. Distribución de los hogares según el género de su jefe y nivel

de ingreso.
Indicador Jefas Mujeres Jefes Hombres Brecha
1º Quintil 28% 18% -10%
2º Quintil 22% 20% -2%
3º Quintil 20% 21% 1%
4º Quintil 17% 19% 2%
5º Quintil 13% 22% 9%
Nota: Porcentaje de cada quintil de ingresos respecto al total del conjunto

de jefes de hogares de cada sexo. Total de hogares: jefas mujeres: 9.534;
jefes varones: 12.009. Extraído de la Figura 1.1. del IIF noviembre 2020,
BCRA. http://www.bcra.gov.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/IIF_0220.pdf
Las diferencias en términos de participación, división sexual

del trabajo y brecha de ingresos tienen consecuencias directas
sobre el nivel de acceso y uso de productos y servicios financie-
ros del sistema financiero. De acuerdo a estudios realizados por
el Global Findex del Banco Mundial (Demirguc-Kunt et ál., 2018),
en 2017 el 65% de las mujeres a nivel mundial tienen una cuenta
en una institución financiera formal, mientras que en los hom-
bres esta proporción es 7pp superior (72%). Por otro lado, existen
importantes heterogeneidades y brechas por género en los nive-
les de acceso a cuentas bancarias entre economías desarrolladas
y en desarrollo. En las economías de altos ingresos la brecha de
género en el acceso financiero prácticamente se cerró (94,5%

hombres y 92,9% mujeres), mientras que en los países de ingre-
sos medios y bajos el nivel de acceso es relativamente menor para
hombres y mujeres (67,5% y 58,6%, respectivamente), y al mismo
tiempo, la brecha entre estos permanece en los 9 puntos porcen-
tuales desde 2011.
En la región de América Latina y el Caribe (ALC), se replica la
situación. Existe una diferencia de 7pp en los niveles de titularidad
de cuenta, ya en 2017 el 58% de los hombres poseían una cuenta
bancaria en comparación con el 51% de las mujeres. Encontramos
que esta brecha aumentó respecto al año 2014, pero si la compara-
mos con el año 2011 ha disminuido.
Gráfico 2. Aumentó la tenencia de cuentas,

pero la desigualdad de género persiste.
Nota: Porcentaje de adultos con una cuenta en una institución financiera o

proveedor de servicios de dinero móvil.
Recuperado de http://datawrapper.dwcdn.net/kNGQG/3.
Este moderado progreso en el acceso al sistema financiero en

la región se vio impulsado por el incremento de los pagos digitales,
los servicios financieros de acceso por Internet (home banking) y
las políticas gubernamentales como la creación de cuentas básicas
universales y el pago de transferencias condicionadas de ingresos a
través de una cuenta en el sistema financiero, que ayudó a la inclu-
sión financiera de sectores vulnerables, especialmente a las muje-
res (PNUD, 2019). Este proceso en términos de inclusión financiera
fue clave para el ingreso de las mujeres de los primeros deciles al
sistema bancario.
En Argentina, el 80,7% de las mujeres adultas posee una cuenta
bancaria, mientras que en hombres la cifra es apenas inferior: 80,1%
(MECON, 2020). Esta diferencia se debe a que existe una mayor pro-
porción de mujeres titulares de cuentas previsionales y transferen-
cias condicionadas. Según registros de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES, 2020), en junio de 2019, 81 mil hom-
bres mayores de 15 años eran titulares de la Asignación Universal
por Hijo (AUH). En mujeres esta cifra asciende a 2,1 millones, a las
que se les suman más de 70.000 titulares de la Asignación Universal
por Embarazo (AUE). Incluso, también fue mayor la proporción de
mujeres que solicitaron asistencia durante la pandemia: represen-
taron más de la mitad (56%) de los 8,9 millones de beneficiarios de
la primera liquidación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).
Dicha transferencia alcanzó un 28% de la población adulta feme-
nina, en relación con el 24% de los adultos varones (BCRA, 2020a).
Si no se consideran las cajas de ahorro previsionales, se vislum-
bra la brecha de género en perjuicio de las mujeres, por ejemplo, a
través de las cuentas sueldo, que nos da a entender la mayor partici-
pación de hombres en el mercado de trabajo formal (ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Población adulta con cuenta bancaria, por género.
Nota: Datos a marzo de 2018. Recuperado de ENIF 2020-2023, Ministerio

de Economía, Argentina. https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobiern
o-presento-la-nueva-estrategia-nacional-de-inclusion-financiera-enif-2020-2023.
En esta línea, la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares

