Tesis Sobre El Concubinato

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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Tomando como base el derecho procesal civil venezolano se han
realizado una serie de investigaciones que conllevan a la obtención de
determinados trabajos especiales de grado que sirven como referencias para
el estudio del tema planteado.
Este tratado acerca de la competencia legal objetiva da inicio con los
aportes tomados de la investigación realizada por Olga Quintero de
Peñaranda (2007) acerca de “La regulación de la competencia en el
procedimiento civil venezolano”. Trabajo Especial de Grado para optar al
título de magister en derecho procesal civil en la Universidad del Zulia.
Esta investigación tiene como propósito analizar la regulación de la
competencia en el proceso civil venezolano. Para tal fin se realizó una
investigación documental-jurídica. En dicho trabajo se trató de conocer los
elementos doctrinarios básicos y las reglas de la competencia en los
procesos judiciales en el marco de la legislación venezolana. Asimismo,
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facilita el conocimiento más efectivo y pertinente en el manejo del trámite
inicial para establecer la competencia, su procedimiento y requisitos que se
deben satisfacer en la solicitud de su regulación.
El resultado de la investigación se obtuvo del análisis de la doctrina y
jurisprudencia y se concluyó que respecto a la competencia, el sistema de
regulación de la misma, funciona por una parte, como medio para resolver
los problemas de competencia y como sustitutivo de la apelación ordinaria a
que estaban sometidas las decisiones sobre la competencia entre jueces, las
cuales quedaron reducidas a la hipótesis del artículo 70 del Código de
Procedimiento Civil (1987), que se resuelve mediante la regulación de la
competencia. El aporte realizado por esta investigación al presente trabajo se
encuentra determinado en el estudio de la regulación de la competencia que
versen en las distintas controversias presentadas ante el órgano
jurisdiccional.
Otra investigación relevante de Fuenmayor Noralyh (2008) titulada
“Los medios probatorios en el juicio de concubinato”. Trabajo de Grado
presentado para optar al Título de Magíster Scentiarum en Derecho Procesal
Civil. Universidad del Zulia. Dicho trabajo posee gran relevancia en el
derecho moderno, porque trata del análisis del concubinato en Venezuela, un
tema de vital importancia, debido a que a través del paso de los años este se
ha convertido en una figura equiparada y tan normal como el matrimonio,
poseyendo en muchos casos, las mismas prerrogativas.

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El objetivo de la investigación es analizar los medios probatorios del
juicio de concubinato en Venezuela, explicando cuáles son y de qué manera
se emplean para probar el hecho alegado, exponiendo su definición,
características, tipos, regulación legal e importancia. Concluyendo que su
aportación se basa en el conocimiento amplio de las uniones concubinarias y
los efectos producidos por las mismas.
Por último vale destacar el trabajo realizado por Marisol Echeverría
Mora (2008), titulado “Análisis de los efectos patrimoniales de la comunidad
concubinaria en el contexto jurídico venezolano”, el cual es un trabajo
especial de grado para optar al título de Abogado en la Universidad Rafael
Urdaneta.
Los aportes realizados en esta investigación conllevan a determinar
que la Constitución de 1999, ha venido a imponer en forma expresa, la
necesidad de un nuevo tratamiento legal a la relación concubinaria y en
virtud de los nuevos principios, se torna necesario proyectar hacia el Código
Civil (1982) y hacia otras disposiciones particulares, el mandato que
consagra el artículo 77, como eje del nuevo perfil legal del concubinato. Por
cuanto, el concubinato reviste suma importancia en el medio social
venezolano, por lo que se justifica su estudio jurídico patrimonial.
En relación a lo antes expuesto por los diversos investigadores en
contribución al presente trabajo se puede indicar que los criterios de
competencia se fijaran de acuerdo a la pretensión de comprobar la existencia

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de la unión concubinaria y sus efectos legales para determinar qué juzgado
será el indicado para resolver la controversia.
2.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL DOCTRINAL
En Derecho Procesal, las criterios de competencia objetiva determinan
el conocimiento de los distintos litigios por parte de los diversos jueces y
tribunales, combinándose tres criterios al efecto y que son el de competencia
objetiva, que atendiendo al objeto del proceso, determina qué tipo de juzgado
entre los del mismo grado debe de conocer con exclusión de todos los
demás tipos, entendiéndose por objeto tanto la cuantía o valor de la
pretensión como la materia; el de competencia funcional que responde a la
consideración de que en un mismo proceso pueden intervenir distintos
tribunales, resolviendo controversias, recursos y ejecución. Y la competencia
territorial, cuya base reside en la relación de las personas y de los bienes
litigiosos con una demarcación judicial.
Esta investigación se fundamenta en el marco de la Constitución de la
Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, en la norma adjetiva contenida
en el Código de Procedimiento Civil (1987), el Código Civil Venezolano
(1982) y la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia.

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2.1.- COMPETENCIA LEGAL OBJETIVA POR LA MATERIA PARA
CONOCER DE LA ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE LA EXISTENCIA
DE LA UNIÓN CONCUBINARIA.
En el entendido de acuerdo al cual la normativa legal venezolana debe
realizar la declaración de la disolución de la unión estable de hecho a través
de una sentencia declarativa definitivamente firme con el fin de evitar la
acumulación de pretensiones, para luego proceder a la partición de la
comunidad concubinaria y posteriormente determinar la competencia en el
caso de que existan hijos menores de edad dentro de unión estable de
hecho. Se plantea el conocimiento de los criterios que determinan la
competencia en dicha materia.
2.1.1.- CRITERIOS OBJETIVOS DE LA COMPETENCIA EN LA
LEGISLACIÓN Y LA DOCTRINA VENEZOLANA
Tal necesidad de repartir la labor judicial determina la aparición del
concepto de competencia, de acuerdo a Palacio (1998, p. 190) la
competencia se puede definir como la capacidad o aptitud que la ley
reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una
determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del
proceso. De allí que se exprese, corrientemente, que la competencia es la
medida de la jurisdicción. En tal sentido, la competencia es la potestad que
tiene la persona que está legalmente investida de administrar justicia en

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ciertos y determinados casos, no sólo por ser juez la puede ejercer en
cualquier caso, esto es el criterio de competencia.
En efecto, de lo anteriormente expuesto se puede definir la
competencia es la jurisdicción limitada para el conocimiento de cierta clase
de negocios; por ello, la competencia es la facultad y deber del tribunal de
resolverlos. Tradicionalmente se fija por materia, grado, cuantía y territorio.
También, puede ser atribución, potestad, actitud para conocer una autoridad
de un determinado asunto.
Dentro del derecho procesal, las reglas de competencia determinan el
conocimiento de las diferentes controversias por parte de los distintos jueces
y tribunales, combinándose tres criterios al respecto y que son el de
competencia objetiva el cual viene a determinar cual tribunal entre los del
mismo grado debe de conocer con exclusión de todos los demás.
Es de gran relevancia señalar que todos los tribunales deben ejercer
la jurisdicción plena en todos sus grados y clases en Venezuela, razón por la
cual es sumamente necesario limitar a los jueces el ejercicio de sus
funciones jurisdiccionales ya sea por el territorio, por los asuntos que puedan
conocer y además dichos tribunales deben estar divididos en categorías o
grados, de tal forma que quienes van a ejercer la acción sepan antes de
acudir a ellos, si tienen posibilidad de que les sea impartida justicia en cada
caso en particular.
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Debe ser el Estado a través de los diversos órganos que imparten
justicia por igual a todos los ciudadanos quien cumpla con la función
jurisdiccional de repartir entre los diversos tribunales dichas atribuciones.
El jurista Carnelutti, considera que la jurisdicción es el género y la
competencia es la especie, debido a que por ésta se le otorga a cada Juez el
poder de conocer de determinado litigio.
Según Bello (2000, p. 263), la competencia es la permisión que tiene
el juez o tribunal de entender un determinado asunto en razón de la
naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas
interesadas; y su fundamento descansa en que si todos los tribunales
gozarán de jurisdicción para entender de los litigios que le son sometidos,
sería completamente imposible determinar a qué tribunal correspondería su
conocimiento si cada uno goza de una atribución para el entendimiento del
asunto.
Por otro lado, Puppio (2006, p. 187) señala que la competencia es la
medida de la jurisdicción que ejerce el juez de acuerdo a la materia, el valor,
el territorio y la conexión o continencia, accesoriedad y litispendencia de la
causa.
En tal sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia,
en sentencia Numero 01-0998 de fecha 19 de Febrero de 2004 con Ponencia
del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero estableció:

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Esta garantía judicial es una de las claves de la convivencia

social y por ello confluyen en ella la condición de derecho
humano de jerarquía constitucional y de disposición de
orden público, entendido el orden público como un valor
destinado a mantener la armonía necesaria y básica para el
desarrollo e integración de la sociedad. Dada su
importancia no es concebible que sobre ella existan pactos
validos de las partes, ni que los tribunales al resolver
conflictos atribuyan a jueces diversos al natural, el
conocimiento de una causa. El convenio expreso o tácito de
las partes en ese sentido, al igual que de la decisión judicial
que trastoque al juez natural constituye infracciones
constitucionales de orden público.
Sostiene Devis (1998, p. 137) “La competencia es la facultad que cada
juez o magistrado de una rama jurisdiccional tiene para ejercer la jurisdicción
en determinados asuntos y dentro de cierto territorio”.
Se puede concluir entonces, que la competencia, no es otra cosa que
la facultad que corresponde a cada juzgado o tribunal, para conocer de un
determinado asunto que le pertenece por sí mismo, en virtud de la potestad
emanada del poder público, con exclusión de cualquier otro que pueda
conocer en el mismo grado.
No puede haber competencia sin jurisdicción. La jurisdicción y la
competencia no son lo mismo, pero tampoco son contrarias, porque la
competencia es una parte fundamental dentro de la Jurisdicción, ya que la
competencia es el modo o manera como se va a ejercer esa Jurisdicción, de
acuerdo a las circunstancias concretas. (materia, cuantía o grado.) La
jurisdicción es el género, mientras que la competencia es la especie.

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Pineda (1980, p. 133) hace igualmente distinción entre la jurisdicción y
competencia y dice que la jurisdicción “envuelve la potestad de conocer
sobre ciertas pretensiones y la competencia señala los órganos capacitados
para actuar con preferencia a los demás. Que la jurisdicción es el poder y la
competencia la medida de ese poder ” .
Y, tomando en consideración lo afirmado por González (1994, p. 144):
Que la jurisdicción en sentido estricto, se entiende, por la

función pública de administrar justicia, emanada de la
soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial. Y
por cuanto la jurisdicción tiene por finalidad la realización o
declaración del derecho y la tutela de la libertad y del orden
público, mediante la aplicación de la Ley, en los casos
concretos, entonces el fin de la jurisdicción se confunde con
el del proceso pero este contempla casos determinados y la
jurisdicción todos en general.
En otro aspecto se puede considerar la competencia desde el punto
de vista objetivo y subjetivo. Desde el punto de vista objetivo viene a ser las
causas que con arreglo a la ley, puede el juez ejercer dentro de la
correspondiente jurisdicción.
En cuanto al aspecto subjetivo se quiere denotar la facultad conferida
a cada juez para ejercer la jurisdicción, la especial situación del juez, que
debe estar colocado frente a las partes y frente a la materia propia del juicio.
El Estado no puede resolver todos los conflictos que se presentan es
por esta razón que el mismo decide crear tribunales en todo el país y
distribuir la competencia en razón de la materia, de la cuantía, del territorio.

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En tal sentido y de lo expuesto anteriormente se puede decir que la
competencia comprendida desde el ámbito procesal y atendiendo a una
complejidad de cuestiones que hacen necesaria la distribución del trabajo, lo
cual hace surgir la división de la actividad jurisdiccional entre los diversos
órganos que imparten justicia, se concluye por lo tanto que esta división o
medida es lo que conocemos como competencia.
2.1.1.1.- FUNDAMENTOS DE LA COMPETENCIA
Según Bello (2002) la competencia está determinada por una serie de
características a saber que sirven para determinar su fundamentación dentro
del derecho procesal civil y a continuación se mencionan.
Improrrogabilidad e inderogabilidad: Está signada por el interés
público, dado que su fin último es la organización de la función judicial y la
distribución y asignación de diversas causas entre los distintos funcionarios
que componen o constituyen el poder judicial. Puede darse su
prorrogabilidad, en aquellas situaciones en que se demanda ante un tribunal
territorialmente incompetente, y que el demandado no la haga valer a través
de la cuestión previa respectiva a que se refiere el ordinal 1º del artículo 346
del Código de Procedimiento Civil (1987). En materia de prorrogabilidad de
competencia, la relativa a la materia y cuantía son improrrogables e
inderogables, es decir, que son de orden público absoluto, que no pueden

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modificarse por ningún pacto, siendo de orden público relativo o dispositivo,
pudiendo relajarse por convenio entre las partes.
También afirma Bello (2002) que la competencia es indelegable en el
sentido que los tribunales no pueden delegar sus funciones en otro tribunal,
aunque hay quienes podrían interpretar la figura de la comisión a través del
despacho para otro juez, y el exhorto o la rogatoria para un juez de superior
jerarquía, como una especie de delegación en el juez comisionado.
Igualmente comenta el mencionado autor que la competencia es de
orden público porque las partes no pueden alterar su determinación, salvo
casos excepcionales en la competencia territorial. Las limitaciones
jurisdiccionales establecidas a los jueces se hacen por razones de orden
público y están dirigidas a lograr esos fines, y por ello, se excluyen las
consideraciones de utilidad privada de las partes; por ejemplo, éstas no
pueden alterar las instancias o grados de la jurisdicción, que se han
establecido primordialmente pensando en el interés público del buen
desarrollo y organización de la administración de justicia y pretender que el
asunto se proponga directamente ante un juez superior, sin pasar por la
primera instancia.
Expresa además que es un presupuesto procesal debido a que se
caracteriza por ser un presupuesto de la sentencia, dado que el Juez no
podría ejercer su función jurisdiccional, su función de administrar justicia, en
un proceso en el que carezca de competencia, ya que se violará el derecho
constitucional que tiene todo ciudadano a ser juzgado por sus jueces
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naturales, tal como lo establece el numeral 4 del artículo 49 de la
Constitución Bolivariana de la Republica de Venezuela de 1999:
El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones

judiciales y administrativas y, en consecuencia: Toda
persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces
naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con
las garantías establecidas en la Constitución y la ley.
Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la
identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por
tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal
efecto.
De lo antes mencionado se puede determinar que la fundamentación
de la competencia viene dada por un conjunto de preceptos que deben ser
cumplidos a cabalidad por los jueces para desempeñar la función
jurisdiccional en aras de la correcta administración de justicia según el
tribunal competente sobre quien verse la controversia.
2.1.1.2.- CLASIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA.
Dentro de la clasificación de la competencia se pueden abordar tres
elementos a saber que determinaran los criterios correspondientes.
En cuanto a la competencia objetiva se definirá la misma como aquella
que permite distribuir el ejercicio de la potestad jurisdiccional entre los
órganos jurisdiccionales de un mismo orden en atención a la naturaleza de la
pretensión procesal que constituye el objeto de cada proceso.
En sentido amplio la competencia objetiva es la que se encuentra
determinada por la materia o el asunto, como la cuantía y el territorio,

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elementos determinantes. Así tenemos que para los asuntos civiles y
mercantiles en el país, son competentes los jueces especializados en lo civil
y mercantil, así como para los asuntos penales lo serán los especializados
en lo penal y para los asuntos laborales los que conocen de esta
especialidad.
En sentido estricto alude a la distribución de los litigios dentro de cada
una de esas competencias enunciadas, en atención al modo de ser del litigio,
a la índole de la relación del derecho sustancial que da lugar al proceso.
Según alguna corriente de opinión el factor objetivo atiende a la
naturaleza y materia del asunto y a su cuantía, Carnelutti (1971, p. 345), en
cambio, considera la cuantía como una especie de competencia funcional, no
obstante, admite su relación con la materia. Para ese sector doctrinal y, no
para Carnelutti el objeto del negocio, su naturaleza, se integra por la materia
y por la cuantía del mismo.
Por lo tanto podemos clasificar la competencia objetiva de la siguiente
manera:
 Competencia por la materia
 Competencia por la cuantía
 Competencia por el territorio.
Doctrinalmente hablando la competencia ha sido definida por el
Chiovenda, como la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez en

