EL COMUNICADO Y LAS EXIGENCIAS DEL M-19

EL MOVIMIENTO 19 DE ABRIL, M-19, ENJUICIA AL GOBIERNO DE

BELISARIO BETANCUR EN OPERACION "ANTONIO NARIÑO POR LOS
DERECHOS DEL HOMBRE”.
Bogotá. La compañía IVAN MARINO OSPINA del Movimiento 19 de abril, M-19, ocupó
hoy a las 11:30 de la mañana, las instalaciones del Palacio de Justicia en una acción
destinada a convocar a la Nación para que enjuicie al gobierno del presidente Belisario
Betancur por su incumplimiento de las promesas de paz y por su traición a los acuerdos
suscritos hace un año en Hobo, Corinto y Medellín.
Con la operación "ANTONIO NARIÑO POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE",
comandada por Luis Otero Cifuentes, miembro del Comando Superior, la organización
insurgente exige la publicación de un manifiesto por todos los medios de prensa del país,
así como de las actas de verificación, los acuerdos de paz suscritos con el gobierno, una
demanda a la Corte Suprema de Justicia, y los acuerdos de monitoria que comprometen a
Colombia con el Fondo Monetario Internacional.
En el documento cuyo texto íntegro reproduce a continuación OIGA HERMANO, se exige
además la apertura de una hora radial a la población para que exponga sus necesidades más
urgentes y denuncie los incumplimientos gubernamentales.
OPERACION ANTONIO NARIÑO POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
Patriotas: Desde la Honorable Corte Suprema de Justicia, convertida por fuerza de la
historia en escenario de un juicio excepcional, el Movimiento 19 de Abril, M-19, convoca a
los colombianos todos a dar el paso que corresponde ahora en el proceso de una paz con
justicia social.
Es falso que la paz haya fracasado en Colombia. Han fracasado estruendosamente los
sectores y personas que han querido reducirla al tamaño de sus mezquinos intereses, pero la
paz sigue teniendo la dimensión de la Patria, la grandeza de la aspiración de los pueblos. La
paz es hoy una marcha irreversible, alta bandera en las manos seguras y firmes de un
pueblo que ha sellado con su propia sangre, el compromiso supremo de imponerla y
defenderla sin miramiento distinto al interés nacional.
La oligarquía pretendió con gestos de paz y hechos de guerra, confundir a la Nación y
desarmar al pueblo. Usó todos sus criminales recursos: la intimidación, la calumnia, el
atentado personalj los cercos de aniquilamiento, la amenaza a los familiares de los
combatientes, el secuestro, la tortura, la represión a la pacífica protesta, mintió en todas sus
promesas y violó todos sus acuerdos, pero pese a todo no pudo derrotarnos.
El camino de la paz se despeja hoy con el heroismo de nuestro pueblo, la decisión de
nuestras armas y la contundencia de nuestras victorias; y es desde esta búsqueda victoriosa,
en la razón que la asiste y en las armas que la defienden, que convocamos al juzgamiento
público de unas minorias apatridas que han hecho fraude a los anhelos de paz y traicionado
las exigencias de progreso de justicia social de la Nación entera. Porque fue ante la faz del
país y en nombre y representación de un sentimiento mayoritario, que los movimientos
armados firmamos unos acuerdos que cimentaran una nueva convivencia entre los
colombianos con el entonces Jefe de Estado, el señor Belisario Betancur.
La violación de los acuerdos de Tregua y Diálogo Nacional, se constituye así, no en ofensas
contra el M-19 o el EPL, sino en delitos contra la esperanza de una patria democrática,
afrentas contra un pueblo que aceptó el reto de buscar por las vias de la confrontación
pacífica, los caminos urgentes y justas reformas. Son estas mayorías traicionadas en sus
intereses y burladas en sus aspiraciones, las que estamos saliendo al paso a las maniobras, a
los intentos y manipulaciones, de quienes aún creen posible burlar impunemente los
compromisos, y malversar de nuevo la credibilidad pública. Por eso esta convocatoria es
para que acudan a ella las mayorías nacionales en su condición de parte lesionada y en su
autoridad de demandante: las familias campesinas los obreros, los empresarios, los
estudiantes, los profesores, los jueces de la República, los escritores, los artistas, los
deportistas, los pensionados, los colombianos todos que no hemos renunciado a pelear por
una vida digna; a todos los que hemos sido ultra jados y ofendidos por este gobierno, para
que unamos nuestras voces y esta acusación tenga la fuerza y la grandeza de una Colombia
puesta de pie en la decisión de realizar sus sueños.
Que los moradores de los barrios humildes, los marginados de los servicios públicos, los
destechados sin cuota inicial, hagan de este juicio su altavoz para gritar su testimonio de
abandono y desgobierno. Que las madres todas expresen su repudio a una clase dirigente y
soberbia, y a unos altos mandos militares asesinos que lanzan a sus soldados a la guerra y
los abandonan en la derrota.
Que la patria por la voz adolorida de las madres, sea perentoria acusación a unas
oligarquías insensibles frente a una patria que se desangra en sus hijos. Que los periodistas
contribuyan a recoger y difundir estas demandas para que la verdad se constituya en pilar
fundamental de la paz. Porque derrotar la mentira es también derrotar la guerra. Que ningún
colombiano honesto se quede al margen de este juicio, y que este juicio tenga la altura, la