2017-2018 permite conocer las formas de pago de los hogares lide-
rados por hombres y mujeres. Si bien el efectivo es el medio de pago
más extendido, en el promedio, se observa que los hogares con jefes
hombres muestran una pequeña ventaja en el uso de medios elec-
trónicos de pago (3,6 puntos porcentuales más que aquellos hogares
liderados por mujeres).
Tabla 3. Modalidades de pago del consumo según sexo de la/el jefa/e de hogar.
Mujeres Hombres
Indicador Tarjeta Tarjeta Transf. Tarjeta Tarjeta Transf.
Efect. Resto Efect. Resto
débito crédito y HB débito crédito y HB
Total 71,9% 7,8% 9,9% 4,3% 6,1% 67,9% 8,9% 11,7% 5,0% 6,5%
1º Quintil 86,4% 3,3% 3,3% 0,8% 6,3% 86,2% 3,1% 3,7% 1,0% 6,0%
2º Quintil 82,2% 4,3% 5,6% 1,7% 6,2% 83,0% 3,8% 6,0% 1,3% 5,9%
3º Quintil 78,0% 5,8% 7,6% 2,8% 5,9% 77,7% 5,4% 8,0% 2,0% 6,0%
4º Quintil 69,9% 8,1% 10,6% 4,7% 6,6% 70,0% 8,4% 10,8% 4,1% 6,8%
5º Quintil 58,4% 12,3% 15,9% 7,8% 5,6% 55,8% 12,8% 16,6% 8,4% 6,4%
Nota: La columna transferencias y HB comprende transferencias y otras

operaciones por home banking (como débitos automáticos). Recuperado de
la Figura A,12. del IIF de noviembre de 2020, BCRA. http://www.bcra.gov.
ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/IIF_0220.pdf.
La desventaja regional de la titularidad de cuentas entre hom-
bres y mujeres se extiende a la habilidad de ahorro, a las posibi-
lidades de obtención de créditos en instituciones formales y la
posibilidad de ser económicamente independientes, clave en situa-
ciones de violencia. En ALC, región donde predomina el ahorro
informal, en 2017 la proporción de mujeres que declaran haber
ahorrado en el último año es menor a la de los hombres (31% contra
44%), ahora bien si consideramos solo el ahorro en una institución
financiera formal esta proporción se reduce a 15% de hombres y a
9% de mujeres. Esta brecha de género existente en el ahorro esta-
ría indicando una menor capacidad de ahorro de las mujeres que
podría estar relacionado a sus menores ingresos (PNUD, 2019).
En términos del acceso al crédito, el 34% de las mujeres mayo-
res a los 15 años de ALC declararon haber pedido prestado dinero
durante el año anterior, incluyendo créditos de instituciones
financieras, prestamistas informales, familiares y amigos, entre
otros, existiendo una brecha de 8pp en comparación a los hom-
bres que han solicitado un crédito (42%). En cuanto al uso de pro-
ductos financieros de crédito formales, las mujeres se encuentran
rezagadas por 6 puntos porcentuales respecto a los hombres en la
solicitud de préstamos a instituciones financieras o mediante el
uso de una tarjeta de crédito (Demirguc-Kunt et ál., 2018).
Tabla 4. Evolución de los indicadores de inclusión financiera en ALC, según

sexo. Años 2011, 2014 y 2017 (% población de 15 años y más).
Hombres Mujeres Brecha de género

ALC* Total
2011 2014 2017 2011 2014 2017 2011 2014 2017
Tit. de
54 44 54 58 35 49 51 9 5 7
cuenta**
Ahorro
12 11 16 15 8 11 9 3 5 6
formal***
Crédito
21 s/d 28 24 s/d 22 18 18 6 6
formal****
Nota: (*) Se excluye Chile. (**) Titularidad de cuenta: Incluye la proporción de

personas que declaran tener una cuenta abierta. (***) Ahorro formal: Incluye
la proporción de personas que declaran ahorrar en una institución financiera.
(****) Crédito formal: Incluye la proporción de personas que declaran tomar
préstamos en una institución financiera o usando una tarjeta de crédito.
Recuperado de Demirguc-Kunt et ál. (2018).
En nuestro país, los sectores de bajos ingresos no suelen acce-

der a instrumentos de ahorro, y existe una brecha de género signi-
ficativa en cuanto al acceso de productos provistos por entidades
financieras tradicionales. Sin embargo, esta brecha se reduce
drásticamente si se consideran las tarjetas de crédito no bancarias
y el financiamiento ofrecido por proveedores no financieros de cré-
dito (PNFC) (ver Gráfico 4).
Gráfico 4. Adultos con al menos una financiación por género y grupo de

proveedores de crédito.
Nota: Datos a junio 2020. Recuperado de ENIF 2020-2023, Ministerio de Economía,