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concreto, y autores de la talla de Zanzucchi, han definido la competencia en
atención a la capacidad general del juez para ejercer la función jurisdiccional,
determinada por los requisitos previstos en la ley para ser investido de la
jurisdicción, mediante una capacidad especial que puede ser a su vez
objetiva determinada por la normativa de la competencia, y subjetiva en
razón de las condiciones personales del juez en relación al objeto de la
causa o a los sujetos que intervienen en ella.
Es necesario indicar que la competencia subjetiva tiene como regla
general la imparcialidad que debe definir a las decisiones judiciales, cuestión
ésta que adquiere singular significado en la figuras de la inhibición y la
recusación, como mecanismos procesales para garantizar a las partes su
juzgamiento por un juez competente, idóneo e imparcial y con ello, la
garantía de que existe transparencia y honestidad, como instrumentos del
proceso para la administración de una justicia no sujeta a formalidades
insustanciales, tal y como lo disponen los artículos 26 y 257 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
En otras palabras, la competencia subjetiva viene dada en razón de la
calidad pública que se le atribuye a las personas que intervienen en el
proceso, y para lo cual el estado ha creado normativas que regulen esta
función. Ahora bien la competencia subjetiva a diferencia de la objetiva, viene
a determinar las condiciones que deben reunir los jueces que constituyen el
órgano jurisdiccional y que atiende fundamentalmente a cánones de

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imparcialidad, para conocer los asuntos que sean competentes por la
materia, cuantía, territorio y conexión o continencia.
Entre tanto el criterio de competencia funcional según Palacio (1998,
p. 190) “Finalmente, toma en cuenta la diversa índole de las funciones que
deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un
mismo proceso”.
A este respecto, Cuenca (1993, p. 338), citando a Chiovenda, trata el
punto de la llamada competencia funcional, y la define de la siguiente
manera: “cuando la ley confía a un juez una función particular, exclusiva, se
dice que hay una competencia funcional. La característica esencial es la de
ser absoluta e improrrogable y aún cuando parece confundirse, a veces, con
la competencia por la materia y por el territorio, es, sin embargo,
independiente de ella”.
Aludiendo a lo anterior la competencia funcional, correspondería en el
entendido a los organismos judiciales de diverso grado, cimentada en la
asignación de las instancias entre múltiples tribunales, a cada uno de los
cuales le corresponde una función específica a cada instancia que se halla
facultada para conocer determinada clase de recursos.
De todo lo referido se establece que las distintas fases en un proceso
y varios grados de jurisdicción, una vez conocido el tribunal competente para
resolver la instancia, según las reglas de la competencia objetiva, habrá que
determinar qué tribunal está llamado a resolver los posibles incidentes que
se promuevan, los recursos devolutivos que se puedan plantear o la

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ejecución de las resoluciones dictadas. Además, cuando se planteen
cuestiones entre distintos tribunales deberá resolverlas un tribunal situado
por encima de aquellos entre quienes se empeña la cuestión, al estar
jerárquicamente ordenados los tribunales lo cual viene a constituir el aspecto
funcional.
2.1.1.3.-FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA
Al momento de hacer la distribución entre los diversos tribunales
según sea la competencia de cada uno, la ley toma en consideración ciertos
factores a seguir.
Esto origina como punto de partida que la problemática al momento de
determinar la competencia, tiene su fundamento en saber en qué
oportunidad procesal debe establecerse la misma y la posibilidad de su
modificación durante la secuela del proceso, como consecuencias de
cambios en los elementos de materia, territorio y cuantía por el transcurrir del
tiempo.
Así podría suceder que durante el tiempo que se tramite el proceso,
las partes modifiquen su domicilio; o que el monto de la demanda haya
aumentado para el momento de dictarse sentencia, como consecuencia de la
inflación.
A este efecto, conforme a lo previsto en el artículo 3 del Código de
Procedimiento Civil de 1987, la jurisdicción y la competencia se determinan

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conforme a la situación de hecho existente para el momento de la
presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas, los
cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley, disponga lo
contrario.
Entonces se interpreta que la perpetuatio jurisdictionis alude a un
principio derivado del concepto del debido proceso, con arraigo en las
garantías ciudadanas, de un juicio justo y con reglas claras y controvertibles
en instancia, esto es, con asidero en las libertades y derechos ciudadanos,
derechos fundamentales, según el cual, una vez determinada la jurisdicción y
la competencia, tras interponer la demanda, esta no se puede modificar por
razones de hecho o de derecho que sobrevienen a ese primer momento
procesal. Entonces la misma conforme a ciertas circunstancias de índole
factico y jurídico existente para el momento de incoar la demanda no tendría
efecto alguno sobre los presupuestos procesales.
Sostiene Devis (1987, p. 136), “que dicho principio es la determinante
de la competencia para todo el curso del proceso, sin que las modificaciones
posteriores puedan afectarla”. Para este autor, la perpetuatio jurisdictionis no
existe frente a las nuevas leyes procesales, y sólo se aplica para las
circunstancias de hecho que determinan la competencia en relación con los
factores relativos a la cuantía, el territorio, el domicilio y calidad de las partes.
Pero respecto de los cambios de derecho no aplica, y la nueva ley que
regula la competencia o la rama jurisdiccional que debe conocer del proceso,
tiene aplicación a los procesos en curso.

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En otro aspecto a resaltar para determinar la esencia de la perpetuatio
jurisdictionis, es importante reflexionar si éste surge como un principio
derivado de un derecho fundamental o es a su vez un derecho adquirido para
el particular que lo vincula a una regla de derecho sustancial. Siendo
derechos y principios que son manifestación y complementación del mismo.
Ahora bien, dicho principio determina las garantías esenciales del
debido proceso y las del principio del mantenimiento de la jurisdicción, desde
el inicio del mismo del proceso, conservándose el juez y el proceso.
Ello también conlleva a pensar si el principio también implica que la
jurisdicción y el juez natural se determinan al momento de la ocurrencia de
los hechos o si éste se establece al momento de iniciarse el proceso y la
condición del accionante. En otras palabras, si el principio se condiciona por
el estado del sujeto al momento del inicio de la acción o de la existencia
propiamente de un proceso.
En este orden de ideas, la admisión de la demanda marca la
competencia para todo el curso del proceso, la cual será inmodificable, salvo
los casos que pueda señalar la ley.
En realidad, cuando se inicia la demanda, se fija la competencia del
juez, y el mismo ha de conocer hasta la conclusión del juicio, sin que por
razones de hecho pueda verse afectado su conocimiento.
En alusión a lo investigado se atañe que dicho principio, por regla
general, da derecho a que las partes en controversia dentro de una relación
jurídico procesal la decisión final deba ser emitida por el juez que conoce del
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asunto y el mismo deba fallarlo, a pesar de que con posterioridad a su
iniciación hayan variado las reglas de la competencia.
2.1.1.4.- LÍMITES DE LA COMPETENCIA
Cuando se estudia la jurisdicción se observa su extensión, relacionada
con los momentos o fases de la jurisdicción, tanto en cuanto a su aspecto de
cognición como en el de la ejecución.
Dentro de esa extensión, la competencia de los órganos
jurisdiccionales tiene límites, relacionados:
• Con los sujetos.
• Con el objeto.
• Por la propia actividad del órgano jurisdiccional.
En cuanto a los sujetos, hay que partir del principio de que la norma
procesal es territorial y quedan comprendidos dentro de la jurisdicción todos
los que viven en el territorio venezolano, ya sean nacidos en Venezuela o
extranjeros.
Al respeto Cuenca (1993, p. 39) señala” todos los problemas de la
competencia se concentran en la determinación del juez que ha de dirimir el
conflicto de intereses. Esta es una cuestión a priori que se plantea al actor al
seleccionar el tribunal donde deba introducir su demanda. Ya se ha referido,
de manera general, a la jurisdicción como el poder del Estado para resolver
las controversias entre los particulares o de interés público”

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Ahora bien todo juzgador tiene el poder de administrar justicia, pero se
debe sabe que en cada caso particular tiene una esfera de actividad
delimitada por la ley. Entonces el poder de administrar dicha justicia en cada
caso y de conformidad a la naturaleza, calidad y cuantía de la acción, de
acuerdo al territorio dentro de los cuales se mueven las partes o conforme al
lugar donde se encuentran las cosas, objeto de la controversia, se
establecerán los límites de la competencia.
Estos linderos de la competencia son fundados por la ley para evitar
irrumpir la autoridad conferida a cada órgano jurisdiccional, a fin de que cada
juez explane sus funciones dentro de un ámbito limitado que evite abusos de
poder y usurpación de atribuciones, entonces estas limitantes de la
competencia consisten en delimitar los poderes de cada juez para impedir la
anarquía de los diversos órganos administradores de justicia. Siendo que la
jurisdicción constituye un todo integral, como el único poder del Estado para
solucionar controversias y la competencia es una parte de ese poder
localizado en una esfera determinada.
En cuanto al principio que conforma el derecho controvertido de
relevancia jurídica susceptible de la propia cosa juzgada, los límites de la
competencia están implícitamente ligados al mismo, en virtud de que la
función complementaria de la jurisdicción no es otra que la aplicación de la
ley al caso en concreto.
En ese sentido, la actividad procesal está regida en relación al hecho
sobre el que se produce el acontecimiento que eventualmente se presenta al

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tribunal y en la aplicación de la ley a ese hecho específico real, vinculado a
los sujetos mismos. Después de lo anteriormente expuesto, se observa que
los límites de la competencia dentro de la porción jurisdiccional, le están
atribuidas a cada tribunal.
2.1.1.5.- COMPETENCIA POR LA MATERIA
La problemática que se le presenta al accionante es saber determinar
entre los diversos órganos jurisdiccionales existentes en la República, cual
es el realmente competente para conocer, tramitar y decidir de la causa en
específico; pues si bien todo órgano jurisdiccional se encuentra revestido de
jurisdicción, ese poder de administrar justicia y declarar la voluntad de la ley
en el caso concreto, no le es entregada plenamente a un solo tribunal, ya
que los mismos se encuentran delimitados por la competencia según la
materia que le corresponda.
En efecto, dice Rengel (1980, p. 30) la competencia por la materia:
Que es la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada

Juez en concreto en razón de la materia, valor, territorio y
conexión o continencia de la causa; que en razón de la
materia da lugar a la distribución de causas entre Jueces de
diferentes tipos; por el valor a lo cuantitativo; la territorial, se
atiende en cuanto a la sede del órgano y a la relación de las
partes o el objeto de la controversia.
En la legislación venezolana en el artículo 28 del Código de
Procedimiento Civil (1987), se determina la competencia por la materia,

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mediante dos principios: primero se determina por la naturaleza de la
cuestión que se discute y segundo por las disposiciones legales que la
regulan.
En efecto, en sentencia del 14-04-93, la Sala de Casación Civil, de la
antigua Corte Suprema de Justicia, ésta se pronuncio en los siguientes
términos:
La norma legal en referencia, consagra así,

acumulativamente, dos criterios para la determinación de la
competencia por la materia a saber: La naturaleza de la
cuestión que se discute. Con esto quiere decir el legislador
que para fijar si un tribunal es o no competente por la
materia, lo primero que debe atenderse es a la esencia de
las propias controversias, esto es, si ella es de carácter civil
o penal, y no sólo lo que al respecto puedan conocer los
tribunales ordinarios de una u otra de estas competencias,
sino además, las que corresponden a tribunales especiales,
según la diversidad de asuntos dentro de cada tipo de las
señaladas competencias, conforme a lo que indiquen las
respectivas leyes especiales. Las disposiciones legales que
la regulan. Aquí no sólo atañe a las normas que regulan la
propia materia, como antes se ha explicado, sino también el
aspecto del criterio atributivo de competencia, que el
ordenamiento jurídico le asigna a cada órgano jurisdiccional
en general; y en particular, al que examina su propia
competencia o incompetencia. La combinación de ambos
criterios, desde el punto de vista del derecho adjetivo,
determina la competencia por la materia.
En virtud de lo evidenciado en los párrafos anteriores la competencia
por la materia está determinada cuando el demandante al momento de
presentar su reclamación judicial, debe observar si el tribunal que ha
escogido cumple con los elementos determinantes de la competencia
objetiva. Siendo que la naturaleza de la cuestión que se discute, es decir, la

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naturaleza de la controversia y las disposiciones legales que la regulen, sean
el fondo con lo cual se determina el tribunal que debe conocer de la causa.
2.1.1.6.- COMPETENCIA POR LA CUANTÍA
En las demandas civiles, que no tienen que ver con el estado civil y la
capacidad de las personas, es necesario determinar el valor de la demanda,
para así poder establecer el tribunal competente de acuerdo a dicho monto,
el valor de la causa, a los fines de la competencia, se determina con base a
la demanda.
Por otra parte, las disposiciones contenidas en los artículos 29 al 39
del Código de Procedimiento Civil (1987), se refieren a la competencia por el
valor de la demanda; específicamente el artículo 38 eiusdem determina que
cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en
dinero, el demandante la estimará; y el artículo 39 eiusdem, dice que a los
efectos del artículo anterior, se consideran apreciables en dinero todas las
demandas, salvo las que tienen por objeto el estado y la capacidad de las
personas.
Toda demanda debe ser estimada en bolívares según la ley y una
disposición del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que también deben
estar estimadas en unidades tributarias. Las demandas que no excedan de
3000 unidades tributarias estarán designadas a los tribunales de municipio y
las que excedan de 3000 unidades tributarias estarán designadas a los
tribunales de primera instancia.

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Ahora bien, existen una serie de reglas para establecidas en el Código
de Procedimiento Civil de 1987 para determinar la cuantía de la demanda:
Una primera regla para la estimación de la demanda según el artículo
31 Código de Procedimiento Civil de 1987; para determinar la demanda se
sumaran el capital más los intereses vencidos más los gastos hechos en las
cobranzas más la estimación de los daños y perjuicios si los hubiere.
Los intereses se calculan según la Ley al uno por ciento mensual. Las
únicas instituciones que pueden cobrar más de esto son las entidades de
crédito y otras instituciones financieras, porque están autorizadas para
realizar un cobro más cuantioso.
Cada pretensión amerita una acción lo cual debe ser intentado a
través de una demanda; la misma se inicia por medio de un procedimiento
que conlleva a una sentencia definitivamente firme.
Entonces para evitar que cada una de las pretensiones sean
intentadas en un juicio independiente para obtener de cada una de ella una
sentencia, existe la figura que se llama acumulación de pretensiones en una
sola demanda, siguen siendo pretensiones independientes pero son
resueltas en un solo juicio, y el juez cuando sentencia está obligado a decidir
o a pronunciarse por cada una de las pretensiones por separado en un
mismo juicio.
La segunda regla para la estimación de la demanda que se encuentra
contenida en el artículo 32 del Código de Procedimiento Civil (1987)
establece que si demandare una cantidad que fuere parte, pero no saldo de
34
una obligación más cuantiosa, la cuantía de la demanda lo determinará el
valor de dicha obligación, si ésta estuviere discutida. Dicha regla sólo será
aplicable cuando la obligación es por partes y sólo se demanda una parte de
esta obligación y no el todo.
Una tercera regla se encuentra expresada en la ley adjetiva civil,
conforme a la cual el articulo 33 expresa “Cuando una demanda contenga
varios puntos se sumará el valor de todos ellos para determinar el de la
causa, si dependen del mismo título”. En este caso se aplica la acumulación
de pretensiones y finalmente determinará como un solo valor a razón del
título de la misma. Como un claro ejemplo para visualizar mejor este articulo
se tiene que de tratarse de una controversia que se fundamentan en
relaciones de trabajo y obligaciones derivadas de la jubilación, que son
diferentes en cada caso; es decir, la relación de trabajo y la jubilación de un
actor, que constituye el título de su pretensión, es diferente a la del otro y por
lo tanto no pueden acumularse en un mismo título.
La cuarta regla la contempla el Código de Procedimiento Civil (1987)
en su artículo 34: “Cuando varias personas demanden a otra persona en un
mismo juicio, el valor de la demanda se determinará por la suma total de las
partes reclamadas“.
Se aplica la acumulación de pretensiones de cada persona, para
hacer una sola demanda.
Por otra parte una quinta regla para la estimación de la demanda,
según el artículo 35 del Código de Procedimiento Civil de 1987, “Si se

