EXPROPIACIONES

Modifícase el régimen actual.

LEY Nº 21.499
Buenos Aires, 17 de enero de 1977.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY:
TITULO I
Calificación de utilidad pública
ARTICULO 1º — La utilidad pública que debe servir de fundamento legal a la expropiación, comprende todos los
casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de naturaleza material o espiritual.
TITULO II
Sujetos de la relación expropiatoria
ARTICULO 2º — Podrá actuar como expropiante el Estado Nacional; también podrán actuar como tales la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las entidades autárquicas nacionales y las empresas del Estado
Nacional, en tanto estén expresamente facultadas para ello por sus respectivas leyes orgánicas o por leyes
especiales.
Los particulares, sean personas de existencia visible o jurídicas, podrán actuar como expropiantes cuando estuvieren
autorizados por la ley o por acto administrativo fundado en ley.
ARTICULO 3º — La acción expropiatoria podrá promoverse contra cualquier clase de personas, de carácter público o
privado.
TITULO III
Objeto expropiable
ARTICULO 4º — Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción
de la "utilidad pública", cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado,
sean cosas o no.
ARTICULO 5º —La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse
genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o
proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos
descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante
la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a
expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se
refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización
de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración.
ARTICULO 6º — Es susceptible de expropiación el subsuelo con independencia de la propiedad del suelo.
Igualmente son susceptibles de expropiación los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal.
ARTICULO 7º — La declaración de utilidad pública podrá comprender no solamente los bienes que sean necesarios
para lograr tal finalidad, sino también todos aquellos cuya razonable utilización en base a planos y proyectos
específicos convenga material o financieramente a ese efecto, de modo que se justifique que las ventajas estimadas
serán utilizadas concretamente en la ejecución del programa que motivó la declaración de utilidad pública.
ARTICULO 8º — Si se tratase de la expropiación parcial de un inmueble y la parte que quedase sin expropiar fuere
inadecuada para un uso o explotación racional, el expropiado podrá exigir la expropiación de la totalidad del
inmueble.
En los terrenos urbanos se considerarán sobrantes inadecuados los que por causa de la expropiación quedaren con
frente, fondo o superficie inferiores a lo autorizado para edificar por las ordenanzas o usos locales.
Tratándose de inmuebles rurales, en cada caso serán determinadas las superficies inadecuadas, teniendo en cuenta
la explotación efectuada por el expropiado.
En el supuesto de avenimiento, las partes de común acuerdo determinarán la superficie inadecuada, a efectos de
incluirla en la transferencia de dominio; en el juicio de expropiación dicha superficie será establecida por el juez.

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ARTICULO 9º — Cuando la expropiación de un inmueble incida sobre otros con los que constituye una unidad
orgánica, el o los propietarios de estos últimos estarán habilitados para accionar por expropiación irregular si se
afectare su estructura arquitectónica, su aptitud funcional o de algún modo resultare lesionado el derecho de
propiedad en los términos del artículo 51, incisos b) y c).
TITULO IV
La indemnización
ARTICULO 10. — La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una
consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal,
valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se
pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el
de los respectivos intereses.
ARTICULO 11. — No se indemnizarán las mejoras realizadas en el bien con posterioridad al acto que lo declaró
afectado a expropiación, salvo las mejoras necesarias.
ARTICULO 12. — La indemnización se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho
pago se efectúe en otra especie de valor.
ARTICULO 13. — Declarada la utilidad pública de un bien, el expropiante podrá adquirirlo directamente del
propietario dentro de los valores máximos que estimen a ese efecto el Tribunal de Tasaciones de la Nación para los
bienes inmuebles, o las oficinas técnicas competentes que en cada caso se designarán, para los bienes que no sean
inmuebles. Tratándose de inmuebles el valor máximo estimado será incrementado automáticamente y por todo
concepto en un diez por ciento.
ARTICULO 14. — Si el titular del bien a expropiar fuere incapaz o tuviere algún impedimento para disponer de sus
bienes, la autoridad judicial podrá autorizar al representante del incapaz o impedido para la transferencia directa del
bien al expropiante.
