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Buen Gobierno y Derechos Humanos en México
Buen Gobierno y Derechos Humanos en México
Buen Gobierno y Derechos Humanos en México
Gustavo Aguilera-Izaguirre[2] gaguilerai@uaemex.mx
Universidad de Salamanca, España
ISSN: 2395-8448
Periodicidad: Semestral
oswaldo.leyva@uanl.mx
URL: http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/187/1872095005/index.html
INTRODUCCIÓN
FUNDAMENTO TEÓRICO
B UEN G OBIERNO
El concepto de buen gobierno (good governance) se ha difundido ampliamente
en la literatura sobre estudios del desarrollo desde principios de los años 90 a raíz
de un estudio realizado por el Banco Mundial (World Bank, 1992) sobre la crisis y
el crecimiento sostenido en el África Subsahariana [sic] y la importancia del
mencionado buen gobierno en el desarrollo económico. Según el estudio, el
fracaso en muchos países africanos de las políticas de ajuste estructural se habría
debido precisamente a la ausencia de aquél, esto es, al mal gobierno (poor
governance) reinante, que habría dificultado las necesarias inversiones
extranjeras. Este mal gobierno se caracteriza por problemas como: a) la falta de
responsabilidad y de una rendición de cuentas de los poderes públicos; b) la falta
de transparencia; c) la escasa capacidad de previsión de los políticos y
funcionarios; y d) la ausencia del Estado de derecho (Alberdi, 2006 citado por
Pérez de Armiño, 2005: s/p).
Esto quiere decir, según Villoria (2011: 37), que debe existir un buen sistema
nacional de integridad, cuyos pilares deben ser la voluntad política en el ejecutivo
de prevenir y combatir la corrupción; un sector público competente, objetivo e
imparcial, con adecuados sistemas de contratación y distribución de
subvenciones; la existencia de un Parlamento activo en la promoción de buena
gobernanza y en el combate a la corrupción; un eficaz sistema de auditoría y
control contable y financiero; partidos políticos comprometidos con la lucha
anticorrupción y que se financian limpiamente; un poder judicial independiente e
imparcial, además de competente en la lucha anticorrupción; una defensoría del
pueblo y/o [sic] varios sistemas de defensa del ciudadano frente a abusos y mal
funcionamiento del servicio público; un organismo central en la detección e
investigación de la corrupción, así como en la promoción de medidas de
prevención de la misma; [...] y una sociedad civil bien informada e implicada en la
lucha contra los abusos de los poderes públicos y privados.
Las anteriores son acciones que han venido a reforzar la estrategia conducente
a establecer un orden en la funcionalidad de los gobiernos y sus administraciones,
como la actuación correcta de los funcionarios y los servidores públicos, la
consolidación de la existencia de ciertos valores como el respeto al interés general
y la honestidad, así como lograr la consolidación de los sistemas democráticos, en
función del ciudadano.
Por último, diferentes sectores y autores critican la noción de buen gobierno por
la subjetividad que encierra la definición de qué países lo cumplen y cuáles no; así
como, sobre todo, por entender que éste y otros criterios de condicionalidad
política de la ayuda representan una violación de la soberanía de los países
receptores. En otras palabras, lo ven como un mecanismo encubierto de los
países occidentales para perpetuar su control político sobre los países pobres.
Algunos autores añaden que la condicionalidad del buen gobierno se emplea
como un argumento más para justificar los recortes de la ayuda internacional. En
general, estos críticos defienden que el buen gobierno debería interpretarse más
bien como la práctica de aquellos gobiernos que trata de maximizar los beneficios
sociales de sus políticas (Alberdi, 2006 citado por Pérez de Armiño, 2005: s/p).
En conclusión, la mayoría de los organismos internacionales, donantes de
cooperación al desarrollo han insistido en la necesidad del buen gobierno en los
países receptores; el cual se ha convertido en uno de los principales criterios
políticos de condicionalidad para la concesión de aquélla. al considerarlo como un
tipo de ejercicio del poder que garantiza el crecimiento económico, la democracia
pluripartidista, la economía de mercado, el respeto a los derechos humanos, la
reducción del gasto militar y, en algunos casos, la equidad socioeconómica.
Eliminar los actos de racismo y xenofobia cada vez más frecuentes en muchas
sociedades y promover una mayor armonía y tolerancia en todas las sociedades.
Es así que la Declaración del Milenio presenta para el siglo XXI una visión de un
mundo pacífico, próspero y justo, que reafirma los propósitos y los principios de la
Carta de las Naciones Unidas; refleja el compromiso de los Estados Miembros de
lograr la paz, la seguridad y el desarme; promover el desarrollo y la erradicación
de la pobreza; proteger nuestro entorno común; defender los derechos humanos,
la democracia y el buen gobierno; entre otras cosas (ONU, 2002: 1).