fuerza y la grandeza de un acto de nuevo gobierno. Y para que todos tengamos los
elementos de ilustración y las pruebas pertinentes, exigimos: Primero: Que en los
periódicos citados: El Tiempo, El Espectador y El Siglo de Bogotá, El Colombiano y El
Mundo de Medellín, El Pueblo y El País de Cali, Vanguardia Liberal, de Cundinamarca,
Diario del Caribe y El Heraldo de Barranquilla, y La Patria de Manizales, el gobierno haga
públicos los documentos que aparecen a continuación, en el orden, sitio y tamaño aquí
especificados. Primer día: La publicación de esta proclama y del texto de los acuerdos
firmados en Hobo, Corinto y Medellín el 24 de agosto de 1984 entre el gobierno y el M-19
y el EPL, ocupando una página entera en la primera sección.
Segundo día: La publicación de la demanda armada que el M-19, en nombre de la Nación,
ha formulado ante la Corte Suprema de Justicia en la primera sección y dentro del tamaño
de la letra habitual-que cada periódico usa para las noticias de interés nacional.
Tercer día: La publicación de las notas de la Comisión de Verificación en la primera
sección, con la fuente habitual para noticias de importancia nacional y con encabezamiento
en primera página a tres columnas.
Cuarto día: La publicación de los acuerdos de monitoria con el FMI, firmados por el actual
gobierno en abril de 1985, en sitio y tamaño de letras iguales a los de las actas de la
Comisión de Verificación.
Segundo: La divulgación, por dos cadenas radiales de cubrimiento nacional dentro del
espacio de sus noticieros nacionales, de esta proclama en su texto exacto y completo,
durante los cuatro días en que se realicen las publicaciones exigidas en el punto anterior.
Tercero: La creación de un espacio radial diario, de duración de una hora, en tiempo de
clasificación A, usando una cadena radial de cubrimiento nacional para que los
colombianos todos, a través de nuestras organizaciones gremiales, civicas, deportivas,
sindicales, comunitarias, planteemos la respuesta a estas dos preguntas: a). ¿Cuál es su
exigencia más apremiante? y b). ¿Este gobierno le ha cumplido?
Cuarto. La presencia en este tribunal, del presidente Belisario Betancur, o de su delegado,
para que responda de manera clara e inmediata a cada una de las acusaciones contra el
actual gobierno.
Señores magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia: Creemos oportuno que
aqui y ahora, se decida si los colombianos vamos a seguir permitiendo que se siga
entregando nuestro país a pedazos, pues se han entregado considerables porciones de
nuestro suelo. Se entregan a manos llenas nuestros recursos naturales, petróleo, carbón, oro,
niquel, platino, fauna y flora. Se entrega la órbita geoestacionaria,-se entregan
clandestinamente nuestros niños, se entregan nuestros cerebros con su fuga, y por si todo
ello fuera poco, mediante un impopular y escandaloso tratado de extradición, se entrega
nuestra juridicidad. La más reciente y novedosa de las entregas, que es golpe mortal contra
la soberania nacional, centenares de compatriotas nuestros están seriamente amenazados,
no sólo por la legislación de paises extraños, sino por la manifiesta animadversión de
algunos de ellos, como es el caso concreto de los Estados Unidos de Norteamérica.
Señores Magistrados: tienen ustedes la gran oportunidad de presidir de cara al país, en su
condición de gran reserva moral de la República, un juicio memorable, el que ha de decidir
si esos principios universales por los que luchó y padeció Antonio Nariño en la centuria
pasada, empiezan por fin a tener vigencia en nuestra patria. Porque ningún colombiano está
dispuesto a soportar un siglo más de ignominia bajo el imperio de los intereses
oligárquicos.
Patriotas, por la voluntad de quien debe ejercer la soberania nacional que es el pueblo,
todos los miembros del Movimiento 19 de Abril, nuestros hombres, nuestras armas, nos
comprometemos a acatar y respetar el fallo que emita la Nación. De todos depende que
nunca más se impongan los intereses mezquinos de las minorías oligárquicas a los muy
sagrados de la colombianidad honesta y digna.
Patriotas, hoy por fin el futuro está en nuestras manos.
Por el Movimiento 19 de Abril
ESTADO MAYOR DE LA COMPAÑIA "IVAN MARINO OSPINA" EN LA
OPERACION "ANTONIO NARIÑO POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE".
LUIS OTERO
ANDRES ALMARALES
ALFONSO JACQUIN
ARIEL SANCHEZ
GUILLERMO ELVECIO RUIZ
JOSE DOMINGO GOMEZ
Bogotá, octubre de 1985 .
6 nov. CI.- El 6 de noviembre de 1985 el Comando “Iván Marino Ospina” del
Movimiento 19 de Abril -M-19- inició la llamada operación “Antonio Nariño por los
Derechos del Hombre”. Se trató de la toma armada del Palacio de Justicia, ubicado
frente a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Los insurgentes pretendían juzgar al gobierno del
presidente Belisario Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz que el M-19
y el gobierno habían pactado entre 1984 y 1985. Recuerdo de un hecho trascendente de
la historia reciente de Colombia, que proyecta enseñanzas para el futuro.
El M-19 retuvo en el Palacio de Justicia a 350 magistrados, visitantes, consejeros de
Estado, empleados y servidores judiciales. Las fuerzas militares colombianas realizaron la
retoma del Palacio, lo que derivó en la muerte de al menos 100 personas y en la
desaparición de 11.