ARTICULO 15. — No habiendo avenimiento respecto del valor de los bienes inmuebles, la cuestión será decidida por
el juez quien, respecto a la indemnización prevista en el artículo 10 y sin perjuicio de otros medios probatorios,
requerirá dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación, el que deberá pronunciarse dentro de los noventa días.
Las maquinarias instaladas o adheridas al inmueble que se expropiará, se tasarán conforme a lo establecido para los
bienes que no sean inmuebles.
ARTICULO 16. — No se considerarán válidos, respecto al expropiante, los contratos celebrados por el propietario con
posterioridad a la vigencia de la ley que declaró afectado el bien a expropiación y que impliquen la constitución de
algún derecho relativo al bien.
ARTICULO 17. — No habiendo avenimiento acerca del valor de los bienes que no sean inmuebles, sin perjuicio de la
intervención de las oficinas técnicas a que alude el artículo 13, deberá sustanciarse prueba pericial. Cada parte
designará un perito y el juez un tercero, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo en el nombramiento de
uno solo.
TITULO V
Del procedimiento judicial
ARTICULO 18. — No habiendo avenimiento, el expropiante deberá promover la acción judicial de expropiación.
ARTICULO 19. — El proceso tramitará por juicio sumario, con las modificaciones establecidas por esta ley y no estará
sujeto al fuero de atracción de los juicios universales.
Promovida la acción se dará traslado por quince días al demandado. Si se ignorase su domicilio, se publicarán edictos
durante cinco días en el diario de publicaciones legales de la Nación y en el de la Provincia correspondiente.
Si existieren hechos controvertidos se abrirá la causa a prueba por el plazo que el juez estime prudencial debiendo
tener presente lo dispuesto en los artículos 15 y 17.
Las partes podrán alegar por escrito sobre la prueba dentro del plazo común de diez días, computados desde que el
Secretario certificare de oficio sobre la producción de la misma.
Presentados los alegatos o vencido el plazo para hacerlo, el juez llamará autos para sentencia, la que deberá
pronunciarse dentro de los treinta días de quedar firme aquella providencia. El cargo de las costas del juicio, como

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así su monto y el de los honorarios profesionales, se regirán por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación y por las respectivas leyes de aranceles.
Las partes podrán interponer todos los recursos admitidos por el mencionado Código.
ARTICULO 20. — La sentencia fijará la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la
desposesión.
Para establecer la depreciación monetaria, se descontará del valor fijado la suma consignada en el juicio, conforme
con lo previsto en el artículo 22, efectuándose la actualización sobre la diferencia resultante, hasta el momento del
efectivo pago.
En tal caso, los intereses se liquidarán a la tasa del seis por ciento anual, desde el momento de la desposesión hasta
el del pago, sobre el total de la indemnización o sobre la diferencia, según corresponda.
Los rubros que compongan la indemnización no estarán sujetos al pago de impuesto o gravamen alguno.
ARTICULO 21. — Tratándose de inmuebles, incluso por accesión, será competente el juez federal del lugar donde se
encuentre el bien a expropiar con jurisdicción en lo contencioso-administrativo. Tratándose de bienes que no sean
inmuebles, será competente el juez del lugar en que se encuentren o el del domicilio del demandado, a elección del
actor.
Los juicios en que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sea parte, tramitarán ante la Justicia Nacional en lo
Civil de la Capital Federal.
ARTICULO 22. — Si se tratare de bienes inmuebles, el expropiante deberá consignar ante el juez respectivo el
importe de la valuación que al efecto hubiere practicado el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Efectuada dicha
consignación, el juez le otorgará la posesión del bien.
ARTICULO 23. — El expropiado podrá retirar la suma depositada previa justificación de su dominio, que el bien no
reconoce hipoteca u otro derecho real y que no está embargado ni pesan sobre él restricciones a la libre disposición
de sus bienes.
ARTICULO 24. — La litis se anotará en el Registro de la Propiedad, siendo desde ese momento indisponible e
inembargable el bien.