Argentina. https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-presento-la-nueva-es-
trategia-nacional-de-inclusion-financiera-enif-2020-2023.
En la región, las Instituciones de Microfinanzas (IMF) han
tenido una gran participación en la inserción al sistema financiero
de mujeres de segmentos de bajos ingresos y de las que son exclui-
das por la banca tradicional. En especial, ha favorecido la inclusión
financiera de las MIPYME de mujeres, ya que en este segmento
empresarial estas han logrado un mayor acceso a la propiedad o
la titularidad de negocios (CAF, 2018). Las IMF han contribuido
a satisfacer las necesidades financieras de capital-trabajo de los
microemprendimientos de las mujeres mediante el acceso a crédi-
tos de corto plazo, aunque estas instituciones no han tenido mucho
éxito en desarrollar productos orientados a financiar el capital
de inversión, que facilitaría la expansión, el crecimiento de largo
plazo de sus negocios contribuyendo a la estabilidad e independen-
cia económica de las mujeres.
El microcrédito aún no es una herramienta muy extendida en

el país. Según el Informe de Inclusión Financiera, en septiembre
de 2019 solo representaba el 0,2% del saldo total del crédito y asis-
tía apenas al 0,3% de las personas deudoras. Las IMF que ofrecen
crédito de corto plazo para capital de trabajo, son apenas 51, y un
70% de las mismas se concentra en la ciudad de Buenos Aires, la
provincia de Buenos Aires y la de Santa Fe. En tanto a los deudores,
la mayoría se ubica en la provincia de Buenos Aires, seguida por
ciudad de Buenos Aires y Salta.
Ahora, si se realiza una comparación por género, a diferencia
de lo que sucede en los demás productos crediticios, la proporción
de mujeres deudoras (54%) es mayor a la de hombres, cifra por
debajo del promedio de ALC donde las mujeres representan el 61,9%
de los microprestatarios (BID 2010, como se citó en CAF, 2018).
Sin embargo, los saldos otorgados son mayores para los hombres.
Estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que conside-
rar que los hombres reciben mayor financiamiento porque tienen
mejor comportamiento en el repago podría conducir a una conclu-
sión errónea. En este caso, se debería observar la composición por
género de las carteras de las IMF considerando las metodologías de
crédito, ya que algunas ofrecen financiamiento grupal utilizando
el sistema de banca comunal. En este caso, los montos asignados a
cada prestatario suelen ser menores que los fondos otorgados en un
microcrédito individual.
Gráfico 5. Microcréditos. Cantidad de deudores y saldo de deuda por género.
Nota: La suma de los valores por género no coincide con el total de la

figura A.1.1 debido a que algunos registros no tienen género asignado.
Recuperado de IIF de Abril de 2020, BCRA (2020a). http://www.bcra.gov.ar/
Pdfs/PublicacionesEstadisticas/iif0219.pdf.
Por último, existe evidencia de brechas de género en cuanto a

los conocimientos y la educación financiera. Varios estudios (CAF,
2013; CAF, 2015; OECD, 2016 como se citó en CAF, 2018) demos-
traron que las mujeres tienen menores conocimientos o entendi-
miento sobre información, conceptos o herramientas de utilidad
para el acceso, elección y uso de los productos y servicios financie-
ros que los hombres.
De acuerdo con los resultados de la encuesta (CAF - BCRA, 2017),
el muy bajo puntaje de Educación Financiera en Argentina (11,5), a
nivel agregado, ubica al país en el puesto 37 del ranking de 39 países
relevados. Entre los países de la región, el puntaje de conocimientos
financieros (conocimiento, comportamiento y actitud financiera)
en Argentina se coloca por debajo de cinco países de Latinoamérica
(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú).
Es destacable marcar que no se observa una brecha en el pun-

taje general de educación financiera entre hombres y mujeres en
Argentina. Sin embargo, esto se debe a que el menor puntaje rela-
tivo en conocimientos financieros de las mujeres es compensado
por un mayor puntaje de actitud financiera en comparación con
los hombres.
Experiencias internacionales
La relación entre el empoderamiento económico de la mujer y el

