Capítulo 24

Las luchas por el agua en el desierto iqueño:

el agua subterránea y la reconcentración de tierras y agua
María Teresa Oré

1. Introducción

El valle de Ica es el principal valle agroexportador de la costa peruana. Se

encuentra localizado a 300 km al sur de Lima. Se caracteriza por la gran
fertilidad de sus suelos y su buen clima, pero es uno de los más áridos de la
costa. Su lucha ha sido la búsqueda permanente de nuevas fuentes de agua a
lo largo del siglo XX hasta la actualidad (Oré 2005).
Uno de sus principales sistemas de riego es el canal de La Achirana, que
atraviesa al valle y que corre paralelo al río Ica. Este canal tiene una exten-
sión de 53 km de recorrido, irriga 14.000 ha agrícolas y cuenta con 8000
usuarios de riego.
La cuenca del río Ica es de 7711 km2 y se encuentra entre las regiones de
Ica y Huancavelica. En Huancavelica se encuentran los 2400 km2 cuadrados
que corresponden a su cuenca húmeda, ubicada por encima de los 2500
msnm (ONERN 1971). No cuenta con grandes nevados o lagunas. Su relieve
presenta el aspecto típico de las cuencas de la costa: una hoya hidrográfica
alargada, de fondo profundo, pendiente pronunciada y cortada por frecuen-
tes quebradas. En cortas distancias se pasa de un paisaje serrano a uno cos-
teño. La zona correspondiente a la costa está situada entre los 480 y los 320
msnm. Al no tener grandes nevados o lagunas, las lluvias que caen sobre la
cuenca húmeda están limitadas a la estación del verano entre diciembre y
marzo. Ello condiciona a que el río Ica solo tenga descargas en esta estación,
y con volúmenes que varían de hora en hora, constituyendo sus «avenidas»
verdaderas olas. Las descargas llegan a alcanzar hasta 400 m3/seg. Terminado
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el periodo de lluvias, el río se alimenta del escurrimiento que se seca en el

mes de abril y en raras ocasiones en mayo.
El río Ica viene a ser uno de los más secos de la costa y esta ha sido la
restricción para el desarrollo de la agricultura de la zona (Lecca 2009; Oré
1998). Su trayectoria, a diferencia de los demás ríos de la costa, no tiene un
delta clásico y no termina en el mar, sino que corre paralelo a él hasta en-
contrar una salida al oeste. Esta desviación le impedía irrigar las tierras de
la margen izquierda, lo que hizo necesaria la construcción del canal de La
Achirana.
El problema para la expansión de la agricultura no ha sido la tierra,
sino el acceso a las fuentes de agua. De ahí vienen las luchas recurrentes
por el control del recurso. Además, tanto las sequías como las inundaciones,
mayormente relacionadas con el fenómeno de El Niño y la caída de los hua-
ycos, han sido eventos naturales que marcaron dramáticamente la historia
de Ica.

2. El uso del agua en el valle de Ica

Actualmente, los recursos hídricos del valle provienen de tres fuentes:

a. El agua superficial conocida como «aguas de avenida», provenientes de

la cuenca del río, que llegan al valle entre el mes de enero y abril de cada
año.
b. El agua superficial de régimen regulado, proveniente de las lagunas em-
balsadas de Huancavelica del sistema Choclococha, que se inauguró en
diciembre de 1959 y se distribuye entre los meses de septiembre y di-
ciembre.
c. El agua subterránea que puede obtenerse durante todo el año y que se
inició en la zona a mediados de los años treinta.

