DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS

UNIDAD V
Declaraciones y Tratados internacionales de derechos humanos (continuación)

Declaración Universal de Derechos Humanos. Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre. Aspectos sustanciales de cada uno y análisis comparativo.
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. Pacto inter-
nacional de derechos económicos, sociales y Culturales. Protocolo Facultativo. La con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolos Facultativos Evolución. Análisis
de los informes recientes y su impacto en los sistemas jurídicos internos.
Obligaciones comunes del Estado a ambos tipos de derechos. Obligaciones específicas en
materia de derechos económicos y sociales. Exigibilidad de los derechos económicos, so-
ciales y culturales. Estándares internacionales en materia de derechos económicos, so-
ciales y culturales a los que se ha sometido el Estado Argentino.

 Se deben examinar cada uno de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos,

con sus Protocolos, señalados en esta Unidad.

Declaración Universal de Derechos Humanos

La Declaración Universal es un documento que marca un hito en la historia de los dere-
chos humanos. Fue elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con
diferentes antecedentes jurídicos y culturales, y proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III),
como un ideal común para todos los pueblos y naciones.
Establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse
en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas.
Reconoce sus antecedentes en la Declaración de Derechos Inglesa de 1689, redactada
después de las guerras civiles que estallaron en este país y surgida de la aspiración del
pueblo a la democracia, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y
su proclamación de igualdad para todos durante la Revolución Francesa.
Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de Naciones Uni-
das, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades
como las sucedidas en ese conflicto. Tal es así, que los líderes del mundo decidieron
complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los
derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento
que más tarde pasaría a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), se
examinó en el primer período de sesiones de la Asamblea General, en 1946. La Asam-
blea revisó ese proyecto de declaración sobre los derechos humanos y las libertades fun-
damentales y lo transmitió al Consejo Económico y Social para que lo "sometiera al análi-
sis de la Comisión de Derechos Humanos y que ésta pudiera preparar una carta interna-
cional de derechos humanos". La Comisión, en su primer período de sesiones, celebrado
a principios de 1947, autorizó a sus miembros a formular lo que denominó "un antepro-
yecto de Carta Internacional de Derechos Humanos". Posteriormente, esta labor fue asu-
mida oficialmente por un Comité de Redacción integrado por miembros de la Comisión
procedentes de ocho Estados, que fueron elegidos teniendo debidamente en cuenta la
distribución geográfica.
La Comisión se reunió por primera vez en 1947 y el primer proyecto de la Declaración se
propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados Miembros participaron en la redac-
ción final. En su resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General,
reunida en París, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ocho naciones
se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra. El texto completo de la DUDH fue
elaborado en menos de dos años. En un momento en que el mundo estaba dividido en
un bloque oriental y otro occidental, encontrar un terreno común en cuanto a lo que se-
ría la esencia del documento resultó ser una tarea colosal.
Normatividad
La Declaración Universal de Derechos Humanos está estructurada en base a un preám-
bulo y treinta artículos, que recogen derechos de carácter civil, político, social, económi-
co y cultural. El preámbulo como parte expositiva que precede un documento legal, tam-
bién llamado exposición de motivos o considerandos, no forma parte de la norma, ni es
obligatoria, según se acepta habitualmente, pero se emplea para el análisis e interpreta-
ción de las de las mismas. Constituye, por lo tanto, una importante fuente interpretativa
y síntesis de la Declaración.
La primer parte está compuesta por los artículos 1 y 2, donde se establece que toda per-
sona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción al-
guna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, ori-
gen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición y no se
hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país indepen-
diente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía. La segunda parte -artículos 3 al 27- enuncia dere-
chos de carácter personal; del individuo en relación con la comunidad, derechos de pen-
samiento, de conciencia, de religión y libertades políticas; derechos económicos, sociales
y culturales; y derecho a la educación. Por últimos los artículos 28, 29 y 30 recogen las
condiciones y límites con que estos derechos deben ejercerse.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

En el derecho internacional contemporáneo, las organizaciones regionales experimenta-
ron su etapa de institucionalización a partir del fin de la segunda guerra mundial. En este
marco, ha sido creada la Organización de los Estados Americanos por medio de la IX Con-
ferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá. La Carta constitutiva de la Orga-
nización debió sufrir diferentes modificaciones para alcanzar una dimensión acorde en
cuestiones de derechos humanos a nivel institucional. Una de las reformas más trascen-
dentes a la Carta de la OEA con particular incidencia en derechos humanos, se llevó a
cabo en 1967, pasando la Comisión Interamericana a ser un órgano principal de la enti-
dad. Ya en 1948 algunas voces correspondientes a delegados de algunos gobiernos del
hemisferio propugnaban por la aprobación de un texto jurídico de derechos humanos
bajo la forma de tratado; sin embargo, esta aspiración se vio truncada. El informe del re-
lator de la Sexta Comisión de la IX Conferencia Interamericana señala la existencia de
tres grupos casi irreductibles en la discusión: algunos como Brasil y Uruguay, querían la
adaptación de un pacto; Colombia y otros Estados pretendían tener mecanismos que en
ningún caso vayan más allá de la investigación informativa; y otros gobiernos presentes
fijaban su negativa a una convención sobre derechos humanos, con base en la realidad
política y social de América en 1948. Así el primer consenso arribado en el tema fue ma-
terializado en la Resolución XXX del Acta Final de la Conferencia, por la cual se adoptó la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, con una visión integral de
los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales). Histórica-
mente, fue el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, anticipando la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, sancionada seis meses después.
Normatividad
El texto de la Declaración Americana consagra los derechos a la vida, la libertad y la se-
guridad de las personas; al reconocimiento de la personalidad jurídica; el derecho de
igualdad ante la ley y a no ser discriminado en el goce de los derechos humanos consa-
grados; el derecho de libertad religiosa y de culto; el derecho a la nacionalidad; el dere-
cho a la libertad de investigación, de opinión y expresión; el derecho a la protección de
la honra, la reputación personal, la vida privada, y a la inviolabilidad del domicilio y la
correspondencia; a constituir y a recibir protección para la familia; el derecho a la pro-
piedad; el derecho a la protección de la maternidad y la infancia; el derecho de residen-
cia y tránsito; el derecho de asilo y el derecho a peticionar a las autoridades. En cuanto a
las prerrogativas conexas con la administración de justicia y las garantías en los proce-
sos, se contempla el derecho a la justicia o a la igualdad ante la ley; la protección contra
la detención arbitraria y la presunción de inocencia. Respecto a los derechos políticos, la
Declaración Americana destaca el derecho al sufragio y a la participación en el gobierno;
y el derecho de reunión y de asociación pacíficas. Los derechos humanos derivados de la
relación laboral y previsional también se encuentran contemplados: el derecho al traba-
jo, a una justa retribución, al descanso y al aprovechamiento del tiempo libre; y a gozar
los beneficios de la seguridad social que les proteja por causa de desocupación, vejez o
incapacidad. Por último, encontramos otros derechos económicos y sociales en el texto
de la Declaración Americana, como el derecho a la preservación de la salud y el bienes-
tar social; el derecho a la educación; y a gozar de los beneficios de la cultura.
Posee además, todo un capítulo referido a los deberes del hombre, que se dirigen a con-
templar obligaciones de las personas respecto de la sociedad; para con los hijos y los pa-
dres; de instrucción; de sufragio; de obediencia a la ley; de servir a la comunidad y a la
Nación; de asistencia y seguridad sociales; de pagar impuestos; de trabajar; y de abste-
nerse de actividades políticas en país extranjero.
También aporta al fundamento de los derechos humanos, al carácter universal de los
mismos, y en última instancia al desarrollo del derecho internacional público contempo-
ráneo. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ha sido el paso ini-
cial dentro de la Organización de los Estados Americanos para el desarrollo progresivo
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Por su prelación
temporaria, también ayudó en algunos debates para la adopción de ciertas normas de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Ha inspirado a
los instrumentos jurídicos posteriores del sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, como reconocen los preámbulos de los mismos al hacer referencia
expresa a aquella.
Ha permitido a los Estados acordar cuáles eran los derechos a que hiciera referencia la
Carta de la OEA, y servir como base jurídica de la actuación de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, en sus diferentes funciones de protección dentro de los me-
canismos del sistema.