ARTICULO 25. — Si la expropiación versare sobre bienes que no sean inmuebles, el expropiante obtendrá la
posesión inmediata de ellos, previa consignación judicial del valor que se determine por las oficinas técnicas
mencionadas en el artículo 13.
Será de aplicación, en lo pertinente, lo establecido en el artículo 23.
ARTICULO 26. — Otorgada la posesión judicial del bien, quedarán resueltos los arrendamientos, acordándose a los
ocupantes un plazo de treinta días para su desalojo, que el expropiante podrá prorrogar cuando a su juicio existan
justas razones que así lo aconsejen.
ARTICULO 27. — La acción emergente de cualquier perjuicio que se irrogase a terceros por contratos de locación u
otros que tuvieren celebrados con el propietario, se ventilará en juicio por separado.
ARTICULO 28. — Ninguna acción de terceros podrá impedir la expropiación ni sus efectos. Los derechos del
reclamante se considerarán transferidos de la cosa a su precio o a la indemnización, quedando aquélla libre de todo
gravamen.
ARTICULO 29. — El expropiante podrá desistir de la acción promovida en tanto la expropiación no haya quedado
perfeccionada. Las costas serán a su cargo.
Se entenderá que la expropiación ha quedado perfeccionada cuando se ha operado la transferencia del dominio al
expropiante mediante sentencia firme, toma de posesión y pago de la indemnización.
ARTICULO 30. — Es improcedente la caducidad de la instancia cuando en el juicio el expropiante haya tomado
posesión del bien y el expropiado sólo cuestionare el monto de la indemnización.
ARTICULO 31. — La acción del expropiado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los cinco años,
computados desde que el monto respectivo quede determinado con carácter firme y definitivo.
ARTICULO 32. — Para la transferencia del dominio de inmuebles al expropiante, no se requerirá escritura pública
otorgada ante escribano, siendo suficiente al efecto la inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad del
decreto que apruebe el avenimiento o, en su caso, de la sentencia judicial que haga lugar a la expropiación.

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 TITULO VI
Plazo de la expropiación
ARTICULO 33. — Se tendrá por abandonada la expropiación —salvo disposición expresa de ley especial— si el
expropiante no promueve el juicio dentro de los dos años de vigencia de la ley que la autorice, cuando se trate de
llevarla a cabo sobre bienes individualmente determinados; de cinco años, cuando se trate de bienes comprendidos
dentro de una zona determinada; y de diez años cuando se trate de bienes comprendidos en una enumeración
genérica.
No regirá la disposición precedente en los casos en que las leyes orgánicas de las municipalidades autoricen a éstas a
expropiar la porción de los inmuebles afectados a rectificaciones o ensanches de calles y ochavas, en virtud de las
ordenanzas respectivas.
(Nota Infoleg: Por art. 1° de la Ley N° 25.811 B.O. 1/12/2003 se extiende a tres (3) años el plazo establecido en el
presente artículo para promover el juicio de expropiación en relación, única y exclusivamente, a la declaración de
utilidad pública y sujeción a expropiación dispuesta por la Ley Nº 25.549.
Prórroga anterior: Ley N° 24.640 B.O. 31/5/1996 )
ARTICULO 34. — Las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo anterior no serán aplicables en los
casos de reserva de inmuebles para obras o planes de ejecución diferida, calificados por ley formal.
En tal supuesto se aplicarán las siguientes normas:
a) El expropiante, luego de declarar que se trata de una expropiación diferida, obtendrá la tasación del bien afectado
con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación y notificará al propietario el importe resultante.
b) Si el valor de tasación fuere aceptado por el propietario, cualquiera de las partes podrá pedir su homologación
judicial y, una vez homologado, dicho valor será considerado como firme para ambas partes, pudiendo reajustarse
sólo de acuerdo con el procedimiento previsto en el inciso d) del presente artículo.
c) Si el propietario no aceptara el valor de tasación ofrecido, el expropiante deberá solicitar judicialmente la fijación
del valor del bien, de conformidad con las normas de los artículos 10 y 11.
