La Constitución de 1925

Uno de los principales hitos de la crisis del parlamentarismo fue la promulgación de una nueva
Constitución, el 18 de septiembre de 1925. Desde 1932 comenzó a ser el marco que rigió el país.

Para su elaboración, en un comienzo se pensó realizar una Asamblea Constituyente. Sin embargo,
Alessandri optó por crear un Comisión Consultiva compuesta por políticos y juristas de su
confianza. Inicialmente, la mayoría de los integrantes de la comisión se inclinó por introducir
reformas al sistema vigente, pero ante la presión de integrantes del ejército, se optó por elaborar
una nueva Constitución de carácter presidencialista.

En ella, el presidente es jefe de Gobierno y de Estado, designa y remueve a los ministros de

Estado, ejerce importantes funciones colegisladoras y nombra a los jueces de los Tribunales
ordinarios de Justicia

Cambios económicos y políticos en Chile durante la década de 1930

Desde mediados del siglo XIX, la estructura de la economía chilena se caracterizaba por la
comercialización de materias primas en el mercado internacional y la importación de productos
manufacturados.

a partir de 1880, se consolidó con el salitre como principal producto de exportación del país y
mayor fuente de recursos del Estado.

Desde la Primera Guerra Mundial, este modelo comenzó a mostrar evidentes signos de fragilidad.
La demanda de salitre se tornó inestable, y sus períodos de baja demanda afectaban al conjunto
de la economía chilena, agudizando los problemas asociados a la “cuestión social”. En este
contexto, durante la década de 1920 tuvo lugar una crisis política que derivó en el fin del
parlamentarismo chileno y la imposición de un gobierno autoritario encabezado por Carlos Ibáñez
del Campo.

Inicios de la redefinición del rol del Estado en Chile

Tras asumir el gobierno en 1927, Carlos Ibáñez se afianzó en el poder por medio de políticas
autoritarias. En el plano económico, y en el contexto de la crisis resultante de la inestabilidad del
salitre, Ibáñez y su ministro de Hacienda, Pablo Ramírez, consideraban que el Estado debía ser
modernizado por medio de una reorganización administrativa y debía asumir como tarea
prioritaria el fomento de la economía nacional

Para Ibáñez y Ramírez, el equilibrio del presupuesto fiscal era una condición básica del correcto
funcionamiento del Estado. Según su diagnóstico, dos obstáculos impedían conseguir este
objetivo: la desorganización con que se recaudaban las entradas fiscales y los gastos innecesarios
en que se incurría. Para corregir estos problemas se ejecutaron diversas medidas destinadas a
centralizar y aumentar la eficiencia y fiscalización de las instituciones públicas.

Ibáñez consideraba que los ingresos que recibía el Estado eran inferiores a la cantidad que
correspondía. Esto se debía a que la forma en que se recaudaban los impuestos carecía de
rigurosidad, lo que facilitaba la evasión tributaria. Para poner fin a esta situación, unificó todas las
tesorerías fiscales en la Tesorería General de la República y reorganizó la Dirección General de
Impuestos Internos y la Superintendencia de Aduanas
y creó la Contraloría General de la República. Dicho organismo autónomo está destinado hasta el
día de hoy a fiscalizar jurídica y financieramente la administración estatal

Las medidas de estabilización adoptadas en la administración de Ibáñez resultaron exitosas.

Permitieron que el Estado tuviera un creciente superávit durante los primeros años y sentaron las
bases para asumir el fomento de la economía nacional como la principal tarea de su gobierno. Si
bien los excedentes obtenidos no fueron suficientes para financiar un plan de fomento de largo
alcance, permitieron aumentar el prestigio financiero del país en el exterior. Esto posibilitó la
obtención de créditos internacionales, especialmente de Estados Unidos, los cuales se adquirieron
con la intención de realizar una alta inversión inicial, cuyo pago se efectuaría a largo plazo.

Con los recursos obtenidos de este endeudamiento, se ejecutó un plan de obras públicas. En este
ocupó un lugar fundamental la construcción de caminos destinados a permitir la movilización de la
gran cantidad de vehículos motorizados que comenzaba a llegar al país. Estas rutas fueron
trazadas con el fin de unir el campo y otros centros de producción con ciudades y estaciones de
ferrocarriles.

Por otra parte, el Estado subsidió a diversos sectores de la economía nacional a través de la
instauración o potenciamiento de diversas Cajas de Crédito y Cajas de Fomento. Ellas tenían por
objetivo la entrega de créditos asequibles y subsidios a privados con el fin de incentivar la
producción. Algunas de estas instituciones fueron la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito
Minero, el Instituto de Crédito Industrial y la Caja de Fomento Salitrero. En 1931, se creó la
Compañía de Salitres de Chile (Cosach), con el objeto de recuperar los ingresos fiscales obtenidos
de la exportación salitrera a través de la participación estatal sobre la compra y reactivación de
salitreras, introducción de tecnología y nacionalización de la fuerza de trabajo.