3 Ahora bien, Villoria (2016) refiere que los componentes axiológicos del buen
gobierno son la efectividad, la profesionalidad y la imparcialidad, la transparencia,
la participación y la rendición de cuentas. Para los efectos de este artículo, se
analizarán algunos de éstos:
D ERECHOS H UMANOS
Los derechos humanos son el conjunto de derechos por los cuales se afirma la
dignidad de la persona frente al Estado, es decir, son derechos públicos subjetivos
que tienen la correlativa obligación las limitaciones, obligaciones o prestaciones
que ha de servir el estado en favor del individuo. En su aspecto positivo son
aquellos derechos reconocidos por el sistema jurídico de que se trate, en el caso
de México serían los que se establecen en la constitución política de los Estados
Unidos mexicanos, además de lo que se recogen en los pactos convenciones y
tratados internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano. (Orozco,
20002).
Se debe entender que todos los derechos humanos implican para los estados
las mismas obligaciones, que son de tres tipos: la obligación de respetar, que
consiste en abstenerse de impedir u obstaculizar la realización de los derechos de
las personas; la obligación de proteger, que consiste en adoptar las medidas para
evitar que las terceras personas puedan restringir o anular los derechos humanos
de otras personas y la obligación de realizar, la cual conste en adoptar las
medidas positivas para garantizar que las personas puedan acceder al ejercicio de
sus derechos humanos, aun y cuando no puedan hacerlo por sus propios medios
y recursos.
Por tal motivo el buen gobierno y los derechos humanos se vinculan y refuerzan
entre sí, ya que, sin la existencia de un buen gobierno, los derechos humanos no
pueden ser respetados y protegidos de manera sostenible. Para el ejercicio de los
derechos humanos entonces, se requiere que exista un entorno propicio en el cual
existan instituciones y marcos jurídicos apropiados, así como también, una
administración responsable de satisfacer las necesidades de la población.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH, 2008) llevo a cabo un estudio de prácticas de buen gobierno,
y en él señaló que los vínculos entre el buen gobierno y los derechos humanos se
dan en cuatro esferas: instituciones democráticas, prestación de servicios del
Estado, Estado de derecho y medidas contra la corrupción. Se exponen distintas
formas en que diversos agentes sociales e institucionales, desde grupos de
mujeres o de minorías hasta los medios de información, la sociedad civil o los
organismos del Estado, han llevado a cabo reformas en esos cuatro ámbitos.
Cuando están orientadas por los valores de los derechos humanos, las reformas
de las instituciones democráticas con arreglo al buen gobierno crean vías para la
participación de los ciudadanos en la formulación de políticas, sea por conducto de
las instituciones estructuradas o mediante mecanismos informales de consulta.
También establecen mecanismos para la inclusión de múltiples grupos sociales en
los procesos de adopción de decisiones, especialmente a nivel local. Por último,
pueden alentar a la sociedad civil y a las comunidades locales a formular y
expresar sus posiciones sobre cuestiones importantes para ellas.
En el ámbito de la prestación de servicios del Estado a la población, las
reformas de la gobernanza promueven los derechos humanos cuando mejoran la
capacidad del Estado para cumplir su responsabilidad de ofrecer bienes públicos
indispensables para la protección de cierto número de derechos humanos, como
el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Las iniciativas de reforma
pueden incluir mecanismos de rendición de cuentas y transparencia, herramientas
de política atentas a los aspectos culturales para garantizar que los servicios sean
accesibles y aceptables para todos, y vías de participación ciudadana en la
adopción de decisiones.
Por último, las medidas contra la corrupción también forman parte del marco de
la buena gobernanza. Aunque aún no se han estudiado en profundidad los
vínculos entre la corrupción, las medidas anticorrupción y los derechos humanos,
el movimiento contra la corrupción está acudiendo al ámbito de los derechos
humanos para impulsar sus esfuerzos. Para combatir la corrupción, los esfuerzos
de buen gobierno se apoyan en principios como la rendición de cuentas, la
transparencia y la participación para dar forma a las medidas de lucha. Las
iniciativas pueden incluir el establecimiento de instituciones como comisiones
anticorrupción, la creación de mecanismos de intercambio de información y la
vigilancia del uso de fondos públicos, y la aplicación de políticas por parte de los
gobiernos.
MÉTODO
D ISEÑO
I NSTRUMENTOS
P ROCEDIMIENTOS
CONCLUSIONES
Referencias
Alberdi, J. (2006). Buen Gobierno. Citado Por Karlos Pérez De Armiño (Dir.), En
diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo.
Http://Www.Dicc.Hegoa.Ehu.Es/Listar/Mostrar/24.
Burin, D.; Istvan, K. y Levin, L. (1998). Hacia una gestión participativa y eficaz. citados
por el centro de estudios sociales y de opinión pública. En Contexto participación
ciudadana, política y electoral en México: hacia la civil toma de decisiones.
Http://Www5.Diputados.
Gob.Mx/Index.Php/Camara/Centros-De-Estudio/Cesop/Novedades/En-Contexto.-
Participacion-Ciudadana-Politica-Y-Electoral-Enmexico-Hacia-La-Civil-Toma-De-
Decisiones.
Notas
[1] Este artículo es producto del proyecto “Calidad y Buen gobierno”, financiado por
PROMEP.
[2] Doctor por la Universidad de Salamanca, España, Profesor Investigador en la
Universidad Autónoma del Estado de México, Correo: gaguilerai@uaemex.mx. Código
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9817-6746