35
demandare prestaciones alimentarias periódicas, el valor de la demanda se
determinara por el monto de las prestaciones reclamadas; si la obligacion
estuviere discutida, su determinacion se hara por el monto de dos
anualidades “.
Se encuentra señalada una sexta regla en la norma adjetiva civil
dentro del artículo 36 “En las demandas sobre validez o continuación de un
arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las
cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo
indeterminado, el valor se determinará acumulando las pensiones o cánones
de un año”.
Lo que quiere decir esta regla es que si el arrendamiento es a tiempo
determinado el valor de la demanda será la sumatoria de los cánones de
arrendamiento que se están discutiendo para el momento de la demanda, es
decir según los meses adeudados hasta ese periodo. Ahora bien, si el
contrato de arrendamiento es a tiempo indeterminado, el valor se estimara en
la totalidad de cánones de un año. En los casos de contrato de
arrendamiento, ya sea a tiempo determinado o indeterminado, sin demanda
de pago de los cánones insolutos, el valor de la demanda corresponde a la
estimación hecha por el actor en el libelo.
Según el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil de 1987 “La
demanda se estimará sobre los precios del mercado”. Es decir a los precios que
se fijen según las tasas activas y pasivas con referencia al mercado bancario
nacional.
36
Otra de la reglas establecidas en el artículo 38 del Código de
Procedimiento Civil de 1987 señala:” El demandante estimará el valor de la
demanda; y el demandado en la contestación de la demanda podrá impugnar
la estimación de esta, hecha por el demandante; así mismo el juez está
obligado a pronunciarse previo a la sentencia”. Lo que significa que el
demandado podrá rechazar dicha estimación cuando la considere
insuficiente o exagerada, formulando al efecto su contradicción al contestar
la demanda.
De lo anteriormente expuesto si bien es cierto que el legislador ordena
estimar la demanda apreciable en dinero, cuyo valor no conste o sea de
difícil determinación, ocurre con regularidad que el actor obvie en muchos
casos este requisito o estima en forma imprecisa, exagerada o demasiado
reducida por esta razón el mismo legislador ha establecido dentro de la ley
civil adjetiva una cantidad de normas para evitar lesionar los principios que
rigen la estimación de la cuantía y de esta manera el juez resuelva la
controversia de forma precisa y expresa.
2.1.1.7.- COMPETENCIA POR EL TERRITORIO
Dentro de los criterios establecidos para determinar la competencia
del juez se encuentra el derivado del territorio. En dicho caso, ya no se
atiende a la calidad de la relación controvertida, sino a la sede del órgano
jurisdiccional, siendo esto en atención al territorio en que el órgano actúa y a
la relación que las partes en controversia tienen con ese mismo territorio.
37
Por esta razón la determinación de la competencia por el territorio,
establece Rengel (1983, p. 110) no da lugar a la distribución vertical de las
causas entre jueces de diversos tipos, sino a la distribución horizontal de
ellas entre jueces del mismo tipo, pero que actúan en territorios diferentes.
El criterio del territorio para asignar competencia a un oficio, se
traduce en la designación de aquel, de entre los varios de igual grado cuya
sede le haga más idóneo para el ejercicio de la función como referida a cada
pretensión. La competencia por territorio dice Balzan (1986, p. 177) “está
integrada por un conjunto de reglas que señalan el lugar de la República
donde el actor debe dirigir su demanda y el demandado acudir a su defensa”.
Cada Tribunal tiene delimitada su esfera territorial y sólo se exceptúa
de esa limitación el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene jurisdicción sobre
todo el territorio de la República.
Sostiene Rengel (1992, p. 335) “La regla general en materia de
competencia territorial, que es competente para conocer de todas las
demandas que se propongan contra una persona, el tribunal del lugar donde
la misma tenga su domicilio, a menos que el conocimiento de la causa haya
sido diferido exclusivamente a otro tribunal”.
Agrega el autor citado, lo que evidencia esta regla, es la vinculación
personal del demandado con dicha circunscripción. Es decir, el actor debe
seguir el fuero del demandado. En otras palabras, el fuero general de las
personas está determinado por el domicilio.

38
Al respecto, el procesalista Cuenca (1993, p. 38) asienta: “La
competencia por el territorio está integrada por un conjunto de reglas que
señalan el lugar de la República a donde debe el actor dirigir su demanda y
el demandado acudir a su defensa. Cada tribunal tiene delimitada su esfera
territorial y sólo se exceptúa de esta limitación la Corte Suprema de Justicia
que tiene jurisdicción sobre todo el territorio del Estado. La competencia por
el territorio se justifica por el principio de que los tribunales son sedentarios,
en el sentido de que cada órgano judicial tiene una sede determinada para el
ejercicio de sus funciones.
Sea que la competencia de los órganos judiciales en razón del proveer
un mayor y mejor acceso a los tribunales a las partes en controversia, siendo
que, la competencia del juez es entendida como la medida de la jurisdicción
en todo o en parte, vista como una porción de ésta que corresponde a un
cierto tribunal para decidir determinado tipo de litigios y no a otro diferente,
en razón de diversos criterios como territorio, cuantía y materia.
Estudiando las reglas de competencia del juez que se encuentran
establecidas en el Capítulo I del Título I del Libro Primero del Código de
Procedimiento Civil de 1987, donde se hallan asentados los diversos criterios
de la competencia. Cabe destacar la afirmación de Rengel (1992, p. 333) la
determinación de la competencia por el territorio no se atiende a la
naturaleza de la relación jurídica objeto de la controversia, ni al aspecto
cuantitativo de la misma, sino a la sede del órgano y a la relación que las
partes o el objeto de la controversia tienen con el territorio en que el órgano

39
actúa.
Por lo expuesto anteriormente por el procesalista Rengel, se puede
analizar entonces que para determinar la competencia por el territorio no se
da lugar a una distribución que abarque las instancias superiores para dirimir
las causas entre los jueces, sino a una distribución lineal de las mismas entre
jueces del igual jerarquía, pero que actúan en territorios diferentes de la
Republica.
La organización de las diferentes sedes o circunscripciones
territoriales en que actúan los jueces, está dado por la Ley Orgánica del
Poder Judicial (1985) y los decretos complementarios que organizan la
administración de justicia, pero las reglas que determinan la competencia en
atención a las actuaciones de las partes o del objeto de la controversia con
dichas circunscripciones, son dadas por el Código de Procedimiento Civil de
1987.
Por lo tanto y atendiendo la distribución horizontal de los hechos
controvertidos entre jueces del mismo tipo, la misma está fundamentada en
un principio de comodidad de las partes en litigio, para facilitar en gran
medida una defensa más amplia y apegada a sus alcances, especialmente
en el caso de la parte querellada, a diferencia de la distribución vertical, que
se encuentra fundada en principios de derecho público, lo que pone de
manifiesto su naturaleza esencialmente derogable de la competencia
territorial. La excepción está contenida en el caso cuando se trate de

40
acciones en relación a la capacidad de las personas, en las cuales interviene
el representante del Ministerio Público.
Acto seguido el actor debe seguir el fuero del demandado, puede
decirse que es competente para conocer de todas las demandas que se
propongan contra una persona, el tribunal del lugar donde la misma tenga su
domicilio, a menos que el conocimiento de la causa haya sido deferido
exclusivamente a otro tribunal.
Ahora bien, entrando en la materia objeto de la presente investigación,
para determinar cuál es el tribunal competente por el territorio para conocer
de la demanda, cabe señalar que dice el artículo 47 del Código de
Procedimiento Civil de 1987, que “La competencia por el territorio puede
derogarse por convenio de las partes, caso en el cual la demanda podrá
proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como
domicilio”. Se quiere decir con esto, que las partes pueden de mutuo y
acuerdo, establecer el domicilio ante el cual se resolverán las controversias
que se presenten entre ellas domiciliación especial, que fija una derogatoria
de la competencia territorial, tal como está establecido en el segundo aparte
del citado artículo 47 de la norma adjetiva civil, dando la atribución de
competencia al juez del domicilio que se haya elegido. En el caso contrario
cuando existe la elección del domicilio se relaja la regla general, y el juez que
conocerá la causa por el territorio, es el que tenga competencia en el
domicilio elegido.
41
Ahora bien para plantear la determinación de la competencia por el
territorio se debe tomar en cuanta en serie de denominaciones enunciadas
como fueros y se pueden mencionar los siguientes:
Fuero real: Es el lugar donde se puede demandar o ser demandado
en relación únicamente a las cosas que son objetos del pleito.
Fuero personal: Es el Lugar donde una persona ser llamada a juicio
atendiendo a su residencia o a su domicilio.
Fueros mixtos: combina el fuero personal con el fuero real.
Fueros concurrentes: es cuando la Ley dispone más de un sitio donde
se puede interponer la demanda es decir, más de un juez puede conocer la
controversia. Pero existen dos (2) tipos:
Fueros concurrentes sucesivos: es cuando hay varios jueces
igualmente competentes, pero las partes no pueden elegir donde se va a
interponer la demanda, estas deberán seguir un orden correlativo, una
secuencia.
Fueros concurrentes electivos: es cuando hay varios jueces igualmente
competentes y que las partes puede elegir cuál de ellos va a conocer la
controversia.
También en este caso se alude a derechos personales y de los
derechos reales sobre bienes muebles. Aquí se añaden más fueros, al
artículo 40, se puede también proponer la demanda ante el juez del lugar
donde se haya contraído o ejecutado la obligación o donde se encuentre la

42
cosa mueble, pero con la condición que el demandado se encuentre en el
mismo lugar de los anteriores.
El artículo 42 del Código de Procedimiento Civil de 1987 señala lo que se
refiere a las demandas relativas a los derechos reales sobre bienes
inmuebles. Es decir el objeto de la pretensión es un bien inmueble. Las
demandas se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde este
situado el bien inmueble, en el domicilio del demandado o la del lugar donde
se haya celebrado el contrato en caso que allí se encontrare el demandado,
pero todo a lección del demandante.
Igualmente el artículo 43 del Código de Procedimiento Civil de 1987
especifica en las demandas de derechos sucesorales, se propondrán ante la
autoridad judicial del lugar donde se haya aperturado la sucesión. En los
casos siguientes:
En las demandas de repartición y división de la herencia ad-intestato,
entre coherederos.
En las demandas sobre rescisión de la partición de la herencia ya hecha,
de haber un vicio o de irrespetarse la legítima, se sanearan las cuotas
asignadas, dentro de los 2 años contados desde el momento de la partición
de esta.
Las demandas interpuestas por los legatarios y los acreedores de la
herencia se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde se haya
aperturado la sucesión.
43
Cuando se produce un caso de sucesión abierta fuera de la republica:
Si la apertura de la sucesión ocurrió fuera del país y hay bienes aquí en
Venezuela, entonces el juez competente será donde se encuentren el mayor
números de bienes. “el legislador establece también el domicilio del
demandado en este caso; pero la condición que si la sucesión está
compuesta por varios herederos, deberán tener todos el mismo domicilio”.
Señala el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil de 1987 sobre
las demandas entre socios. Las demandas entre socios, el juez o tribunal
competente será la del domicilio de la sociedad, aun cuando ya esté disuelta
y liquidada, con tal que se proponga dentro de los 2 años siguientes a partir
de la división, a causa de las obligaciones o la división que se derive de la
sociedad.
Esgrime el citado artículo 45 del Código de Procedimiento Civil de
1987 en ocasión a las demandas de rendición de cuentas. Las demandas
de rendición de cuentas de una tutela o de una administración se propondrán
ante la autoridad judicial del lugar donde se haya conferido ejercido la tutela
o la administración de aquellas personas que tienen una incapacidad de
ejercicio como por ejemplo los menores y los entredichos, pero todo a
elección del demandante.
Ahora bien, según el artículo 46 de la norma civil adjetiva las
demandas contra quien renunció a su domicilio. Las demandas de quienes
hayan renunciado a su domicilio se propondrán ante la autoridad judicial
donde tenga el demandado su residencia o donde se encontrare.

44
Lo determinado en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil de
1987 en cuanto a la prorrogabilidad de la competencia por el territorio. Este
articulo expresa que las partes por convenio o poniéndose de acuerdo
pueden cambiar la competencia por el territorio, siempre y cuando no
intervenga el Ministerio Publico o cuando la ley expresamente lo determine.
En este sentido, a fin de darle una interpretación más cabal a todo lo
evidenciado con antelación el fundamento de la competencia por el territorio,
a los fines de hacer menos oneroso para el accionante que necesariamente
debe participar en el proceso, debe facilitársele el acceso a los tribunales
más próximos a su domicilio o donde puedan ser más fácilmente aportadas
las pruebas relativas a una determinada relación controvertida. Este
fundamento de competencia impone al actor, como regla general, la
obligación de seguir el fuero del demandado, a fin de proporcionar a éste, el
mínimo de incomodidad para su defensa, y por otra parte, para moderar la
rigidez de esta regla se concede al actor una cierta facultad de elección entre
varios fueros especiales que concurren con el domicilio, y que están
determinados por la vinculación real y objetiva de la acción o del objeto de la
relación controvertida con una determinada circunscripción territorial.
2.1.1.8.- CONFLICTOS DE COMPETENCIA
En el actual sistema procesal civil venezolano el Legislador colocó
como disposición fundamental y principio, en el artículo 1º del vigente Código
de Procedimiento Civil, la jurisdicción civil, según el cual, se ejerce, salvo

45
disposición especial de la Ley, por los jueces ordinarios, y estos tienen la
obligación de administrar justicia a los venezolanos y a los extranjeros, en la
medida en que las leyes determinen su competencia para conocer del
asunto.
En efecto, la regulación de la competencia contemplada en la Sección
VI del Título 1 del Libro Primero (artículos 67 al 76) del Código de
Procedimiento Civil de 1987, es propiamente el medio de impugnación de
toda resolución del juez de la causa sobre el incidente de competencia, que
hace posible la decisión definitiva del mismo por un tribunal superior de la
circunscripción Judicial, con efecto vinculante respecto de cualquier juez. La
regulación de la competencia exige como presupuesto solamente una
sentencia que se haya pronunciado sobre la competencia.
En tal sentido, el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil de
1987, según el cual, cuando el juez declare su propia competencia, en una
sentencia interlocutoria, aun en los casos del artículo 51 o del artículo 61 del
respectivo Código, la decisión sólo será impugnable mediante la solicitud de
regulación de la competencia
En este caso, se considera necesaria la regulación de la competencia,
porque siendo la regulación el medio de impugnación, a falta de ella, la
decisión sobre la competencia queda firme, con efecto vinculante para las
partes.
La previsión que trae el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil
(1987), de los casos contemplados en los artículos 51 y 61 respectivamente,

46
indica que la regulación de la competencia funciona también como medio de
impugnación de la sentencia del juez de la causa por razones de conexión,
en favor del juez de la prevención, o de continencia, en favor del juez ante el
cual está pendiente la causa continente así como, también en el caso de
litispendencia, cuando se produce la extinción de la causa en la cual no se
haya citado al demandado o haya sido citado con posterioridad
Existen diversas formas y oportunidades para hacer valer la
incompetencia, en tal sentido, el artículo 60 del Código de Procedimiento
Civil de 1987 establece que el juez que conozca de una causa en la cual él
sepa que es incompetente por la materia o es incompetente por el territorio
siempre y cuando en este último caso esté involucrado el orden público o
deba intervenir el Ministerio Público, no hace falta que nadie le pida que se
declare incompetente, el mismo juez lo puede hacer de oficio, lo cual no
obsta para que las partes lo pidan y lo pueden hacer en cualquier estado y
grado del proceso.
Entonces hay oportunidades diversas para alegar, declarar, u oponer
la incompetencia según se trate de uno u otro caso. Siendo que la
incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la
última parte del artículo 47 del Código de Procedimiento Civil (1987) puede
ser declarada por el juez de oficio, e igualmente se puede oponer en
cualquier estado e instancia del proceso. La incompetencia por el valor,
puede declararse aún de oficio, en cualquier momento del juicio en primera
instancia. Y la incompetencia por el territorio, con excepción de los casos

47
previstos en la última parte del artículo 47, puede oponerse sólo como
cuestión previa, como se indica en el artículo 60 que remite igualmente al
artículo 346 eiusdem.
El sistema del Código de Procedimiento Civil de 1987, a este respecto
tiende a resolver los problemas de competencia y funciona como sustituto de
la apelación ordinaria; y por otra parte, sustituye también el sistema de
conflicto de competencia entre jueces, los cuales quedan supeditados a lo
previsto en el artículo 70 del mismo.
Es necesario determinar las siguientes situaciones para comprender lo
que se refiere a la regulación de la competencia:
Ahora bien, se ha establecido que la regulación de la competencia
sirve como medio de impugnación de la resolución del juez de la causa sobre
el incidente de la misma, que hace posible la decisión del mismo por un
Tribunal Superior, con efecto vinculante respecto de cualquier juez, por lo
tanto, sólo exige como único presupuesto que haya un pronunciamiento
sobre la competencia para que continué la causa.
A este respecto, la norma establece los distintos casos en los cuales
se plantea la regulación de la competencia, a saber:
Que mediante sentencia interlocutoria, el Juez de la causa se declara
su propia competencia, en segundo término, aquel en donde el juez de la
causa declara su propia competencia en la sentencia definitiva, que
comprende dos pronunciamientos uno previo sobre la competencia,
afirmándola y otro, sobre el fondo o mérito de la causa; y por ultimo aquel

48
donde el juez declara su propia incompetencia, siendo la que se verifique en
el hecho controvertido.
El procedimiento para la regulación de la competencia se destacan las
siguientes características que contribuyen a la celeridad de su tratamiento y
al de la causa:
1. La solicitud de la regulación de la competencia no suspende el curso
del proceso (Art. articulo 71 Código de Procedimiento Civil de 1987); el
juez puede ordenar actos de sustanciación y medidas preventivas,
pero no puede decidir el fondo de la causa mientras no se dicte la
sentencia que regule la competencia.
2. El tribunal a quien corresponde decidir la regulación de la
competencia, deberá hacerlo dentro de los 10 días después de
recibidas las actuaciones con preferencia a cualquier otro asunto, de
conformidad con el articulo 73 Código de Procedimiento Civil de 1987.
3. La decisión se dictará sin previa citación ni alegatos (articulo 74 Código
de Procedimiento Civil (1987).
4. La solicitud de regulación se propone en todo caso, ante el juez que se
ha pronunciado sobre la competencia, y resuelve sobre la regulación,
el tribunal superior de la circunscripción y en los casos del articulo 70
Código de Procedimiento Civil (1987), la decisión corresponde al

49
Tribunal Suprema de Justicia, en caso que no haya tribunal superior
que sea común a ambos jueces, en la misma jurisdicción.
También existen efectos dentro de la jurisdicción de la competencia:
1. Si se determina que tiene competencia continúa conociendo de la
causa y lleva a término el proceso.
2. Si se determina que no posee competencia se remite el expediente al
juez competente.
3. No hay suspensión del proceso, se sigue sustanciando y realizando los
actos procesales pero no se puede dictar sentencia hasta tanto no se
resuelva la competencia.
En relación a lo mencionado se puede decir que una vez asumida la
competencia, el tribunal pasa a determinar cuál es el órgano judicial
competente para resolver el asunto de fondo controvertido, para lo cual
deben predominar fundamentos de hecho y de derecho, en razón de que
debe señalarse que la regulación de competencia, se ha establecido como
un medio de impugnación otorgado a las partes para atacar la declaratoria de
competencia e incompetencia del juez para conocer una causa, o cuando no
puede conocer, lo cual se presenta cuando los jueces, se declaran
incompetentes para conocer de un asunto.