Efectos económicos y sociales de la crisis de 1929 en Chile

En un contexto marcado por el acelerado crecimiento económico de Estados Unidos, los planes de
estabilización y fomento impulsados durante el gobierno de Ibáñez obtuvieron resultados
inmediatos: entre 1927 y 1929, aumentaron el Producto Interno Bruto, las exportaciones, los
ingresos fiscales y el poder adquisitivo de las personas, mientras que el desempleo descendió a
niveles cercanos al 2 %.

Sin embargo, la estructura de la economía chilena mantuvo algunos rasgos que mostraba desde el
período parlamentario. El principal: continuaba dependiendo de la exportación de productos
mineros en general y del salitre en particular

Este modelo económico, que había evidenciado importantes signos de inestabilidad desde la
Primera Guerra Mundial, sufrió una profunda crisis durante Gran Depresión, comenzada en
Estados Unidos el año 1929. Según un informe de la Liga de las Naciones, Chile fue el país más
afectado por esta recesión. La disminución de la demanda de materias primas por parte de los
países industrializados provocó que entre 1929 y 1931 el precio del salitre pasara de los 38 a los 25
dólares por tonelada, y su aporte a los ingresos fiscales se redujera casi a la mitad. Estos últimos
cayeron en casi un 30 %, cifra que coincide con la caída de los principales indicadores económicos
del país
La caída en las cifras económicas repercutió drásticamente en la vida cotidiana de la población. Su
principal reflejo fue el aumento explosivo del desempleo, particularmente en el sector minero.
Entre 1929 y 1931 se redujo en dos tercios el número de obreros en las salitreras del norte. A su
vez, los precios de los productos de consumo básico prácticamente se duplicaron. El gobierno
debió crear Comités de Ayuda a los Cesantes, con el objetivo de proporcionar comida y albergue a
los miles de desempleados. Además, se establecieron ollas comunes destinadas a alimentar a
quienes carecían de trabajo y se generaron campañas de higienización de los vagabundos, cuyo
número aumentó explosivamente como consecuencia de la crisis

Transformaciones políticas en Chile durante la década de 1930

La crisis económica también tuvo profundas repercusiones políticas. Hacia 1931, trabajadores y
cesantes de las ciudades realizaban continuas manifestaciones de oposición al gobierno del
presidente Carlos Ibáñez del Campo. El 22 de julio los estudiantes universitarios comenzaron una
huelga a la que adhirió gran parte de la clase trabajadora y sectores medios profesionales. El
gobierno inicialmente respondió con represión, pero ante el rechazo de gran parte de la sociedad,
su escaso apoyo político y el creciente desorden social, Ibáñez optó por renunciar y emprender
rumbo a Argentina, el 27 de julio de 1931. Desde entonces y hasta octubre de 1932 se sucedieron
cinco gobiernos. En ellos, la crisis económica alcanzó su mayor magnitud: el precio del salitre bajó
de los 25 a los 16 dólares por tonelada, el PIB per cápita se redujo a la mitad del valor que tenía en
1929 y el desempleo alcanzó al 24%.
Las elecciones de 1932 evidenciaron la convulsión política de la época. El esquema que había
predominado durante el siglo XIX, reducido a la disputa entre liberales y conservadores, se
transformó con la proclamación de cinco candidatos provenientes de diversas tendencias políticas:
conservadores, liberales, radicales, comunistas y agrupaciones socialistas

La inestabilidad derivó en que una parte significativa de la población esperase la instauración de

un gobierno capaz de normalizar la vida política y de reorganizar la economía. En la elección
presidencial del 30 de octubre de 1932, el 55% de los votantes escogió a Arturo Alessandri Palma,
quien en su segundo gobierno (1932-1938) llamó a realizar una “obra de reconstrucción nacional”
y tuvo como principal objetivo la restitución del orden público y la implementación efectiva de la
Constitución de 1925.

Para reactivar la economía, Alessandri nombró como ministro de Hacienda a Gustavo Ross. Este se
propuso recuperar la economía por medio de una política basada en el fomento de la producción
nacional, el control de las importaciones mediante el aumento de los aranceles, el impulso a las
exportaciones y la promoción del consumo interno. Dichas medidas, permitieron que hacia el final
de su gobierno el Producto Interno Bruto y el poder adquisitivo de las personas alcanzaran niveles
cercanos a los del comienzo de la crisis. Esto, pese a que los valores de las exportaciones y del
precio del salitre continuaban siendo muy inferiores a los de 1929.