d) La indemnización será reajustada en la forma prevista en el artículo 10.
e) Si durante la tramitación del caso y antes de que se dicte la sentencia definitiva el expropiante necesitara disponer
en forma inmediata del inmueble, regirá lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24.
f) Los inmuebles afectados podrán ser transferidos libremente a terceros, a condición de que el adquirente conozca
la afectación y consienta el valor fijado, si éste estuviera determinado. Con tal finalidad una vez firme dicho valor,
será comunicado de oficio por el ente expropiante o, en su caso, por el juzgado interviniente al Registro de la
Propiedad Inmueble que corresponda. Los certificados que expidan los Registros en relación con el inmueble
afectado deberán hacer constar ese valor firme. En las escrituras traslativas de dominio de los inmuebles
comprendidos en este artículo, los escribanos que las autoricen deberán dejar expresa constancia del conocimiento
por el adquirente de la afectación, o de su consentimiento del valor firme, según corresponda.
TITULO VII
De la retrocesión
ARTICULO 35. — Procede la acción de retrocesión cuando al bien expropiado se le diere un destino diferente al
previsto en la ley expropiatoria, o cuando no se le diere destino alguno en un lapso de dos años computado desde
que la expropiación quedó perfeccionada en la forma prevista en el artículo 29.
ARTICULO 36. — Se entenderá que no hubo cambio de destino cuando el acordado al bien mantenga conexidad,
interdependencia o correlación con el específicamente previsto en la ley.
Tampoco se considerará que medió cambio de destino si a una parte del bien expropiado se le asignare uno
complementario o que tiende a integrar y facilitar el previsto por la ley.
ARTICULO 37. — La retrocesión también procede en los supuestos en que el bien hubiere salido del patrimonio de
su titular por el procedimiento de avenimiento.
ARTICULO 38. — La retrocesión no sólo podrá lograrse por acción judicial, sino también mediante avenimiento o
gestión administrativa.
ARTICULO 39. — Cuando al bien no se le hubiere dado destino alguno dentro del plazo mencionado en el artículo 35,
a efectos de la acción de retrocesión el expropiado deberá intimar fehacientemente al expropiante para que le

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asigne al bien el destino que motivó la expropiación; transcurridos seis meses desde esa intimación sin que el
expropiante le asignara al bien ese destino, o sin que hubiere iniciado los respectivos trabajos, los que deberá
mantener conforme a los planes de obra aprobados, la acción de retrocesión quedará expedita, sin necesidad de
reclamo administrativo previo.
Si al bien se le hubiere dado un destino diferente al previsto en la ley expropiatoria, deberá formularse el reclamo
administrativo previo.
ARTICULO 40. — Si el bien expropiado hubiere cumplido la finalidad que motivó la expropiación, y por esa
circunstancia quedare desvinculado de aquella finalidad, la retrocesión será improcedente.
ARTICULO 41. — Es admisible la acción de retrocesión ejercida parcialmente sobre una parte del bien expropiado.
ARTICULO 42. — Para que la retrocesión sea procedente se requiere:
a) Que la expropiación que la motive haya quedado perfeccionada, en la forma prevista en el artículo 29.
b) Que se de alguno de los supuestos que prevé el artículo 35 y en su caso se cumpliese lo dispuesto en el artículo
39.
c) Que el accionante, dentro del plazo que fije la sentencia, reintegre al expropiante lo que percibió de éste en
concepto de precio o de indemnización, con la actualización que correspondiere. Si el bien hubiere disminuido de
valor por actos del expropiante, esa disminución será deducida de lo que debe ser reintegrado por el accionante. Si
el bien hubiere aumentado de valor por mejoras necesarias o útiles introducidas por el expropiante, el expropiado
deberá reintegrar el valor de las mismas. Si el bien hubiere aumentado de valor por causas naturales, el reintegro de
dicho valor no será exigido al accionante. Si el bien, por causas naturales hubiere disminuido de valor, el monto de
esa disminución no será deducido del valor a reintegrar por el accionante.