Varios fueron los llamados, mensajes y gritos de los magistrados para pedir al gobierno
nacional que ordenara el cese al fuego a los militares para buscar una solución pacífica.
También reclamaron la presencia de la Cruz Roja Internacional. El gobierno de Belisario
Betancur quedó como un simple espectador, mientras los disparos y explosiones sonaban
en el Palacio. El Ejército tomó el absoluto control de las decisiones imposibilitando
cualquier solución negociada.

Por ese hecho han sido condenados por la justicia colombiana el coronel Alfonso Plazas
Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales. Sin embargo, aún existen otros militares
que no han sido juzgados.
Según pudo verse en varios videos de la época, del Palacio de Justicia salieron con vida
varias personas que fueron llevadas a la Casa del Florero, convertida en base militar del
Ejército, y a otras instalaciones militares. Nunca más se volvería a saber de estas personas.

Por ejemplo, en un video revelado por Noticias Uno en 2007 se ve salir con vida al
magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, pero luego su cuerpo fue encontrado dentro
de las instalaciones del Palacio con una herida en la cabeza de proyectil 9 milímetros. En
otro video encontrado en un allanamiento en casa del Coronel Alfonso Plazas Vega, se ve
al administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y a Cristina del Pilar Guarín,
una de las cajeras, salir con vida del Palacio aunque después fueron desaparecidos.

De los 35 miembros del M-19 que participaron en la toma, sólo Clara Helena Enciso
conseguiría escapar con vida. La guerrillera Irma Franco Pineda salió del Palacio pero fue
detenida por el Ejército y posteriormente torturada, asesinada; y su cuerpo, desaparecido.
Algunos de los guerrilleros capturados dentro del Palacio fueron asesinados después de
haberse rendido o cuando quedaron en estado de indefensión. Lugo fueron presentados
como muertos en combate.

«Masacre u Holocausto»
En 2006, la Comisión de la Verdad conformada por los exmagistrados de la Corte Suprema
de Justicia José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez, y el magistrado de la Corte
Constitucional Nilson Pinilla, encontró responsables del holocausto al M-19, al gobierno de
Belisario Betancur y a las fuerzas militares colombianas.

Para esa Comisión de la Verdad el M-19 fue responsable del asalto del Palacio de Justicia y
de la toma de rehenes. En dicho informe la Comisión señala una conexión entre el cartel de
Medellín y el M-19 para la realización de la toma, pero no aclara el nivel de dicha relación.
Estas afirmaciones fueron negadas por antiguos miembros del M-19, quienes aseguran que
la operación tenía como objetivo juzgar al gobierno por el fracaso del proceso de paz y que
la organización no tenía ninguna motivación en favor de los carteles de la mafia.

En el Palacio de Justicia, durante la toma, fueron destruidos varios procesos judiciales que
afectaban a los narcotraficantes y a miembros de las fuerzas militares involucrados en
crímenes y violaciones a los derechos humanos y en vínculos con grupos paramilitares.
Además, aquel día de la toma se adelantaban las discusiones sobre la extradición y dichas
cortes habían sido amenazadas por los narcotraficantes.