grado de violencia que sufre es compleja, ya que depende de múlti-
ples factores sociales y culturales. Diversos estudios señalan que los
programas de empoderamiento económico para las mujeres pue-
den, en algunos casos, reducir la exposición de la mujer a la violen-
cia doméstica, y en otros casos, pueden fomentarla. En este trabajo
nos concentraremos en experiencias de programas de empodera-
miento económico que tuvieron un grado de éxito.
Entre los programas de empoderamiento económico en donde
los resultados no fueron los esperados, es decir, que no se lograron
reducir los niveles de violencia intrafamiliar o dieron lugar a otros
tipos de violencia hacia las mujeres, se encuentran algunos ejem-
plos de programas de microfinanzas y de transferencias condicio-
nadas de ingresos (Ahmed, 2005; Rahman, 1999; Bobonis et ál.,
2013 como se citaron en Hughes et ál., 2015). Las explicaciones para
este fenómeno se basan en que el intento de estos programas de
promover fuentes de ingresos independientes para mujeres puede
generar celos y enojo en los hombres (al amenazar el statu quo del
rol del hombre como único proveedor y jefe del hogar) que llevan
al conflicto y la violencia. Esto sucede especialmente en países o
lugares donde existen arraigados roles de género tradicionales y

mayores grados de “aceptación” de la violencia.
A continuación se mencionarán los casos seleccionados de pro-
gramas de empoderamiento económico de la mujer en países de
América Latina que tuvieron un impacto positivo en la reducción
de la violencia de género doméstica hacia la mujer.
Guatemala - Microcréditos
Cepeda, Lacalle-Calderón y Torralba (2017) realizaron una evalua-

ción de impacto utilizando la metodología de diferencias en diferen-
cias para dos grupos de mujeres. El primer grupo constituido por 448
mujeres elegidas de manera aleatoria de entre 24 y 48 años que vivían
en hogares rurales y pobres, se encontraban recibiendo microcrédi-
tos por parte de una institución. Mientras que el grupo de control se
conformó con 435 mujeres de características similares que no fueran
consumidoras de productos o servicios provenientes de IMF.
Se investigó la relación entre los microcréditos y la violencia
mediante cuestionarios que captasen violencia económica, emocio-
nal y coercitiva.
El porcentaje de mujeres con microcréditos que reportaron
violencia fue solo del 12,7%, frente al 28,5% entre las mujeres sin
este servicio financiero. Los autores obtuvieron los mismos resul-
tados para el control económico y coercitivo. Así, las mujeres rura-
les pobres de Guatemala con servicios de microcrédito reportaron
sufrir menores niveles de violencia económica y control coercitivo
que sus contrapartes sin acceso a servicios de microcrédito. Sin
embargo, este no fue el caso de la violencia psicológica emocional.
Aunque menos mujeres en el grupo de tratamiento reportaron
sufrir violencia emocional que en el grupo de control, este resul-

tado no fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, recibir ser-
vicios de microfinanzas se asoció con una reducción del 63% en la
probabilidad de sufrir violencia (así como una reducción del 42%
en la probabilidad de sufrir violencia económica y una reducción
del 61% en la violencia de control).
Los resultados de la regresión logística multivariante mos-
traron una relación negativa entre “tener acceso a servicios de
microfinanzas” y la probabilidad de que una mujer sufra violencia
económica y/o psicológica, pero no hubo asociación estadística con
el control coercitivo. Los autores refieren a que el último factor tal
vez podría estar determinado por normas sociales y culturales.
Colombia y México - Iniciativa LISTA
La iniciativa LISTA (Logrando Inclusión con Tecnología y Ahorro)

fue desarrollada por Fundación Capital, con fondos provistos por la
Fundación Citi e implementada por el gobierno nacional de Colombia
entre 2012 y 2014. En 2015 esta estrategia revistió carácter de política
pública en Colombia, LISTA Para Ahorrar, y logró alcanzar a 100.000
beneficiarios del programa de transferencias monetarias condicio-
nadas Más Familias en Acción (MFA) en treinta municipios.
En este proyecto se buscó democratizar la educación finan-
ciera a partir de una aplicación que no requiere de conexión a
Internet con contenido formativo didáctico para tabletas digitales,
cedidas en préstamo para que los beneficiarios puedan formarse
autónomamente y a su propio ritmo, y que también puedan selec-
cionar qué contenidos ver ya que están distribuidos en módulos.
Una vez finalizado el período formativo con la tableta, se programó
el envío de mensajes SMS de estímulo justo antes y después de las

