S03. s1 - Fuentes de Información - Tarea Académica 1 (TA1)

Comprensión y Redacción de Textos II
Ciclo 2022-marzo
Semana 3, sesión 1
Fuentes de información para la Tarea Académica 1
Revisa las siguientes fuentes de información. Complementa tu comprensión del tema

buscando fuentes adicionales.
Fuente 1
Seguridad ciudadana
La categoría “seguridad ciudadana” nace de la preocupación, rechazo y búsqueda de

control social ante el aumento de las tasas de criminalidad, como necesidad de
protección ante la violencia física, psicológica, sexual, y de la necesidad de defensa del
patrimonio de la ciudadanía. En tal sentido, hablamos de seguridad ciudadana para
evidenciar un conjunto de acciones por parte del Estado y de la misma ciudadanía en la
búsqueda de la prevención y control del crimen. Optar por esta definición es
básicamente darle un enfoque de política pública donde el Estado, apoyado de la
participación ciudadana, busca cumplir sus compromisos internacionales para
garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos (CIDH, 2009: 22). Este
enfoque se encuentra en nuestra legislación peruana. En el artículo 2 de la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la seguridad ciudadana alude a la
incorporación de medidas y previsiones que debe adoptar el Estado a través de sus
instituciones y la comunidad organizada dentro del marco de la ley y los derechos
humanos, con la finalidad de que las personas puedan desarrollar sus actividades libres
de todo tipo de riesgos.
Seguridad ciudadana también se puede entender a partir del reconocimiento de la
condición subjetiva en la que el individuo merece encontrarse libre de violencia o
amenaza de violencia o de despojo por parte de un tercero, donde violencia se entiende
como el uso de la fuerza física y/o psicológica con el fin de causar daño o de doblegar
la voluntad de alguien, y despojo entendido como el acto de privar ilegítimamente del
patrimonio a una persona física o jurídica. Una conceptualización de violencia como esta
incluye distintos tipos de delitos como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro
y la trata de personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo,
hurto, estafa) como público (soborno y cohecho). Además se incluyen otras
modalidades delictivas como el crimen organizado, entre las que podemos encontrar al
narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de activos o el comercio de bienes ilegales
ya que se relacionan con la violencia y el despojo, aunque no necesariamente las
personas o su patrimonio se vean perjudicados (PNUD, 2009: 34-35).
Las dos definiciones, tanto la referida al rol del Estado como la que asegura una
condición individual, nos permiten acercarnos a la problemática detrás de la categoría
“seguridad ciudadana”, donde cada delito esconde una fenomenología distinta y se
desarrolla en contextos específicos. Por ejemplo, el narcotráfico es una actividad
económica que genera riqueza (a pesar de su condición de ilegalidad), y como cualquier
empresa transnacional busca, a través de los diferentes medios, aumentar sus
utilidades. Podemos encontrar inseguridad en zonas de frontera donde grupos
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organizados buscan controlar territorios de salida de la droga. Por otro lado, el robo de
un celular por un delincuente en alguna calle de Lima no genera riqueza, es básicamente
el traspaso de un bien, el cual puede estar inserto dentro de una cadena económica
mayor donde el delincuente no obtendrá necesariamente mayores réditos económicos.
Robos de celulares en su mayoría ocurren en zonas céntricas y transitadas de una
ciudad metrópoli. La seguridad ciudadana por tanto está muy ligada al tipo de crimen
violento en una determinada comunidad donde la modalidad más frecuente puede ser
el robo de alguna propiedad o la privación de alguna libertad.
López, N. (2014). Inseguridad y percepción de inseguridad en Lima, Perú. Recuperado de