50
2.1.2.- EL CONCUBINATO O UNIÓN ESTABLE DE HECHO EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO
A continuación se procede al estudio del concubinato o unión estable
de hecho en el contexto legal venezolano.
Según Bocaranda (2001, p. 259) la noción de concubinato no es
inequívoco, aún cuando ciertamente, toda su tipología abriga como
denominador común una unión fáctica.
De acuerdo al mismo Bocaranda (1983) el concubinato:
Se configura, en términos precisos, cuando un hombre y una mujer

cristalizan una unión que, aunque no matrimonial, sin embargo brinda
ante la sociedad la apariencia de tal, debido a las características y
cualidad, cuando es permanente; cuando por lo menos en forma
aparente y por ello mismo convincente, existen lazos de afecto entre
los concubinos y cuando dan la impresión de guardarse mutua
fidelidad.
El concubinato, de acuerdo con el mismo autor, por tanto no se
configura cuando la unión es periódica, aunque los períodos sean más o
menos prolongados. Ni cuando es accidental o discontinua. Porque ella
contradice el espíritu de afecto que debe caracterizar aquella unión cuasi-
matrimonial.
Cabanellas (1980, p. 286) establece que “se puede definir el
concubinato como aquella relación de un hombre con su concubina (la vida
marital de ésta con aquel). Estado en que se encuentra el hombre y la mujer

51
cuando comparten casa y vida como si fueran esposos, pero sin haber
contraído ninguna especie de matrimonio”.
A opinión de Loreto (citado por Bocaranda, 2001)” el concubinato es la
apariencia de un estado de hecho more uxorio, fundado en un lazo espiritual
suficientemente fuerte y dilatado en el tiempo”.
Para Escriche y Marín (1999, p. 23) el concubinato viene a ser “la
comunicación o trato de un hombre con su concubina; o sea con su manceba
o mujer que vive y cohabita con él como si fuese su marido”.
El mismo autor, a manera explicativa agrega que el concubinato es
mirado como contrario a la pureza del cristianismo, a las buenas costumbres
y al interés del Estado; pero la debilidad humana, parece disminuir a los ojos
de los hombres la gravedad de ese pecado; y en las grandes ciudades no se
hacen muchas diligencias para estorbar ese trato ilícito, ya que por los
disfraces con que suelen cubrirse, ya por evitar otros males mayores que son
los reatos y los adulterios, que de este modo serían menos frecuentes. Se
habla del concubinato entre personas solteras y libres pues de las otras es
castigado con cierta severidad y aun debe serlo el de aquellos, como puede
verse en la palabra amancebados.
Esta definición permite entre otras cosas destacar, las características
y elementos del concubinato y al mismo tiempo, resaltar, como lo hace la
doctrina en general y los dos aspectos fundamentales de la unión
concubinaria: uno interno y uno externo.

52
El interno, se refiere a la unión monogámica, es decir, entre un solo
hombre y una sola mujer, a la convivencia, a la asistencia, al socorro, a la
recíproca satisfacción de necesidades, incluyendo como es lógico a las
sexuales.
En el externo, a la posición jurídica de los individuos que viven en
concubinato; en situación de poder celebrar matrimonio, ante la inexistencia
de impedimentos para ello y el desarrollo social de una verdadera vida en
común, de apariencia matrimonial. Hombre y mujer se desenvuelven en su
trato común y de relación como si estuvieran casados.
Al profundizar dichos aspectos se produce un tercer aspecto y
producto de ellos, y es el ánimo de integrar una familia, bien sea en contra de
los convencionalismos sociales porque no quieren celebrar matrimonio o
conociéndolos y así, actuarían fuera de ellos. Hombre y mujer se deciden a
convivir, con la intención de formar una familia, en la búsqueda de
fomentarla, concibiendo hijos, acrecentando un patrimonio y como es obvio,
para perpetuarle en el tiempo.
Así mismo, Cabanellas (1980) establece que “por concubina se
entiende a la manceba o mujer que sin haber contraído legítimo matrimonio
con un hombre vive y cohabita con él como si fuera su marido”.
El término concubinato generalmente indica relaciones matrimoniales
en curso donde la mujer es de menor posición social que el hombre o que la
esposa o esposas oficiales.

53
Cabe destacar que en ninguna de las legislaciones, al igual que la
venezolana, no se ha definido al concubinato por lo que se ha considerado
una tarea que le corresponde a la doctrina y a la jurisprudencia, de otro
modo, al legislador la habría delineado con sus diversos elementos y
caracteres y al mismo tiempo, habría regulado sus efectos.
Según Bocaranda (2001), el concubinato puede ser perfecto o simple.
El primero es aquel que posee:
 Unión de personas de sexo diferente.
 Comunidad de lecho.
 Aparente fidelidad de la mujer y el hombre.
 Comunidad de habitación y de vida.
 Notoriedad o publicidad de la comunidad de vida.
 Ausencia de las formalidades del matrimonio.
En torno al concubinato simple, es aquel que contiene las notas del
perfecto, excepto la comunidad de habitación. El simple se caracteriza
únicamente por la comunidad de lecho.
Entonces aludiendo a todo lo expuesto, se determina el concubinato
como un concepto jurídico contemplado en el artículo 767 del Código Civil
de 1985 y tiene como característica el que se trata de una unión no
matrimonial en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales
del matrimonio entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada
por la permanencia de la vida en común.

54
2.1.2.1.- DENOMINACIONES
La unión estable de hecho según Estrada citado por Pàrraga (2008, p.
19), la define:
Como la unión duradera, exclusiva y estable de dos personas de sexo

diferente y capacidad suficiente que con ausencia de toda formalidad y
desarrollando un modelo de vida en comunidad como cónyuges,
cumplen espontánea y voluntariamente los deberes de
responsabilidad y solidaridad recíprocos.
Por otro lado, la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, del 15 de julio de 2005, expresa que: El concubinato es
una especie de unión estable de hecho y se refiere a ambas figuras de
manera indistinta por lo que define a la unión estable de hecho así:
Es la cohabitación o vida en común, elemento que puede ser

sustituido por la convivencia en visitas constantes, socorro
mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta, e hijos,
entre un hombre y una mujer, sin impedimentos para contraer
matrimonio, tal unión será con carácter de permanencia (dos
años mínimo), y que la pareja sea soltera, formada por
divorciados o viudos entre sí o con solteros, sin que existan
impedimentos dirimentes que impidan el matrimonio. Y para
reclamar posibles efectos civiles del matrimonio es necesario
que una sentencia definitivamente firme la reconozca, siendo la
relación excluyente de otras con iguales características.
En consecuencia, las uniones de hecho tienen características
particulares, tales como: la cohabitación, convivencia afectiva entre dos
personas, cierta estabilidad y ausencia de formalidades; y tal como lo señala
Pàrraga (2008, p. 21).

55
La sentencia del máximo Tribunal de la República deja abierta la
posibilidad de que por la vía legal puedan tipificarse otro tipo de relaciones
entre hombres y mujeres como uniones estables a los efectos del artículo 77
constitucional, tomando en consideración la permanencia y notoriedad de la
relación, cohabitación, etcétera.
El concubinato de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, del 15 de julio de 2005, le da igual
connotación tanto a la unión de hecho como al concubinato y refiere que el
segundo es “una unión no matrimonial entre un hombre y una mujer solteros,
la cual está signada por la permanencia de la vida en común, siendo la
soltería un elemento decisivo en la calificación del concubinato, tal como se
desprende del artículo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro
Social",
Así lo manifiesta el Tribunal Supremo de Justicia en tal sentencia. De
allí la diferencia entre las uniones estables de hecho y el concubinato, la
cohabitación bajo un mismo techo, pues todos los concubinatos son uniones
estables de hecho, pero no todas las uniones estables de hecho son
concubinato.
Dentro de éste contexto señala González (1999, p. 76), que:
El Concubinato sería aquella unión monogàmica, entre un hombre y

una mujer, sin impedimentos para celebrar matrimonio, cuya unión
reviste carácter de permanencia, responsabilidad, destinada a integrar
una familia, y en cuya unión se comprenden los deberes de
56
cohabitación, socorro y respeto recíprocos, todo realizado dentro de la

apariencia externa de una unión semejante a la del matrimonio.
Para Rodríguez (2006, p. 383), el concubinato puede definirse desde
un sentido amplio y un sentido restringido. En sentido amplio el concubinato
es "una unión de hecho entre un hombre y una mujer, con ánimo de relación
marital”. Tiene además, una característica esencial específicamente
mencionada en nuestro Código Civil en el artículo 767, cual es la soltería de
ambos participantes. Del mismo modo para Rodríguez (2006, p. 385) en
sentido restringido, lo define como "un vínculo entre un hombre y una mujer,
ambos solteros, para vivir juntos con ánimo marital y formar una familia".
De manera que, el concubinato seria la unión entre un hombre y una
mujer con apariencia recíproca de matrimonio, con elementos que lo
caracterizan tales como: la estabilidad, permanencia en el tiempo, debe ser
entre un hombre y una mujer así como también socorro mutuo, convivencia,
pero sin la consagración legal del matrimonio.
2.1.2.2.- SOCIEDAD DE HECHO Y DE DERECHO
Cabanellas (1980, p.54) define la sociedad como tal como la
“agrupación natural o convencional de personas, con unidad distinta y
superior a la de sus miembros individuales, que cumple, con la cooperación
de sus integrantes, un fin general, de utilidad común”.
Ahora bien, desde el punto de vista sociológico según González
(1999), la sociedad se funda en la convivencia y se afirma con la

57
permanencia en el trato. La integra un grupo humano que coopera en la
consecución de un fin común, además de asegurar su propia conservación y
mantenimiento. A la diversidad sexual de hombres y mujeres, la sociedad
agrega casi siempre una base territorial. Se caracteriza por su actuación,
mediante relaciones o en el curso de procesos, pero no en la inconexión
temporalidad o lo fortuito de otros grupos, como la multitud, los
espectadores, los transeúntes.
En torno a la sociedad de hecho, siguiendo a Cabanellas (1980), “se
encuentra que ésta es aquella que siendo lícita no ha llenado los requisitos
legales sobre su constitución o que funciona sin ajustarse al régimen
establecido. En especial la que no consta por escrito”.
En sociedad mercantil, se habla de las sociedades irregulares, que
son aquellas, que no poseen el documento constitutivo, o que, existiendo
éste, no se ha ejecutado la correspondiente publicación.
Solo se diferencias con las regulares, en esas abstenciones, pero que
en la práctica, poseen personalidad jurídica igual, una razón social, entre
otras, y en sí siempre obedecen a las formas de las regulares, aunque no
han llenado tales requisitos, pero, son lícitas. En relación a la sociedad de
derecho, es aquella constituida legalmente, al menos en la forma; y en
cuanto al fondo, mientras no se impugne por vicio o ilicitud y se obtenga el
efecto o aprovechamiento consiguiente. Tácitamente se entienden todas las
que no son calificadas por la especie antiética: la sociedad de hecho.

58
2.1.2.3.- CARACTERÍSTICAS DEL CONCUBINATO
Con respecto a esto consagra González (1999, p. 245) que las
características del concubinato “son aquellos elementos en que se
fundamenta esta institución y las demás uniones no matrimoniales y al
mismo tiempo, con el matrimonio”. La doctrina distingue entre caracteres de
orden interno y los de orden externo.
La inestabilidad de acuerdo con González (1990), constituye la
principal característica del concubinato, que hace difícil, por no decir
imposible, reconocer derechos que sólo subsisten mientras las partes viven
en común y que desaparecen por libérrima decisión cualquiera de ellos.
Según González (1999) ésta es una de las características que más se
mencionan para diferenciar al concubinato con el matrimonio, donde se habla
de que se celebra para toda la vida, mientras que el concubinato, por falta de
formulismo que permiten a cualquier miembro de la pareja separarse sin
ningún tipo de responsabilidad aparente.
Notoriedad de la comunidad de vida para González (1999) otra
característica es que el concubinato debe ser público y notorio. Los
concubinarios deben vivir como tales, y en una especie de estado
matrimonial legítimo, en forma franca e indubitada. Por ello debe tenerla
apariencia de una vida conyugal, toda vez que los concubinos se comportan
como marido y mujer, más aún, como si fueran cónyuges.

59
En el concubinato, a diferencia de otro tipo de uniones, la premisa se
hace bajo la afecttio maritalis, es decir, con la intención de convivir para
siempre, como si fuera un verdadero matrimonio. Y de allí que las llamadas
uniones libres, concepto que en forma latus, puede aplicarse al concubinato
y no en la estricta, tales uniones, son espontáneas y momentáneas y el
comportamiento de la pareja se hace con descaro y por ello, que el caso del
queridato, el amancebamiento y en el adulterio, no existe la publicidad
resuelta. Dicha característica de notoriedad requiere que la unión
concubinaria sea reconocida.
Unión monogámica para González (1999) esta es la otra característica
fundamental, la monogamia que impone la Ley al matrimonio. Esto es tanto
así que, tanto el artículo 767 del Código Civil derogado de 1942 y la misma
norma del Código de 1982, en el primer caso se refería que no podía existir
la unión concubinaria si uno de la pareja era adulterino; mientras que en la
segunda norma, que se refiere que lo pautado en la norma no se aplica si
uno de ellos está casado, lo que quiere decir, que en las condiciones no
puede existir concubinato.
Pinto (1995) considera que para la existencia del concubinato perfecto
se requiere de una aparente fidelidad de la mujer. Aún cuando según el autor
y para la jurisprudencia chilena, esa condición moral se le impone
principalmente a la mujer.
Igualmente dicha característica se refiere a la idea del respeto
recíproco y del compromiso moral que se impone a la mujer de aceptar una

60
modalidad de vida y guarda relación con esta obligación voluntaria que ha
asumido.
De acuerdo con González (1990), el Código Civil venezolano vigente
parte de que solo puede celebrarse el matrimonio entre un hombre y una
mujer, por lo que la unión concubinaria debe obedecer al mismo patrón y por
ello, en ambos, se excluyen todas las relaciones anormales entre personas
del mismo sexo.
Según establece González (1990) al igual que en el matrimonio, en el
concubinato debe existir la intención de permanencia y al mismo tiempo,
expresamos que, cuando se trata de probar la unión concubinaria, el mejor
medio es la posesión de estado, que requiere dentro de sus elementos la
constancia, es decir, su duración en el tiempo. Por ello debe existir la
perseverancia en la relación y la estabilidad en las mismas.
Las intenciones que llevan a una pareja a contraer matrimonio son el
amor, la atracción, el deseo, la aspiración a vivir, y compartir juntos a la
persona que se ama, a la formación de una familia, a la procreación de hijos,
y todo ello requiere de permanencia. Esto mismo sucede, cuando una pareja
decide vivir en concubinato. Y es por ello que las uniones efímeras,
transitorias, accidentales no pueden considerarse como concubinato.
De acuerdo con el artículo 767 del Código Civil venezolano vigente, en
su parte in fine del mismo, se determina expresamente, que no puede haber
concubinato si alguno de los integrantes de la pareja estuviese casado. En
base a ello, los concubinos están siempre bajo la posibilidad de celebrar

61
matrimonio. En este sentido, se debe recordar que los impedimentos para
contraer matrimonio son absolutos o relativos.
A criterio de González (1999) son impedimentos absolutos el sexo,
algunos grados de parentesco y la existencia de un matrimonio anterior. Y
son relativos; la edad, algunos grados de parentesco, la tutela, la curatela,
entre otros. Igualmente se debe descartar la idea de una unión adulterina
que pueda señalarse como concubinaria.
En cuanto a la inexistencia de las formalidades del matrimonio opina
González (1999) que tanto el matrimonio y el concubinato son lícitos y que la
diferencia estriba en la ausencia de formalidades que se requieren para la
existencia del matrimonio, que no existen en el concubinato; pero que, no
impiden tal formalización y que incluso el legislador civil, para ayudar a ello,
ha estipulado el artículo 70 del Código Civil de 1982.
Por otra parte el desenvolvimiento de una vida íntima según el mismo
González (1999) ésta característica supone la existencia de un elemento
subjetivo. Los concubinos, a la par que comparten el mismo hogar, la misma
mesa y el mismo lecho, lo hacen sintiéndose unidos, more uxorio
(costumbres de los casados). Dicho comportamiento pareciera señalar la
existencia de un matrimonio. En relación a este carácter subjetivo, se
producen en correspondencia, dos asomos objetivos de mucha importancia.
Se trata del deber del socorro y el deber de asistencia que se prestan los
concubinos en forma por demás recíprocas.