Respecto de la inestabilidad social, Alessandri aprovechó el carácter presidencialista de la

Constitución de 1925 para imponer medidas de orden. En reiteradas ocasiones consiguió que el
Congreso le otorgara facultades extraordinarias, que utilizó para aplicar políticas represivas tales
como el arresto de dirigentes opositores, la imposición de restricciones a la prensa opositora y la
represión de huelgas y marchas. Además, fomentó la creación de las milicias republicanas, grupos
paramilitares constituidos para hacer frente a los intentos de sublevación de las fuerzas armadas.

Las estrategias empleadas por Alessandri estimularon el reagrupamiento de fuerzas políticas que
tenía lugar desde la década anterior. Si bien su candidatura había sido apoyada por los radicales y
organizaciones de izquierda, una vez en el gobierno se alió con liberales y conservadores. Esto
generó la desaprobación de la izquierda y resintió la relación entre el gobierno y el Partido Radical,
que se acercó a la izquierda formando una alianza con socialistas, comunistas y otros grupos
menores, la cual pasó a liderar. Este conglomerado, denominado Frente Popular, se enfrentaría a
la alianza liberal-conservadora en las elecciones presidenciales de 1938

El proyecto del Frente Popular y la creación de la Corfo

En las elecciones presidenciales de 1938, los partidos de derecha propusieron la candidatura de

Gustavo Ross, ex ministro de Hacienda de Arturo Alessandri, cuyo lema de campaña fue “Orden y
trabajo”. Por su parte, el Frente Popular presentó al radical Pedro Aguirre Cerda con el eslogan
“Pan, techo y abrigo”. Tras una intensa campaña, el candidato del Frente Popular ganó por un
margen estrecho, obteniendo el 50,1 % de los votos

El Estado de Bienestar y el Modelo ISI

La idea de la implementación de un Estado de bienestar denota o demuestra un cambio en la

visión estatal de la sociedad chilena, las profundas crisis sociales que se gestan desde el siglo XX,
como la cuestión social y la demostrada vulnerabilidad económica de Chile ante los contextos
internacionales como la crisis del 29.

Son antecedentes directos de un intento de cambio económico y a mitades de siglo. Los

denominados “Gobiernos radicales” impulsaron la modernización estatal, el crecimiento estatal e
intentos democratizadores.

Creación de empresas estatales:

Creación de la Corporación de Fomento, CORFO.

Empresa Nacional de Electricidad (1944).

Empresa de Manufacturas de Cobre (1946).

Compañía de Aceros del Pacífico (1946).

Fundición Nacional de Paipote (1947).

Empresa Nacional del Petróleo (1950).

El Modelo de Sustitución de Importaciones (ISI):

 Se impone como consecuencia de la Crisis de 1929.

 Plantea abandonar el Modelo Primario-Exportador.

 Implicó la intervención de un Estado - Empresario.

 Así también, impulsó la cooperación con los privados.

 Altos aranceles, es decir, proteccionismo económico.

El modelo pretendía el logro de dos grandes objetivos:

 La Industralización del país.

 La superación de la pobreza y del subdesarrollo.

 Implicaba el mayor consumo de los bienes de orígen nacional al incrementarse el valor de

los importados.

 La industria reinvertiría las utilidades en nuevos sectores productivos, generando empleo

y crecimiento.

 Preveía el crecimiento de actividades como servicios.

1924
Encabeza los movimientos militares del 2 al 8 de septiembre, que obligan al presidente Arturo Alessandri y al
parlamento a aprobar un pliego de demandas que incluye el Código Laboral y el impuesto a la renta
1925
En octubre gana las elecciones presidenciales Emiliano Figueroa, el que en un año y medio después nombra a
Ibáñez -el verdadero poder tras las sombras- Ministro de Interior. Figueroa renuncia en 1927 y abre el camino para
que Ibáñez se presente y gane las elecciones presidenciales
1925
Dirige los movimientos militares del 23 de enero contra la Junta de Gobierno encabezada por el general Luis
Altamirano. Dos meses después, la nueva Junta Militar entrega el poder al presidente constitucional Arturo
Alessandri, quien mantiene a Ibáñez como Ministro de Guerra
1927
Carlos Ibáñez del Campo es electo Presidente de la República con el 98% de los votos.
1927
Fue nombrado Ministro del Interior y vicepresidente de la República
1929
Firma del Tratado de Lima entre Chile y Perú, que resuelve definitivamente el estatuto de Tacna y Arica y delimita
la frontera entre ambos países
1931
Carlos Ibáñez del Campo renuncia a la Presidencia.