ARTICULO 43. — Cuando la expropiación se hubiere llevado a cabo mediante avenimiento, la acción de retrocesión
deberá promoverse ante el juez que debería haber entendido en el caso de que hubiere existido un juicio de
expropiación.
ARTICULO 44. — Si la expropiación se hubiere efectuado mediante juicio, la demanda de retrocesión debe radicarse
ante el mismo juzgado que intervino en el juicio de expropiación.
ARTICULO 45. — La acción de retrocesión corresponde únicamente al propietario expropiado y a sus sucesores
universales.
ARTICULO 46. — La retrocesión podrá ser demandada contra el expropiante, o contra éste y los terceros a quienes
hubiere sido transferido el bien.
ARTICULO 47. — El procedimiento aplicable en el juicio de retrocesión, y la naturaleza de la litis, serán los
establecidos para el juicio de expropiación.
ARTICULO 48. — Si en la sentencia se hiciere lugar a la acción, deberá establecerse la suma que debe reintegrar el
accionante por retrocesión y el plazo en que ha de hacerlo; asimismo se establecerá el plazo en que el expropiante
debe devolver el bien expropiado.
ARTICULO 49. — La devolución del bien al expropiado deberá hacerse libre de todo ocupante, cargas, gravámenes y
servidumbre que hubieren tenido lugar después de la desposesión.
ARTICULO 50. — La acción por retrocesión prescribe a los tres años, computados desde que, habiendo quedado
perfeccionada la expropiación en la forma prevista en el artículo 29, al bien se le dio un destino ajeno al que la
determinó, o desde que no habiéndosele dado al bien destino alguno, hubieren transcurrido los plazos previstos en
los artículos 35 y 39.
El trámite previsto en el artículo 39 suspende el curso de esta prescripción.
TITULO VIII
De la expropiación irregular
ARTICULO 51. — Procede la acción de expropiación irregular en los siguientes casos:
a) Cuando existiendo una ley que declara de utilidad pública un bien, el Estado lo toma sin haber cumplido con el
pago de la respectiva indemnización.
b) Cuando, con motivo de la ley de declaración de utilidad pública, de hecho una cosa mueble o inmueble resulte
indisponible por evidente dificultad o impedimento para disponer de ella en condiciones normales.

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c) Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que
importen una lesión a su derecho de propiedad.
ARTICULO 52. — No corresponde la acción de expropiación irregular cuando el Estado paraliza o no activa los
procedimientos después de haber obtenido la posesión judicial del bien.
ARTICULO 53. — El que accione por expropiación irregular está exento de la reclamación administrativa previa.
ARTICULO 54. — En el juicio de expropiación irregular los valores indemnizables serán fijados en la misma forma
prevista para el juicio de expropiación regular, contemplada en el artículo 10 y siguientes de la presente ley.
ARTICULO 55. — Las normas del procedimiento judicial establecidas para la expropiación regular, rigen también para
la expropiación irregular, en cuanto fueren aplicables.
ARTICULO 56. — La acción de expropiación irregular prescribe a los cinco años, computados desde la fecha en que
tuvieron lugar los actos o comportamientos del Estado que tornan viable la referida acción.
TITULO IX
De la ocupación temporánea
ARTICULO 57. — Cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa
determinados, mueble o inmueble, o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación
temporánea.
ARTICULO 58. — La ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita,
o a una necesidad normal no inminente.
ARTICULO 59. — La ocupación temporánea anormal, puede ser dispuesta directamente por la autoridad
administrativa, y no dará lugar a indemnización alguna, salvo la reparación de los daños o deterioros que se causaren
a la cosa o el pago de daños y perjuicios debidos por el uso posterior de la cosa en menesteres ajenos a los que
estrictamente determinaron su ocupación.
ARTICULO 60. — Ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente
necesario para satisfacer la respectiva necesidad.
ARTICULO 61. — La ocupación temporánea por razones normales, previa declaración legal de utilidad pública, podrá
establecerse por avenimiento; de lo contrario deberá ser dispuesta por la autoridad judicial, a requerimiento de la
Administración Pública.