transferencias bimensuales de efectivo del programa MFA.
Según Attanasio et ál. (2019), en Colombia las transferencias
condicionadas están orientadas al 20% de los hogares más pobres,
y suelen estar dirigidas a mujeres. Las beneficiarias (en grupos de
entre veinte y ochenta personas) debían elegir a un representante
responsable de comunicar la información del programa MFA. Estas
representantes suelen conocerse como madres líderes, cuya res-
ponsabilidad es organizar reuniones periódicas con actividades
para las beneficiarias del programa.
Las madres líderes rotaron la tableta durante un mes entre las
madres beneficiarias de su grupo, bien visitando sus casas y dejando
la tableta durante una o dos noches y/o convocando a las madres a
sus casas o centros comunitarios donde realizaron la formación en
grupo. Al cabo de un mes, un facilitador recuperaba la tableta y la
rotaba con una nueva madre líder del municipio. En promedio, las
madres líderes llegaron a veinte mujeres por mes.
Los resultados asociados a la evaluación de impacto de la
Iniciativa LISTA en Colombia indican que tuvo efectos positivos
significativos en los conocimientos, actitudes, prácticas y resul-
tados financieros, que aumentaron en el caso de las poblaciones
más pobres, menos educadas y del ámbito rural, y que los usua-
rios mostraron una mayor salud financiera dos años después
(Attanasio et ál., 2019).
Para 2019, esta experiencia ya se encontraba, con diferentes gra-
dos de avance y diferentes adaptaciones, en trece países, entre ellos,
Argentina, Colombia, Brasil, República Dominicana, Honduras,
México, Perú, Haití, Bolivia, Guatemala y Uruguay, y fuera de ALC,
en Tanzania y Mozambique (Fundación Capital, 2019a).
También se desarrolló LISTA Familia, una versión de LISTA

que tiene intencionalidad de prevenir la violencia doméstica a tra-
vés de la ampliación de capacidades financieras y herramientas
para mejorar la comunicación en la pareja. Los contenidos de esta
versión incluyen mensajes de promoción de la autonomía econó-
mica, participación del hombre en las tareas del hogar, adopción de
mecanismos de regulación emocional y herramientas para manejar
el conflicto en la familia (Fundación Capital, 2019a).
Actualmente se encuentran disponibles los resultados de eva-
luación de impacto para Colombia y México, donde se utilizó la meto-
dología de prueba de control aleatorio (RCT, en inglés). Además, se
aplicó la metodología Intención de Tratamiento (ITT) para identifi-
car los cambios atribuibles a la intervención del programa.
En la evaluación de impacto de Colombia, las beneficiarias selec-
cionadas fueron encuestadas en tres ocasiones (5, 7 y 25 meses desde
la participación en LISTA) y los resultados se mostraron para cada
elemento de las tres componentes principales: conocimientos finan-
cieros, actitudes y desempeño financieros (Fundación Capital, 2019b).
En resumen, en el corto plazo las beneficiarias decidieron opta-
ron por el ahorro mediante la apertura de una cuenta bancaria. En
el mediano plazo, LISTA impactó en mejoras de conocimiento finan-
ciero: las participantes incrementaron sus desempeño en la prueba
de ahorro en un 5% y sus puntajes de presupuesto en un 7% en rela-
ción al grupo de control. Además, las mujeres beneficiarias de LISTA
comenzaron a utilizar con mayor frecuencia su cuenta bancaria del
programa MFA en conjunto con los cajeros automáticos. Asimismo,
tanto en el medio como en el largo plazo LISTA incrementó su con-
fianza hacia el sistema financiero formal, su conocimiento de los ser-
vicios financieros y el optimismo (Fundación Capital, 2019b).
Las beneficiarias de LISTA en el largo plazo mejoraron en un