Análisis comparativo
Existen grandes similitudes entre el contenido de la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre, y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estas
congruencias pueden basarse en dos hechos: en primer lugar, son contemporáneas y
han sido adoptadas con pocos meses de diferencia; y en segundo término, el derecho in-
ternacional se hallaba todavía impregnado de un alto contenido eurocentrista y occiden-
tal. Por ello, no es extraño que varios de los debates que se llevaron a cabo en ocasión
de la adopción de una de ellas, se hayan repetido en el momento de la aprobación de la
otra.
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y su contemporánea de las
Naciones Unidas, se limitan a enunciar una serie de derechos y garantías de los indivi-
duos, que los Estados están obligados a respetar y proteger. Ninguna define qué son los
derechos humanos, ni tampoco proceden a la creación de órganos de tutela, ni de meca-
nismos para la defensa de los derechos contenidos en ellas. Las dos declaraciones, con-
sagran los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de las personas; al reconocimien-
to de la personalidad jurídica; el derecho de igualdad ante la ley y a no ser discriminado
en el goce de los derechos humanos consagrados; el derecho de libertad religiosa y de
culto; el derecho a la nacionalidad; el derecho a la libertad de investigación, de opinión y
expresión; el derecho a la protección de la honra, la reputación personal, la vida privada,
y a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia; a constituir y a recibir protección
para la familia; el derecho a la propiedad; derecho a la protección de la maternidad y la
infancia; el derecho de residencia y tránsito; y el derecho de asilo. Los derechos que tie-
nen que ver con la administración de justicia y las garantías en los procesos, tienen con-
sagración expresa de ambas declaraciones, las cuales contemplan el derecho a la justicia
o a la igualdad ante la ley; la protección contra la detención arbitraria y a la presunción
de inocencia. Los derechos políticos, también se encuentran desarrollados; así, encontra-
mos el derecho al sufragio y a la participación en el gobierno; y los derechos de reunión
y de asociación pacíficas. Los derechos humanos derivados de la relación laboral y previ-
sional igualmente están contemplados: el derecho al trabajo, a una justa retribución, al
descanso y al aprovechamiento del tiempo libre; y a gozar los beneficios de la seguridad
social que les proteja por causa de desocupación, vejez o incapacidad. Asimismo, las dos
declaraciones consagran el derecho a la preservación de la salud y el bienestar social; el
derecho a la educación; y a gozar de los beneficios de la cultura.
En cuanto a las diferencias o características propias de cada una de las dos declaracio-
nes: La resolución que da nacimiento a la Declaración Americana, señala que «... en re-
petidas ocasiones, los Estados Americanos han reconocido que los derechos esenciales
del hombre no nacen del hecho de ser nacionales de determinado Estado sino que tie-
nen como fundamento los atributos de la persona humana». Esta afirmación, es signifi-
cativa, toda vez que, al considerar a los derechos humanos como atributos inherentes a
la persona, marcan una barrera que ningún Estado puede atravesar, bajo ningún pretexto
o circunstancia excepcional. La Declaración Americana - como su nombre lo indica - po-
see todo un capítulo referido a los deberes. En este aspecto, la Declaración Universal só-
lo señala en el artículo 29 que toda persona tiene deberes respecto de la comunidad. Fi-
nalmente, la Declaración Americana contempla el derecho a peticionar a las autoridades,
el cual no aparece mencionado en la Declaración Universal. En cuanto a la Declaración
Universal de Derechos Humanos, ésta parte de la premisa que postula que todos los se-
res humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos; y como consecuencia de
ello, consagra el derecho a gozar de todos los derechos establecidos, sin discriminación
alguna por ningún motivo o condición. La Declaración Universal, asimismo, contiene ex-
presamente el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre; y el derecho a no
ser sometido a torturas o a penas crueles, inhumanas o degradantes; también, contem-
pla el derecho para hombres y mujeres a casarse, a partir de la edad núbil.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Protocolos facultativos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -al igual que el Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales- tiene sus raíces en el mismo proceso que
condujo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y desarrolla dos de los cin-
co bloques contenidos en la misma (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales), dotando de fuerza jurídica y reforzando de este modo el contenido de la De-
claración.
En consecuencia, el texto debía reunir todos los derechos humanos y la igualdad de gé-
nero para el usufructo de estos derechos, pero el profundo desacuerdo entre los Estados
-reflejado en los debates ideológicos de la época, en los que los Estados capitalistas pro-
movían los derechos de libertad y los Estados comunistas insistían en los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales- obligó a que en 1951 la Asamblea General pidiera la re-
dacción de dos pactos diferentes. Seguidamente, la comisión elaboró un pacto de Dere-
chos Civiles y Políticos y otro sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los derechos civiles y políticos se refieren a los derechos individuales y libertades funda-
mentales que poseen las personas en una sociedad democrática las cuales conllevan la
obligación del Estados de respetarlos y garantizarlos sin discriminación alguna. La lucha
por el reconocimiento de estos derechos se remonta a los siglos XVIII y XIX, en el contex -
to histórico de las revoluciones burguesas –y mucho antes de la universalización de los
derechos humanos-. Allí las sociedades habían comenzado a reaccionar contra el poder
absoluto del Estado (monarquías), intentado reivindicar el ejercicio de los derechos libe-
rales, surgiendo con posterioridad las aspiraciones democráticas generando así un inte-
rés en los derechos civiles y políticos. En el siglo XX y ante las terribles violaciones de los
derechos fundamentales que se dieron en las dos guerras mundiales, estos fueron obje-
to de protección internacional.
Este pacto, de fecha 16 de diciembre de 1966, finalmente entró en vigencia diez años
después, el día 23 de marzo de 1976, y fue ratificado por nuestro país en el año 1986 por
Ley 23.313.
Extracto normativo
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consta de un Preámbulo y se estruc-
tura en siete partes. La primera parte –artículo 1- hace referencia al derecho a la libre
determinación de los pueblos. La segunda parte –artículos 2 a 5- consagra el deber de
los Estados partes de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los
derechos civiles y políticos enunciados en el mismo y de respetarlos sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. También consagra la prohibi-
ción del ejercicio abusivo de derechos por parte de los Estados apelando a este Pacto. La
tercera parte –artículos 6 a 27- contiene la enunciación de los diferentes derechos regu-
lados en dicho instrumento, como ser el derecho a la vida -y sus derivaciones en la prohi-
bición de sometimiento a torturas, penas o tratos crueles y de la esclavitud-, el derecho
a la libertad y a la seguridad personales, a circular libremente, a la intimidad, a la libertad
de pensamiento, conciencia y religión, derecho de reunión pacífica y a la participación
política, a la protección de la familia, de los niños y de las minorías, consagra también la
igualdad ante la ley y las garantías del proceso penal. La cuarta parte –artículos 28 a 45-
contiene disposiciones sobre el establecimiento del Comité de Derechos Humanos y los
mecanismos empleados para rendir informes y presentar examen ante el Comité como
mecanismos de seguimiento en la implementación del Pacto, así como los procedimien-
tos para la resolución de controversias surgidas, entre Estados Partes, por el incumpli-
miento de uno de ellos en la observancia de las disposiciones de este instrumento inter-
nacional. La quinta parte –artículos 46 y 47- refieren a la forma de interpretación de las
disposiciones contenidas en el mismo. Por último, la sexta parte –artículos 48 a 53- hace
referencia a los procedimientos de firma, ratificación, adhesión y enmienda que determi-
nan la forma en la que entra en vigor el Pacto para los Estados Partes.
Es relevante resaltar que además del Pacto existen dos Protocolos facultativos. El prime-
ro de ellos del año 1966, se refiere a la función del Comité de recibir y examinar comuni-
caciones individuales de personas que denuncien a un Estado parte de haber violado al-
guno de sus derechos civiles y políticos. El segundo Protocolo facultativo del año 1989 se
refiere a la pena de muerte, y los Estados que lo ratifican se comprometen a abolir la
misma. Nuestro país ratificó el primero de ellos en el año 1986 (Ley 23.313) y el segundo
en el año 2008 (Ley 26.380).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo Facultati-