Para la Comisión de la verdad, el gobierno nacional no hizo absolutamente nada para

proteger a las víctimas del Holocausto. Tampoco buscó un cese al fuego ni una solución
pacífica para salvar a las víctimas y prefirió impedir que se supiera lo que estaba
ocurriendo. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, ordenó la transmisión
de un partido de fútbol en televisión y radio mientras se escuchaban los disparos y las
explosiones.

Nadie escuchó el clamor del magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia,

Alfonso Reyes Echandía: “Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego. La situación es
dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19″. Según verificó la Comisión, los
restos de los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo
Gnecco Correa, tenían proyectiles de armas que no fueron usados por la guerrilla.

Quienes saldrían más responsabilizados por los hechos del Palacio de Justicia serían las
fuerzas militares colombianas. Para la Comisión de la Verdad, los militares nunca buscaron
salvar a las personas rehenes. En las conclusiones de la investigación consta que los
militares tenían conocimiento con anticipación de la operación que realizaría el M-19 por
información que había dado el magistrado Echandía. Sin embargo, no hicieron nada para
impedir que ocurriera la toma. Igualmente el Ejército tiene responsabilidad en la
desaparición forzada y en la ejecución y asesinato de varias de las víctimas. Las fuerzas
militares impidieron cualquier intento para realizar un cese al fuego y no dudaron en hacer
un uso excesivo de la fuerza para retomar el Palacio de Justicia.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ocurrido en el Palacio de Justicia

ha sido calificado como Masacre u Holocausto. En dicha corte se espera un fallo sobre la
responsabilidad del Estado colombiano en la retoma del Palacio de Justicia.

En Colombia lo más común es ocultar o exagerar lo horrores de la guerra a través de los

medios de comunicación. Por una imposición, en este caso el fútbol le ganó la batalla al
holocausto del Palacio. El pueblo expectante en sus televisores, por saber qué pasaba en el
recinto de las Altas Cortes, tuvo que ver —por orden de la Ministra de Comunicaciones en
esa época, Noemí Sanín— cómo Millonarios le metía dos goles a Unión Magdalena, al
mismo tiempo que a menos de 10 kilómetros eran asesinados y calcinados decenas de
personas: entre magistrados, abogados, empleados administrativos, soldados y guerrilleros.

Aprovechando la escasa vigilancia del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre, entre las

10:30 y las 11:00 de la mañana ingresaron siete guerrilleros armados, vestidos de
civil, pertenecientes al M-19. Según la periodista Julia Navarrete, en entrevista a la
Comisión de la Verdad, “el ingreso de los guerrilleros con armas fue posible porque,
aunque frente al descubrimiento del plan pusieron detectores de armas, ´uno o dos días
antes quitaron las máquinas´, lo que llamó mucho la atención de los periodistas que
diariamente asistían al Palacio”. No había seguridad, el ingreso del primer grupo de
guerrilleros se dio sin ningún contratiempo.

Después, alrededor de las 11:30 a.m., ingresaron tres carros por el sótano con 28
guerrilleros. De manera que el “Comando Iván Marino Ospina” del M-19, que ingresó al
Palacio de Justicia para realizar la denominada “Operación Antonio Nariño por los
Derechos del Hombre”, quedó finalmente conformado por 35 guerrilleros (25 hombres y 10
mujeres).

“Nadie podía imaginar que 28 horas después el Palacio de Justicia sería arrasado como
resultado de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado, resultado de
la violenta incursión armada de la guerrilla y la desproporcionada respuesta del Estado: el
uso de armamentos y explosivos de todo tipo, el inexplicable vacío de poder del gobierno,
los incendios que destruyeron la edificación y el saldo trágico de cerca de un centenar de
personas que perdieron la vida entre civiles, miembros de la fuerza pública y guerrilleros y
al menos 11 cuyo paradero aún se desconoce”, dice el Informe de la Comisión de la Verdad
del Palacio de Justicia de 2010.

El 20 de octubre de 2015 la Fiscalía General y Medicina legal dieron a conocer que los
restos de Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo Bonilla
fueron identificados en Bogotá, mujeres que desaparecieron ese fatídico 6 de noviembre.
Los restos Lucy Amparo Oviedo y Cristina Guarín ya fueron entregados a sus familiares.
Los de Luz Mery Portela fueron entregados en un acto conmemorativo el pasado 8 de
noviembre en el reconstruido Palacio de Justicia.