62
Es que ambos, dentro del campo interpretativo que se adjudica a tales
conceptos al hablar de matrimonio, adoptan una conducta dirigida a
satisfacer tales obligaciones de contenido material, pero también espiritual.
Señala Pereira (citado en González, 1999) que el término socorro
debe entenderse como sinónimo, semejante a ayuda. Los concubinos se han
propuesto una comunidad de fines e ideales a realizar y obtener. Hombre y
mujer voluntariamente, se prestan a compartir una vida común porque creen
tener afinidad en su posición ante la vida y creen también que uniéndose,
pueden obtener más fácilmente la realización de sus mutuos deseos y
aspiraciones.
De acuerdo con Pernía (2001) los elementos del concubinato son:
a) La unión entre un hombre y una mujer: Con este elemento se excluyen
todas las relaciones entre personas del mismo sexo.
b) La comunidad de lecho: La cual se encuentra caracterizada por el
mantenimiento de las relaciones sexuales.
c) Una aparente fidelidad de la mujer: Esta condición moral del concubinato
se visualiza como el respeto del compromiso que se impone la mujer de
aceptar una modalidad de vida que guarde relación con esta obligación
voluntaria que ha asumido.
d) La comunidad de habitación y la de vida: El concubinato se encuentra
caracterizado por la comunidad de vida, esto es por la asociación de
intereses enmarcados de las relaciones frecuentes y continúas de los
concubinos. Claro está por la conjunción de la comunidad de vida y

63
habitación permitirá, por ejemplo, reforzar la presencia de paternidad, le dará
carácter de grave, hará suponer con mayor fuerza que si un hijo ha nacido de
esa unión (que reviste las apariencias de un verdadero matrimonio), él ha
sido lógicamente la obra de los amantes. Pero, ni aún para estos efectos es
indispensable que los concubinos vivan juntos, ellos pueden mantener una
residencia separada, por múltiples motivos, y llevar una existencia común,
con fidelidad de parte de la mujer, que haga aplicable la presencia de
paternidad.
e) La notoriedad de la comunidad de vida: Pero no basta la unión de un
hombre y de una mujer que mantengan relaciones sexuales, guardándose
fidelidad y que comparten una vida en común. Ella puede ser oculta, secreta.
Es indispensable que el concubinato sea notorio, público, que los
concubinos mantengan una especia de estado de esposos legítimos, o, a lo
menos, se comporten como si quisieran adquirir esta posesión de estado,
caracterizada por la trilogía tradicional: nome, tractus y fama.
Su unión pues, debe presentar las apariencias de una vida conyugal,
se insiste en esta idea, de que el falso matrimonio debe vivir moralmente. Y
frente a esta condición surge nuevamente la comparación entre el
concubinato o unión libre y la posesión: como ésta, aquella debe ser continua
no interrumpida, pacífica y pública. Es necesario que por su duración, su
continuidad, sus caracteres específicos, sus resultados, ella de la ilusión de
una unión regular, del mismo modo que la posesión refleja la propiedad.
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f) Ausencia de las formalidades del matrimonio: El concubinato moderno es
un matrimonio aparente, al cual no le falta, para llegar a ser una plena
realidad jurídica, sino el haber sido celebrado ante un oficial del registro civil.
Si los sujetos carecen de un domicilio común, no es posible sostener
la existencia de un concubinato para los diversos efectos que éste puede
invocarse en el ámbito jurídico. Y esta cohabitación implica, por tanto, la
comunidad de vida, es decir, posibilita que la pareja, en mayor o menor
medida, comparta la vida en todos esos aspectos que determinan
situaciones que exigen consideración y solución por parte del derecho, por
ejemplo, derechos sucesorios, responsabilidad solidaria por ante los
proveedores del hogar común, entre otros.
Al hablar de comunidad de vida, no implica que deben compartir lo
que hace a sus actividades individuales, pero si lo que hace a este aspecto
íntimo que, en el ámbito matrimonial es común a los cónyuges. Pero a su vez
la ya mencionada cohabitación debe conllevar la comunidad de lecho, es
decir, la existencia entre los sujetos de relaciones sexuales, o al menos, la
apariencia de ellas, dado el modo íntimo en que comparten la vida. Ahora
bien, el significado de comunidad de lecho, debe reducirse estrictamente a lo
enunciado, es decir, la cohabitación de los concubinos implicará que ellos
mantienen relaciones sexuales o aparentan mantenerlas, sin perjuicio de que
en los lechos haya cesado la relación sexual entre ellos.
Tovar (citado por Pernía, 2001) considera que el concubinato amerita
la existencia de las condiciones siguientes

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a) La unión de personas de sexo diferente.
b) La comunidad de lecho, es decir las relaciones sexuales.
c) Una aparente fidelidad de la mujer.
d) La comunidad de habitación y la de la vida.
e) La notoriedad o publicidad de la comunidad de vida.
f) Ausencia de las formalidades del matrimonio.
g) Que el concubinato y la concubina tengan capacidad legal para contraer
matrimonio.
h) Que si hay hijos de esta unión estos se encuentran en la posesión de tal
estado, aunque no estén reconocidos.
De igual forma Fueyo (citado por Pernía, 2001) señala los siguientes
elementos concurrentes en la unión marital de hecho, capaz de producir
efectos jurídicos.
a) Comunidad de vida: Es absolutamente necesario que ésta unión
reconozca una comunidad de existencias, alrededor de un hombre, en el cual
vive, tanto hacia adentro como hacia fuera, como marido y mujer. De otro
modo la mujer se cambia por el amante, en la apreciación externa y la
apariencia de hogar desaparece, aún en el caso de intensificarse las visitas
del varón en temporadas.
b) Estabilidad y continuidad en esta situación: El vivir junto en un hogar
aparente no sería suficiente si falta la estabilidad y continuidad, y esa
convivencia no pasa de la duración del capricho. Aquí surge el criterio de fijar
un plazo, de tres o más años, o de cinco como mínimo, entre otros, o el

66
supuesto de conformarse con acreditar la intención seria de vivir
establemente una unión marital.
c) Publicidad de la unión: Se refiere a una verdadera posesión de estado
hacia el exterior produciéndose así una apariencia jurídica a través de trato y
fama en el más variado tipo de relaciones, que pueden ser sociales,
económicas, profesionales, entre otras.
d) Fidelidad en la mujer y unilateralidad en el varón: Si bien no hay consenso
unánime sobre este supuesto, buena parte de la doctrina incluye la fidelidad
de la mujer, descontándose la unión marital de hecho cuando la mujer fácil
recibe en el hogar a varias personas extrañas.
e) Capacidad legal para contraer matrimonio: La ficción de matrimonio, y al
encontrarse los sujetos en trance de poder se casar en cualquier momento,
exige precisamente de la capacidad consiguiente, que debe concurrir tanto
en el varón como en la mujer.
Por lo tanto, las características del concubinato vienen a estar determinadas
por aquellos elementos en que se fundamenta esta institución y las demás
uniones no matrimoniales para equiparse a la vez con los efectos propios del
matrimonio contemplado en las leyes nacionales.
2.1.2.4.- LA RELACIÓN CONCUBINARIA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1999
El artículo 77 de la Constitución de la Republica Bolivariana de
Venezuela de 1999, ofrece inicialmente protección al matrimonio

67
monogámico desconociendo las uniones plurales y aun con claro sentido
ético- las uniones de personas del mismo sexo pero además el sentido
protectorio se proyecta a la igualdad absoluta de los deberes y derechos de
los cónyuges, con lo cual y de manera definitiva se concreta la igualdad
plena e inequívoca del hombre y de la mujer en el matrimonio y en la ley.
También la disposición constitucional contiene como proposición
normativa el tratamiento jurídico de las uniones estable de hecho entre un
hombre y una mujer que cumplan con los requisitos que establece la ley y
que en este caso refiéranse al Código Civil y las que directa o indirectamente
se relacionen.
Del mismo modo es conveniente precisar que no cualquier unión de
hecho puede ser sometida a la protección jurídica destinada a las uniones o
relaciones concubinarias pues se necesita además de la unión y los
requisitos que potencialmente contiene las normas especiales; la estabilidad
de esas uniones ya que de lo contrario se incurriría en una distorsión
interpretativa si se pudieran considerar las uniones esporádicas como
concubinato pues obviamente allí no están presentes los elementos que
hacen del concubinato reglado por el orden normativo venezolano, uniones
estables, permanentes y cargadas de afectos, espiritualidad, deseo de
continuación de la especie o progenie, factores sociales como la posesión de
estado (la concubina actúa y es reconocida como que si fuera esposa y el
mancebo –no usamos el termino concubino por la hostilidad con la que la

68
real academia y el derecho venezolano tratan ese vocablo- actúa como un
páter familia, como esposo, como padre de su hijos.
Bocaranda (2001, p. 132). Quien precisa los límites del artículo 77 de
la Constitución Nacional abordando tanto la tesis del enfoque dogmático
como las del enfoque moderno para concluir estudiando los efectos
patrimoniales de ese artículo 77.
Pero antes de preceder al estudio de esas tesis detengámonos en el
análisis general de la comunidad concubinaria.
El artículo 767 de Código Civil (1982), presupone que la relación
concubinaria constituye una unidad de producción. Cuando existe el
concubinato cabal el cual se define como la unión de vidas, permanente
estable y singular de un hombre y de una mujer, conjugado por el lazo
espiritual del afecto, quienes cohabitan como si estuviesen unidos en
matrimonio, con la posibilidad jurídica, inmediata de contraerlo. Pero si esta
la unión no ha producido bienes de alguna significación económica, carece
de objeto el ejercicio de la acción concubinaria patrimonial.
La Constitución de 1999 ha venido a sembrar los fundamentos para
una solución plausible del problema patrimonio-concubinario, al establecer la
igualdad de efectos entre los que genera el matrimonio y los que produce el
concubinato.
Se entiende como patrimonio concubinario, a los efectos del artículo
767 del Código Civil, el conjunto de bienes que logran formar o incrementar
los concubinos durante la vida de la relación.

69
El patrimonio concubinario supone un esfuerzo conjunto que de por si
genera una situación de comunidad, en la cual, por tacita remisión al artículo
760 del mismo código, los bienes pertenecen a los dos concubinos en la
misma proporción, salvo que, aun presumida la comunidad, algunos de ellos
demuestre en juicio la existencia de un pacto previo, en virtud del cual el
patrimonio no pertenecía a los dos en igualdad de partes.
Apoyado en la normativa que rige el patrimonio conyugal, se define al
patrimonio concubinario como el conjunto de bienes que, en un plano de
igualdad, han sido formados o incrementados entre las fecha de inicio y
termino de la relación concubinaria, conjuntamente por ambos concubinos,
mediante su industria, profesión, oficio o trabajo, o por conceptos de frutos,
rentas o intereses devengados durante el concubinato, provenientes de
bienes comunes o de los peculiares de cada uno de ellos.
Sostiene González (2000) todos los bienes existentes durante la vida
concubinaria, salvo que el interesado pruebe que le son propios, concurren a
la integración del patrimonio concubinario, tanto los principios fundamentales
de la igualdad, de la existencia de la comunidad, del comienzo de la
comunidad y de la adefagia patrimonial, como las disposiciones que rigen y
determinan las vertientes de formación de los bienes.
A su vez comenta que en complemento se denomina aporte laboral
toda forma de cuantitativa y cualitativamente determinada, de contribuir a
generar o aumentar el patrimonio concubinario, teniendo en cuenta que

70
todas las formas de aporte tienen el trabajo como fundamento, siquiera
implícito.
Todo acto consciente, teleológicamente determinado, dirigido a la formación
o al incremento de los bienes concubinarios, constituye una forma de aporte
laboral, cuando implica un desgaste físico y psíquico invertido como una
forma de colaboración.
Colaborar puede cualquiera de los concubinos. Pero ello no es
suficiente: se requiere colaborar, es decir, trabajar mancomunadamente,
manifestando preocupación consciente y constante por la economía del
grupo familiar.
El aporte laboral es condición ineludible, esencial, para que puedan
configurarse los conceptos de comunidad concubinaria y de patrimonio
común. Porque mal puede hablarse de comunidad sin la participación de
ambos concubinos. Por ello quien no haya realizado ninguna forma de
aporte, carece de cualidad, no solo jurídica, sino también moral, para
reclamar.
El concubinato cabal exigido por el artículo 767 del Código Civil
(1982), requiere la actividad permanente de un equipo humano, integrado por
ambos concubinos, abocados a la tarea, más o menos organizada, de
sostener e impulsar la vida económica del hogar. Como consecuencia del
hecho mismo de la unión, se supone la formación o el incremento paulatino
de un conjunto de bienes. Por el hecho mismo de la conjunción de
voluntades en torno a dicho objetivo económico, los bienes

71
mancomunadamente formados son propiedad de ambos concubinos y
atendida la situación del uno frente al otro, existe una relación de afecto, no
una relación laboral, como base para la formación o incremento del
patrimonio.
La vigencia de la Constitución venezolana de 1999, obliga a
reflexionar sobre las consecuencias que se derivan del reconocimiento a las
uniones estables de hecho en comparación con el matrimonio, lo cual es
consecuencia de los artículos 75 y 77 del mismo texto legal. El artículo 75
dispone:
El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la

sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo
integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en
la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo
común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus
integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al
padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Contrasta la
redacción de esta disposición con la contenida en el hoy
derogado artículo 63 de la Constitución de 1961, el cual a la
letra decía: El Estado protegerá la familia como célula
fundamental de la sociedad y velará por el mejoramiento de su
situación moral y económica. La Ley protegerá el matrimonio,
favorecerá la organización del patrimonio familiar inembargable
y proveerá lo conducente a facilitar a cada familia la adquisición
de vivienda cómoda e higiénica.
El análisis de esta última disposición lleva a la indiscutible conclusión
que el constituyente de 1961 pretendió, en aquel momento histórico, brindar
protección constitucional a la familia surgida como consecuencia del
matrimonio, en tanto, que el constituyente de 1999 recogió en la norma
contenida en el artículo 75, la realidad existente en nuestro medio en cuanto
a que existen familias que nacen de uniones diferentes a las matrimoniales,

72
las cuales, en atención al principio que prohíbe el trato discriminatorio,
merecen también protección constitucional.
No es casual entonces, que la Constitución venezolana se refiera a las
familias y no a la familia, como se había regulado hasta hoy, tal como ocurre
en otros países, que, además de las familias nacidas del matrimonio, existen
otras que surgen de uniones diferentes.
Tal situación fue descrita por Tudares quien planteó lo siguiente:
Definitivamente se advierte que en nuestro país coexisten diferentes

tipos de familias monoparentales o unipaternales, constituidos por un
hombre o una mujer (viudos, divorciados, solteros con hijos);
paternales o bi-parentales, que pueden ser matrimoniales o no,
nucleares o ampliadas, tomando en cuenta el número de miembros y
el parentesco (consanguíneo o afín), próximo o lejano: multifiliales,
recompuestas o ensambladas, matrimoniales o no, en la cual el
hombre y/o la mujer, tienen hijos provenientes de relaciones
anteriores.” (Tudares 1992, p. 6).
Este planteamiento anterior es lo que sirve de sustento para que en la
exposición de motivos de la Constitución del 1999 predominara el criterio de
la “pluralidad de las familias”. En todo caso, el estado venezolano deberá
proteger a “quienes ejerzan la jefatura de la familia”, en el entendido, como
ya se ha señalado, que en oportunidades serán los dos miembros de la
pareja quienes estén al frente de la conducción familiar, pero también
frecuentemente sólo la madre, o sólo el padre desempeñan ese rol. Resulta
claro que esta nueva concepción del constituyente del 99, se inspiró en las
principales tendencias que se han desarrollado en el derecho comparado y
en los tratados internacionales sobre derechos humanos.