vo.
Este instrumento, fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas, el día 19
de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976, y por lo tanto es parte de
la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fue ratificado
por nuestro país en el año 1986 por Ley 23.313.
Son derechos humanos socioeconómicos, aquellos que buscan garantizar el bienestar
económico, de tal forma de asegurar el desarrollo integral de los seres humanos y de los
pueblos. Estos derechos nacieron en las jóvenes democracias europeas y americanas del
siglo XIX, vinculadas a la idea de igualdad que defendían los sectores sociales en el marco
de los procesos de industrialización. El movimiento obrero europeo, las innovaciones
adoptadas en la república de Weimar, las reivindicaciones populares de las revoluciones
rusa y latinoamericana, el New Deal en los Estados Unidos, entre otros, brindaron el
marco histórico para su desarrollo. Estos derechos contenidos en el Pacto, suelen catalo-
garse como de “derechos de desarrollo progresivo”, ya que son aquellos que les corres-
ponden a las personas en función de las actividades que desarrollan o de la categoría de
individuos a la que pertenecen ya sea por la edad o por algún otro motivo que merezca
un trato especial en la ley. La obligación que tienen los Estados partes, es por lo tanto,
permitir que estos derechos se garanticen gradualmente hasta alcanzar su cumplimien-
to.
Normatividad
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consta de un
Preámbulo y se encuentra estructurado en cinco partes. La primera parte –art 1- recono-
ce el derecho de libre determinación de los pueblos, incluido el derecho a determinar li-
bremente su condición política, procurar su desarrollo económico, social y cultural, y
gestionar y disponer de sus propios recursos. La segunda parte –artículos 2 a 5- regula el
principio de “realización progresiva” (los Estados pueden estar sujetos a limitaciones en
sus recursos, lo que los obliga a actuar lo mejor posible dentro de sus medios y alcance).
También consagra el reconocimiento de los derechos sin discriminación alguna y que és-
tos sólo pueden ser limitados por la ley y sólo con el fin de promover el bienestar general
de una sociedad democrática. La tercera parte –artículos 6 a 15- consagra los derechos a
trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, y a fundar y afiliarse a sindicatos, los
derechos de la seguridad social, la vida familiar incluida la licencia parental remunerada
y la protección de los niños, derecho a un nivel de vida adecuado abarcando alimenta-
ción, vestido y vivienda y la mejora continua de las condiciones de existencia, derecho a
la salud, específicamente al más alto nivel posible de salud física y mental, derecho a la
educación, incluida la enseñanza primaria universal y gratuita, la enseñanza secundaria,
e igualmente accesible la educación superior, todo ello encaminado al pleno desarrollo
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, debiendo fortalecer el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales, por último, derecho a la parti-
cipación en la vida cultural. La cuarta parte –artículos 16 a 25- regula el procedimiento
para la presentación de informes y seguimiento del Pacto y las medidas adoptadas por
los Estados partes para su aplicación. Además permite que el órgano de vigilancia –Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-, hacer recomendaciones generales
a la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las medidas adecuadas para la realiza-
ción de los derechos. La quinta parte –artículos 26 a 31- regula lo atinente a la ratifica-
ción, entrada en vigor, y la modificación del Pacto.
Este Pacto además cuenta con un Protocolo facultativo del año 2008, que permite a los
Estados partes reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, para examinar las denuncias de particulares. Fue ratificado por nuestro país
en el año 2011.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Protocolos Facultativos. Evolu-

