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Ensayo Ley de Participacion y Control Social-1
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GESTIÓN PÚBLICA I
INTEGRANTES:
La Paz – Bolivia
ÍNDICE
1. RESUMEN 1
2. INTRODUCCIÓN 2
4. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 3
5. DESARROLLO 3
5.1 ANTECEDENTES 3
6 DISCUSIÓN 10
7 CONCLUSIONES 10
8 BIBLIOGRAFÍA 11
1. RESUMEN
La Ley de Participación y Control Social promulgada en 2009 por el gobierno del presidente Evo
Morales, establece una serie de objetivos y mecanismos para la participación ciudadana en la gestión
pública, como las audiencias públicas, las consultas populares, las asambleas vecinales y las reuniones
sectoriales. Estos mecanismos permiten que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, propuestas
y demandas respecto a las políticas públicas que les afectan, y que las autoridades tomen en cuenta
estas opiniones en la toma de decisiones.
La ley también establece mecanismos de control social, como el derecho a la información, la
fiscalización ciudadana, la veeduría social y la denuncia ciudadana. Estos mecanismos permiten que
los ciudadanos tengan acceso a la información sobre la gestión pública y puedan fiscalizarla y
denunciar posibles irregularidades. Además, la ley establece sanciones para aquellos funcionarios que
cometan actos de corrupción o incumplan con sus responsabilidades.
2. INTRODUCCIÓN
La Ley de Participación y Control Social en Bolivia es una norma jurídica que fue promulgada en
2009 por el gobierno del presidente Evo Morales, con el objetivo de establecer mecanismos de
participación ciudadana y control social en la gestión pública. La ley se enmarca en un contexto
histórico y político específico, que incluye la lucha por la inclusión social y el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas en Bolivia.
La Ley de Participación y Control Social se sustenta en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, que fue aprobada en 2009 y establece la participación ciudadana como un
derecho fundamental y un principio de la democracia participativa. La ley establece mecanismos
concretos para la participación ciudadana en la gestión pública y el control social, como las audiencias
públicas, las consultas populares, las asambleas vecinales y las reuniones sectoriales.
La Ley de Participación y Control Social es una herramienta clave para promover la inclusión social y
fortalecer la democracia en Bolivia. Desde su promulgación, ha tenido un impacto significativo en la
participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública. En este ensayo, se analizará la Ley de
Participación y Control Social en Bolivia, sus objetivos, mecanismos y resultados, así como los
desafíos que enfrenta en su implementación.
El enfoque del problema del control social en Bolivia se centra en la necesidad de establecer
mecanismos efectivos para garantizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y el
control sobre las acciones del gobierno y otras instituciones.
Aunque existen leyes y agencias responsables de garantizar la transparencia y la responsabilidad, su
efectividad fue limitada por la ausencia de recursos, la influencia política y la falta de independencia.
Por lo tanto, el problema del control social en Bolivia es la falta de mecanismos institucionales
adecuados, desigualdad social y polarización política, lo que limita la participación de los ciudadanos
y el control efectivo sobre las acciones del gobierno.
4. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
El enfoque de la investigación sobre el control social en Bolivia se centra en analizar cómo el Estado
y otros actores sociales ejercen mecanismos de control sobre la población con el objetivo de mantener
el orden social y político.
Este enfoque busca comprender los diferentes aspectos del control social en el contexto boliviano,
incluyendo las políticas estatales, la legislación, las prácticas sociales y la participación ciudadana. Se
busca identificar las formas en que se ejerce el control social en diferentes ámbitos, como el sistema
de justicia, la seguridad ciudadana, la educación, entre otros.
Además, este enfoque de investigación también se interesa en los efectos y consecuencias del control
social en la sociedad boliviana. Se analizan las implicancias de estas prácticas en términos de
derechos humanos, ciudadanía, desigualdad social y política, así como la posibilidad de resistencia y
lucha por la justicia social.
5. DESARROLLO
5.1 ANTECEDENTES
La Ley de Participación y Control Social de Bolivia tiene sus antecedentes en la lucha por la
democracia y la participación ciudadana en la década de 1980. Durante este período, la sociedad
boliviana demandó un mayor acceso y control sobre los recursos y las políticas públicas.
En 1994, se aprobó la Ley de Participación Popular, que buscaba descentralizar el poder político y
mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones del gobierno local. La ley estableció la
elección directa de autoridades locales y la creación de Consejos de Participación Popular.
En este contexto, se promulgó la Ley de Participación y Control Social en 2006, con el objetivo de
garantizar la participación activa de la sociedad civil en la toma de decisiones y la fiscalización de las
políticas públicas. La ley estableció mecanismos para la participación ciudadana en la gestión pública,
la planificación y ejecución de proyectos, y la evaluación y control de la gestión gubernamental.
La Ley de Participación y Control Social de Bolivia se convirtió en una herramienta importante para
la consolidación de la democracia y la promoción de la participación ciudadana en la gestión pública.
Sin embargo, también enfrentó desafíos en su implementación debido a la falta de recursos, la falta de
capacidad institucional y la resistencia política de algunos actores.
En 2005, el gobierno del presidente Evo Morales, que llegó al poder tras una histórica movilización
social y política, inició un proceso de transformación del país, basado en la recuperación de los
recursos naturales, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, la participación ciudadana y el control social se
convirtieron en herramientas clave para la construcción de una democracia participativa y una
sociedad más justa e inclusiva.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que fue aprobada en 2009, establece la
participación ciudadana como un derecho fundamental y un principio de la democracia participativa.