10% en sus puntajes en las pruebas de ahorro y presupuesto frente
a las mujeres del grupo de control. Además, las primeras también
evidenciaron un mejor manejo de gastos del hogar y un menor nivel
de endeudamiento, ya que el programa influyó en la definición de
metas de ahorro y en una mayor preferencia intertemporal del
dinero (Fundación Capital, 2019b).
Para el caso de México, se construyeron dos índices para faci-
litar la interpretación de resultados: el Índice de Capacidades
Financieras (ICF), que comprende a las primeras dos componentes,
y a partir del componente de desempeño financiero se elaboró el
Índice de Desempeño Financiero (IDF).
En la versión mexicana de la Iniciativa LISTA participaron
más de 24.000 personas receptoras de transferencias condicio-
nadas del programa Prospera. Se esperaba que al menos el 25% de
las participantes mejoraran su ICF y el 15 % mejoraran su IDF. Sin
embargo, los objetivos impuestos para el proyecto fueron supera-
dos ampliamente: los resultados de las mediciones indican que el
55,2 % de las participantes mejoraron su ICF, y en el caso del IDF, se
notó mejoría en el 42,1 % de las mujeres (Fundación Capital, 2018).
En síntesis, la evaluación muestra que el principal impacto de
la iniciativa LISTA ocurre sobre las variables del desempeño finan-
ciero, motivando a las mujeres a manejar un presupuesto escrito y
a establecerse metas de ahorro. Asimismo, las incentiva a utilizar
cajeros automáticos y también a reducir el ahorro informal. Por
último, cabe aclarar que se observó que estos fenómenos se dan con
mayor frecuencia en las beneficiarias con mayor nivel educativo
(secundario completo en adelante) (Fundación Capital, 2018).
Perú - Programa Juntos
Juntos es un programa de transferencias condicionadas creado en

2005 para beneficiar a hogares en situación de exclusión y pobreza
que tengan entre sus miembros a niños o niñas menores de 19 años
(o que no hayan terminado los estudios secundarios) y a mujeres
embarazadas; las entregas de las transferencias monetarias del
programa condicionan a los beneficiarios para el cumplimiento de
compromisos educativos y de salud. Es uno de los programas socia-
les más importantes de Perú, beneficiando desde sus inicios hasta
2012 a 619.553 hogares de todas las regiones del país. En el corto
plazo, el objetivo principal de Juntos es reducir la pobreza incre-
mentando los ingresos de las familias beneficiarias, mientras que
en el largo plazo se busca detener la transmisión intergeneracional
de la pobreza mediante el desarrollo de capital humano.
Las autoras Alcázar y Espinoza Iglesias (2014) midieron los
impactos del programa en el empoderamiento económico de la
mujer mediante una regresión de Diferencias en Diferencias. El
empoderamiento económico fue medido mediante la construcción
de tres indicadores: decisiones sobre los recursos del hogar (quién
decide sobre las compras diarias y grandes del hogar; y sobre el
dinero que gana la pareja), libertad de movimiento (quién decide
sobre visitas a familiares; situaciones de control a la mujer por
parte del compañero) e ideología de género (justificación de la vio-
lencia; opinión, deseos y derechos; episodios de violencia).
Estas encuentran que en promedio la intervención del pro-
grama tuvo un impacto positivo en el indicador de las decisiones
económicas en el hogar. Se obtiene evidencia de que el monto
de ingresos adicionales del programa (que es manejado por las
mujeres) incrementa la capacidad de decisión sobre el uso de los

recursos del hogar, otorgándole a la mujer un mayor poder de nego-
ciación para intervenir en las decisiones de importantes gastos en
el hogar, más allá de las decisiones de compras pequeñas y diarias
vinculadas a los roles tradicionales de género. Por otro lado encuen-
tran que la edad y el nivel educativo de la mujer tienen un impacto
positivo y significativo sobre el nivel de empoderamiento.
En cuanto a las otras dos dimensiones, los resultados del estudio
demuestran efectos positivos pero no significativos del programa
en las variables de libertad de movimiento y la ideología de género.
De acuerdo a las autoras, esto podría deberse a que el programa se
concentra en la mejora de calidad de vida de los niños y niñas, y
la transferencia monetaria no está acompañada por una estrategia
complementaria que apunte directamente a mejorar la situación de
la mujer en esas dimensiones de empoderamiento.
Reflexiones fínales y sugerencias de políticas para el futuro
La ENIF 2020-2023 (MECON, 2020) reconoce en sus objetivos la nece-

sidad de contribuir a reducir las brechas sociales, ampliar la territo-
rialidad y federalización e incorporar una perspectiva de género, a
través de la mejora en el acceso a bienes y servicios financieros.
En las áreas de trabajo del Consejo de Coordinación de la
Inclusión Financiera se propuso impulsar planes de educación
financiera con perspectiva de género contemplando la diversi-
dad y, por otra parte, la creación de políticas con perspectiva de
género transversal.
Para tal fin, se busca coordinar políticas de inclusión finan-
ciera tanto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
como con la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género