En el siguiente cuadro podemos apreciar el aporte de las distintas fuen-

tes de agua al valle de Ica:

Cuadro N.º 1
El aporte de las fuentes de agua en los años noventa (miles de m3)

Distrito de riego Agua de avenidas Agua regulada Agua subterránea Total

Ica 120.000 (28,6%) 90.000 (21,6%) 210.000 (50%) 420.000
Fuente: Informe del ingeniero Rolando Lecca. Dirección de Aguas de la Zona Agraria VI de Ica. Febrero, 1990.
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Mapa N.º 1
Cuenca hidrográfica del río Ica

MAPA DE PERÚ
426 M. T. Oré

En estas fuentes destaca el aporte del agua subterránea en los años no-
venta. Las condiciones geológicas del valle han determinado la existencia de
un acuífero sumamente rico. Sus aguas no están sujetas a la temporalidad de
las aguas superficiales y, por tanto, permiten disponer de ellas durante todo
el año. La utilización del agua subterránea en el valle se inició en 1935, con
la introducción de equipos de bombeo. La principal limitación que afron-
taba, es que desde los años setenta estaba prohibida la perforación de pozos
debido al descenso peligroso de la napa freática. A pesar de ello, en los años
noventa se produjo una sobreexplotación del agua subterránea, lo que ha
ocasionado que hoy en día el acuífero del valle afronte una situación de
emergencia.
El uso principal del agua en el valle es por la actividad agrícola. De ser
un valle con una fuerte tradición vitivinícola en la colonia, a inicios del si-
glo XX, se convirtió en uno de los principales valles algodoneros. Es desde
los años noventa que el valle diversifica su producción y se orienta a nue-
vos productos de exportación como el espárrago, páprika y una diversidad
de frutas. Esto le ha permitido erigirse como uno de los principales valles
agroexportadores del país.

3. El proceso histórico de acumulación

La historia del valle es su lucha por el agua. En ellas, los diversos actores
sociales presentes en la organización social del riego fueron cambiando a
lo largo del tiempo. Mientras unos aparecían y ejercían un cierto protago-
nismo, al transcurrir los años iban desapareciendo, dando paso a nuevos
actores y a nuevas relaciones sociales. El control sobre el agua determinó
el control sobre las tierras, lo que promovió una búsqueda permanente de
nuevas fuentes de agua. Aquí explicamos con más detalle cómo se dio este
proceso histórico:

Los hacendados y las comunidades a inicios del siglo XX

La estructura agraria en Ica estaba conformada por grandes haciendas, una

escasa mediana propiedad y extensas tierras de propiedad de los indígenas,
constituidas por pequeños propietarios y comunidades. El acceso al agua
superficial estuvo estrechamente vinculada con la ubicación de las tierras,
en relación con las fuentes de agua. Las haciendas estaban ubicadas al inicio
del canal, en la zona alta, mientras que las tierras de los indígenas estaban al
final, en la zona baja. Los conflictos más comunes en esta época se produje-
ron entre los hacendados y los indígenas.
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En esta etapa, las relaciones entre los hacendados e indígenas se orga-

nizaban a través de una serie de derechos y obligaciones regidos por nor-
mas locales. Así, los hacendados aportaban con dinero, comida o ponían
a disposición sus peones durante las tareas de mantenimiento y limpieza
de la infraestructura hidráulica. Los indígenas organizados comunalmente
dirigían los trabajos de reparación y mantenimiento en el canal y distri-
buían los turnos de agua entre sus parcelas. En la tecnología hidráulica
tradicional en la zona sobresalían las acequias o canales de riego para el
agua superficial, los acueductos y las hoyadas para el agua subterránea. Era
mediante la organización comunal donde los indígenas definían sus dere-
chos y obligaciones con respecto al riego. Los hacendados reconocían el
trabajo y la organización de los indígenas. Los vínculos entre ambos —in-
dígenas y hacendados— estaban regidos por una trama de relaciones de
usos y costumbres que guardaban un cierto orden social, aunque no exento
de conflictos.

La presencia estatal

A finales de la primera década del siglo XX, el Estado buscaba modernizar

la agricultura de exportación de los valles de la costa, fundamentalmente
con cultivos de azúcar y algodón, y para lo cual era fundamental el control
sobre el agua.
El gobierno de Leguía promulgó una serie de nuevos dispositivos lega-
les y designó una nueva autoridad para el riego en los principales valles de
la costa. Este fue el Administrador de Aguas, cargo que fue desempeñado
por los ingenieros.
La relación entre la organización local del riego y la nueva autoridad
estatal fue compleja y siempre hubo un clima de tensión y conflictos. Las
normas locales chocaban con los nuevos dispositivos nacionales. Los indí-
genas desarrollaron varias estrategias para defender sus derechos consuetu-
dinarios al agua y a las tierras. Así, cuando las nuevas disposiciones legales
propiciaban una mayor equidad en la distribución y en los turnos de agua
frente a los hacendados, los indígenas las apoyaban. Sin embargo, cuando
los dispositivos cuestionaban las normas locales comunales, como cuando
se dispuso cobrar la tarifa de agua o se desconoció a las autoridades comu-
nales, sobrevenían los conflictos con las autoridades estatales.