73
Como consecuencia de la previsión constitucional referida infra, es que el
artículo 77 de la Constitución Nacional vigente establece lo siguiente:
Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el

libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y
deberes de los cónyuges.
Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que
cumplan los requisitos establecidos por la ley producirán los mismos
efectos que el matrimonio.
En lo que a los fundamentos jurídicos del nuevo concubinato en
Venezuela se refiere, este básicamente se constituye a partir del artículo 77
antes citado, concatenado con el artículo 75 del mismo texto, los cuales le
dan base a la tesis de la supremacía constitucional, a lo cual se pudiera
alegar que la Constitución en todo Estado agrupa el mínimo de derechos
fundamentales que reconoce y protegen los órganos creados en ese mismo
texto y más aún, ella nace del clamor de un pueblo que demanda para sí a
través de sus representantes, el mínimo de garantías que desean se les
haga valer, y es así como surge el artículo 77 dentro de la Constitución
Nacional aprobada por referendo popular en diciembre de 1999.
Señala además González (2000) Esta Constitución es el producto del
consenso del pueblo de Venezuela, que desde el mismo preámbulo
consagra el respeto a la garantía universal e indivisible de los derechos
humanos, delegando tal protección en el Estado quien debe velar por el
cumplimiento de los principios, deberes y derechos consagrados en ella,

74
así como garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el goce y
ejercicio irrenunciable de los derechos humanos, elevándose como norma
suprema y como fundamento de todo el ordenamiento jurídico, por lo cual
todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están
sujetos a sus principios.
La Constitución, no sólo protege los derechos y garantías en ella
enunciados, sino que también garantiza el goce y disfrute de otros derechos
que siendo inherentes a la persona, no figuran expresamente en ella.
Y la falta de ley reglamentaria no es excusa para negar el ejercicio y
reclamo de estos derechos. De tal manera que en un primer plano tenemos
la invocación de la supremacía de la Constitución que se antepone a normas
tan especiales como el Código Civil (1982); y en efecto al consagrar la
Constitución el artículo 77, está dando fiel protección a la situación que allí se
describe y que ningún juez u otra autoridad puede desconocer, por cuanto
todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los
derechos garantizados por la Constitución es nulo, y los funcionarios públicos
que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y
administrativa, según sea el caso.
Y es por ello que ningún concubino que enfrente esta situación se
puede cohibir de accionar ante un órgano jurisdiccional, en virtud de que toda
persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y en el
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y es tal la garantía de

75
este derecho que ni en caso de situaciones excepcionales, el goce de este
derecho puede ser afectado.
Además el articulista Morao (2009) expresa que el constituyente
venezolano de 1999, como ya lo hemos referido, recogió en texto
constitucional una realidad social que requiere urgente regulación jurídica.
Por lo que pareciera que la protección no debe limitarse al concubinato, vale
decir, a aquellas uniones en las cuales los involucrados no se encuentren
impedidos para contraer válidamente matrimonio, sino también aquellas en
las cuales uno de ellos, el hombre o la mujer, estén unidos en matrimonio, en
el entendido que este tipo de unión tiene en común con el concubinato y el
matrimonio, la particularidad que dan origen a una familia, objeto primario de
protección constitucional y legal.
Resulta obvio que la ley no debería limitarse a proteger aquellos casos
donde el previamente casado mantenga vida en común con el cónyuge y
simultáneamente, comparta la vida en común con otra persona, porque de lo
que se trata es de proteger jurídicamente, a aquel supuesto, en el cual,
habiendo finalizado de hecho, más no de derecho, la relación conyugal, se
ha constituido nueva familia, tal como lo regula el Código Civil de 1982.
Las instituciones no las crea el derecho, solo las regula. Si en la
realidad actual venezolana, como se ha comentado anteriormente, existen
diferentes tipos de familia, el legislador no debe en ningún momento
permanecer indiferente ante esta situación.

76
Por lo que debe ser regulada de manera tal que los derechos
humanos de los miembros de la pareja no se vean de ninguna manera
menoscabados. La tarea que corresponde ahora al legislador y a la
jurisprudencia patria, es de enormes dimensiones. Se trata de resolver los
conflictos que de la trascendente previsión constitucional se derivan, sin
dejar de lado la tradición ética y cultural de nuestro país
2.1.2.5.- ASUNCIÓN DE LOS DEBERES PROPIOS DEL MATRIMONIO
Se parte de una interrogante. ¿Pueden los concubinos celebrar un
contrato donde se obligan a asumir las obligaciones matrimoniales?
Esta pudiera considerarse una pregunta hipotética o especulativa si
nos dejamos llevar por el concepto de contrato, en el sentido de que el
contrato, según el artículo 1.333 del Código Civil como “… una convención
entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o
extinguir entre ellos un vinculo jurídico; y al mismo tiempo, si partimos de la
premisa que el contrato una vez formalizado, constituye ley entre las partes”.
En este sentido Busso (1995, p.122), opina que:
… aun cuando la pareja hubiese celebrado una convención por la cual

uno de ellos o ambos contrajesen algunos de los deberes maritales, ese acto
es nulo, como lo aconsejan razones de política social, a cuya luz, no resulta
admisible atribuir parcialmente los efectos del matrimonio a una convención
que no abraza integra y formalmente su régimen legal, pues conspiraría
contra la difusión de este.
77
Opina Bossert que:
Consideramos que, evidentemente, no pueden asumirse, por

convención entre concubinos, ni uno ni todos los deberes
matrimoniales, porque estos constituyen un estatuto orgánico
que la ley ha estructurado para una institución especifica. Es
decir, para el interés social que sostiene la ley, la vigencia de
dichas obligaciones es consecuencia de la existencia de un
vínculo de matrimonio formalmente contraído. O sea que,
conviniendo los concubinos cumplir determinados deberes
atinentes al matrimonio, no cabe tomarlos como tales, es decir,
otorgarles los efectos jurídicos e implicancias que dichos
deberes tienen dentro del estatuto matrimonial, porque dichos
efectos son exclusivos de este.
Ahora bien, analizada esa hipotética convención desde el campo del
objeto, como elemento esencial para la existencia del contrato, y teniendo
como fundamento el artículo 1.155 del Código Civil (1982), que determina:
“El objeto del contrato debe ser posible, licito, determinado o determinable”, y
si al mismo tiempo se entienda lo licito como: tolerado, consentido,
amparado, autorizado por el ordenamiento jurídico positivo.
En doctrina se define el objeto licito como aquel que no viola el orden
jurídico ni las buenas costumbres, por lo que se deduce que se estará en
presencia de un objeto ilícito, cuando el objeto viole el orden publico o las
buenas costumbres, o viole o contradiga leyes normas imperativas que
tutelan el orden publico y a las buenas costumbres, quiere decir que
estaríamos ante una convención que no puede tener los efectos que los
concubinos pretenden. De lo contrario sería ir en contra del matrimonio
como institución regulada como tal por los ordenamientos legales y al mismo
78
tiempo afectaríamos su esencia como sociedad de derecho y finalmente se
admitieran tales convenciones, se estaría admitiendo al concubinato como
equiparado con la unión matrimonial.
Ahora bien qué pasaría si los concubinos se comprometen a cumplir
determinadas obligaciones que también correspondan al estatuto
matrimonial.
En esta caso, si dicho convenio, no afecta, no contradice principio
jurídico alguno, habrá de tener la eficacia que puede corresponderle, no por
aplicación del estatuto matrimonial, pero si por la de a las normas jurídicas
generales del derecho, es decir, se trataría de una convención mas. Así por
ejemplo, una pareja decide unirse en concubinato y piensan que se aman, y
pretenden formar una verdadera familia y al mismo tiempo cada uno de ellos
o uno solo posee bienes, es perfectamente legal que celebren uno contrato
donde cada uno señale sus bienes, a los efectos de que en el futuro no
puedan confundirse con aquellos otros fomentados dentro de dicha unión y
no puede considerarse una convención que atenta contra las capitulaciones
matrimoniales a celebrar antes de contraer matrimonio.
2.1.2.6.- COMUNIDAD CONCUBINARIA
La doctrina se refiere a la comunidad como la cotitularidad de una
relación jurídica cualquiera, y en base a ello la conceptualiza así “La
comunidad es la atribución a varios sujetos de uno o varios derechos y por

79
ello es toda relación o conjunto de relaciones en que aparecen como sujetos
varias personas conjuntamente”.
La comunidad concubinaria nace por voluntad de la ley. Así entonces,
el artículo 767 del Código Civil (1982), es claro al señalar que “se presume la
comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos caso de unión patrimonial”
Para que nazca la comunidad, en aquellos casos de unión
permanente entre hombre y mujer, lo cual debe ser probado, aunque los
bienes fomentados en dicha comunidad aparezcan a nombre de uno solo de
ellos. Tal presunción, solo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus
respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro.
Finalmente, señala la norma, que no se presume la comunidad
concubinaria, si uno de ellos está casado, situación esta que aunque similar
a la estipulada por la norma derogada, que se refería a que dicha presunción
no se daba, si existía adulterio. La jurisprudencia se refiere al cambio, como
mayor amplitud en el contenido de la norma y que favorece a la concubina,
menospreciada en la situación anterior.
2.1.2.7.- NATURALEZA JURÍDICA
De acuerdo con Pernia (2001, p. 238) para lograr desentrañar la
naturaleza jurídica del concubinato es necesario estudiar las siguientes
teorías:
80
a) Teoría de la sociedad de hecho: La misma señala que puede existir una
sociedad expresamente pactada por los concubinos, sociedad que podría ser
civil o comercial.
No hay ningún inconveniente para ello, por cuando los concubinos no
tienen entre sí inhabilidades para contratar.
En este caso la suerte de los bienes de la sociedad queda regida por los
preceptos legales que reglamentan esos contratos.
En otros casos, podrá existir entre los concubinos lo que se denomina
una sociedad regular de hecho, trátese de una sociedad consensual, como la
colectiva o civil, siempre que concurran los elementos de ésta, es decir,
aporte, participación en las pérdidas y ganancias y la afectio societatis.
Respecto de éste último requisito, cabe advertir que él no puede darse por
existente por el solo hecho del concubinato, sino que su presencia debe
obtenerse de otras circunstancias, como sería, por ejemplo, la cuenta
bancaria a nombre de los dos concubinos.
También puede haber entre los concubinos una sociedad irregular de
hecho, la cual se presentará cuando tratándose de una sociedad solemne,
no se cumple con las solemnidades exigidas por el legislador, por ejemplo en
la sociedad mercantil.
Otras teorías expuestas según Pernia (2001, p. 239):
b) Teoría de la comunidad de bienes: Según la cual entre los concubinos
puede existir una comunidad universal con respecto a los bienes que han
adquirido durante el concubinato, con el esfuerzo común y la cooperación

81
mutua. Fallecida una de las personas que se encontraba ligada por ese
vínculo, sus herederos han pretendido tener derecho a todos los bienes. A
esta pretensión se ha opuesto al concubino sobreviviente, alegando la
existencia de una comunidad y reclamando la mitad de los bienes, derecho
que los tribunales le han reconocido invariablemente.
c) Teoría del enriquecimiento injusto: Conforme a ésta teoría, procede
distribuir igualitariamente al patrimonio adquirido durante la unión marital de
hecho, de otro modo se produciría en el otro compañero en sus herederos un
enriquecimiento injusto. Se requiere el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
Enriquecimiento del demandado: Este enriquecimiento, o atribución de
valores, puede ser de dos tipos, según el procedimiento que da por resultado
tal enriquecimiento, puede ser un beneficio emergente o positivo, cuando el
patrimonio se incrementa por entrada de valores, o puede ser por el ahorro
de un gasto o salida, que se debe a una determinada actividad conducente a
evitar tal egreso o consumo.
Empobrecimiento del demandante: Tal empobrecimiento se produce
cuando se prestan servicios valorables en dinero y estos no son
remunerados. Si la concubina no es retribuida mediante una
contraprestación, esta se empobrece en aquella cantidad que debía serle
dada a cambio del trabajo desempeñado. En efecto la pérdida de una
ganancia equivale a un empobrecimiento.

82
Relación de causa y efecto entre un hecho determinado, por una parte
y el enriquecimiento y empobrecimiento por la otra. En el caso de la
concubina que ha realizado una labor beneficiando a su compañero, la causa
del enriquecimiento de este último no sería el empobrecimiento de la
concubina, sino el trabajo cumplido.
d) Teoría de la equidad: Esta teoría, por su parte, es la que señala que la
partición de los bienes de la sociedad concubinaria deben repartirse por
razón de equidad
En el orden normativo venezolano es necesario que observar con
detenimiento la regulación de la figura jurídica del concubinato en virtud de
que dependiendo del escenario regulatorio estableciendo como punto de
partida, se materializaran consecuencias que pudieran ser diferentes. Se
parte del campo constitucional diciendo que en el texto de la Constitución del
año 1999 se consagra una disposición vinculada al concubinato cuyo
contenido es el siguiente:
Artículo 77.- Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer,

fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los
derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho
entre un hombre y una mujer que cumplan con los requisitos
establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el
matrimonio.
Finalmente, cuando se trata de la naturaleza jurídica en el caso
venezolano, se debe concluir en cuanto a sus marcadas diferencias con el
matrimonio, que no debe ni puede hablarse de una institución y por lo tanto,
no deben ser aplicadas las características propias del vínculo matrimonial,

83
por no estar estas uniones reguladas jurídicamente. Entonces no se puede
deducir que el concubinato sea una institución, pero si una suerte de contrato
sui generis, que a pesar de no estar regulado, si produce en cierta medida
efectos jurídicos en el caso de la existencia de hijos nacidos dentro de estas
uniones.
2.1.2.8.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD CONCUBINARIA
El concubinato es la noción jurídica contemplada en el artículo 767 del
Código Civil y tiene como característica que emana del propio Código Civil
(1982), el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no
se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y
una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en
común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en la calificación del
concubinato, tal como se desprende del artículo 767 del Código Civil
Además de los derechos sobre los bienes comunes que nacen
durante esa unión (artículo 767 eiusdem), el artículo 211 del Código Civil,
entre otros, reconoce otros efectos jurídicos al concubinato, como sería la
existencia de la pretensión páter ist est para los hijos nacidos durante su
vigencia.
1) La convivencia con la parte demandada durante el período alegado.
2) La permanencia y estabilidad de la unión, pues es necesario que la unión
tenga un sentido de permanencia; que sea continua; que la convivencia

84
tenga apariencia de matrimonio, que la relación tenga notoriedad; es decir,
que no sea una relación ocasional, accidental o meramente circunstancial.
Por ello, son factores esenciales la permanencia en la relación y la
constancia en el tiempo, para consagrar los derechos que dicha relación
produce entre la pareja. 3) El hecho de haber contribuido con su trabajo a
favorecer o aumentar el patrimonio.
De lo expuesto, se alude que la presunción de convivencia de la unión
concubinaria, debe referirse al tiempo y el espacio y sobre todo a aquellos
bienes que durante esta unión se hayan adquirido por uno o ambos
concubinos, requiriendo para esto la prueba de la existencia de dicha unión.
2.1.2.9.- ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD CONCUBINARIA
Entendiendo que entre cónyuges no existe la obligación de rendir
cuentas fundamentalmente porque ellos no administran bienes ajenos, sino
bienes que les pertenecen en propiedad a ambos. La obligación de rendir
cuentas presupone que una persona administre bienes que pertenecen a
otro. En el matrimonio ambos cónyuges son recíprocamente administradores
de los bienes comunes, es decir, de los bienes adquiridos durante el
matrimonio los cuales les pertenecen a partes iguales. Por esta razón no
existe una norma dentro del articulado que regula el régimen de los bienes
matrimoniales que estipule la obligación a cargo de uno de los consortes de
rendir cuenta al otro de la administración de tales bienes. Recuérdese que la