https://escuela.pucp.edu.pe/gobierno/wp-content/uploads/2018/05/Cuadernos-de-investigación-10.pdf
Fuente 2
Los costos de la inseguridad
No cabe duda de que la inseguridad ciudadana es uno de los problemas más serios e
importantes que enfrenta el país, con graves consecuencias. De acuerdo con el informe
Latinobarómetro 2016, el 55% de la población peruana considera a la delincuencia como
el problema principal del país, el porcentaje más elevado de los diez países que
comparten esta preocupación. Asimismo, un 50% de los peruanos está preocupado todo
o casi todo el tiempo de ser víctima de un delito con violencia, cifra por encima del
promedio latinoamericano, que es del 43%.
Al respecto, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),
en el periodo noviembre 2016-marzo 2017, la tasa de victimización a nivel nacional
alcanzó un 26.3%, 6 puntos porcentuales menos con respecto al mismo periodo del año
anterior (32.3%). Además, se estima que el 88.3% de la población percibe que, en los
próximos doce meses, puede ser víctima de un hecho delictivo que atente contra su
seguridad, lo que significa una reducción de 1.9 puntos porcentuales con respecto al
mismo periodo del año anterior (90.2%).
Si bien estas cifras muestran una ligera mejora, lo cierto es que la criminalidad e
inseguridad aún continúan en un nivel muy elevado en nuestro país. Por ello, no
sorprende que, según el Informe Global de Competitividad 2016-2017 del Foro
Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), el Perú se ubique en la posición
126 de 138 economías en el componente Seguridad dentro del pilar de Instituciones
Públicas, por debajo de países de la región como Chile (45), Uruguay (59), Ecuador
(84), Bolivia (85), Argentina (105) y Paraguay (111).
El problema es que la delincuencia e inseguridad no solo afectan el bienestar de la
ciudadanía, sino que también tienen asociados importantes costos. Como bien
menciona el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen y el temor al crimen
influyen en la conducta de las personas, limitan las decisiones de inversión de las
empresas, minan la confianza en las instituciones responsables de garantizar la
seguridad pública y alteran la asignación de recursos públicos y privados. Una prueba
de esto es que, de acuerdo con el WEF, en el Perú, el crimen y el robo constituyen el
sétimo factor más problemático para hacer negocios, así como que el nuestro se
posicione como uno de los países en los que el crimen y la violencia producen mayores
costos para los negocios, al ocupar el puesto 13 de 138 países.
2
Más aún, a inicios de este año (2017), el BID publicó el informe “Los costos del crimen
y de la violencia: nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe” con el
objetivo de medir el impacto de estos en las economías de la región. Como resultado,
se estima que el delito les cuesta a estos países, en promedio, un 3.55% de su PIB.
Asimismo, para el caso peruano, se calculó que el costo total de la delincuencia
ascendería a US$ 10,325 millones, equivalentes al 2.77% del PBI.
En efecto, dicha cifra sería el resultado de las múltiples distorsiones que la inseguridad
genera en nuestra economía. En principio, refleja los costos directos asociados al
crimen (lesiones, daños y pérdidas); costos en previsión de la delincuencia, como el
gasto público y privado en seguridad; y costos en respuesta a la delincuencia, como el
sistema penal. Cabe mencionar que esta estimación se basa en un escenario
conservador, que no incluye costos indirectos y más difíciles de cuantificar, como los
cambios en el comportamiento de familias o empresas, y que, de ser incluidos,
generarían una cifra muchísimo mayor.
Por otro lado, la inseguridad tiene también un efecto sobre la priorización y asignación
del presupuesto público. Si bien, como hemos mencionado, frenar este mal es
fundamental para mejorar la calidad de vida y promover la actividad económica;
debemos recordar que cada sol gastado en seguridad es uno menos invertido en otros
aspectos relevantes. De acuerdo con el informe del BID, si se compara el gasto público
en seguridad interna de los países de la muestra con el de otros sectores, en promedio,
los gastos gubernamentales por delitos equivalen aproximadamente a un tercio de las
cantidades gastadas en educación y salud. En una comparación internacional, este
gasto en seguridad representa una mayor proporción del gasto total que en los países
desarrollados (dos o tres veces más).
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, para 2017, el Gobierno
central tiene un presupuesto inicial modificado (PIM) de S/ 5,208 millones en la categoría
presupuestal “Reducción de delitos y faltas que atentan la seguridad ciudadana”, monto
que equivale a un 3.2% del presupuesto total de la nación de este año. Cabe mencionar
que este monto ha ido aumentando con los años; sin embargo, reducir los costos
estimados del crimen sobre el bienestar depende significativamente de qué tan buena
sea la política gubernamental, es decir, de tanto la magnitud como la eficiencia del gasto.
ComexPerú (2017). Los costos de la inseguridad. Recuperado de

https://www.comexperu.org.pe/articulo/los-costos-de-la-inseguridad
Fuente 3
Seguridad ciudadana en América Latina: un bien público cada vez más escaso
(PDF)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2873076
Fuente 4
Seguridad ciudadana: programas preventivos PNP
https://www.youtube.com/watch?v=8Pxa5poisUc (5:46)
3
Fuente 5
Experto en seguridad ciudadana analizó la ola de delincuencia en el país
https://www.youtube.com/watch?v=8LzMPUmUUwM (10:00)
Fuente 6
La inseguridad ciudadana en el Perú
https://www.youtube.com/watch?v=8g5gZ3dPqrI (2:13)

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López, N. (2014). Inseguridad y percepción de inseguridad en Lima, Perú. Recuperado de

ComexPerú (2017). Los costos de la inseguridad. Recuperado de

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