El proyecto de irrigación, nuevas tecnologías y aguas subterráneas

El Estado asumió el proyecto de modernizar la agricultura, impulsando

nuevas tecnologías y realizando estudios para grandes proyectos de irriga-
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ción, con la finalidad de incorporar nuevas tierras agrícolas y desarrollar

la moderna y mediana propiedad en el valle de Ica. A mediados de 1930 se
introducen en el valle equipos de bombeo para explotar en forma intensi-
va el agua del subsuelo. Esta tecnología trajo un cambio radical. Mientras
que el uso del agua superficial estaba basado en un manejo colectivo, las
aguas subterráneas eran explotadas de manera estrictamente individual. En
contraste con el agua superficial, el agua subterránea asumía un carácter
privado, estando su aprovechamiento restringido a los agricultores de ma-
yores recursos económicos —los hacendados—, debido a los altos costos de
instalación y funcionamiento de los pozos (Oré 1998, 2005).
Esta nueva tecnología se constituyó en un elemento nuevo de poder de
los hacendados sobre los indígenas, porque les posibilitaba tener un acceso
permanente al agua y superar durante las sequías la escasez del agua super-
ficial. Todo esto incidió directamente en la pérdida de las tierras comunales
de los indígenas a favor de los hacendados. El proyecto de irrigación Cho-
clococha, iniciado también en los años treinta, tenía como objetivo incor-
porar nuevas áreas agrícolas al valle, en la zona conocida como Pampa de
los Castillos o Valle Nuevo que eran antiguas tierras comunales de la comu-
nidad de Tate. La comunidad enjuició al Estado y el conflicto duró varias
décadas. Los comuneros prepararon la defensa legal de sus tierras pero fi-
nalmente el Estado desconoció los argumentos legales y expropió sus tierras
sin ninguna indemnización, salvo la propiedad a unos cuantos comuneros
inscritos legalmente. La condición para recibir sus tierras a título individual
fue pedirles que renunciaran a la comunidad.
De esta forma, en los años sesenta, las tierras y el agua se fueron concen-
trando en las nuevas y modernas haciendas algodoneras que surgieron en
el Valle Nuevo y que poseían una tecnología moderna, incluso en esos años
fumigaban por avioneta. Se presentaban como los pioneros del desarrollo
agrícola de Ica. Mientras que las comunidades y los pequeños propietarios
fueron excluidos y presentados como obsoletos y que «frenaban el progreso
y el desarrollo». ¿El resultado? Los indígenas perdieron progresivamente sus
tierras comunales, sus derechos al agua y su propia organización (Oré 2005,
cf. Soldi 1980, 1982).