85
administración de los bienes comunes la tienen ambos cónyuges conforme lo
disponen los artículos 150 y 1.668 del Código Civil (1982), de modo que mal
podría pretenderse que sólo uno de los cónyuges esté obligado a rendir
cuentas pormenorizadas al otro de los negocios relacionados con los bienes
de la comunidad de gananciales.
Ahora bien, expresa González (2000, p 257) al equipararse al
matrimonio, el género “unión estable” debe tener, al igual que éste, un
régimen patrimonial, y conforme al artículo 767 del Código Civil (1982),
correspondiente al concubinato pero aplicable en la actualidad por analogía a
las uniones de hecho, éste es el de la comunidad en los bienes adquiridos
durante el tiempo de existencia de la unión. Se trata de una comunidad de
bienes que se rige, debido a la equiparación, que es posible en esta materia,
por las normas del régimen patrimonial-matrimonial.
El mismo autor refiere a diferencia de lo que sucede en otros
regímenes de comunidad de bienes en los que por convenio entre los
copartícipes es posible atribuir la administración de los bienes comunes a un
condómino o a una pluralidad de de condóminos con exclusión de los demás,
tal pacto no es posible en el matrimonio ni en el concubinato en los que la
administración corresponde, salvo alguna excepción como la prevista en el
artículo 168 del Código Civil (1982), a ambos comuneros (cónyuges o
concubinos).
86
2.3.1 CRITERIOS JURISPRUDENCIALES REFERIDOS A LA UNIÓN
ESTABLE DE HECHO.
A continuación se hace mención sobre la equiparación del
concubinato con el matrimonio, dentro del ordenamiento jurídico venezolano,
tomando en cuenta diversos criterios doctrinales y muy especialmente el
criterio del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto a dicha equiparación.
En tal sentido también se conoce acerca de la comunidad concubinaria, y
como esta vista por el ordenamiento jurídico en el momento de adquirir
bienes.
2.1.3.1 LA EQUIPARACIÓN ENTRE EL MATRIMONIO Y LA UNIÓN
ESTABLE DE HECHO O CONCUBINATO
Hoy se advierte en muchos países, y Venezuela no escapa a este
movimiento, la tendencia hacia la equiparación del concubinato con el
matrimonio, prohibiéndose la discriminación entre hijos legítimos y naturales,
reconociéndose iguales derechos a estos frente a aquellos y tratándose de
poner término, en todos los órdenes, a las diferencias derivadas de la
filiación, que con frecuencia perjudican a quienes han sido procreados fuera
del matrimonio. En este sentido se realizó la última modificación del Código
Civil en julio de 1982. Antes de 1982, el concubinato era prácticamente
ignorado por la legislación venezolana, pese a que constituía, y aun
constituye, la mayoría de las uniones mediante las cuales se procrean hijos,

87
es decir, que existían y todavía existen más uniones concubinarias que
matrimoniales.
Hasta la promulgación del Código Civil de 1982, sólo habían existido
intentos doctrinarios y jurisprudenciales, que trataban de deducir derechos a
favor de la concubina que trabaja, sobre los bienes adquiridos por el hombre
durante el concubinato. Fue así que se sancionó la disposición del artículo
767 del Código Civil (1982) que consagra la llamada “comunidad
concubinaria”, debiendo observarse que se trata sólo del reconocimiento de
derechos patrimoniales; mientras que en el campo de los derechos
personales, no existe ninguna disposición en la reforma del Código.
Siendo el concubinato una relación de hecho a la cual el ordenamiento
jurídico le atribuye consecuencias de derecho; nuestro sistema legal, como
muchos otros, ha reconocido los efectos jurídicos producidos por esta
situación de hecho, más aun, el artículo 77 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (1999) consagra el siguiente principio supra legal:
Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el

libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y
deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho de entre un
hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley
producirán los mismos efectos del matrimonio.
Así, el concubinato es reconocido en derecho y produce, según la
Constitución de 1999, cada uno de los efectos del matrimonio en cuanto le
sean aplicables. Sin embargo, calificar una relación de hecho entre un

88
hombre y una mujer como concubinaria, no resulta de la simple afirmación de
uno de los sujetos que se postula en tal carácter, ya que el concubinato es
toda una institución jurídica que requiere llenar ciertos presupuestos para
afirmar su existencia.
La legislación venezolana en los últimos tiempos ha tratado de
reconocer los efectos derivados de la comunidad concubinaria pero de una
manera dispersa y muy generalizada, no existiendo una compilación o
codificación homogénea que trate al respecto.
Sin embargo es posible verificar que nuestra actual Constitución
Nacional (1999) reconoce la pluralidad de las familias; es decir, no
circunscribe el nacimiento de las mismas exclusivamente al matrimonio, sino
que el legislador se percata de que resulta necesario elevar a rango
constitucional de igual modo a aquéllas surgidas de las uniones estables de
hecho, pues la regla cuenta con un fin específico y deja de ser una simple
exigencia de carácter formal sin relación alguna con la realidad social de la
nación. Dicho fin consiste en proteger a la familia dentro de la cual se
fomentan los valores principales de la sociedad, procurando así el adecuado
crecimiento ético y personal de todos los individuos ciudadanos de la
República, a través de la intermediación de la ley.
En tal sentido el artículo 767 del Código Civil Venezolano (1982)
establece:
89
Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos

casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su
caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado
aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a
nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales
entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno
de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se
aplica si uno de ellos está casado.
Queda entonces eliminada la discriminación presente entre "familia
matrimonial" (legal) y "familia concubinaria" (natural), ya que siempre y
cuando tal unión estable de hecho entre un hombre y una mujer cumpla con
los ya expuestos requerimientos del artículo 767 del Código Civil (1982), tal
como la estabilidad que debe existir en la pareja goza entonces de la
igualdad que se merece emanando los mismos deberes y derechos que
dicha institución (matrimonio), bien sea que ellos estén expresados en el
Código o en la propia Constitución.
Por otro lado en el proyecto de la (Ley de protección a La familia, la
Maternidad y la Paternidad), Capítulo II define las uniones estables de hecho
en su artículo 40 se establece:
El Estado protege la relación de pareja de un hombre y una

mujer solteros, divorciados o viudos, originada por efecto de la unión
estable de hecho, con más de cinco (5) años de constituida,
fundamentados en el libre consentimiento y la igualdad de derechos y
obligaciones, con hogar común y conocida pública y notoriamente en
la sociedad circundante a su domicilio y la existencia entre ellos de
impedimentos no dirimentes a su estado civil.
En este mismo sentido la Sala Constitucional en sentencia N° 1.682
de fecha 15 de julio de 2005 determinó que “unión estable es el género, y el

90
concubinato una de sus especies”. Igualmente estableció “que el concubinato
es por excelencia la unión estable”.
Lo anterior no significa que la ley no pueda tipificar otros tipos de
relaciones entre hombres y mujeres como uniones estables a los efectos del
artículo 77 de la Constitución Nacional (1999), tomando en cuenta la
permanencia y notoriedad de la relación o cohabitación.
La existencia del estado de familia que genera el concubinato da
cabida al surgimiento de un Derecho, llegando a la situación de que se
originen negociaciones y relaciones jurídicas de la pareja (o uno de sus
miembros) con terceros, tal como si fuesen un verdadero matrimonio,
gozando de sus aparentes efectos pertinentes.
Así, esta simulación de un matrimonio en una unión estable de hecho
debe ser debidamente probada a través de presunciones, demostración por
excelencia en estos casos según la doctrina venezolana, bien sean iuris
tantum (que admiten prueba en contrario) o bien iuris et de iure (que no
admiten prueba en contrario); señalando la certeza del parentesco que
relaciona a la pareja envuelta en la negociación.
Al respecto el Código Civil (1982) en el antes citado artículo 767
consagra entre los concubinos, una comunidad que abarca y comprende en
principio todas las ganancias habidas a título oneroso por uno y otro de ellos,
durante todo el tiempo que haya durado su unión no matrimonial. Se
establece que comunidad concubinaria no existe en todos los casos de
uniones extramatrimoniales; sino que para que pueda admitírsele, hace falta
91
que concurran determinados supuestos como: (a) la convivencia no
matrimonial permanente.
Con respecto a este supuesto López (1998 p. 107) señala: “la
presunción de comunidad solo funciona cuando la unión no matrimonial del
hombre y la mujer pueda calificarse como permanente, es decir, more uxorio”
Por otra parte Bianco (2007 p.242), señala:
El legislador de 1982, en aras de mantener la igualdad de derechos

para ambos sexos, que es el espíritu y razón esencial de la reforma
establece tanto para el hombre como para la mujer la presunción de
haber contribuido en la formación o aumento del patrimonio en
comunidad.
Luego, la comunidad concubinaria según Tovar (1974 p.53) señala:
Se vincula a un "cuasi-contrato de comunidad" en cuanto a las

relaciones económicas de la pareja que conforma la unión de hecho;
debido a que puede considerarse que poseen todas las características
del mismo, entre ellas voluntariedad (la unión proviene de un mutuo
acuerdo), licitud (ya que no existe norma alguna en nuestra legislación
que considere al concubinato como un delito), así como el hecho de
que el trabajo (de ambos o de uno solo) también es deliberado y legal,
y genera un deber recíproco entre las partes.
Además de esto, Tinoco (1930 p.18) define “las relaciones
patrimoniales entre el concubinario y la concubina deben ser consideradas
como una sociedad conyugal de hecho.”

92
Anteriormente a la Sentencia de la Sala Constitución del 15 de Julio
del 2005, la doctrina señalaba y de hecho el citado artículo 767 del Código
Civil (1982) establecía una presunción a la comunidad en el concubinato, el
cual no abarca ni comprende: los bienes adquiridos por cada uno de los
concubinos con anterioridad a la iniciación de su vida en común o con
posterioridad a la terminación de la misma; ni los bienes que adquiera
cualquiera de ellos por negocios jurídicos a título gratuito, sean estos entre
vivos o mortis causa; como tampoco la plusvalía de dichos bienes, salvo que
provenga de mejoras efectuadas por el trabajo de alguno de los concubinos
o con dinero de cualquiera de ellos que no le pertenezca en exclusividad.
Según la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia del 15 de julio de 2005, surgen cambios profundos en el régimen
concubinario del artículo 767 del Código Civil (1982) ya que existiendo la
unión estable o permanente no hay necesidad de presumir legalmente
comunidad alguna ya que existe de pleno derecho –si hay bienes- con
respecto de lo adquirido, al igual que en el matrimonio, durante el tiempo que
duró la unión y, como comunidad, no es que surte efectos legales entre ellos
dos y entre sus respectivos herederos, o entre uno de ellos y los herederos
del otro, como lo contempla el artículo 767 del Código Civil (1982), sino que,
al igual que los bienes a que se refiere el artículo 168 del Código Civil (1982),
los terceros que tengan acreencias contra la comunidad podrán cobrarse de
los bienes comunes, tal como lo pauta dicha norma.

93
En todo caso y a lo expuesto anteriormente se pude decir sin ninguna
vacilación que el concubinato y el matrimonio dentro del ordenamiento
jurídico venezolano, mantienen el mismo nivel, se pudo ver como dentro del
concubinato, por ejemplo, al momento de adquirir bienes así estos estén a
nombre de uno solo de los concubinos igual forman parte de un todo, y serán
heredados por los hijos en caso de haberlos dentro de la unión, la única
diferencia con el matrimonio es que este es una unión legal, ratificada
mediante un documento que crea una sociedad, y como tal obliga a los
cónyuges que en el caso de adquirir bienes dentro del matrimonio tengan
que ser firmados por ambos. Sin embargo dentro del ordenamiento jurídico
ambos casos deben cumplir con una serie de requisitos para demostrarse de
hecho.
2.1.3.2.- LA UNIÓN MORE UXIORIO Y SU DECLARACIÓN JUDICIAL
Otro aspecto a tratar son las uniones estables de hecho y su
declaración judicial tras la disolución de la misma, si efectivamente se puede
y debe declarar dicha existencia legal para luego poder recurrir a la
separación de la comunidad y posterior repartición de bienes, todo esto
debido a que el ordenamiento jurídico lo equipara con el matrimonio.
En tal sentido la (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
en sentencia Nº 1682, de fecha 15 de julio de 2005) Refiriéndose al
concubinato, resuelve lo siguiente. “Se trata de una situación fáctica que

94
requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta
las condiciones de lo que debe entenderse por vida en común”
En adición:
En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles

efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable”
haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una
sentencia definitivamente firme que la reconozca.
En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión
estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin
De lo resuelto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia se puede deducir que en todo caso para la existencia de la unión
fáctica se requiere de la declaración judicial, pero que además para reclamar
los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión
estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una
sentencia definitivamente firme que la reconozca, dictada en un proceso con
ese fin.
La certeza jurídica se establece, entonces, mediante la fijación de los
hechos por el juez a través de la actualización de los mismos en el tiempo
que ocurrieron o tuvieron lugar durante la convivencia para que la misma sea
tal (more uxorio) y así poderlos calificar jurídicamente y originar sus
consecuencias con los elementos de convicción, y producir la sentencia
declarativa, no constitutiva de derechos; declarativa porque como afirma la
Sala Constitucional, dado el carácter vinculante de la misma, conforme a lo
establecido en el artículo 335 de la Carta Magna, ordena la publicación del

95
fallo en la Gaceta Oficial de la República, sin perjuicio que desde que entró
en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1982),
los derechos de los concubinos han quedado reconocidos
constitucionalmente.
Aunque los concubinos quieran demostrar la unión concubinaria por
medio de algún documento público o autenticado, la doctrina
mayoritariamente hace prevalecer el criterio conforme al cual para la
comprobación de la existencia de la unión more uxorio o concubinaria entre
un hombre y una mujer, es absolutamente necesario la sentencia judicial,
que es el acto que le da certeza y eficacia jurídica.
Gilberto Guerrero Quintero (2008, p 220) Sostiene:
La decisión judicial no tiene naturaleza constitutiva sino declarativa,

pues la declaración le da certeza jurídica a la sociedad patrimonial y ello
obedece a que la certeza jurídica en referencia no constituye requisito
esencial para la existencia, sino para la seguridad jurídica.
Antes de la declaración judicial de existencia la unión convivencial
tiene existencia por sí misma, desde el momento en que se reúnan las
condiciones exigidas para ello en el Código Civil Venezolano (1982), aun
cuando no haya sido declarada judicialmente y, por lo tanto, también carezca
de la aludida certeza jurídica, que impide los efectos jurídicos que le otorga la
Constitución Nacional (1999) y la ley. Por eso, la declaración hace producir
los efectos desde que la unión se creó y hacía el futuro y no desde que la
sentencia quede firme.

96
En todo caso si los concubinos han otorgado un documento público o
auténtico que determine la existencia de dicha unión aun así el problema no
se reduce sólo a su demostración instrumental. Ese instrumento sin ninguna
duda que la demuestra siempre que esa unión sea calificada de estable, que
entre otras exigencias haya habido cohabitación o vida en común, con
carácter de permanencia y notoriedad, sin que existan impedimentos
dirimentes que impidan el ejercicio de la capacidad convivencial. En todo
caso el problema estaría en la comprobación de su inicio, de no expresarse
nada al respecto en ese instrumento, y es que el inicio tiene importancia en
varios aspectos, y uno de ellos corresponde al patrimonial para conocer si los
bienes adquiridos por uno solo de los convivientes pertenece o no a la
comunidad concubinaria, dependiendo que uno de los mismos no esté
casado, dentro de la temática que construye el antes citado artículo 767 del
Código Civil (1982) y conforme a la tutela prevista en el artículo 77 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
Además, la estabilidad de esa unión concubinaria resulta importante
en orden a la propia permanencia, porque aquella declaración de emitirse
únicamente para manifestarla, por motivos incluso fuera de lo real, sin que
contenga expresado el tiempo que ha durado la misma, habría también que
comprobarlo para los diversos efectos establecidos en la ley. Aquel
instrumento público o auténtico puede verse reducido a una simple
declaración bilateral, si la convivencia que indica sus otorgantes carece de la
exigida estabilidad a que se refiere el artículo 77 de la Constitución