del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Cuidados
Integrales del Ministerio de Desarrollo. En materia de inclusión
financiera desde una perspectiva de género se propone:
• Fomentar la desagregación de indicadores por género, con-
templando la diversidad.
• Abogar por el pago de sueldos del servicio doméstico en cuentas
bancarias. Ello permitiría incorporar al mayor grupo de mujeres
trabajadoras de nuestro país al sistema bancario. Sin embargo,
esto requiere una acción coordinada en términos de uso de los
productos financieros que requieren capacitaciones, elaboración
de productos a la medida de las mujeres a las que estamos enfo-
cando y un trabajo arduo sobre la confianza en el sistema finan-
ciero como resguardo del dinero y promotor de los ahorros.
• Fomentar el acceso al financiamiento productivo: mayores pla-
zos, tasas diferenciales, apoyo a IMF con sesgo positivo de género.
• Diseñar productos de seguros y microseguros apropiados
para las políticas de género.
• Orientar las acciones de los programas de educación finan-
ciera a mujeres en situación de violencia y de ruralidad, para
que las orienten en el manejo presupuestario familiar, ayu-
dándolas a planificar metas de ahorro de corto y largo plazo.
Esto les permitiría empoderarse en término de sus recursos
financieros y lograr la independencia económica necesaria
para poder sortear las situaciones de violencias a las cuales se
encuentran expuestas.
• Fomentar capacitaciones sobre género para el personal del
sistema financiero y el establecimiento de metas respecto a
productos adecuados a sus necesidades.
En este contexto, cabe reconocer los esfuerzos que se están rea-

lizando desde el Sector Público, ya que estos lineamientos son las
bases fundamentales para generar avances en materia de inclusión
financiera con perspectiva de género. Por otra parte, es pertinente
destacar recomendaciones que han aportado los autores Azar, Lara
y Mejía en CAF (2018), referentes internacionales en el área de
Inclusión Financiera:
• Programas de capacitación financiera con perspectiva de
género, que las motive a ahorrar, planificar metas de ahorro
de medio y largo plazo, y que les brinde autoconfianza en sus
conocimientos. Programas que motiven el empoderamiento
femenino a través de la realización de actividades productivas
y asesoramiento para estas actividades.
• Impulsar la creación de productos financieros vinculados a
las necesidades de ahorro de las mujeres.
• Implementación de estadísticas sistemáticas en cuestiones de
violencia contra las mujeres y niñas y características sociode-
mográficas. Las características sociodemográficas de mujeres
usuarias de productos y servicios financieros podrían medirse
a través la EPH con el fin de no resultar una presión en térmi-
nos presupuestarios para el Instituto Nacional de Estadística y
Censos. Además, esta estrategia garantiza la sostenibilidad de
la información en el tiempo y además facilitaría el cruce de la
variable de financiamiento con otras como educación, trabajo,
parentesco y jefatura del hogar, así como aproximaciones a
nivel geográfico.
• Reforma estadística: el diseño e implementación de siste-
mas de indicadores de género radica en generar las condicio-
nes básicas para determinar el impacto de cualquier política
pública o del sector privado orientada a ampliar el acceso de

las mujeres a los servicios y productos financieros. Asimismo
puede ser útil para evaluar el desempeño de dichas políticas,
así como también para redefinir la orientación de las mismas
y corregir cualquier sesgo de género en la oferta y demanda de
servicios del sistema financiero.
Un caso testigo en la región es el caso de la Superintendencia de

Bancos e Instituciones Financieras de Chile, que publica el informe
“Género en el Sistema Financiero” a partir de la información remitida
por las instituciones financieras y desagregando según sexo.
En este sentido, consideramos que es posible adaptar estas
recomendaciones a nuestra coyuntura local, y conjugarlas con el
trabajo de los organismos e instituciones que abordan estas cues-
tiones en nuestro país, para así alcanzar la coordinación entre
los diferentes actores evitando la superposición de esfuerzos.
Adicionalmente proponemos:
• Creación de programas de educación financiera orientados
a mujeres que tengan baja conectividad. Esto podría reali-
zarse mediante aplicaciones de teléfono móvil (nuestro país
posee una alta penetración de dispositivos) de fácil instala-
ción que requieren mínima conectividad para su descarga y
se pueden utilizar sin requerir el servicio de Internet. Estas
aplicaciones pueden remitir informes de uso con un mínimo
de conectividad.
• Adaptación de dichos programas con el objetivo de
destinarlos a un público de mujeres en situación de violen-
cia de género, de modo tal que adquieran herramientas que
propicien la independencia económica.
• Fomento al establecimiento y utilización de corresponsa-