La Ley Reforma Agraria y la Ley Aguas

La Reforma Agraria expropió las tierras de los hacendados de la costa y de

la sierra, siendo una de las reformas más radicales de Latinoamérica. Con
la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Aguas en 1969,
el Estado peruano vino a asumir todas las iniciativas relacionadas con el
desarrollo agrario. Asumió para sí tanto el control de la tierra como el con-
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trol del agua. Por primera vez el agua fue considerada «Bien Público» y de
propiedad del Estado.
Desaparecieron los hacendados. Esto significó una ruptura con el ante-
rior periodo, y un nuevo escenario político en la historia agraria se instaló
en el país. Las cooperativas agrarias pasaron a reemplazar a las haciendas
y una escasa mediana propiedad quedó en manos de los antiguos hacen-
dados. Los indígenas, en su mayoría pequeños propietarios, pasaron a ser
llamados campesinos. Con estas transformaciones se establecieron nuevos
derechos de tierras y de aguas. Sin embargo, se continuó con la producción
del algodón y el énfasis en lo moderno y una continuidad en el carácter ca-
pitalista de la producción. El Estado, representado por ingenieros y técnicos,
ubicados en las principales dependencias estatales tuvieron prácticamente
el monopolio de la política.
Nuevas organizaciones de usuarios desplazaron a las tradicionales y
fueron denominadas Comisiones de Regantes y Juntas de Usuarios. En es-
tas organizaciones comenzaron a reunirse los cooperativistas, campesinos-
pequeños propietarios y minifundistas-medianos propietarios. Todos ellos
tenían intereses muy diferentes frente al agua. Estas organizaciones consti-
tuyeron un modelo organizativo único para la costa y la sierra y desarrolla-
ron una fuerte dependencia con los organismos estatales.
Tenían prioridad en la distribución del riego, las cooperativas ubicadas
en las zonas donde habían estado las antiguas haciendas. Los campesinos se
quejaban de que no había equidad en el reparto. Al poco tiempo, la infra-
estructura hidráulica estaba abandonada, las coimas pagadas a los funcio-
narios eran comunes, y la corrupción de las dirigencias de las juntas fueron
hechos cotidianos.

La parcelación de las cooperativas y el inicio de la violencia

A mediados de los años ochenta se hizo evidente el fracaso de los esfuerzos

estatales. Las cooperativas agrarias atravesaban por graves problemas que
no encontraron solución. Malos manejos económicos, corrupción, etcéte-
ra, llevaron al fracaso a las cooperativas y estas comenzaron a parcelarse.
Los socios cooperativistas se transformaron en propietarios de pequeñas
parcelas y fueron llamados parceleros, cuya producción estaba orientada
al mercado. Los medianos propietarios, quienes habían incursionado con
gran éxito en los años ochenta con nuevos cultivos de exportación como
el espárrago, venían implementando fábricas empacadoras de los nuevos
productos agrícolas.
En los mismos años, el valle comienza a recibir una fuerte migración de
población serrana, desplazada por la violencia que había en las zonas altas,
430 M. T. Oré

lo que lleva, por un lado, a la aparición de numerosos regantes informales,

quienes llegan a invadir numerosos terrenos en zonas urbanas y agrícolas.
Los antiguos caseríos rurales se transforman en populosos distritos urbanos
que comienzan a presionar por agua potable y servicios.
De esta forma, la demanda por el recurso hídrico ya no solo para uso
agrícola, sino para uso urbano e industrial, se incrementó en el valle. A fines
de los años ochenta, asistimos a una fragmentación de la propiedad en la
cual predominaba la pequeña propiedad y una exitosa, aunque todavía mi-
noritaria, mediana propiedad.

Los años noventa: nuevo modelo económico y organizaciones de usuarios

A fines de los años ochenta, el Estado atravesaba una seria crisis económica
y política en un contexto generalizado de violencia en el campo. Las institu-
ciones estatales, como la antigua dirección general de Aguas, las administra-
ciones técnicas de riego o la Oficina de Recursos Naturales – ONERN fueron
reducidas a su mínima expresión y sus funcionarios despedidos. Es en esta
coyuntura que se promulga el D. L. 03789AG por el cual se transferían las
funciones que asumía el Estado en la gestión del agua a las organizaciones
de usuarios. Éstas, sin ningún tipo de capacitación previa o apoyo económi-
co, asumieron precariamente sus nuevas funciones.
En estos años el nuevo modelo económico buscó establecer un nuevo
marco legal para las tierras y aguas, que fuera acorde con los nuevos rumbos
de la economía mundial. Era importante definir a estos recursos naturales
ya no como bienes públicos sino como bienes privados. Ello se logró con la
nueva ley de tierras. Sin embargo no logró promulgarse una nueva ley de
aguas, por la presión de la junta de usuarios y también por la reticencia de
los organismos internacionales.
Conforme avanzaba la década del noventa, nuevas empresas agroex-
portadoras, no solo nacionales sino de distintos países, se fueron asentando
e instalando en el valle. Ellas empezaron primero alquilando tierras a pe-
queños propietarios y parceleros, más tarde también a los medianos pro-
pietarios iqueños. En su mayoría explotaron agua del subsuelo, empleando
riego tecnificado por aspersión y goteo. Sin embargo, tuvieron acceso a los
derechos de agua de los propietarios que les alquilaron sus tierras.
Las condiciones en las cuales se produjo la transferencia de funciones
a las juntas de usuarios, sin recursos técnicos ni económicos, tuvo como re-
sultado el abandono del mantenimiento de la infraestructura del canal. Este
presentaba problemas serios de arenamiento y problemas en la bocatoma.
Ello incrementó el nivel de vulnerabilidad del canal frente a los posibles
fenómenos naturales comunes en la zona. Debido a esto, cuando se produjo
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el fenómeno de El Niño, en 1998, las consecuencias para la ciudad y el valle