97
venezolana, no obstante poder constituir una importante presunción para
contribuir a la demostración de la existencia de la unión convivencial.
Ahora bien y siguiendo con el mismo punto la Sala Constitucional,
sentencia Nº 1682, de fecha 15 de julio de 2005, expresa lo siguiente:
Como, al contrario del matrimonio que se perfecciona mediante el acto

matrimonial, recogido en la partida de matrimonio, no se tiene fecha
cierta de cuándo comienza la unión estable, ella debe ser alegada por
quien tenga interés en que se declare (parte o tercero) y probada sus
características, tales como la permanencia o estabilidad en el tiempo,
los signos exteriores de la existencia de la unión (lo que resulta similar
a la prueba de la posesión de estado en cuanto a la fama y el trato, ya
que la condición de la pareja como tal, debe ser reconocida por el
grupo social donde se desenvuelve), así como la necesidad de que la
relación sea excluyente de otra de iguales características, debido a la
propia condición de la estabilidad.
De allí entonces considera la Sala que, para reclamar los posibles
efectos civiles del matrimonio, es necesario que la unión estable haya sido
declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia
definitivamente firme que la reconozca.
Por último, para la Sala Constitucional, en la decisión interpretativa (Nº
1682, de fecha 15 de julio de 2005) expresa lo siguiente
Debido a los efectos y alcances señalados, la sentencia que declare la

unión, surtirá los efectos de las sentencias a que se refiere el ordinal
2° del artículo 507 del Código Civil el cual se aplicará en toda su
extensión, menos en lo referente a la necesidad de registro de la
sentencia, lo cual no está previsto – por lo tanto carece de
procedimiento - en la Ley.
98
Significa, entonces, que la sentencia mero declarativa definitivamente
firme, sobre la existencia de la unión more uxorio, no requiere de su inserción
en el registro respectivo para que de inmediato produzca plenos efectos;
pero dentro del año siguiente a su publicación podrán los interesados que no
intervinieron en el juicio, demandar a todos los que fueron parte en él, sin
excepción alguna, para que se declare la falsedad del estado reconocido en
el fallo impugnado, pero no tendrán este recurso los herederos ni los
causahabientes de los convivientes more uxorio en el primer juicio, ni los que
no intervinieron en él a pesar de haber tenido conocimiento oportuno de la
instauración del procedimiento.
Esto indica que los terceros, así como pueden solicitar se declare
aquella unión convivencial, en acción principal o como terceros
coadyuvantes, también pueden pedir se declare la falsedad del estado
convivencial more uxorio, que fue declarado mediante sentencia
definidamente firme, de no haber tenido conocimiento oportuno de la
instauración de ese procedimiento.
En tal sentido entonces para probar la existencia del concubinato
dentro del ordenamiento jurídico venezolano, se hace esencialmente
necesario que deba haber una sentencia definidamente firme que surta
efectos de declarativa de la misma unión, y es a partir de entonces cuando
se debe comenzar con los trámites legales para la separación del patrimonio
obtenido de dicha unión cabe destacar además que esta sentencia
declarativa del concubinato no necesita ser registrada para que surta efecto
99
si no que desde el momento que el fallo queda definitivamente firme
comienza a surtir efectos.
2.1.3.3.- ACCIÓN CONCUBINARIA DECLARATIVA Y ACUMULACIÓN DE
PRETENSIONES
Se plantea si es posible o no acumular dentro de un mismo proceso la
declarativa del concubinato y además la partición de bienes de la comunidad
concubinaria. Por otro lado a que tribunal corresponde la competencia de la
declaración de la unión concubinaria en el caso de haber procreado hijos
dentro de ella, o solo cuando la acción declarativa se da entre adultos, se
explicara además mediante la jurisprudencia
En tal sentido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de
Justicia, en sentencia RC- 00176 del 13 de marzo de 2006 (caso: Ingrid
Reyes Centeno contra Roberto Jesús Blanco Colorado, resolvió lo siguiente:
La Sala observa, que en el caso que nos ocupa se acumularon dos

pretensiones en el libelo de demanda: la acción mero declarativa de
reconocimiento de unión concubinaria y la de partición de bienes de la
comunidad, que no podían ser acumuladas en una misma demanda,
pues es necesario que se establezca en primer lugar judicialmente la
existencia o no de la situación de hecho, esto es, la unión
concubinaria; y, una vez definitivamente firme esa decisión, es que
podrían las partes solicitar la partición de esa comunidad, de lo
contrario el juez estaría incurriendo en un exceso de jurisdicción.
100
De nuevo la Sala de Casación Civil en decisión RC-00384, del 6 de junio de
2006 caso: Vestalia de La Cruz Ron contra Isabel Cheksbir de Fernández y
otros, decidió:
Por aplicación de los anteriores criterios jurisprudenciales al caso de

marras, los cuales se reiteran en este fallo, si la demandante pretende
partir y liquidar los bienes habidos en la comunidad concubinaria que
afirma existió entre ella y su difunto concubino, ha debido acompañar
al escrito introductorio de la demanda copia certificada de la
declaración judicial de la existencia del mismo.
En adición:
Que mediante esta acción la parte actora pretende la liquidación y

partición de una comunidad concubinaria que aún no ha sido calificada
como tal por juez alguno; por consiguiente, la presente demanda no
debió ser admitida porque mal pueden liquidarse y partirse los bienes
de una relación de hecho estable, como lo es el alegado concubinato,
que aún no ha sido reconocida judicialmente.
Por su parte, Juan José Bocaranda, 200,1 p 34, sostiene que.
Se entiende como acción concubinaria declarativa aquélla que

interpone un concubino contra el otro, para que, declarada por el
Tribunal la configuración de la relación extramatrimonial, y establecida
la existencia de la comunidad de bienes, se condene al demandado a
entregar al demandante la parte del patrimonio que le corresponde
Se entiende entonces que cuando el concubino o la concubina piden
al juez o tribunal que declare la existencia de la unión more uxorio, está
pretendiendo la búsqueda de la certeza jurídica de la misma, para que
produzca los efectos legales correspondientes. Sin embargo, la aspiración de
quien pretende no es quedarse en la sentencia mero declarativa, sino ir más
allá de la misma y con fundamento en la misma y ante la presunción de
comunidad de los bienes habidos durante la unión y con lo pautado además

101
en el artículo 767 del Código Civil (1982), se proceda a la partición de los
bienes comunes.
En todo caso y así lo afirma la antes citada sentencia del Tribunal
Supremo de Justicia, se hace necesario que primero haya una sentencia
definitivamente firme que pruebe la existencia de una unión concubinaria
para luego entonces proceder con la acción correspondiente a la partición de
bienes adquiridos dentro de la unión concubinaria. El Tribunal Supremo de
Justicia, entiende en dicha sentencia, que por ser de carácter diferente
ambas pretensiones no podrían acumularse en un mismo proceso debido a
que no se podría hacer la partición de una comunidad concubinaria sin antes
probar su previa existencia mediante sentencia.
Con respecto al tribunal competente para conocer de la acción mero
declarativa de la unión concubinaria se extrae un texto de la decisión número
34 de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en fecha 7
de junio de 2012, en la cual se estableció lo siguiente.
A juicio de esta Sala Plena, no cabe la menor duda que en el literal l

del parágrafo primero del artículo 177 de la Ley Orgánica para la
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, reside el conferimiento a
la jurisdicción especial de niños, niñas y adolescentes de la
competencia para conocer y decidir lo tocante a las acciones mero
declarativas de uniones concubinarias, pues, aun cuando en su texto
no se contempla ni se alude expresamente a las citadas acciones
mero declarativas, la interpretación progresiva de dicho dispositivo
normativo a la luz de los valores, principios y preceptiva constitucional,
así como su desarrollo legislativo y jurisprudencial, razonable y
coherentemente conduce a tal conclusión. Tanto más cuanto que, la
norma jurídica bajo análisis, contempla las uniones estables de hecho,
las cuales fueron calificadas por la Sala Constitucional como
equivalentes a las uniones matrimoniales, en sentencia número 1682
de fecha 15 de julio de 2005, a propósito de la interpretación que
102
realizara sobre el artículo 77 de la Constitución de la República

Bolivariana de Venezuela. En dicho fallo, categóricamente afirmó el
máximo órgano de interpretación constitucional, que “…en los
procesos tendientes a que se reconozca el concubinato o la unión
estable, se podrán dictar las medidas preventivas necesarias para la
preservación de los hijos y bienes comunes.”. En suma, de la
valoración de los lineamientos que se infieren de la interpretación del
artículo 77 constitucional, conjuntamente con lo establecido en el
precitado artículo 177, lo procedente conforme a lo contemplado y a la
progresiva orientación humanista del sistema jurídico positivo patrio,
es que la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y
adolescentes sea la que conozca de los juicios destinados al
reconocimiento judicial de uniones concubinarias.
En relación con el segundo punto en que se sustenta el criterio que
actualmente acoge la Sala Plena, vale decir, la no afectación directa ni
indirectamente de los derechos e intereses de los niños, niñas y
adolescentes, con ocasión al ejercicio de una acción mero declarativa de
unión concubinaria, además el Tribunal Supremo de Justicia en decisión
número 34 de la Sala Plena, publicada en fecha 7 de junio de 2012 precisó lo
siguiente:
El reconocimiento judicial de una unión estable de hecho, indiscutible

y evidentemente surte un conjunto de efectos jurídicos en el mundo
del derecho, particularmente, en el campo de las relaciones entre las
personas involucradas directa e indirectamente en la misma y, en lo
relativo a la cuestión patrimonial. Otras relaciones y consecuencias
jurídicas, no tan nítidas y notorias como las mencionadas, pero al
mismo tiempo, no menos importantes, por consiguiente, trascendentes
para la protección integral de la persona humana, primordialmente en
su especial etapa de niñez y adolescencia, están presentes en la
familia, en tanto, concreción y expresión de una asociación creada por
un hombre y una mujer, y fundada en el afecto. El desarrollo de la
familia, vale decir, la procreación de descendencia, no sólo es el
medio natural que conduce a la consolidación de la asociación
familiar, sino que ello se traduce en una fuente de deberes y derechos
para el padre y la madre, que su observancia o desconocimiento
103
inevitablemente incidirán en la formación de los niños, niñas y

adolescentes.
Entonces de lo previamente citado se concluye que, es imposible no
afectar del todo a los niños, niñas y adolescente a propósito de un
procedimiento de reconocimiento judicial de unión concubinaria, debido que
en el reconocimiento judicial de la base de la familia, es decir, el
reconocimiento de la unión estable de hecho, comporta e implica la
consideración de un conjunto de relaciones y dinámicas que trascienden el
estricto enfoque civilista, es decir, aquel vinculado con el estado de las
personas y su patrimonio, de allí que, garantizar la protección de niños, niñas
y adolescentes, exige el análisis global de la dinámica familiar y social en que
se desenvuelve, pues estos factores, inobjetablemente repercutirán en la
formación de su personalidad, razón por la cual, en todo caso se concluye
que el juez más idóneo para juzgar dicha acción debe ser el integrado a la
jurisdicción especial para la protección de niños, niñas y adolescentes,
porque las autoridades públicas que desempeñan dicha función, han sido
expresamente capacitadas para proporcionar las soluciones que amerita la
compleja y especial situación que significa e implica biológica, sicológica y
socialmente la niñez y adolescencia.
En este sentido entonces se puede ver que debido a los diversos
criterios del Tribunal Supremo de Justicia, no se pueden acumular
pretensiones en un mismo juicio que tengan procesos diferentes, en tal
sentido sería necesario primero declarar de manera firme la existencia de

104
una unión concubinaria para poder proceder a la partición de bienes
procedente de dicha unión y que además en el caso de que dentro de la
unión concubinaria se hayan procreado hijos menos de edad o adolescentes,
el juez más competente para conocer dicha declarativa es el concerniente a
la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, toda vez que es este juez el
más capacitado debido a sus conocimientos especiales en la materia.
3.- SISTEMAS DE CATEGORÍAS
3.1.- DEFINICIÓN NOMINAL
Competencia legal objetiva
3.2.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Según Couture (1976, p. 155) señala que la “competencia es la
medida de jurisdicción asignada a un órgano del Poder Judicial, consistente
en la determinación genérica de los asuntos en los cuales es llamado a
conocer, en razón de la materia, cantidad y lugar”.
3.3.- DEFINICIÓN OPERACIONAL
La legislación Venezolana establece la competencia dentro del artículo
3 del Código de Procedimiento Civil (1987) “La jurisdicción y la competencia
se determinaran conforme a la situación de hecho existente para el momento

105
de la presentación de la demanda y no tienen efecto respecto de ella los
cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa”.
3.4.- DEFINICIÓN NOMINAL
Concubinato
3.5.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Según Cabanellas (1980, p. 286) establece que “se puede definir el
concubinato como aquella relación de un hombre con su concubina (la vida
marital de ésta con aquel). Estado en que se encuentra el hombre y la mujer
cuando comparten casa y vida como si fueran esposos, pero sin haber
contraído ninguna especie de matrimonio”.
3.6.- DEFINICIÓN OPERACIONAL
Dicha unión está garantizada en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. Así, el artículo 77 de la Carta Fundamental
protege las relaciones concubinarias al establecer: “Las uniones estables de
hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos
en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
La ley presume la existencia de la comunidad cuando la mujer o el
hombre en su caso, han vivido permanentemente y han contribuido a formar
un patrimonio aunque los bienes aparezcan a nombre de uno solo de ellos.

106
CUADRO 1
OPERACIONALIZACIÓN DE LA CATEGORÍA
OBJETIVO GENERAL
Analizar jurisprudencialmente la competencia legal objetiva por la materia para
conocer de la acción mero declarativa de existencia de la unión concubinaria.
Objetivo
Específico Categoría Sub categoría Unidad de Análisis
Fundamentos de la competencia.
Analizar los criterios Criterios objetivos Clasificación de la competencia.
objetivos de la de la competencia Factores que determinan la
competencia según según la competencia.
la legislación y la legislación y la Límites de la competencia externa en
doctrina en doctrina en el procedimiento civil venezolano.
Venezuela Venezuela Competencia por la materia
Competencia por la cuantía
Competencia por el territorio.
Conflictos de competencia.
Denominaciones
Competencia legal Sociedad de hecho y de derecho
Analizar el objetiva por la El Concubinato o Características del concubinato.
concubinato o unión materia para unión estable de Relación concubinaria desde la
estable de hecho conocer de la hecho dentro del Constitución de 1999.
dentro del acción mero ordenamiento Asunción de los deberes propios del
ordenamiento declarativa de jurídico matrimonio.
jurídico venezolano existencia de la venezolano Comunidad concubinaria.
unión concubinaria. Naturaleza jurídica de la comunidad
concubinaria.
Características de la comunidad
concubinaria.
Administración de la comunidad
concubinaria.
La equiparación entre el matrimonio y

Analizar los criterios Criterios la unión de hecho o concubinato.
jurisprudenciales Jurisprudenciales Unión MORE UXORIO y su
referidos a la unión referidos a la declaración judicial.
estable de hecho. unión estable de Acción concubinaria declarativa y
hecho acumulación de pretensiones.
Fuente: ANDRADE, GOVEA, GUTIÉRREZ (2014).

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9

1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Tomando como base el derecho procesal civil venezolano se han

realizado una serie de investigaciones que conllevan a la obtención de

determinados trabajos especiales de grado que sirven como referencias para

el estudio del tema planteado.

Este tratado acerca de la competencia legal objetiva da inicio con los

aportes tomados de la investigación realizada por Olga Quintero de

Peñaranda (2007) acerca de “La regulación de la competencia en el

procedimiento civil venezolano”. Trabajo Especial de Grado para optar al

título de magister en derecho procesal civil en la Universidad del Zulia.

Esta investigación tiene como propósito analizar la regulación de la

competencia en el proceso civil venezolano. Para tal fin se realizó una

investigación documental-jurídica. En dicho trabajo se trató de conocer los

elementos doctrinarios básicos y las reglas de la competencia en los

procesos judiciales en el marco de la legislación venezolana. Asimismo,

facilita el conocimiento más efectivo y pertinente en el manejo del trámite

inicial para establecer la competencia, su procedimiento y requisitos que se

deben satisfacer en la solicitud de su regulación.

El resultado de la investigación se obtuvo del análisis de la doctrina y

jurisprudencia y se concluyó que respecto a la competencia, el sistema de

los problemas de competencia y como sustitutivo de la apelación ordinaria a

cuales quedaron reducidas a la hipótesis del artículo 70 del Código de

Procedimiento Civil (1987), que se resuelve mediante la regulación de la

competencia. El aporte realizado por esta investigación al presente trabajo se

encuentra determinado en el estudio de la regulación de la competencia que

versen en las distintas controversias presentadas ante el órgano

Otra investigación relevante de Fuenmayor Noralyh (2008) titulada

“Los medios probatorios en el juicio de concubinato”. Trabajo de Grado

presentado para optar al Título de Magíster Scentiarum en Derecho Procesal

Civil. Universidad del Zulia. Dicho trabajo posee gran relevancia en el

derecho moderno, porque trata del análisis del concubinato en Venezuela, un

ha convertido en una figura equiparada y tan normal como el matrimonio,

poseyendo en muchos casos, las mismas prerrogativas.

El objetivo de la investigación es analizar los medios probatorios del

juicio de concubinato en Venezuela, explicando cuáles son y de qué manera

se emplean para probar el hecho alegado, exponiendo su definición,

características, tipos, regulación legal e importancia. Concluyendo que su

aportación se basa en el conocimiento amplio de las uniones concubinarias y

los efectos producidos por las mismas.

Por último vale destacar el trabajo realizado por Marisol Echeverría

Mora (2008), titulado “Análisis de los efectos patrimoniales de la comunidad

concubinaria en el contexto jurídico venezolano”, el cual es un trabajo

especial de grado para optar al título de Abogado en la Universidad Rafael

Los aportes realizados en esta investigación conllevan a determinar

que la Constitución de 1999, ha venido a imponer en forma expresa, la

necesidad de un nuevo tratamiento legal a la relación concubinaria y en

virtud de los nuevos principios, se torna necesario proyectar hacia el Código

Civil (1982) y hacia otras disposiciones particulares, el mandato que

cuanto, el concubinato reviste suma importancia en el medio social

venezolano, por lo que se justifica su estudio jurídico patrimonial.

En relación a lo antes expuesto por los diversos investigadores en

contribución al presente trabajo se puede indicar que los criterios de

competencia se fijaran de acuerdo a la pretensión de comprobar la existencia

de la unión concubinaria y sus efectos legales para determinar qué juzgado

será el indicado para resolver la controversia.

2.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL DOCTRINAL

En Derecho Procesal, las criterios de competencia objetiva determinan