ción.
La adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) fue un
hecho histórico para el desarrollo de la institucionalidad del sistema de protección de los
derechos humanos en el continente americano. Con anterioridad existía, en términos de
instrumento, la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (Decla-
ración Americana) adoptada en 1948, y en términos de órganos, la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos creada en 1959. La Convención estableció derechos huma-
nos con un contenido definido, detallando obligaciones para los Estados, que fueron pos-
teriormente desarrolladas por la ya existente Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano nuevo creado por ese
tratado, que entró en funciones en el año 1978.
La Convención se diseñó siguiendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y al Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales, pero debió operar
en un contexto político, social y económico muy diferente al europeo de los años 50 a
90.
Una organización internacional nace cuando existe un propósito común entre un grupo
de Estados para solucionar problemas que trascienden sus fronteras. En ese sentido la
Unión Panamericana -predecesora de la OEA- no tenía sin embargo, ese propósito co-
mún, ya que Estados Unidos deseaba proteger sus intereses económicos a través de nor-
mas regionales que crearan mecanismos pacíficos de solución de conflictos, los demás
Estados pretendían consagrar en una norma internacional el principio de no interven-
ción. Cuando se adoptó la Carta de la OEA, los intereses de Estados Unidos se habían ex-
tendido de manera impresionante, más allá de Latinoamérica y, por lo tanto, la preocu-
pación principal de los demás Estados era la de paliar, de algún modo, el desequilibrio
económico entre estas dos partes del continente americano, puesto que ellos, después
de la Segunda Guerra Mundial, dependían significativamente de Estados Unidos en ma-
teria económica. Por otra parte, ni Estados Unidos, ni Latinoamérica en su conjunto, po-
seían, además de estos objetivos, un interés real y genuino por los derechos humanos y
por el perfeccionamiento de la incipiente democracia que existía en esa época. Latinoa-
mérica estaba conformada por un conjunto de países con grandes diferencias económi-
cas, sociales y políticas, con rígidas distinciones de clase, analfabetismo y con una socie-
dad excluyente de personas con menos recursos y de las mujeres. En aquellos países con
una tendencia a las dictaduras, los derechos políticos y civiles no eran respetados y exis-
tían períodos de larga duración de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la
vida, a la integridad y a cualquier otro que fuere necesario para que los detentadores del
poder pudieran conservarlo. No había tampoco una real cultura de derechos humanos
siquiera en los países en que no existían dictaduras; las normas se aplicaban discrimina-
toriamente a mujeres, pobres, homosexuales e indígenas. Había finalmente una historia
de autoritarismo estatal y social posible de observar hasta hoy. En ese contexto se desa-
rrolló el sistema. La Declaración Americana no cumplió papel alguno entre los años 1948
y 1959, fecha en que se creó la Comisión. No existía en el continente un tratado que es-
tableciera obligaciones jurídicamente vinculantes para los Estados en materia de dere-
chos humanos. En el año 1959 las actividades de la Comisión se inauguraron con la re-
presión política y las circunstancias en el Caribe, donde Fidel Castro había recién derro-
cado del poder a Fulgencio Batista; Trujillo reinaba en República Dominicana; y en el sur
en Paraguay gobernaba Stroessner. Las facultades de la Comisión no parecían muy pro-
metedoras, pero su existencia fue percibida por aquellas víctimas de violaciones como su
oportunidad para pedir amparo. En ese sentido, la Comisión no los defraudó, tomando
en sus manos la tarea de defenderlas, y como no tenía mayores trabas normativas -pues-
to que no existía un tratado y operaba con un reglamento que ella misma formulaba-
adaptó sus actividades a lo que la situación requería: investigaba, intervenía como me-
diadora o con buenos oficios y promovía soluciones amistosas. Sus recursos humanos y
financieros, siempre escasos, eran destinados a lidiar con situaciones donde el Estado de
Derecho no existía o era extremadamente débil, desarrollando como mecanismo más
importante informes sobre países que documentaban la situación general de derechos
humanos. Los Estados afectados, en general, no respondían a sus requerimientos, pero
la ilusión de la Comisión era que, viniendo estos informes de un órgano establecido por
los Estados, serían tomados en consideración por estos y a ello seguiría laguna forma de
acción política. La ilusión fue vana. La OEA no respondió, excepto en los casos de la Cuba
de Fidel Castro y de Nicaragua en la dictadura de Somoza, por razones que probablemen-
te eran bastante ajenas a la preservación de los derechos humanos. La reticencia de los
Estados para someterse a algún tipo de supervisión en materia de Derechos Humanos,
se apreció también en la dificultad para adoptar un tratado con derechos y obligaciones
jurídicamente vinculantes reforzadas con un órgano que tuviera jurisdicción sobre el
tema. Los esfuerzos para elaborarlo comenzaron en el año 1945 en la Conferencia Intera-
mericana sobre los Problemas de Guerra y de la Paz, que finalmente concluyeron con
una Declaración; en el año 1948 hubo otro intento, durante la Novena Conferencia Inte-
ramericana considerado prematuro en 1950 por el Comité Jurídico Interamericano. En el
año 1959, junto con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la
Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores decidió que le am-
biente del hemisferio era favorable y recomendó nuevamente al Comité Jurídico Intera-
mericano que preparara un borrador de convención. La elaboración de la Convención
duró desde entonces hasta que fue suscripta el día 22 de noviembre de 1969 en San José
de Costa Rica y su vigencia se dio el 18 de julio de 1978.
En consecuencia, la entrada en vigencia de la Convención Interamericana dio base legal
internacional a los derechos humanos de los individuos y a las obligaciones de los Esta-
dos y estableció dos órganos de control: la Comisión, que siguió siendo la misma de
1959, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última comenzó a operar en
el año 1978, cuando la Convención entró en vigor.
Normatividad
La Convención en su redacción actual consta de 82 artículos, agrupados en tres partes.
En la primera parte se encuentran los cinco primeros capítulos donde se regula el com-
promiso de los Estados a respetar lo estipulado en la Convención y los insta a crear leyes
que deriven de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura con-
tenidas en la Carta de organización de la OEA. También se enumeran los derechos civiles
y políticos, los deberes de las personas y el procedimiento de suspensión de garantías,
interpretación y la aplicación de lo regulado en la Convención. La segunda parte consta
de cuatro capítulos, entre los que se regula la creación de los órganos responsables de
por velar por la protección y promoción de los Derechos Humanos: la Comisión Intera-
mericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Consagra además lo atinente a la organización, funciones, competencia y procedimiento
de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, mencionando las disposiciones generales de ambas instituciones,
como dar la inmunidad diplomática, según el derecho internacional, a los miembros de
ambos organismos. Por último, la tercera parte, contiene dos capítulos en los que se re-
gulan los procedimientos de firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denun-
cia.
En el caso de nuestro país, el instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría Ge-
neral de la OEA el 5 de setiembre de 1984 (Ley 23.054), con una reserva y declaraciones
interpretativas. Se procedió al trámite de notificación de la reserva de conformidad con
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados suscrita el 23 de mayo de 1969.
Los textos de la reserva y declaraciones interpretativas antes mencionadas son los si-
guientes: I. Reserva: El artículo 21 queda sometido a la siguiente reserva: "El Gobierno
argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un Tribunal Internacional
cuestiones inherentes a la política económica del Gobierno. Tampoco considerará revisa-
ble lo que los Tribunales nacionales determinen como causas de 'utilidad pública' e `inte-
rés social', ni lo que éstos entiendan por `indemnización justa'". II. Declaraciones Inter-
pretativas: El artículo 5, inciso 3, debe interpretarse en el sentido que la pena no puede
trascender directamente de la persona del delincuente, esto es, no cabrán sanciones pe-
nales vicariantes. El artículo 7, inciso 7, debe interpretarse en el sentido que la prohibi-
ción de la "detención por deudas" no comporta vedar al Estado la posibilidad de supedi-
tar la imposición de penas a la condición de que ciertas deudas no sean satisfechas,
cuando la pena no se imponga por el incumplimiento mismo de la deuda sino por un he-
cho penalmente ilícito anterior independiente. El artículo 10 debe interpretarse en el
sentido de que el "error judicial" sea establecido por un Tribunal Nacional. Reconoci-
miento de Competencia: En el instrumento de ratificación de fecha 14 de agosto de
1984, depositado el 5 de septiembre de 1984 en la Secretaría General de la OEA, el Go-
bierno de la República Argentina reconoce la competencia de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tiem-
po indefinido y bajo condición de estricta reciprocidad, sobre los casos relativos a la in-
terpretación o aplicación de la citada Convención, con la reserva parcial y teniendo en
cuenta las declaraciones interpretativas que se consignan en el instrumento de ratifica-
ción. Se deja constancia, asimismo, que las obligaciones contraídas en virtud de la Con-
vención sólo tendrán efectos con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la rati-
ficación del mencionado instrumento.
Por último cabe destacar, que la Convención cuenta con dos Protocolos, “Protocolo Adi-
cional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)” y el “El Protocolo a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de
Muerte”.
Durante su decimoctavo período ordinario de sesiones celebrado en 1988, la Asamblea
General abrió a la firma el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de
San Salvador). El Texto del Protocolo se basa en un borrador de trabajo preparado por la
Comisión. El Preámbulo de este instrumento señala que los Estados partes de la Conven-
ción Americana reconocen la estrecha relación existente entre los derechos civiles y polí-
ticos y los derechos económicos, sociales y culturales “por cuanto las diferentes catego-
rías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconoci-
miento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción
permanente....”. Los Estados partes recuerdan igualmente que “sólo puede realizarse el
ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean las condiciones
que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos”.
Al ratificar el Protocolo, los Estados partes “se comprometen a adoptar las medidas ne-
cesarias... hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado de
desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna,
la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo”. Este
instrumento reconoce el derecho al trabajo y a las condiciones laborales, los derechos
sindicales, al derecho a la seguridad social, salud, un medio ambiente sano, alimenta-
ción, educación, a los beneficios de la cultura, al derecho a la familia y de los niños así
como a los derechos de los ancianos y discapacitados. El Protocolo a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte fue aproba-
do en el vigésimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA
(Asunción, Paraguay, 1990). Los esfuerzos concertados para incluir la abolición absoluta
de la pena capital en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no tuvieron
éxito en el contexto de la adopción de este instrumento en 1969. Sin embargo, una vez
ratificado por los Estados partes de la Convención, este Protocolo asegurará la abolición
de la pena de muerte a lo largo de todo el hemisferio.
Nuestro país, adhirió al primero de ellos por Ley 24.658 en el año 1996, y al segundo de
ellos en el año 2008 por Ley 26.379.