fueron dramáticas, especialmente para los parceleros y los pequeños propie-
tarios y minifundistas del valle.
El fenómeno de El Niño de 1998 cerró una etapa del valle. La destruc-
ción que causó en el agro no pudo ser revertida por los pequeños y me-
dianos propietarios y particularmente por los parceleros, quienes se vieron
forzados a rematar sus tierras a las nuevas empresas asentadas en el valle. Se
dio un proceso acelerado de grandes transferencias de tierras y de derechos
de agua a las nuevas empresas nacionales y extranjeras. La infraestructura
hidráulica quedó severamente destruida, así como la bocatoma, el río Ica y
el canal de La Achirana.

El nuevo boom agroexportador y el agua subterránea

A inicios del siglo XXI se produjo un nuevo auge agroexportador en la zona,

con nuevos cultivos como el espárrago, páprika, uva red globe, alcachofa,
tomates y diversidad de frutales. Los grandes agricultores locales y las em-
presas introdujeron al valle una moderna tecnología que incluía el riego
tecnificado (riego por goteo), el cual utilizaba exclusivamente el agua sub-
terránea. Una de sus características es ser el agua de mayor calidad. La per-
foración de nuevos pozos para la extracción del recurso se incrementó en
forma acelerada, a mediados de la década de los años noventa, frente a la
permisividad de los organismos estatales, locales y nacionales. Es preciso
resaltar que mientras el agua superficial cobra una tarifa y demanda una or-
ganización, el agua del subsuelo estaba exenta de pagos, carecía de medidas
regulatorias y de control. La normatividad legal solo había estado referida
a las aguas superficiales, más no al agua del subsuelo (CEPES 2009; Wester y
Hoogesteger 2009).
En el siguiente cuadro podemos apreciar el incremento actual de la ex-
plotación del agua subterránea:

Cuadro N.º 2
Los aportes de las fuentes de agua al agro iqueño actualmente
(miles de m3)

Distrito Agua de Agua Agua Total

de riego avenidas regulada subterránea

Ica 209.000 (25%) 83.000 (10%) 543.000 (65%) 835.000

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA) 2010 <http://www.ana.gob.pe>.

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Es así que actualmente el agua subterránea se constituye en la principal

fuente hídrica del valle de Ica y está directamente ligada con los nuevos pro-
ductos de la agroexportación y particularmente con el espárrago. Este uso
del agua subterránea ha permitido, por un lado, la ampliación de la frontera
agrícola y, por el otro, la compra —muchas veces forzada— de tierras a
los medianos propietarios, parceleros y pequeños propietarios de la zona,
dando como resultado el surgimiento de grandes fundos agroexportadores,
cuyas extensiones promedio varían entre las 1200 y 1500 hectáreas. De esta
forma asistimos a una nueva reconcentración de la tenencia de la tierra y del
agua, particularmente del subsuelo en el valle de Ica.
Este nuevo panorama al que se añade la expansión de la población
urbana, el incremento de los regantes, la diversificación de los cultivos, han
llevado a una nueva disputa entre usuarios urbanos y usuarios agrícolas del
agua, y a una peligrosa sobreexplotación del acuífero. Lo que actualmente
caracteriza al agro iqueño son los extremos: por un lado, fundos moder-
nos y empresas altamente tecnificadas, caracterizadas por la concentración
de tierras y agua, una alta producción y la calidad de sus cultivos orienta-
dos al mercado internacional; por otro lado, pequeñas chacras o huertas de
pequeños agricultores con tecnologías y cultivos tradicionales de la zona,
orientados al mercado local. Junto a ellos están las tierras de los parceleros
con su producción algodonera y orientada a un mercado internacional muy
voluble.