lías bancarias. Esto permitiría a todas las mujeres acceder de
manera sencilla a la cuentas bancarias e instrumentos de aho-
rro sencillos como plazos fijos.
• Articulación entre sector público, privado y ONG para la
ayuda directa en términos de educación y financiamiento de
mujeres en situación de violencia a través de IMF. Esto per-
mitiría brindar ingresos necesarios a las mujeres expuestas a
situaciones de violencia de manera tal que ello, acompañado
de educación financiera, les permita adentrarse en el mundo
emprendedor para así generar o incrementar ingresos, fomen-
tar el ahorro, logrando su independencia económica y su parti-
cipación dentro de la esfera social y económica.
• En esta línea, resulta necesario que se refuerce el aporte de
capital a las instituciones microfinancieras, para que puedan
incluir a nuevas microprestatarias en sus carteras. En este
sentido cobran total importancia el apoyo y la intermedia-
ción de una banca de segundo piso como es el caso de FONCAP
S.A., como así también la Comisión Nacional de Microcrédito
(CONAMI). Asimismo, el taller que actualmente ofrece FONCAP
S.A. para Trabajadoras Autogestionadas es una excelente opor-
tunidad para capacitar a las potenciales socias de las IMF que
buscan abandonar situaciones de violencia.
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Ensayos sobre

1. Finanzas Personales. 2. Economía. 3. Inclusión Social. I. Título.

BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO

Director: Juan Sasturain

Coordinación de Publicaciones: Sebastián Scolnik

© 2021, Biblioteca Nacional

IMPRESO EN ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINA

13 > Consumos dilemáticos. Análisis y propuestas de

159 > ENIF: entre saberes expertos y prácticas ordinarias.

El Concurso Federal de Ensayos sobre Inclusión Financiera buscó

En este sentido, los trabajos presentados hicieron especial foco

Lic. Leandro Toriano

Los ensayos comprendidos en la presente publicación son los

• Primer puesto: “Consumos dilemáticos. Análisis y propues-

• Primera mención: “Inclusión financiera y empoderamiento

Categoría jóvenes profesionales

• Primer puesto: “ENIF: entre saberes expertos y prácticas

Carolina Maspi, Franco Frizzera y Luciana Yanina Romero,

Esta iniciativa, que construye conocimiento sobre economía y

1. Introducción: La sociología al servicio de la inclusión

El presente ensayo constituye un acercamiento a las dinámi-

obligación de pago a futuro al igual que las demás formas de deuda

propuestas de políticas de Estado que pueden implementarse con

De acuerdo con Roig y Chena (2017), la explotación financiera como

implicó que, desde ese momento, quienes tenían un trabajo for-

Un punto crucial en la elaboración de estudios sociológicos que

una parte importante de los sectores populares de la relación sala-

sus limitaciones, dado que la imposibilidad de acceder a ingresos

financieros por parte de las clases populares. Sin embargo, la falta

4. Consideraciones sociológicas sobre el nuevo

Reconocer que nos encontramos en una sociedad de consumo,

cómo funciona la explotación financiera en la cotidianeidad de estos

5. Lógicas y percepciones del personal de financieras

A continuación presentaremos brevemente algunas característi-

En general, dado que la banca tradicional, especialmente a par-

prestar dinero contando con pocas garantías, recurriendo a estrate-

Nosotros tenemos dos planes: con recibo de sueldo, los diferen-

Otro elemento central del funcionamiento de este mercado

y compras en cuotas recurriendo a distintas bases de datos de ins-

entrever las entrevistas al personal de las financieras es más bien

a recursos financieros de manera no problemática (lo que también

6. Estrategias de consumo de la economía popular

Para comprender la participación de los hogares de los secto-

Sin embargo, respecto a las compras en cuotas, esta consti-

de relación requiere de un alto grado de confianza entre las partes e

más conocidas por el resto de los participantes, o quienes generan

el acceso al consumo de bienes durables, o a otros bienes de carác-

7. Alternativas de intervención en relación a la problemática

En la actualidad existe una serie de herramientas políticas y jurídi-

En cuanto a la regulación de las instituciones financieras, en el

sus objetivos principales, la elaboración de políticas públicas con el

7.1. Control estatal de las tasas de interés

Si bien es responsabilidad del Estado garantizar un desarrollo eco-

el cual ya cuenta con un marco normativo como es la Ley de Enti-

así como también con organismos que representen los derechos

7.2. Registro Nacional de Créditos y Compras en Cuotas

Se propone la creación de un registro elaborado y monitoreado por

en estos registros privados pero no lo saben; esto, tal como pudimos

7.3. Promoción de una educación financiera con perspectiva popular