Análisis de los informes recientes y su impacto en los sistemas jurídicos internos.

Se acompañan algunos informes a los efectos de la comprensión de la importancia de los

mismo , en nuestro ordenamiento jurídico interno .

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer: El Comité examinó el sexto informe periódico de la Argentina (CEDAW/C/ARG/6)
en sus sesiones 926ª y 927ª, celebradas el 13 de julio de 2010.
El Comité felicita al Estado parte por la ratificación del Protocolo Facultativo de la Con-
vención y por las medidas legislativas específicas adoptadas y los programas y las políti-
cas sociales instaurados desde 2004, en particular en los ámbitos de la reducción de la
pobreza, la concesión de derechos de pensión y otras medidas de seguridad social que
han mejorado la condición jurídica y social de la mujer y su acceso a la educación, a fin
de mitigar los efectos de la crisis económica mundial que golpeó el país en 2001. Tam-
bién acoge con beneplácito los esfuerzos encaminados a paliar los efectos de la crisis
económica y financiera de 2008-2009 y, en particular, las medidas adoptadas para intro-
ducir una perspectiva de género, con arreglo a la Convención. El Comité observó el es-
pectacular aumento de las inversiones del 176%, la disminución de las tasas de pobreza
relacionadas con las mujeres y las niñas y la prioridad asignada a las mujeres y las niñas
en las políticas de seguridad social.
Encomia al Estado parte por las medidas encaminadas a promover la participación de la
mujer en la vida pública y por las medidas positivas adoptadas para asegurarle la igual-
dad de oportunidades y de trato. En particular, acoge con beneplácito el hecho de que,
por primera vez, una mujer haya sido elegida Presidenta, que dos mujeres hayan sido
nombradas magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que, en diciem-
bre de 2007, un 38,5% de los cargos con funciones ejecutivas del Gobierno nacional es-
tuviera ocupado por mujeres.
Acoge con beneplácito la aprobación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus Relaciones Inter-
personales (Ley 26.485 de 2009), que abarca la violencia basada en el género en todas
sus manifestaciones, incluida la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimo-
nial, establece la obligación de estipular medidas preventivas para ayudar a las víctimas y
crea el Observatorio de la Violencia. Acoge con beneplácito además el establecimiento
de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar el
delito de la trata de seres humanos y evitar que las víctimas de la trata vuelvan a conver-
tirse en víctimas, en particular la ratificación en noviembre de 2002 de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los dos Protocolos
de Palermo, en virtud de la Ley 25.632, y la aprobación en abril de 2008 de la Ley de Pre -
vención y Sanción de la Trata de Personas (Ley 26.364 de 2008), por la que se modifican
el Código Penal y el Código Procesal Penal de la Nación y se prohíbe y sanciona la trata
de personas en todas sus formas. El Comité observa que dicha Ley se aplicará en el mar-
co del Programa Nacional de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y de Asis-
tencia a sus Víctimas. Asimismo, acoge con beneplácito el hecho de que, al preparar el
sexto informe periódico, el Estado parte hubiese adoptado un enfoque inclusivo y parti-
cipativo, y señala que el Consejo Nacional de las Mujeres contó con un amplio grado de
participación de diversos organismos y órganos gubernamentales. También participaron
en el proceso el Consejo Federal de la Mujer, que representa a las provincias en el meca-
nismo nacional encargado del adelanto de la mujer, el poder legislativo y las autoridades
judiciales.
Si bien encomia al Estado parte por otorgar rango constitucional a la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y otros instrumentos
internacionales de derechos humanos en su ordenamiento jurídico interno, el Comité
observa que su aplicación efectiva sigue siendo limitada, al igual que la concienciación
general sobre sus disposiciones y la adopción de medidas legislativas y de otra índole
que prohíban la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Preocupa el desco-
nocimiento generalizado de la Convención y su Protocolo Facultativo en la Argentina, en
particular entre las autoridades judiciales y otros funcionarios encargados de hacer cum-
plir la ley. Resulta especialmente preocupante que las propias mujeres no conozcan sus
derechos con arreglo a la Convención ni el procedimiento de presentación de denuncias
con arreglo al Protocolo Facultativo y, por consiguiente, carezcan de capacidad para rei-
vindicar la promoción, la protección y el cumplimiento plenos de sus derechos en pie de
igualdad con los hombres. El Comité insta a los Estados parte a adoptar medidas legisla-
tivas y de otra índole, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda forma de
discriminación contra la mujer y promuevan la igualdad, así como a aplicar medidas para
difundir la Convención, su Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Co-
mité entre todos los interesados, incluidos ministerios gubernamentales, parlamenta-
rios, autoridades judiciales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que
tengan conocimiento de ellos y cobren conciencia de los derechos humanos de la mujer.
Insta también al Estado parte a organizar campañas de concienciación dirigidas a las mu-
jeres a fin de que tomen conciencia de sus derechos humanos y asegurar que disponen
de procedimientos y recursos en caso de que se violen los derechos que le asisten con
arreglo a la Convención, entre otras recomendaciones.

Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabaja-
dores Migratorios y de sus Familiares: El Comité examinó el informe inicial de la Argenti-
na en sus sesiones 167ª y 168ª, celebradas los días 12 y 13 de septiembre de 2011, y
aprobó las siguientes observaciones finales en sus sesiones 179ª y 180ª, celebradas los
días 20 y 21 de septiembre de 2011.
El Comité celebra como medida positiva que se hayan aprobado los siguientes instru-
mentos: a) La Ley de migraciones Nº 25871 (2004), que reconoce el derecho a la migra-
ción como un derecho esencial e inalienable (art. 4), protege el derecho de todos los mi-
grantes, incluso los que se encuentran en situación irregular, a ser admitidos libremente
como alumnos en todos los niveles de educación y a beneficiarse de los servicios de
salud (arts. 7 y 8), y exige a los empleadores que se ajusten a la legislación laboral, cual-
quiera que sea la condición migratoria del trabajador (art. 56); b) El Decreto Nº
616/2010, que precisa aún más las obligaciones que tiene el Estado parte en virtud de la
Ley Nº 25871, en particular la obligación de adoptar medidas para regularizar la condi-
ción de los migrantes, y amplía la definición de trabajador migratorio de acuerdo con la
Convención; c) Ley Nº 26364 (2008) de prevención y sanción de la trata de personas y
asistencia a sus víctimas, que tipifica la trata de personas como delito federal punible con
3 a 15 años de prisión y prevé la asistencia a las víctimas; d) Las recientes enmiendas a la
Ley de lucha contra la trata, que introduce penas más severas para los responsables de
haber cometido el delito de trata de personas y deroga el requisito de que las víctimas
mayores de 18 años deban probar que inicialmente no dieron su consentimiento para
dedicarse a una actividad de explotación.
El Comité toma nota con satisfacción de las siguientes medidas institucionales y de políti-
ca: a) El Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria, que permitió re-
gularizar la situación de unos 13.000 migrantes de países no pertenecientes al MERCO-
SUR y, en una segunda etapa, el Programa "Patria Grande" del MERCOSUR, que permitió
otorgar un permiso de residencia permanente o temporal a más de la mitad de
los 423.711 solicitantes del MERCOSUR y los países asociados que anteriormente habían
vivido en el Estado parte en situación irregular; b) El Programa Nacional de Prevención y
Erradicación de la Trata de Personas y de Asistencia a sus Víctimas, creado mediante el
Decreto Nº 1281/2007, y la creación, en 2008, de la Oficina de Rescate y Acompaña-
miento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, establecida en el ám-
bito del Ministerio de Justicia, que suministra asistencia a las víctimas hasta que prestan
declaración en el marco de un proceso judicial; c) El Plan Nacional contra la Discrimina-
ción, aprobado mediante el Decreto Nº 1086/2005 y aplicado y supervisado por el Insti-
tuto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Comité constata con satisfacción que el Estado parte ha ratificado todos los tratados
internacionales fundamentales de derechos humanos y todos sus protocolos facultati-
vos, con excepción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, y también celebra que el Estado parte haya ratificado, en
2002, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmen-
te mujeres y niños, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y
aire, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Or-
ganizada Transnacional, así como el Convenio Nº 182 (1999) de la Organización Interna-
cional del Trabajo, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la ac-
ción inmediata para su eliminación, en 2001.
El Comité recomienda al Estado parte que: a) Aumente las inspecciones laborales y las
multas y otras sanciones a los empleadores que exploten a trabajadores migratorios o
los sometan a trabajo forzoso y abusos, especialmente en la economía informal; b)Con-
trole las prácticas de empleo en la industria textil, la agricultura y el trabajo doméstico
para que los trabajadores migratorios disfruten de las mismas condiciones de trabajo
que los nacionales; c) Promueva el acceso de los trabajadores migratorios al empleo en
el sector formal aumentando aún más su acceso a los procedimientos de regularización y
a las oportunidades de formación profesional; d)Vele por que las trabajadoras migrato-
rias, especialmente las empleadas domésticas, tengan acceso a mecanismos eficaces
para presentar denuncias contra los empleadores, y enjuicie y castigue a los culpables de
los abusos cometidos contra ellas, de acuerdo con la Observación general Nº 1 (2010)
del Comité, sobre los trabajadores domésticos migratorios, entre otras recomendacio-
nes.

Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el tercer informe del
Estado parte sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales en sus sesiones 44ª a 46ª, celebradas los días 23 y 24 de noviembre de
2011, y aprobó en su 59ª sesión, celebrada el 2 de diciembre de 2011, las siguientes ob-
servaciones finales. El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado el Protocolo Fa-
cultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 24 de
octubre de 2011 y toma nota con satisfacción de las disposiciones legislativas y otras me-
didas adoptadas por el Estado parte para poner en práctica los derechos económicos, so-
ciales y culturales, y en particular: a) La inclusión en el Censo Nacional, por primera vez
en 2010, de una pregunta basada en la autoidentificación de los argentinos afrodescen-
dientes; b) La Ley de migraciones (Ley Nº 25871, de 2004), que, entre otras cosas, prote-
ge el derecho de todos los migrantes, incluidos los que se encuentran en situación irre-
gular, a tener acceso a la educación y a los servicios de salud (arts. 7 y 8); c) La Ley nacio-
nal de salud mental (Ley Nº 26657, de 2010), por la que se promueven los servicios de
salud basados en la comunidad y se garantiza un enfoque interdisciplinario; d) La Ley de
matrimonio igualitario (Ley Nº 26618, de 2010), por la que, entre otras cosas, se confie-
ren a las parejas del mismo sexo los mismos derechos conyugales que a los heterosexua-
les; e) La Ley sobre la preservación de los glaciares (Ley Nº 26639, de 2010), por la que
se protegen los glaciares y el ambiente periglacial del Estado parte; f) La Ley sobre edu-
cación nacional (Ley Nº 26075, de 2006), por la que, entre otras cosas, se destina a la
educación el 6% del producto interno bruto.
El Comité pide al Estado parte que proporcione en su próximo informe periódico infor-
mación detallada sobre la aplicación por el poder judicial de los derechos previstos en el
Pacto. En este contexto, el Comité señala a la atención del Estado parte la Observación
general Nº 9 (1998) sobre la aplicación del Pacto a nivel nacional. Recomienda al Estado
parte que considere la posibilidad de modificar los procedimientos de nombramiento del
Defensor del Pueblo para poder cubrir ese puesto ahora y evitar en el futuro demoras en
ese proceso.
El Comité insta al Estado parte a que vele por una aplicación plena y coordinada de la Ley
Nº 26160/26554 relativa a la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocu-
padas por comunidades indígenas, tanto a nivel federal como provincial. El Comité reco-
mienda al Estado parte que concluya los procesos de demarcación en todas las provin-
cias, tal como se prevé en la Constitución y en las leyes vigentes, y que agilice el proceso
de concesión de títulos de propiedad comunal a las comunidades indígenas y que adopte
las medidas necesarias para poner fin a las violaciones de los derechos de los pueblos in-
dígenas y que exija responsabilidades a los autores de esos actos ilícitos.
Preocupa al Comité que la adopción, desde 2007, de diferentes métodos estadísticos en
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los cuales no siempre están dispo-
nibles públicamente, plantee dificultades para la interpretación correcta de los datos, en
tal sentido, subraya la importancia de disponer de datos fiables y completos para la ela-
boración y la aplicación de políticas públicas. Recomienda al Estado parte que adopte las
medidas necesarias para que sus estadísticas oficiales sean comparables con los datos
obtenidos por las instituciones internacionales pertinentes. Asimismo, recomienda al Es-
tado parte que vele por que las metodologías utilizadas y los datos reunidos por el INDEC
en el curso de sus estudios sean accesibles a los usuarios externos y reciban una difusión
adecuada.
El Comité insta al Estado parte a proteger a los activistas sociales y a los defensores de
los derechos humanos de toda forma de intimidación, amenaza y, especialmente, uso
desproporcionado de la fuerza por agentes y fuerzas de seguridad, tanto públicos como
privados. Asimismo pide al Estado parte que vele por que se investiguen sin demora y de
manera exhaustiva todas las alegaciones de represalias y malos tratos y por qué los res-
ponsables comparezcan ante la justicia.
Insta al Estado parte a reforzar las disposiciones legislativas y otras medidas destinadas a
luchar realmente por la igualdad efectiva de derechos del hombre y la mujer y a comba-
tir todas las formas de discriminación contra la mujer. A este respecto, el Comité recuer-
da su Observación general Nº 16 (2005) sobre la igualdad de derechos del hombre y la
mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité reitera su
anterior recomendación en el sentido de que el Estado parte redoble sus esfuerzos para
promover la igualdad entre los géneros en todas las esferas de la vida. Con respecto al
empleo, el Comité alienta al Estado parte a considerar las opciones legales, la creación
de capacidad y los servicios que permitan a mujeres y hombres conciliar sus obligaciones
profesionales con sus obligaciones familiares. También exhorta al Estado parte a que pro-
mueva el empleo de la mujer en el sector formal de la economía.
Insta al Estado parte a que siga haciendo todo lo posible por reducir el sector informal de
la economía a fin de promover el empleo en el sector formal y, de esa manera, lograr
que todos los trabajadores puedan disfrutar plenamente de los derechos económicos y
sociales. Además, recomienda al Estado parte que haga aplicable la legislación relativa al
salario mínimo a los sectores en los que todavía no se aplica. El Comité recomienda que
se tomen medidas para garantizar la plena protección jurídica de los trabajadores, inde-
pendientemente del sector en que estén empleados. Asimismo, alienta al Estado parte a
que considere la posibilidad de modificar los requisitos de residencia establecidos para
los trabajadores migratorios, en consonancia con la Constitución Nacional y con la Ley de
migraciones, a fin de que puedan tener acceso a un régimen de prestaciones sociales no
contributivas.
El Comité recomienda que el Estado parte agilice el proceso de revisión de su legislación
sobre la lucha contra la trata de personas, a fin de ajustarla a las normas internacionales.
Asimismo, recomienda al Estado parte que aumente la asignación de recursos para la
prevención de la trata de personas, el procesamiento y la condena de los responsables, y
para la prestación de asistencia a las víctimas, así como para el mejoramiento de la coor-
dinación de estas actividades en todos los niveles. Recomienda al Estado parte que siga
sensibilizando a la población sobre el carácter penal de la violencia doméstica y que haga
comparecer a los responsables ante la justicia. También recomienda al Estado parte que
refuerce los programas de asesoramiento jurídico y que aumente la disponibilidad de al-
bergues y servicios de apoyo psicosocial a las víctimas. El Comité también pide al Estado
parte que aporte fondos suficientes al Consejo Nacional de las Mujeres a fin de que pue-
da alcanzar sus objetivos.
El Comité recomienda al Estado parte que considere la posibilidad de introducir las refor-
mas necesarias en la Ley de asociaciones sindicales, a fin de reconocer los derechos co-
lectivos básicos de todas las categorías de trabajadores y de los sindicatos, y asegurar la
plena conformidad de la legislación nacional con las obligaciones internacionales de la
Argentina. A este respecto, también recomienda al Estado parte que haga aplicables,
mutatis mutandis, a todos los trabajadores y a todos los sindicatos las resoluciones perti-
nentes de la Corte Suprema. El Comité insta al Estado parte a velar por que la inscripción
de los sindicatos se haga de conformidad con el artículo 8 del Pacto y de manera oportu-
na. El Comité también recuerda al Estado parte que han de prohibirse las represalias ta-
les como la pérdida del empleo por la participación en protestas y huelgas realizadas de
conformidad con la ley, y que se ha de conceder reparación a las víctimas de malos tra-
tos.
Insta al Estado parte a que considere la posibilidad de adoptar todas las medidas que
sean necesarias para ofrecer la cobertura de la Asignación Universal por Hijo sin restric-
ciones, especialmente en el caso de grupos de personas marginadas y desfavorecidas,
como los hijos de los trabajadores migratorios en situación irregular y los hijos de las
personas privadas de libertad.
El Comité insta al Estado parte a que adopte políticas en materia de vivienda con el fin
de garantizar a todos el acceso a una vivienda adecuada y asequible, con seguridad jurí-
dica de la tenencia.
Insta al Estado parte a velar por que la Ley sobre la salud sexual y reproductiva se apli-
que en todas las provincias y por qué se garantice a todas las personas, especialmente a
los adolescentes, acceso a educación y servicios completos de salud sexual y reproducti-
va, con el fin de, entre otras cosas, reducir las elevadas tasas de mortalidad materna. El
Comité recomienda que el Estado parte ponga en marcha programas para mejorar la
sensibilización de la población a la salud sexual y reproductiva. También recomienda al
Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal,
a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que garantice el acceso a
instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y posterio-
res al aborto.
El Comité recomienda al Estado parte que ratifique y aplique el Convenio Marco de la
OMS para el Control del Tabaco y que elabore políticas fiscales, de fijación de precios y
de sensibilización de la población que sean eficaces para reducir el consumo de tabaco,
en particular entre las mujeres y los jóvenes.
El Comité recomienda al Estado parte que aplique eficazmente la legislación vigente para
garantizar el derecho a la educación y atender, en particular, los problemas relacionados
con los niños que no se han incorporado al sistema educativo, el analfabetismo, la repe-
tición de cursos y la deserción escolar. El Comité insta al Estado parte a que continúe sus
esfuerzos por eliminar las disparidades existentes entre los distintos grupos de la socie-
dad y promueva los avances en materia de educación de las provincias y los grupos des-
favorecidos y marginados. También recomienda al Estado parte que adopte medidas efi-
caces para garantizar el acceso de los pueblos indígenas a la educación intercultural y
que vele por qué esa educación se adapte a las necesidades específicas de esos pueblos.

Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
El Comité examinó el informe inicial de Argentina (CRPD/C/ARG/1) en sus sesiones 79.ª y
80.ª, celebradas el 19 y 20 de septiembre de 2012, y aprobó, en su 91.ª sesión, celebrada
el 27 de septiembre de 2012, las observaciones finales que figuran a continuación.
El Comité observa con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para ha-
cer efectiva la Convención mediante la aprobación de leyes, planes y programas, entre
los que cabe destacar: a)La adopción de la Ley N.º 26571 (2009) de Democratización de
la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral; b) La adopción de
la Ley N.º 26522 (2009) sobre la Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovi-
sual; c) La creación de la Unidad de discapacidad e integración laboral dependiente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (acordada en diciembre de2010) y del Programa
Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Ad-
ministración de la Justicia; d) El establecimiento del Centro de Tecnologías para la Salud y
la Discapacidad.
El Comité insta al Estado parte a adoptar medidas para garantizar la efectiva implemen-
tación del CUD (certificado único de discapacidad) en todo el país y a estandarizar los cri-
terios aplicados por el Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) y las Juntas Evaluadoras
de cada Provincia para otorgarlo. Asimismo, lo insta a asegurar la adhesión de todas las
Provincias a la Ley N.º 24901.
Insta a adoptar una estrategia específica dirigida a las mujeres y las niñas con discapaci-
dad que garantice la plena protección y goce de sus derechos, contando con su participa-
ción efectiva en los procesos de toma de decisiones. El Comité recomienda además al Es-
tado la inclusión de la perspectiva de discapacidad en todas las políticas y programas de
igualdad de género, garantizando la plena participación efectiva de las mujeres con dis-
capacidad en igualdad de condiciones con las demás mujeres
Recomienda al Estado parte que, con carácter prioritario, incorpore la perspectiva de dis-
capacidad en la Ley N.º 26061 y en el sistema de protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes. El Comité insta a que invierta la mayor cantidad posible
de los recursos disponibles para acabar con la discriminación contra los niños y niñas con
discapacidad y que garantice su incorporación a los planes de seguro de salud y a los ser-
vicios y prestaciones a los que tienen derecho, como pensiones y vivienda.
Recomienda al Estado parte que instaure mecanismos de monitoreo y evaluación efecti-
vos del cumplimiento con el marco legislativo en materia de accesibilidad en el Estado
parte, y que tome las medidas necesarias para agilizar la armonización de la legislación
pertinente a nivel federal y provincial con la Convención, así como el desarrollo e imple-
mentación de los planes de accesibilidad. Asimismo, el Comité insta al Estado Parte a
que vele por que las entidades privadas tengan debidamente en cuenta todos los aspec-
tos relacionados con la accesibilidad de las personas con discapacidad, entre otras reco-
mendaciones.

Observaciones finales del Comité contra la Desaparición Forzada:

El Comité contra la Desaparición Forzada examinó el informe presentado por la Argenti-
na en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención en sus sesiones 60ª y 61ª, cele-
bradas los días 4 y 5 de noviembre de 2013. En su 73ª sesión, celebrada el 13 de noviem-
bre de 2013, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.
El Comité celebra que el Estado parte haya ratificado la totalidad de los instrumentos
fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos facultati-
vos en vigor, así como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Acoge con sa-
tisfacción asimismo que el Estado parte haya reconocido la competencia del Comité en
virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención, sobre comunicaciones individuales e in-
terestatales, respectivamente. El Comité celebra también las medidas legislativas y de
otra índole adoptadas por el Estado parte sobre aspectos que guardan relación con la
Convención, en particular las relacionadas con la reforma de la justicia militar (Ley
26394); la regulación del Banco Nacional de Datos Genéticos (Ley 26548); el régimen de
la ausencia por desaparición forzada (Ley 24321); y las diversas leyes de reparación. Ob-
serva con satisfacción que el Estado parte haya cursado una invitación permanente a to-
dos los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Hu-
manos para que visiten el país.
El Comité invita al Estado parte a acelerar el proceso legislativo con vistas a otorgar jerar-
quía constitucional a la Convención, como ha sido recomendado por el Grupo de Traba-
jo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Asimismo, exhorta al Estado parte a
adoptar todas las medidas necesarias con miras a reconocer de manera expresa la apli-
cabilidad directa de las disposiciones de la Convención.
Promueve al Estado parte a asegurar que la reforma del Código Penal se ajuste plena-
mente a las obligaciones contenidas en la Convención, incorporando las modificaciones
que sean necesarias para asegurarse que en su aplicación se cumple efectivamente el
mandato contenido en su artículo 2.
Alienta a adoptar todas las medidas que resulten necesarias e incrementar los esfuerzos
con miras a combatir eficazmente estas formas contemporáneas de desaparición forza-
da. Recomienda, asimismo, que el Estado parte promueva reformas institucionales en el
seno de los cuerpos policiales para erradicar la violencia y asegurar que los policías res-
 ponsables de estas violaciones sean debidamente investigados, enjuiciados y sanciona-
dos.
El Comité recomienda que en razón de su gran complejidad, la investigación de los crí-
menes de desaparición forzada se encuentre a cargo de órganos especialmente capacita-
dos, y en particular que las fiscalías cuenten con la debida especialización y experiencia
en la investigación de estos delitos, entre otras recomendaciones.

Obligaciones comunes del Estado a ambos tipos de derechos. Obligaciones específicas

en materia de derechos económicos y sociales. Exigibilidad de los derechos económi-
cos, sociales y culturales. Estándares internacionales en materia de derechos económi-
cos, sociales y culturales a los que se ha sometido el Estado Argentino.

Para estos temas, en primer lugar deben hacer la lectura del texto de Wlasic , que es in -
troductorio al tema .
Posteriormente el texto de Christian Courtis LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS
hace un análisis en profundidad de la temática.
Se acompaña un PPT sobre los Estándares Internacionales en materia de Derechos
Económicos , Sociales y Culturales .

Ver : COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 23 de noviembre

de 2007 OBSERVACIÓN GENERAL Nº 19 El derecho a la seguridad social (artículo 9)

Ver : Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los artícu-
los 16 y 17 del Pacto Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales Argentina

Finalmente acompañamos un PPT sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Nacio-

nes Unidas. Material que también entendemos pertinente para la Unidad 4 .