4. Los nuevos conflictos por el agua

Precisamente, el descenso alarmante del acuífero iqueño ha llevado a la eje-

cución del proyecto denominado Tambo Ccaracocha, con el objetivo de traer
agua de las zonas altas de Huancavelica hacia el valle y poder así recargar el
acuífero. La oposición de los comuneros huancavelicanos, especialmente de
la comunidad de Carhuancho, se hizo sentir en movilizaciones y protestas
en Huancavelica e Ica. Estas protestas y movilizaciones fueron difundidas a
nivel nacional y hasta presentadas al Tribunal Latinoamericano del Agua en
México. El conflicto entre las regiones de Ica y Huancavelica fueron amplia-
mente cubiertos por todos los medios de comunicación.
Sin embargo, los conflictos cotidianos entre las empresas agroexpor-
tadoras con los pequeños propietarios rurales y urbanos, y sus autoridades
locales han sido ignorados. La sobreexplotación del agua subterránea por
las empresas, viene ocasionando la escasez o la ausencia del recurso hídri-
co para consumo humano entre estas poblaciones. A pesar de los reclamos
y protestas, las instituciones públicas locales y nacionales no han logrado
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solucionar estos problemas. La descoordinación entre los distintos minis-

terios, el manejo sectorial de las instituciones relacionadas con el recurso
hídrico, así como la ausencia de una autoridad, han impedido realizar una
acción conjunta y la búsqueda de consensos. De la misma manera, las or-
ganizaciones sociales iqueñas se caracterizan por una fragmentación y dis-
persión que les impide poder formular propuestas conjuntas frente a estos
problemas centrales que atraviesa el valle.

5. Algunas reflexiones

Hemos visto cómo a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, los mecanis-
mos de acumulación de tierras y agua que se han dado en las distintas etapas,
aunque con diversos actores y relaciones sociales (cf. Boelens y Zwarteveen
2009). A inicios del siglo XX la relación entre hacendados e indígenas era
conflictiva, sin embargo, los indígenas tenían formas de poder frente a los
hacendados que hacían que esta relación no sea tan desigual. Es con la Re-
forma Agraria que desaparecen los hacendados y se abre un nuevo escenario
político en la vida del país, no obstante, el nuevo modelo estatal funcionó en
un corto período. La crisis económica y política de las instituciones del Esta-
do y la violencia presente en el país llevaron a que este modelo fracasara.
Conforme avanzan los años, el rol que juega el Estado y la introducción
de la tecnología ahondaron las diferencias y finalmente los indígenas queda-
ron fuera de la actividad productiva importante de la zona de Ica, perdiendo
sus tierras, su comunidad y organización. Es con el nuevo modelo econó-
mico neoliberal de los años noventa que asistimos a una progresiva concen-
tración de tierras y agua —especialmente subterránea—, como nunca antes
se había visto en el valle. Los actuales fundos agroexportadores han tenido
un gran éxito en los últimos años y han posicionado a Ica como el principal
valle agroexportador, sin embargo enfrentan ahora serios problemas con el
acuífero que les ha puesto límites a su crecimiento. Su desarrollo económico
no ha tenido en cuenta los problemas ambientales que han traído al valle
una gran diferenciación y polarización. Los serios conflictos sociales que
hoy atraviesa Ica son producto de este desarrollo económico, pero también
de la fragmentación de las instituciones públicas locales y nacionales, carac-
terísticas que comparten —dispersión y fragmentación— las propias orga-
nizaciones sociales locales que conforman la sociedad civil iqueña.
434 M. T. Oré

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