La Ley de Participación y Control Social, que fue promulgada en el mismo año, se enmarca en este
contexto y busca establecer mecanismos concretos para la participación ciudadana y el control social
en la gestión pública.
Por otro lado, el control social es un mecanismo que permite a la sociedad civil fiscalizar y supervisar
la gestión pública. Esto implica la capacidad de la ciudadanía para vigilar el uso de los recursos
públicos, exigir transparencia en la toma de decisiones, y demandar responsabilidad a las autoridades
en caso de irregularidades o corrupción.
Ambos conceptos están estrechamente relacionados, ya que la participación ciudadana es una
condición necesaria para el control social efectivo. La ciudadanía participa activamente en la toma de
decisiones y en la gestión pública, lo que le permite identificar posibles irregularidades y demandar
respuestas a las autoridades.
En este sentido, la Ley de Participación y Control Social de Bolivia reconoce la importancia de ambos
conceptos y establece mecanismos para promover la participación ciudadana y el control social en la
gestión pública. Esto ha permitido una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión
gubernamental, así como una mayor participación y empoderamiento de la sociedad civil.
● Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado.
● Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de Participación y
Control Social en la gestión pública.
● Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y calidad de los
servicios públicos.
En cuanto a los Principios (que son de cumplimiento obligatorio) estos son los más importantes:
Son actores de la Participación y Control Social, la sociedad civil organizada, sin ningún tipo de
discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura,
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado
civil, condición económica o social, grado de instrucción y capacidades diferenciadas.
● Orgánicos. Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales
organizados, reconocidos legalmente.
● Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas, y todas las reconocidas por la
Constitución Política del Estado, que tienen su propia organización.
● Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y que cuando el
objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir.
Según el artículo 10 de la presente ley las obligaciones de los actores serán las siguientes:
● No podrán participar y ejercer Control Social en temas de seguridad del Estado, sea interna o
externa.
● No podrá acceder a la información de carácter secreto, reservado y/o confidenciales definidos
por Ley.
● En el Órgano Judicial y en el Ministerio Público, no podrá dilatar o entorpecer el curso
normal de la tramitación y resolución de los procesos judiciales.
● Los actores de la Participación y Control Social no podrán involucrar sus intereses personales
y los intereses de sus mandantes, con los intereses personales o políticos de los controlados;
prevalecerá siempre el bien común que velan
● Tener algún interés en los procesos de contratación pública.
● Los representantes de los actores colectivos de la Participación y Control Social, no podrán
desempeñar esta función por más de dos años consecutivos.
● Los actores de la Participación y Control Social no recibirán ningún tipo de remuneración,
regalo, premio, ni aceptarán ofrecimientos o promesas de las entidades sobre las que ejercen
la Participación y Control Social o de terceros.
En Bolivia, el control social implica la participación de diferentes actores sociales que desempeñan un
papel importante en la supervisión y fiscalización de las políticas públicas y la gestión estatal. A
continuación, se mencionan algunos de los actores sociales clave en el control social en Bolivia:
Estos actores sociales desempeñan un papel fundamental en el control social en Bolivia al promover
la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Su acción
conjunta contribuye al fortalecimiento de la democracia y a la protección de los derechos de los
ciudadanos.
Otro aspecto clave de la Ley de Participación y Control Social es la rendición de cuentas por parte de
las autoridades públicas. La ley establece mecanismos para la rendición de cuentas y la transparencia
en la gestión pública, pero es necesario analizar su efectividad en la práctica.
Uno de los aspectos más importantes a considerar en el análisis crítico de la Ley de Participación y
Control Social es su impacto en la democracia boliviana. Si bien la ley ha sido vista como un avance
significativo en la construcción de una democracia más participativa y transparente, también ha
generado críticas en relación a su implementación y a la politización de la sociedad civil por parte del
gobierno.
6 DISCUSIÓN
A fin de justificar con la obtención de información adecuada y verídica, la mejor alternativa era
recurrir a fuentes confiables y sustentadas por la norma boliviana, siendo así que se recurrió a
documentos con validez legal principalmente para obtener una amplia información, siendo todo
relacionado a la Ley 341 "Ley de Participación y Control Social", la cuál otorga detalles sustanciales
acerca del tópico tratado, como ser conceptos, normas, quiénes participan, que abarca, etc.
7 CONCLUSIONES
La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión pública y a controlar las
acciones del Estado. También establece mecanismos para que los ciudadanos puedan hacer
recomendaciones y propuestas para mejorar la gestión pública y garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas.
Sin embargo, la implementación de la ley ha sido diversa y ha tenido distintos niveles de éxito. En
algunos casos, la falta de recursos y capacitación ha limitado la participación ciudadana y el control
social en ciertas áreas rurales y remotas. En otros casos, se han implementado mecanismos de
participación ciudadana y control social de manera efectiva y han contribuido a mejorar la calidad de
vida de la comunidad.
Es importante destacar que la participación ciudadana y el control social no solo son derechos, sino
que también son responsabilidades. Los ciudadanos deben estar informados y participar activamente
en la gestión pública para garantizar que las decisiones tomadas por el Estado reflejen los intereses y
necesidades de la comunidad.