ARTICULO 62. — La ocupación temporánea normal apareja indemnización, siendo aplicables en subsidio las reglas
vigentes en materia de expropiación.
La indemnización a que se refiere el presente artículo comprenderá el valor del uso y los daños y perjuicios
ocasionados al bien o cosa ocupados, como así también el valor de los materiales que hubiesen debido extraerse
necesaria e indispensablemente con motivo de la ocupación.
ARTICULO 63. — El bien ocupado no podrá tener otro destino que el que motivó su ocupación.
ARTICULO 64. — Ninguna ocupación temporánea normal puede durar más de dos años; vencido este lapso, el
propietario intimará fehacientemente la devolución del bien. Transcurridos treinta días desde dicha intimación sin
que el bien hubiere sido devuelto, el propietario podrá exigir la expropiación del mismo, promoviendo una acción de
expropiación irregular.
ARTICULO 65. — El procedimiento judicial establecido para el juicio de expropiación es aplicable, en lo pertinente, al
juicio de ocupación temporánea normal.
ARTICULO 66. — Sin conformidad del propietario, el ocupante temporáneo de un bien o cosa no puede alterar la
sustancia del mismo ni extraer o separar de éste elementos que lo integren, sin perjuicio del supuesto previsto en el
artículo 62, última parte.
ARTICULO 67. — Si la ocupación temporánea afectase a terceros, los derechos de éstos se harán valer sobre el
importe de la indemnización.
ARTICULO 68. — Las cuestiones judiciales que promoviese el propietario del bien ocupado están exentas de
reclamación administrativa previa.
ARTICULO 69. — La acción del propietario del bien ocupado para exigir el pago de la indemnización prescribe a los
cinco años computados desde que el ocupante tomó posesión del bien.

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ARTICULO 70. — La acción del propietario del bien ocupado para requerir su devolución prescribe a los cinco años
computados desde que el ocupante debió devolver el bien.
TITULO X
Disposiciones complementarias
ARTICULO 71. — Todo aquel que, a título de propietario, de simple poseedor, o a mérito de cualquier otro título,
resistiere de hecho la ejecución de los estudios u operaciones técnicas que en virtud de la presente ley fuesen
dispuestos por el Estado, se hará pasible de una multa de mil pesos ($ 1.000), a cien mil pesos ($ 100.000), al arbitrio
del juez, quien procederá a su aplicación, previo informe sumarísimo del hecho, sin perjuicio de oír al imputado y
resolver como corresponda. La multa se exigirá por vía ejecutiva.
ARTICULO 72. — La presente ley se aplicará exclusivamente a las causas que se inicien a partir de su vigencia.
No obstante, en los juicios en trámite el expropiante podrá proponer la adquisición del bien por vía de avenimiento,
en la forma prevista en el artículo 13.
ARTICULO 73. — Deróganse las leyes números 13.264, 17.484 y 19.973 y el artículo 10 de la Ley Nº 14.393.
ARTICULO 74. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
VIDELA.
Julio A. Gómez.
FE DE ERRATA
LEY Nº 21.499
Se hace saber que en la publicación de la mencionada ley, efectuada en la edición del Boletín Oficial del día 21/1/77,
se deslizaron los siguientes errores de imprenta:
Artículo 10. — Donde dice: "valores efectivos". — Debe decir: "valores afectivos".
Artículo 24. — Donde dice: "Indisponibles". — Debe decir: "indisponible".
Artículo 26. — Donde dice: "quedarán los arrendamientos". — Debe decir: "quedarán resueltos los arrendamientos".
Artículo 51, inc. b). — Donde dice: "daclaración". — Debe decir: "declaración".
Artículo 51, inc. b). — Donde dice: "dispones". — Debe decir: "disponer".
Artículo 51, inc. c). — Donde dice: "el derecho del titular". — Debe decir: "al derecho del titular".
Artículo 71. —Donde dice: "que en virtud de la presente ley del Estado". — Debe decir: "que en virtud de la presente
ley fuesen dispuestos por el Estado".