Durante todo el día de la toma, los medios de comunicación transmitieron parte de lo que
observaban desde la Plaza de Bolívar, y las conversaciones que lograban entablar con los
rehenes dentro del Palacio. Es el caso de la conversación telefónica que sostuvo Yamid
Amat con el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, que se encontraba
en el último piso del Palacio como rehén de Luis Otero Cifuentes, líder de la operación por
parte del M-19. Así se registraron las angustiantes palabras del Presidente de la Corte
Suprema de Justicia:

¡Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego!

La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19. ¡Por favor, que
cese el fuego inmediatamente! Divulgue ante la opinión pública, esto es urgente, es de vida
o muerte. ¿Sí me oyen? [...]

Por favor que el Presidente dé finalmente la orden del cese al fuego [...]. Estamos en un
trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el
fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan... Ellos no entienden. Nos
apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo...

Según el Informe de la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia otros periodistas

también se comunicaron con el magistrado Reyes Echandía, “después de lo cual la Ministra
de Comunicaciones llamó a Yamid Amat, a Juan Gossaín y a Juan Guillermo Ríos y les
dijo que si seguían pasando estas entrevistas o noticias del Palacio, se cerrarían todos los
noticieros”.

El informe también explica que “después de deliberar ampliamente sobre la conveniencia o

inconveniencia de establecer censura a la radio y la televisión, la Ministra de
Comunicaciones se comunicó por teléfono y télex con los responsables de las cadenas y
emisoras radiales, y de los noticieros de televisión, y les hizo presentes las prohibiciones
legales de transmitir noticias relacionadas con los operativos militares, y les notificó que no
podían transmitir los comunicados de los subversivos como lo habían pedido ellos en su
manifiesto ni podían tampoco transmitir al público entrevistas desde el interior del Palacio
de Justicia, pues dentro de él estaban los delincuentes que inducirían la violación del orden
jurídico, y muchos inocentes que no eran libres para manifestar la plenitud de su
pensamiento”. El télex respectivo fue el siguiente:

El ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y

llamadas a Magistrados puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a
salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el palacio de justicia,
atentamente, Noemí Sanín Posada - Ministra de Comunicaciones.
Periodistas como Yamid Amat consideraron esto como una implacable imposición de
censura. “La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte. [...]. Los medios de
comunicación eran en ese momento los ojos abiertos, y les colocaron una venda. Eran la
única luz de información que tenía el gobierno; cuando vino la censura, no sabían qué
estaba pasando”, concluyó Yamid Amat en entrevista a la Comisión de la Verdad.

A raíz de esta orden, en uno de los canales de televisión que había de la época, el feroz
combate del M-19 con el Ejército dejó de verse, no se sabía de los rehenes y por varios
minutos lo colombianos vieron, sin que eso estuviera en la programación, que en el estadio
Nemesio Camacho el Campin de Bogotá, a 10 kilómetros del Palacio, Juan Carlos Díaz y
Juan Gilberto Funes le hacían dos goles al Unión Magdalena, y al holocausto del Palacio de
Justicia por la censura del gobierno.

31 años de incertidumbre
Durante la toma y retoma del Palacio, hace 31 años, fueron desaparecidas 12 personas. A
pesar de que existen videos que muestra claramente que varios de ellos fueron evacuados
con vida del recinto, por parte del Ejército, su paradero nunca fue revelado. Sus familiares
aún esperan el esclarecimiento de los hechos; esperan verdad y justicia.

Para este aniversario del holocausto se recordó a los desaparecidos con urnas en las que sus
familiares depositaron objetos que les pertenecían: fotografías y poemas dedicados, y 11
sillas rodeadas por fotografías, velas y flores en representación de la ausencia de sus seres
queridos.

“Este día y muchos de los días de dolor que tiene Colombia es importante recordarlos
porque no podemos permitir que vuelvan a pasar estas cosas. Recordar es pasar por el
corazón, entonces cada año y siempre pasamos a nuestros familiares por el corazón”,
explicó Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Buitrago, uno de los desaparecidos en la
toma del Palacio.

La Comisión Legal de Investigación y Acusaciones, está Conformada por dieciséis (16)

miembros, elegidos por sistema del cuociente electoral.
Por otro lado, y por mandato Constitucional, el Art. 178 (C.P.), y Ley 5ª de 1992, Art. 329
y S.S., le corresponde conocer a esta Célula Congresual, sobre las denuncias penales o
quejas disciplinarias contra altos dignatarios del Estado así:
1. Presidente de la República o quien haga sus veces
2. Fiscal General de la Nación
3. Magistrados de la Corte Constitucional
4. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
5. Magistrados del Consejo de Estado
6. Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura
7. Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz