DIARIO DE UNA PESADILLA (Volumen 1)

9-12-15 al 10/12/16

Por Jorge Gabriel Riccobaldi

09/12/15: Ayer, mientras estaban negociando el gobierno saliente con el presidente electo,
cómo y dónde sería la ceremonia de la transmisión del mando presidencial, Mauricio Macri
hizo una presentación judicial pidiendo que la “Justicia” dé por terminado el mandato de
Cristina el 9 a la medianoche. Hecho inédito en la historia argentina, la interminable jueza
Servini de Cubría le dio la razón al infame neoliberal. Por lo tanto, hasta la jura de mañana
al mediodía, la misma magistrada ordenó que asuma las funciones el presidente del Senado,
el inefable Federico Pinedo. Con ésta anómala e ilegal medida como antecedente, asumirá
este personaje la primera magistratura, avalado por el partido judicial. Por otra parte, hacia
el final de la tarde, después de ocho años en el gobierno y a doce de que Néstor Kirchner
llegara a la Casa Rosada, Cristina Fernández dio su último discurso como jefa de Estado.
Allí ironizó sobre la cautelar que decretó el fin de su presidencia y dijo que lo “lo más
grande” que le brindó al pueblo argentino fue “el empoderamiento popular”. También
advirtió a estar atentos al tiempo que viene, instó a defender lo conquistado y a hacer valer
los derechos que como trabajadores y ciudadanos tiene el pueblo para no dejarse atropellar
por los poderes fácticos. Que una presidenta y una fuerza política, después de más de una
década de gobierno, sea despedida por una muchedumbre inconmensurable, es un hecho
histórico sin antecedentes en la historia de Argentina y del mundo. Un acontecimiento, por
cierto, que ni el más alucinado neoliberal puede imaginar para un espacio político propio.

10/12/15: Asume M.M. con una plaza de mayo semi vacía, sin fervor ni encanto popular.
En contraste con la plaza desbordada de gente del día anterior despidiendo a Cristina, sólo
individualidades dispersas vitorearon al nuevo mandatario. Quien previamente, en su
juramento, trasgredió la ley deliberadamente, ya que en lugar de haber dicho haber dicho
“con lealtad y patriotismo” dijo “con lealtad y honestidad” con su mano derecha sobre la
biblia. Según muchos juristas este juramento no es válido y debería realizarse nuevamente.
Más tarde la frivolidad lo invadió todo: la fórmula electa salió al mítico balcón de la Casa
de Gobierno a saludar a la escuálida muchedumbre y el presidente, con música de bailanta
de fondo, se atrevió a bailar con menos gracia que un chiste en medio de un velorio,
mientras la vice presidenta desentonaba con su canto intentando hacer un karaoke tan
grotesco como los que se repiten en casamientos y fiestas de 15. Luego M.M. pronunció un
discurso para inaugurar la Asamblea Legislativa, en un Parlamento vacío de opositores, de
menos de media hora sin anuncios y lleno de generalidades. El calibre era el de un pastor
evangélico, casi idéntico a sus discursos de campaña: “Todos los días vamos a estar un
poco mejor”, dijo, haciendo hincapié, el paladín del delito del guante blanco, en acabar con
la corrupción en el país. Más tarde tomó juramento a sus ministros entre los que hay, como
no ocurrió nunca en la historia argentina ni del mundo, varios gerentes de multinacionales:
Shell, Monsanto, J: P. Morgan, Deutsche Bank, General Motors, etc. A la noche hizo una
fiesta de gala en el teatro Colón donde desfilaron las “mejores familias” de la “nueva”
Argentina.

11/12/15: Primeras medidas del gobierno neoliberal: 1) El nuevo ministro de comunicación

decidió absorber por decreto bajo su órbita el AFSCA y la Aftic (Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y asumir el control como autoridad
de aplicación, de modo de favorecer al Grupo Clarín para que no se adecue a la ley y
permitirle entrar en el negocio de las telecomunicaciones. De esta manera viola la Ley de
Medios, que adelantó no va a aplicar, pues el Afsca es un ente autárquico. Este decreto lo
deberá refrendar el Congreso. Véase a quién favorece, al igual que el inicio del
menemismo, con su primera medida de gobierno. 2) El ministro de Economía entrante,
Alfonso Prat-Gay, acusado de lavado de dinero con causa en trámite, declaró que “la
Economía no está tan mal”. También afirmó que no se puede levantar el cepo cambiario
inmediatamente, como se había prometido, porque deben primero engrosar las reservas. Por
ello van a incrementar los swaps con China, iniciativa que criticaron cuando eran oposición
al gobierno saliente, a tal punto que llegaron a denunciarlo judicialmente. A esto debe
sumarse un trámite de préstamo pedido a la banca extranjera por 8.0000 millones de
dólares, para así comenzar el endeudamiento típico de todos los gobiernos neoliberales. Por
otra parte, comunicó que un delegado del gobierno inició las “negociaciones” con los
fondos buitre, para “arreglar” el entuerto judicial pendiente. También anunció que el
impuesto a las ganancias, que prometieron eliminar durante la campaña, lo mantendrán
hasta sueldos de $ 30.000, por lo que lo pagarán más personas que el año pasado.

Una fanática macrista, Laura Alonso, fue nombrada al frente de la oficina anti corrupción,
cuando no podría asumir en ese cargo pues no es abogada como exige la ley. Linda
moraleja para este puesto. Luis Blaquier, miembro del directorio del Grupo Clarín, al
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses. El vulgar, racista, xenófobo y misógino
Miguel Del Sel, embajador en Panamá. El esclavista y evasor Ramón Puerta, embajador en
España. Santiago Manuel de Estrada, abogado católico próximo a cumplir 80 años,
nombrado como nuevo secretario de Culto en el marco de la Cancillería. Este hombre fue
secretario de Seguridad durante la dictadura militar (1976-1983) y, simultáneamente, entre
1979 y 1983, actuó como interventor del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y
Pensionados. El nuevo funcionario, que también había sido subsecretario de Seguridad
Social de la dictadura de Juan Carlos Onganía entre 1967 y 1969, es un hombre muy
cercano a los sectores más conservadores de la jerarquía católica y entre 1984 y 1989,
durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, cumplió funciones como embajador
argentino ante la Santa Sede.

Violando la ley, y con el objetivo de bajar el presupuesto educativo del 6% al 3 %, el

gobierno neoliberal firmó un decreto para reducir a la mitad la inversión del PBI en el área
educativa, restablecer el Polimodal y eliminar las escuelas técnicas y las paritarias. El
decreto soslayó la ley de Financiamiento Educativo (26.075) aprobada en diciembre de
2005, que estableció que la inversión educativa debía alcanzar al 6% del PBI cinco años
más tarde y la Ley de Educación Nacional (26.206), sancionada en diciembre de 2006, que
reestructuró el sistema educativo. Conocido este escandaloso decreto los gremios docentes
reclamaron y el ministro afirmó que se corregirá porque fue un “error”. Veremos…

12/12/15: Ayer todos los candidatos presidenciales, (menos Nicolás del Caño del FIT), se
reunieron con el nuevo mandatario. El informante extra oficial de la embajada de EE.UU.,
Sergio Massa, declaró que va a hacer una “oposición constructiva”, en un adelanto de lo
que podría ser una actitud colaboracionista con el régimen neoliberal. En tanto Scioli, luego
de desmentir que le hayan ofrecido una embajada, aseguró: “Hay que mostrar la madurez
de la convivencia. Oficialismo y oposición, cada uno desde sus ideas, pero pensando en la
patria. La campaña terminó, el pueblo eligió, a cada uno nos puso en un lugar, ahora todos
tenemos que ayudar.” Todo muy “light” para lo que se avecina…
Desde que asumió M.M. la página online del diario Página/12 es bloqueada
sistemáticamente por hackers; dando inicio al ejercicio libre del periodismo en la nueva era
neoliberal. Los expertos lo consideran uno de los más grandes ataques de los registrados en
la Argentina, tanto por su prolongación en el tiempo como por su potencia. La Procuración
inició una investigación para determinar la procedencia y el mecanismo concreto del
mismo. Las medidas tomadas por este diario y sus proveedores lograron que, a pesar de la
continuidad del ataque, una parte importante de los lectores pueda tener acceso a su edición
digital.

La alianza neoliberal gobernante empieza a dar signos de revanchismo y autoritarismo. José

Sbattella renunció ayer a la presidencia de la Unidad de Información Financiera, pese a que
tenía mandato en su cargo hasta 2018. Este organismo, en los últimos años, jugó un rol
central para investigar las operaciones de evasión fiscal y lavado de activos. El ex
funcionario envió una carta al nuevo ministro de Justicia, Germánico Garavano, en donde
se informa la decisión y se aclara que abandona el cargo por las presiones de la nueva
gestión para poner un hombre de Cambiemos al frente de la entidad. Sbattella aseguró que,
si bien tenía mandato más allá de diciembre y el organismo debería estar libre de la
intervención de las autoridades del Ejecutivo, deja la función porque la administración
actual iba a impedirle desempeñar su trabajo en forma correcta. Uno de los candidatos a
ocupar la dirección de la entidad es el abogado Félix Marteau, quién fue representante de la
Argentina ante el GAFI y trabajó asesorando a distintas empresas privadas en cuestiones de
lavado de dinero, entre las que se destaca el Grupo Clarín. Va quedando clara la orientación
no sólo política, sino también moral que va tomando el nuevo gobierno.

13/12/15: Malas noticias para jubilados y pensionados: Emilio Basavilbaso fue nombrado
al frente del ANSES. Este hombre, advierten referentes del movimiento de cooperativas y
de la urbanización de villas, mientras estuvo a cargo del Instituto de Vivienda porteño
trabajó en favor de la especulación inmobiliaria y en detrimento del acceso popular a la
vivienda. “Desguace”. “Recorte presupuestario”. “Subejecución”. “Políticas insuficientes
para la magnitud de la problemática”. “Orientación neoliberal”. “Especulación con el valor
del suelo”. “Expulsión de los pobres fuera de los márgenes de la ciudad”. Ese es el balance
que dejó el paso del nuevo titular de la Anses por el Instituto de Vivienda de la Ciudad.
Otro zorro al cuidado del gallinero…

14/12/15: M.M. comenzó a cumplir algunas promesas de campaña. Hoy anunció la

eliminación de las retenciones al sector agroexportador, sin discriminar pequeños de
medianos y grandes productores. Una transferencia fabulosa de recursos al “campo” que
desfinanciará al ANSES y a las provincias. Luego del anuncio pidió a los beneficiados que
ahora deben pagar los impuestos con “alegría”, porque este gobierno sabrá administrarlos.
Bueno sería que la patronal campestre empiece por pagar a su valor real el predio que
adquirió a precio vil en los noventa, o que el propio ingeniero se haga cargo de la evasión
impositiva que protagonizó cuando contrabandeaba autopartes, delito del fue absuelto por
la Corte Suprema menemista.
15/12/15: El ministro de Producción, Francisco Cabrera, adelantó que las declaraciones
juradas anticipadas de importación (DJAI) serán reemplazadas por un nuevo sistema de
"monitoreo" a partir del 1 de enero, tal como estaba previsto, y precisó que de los 19 mil
aranceles vigentes sólo quedarán mil, mientras que el resto de los productos incluidos en el
régimen actual ingresarán al país automáticamente. Es decir, se abre la importación de
manera prácticamente indiscriminada, lo que destruirá la industria nacional.

El ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, ratificó este mediodía que el
gobierno neoliberal pondrá en marcha "un proceso de modificación gradual de los
subsidios a las tarifas de los servicios eléctricos y de gas natural". Otro aporte para
combatir la inflación y llegar a la declamada “pobreza cero” …

ATE denunció que, en el Ministerio de Seguridad, pero también en Salud y Justicia,

presionan a los trabajadores. En el gremio hablan de persecución y analizan una
presentación legal. Algunos funcionarios del partido amarillo pretenden diseñar sus
plantillas a medida y en esos equipos no habría demasiado lugar para quienes no
comulguen con Cambiemos. Toda una actitud de pluralismo democrático…

María Eugenia Vidal, Heidi para los amigos, planea reducir la cantidad de personal público
en la Provincia. En lugar de "gasto público", la gobernadora bonaerense ahora prefiere
decir "gasto político". Aunque cambie las palabras, en concreto, Vidal plantea lineamientos
de "austeridad" para reducir "la cantidad cargos". Explicó que va a "salir a tomar deuda de
organismos internacionales", con el manual del FMI bajo el brazo.

Ayer, a última hora, el neoliberal nuevo gobierno nombró por decreto, y sin acuerdo del
Senado como ordena la Constitución, a los dos jueces de la Corte Suprema cuyos lugares
estaban vacantes. Durante años la anterior oposición se quejaba del kirchnerismo,
argumentando que el Parlamento o aprobaba sin grandes debates ni reformas la mayoría de
los proyectos enviados por el Ejecutivo. Tamaño proceder, clamaban al cielo, desvirtuaba
la esencia republicana. Teóricos afamados y otros a la violeta, despotricaban contra el híper
presidencialismo. Se burlaba, añadían, la división de poderes. Todas esas polémicas,
raramente de buen nivel, se reducían en los medios y aun entre políticos a un slogan
berreta: “El Congreso funciona como una escribanía”. Los notarios de profesión jamás se
quejaron, que uno sepa, aunque la frase era despectiva con su actividad. Los escribanos, al
fin y al cabo, no refrendan cualquier cosa, sino que controlan la calidad y legalidad de los
actos que aprueban. La cuestión es que ahora, violando lo más elementales principios
republicanos, burlan la ley ignorando al Parlamento, en un hecho que no tiene antecedentes.
Citan al gobierno de Bartolomé Mitre, pero es falso. En este caso los cuatro jueces que
designó para integrar lo que fue la primera Corte Suprema asumieron después de su
confirmación por parte del Senado, que el 18 de octubre de 1862 prestó acuerdo. Aquí, el
presidente electo, optó por no dialogar ni negociar con el peronismo, por el momento. No
convocó a sesiones extraordinarias ni esperó a que el Senado volviera a sesionar en marzo
de 2016 para pasar por el proceso de designación de los jueces de la Corte. Eligió, en
cambio, designar a los jueces en comisión, lo que quiere decir que están en condiciones de
asumir inmediatamente. Para eso utilizó una interpretación del artículo 99, inciso 19, de la
Constitución Nacional, que dice textualmente que el presidente puede “llenar las vacantes
de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por
medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Eso
implica que terminan su cargo cuando concluyan las sesiones del año próximo (si no son
ratificados antes, claro). Si no consiguen que los voten dos tercios de los senadores, cesarán
a fines de noviembre del año próximo. Uno de los elegidos es Carlos Rosenkrantz, de 57
años. Egresado de la Facultad de Derecho de la UBA, magister y doctor en Derecho en
Yale, Rosenkrantz no viene del manejo de los tribunales sino de la docencia: fue profesor
en Estados Unidos en la Universidad de Nueva York, en la Richmond School of Law, en la
Universidad de Denver y en España, en la Universitat Pompeu Fabra. Trabajó para el
Banco Mundial en el “Programa para la Justicia”. Desde 1998, dirige la Universidad de San
Andrés y trabajó durante años representando al Grupo Clarín. El otro nuevo juez supremo
es Horacio Rosatti. Es santafesino, abogado, escribano, egresado de la Universidad
Nacional del Litoral, con un máster en la Universidad Católica de Santa Fe en evaluación
de impacto y gestión ambiental y tiene 59 años. Dio clases en esa universidad, de la que fue
decano de derecho. También dio clases en la Universidad Austral, vinculada al Opus Dei.
En definitiva: dos “cuadros” de la derecha (no tan) republicana que, al ellos mismos no
oponerse al método inconstitucional con que han sido nombrados, muestran la catadura
ética moral de la que están hechos. Lo intrigante es el apuro del gobierno tanto en los
nombramientos como en la forma. Los antecedentes de la alianza gobernante hacen pensar
en los más oscuros intereses en juego a la hora de estas decisiones. Ahora falta saber la
actitud que tomará la oposición que, hasta el momento, ha tomado un rol pasivo y callado
ante las tropelías que, sólo en cinco días, el nuevo gobierno ha cometido.

Ayer, a través de las redes sociales, miles de personas se auto convocaron, en Plaza de
Mayo, para defender la “ley de medios”. Sólo transmitió el canal internacional Telesur. El
periodismo “independiente” lo pasó por alto, mientras la dirigencia opositora, como bloque,
brilló por su ausencia. Horas aciagas, de angustiante desamparo, vive gran parte de la
población desbordada por la prepotencia gubernamental.

16/12/15: El presidente de la corte Suprema de las corporaciones, Ricardo Lorenzetti,

anunció que les tomará juramento a los dos hombres nombrados en comisión para cubrir las
vacantes en la Corte Suprema por un decreto de M.M. Cuando fue consultado sobre la
medida afirmó que no era de su incumbencia opinar sobre el procedimiento. O sea: avala
con su silencio la inconstitucionalidad de la medida. Uno de los jueces nombrados es
Carlos Rosenkrantz. Su estudio es uno de los que representaron al Grupo Clarín en la
audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la
ley audiovisual, que el actual presidente también quiere derogar por decreto. La lista de
clientes de su estudio es mucho más impresionante. Incluye también a YPF, Musimundo,
América TV, Ávila Inversora, Cablevisión, La Nación, la Rural Predio Ferial de Palermo,
Carbap, McDonald’s, las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo;
Grupo De Narváez, Core Security Technologies, Panamerican Energy, IRSA, Satlink, 5 a
sec, los Fondos de Inversiones GP, Aconcagua Ventures, HWF Capital y Pegasus; la
productora de televisión MV, la de cine Mil Producciones; Arisco/Unilever; Control
Systems Internacional; la desarrolladora inmobiliaria IRSA, las petroquímicas Dow y
Cuyo, la trader Velleman & Tas BV, la transnacional de inspección, verificación, ensayos y
certificación SGS; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Antártida, Galileo, Cruz
Blanca, IMA y Buen Ayre; el fideicomiso de siembra Rumbo Norte; la minera canadiense
Oromin; la telefónica Claro y la empresa de integración telefónica por Internet Networld
Communications Inc; el instituto universitario Escuela Argentina de Negocios y las
provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros. Los servicios que ofrece su estudio son
múltiples: en su misma dirección está registrada la Asociación en Defensa de la
Competencia, que en 2011 consiguió que la Justicia suspendiera una resolución que había
declarado caduca la licencia de Fibertel. Rosenkrantz no actuó allí como abogado del
Grupo Clarín sino como presidente de esa asociación fantasma. La Constitución Nacional
incorporó en su artículo 43 las acciones colectivas, como recurso “contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la
competencia, al usuario y al consumidor” y definió que podrían presentarlos “el afectado, el
defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a
la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”. Los jueces de la Sala
II de la Cámara Civil y Comercial Federal Graciela Medina y Ricardo Recondo accedieron
a la solicitud de Rosenkrantz y dejaron en pie la licencia de Fibertel. Cuando ayer se dio a
conocer la vinculación de este personaje con el grupo Clarín, que figuraba como uno de sus
clientes en su página Web, “misteriosamente” horas después fue borrado de la larga lista de
empresas a las que “les interesa el país”.

Ayer el ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren, a través de un nuevo decreto, declaró
la emergencia en el sistema eléctrico hasta el 31 de diciembre de 2017. Adelantó que se
eliminarán los subsidios “gradualmente” a partir de enero de 2016. No descarta cortes
programados. Siguen las buenas noticias…

Siendo las 13hs del día de hoy trabajadores de las áreas técnicas de la Cámara baja del
congreso de la Nación, que están en blanco y algunos con casi 10 años de servicio,
recibieron esta mañana el telegrama de despido; por lo que están realizando una
manifestación en el Salón de los Pasos Perdidos. Las cesantías podrían continuar en el
Senado, cuando el macrismo termine de delinear la estructura de la Cámara que se espera
que ocurra esta semana.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación rescindirá el contrato de dos mil

trabajadores del programa “Argentina Trabaja”, que durante años han acondicionado,
construido y mantenido los edificios del predio de la ex Esma, ubicado en Av. Libertador
8151. Apenas conocida la noticia, los cooperativistas se manifestaron pacíficamente en la
puerta del Espacio de Memoria y Derechos Humanos y anunciaron que también se están
movilizando hacia el lugar los demás perjudicados por el despido masivo, contando con una
fuerte presencia policial en el lugar. En su mayoría, los cooperativistas son mujeres que, a
partir de un convenio entre la FADU, la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio
Social de la Nación, han logrado poner en marcha y permitir que la comunidad toda, los
organismos de derechos humanos y el Estado nacional, tengan un lugar en el que, con
verdad, memoria y justicia, pueda conocerse la trágica historia reciente y consolidar los
derechos obtenidos en democracia. Las purgas y el desmantelamiento del Estado han
comenzado.

El comprobado evasor de impuestos, acusado de trabajo esclavista en sus tierras y titular de

La Sociedad Rural, celebró la eliminación de las retenciones para la exportación de carne.
El presidente de la entidad patronal, Luis Miguel Etchevehere, ofreció una inédita visión
sobre el impacto de la medida en los inflados precios que exhiben carnicerías y
supermercados: “La carne que nosotros vamos a exportar a precio internacional son los
cortes que no tenemos el hábito de comer acá, como el lomo. Exportando a muy buen
precio los lomos, que son el 20 por ciento del animal, queda el 80 por ciento a precios más
baratos”, sostuvo el empresario agropecuario. Desde su perspectiva, el valor local de los
cortes demandados desde Alemania, Holanda e Inglaterra como el lomo no sería relevante:
“el común de los argentinos no le encuentra gusto, generalmente lo comemos cuando
queremos bajar de peso o estamos saliendo de alguna enfermedad”. Así celebra este canalla
en medio del silencio cómplice de los periodistas, que ya abandonaron su mediático
reclamo de otrora de “Queremos preguntar”.

Hoy presentó su renuncia, a un día de haber asumido, el subsecretario de Asuntos

Legislativos del Ministerio de Seguridad, a cargo de la inefable Patricia Bolsrich, Carlos
Manfroni. Esto sucedió luego que el músico Charly García repudiara, en una carta pública,
sus impresentables dichos, tales como: "La música rock es el movimiento 'artístico' más
subversivo, anticristiano, anti metafísico y contracultural de todos los tiempos. Su ritmo
destemplado exacerba las pasiones contra el espíritu y crea un estado hipnótico en este
lavado cerebral. Toda deformación de la cultura debe ser considerada subversiva y, como
tal, erradicada". "El rock es anticristiano y transmite mensajes satánicos, que pueden
escucharse cuando se pasan al revés ciertas canciones, como 'Congratulations' de Pink
Floyd. El mensaje secreto del diablo dice 'comunícate con el viejo'", "la 'filosofía' del rock
conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las
letras de las canciones de Charly García, Spinetta y Moris. Ofrece la posibilidad de
convertirse en un animal o un marica". Esta es la calaña promedio de los funcionarios del
gobierno de la alegría amarilla…

17/12/15: Ayer el gobierno neoliberal de M.M. anunció el levantamiento del mal llamado
“cepo” que, en realidad, es una brutal devaluación del 40 %; con el objetivo de bajar la
incidencia del salario (en pesos y en dólares) en el costo de las empresas. El ministro de
Hacienda, investigado por lavado de dinero, lo presentó como “una alegría” para
transmitirle a “todos” los argentinos. El ajuste que implica esta decisión no se inicia con la
efectivización de estas medidas, sino cuando fueron anunciadas el mes pasado por sus
economistas. Adelantar iniciativas que históricamente, aquí y en cualquier otro país, son
informadas de un día al otro para evitar especulaciones y comportamientos defensivos de
agentes económicos, fue una de las innovaciones de los economistas de M.M. Por eso la
inflación y el deterioro de la actividad económica de noviembre, extendido con mayor
intensidad en este mes, es responsabilidad del actual gobierno, aunque su ministro de
Hacienda y Finanzas pretenda desentenderse.

La sucesión de medidas comenzó con la eliminación de las retenciones a las exportaciones

del complejo agrario –y reducción de 5 puntos a las de la soja–, de economías regionales e
industriales. Esto significa una transferencia de ingresos de unos 30 mil millones de pesos
anuales, teniendo en cuenta un valor del dólar de 9,80, que se eleva a unos 60 mil millones
de pesos en 2016 al nuevo tipo de cambio entre 14,50 y 15,00 pesos. También implica un
aumento de los precios internos de esos productos de exportación y de sus derivados (por
ejemplo, el cerdo que se alimenta con maíz). El impacto inflacionario de esa medida no
puede disimularse. El fortísimo ajuste cambiario de Prat-Gay es aplicado en un solo día sin
ninguna iniciativa de compensación en los ingresos de trabajadores y jubilados. Integrantes
de esos grupos sociales que se sentían bajo tortura financiera porque no podían comprar
dólares libremente, ahora no lo van a poder hacer por el alza de la paridad y por la caída de
la capacidad de ahorro; porque el shock inflacionario está deteriorando el presupuesto
familiar. No podrán comprar dólares, pero quedarán con alegría…

Para sostener estos cuatro frentes del plan económico (retenciones, devaluación, apertura y
menores subsidios) que provocan un shock inflacionario, el nuevo presidente del Indec,
Julio Todesca, anunció que este organismo no medirá la inflación y demás indicadores
económicos hasta “nuevo aviso”. Todesca, siniestro personaje duhaldista, hacía cálculos,
hasta hace unos meses, con 4 tipos en un bar para medir la inflación y ahora afirma no estar
en condiciones de hacerlo con todo el organismo a su disposición. Así, el Indec, foco de
críticas permanentes contra el gobierno anterior, ahora es pulverizado, oportunamente, para
evitar estadísticas que evidenciarían el estado calamitoso en que comenzarán a estar todas
las variables económicas. De una perversión pocas veces vista.

Prat-Gay apelará a la suba de la tasa de interés y al endeudamiento desenfrenado para

desalentar la compra de dólares. Fue impactante la alegría expresada por el ministro cuando
informó que no serán 10 mil millones de dólares, sino de 15 mil a 25 mil millones de
dólares el monto del blindaje financiero. Es un paquete de deuda que estará completado en
cuatro semanas, confió sin que se mueva un pelo. Por ahora descansa en la promesa de 400
millones de dólares diarios por adelantos de las exportadoras de cereales. Disparar la tasa
de interés con el objetivo de no alimentar la corrida cambiaria, tiene un efecto negativo
sobre el nivel de actividad. Es recesivo y una trampa de difícil salida, como enseñan
situaciones similares de las décadas del 70 y 80.

El Banco Central aprobó ayer un amplio paquete de medidas que eliminan las restricciones
a la compra de dólares, pero también desmonta el esquema de tasas de interés máximas y
mínimas que protegen al usuario financiero de abusos por parte de los bancos. Entre las
resoluciones que difundió el organismo en medio de la reunión de directorio, se aprobaron
por mayoría los principales elementos para la nueva administración del mercado de
cambios. Entre las medidas que regirán desde hoy se destaca la vuelta a la situación previa
a los controles, con lo que se permitirá la adquisición de hasta dos millones de dólares por
mes para personas físicas y jurídicas sin autorización de la AFIP. Los importadores podrán
adquirir divisas sin restricciones. Por último, se elimina el encaje del 30 por ciento para el
ingreso de capitales y se reduce el mínimo de permanencia de esos fondos a cuatro meses.
Estas medidas fueron presentadas como un aliento a la inversión extranjera. En su
enunciado, Prat-Gay se refirió a dicha facultad como una facilidad para “empresarios que
adelantarían el ingreso de fondos previstos para inversiones”. Ese flujo que se espera está
inserto en la estimación de ingresos de dólares por 15 mil a 25 mil millones de dólares “en
las próximas cuatro semanas”. Un exceso de optimismo que se contradice con la conducta
siempre especulativa de los sectores concentrados del campo. Argentina va, así,
convirtiéndose en el paraíso de la especulación financiera.

En campaña se defenestró a los acuerdos comerciales con China. Economistas afamados

pontificaron durante largo tiempo que los yuanes no son convertibles. Ahora dicen que sí.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, lo reconoció sin tener la honestidad
intelectual de retractarse y los convirtió para reforzar las reservas. No fue magia: bastaron
una conversación o dos con las autoridades chinas. Las reservas estaban y la solvencia
anterior era superior a la denunciada. Los yuanes vigorizados se usarán en pro de una
política económica de muy distinto signo, con un Banco Central a merced de los grupos
financieros especulativos. Pero esas facilidades a la entrada y salida de capitales pueden
generar un atractivo distinto para los inversores especulativos. Ello puede ocurrir una vez
que se entienda que el dólar “libre unificado” haya alcanzado un valor estable, quizás más
cercano a los 15 pesos, que deje conformes a los exportadores cerealeros, que seguirán
siendo los grandes proveedores de divisas del mercado. En ese horizonte, un ingreso de
capitales del exterior que se convierta en pesos a esa paridad, se coloque –supongamos, por
seis meses– en un activo financiero local (bonos públicos o bancarios a plazo fijo) a tasas
que superen el 40 por ciento anual, podrían retirarse al vencimiento, cambiándose al dólar a
una partida bastante similar a la vigente al ingreso o levemente superior. Ello le permitiría,
a quien ingresó y retiró los fondos, obtener un rendimiento en dólares que, seguramente,
sería la mitad o más de la ofrecida en pesos (del 20 al 30 por ciento anual). Esta operación
es la que, en diferentes ciclos económicos, se conoció como “la bicicleta financiera”.

La compra de dólares para atesoramiento personal llega a ¡2 millones! por mes, sin
necesidad de aclarar de donde proviene el dinero. Ahora también podrán girar, las empresas
nacionales y transnacionales, sus utilidades al exterior, propiciando la salida de capitales sin
control. Un shock neoliberal con alegría para que todos los días estemos un poquito mejor,
mientras la fuga de divisas tiene vía libre con anuencia oficial.

Anoche, a última hora y ante el rechazo masivo de propios y extraños de la designación por
decreto de dos jueces para la Corte Suprema de las Corporaciones, M.M. retrocedió varios
casilleros después de una reunión con el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, en
la que acordaron postergar la jura de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz. “Jurarán en
febrero y el Congreso decidirá si los confirma, pero nos pareció importante darle a la Corte
rápidamente la capacidad de trabajar como corresponde”, dijo ayer el propio M.M. La
explicación oficial es que de esa manera harán también que se cumpla el procedimiento del
decreto 222, que fija un período de quince días para que la ciudadanía pueda presentar
avales e impugnaciones ante el Ministerio de Justicia. Lo evidente es que de este modo
desactivan una polémica que estaba en vías de expansión y que terminaría con los
nombramientos cuestionados en tribunales en pleno anuncio de medidas económicas
regresivas.

Carlos Rosenkrantz, uno de los dos abogados designados por decreto del presidente, como
juez en comisión en la Corte Suprema de Justicia, relativizó, años atrás, el valor de las
sentencias del máximo tribunal que declararon inconstitucionales las leyes de obediencia
debida y punto final y más tarde los indultos a jefes militares procesados por sus crímenes
durante la última dictadura.

18/12/15: El Grupo Techint ayer despidió al menos a 190 trabajadores de su planta Siderca,
en Campana. A pesar de que la empresa esta semana se benefició de forma directa de la
quita de retenciones a las exportaciones industriales y de la suba del dólar del 40 por ciento
que aplicó el gobierno de M.M., la compañía liderada por Paolo Rocca redobló la apuesta e
impidió que ingresen a la fábrica trabajadores con hasta 30 años de antigüedad. Se trata del
grupo empresario más grande del país, por lo que la resolución de esta disputa laboral
tendrá impacto en el resto del entramado empresarial. Por ahora, las señales son
contundentes: a pesar de las medidas pro empresa, las patronales esperan conseguir más.

Ayer el Frente para la Victoria dio ayer su primera muestra de fuerza en el gobierno de
M.M. Cerca de veinte mil personas se manifestaron ante el Congreso, convocadas por
organizaciones sociales y políticas con el apoyo de los diputados y senadores peronistas, en
protesta por las primeras medidas del nuevo presidente. La convocatoria, que apuntaba
originalmente a apoyar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante los avances
del Poder Ejecutivo, terminó ampliándose para adoptar también consignas contra las
novedades económicas anunciadas un día antes y repudiando la intención de M.M. de
nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema. Como encargado de cerrar el acto,
el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, aseguró que la devaluación del peso, la
designación exprés de jueces en el máximo tribunal, y el avance contra la llamada ley de
medios, “están unidas” ya que “están buscando un blindaje judicial y mediático para
avanzar sobre los derechos” adquiridos en los últimos años.

El mismo día en que una multitud se movilizó al Congreso en defensa de la aplicación de la

Ley de Medios, el Grupo Clarín logró un fallo judicial que en primera instancia anuló la
resolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)
que obligaba al multimedios a adecuarse de oficio a la norma. El juez en lo Contencioso
Administrativo Federal, Pablo Cayssials, hizo lugar al amparo porque cuestionó la filiación
política del titular del organismo de aplicación, Martín Sabbatella y consideró que la
decisión de iniciar el proceso de adecuación "constituyó un medio indirecto para restringir
la libertad de expresión", en el marco de un reclamo encabezado por un grupo de
periodistas vinculados al holding, que ya contaba con una medida cautelar a su favor. El
magistrado desoyó la opinión de la fiscalía que afirmó que no existía un "caso" para tratar
en la demanda que también perseguía que se declaren inconstitucionales algunos artículos
de la nueva ley, algo que finalmente no consiguieron. El partido judicial, la otra pata del
gobierno neoliberal…

19/12/15: Clarín co-gobierna con la alianza Cambiemos que encabeza M.M. Ello se deduce
no sólo por las medidas tomadas a favor del grupo monopólico sino también por la cantidad
de hombres que, provenientes de la corporación que dirige Héctor Magnetto, ocupan
puestos de gobierno. A saber:
-Luis María Blaquier, sobrino del dueño del ingenio Ledesma, fue designado por el nuevo
gobierno como encargado de manejar el FGS. Blaquier también forma parte del directorio
del Grupo Clarín.
-Mario Quintana, accionista del Grupo, coordinador del Gabinete Económico.
-Jorge Greco, periodista de Clarín, asumió como titular de secretaria de medios nacionales.
-Alejandro Caseta, del grupo Clarín, titular del Inca.
-Oscar Aguad, al Ministerio de Comunicaciones.
-Carlos Rosenkrantz, abogado del Grupo Clarín, candidato a ministro de la Corte Suprema.

La eliminación de las retenciones a las exportaciones agrícola ganaderas fue presentada,

tanto en el discurso oficial como en los considerandos del decreto que le dio forma, como
una “acción de gobierno” que provocaría “un aumento inmediato de la producción”, al
“eliminar las trabas y restricciones que hoy limitan la capacidad del sector” (decreto
133/2015). Sin embargo, diversos análisis dan cuenta de que la desaparición de las
retenciones, al mismo tiempo que se ejecutaba una devaluación que podría elevar la
cotización del dólar en un 40 por ciento al momento de la liquidación, no sólo no provocará
el efecto deseado en la producción por el momento de la campaña elegido, sino que además
su principal impacto económico se dará sobre el stock guardado por grandes firmas
exportadoras y los consorcios productores más concentrados. “El pequeño productor ya
vendió, porque no tiene espalda financiera para soportar tanto tiempo, y ahora el exportador
venderá ese mismo grano al doble en pesos, es decir con una ganancia del ciento por
ciento”, afirman dirigentes de los productores más chicos. En las economías regionales el
resultado no sería mucho más alentador, pese a que la eliminación de las retenciones era un
reclamo hace largo rato planteado. Está claro que no vinieron a “mejorar lo conseguido”
sino a destruir lo logrado.

Hugo Moyano, secretario general de la CGT Azopardo, empieza a sentirse incómodo.

Durante la campaña electoral jugó a favor del ahora presidente, pero, con las medidas
implementadas hasta hora, su postura estará obligada a virar, a riesgo de quedar “pegado”
al gobierno neoliberal. Con una tibieza que asusta, pidió a M.M. que “se acuerde de los
trabajadores”, por ello pidió que habilite un bono de fin de año para compensar el impacto
que tuvo la devaluación brutal en los salarios. Este reclamo sonó más como una súplica que
a una exigencia sindical. Como era de esperar, el ministro Jorge Triaca le contestó que
dicho reclamo “no está en la agenda”. Podría haber sido más sincero diciendo que los
trabajadores no están en la agenda…

20/12/15: En su último día como jefe de Gobierno, M.M. le otorgó a una empresa de su
amigo Nicolás Caputo una serie de obras en escuelas de la zona sur por 94 millones de
pesos. La adjudicación, que se hizo luego de un proceso licitatorio, culminó con el decreto
firmado por Macri el 9 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial porteño del 14 de
diciembre. Pese a que el presidente negó durante la campaña que su gobierno les hubiera
dado adjudicaciones a las empresas de su mejor amigo, SES S.A. recibió cerca de 1400
millones de pesos en los últimos ocho años. El 50 por ciento de SES S.A. es controlado por
Caputo S.A. Las obras que le otorgó a Caputo consisten en refacciones y pintura para
escuelas de la comuna 4 y la 8. Se sumará a los múltiples servicios que la empresa SES
S.A. le presta al Gobierno porteño, entre limpieza de hospitales, de estaciones de metrobús
y diversas construcciones. Como es sabido, Caputo es amigo de Macri desde su infancia.
Fue quien llevó el rescate cuando el presidente estuvo secuestrado. Lo considera un
“hermano de la vida”. Al comienzo de su gobierno en la Ciudad, M.M. lo nombró asesor ad
honorem, pero rápidamente debió dar marcha atrás por la incompatibilidad que
representaba que un contratista del Estado fuera asesor del jefe de Gobierno. De todas
formas, siguió ocupando su lugar en la mesa de decisiones del macrismo. Como símbolo, la
llegada de Macri a la Rosada hace 10 días fue precedida por la entrada de Caputo junto a
José Torello, otro de los consiglieri del presidente. De a poco, empiezan a destaparse todos
los “chanchullos” que involucran a quien vino a “terminar con la corrupción reinante”.

21/12/15: El gobierno neoliberal que encabeza Macri eliminó el régimen de información de

los formadores de precios, liberó de tasas los autos importados de lujo, y eliminó los topes
de los intereses que los bancos cobran por los gastos de tarjeta de crédito. Todas medidas
para enseñar en las escuelas lo que es un gobierno para minorías privilegiadas.

El nuevo presidente designó al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
a Javier Ibáñez, un ex funcionario del Gobierno de la Ciudad, que en marzo de 2012 fue
captado por las cámaras de televisión, cinturón en mano, en una pelea entre la barra brava
de Atlanta y la de Chacarita. El funcionario es vocal titular de la comisión directiva del club
de Villa Crespo. Cuando ocurrieron esos hechos de violencia, Ibáñez era el jefe de la
Agencia Gubernamental de Control (AGC), pero no fue apartado por esa gresca. También
fue denunciado en varias oportunidades por la falta de controles en la ciudad. Así continúan
los nombramientos de hombres honorables del nuevo gobierno…

22/12/15: Ayer, en su primera Cumbre del Mercosur, M.M. habló sobre Venezuela con el
objetivo de buscar un posicionamiento internacional diferente sobre este país. Pidió por los
“presos políticos” que allí están detenidos. Ningún país acompañó esta injerencia en
asuntos internos de otro Estado. La canciller venezolana le respondió duramente,
recriminando al presidente argentino por “defender a violentos que atacaron el gobierno
con bombas molotov, bazucas e incendios de edificios públicos” (mostró las fotos que lo
documentan). Macri no respondió. Un papelón internacional.

El gobierno neoliberal anunció que le van a otorgar por única vez un bono de $400 a los
jubilados que cobran la mínima para “compensar” el descalabro de precios que se generó
desde que ganó las elecciones Mauricio Macri. Los que cobren pensión y jubilación quedan
excluidos y sólo se “beneficiarán” los que cobren la mínima. Mientras ejecutan esta
miserable caridad humillante, hay que recordar que hace 5 años el gobierno anterior había
otorgado una suma fija a los jubilados, también excepcionalmente y no por una crisis, pero
de $500 y sin discriminar entre quienes cobraran ambos beneficios.

Primera represión a 10 días de haber asumido Macri: a los trabajadores de la empresa

“Cresta Roja” los desalojaron violentamente con balas de goma de la autopista a Ezeiza por
manifestarse por la falta de pago de la empresa. Es sólo el comienzo…

23/12/15: Ayer se conoció que el periodista Luis Majul recibió de parte del Gobierno de la
Ciudad casi 14 millones de pesos en concepto de publicidad y a través de contrataciones
directas entre 2008 y 2015, período durante el cual el presidente Mauricio Macri estuvo a
cargo del Ejecutivo porteño. Entre 2008 y 2015, La Cornisa Producciones SA, productora
de TV de Majul, fue beneficiada con 324 contrataciones en distintos rubros por la
administración de Macri, por un monto total de 13.877.524 pesos. De los 324 contratos, 46
fueron efectivizados mediante el decreto 556/10, idéntica metodología a la que la
administración PRO usó para transferirle más de 20 millones a La Usina SA, propiedad del
ex candidato a diputado nacional Fernando Niembro. Además de compartir profesión y
métodos de facturación, Niembro y Majul coincidieron en aceptar fondos de la gestión
macrista para realizar tareas para las cuales sus empresas no fueron creadas. En el caso de
Majul, Macri le otorgó en tres ocasiones 605 mil pesos a cambio del “servicio de
producción para organización de evento”, y en otras nueve oportunidades Majul le facturó
entre 8 mil y 99 mil pesos por su “servicio de distribución de folletería para promoción”.
De todas formas, este canalla a sueldo, apoya al gobierno más por ideología que por los
negociados escandalosos que comparten.

Se vive un clima tenso y angustiante. Sitios web del diario Página 12 y del portal de Diario
Registrado sufren hackeos permanentes y periodistas afines al gobierno anterior sufren
acoso de otros medios y por la red con falsas denuncias y ataques verbales de todo tipo. En
medio de este clima, el gobierno neoliberal siembra el terror en la administración pública
anunciando que revisará los nombramientos “masivos” de empleados públicos que haya
realizado el kirchnerismo en los últimos años de su gestión. Se evaluarán 64.000 contratos
temporarios y 11.000 concursos, en busca de irregularidades en las designaciones y
posibles "ñoquis". En total, serán 75.000 las designaciones sujetas a control. El ajuste va
encontrando sus justificaciones forzadas…

24/12/15: Nuevas pruebas del co-gobierno de Mauricio Macri con Héctor Magnetto:
-El blindaje judicial en torno al Grupo Clarín volvió a reforzarse y, por el momento, no da
señales de dejar ningún flanco descubierto. Ayer, el juez federal en el fuero Civil y
Comercial Horacio Alfonso, por segunda vez y a pedido del holding, dictó una "precautelar
breve". En los hechos esa medida implica que se otorga al multimedios una nueva prórroga
"interina" sobre la cautelar que ya había sido extendida por seis meses más y que vencía el
16 de enero de 2016, hasta tanto el propio magistrado se expida sobre la última solicitud del
multimedios, luego de la feria judicial. En términos políticos, Clarín ganó más tiempo
mientras el gobierno analiza cómo desactivar la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, al organismo que la aplica –la AFSCA- y la adecuación del holding a la
norma.

-El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, confirmó que Macri firmó "un decreto a
última hora de ayer y que se hizo efectivo hoy" por medio del cual "remueve a las
autoridades" de los organismos que regulan las telecomunicaciones, los medios
audiovisuales y hacen cumplir la Ley de Medios. Esta decisión viola la ley pues ambos
entes son autárquicos y sólo se los puede remover a través del Congreso, reformando la ley,
o a través de un juicio por mal desempeño. Este anuncio se hizo en una conferencia de
prensa mientras el AFSCA estaba rodeado de policías y camiones hidrantes. Un nuevo acto
de ilegalidad “republicana”.

-El camarista federal Eduardo Freiler fue apartado de la causa que investiga si hubo delitos
de lesa humanidad en el proceso de venta de acciones de la empresa Papel Prensa durante la
última dictadura. Freiler fue recusado por los imputados de Clarín y La Nación luego de
firmar en disidencia y mostrarse a favor de citar a declaración indagatoria en la causa a
todos los involucrados, incluida la directora de Clarín Ernestina Herrera de Noble. Los
llamados a indagatoria habían sido rechazados por el juez Ercolini y su decisión fue
confirmada por la Cámara con el voto disidente de Freiler en julio pasado.

-Acusan a Sabbatella de “militante” y el “milico” Aguad nombra ilegalmente a Agustín

Garzón, abogado egresado de la UCA, quien fue empleado jerárquico en la Secretaría
General del Gobierno de la Ciudad y es coordinador de Profesionales Pro. En el colmo de
la desvergüenza, horas después de la ilegal intervención al AFSCA, Garzón presentó una
denuncia penal contra el ex titular del organismo por abuso de poder y por mantenerse en el
cargo pese a ser removido.

Mauricio Macri modificó el decreto de 1999 que establecía que el titular de la Oficina
Anticorrupción debía ser abogado, y determinó que a partir de ahora el cargo podrá ser
ocupado por cualquier persona con título universitario y "una reconocida trayectoria
democrática y republicana”. La medida despeja el camino a la diputada del PRO, la
inefable Laura Alonso, para que asuma en el organismo con su título de licenciada en
Ciencias Políticas: siendo una mujer perteneciente a una ONG que es financiada por los
fondos buitre y que los últimos años se dedicó a realizar falsas denuncias contra el gobierno
anterior.

25/12/15: Ayer, siendo las 23 horas, el juez Ercolini, el mismo que mantiene “dormida” la
causa Papel Prensa dormida desde hace 4 años, dio curso a un pedido del fiscal Stornelli, un
hombre allegado a Macri, del que fue jefe de seguridad de Boca Juniors y con vínculo
directo con la barra brava del club, para desalojar y clausurar el AFSCA, organismo
encargado de hacer cumplir la ley de medios. Martín Sabbatella, su actual director, fue
obligado a retirarse pese a que todavía no se resolvió el amparo presentado contra la
intervención. Es decir: celeridad para desalojar y no para definir la legalidad o no de esta
medida, que viola la ley de medios declarada constitucional por la corte Sojera de Justicia.
Un nuevo atropello contra las instituciones…

26/12/15: A 15 días de haber sumido Mauricio Macri inició, nuevamente, ¡vacaciones! en

medio de una terrible inundación en el litoral, donde se habla de más de 20.000 evacuados.
Un claro sentido de la oportunidad y de sensibilidad social….

El aspecto más destacado en las dos primeras semanas del gobierno de Cambiemos es que
el saldo de las medidas económicas implementadas, y las próximas anunciadas, van en
dirección opuesta a la ambiciosa promesa socioeconómica de “Pobreza 0”. En lugar de
reducirla pobreza, es posible estimar que la ha aumentado calculada por nivel de ingresos,
independientemente de la cifra absoluta subestimada por el Indec hasta que dejó de
publicarla o del número sobreestimado de la Universidad Católica Argentina. Una menor
capacidad de compra por la fuerte devaluación, y modificación en el régimen de
retenciones ha empujado a grupos vulnerables a caer por debajo de la línea de pobreza.
Además, la prevista eliminación de subsidios con aumentos de tarifas, la limitación de la
negociación paritaria incluyendo el criterio de productividad y la apertura importadora,
implicará otro golpe a los ingresos de sectores populares y, por lo tanto, un fortalecimiento
de la tendencia de sumar más pobres. En esta primera etapa del gobierno neoliberal, el
resultado de la política Pobreza Cero es una derrota por goleada.

27/12/15: Finalmente los feriados del año 2016 serán los mismos que en el 2015. Se
archivaron las críticas a su abundancia, propia del populismo o, quién sabe, de la molicie
caribeña. Se dejó de hablar de la demagogia, vicio político y de la pereza, pecado capital.

Un amplio abanico de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales del

noroeste y nordeste del país se encuentran en estado de alerta. Luego de dos encuentros,
autoconvocados en Chaco y en Tucumán, emitieron comunicados en los que llamaron la
atención sobre el nuevo contexto político, rechazaron medidas como la designación por
decreto de dos jueces de la Corte y sobre las presiones del Ejecutivo para separar de su
cargo a la procuradora general Alejandra Gils Carbó. “El nuevo escenario político y social
generado a partir de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno –dijeron desde
Tucumán– impactan negativamente sobre los derechos conquistados, tras décadas de luchas
por el conjunto del pueblo argentino”. En la misma línea, las organizaciones reunidas en
Chaco exhortaron a los tres poderes del Estado, a hacer propios los logros “que hoy
constituyen un patrimonio de todo el pueblo argentino, a través del fortalecimiento y
profundización de las políticas públicas, con el correspondiente presupuesto para su
desarrollo”. Desde el NEA señalaron: “Repudiamos todo intento de instalar el relato de los
sectores económicos y dominantes por medio de la teoría de los dos demonios, cuya
falsedad ha sido demostrada con más de 600 juicios de lesa humanidad, la recuperación de
119 nietos y la conciencia social que recuperó la verdad histórica”.

Cuando restan apenas tres días hábiles para cerrar el año, el ejercicio financiero para 2015
evidencia una elevada concentración de los negocios en sectores particulares que se vieron
beneficiados por la devaluación, el desmantelamiento de la regulación bancaria, y la
liberalización de los precios. Fue un período extremadamente volátil, frente a los vaivenes
habituales en un año electoral, intensificado en la última parte del año por el cambio en el
rumbo económico hacia un modelo que priorizará la renta financiera. El panel de acciones
líderes acumuló una mejora de 44,1 por ciento, aunque algunos papeles que integran el
índice duplicaron su valor en el año. Los sectores más favorecidos por las expectativas ante
el mentado cambio que propuso el actual gobierno durante la campaña fueron bancos,
agroalimenticias, energéticas y servicios. Una aparte requiere el comportamiento de las
acciones de la empresa Caputo, propiedad del amigo personal de Mauricio Macri, que
registró un aumento del 481,6 por ciento. Los títulos públicos subieron 55,8 por ciento,
siendo las series en pesos las de mejor performance. Todos los indicadores y las señales que
da el gobierno se perfilan para que estas tendencias se agudicen y profundicen de manera
dramática.

28/12/15: La Corte Suprema de las Corporaciones, raro en ella, volvió a procesar a

Federico Sturzenegger por el Megacanje del 2001. El máximo tribunal desestimó una
apelación y dejó firme la decisión de la Cámara de Casación, por lo que el actual presidente
del Banco Central volverá a estar procesado. Además, los bienes del economista serán
embargados por 5 millones de pesos.

Tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron de la cárcel de

máxima seguridad de General Alvear. Se trata de Víctor Schillaci, Cristian y Martín
Lanatta. Este último fue quien acusó, a través del nefasto “periodista” Jorge Lanata del
Grupo Clarín, pocos días antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, al ex jefe de
Gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual de los asesinatos. En ese entonces,
Fernández era candidato a gobernador y competía con Vidal, quien centró buena parte de su
campaña en aquella denuncia. Esta fuga, de una cárcel denominada de alta seguridad, en la
que se había informado que tenían custodia permanente y eran monitoreados sin
interrupciones desde un circuito cerrado de televisión, es una de las noticias más
inverosímiles de las que se tenga memoria. Muchos piensan que se trata de la recompensa
por el trabajo sucio que aportaron a la campaña de Mauricio Macri. La forma en que se
evadieron estos asesinos fue desopilante: los tres, que estando también juntos intentaron
evadirse del penal de Sierra Chica, se encontraban al momento de la fuga juntos en la
¡enfermería! En un supuesto descuido sorprendieron al único guardia que los custodiaba
con un ¡arma de juguete! Tomaron al policía de rehén y pasaron innumerables “controles”
que allí hay para irse por ¡la puerta principal! Allí se hicieron de un FIAT uno que, como
no arrancaba, ¡tuvieron que empujar! El aviso de la huida se dio ¡seis horas después del
hecho!, cosa que tuvieran tiempo suficiente para la huida, evidentemente. Si estos hechos
un guionista de Hollywood lo hubiese presentado como proyecto para una película, lo
hubiesen rechazado por berreta y poco creíble.

29/12/15: Una nueva ilegalidad, vía el enésimo decreto, del gobierno neoliberal: el ministro
de Justicia confirmó para los próximos días los decretos sobre el traspaso de las escuchas
judiciales a la Corte Suprema y a la postergación de la aplicación del Código Procesal
Penal. Ambas cuestiones están vinculadas con la procuradora general de la Nación,
Alejandra Gils Carbó, y ambas tienen como consecuencia un recorte en las atribuciones del
Ministerio Público Fiscal. Si bien el ministro afirmó en los últimos días que no está
previsto un decreto para remover (o intentar hacerlo) a la funcionaria, el objetivo de
desplazarla sigue en pie. Garavano insistió ayer en que “sería bueno” que diera “un paso al
costado” y, a la vez, el Gobierno analiza acortar con una ley la duración del mandato de la
procuradora. O sea: amenazan con una nueva ilegalidad a uno de los pocos funcionarios
probos y honestos que tiene el poder judicial.

El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó hoy Mauricio Macri en la causa de las
escuchas ilegales, por la cual estaba procesado desde hacía ya cinco años y medio. En 2010
el juez federal Norberto Oyarbide dio por probado que Macri había espiado a familiares y
opositores a su gobierno y por ello lo procesó. En ese año y dos meses después, la Cámara
Federal confirmó por unanimidad aquel procesamiento. El resto de los imputados, que
estaban bajo la órbita del entonces jefe de gobierno, sí van a ir a juicio oral. Vale decir: ¡los
subordinados actuaron por cuenta propia, sin la anuencia de su jefe político! Una nueva
mancha para el Poder judicial.

El gobierno neoliberal amenaza a todos los empleados públicos sembrando el terror entre
ellos en una vergonzosa estigmatización. El presidente firmó el decreto 254/2015 por cual
se instruye a los ministros, secretarios y autoridades de organismos descentralizados y a las
empresas y sociedades del Estado de la administración pública nacional, "a revisar los
procesos concursales y de selección de personal", tarea que deberán cumplir "en un plazo
no mayor a seis meses" computados a partir de hoy, como publica el Boletín Oficial. Ante
la cacería desatada los gremios se declararon en estado de alerta y movilización.

Después de los cuestionamientos que recibió por no presentarse en las zonas afectadas en
el Litoral, el domingo el presidente interrumpió sus vacaciones familiares en Villa La
Angostura y se hizo presente, por un momento, en Concordia, donde brindó una
conferencia de prensa, para inmediatamente partir de regreso hacia la localidad neuquina.
Da vergüenza ajena…

30/12/15: El Frente para la Victoria realizó una denuncia penal contra Emilio Monzó,
presidente de la cámara de diputados del PRO, por malversación de instrumento público,
abuso de autoridad y mal desempeño, por inventar una nueva primera minoría legislativa y
así ocupar otro lugar en el Consejo de la Magistratura. Finalmente, una cautelar presentada
frenó el nombramiento de Pablo Tonelli. Los atropellos se suceden sin solución de
continuidad.

El avasallamiento institucional y la ilegalidad hecha costumbre no tienen fin ni límites. El

jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que en los últimos años hubo "una guerra contra
el periodismo" cuyo saldo "fue malo para todos, porque no hubo aumento en la cantidad de
medios ni mayor conectividad ni acceso a celulares", y anunció que el presidente firmó un
Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual se crea el Ente Nacional de
Comunicaciones (Enacom), que "absorberá las funciones de la AFSCA y la AFTIC, que
dejarán de existir" a partir del lunes. Anticipó, además, que se "sacarán los cepos a la
industria (de las comunicaciones) para que hallan más inversiones" y confirmó que el
oficialismo propondrá la creación de una comisión bicameral en el Congreso "con el
mandato de discutir una nueva ley de comunicaciones, que integre la Ley de Medios y la
Ley de Tecnologías de la Comunicación", ya que, en su criterio, esas normativas "solo
sirvieron como armas de esa guerra" contra las empresas periodísticas. Vale decir: por
medio de un decreto buscan limitar una ley mientras apuran la manera de derogarla para
sancionar una nueva a la medida del Grupo Clarín.

Al mismo tiempo que se anunciaba esta barrabasada, la “Justicia” rechazó el pedido de una
cautelar de Sabbatella por la intervención al AFSCA. Todo perfectamente coordinado. La
restauración conservadora arrasará con todo lo que esté a su alcance.

31/12/15: Un juez decide una cautelar para frenar el decreto contra la ley de medios. Los
trabajadores del AFSCA quieren retomar sus puestos de trabajo pero la policía no los deja,
desconociendo la decisión judicial. Veremos si los “republicanos” acatan la ley…

Uno más para el festival de decretos en el que se volvió el gobierno de Mauricio Macri:
ahora habilita al ciudadano estadounidense Marcos Molina Viamonte para incumplir la ley
de empleo y asumir como Director de Informática, en la secretaría Legal y Técnica de la
Presidencia. Cipayismo ilegal.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció que se declarará la "emergencia

estadística nacional", por lo que "el índice de precios al consumidor no se va a publicar"
hasta nuevo aviso. Dijo que buscarán un "índice alternativo" para los contratos atados al
CER y consideró que la suba de precios “anda más o menos por el 3,5 por ciento para el
mes de diciembre”. Esta nueva canallada tiene un objetivo: manipular el índice de precios
de cara a las paritarias. Veremos si los gremios están a la altura…

El gobierno neoliberal resolvió suspender la grilla de una de las FM públicas y pasar

música a partir del 1 de enero. Dejan sin efecto 27 contratos. Se trata de Nacional Rock.
Con respecto a Radio Nacional AM, donde la mayoría de los periodistas tienen contrato
firmado por todo 2016, éstos vienen denunciando presiones para que renuncien de modo de
dejar el camino despejado para que las nuevas autoridades elijan “libremente” su
programación. Otra muestra más de la pluralidad de voces a las que aspira el gobierno
neoliberal.
Hoy se supo que Flamante director del Banco Nación posee una deuda millonaria con la
entidad. Se trata de Atilio Benedetti, ex diputado nacional y presidente de la UCR de Entre
Ríos, designado por el Poder Ejecutivo como integrante del directorio que conduce el ultra
neoliberal Carlos Melconián. Un informe periodístico de “La Mañana de Córdoba” revela
que su empresa “Tierra Greda” tiene una deuda millonaria con la entidad por un Crédito del
Bicentenario.
 CARTA ABIERTA A UN DOCENTE VOTANTE DE CAMBIEMOS
(enero de 2016)

Te quiero dedicar estas líneas a vos, docente PRO, aunque ni siquiera pertenezcas
formalmente a ellos. Porque por más que te lo propongas nunca serás un miembro “puro”,
un neoliberal genuino sin contaminar, ya que formas parte de lo que ellos llaman la
chusma.
Porque eso sos para este nuevo Gobierno: el sumun del vicio del empleado público,
un vago que vive del Estado, y poco menos que un parásito lleno de “privilegios”
inmerecidos.
Para esa gente ganás demasiado por lo que hacés y descansás mucho, pero mucho.
Si no fuera por los sindicatos, a los que tanto criticás, no tendrías ni estatuto docente ni
derechos porque la ola amarilla que vos votaste te desprecia, portando la soberbia de creerte
un sobrante con el que no queda otro remedio que ubicar ahí, en una escuela pública
desfinanciada y empobrecida para sólo cuidar algunas formas.
Sin embargo, todavía no caíste. Sin tanto entusiasmo aún repetís la cantinela de los
medios dominantes. Pero estás preocupado. Empezás a hacer cuentas que no te cierran y
ahora sí tenés miedo. Seguro te cuidas qué escribís en las redes sociales y vas a pensar muy
bien si hacer paros que van a descontar de tu devaluado salario.
Ahora estás, culo al norte, viendo azorado cómo se derrumba todo, incluso tus
latiguillos del hartazgo por las cadenas nacionales de CFK y los ñoquis de la Cámpora.
Empezás a dudar de aplaudir, como hiciste al principio, el despido masivo de empleados
públicos. No por solidaridad, qué va. Por miedo a que en la volteada te toque, porque
cuando cierren cursos y sobren docentes podés ser uno de ellos.
Pero falta para que te avives que la desocupación, aunque no te toque, a vos no te
conviene: porque así se debilitan los gremios, tu poder de reclamo se acota, tus condiciones
de trabajo se hacen flexibles, y la economía achicada se vuelve recesiva. Porque, además,
tenés un marido comerciante que ya no va a vender como antes, o uno que estará expuesto
al despido por la caída de ventas o el aprovechamiento patronal de la crisis auto generada
por el macrismo. O sea, no vas a zafar. Si no es a vos, algún amigo o familiar va a empezar
a pagar el costo del ajuste.
Ni que hablar cuando te vengan las boletas de los servicios públicos. ¿Te darás
cuenta, cuando ese momento llegue, que vos también estabas subsidiado? Cuando venga la
cuota del cole, la del seguro del auto que te compraste estos años, ¿de qué te vas a
disfrazar? ¿Cómo te ves comprando de nuevo zapas en la feria? ¿O usando el ventilador
moderadamente mientras el aire acondicionado, que por primera vez te compraste en la
última década, amontona tierra? ¿Vas a seguir despreciando a los pobres, muchos de los
cuales son alumnos tuyos? ¿Vas a seguir mirando al costado, intentando vivir una vida
consumista, apartado de la política para no “meterte” porque te asquea? ¿Vas a seguir
despreciando a los “negros”, a los menesterosos, a los que tenés a mano y querés mantener
a raya para no parecerte a ellos? ¿Vas a seguir mandando como tarea la búsqueda de
recortes periodísticos como si todos los diarios fueran lo mismo? Esto es: ¿como si no
existieran monopolios, medios hegemónicos y sí la neutralidad informativa de un
periodismo “independiente”?
No tenés derecho a decir que no sabías. La ignorancia te delata, no te exculpa. Sos
ignorante no por lo poco que sabés o entendés, sino porque no sabes cómo y con quién
defender tus propios intereses. No se puede naturalizar que un trabajador, más si es de la
función pública, vote un empresario. ¿O acaso no te mofarías de uno de ellos votando al
Che Guevara?
No, ese privilegio no lo vas a tener nunca porque ellos jamás se equivocan a la hora
de elegir su candidato. Por eso bien se podría decir que sos un pedazo de brutalidad
desinformada, como canta León Gieco, al que para colmo le ganó su odio irracional. El
peor odio: el del destinatario equivocado. Y mirá que sos testaduro, porque vos no sólo te
tropezás con la misma piedra: a ésta la agarraste, la besaste y la tenés en tu mesita de luz,
ahora junto a una estampita de San Cayetano.
Así que andá haciéndote cargo porque las “macanas” que nos mandamos no tienen
consecuencias sólo para uno, sino para todo un colectivo social al que, mal que te pese,
también pertenecés.
01/01/16: El año empezó con todo. El miércoles por la noche intentaron ingresar al estudio
de la radio de las Madres. Desconocidos patearon la puerta, tiraron huevos y golpearon al
operador. Además, recibieron amenazas de muerte anónimas en los últimos veinte días.
Seguro van a investigar esto hasta las últimas consecuencias…

El programa económico del Gobierno avanzó la última semana en uno de sus ejes
estructurales: la apertura a los capitales golondrina. El Banco Central y la Comisión
Nacional de Valores tomaron decisiones de fondo para promover la llegada de divisas a
través del circuito financiero. Una de las medidas fue la autorización a inversores
extranjeros para comprar los títulos de deuda que emite la autoridad monetaria, Lebac y
Nobac, que marcan referencias de tasas de interés en el mercado. Los fondos de inversión
internacionales tendrán la posibilidad de acceder a instrumentos que ofrecen la garantía de
cancelación del BCRA; es decir, con riesgo cero, a salvo de buitres. Encadenado a ello, los
organismos levantaron la obligación de retener por 72 horas los bonos del Estado nacional
que se utilizan para el contado con liquidación, operación que consiste en adquirir esos
papeles en pesos en el mercado local y venderlos en dólares en Nueva York. Es el canal
más utilizado para la fuga de divisas, que ahora ya no tendrá restricciones ni obstáculos que
la desalienten. Ambos pasos terminaron de dar forma a la política de seducción a los fondos
especulativos que arrancó con la eliminación del encaje de 30 por ciento que debían
constituir inversores de otros países durante un año si querían venir a timbear en el país. La
libre entrada y salida entierra la política de regulación que aplicó el kirchnerismo en sentido
contrario, para descartar esa vía rápida y riesgosa de financiamiento de la economía. La
estrategia vuelve a ser la misma que ensayaron los ministros José Alfredo Martínez de Hoz
en 1977 y Domingo Cavallo en 1991, con resultados ruinosos para la economía luego del
ilusorio boom inicial.

02/01/16: Como el congreso provincial no aprobó el presupuesto de la gobernadora

neoliberal, María Eugenia Vidal, pues contemplaba 100.000 millones de pesos para tomar
deuda sin especificar en qué se van a gastar, la demócrata funcionaria prorrogó por decreto
el presupuesto 2015 y amenazó con suspender las paritarias si el mismo no es aprobado.
Chantajes y extorsiones, métodos corrientes para la nueva era del “diálogo republicano”.

Hoy se cumple una semana en que se fugaron los tres famosos presos. Anuncian que los
tienen cercados y que se tirotearon con ellos, pero los tipos no aparecen. ¿Inoperancia?,
¿más mentiras para ocultar su escape? ¿Aparecerán muertos? Cualquier opción marca el
horror en que nos vemos envueltos con este gobierno.

El ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay afirmó que los aumentos de luz promedio que
comenzarán no son tan preocupantes pues son equivalentes a dos pizzas. También advirtió
que los sindicatos deben pensar bien cómo actuaran en las paritarias, pues pidiendo
demasiado pueden perder sus empleos. Una, una canallada burlona y condenable. La otra,
una amenaza preocupante….
El gobierno de Mauricio Macri cerró por decreto el Instituto Nacional de Revisionismo
Histórico Argentino y Latinoamericano Manuel Dorrego, que en 2011 había creado,
también a través de un decreto, la ex presidenta Cristina Fernández. La iniciativa de dar fin
al organismo surgió del actual ministro de un cacho de Cultura, Pablo Avebruto, quien
aseguró que "los propósitos con los que fue creado chocan con cualquier idea plural y
democrática de la historia". Siguen las imaginativas excusas para justificar el ajuste y cerrar
los debates con los que no piensan como ellos.

03/01/16: Según publica hoy en Página/12 Alfredo Zaiat, el gobierno neoliberal ha

concretado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, un megacanje de deuda que
implicará un aumento sustancial en la carga de intereses en el Presupuesto Nacional. La
operación liderada por el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el
ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, involucra 16.099 millones de dólares.
Con un fuerte aumento de la tasa de interés y una quita del capital del 15 por ciento, la
emisión de bonos será por 13.697 millones de dólares y los servicios de deuda subirán con
los nuevos papeles en 9141 millones de dólares durante todo el período de duración que va
de 6 a 11 años. En este megacanje II de Sturzenegger y Prat-Gay participa el Tesoro
Nacional y el Banco Central, con un grupo de bancos internacionales expectante para
recoger beneficios: HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs. Una
carga excepcional sobre el presupuesto nacional con la excusa de mejorar la calidad del
balance del Banco Central, cuando en realidad se trata de una inmensa operación financiera
de incremento de la carga de los servicios de la deuda pública definida por un DNU sin
ningún tipo de control del Congreso. Así Cambiemos ha empezado a aprovechar el
extraordinario esfuerzo social del desendeudamiento con el sector privado de los gobiernos
kirchneristas, iniciando un nuevo ciclo de negocios con la banca internacional.

Una de las vías para acceder a divisas es el endeudamiento, aprovechando el amplísimo

margen que dejó el kirchnerismo luego de reducir los pasivos del Estado nacional en
moneda extranjera con acreedores privados a niveles mínimos históricos. De 75 puntos de
deuda en relación al PBI que había en 2003 se bajó a solo 7,9 por ciento en 2015. Aunque
nadie del gobierno ni los consultores que lo acompañan reconozcan ese logro en toda su
dimensión, es una de las herencias fundamentales que dejó la etapa que terminó el 10 de
diciembre. La dictadura y el menemismo hundieron al país debajo de una montaña de
deuda, que terminó por aplastar a casi todos –menos a quienes se enriquecieron en el
camino–, y el kirchnerismo logró que el funcionamiento económico permitiera barrer con
esa restricción agobiante. Para aceitar la vuelta al endeudamiento, Alfonso Prat-Gay está
apurado por cerrar un acuerdo con los fondos buitre –dejando otra vez de lado la opción de
enfrentarlos, que lideró Axel Kicillof–, tarea que ocupará su atención durante el verano. La
promoción de exportaciones, el endeudamiento y los incentivos para la llegada de capitales
especulativos, conforman la base del nuevo gobierno para superar la restricción externa. La
devaluación fue otra decisión en la misma trayectoria. El ajuste fiscal, primero a través de
la quita de subsidios a los servicios públicos, es el capítulo que sigue, y tras ello
seguramente vendrán muchos otros del recetario del FMI y de las calificadoras de riesgo
internacionales: paritarias por productividad, flexibilización laboral, apertura comercial,
relanzamiento del ALCA –con escala previa en la Alianza del Pacífico–, corrimiento del
Estado de la economía –libertad para fijar precios, eliminación de leyes antimonopólicas
como la de servicios de comunicación audiovisual, despidos de empleados públicos–,
aumento de la edad jubilatoria y privatizaciones seguramente formarán parte de la agenda
del macrismo. Varios de esos puntos ya han sido mencionados y otros aparecen in pectore,
como decía Carlos Menem, el último promotor del modelo de valorización financiera que
ha regresado bajo el sello de Cambiemos.

04/01/16: Como era de esperar el gobierno neoliberal volvió a violar la ley. Esta vez para
oficializar el decreto que disuelve a la Afsca y Aftic, modifica artículos clave de la Ley de
Medios -respecto de transferencias de licencias y cuotas de mercado- y la ley de
telecomunicaciones, a pesar del fallo del juez Arias de “no innovar”. Sabbatella ya
denunció esta maniobra por “desacato y desobediencia judicial”. No tienen límites…

La vicepresidenta Gabriela Michetti anunció la decisión de dar de baja un total de 2.035

contratos de empleados de la Cámara alta, dispuestos por el ex presidente del Senado
Amado Boudou en el último año. El cocinero e intendente de Quilmes Martiniano Molina
echó 1000 empleados y, a la vez, ¡se aumentó el sueldo un 40 %! y en el CCK los
empleados advirtieron que no los dejaron entrar al edificio y que no se les permite cumplir
con la jornada laboral. Son más de 5.000 personas amenazadas con perder el empleo.

La impresentable jueza, ex esposa del corrupto fiscal fallecido Alberto Nisman, Sandra
Arroyo Salgado, tuvo su día de gloria en esto de atropellar la ley y propulsar la impunidad
de personeros del poder real. Primero sobreseyó a los periodistas Carlos Pagni, Horacio
Alderete, Roberto García y Edgar Mainhard y al ex jefe de la SIDE menemista, Juan
Bautista “Tata” Yofre, en la causa por el hackeo y venta de información de mails de figuras
políticas, empresariales y artísticas. Consideró que las pruebas fueron obtenidas a partir de
prácticas de inteligencia fuera de la ley. Como si esto fuera poco, el mismo día, rechazó el
pedido del fiscal para indagar nuevamente a la dueña de Clarín en la investigación por la
adopción irregular de sus hijos, y dispuso su sobreseimiento. Mientras tanto sigue
pugnando para que la causa por la muerte de su ex esposo pase al fuero federal, donde tiene
los contactos para torcer su rumbo.
05/01/16: La nafta aumenta mañana y en marzo también. Al incremento del 6 por ciento
que regirá a partir de mañana se le sumará otro similar dentro de tres meses, y no se
descarta un nuevo ajuste antes de mitad de año. Curiosa ley del mercado con el gobierno
ultra liberal aplicándola a la inversa: mientras el precio del barril del petróleo no para de
caer a nivel internacional, en la Argentina de las “reglas claras” el combustible no para de
subir, siendo nosotros productores.

El Gobierno desarticuló a través de un decreto la legislación que regulaba las inversiones y

los permisos de exploración y explotación del sector hidrocarburífero. Mauricio Macri
disolvió ayer la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas creada en 2012, y derogó una serie de regulaciones para las
petroleras. En su lugar, dejó la aplicación de un marco normativo mucho más dócil en
manos del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell
Argentina.

Carlos Melconián inició su gestión en el Banco Nación con varios despidos. El economista
neoliberal echó a decenas de empleados, incluidos perfiles técnicos y administrativos, con
12 años de antigüedad. Trascendió que hubo despidos a mujeres embarazadas. Este
Sérpico, versión corrompida, fue el mismo que estatizó la deuda externa privada con
Cavallo en 1982 en plena dictadura, y que fue consultor permanente del menemismo
primero y la Alianza después; casi un delegado del FMI en Argentina. Ahora, emprolijado
y más calladito, comienza una gestión como todo buen neoliberal espera....

Día tras día se van conociendo despidos de empleados públicos en todos los distritos de la
provincia de Buenos Aires. La excusa: que son ñoquis. A los dos mil echados en el Senado,
ayer se sumaron nuevos cesanteados. Ciento cincuenta personas quedaron sin trabajo en la
Jefatura de Gabinete nacional, mientras que en los municipios bonaerenses hubo cesantías
masivas en Quilmes, donde el intendente Martiniano Molina despidió a mil personas y al
mismo tiempo se aumentó el salario 40 %. La Federación de Sindicatos Municipales
bonaerenses denunció que otros 1600 empleados fueron dejados en la calle en otros siete
municipios de la provincia. En La Plata hubo protestas de los estatales, que denunciaron
4500 despidos mientras el intendente Julio Garro llamaba a la Gendarmería para “proteger”
el edificio municipal. Hernán Lombardi dio de baja el 85% de los contratos del CCK, que
permanece cerrado por “refacciones”.

06/01/16: Hoy una nutrida convocatoria se dio en el Congreso nacional para pedir la
apertura de sesiones extraordinarias, rechazando las medidas impopulares e
inconstitucionales del gobierno neoliberal. Salvo Cerruti, Sabbatella y Larroque, la
dirigencia política brilló por su ausencia. La concentración se autoconvocó a través de las
redes sociales. Como viene sucediendo ningún medio televisivo cubrió el hecho, salvo la
señal internacional Telesur.

Tras publicar el lunes el DNU que eliminó la Afsca y la Aftic y modificó a favor del Grupo
Clarín las leyes de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, Mauricio Macri avanzó
ayer un paso más al poner en marcha el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones
(Enacom). Mediante el decreto 7/2016, el presidente designó ayer a sus cuatro
representantes en el directorio del nuevo organismo, que concentra bajo su órbita la
regulación y control del mercado comunicacional y de telecomunicaciones. Los tres
restantes miembros del directorio deben ser propuestos por las tres primeras fuerzas
legislativas, pero como el Congreso está en receso recién podría completarse su integración
a partir de marzo. Mientras tanto, todas las decisiones se tomarán por los funcionarios
designados por el PRO. Miguel De Godoy, ex secretario de medios porteño, fue nombrado
presidente. Los restantes designados son el ex legislador del PRO y ex interventor de la
Afsca, Agustín Garzón, el abogado Alejandro Pereyra (vinculado a Margarita Stolbizer) y
Heber Martínez, ex gerente de Asuntos Corporativos de Telefé. Así, todo queda entre
amigos…

07/01/16: A 25 días de haber asumido el nuevo gobierno se estima que más de 14.000
trabajadores públicos fueron cesanteados. Ayer la vicepresidente, Gabriela Michetti, en un
sorprendente gesto de humanidad, tuvo que dar marcha atrás con el despido de
discapacitados y embarazadas. El terror, a fuerza de despidos y persecuciones, se va
instalando en todo el país.
El juez federal de La Plata Alberto Recondo, rechazó un amparo contra la intervención de
la Afsca y su traspaso al Ministerio de Comunicaciones. También dejó sin efecto la medida
precautelar que había dictado el juez platense Luis Arias, que ordenaba al Ejecutivo que “se
abstenga” de tomar decisiones respecto al organismo y a la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual. El lunes el gobierno disolvió la Afsca y creó el Enacom, al
tiempo que puso fin a la desconcentración prevista en la ley de medios. En este sentido
puede decirse que la troika (Cambiemos-clarín-poder judicial) está funcionando
aceitadamente.

08/01/16: El diario español El Mundo difundió la denuncia de la ONG de Gustavo Vera, La

Alameda, que afirma que una red de proxenetas "financió la campaña de Mauricio Macri"
para su reelección en 2011 como jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La
organización publicó la denuncia penal que Lorena Cristina Martins hizo contra su padre,
Raúl Luis Martins Coggiola, como supuesto líder de una red de prostíbulos en Buenos
Aires y Cancún. A pesar de las pruebas recolectadas, la misma fue archivada por el vínculo
sanguíneo que mantiene la denunciante con el denunciado. La impunidad bien resguardada.

Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara que reúne a los grupos más concentrados de la
industria de la alimentación, Copal, definió a través de una entrevista lo que el principal
bloque empresario (la UIA) entiende por política de precios, la que intentará, con buena
chance de lograrlo, que el gobierne adopte como propia. El responsable desde hace por lo
menos dos décadas de la política laboral de la central fabril manifestó su oposición a que se
mantenga el programa Precios Cuidados, que rebautizó despectivamente “precios pisados”,
acusándolo de ser la continuidad de “diez años de retraso por políticas de control de precios
del gobierno anterior, al límite del congelamiento, otro cepo más que tuvo la economía”.
Aunque admitió que las empresas del sector aceptaron el llamado del gobierno a participar
de las negociaciones con supermercadistas “por sector, por empresa y por producto”, dijo
aspirar a que la lista de bienes incluidos (en el acuerdo trimestral que regiría a partir de
mañana) se reduzca “porque hay productos que no corresponden a una canasta básica”.
Justificó los aumentos en los precios de alimentos y bebidas producidos a partir de octubre
(que en varios rubros superaron el 30 por ciento) y en relación a si vería factible volver
atrás con esos aumentos, respondió tajante: “No veo ninguna posibilidad”. Este hombre es
el ejemplo vivo de lo que es el empresario medio (no) nacional.

09/01/16: La gobernadora María Eugenia Vidal estableció como nuevo marco de

referencia, una vieja ley del duhaldismo que les permitirá a los intendentes fijar los salarios
de los empleados municipales, este año, de manera unilateral; a pesar que ésa norma ya fue
declarada inconstitucional por la Corte provincial en varios de sus puntos. Los neoliberales
siempre del lado de la ley, y del más débil…

A media mañana de hoy anunciaron con bombos y platillos que los tres famosos prófugos
habían sido detenidos en Santa Fe. Hasta Macri mandó un tweeter “orgulloso del trabajo de
Vidal y Ritondo”. Horas después se confirmó que sólo se capturó a uno solo. Un papelón
del que nadie se disculpó.

Hoy se supo que el presidente se fisuró el arco posterior de la décima costilla, al sufrir esta
noche un accidente mientras jugaba con su hija Antonia en la Quinta “Los Abrojos”. El
primer mandatario deberá permanecer en reposo por algunos días, según le indicaron los
facultativos de la Unidad Médica Presidencial. Más vacaciones para el “primer trabajador”.

Esta noche trasladaron al detenido Lanatta, uno de los célebres prófugos, en medio de un
operativo increíble. Miles y miles de policía por llevar a un tipo totalmente desahuciado,
solo y desarmado. Una parafernalia para hacernos creer que estamos en presencia del
Chapo Guzmán o de Pablo Escobar. Una vergüenza inconmensurable.

10/01/16: Durante todo el día los medios televisivos estuvieron transmitiendo en vivo la
cacería de los 2 otros dos prófugos. Una manera de entretener a la manada, pero sin poder
evitar un papelón histórico.

Trabajadores de ARSAT denunciaron despidos sin justificación y persecución ideológica

en la fábrica de satélites. "Ya están echando trabajadores intempestivamente y sin ninguna
justificación", explicaron en su página de Facebook, mientras el ministro Lino Barañao
mira para otro lado.

El gobierno neoliberal oficializó mediante un decreto de necesidad y urgencia –publicado la

semana pasada- su anunciado avance sobre el espíritu antimonopólico de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Los cambios no llegaron a tocar
directamente la división del espacio radioeléctrico a través de la que la norma resguarda
una porción a los medios sin fines de lucro, pero referentes del sector entienden que la
jugada del gobierno de Mauricio Macri de todas formas los afecta gravemente. “El DNU
equipara la libertad de expresión con la libertad de competencia, quedamos desprotegidos”,
opinan desde Red Colmena. “Pasamos de estar frente al desafío de que las grandes
corporaciones se adecuen a lo que dicta el Estado a un Estado que se está adecuando a las
condiciones de juego de esas grandes corporaciones”, añaden desde la Red de Carreras de
Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Red Com). “Para su forma de ver el
mundo, en la que solo el capital y el intercambio comercial mueven las cosas, los medios
sin fines de lucro somos una amenaza”, concluyen desde el Foro Argentino de Radios
Comunitarias (Farco).

11/01/16: Hoy nos desayunamos que radio Continental le rescindió el contrato al periodista
Víctor Hugo Morales, sin aviso previo. Él se presentó a la radio y cuando iba a hablar lo
sacaron del aire, en un hecho inédito de la radiofonía argentina. Luego el periodista salió
por otros medios explicando los motivos que esgrimieron: porque faltaba mucho al
programa “Competencia”, el deportivo que sale por la tarde. Lo que no deja de ser cierto,
pero esto es así desde hace años y años. Con esta excusa miserable esconden la única que
motivó la intempestiva medida: la radio era “apretada” por el gobierno neoliberal, con
quitar o retacear la pauta publicitaria, sino lo sacaban a Víctor Hugo del aire. Así continúan
acallando las voces disidentes de todos y por todos los medios. Doblemente grave: por un
lado, para la población que ve menguada la pluralidad de voces, y por el otro, porque están
haciendo acumular mucha bronca en un sector de la ciudadanía muy numeroso que no
encuentra manera de canalizar sus reclamos. Una olla a presión está calentándose a fuego
lento, mientras nada de pluralidad ni republicanismo motiva las acciones del gobierno. Un
poder autoritario está al mando de un país amenazado por un neoliberalismo dispuesto a
todo, con su ánimo revanchista y su odio de clase.
Ayer se supo que la ministra Patricia Bolsrich, la gobernadora Vidal y su vice Ritondo se
reunieron durante una hora a solas con el detenido Lanatta, sin la presencia de ningún juez
ni de ningún abogado. Un hecho gravísimo que puede tener derivaciones judiciales. Las
especulaciones más escabrosas circulan sobre los contenidos de este ilegal encuentro.

Finalmente, esta mañana detuvieron a los otros 2 prófugos del triple crimen. Cristian
Lanatta y Víctor Schillaci fueron detenidos hoy por la policía de Santa Fe. Lo confirmó el
vicegobernador Carlos Fascendini. Ahora empieza el show judicial. Estos miserables saben
demasiado…

El presidente designó el viernes al abogado Nicanor Moreno Crotto como coordinador de

Asuntos Legales de la Jefatura de Gabinete. El flamante funcionario fue denunciado el 4 de
diciembre por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)
por estar involucrado en una presunta maniobra fraudulenta llevada adelante a través de la
firma uruguaya Snowy SA, de la cual es representante legal, para estafar al Estado
nacional. Esta compañía se dedicó en la década del 90 a comprar deuda de una empresa del
Grupo Gotelli para ayudarlo a levantar una quiebra y recuperar una serie de activos y ahora
le reclama al Banco Central el cobro de títulos públicos emitidos por la dictadura como
parte del proceso de estatización de la deuda externa privada, en el cual también estuvo
involucrado Gotelli. El monto exigido es de casi 312 mil dólares sin contar intereses, pero
se estima que el Grupo Gotelli, a quien la Procelac vincula con Snowy, tiene más bonos de
esa época en otras de sus firmas.

12/01/16: Con pedido de detención por homicidio culposo, sigue prófugo el organizador de
una fiesta clandestina que terminó con una joven muerta en La Plata. Se trata de Raúl
Ismael “Peque” García, un empresario que mantiene una estrecha relación con la
gobernadora Vidal y todo el PRO. No sólo tiene fotos junto a María Eugenia Vidal,
Gabriela Michetti y el mismísimo Mauricio Macri, sino que estuvo en el escenario durante
el triunfo presidencial. Abogado y empresario, además de director de la Cámara de
Comercio e Industria platense, García se había sumado al PRO en la última campaña
electoral y financió buena parte de la campaña de Julio Garro, que lo llevó a la intendencia
de la ciudad de las diagonales. Oculto tanto tiempo, alguien lo está protegiendo.
Devolución de favores que le dicen…

Hoy Martín Sabbatella y un grupo de funcionarios de la AFSCA se presentaron en las

puertas del organismo con el objetivo de hacer valer los dos fallos judiciales que
suspendían la aplicación de los decretos del Gobierno nacional que afectaban al ente. Sin
embargo, la Policía Federal montó un operativo y prohibió su ingreso. Se suman los
atropellos de manera descarnada.

13/01/16: El gobierno neoliberal confirmó que avanzará con más transgénicos (nuevas
semillas y aumento del área sembrada) y más megaminería (eliminó retenciones e impulsa
nuevos proyectos). Organizaciones sociales advirtieron sobre más desmontes, mayor uso de
agrotóxicos y la multiplicación de los conflictos territoriales. La Unión de Trabajadores de
la Tierra (UTT) se movilizó al Ministerio de Agroindustria y exigió políticas para la
agricultura familiar. Asambleas socio-ambientales ya alertaron que no permitirán nuevas
explotaciones mineras y organizaciones campesinas cuestionaron las medidas en favor de
los agronegocios. Van a tener que batallar mucho tratándose de un gobierno que promueve,
sin control, estos emprendimientos contaminantes.

El ministro Prat-Gay había asegurado que las multinacionales iban a entregar 400 millones
de dólares por día de exportaciones rurales, pero la última semana el promedio diario fue de
174 millones, de lo que se deduce que el sector busca otra escalada de la divisa. Son
insaciables…

14/01/16: Ayer, convocada a través de las redes sociales, una multitud se concentró frente
al Cabildo para repudiar el despido del periodista Víctor Hugo Morales. Durante casi una
hora, el relator paseó en su discurso por todos los temas de actualidad, remarcó que su
salida del aire se debe a sus críticas al Gobierno, y reclamó volver al aire. “Devuélvanme el
programa”, pidió. Cerca del cierre, dejó una frase a tono con el público que durante el
primer mes del nuevo gobierno salió en varias oportunidades a la calle: “Luchar es
informarse”.

Mientras el Gobierno sigue usando la excusa de los “ñoquis” para despedir empleados
públicos, un informe de ATE contabiliza en 18 mil los echados en el Estado desde que
asumió Cambiemos, aunque algunas situaciones están en discusión. Frente a los cronistas
acreditados en la Casa de Gobierno, el presidente defendió la política de despidos con el
argumento de que se trata de “ñoquis del kirchnerismo”. En este marco, dio a entender
además que la “limpieza” todavía no terminó. Pero como parte de la respuesta a si habrá
más despidos, también dijo una frase que quedará para el archivo: “Como presidente –
agregó– quiero que tengamos una Argentina donde cada uno de nosotros encuentre la
manera y el lugar donde ser feliz”. De un cinismo increíble…

En medio de las negociaciones con los intendentes bonaerenses para la aprobación del
presupuesto de la provincia de Buenos Aires, y luego de enfrentar sucesivas marchas y
repudios de empleados estatales, la gobernadora María Eugenia Vidal tuvo que acceder a
revisar el decreto que estableció la suspensión por seis meses de las paritarias en la
provincia. Ayer por la tarde, funcionarios de su gabinete y referentes de gremios estatales
se reunieron y avanzaron en la conformación de la Comisión de Empleo Municipal,
destinada a asesorar a los municipios en las discusiones salariales.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, cuestionó “los motivos” por los
cuales se decidió la renacionalización de YPF y defendió la gestión anterior de Repsol. El
ex titular de Shell vinculó la decisión política de recuperar YPF, ratificada por ley del
Congreso, “con el cepo cambiario, que tuvo su origen en noviembre de 2011”, es decir, seis
meses antes de la repatriación de la petrolera. Un canalla sin parangón.

15/01/16: El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, adelantó ayer un ajuste

fiscal neto de uno por ciento del PIB, aunque considerando el impacto de la quita de
retenciones y otros beneficios impositivos, el recorte treparía a 3,6 puntos del PIB. El
funcionario elogió la política de despidos masivos en el Estado, aceptó los del sector
privado, y se quejó de las subas desmedidas de los precios. Lejos de hacerse cargo del
ajuste, los despidos y de la aceleración inflacionaria por la devaluación, atribuyó todos esos
hechos a la supuesta necesidad de aplicar una corrección a la economía heredada. El plan
ortodoxo, que el Gobierno disfraza de inevitable, consiste en definir un techo a las
paritarias a través de metas de inflación, pagar a los fondos buitre y despedir empleados del
Estado como forma de ajustar el gasto público. Justificó que los 18 mil despidos en el
sector público le permitirán al Estado deshacerse de la “grasa de la militancia”, y aseguró
que se abrirán concursos. Una agresión más de un ministro funcional al servicio del capital
concentrado. La receta de siempre por los mismos de toda la vida…

El presidente dejó sin efecto el decreto de Cristina Kirchner que reintegraba a todas las
provincias el 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables destinados a financiar
la Anses. La decisión de Macri fue cuestionada por varios gobernadores. Ese decreto
igualaba a todas las provincias en concordancia con el vergonzante fallo de la Corte
Suprema de las Corporaciones, quien falló a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe para
que no se le descuenten más el 15 % solidario de la masa de impuestos coparticipables
destinados a financiar la Anses. Para evitar los juicios que comenzarían de las otras
provincias para tener igual trato, la ex presidente firmó aquel decreto, una manera de hacer
cargo a Lorenzetti de un fallo insólito que desfinanciaba al Estado. Veremos cómo
reaccionan las provincias ahora…

Además de integrantes del Programa Verdad y Justicia, fueron cesanteados empleados del
Registro de Reincidencias. La Cámara de Senadores comenzará a mandar los telegramas a
los dos mil trabajadores que fueron despedidos por Gabriela Michetti. No van a parar,
vinieron por todo…

Después de que la policía no lo dejara retomar su cargo en la Afsca, amparado en dos

medidas precautelares, Sabbatella presentó una denuncia contra la ministra Bolsrich y otros
funcionarios. Los jueces definen si mantienen o no la suspensión del decreto de Macri.
Sabbatella y su lucha quijotesca. Un león.

La lumpen política Elisa Carrió inauguró el 2016 con otra denuncia explosiva. Acusó al
presidente de la Corte Suprema de las Corporaciones, Ricardo Lorenzetti, y al secretario
general de Administración del máximo tribunal, Héctor Marchi, por presunto
“enriquecimiento ilícito”. Como integrante de la alianza Cambiemos, la presentación
judicial de Carrió generó un cimbronazo político, a punto tal que el ministro de Justicia, el
macrista Germán Garavano, salió a aclarar que el Poder Ejecutivo no está involucrado con
la denuncia firmada por su principal socia política y el diputado de la Coalición Cívica,
Fernando Sánchez. Desde la Corte no dieron una respuesta oficial, pero deslizaron que se
trata de una cuestión “política” de Carrió, que ya lleva acumuladas varias acusaciones
contra el jefe de la Corte. La causa recayó en el juzgado federal número 2, a cargo del juez
Sebastián Ramos y el fiscal interviniente será Gerardo Pollicita. Anoche, la ex chaqueña
habló de los “negocios”, la “extorsión” de Lorenzetti y su supuesto pacto con Carlos
Zannini, ex secretario de Legal y Técnica. “Van a ver que los negocios de Lorenzetti van a
ser ciertos en seis meses. Está extorsionando a la AFIP para que le encubran el
enriquecimiento ilícito de Marchi”, aseguró Carrió en TN, su segunda casa.

La jueza Fabiana Palmaghini convocó a declaración indagatoria a los dos custodios que
estaban en turno el día que apareció el cuerpo de Alberto Nisman. El suboficial Armando
Niz y el sargento Luis Miño, ambos de la Policía Federal, fueron imputados por
incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible abandono de persona. La
citación, que se concretará el 12 y el 19 de febrero, no apunta a una zona liberada ni a
responsabilidad de los policías en la muerte del fiscal, ya que Palmaghini pone el foco en
que los dos custodios debieron derribar la puerta cuando Nisman no respondía a los
llamados, a partir de las 15 de aquel 18 de enero. A esa hora, según todos los forenses, el
fiscal llevaba varias horas sin vida e incluso su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado,
afirma que murió el día anterior. Más allá de esta jugada para la tribuna, la movida se viene
armando para resucitar al corrupto e inepto de Nisman para atacar a la ex presidenta.
Operación en marcha, aunque no tengan nada de nada como elementos de prueba.

Organizaciones y referentes del movimiento de mujeres alertaron sobre un eventual

desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, luego de los
cambios dispuestos en la estructura del Ministerio de Salud por el decreto 114/2016,
firmado por Macri el 12 de enero y publicado ayer en el Boletín Oficial. A través de un
comunicado de prensa, las entidades advirtieron que “sus funciones se encuentran
formalmente suspendidas” desde el 4 de enero, y que “se está desmantelando su unidad
funcional en áreas fragmentadas, generándose un quiebre en la ejecución de las políticas
públicas integradas que es necesario llevar adelante para lograr el efectivo acceso a los
derechos”. Consultado el vocero del ministro, Patricio Ancarolla, negó que exista la
decisión política de eliminarlo, pero lo cierto es que no aparece en el nuevo organigrama de
la cartera que encabeza Jorge Lemus. Esta mecánica de suspensión o eliminación de
programas tiene varios objeticos: reducir el gasto, despreciar a los beneficiarios, y generar
empelados ñoquis, por falta de tareas, y así poder justificar más despidos.

16/01/16: Los funcionarios de Mauricio Macri parecen no haber aprendido la lección sobre
la inconveniencia de comentar apresuradamente investigaciones policiales no resueltas. Por
segunda vez el Gobierno tuvo que retractarse sobre un episodio vinculado a la búsqueda de
los prófugos condenados por el triple crimen de General Rodríguez. El secretario de
Seguridad, Eugenio Burzaco, informó ayer que se estaba analizando un video que podría
demostrar que el sábado pasado habían sido detenidos, juntos, Martín y Cristian Lanatta y
Víctor Schillaci, y que integrantes de alguna fuerza de seguridad habrían dejado escapar a
los últimos dos. Pero, luego de que las imágenes fueron difundidas por los portales de
noticias, el dueño del auto que aparece en la filmación se identificó y, por supuesto,
desmintió ser uno de los fugados. La existencia del video provocó una nueva crisis con el
gobierno de Santa Fe, a quien la lumpen política Elisa Carrió acusó directamente de
proteger a los tres condenados. “Está desquiciada”, le respondió el ex gobernador Antonio
Bonfatti. Entre la impericia y el operativo “distracción”, el gobierno neoliberal suma
desaciertos y conflictos intestinos.

El juez Garbarino mantuvo la suspensión de los decretos de Macri y giró el expediente a la

Cámara Civil y Comercial, la misma que falló a favor de Clarín en la causa por la ley de
medios. Al enterarse de la decisión judicial y antes de la llegada de los funcionarios, el
macrismo ordenó desalojar el edificio, determinó sorpresivamente un asueto administrativo
y dejó las oficinas vacías, a oscuras y cerradas con llave. Todo un bochorno.

17/01/16: El gobierno de Cambiemos rescindió el contrato de código compartido que

existía entre Aerolíneas Argentinas y la empresa Sol, que le permitía a la línea de bandera
acceder a bajo costo a vuelos poco rentables. La medida obliga a la aerolínea Sol a
abandonar sus operaciones dejando más de 300 trabajadores desempleados. El ministro de
Transporte, Guillermo Dietrich, justificó la rescisión del contrato en un supuesto acuerdo
escandaloso. “Con su bolsillo de payaso iba distribuyendo plata por ahí”, sostuvo en
referencia a las condiciones del convenio, con pocos argumentos y sólo con frases de
marketing. El ex presidente de Aerolíneas, Mariano Recalde, explicó que el acuerdo era
mutuamente beneficioso y le generaba una ganancia neta a la línea de bandera por la venta
de los pasajes sin asumir riesgos. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, lamentó la
decisión de Aerolíneas Argentinas de rescindir el convenio con la empresa Sol y se quejó
porque la provincia así pierde conectividad. La sospecha de toda esta maniobra es que se
busca favorecer a la línea área Lan, principal competidora de Aerolíneas Argentinas, en
cuyo directorio participan ahora dos ex ejecutivos de esa compañía. Justo el día anterior
Macri se había reunido con el ex presidente chileno Pineda, también ex directivo de Lan.
2+2=4.

Ya no serán Evita, Rosas, el gaucho Rivero, San Martín, Belgrano, Roca o Sarmiento
quienes pasen de mano en mano cuando se trate de un pago en efectivo. Guanacos,
horneros, cóndores, ballenas francas, tarucas y yaguaretés ocuparán su lugar. El Banco
Central informó ayer que pondrá en circulación billetes de alta denominación (de 200 y 500
pesos a mediados de este año, y de mil pesos en 2017), al tiempo que habrá series nuevas
de 20, 50 y 100 pesos (también circularán ése mismo año), que llevarán como imagen
temas de la fauna autóctona argentina. “El BCRA busca con esta familia de billetes resaltar
la generosidad de la naturaleza hacia la Argentina y, al mismo tiempo, enfatizar la
importancia de preservar y promover la biodiversidad.” El sentido de borrar de la moneda
nacional los símbolos referidos a la historia, sus acontecimientos y sus próceres no fue
explicitado, aunque quedó expresada de forma implícita en el mismo comunicado de la
autoridad monetaria. “Con la elección de la fauna y de las regiones argentinas, el BCRA
procura también un punto de encuentro en el que todos los argentinos puedan sentirse
representados en la moneda nacional”, señala. Es decir: la historia divide y, para el
encuentro de los argentinos, es mejor prescindir de ella. En conclusión, los motivos de
cada billete serán los siguientes:
- De 1000 pesos: Hornero (ave nacional). Región Centro.
- De 500 pesos: Yaguareté. Región Noreste.
- De 200 pesos: Ballena franca austral. Mar Argentino, Antártida e islas del Atlántico Sur.
- De 100 pesos: Taruca (huemul). Región Noroeste.
- De 50 pesos: Cóndor. Región Andina.
- De 20 pesos: Guanaco. Estepa patagónica.
No faltaron las bromas haciendo referencia a que podrían haber puesto a otros animales,
identificables con este nefasto gobierno: el buitre o el dinosaurio. Nunca un pingüino. Dan
vergüenza.

Al tercer intento, Martín Sabbatella logró ingresar a la sede de la Autoridad Federal de

Servicios de Comunicación Audiovisual. Llevó consigo un cuadro de la ex presidenta
Cristina Fernández y un busto de Néstor Kirchner. Sin embargo, la restitución del titular de
la Afsca duró cuatro horas. La sala de feria de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial revirtió una decisión del juez Iván Garbarino, quien había suspendido los efectos
de los decretos firmados por Mauricio Macri. En este contexto, desde el kirchnerismo
adelantaron que recurrirán a todas las instancias necesarias para defender la ley de medios,
incluidos los tribunales internacionales. Precisamente ayer el relator especial para la
Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison
Lanza, manifestó su “preocupación” por los DNU del PRO que eliminan varias
regulaciones en contra de la concentración del mercado de medios. Advirtió que la CIDH
ya recibió “decenas de denuncias” y que mantiene un seguimiento del caso, por lo que
podría intervenir cuando se agoten las otras instancias judiciales.

Sara Garfunkel está convencida de que a su hijo, Alberto Nisman, lo mataron. Pero Sandra
Nisman, hermana del fiscal, cree que pudo haberse suicidado “obligado” por alguien. “No
había nadie dentro del dormitorio y después había luz en el baño. Y bueno. Ahí vi”, relató
la madre. Ahora la madre de Nisman habla de asesinato. Jamás habló de ello en un año. El
operativo contra la ex presidenta sigue su marcha…

Mauricio Macri ya tiene su primer preso político. Por una denuncia del gobernador de
Jujuy, Gerardo (in) Morales, en contra de una manifestación de organizaciones sociales
sostenida durante un mes frente al edificio en donde funciona el Poder Ejecutivo de esa
provincia, fue detenida ayer la dirigente social Milagro Sala. La orden provino del juez de
feria Raúl Gutiérrez y la ejecutó personalmente el ministro de Seguridad provincial.
Gutiérrez imputó a Sala por “instigación al delito y tumulto en concurso real”. “Alzamiento
en contra de leyes gubernamentales”, añadió Mariano Miranda, el abogado del Estado
provincial que denunció a la dirigente social por el acampe que la Tupac Amaru y otros
colectivos desarrollan en la plaza central de la capital jujeña para reclamarle a (in) Morales
que les conceda una entrevista. “Mientras se mantenga la comisión del delito, es decir el
acampe, se mantendrá la detención”, afirmó Miranda. La Tupac aseguró que Sala es “una
perseguida política” y su detención “una tremenda violación a los derechos sociales, civiles
y políticos de los cooperativistas y una clara manifestación de odio”. La líder de la Tupac,
que es diputada del Parlasur, inició una huelga de hambre y recibió muestras de solidaridad
de dirigentes políticos, organismos de derechos humanos y del bloque Progresista del
Parlasur, que incluye legisladores de todos los países del bloque regional. Por esta medida
Maduro, presidente de Venezuela, debería pedir la suspensión de Argentina en el
Mercosur…

18/01/16: Luego de ser notificados por el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, de las
órdenes de desalojo, los dirigentes de la Tupac Amaru aceptaron levantar las carpas que
obstruían el tránsito en las calles que rodean la Plaza Belgrano, frente a la sede del
Ejecutivo provincial, pero mantendrán el acampe y el pedido de diálogo con el gobernador
Gerardo (in) Morales. Además, exigieron que esa mesa de diálogo sea encabezada por
Milagro Sala, quien continúa detenida.

Hoy se cumple un año en que el impresentable corrupto ex fiscal Nisman se pegó un tiro.
Algunos todavía piensan en hacerle un homenaje. La causa sigue con una jueza inepta, una
ex esposa dispuesta a todo por cobrar el seguro de vida y a cargarle el muerto al gobierno
anterior. La “justicia” mostrando su peor cara.
Una nueva muestra que el massismo co-gobierna con Mauricio Macri. El economista
Ricardo Delgado, integrante de los equipos técnicos del Frente Renovador, se sumó al
Gobierno de Cambiemos para desempeñarse como Subsecretario de Coordinación de la
Obra Pública Federal, que depende del Ministerio del Interior que conduce Rogelio
Frigerio. Es una excelente noticia: así se van quemando para toda la cosecha.
En la última semana, el gobierno de Cambiemos cesanteó a más de 18.000 empleados
públicos en lo que es recién la primera etapa de un largo plan de achicamiento del Estado,
dicho por los mismos funcionarios nacionales. La revisión de los vínculos laborales de los
empleados la lleva adelante el Ministerio de Modernización que conduce Andrés I-barra.
En ese contexto, la cartera habría girado un instructivo a todos los ministerios donde se
establecen las pautas para "reformar" la plantilla de trabajadores de cada área de gobierno.
El documento llama realizar un relevamiento y control de todos los empleados estatales,
con el fin de identificarlos y conocer sus funciones, así como también cuántos son, cómo
llegaron y a qué gremios pertenecen y se encuentra dividido en tres ejes: Ocupación de
Cargos, Diagnóstico Inicial y Desvinculaciones. El memo, que no tiene ningún membrete
oficial ni firma de ningún funcionario, prevé los recortes de trabajadores y establece los
“riesgos indemnizatorios" ante cada desvinculación. El documento incluso aconseja
"identificar al personal idóneo para obtener memoria institucional" y así lograr que estos
ayuden a señalar a los "ñoquis" puertas adentro. Según la denuncia, el escrito pide
prorrogar por tres meses todas las contrataciones existentes para analizar la pertenencia de
contratación, así como también realizar la ocupación de cargos políticos y públicos a través
de Decretos de Excepción, práctica que se describe como "vigente a pesar de que deberían
ser concursados". Además, el manual PRO indicaría que se debe "realizar un relevamiento"
del organigrama vigente, identificando "los puestos clave y los cargos políticos", así como
también "elaborar un listado de personal de la base de liquidación de haberes, con
modalidad de contratación y antigüedad". A su vez, en el protocolo, se califica los riesgos
de ser demandado en las categorías: "Muy alto", "Alto", "Medio", "Bajo" y "Nulo". Por otra
parte, el manual indica que a aquellos cargos ejecutivos nombrados sin concurso o con una
designación parcial o pendiente de confirmación deberán ser "cesados inmediatamente", sin
correr riesgo de ser demandados por los afectados. Si esto no es una estigmatización brutal
y una persecución política abierta…

Los despidos de trabajadores del Estado están montados como un gran

linchamiento público. Además de sacarles el trabajo, se alienta a ensañarse con los
despedidos, a despreciar sus funciones, a humillarlos frente a sus familias y amigos y se
naturaliza el espionaje en sus tuits y en sus páginas personales de Facebook para
demonizarlos y lincharlos como una lacra antisocial. En casi todos los casos ni siquiera se
toman el trabajo de transmitir la decisión, sea de manera verbal o a través de un simple
telegrama de despido. No, directamente los esperan con la puerta vallada por policías sin
permitir el acceso y sin dar explicaciones. Apenas una lista testifica a los sentenciados. No
existen antecedentes de esto en treinta años de democracia. Ni siquiera Raúl Alfonsín, que
recibió un Estado lleno de simpatizantes de la dictadura, usó este argumento ideológico
para realizar despidos masivos. "Seguro que tenés miedo", es una de las frases que
escuchan algunos de los que tienen reuniones con las nuevas autoridades macristas en
varias de las dependencias estatales, con el conocimiento de que a varios compañeros ya los
dejaron sin trabajo. Es solo uno de los cinismos de esas reuniones, en las que también les
piden que les dejen ver sus cuentas de Facebook, y en las que los tratan de ñoquis por no
realizar tareas a quienes trabajaban en programas que cerraron durante los últimos días. Así
empieza la ola de despidos en la era PRO. El argumento, a priori, es legítimo: echar a
quienes realmente no asistieron a sus empleos durante años y cobraban sueldos altos,
muchos asistidos por los gremios menos combativos y que solo defienden a quienes están
inscriptos como planta permanente. Pero la excusa sirvió para desafectar a miles de
asalariados considerados kirchneristas, incluso cuando muchos ni siquiera simpatizan con
el Frente Para la Victoria.

No hay tantos ñoquis. Y si los hubiese, no son el grueso de los despedidos. Pero parte de la
dirigencia PRO articuló en los ministerios un sistema para que parezcan. El caso más
grosero se da con los que menos cobran: cierran programas enteros, les esconden las
computadoras, los cambian de oficinas y les sacan tareas. Luego, viene la evaluación por
parte de un flamante supervisor, con la pregunta de cuál es el trabajo específico que
realizaron en los últimos días. Y ante la respuesta de los empleados de que están sin labor,
llega la advertencia de que son considerados prescindibles. Son perversos, siniestros. No
tienen límites éticos y morales. Son un verdadero cáncer para la república...

Matías Canillán, uno de los periodistas cesanteados por Radio Continental tuiteó: "Basta de
hablar de FIFA, de AFA, la gente quiere hablar de futbol, divertirse". Ésa es la onda que
viene en la radio, dicho por el gerente de programación Julián Pento”. También se supo que
Macri le devolvió el torneo Nacional “B” y la Copa Argentina a la empresa del diario
Clarín Torneos y Competencias. Los partidos de Boca y Ríver se los repartirán entre los
canales América, El trece y Telefé. A Canal 7 le dejan Deportivo Piraña-Yupanqui, así
desfinancian al canal para favorecer a los privados. Como si esto fuera poco no descartan
hacer paga la televisación por HD. Se van blanqueando las mentiras de campaña…

Aumento en los alquileres: en la Ciudad será 60% más caro. Un informe revela que el
incremento se debe a contratos firmados con posterioridad a la devaluación. Un informe
elaborado por la consultora Inquilinos Agrupados reveló que, tras la devaluación del
gobierno del presidente Mauricio Macri, los alquileres en la ciudad de Buenos Aires
aumentaron un 60%. La ola de miseria se propaga por todo el país…

La emblemática fábrica de alfajores Havanna suspendió a 400 trabajadores temporarios. La

medida fue tomada por el lapso de una semana. El Sindicato de Pasteleros repudió la
decisión. Desde el 2001 que no se suspendía trabajadores en esta fábrica de alfajores. Lo
que es una demostración más de la pésima temporada del centro balneario.

El titular de ATE-Capital, Daniel Catalano, confirmó que a 420 trabajadores de la cartera

que conduce Patricia Bolsrich se les anunció el envío de telegramas de despidos, y
denunció que a varios de ellos se los dejará sin empleo "por su militancia política". "Los
compañeros están cambiando sus perfiles de Facebook y sus cuentas de Twitter" porque se
los está "persiguiendo", denunció el gremialista.
El secretario general de los Trabajadores Municipales de Quilmes, Raúl Méndez, quien
debería defender a los casi mil despedidos que dejó el reciente gobierno de Martiniano
Molina, ahora fue contratado como asesor del jefe comunal. En el marco de los masivos
despidos, que coincidió con un exorbitante aumento de sueldo del ex cocinero y jugador de
handball devenido intendente, se conoció un decreto firmado por Molina en el que se
designa como funcionario de su gestión nada más y nada menos que al Secretario General
de los Trabajadores Municipales de Quilmes (STMQ); Raúl Méndez. Habrá que estar
atentos a la conducta de algunos sindicalistas que, como en los noventa, son parte necesaria
para llevar a cabo el plan de ajuste neoliberal.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, manifestó su apoyo a la decisión de Mauricio
Macri de modificar la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital para fusionar los
organismos de AFSCA y AFTIC y desplazar, así, a sus respectivos titulares, Martín
Sabbatella y Norberto Berner, respectivamente. El apoyo del Frente Renovador a tal
iniciativa es clave, puesto que con la suma de los bloques de Cambiemos y el FR, se estaría
cerca del número requerido para el quórum y eventual aprobación de la normativa en la
Cámara de Diputados. Con eso solo, el DNU queda vigente. Va quedando claro que el
gobierno neoliberal no actúa solo, sino con la complicidad de buena parte de la oposición
política.

19/01/16: Mauricio Macri dispuso un fuerte aumento de los recursos coparticipables que le
corresponden a la ciudad autónoma de Buenos Aires, en medio del traspaso de la Policía
Federal, que se hizo efectivo ayer tras ser aprobado en la Legislatura porteña. El ex jefe de
Gobierno, que cuenta con su "delfín" Horacio Rodríguez Berreta como sucesor, decretó que
los fondos que deben transferirse de la Nación a la Ciudad aumenten del 1,4 por ciento del
total de los fondos a la suma del 3,75%. Esto implica un aumento del 167% de la porción
de la torta que le corresponde a la Ciudad. De esta manera se viola la ley de coparticipación
federal, que estipula que sólo puede ser modificada con acuerdo del parlamento y de los 24
distritos del país. Pero para este gobierno, la ley está para ser violentada.

Los cambios en el programa Precios Cuidados ya generan un fuerte impacto en los bolsillos
de los argentinos. Con la reducción de la cantidad de productos (se pasó de 500 a 300,
aproximadamente) y la salida de primeras marcas (como La Serenísima), algunos artículos
de alto consumo en los hogares subieron de forma exponencial. Ya sin las restricciones que
implicaba formar parte del acuerdo entre industrias, cadenas de comercio y el Gobierno,
Mastellone aumentó un 40% sus productos lácteos, la cervecería Quilmes, un 60%, y
distintos artículos de limpieza de Unilever, 46%. De acuerdo un relevamiento que hizo el
diario Clarín, los productos que "escaparon" de Precios Cuidados aumentaron un 39,3%.
Pañales escalaron un 54%, el papel higiénico, un 30% y la lavandina Querubín, según la
sucursal, un 90%. Arcor, una de las compañías alimenticias más importantes del país, subió
sus precios "descuidados" entre un 20 y un 40%. El salto inflacionario que se dio tras el
triunfo de Macri, cuando productores y comerciantes ya avizoraban una devaluación y la
eliminación de las retenciones, fue reconocido hasta por la oficina de estadísticas de la
Ciudad, que registró una inflación del 3,5% solo en el mes de diciembre. Para el actual
titular del INDEC, Jorge Todesca, el índice de precios del 2015 se ubica "entre el 23 y el
24%", levemente por debajo del denominado "índice Congreso". Según anunciaron
recientemente, el organismo oficial no brindará datos hasta dentro de 8 meses.

Ayer Agrupaciones kirchneristas y de izquierda, las dos CTA y organismos de derechos

humanos, se movilizaron en repudio a la detención de la líder de la Tupac Amaru en Jujuy.
“No nos está respetando, nos está insultando”, dijo Estela de Carlotto sobre el gobierno de
Cambiemos.

A contramano de sus abundantes discursos en defensa de la “independencia judicial”, el

gobernador de Jujuy, Gerardo (in) Morales, consiguió en cuestión de días la aprobación de
un paquete de reformas que le permitieron nombrar a dirigentes radicales y otros aliados en
puestos clave del Poder Judicial local. En el caso más flagrante, logró llevar el número de
integrantes del Superior Tribunal provincial de cinco a nueve, y en la misma semana
designó entre sus nuevos miembros a dos de los diputados radicales que acababan de votar
la ley de ampliación. Uno de los dos jueces que ordenaron ayer el desalojo del acampe de la
Tupac Amaru, Matías Ustares Carrillo, le debe su flamante cargo a (in) Morales, que lo
incluyó entre los más recientes elegidos. Todo bien republicano.

Mauricio Macri declaró por decreto la "Emergencia Nacional en Seguridad Pública" por el
lapso de un año. El objetivo es poner límite a la "situación de peligro colectivo" que
advierte se generó a partir de la proliferación del delito complejo, el crimen organizado y el
narcotráfico. De acuerdo a la resolución, que al término del plazo de un año podría ser
prorrogada, contempla el refuerzo de los controles en el espacio aéreo para combatir el
narcotráfico. De esta manera se permite "hacer uso de la fuerza (como último recurso)"
contra aeronaves no identificadas. En un claro guiño a Sergio Massa, se autoriza el derribo
de aviones para luchar contra el narcotráfico. Ésta fue una de las principales propuestas del
ex candidato a presidente por el Frente Renovador. Además, autoriza al Ministerio de
Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y
Policía Aeroportuaria que "no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén
actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias".

20/01/16: Ahora le tocó a la cámara de diputados: cerca de 100 trabajadores de la cámara

baja ya recibieron el telegrama en el que se les avisa que cesan en sus funciones. Muchas de
ellas eran recategorizaciones y pases a planta autorizados por Julián Domínguez. Los
despidos no cesan y los gremios no aparecen con la fuerza necesaria.

Pese al reciente ofrecimiento por parte del titular de Medios Públicos, Hernán Lonardi, al
conductor y periodista Víctor Hugo Morales, para que continuara su ciclo televisivo en el
canal DeporTV, los empleados de esta señal denunciaron esta mañana que ninguno de los
120 contratos existentes serán renovados, al tiempo que la programación será levantada, por
lo que todo indicaría que el canal cerraría en lo inmediato.

21/01/16: En Davos, Suiza, donde participa del Foro Económico Mundial neoliberal, el
ministro de Hacienda y Finanzas reveló que la Argentina está dispuesta a retomar las
revisiones del FMI, en el marco del artículo IV de su estatuto. “No tenemos nada que
ocultar”, afirmó. El rumbo a la dependencia está encaminado.
A pesar de que se la imputa por delitos excarcelables, el juez Mercau se niega a liberar a
Milagro Sala y anoche decidió su traslado a un penal en las afueras de la capital jujeña. La
Tupac convocó a una jornada de lucha para el viernes. A pesar del rechazo generalizado a
esta arbitrariedad en todo el mundo, el gobernador (in) Morales se mantiene firme en su
ánimo revanchista y “aleccionador”.

Dos fallos judiciales de tribunales de segunda instancia frenaron la aplicación de los

decretos presidenciales que disuelven la Autoridad Federal de del Servicio de
Comunicación Audiovisual (Afsca), creada por la ley de medios audiovisuales. En uno de
ellos, producido por la Cámara Federal de La Plata, se dejó en vigencia una medida
precautelar dispuesta por el juez platense Luis Arias, quien había suspendido los Decretos
de Necesidad y Urgencia que derogaron parcialmente la ley de medios audiovisuales. En el
otro fallo, la Cámara Federal de Mar del Plata, hizo lugar a la vía del amparo promovido
por la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina
(Arbia) y advirtió sobre “la entidad de los derechos constitucionales” violados por los
decretos presidenciales. Sendas resoluciones son un respaldo para un nuevo regreso de
Martín Sabbatella al frente de la Afsca, aunque todavía sigue pendiente la resolución de la
cuestión de fondo.

22/01/16: Mauricio Macri se reunió con el primer ministro británico David Cameron.
Conversaron sobre las oportunidades de negocios de las empresas del Reino Unido en la
Argentina, sobre cómo pueden ayudar a reformar la economía argentina, y también sobre la
controversia por Malvinas. Según difundió luego el gobierno británico, Cameron le dejó en
claro a Macri que no habrá negociación sobre las islas. El presidente argentino dijo
después: “Quiero que dialoguemos sobre todos los temas que están pendientes, incluido el
de Malvinas”. En el PRO interpretaron la reunión como el fin de una política dura hacia el
Reino Unido y su reemplazo por una blanda, que pondrá el eje en el comercio y las
inversiones. Desde el kirchnerismo cuestionaron que Macri no le reclamó a Cameron por
los soldados enterrados en el cementerio de Darwin, ni por la explotación pesquera y
petrolera. Los habitantes de la isla festejaron.

Después de reunirse con Prat-Gay, el secretario del Tesoro estadounidense anunció que su
país dejará de oponerse a la solicitud de financiamiento argentino a través del FMI, el
Banco Mundial y el BID. Es un gesto por el acercamiento a los buitres y a los mercados.
Dime quién te elogia y te diré qué intereses defiendes.

“Sepan que en los próximos cinco días tienen que resolver el problema porque no sólo
tendrán la Patagonia Rebelde, sino que tendrán un país en llamas sin gas ni petróleo.” La
afirmación corresponde al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de
Chubut, Jorge Ávila, durante una asamblea realizada en Chubut ante más de 15.000
personas. Según indicó el gremialista, el gobierno neoliberal todavía no les ofreció “nada
concreto” para sostener la actividad en esa jurisdicción como en el resto de las provincias
productoras de hidrocarburos. Ayer, el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren,
insinuó que una posible solución al conflicto podría llegar si las empresas aceptaran ganar
un poco menos, los trabajadores cobrar menos horas extras y la provincia recibir menos
regalías. Pensar que estos trabajadores eran de los más quejosos porque pagaban impuestos
a las ganancias. Ahora “Cambiemos” lo va a hacer realidad….
“Cada día vamos a estar mejor”, vociferaba a los gritos Mauricio Macri en campaña. Y así
se lo propone: los peajes de la autopista Buenos Aires-La Plata subirán a partir de hoy un
50 por ciento en promedio y en las rutas 2 y 11, que conectan la Capital Federal con la
Costa Atlántica, aumentarán un 28 por ciento. Esos incrementos, que en algunos casos
llegan hasta el 100 por ciento, son superiores a la inflación promedio y se aplican en medio
de la temporada turística, cuando el flujo de vehículos que circula es superior al del resto
del año. Del mismo modo, días atrás el macrismo aplicó una suba del 25 por ciento en los
peajes de la ciudad de Buenos Aires para los autos y del 43 por ciento para los
motociclistas. “Es brutal, abusivo e inapropiado. Es un castigo al usuario vial y a toda la
comunidad porque también se traduce en un aumento en el costo del transporte”, criticó la
medida el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, ordenó desalojar sorpresivamente

la oficina del diputado Máximo Kirchner, a pesar que ya la tenía asignada desde diciembre.
El FpV calificó el hecho como una “usurpación” y advirtió que se intenta armar “una
cortina de humo”. Otra muestra de diálogo del neoliberalismo reinante.

El fiscal Sandro Abraldes investiga a Mauricio Macri por incongruencias en sus

declaraciones juradas de bienes presentadas ante la Escribanía General de la Ciudad de
Buenos Aires, en su carácter de jefe de gobierno porteño, y ante la Oficina Anticorrupción
(OA) de la Nación, a partir de su candidatura presidencial. Abraldes, a su vez, pidió la
colaboración de la Procuraduría anti lavado a cargo de Carlos Gonella. El puntapié fue una
denuncia de la ex legisladora porteña Gabriela Cerruti, quien denunció a Macri por posible
omisión maliciosa, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario
público y negociaciones incompatibles. En dependencias de la Ciudad, Macri declaró,
según la documentación analizada, 68 millones de pesos y dos millones de dólares, y en la
OA, 52 millones de pesos más dos cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza con 18
millones de pesos. Otro aspecto que incluye la denuncia de Cerruti es un pedido para que se
analice la relación de Macri con el empresario Nicolás Caputo, quien fue su asesor en el
gobierno porteño y luego fue beneficiado por el gobierno de la Ciudad en diversas
contrataciones. Según la declaración jurada del líder de PRO, tiene dos acreencias con
Caputo, una por 12.961.193 pesos y otra por 25.604.703 pesos. En un país serio, con la
justicia funcionando como corresponde, esto traería serias consecuencias al acusado.

23/01/16: El ex candidato presidencial del Frente Renovador, Sergio Massa, es el segundo

dirigente en manifestar públicamente su voluntad de conducir el Partido Justicialista a partir
de la renovación de sus autoridades en el mes de mayo. Lo curioso es el vocero que eligió
para hacer el anuncio, Mauricio Macri, y el lugar elegido para ese lanzamiento, el Foro
Económico Mundial de Davos, en Suiza. “Acá me acompaña uno de los líderes más
importantes de la oposición argentina, Sergio Massa, del partido peronista, con serias
posibilidades de terminar siendo quien conduzca el partido peronista en los próximos
meses”, sorprendió el jefe de Estado ayer, con su habitual “facilidad de palabra”, en una
conferencia que dio a la prensa internacional en el marco de esa cumbre. Massa, parado
junto a él, sólo atinó a sonreír. Evidentemente Macri cree que con este gesto le devuelve un
favor a Massa, cómplice por acción u omisión con su gobierno, en pos de un mejor
posicionamiento en la interna peronista.
Hoy hubo cortes en las principales rutas jujeñas. En San Salvador el reclamo fue frente a la
gobernación. La fiscal Liliana Fernández Montiel no se expidió sobre el pedido de
excarcelación de Sala, quien continúa detenida ilegalmente en una cárcel de mujeres. Las
protestan crecen mientras los poderes callan o, mejor dicho, responden con el accionar de
sus ilegales decisiones.

Los once mandatarios provinciales del peronismo que se reunieron en la capital sanjuanina
emitieron un comunicado en el que advirtieron al gobierno nacional que recurrirán a la
justicia para lograr la restitución del decreto de Cristina Kirchner que devolvía el 15 por
ciento de fondos a las provincias, luego del fallo en ese sentido de la Corte Suprema.
Criticaron el aumento de recursos coparticipables decretado para la CABA, con una
liviandad que asusta.

24/01/16: Mauricio Macri, que llegó ayer de su viaje al neoliberal Foro Económico
Mundial de Davos, no viajará a Quito para la IV Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a la que el miércoles asistirán unos 20
mandatarios de la región. Sus médicos le recomendaron que por su fisura en una costilla
evite el impacto de los 2700 metros sobre el nivel del mar de la capital ecuatoriana. Será
reemplazado por la vicepresidenta Gabriela Michetti. Así están las prioridades para este
hombre que, de sólo escuchar de “patria grande”, le brota una alergia. De paso, otro
descansito.

“Los argentinos tenemos que entender que somos un país pobre. Vivir de acuerdo a
nuestros ingresos. Hemos vivido en una farsa estos 12 años”. Este es el pensamiento
promedio de la derecha gobernante, sintetizados en la diputada radical Lilita Puig. Un
sincericidio revelador, porque a esto vinieron: a poner “orden”, el orden neoconservador y
regresivo neoliberal. No es otra cosa que “el país normal que debemos volver a ser”,
latiguillo de campaña que ahora queda explicitado en sus verdaderas intenciones.

25/01/16: Patricia Bolsrich nombró como jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad a un
abogado que defendió a militares acusados por delitos de lesa humanidad y que llegó a
decir que los juicios eran “la legalización de la venganza”. El gobierno neoliberal sigue
sumando gestos en su cruzada por correr al Estado de la mirada crítica con los años de la
nefasta última dictadura.

Congelaron los pagos para obras públicas y 30.000 obreros perdieron su trabajo. Lo
advirtió la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Afirma que las empresas que
hacen infraestructura y viviendas no cobran desde octubre. La cesación de pagos, que el
gobierno afirma querer terminar pagándole a los buitres sus ilegítimos reclamos, la
comienza a acumular con la ciudadanía de a pie.

Cortaron la señal de C5N cuando estaba al aire “Economía Política”, programa periodístico
que conduce el periodista Roberto Navarro. Quién sino Cablevisión, del grupo Clarín, al
frente de estos problemas “técnicos” que, casualmente, ocurren sólo con este canal y,
generalmente, en el horario de este programa. Los custodios de la “libertad de prensa” no
admiten voces disidentes a las suyas. Envalentonados con el nuevo gobierno y sus medidas
ilegales contra la ley de servicios audiovisuales, los medios hegemónicos vuelven a sentirse
omnímodos, con derecho a cualquier atropello en favor de sus propios intereses sectoriales.
26/01/16: El Ministerio de Justicia despidió a 500 trabajadores, entre ellos a 55 que
dependían de la Secretaría de Derechos Humanos y que trabajaban en el predio de la ex
ESMA. Además, el gobierno de Mauricio Macri echó a diez periodistas de Infojus Noticias,
la agencia de noticias del Ministerio de Justicia: se trata del 25 por ciento de su planta. En
el ministerio justificaron los despidos: “Habían sido sumados a la planta obedeciendo a
criterios políticos”, aseguraron. En tanto, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, indicó que
los despidos en el Estado y en el sector privado se deben a que “son sectores
sobredimensionados”.

Mauricio Macri no recibirá a los organismos de derechos humanos que pidieron una
reunión urgente con el primer mandatario a comienzos de enero. En una carta les comunicó
que “le resulta imposible acceder a la entrevista solicitada” dada “la extensa actividad de
gobierno”. Luego de un debate interno, los organismos decidieron acudir mañana a la
reunión que en su reemplazo convocó el jefe de Gabinete, Marcos Peña. La preocupación
por la continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la represión a la protesta
social y la detención de la dirigente social Milagro Sala, serán parte de los ejes de lo que
esperan sea el comienzo de una mesa de diálogo, marcha atrás y reversión de las políticas
planteadas. Pero el presidente neoliberal tiene otras prioridades.

El secretario general de ATE Río Negro, Rodolfo Aguiar, fue arrestado luego de encabezar
un bloqueo al ingreso de la Universidad del Comahue para reclamar la reincorporación de
12 trabajadores tercerizados que fueron despedidos en diciembre. Aguiar y otros dos
militantes de la CTA están detenidos e incomunicados en la Comisaría 31 de General Roca.
Lo ocurrido con Milagro Sala empieza a propagarse.

27/01/16: Mauricio Macri cambiará el plan Procrear y ya no habrá más tasas accesibles
para todos. Ahora, las tasas de interés se diferenciarán según el nivel socioeconómico de
cada familia. Se acercarán a los valores de mercado. También se estudia cambiar las
prioridades para el acceso al programa. Las medidas anti populares y confiscatorias contra
los trabajadores no tienen respiro.

Luego de años de criticar supuestos casos de corrupción durante el kirchnerismo, la primera

obra importante que anuncia el presidente estará adjudicada a grupo de empresas que
liderará su primo hermano, Ángelo Calcaterra, sindicados por muchos como el verdadero
testaferro presidencial. Capitalismo de amigos, y de familiares.

Desde el lunes regirán nuevas tarifas para la electricidad en Capital y Gran Buenos Aires.
El Gobierno definió los nuevos precios de distribución para los mayoristas, que alcanzan
subas de hasta 500%, aunque aún no los cuadros que se aplicarán para los hogares. Los
aumentos que fijó la cartera de Juan José Aranguren alcanzan el 500% dependiendo del
caso, por lo que se espera un traslado a los hogares similar, dependiendo de cuánto será la
quita de subsidios en cada caso. Además, la boleta pasará a ser mensual en lugar de
bimestral, cosa de aminorar el impacto y disimular la brutalidad de la medida. Esta será la
primera suba del año, pero el Gobierno planea aplicar una nueva tarifa desde mayo.
28/01/16: El Gobierno recibió ayer a los dueños de grandes grupos concentrados para
“conversar” acerca de la marcha de la economía. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el
titular de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, estuvieron con representantes de la
Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre los que se destacó el CEO del Grupo
Clarín, Héctor Magnetto, y el de Techint, Paolo Rocca, dos de las empresas locales más
activas en el despliegue de su capacidad de lobby sobre las políticas públicas. Del evento
también participaron referentes de grupos agroexportadores y del sistema financiero, los
sectores que mayor beneficio obtuvieron de las medidas anunciadas por Mauricio Macri,
entre las cuales hubo un aumento del 40 por ciento del dólar, una quita de retenciones para
el campo, y la desregulación y aumento de las tasas de interés. Así es como llaman
consenso al co-gobierno.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, reconoció ayer que los aumentos de precios
en la carne y la falta de oferta en el mercado interno se debe a que “los productores se están
volcando a la exportación”. La eliminación de las retenciones para el sector, sumada a la
devaluación y apertura irrestricta de las ventas al exterior tiene por objetivo modificar la
ecuación del consumo interno de carne bovina, para aumentar la rentabilidad de los
exportadores. La consecuencia la empiezan a pagar los consumidores, ya que entre octubre
del año pasado y enero de este año los precios en góndolas aumentaron más de un 30 por
ciento. Según manifestó el funcionario, la solución pasa por “dejar de consumir”, y
eventualmente, agregó que el Gobierno aplicaría la Ley de Defensa de la Competencia con
“multas y clausuras”. Si no fueran tan dañinos darían lástima.

El aumento del precio destinado a las generadoras de energía eléctrica que aplicó el
Gobierno neoliberal, como primer paso para la quita masiva de subsidios, agregará varios
puntos a la inflación anual. Según el economista Miguel Bein, una reducción de subsidios
de 1,5 por ciento del PIB como la que anunció el ministro Alfonso Prat-Gay suma 9 puntos
porcentuales al avance de los precios en el año. Eso complica seriamente la meta de
inflación del orden del 20 al 25 por ciento que el propio Gobierno quiere instalar para poner
un techo a las paritarias. Analistas también advierten que no se realizó el trabajo necesario
para efectuar una segmentación real de las tarifas en favor de los sectores más humildes y
que no se cumple con la ley que establece la obligación de llamar a audiencias públicas. El
impacto en la inflación no se explica solamente por la suba de las tarifas residenciales sino
por el impacto en la estructura de costos de las empresas. El 65 por ciento del total de
subsidios a la electricidad corresponden al sector industrial y sólo el 35 por ciento restante
se encuentra destinado al residencial. Analistas advierten que, a partir del aumento en el
precio para las generadoras, la factura para los usuarios residenciales y comerciantes chicos
subiría alrededor de un 200 por ciento, mientras que para las industrias que les compran a
las distribuidoras el aumento sería del 690 por ciento. Este no es el camino a la Pobreza 0
prometida.

Un operativo de la Policía Federal impidió esta mañana el ingreso de trabajadores a la sede

central del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, y los obligó a formar una fila
para conocer si estaban en la lista de despedidos. Fueron cesanteados 140 empleados de una
planta de 350. Por la tarde, una comisión de trabajadores del Banco Central denunció 47
despidos "sin causa", solicitó la intervención del gremio y advirtió que podría haber nuevos
casos. A la lista de despidos se habrían agregado 130 empleados en la Secretaría de
Comercio. Están tirando nafta al fuego…

29/01/16: Las cesantías ocurridas ayer dejaron en claro la decisión de vaciar Fabricaciones
militares, al dejar sin personal áreas completas como Planeamiento y Control de Gestión, la
dirección de Producción (que coordinaba las cinco fábricas), Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente (garantizaba la salubridad de la producción, imprescindible tratándose de
químicos y explosivos), Comunicaciones y RRII, Inversiones (ejecutaba proyectos para
recuperar capacidades y actualizar equipos) o Calidad (responsable de actualizar
normativas y garantizar la calidad). “La nueva dirección confirmó que no le interesa ningún
proyecto relacionado con el desarrollo nacional y la producción local”, relató el licenciado
en economía Martín Harraca, hasta ayer jefe de la Unidad de Planeamiento y Control de
Gestión, quien enumeró algunas de las explicaciones recibidas: “es mejor comprar radares
que desarrollarlos”, “los vagones son antieconómicos”, “las plantas nuevas son un costo
hundido que nunca se va a recuperar”. “Todas definiciones que marcan claramente que no
les interesa que FF.MM. se desarrolle e interacciones con el ámbito civil”, concluyó.

La conducción de Federico Sturzenegger dispuso ayer el despido de 47 empleados de áreas

estratégicas del Banco Central. Las cesantías estuvieron centradas en trabajadores que
ingresaron durante la gestión anterior, a cargo de Alejandro Vanoli, y que se desempeñaban
principalmente en las áreas de supervisión de delitos financieros y cambiarios, derechos
humanos y protección al usuario. Estas dos últimas áreas quedaron completamente
desmanteladas. Un grupo de trabajadores encabezado por Victoria Prado, quien realizaba
inspecciones para hallar cuevas financieras cambiarias, presentó una denuncia ante el
Ministerio de Trabajo, por persecución política e ideológica. Desde el Central sostienen que
se echó a personal que había sido nombrado a dedo por el ex presidente del organismo.
Nada es el azar a la hora de “ajustar”: allí donde hay dispositivos para promover o defender
derechos o para intervenir de manera autónoma para controlar o sancionar a los agentes del
“mercado”, la guadaña neoliberal está siempre lista para eliminarlos.

Las empresas proveedoras de servicios del sector petrolero solicitaron al gobierno

neoliberal aplicar un procedimiento preventivo de crisis para suspender a 5 mil trabajadores
petroleros de Neuquén, aunque estimaron que la crisis podría afectar a un total de 10 mil
trabajadores del sector. Si bien todavía no fue confirmado por el Gobierno, la situación
parece encaminarse hacia la suspensión masiva de trabajadores. El plan neoliberal de llevar
la desocupación a dos dígitos va viento en popa.

Militantes de la Tupac Amaru, el Movimiento Evita, Quebracho y otras organizaciones

populares se instalaron frente a la Casa Rosada para pedir por la liberación de Milagro Sala.
Tras los rumores de desalojo, avisaron que no se retirarán: “Nos sentaremos y nos tendrán
que llevar presos”, dijeron desde la Tupac. En tanto en los tribunales jujeños apuran el
trámite de las nuevas denuncias contra la líder de la Tupac Amaru, mientras demoran la
respuesta al pedido de excarcelación y frenan las presentaciones en contra del gobernador.
Ayer fue detenido un ex vocal del Instituto de Vivienda. Próximamente Mauricio Macri va
ir a Jujuy a respaldar a su socio Gerardo (in) Morales, dando claras señales que avala la
supresión del estado de derecho en aquella provincia.
El Grupo Clarín perfeccionó su ingreso al mercado de las telecomunicaciones al adquirir el
100 por ciento de las acciones de Nextel. Pudo concretar la operación luego de que el
macrismo allanara las limitaciones que presentaban tanto la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual como la norma que regula las TIC. Ambas leyes fueron
modificadas por el decreto 267 firmado a fines del año pasado. Ahora, el desafío del Grupo
será conseguir una red donde poder montar servicios 4G. Si lo quiere hacer por Nextel, el
proceso de inversión le demandará tres años. En cambio, otro camino podría ser a través de
Telecom, de la mano de David Martínez, socio de Cablevisión. Con la intervención por
decreto de la Afsca y Aftic, Macri liberó el camino para que Clarín ingrese en el mercado
de las telecomunicaciones, como así también la posibilidad de que David Martínez ingrese
dentro de Telecom. Evidentemente Magnetto se cobrará hasta el último centavo por los
servicios prestados al presidente argentino.

30/01/16: La suba en las tarifas de electricidad casi duplicará lo previsto: la mayoría de las
facturas llegará con aumentos entre el 500 y el 600 por ciento. En el caso de los
beneficiados con la tarifa social, un 20 por ciento del total, pagarán por lo menos un 72 por
ciento más. Si puede ser peor, será peor…. Por otra parte, las asociaciones de consumidores
reclaman la realización de audiencias públicas, como legalmente debe ser, para discutir el
valor de las tarifas. El ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren, les explica a los
usuarios que las tarifas no aumentaron, sino que son parte del incremento que se aprobó en
el 2006. Una serie de asociaciones de consumidores junto a defensores del pueblo de varias
provincias y localidades del país van a hacer una presentación judicial para frenar estos
descabellados aumentos, que no son otra cosa que una nueva transferencia de ingresos de
los trabajadores a las grandes empresas privatizadas.

Mauricio Macri había asegurado que su amigo Nicolás Caputo no sería beneficiario de
ninguna obra del Estado, con el objetivo de cuidar la transparencia de las cuentas públicas.
Pero la primera gran adjudicación que hace la nueva gestión de Cambiemos terminó siendo
para quien guarda estrechas relaciones personales y financieras (préstamos personales
declarados entre ambos). La firma Caputo se adjudicó una obra civil para la CNEA. Política
y negocios, una constante en la vida del nuevo presidente argentino.

Cien kilos de ñoquis fueron amasados, hervidos y servidos ayer en plaza Congreso y frente
al Centro Cultural Kirchner, en protesta de miles de personas por los más de 25 mil
despidos en el Estado desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Una convocatoria
ciudadana más, en ausencia de la dirigencia política y sindical.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, recibió a los representantes de CRA (Dardo

Chiesa), Sociedad Rural (Luis Miguel Etchevehere), Cominero (Egidio Mailland) y
Federación Agraria (Omar Príncipe). Lejos de escuchar medidas concretas para los
productores afectados por las inundaciones o políticas diferenciadas para los pequeños y
medianos productores, el ministro los invitó a formar distintas mesas de trabajo para
profundizar en cuestiones impositivas, productivas y de financiamiento. Y volvieron a pedir
rebajas de impuestos. Insaciables como son, nunca les alcanza.

El juez de feria Gastón Mercau dispuso –luego de tomarse todos los plazos legales– el cese
de detención de la dirigente social y diputada del Parlasur, Milagro Sala, a quien tuvo
detenida 14 días por los supuestos delitos de “tumulto” e “instigación a cometer delitos”
por una protesta frente a la gobernación. Pero media hora después dictó su detención por las
nuevas denuncias del gobierno provincial contra la líder de la Tupac Amaru, que ahora
continuará encarcelada en una prisión para mujeres por los supuestos delitos de “asociación
ilícita”, “fraude contra la administración pública” y “extorsión”, y que avalaron ex
dirigentes de la Red de Organizaciones Sociales que encabezaba la Tupac y que ahora
sellaron un pacto político con (in) Morales. El partido judicial jugando a la política de
manera descarada.

31/01/16: Un informe de la CAME indicó que la baja en las ventas de enero fue del 2,3 por
ciento frente al mismo mes de 2015, y adjudicó la caída al "menor poder adquisitivo de
muchas familias frente a la menor demanda de empleo y la aceleración de precios, que se
viene produciendo desde fines de noviembre en muchos bienes y servicios". El camino a la
recesión económica se profundiza.

Por el incendio de un depósito anexo de utilería y escenografía, tuvieron que ser evacuadas
este mediodía las instalaciones que Canal 13 y TN poseen en el barrio porteño de
Constitución, sin que hubiera que lamentar personas heridas, según informó la Policía
Federal y el SAME. No faltaron los chistes ni las especulaciones. La ministra Patricia
Bolsrich, apresuradamente, salió inmediatamente a descartar un “atentado”. No son pocos
los que piensan alguna maniobra oscura de un Grupo, siempre auto victimizado, capaz de
cualquier trapisonda.
 CARTA ABIERTA A JORGE LANATA

Lo primero que le sale a uno al pensarte es lo peor que todos tenemos dentro: algo
así como un insulto kilométrico, que encima se quedaría corto teniendo en cuenta el daño
que has perpetrado. Pero decírtelo sería caer tan bajo como vos lo hiciste los últimos años.
Sería como volverse tu reverso, pero mejor presentado.
Hace un par de meses que te fuiste de Argentina y no te extrañamos. Aunque,
paradójicamente, siempre te tenemos presente. Porque algo tenés que ver con este presente
desolador del país. Vos, con tus operaciones, con tus “investigaciones” fraudulentas, con
tus denuncias vergonzantes y tu mala praxis “periodística”, aportaste mucho a la confusión
reinante, a la grieta que, aunque existió siempre, lograste multiplicar, quizá, en sectores
inesperadamente reaccionarios.
Ahora estás en Miami, lugar emblemático por cierto para la gente de la peor calaña
del mundo, desparramado en la arena como una morsa; matándote de risa mientras prendés
habanos con billetes de 100 dólares y bromeando con tu enfermera esposa sobre el
quilombo que ayudaste a armar a voluntad (paga).
El otro día leía un libro de Mary Shelley en que el personaje principal afirmaba que
un hombre culpable nunca puede vivir tranquilo, aunque se mantenga impune. El tema es
que vos, no querido tocayo, te crees un héroe. No tenés conciencia porque los sicarios son
desclasados a sueldo sin ética ni moral. Hacen su trabajo por encargo sin medir
consecuencias.
Recuerdo cuando en tus inicios, allá por afines de la década del 80, te definías como
“liberal de izquierda”. Algo así como un león herbívoro o una vaca carnívora. Un
oxímoron, una figura imposible que te servía para esconder lo que más adelante mostrarías
con todo esplendor. También te vanagloriabas de haber empezado en esto del periodismo a
los 14 años y no haber terminado el secundario. Es lo único que te creo. Lástima que no
aprovechaste la década pasada para terminar tus estudios con el plan FINES.
En tu estilo, en tu vocabulario, en la calidad de tus investigaciones, en el nivel de tus
editoriales, se verifica con claridad tu falta de formación académica. Lo mejor que hiciste
fue contra tu voluntad: fundar Página 12. Allí tu único mérito fue facilitar la creatividad y
las voces de otros, no tus recursos propios. La prueba está en tu errante camino cuando
dejaste el diario. Pasaste de fundador a fundidor de diarios y revistas. Vendiste, durante
mucho tiempo, la corrupción menemista sin cuestionar el modelo y durante la década
pasada te sacaste la máscara para ofrecerte, pretenciosamente caro, con tus dotes
difamadores al mejor postor.
Magnetto te compró con lo que para vos es una millonada y para él un vuelto. Te
volviste un empleado privilegiado y, creyendo ser un entusiasta oportunista, sólo te
transformaste en una vulgar caricatura de vos mismo.
Llegaste al estrellato, luego de varias quiebras y empleados cesanteados, que dejaste
en la calle como un buen neoliberal egresado de Harvard, prostituyendo tu discutible
prestigio a favor de tu otrora declamado enemigo clarinista. Y allí floreció el Lanata fuera
del ropero. Si hasta pasaste por el teatro de revista, como adelantando tu bataclano
desenlace, para desparramar todo tu repertorio de basura mediática difamando y
calumniando a troche y moche con tu estilo desprejuiciado y desacartonado.
Con la fama y el dinero a raudales como objetivo, llegaste al clímax cuando el
22/11/15 te sentiste decisivo. No por la victoria del macrismo, sino por la derrota
kirchnerista. Allí sentiste que tu ciclo estaba cumplido. Que la trascendencia había llegado
al sumun de sus posibilidades. Para qué más.
El piné parece no darte para defender lo indefendible sino para defenestrar, con
malas artes, lo que se te pone por delante. Ahora te sentís un ganador. Como el amigo del
croupier que hizo saltar la banca haciendo trampas, pensás que tu obra está terminada. El
resto que se arregle. Vos hiciste tu trabajo. No te interesa la gloria, que es para los talentos
generosos que abogan por causas justas en pos del bien común, sino el estrellato de las
personalidades catapultadas al panteón de los triunfadores del mercado. Las causas
altruistas y colectivas no son tu sino. Disfruta de este efímero triunfo mientras la historia se
va rescribiendo para ubicarte en el peor lugar de los traidores a la patria.
01/02/16: Mientras la sociedad está impactada por el obsceno tarifazo de las tarifas de la
luz, los aumentos continúan. La Superintendencia de Servicios de Salud autorizó a las
prepagas a elevar los precios de sus servicios en un 9% desde febrero, pese al pedido de las
empresas que habían exigido alzas del 14%. Ahora será el turno del gas, el transporte y el
agua. La dirigencia sindical y política, casi sin reacción.

En Twitter comenzó a circular, con mucha fuerza, las versiones de distintos periodistas, ex
empleados de la radio pública, que fueron hoy a hablar con la nueva directora Ana
Gerschenson, ante la renovada programación de la emisora. Así explicaron qué les dijeron
sobre sus desvinculaciones: "Te revisamos el Twitter", le respondió Gerschenson al
periodista Jorge Halperín cuando éste pedía explicaciones sobre el porqué de su cesantía.
La insólita frase de la directora es reveladora del grado de persecución a que está llegando
el nuevo gobierno.

El Gobierno neoliberal ordenó retirar de la Galería de los Patriotas Latinoamericanos de la

Casa Rosada los retratos del ex presidente Néstor Kirchner y de su colega de Venezuela,
Hugo Chávez. "Se trata de una decisión política, cada gobierno le da su impronta a la Casa
de Gobierno", adujeron fuentes oficiales mientras los empleados de mantenimiento
trasladaban los cuadros a través de las escaleras al museo del subsuelo. La provocación no
cesa y el escarmiento espera.

El ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, en adelante “El

Pérfido”, declaró que en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos sino unos 8.000. Según
este miserable, “la cifra se infló entre 4 tipos para acordar luego cobrar subsidios”. Nada es
al voleo: quieren ir instalando estas cuestiones para ir desandando el camino de los juicios,
aún en marcha, con su ánimo revanchista a cuestas. Desde muchos sectores sociales,
políticos y culturales le contestaron duramente y pidieron su renuncia. Ni él ni su jefe de
Gobierno, Rodríguez Berreta, se dieron por enterados.

El ajuste anunciado por la gestión de Mauricio Macri que dejó casi 50 mil despidos (entre
el sector público y privado) en todo el país afectó, además, a la industria del
entretenimiento: fue el peor arranque de temporada desde 2009. Según el sitio
OtrosCines.com, tras los anuncios económicos (con una devaluación del dólar del 45 % en
lo que va del año) cayó un 25, 5 % la concurrencia a las salas de cine respecto del mismo
mes del año pasado, cuando se estrenan los grandes "tanques" de Hollywood. En total,
según cálculos del portal, se perdieron más de 1.120.000 espectadores y se vendieron sólo
3, 3 millones de entradas contra 4, 4 millones del primer mes de la temporada 2015. De a
poco, se van a ir “fundiendo” todos.

02/02/16: La política de despidos masivos está desarticulando áreas clave de derechos

humanos abocadas desde 2003 a las causas de lesa humanidad en distintos organismos del
Estado. A las tensiones en el Ministerio de Justicia, se sumó la dirección de Derechos
Humanos de Defensa, que no está recibiendo consultas sobre antecedentes para la
designación de militares. La semana pasada desmantelaron la subgerencia de Derechos
Humanos del Banco Central encargada, entre otros temas, de investigar la complicidad del
sistema bancario y financiero durante la dictadura. Y durante ese mismo período se
desactivaron dos de las tres áreas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del
Ministerio de Seguridad: la coordinación de huellas y el Grupo Especial de asistencia
judicial para casos de apropiación de niños en dictadura. La única área de momento que
quedó en pie de ese ministerio está a cargo de asistir a la Justicia en la investigación de
documentos de Prefectura, Gendarmería y Policía; pero pasó a depender directamente de
Pablo Noceti, jefe de Gabinete de Patricia Bolsrich, ex socio del defensor del genocida
Leopoldo Galtieri, y que alguna vez describió los juicios por crímenes de Estado como “la
legalización de una venganza”. Noceti les dijo a los trabajadores que, a partir de ahora, todo
lo que produzcan, pasará por él. Otro aporte al espanto general.

La Red de Organizaciones Sociales suspendió la medida de protesta que mantuvo durante

51 días en la plaza Belgrano, frente a la casa de gobierno provincial, a fin de "abrir una
instancia de “dialogo" con el gobernador radical Gerardo (in) Morales, quien impulsó la
detención de la titular de Tupac Amaru, Milagro Sala, hace 17 días. "El reclamo por la
inmediata liberación" de la dirigente "continuará en Plaza de Mayo", anticiparon. La
necesidad de ser optimistas, a veces, hace caer a uno en la ingenuidad.

Aunque el gobierno de Mauricio Macri sostiene que en el Estado hay "ñoquis" para
justificar despidos de empleados públicos, la nueva administración de Cambiemos
incrementó un 22% la cantidad de altos cargos en la Nación. Desde que asumió el gobierno
se crearon 4 ministerios, 16 secretarías y 36 nuevas subsecretarías. Según un relevamiento
hecho por el sitio Política Argentina, mientras que la gestión de Cristina Kirchner se fue
con 17 ministerios, 68 secretarías, y 165 subsecretarías, el de Macri ya cuenta con 21
ministerios, 83 secretarías y 200 subsecretarías. Además, hubo un aumento de los cargos
políticos, según señala un relevamiento que hizo la comunera kirchnerista Julieta Costa
Díaz: desde 2007 las direcciones generales crecieron un 47,61 %, las subsecretarías un
67,65 % y las secretarías un formidable 300 %, pues pasaron de ser tres a trece en los dos
gobiernos de Macri y el actual. Vaya ejemplos sobre el doble discurso neoliberal y la
manipulación de datos.

03/02/16: Tras un día de cruces entre el ministro de Despidos, Jorge Triaca –que habló de
encajonar los aumentos salariales de este año “entre el 20 y 25 por ciento”– y los dirigentes
sindicales –que rechazan ponerle un techo a la discusión salarial y hablan de un 35 para
arriba–, Mauricio Macri confirmó que convocará a las centrales sindicales a “sentarse a
discutir paritarias”. Tanto el secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, como
el de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, habían descartado de plano una discusión con
techo. Pensar que el dirigente camionero hasta hace unos meses, durante el gobierno
anterior, ponía el grito en el cielo cuando éste sugería lo mismo.

El jefe de Gabinete argumentó que los miles de despidos de los últimos días eran una
manera de “fortalecer al Estado” porque eliminaban a los trabajadores con contratos. Ayer
la poda continuó en el Ministerio de Salud, donde despidieron 300 personas. Curiosa
manera de hacerse fuerte, debilitándose.
Cuatro días después de que al menos once murgueros, entre ellos chicos de 5 a 10 años,
fueran heridos de bala por una bravuconada de gendarmes en el Bajo Flores, y un día
después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bolsrich, negara que hubiera existido un
incidente con alguna murga, el propio gobierno de Macri reconoció, a través de su jefe de
Gabinete, Marcos Peña, todo lo contrario de lo dicho por la ministra. Aunque sin artículos
determinados, sin precisar nada ni demasiado, Peña reconoció que al gobierno le
“preocupa” la información y, aunque insistió con la versión de los dos gendarmes heridos
de bala (que lo fueron, pero en otro operativo), tuvo que admitir que “ha habido varias
cuestiones que han ocurrido en ese operativo y queremos ser muy prudentes y colaborar
con la Justicia”. Por “varias cuestiones” tal vez se haya interpretado que se refería a los
murgueros heridos, ya que poco después, el mismo Ministerio de Seguridad informaba que
“se abrió una investigación en la Dirección de Violencia Institucional del ministerio”. Ayer,
mientras Bolsrich ordenaba la auto investigación de un hecho antes negado, los fiscales de
la Procuvin, en base a los testimonios tomados en el propio territorio por operadores de
Atajos y la Procuraduría, denunciaban a los gendarmes participantes y pedían se investigara
también la responsabilidad penal de sus superiores. Si hay algo que queda claro de todo
esto, entre tanta manipulación y mentira, es que la derecha nunca es democrática.

El gobierno de Cambiemos no se detiene en su cometido de barrer con la Ley de Servicios

de Comunicación Audiovisual: el Ente Nacional de Comunicaciones, que Macri creó por
decreto en reemplazo de la Afsca y la Aftic, decidió archivar todos los planes de
adecuación a esa norma. “Dimos por terminada una etapa de presión con adecuaciones
coercitivas con el objetivo de mirar hacia adelante con otro horizonte, es dar vuelta una
página de una etapa muy complicada de coerciones a las empresas periodísticas”, declaró el
presidente de ese organismo, Miguel de Godoy. Traducción: el monopolio no sólo sigue
intacto sino ampliado, ya que está autorizado a conservar Nextel, la empresa telefónica, que
antes tenía impedido adquirir por ley. Una barbaridad jurídica y política.

Al menos una docena de diputados nacionales de las provincias de Salta, Chaco, La Rioja,
La Pampa y Buenos Aires, entre ellos el ex titular de la Anses, Diego Bo-Bossio,
resolvieron conformar un bloque propio, al que podrían sumarse algunos legisladores del
peronismo disidente. La actual diputada del FpV y ex titular del Bloque de la Cámara baja,
Juliana Di Tullio, calificó la decisión como "una muy mala noticia para el pueblo
argentino" y advirtió que los legisladores rebeldes "le hacen el juego político al ajuste, al
tarifazo y a la hiperinflación". Los traidores se van sacando la careta. Bo-Bossio, a la
cabeza.

El Frente Gremial Docente rechazó por "insuficiente" la oferta de un incremento salarial

del 23,6 por ciento, en tres cuotas, hecha por el gobierno bonaerense durante la primera
reunión de la comisión técnica paritaria. La negociación continuará el próximo viernes 12 a
la espera de que la propuesta se acerque al 40 por ciento reclamado por los sindicatos. Se
viene un escenario conflictivo. No descartemos que el gobierno neoliberal aproveche para
avanzar contra el estatuto docente y su régimen de licencias. Con estos tipos todos los
derechos se ven en peligro.

04/02/16: El gobierno neoliberal suprimió las tarifas máximas que se aplicaban en los
vuelos de cabotaje para todas las líneas aerocomerciales. El Poder Ejecutivo argumentó que
dicha decisión se funda en la necesidad de darles a las empresas una mayor rentabilidad, así
como también incentivar la incorporación de nuevas compañías al mercado. Ahora, la
cartera que dirige Dietrich, deberá publicar nuevas tarifas de referencia no vinculantes, que
en la práctica habilitarán un aumento en los pasajes de cabotaje. Siempre con sentido
nacional y pensando en la gente…

"Cerramos el acuerdo con un abrazo", contó el lobista del capítulo italiano de la Task Force
Argentina (TFA), Nicola Stock, al arribar a Roma desde Nueva York, donde firmó un
preacuerdo con los representantes del Estado neoliberal, confirmado el martes por el
ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Stock dijo “estar convencido de que el Congreso
argentino ratificará", a fines de marzo, el pago de los 1350 millones de dólares convenidos,
un 150 por ciento más que el capital invertido en los bonos en default. Mientras andan por
allá a los abrazos con los buitres, acá ponen techo a las paritarias y piden a los trabajadores
“poner el hombro”.

05/02/16: El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que conduce Germán Garavano

decidió dar su aporte personal a la “transparencia institucional” al eliminar de la web a su
cargo más de diez mil investigaciones periodísticas y notas de prensa publicadas por
Infojus Noticias, portal que en los últimos tres años dedicó amplias coberturas a temas
como violencia institucional, violencia de género, lavado de dinero o civiles imputados en
delitos de lesa humanidad. Entre los contenidos que la gestión Cambiemos decidió
invisibilizar a los lectores, aparecen temas sensibles para Mauricio Macri, como su
imputación por espionaje ilegal como jefe de Gobierno porteño, la represión en el Hospital
Borda, el incendio del depósito de documentos de la empresa Iron Mountain (en el que
murieron diez personas) o la relación de la familia de la “primera dama”, Juliana Aguada,
con talleres de costura clandestinos. Los trabajadores de Infojus expresaron su
“preocupación por la desaparición de miles de notas” y advirtieron que la decisión se tomó
“en un contexto de vaciamiento de la agencia” –que ya despidió a 12 de sus 44
trabajadores– y que consultaron, pero no obtuvieron ninguna explicación de las actuales
autoridades. Un escándalo que pasa como si nada en medio de un cerco informativo sin
precedentes y la complicidad de gran parte de la oposición política.

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional están “muy animadas” con el cambio de
rumbo de la economía argentina a partir del desembarco del gobierno de Cambiemos. “Las
políticas macroeconómicas que actualmente son identificadas por el nuevo equipo y las
nuevas autoridades en la Argentina son alentadoras y esperamos que estabilicen la
economía argentina”, afirmó ayer Christine Lagarde, titular del organismo multilateral.
Dime quien te elogia y te diré a qué intereses respondes.

Los camioneros del sector de caudales realizarán un paro por 24 o 48 horas la semana que
viene, en solidaridad con la rama de correos del gremio, afectada por una resolución del
Banco Central que permitió a los bancos dejar de enviar resúmenes en papel para hacerlo
en forma electrónica. Lo anunció el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de
Camiones (SICHOCA), Pablo Moyano, tras el fracaso de una reunión con funcionario del
Banco Central que preside Federico Sturzenegger. "Les pedimos que suspendan la
resolución que pone en jaque 4.000 puestos de empleo. Seguimos de paro en el sector de
correo porque hicieron caso omiso, no nos dieron bola", anunció Moyano, a unos 500
manifestantes en la puerta de la autoridad monetaria, en Reconquista al 200. Además,
explicó por qué están en contra de la medida: "Dicen que no quieren emitir más las tarjetas
de crédito por la ecología... estos boludos creen que la ecología se defiende llegando en
bicicleta a su despacho como hacen ellos" y criticó, con dureza, a Sturzenegger -quien
firmó la resolución-: "Es soberbio y viene para ajustar, es del palo de (Domingo) Cavallo".
"Para él los trabajadores son sólo números. Nosotros le vamos a bajar la soberbia al
procesado este", advirtió. En cuanto a la reunión que tuvieron, Moyano afirmó: "Se cagan
en la gente. Estuve 10 minutos, ellos dijeron su postura y nosotros la nuestra. ¿Qué, me voy
a poner a llorar? No, me levanté y me fui", y agregó que "Sturzenegger en su puta vida vio
un trabajador".

La Liga Argentina por los Derechos Humanos denunció a Mauricio Macri por el delito de
"sedición agravada por traición a la patria", a raíz de los decretos simples y de necesidad y
urgencia (DNU) que firmó desde que asumió la primera magistratura. La denuncia fue
presentada por los abogados Leonel Curutchagüe y Raúl Schnabel y quedó radicada con el
número 1.212/16 ante el juez federal Sebastián Casanello. El planteo judicial incluye un
pedido de medida cautelar "que suspenda los decretos". Los denunciantes advirtieron que
existe un "plan criminal minuciosamente tramado" para "burlar la intervención
constitucional del Parlamento, contando para ello con la participación criminal de los
legisladores oficialistas que deliberadamente traban el funcionamiento de la Comisión
Bicameral". "El tipo penal de la sedición se realiza si quien gobierna suprime en los hechos
uno de los poderes del Estado para lo cual cuenta con el monopolio de la fuerza", sostiene
la denuncia. Viendo en manos de quien está el poder judicial, difícil será que esto prospere.

Finalmente, el macrismo convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso para el jueves

próximo con el objetivo de aprobar ascensos de jueces, militares y diplomáticos,
confirmaron hoy fuentes oficiales. Fuentes del oficialismo informaron a Télam que la
decisión se tomó tras una reunión que mantuvieron esta tarde la vicepresidenta Gabriela
Michetti y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. El Gobierno emitirá en
las próximas horas un decreto formalizando la convocatoria para el próximo jueves 11 de
febrero. Qué casualidad, justo después que se oficializara la ruptura del bloque de diputados
del FPV.

06/02/16: Ahora el gobierno neoliberal inicia campañas de prevención contra el dengue

mientras el ministro de Salud, Jorge Lemus, que paralizó todos los programas de
prevención, sólo le dedicó su tiempo a la caza de brujas como primera medida de su
ministerio. No hizo nada para prevenir un brote epidémico que ya tiene más de 1200
infectados en todo el país, pero tuvo tiempo para retirar el nombre de la Madre de Plaza de
Mayo, Laura Bonaparte, del ex Cenareso. La excusa fue de globitos amarillos: se había
aprobado en Diputados, pero faltaba el trámite en el Senado.

Después de cinco días de negociaciones en Nueva York, el gobierno de Mauricio Macri

presentó una propuesta formal para pagarle a los fondos buitre. El Palacio de Hacienda
informó que los términos financieros de la oferta ya fueron aceptados por una parte de los
litigantes más agresivos como Montreux Partners o Dart Management. Pero la discusión no
está cerrada. Los principales de los acreedores carroñeros originarios como Eliot
Management de Paul Singer (todavía) no dieron su visto bueno. La adhesión de la totalidad
de los litigantes con sentencias favorables en los tribunales del decrépito juez Thomas
Griesa implicaría entregarles alrededor de 7000 millones de dólares en efectivo, una
reducción promedio del 25 por ciento frente al monto reconocido por las órdenes y
sentencias del magistrado. La cifra valida una rentabilidad del orden del 1000 por ciento,
levemente por debajo de sus pretensiones. Los dólares que se logren por esa nueva emisión
de deuda externa serán entregados a los buitres. La implementación del acuerdo está sujeta
al levantamiento del bloqueo del mecanismo de pago de la deuda en el exterior, elemento
que debe definir el octogenario juez, el decrépito Thomas Griesa. El pago de los 8100
millones de dólares (buitres neoyorquinos más lobistas italianos) será en efectivo. Para
obtener esos recursos Prat-Gay recurrirá al endeudamiento externo con el sistema
financiero internacional. El mecanismo implica emitir nuevos títulos públicos por un monto
nominal mayor que quedarán en manos de las entidades financieras compradoras, mientras
que los dólares recibidos serán entregados a los acreedores litigantes. Ningún acuerdo
garantiza que los inversores que accedieron al canje en 2005 y 2010 no reclamen el mismo
tratamiento y encuentren, como hicieron los buitres, un juez dispuesto a acompañarlos.

07/02/16: Acompañado por Massa, (in) Morales y Ortobey, Mauricio Macri realizó una
ceremonia privada para inaugurar los festejos en el Norte. Dijo estar “preocupado” por los
precios y habló de “un año de transición”. Además, elogió a los diputados que rompieron el
bloque del FpV. Con la foto que los junta, el presidente logró sintetizar varios mensajes: el
respaldo a (in) Morales, acusado de mantener como presa política a la dirigente Milagro
Sala, por cuya libertad organizaciones sociales mantienen desde hace diez días un acampe
en Plaza de Mayo; la garantía de gobernabilidad en el contexto de ajuste que le ofrece
Massa, quien también acompañó a Macri en su visita al Foro de Davos; y la sintonía que
mantiene con Ortobey, uno de los responsables de la fractura que sufrió el bloque del FpV
en la Cámara de Diputados. Sin la complicidad de la oposición, y el gobierno es el primero
en saberlo, ninguna ley ni proyecto podrá prosperar. La calaña de estos “aliados” da la
pauta que la alianza neoliberal sabe muy bien en quién respaldarse.

El ministro del Interior defendió los despidos realizados en los primeros dos meses en la
administración pública, y aseguró que no se está realizando un "achicamiento del Estado".
Frigerio aseguró que el gobierno "ha encontrado más de 70 mil contratos basuras en el
estado. Trabajadores que tenían contratos que no son los contratos que nosotros
entendemos que tienen que tener", añadió. Por eso los “justicieros” neoliberales, para
terminar con esa precarización, los despiden sin miramientos.

08/02/16: Las nuevas autoridades del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores

Agrarios (Renatea), Ramón Ayala y Ranulfo Bazán, que operan bajo las órdenes del
sindicalista empresarial Gerónimo “Momo” Venegas, decidieron frenar las áreas clave del
organismo: la fiscalización en el territorio, la registración, y las denuncias por casos de trata
y explotación laboral. El plan de Venegas es volver al viejo registro (Renatre), un
organismo manejado por la Uatre y las patronales agropecuarias como la Sociedad Rural,
CRA, Coninagro y FAA. Dentro de este plan de desmantelamiento, las nuevas autoridades
ya avisaron que echarán a 600 personas dedicadas a trabajar en el territorio. Además,
dejarán de prestar colaboración con el Ministerio Público Fiscal en las denuncias por casos
de trata y trabajo infantil. El organismo ya despidió a 30 personas y disolvió el área
dedicada a las investigaciones económicas y sociales vinculadas a la vida rural. Las
capacitaciones volverán a tercerizarse a la Uatre. El organismo sólo manejará el seguro por
desempleo, es decir, la caja con la que el Momo Venegas financió parte de su estructura
política. Así, el macrismo, le devuelve al gremialista los favores por los servicios prestados
durante la campaña electoral.

"Hay una gran dispersión de precios", puntualizó Héctor Polino a Télam Radio, al tiempo
que precisó que "el aumento promedio este año de la canasta escolar es del 35,62 por ciento
en comparación con el año pasado" y todo indica que "en el costo de producción de los
artículos le van a recargar los aumentos de la energía eléctrica". "Tenemos que ir formando
consumidores responsables que sepan cuáles son sus derechos y defenderlos
adecuadamente frente a los abusos de todo tipo que se comenten a diario", evaluó Polino.

09/02/16: El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, instó al Movimiento

Memoria y Organización a abandonar el taller de la ex ESMA donde el grupo trabaja en el
Monumento a la Mujer Originaria. El proyecto, que fue declarado de interés cultural por la
presidencia del Senado y de interés cultural y social por la Legislatura porteña, es una
iniciativa colectiva que busca homenajear a los pueblos originarios a partir de la
construcción de la estatua más grande de América, realizada con llaves y otros objetos de
bronce donados. “Lejos de estar dispuestos a abandonar el predio, estamos esperando que la
nueva gestión se haga cargo de nosotros, que nos cuente como un organismo más que
comprende a los pueblos originarios”, sostuvo el escultor Andrés Zerneri, realizador del
monumento e impulsor del proyecto junto al historiador Osvaldo Bayer. Para Zerneri, “la
nueva gestión no puede desoír a 200 mil personas que colaboraron con sus donaciones” ya
que “se trata de un hecho político y multisectorial y no simplemente una cuestión
performática”. Otra prueba que este gobierno no viene sólo con un plan de ajuste…

Desde enero pasado se registraron 41.921 despidos y 7865 suspensiones en los estados
nacional, provincial y municipal, así como también en diversas ramas del sector privado,
según precisó el informe Tendencias Económicas y Financieras. La cifra alcanza un “nivel
que supera en 80 veces al de igual mes de 2015” y da cuenta, también, de un "incremento
de las huelgas y conflictos" gremiales. Tendencias Económicas y Financieras precisa que
“casi la mitad de los despidos se localizaron en el sector público”: Jefatura de Gabinete,
Congreso de la Nación, ministerios, gobiernos provinciales, administración pública
provincial, organismos, empresas y dependencias estatales. Cuando las medidas
implementadas y a implementar, se vayan extendiendo y multiplicando, el sector privado
sumará sus hombres al altar sacrificial del “mercado”.

La AFIP lanzó un plan de financiación para facilitar el cumplimiento de obligaciones

fiscales impagas. La resolución general 3827 abarca impuestos, recursos de la seguridad
social, deudas aduaneras y multas, así como saldos pendientes por obligaciones incluidas en
otros planes de facilidades ya caducos. Contempla 3, 6, 20 y hasta 24 cuotas mensuales
iguales y consecutivas de 500 o 1000 pesos y se aclara expresamente que no es una
moratoria ya que no implica reducción de intereses resarcitorios y/o punitorios, así como
liberación de otro tipo de sanciones. La novedad de la nueva disposición es que, a
diferencia de otros beneficios similares previos, entre los motivos de caducidad ya no se
incluye la reducción de empleados. Por lo tanto, las empresas podrían despedir trabajadores
sin que eso sea un impedimento para mantenerse dentro del plan de facilidades. Otro aporte
fundacional para el plan maestro de miseria planificada, con que el gobierno neoliberal
piensa castigar a las grandes mayorías.

10/02/16: Hoy se cumplen dos meses de que Mauricio Macri asumió como presidente y, sin
que se le mueva un pelo, afirmó que su gobierno "está comprometido a reducir la
inflación", y advirtió que "va a ser un camino que va a llevar de dos a tres años", para
"alcanzar los niveles de la mayoría de los países latinoamericanos y del resto del mundo",
como si no hubiese heredado el país en mejor situación económica de la región. Durante un
acto organizado por una cadena de supermercados, el presidente afirmó que les pidió a
empresarios de ese sector "que publiquen en Internet los precios de los artículos que
venden", a fin de que se pueda controlar la inflación y los compradores puedan "defender
su salario". La medida que busca ser un paliativo contra la suba de precios fue duramente
cuestionada por las asociaciones de consumidores. Resulta que ahora hay que esperar años,
cuando se prometían soluciones rápidas y fáciles en campaña electoral y el control se
reduce a que la población mire los precios por Internet. ¿Y el Estado? Claro, es el libre
mercado…

Tras su salida del bloque del Frente para la Victoria, el diputado nacional y ex titular de la
Anses, Diego Bo-Bossio, dijo tener "expectativas" de que su nuevo espacio político tenga
el apoyo de más gobernadores y sindicalistas, y dejó entrever que apoyará al oficialismo en
la discusión parlamentaria sobre los holdouts: "es un capítulo que debe cerrarse", dijo. El
diputado dijo esto por Radio Buitre, donde ahora se despacha a gusto, lo que demuestra con
estos dichos que su salida del FPV no fue por cambio de estilos y de formas. Va a apoyar al
neoliberalismo, volviendo a sus raíces.

En lo que puede ser una señal de mayor tensión con el Gobierno nacional, el líder de la
CGT Azopardo, Hugo Moyano, no asistirá a la reunión que Mauricio Macri tenía agendada
mañana con los "popes" de la central sindical, en medio del conflicto que su gremio,
Camioneros, mantiene con el Banco Central por la disposición que elimina los resúmenes
de cuenta impresos y pone en peligro cerca de 4 mil fuentes laborales dedicados a la
logística de los mismos. Esta espuria reunión, a la que por su puesto el “dialoguista”
gobierno no invitó a la CTA, se iba negociar menos paritaria a cambio de la caja de las
obras sociales y suba de impuestos a las ganancias.

11/02/16: La consultora Ricardo Rouvier y Asociados registró una sensible caída de la

imagen positiva de Mauricio Macri en el último mes, pasando de un 71,3 por ciento de
opiniones favorables en diciembre a 60,5 por ciento en este febrero, al cumplirse 60 días de
la asunción. Sigue siendo una imagen positiva alta, pero la pérdida es de importancia.
Cuando Rouvier preguntó a los encuestados que calificaron mal a Macri por los motivos de
esa mala percepción, las menciones apuntaron a que “la inflación está muy alta”; “no se
puede comprar”, “hay desocupación” o “la luz va a subir mucho”. Respecto de las
paritarias, en promedio, los encuestados dijeron que el aumento debe estar en el 36 por
ciento. Para los que desconfiamos de las encuestas, más por la manipulación a la que están
expuestas que por la cientificidad de las mismas, es apenas un dato. Donde uno vaya se
empieza a respirar angustia, miedo y resignación.
Unos 150 intendentes peronistas que se dieron cita en la ciudad de Resistencia, Chaco,
convocados por el jefe comunal local Jorge Capitanich, denunciaron ayer que el gobierno
de Cambiemos realiza “una manipulación excluyente de los recursos del Estado” en favor
de “provincias y municipios que responden a su proyecto político”. El encuentro buscó
enviar señales políticas a la administración macrista pero también hacia dentro del
peronismo, donde los jefes comunales quieren ser tenidos en cuenta en el nuevo reparto de
poder que se está discutiendo en estos días. Veremos que tan “duros” se ponen los
muchachos.

Mientras el Gobierno continúa con el recorte de personal en distintas áreas del Estado, en
otras toma el camino inverso y aumenta el personal jerárquico de altos salarios. Tal es el
caso de la superintendencia de Riesgos del Trabajo, que duplica la cantidad de puestos
políticos en la administración de Cambiemos. Una prueba más que estos tipos vinieron a
disciplinar y precarizar trabajadores, no “ahorrar” para el Estado.

El Gobierno neoliberal dispuso un nuevo adelanto financiero para la provincia de Jujuy por
500 millones de pesos, al igual que lo hizo el pasado 27 de enero. El decreto argumenta que
el gobierno de Gerardo (in) Morales “se ve impedido, en forma transitoria, de atender
financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto
de gastos”. El dictatorial gobernador, que mantiene presa a Milagro Sala, recibe “ayuda”
(léase premio).

El primer sueldo bruto de Mauricio Macri llegó con un aumento del 30% respecto al que
percibía Cristina Kirchner, pasando de $100.624 en el último año de la ex jefa de Estado, a
$131.421,89 percibidos por el actual máximo mandatario durante el mes de enero. Este
noble “trabajador” pide poner el hombro ofreciendo aumentos del 22% en cuotas para
docentes y él se da de un saque un 30%. Según informaron desde Casa Rosada al diario La
Nación, el presidente recibió un neto de $77.855,65, lo que implica un 30,6% de aumento
respecto a la cifra que cobraba Cristina Kirchner durante 2015 ($60.784 netos). Este
hombre gratis, es caro.

12/02/16: El presidente anunció ayer que el aumento automático de las jubilaciones será
15,35 por ciento. A partir de marzo el haber mínimo pasará de 4299 a 4959 pesos por mes.
Como la fórmula de la movilidad jubilatoria se hizo extensiva el año pasado a la AUH y las
asignaciones familiares, ambas prestaciones subirán automáticamente por primera vez
desde que se aprobó por unanimidad la legislación a mediados de 2015. Lo harán en la
misma proporción y la asignación universal que reciben 3,7 millones de niños y jóvenes
subirá de 837 a 966 pesos mensuales. La movilidad automática ofrecerá un paliativo para la
caída en la capacidad de compra de los haberes jubilatorios y la asignación universal como
consecuencia de la aceleración inflacionaria que acompañó a la devaluación, la quita de
retenciones, la suba de tarifas y el desmantelamiento de los esquemas de control en áreas
estratégicas como los alimentos y los medicamentos. Aunque el primer aumento es
relevante, el director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basabilvaso, anticipó que el incremento
anual será inferior al registrado el año pasado cuando alcanzó el 33,03 por ciento. Vale
recordar que para el cálculo se toman las mediciones del Indec, hoy sin funcionamiento. O
sea: dibujaron el número.
El convite a Casa Rosada para las tres fracciones cegetistas terminó sin anuncios y con la
promesa de mantener “una agenda de diálogo”. El presidente recibió a los popes cegetistas
Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo junto a su jefe de Gabinete, Marcos Peña,
y su ministro de Desempleo, Jorge Triaca. Los sindicalistas enunciaron sus preocupaciones
al presidente e hicieron eje en la “estampida inflacionaria”, la modificación del Impuesto a
las Ganancias, la deuda del Gobierno con las obras sociales y los despidos. Aunque
aclararon que “no se habló de porcentajes” en las negociaciones paritarias, el tema salarial
fue central en la mesa dialoguista: los gremialistas plantearon que no se bajarán de entre un
30 y un 33 por ciento en paritarias y propusieron como alternativa –en una expresión de
“voluntad negociadora”– cerrar una paritaria con un techo del 20 por ciento para el primer
semestre y reabrir las negociaciones para el resto del año. Peña, en tanto, afirmó luego que
en el “diálogo” con los gremialistas hubo “coincidencia casi total”, prometió que a más
tardar en dos semanas enviará el proyecto del Ejecutivo sobre Ganancias al Congreso y
ratificó que la expectativa inflacionaria del Gobierno –sin mediciones del Indec– es entre el
20 y el 25 por ciento, la cifra que el Gobierno busca imponer de techo a las negociaciones
salariales. Van a transar no cabe duda. El inefable Barrionuevo, por ejemplo, declaró que
“todavía hay 200.000 ñoquis que hay que echar”. Él, que no trabajó en su vida, habla de
ñoquis. Increíble.

La Secretaría de Agricultura Familiar quedó diezmada. El ministro Ricardo Buryaile

ordenó, por pedido del área de Modernización que conduce Andrés I-barra, la eliminación
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional que garantizaba la participación de
todas las organizaciones campesinas y agricultores familiares en la implementación de las
distintas políticas del área. En Jujuy ya echaron a 23 personas, sumado a una campaña a
través de grandes medios de comunicación para desprestigiar el trabajo territorial de dicha
área. Los campesinos denuncian que las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri
fueron para los sectores concentrados tanto de la Pampa Húmeda como de las economías
regionales: eliminación de retenciones y devaluación. Los pequeños productores siguen
esperando.

Tras concretarse la primera semana de transmisión del nuevo Fútbol Para Todos, los
cambios realizados por la gestión que conduce el ex gerenciador de Racing, Fernando
Marín, se hicieron notar y, lamentablemente, no fue en beneficio de todos sino de unos
pocos: en algunas provincias del interior no fueron retransmitidos los principales partidos
que ahora son televisados a través de canales privados, y sus habitantes ni siquiera tuvieron
la posibilidad de observarlos a través de internet, ya que la nueva administración desistió de
brindar el servicio de streaming a través de Youtube y de la aplicación móvil, lo que
benefició ampliamente a las operadoras de cable y los canales privados, que recuperan su
inversión en apenas unos minutos de publicidad. Pese a que el gobierno de Mauricio Macri
desembolsará a la AFA más de 880 millones en concepto de derechos de transmisión del
torneo transición 2016 y decidió deshacerse de los partidos más tentadores, en términos de
audiencia, para entregarlos impunemente a los principales canales privados como Telefé,
Canal 13 y América TV, resignando así la posibilidad de recuperar gran parte de la
inversión a través de publicidad privada, algo que se cansaron de prometer en campaña
electoral. Como si fuera poco, estas señales se llevan los encuentros de Boca, Ríver,
Independiente, Racing y San Lorenzo más los principales clásicos (como Newell´s-Rosario
Central), a cambio de poco más de un millón de pesos por partido, recuperando su
inversión y hasta obteniendo ganancias en apenas unos minutos de publicidad no
tradicional (PNT). Un claro ejemplo de ello es Canal 13: según informó Página/12 el
pasado martes, la señal del Grupo Clarín cobró alrededor de 15 mil pesos el segundo
publicitario durante el partido de Ríver, es decir que, en poco más de un minuto, el canal
recuperará la inversión realizada para poder televisar el partido. Todo lo contrario sucede
con la Televisión Pública, que pasó de transmitir los principales duelos a realizar la
cobertura de los "menos atractivos", lo que lo convierte en un negocio poco redituable para
la señal que más dinero aporta a través del Estado a la AFA. En este sentido y tras el primer
fin de semana del "nuevo" Fútbol Para Todos, se pudieron distinguir con claridad a los
grandes ganadores y los perdedores: por un lado, los operadores de cable y los principales
canales de televisión y, por el otro, a los habitantes del interior del país, quienes en muchas
provincias no pudieron observar el partido de sus equipos porque Canal 7 no retransmitió
los duelos que iban por canales privados, tal como habían prometido desde el Estado.
Además, desde la gerencia de Fútbol Para Todos también cedieron a los privados los
derechos de transmisión por streaming, es decir, a través del canal de Youtube y de la
aplicación móvil del programa, lo que obliga a miles de habitantes a pagar, como mínimo,
unos 400 pesos de abono mensual de cable para poder disfrutar del fútbol que, hasta hace
unos meses, les era gratuito. Sobre este punto es necesario destacar que, tal como se
denunció en el programa Economía Política del periodista Roberto Navarro, el Grupo
Clarín está sumamente interesado en concretar, a través de su nueva operadora telefónica
Nextel, la transmisión de los partidos de fútbol a través streaming por el servicio de 4G, lo
que le daría cientos de miles de clientes de todo el país, más aún teniendo en cuenta estas
nuevas restricciones a los habitantes del interior para visualizar los encuentros. En cuanto a
la estética, durante los partidos fueron eliminadas por completo las campañas
gubernamentales, de los ministerios y de las ONG que la gestión anterior utilizaba, muchas
veces en forma abusiva, para informar a la población, aunque sí se pudieron observar
constantes referencias de los relatores y los comentaristas a los programas de la señal donde
transmiten, como Mirtha Legrand y la telenovela “Los ricos no piden permiso”, ambos de
Canal 13. Torneos y Competencia, que produce casi todos los partidos, colocó a sus
periodistas y recuperó la televisación de los partidos del Nacional B. Así consolida este
grupo su monstruoso poder; algo que sabrá recompensarle, protección mediática mediante,
a su socio nuevo gobierno.

El gobierno bonaerense propuso a los gremios docentes un aumento del 24,1 por ciento (0,5
más que la oferta anterior) en tres tramos, lo cual fue calificado de "insuficiente" por los
sindicatos que exigen un incremento del 40 por ciento y un salario básico de 10 mil pesos.
Acordaron una nueva reunión para el próximo miércoles, doce días antes del inicio del
ciclo lectivo, que "está en riesgo". No vaya a ser que agudicen el conflicto ex profeso para
aprovechar la volteada para ir contra el estatuto docente y el régimen de licencias; poniendo
a la gente en contra de los docentes agitando la perolata de “la cantidad de días que se
pierden de clase”. No son malos, son neoliberales, ¿O son sinónimos?

El dólar renovó sus máximos históricos frente al giro de utilidades y un mayor accionar de
los importadores. El oficial aumentó 18 centavos a $ 14,96, aunque el jefe de Gabinete,
Marcos Peña, se mostró sin preocupaciones por la escalada. El camino alcista del billete se
explica por el envío de ganancias al exterior, pero también a una retracción de los
exportadores, que están a la espera de una mayor debilidad en los precios. Además, existen
compras de dólar futuro como coberturas ante una inflación que se espera sea muy superior
a la de 2015. El dólar mayorista ascendió un 0,6% a $14,72 comprador y $ 14,73 vendedor
desde los $ 14,55 del cierre del jueves. En la corta semana de tres días hábiles, la escalada
fue de un 2,4% y en el transcurso de 2016 acumula una disparada del 11,1%. Desde que
Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, la devaluación del peso ha sido del 53,2%. "Como
variable financiera, el dólar libre fue la mejor inversión de la semana, ya que la demanda de
empresas y bancos predominó fuerte sobre las ofertas de exportadores", dijo en un informe
una correduría cambiaria. Desde el Gobierno, Peña aseguró que el Gobierno está atento a la
cotización del dólar, pero “sin una preocupación específica” por las continuas alzas de los
últimos días. El funcionario analizó en radio La Red que ven "el proceso con cierta
normalidad", y que el precio de la divisa norteamericana "sigue estando dentro del rango de
lo que era antes de la devaluación”. Por otro lado, en la plaza marginal el bule trepó un 3%
a $ 14,90 para la compra y a $ 14,95 para la venta. Con este panorama el descalabro de los
precios continuará.

Durante un acto en San Juan, el presidente neoliberal sostuvo que las restricciones para las
exportaciones mineras -con las que el Estado recaudaba 233 millones de dólares- "violaban
las reglas de juego" y aseguró que su eliminación fue decidida para "fomentar el desarrollo"
de la producción en ese sector, pero "en absoluto respeto del medio ambiente". Así se sigue
desfinanciando al Estado y beneficiando al gran capital concentrado.

13/02/16: El sostén de la economía de los últimos años está tambaleando. El consumo

interno registra desde hace tres meses una desaceleración notable, que en sectores
industriales sensibles se transformó en caídas de hasta 20 por ciento. La industria frigorífica
informó a mitad de semana que la demanda de carne retrocedió 7,2 por ciento en enero
respecto de igual mes de 2015. La evolución negativa en las ventas impactó en la
producción, con un descenso del 6,1 por ciento interanual. Otra cámara empresaria que
describió el mismo cuadro preocupante fue la Asociación de Fabricantes de Cemento, que
agrupa a las grandes empresas del sector: el mes pasado verificaron una baja de la demanda
del 8,7 por ciento. Este es un rubro que el año pasado alcanzó niveles récord de
comercialización. El cambio abrupto en el comportamiento del consumo empezó en
noviembre, antes del ballotage, con el anuncio de la devaluación de Mauricio Macri y
Alfonso Prat-Gay, cuando decían que el dólar oficial no afectaba a nadie, y se profundizó
en diciembre luego de concretada esa medida. Referentes pymes de los sectores de
alimentos, textiles, calzados, marroquinería, electrodomésticos, metalmecánica y el
comercio minorista aseguran que sufren una disminución de los pedidos de producción y un
achicamiento en las compras que ronda entre 15 y 20 por ciento. El cuadro recesivo no se
configuró de la nada, sino que es consecuencia directa de las medidas económicas del
Gobierno actual. Antes de la devaluación, la eliminación de controles estatales sobre la
formación de precios, la quita de retenciones, el aumento de tarifas, la disparada
inflacionaria, la suba de tasas y los miles de despidos, la actividad económica y el consumo
iban en alza, en tanto que la inflación venía descendiendo, según coinciden todos los
consultores y bancos de la city. Sólo a través del plan maestro de la miseria planificada se
pueden generar tantas calamidades en tan poco tiempo.
Efectivos de Gendarmería allanaron el miércoles en horas de la noche el domicilio
particular de dos ex directivos de Télam y amenazaron con llevarlos detenidos a pesar de
no contar con órdenes de arresto. El operativo fue realizado por orden del juez federal Ariel
Lijo a pedido de las nuevas autoridades de la agencia estatal de noticias, en el marco de una
denuncia por el presunto retiro de material sensible de la sede de Télam antes del recambio
del 10 de diciembre. En los urgentes allanamientos se secuestraron materiales tales como
dos agendas vacías con el logo de la agencia y siete hojas de borradores con anotaciones
particulares además de merchandising, material de La Cámpora (organización en la que
militan los acusados) y pertenencias particulares que se llevaron de sus oficinas al dejar sus
trabajos. Desde ese espacio político manifestaron ayer su repudio por lo sucedido, que
enmarcan en una campaña de persecución política por parte del gobierno neoliberal.
Organizaciones de derechos humanos también se mostraron alerta por el caso. Sólo por
casos de “extrema gravedad” o por “peligros de orden público” pueden realizarse
allanamientos judiciales nocturnos, establece el Código Procesal Penal en su artículo 225.
Eso no evitó que Gendarmería ingresara ayer pasadas las 22 hs en los hogares del ex
gerente general de Télam Juan Dasso Freysz y la ex gerenta del área de Legales María Inés
Lopisi. En el caso de Dasso Freysz permanecieron allí más de seis horas buscando
evidencia. En el de Lopisi, que no se encontraba al momento del operativo, los efectivos
ingresaron por la fuerza rompiendo la puerta de entrada. A los dos intentaron llevarlos
detenidos por averiguación de antecedentes a pesar de no contar con órdenes judiciales en
ese sentido. Otro caso fue unperiodista de Télam y comunicador mapuche, quien fue objeto
esta semana de las "nuevas directivas" recibidas por la Policía Metropolitana al ser
requerida su identificación para "averiguación de antecedentes" en una estación de subte de
la ciudad de Buenos Aires mientras se dirigía a su trabajo. Carlos Catrileo, quien es
redactor de la sección Sociedad de la Agencia Télam e integrante de la Coordinadora de
Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina (CCAIA), se encontraba este miércoles
al mediodía esperando el subte en la estación Carlos Gardel de la línea B, cuando un
efectivo de la Policía Metropolitana se acercó para pedirle identificación. Cuando el policía
se acercó, Catrileo estaba sentado leyendo, y ante la incomodidad por lo que sucedía intentó
pararse, pero el efectivo le ordenó que se quedara sentado. “No le hice caso, me paré y le
pedí que me explicara a qué se debía que me pida identificación”. No tengo que darte
ninguna explicación, respondió. “Disculpá, pero desde el momento en que me tratás de esa
manera necesito que me expliques por qué, porque veo que pasa un montón de gente por
acá y da la casualidad que sólo a mí me estás pidiendo identificación", le respondió el
periodista. El policía aseguró que esto estaba "dentro de sus atribuciones" y cuando Catrileo
le preguntó desde cuándo, el efectivo respondió: "desde que tenemos nuevas directivas".
Las nuevas directivas a las que se refirió el efectivo se relacionan con un fallo del Tribunal
Superior de Justicia (Tsjcba) porteño emitido en enero pasado que habilita a la policía a
pedir DNI en la vía pública, como una "facultad implícita para prevenir delitos", dijo a
Télam Luis Duacastella, defensor adjunto en lo Penal, Contravencional y de Faltas del
Ministerio Público de la Defensa (MPD). Estos avasallamientos se van multiplicando
peligrosamente con la intención de hacer sistema.

Otros hechos confirman la ola represiva que viene en ascenso. Los vecinos del barrio
Rodrigo Bueno, detrás de Puerto Madero, denunciaron un operativo al estilo del ex
intendente menemista Jorge “Topadora” Domínguez. Los afectados son los propietarios de
puestos de venta de comida que fueron destruidos a lo largo de la avenida España, en
Costanera Sur, dejando sin fuente de ingresos a unas cien familias. En Salta siete mujeres
despedidas sin causa, que acamparon durante más de un mes en la capital, permanecen
detenidas desde hace 15 días en la alcaida de Cerrillos acusadas de privación ilegítima de la
libertad agravada por la violencia, daño agravado y amenazas por realizar un acampe en
señal de protesta. En La Pampa, 21 manifestantes sufrieron ayer heridas de balas de goma
cuando la policía pampeana reprimió a vecinos bonaerenses que cortaban la ruta 188 para
reclamar soluciones por la crecida del río V. Intentaban impedir el trabajo de las máquinas
de Vialidad Provincial para hacer que el agua escurra en la provincia de Buenos Aires.
Criminalización y represión de la protesta social. Persecución política y jurídica y palos.
Esta es la revolución de la alegría.

14/02/16: Ayer músicos, actores, militantes, políticos, ex funcionarios y los murgueros

baleados por Gendarmería, compartieron el escenario en una tarde de sol con miles de
personas. La Plaza de los Artistas es un nuevo capítulo de las Plazas del Pueblo, inventadas
por Axel Kicillof, Mariano Recalde, Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella. El que encabezó
la movida en Parque Saavedra fue un grupo numeroso de artistas acostumbrados a decir lo
que piensa. Entre ellos, Fito Páez, Rita Cortese, Victoria Onetto, María Onetto, Fernán
Mirás, Gustavo Garzón, Gastón Pauls, María Fiorentino, Cecilia Roth, Nancy Dupláa y
Pablo Echarri. La consigna de la jornada había circulado a través de un video en el que
aparecían algunos de estos y otros artistas: “Libertad, alegría y trabajo”. Tres conceptos
abstractos que a lo largo de la tarde fueron tornándose concretos.

En medio del operativo de Cambiemos para impactar en la interna del PJ, el presidente se
mostró ayer junto el ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo. La excusa fue la
inauguración del primer tramo electrificado de la línea Roca, entre las estaciones
Constitución y Quilmes. El mandatario, que durante un breve recorrido en tren se encontró
con un cartel gigante con la leyenda “Macri=hambre”, definió la inauguración como la
ratificación de “un compromiso de trabajar todos los días para que la gente viaje mejor”.
Randazzo, en cambio, explicó su presencia como un modo de acompañar “toda política
referida a continuar y profundizar el proceso de transformación ferroviaria” iniciado por el
gobierno de Cristina Fernández y marcó sus “profundas diferencias con el actual gobierno”.
El tiempo dirá los caminos que tome el impredecible Randazzo.

Pocos días después de haber recortado viáticos y gastos de representación de su sueldo por
significar un “gasto inmoral”, el joven intendente de Pinamar, Martín Yeza (PRO), decretó
aumentos de entre el 98 y el 70 por ciento en los sueldos básicos de la planta política de la
municipalidad. Con la firma del decreto 250/16, Yeza instrumentó los aumentos a 14 de sus
funcionarios más cercanos y le sumó un ingrediente más al conflicto gremial que mantiene
con los sindicatos de guardavidas y de empleados municipales, que realizaron paros y
movilizaciones frente a la sede municipal en plena temporada alta en reclamo de mejoras
salariales y mejores condiciones de trabajo. Además del incremento sobre el básico, el
intendente sumó al sueldo de sus colaboradores dos bonificaciones de 16 mil pesos cada
una en concepto de “bonificación por función” y “bonificación por disponibilidad horaria”.
Diarios locales difundieron el recibo de sueldo del secretario de Salud de la municipalidad,
Jorge Luis Benítez, en el que constan ambos aumentos, que completan un sueldo de 42 mil
pesos en mano. No se toman el trabajo ni de disimular sus fechorías.
La novela del prófugo Ibar Pérez Corradi va sumando capítulos cada vez más oscuros y
sospechosos. El financista está acusado de haber ordenado a los hermanos Lanatta y a
Víctor Schillaci que maten a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en un
descampado de General Rodríguez en 2008. Los sucesos extraños empezaron con la
entrevista de Cristian Lanatta en la televisión, siguieron con la increíble triple fuga de
diciembre y con un sorpresivo pedido de pase del caso a la Justicia federal. El viernes,
temprano, la jueza María Romilda Servini de Cubría aceptó tomar el caso, que fue una
condición planteada por el prófugo Pérez Corradi para presentarse. Pocos minutos después
se anunció la detención del financista justito en el lugar donde era público que estaba: la
zona de Ciudad del Este, en Paraguay. Horas más tarde la captura fue desmentida, pero
todo indica que el financista reaparecerá de un momento a otro. En el ínterin, esta semana,
hubo un violento allanamiento en la vivienda de su ex esposa en Don Torcuato. Policías
bonaerenses –hoy con la conducción de Cambiemos– mataron a dos perros, produjeron
gran cantidad de destrozos y hasta les apuntaron a los tres pequeños hijos del financista.
Todos estos hechos asombrosos parecen encajar con arreglos y aprietes para que Pérez
Corradi declare contra el anterior gobierno en el caso de la efedrina. La opereta apuntará,
seguramente, a acusar a Aníbal Fernández, como jefe de un cartel, y por ende a la ex
presidenta.

15/02/16: El massismo ratificará en el Congreso el papel de “oposición responsable” que le

adjudicó el Gobierno y convalidará con sus legisladores los Decretos de Necesidad y
Urgencia (DNU), con los que Mauricio Macri gobernó durante sus dos primeros meses de
gestión. Con una postura que bifurca su alineamiento entre cuestionamientos legales
menores y la conveniencia política, desde el Frente Renovador confirmaron que su política
será la de “acompañar” las decisiones del gobierno de Cambiemos. De esta forma el
macrismo se garantiza en la Cámara de Diputados los votos necesarios para convalidar los
nueve DNU y otros tres de facultades delegadas, con que Macri fagocitó organismos
autárquicos como Afsca y Aftic, modificó aspectos sustanciales de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, transfirió las escuchas telefónicas judiciales del Ministerio
Público Fiscal a la Corte Suprema, suspendió la aplicación del Código Procesal Penal
(CPP), cambió aspectos tributarios, eliminó la devolución del 15 por ciento de
coparticipación a las provincias, y modificó el presupuesto para que el Banco Central se
endeude en 5 mil millones de dólares con la banca privada. Con opositores así, el
oficialismo puede dormir tranquilo.

Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central y Hugo Moyano, secretario general
del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA), acordaron aplicar gradualmente dejar
de enviar los resúmenes bancarios y comenzar a hacerlo por vía electrónica. Pobre Moyano,
solo consiguió una agonía…

16/02/16: Llegaron prometiendo transparencia e institucionalidad y sólo promueven

atropellos e irregularidades por doquier. El caso de Indec es paradigmático, ya que, siendo
oposición, no ahorraron críticas contra el organismo por supuestas manipulaciones de datos
y cifras y desmanejos institucionales del anterior gobierno. Ahora, a la hora de gestionar,
reproducen los mismos “vicios” que denunciaban. El titular del Indec, Jorge Todesca,
desplazó ayer a Graciela Bevacqua de la dirección técnica del organismo, quien había sido
nombrada hace apenas dos meses. La supuesta señal de transparencia que el gobierno de
Cambiemos pretendió dar con el arribo de Bevacqua, una técnica desplazada por el
Kirchnerismo en 2007, quedó opacada por la discusión sobre el tiempo que demandará el
apagón estadístico. La remoción de la funcionaria se produjo porque ésta sostiene que se
requieren siete u ocho meses para volver a difundir los índices principales, mientras que
desde el gobierno de Macri presionan para comenzar a publicar cifras de inflación en un
plazo menor. Todesca justificó el desplazamiento de Bevacqua por declaraciones que la
funcionaria realizó hace un mes en una conferencia, en la que él mismo estuvo presente sin
hacer ninguna objeción. El 14 de enero, Todesca y Bevacqua ofrecieron una conferencia de
prensa para justificar la suspensión del calendario de difusión de los indicadores y los
despidos en el organismo basados en la declaración de emergencia estadística. En esa
oportunidad se dejó en claro que no habría una medición oficial hasta entrada la segunda
mitad del año, y que mientras tanto se iban a utilizar como referencia las mediciones de los
entes estadísticos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de San Luis. Con esta
eficiencia trabaja el “mejor equipo en 50 años” …

Mientras se apaga el Indec sigue encendido el también cuestionado IPC-Congreso. Ayer

volvió a ser difundido dando una suba de precios del 3,6 por ciento en enero, que se monta
sobre una inflación del 2,2 por ciento en noviembre y 3,8 por ciento en diciembre, según el
mismo indicador, que surge de un promedio simple de los cálculos de las consultoras. Es
decir que la inflación en el último trimestre fue de 9,9 por ciento, luego de la devaluación,
quita de retenciones y antes del tarifazo eléctrico y en el servicio de gas. El índice de
precios de la Ciudad dio para el mismo período un 10,3 por ciento acumulado (2 por ciento
en noviembre, 3,9 en diciembre y 4,1 en enero), es decir: un número más alto que el
difundido por los “opositores” al gobierno neoliberal.

Entretanto otro bochorno institucional: el bloque oficialista del Consejo de la Magistratura

dio por aprobada la designación del diputado de PRO Pablo Tonelli como integrante del
cuerpo, en una banca que el Frente para la Victoria (FpV) tenía asignada hasta 2018. Lo
hizo sin permitir deliberación alguna, con la misma línea que el macrismo imprime a todos
los actos de gobierno, y consiguió en cuestión de horas que la Corte Suprema de las
Corporaciones le tomara juramento en un acto sorpresa, casi vacío, después de firmar una
acordada igualmente exprés, que convalidaba la votación del cuerpo sin tratar un planteo de
los consejeros disidentes. Ellos denunciaban irregularidades en la sesión plenaria y
reclamaban al titular supremo que se abstuviera de concretar la jura. El FPV presentó una
nueva denuncia contra este nuevo atropello.

Milagro Sala se presentó a declarar cada vez que la Justicia la requirió. El juez Gastón
Mercau sin embargo decidió ayer rechazar el pedido de “cese de detención” presentado por
sus abogados, porque considera que existe peligro de fuga o entorpecimiento de la
investigación en curso. Con estándares mayores a los que la Justicia Federal impone a los
represores de crímenes de lesa humanidad, decidió prorrogar su detención y sumó como
insólito agravante su liderazgo en la Tupac. Señala que los peligros son “muy superiores a
otros imputados, esto considerando el liderazgo o la dirección que detenta la nombrada en
todos los emprendimientos que abarca”. Las causas contra Milagro Sala son sólo tres,
aunque los actores del sistema de justicia provincial aseguran en el escrito que son
numerosas, como lo hace en cada entrevista el gobernador de esa provincia, Gerardo (in)
Morales. La prisión es por la causa por supuesta defraudación, extorsión y asociación
ilícita, causa en el que queda aún en pie un pedido de nulidad presentado hace una semana
por sus fueros parlamentarios en el Mercosur.

En Mar del Plata asumió en diciembre un dirigente macrista, conocido simpatizante nazi:
Carlos Arroyo. Además de despidos y recortes, propios de todo “buen” neoliberal, suma
esta perlita. Desde su asunción se han multiplicado episodios de violencia contra minorías
como homosexuales y judíos. Ahora hubo otro hecho preocupante: el ataque a un conocido
bar marplatense, el Nevermind, por parte de un grupo de neonazis, que derivó en
manifestaciones de repudio. El ataque ocurrió durante la mañana del domingo pasado,
cuando un grupo conformado por reconocidos y ya denunciados integrantes de una banda
neonazi local, causó destrozos en el Nevermind, e insultó y amenazó a su dueño, Javier
Moreno, un activista por la diversidad sexual. Los declamadores del Cambio, no toleran las
diferencias.

La política también son gestos. Y uno no menor fue el que dio, nuevamente, Mauricio
Macri con la curiosa política de reducir impuestos para los sectores altos y aumentar la
carga sobre los más bajos de la sociedad. El último capítulo de esta saga de redistribución
regresiva del ingreso ocurrió este martes, cuando el Gobierno hizo oficial la eliminación del
gravamen sobre las bebidas espumantes, más conocidas como champagnes. Y claro, los
poderosos tienen mucho para festejar…

17/02/16: Primeras grietas ostensivas en la cúpula de gobierno. Ayer el ministro de

Educación Esteban Bullrich mejoró la propuesta a los docentes y les ofertó llevar el salario
inicial, de los 6060 pesos que actualmente cobran, a 7800 en febrero y a 8500 en julio. Los
gremios llevarán el número a votación, pero en principio lo consideraron como aceptable:
“Se acerca a lo que estábamos pidiendo”, definieron. Expresado en porcentajes, la
propuesta significa un aumento del 40 por ciento en dos tramos, que excede largamente el
“20 o 25 por ciento” del que habló hace apenas diez días el ministro de Hacienda, Alfonso
Prat-Gay, como la franja a la que debían ajustarse las negociaciones salariales de este año.
La novedad no solamente tomó desprevenidos a algunos funcionarios del PRO. También
dejó en offside a dirigentes sindicales que en las últimas semanas habían adherido a la
posición inicial del Gobierno o habían planteado contrapropuestas más cercanas al 30 por
ciento, lejos de los números ofrecidos finalmente y de todos los cálculos de inflación que se
aceleraron en los últimos meses. “No sabíamos nada”. La expresión pertenece a un
funcionario político de la provincia de Buenos Aires, pero podría ponerse en boca también
de quienes manejan el área educativa en territorio bonaerense y en la CABA. La novedad
obligó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Berreta, y a la gobernadora María Eugenia
Vidal, a recalcular sobre la marcha sus propias negociaciones paritarias con los maestros.
“Ya venían complicadas hasta ahora, imaginate con esta novedad”, grafican en La Plata. En
la provincia, la gobernadora, canceló el encuentro que iba a tener con los docentes
bonaerenses esta tarde, con el objetivo de destrabar las negociaciones. Hasta ayer, ofrecía
un 24,1 por ciento. La reunión todavía no tiene una nueva fecha. Que resultará de este
entuerto, se sabrá en pocos días.

En el marco de un duro debate con el bloque del Frente para la Victoria-PJ, Cambiemos
logró superar ayer su primer desafío en el Congreso gracias al apoyo de sus aliados del
peronismo federal y el Frente Renovador. La comisión bicameral de trámite legislativo, que
debe analizar la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Mauricio
Macri, emitió ayer dictamen de mayoría a un primer grupo de iniciativas que contemplan la
modificación de la ley de ministerios, la prórroga de la aplicación del Código Procesal
Penal y el traspaso de las escuchas telefónicas al ámbito de la Corte Suprema de las
Corporaciones, entre otras. En verdad, tanto los dictámenes de rechazo como los de
aprobación contaron con la misma cantidad de firmas –ocho–, pero en caso de empate se
computa como dictamen de mayoría el que lleva la firma del presidente de la comisión, en
este caso el senador radical Luis Naidenoff. Quedaron para el próximo martes otros DNU
que también despertarán un fuerte debate y que el macrismo deberá esforzarse para aprobar,
ya que en el Frente Renovador todavía no terminaron de definir si esta vez acompañarán.
Se trata de la creación de la Enacom, que derogó parcialmente la ley de medios
audiovisuales y la anulación de la restitución del 15 por ciento de coparticipación a las
provincias, entre otros. Un bochorno que hará historia.

A pocos meses de haber votado en el balotaje que definió a Mauricio Macri como
presidente, una encuesta determinó que más de 8 de cada diez votantes repetirían el voto
del 22 de noviembre. Entre los que cambiarían, se duplica el número entre los que votaron a
Macri respecto de Scioli. El muestreo, realizado por Rouvier a principios de mes a 1200
personas en condiciones de votar, se realizó para saber qué harían hoy esos votantes en el
caso de repetir el balotaje. Algunos de los arrepentidos (12,1%) se inclinarían por el
candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y otros por el "No Sabe" o por el voto
en blanco. En el caso de votantes de Scioli ocurriría lo mismo, pero en una proporción
menor. Se ve que muchos necesitan una dosis mayor de neoliberalismo para darse cuenta...

Casi 130 millones de pesos destinó la alianza electoral Cambiemos a los gastos de las
elecciones primarias y generales de octubre, sin incluir las erogaciones por el balotaje. El
monto representa un 26% más que lo que destinó el Frente Para la Victoria, que sumó unos
96 millones de pesos, según se desprende de los informes que recibió la Cámara Nacional
Electoral. De dónde salió el dinero para financiar esto uno se lo puede imaginar. Desde
empresas hoy beneficiadas a los manejos espurios de los dineros públicos del gobierno de
la ciudad (como el curro de la propaganda oficial y los fondos a periodistas como Niembro
y Majul) puede haber de todo, nada bueno ni transparente.

18/02/16: El Ministerio de Energía informó ayer que Edesur y Edenor realizarán cortes
programados de luz hoy y mañana entre las 13 y las 16 horas en distintas localidades de
Capital y Gran Buenos Aires. La novedad se conoció a través de un comunicado donde la
cartera conducida por el hombre de Shell, Juan José Aranguren, atribuyó la medida a la
“precariedad del sistema de generación y distribución” en un escenario de fuerte demanda
de energía provocado por las altas temperaturas. La última vez que se realizaron cortes
programados fue en 1989 durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Este jueves los usuarios
afectados serán 190.059 y mañana 196.352, a los que se sumarán los habituales
perjudicados por problemas técnicos. Esto se da en el marco de los tarifazos que se vienen
y de la pésima prestación de las privatizadas a las que pareciera el gobierno neoliberal no
apura ni multa para que hagan las inversiones necesarias. Parece más un socio que un Ente
autárquico con el deber de controlarlo.
Ayer desde las ocho de la mañana y durante nueve horas, unas cuarenta organizaciones
sociales, políticas y gremiales realizaron más de doscientos cortes en todo el país en
reclamo de la libertad de Milagro Sala, detenida ilegalmente desde el 16 de enero en la
provincia de Jujuy. El reclamo multitudinario y pacífico en rutas y las calles duplicó las
columnas que se manifestaron a una semana de la detención de la dirigente social, por cuya
libertad se presentaron reclamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
Naciones Unidas. Pese al camino de diálogo que intentó abrir la organización Tupac
Amaru, que ella encabeza, los cortes fueron respondidos en la provincia de Jujuy con una
caza de manifestantes. Once personas fueron detenidas “por averiguación de antecedentes”
e “insulto discriminatorio a la fuerza policial” antes de que alcanzaran las rutas. A nueve
los detuvieron en la localidad de Perico y a otros dos en San Salvador, entre ellos, una
histórica delegada de la organización. De todas formas, ni este reclamo, ni los pedidos del
Papa, parlamentarios de todo el mundo y organismos de derechos humanos parecieran
hacer retroceder al poder político y judicial que responde al gobernador Gerardo (in)
Morales. El odio puede más que cualquier táctica política.

La ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, anunció un nuevo protocolo de Actuación de

las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas. Según el texto que
difundió el ministerio, las fuerzas policiales y de seguridad “procederán a intervenir y a
disolver” las manifestaciones. A poco de ser difundida la noticia resurgieron repudios a esta
medida que pretende condicionar y penalizar la protesta social. En el nuevo texto no hay
mención alguna a la prohibición del uso de armas de fuego, como sí había en el protocolo
implementado por el anterior gobierno en 2011. “Queremos cambiar la cultura del corte, no
vamos a tolerar la extorsión”, señaló la inefable funcionaria. Con las medidas que se han
tomado y las que vienen, la represión está a la vuelta de la esquina. La ministra de
Inseguridad ratificó que el Gobierno desalojará por la fuerza los cortes de calle. “Les vamos
a dar cinco minutos; se van o los sacamos”, advirtió ayer a los futuros manifestantes. Así,
ratificó su protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, a pesar de las críticas que
señalaron su carácter inconstitucional en la limitación del derecho a la protesta. La norma
pretende que quien quiera manifestar avise con anticipación y no moleste a nadie, ni con
piquetes ni con quemas de gomas; incluso considera ilegal llevar un petardo. Y pretende
que el periodismo se mantenga lejos de los eventuales operativos de represión, no vaya a
ser que registren los abusos policiales.

El Banco Central salió a vender U$S 45 millones para frenar la escalada de la divisa
mayorista. Esta fue la primera intervención en el mercado desde la liberación de las
restricciones cambiarias, el 17 de diciembre. Pese a ello, el dólar oficial terminó en alza a $
15,27. Pensar que, en sus últimas semanas como candidato, Mauricio Macri había
rechazado que en caso de ganar el dólar pudiera dispararse hasta los $ 15. Hoy el tipo de
cambio cerró a $ 15,35 en los bancos porteños, por encima de la promesa de Cambiemos.
Macri respondió a las acusaciones de que su gobierno aplicará una devaluación. Para ello
sostuvo el 18 de noviembre que "no creemos en el ajuste y no es verdad que el dólar va a
estar a $ 15". El nivel de las reservas internacionales del Banco Central, un buen indicador
para evaluar las presiones cambiarias en la economía, muestra importante caída en lo que
va de febrero. La baja alcanzó 819 millones de dólares. El equipo económico de
Cambiemos había afirmado hace dos meses, cuando hizo la apertura de los controles a la
compra de dólares, que las divisas de la autoridad monetaria experimentarían fuerte
incremento gracias al shock de confianza del mercado en el nuevo gobierno. Pero en las
últimas semanas, lejos de subir, la pérdida de dólares marcó picos de casi 200 millones
diarios. El nivel de las reservas –si no se computa el crédito de corto plazo y alta tasa de
interés acordado con la banca extranjera a fines de enero– ya se ubica por debajo del
registro que había el 10 de diciembre cuando asumió la gestión de Cambiemos. Mientras
tanto, la prensa canalla comandada por el grupo Clarín, calla.

Se cumplió hoy un año de la muerte del fiscal Nisman. Fue tan poca gente que no mereció
cobertura periodística. Cómo habrá sido la cosa que el único orador fue el impresentable
sindicalista Piumato. Sólo la ex esposa y, por ser suaves, polémica jueza Arroyo Salgado
cree que mataron al licencioso, corrupto, vende patria e ineficaz de su ex marido. La asisten
millones de razones…

19/02/16: Mauricio Macri lo anunció ayer como una gran medida a favor de los
trabajadores: subir el mínimo no imponible a $30.000 de sueldo bruto. Aquí hay que
aclarar:
1) En campaña dijo que lo iba a eliminar directamente (algo que no pasa en ningún lugar
del mundo).
2) El mínimo no imponible no sube a 30 mil pesos, sino a 18.880 pesos, y sólo sumándole
las deducciones por cargas de familia de esposa y dos hijos a cargo, se llega a 25 mil pesos
de ingresos no gravados, que se corresponden a un sueldo bruto de 30 mil pesos.
3) Los trabajadores que pagaban y dejarían de pagar el impuesto serían 180 mil, pero habría
una cantidad no precisada de trabajadores –algunos hablan de más de 200.000– que no
pagaban y pasan a pagar el impuesto ahora (con retribuciones brutas menores de 15 mil
pesos mensuales en 2013, pero mayores a 22.500 pesos este año, sin cargas de familia).
Además, el impacto en los salarios de bolsillo sólo será importante para una franja menor
de trabajadores, y en especial a favor de aquellos con más altas remuneraciones. Entre los
que empezarían a pagar de manera retroactiva a enero están 110.000 jubilados.
4) Desoyendo su propia promesa de campaña, la actualización de la escala que fija las tasas
de impuesto que paga el contribuyente o la movilidad de las deducciones por ley como las
jubilaciones, quedaron postergadas y en las sombras.
5) Los trabajadores implicados en este entuerto representan menos del 15 % de la masa
laboral, por lo que los sectores más postergados de la sociedad seguirán esperando el
milagro del derrame de la copa opulenta de los empresarios.
6) Los asalariados que ganaban menos de 15.000 en 2013 dejaron de pagar Impuesto a las
Ganancias de ahí en adelante. Tomando los aumentos promedio de 2014 y 2015, el mínimo
no imponible efectivo que dejó el gobierno de Cristina Fernández sería hoy de 31.400 para
los que trabajaban en 2013. De modo que, al fijarlo en 30.000 pesos, Macri ¡acaba de bajar
el mínimo no imponible! Ni siquiera ante esta sola medida vergonzosa se planta la CGT
para enfrentar al gobierno neoliberal que, como en los casos de Moyano y Barrionuevo,
apoyaron en campaña electoral.

Hay grandes hechos de corrupción, estructurales y sistémicos, y otros menores pero

sintomáticos. Los primeros hacen al propio sistema capitalista y/o a su peor cara: el
neoliberalismo. Para los segundos vaya el caso de Inés Zorreguieta, hermana menor de la
Reina de Holanda Máxima Borreguita, argentina esta hija de un milico partícipe de la
última dictadura militar, por lo que Holanda no acepta su entrada al país. Inés, fue
nombrada por 180 días como Directora de Despacho y Mesa de Entradas de la Dirección
General de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación. Pomposo título inventado
para nombrar a alguien que cobrará más de 45.000 $ de sueldo sin cumplir con los
requisitos para el cargo y, más grave aún, sin tener ni conocimiento ni experiencia en el
área. El gobierno de Holanda, abochornado por este hecho, salió a desmentir que haya
incidido en esta escandalosa designación. En aquel país hablan de “ñoqui real”. En un
contexto de ajustes y despidos generalizados este nombramiento es bien sintomático de la
catadura moral del gobierno macrista.

20/02/16: Llegamos al colmo del papelón y el desgobierno. A diez días del inicio del ciclo
lectivo, el Gobierno decidió dar marcha atrás con la oferta que había hecho en la paritaria
nacional docente. A pesar de que las negociaciones con los cinco gremios estaban
avanzadas, ayer se suspendió súbitamente la reunión en la que se iba a rubricar el acuerdo,
poniendo en duda el comienzo de las clases en tiempo y forma. Mauricio Macri, además,
anunció un límite del 25 por ciento para los aumentos, muy lejos de los 40 puntos que había
ofrecido como base, hasta horas antes, el ministro de Educación, Esteban Bullrich. En una
conferencia de prensa, los maestros se declararon en estado de alerta y movilización. No
hay antecedentes que un gobierno retire su propia propuesta salarial. Además, el ajustador
presidente se toma atribuciones que no le corresponden como es establecer parámetros
salariales cuando ello es potestad de las partes involucradas, esto es: los gobiernos
provinciales y los gremios. Según dejaron trascender los sindicalistas, Bullrich contaba con
el acuerdo de Macri, pero la presión de los gobernadores, propios y ajenos, hizo retroceder
al oficialismo. Ahora las clases corren peligro de no empezar.

Como si fuera poco también ocurrió que dos policías de civil ingresaron ayer sin
identificarse a la sede de Ctera, mientras tenía lugar la conferencia de prensa organizada
por los cinco sindicatos docentes nacionales para difundir el estado de las negociaciones
paritarias con el Gobierno. Los agentes intentaban hacer averiguaciones sobre los maestros
que participaban del acto y sobre los periodistas que lo cubrían, según relataron algunos de
los presentes, que fueron interrogados por ellos. Luego de que su presencia fuera advertida,
los agentes se presentaron como personal de la Comisaría 2ª de la Policía Federal y dijeron
que estaban allí “para ver si había alguna manifestación”. Más tarde los policías
confirmaron que, estando de civil, pertenecían a la comisaría de la zona. La policía
haciendo inteligencia interior. Los gremios denunciaron penalmente este hecho.

El juez de Nueva York, el decrépito Thomas Griesa, aceptó el pedido del Gobierno para
levantar embargos contra el país. No obstante, lo condicionó a que el Congreso derogue las
leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que impiden mejorar la oferta realizada en los canjes de
2005 y 2010. Habrá que estar atentos para ver la actitud de los legisladores para anotar con
nombre y apellido quienes convalidan esta vergonzosa propuesta, que implicaría una toma
de deuda de más de 8.000 millones de dólares merced a un préstamo a pedir al FMI, que ya
sabemos las condiciones usurarias y ajustadoras que exige para otorgarlo.
21/02/16: El Gobierno quiere designar como fiscal general del fuero de seguridad social a
Juan Carlos Palluca, cuyo padre, del mismo nombre, es el Secretario de Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo designado por el macrismo en diciembre último, y a quien
debería controlar e investigar. El pliego de Palluca hijo fue enviado al Senado esta semana,
pero para eso antes fue retirado el de Gabriel de Vedia, quien había quedado primero en el
concurso, diecinueve puntos arriba de él. De Vedia es fiscal de primera instancia y subroga
en la fiscalía general ante la Cámara de Apelaciones. Cometió el “pecado” de participar en
actividades de Justicia Legítima y defender la sustentabilidad del sistema previsional. Acá
se cruzó la barrera del simple nepotismo.

22/02/16: El Gobierno comenzó con la segunda ola de despidos: esta mañana, en la Unidad
de Información Financiera, más de un centenar de empleados se enteraron que fueron
cesanteados a través de la Policía, en forma verbal y desde la puerta del edificio, ubicado en
Cerrito al 200, en el centro porteño. En lo que lleva de gestión, Mauricio Macri ya concretó
más de 26 mil despidos entre empleados de orden nacional, provincial y municipal, y según
anticipó el propio ministro del Interior, Rogelio Frigerio, existen otros 70 mil contratos
"basura" que se encuentran en "proceso de revisión", lo que anticipó este nuevo
achicamiento del Estado que comenzó a concretarse hoy. Así de increíble es su cinismo:
para terminar con la precarización de los contratos, dejan a los trabajadores en la calle.

El presidente brindó una breve declaración a la prensa en la Casa Rosada, en la que afirmó
que el Estado “no puede actuar como si fuese un aguantadero de la política” y debe “dejar
de ser un lugar desordenado, desarticulado, oscuro”. Luego tomó la palabra el ministro de
Modernización y Despidos, Andrés I-barra, quien presentó un plan para digitalizar y
“modernizar” el Estado, que se aprobará por decreto en los próximos días. Por lo visto que
pasó con los empleados de la UIF, esta reforma viene con el lema “achicar el Estado es
agrandar la Nación”, como propagaba la última dictadura cívico-militar-clerical-
empresarial, para justificar despidos masivos de empleados públicos. El “dialoguista y
democrático” presidente habló pocos minutos, por su pobre oratoria y para evitar
precisiones a sus anuncios, y se retiró sin dejar que los periodistas le formularan preguntas.
Hasta los apostados por el grupo Clarín se indignaron ante la actitud del primer mandatario.

Mientras se espera el tarifazo eléctrico, en medio de masivos cortes de luz, el ministro de

Shell en Energía, Juan Aranguren, confirmó que el aumento de las tarifas de gas llegará
antes de que empiece el invierno, y que todos los días, con una anticipación de 12 a 14
horas, "vamos a tratar de informar" dónde se interrumpirá el suministro eléctrico". Son
tantas las medidas anti populares que preparan que la ansiedad los desborda por
anunciarlas.

En el día de hoy, lunes 22 de febrero, se realizó en la sede de CTERA una conferencia de

prensa encabezada por Hugo Yasky – Secretario General de la CTA -, Roberto Baradel –
Sec. General de SUTEBA y miembro de CTERA – y Eduardo López – Secretario General
de UTE y Gremial de CTERA. Allí declararon que, a los agravios y mentiras de ciertas
comunicaciones, que difamaban a dirigentes sindicales docentes, se sumaron las
intimidaciones en la sede por personal de seguridad de civil que de incógnitos ingresaron el
viernes 19 de febrero, quienes luego afirmaron ser de la Comisaría 2º. A estos dos hechos
se suma los mails que la hija de Roberto Baradel recibió este fin de semana con amenazas
de muerte a su familia si no firmaban la paritaria de la Provincia de Buenos Aires con la
propuesta ofrecida por la gobernadora. El gremialista hizo responsable al presidente de la
Nación y a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires por la seguridad de su familia y
de los dirigentes y militantes docentes. Expresó que se han presentado las denuncias a la
OIT y que la Internacional de la Educación emitirá una declaración ante los graves sucesos
ocurridos. Además, el titular de Suteba pidió que se "reactiven las paritarias a lo largo y
ancho del todo el país", luego de la decisión del Gobierno nacional de dar marcha atrás con
el acuerdo alcanzado la semana pasada. Vale decir: a una semana del inicio de clases no
hay ni fecha planteada para una reunión. Entre la improvisación, el desconocimiento y la
mala fe todo va a la deriva presagiando tristes, caóticos y violentos momentos por venir.

En lo que ya se transformó en un sainete, mal actuado y sin gracia, la desplazada Directora

Técnica del Indec, Graciela Bevacqua, afirmó que hará una presentación contra el titular
del organismo luego de su despido. "Podría haber buscado otra justificación para
desplazarme", afirmó; y contó que Todesca le dijo que tenía prohibido hablar con el
ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. “Voy a denunciar a Todesca por injurias y acoso
laboral", ratificó la ex funcionaria. O sea, que va ir por tribunales contra el recientemente
internado, por oportunos de problemas de salud, director del Indec. Increíble.

Pero esto no es todo. El gobierno neoliberal suma siempre un numerito más a su repertorio
de papelones. El hasta ahora director de Cuentas Nacionales del INDEC, designado director
técnico del organismo, en reemplazo de Bevacqua, Fernando Cerro, fue denunciado por el
entonces diputado nacional de la Coalición Cívica, Alfonso Prat-Gay, por "falsificación de
las estadísticas" junto con la ex presidenta, Cristina Kirchner, y el ex secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, entre otros. El actual ministro sostuvo entonces que
las conductas denunciadas estarían encuadradas "en los delitos de incumplimiento de los
deberes de funcionario público, de abuso de autoridad en la designación de funcionarios
públicos, violación de secretos, falsificación de documento público, asociación ilícita,
malversación de caudales públicos, defraudación de contra la administración pública y
delito contra el orden económico y financiero". En ese entonces el ministro de Economía
era “opositor” a Macri en la ciudad. Hoy es su mano ultra derecha.

El director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, adelantó que la idea de la nueva

versión del Procrear, cuando aparezca, será más cara por la disminución de los subsidios y
llegará a más del 50% de los ingresos de las familias. Para acceder se deberá contar con
entre el 20% y el 30% del valor de la vivienda. Basavilbaso dijo que la propuesta del
presidente es la de "reemplazar la cuota de un alquiler por una cuota hipotecaria". "Se
puede, porque hicimos números para una familia de ingresos de $ 15.000 a $ 20.000, que
pagando una cuota de $ 8.000, podría tener un crédito hipotecario de $ 500.000, para llegar,
con un ahorro previo del 20% al 30% a un inmueble”. Sin embargo, la cuota hipotecaria
superará ampliamente a la del alquiler. Por ley esta última puede ocupar hasta el 30% del
sueldo, pero en el ejemplo del titular de la Anses los $ 8.000 corresponden al 50% del
ingreso de un hogar que gana $ 15.000. En declaraciones a radio La Red, Basavilbaso
señaló que el programa diseñado durante el kirchnerismo "tuvo un buen inicio" pero tiene
"muchas cosas para mejorar. Estamos analizando cómo hacer para masificarlo, teniendo en
cuenta que en la Argentina tenemos un déficit habitacional de 25%". Al respecto, mencionó
dos aspectos, uno vinculado a los subsidios que se otorgan, y otro a los canales de acceso.
"Hay muchos subsidios para pocas familias, muy altos, para pocas familias. Queremos dar
menos subsidios para más familias, para poder llegar a muchas más. Se dieron en tres años
150.000 créditos Procrear, queremos multiplicar ese número y para llegar a muchas más
familias, obviamente, lamentablemente, hay que bajar un poco el subsidio, pero siempre
poniendo más dinero del que se venía poniendo hasta ahora", afirmó. Además, se buscará
"que participe la banca privada, porque hoy en la Argentina el acceso al crédito hipotecario
es nulo, y si es sólo desde el Estado, vamos a estar siempre corriendo de atrás". No
obstante, negó que se busque así privatizar el programa: "Los fondos siempre terminan
saliendo del Estado y sumar bancos a la red no es privatizarlo, sino apalancar el programa y
que tenga más masividad", dijo. Cuando se le mencionó que esos $ 500.000 equivalen a
unos U$S 30.000 a U$S 32.000, sostuvo que, con ese monto, más ahorros previos o la
"venta de un auto", se encuentran departamentos "en Soldati, Lugano, la zona sur" de la
Capital. El Programa de Crédito Argentino (Procrear) fue lanzado por Cristina Fernández
de Kirchner el 12 de junio de 2012 con el objetivo de facilitar el acceso a la casa propia.
Pensar que el nuevo presidente había prometido, en campaña electoral, 1.200.000
viviendas.

23/02/16: El despido de personal que se dio ayer en la UIF es más que grave. Los
cesanteados completan el círculo de desmantelamiento de áreas y dependencias estratégicas
en la supervisión y control del sistema financiero. El primer desguace había sido en el
Banco Central, donde se desintegraron y se descabezaron los sectores de supervisión y
seguimiento de la banca. Junto a los cambios realizados en las últimas semanas en sus
funciones y la reducción de la planta de técnicos, el Gobierno le quitó a la UIF el lugar de
órgano central en las políticas de prevención y persecución de delitos financieros. Algunos
ex empleados fueron seguidos y filmados o fotografiados durante varias cuadras después de
que abandonaban la sede de la entidad. El resultado de estos cambios es una UIF debilitada
cuyo único propósito quedó reducido a informar al Ministerio de Justicia denuncias
vinculadas con el terrorismo y el narcotráfico, mientras que queda en una zona gris el
control de los delitos financieros. Entre los supuestos “despedidos militantes" se destaca la
cesantía de María Celeste Schiaffino, directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, quien se
desempeñaba hace más de doce años en el organismo creado en 2001, y había firmado
como apoderada de la unidad dictámenes en causas vinculadas contras el banco HSBC y
Clarín, entre otras firmas. Por lo tanto, acá no se trata sólo de facilitarles los negocios a los
amigos del presidente como al amigo presidencial Nicolás Caputo, a sus aliados como
Clarín o a sus socios como las corporaciones. Se trata también de despejar, a futuro, todo
tipo de registro de los delitos y corruptelas cometidas y por cometer.

La mega devaluación ha provocado una importante redistribución regresiva del ingreso.

Una manifestación de esa transferencia a sectores concentrados es la abultada ganancia
contabilizada por los bancos. Además de anotar esa utilidad equivalente al 65 por ciento del
total registrada en el último mes del año, el sistema financiero fue beneficiado con una
batería de medidas que le permite estar tranquilos con que han recuperado el control del
Banco Central: la desarticulación del sistema de administración del mercado cambiario, la
eliminación del control de capitales, la liberación en la fijación de la tasa de interés y de las
comisiones, la determinación de poner fin a la obligación de ingresar o de liquidar en el
mercado de cambios las divisas obtenidas por deudas financieras captadas en el exterior, la
desregulación total para el ingreso y salida de fondos externos y la libertad absoluta de
enviar divisas al exterior. Los funcionarios actuales son los que hablaban, refiriéndose al
gobierno anterior, del “corrupto sistema de capitalismo de amigos” …

24/02/16: Los organismos de derechos humanos tuvieron su primer encuentro con Mauricio
Macri. La reunión de una hora se realizó en la Quinta de Olivos, en un escenario de fría
cordialidad. Llevaron al encuentro un documento en el que manifestaban “una profunda
preocupación por los aspectos centrales de las políticas de derechos humanos en el país”.
En línea con la presentación hecha hace un mes en Jefatura de Gabinete, señalaron la
necesidad de continuar las políticas de Estado en el proceso de memoria, verdad y justicia,
inquietud por los despidos y por el protocolo de seguridad impulsado por el gobierno como
cerrojo a las manifestaciones callejeras. Recordaron la ilegalidad de la detención de
Milagro Sala y le pidieron al gobierno que la visita al país del presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, no sea un obstáculo para la tradicional movilización a la Plaza de
Mayo, esta vez con el fondo del 40 aniversario del golpe militar. Este fue uno de los pocos
puntos sobre los que obtuvieron respuesta. Macri se comprometió a “liberar” la plaza ese
día y sus ministros anunciaron que Cancillería iba a coordinar los movimientos con la
embajada norteamericana. También le reclamaron que pida a Obama la entrega de archivos
aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial. El
presidente contesto con un gesto. “Ah, no sabía que eso existía”, dijo sin ningún tipo de
rubor. Macri dejó hablar. No interrumpió. Pero intervino en tres momentos. Uno, para
garantizar la Plaza. Los otros dos fueron ante los reclamos por Milagro Sala y el protocolo
de seguridad, en ambos para manifestar sus diferencias. Los organismos dijeron que la
dirigente de la Tupac Amaru está detenida injustamente. Recordaron que funcionarios del
gobierno nacional están procesados, en libertad y ocupando funciones. La primera vez,
Macri respondió como lo hace habitualmente: dijo que eso es responsabilidad de la Justicia
de Jujuy, que actúa de modo independiente. Hizo un chiste sobre su sobreseimiento y la
verdad; y cuando el CELS volvió a insistir con el origen ilegítimo de la detención, se
levantó y se fue, aunque luego volvió. La tercera intervención estuvo ligada al protocolo de
seguridad. Macri lo defendió al decir que estaba en juego una colisión de derechos.
Prácticamente sin respuestas terminó una reunión que ubicó a unos y a otros en bandos
totalmente opuestos.

Hoy se cumple el primer paro nacional contra el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Lo
realiza la CTA en rechazo a los despidos masivos, la persecución ideológica y el techo a las
paritarias. Primer paso de la resistencia contra un gobierno que, en menos de tres meses, ha
pisoteado derechos e instituciones a favor del capital concentrado y las patronales.

El mercado cambiario volvió a registrar un fuerte faltante de dólares para abastecer una
demanda creciente, y el Banco Central tuvo que volver a venderlos para evitar una mayor
disparada en el precio. Pese a que la entidad que conduce Federico Sturzenegger resignó
119 millones de dólares en reservas, el billete verde se encareció 30 centavos para alcanzar
un nuevo máximo de 15,65 pesos. Es la segunda intervención vendedora del organismo
monetario del organismo desde que aplicaron un sistema de flotación sucia que avaló la
fuerte apreciación de la divisa en las últimas semanas. La anterior venta de dólares fue el
pasado jueves por 45 millones. Las reservas cayeron ayer en 175 millones de dólares hasta
los 28.889 millones. Sin una estrategia clara, el Central debió desandar su política
monetaria y aplicó la segunda suba consecutiva de la tasa de interés de referencia para el
sistema financiero para lograr disminuir la demanda de dólares. El shock de confianza que
auguraba el macrismo en campaña se convirtió en otra promesa incumplida. El aumento de
reservas que había anticipado el equipo económico de Mauricio Macri a través de una
mayor liquidación por parte del complejo aceitero y cerealero continúa sin aparecer, aunque
para esto el Gobierno ya encareció el dólar en más de 60 por ciento y eliminó las
retenciones a la exportación de todos los granos, con excepción de la soja que redujo la
carga en 5 puntos al 30 por ciento. Los exportadores habían acordado, según anunció a
principio de año el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, el ingreso de unos
400 millones de dólares diarios. Lejos de ese cupo, el sector liquida diariamente menos de
200 millones. Debido a la substanciosa venta en el mayorista y a la depreciación de activos
del BCRA como la libra esterlina, las reservas se hundieron U$S 175 millones a U$S
28.889 millones. Por supuesto esto es silenciado por los grandes medios de comunicación.

25/02/16: Finalmente el paro de ayer de ATE concluyó con una concentración en Plaza de
Mayo, donde se convocaron unas 50.000 personas. También hubo manifestaciones en otras
provincias. La masividad de la protesta volvió impracticable la aplicación del Protocolo de
Patricia Bolsrich, ministra de Seguridad. De hecho, en el centro el tránsito estuvo cortado
durante más de cuatro horas. En medio de esta protesta se sabe que el gobierno prepara una
nueva ola masiva de despidos, demostrando una vez más su nula predisposición a un
verdadero “diálogo” que, sin embargo, no se cansan en seguir pregonando.

El Congreso Nacional Justicialista de ayer fue un paso hacia adelante en la búsqueda de la

unidad, a pesar de algunos chispazos que levantaron la temperatura del plenario que se
celebró ayer en Obras Sanitarias. Todas las facciones del peronismo que formaron parte de
la coalición gobernante hasta diciembre acudieron a la cita y todas salieron de allí
comprometidas en avanzar con las negociaciones. El tema que partió aguas fue la
posibilidad de oponerse orgánicamente a la derogación de la Ley Cerrojo y la Ley de Pago
Soberano cuando el gobierno nacional lo impulse en el Parlamento. No hubo, finalmente,
acuerdo al respecto. Con la conformación de una Junta Electoral que representa a todos los
espacios en pugna (excepto La Cámpora, que cedió su lugar), se allana el camino para
avanzar con el cronograma electoral que concluirá el 8 de mayo, sea con una compulsa o
con la más probable coronación de una única lista de consenso. Entre tantas divisiones, sólo
gana el neoliberalismo gobernante.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, sigue sin llegar a un acuerdo con los gremios
docentes nacionales, a sólo cuatro días del inicio de las clases. Ayer, el ministro seguía sin
firmar el acta de aumento del 40 por ciento para el salario inicial que prometió
públicamente, lo que imposibilitó cualquier posibilidad de acercamiento entre las partes.
Convocados para las 12 del mediodía en el Ministerio de Desempleo, los gremios acudieron
a la reunión con la expectativa de llevarse la propuesta para discutirla en las asambleas,
pero las diferencias volvieron a surgir y tras un cuarto intermedio que se extendió por diez
horas, el diálogo fracasó. Está previsto que hoy, a las cinco de la tarde, se retomen las
discusiones. Mientras se les escamotea el aumento salarial a los docentes, se pretende pagar
15.000 millones de dólares a los usurarios fondos buitres.

El tramo final de las negociaciones del gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitres
más agresivos se convirtió en un culebrón. Un abogado de los acreedores Eliot
Management y Aurelius, entre otros litigantes, aseguró durante una audiencia en la Cámara
de Apelaciones de Nueva York que el jueves pasado habían alcanzado un principio de
acuerdo global con Argentina por una suma de 5000 millones de dólares. Las novedades,
recogidas inmediatamente por las agencias internacionales de noticias, fastidiaron a Daniel
Pollack, el mediador pro buitre impuesto por el decrépito juez Thomas Griesa, que emitió
una declaración donde intentó relativizar la existencia del entendimiento. “Esas
declaraciones violaron la confidencialidad de las discusiones entre las partes. Si hay un
acuerdo con esos u otros tenedores de bonos, los voy a anunciar yo”, expresó Pollack. El
Special Master confirmó con su enojo los “avances” en las conversaciones. Desde el
Palacio de Hacienda negaron que esos “holdouts” hayan dado su visto bueno. De esto no
puede salir nada bueno para los intereses nacionales…

Ante la escalada en el precio del dólar, el Banco Central debió rever su estrategia de
flotación sucia y volvió a intervenir en el mercado de cambios. El organismo vendió 15,2
millones dólares para compensar una oferta casi inexistente ante una demanda creciente. La
venta de ayer se suma a los 119 millones de dólares volcados anteayer y a los 45 millones
del jueves de la semana anterior. Las reservas retrocedieron en 32 millones de dólares,
mientras que en el mes acumulan una caída de 1217 millones de dólares. El stock
informado se ubicó en 23.857 millones de dólares si se descuentan los 5000 millones
aportados por un grupo de bancos extranjeros a través de deuda de corto plazo. La divisa
terminó cediendo cinco centavos hasta 15,60 pesos para la venta minorista. Esto sucede
mientras se siguen repitiendo, oficialistas y algunos “opositores, el “éxito” que fue la salida
del cepo.

El Gobierno autorizó ayer cortes programados de luz a 99.302 usuarios de Edesur y Edenor
entre las 13 y las 16 horas. La cifra equivale a unas 400 mil personas y según el
cronograma difundido por el Ministerio de Energía, que encabeza el hombre de Shell Juan
José Aranguren, el 88,1 por ciento de las interrupciones se realizó en hogares de la
provincia de Buenos Aires. Las localidades más afectadas fueron Lomas de Zamora,
Esteban Echeverría e Ituzaingó. Por la tarde, se informó que hoy no habrá nuevos cortes
preventivos por el alivio momentáneo que trajo la lluvia, pero eso no implica que no vayan
a producirse apagones por problemas en la red de distribución. De hecho, anoche a las 21
horas había 53.829 hogares sin luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires, según datos
informados por las empresas a través de la web del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad. Ese número por lo general suele ser incompleto porque muchos vecinos
denuncian que los cortes que sufren no son reflejados en el portal oficial. Cuando los cortes
se daban durante el gobierno anterior las empresas eran fuertemente multadas y los barrios
recibían sin cargo generadores de energía. La alegría amarilla no da luz…

26/02/16: Preocupado porque la falta de inicio de las clases se sume al descontento por la
inflación y la decepción por Ganancias, el Gobierno cedió y no sólo firmó un 40 por ciento
de aumento en el piso salarial docente, que rompe el techo que se había impuesto para las
paritarias, sino que comprometió con los maestros más fondos para que las provincias
puedan pagar los aumentos. Es probable que no teman el efecto “contagio” a otras
actividades porque los otros sectores estatales no tienen tanto peso ni sus paros la
repercusión que los de los docentes. En cuanto a los privados, la amenaza de despidos o
cierres será el freno “natural” al que acudirán los empresarios. Se verá…Pero esto de los
docentes pinta más para una excepción que para una regla.

En busca de la unidad de la central sindical, los dirigentes de las tres CGT compartieron un
almuerzo y acordaron un plan de lucha para intentar que las alícuotas de Ganancias sean
reformadas este año. También impulsarán un proyecto de ley en Diputados. La unidad de
estos sátrapas no es una buena noticia para Macri. Quizá la grieta empiece a achicarse…

Después de dos postergaciones, negociaciones de último momento y varias idas y vueltas,

finalmente el Gobierno sacó provecho del acuerdo que realizó con Sergio Massa y logró
evitar, con el apoyo de su aliado, su primera derrota política en el Congreso. Amparándose
en el decreto 406 publicado ayer en el boletín oficial, el diputado del Frente Renovador
Raúl Pérez acompañó al oficialismo en la firma del dictamen a favor del DNU que anula la
devolución del 15 por ciento de la coparticipación las provincias. Una vez más,
Cambiemos, el Peronismo Federal y el Frente Renovador votaron juntos en la comisión
bicameral de trámite legislativo, donde ayer también se dictaminó a favor del DNU que
derogó parcialmente la ley de medios, entre otros. El Frente para la Victoria cuestionó tanto
el DNU sobre coparticipación, así como el que creó el Enacom. Otra prueba del co-
gobierno del massismo…

El gobierno de Mauricio Macri emitió ayer los primeros 12.000 millones de pesos en bonos
con vencimiento en 2018 y 2020 y tasas de interés superior al 30 por ciento anual, que
forman parte de un programa de endeudamiento para este año que alcanzará los 40.000
millones. Estas colocaciones buscan ser un aporte a la tarea del Banco Central de contraer
la base monetaria y secar lo más posible la plaza de pesos, en el marco de la receta
ortodoxa contra la inflación y ofrecer un activo cuyo rendimiento le quite presión a la
demanda de dólares. La divisa continuó con presión alcista y el Central debió intervenir
nuevamente vendiendo dólares para evitar una suba mayor. Resignó 61,7 millones de
dólares en reservas y el billete verde se estabilizó en 15,60 pesos. Las reservas
retrocedieron en 91 millones hasta 28.766 millones de dólares. El Central además comenzó
a vender dólares en el mercado también para frenar la escalada en el precio. En una semana
ya lleva vendidos 237,2 millones de dólares para abastecer la demanda en un contexto de
baja liquidación por parte de los exportadores de granos. En lo que va de febrero las
reservas acumulan una caída de 1308 millones de dólares para cerrar en 28.766 millones, o
23.766 millones si se descuenta el préstamo de 5000 millones por parte de bancos
extranjeros. Pero la expectativa de suba se mantiene y en el mercado ilegal la divisa avanzó
8 centavos hasta 15,66 pesos, volviendo a cotizar por encima del precio oficial para la venta
minorista. Recién arranca el partido y “el mejor equipo en 50 años” empieza a hacer agua
por todos lados.

El fiscal de Cámara Ricardo Sáenz afirmó que Alberto Nisman fue “víctima de un
homicidio” en un dictamen que toma textuales, y asume como propios, los argumentos de
las querellas de su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado y de la madre del fiscal
fallecido, Sara Garfunkel, sin sumar elementos ni análisis de su producción. El planteo va a
contramano de la mayoría de los peritos, que sostienen que no hay rastros de la
participación de un tercero en la muerte del fiscal, y de la fiscal Viviana Fein y la jueza
Fabiana Palmaghini, que no creen poder inclinarse aún por ninguna hipótesis. Sáenz dice
que lo mataron después de denunciar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por
encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA y antes de ir a declarar al
Congreso, y que por eso la investigación siempre debió estar en el fuero federal porteño,
célebre por su permeabilidad a las negociaciones políticas. El escrito de Sáenz está plagado
de afirmaciones tramposas, como decir que en las manos de Nisman no había restos de
fulminante ni sangre (lo que las fotos y estudios desmienten); o que como lo vieron de buen
ánimo no se pudo haber suicidado; o que le dispararon desde atrás, cuando el orificio se ve
al costado. Sugiere también que la presencia del arma de Diego Lagomarsino fue para
engañar y “garantizar impunidad” y se lo debe imputar por todo lo investigado. La opereta
sigue su marcha, aunque tiene serios obstáculos para avanzar: la falta de pruebas que den,
al menos, indicios que el corrupto ex fiscal haya sido asesinado. En cambio, abundan las
que apuntan a que se trató lisa y llanamente de un suicidio.

27/02/16: La ex presidenta Cristina Fernández fue citada a declaración indagatoria para el

próximo 13 de abril por el impresentable juez federal Claudio Malodío; en la causa en la
que se investiga la venta de contratos de dólar a futuro por parte del Banco Central entre
septiembre y diciembre del año pasado; a pesar que la denuncia radicada no era contra ella.
También fueron llamados a prestar declaración el ex ministro de Economía Axel Kicillof y
el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros funcionarios del gobierno
anterior. Se trata de una denuncia presentada por los legisladores de Cambiemos Federico
Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR), por el supuesto delito de “defraudación contra la
administración pública”. Los legisladores oficialistas cuestionan que el BCRA haya
ofrecido cobertura sobre el tipo de cambio a un valor promedio de 10,65 pesos para marzo
de este año, mientras que en Wall Street contratos similares se transaban a 14/15 pesos, a
pesar de que por cuestiones regulatorias no existe la posibilidad de arbitraje entre ambos
mercados. El cuestionamiento lleva implícita la posterior devaluación aplicada por el
gobierno de Mauricio Macri, como si esa decisión política hubiera sido un hecho inevitable
a priori. Vale decir: este juez, vinculado estrechamente al grupo Clarín, cita a alguien que
no está denunciada. Si el “delito” es haberle hecho perder dinero al erario público, qué
hacer con Macri, que entre la caída de ingresos por la eliminación de las retenciones y el
pago que propone a los buitres, casi fundiría al Estado. Una denuncia demencial que
seguramente no prosperará pero que servirá para grandes títulos nacionales e
internacionales buscando desprestigiar a la ex mandataria, con ánimo revanchista y odiador,
y poder humillarla viéndola desfilando en público por los tribunales. A prepararse, porque
las operetas se multiplicarán y la paz social comenzará a peligrar con provocaciones y
falsas acusaciones, que al mismo tiempo son útiles maniobras distractivas.

Las reservas del Central bajaron ayer 210 millones de dólares, al cerrar en 23.556 millones,
una cifra que no tiene en cuenta el préstamo de corto plazo y alta tasa de interés de 5000
millones negociado con la banca extranjera. Con ese préstamo, las reservas suman 28.556
millones. La autoridad monetaria intervino con 150 millones de dólares en el mercado para
intentar frenar el alza del tipo de cambio, que finalizó en 15,63 pesos, con un incremento de
tres centavos respecto del jueves y de casi 1,50 pesos en el año. El titular de la institución,
Federico Sturzenegger, mencionó que se vendieron divisas para evitar movimientos
especulativos, pero no para sostener el valor de la moneda. El funcionario, cuando asumió
al frente de la entidad, había afirmado que el Central no participaría del mercado cambiario
para dejar a los inversores definir el precio de la divisa. Y los capitales que “ahora confían
en el país” no llegan…

28/02/16: Tras una semana de negociaciones a contrarreloj, mañana empezarán las clases
tanto en provincia de Buenos Aires como en Capital Federal. Los nubarrones se disiparon
luego de que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, oficializara el jueves a la noche la
oferta del 40 por ciento de aumento para el salario inicial a nivel nacional, lo que fue
considerado como un triunfo por los gremios, que lograron romper el techo del 25 por
ciento que había fijado el propio presidente una semana atrás. La postergada firma del acta
por parte de Bullrich, aceptada el viernes por los cinco gremios nacionales reunidos en
congreso de delegados, abrió el dique (tarde) para las paritarias en los dos principales
distritos, provincia y capital, que venían trabadas desde principios de febrero, cuando las
administraciones de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Berreta ofrecían un magro
24 y 22 por ciento respectivamente. Ante la amenaza de medidas de fuerza, ambos
terminaron por ceder y subieron la oferta más de diez puntos, aunque el conflicto sigue
abierto. Suteba y la FEB evaluaron ayer que la oferta de Vidal es aceptable, pero exigirán
que la paritaria siga abierta y atada a la inflación. En capital, la propuesta fue considerada
“insuficiente como para ser aceptada”, aunque “mínima como para asegurar el inicio de
clases”, explicó el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López.

Con 22 minutos a solas con el Papa, Mauricio Macri tuvo una de las audiencias más breves
jamás concedidas a un mandatario. Sólo la reina Isabel II estuvo a solas con Francisco por
menos tiempo, 17 minutos, pero fue porque llegó veinte minutos tarde a la audiencia y el
Papa tenía otro encuentro programado. El presidente argentino quedó muy lejos del récord
de la reunión más larga, la hora y 45 minutos que tuvo su antecesora Cristina Fernández de
Kirchner. Como para que quede en claro, la siguiente actividad de Jorge Bergoglio en la
mañana de ayer fue verse con el obispo de Quilmes, Carlos José Tissera. Ese encuentro fue
de las 10.20 a las 11.13, 53 minutos netos. Evidentemente tanto el Papa como Macri se
sacaron el tema de encima y al fin se juntaron para la foto. Un Papa que brega en su
discurso contra el neoliberalismo debe soportar que en su propio país gobierne un gobierno
de dicho signo.

La ola de despidos en el Estado continúa y no reconoce cuestiones mínimas de respeto

hacia los trabajadores. Ahora les tocó a los empleados del INADI, cuyas autoridades
decidieron cesar diversos contratos anunciándolo vía correo electrónico y un viernes a la
noche. El organismo, cuyo interventor es el ex funcionario de la Ciudad Javier Buján, les
comunicó a trabajadores contratados a través de un email que "el INADI ha decidido
cancelarla designación transitoria". Uno de los correos a los que tuvo acceso la periodista
de El Cronista Noelia Barral Griguera, se recibió el viernes a las 21 horas. Según fuentes de
ATE, en los últimos días fueron 10 los empleados cesanteados con esta particular
modalidad. El desprecio manifiesto, otro indicador del ánimo revanchista de la derecha
reaccionaria gobernante.

29/02/16: Marzo es un mes clave para una nueva ola de despidos del gobierno de Mauricio
Macri. Febrero termina con más de 800 empleados estatales que fueron cesanteados en la
planta atómica Atucha III, en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en ANSES y el
INADI. Esta es la forma republicana del gobierno de Cambiemos de estar “un poco mejor
todos los días”, como afirmó el presidente en campaña electoral y al asumir la primera
magistratura.

La Unión de Empleados de la Construcción denunció el despido de unos 600 trabajadores

de las obras de la futura planta atómica de Atucha III, ubicada en el partido bonaerense de
Zárate. "Empezamos a recibir telegramas el viernes y hoy siguen llegando, vamos a llegar a
los 600", advirtió el abogado de la Uecara, Facundo Ocampo. En el INADI, las autoridades
decidieron cesar 21 contratos y lo anunciaron vía correo electrónico el viernes a la noche. A
estos se le suman 120 empleados echados en el ANSES y 100 en la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo. Asimismo, caducan los convenios con universidades nacionales,
modalidad contractual que comprende a más miles de trabajadores que trabajan en la
administración pública. Por eso, en el Ministerio de Salud de la Nación, la Junta Interna de
delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realiza una permanencia
pacífica en la planta baja de la cartera que está a cargo de Jorge Lemus.

En el marco de la ola de despidos y maltrato despreciativo que viene ejecutando el gobierno

neoliberal, se conoció un audio en donde un funcionario de ANSES le ofrece un soborno al
director ejecutivo del organismo en San Vicente para que presente su renuncia,
advirtiéndole que, en caso de no aceptar la oferta, "avanzarán a un despido con justa
causa”. El hombre de ANSES que se escucha en la grabación se identificó como Francisco
Bosch, director de gremiales, y según se puede apreciar en el audio se presenta ante Diego
Barralle, el titular de la departamental de San Vicente. En el encuentro, Bosch dice ser
enviado por Alejo Maxit, secretario general del organismo y por Emilio Basavilbaso, su
titular. Según el organigrama de ANSES y fuentes de la cartera, Maxit es la virtual mano
derecha de Basavilbaso. Ambos trabajaron juntos en el Instituto de la Vivienda porteño
hasta que Mauricio Macri les hizo dar el salto al organismo nacional. La reunión se
concretó el pasado 12 de febrero en la propia oficina de Bosch, ubicada en el segundo piso
del edificio que la ANSES posee en Avenida Córdoba 720. Allí, Bosch procede a realizarle
un ofrecimiento a Barralle para que renuncie voluntariamente al organismo, ya que al ser
un trabajador que ingresó hace tres años y ocho meses a planta permanente no pueden
despedirlo con facilidad: "Entendemos que tenemos que avanzar sobre una desvinculación,
pero antes de llegar a eso estamos haciendo un ofrecimiento de desvinculación con una
renuncia diferida, y les pagamos tres sueldos para que se puedan ir acomodando y buscando
otra cosa", asegura Bosch en el audio conocido esta tarde. "Vos nos presentas un telegrama
de renuncia al 10 de abril y se te pagan esos tres meses, pero no prestas servicio. Todos los
meses se te paga como puesto de conducción y cuando se cumple la fecha se extingue la
relación con vos", explica con claridad el director de asuntos gremiales de ANSES, quien
luego advierte que en caso que Barralle y él no lleguen a un acuerdo "eventualmente"
avanzarán "hacia un despido con justa causa", admitiendo además que están ofreciendo el
soborno para evitar inventarle un motivo de despido: "No es la idea, por eso estamos
teniendo esta charla...", agrega el director de asuntos gremiales. Según abogados
consultados, el ofrecimiento de Bosch podría configurar el delito de "coacción agravada"
que prevé penas de hasta 12 años de prisión. Barralle, aún titular de la Unidad de Atención
Integral (UADI) de San Vicente aseguró que este no es el primer caso de intento de soborno
a trabajadores del organismo, y describió que forma parte de un "modus operandi" que la
nueva gestión adoptó para realizar una selectiva limpieza: "Sentí la obligación de grabar la
reunión para brindar testimonio de lo que estaba pasando y así poner de manifiesto el
modus operandi que tiene esta gente de extorsionar y apretar. Me están ofreciendo ser
ñoqui porque me quieren sobornar por no trabajar tres meses", describió el trabajador. Así
continúan los atropellos, mientras algunos sindicatos miran para otro lado.

Dos demandas en el Ciadi se cayeron y la otra no tiene sentencia. Los bonistas italianos no
quisieron pagar los gastos del arbitraje y el tribunal decidió dar por concluido el proceso.
Pese a ello, el ministro Alfonso Prat-Gay acordó pagar 1350 millones de dólares en
efectivo. El funcionario informó que el acuerdo lo cerró con el representante de bonistas
italianos, Nicola Stock, abogado y líder del grupo Task Force Argentina. Se mencionó en
un comunicado de prensa que el monto involucrado asciende a 1350 millones de dólares,
900 millones de capital original y el resto de intereses acumulados. La suma es la mitad de
lo reclamado ante el CIADI, lo que desnuda la estrategia de inflar la demanda para luego
negociar una quita que no fue tal, como quedó en evidencia con el acuerdo sellado con el
equipo económico de Prat-Gay. Este tipo de demanda en el Ciadi (que han concluido
porque no se pagaron los gastos, y el que está vigente no tiene sentencia) son las que el
ministro de Hacienda y su secretario de Finanzas, Luis Caputo, decidieron acatar pagando
el 150 por ciento del capital original de la deuda en default. La banca italiana disfrazada de
bonistas, Nicolas Stock, abogados y lobistas están agradecidos.

Pese a que hubo acuerdo en la paritaria nacional y a que las clases comenzarán
normalmente en la provincia con mayor cantidad de escuelas, la de Buenos Aires, así como
también en la Capital Federal, los establecimientos de siete provincias no iniciarán hoy el
ciclo lectivo. Los distritos afectados por paros son Entre Ríos, Córdoba, Neuquén, Santa Fe,
Mendoza, Chubut y Santa Cruz. También anticiparon que harán paro los docentes de Tierra
del Fuego, donde el inicio de las clases estaba fijado para el miércoles. Los gremios en
conflicto se quejaron por la demora en convocarlos a la negociación. Este es el interés por
la Educación Pública que demuestra el gobierno neoliberal.

Los dirigentes del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y trabajadores del canal CN23
mantienen desde esta mañana una protesta en las puertas de la empresa y -en forma
paralela- en el interior de la emisora en rechazo a los 136 empleados despedidos. En tanto,
los trabajadores de Radio América, Tiempo Argentino y el Grupo 23 —la otra parte del
grupo mediático vendido por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel— junto al Sindicato de
Prensa de Buenos Aires (Sipreba) realizaron una conferencia de prensa en la puerta del
edificio del grupo de medios (Amenábar 23) para anunciar una movilización el jueves 3 de
marzo a las 15, que partirá desde la 9 de Julio y Corrientes hasta la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Si estos son los empresarios progresistas, qué esperar del resto…
 CARTA ABIERTA A HERNAN LOMBARDI

Cuando los periodistas de Radio Nacional se hicieron presentes en la emisora para

retomar el trabajo su tropa, ingeniero Lombardi, les impidió la entrada. Ello a pesar que
tenían contrato vigente por todo 2016. Su bufet de abogados seguro ya estará trabajando en
ello: viendo qué artilugio invocar para rescindirlos y evitar así indemnizaciones.
Como eficaz funcionario neoliberal, no para de “ahorrarle” gastos al Estado, al que
tanto vituperan pero del que tanto succionan, sino para gozar del placer de hasta privar a los
trabajadores periodistas de sus derechos legales. Pues en su relato, oficial Lombardi, estos
contratos son inválidos simplemente porque se firmaron el año pasado bajo la gestión de
otro gobierno.
Qué bueno sería que aplique ese criterio a los fondos buitre, ¿no? Aunque tampoco
podrían pues fueron ustedes, los sushi boys, parte de ese engendro llamado Alianza los que
contrajeron gran parte de la deuda externa de ese entonces. No, agente Lombardi, sus
dichos nunca cierran. “Tenían contratos por afuera de los valores del mercado”, espetó a los
cuatro vientos. Pues es cierto: ganaban el 20 % de lo que ganan, por ejemplo, los
“soldados” de Radio Buitre. ¿Trescientos mil? ¿Cuatrocientos mil? Algunos hablan de
hasta $ 500.000 mensuales para divulgadores neoliberales como Longobardi o para los todo
terreno como Alfredo Leuco o Marcelo Bonelli. ¿De qué estamos hablando?
Usted llegó a su actual cargo no para garantizar la pluralidad de voces, sino para
controlar las críticas y denuncias contra su gobierno neoliberal. Nadie desmintió al
periodista Daniel Tognetti sobre su imposición de no informar sobre los despidos en la
administración pública en los noticieros de la radio. ¿Será para hacerlos más breves, dada la
multiplicación de cesanteados del Estado? ¿Será para evitar malestar en la población con
noticias desagradables, cada vez más asiduas y frecuentes? ¿Este es su aporte patriótico
para la revolución de la alegría?
Usted vino a poner orden, prefecto Lombardi. Por eso eliminó de la grilla de la TV
Pública al programa 678. ¡Qué es eso de andar mostrando archivos para recordar conductas
indecorosas del pasado, o para comparar dichos que se contradicen con hechos o con
discursos presentes! Eso es agresivo para la templanza televidente, por eso mejor
suprimirlo y después decir que fue la productora de ese programa la que lo retiró del aire.
Total, ¿quién lo va a contradecir? ¿El libertario Nelson Castro?
Diga cualquier cosa, celador Lombardi, que el periodismo in the pendiente no lo va
a desmentir. Ofrezca al periodista opositor Víctor Hugo Morales continuar en Radio
Nacional y no aclare a la opinión pública que son programas musicales y ad-honorem para,
de paso, quedar como un generoso altruista y hombre pluralista.
También está habilitado para seguir diciendo, servicio secreto Lombardi, que el
Centro Cultural Kirchner no tenía habilitación municipal cuando el mismo funcionaba en la
ciudad donde su Partido es gobierno y usted era secretario de cultura. Y repita que todos
esos pibes que allí trabajaban, y que usted echó como a perros sarnosos, eran ñoquis y, al
mismo tiempo, continúe regurgitando con su vozarrón insoportable que los pobres
muchachos estaban con contratos precarizados trabajando Y riámonos juntos viendo cómo
los despide para que no sigan empelados en esas condiciones “esclavistas” que usted estuvo
denunciando. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿O cree que alguien se acuerda cuando usted era
secretario de turismo de Fernando De La Rúa (sí, ingeniero y secretario de turismo y ahora
de cultura) y propiciaba con publicidad estatal veranear en Buenos Aires mientras
vacacionaba en el exterior? Nadie. Porque, claro, esos programas de archivos, ajusticiados
por su implacable gestión dialoguista, alimentaban el resentimiento haciéndole recuperar la
memoria a la gente. No aportaban nada positivo para la nueva Argentina que está
renaciendo, con su resplandeciente sol amarillo en su bandera. Por eso nadie le va a poder
hacer recordar al público que su presidente en campaña aseguraba que iba a levantar 678
como si fuera el augurio de la pluralidad que se avecinaba.
Así que dele nomás y cierre el Teatro San Martín, como ha hecho, y diga que es por
reformas como ya vilipendió a los cuatro vientos, repitiendo que los centenares de Centros
culturales que clausuró durante su gestión en la Ciudad fueron por razones de “seguridad”,
manipulando el antecedente de la tragedia de Cromañón. Así que siga con su cruzada
liberadora de populistas, como su compadre Avebruto, ministro de un chacho de Cultura,
que cierra el Instituto Dorrego por “tendencioso” sin siquiera reformularlo o crear uno
nuevo “mejorado”. Para qué tanto gasto en pensar. Como la secretaría de pensamiento que
dirigía Ricardo Forster, que encima tenía un nombre larguísimo. Si hasta eso recortan…En
fin, a esta altura, sargento Lombardi (su ascenso en la escala, con tanto mérito acumulado,
seguro no parará hasta general), continúe revisando legajos, páginas de Facebook y
afiliaciones, y no se distraiga tanto por ahí improvisando equívocas explicaciones a sus
polémicas decisiones, que siempre queda algún trabajador estatal sin despedir por pensar
distinto.
A usted le tocó la innoble tarea de tapar ojos y cortar lenguas, así que continúe con
el legado que le confirió su jefe político de terminar con las divisiones entre los argentinos,
que la salud de la república está en juego…
01/03/16: El gobierno de Mauricio Macri acordó pagarles en efectivo 4653 millones de
dólares a los cuatro fondos buitre que encabezan la demanda contra la Argentina por sus
tenencias en bonos defolteados desde 2001. Este pago comprendería al 75 por ciento de la
deuda en litigio y deberá realizarse antes del 14 de abril próximo. Si se suman otros fondos
litigantes que aceptaron la propuesta del gobierno, la resolución alcanzaría al 85 por ciento
de la deuda demandada. El dinero provendrá de la colocación de nuevos títulos públicos,
por aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, para lo cual requerirá que el
Congreso apruebe antes de esa fecha la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago
Soberano. El arreglo con el 93 por ciento de los bonistas que aceptaron las
reestructuraciones del kirchnerismo había ascendido a 30.000 millones de dólares. “En tres
meses lo pudimos hacer”, sostuvo al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso-Prat Gay, al
anunciar junto al secretario de Finanzas, Luis Caputo, el acuerdo alcanzado sobre el que
sólo pudo hacerse una poda del 25 por ciento sobre la sentencia sin discutir capital. Los
canjes de 2005 y 2010 se habían realizado con una quita de 67 por ciento. El gobierno
espera cerrar lo antes posible este acuerdo para poner en marcha la maquinaria del
endeudamiento. “La única forma para llevar adelante el país es con crédito”, afirmó Prat-
Gay, quien explicó que si no se consigue ese financiamiento externo bajar el déficit fiscal
requeriría de un ajuste menos gradualista. Prat-Gay, muy suelto de cuerpo, se regodea
anunciando como un mérito de negociación lo que fue una rendición ante los fondos
especulativos. El apuro por “acordar” deriva de que todo el plan económico de Cambiemos
parece basarse en el endeudamiento externo. Y derogar la ley de Pago Soberano es un paso
clave para abrir esa puerta que nuestro país nunca tendría que volver a abrir. El inicio de un
nuevo ciclo de endeudamiento, que comenzó con 5000 millones de dólares del BCRA y
sigue con la emisión de 15 ó 20.000 millones de dólares, que nunca ingresarán a nuestro
país y que irán a alimentar a estos carroñeros internacionales que son los fondos buitre. No
sólo se violan así los principios en materia de deuda soberana de la ONU y se generan
riesgos legales incalculables para el futuro, sino que es un retorno a los mismos errores que
en el pasado condujeron a la Argentina a su peor crisis económica, política y social. De
desarrollo, inclusión o pobreza cero, ni hablar. Traicionando a la patria, también se hace
historia.

Las designaciones dentro del gobierno de Mauricio Macri siguen dando que hablar: este
martes se conoció que el líder de América Latina del JP Morgan, Vladimir Werning, fue
designado como secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo,
dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas que conduce Alfonso Prat-Gay.

El Gobierno neoliberal derogó una resolución que prohibía a militares condenados o

procesados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura atenderse en
hospitales castrenses. Se trata de una medida que había adoptado el entonces ministro de
Defensa, Agustín Rossi, tras la fuga de dos represores del Hospital Militar Central Cosme
Argerich, de Palermo. Hoy, mediante la resolución 65/2016, el actual titular de la cartera,
Julio Martínez, ordenó derogar la resolución 85 con fecha 26 de julio de 2013. Esa medida
había sido tomada luego de que dos represores, Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, se
fugaran tras haber sido atendidos en el Hospital Militar Central Cosme Argerich ubicado en
la avenida Luis María Campos: "Adoptamos la resolución de no aceptar dentro de
hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa
humanidad, ya sea en el caso de internación o tratamiento ambulatorio para evitar
situaciones como la que se produjo la semana pasada", explicó en su momento Rossi.
También en los detalles se le notan las patas a la sota…

02/03/16: Finalmente, reabrió sus puertas el ninguneado Congreso de la Nación. Allí, cen
un tono agresivo hacia la gestión anterior, Mauricio Macri dio ayer su primer discurso de
apertura de sesiones frente a la Asamblea Legislativa. Tal como le reclamaban algunos de
sus socios y un sector del PRO, el presidente dedicó buena parte de su exposición a
quejarse de la denominada “herencia” kirchnerista, utilizando algunos minutos para
enumerar genéricamente la agenda legislativa que buscará impulsar y, por último, para
retomarlos slogans de campaña sobre “los desafíos” de su mandato: pobreza cero,
narcotráfico y “unir a los argentinos”. Durante una hora exacta, Macri despertó aplausos de
los legisladores oficialistas y recibió críticas y gritos por parte de los del Frente para la
Victoria, que le recordaron los miles de despidos provocados a partir del 10 de diciembre,
la represión de la protesta social, y la existencia de una “presa política”, en referencia a
Milagro Sala. En su tramo más “sustancioso”, el presidente retomó la receta neoliberal:
defendió el ajuste del Estado, criticó el déficit fiscal y la elevada presión tributaria, atribuyó
la inflación a la emisión monetaria, y habló de “volver al mundo”. Sin grandes anuncios, a
los legisladores les pidió apoyo para iniciativas como derogación de la ley cerrojo y
sorprendió al pedir que la modificación de las escalas del Impuesto a las Ganancias se trate
“lo antes posible”. Sintetizando: entre frases huecas, consignismos generales, retórica vacía
y mal leída, omisiones significativas, mentiras a la vista y falsas promesas, graves en su
contenido y no en su paupérrima oratoria a media lengua, el representante de las
corporaciones en la presidencia dejó claro que la receta neoliberal clásica tiene su
condimento revanchista como estrategia renovada, a la manera de la revolución fusiladora
del ’55. La escasa presencia de gente en las calles acompañando su “mensaje”, otro dato
revelador para confirmar el carácter elitista y excluyente de sus políticas ajustadoras y
segregacionistas.

El protocolo de seguridad tuvo su debut ayer, con una represión al gremio de los bancarios,
que se movilizó a dos cuadras del Congreso en simultáneo con el discurso de Mauricio
Macri, para protestar por los despidos en el Banco Central, los cambios que el Gobierno
hizo al Impuesto a las Ganancias y contra el techo a las paritarias. Ocho trabajadores
resultaron heridos por la acción de la Policía Federal, que respondió con gas pimienta,
palazos y balas de goma al intento de los bancarios de ingresar al perímetro de la ceremonia
oficial. Así, mientras fanfarroneaba en el Congreso con su llamado al diálogo y a la
tolerancia, el nuevo gobierno daba palos a los que se protegen legítimamente contra el
avasallamiento de sus derechos.
El dólar volvió a marcar un récord de cotización al cerrar en 16,1 pesos, con un aumento de
23 centavos respecto del día anterior. “El dólar a 16 es carísimo. Es un precio de pánico. El
que compra a ese valor es porque tiene miedo”, había dicho el ministro de Hacienda,
Alfonso Prat-Gay, a fines de octubre en plena campaña electoral. La suba del tipo de
cambio, así, ascendió ya a 65 por ciento desde el inicio del gobierno de Macri. La corrida
cambiaria se potenció en las últimas semanas. Ayer las reservas bajaron 191 millones de
dólares, finalizando en 23.194 millones (con el pase de la banca internacional, 28.194). El
Central intervino con 237 millones de dólares para intentar frenar las expectativas de
devaluación. La autoridad monetaria también subió fuerte en casi seis puntos porcentuales
la tasa de interés, que cerró en 37 por ciento anual, y les prohibió a los bancos incrementar
sus activos en moneda extranjera con el objetivo de frenar la corrida.

Las importaciones desde Brasil registraron en febrero un crecimiento luego de ocho meses
consecutivos de caída. En un contexto de deterioro del salario real y de la demanda interna
por la aceleración inflacionaria, ese incremento de las compras externas sólo puede
explicarse por la mayor apertura comercial luego de la eliminación de controles que aplicó
el macrismo. Es más, contradice el sentido común que reza que la devaluación mejora en
todo tiempo y espacio la competitividad de las firmas, ya que el encarecimiento de los
productos del exterior no sólo no desincentivó su ingreso, sino que sucedió lo contrario. Del
mismo modo, las exportaciones al país vecino, a pesar de la suba del dólar del orden del 60
por ciento, cayeron 30,9 por ciento en lo que va del año. El camino al desastre está
trazado…

La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Gabriela Michetti, emitió una

resolución en la que ordena 300 despidos de personal de planta transitoria en distintas
dependencias del Senado y dispuso la jubilación de otros 70 empleados. El decreto, firmado
un día antes del discurso de Mauricio Macri en el Congreso, se difundió hoy. Así,
despidiendo gente, combate el gobierno neoliberal la desocupación y la pobreza. Un
cinismo insuperable.

A un año, un mes y dos semanas de la muerte de Alberto Nisman, en una resolución

sorpresiva, la jueza Fabiana Palmaghini decidió mandar la investigación al fuero federal, el
más cercano al gobierno de Cambiemos, el más dócil y sensible a los negociados políticos y
las operaciones de inteligencia. Era lo que pretendía la ex esposa del fiscal fallecido y jueza
federal, Sandra Arroyo Salgado, lo que suena como música celestial en Washington y
Jerusalén y les sirve a todos como herramienta contra el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner. La resolución invoca cosas que están desde el primer día en la causa y, muy
brevemente, condimentos más nuevos del expediente. Uno de ellos, el central, es el
llamativo regreso del ex jefe de operaciones de la ex Side, Antonio Horacio Stiuso, quien
estaba recluido en Miami desde febrero de 2015, resguardándose de las denuncias en su
contra, para ampliar su declaración testimonial original. El ex agente declaró que a Nisman
lo mataron, que fue por su investigación del atentado en la que apuntó a Irán, y por su
denuncia por supuesto encubrimiento contra el gobierno de Cristina Kirchner. Stiuso
sostuvo que el homicidio fue cometido por un grupo comando ligado al anterior gobierno,
pero no pudo distinguir si con integrantes argentinos o extranjeros, tampoco sabe cómo
actuaron ni cómo entraron ni como salieron del edificio. La resolución de Palmaghini era
esperada en las oficinas del Gobierno. Los rumores que circulaban la semana pasada era
que la situación de Lagomarsino se complicaría y ya se especulaba sobre cuál de los jueces
federales se haría cargo del expediente. Como moño, la jueza denunció a la fiscal Viviana
Fein porque Stiuso dijo que en su primera declaración había hablado de homicidio y eso no
quedó asentado por escrito. Sin embargo, Stiuso firmó aquella declaración. Lo que creó el
clima para que aparezca como una idea fuerte y arraigada que a Nisman lo habrían matado,
fue el cambio de gobierno, el alineamiento de Arroyo Salgado con Macri, y el estruendoso
dictamen, la semana pasada, del fiscal de Cámara Ricardo Sáenz –también aliado
oficialista–, basado en datos engañosos como decir que no había fulminante en las manos
de Nisman. Dos días antes, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había
aparecido en el diario español El País afirmando que, en el expediente de la muerte de
Nisman, como tramitó hasta ahora, “hay impunidad”, lo que fue leído como una presión
para que la Cámara del Crimen definiera el pase de fuero. La realidad es que, hasta ahora,
las principales pruebas y peritajes que había en la causa apuntaban a la teoría de suicidio:
todos los peritos oficiales y de la defensa habían dictaminado en ese sentido, sin hallar
indicios de asesinato. Pero recién ahora la jueza dice que la base de esos estudios está
contaminada. Sólo queda la defensa de Lagomarsino para cuestionar la resolución de ayer.
No hay una sola evidencia de participación ni de iraníes ni de agentes de otros países. No
existe el menor dato respecto de que alguien extraño haya entrado al edificio. Hasta ahora
las evidencias coinciden en que Nisman se quitó la vida según señalaron la Junta Médica –
no hay accionar homicida– y la junta criminalística –“no había otra persona en el baño en el
momento del disparo”–, lo que le quita casi todo valor a lo señalado por el ex espía. Un
dato curioso es que tanto Moro como Stiuso sostienen que Lagomarsino no tuvo que ver
con el crimen. El argumento de Stiuso es sorprendente: que los asesinos entraron en el
departamento y se encontraron de casualidad con que Lagomarsino le había prestado el
arma al fiscal. Entonces, la utilizaron. Desde hace casi un mes, los trascendidos daban a
entender que esta causa, la de la muerte de Nisman y la de la denuncia por el Memorándum
de Entendimiento con Irán, serían las puntas de lanza contra CFK. La inmoral opereta sigue
su curso.

El Gobierno volvió a despedir hoy a empleados encargados de controlar a las empresas,

luego del relanzamiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia hace dos
semanas. Son entre 200 y 250 echados, que se suman a otros tantos que habían sido
cesanteados hace un mes. El Gobierno cree que el control y seguimiento de precios no tiene
un rol fundamental para frenar la inflación, a diferencia del kirchnerismo. Por eso, ya
redujo buena parte del personal que se encargaba de monitorear y juntar información de las
empresas, tanto las que estaban en los distintos programas (Precios Cuidados, Ahora/12)
como de las que habían aplicado aumentos excesivos. Esto es: a la vez que se ajusta el
gasto público y se despide personal para disciplinar trabajadores, se desmantelan los
controles de los beneficiarios de estas medidas. Capitalismo salvaje en estado puro.

El Gobierno continúa con su política de achicamiento de la plantilla de empleados públicos

con el argumento de que las oficinas eran un "aguantadero de militantes". Sin embargo, el
despido de empleados comunes viene acompañado del incremento de cargos jerárquicos,
cuyas designaciones dependen de la decisión del funcionario de turno y que conllevan altos
sueldos. El último ejemplo de esta maniobra se dio a conocer el miércoles, con la
organización de la estructura que compone el Plan Belgrano, un área dependiente de
jefatura de Gabinete para ejecutar las obras públicas que el presidente prometió para el
Norte del país durante su campaña. A través de un decreto, se modificó el presupuesto 2016
para "cambiar" seis cargos públicos categoría C por cuatro subsecretarías y dos direcciones
nacionales, cuyos sueldos ascienden a los 50 mil pesos cada uno. Huelgan los comentarios.

03/03/16: El abogado del ex espía Horacio Antonio Stiuso aclaró ayer que su cliente “no
tiene pruebas directas de que a Alberto Nisman lo hayan asesinado. Tampoco tiene un
testigo ni nada que se le parezca; sino sólo una interpretación de los precedentes que
pudieron llevar a que a Nisman lo mataran. “Tampoco sé qué grupo intervino”, afirmó el
¿ex? espía. De esta manera, Santiago Blanco Bermúdez, letrado de Stiuso, dejó aún más
huérfana la declaración del agente de inteligencia ante la jueza Fabiana Palmaghini. Pese a
la inexistencia de pruebas que sustenten los dichos de Stiuso, la magistrada tomó una frase
de ese testimonio para enviar la causa al fuero federal, cumpliendo con el anhelo de la ex
esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y del gobierno macrista. El objetivo
parece ser la propia ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, mencionada ayer por
uno de los abogados de Arroyo Salgado, adelantando que podría o debería ser citada. La
ausencia de pruebas por parte de Stiuso quedó patentizada en las declaraciones que hizo
ayer el abogado del ex agente: estuvo dubitativo y sin respuestas; no pudo contestar, por
ejemplo, quién pudo haber integrado el supuesto grupo que mató a Nisman. En su
especulación sobre lo ocurrido, Stiuso hizo una curiosa interpretación sobre el arma que
mató a Nisman. “No me cierra. No me parece que Alberto (Nisman) hubiera pedido
prestada una pistola para defender a sus hijas. Pero puede ser que el comando haya entrado
al departamento del fiscal y se encontró con el arma de Lagomarsino. Entonces
aprovecharon la oportunidad y simularon un suicidio”. O sea que un comando ultra
especializado usó, de casualidad, una pistola de hace 40 años. La versión de Stiuso se
contrapone hasta ahora a las pericias, a lo que se ve en las cámaras de Le Parc, y a las
constancias del expediente. De los médicos forenses, 13 de 15 sostuvieron que no hay
evidencia de un accionar homicida y cinco de los seis criminalistas firmaron un dictamen
en el que sostienen que en el baño no había ninguna otra persona fuera de Nisman. Pero,
además, no existe en la causa un solo testimonio que mencione la presencia de gente
extraña en el edificio aquel 18 de enero de 2015. Tampoco se observa a ninguna persona no
identificada en las cámaras, aunque había en el edificio puntos ciegos y, finalmente, nadie
sospechoso alquiló un departamento en el edificio y no hubo propietarios o inquilinos que
se fueron definitivamente de Le Parc después de la muerte del fiscal. Si la muerte de
Nisman fue perpetrada por un grupo sofisticado iraní, no queda claro por qué no
aprovecharon que Nisman anduvo por el mundo sin custodia en las semanas anteriores. Sin
ir más lejos, el fiscal paseó por Europa sin ningún guardaespaldas. En cambio, los infalibles
iraníes prefirieron meterse en un edificio en plena Buenos Aires, con vigilancia privada,
dos prefectos y dos policías federales a cargo de la seguridad. La hipótesis de que
estuvieron todos comprados no tiene respaldo ni en la lógica ni en el expediente. El
abogado de Stiuso se quedó sin palabras cuando tuvo que explicar por qué el agente no
habló de asesinato en su primera declaración, en febrero de 2015. Sin embargo, parece
cantado que la denuncia quedará en la nada porque las firmas de Stiuso y Blanco Bermúdez
son una prueba definitiva de que el agente no dijo entonces lo que ahora sacó de la galera.
Pero lo llamativo es que Palmaghini le dio entidad y usó apenas una frase del agente para
fundamentar el pase a la justicia federal. Tras dedicar 40 páginas a hablar de los custodios
de Nisman –concluyendo que no hay pruebas de que incumplieron sus deberes–,
Palmaghini esbozó en unas pocas líneas su voltereta judicial. Hace dos semanas dijo que no
había razones para mandar el expediente al fuero federal y ahora sorpresivamente sostuvo
lo contrario. Vaya otro ejemplo del estado calamitoso en que se encuentra el poder judicial.

Darío El Pérfido no renuncia. Tampoco le pedirán que lo haga Mauricio Macri ni Horacio
Rodríguez Berreta. Este último lo confirmó anoche en la reunión que mantuvo con artistas
y organismos de derechos humanos en la Jefatura de Gobierno ubicada en Parque Patricios,
en la que, una semana atrás, había prometido dar una respuesta ante el multitudinario
pedido de que el ministro de Cultura fuera removido de todos sus cargos por sus dichos
sobre la cifra de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. El jefe de
Gobierno porteño dijo que el funcionario ya había pedido disculpas y que eso es suficiente,
pero quienes se congregaron anoche en Uspallata 3160 dejaron en claro que “la renuncia no
es negociable” y que seguirán con el reclamo hasta que el Ejecutivo local les dé la respuesta
que esperan. Anoche cerca de 150 personas se concentraron en la puerta de la Jefatura de
Gobierno para esperar una respuesta positiva (“la única aceptable”, según los organismos) y
para entregar diez mil nuevas firmas contra El Pérfido, que sumadas a las que ya estaban
hacen un total de 20 mil.

04/03/16: Cinco años antes de que el Congreso sancionara la Ley de Servicios de

Comunicación Audiovisual, un conjunto de organizaciones, agrupaciones, colectivos
informales e individuos relacionados con la comunicación –trabajadores, profesionales,
académicos, universitarios– emitió un documento que sirvió de germen de esa norma. El
debate de aquellos 21 puntos por el derecho a la comunicación en todo el territorio nacional
y su transformación, luego, en norma, fue un proceso que ubicó al país como ejemplo
mundial en cuanto al respeto y fortalecimiento del derecho humano a la comunicación.
Doce años después, la Coalición que forjó esa base volvió a reunirse: bajo el lema “Si el
derecho a la comunicación está en peligro, todos lo están”, sus integrantes se reencontraron
en un Congreso nacional con el objetivo de pensar cómo reconstruir lo que el gobierno de
Mauricio Macri quiere destruir a través de los decretos que, desde diciembre del año
pasado, mutilaron la Ley de Medios. Les reclamaron a los diputados que rechacen la
validez de los DNU y alumbraron un nuevo documento que recoge el espíritu de aquel
originario y, a la vez, amplía el espectro del debate en torno de la democratización de la
comunicación. Veremos qué hacen y cómo vota el “honorable” Congreso de la Nación…

La fuerte suba de la tasa de interés de más de seis puntos porcentuales, que ubicó el
rendimiento de las letras del Banco Central en 37 por ciento, tuvo efecto para disminuir las
presiones en el mercado cambiario. La cotización del dólar cerró ayer a 15,53 pesos, con un
retroceso de 40 centavos respecto del miércoles, jornada en la que se registró una baja de
10 centavos. El tipo de cambio venía de semanas de fuerte suba que lo llevaron a tocar a
principios de marzo un máximo de cotización de 16,1 pesos. La estrategia de la autoridad
monetaria de subir fuertemente la tasa de interés de referencia para bajar el precio del dólar
tiene un importante impacto en la economía real, al encarecer el costo de los créditos para
las empresas y de los préstamos para el consumo. Las reservas del Central se ubicaron en
23.119 millones de dólares (con el pase de la banca extranjera, 28.119 millones), al
disminuir 4 millones en relación con la jornada anterior. La caída de las divisas de la
entidad mermó notablemente si se tiene en cuenta que en los últimos días los registros
anotaron bajas de más de 170 millones diarios. O sea: apagan el incendio con querosén.
La campaña de despidos en el Estado desplegada por el macrismo no se detiene. Los
setenta trabajadores del programa Conectar Igualdad, que depende del Ministerio de
Educación, fueron despedidos ayer por las autoridades. Lo más probable es que ahora este
programa pase a manos de alguna multinacional o que lisamente lo dejen morir. Un
programa exitoso en el país, con más de 5 millones de netbooks entregadas, otra de las
víctimas del ajuste neoliberal.

El candidato a integrar la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pasó ayer casi seis horas
respondiendo preguntas en el marco de la audiencia pública realizada en la Comisión de
Acuerdos del Senado. El abogado y ex ministro de Justicia recibió reiterados
cuestionamientos por parte del bloque del Frente para la Victoria por su decisión de haber
aceptado su designación por un decreto del presidente. Ante esa situación, que contradice
su propia postura planteada en su Tratado de Derecho Constitucional, Rosatti explicó que lo
hizo porque en el mismo texto del decreto se determinaba el inicio, en paralelo, del
procedimiento habitual establecido en la Constitución Nacional y reglamentado por Néstor
Kirchner en el decreto 222. Durante el intercambio con los legisladores se pronunció a
favor de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias, así como de la despenalización
de la tenencia de drogas para consumo personal y el juicio por jurados. En cambio, esquivó
definiciones precisas sobre la interrupción del embarazo, la llamada ley de derribo, el
derecho de huelga, y la derogación parcial mediante un DNU de la ley de medios
audiovisuales. Se pasó para el próximo miércoles la audiencia con el segundo candidato,
Carlos Rosenkrantz, mientras que una semana más tarde se volvería a reunir la comisión
para emitir dictamen. Un juez a la medida del modelo elitista y excluyente, ¿Lo aprobarán?

05/03/16: La detención ayer en Brasil del ex presidente Lula por una horas, de una ex
amante del presidente Evo Morales en Bolivia, y de la fundadora de la Organización Barrial
Tupac Amaru, Milagro Sala, en la Argentina, así como las investigaciones en Chile contra
el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, forman parte de una ofensiva coordinada a
escala continental contra los gobernantes populistas que en la última década transformaron
el panorama económico, político y social de Sudamérica, y contra los líderes de los
movimientos sociales que los impulsaron y sostuvieron. Todos ellos son acusados por
supuestos hechos de corrupción, de diferente gravedad y verosimilitud. Eso es lo que
debería dirimirse en un proceso equitativo y transparente, que es lo que no abunda, y no
mediante la vociferación escandalosa de los comunicadores indignados que claman justicia
con tanta seriedad como una buena señora en pantuflas con una bolsa en la feria. Perseguir
y humillar a esos líderes es necesario para desacreditar la política que llevaron adelante y
que hoy está en frenético curso de reversión, por distintos motivos en cada país, pero en el
contexto del derrumbe de los precios de las materias primas que exportan, antes de que
pudieran cambiar la estructura productiva de sus países. Así puede entenderse mejor la
citación a la ex presidente CFK a declarar por la operatoria del Banco Central con dólares a
futuro y la declaración de incompetencia de la jueza Fabiana Palmaghini en la causa por la
muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman, para que se haga cargo la justicia federal.

En lo que respecta a Lula, cumpliendo órdenes del juez de primera instancia Sergio Moro,
la Policía Federal condujo, al ex presidente brasileño, hasta el aeropuerto metropolitano de
San Pablo. En la sala reservada a las autoridades –una gentileza concedida a la figura
política de mayor relieve en Brasil– Lula prestó declaraciones a lo largo de casi cuatro
horas. En más de una ocasión se irritó con las preguntas de los comisarios de la Policía
Federal. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre botellas –algunas, de vino importado–
encontradas en la casa de campo que el ex presidente frecuenta los fines de semana.
También sobre los dos barquitos que su esposa compró para los nietos de la pareja. “¿Es
que no tienen nada más importante para hacer que preguntarme estupideces?”, espetó Lula
da Silva a sus interrogadores. Un abogado que acompañó el interrogatorio contó que Lula
contestó a todas las preguntas sin titubear un solo instante. La noticia de que el ex
presidente fue blanco de una orden de ser llevado por la fuerza pública a prestar testimonio
tuvo inmenso impacto en todo el país. La acción de la Policía Federal directamente en
contra de Lula –en su casa, en la casa de su hijo, en el Instituto Lula–, llevándolo a deponer,
a pesar de que él ya había prestado declaraciones, fue anunciada por un periodista de la
Rede Globo varias horas antes por Internet. En conclusión: fue una operación
mancomunada de sectores del Poder Judicial con los grandes medios privados y sectores de
la Policía Federal, en el intento más grave de excluir a Lula de la vida política brasileña. O
sea: el mismo mecanismo que ya viene aceitado hace rato en Argentina. No hay ninguna
prueba de las acusaciones que le hacen, intentan que algunos presos declaren en su contra a
cambio de la disminución de sus condenas –las mal llamadas delaciones premiadas–, sin
embargo, no han logrado nada. De ahí la acción mediática espectacular en contra de Lula,
para ver si logran con ello desgastar la imagen del ex presidente. El destino de Brasil se
juega en este momento. O logran, por la vía judicial y policial, excluir a Lula de la vida
política para hacer lo que les dé la gana con el país, o consiguen que Lula logre superar
también este momento y vuelva con más fuerza como el candidato favorito para regresar a
la presidencia de Brasil en 2018.

Las posiciones dentro de la interna del Partido Justicialista no logran acercarse y, si las
elecciones fueran hoy, habría una elección en la que el kirchnerismo y el peronismo
"moderado” presentarían sus propios candidatos. A pesar de ello, aún hay tiempo hasta el 8
de abril para que ambas partes logren un acuerdo definitivo. Uno de los temas que parte
aguas en el seno del PJ es la posición que deben adoptar ante el tratamiento del acuerdo con
los fondos buitre en el Congreso. Mientras algunos sostienen la necesidad de un "pacto de
gobernabilidad", que incluya canjear la derogación de la Ley Cerrojo por mejoras en la
coparticipación, otros plantean un rechazo de plano a cualquier intento de pagarle a los
holdouts más que aquellos que entraron a los canjes 2005 y 2010. Unidos sí, amontonados
no, parece ser lema de uno y otro bando.

06/03/16: La revolución de la alegría todavía no les llegó a las personas en situación de

calle, pero el hostigamiento verbal y físico por parte del gobierno porteño nunca se fue.
Referentes vinculados a la problemática revelaron que, desde el traspaso de mando de
Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Berreta, se intensificaron los hechos de violencia
institucional contra varias “ranchadas” de la capital, con procedimientos similares a los que
utilizaba la disuelta patota estatal de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).
Trabajadores sociales, directores de centros de integración y referentes de organizaciones
sociales confirmaron que en los últimos meses se registraron operativos comandados por
empleados del Ministerio de Espacio Público de la ciudad, con apoyo de la Policía
Metropolitana, para desalojar a las personas de la calle, apelando a los chantajes ya
conocidos y que derivaron en una causa penal en la que está procesado el diputado del
Parlasur por Cambiemos, Fabián Rodríguez Simón, junto a otros veinte miembros de la
patota. La Red de Organizaciones de Constitución, que nuclea a diversos colectivos, relevó
al menos una decena de casos sólo en ese barrio, y sus referentes advierten que la misma
situación padecen quienes viven en las calles de Once, Retiro, Palermo, Congreso y Liniers.
En este marco ocurrieron dos episodios que oscurecen el presente actual y echan luz sobre
las características autoritarias y anti democráticas del gobierno neoliberal. Un local de la
agrupación “La Cámpora”, ubicado en la ciudad de La Plata, fue baleado en la madrugada
del viernes. El local, radicado en la calle 9 de Julio entre España y 20 de Septiembre,
recibió cinco disparos de itaka en el frente, donde hay un mural de la ex presidenta Cristina
Kirchner, según informaron medios locales. No se descarta que el hecho esté vinculado con
los ataques de distintos grupos neonazis en la ciudad balnearia, a los cuales está vinculado
gente de Cambiemos que apoyan al actual intendente Carlos Arroyo. Otro preocupante
hecho brutal y preocupante ocurrió el sábado por la noche, durante la apertura de una nueva
sede de la agrupación política “Nuevo Encuentro”. Cerca de la medianoche del sábado, en
momentos en que una gran cantidad de militantes y vecinos se encontraban inaugurando
dicho local, una balacera dirigida a los presentes hirió a dos mujeres que se encuentran
fuera de peligro. A esto vinieron, con saña y revanchismo, los neoliberales agrupados en
Cambiemos: no sólo a transferir recursos al capital concentrado sino al disciplinamiento
social y la persecución política de los que se le opongan. Pero no acallarán la resistencia, ni
aún con el fabuloso apagón informativo de los medios concentrados.

El acuerdo que alcanzó el Sindicato de Empleados de Comercio con las cámaras

empresariales del sector, ya marca la cancha para el resto de las negociaciones paritarias.
Los trabajadores representados por Armando Cavalieri cerraron un 20% de aumento para el
período abril-septiembre, más una suma fija no remunerativa de $ 2000 que se pagará en
dos cuotas. Lo convenido captó el interés del Ministerio de Desempleo. Estos son los
sindicalistas, perpetuados en sus cargos, que venden a sus trabajadores. Seguro su “lealtad”
a Macri no será del 20%...

Ayer un Lula paradójicamente revitalizado, luego del atropello del que fue víctima el
viernes, recibió en su departamento paulista a la presidenta Dilma Rousseff, junto a quien
saludó a centenas de militantes petistas y sindicalistas que se auto convocaron para una
vigilia democrática. Una encuesta de la semana pasada mostró que la imagen lulista ha
sufrido el desgaste de las mentiras cotidianas publicadas en su contra, pero aun así el 37 por
ciento de los brasileños lo juzga como el “mejor presidente de la historia”, y esto lo vuelve
un candidato potencial temible de cara a las presidenciales de 2018.

07/03/16: El cordón industrial de la zona de Rosario y el norte de la provincia de Buenos

Aires registra un deterioro de las condiciones laborales, con despidos, retiros voluntarios y
suspensiones, lo que puso en estado de alerta a los gremios. Una de las situaciones más
delicadas es la de la empresa química Ar Zinc, cuya planta de la localidad de Fray Luis
Beltrán amenaza con cerrar dejando en la calle a 420 trabajadores. Las grandes
siderúrgicas, Siderca y Acindar, despidieron a trabajadores de firmas contratistas
controladas y aplicaron suspensiones, al tiempo que las metalúrgicas Vassalli y Bambi
también echaron a contratados y prevén discontinuar la actividad. Además, se esperan
despidos y suspensiones en las próximas semanas en las automotrices, especialmente en la
planta de General Pacheco de Volkswagen, que afectará directamente a sus trabajadores y
también a las firmas autopartistas. El deterioro de la rentabilidad de las firmas en los
últimos años, el desplome del mercado brasileño, el tarifazo eléctrico y la apertura de
importaciones, en un contexto de caída del consumo y en términos políticos más favorable
para que el empresario haga su propio ajuste, son algunas de las causas que explican esta
situación. Desde la UOM advierten que próximamente podrían organizar una movilización
en defensa de la industria nacional. Este panorama no es un problema para Macri: es un
objetivo logrado, y a profundizar. Para disciplinar, rebajar salarios y generar desocupación
que limite y condicione a gremios y trabajadores. Su única preocupación es la reacción de
los ajustados.

El Gobierno redujo a su mínima expresión el programa Consumo Protegido, que fue

inaugurado el año pasado con el objetivo de que los consumidores tengan una vía sencilla
para presentar reclamos contra las empresas. Las nuevas autoridades archivaron miles de
reclamos en diciembre, despidieron a la mitad de una plantilla de 130 personas, aumentaron
los requisitos para que el Estado tome en cuenta los reclamos de los usuarios y no les paga
a los mediadores. El presidente asegura estar preocupado por la inflación y querer proteger
a los consumidores, pero desarticula las herramientas que tiene el Estado para cumplir esas
tareas. Desde su asunción, el Gobierno despidió a más de 450 trabajadores de la Secretaría
de Comercio. No eran ñoquis, sino que cumplían tareas concretas en los programas Precios
Cuidados y Consumo Protegido, en Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y en el
control de importaciones en Comercio Exterior. La primera oleada de despidos fue en esa
dependencia fue de entre 150 y 200, incluyendo a los cargos políticos. La segunda tanda se
completó la semana pasada con unos 300 telegramas. Acá no hay errores ni siquiera un
problema para el gobierno neoliberal. Es un efecto buscado. En libertad de mercado, presos
están los ciudadanos.

Dirigentes de ATE de Mendoza denunciaron haber sido agredidos ayer por una "patota
paraestatal" de más de 50 personas, mientras protestaban por los recientes despidos en el
Casino de Mendoza. Según detallaron, los agresores estaban armados con "palos, piedras y
ladrillos" y uno de los lesionados fue el secretario gremial de ATE en la provincia, Roberto
Macho. El episodio se dio en el ingreso del Hipódromo de Godoy Cruz durante la
realización del Clásico Vendimia de Turf. No hay torta para repartir, pero hay tortazos...

El abogado de un grupo de bonistas italianos desmintió fuertemente las "creencias" del

Gobierno y dejó en claro que accionarán judicialmente si el Congreso deroga la ley
Cerrojo, lo cual pondría en serio riesgo la reestructuración de deuda de 2005 e implicaría un
incremento de la misma de alrededor U$S 500 mil millones. El abogado agregó que hace
dos meses no cobran por sus bonos, reestructurados al 35% del valor nominal que tenían
hasta 2001, por lo que no daría "por descontado lo que dicen los economistas y abogados"
en relación a que la caída de la cláusula RUFO es suficiente para evitar cualquier tipo de
conflicto judicial con el 93% de la deuda reestructurada. "Prima facie, la gestión no es
rechazable y se va a dar", detalló el letrado, quien consideró que la vía de reclamo que
estudian es el CIADI, el tribunal dependiente del Banco Mundial en donde Argentina
perdió varios juicios con empresas privatizadas. Por ello va ver que estar muy atentos a
quienes votan y cómo en el Congreso.
El empresario Nicolás Caputo, amigo personal del presidente, fue favorecido a través de su
empresa constructora SES S.A. por una nueva pre adjudicación por parte del Gobierno
porteño por un monto de 104.663.761 de pesos. El acta, con fecha del 4 de marzo pasado,
corresponde al Ministerio de Educación que encabeza Soledad Acuña y es para la
realización de "trabajos de mantenimiento integral es varios edificios escolares
pertenecientes a la Comuna 5". El año pasado, según denunció el diario Página/12, el ex
jefe de Gobierno porteño le otorgó a Caputo una serie de obras en escuelas de la zona sur
por 94 millones de pesos. La adjudicación, que se hizo luego de un proceso licitatorio,
culminó con el decreto firmado por Macri el 9 de diciembre y publicado en el Boletín
Oficial porteño del 14 de diciembre. Amigos y parientes a la orden del día para la fiesta
amarilla, donde el ciudadano de a pie no sólo no es invitado, sino que encima debe pagarla.

08/03/16: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización

de los Estados Americanos (OEA), se hizo eco de las denuncias recibidas y confirmó para
el próximo 8 de abril una audiencia sobre la “Libertad de expresión y los cambios en la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”. El título de la convocatoria pone
de manifiesto que la preocupación del organismo internacional no se limita a las cuestiones
legales respecto de los decretos presidenciales de necesidad y urgencia (DNU) que
pretenden suplantar la LSCA, sino también por los riesgos para la libertad de expresión y el
derecho a la comunicación que se plantean en el nuevo escenario político de la Argentina.
Para quienes solicitaron la intervención de la CIDH en el caso constituye un éxito de por sí
que el tema argentino haya sido considerado relevante para su inclusión en el período de
sesiones ordinario de la comisión, lo que permitirá además mantener la mirada atenta y un
monitoreo constante sobre los hechos que ocurran en la Argentina respecto de la libertad de
expresión.

La dirigencia de Nuevo Encuentro le reclamó a la ministra de Inseguridad, Patricia

Bolsrich, el “compromiso” del gobierno nacional con la investigación sobre el ataque a
balazos contra militantes del partido que tuvo lugar el pasado fin de semana, en Villa
Crespo, y que resultó con dos jóvenes heridas. También responsabilizó por el hecho a “las
más altas esferas” del Ejecutivo por “generar una violencia verbal y discursiva en contra de
la militancia y del proyecto kirchnerista, que luego derrama en violencia institucional y
política”, señaló Gabriela Cerutti. “Son ellos los que generan un contexto en el que alguien
puede sentirse habilitado a hacer semejante cosa”, concluyó. Martín Sabbatella se reunió
con Bolsrich, junto a los referentes porteños del espacio Gabriela Cerruti, José María
Campagnoli y Andrea Conde, y del jefe del bloque del Frente para la Victoria en la
Legislatura porteña, Carlos Tomada. La ministra “tomó nota” del pedido que Nuevo
Encuentro le realizó acerca de la “necesidad” de un rechazo público del ataque por parte del
presidente, que llegó anoche a través de un escueto comunicado oficial, luego ampliado por
el propio Mauricio Macri desde las redes sociales.

Los despidos ascendieron a 110.000 individuos en los primeros dos meses del año. Así lo
calculó la consultora Tendencias Económicas, la cual realiza un seguimiento sectorial con
las desafectaciones tanto del ámbito privado como público. “No recuerdo otro año en la
historia argentina en que haya habido tantos despidos en tan poco tiempo”, aseguró José
Luis Blanco, director de la consultora. “Es un récord. La cantidad de puestos de trabajo
perdidos subió 70 veces respecto del año pasado”, agregó. El documento detalla que en
enero los despidos fueron mitad del sector privado y mitad del público, mientras que en
febrero la mayoría de recortes se observaron en la esfera privada, en donde se destacó la
mala performance de la construcción. Acá no hay errores sino una política deliberada. Y
recién empiezan…

09/03/16: El oficialismo obtuvo ayer, con acompañamiento del Frente Renovador y del
Bloque Justicialista, dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas de
la Cámara de Diputados al proyecto de ley para pagarle a los fondos buitre. Tras una
extensa jornada, el bloque de Cambiemos aceptó introducir algunos poco sustanciales
cambios en el proyecto y la sesión en la Cámara baja se postergó hasta el martes próximo,
aunque hubo varios pedidos para que se continuase el tratamiento en comisión la semana
próxima. Las modificaciones que se introdujeron para ser tratados en la bancada incluyen
limitar el endeudamiento en unos 12.000 millones de dólares con destino a los buitres,
constituir la Cámara Bicameral de Seguimiento de Deuda e incorporar una serie de
aclaraciones que permitan disminuir el riesgo de nuevas demandas de bonistas tras el cierre
de la operación. Los bloques del Frente para la Victoria, del Partido Solidario y del Partido
Obrero presentaron sus respectivos dictámenes de minoría. Axel Kicillof reiteró sus críticas
respecto a las condiciones más ventajosas que obtuvo un grupo de cuatro fondos liderado
por Paul Singer, que recibirá 400 dólares por cada lámina de cien en tenencias de bonos
defolteados, mientras que para el resto se ofrece 150 dólares. También apuntó sobre el pago
de 235 millones de dólares para el pago de las costas legales de los demandantes. “Le
estamos pagando hasta lo que gastaron en el juicio en Ghana por el intento de embargo de
la Fragata Libertad. No sólo eso. Nos anticipamos pagando por gastos de juicios eventuales
de estos fondos en otras jurisdicciones”, apuntó el ex ministro de Economía. Otro punto que
identificó para corregir, al menos en el proyecto, es que obliga al país a darle prioridad al
pago a Singer. El chantaje y la apretada a la orden del día. Veremos qué se termina votando
de modo de registrar para la posteridad a los que entrarán en los anales de los traidores a la
patria.

“Tomemos dimensión de la importancia del fallo de la Corte sobre YPF-Chevron. Caen las
caretas de la hipocresía K #El FraudeEsElRelato”, festejó por Twitter la entonces diputada
del PRO, la fanática macrista Laura Alonso, el 10 de noviembre de 2015. Fue cuando el
máximo tribunal determinó que debía difundirse el acuerdo celebrado entre la petrolera
estatal y la norteamericana, tras una denuncia del senador socialista Rubén Giustiniani.
Pero por más llamativo que parezca, Alonso, transformada ahora en titular de la Oficina
Anticorrupción, cambió de opinión y se pronunció a favor de mantener las supuestas
“caretas de la hipocresía K”: “Las razones que expresaron los directivos de YPF son
técnicas y estuvieron bien sustentadas. Además, respetan los estándares internacionales”,
sorprendió ayer la no abogada, luego de tener el viernes una reunión con el CEO de la
compañía, Miguel Galuccio, y dos de sus técnicos. Y no se trata sólo de la opinión personal
de Alonso, ya que la Oficina Anticorrupción emitió una nota en la que entiende que existen
“excepciones” al contrato que deberían mantenerse en secreto. Cuando a fines de 2015 la
Corte Suprema falló en contra de la empresa nacional y a favor de la demanda de
Giustiniani, Alonso se deshizo en elogios: “Gran fallo de la Corte Suprema en favor de la
transparencia y el derecho a la información. ¡Bravo!”, tuiteó. Como si fuera poco, hace
apenas 20 días, la titular de la Oficina Anticorrupción dictaminó a favor de obligar a los
directores de YPF nombrados por el Estado a presentar sus declaraciones juradas de bienes.
Y lo hizo, entre otras cosas, amparándose en la decisión de la Corte: “Es un paso adelante
en materia de promoción de transparencia y una mejora en la rendición de cuentas. El fallo
de la Corte Suprema sobre el acceso al contrato de YPF con Chevron es un antecedente
fundamental que hemos tenido en cuenta para revisar el criterio que se fijó en el pasado”, le
dijo Alonso a Clarín, para promocionar su incipiente gestión. Estos canallas ahora no sólo
se desdicen de las barbaridades que decían y festejaban: ahora van a desoír un fallo judicial.
La impunidad, otra vez.

Emiliano Giri, hasta ayer presidente del Ente Municipal de Turismo de General
Pueyrredón, presentó su renuncia tras ser detenido junto a otras cinco personas en el marco
de una causa que investiga la confección de contratos falsos en el Astillero Río Santiago,
que podrían implicar una estafa al erario por 16 millones de pesos. El ex funcionario,
armador político de Cambiemos en la ciudad de Mar del Plata, ex precandidato a intendente
y hombre de confianza del operador judicial del PRO Daniel Angelici, decidió dejar su
cargo por pedido de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, luego de que la
noticia de su detención se hiciera pública. Entre diez y veinte personas de Mar del Plata
dieron su testimonio identificando a Giri como la persona que tomó sus datos con la excusa
de afiliarlos “a la UCR o al partido autonomista de Batán” a cambio de beneficios sociales.
Todos ellos aparecieron luego en los legajos del astillero con contratos cuantiosos que no
cobraban por desconocer su situación. La investigación se inició cuando una mujer
denunció que le habían revocado la AUH ya que su marido tenía un sueldo de 30 mil pesos
en Astilleros Río Santiago. Insistamos: la cara más dramática de la corrupción de estos
funcionarios no es lo que encima se roban, sino sus ideas y políticas.

Miguel Ángel Gutiérrez estará a cargo de YPF desde el 1 de mayo. Miguel Galuccio
presentó su renuncia a la presidencia desde esa misma fecha, debido a diferencias con el
Gobierno en cuanto a las medidas de la compañía. Galuccio es hasta ahora presidente del
directorio, gerente general y vicepresidente ejecutivo de la petrolera nacional. Por ello,
Energía solicitará la separación de las funciones para “mejorar” la administración de la
compañía.

10/03/16: El regocijo duró poco. Mientras todavía paladeaba la victoria lograda en

Diputados a favor del acuerdo con los fondos buitre, el gobierno de Mauricio Macri sufrió
su primer revés parlamentario: el Frente para la Victoria (FpV) obtuvo el dictamen de
mayoría en rechazo del decreto presidencial que subió el mínimo no imponible del
Impuesto a las Ganancias sin modificar sus escalas, por lo que el gravamen alcanzaba a
muchos más trabajadores. El diputado massista Raúl Pérez, que hasta ahora había
funcionado como aliado del oficialismo, rompió el delicado equilibrio en la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo al negarse a acompañar a Cambiemos, que
no consiguió las firmas necesarias para imponer su dictamen a favor del decreto de Macri.
El patético ex “presidente” Adolfo Rodríguez Saá había votado con Cambiemos. Desde el
Gobierno intentaron bajarle el precio al traspié, aunque necesitan que al menos una de las
dos Cámaras del Congreso apruebe la decisión presidencial para que mantenga su vigencia.
Una cruzada en la que parece haber perdido al Frente Renovador como aliado fundamental
para sostener su voluntad en la Cámara baja. Con final incierto, el Gobierno arriesgaría dar
la primera batalla en el Senado, donde el FpV tiene mayoría propia, al tiempo que negocia
con los gobernadores peronistas aportes económicos para sus provincias.

El bloque de diputados del Frente para la Victoria anunció ayer que defenderá el dictamen
de minoría de su espacio durante la sesión de Diputados que se llevará a cabo el martes
próximo y que se sumará al pedido de una consulta popular para que el pueblo defina qué
tipo de acuerdo quiere con los fondos buitre. La decisión fue consensuada durante una
reunión por la tarde y se comunicó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la
presidencia del bloque. Los diputados kirchneristas no se pronunciaron respecto de si darán
quórum a la sesión de la Cámara baja para tratar el dictamen de mayoría que se aprobó
anteayer con voto positivo del oficialismo y acompañamiento del Frente Renovador y el
Bloque Justicialista. Axel Kicillof afirmó que la propuesta del bloque del FpV es
superadora y contempla pagar el equivalente a lo que abonó a quienes aceptaron el canje de
2005. Ese dictamen de minoría, según fue consensuado ayer, buscará defenderse en la
sesión de Diputados. Además, se sumarán a la propuesta realizada por el PTS-Frente de
Izquierda, que presentó Myriam Bregman, de hacer una consulta popular vinculante para
que el pueblo sea el que finalmente acepte o rechace el acuerdo alcanzado con los buitres y
la oferta no podrá contemplar el pago de comisiones, honorarios, costas o ningún tipo de
gasto administrativo, judicial y extrajudicial a favor de los holdouts.

Los trabajadores despedidos del programa Conectar Igualdad fueron ayer al Ministerio de
Educación para pedir su reincorporación y terminaron golpeados, insultados y fotografiados
por personal civil en un intimidatorio operativo policial propio de un régimen dictatorial.
Muchos de sus compañeros –aquellos que todavía conservan sus puestos en la cartera de
Esteban Bullrich– se vieron privados de solidarizarse con los cesanteados porque les
cerraron el acceso al Palacio Sarmiento para que no se sumaran al acto que se realizaba a
sus puertas. Hubo mujeres golpeadas. Al delegado del programa, Iván Kondratzky, le
rompieron su teléfono celular de un palazo. También resultó agredido el secretario general
de la junta interna de ATE en el ministerio, Rodrigo Recalde. El discurso de una
trabajadora despedida, Florencia Álvarez, tuvo que interrumpirse por la represión, en el
marco de una actividad que los despedidos definieron como “legítima y pacífica”. Los
trabajadores evalúan la posibilidad de presentar denuncias penales bajo la figura de
privación ilegítima de la libertad contra los funcionarios públicos que participaron del
operativo.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica y titular de la CGT, Antonio Caló,

manifestó ayer su preocupación por los despidos y suspensiones de obreros metalúrgicos y
adelantó que el consejo directivo de la entidad aprobó la convocatoria a una marcha en
defensa de las fuentes de trabajo. “La situación está muy brava, muy complicada, de
acuerdo a lo que me informan los secretarios generales de las seccionales de todo el país, ya
hubo 3000 despidos y 4000 suspensiones a raíz del modelo que lleva el Gobierno
habilitando la libre importación”, explicó Caló. “Si esto sigue y no se producen cambios en
la importación de artículos extranjeros que afectan la producción nacional, a corto plazo
serán más de 10.000 los trabajadores metalúrgicos que pueden quedar en la calle”, aseguró
el dirigente. Al respecto sostuvo que “ahora es más fácil importar artículos de afuera
porque son más baratos que acá y si esto continúa y no se realizan medidas correctivas,
vemos un panorama muy feo, muy triste”. Y agregó: “Hemos resuelto convocar a una
marcha de trabajadores metalúrgicos en defensa de las fuentes laborales. No es contra el
gobierno nacional, ni contra nadie, pero nosotros debemos defender los puestos de trabajo”.
Esta “aclaración” de que no es contra nadie, ¿cómo debe leerse? No se puede ser tan
arrastrado, Caló. Pensar que el sindicalismo tuvo un Agustín Tosco…

La definición se demoró por tres meses, pero se terminó resolviendo en cuestión de horas.
Ayer, alrededor del mediodía, Miguel Galuccio anunció que sólo se mantendría al frente de
YPF hasta la asamblea de accionistas, prevista para el 30 de abril, ofreciendo su apoyo
“para asegurar una transición ordenada”. Apenas unas horas después, el Ministerio de
Energía y Minería anunciaba la designación del actual director Miguel Ángel Gutiérrez
para suceder a Galuccio como presidente del Directorio a partir de esa misma fecha. A su
vez, informó que le había “encomendado al Directorio de la sociedad que instruya al comité
de Nombramientos y Remuneraciones de YPF SA que comience un proceso de búsqueda
nacional e internacional para cubrir la posición de Gerente General (CEO)”. Este cargo era,
hasta el momento, ejercido por el propio Galuccio, lo cual significa que a partir de mayo se
desdoblarán las funciones. Gutiérrez trabajó durante veintiún años en el banco
estadounidense JP Morgan, donde llegó a ocupar el cargo de director general de Mercados
Emergentes Globales. Es decir, reconoce un origen común con Alfonso Prat-Gay (ministro
de Hacienda), Luis Caputo (secretario de Finanzas), Vladimir Werning (secretario de
Política Económica) y Demián Reidel (director del Banco Central), otros “ex JP”
nombrados en cargos claves por el actual gobierno. De lo que no hay mayor margen de
dudas es que la nueva conducción de YPF tendrá como objetivos inmediatos el recorte de
los planes de inversión (pasaría de 6000 millones de dólares previstos a poco más de 4000),
una reducción del 15 por ciento en los gastos de explotación en unidades de desarrollo, y la
aplicación del “procedimiento preventivo de crisis” en las provincias donde tiene actividad
petrolera. Esto es, suspensiones rotativas del personal, que cobraría el 50 por ciento del
sueldo por los días no trabajados. O sea: una revolución “productiva” menemista.

Diputados del Frente para la Victoria manifestaron su preocupación por la revelación de

una conversación vía WhatsApp entre el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot y
el legislador del Bloque Justicialista, Diego Bo-Bossio. "Este diálogo entre un dirigente de
Cambiemos y un disidente del justicialismo evidencia unas reglas de juego que, siendo
suaves, carecen de transparencia en el procedimiento. Este plan canje necesita ser
esclarecido de inmediato porque desconocemos los 'valores' que se están negociando",
afirmó el bloque en un comunicado. Asimismo, marcan que "episodios como este no
ayudan a la transparencia prometida ni a la lucha contra la corrupción". Por otro lado, piden
explicaciones sobre la identidad de la persona identificada en el chat con las siglas "STM".
"Queremos saber si es Sergio Tomás Massa, porque de ser así sería una gravísima
imputación contra el diputado del Frente Renovador", advierten. En la conversación,
Massot le cuenta a Bo-Bossio que "arreglaron algo parecido a lo que hablamos" con
"STM", y le afirma que el gobierno tomará deuda para "cerrar los acuerdos" con los
holdouts y luego para invertir en obra pública.

En la primera reunión de Consejo de la Magistratura, desde que consiguió la mayoría de

siete asientos, el oficialismo buscará desestimar investigaciones abiertas contra el juez
federal Claudio Malodío y contra los magistrados que revocaron el procesamiento de
Carlos Blaquier por delitos de lesa humanidad. Además, los consejeros del PRO y sus
aliados estudian tomar la decisión de echar a hasta 60 trabajadores y reformar áreas clave
de la estructura de ese organismo, para desactivar mecanismos de control establecidos en
los últimos años. No es casualidad que mañana por la mañana, cuando se reúna la comisión
de disciplina, se trate la desestimación de tres denuncias que recaen sobre Malodío, quien
encabeza la ofensiva judicial contra funcionarios del gobierno anterior y convocó a
declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el
kirchnerismo no dudan que exista un vínculo entre ambas noticias y que al magistrado le
limpiaron las investigaciones en su contra como pago por los servicios prestados.

El Gobierno neoliberal avanzó en su plan de eliminar la ley de Medios y Argentina Digital

y reemplazarla por una nueva legislación de convergencia. Para ello, nombró a un grupo de
“especialistas” que deberán elaborar un nuevo proyecto durante este 2016, entre los que se
"destaca" al filósofo Santiago Kovadloff. Éste, uno de los impulsores de las marchas para
recordar al fallecido fiscal Alberto Nisman, posee nula experiencia en el área de los medios
y las telecomunicaciones. En cambio, es ensayista, poeta y escritor de cuentos infantiles.
Este nefasto “intelectual” fue un activo opositor mediático del grupo Clarín contra la ex
presidenta, y un entusiasta defensor del actual gobierno, al punto de grabar spots por Canal
7 dando honores a la “era del diálogo” que se está iniciando. La comisión, formada por el
ministro de Telecomunicaciones Oscar Aguad, estará presidida por la diputada Silvana
Giúdice, famosa por ser una de las principales opositoras a la ley de Comunicación
Audiovisual 26.522. Se podría decir que Giúdice llegó a ser la empelada del mes del Grupo
Clarín.

Alrededor de 600 trabajadores del complejo nuclear Atucha fueron despedidos. Mientras el
resto de los operarios está de paro, el gremio Unión de Empleados de la Construcción y
Afines de la República Argentina (UECARA) alerta que los despidos podrían llegar a unos
2.400 operarios. Los afiliados a la UOCRA amenazan con agudizar las medidas de fuerza si
no aparece una solución. Los despedidos estaban afectados a las obras de construcción de la
cuarta central nuclear de la Argentina, Atucha III, un mega proyecto de más de 3 mil
millones de dólares realizado con financiamiento de Canadá, Rusia, Francia y
principalmente China.

11/03/16: Con la unificación de las tres CGT entre ceja y ceja, se reunieron dirigentes de
todos los sectores que integran la central obrera para avanzar en una agenda común.
“Vamos a juntar un millón de firmas como base para que se dicte la emergencia
ocupacional y para que se modifique el Impuesto a las Ganancias”, aseguró el secretario
general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, y agregó: “Veremos si es con una
movilización o de qué forma”. El encuentro fue un paso importante para la fusión en una
sola organización obrera, aunque por el momento sólo se trata de “una agenda común”. La
posibilidad de llamar a un confederal para elegir autoridades en agosto revoloteó el
encuentro, pero sin definición. Desgraciados unidos en la desgracia.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Ipcba) arrojó el mes

pasado un aumento del 4 por ciento, lo que aceleró la suba interanual a un 32,9 por ciento,
según la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El Ipcba, una de las dos
mediciones testigo que utiliza el gobierno de Mauricio Macri mientras se mantiene el
apagón estadístico, acumula un alza de 8,3 por ciento en el primer bimestre y de 12,5 por
ciento si se incluye a diciembre. Durante febrero los servicios subieron 5 por ciento
mensual, mientras que los bienes lo hicieron en 2,9 por ciento. El aumento en los servicios
respondió principalmente al impacto en el ajuste de las tarifas eléctricas y, en menor
medida, a alquileres y cuotas de medicina prepaga. La denominada inflación núcleo, que no
contabiliza las subas de los servicios públicos ni de productos estacionales, registró una
variación de 2,7 por ciento en el mes. Y decían que venían a terminar con el “flagelo” de la
inflación…
La denuncia que Alberto Nisman había presentado cuatro días antes de morir contra la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y algunos funcionarios de su gobierno por un
presunto encubrimiento en la causa AMIA, permanecerá cerrada tras la decisión del juez
federal Daniel Rafecas, quien reiteró su negativa a impulsar una investigación judicial al
respecto. El magistrado rechazó un planteo del fiscal Gerardo Pollicita basado en la
confirmada inconstitucionalidad del memorándum con Irán, un acuerdo con ese país que el
gobierno de Fernández había impulsado con el objetivo de destrabar la investigación sobre
el atentado a la mutual judía. “El expediente ha sido terminado y archivado a raíz de la
desestimación de la denuncia por inexistencia de delito”, afirmó Rafecas en un escrito
difundido ayer, en el que resaltó que su fallo “ha quedado firme en razón de haberse
agotado las instancias recursivas”. Hace un año el mismo Rafecas había resuelto el cierre
del caso y su decisión fue luego confirmada por los camaristas Jorge Ballesteros y Eduardo
Freiler, y también por el fiscal de esa instancia, Javier De Luca. Ahora el juez federal
confirmó que por eso razón el planteo de Pollicita “no habrá de prosperar”. Van a tener que
inventar otra cosa para perseguir a la ex presidenta.
12/03/16: El Gobierno confirmó que la moratoria previsional que vence en septiembre no
será renovada. Eso implica que los trabajadores que cumplan la edad de jubilarse a partir de
ese momento, pero que no cuenten con los aportes correspondientes por no haber sido
registrados por sus empleadores, no podrán acceder a los haberes previsionales. El titular de
la Anses, Emilio Basavilbaso, aclaró que se está trabajando en una nueva ley jubilatoria
“que deje plasmada la situación actual”, de modo que los trabajadores sin aportes no tengan
que depender del lanzamiento de nuevas moratorias. Sin embargo, admitió que esa
iniciativa va a tardar varios años en llegar al Congreso. Además, Basavilbaso consideró que
el trabajador que cuenta con los 30 años reglamentarios de aportes previsionales no debería
cobrar lo mismo que el que no los tiene, como sucede en muchos casos actualmente. Eso
hace prever que el futuro ingreso universal que se le otorgaría a quien no tiene los años de
aportes requeridos estaría por debajo del nivel de la jubilación mínima. La última moratoria
previsional fue lanzada a mediados de 2014 y desde ese momento pudieron incorporarse al
sistema más de 500 mil trabajadores en edad de jubilarse que no contaban con los aportes
suficientes. De esa forma la cobertura del sistema llegó al 97 por ciento, lo que implica
prácticamente una universalización previsional. Antes de la primera moratoria lanzada en
2005, la cobertura era de apenas el 65 por ciento. Ahora, la pobreza y la desigualdad son los
ejes ajustadores de una política neoliberal deliberadamente corrupta. Porque eso es lo que
aterra: la corrupción de sus ideas y de sus políticas, más que los vueltos que también se
quedan.
El financiamiento de los proyectos de infraestructura y de recuperación de empresas del
kirchnerismo no provino de la colocación de bonos ni de créditos con la banca
internacional. El gobierno anterior no fue a pedirle al JP Morgan, HSBC, Citibank y otras
entidades miles de millones de dólares para su programa de infraestructura, que resultó el
más destacado en cinco décadas. No dependió de ellos para finalizar Yacyretá, estatizar
YPF, terminar con las AFJP, recuperar el control de Aerolíneas Argentinas, el Correo,
AySA, renovar ferrocarriles, lanzar satélites al espacio, construir centrales atómicas,
extender gasoductos, redes eléctricas y de fibra óptica, ampliar la General Paz, transformar
en autopista las rutas 14 y de Rosario a Córdoba, entregar computadoras a todos los
estudiantes secundarios de escuelas públicas del país, o montar una red de televisión digital
abierta y gratuita. El financiamiento fue gestionado ante organismos multilaterales como el
Banco Mundial, el BID, la CAF, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el Banco
Popular de China, facilitado por organismos estatales superavitarios como la Anses y con
recursos propios del sector público. También recaudó de bancos y compañías de seguros en
el mercado local, obligados a destinar una porción de su cartera de depósitos y fondos a
créditos productivos. Pero este canal fue desactivado por la nueva conducción del Banco
Central. Entre el Banco Mundial, el BID, la CAF y China hay pactados créditos para los
cuatro años del mandato de Macri por 30.000 millones de dólares. El jefe de Gabinete,
Marcos Peña, el cínico de los buenos modales y trato amable, no debe haber reparado en
este dato cuando dijo que no hay plan B para financiar obra pública si no se acuerda con los
buitres. Facilitar el acceso al financiamiento de los mercados parece más bien una
necesidad de sectores concentrados de la economía que buscan dolarizar ganancias sin
límites y fugarlas del país, pretendiendo repetir una experiencia como la de los 90, que dejó
a la Argentina sobreendeudada, con tasas de desocupación récord y un notable atraso en la
infraestructura pública. Ese es el plan que manda a la Argentina a la B.

Empiezan a aparecer signos coincidentes con respecto a una sensible baja en la demanda de
productos masivos. Registros de una importante cadena de hipermercados, de origen
europeo, que sólo circulan en forma reservada, dan cuenta de que las ventas están en un
diez por ciento debajo de los volúmenes esperados. Una representante de la amplia franja
de supermercados chinos dio ayer cifras similares de baja en el consumo, por cambios de
conducta de los clientes, particularmente de los de menor poder adquisitivo. Los
indicadores de precios del Gobierno de la Ciudad –a los que el gobierno nacional les otorgó
el carácter de valor de referencia ante el “apagón estadístico” por tiempo indeterminado del
Indec– muestran que la evolución de precios de los alimentos marca la curva de ascenso
más alarmante en los últimos tres meses (diciembre, enero y febrero), a partir de que se
tuvo certeza de que Cambiemos iba a ser gobierno y que una de sus primeras medidas sería
una mega devaluación. Y como ocurre en otros sectores en los que las firmas dominantes
aparecían “prima facie” como los socios más cercanos a la nueva política, en el comercio
minorista también se dio el fenómeno de que los más poderosos (grandes cadenas y dueños
de primeras marcas en bebidas y alimentos) son los que más abusos cometen
aprovechándose de la situación. “La gente compra lo imprescindible porque la plata no le
alcanza, mientras que las firmas que tienen grandes depósitos especulan con los aumentos,
porque tienen espaldas financieras y otro poder de negociación”, apuntó una representante
de los supermercadistas chinos. Sin el paraguas del Gobierno, los comercios más chicos
sienten que van a perder y que las grandes cadenas, aunque ahora vendan menos, volverán
a verse beneficiadas. Y nada de esto es por casualidad.

El proyecto de ley que impulsa el oficialismo para pagarles a los fondos buitre contempla
una mejora sustancial respecto de lo que se otorgó a los bonistas que ingresaron al canje.
En trazos gruesos, se les reconoce a los fondos más beligerantes hasta 400 dólares por cada
lámina de 100 dólares en valor nominal de sus tenencias en bonos en default desde 2001.
También se les pagaría los gastos y costos asociados a los juicios que estos fondos
carroñeros, encabezados por NML Capital de Paul Singer, tuvieron durante el proceso. La
oferta es incluso más alta de lo que se ofrece a los otros holdouts. Singer invirtió el 25% del
valor nominal del bono por lo que su ganancia será del ¡¡¡1500 %!!! Se quiere pagar
poniendo en riesgo los canjes del 2006 y 2010 para reconocerle la deuda a estos
especuladores que se dedican a vivir de desgracias ajenas.

Diputados del Frente para la Victoria ingresaron ayer una denuncia para que se investigue
si puede comprobarse la existencia de delito a partir de los mensajes de WhatsApp que
intercambiaron Diego Bo-Bossio y Nicolás Massot en plena discusión sobre el acuerdo con
los fondos buitre el martes y que se filtraron en las redes sociales. Parece demasiado, para
los niveles de gravedad institucional que la ciudadanía viene soportando.

13/03/16: Paul Singer recibió una quita menor en relación a lo acordado con otros fondos
buitre, cobrará intereses adicionales hasta el momento del pago total, consiguió que la
millonaria cuenta de honorarios de abogados y de lobby sea abonada por la Argentina,
obtuvo el beneficio de no quedar limitado en su capacidad de continuar litigando, exigió
que el país no pueda realizar otras emisiones de deuda en dólares, limitando a la vez la
nominada en pesos, hasta tanto no se cancele el ciento por ciento de su demanda, tiene la
prioridad de recibir los dólares en efectivo antes que el resto de los fondos buitre, y estará
facultado a rescindir el acuerdo si no cobra antes de las 12.00 pm, hora del Este, del jueves
14 de abril próximo. Todos esos privilegios fueron otorgados por el gobierno de Mauricio
Macri, con la anuencia de gran parte del parlamento argentino, a Paul Singer, quien lideró
el acoso sobre Argentina en todos los años del litigio, y a sus buitres aliados. Aceptar el
pago de gastos legales y honorarios de todo tipo implica reconocer que los fondos buitre
tenían razón al no participar de los canjes 2005 y 2010 y en impulsar una interpretación
extravagante de la cláusula pari passu, convalidada por el juez el decrépito Thomas Griesa.
Esta postura difiere no solo de la que ha tenido Argentina hasta diciembre de 2015, sino
también de la que sostiene la mayoría de la comunidad internacional. Esto genera además
un antecedente que implica un incentivo enorme a que se inicien nuevos litigios contra
Argentina, ante el hecho que no sólo no se negocia los montos adeudados, sino que el país
paga los gastos legales de los buitres. En este sentido, es secundario si los funcionarios
hacen esto gratis o comprados por Singer: es lo legalmente acordado, el plan trazado lo que
es inmoral y bochornoso. La catadura moral de los ejecutores es indiferente, aunque la
historia ha demostrado que siempre están en sintonía con la bajeza de sus políticas. Puede
no llevarse un peso extra a su casa, ser un gran padre de familia y, al mismo tiempo, ser
ejecutor de la planificación de la miseria de las mayorías. Cuando llegue la hora (y llegará
más temprano que pronto) de investigar si hubo coimas en este acuerdo escandaloso entre
Singer y el gobierno neoliberal, que nunca se olvide el fondo, el objetivo y las
consecuencias del mismo; que representan el ideario de un espacio político corrupto,
esencialmente, por sus ideas y propuestas más que por su también repugnante forma de
hacer política.

Para nunca olvidar: para llegar a la aprobación del ruinoso acuerdo con los fondos buitre la
alianza oficialista cuenta –si logra asistencia perfecta– con 86 diputados propios: 40 de
PRO; 39 de la UCR, 3 radicales catamarqueños del Frente Cívico y Social, y 4 de la
Coalición Cívica. Pero para llegar al número mágico de 129 (que habilita el quórum para
sesionar y representa la mitad más uno de los miembros de la Cámara) cuenta con las
alianzas que el macrismo tejió con el massismo, que aporta 23 diputados del bloque Federal
Unidos por una Nueva Argentina (FUNA) y sus aliados delasotistas (6) y dasnevistas (3),
además del cismático BJ que desprendió a 17 diputados del FpV. A ellos habrá que sumar
los 3 del bloque Social Cristiano que encabeza Darío Giustozzi, que deambuló entre el FpV
y el massismo, y sus 3 flamantes aliados puntanos de Compromiso Federal, así como los 3
neuquinos del MPN y otros mono bloques. El oficialismo también suma al interbloque de
“progresistas” que componen 4 “socialistas”, 3 de Libres del Sur (Tumini y Victoria
Donda), y el mono bloque de Margareth Stolbizer, del GEN. O sea: todo el arco político
menos el FPV y el frente de izquierda. Para el catálogo adicional de la historia universal de
la infamia…

14/03/16: El presidente Mauricio Macri aseguró anoche que si el Congreso no aprueba el

acuerdo con los fondos buitre, las únicas opciones que supuestamente le quedarían a su
gobierno sería aplicar un ajuste mayor al que se ha venido llevando adelante. “Ajuste o
hiperinflación. No hay alternativa. La forma de salir gradualmente del desastre de partida
que dejó el kirchnerismo es un ajuste gradual. Un crecimiento gradual reduciendo todos los
desajustes que tenemos. Y si Argentina queda fuera del mundo, no puede ni siquiera
empezar a recorrer el camino del desarrollo”, aseguró el mandatario en declaraciones
televisivas. O sea: la misma táctica de la época de la Alianza, cuando apuraban los trámites
para aprobar el Megacaganje, el blindaje y el déficit 0: azuzar el miedo como si no hubiese
alternativa; pretendiendo cerrar acuerdos a libro cerrado y sin atender las consecuencias
sociales y económicas de ellos. Un chantaje inadmisible que va hablar más de quienes lo
acepten que de quien lo impulsa.

El 10 por ciento más pobre de la población perdió un cuarto de su capacidad de compra en

los últimos cuatro meses. La cifra surge de una investigación de Conicet realizada por el
Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra-Umet). La devaluación, la quita de las
retenciones para los productos agropecuarios, la flexibilización de cupos de exportación en
bienes claves como la carne y la reducción de los subsidios al sector energético, entre otros
fueron los principales elementos que, según el documento del Conicet, aceleraron el
proceso inflacionario, generaron tensiones notables en la calidad de vida de los individuos
de bajos recursos e incrementaron los beneficios de segmentos acomodados de la sociedad.
El trabajo adelanta que la inflación interanual que en febrero se ubicó en 35 por ciento
alcanzará en octubre el 55 por ciento. Lo único que bajan son los salarios y la alegría
republicana que nos vendió globitos amarillos.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación impulsa el beneficio de la prisión

domiciliaria para los acusados de crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años. En una
entrevista con el diario La Nación, el secretario Claudio Avruj consideró que tanto él como
el Gobierno entienden que los procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad
mayores de 70 años deben acceder al beneficio. Hasta ahora la detención domiciliaria es un
beneficio al que accede una persona condenada a prisión por cualquier delito que, además
de tener 70 años, tiene problemas de salud por los que no puede ser atendida en los centros
de salud de las unidades penitenciarias. Ambos requisitos, en realidad, tampoco evitan
hasta aquí el elevado número de represores que ya gozan del beneficio: uno de cada tres,
según datos del CELS. Ahora bien, la propuesta del Gobierno es abrir ese acceso de forma
automática. Conmovedora sensibilidad de un gobierno que pena por viejos represores y
cierra toda posibilidad de moratorias jubilatorias a la tercera edad más vulnerable.
Cambiemos…

El coordinador del Gabinete Económico, Mario Quintana, es uno de los accionistas de

Clarín y de Techint. Junto a estos activos, el ex presidente de Farmacity tiene
participaciones en otras grandes compañías por un total de $ 42,6 millones. El antes titular
del fondo especulativo Pegasus fue uno de los primeros en desembarcar en el gabinete
empresario de Cambiemos. Las acciones de Clarín las compró en mayo de 2009, un año
después del lockout patronal, y las reconoció también en su declaración jurada sobre 2014,
donde las estimó en $ 1.422.000, según publicó la revista Perfil. En ese tiempo el precio se
multiplicó en un 2.743,9%. Los $ 42,6 millones que posee Quintana se completan con
participaciones en Techint (a través de Tenaris y Siderar), YPF, Banco Macro, Banco
Santander, Grupo Galicia, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur, Sociedad
Comercial del Plata y otras. Quintana es el segundo funcionario más acaudalado de los
funcionarios, detrás de Juan José Aranguren, pero delante de Alfonso Prat-Gay. Sin
embargo, los tres se ubican por debajo de los $ 53 millones de los que es dueño Mauricio
Macri. En realidad, de que lo que declaró Mauricio Macri.

15/03/16: La AFIP denunció ayer penalmente a los titulares del Grupo Indalo (propietaria
de medios de comunicación opositores al gobierno), Cristóbal López y Fabián De Souza,
por insolvencia fiscal fraudulenta. “El presunto delito se basaría en que se habrían simulado
una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para
afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer
frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva”, dice el comunicado del
organismo recaudador. El presidente había asegurado el domingo que se está “buscando
trabar embargos sobre todo lo que se pueda para que se paguen los 8000 millones” que
adeuda el Grupo Indalo. El empresario Fabián De Souza, una de las cabezas de la firma,
respondió ayer que “desde el punto de vista del estado de situación impositiva, al día de la
fecha, la deuda está totalmente regularizada. Pagamos la cuota de los planes de
regularización en tiempo y forma”. La noticia la publicó el infame diario La Nación que,
justamente, tiene una cautelar de más de 10 años por deudas con el ANSES que avaló la
corte de Lorenzetti. Acoso periodístico e hipocresía al más alto nivel.

El dólar cerró ayer a 15,08 pesos, con un retroceso de 22 centavos respecto del viernes. El
fuerte aumento de las tasas de interés, que podría mantenerse en niveles del 38 por ciento
en la licitación de Letras de esta tarde, las expectativas por el ingreso de dólares de la
cosecha gruesa en las próximas semanas y la especulación acerca de que finalicen las
negociaciones con fondos buitre y el país empiece a tomar un volumen importante de
deuda, restó presiones en la cotización de la divisa que, a comienzos de marzo, había
alcanzado un pico de 16,1 pesos. Las calificadoras de riesgo, que alientan el regreso del
país al mercado mundial de capitales, continúan avalando la negociación de Cambiemos
con los buitres. El negocio de la bicicleta financiera por las altas tasas de interés en pesos,
que les permite a los inversores tener rendimientos de hasta el 12 por ciento en moneda
dura (al emplear coberturas en dólares futuros en el mercado Rofex), fue el principal
elemento para desactivar las presiones con el tipo de cambio en el mercado interno. La
cotización de ayer fue una de las más bajas desde finales de enero. Esta situación, si bien
merma las tensiones cambiarias, genera una fuerte distorsión en materia de actividad,
puesto que se encarece en forma notable el costo del crédito. El call money, por ejemplo, se
ubicó ayer a 40 por ciento. Esta es la tasa que se cobran entre bancos para obtener liquidez.
El aumento pudo estar asociado a la nueva licitación de Lebacs esta tarde, en la cual
podrían mantenerse los altos niveles de rendimiento. Lo real y concreto es que la bicicleta
financiera está funcionando a pleno, como en las mejores épocas de Martínez de Hoz.

“A la presidenta (Cristina Kirchner) la veía a menudo en los eventos del G20 o similares.
Teníamos una relación cordial, pero en lo que respecta a sus políticas, eran siempre
antiestadounidenses”. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se refirió así ayer a
su vínculo con la ex presidenta. Lo hizo en un reportaje con la cadena televisiva CNN en
Español, en el que habló de su próximo viaje a Cuba y a la Argentina. Allí elogió a su
anfitrión, el presidente Mauricio Macri. El mejor elogio y la más preocupante crítica, pero a
la inversa…

16/03/16: La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de
Pago Soberano y de autorización de endeudamiento del Estado con un límite de 12.500
millones de dólares, para cancelar los pagos acordados con los fondos buitres. La iniciativa
fue sancionada en una sesión que se extendió por casi veinte horas y donde se
consensuaron, entre Cambiemos y la oposición hasta esta mañana, nuevos cambios al
dictamen, tal como la creación permanente de una comisión de la deuda. Se estableció que
sólo se pagará cualquier acuerdo cuando haya sentencia firme de la Justicia de los Estados
Unidos. Durante el largo debate, el proyecto original tuvo algunas variaciones, que
quedaron incluidas en el texto girado a la Cámara alta, entre las que se destacan el límite de
endeudamiento y una cláusula que le impide a los bonistas que adhieran a este canje la
posibilidad de realizar nuevas acciones judiciales. Algunos otros puntos son:
*Tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York, se condiciona la aplicación de la
ley a un fallo "efectivo levantamiento de las medidas cautelares" de parte de esa Cámara o
la Corte de Estados Unidos que levante los embargos contra la Argentina.
*Los nuevos bonos quedan sujetos a las cláusulas de acción colectiva pari passu que
permite a una mayoría de bonistas acordar una reestructuración de la deuda que es
jurídicamente vinculante para todos los tenedores de bonos.
*El proyecto original retomaba la puesta en marcha de la comisión bicameral de
seguimiento de la deuda pública que estará compuesta por diez senadores y diez diputados.
*El Gobierno deberá enviar un informe trimestral sobre el estado de la deuda.
*Se fijó un tope del 0,2 por ciento en las comisiones para los bancos que operarán con
agentes de pago.
*En la oferta base a los bonistas, el Estado no podrá pagar gastos adicionales.
Entre los 165 votos a favor hay, como se dijo, 6 que pertenecen al bloque del FpV. Ellos
son: Ramón Bernabey, de Córdoba, Graciela Casellas, de San Juan, el ex gobernador de
Misiones Maurice Closs, Jorge Franco y Silvia Risko, también de Misiones ambos y
Miriam Gallardo, de Tucumán. Más los traidores que habían abandonado el bloque
encabezados por “sanguchito” Bo-Bossio. Otro día triste del gobierno de la alegría…
17/03/16: Mauricio Macri afirmó que "debe ser optativo" para los clubes de fútbol seguir
como asociaciones civiles o convertirse en empresas. El presidente consideró que "en un
mundo donde todos apuntamos a elegir en libertad, que los socios de cada club elijan". El
país se desangra a diario mientras el primer mandatario ve nichos de negocios para terminar
de destruir a los devastados clubes, de modo de profundizar la brecha entre los grandes y
los chicos. O sea: el mismo esquema de la Economía nacional.

El gobernador de Entre Ríos justificó el apoyo al gobierno para aprobar el acuerdo buitre y
la derogación de las leyes de pago soberano y cerrojo porque en octubre ¡¡¡“perdimos las
elecciones”!!!! Aclaró que el acuerdo es malo y caro ¡¡¡pero hay que asegurar la
gobernabilidad!!! Patéticos, berretas y genuflexos, tienen “principios” al mejor postor.
Porque acá, nada es gratis.

18/03/16: Unas 1500 personas marcharon por las calles de la capital chaqueña de
Resistencia para repudiar la visita del presidente frente a un importante dispositivo de
seguridad. La protesta congregó a organizaciones sociales, políticas y gremiales. En la
provincia, Macri anunció ayuda social y felicitó a los gobernadores "por haber demostrado
que estamos con la camiseta argentina, la única, y que necesitamos dejar atrás años de
conflicto inútiles".

La jueza en lo penal económico María Verónica Straccia dispuso esta tarde una serie de
allanamientos en las distintas dependencias de las empresas del Grupo Indalo, propiedad de
Cristóbal López, según confirmaron desde AFIP a la agencia Dyn. Los operativos, a cargo
de Prefectura y Gendarmería, incluirían también instalaciones de la petrolera Oil (dos en
Comodoro Rivadavia), la firma de auditoría contable Deloitte y dos sucursales de la AFIP,
además del edificio de C5N. Los allanamientos ocurrían días después de que la AFIP
denunció penalmente a los titulares del Grupo Indalo, López y Fabián De Sousa, por el
presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta. María Verónica Straccia, la jueza que
avaló la persecución del gobierno de Macri a los medios de comunicación críticos, está
casada con Jorge Sourigues, abogado del grupo Clarín. Este es el diálogo que encarna el
infame gobierno neoliberal: palos a manifestantes, persecución y despidos a empleados
estatales, y censura abierta y descarada a los pocos medios disidentes que los cuestionan.
Estos muchachos no entienden que, acallando a todos, la olla a presión saltará por los aires
más temprano que tarde, y que ningún clarinete podrá pararlos.

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, anunció que existe el plan de despedir a

casi 1,5 millón de trabajadores estatales una vez que el sector privado se reactive, para que
sean las empresas las que absorban a los nuevos desocupados. Michetti sostuvo que a su
vez que la totalidad de empleados del Estado que fueron despedidos en 3 meses de
macrismo fueron cerca de 20 mil personas entre la Nación, las provincias y los municipios.

El directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), operadora de Atucha, renunció

este jueves en el marco de la profundización de la crisis por la paralización de las obras y el
despido de unos 2.400 trabajadores de las centrales nucleares, ubicadas en el partido
bonaerense de Zárate. Pasamos de crecer para pagar (deudas) al sofisma de pagar para
crecer.
19/03/16: Luiz Inácio Lula da Silva, que el jueves fue nombrado ministro jefe de la Casa
Civil por Rousseff, comentó que espera poder ejercer el cargo pese a la andanada de
medidas cautelares disparadas por jueces y un ministro de la Corte que parecen (en realidad
lo están) sincronizadas para impedirle actuar en el gabinete. Como en sus mejores épocas,
ante una manifestación mucho mayor a la esperada, el ex presidente llamó a respetar la
democracia y el voto. Poco después, un juez de la Corte Suprema, abiertamente opositor,
volvió a bloquear su nombramiento. Lejos de cualquier tipo de pluralismo, la cadena
opositora Globo, el Clarín brasilero, que transmitió en vivo durante horas las
movilizaciones destituyentes, no concedió igual cobertura al discurso de 24 minutos de
Lula, durante el cual la emisora prefirió poner al aire una telenovela. Veremos cómo
continúa la andanada golpista que, envalentonada por el triunfo macrista en Argentina, van
con el mismo espíritu revanchista que azota a los ciudadanos de nuestras pampas.

Las principales cámaras empresarias y entidades sindicales expusieron ayer, ante la

Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, su posición respecto del proyecto de ley
para el pago a los fondos buitre, que contempla un endeudamiento de 12.500 millones de
dólares y la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano. Dando continuidad a las
maratónicas exposiciones diarias ante la Cámara alta para avanzar en el tratamiento súper
exprés que pretende el oficialismo, la exposición se dividió en dos partes. Primero
expusieron los popes empresarios, quienes se mostraron claramente a favor de la propuesta
y aseguraron que la operación permitirá una baja de la tasa de interés para tomar
financiamiento en el exterior. Luego fue el turno de los gremios, que en su mayoría se
opusieron a iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento y expresaron su preocupación por las
fragilidades legales del acuerdo y la situación económica. Dos miradas. Dos intereses
opuestos entre sí.

Desde Chaco, el presidente anunció el aporte de un crédito de 6300 millones de dólares del
Banco Mundial para financiar la AUH y obras de infraestructura. Omitió decir que cinco
mil millones ya habían sido acordados con esa entidad por el gobierno saliente. También se
miente con lo que se calla.

La compra de moneda extranjera para atesoramiento, lo que antes se llamaba el dólar

ahorro, se multiplicó por 2,5 en el primer bimestre del año. La fuga de divisas por esta vía
escaló a 3500 millones de dólares entre enero y febrero, contra el récord anterior de 723
millones de noviembre, cuando las expectativas de devaluación se habían disparado por la
posibilidad de un triunfo de Cambiemos, que se concretaría luego a fines de ese mes. La
promesa de campaña del macrismo de que la sola llegada al poder de un gobierno de
derecha desataría un shock de confianza hasta el momento no se concretó. Por el contrario,
con el desmantelamiento de las regulaciones para la compra de dólares –el mal etiquetado
cepo– se agudizó la sangría de divisas del Banco Central. La información todavía no ha
sido blanqueada a la opinión pública por la autoridad monetaria, que repite el
comportamiento del Indec de ocultar datos que contrasten con el relato oficial de la
revolución de la alegría. En enero y febrero, sin embargo, salieron en promedio 1750
millones de dólares por mes de las arcas del BCRA, contra el máximo de 723 millones
mencionado anteriormente para 2015. Eso explica en buena medida la retracción de las
reservas –de 2600 millones de dólares en lo que va del año, pese a que la liquidación de
exportaciones de cereales y oleaginosas creció en 2500 millones de dólares en el mismo
período–, y la necesidad de compensar ese drenaje con deuda. El hecho de que la tasa de
interés de referencia que fija el Banco Central a través de la licitación de Lebacs se
mantenga en 38 por ciento demuestra que el gobierno no logró domar al dólar. El problema
de esa medida es que lesiona la actividad económica, por el aumento de los costos
financieros para la producción y el consumo. Asegurar que la salida del “cepo” fue exitosa
con este panorama es un ejercicio de ilusión colectiva. El Banco Central ya tomó un pase
por 5000 millones de dólares con la banca extranjera, del cual se consumieron 3500
millones en ochenta días. La aceleración de la fuga es lo que obliga al gobierno a apurar el
endeudamiento. Por eso de Macri para abajo dicen que no hay plan B. Es el endeudamiento
o el caos. No conciben otra solución, y para eso hay que arreglar con los fondos buitre. El
oficialismo, y la oposición que lo acompaña, coinciden en que el acuerdo es de malo a
malísimo, de caro a carísimo, pero “inevitable”. ¿Por qué? Porque de otro modo no habrá
acceso barato a los mercados, y sin deuda no hay futuro. Por otra parte, es discutible que el
solo hecho de cerrar un arreglo con Singer, el decrépito Griesa y demás buitres vaya a
provocar una baja sustancial de las tasas de interés para emisiones de deuda. Seguramente
tras ello será necesario tener un programa con el FMI, y luego ejecutar el recetario
neoliberal completo. El problema de fondo que debe afrontar Cambiemos es el mismo que
desafiaba al kirchnerismo: la restricción externa. Pero mientras antes se buscaba resolver
con un modelo de desarrollo productivo, basado en el mercado interno y la inclusión social,
el actual gobierno postula el modelo de la valorización financiera. Este esquema se resigna
a las reglas del mercado, que exige ajuste y reformas sociales regresivas, y a cambio ofrece
cubrir el déficit de divisas con endeudamiento. Una fórmula explosiva destinada a terminar
mal.

20/03/16: Trabajadores del Hospital Posadas denunciaron que el gobierno de Cambiemos

envió 600 telegramas de despidos a empleados del nosocomio. "La campaña de
desprestigio contra el hospital que se inició de parte del macrismo tenía un único propósito:
despedir trabajadores para luego privatizarlo", afirman desde la Asociación de Trabajadores
del Estado (ATE). Asimismo, los trabajadores denunciaron a la encargada del área
comunicacional del Posadas, Malena Lobo, de cobrar más de $50 mil mensuales y de
"perseguir a los trabajadores" por su militancia partidaria y afiliación gremial. Este es el
aporte del gobierno neoliberal para la mejora de la atención de la salud pública.

El Gobierno les exigirá a los supermercados que publiquen diariamente una lista de 101
precios. El objetivo de la normativa, publicada ayer en el Boletín Oficial, es controlar en
forma online las remarcaciones de las grandes tiendas de ventas minoristas, aunque la lista
es limitada y no incluye productos frescos como carnes, frutas y verduras. Recién entrará a
regir el 29 de abril, luego de cuatro meses durante los cuales las empresas aplicaron fuertes
remarcaciones ante la pasividad oficial. El informe de las cadenas minoristas se publicará a
través de medios digitales todos los días a las seis de la mañana y tendrá carácter de
declaración jurada. Esto es a lo máximo que se puede esperar de estos promotores del
“librecambio”: nada de sanciones, de precios cuidados, de ley de abastecimiento. Mirar por
una pantalla como se inflan los precios es la herramienta inocua que le facilita el poder
ejecutivo empresarial a los ciudadanos consumidores.

21/03/16: El programa Economía política del canal C5N, conducido por Roberto Navarro,
iba a transmitir ayer un especial de tres horas sobre el empresario Nicolás Caputo, amigo
personal del presidente Mauricio Macri, que se titulaba “El socio del presidente”. Pero la
emisión fue levantada. El conductor del programa dijo que la suspensión se debió a una
decisión de las autoridades del canal, que pertenece a los empresarios Cristóbal López y
Fabián De Souza, pero señaló que fue consecuencia de las presiones por parte del gobierno
neoliberal. Diversos periodistas y dirigentes opositores cuestionaron el hecho, al que
calificaron de censura previa. C5N fue allanado la semana pasada producto de una denuncia
por 8 mil millones de pesos en conceptos de un impuesto petrolero que el Grupo Indalo
habría retenido, además de otros 300 millones en aportes de obra social de sus trabajadores.
El presidente ordenó que la AFIP accionara contra el holding, mientras que el jefe de
Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, aseguró que le caerán “con todo el peso
de la ley”. Voceros de los empresarios respondieron que se trata de una persecución política
y aseguraron que se acogieron a las mismas facilidades fiscales que otras empresas.
Empezaron censurando y persiguiendo periodistas, luego a programas opositores y ahora a
canales y empresarios afines al gobierno anterior. Pasan las horas y no hay denuncias en
organismos internacionales, ni declaraciones de Fopea, Adepa o “surfea”. Mucho menos
palabra alguna del vergonzoso sindicato de prensa, que tampoco ha dicho ni mu ante los
más de 500 periodistas echados en todo el país. Con semejantes organizaciones como
controladores de actos y medidas de gobierno la derecha, puede descansar tranquila y
seguir avasallando instituciones y todo derecho colectivo. Amenazando con la (ahora sí)
“GestAfip”, con anónimos llamados a celulares, o reduciendo y/o eliminando pauta
publicitaria oficial, el lema neoliberal del siglo XXI, que en los ’90 era ramal que para
ramal que cierra, ahora es medio que critica o periodista que cuestiona, censura o
persecución que se ejecuta. Estrategia totalitaria que parece poco inteligente. Acallando
todas las voces avivan el interés de lo que quieren silenciar, estimulando lo prohibido o
generando intrigas que hasta por morbo cualquiera quiere saber. Son tan básicos que no
pueden entender que toda sociedad necesita válvula de escape, aunque sea para que sólo
despotriquen y protesten minorías que no los afectarían en su imagen pública, tan bien
protegida por sus socios hegemónicos de los medios dominantes. Quizá porque el sol es
amarillo piensan que lo pueden tapar con la mano, sin caer en la cuenta que las protestas
populares exceden los canales mediáticos de representación. La ola crítica y masificada
llegará a su hora y allí ya no habrá censores mediáticos sino fuerzas de choque que
censuren a palos no a periodistas, oficiando de fiscales, sino a la gente luchando por una
democracia que los incluya y defendiendo sus derechos hoy pisoteados impunemente.

876: fueron ocho personas en el siete a las seis. El presidente fue entrevistado por siete
periodistas en Canal 7 a las seis de la tarde del domingo. En lo que parece un juego
macabro de provocación y descaro desafiante a la inteligencia más básica, el mismo día que
censuran C5N el presidente enfrenta a sus “queremos preguntar” en lo que pareció más una
reunión de amigos o un mitín amarillo bien relajado. La puesta en escena dio una idea de la
concepción de pluralismo que pregonaba el titular de los medios públicos, Hernán Lonardi:
el programa empezó con un resumen de los cien días de Macri, que parecía más un video
promocional que un informe periodístico de un canal público al estilo de la BBC. Breve
lista de temas abordados: el anuncio de la suba del mínimo no imponible para Ganancias, el
acuerdo con los docentes y el discurso inaugural de Macri (en especial, cuando les pidió a
los opositores que respeten el voto popular). Ni los miles de despidos, ni la mega
devaluación, con la consecuente suba de precios, ni el aumento de las tarifas fueron parte
de ese relato. “Parecen 100 meses, no 100 días”, sonrió Macri ante las primeras preguntas.
Sobre la visita de Obama, indicó: “Tengo un gran respeto. Siento que compartimos la
defensa de la democracia y los derechos humanos”. Sobre las críticas a Estados Unidos,
interpretó que “hay una corriente que en vez de evaluar para dentro prefirió culpar afuera”.
“Si tenemos tanto antiamericanismo, por qué cada vez que pueden viajar, viajan a Estados
Unidos. Por qué en la carne triunfó McDonald’s”. El vicepresidente de Télam, Ricardo
Cárpena –que inició su pregunta afirmando que “los sindicalistas son quejosos en general”–
lo consultó por sus medidas para los trabajadores. “Todas las medidas son para los
trabajadores. Sacar las retenciones apunta a crear trabajo. Para eso sacamos los impuestos
que someten”. “Expoagro tuvo récord de venta de equipamiento. Eso quiere decir que las
fábricas van a volver a tener doble turno. Van a volver a incorporar gente que por ahí estaba
suspendida”, aseguró el presidente, quien prometió que se abrirán “fábricas en todo el
país”. Sobre los despidos, aseguró que eran personas que “en su mayoría, van a su trabajo y
están ocho horas sin hacer nada”. Curiosamente, esa fue una metodología que implementó
el macrismo desde su llegada al Gobierno: quitarles funciones a empleados y luego
despedirlos acusándolos de “ñoquis”. “Ya estamos generando nuevos empleos”, aseguró el
presidente, quien incluso llegó a afirmar que con el regreso de la “confianza, nos lleva a un
proceso de creación de trabajo infinito”. Casi sin repreguntas y sin cuestionamientos a las
barbaridades señaladas, Macri se va pareciendo cada vez al patético Yeneral González,
aquel personaje de Alberto Olmedo, un pobre ignorante que ejercía su tiranía creyéndose
amado por su gente. En el caso del actual presidente, sin comicidad, se aventura hacia el
abismo creyéndose que viaja hacia el reconocimiento patriótico de su pueblo.

Las importaciones de bienes de consumo muestran en el primer bimestre un fuerte avance

en relación al año pasado. Según datos del comercio exterior, las importaciones de artículos
de perfumería, higiene personal y cosmética subieron un 30,9 por ciento, la indumentaria
avanzó un 20,5, los muebles un 17,3 y el calzado un 7,4 por ciento. En un contexto de caída
de la actividad económica y del consumo, el incremento de las compras externas guarda
relación con las mayores facilidades que ofrece el nuevo esquema importador. Esa
situación genera preocupación en sectores industriales pymes que emplean mucha mano de
obra y no están en condiciones de soportar una avalancha importadora. Como señal
adicional sobre el rumbo comercial, Roberto Azevêdo, titular de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), guardián global de la libertad de comercio, visitará la Argentina en
los próximos días, en coincidencia con la presencia del presidente de Estados Unidos,
Barack Obama. En la última década la administración del comercio permitió que muchas
empresas ganen participación en el mercado local en relación a las importaciones, con
efecto positivo en el empleo y los salarios y también con impacto en la inflación. Empresas
de rubros tan disímiles como transformadores eléctricos, motocicletas, zapatos, ropa
deportiva, química, laboratorios, alimenticias, perfumería, marroquinería, juguetes,
maquinaria agrícola, autopartes, línea blanca o carteras, invirtieron y contrataron personal a
partir del resguardo de las importaciones en un contexto de crecimiento del consumo.
Ahora se desanda ese camino y las consecuencias sociales y económicas serán tremendas.

Macri remarcó ayer que en la Argentina "hay un millón y medio de empleados públicos de
más", y sostuvo que los despidos masivos fueron "un mínimo emprolijamiento que nada
cambia la cuestión de fondo". O sea: hasta ahora no hemos visto nada. La destrucción de
empleo como estrategia para disciplinar trabajadores, bajando salarios azuzando el miedo
está en marcha; y sin impedimentos morales ni legales, a la derecha reaccionaria
gobernante solo la resistencia de los afectados podrá frenarla, demorarla o impedirla.

22/03/16: Barack Obama llegará esta noche, a la 0.30, proveniente de Cuba. La reunión con
Macri será mañana a las 10.30. La canciller Malcurra aseguró que no se discutirá un
Tratado de Libre Comercio, pero lo imaginó posible más adelante. Pensar que hace 11 años
vino el entonces presidente norteamericano George Bush y se tuvo que ir con una derrota
política histórica, cuando toda Latinoamérica rechazó el imperial proyecto ALCA.

La desregulación de los grupos de poder económico continúa en marcha. El Gobierno

publicó ayer en el Boletín Oficial que la Comisión Nacional de Valores (CNV) ya no
controlará las operaciones de compra y venta de productos agropecuarios. La entidad estaba
encargada desde 2014 de elaborar, junto con el Ministerio de Agricultura, un registro
obligatorio de las transacciones de granos en Bolsas y Mercados. El objetivo era evitar la
especulación de los empresarios del campo, quienes apostando por una devaluación tienden
a retener stocks de cosecha por encima de los normales a la espera de obtener beneficios
extraordinarios con el tipo de cambio. La nueva norma desplaza a la CNV de esta tarea de
regulación, en la que operadores granarios informaban a diario en una plataforma digital las
transacciones del mercado. El desplazamiento de la CNV de estas funciones genera un
conflicto de intereses entre regulados y reguladores. El titular del Ministerio de
Agroindustria, que a partir de ahora tendrá la responsabilidad total de controlar las
operaciones del agro, es Ricardo Buryaile, uno de los principales referentes de
Confederaciones Rurales Argentina (CRA). Así todo queda entre amigos…

El Banco Central levantó el techo de los honorarios que pueden cobrar los bancos en un
20% desde mayo. Además, les permite a las entidades financieras apretar el acelerador con
las comisiones desde septiembre. El organismo que debe regular el mercado les anunció a
las cámaras empresarias que los habilitarán a elegir los montos que deseen cobrarles a sus
clientes. Adicionalmente, el BCRA liberalizará los cargos de las comisiones a partir del 1
de septiembre de 2016. A partir de esta fecha, los bancos podrán cobrar lo que quieran por
el resto de sus productos y servicios, sin ningún tipo de intervención del organismo de
control. El proceso europeo, que dio todo el poder a los bancos, y que derivó en una crisis
hoy sin salida, el gobierno neoliberal argentino lo recrea de manera aún más reaccionaria.

La Policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional reprimieron ayer por la tarde a vecinos

del Barrio Mitre que protestaban frente a la casa de un hombre, acusado de violar a una
menor, y dejaron más de 10 heridos. También estaba presente la Gendarmería. Miembros
del Ministerio de Inseguridad corroboraron que, entre los casquillos de balas de goma, tres
eran de plomo pertenecientes a armas de 9mm. El abogado Pablo Lorenzo argumentó que
"no se puede, a costa de salvaguardar a una persona imputada en un hecho, hacer una
masacre de la gente que fue a manifestarse, que fue a reclamar ante la indignación".
Organizaciones sociales y barriales presentes en la escena, descartan las versiones de las
fuentes policiales que hablan de disparos por parte de los vecinos. El sitio Campaña
Nacional contra la Violencia Institucional señala que el Barrio Mitre es uno de los barrios
que sufre el acoso y abuso sistemático de las fuerzas de seguridad. El caso de Gonzalo
Crespo, víctima del gatillo fácil en 2014 y el de Alan Tapia, muerto de un balazo en su
abdomen en 2012 por un efectivo del GEOF, son dos de los casos emblemáticos del barrio
contiguo al Shopping Dot. Según el testimonio de vecinos, un hombre era inquilino en el
barrio y abusó de la hija de la dueña de la casa, y fue la madre de la nena quien salió a pedir
auxilio. Ante esto, algunos vecinos intentaron ejercer violencia contra este hombre. Frente
al reclamo, las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes.

23/03/16: El terrorismo volvió a golpear con fuerza en el corazón del Viejo Continente con
un triple atentado en Bruselas, sede de la Unión Europea (UE), que dejó al menos 34
muertos y 200 heridos. Los ataques, que fueron reivindicados por el grupo jihadista Estado
Islámico (EI), tuvieron lugar durante la hora pico de la mañana en el aeropuerto
internacional de Zaventem y una céntrica estación de subterráneo cercana a las instituciones
de la UE. El atentado ocurrió apenas cuatro días después del arresto en un barrio musulmán
del jihadista más buscado desde los atentados de noviembre pasado en París, considerado el
autor logístico de aquella matanza, que dejó 130 muertos y unos 360 heridos. Con el
continente sumido en el horror a cuatro meses de los ataques en la capital francesa, tanto la
fiscalía como el gobierno belga confirmaron que las explosiones que sacudieron a Bruselas
se trataron de atentados terroristas. El país se encuentra actualmente “blindado”. Más de un
millar de militares adicionales reforzaron la seguridad de la capital belga y se aumentaron
las medidas de protección en las centrales nucleares. Los atentados hicieron saltar la alarma
en toda Europa. La frontera franco-belga fue cerrada y los principales aeropuertos europeos
también reforzaron su seguridad. Así está hoy el mundo “libre”: atravesado por guerras,
terrorismo, crisis financieras, hambre y muerte. En el contexto de la visita primero de
Hollande y ahora de Obama, no sería de extrañar que éstos inviten a la Argentina a
participar de la cruzada contra el terrorismo, como ya ocurrió en los noventa con Bush y
nuestro príncipe de Anillaco. Con el verso de entrar al primer mundo la derecha neoliberal,
hoy en el poder, puede ver con buenos ojos el convite.

Con el objetivo declarado de ambos lados de abrir una nueva etapa en la relación bilateral,
Mauricio Macri recibe hoy a Obama en Gobierno, donde firmarán convenios. Por la noche
cenarán en el Centro Cultural Kirchner. En lo que resulta casi una provocación a parte de la
oposición, la reunión de “gala” será en un lugar clausurado por su “mal estado”, como rezó
el oficial Hernán Lonardi.

El proyecto de ley, para al pago a los fondos buitre, obtuvo ayer dictamen de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión del Senado para que pueda
ser tratado el miércoles próximo en la Cámara alta. La aprobación tuvo el respaldo de los
senadores del oficialismo, junto al massismo, el GEN y el Frente para la Victoria-PJ. Por su
parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador (FpV) Juan
Manuel Abal Medina, no firmó el dictamen de mayoría y adelantó su voto negativo en el
recinto. Tampoco rubricaron el proyecto la formoseña Graciela De la Rosa (Alianza-FpV) y
el chaqueño Eduardo Aguilar (FpV), mientras que la santacruceña María Esther Labado
(Alianza-FpV) firmó un dictamen de rechazo en soledad. Por su parte, el senador Adolfo
Rodríguez Saá presentó un proyecto complementario, con acompañamiento del Frente para
la Victoria, para establecer que únicamente por ley especial y previo tratamiento del
Congreso podrá autorizarse nuevo endeudamiento. El proyecto también establece que tras
el pago a los buitres se eliminen todas las facultades delegadas por el Congreso al Poder
Ejecutivo en materia de deuda. La iniciativa tuvo dictamen de mayoría y sería tratada el
miércoles próximo. Traducción: los traidores a la patria se rinden ante los buitres y ponen
“límites” que, llegado el caso, el oficialismo tratará de eludir. Como es su costumbre con la
ley.

La Sala VI de la Cámara del Crimen decidió, por unanimidad, el envío a la Justicia federal
del expediente por la muerte de Alberto Nisman. Uno de los jueces, Mario Filosof, sostuvo
que la muerte de un funcionario federal como era Nisman y, además, estando de por medio
una custodia que refleja preocupación por la seguridad del Estado, es materia federal, sin
que importe si hubo homicidio o suicidio. Filosof hasta mete un dedo en la llaga: afirma
que habrá que investigar si Nisman no murió por temas de dinero, a raíz de la cuenta oculta
que tenía en Nueva York y que fue denunciada por su ex pareja la jueza Sandra Arroyo
Salgado. Los otros dos camaristas, Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich, sostienen
que la hipótesis del homicidio “es más que plausible”, asentándose en un análisis del
comportamiento de la custodia, de las llamadas para ellos extrañas que hubo ese mismo día
entre fiscales, el jefe de la bonaerense, el jefe del Ejército y los funcionarios de Inteligencia,
y por lo que consideran maniobras en los celulares y las computadoras de Nisman. Lucini y
Pociello critican las pruebas “científicas” aportadas por todas las partes e incluso lo hecho
por los peritos oficiales. Los tres jueces sacaron copias de su fallo para enviarlas al Consejo
de la Magistratura y a la Procuración para que se evalúe la acción del juez Manuel De
Campos y la fiscal Viviana Fein la noche en que se encontró el cuerpo. A paso acelerado la
opereta Nisman avanza. Cómo van a ser para involucrar al anterior gobierno en lo que
claramente fue un suicidio del infame, inescrupuloso y pésimo funcionario, es toda una
incógnita. Ensuciar, distraer y cobrar seguros multimillonarios, el objetivo de la mafia
político-judicial hoy en funciones.

24/03/16: El aniversario del último y más violento golpe de Estado de la historia argentina
que hoy se recuerda no es uno más: es el cuadragésimo desde su irrupción terrorífica, pero
el primero después de que el kirchnerismo dejó el gobierno nacional y, como condimento
especial, con la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el país. Los
organismos de derechos humanos conmemorarán el Día Nacional de la Memoria como lo
hacen desde hace años: con movilizaciones que confluirán en la Plaza de Mayo, epicentro
de la lucha por los desaparecidos y los bebés robados. Movilizaciones similares se
replicarán en el resto del país. Mientras la ciudadanía se prepara para una movilización
histórica, Mauricio Macri recibió a Barak Obama. Como las épocas cambian, ya nadie
habló de relaciones carnales, sino de tener una “relación madura” con los Estados Unidos.
En una conferencia de prensa posterior, Macri resaltó su voluntad de incrementar las
relaciones comerciales con Estados Unidos e incluso no descartó un Tratado de Libre
Comercio con el Mercosur a futuro. También le agradeció por “desarchivar” los archivos
sobre la dictadura argentina, un tema que hasta ahora no había formado parte de la agenda
del líder del PRO. Obama elogió el cambio en la política exterior de la Argentina e hizo su
homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, al que comparó con el de Bélgica. Hoy irá
al Parque de la Memoria a rendir tributo a los desaparecidos. Los organismos de derechos
humanos anticiparon que no lo acompañarán. Ante una pregunta, Obama eludió hacer una
autocrítica sobre el apoyo de su país a las dictaduras del Cono Sur.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su par argentino, Mauricio Macri,

recorrieron el memorial de la Costanera Norte porteña donde se recuerda a los 30 mil
desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, de la que se cumplen 40 años.
Durante una conferencia de prensa, ambos destacaron la desclasificación de archivos que
informan sobre la relación de Washington con el golpe de Estado de 1976, pero evitaron
mencionarlo de esa manera. Durante su discurso, el mandatario norteamericano se refirió a
"incómodas verdades" sobre hechos "cometidos por nuestros líderes" durante la década del
'70 tanto en la argentina como en varios países latinoamericanos, pero evitó mencionar una
relación directa entre ellos. "Sé que existen polémicas sobre las políticas de Estados Unidos
en esos días oscuros. Las democracias deben tener el valor de reconocer cuando no se está a
la altura de los ideales que defendemos, cuando hemos tardado en defender los derechos
humanos. Eso fue el caso de Argentina", puntualizó. Ayer cuando le preguntaron si hacía
una autocrítica por el rol de los Estados Unidos, el presidente estadounidense hizo un
pronunciado silencio. “Yo... pasé mucho tiempo antes de ser presidente estudiando la
historia de la política exterior de los Estados Unidos. Como toda política exterior, tuvo
momentos de gloria y momentos contraproducentes o que van en contra de lo que yo creo
que debería representar Estados Unidos”. “No quiero repasar las actividades de Estados
Unidos en América Latina a lo largo de cien años”, afirmó. Sin embargo, Obama defendió
la política exterior durante las dictaduras: “En los setentas, el enfoque de los derechos
humanos no fue menos importante que combatir el comunismo. Es un tema importante
tanto para republicanos y demócratas”, sostuvo. No tan subrepticiamente relanzó así la
teoría de los dos demonios, pero a escala mundial. Cinco minutos más de charla y nosotros
les pedimos disculpas a ellos. De todas maneras, tanto él, como el presidente neoliberal
argentino, ya no pueden reivindicar la dictadura, como seguro siguen haciendo en privado.
Y eso también es una victoria simbólica para el campo popular.

Trabajadores de Radio Nacional denunciaron un acto de censura de parte de las nuevas

autoridades, a las que acusan de haber "bajado línea" para dejar de decir que el golpe de
Estado de 1976 se trató de una dictadura "cívico-militar" y definirla simplemente como
"dictadura militar". Quien recibió la orden fue el periodista Carlos Seglul, integrante del
gremio y un ex detenido-desaparecido que estuvo en las cárceles de Azul y Sierra Chica
durante esos años. SiPreBa afirmó en un comunicado que "estamos ante algo más que una
corrección de estilo, se trata de grave acto de censura dirigido al ocultamiento de la
responsabilidad en el genocidio de muchos de los grandes grupos económicos, políticos y
civiles con cargos dirigentes, y aún más grave, se trata de silenciar a integrantes de uno de
los gremios que más desapariciones sufrió durante la dictadura". La prohibición sería
correcta si se prohibiera llamar a la última sangrienta dictadura, en lugar de sólo cívico-
militar, para denominarla “cívico-militar-empresarial-clerical”. Pero el oficial Hernán
Lonardi, a cargo del control policial de los medios públicos, no cree que ni siquiera hubo
dictadura, sino un “estado de excepción”.

"El Pozo" de Quilmes, también conocido como Chupadero Malvinas, fue un centro
clandestino de detención y maternidad clandestina que funcionó entre agosto de 1975 y
enero del 1979, en el marco de la última dictadura cívico-militar. Allí fueron secuestradas
251 personas y las víctimas denunciaron la presencia en ese lugar del cura torturador
Christian Von Wernich. Actualmente el edificio, ubicado en Pilcomayo 59, es utilizado por
la Brigada de investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Tal como
ocurrió en otras ciudades como Avellaneda, donde se inauguró el Espacio Municipal para la
Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos donde funcionaba el Centro
Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "El Infierno", la idea es hacer lo mismo
con "El Pozo". Pero el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, no contestó la consulta
de un periodista sobre si se convertirá en museo y contestó en base a los problemas
heredados de la administración anterior, confundiendo “El pozo” con un bache: "Estamos
trabajando fuertemente para solucionar todos los problemas en Quilmes. Nos encontramos
con una administración donde las personas de carrera fueron dejadas de lado. Cada una de
las problemáticas y de los servicios como el bacheo, la luminaria y la situación edilicia del
municipio es compleja", afirmó. Hace unas semanas viene circulando una versión que el
cocinero renunciaría, pero que previamente se iría en un crucero para cumplir con un
compromiso que tenía pactado antes de asumir. El bien a la comunidad que le haría que se
dedique a las recetas de cocina y deje las del FMI y, así mismo, con más tiempo libre para
instruirse, al menos un poco, sobre los hechos acaecidos durante la década del setenta en
Argentina.

Mauricio Macri instó hoy en el Parque de la Memoria a que "nunca más" haya "violencia
política e institucional" en la Argentina, al cumplirse 40 años del último golpe militar,
momento de la historia al que calificó de "duro" y "muy triste". Sin embargo, en 2006,
Propuesta Republicana (PRO) junto a Argentinos por una República de Iguales (ARI) y la
Unión Cívica Radical (UCR), se opusieron o se abstuvieron en la votación de la ley 21.329
que estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia. La Cámara alta aprobó el proyecto por 34 votos a favor contra 17 y cuatro
abstenciones. Entre los senadores de UCR que votaron en contra (10) se destacan Ernesto
Sanz; el actual gobernador de Jujuy, Gerardo (in) Morales; y el embajador de Argentina en
la UNESCO, Rodolfo Terragno. En Diputados la iniciativa cosechó 123 votos a favor, 36
en contra y 11 abstenciones. Entre los diputados del PRO que votaron en contra (5) se
destacan el actual ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich y el
actual diputado Pablo Tonelli. Tres legisladores de ARI se abstuvieron, pero la diputada
Elisa Carrió se ausentó en el recinto. La iniciativa impulsada por el gobierno de Néstor
Kirchner había encontrado la resistencia de varias organizaciones defensoras de los
derechos humanos, que consideraron que "feriado" es sinónimo de día festivo cuando al
golpe hay que recordarlo con "dolor, reflexión y lucha". El oficialismo explicó que no sería
un día "festivo" porque el proyecto lo coloca como no movible en el calendario, es decir, no
se puede convertir en fin de semana largo, como sucede con otras fechas. Escuchando al
presidente siempre hace recordar al gran Groucho Marx, que con ironía decía: "tengo estos
principios, pero si no te gustan tengo estos otros". La verdad es que Macri sólo tiene como
principios el dogma neoliberal. O sea que sus principios son el “fin” de los nuestros...

Mauricio Macri se alojaría dos o tres días en Villa La Angostura para tomarse, una vez más,
inmerecidas vacaciones. Según allegados a Casa Rosada, el máximo mandatario,
aprovecharía este jueves 24 de marzo por la noche para llegar a despedir a Barack Obama
y, desde allí, se dirigiría a Cumelén, donde suele alojarse. El presidente estadounidense se
retirará de Bariloche este jueves cerca de las 22 horas, hora en la que Macri estaría en el
aeropuerto local para despedirlo, junto a su familia. El primer trabajador argentino no
jugará golf con su impar imperial, pero se tomará otros días más para descansar. Entre la
confección de listas de despidos, empresas a privatizar, reuniones de protocolo para
tratados cipayos con otros países, etc., este hombre no para un minuto. Pobre, debe ser
agotador…

25/03/16: Ayer una multitud, calculada en unas 350.000 personas, conmemoró los 40 años
del golpe militar de 1976. Con la sensación de ahogo casi corporal entre quienes iban
abriéndose paso, la Plaza de Mayo apareció como una respuesta “fuera de serie”. De miles
y miles convocándose una conmemoración pinzada entre los 40 años del golpe cívico-
militar y los primeros 100 días a puro vértigo hacia la derecha coronada por la presencia del
presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Esta vez, el movimiento de derechos
humanos convocó bajo la consigna: “40 años de lucha, memoria y militancia. Sin Derechos
no hay Democracia”. Pasadas las cinco de la tarde, con columnas de agrupaciones sociales,
sindicales, estudiantiles y de agrupaciones políticas que todavía no podían ingresar a la
Plaza, los organismos leyeron un texto que dibujó un círculo entre este 2016 y ese marzo de
1976, sus efectos, económicos, políticos, culturales y sus actores. “El gobierno de Macri,
como sostuvo Rodolfo Walsh en 1977 en su Carta Abierta a la Junta Militar, ha ‘restaurado
la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las
fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación”, dijeron. “39 años después
de esa Carta, los miles de despidos, la persecución a la militancia, los planes sociales
desarmados, las leyes del Congreso en contra del pueblo y la represión, son algunos de los
hechos de los primeros días que nos convocan a defender la democracia”, agregaron. Los
homenajes y movilizaciones se replicaron en las plazas de todo el país. Por primera vez en
20 años y como un signo de época, las centrales obreras abandonaron su lugar histórico en
la retaguardia de la marcha para ubicarse en los lugares que ocupaban las agrupaciones
políticas. Salieron así detrás de la cabecera de la manifestación, ocupada por los
organismos de derechos humanos con la bandera de los detenidos desaparecidos y del
movimiento estudiantil. El cambio de esas posiciones también marcó uno de los ejes
centrales del documento. “Por eso hoy están en esta Plaza las centrales obreras, porque los
trabajadores son la Patria, porque no vamos a permitir que nos roben el derecho al trabajo,
ni que le pongan techo a las paritarias, ni que estigmaticen a los trabajadores y trabajadoras.
Después de más de 12 años de un proyecto de inclusión, hoy las políticas de Estado
empiezan a ser de exclusión social, política, económica y cultural”. La Plaza respondió:
“¡Macri, basura, vos sos la dictadura!”. Para entonces, las organizaciones obreras habían
quedado encolumnadas detrás de una bandera frontal: “Los trabajadores son la Patria”,
decía con dos logos en sus extremos. Uno de la CTA y otro de la CGT. Atrás, marchaba
ATE Capital, UTE, Foetra, UOM, Bancarios. Hubo banderas de la Juventud Sindical de
Facundo Moyano y de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. El documento ya
había enumerado los efectos del 24 de marzo de 1976 en los primeros párrafos. Los 30 mil
desaparecidos, pero también la pobreza, el hambre y el miedo. Recordó entre los
impulsores del golpe a la alianza de grupos económicos, la cúpula de la Iglesia, la Justicia y
el gobierno de los Estados Unidos. Hubo un párrafo destinado a la Doctrina de la Seguridad
Nacional. Un hecho memorable que hará historia.

Salvo Crónica, los medios televisivos brillaron por su ausencia a la hora de televisar la
marcha histórica ocurrida ayer. El oficial Hernán Lonardi decidió que canal 7, la televisión
pública, ninguneara el hecho. ¿No era que en el canal de “todos” iban a estar todas las
voces? ¿Que era plural y democrático? Nada de eso: son viles, mentirosos y autoritarios.
Llámese a sincerarse, Lonardi, y haga suyas públicamente las palabras de Darío El Pérfido.
Para usted no hubo dictadura sino un “estado de excepción”.

Las banderitas rojas y blancas y azules, con barras y estrellas, flameaban sobre el cerco
perimetral del Parque de la Memoria cuando arribó la comitiva que traía a Barack Obama.
El presidente de los Estados Unidos y Mauricio Macri recorrieron el Parque de la Memoria,
pasaron junto al muro que, como una herida abierta, surca el terreno con los nombres de los
desaparecidos y llegaron hasta la vera del río, donde Obama arrojó unas flores al mar. La
imagen de ellos solos, sin la presencia de ningún organismo de derechos humanos en el
lugar, dejaron expuestos a estos impostadores de la moral republicana.

La conmemoración del 24/3 de ayer no fue convocada por un gobierno kirchnerista. ¿Por
qué entonces no hubo columnas de manifestantes del PRO y del partido radical? ¿Será que
para ellos no es una fecha importante, fundacional? ¿Será que reivindican el golpe como lo
hacen con sus políticas económicas y de relaciones internacionales? ¿Será que temían la
reacción de la reserva moral de la Nación allí convocada? Lo concreto es que no estuvieron
allí ni en ninguna parte. Sin ninguna gesta patriótica en vista, sin épica que reivindicar ni
proyectar, el neoliberalismo es una triste realidad que sólo conmueve desde la pesadumbre,
la resignación y el miedo. Su siniestro relato se encamina hacia una nueva catástrofe social
y solamente dejará como legado una verdadera (y renovada) pesada herencia, que habrá que
remontar, nuevamente, en unos años.

Ayer tampoco se observó, en la maravillosa marcha contra el golpe, a ninguno de los que
hace más de un año marchaban por el corrupto, inepto y suicida Alberto Nisman. ¿Qué
pasó? ¿No hay que salir a la calle por la república y defender las instituciones que hace 40
años fueron atacadas por fuerzas oscuras y siniestras que gobernaban Argentina? ¿O la
marcha de los paraguas, al contrario, buscaba interrumpir el orden democrático con un
golpe mediático-judicial? ¿Será que hacía calor y ya no podían usar la remera con la
leyenda "Yo soy Nisman”, ¿que pronto avergonzará hasta a sus propias hijas? ¿No tienen
otra con consignas más altruistas, como "Ni olvido ni perdón" o "Juicio y castigo a los
asesinos de la dictadura"? No. remeras (inconfesables) les sobran. Lo que no tienen es
dignidad y vergüenza.

26/03/16: El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, lamentó hoy la ausencia de

los organismos de derechos humanos en el homenaje que realizó el presidente Mauricio
Macri junto a su par estadounidense, Barack Obama, a los desaparecidos y consideró que
"se perdió una oportunidad". "La invitación existió por parte de la Embajada de los Estados
Unidos en la Argentina para los organismos de derechos humanos", sostuvo el funcionario
nacional. En diálogo con Radio Nacional, Avruj consideró que "se perdió una oportunidad"
de lograr "una foto" que, a su criterio, “era ponderar la grandeza y la posibilidad de ese
encuentro" entre los jefes de Estado y los distintos organismos que, por suerte, no se pudo
dar en el homenaje que realizaron Macri y Obama a los desaparecidos en el Parque de la
Memoria en el marco del aniversario número 40 del último golpe militar."Lo lamenté
mucho, porque me parece que cuando hay diálogo y alguien da un paso adelante, desde la
otra parte también correspondería dar un paso adelante hacia ese encuentro. Ayer se perdió
una oportunidad", señaló el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultura. Y
concluyó: “La mirada política, los dichos y los gestos de Obama han sido muy importantes.
En ese sentido, no había que minimizar el hecho de una foto, sino que era ponderar la
grandeza y la posibilidad de ese encuentro". En realidad, lo que se perdió fue la
oportunidad de sellar la farsa macrista de su interés por los derechos humanos y presentarse
ante su amo del norte como un todo compacto; como si no hubiera diferencias radicales
entre quienes abogan por verdad, memoria y justicia y un gobierno que pregona, en los
hechos, impunidad, olvido y mendacidad. Si tan abiertos son ¿por qué no invitaron a Héctor
Recalde, jefe del bloque del FpV, formalmente a la cena con Obama, como hicieron con los
jefes de las demás bancadas opositoras? Respuesta: por revanchismo político y ninguneo a
voces discordantes. Porque no vinieron a saldar ninguna grieta, que existió siempre y que se
transparentó durante la única década, sino a ensancharla profundizando inequidades y
desigualdades a todo nivel.

El ideal del macrismo, y de sus variados aliados, es una sociedad sin parlamento, sin
sindicatos, ni organismos de derechos humanos, incluso sin organizaciones políticas que no
sean las del partido del ajuste. Su sueño es el voto calificado; aunque lo difícil que sería
aunar criterios para definir, por conocimiento e idoneidad, quién estaría en condiciones de
votar, pues ellos mismos podrían quedar fuera de ese privilegio, lo más seguro sería anular
elecciones y evitar gastos y pérdida de tiempo en algo tan engorroso y peligroso como que
alguien de un lugar tan remoto y atrasado, como Santiago del Estero, llegara a la primera
magistratura. Mejor entonces sería, para estos sátrapas disfrazados de demócratas, la
ceocracia abierta y desprejuiciada. El mando de la gran esperanza blanca sólo sostendría
formalmente su autonomía de EEUU para mantener intactos sus miserables privilegios.
Ningún ánimo de patria grande, igualitaria y democrática los embandera, sino su execrable
condición de plutócratas inmorales al servicio del gran capital concentrado.

27/03/16: La situación que atraviesa el país y el futuro inmediato que se avizora es

alarmante. Como señala el periodista Alfredo Zaiat: “el Sindicato de la Industria Lechera
acuerda suspensiones rotativas de trabajadores sin el cobro de salarios. Smata negocia
retiros voluntarios de varias terminales. UPCN se desentiende del despido de miles de
trabajadores del Estado, mientras que ATE se moviliza, protesta y busca un canal de
negociación para lograr algunas reincorporaciones. El presidente afirmó que existen 1,5
millón de trabajadores estatales de más sin que los interlocutores ocasionales en un
reportaje en la televisión pública consideraran necesaria una repregunta. El gremio
metalúrgico informa que están en riesgo 10 mil puestos y el de la construcción también
actúa como cronista para detallar que el sector perdió más de 50 mil. Miles de petroleros
están bajo la amenaza de suspensiones y despidos. Delegados de base y sus dirigentes
combativos que antes recibían el calor de corporaciones mediáticas para informar sobre
conflictos laborales puntuales hoy ya no son convocados para conocer sus opiniones acerca
de la ola de despidos. Autopartistas, textiles, medios de comunicación, comercio,
alimentación, frigoríficos siderurgia, servicios son otros sectores donde las suspensiones,
despidos y el retraso en un par de meses en el pago o dividir en cuotas el salario se
despliegan con una intensidad impensada hasta antes del comienzo del nuevo gobierno…
En los últimos años, el mercado laboral estuvo bajo tensión por la crisis internacional y las
limitaciones de la economía argentina debido a la irrupción de la restricción externa. La
respuesta estatal fue ampliar la cobertura social en los sectores vulnerables, desplegar el
programa Repro que subsidia parte del salario de trabajadores de empresas en crisis
(alcanzó a 500 mil trabajadores entre 2009 y 2014), y presionar a las empresas para que no
despidan ni recorten planes de producción a cambio de medidas de protección de mercados.
La política económica y laboral del gobierno de Macri tiene un signo opuesto: despidos,
persecución ideológica y control social. La ola de despidos en el sector público abre las
puertas para que se sumen a ese movimiento los privados. Bajo el disfraz de la
modernización emprendieron el desmantelamiento de áreas estatales, reducción hasta la
insignificancia de otras y vaciamiento de programas de políticas públicas específicos,
además de desplegar una estigmatización de los trabajadores estatales (grasa militante,
ñoquis, vagos) acompañada de una persistente discriminación ideológica”. Una vez más
todo dependerá de la capacidad de reacción de los sectores populares.

En su columna de los domingos en el diario Página 12, Horacio Verbitsky, señala (¿o
denuncia?) una serie de puntos que el gobierno neoliberal argentino y su par
norteamericano acordaron durante la última visita de Barak Obama y que no fue dado a la
luz. Para destapar este nuevo cerco informativo, que habitualmente impulsa el gobierno
neoliberal, el periodista visitó la página web de la Casa Blanca, donde allí pudo constatar
una serie de puntos que se celebraron como convenios entre ambos países. Entre otros:
Luchar contra el narcotráfico y el terrorismo sin diferenciar seguridad y defensa. Para ello
Estados Unidos asistirá a las fuerzas argentinas de seguridad sobre terrorismo y
financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera. Funcionarios argentinos se capacitarán
en la Academia Internacional de Policía, realizarán viajes de estudios a Estados Unidos y
recibirán capacitación de la DEA y el FBI.; asistencia en la Triple Frontera; misiones
militares en África; asilo a los sirios que huyen de los bombardeos; Centros de Fusión de
Inteligencia, defensa hemisférica, fuerzas de seguridad en el Comando Sur; cooperación
nuclear a espaldas de Brasil y apertura comercial irrestricta.  Por ahora se eximirá de visa a
los argentinos menores de 16 y mayores de 65 años y la Argentina dejará de cobrar la tasa
de reciprocidad de 160 dólares que deben pagar los turistas estadounidenses (aunque la
redacción es oscura, se entiende que los argentinos seguirán pagando su parte de esta
curiosa reciprocidad), etc.   Según Macri estas concesiones ocultas tendrían como
contraparte un diluvio de inversiones estadounidenses, lo cual no pasa de una expresión de
deseos. La exultación de Macri por el cariño que Obama demostró por él y su esposa
debería moderarse: los anuncios de inversiones formulados en la Sociedad Rural por parte
de empresas estadounidenses no pasan de 13.800 millones de dólares durante el mandato de
Cambiemos y de 2.300 millones en el próximo año y medio. Estas promesas de inversiones
por no más de 4.000 millones de dólares al año son una gota en el océano que no compensa
ni en forma remota la merma de la inversión pública dispuesta por el gobierno y el nuevo
endeudamiento que comenzará dentro de dos semanas, con un primer saque de 12.500
millones de dólares para pagarles a los fondos buitre. Esto permite avizorar que la recesión
será más profunda y duradera de lo que se preveía, porque constituye el único instrumento
para atenuar la inflación que sigue en aumento y ya ronda el 5 por ciento mensual. Además,
parte del dinero que pueda ingresar no se destinará a inversión productiva sino a la
adquisición de empresas preexistentes, a precios de liquidación por la desvalorización del
peso y la caída de la actividad.  Cuando a estos políticos se los denomina traidores a la
patria no se está recurriendo a ningún eufemismo, sino a una descripción acabada de sus
actitudes como funcionarios al servicio de un país (formalmente) soberano.
Nuestro amado y vitoreado presidente neoliberal se tomó nuevamente vacaciones. Macri y
su esposa se hospedaron en la casa del empresario británico Joe Lewis, cuya construcción
tuvo un costo de 8 millones de dólares. Se trata de una mansión de casi 4000 m2. En sus
paredes cuelgan Picassos, que Lewis negó que sean originales. La casa está ubicada a pocos
metros del lago, eje de una polémica que incluye a la senadora Magdalena Odarda del
Frente Progresistas, que arrastra una relación tirante con el presidente. En 2005 la
legisladora hizo suyo el reclamo de las numerosas ONG que exigía al gobierno provincial
que garantizara el acceso a la costa a través del sendero Tacuifi. Se trata de los 14
kilómetros de camino vehicular para llegar al lago desde la ruta nacional 40, que está
bloqueado por las instalaciones de All about kids, la iniciativa de Lewis para las escuelas de
la zona. También solicitó la apertura del camino de alta montaña -un área de difícil acceso
y protegida- que une la confluencia de los ríos Azul y Encanto Blanco con Lago Escondido.
La Justicia falló a favor de Odarda en 2009, 2012 y 2013, pero los accesos no se liberan. El
ex gobernador Carlos Soria había prometido pasar con una topadora, para liberar el camino,
pero nada de eso ocurrió. La primera audiencia que tuvo como gobernador se la dio a
Nicolás Van Ditmar, administrador de Hidden Lake, la empresa de Lewis. Su sucesor
Alberto Weretilneck tampoco logró avances. El año pasado se presentaron 10 recursos de
Amicus Curiae para solicitar el cumplimiento de la sentencia. "Vemos con preocupación
cómo pasan los gobiernos provinciales y nacionales y que el acceso al Lago Escondido no
se libere", sostuvo ayer Ana Wieman, que ha llevado adelante el reclamo con Odarda.
Sobre la catadura moral de este perverso personaje huelgan las palabras. Lo interesante es
remarcar que más allá de los costos estratosféricos que seguramente el erario argentino
solventará al superficial matrimonio presidencial, están los símbolos. La fecha, el lugar, el
dueño. Cargados siempre de connotaciones terribles y siniestras pareciera que, no sólo ya
él, sino todos los funcionarios neoliberales muestran esa faceta provocadora rayana en la
perversión. Escupan para arriba, que todo vuelve.

La emisora internacional e interestatal de televisión Telesur dijo en su sede en Caracas que

"estudia respuesta formal" al anuncio de la salida de Argentina de la cadena, como lo
anticipó Hernán Lonardi, ministro de Medios y Contenidos Públicos del gobierno de
Mauricio Macri. "El Estado argentino se va de la cadena #Telesur anuncia @herlombardi
en su cuenta en Twitter"; "#teleSUR estudia respuesta formal" a ello y a unas declaraciones
adicionales a un diario, porque "no es costumbre de nuestro Multimedio replicar
informaciones sin la debida confirmación", se lee en la cuenta de la emisora en esa misma
red social. La Nueva Televisión del Sur, sociedad dueña de Telesur y en la que también son
accionistas los Estados de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay, nació
en 2005 tras un lustro de insistencia de su mentor, el fallecido presidente venezolano Hugo
Chávez. El Estado argentino es propietario del 16 por ciento de las acciones de La Nueva
Televisión del Sur, sociedad dueña de Telesur, en la que también son accionistas los
Estados de Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Uruguay. "Nuestro país no
tenía ninguna injerencia en los contenidos de la señal ni en su gerenciamiento. Esta
determinación va en línea con lo que nos hemos propuesto para los medios públicos en
términos de pluralismo y austeridad", explicó Lonardi, en declaraciones publicadas hoy por
el diario La Nación. Una vez notificada la intención de dar por terminado el convenio, la
desvinculación se hace efectiva seis meses después. La adhesión de Argentina a Telesur se
basa en un convenio de cooperación firmado con Venezuela y es de renovación automática
pasados los primeros cinco años desde su firma, a menos que una de las partes comunique
su decisión de desvincularse. "El pueblo venezolano no se entera de lo que pasa en
Argentina, se entera lo que los dueños de la CNN quieren, y lo mismo pasa en Argentina
con lo que ocurre en Venezuela", dijo Chávez en Buenos Aires el 1 de febrero de 2005,
cuando firmó con su entonces colega argentino, Néstor Kirchner, el puntapié inicial a
Telesur. La salida del Gobierno argentino implica que el canal dejará de emitirse en la
plataforma estatal Televisión Digital Abierta (TDA), y al no ser más estatal tampoco sería
de inclusión obligatoria en las grillas de todos los cable operadores. De hecho, desde el mes
pasado ya no forma parte del abono básico de la principal empresa de cable del país,
Cablevisión, del Grupo Clarín. Con esta decisión, una vez más, Hernán Lonardi confirma
que él es el gran comisario de las libertades públicas.

28/03/16: Continúa el vaciamiento de las políticas públicas de investigación de crímenes de

lesa humanidad. Mientras el gobierno de Mauricio Macri anuncia como una victoria propia
el compromiso de Estados Unidos para la desclasificación de nuevos archivos de la
dictadura, hace pocos días cerró dos áreas claves de investigación sobre el pasado reciente.
Con 7 votos sobre 10, el Directorio del Banco Central de la República Argentina disolvió
formalmente la Subgerencia de Derechos Humanos, nombre que era lo único que quedaba
en pie después de los despidos de sus trabajadores en febrero. Y el Ministerio de Seguridad
despidió a los coordinadores del equipo de trabajo en los archivos de Gendarmería y Policía
Federal, en el marco de un proceso en el que el Ministerio de Modernización aceptó la
disolución de la Dirección Nacional de Derechos Humanos de esa cartera, con un cambio
de nombre y de funciones que desactiva las investigaciones sobre delitos de lesa
humanidad. Copias de la reconstrucción de los reglamentos internos de las fuerzas de
seguridad y un censo de contenidos de los archivos que permitieron entender estructuras y
responsabilidades en aspectos centrales como “los vuelos de la muerte”, fueron a parar
literalmente a contenedores de basura. Lo que el macrismo presenta como parte de una
“des-kirchnerización” del Estado, afecta de modo preocupante a una política pública como
la perspectiva de derechos humanos de cada ministerio. No cabe duda que han venido por
todo y que el lema “Si se puede”, que copiaron de la campaña de Obama, lo están llevando
a todas las áreas de gobierno. “Si se puede” destruir el salario en dos meses, precarizar aún
más el trabajo, endeudar al país como nunca y favorecer la impunidad de los genocidas y
sus cómplices; muchos de ellos, hoy, entusiastas defensores del nuevo gobierno neoliberal.

Luego de que el presidente se hospedara en la estancia del empresario Joe Lewis, en Lago
Escondido, cerca de El Bolsón, la vocera del multimillonario fue premiada con un cargo
público. La abogada Dalina Pinacho fue nombrada Directora de Radio Nacional de
Neuquén. Pinacho es militante del PRO y es cercana al secretario de Coordinación del
Municipio y referente local del partido, Marcelo Bermúdez. Además, en su Twitter,
demuestra la adhesión al gobierno neoliberal con imágenes y mensajes de apoyo. Hoy
asumió su puesto en un acto con la presencia del secretario de Medios Públicos, Jorge
Sigal. Pinacho fue vocera de Lewis hasta 2010 en la empresa Lago Escondido S.A, y se
convirtió en una persona de extrema confianza dentro de la estructura del magnate, que es
propietario del club de fútbol inglés Tottenham. A esto estamos sometidos cotidianamente:
a la fiesta de unos pocos, que ha tomado al Estado por asalto para sus negocios particulares,
mientras hunden a la Nación y la entregan a las corporaciones, de las que también son
socios y aliados. Menemismo puro, con salsa de odio como condimento.
La Biblioteca presenta hoy una imagen inusual. Desde la mañana, carros de asalto de la
Policía Federal cercaron el edificio de la cultura. Tras los despidos masivos de la semana
pasada, trabajadores del organismo denunciaron a través de las redes sociales que se
encuentran "cercados por efectivos policiales". "Carros de asalto de la Policía Federal
cercan la Biblioteca Nacional. Sin explicación y sin motivo, los trabajadores y trabajadoras
que desde temprano fueron llegando al edificio, se encontraron rodeados por efectivos
policiales", denuncian desde una de las cuentas de los empleados en las redes sociales. Los
trabajadores exigen explicaciones sobre la presencia policial a la directora interina de la
Biblioteca, Elsa Barber, y al director designado que asumirá en junio, Alberto Manguel. La
semana pasada, la administración de Cambiemos despidió a unos 240 trabajadores, un 25%
de la nómina de la institución. Vaciamiento de la cultura, fundamental para retomar el
proceso de colonización de las conciencias y el embrutecimiento general de la población.
Para un neoliberal gobernar es marginar, empobrecer y silenciar a las mayorías.

El gobierno neoliberal tomó una polémica decisión: suspender la construcción del ARSAT
3 y comercializar el 2, con el objetivo de obtener "autofinanciamiento" para la empresa
estatal de telecomunicaciones. Así lo confirmó su presidente, Rodrigo De Loredo, yerno del
actual ministro de Telecomunicaciones. Según consigna el matutino El Cronista Comercial,
la decisión de poner un alto en el plan de desarrollo satelital que impulsó el kirchnerismo se
debe a cuestiones netamente presupuestarias, para buscar el "autofinanciamiento" de la
compañía estatal que ya lanzó dos satélites al espacio y planea(ba) lanzar un tercero. De
Loredo explicó al citado medio que la intención es comercializar el espectro sobre el que
trabaja el Arsat 2 para obtener fondos para la empresa. Al respecto, sostuvo que la empresa
"necesita autofinanciamiento porque nos encontramos con una empresa que tiene cosas
buenas, pero con un desmanejo de los fondos y en este camino buscamos la incorporación
de socios colaborativos". Para ello, ya iniciaron los trámites en el exterior. Hasta que no
consigan rentas del Arsat 2, De Loredo confirmó la suspensión del plan para construir el
Arsat 3. "Nos reunimos con los proveedores, que son todas empresas internacionales, y les
pedimos tiempos porque la única manera de financiarnos en vendiendo el II", explicó a El
Cronista. Asimismo, añadió que el foco de la empresa bajo su gestión estará en ser un
proveedor mayorista de fibra óptica, un "carrier de carriers" como lo definió. "Arsat no
viene a competir con ningún actor privado, viene a colaborar", aclaró. Mientras todo esto
sucede el ministro Lino Barañao, quien se quedaba en el cargo a condición de “mantener lo
conseguido”, brilla por su ausencia y su silencio. Lo único que falta es que hasta él, en
cualquier momento, empiece hablar de la fatal “herencia recibida” …

Uno de los voceros de Héctor Magneto, Alfredo Leuco, que oficia de periodista bien pago y
todo terreno, salió a pedir descaradamente que se creen nuevos organismos de derechos
humanos, pues los existentes no representan al conjunto de la sociedad. Propone que tipos
como Kovaldoff, Campanella, Magdalena Ruiz Guiñazú y ¡Sabsay! entre otros, presidan
y/o dirijan una nueva organización de este tipo. Cuando uno pensó que ya lo había
escuchado todo y superado su capacidad de asombro, aparece un Leuco para llevar la
censura y la prohibición hasta los lugares más inimaginables. Postúlese usted Leuco, que
cuenta con cuantiosos fondos para comenzar la ardua tarea de hacer compatibles los
derechos de las corporaciones y los genocidas con los del pueblo de a pie y sus luchas
históricas y presentes.
Vecinos del barrio de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy junto a integrantes de Tupac
Amaru organizaron una feria de trueque. Ropa, revistas infantiles, juguetes y comida son
algunas cosas que se canjean para paliar la crisis que viven desde la asunción del
gobernador Gerardo (in) Morales, que dejó sin ingresos a más de 5000 cooperativistas. Está
volviendo el trueque; a la vuelta están esperando por volver los patacones.

El periodista Roberto Navarro no pudo dar tampoco ayer su informe sobre el “socio del
presidente” referido a Nicolás Caputo, el amigo de la infancia de Mauricio Macri, que
desde que éste estuvo en el gobierno de la ciudad y ahora en la Nación, multiplica sus
negociados de manera escandalosa. Ante la censura televisiva empezó a publicar el informe
en la página web del periodista, “El destape”. Macri y Caputo tienen una amistad desde los
seis años, cuando ambos iban al colegio Cardenal Newman. El vínculo se estrechó más
cuando Caputo pagó en persona el rescate del presidente, luego de que éste fue secuestrado
en 1991. Con Macri como jefe de Gobierno porteño, Caputo pasó de tener contratos con el
gobierno de la Ciudad por 120 millones de pesos a superar los 1200 millones de pesos.
Juntos fundaron la empresa de aire acondicionado Mirgor SA, en 1983, y el partido
Propuesta Republicana (Pro), en 2003. Caputo siempre integró la "mesa chica" del Pro y así
lo admitió Gabriela Michetti en declaraciones televisivas. Las empresas de Caputo fueron
las más beneficiadas por las contrataciones de obra pública del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y, en los primeros 100 días de la administración de Cambiemos, también fue
adjudicataria de proyectos oficiales. El informe denuncia sobreprecios, licitaciones a
medida, obras mal hechas o sin terminar y movimientos financieros sospechosos entre
Caputo y su amiguito de la infancia, un tal Mauricio. "Caputo S.A. no licitó una sola obra
en mi gestión, porque yo se lo pedí", aseguró Macri antes del debate presidencial del año
pasado. Sin embargo, la empresa SES S.A., que tiene como accionista mayoritario a Caputo
S.A. con el 50 por ciento de la empresa, desde la llegada de Macri a la Ciudad ha obtenido
licitaciones que van desde el mantenimiento de hospitales y escuelas a reformas en el
Microcentro. Veremos si este informe, que promete desnudar esta relación promiscua entre
el empresario y el presidente neoliberal, tiene implicancias judiciales como el periodista
piensa. Después de ver la primera parte del informe queda claro que el macricaputismo
debería estar en serios problemas judiciales. Un fiscal de oficio o el mismísimo parlamento
deberían encabezar esta investigación que, en cualquier país serio, debería tener serias
implicancias para ambos acusados.

29/03/16: Marcos Levin, dueño de La Veloz del Norte, fue condenado a 12 años de prisión
acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados cometidos
durante la última dictadura militar. Levin se convirtió, de esta manera, en el primer
empresario en ser condenado por delitos de lesa humanidad por el Tribunal Oral Federal de
la provincia de Salta. Los delitos que recayeron sobre Levin se produjeron durante el
secuestro de Víctor Cobos, entonces empleado de La Veloz y delegado de la UTA. Levín
no es el primer empresario condenado por juicios de lesa humanidad, sin embargo, sí es el
primero que es juzgado como co-responsable del aparato represivo. Por este tipo de cosas el
macrismo quiere desmontar y desfinanciar los organismos estatales que investigan la
participación cívica en la dictadura. No vaya a ser que algún día salpique a muchos de los
que hoy son funcionarios y legisladores del gobierno. Por internet ya circula la foto del
presidente Macri con este genocida, tomada en Salta en ocasión de la campaña electoral de
Cambiemos en noviembre de 2015.

El presidente de la empresa estatal Arsat, Rodrigo De Loredo, confirmó ayer que el

Gobierno suspendió la construcción del satélite Arsat3. El argumento oficial es que su
financiamiento tiene que ser garantizado con los recursos generados por los otros dos
satélites argentinos que ya están en órbita, lo cual por ahora no sería posible. El ex titular de
Arsat Matías Bianchi respondió, en cambio, que al final de su gestión Arsat-3 tenía
firmados contratos por cerca del 30 por ciento de su capacidad y había un plan para llegar
al 80 por ciento el año que viene. Esto era previsible, sabido que en 2015 el ahora
presidente, cuando se lanzó el satélite, criticó la iniciativa despotricando contra un gobierno
que “lanzaba una heladera al espacio malgastando el dinero público”. Sin palabras.

La provincia de Jujuy recibió ayer 260 millones de pesos del gobierno nacional. La
transferencia representa el tercer adelanto financiero que recibe el gobernador Gerardo (in)
Morales desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. Los recursos enviados a ese
distrito a lo largo del primer trimestre suman 1260 millones de pesos. Se trata de anticipos a
cuenta de los recursos de impuestos coparticipables correspondientes a la provincia. Los
adelantos financieros son una herramienta discrecional del Estado nacional que le
permitieron al Gobierno aliviar las cargas presupuestarias de nueve provincias. La mayoría
de las jurisdicciones beneficiadas son territorios gobernados por Cambiemos y sus aliados o
que lo apoyan en el Congreso para aprobar el acuerdo con los fondos buitre. La magnitud
de los fondos recibidos en lo que va del año por la provincia conducida por (in) Morales
solamente es superada por Buenos Aires. Desde que desembarcó María Eugenia Vidal en la
gobernación obtuvo 3500 millones de pesos en enero. Detrás de Jujuy se ubican Mendoza
(1000 millones de pesos), Neuquén (1000), Córdoba (800), Santa Fe (600) y Chubut (250).
Aunque apretadas, las finanzas provinciales jujeñas no exhiben una situación financiera
más acuciante que la del resto de las jurisdicciones que, frente a sus dificultades, recibieron
respuestas negativas o evasivas para sus pedidos de adelantos como Santa Cruz. Las
últimas dos provincias en recibir adelantos fueron Entre Ríos (300) y Catamarca (200).
Esas provincias gobernadas por mandatarios peronistas recibieron los fondos en medio de
la negociación política del gobierno para derogar el marco normativo que impide pagarles a
los fondos buitre y habilitar la operación de endeudamiento externo que financiará el
acuerdo. Así además paga, el gobierno neoliberal, los servicios de un gobernador que
mantiene presa desde hace más de dos meses a la primera presa político en democracia:
Milagro Sala.

Las federaciones de los docentes universitarios coincidirán este miércoles en un paro

nacional, para exigir un aumento salarial cercano al 40 por ciento. El Gobierno intentó
frenar la huelga con un primer llamado a iniciar las paritarias –hoy por la tarde– pero los
sindicatos confirmaron las medidas. Además del paro, la Conadu y la Conadu Histórica
volverán a confluir en una acción gremial conjunta después de una década: mañana
instalarán una carpa docente frente al Ministerio de Educación. La película vista y gastada
del ajuste y sus consecuencias sigue su curso.

Los precios de los autos volverán a aumentar, 8% en abril, porque las terminales y
automotrices buscan amortizar la inflación y la devaluación de diciembre último, por lo que
el mercado argentino contará sólo con dos modelos cero kilómetro por debajo de los
200.000 pesos. La caída de ventas será inevitable en contraste con lo sucedido en los
últimos años en que esta industria batió todos los récords de producción y venta.
“Cambiemos” …

La diputada nacional, la lumpen política Elisa Carrió, ratificó este martes ante la Justicia
sus acusaciones contra el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici por "manejar la
Justicia" y "conversar" con el juez federal Norberto Oyarbide "para que se jubile" en lugar
"de ir preso por corrupto y ladrón". Carrió declaró como testigo ante el juez federal
Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, a los que aportó supuestas pruebas sobre
el rol que le adjudica a Angelici y su influencia en los tribunales de Retiro. "Yo me voy a
seguir ocupando de investigar la corrupción, aunque Angelici lo quiera impedir. El
presidente de Boca interfiere en la Justicia y el presidente de la República lo sabe", había
opinado Carrió en una entrevista para el programa de TV La Cornisa. También allí la
mandataria expresó que Nicolás Caputo, empresario y "hermano de la vida" del presidente,
debería vender todas sus empresas como "precio a pagar" por su cercanía con el primer
mandatario. "Nicolás Caputo debe vender sus empresas dedicadas a la obra pública. Ese es
el precio que tiene que pagar", precisó la diputada nacional, que enseguida respondió que el
empresario "se dedique a otra cosa”. Asimismo, señaló que "Durán Barba es un personaje
que yo detesto porque ha asesorado al gobierno sobre que no hay que meterse en los temas
de corrupción porque no le interesan a la gente. Es un doble agente". "No puedo garantizar
que este gobierno no siga robando si no se termina con la impunidad", concluyó Carrió.
Menuda piedra en el zapato para el nefasto gobierno neoliberal tener de aliada a esta
siniestra mujer, que aunque en esta ocasión esté bien rumbeada, no debemos olvidar las
barbaridades dicha y hechas a favor de las corporaciones; ensuciando, sin pruebas y a pura
mentira y operación política, a todo opositor a sus ideas.

El juez federal Claudio Malodío dibujó una insólita imputación por asociación ilícita para
tener como rehenes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex ministro de
Economía Axel Kicillof. El delito de asociación ilícita –que es integrar una organización
delictiva– se suele utilizar como maniobra para amenazar a los imputados con meterlos
presos. En el caso de Kicillof no lo podrá hacer porque es diputado y tiene fueros, pero
respecto a CFK podría concretarlo cuando concurra a Comodoro Py el 13 de abril. El dato
surge de la primera indagatoria que se tomó ayer en la causa por la operatoria del dólar
futuro. Ante la ex directora del Banco Central, Flavia Matilde Marrodán, actual gerenta de
la institución, Malodío formuló una acusación descabellada en la que no le señala a la
funcionaria que votó o hizo tal o cual cosa, sino que integró una asociación ilícita cuyos
jefes fueron CFK y Kicillof y que “le produjo al Estado cuantiosas pérdidas”. En cada
párrafo el juez habla de política económica y opina sobre lo que le parece razonable o no.
Esta calificación de asociación ilícita es la que permite amenazar con la detención el mismo
día en que vayan a declarar, por supuesto intentando dejar de lado que nunca dejaron de
estar a derecho, que es obvio que no se van a fugar y que no están en un lugar que les
permita obstruir la investigación, ya que toda la operatoria fue pública. La lógica indica
que el primer paso de la defensa de CFK será recusar a Malodío, quien se despachó varias
veces públicamente contra el gobierno de la ex mandataria. No debería ser difícil aportar
pruebas de su animosidad y, de hecho, fue apartado de la causa Hotesur. Por lo que se sabe,
la ex presidenta tiene muy estudiado el expediente y se prepara intensamente para enfrentar
la acusación. En el edificio de Comodoro Py circulaba la versión de que Malodío apuntaba
a realizar detenciones, aunque al mismo tiempo está instalada la preocupación por las
movilizaciones que habrá el día que declare Cristina Kirchner. La amenaza emitida ayer por
Malodío a través de la calificación que exhibió en la primera indagatoria seguramente hará
que la cantidad de gente se multiplique.

30/03/16: Mientras el ministro de Modernización y Despidos, Andrés I-barra, se prepara

para anunciar mañana el saldo de trabajadores que dejó en la calle el proceso de “revisión”
de contratos en el Estado nacional, los titulares de la CTA de los Trabajadores y de la CTA
Autónoma, Hugo Yasky y Pablo Micheli, y el secretario general de ATE Capital, Daniel
Catalano, denunciarán hoy al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) por “las vulneraciones al derecho al trabajo” que implicó no sólo la ola de despidos,
sino el conjunto de las medidas macroeconómicas. En sus fundamentos, la denuncia
advierte sobre la violación de por lo menos seis de los convenios fundamentales de la OIT,
a los que el país suscribe. Entre los principales que cita se encuentra el Convenio 122 sobre
el desempleo, que data de la década del 60, y requiere a los Estados miembros que “la
política de empleo constituya un elemento esencial de toda política destinada a promover el
aumento de los ingresos nacionales y su distribución equitativa”. Obviamente es bueno
denunciar en foros internacionales la política criminal de este infausto gobierno, pero no
hay que esperar que de ello dependa un cambio de rumbo económico. Estos facinerosos
vinieron a refundar el país y sentar las bases de un Estado neoliberal perdurable en el
tiempo; en el que los partidos y los políticos, en el mejor de los casos, se reciclen bajo sus
mismas coordenadas ideológicas.

En vísperas de la sesión que buscará transformar en ley el proyecto del gobierno nacional
para destrabar el pago a los fondos buitre, el presidente de la bancada del Frente para la
Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, adelantó su acompañamiento al texto oficial
y dijo que el bloque tendrá libertad de acción. Pichetto justificó su decisión asegurando que
“Néstor Kirchner hubiese pagado” a los capitales especulativos en los términos que plantea
el gobierno de Mauricio Macri, lo que disparó una rápida respuesta desde sectores más
críticos del peronismo. La primera que salió al cruce del senador fue la ex jefa de bloque en
la Cámara de Diputados Juliana Di Tullio, que a través de Twitter manifestó que “Kirchner
no hubiera puesto en riesgo toda la reestructuración de la deuda argentina” por lo que
plantear lo contrario “es un contrasentido”. La legisladora calificó como “desafortunado”
que Pichetto invocara al ex presidente “para justificar su voto”. Lo peor de estos traidores
como Pichetto es que ni siquiera tienen el coraje de hacerse cargo de las decisiones que
toman. Claro, la cobardía es conditio sine quanon de los traidores.

El fin de semana que pasó el presidente Ma en la estancia del empresario inglés Joe Lewis
obligó a una serie de explicaciones. El administrador de Hidden Lake (la empresa que
controla los terrenos de Lago Escondido), Nicolas Van Ditmar, sostuvo que Macri “es un
amigo de la familia Lewis desde hace 11 años y ha visitado la zona muchas veces, incluso
antes de que fuera presidente y jefe de Gobierno de la Ciudad”. En tanto, el titular de
Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lonardi, justificó la designación de la ex vocera de
Lewis como directora de Radio Nacional Neuquén: “Si empezamos a cuestionar a alguien
por haber sido vocera, nos quedamos sin gente para ocupar cargos”, aseveró (así de
abundante y probos son los cuadros del “mejor equipo de los últimos 50 años”). El jueves
pasado, Macri viajó a Bariloche con su esposa Juliana Aguada y su hija Antonia a despedir
al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Cuando llegó al aeropuerto, Macri y su
familia abordaron el helicóptero propiedad de Lewis y partieron hacia su estancia en Lago
Escondido, la misma por la que el empresario multimillonario tiene fallos judiciales en
contra por no habilitar los caminos hacia el lago. El equipaje de Macri fue transportado por
el helicóptero de Prefectura, que luego fue el que lo llevó de vuelta a saludar a Obama. El
uso del helicóptero privado y la estadía en la mansión del dueño del Tottenham y accionista
de Edenor generó una ola de críticas. El abogado Ricardo Monner Sans consideró que se
podría configurar el delito de dádivas, lo mismo que dijo el senador Pino Solanas. El
dirigente de Proyecto Sur reclamó que intervenga la titular de la Oficina Anticorrupción, la
fanática macrista Laura Alonso. Página/12 intentó averiguar si Alonso iba a abrir un
expediente, pero la funcionara no respondió a los llamados. Claro que, comparado con la
catástrofe social que va generando con sus políticas, este episodio es menor. Sin embargo,
es elocuente para ilustrar la catadura moral y ética que, para llevar adelante semejantes
planes económicos y sociales, debe tener quien preside y define el rumbo de una Nación.

La diputada nacional, la lumpen política Elisa continúa despegándose del gobierno de

Cambiemos, y ahora salió a criticar la nueva ola de aumentos que sacuden el bolsillo de la
población. La líder de la Coalición Cívica hizo hincapié en el impacto que tienen las subas
de agua, gas y transporte venideras y hasta confesó que intentó "evitarlo". En su cuenta de
Twitter, una de las fundadoras de la alianza gobernante sostuvo que no comparte los
"ajustes brutales" en servicios públicos porque "no se puede ahogar a la sociedad que nos
apoya con el cambio". "Hice todo lo posible para pararlo y no pude", añadió. Uno ve con
beneplácito que hacia el interior de Cambiemos empiecen los cortocircuitos que lo
debiliten. Pero de esta mujer, que descubrió la brutalidad del gobierno neoliberal 120 días
después de asumido, no se puede esperar nada bueno. Está repitiendo, con su accionar y sus
declaraciones, lo que viene haciendo hace 20 años: primero ser artífice de construcción de
alianzas para luego dinamitarlas desde adentro. Es el ego, la notoriedad mediática y el
oportunismo pornográfico el que mueve a esta señora y ningún principio ético y
republicano, que se cansó de bastardear mientras alardeaba defenderlos.

Hoy Mauricio Macri citó a Carrió a Olivos. Si es para censurarla ¿por qué no la manda a
hablar con el agente Hernán Lonardi, especialista en acallar voces disidentes? El colmo
sería que se le “pudra el rancho” a la alianza neoliberal por una implosión interna, mientras
los damnificados por estas políticas aberrantes miran atónitos, impotentes, deprimidos y
aislados o justificando la miseria planificada, hablando de la "herencia recibida".

El silencio del gobierno de María Eugenia Vidal respecto a cómo será el aumento salarial
para los integrantes de las fuerzas de seguridad y, principalmente, ante la incertidumbre de
cuándo lo comenzarán a percibir, provoca que los policías y penitenciarios de la provincia
de Buenos Aires acumulen tensión y malestar. Tanto es así que ayer en las redes sociales
circuló una convocatoria para realizar una retención de tareas durante dos horas el próximo
2 de abril, el que sería acompañado por un “sirenazo”, y que incluiría la no atención a los
llamados al servicio de emergencias 911, una medida muy preocupante teniendo en cuenta
los niveles altos de inseguridad vigentes. Si tampoco le van a pagar bien a los “agentes del
orden”, cuando venga la represión abierta, que está a la vuelta de la esquina, van a estar
complicados para tenerlos incondicionalmente de su lado.
31/03/16: Hoy es el día de la vergüenza nacional. El oficialismo obtuvo anoche en el
Senado la media sanción que restaba para convertir en ley su proyecto para el pago a los
fondos buitre. Es el primer triunfo parlamentario de Cambiemos, que será recordado como
el inicio de un proceso de endeudamiento para el país y de la emisión de bonos más grande
para una economía en desarrollo de los últimos veinte años, que tendrá como destino
pagarle a los carroñeros. El proyecto, aprobado con 54 votos a favor y 16 en contra,
contempla el pago en efectivo a los fondos demandantes y a otros holdouts con una emisión
de 12.500 millones de dólares en títulos públicos. La votación contó con el apoyo de los
tres partidos que integran la alianza oficialista (PRO, UCR y Coalición Cívica), sus aliados
del massismo, el Peronismo Federal, el GEN, partidos provinciales, el espacio UNA y de
poco más de la mitad de los senadores que integran el Frente para la Victoria. En la vereda
de enfrente quedaron los senadores más duros del FpV y el único legislador de Proyecto
Sur Fernando “Pino” Solanas, quien se declaró en contra, pero se ausentó al momento de
votar. La votación a favor la encabezó el jefe de bloque Miguel Pichetto, el salteño Rodolfo
Ortobey y el santafesino Perotti. La lista se completó con los entrerrianos Pedro Guastavino
y Sigrid Kunath, los catamarqueños Inés Blas y Dalmasio Mera, los jujeños Walter
Barrionuevo y Liliana Fellner, los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin, la
bonaerense María Laura Leguizamón, los fueguinos Julio Catalán Magni y José Ojeda, la
sanjuanina Marina Riofrío, el correntino Carlos “Camau” Espínola, los formoseños José
Mayans y Graciela De la Rosa, los tres misioneros Juan Irrazábal, Salvador Cabral y Sandra
Giménez y los santiagueños Ada Iturrez y Gerardo Zamora. Traidores a la patria, han
pasado a la historia y el pueblo, más temprano que tarde, los demandará…

Las sedes de los principales ministerios y organismos del Estado fueron ayer un infierno de
cantos y bombos, multitudes en protesta, asambleas y banderazos. Los estatales, en plan de
lucha contra los nueve mil despidos decretados por el Gobierno, resolvieron cesar en sus
tareas, realizar vigilias permanentes en las puertas de ingreso y copar el hall y los pasillos
de los edificios de Cultura, Justicia, Trabajo, Lotería Nacional, Afsca, Hacienda y
Educación, entre otros. El ministro de Despidos, Jorge Triaca, prácticamente militarizó el
decimotercer piso del edificio que su cartera tiene en Alem al 600, donde funciona su
despacho. Al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, literalmente le tomaron su oficina de
ceremonial, que debió desalojar con la policía. Fue la respuesta que encontraron delegados
y trabajadores organizados en ATE ante la culminación del proceso de tres meses que se
tomó el Gobierno para llevar adelante los despidos, que llamó “Modernización del Estado”,
en una jornada en la cual, tal como se preveía, centenares de trabajadores recibieron el
temido telegrama. Durante horas, los trabajadores cantaron, gritaron e insultaron, hasta que
llegó el desalojo de la federal. Hoy, de confirmarse los despidos, seguirán con los
“ruidazos”. El camino expedito al 2001 está trazado ineluctablemente.

Finalmente, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, anunció hoy las nuevas tarifas
de trenes y colectivos para el área metropolitana y, como era de esperar, será otro duro
golpe al bolsillo de los trabajadores, aunque el funcionario justificó el incremento con las
"nuevas obras que se van a ver" y que "mejorarán los servicios". El boleto mínimo para
viajar en colectivo en el área metropolitana de Buenos Aires se dispara un 100 por ciento:
pasa de 3 pesos a 6 pesos, mientras que la de los trenes será de 2 y 4 pesos, según el ramal,
a partir del viernes 8 de abril. En relación al subte, Dietrich aclaró que, si bien es
jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, la tarifa que evalúa el gobierno porteño es de 7,5
pesos, lo que representa un incremento del 67 por ciento de aumento. Mientras el tarifazo
se instala, el 8 de abril anunciarán obras “nunca hechas en la historia argentina”. El
macricaputismo se frota las manos calculando los negociados con beneficiarán sus
millonarias cuentas bancarias.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció el tarifazo del transporte, el ministro

Guillermo Dietrich aseguró que los beneficiarios de la tarifa social "ahora van a poder
viajar más barato de lo que viajaba antes". Sin embargo, los mismos sectores que contarán
con la tarifa de 2,7 pesos de viaje mínimo ya estaban incluidos en un beneficio especial y
ahora sufrirán un aumento del 50%. Encima la mentira, la mendacidad brutal descubierta al
mismo tiempo de emitida.

Quinientos nuevos telegramas –300 en el Ministerio de Trabajo, 200 en Migraciones– se

sumaron ayer a los despidos masivos en el Estado, en el día previo a que el macrismo
termine la “revisión” de 24 mil contratos y concursos realizados durante los últimos tres
años del gobierno kirchnerista. El número final de estatales dejados en la calle por
Cambiemos se conocerá entre hoy y mañana, cuando terminen de llegar las notificaciones.
Pero desde anoche, en alerta, cientos de trabajadores montan una vigilia frente al Cabildo y
en las puertas de los ministerios. Y se preparan para organizar permanencias en las sedes
donde se produzcan cesantías, para garantizar que el 1º de abril los despedidos puedan
entrar a trabajar. Este es el estado de situación que se vive en un país que, a paso redoblado,
está yendo al abismo.

Además de corrupto y vende patria, el de Mauricio Macri es un gobierno nepotista. Los

nombramientos son tan escandalosos como numerosos, y empiezan por el propio
presidente, que nombró a Fernando De Andréis como su secretario privado, siendo éste el
hermano de su primera esposa Ivonne Bordeu. El presidente provisional del Senado,
Federico Pinedo, nombró a su hermano Enrique Pinedo en dos cargos en la Cámara Alta y
Baja con apenas 20 días de diferencia. El hermano de Pinedo fue designado con categoría
A3 en Diputados el 23 de diciembre a pedido del bloque PRO y el 13 de enero como
director de Relaciones Institucionales del Senado. El de Pinedo no es el único caso. Esta
semana se conoció que la vicepresidenta Gabriela Michetti ascendió a su prima kinesióloga
en el Senado, y aumentó su sueldo a 45 mil pesos mensuales como empleada de la
categoría A-1. También el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, habilitó
contratos de entre 25 y 35 mil pesos para familiares: entre los beneficiados aparece la
diputada Paula Urroz, que llegó al Congreso de la mano de la ministra de Seguridad,
Patricia Bolsrich, quien también logró a ubicar a su hijo en el Ministerio de Modernización,
a su primo Pedro Cernadas en el ANSES, a su cuñada Ana Gazcón Aráoz en la Secretaría
de Medios y a la nieta de su tía, María Julieta Williams para que ocupe el cargo de
Directora General de Innovación Social y Planeamiento Participativo de la Ciudad de
Buenos Aires. En tanto, el ex senador y actual titular de la unidad fiscal destinada a
esclarecer el atentado a la AMIA, Mario Cimadevilla, ubicó a dos familiares en la Cámara
Alta: sus sobrinos, Matías y Lucas Cimadevilla, que cobrarán como “asesores” $ 46.000. El
titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, nombró a sus dos hijos: Juan José y José
Rafael con salarios que rozan los $ 60.000. Héctor Lostri, subsecretario de Ciencia,
Tecnología y Producción para la Defensa, nombró a su primo Jorge Latorre y Pablo
Avebruto, ministro de un cacho de Cultura, contrató a su novia Carolina Azzi. La esposa de
Sturzenegger será la gerenta del Fondo de las Artes. El padre del intendente de Quilmes
Martiniano Molina fue nombrado como director de fiscalización sanitaria en provincia de
Buenos Aires. A comienzos de año, el chef que ahora es Intendente, había creado una
Secretaría General para su hermano Tomás y también había impuesto a la novia de su padre
como primera concejal de su municipio. María Carla Piccolomini, esposa del actual
ministro de Modernización y Despidos Andrés I-barra, fue designada por el Gobierno como
directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina (RTA), un cargo
por el que percibirá un sueldo mensual bruto de unos $90.000. María Cecilia Loccisano, la
mujer del ministro Jorge Triaca, también desembarcó en la administración pública con el
cargo de Coordinadora General, con rango y jerarquía de Subsecretaria, dependiente del
ministerio de Salud. El de Comunicaciones, Oscar Aguad, puso a su yerno Rodrigo de
Loredo al frente de la empresa estatal Ar-Sat. El histórico vocero de Macri, Iván Pavlovsky,
logró que su esposa Marina Klemensiewicz fuera nombrada como subsecretaria de Hábitat
y Desarrollo Humano, mientras que Ricardo Buryaile nombró a su primo, Amadeo Nicora,
como titular del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Cecilia Stanley,
nombrada en el ministerio de Desarrollo Social que encabeza su pariente Carolina Stanley.
Ésta y el presidente firmaron el decreto 3 a partir del cual se designó, de forma retroactiva
al 10 de diciembre, a Beatriz Victoria Orlowski de Amadeo, esposa del diputado del PRO,
para que trabaje en la cartera. El tío del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recaló como
interventor de la Aftic, mientras que Gustavo Santos, titular de la cartera de Turismo
nombró a su hijo, Matías Santos Crocsel, como jefe de asesores de gabinete en el
ministerio. Si bien tiene carrera política propia y es intendente de Vicente López, Jorge
Macri, primo del presidente, también cosechó un nombramiento. Sin dejar el mandato en la
municipalidad, fue designado presidente del Grupo Bapro. El contador gobernador de
Jujuy Gerardo (in) Morales nombró a sus hermanos, Wálter y Freddy Morales, como
director del Instituto de Vivienda y Urbanismo y secretario de gobierno respectivamente.
María José Labat, ex esposa del embajador de Uruguay Guillermo Montenegro, ingresó a la
oficina encargada de controlar a las ART y cobrará 120 mil pesos. El hermano de Marcos,
Andrés Peña, fue nombrado como subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo en
el Ministerio de Producción. Otro hermano, Ignacio, es economista y brinda asesoramiento
"ad honorem" al ministro de Innovación en la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Freire. Su
padre Félix también se sumó como asesor ad honorem del Consejo de la Producción que
depende también del Ministerio de Producción de Francisco Cabrera, quien también
nombró a su hija Rosario con un sueldo de $ 55-000. El director del INDEC, Jorge
Todesca, designó a su propio hijo como asesor ad honorem en el organismo oficial de
estadísticas; mientras que el Ministro de Hacienda designó a su primo, Juan Antonio Prat-
Gay, como coordinador general de la unidad de coordinación de Fideicomisos de
Infraestructura. Esta es la gran vida que se dará la enorme familia neoliberal para ejecutar
sus negocios, a costillas de una población condenada a padecerlos. Hasta que reaccione.

La Universidad de la Defensa Nacional (Undef), creada por una ley del Congreso a fines de
2014, se encuentra en estado de “paralización institucional”. “Están de facto interviniendo
una universidad pública”, advierte un grupo de senadores y diputados en un pedido de
informes al Poder Ejecutivo, en el que denuncian “una intervención velada a una institución
educativa superior”. El motivo: la decisión del ministro de Defensa y presidente del consejo
de dirección de la Undef, el radical Julio César Martínez, de no remitir las partidas
asignadas por la Ley de Presupuesto, dar de baja convenios que garantizan la prestación de
los servicios educativos y reclamar el reintegro del inmueble donde funciona el rectorado.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtió en un dictamen “la gravedad” que
implica la “voluntad” explicitada por el ministro, la ausencia del “necesario y previo acto
administrativo” que sustente sus decisiones y la falta de “sustento legal” del pedido del
edificio de Maipú 262. El objetivo detrás de la maniobra, advierten desde la Undef, es
restablecer privilegios corporativos y eliminar los mecanismos de conducción civil en la
formación de militares. Para mañana a las 10 el rector Jorge Fernández convocó a
legisladores y rectores de otras universidades a fin de informar la situación de la
universidad. El proceso de reforma de la educación militar y civil para la Defensa comenzó
en 2003 con dos decretos del presidente Néstor Kirchner que establecieron que el
Ministerio de Defensa es responsable primario de la formación y capacitación de las
fuerzas armadas. La refundación autoritaria de la patria neoliberal-conservadora alcanza a
todos los órdenes institucionales.

“Hace cuatro años que la Argentina no crece”, repitieron como un mantra los referentes
económicos de Cambiemos a lo largo de la campaña electoral. La fórmula utilizada sin
vacilaciones por los más encumbrados funcionarios, como Rogelio Frigerio, Alfonso Prat-
Gay, Marcos Peña y el propio presidente quedó obsoleta ayer cuando las nuevas
autoridades del Indec difundieron las estimaciones revisadas del PIB para 2015. “Se
hicieron las cuentas y dan este número. No trabajamos para que los resultados den para
atrás. Hicimos una revisión profesional”, aseguró el titular del Indec, Jorge Todesca, al
informar oficialmente que la economía argentina creció 2,1 por ciento durante el último año
de la gestión kirchnerista. El propio gobierno se desmiente a sí mismo y a la cadena
mediática de mentiras y difamaciones que no cesó durante toda la campaña electoral
hablando de la caída del PBI y el estancamiento de la economía. Como buenos cínicos no
saldrán a pedir disculpas ni a dejar hablar de la terrible herencia recibida.

El expediente en que fue desestimada la denuncia de Nisman fue requerido por el juez
servilletero Claudio Malodío. El magistrado pretende retomarla en el marco de una causa
abierta a partir de la presentación de un abogado del PRO, basada en una escucha ilegal al
ex canciller Timerman. El “partido judicial”, a pleno.

En medio de la ola de despidos producidos en las distintas dependencias del Estado esta
semana, el Grupo Clarín aprovechó para anunciar el despido de al menos 20 empleados en
la empresa Nextel, y desde FOETRA, el gremio que nuclea a los telefónicos, salieron a
reclamar reincorporaciones y se manifestaron en estado de alerta y movilización. Desde el
sindicato informaron este jueves que Nextel, la última adquisición ilegal del multimedios
Clarín, dispuso 20 cesantías sin causa, 8 de ellas de trabajadores representados por
telefónicos y otros 12 de empleados fuera de convenio. Por ese motivo el gremio se declaró
en estado de alerta y movilización y realizó un acto en la puerta de la empresa ayer por la
tarde. Como Clarín co-gobierna con Cambiemos, no podía quedarse atrás en la política
desocupadora con que la cruzada neoliberal azota al pueblo argentino.
Mientras avanza la miseria planificada por el gobierno neoliberal, Mauricio Macri llegó
hoy a Washington para participar de la cumbre de presidentes por la seguridad nuclear, con
la intención de atraer inversiones en el país junto a su esposa, la costurera Juliana Aguada;
la canciller Susana Malcurra, el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, el
secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, y el vocero Iván Pavlovsky. Allí, Macri
y su comitiva se hospedarán en un lugar de lujo: The Hay-Adams, un hotel 5 estrellas que
cuenta con 145 habitaciones y suites, que tienen vistas diferentes pero todas fenomenales.
Y cuentan con las comodidades que un presidente puede requerir: Internet de alta
velocidad, wi-fi en todas las áreas, varias líneas de teléfono, computadoras, impresoras y
los periódicos que se quieran leer. El The Hay Adams cuenta con diversos lujos: la línea de
cama y las toallas son de origen italiano, las almohadas y los edredones son de pluma de
ganso, hay disponibles batas y pantuflas de plush en micro fibra, enormes televisores con
calidad HD, parlantes portátiles y con conexión USB de primera marca, temperatura
ambiente regulada, paraguas, alarmas personales y todo lo que necesita una dama a la hora
de maquillarse. Su restaurante Lafayette cuenta con gastronomía de la mejor calidad, que
puede disfrutarse en el salón principal y también en la renovada terraza Top of the Hay, que
de acuerdo al hotel es "un lugar único para celebrar eventos con vista a la Casa Blanca y al
Monumento a Washington". Mientras se rodean de los más mundanos placeres, en Buenos
Aires continúan los discursos exigiendo “austeridad” para los difíciles momentos que se
avecinan en el país.

Lo habíamos adelantado: ojo con este bochornoso personaje que representa la lumpen
política Elisa Carrió. Ayer se llenó la boca hablando contra los tarifazos, el manejo de la
justicia, etc. Hoy, en ocasión de la presentación de un libro titulado “Yo amo a la
república”, que parece una tomadura de pelo más que una declaración de principios,
acompañada a los abrazos del otrora también ajustador el neoliberal retrógrada Ricardo
López Murphy, afirmó que "hay gente que se está quedando sin trabajo porque no
trabajaba", en alusión a los empleados públicos que fueron removidos, ya que
supuestamente "no cumplían tareas y eran miembros de la Organización kirchnerista La
Cámpora". Agregó, sumando disparates y mendacidades, que “los aumentos que hubo en
los servicios se compensan con la suba del mínimo imponible”. Para cerrar, mofándose de
propios y ajenos, aseguró que la reunión de ayer con Macri fue “divertida”. Mientras esta
desquiciante mujer se divierte presentando libros apócrifos en hoteles cinco estrellas, la
población sufre las consecuencias de las políticas abominables del gobierno neoliberal que
ella integra.

Desde que el macrismo asumió el ejecutivo nacional hubo aumentos en los precios de la
canasta familiar, en los principales servicios y en el trasporte. Estos tarifazos y la inflación,
que no para de crecer, debilitaron el poder adquisitivo de las clases medias y bajas. La
vicepresidenta quiso empatizar con estos sectores al sostener que ella también se vio
afectada por los "aumentos de tarifas. Tengo un sueldo más alto que una persona normal,
pero me afectan los aumentos" dijo la vicepresidenta de la Nación quien cobra en bruto
121.686 pesos por mes, una cifra muy superior al salario mínimo en Argentina. "Sufro el
aumento de gas, el aumento de luz, es una situación difícil para todos" dijo, y de esta
manera naturalizó las subas como si no hubiese otra opción. Si al menos se llamaran
silencio irritarían menos a la población, cuya templanza pareciera empezar a alterarse.

Mega devaluación, despedidos, tarifazos, nepotismo, manipulación mediática y judicial,

represión policial, inflación, censura, persecución ideológica, negociados con socios
amigos de la infancia, transferencia de ingresos al campo y a los bancos, desfinanciamiento
de partidas presupuestarias, suspensión de obra pública, endeudamiento, chantaje a
gobernadores y desmantelamiento de las políticas de derechos humanos, integran el cóctel
con que la alianza libertadora “Cambiemos” nos mejora la vida todos los días. La realidad
es que estas medidas integran el ideario de una clase política dispuesta a todo por instalar
un modelo neoliberal sostenible en el tiempo, a través de su plan maestro: la miseria
planificada de las mayorías. El pueblo tiene la palabra.
01/04/16: Macrismo, etapa superior del menemismo. Las medidas económicas y sociales
que viene desarrollando el actual gobierno neoliberal poco tienen de originales. Durante los
noventa asistimos al desmantelamiento del Estado, a través del retiro del mismo de las
áreas sensibles del mercado, la transferencia extraordinaria de recursos a los sectores más
concentrados de la economía, a un plan sistemático de endeudamiento, que obligaba a
ajustes permanentes en el gasto público, y a una política deliberada de despidos,
flexibilización de las condiciones de trabajo y de rebaja de salarios, de modo de disciplinar
a los trabajadores bajo el falaz latiguillo, hoy de nuevo vigente, de hacer “más competitiva
la economía”. Mientras la exclusión avanzaba y se instalaba, como actualmente, la miseria
planificada de la población en su conjunto, la clase dirigente se regodeaba en su ostentación
de riqueza con una frivolidad insultante y descarada. Hasta aquí nada nuevo bajo el feliz sol
amarillo. Lo novedoso del proceso actual es la persecución política y la estigmatización de
los opositores con que el nuevo gobierno orienta su discurso para denigrar, excluir y agredir
a toda voz disidente; a la vez que exterioriza un morboso placer por las medidas anti
populares tomadas con un ánimo revanchista, propio de un poder despótico y elitista. La
impronta del ideario segregacionista con que la alianza gobernante construye su mendaz
relato, hace recordar a la otrora “revolución libertadora” y su dinámica policíaca para
detectar opositores para luego perseguirlos política y/o judicialmente. Claro que ya no en el
contexto de una formal dictadura, ahora el Estado despliega su maquinaria para demonizar
a sus oponentes a la vez que se sirve de ello para justificar sus siniestras iniciativas
económicas y sociales. El patético discurso que monta para ejecutar estas políticas que
están devastando al mundo provocando hambre, miseria, guerras y un ejército de reserva de
mano de obra barata o desocupada como no se ha visto en la historia contemporánea,
confirma que la clase dirigente hoy al mando del Estado se ha propuesto como objetivo
refundar la sociedad en términos neoliberales; de modo de hacer perdurable su modelo de
exclusión en el tiempo. La única oposición efectiva a su brutalidad será el nivel y la
capacidad de resistencia de los sectores damnificados.

La ultra conservadora Universidad Católica Argentina (UCA) afirmó hoy que en los tres
primeros meses del año se registraron 1,4 millón más de pobres y 350 mil personas en
situación de indigencia, aunque aclaró que "estas proyecciones no toman en cuenta las
pérdidas de empleo ocurridas en el marco de una economía inflacionaria y afectada por
ajustes macroeconómicos, ni los recientes anuncios de incremento en materia de transporte
y servicios domiciliarios". Si esta universidad, tan proclive a gobiernos como los que hoy
sufrimos, señala esto, huelga imaginarse los verdaderos números de la catástrofe socio-
económica desatada. El camino a la “Pobreza cero”, vociferado y prometido en campaña
por Mauricio Macri, corre en sendero opuesto. Y no se trata de un “error” precisamente.

Curiosa “ley del mercado”. Mientras en el mundo caen los valores del petróleo y derivados
aquí, país productor, las naftas suben. Éstas aumentan desde hoy un 6 por ciento y
acumulan un 19 en lo que va del año. La sacrosanta “oferta y demanda” del catecismo
neoliberal se desmiente a sí misma cuando se la coteja con la realidad. ¿Esto estaba
incluido en el “cambio”?

Los trabajadores de distintas dependencias estatales nucleados en ATE se movilizaron en el

marco de un plan de lucha para que "se terminen con los despidos en el Estado, el fin de la
persecución ideológica y la reincorporación de los trabajadores despedidos". Ministerios y
secretarías reforzaron su custodia policial. En el Ministerio de Economía hubo incidentes
cuando un grupo de trabajadores intentó entrar y fueron golpeados por personal de
seguridad y policías apostados en la puerta. Los trabajadores de ATE del Ministerio de
Desempleo hicieron una batucada de protesta con un corte de tránsito sobre la avenida
Leandro N. Alem al 600, mano a Plaza de Mayo. Mientras que, en la sede de la Lotería
nacional, -ubicada en Santiago del Estero al 100- donde también se registraron más de 25
despidos, personal de la Policía Federal reforzaba su presencia en el organismo. En el
Ministerio de Justicia, ubicado en Sarmiento al 300 de la Ciudad de Buenos Aires, se
mantenía una "vigilia de trabajadores contra los despidos", según informaron a Télam
voceros de prensa de ATE. En tanto, en el Ministerio de Educación, la situación era muy
tensa "porque además cerraron los ingresos a los trabajadores y al público y dejaron
disponible un solo un ingreso en el lugar", denunciaron algunos empleados. Y en la
Dirección General de Migraciones, voceros gremiales explicaron a Télam que se aprestaban
a realizar una asamblea y que "la situación la situación se hace muy delicada en el interior
del país, ya que se registraron 140 despidos" de empleados públicos. Por otra parte, en
Tecnópolis -donde ya se enviaron más de 100 telegramas de despidos-, los empleados se
mantenían en estado de asamblea permanente. "Acá directamente no envían los telegramas,
sino que pasa un funcionario por los escritorios y nos avisan que quedamos despedidos",
dijo Juan Sosa, un empleado del sector. Otra muestra del clima de alegría que llegó a la
“nueva” Argentina…

El gobierno neoliberal prepara raudamente la ingeniería para efectivizar el pago a los

buitres. Para ello contrató a JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Santander y HSBC como
“coordinadores globales”, mientras que BBVA, UBS y Citigroup, quienes actuarán como
colocadores. También participarán Bank of New York, Wells Fargo, State Street, Goldman,
TD Bank, Bank of Nova Scotia y el Citi. Todos ellos cobrarán comisiones por sus servicios.
Las entidades deberán hacer una colocación en tiempo récord para que el gobierno de
Macri pueda cumplir con los plazos de pago a los buitres, a lo que se suma el elevado
monto a colocar. Son 12.500 millones de dólares, la mayor emisión de un país emergente
en los últimos 20 años. Por esta situación, un grupo de entidades, encabezado por el JP
Morgan, le adelantó al gobierno que para cumplir con los plazos y los montos requeridos
deberán ofrecer una tasa de interés del 8,5 por ciento. El equipo económico había
prometido en sus exposiciones en el Congreso que la emisión iba a ofrecer tasas de entre 7
y 7,5 por ciento para plazos a cinco, diez y treinta años. Incluso aventuraron que un mejor
clima de negocios podría permitir que esa tasa se situase en 6,5. La estafa se multiplica
como los intereses usurarios que pagará, con más miseria y hambre, buena parte del pueblo
argentino.

La ola vetadora que caracterizó el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad parece haber
llegado a la provincia de Buenos Aires. La expropiación del hospital de Llavallol, aprobada
por unanimidad en ambas cámaras del Congreso bonaerense, fue vetada por el hada
desangelada, la gobernadora María Eugenia Vidal, a través del decreto 190 que objeta la
iniciativa por considerarla “innecesaria, inviable y onerosa”. El diputado del GEN Marcelo
Díaz, coautor del proyecto de expropiación, afirmó que “el decreto de Vidal tiene
fundamentos débiles que hacen pensar en la injerencia de algún interés en que ese centro
sanitario llegue a remate”. Allí donde hay un derecho, Cambiemos avasallará con
desigualdad, y donde haya una necesidad profundizará la injusticia.

02/04/16: El Ministerio de Energía y Minería oficializó el incremento de las tarifas del

servicio de gas domiciliario distribuido por redes, que promediará un 300 por ciento para
los usuarios residenciales y llegaría al 1700 por ciento para las pequeñas y medianas
empresas, con vigencia a partir de ayer. A su vez, el director general de AySA, Martín
Heinrich, confirmó ayer que el aumento tarifario en el servicio de agua para su área de
prestación (Ciudad Autónoma y conurbano) será del “216,6 por ciento en general”, con un
máximo del 375 por ciento. En ambos casos se contempla la aplicación de una “tarifa
social” para sectores de menores ingresos o con mayor grado de vulnerabilidad: jubilados o
pensionados con ingresos de hasta dos veces el haber mínimo; empleados que perciben una
remuneración bruta de hasta dos salarios mínimos; los titulares de programas sociales y
quienes estén inscriptos en el régimen de monotributo social. La angustia y el mal humor
social suben al compás de la inflación.

El periodista David Cufré, en Página/12 de hoy, hace un certero análisis de las últimas
medidas tomadas por el gobierno neoliberal: “La aprobación del Congreso al acuerdo con
los fondos buitre y el aumento de tarifas de servicios públicos son trazos firmes de la nueva
política económica. Ambas decisiones guardan coherencia interna como parte del plan de
restauración de un modelo neoliberal. Entender el ciclo de endeudamiento del Estado que
pregona el macrismo desligado de esa matriz puede llevar a confusiones. El Gobierno
pretende recuperar el crédito externo como puente hacia un modelo de valorización
financiera, no para profundizar el proyecto de desarrollo productivo que intentó el
kirchnerismo. Esta es la diferencia fundamental que pone en contradicción a los
legisladores del Frente para la Victoria que votaron a favor del mal arreglo con Singer y
compañía. Atentar contra la industria y el mercado interno como lo hace el Gobierno con el
tarifazo, las tasas al 38 por ciento, la apertura comercial y los despidos demuestra que la
intención del oficialismo no es trabajar sobre las causas estructurales de la restricción
externa –insuficiencia de divisas–, sino habilitar canales de financiamiento para proveer de
dólares a los sectores concentrados de la economía, como ocurrió en la dictadura y en los
90. Lo que se financia es la fuga de capitales”.

Los ministerios de Hacienda, Justicia, Trabajo, Educación y Jefatura de Gabinete

amanecieron ayer custodiados por cordones de Infantería y Policía Federal dispuesta a
reprimir. Con ese panorama se encontraron, una vez más, los trabajadores estatales a
medida que llegaban a las oficinas donde no saben a ciencia cierta si seguirán trabajando:
ninguno de los 24 mil contratos que vencían ayer, concluido el plazo de tres meses
establecido por decreto para su “revisión”, fue renovado. Según estimaciones de ATE
Capital, la poda que empezó a fines de diciembre pasado ya dejó a 10 mil trabajadores en la
calle, de los cuales 2300 se dieron entre el miércoles y ayer. Desde el Ministerio de
Modernización y Despidos, encargado de afilar la tijera, admitieron que aún no tienen el
“número exacto final” de cesantías, que darán a conocer recién el martes. Por lo tanto,
tendremos próximamente otra semana convulsionada.

Los despidos masivos en el Estado también alcanzaron a la Secretaría de Deporte de la

Nación que encabeza el ex jugador de fútbol Carlos McAllister. Son al menos doce y un
porcentaje importante afectó al Programa Líderes Deportivos Comunitarios que había
comenzado en 2010. Sus integrantes se quedaron sin trabajo y si la sangría no fue mayor, es
porque más contratados se alejaron con el cambio de gobierno junto a dos ex funcionarios
kirchneristas: el ex secretario Carlos Camau Espínola y el subsecretario de Planeamiento y
Gestión Deportiva Luis Vivona. También acaba de ser cesanteado un entrenador nacional
de yachting, que formó parte de cinco campañas olímpicas en esta disciplina donde obtuvo
cinco medallas consecutivas y ya había clasificado a cuatro equipos para los Juegos de Río
de Janeiro. Entre las disciplinas que contemplaba el programa ahora desmantelado,
figuraban el fútbol, vóley, deportes alternativos y talleres en temáticas como Derechos
Humanos y Violencia de género. McAllister es a la administración pública lo que era como
jugador de fútbol: un hombre sin talento, rústico y violento.

03/04/16: La situación política en Tierra del Fuego está convulsionada. Los sindicatos
resisten la emergencia en seguridad social, el congelamiento y la reducción salarial, la
suspensión de paritarias durante todo el 2016 y el aumento de la edad jubilatoria, en uno de
los ataques más brutales de los últimos tiempos contra los trabajadores fueguinos. Las
trabajadoras y trabajadores de la educación, de la salud, de las dependencias estatales y
municipales y de diversas organizaciones sindicales de Tierra del Fuego vienen llevando
adelante diversas medidas de lucha contra el ajuste impulsado por el gobierno provincial
del FpV de Rosana Bertone, mediante un paquete de leyes sancionado el pasado 9 de enero.
Ante la negativa del gobierno a atender sus demandas, los trabajadores se han visto
obligados a aumentar en intensidad sus medidas de lucha. Con históricas asambleas y
movilizaciones masivas, cortes, acampes en la Casa de gobierno y paros que superan el
acatamiento de más del 90% de los trabajadores fueguinos, exigen el cese de estos ataques
y la derogación de estas leyes de ajuste. Además de la reducción salarial, al congelamiento
de los sueldos, el aumento de la edad jubilatoria y la anulación de las paritarias durante el
2016, los despidos comienzan a implementarse en el sector privado, tal como vienen
denunciando los trabajadores metalúrgicos de esta provincia. Recientemente se dio una
masiva movilización protagonizada por los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica de
Río Grande, en la que más de 6 mil personas reclamaron en esta localidad por sus puestos
laborales, la efectivización de todos los trabajadores y el inmediato pago de los salarios
adeudados hace ya más de 4 meses a los empleados de la empresa FOXMAN. Así gobierna
Bertone, con la foto de Juan y Eva Perón, pero con las recetas de Milton Friedman.

Jorge Bermúdez, ex capitán y seis veces campeón con Boca Juniors, afirmó sobre Mauricio
Macri que "de cada negocio que se hacía, siempre tenía que pellizcar algo para sus arcas
personales". El ex zaguero colombiano, jugador de Boca entre 1997 y 2001, recordó que
"en su momento expresé los pensamientos que tenía acerca de la forma en que el señor
Macri maneja sus cosas en Boca, lo que él hacía con el equipo y la institución, los intereses
que siempre tenía". Al requerírsele mayores precisiones sobre los "pellizcos" de Macri en
las negociaciones de Boca, agregó que "simplemente, en cada negocio que se hacía siempre
tenía que quedarle algo a él. La famosa coima o como se la quiera llamar para dar la
aprobación. Si no, era un rotundo no”. Interrogado sobre si contaba con pruebas de sus
acusaciones, Bermúdez apuntó que "si lo digo yo es porque me pasó personalmente, no lo
digo por aprovechar el momento. Le pasó a Oscar Córdoba y a muchos jugadores en ese
momento. Se preguntaban por qué los jugadores de Boca no salíamos a clubes de
repercusión más importante, si ganábamos todo. La respuesta es esta. Macri nunca respetó a
los intermediarios. Para él, era gente que se ganaba un dinero que él quería para sus arcas
personales”. En cuanto a si ese dinero que se exigía no podía ser para el club, dijo
Bermúdez que "si hubiese sido para Boca, para el desarrollo de las inferiores, para
inversiones en infraestructura, para el crecimiento del club, tenga la seguridad que nadie se
hubiese enojado. Ese dinero iba a las arcas personales". Evidentemente por donde Macri ha
pasado, una marca (de dientes) ha dejado.

Ellos vinieron. Vinieron a erradicar la pobreza, pero sumaron un millón y medio de nuevos
pobres en dos meses. Vinieron con la promesa de promocionar una justicia independiente,
pero sólo han demostrado su voluntad de manipularla promoviendo, vaya ejemplo, jueces
supremos por decreto. Vinieron a combatir la inflación, pero ésta escala día a día a caballito
de tarifazos y quita de subsidios. Vinieron a asegurar la libertad de expresión. pero en
realidad sólo reina la censura y la persecución ideológica. Vinieron a traer capitales
productivos, pero sólo relucen divisas que se fugan sin control añ extranjero. Vinieron a
mejorar el empleo, sin embargo, la energía del gobierno está enfocada en despedir y
precarizar trabajadores. Vinieron asegurando pluralidad de voces y diálogo para las
instituciones, pero las avasallan a punta de decretos ilegales, presos políticos,
nombramientos ilícitos y manejos indecorosos de sus funcionarios. Vinieron a revitalizar el
salario, pero lo han pulverizado devaluando la moneda y remarcando precios. Vinieron a
proteger a los ancianos, pero los agreden con aumentos irrisorios, el cierre de toda
moratoria futura, y un proyecto de ley de jubilaciones que prevé asegurar y profundizar las
inequidades, incluyendo llevar la edad para acceder al beneficio a 72 años. Vinieron
anunciando combatir la corrupción, pero sólo la han multiplicado con sus negociados, sus
cuentas secretas y sus políticas públicas confiscatorias del erario público y de los derechos
ciudadanos. Ellos vinieron, los neoliberales, con su paupérrimo, aunque aún efectivo,
disfraz de neutrales, de demócratas dialoguistas. Vinieron con intención de perpetuarse. El
pueblo, la ciudadanía de a pie, cualquier hombre de bien, debe asumir el desafío de
impedirlo.

04/04/16: Ayer se desató un escándalo internacional, que involucra directamente a

Argentina, al conocerse una filtración de 11 millones de documentos en donde se revelan
pruebas y evidencias sobre la constitución de empresas y sociedades registradas en paraísos
fiscales. Como no podía ser de otra manera, entre los centenares de personalidades del
mundo involucradas, está nuestro multidenunciado presidente Mauricio Macri. El
presidente argentino aparece como director en una empresa offshore en las Islas Bahamas,
Fleg Trading Ltd, en la que también figura su padre, Franco Macri. Según especialistas en
el área, este tipo de empresas suelen ser utilizadas para evasión impositiva. Macri no la
incluyó en su declaración jurada cuando era jefe de gobierno porteño, a pesar de que figuró
como director. La sociedad existió hasta 2009. El gobierno neoliberal salió a responder a la
denuncia a través de un comunicado, en el que sostuvo que no era accionista sino “director
ocasional”. Su función en esa empresa no fue aclarada, así como tampoco cuáles eran sus
negocios; sólo se mencionó que participaba como inversora en Brasil. Conocida como
“Panamá papers”, la filtración provino del Consorcio Internacional de Periodismo de
Investigación (ICIJ es su sigla en inglés), que reúne a 107 entidades periodísticas en 78
países. El diario alemán Süddeustche Zeitung recibió de una fuente anónima 11,5 millones
de documentos de un estudio de abogados de Panamá, Mossack Fonseca, que –según la
denuncia– muestran a lo largo de 38 años (1977-2015) cómo se dedica a crear empresas
fantasmas y ayudar a cometer presuntos delitos como lavado de dinero o evasión impositiva
en 202 países. La empresa de abogados negó los cargos. En la investigación trabajaron más
de 300 periodistas de distintos países, que revisaron los documentos. Sobrepasan en
cantidad a la filtración de WikiLeaks –es 46 veces más grande– y muestran empresas por
las que dirigentes a nivel global ocultan su patrimonio. Entre otros, participaron el diario
inglés The Guardian, el francés Le Monde, el Miami Herald, la BBC y, en la Argentina, el
diario La Nación y Canal 13, que, contando con información sobre estos papeles desde el
año pasado, decidieron ocultarlos hasta después de las elecciones generales. Por lo que
revela la fuente, la sociedad de Macri se disolvió en enero de 2009 cuando el presidente
Mau ya llevaba dos años como jefe de Gobierno. En sus declaraciones juradas de 2008 y
2009, Macri no mencionó a esta empresa. Sí declaró 158 mil dólares en bienes en el
exterior, cuyo lugar no especificó. Un comunicado del gobierno reiteró estos argumentos
ayer ante la difusión de la noticia: “Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el
capital de esa sociedad. Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras
sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil, estuvo vinculada al grupo
empresario familiar y de allí que el señor Macri fuera designado ocasionalmente como
director, sin participación accionaria. Sí constó en la declaración jurada de su padre, Franco
Macri”. La estrategia para desligarse de la denuncia pareció remedar a la que Macri utilizó
en la causa por las escuchas ilegales: culpar a su padre. Sobre las declaraciones juradas, el
gobierno indicó que no la declaró “pues sólo se deben consignar los activos y nunca ha sido
accionista de esa sociedad por lo que no corresponde incluirla”. Diversos especialistas
advirtieron que, si Macri recibía una remuneración como vicepresidente de la empresa,
debería haber sido declarada, no así si no tenía ningún bien involucrado. Con velocidad, la
secretaria de Lucha contra la Corrupción, la inefable y mendaz Laura Alonso, afirmó que
no hay delito en conformar una sociedad offshore: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no
es delito en sí mismo, señores”, escribió en su cuenta de Twitter la funcionaria que tiene
como rol investigar posibles actos de corrupción en el Estado nacional, aunque en la
práctica sólo está para encubrirlos. El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ)
Ricardo Nissen aseguró que “nadie constituye una sociedad offshore para ser director
ocasional. Mi experiencia me demuestra eso: que los que participan suelen participar como
accionistas. Nunca vi una sociedad off shore que no sea utilizada con fines ilícitos. Nunca”.
“Las empresas offshore existen en paraísos fiscales en países distintos del de origen. ¿Para
qué sirven? Para poner activos que no querés poner en la Argentina. Normalmente, se
utilizan para evadir impuestos y es raro que sólo se cuente con una cuenta. Pero se utiliza
también para evitar acreedores, dejar a personas afuera de herencias... En fin, hay un
espectro enorme para utilizar las sociedades offshore”, explicó el profesor titular de
Derecho Comercial de la UBA y de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Avellaneda. “Las sociedades offshore que se radican en países con secretismo fiscal o
bancario suelen servir para maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero, blanqueo de
fondos del narcotráfico o de trata de personas. Todo esto según los estándares de la GAFI”,
indicó un funcionario judicial que conoce de cerca la temática. “Macri en 2007 declara
tener el 20 por ciento de Socma. En 2008, ya no declara acciones en esa empresa. En 2015,
vuelve a declarar el mismo 20 por ciento. Las declaraciones juradas de Macri son
absolutamente truchas. Está denunciado e impugnado por esto”, advirtió la dirigente de
Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, quien el año pasado denunció al presidente por el
contenido de sus declaraciones juradas. “Lo de director ocasional es absurdo –afirmó
Cerruti–. Los dueños de las empresas no son directores de otras empresas que funda el
holding familiar. Lo que sí es cierto es que en 2007 y 2008 es cuando ellos hacen
operaciones con su propia empresa para sacar fondos de la Argentina. Es el momento de la
venta ficticia de Iecsa a Ángelo Calcaterra, primo del presidente. Esa plata nunca aparece,
nunca fue declarada. Habría que ver si esa plata pasó a través de Panamá”. Las Bahamas,
donde Macri fue el vicepresidente de Fleg Trading LTD, es uno de los paraísos más
conocidos y "promedio" en cuanto a los beneficios. Allí, se puede crear una firma sin
necesidad de pagar impuestos por 20 años, lo cual constituye el principal atractivo de este
archipiélago de más de 700 islas al norte de Cuba. La familia Macri creó Fleg Trading LTD
en 1998 y, según la Rosada, lo hizo para comerciar con entidades no financieras en Brasil,
aunque aún no se presentaron pruebas de operaciones con entidades brasileñas. La creación
de esa compañía en Bahamas se debe a que es un destino de muchas "pymes" evasoras, ya
que solo se necesita contar con un director, que puede ser una persona física o jurídica, un
accionista y un capital mínimo de unos 50.000 dólares. La constitución de una sociedad en
el archipiélago puede tardar entre 10 y 15 días y la forma jurídica que más se utiliza es la
sociedad de comercio internacional (IBC). En Bahamas, también importante destino
turístico, el sector financiero es un cuarto de la economía y hay casi 400 licencias para que
operen bancos internacionales. ¿Serán éstos los capitales que prometió Macri inundarían la
economía argentina para "crecer" y dar trabajo de calidad?

Que el árbol no tape el bosque. El escándalo que involucra a Mauricio Macri no debería
sorprender a ningún ciudadano común medianamente bien informado y al tanto de la
historia y trayectoria de este personaje y su familia. Pero la corrupción siempre sospechada,
y ahora evidenciada del nuevamente investigado presidente argentino, no nos debe correr
de eje. Este miserable gobierno neoliberal debería caer por sus ideas, por sus planes
económicos, por su concepción del mundo y de la vida, verdadero corazón donde anidan la
corrupción, la injusticia, la desigualdad y la exclusión con que azota a la población
argentina. La fortuna personal que acumulan todos sus funcionarios son sólo la
consecuencia de esos proyectos y obran como honorarios por los servicios prestados; en
combinación con el aprovechamiento directo de sus políticas merced a sus posiciones de
poder como de las facilidades con las que cuentan para desfalcar al Estado y ocultar sus
riquezas mal habidas en cuentas secretas bien custodiadas. Si el enfoque principal, el
énfasis discursivo, se recuesta en el costado corrupto de los ocasionales funcionarios del
proyecto neoliberal, que sin dudas habrá que investigar y castigar con el máximo rigor, se
correrá nuevamente el riesgo de repetir el error de pensar que semejante modelo socio-
económico es viable extirpándole sus personeros enriquecidos ilegalmente. Ya sucedió con
la Alianza delarruista, que accedió al gobierno con un discurso moralista, pero sosteniendo
los planes inmorales y criminales de sus antecesores. Seguramente que el escándalo que
otra vez sacude al presidente offshore argentino debería costarle el puesto, ya sea porque
renuncie (algo improbable sabiendo de la catadura ética que ostenta) o porque lo destituya
el Parlamento a través de un juicio político, que ya debería estar iniciándose, pero sin
perder de vista que el sistema siempre cuenta con los recursos para reciclarse a través de
hombres más presentables, educados y preparados como Ortobey o Massa.
El Gobierno neoliberal oficializó la aprobación "con vigencia a partir del 1 de abril de
2016” de los cuadros tarifarios de 11 compañías de transporte y distribución de gas natural
de todo el país, como complemento de los incrementos publicados la semana pasada que
afectan a ocho millones de usuarios. De esta forma, el tarifazo que se dio a conocer para el
área metropolitana de Buenos Aires ahora llegó e impacta fuerte también en el Interior. Lo
hizo a través de 11 resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas
en el Boletín Oficial. Las mismas reportan un aumento mucho más fuerte que el que sufren
los usuarios de la Ciudad y el conurbano. Por ejemplo, la empresa Camuzzi Gas Pampeana,
que incluye sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, incrementó un 500% el costo
fijo para la tarifa residencial R1, elevando de 7 a 42 el mismo, pero con una suba del metro
cúbico de 1500%, pasando de 0,13 pesos a 2,12. Metrogas, empresa que presta servicio en
parte de la Capital y el conurbano, el costo fijo asciende de 13 a 38 pesos y el metro cúbico,
de 14 centavos a 2,32, un 1500% más. Así, una persona que consumía 70 metros cúbicos y
pagaba unos 30 pesos ahora deberá abonar 250, un 700% más. Otra empresa del área
metropolitana, Gas Natural BAN, pasará a cobrar 44 pesos de cargo fijo y 2,35 pesos el
metro cúbico. Para la misma factura que el párrafo anterior, el valor a abonar sería de unos
270 pesos. En el caso de Gasnor, empresa que abastece a los usuarios de Tucumán,
Santiago del Estero, Salta y Jujuy, el costo fijo sube para los residenciales de 13 a 42 pesos
y el metro cúbico de 34 centavos a 2 pesos, lo que implica un 488% de incremento en este
ítem. Las compañías contempladas por las resoluciones, con sus correspondientes planes de
inversiones, son Transportadora Gas del Norte (TGN), con $1.041 millones;
Transportadora Gas del Sur (TGS), con $794,3 millones; Metrogas, con $715,3 millones;
Gas Natural Ban, $356,7 millones; Camuzzi Gas Pampeana,$302,1 millones; Gasnor,
$171,4 millones; Gas del Centro, $148,6 millones; Camuzzi Gas del Sur, $127,9 millones;
Gas Cuyana, $116,7 millones; Litoral Gas, $ 113,5 millones; y Gasnea, $5 millones. Vaya
esto como ejemplo, cuando dice que la verdadera corrupción es el modelo neoliberal.

Ahora el shock, que venía sufriendo sólo el pueblo argentino, golpea al gobierno neoliberal.
En otra declaración desafortunada, la vicepresidente Gabriela Michetti considero hoy,
balbuceando y arrastrando sílabas más de lo habitual, que "no tiene nada de ilegal ni
antiético" la participación como director de Mauricio Macri en una empresa offshore creada
en 1998. "Lo primero que hice fue preguntarle a él y me dijo: ´Es una sociedad que armó
mi viejo en la cual somos directores mi hermano Mariano y yo. Se armó en el año 1998 y
nunca tuvo movimiento´", precisó Michetti. La vicepresidenta señaló que "estuvo ahí como
sociedad armada por las dudas por posibles capitales en el área de la construcción y la
economía real". "La idea es que esa empresa pudiera trabajar en áreas de la economía real,
pero nunca fue así", subrayó Michetti, en declaraciones al canal Telefé. Según señaló, el
jefe de Estado le dijo: "No lo declaré porque no tengo activos, movimientos ni dinero ahí".
"El monto de dinero que tiene la empresa es bastante simbólico, como para mantenerla en
acción", puntualizó la dirigente del PRO. La titular del Senado también argumentó que no
es "nada ilegal ni antiético" formar parte de ese tipo de sociedades. También descartó que el
hoy presidente de la Nación haya cometido un delito por no mencionar su participación en
sus declaraciones juradas de 2007 y 2008. "Sus declaraciones juradas han sido
absolutamente correctas, con todo su dinero y su patrimonio", dijo Michetti, como si
supiera de lo que hablaba. Esta inverosímil mujer, desbordada por las mentiras expresa, con
sus increíbles declaraciones, el estado de nerviosismo en que se encuentra el gobierno ante
este escándalo internacional.

Otro de los mencionados en la filtración de los “Panamá Papers”, fue el intendente de

Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti. Figura como parte de una
sociedad en Panamá entre julio de 2010 y julio de 2013 y también como titular de una
cuenta en Suiza. Una escritura pública del 2 de julio de 2010 muestra que el estudio
Mossack Fonseca le dio un poder especial a Grindetti para operar Mercier International. El
15 de julio de ese año Grindetti recibió otro poder para manejar una cuenta en el banco
Clariden Leu AG, que está radicado en Suiza. El economista neoliberal había viajado con el
ahora presidente offshore en marzo de 2015, para conseguir un crédito por 150 millones de
dólares para obras viales de la Ciudad de Buenos Aires. Se nota que esa fue la excusa ya
que, en realidad, por lo que estalló como escándalo ayer en el mundo, los intereses de estos
eran otros. Allí en Panamá también estuvo el ajustador ministro de Hacienda Alfonso Prat-
Gay, en marzo de este año, donde fue elegido presidente del Directorio de la Corporación
Andina de Fomento (CAF) acordando, además, un préstamo por 1.034 millones de dólares,
principalmente en proyectos de seguridad hídrica, vivienda, transporte, agua y saneamiento,
mientras que otros 100 millones de dólares serán otorgados a privados (vaya a saber a
quiénes y para qué). Este oscuro personaje, involucrado en infinidad de casos de corrupción
que aún esperan como el sueño de los justos en la “Justicia”, suponen muchos derivó en
ministro de su actual jefe político, del que hasta hace un par de años era crítico y opositor,
cuando fue requerido por Macri para administrarle los bienes, seguramente como lo hizo
fraudulentamente como albacea de la empresaria menemista Amalia Lacroze de Fortabat.

Pasan las horas y se van sabiendo más cosas sobre el affaire Bahamas de Mauricio Macri.
La empresa offshore donde el presidente trabajó como director fue vendida a los seis meses
de creada, en 1998. En la transacción se mantuvieron los Macri como directores y se realizó
por menos de $ 500. Las compañías creadas en paraísos fiscales suelen tener el propósito de
evadir impuestos o sencillamente ocultar dinero. La estructura tributaria de esos territorios
lo permite, por ser laxa para el gran capital. Sin embargo, esa práctica es abiertamente
ilegal donde provienen los dueños, por ello existe la costumbre de esconder a los
verdaderos propietarios. Las economías de aquellos países dependen de la elaboración de
estructuras financieras, así que el secretismo y la complejidad valen tanto como las
empresas. En una ardua investigación, el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) descubrió que Mauricio, Francisco y Mariano
Macri fueron directores de una compañía que no fue declarada por el ex jefe de Gobierno
porteño hasta 2009, cuando la sociedad fue disuelta. Desde Presidencia la respuesta llegó
rápido: el actual jefe de Estado no era accionista de Fleg Trading Limitada. Tampoco debía
percibir honorarios por su cargo, ya que sería un ingreso de interés para la AFIP. Pero con
la existencia de esta posible firma no declarada, pasó desapercibida la venta que se realizó
el 9 de septiembre de 1998, seis meses después de aquel 31 de marzo en el que se
constituyó. El pase de manos lo coordinó Mossack Fonseca, el mismo estudio jurídico que
la creó. El comprador uruguayo, Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti, la obtuvo con los
mismos directores (el mandatario, su padre y su hermano) y por U$S 485 en épocas del $ 1
a U$S 1. El sello costó U$S 60, mientras que la legalización U$S 155, por lo que se
desembolsaron U$S 690. Cuanto para explicar. ¿O para ocultar?
05/04/16: No terminó de digerir el cimbronazo que generó la aparición de la cuenta
offshore el domingo por la noche que ahora, al presidente Mau, le apareció una segunda
empresa constituida en Panamá; en la que él figura en su directorio. Según el Registro
Público de Panamá –que depende del gobierno de ese país–, la empresa Kagemusha tiene
como vicepresidente a Macri, mientras que el presidente es su padre Franco, un orden
jerárquico idéntico al de la empresa Fleg Trading Ltd., creada en las Islas Bahamas,
revelada este domingo a través de los documentos difundidos en los Panamá Papers.
Ninguna de las dos figura en las declaraciones juradas del presidente cuando era jefe de
Gobierno o diputado. Sobre la empresa Kagemusha, en el gobierno neoliberal indicaron que
no tenían información para responder a la consulta de los periodistas. En tanto, sobre Fleg
Trading, el presidente offshore aseguró ayer que se trató de una “operación legal, está todo
perfecto. No hay nada extraño”. Su padre Franco afirmó que Mauricio no cobró como
director. La aliada cívica Elisa Carrió pidió que el mandatario muestre documentos que lo
prueben. La segunda empresa, Kagemusha, fue constituida en Panamá en 1981. Toma el
nombre de una película de Akira Kurosawa del año anterior, que cuenta la historia de un
criminal de clase baja que se hace pasar por el lord de un clan. El nombre quiere decir
“guerrero sombra” o “señuelo político”, según la traducción. La información de la empresa
surge del Registro Público de Panamá (al que es posible acceder desde www.registro
publico.gob.pa), una institución creada en 1913 como registro de la propiedad y cuya
misión es “garantizar la autenticidad de los documentos que deben registrarse para ofrecer
seguridad jurídica de la propiedad privada”. ¿Aparecerán más cuentas? ¿Las habrá en otros
países? Todo es posible viendo de quién se trata.

Ante la inacción de los fiscales, que no actúan de oficio para investigar al

internacionalmente denunciado presidente, el abogado Eduardo Barcesat hará una
presentación contra el primer mandatario. Existe un delito base que es evasión fiscal
agravada y luego el posible lavado de dinero proveniente de actos ilícitos, según puntualizó
el abogado denunciante. "Habrá que ver cuáles son los actos ilícitos, si contrabando, tráfico
de armas, narcotráfico, todo dependerá de la investigación", comentó Barcesat. En la
presentación, el letrado solicitará además indagar en la posible existencia de otras
sociedades offshore donde el mandatario figure como titular o integrante de directorio. "Eso
está pedido en otra actuación de hace tres años radicada en el juzgado de Luis Rodríguez y
no hizo nada. Ahora con esta información nueva podría activarse", señaló. Loable por
Barcesat, pero, sabiendo los manejos de la “Justicia” argentina, difícil prospere la denuncia.
Por ahora.

La prensa internacional ubicó a Mauricio Macri en el centro de información que circuló en

torno a los Panamá Papers, la filtración de archivos más grande la historia, que involucra a
actuales y ex funcionarios públicos de todo el mundo en la participación de firmas offshore
en paraísos fiscales. El diario alemán que recibió los documentos en primera instancia se
extrañó de que a Macri “lo tratan muy bien los grandes medios”, cuando “a su antecesora se
la sometía a fuertes presiones para que deje el cargo”, y se sorprendió porque en muchos
diarios y cabales de televisión le dedicaran tanto o más lugar al ex secretario de Néstor
Kirchner que a la compañía en la que figura el presidente. ¡Qué ingenuidad la de la prensa
extranjera! Si conocieran algo de la historia de la mafia periodística hegemónica en
Argentina, esta “sorpresa” sería una fina ironía.
Mauricio Macri y el intendente de Lanús Grindetti no son los únicos que aparecen en la
lista de personas implicadas en el escándalo de cuentas of shore en el exterior. El secretario
de Derechos Humanos nacional, Claudio Avruj, también aparece en el directorio en una
empresa en Panamá. En su caso, figura como presidente de la empresa Kalushy, según
consta en el Registro Público de Panamá. Como tesorera figura su esposa, Elisa Virginia
Alfie. Se trata de una sociedad anónima. La empresa fue creada antes de que Avruj formara
parte de la DAIA del banquero Rubén Beraja (estuvo en esa entidad entre 1997 y 2007) y
continúa vigente hasta hoy. Avruj también administra una agencia de noticias, llamada Vis-
A-Vis, que está dedicada a la temática de la colectividad judía. Allí es socio de Guillermo
Yanco, la pareja de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según el ex dirigente
de la DAIA Jorge Elbaum, esta empresa fue “financiada en su totalidad por publicidades
del Gobierno de la Ciudad”. Mientras tanto, con poca o nula repercusión periodística local
y escasa reacción ciudadana, los personeros del ajuste siguen lo más campantes su macabro
plan neoliberal.

Con la denuncia de una serie de incumplimientos de lo acordado en las paritarias firmadas

hace un mes, los gremios docentes realizaron su primer paro nacional en el gobierno de
Cambiemos. En la protesta advirtieron que hay dos provincias donde los maestros están
cobrando menos que el piso nacional, y se quejaron de que las subas de las tarifas
desfasaron los salarios. Los docentes le reclaman al gobierno nacional que intervenga para
dar solución a los conflictos todavía abiertos en cinco distritos. También que no haya
despedidos en los planes socioeducativos, en los que 2 mil contratados no tienen garantías
de continuar trabajando.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, salió al cruce de los sindicatos al considerar a

la huelga “una medida excesiva”. El funcionario se reunió en la Casa Rosada con el
presidente Macri, tras lo que declaró: “hay conflicto real en dos o tres provincias, pero me
parece que dejar sin escuela a miles de chicos no es una medida”. Al mismo tiempo,
polemizó con los dirigentes gremiales y sostuvo que el paro había logrado una “baja
adhesión”, contra lo estimado por la Ctera y el Sadop, que hablaron en cambio de una un
cumplimiento “muy alto”, “del 95 por ciento”. Como va acostumbrando a propios y
extraños, los oídos sordos a los reclamos será la respuesta.

La conducción de la UIA se reunió ayer con el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso

Prat-Gay, y le pidió una reducción de impuestos y aportes patronales que tributa el sector.
Así lo confirmó el titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, a la salida del encuentro que
congregó sólo al sector de empresas más grandes. Prat-Gay desechó una baja de la carga
impositiva “debido a que el gobierno no está “en condiciones de resignar impuestos”,
justificó, aunque abrió la puerta a una modificación para el año que viene. Por su parte, el
dirigente de la UIA y diputado por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, dijo
que el tarifazo eléctrico “neutralizó” la quita de retenciones al sector. Estos canallas van
con la escupidera como hacían con el menemismo: pidiendo rebajas para “crear” o sostener
empleo. Cuántos de éstos tendrán cuentas en paraísos fiscales...

En medio del sainete en que se está transformando el episodio de las cuentas secretas
amarillas en el exterior, Mauricio Macri da síntomas de un psicópata irrecuperable. Ahora,
en medio del discurso ficticio de achicar gastos y déficits fiscales a la vez que multiplica
despidos, decidió comprar un avión nuevo para moverse tanto por el país como hacia los
distintos destinos que lo llevará la agenda internacional que preparó para sus cuatro años de
mandato. Con total hermetismo, en la Casa Rosada comenzaron las evaluaciones para
comprar un nuevo avión que baje los costos operativos del Tango 01 y que permita, por
caso, volar hasta Estados Unidos sin necesidad de realizar escalas. El presupuesto que
manejan en el macrismo es, aproximadamente, US$ 45 millones por un avión usado para 14
a 20 plazas, dependiendo de las comodidades con las que provenga. Como viene la mano,
conociendo la historia reciente y de cara al futuro, ¿no sería más conveniente, señor
presidente, comprar un buen helicóptero con protección anti balas?

El titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el

sindicalista patronal Gerónimo Venegas, tiene una compañía a su nombre en Florida,
Estados Unidos. Así se desprende de Open Corporates, una de las bases de datos de
compañías más grandes del mundo. Según la fuente, la empresa fue fundada hace dos años
y figura bajo el nombre de Gerónimo Venegas Corp. La revelación de Open Corporates
llega a dos días de la masiva filtración de documentos que alcanzó al mismísimo
presidente. Mientras el gremialista devenido en empresario fraudulento evade impuestos y
fuga dinero sucio de los trabajadores rurales, los más precarizados de la mano de obra local
se hunden en la miseria y en la desocupación que ya empieza a sufrir el sector.

Una familia muy normal: Gianfranco Macri participa en ocho compañías en Panamá que
aún se mantienen activas. El grueso de las empresas nació dos días después de que
Mauricio asumiera como jefe de Gobierno. El hermano del medio de los Macri es el único
de los varones de la familia que no figura en el directorio de Fleg Trading Limitada (donde
están el jefe de Estado, Franco y Mariano). Según se desprende del portal Open Corporates,
tanto Mauricio como Gianfranco Macri son directores de Kagemusha S.A. hace 35 años.
Gianfranco trabaja como director y secretario de esta firma familiar desde el 11 de mayo de
1981. Esta salió a la luz como la segunda offshore del presidente luego de los Papeles de
Panamá. Pero, además, Gianfranco es ejecutivo de otros siete emprendimientos panameños.
Cinco de ellos datan del 12 de diciembre de 2007, dos días después de que Mauricio
desembarcara en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En esa fecha
concreta aparecieron De Hoy B28 Corp., Le Mare A18 Corp., Serenita C44 Corp., Yo H45
Corp. y Office Une G11 Corp. De la última, el menos famoso de los Macri, ostenta los
cargos de presidente y secretario, mientras que en todas las anteriores también participa del
directorio. Tres años después Gianfranco viajó a Panamá para fundar Inmobiliaria de
Negocios Corp., el 24 de agosto de 2010. En esta ocupa los tres cargos: presidente, director
y secretario. La última de las ocho compañías del mismo paraíso fiscal surgió el 3 de
septiembre de 2015, de acuerdo a esta base de datos online. En XG Patagonia Corp. se
desempeña como director y tesorero. Gianfranco le continúa a Mauricio en edad y detrás se
ubican Mariano y Florencia. Era el único de los tres varones que no se involucraron en las
operaciones de Flag Trading, el iceberg del escándalo del jefe de Estado. Deben estar muy
unidos para compartir tantas cosas lindas juntos.

06/04/16: ¿Quién no tiene una cuenta offshore? En el oficialismo, por lo menos, cada vez
son más a los que se les descubre una empresa en el extranjero, la mayoría de ellas
radicadas en Panamá. El intendente de Vicente López, Jorge Macri; el titular de la AFI
Gustavo Arribas y el ministro de Cultura porteño, Darío El pérfido, son algunos de los
funcionarios que también tienen empresas fuera del país. Al menos en los dos primeros
casos, esas compañías no figuran en sus declaraciones juradas. A esa lista se suman los dos
principales consejeros del presidente: el empresario Nicolás “Nicky” Caputo, el hijo del
malogrado Fernando Niembro, y el presidente de Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici.
Las explicaciones que dieron los distintos protagonistas apuntan a un punto en común con
las que dio el presidente: las empresas están inactivas y nunca tuvieron movimiento de
dinero. Por lo visto muy probablemente el PRO en su conjunto tenga cuentas allí “por las
dudas” ….

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), la fanática macrista Laura Alonso, fue

denunciada ante la Justicia por una ONG y recibió nuevas críticas de la oposición que
reclama su renuncia por la defensa que hizo del presidente por el escándalo Panamá Papers.
La denuncia la presentó la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina y fue
firmada por su titular, Fernando Miguez, que acusa a la funcionaria de “abuso de autoridad
y violación de los deberes de funcionario público”. Alonso fue respaldada por los
integrantes del gabinete neoliberal.

El proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal no tiene

dedicatoria, pero bien podría decir: “¡Está rodeada doctora Gils Carbó!” La propuesta, harto
anunciada, fue enviada ayer al Senado y presentada como parte de un paquete para que el
sistema de justicia gane eficiencia, transparencia, se ocupe del crimen organizado y de
evitar la “puerta giratoria”, según dijo el ministro de Justicia Germánico Garavano. Sin
embargo, en lo que atañe a la Procuración y su estructura, la propuesta pretende licuar el
poder de la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, al rodearla de una estructura de
cuatro subprocuradores elegidos sin concurso ni mayorías especiales y de un Consejo
General. Ellos absorberían las funciones claves como diseñar la política criminal o elegir
titulares de unidades especializadas. El plan, además, quita la estabilidad al procurador/a, el
cargo pasaría a durar cuatro años y lo/a pueden echar sin juicio político. La Corte Suprema
de las Corporaciones sumó ayer mismo, sin disimulo, su grano de arena al difundir que
“suspendió las resoluciones dictadas por la Procuradora” para la asunción de 16 fiscales en
cargos credos el año pasado, que en realidad ya fueron eliminados por otra ley. Otra
demostración de que estos personeros del hambre y la miseria planificada vinieron a
perpetuarse en el poder.

La investigación de los Papeles de Panamá trajo serias complicaciones a Mauricio Macri, y

está sirviendo para “mapear” la ruta del dinero “MM”. Tras revelarse que integró dos
sociedades registradas Islas Bahamas y Panamá, también se descubrió que Jorge Blanco
Villegas, uno de los principales responsables de su fortuna, tuvo una empresa en Islas
Vírgenes Británicas entre 1997 y 1998, que terminó siendo vendida en una ostentosa suma,
heredada años después por el hoy presidente de la Nación. Los documentos, obtenidos a
través de ICIJ y el diario alemán Süddeutsche Zeitung revelaron que Jorge Blanco Villegas,
tío de presidente, se desempeñó como director de Conklin Pacific Ltd, registrada en las
Islas Vírgenes Británicas entre 1997 y 1998. Blanco Villegas se desvinculó de Conklin
Pacific Ltd cuando en 1998 se vendió a la sociedad a New Charlotte Ltd, y, al hacerlo, la
liquidación final de la firma detalló bienes por 11,9 millones de dólares. Trece años
después, en 2011, Blanco Villegas dejó buena parte de esa fortuna al hoy presidente. Por
esa herencia, Macri debió confesar al año siguiente que su patrimonio se había
incrementado un 84% durante ese período fiscal, explicaron en aquel entonces voceros del
entonces jefe de Gobierno porteño: pasó de $33.312.291 a $61.272.682. Las sospechas
están al nivel de la fortuna que ostenta.

El gobierno bonaerense firmó un decreto que reasigna funciones a ministros y secretarios

de Estado y puso en estado de alerta a los trabajadores estatales. Esto es porque la
normativa, que ya fue publicada, dispone la posibilidad de despedir masivamente sin
justificación y le da potestad a los funcionarios para tomar decisiones que deberían
discutirse en las paritarias, como son el valor de las horas extras. La gobernadora Vidal
firmó el decreto 230/2016. Según el escrito, los funcionarios políticos pueden "disponer los
ceses de personal excluidos los del personal de planta permanente sin estabilidad y los
supuestos de pasividad anticipada y retiro voluntario". La confusa redacción del artículo 3
es interpretada por ATE como la puerta abierta para despedir sin indemnización.
Promoviendo el festival de la alegría propagan el miedo y la persecución a través de
medidas no sólo anti democráticas sino también ilegales.

La Cámara de Diputados rechazó este mediodía un pedido del Frente de Izquierda para que
el presidente concurra al Congreso, a dar explicaciones por su participación en empresas
offshore. También negó que se debata sobre los despidos en el Estado y los tarifazos. "El
Panamá papers ha venido a poner en relieve un mecanismo" utilizado por el capitalismo en
perjuicio del fisco que en la Argentina significa "el corazón de la deuda", dijo Néstor
Pitrola, quien protestó tras la votación negativa de la moción que había planteado Myriam
Bregman (FI). La moción fue rechazada por 131 votos contra 89 y 16 abstenciones que
provinieron principalmente del Bloque Justicialista, que tiene como referente a Diego Bo-
Bossio. No les basta el cerco mediático y judicial para facilitar, esconder y propiciar los
negociados que los involucran. También el Parlamento protege descaradamente a la mafia
reinante.

La filtración de 11,5 millones de documentos de Mossack Fonseca generó un enorme

revuelo a nivel internacional, al punto tal que en internet ya se las ingeniaron para sacarle
provecho: una casa de apuestas especula sobre cuál será el próximo dirigente afectado por
el Panamá Papers en renunciar. Y, en este sentido, el presidente de Argentina encabeza el
lamentable podio, con 8 a 1, seguido de cerca por el primer ministro de Pakistán, Nawaz
Sharif (10 a 1), y el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko (12 a 1), mientras que el
primer ministro de Reino Unido, David Cameron, es el cuarto favorito de la casa Paddy
Power, con 20 a 1. ¿Dónde se puede apostar por qué gobierno tiene más funcionarios con
cuentas en paraísos fiscales?

El gobierno argentino deberá presentarse el viernes ante la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) en Washington para dar explicaciones sobre los decretos de
necesidad y urgencia emitidos por la gestión de Cambiemos que modificaron la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital. La audiencia fue solicitada
por organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática. Por pedido del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Barco), la
Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Recoma) y algunas
otras entidades que integran la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), el
organismo internacional citó al Poder Ejecutivo a cargo de Mauricio Macri para que
explique "su ofensiva contra la comunicación popular a través de los DNU que atacan a la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Argentina Digital", informaron las
entidades. Las organizaciones reclamaron por considerar que la aplicación de los decretos
de necesidad y urgencia 13, 236, y 267, emitidos por el Poder Ejecutivo derivan en una
situación que vulnera la libertad de expresión en el país. Mariela Pugliese, presidenta de
Barco, aseguró que "los DNU violan los estándares sobre libertad de expresión y
comunicación democrática de la OEA e incluso de la ONU, a los que el país adscribió". La
audiencia se llevará a cabo el viernes por la mañana en las oficinas de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) en Washington, a raíz de cuestionamientos a la política de
comunicaciones que fueran planteados en Argentina por distintas organizaciones.
"Esperamos que esta presentación tenga una respuesta de recomendación concreta al
Gobierno nacional de mantener la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", añadió.
Al multimillonario y multidenunciado presidente se le van abriendo flancos por todos
lados.

Los trabajadores del Ministerio de Hacienda no permitirán el jueves que los funcionarios
ingresen al Palacio hasta que los reincorporen. Exigirán la reincorporación de las más de
150 despedidos. Organizados por ATE, el personal de la cartera y los desplazados se
instalarán desde las 8 frente a los principales accesos. Allí esperarán la llegada de las
segundas líneas para reclamar una mesa de diálogo. Piden la reincorporación "plena y
efectiva" de todos los despedidos. Mientras tanto, Alfonso Prat-Gay, se encuentra en
Estados Unidos, sumido en un "roadshow" destinado a pedir los dólares que prometió
pagarles a los fondos buitre pero que no logra conseguir. "Los funcionarios que quedaron
en el ministerio tienen poder de decisión para reincorporar a los despedidos sin consultarlo
con el titular de Hacienda". El conflicto comenzó el jueves pasado cuando Prat Gay decidió
despedir a más de 150 empleados. Desde el gremio resaltaron que "los mismos funcionarios
tuvieron que reconocer concurren a trabajar a diario y realizan sus tareas en forma
permanente". La temperatura social de los conflictos sube en consonancia con la inflación y
las cuentas bancarias descubiertas en paraísos fiscales…

07/04/16: El fiscal federal Federico Delgado imputó hoy a Mauricio Macri por omitir
detallar en su declaración jurada información sobre entramado societario que se develó en
el informe periodístico conocido como "Panamá Papers". Fuentes judiciales indicaron que
el fiscal impulsó la denuncia que señala a Macri como director y vicepresidente de la firma
Fleg Trading Ltd. radicada en las Islas Bahamas desde 1998, así como de otras sociedades.
El fiscal lo presentó ante el juez federal Sebastián Casanello, quien ahora deberá determinar
los pasos a seguir en la investigación. Delgado consideró que hay elementos como para dar
curso a la demanda judicial, luego de una denuncia realizada por el diputado nacional Darío
Norman Martínez, perteneciente al Frente Para la Victoria (FpV). Para el fiscal es necesario
determinar si la "vida social de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si
Mauricio Macri tuvo que ver con la puesta en movimiento de ese comportamiento societal.
Tampoco se nos escapa que ya hubo aclaraciones públicas sobre ello. Pero, aun así, el
trabajo judicial es determinarlo", aseguró. En este sentido, la fiscalía sugiere que se
obtengan los textos pertinentes de la agrupación de periodistas que dio a conocer los
hechos, luego que requiera a la Administración Federal de Ingresos Públicos las
declaraciones juradas de Mauricio Macri, así como también que requiera al director del
organismo un amplio informe que detalle la dinámica tributaria y que especifique qué
sujetos están obligados a declarar su participación en sociedades off shore. Finalmente, y
como aún no se implementó la Oficina de Ética Pública que prevé la ley específica (que es
de 1999), la fiscalía recomienda requerir "una opinión consultiva a la Oficina
Anticorrupción y a las Facultades de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y
Torcuato Di Tella, sobre el alcance de la obligación de declarar sociedades de esta
naturaleza, a la luz de la ley de ética pública". Muy probablemente esto no prospere, por
ahora. Pero al menos estará en el ojo de la tormenta y será un testimonio más para la
historia nacional de la infamia.

Conocida ya la noticia sobre la imputación hecha esta mañana en su contra, Mauricio Macri
encabezó en Posadas un encuentro con beneficiarios del Programa PROGRESAR, donde
evitó referirse sobre la decisión tomada por el fiscal Federico Delgado por las empresas
offshore a su nombre, que omitió en sus Declaraciones Juradas. Macri dijo que su
"compromiso con todos los argentinos es cuidarlos y decirles la verdad que es el único
camino que nos lleva al crecimiento, porque con la verdad crece la confianza y si existe
todo se potencia". También afirmó que le "duele" tomar decisiones que consideró
necesarias "para ordenar el desaguisado", pero señaló que ese es "el camino de la verdad".
A sus rasgos de psicópata habría que empezar a sumar algunos síntomas de autismo.

Esta vez la alianza oficialista tuvo que sudar para imponer su voluntad en la Cámara de
Diputados. Finalmente, Cambiemos –PRO, UCR y CC– con el respaldo del massista Frente
Renovador, el Bloque Justicialista y otros bloques provinciales logró consagrar la vigencia
una decena de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otros decretos de facultades
delegadas, con los que Mauricio Macri gobernó durante casi tres meses con el Congreso
clausurado. Los diputados del Frente para la Victoria se retiraron del recinto luego de que el
presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, se negara a realizar la votación en
forma nominal para que quedara registrado cómo votaron los bloques partidarios y sus
diputados. Esto ocurrió luego de un largo debate sobre el DNU que creó el Enacom,
disolvió la Afsca y la Aftic y anuló artículos de la ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Luego, Monzó y el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, apuraron la
votación del resto de los DNUs en un solo paquete ante el riesgo de quedarse sin quórum.
Antes, Cambiemos sufrió para abrir la sesión, ante la decisión del massismo de regatear el
quórum. Recién lo consiguió 45 minutos después de la hora convocada, cuando la jefa de la
bancada del FR, Graciela Camaño, se sentó en su banca. Los diputados del Frente para la
Victoria se retiraron del recinto luego de que el oficialismo se negara a realizar la votación
en forma nominal. Después de convalidar el DNU sobre la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, se votó el resto en un mismo paquete. Traidores y cipayos
siguen dando quórum o apoyando abiertamente al nefasto gobierno neoliberal, mientras
ensayan críticas que sólo un analfabeto político puede avalarlas.

Entre los miserables decretos avalados por el congreso ayer está el que creó el Ente
Nacional de Comunicaciones (Enacom), el órgano que reemplazará a las disueltas Afsca y
Aftic en la aplicación de la Ley de Medios y de Argentina Digital. La votación se hizo a
mano alzada, de modo que no se contabilizó quiénes votaron afirmativamente, en contra ni
quiénes se abstuvieron. El Frente para la Victoria solicitó minutos después, cuando ya se
trataba el siguiente tema del orden del día, que se reconsiderara la votación para que fuera
nominal, pero el pedido no fue tenido en cuenta. La aprobación del decreto es la entrada en
vigencia del Enacom, que tiene como titular a Miguel de Godoy. De acuerdo con el decreto
aprobado, el 267, publicado el 29 de diciembre pasado, el Enacom -que controlará las
licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones- será un ente "autárquico y
descentralizado", aunque funcionará "en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones", a
cargo de un militante del Grupo Clarín, el “milico “Oscar Aguad. Macri cree que
otorgándole más poder al grupo Clarín refuerza su alianza con el grupo mediático cuando,
en realidad, reasegura su sumisión y su condición de rehén del mismo.

Mientras las denuncias y el escándalo internacional crecen, los planes de hambre y miseria
generalizada del gobierno neoliberal siguen su marcha como si ninguna bala los rozara.
Desde el 2003, las cooperativas textiles y el Estado nacional mantuvieron una relación
estrecha: por una decisión gubernamental, los distintos ministerios tenían como
proveedores a ese tipo de organizaciones y a ellos les compraban guardapolvos, chalecos
antibalas o remeras para las fuerzas de seguridad, por ejemplo. Sin embargo, tras la llegada
del "cambio" al poder, la Red Textil Cooperativa (que agrupa a empresas asociativas de la
Argentina y forma parte de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo),
denunció que el Gobierno no les encargará nada más. Por qué encargarles a cooperativas de
trabajadores lo que puede hacer más caro, tarde y deficientemente una corporación o
amigos allegados al macricaputismo…

La gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto que habilita a los ministros y
secretarios bonaerenses a “disponer ceses de personal” y avanzar con medidas de
flexibilización. Tras los despidos masivos en el Estado nacional, la medida –que ya fue
publicada en el Boletín Oficial– preanuncia la llegada de la ola de cesantías a la provincia.
Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, unos 10 mil empleados
públicos quedaron bajo amenaza de perder su trabajo. El sindicato realizará hoy y mañana
un paro de 48 horas. El decreto lleva el número 230/2106 y da poder a los funcionarios de
la primera línea del gabinete también para contratar nuevo personal, disponer el traslado del
existente y ampliar “suspensiones preventivas”. Fue firmado el 28 de marzo, aunque entró
en vigencia ayer, tras su publicación.

La semana pasada, el gobierno neoliberal dio por terminada la “primera etapa” de la

“revisión” de los estatales contratados en la administración pública, proceso en el que casi
11 mil personas quedaron en la calle. La mayoría eran trabajadores con sede en la Capital
Federal. Aunque en las intendencias del resto del país y en las gobernaciones también hubo
cesantías, su intensidad se había frenado. Ahora parece ser el turno de la provincia de
Buenos Aires. Esos proyectos de ley están planteados como de “modernización del Estado”
y bajo declaración de la “emergencia administrativa y tecnológica”. Según alertó De Isasi,
titular de ATE provincial “en nombre de la eficiencia del Estado, permitirán el ingreso
masivo del sector privado al Estado, restringiendo la actuación de los organismos de
control. Habilita, por ejemplo, a que hagan negocios con el Estado empresas que no están
inscriptas como sus proveedoras”. Los abogados de ATE analizan llevar a la Justicia una
presentación para que el decreto sea declarado inconstitucional. Claro que la miseria
planificada, la depresión de los salarios y el disciplinamiento de los trabajadores tiene su
contracara: la de los negocios privados, corporaciones, amigos y socios propios que se
enriquecen empobreciendo a las mayorías.
08/04/16: Anoche, autoconvocados espontáneamente, cientos de personas llenaron la Plaza
de Mayo protestando contra el ajuste brutal del gobierno neoliberal, su plan económico
general, y por el escándalo que azota al presidente offshore Mauricio Macri en particular.
Ningún medio cubrió el episodio. Sólo las redes sociales y medios independientes
reflejaron con fotos, videos y comentarios la protesta. La bronca crece y el cerco mediático
comienza a hacer agua.
Mauricio Macri está flojo de papeles. La declaración jurada de su padre ante la AFIP, hasta
ahora la única documentación que el Gobierno presentó como supuesta prueba de su
inocencia en el escándalo de los Panamá papers, no alcanza para determinar si fue o no
accionista de Fleg Trading, la empresa fantasma en la que el presidente figura como
director. Los documentos, en los que figura el monto que Franco Macri tributa en el
exterior, tampoco son evidencia suficiente para demostrar que la empresa no haya tenido
movimientos ni actividades ilícitas, algo que ahora deberá determinarse a partir de la
investigación judicial que quedó en manos del juez Sebastián Casanello. A pesar de los
esfuerzos de la diputada Elisa Carrió y la titular de la OA, Laura Alonso, para aplacar el
escándalo, los documentos no sustentan por sí solos el discurso oficial de que Macri no está
involucrado en irregularidades. Si prestó sólo el nombre fue un ñoqui y un testaferro.
Aunque lo más probable es lo que todo hombre de bien, sin ingenuidad, supone de gente de
esta calaña.

Forzado por el inicio de una investigación penal en su contra, Mauricio Macri ensayó ayer
una respuesta política al escándalo nacional e internacional desatado por Panamá Papers. El
presidente dio un breve discurso en Casa Rosada, en el que repitió los mismos argumentos
que se difundieron mediante un comunicado oficial tras conocerse el domingo su
participación en una sociedad offshore hasta 2009. “Estoy muy tranquilo. He cumplido con
la ley, he informado la verdad y no tengo nada que ocultar”, aseguró Macri, y adelantó que
hoy se presentará ante la Justicia civil para solicitar una “declaración de certeza” respecto
de la legalidad de sus declaraciones juradas. Además, volvió a decir que colocará su fortuna
en un fideicomiso ciego, algo que había prometido tras ganar la elección en noviembre del
año pasado y que hasta ayer no había concretado. Por último, el líder del PRO informó el
envío al Congreso del proyecto de ley de acceso a la información pública, en el que el
Ejecutivo venía trabajando hace meses. Su psicopatía empieza a preocupar. Ante las
evidencias sólo la impunidad que le asegura la troika (parlamento-medios-poder judicial)
puede dar tranquilidad a alguien con tanto por esconder y mucho para explicar.

Mientras el presidente anuncia el envío al Congreso de un proyecto de ley de acceso a la

información pública, docentes e investigadores en comunicación y cultura de todo el país
denuncian que el Ministerio de Cultura de la Nación borró el acceso a una información que
era pública: la que ofrecía el Sistema de Información Cultural de la Argentina (Sinca), una
gran base de datos que, según sigue anunciando la página de este organismo, “releva, mide
y procesa información cultural, que luego resulta indispensable para el diseño de políticas
culturales”. Los links que abrían la información que el mismo ministerio describe como
indispensable conducen ahora a una “Página o archivo no encontrado”. Más de 100
docentes e investigadores de 14 universidades del país presentaron al ministro Pablo
Avebruto un pedido para que su cartera restablezca esta herramienta, que implica una
década de trabajo de un equipo de sociólogos, politólogos, geógrafos y matemáticos de este
ministerio, a los que se suma el realizado en distintos puntos de país para brindar estos
datos. Este gobierno es a la transparencia lo que Lanata al periodismo o Carrió a la política:
ominosos personeros de la mentira, de los negociados corporativos y de la difamación de
sus adversarios.

El embajador en Panamá, el sutil humorista Miguel Del Sel, rompió el silencio tras el
escándalo del Panamá Papers, que involucra a por lo menos 140 políticos y funcionarios de
todo el mundo, entre ellos el presidente Mauricio Macri. Poco después de su polémico
nombramiento, Del Sel, volvió al centro de la escena como embajador: "No me imaginaba
estar en esta situación. Es un problema entre privados, no entre Argentina y Panamá, no
tengo nada que aclarar", explicó el humorista en diálogo con radio Vorterix. Lo que parece
no querer entender este hombre, es que este es un problema de su jefe político con la ley,
con la ética pública, con sus propios votantes y, sobre todo, con la República Argentina;
que se desangra todos los días no sólo a tarifazos, despidos, aumentos de precios e
ilegalidades de toda índole, sino también por la fuga de divisas como las que, seguramente,
no sólo propicia sino además protagoniza Macri con sus propios mal habidos dineros,
destinados a paraísos fiscales, cara de la misma moneda de los infiernos neoliberales que
azotan a Argentina y al mundo.

En el marco de los continuos incrementos en los servicios, que se traducen a los productos,
la legisladora bonaerense Mónica López, impulsó un proyecto para que se cree el Programa
Provincial de Optimización de Recursos Alimentarios para solicitarle a hoteles, bares,
restaurantes y afines que “donen a sectores carenciados el excedente de sus raciones
alimentarias aptas para el consumo” A cambio, los locales adheridos quedarán eximidos de
un porcentaje del Impuesto a los Ingresos Brutos. En lugar de trabajar para elaborar
propuestas de soberanía alimentaria y fomento de la producción en esa materia, el Frente
Renovador planteó que los comercios mencionados regalen el excedente a los más
necesitados. Vale decir: se premia la caridad de estos posibles nobles empresarios, que
donarían lo que tirarían o reciclarían como plato del día, eximiéndoles de los impuestos con
los que se podrían implementar políticas sociales algo más dignas que esta miserable
propuesta. También esta tan voluble diputada, podría subastar su famoso ropero lleno de
carteras y zapatos importados y donar los dividendos a un comedor escolar. Así lavaría algo
de culpa y el pueblo recuperaría algo de lo saqueado por dirigentes como los de este frente,
que lo único que tiene de renovador son las piruetas que hacen para convalidar las políticas
neoliberales de Macei; mientras lo critican horrorizados por las consecuencias del “ajuste”
que le convalidan en el Congreso.

09/04/16: Teniendo como marco el 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH), representantes de organizaciones sociales encabezados por
el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) exigieron en Washington al gobierno del
presidente Mauricio Macri que “repare los aspectos del derecho a la comunicación ya
vulnerados” por los decretos que anularon parte de la normativa legal sobre servicios de
comunicación audiovisual y “garantice la transparencia, participación plural y
representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la
comunicación”. Por su parte, los representantes del Gobierno, sin responder a los
cuestionamientos que se le formularon, se apoyaron en el argumento de que los decretos
dictados por el Ejecutivo y refrendados esta semana por la Cámara de Diputados fueron
realizados “en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al
presidente”. De esta manera, quedaron configuradas dos posiciones antagónicas respecto de
la política comunicacional en el país donde los temas más relevantes se agrupan en torno a
la libertad de expresión, pluralidad de voces, participación ciudadana de la sociedad civil en
el ámbito de las comunicaciones y concentración de la propiedad de los medios. Si bien no
hubo intercambio directo entre las partes, salvo en un breve cruce final, la mayoría de los
argumentos de los peticionantes se alinearon para reclamar la conculcación de derechos
respecto de la comunicación que surgen de las medidas oficiales, mientras que las voces del
Gobierno apuntaron a señalar “la hegemonía comunicacional del gobierno anterior”, el
“hostigamiento” a periodistas y la distribución “arbitraria” de la publicidad oficial. Frente a
tales afirmaciones, Horacio Verbitsky dejó sentado que la delegación oficial se dedicó a
hablar “del pasado” y no respondió a los cuestionamientos que se le formularon,
advirtiendo también que, si bien se aduce que las medidas adoptadas son “transitorias”,
tienen ya efectos jurídicos directos. Que se animen a decir que el gobierno anterior
hegemonizaba los medios, perseguía periodistas y manipulaba la pauta oficial, es prueba
que la actitud es siempre la misma: proyectar en los demás, de manera engañosa y perversa,
sus propias conductas delictivas.

Después del mediodía de ayer, el abogado Felipe Llerena entró a la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil. En esta oportunidad no estaba prestando servicios para el Grupo
Clarín, que lo contrató durante el litigio contra el Estado por la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, sino para Mauricio Macri. El presidente le encomendó al
estudio Llerena y Asociados que realice el pedido de “declaración de certeza” que había
anunciado el jueves para intentar desligarse del escándalo de Panamá Papers, que lo
involucra en sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales. La causa recayó por sorteo
en el juzgado civil 104 de Capital Federal, a cargo del juez Andrés Guillermo Fraga. Desde
el macrismo se negaron a dar a conocer el escrito con el argumento de que se trata de
“diligencias preliminares” con el objetivo de iniciar el expediente. En paralelo, el fiscal
Federico Delgado explicó que el trámite en la Justicia civil “no frena” la causa iniciada ya
en el fuero penal para determinar si hubo una “omisión maliciosa” en su declaración jurada.
Al anunciar la presentación concretada ayer, Macri reiteró que no fue accionista de esas
compañías, que no recibió ningún tipo de retribución, y que realizó su declaración jurada
“en forma correcta”. Según afirmó, el objetivo de la presentación es que un juez “verifique”
que lo que dijo es verdad y que no incurrió en el delito de omisión maliciosa. El
contubernio de Macri con el grupo Clarín es tan promiscuo que comparten los abogados, ya
no sólo los mismos estudios.

El equipo económico prevé realizar la emisión de deuda para pagarle a los fondos buitre el
18 de abril próximo, según confirmó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, durante
los primeros contactos con inversores en el paraíso fiscal de Bahamas. El funcionario inició
ayer una gira de diez días de encuentros con referentes de organismos internacionales de
crédito, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario (FMI),
con el objetivo de atraer financiamiento. El funcionario aprovechó también para contactarse
con potenciales inversores mientras el resto del gabinete económico iniciará el lunes
próximo el road show formal con la propuesta. El gobierno de Cambiemos ya había
solicitado a los fondos buitres más tiempo para hacer el pago. La fecha original era el
próximo 14 de abril. Lo llamativo del adelanto de Prat-Gay es que sostuvo que esa primera
colocación alcanzará los 15.000 millones de dólares, pese a que el Congreso sólo le
autorizó al Ejecutivo a endeudarse en 12.500 millones. ¿Lo validarán con otro ilegal
decreto? Con un gobierno de funcionarios offshore todo es posible.

El Banco Central instrumentó un plan de créditos indexados por inflación para promocionar
el acceso a la vivienda. Los bancos comerciales como el Banco Ciudad, Macro, Provincia,
Hipotecario, Galicia, Santander Río y el de la provincia de Córdoba ofrecerán estos
préstamos hipotecarios a partir de la próxima semana. La medida apunta a sectores de clase
media alta, pero no resuelve los problemas de déficit habitacional de amplios sectores de la
sociedad con ingresos familiares por debajo de los 30 mil pesos. Sin la regulación del
Banco Central en la forma de asignar los préstamos, la iniciativa no prosperará, puesto que
la banca se mostrará reacia a otorgar financiamiento hipotecario cuando le resultan más
rentables las líneas destinadas a consumo como tarjetas de crédito o personales.
Empresarios de la construcción, a diferencia de la lectura de los economistas, plantearon
que la medida es sumamente positiva y permitirá dinamizar al sector hipotecario. La falaz
consigna “Pobreza cero”, que aún regurgita Mauricio Macri, parece que no contempla
viviendas populares, a pesar que en campaña, entre tantas mendacidades, prometió más de
un millón de viviendas a créditos accesibles.

10/04/16: Nadie debería sorprenderse del entusiasmo de Mauricio Macri por armar
sociedades offshore para impulsar sus negocios. Apenas llegó a la Jefatura de Gobierno de
la ciudad intentó transformar a Buenos Aires en un paraíso para ese tipo de empresas.
Merced a la intervención de Alejandra Gils Carbó, actual Procuradora General de la
Nación, se evitó la maniobra. Fue ella, desde su lugar de fiscal de la Cámara Nacional en lo
Comercial, la que durante ocho años consiguió impedirlo. A poco de asumir como Jefe de
Gobierno el ahora presidente impulsó y logró la sanción de una ley para crear una
Inspección General de Justicia porteña, destinada a evitar los controles reforzados que bajo
la dirección de Ricardo Nissen había impuesto la IGJ nacional. El objetivo de Macri era
claro: transformar a la ciudad de Buenos Aires en el refugio de las sociedades offshore que
veían dificultado su accionar desde la resistida reforma de Nissen. Gils Carbó planteó la
inconstitucionalidad de la ley porteña y consiguió impedir su puesta en marcha con una
medida cautelar. Durante ocho años, en los que los Kirchner se sucedieron en la
presidencia, el expediente recorrió sin éxito más de un cajón de tribunales. Casualmente,
hace apenas un mes y medio, con Macri ya de presidente, la jueza subrogante Macarena
Marra Giménez rechazó las atribuciones de la fiscalía para presentarse en la causa, sin
pronunciarse sobre la cuestión de fondo, y dejó expedito el camino para que ahora sí,
cuando el PRO controla tanto los resortes porteños como los nacionales, las sociedades
offshore puedan de una vez enseñorearse en la ciudad. Les queda pendiente solo un
obstáculo: conseguir que sea ignorada la apelación presentada por la ahora fiscal general
Gabriela Boquín y el fiscal Fabián Canda. Confiados en la influencia que Macri ha
demostrado tener sobre extensos segmentos del Poder Judicial en los cortos meses que lleva
en la Rosada, en el Gobierno de la Ciudad ya empezaron a diseñar los mecanismos para
armar la IGJ local. Con estos antecedentes el otrora contratista leonino del Estado y
contrabandista de autopartes, pretende hacernos creer que es transparente abrir una empresa
en Panamá con sede en Bahamas para hacer negocios en Brasil. El nivel de grosería de
algunas de sus justificaciones es proporcional al nivel de indecencia de sus gobiernos.
Ahora con el escándalo desatado de los Panamá Papers hay que ver si se animan a lograr la
distopía neoliberal de convertir a la Ciudad de Buenos Aires en un paraíso fiscal. También
va quedando más clara la obsesión de Cambiemos de desplazar a Gils Carbó de su puesto,
una de las pocas personas rescatables de la putrefacta “Justicia” argentina.

Cuando el impresentable gobierno neoliberal argentino habla de “legalidad” en la apertura

de cuentas en paraísos fiscales está balbuceando una verdad de Perogrullo. Si la idea de
estos lugares es esa: darles apariencia legal a fondos de origen espurio. Cuando se conozcan
los movimientos de esas cuentas se revelará en detalle, en montos y tipo de operaciones, lo
que la “legalidad” pretende esconder. Gran parte de los paraísos fiscales se encuentran bajo
la protección de grandes países onshore. Por ejemplo, el Reino Unido tiene bajo su tutela
buena parte de los mejores paraísos fiscales del mundo, como el de las Islas Vírgenes
Británicas, donde se garantiza la ausencia de transparencia en las operaciones y el
anonimato de los accionistas. Otro de los centros más concurridos de prácticas offshore es
el Estado de Delaware en los Estados Unidos. Allí se garantiza el anonimato a través de
sociedades creadas en pocas horas por módicas sumas de dólares, a través de las cuales se
pueden abrir cuentas en las principales entidades bancarias de ese país y fijar sus sedes
sociales en cualquier lugar del planeta. Si bien es cierto que los grupos económicos utilizan
sociedades offshore para transferir fondos y mejorar su situación fiscal, en la mayoría de
los casos se trata de una operatoria ilícita que consiste en esconder sus ganancias para no
pagar en ningún lado los impuestos que correspondan. Una de las más importantes ventajas
que refuerza el sistema de confidencialidad ofrecido por los centros offshore es que
garantizan el fracaso de las acciones judiciales que inicien los afectados para hacer valer la
responsabilidad civil o penal de los autores de un fraude. La obligación de presentar
balances e informar sobre la actividad es nula o de gran laxitud y no hay forma de acceder a
los libros de comercio y otra clase de documentación. En 2008, la Auditoría General de los
Estados Unidos informó que 83 de las 100 corporaciones más grandes de ese país tenían
filiales en paraísos fiscales. En Europa, 99 de las 100 empresas más grandes, según la
investigación de la organización Tax Justice Network. De esto hablamos cuando decimos
que el capitalismo es, primordialmente, una inmoralidad intolerable.

El fiscal Guillermo Marijuán le pidió ayer al inefable juez Sebastián Casanello que incluya
en la investigación por lavado de dinero a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner,
al ex ministro Julio De Vido, al ex titular del Banco Nación Juan Carlos Fábregas, al titular
de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, y a Ernesto Clarens, un
financista cercano a Lázaro Báez. Este último es el foco principal de la causa. Marijuán
presentó el escrito a las apuradas, un sábado, tras la declaración del comisionista Leonardo
Fariña, quien pidió ser tomado como arrepentido, y a raíz de que el fiscal viajaba ayer
mismo a Estados Unidos. Pese al secreto de sumario, varios medios publicaron versiones
diferentes de los dichos de Fariña. La versión más extendida es que el comisionista esbozó
un esquema según el cual Báez habría recaudado fondos con sobrecostos en la obra pública
a partir de un arreglo con Néstor Kirchner y De Vido, y luego sacó el dinero al exterior a
distintos bancos de Suiza, Uruguay, España. Respecto de Cristina, Fariña dice que Báez le
contó que ella le reclamo dinero que era de Néstor. Una porción de la información ya era
conocida, otra es incomprobable y hay elementos en los que Casanello tendrá que trabajar
para verificarlos en los próximos tiempos. Fariña dijo que sabía cómo se sacó el dinero al
exterior porque lo presenció, pero respecto de Cristina dice que lo sabe por los dichos de
Báez. Un dato curioso es que Casanello tiene en su juzgado exactamente en la misma
condición de imputados al actual presidente y a la ex presidenta: los fiscales requirieron que
se los investigue. A Macri por las sociedades en Panamá y Bahamas, a CFK por los dichos
de Fariña. Utilizar al empresario Báez y a un lumpen reventado como Fariña, patético
personaje mediático, famoso por decir y desdecirse de sus propias afirmaciones en esta y
otras causas judiciales, habla más del denunciante que del denunciado. Marijuán, miembro
conspicuo del “partido fiscal”, es uno de los irremontables papeloneros que organizó la
marcha en favor de Alberto Nisman pidiendo justicia (¿?) por el suicida y corrupto fiscal.
También es el que mantiene paralizada la denuncia de Hernán Arbizu sobre las más de
4.000 cuentas del HSBC por lavado de dinero. Un fiscal impresentable haciéndose eco de
un testimonio inverosímil para pedir una imputación a un juez indefendible (quien mantiene
detenido a Lázaro Báez por peligro de fuga ¡porque se lo aseguró bajo juramento el
periodista de Clarín Daniel Santoro!, el mismo de las falsas denuncias contra Máximo
Kirchner y Nilda Garré), habla a las claras de las intenciones políticas y del manejo
siniestro que la alianza neoliberal gobernante hace del temible poder judicial.

La organización B’nai B’rith internacional desmintió al secretario de Derechos Humanos,

Claudio Avruj, quien aseguró que la sociedad anónima Kalushy, radicada en Panamá, fue
creada por esa organización para “cumplir con la normativa laboral” de Panamá cuando
Avruj fue director del distrito 23 área Caribe de B’nai B’rith. Según el Registro Público de
Panamá, Kalushy SA fue creada el 27 de julio de 1992. Como tesorera, aparece Elisa Alfie,
esposa de Avruj, y como secretario Ramie Attie. Según los registros públicos continúa
“vigente”. La empresa de Avruj se sumó a otras radicadas en Panamá y otros países que se
conocieron en estos días. La lista, aún incompleta, incluye al intendente de Lanús, Néstor
Grindetti; al de Vicente López, Jorge Macri; al titular de la AFI, Gustavo Arribas; y a los
dos asesores y amigos del presidente, el empresario Nicolás Caputo y el presidente del Club
Boca Juniors, Daniel “El Tano” Angelici, además de por supuesto, el “jefe”, el presidente
offshore Mauricio Macri. Curioso: cuanto más buscan cuentas secretas de la ex presidenta,
más cuentas aparecen de sus adversarios.

Los despedidos en el Estado nacional superan los 10 mil, un número que se duplica en
gobernaciones y municipios de todo el país y que aún no está cerrado si se tiene en cuenta
que el gobierno de Mauricio Macri tiene todos los contratos bajo revisión. La narrativa del
achique de un Estado desbordado por “la fiesta” de designaciones de “la grasa militante”
del kirchnerismo, oculta en realidad un crecimiento sin precedentes desde el retorno de la
democracia, de funcionarios políticos con rangos de ministros, secretarios y subsecretarios
creados en estos primeros 100 días por la administración macrista. De acuerdo al análisis de
los datos publicados en el Boletín Oficial, la consultora Prospectiva señala que las
secretarías de Estado pasaron de 71 el 10 de diciembre de 2015 a 88 al 31 de marzo. Y las
subsecretarías, de 165 a 205 en el mismo período. Las cuentas más conservadoras señalan
que ese crecimiento de 23 por ciento en designaciones políticas permite proyectar la
generación de, por lo menos, 80 nuevas direcciones nacionales y 240 nuevos cargos de
directores simples y coordinadores, que también están asociados a cuadros cercanos al
espacio de gobierno. El crecimiento de esas áreas del Estado no sólo supera los números del
segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, vilipendiado por el PRO. Plantea
también un inédito desplazamiento de dinero a un sector con los salarios más altos en el
escalafón del Estado. Mientras despiden a empleados de bajos rangos, el salario en bruto de
un secretario es de 105 mil pesos y de un subsecretario, de 95 mil. Pero los números del
nuevo funcionariado PRO no terminan ahí. Expertos en gestión pública están
verdaderamente espantados por la polución de cargos sin ton ni son denominados “extra-
escalafonarios”, que son puestos sin estructura orgánica en el Estado, destinados
históricamente a asesores políticos: sólo durante los primeros tres meses de gestión, el
macrismo designó más asesores que los que tuvo CFK durante el 2015. Al 10 de diciembre,
los extra-escalafonarios eran 303; al 30 de marzo, 389. Eso marca un crecimiento real de 86
cargos, pero no sólo eso: como obviamente los asesores de CFK dejaron sus puestos con el
cambio de gobierno, la cifra también está diciendo que no sólo usó todos esos cargos para
nombrar asesores, sino que además generó más espacios. Pese a que el objetivo declarado
es la profesionalización y despolitización del plantel de trabajadores estatales, lo que parece
ocurrir es una mayor politización de la estructura estatal afín al gobierno de Cambiemos,
que ha sido resultado de la vil práctica política que él mismo denuncia.

Ramón Fonseca Mora, el socio fundador de la firma Mossack Fonseca involucrada en los
Panamá Papers, acusó que Paul Singer, magnate estadounidense dueño de un fondo buitre,
le pagó al periodista Jorge Lanata para que perjudicara a Cristina y Néstor Kirchner. A
Lanata, como ocurrió hace unos años con el diario “Crítica” (patrocinado por el grupo
empresario vaciador Marsans) o ahora como periodista estrella de la mafia mediática
comandada por su ex enemigo Héctor Magnetto, nunca le importó de dónde viene el dinero
sino asirse de él como mercenario a sueldo; siendo su principal y único objetivo
enriquecerse sin pudores y lograr su consagración como celebridad pública a través de la
calumnia, la difamación y la mentira.

11/04/16: Con los Papeles de Panamá se descubrió que Mauricio Macri fue director de Fleg
Trading Limitada que, según el presidente, realizaba actividades legítimas. Luego se
conoció Kagemusha S.A., radicada en el paraíso fiscal de Panamá y sin un objetivo social
claro. Pero el mandatario posee una tercera compañía offshore, por el orden que surge de
las publicaciones mediáticas. Esta funcionaba en los 90 y fue declarada como fantasma por
la Justicia, creada sólo para evadir impuestos. Se trata de Opalsen, fundada en Uruguay en
momentos en que el país vecino tenía un elevado secretismo societario, lo que permitió que
se radiquen firmas con fines grises a los ojos de la ley. La empresa dependía en lo concreto
de Sevel S.A., la concesionaria de automóviles del Grupo Macri, presidido por Francesco
"Franco" Macri y dirigido por Mauricio. Opalsen fue creada para triangular la importación
de vehículos a la Argentina con un pago de impuestos sustancialmente menor. Sevel
exportaba autopartes al Uruguay y cobraba supuestos reembolsos para traerlas como autos
armados. La DGI descubrió y denunció la maniobra, donde se evadieron U$S 55 millones
con la comercialización de 15.000 unidades. Ante esto, Franco Macri fue procesado por
contrabando en 1994 y el ahora jefe de Estado recién en 2001, luego de varias instancias de
la causa. Uno de los magistrados, el de la Cámara Federal de San Martín, consideró a
Opalsen una "ficción jurídica" en su resolución original. El entonces presidente de Boca
Juniors fue castigado por ser beneficiario directo de las operatorias ilegales como director
de Sevel, la dueña directa de la firma uruguaya. Con la investigación en curso, los Macri
abonaron el capital de la deuda por la evasión impositiva. Esto fue todo lo pagado, ya que
mediante el decreto 493/1995, Domingo Cavallo y Carlos Menem les condonaron los
intereses. Más tarde, la Corte Suprema menemista absolvió a Franco y Mauricio, en un giro
inesperado. Tan sorpresiva fue la decisión que la diputada Elisa Carrió utilizó este caso,
junto a otros cuatro, como causal de juicio político a dos de los miembros del máximo
tribunal por mal desempeño. La legislación impidió que se reabra la causa, por lo que los
Macri y Opalsen fueron condonados. Sin embargo, el pago de (parte de) los impuestos
evadidos se concretó y la firma uruguaya debió ser disuelta. La finalidad de esta tercera
offshore, según los primeros fallos, era clara: operar ilegalmente a las sombras del fisco. Un
hombre apegado al delito luchando contra la corrupción es como Lanata luchando por la
ética periodística o Elisa Carrió por la transparencia de las instituciones: un obsceno
oxímoron.

Por la denuncia realizada a raíz de los Papeles de Panamá, el periodista del diario La
Nación Hugo Alconada Mon declaró ante la Justicia que podría existir una cuarta sociedad
offshore del presidente. El periodista aclaró que la compañía se denomina Macri Group y
les pidió a los investigadores que corroboren si existe una vinculación. Macri Group
Corporate fue creada en el paraíso fiscal de Panamá el 25 de noviembre de 2008, con
Francisco Macri como presidente y miembro del directorio según surge de Open
Corporates. Sin embargo, no es claro un vínculo directo con el actual jefe de Estado,
Mauricio Macri. El prosecretario de redacción de La Nación explicó que en tribunales le
consultaron si hay otras sociedades del mandatario. Respondió que "hay una Macri Group,
pero no hay datos de vínculos con el presidente". Agregó en Twitter que "hasta donde
sabemos sería un 'falso positivo' (homonimia), pero preferible que la Justicia estuviera al
tanto". Entre los titulares, sin embargo, figura el padre de Mauricio, Francisco "Franco"
Macri. Esta podría llegar a ser la cuarta sociedad del jefe de Estado en un paraíso fiscal.
Con tanto por explicar no le va a quedar tiempo, al presidente offshore, para llegar a la
pobreza cero.

El presidente offshore informó que la firma Fleg Trading radicada en Bahamas fue creada
en 1998 para “extender Pago Fácil a Brasil”. El mandatario aseguró que la sociedad
offshore encabezada por su padre Franco quedó inactiva durante una década porque la
operación no se concretó. Los registros de la Junta Comercial del Estado de San muestran
que las actividades del grupo Socma en el país vecino no se limitaron a empresas
constructoras, frigoríficos, concesiones viales, recolección de residuos y producción de
alimentos, sino que el holding también incursionó en los sistemas de pagos y cobranzas
electrónicos a través de una subsidiaria llamada Global Collection Service do Brasil, más
conocida por su nombre comercial: Pago Fácil. La puesta en marcha del negocio que, según
Mauricio Macri no se pudo concretar y obligó a dejar abandonada en Bahamas a Fleg
Trading durante una década, sucedió el 5 de abril de 2001. Los registros suman
interrogantes al poroso relato oficial. Entre los datos informados por las empresas del grupo
Socma no existe ninguna mención a la firma radicada en Bahamas con la que, según el
actual presidente, su padre pretendía canalizar ese negocio. Posiblemente la versión
brasileña de la empresa nunca logró despegar, pero, a diferencia de lo declarado por el
mandatario, definitivamente el negocio se concretó. El problema siempre de la primera
mentira es la aparición sucesiva de más mentiras para esconder la verdad original. El caso
del presidente offshore es que las mentiras son tan tantas que habría que creer que este
hombre tiene una vida paralela, en que muestra su verdadera cara emparentada con el
delito.

El presidente offshore realizó un breve acto junto a la ministra de Destrucción Social,

Carolina Stanley, en un centro de desarrollo infantil ubicado en la localidad de San Martín
para presentar una Red Nacional para la Primera Infancia, con un plan de 4 mil centros en
cuatro años: "Trataremos de llegar en este primer año a los mil", sinceró. En ese contexto,
Macri —quien deberá dar explicaciones ante el juez Sebastián Casanello por las cuentas
offshore reveladas en los Panamá Papers— habló del inicio de un "camino hacia una
Argentina integrada, sin exclusión, donde eduquemos a nuestros chicos, a trabajar (sic), a
respetar al otro, a respetar la ley, en una Argentina donde no haya impunidad, donde todos
progresemos realmente a partir de nuestro esfuerzo personal”. La soltura con la que este
hombre habla a veces a uno lo hace dudar: porque no sabe si está enfrente del cínico más
grande de la historia universal, si sus declaraciones son dichos forzados para salir del paso
descansando en la más rancia impunidad mediática y judicial que la vida en comunidad
conozca, o si estamos asistiendo al espectáculo bizarro de un débil mental en funciones
administrativas de la más alta responsabilidad. A lo mejor, en realidad, se trata de un cínico
impune de bajo coeficiente y alterado emocionalmente; pero penalmente responsable.

El gobierno bonaerense publicó en el Boletín Oficial el monto que el Estado provincial

destinará para acondicionar y ampliar la casa de la guarnición militar a la que se mudarán la
gobernadora María Eugenia Vidal y sus tres hijos. La resolución número 30, que lleva la
firma del director de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura bonaerense, Joaquín
Gándara, puntualiza que el proyecto, aprobado el 1 de abril, tendrá un costo total de
660.810,94 pesos y será ejecutado en un plazo de 70 días corridos. La decisión de
abandonar su domicilio de la localidad de Castelar para mudarse al barrio militar fue
adoptada por la mandataria por "cuestiones de seguridad" y había sido anunciada en
febrero, cuando aún no se conocía la separación del matrimonio, que mantenía con el
intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. Así de quebrada está la provincia, como
anunciara cuando asumió la gobernadora. Mientras les entrega $3 por día a los comedores
escolares, el hada buena se refacciona su búnker a costillas del erario público. La moral
neoliberal al desnudo.

12/04/16: Anoche arribó a Buenos Aires, recibida por una multitud, la ex presidenta
Cristina Fernández de Kirchner; debido a que mañana deberá declarar, en calidad de
imputada ante el impresentable juez Claudio Malodío. La causa, abierta luego de una
denuncia realizada por hombres de la estatura moral de Federico Pinedo y Alfonso Prat-
Gay, es una de las más insólitas del derecho argentino. La acusan de encabezar una
asociación ilícita por la venta de “dólar futuro”, algo que se hizo siempre y en todos los
países del mundo, para evitar la devaluación que luego sí concretaron sus denunciantes.
Mañana se espera una manifestación histórica en apoyo a la ex primera mandataria
mientras la caída de la imagen del presidente offshore, Mauricio Macri, cae en picada más
de 25 puntos en sólo tres meses de gestión. ¿Qué dirá la prensa hegemónica, el cacerolo
promedio o el gorila clásico, ahora que el kirchnerismo no controla la famosa “caja” para
micros, choripanes y planes sociales para arrear seguidores a la fuerza o alquilados? ¿Qué
la ponen los intendentes que no reciben los fondos que le corresponden de la gestión del
hada gobernadora? ¿Que la habilita el detenido Lázaro Báez, los quebrados Garfunkel o
Spolski, o la sinarquía internacional? Mientras los crápulas agudizan su inventiva, mañana
se confirmará aquél viejo refrán: “Los muertos que vos veláis gozan de buena salud”.

La Cámara del Crimen rechazó ayer el recurso de Casación presentado por la defensa de
Diego Lagomarsino, que pretendía que el expediente Nisman no pasara a la justicia federal.
Los camaristas argumentaron que no se trata de una sentencia definitiva y, por lo tanto, no
tiene por qué ser tratado por la Casación. Trascartón, procedieron a enviar la causa a
Comodoro Py donde un controvertido sorteo –supuestamente se colgó el sistema–
determinó que la instrucción quedará a cargo del juez federal Julián Ercolini. Gabriel
Palmeiro, defensor de Lagomarsino, presentará entre hoy y mañana un recurso de queja
ante la nueva Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, en el que reclamará que
la investigación siga en el fuero ordinario porque no hay ningún elemento que indique que
a Alberto Nisman lo hayan matado. Los integrantes de la Sala VI de la Cámara del Crimen,
Mario Filosof, Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich dijeron ayer lo obvio: que la
causa Nisman debe pasar al fuero federal. Estaba cantado su fallo porque habían sostenido
lo mismo en una resolución anterior. Con un detalle adicional: que dos de los camaristas
afirmaron que “es plausible” la hipótesis de que a Nisman lo hayan asesinado. Es tan
escandaloso el manejo ilegal que están haciendo con esta causa que no hay calificativo que
lo describa completamente. Hay que recordar que Filosof es uno de los jueces acusados de
delitos de lesa humanidad por su colaboración con la última dictadura cívico-militar-
clerical-empresarial, y que Ercolini es el juez que mantiene “dormida” la causa de Papel
Prensa. Todo va bien encaminado para cargarle el suicida al gobierno anterior y que la
jueza Salgado cobre el millonario seguro por ¡¡¡¡¡¡magnicidio!!!!! Si no fueran tan dañinos
darían risa.

Ante la escalada del precio de la carne y la obvia caída del consumo muchas carnicerías
comenzaron a vender carne de caballo como alternativa. El ahorro puede llegar al 50 %. A
este ritmo pronto saldrá a la venta el corte “Mau”, con carne de burro, casi gratis.

13/04/16: Lo hicieron ellos, como previno el general Perón, en su momento, cuando le

preguntaron qué iba a hacer para volver a la escena política. En este caso la troika,
Cambiemos-medios hegemónicos-partido judicial, con el impresentable juez Malodío como
punta de lanza, con su fallida estrategia de imputar a la ex presidenta Cristina Fernández en
la absurda causa de venta de dólar futuro, lograron precipitar a la otrora primera mandataria
al centro de la escena con un despliegue de apoyo popular pocas veces visto. ¿100.000?
¿200.000? Difícil calcular la muchedumbre que acompañó esta mañana en los tribunales de
comodoro Py a CFK, quien declaró ante el desprestigiado juez su inocencia para luego
recusarlo por prevaricato. Ahora, por un lado, la cámara deberá atender este pedido y
Malodío decidir la suerte procesal de los imputados, con incluso el disparate de la
posibilidad de encarcelarlos, tratándose de tan siniestro personaje. Terminada su
declaración la ex presidenta se dirigió hacia la multitud presente y, en más de una hora de
discurso, se despachó a gusto para desenmascarar la persecución jurídica y mediática que
ella y sus seguidores padecen, la moral criminal del actual gobierno neoliberal con el
presidente offshore a la cabeza y su plan económico hambreador, precarizador y
entreguista. Allí aprovechó, como si esto fuera poco, para hacer un llamamiento a la unidad
de un gran frente cívico, abierto y pluralista, adonde aglutinar a todos aquellos que están
sufriendo los avatares de este patético gobierno que pisotea leyes, derechos y toda mínima
decencia. Mientras ocurría esto el inefable presidente offshore, en un acto en Salta (junto a
esa gran esperanza blanca llamada Juan Ortobey) participaba de un acto, bien lejos de la
capital, en un lugar cerrado rodeado de un puñado de aplaudidores cómplices de sus
políticas nefastas. En perspectiva, un nuevo escenario político se abre y un desafío
inconmensurable interpela a unos y a otros en la encrucijada por sostener la miseria
planificada de la ola amarilla por un lado y la resistencia a éstos, en un agrupamiento que
sólo puede salir fortalecido si se aúna infranqueablemente en las antípodas de la lógica
corrupta y confiscatoria de los defensores del “libre mercado”, por el otro. De un lado la
soledad de un grupo de tecnócratas, apoyados por un núcleo duro de odiadores, dispuestos a
todo por llevarse puesta la república, y del otro la masividad de un colectivo popular
dispuesto a defender sus conquistas y poner un freno definitivo a los personeros del ajuste
perpetuo de la economía “social” del mercado.

Pese a los elogios por las medidas neoliberales adoptadas por el gobierno de Mauricio
Macri, en línea con las tradicionales recetas del Fondo Monetario, este organismo auguró
un proceso de estanflación (caída de la actividad con inflación) para este año y un déficit
comercial que se agravará hasta 2021. Según la última edición de las Perspectivas de la
Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés) publicada ayer por el FMI, el Producto
Interno Bruto caerá un 1 por ciento este año, el déficit de cuenta corriente alcanzará al 1,7
por ciento y el desempleo se ubicará en torno al 7,8 por ciento. Para el 2021 el déficit de
cuenta corriente se mantendría en 3 por ciento. El informe destaca que la economía global
evidencia una caída en los flujos de capitales hacia los países en desarrollo, lo que
complicará los planes del gobierno argentino, que pretende cubrir el rojo presupuestario
con emisión de deuda. El organismo vuelve a poner en evidencia que los ajustes aplicados
en el país generarán una etapa de recesión durante todo 2016. Dichos por los tutores del
PRO, huelgan las palabras. Pero no desesperar: seguro que 2017 la economía va a crecer…
en los paraísos fiscales.

“Exitosamente iniciamos la empresa en San Pablo logrando un número de transacciones,

agentes de retail autorizados y resultados por encima de los presupuestados”. Así describe
el desembarco de Pago Fácil en Brasil Marcelo Temporini, el primer CEO de la empresa y
uno de los hombres de confianza del área tecnológica del grupo Macri en ese país. Las
afirmaciones del empresario se encuentran en su perfil público de la red de contactos
profesionales LinkedIn, y suman nuevos elementos que contradicen la versión del
presidente Mauricio Macri sobre la creación de la sociedad Fleg Trading en Bahamas. De
acuerdo al mandatario, la compañía offshore en la cual figuró como director fue creada en
1998 para “extender Pago Fácil a Brasil”, pero quedó inactiva durante una década porque la
operación no se concretó. Para Temporini, que estuvo al frente de la firma entre 2001 y
2003, la historia fue otra: “Establecimos toda la infraestructura y la estructura
organizacional, contratando (a las personas para) los puestos claves, incluyendo las áreas de
operación, comercial, facturación, sistemas y administración”. Las mentiras del presidente
offshore se van develando al compás del repudio social que crece como la inflación y la
desocupación, que pulveriza los salarios y las condiciones de trabajo.

El presidente cometió hoy un fallido en localidad bonaerense de Quilmes al sostener que

está "tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos
este proceso", en referencia a los tarifazos a los servicios públicos y el transporte. ¿Hay
algo más peligroso que el inconsciente de un mentiroso con serias limitaciones
intelectuales? Si, sus planes económicos…

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman,
advirtió que “muchos dicen” que la muerte del funcionario judicial “fue una orden de la
entonces Presidenta” Cristina Fernández, ante lo cual dijo que “no puede descartarlo”,
aunque aclaró que tampoco puede “afirmarlo”. Si es por lo que “dicen”, se habla que
Arroyo Salgado hizo todo tipo de violaciones a la ley para que sus amigos de la Justicia
federal tomen el caso así sentencian que el corrupto suicida fue asesinado y así la señora
cobra el seguro de vida del “magnicidio”. Mejor no seguir con lo que “se dice”, porque
podemos seguir con Malodío, Campanioli, Marijuán y la caterva de jueces y fiscales que
enlodan un poder judicial tomado por una mafia, que se ha independizado de toda
institucionalidad para constituirse en una agrupación política autónoma; con intereses
sectoriales propios, en general en concordancia con el establishment político y económico.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se refirió a su situación por el caso de los Panamá
Papers, en el que se lo señala como poseedor de una empresa offshore y titular de una
cuenta bancaria en Suiza, afirmó que se encuentra "personalmente tranquilo" y sostuvo que,
"en todo caso, es un tema personal con la justicia". "Yo ya lo dije cuando nos enteramos.
En el caso que se me atribuye, es una empresa 'no nata', no nació, no funcionó nunca y por
eso no fue declarada", dijo el jefe comunal. Evidentemente estos malhechores de la política
están guionados por el publicista Durán Barba, o por algún otro asesor experto en vender
gato por liebre (o globos por alegría). Pero insistamos con Grindetti: no son temas
personales. Su “carrera”, como la de su jefe político, la hizo siempre a costillas del Estado,
o sea, del erario público. Primero como empleado del grupo Macri, que amasó su fortuna
como miembro de la patria contratista y licuando sus deudas gracias a la estatización del
malogrado Domingo Cavallo, y luego como ministro de gobierno de la ciudad. Debe
rendirle cuentas a la sociedad, Grindetti. Sería bueno que, mientras busca excusas y
justificaciones para lo indefendible, de un paso al costado para dar lugar a alguien decente.
Si en esa condición hay alguien en el PRO.

14/04/16: Consultado esta mañana por los periodistas, sobre el multitudinario acto realizado
ayer en apoyo a CKF, el presidente offshore dudó unos segundos, miró para los costados y
balbuceó, con su habitual facilidad de palabra: “fue desafortunado”. Lo que deberían
reconocer propios y extraños es que la ex presidenta es la única personalidad de la política
capaz de convocar muchedumbres, levantar pasiones a favor, y de destacarse por su
inconmensurable capacidad oratoria. La pobreza discursiva y argumentativa del resto
sobredimensiona exponencialmente sus capacidades propias.

Una pobre cantidad de manifestantes que apoyan a Macri, convocadas por Elisa Carrió, se
hicieron presentes anoche en el Obelisco porteño para vitorear al juez Claudio Malodío y
repudiar a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien dio un discurso más
temprano para más de 200 mil militantes presentes y para el resto del país que lo siguió por
televisión. Clarín cubrió la marcha, en una decisión que resulta difícil saber si fue una
ayuda o un escrache. Cien personas arengadas por Carrió, es demasiada convocatoria para
alguien de su catadura ética y moral. También, esa escasés, explica el encono personal de
la republicana offshore contra CFK.

Hecha la ley, hecha la trampa. La máxima popular puede aplicarse nuevamente con la
constitución del fideicomiso ciego, la forma con la que Mauricio Macri piensa administrar
sus bienes mientras dure su presidencia como forma de garantizar mayor transparencia, en
momentos en los que empieza a ser cuestionado por su rol en los Panamá Papers. ¿Por qué?
Porque la idea de fideicomiso "ciego" implica que el presidente no entra en contacto con
quienes manejan su fortuna, para que no sepa si sus medidas de gobierno lo ayudan o
perjudican patrimonialmente. El elegido para este fin es una empresa que fue conformada
por el actual escribano general de la Nación, designado por el propio Macri ni bien asumió
su presidencia. Es decir: un funcionario público cercano al jefe de Estado. En todo esto hay
algo de cierto: no entra en contacto con alguien que sabe perfectamente lo que debe
hacer…
Lo hicieron de nuevo. La Cámara Federal anuló hoy el procesamiento contra el ex
vicepresidente Amado Boudou en una causa en la que estaba acusado por dádivas a raíz de
dos viajes que realizó a la ciudad de Necochea en vuelos gratuitos el 17 de diciembre de
2011. Justo cuando hace 15 días, con los mismos cargos, el diputado nacional del Frente
para la Victoria Martin Doñate, presentaba ante la Oficina Anticorrupción, que preside la
incalificable Laura Alonso, una denuncia para que ese organismo investigue si el presidente
incurrió en el delito de dádivas luego de utilizar la aeronave del empresario inglés Joe
Lewis y hospedarse junto a su familia en la lujosa estancia de 12 mil hectáreas que
el polémico magnate británico tiene en Lago Escondido, Río Negro, durante el fin de
semana largo de Semana Santa. Sobreseído Boudou caerá también la presentación contra el
presidente offshore. Son más obvios que la tabla del uno.

El presidente respondió de una forma increíble cuando le consultaron por el caso de una
maestra que murió tras enterarse que cobró solo 40 pesos de salario mensual tras adherirse
a una medida de fuerza. Macri sostuvo que "no estaba al tanto” y le dijo al periodista: "te la
debo”. La trabajadora fue identificada por el sindicato como Yolanda Mercedes, de 60
años, quien cumplía tareas de auxiliar docente en la Escuela Especial número 506 de Mar
del Plata, y no había acatado la "retención de tareas" dispuesta durante varias jornadas por
el sindicato. En ese mismo acto, Macei, se refirió a la reunión con los gremios y citó al ex
presidente Juan Domingo Perón cuando reclamó mayor "productividad". A riesgo de ser
repetitivo, lo primero que piensa uno al escuchar este tipo de respuestas es si estamos ante
la persona más insensible del mundo o de un pobre tipo que sólo tiene dinero. Sobre su
comentario sobre la “productividad”, qué se puede responder sin que a uno se le salte la
cadena con una catarata de insultos de los más variados. Provoca hasta sin proponérselo…

Las tres cabezas de las fracciones de la CGT, el camionero Hugo Moyano de la CGT
Azopardo, el metalúrgico Antonio Caló de la CGT oficial, y el gastronómico Luis
Barrionuevo de la CGT Azul y Blanca, se reunieron anoche el presidente offshore Mauricio
Macri. Reclamaron por los despidos, la inflación y las paritarias, pero sólo se llevaron la
promesa de convocar a una reunión por el salario, mínimo, vital y móvil. El mismo día que
una multitud se convocaba en oposición al actual gobierno, los “luchadores” sindicalistas se
arrastraban pidiendo, al menos, promesas para sus pedidos de modo de ver si evitan o
posponen el paro para el 29/4 que anunciaron hace unos días, más presionados por las bases
que por las convicciones que todo gremialista debería tener como innegociables ante la
prepotencia neoliberal.

El gremio bancario llevará adelante un paro nacional durante toda la jornada en reclamo de
mejoras salariales y la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en diferentes
entidades públicas como el Banco Central. Las medidas de fuerza se extenderán hasta
mañana a última hora en el Banco Provincia de Buenos, en rechazo a lo que La Bancaria
considera un intento de cierre de 42 sucursales de la entidad que fueron consideradas por
las nuevas autoridades como “no rentables”. Los trabajadores bancarios reclaman a las
cámaras empresarias la preservación del mecanismo acordado el año pasado que les
permite participar en las ganancias de los bancos. Aquí regiría otra de las máximas
neoliberales: los que más ganan menos pagan.

“Es un paso más hacia la normalidad y el desarrollo que Argentina se merece”, calificó ayer
el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, a la decisión de la Justicia
norteamericana de levantar las restricciones para la emisión de deuda y así pagarles en
efectivo a los fondos buitre. Con esa medida el camino quedó allanado para el operativo
deuda, de emisión de títulos y pago a los fondos buitre y a otros bonistas que no entraron a
los canjes. La erogación se financiará mediante la emisión de bonos hasta 15 mil millones
de dólares, que destinarán a los buitres y para afrontar las jugosas comisiones que
convalidó el Gobierno para los estudios de abogados de los litigantes. La imagen del ex
empleado del JP Morgan y albacea evasor de Lacroze de Fortabat festejando con el puño
cerrado, como si hubiese hecho un gol en el último minuto, es de lo más ignominioso que
simbólicamente uno haya visto en el último tiempo. Celebrar “la vuelta al mundo” con
nuevamente el FMI auditando cuentas y exigiendo ajustes noventistas, nos retrotrae a la
peor etapa de la historia reciente argentina.

La gobernadora de la provincia de buenos Aires, el hada desangelada María E. Vidal,

descartó la posibilidad de implementar la Ley de Boleto Educativo que fue sancionada
durante la gestión anterior y que nunca llegó a implementarse. En la última conferencia de
prensa que brindó, la mandataria bonaerense en la ciudad de Bahía Blanca, Vidal remarcó
que “está claro que la provincia hoy no tiene los recursos suficientes para llevarlo
adelante”. “Recordemos que hace 4 meses la provincia no tenía los sueldos para pagar; hay
que evaluar las prioridades”, agregó. Estudiantes, organizaciones de izquierda y la
comunidad educativa, convocaron a una movilización hasta las puertas de la Gobernación,
para este jueves a las 13 horas. Esta mujer, que parece medir tan bien en las encuestas,
habla de provincia quebrada mientras refacciona la vivienda que ocupa por $600.000 a
costas del erario público.

15/04/16: El ministro español de Industria, José Manuel Soria, se sumó hoy a la lista de
políticos afectados por la divulgación de los llamados Panamá Papers, los documentos de
empresas radicadas en paraísos fiscales. El funcionario del gobierno de Mariano Rajoy
presentó hoy su renuncia al cargo, así como a su acta de diputado del gobernante Partido
Popular (PP), tras aparecer vinculado con sociedades offshore. Así, Soria se suma a las
renuncias de los premieres de Islandia y Ucrania, también implicados en el escándalo que
agita al mundo. Mientras tanto aquí, nuestro presidente offshore y su familia, se pavonean
tranquilos hablando de la lucha contra la corrupción, acusando sin pruebas a sus opositores
y sin dar explicaciones creíbles en ningún foro institucional. Por vergüenza, por un resto de
dignidad o por presiones que allí sí se hicieron sentir, al menos estos tres dieron un paso al
costado, condiciones de las que Mauricio Macri carece. Aunque lo deseable no es sólo que
renuncie, sino que, sobre todo, pague por todas sus causas, actuales y pasadas, como
debieran los que delinquen desde el peor lugar posible: la cima del poder político.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no vino a Buenos Aires solamente a

prestar declaración ante el juez Claudio Malodío. Su regreso a la Capital Federal es el
primer movimiento de una estrategia política que quedó inaugurada el miércoles, ante los
tribunales de Comodoro Py, y que tuvo su continuación ayer, cuando recibió a unos setenta
diputados del Frente para la Victoria en la sede de lo que será, desde ahora, su base de
operaciones porteña: la Fundación Patria. Durante la reunión, que excedió las tres horas y
de la que participó prácticamente todo el bloque, CFK quiso escuchar los planteos y las
opiniones de los legisladores, que expusieron acerca de la situación en sus provincias y
discutir el rol que lo corresponde al Frente para la Victoria como principal oposición. Macri
con su plan económico y sus escándalos cotidianos y el partido judicial con su afán
revanchista, precipitaron los acontecimientos por no decir que los aceleran a diario. El
malestar general crece y parte de la oposición se reorganiza para dar batalla.
Cristina Fernández de Kirchner pidió el juicio político del juez federal Claudio Malodío, en
una denuncia que presentó ayer ante el Consejo de la Magistratura, donde lo acusa de mal
desempeño por hacer un uso “abusivo y arbitrario” de su poder en la causa sobre las
operaciones de dólar futuro, en la que la citó a indagatoria por supuesta asociación ilícita.
“Persigue una exclusiva finalidad política”, consideró. Su presentación hace un recorrido,
con fechas y momentos exactos, pre y pos electorales, en los que el expediente cobra
impulso con medidas inclusive peligrosas como un allanamiento al Banco Central en
horario de operaciones. Pero explica también que el juez autorizó el pago de los contratos
de dólar futuro en plena devaluación del gobierno actual, aunque él mismo consideró que
eran ruinosos para las arcas públicas. Malodío todavía tiene nueve denuncias en su contra
en el Consejo. Este año en el organismo los consejeros macristas y radicales dominan la
escena. En el Consejo, el kirchnerismo, tiene sólo cuatro consejeros propios de los 13 y
alianzas estables con otra consejera más. El resto funciona como bloque oficialista, con
mezcla de radicales, PRO, jueces y abogados. Primero debe haber un dictamen de la
acusación. En el plenario, abrir juicio político requiere dos tercios, por lo que lo más
probable que este legítimo pedido de destitución, a alguien que ni siquiera debería haber
ejercido nunca el derecho, duerma por ahora el sueño de los justos. Denunciado y recusado,
Malodío está igual en condiciones de decidir las situaciones procesales de todos sus
acusados. Por estas cosas, entre muchas otras, el sistema que moldea al poder judicial es
abominable.
El diario francés Le Monde cuestionó ayer la cobertura sobre el escándalo de los Panamá
Papers que realiza su par porteño La Nación. “El influyente diario argentino La Nación en
medio de la tormenta”, se titula el artículo de la corresponsal en Buenos Aires, Christine
Legrand, quien vincula el particular enfoque del matutino y “el silencio” que reina en la
moderna redacción de Vicente López no sólo con el apoyo al presidente Mauricio Macri,
sino también con la relación de la sociedad anónima La Nación y de su director, Luis
Saguier, con el mundo de las sociedades offshore y el estudio Mossack Fonseca, de
Panamá. Lo curioso es que la nota no hable de este golpista diario y de su archi conocida
relación con el estado de Delawere, paraíso fiscal dentro de EE. UU. Y hablando de diarios
golpistas y evasores, ¿por qué Le Monde no habla del ninguneo de este escándalo, no ya del
diario, sino del monstruoso grupo Clarín completo?

No fue una jornada feliz para el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. El
funcionario macrista defendió ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el
proyecto del Gobierno para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF),
que anula el mandato vitalicio del procurador general de la Nación y lo acota a cuatro años,
dispone nuevos métodos para su remoción y le otorga esa atribución al Poder Ejecutivo,
crea la figura de otros cuatros subprocuradores que nombraría el actual gobierno para licuar
las facultades del procurador y desmantela las Unidades Fiscales Especializadas (incluida la
de la AMIA). “Es un proyecto a largo plazo, no es para (Alejandra) Gils Carbó (la actual
procuradora), como dice la prensa”, se justificó Garavano a pesar que el propio presidente
Mauricio Macri volvió a reclamar ayer la renuncia de la procuradora. Desde las bancadas
opositoras cargaron contra el ministro por aceptarle la renuncia al juez federal Norberto
Oyarbide (cuyo trámite de destitución estaba avanzado en el Consejo de la Magistratura),
de “desmantelar” áreas claves del MPF, como la Unidad de Información Financiera (UIF),
y de querer meter a los “secuaces” del gobierno macrista en la estructura de la Procuración.
Incluso, los principales aliados parlamentarios del oficialismo de Cambiemos, los diputados
del massista Frente Renovador, afirmaron sentirse “decepcionados” con el proyecto y
blanquearon lo que Garavano insistió en negar: “Si hubieran presentado un proyecto para
destituir a Gils Carbó, lo hubiéramos acompañado”. Lo que queda claro es que el ataque a
Gils Carbo, de lo poco decente y formado en medio de un poder judicial cuya corrupción
hizo metástasis, se debe a la firme y valiente oposición que mantuvo esta mujer, en soledad,
contra los proyectos delictivos del macrismo en la ciudad (como el de instalar paraísos
fiscales en la capital federal) y a la validación que en su momento hizo de la
constitucionalidad de la ley de Medios, a la que se oponía el Grupo Clarín; quien tampoco
le perdonará la oposición de la procuradora a la fusión de las empresas Multinicanal y
Cablevisión, pues consolidaban un oligopolio que lesionaba la libertad de expresión. Las
mafias no olvidan ni perdonan.
“Hemos tenido que tomar muchas decisiones y algunas no han sido simpáticas. Lo hago
convencido de que es el camino. Vamos en la dirección correcta, somos un país creíble,
confiable y con reglas de juego claras. Eso va a llenar de inversión la Argentina. La
inversión supone fábricas y las fábricas son trabajo”, dijo el presidente offshore, durante el
anuncio de la inversión de 2800 millones de pesos de Bridgestone, aunque en realidad se
trata de la cuarta y quinta etapa de una inversión que empezó en 2013; repitiendo así la
mecánica de presentar como propias las pocas inversiones que ingresan al país, desde que
él asumió a la presidencia, pero que fueron logradas durante el gobierno anterior. Por su
parte, el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda Joseph Peña, aseguró que “estamos
para cuidar a los que más lo necesitan, para que la clase media tenga más aire y pueda estar
tranquila”. El funcionario no detalló a través de qué medidas el Gobierno benefició a los
sectores medios, que en cambio se perjudicaron por la devaluación y el tarifazo en los
servicios públicos. Peña agregó que “en el segundo semestre se notará un cambio por la
baja de la inflación, habrá una reactivación de la economía. Las medidas tomadas hasta el
momento buscaron ordenar la economía y ahora estamos en una transición”. Ante la
consulta sobre el sesgo económico del Gobierno en favor de los sectores de más altos
ingresos, Peña se preguntó “¿cuál sería para nosotros el interés de beneficiar a los ricos?
Sin palabras.

La paralización de la planta nuclear de Atucha se cobró 2.400 fuentes de trabajo, luego de

que culminara la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo. Los
trabajadores fueron notificados en la puerta de la central nuclear que ya no podían ingresar,
lo que causó que se juntaran en la puerta de la misma y decidieran movilizarse en breve por
la localidad de Zárate. Mientras tanto La OUCRA denunció que la productora de teléfonos
celulares Brighstart echó en Tierra del Fuego a 120 empleados de planta permanente y dio
de baja a la totalidad de contratados y de personal denominado "de planta discontinuo", con
lo que en total sumaron 258 despedidos. Otros 300 habían sido cesanteados hace días en
tres compañías. El plan desindustrializador y destructor de empleo sigue viento en popa y el
tsunami de calamidades continúa expandiéndose por todo el país.

16/04/16: El jefe de gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, mantuvo una reunión
con ejecutivos de Turner International para iniciar aproximaciones sobre Fútbol para Todos
y su financiamiento a futuro. Desde la corporación de medios norteamericana, estuvieron
presentes el presidente Whit Richardson, y el jefe de asuntos legales de Turner
Latinoamérica, Víctor Roldán, quienes expresaron el interés de la compañía para adquirir
las transmisiones del programa que el gobierno dejará de sustentar económicamente en dos
meses. Los directivos de la empresa Turner, se habían acercado a los funcionarios de la
Casa Rosada en ocasión de la visita del presidente Barack Obama, quién abrió las puertas
para la expansión de la cadena en nuestro país. Ayer, los directivos le propusieron a Peña
una oferta superior a la ofrecida por otras empresas interesadas en la transmisión del fútbol.
En resumen, Turner ofrece una cifra muy cercana a lo que el estado paga a la AFA en la
actualidad, alrededor de unos $1.800 millones por año. Turner International Argentina ya
había manifestado sus intenciones de quedarse con el canal de Telefónica, Telefé, para
intentar ampliar su peso en nuestro país. Actualmente, Turner es dueño de señales de
películas y series como TNT, I-SAT, Space, TCM y Warner Channel, además de poseer
canales infantiles como Boomerang o Cartoon Network y canales musicales o
entretenimiento como TBS, Much Music y HTV. El acercamiento de Turner con el
gobierno nacional encendió alarmas en el Grupo Clarín, quienes tenían pensado retomar
beneficios que habían dejado de percibir ante la implementación de Fútbol para Todos.
Desde la asunción de Mauricio Macri, el grupo se había visto beneficiado por una serie de
medidas que, no solo debilitaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino
que allanaron el camino para la expansión que Clarín había relegado en los últimos años.
Eso explica el retorno de Clarín al periodismo crítico: del apoyo entusiasta inicial, ahora el
grupo pasó a tapas y coberturas más distantes con el gobierno nacional. “Macri se alojó en
el sur en la casa de un millonario polémico”, tituló el diario en alusión a la relación entre el
presidente y el millonario británico Joe Lewis. Al día siguiente, Clarín publicó: “Crece la
polémica: la ex vocera del millonario Lewis, con cargo en Radio Nacional”, sobre la
designación de la abogada Dalina Pinacho como directora de la radio, quien además es
militante del PRO. Los aumentos tarifarios tampoco estuvieron ausentes entre las páginas
del medio y en el primer día de abril, Clarín calificó como “fuertes” las subas en transporte,
gas, agua y combustibles, anunciadas desde el gobierno nacional. En el interior, dedicó dos
páginas completas con datos concretos para reflejar la noticia del día. Sumado a esto, las
noticias de inseguridad volvieron a tener relevancia entre las páginas y las pantallas del
Grupo. Si el presidente offshore pierde la protección mediática del mafioso grupo, se
empezará a notar que el rey está desnudo.

A través de un comunicado enviado al consorcio de periodistas de todo el mundo que

participaron de la investigación “Panamá Papers”, Le Monde desmintió al portal argentino
por haber tergiversado e inventado una inexistente vinculación de la ex presidente Cristina
Fernández de Kirchner con cuentas en Panamá. El día de ayer, el portal Infobae publicó
nota bajo el título “Le Monde vincula a Cristina Kirchner con una maniobra de lavado de
dinero que usó el nombre de la Cruz Roja”, mediante la cual intentó vincular a la ex
mandataria con cuentas offshore en Panamá, como las que si efectivamente se le hubiesen
encontrado cuando, en realidad, lo que está corroborado a nivel mundial es que el
presidente Mauricio Macri y toda su familia, parte de su gabinete y varios dirigentes de su
espacio político son los que poseen cuentas offshore. Como se ve las mentiras no cesan
mientras la información (falsa) se utiliza para ocultar información (verdadera).

La vicepresidenta Gabriela Michetti no tuvo un paso fructífero por Tucumán. Empresarios

locales expresaron su malestar con Michetti porque pronunció "un discurso vacío", cuando
lo que esperaban eran anuncios de medidas para revertir la crisis económica que atraviesan
los empresarios. Ayer la vicepresidenta llegó a San Miguel una hora y media retrasada y se
trasladó a la Municipalidad para dar una charla ante 350 personas, entre los que había
empresarios de distintos rubros. "Todas las organizaciones que estaban presentes
coincidieron en que fue un discurso que cayó muy mal, sin ningún tipo de contenido", se
expresó uno de los presentes que en estos cuatro meses sufrió una caída del 30% en su
actividad. "Nuestra expectativa era que nos diga cuáles serán las próximas medidas que
tomarán para reactivar la economía. Todos los comerciantes estamos con problemas, al
punto tal de que pasaron de tener 20 empleados a operar con 5 o 10. La gente no está
saliendo a consumir", afirmó. En cuanto al mensaje que brindó Michetti, especificó que
"cuando un gobierno propone un cambio, en base a la honestidad y la transparencia, se
producen este tipo de recesiones económicas". El pedido de la vicepresidenta fue: "Sepan
aguantar hasta que dentro de dos tres o cinco años podamos salir adelante". Por último, los
empresarios de la zona se mostraron asombrados ante un pedido de Michetti: "Nos dijo que
hoy tenemos que estar nosotros para hacer Patria al lado de los pobres, como diciendo que
nos tenemos que hacer cargo de ellos". Para cerrar su paso para el olvido por la provincia,
Michetti fue increpada por una señora, en el ingreso de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Tucumán (UNT), para reprocharle la situación económica del país
y llegó a sujetarla del brazo. Discurso vacío pero con los bolsillos propios y aliados llenos,
señora vice presidenta, me temo que la gente no está dispuesta a “aguantar” como suplica
ahora, después de meses de campaña prometiendo que todos íbamos a estar un poco mejor
todos los días. El país no es una empresa (offshore) ni su población sus empleados. Por el
contrario: usted es quien debe rendir cuentas ahora cuando las falsas promesas resultaron
evidentes calamidades.

Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS componen el pool
de bancos extranjeros contratados para la emisión de deuda externa por 15.000 millones de
dólares que realizará el gobierno de Cambiemos el lunes para pagarle a los fondos buitre en
los términos acordados y financiar gastos corrientes aceptando el pago usurario de hasta un
8,75 % de interés anual. Las tres primeras entidades tienen una historia en común con el
ministro Alfonso Prat-Gay y el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Fueron sus
empleadores en la década del noventa (JP Morgan y Deutsche Bank, y facilitador de la fuga
de capitales hacia cuentas a Suiza a través de una de ella (HSBC). El gobierno de Macri
también incorporó a una de las abogadas del HSBC en la conducción Unidad de
Información Financiera, y una de sus primeras medidas fue cerrar los casos donde se
investigaba a ese banco, que ahora será uno de los encargados de colocar en el mercado
deuda argentina. Esta operación financiera con esos bancos quita cualquier velo a la
estrecha relación que existe entre la actual conducción del Palacio de Hacienda y el centro
de las finanzas internacionales. Los bancos cobrarán como mínimo unos 27 millones de
dólares por actuar como coordinadores del regreso de Argentina al mercado de capitales
internacionales. De la mano de esta mega emisión de deuda vienen las calificadoras de
riesgo y el FMI. Por este vergonzoso acuerdo y estas confiscatorias medidas contra el
Estado argentino, festejaba eufórico el soberbio ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Y
después Joseph Peña, con su habitual cinismo y sus buenos modales, se pregunta por qué
piensan algunos que su gobierno busca beneficiar sólo a los ricos.

La Cámara de Apelaciones de Nueva York destacó la actitud negociadora del gobierno de

Mauricio Macri con los fondos buitre, pero dejó en claro que los tenedores que no quieran
acogerse a la generosa propuesta argentina tienen vía libre para continuar litigando contra
el país. De esta manera se mantiene abierta la posibilidad a futuros litigios, no sólo de los
bonistas que ingresaron al canje sino de los propios holdouts que consideren insuficiente la
oferta del equipo económico de Macri, algo sobre lo que la oposición había alertado en
reiteradas oportunidades cuando se debatió el proyecto de ley para el pago a los buitres.
Ante este posible escenario estamos expuestos. La magnitud de la catástrofe, si más juicios
son perdidos en estrados foráneos, nos pondría en el límite de la disolución nacional.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a todos los intendentes peronistas

de la provincia de Buenos Aires para compartir el lunes un encuentro en la Fundación
Patria, su base de operaciones en esta nueva etapa política. La invitación tiene doble filo:
no solamente será la ocasión para que la ex mandataria retome contacto con los jefes
comunales, sino que además será una demostración de espalda política ya que esta vez, a
diferencia de lo que sucedía el jueves cuando se reunió con los diputados del bloque del
Frente para la Victoria, no tiene el quórum garantizado y todas las miradas estarán atentas
al pase de lista. Gracias a las nefastas políticas del gobierno neoliberal y a la torpeza del
juez Malodío, la ex primera mandataria encontró el momento que tanto esperaban, ella y
sus seguidores: el del retorno al centro de la política nacional.

Entre las 10 y las 12 de ayer, en más de 25 puntos clave para la circulación vehicular de la
ciudad, distintas asociaciones de taxistas protestaron con cortes de calle simultáneos por las
actividades de Uber en Buenos Aires. Choferes y propietarios de taxis reclamaron que ellos
deben “tener seguro para el pasajero, registro profesional, pagar cargas sociales”, enumeró
uno de los participantes, el delegado del Peones de Taxi Marcos Soto, quien reiteró un
argumento sostenido por el gremio desde el principio de la polémica: “Uber es un
competidor desleal”. Para continuar con el “plan de lucha”, adelantaron las distintas
asociaciones de taxistas, el lunes por la mañana realizarán una asamblea para resolver
“cómo desterrar de plano todo intento para implementar cualquier servicio de transporte
que no cumpla o burle las disposiciones dictadas por la autoridad de aplicación en el
transporte público de pasajeros y que, además de poner en juego la seguridad del usuario
atentan contra nuestra fuente de trabajo constituida conforme a las normativas vigentes”.
Cuatro horas después de finalizados los cortes simultáneos, Uber anunció que para sus
usuarios porteños serán gratuitos los viajes realizados vía aplicación entre ayer por la tarde
y el último minuto del miércoles. “Para que todos puedan tener la oportunidad de conocer
Uber, vamos a regalarle a nuestros usuarios todos sus viajes desde ahora hasta el miércoles
20 de abril. Sin importar a dónde vayas (...) podés contar con Uber gratis”, informó la
empresa. Por otra parte, anoche recrudecieron las actividades judiciales en torno a la
actividad de la aplicación. Hasta ayer la AGC había clausurado tres domicilios vinculados a
Uber –el primero de ellos, una oficina de San Martín al 1700–, en cumplimiento de la
medida cautelar del juez Trionfetti que le ordena clausurar las actividades de la aplicación.
A esas actuaciones se sumaron dos expedientes. Por el primero, que el miércoles iniciaron
de oficio los fiscales porteños Lapadú y Maragliano, anoche se estaban realizando
allanamientos en un estudio jurídico de la calle Alem y un domicilio particular de Recoleta.
A ello, además, se sumó “la denuncia del Gobierno de la Ciudad contra Uber por presunta
evasión impositiva, que recibimos hoy” (por ayer), explicó Lapadú, quien estimó que la
documentación hallada ayer podría servir, también, para aportar datos a ese nuevo
expediente. Por otra parte, adelantó, “el lunes empezaremos en Fiscalía a recibir los
primeros informes de distintos organismos, como la Inspección General de Justicia, acerca
de Uber tiene alguna sociedad inscripta”. Vale aclarar que detrás de Uber no hay una
simple “aplicación”. Detrás de ella poderosos capitales transnacionales operan en todo el
mundo.

En la ola de despidos que sucedió en el Estado nacional durante la semana del 31 de marzo
ocurrió un caso que es todo un símbolo en sí mismo: echaron a abogados cuya función era
ayudar a trabajadores despedidos sin recursos. El programa Asistir del Ministerio de
Trabajo fue vaciado de empleados y hoy quienes defendían a desocupados ahora se
encuentran en esa situación. El programa, que se creó a mediados de la década del '90, tenía
como función brindar asesoramiento y patrocinio a trabajadores despedidos de bajos
recursos que necesitaran algún tipo de asistencia legal. El mismo depende de la dirección
de Relaciones Individuales del ministerio, a cargo de Omar Yasin, quien se encuentra en
una lista de las próximas elecciones del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
el organismo que debería defender a los abogados en este conflicto. Todo tan macabro
como el plan económico en curso.

17/04/16: Curitas para el cuerpo calcinado. Preocupado por su caída exponencial en las
encuestas, algo inusual por tratarse de un nuevo gobierno, el presidente Mauricio Macri
anunció la extensión de la Asignación Universal por Hijo a monotributistas, la devolución
del IVA a beneficiarios de planes sociales y jubilados y el aumento del monto de
facturación para monotributistas sociales, entre otras medidas que, según calificó, son “para
ayudar a cada argentino que está en una situación delicada”. Sin que se le mueva un pelo
volvió con la cantinela de la “herencia recibida”, al señalar la “delicada situación en la que
su gestión recibió al querido país” y mencionó “la década de más de 700 por ciento de
inflación acumulada, la incompetencia del Estado para resolver las situaciones básicas,
como la pobreza y la indigencia debido a la falta de planeamiento y la corrupción”. Así
como los delincuentes vuelven a la escena del crimen por haber cometido algún error o para
encubrir mejor sus huellas cuando le asaltan dudas, Cambiemos da a su “cirugía mayor sin
anestesia” este gesto de caridad, no vaya a ser que Joseph Peña se enoje porque algunos
piensan que su gestión gobierna para beneficiar a los ricos. Mientras en el mundo
presidentes, primeros ministros y funcionarios, involucrados en los “Panamá Papers”,
renuncian o desfilan por los parlamentos dando agitadas explicaciones, aquí debemos
soportar el deambular impune de nuestro presidente offshore dando discursos infumables
en contra de la corrupción, mientras profundiza la pobreza, que dice combatir, con su plan
de ajuste, de destrucción de empleo y de avasallamiento de derechos colectivos.
Sólo revisando la actual gestión del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger,
se le puede responder al cinismo de Joseph Peña cuando, fingiendo asombro, negó las
acusaciones sobre que el gobierno del presidente offshore impulsa políticas para beneficiar
solamente a los ricos. La gestión Sturzenegger está generando un costo inmenso para el
balance del Banco Central, que tiene en contrapartida ganancias inmensas para el sistema
financiero. La tasa de interés que está pagando devenga más de 230 millones de pesos
diarios, y la tendencia es creciente. Los balances de los bancos van a seguir contabilizar
utilidades extraordinarias por el negocio con las Letras del Banco Central (Lebac) y por la
mega devaluación de Macri. Por esto último, en diciembre y enero registraron una ganancia
de casi 8000 millones de pesos. En el colmo de la burla a la ciudadanía, que asiste a la
causa armada por el servilletero juez Malodío contra el gobierno anterior por “el dólar
futuro”, la mega devaluación de Macri habilitó el pago de 60 a 70 mil millones de pesos por
contratos de dólar futuro. La diferencia en pesos entre el valor pactado en la gestión
anterior y la cotización al final del contrato es responsabilidad política de quienes
dispusieron el fuerte ajuste del tipo de cambio. Fue la actual gestión del BCRA y el
ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, que festejando la liberalización del
mercado de cambio permitieron una suba de 9,70 a 13,50 pesos de la cotización del dólar.
Ese salto gatilló el pago en pesos de los contratos del dólar futuro. Y los estropicios de
Federico de Megacanje siguen: la emisión de Lebac a tasas altas sumará pagos de intereses
por unos 200 mil millones de pesos a lo largo de este año. Aquí también la responsabilidad
política de este veloz endeudamiento en pesos es del actual gobierno que para contener el
dólar que liberaron subieron muy fuerte la tasa de interés. Además: el préstamo contingente
para sumar reservas de 5000 millones de dólares, con vencimiento a fin de año, entregando
en garantía bonos por 10 mil millones de dólares tiene un costo de unos 300 millones de
dólares; transacción que tuvo como bancos líderes al JP Morgan y Deutsche Bank, ex
empleadores de la actual conducción económica. En todos estos casos no hay errores ni
tampoco desconocimiento. Es el viejo plan del nuevo gobierno: ajuste y miseria planificada
para las grandes mayorías, con una economía dirigida y articulada por la especulación
financiera. Quizá Peña tenga razón y no sea un gobierno, el de Cambiemos, un gobierno de
ricos. sino uno de miserables.
La Argentina es un país con una desocupación del 6 por ciento, con la menor desigualdad
social en toda la región y la mayor clase media, con unas instituciones sólidas y una
infraestructura bien desarrollada. O al menos eso dice el gobierno de Mauricio Macri en los
documentos que elaboró para venderles el país a los inversionistas de Estados Unidos. Los
papeles internos dan una imagen muy distinta del “país quebrado” y la pesada herencia de
la que hablan tierra adentro tanto Macri como sus funcionarios. Los documentos describen
a la Argentina como un lugar ideal para invertir y ensalzan los indicadores sociales, lejanos
en este texto a las justificaciones que enarbolan cuando se trata de resolver subas de tarifas
y despidos. Así de cínicos son los miembros del gobierno neoliberal de la ceocracia que
propulsan. Lo más grave es que esos indicadores de Argentina que ponderan en el exterior,
y que niegan en la política vernácula hasta disfrazarla de su contrario, las utilizan para que
esos “inversores” desembarquen en el país para profundizar lo que el nefasto plan
económico en curso ha iniciado desde su inicio: destruir los logros y derechos obtenidos en
los últimos años, para consolidar un modelo excluyente de corporaciones regidas con el
sentido especulativo que orientan los mercados financieros.
En pleno destape de las sociedades offshore, que aparecen debajo de cada alfombra y cada
zócalo, al coordinador del Fútbol para Todos (FPT), Fernando Marín, le acaban de gritar
piedra libre en Sekhon Holding. La firma está radicada en Panamá, se encuentra vigente y
la noticia cobra espesura cuando se vinculan dos fechas. El 25 de mayo de 2005 en que se
constituyó la S.A. en el paraíso fiscal, y el 5 de abril de 2006 cuando el empresario le
comunicó al plantel de Racing que se alejaba de Blanquiceleste, su compañía más famosa.
Diez meses y diez días antes de su salida del club de Avellaneda, el ahora funcionario con
rango de subsecretario de Estado, ya había desembarcado en las costas panameñas. En
Sekhon es todavía hoy presidente, tesorero y secretario. Pero lo más curioso es que cuando
creó la offshore, ya venía quejándose hacia años de que su gerenciadora daba pérdidas,
como le explicó a un periodista de Página/12 en una entrevista del 10 de noviembre de
2002, titulada “Blanquiceleste pierde plata”. Una pregunta entonces pide pista: si su
iniciativa deportiva y comercial era deficitaria, ¿para qué querría abrir una sociedad en
Panamá? Lo que queda claro es que mirando al funcionariado del gobierno actual no sólo
se ve corrupción donde uno ponga el ojo sino, al mismo tiempo, un avasallamiento a los
derechos colectivos.
“Las nuevas autoridades económicas de Argentina iniciaron un proceso para poner la casa
en orden”, evaluó el titular del Comité Financiero del FMI, Agustín Carstens, “pero, en el
corto plazo, algunas medidas serán difíciles de digerir”, advirtió. El titular del Banco
Central mexicano, permanente candidato del establishment financiero mundial para
convertirlo en el primer director gerente latinoamericano del FMI, elogió el durísimo ajuste
aplicado por el presidente offshore en sus primeros cien días, con una devaluación superior
al 50 por ciento, aumentos en el transporte, la electricidad y el gas domiciliario que
elevaron hasta en tres veces el costo de estos servicios, y la ola de despidos en el sector
público seguida de cesantías y suspensiones que ya afectan a más de 80 mil trabajadores en
el sector privado. “Algunas medidas podrán ser difíciles de digerir, pero este gobierno está
tratando de establecer una base muy sólida que lleve a una mayor estabilidad, a estándares
de vida mucho mejores en Argentina”, se ilusionó el mexicano, que no es la primera vez
que se erige en firme defensor de las más duras recetas de ajuste neoliberales. En las
próximas semanas, seguramente, asistiremos a otro festejo patriótico, con puño cerrado
incluido, del despreciativo ministro Alfonso Prat-Gay cuando anuncie el retorno de
Argentina a la órbita de esta noble institución llamada FMI, que tanto “bienestar” trajo al
pueblo argentino entre 1989 y 2002.
18/04/16: El mundo se escandaliza con los “Panamá Papers”, siguen renunciando políticos
a sus puestos de gobierno, o se producen manifestaciones imponentes, como la ocurrida en
estos días en Londres, exigiendo explicaciones cuando no dimisiones; mientras tanto aquí,
semana a semana, nuestro presidente offshore continúa con sus cantos de sirena a la vez
que se amontonan las denuncias en su contra por la aparición de más cuentas secretas en
paraísos físcales. Según reveló anoche el periodista Roberto Navarro, el presidente y su
padre, no sólo son directores de una decena de offshore, sino que además están
relacionados con al menos otras ocho sociedades que están a nombre de sus amigos,
lugartenientes y empleados. La última fue fundada el año pasado y la mayoría siguen
activas. Algunas de las firmas fantasmas fueron tramitadas a través de Mossack Fonseca,
por lo que llegó a manos del periodista del golpista diario La Nación, Hugo Alconada Mon,
una que le llamó la atención: Macri Group. A partir de un análisis sobre su directorio se
observa que se encontraban Carlo Luigi Cappelli Abelli, "lugarteniente" de Franco Macri y
mano derecha del empresario quien compartía silla con Fernando Alberto Planes
Villamarin, gerente de Finanzas de Sevel Uruguay, perteneciente al grupo Macri. A los
pocos meses de creada, Macri Group Panamá S.A. cambió su razón social vía Mossack
Fonseca por Metro Consulting PTY, con un recambio de directores por Domenico Cappelli
Tirabassi (hijo de Carlo Luigi y a la vez gerente general de Sevel Uruguay), su esposa
Juana O'Reilly Aroza, y con la continuidad de Fernando Alberto Planes Villamarin. Luego
de esto, abrieron una cuenta bancaria en Suiza, según cuenta Alconada Mon. En una
investigación conjunta con el portal www.infoeconomico.com, El Destape, que dirige el
periodista Roberto Navarro, encontró otras siete empresas en las que figuran los mismos y
otros empleados y amigos de los Macri. Fue así que se fundó Cap Loren Panamá S.A. con
Mossack Fonseca en 1999, luego disuelta. En el directorio está Domenico Cappelli, pero
sin el apellido de la madre para que sea más difícil el entrecruzamiento, costumbre de los
ejecutivos que saben operar offshore. Además de Juana O'Reilly Aroza y Fernando Planes
la dirigen Armando Amasanti, presidente de Sevel en Argentina y procesado junto a
Mauricio por el contrabando agravado de autos a fines de los noventa, y Sergio Hernán
Mora Viera, gerente de Sevel Argentina antes de la creación de Cap Loren. Las otras
empresas, en que hombres del grupo Macri como Planes, Meerovich y Cappelli se repiten
en sus directorios, son: Orion Alliance Corporation: abierta en 2013, Atoll Services Group
Inc: desde 2007, -Pymore Ventures Holding SA: desde 2010, Danae Alliance Company
SA: abierta el año pasado, Aspent Portfolio SA: también vigente desde 2015 y Rockford
Holding Group SA: desde 2011. Sin necesidad de ninguna revolución socialista, sólo
aplicando con un mínimo de seriedad las leyes burguesas, que ellos mismos redactaron,
esta gente no sólo no podría estar un minuto más en un puesto de gobierno sino ni un
segundo más gozando de su libertad impune. Pasaron 24 horas de esta grave denuncia y
nadie salió ni a desmentirla ni a profundizarla. Aunque en los tribunales aniden la caterva
de jueces corruptos de una Justicia, que ya no sólo perdió la venda de los ojos, sino que
después de tantos ultrajes deambula violada a la vista de todos, las denuncias, aún formales
y sin posibilidades concretas de que prosperen, deben ser presentarse; al menos para que
tomen estado público y dejen más testimonios sobre la aberración de un modelo que se
retroalimenta a pura corrupción estructural.

La causa que inventara el impresentable juez Malodío contra la ex presidenta y parte de su

gobierno por las operaciones dólar futuro es tan escandalosa, que si alguien controlara los
desaguisados de este hombre y a los denunciantes la causa tendría que volvérseles en contra
como un boomerang. El periodista Roberto Navarro, convertido a esta altura en un quijote
que pelea en desventaja en medio de un enjambre de pirañas hambrientas, dio a conocer,
también anoche, quiénes compraron los famosos dólares futuros ANTES de la devaluación,
en plena campaña electoral, cuando ambos candidatos negaban que fueran a devaluar. Pues
sí: los que resultaron devaluadores. Entre ellos: Nicolás Caputo, amigo y socio del
presidente offshore compró US$ 3.560.000, José Torello, jefe de asesores de Macri, US$
800..000; Gustavo Lopetegui, hoy secretario de Coordinación de Políticas Públicas, US$
310.000; Mario Quintana, actual secretario de Coordinación Interministerial, US$
1.480.000; La familia Macri, mediante la empresa Socma-Chery, compró 8 millones de
dólares, por lo que se enriqueció de manera directa con su decisión política de devaluar; y,
cómo no iba a faltar, Cablevisión del Grupo Clarín, con ¡US$ 14.500.000!. Como en el caso
de las nuevas cuentas offshore descubiertas y denunciadas también anoche, hoy nadie salió
al cruce de esta información. Ahora el juez Malodío, que autorizó al Banco Central a pagar
el supuesto delito que hoy “investiga”, sabe quiénes son los verdaderos estafadores. Una
vez más el doble juego de la corrupción neoliberal: la estructural, que asegura como únicos
ganadores a las corporaciones bajo un formato neocolonial con fachada republicana y la
otra, la de los retornos de sus personeros que, mientras se benefician directamente con sus
políticas, acumulan “ganancias” extras por el trabajo sucio interesadamente prestado. Y no
confundir: el grupo Clarín no encubre a Macri y a sus políticas corruptas y sus negociados
personales sólo por afinidad ideológica o en oposición al Kirchnerismo; sino porque
encubriéndolo a él se encubre a sí mismo, enlodado como está en la putrefacción de un
sistema que destila podredumbre y miserias por todos sus poros.

Laura Alonso está en el ojo de la tormenta por su cuestionada gestión al frente de la Oficina
Anticorrupción. Desde casi todo el arco opositor reclamaron su renuncia luego de que la
funcionaria salió a defender a Mauricio Macri por su participación en una empresa offshore
en una guarida fiscal –según reveló la filtración internacional Panamá Papers– en lugar de
abrir una investigación. Pero Alonso aún tiene pendientes otras tareas relacionadas con su
gestión a las que también les restó importancia institucional. El senador chubutense Juan
Mario País (FpV-PJ) reclama que Alonso se expida sobre la posible “situación de
incompatibilidad y/o de conflictos de intereses” que, de acuerdo con la Ley de Ética
Pública, podría corresponder a los ex CEO de empresas multinacionales que desembarcaron
en el gobierno nacional. La lista abarca a ministros, secretarios y directores que pasaron a
manejar información sensible del Estado con la que podrían favorecer a sus ex patrones o a
las empresas de las que son accionistas. Esperar seriedad de una funcionaria nombrada
abogada por decreto, de una militante macrista que fue lobista de los fondos buitre, que
fabuló un dialogo en agonía del corrupto suicida ex fiscal Nisman en que éste le confesaba
que la ex presidenta estaba detrás de toda su infame y apócrifa denuncia, de quien ofició de
cadete del grupo Clarín para radicar las falsas denuncias de su millonario periodista estrella
es, para empezar a hablar, ingenuo. Este siniestro personaje debe ser sustituido por
incumplimiento de deberes de funcionario público; que es lo primero, de seguramente
decenas de corruptelas, para comenzar a investigarle.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, confirmó ayer
que la institución visitará a la Argentina en septiembre para hacer el informe económico del
artículo IV, tras diez años sin efectuar esa revisión anual. Como regalo de recibimiento al
rebaño, los economistas del FMI regalaron un pronóstico optimista para la economía
argentina. Estima que se contraerá un 1 por ciento este año, cuando los economistas de la
city calculan entre el 2,5 y el 3,5 por ciento, a la vez que prevé un crecimiento del 2,8 por
ciento en el 2017. Con el gobierno de Mauricio Macri el Fondo Monetario vuelve a auditar
la economía argentina. Así, volver al mundo, con relaciones carnales de por medio como
método, para el gobierno neoliberal argentino se traducirá en pérdida de soberanía y ajuste
y empobrecimiento para las mayorías. Sí se puede.

Más de medio centenar de testigos habían pasado ayer por las fiscalías que investigan la
muerte de cinco jóvenes durante el evento de música electrónica Time Warp, en el predio
de Bosta Salguero. Entre ellas, dos responsables de la empresa organizadora, Dell
Producciones, que se encontraban en el lugar. Aunque no se descarta ninguna hipótesis,
ocupan su peso en la causa el modo de obtención de las drogas, si en los contratos figuran
la distribución de líquidos y cantidades disponibles, si es cierto que había provisión de
agua, los servicios médicos, y si estaba en regla la habilitación del local y de la fiesta.
Según dos ONG ambientalistas, la disposición 4543/2016 que emitió el gobierno de
Horacio Rodríguez Berreta como permiso de la fiesta, no se encuentra publicada en el
Boletín Oficial, lo que ya pone en duda la primera regla, la de validar el permiso. El
esfuerzo de silencio con ruido de Patricia Bolsrich, titular del Ministerio de Inseguridad a
cargo del control de drogas, impacta: Prefectura, que depende de Seguridad y estuvo
encargada de la custodia de la fiesta, fue apartada de la investigación porque aseguró que
no hubo drogas en el evento. Entre tanto, cuatro de los cinco jóvenes que se encuentran
internados, permanecen en estado crítico. Desde la Agencia Gubernamental de Control
porteña, aseguraron mediante un comunicado que a las 3 de la mañana del sábado había
10.900 tickets de ingreso sobre un total de 13 mil autorizados. Voceros de la AGC
respondieron que “a las 3 de la mañana concurrieron inspectores nuestros para verificar y a
esa hora había agua en dispenses públicos”, pese a que los testimonios de jóvenes que
asistieron a la fiesta aseguraban que a la medianoche ya no había agua y que la cantidad de
gente en los dispensers y para comprar bebidas llevaba a largas filas. Por el momento, todo
se maneja sobre supuestos sostenidos en el relato general: que es ampliamente conocido
que a esas fiestas se concurre a consumir drogas, especialmente sintéticas; que ese tipo de
consumos exige una fuerte hidratación permanente; y que la falta de líquidos hace letal el
uso. Si este es el cromañón de Rodríguez Berreta, valen recordar las “reflexiones” de los
periodistas del grupo Clarín, mientras presentaban sus falsas denuncias durante el gobierno
anterior: “La corrupción, mata”.

El panorama regional es desolador. Ayer, la Cámara de Diputados de Brasil, presidida por

Eduardo Cunha, quien es reo en el Supremo Tribunal Federal por crímenes diversos, que
van de la lisa y llana corrupción a mantener cuentas ocultas en Suiza, decidió poner un final
al gobierno de quien ni siquiera está investigada. En las justificaciones de votos de los que
defenestraron a la mandataria apenas mencionan los crímenes de que es acusada. El camino
abierto ahora prevé pocas alternativas para Dilma Rousseff. Dentro de pocas semanas el
Senado decidirá si acepta o no lo que indica la Cámara de Diputados, es decir, si abre o no
el juicio a la mandataria. En caso positivo, Dilma Rousseff será apartada de la presidencia
por un plazo que podrá llegar a 180 días, tiempo que tendrá para presentar su defensa.
Nadie cree que el Senado cambie la decisión de la Cámara de Diputados. O sea, el juicio a
Dilma será instaurado. Y nadie cree que, en el Senado, ella logre cambiar el veredicto de
los diputados. En pocas palabras: Dilma Rousseff está liquidada. Sin embargo, lo que queda
claro es que los motivos del no fueron claros. Como dijo Marcelo Castro, un miembro
dilmista del PMDB, Dilma es honesta, Dilma no robó, Dilma no tiene empresas ni cuentas
en el exterior, o sea que no hay delito. Y sin delito el juicio es un golpe. Ahora a ella le
quedan alternativas como recurrir al Supremo Tribunal Federal, pero las posibilidades son
muy cercanas a cero. El resultado de ayer superó las peores expectativas de sus defensores,
inclusive en la opinión pública. Ha sido una derrota que superó a la anunciada. La
presidenta seguirá en su puesto hasta que el Senado defina si acepta o no la decisión de la
Cámara. Eso significa algo entre dos o a lo sumo tres semanas. Será una presidenta
fantasma. Nada de lo que haga en ese corto período de tiempo será considerado sólido o
válido. De los 513 diputados que integran la Cámara que autorizó que se abra un juicio para
destituir a la presidenta Dilma Rousseff, 299 tienen algún tipo de pendencia judicial. De
ellos, 76 fueron condenados y esperan decisiones en instancias superiores. Y 59 son reos en
el Supremo Tribunal Federal, inclusive el presidente de la Casa y cabeza conductora del
juicio a Dilma, Eduardo Cunha. Si el Senado acepta, y seguramente lo hará, la apertura del
proceso de destitución, Michel Temer, el vicepresidente, asumirá el poder. Si se recuerda
que Brasil vive una de las peores, si no la peor, recesión económica de sus últimos cien
años, que viene de un período de año y medio en que el gobierno de Rousseff siquiera logró
gobernar, lo que les espera a Michel Temer y sus aliados es un escenario nebuloso, de
dudas y crisis. Y más: tendrá que enfrentarse con la anunciada oposición durísima de los
movimientos sociales, de las principales agrupaciones sindicales y con todos los que no se
resignan al golpe institucional que victimó a una presidenta inepta pero que no cometió
ningún crimen que justificase su destitución. Los llamados “agentes económicos” –
empresarios, inversionistas, especuladores del mercado financiero– viven una expectativa
que está en plena ebullición. Al mismo tiempo, las fuerzas que por tradición apoyan al PT –
movimientos sociales, centrales sindicales– se preparan para responder a lo que clasifican
como un “golpe blanco”. Michel Termer armó, en las últimas semanas, un gobierno que
todavía no ha sido presentado al país. Lo hará pronto. Pero será siempre un gobierno nacido
de un golpe institucional, que contará con el respaldo del gran capital pero sin ningún
reconocimiento del electorado. Brasil entra en una zona de tinieblas, y las tensiones no
harán más que reforzarse en los días que vendrán. El nuevo plan cóndor para América
Latina sigue su marcha, con los medios hegemónicos como punta de lanza, para consolidar
la restauración conservadora que comenzó en Argentina y sigue en Brasil sin escalas hasta
el último rincón de la región. Van ganando la batalla, a caballito de operaciones políticas,
sabotajes patronales y corridas bancarias especuladoras; pero sembrando miseria y
exclusión en su camino hacia el dominio absoluto de las corporaciones, protegidos por el
tándem mafioso de los poderes mediáticos y judiciales, hallarán resistencia y lucha de las
poblaciones postergadas. Avasallarán derechos, pisotearán dignidades y se regodearán,
mientras puedan, en su corrupta opulencia confiscatoria, pero no hallarán paz.

19/04/16: La orden de detención de Adrián Conci, el organizador de la fiesta de música

electrónica Time Warp, en el complejo Bosta Salguero, y el allanamiento de la División de
Investigaciones Penal Administrativa (DIPA) de la Prefectura, fueron las medidas que
impactaron más en el día de ayer en el ambiente todavía ácido de aquel lugar, clausurado
luego de la muerte de cinco jóvenes por consumo de drogas sintéticas. La detención y el
allanamiento fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, quien se hizo cargo
del caso después de que pasara a la Justicia federal ya que se determinaron muertes por
consumo de drogas. El pedido de detención de Conci lo presentó el fiscal federal Federico
Delgado y Casanello lo aceptó. Delgado solicitó la detención luego de considerar a Time
Warp como un “significante vacío” detrás del que se montó un dispositivo de venta de
drogas, se reguló ese mercado y se produjeron diversas situaciones como la seria dificultad
para acceder al agua, agregado al calor y al hacinamiento. “Es inevitable pensar en
Cromañón”, escribió en su texto el fiscal. Los testimonios obtenidos durante las primeras
actuaciones, sostuvieron que había personal de seguridad pero “no se solicitaba DNI, y la
revisación era escasa y a medida que el caudal de gente aumentaba, era menor y de forma
más superficial”. Esos mismos testimonios describieron que apenas se ingresaba “los
vendedores de drogas recibían a la gente ofreciendo ‘keta, LSD, éxtasis, cocaína y
Superman’”. Si se agrega la descripción anterior, sobre hacinamiento, calor, falta de
ventilación y de bebidas, “muchos tuvieron principio de asfixia. Pero no sólo se racionó la
venta de bebidas. También, según algunos testigos, la red de agua corriente se cerró a la
madrugada”. Como síntesis, Delgado enumeró las bases de la imputación: venta de drogas
organizada, administración de la necesidad de hidratarse, alta temperatura, hacinamiento,
falta de ventilación y ventanas, cierre de todas las puertas debido a la lluvia que se desató a
partir de las 2am, escasez de médicos o paramédicos. Mientras tanto, el Gobierno porteño
respondió con criterios disímiles. El jefe del Ejecutivo, Horacio Rodríguez Berreta, elaboró
una buena síntesis: dijo que él y su familia rezarán por las víctimas; algo curioso, para un
prejuicioso como uno con gente de esta calaña, pensando que sólo lo hacían ante el
catecismo neoliberal. Mientras el jefe de gobierno ora recordemos, en voz baja para no
molestarlo, que Fernando Polledo Olivera, el esposo de la vicepresidenta de la Legislatura
de la Ciudad, Carmen Polledo, forma parte del directorio de Bosta Salguero S.A., quien
administra los pabellones del complejo. Esta empresa es una subconsecionaria de
Telemetrix S.A, compañía que paga un canon irrisorio a la Ciudad por explotar el predio. El
juez de la causa, Andrés Gallardo, ordenó clausurar preventivamente 19 locales de ese
predio, ya que había pedido informes a la dirección de Concesiones porteña y se encontró
con que sólo cuatro de las 23 subconcesionarias tenían habilitación para funcionar. Sin
embargo, la dirección de Habilitaciones porteña se negó a cumplir la orden de Gallardo,
que debió recurrir a la fuerza pública para clausurar los locales. En el informe también
consta que en 2010, la empresa Telemetrix, le pagaba al Gobierno 68 mil pesos por mes por
la concesión del terreno, que es de la Ciudad, y recibía de los subconcesionarios 750 mil
pesos en promedio. Por esto mismo, el gobierno perdía más de ocho millones por año con
ese esquema. Los dueños de la concesión del Complejo Bosta Salguero no sólo tienen
asegurado pagar un canon al gobierno porteño que es cien veces más bajo que el valor de
mercado en la zona. Además, figuran como propietarios de una empresa constructora,
Emaco SA, que ganó licitaciones de la ciudad por al menos 190 millones de pesos. Una de
esas licitaciones fue para construir viviendas sociales para personas de la ex traza de la
AU3. Según denunció el dirigente de Igualdad Social Facundo Di Filippo, las viviendas
fueron entregadas en condiciones desastrosas. Las personas fueron trasladadas de unos
terrenos donde se hizo el barrio parque Donado Holmberg, un proyecto donde el gobierno
porteño puso el valor a la zona, vendió los terrenos a un precio muy bajo e inversores
privados hicieron luego su negocio. Entre ellos, estaba el infaltable empresario Nicolás
Caputo, amigo del presidente Mauricio Macri. Emaco hará ahora la Villa Olímpica para los
Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018. Bosta Salguero es el lugar por el que opta el
PRO elección tras elección para esperar los resultados y también fue el sitio que eligió
Mauricio Macri para casarse con la “costurera” Juliana Aguada. El macrismo no dudó en
desplazar a Aníbal Ibarra, en el caso Cromañón, por no cumplir sus deberes como
funcionario público. Ahora Horacio Rodríguez Berreta también los incumple y debería
pagar por ello. Clientelismo, nepotismo, capitalismo de amigos, todo cuadra en el formato
PRO para hacer negocios a costillas del erario público y los derechos ciudadanos.

Mientras sigue evadiendo impuestos y sin dar explicaciones, el presidente offshore

continúa, en su media lengua, con sus hipócritas declaraciones. Ayer recibió a un grupo de
grandes empresarios en su residencia de Olivos para tratar de convencerlos sobre la
necesidad de que incrementen las inversiones en la supuesta “nueva etapa” que se abre a
partir del pago a los fondos buitre. Gabriel Martino (HSBC), Eduardo Elsztain (IRSA),
Cristiano Rattazzi (Fiat), Paolo Rocca (Techint), Alejandro Bulgheroni (Pan American
Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Luis Miguel Etchevehere (Sociedad Rural),
entre otros colegas evasores, escuchaban impertérritos la arenga patética de un hombre que,
mientras los llamaba a invertir y cuidar el empleo, multiplica los despidos en el Estado, los
propicia en la actividad privada, y conserva su patrimonio personal en el exterior bajo
cuatro llaves sin ninguna “responsabilidad” productiva.

El gobierno de Cambiemos inició ayer una nueva etapa de endeudamiento con la

colocación de bonos por unos 15.000 millones de dólares para pagar a fondos buitre, lo que
representa un aumento de 37,5 por ciento en los pasivos en dólares con acreedores privados
y organismos multilaterales. Cuando se suman esos fondos destinados a cancelar el
apresurado acuerdo con la mayor parte de fondos buitre la deuda pública neta trepa del 17,0
al 23,5 por ciento del PIB. Los bajos niveles de endeudamiento heredados y un ordenado
perfil de vencimientos, han facilitado la emisión de bonos más abultada en los últimos
quince años para un país emergente. La operación representa para el equipo económico un
paso fundamental en el proceso de reinserción plena en la lógica del sistema financiero
internacional. Así, a los dos nuevos pilares de la política económica, la liberalización
financiera y apertura comercial, se sumó ayer el acceso al financiamiento externo. La
licitación de los mencionados bonos despertó un fuerte interés de los inversores, que
consideraron una buena alternativa la tasa de interés de hasta casi el 9 por ciento en dólares
que ofreció el equipo económico liderado por el ministro Alfonso Prat-Gay. Las propuestas
superaron los 67.000 millones dólares, casi cuatro veces y media el monto pretendido por el
gobierno. Ese nivel de oferta tiene una explicación y no es la que el gobierno buscará
trasmitir acerca del interés inversor en Argentina. Como la adjudicación será a prorrata, los
bancos inflaron sus ofertas para asegurarse más bonos en la distribución final. JP Morgan y
Deutsche fueron los empleadores de los encargados del equipo económico de liderar la
emisión (el ministro Alfonso Prat Gay y Luis Caputo), y el HSBC que está siendo
investigado por facilitar la fuga y ocultamiento de capitales de por lo menos 4040 cuentas
de argentinos en su sucursal Ginebra. Así todo queda entre amigos.

Los bancos privados registraron una ganancia de 12.251 millones de pesos en febrero, con
un incremento del 61,9 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. Así lo registró el
último informe sobre bancos del Banco Central. El sistema financiero fue uno de los
grandes ganadores de la política económica del nuevo Gobierno, gracias a la suba de la tasa
de interés y la devaluación de la moneda. El resultado por diferencia de cotización ascendió
a 1225 millones de pesos en febrero, un alza de 372,8 por ciento respecto del mismo mes
del año pasado. Los beneficios por tenencia de títulos valores sumaron 4994 millones, al
aumentar 61,0 por ciento y los resultados por intereses se ubicaron en 5181 millones (+18,9
por ciento). El negocio de la bicicleta financiera, con el que los bancos colocaron su
liquidez a tasas del 38 por ciento anualizadas, fue uno de los negocios más rentables de la
banca. El margen financiero (los beneficios) de estas entidades se ubicó en el 13,6 por
ciento respecto del activo, la cifra más elevada para un mes de los últimos cinco años. El
incremento de las ganancias del sistema financiero privado fue embolsado por unas pocas
entidades. Diez bancos explicaron el 73 por ciento de los negocios. En la lista de entidades
con mayor peso en el mercado –medido por patrimonio neto– se destaca el Santander Río,
al representar 12,0 por ciento del total, el Banco Macro (11,3 por ciento), Grupo Financiero
Galicia (10,4), Banco Francés (10,2), Citibank (6,9) HSBC Bank Argentina (6,3), Banco
Patagonia (5,7) e Industrial and Commercial Bank of China ICBC (4,5). ¿Peña seguirá sin
entender por qué muchos pensamos que éste es un gobierno de y para los ricos?

Luego de un mes sin declaraciones, Franco Macri rompió el silencio. El padre del
presidente no se refirió a la compra de dólar futuro en la que se vio involucrada una de sus
empresas ni al escándalo de las sociedades offshore que lo salpicó junto al resto de su
familia. El empresario utilizó Twitter para pegarles a los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner. En una serie de mensajes, el líder del clan familiar vinculó al kirchnerismo con el
narcotráfico y sugirió que cuando el Correo Argentino fue estatizado, por incumplimiento
del pago del canon en el año 2003, los motivos estuvieron relacionados al reparto de
drogas. De hombres como éste, ¿qué tipo de hijos se podría esperar?

Este lunes, la Justicia federal de los Estados Unidos desclasificó la declaración del
empresario argentino Alejandro Burzaco, en el marco de la investigación por la causa
conocida como Fifa Gate, el escándalo de corrupción ligado a la máxima entidad del fútbol
mundial. En su confesión, el ex CEO de Torneos y competencia, socia del Grupo Clarín,
reconoció el pago de sobornos. Sostuvo que la empresa ya lo hacía desde antes de su
ingreso, que se produjo en el año 2005, y que, ante esta situación, él decidió "tener un papel
activo en el esquema de sobornos". Burzaco admitió que, entre 2005 y 2015, se pagaron
"decenas de millones de dólares" a altos dirigentes de la Conmebol y de la FIFA para
"obtener y mantener los derechos comerciales de varios torneos", entre los cuales se
encontraban "Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, las ediciones 2018,
2022, 2026 y 2030 de la Copa del Mundo, y varios partidos amistosos". "Lamento la
decisión. Estaba equivocado", dijo el argentino, quien ya se declaró culpable de tres cargos
por asociación ilícita, conspiración de fraude y lavado de dinero. Además, señaló ante el
juez que "Torneos y yo aprovechamos esos pagos directa e indirectamente, garantizando
esos derechos en una compañía de la cual Torneos era accionista. Esa compañía fue capaz
de comercializar y Torneos de producir de manera exitosa los torneos cubiertos por esos
derechos". Burzaco, quien aceptó devolver más de 21 millones de dólares, conocerá su
sentencia el próximo 24 de junio. Mientras se conocen estas declaraciones y,
próximamente, el fallo declarando la culpabilidad a este alto corrupto devenido en un
soplón de baja estofa en búsqueda de piedad judicial, el Grupo Clarín, cáncer nacional de la
república y tan responsable como el ex Ceo de sus socios de Torneos, se apresta a quedarse
con los derechos televisivos del fútbol argentino, merced a los favores que el gobierno
neoliberal le debe por su buen trabajo sucio durante incansables doce años.

Ya desde la campaña el macrismo le dio protagonismo, ahora la profundizó. Al mando de

Peña, los encargados formales. Pero también hay trolls y fakes. En Casa Rosada trabaja un
equipo de más cuarenta jóvenes con un doble objetivo: influir en las redes sociales y, a la
vez, evitar la dependencia de los medios de comunicación tradicionales. Su mandamiento
es cuidar la imagen del Gobierno y la de Mauricio Macri en particular, a través de la
difusión de videos, hashtags y consignas en Facebook, Snapchat, Instagram y Twitter.
Lejos del alcance más limitado que tiene un diario o un programa de política por cable, un
post del presidente en Facebook puede llegar a ser visto por 10 millones de personas. Y a
ese recurso institucional se le suma una ayuda subterránea: los llamados trolls y los mini
ejércitos de usuarios falsos, dedicados a operar sobre la agenda diaria. Así, si bien la
política de medios macrista consiste en desregular y barrer los límites que imponía la Ley
de Medios –una forma de favorecer a los actores más poderosos–, el plan no se agota en
una serie de acuerdos “por arriba”. Con el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda
Joseph Peña como líder, un grupo de cuarenta personas (en su mayoría sub-35) coordina el
manejo de las cuentas de la Casa Rosada, la de Macri personal y las campañas de políticas
públicas. Por debajo de Peña, uno de los principales estrategas 2.0 es Guillermo Riera, ex
La Nación y ex militante de la Ucedé, actual subsecretario de Vínculo Ciudadano.
En una oficina con vista a Plaza de Mayo, esa tropa apunta al ideal de la comunicación
personalizada: casi un uno a uno; el reverso del mensaje indiferenciado y de trazo grueso
que practicaba el kirchnerismo. Para eso, el Gobierno segmenta sus mensajes: por zona, por
edad, por género y por intereses, tanto en Facebook como en Twitter o Google.
Los mayores hits de Macri pasan por Facebook, donde es uno de los presidentes más
populares del mundo, en función del promedio de interacciones. En Argentina, donde el
80% de los mayores de 18 años tiene una cuenta, el macrismo avanza a prueba y error:
repite lo que funciona y archiva lo que falla. Los mensajes más efectivos son los que
muestran a un Macri cálido y familiero, las opiniones políticas en contextos muy
específicos y las afirmaciones patrioteras. Así opera el neoliberalismo a través del
bonachón Peña. Quizá de tanto insistir nos convenza a todos que el suyo es un gobierno
democrático, honesto, republicano y, sobre todo, por y para el pueblo trabajador.

"Al menos 15 grandes empresarios argentinos aparecen con sociedades offshore a su

nombre, o vinculados de manera directa en los documentos Panamá Papers", publicó hoy el
diario La Nación, uno de los medios participantes en la investigación del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación, conocida como los "Papeles de Panamá". De
acuerdo con el informe publicado hoy, estos empresarios controlan unas 40 compañías en
paraísos fiscales cuya mayoría se creó en Islas Vírgenes Británicas o Panamá, Bahamas o
las Seychelles durante los últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del "cepo
cambiario" en la Argentina.  Los mencionados son:
1- Amalia Lacroze de Fortabat, por ejemplo, operó con Rosewall Enterprises en Panamá,
Islas Vírgenes y Seychelles. Y aunque ella falleció en 2012, todas sus compañías
permanecen activas.
2-Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, está vinculado a una sociedad constituida en
las Islas Vírgenes Británicas. Se llama East River Associates Corporation, que operó entre
2001 y 2012. En su caso, no figura como su dueño, sino con un poder de administración
que abarca una cuenta bancaria suiza.
3-Gregorio y Jorge Pérez Companc figuran como dueños de las firmas panameñas Pima
Investments e Impex Holdings. Ambas están atadas al Banco Itaú. Entre los documentos a
los que pudo acceder La Nación, Impex Holdings revela que es una firma que posee
inmuebles.
4-Los hermanos Blaquier, están vinculados a cuatro offshore: dos en las Bahamas
(Financiere Translemanique y Derby Services, también con lazos con el UBS suizo), una en
Panamá (Cabonor International Corp., en la que aparece Alejandro Blaquier) y la restante
en Islas Vírgenes (Dunmoore Trading, donde se enumera a Carlos Herminio, Agustina,
María, Carlos Alberto y Milagro Blaquier, y María Marta Taquini como beneficiarios
finales).
5-Eduardo Eurnekian también eligió Panamá y desde allí decidió operar con la
Corporación América Sudamericana entre 1996 y 2003. Lo hizo como parte de un
consorcio internacional dedicado a administrar aeropuertos. En los registros de Panamá
Papers aparece como vicepresidente Marcelo Korzin, a quien luego se enfrentó tras
acusarlo de querer quitarle el control de la compañía, conflicto que terminó ante la Justicia.
6-Los hermanos Pagani, dueños de Arcor, comparten sociedades offshore. Luis Alejandro
figura como "beneficiario final" de Quinam Investments y Roquel Properties, ambas
todavía en actividad. Mario y Lilia Pagani figuran como accionistas de Lafico Group
Limited.
7-Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados homónima, controla Leopold
Company desde 2012, a través del estudio uruguayo de Juan Pedro Damiani, uno de los
preferidos de los argentinos, firma que permanece activa, sin cuentas bancarias asociadas.
8-María de las Mercedes Bulgheroni, hija del fundador de la compañía energética Bridas
y hermana de Carlos y Alejandro Bulgheroni, figuraba como titular de la offshore First
Financial Worldwild Limited, aunque con actividad sólo entre 2002 y 2003.
9-El objetivo por el cual suelen armarse las sociedades a menudo no consta en los
documentos a los que accedió el diario porteño. Ése es el caso de la panameña Mylton
Services Portfolio, que controla Miguel Madanes (Aluar). No consta el destino de la
compañía, pero es para una cementera en Uruguay.
10-Otra excepción es Alejandro Roemmers. Figura como dueño y accionista de Light 31
Portfolio, creada en las Islas Vírgenes, para comprar propiedades en Estados Unidos.
Además, aparece la firma Roemmers Internacional (Panamá), aunque figura como
"suspendida".
11-Daniel Carlos Garbarino aparece con una sola sociedad. Se llama Russelville Holding
International, con sede en Panamá, activa desde 2012, sin una cuenta bancaria asociada.
Pero con un rasgo poco habitual: las acciones de esa sociedad son al portador.
12- El empresario asociado a más sociedades es el presidente de Swiss Medical Group,
Claudio Belocopitt. Éste registró seis firmas en las Islas Vírgenes durante 2015, aunque ya
había incursionado en la creación de una sociedad panameña allá por 2005, luego disuelta.
13-Mastellone Hnos., emblema de la industria láctea, aparece vinculada a Across
Enterprises Ltd., con la que firmó un contrato para comercializar sus productos en el
exterior. "Es un broker que intermedia en el mercado internacional entre importadores y
exportadores y, por lo cual, cobra servicios. Tuvimos relaciones comerciales años atrás,
pero no tiene ninguna vinculación societaria con Mastellone", aclararon.
14-Antonio Tabanelli, fundador de Boldt SA, dedicada a la explotación de juegos de azar,
figura en una lista de "clientes VIP" de Mossack Fonseca. Es accionista de tres sociedades:
Equipos Sud Americana SA (Panamá), Wastegate International GMBH (Bahamas) y
Automación Gráfica (Bahamas).
15-Francisco de Narváez, dueño de El Cronista y accionista minoritario de América TV,
está vinculado a cuatro sociedades offshore: Willowbrook Trading Inc., Power Horse
Properties Inc. y Titan Consulting Ltd. (con una cuenta en Suiza), todas en Islas Vírgenes
Británicas; y La Esperanza Associated Corp., en Panamá. 
16- Matías Garfunkel también eligió a Mossack Fonseca y las Islas Vírgenes Británicas.
El socio de Sergio Szpolski en el Grupo 23 figura como director y con un poder general
otorgado en 2010 para actuar en nombre de Collette Finance Ltd. Garfunkel dijo no
recordar haber participado de la sociedad. Muchos de estos empresarios estuvieron ayer
reunidos con el presidente offshore Mauricio Macri, quien les pidió “responsabilidad” para
que inviertan en el país y mantengan los puestos de empleo. Mientras nos reímos de estas
declaraciones, con una mueca amarga y llena de rabia en la boca, curioso resulta lo del
diario La Nación, escrachando a tantos compañeros de ruta en la ardua tarea de expoliar al
pueblo en su conjunto. Algo no anda bien en el seno de la mafia mediática.

20/04/16: El juez federal Sebastián Casanello acusó a la ministra de Inseguridad Patricia

Bolsrich de intentar entorpecer la investigación sobre la responsabilidad de la Prefectura
Naval respecto de la venta de drogas de diseño que causaron la muerte de cinco jóvenes en
la fiesta electrónica Time Warp. Después que el juez allanara en persona la Dirección de
Investigaciones Penales y Administrativas de la Prefectura y sus oficinas de la zona Norte,
la funcionaria hizo una presentación donde responsabilizó a dos secretarios del juzgado,
que el viernes desde la medianoche estaba de turno, de darles instrucciones a los prefectos
de “no molestar a los chicos que iban a divertirse”. En un escrito, Casanello, desmintió
rotundamente a la ministra y señaló que el deber de esa fuerza es informar ante cualquier
posible infracción a la ley de estupefacientes, algo que no sucedió ni en esta fiesta ni en
otras anteriores. Esta mujer responde a la perfección con el modelo de funcionario PRO
promedio: nunca se está del todo seguro cuánto tiene de ignorancia ni cuánto de mal
intencionada. De lo que se estará siempre seguro es que nada bueno, transparente y honesto
puede esperarse de sus declaraciones y/o de sus decisiones.

Tras la muerte de cinco personas que habían asistido a la fiesta Time Warp, el ex diputado
porteño Facundo Di Filippo, del Partido Social, que forma parte de la Coalición Cívica,
patrocinado por el abogado Enrique Viale, presentó un escrito ante el Juzgado Federal
número 7, a cargo de Sebastián Casanello, con información referida a la ilegalidad de la
habilitación del predio Bosta Salguero y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. En su presentación actual, Di Filippo le solicita al juez Casanello que le pida
el Superior Tribunal de Justicia porteño copias certificadas de los expedientes y los
incorpore a la causa. También que cite al juez Andrés Gallardo y a la fiscal Paula Asaro, ya
que por su participación en las causas anteriores disponen de información muy valiosa
sobre las particularidades de las habilitaciones en la CABA. Va siendo hora que tanto
Macri como Rodríguez Berreta paguen, en todos los sentidos del término, por estas y tantas
irregularidades que, más temprano que tarde, se irán develando.

La Argentina volvió a una política de endeudamiento masivo. El ministro de Hacienda y

Finanzas, Alfonso Prat-Gay, celebró ayer el regreso a los mercados financieros a partir de
la colocación de bonos por 16.500 millones de dólares, divisas que en su mayoría irán a
parar a las cuentas bancarias de los fondos buitre. El gobierno de Mauricio Macri recibió
órdenes de compra por 69.000 millones de dólares para adquirir alguno de los cuatro títulos
ofrecidos, con plazos de tres, cinco, diez y treinta años, y una tasa de interés que promedió
el 7,2 por ciento anual. La demanda se explica por la decisión de los inversores de inflar las
órdenes para asegurarse su cuota en la distribución a prorrata final. “Es la mayor demanda
de la historia para un país emergente y es la colocación más grande de la historia
argentina”, valoró Prat-Gay en conferencia de prensa. El funcionario insistió en que el
endeudamiento es el único camino para evitar “un ajuste fiscal”, ignorando los aumentos de
hasta 600 por ciento en tarifas de servicios públicos y el recorte de puestos de trabajo en el
sector público y el privado. “Y ahora se viene la segunda etapa, que comienza cuando
maduren los beneficios de esta primera etapa”, alentó el ministro. Prat-Gay es el
representante más acabado del cinismo descarado. Ya lo hizo al momento de levantar el
“cepo” anunciando como buena noticia y a las risas una devaluación del 40%, después de
haber eliminado retenciones y cupos de exportación. Ahora reincide presentando el inmoral
endeudamiento como un triunfo histórico, tanto por la aceptación de los bonos emitidos
como por las posibilidades de futuros nuevos endeudamientos. Desde su lógica y, en
función de los intereses que defiende y representa, hasta suena tan razonable que festeje.
Por ahora, puede, ¡sí que puede! El problema es nuestro que dejamos que puedan.

Las ganancias del sistema financiero fueron en febrero las más elevadas de los últimos diez
años, al ascender a 23.158 millones de pesos, con un incremento del 78,1 por ciento
respecto del mismo mes de 2015. Las entidades extranjeras, según el informe que entregó
anteanoche el Banco Central, registraron el mejor desempeño entre los bancos del sector
privado. Embolsaron importantes beneficios por la revaloración de activos en dólares
gracias a la suba del tipo de cambio, que alcanzó picos de 16 pesos al cierre del mes. El
negocio de la bicicleta financiera con el aumento de la tasa de interés de las Lebac fue otro
de los instrumentos centrales para potenciar la rentabilidad de estas instituciones
financieras. La banca internacional les sumará a estas ganancias por operar en el mercado
local importantes ingresos por cobro de comisiones por la colocación de deuda pública en
2016. La colocación de deuda externa que arrancó ayer el gobierno de Cambiemos
funcionará como otra fuente de ingresos extraordinarios para los bancos, particularmente
los de capital extranjero. Por caso, el cobro de comisiones por la colocación de los créditos
para pagar a los fondos buitre quedó en manos de siete entidades: Deutsche Bank, HSBC,
JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS. Recibirán al menos 23 millones de
dólares por participar en esta emisión de deuda. Bancos como el JP Morgan no sólo
ganarán con las comisiones, sino que sacarán ventaja por tener acceso prioritario a la
compra primaria de los bonos. Esto les posibilita al día siguiente de la colocación revender
en el mercado secundario los mismos títulos a un precio más alto respecto del que se
adquirió inicialmente. Mientras leemos esto escuchamos al presidente offshore llamar a
empresarios a invertir y cuidar el empleo. Todo a la vista. No ve quien elige no ver.

En su tercer paro nacional del año contra los despidos, la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE) anunció que intensificará su plan de lucha “hasta que se abra la paritaria y
reincorporen a los trabajadores en todos los organismos”. La medida de fuerza fue
acompañada por una jornada de la CTA Autónoma y una movilización desde Liniers de
organizaciones piqueteras. La de ayer fue la primera protesta nacional de ATE después de
que el gobierno nacional diera por terminada la “revisión” de los contratos y concursos
realizados en la administración pública en los últimos tres años, dejando en la calle a diez
mil estatales. En este marco, los estatales anticiparon que a partir de ahora realizarán
asambleas, ocupaciones y permanencias en todos los sectores de trabajo hasta que se abra la
paritaria y sean reincorporados los despedidos. Los mercados deben estar “preocupados”,
pues esta actitud no es propicia para un bien clima de “negocios”.

La decisión del juez federal Sebastián Casanello de llamar a indagatoria al ex titular de la

AFIP Ricardo Echegaray en la causa que se investiga al empresario Lázaro Báez por
supuesto lavado de dinero, desató una nueva embestida del Gobierno para desplazar a
Echegaray de la Auditoría General de la Nación (AGN). El jefe de Gabinete del gobierno y
Ministro de Propaganda, Joseph Peña, indicó que desde el Ejecutivo “el consenso es que, si
hay procesamiento, se empujaría hacia la discusión de la remoción”. En tanto, la diputada
de la Coalición Cívica, la lumpen política Elisa Carrió, empujó a sus aliados de Cambiemos
en el Congreso a que se pronuncien a favor de la remoción de Echegaray de la AGN y logró
que los jefes del interbloque de la alianza oficialista en la Cámara baja –Nicolás Massot
(PRO) y Mario Negri (UCR)– la acompañen en un pedido de suspender “cualquier eventual
próxima reunión del Colegio de Auditores” hasta que Casanello cumpla con el pedido de
indagatoria de Echegaray el próximo 3 de mayo. La maniobra es tan burda y obscena que,
siguiendo el criterio de Peña, sobre la idoneidad de un procesado en funciones tan
relevantes, debería proyectarse al 10 de diciembre del año pasado cuando, por primera vez
en la historia argentina, nuestro presidente offshore asumió estando procesado. Se supone
que su función, la de gerente calificado de las corporaciones, es mucho más relevante que
la de un auditor. Miente, miente, miente, que algo quedará.

Los hermanos Alejandro y Carlos Iaccarino habían logrado, después de mucho fatigar, que
la Unidad de Investigación Fiscal (UIF) comience a trabajar en la causa por el saqueo de
sus bienes en dictadura. La UIF encabezada por José Sbattella buscaba ser tomada como
querellante para impulsar una investigación por “lavado de dinero” sobre el
desapoderamiento de los bienes durante la dictadura. Luego de rechazos de la primera
instancia y de la Cámara Federal de La Plata, en octubre del año pasado la Sala IV de la
Cámara de Casación aceptó por unanimidad que se abriera una audiencia para revisar la
queja planteada por el organismo y los hermanos. Esa audiencia finalmente se realizó el
último 30 de marzo: las nuevas autoridades de la UIF no se presentaron. Anunciaron
extraoficialmente que dejan la causa y en Casación dicen que el faltazo anula el reclamo.
Joseph Peña ya se podría ir preguntando por qué muchos creen que su gobierno beneficia a
los genocidas. ¿Hará falta contarle el fundamento de esa creencia?

La Corte Suprema de las Corporaciones rechazó un planteo de excarcelación de Milagro

Sala, al considerar "inadmisible" un planteo presentado por un abogado que había acudido
directamente ante ese tribunal. El Tribunal rechazó un planteo del abogado Emiliano
Sebastián Villar, quien señaló que Sala tiene fueros como parlamentaria del Mercosur y que
existe una persecución en su contra. Ante el planteo del abogado, la Corte consideró que es
"manifiestamente inadmisible pues prescinde de recaudos elementales exigidos por las
leyes". La Corte señaló que la "condición de ´operador jurídico de la Constitución´ es
insuficiente para constituir al peticionario en la condición de parte legitimada" para
intervenir como tal en esta causa. Mientras Gerardo (in) Morales lee esto a las risas, la
mencionada Corte, merced a sus astutas argucias legales, convalida la detención anti
jurídica de la primera presa política de Cambiemos.
Mientras eyecta empleados públicos denigrándolos con el calificativo de ñoquis, el
presidente offshore, en una muestra más de burla a la sensibilidad general, sumó al
psicólogo Daniel Cerezo, más conocido como "el experto en felicidad", a su gabinete
social. Cerezo, que se hizo famoso tras una charla TEDx, se encargó de explicar qué es la
pobreza a los funcionarios y legisladores macristas que estaban hoy en la reunión de
gabinete ampliado, en el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK). Se subió al escenario
junto a los dirigentes sociales Margarita Barrientos y Héctor "Toty" Flores. Hasta el año
pasado, Cerezo se desempeñó como gerente de "Felicidad y Cultura" en Las Páez, una
fábrica de alpargatas. Cerezo, según detalla el portal La Política Online, cuenta con un
antecedente dando estas charlas: el pasado 9 de abril participó en un desayuno en la quinta
de Olivos con Macri y su Gabinete social para hablar de "Pobreza Cero", una de las
promesas de campaña del presidente. "Todos somos pobres por lo que nos falta y ricos por
lo que podemos dar", afirmó Cerezo ante la atenta mirada de los ministros y legisladores
del PRO. También es autor de otras frases como: "La peor pobreza es perder la capacidad
de soñar, de proyectarse" y "erradicar la pobreza no tiene que ver sólo con dar alimentos y
ni siquiera trabajo, erradicar la pobreza pasa por darle sueños y esperanzas". Por qué no
sugerir más frases al “felicidólogo” macrista: “Mauricio ha renunciado voluntariamente al
paraíso celestial para pagar sus culpas en el paraíso terrenal (de los offshore)” o “su lucha
está en encontrar la aguja, en un taller clandestino, para acceder al reino de los cielos” …

21/04/16: La alianza oficialista Cambiemos quedó sola y cosechó su primera derrota en el

Congreso. Todo el arco opositor –el Frente para la Victoria, el massista Frente Renovador,
el PJ disidente y Progresistas– respaldó en la Cámara de Diputados y en el Senado los
dictámenes para declarar la “emergencia laboral” con el objetivo de frenar los despidos en
la administración pública y en el ámbito privado como reclamaron ante los legisladores
semanas atrás las cinco centrales sindicales. Ambos proyectos proponen que “los
trabajadores podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de
trabajo más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o
convalidar la extinción del vínculo” con doble indemnización. Aunque los dictámenes de
ambas Cámaras del Parlamento se diferencian en la extensión de la emergencia: los
diputados plantearon que la emergencia debía ser retroactiva al 1º de marzo y extenderse
hasta diciembre de 2017 mientras los senadores consideraron que el plazo debería ser desde
su sanción y sólo por 180 días. Conocido esto, el presidente offshore, comentó: "El trabajo
es el camino para salir de la pobreza, pero no imponiendo leyes que ya fracasaron en el
pasado. Queremos progresar y queremos ser felices, no podemos repetir los errores; eso no
generó trabajo, destruyó trabajo. Entonces no hagamos cosas que no sirven", insistió el
mandatario y sostuvo que "no es por la vía de la arbitrariedad ni de la imposición que se
puede cuidar a los argentinos". Un desprevenido creería que con lo de las leyes que
fracasaron en el pasado se refería al modelo neoliberal que nos llevó a la peor crisis
económica en 2001, pero no. Desechar esas leyes obturarían su ideario disciplinador. Su
objetivo es destruir empleo para bajar salarios, debilitar los gremios y “flexibilizar” las
condiciones de empleo, por lo tanto, la felicidad de su gobierno es la desgracia de las
mayorías. Seguramente vetará la ley y los proyectos no prosperarán; pero de cara a la
sociedad quedará expuesto y su desgaste ante la opinión pública se acelerará.

Mientras ayer se conocían las cifras astronómicas que ganaron los bancos, desde que
asumió el presidente offshore Mauricio Macri, los bancarios ratificaron el paro de 48 horas
que dejará a las entidades sin atención hoy y mañana, aunque anoche continuaban
negociando en el Ministerio de Trabajo, tras una convocatoria de Jorge Triaca para intentar
destrabar el conflicto. Los puntos del reclamo son la reincorporación de 47 despedidos del
Banco Central y 9 del Provincia, garantías de estabilidad laboral en el Citibank y el
Hipotecario y un aumento salarial superior al 30 por ciento, tema que vienen discutiendo,
sin acuerdo, con los representantes de las cámaras empresarias (ABA, Adeba, ABE y
Abappra) en el marco de la paritaria. Así son de generosos los propulsores de la “felicidad”.

Malodío y sus empleadores del gobierno oficialista se siguen enredando en su propia

telaraña. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió abrir una investigación penal contra el juez
Claudio Malodío y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, para establecer si a
partir de decisiones de orden económico y judicial que cambiaron las condiciones en que se
celebraron los contratos de dólar a futuro el año pasado, cometieron algún delito. El
disparador, es la causa penal que Malodío sigue contra Cristina Fernández de Kirchner y
otros ex funcionarios, pero vista al revés: mientras que el juez acusó a la ex presidenta por
habilitar las operaciones de dólar futuro a sabiendas (según él) de que traerían un quebranto
para la economía, un grupo de diputados del Frente para la Victoria, encabezados por
Héctor Recalde, lo denunció a él junto con el presidente del Banco Central como
responsables de todo perjuicio para el Estado. Di Lello le sugirió una larga lista de medidas
de prueba al juez Sergio Torres, quien antes debe decidir si avanza con el expediente. Entre
ellas, que declare la ex presidenta como testigo, funcionarios actuales, economistas y
periodistas; establecer quiénes compraron dólar futuro (ya se sabe que en la lista están la
familia Macri, funcionarios del gobierno y empresarios amigos); la historia de esas
operaciones; copia de la causa de Malodío; y hasta el tape del debate entre Mauricio Macri
y Daniel Scioli. Cómo se las arreglará Malodío para procesar a la ex presidenta omitiendo
la culpabilidad de los verdaderos responsables, hoy en el gobierno, es un desafío para la
imaginación más frondosa.

La apuesta del Gobierno para desincentivar el consumo de electricidad a través de la suba

de la tarifa tuvo sus primeros frutos, combinada también con el impacto provocado por el
freno de la economía. En marzo la demanda promedio cayó 9,4 por ciento comparada con
el mismo mes de 2015, pese a que las temperaturas fueron similares al promedio histórico
del mes, según informó ayer Fundelec en base a datos oficiales de la Compañía
Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa). En Capital y Gran Buenos
Aires, donde el tarifazo fue de hasta un 700 por ciento, el consumo retrocedió un 11,8 por
ciento. Este es el plan maestro para controlar la inflación: “planchar” la economía, vía
recesión, generando caída de la actividad económica y así despidos y baja de salarios. Lo
que temo, Sr. presidente offshore, que la felicidad seguirá el mismo rumbo y su imagen
tampoco será la excepción…

La cotización de los nuevos bonos de deuda externa emitidos por el gobierno de Mauricio
Macri volvió a subir ayer en los mercados secundarios no regulados. Con el segundo
aumento consecutivo, los títulos públicos colocados el lunes acumulan un alza del orden del
2 por ciento, en promedio. Los movimientos en los precios permiten abultar las ganancias
para los bancos a cargo de la operación. Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander,
BBVA, Citigroup y UBS embolsaron comisiones por 29,7 millones de dólares. Pero sus
fuentes de ingresos asociadas a la colocación no se agotan ahí. El acceso prioritario a la
compra de los papeles al momento de su emisión los habilita a revenderlos a sus clientes en
el mercado a un valor más alto del abonado inicialmente. Los valores marcados ayer en las
plazas financieras donde se negocian esos papeles generan una ganancia adicional que
puede ser apropiada por los bancos extranjeros, estimada en hasta los 350 millones de
dólares. Así, la posibilidad que les otorgó el Gobierno de quedarse con una porción de los
títulos de deuda emitidos anteayer habilitó a los bancos colocadores a hacer una diferencia
millonaria. Quizá Mauricio Macri haga una reunión, como hizo con los empresarios, para
pedirles responsabilidad, cuidar el empleo e invertir en el país. Ojalá no nos exponga a más
circo.

El director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel, fue escrachado en la apertura de la

nueva edición de la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires. "¿Quién dirige la
Biblioteca Nacional'?", "La Biblioteca no es un negocio" y "No a la Biblioteca offshore"
fueron los carteles que repudiaban al escritor. A su vez, el gremio ATE informó que cerca
de 250 trabajadores fueron despedidos de la Biblioteca Nacional, lo que representaría el
25% del total de la nómina de personal de la institución. A principios de marzo, la dirección
de la Biblioteca Nacional, momentáneamente a cargo de Elsa Barber, decidió suspender
todos los talleres gratuitos, que se dictan en ese organismo desde 2003. Al menos el repudio
general para tanta perversidad.

La revista estadounidense Time incluyó a Mauricio Macri en su ranking de las 100

personas más influyentes del mundo y el encargado de escribir el artículo para justificar esa
mención fue el magnate Paul Singer, dueño del fondo buitre Elliott Management y principal
litigante contra la Argentina en los tribunales de Nueva York. Singer criticó a los gobiernos
de Néstor y Cristina Kirchner y se dedicó a alabar a Macri. “Es el campeón de las reformas
económicas", afirmó y destacó que el mandatario “tomó medidas para terminar con el
exilio económico al que fue sometido el país en los últimos 15 años, desde la crisis de
2001”. Elliot Management forma parte de los fondos que acordaron con el gobierno de
Cambiemos un pago en efectivo con el 1000 por ciento de rentabilidad por sus bonos en
default, luego de conseguir un fallo favorable del juez Thomas Griesa, el decrépito, en
Nueva York. Mañana se concretará ese pago, posible a partir de un endeudamiento por más
de 15 mil millones de dólares. Un elogio a la medida del negociado recibido y un
reconocimiento que deja explícita el tamaño de la rendición del gobierno ante los fondos
buitre.

22/04/16: Mientras el presidente offshore volvió a criticar la ley anti despidos, que seguro
con toda felicidad vetará si es sancionada, estuvo ayer en la reapertura de la empresa Cresta
Roja, cuyos trabajadores fueron los primeros en ser reprimidos bestialmente en el inicio de
enero de este año. Lo acompañaba el hada desangelada María Eugenia Vidal quien, muy
“emocionada”, señaló: “esta reapertura se convirtió en el símbolo de que sí se puede”. ¿Qué
es lo que “sí se pudo”? Detallemos: la empresa reabrió con menos de la mitad del personal
(quedaron afuera 2.200 trabajadores, o sea: el 60%), con sus sueldos reducidos, horas extras
y pluses salariales eliminados y contratos temporales para todos, incluyendo a trabajadores
con 30 años de antigüedad. El milagro neoliberal consistió en la aceptación resignada de los
obreros, que tanto habían peleado durante el último año y medio, para aceptar condiciones
indignas de trabajo unos y quedar desocupados otros. La alegría desbordante de este
triunfo, perverso y degradante, para ellos sólo puede ser superada por el orgasmo que deben
sentir cada vez que abren una nueva cuenta offshore.

La alegría y las buenas noticias neoliberales no paran. Las cuentas bancarias de los fondos
buitre que ya aceptaron la propuesta argentina recibirán a lo largo de la jornada de hoy
9300 millones de dólares. Cuando se concrete la primera transferencia del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, los acreedores carroñeros deberán entregar los bonos defolteados en
su poder y renunciar a sus reclamos judiciales contra el país en las cortes estadounidenses.
Los dólares para financiar los pagos a buitres como Eliot Management, Aurelius Capital,
David son Semper, Blue Ángel, Dart, Monteaos y Bracebridge Capital fueron captados
anteayer en la emisión de deuda argentina en el mercado internacional. Una porción
significativa de esos hedge funds está radicada en guaridas fiscales como las islas Caimán.
La generosa fórmula de pago contemplada por el apresurado acuerdo representa una
rentabilidad de hasta 1600 por ciento para los inversores más agresivos, que compraron la
mayor parte de los títulos después del default de 2001. Es la operación individual más
grande de los últimos quince años para un país emergente. Para eso se emitieron cuatro
títulos de deuda externa con plazos de tres, cinco, diez y treinta años que pagaron una tasa
de interés que promedió el 7,2 por ciento anual. Ahora, estos exitosos empresarios, tienen
todo el fin de semana para meditar sobre el expreso pedido de nuestro feliz presidente
offshore, sobre la necesidad de que sean responsables e inviertan en el país. Porque, claro,
las reglas son más claras que nunca y hay que espantar esas vetustas ideas de prohibición de
despidos y reincorporación de cesanteados. Reflexionen, pero no se priven del buen
champagne; ahora que el gobierno le bajó los impuestos como a sus autos importados de
alta gama.

El Ministerio Público Fiscal reunió a la Mesa de Diálogo Institucional, que forman

querellantes, organismos de derechos humanos y fiscales de todo el país que trabajan en las
causas de crímenes de lesa humanidad. Hace un año, en ese espacio, una perita de la
Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, enumeró algunos
avances logrados con la documentación desclasificada para la causa ESMA. Este año, se
escuchó a una “ex trabajadora” de esa misma área que dijo que había sido despedida. Hace
un año, no aparecía una preocupación porque los “testigos-víctimas” no quieren declarar en
una causa por el nuevo contexto político. El abogado Pablo Llonto, querellante de Campo
de Mayo, explicó que hasta diciembre la situación de los juicios ya era “caótica y de
emergencia” pero ahora se agravó: “A lo conocido del sistema judicial, como la lentitud, la
mala fe de algunos jueces, la burocracia, se sumó un Poder Ejecutivo que no apoya los
juicios de lesa humanidad –dijo, taxativo–. Esto se agregó como un problema que no
teníamos, como el caso de los represores o a las familias de los genocidas enviando notas y
pidiendo que se los atienda en la Secretaría de Derechos Humanos para recibirlos como
presos políticos”. Lo que no entienden estos organismos es que la nueva Argentina de la
felicidad no puede seguir hurgando en el pasado; pues ello no ayuda al extraordinario clima
de negocios que se está edificando…

El secretario de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Héctor Huici, sostuvo

ayer que el Gobierno no descarta incorporar capital privado en Arsat para potenciar las
inversiones de la empresa. “Arsat tiene previsto por su ley de creación la posibilidad de
incorporar hasta un 49 por ciento de capital privado. Habría que plantearse si no hay alguna
posibilidad de interesar al sector privado para que capitalice la compañía y el desarrollo
pueda acelerarse y mejorarse”, aseguró al exponer en las I Jornadas de Telecomunicaciones
y Medios Electrónicos que se realizaron en la Universidad Abierta Interamericana, donde
detalló los objetivos del Gobierno para el sector. El funcionario reconoció que el aporte
previsto para Arsat en el presupuesto nacional sufrió un recorte que atribuyó al déficit
fiscal, lo que llevó a demorar el proyecto de construcción del satélite Arsat 3. El objetivo de
no dejar nada en manos del Estado sigue su curso.

En la fiesta electrónica Time Warp en el predio de Bosta Salguero había alrededor de 20

mil personas, no 10.900, que es la cifra que informó como dato oficial el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Por ahora, ese dato surge de los mensajes que se enviaban por
WhatsApp algunas de las personas que estaban vinculadas a la organización y la seguridad,
cerca de los molinetes de la entrada. Cuando, a la mañana del sábado, llegó al lugar el fiscal
de instrucción Sandro Abraldes, los contabilizadores de esos molinetes no se encontraron.
Según las pruebas que fueron llegando hasta ahora al juzgado de Sebastián Casanello, no
hubo control de las distintas agencias y direcciones del Gobierno porteño que debían
intervenir para fiscalizar la cantidad de gente y, entre otras cosas, si era apropiado el
número de socorristas y ambulancias para semejante concurrencia, además de la idoneidad
de las empresas que prestaban esos servicios, sobre las que hay dudas. En su informe
después de la tragedia, la Agencia Gubernamental de Control informó que la habilitación
para la fiesta tenía un límite de 13 mil asistentes e indicó que, a las 3 de la mañana,
llegaban a 10.900. El informe queda cuestionado ahora con el curso de las investigaciones.
A todo esto, la Cámara Federal citó para el martes próximo a la defensa de Adrián Conci, el
organizador al menos nominal de la fiesta como titular de Dell Producciones, para definir la
situación respecto al pedido de eximición de prisión rechazado por el juez Sebastián
Casanello. Por el momento, Conci está considerado prófugo de la justicia. Que se llame
Burlando el abogado de este rapaz empresario, que una adicta a las falsas denuncias sea
ministra de seguridad y que un inoperante como Rodríguez Berreta sea Jefe de Gobierno
hacen, de esta tragedia, un sainete de mal gusto. Sólo falta que le echen la culpa a la
herencia recibida, o sea al gobierno neoliberal del ahora presidente Macri, ocho años
intendente de una ciudad donde lo que más crecieron fueron las obras públicas mal hechas
y a la medida de socios y amigos del poder.

Las tormentas que se abren a la ministra de Inseguridad Patricia Bolsrich con la Justicia,
tras el estallido de la fiesta de música electrónica de Bosta Salguero en su propio frente,
siguen dando polémica. Primero, la cerrada defensa de sus subalternos de Prefectura, al
poner en duda las decisiones del juez federal Sebastián Casanello, luego de que éste
allanara dos oficinas de los prefectos. Después, cuando fue público el ocultamiento de una
bolsa con pastillas, cigarrillos de marihuana y otras drogas por parte de la Prefectura,
Bolsrich dio marcha atrás y pasó a disponibilidad a seis de los 19 prefectos que fueron
citados a indagatoria por Casanello. Ayer, se le agregó otro condimento: el fiscal federal
Federico Delgado pidió a Casanello que “requiera a la ministra (...) Patricia Bullrich, que
ordene al jefe de la Policía Federal Argentina que el escrutinio de las pruebas sea una
prioridad y que se respete el plazo judicial, que para la fiscalía debe ser de diez (10) días”.
Específicamente se refiere a una docena de celulares, un archivo Excel de la notebook de
una empresa vinculada a la fiesta, siete notebooks, un pendrive, veinte discos rígidos, una
CPU, cinco servidores, entre ellos tres de cámaras de seguridad, todos en poder de la
Federal. El dictamen de Delgado está titulado “Apuntes para evitar la crónica de un
encubrimiento”; y comienza recordando que en las presentaciones anteriores ya había
sostenido que “la sigla ‘Time Warp’ fue una suerte de significante vacío que alojó una
pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas”. Para que quede claro el
grado de involucramiento que gente y allegados al gobierno de la ciudad tienen en esta
tragedia, bañada de corrupción, la legislatura porteña aprobó un pedido de informes al
Ejecutivo en torno de la fiesta trágica, pero el macrismo impidió la interpelación del jefe de
Gobierno, como reclamó la oposición. También bloqueó la iniciativa de crear una comisión
investigadora sobre el hecho. Con Rodríguez Berreta de viaje en EE.UU., quién sabe si
buscando inversiones, des estresándose en patéticos retiros espirituales o abriendo nuevas
cuentas offshore, el PRO da una nueva lección de republicanismo y transparencia,
obturando cualquier tipo de investigación seria y profunda. Cuando un gobierno de otro
signo político esté a cargo de los destinos de la ciudad de Buenos Aires, se puede llegar a
encontrar con un desfalco y un deterioro tal de la cosa pública, que hablar de una herencia
recibida, en ese caso, sería un falaz eufemismo para calificar un estado de corrupción tan
avanzado que ya habrá hecho metástasis en todo el aparato del Estado.

El presidente Mauricio Macri vivió un blooper esta mañana en Formosa, cuando una
bandera argentina se le cayó en la cabeza mientras daba un discurso, en la inauguración de
una planta potabilizadora, en el que justo afirmaba lo mucho que estaban haciendo por
crear empleo. El hecho, que pudo observarse por la televisión y el canal oficial de YouTube
de la Casa Rosada, disparó una serie interminable de bromas en las redes sociales, que se
rieron del presidente y la situación que le tocó vivir. Quizá no haya sido ningún accidente
sino la Patria haciendo justicia por mano propia…

El director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Pablo Curat, el embajador
argentino en los Estados Unidos, Martín Lousteau, y la empresa Farmacity –de la que
Mario Eduardo Quintana era director hasta su asunción como secretario de Coordinación
Interministerial- también compraron contratos de dólares a futuro en el Mercado a Término
de Rosario S.A (ROFEX). Estos nombres se les suman a los de la mesa chica de Mauricio
Macri y al de Miguel Galuccio. Curat, licenciado en Economía por la Universidad de
Buenos Aires y ex asesor de Alfonso Prat-Gay, compró U$S 500.000 el 23 de octubre del
año pasado que vencen este mes. La operatoria se realizó a un precio de entonces de 11,09
pesos por dólar a través del Agente de Liquidación y Compensación Piano Bursatil S.A.
Lousteau, por su parte, operó U$S 300.000 a un precio de $10,79 el 29 de octubre. La
operatoria se hizo vía Puente Hermanos S.A y los contratos vencieron en marzo de este
año. Similar es el caso de Farmcity S.A, que tenía como director a Quintana hasta
principios de diciembre cuando renunció para evitar un conflicto de intereses entre su
empresa y su rol en el gabinete. Farmcity operó con contratos de dólares a futuro que
vencen entre abril y junio por un monto de US$ 10.000.000 entre el 3 y el 22 de septiembre
del 2015 vía la sociedad de bolsa Cohen S.A. Con estas compras, el gobierno de CEOs sí
que tiene el “futuro” asegurado. Mientras tanto, como se demora el paso al costado del
señor presidente, seguimos esperando el pedido de interpelación del Congreso para que el
primer mandatario explique lo injustificable.
Los diputados de Cambiemos se negaron a aprobar un dictamen para un proyecto que busca
declarar la emergencia hídrica por las inundaciones en provincias del Litoral. Al momento
de la votación para aprobar el dictamen, la presidenta de la comisión de la Comisión de
Acción Social y Salud Pública, Carolina Gaillard, cuando vio que los radicales y los del Pro
se estaban levantando, le preguntó al diputado Eduardo Amadeo si iban a firmar el
dictamen que declara la emergencia en el litoral. “No vamos a acompañar”, respondió el
legislador. La iniciativa, que nace del consenso de distintos bloques como del Frente para la
Victoria, Frente Renovador y la Izquierda, busca aplicar medidas tendientes a satisfacer las
necesidades de los damnificados como, por ejemplo, la exención de tasas e impuestos y la
duplicación de beneficios sociales como Asignación Universal por Hijo y seguro de
desempleo. Además, obliga al Ejecutivo a asignar las partidas presupuestarias
correspondientes para la reconstrucción de infraestructura y atención de los sectores sobre
todo productores. "Nos quisieron imponer el proyecto por dos tercios y no lo aceptamos.
Tiene muchas exenciones fiscales y primero debe tratarse en asesores", justificó ante LPO
Amadeo. Ahora, su aprobación dependerá de a la Comisión de Presupuesto, presidida por el
macrista Luciano Laspina. El proyecto pide declarar la emergencia hídrica en Entre Ríos,
Corrientes, Misiones, Córdoba, San Luis, Chaco, Formosa y Santa Fe, con exención de
tasas e impuestos y aumento de beneficios sociales. La celeridad en pagar, como sea, la
ilegítima deuda a los fondos buitre se contrasta con la negativa a paliar el daño climático
que sufren muchos argentinos, más damnificados aun por el tsunami neoliberal que se va
llevando derechos y beneficios sin contemplaciones.

El ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, lo hizo de nuevo: provocar con sus gestos y
declaraciones. A la “limpieza de la grasa militante”, “la basura que estamos sacando”, los
festejos mientras devaluaba el dólar y así los salarios, su puño en señal de triunfo al acordar
el pago a los buitres y la burla sobre los tarifazos afirmando que eran “equivalentes a dos
pizzas”, ahora agregó que existe una "sensación térmica" de despidos al explicar que "lo
que estamos viendo por indicadores del Ministerio de Trabajo para un primer trimestre el
porcentaje de empleados que han perdido su trabajo es el más bajo de los últimos siete
años". En este sentido, aseguró que "a la discusión hay que darla con un poquito más de
datos y de conceptos de la realidad. Es muy fácil decir que por una empresa que cerró
despidieron 100 empleados, pero hay que ver toda la película". Más allá de la colección de
agravios, que va cosechando al anuario nacional de la infama, lo relevante de ellos radica
en hacer notar el lugar en que se sienten parados para decir y hacer cualquier cosa sin temer
a ninguna consecuencia. Tanta soberbia, tanta mendicidad disfrazada con datos no
corroborables, tarde o temprano se pagan. No sé sabe por qué muchos tienen la “sensación”
que ni él ni su gobierno van a terminar ni bien ni a término.

El secretario general de la Universidad de La Rioja, Carlos Vilte, informó que esta Casa de
Altos Estudios decidió reducir el horario de clases y del área administrativa por el aumento
de la tarifa de luz. Tras recibir una factura de casi un millón de pesos, las clases en esta
universidad se extenderán sólo hasta las 22, según consigna Telefé Noticias. "Pagábamos
242 mil pesos de luz y este mes llegó a casi un millón de pesos", detalló Vilte. El aumento
representa el triple de lo que se pagó la última vez. Esta semana, la Federación
Universitaria de Buenos Aires (FUBA) denunció que el monto del presupuesto que se
presentó este año para la Universidad de Buenos Aires "no alcanza ni para pagar los
aumentos de luz, en tanto tiene tan sólo un 0% de aumento respecto al 2015". Hablando de
“sensaciones” y problemas eléctricos, lo que despiertan noticias como ésta es la sensación
que a partir del 10 de diciembre alguien bajó una palanca para que, de golpe y porrazo, todo
dejara de funcionar, las cenicientas se transformen en calabazas, los maleantes en ministros,
los tránsfugas en embajadores, los especuladores en asesores de gobierno y los
procesados…en presidente. Cuanto más amarilla se pone la realidad, más oscuro se pone el
futuro.

El Ministerio de salud de la Nación adeuda más de 15 millones de pesos a 570 trabajadores

de esa cartera que encabeza Jorge Lemus. Se trata de personal contratado a través de
convenios con universidades y que prestaban un servicio de abordaje territorial y de
asistencia en zonas carenciadas afectadas por epidemias como el dengue. Hace tres meses
que no cobran sueldos ni viáticos. Tampoco cuentan con contrato vigente ya que, desde el
24 de febrero, el gobierno de Mauricio Macri dio de baja a través de un decreto los
convenios con universidades. La gestión anterior, a cargo de Daniel Gollan, había dejado
firmado un expediente a través del cual se dejaba a disposición de las universidades los 15
millones de pesos para pagar esos contratos. Pero el expediente nunca apareció. Hoy las
actividades territoriales están suspendidas, el convenio está caído y no hay avance en el
modo de contratación. “Por eso el martes que viene, ante esta indiferencia, vamos a montar
el ante el ministerio el trabajo que se en territorio sobre la formación a los promotores de
salud sobre descacharrizado y medidas de prevención contra el dengue", afirmó el director
de ATE Salud, Héctor Carrica. Mientras se conoce esto el gobierno neoliberal anuncia que
Argentina salió del default. Sin embargo, lejos de eso, la cesación de pagos comienza a
extenderse a todo el territorio nacional; bajo la forma de despidos, baja de salarios o
supresión de los mismos. Aunque por todos los medios (de comunicación) quieran seguir
ocultando la debacle socio-económica en que Macri está sumiendo al país o desviando la
atención a través de la fabricación de denuncias de valijas que van y vienen para ensuciar al
gobierno anterior, la verdadera y esencial corrupción florece a través del plan económico
macabro que azota a la población.

23/04/16: La pertinaz lucha del gremio bancario tuvo su rédito. En la madrugada de ayer
alcanzó un acuerdo con una de las tres cámaras que agrupa a las entidades financieras
(Abappra) y decidió dejar sin efecto la segunda jornada de paro que iba a cumplirse ayer. A
través de su página web, La Bancaria precisó que el entendimiento contempla un aumento
salarial del 33 por ciento retroactivo al 1º de enero, “la reincorporación de todos los
cesantes que reclamaron a los bancos Central y Provincia”, además de una cláusula para
reabrir la paritaria en caso de que la inflación supere el porcentaje acordado. Abappra está
integrada por los bancos públicos (el Nación, el Ciudad y los provinciales), uno mixto
(Hipotecario) y uno cooperativo (Credicoop). Las otras dos cámaras empresarias del sector
reúnen a los bancos extranjeros (ABA) y a los privados de capital argentino (Adeba). Según
la versión de La Bancaria, el acuerdo “preserva el ítem participación en las ganancias del
sistema financiero, que se pretendió desconocer durante la negociación paritaria”. De esta
manera, agrega el texto, “un trabajador bancario que se inicia en la actividad percibirá un
salario mínimo por todo concepto de 20.517,57 pesos”. El Banco Central emitió un
comunicado en el cual informó que el acuerdo con la Asociación Bancaria para la
reincorporación del personal despedido, sólo abarcaba a 15 de los 46 trabajadores en esa
situación. Los despidos se habían producido a fines de enero. La comunicación de La
Bancaria indicaba que la entidad pública había accedido a la reincorporación de los
empleados cesanteados “por los que reclamaban”, sin definir el número. Los demás podrían
haber aceptado la indemnización correspondiente, aspecto sobre el cual la entidad que
preside Federico Sturzenegger no informó. Con este acuerdo alcanzado, el absurdo y
arbitrario techo de 25 % pronosticado por el gobierno, quedó otra vez ridiculizado. Un buen
ejemplo para demostrar que el límite al ajuste lo terminan poniendo la capacidad de
reacción de los ajustados.

La diputada provincial de Jujuy Mabel Balconte, que formaba parte de la red de

organizaciones sociales de la Tupac Amaru, pidió ayer ampliar su declaración indagatoria
en la causa que el gobierno provincial impulsa contra la presa política Milagro Sala por
asociación ilícita, malversación de fondos y extorsión. Elizabeth Gómez Alcorta, defensora
de Milagro Sala, denunció que “según indicaron personas cercanas a la diputada, que
pidieron reserva de su identidad por temor, el martes en altas horas de la noche subieron a
la legisladora en una camioneta en la que se encontraba junto a otra persona el abogado
Guillermo Puerta. Allí la amenazó. Le dijo que, además de denunciar a Milagro Sala, debía
implicar a Julio De Vido, a Máximo Kirchner, a Andrés Larroque, a José López y a
Germán Nivello en su declaración y que de no hacerlo ella y sus hijos inmediatamente
serían detenidos”. Y ayer Balconte declaró que desde Jujuy se trasladaba plata en valijas a
la Quinta de Olivos y que era el propio Máximo Kirchner quien la recibía. “Cristina en
Comodoro Py se preguntó por qué está detenida Milagro Sala y ahora llegó la respuesta”,
dijo ayer Kirchner y recordó que ya lo habían involucrado en una cuenta en un banco en
Estados Unidos, cosa que resultó falsa. “Entre 2 y 15 valijas viajaban con destino al
departamento de Milagro Sala y de ahí a Olivos”, dijo Balmonte al declarar, según informó
su flamante abogado. Agregó que también involucró a dirigentes de La Cámpora, como
Máximo Kirchner y Andrés Larroque. En el ámbito local apuntó contra Germán Noro, de la
Tupac Amaru. Dijo que este dirigente le sacaba parte de la dieta todos los meses y que por
eso renunció al bloque del que formaba parte. “Me enteré por los medios que me quedaba
con dinero de la diputada”, dijo Noro. Es tan burda la maniobra que la declaración de
Balconte fue publicada por medios jujeños incluso antes de que la mujer terminara de
hacerla en los tribunales. El diario digital Jujuy al Día, tituló en su portal “Develan Nueva
Ruta del Dinero K: “Buenos Aires - Jujuy”. Por la tarde, el hecho llegó a los grandes
medios nacionales, donde la patria zocalera, que encabeza TN, se regodeó con la opereta
mientras continúa silenciado la crisis y los escandalosos casos de corrupción que involucran
al gobierno neoliberal.

El juez a cargo de la causa en la que se investigan las cinco muertes ocurridas el fin de
semana pasado en el Complejo Bosta Salguero, además de la “clausura preventiva” de Dell
Producciones, que organizó la fiesta Time Warp, de música electrónica, ordenó suspender
todos los eventos similares que puedan estar siendo organizados por otras 28 firmas
vinculadas a esa empresa, ante las “probabilidades ciertas de que los hechos delictivos que
se investigan” en el expediente “puedan repetirse” en otras fiestas similares. Por otra parte,
Casanello, llamó a prestar declaración indagatoria a Martín Gontad, conocido como el Rey
de la Electrónica, tal como había solicitado el fiscal federal Federico Delgado. Las medidas
fueron adoptadas a raíz de las declaraciones de decenas de testigos que señalaron que la
venta de estupefacientes dentro de Bosta Salguero se hacía con la aparente complicidad o
pasividad de la vigilancia pública y privada. En la resolución se destacó que la inspección
ocular realizada en Bosta Salguero “permitió advertir, de modo directo, una serie de
cuestiones”, entre ellas el dato sobre el número real de concurrentes: el gobierno porteño
dijo que había 10.900 personas a las 3 de la mañana del sábado 16, mientras que de la
investigación judicial surgiría que había unas 20 mil personas, “casi el doble de la
capacidad admitida”, que es de 13 mil personas, según señaló el magistrado en el escrito.
Los negocios detrás de la tragedia alcanzan hasta a la venta de agua mineral, evidenciado
en la enorme cantidad de botellas de agua, en su mayoría con la etiqueta Block, que se
encontraron en el lugar. El gobierno porteño propició y alentó la venta, pues donde
supuestamente debieron haber puestos de hidratación para el consumo gratuito de agua por
parte de los asistentes éstos, al momento de desatarse la emergencia, se encontraron con
que el personal preventor ya había sido removido; a la vez que las botellas de agua que al
inicio de la fiesta se vendían a $40, entrada la noche, alcanzaba los $100. Otro de los
señalamientos es que la seguridad “fue provista por una empresa privada (Siseg)”, esto a
pesar de ser “una ‘fiesta pública’, según obra en las constancias de la Agencia
Gubernamental de Control”. También se hace mención de varios testimonios, hechos ante
el fiscal y en el juzgado, “que dan cuenta de inconvenientes durante el ingreso al evento,
tales como la carencia de cacheos o el ingreso de personas sin entradas”. Incluso se hizo
referencia “a que había pocas personas de la organización ‘cortando los tickets’, lo que
provocó que parte del público ingresara derribando las vallas de contención instaladas en el
lugar”. Los testigos aseguraron que “la ventilación y refrigeración del lugar era
manifiestamente insuficiente, al punto de sentirse ahogados, lo que provocó que tuvieran
que dirigirse al exterior para recuperarse, lo que no resultaba una empresa sencilla, pues
debían hacerlo casi por la fuerza debido a la cantidad de personas que había”. Además,
muchos de los testigos “afirmaron que la venta de estupefacientes era indiscriminada una
vez franqueado el ingreso. Relataron que, en varias ocasiones durante la noche, les ofrecían
ketamina, cocaína, LSD, popper, y pastillas de éxtasis y que no observaron que el personal
de seguridad ni policial hiciera algo para impedirlo”. Falta de control general para la
habilitación del lugar y de la cantidad de personas para su ingreso, delegación del servicio
de seguridad a la actividad privada, complicidad para la venta de agua y drogas en el lugar,
y falta de idoneidad para atender la urgencia una vez ocurrida, son demasiadas evidencias
juntas para poder esconder que detrás de estos hechos hay un gobierno corrupto e inepto
que, mientras evita dar explicaciones en la “Justicia” debería dar un paso al costado. Pero
esto no ocurrirá por motus propio, pues la integridad, la dignidad y la decencia no figuran
en el catálogo del manual de estilo neoliberal que reescriben, actualizan y corrigen
personeros de la mentira y el delito como Jaime Durán Barba.

Por un período de 36 horas, hasta mañana a las 15hs, la gobernadora María Eugenia Vidal,
que gobierna desde el lujoso Polo Hotel Resort & SPA 5 estrellas, ubicado en Luján, se
reunirá junto a sus 19 ministros y el psicólogo “experto en felicidad”, Daniel Cerezo,
recientemente incorporado por Mauricio Macri al gobierno nacional. Allí realizarán “Tean
Building”, algo así como un retiro espiritual que consistiría en una serie charlas
motivacionales para “energizarse políticamente” y jugar al focus group, para ensayar como
gobernar, en momentos donde se dispara la inflación, la pobreza y la desocupación. Las
arcas de la gobernación, que según Vidal están quebradas, puede darse este gusto a costillas
del erario público. Mientras tanto, son cada vez más los que esperan un “retiro” de esta
gente, pero de las funciones de gobierno.

24/04/16: Las investigaciones sobre los Panamá Papers reactivaron un capítulo del botín
saqueado a los desaparecidos de la Escuela Mecánica de la Armada. Los archivos de acceso
público muestran sociedades offshore aún activas a nombre de integrantes del Grupo de
Tareas de la ESMA, hermanos de ellos y civiles asociados a las Armada. Hay registros en
Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo y de Norma Radice,
hermana de Jorge Radice, el marino contador de ESMA, investigada por el robo de bienes
en Argentina. También aparecen sociedades a nombre de uno de sus viejos socios: Miguel
Ángel Egea. En 2014, la Unidad de Información Financiera (UIF) logró probar que una
serie de empresas radicadas en paraísos fiscales del exterior “inyectan” dinero a empresas
argentinas vinculadas a los marinos: entre 2001 y 2013 fueron 20 millones de pesos. Al
entender que podía tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos,
pidieron información a los organismos financieros de esos países y a la Justicia que
avanzara en una investigación. Estos nuevos papeles vienen a complementar esa
investigación, confirmando lo que hasta ese momento era una hipótesis: que las sociedades
existen, que hay más de las conocidas hasta ahora y que están constituidas por ellos
mismos. La investigación de la UIF de José Sbatella había logrado organizar por primera
vez la información sobre el robo de bienes, después de casi cuarenta años de reclamos e
introducir una hipótesis eficaz sobre la profusión de sociedades creadas por la Marina. El
nuevo contexto político generado por el gobierno de Cambiemos, con la desactivación de
las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF, amenaza con dar
jaque mate a los avances que se habían logrado. Vaya otro ejemplo de complicidad del
PRO con la última dictadura.

Los mecánicos del Smata decidieron poner en marcha una de las medidas de fuerza más
originales y drásticas de los últimos tiempos: se negarán a montar aquellas piezas
importadas que a partir del lunes reemplacen a las de fabricación nacional. Así lo
resolvieron ayer más de dos mil delegados reunidos en el plenario nacional del gremio,
fruto del cual vio la luz un duro documento donde fundamentan la medida en que “el
contenido nacional de los vehículos bajó del 35 por ciento en 2014 al 20 por ciento en
2016” y en que el negocio de las patronales automotrices “hoy es la importación y no la
producción”. Para Smata, esa es una de las razones por las cuales dos mil trabajadores del
sector perdieron su empleo en los últimos meses. El origen de la medida, explicó
Pignanelli, secretario general del gremio, es la puesta en práctica de los postulados de un
proyecto de ley que impulsa Smata; que plantea llegar al 50 por ciento de participación
nacional en la producción de autopartes. Como el proyecto “podría tardar más de un año en
aprobarse y reglamentarse”, dijo el dirigente, los trabajadores tomarán en sus propias
manos la idea hasta tanto la iniciativa –que tiene acompañamiento oficial, aunque por ahora
sólo de palabra– se concrete. Imaginarse a Cambiemos apoyando esta iniciativa a través de
una ley es más difícil que escuchar a Gabriela Michetti sin tartamudear una frase
desafortunada, o al presidente offshore repatriando su fortuna mal habida a la Argentina.
El Ministerio de Interior y Transporte que dirige Guillermo Dietrich, evaluó como menor la
construcción de algunos pasos bajo nivel y la electrificación de algunos ramales del sur de
la Provincia, y paralizó el Plan Quinquenal ferroviario que se inició en la gestión anterior
de Florencio Randazzo. Esto a pesar de que el propio Dietrich, a inicios de marzo pasado,
había anunciado, con bombos y platillos, que el tren eléctrico llegaría a fin de año a la
ciudad de las diagonales. Todo indica que se trató de un acto de gestión en vez de un
anuncio veraz. Vale destacar que el financiamiento del desarrollo ferroviario se encuentra
asegurado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que se deberá explicar
cómo será la continuación del proyecto ferroviario. La desactivación del transporte a rieles
también afectó la recuperación de las conexiones Brandsen-La Plata, Cañuelas-Lobos y
Uribelarrea-Las Flores. Estos mismos dirigentes son los que se rasgaban las vestiduras
acusando al gobierno anterior sobre la falta de inversión en los trenes cuando fue la tragedia
de Once. Ahora, como cuando fueron gobierno durante el menemismo y la Alianza, repiten
su política destructiva de la red ferroviaria.

25/04/16: Según se desprende del expediente de la causa a cargo del inefable juez Malodío
en el proceso a su cargo sobre la compra de dólares futuro, el secretario de Coordinación
Interministerial, Mario Quintana, fue uno de los que decidió el precio de referencia con el
que se iban a cancelar los contratos del Mercado a Término de Rosario S.A (ROFEX).
Quintana era, hasta asumir como funcionario de Mauricio Macri, director de Farmcity y
CEO del Fondo Pegasus que, entre ambos, compraron US$ 11.480.000 de dólares a futuro.
Según la declaración testimonial del Gerente General de ROFEX, Diego Germán
Fernández, ante el juez Claudio Malodío hubo una reunión que se llevó a cabo "el domingo
13 de diciembre de 2015 en el Ministerio de Economía". "En esta última reunión (...) se
acordó que si ROFEX declaraba la emergencia y realizaba una corrección de precios, el
mercado podía ser normalizado y obviamente el BCRA iba a honrar sus obligaciones",
relató Fernández el 12 de febrero en el juzgado federal número 11. Los asistentes a ese
mitin fueron, siempre según Fernández, Mario Quintana y Luis Caputo. "Las futuras
autoridades de la nación sostenían que el mercado podía quedar bloqueado en forma
indefinida, que se iba a armar una comisión investigadora para ver las operaciones y que se
iban a impugnar las operaciones al menos del período de septiembre a diciembre, con una
acción de lesividad", amplió Fernández. Previo a esto hubo diversas reuniones con las
futuras autoridades en las que "se llegó al consenso de que los valores de los futuros de
Nueva York eran demasiado elevados para ser tenidos en cuenta" y hubo acuerdo en que "sí
constituían una referencia válida las cotizaciones de los títulos públicos nacionales atados a
la cotización del dólar oficial conocidos como dollar linked". En castellano: un intermedio
entre la posición de Federico Sturzenegger y el ROFEX. Esto, que se institucionalizó a las
17:30hs del día siguiente del cónclave en el ministerio de Economía a través del Ejercicio
107/acta n° 10, constituyó una anomalía en el funcionamiento del ROFEX que paga según
el spot. Es decir, el precio del dólar –que comunica oficialmente el BCRA- del día en el que
se cancelan los contratos. Así comenzó su gobierno el presidente offshore: con un
escandaloso caso de corrupción, tan escandaloso como la falta de reflejos de la oposición
para exigir renuncias y/o explicaciones de los implicados.

El secretario legal y técnico de presidencia, Pablo Clusellas, figura como intermediario

entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma especializada en fugar dinero. La
información sobre el amigo de Mauricio Macri desde su época de estudiante en el Cardenal
Newman, se destapó con los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ). La lista de hombres del macrismo vinculados a las
oscuras operaciones de Mossack Fonseca no para de ampliarse desde que estalló el
escándalo. Además del propio presidente, vinculado con varias firmas offshore, figuran el
intendente de Vicente López, Jorge Macri; el titular de la AFI Gustavo Arribas; el ministro
de Cultura porteño, Darío El Pérfido, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, el
empresario y consejero presidencial, Nicolás Caputo, el presidente de Boca Juniors y
operador judicial, Daniel Angelici, etc., etc., etc. Cuando en campaña nuestro presidente
offshore hablaba de estar todos los días un poco mejor se refería, en particular, a sus
compañeritos del colegio Cardenal Newman, una institución que los ha formado a la
perfección en el ideario neoliberal con tres preceptos básicos: publicitarse como lo que no
son ni representan, acusar a sus denunciantes de lo que ellos ejecutan y promueven, y
prometer todo lo contrario de lo que van a hacer, con la salvedad que, una vez en el
gobierno, todo lo por realizar se plasmará en un futuro no muy lejano, teoría del derrame
mediante, que jamás se precisará.

La decisión de achicar el Estado tomada por el gobierno empresarial de CEOs y clientes

offshore de Mauricio Macri ya eliminó, desarticuló o descentralizó programas con fuerte
inserción territorial que venían funcionando en las áreas de Salud, Educación, Agricultura,
Migraciones y Justicia, entre otras. Mientras la epidemia de dengue sigue prendiendo luces
de alarma en paralelo a la crecida del Paraná, los equipos de salud comunitaria no pueden
trabajar: no les pagan, hubo decenas de despidos y no hay fondos para el combustible de las
camionetas. En Santiago del Estero, corazón del movimiento campesino, 65 trabajadores
fueron despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar, que a su vez dejó sin subsidios
a las cooperativas. En paralelo a un centenar de cesantías en el Ministerio de Hacienda y
Finanzas, más de 300 mil jóvenes dejaron de percibir el beneficio económico del Progresar.
Decenas de víctimas de violencia institucional tuvieron problemas para atenderse en el
Centro Ulloa, que lleva tres meses de conflicto. Desde hace veinte días, las ventanillas de
los programas Asistir y Más y Mejor Trabajo están cerradas, a pesar de que el número de
nuevos desocupados trepó a 120 mil. Aunque el presidente insiste con que el combate
contra el narcotráfico empieza desde las fronteras, los despidos afectaron la cobertura de
pasos fronterizos en Salta, Misiones y Mendoza. Más de mil trabajadores del programa de
Coros y Orquestas para el Bicentenario del Ministerio de Educación fueron transferidos a
los municipios, pero sin fondos; la misma suerte corren trabajadores de Conectar Igualdad,
mientras el Gobierno apunta a tercerizar el programa. Y así la lista podría seguir de acá
hasta Panamá. De esta manera funciona este criminal desguasamiento del Estado, que
mutila derechos y prohíja contubernios promiscuos entre corporaciones, amigos y socios de
la famiglia presidencial; negociando impunemente de los dos lados del mostrador, apañados
y protegidos por los poderes mediáticos y judiciales que, ocultando la corrupción macrista
protegen, a la vez y primordialmente, sus propias corruptelas a las que esas políticas son
funcionales.

A Jorge Pérez lo llaman el Donald Trump latino. Es argentino, multimillonario y vive en

Miami. Tiene una fortuna estimada de 3600 millones de dólares, apoyó a Mauricio Macri
en su campaña a jefe de gobierno porteño, y ahora reaparece en Buenos Aires para levantar
dos torres lujosas y un hotel boutique en Puerto Madero. Hijo de cubanos de la más rancia
gusanería y amigo personal del norteamericano más reaccionario que habita la Tierra, este
hombre podría tranquilamente haber egresado de la escuela de cardenales de Cambiemos,
aunque seguro no faltará tiempo para que, mientras hace negocios amarillos suculentos, se
den cuenta que, compartiendo sus anécdotas juveniles, las similitudes formadoras que
adquirieron los emparentan fraternalmente.
Sin que se le mueva un pelo y sin que, esta vez, ninguna bandera dé contra su cabeza para
ajusticiarlo, el presidente offshore admitió que "a mucha gente le cuesta llegar a fin de
mes", pero explicó que se trata de una etapa de "sinceramiento" de la economía nacional.
"Hace cinco años que se crea público artificial y se esconde la incapacidad de crecer", dijo
el mandatario durante un acto en la Casa Rosada. En medio de un escenario de despidos en
el ámbito estatal, recortes en el sector privados, aumento de precios y tarifazos en los
servicios públicos, Macri aseguró que el gobierno está "haciendo lo correcto" e insistió en
la "etapa de sinceramiento" de la economía. Por su “camino correcto” la gente no va a
llegar a fin de mes, pero él tampoco va a llegar a los cuatro años de mandato. Digo, el día
que la gente se sincere…

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, afirmó que se enteró "hace una semana" del
pedido de captura internacional en su contra proveniente de Brasil, pero resaltó que el tema
"ya está solucionado" y que se trató de "un error administrativo". Por otra parte, reconoció
que haber estado mencionado en el escándalo de los "Panamá Papers" le "pegó"
anímicamente. "El tema de Panamá me pegó. No soy un insensible. Sobre todo, en mi
familia", recalcó Grindetti. Además, explicó: "Mis abogados están trabajando con el tema
de Panamá. Ya lo voy a aclarar". Así volvieron los “errores” de carga, de los que hablaba el
cardenal MauriSSio para justificar el escándalo de la propaganda oficial no pagada, pero
que figuraba como ejecutada, en la Ciudad el año pasado. ¿Cómo habrá aclarado lo “suyo”
Grindetti? Su Famiglia angustiada, por la angustia de las familias argentinas que sufren los
planes de su gobierno, seguro que no. “Aclarada” la no captura internacional, ¿cuándo
empieza el pedido “nacional” para él y la banda neoliberal?

26/04/16: La mejor defensa es un ataque. O eso, al menos, parecen pensar en el Gobierno

neoliberal, que pasó de la estrategia de bloquear la ley antidespidos que había unificado a la
oposición, a impulsar una norma propia de “empleo joven”. La jugada tuvo como
protagonista a Mauricio Macri, quien la anunció como “una promesa de campaña” que
incluye “exenciones y subsidios para las empresas” que se sumen al programa. A cambio,
los macristas, esperan frenar el proyecto de doble indemnización ante los despidos. A la par
del presidente, distintos funcionarios volvieron a negar que haya una ola de despidos y el
ministro de Desempleo, Jorge Triaca, afirmó que incluso hubo crecimiento del empleo en
algunos sectores, como el de servicios. Sin embargo, entre diciembre de 2015 y marzo de
este año, hubo 141.542 despidos; según registró un informe del Centro de Economía
Política Argentina (CEPA). De ese total de despidos, el 52 por ciento correspondió a
trabajadores del ámbito privado y el 48 por ciento restante a empleados del Estado. Siempre
según dicho informe, el sector más afectado fue el de la construcción, seguido de la
administración pública y la industria. El análisis advierte que este proceso de pérdida de
empleo “no se ha estabilizado” y que presente un dinamismo “al que deberá prestarse
atención”. Por más que quiera disfrazar su precarización laboral, a través de pasantías o
contratos basura, sólo un ingenuo o un mal informando, para ser suaves, puede creer que
esa sea una propuesta “superadora”. En realidad, es la misma receta ajustadora destinada a
transferir ingresos a los sectores más acomodados de la sociedad. Aparentemente la
oposición mantendría el proyecto original, aunque cuesta creer que el massismo, que ya
deslizó “diferencias”, vote a favor de los trabajadores.

Desde que estalló el escándalo de los Panamá Papers, Néstor Grindetti, uno de los hombres
de más confianza de Mauricio Macri, pone cada día un poco más alta la vara del escándalo:
durante ocho años manejó el tercer presupuesto del país mientras en los últimos cuatro
pendía sobre él un pedido de captura internacional que recién caducó el 30 de marzo
pasado. Ya instalado en la intendencia de Lanús, Grindetti sigue con nueve causas
pendientes en la Justicia de Brasil por su trabajo como ejecutivo de Iecsa, la filial en ese
país del Grupo Sociedad Macri (Socma), donde se lo acusa de evasión impositiva. Fiel a la
estrategia de minimizar todo conflicto, el ministro de Propaganda, Joseph Peña, dijo ayer
que “Grindetti ya dio las explicaciones y confiamos en esas explicaciones”, esto es: no hace
falta que el pueblo las conozca, como hizo Carrió cuando escuchó y vio las explicaciones y
pruebas de Macri. Así, igual que la impresentable legisladora, Peña se arroga una
representatividad que nadie le concedió. Como si esto fuera poco, el múltiple denunciado
Grindetti tuvo el coraje de victimizarse adjudicándole una “intencionalidad política” a la
difusión de su situación procesal y se amparó en el presidente: “Hablamos (con Macri) por
teléfono como para apoyarnos en esto, para darnos un poco de aliento. Estas cosas pasan y
vamos a tener que trabajar en ese sentido”. A este paso se impone otra sesión con el gurú de
la felicidad. Ya se agotaron las alfombras para esconder tanta mugre.

Sin que nadie supiera con certeza ni a qué fue ni, mucho menos, por que volvió de su
oportunísimo viaje a su madre tierra (EE.UU.), el jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Berreta, hizo su primera aparición pública post Bosta Salguero, aunque lejos del
complejo. Aunque sigue sin responder al pedido de diputados porteños que quieren
interpelarlo por las cinco muertes en la fiesta electrónica, el jefe de Gobierno se refirió en
persona por primera vez al tema. En un acto público, Rodríguez Berreta anunció que la
Ciudad no dará más permisos para organizar fiestas de este tipo, hasta tanto se haya
aprobado un proyecto que el Ejecutivo enviará a la Legislatura. La iniciativa promueve una
campaña de “concientización” para jóvenes y padres tendiente a prevenir sobre el consumo
de drogas. “El propósito es reducir daños y riesgos”, dijo el jefe de Gobierno. Por su parte,
el bloque kirchnerista en Diputados, presentó un proyecto de resolución para que la
ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, concurra al Congreso Nacional a dar
explicaciones sobre la actuación de la Prefectura Naval en el evento. Ahora, con la soga el
cuello y cinco muertos encima, este pobre hombre lleno de plata quiere concientizar,
cuando en realidad tiene que empezar a explicar lo que no logrará justificar.

El titular de Elliott Management, Paul Singer, volvió ayer a elogiar al gobierno de Mauricio
Macri por haberse sentado a negociar un pago que le terminó representando al fondo buitre
una ganancia promedio de 1270 por ciento, sin contabilizar los honorarios de sus asesores
legales que también serán asumidos por el país. “Al igual que con cualquier negociación,
hubo fuertes diferencias por ambas partes, pero el nuevo gobierno reconoció que se trataba
simplemente de una disputa comercial y no una guerra ideológica. Ese cambio de
mentalidad permitió que las conversaciones avanzaran con respeto mutuo y con un interés
común en resolver el problema”, aseguró en un artículo publicado en The Wall Street
Journal. Luego de relatar cuál fue su posición en el conflicto a lo largo de los últimos 15
años, Singer se concentró en las implicancias que podría tener el caso argentino en las
futuras reestructuraciones de deuda y se manifestó en contra de la aplicación de cláusulas
coercitivas que limiten el poder de los buitres. Singer identificó al kirchnerismo como el
principal responsable de no haber llegado a un acuerdo en ese momento. “Nuestros pedidos
cayeron en oídos sordos. Lejos de negociar, los líderes argentinos decidieron usarnos como
chivo expiatorio de los crecientes problemas económicos del país, insistiendo en que los
tenedores de bonos como nosotros nunca cobrarían un solo peso”, agregó. Un elogio de este
hombre sería una ignominia para el que lo recibe y una crítica, el mejor elogio posible.

27/04/16: El juez Casanello tomó ayer cuatro indagatorias. A dos prefectos y a los dos
últimos detenidos, el apoderado de Dell Producciones y al responsable del plan de
evacuaciones. Apunta a una organización con zona liberada para la venta de drogas. Para el
juez los organizadores de la Time Warp y quienes se ocuparon de la seguridad –agentes de
la Prefectura y de la empresa Siseg– convirtieron el predio donde se hacía el evento en un
espacio blindado o encapsulado, que definió como un “ámbito de exclusión de toda
protección estatal” para los asistentes, y que también quedó exento de controles. Eso fue lo
que permitió y facilitó la venta de drogas allí dentro y lo que ubicó a quienes creían que
iban a disfrutar de una fiesta electrónica, entre los que había menores de 18 años, en una
situación de alta “vulnerabilidad y desamparo”; y hasta puso en riesgo su salud y su
integridad física. Una buena excusa que podría poner Rodríguez Berreta, mientras sigue
rezando por las víctimas, es que la zona liberada responde al credo neoliberal sobre la
“libertad de mercado”, donde el Estado no puede ni debe intervenir.

Los representantes de las principales cámaras empresarias reunidos en el Grupo de los Seis
salieron a cuestionar en duros términos el proyecto de ley de la oposición con respaldo de
las cinco centrales sindicales acerca de la “emergencia laboral”. Los bancos reunidos en
Adeba, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de
la Construcción, la Sociedad Rural y la Unión Industrial emitieron un comunicado
advirtiendo que ese tipo de iniciativas no “han tenido éxito alguno en nuestro país, ni
fueron aplicados en los países más desarrollados del mundo al afrontar recientes crisis de
producción y empleo”. En cambio, los grupos económicos están entusiasmados con el Plan
Primer Empleo que flexibiliza la contratación de trabajadores, a cuenta de la
desfinanciación del Tesoro y la Anses, presentado anteayer por el presidente. Para estos
fundamentalistas del mercado, donde el pueblo es “la gente”, los ciudadanos consumidores,
los trabajadores un costo insoportable y los niños un “mercado emergente”, como diría
Galeano: el derecho es sólo el de propiedad y de herencia; la libertad, la de empresa; la
sociedad ideal, la sociedad anónima; y la democracia ejemplar, la asamblea de accionistas.

“Yo estaba en la Legislatura y ella (Mabel Balconte) llegaba llorando diciendo que no
podía creer lo que le estaban haciendo a la compañera Milagro. De un día para otro ella
terminó haciendo lo mismo que la indignaba. Ella también lloraba porque era amenazada
por Gerardo ((in)Morales, el gobernador de Jujuy): le decían que, si no decía lo que ellos
querían, si no la denunciaba a Milagro, le sacarían los fueros y les meterían presos a sus dos
hijos”. Esto expuso Santiago Hamud, secretario legislativo de la diputada provincial de
Jujuy, Mabel Balconte, cuando dio testimonio ayer de cómo vivió el cambio de discurso de
su jefa; que el viernes pasado dijo ante la Justicia que Sala trasladaba valijas de dinero
desde Jujuy hasta la Residencia de Olivos donde las recibía el propio Máximo Kirchner. La
dirigente de la Tupac Amaru, eligió ayer la ironía en una carta desde la cárcel: “Estoy
siendo televidente de ‘La Novela de Morales Recargada’ con guión del propio Gerardo,
producción de Cambiemos y actores sin trayectoria, pero muy bien pagados”. Después de
más de cien días presa, Sala sigue en el centro de una andanada mediático-judicial sin
precedentes en democracia. Mienten con tanta frecuencia que, a fuerza de repetición, los
mitómanos encabezados por Gerardo (in) Morales se creen sus propias mendacidades.

La policía federal detuvo hoy en Plaza de Mayo a 35 manifestantes de la agrupación

ambientalista Greenpeace, según confirmaron voceros de la organización. Los
manifestantes se encontraban protestando contra la mina Veladero, y habían colocado un
cartel que le pedía la presidente Mauricio Macri que cierre la mina. El cartel fue colocado
debajo de la bandera de Argentina, en el poste principal de Plaza de Mayo, lo que provocó
que varios efectivos de la policía intervinieran y realizaran las detenciones. “Con sus
últimas medidas, el gobierno ha dejado en claro que privilegia la actividad minera por sobre
la preservación de estos ecosistemas, que son fuentes hídricas sumamente importantes para
nuestro país" declaró Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares. Represión y
negociados, mellizos inseparables en la ecuación neoliberal.

Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobaron el presupuesto para

esta casa de altos estudios, con 0% de aumento. Desde la Federación Universitaria de
Buenos Aires (FUBA) criticaron que el presupuesto "no alcanza ni para pagar la luz". Los
consejeros superiores estudiantiles, en conjunto con los decanos de Filosofía y Letras,
Sociales y Ciencias Exactas, presentaron un proyecto que plantea declarar a la UBA en
alerta presupuestaria y convoca a movilizar el 6 de mayo al Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación. Desde la UBA informaron que no está previsto un aumento en los
gastos de funcionamiento, pese a los aumentos de luz (327%), agua (249%) y gas (143%).
Sólo en electricidad, las autoridades estiman que los gastos pasarán de 19 millones de pesos
en 2015 a 84 millones este año. Pero la partida de "gastos operativos" no registra aumento:
hubo 651 millones para 2015, y hay 660 millones para 2016. Así funciona la lógica del
cambio: donde prometían sueños ofrecen pesadillas, donde anunciaban conservación de
derechos se regodean pisoteándolos a palos y decretazos, y donde vociferaban
republicanismo multiplican ilegalidades.

El ministro de Propaganda, Joseph Peña, protagonizó un incómodo fallido durante su

exposición del primer informe de gestión ante el Congreso al defender "un sistema de
tarifas y subsidios para proteger a los más tienen". Durante mucho tiempo se intentó hacer
esto (...) Hay un consenso respecto de la necesidad de avanzar en un sistema de tarifas y de
subsidios para proteger a los que más tienen, pero también que el consumo puede ser
pagado por aquellos que lo hacen y también se incentive el consumo responsable", expresó
Peña. Luego fue advertido del fallido y aclaró: "Los que menos tienen. Creo que se
entiende". Se entendió perfectamente, Joseph Peña…

Una de las advertencias que se le hizo al Gobierno por el acuerdo con los fondos buitre ya
es una realidad. Los bonistas reestructurados comienzan a llevar sus quejas a los tribunales,
al considerar que fueron "estafados" por haber acordado una quita muy superior que la que
el Estado nacional finalmente le otorgó a NML, Dart, Blue Ángel y otros buitres. Según
consigna el matutino Ámbito Financiero, el acreedor Mohammad Ladjevardian, que
compró deuda argentina en 2002 para luego aceptar el canje 3 años más tarde, realizó una
presentación judicial ante el tribunal de Thomas Griesa por considerarse "estafado". “Según
estimo, los holdouts se están haciendo de una renta del 1200% sobre el capital invertido”,
señaló el “inversor”. Ladjevardian reclama que Griesa embargue parte de los 16.500
millones de dólares que el Estado recaudó con la gigantesca colocación de deuda de la
semana pasada. En particular, con los casi 4 mil millones que el Estado tomó para reforzar
las reservas del Banco Central. Esta demanda no debería prosperar, estiman tanto en el
Gobierno como en el tribunal. Sin embargo, quien tendrá la última palabra será la Cámara
de Apelaciones, cuando este caso llegue a esa instancia. El camino hacia el 2001 está
trazado…

28/04/16: El Senado le dio anoche media sanción a la declaración de emergencia

ocupacional y le infringió un duro revés al gobierno de Cambiemos. Con el impulso del
Frente para la Victoria, un sector del Peronismo Federal y otros bloques minoritarios, la
Cámara Alta giró la iniciativa a Diputados con 48 votos a favor y apenas 16 en contra. Los
argumentos del oficialismo no lograron convencer al grueso de la oposición. No sólo los 39
senadores del Frente para la Victoria y sus tres aliados votaron a favor de la emergencia,
sino que también lo hicieron otros espacios opositores que en otros momentos acompañaron
a Cambiemos. La aprobación de este proyecto le permitió al Frente para la Victoria retomar
la unidad luego de la votación dividida del acuerdo con los fondos buitre. Además, dejó en
evidencia la debilidad de Cambiemos, que solo cuenta con 15 senadores propios. En este
caso contó con el apoyo de tres peronistas disidentes, pero dos de sus legisladores se
ausentaron. Ahora el tema pasó a la Cámara de Diputados, donde el Frente para la Victoria
pretende darle tratamiento en las próximas semanas. En el “mientras tanto”, Macri y sus
amigos cardenales harán todo tipo de trapisondas, aprietes y propuestas deshonestas, para
que diputados afines cajoneen o modifiquen la ley. Aunque luego puedan vetarla, la
exposición de cara el pueblo sería más evidente de lo que ya es ahora.

La gobernadora bonaerense, el hada desangelada María E. Vidal, vetó la ley de

expropiación de la ex Fábrica de Acoplados Petinari. Era una empresa vaciada por los
propietarios y recuperada por sus trabajadores que formaron una cooperativa. La ley de
expropiación fue aprobada por todos los bloques de la Legislatura provincial incluyendo a
los de PRO. La decisión de Vidal deja a 120 familias en la calle. Esta mujer, que dicen las
encuestadoras es la política que mejor “mide”, es la misma que decía que “no venía a sacar
nada a nadie”. Otra vez cambió futuro por pasado…

En su primer informe de gestión ante el Congreso, el jefe de Gabinete y del ejército de

twiteros y trols que enlodan el espacio comunicacional con mentiras, propaganda mendaz y
denuncias falsas, Joseph Peña, defendió ante la Cámara de Diputados los cinco meses de
gobierno de Mauricio Macri. En su abúlica alocución justificó el ajuste económico y los
tarifazos por “la herencia recibida” y “la corrupción” de la gestión kirchnerista, negó la
destrucción de fuentes de trabajo en la administración pública y la actividad privada y
también que el presidente tenga empresas offshore en guaridas fiscales, además de
mostrarse “orgulloso” de los funcionarios del Ejecutivo que se beneficiaron con la
devaluación macrista con la compra de dólar de futuro, que sus propios diputados
denunciaron como una “maniobra fraudulenta contra el Estado”. Tildó como “mentirosos”
a los diputados opositores que denunciaron los despidos y sostuvo que su postura es “la
verdad verdadera”. Al tiempo que enarbolaba la propuesta de “diálogo” y “consenso”,
esquivó afirmar que Macri vetaría una ley contra despidos y volvió a marcar en el
almanaque el segundo semestre del año como el arranque de la etapa de bonanza del
gobierno macrista. Desde parte de la oposición consideraron el informe de Peña como
“contradictorio, incompleto y confuso”. Fiel al estilo PRO, el en realidad ministro de
Propaganda en las (no tan) sombras, incurrió en un discurso básico, de oraciones simples y
cortitas, apelando al manual de instrucciones de Durán Barba: negar la realidad, rehuir del
debate hablando del pasado, ensuciar a sus adversarios a través de calumnias y chicanas
baratas, ensayar una defensa retórica de un gobierno ante toda evidencia de sus conductas
delictivas, y reaccionarias, y hablar del futuro venturoso que nos espera si atravesamos el
duro presente que lamentan tanto “sincerar”. Triste papel el de un hombre destinado a
transitar camuflado en la impostura, en el oscurantismo disimulado de sus buenos modales,
y en el temor, jamás reconocido, que da la certeza que alimentado a mentira sólo se dura,
no se vive. Que Peña….

El selecto grupo de amigos del presidente offshore no se reduce a sus cardenales ex

compañeros de colegio, los buitres encabezados por Singer, las patrullas perdidas de la
derecha vernácula que reivindica a la última dictadura cívico-militar-empresarial-clerical y
las corporaciones locales e internacionales. Sumemos al FMI, al que raudamente quiere
regresar el infame gobierno neoliberal. Éste, en su informe sobre América latina, abandonó
los cuestionamientos a la Argentina, que eran usuales durante el gobierno anterior, y valoró
la devaluación, los aumentos de tarifas y la apertura comercial. No faltará tiempo para que,
como sucedió con el Príncipe de Anillaco, paseen al actual mandatario como modelo a
seguir en todo el mundo. Tanta ignominia, enferma.

Ayer, desde la estación Pappo Napolitano, se inauguró el mal llamado metrobús que une la
esquina de San Martín y Juan B. Justo con la General Paz. El acto fue encabezado por el
secretario de Transporte de la Ciudad, Juan José Méndez. El jefe de Gobierno, Horacio
Rodríguez Berreta, no asistió porque había trascendido que algunos vecinos se habían
organizado, aprovechando la situación, para protestar y presentar reclamos varios. A la
protesta de los cartoneros llegados a la estación del metrobús con carteles y ollas, se
sumaron los vecinos que reclamaban la recuperación del edificio de la ex Liga Israelita,
“que funcionó acá en el barrio y el Gobierno de la Ciudad lo expropió, y ahora estamos
esperando que se haga un centro de salud porque las obras están paradas”, indicó Silvia,
integrante de un colectivo de organizaciones que pugnan por la recuperación de ese
espacio. En el lugar también estaban los vecinos del grupo Taricco, un teatro que funcionó
hace treinta años, que fue vendido y luego transformado en supermercado. En tanto, otro
grupo reclamaba que “devuelvan los terrenos de Atlanta, que se los quitaron”, en referencia
al club de fútbol de Villa Crespo. Curiosamente, nadie había por lo sucedido en Bosta
Salguero. Rodríguez Berreta va tener que elegir, en encrucijada decisión, si pedir asistencia
al asesor de Felicidad o a Vidal para un nuevo retiro “espiritual”.

El presidente de la empresa Dell Producciones, Adrián Conci, finalmente se presentó ayer,

a las 9.10, ante la Justicia y quedó detenido. Cinco horas después, era trasladado a prestar
declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa en
la que está investigado por ser el organizador del evento Time Warp que se desarrolló en
Bosta Salguero y en el que murieron cinco jóvenes por la ingesta de drogas de diseño.
Como epílogo, se puede decir que Conci se negó a declarar. Antes, en el acto mismo de su
presentación ante la Justicia, Conci dijo a los medios que “es muy alocado todo esto, yo soy
un hombre de familia”. El mismo día un inspector del Gobierno porteño fue condenado a
cuatro años y cuatro meses de prisión por haber cobrado coimas para la habilitación
irregular del boliche Cromañón, cuyo incendio, el 30 de diciembre de 2004, provocó 194
muertos y centenares de heridos. Se trata de Roberto Calderini, de 57 años, quien fue
hallado autor de los delitos de “falsedad ideológica de instrumento público en concurso
ideal con cohecho” y fue inhabilitado por el término de 10 años para desempeñar cargos
públicos, según resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 porteño. Esperemos que
cuando la olla podrida de Bosta Salguero termine de destaparse, los involucrados caigan
como muñecos. Pero claro, la famiglia judicial que encabeza el supremo rehén, Ricardo
Lorenzetti, siempre tiene un nuevo truco nuevo para asegurar impunidades.

El presidente offshore recordó "los nervios" de su primera entrevista laboral cuando

anunciaba la inversión de la tecnológica Globant. Lo curioso es que quien lo entrevistó para
aceptarlo en el puesto fue su padre, Franco Macri. Lo que no contó es que después de
conocer lo que tenía que hacer, se relajó; llamó a sus amigos cardenales y empezaron la
búsqueda de paraísos fiscales. Un trabajo a destajo.

29/04/16: El empleo en la construcción atraviesa uno de los peores momentos de la última

década debido fundamentalmente a la paralización de las obras públicas. El Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) informó ayer que en
febrero la cantidad de puestos de trabajo formales en el sector cayó un 6,5 por ciento. El
personal declarado sumó 370.824 personas, unas 26 mil menos que en febrero de 2015. En
el bimestre la caída interanual promedia un 5,8 por ciento. Las cinco centrales sindicales se
movilizarán hoy en protesta por la situación difícil que están atravesando los trabajadores y
uno de los principales reclamos será por la destrucción de puestos de trabajo. Va ver que
estar muy atentos a cuando el gobierno active “algo” de la obra pública, porque allí
aparecerán los cardenales, Caputo y Garcaterra, para embolsar otro negociado.

El bloque de diputados del FpV-PJ denunció penalmente ayer el fiscal de Estado de Jujuy y
apoderado legal de Cambiemos, Mariano Miranda, por “amenazas coactivas agravadas”
dirigidas a Máximo Kirchner y Andrés “Cuervo” Larroque. La denuncia se basa en el
párrafo final de una carta abierta que el funcionario –a quien varios medios presentaron
como “fiscal”, cuando, en realidad ocupa un cargo político en el Ejecutivo provincial–
dedica al hijo de la ex presidenta: “Vaya preparando las valijas, que usted sabe de eso, pero
esta vez, con ropa”, le sugiere Miranda a Máximo, dando a entender que el diputado
debería viajar a la provincia del Norte en el marco de la tercera causa con la que el Poder
Judicial mantiene presa de manera irregular a la líder de la Tupac Amaru y diputada del
Parlasur, Milagro Sala. “El atropello tiene que tener un límite”, indicó Andrés Larroque,
tras la conferencia de prensa en la que se presentó la denuncia, durante la cual los diputados
del FpV insistieron con el reclamo al gobierno nacional para que intervenga la provincia.
Para los diputados denunciantes, la “amenaza” de Miranda forma parte de una operación
política que encabeza el gobernador Gerardo (in) Morales “para generar inquietud o temor”
no sólo en los destinatarios de la carta, sino entre la dirigencia política de esa provincia, con
el objetivo de seguir reforzando el cerco judicial sobre Sala.

El presidente del Banco Central presentó el programa monetario para el año. Insistió en que
la pauta inflacionaria es 25 por ciento y reconoció que las expectativas del mercado la
ubican en 33,4, pero lo atribuyó a un problema metodológico en la medición nacional de
precios. No deja de haber algo de cierto en ello: Cambiemos tiene un problema
metodológico: no hace funcionar al Indec. Y si estuviera midiendo la inflación,
manipularían los números como habitualmente hacen con las estadísticas. Por ahora miden
a ojo, de un tuerto.

La devolución de una porción del IVA que pagan los beneficiarios de la AUH y los
jubilados que cobran la mínima no permitirá atenuar el impacto regresivo de la
devaluación, la minimización de las retenciones y el tarifazo en los servicios públicos. Así
se desprende de una evaluación del proyecto de ley impulsado por el gobierno del
presidente offshore, realizada por los investigadores del Cifra. Las estimaciones realizadas
por el centro de estudios y formación de la CTA revelan que, incluso si el reintegro
comienza a regir en junio, la capacidad de compra de esos sectores registraría en agosto
caídas interanuales de 5,9 por ciento entre los jubilados y 9,3 por ciento para los
beneficiarios de la asignación universal. Con delicadeza los investigadores califican de
“dudosa” la eficiencia de la promocionada medida para recomponer el poder de compra de
esos sectores: “Tanto por la elevación de los precios como por el hecho de que los hogares
de menores ingresos suelen cobrar el beneficio a través de cajeros automáticos o por
ventanilla y realizan la mayor parte de sus gastos en comercios informales o parcialmente
formalizados, que no tienen sistemas de venta con tarjeta”, explica el documento que será
difundido la próxima semana. Da la “sensación” que, al contrario de lo que cree el jefe de
gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, esto tampoco beneficiará a los pobres.

En medio de la crisis presupuestaria de las universidades públicas, los gremios docentes

cumplen hoy con un paro nacional, en la última jornada de una serie de medidas de fuerza
en reclamo de un incremento salarial cercano al 40 por ciento. Hoy también paran los
trabajadores no docentes, en el marco de la jornada de protesta organizada por las centrales
obreras, por lo que la actividad estará paralizada en todas las universidades estatales. Las
negociaciones paritarias continuarán el próximo lunes 2. La Conadu Histórica ya convocó a
un nuevo paro de una semana, del 9 al 14 de mayo, y propuso una marcha conjunta con el
movimiento estudiantil para el jueves 12, en defensa de la educación pública y en reclamo
del incremento salarial y del boleto educativo. La educación, considerada un “gasto” en la
ecuación economicista neoliberal, no es prioridad. Y menos para el sistema público, al que
sólo se ha propuesto empobrecer a favor de la educación privada.

Los auditores del PRO y la UCR bloquearon una investigación de la Auditoría General de
la Ciudad sobre la fiesta Time Warp. La iniciativa había sido propuesta por los auditores
kirchneristas y respaldada por el de la Coalición Cívica, pero el macrismo consiguió
imponer su mayoría en el organismo de control. Los auditores opositores sí consiguieron
que se auditen las inspecciones y las fiestas que se hicieron en 2015 en Bosta Salguero. En
un informe de 2007 –que en su momento suscribieron los auditores del PRO, poco después
de que Mauricio Macri ganara la jefatura de Gobierno– la Auditoría ya advertía sobre la
falta de habilitaciones, el canon irrisorio, el margen de ganancia de la empresa
concesionaria e incluso llegaba a recomendar que le rescindieran el contrato. De esa
auditoría, bloqueada por los republicanos que asumieron con el discurso de la
“transparencia”, saldrían muchas pruebas sobre el contubernio que implica al gobierno de
la ciudad con estos empresarios “exitosos”.

30/04/16: La convocatoria del movimiento obrero organizado, en vísperas del Día de los
Trabajadores, aglutinó a prácticamente todo el arco político opositor y convocó a cientos de
miles de personas a la calle para transformarse en la primera advertencia seria al gobierno
nacional, durante su quinto mes de administración. Ayer, cuatro centrales sindicales más el
peronismo en pleno, sus aliados en el Frente para la Victoria, las organizaciones sociales y
políticas más convocantes del país y algunos partidos de izquierda coincidieron para
manifestar su repudio a las políticas económicas y sociales llevadas adelante por la
administración que encabeza Mauricio Macri y amenazaron con escalar el plan de lucha e
incluso hacer un paro general en caso de que no se tomen medidas inmediatas para paliar la
situación social y económica. Si bien la demostración de fuerza fue importante, a la hora de
desgastar y marcarle la cancha a un gobierno que empieza a hacer agua por todos sus
frentes, los que tienen memoria no deberían entusiasmarse tanto con lo sucedido ayer. La
trayectoria de algunos dirigentes debería hacer dudar sobre el alcance o el cumplimiento de
frases como “vamos a luchar hasta las últimas consecuencias” o “somos enemigos de las
políticas económicas de este gobierno”, que afirmó Hugo Moyano ante la multitud reunida.
Hace seis meses este mismo hombre inauguraba una estatua de Perón con el presidente
offshore y sus cardenales, en plena campaña electoral. Cuando de fondo hay negocios,
oscuros e inconfesables, y endeblez ideológica, hacia el futuro siempre esperan pactos y
traiciones. Esperemos no sea el caso. Sería una lástima que, unidos por el espanto a las
políticas neoliberales, el hecho histórico de la unión de todas las centrales obreras en una
acción común caiga en el saco roto del anecdotario.

Luis Barrionuevo se borró de la marcha con que las cinco centrales sindicales
conmemoraron el Día de los Trabajadores en un multitudinario acto contra el ajuste
económico y los despidos del gobierno de Mauricio Macri. El secretario general de la más
pequeña de las fracciones cegetistas convocantes, primero se bajó de la lista de oradores del
acto, luego decidió colocar la columna de sus gremios lejos del palco y justificó así su
ausencia ante la prensa: “En la CGT Azul y Blanca no estamos de acuerdo con que se
vengan a colgar de esta marcha la izquierda, que plantea un paro de 24 horas, el PJ residual,
(Daniel) Scioli, (Fernando) Espinoza, los mariscales de la derrota. No estamos de acuerdo
con que quieran estar atrás nuestro, a adherirse con picardía política”, lanzó el cacique
gastronómico. En vez de protesta, ahora celebrará el 1º de Mayo con un locro junto al
presidente y su esposa en la sede porteña de su gremio. Otro de los borrados del acto de
ayer, el jefe de los peones rurales y dirigente de las 62 Organizaciones Peronistas,
Gerónimo “Momo” Venegas, será homenajeado el lunes en la Legislatura de la Ciudad por
los representantes PRO. Lo bien que hacen. De hecho, Luisito y el Momo tienen mucho
más en común con el presidente que con los trabajadores: no trabajaron en su vida, tienen
cuentas secretas en el exterior, y son repudiados por la clase obrera. Estos, ni presos
dejarían de “robar dos años” …

Los diputados kirchneristas que denunciaron al juez federal Claudio Malodío y al

presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, pidieron al juez Sergio Torres que
suspenda el pago de las operaciones de dólar futuro y que se embarguen los bienes de los
beneficiados con esa transacción. En una ampliación de la denuncia original por
defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad, violación a los deberes de
funcionario público, prevaricato y estafa procesal, los diputados encabezados por el titular
del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, hicieron este reclamo al apuntar
contra los funcionarios macristas y amigos cardenales que adquirieron “dólar futuro”
enriqueciéndose impunemente. Mientras tanto el Banco Central debió afrontar ayer una
nueva consecuencia de la devaluación concretada en diciembre. El organismo que conduce
Federico Sturzenegger afrontó el pago en pesos de los vencimientos de los futuros de dólar
pactados para abril por el equivalente a contratos abiertos por unos 2700 millones de
dólares. Todavía restan contratos abiertos de mayo y junio por 4000 millones de dólares del
total de 16.000 millones que se tomaron antes de la asunción del gobierno de Mauricio
Macri y que derivó en dos causas judiciales, una que involucra a la anterior administración
por ofrecer este instrumento y otra a la actual por funcionarios que los adquirieron. El
Central pagó por la diferencia entre los precios pactados para el cierre de abril, en torno a
los 10 pesos, y los 14,25 con que se ubicó al momento de la operación. El anterior pago se
había hecho con una cotización de la divisa de 14,58 pesos, pero en esta oportunidad la
intervención oficial y el mercado le permitieron morigerar la brecha. De todos modos, el
Central debió vender 424 millones de dólares para contener la demanda de dólares físicos
de los bancos que cobraron los futuros. En tanto el descalabro se acelera, el gobierno
neoliberal miente pronosticando un buen segundo semestre que en menos de 40 días se
demostrará que lejos de ello, todo empeorará.
 CARTA ABIERTA A HECTOR MAGNETTO

Si la suma de todas las variantes de la mentira, la corrupción y la maldad pudieran

concentrarse y materializarse en una sola persona para poder ser representadas, sin duda
tendrían su forma señor Magnetto.
En estas horas se conocieron dos hechos que enchastran más su vapuleado
currículum personal. Por un lado, las declaraciones de uno de sus empleados, Alejandro
Burzaco, ex director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias, socia del Grupo
Clarín, quien atrapado con las manos en la masa y ahora con la soga al cuello, confesó
todas (¿todas?) las maniobras delictivas que su Grupo económico empleaba para asegurarse
los contratos, nacionales e internacionales, para la televisación de partidos y torneos de
fútbol. Sólo alguien deliberadamente desinformado, o indecente como usted, no lo
sospechaba. Cómo será la magnitud del negociado que este hombre se comprometió, ante la
“Justicia” norteamericana, a devolver (¿a quién?) 21 millones de dólares de lo robado.
Por el otro, sus aliados del diario La Nación acaban de publicar que usted,
Magnetto, también tiene, al menos, una cuenta offshore en las Islas Vírgenes. La ruta del
dinero “M”, así, pareciera tener más de una variante.
¿Cuántas cuentas más tendrá usted desparramadas por el mundo? Una sola no
alcanza para ocultar tanto dinero sucio, manchado de sangre. Más aún con una
“acumulación originaria” que comenzara, a base de torturas, muertes y desapariciones, con
el robo perpetrado a Papel Prensa; de la mano de una dictadura que, a esta altura, parece
más cómplice suyo que a la inversa.
Así inició su meteórica carrera de captación de poder y dinero. Y no ha parado un
solo instante hasta ahora. Como no tiene dónde “invertir” tanto dinero mal habido, por eso
qué mejor que llevarlo a un paraíso. Ya compró las más variadas empresas periodísticas,
incursionó en negocios rurales e inmobiliarios, y hasta en el mercado del libro, con
Editorial Planeta. Por eso nadie debería tener dudas de que le sobra el dinero, a pesar de los
millones desembolsados en comprar voluntades de jueces, policías y políticos. Si hasta se
dio el gusto de “quebrar”, con lo que para usted es una ganga y para él una fortuna, a su
otrora opositor y denunciante periodista más renombrado, hoy lanzado a la fama
internacional por los miserables servicios prestados a su infausta causa y a la de su
diabólico grupo empresario. Pero igual le sigue sobrando para poder invertir suculentos
dinerillos en editorialistas radiales y televisivos, escribas, twiteros y trolls de la más baja
estofa para que se encarguen de enlodar el espacio comunicacional con falsas denuncias,
aberrantes difamaciones, lecciones de hipócrita y berreta moralina, e informaciones
fraudulentas, funcionales como viles maniobras distractivas; que a la vez ocultan la
corruptela de los negociados que le alcanzan a usted y a los políticos que se los facilitan.
¿Qué dirá ante el descubrimiento de esta cuenta? ¿Qué la abrió por las dudas? ¿Qué
sólo prestó su nombre? ¿Qué allí no tiene dinero? Relájese, señor Magnetto.
Despreocúpese, que el ejército de lugartenientes con micrófono que tiene a su servicio es
tan básico como la tabla del uno, pero muy ingenioso para encontrar las justificaciones
necesarias para su conducta delictiva y las del grupo que lidera. Sin embargo, para ser
sincero, casi escribo “franco”, usted tiene mucho de predecible pero también de
“impronosticable”. ¿Hasta dónde piensa llegar con tanta calamidad por sembrar, para
seguir acumulando dinero y poder como ningún magnate de los medios logró hasta ahora
en el mundo; ahora que volvió a controlar los resortes de todos los poderes del Estado?
Reflexione, porque usted es un hombre grande, y sabe que el único límite que tiene por
delante es su condición de mortal. Con tanta cuenta offshore, tanta empresa fantasma, y
tanto dinero escondido, el mejor contador, después de usted claro, flor de trabajo le espera
si no pone un poco de orden para el goce de su prole a tamaña herencia.
No crea que no soy consciente de la impertinencia de estas líneas. A quien está
acostumbrado a mandar, degradando a quienes se rinden a los pies de su ilegítima fortuna,
no le gusta escuchar consejos. Así que mejor tranquilo, sir Magnetto, que, aunque no
infunda respeto, el miedo que hace sentir con el poder de su inconmensurable imperio nos
obliga a los que lo detestamos a hablar en voz baja, acostumbrados como estamos a ser
tapados por la vocinglería habitual de sus 300 canales.
Usted sabrá qué hacer, por algo llegó hasta la cima del poder real. Mérito no le falta
a quien de contador de ferretería llegó a puesto mayor que presidente. Y si no le teme a la
“Justicia”, porque sus magistrados conviven en su hábitat prostibulario, ni al pueblo
decente, que lo repudia desde que usted fue corrido de las sombras, tampoco le tema a Dios
que, viendo cómo anda el mundo, se nota demasiado que de todopoderoso no tiene nada. Y
mucho menos al infierno, porque ya habita en él. Y es su mejor administrador.
01/05/16: Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el
diario alemán Süddeutsche Zeitung, los familiares directos del secretario general de la
presidencia, Fernando de Andreis, son accionistas de Parquemar Group, una firma en los
paraísos fiscales de Panamá, y habían sido aportantes a la campaña de Mauricio Macri en
2014. En esa firma también figura María Sol Ascónape, esposa de Andreis, y Matías
Ascónape, cuñado del funcionario de gobierno y aportante de "30 mil pesos a la campaña
presidencial (de Macri) el año pasado". A esta altura, dentro del PRO, es más fácil contar a
quienes no aparecen en el “escándalo offshore”, que a los que figuran en esos registros.

Mientras el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, niega que haya
despidos, el ministro de Hacienda habla de que sólo es una “sensación”, y el de Desempleo,
Jorge Triaca, en el colmo del descaro, que ¡aumentó el empleo!, una identidad seria como
el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que entre el sector público y
privado suman en total 141.542 despidos en el primer trimestre del año, con mayor
incidencia en la construcción (mano de obra menos calificada), en la actividad privada y en
las provincias en el ámbito público. Hasta la Unión Industrial Argentina, que formó parte
del frente empresario en contra de la ley de emergencia ocupacional, advirtió que en el
primer semestre del año es posible que el sector industrial pierda entre 100.000 y 200.000
empleos. A esta realdad, que los medios hegemónicos esconden y disimulan, y que el
gobierno niega cual necio ante la más elocuente evidencia, la alianza neoliberal sólo ofrece
aumentar un poco el seguro de desempleo y bajar los aportes patronales a la seguridad
social, para ver si eso genera empleo entre los jóvenes, o la aberrante propuesta del jefe de
la Anses, Emilio Basabilbaso, que proyecta contribuir al desfinanciamiento del sistema
jubilatorio con la venta de acciones en empresas privadas que atesora el fondo de cobertura
constituido por el organismo en los últimos años. Son tan impresentables que, desbordados
como están por los conflictos que han desatado, terminan reconociendo que “es el peor
momento del gobierno” (Pinedo) o el “estamos mal pero vamos bien” (remixado por el
presidente offshore). La verdad es que ni llegada de inversiones productivas ni lluvia de
dólares nos esperan para el segundo semestre del año, como también viene vaticinando el
oficialismo, sino más calamidades como las que viene provocando el tsunami de
neoliberalismo que gobierna; que en sólo 4 meses destruyó, como nunca en tan poco
tiempo, riqueza productiva, trabajo asalariado y derechos sociales.

El titular de Medios Públicos, Hernán Lonardi, se refirió a las distintas imágenes que
circularon a través de las redes sociales y que mostraban al muñeco emblema del canal
educativo Paka-Paka, Zamba, completamente destrozado y abandonado en el parque
Tecnópolis, lo que generó fuertes repercusiones. Según explicó el funcionario,
efectivamente se levantó la muestra de Zamba, aunque, según aseguró, los motivos están
lejos de que se trate de un hecho de discriminación: "Por un lado, todas las muestras que se
realizan en Tecnópolis –el cual estará abierto gratuitamente de julio a noviembre como
siempre– son temporales y se van renovando. Además, el estado en que se encontraba no
era seguro, Zamba estaba podrido por dentro", justificó. Justo lo que muchos piensan del
gobierno actual…

Mauricio Macri participó ayer al mediodía del festejo del Día del Trabajador en la sede
porteña de Uthgra, el gremio de los gastronómicos. Estuvo acompañado de su esposa
Juliana Aguada, el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda Joseph Peña, y de varios
funcionarios y amigos cardenales en el evento del que se ausentó Luis Barrionuevo, quien
acusó una oportuna gripe, luego que lo criticara públicamente el ahora semi combativo
Hugo Moyano. Macri brindó un discurso en el que fustigó, como si hablara de sí mismo, el
"trabajo público inútil", porque "la primera víctima es la persona, cuando se da cuenta que
no cumple una tarea útil para la sociedad”. El presidente cuestionó que "hace 5 años que no
se genera trabajo de calidad porque ocultaron -aseguró- el desempleo con trabajo público
inútil". A la vez cuestionó, justo quien como legislador no concurría a las sesiones y (por
suerte) no presentaba proyectos y como jefe de gobierno abusaba de vacaciones y horarios
reducidos en funciones, "el abuso en el uso de las licencias" y "el ausentismo", y afirmó
que "detrás de cada puesto de trabajo inútil hay un maestro que no pudimos poner en el
aula, un médico o una enfermera que reclaman en una ciudad del país", sin aclarar lo que
pierde el erario público por la fuga de dinero ilegal en cuentas offshore como él posee en el
exterior. Macri añadió que "la suma de los empleos inútiles es una ruta descuidada donde
los argentinos pierden la vida", a la vez que cargó contra las iniciativas "arbitrarias", en
referencia a los proyectos opositores que apuntan a declarar la emergencia ocupacional. "Si
fuese cuestión de leyes, en vez de conservar lo que tenemos, saquemos una ley que diga
que todos somos felices", ironizó sobre la iniciativa parlamentaria de todo el arco opositor.
Este extremo cinismo expresa quien nombra un asesor de felicidad para hacer creer a la
población que ser pobre es ser rico (en espíritu) y ser feliz es una decisión individual que no
depende de las políticas públicas. Toda una afrenta, en el día del trabajador, para quien sólo
vio de cerca a uno de ellos para despedirlo, ajustarlo o burlarse de él.
02/05/16: El presidente offshore no baja el tono y la escala de agresiones hacia los
trabajadores todos los días. No satisfecho con las barbaridades dichas ayer, agrediéndolos
en su día, hoy regurgitó "no entiendo cuando algunos dicen que es para beneficiar a un
sector. ¿Será ignorancia o es mala fe?", evitando mencionar a los líderes sindicales que el
viernes pasado protagonizaron una gran movilización en reclamo de medidas en favor de
los trabajadores. Si este hombre, en su media lengua de verbos mal conjugados y frases
cortas que mal memoriza soplada por otros, habla de ignorancia sin referirse a la propia,
estamos llegando a niveles de cinismo intolerables para la ciudadanía de a pie. Como si esto
fuera poco, que un evasor de impuestos, que espía opositores, hace falsas declaraciones
juradas, miente en campaña electoral y en el ejercicio de su mandato, y entabla negociados
con amigos y allegados, hable de “mala fe”, entonces ya hemos llegado a un grado de
agresión que no tiene retorno en el vínculo de un presidente con su despreciado pueblo. Si
al menemismo recargado que este gobierno representa hay que sumarle la violencia de los
exabruptos y mendacidades que inauguran día a día, para ensuciar opositores o para negar
la calamitosa realidad en que están sumiendo al país, el resultado será un escenario social
incompatible con la paz social y la convivencia pacífica. Siembra tormentas y cosecharás
estallidos…

A horas del comienzo de la primera movilización que logró reunir por primera vez en la
calle a las cinco centrales obreras en medio de la ola de más de 140 mil despidos en el país,
el ministro de Desempleo Jorge Triaca llegaba a la Iglesia del Socorro sobre la calle Juncal
al 800. A las 17.45 se hacía una misa a un mes de la muerte de Miguel Ángel Egea, un
socio de los Grupos de Tareas de la ESMA, de Ricardo Cavallo y de Jorge Radice,
imputado en la causa por el Robo de Bienes por parte de los marinos a los desaparecidos y
a quien Eduardo Luis Duhalde asoció a los integrantes de los grupos de la derecha peronista
de la ciudad de Córdoba en el Comando Libertadores de América, junto a Héctor Vergez y
al brigadier Raúl Lacabanne. Triaca había firmado un mes antes una de las cinco escasas
condolencias que recibió Miguel Ángel Egea el día de su muerte en la sección de avisos
fúnebres del diario La Nación. Un gobierno también se define por sus gestos. Con el de
Triaca queda claro de qué lado de la vida se pone a la hora de honrar muertos.

El proyecto del Gobierno para reformar el Ministerio Público Fiscal y transferir potestades
constitucionales de la Procuración –hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó– a figuras
subordinadas al Ejecutivo, anunciado a principios del mes pasado y en aparente stand by
por el rechazo que generó, mantiene en alerta a los trabajadores y a sus representantes
gremiales. “El proyecto pone en peligro unos 500 puestos laborales al hacer desaparecer
todas las direcciones y unidades especializadas, pero además afecta la independencia
judicial, burocratiza un organismo que es dinámico y vacía al Ministerio Público, afectando
el equilibrio de poderes”, advirtió Agustín Bruera, secretario general del Sindicato de
Trabajadores Judiciales (Sitraju). Agregó que el gremio comenzó a reunirse con los
presidentes de todos los bloques del Congreso al tiempo que se realizan asambleas en
distintos ámbitos, sobre todo en las direcciones y unidades especializadas, en las que
encuentran un amplio consenso en dar pelea para resistir. Hay que reconocer que sus
métodos y objetivos aberrantes los van perfeccionando. En este caso para cooptar a la
“Justicia” cercando a Gils Carbó y poniendo gente afín a sus inconfesables propósitos y, a
la vez, volver con esta costumbre de despedir trabajadores para ajustar gastos y desoír
reclamos salariales.

La nafta volvió a aumentar y ya es la cuarta suba en cinco meses. El gobierno autorizó esta
vez un ajuste de hasta 10 por ciento, el más alto del año. En la Ciudad de Buenos Aires el
litro de nafta súper de YPF trepó ayer de 15,52 a 17,08 pesos y la Premium pasó de 17,5 a
19.30 pesos. En Shell, la empresa de donde viene el ministro de Energía Juan José
Aranguren, la súper cuesta 17,48 pesos y la V-Power quedó a 19,98 pesos. Axion, Oil y
Petrobras aplicaron ajustes similares. En las provincias los precios son todavía más altos. El
presidente de la Federación de Entidades del Combustible, Luis Malchiodi, advirtió que la
suba provocará una baja de las ventas y seguirá empujando el índice de inflación. “Estamos
bastante desconcertados porque entendemos que no debía haber aumentado, creo que nos
deben una explicación porque nadie esperaba esto, ni nosotros”, expresó. Así, el ajuste, si
no viene por un lado viene por el otro. La brutalidad de sus políticas, el cinismo de sus
declaraciones y el nivel de corrupción reinante harán incontrolables las reacciones
populares en el futuro.
El Ministerio de Energía aumentó el precio del gas mediante una resolución que se basa en
dos leyes que no habilitan a la cartera a realizar la suba. Pero, por el apuro, no se siguieron
los procedimientos que se acostumbran en este tipo de medidas. Todos los funcionarios
involucrados beneficiaron a las empresas donde trabajaron hasta el año pasado. Un mes
atrás, la resolución 28/2016 de la cartera energética elevó el precio del gas del punto de
ingreso al sistema de transporte y determinó su traslado total a las tarifas. Sin embargo, se
citaron las leyes 17.319 y la Ley de Ministerios, pero ninguna de ellas le transfiere poderes
a Juan José Aranguren para modificar lo que pagan los consumidores por el servicio
público. La disparada de tarifas impactó de plano en el poder adquisitivo de los hogares,
pero por desde el ministerio en ningún momento fundamentaron las razones del nuevo
precio, ni organizaron una audiencia pública previa. Sólo en 2008 se había optado por no
realizar esto último y, como consecuencia de ello, cautelares y fallos de la Corte Suprema
evitaron que se aplique el tarifazo en muchos de los casos. Como si esto no alcanzara, como
suele suceder cuando de liberalismo hablamos, los negociados estuvieron a la orden del día.
El grupo de CEOs que encabezan secretarías y ministerios se beneficiaron con estos
aumentos ilegales. Tanto el jefe de Energía como el resto de los involucrados en la
ejecución y control de la norma poseen intereses del otro lado del mostrador, en flagrante
violación de la ley de ética pública. Aranguren trabajó en Shell hasta junio de 2015 y aún
posee $ 13.000.000 en acciones de la casa matriz de la petrolera, que además fue
beneficiaria de siete de ocho barcos de gas contratados para proveer a la Ciudad en
invierno. José Luis Sureda fue directivo de Pan American Energy hasta su asunción como
secretario de Recursos Hidrocarburíferos. David Tezanos era director de ventas de gas
natural de YPF y presidente del directorio de Metrogas hasta antes de asumir como
interventor del Enargas. Y el subinterventor del Enargas, Daniel Perrone, fue directivo de
Transportadora de Gas del Sur, la principal transportista de gas por gasoductos del país.
Pero acá no termina el festival de negocios de la banda: por cuenta y orden de Cammesa,
YPF licitó ocho barcos de gasoil, de los cuales siete se los quedó Shell Western Suply and
Trading, controlada por la multinacional Shell, de la cual es accionista el ministro de
Energía; quien así se queda campante de los dos lados del mostrador. Si esto se puede hacer
es porque el poder judicial y la oposición lo permiten; por no hablar de gran parte de la
población que se entretiene con las novelas mediáticas del grupo Clarín distrayendo a la
ciudadanía con la zaga de “la ruta del dinero K”.

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El Gobierno neoliberal dispuso financiarse con
los fondos de las jubilaciones, un mecanismo que fue duramente criticado cuando los
partidos que hoy componen Cambiemos eran oposición. El Estado decidió tomar más de
U$S500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a 90 días, en un nuevo capítulo
de endeudamiento abierto por la actual administración. La medida fue publicada este lunes
en el Boletín Oficial de la Nación, que establece que el Tesoro emite títulos públicos por un
monto total de 526.372.392 dólares por un plazo a 90 días y por suscripción directa del
FGS, que recibirá un interés equivalente al 4,5% anual. El monto de la deuda que el Estado
nacional contrae a favor de la ANSES equivale, al tipo de cambio actual, a unos 7.700
millones de pesos. El objetivo de la medida, estipula la disposición 8 del ministerio de
Hacienda y Finanzas, es "cubrir deficiencias estacionales de caja hasta el monto que fije
anualmente la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional". Sucede que, si
bien el Gobierno aplicó un fuerte ajuste del gasto, con quitas a subsidios del transporte y
servicios públicos y despidos de empleados estatales, en algunos casos con cierres de
programas enteros, también aplicó un fuerte recorte en los impuestos, como las retenciones
al agro y la minería. La caída del consumo, producto de la recesión, impacta a su vez en
otros tributos, como el IVA. La diferencia es que el anterior gobierno utilizaba estos
recursos para financiar obras, proyectos sociales o inversiones productivas. En cambio, el
gobierno de Hood Robin que nos rige actualmente, desfalca el erario público para financiar
los déficits que sus retrógradas políticas públicas generaron.

03/05/16: La fuga de divisas en el primer trimestre del año fue la más elevada desde el
estallido de la crisis financiera internacional en 2009. La compra neta de moneda extranjera
del sector privado sumó 3300 millones de dólares en los primeros tres meses de 2016,
cuando había sido menos de la mitad el año pasado. Las reservas internacionales, pese al
fuerte incremento de la formación de activos externos tras la apertura de los controles
cambiarios en diciembre, subieron 3535 millones gracias al ingreso de nueva deuda externa
con bancos extranjeros, inversores de Nueva York e instituciones de crédito. Por caso, los
préstamos con organismos internacionales y otros bilaterales, aumentaron 145 por ciento.
Esta colocación de deuda posibilitó financiar la fuga de capitales sin reducir el nivel de
reservas del Central. Pero, a diferencia de los augurios del Gobierno, no estimuló el ingreso
masivo de divisas por inversiones extranjeras. Las inversiones del exterior se ubicaron en el
promedio de los últimos cuatro años, sin observarse el shock de confianza prometido tras la
unificación del dólar a finales de 2015. El descalabro está a la vista a pesar de la negación
de la realidad que el gobierno se empeña en imponer.

La provocación de hoy del presidente offshore consistió en insistir en que no hay olas de
despidos ni emergencia ocupacional, por lo que instó a los legisladores a que no validen el
proyecto que aprobó la semana pasada la cámara de senadores. Mientras se porfía en mentir
y negar la realidad, el subsecretario de la Juventud, Pedro Robledo, al que le encantaría
llamarse Peter, hizo despedir a 26 trabajadores que tenían contratos hasta diciembre –
acusándolos de “ñoquis” y “militantes”–, a la vez que hizo entrar por la otra puerta a gente
PRO, tan militantes como los exonerados sin justa causa. El gesto tal vez ilustre lo que
quiso decir Mauricio Macri el último domingo, en su mensaje del día del trabajador, cuando
justificó las cesantías en el Estado con la promesa de que creará trabajo “genuino, no
empleo inútil”. Los nuevos contratados que reemplazarán a los despedidos son en su mayor
parte voluntarios de la Juventud de Cambiemos. Jóvenes entusiastas, salidos de la patria
zocalera clarinista, dispuestos a todo por la liberación…de precios; por la soberanía…de los
fondos buitres; por la integración regional…con EE.UU., y la libertad…de empresa.

“El mejor equipo en 50 años” que comanda la economía, según el presidente offshore,
sigue batiendo récords para el Guines de las calamidades sociales. Los que vinieron a
terminar con la inflación la han multiplicado tanto, en tan poco tiempo, que en abril, siendo
modestos y prudentes (al no haber números oficiales), trepó al 7 %, la mayor suba mensual
desde abril de 2002, según el promedio de las consultoras privadas. Quizá tenga razón,
nuestro Hood Robin mandato incumplible, y no haya que declarar la emergencia
ocupacional, sino la emergencia Nacional…

Mauricio Macri y el gobernador de Jujuy, Gerardo (in) Morales, fueron denunciados por
supuesta “coacción” y “coacción agravada” por la organización social y política Tupac
Amaru, diputados nacionales, provinciales, referentes de organismos de derechos humanos
y dirigentes de otras agrupaciones sociales. Los denunciantes los acusan de haber ejercido
“presiones” y “amenazas” sobre la legisladora provincial Mabel Balconte para que
inculpara a la líder de Tupac Amaru, Milagro Sala, de entregar valijas con dinero al
diputado Máximo Kirchner. Ante los tribunales de Comodoro Py, referentes de la
agrupación jujeña, también denunciaron al jefe de Estado por “injurias”. Las presentaciones
judiciales fueron acompañadas ayer de una manifestación en reclamo de la libertad de Sala,
quien hace casi cuatro meses permanece encerrada en el penal de mujeres de Alto
Comedero, en la capital jujeña, y patrocinadas por Elizabeth Gómez Alcorta, Pablo Llonto
y Luis Paz. El vínculo de Macri en el delito está planteado a nivel de paraguas institucional.
“La planificación de las acciones para que la Justicia de Jujuy llevase y lleve adelante una
serie de detenciones ilegales contra Milagro Sala, se planifican en conjunto entre el
gobierno nacional y el gobernador de Jujuy ”, perfila la demanda presentada ayer, en donde
se cita la reunión entre ambos funcionarios desarrollada en la Casa Rosada, el 27 de enero
pasado, y las declaraciones posteriores del gobernador jujeño: “Tengo todo el respaldo para
hacer lo correcto por parte de Mauricio Macri y de todo el gobierno nacional”. Para los
denunciantes, “no se puede descartar la coordinación de las acciones aquí denunciadas con
el titular del Ejecutivo Nacional”. No hay que pecar de optimismo y saber que, en manos de
la mafia de tribunales, esta denuncia no pasará de lo meramente testimonial.

El juez Sebastián Casanello ya corroboró que Mauricio Macri no incluyó en sus

declaraciones juradas de bienes su participación en las sociedades offshore Fleg Trading
LTD y Kagemusha SA. Como siguiente paso, ahora libró exhortos con destino a Bahamas y
Panamá, donde esas empresas fueron constituidas, para obtener precisiones sobre su
función y sus facultades dentro de ellas. Los pedidos de cooperación de este tipo,
necesarios cuando hay empresas, bienes y cuentas en el exterior, a veces complican más de
lo que facilitan el avance de las investigaciones. Es raro que tengan respuesta. Con
expectativa de aumentar las chances de colaboración, Casanello los formuló como un
pedido simple de información que podría servir para probar no sólo la omisión maliciosa en
la declaración jurada sino otros eventuales delitos. También, a nivel local, le pidió
colaboración a la Unidad de Información Financiera (UIF). Existe un tratado de Asistencia
Mutua en Materia Penal de los estados miembros de la Organización de Estados
Americanos. En los casos de corrupción, casi las únicas veces que la cooperación se
concreta es cuando el delito investigado en el país que solicita los datos existe también, con
igual definición y características, en el país consultado. En este caso, por ahora según
especifica el pedido del juzgado, Macri está imputado bajo sospecha de un delito llamado
“omisión maliciosa”: omitir datos de manera intencional en la declaración jurada. En el
caso del presidente, en la documentación con que cuentan la AFIP, la Oficina
Anticorrupción, el Congreso y el gobierno porteño, jamás consignó su vínculo con las
sociedades offshore Fleg Trading y Kagemusha. Lo que sucede es que debe quedar
demostrado que la omisión fue intencional. Omisión maliciosa es una de las variantes del
delito de enriquecimiento ilícito que, como tal, no existe en muchos países. Tiene una pena
de quince días a 2 años de prisión. Como es baja, las chances de prescripción son altas,
como sucedió con Carlos Menem. Sin posible respuesta o con una demora esperable, las
posibilidades que esto prospere son tan bajas como las chances de alcanzar la pobreza 0 con
un plan económico neoliberal. Por otra parte, ¿cómo sería una omisión no maliciosa en una
declaración jurada de un presidente? ¿Un simple olvido? ¿Un “error de carga”? Son menos
serios que la legislatura de la ciudad homenajeando al empresario sindical “Momo”
Venegas el día del trabajador, como hizo una diputada del PRO el pasado 1 de mayo sin
que se la caiga la cara de vergüenza.

La desesperación por mantener la ofensiva en Comodoro Py contra Cristina Fernández de

Kirchner se tradujo ayer en un nuevo expediente judicial. El fiscal Carlos Rívolo sostuvo
que hay mérito para investigar la firma Los Sauces, propietaria de departamentos, cocheras
y terrenos de la familia Kirchner. La hipótesis del fiscal es que esas propiedades se
alquilaban a empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a precios excesivos, lo que –
supuestamente– encerraba una coima que López y Báez pagaban por los contratos de obra
pública. Como era de esperar, el inefable juez Claudio Malodío, de inmediato acogió la
iniciativa del fiscal y decretó el secreto de sumario. El abogado de la familia Kirchner,
Carlos Alberto Beraldi, ya adelantó que presentará un escrito ante el juez Julián Ercolini
para que le pida la causa a Malodío; dado que Ercolini, por orden de la Cámara Federal,
investiga hechos idénticos en el expediente Hotesur y otros paralelos. La familia Kirchner
sostiene que los contratos de Los Sauces y también de Hotesur fueron públicos y legales;
que los pagos siempre fueron bancarizados, que se cumplió con los impuestos y que los
valores de los alquileres se corresponden con los de mercado. En otro expediente, en el que
ya declaró Cristina, el del dólar futuro, Beraldi presentará un recurso ante la Casación para
insistir con que Malodío debe ser apartado. Nadie debería dudar de la necesidad de
investigar y castigar con todo el rigor de la ley, si empezamos por Malodío y el conjunto de
pistoleros que controlan Comodoro Py. De lo contrario, nada será creíble.

Al menos veinte efectivos de los departamentos de Investigaciones del Narcotráfico e

Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval que estuvieron dentro de la fiesta Time Warp
con instrucciones de hacer tareas de prevención e investigación de posibles infracciones a
la ley de estupefacientes, eludieron denunciar que allí se vendían drogas a granel a pesar de
que –según detectó el juzgado de Sebastián Casanello, que investiga las cinco muertes
ocurridas esa noche– algunos de ellos hasta tenían handies para comunicarse con el
personal de seguridad contratado por los organizadores. Todos ellos fueron citados a
indagatoria como sospechosos, como mínimo, de haber permitido el comercio de drogas en
el predio de Bosta Salguero durante el evento. Se desconoce si peritará la vista de los
uniformados, de modo de poder saber con certeza si estaban en condiciones de detectar
algo “tan chiquito” como una pastilla (como declaró insólitamente la vicepresidente) o si
eran propensos a fastidiar a los jóvenes haciendo su trabajo, poniendo el peligro la paz
social; pues sabemos, por la misma señora, la inclinación de los niños a armar un lío
bárbaro ante un posible decomiso de sus píldoras de la felicidad…

Sabemos, desde Carlos Marx hasta nuestros días, que, simplificando, el poder judicial
integra la superestructura de un sistema corrupto; destinado a asegurar, prioritariamente, su
perdurabilidad. Lo inquietante es que nunca ha quedado tan evidenciado como ahora que
este poder se ha escindido por completo de la sociedad; conformando, en los hechos, un
Estado dentro de otro Estado; con reglas propias que lo enmarcan, vaya paradoja, fuera de
la ley que administran. No pagan impuestos, no presentan declaraciones juradas, nombran
su funcionariado a dedo evitando concursos, se perpetúan en sus cargos, y manipulan su
presupuesto a piacele sin rendir cuentas a nadie, con una “gestión” de los asuntos públicos
y judiciales tan autoritaria y discrecional que han logrado recoger el repudio masivo de la
población que los padece. Si bien la Constitución prevé mecanismos para controlarlos éstos
no prosperan, no sólo por las complicidades de los demás poderes de los que resultan
aliados, sino principalmente por el poder de veto que conservan para clausurar toda
discusión sobre su funcionamiento y procederes. Ya sucedió hace unos años cuando el
gobierno anterior procuró unas tibias reformas, encontrando como respuesta declaraciones
de inconstitucionalidad que pusieron freno a esas intenciones. Si encima agregamos el
poder de extorsión que ejercen contra todo aquel que intente cuestionarlos, manipulando a
su antojo causas judiciales reales o inventadas con las cuales luego amenazarlos, los
“magistrados” consiguen diluir o disuadir cualquier voluntad reformista sobre los
privilegios que ostentan, los abusos que cometen y las discrecionalidades con las que se
administran. Así pues, ¿desde qué lugar penetrar en esta casta que se ha independizado por
completo de la sociedad a la que debiera responder, si los mecanismos republicanos son
vetustos, insuficientes o deliberadamente endebles para aplicar, al menos, sanciones
ejemplificadoras sobre sus innobles, ilegales y corruptas prácticas corporativas? ¿Desde
adentro del propio poder judicial, viendo las limitaciones con la se encontraron entidades
recientes como “Justicia Legítima”, para avanzar un ápice en sus loables propósitos? Las
respuestas a mano para esta encrucijada parecen demasiado disruptivas para con un orden
general, que, en su inmoralidad creciente, no merecería sino acciones que, en su agudeza,
terminarían por poner en jaque a todo el sistema en su conjunto. Revolución, la llamaban.

El intendente de Cambiemos en La Plata, Julio Garro, desmanteló el parque temático “la

República de los Niños” y puso en jaque su continuidad. La excusa: la desidia de Sergio
Roldan, un funcionario, designado por el macrista intendente, que derivó en un accidente en
dicho predio; en el cual varios infantes que se encontraban allí sufrieron heridas. Desde la
propia inoperancia de la gestión comunal de Cambiemos hasta la fecha, la única medida de
Garro fue suspender a los trabajadores que nada tuvieron que ver con la falta de decisión de
su funcionario. Según informaron los propios empleados suspendidos, la situación está a
cargo del Juez de Faltas y nadie dentro del Municipio puede hacer nada por ellos, o al
menos eso le dijeron desde la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental. En los
últimos días los trabajadores fueron recibidos en el Ministerio de Desempleo y Julio Garro
no se presentó, aunque envío un abogado en su lugar, quién reconoció no tener autorización
ni conocimientos suficientes sobre el tema como para darles una respuesta concreta. La
situación en la República de los Niños es de abandono. Lo único que se hizo fue pintar la
pileta para la Colonia de Vacaciones, que abrió más tarde que nunca este año. A cuatro
meses de asumir y a un mes del descarrilamiento del Trencito que llevó a la renuncia del
director de 21 años que el propio Garro había puesto en funciones, los trabajadores del
Parque de Diversiones de la República de los Niños están prácticamente despedidos sin
aviso. En sintonía con el atropello con el que el gobierno neoliberal avasalla la República
de los adultos, el proto fascista Garro lleva a la ruina un parque histórico que ideó el primer
peronismo y que fue inspiración, para otros fines y con otras intenciones, para que Walt
Disney monte el suyo en EE.UU. Además, no vaya a ser que los niños se formen en los
derechos ciudadanos y el respeto a las instituciones, hoy cáscaras vacías de un poder que
las destruye y pisotea sin contemplaciones.
04/05/16: El Gobierno intenta por todos los medios dilatar el tratamiento de la ley
antidespidos en la Cámara de Diputados como último recurso para trabar su aprobación.
Mientras el presidente buscó pegar al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con el
kirchnerismo para evitar que diagramen una estrategia en común, la vicepresidenta Gabriela
Michetti demoró hasta último momento el envío del proyecto que la semana pasada tuvo
media sanción del Senado. Luego de dos días de reclamos insistentes de los legisladores del
Frente para la Victoria, desde la oficina de Michetti aseguraron que la iniciativa sería girada
recién hoy por la mañana. Cambiemos buscará convocar para este mediodía a las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo para comenzar su
discusión que esperan hacer lo más larga posible y así evitar la sesión especial que los
bloques opositores impulsan para mañana. Así opera la lógica neoliberal: celeridad
afiebrada para aprobar el pago ignominioso a los buitres, y retardo y trabas para impedir la
sanción de una ley a favor de los trabajadores.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, justificó ayer el duro ajuste en Aerolíneas

Argentinas que anunció el día anterior la presidenta de la empresa, Isela Constantini, con el
argumento de que el Gobierno “no está para subsidiar los traslados en avión del segmento
más rico de la población”. Constantini había comunicado al personal de la compañía, a
través de una carta, la decisión del Poder Ejecutivo de recortar los subsidios. Allí
reconoció, como si no fuera parte de su gobierno, que tiene “algo de incertidumbre” por el
futuro de la línea de bandera, y que la disminución en las transferencias del Estado le
plantea “un nuevo desafío”. “Nos coloca en una situación aún más compleja desde la
gestión financiera”, aseguró, sin dar precisiones sobre cómo se implementará el
achicamiento de gastos, cuál es el monto involucrado y si eso afectará empleos y rutas. Las
declaraciones posteriores de Dietrich reforzaron la percepción de que el Gobierno no tiene
interés en desarrollar Aerolíneas Argentinas, sino más bien tender a su achicamiento. Esta
idea queda reforzada por la participación de varios ex ejecutivos de LAN en el Poder
Ejecutivo. El más destacado es el ex CEO de esa empresa, Gustavo Lopetegui, quien actúa
como director técnico del equipo económico y asesor de Mauricio Macri. Una vez más la
mecánica neoliberal al desnudo: despreciar a lo público para achicar gastos, que facilitan
más recursos para pagar deudas y asegurar negocios y rentabilidad al sector privado, o sea,
a ellos mismos.

Dirigentes rurales y del sector de transporte de cargas manifestaron su desagrado por la

suba del precio de los combustibles, que acumulan más de un 30 por ciento en lo que va del
año. Las apreciaciones del ministro Shell en Energía, Juan José Aranguren, pretendiendo
justificar el incremento (“si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en
comparación a otros precios de su economía, deja de consumir lo que considera alto”, dijo
en una entrevista con el diario Clarín) parecieron ser el disparador de la dura reacción de
sectores empresarios que, en principio, se suponían alineados políticamente con el gobierno
de Mauricio Macri. Confederaciones Rurales Argentinas expresó que el incremento de
combustibles en 2016 ya representa para la actividad agropecuaria una transferencia de 16
mil millones de pesos, muy por arriba de las ventajas que le reportó la quita de retenciones
a la exportación de granos. En tanto que las empresas del autotransporte de cargas
advirtieron que los sucesivos aumentos de combustibles representarán para el sector
incrementos de sus costos de hasta el 30 por ciento. Con la misma lógica podríamos dejar
de consumir la luz o dejar de comer hasta morir por inanición. Lo que revelan las bestiales
declaraciones del accionista de Shell en funciones de gobierno es que ellos entienden a la
ley del mercado como la ley de la selva, donde sobrevive el más apto. Mientras tanto hacen
creer, como sucedió con el menemismo, que el Estado se ausenta de la Economía cuando
en realidad marcan su presencia como nunca, a favor de las corporaciones y sectores
concentrados.

Carlos Regazzoni, titular del PAMÍ, se presentó ayer en la Cámara de Diputados, donde
insistió en que la eliminación de la cobertura total para 163 medicamentos es una decisión
médica, pero ante las repreguntas de diputados opositores, no pudo fundamentarlo. Esos
legisladores coincidieron en que la medida tiene “olor a ajuste”. Quizá la “decisión médica”
de la que habla Regazzoni contemple la “solución final” que aplicaban los nazis para
terminar con aquéllos no productivos que, en su ideario, son una carga para la sociedad. O a
lo mejor es parte del programa general “purificador” que encarna la planificación de la
miseria colectiva, con su devastador plan económico; donde la grasa militante, los ñoquis
del Estado y los trabajadores públicos en particular, son un sobrante que hay que extirpar.
Como en el gobierno están prevaleciendo los gradualistas, suprimiendo medicamentos, la
“limpieza” será progresiva y no a través de un shock traumático.

Cuarenta médicos del hospital Posadas, participaron en la operación para separar siamesas,
la cual podría transformarse en un hito para la medicina mundial. Lo curioso de esto es que
cinco de ellos fueron, según la administración macrista, "médicos ñoquis" y despedidos 20
días atrás; pero la operación no hubiera podido ser exitosa sin ellos. Según sus compañeros
médicos, eran especialistas que no podían ser reemplazados si se quería garantizar el éxito
de esta operación tan compleja y por eso fueron convocados, trabajando "ad honorem". Una
vez más las calidades humanas de uno y otro lado a la vista, del que quiera ver.

05/05/16: Una reunión en la que se discutía la construcción del futuro estadio de Boca
Juniors y el uso que se la dará a la actual Bombonera, terminó con el ataque de una banda
vinculada al macrismo, según denunciaron militantes del Frente para la Victoria que
terminaron con dos heridos, Fernando Abal Medina –hermano del senador Juan Manuel– y
Matías Scinica, quienes debieron ser internados en el hospital Penna. La reunión de la junta
consultiva se realizó anoche en la Comuna 4, en Centenera al 2900, en Pompeya. Boca
Juniors fue el único oferente en la licitación para la venta de 3,2 hectáreas en los terrenos
vecinos a Casa Amarilla, en los que originalmente se iban a construir viviendas sociales.
Boca quiere levantar allí un nuevo estadio para 80 mil personas y hacer un shopping en La
Bombonera. La oposición denuncia en ese negocio una contundente muestra de la estrecha
relación entre la gestión porteña que encabeza Horacio Rodríguez Berreta y la del
presidente de Boca y operador macrista Daniel Angelici. La reunión de ayer estaba pensada
para llegar a un consenso sobre estas cuestiones. Pero, según denunciaron los asistentes,
una patota del macrismo apareció para tomar el mando del encuentro y amedrentar a todo el
que quisiera decir algo en contrario del proyecto. La agrupación Boca es Pueblo –que en la
movilización del 24 de marzo pasado por el 40º aniversario del golpe de Estado se destacó
con una bandera que decía “Boca es Pueblo –Macri es la Dictadura”– milita porque Boca
mantenga la Bombonera. Cuando anoche plantearon esto, la patota macrista se les abalanzó
y los golpeó con todo lo que tenían a mano. Esta es la actitud general del gobierno y sus
satélites a la hora de discutir: patotear con el rebenque de la ley amañada, con las campañas
zocaleras de los medios masivos de comunicación o, como en este caso, con la violencia
pura, dura y directa.

El “sincera-miento” de la economía que impulsa el presidente offshore ya está impactando

de lleno en el consumo. El número de locales inactivos -en venta, alquiler, clausurados o
simplemente cerrados- se incrementó 8 por ciento en marzo-abril de este año respecto del
bimestre anterior en las principales áreas comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Según se desprende de un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de
Comercio (CAC), durante estos dos meses se detectó un total de 403 locales sin actividad
comercial en las áreas relevadas, mientras que en enero-febrero los locales inactivos eran
373. Por otra parte, en términos interanuales -respecto del período marzo-abril de 2015- se
registró un avance de 15,1 por ciento, dado que en el segundo bimestre del año pasado los
locales sin actividad eran 350. A su vez, la asociación de consumidores Deuco, informó que
crece el consumo de segundas marcas. Un panorama desolador para el prometido segundo
semestre próspero, que sólo en la imaginación pérfida del gobierno puede anidar.

La feria estará en Colegiales, será inaugurada hoy y hasta el domingo promete ser el gran
evento gourmet de la ciudad. Es la sexta edición de Masticar, organizada por la Asociación
de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía (Acelga). Pero los platos esta vez
atragantaron a más de un vecino. Para el emprendimiento privado, que dura cuatro días, el
gobierno porteño cedió un polideportivo casi tres semanas, con lo que dejó sin actividad a
casi mil personas que lo usan habitualmente y sin espacio para que hagan gimnasia los
alumnos de escuelas de la zona. También cortó varias calles del lugar. Y para completar el
combo, entregó 9 millones de pesos para los gastos de la organización. Donde uno ponga el
ojo verá corrupción, ajuste o, como en este caso, privatizaciones encubiertas.

Mauricio Macri cenó junto al ex escritor reconvertido en publicista neoliberal, Mario

Vargas Llosa, en la noche del miércoles. Los empresarios participantes pagaron cubiertos
desde $ 7.000 hasta $ 250.000. El presidente y su compinche fueron invitados por la
Fundación Libertad, una entidad privada sin fines de lucro que planea políticas públicas y
promueve "las ideas de la libertad". Unas 242 compañías sustentan a la ONG como socios
interesados. La fundación también invitó a ministros y funcionarios, que también suelen
participar en otros encuentros que organiza. Se presentará en este caso la Red Federal de
Políticas Públicas. Para la cena el cubierto cuesta $ 7.000 o $ 30.000 para que se muestre el
logo de la firma durante el encuentro. Las empresas que quieren mesas para 10 personas
abonaron $ 75.000, $ 110.000, $ 150.000 y hasta $ 250.000. En los últimos casos se
incrementa la exposición y el tipo de mención durante el encuentro. Pornografía al más alto
nivel entre dos hombres que no sólo comparten sus aberrantes ideas neoliberales sino esa
costumbre bien libertaria, que seguro esta fundación auspiciante alienta, de llevar los
dineros (mal habidos) a cuentas secretas en paraísos fiscales.

La falta de acuerdo en las paritarias universitarias afecta a 1.480.000 alumnos de todo el

país que asiste a casas de altos estudios públicas, que representa el 80 por ciento del
alumnado universitario total. Los gremios docentes exigen una actualización salarial
urgente y significativa para paliar el aumento de tarifas, y a la espera de lo que ocurra en las
paritarias docentes universitarias. Ayer fracasó la sexta negociación paritaria entre el
Gobierno y los docentes universitarios. Los gremios piden entre el 40 y el 45 por ciento de
aumento para alcanzar el nivel de inflación acumulada desde octubre de 2015. Permeable
ante los reclamos de los buitres, inflexible ante los de los asalariados.

No todas son malas noticias en el universo neoliberal. El Banco Central elevó el límite de
compra mensual de U$S 2 millones a U$S 5 millones, en lo que consideró "uno de los
pasos finales en la remoción de las restricciones cambiarias heredadas". En un comunicado,
la autoridad monetaria dio a conocer una serie de medidas "siguiendo el camino iniciado
con la liberación del cepo y la reciente eliminación del cronograma de pago para deudas
por importaciones". Mientras se conoce esto también se supo, según las estadísticas del
Banco Central, que los argentinos fugaron más dólares en los tres meses de 2016 que en los
períodos de los últimos ocho años. El brusco vuelco por billetes verdes luego del fin de las
restricciones cambiarias no desplomó las reservas internacionales, debido a que el Gobierno
consiguió un crédito de corto plazo de un consorcio de bancos. Las entidades le prestaron
U$S 5.000 millones y los préstamos con organismos internacionales y otros bilaterales
ascendieron un 145%, por lo que los activos del BCRA se mantienen por encima de los
U$S 30.000 millones. La nueva deuda posibilitó financiar la fuga de capitales sin reducir
los activos de la autoridad monetaria. Las compras de dólares de parte de particulares y
empresas no financieras fueron de U$S 3.300 millones en el trimestre y superaron los U$S
1.363 millones de igual período de 2015. En 2014 la cifra fue de U$S 366 millones; en
2012 de U$S 2.478 millones; en 2011 de U$S 2.877 millones; en 2010 de U$S 2.977
millones; y en 2009 de U$S 4.357 millones. Concatenando ambas noticias se puede
apreciar, con toda claridad, mal que le pese al Jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda
Joseph Peña, en favor de qué sectores gobierna este modelo.

El festival de negocios a costillas del erario público nacional acelera su marcha. Como
forma de financiarse en el corto plazo y para tratar de captar los ahorros fuera del sistema
bancario, el Gobierno neoliberal salió a inundar de bonos al mercado. Desde el Tesoro
nacional buscan captar unos 500 millones de dólares más otros 12.500 millones de pesos
con la emisión de sendas emisiones. Días atrás, el Gobierno salió a endeudarse con la
ANSES, un mecanismo que criticó cuando era oposición del kirchnerismo pero que ahora
vuelve a utilizar en el Gobierno. Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad tomó unos 526
millones de dólares, unos 7.700 millones de pesos. En dos meses, el Gobierno emitió bonos
bajo la legislación de Nueva York por 16.500 millones de dólares, como parte del acuerdo
con los fondos buitre, tomó unos U$S 1.000 millones más en nuestro país y le suma ahora
unos 12.500 millones de pesos, a los que se le agregan unos $15.300 millones emitidos en
Bonar el pasado marzo. Hipotecando el futuro y vaciando las arcas públicas, el
neoliberalismo está haciendo de la Argentina una fábrica de pobres e indigentes.

El diputado Martínez, quien presentó una denuncia contra el presidente offshore por el
escándalo de Panamá Papers, solicitó investigar si el jefe de Estado se vendió acciones a sí
mismo y denunció que se borraron pruebas. Además, solicitó que se cite a declarar al
secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Pablo Clusellas, quien ofició de intermediario
durante 10 años entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca, la firma panameña
especializada en crear sociedades off shore alrededor del mundo. En una ampliación de la
denuncia original, Martínez le pidió al fiscal federal Federico Delgado que profundice la
investigación sobre la firma Kagemusha. A su vez, aportó un documento que, a su criterio,
"es demostrativo del modus operandi en la constitución transferencia y liviandad de
controles en ese tipo de sociedades creadas en las guaridas fiscales". También, señaló que
se habrían borrado en el último mes datos del Directorio de Fleg Trading, una empresa con
sede en Bahamas, pero que estaría inscripta y activa en Brasil, refirió en el escrito al que
accedió DyN. Malas noticias para el cineasta Campanella que, en su última creación
ficcionada, cree vivir bajo las riendas de un gobierno que no es neoliberal, con libertades de
expresión irrestrictas, debates con altura y transparencia en la gestión pública.

La venta de insumos para la construcción cayó un 22,3 % en abril último respecto a igual
mes del año pasado, a raíz de la recesión económica y las intensas lluvias que se
registraron, según informó hoy el Grupo Construya. "La fuerte disminución del nivel de
actividad de abril se debe a la ralentización de la economía, con el agravante de las
copiosas lluvias caídas a lo largo del mes en la zona central del país", señaló Construya,
que reúne a empresas líderes del sector. Según el Índice Construya, que mide la evolución
de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción, los
volúmenes despachados en abril de 2016 registraron un descenso de 5,47%, si se los
compara con marzo de este año. En tanto, en el primer cuatrimestre del año el Índice
Construya acumuló una caída de 8,8% en comparación con el mismo período del año
anterior. Las compañías que conforman el Grupo Construya fabrican ladrillos cerámicos,
cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos
cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de
conducción de agua. En este contexto La empresa Cerámica San Juan cerró y echó a 70
trabajadores, tras meses de audiencias fallidas. Los empleados de la planta recibieron hoy
los telegramas de despido. El portal de noticias sanjuan8.com habló con Mario Castro,
empleado de la empresa, quien aseguró que, como vienen haciendo desde hace meses,
seguirán en la puerta de la empresa esperando alguna solución. "Estamos comiendo en la
casa de nuestros padres o hermanos, la situación es crítica", relató. Los largos días de
reclamos, cortes de calles y toma de fábrica pidiendo por el pago de salarios atrasados
terminó con los trabajadores despedidos. Así lo confirmó el subsecretario de Trabajo,
Roberto Correa Esbry a Diario La Provincia: "Son 70 trabajadores los que recibieron los
telegramas y el siguiente paso es negociar con la empresa el pago de las indemnizaciones
ya que la mayoría de los empleados llevan más de 20 años trabajando allí". Desde la
Subsecretaria de Trabajo informaron que se llamó a una nueva audiencia para mañana, pero
los dueños no aparecen y los abogados que los representaban renunciaron. "No se los pudo
localizar y de ser necesario se los buscará con la policía. Tienen que pagar entre 4 a 5
millones de pesos en liquidaciones", afirmó Correa. Mientras se mata la inflación vía
recesión, sumando víctimas al cementerio neoliberal de la paz, los despidos se multiplican
y los empresarios vaciadores se esfuman pasmosamente como un truco del mago sin
dientes.

Hay preocupación en la industria del calzado argentina. La producción en las fábricas del
país cayó un 40% en relación a igual período del año pasado. Los empresarios del sector
aseguran que los fuertes aumentos, especialmente en los fletes, así como la baja en el
consumo, son los causantes del fenómeno. Cuando se empiecen a sentir el impacto de las
importaciones la industria nacional del calzado colapsará por completo.

06/05/16: El fiscal Jorge Di Lelo decidió imputar penalmente a secretario de Coordinación

Interministerial Mario Quintana, al jefe de asesores del presidente José Torillo, al director
del Banco Central, Pablo Curat y a "los responsables de las firmas Caputo S.A y Chery-
Socma S.A". Luego que pidiera imputar al juez federal Claudio Malodío y el presidente del
Banco Central, Federico Sturzenegger, por presunta administración infiel en perjuicio de la
administración pública y en favor de particulares, el fiscal federal consideró que hay
elementos suficientes para realizar una investigación. Veremos hasta dónde llega el primer
acto de corrupción, apenas llegado al poder, del gobierno neoliberal de Cambiemos.
El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatea) despedirá a 500
trabajadores que considera "sobrantes" y venderá toda la infraestructura para restaurar el
Renatre, organismo que se había disuelto en 2011 por decisión de la Justicia. Desde marzo
se viene gestando el desmantelamiento del Renatea y la vuelta al viejo esquema del
Renatre, lo cual implica eliminación de sus programas y supone que el Estado ya no podrá
fiscalizar y controlar las relaciones laborales del campo. Ex trabajadores denunciaron que
los vehículos y oficinas del organismo se pondrán a la "venta". El titular de UATRE,
Gerónimo "Momo" Venegas, aliado de Mauricio Macri, a quien apoyó durante la campaña,
señaló a ED que en el Renatre "tenían 264 trabajadores, hay otros que sobran y es el Estado
quien se tiene que hacer cargo de ellos". También opinó que: "los programas que el Renatea
decía llevar a cabo son puras mentiras que en la auditoría se van a ver y cuando asuma lo
mostraré en una conferencia de prensa". Sin embargo, los registros del Renatea señalan que
entre los años 2013 y 2015 realizó denuncias penales que involucraron de 962 víctimas de
casos de trata laboral. También registraron como peones rurales a más de 120.000
trabajadores e inscribieron a 9500 nuevos empleadores. A su vez, del total de peones que
figuraban en el Renatre hacia fines de 2011, sólo el 42 por ciento tenía aportes registrados
por la AFIP. A fines del 2015, la ecuación es del 84 por ciento. El organismo ya despidió a
30 personas entre febrero y marzo, y hoy el puesto de 500 trabajadores corre peligro,
mientras el sindicalista empresario Venegas se frota las manos esperando asumir el mando
y prepara nuevas cuentas offshore como la que ya le descubrieron en EE.UU.

El informante de los “Panamá Papers” pidió "detener el abuso global de los registros
corporativos". Un año después de haber revelado más de 11,5 millones de documentos
sobre empresas offshore al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que los compartió con el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), del que forma parte el diario
La Nación, la misma fuente anónima explicó sus motivaciones en una carta. En la misma,
aclara que Mossack Fonseca utilizó su influencia para redactar y torcer leyes a nivel
mundial para favorecer los intereses de criminales por décadas y que las empresas fantasma
son comúnmente asociadas con el crimen de evasión de impuestos, pero los Panamá Papers
muestran, sin la más mínima sombra de dudas, que aunque estas empresas fantasma no son
ilegales por definición, son utilizadas para llevar a cabo una gran serie de crímenes graves
que son más grandes que la evasión de impuestos. También afirma que los medios de
comunicación han fallado. Muchas cadenas de noticias son parodias caricaturescas de sus
propios perfiles anteriores, multimillonarios parecen haber tomado las riendas de los
periódicos como pasatiempo, poniendo límites a la cobertura de temas serios sobre la
riqueza y la falta de fondos para serias investigaciones periodísticas. Cierta ingenuidad
corre por estas líneas: ¿descubrieron ahora, muchachos, cómo están compuestos los medios
dominantes y a qué intereses responden? Con su ignominiosa conducta los medios
reafirman lo que está a la vista desde hace al menos dos décadas: son parte del problema.
Uno grave, gravísimo; pues se han convertido de manera descarada en un instrumento de
propaganda neoliberal por un lado y un elemento crucial como actor desestabilizador de las
democracias y la vida ciudadana por el otro. Su silencio o su justificación de las cuentas
offshore no son sino el resultado natural de quienes son parte de esas maniobras ilegales,
que funden Estados y condenan a las mayorías, en todo el mundo, a la pobreza y al hambre.

El clima se calienta al compás del ajuste y el bochorno de un gobierno que destila

corrupción, miseria e ilegalidades por todos sus poros. El ministro de la Producción,
Francisco Cabrera, suspendió una conferencia de prensa sobre Precios Cuidados para evitar
encontrarse con los trabajadores despedidos de su cartera y se trasladó a Casa Rosada. El
funcionario y el secretario de Política Económica, Pedro Lacoste, iban a hablar de las
modificaciones de Precios Cuidados en el microcine del Palacio de Hacienda a las 15. Al
ver a los trabajadores decidieron irse a un salón de la casa de Gobierno. Si estas políticas
siguen así no van a tener lugar dónde esconderse.

07/05/16: La diputada provincial jujeña Mabel Balconte, ex referente de Tupac Amaru que
cambió su testimonio por presión del entorno del gobernador Gerardo (in) Morales y acusó
a Milagro Sala de entregarle valijas con dinero al diputado Máximo Kirchner en la quinta
de Olivos, permanece internada desde ayer en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio
Santa María de San Pedro, en Jujuy, con un cuadro de intoxicación tras haber ingerido 15
somníferos. A pesar de que su abogado intentó restarle gravedad al asunto al asegurar que
la diputada había sufrido una “descompensación” debido a una “baja de presión”, la clínica
informó que permanece bajo tratamiento por “intento de suicidio” y advirtió a la Justicia,
que investiga a través del fiscal José Alfredo Blanco. Como sucedió con el corrupto fiscal
Nisman, sin proponérselo y con el del 51 % que votó a este gobierno, en este caso a adrede,
la figura del suicidio inducido sobrevuela como móvil del bloque dominante a través de su
troika, Cambiemos-Medios-Poder judicial, para beneficio propio a costas de la sociedad en
su conjunto.

Cerca de sesenta mil trabajadores y vecinos de Comodoro Rivadavia, ciudad de 300 mil
habitantes, se movilizaron hasta la intersección de las rutas 3 y 26 cercana a dicha
localidad, en defensa de los puestos de trabajo de la industria petrolera y en repudio a la
situación de indefinición que vive el sector desde el 1º de febrero, cuando el gobierno
nacional garantizó un subsidio a las exportaciones de hidrocarburos para asegurar la
continuidad de la actividad, que aún no ha hecho efectivo. Las empresas operadoras en la
región del Golfo San Jorge mantienen paralizados 22 equipos de producción (perforación y
“work over”), de los cuales habían vuelto a comprometer la reactivación de 12 de ellos para
el mes de abril. Pero ante el incumplimiento del gobierno nacional, los mantuvieron
inactivos. El sindicato petrolero convocó a un paro de 12 horas (que se cumplió ayer entre
las 8 y las 20 horas) y a la movilización mencionada, que contó con el respaldo del
gobernador de Chubut y el intendente de la ciudad, además de una participación que llevó a
que los medios locales la denominaran “comodorazo”. Los trabajadores de la región de
Chubut y Santa Cruz norte, junto al resto de la comunidad, le dieron ayer una respuesta
contundente al gobierno nacional y a las empresas petroleras: no aceptarán retroceder sobre
los derechos conquistados ni ajustes en el empleo por “razones de mercado”. Entre el clima
social conseguido a fuerza de tarifazos y ajustes en todas las variables económicas en favor
de los grupos económicos y los delitos múltiples del funcionariado del gobierno neoliberal,
inquieta imaginarse cómo se van a sostener en el poder sin que salte todo por los aires,
estallido social mediante.

La emergencia laboral que el Gobierno desconoce, a su vez, se agravó en abril. La

consultora Tendencias Económicas presentó ayer su informe sobre lo ocurrido el mes
pasado: se sumaron 12.252 trabajadores despedidos, un nivel 9,7 veces superior al de abril
de 2015. Algunos ejemplos son 40 cesantías en Acindar (que además suspendió a 100
trabajadores); 250 en la fábrica de electrodomésticos BGH; 300 en la metalúrgica
Brighstar; 1500 en la Red de Cooperativas Textiles CABA que trabajaban para el Estado,
cuyos contratos no fueron renovados; 60 en la textil Felsum; 60 en la autopartista Motorarg;
9 en la alimenticia Nestlé; 20 en la compañía de móviles Nextel; 90 en la productora
televisiva PPT; 28 de Editorial Atlántida; 120 en la petrolera Perterser; 120 en la productora
de acoplados Petinari; 180 en la planta de Siderar en San Nicolás; 15 en la metalúrgica
Tenaris Siat, y 65 de estaciones de servicios de San Juan. El listado es mucho más amplio y
engloba despedidos de la construcción (que son mayoría), gastronómicos, comercio, del
sector transporte, de la salud, de prensa, vitivinícola, otros metalúrgicos, textiles y
petroleros, entre otros. A eso hay que agregar lo que ocurre en el sector público, tanto
nacional como provincial y municipal, donde también se multiplicaron las
desvinculaciones. Por ejemplo, 119 de Tecnópolis; 200 de la ex Afsca; 86 de la Secretaría
de Agricultura Familiar de Corrientes; 35 del mismo organismo en San Juan; 110 de
Cancillería; 74 del Centro Cultural Kirchner; 18 de la Dirección de la Niñez del Municipio
de Morón; 230 de Migraciones; 160 del Ministerio de Hacienda y Finanzas; 270 del
Ministerio de Trabajo; 5 del Ministerio de Trabajo de La Rioja; 10 del Municipio de
General Villegas, y 120 de la Secretaría de Asuntos Malvinas, entre otros. De acuerdo a
este relevamiento, los despedidos en cuatro meses de 2016 suman 139.396. De ese total,
99.247 se desempeñaban en el sector privado y 40.149 en el público. En cuanto a las
suspensiones, fueron 10.513 en abril, 35 veces más que un año atrás, y 38.101 en lo que va
del año, 3,3 veces más que en igual período de 2015. Como era esperable, esto provocó un
aumento de 12 veces en los paros respecto de abril de 2015. El cementerio neoliberal
desborda de víctimas con la misma celeridad y el mismo volumen con que sus victimarios
se enriquecen ilegal e ilegítimamente.

El estudio de la consultora ultraliberal, FIEL, determinó que la canasta básica total (CBT),
que incluye alimentos y servicios, aumentó un escandaloso 33,5 por ciento en apenas seis
meses, al pasar de 7927 pesos para una familia con cuatro integrantes en octubre del año
pasado a 10.580 pesos en abril. En valores absolutos, en seis meses hicieron falta 2653
pesos más para cubrir la misma canasta. La CBT marca el límite de la pobreza por ingresos.
Aquellas familias que estaban en el umbral de 7927 pesos en octubre y no lograron
aumentar sus recursos en esa proporción, 33,5 por ciento hasta abril, pasaron a ser pobres.
Esto explica por qué para la Universidad Católica Argentina, otra fuente insospechada de
enemistad hacia el macrismo, la pobreza subió del 29 al 34,5 por ciento solo en el primer
trimestre de este año, lo que equivale a 1,4 millón de nuevos pobres. También revela por
qué hay un derrumbe generalizado del consumo. Una enorme mayoría de trabajadores
estuvo lejos de recuperar ingresos en un 33,5 por ciento los últimos seis meses, diluyendo
aceleradamente el poder de compra de sus salarios. Insufrible realidad en la que encima hay
que soportar declaraciones desafortunadas, mendaces y pueriles del presidente offshore y
sus funcionarios.

Antes que la Justicia, las organizaciones sociales del barrio de La Boca lograron identificar
a dos de los patoteros que protagonizaron el miércoles la agresión contra los militantes
Matías Scinica, de la agrupación Boca es Pueblo, y Fernando Abal Medina (hermano del
senador nacional), de la JP Descamisados. Los hechos ocurrieron durante una reunión del
consejo consultivo de la Comuna 4 en la que se discutía la cesión fraudulenta de los
terrenos de Casa Amarilla al club Boca Juniors. Se trata de Rodolfo “El cordobés” Corzo y
de su hijo del mismo nombre, Rodolfo Corzo. Padre e hijo son empleados públicos del
gobierno porteño: el primero es agente de Policía Comunal desde 2011, bajo las órdenes del
jefe comunal Jorge Apreda, quien encabezó dos veces la lista de comuneros del PRO; el
segundo logró un contrato tercerizado con el Ejecutivo a través de la cooperativa de higiene
Solidaria. Las organizaciones remarcaron que ambos forman parte de “una patota del PRO”
y calificaron la agresión como un “intento de homicidio”. Veremos qué dice el jefe de
gobierno Rodríguez Berreta quien, desafiante y muy suelto de cuerpo, declaró que su
partido “no tiene ni necesita patotas y que va ser fácil saberlo porque está todo filmado”.
Otra vez en offside este pobre hombre lleno de dinero. Necesitan patotas tanto como
necesitan cuentas offshore. En el último caso para esconder tanto dinero mal habido, y en el
primero para amedrentar a los que lo denuncien.

Por fin alguien se tomó el trabajo. Los diputados nacionales del Frente para la Victoria,
Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, presentaron ayer por la mañana una denuncia penal
contra el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, por entender que el
funcionario de Cambiemos se vio directamente beneficiado con el aumento de gas, al
cumplir un doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A. La denuncia se
radicó en el Juzgado Federal 9ª cargo de Luis Rodríguez, fiscalía 4 de Carlos Stornelli. “El
ministro de Energía debería renunciar inmediatamente y la justicia actuar con celeridad por
la gravedad institucional que implica que las medidas tomadas por Aranguren no sólo
asfixian a la población, especialmente a la región patagónica de la que provengo, sino que
lo benefician directamente al ministro en su actividad privada. Su Declaración Jurada
Patrimonial Integral da cuenta que posee más de trece millones de pesos en acciones “clase
A” de la empresa Royal Dutch Shell”, aseguró Doñate, oriundo de Río Negro.

El Gobierno actualizó la lista de Precios Cuidados con una suba promedio del 4,8 por
ciento en relación al primer cuatrimestre. La propia continuidad del programa refleja la
aceleración de la inflación por fuera de los cálculos oficiales, ya que la idea original del
macrismo era dar por concluido Precios Cuidados a esta altura del año. No sólo se renovó
por cuatro meses, sino que la lista se amplió de 317 a 400 productos. Se reincorporaron
algunos cortes de carne con fuertes subas en relación al año pasado, también frutas y
verduras, aunque en el nuevo listado no hay pollo ni pescado. Entre los productos que
fueron eliminados del listado se destacan todas las variedades de aceites. Las asociaciones
de consumidores advierten que el grado de cumplimiento del programa por parte de las
empresas cayó en estos meses y que su relevancia para el consumidor también mermó por
el achicamiento de la lista. La continuidad del acuerdo de precios es para el Gobierno un
efecto no deseado frente a la disparada inflacionaria de estos meses. De hecho, a la hora de
analizar la inflación en la Secretaría de Comercio no se hace mención a los formadores de
precios sino únicamente a la emisión monetaria. El programa antiinflacionario radica en la
austeridad monetaria y fiscal, que se traduce en caída del consumo y desempleo. O sea,
hiriendo al salario sólo resta asesinar el consumo; y así, la inflación bajará y la paz de los
cementerios reinará. No es magia, es neoliberalismo.

En un comunicado las Abuelas de Plaza de Mayo presididas por Estela de Carlotto

denunciaron que el Gobierno Nacional disolvió el organismo público que se dedicaba a la
identificación de los nietos apropiados por la dictadura. En el mismo señalan: “Las Abuelas
de Plaza de Mayo expresamos nuestra profunda preocupación y denunciamos el
vaciamiento que la ministra Patricia Bullrich está llevando adelante en áreas sensibles del
Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas al sostenimiento de las políticas de
Derechos Humanos que venía sosteniendo el Estado Nacional. En particular, la
desarticulación del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias
de las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras de ADN por
vía judicial, que permiten la identificación de nuestros nietos y nietas…Las decisiones
tomadas en la órbita del Ministerio de Seguridad implican un grave retroceso en los
estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en
crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente…Por tal razón,
las Abuelas de Plaza de Mayo solicitamos al Presidente de la Nación que tome las medidas
necesarias para dar marcha atrás con la grave decisión adoptada por la Ministra Bullrich.
De lo contrario, denunciaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al
Gobierno Nacional por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009”.
Con políticas y decisiones como estas, sectores reaccionarios que se mantenían agazapados
en espera de mejores oportunidades para salir a la palestra, como el diario La Nación, ahora
se envalentonan para impúdicamente publicar editoriales como el de ayer, en que piden
terminar con los juicios a los genocidas. Perversos como son, los cómplices civiles no
quieren “verdad”, pues sus propias responsabilidades quedarían al descubierto.

08/05/16: Desde que el empresario Lázaro Báez, denunciado por evasión y

sobrefacturación en contratos de obra pública durante el gobierno anterior, involucró a su
socio, Ángelo Garcaterra, primo del presidente offshore, el tema empezó a correrse de la
agenda mediática; luego que éstos durante semanas machacaran sin descanso sobre la
existencia de bóvedas y dineros enterrados en su natal Santa Cruz, nunca encontrados. Báez
mencionó su asociación con la empresa macrista para las represas de Santa Cruz, pero el
vínculo no fue ocasional sino permanente e incluye numerosas obras en todo el país durante
más de una década. Si durante la ejecución de esas obras hubiera habido sobreprecios,
habrían beneficiado a la primera familia actual. Tampoco es fácil probar tal cosa: entre
2003 y 2015, todas las obras públicas nacionales se adjudicaron por licitación con precio
tope, que dificulta la cartelización que rigió durante el siglo pasado y en la que
sobresalieron las Sociedades Macri (Socma), cuyo vicepresidente ejecutivo fue el actual
presidente. La verdad es que del total de las obras centralizadas ejecutadas durante el
kirchnerismo el Grupo Austral, de Lázaro Báez, sólo participó con 1.019 millones de pesos,
lo que representa un total del 0,3 por ciento del total; muy lejos de las 39 empresas que la
anteceden como Techint o Iecsa, empresa ésta de la familia offshore que tiene a Mauricio
de presidente. Esta sola cifra ridiculiza la afirmación del extorsionado ex colaborador de
Báez, Leonardo Fariña, quien pagó su libertad declarando contra su empleador y los
Kirchner, en la justicia y en los medios asociados. Como señala Horacio Verbitsky, en
Página 12 de hoy, “Así no se hubiera realizado ninguna obra y los 1019 millones de pesos
íntegros hubieran pasado al patrimonio de Báez y/o Kirchner, la conversión de esa cifra en
cien mil millones de dólares es imposible. Ni a Domingo Cavallo podría ocurrírsele ese tipo
de cambio 1 peso=100 dólares. Lo más notable es que ninguno de los grandes periodistas
que entrevistaron a este patético desesperado, ni los columnistas que opinaron sobre sus
palabras o los encumbrados políticos que sacaron de ellas conclusiones lapidarias sobre la
política y la moral, hizo el menor esfuerzo por inteligir la verosimilitud de esos dichos.
Casualmente Iecsa, justo ahora, fue puesta en venta”. La verdad es que cuando fueron por
los paraísos fiscales se encontraron con las cuentas de la familia Macri, cuando fueron con
el armado de una causa por el “dólar futuro” se toparon con los funcionarios macristas
haciendo negociados millonarios, y ahora, yendo por Báez, aparece Garcaterra, para
muchos, testaferro del neoliberal número uno del gobierno. Siempre van a estar, porque lo
que le esquilman ilegalmente al pueblo lo tienen ellos y las corporaciones, que a la vez
integran.

Una larga cola de gente, de casi tres cuadras, se agrupó desde muy temprano en la plaza 25
de Mayo, en Santa Fe, donde se montó una carpa y estacionaron camiones que
transportaron los packs de leche Milkaut y Sancor, por un total de 4 mil raciones. Los
manifestantes también estacionaron una camioneta que en su cabina trasera tenía una vaca
y un ternero, sobre la calle 3 de febrero, en el marco de la protesta. En este sentido, Diego
Aquino, integrante del Sindicato de Camioneros, dijo que "la idea era repartir 5 mil litros de
leche fluida, pero bromatología no lo autorizó, y repartimos leche larga vida en cajitas, una
por persona”. “El sector lácteo de toda la provincia está muy complicado, la recolección de
la leche es difícil", dijo Aquino, y advirtió que "hay tambos que cierran" y además "los
trabajadores están en situación de despido; ya se produjeron más de 15 en esta zona en lo
que va del mes, por eso los estamos acompañando y hablando con las empresas". Al menos
esta vez, al contrario de lo que sucedió en el pasado, no tiraron la mercadería a la calle.

El ministro de Desempleo, Jorge Triaca, calificó al proyecto de ley antidespidos como “un
cepo al empleo”. “La generación de empleo no se logra con un cepo, ese proyecto lo que
hace es evitarla, es una situación análoga con el cepo al dólar”, sostuvo el funcionario
neoliberal. Si no hay ninguna emergencia ocupacional ni despidos masivos, ¿cuál es el
miedo a la sanción de la ley? A lo sumo, si las cosas fueran como dice el gobierno
neoliberal, la ley sería inocua y no se aplicaría. Pero sabemos que mienten, tanto que hasta
el Frente Renovador está dispuesto a votarla. Cuando habla Triaca, como ocurre con el
resto del funcionariado macrista, se le pone cepo a la verdad.

Las pruebas que se van recolectando, en el caso de la fiesta electrónica en Bosta Salguero,
complica cada vez más a Horacio Rodríguez Berreta. Ahora se supo que la fiesta Time
Warp fue habilitada por el gobierno porteño menos de cuatro horas antes de que empezara.
La organizadora Dell Producciones incumplió con los plazos para presentar los
documentos, por lo que –según las normas vigentes– deberían haberle denegado el permiso,
pero se lo dieron igual. Uno de los últimos documentos que presentó fue la lista del
personal de seguridad privada. Allí no figura la persona que luego sería el encargado de
entregarle a la Prefectura una bolsa repleta de droga. La disposición se elevó ese mismo día
a las 15.59. Luego ese permiso fue firmado por el director de Habilitaciones y Permiso,
Diego Pérez Lorgueilleux. La firma figura el viernes 15 de abril a las 17.25 con 6 segundos.
La fiesta empezó a las 21, por lo cual la habilitación fue concedida tres horas y 34 minutos
antes. Este es el nivel de inoperancia y corrupción que sólo se puede entender por el nivel
de impunidad con el que creen contar.

La presidenta de Aerolíneas Argentinas aseguró ayer que está lista para realizar el ajuste
que el Gobierno determinó para la compañía estatal. Para la ex General Motors, "es natural"
que en una empresa pidan recortar gastos y dijo que no tiene "pánico" en llevar adelante la
tarea. Con el cambio, la aerolínea dejaría de recibir 422 millones de dólares de subsidios
del Estado para pasar a un nuevo esquema donde solo percibiría de 260 millones de dólares.
Lo que no aclara la señora CEO es que, si bien no tiene pánico por lo que le toca hacer, sí
siente placer en reducir salarios, despedir trabajadores y quitar vuelos “no rentables”. Ya
pasará al orgasmo cuando ello implique transferencia de negocios para sus amigos de Lan,
que también forman parte del gobierno.

09/05/16: En su desesperado intento por impedir la sanción de la ley antidespidos y de

emergencia ocupacional, el presidente offshore logró un acuerdo con más de mil
empresarios, en el que estos se comprometieron a no despedir personal durante los
próximos 90 días. A las 17, en Casa Rosada, los empresarios firmaron un acta de
compromiso, tras ser convocados por Mauricio Macri junto a representantes gremiales. Los
secretarios generales de la CGT Azopardo que conduce Hugo Moyano, de la CGT Alsina
de Antonio Caló y de la CGTA Azul y Blanca de Luis Barrionuevo, asistieron esta tarde
para participar del acto, lo que demuestra el nivel de combatividad de estos gremialistas
que, diez días atrás, hablaban de “no dar ni un paso atrás”. En tanto, trascendió que tanto la
CTA de Hugo Yasky como la CTA Autónoma de Pablo Micheli, no concurrirán a la sede
gubernamental por no haber sido convocadas por el Poder Ejecutivo, lo que evidencia la
apertura al “diálogo” que Cambiemos tanto pregona y poco o nada ejerce. Ahora bien, ¿Y
pasados los 90 días? ¿Recomienza la carnicería? ¿El Estado también firmó el acuerdo para
dejar de eyectar empleados públicos? ¿Los diputados frenarán la ley ante este ensayo
patético que busca evitar el veto posterior que expondría, aún más, al gobierno neoliberal
ante la sociedad? Lo único cierto es que, más temprano que tarde, el proyecto ajustador
intentará retomar su senda, porque es lo único que entiende y le cierra para consolidar el
modelo de exclusión que propicia en su propio beneficio y el de los sectores concentrados
que representa.

El Gobierno sintió el impacto por las nuevas revelaciones sobre Fleg Trading, la compañía
offshore de la familia Macri que ahora se descubrió que está activa, a diferencia de lo que
afirmó Mauricio Macri como forma de bajarle el precio a la información que se conoció
gracias a los Panamá Papers. Ante esto, el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda,
Joseph Peña, dio una insólita respuesta para salir de paso. De visita por el programa Día
Cero, de Canal 9, el jefe de Gabinete fue consultado por esta nueva contradicción entre la
respuesta oficial al escándalo de Panamá Papers y los hechos y allí optó por menospreciar
la nota que salió publicada en el diario Tiempo Argentino, que fue quien lo informó. "La
fuente no es la que más respeto me genera", fue la lacónica respuesta. Este domingo,
Tiempo Argentino, que actualmente funciona como una cooperativa, informó que Fleg
Trading Ltd, la empresa en la que Mauricio Macri fue (o es) director desde 1998 realizó
millonarias transacciones en Brasil, a pesar de que habían afirmado en un primer momento
que la misma nunca se utilizó y ni siquiera había abierto una cuenta corriente. Cuando se
acaban los argumentos sólo se pueden esperar las agresiones infundadas.

Mientras ya son 11 los muertos por el dengue desde que comenzó la epidemia, se
multiplican los casos en el país aunque no entren en la estadística oficial: solo le aplican el
reactivo para confirmar si se trata de la enfermedad a 1 de cada 10 pacientes que llegan a
los hospitales con la sintomatología típica, lo que demuestra que el número oficial de 35
mil casos confirmados constituye un subregistro enorme. ¿Cómo se llegó a la peor
epidemia de dengue en la historia del país? Dos reconocidos especialistas consultados
coincidieron en señalar que el origen está relacionado con lo que el gobierno nacional hizo
y lo que dejó de hacer. “Es una vergüenza lo que están haciendo. No es incompetencia, es
desidia”, criticó el sanitarista y ex ministro de Salud Ginés González García sobre la falta
de una respuesta integral para enfrentar el problema. “El Estado está delegando en cada
persona la responsabilidad de la prevención, al pedir que cada uno descacharrice y se ponga
repelente. Los estilos de vida sirven para culpabilizar a la víctima”, cuestionó Hugo
Spinelli, director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús,
quien consideró además que las muertes registradas hasta el momento “podrían haberse
evitado”. Una salvedad: la desidia, vale aclarar, no se funda únicamente en la
incompetencia que demuestran, sino en el desprecio manifiesto por el universo social que
representa a los sectores sociales afectados.

La asamblea de Gualeguaychú le exigió al presidente offshore “que defina claramente qué

política aplicará en el conflicto” por la pastera UPM-Botnia. Así lo reclamaron los vecinos
al realizar una nueva marcha anual al Puente General San Martín, en la frontera argentino-
uruguaya. El ministro de Ambiente, Sergio Bergman, no concurrió a la movilización,
aunque les había prometido a los vecinos participar, como lo hizo en numerosas
oportunidades anteriores. El rabino no hizo mención a presiones de la Casa Rosada para
que suspendiera su viaje, sino que argumentó haber faltado “por razones personales”. A
mal puerto van los asambleístas si esperan de quien, aunque haya una ley que lo prohíbe
expresamente, en campaña electoral llamaba a generar empleo construyendo más pasteras
en esa zona. Y qué esperar de Bergman, un sofista profesional que no ha dicho una palabra
ni ejecutado un solo bosquejo de plan en las zonas inundadas que, según el presidente
offshore, sufren por los “problemas ambientales”; evitando cualquier mención a las
responsabilidades de los terratenientes en el tratamiento de la tierra y en los desvíos ilegales
que hacen de los drenajes de sus campos.

La agresión de barras vinculadas al macrismo contra un grupo de vecinos de La Boca fue

en defensa de la operación inmobiliaria propiciada por el gobierno porteño. El club Boca ya
ganó una licitación hecha a medida para construir un estadio shopping. La imagen de
Rodolfo Corzo, un asesino en potencia, que empuña un cuchillo en forma amenazante –con
el que habría herido en el cuello a Matías Scínica–, es apenas la punta del iceberg de un
gran negociado con tierras públicas. La operación inmobiliaria urdida por las gestiones de
Mauricio Macri primero y Horacio Rodríguez Berreta después para beneficiar a Boca
Juniors con la entrega de 3,2 hectáreas en el predio conocido como Casa Amarilla, está
direccionada hacia un solo objetivo: la construcción de un estadio shopping que reemplace
a la mítica Bombonera o conviva con ella. Ahí no habrá ni 4 mil, ni 2 mil, ni 1231
viviendas a precios populares a las que la Ciudad estaba obligada. Tampoco espacios
públicos para esparcimiento de los vecinos, porque el club ya ganó una licitación hecha a
medida donde fue único oferente. Por las tierras acordó pagar 180.600.000 pesos, unos
12.541.000 dólares al cambio actual. Además, con un plan de financiamiento que podría
considerarse una ganga: el 5 por ciento diez días después de la escritura y el resto en 41
cuotas trimestrales. No hay nada que puedan hacer de manera transparente ni negociado
que no los beneficie directamente. Y como salsa, la violencia explícita de sus barras de
matones a sueldo.

La comunidad educativa de la escuela República de Colombia Nº 26, ubicada en Boedo,

rechazó actividades vinculadas al programa “Mi escuela saludable”, que depende del
gobierno porteño y del que participa una ONG conformada por empresas como Monsanto,
Syngenta y Coca Cola. La iniciativa, asegura el Ejecutivo de la ciudad, busca “evaluar el
impacto del programa de educación alimentaria” e incluye estudios biométricos con
acelerómetros que los chicos debían usar durante la jornada de estudio. “Nos parece al
menos cuestionable que empresas ligadas a la alteración genética de los alimentos y a la
obesidad promuevan una iniciativa para mejorar la salud de nuestros hijos”, sostuvo
Eduardo Chávez Molina, padre de uno de los alumnos de la escuela donde iba a realizarse
el estudio. Es como Mauricio Macri llamando a invertir en el país mientras evade el dinero
al extranjero o Patricia Bolsrich dando una conferencia sobre la coherencia y los valores
republicanos. En cualquier momento aparece Hernán Lonardi auspiciando en Tecnópolis
dibujitos animados del Tío Sam, proclamando “América para los americanos” en reemplazo
de la serie “chauvinista” Zamba.

Lo anunció con gesto adusto y con aires de seriedad y honestidad republicana: ceder en
custodia a un fideicomiso sus bienes patrimoniales. Pero, como no podía ser de otra forma,
tratándose de un presidente offshore y con apellido Macri, resultó que la empresa encargada
de llevar dicha empresa, Seguridad Fiduciaria SA, pertenece al escribano general del
Gobierno, Carlos D'Alessio, quien a su vez es titular de una sociedad en Panamá. Para que
en efecto funcione ese tipo de fondo el gerente no debe tener relación con el dueño de los
activos. En este caso se trata de un funcionario del Ejecutivo: su cargo se encuentra bajo el
ala del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germánico Garavano. Pero además
D'Alessio preside Lafibal International Corporation, una offshore radicada en Panamá. Allí
nombró a su hijo Agustín D'Alessio como director y tesorero y, según se desprende de
Open Corporates, la empresa fue creada a través de Mossack Fonseca. La verdad es que no
dejan de asombrar estos procederes, pues de inmediato de realizados la verdadera
naturaleza de sus intenciones sale a la luz. ¿Incompetencia hasta para el engaño? ¿Relajo
por la impunidad en que creen descansar? ¿Desidia por la protección mediática que
ostentan? ¿Indiferencia por la falta de reacción de la sociedad? ¿Todo a la vez combinado
en perfecta sincronía? Tachar lo que no corresponda…

El grupo de periodistas, escritoras y organizaciones sociales que organiza #NiUnaMenos

convocó a una nueva marcha para el próximo 3 de junio. En un comunicado de prensa
reclaman al gobierno por sus políticas públicas y económicas, por la libertad de Milagro
Sala y por los 66 femicidios de los primeros 100 días de 2016. “Decimos Ni Una Menos
frente a la reacción conservadora y el cambio de gobierno nos desprotegió todavía más”,
sostiene el mensaje. “Los observatorios que se habían puesto en práctica dejaron de existir
y programas que ya existían como el de Salud Sexual y Reproductiva empezaron a ser
desguazados. Los contenidos de la ley de Educación Sexual Integral, ley fundamental por la
que pedimos el 3 de junio pasado para prevenir la violencia machista, se están modificando
para conformar a los sectores más retrógrados. Se puso al frente del Consejo Nacional de
las Mujeres a una feminista como Fabiana Túñez pero a la vez, el ajuste, el tarifazo, los
despidos masivos, el fin de la moratoria previsional que desprotege sobre todo a las mujeres
que dedicamos nuestras vidas al cuidado de los otros y las otras sin que nuestra tarea fuera
rentada, el escandaloso achique del Estado, golpean sobre todo a las mujeres, recortan
nuestra autonomía, nos dejan más inermes frente a la violencia”, argumentan. En el escrito
también se manifestaron en contra del protocolo de seguridad de Patricia Bolsrich y del
encarcelamiento de Milagro Sala, considerándolo una “revancha misógina y racista que nos
golpea a todas”. En el 2015 fueron 286 las víctimas de femicidio, y en los primeros cien
días del corriente año ya son 66 las mujeres fallecidas. “Una joven presa en Tucumán,
condenada a ocho años de prisión por homicidio, cuando tuvo un aborto espontáneo, en una
causa armada, nos obligan a actualizar la consigna ´Sin aborto legal no hay Ni Una Menos´
e instalarla en las plazas con más fuerza todavía”, refuerza el comunicado. Mientras
imaginamos la adhesión plena de feministas como Laura Alonso y Gabriela Michetti,
pensemos si mejor, con una Argentina en estas condiciones dramáticas, en todos los
ámbitos imaginables, la consigna no debería ser una y para toda persona de bien: “Ningún
neoliberal en el gobierno”.

10/05/16: El acuerdo “unipartito” que firmó ayer el presidente offshore con un grupo de
empresarios habla de la “voluntad” de no “reducir” las plantillas de trabajadores, no de no
despedir empleados. Vale decir: una interpretación (poco) caprichosa podría entender que
se pueden “reemplazar” trabajadores por otros más baratos, con contratos basura y sin
antigüedad, manteniendo la cantidad estable. Tampoco se comprometió Macri a no
despedir trabajadores estatales, por lo que las verdaderas intenciones de su pérfida
maniobra quedan a la vista. Conociendo la catadura moral del auspiciante del acuerdo y de
sus firmantes, la trampa salta a la vista. Hasta hace tres días no había emergencia
ocupacional, según el presidente y su Ministro de Propaganda Joseph Peña, por lo cual solo
se entiende este apuro en la firma de este patético convenio en el fastidio que le provoca al
presidente offshore quedar expuesto ante la sociedad vetando la ley antidespidos. Mientras
esto sucede, los combativos sindicalistas, como el hijo alfabetizado de Hugo Moyano o el
colaboracionista con la dictadura Gerardo Martínez, llamaron a apoyar el acuerdo, lo que
demuestra una vez más de qué lado del mostrador se ponen los gremialistas empresariales
en los diferendos capital-trabajo. Igual hay que insistir: ahora, en 90 días o en un año, la
idea madre de producir desocupación para disciplinar trabajadores, vía baja de salarios,
seguirá siendo el norte de la banda neoliberal en la Casa Rosada.
El fiscal Eduardo Taiano imputó a la actual cúpula de la AFIP por “violación de secretos”.
El 17 de marzo pasado, el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade recibió un
correo electrónico en el que se detallaba la existencia de una “task force clandestina” que
elaboraba “dossiers” de políticos, jueces y empresarios que eran luego utilizados en causas
judiciales o ventilados en los medios de comunicación. El legislador hizo una denuncia
judicial pocos días después y el fiscal Taiano imputó al actual titular del organismo,
Alberto Abad; al subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime
Mecikovsky, y a la diputada de Cambiemos, la lumpen política Elisa Carrió, señalada como
la persona que recibía los informes secretos con datos confidenciales. Una vez más, la líder
del republicanismo envuelta en maniobras espurias para amedrentar opositores, condicionar
legisladores o apretar disidentes.

El juez federal Sebastián Casanello pidió a la AFIP informes de las declaraciones juradas
del padre y de dos hermanos de Mauricio Macri, en el marco de la investigación conocida
como "Panamá Papers" sobre sociedades offshore. Además, libró exhortos a Brasil,
Uruguay y Gran Bretaña, donde estarían radicadas firmas ligadas a la causa. Se trata de una
ampliación de una serie de medidas que ya había activado el juez Casanello en esta
investigación que salpica al presidente, quien aseguró: "No tengo nada que ocultar". El juez
busca saber si Mauricio Macri figura como accionista de alguna de esas empresas.
Asimismo, Casanello solicitó que la AFIP le remita las declaraciones juradas del Impuesto
a las Ganancias y Bienes Personales de Franco Macri, Gianfranco Macri y Mariano Macri
entre los años 2012 y 2014, así como los registros sobre sus cuentas bancarias y sus
participaciones societarias. Por otro lado, el magistrado demandó al Banco Central que
requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas bancarias en las
que el jefe de Estado haya participado como titular y apoderado a partir del 1 de enero de
2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos. También solicitó en la
Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos de las firmas Soca, Invertid, Yacales y
Diseco, señalaron las fuentes consultadas. En su última declaración jurada Macri informó
bienes por 52 millones de pesos y en abril pasado, cuando estalló el caso de los "Panamá
Papers", anunció que ponía su patrimonio en un fideicomiso ciego para que una empresa
privada administre sus posesiones mientras dure su mandato. Casanello pidió datos a la
Oficina Anticorrupción sobre las investigaciones que se están realizando sobre el presidente
y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, también salpicado por el escándalo de las
sociedades offshore en paraísos fiscales. De acuerdo a los voceros judiciales, el juez ordenó
la declaración testimonial para la semana próxima de Orlando Salvestrini, ex directivo de
Socma, para que informe sobre la actividad de Pago Fácil y Fleg Trading en Brasil. A
Panamá le pidió datos sobre las firmas Faxchase Trading SA y Sideco Americana, para
conocer su actividad comercial y la constitución de su directorio, mientras que a Brasil le
solicitó datos sobre las empresas Fleg Trading Limited, Global Collection Services y
Owners Do Brasil. Veremos si el juez Casanello llega a fondo con la actitud seria, aunque
prudente, que viene manteniendo hasta ahora. Siendo la “Justicia” federal la encargada del
caso, las dudas son muchas. Si persiste, ¿cuánto tardará en aparecer la apretada, el muerto
en el placar o el “carpetazo” para frenarlo?
Docentes, estudiantes, graduados y trabajadores de la UBA lanzaron el petitorio
#DefendamoslaUniversidad para denunciar la crítica situación presupuestaria que atraviesa
el sistema universitario nacional. El petitorio ya reunió 25 mil firmas de adhesión, y sigue
sumando en http://ubadepie.com.ar. A la vez, Una masiva asamblea de estudiantes resolvió
anoche tomar la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), en reclamo de un mayor presupuesto
universitario y un aumento para los salarios de docentes y no docentes. Durante todo el día
hubo clases públicas sobre la calle Puán y por la tarde se vivieron momentos de tensión
cuando la policía amenazó con desalojar la protesta. Hoy continuarán las clases públicas y
está previsto un corte en Rivadavia y Puán. La crisis desatada, por el desprecio por lo
público y en especial por las universidades (que en campaña electoral Macri afirmó que
eran muchas e innecesarias) no tiene retorno. No está en las mentes neoliberales
subvencionar la educación universitaria. Para ellos es un gasto, un despilfarro
improductivo.

Mientras el presidente offshore firma acuerdos para suspender despidos, que para él no
ocurren, la policía de Hernán Lonardi continúa con las cesantías. El Sindicato Argentino de
Televisión reclamará ante el Ministerio de Trabajo que el Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos, a cargo del mencionado funcionario, la reincorporación de siete
trabajadores despedidos del área de contenidos de la Televisión Digital Abierta (TDA). "El
temor es que este sea un goteo y que de ahora en más haya más despidos", afirmaron desde
el área, que está conformada por alrededor de 140 trabajadores. El modelo de contratación
es a través de la Universidad de San Martín y venció el 30 de marzo pasado, pero la semana
pasada firmaron una renovación por tres meses más.

El plan ajustador del gobierno neoliberal sigue su marcha. Al menos 105 trabajadores de la
industria petroquímica fueron suspendidos en la ciudad cordobesa de Río Tercero debido al
impacto que le produjo a la empresa la apertura de importaciones en el sector. Las
suspensiones, de dos meses de duración, afectan a unos 80 de los 341 trabajadores de planta
de la empresa Petroquímica Río Tercero y otros 25 de empresas contratistas. El anuncio fue
hecho por el vocero de la compañía, Marcelo García, quien adjudicó la decisión a la
apertura de las importaciones por parte del Gobierno nacional, lo que hizo caer la demanda
de productos nacionales. La planta de Río III representa el 60% de la facturación de la
empresa. Trabajadores amenazados por la doble tenaza patronal: la competencia imposible
sin protección estatal y el aprovechamiento empresarial para disciplinar a sus empleados.

11/05/16: “Quiero agradecer, frente a tanta incertidumbre y miedos que hay en Argentina, a
los cientos de empresas que se comprometieron a decir no solo que no van a despedir, sino
que están pensando en ampliar los puestos de trabajo", señaló el presidente offshore al
referirse al acuerdo generado el lunes pasado en Casa Rosada. En una visita a la planta de
General Motors en Rosario, Mauricio Macri también reiteró la prédica de la confianza: “los
trabajos no se generan por casualidad, tienen que ver con la inversión y la confianza. Si no
hay confianza, no hay inversión”. Traducción: el miedo es de las empresas, no de la gente
de a pie que se ve afectada por la miseria planificada que viene ejecutando su gobierno
desde que asumió. Y la confianza, que es la que no genera su modelo, sólo despierta
expectativas positivas para capitales especulativos que se llevan sus ganancias sin ningún
tipo de exigencia ni control. Por lo tanto, ni de casualidad se van a generar nuevos empleos.
Lo que sí va a suceder, por causalidad, es la precarización y destrucción de más puestos de
trabajo, pues ese es el objetivo de su plan neoliberal básico. Paradójicamente, el gobierno
de los ricos para los ricos, es un gobierno pobre. Pobre, porque su discurso es el pasado
reciclado lleno de slogans y consignas vacías. Pobre, porque sus estrategias mendaces
desde lo comunicativo son berretas, huecas y fallidas. Pobre, porque carece de cuadros
políticos con la mínima altura para abordar los conflictos y los desafíos que se le presentan.
Pobre, porque no tienen capacidad de disimulo: son tan obvios que hasta parecen
transparentes, aun siendo miserablemente oscuros, mentirosos y perversos. Pero son pobres,
porque sólo vinieron a empobrecer: la vida cotidiana de la gente, los salarios de
trabajadores y jubilados, las instituciones democráticas, el nivel del discurso político y las
prácticas con que luego van a la acción, que son meras recetas viejas y fracasadas que, sólo
astutamente recicladas en campaña, lograron ser efectivas para engañar al electorado.
Porque no olvidemos que este es un gobierno sostenido por y desde la mentira. Por eso ni
siquiera se pueden nombrar a sí mismos. Jamás reconocerán que son La Derecha, ni
blanquearán sus verdaderas intenciones, sólo develadas luego por los hechos que emanan
de sus políticas neoliberales. Mentir es engañar al otro, decía Jacques Derrida, incluso
diciendo la verdad. Lo que cuenta, siempre, es la intención.

El lunes 25 de abril, el titular del Ministerio de Justicia, Germánico Garavano, se reunió

con Cecilia Pando, fervorosa defensora del terrorismo de Estado y un símbolo de las
posturas más ultras entre quienes consideran a los represores “presos políticos” y a los
juicios de lesa humanidad como escenarios de venganza. El encuentro se hizo en la sede de
la calle Sarmiento del Ministerio de Justicia, pero no trascendió. La propia Cecilia Pando
confirmó que tuvo carácter de “privado” y que no iba a dar a conocerse. “Iba a quedar todo
así, nuestra intención no era comentarlo, ni que saliera por ningún lado, ¡no sé cómo salió
el dato, realmente!”. Recién cuando Página/12 consultó al Ministerio de Justicia por ese
encuentro, voceros del ministro admitieron que se realizó. Qué cosa, que no sea un pedido
para parar o demorar los juicios a la dictadura genocida, puede haber hablado Pando con
Garavano. De no ser una gurka contumaz, desprestigiada como pocas en la sociedad
argentina, podría tranquilamente ocupar un cargo de gobierno, ya que compatibilidades
ideológicas les sobran.

Techint es uno de los holdings que se comprometió con el gobierno neoliberal a no

despedir personal durante los próximos noventa días. Sin embargo, mantiene en sus
empresas varios conflictos laborales, entre ellos el que se desató en su planta de Avellaneda
luego de haber echado a quince empleados. Los trabajadores lograron la reincorporación
temporal gracias a la conciliación obligatoria, que vence antes de fin de mes. Desde la
firma argumentaron que los despidos se debieron a la “caída de actividad ligada al mercado
de tubos de conducción (ductos) y a la ausencia de proyectos futuros que puedan revertir la
situación”. La falta de “proyectos futuros” tiene que ver con la situación de los gasoductos
de Córdoba, financiados por China y sin la participación central de Techint. Techint
enfrenta desde hace más de un año un mercado global deprimido por el bajo precio del
barril de petróleo. Pero, además, está en pie la disputa de Paolo Rocca, CEO del Grupo, con
Macri y el gobierno de Córdoba. Techint se está jugando su última carta para maximizar su
participación en los gasoductos troncales cordobeses por un monto de 9 mil millones de
pesos que fue pre adjudicado a tres consorcios de empresas liderados por la brasileña
Odebretch, Iecsa y Electroingeniería, con financiamiento y provisión de insumos de China.
Techint presiona al gobierno nacional a través de la UIA para que intervenga, amenaza con
los despidos (de hecho, SIAT produce el tipo de tubos que se utilizarán en Córdoba) y con
interponer medidas antidumping contra China. Vaya este ejemplo para testimoniar la falaz
maniobra macrista de impedir una ley, expresa y sancionadora, para reemplazarla por un
acuerdo mendaz, “voluntario” y unipartito, que no representa al conjunto sino a algunos de
sus representantes más conspicuos, que ni 24 horas después de haberlo firmado son capaces
de cumplir. Silogismo aristotélico: los empresarios son parte del problema, no de la
solución. Macri es empresario, Macri es el problema.

El nefasto slogan “Argentina, granero del mundo”, que desde fines del siglo 19 viene
atormentando al progreso nacional, ha retomado su senda triunfal con el retrógrado
gobierno neoliberal. Las exportaciones de productos primarios superaron en marzo el
volumen de los despachos industriales por primera vez desde finales de los noventa. Trigo,
maíz y oleaginosas fueron los bienes con mayor expansión, en tanto que plásticos,
maquinaria, autos y productos de economías regionales como lácteos marcaron el mayor
retroceso. Las actividades agropecuarias vinculadas a cereales y soja tuvieron una
promoción notable en los últimos meses por la quita de retenciones y la devaluación,
mientras que los establecimientos manufactureros anotaron dificultades importantes para
mantener el nivel de los negocios. Los sectores de mayor valor agregado se vieron
afectados por el impacto de políticas económicas que aumentaron fuertemente los costos y
privilegiaron la especulación financiera sobre la producción industrial. Así, mientras se
primariza la economía nacional, ni empleo de calidad ni pobreza 0 para el semestre que
viene, para el año que viene o para, el pueblo no lo permita, el mandato que viene, serán
alcanzados.

En un marco de precios internacionales en baja y devaluación del peso, YPF mostró una
caída en sus ganancias operativas del 63,8 por ciento en el primer trimestre del año. Según
explicó un comunicado de la petrolera, los números de la compañía se vieron afectados
“por el fuerte impacto de la devaluación cercana al 67 por ciento”, estimada en términos
anuales, y una caída en los precios de venta de combustibles del 25 por ciento en naftas y
un 26 por ciento en gasoil, “lo que se reflejó negativamente en los ingresos de la compañía
medidos en dólares”. Las inversiones crecieron en un 19,4 por ciento en pesos, pero
reflejaron una brusca caída en dólares respecto del mismo período del año pasado. La
producción, en términos físicos, tuvo una leve recuperación en este período, que alcanzó al
1,1 por ciento en gas y 0,8 por ciento en petróleo. Ya antes del reemplazo de Miguel
Galuccio al frente de la petrolera, que se hizo efectivo a fin de abril, la compañía había
anticipado un fuerte ajuste para este año que se verá reflejado en un significativo recorte en
las inversiones y una reducción de la planta de personal del orden de 2000 a 2500 personas,
mediante jubilaciones, retiros voluntarios y, si fuera necesario, despidos, según se anticipó
desde la propia compañía. Pero el presidente offshore está contento, según declaró hoy,
porque se reúne todos los días por el tema que lo obsesiona: crear empleo. Un psiquiatra, a
la derecha (bien a la derecha), allí.

Un juez federal hizo lugar a un amparo solicitado por las autoridades de la Universidad de
La Matanza (UnLam) contra la reforma de la Ley de Educación Superior aprobada el año
pasado por el Congreso. ¿Por qué? El juez Pablo Cayssials consideró inconstitucional, un
avance sobre la autonomía universitaria, que la Ley 27.204 –votada por todas las fuerzas
políticas en el Senado– estableciera el ingreso libre e irrestricto a la enseñanza superior de
grado para todas las personas que hayan aprobado la educación secundaria. “El fallo y
sobre todo el pedido de amparo son gravísimos”, dijo Adriana Puiggrós; quien como
diputada fue autora del proyecto. Lo que dice la ley es que quien terminó la escuela
secundaria tiene derecho a la educación superior. Si después las universidades, en su
autonomía, resuelven poner sistemas de ingreso a las carreras, pueden hacerlo. Ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, la
UnLam pidió un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación, objetando varios
aspectos de la Ley 27.204. Su argumento central es que la norma desconoce y conculca la
autonomía y la autarquía universitarias, consagradas por la Constitución. En concreto,
reclama su derecho a definir las condiciones de ingreso para los alumnos y rechaza la
prohibición del arancelamiento y de cualquier acuerdo con otras entidades con fines
mercantiles. El pedido de amparo fue aceptado parcialmente a fines de marzo por el juez
Cayssials, cuyo nombre se hizo conocido a principios del año pasado, cuando frenó
mediante una cautelar la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley de medios
audiovisuales. Pese a que la ley no indica que el Estado fijará reglas de ingreso y
permanencia en las universidades, sino que sólo garantiza igualdad de oportunidades para
quienes hayan egresado de la enseñanza media, Cayssials desestimó las objeciones de la
UnLam sobre el arancelamiento, pero sobre el ingreso consideró que la norma avanza sobre
aspectos que las universidades tienen potestad de establecer. Hasta que no se resuelva la
cuestión de fondo, el amparo quedó firme, porque el Ministerio de Educación macrista no
apeló ante la Cámara Federal. Trabajo para pocos, universidades para pocos. La coherencia
no siempre es una virtud.

Cuando decimos que este es un gobierno empobrecedor, no sólo lo es por las condiciones
de miseria y supervivencia a las que condena a las mayorías. Nos referimos también a que
lo son por la falta de cuadros para, al menos, “surfear” con algo de decoro sus políticas
excluyentes a la hora de comunicarlas a la opinión pública. El ministro de Producción,
Francisco Cabrera, volvió a referirse a la posibilidad de que el Estado suscriba el acuerdo
que el presidente offshore impulsó para que los empresarios no despidan trabajadores por
90 días, tras la polémica del lunes, cuando firmado. Al ser consultado hoy acerca de si el
Estado también sellaba su compromiso al respecto, Cabrera admitió: "La verdad es que no
lo pensamos, a mí me parece una buena idea que el Estado nacional firme, la verdad que no
lo habíamos pensado. No me parece mal que lo firmemos". Con este nivel de dirigentes, se
prenden fuego solos.

Techint no es la única empresa que despide trabajadores mientras firma acuerdos con el
gobierno para no echar más gente. Según reveló el portal especializado Autoblog, la
empresa fabricante de motos KTM cerrará su plante de producción ubicada en Campana,
que abrió en 2014. La marca austríaca despidió a 25 de los 40 operarios e "invitaría" a otros
los otros 15 a trasladarse a otras sucursales. KTM ensamblaba su modelo 200 Duke en
dicha localidad bonaerense. Similar situación vivieron los operarios de Honda en Florencio
Varela, cuya planta cerró por el traslado hacia Campana a principios de mes pasado. A los
empleados también se los invitó a trabajar en la nueva sede, ubicada a 100 kilómetros de
distancia. Pobre Mau, sus socios están tan envalentonados que no pueden esperar ya no 90
días, sino ¡24 horas!

Mientras el sistema de salud colapsa por falta de insumos, de políticas sanitarias nacionales,
de eliminación de programas para evitar epidemias y de pago en tiempo y forma a sus
profesionales, el bolsillo de la gente sufre un golpe tras otro y las malas noticias no parecen
tener fin. Ahora el Gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga un incremento de
las cuotas de un 20%, que se hará efectivo en los próximos dos meses. De esta forma, las
empresas privadas de salud habrán recibido en 7 meses del año un aumento de parte del
Gobierno de 30%, más que en todo el 2015. Lo único saludable, con estas políticas, son los
negocios de las corporaciones.

El Gobierno autorizó el pago de $ 72 millones al ex presidente y CEO de la compañía YPF,

Miguel Galuccio, en compensación de "todas sus funciones y conceptos del CEO", algo
que incluye también "el acuerdo por su salida de la compañía". La decisión se tomó en el
marco de la última asamblea de accionistas de la empresa, que se realizó el 29 de abril
pasado y el acuerdo se votó por unanimidad. La remuneración figura en el acta de la
asamblea de accionistas que se realizó en la sede de la compañía, en Puerto Madero. Según
confirmaron al matutino La Nación, Galuccio estuvo de acuerdo con que su indemnización
constara en el acta de asamblea. La retribución al ex ejecutivo implica no sólo el
denominado golden parachute (paracaídas de oro), el pago por la salida, sino también
salarios y otros ítems. Es habitual en la empresa otorgar esa clase de remuneración a un
gerente general que abandona la compañía. Pero esto sucede mientras bajan salarios y
echan trabajadores, reducen la inversión y caen las ventas de manera estrepitosa a causa de
la recesión y de los aumentos de los combustibles. Así de eficientes son a la hora de cuidar
las cuentas públicas…A la hora de hacer todo mal, son parejitos.

La revolución de la alegría necesita cuadros formados, motivo por el cual el filósofo

presidencial Alejandro Rozitchner dictará un Taller de Entusiasmo para funcionarios del
gobierno nacional en el marco de la escuela de formación de dirigentes políticos del PRO.
No se trata de una medida aislada sino prácticamente de una política de Estado para el
partido gobernante, que el mes pasado ya había incorporado a un “experto en felicidad” a
sus reuniones de Gabinete. El curso dictado por Rozitchner, que tiene una larga relación
con el presidente offshore, constará de cuatro clases, a ritmo semanal, que tendrán lugar en
agosto (se entiende, el segundo semestre será más propicio para el entusiasmo) y versarán
acerca de “Positividad inteligente”, “Entusiasmo y superación del melodrama”, un “taller
de escritura” y por último una charla sobre “ganas de vivir” para quienes hayan llegado a
ese punto del curso con una baja en las reservas de entusiasmo. A la vez, este humorista
portador de apellido de filósofo, negó los despidos tanto en el sector público como en el
privado que, según la consultora Tendencias Económicas, en lo que va del año hubo 1200
cesanteados por día. "En el momento actual se ve con nitidez que el fantasma de los miles
de despidos es falso", afirmó Rozitchner. "Es una ilusión armada y mantenida que conserva
verosimilitud más allá de todo testeo", agregó. "Por más que le ofrezcas la realidad
descarnada sobre la mesa va a seguir creyendo en el prejuicio más que en la realidad",
cerró. Si no fuera por las calamidades que derraman uno se mataría de risa. Pero el nivel de
agresión a los que nos someten con declaraciones tan patéticas como éstas, sólo puede
avivar el fuego de una sociedad convulsionada por las medidas tomadas y las declaraciones
insólitas que vierten para justificarlas. De todas maneras, a este chanta con patente de corso
para lucrar haciendo cualquier disparate, se le pueden ofrecer otros seminarios por el estilo:
“Cómo estar un poco mejor todos los días viviendo en peores condiciones de vida”, “Cómo
aprovechar productivamente el tiempo cuando se está desocupado”, “Cómo aceptar que ser
pobre enriquece nuestro espíritu” y “Cómo imaginar el paraíso celestial los que nunca
accederán al fiscal”. Va de onda, cedo los honorarios a la burra alegría.

Ni al talentoso humorista Diego Capusotto más inspirado se le podrían ocurrir algunas

cosas que están sucediendo. Una verdulería del barrio porteño de Villa Crespo sorprendió a
los vecinos ya que ahora permite al cliente pagar las frutas y verduras con tarjeta de crédito
y pagar hasta en tres cuotas. "Es una forma de que la gente tenga una posibilidad de
comprar la mercadería, darle una mano", explicó Sergio, dueño de la verdulería que está
ubicada en la esquina de las calles Padilla y Malabia. En tanto, en la localidad Carreras de
Rosario, por el precio de las garrafas, el municipio reparte leña para que la gente se pueda
calefaccionar.

Hay tres cosas que siempre suele hacer Sergio Massa: ir como informante a la embajada
norteamericana para, a la vez recibir instrucciones; darse vuelta como una media con las
“ideas” que propone para luego desdecirse y no ir, casi nunca, al Congreso. El otrora
kirchnerista, ahora fóbico anti K, tampoco va ir a trabajar mañana al Congreso para, de
paso, sabotear la sesión por la ley anti despidos. La excusa: "el kirchnerismo no me va a
llevar a los empujones al recinto a una sesión especial". En realidad, debería ser al revés: el
día que vaya, hay que sacarlo a empujones del Congreso.

12/05/16: Finalmente Dilma Rousseff fue suspendida, por el congreso brasileño, por lo que
deberá atravesar un ilegítimo juicio político en su contra. Tras este golpe parlamentario,
asumirá la presidencia el ex vicepresidente Michel (de) Temer, del PMDB, quien ya
prepara un importante paquete de medidas económicas. El ex aliado del PT, ya anda
vociferando la cantinela neoliberal disfrazada de discurso republicano, con toda una
perolata conocida por los argentinos: una cruda descripción de la situación económica, un
programa de gobierno ortodoxo y la promesa de “unir a los brasileños”. Un hombre sin
respaldo popular, con legalidad formal pero sin legitimidad política, inicia un camino hacia
el abismo. No hace falta ser muy conocedor de la realidad absoluta del país vecino: la
operatoria con que fue derrocada Dilma, a través de la troika oposición neoliberal-medios-
poder judicial, es archi conocida por estas pampas. Con sus sermones republicanos,
hipócritas y mendaces, enlodaron, como en Argentina, todo el escenario político y social
brasileño. Sin asumir, (de) Temer, ya encuentra resistencia de buena parte del país; por lo
que es de esperar que todo recrudezca a medida que estos temerarios, dispuestos a todo,
vayan mostrando sus cartas (marcadas) que, de antemano, sabemos a dónde conducen: al
ajuste, a la persecución política y al avasallamiento de derechos ciudadanos. Por lo tanto, lo
que se vislumbra es un panorama de caos y alta conflictividad social que, con una clase
política totalmente desacreditada, puede desencadenar un nivel de crisis general difícil de
dimensionar.

Los gremios estatales coparon el centro de La Plata para oponerse al ajuste de la

gobernadora María Eugenia Vidal. En una estrategia de unidad en la acción, docentes,
médicos, empleados judiciales, cooperativistas, quinteros y trabajadores de la
administración pública sacaron a la calle sus reclamos. Expusieron así, en simultáneo,
pedidos diversos –aumentos salariales, falta de insumos en los hospitales, baja en la calidad
de los alimentos de los comedores escolares–, aunque nacidos del mismo patrón de recorte
de los gastos. Tras hacer sus reclamos por separado, los manifestantes confluyeron todos en
una marcha a la gobernación. También en la ciudad de Buenos Aires hubo movilizaciones,
en este caso de los médicos residentes de los hospitales porteños. Hoy la protesta se
trasladará al Ministerio de Trabajo. Frente a la sede de Leandro N. Alem al 600, los
trabajadores de maestranza de esa cartera exigirán el pago de salarios adeudados y
denunciarán la falta de higiene y seguridad en sus tareas. Las protestas se multiplican
mientras el gobierno mira para otro lado.

Buenas noticias para la banda neoliberal. Esta mañana la oposición, sin el acompañamiento
del Frente Renovador, fracasó al intentar llevar adelante la sesión especial para sancionar
de manera definitiva la ley antidespidos. Por su parte, el jefe del bloque de diputados por el
PRO, Nicolás Massot, confirmó que el proyecto que tiene media sanción se tratará el
próximo miércoles en sesión ordinaria. Cualquier cosa buena que salga será vetada, parcial
o totalmente, por el presidente offshore. Las fichas habría que ponerlas en las calles.

Al abominable gobierno neoliberal no le alcanza con frenar los juicios a los genocidas,
desfinanciar y/o desmantelar a las entidades de defensa de los derechos humanos, reunirse
con Cecilia Pando para pactar vaya a saber qué siniestros acuerdos, o defenestrar a las
víctimas del terrorismo de Estado con Darío El Pérfido a la cabeza. Esta semana desde
Cambiemos se intentó introducir en el proyecto de Ley del Arrepentido la reducción y
eximición de penas para los delitos de lesa humanidad. La iniciativa del PRO, que
introduce las figuras del arrepentido y el agente encubierto, ya tenía objeciones de
especialistas que estaban siendo estudiadas por los diputados de la oposición. Pero el lunes,
sorpresivamente, los asesores de los legisladores se encontraron con cambios en la
redacción original enviada por el Poder Ejecutivo. Se había agregado que estas
herramientas eran válidas también para los delitos previstos en la ley 24.584, es decir, la
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Así, el proyecto establecía que, a discreción de los jueces, los represores podían ser
beneficiarios de una reducción o directamente eximición de la pena. La postura de los
organismos de derechos humanos ha sido históricamente opuesta a este planteo. Las
características del proceso argentino, que constituye un ejemplo en el mundo, demostraron
que la posibilidad de acercarse a la Verdad y a la Justicia no depende de tener arrepentidos.
En este caso fue decisiva la voluntad de los tres poderes del Estado de investigar los
crímenes. El planteo que se quiso introducir en el proyecto, en cambio, se asemeja a la
posición de las agrupaciones cercanas a los represores que intentan poner como modelo la
transición sudafricana para, en definitiva, consagrar la impunidad de los involucrados en
crímenes del terrorismo de Estado. En el Congreso recordaron que en una reunión de
comisión, de la que participó la ministra de Inseguridad Patricia Bolsrich, la diputada
delasotista Claudia Rucci advirtió sobre la posibilidad de hacer esos cambios. Ayer, luego
de que en la Comisión de Legislación Penal se armara una discusión a los gritos, se decidió
hacer dos dictámenes: uno referido a las técnicas de investigación (como el agente
encubierto) que fue firmado, y otro para la figura del arrepentido, cuya firma fue aplazada.
Burgos, presidenta de la comisión, se comprometió a que en ninguno de los dos casos se
incluirían los crímenes de lesa humanidad. De todas formas, los diputados que no firmaron
no pudieron ver cómo quedó redactado el texto. La anunciada marcha atrás generó alivio en
los organismos de derechos humanos, aunque aún se preguntan si se trató de un acuerdo
entre Bolsrich y Rucci, una iniciativa de un sector del Gobierno o un globo de ensayo
oficial para ver hasta dónde se puede avanzar sobre los juicios a los represores. La táctica
ya es conocida: se tiran el lance, miden hasta dónde llegar y, desatado el escándalo,
retroceden, en espera de una nueva oportunidad. Nunca se rendirán a la hora de la búsqueda
de impunidad.

El jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda del gobierno neoliberal, Joseph Peña, sigue
con son sus declaraciones desafortunadas, tan comunes en las huestes del PRO. Ante el
inminente encuentro del Papa con Hebe de Bonafini, señaló ayer "entender" que mucha
gente se haya sentido "ofendida o indignada" por la invitación del Sumo Pontífice. "Es
difícil encontrar otro argentino que haya sido tan agresiva y ofensiva contra todo aquel que
pensara distinto que ella", consideró Peña sobre Bonafini. Sin embargo, el jefe de ministros
destacó que "la división y la confrontación nos ha enfermado" y valoró el diálogo: "Lo
valioso se produce cuando el diálogo tiene un puente con el diferente". "Creo que más allá
de las cosas que nos gusten o no, entendamos que la tarea del Papa es espiritual y
evangélica, no política partidaria", consideró Peña. Pues no resulta difícil encontrar a
alguien más agresivo que Hebe: usted mismo, Peña; que no para un minuto, con sus
comentarios mendaces o a través de su grupo de trolls y falsos twiteros, de invadir a puro
agravio y mentiras de todo calibre el universo comunicacional. Y eso que hablamos de
palabras y no de la violencia de las políticas aberrantes de su gobierno que, entre cientos de
calamidades, logró el patético récord de dejar sin empleo a 1200 personas por día en apenas
4 meses de gobierno. Tan ofensivo es usted ministro que, con su tono monocorde y
soporífero, se atrevió a decir hoy que agradece "la comprensión y la esperanza" de la
población frente a los fuertes aumentos de tarifas de los servicios públicos. Lo dice en un
tono tan convencido que uno no sabe si usted sufre de delirium tremens o sí se lo cree en
serio a fuerza de tanto repetirlo.

13/05/16: Los números siguen desmintiendo al falso optimismo del macrismo; y eso que la
crisis todavía no se desplegó en todas sus dimensiones. La actividad industrial registró en
marzo una caída de 3,8% en relación a igual mes del año anterior. En un relevamiento de la
Unión Industrial Argentina, acumuló en el primer trimestre una baja de 1,2% interanual. El
documento elaborado por el Centro de Estudios de la UIA indicó que "si se descuenta el
crecimiento atípico que registró el complejo de oleaginosas (59,8% interanual), la baja para
el período enero-marzo fue del 4,6%". A su vez, destacó que en el primer trimestre el sector
automotor fue el que lideró la baja de la actividad manufacturera, "por lo cual, si se
descuenta este y el complejo de oleaginosas, la contracción interanual de la industria fue
del 2,6% para el período enero-marzo y del 5,2% para el mes de marzo”. El informe señaló
que "la caída en la actividad fue prácticamente generalizada a todos los rubros, en el mes de
marzo y en el acumulado del primer trimestre". En este sentido, detalló que en marzo los
únicos sectores que exhibieron una suba en su producción fueron la molienda de
oleaginosas (+31,3%), el sector de sustancias y productos químicos (+3,8%) y edición e
impresión (+1%). Pobres brasileños que están festejando la caída de Dilma. La supina
ignorancia que profesan se dará de bruces con la realidad muy pronto: cuando vivan en
carne propia el paquete neoliberal de “Temer”, salido del mismo molde del macrismo.

Qué cebados están estos muchachos. El Banco Hipotecario despidió a cuatro trabajadores
después de que su presidente firme el acuerdo con Mauricio Macri. La entidad ya había
desplazado días antes a otros 3, por lo que la Asociación Bancaria reclama la
reincorporación de todos ellos. El gremio amenazó con tomar medidas de fuerza si los siete
empleados no son restituidos a sus puestos. "El señor Eduardo Elsztain (titular del
Hipotecario) fue uno de los empresarios que asistió a la Casa Rosada para suscribir un
acuerdo para evitar despidos durante 90 días; sin embargo, siguió despidiendo. “En esta
última jornada se sumaron a la lista de despidos cuatro compañeros más", sostuvo el
sindicato mediante un comunicado. Cada día que se demora la ley anti despidos es una
ventaja para que la patronal siga su política ajustadora, con el aval y el acompañamiento del
elenco gobernante.

Ante el clima reinante Mau y su pandilla buscan otros métodos alternativos para seguir
despellejando al Estado y sus trabajadores. El Gobierno desea achicar la masa salarial para
disminuir el gasto público. Para eso, lanzó un programa donde incentiva a jubilarse a todos
aquellos que estén en condiciones de hacerlo, pero aún trabajen. El Programa para tu retiro
activo "acompaña a los que están en condiciones de jubilarse" y los empuja a que presenten
los papeles. Quienes se adhieran, durante el año que demora el trámite, podrán asistir a
talleres de emprendedurismo de proyectos laborales futuros; como así también de redes
sociales para que no se queden atrás de los avances tecnológicos. Sin embargo, no posee
estímulos monetarios ni de otro tipo. La página El Destape había adelantado que el
Ejecutivo analizaba maneras para conseguir el retiro voluntario de 25.000 empleados que
hoy trabajan para el Estado. "Que puedan elegir no jubilarse es un disparate", había
disparado un alto funcionario en una reunión en marzo, según pudo saber ese medio. Para
forzar la jubilación se debe modificar la legislación vigente, por lo que Casa Rosada
prefirió antes pedir los retiros. El Ministerio de Modernización y Despidos les envió un
correo electrónico a sus empleados donde les dice que el Gobierno "acompaña a los que
están en condiciones de jubilarse. Ofrece talleres participativos para compartir experiencias,
fortalecer vínculos y descubrir nuevas oportunidades. También brinda la posibilidad de
emprender proyectos futuros, analizarlos y elegir las mejores opciones". Resta saber si
estos talleres también los dará el (mal) humorista que ejerce de filósofo, Alejandro
Rozichner, que, con sus talleres de entusiasmo, empuja más al suicidio que a la auto ayuda.

Ayer, una multitud de docentes y estudiantes, agrupaciones de izquierda, kirchneristas y

hasta Franja Morada, entre otras organizaciones, marcharon para exigir más fondos para las
universidades nacionales, incrementos salariales y el boleto educativo. Los organizadores
estimaron que la movilización reunió a más de 50 mil personas. Los universitarios vienen
de hacer, esta semana, paros y jornadas de protesta con clases públicas que sacaron a todo
el mundo académico a la calle. Así, la marcha se hizo ver, sobre todo, por su masividad.
Pero mirada de cerca, lo que llamaba la atención fue su integración, porque detrás de los
profesores se encolumnaron –en un número que los multiplicaba– los alumnos de las
facultades y muchos chicos que están cursando los últimos años del colegio secundario, que
adhirieron al pedido de aumento salarial para sus profesores. Mientras esto sucedía el
inefable ministro de Educación, Esteban Bullrich, en sintonía con la cruza de autismo,
necedad y cinismo que caracteriza a todo el gobierno neoliberal, señaló “se quiere crear una
crisis donde no la hay. Están basados en datos falsos”. Para el funcionario macrista, detrás
de la movilización protagonizada por estudiantes, docentes, graduados y trabajadores no
docentes hay “un juego político” porque, aseguró, “en cuatro meses” el Gobierno “no
solamente ha cubierto las deudas que nos dejaron sino que ha puesto al día la inversión” en
el sistema universitario. En ese sentido, dijo que “las 58 universidades públicas tienen plata
para pagar la luz”, pese a los reclamos presentados por los propios rectores. Hace 15 años,
por recortes tan brutales a la educación pública como ahora, volaba por los aires el ministro
de ese entonces, el ultra neoliberal Ricardo López Murphy, meses antes que caiga todo el
gobierno en medio de la peor crisis económica de la historia argentina; a la que
Cambiemos, parece, se empeña denodadamente en terminar por desencadenar.

El fracaso del tratamiento de la ley de emergencia ocupacional ocurrido ayer tiene un

miserable trasfondo político, que pinta de cuerpo la altura ética y moral de Mauricio Macri
y su socio (no) secreto, Sergio Massa. La alianza oficialista Cambiemos pactó con el líder
del Frente Renovador un acuerdo para frustrar la sanción de la ley y un supuesto “triunfo
del kirchnerismo”. Monzó convocó para el miércoles próximo a una sesión ordinaria donde
incluyó la emergencia laboral. Eso le sirvió a Massa para frenar la fuga de sus diputados de
extracción sindical que estaban dispuestos a acompañar la sesión especial de ayer. A
cambio, el oficialismo se comprometió a facilitar el tratamiento del dictamen massista la
semana próxima, cuyas modificaciones al proyecto del Senado devolvería la iniciativa a la
Cámara de origen con una nueva dilación. En Cambiemos admiten que la ley saldrá de
todos modos y que el presidente la vetará. La estrategia discursiva será plantearla como una
ofensiva del peronismo contra el Gobierno con la intención de generarle costos políticos. El
victimario haciéndose la víctima es el numerito más repetido del presidente offshore.

El índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró en abril una suba
mensual de 6,5 por ciento y acumula en el primer cuatrimestre un incremento de 19,2 por
ciento. La comparación frente al mismo mes de 2015 arroja una inflación de 40,5 por
ciento. Este informe, que es tomado como referencia por el gobierno nacional a raíz del
apagón estadístico de la administración de Jorge Todesca, está por debajo del cálculo de las
consultoras, que estimaron un alza superior al 7 por ciento. Según esos cálculos privados,
en mayo la inflación rondaría el 3 por ciento por las subas de la nafta, prepagas y
cigarrillos. Lo dicen ellos, así que seguro que estos números, preocupantes y aterradores,
deben ser más altos.

Si alguien tenía alguna duda sobre a qué se refería el presidente offshore con su proyecto de
“empleo joven”, vaya sabiendo que el gobierno nacional firmó ayer un convenio con
McDonald’s para que la firma de comida rápida incorpore jóvenes pobres y desocupados.
“Este acuerdo establece la capacitación laboral de hasta 5000 mujeres y hombres de entre
18 y 23 años pertenecientes a sectores en vulnerabilidad social, a través de un esfuerzo
compartido entre la Nación y la empresa”, remarcó un comunicado del Ministerio de
Desempleo, donde se agregó que la medida está “en sintonía con el objetivo de alcanzar la
pobreza cero en el país en el más corto plazo”. Los jóvenes tendrán un sueldo mensual de
4500 pesos, que resulta menos que el salario mínimo. Comida chatarra vendida por
trabajadores precarizados para gente empobrecida. El combo neoliberal sin cajita feliz.
Si hay algo cierto es que Jorge Triaca, ministro de Desempleo del actual gobierno, es digno
hijo de su padre, quien fuera parte de los “gordos” de la CGT y miembro del gobierno
menemista como interventor en Somisa, a la que contribuyó a fundir al igual que a sus
trabajadores, mientras jugaba polo en el Jockey Club, del cual era socio. Su hijito lleva el
virus neoliberal en las venas. Lo demostró una vez más hoy, cuando consideró que la
reunión del próximo jueves entre gremios, empresarios y el Gobierno será "una buena
oportunidad" para debatir la posibilidad de institucionalizar los descuentos en sueldos por
días de paro porque, sostuvo, esa medida serviría para contrarrestar "la caída en la
producción y el alto nivel de ausentismo". Si lo aprueban aplíquenlo retroactivamente. En
ese caso, deberían volver millones de sus cuentas offshore el actual presidente y su
pandilla, Sergio Massa y Elisa Carrió, que rara vez fueron y/o van al Congreso en su rol de
legisladores. Por no hablar de las vacaciones varias que el “líder” de Cambiemos suele
tomarse desproporcionadamente a la actividad desarrollada.

14/05/16: El impresentable juez Malodío lo hizo de nuevo: avasallar a la Justicia, de la que

forma parte como un cáncer maligno. Ayer procesó a la ex presidenta Cristina Fernández
de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Lo hizo en
relación a la operación del Banco Central conocida como “dólar-futuro”, aunque retrocede
de la figura de asociación ilícita que describió al principio de la causa. En su persistente y
atropellada ofensiva contra los integrantes del anterior gobierno, a Malodío ni siquiera le
importó que Cristina Kirchner no figurara en la denuncia original, ni el hecho de que el
fiscal no la haya imputado. Directamente especuló que esa decisión económica no se pudo
haber llevado adelante sin el visto bueno de la entonces presidenta y del ex ministro Axel
Kicillof. En el expediente no se acusa a CFK ni a nadie por un hecho de corrupción o por
haberse quedado con dinero. El procesamiento termina dictándose porque se eligió una
política monetaria destinada a desalentar las expectativas de una devaluación –por eso se
operaba el dólar-futuro a 10,65 pesos–, justamente por los efectos que después se vieron: la
devaluación que llevó a altos índices de inflación, pérdida en los salarios reales y fuerte
baja en el consumo. Los razonamientos que figuran en los fundamentos del fallo, son de un
nivel de ignorancia y arbitrariedad sobre política y derecho, que sólo se pueden entender
por su afán de persecución política a través del prevaricato. Que un juez se atreva a
asegurar que el actual gobierno se vio obligado a devaluar por las decisiones del anterior
emparentando ello con el delito, supera todo lo que uno podía imaginar de un magistrado
por más corrupto que sea. Esta, en realidad, es la manera de justificar las medidas que
tomaron el presidente offshore y sus cardenales de la pandilla neoliberal cuando
devaluaron. Habiendo comprado dólar futuro los funcionarios que tomaron la decisión de
hacerlo embolsaron una millonada a sus arcas personales. Malodío es sólo el exponente
más bochornoso de un poder que es una afrenta a toda dignidad republicana. Con su auto
gobierno, sus privilegios medievales y pre-jurídicos, su autonomía de la ley y su desapego
al Derecho, la “Justicia” argentina vuelve a desafiar a quienes no quieren más atropellos ni
avasallamientos personales o institucionales. Junto con el sindical, único poder que no fue
atravesado por reformas democráticas estructurales, la tarea pendiente continúa
interpelándonos para revolucionarlo de cabo a rabo; exonerando, a la vez, a toda la caterva
de jueces y fiscales que ofician de último recurso de las corporaciones.
Un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezados por el jefe del bloque,
Héctor Recalde, presentaron un escrito en el juzgado de Sebastián Casanello para pedirle
que frene la venta de la empresa del primo del presidente Mauricio Macri, Ángel
Garcaterra, y que se lo incluya en la investigación que lleva adelante contra el empresario
Lázaro Báez. En sus dos últimas declaraciones, Báez destacó que Garcaterra era su socio
-se presentaron juntos para licitaciones por un valor de 10 mil millones de dólares, aunque
sólo ganaron algunas- y que armaron una UTE para la construcción de las represas Néstor
Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, detenidas por el actual Gobierno. Investigando a
al “constructor” se encontrarán con el mismo apellido, que empieza con M y que está en
todos los casos resonantes de corrupción.

El Gobierno lanzó ayer el sitio web y la aplicación para teléfonos celulares Precios Claros,
para comparar precios de los productos de consumo masivo en cadenas de supermercados.
La herramienta cuenta con información sobre unos 5 mil productos y permite ver los
precios en cada establecimiento comercial, ordenados por distancia desde el punto de
consulta que cada consumidor disponga. Ofrece un volumen de datos que podrían llegar a
ser útiles para asociaciones de consumidores, investigadores y periodistas, aunque son poco
funcionales a la hora de decidir dónde hacer las compras, sobre todo cuando exceden a una
canasta muy pequeña de bienes. Asociaciones de consumidores advirtieron que tiene la
limitación de la plataforma electrónica, que no utilizan la mayor parte de las personas
mayores, y carece de efecto en términos de control sobre el proceso inflacionario. Además,
aseguraron que el sistema no genera ningún beneficio para segmentos postergados de la
población y en todo caso sólo podría facilitar las compras mensuales de algunos sectores de
clase media alta. Esta es la manera de combatir la inflación del “mejor equipo en 50 años”.
Se nos ríen en la cara. Y los estamos dejando.

15/05/16: Por primera vez desde el inicio de su mandato, los que opinan mal o muy mal del
presidente offshore superan a los que opinan bien o muy bien. El saldo negativo es de más
de cuatro puntos. Ahora, cuando se pregunta sobre su gestión, sus aciertos y errores, los
números son aún más desalentadores para la Casa Rosada: el saldo es negativo en más de
nueve puntos. Estas evaluaciones adversas se asientan principalmente en la economía, ya
que nada menos que la mitad de las personas tienen un amigo o un familiar que perdió su
trabajo en los últimos meses. Y, además, la inflación es considerada en la actualidad el
problema más grave –tarifas, precios– dado el recorte del salario real que significa. Las
conclusiones surgen de una amplia encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión
Pública (CEOP), que lidera el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1.200
personas en todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico
social. La encuesta fue realizada por vía telefónica la semana pasada. De todas formas,
dado el todavía alto nivel de aceptación que este hombre mantiene, habrá que seguir
batallando por difundir lo que la prensa canalla calla, tergiversa u oculta; al margen de que
hay buena parte de la población que necesita más dosis recargada de neoliberalismo para
tomar conciencia de en manos de quiénes está puesto gran parte de su destino.

Desde que el ministro Jorge Lemus y su equipo arribaron al Ministerio de Salud en las
oficinas del edificio de la avenida 9 de Julio, que esa cartera comparte con Desarrollo
Social, se escuchó una y otra vez la misma frase: “En este Ministerio sobran prestaciones”.
Lo cierto es que Lemus se encontró con un Ministerio con gran inserción territorial a partir
de un sinnúmero de programas destinados a atender, desde una perspectiva de derechos, a
la población. Sin la pretensión de agotar la lista, basta sin embargo mencionar el listado de
las principales prestaciones preexistentes al macrismo: Programa de Organización
Comunitaria en Salud, Programa Nacional de Salud Mental, Programa de Equidad Sanitaria
Territorial, Programa Nacional Cuidarse en Salud, Programa Nacional Argentina Sonríe,
Programa Médicos Comunitarios, Qunita, Programa Nacional Salud Ocular, Tren Sanitario,
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Programa Remediar,
Programa Redes, Sumar, Programa de Maternidad e Infancia. En este campo se repite la
metodología adoptada por el PRO en distintas áreas. En campaña prometió darles
continuidad a las políticas sociales y ahora no hay anuncios de baja de programas, pero se
despide personal y se les quita recursos. En la mayoría de los casos esto equivale a la
paralización de las prestaciones. Los gremios estatales denuncian que actualmente hay
seiscientos empleados de los programas territoriales que permanecen sin contratos debido a
la no renovación de los convenios con las universidades. A estos mismos trabajadores,
según la misma fuente, se les adeudan los salarios de marzo y abril. Simultáneamente el
Ministerio de Salud ha comenzado a tercerizar servicios mediante la contratación directa de
clínicas, sanatorios y laboratorios privados. Detrás de todo derecho conculcado por este
gobierno hay un beneficiario privado, generalmente vinculado a ellos.

El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lonardi, acusó que el personaje
animado Zamba "fue la primera víctima del kirchnerismo". Además, apuntó que el muñeco
que apareció roto en el predio de Tecnópolis "estaba podrido". "Había una muestra
temporaria de Zamba y el muñeco estaba podrido", comentó el funcionario macrista. "Se
utilizó a personajes que pueden ser queridos, para la mala política", agregó Lonardi para
rematar: "Zamba fue la primera víctima del kirchnerismo". Para el funcionario
"transformaron a un niño curioso que busca el conocimiento por un niño objeto de la
propaganda". Zamba, en realidad, es víctima, como las grandes mayorías de la población,
de las políticas económicas y sociales del aberrante proyecto neoliberal; que tiene a Lonardi
al frente de la persecución ideológica a través de su policía lombarda …

A través de la resolución 53, de 2016, la nueva dirección de Intercargo SA designó a dos

marinos retirados de la Armada como gerente y subgerente de Prevención, Protección y
Seguridad en la empresa estatal que opera rampas y servicios de tierra de los aeropuertos de
todo el país. Son Pedro Eduardo Giromini y Enrique Mauricio Piaggio, que ya cumplieron
funciones operativas durante la dictadura. Piaggio revistó en la emblemática Escuela de
Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de Mar del Plata entre 1976 y 1978, ubicada
en el faro, considerada un centro clandestino de detención y hoy un Sitio de Memoria. Tuvo
elogios en su legajo durante ese período y más tarde por “por haber sido voluntario para
participar en operaciones contra la subversión sacrificando momentos de descanso y
demostrando gran entusiasmo”. La fiscalía del Juicio Oral Base Naval II dio su nombre
durante los alegatos de 2012 como parte de los nuevos nombres descubiertos entre quienes
participaron “directamente” de la represión. A su vez, Giromini estuvo en Puerto Belgrano
y la Escuela Naval Militar de Río Santiago en Ensenada, donde se informó que era un
suboficial “excelente” para las actividades operativas. La dictadura no sólo está viva en el
plan económico macrista: también en el andar sigiloso de sus personeros sobrevivientes,
que se van colando silenciosamente en funciones institucionales.

16/05/16: Faltan 45 días, 4 horas y 25 minutos para que empiece el segundo semestre de la
reactivación, según lo anunciado por el presidente offshore y su pandilla. Mientras tanto, la
hecatombe a la que nos llevan una vez más los neoliberales sigue su marcha. Los
fabricantes de ropa enfrentan una situación complicada: mientras sus ventas a las marcas y
los retails bajaron un 30 por ciento en promedio y en varios casos el 70 o el 80 por ciento,
las importaciones de aquellas firmas en el primer trimestre subieron en promedio un 33 por
ciento en dólares. El resultado es una retracción de la participación de la industria local en
el mercado y un riesgo de desaparición de miles de pymes si los números actuales se
transforman en una tendencia sostenida. El flujo de importaciones responde a la aprobación
en diciembre de una enorme cantidad de pedidos de importación, que permitió a las firmas
stockearse para el primer semestre. En un contexto de retracción de las ventas, el
incremento de las importaciones textiles potenció la caída para la producción nacional del
sector. Proteger calcula una caída del nivel de actividad textil del orden del 25 por ciento,
con casos más complicados que presentan mermas que van desde el 30 al 80 por ciento
debido a que las marcas y las empresas de retails cortaron con las órdenes de compra a los
industriales nacionales. Otro de los sectores castigados por el plan económico neoliberal es
la industria del acero, que se desplomó 17,2% en el primer cuatrimestre del año respecto
del mismo período de 2015. Según informó la Cámara del Acero, la producción alcanzó las
319.100 toneladas en abril, cantidad que fue 0,4% superior a la de marzo último, el que
podría haber sido el peor mes del año. La producción acumulada del primer cuatrimestre de
2016 fue de 1.305.100 toneladas, un 17,2% inferior a la del mismo período del año anterior.

La producción de hierro primario alcanzó 227.600 toneladas en abril, lo que significó una
baja del 17,9% respecto del mismo mes del 2015 y una merma del 14,9% desde marzo
pasado. Para situaciones tan delicadas y conflictivas como éstas, y otras similares, el
gobierno responde con el esquema inaugurado en Cresta Roja, donde se reactivó la
producción con menos de la mitad de los empleados, perdiendo sus trabajadores salario,
horas extras y antigüedad; o con convenios basura como el firmado con McDonalds, a
quien se subsidiará para que tome 5.000 empleados con contratos temporarios a menos del
salario mínimo. Con esta gente, vivir cuesta vida.

El esquema macrista de la administración pública es una estructura piramidal que crece en

su cresta y se debilita y enflaquece en su base. Este esquema, que ya vienen ejecutando en
el gobierno de la ciudad el presidente Mau y sus cardenales, se puede observar con nitidez
en la conformación del Ministerio de Modernización y Despidos que conduce Andrés
I-barra. Este ministerio, por ejemplo, se amplió con más secretarías, subsecretarías y
direcciones. Todos con sus correspondientes cargos "gerenciales", mientras que por otro
lado ponía fin a casi 11 mil contratos a los que acusaba de ser cargos políticos o
simplemente inútiles en la nueva estructura. Con el objetivo de "modernizar" el Estado, una
secretaría de Estado se transformó en un ministerio, que a su vez posee 4 secretarías, 9
subsecretarías y 69 direcciones, todos con sus respectivos nombramientos, algunos por
fuera de lo que impone el SINEP. En total, unos 42 de esos funcionarios, incluyendo los de
este lunes, fueron designados en forma "excepcional". Eso representa poco más del 50% de
los cargos "políticos" que nacieron con el ex directivo de la Ciudad y Boca. Con los
despidos que publicitan dan señales al “mercado” y a la ciudadanía, persiguiendo
opositores o simples “neutrales” que no les son confiables, a la vez que los recursos
“ahorrados” son direccionados a secretarías y ministerios, donde la cúpula se ensancha y
amplía con gente propia; en un festival de nombramientos y sueldos altísimos que obran
como premio y, a la vez, como estímulo buscando soldar filas en torno al proyecto
ajustador. Perversos a la hora de declarar, siniestros a la hora de ejecutar.

Las calamidades neoliberales siguen siendo noticia. Las boletas del gas sorprendieron en
Bariloche por la disparada que sufrieron luego del tarifazo que aplicó el ministro de Shell
en Energía, Juan José Aranguren. Registraron subas del 1000% y algunos superiores al
2000%. El intendente pedirá una revisión porque muchos no pueden pagar el nuevo precio
que fijó el Gobierno nacional. Si bien el impacto del aumento puede ser superior en las
categorías de usuarios con más consumo, en algunos casos la diferencia entre las boletas
fue sorprendente. Muchos expresaron su disconformidad con el aumento a través de las
redes sociales y de los medios de comunicación locales. El intendente Gustavo Gennuso
informó en su programa De Vecino a Vecino de Radio Seis, que reclamarán por los
aumentos ante los organismos nacionales. "El lunes vamos a hablar con el Enargas para ver
qué pasa con el subsidio", adelantó el responsable de Bariloche ante el tarifazo nacional
decidido por Cambiemos. La defensora del Pueblo de Bariloche Andra Galaverna le
comentó a B2000 que se acercaron al organismo muchos usuarios para solicitar
asesoramiento, ya que no podían hacer frente al nuevo precio del gas. "Casi todos los que
se acercaron son quienes tienen emprendimientos comerciales chicos, familiares que
pasaron de pagar $ 600 a $ 6.000" describió a modo de ejemplo.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que el gobierno intentará convencer "por
todos los medios" a la oposición y a distintos sectores de que la ley antidespidos "es mala"
y señaló que el presidente offshore está dispuesto a "dialogar y negociar" pero con "mucha
firmeza en sus convicciones". “Por todos los medios”, ¿se referirá al paseo permanente de
los funcionarios neoliberales por los grupos comunicacionales dominantes atacando la
iniciativa parlamentaria? ¿Incluirá el uso de la “banelco” para comprar voluntades?
¿Amenazarán con “carpetazos” a legisladores con algún muerto en el placar? Las
posibilidades no son excluyentes. Y eso que Frigerio es de los “moderados”.

17/05/16: El tarifazo en el servicio de agua y cloacas que presta Aysa comenzó a sentirse a
partir de la llegada de facturas con aumentos de hasta el 375 por ciento. La suba es más alta
que la anunciada en un primer momento, pero pasó desapercibida ante el incremento del
gas, el transporte público y la electricidad, que en conjunto aceleraron la inflación y
deterioraron el salario. El Gobierno había comunicado que el incremento promedio sería
del 216 por ciento, pero terminó siendo del 297. Las entidades de consumidores advierten
que no hay suficiente difusión sobre el acceso a la tarifa social, que en teoría podría
beneficiar a 700 mil usuarios aunque hasta ahora sólo registra 30 mil inscriptos. Además,
aseguran que por la forma en que se implementó, el aumento tiene mayor incidencia sobre
los hogares de menores ingresos. Aysa informó que el aumento básico de la tarifa es del
217 por ciento para los usuarios que habían renunciado a los subsidios. Los que tenían
subsidios del 5 y del 25 por ciento perdieron totalmente ese beneficio y el aumento que
sufren es del 233 y el 325 por ciento, respectivamente. Por último, los que tenían subsidios
del 50 por ciento pasan a recibir un 25 por ciento y para ellos el aumento es el máximo, del
375 por ciento. El subsidio del 25 por ciento se mantiene por el lapso de un año. Los que
recibían el 50 por ciento (y fueron afectados por la máxima suba) eran los hogares más
vulnerables. Con la quita de subsidios, Aysa cubre, a partir de lo recaudado en las boletas,
el 100 por ciento de los gastos operativos, unos 13 mil millones de pesos. Quedan sin cubrir
los costos de mantenimiento (2 mil millones) y las obras de expansión de la red. Por lo
tanto todo es inviable, aún si pudieran pagar todos el tarifazo. “El mejor equipo en 50
años”, justamente, “hace agua” por todos lados…

Durante el mes de abril hubo 14 mil nuevos despidos y suspensiones. La mayoría fueron en
el sector privado, y dentro de él en industrias. Desde la llegada de Cambiemos a la Casa
Rosada, el número de personas que perdieron su trabajo ya supera los 154 mil. Así lo señala
un relevamiento del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), realizado en base a
fuentes sindicales, cámaras empresarias y publicaciones de los medios. Mientras se
conocen estos números el gobierno neoliberal insiste con que no hay emergencia
ocupacional. Tapa la realidad, o la realidad hecha tapa (de Clarín).

El presidente offshore comenzó a intercalar frases en sus últimos discursos en los que
reconoce la situación social creada por sus medidas económicas. “Sé que este
sinceramiento de la economía ha sido una pesada carga para muchos, pero créanme que
cada medida impulsada es pensando en el futuro de ustedes”, dijo ayer en Jujuy donde
compartió escenario con el gobernador Gerardo (in) Morales y entregó viviendas a los
trabajadores del Ingenio Ledesma. Macri prometió “el fin del abandono” en el norte
argentino con la puesta en marcha del Plan Belgrano. Intercaló sus frases típicas, con ecos
del new age. “Estoy acá para decirles que los escucho con el corazón y quiero que
trabajemos juntos por esta Argentina que nos merecemos”, dijo Macri, tras recorrer las
instalaciones del complejo Ledesma. Desmenuzando estas disléxicas declaraciones se
desprende qué futuro nos quiere dar con este presente. Mientras no use los oídos para
escuchar al pueblo seguirá ignorándolo, porque un corazón neoliberal late, pero no siente.

“Son abrumadoras las pruebas que demuestran que Macri mintió y que hizo negocios a
través de una empresa offshore para evadir impuestos acá y en Brasil”, señaló la dirigente
de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti. La ex legisladora porteña amplió ayer su denuncia
penal contra el presidente offshore por omisión maliciosa, fraude, incompatibilidad con la
función pública, violación de la ley de ética y falsificación de documentos públicos. El
fiscal Sandro Abrales recibió el escrito de ocho carillas en los que se aporta documentación
sobre las incongruencias entre las declaraciones juradas de Mauricio Macri y se le pide que
libre exhortos a Panamá, Brasil, Uruguay y Reino Unido para que se informe sobre las
empresas offshore del “clan” Macri. Cerruti le solicita al fiscal que investigue la situación
de la empresa Sideco Americana S.A. constituida en Panamá y la venta de acciones de
Yacilec a Sideco americana. Resulta que “Sideco Americana SA es propiedad de Socma
SA en un 59,61 por ciento y el 40 por ciento corresponde a Inversid SA (también de la
familia Macri). El presidente ha reconocido en su declaración jurada poseer acciones de
Socma. Visto esta situación en vez de desprenderse de sus acciones de Yacilec –trascendió
que las habría vendido en febrero pasado– se estaría vendiendo a sí mismo en tanto Socma
es controlante de Sideco Americana SA. Esto conformaría una ‘venta simulada’, hecho
contrario a la legislación vigente”. Las causas se multiplican, pero mientras no se “sincere”
el poder judicial tendremos que soportarlo no sólo gobernando sino también declarando.

El legislador José Cruz Campagnoli (favor no confundir con el nefasto José María que
opera para el partido judicial) evalúa hacer una presentación judicial tras la respuesta del
Gobierno porteño sobre la concesión de Bosta Salguero. La Legislatura había hecho un
pedido de informes a la administración de Horacio Rodríguez Berreta luego de la muerte de
cinco jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp en ese complejo, cuyo concesionario es
cercano al PRO. La concesión está desde fines de los ‘80 en manos de la empresa
Telemetrix, que paga un canon irrisorio al Gobierno porteño y, a su vez, subconcesiona el
predio a otras 24 empresas. La respuesta del Gobierno porteño superó todas las
expectativas: según los registros oficiales, con el ingreso de sólo uno de los
subconcesionarios le alcanza a Telemetrix para costear el canon del Estado. La empresa
gana al menos 30 millones de pesos anuales y apenas paga al Estado porteño 3 millones.
“La concesión de Costa Salguero parece un gran negociado”, indicó Campagnoli. Por estos
convenios leoninos no son malos administradores, sino la prueba de la corrupción que se
multiplica en todas las contrataciones gubernamentales.

La lumpen política Elisa Carrió acusó al presidente de la Corte Suprema de las

Corporaciones, Ricardo Lorenzetti, de “presionar senador por senador” para evitar el
nombramiento del abogado Horacio Rosatti en una de las vacantes disponibles en el alto
tribunal. Rosatti, santafesino como el presidente supremo, es uno de los juristas postulados
por Mauricio Macri para ser juez de la Corte. En cuanto a Lorenzetti, Carrió lo describió sin
ningún filtro como un “corrupto”. Es “el capomafia de Rafaela”, señaló, “y no es garante de
nada”. “Es un chiste” que se ponga “al frente de la lucha anticorrupción”, dijo, en alusión a
los discursos que dio el juez en los últimos tiempos. También intentó compararlo con
Cristina Kirchner y sostuvo que es “socio” del ex secretario legal y técnico Carlos Zannini.
Que al presidente de la Corte le inquieta la posibilidad de que quede en jaque el poder casi
absoluto que hoy tiene en el máximo tribunal, es algo previsible. Que tiene más afinidad
con quienes comulgan con el radicalismo, como Rosenkrantz, que con el peronismo, como
Rosatti, también tiene visos de realidad. Y a la vez es cierto que el proceso de designación
de ambos candidatos tuvo un problema de origen, ya que en un comienzo fueron
nombrados en comisión, sin acuerdo del Senado. El tema es que la divagante diputada ataca
al oscuro supremo en defensa del candidato macrista y no persigue otro fin más que ese.
Ella no lucha contra ninguna mafia porque pertenece a ellas. A lo sumo batalla entre
bandos, a los que responde según el contexto para un lado o para otro.

La canciller Susana Malcurra confesó que las Islas Malvinas no son más "el tema
dominante" en la relación entre Buenos Aires y Londres. En declaraciones al diario
británico The Financial Times, consideró que en la gestión de la ex presidenta Cristina
Kirchner se "sobreenfocó" en ese tema. Esto es coherente con lo que siempre declaró el
presidente offshore, para quien las islas serían un “gasto” para el Estado argentino.

El presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, Emilio

Majori, confirmó hoy que el kilo de pan en territorio bonaerense subió a 40 pesos, con un
incremento de alrededor del 20 por ciento, y aseguró que es "inevitable" por la "avalancha
de aumentos" que sufre el sector. "Es inevitable, hace 60 días que tenemos una avalancha
de aumentos de todo tipo. Hemos tratado de absorber lo más posible, pero llega un
momento en que tenemos que trasladar nuestros costos porque si no, quedamos en el
camino", señaló. En declaraciones a radio La Red, el dirigente confirmó que ya rige el
nuevo precio de referencia para el kilo de pan, aunque advirtió que ese valor se puede
elevar ya que depende de cada panadero. Así se confirma que el neoliberalismo no viene
con un pan bajo el brazo. Viene con ajuste.

Mientras el cineasta de ciencia ficción, Juan José Campanella, se esmera en ver méritos y
loables propósitos en el plan económico del gobierno, del que niega sea neoliberal, el club
de Luna de Avellaneda, la película dirigida por él que fue un símbolo de la crisis del 2001,
se encuentra en una situación terminal por el golpe que significó el tarifazo en servicios
públicos, algo que afecta a todos los clubes de barrio. El club "Juventud Unida de
Lavallol", donde se filmó la película, recibió boletas de luz con una suba del 300%,
pasando de 2.900 pesos a 8.700. Juventud Unida tiene 200 socios y una comisión directiva
ad honorem que trabaja para hacer que sobreviva a este temporal. Allí, niños y
adolescentes, practican fútbol, básquet y patín, entre otros deportes. Para ahorrar energía,
los chicos dejaron de asistir de noche, cuentan. "Lo paradójico e indignante es que, de
hecho, bajamos el consumo: invertimos no sólo en bombillas de bajo consumo sino también
en la colocación de vidrios para aprovechar la luz del día", relata la tesorera, Liliana
Reboredo. "En unos días más va a llegar el aviso de corte. Es nuestro mayor miedo; y
encima en cualquier momento llega la bomba de mayo", agregó Reboredo. Si no cambia de
postura, señor Campanella, se perderá la oportunidad de registrar, para el séptimo arte, el
tendal que su admirado presidente legará a la sociedad argentina en el futuro próximo.

18/05/16: La investigación por la "Ruta del Dinero K" dio un giro impensado cuando el
empresario Lázaro Báez, principal implicado en la investigación sobre lavado de dinero,
mencionó al primo del presidente offshore, Ángelo Garcaterra, como uno de sus socios en
un emprendimiento que ahora se encuentra bajo la lupa del juez Sebastián Casanello. Más
datos surgen que demuestran ese vínculo, ahora incómodo para un Gobierno que pretendía
levantar el dedo acusador de la transparencia. Ante el juzgado los abogados de Báez, Daniel
Rubinovich y Rafael Sal Lari, presentaron el memorando de entendimiento entre IECSA, la
firma constructora propiedad de Garcaterra, Austral Construcciones y la compañía china
Sinohydro, con el fin de presentarse en la licitación por la construcción de las represas
Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz. El documento, revelado por el portal
ARG Noticias, demuestra el vínculo que Báez declaró ante el juzgado. Allí, las compañías
se unen en una "joint venture" compuesta en un 60% por la empresa china, y un 20% cada
una para IECSA y Austral. Establece también términos de confidencialidad que deberán
respetarse hasta dos años después de celebrado ese contrato, en 2012. La sociedad Austral-
IECSA quedó en la mira por una transferencia de 33 millones de dólares que recibió
Austral vía Helvetic Services Group, compañía controlante de la financiera SGI, más
conocida como "La Rosadita". Casanello sospecha que se trató de un blanqueo de dinero
que estaba en el exterior, sin declarar. Ante el juez, Báez sostuvo que ese dinero era para
capitalizar la sociedad con los chinos y Garcaterra, hoy en la mira judicial. Por todo esto el
tema “Báez” está ahora corrido de los medios dominantes.
A la ruta del dinero “M” le subieron el límite, con números astronómicos como le gusta al
neoliberalismo gobernante. El presidente offshore aumentó el tope para eludir las
licitaciones públicas en un 650 por ciento. El monto máximo para las contrataciones
directas del Gobierno nacional pasó de 200 mil pesos a 1,3 millón mientras que las
licitaciones privadas subieron de 800 mil pesos a seis millones de pesos. No es la primera
vez que Macri hace algo por el estilo: cuando era jefe de Gobierno porteño, aumentó los
topes a un nivel que la Ciudad superó los montos máximos de la Nación y la provincia de
Buenos Aires. De hecho, llegó a ser el distrito con mayor discrecionalidad para
contrataciones directas. El presidente tomó esta decisión en la semana en la que su amigo
cardenal, Nicolás Caputo, superó los 377 millones de pesos en licitaciones ganadas en el
Gobierno porteño. En concreto, la decisión implicará que los funcionarios podrán hacer
contrataciones por trámite simplificado hasta 75 mil pesos, contrataciones directas de hasta
1,3 millón y licitaciones privadas o concursos privados hasta seis millones de pesos. El
festival de corrupción PRO festeja mientras habla de la “década robada”.

La gobernadora María Eugenia Vidal eligió para vivir, junto a sus hijos, la base aérea de
Morón, que fue un centro de detención ilegal durante la última dictadura cívico-militar-
empresarial-clerical. Vale recordar, mientras esta señora se siente “contenida” en tan
espantoso lugar, que debería ser un museo de la memoria y no una residencia familiar 5
estrellas, que la refacción de este sitio le costó al erario público más de U$S 600.000 y que
la cómoda gobernadora se traslada en helicóptero todos los días a su lugar de “trabajo”. A
la vez sigue hablando de la provincia “quebrada”; regateando la asistencia social, los
comedores escolares, y los insumos de los hospitales.

El 10% de las pymes del país se fundieron en apenas cinco meses, producto de las medidas
económicas del Gobierno de Cambiemos, denunció en un informe la Federación
Económica de la Ciudad de Buenos Aires (FECIBA). Los datos abarcan desde el 1 de enero
hasta el 10 de mayo pasado, y apuntan a las medidas como el ajuste fiscal y el tarifazo en
los servicios públicos como responsables de esta contracción. El organismo aclara que
"fundidas" no significa "cerradas". La distinción implica que, si bien alrededor un 4,4%
bajaron la persiana, otro 5,6% se mantiene en pie pero con una producción mínima con un
plantel de trabajadores reducido. El poder concentrado y las multinacionales, agradecidas.

La dramática situación de los clubes de barrio es generalizada. Los brutales tarifazos de luz
y agua los ha dejado, prácticamente, en condiciones inviables para continuar funcionando.
"Hace unos meses, nuestras facturas eran de 4.500 pesos, hoy vienen 16 mil”, contó
Agustín Suárez, secretario del club Imperio. Esa situación se repite en todos lados, producto
de que los clubes de barrio, que cumplen un rol social y juntan dinero para ese fin, son
considerados por las empresas prestadoras del servicio como empresas, por lo que no tienen
ningún tipo de beneficio que los proteja de este aumento de al menos 400% en sus facturas.
Al otro día de estas declaraciones, que incluyeron una protesta en las puertas del canal C5N
que estaba tratando el tema, el gobierno de la ciudad les mandó a todos los denunciantes
inspectores a sus instituciones. Esta es la respuesta de un gobierno preocupado por el
“sincera-miento” de la economía neoliberal.
El fuerte incremento de la tarifa de gas, entre un 1500 y 1600 por ciento, en la provincia de
Santa Fe, afecta a las empresas que aún no se recuperan del incremento de la luz. El
ministro de Producción de esa provincia, Luis Contigiani, mencionó que una de las
empresas más afectadas es la fábrica de bolitas Tinka, única del país en su tipo, que de
pagar 35 mil pesos pasó a desembolsar 185 mil pesos; situación que se agrava hasta el
colapso si le suma la apertura indiscriminada de la importación. Desde 1953, la empresa
Tinka fabrica bolitas en su planta ubicada en la localidad de San Jorge, a unos 170
kilómetros de la capital de Santa Fe. Con la llegada de nuevos entretenimientos para los
chicos, que paulatinamente han reconvertido sus costumbres lúdicas, es la última de su
especie en Sudamérica. En tanto en capital federal, la presidenta de la Cámara de
Restaurantes sostuvo que la situación es "preocupante". Los aumentos a los servicios
públicos hacen que caiga estrepitosamente el consumo; a tal punto que en los últimos meses
cerró, en promedio, un restaurante por día. Aumentos estratosféricos de servicios y
alquileres, pérdida de clientes por retracción del consumo debido a la desocupación y caída
de salarios, están llevando a las mayorías al estado de supervivencia.

Hay más calamidades neoliberales para este boletín. Cayeron las ventas en supermercados
y shoppings en el primer trimestre: en términos reales, la facturación descendió 7% en los
comercios y 10% en los grandes centros de compra con respecto al mismo período del año
pasado. A su vez, en los shoppings, la caída fue peor, ya que la facturación avanzó un 24,6
por ciento, lo que representa una merma real de un 10 por ciento. Esto va en consonancia
con lo que dijo el titular de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Carlos
Vasco Martínez, que calculó que el consumo cayó 8 por ciento en las grandes cadenas de
supermercados durante marzo. Según CAME, en el primer trimestre la caída de las ventas
minoristas en las pymes fue del 4,2 por ciento. El peor resultado fue para electrodomésticos
y electrónica, con una merma interanual del 10,2 por ciento frente a 2015. A la vez se pudo
saber, según un relevamiento del diario Ámbito Financiero, que, tras los nuevos aumentos,
en el país donde abundan las vacas y el trigo, el precio de los productos es hasta dos veces
más costoso que en los países vecinos.

19/05/16: Finalmente, con la mayoría de votos del Frente para la Victoria y el apoyo del
Frente Renovador, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que suspende los
despidos por 180 días y establece una doble indemnización. El oficialismo presenció el
debate y a la hora de la votación se abstuvo. Mientras se espera, dentro de los próximos 10
días que el presidente offshore vete la norma, el gobierno nacional homologó la semana
pasada un acuerdo entre el Registro Nacional Trabajadores Agrarios y el gremio UPCN que
permite echar entre 600 y 800 trabajadores del organismo. En los últimos días comenzaron
a enviar los primeros telegramas. Los afectados son todos los empleados contratados entre
el 23 de enero de 2012 y el 21 de marzo de 2016, periodo en el cual el secretario general de
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), Gerónimo “Momo” Venegas, perdió
el control del registro. De este modo, el gobierno nacional continúa despidiendo gente.
Ahora habrá que ver si el semi combativo Hugo Moyano hace honor a su palabra de llamar
a un paro general, en caso que Mauricio Macri concrete su amenaza patronal de vetar las
leyes sancionadas esta mañana.
Esta tarde una multitudinaria marcha de todos los empleados estatales de la provincia de
Buenos Aires, invadió la ciudad de La Plata. La protesta, centralmente, estaba dirigida
contra la Cámara de Diputados bonaerense que sancionó, sin debate, la ley que declara la
"Emergencia Administrativa y Tecnológica" en la provincia y crea un nuevo sistema de
contratación de personal, que flexibiliza las condiciones de trabajo y desconoce derechos
adquiridos. El proyecto impulsado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que había sido
aprobado hace 20 días en el Senado, agilizará los procesos de licitación en la provisión de
bienes y servicios; y flexibiliza el régimen de contratación de personal por parte del Estado
durante 365 días. En el caso de las licitaciones, establece que el organismo contratante de
bienes y servicios deberá solicitar tres ofertas o cotizaciones y luego podrá adjudicarlos,
previo dictamen de la Fiscalía de Estado que tendrá un plazo de 72 horas para su respuesta.
Esta ley, precarizadora para con los trabajadores, se da al mismo tiempo en que el hada
desangelada, María E. Vidal, se aseguró de que no le faltará plata para sus gastos y a través
del decreto 68/16, la mandataria aprobó la constitución de la “Caja Chica Especial
Gobernación”, con un fondo de 200 mil pesos mensuales destinado exclusivamente a los
gastos cotidianos de la jefa del Estado provincial. Estos privilegios vergonzosos se suman a
la onerosa refacción del ex centro de detención ilegal de la dictadura donde ahora la
gobernadora se aloja, los gastos operativos se sus traslados en helicóptero todos los días, y
los despilfarros en dislates como el “retiro espiritual” que encabezó hace unas semanas con
parte de su equipo de “trabajo”. No sólo están dispuestos a arrasar con todo derecho
colectivo, pauperizando la vida de la población a costillas de sus negociados privados, sino
ni siquiera a guardar el mínimo decoro en sus maneras y en sus gestos públicos. Da la
sensación, por el nivel de provocaciones con el que a diario agreden a la ciudadanía, que
buscan la reacción desmadrada de parte de los afectados.

El gobierno ni nacional ni popular logró completar ayer el acuerdo con todas las provincias
para la “devolución progresiva y escalonada” del 15 por ciento de la coparticipación
nacional que le retenía desde 1992 para financiar a la Anses. La devolución será del 3 %
por año, completando todo lo adeudado en 2020. Estos son los mismos gobernadores que
aceptaron votar la ley a favor del pago, en efectivo con intereses, punitorios y costas varias,
de los fondos buitre en un abrir y cerrar de ojos. A la hora de defender los intereses de sus
coterráneos aceptan este pago en cuotas en medio de una crisis generalizada de los
presupuestos provinciales. El nivel de respuesta de la dirigencia opositora expone la
soledad del pueblo trabajador dentro de los marcos institucionales y el nivel de
convencimiento con que el gobierno neoliberal, con sus oscuros procederes, logra quebrar a
sus oponentes formales.

Ayer se dio a conocer una grabación entre la madre del suicida y corrupto fiscal Alberto
Nisman y un operador de la empresa de emergencias médicas, la noche en que la noble
señora encontró caído a su hijo en el baño de su departamento en Puerto Madero. Con una
frialdad en su tono que hiela la piel, la misma que tuvo al día siguiente para vaciar las cajas
de seguridad donde su inepto hijo escondía sus pertenencias mal habidas, aquella noche,
Garfunkel llama a la empresa Swiss Medical para solicitar una ambulancia luego de
ingresar a la casa del fiscal con la llave que ella tenía en su poder, junto con un custodio de
él y luego de que Nisman no atendiera el teléfono desde el mediodía de ese día. Con una
calma difícil de imaginar en una mujer que acaba de hallar a su hijo sin vida, le explica al
telefonista de la prepaga que “hay un charco de sangre casi seca” en el piso del baño en
donde yace el fiscal y que “no” le puede “hacer ninguna reanimación”, de lo cual se
desprende que Garfunkel ingresó antes que la Policía y la Justicia al lugar en donde estaba
el cuerpo. Malas noticias para la buscadora de oro, Sandra Arroyo Salgado, para quien la
opereta del “magnicidio” sigue deshilachándose. Igual infortunio para los Campagnolis
boys y su comparsa de malhechores de Comodoro Py, quienes a sus remeritas con la
leyenda “Yo soy Nisman” no las van a poder vender ni aprecio de remate en Mercado
Libre.

A la hora de justificar los históricos tarifazos que cometió su neoliberal gobierno, el

ministro del interior, el “moderado” Rogelio Frigerio, sumó más frases de antología para el
manual de provocaciones diarias, que debe redactar el diabólico asesor Jaime Durán Barba.
A la hora de defender los aumentos, Frigerio declaró que las tarifas “eran una locura”. “Con
los gobernadores de las provincias que nos reunimos, preocupados por el incremento de
tarifa, nos decían la verdad que era una locura esto”, aseguró el titular de la cartera, de un
gobierno que puso racionalidad a puro tarifazo despiadado. Frigerio justificó con estas
palabras el aumento desmedido e inusitado que se viene dando desde el “cambio”:
“nosotros teníamos 10 grados bajo cero en las provincias del sur y la gente estaba en remera
en la casa o abría las ventanas porque tenían calor de tanta calefacción que tenían porque
prácticamente era gratis el servicio”. Vale recordar al terrateniente ministro de
agroindustria, Ricardo Buryaile, para quien los aumentos en los alimentos son razonables
porque “la gente comía muy barato”. En contraposición al Estado de Bienestar keynesiano
la derecha neoliberal disfruta del Estado de malestar con que agobia a los sectores
populares.

20/05/16: Ya lo venía anunciando y hoy, el antihéroe popular Mauricio Macri, lo oficializó:

“Voy a vetar la ley antidespidos”. El lugar elegido para estas manifestaciones fue el nuevo
paraíso neoliberal: la planta “Cresta Roja”, modelo reciente de flexibilización y
precarización laboral. En su disléxico discurso acusó al Frente para la Victoria de “poner
palos en la rueda” y de defender “un Estado que nos someta a todos”. También agregó,
entre otros disparates, “que algunos quieren que le vaya mal a este gobierno”. Son muchos,
señor presidente, los que quieren que le vaya mal a su gobierno. Sencillamente porque
quieren una patria soberana sin tratados transoceánicos ni pagos usurarios a los buitres.
Porque no quieren vivir bajo la égida de un plan económico que avasalla derechos, destruye
fuentes de trabajo y empobrece a las mayorías. Porque quieren la refundación de unas
instituciones hoy cooptadas por la lógica neoliberal que viola las leyes o las sanciona en
clave excluyente y confiscatoria de los derechos colectivos. Porque quieren apertura
comunicacional y no corporaciones corruptas al servicio del capital concentrado. Porque se
oponen a la fuga de divisas y a la evasión impositiva que deriva en cuentas offshore en
paraísos fiscales. Porque no quieren un gobierno de gerentes de multinacionales que
someten a la población al hambre y a la pobreza en favor de su propio beneficio. Porque no
aceptan el esquema de empresarios amigos asociados a la obra pública y a la corrupción
administrativa que acomoda contratos onerosos para el erario público. Porque repudian el
nepotismo que invadió a todas las esferas del Estado. Porque se oponen a la persecución
ideológica, la estigmatización de los adversarios, y la discriminación partidaria con la que
su gobierno se empeña, a diario, en hacer moneda corriente hasta naturalizarlas. Porque no
aprueban sus represivos protocolos de seguridad. Porque consideran inadmisibles sus
posturas sobre la pasada dictadura y sobre los juicios en curso a los genocidas. Porque
quieren democracia popular y no republicanismo aristocrático. Porque no quieren más
cercos informativos, operativos de prensa ni “investigaciones” basadas en la calumnia y la
injuria hacia personas e las ideas. Porque no quieren de nuevo neoliberalismo; porque
saben, la historia reciente los respalda, que a la larga o a la corta su Pobreza 0 es miseria
planificada; sus futuras inversiones, negociados especulativos; su lucha contra el delito,
corrupción generalizada; y su propuesta de diálogo, la mentira institucionalizada. Usted
tendría que estar dando explicaciones en los estrados judiciales y no discursos mendaces
desde empresas flexibilizadas.

El Consejo del Salario acordó ayer un incremento para los sueldos mínimos fuera de
convenio de 33 por ciento en tres cuotas, la última en enero del año próximo, con lo que el
piso se ubicaría en los 8060 pesos. Hoy se encuentra en 6060 pesos. La recomposición del
salario mínimo se encuentra lejos de la caída del poder adquisitivo de la clase trabajadora
en los últimos meses producto de la inflación, la devaluación y el fuerte ajuste de las tarifas.
Las subas serán de 750 pesos a partir de junio (el mínimo se ubicará en 6810 pesos), 750
desde septiembre (7560 pesos) y 500 en enero (8060 pesos). Los empresarios se
manifestaron conformes con el exiguo incremento acordado, mientras que las dos centrales
de trabajadores CTA, que conducen Hugo Yasky y Pablo Micheli, lo rechazaron. “Nosotros
votamos en contra, pero perdimos como en la guerra. No se puede fijar un salario mínimo
para el año que viene en 8000 pesos cuando la canasta es de 16.000”, expresó Micheli.
Participaron representantes patronales, como la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME), y de las tres CGT y la CTA. Estuvo ausente el titular de la CGT el semi
combativo Hugo Moyano, pero fue representado por el secretario general de la Unión de
Empleados Judiciales de la Nación y miembro del partido judicial, Julio Piumato. Las dos
CTA votaron en contra mientras que las tres CGT, que conducen Hugo Moyano, Luis
Barrionuevo y Antonio Caló, rubricaron el acuerdo. Hay que ser muy malo para merecer
estos dirigentes gremiales.

La pelea entre la líder de la Coalición Cívica y madre adoptiva de Mauricio Macri, Elisa
Carrió, y el titular de la Corte Suprema de las Corporaciones, Ricardo Lorenzetti, alcanzó
ayer su pico máximo de tensión. El jefe del máximo tribunal emitió un duro comunicado
criticando a quienes “pretenden debilitar la gobernabilidad o desprestigiar las instituciones
para beneficios que no son los del ciudadano”. Fue un dardo certero para Carrió, que lo
acusó de enriquecimiento ilícito, manejo irregular de los fondos judiciales y de operar en
contra de la designación de Horacio Rosatti, entre otras cosas. En la nota, Lorenzetti,
rechazó todas esas acusaciones y dio cuenta de actos intimidatorios sufridos en enero. En
ese contexto, la Corte, culposa y frágil ante la diputada, dispuso entregarle las declaraciones
juradas de sus integrantes a Carrió, que había realizado un pedido de información. La socia
de Macri no dio marcha atrás y ayer mismo adelantó que pedirá su juicio político: “Es
preciso decirle que ser titular de la Suprema Corte no significa que tenga impunidad”,
afirmó. Mientras la mafia se tirotea, con vaya saber qué oscuros intereses, la noticia termina
con la información de que la diputada partió en viaje a Estados Unidos ¡para dar
conferencias! y reunirse “con autoridades, empresarios, docentes y estudiantes”. ¿Quién
financia a esta siniestra mujer? ¿Cobra por estas conferencias? ¿Versan sobre la revolución
de la alegría con la que su gobierno está sometiendo al pueblo argentino? Se reúne, ¿con
qué empresarios? ¿Con qué autoridades de qué? ¿Estudiantes de qué universidad elitista se
prestan a escuchar en quién sabe qué idioma? “You are stuped”.

El aumento en las tarifas de gas en las provincias del Sur alcanza, en promedio, al 539 por
ciento para los usuarios residenciales y hasta 1245 por ciento en comercios e industrias. Las
cámaras hoteleras de la región aseguran que el tarifazo pone en riesgo la sustentabilidad de
distintos establecimientos en Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Calafate, Esquel,
El Bolsón, Villa la Angostura y San Martín de los Andes. La significativa suba de los
costos suma presión sobre una temporada invernal afectada por la caída en el turismo
interno que siguió a la aceleración de la inflación y la recesión. Lindo panorama neoliberal
para la temporada invernal que se avecina.

Cerca de 800 teatros independientes, centros culturales, clubes de música, peñas y milongas
se sumarán este sábado al "apagón cultura" en contra del tarifazo implementado por la
gestión de Mauricio Macri. "Esta semana, junto a Cultura Unida, nos declaramos en estado
de emergencia", aseguró Alejandra, integrante de La Carpintería. "La boleta de luz pasó de
1500 a 8 mil pesos y el agua de 1400 a 6000. Este jueves a las 17 convocamos a una
conferencia de prensa en el teatro. Pedimos una tarifa diferenciada para centros culturales y
mientras tanto que haya una partida de emergencia". Mientras se apela a la sensibilidad
diabólica de los neoliberales en el poder, exigiendo además un “cacho” de cultura, siguen
pasando los días y Darío El Pérfido sigue de secretario de esa área.

Quienes afirman que este gobierno carece de sensibilidad social ignoran las facilidades
excepcionales con que el Estado neoliberal acompaña a la población y al pequeño
empresariado en esta vital etapa de “sincera-miento” que auspicia el presidente offshore. El
aumento de hasta un 300% en la tarifa de gas, que se suma a otros incrementos, hace que el
usuario haga malabares para llegar a cubrir los gastos en los servicios. Lo insólito es que
ahora el Ministerio de Energía y Minería (MINEM) comunicó cambios en la forma de pago
de las facturas de gas, permitiendo pagar en cuotas. La medida apunta al consumo
correspondiente a los meses del invierno, y está dirigida a pequeños comercios, PYMES y
entes oficiales de todo el país. Al respecto, puntualizó a través de un comunicado que "las
categorías tarifarias SGP1, SGP2 y SGP3 abonarán el 50 por ciento de los consumos
facturados (sólo el componente Gas) correspondientes al nuevo cuadro tarifario de este
invierno -de abril a septiembre-". El otro 50 por ciento del gas facturado será financiado por
el Estado Nacional, de modo que estos usuarios consumidores "podrán abonar la diferencia
en cuotas, en los períodos de bajo consumo, entre octubre de 2016 y marzo 2017 y entre
octubre de 2017 y marzo de 2018". Basta de quejarse por llenos y a pagar con alegría, que
la felicidad también se regatea con facilidades accesibles para todos y todas.

21/05/16: Hasta hace unos días esperábamos “ansiosos” el segundo semestre en que, por la
promesa del anti héroe popular Mauricio Macri, se verían el repunte de la economía y la
lluvia de inversiones productivas. Ahora, como sucedió ayer durante su escandaloso
discurso en la precarizada empresa Cresta Roja, hablan de “un año” para ver los frutos
venenosos del árbol de la muerte neoliberal. La verdad es que las calamidades seguirán
multiplicándose por todo el país. Según un informe elaborado por la consultora Ecolatina,
el salario del sector formal aumentó en los primeros tres meses de año un 6 por ciento,
mientras que el salto devaluatorio fue del 45 por ciento y el incremento promedio de las
tarifas de los servicios públicos subió un 165 por ciento. La devaluación de la moneda y el
ajuste de tarifas fue un golpe certero a los salarios, los cuales registraron en el primer
trimestre una caída de su poder adquisitivo de un 8 por ciento respecto a noviembre último.
Ahora esperamos las acciones “hasta las últimas consecuencias”, en defensa del campo
popular, prometidas a los gritos por el dirigente de fútbol y gremialista, el semi combativo
Hugo Moyano.

Las exportaciones de carne bovina registraron en abril un incremento de 26 por ciento

respecto del mismo mes del año pasado. Así lo registró el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna. El aumento de los despachos de carne al mundo se explicó por un mayor
volumen de saldos exportables debido a la caída de consumo interno. Los precios de la
carne vacuna subieron el último año por encima del 40 por ciento en el mercado local,
mientras la demanda bajó casi 6 por ciento. Pero ha no desesperar: nos queda la “novedad”
de la carne equina a mitad de precio o la venta por gramo, como ocurre en Corrientes. De
última contamos con los sabios consejos de Aranguren: “si te parece caro, no lo compres”.

La persecución política a través de un poder judicial, amañado a las necesidades

revanchistas de los reos neoliberales, inauguró un nuevo capítulo. Su mejor exponente, el
totalitario Gerardo (in) Morales, gobernador de Jujuy, lo auspició nuevamente. En sólo 24
horas, el Poder Judicial de Jujuy allanó la sede de la municipalidad del departamento El
Carmen, cuyo intendente, Adrián Mendieta, pertenece al opositor Frente para la Victoria, y
suspendió la matrícula de su abogado defensor, Alberto Nayar, uno de los letrados que
denunció la ampliación del tribunal supremo de aquella provincia durante la escandalosa
sesión de la legislatura provincial en la que diputados radicales que responden al
gobernador Gerardo (in) Morales se promovieron a sí mismos. La senadora del FpV por
Jujuy, Liliana Fellner, denunció ayer estos hechos durante una entrevista en la que también
se solidarizó con Milagro Sala, quien lleva cuatro meses ilegalmente presa.

El secreto vuelve a ser regla en la inteligencia del Estado. El gobierno de Mauricio Macri
eliminó el lunes último la obligación de registrar los fondos de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) y el uso que se les da. El argumento del decreto 656/2016: “agilizar las
instancias administrativas usuales de gestión”. El Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y la asociación civil Memoria Activa expresaron su “preocupación” en una carta al
jefe de gabinete y Ministro de Propaganda Joseph Peña, en la que advierten al gobierno que
la decisión implica incumplir el compromiso de “transparentar el sistema de utilización de
fondos reservados” asumido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en el marco de la investigación por el atentado a la AMIA, en la que el
dinero público fue usado para sobornar testigos e imputados y encubrir a los autores.
Ambas organizaciones solicitaron, además de una audiencia con el ministro, que el
gobierno informe los detalles de la nueva reforma, cuál será la política de publicidad y
secreto de las actividades de inteligencia y cómo se cumplirá el compromiso asumido en
2005. El secreto y la discrecionalidad reinaron hasta principios de 2015, cuando el
Congreso, a partir de un proyecto impulsado por la presidenta Cristina Kirchner, sancionó
la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional. La ley 27.126 estipuló en sus artículos 18
y 19 que los organismos de ese sistema debían establecer “los procedimientos necesarios
para la adecuada rendición” de los fondos de carácter reservado, preservando la
documentación respaldatoria que sea posible. Luego, el decreto 1311/2015 sancionó el
“Régimen de Administración de la AFI”, que definió qué gastos debían clasificarse como
“públicos” y cuales podían mantenerse sujetos a una clasificación de seguridad. Oscuros,
siniestros, perversos. Ya no hay calificativo que alcance para encuadrarlos.

La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda “Mi Escuela Saludable”,
el programa que realiza evaluaciones a estudiantes en edad escolar y que está coordinado
por una ONG de la que participan Monsanto, Syngenta y Coca-Cola, entre otros. La medida
se enmarca en una acción de amparo presentada por el secretario general de Ademys, Jorge
Daniel Adaro, y el legislador Gustavo Vera (Bien Común), que cuestiona la delegación a
entidades privadas de las tareas de planificación y evaluación de programas de salud. “Lo
que venimos percibiendo por parte del gobierno es una injerencia creciente de
organizaciones no gubernamentales en las escuelas públicas, que entendemos que se trata
de un proceso de privatización”, manifestó Adaro.

El modelo neoliberal lo puede todo a la hora de diseminar calamidades. Argentina

importará por primera vez en su historia producción de trigo. Será desde Uruguay, por una
cantidad de 300 toneladas, luego de la compra de ganado en pie que gestionó el ministerio
de Agricultura como forma de paliar los aumentos que se dieron en ese producto a
principios de 2016. Si bien es una cantidad menor, no deja de ser llamativo que el país
compre en el exterior un producto emblemático. La Argentina tiene un consumo local de
alrededor 6 millones de toneladas anuales para la producción de harina, insumo
fundamental del pan, por lo que la importación representa menos del 1% de las necesidades
del país. Tranquilos que la proeza puede mejorarse, en el segundo semestre…

El paso de un modelo de desarrollo con base en la industria e inclusivo, a otro

agroexportador, financiero y excluyente, golpea en el mercado laboral. Fuentes empresarias
y gremiales aseguran que la respuesta habitual ante el anuncio del cierre de plantas o el
pedido de auxilio para evitar despidos es la indiferencia. Los trabajadores de Radio
América, por ejemplo, hace meses que reclaman la concesión de los Repro para cubrir una
parte de sus ingresos sin ningún resultado. La cartera laboral se desentiende del conflicto
mientras los empleados siguen sin cobrar desde diciembre. En este y en otros casos, el
Gobierno en lugar de asumir un rol activo, decidido, que interpele a los empleadores y al
mismo tiempo les ofrezca alternativas para remontar su actividad, mira desde la platea
cómo se va acentuando la sangría ocupacional. Pasado mañana habrá una movilización a
Alem al 600 de otro gremio que viene reclamando sin éxito la intervención del Ministerio
de Trabajo. Es la Federación Marítima, que protesta por el cierre de la terminal Tecplata y
para impedir un avance contra derechos de los operarios. Según su denuncia, son víctimas
de “intimidaciones del sector empresarial, que posterga la recomposición salarial con la
insólita exigencia de que los gremios renuncien a las conquistas de los Convenios
Colectivos de Trabajo”. Otra manera de verificar el ascenso de la conflictividad social lo
reflejan, por ejemplo, las últimas estadísticas del Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria (Seclo): en marzo atendió un 50 por ciento más de trabajadores y empresas que
en igual mes del año pasado. Este organismo del Ministerio de Trabajo se encarga de
resolver por vía administrativa reclamos individuales en materia de empleo. Es una
instancia previa obligatoria a cualquier demanda judicial en la Ciudad de Buenos Aires. Si
después de dos audiencias de mediación las partes no llegan a un acuerdo, entonces sí el
trabajador puede plantear su queja en Tribunales. Desde que empezó el año, el Seclo
experimentó una estampida en la presentación de casos, que fue de entre 20 y 30 por ciento
en el primer bimestre y saltó al 50 por ciento en marzo. Acudieron 14.700 personas, contra
9800 de marzo de 2015. La dependencia interviene frente a cualquier tipo de controversias,
no solo despidos, con lo cual constituye un valioso termómetro oficial sobre la marcha que
lleva el mercado de trabajo. Si gobernar es dar trabajo, el desgobierno reina en la república
y el caos social que generará multiplicará la miseria y la violencia en todo el país.

22/05/16: Las cuatro centrales sindicales más importantes del país ratificaron ayer su
unidad en rechazo al veto de la ley de Emergencia Ocupacional y anticiparon que esta
semana anunciarán una nueva medida de fuerza contra el gobierno nacional. Aunque la
intención de las dos CTA era anunciar ayer mismo la huelga, el ex gremialista y dirigente
deportivo el semi combativo Hugo Moyano y Caló no estaban convencidos de que fuera el
camino a seguir y los cuatro coincidieron en la necesidad de no mostrar fisuras, por lo que
se postergó la definición por unos días. Las alternativas en juego son convocar al paro
nacional o realizar una nueva manifestación del movimiento obrero unificado, como el 29
de abril. Aquella vez, en una concesión al gobierno nacional, se había elegido marchar al
monumento al Trabajo; ayer se barajó para esta ocasión subir el voltaje político y convocar
en Plaza de Mayo. Los secretarios generales confían en que la medida que tomen tendrá el
apoyo de diversos sectores políticos, gremiales y civiles, sea cual sea. “Hay que ver cuál es
la jugada más conveniente en este contexto”, analizó Yasky. Mientras los muchachos
deliberan y se toman su tiempo el Papa, que está a la izquierda de todos ellos, envió un
mensaje en apoyo a la unidad del movimiento obrero organizado.

El titular de la firma Hope Funds, investigado por lavado de dinero por la AFIP y la Justicia
argentina, aparece en los Panamá Papers como director, apoderado y/o beneficiario de una
compleja red de empresas con sede en los paraísos fiscales de Panamá, las Islas Vírgenes
Británicas y Singapur, junto a un grupo de socios o testaferros cuyos nombres se repiten en
las distintas offshore y también en varias empresas del grupo inscriptas en la Argentina.
Como no podía ser de otra manera, esta firma, está vinculada con…. ¡el presidente offshore
Mauricio Macri! En los últimos años Hope Funds, liderada por el empresario Juan Enrique
Blaksley Señorans, ha organizado y llevado adelante eventos pagos para promocionar al
gobierno de la ciudad de Buenos Aires durante la gestión del anti héroe popular, incluyendo
la carrera entre el súper atleta jamaiquino Usain Bolt y el mal llamado Metrobús recién
estrenado en el 2013, compulsa que laudó a favor del atleta el entonces jefe de gobierno en
la línea de llegada. Hope Funds también ha sido beneficiada por el gobierno de la ciudad
con la extensión de una concesión de una importante propiedad comercial en la exclusiva
zona de Recoleta a un precio muy por debajo del mercado y sin que el expediente pase por
la legislatura porteña. Además, Hope Funds realiza tareas de mercadeo para Boca Juniors,
club dirigido por Daniel Angelici, predecesor de Macri en la presidencia de la institución y
apuntado como el principal operador judicial del mandatario argentino. Blacksley también
está asociado en una empresa con Fernando Marín, un ex directivo del grupo Socma, el
holding de la familia Macri, a quien el presidente argentino designó para coordinar el
multimillonario negocio del Fútbol Para Todos. Hope Funds maneja varios negocios en la
ciudad de Buenos Aires. Junto al accionista mayoritario Grupo IRSA, Hope es dueño del 47
por ciento del complejo Buenos Aires Design. La concesión por veinte años del Buenos
Aires Design venció el 18 de noviembre de 2012 y ese mismo mes fue renovada por el
gobierno porteño hasta el 17 de noviembre de 2017, un día antes de que se cumplan los
cinco años. Allí se aplicó la ley 3399, que permite al Ejecutivo ampliar la concesión por un
plazo menor a los cinco años, sin necesidad de que la medida cuente con la aprobación de
la Legislatura. Así son los negocios de los “buenos muchachos”.

Si uno pega una miradita a la conformación del infame gobierno neoliberal que preside el
presidente offshore, reconocerá una legión de por lo menos 27 financistas que ocupan
diferentes cargos estratégicos en su estructura; la mayoría proveniente de Wall Street. Así
lo marca el periodista Alfredo Zaiat, en Página/12 de hoy, para quien “es tan impactante
este desembarco que sorprende a los propios protagonistas del mercado financiero
internacional, que lo festejan pero a la vez les genera intriga el experimento. Wall Street
está acostumbrada en Estado Unidos a colocar en ciertos cargos claves alguno de sus
representantes, para luego desplegar una extraordinaria capacidad de lobby para conseguir
condiciones que permitan ampliar su fabuloso negocio sin interferencias. La administración
Macri fue más allá y entregó directamente el manejo de varios organismos estatales al
mundo de las finanzas internacional. Wall Street se instaló de ese modo en la Casa Rosada
como no lo ha hecho en ningún otro gobierno”. Y no han perdido tiempo en empezar a
valorizar ese espacio privilegiado en el poder. Diseñaron operaciones de canjes de deuda, la
colocación de bonos del Estado Nacional (títulos para pagar a los fondos buitres),
provinciales y de empresas (YPF), y especulación con las Lebac. Además, ya tienen
previsto avanzar en otros negocios que hoy son negados por el gobierno pero que están en
agenda, como la venta de los paquetes accionarios de empresas privadas en manos de la
Anses y la privatización parcial (Arsat) o total de empresas públicas luego de asfixiarlas
financieramente afectando de esa manera la calidad del servicio, siendo Aerolíneas
Argentinas el caso más evidente. Por esto, pero esencialmente por las medidas tomadas y a
tomar, este es un gobierno de ricos para ricos; por mal que le pese al jefe de Gabinete y
Ministro de Propaganda, Joseph Peña.

El gobierno del Hood Robin argentino no nacional, que se llena la boca balbuceando contra
la corrupción y en favor de la transparencia, cometió otro escándalo que lo emparenta con
prácticas nepotistas que rozan el delito. Aerolíneas Argentinas dejará de contratar al hotel
Los Altos del Calafate (Hotesur) tras decidir dejar de lado su oferta en la licitación para
hospedar a los pilotos de la empresa, y en su lugar contrató al hotel Esplendor,
perteneciente a la familia Braun, de parientes del secretario de Comercio y del jefe de
Gabinete y Ministro de Propaganda Joseph Peña Braun. Así lo resolvió la nueva
administración de la aerolínea de bandera: El Alto Calafate, pese a haber presentado la
mejor tarifa en el concurso de precios convocado por la empresa que hoy dirige Isela
Constantini, no ganó por su situación judicial. Según datos del expediente informados por
el diario La Nación, El Alto Calafate había presentado el precio más barato: $ 1049 por
habitación, muy lejos de los $ 1298 que cotizó el segundo (Esplendor) y los $ 1471 del
tercero (Xelena). Se les pidió a los escoltas que mejoraran la oferta y, aun así, ninguno
pudo mejorar el precio del Alto Calafate. No cabe duda de que son transparentes; sus
comportamientos están a la vista, de los que quieren ver.

23/05/16: La mugre que cubre al accionar del presidente offshore hace de su gobierno una
caricatura mal hecha de la dignidad y la decencia republicana. Desde que Lázaro Báez
declaró ante la Justicia la sociedad que construyó con Ángelo Garcaterra, en el Gobierno
empezaron a advertir que el caso podría perjudicar también al entorno de la actual
administración por la relación directa que aún mantiene el presidente con su primo, tanto
familiar como comercialmente. Es que el jefe de Estado todavía tiene control sobre la
empresa que supuestamente le cedió el grupo SOCMA en 2007 a Garcaterra. Ese año, en
que Macri asumió como jefe de Gobierno porteño, el grupo familiar le vendió al hijo de una
hermana de Franco las compañías IECSA y Creaurban, con las que Ángelo creó una unión
de empresas llamada ODS, junto a la firma italiana Ghella. Pero la forma en la que el
querido Ángelo le "compró" a su primo la empresa fue a través de una prenda de sus
acciones. Es decir que los Macri se quedaron con las acciones de ODS en garantía, hasta
que esta firma pudiera cancelar la deuda. Ésta especie de préstamo se venció a fines de
2014 pero la deuda no fue cancelada, por lo que Macri sigue siendo parte de las empresas
de su primo, el tercer mayor contratista del Estado en los últimos años y socio de Báez (que
está 40º en la lista de los más beneficiados por obras públicas) en una decena de obras.
Según la última Declaración Jurada de Macri, el mandatario sigue siendo dueño de
SOCMA, y SOCMA sigue teniendo dentro de su estructura a SIDECO, dueña de las
acciones de la empresa de Garcaterra. Tanto la vigencia de la prenda como la reducción de
la misma en 2012 se desprenden de la información que eleva la compañía a la Comisión
Nacional de Valores, donde también se puede comprobar otro de los datos clave que
demuestran que Macri siguió como parte de la empresa tras la venta: el directorio no
cambió desde que su primo tomó control de la misma. De hecho, el actual vicepresidente de
Garcaterra, Santiago Altieri, es el que era el presidente antes de 2007, cuando la firma era
parte de SIDECO-SOCMA. Otro dato que señala el portal Nuestras Voces es que
Garcaterra cobra salario de director (en la última oportunidad fueron $10 millones anuales),
lo cual no pasa con los dueños de las compañías en general. Por estas razones es que Macri
sigue ligado a ODS, la empresa de su primo que fue la tercera más beneficiada por las obras
públicas en los últimos años por más de U$S 14.000 millones, en muchas de ellas teniendo
a Báez como subcontratista. Ya con Mau y sus pandilleros en la Rosada, Iecsa volvió a
ganar licitaciones y, por eso, decidió anunciar que vendería la firma, aunque sería a la
empresa Ghella, con la cual creó la unión ODS. ODS, cuyo dueño formal es Calcaterra pero
que buena parte de las acciones están prendadas en favor del Grupo Macri, tuvo una decena
de obras junto a Báez. Entre ellas, un tramo y concesión de la Ruta 9, con Lázaro como
subcontratista, la Ruta Nacional 18, la Ruta Provincial 20, el paso de frontera de Paso de
los Libres en el Complejo Terminal de Cargas, la infraestructura vial de Yacyretá, trabajos
en Atucha II, la interconexión Pico Truncado-Río Gallegos y la planta Terminal de
Petrobras en Caleta Paula, además de haber participado en otras licitaciones grandes, como
la construcción de las represas Kirchner y Cepernic. La perduración de este hombre en el
cargo empieza a ser una interpelación directa a todos los argentinos de bien que no quieren
más a alguien emparentado con el delito, la falsedad ideológica, la estafa electoral, el
nepotismo y la mentira institucionalizada.

Según el diario Tiempo Argentino de ayer, en la mañana del lunes 7 de septiembre de 1998
Mauricio Macri, entonces presidente de Boca, llegó a las oficinas del Grupo Macri, en el
edificio de Eduardo Madero 940. Lo acompañaron Franco, su padre, Mariano, su hermano
menor, y otros directivos históricos del Grupo. El objetivo del encuentro: otorgar poder a
tres personas para que representaran a Socma en Owners Do Brasil Participações Ltda, un
holding creado en el país vecino donde Socma y Fleg ejercieron una activa sociedad. Esa
mañana, a las 10, según el acta rubricada por el escribano Jorge Ledesma, Mauricio, su
padre y su hermano cedieron poderes a tres nombres frecuentes en el entramado de
empresas del Grupo: el argentino Alberto Guillermo Tarantini, el brasileño Armando
Jannuzi Raffo y el español Ramiro Arex Sixto. "Luego de un breve intercambio de ideas, el
directorio por unanimidad resuelve: 1. Otorgamiento de Poder Especial a favor de los
señores Tarantini, Jannuzi Raffo y Arex Sixto para que cualquiera de ellos pueda, en forma
indistinta, representar la sociedad ante todos los organismos y reparticiones públicas a los
efectos de proceder en nombre y representación de la Sociedad (...)", señala el Acta de
Directorio de Socma. Apenas una semana después, el lunes 14 de septiembre, Ledesma
labró en la misma oficina un documento similar. Esa vez sólo concurrió Franco, como
presidente de Fleg Trading, la sociedad offshore que fundó con Mauricio y Mariano en
Bahamas. En ese sencillo acto, el patriarca designó a los mismos apoderados de Socma
S.A. –Tarantini, Jannuzi Raffo y Arex Sixto– para realizar operaciones en nombre de Fleg.
Con ese poder, los designados ejecutaron los movimientos descubiertos por Tiempo que
hoy investiga la justicia. Uno de ellos: disponer de 11,4 millones de reales –unos 8,5
millones de dólares– para cubrir un convenio firmado con el Hotel Nuraghe Portorotondo
S.p.A., propiedad de Giorgio Nocella, amigo de Franco y socio italiano del clan.
"Yo de eso no sé nada", dice hoy Alberto Tarantini, uno de los apoderados de los Macri en
Fleg. Ex hombre de negocios devenido en músico –realizó un exquisito CD homenaje a
Gershwin y Piazzolla–, Tarantini integró varios directorios del Grupo durante los noventa.
"Pero a Owners nunca la oí nombrar. Y menos al hotel de Italia –puntualiza–. ¡No tenía
nada que ver con lo que hacíamos en Brasil!" Por aquellos años, lo que Tarantini hacía en
Brasil era tratar de exportar Movicom, la empresa del Grupo Macri que fue pionera en
telefonía móvil. El intento fracasó: una licitación los dejó afuera. Para Tarantini fue una
decepción personal. En los ochenta, él mismo había trajinado con Franco para seducir y
asociarse a la Bell South. De aquella unión nació B.A. Celular Inversora S.A., la
controlante de Movicom. En esa empresa, Tarantini compartió directorio con Mauricio, el
futuro presidente de la Nación. En 2000, Tarantini abandonó al clan Macri para dedicarse a
la música. Pero se le hizo difícil vivir del arte. Decidió entonces volver a los negocios. Por
un tiempo lo cobijó la Bell. Y luego creó Becom1 S.A., una empresa de marketing digital.
Con esta firma, su apellido y el de Macri se volvieron a cruzar. Fundada en diciembre de
2013, Becom1 S.A. obtuvo contratos millonarios con el gobierno porteño durante el tramo
final del mandato de Macri en la Ciudad. A saber:
• El 10 de septiembre de 2014 ganó una licitación pública para la "Provisión de servicios
especializados en monitoreo de redes sociales para evaluar la aceptación de las App's del
Gobierno de la Ciudad". Por esa tarea, la firma embolsó 828 mil pesos.
• Poco después, el 28 de noviembre, la Unidad de Proyectos Especiales le pagó 150 mil
pesos por un estudio para el programa Ciudad Verde.
• Unas semanas más tarde, el 19 de diciembre de 2014, la Secretaría de Hábitat e Inclusión
le extendió una contratación directa de 349.860 pesos por Servicios de Gestión
Comunicacional. Según se explica en la resolución 127/SSDI/14, "la urgencia de la
tramitación" se sustentaba "en la imprescindibilidad de contar con los servicios" a efectos
de "contar con un canal de comunicación eficiente" por el cual "se pueda dar pronta
respuesta a las urgencias habitacionales". El contrato no especifica de qué modo
el marketing digital contribuye a solucionar el drama habitacional de la Ciudad.
• El 13 de mayo de 2015, el gobierno volvió a contratar de manera directa a Becom1 por un
"Servicio de consultoría de estrategia comunicacional". El monto: 2,3 millones de pesos.
• El 12 de agosto de 2015, en plena campaña, la firma se alzó con 1,7 millones de pesos por
servicios de "consultoría para el sitio web" del gobierno PRO.
• El 24 de noviembre, con Macri a punto de dejar la Ciudad, Becom1 recibió su contrato
más jugoso: 3,4 millones de pesos por un "servicio de consultoría para la construcción de
un sistema de gestión" de organismos comunales. En poco más de un año, Becom1, la
empresa de uno de los apoderados de Macri, cosechó al menos 8,9 millones de pesos de la
gestión PRO. El pasado es así, caprichoso y porfiado. Nunca se va.

La alianza neoliberal va entrando a pleno a la verdadera etapa de sincera-miento. Hasta

hace dos semanas no había despidos, ni aumento de precios ni crisis general. Ahora, para el
jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda del gobierno de los ricos, “el país se encuentra
en el peor momento en materia económica, por lo que se adoptan todas las medidas
posibles para que no se profundice esa situación”. Se ve que pueden poco porque todo se
va agravando; a tal punto que del famoso “segundo semestre de reactivación” que empieza
en menos de 10 días, ya no hablan. Primero lo pasaron al año que viene, ahora lo dieron de
baja; como todos los planes sociales y programas públicos que, desde que asumieron,
empobrecieron la vida de la población.

El vergonzoso Claudio Malodío sigue siendo juez de la Nación. La semana pasada las
defensas en la causa del “dólar futuro” presentaron un escrito en donde se evidencia que
varios argumentos esgrimidos por el juez Claudio Malodío para procesar a la ex presidenta
Cristina Kirchner fueron obtenidos, copiados y pegados directamente de internet. Es por
eso que Alejandro Rúa, abogado de Pedro Biscay -el ex director del Banco Central-,
publicó parte de la presentación y realizó comparaciones desde su cuenta de Twitter donde
se puede apreciar cómo plagió, de manera textual, para los “fundamentos” de sus fallos,
escritos del Instituto Interamericano para la Cooperación, entre otros. Ahora, descubierto el
papelón histórico, enceguecido como está contra CFK, será el cuarto juez federal que
tendrá una causa en la que se investiga si la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner
tiene título de abogada. El caso del título de Cristina estuvo en manos de tres jueces
federales, dos camaristas y nueve fiscales o fiscales de Cámara. También hicieron
investigaciones varios periodistas, entre ellos Omar Lavieri, Walter Curia y Laura Di
Marco y el sitio Chequeado.com. Todos ellos coincidieron en que CFK se recibió en 1979.
Lo hizo el 1º de octubre de ese año rindiendo Derecho Internacional Privado. Recibió el
título el 10 de diciembre de 1979, según consta en el acta 710, folio 237, libro 74 de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En la misma página está el acta 709 de Elsa
Noemí González, quien se recibió de farmacéutica, y el acta 711 de César Gabriel Di
Pascual, quien también consiguió el título de abogado. Además, figura matriculada en el
Colegio de Abogados de Santa Cruz en el tomo II, folio 160. Pero de nada sirve la
información fidedigna ni los datos duros incontrastables para gente que no se preocupa por
la veracidad de los hechos sino en ignorarlos, negarlos o falsearlos para mantener sus
posiciones preexistentes. Ahí es donde entran a batallar los medios que, retroalimentando la
mentira, necedad y la ignorancia, refuerzan esas posturas obtusas, empeñadas en forzar los
hechos para que encajen en sus postulados preconfigurados. Para terminar, y fuera de
broma (aunque no parezca): ¿Alguien podrá tener acceso al título de abogado de Malodío,
sus calificaciones, y su trayectoria académica durante la carrera, etc.? De Derecho sabe
poco, escribir ignora por inspiración propia, y hablar, públicamente, lo hace a través de sus
escandalosos fallos (yerros); por lo que la duda, sabiendo su desapego a la ley, es pertinente
tratándose de quien se trata. Y a no confundirse: cuando se dice que es un hombre con un
discurso bien “armado”, se está hablando de otra cosa…

La inversión productiva, el riesgo empresarial y el libre mercado sin intervención del

Estado, son unas de las tantas mentiras del neoliberalismo. Luego del tarifazo en los
servicios públicos, los contribuyentes volverán a financiar el crecimiento de las empresas
gasíferas, ya que el Gobierno dispuso emitir 1.142 millones de dólares en Bonar 2020, para
financiar el subsidio a la producción de dicho insumo energético. La medida fue publicado
hoy en el Boletín Oficial, junto con el veto de la ley antidespidos, y contó con la firma del
presidente offshore, el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, y los
ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y de Shell en Energía, Juan José Aranguren. El
Estado se compromete a emitir la suma total de U$S 1.142.44.272 dólares en bonos con
fecha de vencimiento al 2020 y un interés del 8% anual, con el objetivo de transferir más de
16 mil millones de pesos para los programas de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas
Natural; de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida,
y parte del acuerdo de Abastecimiento de Gas Propano para Redes de Distribución de Gas
Propano Indiluido. Una vez más el Estado interviniendo en la economía, como siempre. A
veces ausentándose para dejar desamparados a los que menos tienen, a veces para transferir
recursos públicos en favor de las corporaciones, que así pueden evitar inversiones directas,
concentrar monopolios o asociarse en promiscuos contubernios con un gobierno que
favorece sus intereses privados y sectoriales en detrimento del conjunto. Con los
funcionarios como facilitadores de aberrantes políticas públicas, la gerentocracia de CEOs
que administra al gobierno neoliberal que padecemos, tiene muy claro de qué lado están sus
intereses y prioridades. En tanto los gremialistas se toman tiempo, confundidos como están
muchos de ellos entre sus orígenes sindicales y sus presentes empresariales, para decidirse a
confrontar abiertamente con un modelo socio-económico precarizador y excluyente. En el
medio queda el pueblo trabajador, huérfano de representación y de proyecto político que lo
contenga.

Uno de los personajes más siniestros y con más poder del país es, sin dudas, Héctor
Magnetto. Es sin dudas uno de los máximos responsables del clima de odio y revanchismo
en el que nos vemos inmersos y que llevaron al país a este presente desolador, será, vaya
qué patética ironía, homenajeado con un inmerecido galardón: la organización no
gubernamental Freedom House le entregará el Premio a la Libertad de Expresión 2016. La
ceremonia se realizará el martes 24 de mayo, durante una gala en el Newseum de
Washington, Estados Unidos. Freedom House otorgará el reconocimiento a Magnetto, por
su rol y el del grupo que dirige en “el ejercicio y la defensa de la libertad de prensa en la
Argentina durante la última década”. Esta fundación, tiene sede en EE.UU. y está
financiada, en un 80 %, por el gobierno de aquel país. El personero mediático de la última
dictadura cívico-militar-empresarial-clerical, maestro de la calumnia y la difamación a
escala continental, goza de estos halagos entre los suyos, mientras en Argentina su grupo
económico avasalla las leyes de la democracia, los derechos sindicales de sus empleados, y
a la opinión pública general con su monstruoso monopolio que cuando informa, tergiversa;
cuando investiga, manipula; y cuando opina, destila cinismo y mentiras.

24/05/16: En su afán de hacer negocios a toda velocidad, quizá porque saben que esto
puede durar poco, la banda neoliberal en el poder a la vez se ve obligada a poner parches
mientras facilita a los grupos dominantes el campo para desarrollarlos. Es lo que sucede
con los despropósitos que están cometiendo en el manejo del tipo de cambio de las tasas de
interés. Los más de 15 mil millones de pesos gastados por el Banco Central en lo que va de
mayo para evitar un descenso en el valor del dólar, cosa que no pudo impedir por otro lado,
marca los límites de algunas definiciones que son lanzadas como principios inamovibles.
En este caso, que, a partir de la nueva administración, el dólar flotaría sin prácticamente
intervención oficial. La tendencia a la baja en el dólar está íntimamente ligada a una oferta
de divisas en la plaza local muy superior a la demanda. Esa oferta está impulsada, en primer
lugar, por el ingreso de capital especulativo. La evolución del mercado único de cambios
indica que mientras en enero la enorme mayoría de las liquidaciones de divisas provenía de
inversión extranjera directa (IED) con muy poco producto de las inversiones especulativas
y capital golondrina, en abril se dio vuelta esa relación y estos últimos superan con creces a
los primeros, unos 230 millones de dólares contra no más de 160 millones. En segundo
lugar, aporta a la sobreoferta de divisas el cada vez mayor ingreso de liquidaciones por
exportaciones de granos, que sumó casi 700 millones de dólares en la segunda semana de
mayo. Los dólares ingresados por estas dos vías se transforman en pesos. Los pesos en
manos de estos inversores, más los que tienen los bancos, están siendo ubicados en un
producto que es inflacionario: las Lebac. Se trata de un instrumento financiero emitido por
el Banco Central, que en su gran mayoría cotiza en pesos y que remunera a su poseedor con
una tasa de interés del 37% anual, una enormidad si se lo compara con las tasas cercanas a
cero en las principales plazas financieras del mundo y a las que tienen acceso tanto los
especuladores como las grandes empresas con fuertes capitales globales. Las Lebac han
llegado a un nivel que muchos economistas liberales consideran insostenible: el stock
acumulado es cercano a los 500 mil millones de pesos, con más del 90% de ese monto con
vencimiento en los próximos 90 días. Además, el pago de intereses a lo largo de 2016 a las
actuales tasas podría acumular otros 200 mil millones. La cifra es absurda por donde se la
mire. Es mayor al ahorro que podría lograr el gobierno con la quita de subsidios a los
consumos de energía; es superior al ajuste logrado por el despido de los miles de
trabajadores del Estado nacional, estimado en poco más de 30 mil millones de pesos. El
problema de Sturzenegger es que, si el BCRA sigue comprando divisas al ritmo actual, la
emisión de pesos se mantendrá elevada y a menos que cambie el libreto, las Lebac seguirán
siendo el mecanismo para absorber esos pesos. La otra posibilidad es que el mercado aspire
los dólares que ingresen, pero las tasas increíbles en pesos imponen su rigor y la bicicleta
financiera se perpetúa. Esta consideración es un argumento que pesa también en contra de
las inversiones. Las Lebacs son la causa principal de las enormes ganancias de los bancos,
que en los primeros dos meses de este año (según datos del Banco Central) fueron del 60
por ciento. Es decir, conforman un negocio para los bancos y los exportadores a costa de un
parte económico que se verá reflejado en menos empleo y más recesión e inflación.

El escándalo de Aerolíneas Argentinas, conocido la semana pasada, en el cual los primos

(Sebastián y Carlos Braun) del jefe de gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña,
fueron contratados de manera de directa para que su hotel aloje a los pilotos en El Calafate,
tiene otra vuelta de tuerca. La directora de turismo DOSS SA, Marina Laurence, que oficia
de controladora del hotel de los Braun (“Esplendor”) es la esposa del primo Carlos. Y es
tan allegada al presidente offshore que estuvo a punto de ser testigo del casamiento de
aquél con la costurera Juliana Aguada. Como la señora estaba de viaje no pudo asistir a tan
extraordinario evento. De todos modos, esto es lo menos grave de los manejos que se
precipitarán a la brevedad en nuestra línea de bandera: el desmantelamiento de gran parte
de la flota, la eliminación de destinos “deficitarios”, la baja de algunas rutas a favor de Lan,
o el despido masivo de empleados que está en curso, es lo que debe horrorizarnos. Sus
políticas nefastas siempre tienen negocios espurios a sus espaldas; invariablemente van
juntos, como hermanos siameses.

Los gobernadores opositores al gobierno del héroe anti popular Mauricio Macri dejan
mucho que desear. Tan débiles, tan respetuosos de los tiempos políticos y tan poco rebeldes
para oponerse a las políticas confiscatorias contra sus coterráneos, los coloca más como
cómplices que como víctimas del tsunami de calamidades que el neoliberalismo desató
sobre la población. El Gobierno se comprometió ayer a producir un “alivio” del tarifazo de
gas para los usuarios residenciales del sur del país, aunque el porcentaje de ajuste
continuará siendo elevado. Tras una reunión que mantuvieron los ministros de Shell en
Energía, Juan José Aranguren, e Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores se acordó
fijar un tope de aumento de 400 por ciento para los consumos de las familias patagónicas y
de La Pampa, contra un alza promedio que habían sufrido hasta ahora superior al 500 por
ciento. Estuvieron los gobernadores de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; Río Negro,
Alberto Weretilneck; Chubut, Mario Das Neves; Neuquén, Omar Gutiérrez; La Pampa,
Carlos Verna; San Juan, Sergio Uñac; La Rioja, Sergio Casas; Santa Fe, Miguel Lisfchitz;
Entre Ríos, Gustavo Bordet; Chaco, Oscar Peppo; Formosa, Gildo Insfrán, y Catamarca,
Lucía Corpacci. También asistieron los vicegobernadores de Buenos Aires, Daniel
Salvador, y de Santa Cruz, Pablo González, y ministros del área de energía de las restantes
nueve provincias. En algunos casos el poder judicial demoró los aumentos y en otros, con
este acuerdo, morigeraron el impacto de algunas tarifas que habían llegado al 700 %. Los
gobernadores ofrecen “gobernabilidad”, que es la manera elegante para mostrarse
dialoguistas con un gobierno que siempre tiene contra-ofertas que, como decía Don
Corleone, “nadie puede rechazar”.

Al mal tiempo, buena cara. O al mal gobierno, ingenio para repudiarlo. Un negocio ofrece
un descuento para quienes le confiesen que votaron a Cambiemos pero están arrepentidos.
La peculiar oferta llega desde Río Grande, donde el minimercado, “La Vieja Esquina III”,
ofrece bajarles el precio a los macristas arrepentidos (y confesos). La imagen del cartel
ofreciéndolo rápidamente se viralizó. Desde el sur del país, su dueño, Jorge, explicó que "la
elección del nuevo presidente fue tan indignante, las ventas han bajado un 50% desde que
asumió Macri". El comerciante confesó que hace un mes que puso esa promoción y fueron
muchos los que se acercaron: "Al llegar ponen caras (sic) y dicen 'yo lo voté al boludo este'
(sic)". Alguno se enojó y preguntó cómo voy a poner eso. Tampoco todos van a admitir que
están arrepentidos". Jorge se queja del "aumento del gas, la inflación y el veto de la ley
antidespidos" y sentencia: "Si el comienzo es así, no me quiero imaginar el fin". Bueno, el
fin no es tan difícil de imaginar, un día después en que dos de los máximos responsables
políticos de la represión de diciembre del 2001, Mathov y Santos, fueron condenados a sólo
cuatro años de prisión, mientras el jefe político de ambos se mata de risa mientras riega los
bonsáis de su casa. Con respecto a las ofertas a los arrepentidos a no entusiasmarse
demasiado; todavía muchos necesitan más dosis de neoliberalismo recargado para darse
cuenta qué clase de gobierno los destruye mientras siguen consumiendo odio y
revanchismo por televisión.
Hoy se cumple un nuevo paro de todos los estatales en la provincia de Buenos Aires, con
un alto acatamiento, en rechazo a las políticas neoliberales de la gobernadora Heidi Vidal.
Ésta, cada vez más sacada ante el descontento que se va extendiendo contra su
administración, mostró la verdadera cara sin su angélica sonrisa. A la vez que amenazó con
descuentos a los huelguistas, en otra democrática invitación al “diálogo”, señaló: “Este paro
no es por una mejor escuela pública, es por dos leyes que no los afectan (la de Emergencia
Administrativa y Tecnológica y el veto de la ley antidespidos), que no tienen nada que ver
con su estabilidad laboral, no afectan su día a día de trabajo". Esta miserable postura los
pinta de cuerpo entero: 1) En sus cabecitas neoliberales no entra la palabra solidaridad, ni la
posibilidad de que uno tenga amigos, familiares o allegados que sufren de manera directa
sus políticas aberrantes. 2) La precarización, a la corta y no tan larga, afecta las condiciones
de trabajo de todos los trabajadores. 3) El veto a la ley concierne directamente a todos los
trabajadores del país. Gobernadora Vidal: va a necesitar más retiros espirituales para
serenarse y encontrar, cuando se encomiende a Dios, algo de sensibilidad para entender la
realidad que usted, con sus políticas ajustadoras, hace más invivible a la ciudadanía de a
pie. Eso sí: los gastos de este nuevo encuentro solvéntelos desde la caja de $ 200.000 que se
auto asignó recientemente.

25/05/16: Hace un año el 25 de Mayo se festejó en las calles con más de 150.000 personas
en la calle y un festival de música. Hoy es un día patéticamente triste. Sin nada para
festejar, el pueblo de a pie no asistirá a ninguna conmemoración oficial. La plaza de Mayo
estará vacía de pueblo pero llena de policías, porque allí acampan cooperativistas que
reclaman por su trabajo. También estará vallada para el público en general por lo que queda
bien al descubierto el carácter anti popular y anti nacional de este gobierno. Días antes
habían organizado el festejo detrás de la Casa Rosada, pero lo cambiaron por “un tema
organizativo”. “Nos parecía lindo abrir las puertas de Olivos”, justificó el jefe de gabinete y
Ministro Propaganda Joseph Peña. En cambio, hará una comidita privada con 400
neoliberales acompañados, para disimular un poco, de la humilde privilegiada Margarita
Barrientos. Un día patrio en manos de evasores de impuestos, mentirosos consuetudinarios,
perpetuadores del ajuste y la precarización, es una afrenta a la rica historia de Argentina y
el continente. No habrá festejos, sino un minuto de silencio.

Así como prevén bajar la inflación asesinando el salario y así el consumo, o sea, a través de
una recesión económica brutal que multiplicará despidos y suspensiones de trabajadores, ya
lograron bajar el déficit de la balanza comercial debido a que las compras cayeron más que
las ventas. El sector industrial bajó las exportaciones y las importaciones para la
producción, mientras crece el ingreso de bienes de consumo. En contraste, las compras de
automóviles y de bienes de consumo subieron el mes pasado, lo que adelanta el reemplazo
de bienes nacionales por artículos del exterior. Por esta misma mecánica bajaron el déficit
energético: “planchando la economía”. Así de cínicos son estos hombres sin otro horizonte
que transformar al país en una factoría norteamericana sin ningún sentido de dignidad
soberana. Así visto, es lógico que no promuevan festejos del 25 de Mayo …
El “mejor equipo económico en 50 años” será quien juzgue la supervivencia o extinción de
las pequeñas y medianas empresas en problemas. Según les adelantó el ministro de
Desempleo, Jorge Triaca, a los principales referentes de la Unión Industrial, el gobierno
utilizará el Programa de Recuperación Productiva (Repro) como salvavidas sólo para
aquellas firmas y actividades que considere “viables”. El Repro es una ayuda temporal que
ofrece el Estado nacional a aquellas empresas que por cuestiones coyunturales no pueden
solventar el pago de los salarios de su nómina laboral. Los empresarios enrolados en la
central fabril se quejaron por las demoras en la implementación de este salvavidas y el
ministro les aseguró que habrá mayor celeridad y transparencia, pero aclaró que no llegará
a todas las empresas en problemas, en su mayoría pequeñas. “En toda economía hay
empresas que mueren y empresas que nacen”, justificó el funcionario. Tan cierto esto es
como que hay gobiernos que finalizan a término sus mandatos y otros que se retiran
anticipadamente, eyectados por enardecidas puebladas.

Algunos legisladores macristas no dejan de sorprender: diría que no tienen “remedio”.

“Nada puede justificar aumentos que están largamente por encima del promedio de toda la
economía, excepto el aprovechamiento de una estructura concentrada que maneja a su
gusto toda la cadena productiva y comercial”, declararon legisladores macristas que
descubrieron así, que los laboratorios lucran con la salud de las personas en beneficio
propio. “Estamos decididos a utilizar todas las herramientas institucionales y legislativas
para lograr un profundo cambio en este sector, que mejore la competitividad y brinde una
oferta amplia y de calidad a precios razonables a los consumidores públicos y privados”,
argumentaron los diputados del PRO al denunciar su descubrimiento de una estructura
productiva y comercial oligopólica en el sector farmacéutico. Veremos si quieren apagar el
incendio con nafta, como suelen hacer, o atienden el problema integralmente en toda su
complejidad: desconcentrando un sector carterizado, fomentando la industria nacional a
través de las universidades públicas, promoviendo remedios genéricos, etc. Pero ello no
sucederá, porque iniciativas estas no están en el ADN neoliberal.

El poder judicial dio una muestra más de su auto gobierno y de su desapego a las leyes, de
las que se burlan mientras se valen de ellas. La asociación de Magistrados sacó un
comunicado en el que pide sean mantenidas en secreto sus declaraciones patrimoniales,
aduciendo razones de “seguridad” debido a las “características, responsabilidades y
exposición personal” que dicen que diferencia su trabajo de otras funciones públicas. “No
debe perderse de vista que los magistrados y funcionarios Poder Judicial de la Nación y los
Ministerios Públicos tienen a su cargo de modo permanente la intervención y decisión en
controversias que involucran tanto intereses particulares como colectivos, incluso en varias
oportunidades también ligados a otros de naturaleza política”, dice el comunicado, que
firma el titular de la entidad, el impresentable Ricardo Recondo. Con esta excusa cualquier
empleado o funcionario público invocaría el mismo motivo; pues siempre se está laudando
en conflictos entre partes con una alta exposición pública. En la actualidad se pueden
conocer los bienes de los jueces, con una presentación escrita ante el Consejo de la
Magistratura. Los de los miembros de la Corte se piden en la web del alto tribunal, sin
grandes chances de éxito. Hay que recordar que la reforma judicial de democratización de
la Justicia que logró aprobar el kirchnerismo en 2013, incluía una norma que obligaba a los
jueces a hacer su presentación de bienes en la Oficina Anticorrupción, un órgano del Poder
Ejecutivo. Pero la Corte Suprema de las Corporaciones la declaró inaplicable con el
“argumento” de que se violaba la división de poderes. Las quejas de la Asociación de los
jueces se activaron porque se avecina la aprobación de una ley de acceso a la información,
ya aprobada en Diputados. Pero como ellos están, paradójicamente, por afuera de la ley que
(mal) administran, la desoirán como hacen todo el tiempo con tantas otras causas todos los
días.

En medio de este triste día sin festejos ni fiestas populares en las calles, el presidente
offshore continúa con sus declaraciones provocativas. A costa de quedar como un autista,
un sobrador vengativo, o simplemente alguien con las facultades mentales alteradas, afirmó
que está "muy contento por cómo marchan las cosas", y aunque admitió que fueron
"semanas y meses muy difíciles para muchos argentinos", destacó que es un momento "en
el que no paran de llegar inversiones" al país, justo cuando el hada buena endemoniada,
María Eugenia Vidal, se arrastra por EE.UU buscándolas para intentar apagar el incendio
que se avecina en su provincia.

Hablando de apagar el fuego con nafta, el gobierno neoliberal lo ha vuelto a hacer. El

presidente offshore recortó 800 millones de pesos que estaban destinados a universidades
públicas y otras instituciones y los transfirió a varias provincias para sus gastos corrientes.
"No estamos en contra de que se incremente el presupuesto a las provincias, pero no puede
hacer a costa de reducirlo en las universidades públicas", dijeron desde la FUBA tras
manifestar su preocupación por la medida. Es así: de acuerdo al nivel de rechazo de algunas
de las medidas abominables que ponen marcha, son repensadas, morigeradas o
emparchadas; pero a costa de generar o ahondar otro foco de conflicto que a la vez se
subleva contra la nueva injusticia plasmada. Por magnitud y cantidad no hay registro de un
gobierno con el volumen de conflictos que ha desatado en todos los sectores en todo el país
en tan poco tiempo.

La impresentable ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, cometió otro papelón histórico.

Esta mañana declaró, con aire triunfal y sobrador, que en la madrugada de hoy la Federal
detuvo a seis personas que se trasladaban en un auto "con bombas molotov y un montón de
elementos", y que ella "tiende a pensar que iban a Plaza de Mayo", donde hay un
campamento de organizaciones sociales desde ayer. Pero ahí no paró. Envalentomada,
agregó: "todos los días hay una provocación”, y que se quiere "generar una situación de
violencia" para "poner al Gobierno en una situación límite". El problema para la ministra
fue que, para su desgracia, los supuestos “provocadores” resultaron ser vulgares
“quemacoches”, según lo informado por sus “súbditos”, la propia policía federal: “Los
detenidos estaban junto a un Renault Megane taxi donde encontraron una bolsa plástica
conteniendo mecheros caseros hechos con latas de gaseosa cortadas con estopa en su
interior...Los sospechosos primero utilizaban los bulones para romper el vidrio de un
rodado y amenazar a los dueños de los autos para luego prenderlos fuego". ¿Qué hay detrás
de ésta patética anécdota? El verdadero pensar del gobierno, que entiende que todas las
protestas que se multiplican por todo el país son infundadas, desmedidas o fogoneadas, y
que nada tienen que ver con un real malestar por la crisis colosal en que están hundiendo al
país y que se encargan, todos los días, en negar, ocultar o relativizar. Ojo con ver sólo
incompetencia en la multifacética ministra. Detrás de este apresuramiento anidan las
perversas percepciones que la alianza neoliberal gobernante tiene del pueblo argentino que
los sufre.
Dos hechos que parecen no tener conexión podrían concatenarse para entender la mirada
que tiene el gobierno neoliberal sobre los conflictos que se han desatado a lo largo y ancho
del país. Ayer, en Mendoza, la infantería reprimió, con gas pimienta y palazos, una
manifestación de trabajadores de ATE; que reclamaban contra el ajuste brutal del
gobernador de Cambiemos, Cornejo. Mientras que hoy el intendente de Bahía Blanca, el
proto fascista Héctor Gay, en un acto conmemorativo del 25 de Mayo, llamó en su discurso
a “combatir a los enemigos de adentro y de afuera, que no tienen patria ni bandera y
quieren subvertir valores y adueñarse de nuestros ideales y nuestra juventud…Es un tiempo
de reflexión y de unión de los argentinos que queremos restaurar valores. De los argentinos
de bien. Que somos la inmensa mayoría y tenemos que estar unidos frente a esos ataques”.
Como no dio precisiones, ¿habrá que entender que este hombre se refería a quienes
protestan contra las políticas bestiales que desataron contra los trabajadores? De adentro
podrían ser ésos, pero ¿de afuera? ¿La sinarquía internacional? ¿Los bolcheviques unidos?
Todo un disparate, pero revelador del contenido de fondo que anida en un discurso de otros
tiempos; cuando la dictadura, que este hombre avala y defiende, lo utilizaba para
defenderse de las acusaciones que sobre ella llovían desde “adentro” y desde “afuera”.
Represión y más amenazas persecutorias son las respuestas “dialoguistas” que tienen los
neoliberales siempre a mano para enfrentar los conflictos que ellos desencadenan.

26/05/16: La verdad es que uno trata de correrse del costado corrupto de los funcionarios
del infame gobierno neoliberal, porque sabe que el centro de su podredumbre son sus ideas
políticas, sus planes económicos, su concepción del mundo. Pero es inevitable reparar en
ese oscuro lado que anida en estos personeros del ajuste y la miseria planificada. El nivel de
corrupción es tan evidente, grave y descarado, que asombra hasta la impotencia más
absoluta la poca o nula reacción de opositores, hombres de bien o ciudadanos de a pie que,
encima de soportar medidas y declaraciones que son una agresión constante y cotidiana a
sus vidas, deben convivir con escándalos tan pavorosos como los que actualmente
transitamos. El presidente offshore acaba de presentar su declaración jurada. En ella
“reconoce” poseer un patrimonio de 110 millones de pesos, el doble de lo que aseguró
tener el año pasado cuando solo era candidato. También admitió poseer más de 1,4 millón
de dólares en cuentas en Bahamas, un paraíso fiscal, algo que el involucrado y su jefe de
Gabinete y Ministro de Propaganda Joseph Peña desmintieron rotundamente apenas
conocida la noticia sobre los Panamá Papers. Además, el jefe de Estado informó que el
empresario de la obra pública y fundador del PRO, el cardenal Nicolás Caputo, aumentó su
deuda, pasando de 18 a 22 millones de pesos a favor del ex jefe de Gobierno porteño. Por
esto no son pocos los que piensan que esta deuda son las utilidades que le corresponden a
Macri por las ganancias de las empresas de su amigo de la infancia, de las que él participa
como socio a través de testaferros. Esta información fue difundida por la Oficina
Anticorrupción, comandada por la inefable Laura Alonso, en su sitio web. 18.719.094
millones fueron transferidos a las Islas Bahamas, procedentes de cuentas anteriores que el
mandatario tenía en Estados Unidos y Suiza. Y las empresas en las que el jefe de Estado
tiene acciones son Molino Arrocero Río Guayquiraro, Yacylec, María Amina, 4 Leguas y
Fideicomiso Caminito. También en Agropecuaria del Guayquiraro y en E. Costa S.A.
Además, sumó cuatro nuevas propiedades por poco más de 2,1 millones de pesos, y
también consignó como deudor a otro de sus amigos cardenales, el intendente de Lanús y
ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, multi denunciado por los Panamá
Pappers. En el mismo lapso, Macri sumó cuatro propiedades: tres terrenos en Pilar,
valuados en 596 mil pesos cada uno, y otro en Salta por poco más de 334 mil pesos. Macri,
en 2008, a poco de iniciar su carrera en cargos públicos al frente de la Ciudad, declaró que
poseía 27.626.686 de pesos. Este nivel de descaro es inadmisible, por lo que es de suponer
que mañana lloverán denuncias contra esta nueva estafa a la credibilidad pública. Si esto se
anima a reconocer, incluyendo cuentas en paraísos fiscales, es imposible imaginar lo que
verdaderamente posee como fortuna personal. Mientras tanto llama a invertir, a repatriar
y/o blanquear capitales con un cinismo pocas veces visto. Este descalabro en los niveles de
corrupción, sumados a los discursos hipócritas que acompañan las abominables medidas de
gobierno tomadas hasta ahora, nos debe interpelar directamente a nosotros, y no ya sólo a
ellos, en los grados de tolerancia que se están teniendo para sostener un mandatario que no
debería dudar un minuto más en funciones de gobierno.

La disputa alrededor del tarifazo continúa a pesar de los paliativos que aceptó introducir el
macrismo. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, declaró que hoy presentará un
pedido de cautelar para tratar de suspender los ajustes en instituciones sociales de su zona,
junto con los intendentes de Ituzaingó y Merlo. El reclamo recaería en la juez Federal de
San Martín, Martina Isabel Forns, que el martes suspendió la aplicación del aumento de la
electricidad en un centro de salud de Tres de Febrero y ayer anticipó que seguirá analizando
pedidos de amparo porque la suba de tarifas es “desproporcionada”. El Gobierno, por su
parte, dijo que apelará todo tipo de presentaciones judiciales, como las que hicieron
usuarios residenciales, pymes, universidades, hospitales y clubes de barrio. De este modo,
la batalla judicial promete continuar junto a la negociación política. La verdad es que la
única manera viable de deponer estos aumentos bochornosos es con la gente movilizada en
las calles. El carro va detrás de los caballos…

La dirigencia gremial, vinculada a la CGT, nunca estuvo a la altura de los conflictos que
atraviesan sus trabajadores. Ni ahora ni nunca. Desde su conversión hacia un sindicalismo
empresarial sus intereses se han divorciado por completo de sus afiliados. Sea por
prebendas, por negocios o por pactos de impunidad, este sector forma parte del problema y
no de las soluciones que necesita el campo popular. Han convertido su espacio en un nicho
infranqueable a cualquier reforma o cambio estructural que les dispute poder desde el
centro de sus mafiosas cuevas. Ahora hablan de “reunificación”. La única verdad es que esa
unidad sólo busca posicionarse ante el gobierno con más cohesión y volumen para
recuperar “cajas” perdidas; en definitiva, una manera de mostrarse desafiantes ante Mau y
su pandilla para demostrarles que ellos le van a ser necesarios, tanto como en los noventa,
para perdurar con este modelo que no duraría una semana con una acción sindical acorde
con el nivel de respuesta que debería tener si defendieran a sus trabadores. Dinero, negocios
e impunidad a cambio de silencio, inacción o sabotaje a toda lucha obrera que ose
“puentearlos”, es la propuesta. Como la historia ya demostró que no pueden dejar de robar,
ni siquiera dos años, sin dirigentes a la cabeza de la resistencia, ésta será con la cabeza de
los dirigentes. O no será.

El presidente offshore afirmó ayer que el Gobierno pagará los juicios por reajuste de
haberes a los jubilados y que los fondos para hacer el desembolso saldrán de lo recaudado
en el blanqueo. “Estuvimos trabajando mucho con el equipo y el viernes (por mañana)
vamos a hacer una propuesta para terminar con este flagelo al que están sometidos los
jubilados, que inician juicios y en muchos casos no llegan a ver el resultado final.
Queremos terminar con eso. Pagar todos los juicios pendientes. Para eso vamos a pedirles
una ayuda a aquellos que tienen, para que pongan el hombro, blanqueen y paguen el costo
de no haberlo declarado antes. Eso nos va a ayudar a cumplir este compromiso con los
jubilados y varias cosas más”, aseguró. Se estima que la medida del gobierno beneficiaría a
cerca de 300 mil jubilados que iniciaron juicio. Dos cosas: 1) Siguen escondiendo que la
verdadera intención es deshacerse de la participación estatal, a través del Anses, en las
empresas privadas, que constituyen no sólo un capital importante (que se despilfarraría en
gastos corrientes, violando así otro de los apotegmas neoliberales) sino también una
variable crucial a la hora de hacer pesar el grado de incidencia que puede tener un Estado
en empresas de envergadura a la hora de la toma de decisiones, como en Papel Prensa, para
citar un ejemplo. 2) Señor presidente: pídase así mismo repatriar el dinero que posee en el
exterior y, de paso, aproveche las prebendas que su gobierno ofrece a especuladores,
hombres de negocios y demás potentados para que blanqueen sus sospechosos capitales y
los dejen en el país. Si ello sucediera, se pagarían no solamente la deuda de todos los
jubilados sino muchas otras, producto de los desfalcos con que los gobiernos neoliberales,
como los que usted encabeza, han desangrado las arcas públicas.

Los mendaces acuerdos firmados por el presidente offshore hace unos diez días, que
comprometían a parte del empresariado a no despedir gente, de modo de así evitar que se
sancione la ley antidespidos que, finalmente, el anti héroe popular vetó, siguen quedando
desnudos ante la evidencia de la realidad. Otra de las firmantes de ése bochornoso acuerdo
fue la empresa Alpargatas. Pues bien: acaba de despedir a 70 trabajadores en Tucumán y
prevé suspensiones y retiros “voluntarios” en San Luis, Catamarca y La Pampa. ¿Caló
llamará al paro, habiendo dicho que sólo lo haría si los despidos continuaban? La realidad
despeja las caras y muestra todos los defectos de las caretas que cada vez engañan menos.

27/05/16: Ayer el presidente offshore presentó su escandalosa declaración jurada y

pareciera que pocos notan la vergüenza nacional que significa tener un hombre que, en ese
lugar de poder, reconoce haber duplicado en un año su fortuna y tener cuentas en paraísos
fiscales, luego de haberlo negado decenas de veces las últimas semanas. Claro que no es el
único. A la par del presidente, otros cuatro funcionarios del Gobierno presentaron sus
declaraciones juradas ante la Secretaría de Lucha contra la Corrupción. Los ministros de
Justicia, Germán Garavano; de Educación, Esteban Bullrich; de Inseguridad, Patricia
Bolsrich; y el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, fueron los más
aplicados a la hora de cumplir con su cómplice Laura Alonso, a quien le entregaron ayer las
planillas con sus bienes declarados días antes de que vencimiento del plazo para hacerlo,
previsto para el próximo lunes. Según declararon, todos tienen más de la mitad de sus
ahorros en dólares, por lo que resultaron ampliamente favorecidos por la devaluación
ejecutada al inicio de la gestión actual. Tanto Esteban Bullrich como Garavano tienen
buena parte de sus dólares depositados en cuentas en el exterior. Peña es el único de los
cuatro que todavía no es millonario (habrá que darle tiempo). El ministro de Justicia es el
más rico de la primera tanda de funcionarios en presentar su declaración jurada: declaró
tener 4,6 millones de pesos, un 50 por ciento más que en 2014. El suyo es un caso curioso:
la mayoría de sus ahorros son en efectivo. Garavano declaró tener debajo el colchón dólares
cash por el equivalente de 1.332.820 pesos. El resto lo resguardó en una cuenta corriente en
Estados Unidos, por 1.244.828 pesos. Tiene tres cajas de ahorro en el país, una por 51.820
pesos y otras dos con 462 y 198 pesos. Garavano no declaró acciones en empresas, y
aseguró poseer el 50 por ciento de una Casa en San Fernando de 243 metros cuadrados,
tasada en 445 mil pesos, más el 40 por ciento de un departamento con cochera en esa
misma localidad, por 186 mil pesos. Dijo tener un sólo coche: un Citroën C4 modelo 2012.
De lo declarado por Esteban Bullrich surge que apostó al mercado de las Tecnologías de la
Información. En 2014 compró acciones en Apple, Amazon, Google y Netflix, que le
reportaron ganancias de más del 100 por ciento en un año. También invirtió en Southwest
Airlines, Bank of America y en las petroleras YPF y Exxon, con resultados similares. El
ministro de Educación pasó de tener 1.365.357 pesos en 2014 a 2.061.487,93 pesos en
2015. Posee ahorros en efectivo por 37.640 dólares y una cuenta corriente en Estados
Unidos con 323 mil pesos. Declaró además ser socio activo, con el 50 por ciento de las
acciones, de Fruitful Thinking SA, una consultora para la exportación de alimentos en la
que comenzó a invertir en 2003. Dice vivir en un departamento de 60 metros cuadrados en
Capital Federal valuado en 146 mil pesos. Y no tiene coche. A diferencia de ambos, el jefe
de Gabinete declaró tener todo su patrimonio en el país. Y bastante menor en comparación:
apenas 515 mil pesos, que eran 478 mil el año pasado. El bisnieto de los estancieros
patagónicos Braun declaró un departamento de 77 metros cuadrados en la ciudad de
Buenos Aires que vale 218 mil pesos, y un coche modelo Volkswagen Suran de 2013. Dijo
que gana neto por año 871 mil pesos y que posee dos cajas de ahorro en bancos locales, una
de tan sólo 3 mil dólares y otra de 38 mil pesos. La ministra de Inseguridad, Patricia
Bolsrich, también declaró todo su patrimonio en el país. Tiene mayoría de ahorros en
dólares, por 374 mil pesos. Durante todo el año pasado tuvo ingresos netos de 725 mil
pesos; además, ahorrar en moneda extranjera le hizo ganar otros 146 mil en el último año.
Mantiene el mismo auto que el año pasado: una camioneta Ford valuada en 130 mil pesos.
El departamento en Capital Federal de 120 metros cuadrados con cochera en el que vive,
pasó de valer 203 mil pesos en 2014 a 326 mil en 2015. Contando un segundo
departamento, también en Capital Federal, sus propiedades le dejaron un saldo a favor de
330 mil pesos en un año. En total, la ex ministra de Trabajo de la Alianza dijo poseer 934
mil pesos, un 42 por ciento por ciento más que en 2014. Esto es lo que declaran, imposible
imaginar lo que realmente poseen.

La situación económica actual es mala y las perspectivas son peores. La medición de

actividad económica que realiza el estudio del ultra neoliberal Orlando Ferreres evidenció
el mes pasado una contracción interanual del 4,9 por ciento, que representó la mayor caída
del Producto Interno Bruto desde agosto de 2014. El Índice General de Actividad que
elabora la consultora arrojó una caída mensual desestacionalizada respecto a marzo de 1,6
por ciento, con lo que enlaza tres meses consecutivos en baja. Por su parte, el Centro de
Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella publicó ayer una caída de 1,2 por
ciento en la confianza del consumidor para este mes respeto a abril, mientras que esa
medición negativa se amplía a 22,4 por ciento contra mayo del año pasado. El sesgo a favor
de las clases altas de la política de enardecidas también se refleja en las expectativas
recogidas por la Di Tella. La confianza de los consumidores cae 4,7 por ciento en la
comparación contra abril último para el sector de encuestados con menores ingresos y sube
0,3 por ciento para el segmento con mayores ingresos. Igual, a relajarse: el presidente está
contento y tranquilo porque “va en la dirección correcta”.
Los muchachos están dispuestos a disimular un poco, no sea que se note tanto. Sin que se le
mueva un pelo, como es su costumbre, el ministro de Hacienda anunció que a la ley de
blanqueo de capitales que va a presentar contempla la posibilidad que los funcionarios
accedan al mismo. "Si algún funcionario quiere aprovechar, después tendrá que explicar
cómo se multiplicó su patrimonio", sentenció el ministro. Aprovechen la oferta muchachos
que no se van arrepentir. Total, nadie pregunta nada.

“La lucha hasta las últimas consecuencias en defensa de los trabajadores” que vociferó el
Hoffa argentino, el ex gremialista y dirigente deportivo Hugo Moyano, no contempla paros
ni movilizaciones. En cambio, realizarán una protesta simbólica: una jornada de ollas
populares como respuesta al veto de la ley anti despidos. Aspiran a sumar a las otras
centrales y negaron una negociación con el Gobierno para no realizar paro a cambio del
dinero para las obras sociales. Mientras nos toman por estúpidos a todos podrían, estos
hombres de trabajo que ahorraron toda su vida, aprovechar el blanqueo de capitales
próximo y poder así dar una manito a la Argentina del empleo de calidad que auspician
Cresta Roja y McDonald’s. Cuando terminó el “cónclave”, el guerrero Hugo fue abordado
por periodistas y aprovechó la ocasión para fustigar a Radio del Plata y al periodista
Gustavo Silvestre, a quienes acusó de “presionarlos” para que hagan paros y se enfrenten
con el gobierno. Además, acusó a Silvestre de ser “chupamedia y demás cosas” de la ex
presidenta, en una inspiración de humor sutil al estilo Miguel del Sel. Mientras nos
solidarizamos con Silvestre le decimos, señor semi combativo, que las presiones son de las
bases y de lo que queda de su conciencia. Usted ya pasó a la historia por inaugurar, en
plena campaña electoral, una estatua de Perón con el presidente offshore. De eso no se
vuelve.

La malaria generada y promovida por el nefasto gobierno neoliberal en el poder parece no

tener fin. Desde hace más de cuatro meses, las cooperativas de la construcción no reciben
fondos del Estado para las viviendas sociales. El parate mantiene a unas dos mil quinientas
obras sin terminar. Por esto, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo
realizará hoy movilizaciones en catorce provincias, frente a las sedes del Instituto de la
Vivienda. Reclaman que el Gobierno pague los certificados de obra pendientes y que
garantice la continuidad de los programas de construcción de viviendas, ya que su
interrupción dejaría sin empleo a 35 mil trabajadores autogestionados. La discontinuidad de
los programas de vivienda golpea así a las familias de los 35 mil cooperativistas como a las
que esperan acceder a sus futuras viviendas, cuya entrega está demorada. Y en un marco
más general, perjudica también a las economías regionales, beneficiarias de estos
movimientos.

Mientras el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, señaló que el gobierno analiza “distintas
variantes” para aliviar el peso de los incrementos tarifarios en los servicios de gas y
eléctricos sobre las pequeñas y medianas empresas, el presidente offshore aseguró que a él
le duele haber tenido que aplicar esos aumentos, pero “no existía otra forma, otra manera de
garantizarles un futuro que sincerar este problema, gravísimo, que es que nos estábamos
quedando sin energía”. En tanto Mau y su pandilla se muestran falsamente preocupados y
compungidos por las calamidades que no paran de generar día a día, siguen sumándose
protestas y distintas formas de organización de vecinos y empresarios para rechazar y
resistir los mayores tarifazos de la historia (del orden del 500 al 2000 por ciento). Tras la
masiva marcha en Bariloche del miércoles contra el aumento del gas, del miércoles 25, en
Mar del Plata la CGT regional convocó a una movilización ciudadana para el miércoles 1º
de junio y en La Pampa, el Frente Ciudadano local presentó un amparo y pidió una medida
cautelar en el juzgado federal de Santa Rosa contra el aumento “unilateral e
inconstitucional” de la tarifa del gas. Con estos aumentos inviables no nos vamos a quedar
sin energía, nos vamos a quedar sin país habitable.

Las dificultades económicas y financieras de muchas universidades públicas se deben no

sólo a que el presupuesto aprobado en 2015 quedó desfasado por la inflación, la
devaluación y el aumento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional: también se deben a
que el propio Gobierno no les está girando los recursos previstos para gastos de
funcionamiento, según denunciaron varios rectores, en particular desde universidades del
conurbano bonaerense. Premeditación y alevosía, deberían ser los ejes acusatorios contra
este modelo que no sólo pauperiza la economía, también lo hace con la cultura y la
Educación pública.

28/05/16: Pasó otro día y Mauricio Macri sigue siendo presidente de La Nación. Y está
dispuesto a darse todos los gustos. Ayer se dio uno grande: reírse en la cara de todo el país,
por cadena nacional, llamando a quienes fugaron millones de dólares a que los repatríen a
través del blanqueo que propone su proyecto, con el fin de “pagar una deuda histórica con
los jubilados”. Él, que junto a casi todo el funcionariado que lo acompaña, acaba de
presentar una declaración jurada que es una afrenta a la ética y a la república, llama a este
blanqueo que habilita a los miembros del gobierno a que se plieguen a su propuesta. Pero ni
Mau ni su pandilla se tomaron el trabajo de aclarar si ellos traerán sus millones fugados. En
tanto Alfonso Prat-Gay volvió aclarar que por ahora el gobierno no planea vender las
acciones del Anses y señaló que el blanqueo, al que como oposición él y otros antes se
oponían, aportará 20.000 millones de dólares. Pronto sabremos de qué va toda esta
jugarreta y a cuánto ascenderá la estafa que está en marcha.

Mientras el presidente offshore promete saldar “deudas históricas” con jubilados planea
generar nuevas. El Gobierno incluyó en el proyecto de Ley que enviará al Congreso la
aplicación de una “pensión universal” para adultos mayores de 65 años que no lograron
completar los 30 años de aportes previsionales para solicitar la jubilación. La propuesta
contempla el pago de un ingreso equivalente al 80 por ciento de la jubilación mínima que se
otorgará en forma vitalicia. Si se aprueba la ley, los potenciales beneficiarios no deberán
esperar el lanzamiento de moratorias para acceder a un haber previsional, pero percibirán
un 20 por ciento menos que los jubilados que cobran la mínima. Al final, siempre la
trampa; la letra (no tan) chiquita de los contratos que evidencian las estafas de un gobierno
que vino a desmontar una “fiesta” para montar un “festival” para unos pocos.

Si “el pez por la boca muere”, aplíquese el refrán al incalificable moral Javier González
Frega. Este ultra neoliberal, afín al gobierno y ex funcionario menemista, señaló: “venimos
de 12 años en donde las cosas se hicieron mal, donde hiciste creer a un empleado medio
que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”. Ahí
está la llaga: la “fiesta” que este hombre, en nombre de toda la romería neoliberal
gobernante, viene a denunciar, a repudiar, a aniquilar. Ahí aflora el odio de clase que tuvo
que tolerar obreros estudiando en universidades nuevas, jubilados sin aportes, empleadas
domésticas “blanqueadas”. La anomalía kirchnerista, como la llamó Ricardo Forster,
desplazada por la anomalía macrista. Porque esta caterva de neoliberales en el gobierno
presenta ribetes de originalidad que obligan a observarlos detenidamente. La pornografía de
impunidad y confiscación del patrimonio público y los derechos colectivos no tiene
antecedentes, en forma, volumen, rapidez y contenido, en la historia argentina.

29/05/16: La diferencia entre la “fiesta” que, según dijo el menemista Javier González
Frega a las risotadas, se terminó con la llegada del “cambio” y el festival de corrupción y
confiscaciones que vino a suplirle, es que a la primera ni él ni las pandillas neoliberales
fueron excluidos, lamentablemente. En “cambio” a esta festichola, con música fúnebre que
este rapaz especulador financiero celebra, sólo están invitados las corporaciones y los
grupos concentrados de la economía, solventada a costillas de sus excluidos. Así, G. Frega
baila el carnaval carioca mientras Alpargatas, Swift, SanCor, Germaíz, Gafa, Bambi,
Acindar, Argul, Televisión Pública, Renatea, TecPlata, Kromberg & Schubert, Rejo,
Tessicot, Menoyo, EMAPI, Frigorífico Ciaber, Canale, Ricedal Alimentos, entre otras,
despedían gente luego del veto a la ley que intentaba impedirlos y que ellos firmaron. G.
Frega hacía el trencito mientras el presidente offshore transfería, en sus primeros meses de
gestión, 19.383 millones de dólares hacia compañías agroexportadoras, financieras, grandes
empresas de alimentos y grupos industriales. G. Frega baila cumbia villera mientras la
economía se desangra por la mega devaluación, la eliminación de las retenciones, la fuga de
divisas, el pago usurario a los buitres, la inflación y la bicicleta financiera. G. Frega se
disfraza de odalisca con pitos y matracas, mientras se precarizan trabajadores, se
multiplican las suspensiones, las rebajas de salarios y los cierres de las Pymes. Y ya con la
corbata atada en la cabeza, G. Frega se vuelve a casa bebiendo champagne importado (ya
sin impuestos) festejando los tarifazos que evitarán usos “desmedidos” de aires
acondicionados y estufas encendidas a toda hora o lujos suntuarios como el de estar en
remera en casa en pleno invierno o con un buzo en el verano. Para terminar: no apelaremos
a un discurso moralista justo a usted, que es un amoral consumado. Pero sí con un consejo:
tenga cuidado G. Frega que, borracho de poder como está usted y la pandilla que integra,
un día se van a encontrar con los excluidos de sus festicholas pornográficas portando las
facturas de sus gastos y dispuestos a terminarlas; perdiendo, quizá, la compostura.

El gobierno ni nacional ni popular que encabeza el presidente offshore anunció que

cumplirá con la cancelación de las sentencias judiciales con aproximadamente 300 mil
jubilados, y le propondrá al resto (cerca de dos millones) una actualización del 40 al 50 por
ciento de sus haberes a cambio de desistir de los juicios pendientes. La adhesión es
voluntaria, pero ayer el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, advirtió que si adhirieran
todos “el sistema demoraría unos dos años en regularizarlos”, porque no puede incorporar
más de cien mil por mes. A menos de 24 horas de los anuncios, lo que se proponía como
una “reparación inmediata”, pasó a tener sus propios reparos. Sólo por la actualización de
valores de las retribuciones y las nuevas pensiones a la vejez que se implementarán,
Basavilbaso estimó que el costo fiscal ascendería al equivalente a 85 mil millones de pesos
al año. Si se cumpliera la expectativa del gobierno de que se presentaran al blanqueo,
activos fugados por 20 mil millones de dólares, que pagaran en su totalidad la tasa del 10
por ciento, los recursos que ingresarían al fisco serían, en pesos, unos 28.500 millones de
pesos. Es decir, aproximadamente la tercera parte del costo fiscal de un solo año de
retribuciones adicionales. El resto saldría de los fondos normales y habituales de la Anses,
que día a día van mermando por la pérdida de aportes ante el creciente desempleo y del
trabajo no registrado que propicia el propio gobierno. Además: ¿cómo se van sostener los
haberes actualizados cuando se agoten los ingresos por el blanqueo y ya no haya ingresos
adicionales para financiarlos? Por lo tanto, a los “muchachos” no les quedará más remedio
que rascar de las cajas tan apetecidas de sus utilidades (dejaría entonces de acumular
aumentos del 20 al 40 por ciento anual) o de la venta de sus activos en empresas, algo que
éstas vienen reclamando para que el Estado deje de “controlarlos”, supervisarlos o
denunciarlos. Recordemos que el Estado tiene participación como actuante del FGS. Banco
Macro, Edenor, Siderar, Telecom, Grupo Financiero Galicia, Molinos, Camuzzi Gas
Pampeano, Clarín, Metrovías, Metrogas, BBVA, Quickfood, IRSA, Cresud, Alto Palermo,
Ledesma, Transportadora de Gas del Norte, entre otras. Con un Estado que se achica y un
Anses que se desfinancia, el camino a la privatización del sistema previsional, por la
inviabilidad del sistema de reparto, estará trazado. Se terminaría así con esto de “regalar
jubilaciones a gente que nunca aportó”, que tanto enardece a las sensibilidades neoliberales,
como las de J. G. Frega.

La ruta Pro de los Panamá Papers arranca con el hallazgo de más de 30 empresas offshore
con sede en paraísos fiscales bajo el control del dueño de un fondo de inversión investigado
en la Argentina por lavado de dinero. Sigue por un grupo de empresas que se llaman Pro,
como Pro-Enter, Pro-IDS, Pro Entertainment y Pro Entertainment Holdings. Pasa por la
Productora Ideas de Sur del conductor y empresario Marcelo Tinelli en la calle Olleros,
pasa también por la Bombonera de la Boca, y salpica a Andrés I-barra, ministro de
Modernización y Despidos, hombre clave del Gabinete nacional e íntimo colaborador desde
hace más de una década de Mauricio Macri. El fondo de inversión denunciado por lavado
de dinero por la AFIP y luego por la Procelac, actualmente investigado por la Justicia
Federal, se llama Hope Funds. Su accionista principal y CEO es Enrique Blaksley. Su
nombre figura en el centro de un entramado de más de 30 empresas offshore concentradas
en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Según las denuncias, Hope Funds no puede
justificar el origen de sumas millonarias que ha invertido en distintas empresas porque
muchos de sus inversores resultaron insolventes, no declararon y no podrían justificar el
dinero que invirtieron. El año pasado, después de 18 allanamientos, Blaksley fue indagado
por la jueza federal y buscadora de oro Sandra Arroyo Salgado. La causa sigue abierta.
Hope Funds es un importante accionista de una empresa de marketing deportivo llamada
Proenter. A partir del 2011, y hasta el año pasado, Proenter manejaba el merchandising del
club Boca Juniors, primero a través de una empresa con ese nombre y después con otra
llamada Ilmen. Ilmen tiene el mismo domicilio y los mismos directores que Proenter, pero
distinta razón social. Mientras Proenter declara estar dedicada al mercadeo y la promoción
de eventos y espectáculos, la razón social de Ilmen, según el boletín oficial de la ciudad, es
la “comercialización de materiales de construcción”. En ese tiempo Andrés I-barra,
Presidente de Marketing de Boca, era el máximo responsable de los negocios con Ilmen y
Proenter. I-barra, el ex gerente de Socma, Sideco, Correo Argentino y Autopistas del Sol
del grupo Macri y ex poli funcionario del gobierno porteño bajo la jefatura de Mauricio
Maci, había sido llevado a Boca en 2004 por el propio Macri, entonces presidente del club,
para ocupar la gerencia general. Aunque ocupó varios puestos importantes en el Gobierno
de la Ciudad, de subsecretario a ministro, I-barra siempre mantuvo la presidencia de
Marketing en Boca. Después de los arreglos de Hope Funds con el Gobierno de la Ciudad,
incluyendo la renovación exprés de la concesión de Buenos Aires Design a un precio de no
creer, después de las promociones de Hope Funds del Gobierno de la Ciudad a través de
mega eventos como la carrera entre Usain Bolt y el mal llamado Metrobús, después de las
inversiones en empresas Pro, incluyendo la de Tinelli; después de los negocios con Boca a
través de Andrés I-barra, la ruta Pro de los Panamá Papers se pierde en medio de una
constelación de personajes VIP del deporte y la farándula, clubes de campo, tango shows y
bares temáticos de fama internacional. Como dice el periodista Santiago O´Donnell,
respecto de Hope Founds, “ya se sabe por dónde podría haber entrado y a dónde fue a
parar. Ya se sabe quiénes le abrieron las puertas de Boca y del Gobierno de la Ciudad. Ya
se sabe que estamos hablando de millones de dólares. Pero la duda persiste. ¿De dónde
salió la plata?
Aunque los medios masivos de comunicación, en otra maniobra atroz de ocultamiento a
favor de su gobierno neoliberal, ya no hablen de “la ola de inseguridad”, ésta ha crecido de
manera exponencial; a la par de la inflación, la desocupación en curso y la falta de
expectativa de muchos jóvenes ante el futuro. Pero también por la nefasta política de
seguridad vigente, que ha dejado al libre albedrío de las fuerzas policiales las políticas del
área y que sólo han servido para que éstas acentúen su auto gobierno, su auto
financiamiento y su enriquecimiento ilícito, en asociación con delincuentes comunes y ex
miembros de la fuerza, que a esta altura son lo mismo. En este contexto uno de los delitos
que más ha crecido, y no casualmente, es el de los secuestros extorsivos. Todos los jueces,
fiscales y jefes de las fuerzas de seguridad consultados coinciden en que las bandas que hoy
secuestran no son organizaciones sofisticadas. Uno de los hechos más llamativos de la
nueva oleada de secuestros es el uso de insólitos corredores donde los captores circulan con
sus víctimas de forma impune. En general, los jefes policiales argumentan que es por falta
de efectivos, falta de saturación como lo llaman ellos. Los jueces y fiscales creen que los
secuestradores tienen claro dónde hay controles y dónde no. Por supuesto que no faltan los
que sostienen que en las bandas directamente hay efectivos en actividad o retirados. Lo
concreto es que la alianza gobernante, que llegó con un discurso pre diluviano, plagado de
lugares comunes, fácilmente desmontable con estadísticas y casos concretos, pero
“efectista” para el sentido común, quedó desnudo y expuesto, como sucede con todas las
demás variantes socio-económicas, por la combinatoria de la mala praxis (producto de la
incompetencia y la ignorancia sobre estos temas) y la complicidad manifiesta con el delito
en todas sus formas.

30/05/16: La gran noticia del día es que el presidente offshore repatriará los fondos de su
cuenta en el exterior. Pero a no “entusiasmarse”: sólo traerá los 18 millones que tiene en
Bahamas, recientemente oficializados en su declaración jurada, luego de haber negado
durante semanas que tenía fondos en el extranjero. Sin embargo, nada dijo de las demás
cuentas que continúan (no tan) secretamente escondidas. En un improvisado encuentro con
periodistas, Macri, adelantó que pidió traer esos $ 18.719.094 al país. "Di la orden al
administrador (de su fideicomiso tuerto) de que radique el ahorro que tengo en la
Argentina", explicó, pese a que el dueño no debería poder decidir dónde se radican este tipo
de fondos. Hay que recordarle al presidente Mau y su pandilla, que el objetivo del
fideicomiso ciego es evitar un choque de intereses entre el patrimonio de un funcionario y
su función pública. Así, cede la administración de su patrimonio a un tercero independiente,
que en el caso de Macri fue designado el escribano general del Gobierno, Carlos D'Alessio,
quien a su vez es titular de una sociedad en Panamá. Este fideicomiso hace que el
funcionario, en este caso el presidente, no tenga posibilidad de interceder ni conocer el
manejo de sus bienes. El fideicomiso se debe manejar en forma independiente. Sin
embargo, hoy, Macri, demostró con sus frases y luego a través de un comunicado de prensa
difundido por Presidencia, la poca independencia de ese fideicomiso donde tiene
depositado sus bienes; al darle él mismo la orden del destino de su dinero en Bahamas.
Ante la prensa argumentó haberse “sorprendido” porque los fondos estén radicados en un
paraíso fiscal. Dijo, conteniendo las carcajadas, haber creado su cuenta en el banco Merrill
Lynch primero, pero que luego fue comprado por otro bahameño. Mientras el anti héroe
popular afirmaba estas insólitas y mendaces declaraciones, la ex legisladora porteña de
Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, denunció al presidente de la Nación a raíz de su última
declaración jurada, en la cual reconoció haber duplicado su patrimonio entre 2014 y 2015.
Por sorteo, la denuncia recayó en el juez federal Sebastián Ramos, quien deberá girarla al
fiscal Gerardo Pollicita para que decida si impulsa la investigación. En los tribunales
federales de Comodoro Py, Cerruti volvió a acusar a Macri por los delitos de
enriquecimiento ilícito y falsedad de su declaración jurada, y reclamó la indagatoria del jefe
de Estado. Ahora resta saber si la cueva de Allí Babá, sucursal Comodoro Py, da curso a la
denuncia, que se sumaría a otras tres con cargos acusatorios similares.

A la espera de los 18 millones mal habidos que el presidente offshore prometió repatriar,
sin aclarar en qué los va invertir, las empresas recuperadas, que emplean a más de 15 mil
personas, se enfrentan a incrementos tarifarios que llegan hasta el 800 por ciento, en un
contexto de caída de las ventas, encarecimiento del crédito y de otros insumos y aumento
de las importaciones; lo que pone en duda su continuidad. Muchas presentaron recursos de
amparo para frenar el tarifazo y piden ser reconocidas para la tarifa social, aunque el
Gobierno se niega. Hasta ahora el gesto del macrismo, luego de que prácticamente fuera
tomada la Secretaría de Energía por el movimiento de recuperadas, fue permitir que las
empresas anotadas en un registro nacional específico paguen el 50 por ciento de la boleta
mientras la cartera de Juan José Aranguren se toma 90 días para evaluar la situación.
Mientras el ministro de Shell en Energía medita, otra gran fábrica, la de pobres que
inauguró el presiente Mau con su pandilla el 10 de diciembre de 2015, prospera de manera
sostenida con buen pronóstico para expandirse por toda la región continental.

La crisis en la región patagónica, en torno al mercado petrolero, está en su punto más

álgido. Las petroleras realizaron un ultimátum: si no se bajan las horas de trabajo de 12 a 8
por jornada, con la consiguiente reducción salarial, procederán a los despidos de personal.
Esta posición es compartida tanto por las operadoras como por las contratistas. Están en
juego, según denuncian las representaciones sindicales, 5000 puestos de trabajo. Esta
pulseada es la que marca en la actualidad los choques entre empresas, sindicatos, gobiernos
provinciales y el gobierno neoliberal y que paraliza la discusión en la paritaria nacional
petrolera. Por otro lado, hoy los gremios suspendieron la medida de fuerza que sostenían
desde la semana pasada en Chubut y Santa Cruz por el anuncio de YPF sobre la reducción
de producción, que comenzó a concretarse por el parate de 14 equipos. Los sindicalistas
adelantaron que se abrirá una mesa de negociación el próximo martes en Buenos Aires,
luego de mantener una reunión con intendentes de la zona. El objetivo es que se dé marcha
atrás en la decisión de YPF. Una crisis de características terminales que pre anuncian un
nivel de conflicto de impredecibles consecuencias.

La vergonzosa administración que encabeza Gerardo (in) Morales en Jujuy excede, y por
mucho, a la detención ilegal de Milagro Sala y la persecución de sus seguidores. A pesar de
los lazos estrechos del gobernador con el presidente y la llegada de 1260 millones de pesos
del gobierno nacional, se multiplicaron las movilizaciones y reclamos por despidos en el
Estado y en grandes empresas que amenazan con cerrar sus puertas o suspensiones. A esto
se sumó la pérdida de 5 mil puestos de trabajo en las cooperativas de vivienda de la Tupac
Amaru y otros 5 mil de otras organizaciones sociales. El caso emblemático y en plena
disputa es el del ingenio La Esperanza, competidor directo de la empresa de los Blaquier.
La visita de Macri a la provincia para inaugurar viviendas construidas por Ledesma
despertó la sospecha de los trabajadores, a quienes la provincia les prometió un inversor
secreto a cambio de que acepten una reducción de 800 puestos de trabajo. En este marco la
semana próxima se tratará en la Legislatura un proyecto de ley de (in) Morales para
declarar en emergencia el ingenio, en quiebra activa (produciendo) desde hace 15 años,
pero la propuesta incluye la desvinculación de 811 de los 1300 trabajadores. La discusión
por el futuro del ingenio se da en el marco de movilizaciones de estatales que reclaman por
el despido de casi 1000 trabajadores entre la provincia, los municipios y la Nación, según
datos de ATE Jujuy.  En su mayoría, se trata contratos de 12 horas semanales por cargos
docentes o de capacitación laboral que tenían entre 3 y 10 años de antigüedad en el Estado.
A la vez, otras dos empresas atraviesan graves conflictos. La mina Pirquitas puede
aumentar el número de despidos en los próximos meses. Su cierre fue anunciado por el
gobernador y sus funcionarios en marzo pasado. En septiembre, según los plazos de la
firma canadiense Silver Standard, unos 200 obreros que realizan la extracción de los
minerales quedarían sin trabajo y el año que viene serían otros 600, cuando finalice el
procesamiento de ese material extraído. En tanto Aceros Zapla también está en ebullición.
Tras el desguace de los Altos Hornos Zapla, la heredera privada es gestionada por Sergio
Taselli, quien amenaza con suspensiones y despidos tras el final de la conciliación
obligatoria. Este es el panorama de una provincia asaltada por una banda de facinerosos que
han avasallado todos los poderes públicos con la venia del gobierno nacional, cómplice
satisfecho de sus prácticas corruptas y de las políticas empobrecedoras que se llevan
adelante en gran parte del país.

Primero fue el dengue, ahora la gripe. Mientras el país atraviesa las más fuertes epidemias
de los últimos siete años, trabajadores y funcionarios municipales denuncian que los
gobiernos nacional y bonaerense desmantelaron programas territoriales, fundamentales en
circunstancias de emergencia. Según ATE, son 570 los trabajadores que desde diciembre se
encuentran parados, sin contrato, imposibilitados de salir a barrios y zonas vulnerables; y
unos 60 camiones sanitarios, congelados casi seis meses, recién volverían a andar esta
semana. Desde Salud Sexual Reproductiva y Procreación Responsable hasta los programas
de Salud Mental y Adicciones, la metodología suele ser la misma: no se cierran, pero se les
quita recursos y personal. ATE agrega la inacción de las unidades sanitarias móviles,
también llamadas “camiones hospitales”, que recorrían el país llegando a zonas de bajos
recursos, con equipos interdisciplinarios de diez personas, desde médicos clínicos, pediatras
u oftalmológicos hasta odontólogos, nutricionistas y enfermeros. También vacunaban. Con
este panorama la mejor vacuna sería la triple dosis contra el virus neoliberal, que previene
contra todas las calamidades sociales y enfermedades derivadas de éstas.

31/05/16: Mauricio Macri lavó U$S 9 millones que trasladó desde Bahamas a la Argentina
a través de una offshore, pese a que siempre dijo que no operó. Lo realizó gracias a un
entramado societario complejo para que las alarmas no suenen, que fue lo que ocurrió. Sin
embargo, cometió el error de operar en países donde tuvo que dejar registros, lo que
permite armar la historia. El 9 de octubre de 1995 los Macri fundan Owners do Brasil LTD
para llevar Pago Fácil al país carioca. Lo hacen con Socma Americana SA y Grumafra
(abreviatura de Grupo Macri Francisco). Las dos empresas fueron creadas el mismo día, el
5 de agosto de 1985, también por los Macri. Al ser Grumafra un nombre muy llamativo
para la operación que planeaban, en 1996 lo cambiaron por Socma SA. Entonces, como
accionistas de Owners quedaron Socma Americana SA y Socma SA, con un capital de
1.000 reales. Un mes después de la fundación, el 10 de noviembre, Socma Americana
aumentó el capital de Owners, pero no con billetes sino con acciones que poseía de la
autopartista Sielin do Brasil SA. Le encomendaron para ello una tasación en base a una
proyección de las ventas el estudio Price Water House Coopers, que la valuó en 11.360.000
de reales. La otra socia de la autopartista tasó ese mismo año a través de KPMG, y el
informe monetizó al total del patrimonio en cerca de 5 millones, por lo que la porción de
los Macri valía 2 millones de reales nada más. En 1998 MauriSSio, Franco y Mariano
fundaron Fleg Trading LTD, con la gestión de un estudio jurídico uruguayo socio de
Mossack Fonseca. Meses después, la bahameña compró las acciones de Socma Americana
en Owners, que se había incrementado en ese período hasta los 11.715.449 reales. Pero
como la offshore no consiguió todos los billetes que necesitaba para la operación, los Macri
acordaron que le pague a la sociedad argentina 11.210.000 reales cuando debería haber
pagado 500.000 reales más. Esto equivalía a poco más de U$S 9 millones. Es decir, la
offshore le paga en billetes a la empresa argentina a cambio de papeles sobrevaluados. Una
triangulación de dinero desde Bahamas, vía Brasil, a la Argentina. Toda esa operación
sucedió a pesar de que el presidente negó que Fleg Trading tuviera una cuenta bancaria.
Resulta más llamativo aún que las transacciones de Fleg Trading por un monto tan elevado
hayan ocurrido sin una cuenta bancaria. De acuerdo al presidente, la offshore casi no operó
y no contó con una caja de ahorros, por lo que los U$S 9 millones debieron ser trasladados
físicamente desde el Caribe hasta Brasil. Allí sí debió ingresar al circuito formal, ya que
Socma Americana tuvo que haberlo registrado en su balance contable de 1998, que no es de
acceso público. Así lava dinero el evasor número uno de la Argentina, mientras declara que
su meta es llegar a la pobreza 0.

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sigue sumando frases y gestos para la antología
de la infamia. “Quiero pedir disculpas por los abusos de todo tipo que han sufrido los
capitales españoles en Argentina”, expresó ayer el funcionario, durante un desayuno
organizado en Madrid con funcionarios y empresarios de ese país. Como parte de su
estrategia para atraer inversores, el titular del Palacio de Hacienda consideró que la
expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol por la cual el
gobierno argentino pagó 4670 millones de dólares en 2014 fue un “disparate”. En la
primera jornada de su gira por Europa, el funcionario ponderó el desmantelamiento de las
restricciones cambiarias que habilitó a las empresas españolas a remitir utilidades y
dividendos a sus casas matrices. Prat-Gay destacó además las mejoras de rentabilidad para
las proveedoras de servicios públicos de capitales españoles originadas en los aumentos de
tarifas. “Argentina está de vuelta. Empecemos por un aplauso porque estamos de vuelta”,
propuso Prat-Gay al iniciar su intervención en el evento convocado la ONG Nueva
Economía Forum y financiado por Telefónica. “Los últimos años fueron un escándalo
donde nos alejamos de todos. Restablecer los lazos con el mundo y la nación española es
una prioridad de nuestro Gobierno”, consideró Prat-Gay tras su pedido de disculpas a los
empresarios españoles. “No podemos hacerlo solos. Nos faltan la experiencia y los
capitales”, lanzó el funcionario al proponer que inviertan en áreas de turismo, energía e
infraestructura. El albacea de la evasora Lacroze de Fortabat y ex agente de la organización
delictiva J.P. Morgan, tiene algo de razón: están de “vuelta”, en todos los sentidos de la
palabra.

Mientras el evasor de impuestos Alfonso Prat-Gay se arrastra por España pidiendo perdón e
inversiones para su nefasto plan económico, los bancos siguen embolsando ganancias
extraordinarias. Entre diciembre y marzo, las entidades financieras acumularon beneficios
por 28.169 millones, contra los 17.316 millones computados en igual período del año
anterior, lo que equivale a un alza del 62,7 por ciento. La bicicleta financiera a partir de
altas tasas de interés de las Lebac fue uno de los negocios más rentables de los bancos. En
el informe de ayer del Banco Central, donde se analiza la evolución de la rentabilidad de la
banca, se detalló que las entidades financieras ganaron 8194 millones de pesos en marzo
por títulos valores, el rubro en el que se computan los resultados por tenencia de Lebac. Los
bancos privados extranjeros fueron las entidades financieras con mayor beneficio en marzo,
al computar un margen respecto de los activos de 11,6 por ciento. Los bancos privados
nacionales, en tanto, anotaron un margen de 10,2 por ciento, mientras que los públicos
registraron uno del 7,4 por ciento. De este modo, el total del sistema financiero cerró con
margen promedio del 9,5 por ciento. En los últimos meses se viene repitiendo la tendencia
de que la banca extranjera sea la que anota la mayor rentabilidad. Las entidades de capitales
internacionales no sólo se beneficiaron por las operaciones en el mercado interno, sino que
consiguieron obtener importantes sumas por el negocio de las comisiones de colocación de
la deuda externa. Por estas y decenas de otras medidas y decisiones Prat-Gay debería pedir
perdón, al pueblo argentino.

El gobierno ni nacional ni popular sigue expropiando y quitando derechos a trabajadores y

jubilados. El proyecto de ley ómnibus de blanqueo de capitales y pago de sentencias
previsionales que piensa mandar al Congreso implica, en materia jubilatoria, elevar en
cinco años, de 60 a 65, la edad de retiro para las mujeres que no lleguen a cumplir con los
aportes obligatorios. El director de la Anses, Emilio Basavilbaso, confirmó ayer que no
habrá distinción entre hombres y mujeres para la edad mínima con la cual acogerse a la
Pensión por Vejez, que será para todos a los 65 años. Hasta el momento, con las moratorias
lanzadas por el gobierno anterior, el trámite podía iniciarse a los 60 años en el caso de las
mujeres y al cabo de cinco años accedían a un haber pleno, que como piso era la jubilación
mínima, tras saldar la deuda de aportes atrasados. En su lugar, con la nueva ley deberán
esperar a los 65 y si no logran completar aportes, cobrarán de por vida el 80 por ciento de la
jubilación mínima, monto establecido para la nueva pensión. Vamos a estar todos los días
un poco mejor…
Los objetivos de derechos 0 y pobreza generalizada del gobierno del presidente Mau y su
pandilla, sigue su marcha triunfal. El empleo registrado en el sector de la construcción cayó
9,8 por ciento en marzo respecto del mismo mes del año pasado. Así lo informó el Instituto
de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric). Los despidos en las
constructoras en el primer trimestre del año superaron los recortes de 2008, cuando estalló
la crisis financiera internacional. En el informe de Ieric, pese a que se muestra un escenario
de fuerte tensión para los trabajadores formales del sector de la edificación, no se estimó el
impacto para los asalariados informales de la construcción, el segmento con mayor
dificultad para sostener el empleo tras la caída profunda de la actividad. En tanto la
actividad industrial registró en abril una caída del 6,7% en la medición interanual, en la
primera cifra del INDEC desde la asunción de Mauricio Macri. De esta forma el primer
cuatrimestre cerró con una disminución de 2,4% frente al mismo período del año pasado.
Pero a no desesperar: en 30 días comienza la revolución de la alegría y con las inversiones
que lloverán en el país, incluido el dinero mal habido del Hood Robin argentino no
Nacional, la reactivación tan anunciada revertirá estos espantosos guarismos.
 CARTA ABIERTA A ALFONSO PRAT-GAY

Cuando en las escuelas y universidades del país y del mundo se quiera explicar por qué el
éxito puede no ser una virtud, bastaría de ejemplo contar su historia de vida. Porque nadie
puede negar que usted es un hombre exitoso, además de afortunado en todos los sentidos
posibles del término. Cómo será la cosa que, con semejante trayectoria, no sólo sigue libre
sino ejerciendo funciones de gobierno. Seguramente, al igual que su colega, el ministro de
Propaganda Joseph Peña, nunca hubiera imaginado para usted este inmejorable presente, ni
siquiera cuando paseaba por la playa de la mano con la diputada Donda hace un par de
veranos, alardeando que era un hombre de centro-izquierda. Esa mentira, se suma a tantas
otras que sería tedioso empezar a mencionarlas todas. Porque usted vive de la mentira. La
necesita como insumo básico para su existencia, tanto como comer o dormir. Pero no se
inquiete: ello no es una patología personal. Es parte inevitable de la constitución neoliberal.
Mienten a toda hora y en todo lugar porque, de lo contrario, no podrían subsistir. Y si no
salen de su boca salen de las fauces de la prensa canalla que, a través de sus 300
repetidoras, las multiplican por todo el orbe sin descanso las 24 horas del día. Por eso,
viendo la realidad económica argentina, no es cierto que usted no sepa nada en la materia.
Las calamidades que no cesan de expandirse por todo el territorio nacional son efectos
buscados y no errores sujetos a revisión. Claro que para usted son aciertos o, en el mejor de
los casos, experiencias desagradables pero necesarias, en el tránsito a la panacea neoliberal
que no se cansa de pregonar. Pero usted sabe que miente, porque quiere engañar.
Respondiendo a los sectores concentrados de la Economía, está respondiendo a sus propios
intereses personales. Usted no es un simple fusible puesto ahí a recibir órdenes: es el brazo
ejecutor de las aberrantes políticas públicas consciente de las ventajas personales, que
además, van en ellas. Claro que no lo puede decir ni reconocer públicamente, si usted es un
funcionario que vela por el interés general. Por eso la mentira, otra vez, como funcional a la
estrategia neoliberal de hacer creer que los intereses de su clase social son también los
intereses de la mayoría. Usted, repito, no es un ignorante. Aunque es el riesgo que corre,
claro, al quedar expuesto públicamente cuando necesita falsear conceptos, datos y
estadísticas para perpetuar el engaño. Como cuando antes de asumir afirmaba que la
devaluación no iba a impactar en los precios porque la Economía estaba acomodada a un
dólar de $16, ¿se acuerda? Como cuando afirmó que los aumentos de tarifas iban a ser
equivalentes a dos pizzas, siendo en realidad a dos pizzerías de la calle Corrientes, la que
no dormía y ahora languidece. Como cuando aseguró que los agroexportadores iban a
liquidar sus dólares, dada la confianza que transmitía el nuevo gobierno cuando, en verdad,
continúan reteniéndolos esperando una devaluación más brutal que la cometida. Como
cuando señaló que la inflación iba a ser del 25 % para todo el año cuando, con datos
manipulados a la vista, no pueden esconder que esa cifra ya la superó en 6 meses de su
infame gestión. ¿Un bruto? ¿Un iletrado? No. Usted, sabe lo que está haciendo. Como
cuando retomó el ciclo de endeudamiento externo para pagar la deuda ilegítima a los
fondos buitre a una tasa mayor que Bolivia. ¿Incompetencia? No, negocios. Usted es un
hombre preparado, nadie lo duda. Estudio en las mejores universidades neoliberales del
mundo y se fogueó en las divisiones inferiores del J.P. Morgan; donde aprendió, de manera
algo desprolija debo reconocer, esto de lavar dinero y fugar dinero a paraísos fiscales.
Menos mal que están sus aliados del poder judicial para cubrirlo en estos deslices sino, por
ejemplo, la causa del extraditado Hernán Arbizu lo hubiera complicado a usted y a la
famiglia Fortabat, de la que usted fue su albacea. Pero uno no es lo que es sólo por sus
actos, sino también por sus dichos. Es en este último campo donde debería replantearse sus
procederes. Porque lo que hoy es simpático para un grupo de odiadores que lo festejan,
mañana puede ser un boomerang que sume al momento que la crisis desatada, y
sistemáticamente negada, lo haga volar por los aires. Debe controlar esos impulsos. No es
aconsejable fanfarronear una superioridad, que encima no se tiene, agrediendo
gratuitamente a las personas para justificar sus abyectas decisiones y, a la vez, esparcir su
desprecio contenido durante años. Eso de “grasa militante”, es un exabrupto que debió
haberse ahorrado como hace con el dinero que tiene en paraísos fiscales, escondido para
que sus hijos lo disfruten cuando sean adultos responsables, como seguro les está
enseñando con su vivo ejemplo su colega Carlos Melconián. Un hombre de Estado no debe
perder la compostura, como le sucedió también en España; cuando se arrastró de rodillas
pidiendo perdón a los empresarios españoles que estafaron a nuestro país y por lo que
actualmente, muchos de ellos, están presos en nuestra querida madre patria. Sabemos que
necesita de las lluvias de inversiones ante la sequía de divisas que asola a nuestra Nación.
Pero, ¿hacía falta humillarse de esa manera? Alfonso, le está ganando el ánimo revanchista.
Pierde más seriedad que con su aberrante plan económico. Está bien que quiera
diferenciarse del anterior gobierno, pero esos modos no son los de un republicano formado
en las escuelas de Chicago. Tiene que concentrarse decididamente en cómo va a salir del
gobierno decorosamente cuando la desocupación, la quiebra masiva de pymes y el hambre
generalizada sean una realidad indisimulable; que harán de la conflictividad social una
variable fuera de control. De todos modos, lo que ha logrado hasta ahora es encomiable. Ha
conseguido en seis meses lo que a la última dictadura cívico-militar-empresarial-clerical le
llevó un año, como denunció Rodolfo Walsh en su inolvidable carta a la Junta Militar que
le costó la vida, y (casi) sin disparar un solo tiro. La miseria planificada de las mayorías,
objetivo vital de su espacio político, siguiendo el rumbo que usted le ha impuesto, será un
logro impagable que generaciones de neoliberales deberán reconocerle, incluso en el
epitafio del Jardín de Paz cuando ya no esté entre nosotros. Eso sí: llegado el momento de
las revueltas populares no habrá tiempo para arrepentimientos. Sus miserables pedidos de
perdón a empresarios estafadores no los podrá replicar, si ocurriera ese milagro, al pueblo
argentino damnificado por sus monstruosas políticas ajustadoras. Porque lo suyo, (no)
querido Alfonso, no tiene ni tendrá nunca perdón posible.
01/06/16: El juez Casanello, que recordemos es el mismo que sobreseyó escandalosamente
a Mauricio Macri de la causa de las escuchas a poco de éste haber asumido, pidió informes
a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción (OA) sobre la posible
participación del presidente en tres firmas en paraísos fiscales, que se sumarían a las otras
dos sociedades (Fleg Trading LTD y Kagemusha) por cuya vinculación está imputado. Al
organismo que encabeza la fanática macrista Laura Alonso, el magistrado pidió que se le
remita una copia certificada de la declaración jurada patrimonial que realizó el presidente
offshore el año pasado, cuando se desempeñaba como jefe de Gobierno porteño y en la que
figura su cuenta por 18 millones de pesos en las Islas Bahamas. En tanto, a la IGJ solicitó la
información completa que posee de la actividad de varias empresas del grupo Macri, entre
1985 y 2007.Por otra parte, Casanello le pidió a su par de la Justicia civil, donde Macri sí se
presentó, que le envíe "copia certificada" de los estatutos de esa firma, así como las
declaraciones juradas de Francisco Macri entre 1998 y 2005. Además, Casanello, pidió al
Banco Central que requiera a todas las entidades financieras del país datos sobre las cuentas
bancarias en las que el presidente offshore haya participado como titular y apoderado a
partir del 1 de enero de 2016 hasta la actualidad y los movimientos de los fondos. Si
Casanello se vistiera de juez, con seriedad y ajustado a la ley llevando el cuchillo a fondo,
el presidente offshore, al menos, no podría sostenerse en su cargo mucho tiempo más. El
problema adicional es la oposición, que pareciera, en el mejor de los casos, ser espectadora
de un escándalo que con tanta pasividad, a la hora de actuar y declarar, se empieza a ubicar
en un lugar de complicidad difícil de justificar.

La situación en el sur profundo es desesperante. En la Patagonia los aumentos de la tarifa

de gas promedio para los usuarios domiciliarios fueron del 700 por ciento, mientras que
para los comerciales e industriales alcanzaron un impresionante 1250 por ciento. Por la
fuerte resistencia social que provocó el tarifazo, el gobierno neoliberal concedió una rebaja
para los hogares definiendo un tope al alza del 400 por ciento. El nuevo cuadro igual sigue
siendo asfixiante: las facturas residenciales se multiplican por 5 y las comerciales e
industriales por 13,5. Un aspecto poco divulgado es que las principales beneficiadas del
tarifazo en el gas son las petroleras. Más de las tres cuartas partes de la nueva facturación
será embolsada por las petroleras, una transferencia de los consumidores a esas empresas de
3500 a 4000 millones de dólares. Poco del aumento es para reducir la carga fiscal de
subsidios energéticos. El ajuste pegará entonces con saña en una región que suma apenas el
7,0 por ciento de los usuarios residenciales y el 23,0 por ciento del consumo nacional, lo
que se explica en razones climáticas. En este escenario de desconcierto social y económico,
en que varias cautelares judiciales han frenado el aumento, el gobierno ni nacional ni
popular presentará mañana una propuesta a las provincias patagónicas para atenuar las
subas en las tarifas de electricidad y gas, según se comprometió el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, ante los gobernadores patagónicos. Nadie en su sano juicio puede esperar
respuestas mínimamente satisfactorias al largo plazo; sencillamente porque el gobierno
debería replantear su propio proyecto pauperizador que, por lo visto hasta ahora, es una
firme “convicción” sólo negociable en detalles.

La hecatombe desatada en toda la Nación por el gobierno neoliberal no tiene antecedentes

en la historia argentina. Aranguren, ministro de Shell en Energía, llegó a pedirle a las
industrias que “que inicien el corte progresivo de sus consumos con el objetivo de llegar a
cero en el menor tiempo posible, para preservar el abastecimiento a los hogares, hospitales
y escuelas de la República Argentina”, a raíz de la amenaza del sindicato de petroleros de
cortar el suministro de gas si no son atendidos sus reclamos. Por ahora algunas provincias
han frenado los tarifazos a fuerza de amparos judiciales mientras el gobierno,
desesperadamente, hace presentaciones ante la Corte Suprema de las Corporaciones para
que avale sus ilegales e ilegítimos tarifazos confiscatorios. Siempre la tendencia de uno será
a pensar que con este poder judicial las pocas “victorias” son y serán transitorias, porque
ellos pertenecen a los grupos dominantes y a su lógica neoliberal. Por lo tanto, la auténtica
alternativa es la lucha política en las calles y en todos los foros de discusión, sean o no
institucionales, para dar batalla contra el tsunami neoliberal desatado contra la población.

El cementerio neoliberal inaugurado en diciembre de 2015 va quedando chico. En los

primeros meses de gestión, sin computar los últimos dos en que a fuerza de tarifazos la
crisis económica se agudizó a toda velocidad, cerraron 1686 empresas. De la construcción,
1700; industriales, 171; Comercios y reparaciones, 367; hoteles y restaurantes 165 y otros,
283. Esta información, ocultada por los grandes medios que catapultaron al presidente
offshore y su pandilla al poder, es sólo parcial. El tendal se irá acrecentando y las víctimas
multiplicando, porque donde gobiernan las lógicas de los paraísos fiscales sólo florecen los
infiernos terrenales.

Un juez de La Plata ordenó suspender los aumentos en las tarifas eléctricas en el interior de
la provincia de Buenos Aires. La falta de la audiencia pública, que según dispone la
legislación vigente debe realizarse antes de la aprobación de un nuevo cuadro tarifario, fue
el argumento utilizado por el tribunal platense en lo Contencioso Administrativo a cargo de
Luis Federico Arias para frenar las subas. La medida alcanza a las áreas de concesión de las
prestadoras provinciales como Edelap en La Plata, EDES en las localidades del como Bahía
Blanca, EDEA en la Mar del Plata y Chascomús y EDEN en las ciudades del norte y centro
como San Nicolás. La decisión judicial no alcanza a los aumentos aplicados a las
localidades del conurbano bonaerense cubiertas por Edesur y Edenor. Mientras tanto, a
nivel federal, pareciera que ningún fiscal, dirigente o legislador toma nota. Los elefantes se
pasean por los centros urbanos y la oposición les saca fotos.

La inmoralidad se expande como una metástasis por todas las instituciones de lo que queda
de la mal trecha república. Ahora el gobierno neoliberal busca “voltear” la causa contra el
HSBC, en la que se investigan 4400 cuentas ocultas en el exterior de las cuales solo 40
estaban declaradas; con el objetivo de habilitar a varios de los involucrados para que
puedan entrar al blanqueo y asegurarles impunidad. Entre las personas y entidades
señaladas se encuentran la familia Bulgheroni, Cablevisión y Multicanal (del Grupo
Clarín), Deutsche Bank, Edesur, el propio HSBC, Pampa Energía (contratante de Edenor),
Ricardo Chiantore, Amalia Fortabat y el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay,
entre otros. Evaden impuestos y luego las leyes que los investigan para, seguramente,
volver a evadir. Porque nadie, con dos dedos de frente, puede creer que tamaños
delincuentes aporten todos sus dineros sucios a la inversión productiva que vocifera el
auspiciante de toda esta maniobra escandalosa, el presidente offshore Mauricio Macri.

La mafia periodística ha demostrado una vez más que carece de vergüenza, de todo criterio
ético y de toda dignidad profesional. El grupo Clarín, paraguas protector del presidente
Mau y su pandilla, no se escandaliza ni editorializa críticamente sobre los tarifazos en
curso. Lejos de ello, los justifica adjudicándolos a la necesidad del sincera-miento en que
ha entrado la economía con las mentiras neoliberales. Sin embargo, durante todo el día, a
través de sus venenosos zócalos y mercenarios periodistas, machacó y machacó contra el
“golpe al bolsillo” que sufrirán los habitantes de edificios por el acuerdo salarial acordado
por los porteros. Casualmente este gremio posee una cooperativa llamada “Octubre”, la
cual es licenciataria de la radio AM750, abiertamente opositora al modelo socio económico
vigente; a tal punto que cuenta entre sus filas con el archi enemigo del Grupo Clarín, el
prestigioso periodista Víctor Hugo Morales. Así que no fue de extrañar que a toda hora el
periodismo “libre” azuzara sin pausa a la clase media trabajadora con el “ataque a sus
ingresos” sufrido por la paritaria acordada por los “encargados”. Para ello están ellos, los
medios corporativos afines al neoliberalismo criminal que abruma a la población de a pie:
para alimentar el odio entre pares, ensanchar la grieta entre los trabajadores, y dividir a la
ciudadanía a pura desinformación; ocultando y tergiversando la misma en favor del
proyecto confiscatorio de derechos colectivos que gobierna la Argentina.

02/06/16: La vuelta al pasado, a la que nos empuja la alianza neoliberal gobernante, incluye
un retorno del poder militar. Con otro decretazo, el presidente offshore les restituyó a los
militares un poder de autonomía que había sido limitado por el entonces presidente Raúl
Alfonsín. Las decisiones sobre las conducciones de cada una de las Fuerzas Armadas, pases
y destinos y la contratación de personal docente quedan, nuevamente, en manos militares.
Una decisión coherente con los dichos del Hood Robin argentino no Nacional (“Hemos
comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa a dejar atrás
enfrentamientos y divisiones”) y con sus políticas activas contra los organismos de
derechos humanos; además de la inacción del Estado en los juicios contra los genocidas de
la última dictadura cívico-militar-empresarial-clerical. También se corresponde con las
reuniones con el cachivache fascista de Cecilia Pando y con otras ONGs en que anidan
familiares de represores. Ceder poder a los militares puede ser tanto una manera de
desandar lo hecho en la última década en materia de derechos humanos y fortalecimiento
democrático en clave revanchista; como una apuesta al futuro cercano, previendo un
escenario conflictivo a nivel nacional que amerite la utilización de la fuerza como aliada
para mantener el “orden” y contener y/o reprimir protestas. Están derrapando de la manera
menos pensada. Son mucho más dañinos que lo que uno hubiese imaginado.
Cínica, monocorde y mendaz fue la exposición del jefe de gabinete y Ministro de
Propaganda, Joseph Peña, en su primer informe al Senado de la Nación. Durante más de 6
soporíferas horas respondió preguntas de los senadores, que se centraron fundamentalmente
en el tarifazo, los aumentos de precios y, en menor medida, el desempleo. Los legisladores
del Frente para la Victoria, representantes de sus provincias, remarcaron la crítica situación
que se vive en sus territorios a raíz de las subas en la electricidad, el gas, la nafta y los
alimentos, preocupación que fue compartida por otros senadores de la oposición. Peña
recurrió a los mismos argumentos con los que el oficialismo viene justificando las
decisiones adoptadas desde el 10 de diciembre: la “herencia” recibida del gobierno anterior
y la promesa de que el sincera-miento de la economía producirá una mejora en el corto
plazo. “A partir del segundo semestre nosotros estamos convencidos de que la inflación va
a estar por debajo de los 2 puntos y con una tendencia decreciente”, afirmó Peña, quien
eludió responder con precisión sobre las sociedades offshore de Mauricio Macri. En
resumen: un refrito de dichos y justificaciones inadmisibles y una oposición livianita, que
parecía preguntar más para disimular que para interrogar sobre los peores cinco meses de
Argentina desde el recupero democrático.

El proyecto “ómnibus” del gobierno ni nacional ni popular es más bien un Metrobús

neoliberal, lleno de trampas y amargas sorpresas. La parte provisional del mismo esconde
la inviabilidad de todo el sistema de reparto. Pero la canallada llega hasta la mórbida
pretensión de modificar todo el régimen previsional, anunciado con palabras tan
encantadoras como “un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y
sustentable”, que en la traducción al lenguaje honesto es la elevación de la edad jubilatoria
y la creación de una ley “universal” en reemplazo de la moratoria; que no sólo rebajaría el
monto a pagar, sino que además prevé quitar el derecho a pensión a los herederos.

La otra parte del león que se juega en el “Metrobús neoliberal” que contiene el proyecto
enviado al Congreso, es el blanqueo de capitales. A esta infame iniciativa, la llaman
“régimen de sinceramiento fiscal”, que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2017.
Hacienda dejó trascender, en un exceso de optimismo, que podrían ingresar unos 20 mil
millones de dólares sobre los cuales se cobraría una penalidad de entre 5 y 15 por ciento.
Esto implica que, en el mejor de los escenarios posibles, si todos pagan una “multa” del 15
por ciento, el gobierno contaría con un monto fijo por única vez de 3000 millones de
dólares que destinaría a la actualización jubilatoria. Sin embargo, las posibilidades previstas
en el proyecto que el contribuyente puede hacer valer para no pagar la penalidad o pagar
menos son tan amplias, que la cifra recaudada para los jubilados será sensiblemente menor.
Por lo tanto, terminarán siendo los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la
venta de las acciones de empresas privadas en manos de la Anses los que terminen
financiando el pago de las actualizaciones. El proyecto “Metrobús” también contempla una
amplia moratoria tributaria, previsional y aduanera, la modificación del impuesto a los
Bienes Personales y a las Ganancias, la creación de una comisión de reforma previsional y
otra de reforma tributaria, además de la ratificación del acuerdo para la devolución del 15
por ciento de la coparticipación a las provincias. Todo un combo neoliberal para blanquear
la mugre de los delincuentes que avalan y sostienen a la alianza gobernante.
La conmoción que ha provocado, en todo el país, el tarifazo en los servicios públicos
esenciales los está obligando a Mau y sus pandilleros a retroceder un poco. Ahora el
Gobierno neoliberal ofrecerá nuevas concesiones para mitigar el impacto de los aumentos.
Jubilados que cobran hasta 11 mil pesos y trabajadores con sueldos inferiores a los 12 mil
pesos podrían ver reducido el golpe tarifario y las pymes también obtendrían un tope en el
porcentaje de incremento. El anuncio se concretará en las próximas horas, según
resolvieron ayer el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y el de Shell en Energía, Juan
José Aranguren, en una reunión con los gobernadores patagónicos. El Ejecutivo intenta dar
una respuesta política a la presión social y al avance de las medidas cautelares, que ayer
sumó el caso de San Luis, en donde se ordenó a las empresas distribuidoras recalcular las
boletas con un tope de aumento del 70 por ciento. En la Justicia el Gobierno intenta llegar
hasta las últimas consecuencias: le pidió a la Corte Suprema de las Corporaciones que
intervenga para restablecer el tarifazo en Chubut. Hasta dónde pueden volver atrás esta
política criminal lo sabremos a la brevedad. Difícil imaginar que, en sustancia, vuelvan
sobre sus pasos, sabiendo que en esto no hay “ni errores ni excesos”, sino una política
confiscatoria deliberada.

03/06/16: El fiscal Federico Delgado pidió las pruebas que se mostraron el domingo en el
programa televisivo Economía Política, que explican cómo Mauricio Macri lavó dinero. El
presidente offshore operó con Fleg Trading alrededor de U$S 10 millones que, luego de
una triangulación, terminaron como dinero blanco en la Argentina. La causa penal contra el
jefe de Estado la inició el diputado del FpV Darío Martínez en abril, con múltiples y
completas ampliaciones. Cayó en el juzgado de Sebastián Casanello y Delgado es quien
posee la tarea de recabar información que conecte la historia del lavado. Despacito, con el
silencio cómplice de los medios hegemónicos, la causa se encamina. La falta de seriedad de
un poder judicial, cooptado por las facciones mafiosas asociadas al capital concentrado,
obliga a ser precavidos a la hora de entusiasmarse con que este hombre pague al menos una
de tantas canalladas cometidas.

Los escándalos se suceden sin solución de continuidad a la espera de que alguien, que no
sea sólo un periodista con el deber de informar, haga algo con ellos. El protagonista ahora
es el ministro de Desempleo, Jorge Triaca. Por un lado, se reveló una maniobra a través de
contratos con que hizo emplear irregularmente a amigos y familiares. Triaca dio de baja los
convenios del gobierno anterior con la excusa de que "eran de baja calidad y para aguantar
a la política" y dio de alta un importante contrato a través de la Universidad de La Matanza.
Allí, el funcionario, desembolsó $1.700.000 para la asistencia técnica al Ministerio de
Trabajo. Entre los contratados figuran los dos casos más relevantes y polémicos. Uno es el
de Julián Martín Obiglio, quien logró un sueldo de 35 mil pesos. Obiglio fue diputado del
PRO y es un hombre cercano al ministro. Y por el otro, el caso más escandaloso: Sergio
Ernesto Borsalino, quien se llevará la suma de 50 mil pesos. Este hombre es el esposo de la
hermana de Triaca, Silvia Verónica. Ambos comparten la titularidad de una S.R.L. Esta es
la otra manera de hacer “negocios” que tiene la asociación ilícita que cumple funciones de
gobierno.

En medio del debate por el proyecto de blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno,
se puso sobre la lupa el patrimonio que tienen en el exterior los ministros del macrismo;
sobre todo porque desde el Poder Ejecutivo se intentó que ingresen los funcionarios al
blanqueo. Finalmente, ante la presión de la oposición y hasta de la lumpen política Elisa
Carrió, tuvo que ceder y en el anteproyecto presentado se les negó el ingreso a los mismos.
Sobre este eje, se dio a conocer que cuatro de los seis funcionarios que integran el
importante gabinete económico de Mauricio Macri poseen cuentas en el exterior. Y por casi
$100 millones. Esto es cinco veces más que lo que había informado el presidente que
poseía en Bahamas ($18,7 millones). A comienzo de semana el mandatario tuvo que
anunciar que va a volver a traer ese dinero al país. Lo hizo obligado por estar en medio del
escándalo de los Panamá Papers y en el contexto del debate por el blanqueo. Según las
últimas declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA), esta es la
fortuna que guardan fuera del país los funcionarios clave del Gobierno, según se informa en
el diario El Cronista. El ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren es el que más
dinero extranjero tiene. Posee una caja de ahorros en euros con pesos argentinos
equivalentes a 4.292.070 y otra en Estados Unidos con $49.482.790. Totaliza así 53
millones de pesos. Aranguren duplicó su fortuna en 2015, pasando de 44 millones a
86.685.999 a fin de año, luego de asumir. Por su parte, Alfonso Prat-Gay, ministro de
Hacienda, tiene en el exterior declarado $40.554.041 y se ubica segundo en el ranking de
ministros con más plata fuera del país. Todos esos ahorros están distribuidos en cuatro
cuentas (dos de ellas sin especificar) en Estados Unidos. El tercero de esta nómina es
Federico Sturzenegger, que tiene $4.945.383 repartidos en cuatro cuentas en los Estados
Unidos. El presidente del Banco Central declaró que la mayor parte de su patrimonio está
puesto en bonos, YPF y en banco Macro e IRSA. Ya fuera de los popes del gabinete
económico, Gustavo Lopetegui, Secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la
Jefatura de Gabinete, es el cuarto de esta lista. Declaró "apenas" $233 mil en una cuenta
corriente norteamericana. Resta saber si al menos este dinero, que se animaron a reconocer
como propio, lo van a repatriar para ayudar a la reactivación tan prometida del segundo
semestre.

Mientras Hugo Moyano, juega (mal) a ser presidente de la AFA y se desentiende de la

crisis ocupacional que afecta a los trabajadores que él dice representar, ayer una Plaza de
Mayo llena –los organizadores calcularon más de 40 mil personas–, repudió el veto
presidencial a la ley antidespidos. Convocada por las dos CTA, trabajadores de los gremios
estatales y docentes, el kirchnerismo, partidos de izquierda, movimientos sociales,
cooperativas y Pymes se manifestaron contra el ajuste de Cambiemos, y denunciaron que, a
pesar del discurso oficial, tras el veto de la ley, el número de desocupados sigue
aumentando. La nota de la jornada fue dada por el grupo de sindicatos de la CGT que se
sumaron a la movilización diferenciándose de Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis
Barrionuevo. En el acto hubo duras críticas a Mauricio Macri. “Este presidente predica la
moral con la bragueta abierta”, sostuvo Pablo Micheli. Hugo Yasky completó que
“gobierna para los que tienen dinero: para los que son parte de la Sociedad Rural, parte de
la banca financiera, parte de las empresas, mientras al pueblo le da la espalda”. La marcha
fue precedida de un cese de tareas. Desde la una de la tarde, sobre la Avenida de Mayo, a la
altura de Piedras, se fueron juntando grupos con sus banderas. Como cierre, los dirigentes
anunciaron que llamarán a un paro nacional, al que esperan sumar a las CGT. La medida no
tiene fecha todavía, pero la idea es que sea antecedida de una marcha federal, que recorra
las provincias, a la manera en que fue armada la resistencia en los 90. Entretanto, las CGT
siguen dialogando para concretar la tan mentada reunificación, que los reposicionará con
más fuerza a la hora de hacer negocios con el gobierno neoliberal.

Luego de marchas y contra marchas el gobierno neoliberal volvió (algunos) pasos atrás con
sus inmorales tarifazos. En un gesto de caridad extrema, viniendo de desalmados de la más
baja estofa, introdujeron ayer nuevos cambios para paliar el impacto de los tarifazos de gas
y luz e intentar desactivar las crecientes protestas que generaron. El aumento del gas tendrá
un tope de 400 por ciento para los hogares, mientras que para pymes, comercios y hoteles el
techo será de 500 por ciento. La medida regirá no sólo para las provincias patagónicas sino
para todo el país. Los máximos se calcularán sobre el valor total de la factura con respecto
al cuatro tarifario vigente antes de las subas, de manera retroactiva al 1 de abril y siempre
considerando un mismo nivel de consumo. Esto último significa que, si la demanda de
energía en un hogar es mayor, porque este invierno termina siendo más frío que el del año
pasado, la suba podría ser mayor al tope. En el caso de la electricidad, no habrá techo para
los aumentos, pero se ratificó la decisión de ampliar el nivel de consumo bonificado de 150
a 300 KWh por mes para los beneficiarios de la tarifa social radicados en las provincias sin
acceso al sistema troncal de transporte de gas natural (Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones). Además, se informó que el Ministerio de Producción elaboró una lista de 393
empresas electrointensivas que se verán beneficiadas con un descuento del 20 por ciento en
su tarifa de generación. Dos cosas: 1) Un paliativo caritativo no va a reparar el daño
producido sobre hogares y Pymes que, principalmente, deben sumar a sus infinitas
desgracias la pérdida del consumo, la baja de salarios y las importaciones que vuelven
inviables a las empresas. 2) No ver en estas medidas ninguna improvisación. Algunos
retrocesos en las brutales medidas tomadas se deben al nivel de resistencia que obtuvieron y
no a “errores” que ahora subsanan “dialogando”. De entrada, van siempre con la de
máxima, para luego ir reculando de acuerdo a las reacciones despertadas. Puede haber
“desincronizaciones” a la hora de declarar, pero estos tipos tienen muy claro sus objetivos.
Por ello el espíritu confiscatorio siempre estará presente en cada ley, en cada medida, en
cada decreto que se lanza contra la ciudadanía de a pie.

Desde que llegó al poder el PRO decidió hacer cambios notorios en la Casa Rosada.
Primero, Mauricio Macri decidió "exorcizar" el lugar y luego mandó a bajar cuadros: el de
Néstor Kirchner y el de Hugo Chávez. Sin embargo, esta semana, el PRO fue por más y
decidió sacar los cuadros del "Che" Guevara y Juan Domingo Perón. Serán retirados del
principal patio de la Casa Rosada y serán trasladados a la ex ESMA, a una muestra
permanente. Además, también bajarán los cuadros de los distintos presidentes
latinoamericanos que había colocado Cristina Kirchner. "Se va a mantener toda la colección
de cuadros junta, porque fueron donaciones de gobiernos de otros países latinoamericanos,
pero en una muestra permanente en la ex ESMA, donde el acceso es abierto para todo el
público y serán vistos por más gente", explicó a La Nación un funcionario cercano a
Fernando De Andreis, que dirige este proyecto de reordenamiento de la Casa Rosada. Este
“reordenamiento” es parte de un proceso de "deskirchnerización" del lugar, que durante 12
años fue decorado por Cristina Kirchner. Ahora, esas paredes vaciadas, esperan nuevos
adornos. Reponer el cuadro de Videla sería muy ilustrativo para reflejar el “cambio”.
También se podría completar con otros próceres, que obran como referentes del gobierno
neoliberal, como Carlos Menem y Domingo Cavallo, porque a los “patriotas” es bueno
homenajearlos en vida…

Una de las consecuencias de la impunidad es la perpetuación del delito exculpado. El sayo

le cabe al juez Sebastián Casanello que, con todas las evidencias que lo inculpaban,
sobreseyó al presidente offshore por la causa de espionaje cuando éste era Jefe de
Gobierno. Ahora volvió a suceder. Un grupo de concejales de la localidad bonaerense de
Luján denunció al intendente de esa localidad Oscar Luciani por violación de la intimidad y
de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Las pruebas se basan en una
carpeta con fichas personales que reflejan consideraciones ideológicas y apreciaciones
personales de empleados municipales. Ezequiel Konig y Valeria Lanutti, ex empleados de
la Casa de la Juventud en Luján, afirman que se reunieron en marzo pasado con el
subdirector de Juventud, Juan Pablo Merea, quien admitió que el material "le fue
entregado". Los concejales del Frente para la Victoria Leonardo Boto, Vanina Pascualin y
Nicolás Capelli recibieron a Konig, que desempeñaba funciones hasta el 20 de mayo, para
detallar los padecimientos que sufría él y sus compañeros. "Con los nombres y apellidos de
los involucrados como encabezado, se apuntaban características políticas e ideológicas con
una clara referencia a sus expresiones en las redes sociales", apuntó la denuncia. En la ficha
de Konig se lee que está catalogado como "militante del Proyecto Nacional y Popular", que
"se lo relaciona con La Cámpora" y que es un "gran opositor y crítico del partido
Cambiemos". Mientras que a Lanutti se la tilda de "defensora de los derechos de la mujer,
descontenta con la sociedad machista que nos rodea". Además, se advierte que es
"defensora de la Ley de Medios". Esta es la catadura moral de este gobierno, que considera
“peligrosos “a sus opositores por militar en defensa de leyes o ideas como las mencionadas.
Luciani, en esto de perseguir o espiar empleados y/o militantes, tuvo un buen maestro.
Veremos si también sabe hacer lo que mejor le sale a su jefe político: salir siempre impune
de sus abominables delitos.

Allá atrás quedaron las “denuncias” delirantes y extraviadas de la lumpen política Elisa
Carrió, cuando acusaba a la organización “La Cámpora” de hacer política en las escuelas,
además de vender armas y drogas a menores. Todo un disparate del que nunca se comprobó
nada. En este sentido la inmoralidad asoma nuevamente para dejar expuesto el doble
discurso hipócrita que pregona una cosa para, seguidamente, hacer otra. Padres y madres de
alumnos de 4º grado de la Escuela Nº 2 en Lenguas Vivas "Mariano Acosta" se niegan a
que sus hijos asistan a un acto del Gobierno porteño donde asistirá el presidente Mauricio
Macri. Los padres argumentan que la administración de Horacio Rodríguez Berreta no
paga micros para salidas educativas y que la escuela está en un estado de abandono:
"Resulta sumamente contradictorio, por no decir cínico, que el Gobierno de la Ciudad haya
negado en reiteradas ocasiones el pago de micros para la realización de salidas educativas,
y ahora disponga sin ningún inconveniente de los micros para trasladar a nuestros hijos para
que presencien un acto político encabezado por el Jefe de Gobierno y la ministra de
Educación", destaca el comunicado que firmaron. Asimismo, critican al gobierno de
Berreta por ofrecer un "regalito" a los chicos, cuando habiendo pasado ya tres meses del
inicio de clases, "no han recibido los manuales escolares". Por último, denuncian un estado
de abandono de las instalaciones de la escuela. "El edificio no cuenta con calefacción por la
falta de funcionamiento de sus calderas; los ascensores no se encuentran correctamente
habilitados; el edificio no se encuentra en regla según las disposiciones relativas a
prevención de incendios y no se cumplen las normativas en cuanto a la cantidad de baños
necesaria", cierra la carta. Otro ejemplo para ilustrar las prácticas políticas deplorables de
una Alianza que subió con un discurso de “Cambio”, para sólo reproducir los peores vicios
de la vieja política del pasado.

El fiscal federal Carlos Stornelli le requirió al juez Luis Rodríguez abrir una investigación
contra el ministro de Shell en Energía y Minería, Juan José Aranguren, denunciado
penalmente por los diputados del Frente para la Victoria Martín Doñate y Rodolfo
Tailhade, quienes lo acusan de beneficiarse, debido a su doble rol de funcionario público y
accionista de Shell, con los aumentos de tarifas de gas así como por la compra de gas a
Chile sin licitación pública y con supuestos sobreprecios. La denuncia recordó también que
Aranguren le adjudicó a la petrolera Shell siete de las ocho licitaciones que se pusieron en
juego para la importación de gasoil por barcos al país. A tener cuidado: en los últimos días
desmintieron varias veces la renuncia del rapaz ministro, adjudicándole “mal manejo” de
las decisiones tomadas, como si se hubiera “cortado” solo y no respondiendo a un plan de
gobierno perfectamente orquestado. Los beneficios (no tan) secundarios con los que el
funcionario se vio agraciado son, como lo ocurrido con la devaluación en la causa “dólar-
futuro”, corruptelas ad hoc; que hablan de los valores éticos y morales que deben tener,
necesariamente, los ejecutores de esas políticas.

04/06/16: Dos noticias en una. 1) El presidente offshore fue internado ayer en la Clínica
Olivos para realizarse estudios cardíacos luego de un cuadro de arritmia. Aparentemente
sintió un malestar en el pecho temprano por la tarde y fue atendido por el equipo médico en
la quinta de Olivos. Macri continuó brevemente con su agenda, que incluyó una reunión
con un reducido grupo de periodistas, y luego los médicos le indicaron trasladarse hasta la
clínica para hacerse un chequeo. Desde el Gobierno manejaron el tema con absoluto
hermetismo y en un primer momento, como hacen con la realidad, negaron la internación.
2) Tiene corazón.
Ayer una multitud calculada en 150 mil personas, la enorme mayoría mujeres, marchó
desde Congreso hasta Plaza de Mayo contra los femicidios, por el aborto legal, contra la
Justicia machista y la violencia de género. Además, el reclamo contra la violencia hacia las
mujeres movilizó a decenas de miles de personas en todas las capitales provinciales. El
documento “NiUnaMenos”, elaborado por un colectivo de periodistas y comunicadoras
señala, entre otras cosas: “Es cierto que se puso al frente del Consejo Nacional de las
Mujeres a una feminista pero a la vez, el ajuste, el tarifazo, los despidos masivos, el fin de
la moratoria previsional para las amas de casa que dedican su vida al cuidado de los otros y
el escandaloso achique del Estado, golpean sobre todo a las mujeres, recortan nuestra
autonomía, nos dejan más inermes frente a la violencia. Cuando la pobreza aumenta, las
primeras perjudicadas somos las mujeres. Cuando el conflicto social se mete dentro de las
casas, las más perjudicadas somos las mujeres. El ajuste y la inflación golpean directamente
sobre nuestra capacidad de decir Basta…El disciplinamiento de la protesta social y el
encarcelamiento de dirigentes sociales y políticos hablan claramente de una revancha
misógina y racista que nos golpea a todas. Venimos a decir que con ajuste no hay
NiUnaMenos y que la pobreza es violencia. Venimos a gritar: Ni una menos por femicidio,
NiUnaMenos por trata, NiUnaMenos por aborto clandestino, NiUnaMenos por persecución
judicial, NiUnaMenos por despido, NiUnaMenos por homo lesbo y trans odio. A la
violencia machista y a quienes la perpetran les decimos: NiUnaMenos, contra nuestros
cuerpos, Nunca Más. Por eso, más que nunca, ¡Vivas nos queremos!”.

El paquete “metrobús” con que el gobierno neoliberal quiere expoliar a la clase pasiva, a
través del proyecto de ley llamado de “Reparación histórica para jubilados y pensionados”,
es un intento poco sutil de iniciar el camino hacia la privatización del sistema de reparto.
De hecho, se lo justifica con la premisa: “deberá ser universal, integral, solidario y
sustentable”. Ni público ni de reparto. Difícil creer que se trate de una omisión involuntaria
o de un cambio de “términos”. Pero, además, el proyecto, muestra inquietantes dificultades:
no cumple con el objetivo inicial que declama: pagar las sentencias judiciales por reajustes
de haberes. Ni a quienes tienen sentencia firme ni a quienes esperan el dictado de esos
fallos. A los primeros se les ofrece un acuerdo menos conveniente que la sentencia que ya
tienen en su poder, con un cambio en el índice de actualización –el Isbic por el Ripte– que
disminuye considerablemente el reajuste de su haber y del retroactivo correspondiente. A
los que todavía no tienen sentencia, además, se les acota el retroactivo a 48 meses, cuando
hay un número considerable que viene litigando desde antes y sufriría una pérdida con la
limitación. En conclusión, no se pagan las sentencias y se ofrecen acuerdos a la baja. A
consecuencia de ello, es probable que la mayoría de quienes tienen sentencia firme
rechacen el acuerdo y también lo haga una buena proporción de quienes esperan sentencia;
por lo tanto, no se termina con la litigiosidad previsional como publicita el Gobierno. Estos
temas se deben sumar a la falta de recursos para la financiación para pagar sentencias y
ajustes de haberes, la intención de (mal) vender los activos del Anses para hacer frente a
esas dificultades financieras y así, sumado el combo completo, lo que se busca es la
justificación para un blanqueo (en pos de la “causa justa de los jubilados”) atado al
forzamiento de la inviabilidad del sistema que “obligue”, con cuentas deficitarias en
permanente ascenso, a la privatización y vuelta a las AFJP. Resumiendo: la ley recorta
beneficios a quienes tienen sentencia firme y a quienes están litigando; puede desatar miles
de juicios de aquellos que no fueron contra el Estado y ahora ven la posibilidad de obtener
un resarcimiento por esa vía -para lo cual tienen todo el derecho-; expulsa de la jubilación
plena a quienes fueron víctimas del trabajo no registrado y no pudieron completar aportes,
especialmente a las mujeres; consume la rentabilidad del FGS, que no podrá utilizarse para
otros fines; y compromete la sustentabilidad del sistema jubilatorio en su conjunto, al
asumir compromisos que no se sabe si se podrán cumplir. O sea, una estafa completa.

Los números hablan por sí solos sobre el desastre al que está llevando al país “el mejor
equipo en 50 años”. Contra una inflación anual acumulada del orden del 40 por ciento, la
recaudación impositiva tuvo en mayo un significativo derrumbe en términos reales con
respecto al año pasado, fundamentalmente por la caída en los ingresos por el impuesto a las
ganancias, justo en el mes de vencimiento de las declaraciones juradas anuales por el
ejercicio 2015. Con esta fuerte caída en el pago de Ganancias y el retroceso en el IVA, el
valor real de la recaudación refleja mayor nivel de incumplimiento de los contribuyentes y
caída en la actividad. Pero crece el IVA por importaciones, que está llevando a la ruina a
todas Pymes.

05/06/16: Cuantos más datos se conocen y más variables se analizan, más bochornoso y
vergonzoso resulta el proyecto “Metrobús”, que implica un mega paquete de leyes
entrelazadas con el objetivo de estafar jubilados y propiciar impunidad y negocios a
poderosos empresarios a través del blanqueo de capitales, una moratoria impositiva
inaudita, y el remate de acciones del Estado en empresas privadas. El esquema financiero
propuesto por el gobierno, para saldar la deuda con jubilados por juicios con sentencias en
curso y a quienes no iniciaron una causa, sólo cierra con la liquidación de activos del FGS.
Propiciar un sistema, deficitario al corte plazo, “obligaría” al Estado a buscar fondos.
Primero a través de un blanqueo que sólo aportaría, siendo optimistas, 2.000 millones de
dólares (en concepto de multas porque el beneficiario puede pagarla y seguir manteniendo
su cuenta afuera) y luego a través de la venta de acciones del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que es uno de los reclamos más insistentes de los
empresarios, pues están en juego cerca de 100.000 millones de pesos. A través de ese
Fondo, el Estado participa en 46 empresas importantes que le han dado control sobre ellas y
una alta rentabilidad. Por ello este proyecto “Metrobús” es uno de los más ignominiosos de
la historia argentina: no salda la deuda con todos los jubilados, expropia al Estado de
activos en beneficio de privados (entre los que también cuentan funcionarios oficialistas), y
pone, de ex profeso, todo el sistema jubilatorio en riesgo. En definitiva: la reforma
previsional del macrismo avanza en el desfinanciamiento del sistema jubilatorio, en el
deterioro de su solvencia, en la licuación del fondo de garantía de los haberes, beneficia a
sólo una minoría del total de los jubilados (la reparación es sólo a la cúpula de la pirámide
de ingresos del régimen previsional), no frena la litigiosidad, y con la pensión universal a la
vejez (rebajada a un 80 % del haber mínimo) transforma un derecho en una cobertura
asistencial, una dádiva desigual. El proyecto convoca, además, a una comisión para la
revisión global del régimen en un lapso de tres años que, de consolidarse la estrategia del
oficialismo de desmantelamiento del sistema de reparto, el objetivo de la privatización,
lograda la insostenibilidad del sistema, será una “necesidad inevitable” para aliviar el
déficit de las cuentas públicas, latiguillo frecuente en el armado mendaz del infame
discurso neoliberal. Este gobierno no ha llegado sólo a robar todo lo que tenga a mano para
después huir, como hacen los asaltantes luego de terminar un atraco. Han venido a refundar
el país sentando las bases corruptas de su modelo a nivel estructural y en todas las áreas:
económica, política, cultural y comunicacional.

La letra (no tan) chica del mega proyecto “Metrobús” que el gobierno neoliberal mandó al
Congreso sigue dando ingratas sorpresas. En su artículo 85 garantiza “el más absoluto
secreto” de toda la información obtenida por la AFIP, la Unidad de Información Financiera,
los jueces, funcionarios o empleados judiciales sobre el proceso de blanqueo. Más aún, el
castigo en caso de filtración abarca también a los periodistas y las ONG’s que menciona
Tax Justice Network, englobados sin nombrarlos entre “los terceros que divulguen o
reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las
declaraciones voluntarias y excepcionales” de los blanqueadores. No sólo se les aplicarán
hasta dos años de prisión como marca el artículo 157 del Código Penal, sino también “una
multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados”. Sin duda, cuanto mayor sea el
monto exteriorizado y más notoria la personalidad del blanqueador, mayor interés público
tendrá la noticia. Pues mayor será el castigo. Si un periodista contara que el cardenal Nicky
Caputo se propone blanquear 100 millones de dólares que esconde en Jersey, el doctor
Malodío podría detenerlo, poner su casa patas arriba y multarlo en 100 millones de dólares.
Como Caputo no es funcionario ni pariente, sólo amigo y deudor del presidente, nada le
impediría presentarse al blanqueo. Tal protección extraordinaria a los evasores es
inconstitucional, pero este mes tal vez sea ley. Además, el impuesto a los bienes personales
se eliminará como premio para quienes cumplieron con sus tributos, pero también se
extiende el premio a los que blanqueen, con una reducción progresiva y su total
desaparición en 2019. Lo que no se dice es que con lo que no pagó de bienes personales un
blanqueador que haya mantenido un patrimonio offshore por 5 o 6 años, podría pagar ahora
la tasa de blanqueo y quedarse como ganancia neta con todos los otros impuestos
nacionales evadidos en ese período. Mientras se premian a evasores, que son ellos mismos,
planean violar la constitución nacional que garantiza la libertad de prensa y el
recientemente aprobado proyecto de acceso a la información. No hay que olvidar que todo
este paquete abominable sólo podrá hacerse realidad con el aporte cómplice de la
oposición; hoy, en gran parte, dispuesta a dar “gobernabilidad”, infeliz eufemismo para
eludir su responsabilidad en la seguidilla de aberraciones con que se proponen co-gobernar.
Las dos “décadas infames” conocidas hasta ahora, la de los años ´30 y ´90, serán
nimiedades al lado de este conjunto de leyes y medidas que traicionan al colectivo que
llamamos “Patria”.

El presidente offshore no sólo anda con problemas de corazón. También parece que tiene
problemas de memoria. En una entrevista concedida al portal Infoabe volvió a
contradecirse al ahora afirmar que "no sabe" si la offshore Fleg Trading, registrada en
Bahamas, está activa o no: "Qué se yo, no sé si estuvo activa o no. Fue una sociedad del
año 1998, son 18 años...", señaló. De todas maneras, los problemas más graves que este
hombre tiene no los sufre él sino nosotros: los de ética y moral.

Mientras el gobierno ni nacional ni popular confisca derechos colectivos, apela a la caridad

interesada. En este caso, para congraciarse con el Papa, el presidente offshore decidió
otorgarle “un aporte financiero no reintegrable” de 16 millones de pesos a la fundación
Scholas Ocurrentes, apadrinada por el Papa. Al justificar la medida en el decreto 711/2016,
el Gobierno afirma, en un exceso de hipocresía pocas veces visto, que “las líneas de acción
que lleva a cabo la ‘Red Mundial de Escuelas: Scholas Ocurrentes’ a los fines del
desarrollo de objetivo en materia de ciudadanía, educación, deportes, artes, innovación
tecnológica y cuidado del medio ambiente, se alinean con las metas propuestas por el
gobierno nacional en materia de inclusión educativa, pobreza cero, lucha contra el
narcotráfico y unión de todos los argentinos”. Mientras ejerce de falso cristiano con
impostados gestos altruistas este hombre, carente de virtudes y con tantos graves pecados
encima, sólo debería rezar para que Dios no exista.

La festichola neoliberal, que tiene a G. Frega como maître, les está trayendo algunos
problemas de salud a sus anfitriones. Mau y su pandilla empiezan a sentir, o bien el estrés
que da la agitada y conflictiva realidad (que los obliga a una exigencia de “trabajo” al que
no están ni estarán acostumbrados) o bien los nervios que afloran por el grado de
exposición que están teniendo por las críticas, para ellos despiadadas, que están recogiendo.
A los problemas cardíacos del presidente offshore, hay que sumarle la neumonía nerviosa
del vice gobernador Ritondo (que lo obligó a varios días de internación), la artritis
avanzada de Rodríguez Berreta (muy comprometido por el escándalo en Bosta Salguero), y
los no oficializados ataques de pánico de la gobernadora Heidi Vidal, que le provocaron la
pérdida de 14 kilos en pocos meses. Todo esto sin contar las patologías “bien llevadas” de
otros funcionarios: Prat-Gay, genuflexismo exacerbado en grado estratosférico; Patricia
Bolsrich, con delirium tremends irreversible; la lumpen política Elisa Carrió, con delirios
místicos en clave diabólica; el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, con
mitomanía agravada por psicopatía; Hernán Lonardi, con paranoia persecutoria a
opositores; el ministro de Shell en Energía, Aranguren, con sincericidio grado cuatro; y
Gabriela Michetti, con ignorancia militante sin tratamiento posible. Todo esto viene a
confirmar aquel viejo adagio: “El poder enferma, también a quien lo ejerce”.

Según una denuncia de la legisladora Gabriela Cerruti, cuatro días pasaron entre el 15 de
setiembre de 2011 en que Mauricio Macri y su Fideicomiso Caminito compraron el edificio
de Alpargatas, sobre la Avenida Patricios, y el 19 de setiembre de ese año en que mandó a
la Legislatura porteña un proyecto de ley con su firma para eximir por 25 años del pago de
impuestos y gravámenes a los emprendimientos inmobiliarios exactamente en ese
perímetro. El proyecto aparece firmado por Macri y sus ministros Fernando Cabrera y
Néstor Grindetti apenas un día después de la compra del edificio: el 16 de setiembre. La ley
eximió a aquellas empresas que tuvieran entre sus objetivos la promoción del arte, en el
marco de la creación de un Distrito para ese fin. El proyecto del Fideicomiso se llamó
Molina Ciudad, para vincularlo con Florencio Molina Campos, el pintor que a mitad del
siglo pasado ilustró los famosos almanaques de Alpargatas, sólo para inventarle un objeto
que le permitiera entrar en las excepciones marcadas por la ley. Hoy, ya terminado, se
desconocen actividades artísticas del complejo que cuenta con 300 lofts, de entre 50 y 230
metros cuadrados.  Recién hace dos semanas, cuando el ahora presidente mencionó en su
declaración jurada la existencia del Fideicomiso Caminito quedó claro que esa ley había
sido enviada exclusivamente para auto eximirse de impuestos en su emprendimiento. Con
el nivel y la variedad de casos de corrupción que se le van descubriendo, es lógico que el
“bobo” empiece a fallar.

Algo no está funcionando del todo bien en la era del diálogo y del achicamiento de la grieta
que inauguró el gobierno neoliberal que lidera el presidente offshore. La cantidad de
trabajadores que protagonizaron conflictos laborales creció en un 400% en mayo pasado en
comparación con el mismo mes de 2015. Según un informe de la consultora Tendencias
Económicas, 3.304.050 asalariados mantuvieron paros y huelgas contra sus patrones en el
quinto mes de 2016, mientras que un año atrás habían tenido este comportamiento 'sólo'
642.950 personas. El número de trabajadores en conflicto durante mayo superó con creces
los niveles registrados en años anteriores. El mes de mayo con mayor cantidad de
trabajadores en conflicto desde 2010 se dio en 2014, cuando 867.531 asalariados declaró
alguna medida de fuerza. Mientras esto sucede hay que tolerar más declaraciones
provocativas de los odiadores de clase, como las del vicejefe de Gabinete Mario Quintana,
ejecutor y beneficiario de uno de los primeros actos de corrupción de su gobierno con la
compra de “dólar futuro”, quien señaló que “el bajo costo de la energía generó conductas
sociales contrarias al medio ambiente". Con dichos como estos, de un funcionario de un
gobierno que bajó impuestos y eliminó retenciones a las empresas mineras (las más grandes
contaminadoras del planeta), es lógico que Daniel Cerezo, el trabajador social que se hizo
famoso como "el ministro de la Felicidad" del Hood Robin argentino no Nacional, en una
reunión de Gabinete ampliado tomara la decisión de dar “un paso al costado”, deprimido
por la “boca de tormenta” en que cayó por su notoriedad. Por suerte nos quedan los
científicos talleres de auto ayuda al suicidio inducido que da Alejandro Rozichner, sino
todo estaría perdido...
06/06/16: Mau y sus pandilleros continúan batiendo récords de calamidades en el menor
tiempo posible. En lo que va del año, el 65 por ciento de los consumidores redujo la
frecuencia con la cual hace grandes compras en el supermercado, similar a los que
contrajeron sus comidas afuera y a la merma en la compra de ropa. Un 72 por ciento bajó la
frecuencia con la cual renueva electrodomésticos, un 56 por ciento bajó sus salidas al cine y
al teatro y un 52 por ciento las escapadas de fin de semana. Los datos surgen de un
documento de la consultora Kantar Worldpanel. El informe se confecciona a través de un
monitoreo constante sobre un panel de 3500 hogares distribuidos en todo el país. Con estos
números uno empieza a entender por qué la vicepresidente, Gabriela Michetti, declaró
“vamos a ver la luz al final del túnel en el año 2017”. El semestre que viene, el año que
viene, el mandato que viene (el pueblo no lo permita), o la vida que viene, la única luz que
se verá al final del túnel con este gobierno, es la de una locomotora que nos viene de frente.

Los talleres de entusiasmo que propicia el “filósofo” Alejandro Rozichner deberán

intensificarse para que, vía el engaño y la estafa moral, la población no se derrumbe
anímicamente ante el desolador panorama que presenta el país en todos sus indicadores
sociales y económicos. Uno de ellos es el de empleo. La cantidad de empleadores que
pagan aportes se redujo en 2.700 entre diciembre y marzo, dato que coincide con la baja en
los empleados cubiertos por las Aseguradoras del Riesgo del Trabajo (ART), según datos
que da el propio Gobierno. Para los especialistas, entre abril y junio ese número se
profundizó. Son varios los datos de los cambios en la economía desde diciembre que el
Gobierno no muestra. Entre ellos el índice de precios, que con el kirchnerismo había
perdido credibilidad pero que con el nuevo INDEC directamente dejó de publicarse.
Justamente dentro de diez días el titular del ente estadístico, Jorge Todesca, mostrará el IPC
con un guarismo cercano al 4%, con lo que pudo evitar que las cifras de inflación más
fuertes (que fueron entre marzo y abril) salieran del Ejecutivo. Pero tampoco dio
estadísticas muy plausibles sobre los empleados despedidos y las empresas cerradas, dato
que circula entre el Ministerio de Trabajo, la AFIP y la ANSES. Así y todo, en la página de
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en su Informe mensual de la evolución del
sistema, se evidencia que desde diciembre hay 2.700 empleadores menos con uno o más
empleados. Lo mismo pasa con los empleados. Según la Unión de ART, entre diciembre y
marzo la cantidad de empleados que reciben prestaciones cayó en unos 90.000. De nuevo:
este número refiere solo a los empleados registrados. Las mayores caídas se ven en el sector
de la construcción, donde solo en el primer trimestre se perdieron 30.000 puestos de trabajo
y unas 700 compañías dejaron de operar, aunque en la industria manufacturera también se
evidenciaron problemas. Eso sí: los talleres Rozichner los va a tener que hacer gratis,
porque no va haber dinero con qué pagarlos.

Mediante información recibida desde la Universidad Nacional de La Plata, el juez federal

Claudio Malodío sobreseyó este lunes a la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa en la
cual se la investigaba por la posesión del título de abogada. La investigación comenzó
porque un abogado particular decía que CFK habría cobrado presuntamente un plus salarial
por la posesión del título universitario que no existía. Sin embargo, la Justicia arribó a la
conclusión contraria tras analizar toda la documentación. Cerrado este caso, ya que
estamos, habría que avanzar sobre la validez de los títulos de ingeniero del presidente
offshore, y de abogado del pistolero que mata por la espalda. Aunque es muy probable que
los mismos existan formalmente, sabido que ambos estudiaron en universidades privadas,
por lo que con la cuota al día… ¿O allí también habrán evadido?

El jefe de gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, va a tener que hacer algo con
las encuestas; ya que, aún con lo limitado de su alcance, siguen desmintiendo el “buen
camino” que el gobierno ni nacional ni popular dice estar transitando en favor del futuro de
la población argentina. Una encuesta reveló que sólo el 6% se encuentra mejor
económicamente que el año pasado, mientras que el restante 94% consideró que está igual
o peor. Así se desprende de un estudio realizado entre el 26 y el 29 de mayo por las
consultoras Query Argentina y M&R Asociados. Para este trabajo se relevaron 1.212 casos
efectivos de personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional. Además, el estudio
arrojó que la imagen positiva del presidente offshore está en picada. Pasó del 56% cuando
asumió al 48% de la actualidad. La gestión del presidente también arrojó negativo: 44%
contra 42%. Sobre la situación económica, el 55% de los que opinaron cree que no
mejorará en el futuro. En el ranking de preocupaciones, la mayoría respondió: la inflación
(31%). Le siguen el desempleo (26%), la inseguridad (19%), la corrupción (14%),
educación (5%) y salud (5%). No todo es tan negativo: la venta de camionetas 4x4 en los
sectores acomodados del campo ha crecido exponencialmente. Además, que conserve
imagen positiva (aun en caída libre) alguien que no tiene cara, no deja de ser un dato
alentador para el gobierno.

El presidente offshore, que propicia la privatización de los clubes de fútbol profesional, fue
duramente criticado por los clubes de barrio. La ayuda que hoy les prometió, en el lugar
donde el cineasta de ficciones neoliberales J.J. Campanella filmó su película “Luna de
Avellaneda", tuvo un fuerte rechazo. Uno de los dirigentes de la Unión Nacional de Clubes
de Barrio (UNCB), Cristian Font, criticó fuertemente la medida. "Es imposible de cumplir
el anuncio de Macri. Nos piden una cantidad de requisitos para entrar a la tarifa social que
es imposible de cumplir. Es una tomada de pelo. Cuando les cedemos los clubes a los
políticos y vienen en campaña para hacer un acto en el club no nos piden ningún papel y
ahora nos piden de todo, balances y demás”. En el acto del Hood Robin argentino no
Nacional de hoy, en medio del anuncio, se leyó una carta que escribió Campanella. Sabida
es la adhesión del director para con este Gobierno. Font cuestionó la misiva del director de
"El secreto de sus ojos", entre otros éxitos de taquilla. "La carta cierra con un '¿Cómo se
hace para hacer un nuevo club?' No, Campanella, nosotros no queremos hacer un nuevo
club, queremos que el que tenemos se mantenga y siga creciendo. Los verdaderos Luna de
Avellaneda somos hoy todos los clubes de barrio".

“En picada” no es un nuevo corte de “la mejor carne del mundo”, sino el diagnóstico de la
industria de la carne que afecta tanto a las empresas como a sus trabajadores. “Argentina
pasó de ser el 3° exportador mundial de carnes a ser el 12°. En la industria frigorífica se
perdieron más de 18.000 puestos de trabajo”. El dato, que da cuenta parcial de cómo el país
que supo ser el granero del mundo fue retrocediendo escalones hasta llegar a esta actualidad
en la que ni siquiera puede alimentar como corresponde a sus hijos, no pertenece a ninguna
consultora privada o partido opositor; se desprende del informe “El Estado del Estado”, en
el que el macrismo revisa la pesada herencia K, pero sin detenerse a analizar los errores que
la profundizan. Pero al diagnóstico del mencionado documento, habría que agregarle ahora
la preocupación de los 3.500 trabajadores de la carne que temen ser cesanteados, a raíz de
la reestructuración de 35 grandes empresas afectadas por los recientes tarifazos en servicios
públicos. Con esta alarma encendida es que el secretario general del Sindicato de
Trabajadores de la Carne, Silvio Etchehun, anticipó un paro con movilización para mañana
en todos los frigoríficos del país. La protesta comenzará a las 00:00 y no habrá faena ni
distribución de carne. La realidad, aseguró el referente gremial, es que las empresas
atraviesan un problema de producción por el aumento del 500% en las facturas de luz y gas
natural, lo que “incrementó considerablemente sus costos operativos fijos”. Según
Etchehun, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF) y la Cámara de
Industria Frigorífica Argentina (CIFA) plantearon al sindicato que, en caso de no alcanzar
la reestructuración para mantener las plantas frigoríficas, las mismas comenzarán a cerrar
sus puertas. Por no hablar de la caída en el consumo, que no ha vuelto vegano a más de uno
por el precio al que se han ido todas las verduras.

07/06/16: Hace menos de 40 días el gobierno neoliberal bastardeó el día del trabajador con
un discurso miserable en la empresa Cresta Roja. Allí había montado el numerito de la paz
y el entendimiento, el diálogo y toda la cháchara berreta que sólo la ignorancia o el odio
ciego pueden habilitar como creíbles. Bueno, los trabajadores de dicha empresa lanzan un
paro hoy por la reincorporación de los 2.500 trabajadores que fueron cesanteados y que no
fueron parte del relanzamiento de una empresa que precarizó salarios y condiciones de
trabajo de quienes quedaron, así, enmarcados en un nuevo convenio que es el modelo
idealizado por Mau y sus pandilleros. El gremio convoca "al gobierno nacional y al de la
provincia de Buenos Aires a conformar una mesa de diálogo" para abordar un petitorio que
incluye "aumentar el Repro a 11.000 pesos; restablecer con carácter de urgente la obra
social cortada; exceptuar del pago de la luz; solicitar 2.500 bolsones de alimentos; solicitar
2.500 garrafas y crear un verdadero cronograma de reincorporación sin discriminación".

Hoy es un día de luto: es el día del periodista. Los trabajadores de prensa, a través La Mesa
Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por sindicatos y federaciones del sector,
convoca a una Jornada Nacional de Protesta, el 8 de junio, que consistirá en una
concentración a las 14 en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, con posterior
movilización y acto frente al ministerio de Trabajo. Esto servirá para denunciar el ajuste
que implementan los gobiernos nacional y provinciales, agravando la precarización laboral
y los bajos salarios. Lo resumen así en un comunicado emitido para la ocasión: “Los
trabajadores y trabajadoras de prensa padecemos las consecuencias de una violación
sistemática de convenios y estatutos por parte de empresas privadas y públicas (diarios,
revistas,  agencias de noticias, radios, canales de televisión, medios digitales), que contratan
en negro, promueven la multitarea y la polifunción, impiden la tarea sindical y se niegan a
pagar el salario mínimo necesario para afrontar la canasta familiar, en un contexto de
severa inflación de precios”. En estos seis meses de gestión macrista el gremio de prensa ha
sido uno de los más afectados por las políticas confiscatorias y persecutorias del gobierno
neoliberal. Éste, a través de Hernán Lonardi y su policía lombarda asociada al Grupo Clarín
(como parte integrante del gobierno), han desatado sobre los medios periodísticos una
censura sin precedentes en Democracia: a través del recortado pago discrecional de la pauta
publicitaria oficial, que ha asfixiado financieramente a los medios no monopólicos a tal
punto que muchos han cerrado o están en peligro de hacerlo; con sus listas “negras”, con
las que han purgado de los medios oficiales a todo periodista que no comulgue con las
políticas neoliberales; por medio del apriete y la amenaza de más despidos, que les facilitó
cerrar la paritaria más baja de todo el país; instalando el miedo, por vía de coacciones
directas a comisiones internas o delegados gremiales que pelean por mejores salarios,
“aceptables” condiciones de trabajo y libertad sindical; obligando a los periodistas sin
renombre a la mentira, la tergiversación y el ocultamiento de información para proteger las
abominables medidas de gobierno implementadas y a sus funcionarios más conspicuos de
los múltiples delitos de orden individual e institucional de los que son sospechados. Por
todo esto la libertad de prensa está menguada, con riesgo de desaparición. Aun así, con la
ley de Medios abolida a decretazos, la concentración oligopólica en expansión ilimitada y
la mendacidad hecha costumbre en el discurso oficialista que baja a través de impostadores
profesionales que ejercen el periodismo por vía convencional o a través de las redes con su
mercenario ejército de trols y twiteros que dirige el jefe de Gabinete y Ministro de
Propaganda Joseph Peña, les está costando manipular la realidad y consolidar su relato
falaz sobre la “herencia recibida” y el “estamos mal pero vamos bien” que recicló del
menemismo noventista. Cuando la precariedad, la pauperización y la tragedia se llevan en
el lomo, no hay operación de prensa, en el corto o mediano plazo, que pueda ocultarlas o
disimularlas. Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se
puede engañar a todos todo el tiempo.

En medio del ambiente fúnebre que atraviesan los periodistas en general y los medios de
prensa no hegemónicos en particular, en Misiones, un grupo diputados del PRO, cayó a lo
más bajo que la moral y la dignidad puedan lograr. Estos personeros de la infamia y la
mentira hecha gobierno, presentaron a la legislatura de esa provincia una iniciativa para
hacer un reconocimiento, en el día del periodista, al oscuro y pérfido contador Héctor
Magnetto. Ante esta descabellada y vergonzosa propuesta, el diputado Hugo Escalada, del
bloque Vanguardia radical, alzó la voz para oponerse: “la frase de que sin libertad de prensa
no hay Democracia y que el periodismo debe ser independiente es una gran mentira que nos
han hecho creer... Muchos periodistas perdieron su trabajo por tener posiciones ideológicas
firmes; y sigue existiendo eso, ha ocurrido en los últimos meses… No ha habido ley, desde
que volvió la democracia, que haya sido más profusa y profundamente debatida que la Ley
de Medios, que el Grupo Clarín atacó hasta derogarla; por lo que me genera casi un repudio
que se pida un ´Beneplácito´ para honrar a una persona (Magnetto) que encima no fue
premiada en este país sino en Estados Unidos”. Huelgan más comentarios.

Lo peor de la “vieja política” y de las operetas inquisidoras de los servicios secretos que
dominan al poder ejecutivo y al partido judicial, quieren darle formalidad a su ya
consagrado regreso al escenario político. En una jugada arriesgada y muy controvertida, el
Gobierno neoliberal estudia devolverle a la AFI, o ex SIDE, el manejo de las escuchas
telefónicas, luego de que las traspasaran de la órbita de la Procuración General a la Corte
Suprema. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, confirmó que se estudia
esta iniciativa. Recordemos que, por la desconfianza que les genera la actual procuradora
Alejandra Gils Carbó en el Gobierno, a quien le pidieron la renuncia en varias
oportunidades, a través de un DNU Macri transfirió esa potestad a la Corte Suprema de las
Corporaciones. Así piensa “legalizar” este instrumento que, de todas maneras, de no
concretarse, igualmente lo usarán de manera ilegal; como ya hizo el injustamente
sobreseído presidente offshore, cuando fue jefe de Gobierno.
Vinieron con el discurso de “mejorar lo conseguido” y “no quitarle ningún derecho a nadie”
pero, en la práctica, han pulverizado conquistas, avasallado derechos, y profundizando los
conflictos que ya existían. En la provincia de Buenos Aires el boleto educativo gratuito fue
creado el año pasado, pero nunca se aplicó. El 1 de julio del 2015 la legislatura bonaerense
aprobó la ley 14.735, del Boleto Especial Educativo. La norma asiste a estudiantes de todos
los niveles educativos del sector público. En una de sus pocas referencias públicas al tema,
la gobernadora, el hada desangelada María Eugenia Vidal, aclaró que la aplicación del
boleto no está entre sus “prioridades”. Ante esa decisión política del macrismo, las
organizaciones estudiantiles exigen la inmediata implementación de la ley. Ya realizaron
marchas y manifestaciones con ese reclamo y el 1 de julio, con motivo del primer
aniversario de la aprobación de la norma, realizará una nueva movilización. Mientras
demora la aplicación de esta ley, la gobernadora se sigue dando el gusto de su propio boleto
diferencial: viajando en helicóptero todos los días desde su costosa residencia a su oficina,
a costillas de un erario público, según ella, en estado de quiebra financiera.

Los acuerdos están para ser violados. Esa es la consigna del gobierno menemista, versión
recargada, que encabeza el presidente offshore. Así sucedió con el bochornoso acuerdo con
empresarios para evitar despidos (que siguieron ocurriendo) y ahora, lo mismo, pasa con la
compañía operadora de la Central Nuclear de Atucha por la reincorporación escalonada de
1.100 obreros y empleados despedidos de esa empresa. Así lo afirmó el secretario general
de la regional Zárate-Campana de la UOCRA, Julio González, quien reveló que según el
compromiso "el reingreso sería paulatino: 600 en mayo, 300 en junio y 200 en julio, pero
hasta ahora sólo fueron 297 los reincorporados". El próximo lunes a las 13:00, la Uocra
mantendrá una audiencia con representantes de la operadora en la sede que el Ministerio de
Trabajo de la Nación posee en la avenida Leandro N. Alem 650 de la ciudad de Buenos
Aires con el objetivo de "destrabar" el conflicto.

08/06//16: Lo hicieron de nuevo, lo que confirma que es una estrategia sistemática. La

referencia es a la metodología de Mau y sus pandilleros de presentar una medida o un
proyecto y, de acuerdo al nivel de reacción, retroceder o morigerar la iniciativa. Esta vez
fue el turno del artículo 85 del vergonzoso paquete “metrobús” que cayó la semana pasa en
el Congreso. En él puede leerse: “Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o
dependientes de la AFIP, los declarantes del Título I de Libro II de la presente (ley) y
terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo
relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley
incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal”. Esa redacción tan
general, según alertaron referentes de distintas fuerzas políticas, especialistas en derecho a
la información y organizaciones periodísticas, implica una amenaza a la libertad de
expresión y afecta la tarea de los trabajadores de prensa, que podrían sufrir condenas de
hasta 2 años de prisión. En otro párrafo de ese mismo artículo se establece, además, una
fuerte sanción pecuniaria: “Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además,
en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la
declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos,
actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”, Tras el
escándalo que se levantó develada la aberración pretendida, el presidente offshore anticipó
que analizan cambios en dicho artículo. En un brindis en Casa Rosada al que fueron
invitados algunos periodistas, el hombre del corazón artificial deslizó que darán marcha
atrás con la redacción original. “Es un instrumento para debatir, el Congreso lo tiene que
aprobar en forma definitiva”, señaló el mandatario, sin dar demasiadas precisiones. En
paralelo, fuentes parlamentarias del oficialismo confirmaron que ya están trabajando en una
nueva formulación, que mantendría sanciones para los funcionarios públicos que filtren
información, pero excluiría a los periodistas que eventualmente la difundan. Ahora,
descubierta la pérfida maniobra, se golpearán el pecho hablando del “diálogo” o lo
utilizarán de prenda de cambio para que otras de las tantas bajezas que contiene el proyecto
sean aprobadas.

La alianza neoliberal en el gobierno no actúa en soledad. Cuenta con la complicidad de

todos los factores de poder, a saber: las corporaciones y los bancos, únicos beneficiarios de
la miseria planificada en marcha; el mediático, con su silencio encubridor, sus
tergiversaciones y sus mentiras cotidianas; el sindical, con su pasividad vergonzosa atada a
negociados inconfesables; gran parte del Parlamento, con su postura de “gobernabilidad”
que facilita que leyes y decretos abominables encuentren legalidad; y, no podía faltar, el
poder judicial, a través de la Corte Suprema de las Corporaciones. Ésta se ha sacado la
careta de manera indiscutible. A contramano de la tendencia a ampliar derechos que la
caracterizó en los años previos a quedar reducida a sólo tres miembros, firmó ayer un fallo
que establece que el derecho a huelga no es de todos sino únicamente de los trabajadores
sindicalizados. Según el máximo tribunal “no son legítimas las medidas de fuerza
promovidas por grupos informales”. Para llegar a esta conclusión hizo una lectura lineal y
restrictiva del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que -señala- reconoce
formalmente el derecho a declarar una huelga únicamente a los gremios. La decisión deja
en una evidente situación de desprotección a los trabajadores tercerizados, o los que no
tienen representación sindical o bien a quienes tienen la de sindicatos de otras áreas. En esta
lectura que habla de un “retroceso” que atenta contra el proceso de democratización
sindical, coinciden dirigentes de ambas CTA, ATE y juristas. Con su sentencia, que lleva
las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, la
Corte avaló el despido de Francisco Daniel Orellano, empleado del Correo Argentino, en
función de su participación en medidas de protesta que no tenían una convocatoria sindical
formal. Había estado en asambleas e hizo retención de tareas sin que el sindicato
proclamara la medida de fuerza. La empresa fundamentó la desvinculación en que durante
dos semanas Orellano había participado de sucesivas “reuniones en el lugar de trabajo y
durante la jornada habitual” y que habían “afectado” el desarrollo de las tareas en el centro
operativo de Monte Grande y que eso se redundó en “demora, retardo y retención en las
imposiciones postales…” y que quedó comprometida la entrega de “6.000.000 de piezas
postales”. El trabajador sostuvo que el despido era una represalia y tanto en primera
instancia como en la Cámara Laboral le dieron la razón en fallos que señalaron que fue una
medida discriminatoria, por la que se ordenó su reincorporación. Pero la Corte tomó por
bueno el planteo del Correo y lo avaló. Este hecho, de una gravedad institucional
escandalosa, refuerza el ataque sistemático de la restauración conservadora contra los
derechos y conquistas de la clase trabajadora. Esperemos que algún organismo
internacional pueda corregir este fallo que, en cualquier país serio, debería ser motivo de
juicio político para los integrantes de la corte.

El presidente offshore ayer salió a defender al ministro de Shell en Energía, Juan José
Aranguren, y hoy, la provincia de Buenos Aires, amaneció empapelada con afiches
pidiendo su renuncia. Este hombre, no es sólo un fusible que puede saltar para ser reciclado
por otro tanto o más perverso. La semana pasada presentó su declaración jurada ante la
Oficina de Anticorrupción. Allí dio a conocer que aún conserva acciones de la petrolera
Shell por 16 millones de pesos. El ahora ministro de Energía fue presidente de la filial
argentina de la petrolera anglo holandesa hasta el año pasado. Sin embargo, ahora como
funcionario, está al borde de la incompatibilidad con la función pública y de violar la Ley
de Ética Pública, según así lo establece el artículo 15º de la ley 25.188. Desde el ministerio
revelaron la jugada para no caer en la incompatibilidad de ser ministro y a la vez poseer
acciones en la petrolera. Aranguren hará énfasis en la palabra "particularmente" del inciso
b) del artículo 15º de la Ley de Ética Pública. En ese párrafo se afirma: "Abstenerse de
tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las
personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga
participación societaria". El funcionario tiene planeado que cuando haya que tomar
decisiones y firmar acuerdos que afecten al conjunto de todas las petroleras, lo hará sin
ninguna restricción. Pero cuando haya un caso "particular" sobre Shell, no tomará
decisiones ni firmará sobre ello por tratarse de ese hecho "particularmente", como indica la
ley. De esta manera, quienes queden delegados para esa función serán el subsecretario del
área de hidrocarburos, José Luis Sureda (ex vicepresidente de Gas de Pan American
Energy), o el subsecretario de coordinación administrativa, Sebastián Scheimberg. De todas
maneras, algo hay que tener claro: no es una cuestión de nombres, sino de políticas. Los
personeros del ajuste pueden ser más simpáticos, sobradores o arrastrados, pero, el fondo,
son las medidas tomadas. Con Aranguren fuera del gobierno se terminarían
incompatibilidades para con el funcionario, pero no con el efecto calamitoso de las medidas
ya tomadas.

Para quienes todavía tienen dudas que la alianza neoliberal en el gobierno llegó para
destruir trabajo, para poder así negociar salarios y condiciones laborales a la baja, sepan
que el ministro de Desempleo, Jorge Triaca, endurece los requisitos para acceder a los
programas de sostenimiento del empleo. Dentro del Programa de Recuperación Productiva
(Repro), el Ministerio de Trabajo convalidó apenas el 12,5 por ciento de los pedidos de
empresas para acogerse al beneficio, que permite recibir una suma fija mensual por
trabajador para solventar salarios por un plazo de doce meses, prorrogable por otros doce.
Si bien el gobierno niega que haya una crisis laboral, los propios números oficiales dan
cuenta de un grave proceso de destrucción de puestos de trabajo. En sólo los primeros dos
meses del año se acogieron al beneficio de seguro contra desempleo 68.922 despedidos, un
40 por ciento de los poco más de 175.092 desocupados que habían ingresado durante todo
el año pasado. Sólo en febrero último 60.914 personas pasaron a cobrar el seguro por
desempleo. A esto se suman unos 107.241 desempleados que computa el Ministerio de
Trabajo por Seguro de Capacitación y Empleo, “un esquema integrado de prestaciones por
desempleo no contributivo para apoyar a diferentes públicos en la búsqueda activa de un
empleo, a través de la actualización de sus competencias laborales y de su inserción en
empleos de calidad”. Estos reciben 225 pesos durante 18 meses y 200 durante por otros 6
meses. Para este programa el año pasado hubo 157.273 inscriptos y en apenas los primeros
dos meses de 2016 se alcanzó a un 68 por ciento de esa total. En definitiva: el programa
sólo se mantiene para ayudar empresas “viables” afines al gobierno y para disimular un
poco el objetivo de fondo: abaratar de manera integral los costos laborales, procurando
enfocar el perfil productivo de la economía en la elaboración y exportación de productos
primarios.

Después del veto a la ley antidespidos, en mayo se produjeron 15.174 cesantías casi
exclusivamente en el sector privado, lo que supone un fuerte incremento en relación al
mismo mes de años anteriores: desde 2010, el pico de despidos se produjo en mayo de
2014, con 5 mil. Ahora fueron el triple. El mes pasado se registraron despidos de
empleados del sector textil, plástico, bebidas y alimentos, transporte, construcción,
metalurgia, gastronomía, autopartes, prensa, del Renatea y de la Anses. También se registró
un sensible aumento de la conflictividad laboral. Los datos surgen del último informe de la
consultora Tendencias Económicas. Además, los gremios denuncian que más allá de los
telegramas de despidos hay desvinculaciones “por goteo” a través de retiros voluntarios y
despidos indirectos. En el acumulado del año, el informe contabiliza 154.570 trabajadores
despedidos y otros 47.933 suspendidos, suma que debe ser muchísimo grande pues sólo
abarca a trabajadores registrados. La diferencia entre le evolución de los despidos y de las
suspensiones tiene que ver con la profundidad del desplome económico, pero también con
el clima político: el Gobierno neoliberal fue el empleador que más despidos tiene en el
haber, además de que no reaccionó con la entrega de subsidios Repro del Ministerio de
Trabajo, que permitieron años atrás contener el aumento del desempleo. Ahora se tiene que
anoticiar de esto Antonio Caló, de la CGT, para quien no había motivos para declarar un
paro “salvo que los despidos continúen produciéndose”.

Más “buenas” noticias para la clase trabajadora. El Gobierno ni nacional ni popular puso un
freno a las expectativas de los trabajadores, y anunció que no eximirá al medio aguinaldo
del pago del impuesto a las Ganancias. El vocero de la postura oficial fue el jefe de
Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, quien sostuvo que "hicimos una reforma
muy importante", en referencia a la suba del mínimo no imponible, considerada insuficiente
por los gremialistas; y añadió, en el colmo del sarcasmo, que "la prioridad por ahora es
bajar la inflación". Teléfono para el gremialista y candidato a presidente de la AFA (no),
Hugo Moyano.

La perversidad es conditio sine qua non de la derecha en todo el mundo. En la vernácula

tiene, entre tantas expresiones oficiales, a la gobernadora de la provincia de Bs. As., M.E.
Vidal. La Escuela Crear y Ser de Castelar, en el partido de Morón, es la escuela a la que
concurren los hijos del hada desangelada y del intendente local, Ramiro Tagliaferro. Un
grupo de padres de la escuela escribió una carta dirigida a la directora ante la decisión del
jefe comunal de hacer el acto de la Promesa de la Bandera el próximo 22 de junio en la
Base Militar de Morón, un ex centro clandestino de detención que no ha sido recuperado y
funcionó como jefatura del circuito criminal sobre la zona, entre 1977 y 1979. Los padres
explicaron en la carta que habrá niños y niñas que no irán a la promesa porque afecta la
“sensibilidad y la moral” de muchas familias por tratarse “de un lugar donde se han
cometido delitos de lesa humanidad que afectan a toda la sociedad”. En esa misma línea se
pronunciaron los organismos de derechos humanos de la zona, organizaciones sociales y
políticas y los educadores de Suteba. Entre los niños de cuarto grado de la escuela Crear y
Ser hay un nieto de desaparecidos. Acá no hay ni “errores” ni desinformación. Hay un
regodeo miserable y un nuevo guiño, en clave cómplice, con la última dictadura cívico-
militar-empresarial-clerical.
Mientras el Jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, en un acto de sincera-
miento al que nadie le dará mérito, reconoce que "pobreza cero tiene que ver con una meta
como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable como definición a largo plazo", más
datos confirman que la pauperización generalizada de la población sí es posible. El
consumo de carne vacuna cayó un 6,3 % en los primeros cinco meses del año, respecto del
mismo período del año pasado, y se ubica en el peor nivel de los últimos cinco años. Al
comparar los primeros cinco meses de 2015 y 2016 surge que el valor de la hacienda en pie
subió 48,5 % y el de la carne en el mostrador 46,6 %. En tanto, A partir de julio, los
usuarios de telefonía celular sufrirán el segundo aumento en lo que va del año. En algunos
casos, será un nuevo incremento en un lapso de tan sólo cuatro meses. Las compañías
Movistar y Personal ya confirmaron que aumentarán el servicio, pero en la primera será
tanto para planes prepago como con abono mientras en la segunda sólo impactará en
aquellos que tienen cargar virtual. Movistar informó a sus usuarios que a partir del 2 de
julio aumentarán los planes prepago y pospago, en promedio en un 14%, lo que se verá
reflejado en la factura de agosto. Personal, del grupo Telecom, señaló, por su parte, que no
aplicará ajustes en los abonos con factura, pero sí en los planes prepagos. A partir del 25 de
julio, los usuarios sufrirán un incremento del 10,8% en promedio, aunque la empresa
readecuará su plan, llevando la cuota de datos diaria de 30 MB a 50 MB. La medida
impactará en los 15 millones de clientes que usan el servicio con recarga.

09/06/16: Mientras el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, llamaba a

desobedecer a la “Justicia” llamando a pagar los tarifazos eléctricos cuando una orden
judicial lo impedía, el Organismo de Control de Energía Eléctrica Bonaerense (Oceba),
dando cumplimiento a la orden del juez platense Luis Arias, ayer le transmitió a las
empresas distribuidoras y a las cooperativas eléctricas de la provincia que deberán
refacturar, en el plazo de cinco días, el servicio con el cuadro tarifario anterior al aumento.
Aunque el gobierno de la provincia apeló el fallo emitido por Arias la semana pasada, el
ente público de control provincial debió responder al reclamo del magistrado, que el lunes
había amenazado con sancionar a los funcionarios si no daban la orden de retrotraer los
aumentos. “Las personas que tienen su factura y se vence, lo que tienen que hacer es no
pagar y esperar la nueva facturación”, había manifestado el último lunes Arias, a casi una
semana de haber firmado la medida cautelar sin que se hiciera efectiva. Ante la demora en
dar cumplimiento a la resolución, el magistrado platense le había recordado este mismo
lunes a la gobernadora María E. Vidal que el plazo de 24 horas que le otorgó para que
notifique a las empresas sobre la suspensión del aumento ya estaba vencido. “Si no lo
hiciera, habrá una multa de 30 mil pesos diarios para los funcionarios”, sostuvo el
magistrado en la oportunidad. Las nuevas facturas deberán llegar “conforme a lo que
venían cobrando antes” del incremento de las tarifas autorizados por el gobierno, recordó.
Por otra parte, y en referencia al fallo inhibitorio dictado por una jueza porteña, según el
cual todos los expedientes de apelaciones contra los aumentos de gas en el país debían
remitirse al fuero contencioso administrativo de la CABA, ayer se conoció el primer
pronunciamiento en contra. El fiscal de Estado del Chubut, Diego Martínez Zapata, aseguró
ayer que mantienen plena vigencia las cautelares dispuestas por el juez federal Hugo Sastre
para frenar el aumento en las tarifas de gas en la provincia. Martínez Zapata afirmó que el
fallo de la jueza porteña del fuero contencioso administrativo María Alejandra Biotti, que
inhibe a los tribunales del interior del país de intervenir en apelaciones contra los aumentos
del gas, “no suspende en absoluto el efecto de la vigencia de estas medidas cautelares”. Y
precisó que será la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que resuelva este conflicto
de competencia. Alivia un poco pensar que una reserva moral todavía queda en el poder
judicial para dar una batalla en la que el ciudadano de a pie, a la larga, tiene todas las de
perder.

A través de una carta pública, Cristina Kirchner sostuvo que el proyecto del gobierno
nacional enviado al Congreso bajo el nombre de "Reparación histórica para jubilados y
pensionados” es un "caballo de Troya", con el que se podría desfinanciar el FGS a través de
la venta de sus acciones en empresas privadas. Además, la ex mandataria sostuvo que la
iniciativa que se debate en Diputados incluye "una mezcolanza de temas" como "blanqueo,
jubilados, juicios, cambios de índices de actualización y edades del SIPA, venta de acciones
del FGS, derogación de impuestos progresivos, acuerdos fiscales con las provincias", lo que
calificó como "un auténtico bodrio legislativo". Y agregó: "nuestro proyecto (el del Frente
para la Victoria) no puede contribuir a la quiebra del sistema previsional, eliminar
impuestos a los que más tienen y mucho menos ser cómplice de la impunidad de los
Panamá Papers o las 4.040 cuentas del HSBC", como sería en el caso de que quede
aprobado el blanqueo de capitales en las condiciones que propone el oficialismo. Por
último, señaló: "Y por si todo lo anterior fuera poco, la burla de establecer una quita de
entre el 30 y el 60 por ciento para los jubilados que tienen juicio contra la Anses",
cuestionó. “Es algo así como la quita que nosotros le hicimos a los buitres, pero en este
caso, increíblemente, Cambiemos se lo aplica a los jubilados”. La respuesta a la dura carta
de CFK llegó a través del titular del Anses, Emilio Basabilbaso, tan “burda” como la
propuesta confiscatoria del proyecto: "acá no se obliga a nadie: el programa lo que hace es
dar una opción a través de un acuerdo entre los jubilados y la ANSES de mejorar sus
haberes…La carta está cargada con bastantes emociones y con algunos sentimientos
negativos". Vale decir: no aclara lo que permanecerá tan oscuro como las conciencias de
estos funcionarios que, con la pobreza de su lenguaje y la falsedad de sus argumentos, lo
único que confirman es que no están a la altura de la discusión ni del nivel para entenderlas.

El nivel de cinismo del Jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, se supera
día a día. Para él que el ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren, posea $16.000.000
en acciones de ésa compañía, no implica que por ello haya incompatibilidad en su cargo
pues “estamos hablando de acciones que no tienen que ver con Shell Argentina, es de Shell
internacional, que son ínfimas respecto a la empresa y donde él como ministro no tiene
ninguna vinculación con Shell internacional ni ninguna decisión de él tiene ningún impacto
sobre eso", declaró en un español básico con serios problemas de armado en la oración. Sin
embargo el poder judicial piensa distinto: mientras dio curso e imputó al funcionario de
marras, la Policía Federal llevó a cabo operativos de requerimiento de información en las
oficinas del mencionado  ministro,  de YPF y de la Oficina Anticorrupción en una
investigación por la presunta compra irregular de gas a Chile. La verdadera
incompatibilidad es la de todo el gobierno neoliberal con la decencia, la transparencia y los
intereses nacionales.
Las andanzas de Aranguren no dan respiro. Ayer volvió a cortarle el gas a las industrias
para tratar de garantizar el consumo de hogares, hospitales y escuelas en un contexto de
restricciones de oferta por menores envíos de Bolivia y creciente demanda provocada por
las bajas temperaturas. El Ministerio de Shell en Energía solicitó además que los
ciudadanos reduzcan el consumo en la medida de sus posibilidades. El Gobierno también
redujo ayer los envíos de gas a las centrales térmicas y ordenó sustituir ese combustible por
gasoil o fuel-oil, alternativas más costosas. Es la segunda vez en una semana que el
gobierno se ve forzado a recortar el gas a las industrias por problemas en la oferta en un
contexto de creciente demanda por las bajas temperaturas. Para rematarla estamos
esperando declaraciones del “moderado” Rogelio Frigerio, quien podría aleccionar a los
sureños sobre lo pintoresco que es estar con campera inflable, bufanda, guantes y gorro
dentro de casa mientras a los aires acondicionados los invaden las alimañas.

Inesperadamente el poder judicial le está trayendo algunos dolores de cabeza aMau y sus
pandilleros. Ayer ordenó al Ministerio de Hacienda que reincorpore a una trabajadora que
fue echada con los despidos masivos en el Estado. El juez Julio Armando Grisolia dictó una
medida cautelar en la que señaló que el derecho a trabajar está protegido por la
Constitución Nacional y por normas internacionales. Es un derecho que “no se agota en la
libertad de trabajar, (sino que) supone también el derecho a (tener) un puesto de trabajo”,
puntualizó. Sobre que la trabajadora haya sido una contratada –es decir, que no integraba la
planta permanente del estado– el juez señaló que se trata de un fraude laboral, del que ella
fue víctima. Así, consideró a su despido como “una conducta infrahumana y abusiva”. La
cautelar fue solicitada los abogados de ATE-Capital y es la primera resolución judicial
sobre la aplicación del decreto 254/15 del Hood Robin argentino no nacional, con el que
instruyó a sus ministros y secretarios a “revisar” todos los contratos de los trabajadores
públicos realizados durante los últimos tres años del gobierno anterior. Con este fallo sienta
un antecedente para el conjunto de los 11 mil despedidos. Una buena noticia que pone
límites a tanta saña y tanto atropello. Porque a ello estamos condenados: a evitar el mayor
daño posible por lo que dure la pesadilla que el pueblo argentino está soportando.

Las marchas y contra marchas que dan los funcionarios neoliberales son aleccionadoras
para sopesar la altura moral con la que cuentan. La gobernadora bonaerense María E. Vidal
firmó un decreto que dispone penas de prisión para los periodistas que divulguen el
contenido completo de las declaraciones juradas de sus funcionarios. La norma, que
modificaba una anterior, fue publicada ayer en el Boletín Oficial bonaerense. Por la tarde,
tras la polémica que desató, Vidal anunció que derogará los artículos y revisará la medida.
Siguió así el camino del presidente, quien anunció que iba a revisar las penas para
periodistas que revelaran datos sobre los que blanqueen dinero. No obstante, el Gobierno
bonaerense había enviado a la Legislatura provincial un proyecto de ley que tenía la misma
cláusula. Fue modificado por la oposición cuando se emitió el dictamen. Tanto para
esconder y tan poco para explicar…

Uno lo ve tan relajado, con su habitual tono monocorde y su dislexia irritante, suelto de
cuerpo y repitiendo mendacidades a toda hora todos los días, que uno duda si no entiende la
gravedad de la catarata de denuncias que no paran de caerle o si no le importan porque
descansa en la impunidad que cree que le da su investidura y/o en los “carpetazos” con los
que piensa puede extorsionar, llegado el caso, a jueces y fiscales para correrlos de las
causas en curso. Mientras especulamos sobre si estamos ante un psicópata sin remedio o
ante un inescrupuloso consciente de todo, el fiscal Federico Delgado pidió un estudio
comparativo de las declaraciones de bienes de Mauricio Macri entre 2013 y 2015 que
fueron presentadas tanto ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en la Oficina
Anticorrupción del gobierno nacional. Se trata de un peritaje que apunta a detectar posibles
inconsistencias, operaciones dudosas y a analizar las variaciones patrimoniales como parte
de la causa que se abrió en función de los Panamá Papers, que revelaron la participación del
presidente en dos sociedades offshore que no había declarado (Fleg Trading y Kagemusha).
El disparador de la nueva medida solicitada por Delgado al juez Sebastián Casanello fue
una presentación del diputado Darío Martínez (Frente para la Victoria) en el expediente,
donde muestra presuntas incongruencias en lo declarado de un año a otro por Macri. Señala
propiedades que cambian de valor, sociedades valuadas en cero, porcentajes accionarios
que también varían, inmuebles al parecer valuados en montos irrisorios, entre otras cosas.
Estamos en manos de que la conciencia de los peritos de signos de dignidad republicana y
que los jueces actuantes hagan lo propio aplicando la ley que juraron defender.
La ola de aumentos tarifarios llegó también a los habitantes del Delta de Tigre: a partir de
este mes, el boleto de las lanchas de colectivos que les permite salir e ingresar a la región
insular se abona con aumentos de hasta el 100 por ciento. Los vecinos consideraron que el
Municipio se mantiene “indiferente” frente a su reclamo y que la gestión se dedica de lleno
a estimular el crecimiento del negocio inmobiliario. Por ese motivo, la comunidad isleña
presentará un recurso de amparo para exigir que se dé marcha atrás con el aumento del
boleto y el sábado 18 de junio, a las 11, se manifestará con un corte del río Tigre y
bloqueará las rampas de embarque en la Estación Fluvial durante dos horas. Menos mal que
allí tienen al informante de la embajada norteamericana, Sergio Massa, que seguro también
va a patrocinarlos en sus reclamos…
Al final del oscuro túnel por donde cree que está transitando La Nación la vicepresidente
Gabriela Michetti, seguro hay un paraíso fiscal. El patrimonio de la funcionaria creció, en
el país que según ella vivía una irrealidad en donde en verdad todo era un desastre, un 708
por ciento, según la última declaración jurada de carácter público presentada ante la Oficina
Anticorrupción que encabeza la fanática macrista Laura Alonso. El documento fue
presentado el viernes pasado a las 16:01. En rigor, a esa hora finalizó la carga de datos al
sistema. La evolución patrimonial al 31 de diciembre de 2015 indica que pasó de
$142.656,89 a 1.152.717,59 pesos. Si se compara con 2014, cuando Michetti declaró bienes
por apenas $84.077,45, el incremento llega al 1.271%, una cifra inédita para la declaración
jurada de un funcionario público. Para justificar el exponencial crecimiento patrimonial, la
titular de la Cámara alta incorporó una observación: "Se informa que la diferencia de
valuación que operó sobre los bienes, corresponde, mayoritariamente, a las diferencias de
las valuaciones fiscales entre el inicio y cierre, del inmueble de la calle Pasco 640". Algo
similar ensayó Mauricio Macri para explicar la duplicación de su patrimonio: se valuaron
las acciones. La suma de los patrimonios del jefe de Estado, la vice, 17 ministros y 11
secretarios totaliza 433.096.304, 61% más que el año anterior, cuando acumularon
268.071.242 pesos.  Este nivel de desvergüenza nos debe llamar a una mínima reflexión:
¿No es demasiado lo que estamos tolerando?
El numerito montado el 1 de mayo por Mau y sus pandilleros para homenajear a los
trabajadores en su día, tiene más capítulos para entregar. Luego del paro de los empleados
de la precarizada empresa Cresta Roja ocurrida hace dos días, que desmintió la armonía que
según el Hood Robin argentino no Nacional auguraba el nuevo acuerdo logrado, ayer los
trabajadores que no fueron reincorporados a esa empresa se encadenaron, en señal de
protesta, a las puertas del ministerio de Hacienda. "Queremos que nos solucione el
reintegro de nuestros compañeros despedidos. Fue todo mentira, una pantalla política lo que
hizo este Gobierno con nosotros", señaló uno de los trabajadores entrevistados por Radio
AM750. Mientras nos solidarizamos con los encadenados esperamos que las cadenas les
lleguen a sus victimarios.
10/06/16: Como muchos venimos advirtiendo el macrismo no está solo. Una de las patas
del monstruo es el parlamento, donde la alianza neoliberal “Cambiemos” es cómoda
minoría. Sin embargo, a fuerza de “carpetazos”, de extorsiones presupuestarias, de tomas y
dacas varias o por pura armonía ideológica, el espíritu central de sus leyes las va
imponiendo. Ayer el gobierno ni nacional ni popular logró dictamen de comisión en
Diputados para tratar la semana que viene el proyecto de ley ómnibus de pago a jubilados y
blanqueo de capitales. El oficialismo logró un apoyo decisivo del Frente Renovador y del
Bloque Justicialista, que suscribieron el despacho de mayoría luego de negociar algunos
cambios a la ley. Entre ellos, en materia previsional, la continuidad por tres años de la
moratoria para las mujeres, limitaciones a la venta de acciones en poder del fondo de
garantía de la Anses; en temas impositivos, se descartó la eliminación del impuesto a los
Bienes Personales en 2019 y se canceló el pago de Ganancias por el medio aguinaldo de
junio; en el blanqueo se quitó el artículo 85 que penalizaba la difusión de empresas que se
acogiesen a ese beneficio y se estableció que no podrán participar funcionarios de ninguno
de los tres poderes. El Frente para la Victoria firmó su propio dictamen en minoría, con
duras críticas al proyecto oficial, al igual que el Frente de Izquierda, el interbloque FAP,
Federico Masso (Libres del Sur) y Carlos Heller (Partido Solidario). En una negociación a
contrarreloj el oficialismo logró acordar con el massismo y el bloque que conduce Diego
Bo-Bossio, los cuales pactaron una serie de cambios en el proyecto original para dar su
apoyo al dictamen del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Seguridad Social. Dentro de esta transa el massismo logró incorporar que se exceptúe del
medio aguinaldo de junio próximo a quienes no paguen impuesto a la riqueza (Bienes
Personales), mientras que los que sí estén alcanzados por este último tendrán la posibilidad
de elegir afrontar uno de los dos. La derogación de la ley que impide la venta de acciones
del FGS de la Anses se mantiene, pero se limitó la venta a un mínimo de tenencia del 7 por
ciento de la cartera.  Para vender las acciones se establecieron algunas condiciones,
bastante laxas, como un pedido de oferta pública de recompra por parte de la empresa o que
responda a un proceso de fusión o adquisición. En el caso de los jubilados que no iniciaron
juicio contra el Estado y decidan acogerse al programa, los gastos de abogado se
incorporarán a las homologaciones judiciales y estarán a cargo de la Anses. Por su parte, a
quienes ya tienen sentencia firme y no quieran acogerse al nuevo esquema, se les garantiza
que se les seguirá pagando como lo venía haciendo el organismo en los últimos años. En
materia tributaria, se acordó no eliminar el impuesto a los Bienes Personales en 2019, un
tema que será discutido más adelante por la Comisión Bicameral que elaborará un proyecto
de reforma impositiva. En cuanto al blanqueo de capitales, fue uno de los capítulos que
menos cambios recibió. Sólo se eliminó el artículo del secreto fiscal, que determinaba
penas de prisión y multas para quienes difundieran información sobre aquellos que se
acojan al blanqueo. También se criticó que no se haya eliminado de la posibilidad de
acogerse a ese beneficio a familiares de funcionarios. Sólo se limitó a integrantes de los tres
poderes. El caballo de Troya ya galopa, y difícil va hacer que alguien de allí con cojones lo
dome.
El gobierno de Cambiemos va pavimentando su nuevo camino en las relaciones
internacionales: la Alianza del Pacífico aprobó anteanoche el pedido argentino para
incorporarse a ese bloque como país observador. A priori, la condición de “observador” no
impacta en la continuidad de pertenencia al Mercosur, pero si muestra la intención de cerrar
filas con los países de la región más afines a la estrategia de acuerdos de libre comercio
impulsada por los Estados Unidos: México, Colombia, Perú y Chile. A los que se espantan
por la realidad actual vayan preparándose: nada de lo ya vivido podrá comparársele a lo que
nos espera si Argentina ingresa a este tratado infame, que no es otra cosa que un ALCA
recargado.

Lo presentaron como la panacea universal para los jubilados, sin embargo, es una aspirina
vencida para pocos. El Gobierno logró aprobar en el Congreso la devolución de 15 puntos
del IVA para los productos de la canasta básica que consuman jubilados y beneficiarios de
planes sociales. Pero la iniciativa viene con dos puntos importantes: el primer, que ya se
conocía, es que tiene un tope de reintegro de 300 pesos por mes; lo segundo es que dicha
devolución se hará hasta en seis cuotas. Efectivamente, para poder acceder al beneficio los
titulares de planes sociales y jubilados deberán gastar con el sistema de tarjeta de débito,
algo que puede complicarse en lugares en donde la economía informal es muy grande, y
luego se reintegrará esos 300 pesos por mes en su cuenta bancaria. A pesar de que el IVA
es de 10,5% para productos como la leche, igualmente el retorno será de 15 puntos en ese
caso, precisó el ministro en rodillas de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Sin
embargo, en una conferencia de prensa que brindó junto a Carolina Stanley (ministra de
Destrucción Social) y Alberto Abad (titular de la AFIP), Prat-Gay informó que el pago se
hará escalonado, independientemente del costo de la compra. Esta es toda la sensibilidad
que este gobierno está dispuesto a demostrar.

11/06/16: Aun de manera desperdigada por todo el país, todos los días hay paros y
movilizaciones de trabajadores en protesta por el ajuste brutal que está imponiendo el
infame gobierno neoliberal. La manera de abordarlos, cuando es imposible ignorarlos por
los medios hegemónicos que apoyan y sostienen al presidente offshore, es a través de
quejas generales que hacen “incómodo” el andar del ciudadano medio: “Otro día de cortes
generan caos en la ciudad”, “Un infierno transitar por la ciudad por paro de transportes”, 
“Otra vez la gente sin hospitales para atenderse”; y así machacan con sus latiguillos
simplificadores y sus zócalos venenosos para poco y nada informar sobre los motivos de los
conflictos que castigan a los trabajadores; como tampoco se toman el trabajo de
editorializar sobre la miseria planificada que se extiende sobre todo el territorio nacional.
Ellos, con su falaz neutralidad, se indignan sólo para pedir el protocolo represivo de
Patricia Bolsrich, de modo que ponga orden y aleccione un poco mientras continúan con la
cantinela del domicilio trucho de Boudou, con el Lázaro Báez descalcaterrizado, y el sin fin
de comentarios sobre la herencia K que al republicano gobierno actual le toca sufrir. De
todas formas, los conflictos siguen a pesar que Magnetto, desde sus múltiples usinas, llame
a la paciencia con el “sufrido” gobierno que sólo lleva seis meses de asumido. Ayer una
huelga de Camioneros en el marco de las negociaciones paritarias dejó sin combustible a
las principales ciudades del país, que tampoco tuvieron servicio de recolección de basura.
Junto a las medidas de fuerza tomadas por los controladores aéreos, que paralizaron la
actividad en todos los aeropuertos, ayer el país estuvo al borde del colapso por unas horas.
Finalmente, el gremio conducido por Pablo Moyano acató por la tarde la conciliación
obligatoria, aunque el suministro de nafta no se normalizará hasta el lunes. De no
alcanzarse un acuerdo salarial, la semana que viene podría haber una huelga de “todas las
ramas” de ese sindicato.
La industria automotriz argentina, que durante los últimos 10 años había roto todos sus
récords históricos en producción y venta, ahora se hunde día a día sin remedio y acumula
problemas adicionales. El desplome de la economía de Brasil, junto a la apertura
importadora de la Argentina, generó un fenómeno inédito en el sector automotor: por
primera vez, la Argentina violó el máximo previsto para las importaciones en relación a sus
exportaciones previsto por los acuerdos bilaterales. El comercio entre ambos países está
regulado por un coeficiente que fija una brecha máxima entre las importaciones desde
Brasil y las exportaciones hacia ese país. Ese número fue superado porque los envíos hacia
Brasil bajaron mucho y las adquisiciones desde ese país subieron. Esta situación generó una
encrucijada diplomática que tendrá que resolverse en los próximos días. Brasil junto a
varias terminales locales quieren relajar el coeficiente, que permitiría ampliar el déficit
argentino. Por ahora, la administración de Mauricio Macri se niega a ceder. Mientras tanto,
las empresas responsables de la violación del acuerdo comercial se salvarían de las multas.
Entre un gobierno golpista de “Temer” como en Brasil y uno de “terror” como el argentino,
quedan los laburantes de ambos países en el medio, que ven con desesperación como se
derrumba todo sin poder hacer nada por evitarlo.

Como si fueran poco los tarifazos inmorales y las quitas de subsidios criminales que
decidió el gobierno ni nacional ni popular que encabeza el presidente offshore, hay que
soportar el pésimo servicio que prestan las empresas mientras se enriquecen a costa de toda
la ciudadanía. Con los primeros días de frío intenso, y cuando todavía continúan las
protestas por el tarifazo de Edesur y Edenor, volvieron a multiplicarse los cortes de luz en
Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los mayores problemas se concentraron, una vez
más, en el área de concesión de Edesur, donde ayer a las 22 horas el Enre informó que
había 52.452 hogares sin servicio, mientras que a la misma hora 15.519 clientes de Edenor
tampoco tenían electricidad, elevando el total a 67.971 familias. Hubo cortes en los barrios
porteños de Caballito, Almagro, Flores, Floresta, Villa del Parque, Devoto, Recoleta, La
Paternal, Soldati y en las localidades bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda,
Quilmas, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús,
Lomas de Zamora y San Vicente. Los vecinos protestaron cortando calles y también
manifestaron su malestar a través de Twitter, mientras Clarín y sus 300 repetidoras al aire
hablan del supuesto malestar ciudadano por las protestas y por detrás de cámara aprietan,
ajustan, flexibilizan y despiden a sus propios trabajadores.

Mientras el Hood Robin argentino no Nacional pedía ayer que le tengan “fe” a su gobierno
llamando a no escuchar a los opositores que quieren que le “vaya mal” a su gestión, los
números siguen hablando por sí solos del desastre al que nos está llevando el plan criminal
de la revolución restauradora neoliberal. Los niveles de producción y consumo cayeron en
el primer trimestre de año en la denominada Región Centro, integrada por Córdoba, Santa
Fe y Entre Ríos, tres de las provincias más ricas de la Argentina. Así lo indicó un informe
de la Universidad Austral que analiza periódicamente los rubros de producción, consumo y
sistema financiero en una de las regiones fuertes de la generación de riqueza del país. "Es
claro que la devaluación y la quita parcial de retenciones a la soja y sus subproductos
impulsaron la actividad del complejo aceitero en el primer trimestre del año y con éste el
transporte y el consumo de combustibles", dice el informe. Pero advierte que para otros
sectores como petroquímica, metalurgia, siderurgia, el primer trimestre del año registró en
pleno los problemas asociados a la baja de exportaciones a Brasil y a la caída de la
actividad de la construcción que, medida por el consumo de cemento, se derrumbó 7,6% en
la región. El consumo es una variable que va para atrás: la venta de automóviles en la
Región (33.481 unidades nacionales e importadas) en el primer trimestre de 2016, registró
una caída interanual de 1,4%. Las ventas de los supermercados habrían totalizado en $7.441
millones en el primer trimestre de 2016. Corregidas por precios y considerando un valor
promedio de aumento de precios interanual para este período de 35,2%, se registraría una
baja en volumen de ventas de 8,8% respecto al año anterior.

12/06/16: Un cachetazo a la vista del mundo entero recibió ayer el presidente offshore. El
Papa, mediante una carta, rechazó el donativo que el gobierno neoliberal le hizo hace unos
días a la fundación católica Scholas Occurrentes. En la misma José María del Corral
(presidente) y Enrique Palmeyro (Secretario), le comunicaron al gobierno ni nacional ni
popular que “teniendo en cuenta que hay quienes pretenden desvirtuar este gesto
institucional realizado en el marco de la ley 16.698, con el fin de generar confusión y
división entre los argentinos, y de acuerdo a los comentarios telefónicamente compartidos,
convenimos en suspender el aporte económico no reintegrable destinado a sufragar los
gastos de personal, infraestructura y equipamiento de la sede central en nuestro país”.
Arrojándole su dinero sucio en la cara agrega: “procuraremos obtener este necesario aporte
en lo inmediato a través de los organismos multilaterales de crédito y de la ayuda de
privados”. O sea: prefiere pedir prestado que recibir el soborno impúdico del pecador
múltiple. El medio italiano Vatican Insider lo reflejó en una nota en la que dio cuenta de la
perplejidad que le produjo la donación a Bergoglio y que incluso en el Vaticano hasta
pareció una broma de mal gusto que la donación fuese de 16 millones 666 mil pesos (se
sabe que el 666 es “el número de la bestia”), pues siempre las donaciones son sumas
redondas. Viniendo de ellos cualquier perversidad es posible. La fundación Scholas
Occurrentes es una red mundial educativa que pretende promover la vinculación entre
escuelas de todo el mundo, compartir proyectos, establecer alianzas y cooperación, con la
intención de favorecer a las escuelas de menores recursos propiciando una educación sin
excluidos. El jefe de gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, aceptó el pedido de
los directivos de Scholas para cancelar la donación y respondió, sumando más méritos para
ir al infierno, con otro texto en el que señaló que “sin perjuicio de tomar nota de la
suspensión planteada, ratificamos el compromiso de nuestro Gobierno de acompañar a la
Fundación en la importante tarea de impulsar y defender los valores de la paz, la inclusión
y el encuentro de los jóvenes de todo el mundo”. La contrariedad de Francisco por la
donación oficial se acrecentó tras percibir que distintos voceros oficiosos de la Alianza
Cambiemos buscaron presentar el subsidio como una forma de “reconciliación” con el
Papa, después que la máxima autoridad de la Iglesia Católica hizo manifestaciones muy
notorias de toma de distancia con el gobierno de Macri, incluyendo su gesto adusto en los
apenas 22 minutos de audiencia oficial que le concedió el pasado 27 febrero en el Vaticano.
Al respecto del subsidio a Scholas, Juan Grabois, un dirigente social muy cercano al Papa,
dijo al diario Vatican Insider que quien “piensa que por darle plata, máxime fondos
públicos, a una fundación, escuela, ONG, cooperativa o movimiento popular por el sólo
hecho de estar directa o indirectamente vinculada al Papa está haciendo un ‘gesto a
Francisco’ es realmente un pelotudo, además de un corrupto y un prevaricador” . De esta
decisión, valiente y ejemplificadora, debería tomar nota la oposición política que, hasta
ahora, se muestra tibia en sus reclamos, cómplice en sus vocaciones, y co-gobernante en
sus actitudes. Si hasta ayer Mau y sus pandilleros rezaban para que Dios no exista ahora
deben estar, ritos satánicos de por medio, buscando contactarse con el diablo. Con
Magnetto de intermediario.

 La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Nación presentó una “nueva
edición” del Nunca Más durante la última Feria del Libro en el marco del 40° aniversario
del golpe de Estado de 1976. Esta “nueva edición” no se difundió en los comunicados de
prensa. Fue presentada como la reimpresión de la “edición original” de 1985 en una mesa
convocada bajo el nombre “Del Nunca Más a los nuevos derechos”. Contiene el prólogo
original de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero se
eliminó sigilosamente, como aquello que el gobierno viene intentando hacer en secreto, el
texto elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en 2006 para el 30°
aniversario del golpe. Durante la presentación, Claudio Avruj explicó que esta “edición”
presenta al Informe “tal cual fue, sin aditamento ideológico”. Agregó que “era una deuda
que teníamos desde la política, desde el Estado” e invitó a “pensarnos” en estos 33 años de
la democracia para ver “qué aprendimos”. El prólogo de 2006, buscó una filiación del
kirchnerismo a la tradición alfonsinista de refundación de la democracia, pero es recordado
sobre todo porque buscó corregir la doctrina de los dos demonios que recorría el prólogo
original para re-encuadrar la teoría del terrorismo de Estado. Así, la nueva edición puede
verse en clave de las disputas aún vigentes sobre las lecturas del pasado, pero aquí parece
avanzar sobre otras cosas. Una habilitación de este Estado macrista hacia la memoria de las
dos violencias que, a veces con más disimulo y otras con menos, queda reflejado en los
relatos de los funcionarios de primeras líneas, en un contexto en el que a la vez busca su
propia filiación con el alfonsinismo en aquello de la refundación de la democracia a tono
con la posición corrosiva de la nueva derecha que segrega a los movimientos populares de
la última década. Para los tiempos que corren habría que formar una comisión para que
escriban otro “NUNCA MAS”, pero referido al neoliberalismo en Argentina y en el mundo.

Una de las aviesas maniobras que contiene el proyecto “Metrobús”, referida al blanqueo, es
sobre quiénes están o no habilitados para acceder a ése “beneficio”. La primera concesión
oficial fue excluir del blanqueo a una lista restringida de funcionarios, aquellos que están
obligados a presentar declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Pero no fue
suficiente: para conseguir el apoyo de Sergio Massa y Diego Bo-Bossio, extendió la
nómina a un gran número de funcionarios de los tres poderes del Estado y de los tres
niveles de la administración pública, nacional, provinciales y municipales: desde Presidente
y vice, jefe de gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, jueces, diputados, senadores
y concejales, hasta los directores o nivel equivalente, en empresas del Estado u organismos
de control de servicios privatizados, a los encargados de otorgar habilitaciones
administrativas o que participen en la adjudicación de compras o licitaciones, administren
un patrimonio público, rectores, secretarios y decanos de universidades, altos mandos de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad y todo el personal de los organismos de Inteligencia. Sin
embargo, se aparta de esa definición en un punto fundamental porque no alcanza a los
familiares de los funcionarios, ni siquiera los más cercanos como padres, esposas e hijos.
También permite blanquear a otras categorías que la UIF considera Personas Expuestas
Políticamente, como apoderados de partidos políticos, dirigentes sindicales y autoridades de
cámaras y asociaciones patronales. Además, el proyecto permite que ingresen al blanqueo a
quienes participaron en licitaciones y contrataciones públicas, concesionarios de servicios
públicos, juegos de azar, etc. Muchos de estos se encuentran seriamente comprometidos en
maniobras fraudulentas que la justicia investiga. Así, el paraíso del testaferro ha sido
consumado.

Cuando aún teníamos país, el 25 de noviembre de 2015, se convirtió en ley la creación de

una “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y
Financieras durante la última dictadura militar, para la búsqueda de la Verdad, la Memoria,
la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia”. Sin
embargo, transcurridos seis meses, ni Emilio Monzó ni Gabriela Michetti del PRO, han
convocado a la designación de los cinco diputados y cinco senadores que deberían
integrarla. Cada vez que Recalde (FpV) se lo recordó durante las sesiones del Congreso,
Monzó guardó silencio. El viernes once organismos defensores de los Derechos Humanos
(entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares, el CELS, la Asamblea
y la Liga) reclamaron a Monzó y Michetti que pongan en marcha la comisión sin más
demoras. La comisión podrá “instar a quienes determine como cómplices económicos de la
última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y
desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación”.
También se crea en el Congreso un Archivo Nacional de la Memoria, la Verdad y la
Justicia, que ofrecerá al público los documentos que hubieran sido utilizados por la
comisión para la elaboración de su informe final, que deberá terminar en seis meses,
prorrogables por otros seis. Por lo visto, a la Alianza Cambiemos no le viene bien ningún
semestre, aunque el manual de excusas siempre lo tienen actualizado: en este caso para
apañar (se) empresarios, hoy prósperos ciudadanos y ayer cómplices dictatoriales.

La festichola neoliberal para unos pocos nos va a llevar directamente al desastre. El Estado
nacional, la mayoría de las provincias y grandes empresas han emitido títulos de deuda con
frenesí desde el 9 de marzo pasado, cuando Buenos Aires inauguró el festival con 1250
millones de dólares a una tasa elevadísima del 9,125 por ciento anual. El territorio de la
gobernadora María E. Vidal también cerró estos tres meses con más títulos de deuda por
otros 1000 millones de dólares, uno a tres años por 500 millones y otro a once por el resto,
operación concretada el 8 de junio pasado. Las provincias, con lo ya colocado y próximo a
emitir, sumarán en conjunto deuda por 8200 millones de dólares. Esta cuenta seguirá
aumentando hasta fin de año. En los próximos días habrá una nueva ronda de esas Letras en
dólares a 3, 6 y 8 meses, y el plan del blanqueo de capitales de por lo menos 20 mil
millones de dólares, según estimaron funcionarios de Hacienda y Finanzas, tiene previsto
que una parte se canalice a través de la emisión de títulos públicos a tres y cinco años.
Además, el importante incremento de dólares financieros por la emisión de deuda, de la
liquidación de la cosecha de soja y del ingreso de capitales golondrinas para aprovechar las
muy elevadas tasas de interés del Banco Central permite financiar la constante fuga de
capitales. Dólares que ingresan a las reservas emigran luego por remisión de utilidades de
multinacionales, por servicios (turismo) y por fuga de ahorros hacia el dólar. En la segunda
quincena de diciembre del año pasado, cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri, la
fuga fue de 1911 millones de dólares. En total, 6142 millones hasta fines de marzo, según
el Balance Cambiario del Banco Central. Si se cumplieran las previsiones de Prat-Gay, en
este año se duplicaría el déficit fiscal heredado (el verdadero) sin conseguir la expansión de
la economía, sin mejorar la competitividad vía tipo de cambio y consolidando una política
monetaria contractiva de tasas de interés muy elevadas que facilitan la bicicleta financiera.
Como señala el periodista Alfredo Zaiat: “El inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento
público y privado actúa como una anestesia en la cotización del dólar, disimula la debilidad
del sector externo y a la vez permite cubrir transitoriamente las cuentas de los estados
provinciales y financiar el aumento del déficit fiscal a nivel nacional. Este adormecimiento
facilita las ganancias financieras de corto plazo, lapso que el gobierno apuesta a que la
esquiva lluvia de dólares por inversiones productivas y el blanqueo de capitales actúen
como motor del crecimiento. Mientras prenden velas a esos salvavidas, se está
desarrollando en sólo tres meses el más impactante aumento nominal de deuda en dólares
de la historia argentina”.
Cuando fue el turno de los Buitres el gobierno se desesperaba por pagar cuanto antes, y más
de lo por aquéllos reclamaban. Cuando le toca al ciudadano medio redobla los esfuerzos
por cobrarles, a pesar que las leyes se lo impiden expresamente. La AFIP anunció que sin
importar lo que sancione el Congreso, igualmente cobrará el impuesto a las Ganancias
sobre el medio aguinaldo en este mes de junio. El ente recaudador aseguró que realizará las
devoluciones correspondientes en caso de que se apruebe el proyecto de blanqueo de
capitales y pago a jubilados, el cual incluye, por pedido de la oposición, un artículo que
exime de dicho pago a quienes no queden incluidos dentro del impuesto a los Bienes
Personales. En un comunicado, el ente que comanda Alberto Abad aclaró que el "Sueldo
Anual Complementario (SAC) de junio está alcanzado por el impuesto a las Ganancias" y
que por lo tanto "cuando se modifique la ley que se encuentra en debate legislativo, la AFIP
dispondrá los mecanismos de devolución y compensación que correspondan".  Es decir,
independientemente de lo que decida el Congreso de la Nación, la AFIP igualmente
retendrá el impuesto en el medio aguinaldo y, si finalmente se aprueba alguna
modificación, luego decidirá cuándo y cómo lo devolverá. Así, prefieren hacer sufrir,
aunque sea un tiempito, y cosechar críticas, que aliviar un poco tanta calamidad ajustándose
a derecho. “Los ricos no piden permiso”, ni quieren acatar las leyes. Son la perversidad en
estado puro.
13/06/16: Que si, que no, que no es el momento, que “hasta las últimas consecuencias”,
que los tiempos de la CGT son otros, etc., finalmente, parece, el ex gremialista y ya no
candidato a presidente de la AFA(no), Hugo Moyano, tras el paro de la rama del transporte
de combustibles, que durante el fin de semana generó colas en las estaciones de servicio por
falta de nafta, no descartó convocar a una huelga nacional de Camioneros si las cámaras
empresarias no mejoran su oferta salarial. Además, reclamó al gobierno por el pago de
Ganancias. El dirigente sindical no quiso responder si llamará a un paro nacional de la CGT
ante la inflación y los tarifazos, y se limitó a hablar del conflicto con Camioneros. Por lo
tanto, va quedando claro que lo que decida estará supeditado a la rara combinación de la
presión de sus bases con la marcha de sus negocios con el presidente offshore, con quien se
comporta como un león herbívoro frente a un domador de circo.
Mientras el presidente offshore inauguraba el nuevo tramo electrificado de la Línea Roca
de trenes, en la estación de la localidad bonaerense de Berazategui, un grupo de personas
llevó adelante un escrache con carteles que repudian el tarifazo. Según detalla el portal de
noticias Política Argentina, el presidente fue recibido con insultos y carteles con leyendas
como "Berazategui no es Panamá". Los manifestantes se apostaron sobre las vías, pese al
operativo de seguridad montado para cuidar a Macri y evitar lo que finalmente sucedió.
 
El falaz relato de Mau y sus pandilleros quiso hacernos creer que, pagándole a los buitres,
contrayendo una nueva deuda vergonzante, salíamos de un default en que no estábamos. La
verdad es que mientras el país se endeuda desenfrenadamente para financiar la neoliberal
festichola pornográfica que tiene a G. Frega como anfitrión, las políticas abominables
implementadas hasta ahora están llevando a la cesación de pagos, pero del circuito
económico interno. La morosidad, luego de los tarifazos, batió todos los récords conocidos.
Dejaron de pagar la luz el 38%; el gas el 35% y el agua el 30%. Los motivos van desde la
imposibilidad material en hacerlo, pasando por las medidas cautelares que frenaron los
aumentos, hasta por la simple rebeldía ciudadana. A la vez otras cesaciones se van
agudizando. Los atrasos en pagos de salarios y de las empresas con sus proveedores dan
señales de alarma sobre el nivel de recesión al que se va encaminando una economía
deliberadamente deprimida; reflejada, entre muchas variables, en la caída exponencial del
consumo, que ha provocado, en combinatoria con los criminales tarifazos, el cierre y
achique de decenas de Pymes. Con este panorama el festival de bonos como los patacones y
sucedáneo, estarán a la vuelta de la esquina, esperando retornar para terminar de empujar a
todo el modelo en su conjunto al abismo del 2001.

14/06/16: Detrás de un abyecto neoliberal puede esconderse un generoso padre de familia.

El presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, tiene el 84,7 por ciento de sus bienes en
el exterior. Son 65,8 millones de pesos de los 77,7 millones que declaró ante la Oficina
Anticorrupción. Los datos corresponden a la situación patrimonial que tenía a fines del año
pasado. Los activos en el exterior se reparten entre inversiones en Uruguay, depósitos en
Estados Unidos y acciones de empresas que cotizan afuera del país. “Como muchos
argentinos, tengo dinero guardado en el exterior. Por supuesto que voy a traer parte de mi
dinero y parte quedará afuera para mis hijos”, aseguró en declaraciones televisivas al ser
consultado sobre el tema. Cuando le preguntaron si no era contradictorio reclamar
confianza en el país para que lleguen inversiones y tener dinero en el exterior, se limitó a
responder que “no es contradictorio”. “Más que adentro o afuera del país, lo importante es
que los funcionarios y todos tengamos todo debidamente declarado”, concluyó Melconian.
Este siniestro personaje, que como candidato a ministro de Menem en la campaña
presidencial del 2003 proponía dolarizar la economía, se suma a la interminable lista de
ministros y funcionarios que prometen traer sus millones del exterior, ahorrados para los
hijos, pero que no parecen llegar nunca. Empezando por el presidente offshore, quien
declaró que los 18 millones reconocidos, que había dicho que no tenía, los traería al país y
preguntado qué haría con el dinero señaló “quizá invierta en letras del tesoro”. O sea: en
bonos que emite el Banco Central, que rozan el pornográfico 40% de interés.
“La herencia recibida” documentada desmiente el costado negativo que quiere insuflarle el
gobierno. Recientemente declaró que nueva inversión extranjera por 15.351 millones de
dólares entre el 10 de diciembre pasado y finales de mayo. Pero el 62 por ciento de estos
compromisos, es decir 9572 millones de dólares, ya habían sido informados antes de
noviembre de 2015. La Agencia Argentina de Desarrollo de Inversiones, un organismo que
depende de Cancillería y el Ministerio de Producción, es la encargada de promocionar el
desembolso de capital de las empresas extranjeras en el país. La entidad dirigida por Juan
Procaccini elaboró una lista con 40 firmas multinacionales que le aseguraron a Mauricio
Macri nuevas inversiones en el mercado interno, la cual fue difundida con el objetivo de
demostrar que las políticas de Cambiemos generaron un “shock de confianza”. Pese a la
propaganda, un documento del ex Ministerio de Industria con datos de la inversión
extranjera clasificados por empresa y tipo de proyecto a partir de 2002, confirmó que más
de la mitad de los anuncios publicitados por el macrismo no son nuevos. Empresas
dedicadas a los rubros energía, minería, hidrocarburos y automotor tenían contempladas
estas inversiones en sus planes de negocios. En el documento se precisó además que entre
el 10 de diciembre de 2013 y mayo de 2014, cuando se produjo una devaluación y hubo una
fuerte incertidumbre con los precios, los anuncios de inversión extranjera sumaron 17.105
millones de dólares, un 11 por ciento más respecto de los montos computados en los
primeros meses de la gestión de Cambiemos. Ahora sólo restan esperar los millones de los
capitales golondrinas y los de los ahorros de los abnegados padres de familia que cumplen
funciones en el gobierno neoliberal, para que continúen aportando a la bicicleta financiera
reinaugurada el 10 de diciembre de 2015.

El poder judicial, que administra la aplicación de la ley, se ubica “legalmente” fuera de ella.
Este año el Estado nacional dejará de recaudar al menos 5151 millones de pesos por la
exención del impuesto a las Ganancias de la que gozan los jueces y también empleados
judiciales en varias provincias. Si bien no representa un monto significativo en términos de
la recaudación anual, es más dinero del que exigió el plan Progresar el año pasado o el
establecimiento del tope al aumento tarifario que definió el Gobierno recientemente. En los
últimos tres años, la AFIP hubiera percibido ingresos adicionales por 12 mil millones de
pesos si el Poder Judicial se rigiera bajo los mismos parámetros fiscales que los demás
sectores de la vida económica nacional. Los datos surgen del informe de Gastos Tributarios
que confeccionó el año pasado el Ministerio de Economía. Este es un buen ejemplo para
identificar dónde se esconde el corazón de la verdadera corrupción sistémica; la que
naturaliza la confiscación, la apropiación desigual, propietaria, privatizadora; que cristaliza
la injusticia de un modelo corrupto en su concepción, en su administración y reparto “legal”
de la riqueza, en sus instituciones que perpetúan el dominio y la sumisión generando las
diferencias que sufrimos todos a través de la reducción y amputación de derechos
ciudadanos. Mientras sigamos entretenidos con las corrupciones ocasionales de
funcionarios que se apropian de lo que no es suyo (omitiendo siempre toda referencia al
empresario corruptor) el sistema respirará tranquilo, reciclándose permanentemente bajo
nuevas formas, pero intacto en sus fundamentos, lógicas y procederes.

Mientras el ciudadano medio se escandaliza con la corrupción de funcionarios de este y

otros gobiernos, el sistema putrefacto se pavonea victorioso con aires de suficiencia. El
trabajo es una amarga confirmación de que la pérdida de fuentes de empleo no se frenó, y
que el compromiso firmado entre el presidente offshore con un grupo de empresarios para
suspender los despidos por 90 días, fue incumplido. Como se recordará, el titular del Poder
Ejecutivo utilizó este acuerdo como argumento para vetar la ley antidespidos. De las 13 mil
personas que quedaron sin trabajo o suspendidas en mayo, 8.448 se desempeñaban en la
industria, siguiendo una tendencia que ya se había evidenciado en el mes anterior. Los
trabajadores más afectados por los despidos fueron los textiles, con 1.530 cesantías, según
denuncias de la Asociación Obrera Textil (AOT), el Sindicato de Empleados Textiles
(Setia) y la Unión de Cortadores de la Indumentaria y el vestido (Soiva). Un caso ilustrativo
es el de la empresa Tessicot, que confecciona prendas para las marcas Nike y Adidas y
echó personal el mismo día que Macri vetaba la ley antidespidos. Vale recordar que en este
rubro hay altos niveles de trabajo no registrado, por lo que la cantidad de gente que se
quedó sin ingresos puede ser incluso superior. La orfandad del ciudadano de a pie, ante este
panorama desolador, sólo auspicia ingobernabilidad y un nivel conflictividad incontrolable.

Los elefantes en los bazares continúan haciendo estropicios, mientras la oposición les saca
fotos y gran parte de la ciudadanía media los mira extasiada por televisión. Los salarios
acordados en las paritarias de 2016 han perdido entre 5 y 7 puntos de su poder adquisitivo
en lo que va del año, señala el CEPA. De acuerdo con su análisis, las 22 paritarias cerradas
hasta abril lograron un aumento promedio semestral del 18,52 por ciento. Sin embargo, la
suba de los precios de los últimos seis meses (en el período noviembre 2015-abril 2016) fue
del orden del 25 por ciento. Es decir que las mejoras salariales no lograron compensar la
inflación precedente. El cálculo se refiere a los asalariados mejor ubicados del mundo
laboral: los registrados, con empleo en blanco y amparados por convenios colectivos. Para
los trabajadores informales, el panorama sin duda es de mayor deterioro económico y el
futuro, sin proyecto político alternativo al neoliberal, desesperante y angustiante.

La broma de mal gusto del día la protagonizó, otra vez, el ex albacea de la evasora Amalia
Lacroze de Fortabat, el ministro en rodillas de Economía Alfonso Prat-Gay. En una
conferencia de prensa en la Casa de Gobierno tras la habitual reunión de gabinete de los
martes, indicó que en los próximos días presentará un informe sobre el incremento "de casi
el 44% en la inversión social", que no incluye la devolución del IVA para jubilados,
pensionados y beneficiarios de planes sociales, aprobado en el Congreso la semana pasada.
"Se va a ver con muchísima claridad cuál ha sido la prioridad. Este es un Gobierno que se
ha ocupado muy especialmente de los más vulnerables en estos seis meses de gestión",
señaló el funcionario, quien estuvo acompañado por el jefe de Gabinete y Ministro de
Propaganda, Joseph Peña. Sobre el millón y medio de nuevos pobres, que generaron sus
políticas confiscatorias, ni una palabra.

De Julio Bárbaro nadie sabe de qué vive honestamente. Uno infiere, mal pensadamente, que
sus visitas al grupo Clarín no son por su vocación por la libertad de prensa. Este pobre
hombre, ahora, de tanto batallar contra el gobierno anterior, al que llamaba “no peronista”,
está pasando un mal momento. Primero se separó de su esposa, a la que acusó del delito de
“kirchnerista”, y ahora sufre por los desplantes desagradecidos de Mau y sus pandilleros.
"Como tipo que jugó a favor del macrismo, te digo que el maltrato del PRO es universal, no
te saludan, no te invitan a tomar un café, laburás gratis", señaló el ex interventor del
COMFER en declaraciones al programa La Cornisa. “Es el oficio de ellos, nacieron ricos,
saludan poco. Te miran con distancia, te invitan a comer y te dan poco. Son ricos", señaló
un ofuscado Bárbaro, más ávido de haberes dinerarios que de contención afectiva.

15/06/16: El gobierno neoliberal encontró el árbol que tapará el bosque. El ex secretario de

Obras Públicas, José Francisco López, fue detenido ayer en un convento de General
Rodríguez cuando, según él, pretendía entregar como donación cuatro bolsos y una valija
llena de millones de dólares no declarados, además de euros, algunos yenes y ryales –la
moneda de Qatar– y seis relojes de valor. “Me dijo que robó, que va a ir preso y que antes
de ir preso nos quería donar lo que traía”, declaró judicialmente una de las dos monjas,
mayores de 90 años, que viven en el monasterio de Nuestra Señora de Fátima. La versión
de la supuesta donación resulta asombrosa y abona la sospecha del Ministerio de Seguridad
bonaerense: los funcionarios, encabezados por Cristian Ritondo, tienen datos de que López
escondía dinero allí y que no era la primera vez, por lo que perros de la Afip intentaban
anoche determinar si había más plata escondida. Todo lo ocurrido ayer plantea numerosos
interrogantes que llaman la atención. En primer lugar, la llamada al 911, realizada por un
vecino del monasterio. Según las fuentes policiales, Oscar escuchó unos ruidos en el
convento y por eso dio cuenta a la policía que, según parece, llegó en menos de tres
minutos. En las propias fuentes policiales creen poco en la versión original, ya que no les
parece que desde la vivienda del vecino se puedan escuchar los movimientos de una
persona moviendo o tirando bolsos con dinero. La hipótesis más extendida es que agentes
de inteligencia venían investigando y siguiendo los pasos de López y fueron los promotores
de la llamada. Un dato que no se condice demasiado con lo ocurrido es que está probado
que López tenía la llave del convento, de manera que en teoría no necesitaba tirar nada por
encima de ningún muro. Desde el punto de vista judicial no hay ninguna causa en la
Justicia Federal que pusiera a López en una situación límite ni a punto de ser allanado o
detenido. Como es habitual, quienes estuvieron cerca de López creen que en esa operación
de inteligencia estuvo el resucitado ex jefe de Operaciones de la SIDE, Horacio Jaime
Stiuso. Como es obvio, hasta los amigos admiten que nada de eso saca de la escena el
hecho concreto y básico: se le encontró una cantidad injustificada de dólares en efectivo,
casi seguro originados en hechos de corrupción. Habrá que ver qué declara López, tanto en
General Rodríguez como en Comodoro Py. Es posible que por todos los medios le ofrezcan
beneficios para que declare tal o cual cosa, pese a que cualquier reducción en las penas sólo
puede ser concretada en el juicio oral. Cuando declare deberán verse las pruebas que aporte
y todo indica que las bolsas de dólares lo llevarán a una larga estadía en prisión.
Seguramente lo de ayer no es el final sino el principio de una historia turbulenta. Una
historia que los medios hegemónicos nos empezarán a contar a toda hora todos los días
todo el tiempo que el episodio amerite; estirándolo lo necesario para que no se hable de otra
cosa. Porque en eso son decisivos los medios: no tanto en cómo deben opinar sus
espectadores como de qué tienen que hablar, en lo que comúnmente se llama fijar agenda.
Y el caso va a prender, porque la espectacularidad del suceso contribuye a la saña con la se
lanzarán para, a partir de este hecho, enlodar todo un proceso político al que reducirán,
vaya paradoja viendo de los crápulas de los que se trata, al “vinieron a robarse todo”. El
odio, que se retroalimentó durante años a pura operación de prensa y trapisondas judiciales,
encuentra el alimento para saciar sus ideas preconcebidas que, así, hallan el estímulo para
seguir reproduciendo el discurso dominante; legitimando, sin saberlo, la corrupción
estructuralmente legalizada que se ha esparcido haciendo metástasis en todas las esferas del
Estado. Hemos convivido durante seis meses con tarifazos, avasallamientos institucionales,
transferencias pornográficas de recursos a los más ricos, e ilegalidades de todo tipo, sin
ninguna repercusión social e institucional de envergadura que las impida, atenúe o
deslegitime. Al mismo tiempo venimos soportando la carga adicional de la corrupción de
sus personeros, enriquecidos a la vista de todos con algunas de sus cuentas millonarias a la
vista sin ninguna, por el momento, implicancia relevante para los involucrados. La
festichola neoliberal se puede dar este lujo, esta ignominia repulsiva de catequizar con su
moralina berreta sobre la necesidad de decencia y transparencia de las acciones de
gobierno, montados en un andamiaje abominable que ha hecho del perjurio, la
confiscación, la persecución política, la mendacidad discursiva y la estafa moral y material
legalizada, una natural consecuencia de sus actos de gobierno, presentados con sus
soberbios aires purificadores. Sobre esta estrategia se pavonearán para relanzarse hacia su
única meta: la miseria planificada de las mayorías.

Mau y sus pandilleros celebran como un gol en el último minuto de juego en una final del
mundo, el escándalo despertado por el “caso López”. En medio de un clima de regocijo
interno por un hecho que creen le genera réditos políticos, la detención del ex secretario de
Obras Públicas del kirchnerismo, José López, con más ocho millones de dólares en
efectivo, generó las obvias expresiones de rechazo en el Gobierno. Hasta el múltiple
denunciado presidente offshore se dio el gusto de hablar de “hechos vergonzosos” y de
afirmar, con un caradurismo difícil de igualar, que “la transparencia nos va a alejar de
episodios bochornosos como el que nos hemos amanecido hoy, del que estamos todos
sorprendidos. Estamos cambiando claramente y está bueno que pongamos a la luz todas las
prácticas que queremos erradicar en Argentina”. También dijo lo suyo el mendaz jefe de
Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, señalando a las risotadas que “parecía
una escena de película, va a tener que dar explicaciones”. Uno está obligado a confiar. A
creer que este efímero vitoreo ramplón y vergonzante se esfumará al ritmo en que se irán
recrudeciendo las calamidades que el infame gobierno neoliberal continuará extendiendo y
ampliando por todo el territorio nacional.

Los seguidores de la “cadena del desánimo y la difamación pública”, reconvertida en

voceros oficiales de una realidad ficticia, van a tener que rezarle a algún Dios dispuesto a
perdonarlos, si piden que no se les rompan sus televisores para continuar consumiendo
mentira institucionalizada. La facturación por la venta de electrodomésticos ascendió a
10.963 millones de pesos en el primer trimestre, con un aumento del 20,5 por ciento
respecto del mismo período del año pasado. La cifra se ubicó muy por debajo del 40 por
ciento de inflación estimada para el último año, con lo que se puede inferir que hubo una
baja relevante en las cantidades comercializadas. Igual a no desesperarse: revolviendo la
basura siempre se encuentran diarios y radios como pasables sustitutos.

La verdadera corrupción, la crucial, la que define el destino de un país y sus habitantes,

trasciende los bolsos de los lopezitos, incluso los millones evadidos por Mau y sus
pandilleros. El meollo está en cómo y entre quiénes se reparte la torta. Por lo visto hasta
ahora y por lo que se vislumbra de cara al futuro, la banda neoliberal no nos va a dejar ni
las servilletas. El Gobierno neoliberal busca avanzar con la liberalización del comercio
exterior. El punto nodal de esa estrategia es la negociación del acuerdo Mercosur-Unión
Europea, que supone la desregulación de casi el 90 por ciento del comercio. También
negocia con México la ampliación del actual acuerdo de libre comercio, con Colombia y
con Japón. Especialistas plantean que ese rumbo supone riesgos para la industria local. La
administración de Mauricio Macri pone como ejemplo a México, cuyo desarrollo industrial
está atado a los Estados Unidos. También está en marcha el acercamiento a la Alianza del
Pacífico, aunque por ahora se trata de una vinculación mucho más política que económica.
El equipo económico considera que los acuerdos de libre comercio incentivan la inversión
de empresas extranjeras. Por ejemplo, ante la perspectiva de ingresar sin aranceles a la
Unión Europea, una firma estaría tentada de invertir para exportar desde la Argentina. Eso
desataría un proceso de mejora de la competitividad. El gran riesgo es que el impulso se
verifique sólo en sectores con “ventajas naturales” para la Argentina, como los productos
agropecuarios y mineros y en cambio retroceda la industria donde el país tiene
“desventajas”. Por lo tanto, nos espera un relanzamiento como país agroexportador
desindustrializante, adosando, como acostumbran los libertarios del mercado, una
flexibilización de las reglas del trabajo en términos esclavistas y una desocupación
disciplinante, con salarios africanos y condiciones de vida al límite de la subsistencia.

La impunidad goza de buena salud. El mismo tribunal que en julio de 2010 confirmó el
procesamiento de Mauricio Macri por las escuchas telefónicas a su cuñado, Néstor
Leonardo, y al dirigente de Familiares de AMIA Sergio Burstein, cambió de idea y ayer
decidió disponer su sobreseimiento. La Sala I de la Cámara Federal consideró que si bien
está demostrado que existió una asociación ilícita que pinchaba teléfonos a través del espía
Ciro James, contratado dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que actuaba en
tándem con el primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, no hay nada
que permita afirmar que Macri, por entonces jefe de gobierno, tenga responsabilidad en el
espionaje. Los camaristas invocaron elementos que aparecieron en la fase final de la causa,
que no son neutrales, como el testimonio de Guillermo Montenegro, ex ministro de
Seguridad porteño, quien afirmó que Macri no tuvo responsabilidad en el nombramiento de
Palacios y que no sabía nada de James; así como las referencias de Franco Macri a que
había sido él quien contrató dos agencias de seguridad (The Ackerman Group y AP
Security) para seguir a su yerno con respaldo del testimonio del ex comisario Adrián
Pelacchi, vinculado a la seguridad de su grupo empresario. O sea: el costo para evadir la
condena es que el jefe político de los imputados quede como un incompetente, como un
burócrata incapaz que nombra funcionarios que no conoce, para que apliquen políticas y
medidas que ignora. Si bien, al lado de los desfalcos cometidos, estos hechos se parecen a
una travesura desubicada, no deja de indignar la capacidad de sobrevivencia de este hombre
que carga como currículum un prontuario inigualable.

Ayer quedó formalmente presentada la Mesa de Acción Cultura y Derechos Humanos, que
tiene por objetivo impulsar acciones para lograr la renuncia del ministro de Cultura porteño
y director artístico del Teatro Colón, Darío El Pérfido. La actividad comenzó en la Casa de
la Militancia de H.I.J.O.S, en la ex Esma, pero terminó en la calle por una amenaza de
bomba que obligó a evacuar el predio de la Avenida del Libertador. Sin embargo, nada
detuvo a los organismos de derechos humanos que, unidos todos por primera vez en más de
quince años, y junto a trabajadores y personalidades de la cultura, repudiaron los dichos del
funcionario acerca de la cifra de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-
militar-empresarial-clerical y pidieron la remoción de todos sus cargos al jefe de gobierno,
Horacio Rodríguez Berreta, principal destinatario del reclamo. Que Cambiemos mantenga a
este abyecto personaje entre sus filas, es revelador sobre el conceso que hay en esta fuerza
política para sostenerlo desde la coincidencia con sus aberrantes comentarios.

16/06/16: Si bien con modificaciones, el abominable proyecto “metrobús” que envió el

gobierno ni nacional ni popular al parlamento, fue aprobado por la cámara de diputados y
enviado al senado. Se aprobó por 162 votos el dictamen de mayoría. Los votos llegaron
desde Cambiemos, siete del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el bloque
Justicialista, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Juntos por una Argentina (ex
massistas), entre otros. Esto vuelve a confirmar que gran parte de la oposición acompaña
los lineamientos generales del gobierno neoliberal. Del FpV votaron a favor los misioneros
Maurice Closs, Daniel Di Stefano, Jorge Franco, Silvia Risko, que ya anunciaron que
dejarán el bloque, más los entrerrianos Carolina Gaillard y Lautaro Gervosini, y la
tucumana, Miriam Gallardo. El Frente para la Victoria, Proyecto Sur, Movimiento
Solidario, Forja, Partido Solidario y el Frente de Izquierda consiguieron 76 votos (68 del
FPV y 4 del FIT) para rechazar el proyecto gubernamental y hubo tres abstenciones de
Libres del Sur. El blanqueo de capitales se debate en medio del escándalo por los Panamá
Papers y la detención de José López. El proyecto reduce impuestos progresivos, en línea
con una política del macrismo: disminuir la carga impositiva a los sectores más
favorecidos. Mientras que las reformas jubilaciones encaminan al sistema a la inviabilidad,
de modo de allanar el camino a su privatización. La corrupción estructural, así, se va
consolidando.

Como si fuera poco el paquete de leyes aprobado anoche, ahora hay que sumarle la coraza
legal con la que van a proteger todos los atropellos cometidos y por cometer. La Corte
Suprema de las Corporaciones volverá a tener cinco miembros. El Senado aprobó ayer los
pliegos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, luego de unas cuatro horas de debate en
que se escucharon distintas posiciones pero no grandes cruces. El oficialismo consiguió el
apoyo de un sector mayoritario de la oposición, incluido el Peronismo Federal, el massismo
y buena parte del bloque del Frente para la Victoria-PJ. Rosatti, ex ministro de Justicia de
Néstor Kirchner y vinculado con el peronismo, cosechó así 60 votos a favor y 10 en contra,
mientras que Rosenkrantz, abogado de las corporaciones y hombre del grupo Clarín,
consiguió 58 votos a favor y 12 en contra. El rechazo corrió por cuenta de un sector del
kirchnerismo y de Fernando “Pino” Solanas, quienes cuestionaron la decisión de ambos
postulantes de haber aceptado la designación por decreto, reclamaron el cumplimiento del
cupo femenino y la representación federal, además de criticar la ausencia de especialistas
en derecho penal y laboral. Siguen avanzando, con la oposición legitimándolos.

Cómo será la Inflación verdadera que el gobierno neoliberal debe reconocer altos índices a
través del manipulado Indec. Después de un apagón estadístico de seis meses, sin
indicadores parciales ni totales sobre la evolución de los precios, el Indec informó ayer que
los precios al consumidor para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos que
integran el Gran Buenos Aires registraron un aumento en el mes de mayo de 4,2 por ciento.
Dicha variación mensual fue la única que se informó, ya que, pese al prolongado período de
espera, ayer, en su reaparición en público el Indec no dio cuenta del incremento acumulado
en los primeros cinco meses del año ni tampoco sobre la variación interanual, es decir la
acumulada en los últimos doce meses. Ayer, en modo coincidente, el Gobierno de la
Ciudad publicó su indicador de precios para mayo, que arroja un aumento del 5 por ciento
para el mes, alrededor del 25 por ciento en los primeros cinco meses del año y casi 44,5 por
ciento en el crecimiento anual (mayo 2016 contra mayo 2015). La obviedad, ahora
confirmada, es que se va a estar lejos a fin de año del 25% anual que el presidente offshore
aseguró hace unos meses, para tirar a la baja las negociaciones paritarias y, a la vez,
desconocer otra de las tantas estafas que se cansó de regurgitar en campaña: que su espacio
político venía a terminar con el flagelo de la inflación.

A fuerza de calamidades de todo tipo, ilegalidades de todos los órdenes, atropellos de todas
las formas, y desgracias de las más variadas, el slogan de campaña del presidente offshore,
“vamos a estar todos los días un poco mejor”, no resultó otra cosa que una más de las tantas
provocaciones con que el gobierno neoliberal castiga a la ciudadanía. La actividad
económica de las pymes acumuló una caída del 24,5 por ciento en el primer cuatrimestre.
El dato corresponde a un relevamiento realizado por la Confederación General Empresaria
de la Argentina (Cgera) sobre un universo de 213 empresas. Los sectores más perjudicados
son electrónica, textil, metalurgia y tintas gráficas, con mermas de producción del 30 por
ciento. El informe advierte que en algunos rubros las importaciones crecieron a pesar de la
depresión del mercado. En este sentido, al igual que a las pymes, la combinación de
aumento de costos, descenso del consumo y apertura de importaciones golpea a las
cooperativas auto gestionadas por los trabajadores. Actualmente hay en el país 367
empresas recuperadas que ocupan a 15.948 trabajadores. En relación a diciembre de 2013,
cuando fue publicado el informe anterior del sector, aparecieron 43 nuevas empresas auto
gestionadas por sus trabajadores en reemplazo de los dueños privados. Seguramente, en el
segundo semestre, con el blanqueo de capitales hecho ley y la lluvia de dólares que
descansan en paraísos fiscales, llegarán al país los recursos para revertir la depresión en que
se está hundiendo la actividad económica. Ocurrido el milagro neoliberal el pueblo
argentino reconocerá el aporte de los ahorros (mal habidos) de los hijos de los burócratas
gubernamentales…

El “caso López” ha envalentonado a Mau y sus pandilleros. A tal punto que pueden decir
los disparates más provocadores sin que se les mueva un pelo. Un especialista en la materia
es el jefe de Gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, quien afirmó en una
entrevista con el diario español El País que "gobierno de Cambiemos es parte de la
internacional socialista y de la internacional popular". "Si me decían hace seis meses que
íbamos a estar como hoy firmaba feliz", aseguró el funcionario. Y agregó: "Han sido seis
meses muy buenos, con mucho apoyo de la sociedad, con enorme esperanza". Lo único
creíble, en estas declaraciones vergonzosas, es el estado de felicidad en que se encuentra
una fuerza política que ha podido arremeter, con todo el autoritarismo y las ilegalidades
posibles, contra los derechos colectivos de las mayorías sin encontrar mayores resistencias.
Elijamos creer que esta dicha neoliberal será efímera y que las reservas morales, que aún
habitan nuestro suelo, serán capaces de lograr aglutinarse en torno a un proyecto nacional
en las antípodas de este gobierno; que con su impunidad insultante disfruta de sus
privilegios con la ostentación pornográfica del burgués satisfecho.

Mientras Joseph Peña desborda de felicidad por el presente de nuestro país, el director
ejecutivo del PAMÏ, Carlos Regazzoni, advirtió que este organismo no está en condiciones
de "asumir aumentos en los remedios" que son "imposibles" de pagar debido a los
incrementos que tuvieron en los últimos meses. En tanto, El titular de la Confederación
Farmacéutica Argentina (COFA), Raúl Mascaró, advirtió que podrían "faltar
medicamentos" ya que "no" pueden "reponer" los fármacos por la deuda que mantiene el
PAMI con la industria del sector, que asciende a los "2.500 millones de pesos". "No
podemos hacernos cargo de pagarle los medicamentos nosotros" a los jubilados, sostuvo
Mascaró en diálogo con radio 10 y alertó que la situación podría extenderse hasta que el
organismo ofrezca un "cronograma concreto de pago y sepamos cómo podemos cobrar esta
deuda para poder enfrentar los compromisos en las droguerías. Hoy tenemos la atención
resentida no solo para el PAMI, sino para toda la seguridad social". Si las políticas
criminales del gobierno “socialista” llevan a la muerte a los jubilados, será porque para
resolver los problemas y conflictos sociales no tienen remedio…

Tener un comedor barrial puede ser también un buen negocio para quien lo dirige y una
excelente pantalla para, comprando conciencias, los lavadores de dinero también laven
culpa y/o lo usen de excusa para representar su compromiso con los humildes, mientras los
castiga a tarifazos, despidos y reducciones salariales. La cooperativa del esposo de
Margarita Barrientos, obtuvo al menos $14 millones de parte del gobierno de la Ciudad por
la realización de obras dentro del barrio Los Piletones en los últimos tres años durante la
gestión del Hood Robin argentino no Nacional. Gran parte de los proyectos no fueron
finalizados y los vecinos del barrio señalan que varios predios adjudicados en la zona son
utilizados de forma privada por partidarios de Barrientos. Los trabajos se realizaron a través
de convenios privados y del decreto 556: el mismo que se utilizaba para beneficiar a la
empresa del procesado periodista y ex candidato a diputado por Cambiemos, Fernando
Niembro. La norma establece contrataciones directas por casos "de emergencia". Entre
2013 y lo que va de 2016, la Cooperativa de Trabajo La Unión Limitada, presidida por
Isidro Antúnez, esposo de la dirigente social cercana a Mauricio Macri, supo monopolizar
prácticamente todas las obras que el gobierno porteño realizó en el barrio: servicios de
saneamiento de las calles, tratamiento de residuos, limpieza de veredas, construcción y
refacción de casas, obras pluviales, un Polideportivo, la canchita de fútbol del barrio y hasta
un paseo periférico al lago Soldati, del cual hasta el día de hoy, nada se sabe. Prácticamente
todas las obras se realizaron por contratación directa o decretos de "urgencia". En 2013, la
familia Barrientos logró hacerse de $1.259.029,57, con dos grandes obras como eje: la
refacción del Polideportivo (por el que cobró unos $500.000 en primera instancia y otras
dos cuotas de $28.760 por su posterior "puesta en valor") y las tareas de saneamiento de las
calles del barrio (por las que recibieron de las arcas porteñas unos $245.010,45). Sin
embargo, según denuncian los vecinos, en la actualidad el espacio "se encuentra cerrado e
inhabilitado" para el acceso de los ciudadanos e incluso es custodiado por integrantes de la
cooperativa de Antúnez. En Los Piletones denuncian que el predio es utilizado por los
partidarios de Barrientos "como si fuera un espacio privado". Tremenda ironía esto de
“lavar” en piletones…

17/06/16: La ex presidenta, Cristina Fernández, rompió el silencio tras el escándalo

levantado por el “caso López”. Ayer, a través de su cuenta de Facebook, señaló: “Durante
ocho años goberné para todos los argentinos. Para los que me querían, para los que me
respetaban, y también para los que me agredían e insultaban como nunca se hizo con
ningún presidente en la historia. Sé que ser mujer fue un agravante. Hoy quiero dirigirme a
quienes saben que en estos doce años y medio construimos derechos como no se había
hecho desde el primer peronismo. A quienes se rompieron el alma militando porque
sintieron y sienten que, por primera vez en mucho tiempo, las utopías dejaban de ser sólo
eso y se transformaban en una vida mejor para todos los argentinos. Aún para aquellos que
nunca nos quisieron ni nos querrán, hagamos lo que hagamos. Quiero también dirigirme a
quienes por primera vez, y en distintos lugares, se incorporaron a la política, porque los
convocó un proyecto donde el amor por la Patria y la solidaridad con el prójimo son su
motor. A quienes hoy siento y sé que están profundamente dolidos como si alguien les
hubiera pegado una trompada en el estómago. Sí, esta vez quiero dirigirme a los que son y
se sienten parte de este proyecto. A los que lo construyeron, a los que lo aman, a los que
sufren por lo que está pasando. A ellos quiero decirles que creo que palabras como
repudiar, rechazar o condenar, no alcanzan. Yo quiero saber quiénes son, además del Ing.
López (Secretario de Obras Publicas durante mi gestión), los responsables de lo que pasó.
El dinero que el Ing. López tenía en su poder, alguien se lo dio. Y no fui yo. Ni ninguno de
los miles de militantes que integran este espacio político. Que nadie se haga el distraído. Ni
empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la
función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices
estructurales de la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra historia y de la universal.
La otra, infinitamente más profunda aún, y sus efectos más terribles: la aplicación de planes
políticos y económicos que enajenan el patrimonio nacional, endeudan el país y someten a
la miseria a millones de argentinos. De esa matriz dan cuenta también, desgraciadamente,
pasado y presente de nuestra historia y de otros pueblos del mundo. Tal vez, hechos
grotescos y escandalosos como el que hoy nos ocupa, sirvan para ocultar durante un
tiempo, el plan político y económico que está causando estragos en la mayoría de los
sectores sociales y económicos de nuestro país y que ayer, tuviera un nuevo capítulo
legislativo. La política, no el kirchnerismo. La democracia, no el peronismo, necesitan que
esta vez, todo no se termine solo en la condena de un funcionario”. Somos muchos los que
queremos saber los nombres de los pagadores. Tratándose de contratistas de la obra
pública, si fuera presidente, estaría preocupado por mí, mis familiares, amigos y ex
compañeros de colegio.

Les está costando mucho la opereta. La Cámara de Casación porteña consideró que no hay
pruebas de que Nisman haya sido asesinado y ordenó que la causa vuelva a la jueza
Palmaghini, contra lo que pretendían su ex esposa Arroyo Salgado, la madre del fiscal y
una campaña de presiones políticas y mediáticas. Un aspecto impactante de la resolución de
Casación es que parece una clase de Derecho básico para personas que –sin embargo–
ocupan cargos de jueces: Palmaghini en el juzgado de primera instancia; y los jueces Julio
Luciani, Rodolfo Pociello Argerich y Mario Filozof en la Cámara. A todos les cuestiona un
tema central: que, de sus fundamentos para mandar la causa a la justicia federal, a la que se
recurre por “excepción”, sólo queda claro que no hay ninguna definición sobre el hecho que
se investiga, ni una hipótesis mínima delineada, ni datos básicos certeros; sólo dudas y
contradicciones. El expediente es hoy el de una muerte dudosa. Si no hay claridad ni un
delito identificado, explica Casación, tiene que completar debidamente la investigación el
juez que intervino desde el comienzo. “Es imperativa la eficiente puesta en acción de las
prerrogativas y deberes propias de la justicia penal en cumplimiento de su misión de
esclarecer hechos pasibles de ser subsumidos en alguna figura delictiva, antes que demorar
la actuación exigida, con base a cuestiones de competencia” que “distraen su tiempo” y
generan “dilaciones indebidas”, dicen los jueces de Casación. Para ellos, es “infundado” y
“palmariamente prematuro” un planteo sobre la competencia, por lo tanto, inaceptable. Por
más que el fallo llame a la ejecutividad, todo indica que las querellantes recurrirán a la
Corte Suprema de las Corporaciones que, con sus dos nuevos integrantes, deberá decir si
confirma o rechaza lo que dijeron los camaristas de Casación. No se van a rendir
fácilmente. Tienen los recursos, los hombres y mujeres dispuestos y toda la inmoralidad
necesaria para llegar hasta el final con sus aberrantes propósitos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó su informe anual sobre la

situación de los Derechos Humanos en Argentina. “La novedad es que hay otra vez una
política de violaciones de derechos humanos que responde a un plan de gobierno. Un plan
que esta vez se produce dentro de la legalidad vigente y usando todos los resquicios que esa
legalidad permite”. La frase pertenece al periodista y presidente del CELS, Horacio
Verbitsky, y tuvo lugar ayer durante la presentación del último informe anual del
organismo, que abarca los primeros meses del gobierno del presidente offshore. Verbitsky
repasó los orígenes del CELS durante la dictadura y la afirmación de Rodolfo Walsh sobre
“la miseria planificada” como el más grave de los crímenes para recordar que sigue
pendiente el análisis de “la participación empresarial que los explica y fundamenta”. El
Congreso creó una Comisión Bicameral Investigadora, pero “el gobierno tiene un interés
notorio en que la investigación no se lleve a cabo”, remarcó. “En el actual gobierno hay un
laissez faire con los procesos iniciados, sobre todo si se trata de militares retirados hace
muchos años, pero no hay interés en avanzar hacia el enjuiciamiento de quienes de alguna
manera impulsaron esas violaciones”, destacó. “Los informes del CELS reflejan la
adaptación de nuestras prácticas a situaciones cambiantes”, explicó Verbitsky quien, al
margen de los “muchos matices” del período 1984-2015, no dudó en calificar de “tercera
etapa” a la actual. “Hay otra vez una política de violaciones de derechos humanos que
responde a un plan de gobierno”, resumió. El periodista consideró que América Latina fue
en la última década “un contra modelo” de las políticas aplicadas en países centrales, con
“ampliación de derechos en varios países”, pero que “ese contra modelo está
profundamente en crisis”. Repasó el “golpe blando” en Brasil, retomó el caso argentino
para advertir sobre “decisiones políticas que implican explícitamente violaciones de
derechos humanos”: despidos masivos, gigantescas transferencias de ingresos,
desmantelamiento de programas de protección social y reanudación del endeudamiento
externo. “Frente a eso hay una política deliberada de represión de los movimientos sociales
que exigen respeto por los derechos económicos y sociales de bastas partes de la población,
y en ese sentido el encarcelamiento de Milagro Sala es una avanzada muy clara para
intimidar a todos aquellos que quieran ejercer la protesta”, destacó.

Como si fuese poco el contenido que incluyó el Gobierno neoliberal en el proyecto de ley
ómnibus de blanqueo y pago a jubilados, que terminó de aprobar en la madrugada de ayer
la Cámara de Diputados, el oficialismo agregó un artículo que transfiere la Unidad de
Información Financiera (UIF) a la órbita del Ministerio de Hacienda. La incorporación fue
solicitada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado de Cambiemos
Luciano Laspina, luego de que el paquete de leyes ya había sido aprobado en general, lo
que motivó que los diputados del Frente para la Victoria decidieran abandonar el recinto
antes de que finalice el tratamiento en particular de cada artículo. La subordinación de la
UIF a la órbita de Hacienda no sólo le quita independencia al organismo encargado de
combatir delitos financieros, tal como solicitan los estándares internacionales, sino que es
parte del programa de desmantelamiento de atribuciones y capacidades de respuesta que
dispuso el nuevo gobierno. Desde que asumió el macrismo, el organismo estatal encargado
de combatir el lavado de dinero sufrió una serie de cambios drásticos. La UIF quedó
presidida por Mariano Federici, abogado vinculado al estudio de Félix Marteau, que
patrocinó bancos acusados de lavado, secundado por María Eugenia Talerico, ex defensora
del oficial de cumplimiento del HSBC, que acumula multas millonarias y afronta una
investigación por la fuga de más de 3500 millones de dólares hacia 4040 cuentas no
declaradas en Suiza. Durante la nueva gestión se cuentan 60 trabajadores despedidos,
reestructuración del organigrama y el diseño de un nuevo marco normativo que será
presentado este año. Pasar este organismo a la órbita que preside Prat-Gay es equivalente,
en la práctica, a su cierre definitivo.

Le llegó el pase de factura. El ex empleado del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, fue
detenido ayer por la Policía Federal luego de que el juez federal Sebastián Ramos ordenara
su arresto para ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta cargos por “fraude
bancario y robo de identidad agravado”, informaron fuentes judiciales. La detención fue
anunciada por el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado y su extradición está
estipulada para el 22 de junio. En mayo de 2008, JP Morgan acusó a Arbizu de cometer una
serie de estafas en Estados Unidos y lo despidió de la empresa. El banquero viajó a Buenos
Aires y al mes siguiente se presentó en el juzgado de Sergio Torres. Allí reconoció el
hecho, pero pidió ser juzgado en el país y además presentó un listado de 469 personas y
empresas a las cuales había ayudaba a fugar y lavar la friolera de 6000 millones de dólares
como parte de una maniobra sistemática supuestamente promovida por JP Morgan. Tanto el
fiscal Marijuán como el juez Torres mantuvieron la causa dormida durante cinco años sin
siquiera llamar a indagatoria a Arbizu, pese a que el banquero había presentado un listado
que involucraba al Grupo Clarín y sus directores, Constantini, Ledesma, Bunge, la familia
Melhem (ex Bieckert) y los Blaquier. En mayo del año pasado Arbizu se presentó ante la
comisión bicameral el Congreso, creada para investigar maniobras de evasión y fuga de
divisas y reiteró sus denuncias. Pese a los datos aportados, ninguna de las causas registró
avances y el pedido de extradición solicitado en 2008 siguió su curso. Con Arbizu sacado
del medio, con la pandilla neoliberal en el gobierno y el putrefacto poder judicial
administrando la ley que violan sistemáticamente, la causa se encamina al olvido o al mero
registro testimonial.
Ante la falta de respuesta, los reclamos contra las subas en las tarifas se reinventan. Ayer, la
“Mesa multisectorial contra el tarifazo” formada por cooperativas, clubes de barrio y
pymes, entre otros, organizaron el torneo futbolístico “Copa Juanjo Aranguren”, en el que
además de jugar varios partidos de fútbol se presentó públicamente un amparo presentado
por el colectivo el mismo día. El encuentro se llevó a cabo con luz natural, sobre la avenida
Paseo Colón a la altura de la Secretaría de Energía y contó con importantes premios: un sol
de noche y una linterna. El espacio también quedó integrado por fábricas recuperadas,
centros culturales, teatros independientes, centros de jubilados, organizaciones de
consumidores y dirigentes políticos y sociales.

El Papa Francisco está a la izquierda de todo el arco opositor argentino. Según reveló la
publicación italiana Vatican Insider el papa Francisco les envió una carta a los directivos de
Scholas Occurrentes en la que ordena rechazar la donación del gobierno argentino a esa
fundación y en la que Jorge Bergoglio les señala a sus colaboradores que “como padre y
hermano”, tiene miedo que ellos “comiencen a resbalar en el camino hacia la corrupción”.
Pasajes de la carta enviada a los dirigentes de la fundación José María del Corral
(presidente) y Enrique Palmeyro (secretario), fueron revelados en una nota que lleva la
firma de los periodistas Andrés Beltramo y Andrea Tornielli. Según la publicación italiana,
Francisco escribió a sus colaboradores diciendo “perdónenme si esto los ofende, pero es un
resbalar suave y casi sin darse cuenta, un patinar que después contagia”, que “se justifica” y
finalmente se termina “peor que al principio”. Y agregó, respecto de las donaciones, que se
trata de un “camino resbaladizo y cómodo, que nosotros tendríamos las razones para
justificar pero que asesina”. Como si esto fuera poco en otro pasaje conocido de su carta a
los directivos de Scholas, el Papa también alude a los partidos a beneficio organizados por
importante figuras del fútbol mundial, advirtiendo que “yo prefiero un picado en un patio
de barrio con una pelota común pero con alegría, antes que un gran campeonato en un
estadio famoso pero salpicado de corrupción”. Buena lección para Margarita Barrientos, la
humilde empresaria de comedores barriales, que hizo de las hediondas donaciones del
presidente offshore su fuente de financiamiento para que éste lave culpas y dinero, si es que
algo de lo primero tiene o tuvo alguna vez en su vida.

La inmoralidad, el cinismo y la impunidad que ejecuta y propicia la alianza Cambiemos no

tiene descanso. La iniciativa para crear una comisión investigadora que analizara el
accionar del gobierno porteño en la fiesta electrónica Time Warp, donde murieron cinco
jóvenes, no prosperó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el oficialismo
se negó a apoyar su aprobación. El proyecto cuando fue sometido a votación, obtuvo 30
sufragios negativos del PRO y la Coalición Cívica; 20 positivos del Frente para la Victoria
y la Izquierda; y 7 abstenciones de Suma+, que responde a Martín Lousteau, y de
Autodeterminación y Libertad, del vendedor de libros, el izquierdista declarativo Luis
Zamora, quien repitió su conducta abstencionista como cuando el Congreso derogó las
leyes de obediencia debida y punto final. Una vez más los “lilitos”, autoproclamados
defensores de la moral y la república, alentando el ocultamiento y el silencio para que los
responsables de la tragedia no sólo continúen libres, sino ejerciendo funciones con sus
planes criminales de gobierno.

Ojo con algunos festejos apresurados y entusiasmos sobredimensionados. El consejo es

para el jefe de gabinete y Ministro de Propaganda, Joseph Peña, que se siente alborozado
por el presente argentino mientras disfruta de los cimbronazos que sacuden a las fuerzas
opositoras por el “caso López”. La misma alegría tenía el actual presidente de Brasil,
Michel (de) Temer, cuando Dilma Rousseff fue apartada de su cargo de una manera
bochornosa e indignante. Ahora, el traidor e infame nuevo mandatario, está entre las
cuerdas a caballito de las protestas callejeras que se multiplican por todo Brasil con sus
medidas macri-confiscatorias y por la corrupción, que él y sus seguidores, se empeñaban en
denunciar contra sus rivales políticos a pura mentira y trampas de todo tipo. Si el miércoles
pasado cuando su nombre fue citado explícitamente en el escándalo de corrupción del
“Petrolap”, Michel (de) Temer, había quedado a milímetros del abismo ayer, con la
renuncia del ministro de Turismo, el presidente interino parecía haber dado un largo paso
hacia el vacío. Henrique Eduardo Alves, del Partido Movimiento Democrático Brasileño
(PMDB) presentó su dimisión por la tarde luego de que el Supremo Tribunal Federal
levantó el secreto del sumario sobre los dichos de un ex ejecutivo del grupo Petrobras,
Sergio Machado, que para mitigar la condena optó por la “delación premiada” de sus
correligionarios. El “pemedebista” Alves es el tercer ministro que cae. Alves fue víctima
del fuego amigo de su compañero de partido Machado, cuya función en el PMDB
precisamente era la de recaudar fondos ilegales para el partido valiéndose de su alto cargo
en la compañía Transpetro, que distribuye combustible para Petrobras. Según rumores que
corrían en los pasillos del Poder Legislativo, el efecto radioactivo causado por Machado se
completará en los próximos días con confesiones de otros arrepentidos. Por la mañana,
antes de que se supiera la salida del ministro de Turismo Alves, (de) Temer convocó de
urgencia a los periodistas para sobreactuar su indignación contra el traidor Machado quien
aseguró haberle entregado el equivalente a unos 340.000 dólares mal habidos para financiar
una campaña en 2012.El mandatario en ejercicio, al igual que a su admirado presidente
offshore Mauricio Macri, tiene serios problemas a la hora de declarar y pronunciarse con
sus comentarios y discursos ocasionales. En particular, al brasileño, le cuesta expresarse de
forma directa: usa construcciones verbales del portugués antiguo, cargadas de prefijos,
similares a las empleadas por los jueces cuando leen sus sentencias. Las similitudes con
Argentina son asombrosas. Por ello, como en el caso de nuestro país, es muy importante
que estos hombres paguen por sus múltiples delitos, pero, sobre todo, que sus gobiernos
caigan por sus abominables planes y formas de gobierno, de modo evitar reciclajes
emprolijados, como ya hemos conocido que, depurando formas sin variar contenidos,
perpetúan los mismos objetivos y la legalidad del sistema que los sostiene y propicia.

Es tan anti popular que es fóbico a las muchedumbres, por más amañadas y famélicas que
éstas sean. El presidente offshore visitará Rosario el próximo lunes para participar de los
festejos por el Día de la Bandera, pero el acto no será abierto al público. Inclusive, se
mantendrá un operativo policial para mantener a la gente a 300 metros de distancia y solo
se podrá acceder con una acreditación previa. Los detalles del acto fueron informados por
la Municipalidad rosarina, que gobierna la “socialista” Mónica Fein. Si bien el primer
mandatario presenciará la promesa de lealtad a la bandera por parte de 5 mil alumnos, no
estará en el palco oficial con el resto de las autoridades, entre las que sí estarán Fein y el
gobernador Miguel Lifschitz. La disposición del acto, que luego de la visita de Macri sí se
abrirá al público para los festejos, recuerda a lo ocurrido el pasado 25 de mayo, con una
plaza totalmente vallada mientras algunos vecinos se quejaban por no poder acceder. El
mismo comenzará a partir de las 11 y, a diferencia de otros años, no se transmitirá por
cadena nacional. El despliegue de controles por parte de las fuerzas de seguridad
comenzará a primera hora, mucho antes de la llegada del Hood Robin argentino no
Nacional, quien permanecerá en la ciudad apenas unos 45 minutos para intervenir en los
festejos y dirigir algunas palabras ante los niños apostados frente al atrio. La municipalidad
“socialista” invitó a los santafesinos a concurrir a partir del mediodía para disfrutar de los
espectáculos musicales y ferias disponibles fuera del Monumento, junto al río Paraná. En
ese momento, Macri ya se habrá retirado. Triste papel para quien no puede simular
patriotismo protocolar ni siquiera en fechas patrias.

18/06/16: La titular de la Oficina Anticorrupción (AO), la ocupa Laura Alonso, confirmó

que el organismo a su cargo sigue "analizando" si existieron inconsistencias en la
declaración jurada presentada por Mauricio Macri. A pesar de los comentarios de la
funcionaria, el presidente está imputado por lavado de dinero en la investigación de
los Panamá Papers, en la causa que tramita el juez Casanello. "Hay una actuación abierta
con algunas cuestiones que se plantearon allá por el mes de febrero y algunas preguntas que
se hicieron a su contado, y se está analizando como se debería haber hecho en todos los
casos de funcionarios de alto rango”, señaló Alonso. La ex diputada y fanática macrista
expresó por radio La Red que "el análisis hay que hacerlo y también le hemos reclamado
esta semana por nota al secretario Legal y Técnico de Presidencia el envío del contrato de
fideicomiso que, aparentemente, habría firmado el presidente, pero todavía en la OA no lo
recibimos y por eso lo reclamamos". Alonso ratificó que la oficina a su cargo todavía
analiza si existen inconsistencias en las declaraciones juradas del mandatario: "Es el trabajo
que tenemos que hacer en la OA y el resultado puede ser negativo", indicó. Esperar que
esta mujer, el mejor ejemplo de la cruza de la ignorancia, la mala intención y la
incompetencia, investigue algo de manera seria y profesional, sería pecar de una ingenuidad
imperdonable. No se puede esperar nada bueno de alguien que no sólo forma parte del
gobierno, en una oficina que debería estar a cargo de la oposición para darle “algo” de
transparencia a la misma, sino que además asumió en el puesto cometiendo un delito, al
violar la exigencia de ser abogada para ejercer sus funciones.

El argumento de que en la Argentina no se perdieron demasiados puestos de empleo ni hay

una crisis laboral, esgrimido por el ministro de Desempleo, Jorge Triaca, y los integrantes
del gabinete económico, quedó otra vez desmentido, ahora por los datos de la Afíp. En base
a los informes publicados esta semana por el organismo de recaudación, el Observatorio del
Derecho Social de la CTA advirtió que “la cantidad de trabajadores del sector privado
incluidos en las declaraciones juradas de los empleadores se redujo en 62.555 casos entre
noviembre de 2015 y febrero de 2016”. Si esta pérdida de puestos de trabajo se compara
con lo sucedido en períodos equivalentes de años anteriores, se ve una caída de una
magnitud que no se registraba desde el 2008-2009, cuando el país sufrió los embates de la
crisis mundial. La información se basa en las declaraciones juradas de los empleadores
sobre su número de empleados. En este sentido, el análisis del Observatorio se refiere sólo
al sector privado y en blanco –quedando afuera el empleo autónomo, el informal y la
administración pública–. Por suerte faltan sólo 12 días para que empiece la lluvia de
inversiones, principalmente, de familiares y compañeros de colegio de funcionarios que
fugaron sus millones y que ahora, blanqueo mediante, podrán disponer legalmente de su
dinero sin inconvenientes.

Una de las habilidades mejor desplegadas por la alianza neoliberal es lograr compatibilizar
todas sus aberrantes leyes y medidas de gobierno en provecho propio; andamiaje facilitado
por ser ellos parte integrante del sector social dominante que dirige las políticas públicas. El
mejor ejemplo lo encontraremos en el paquete de leyes abominables que se aprobaron la
última semana. Gracias a los cambios al Impuesto a los Bienes Personales que impulsa el
Gobierno, el presidente offshore dejará de pagar el próximo año 1,4 millón de pesos que le
corresponderían por ese tributo, según el patrimonio que declaró para 2015, de 110
millones de pesos. Si el patrimonio volviera a crecer este ejercicio, el beneficio sería
mayor. Para el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, la sanción de la ley le
significará un ahorro de 1,1 millón de pesos. Alfonso Prat-Gay se librará de entregar a la
AFIP unos 650 mil pesos, algo menos que los 950 mil que retendrá Carlos Melconian o los
750 mil de Mario Quintana. El beneficio para Hernán Lonardi será de 240 mil pesos; para
Federico Sturzenegger, de 220 mil; para Susana Malcurra, de 130 mil y para Francisco
Cabrera, de 110 mil. Por supuesto que los funcionarios no serán los únicos favorecidos,
sino que la norma es de alcance universal, pero el presidente y su gabinete forman parte del
sector social que más celebrará cuando el Senado termine de completar el trámite
parlamentario. La reforma impositiva, que incluye la ley de blanqueo y pago a jubilados,
reduce la carga tributaria de los sectores más adinerados, profundizando la política que
empezó con la eliminación y baja de retenciones agropecuarias, a las mineras, a las grandes
industrias, a los autos de alta gama, a los aviones y a las embarcaciones. Los gravámenes al
patrimonio van perdiendo incidencia en la estructura de recaudación fiscal. El ministro de
Hacienda y Finanzas sostuvo que le gustaría avanzar más rápido en la reducción de
impuestos, pero que las limitaciones presupuestarias se lo impiden. Otra medida en la
misma dirección es la supresión de la sobretasa de 10 por ciento que pagan las empresas
por la distribución de dividendos. Fue uno de los cambios que el Congreso votó en 2013 en
un intento de gravar la renta financiera. En su lugar no se crea ninguna otra imposición. En
resumen, menos impuestos para los que más tienen y menos gasto del Estado en quienes
más lo necesitan. Ese es el camino: la legalización de la corrupción estructural, esa que está
a la vista de todos sin la espectacularidad de las escenas cinematográficas de desquiciados
enterrando dinero sucio o revoleando bolsos llenos de dólares en conventos.

A través de los medios, sobre todo los hegemónicos, nadie se va a enterar. Los periodistas
son de los sectores más golpeados por la brutalidad empresarial envalentonada con el
cambio de gobierno. La resistencia contra los despidos, las rebajas salariales, la
flexibilización en las condiciones de trabajo y la persecución contra las comisiones internas
de los delegados gremiales, crece poco a poco con el silencio cómplice de todas empresas
periodísticas. En la semana trabajadores del diario Clarín realizaron un cacerolazo por toda
la redacción, incluyendo la dirección de la empresa, en protesta por el ajuste neoliberal con
que los vienen castigando. Con, además, las paritarias más bajas del país, acordada de
manera unilateral por las empresas, queda claro que los “intérpretes” de las necesidades de
la “gente” no son otra cosa que parte del andamiaje neoliberal que atropella los derechos de
sus trabajadores y los de sus seguidores, que, creyendo estar súper informados, están híper
su contrario.

19/06/16: Gracias al “caso López” el gobierno ni nacional ni popular no sólo vuelve a

respirar, en medio de una crisis que se profundiza y extiende por todo el país, sino que lo ha
envalentonado para, a partir de un caso particular, proyectar en los demás sus propias
condiciones existenciales. En este caso, la “corrupción estructural”, concepto del que se
anima hablar el presidente offshore con un descaro irritante. Por tercer día seguido, un
Hood Robin revitalizado, siguió capitalizando el episodio protagonizado por el ex
funcionario kirchnerista. Tras opinar que no fue “un caso aislado” sino un fenómeno
“estructural”, consideró que “lo importante es que ahora entendamos que el cambio es de
todos”. “Hoy la obra pública tiene que ser sinónimo de alegría, de futuro, de mejora de la
calidad de vida y nunca más sinónimo de corrupción, de cajas y de abusos”, dijo. “La
corrupción en general ha acompañado las últimas décadas y en la última creo que llegó a
niveles inéditos”, dijo el ex gerente del Grupo Socma, histórico contratista del Estado.
Durante una entrevista con el diario El Tribuno, en Salta, Macri, aprovechó la volteada para
recalcular sus falsas promesas: advirtió que la reactivación llegará “sobre el final del
segundo semestre” y propuso “aprender a vivir consumiendo menos energía”, en su curiosa
manera de entender su desafío electoral, hasta ahora incumplido, de “estar un poco mejor
todos los días”. Los últimos dos comentarios fueron de antología: negó que los 16 millones
de dólares de acciones en Shell de Juan José Aranguren sean incompatibles con su rol como
ministro de Energía y, aquí el descaro llegó al paroxismo, minimizó la omisión de sus 18
millones en Bahamas en sus declaraciones juradas. “Ni me di cuenta, honestamente”,
señaló.

Sobran ejemplos para retratar la verdadera corrupción, la estructuralmente legalizada, a la

vista de todos y bajo todos los procedimientos “republicanos”. Uno de ellos es el caso de un
jubilado que cobra el haber mensual más elevado es un histórico ejecutivo del sistema
financiero. La sentencia de la Corte Suprema de las Corporaciones que la habilitó,
corresponde a la causa “Fernández Arturo c/Anses s/reajustes varios”, del 2 de diciembre
de 2004. Con la última actualización de marzo de este año, esa jubilación máxima alcanza
los 329.579 pesos en bruto. Este monto es 665 por ciento superior al haber mínimo de 4959
pesos. Existen más de cincuenta mil beneficiarios que cobran por encima del actual tope de
36.330 pesos, y los casos más extremos -como el del financista- fueron originados por
sentencias judiciales o leyes especiales, correspondientes al Poder Judicial de la Nación y
del Servicio Exterior. Figuras del mundo de las finanzas, integrantes de la corporación
judicial y miembros de la Cancillería reciben de ese modo jubilaciones desproporcionadas
de 150 mil hasta el mencionado máximo de 330 mil pesos mensuales, haberes que suben
también con los dos ajustes por año de la movilidad jubilatoria. En la misma situación de
privilegio se encuentran muchos de los beneficiarios de los fallos Badaro I y II, Elliff y
Sánchez de la Corte Suprema de Justicia. Más de un cuarto de ese total percibe montos que
no tienen relación con los aportes realizados durante la etapa activa ni con una equilibrada
tasa de sustitución respecto a los ingresos que hoy reciben quienes ocupan trabajos
equivalentes. Esas jubilaciones de privilegio han constituido un sistema previsional judicial
oneroso e inequitativo, que el engendro del proyecto de ley aprobado en la madrugada del
jueves pasado, por una amplia mayoría en Diputados, no altera sino que consolida para
orientar hacia la insolvencia a todo el régimen jubilatorio público, de reparto y de
solidaridad intergeneracional. Es el sistema, estúpido.

En tiempos en que los escándalos financieros, la circulación espuria de capitales, la evasión

fiscal y la fuga de capitales ligados al crimen organizado es tema permanente de la agenda
de cumbres mundiales como el G-20, los sistemas judiciales y los organismos de regulación
vuelven a demostrar que son más eficientes para perseguir a los denunciantes que a los que
habilitan estas malas prácticas. Esta misma semana, se conoció la detención de los
denunciantes de dos escándalos financieros que afectan a la Argentina: la fuga de capitales
y fraude fiscal a través del JP Morgan entre 2006 y 2008, y la revelación de la tenencia y
propiedad de sociedades offshore por más de una decena de funcionarios del actual
gobierno neoliberal, gestionadas a través de la sociedad panameña Mossack Fonseca. Lo
expresado no es un error: no son los banqueros, los abogados ni los administradores de los
fondos que facilitaron estas malas prácticas los detenidos, sino los denunciantes de las
operaciones ocultas y fraudulentas. Hernán Arbizu, ex vice titular de la filial local del JP
Morgan, será extraditado el miércoles 22 a Estados Unidos para responder a la denuncia
por presunto fraude financiero que le formulara su ex empleador, el mencionado banco de
inversión. Un día antes, en Suiza, tomaba estado público la detención de un técnico en
sistemas que trabajaba en las oficinas de Mossack Fonseca en Ginebra, denunciado por esta
firma de haber sustraído documentación que compromete a sus clientes. El caso Arbizu es
de una gravedad mayúscula. Presentó los datos de cada cuenta, con los nombres reales de
sus titulares y los montos fugados. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la causa ni se
movió. La orden de extradición llegó cuando todavía no fue ni siquiera citado a declarar. Le
falló la estrategia, también el destino político. Mientras gobernó el kirchnerismo, esperó y
reclamó que la causa local se moviera parando la extradición. Cambiaron el gobierno y las
prioridades políticas. Con varios ex funcionarios de JP Morgan en cargos clave –y otros
involucrados en sospechas de fuga–, la opción que tomó fue dar curso rápido a la
extradición. Cerca de Arbizu, aseguran que éste sabía, desde la noche del 10 de diciembre,
cuál sería su futuro. Mientras tanto, hay que soportar a la mafia neoliberal hablar de
proyectos, como la ley del “arrepentido”, que en realidad no apuntan a los que lo son
auténticamente sino a delincuentes que, apretados y/o tentados para que enloden a otros
para poder salvar su propio pellejo, son capaces de decir y hacer cualquier cosa; como los
promotores del proyecto.

Mientras el presidente offshore pontifica contra la “corrupción estructural” que heredó del
gobierno anterior, el suyo la expande, amplía y consolida con cada una de sus iniciativas.
Al día siguiente de la detención de Hernán Arbizu para su extradición, el gobierno ni
nacional ni popular resolvió pasar la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo
responsable de estudiar las denuncias de operaciones sospechosas, a la órbita del Ministerio
de Hacienda y Finanzas, encabezado por otro ex alto ejecutivo de JP Morgan, Alfonso Prat-
Gay. A su vez, al frente de la UIF han sido nombrados Mariano Federici y María Talerico,
el primero proveniente del Estudio Marteau, litigante en varias causas contra la propia UIF
en defensa de los denunciados por operaciones de lavado, mientras que Talerico ejercía la
representación legal de representantes del HSBC en la misma temática. Los nombres de
Arbizu, Prat-Gay y HSBC ya se habían cruzado en oportunidad del tratamiento de la
denuncia contra el HSBC por las cuentas de argentinos en Ginebra. Arbizu había sido
convocado a las sesiones de la comisión especial investigadora para exponer sobre los
mecanismos de fuga del sistema bancario argentino. Allí responsabilizó a buena parte de la
banca privada por las operaciones de fuga y lavado de divisas, y a los administradores de
fondos que actúan como facilitadores, entre los que aparecía Prat-Gay. El por entonces
diputado Ricardo Buryaile trató de descalificar a Arbizu por sus antecedentes, ante lo cual
Arbizu no perdió la calma. “No los niego, yo mismo me he auto inculpado. Pero le puedo
dar el nombre de diez banqueros que usaba Prat-Gay para sacar la plata afuera”, respondió
ante un nutrido grupo de diputados y periodistas presentes en la sesión. Cuando tuvo que
dar la lista de los principales bancos a través de los cuales, según sus dichos, se concretó la
fuga y blanqueo de divisas, tampoco dudó: Citibank, UBS, Credit Suisse, Santander,
HSBC, BBVA y Goldman Sachs, además de JP Morgan. La impunidad no sólo los
encuentra libres sino gobernando y/o legislando para afianzar y legitimar sus prácticas
corruptas de manera “estructural”, como diría sabiamente nuestro presidente offshore.
20/06/16: Mauricio Macri dejó de hacer estropicios en todos los ámbitos de la
administración pública de la ciudad cuando dejó su cargo, pero dejó escuela. Su mejor
discípulo: Horacio Rodríguez Berreta. Desfinanciamiento. Desmembramiento de
programas. Falta de recursos básicos. Vaciamiento. Condiciones edilicias paupérrimas. Las
palabras aluden al estado de las políticas del gobierno de Horacio Rodríguez Berreta hacia
los sectores más pobres de la ciudad y forman parte de un informe de los trabajadores del
Ministerio de Desarrollo Social y Hábitat porteño. El documento advierte sobre el “alto
grado de cinismo” de “la propaganda política del PRO con las áreas de primera infancia y
adicciones”, y declara el estado de emergencia de las políticas públicas y de la situación
laboral en el ministerio que encabeza Guadalupe Tagliaferri. Elaborado por la Junta Interna
de ATE Promoción Social, el informe señala que el escenario “es consecuencia de un
deterioro sistemático que, en nombre de la eficacia y la eficiencia, desgastó, recortó,
tercerizó y fragmentó las políticas sociales en la Ciudad”, y destaca que “la gestión del
PRO en los últimos ocho años desligó al Estado de sus responsabilidades como empleador
y como garante de derechos para la población más vulnerable”. “Esta es la pesada herencia
del macrismo en la Ciudad”, afirman los trabajadores. “Esto es imperdonable en la
jurisdicción con mayor ingreso per cápita de la Argentina”, razonan, y concluyen con una
advertencia: “No vamos a ser cómplices”. Trasladado este estado de cosas denunciado al
ámbito nacional desde el 10 de diciembre pasado, remontar desde tan abajo, cuando la
crisis haga el escenario social ingobernable, va a ser un desafío inconmensurable para
aquellos sectores que piensen la vida por fuera de los cánones neoliberales. El estado de
orfandad en que estos sectores se encuentran hoy multiplica la angustia, pero reafirma una
certeza: hay que aprender de una buena vez de los tremendos errores (propios) del pasado.

Alguien va a tener que hacer la denuncia judicial: nos han robado la alegría. No sólo se
palpa en la calle, hablando con la gente, u observando el cementerio de locales comerciales
vacíos que empiezan a invadir a las pequeñas y grandes urbes de todo el país, sino en los
duros números de las estadísticas no amañadas. Terminado el fin de semana largo de 4 días
feriados, la CAME se mostró decepcionada por un fin de semana austero para los turistas,
con pocas ventas y baja ocupación hotelera. Así lo afirma la Cámara Argentina de la
Mediana Empresa desde un comunicado que difundió sobre el fin de semana largo de 4 días
en pleno gobierno macrista. Lo definió la CAME como un "fin de semana modesto", con
"movimiento muy heterogéneo" y "pocas ventas". Según el relevamiento de esta
institución, "en 40 de las principales ciudades turísticas del país, las ventas minoristas
vinculadas al sector fueron muy bajas, porque incluso en aquellas localidades con más
movimiento, la gente controló excesivamente sus gastos”. Hubo duros cuestionamientos a
las políticas económicas del Gobierno. La CAME afirmó: "El menor poder adquisitivo de
las familias y el encarecimiento de los costos de hospedajes, pasajes, combustibles, y
alimentos, frenó muchos viajes". Y revela que en la Costa apenas hubo una ocupación
hotelera promedio de 60%. Esperemos que, de realizarse la denuncia, ésta no caiga en el
juzgado de Malodío ni en manos del fiscal Marijuán.

Los bochornos y los escándalos se reproducen con una asiduidad y naturalidad asombrosa.
El presidente offshore, que ignoró la palabra Patria hasta el día de su juramento de asunción
(cometiendo la primera violación a la ley como primer mandatario al momento de quedar
oficialmente nombrado), en un breve acto en el que casi ni se nombró a Manuel Belgrano,
acompañado por cinco mil estudiantes primarios y mucho vallado, dio un nuevo discurso
oficial. Pese a que el Ministro de Propaganda, Joseph Peña, tan solo días atrás negó la
posibilidad de llegar a la pobreza cero, el multi denunciado presidente volvió a usarlo en su
retórica pública. "Para nosotros están claros los objetivos: trabajar juntos para que el
camino sea la pobreza cero en la Argentina.”, señaló, una vez más, sin que la carcajada no
se le dibuje en la cara. Pero continuó redoblando las provocaciones: “los invito a
comprometernos en la cultura del trabajo, del esfuerzo. Hemos profundizado las políticas
sociales, para que todos nos puedan acompañar en este camino de crecimiento…Sabemos
que nos falta mucho, pero el camino es el correcto; debemos dar pequeños pasos todos los
días, que es lo que estamos haciendo". Mientras estos disparates se decían como verdades
de a puño, a unas cuadras de allí, la gendarmería reprimía a la marcha de la Multisectorial
contra el Tarifazo; una agrupación de industriales y comerciantes que protestaban contra los
aumentos desmedidos en las tarifas de servicios públicos. Los manifestantes pretendieron
acercarse al acto por el Día de la Bandera encabezado por el presidente offshore, pero el
fuerte operativo de seguridad, que colocó vallas a 300 metros del Monumento, lo impidió.
La frutilla del postre de todo este sainete, sin creatividad ni gracia, la vivieron los pobres
infantes que juraban lealtad ante la bandera; quienes debieron someterse, además de al
atropello de realizarlo frente a quien no la quiere ni respeta, a entonar el canto "sí, se
puede", característico de la campaña de Cambiemos en 2015, con un Macri hecho un
energúmeno enajenado sin la menor consideración por el cargo que ostenta ni por el
público que lo padecía. Un día patrio convertido en un acto partidario berreta, vulgar y
apócrifo, es también una buena manera de sintetizar la impronta de un gobierno en el
ejercicio del poder.

No debería de extrañar a nadie que, desde sus inicios en la actividad empresarial, el negocio
de la “basura” sea una constante en la familia Macri. Cinco meses después de haber
asumido, el presidente offshore autorizó la ampliación del complejo ambiental Norte III,
que ocupa terrenos de Tigre, San Martín y San Miguel. En total serán 161 hectáreas de
Campo de Mayo: allí se abrirá el nuevo relleno sanitario y una planta de separación de
residuos. En Norte III se descargan 14 mil toneladas de basura provenientes de 27 partidos
bonaerenses y de CABA. El negocio es millonario. Y Macri lo reparte entre aliados
tácticos. No resulta novedad destacar que las empresas a cargo del reciclado de la basura
son del grupo Roggio, ligado al clan presidencial en la obtención de licitaciones en distintos
rubros de la economía argentina en los últimos 30 años; y que alguien tiene que trasladar la
basura de los porteños hasta las profundidades bonaerenses. El hombre a cargo del “trabajo
sucio” –dueño de los camiones– es José Beraldi, actualmente a cargo del departamento de
Acción Social de Boca Juniors. La tercera pata no es menos importante: los conductores de
esos camiones que responden al sindicato del ex gremialista y ya no candidato a presidir la
AFA (no), Hugo Moyano; quien vuelve a mostrarnos, a través de sus sociedades
empresariales con el macrismo, el porqué de su pasividad ante el atropello escandaloso que
sufren los trabajadores. Pero esto no termina acá. Como alguien debe controlar el
desempeño de la empresa pública que gestiona los residuos, por el caso la Comisión
Fiscalizadora, bueno es estar resguardado; por ello dos de sus tres miembros son
funcionarios que antes trabajaron para el Gobierno de la Ciudad, bajo la órbita de Diego
Santilli, segundo de Horacio Rodríguez Berreta en la línea de mando porteña. Así es como
este negociado millonario pone en riesgo la salud de los vecinos de los municipios de San
Martín, San Miguel y Tigre. Este aleccionador negocio basura pone de relieve, una vez
más, el carácter estructural de la corrupción legalizada; que no sale en los diarios, que no
escandaliza sino a un puñado de informados, pero que se expande de manera sistémica;
mientras la parafernalia de bolsos volando por sobre las rejas de los conventos enajenan la
cabeza de furiosos televidentes indignados.
Decía el viejo General que los hombres pueden ser buenos, pero mejores si son vigilados.
Aplíquese este aforismo a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el hada
desangelada María E. Vidal. El decreto 647, que penaba con prisión a quienes
difundieran las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses, desató una crisis
inesperada en el gobierno provincial. En un miércoles frenético, el gobierno pasó del
silencio inicial a los tweets de la gobernadora asegurando que revisaría el decreto si
había dudas, y poco después al reconocimiento, a través de un comunicado, de "un error
en la redacción" que sería salvado con la derogación de los artículos de la polémica. Ya
por la noche, Vidal repitió que se había tratado de un error frente a las cámaras de TV.
El nuevo régimen de declaraciones juradas fue anunciado por Vidal en la apertura de
sesiones de la Legislatura como una medida destinada a transparentar la gestión
pública. La instrumentó a través del decreto 116, que obliga a unos 55 mil funcionarios,
incluidos los policías y penitenciarios con rango igual o mayor a subcomisario, a
declarar sus bienes. El plazo para esa presentación venció el 6 de junio. Vidal resolvió
prorrogar con el decreto 647 la entrega por 60 días para aliviar, según explicaron en el
gobierno, el caos generado en la Escribanía General de Gobierno, encargada de recibir
las presentaciones. Pero el decreto fue más allá: agregó el carácter "reservado" de las
declaraciones "integrales" –que contiene la información completa a diferencia de la
declaración "sintética"– e incluyó sanciones y penas de prisión a "terceros" que
difundieran esa información. Es decir, a los periodistas. Ese punto, calcado del artículo
85 de la ley de blanqueo de capitales que impulsó el presidente offshore, generó una
lluvia de críticas y obligó al gobierno de Vidal a dar marcha atrás en menos de 24 horas.
El secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand, fue el responsable de la redacción y
quedó en el ojo de la tormenta. Esa tarde defendió el texto en distintos medios. "Hubo
una mala interpretación. No hay riesgo para el ejercicio de la profesión periodística",
repitió. Aclaró que buscaban evitar el uso indebido por parte de los propios funcionarios
y que las DD JJ igual que en AFIP, están protegidas por el secreto fiscal. Aún hoy sigue
convencido de que técnicamente el decreto es correcto. Para frenar la crisis, Vidal lo
obligó a redactar otro decreto rectificatorio que eliminó los artículos controversiales. Un
día después de la marcha atrás, la gobernadora le pidió la renuncia a la escribana
general, María Eva Guida, quien venía de la gestión de Daniel Scioli. En su lugar
asumirá Tomás Rospide, un hombre cercano a Conte Grand, quien parece haber salido
fortalecido pese al costo político que pagó su jefa. El decreto espera ahora ser
convertido en ley en la Legislatura y obligar también a legisladores y jueces a declarar
su patrimonio. El proyecto iba a tratarse el último jueves en el Senado, pero se trabó
porque la oposición le pidió a Cambiemos aprobar en simultáneo la creación de un
organismo anticorrupción que reciba las Declaraciones Juradas. El dato es que el
despacho de comisión firmado por unanimidad mantiene el carácter reservado de las
declaraciones integrales. Habrá que ver qué pasa finalmente en el recinto, pero va
quedando claro que, a los siniestros representantes políticos del neoliberalismo actual,
que gobierna los destinos de nuestra avasallada república, sólo los alienta el
oscurantismo y el secretismo para sus mafiosas acciones de gobierno y para el
resguardo de sus ganancias mal habidas.
21/06/16: Desde que Mau y sus pandilleros asaltaron al Estado el 10 de diciembre de 2015,
no existe ningún indicador alentador para trabajadores y jubilados. Los seguidores de
Milton Friedman, que venían a terminar con la inflación, han convertido a Argentina en el
país más caro de la región. Así lo refleja un estudio realizado por periodistas del diario El
País. "La taza de café cuesta 0,5 dólares en Sao Paulo o 0,4 dólares en Bogotá. Si se trata de
pagar una hora de estacionamiento, el porteño gastará 3,5 dólares por hora, contra 1 dólar
del habitante de Ciudad de México. El patrón se repite en alquileres, el litro de leche o una
lata de Coca-Cola”. Además, el diario afirma: "Algunos cálculos señalan que es más barato
viajar a Miami y comprar una computadora Apple de mediano valor, con el billete de avión
incluido, que pagarla directamente en Buenos Aires". Los que más sufren este desbarajuste
son los jubilados. Los haberes jubilatorios perdieron una quinta parte de su poder
adquisitivo desde septiembre. Esa reducción se explica porque el aumento del 15,3 por
ciento que otorgó el Gobierno en marzo quedó por atrás del 35,8 por ciento de inflación
acumulada. Esa diferencia en contra de los haberes se profundizará hasta septiembre,
cuando se gatille el nuevo aumento. El incremento jubilatorio de marzo también quedó 4,2
puntos atrás de la inflación del período septiembre 2015-marzo 2016. Si a esto se le suma el
desastroso funcionamiento del PAMI, que está entrando en cesación de pagos con sus
proveedores, la clase pasiva está prácticamente condenada a la caridad y a la supervivencia.
Pero para el presidente offshore “vamos por buen camino”.

Quieren instalar un cambio de época. Y esas intenciones, de la revolución conservadora que

hoy gobierno en Argentina, alcanzan a la mirada que tienen sobre la última dictadura
cívico-militar-empresarial-clerical. Un nuevo intento de “reconciliación” se dio en
Tucumán, mientras se desarrolla el juicio por delitos de lesa humanidad más importante de
la provincia, denominado “Operativo Independencia”. El concejal Ricardo Bussi, hijo del
difunto genocida Antonio Domingo Bussi, presentó un proyecto de ordenanza para crear el
“Monumento a la Reconciliación Nacional” que, según Fuerza Republicana (FR), serviría
para unir y “sanar las heridas de la historia reciente de la Argentina”. Según Ricardo Bussi,
lo “novedoso” del monumento es que servirá para “dar un primer paso que ayude a sanar la
mayor fragmentación y herida de la historia reciente argentina, porque quienes tenemos
algunos años recordamos que nuestra provincia era un verdadero campo de batalla del que
hoy siguen quedando no pocas secuelas”. La iniciativa de Bussi prevé la conformación de
un jurado ad hoc para seleccionar, luego de un llamado a concurso, el mejor diseño. Entre
los expertos propuestos figuran los oficiales del Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid.
El certamen, “Concurso de la Reconciliación”, tendrá por objeto la presentación de un
modelo de monumento que represente “la paz social, el perdón, la reconciliación y la
tolerancia de las distintas ideologías que conviven en nuestra sociedad”. Nada es casual.
Este canalla se permite este despropósito porque intuye, presupone y/o imagina un clima
social distinto que habilita una propuesta que, seis meses atrás, ni Galtieri con todo el
whisky encima posible hubiese soñado.

Algo se conocía desde ayer pero hoy quedó expuesto de manera más elocuente: el turismo
nacional está pasando su peor momento en años. El movimiento turístico durante el fin de
semana largo y las ventas asociadas a esos viajes fueron mayormente modestos, con niveles
de ocupación hotelera entre el 40 y el 75 por ciento y una reducción en los días de estadía
respecto a otros feriados. Así lo indicó el relevamiento habitual de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que identificó el traslado de 610 mil turistas
por el país, con un gasto diario individual de 567 pesos en promedio y una facturación
global de 1037,6 millones de pesos. Después de 70 días sin feriados, desde Semana Santa,
el comportamiento turístico reflejó un estancamiento en los niveles de consumo que
también se observa en las ventas de la mayoría de los sectores. Si bien las compras por el
día del Padre le restaron fuerza al turismo, las ventas por aquéllas cayeron 7,5 por ciento,
con un ticket promedio que se ubicó en 480 pesos, un 23 por ciento por encima del año
pasado, cuando la inflación anual supera al 42 por ciento, según otro informe de CAME.
Los números hablan por sí solos mientras el presidente offshore y su coro de aduladores,
con cada menos fervor, repiten que la malaria generalizada, que ya no pueden ocultar, sólo
es momentánea, en tránsito como estamos al paraíso neoliberal sin grieta que nos separe.

“El mejor equipo en 50 años” merecería cambiar de director técnico. Los amantes del
“resultadismo” deberían cesantear, sino fuera porque es un objetivo buscado y no la
consecuencia de “malas” decisiones de gobierno, a quien articuló a este conjunto de
economistas que están destruyendo las finanzas nacionales. Un buen ejemplo son las
cuentas públicas, que siempre se encargan, cuando son oposición, de señalar como núcleo
fundamental para enderezar el rumbo de una economía “sustentable”. Pues bien: las cuentas
públicas registraron en mayo un déficit financiero de $ 24.000 millones, cuatro veces
superior al que se produjo en igual mes del año pasado. El rojo primario (previo al pago de
los intereses de la deuda) subió 67% a $ 13.700 millones. “El resultado financiero alcanzó a
$ 23.993,6 millones, representando un deterioro interanual de $ 18.693,1 millones", precisó
el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. En tanto, el resultado primario mostró un
rojo de $ 13.700,7 millones, que significó un alza interanual de 67%. Con el resultado de
mayo en cinco meses, el déficit financiero se ubicó en $ 75.634,5 millones, un 15% inferior
al que se produjo en el mismo período del año pasado. El resultado primario acumuló en los
primeros cinco meses del año un rojo de $ 76.103,4 millones, que equivale a un alza de
5,2% en la comparación interanual.

22/06/16: “El caso López” da para todo, y nada bueno. Mientras el patético ladrón es, se
hace, finge o está realmente loco y se niega a declarar, las especulaciones y las bajezas
están a la hora del día. Y de quién sino del gobierno ni nacional ni popular que encabeza el
hombre del corazón artificial. Primero tratando de ensuciar a toda la política con la roña
descubierta al tal López; luego informando la existencia de bóvedas subterráneas en el
famoso convento para esconder dinero, cuando resultaron ser futuros nichos de las
octogenarias monjas allí residentes; y la última, más perversa que todas las otras juntas,
impidiendo que el corrupto de marras sea expulsado del Parlasur. Debido a la abstención de
los representantes macristas y de sus aliados en la derecha regional, no se alcanzaron los
dos tercios de los votos necesarios para expulsar a López del Parlasur. Los diputados del
PRO Mariana Zuvic, Claudio Romero y Fabián Rodríguez Simón, que en los días previos
anunciaron que impulsarían el proceso contra el ex secretario de Obras Públicas, decidieron
abstenerse a último momento. El resultado: de los 95 diputados presentes, sólo 82 votaron
la expulsión de López, cuando el número necesario para hacerlo era de 90. Tras la sesión,
Zuvic se excusó en la “falta de quórum”. “Con un tecnicismo, Cambiemos buscó frustrar
una clara señal política del Parlasur contra la corrupción”, sostuvo el ex canciller Jorge
Taiana, quien presidió la sesión. O como dice Taiana, perteneciendo todavía al Parlasur
López desprestigia una institución que el infame gobierno neoliberal detesta (hasta ahora ni
siquiera ha girado los fondos para los viáticos de los legisladores) o, como muchos ya están
especulando, las prendas de cambio con el desgraciado ladronzuelo estarán a la orden del
día. Previendo la catadura moral del detenido cualquier ofrecimiento a cambio de
impunidad o reducción de pena, para quien seguro carece de honestidad y lealtad, será una
variable que el macricaputismo ponderará a la hora de enlodar a la administración anterior
y asegurar el silencio de los nombres de los empresarios involucrados, casi todos ellos
relacionados a la obra pública y al grupo de cardenales amiguitos del presidente offshore.

Insistamos: cómo serán los números reales para que el gobierno de la ciudad reconozca, sin
explicitarlo, el impacto de la inflación en el costo de vida. La canasta de consumo para un
hogar compuesto por un matrimonio con dos hijos e inquilinos de la vivienda, en la ciudad
de Buenos Aires, alcanzaba un costo en el mes de mayo de 19.221,70 pesos, de acuerdo a
estimaciones oficiales de la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad.
Dicho valor representa un incremento del 5,05 por ciento con respecto al mes de abril, y
muestra una llamativa aceleración desde que se disparó el proceso inflacionario, en
noviembre de 2015 con el anuncio anticipado de Cambiemos de una devaluación y quita de
retenciones a las exportaciones, al tiempo que crecía la perspectiva de que podría llegar al
Gobierno. La inflación para la economía familiar, medida por el costo de la canasta de
consumo, prácticamente se triplicó entre los últimos seis meses del gobierno anterior y el
medio que lleva Cambiemos en el mando de la economía: del 9,2 por ciento de aumento
acumulado entre mayo y noviembre del año pasado, saltó a más del 26 por ciento en el
medio año transcurrido entre noviembre de 2015 y mayo pasado. El valor de la canasta de
consumo creció 41,3 por ciento para un hogar conformado por una familia tipo en el último
año, pero con fuerte aceleración en los últimos tres meses: 3,9 por ciento en marzo, 4,4 por
ciento en abril y 5,05 por ciento en mayo. El aumento de la canasta de consumo que
registra el gobierno de la Ciudad supera en mayo el incremento del índice de precios al
consumidor que informó el Indec y refleja el deterioro progresivo del poder adquisitivo de
las familias, con un proceso inflacionario incesante que se volvió a acelerar en los últimos
tres meses. Esto último, el Indec no lo reflejó, por el apagón estadístico por decisión propia
que el gobierno dispuso en diciembre y que, cuando volvieron a encenderse, no se recuperó
con la reconstrucción de la serie de indicadores de precios mes a mes, como técnicamente
hubiera sido esperable. Podrán disfrazar los números como quieran, pero la realidad se
vive, se sufre, se padece en carne propia de la manera cruel y despiadada realmente
existente. La discusión, para algunos “confundidos”, será por identificar quiénes son los
responsables de este presente lamentable.

La hecatombe en marcha no hay manera de taparla, por más operaciones de prensa y

distracciones varias que Mau y sus pandilleros ensayen todos los días a pura falsedad y
discursos amañados con mentiras. La fuerte caída del consumo en los primeros meses del
año está generando importantes tensiones en el comercio minorista. Los grandes
supermercados comenzaron con una estrategia de cierre de las sucursales menos rentables,
con la cual ya acumularon casi una decena de bocas de expendio cerradas en Capital
Federal y avanzaron con suspensiones y despidos. Los comerciantes de menor tamaño
fueron los más afectados por el retroceso de la demanda y el alza de los costos. En grandes
centros urbanos del interior como Rosario se contabilizaron 1500 locales cerrados a partir
de la puesta en marcha de las políticas de ajuste del Gobierno. Sectores medios de la
población modificaron hábitos de consumo volcándose a segundas marcas, al tiempo que
los grupos más vulnerables directamente recortaron gastos. El fuerte retroceso del consumo
en los últimos meses no sólo afectó a los pequeños, sino que modificó los planes de
negocios de las grandes multinacionales que concentran la actividad de la comercialización
minorista en el país. Pero ojo: también está el aprovechamiento de la “crisis”. Las grandes
cadenas y empresas más concentradas se valen de las tensiones del mercado laboral de los
últimos meses para desafectar al personal con mucha cantidad de años de antigüedad, al
tiempo de reemplazar locales de mayor tamaño por sucursales pequeñas con empleados en
condición de elevada flexibilización laboral. Los gremios denuncian que en los últimos
meses se incrementaron casos de locales con balanzas para pesar mercadería y cajeros sin
asistencia constante de trabajadores, el cierre de bocas de venta asistidas (por caso para
electrónicos), empleados con tareas múltiples y la contratación de trabajadores tercerizados
de jornada reducida por seis meses. Todo con el aval, cuando no la asistencia, del gobierno
neoliberal que, a través de sus políticas públicas y sus leyes sancionadas y en curso de ser
aprobadas, propician la confiscación y precarización generalizada de las grandes mayorías.

El paquete “metrobús” que aprobó diputados y que trata ahora el senado siempre tiene más
miserias ocultas. Los beneficios incluidos en el proyecto para quienes se acojan al blanqueo
que impulsa el Gobierno neoliberal atentarán contra el objetivo de financiar el pago de
sentencias a jubilados y actualización de los haberes previsionales, que también son parte
del paquete. La iniciativa enlaza el costo fiscal del pago a la clase pasiva, estimado por el
gobierno en unos 130 mil millones de pesos, con el ingreso proveniente del impuesto sobre
los fondos declarados. Los beneficios del blanqueo morigeran el eventual impacto positivo
de la medida: no involucra el ingreso de divisas al país; en el caso de que se trate de una
exteriorización inferior a los 305.000 pesos, no se pagará la penalización sobre esa
formalización, y para montos superiores el tributo podrá efectivizarse entregando títulos
públicos Bonar y Global con vencimiento el año próximo. Esto reduce la expectativa de
que se consigan los fondos necesarios que eviten echar mano de las utilidades del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS). De esta manera la jugada “maestra”, de los
confiscadores a cargo del Ejecutivo, es obligar a vender los activos del Anses para
favorecer a las grandes empresas involucradas, de modo que los evasores y fugadores de
divisas legitimen sus posesiones mal habidas y, finalmente, así conseguir, al mediano plazo,
la inviabilidad del sistema de reparto que, con un déficit creciente a cuestas, “obligará” a
las vapuleadas cuentas públicas a encontrar oxígeno privatizando las jubilaciones bajo un
esquema similar al de las AFJP.

La mafia judicial, fuerza de choque de las multinacionales o refugio de delincuentes de

guantes blanco, formalmente conocido como poder judicial, está “deliberando”. Por
primera vez en sus diez años como presidente de la Corte Suprema de las Corporaciones,
Ricardo Lorenzetti lanzó públicamente una convocatoria para hoy que pondrá en discusión
la eximición del pago de Impuesto a las Ganancias de la que gozan los jueces, fiscales y
defensores, así como todos los funcionarios y empleados del sistema judicial. El supremo
se adelantó así a un tema que los dos nuevos jueces que pronto se incorporarán al tribunal
traen en mente. En la audiencia pública en el Senado, Carlos Rosenkrantz dijo que estaba
dispuesto a “militar” para que los jueces tributen como cualquier ciudadano y aporten “lo
que el Estado necesita para funcionar”. Horacio Rosatti tuvo la misma postura, y además
cuando le tocó actuar como conjuez falló (en minoría) a favor de que el Poder Judicial
pague Ganancias. El momento actual, de crisis creciente, es casi el peor escenario para
poner este asunto en debate si la intención es implementar un cambio certero que elimine
privilegios. Los gremios están en estado de furia (con el reconvertido Piumato a la cabeza),
en la Asociación de Magistrados maldicen, las entidades provinciales también, hay jueces
que exigen una compensación si les toca pagar, la Procuración General quiere escuchar
propuestas y pedirá que se incluya a los sindicatos más nuevos. La AFIP, que fue invitada
al encuentro, no concurrirá. En el Gobierno consideran que es una reunión judicial, ya que
el tema no forma parte de su agenda 2016. A este bochorno debemos asistir: que un poder
se regule a sí mismo y, en este caso, para que defina por propia cuenta cómo y cuánto pagar
lo que cualquier ciudadano de a pie debe hacer compulsivamente y de manera desigual e
inequitativa, mes tras mes, es una injusticia inadmisible.

Apremiados por capitalizar políticamente el escandaloso caso del ex secretario de Obras

Públicas José López, el macrismo y el massismo pactaron apurar dos proyectos que habían
enarbolado durante la campaña electoral: la creación de las figuras del “arrepentido” y la
“extinción de dominio” en casos por corrupción. Buscarán darles dictámenes favorables
hoy en distintos plenarios de comisiones de Diputados, con el objetivo de llevarlos al
recinto este jueves en una sesión especial. Desde el oficialismo también confían en arrastrar
al Bloque Justicialista de Diego Bo-Bossio detrás de ambas iniciativas. Los beneficios para
el arrepentido, según la valoración judicial sobre los datos aportados, podrán incluir desde
“la suspensión de la persecución penal”; “la eximición o reducción de la pena” –la
reducción podría ser de hasta 15 años en los casos en que “el delito atribuido al arrepentido
estuviera penado con prisión o reclusión perpetua”–; la “exención de prisión”; y la
“excarcelación o recupero de la libertad”. Enfrente del proyecto oficial se posicionarán
pocos bloques. El Frente para la Victoria-PJ tendrá su propio dictamen sobre la figura del
“arrepentido” en el marco de una reforma el Código Penal, donde también establece penas
para los arrepentidos que aporten datos falsos y que no incluye “en ningún caso los delitos
de lesa humanidad”. Para la bancada del FpV “no se puede privatizar y mercantilizar el
sistema penal ofreciéndole al arrepentido, que sigue siendo un delincuente, hasta la
eximición de la pena”. Lo (no tan) curioso de este proyecto, una verdadera arma de
destrucción masiva estando en manos de la banda neoliberal y aliados, es que hace unos
días se extraditó a Hernán Arbizu, un arrepentido que involucró a políticos neoliberales y
sectores empresariales dominantes en lavado de dinero, dando pelos y señales de cuentas,
cifras y procedimientos; sin que ninguno de estos paladines en la lucha contra la corrupción
alce la voz sea, en su momento, para que la cause avance, sea para que la extradición se
impida o difiera. Los estropicios que estos tipos pueden llegar hacer con este instrumento
son inimaginables.

Primero se fisuró una costilla, luego le sobrevino una arritmia a su corazón artificial y,
ahora, sufrió una distensión de los ligamentos que deberá ser reparada con cirugía. Ayer el
presidente offshore estaba jugando un partido de paddle, cuando –producto de un
accidente– sufrió un esguince de rodilla. Según un comunicado oficial, Macri fue atendido
por el traumatólogo Jorge Batista, quien le diagnosticó la lesión y el tratamiento a seguir. El
esguince que sufrió es una distensión de los ligamentos que, en este caso, deberá ser
reparada con cirugía. En ese mismo comunicado, se informó que la lesión “no le impide al
presidente continuar con sus obligaciones, por lo que mantiene la agenda programada”.
Esto último clamará a los mercados: los tarifazos, despidos y leyes lesivas contra el
patrimonio y la soberanía nacional continuarán con el ritmo acelerado que vienen teniendo
desde el 10 de diciembre de 2015.
El default interno (selectivo) en que ha caído el gobierno neoliberal sigue dando que hablar.
Más de 1.500 artistas, entre los que se encuentran actores, bailarines y músicos, reclaman al
gobierno del presidente offshore el pago de trabajos realizados entre agosto y noviembre
pasados en el Centro Cultural Kirchner. Los contratos fueron firmados a través de la
Universidad de San Martín en noviembre con la promesa de pago en diciembre. Sin
embargo, cambio de gestión de por medio, la plata no apareció. "La paciencia demostrada
por nuestra parte en espera de que los deudores - La Universidad de San Martín, organismo
con el que firmamos nuestros contratos, y el Centro Cultural Kirchner, quien nos convocó
para nuestra tarea - se dignen a comunicarnos cómo y de qué manera piensan cumplir con
su obligación para con nosotros, ha superado ampliamente todos los límites", expresaron
los artistas a través de un comunicado publicado en el Facebook Artistas sin cobrar del
CCK. En una entrevista realizada esta mañana en Siempre es Hoy (Del Plata - AM 1030),
Arturo Bonin, Gustavo Garzón y Daniel Spinelli explicaron el reclamo. "Los pagos estaban
previstos para fines de diciembre y todos los contratos fueron con la UNSAM, pero no tiene
los fondos y como depende de la firma de Marcos Peña (jefe de Gabinete), que aún no
firmó, entonces no cobramos", contó Garzón. La partida, a través de la cual iban a cobrar,
afirman que "ya había sido asignada" desde el Ministerio de Planificación. Sin embargo, el
circuito de pago se detuvo a partir de la asunción de las nuevas autoridades y la disolución
del ministerio citado. Hoy el CCK depende del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, a cargo del oficial Hernán Lonardi. "El ministro Lombardi miente desde hace
meses ante los medios de comunicación anunciando que "ya le han pagado a más de mil
artistas", cuando la realidad es que se nos dividió en cuatro (4) listas para el cobro. De los
más de 1.500 contratos sólo han liquidado apenas el 7 % del total de la deuda, a los 134
contratos de menor valor y recién hace pocos días", advierten los artistas. "Para el resto no
sólo no hay fechas de pago, sino que tampoco se nos brinda un listado completo de lo que
tanto la UNSAM como el CCK piensan liquidar y en la mayoría de los casos ni siquiera se
nos brindó la copia de nuestro contrato", cierra el comunicado. Los achicadores de grietas
tienen problemas con sus albañiles y maestros mayores de obra…

23/06/16: Uno de los más grandes depredadores neoliberales es el gurka Carlos Melconián,
el otrora candidato a ministro de economía de uno de los más grandes traidores a la patria
que tuvo nuestro país: Carlos Menem. Este hombre, fue uno de los bonistas que inició
demandas contra la Argentina ante el juez neoyorquino, el decrépito Thomas Griesa. El
ahora presidente del Banco Nación, que en 2010 ingresó al canje realizado por el gobierno
de Cristina Kirchner, reconoció su participación en el litigio luego de que lo difundiera
Alejandro Giuffrida en el portal Nuestras Voces, que incluyó el facsímil de un documento
de la Justicia norteamericana. Melconian demandó al país como titular de U$S 772.268 en
bonos: U$S 647.268 en títulos serie US040114GF14 emitidos en junio de 2001 y con
vencimiento en 2008, y U$S 125.000 en títulos serie US040114AR16 emitidos en 1997 y
con vencimiento en 2017. El titular del Nación fue uno de los demandantes dentro de la
causa 10.656, en acción conjunta con otros bonistas locales, del juzgado federal del Distrito
Sur de Nueva York a partir del 6 de febrero de 2009. No obstante, Melconián relató en
Twitter: "Como nos tienen acostumbrados, los dichos provenientes del kirchnerismo son
falsos e inexactos. Al momento del default tenía títulos de la deuda pública, inicié gestiones
judiciales en los juzgados correspondientes y terminé obteniendo sentencia favorable en la
Corte Federal de Nueva York". Acá no hay más mentiras que las suyas Melconián.
Mentiras y ocultamientos (de cuentas en paraísos fiscales). Su ejemplo ilustra, una vez más,
cómo las decisiones de este gobierno se emparentan con los beneficios particulares de sus
funcionarios, cuyos intereses responden al mismo sector social para el que están
gobernando, y al cual pertenecen. Difícilmente se encuentren “Lópeces” porque son ellos
mismos los que, desde el Estado, administran sus negociados, sus licitaciones amañadas,
sus contrataciones directas; sin intermediarios pidiendo coimas, que pasan a ser
innecesarias.

Como si no alcanzara con las andanzas del buitre Melconián al frente del Banco “Nación”,
el presidente offshore continúa legalizando la corrupción estructural que lo beneficia de
manera directa, sin intermediarios a los que sobornar con coimas estrambóticas. Esta vez,
modificando unilateralmente el presupuesto nacional, para favorecer a su primo (para
muchos uno de sus mayores testaferros) Ángelo Garcaterra. El gerente de las
corporaciones, a cargo del Poder Ejecutivo, contrató por decreto a la compañía IECSA, de
su familiar, para que junto a otras dos se encarguen del soterramiento del tren Sarmiento.
Por el decreto 797/2016, el Gobierno ni nacional ni popular le designó a IECSA, la italiana
Ghella, la brasileña Odebrechtel mayor desembolso, de $ 45.000 millones. Se repartirán
este año $ 300 millones, en 2017 y en 2018 $ 8.940 millones para cada año y $ 28.820 a
repartirse en los períodos siguientes. En la misma resolución del Poder Ejecutivo se
oficializan contratos para trabajos en ferrocarriles, rutas, calles e infraestructura sanitaria.
En total se reasignan $ 98.674 millones para la obra pública. Estos sectores empresariales,
felices por este presente soñado, también están tan expectantes como nerviosos por temor a
que el caído en desgracia, José López, hable y señale a sus coimeros. Por ello, de manera
tardía y oportunista, salieron estos días a resguardarse “denunciando” que vinieron siendo
víctimas de los pedidos de “retornos” por obras millonarias que los beneficiaron. Por suerte
van a tener a mano la ley del arrepentido, que quizá les sirva para que el “bolsiquero”
señale para otro lado a cambio de impunidad o rebaja de penas. Mientras tanto, el
ciudadano de a pie sufre atónito las desgraciadas medidas neoliberales y la pasividad de una
oposición repartida entre la complicidad de los traidores y la depresión de los consecuentes,
inmovilizados y sin respuesta a la altura de lo que esta pornográfica festichola neoliberal
exige.

En una audiencia convocada por el presidente de la Corte Suprema de las Corporaciones,

todos los integrantes del universo judicial se pronunciaron en contra de tributar Ganancias
como hace el resto de los trabajadores. Ni jueces, ni funcionarios, ni fiscales, ni defensores,
ni empleados lo ven como un privilegio ni algo que ubica a los judiciales en un estatus
diferenciado respecto del resto de la sociedad. Las asociaciones de jueces dicen que es una
garantía constitucional, que pagar ese impuesto implicaría una rebaja salarial y que podría
ser utilizado para condicionar su independencia. La Unión de Empleados de la Justicia
Nacional (UEJN) –el único gremio invitado al encuentro, pese a que hay otros– lo planteó
en otros términos: ningún asalariado debería pagarlo porque “el salario no es ganancia”. El
auto gobierno de los custodios de la ley puede respirar tranquilo.

Más datos duros confirman el rumbo al desastre al que nos lleva la banda neoliberal que
encabeza el presidente offshore. La actividad industrial anotó una caída del 3,6 por ciento
en mayo respecto del mismo mes del año pasado, al tiempo que acumuló en lo que va de
2016 una baja del 1,9 por ciento en relación con igual período de 2015. Así lo estimó la
Fundación Fiel, uno de los centros de estudios de referencia de la ortodoxia local. La
siderurgia, la metalmecánica, los químicos, los plásticos y el complejo automotriz
registraron las mayores caídas el mes pasado. En 7 de los 10 bloques fabriles que releva
Fiel se anotaron contracciones en mayo, mes en que la inflación estimada por el Indec
ascendió al 4,2 por ciento y el consumo interno, principal destino para la producción de los
establecimientos fabriles, retrocedió 9,2 por ciento, según cálculos de comercios minoristas
agrupados en CAME. Los efectos en los niveles de empleo y en las condiciones laborales
de los trabajadores continuarán acompañando esta caída que no tiene fondo a la vista.

El Poder Ejecutivo resolvió, por decreto, ampliar en 76 mil millones de pesos el

presupuesto de este año para la Anses y autorizó la contratación de obras y adquisición de
servicios por otros 98.674 millones de pesos, que incidirán en los presupuestos de los
próximos tres años. Aunque el decreto 797, publicado ayer en el Boletín Oficial, no lo
explicita, el otorgamiento de una ampliación presupuestaria a la Anses para el pago de
prestaciones del régimen de reparto (38.000 millones) y de beneficios por la moratoria
previsional (otros 38.000 millones) tiene estrecha relación con el cuadro de
desfinanciamiento del organismo previsional, principalmente por la caída de la recaudación
de impuestos y por la pérdida de la asignación de recursos de la coparticipación federal de
impuestos. Este mayor gasto será financiado con la emisión adicional de deuda de largo
plazo en moneda nacional, durante este año, de 76 mil millones de pesos. El círculo vicioso
de financiar déficits con más deuda va retomando impulso al ritmo que imprimieron
militares, menemistas y delaruistas en períodos anteriores.

Tanto le gusta la espectacularidad y la caza de funcionarios kirchneristas, que el pistolero

juez Claudio Malodío vuelve a unir sus pasiones. Ayer citó a declaración indagatoria a una
nómina de nada menos que setenta figuras públicas conformada por ex funcionarios
kirchneristas, diputados, senadores, productores y directores de cine y televisión, a quienes
tiene previsto hacer desfilar por su despacho de Comodoro Py a partir de esta semana y
hasta noviembre, imputados por “malversación de fondos públicos”. La medida se enmarca
en una denuncia anónima ante la Cámara Federal porteña que originó en 2007 una causa
por supuesto desvío de fondos destinados al incentivo del cine nacional. Están citados a
declarar desde el ex ministro de Educación Daniel Filmus hasta el senador y documentalista
Fernando “Pino” Solanas, en una lista que incluye al ex vicegobernador bonaerense Gabriel
Mariotto y a los ex presidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)
Jorge Coscia, Jorge Álvarez y (la actual diputada nacional) Liliana Mazure, además de
numerosos productores, directores y también autoridades de universidades que produjeron
cine. Cuando algún cineasta quiera abordar la corrupción del poder judicial en Argentina, le
bastará con filmar la historia personal y profesional de este hombre que administra la
“justicia”, por afuera de la ley.

El PRO heredó la administración de los subterráneos el 1 de enero de 2013 con un boleto a

$1,10. Ahora quieren llevarlo a $7,50. Es decir, que en 3 años de pésima gestión el
aumento estaría rozando el 700 %. Sin embargo, el jefe de gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Berreta, quiere justificar este aumento descomunal por “la inflación acumulada
en los últimos años”. El aumento anunciado para la tarifa del subte, que costará 7,50 pesos
desde una fecha aún no precisada de julio, “estaba anunciado” y “es lo mismo que se había
anunciado hace dos meses”. Sin embargo, ni distintos legisladores porteños ni la Auditoría
General porteña consideraron correctos el aumento –que había sido informado el martes por
Juan Pablo Piccardo, presidente de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) – ni la afirmación
sobre la inflación como causa. Veremos si al menos cumplen con la formalidad de las
audiencias públicas para este nuevo manotazo al bolsillo de los trabajadores.

24/06/16: La ex presidenta Cristina Fernández denunció a través de su cuenta de Facebook

el ataque que sufrió la casa de sus suegros en Río Gallegos en la madrugada del sábado
pasado, al que calificó como "un hecho absolutamente violento e intimidatorio, que refleja
claramente un clima de época". En el texto, sin embargo, da un panorama general de la
situación del país; del que difícil es no estar de acuerdo en todos los puntos planteados. En
el mismo afirma: “En la madrugada del día sábado 18 de junio rompieron y abrieron, a
patadas, la puerta de entrada de la vivienda de 25 de mayo 446 en Río Gallegos. No es
cualquier lugar. Es la casa de los padres de quien fuera mi compañero, en la que también
viví junto a él y mi hijo recién nacido, hasta que pudimos mudarnos… Debo decir que,
cuando vi la foto, me pareció un hecho absolutamente violento e intimidatorio, que refleja
claramente un clima de época. La lógica más elemental indica que alguien que se dedica al
delito abriendo puertas para ingresar a domicilios ajenos, lo hace sin necesidad de
romperlas a patadas, y menos aun cuando esa puerta está expuesta en una calle como 25 de
mayo, transitada y de gran visibilidad, teniendo, además, la vivienda, puertas laterales
mucho más frágiles y de mejor acceso. Es más, esa metodología -la de abrir las puertas a
patadas- nos remite a épocas pasadas. Las dos marcas sobre la pintura blanca traen, además,
el sello inconfundible de los borceguíes. La confirmación de que no se habían llevado nada
despeja cualquier duda. No fue el único hecho. Unos días antes, la Policía de la Provincia
de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Guer Aike, a
seis oficiales de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
procedentes de El Calafate... Los mismos sólo se dieron a conocer como tales, al comenzar
el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y/o armas
de fuego. Manifestaron que no se habían presentado como policías desde un primer
momento, ya que en Buenos Aires no suelen hacerlo por diferencias con la policía de la
Provincia (supongo que se referían a La Bonaerense). Es curioso que, en un principio,
cuando se les consultó el destino y el motivo de su visita, como es de rigor, dijeron que iban
a la ciudad de Río Gallegos y que estaban de paseo. Sin embargo, comenzado el operativo
de control y al haber hallado una pistola Glock calibre 9mm., contaron que iban a dicha
ciudad con el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos. No sé si hicieron
algún allanamiento. Lo que estoy segura, es que no vinieron de paseo. Esta semana, las
palabras de Agustín Rossi, durante la última sesión del Parlasur en la ciudad de
Montevideo, reflejaron la violencia de época: "¿Se está construyendo una fuerza paraestatal
(...) con apoyos de los servicios de inteligencia para perseguir a dirigentes que hemos sido
funcionarios del gobierno anterior? ¿Es cierto que los dirigentes más conocidos del
kirchnerismo estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia del gobierno de
Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros?". Han pasado días y nadie
del Gobierno Nacional contestó los graves interrogantes… Las preguntas tienen respuesta
y, lamentablemente, no es negativa. Fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o
fuerzas paraestatales de inteligencia, son una combinación antidemocrática que tiene como
inevitable resultado una Democracia de nula intensidad, como nunca se vio desde 1983.
Persecución ideológica y hostigamiento mediático. Armado de causas judiciales de
funcionarios del Gobierno anterior a diestra y siniestra, que se dan de patadas con la
Constitución, los Códigos y los más elementales derechos y garantías de cualquier
ciudadano. Y si es necesario, cárcel: hasta que declares y hagas lo que ellos quieren.
Causas armadas que llegan a ser delitos en sí mismas, como la de "Dólar futuro", en la que
se procesó a funcionarios del anterior Gobierno, incluida su presidenta, su ministro de
Economía y todo el Directorio del Banco Central, por el precio de los contratos del dólar a
futuro. El actual Gobierno fue el que tomó la decisión de devaluar después del 10 de
diciembre. Hombres de negocios, que el año pasado compraron esos contratos llegaron al
Gobierno, y como funcionarios pactaron el precio de lo que habían comprado como
empresarios. Un verdadero escándalo. Todo ello bajo la impunidad de un "juez" que, para
ocultar los delitos de los funcionarios del actual gobierno, procesa a los del anterior. La
denuncia había sido efectuada por dos Diputados del actual Gobierno. Tan escandaloso y
demostrativo de la persecución como el llamado a indagatoria efectuado por el mismo
"juez" de 70 figuras relacionadas con la cultura, por una "supuesta" malversación de fondos
públicos del INCAA…El procesamiento, en el día de la fecha, de ex funcionarios en una
causa contra lo que constituyó la verdadera la recuperación del "Fútbol para Todos" los
argentinos, tampoco es casual. Hoy, como es de público y notorio, el Gobierno actual, sí
está negociando con los dirigentes de la AFA como se van a repartir el negocio entre ellos.
Del negocio del fútbol, entre otros, provienen muchos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Empezando por su titular, y el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien
aún no obtuvo el acuerdo del Senado, tal cual lo exige la ley. ¿De qué otra manera que no
sea a través de fueros mediáticos y judiciales puede entenderse que el mayor escándalo
internacional en materia financiera de los últimos tiempos -el caso Panamá Papers-, que ha
provocado la renuncia de funcionarios y Primeros Ministros en el mundo, aquí, en
Argentina, -donde apareció involucrado el presidente, su familia y muchos de sus
funcionarios y dirigentes- haya recibido un tratamiento tan superficial y liviano por parte de
la prensa? A tal punto que llamó la atención del periodismo alemán -ámbito desde el cual se
dio a conocer el escándalo- que sostuvo en su informe que "hubiera sido muy distinto en
caso de tratarse del Gobierno de CFK". Más tarde también pudieron conocerse las
impresiones reflejadas por el Consorcio Internacional de Periodistas, según las cuales sus
colegas argentinos estaban "excitados" porque pensaban que iban a encontrar a los
Kirchner, y al no hacerlo se mostraron desilusionados. Los fueros mediáticos van de la
mano con los judiciales. ¿Alguien vio, siquiera, un allanamiento vinculado al caso? Si los
hubo, ningún canal los televisó, por la impunidad mediática. Si no los hubo, fue por la
judicial. Los fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de
inteligencia, terminan produciendo, objetivamente, una Democracia de nula intensidad.
Comenzó con la detención de la dirigente social Milagro Sala en Jujuy. El método:
perseguir, o denunciar y hostigar, o procesar, o encarcelar. El objetivo: asustar y
amedrentar a quienes no se van a callar frente a un plan económico que está haciendo
estragos en el tejido social argentino. Trabajadores formales e informales. Comerciantes
pequeños, medianos o grandes. Empresarios de casi todas las actividades industriales.
Estudiantes, docentes y profesionales. Jubilados. Todos han sido tocados, averiados y hasta
hundidos en esta batalla política y social que significa: precios sin control, facturas
impagables - de luz, gas y agua-, que además disparan a las nubes los costos de las
expensas -tanto para el inquilino como para el propietario-, aumentos del transporte,
despidos, cierre de comercios, y caída de la actividad industrial. Son sólo algunas de las
preocupantes señales de que las cosas no están yendo bien para muchos argentinos. Todos
los sectores han sido castigados, salvo el sector financiero y el primario concentrado. Sin
embargo, todo es ocultado, minimizado o directamente ignorado por la prensa hegemónica
bajo el paraguas protector de los fueros mediáticos y judiciales. Los Fueros, que deben ser
entendidos como inmunidad, cuando aparecen por fuera de la Constitución sólo se traducen
en privilegio e impunidad. Los ataques permanentes, la persecución y el hostigamiento, en
las formas más extremas y violentas, han sido una constante en la historia de los
movimientos nacionales y populares. Su función: generar sentido común negativo contra la
política en general, y contra lo nacional y popular como fundamento no sólo económico y
social, sino esencialmente cultural. Los movimientos políticos fueron, son y serán juzgados,
no por las individualidades, sino por los resultados de sus políticas públicas y la calidad de
vida que sepan generar para todos sus ciudadanos. Gente sin trabajo y sin alimentos
suficientes. Mujeres que vuelven a ser el hilo más delgado de precarización laboral.
Estudiantes que deben abandonar sus estudios por razones económicas. Científicos cuyos
programas son suspendidos o directamente suprimidos. Pequeñas y medianas empresas al
borde del colapso, muchas sin poder hacer frente al pago del aguinaldo. Economías
regionales quebradas. Obras públicas paralizadas. Alarmante crecimiento de la inseguridad.
Son sólo algunas de las calamidades cotidianas que no se pueden tapar con nada. Ni
siquiera con fueros mediáticos o judiciales. Los argentinos no piden, ni pretenden, que
nadie les regale nada. Sólo necesitan que su país les vuelva a garantizar las oportunidades
para poder organizar su vida y la de su familia, en libertad y con trabajo. No es tan difícil.
El Gobierno, en algún momento, debería comprenderlo. Además, y después de todo, las
patadas en una puerta, finalmente, sólo les sirven a los carpinteros”. El problema no es que
no comprendan, sino que lo entienden perfectamente: todas estas calamidades mencionadas
no son efectos no deseados sino objetivos conseguidos, aun insuficientes, para sus
propósitos primordiales: la transformación estructural del aparato productivo, de todo el
andamiaje judicial, y de las “formas” de la política, en clave neoliberal.

A pesar de la feroz campaña del miedo, los ingleses votaron a favor de salir de la Unión
Económica Europea. Esta verdadera hecatombe en los mercados mundiales provocó la
caída de todas las bolsas del mundo y la renuncia del premier británico. Evidentemente la
crisis generalizada que ha provocado esto en todos los países europeos, está obligando a sus
clases dirigentes a repensar sus políticas futuras. Tratándose de neoliberales sólo son
esperables medidas de maquillaje que no frenarán intentonas imitativas a lo sucedido en
Gran Bretaña, pues la crisis ocupacional, de los inmigrantes y refugiados, la violencia
creciente y la falta de representatividad de las instituciones confluyen en todos los países de
la unión. Sin lugar a dudas la crisis profundizada replicará en todo el mundo por lo que, en
Argentina, las famosas “lluvias de inversiones” son hoy más que nunca falsas ilusiones.
Ninguna inversión seria puede recaer en Argentina simple y sencillamente porque no están
ocurriendo en ninguna parte del mundo. Lo que hay es un inconmensurable mercado
“ofertante”, que no logra colocar sus productos de manera intensiva en ningún país del
orbe. Las políticas neoliberales se sufren en el mundo, como en Argentina, y las soluciones
no llegarán de la mano de los depredadores de riquezas naturales, de los confiscadores de
los derechos ciudadanos, de los evasores y lavadores de dinero del mercado financiero; en
definitiva: de la derecha dirigencial, que sólo tiene de republicana su fachada mendaz,
totalitaria en su accionar y segregacionista en su espíritu. El planeta entero, en manos de
estos facinerosos sin escrúpulos, sólo naufragará en el caos generalizado, las crisis
recurrentes y en la desesperación de la ciudadanía; hoy incapaz de enfrentar este panorama
desolador desde una propuesta política y colectiva en las antípodas de los cánones
neoliberales.

Las políticas depredatorias del gobierno neoliberal siguen dejando víctimas en su camino al
empleo 0. El Ministerio de Desempleo informó esta semana que el empleo creció 0,4 por
ciento en abril respecto del mismo mes del año pasado, según datos de la Encuesta de
Indicadores Laborales que el organismo publica todos los meses. De este modo, buscó
desmentir que se haya destruido empleo registrado durante los primeros seis meses del
gobierno del presidente offshore. Sin embargo, el dato es engañoso porque, desde abril del
año pasado y hasta el cambio de gobierno, el empleo siguió creciendo. Por lo tanto, si la
comparación se realiza con noviembre, se observa una caída de 0,6 por ciento. Eso
demuestra que durante el segundo semestre del año pasado se siguió creando empleo y que
durante el primer semestre de este año hubo una clara destrucción de puestos de trabajo.
Esta no es una maldición estacional: son los efectos buscados de las políticas criminales del
gobierno neoliberal.

El manipulado Indec empieza a dar datos y éstos son contundentes a la hora de reflejar el
desastre al que está llevando a la economía nacional el gobierno ni nacional ni popular que
tiene a Alfonso Prat-Gay como su arrodillado ministro de Hacienda. Durante el primer
trimestre del año la deuda externa bruta total se incrementó en 16.195 millones de dólares,
un alza del 11 por ciento en relación a marzo de 2015. El lanzamiento del nuevo ciclo de
endeudamiento público y privado a cargo del gobierno de Mauricio Macri quedó registrado
en la Balanza de Pagos publicada ayer por el Indec. Los datos ni siquiera contabilizan la
abultada colocación de bonos de abril para pagarle a los fondos buitre ni la mayor parte de
las letras en dólares colocadas en lo que va del año. El salto en los pasivos externos se
explica por el préstamo de corto plazo solicitado a un grupo de entidades internacionales
por el Banco Central, con una garantía de 10 mil millones en bonos públicos, y el swap de
monedas con la República Popular China. Los datos oficiales representan el alza más fuerte
para un primer trimestre de los últimos quince años y marcan el quiebre del proceso de
desendeudamiento impulsado por el gobierno anterior. Insistamos: este hombre sabe lo que
hace, por qué lo hace y para quiénes lo hace. No es ningún improvisado y sus aberrantes
medidas responden a un plan de gobierno concreto; de eso, la historia reciente, es ejemplo y
testigo.

La cacería continúa sin piedad y en todos los frentes posibles. La interminable jueza Servini
de Cubría procesó a cuatro ex funcionarios kirchneristas y al actual presidente de la AFA,
Luis Segura, en la causa por irregularidades en la implementación del programa Fútbol para
Todos (FPT). Segura fue imputado por administración fraudulenta y la jueza le trabó un
embargo de 50 millones de pesos. Los ex jefes de gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel
Abal Medina y Aníbal Fernández fueron procesados por incumplimiento de los deberes de
funcionario público, por no haber controlado el destino final de los fondos del programa, y
embargados por 10 millones de pesos. Gabriel Mariotto, ex coordinador de FPT, fue
imputado por peculado y embargado por cinco millones. Los cuatro ex funcionarios
minimizaron la resolución, anunciaron que la apelarán y destacaron que “no se trata de un
hecho de corrupción” ni que ponga en entredicho su honestidad. Lo insólito de la medida es
que imputa a los funcionarios no haber controlado lo que un ente autárquico y no estatal
hizo con el dinero recibido, cuando la responsabilidad real y concreta era velar por la
prestación correcta de los servicios acordados; algo que sucedió de forma legal y convenida
durante siete años. Como respondió Capitanich: “el contrato asociativo implicaba la
adquisición de los derechos de transmisión con el objeto de garantizar la gratuidad en todo
el país, el cual fue cumplido”.

Europa se desintegra a costa de sus políticas neoliberales, que no han mejorado la vida de
sus ciudadanos. Muy por el contrario: las crisis económicas, sociales e institucionales están
haciendo de todo el continente un hervidero sin conducción política que represente a una
ciudadanía devastada; a caballito de los planes confiscatorios de los gobiernos neoliberales.
Un buen ejemplo es España, hundida en una crisis económica y política sin precedentes.
Luego de meses sin poder formar gobierno allí, este domingo, se celebrarán nuevas
elecciones generales. El presidente offshore, como un salvavidas de plomo, salió a
respaldar al más rancio representante de la derecha culpable del presente español: Mariano
Rajoy. En un tuit, Macri le deseó “éxitos y que siga conduciendo a España por la vía del
desarrollo”. No es su primera señal de alineamiento con el Partido Popular: cuando era jefe
de Gobierno, recibió a la crema y nata del neoliberalismo y declaró Huésped de Honor a
José María Aznar. La ignominia llegó hasta el paroxismo cuando le brindó la Legislatura
para que hiciera las conferencias de su fundación. Ahora está, una vez más, dando
vergüenza ajena respaldando un proyecto político que no sólo destruyó el aparato
productivo de su país y desangró a la ciudadanía a fuerza de despidos, precarizaciones
laborales y desahucios generalizados de pobres habitantes estafados por los bancos; sino
que también está enlodado hasta la cabeza de corrupción, con varios funcionarios
cesanteados y/o procesados por delitos que van de la malversación de fondos al robo liso y
llano para deleite de sus cuentas particulares. A este hombre da su apoyo el presidente
offshore; a alguien que admira y emula, en conductas y políticas, con cada decisión y acto
de su propio gobierno.

No tienen ni límites, ni escrúpulos ni vergüenza. Y están dispuestos a todo para refundar el

país en clave neoliberal-conservadora y perseguir, hasta la destrucción completa, a sus
opositores políticos. En una resolución publicada el 7 de junio que no se dio a conocer
públicamente el Ministerio de Justicia porteño dispuso, a pedido del juez pistolero Claudio
Malodío, seis agentes de la Policía Metropolitana para realizar tareas de inteligencia en
Santa Cruz. Allí, en la publicación 373/MJYSGC/16 se da a conocer que este viaje a la
provincia patagónica se otorga a los agentes por "el requerimiento judicial cursado por
parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 (N. de R.: su titular
es Malodío), Secretaría Nº 21, solicitando se designe personal de esta Policía a los fines de
realizar tareas de inteligencia". En el texto se da el nombre de los seis agentes, que ayer
denunció Cristina Fernández en su cuenta de Facebook, que constan en el acta de la
comisaría que los demoró en Santa Cruz por circular sospechosamente y portar un arma.
Los seis oficiales, según dice el acta, se excusaron en que estaban "de paseo" y luego
confirmaron que eran agentes de la policía que fundó Mauricio Macri cuando fue Jefe de
Gobierno porteño. Los seis efectivos dieron como argumentos que no se habían presentado
como policías desde un primer momento, ya que en Buenos Aires no suelen hacerlo por
diferencias con la policía de la Provincia. Como antecedente, en julio 2015 Malodío usó a
la fuerza porteña para un cuestionado operativo en Santa Cruz por la causa Hotesur, donde
se investiga a la ex Presidenta. Este hecho se da en medio del comunicado de Cristina de
ayer, donde denunció que el sábado pasado (18 de junio) rompieron, sin ningún objetivo
delictivo y con el accionar de fuerzas policiales, la puerta de la casa donde vivieron sus
suegros y donde ella vivió con Néstor y Máximo. Y, además, en medio de las acusaciones
del kirchnerismo, que culpa al macrismo de haber armado una fuerza paraestatal para espiar
y cazar dirigentes y militantes del anterior Gobierno. Cuatro días antes del destrozo en la
casa de los padres de Kirchner, el 14 de junio, se demoró a estos agentes en Santa Cruz. Y
la resolución del ministerio a pedido de Malodío fue el 7 de este mes. Si personalidades de
la envergadura de la ex presidenta están expuestas a este tipo de operaciones y
persecuciones, qué les queda por esperar al pobre ciudadano común, desprovisto de toda
protección a su alcance.

25/06/16: El ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, lo hizo de nuevo:

derrapar con sus declaraciones desafortunadas. “La mayor parte del trabajo sucio está
hecho”, señaló durante un encuentro con representantes de bancos, consultoras, fondos de
inversión y empresas extranjeras en la ciudad de Nueva York, donde celebró las diferentes
medidas implementadas por el gobierno del presidente offshore. “La inflación se movió
desde alrededor del 30 por ciento que recibimos hasta el 40 o 42 por ciento”, indicó el
funcionario que habló durante una hora en inglés, y que también aclaró que espera que ese
42 baje en los próximos meses hasta llegar al 25 prometido por el Gobierno. “Removimos
los cepos y los impedimentos para el buen funcionamiento de la economía. En la segunda
mitad del año muchas de las decisiones que tomamos van a permitir que la economía se
recupere. Ya está pasando, aunque todavía no sea visible”, expresó Prat-Gay, al ofrecer su
versión sobre las bondades del famoso “segundo semestre”. A diferencia del pedido de
perdón a las firmas españolas que hizo durante un encuentro similar en Madrid, esta vez
Prat-Gay se limitó a promover los desembolsos financieros y en infraestructura en
Argentina. “Necesitamos sus inversiones. Suban al tren, porque ya ha salido de la estación.
Llegamos a una etapa donde reconstruimos la credibilidad y eliminamos los impedimentos
para que la inversión cree empleos”, apuntó el ministro, haciendo un uso muy creativo de la
metáfora, para invitar a invertir a los que, al menos productivamente, no lo van a hacer.
Pero como siempre se queda corto, a la hora de decir disparates y generar polémicas,
defendió el pago a los fondos buitre: “Honrar la deuda no se trata solo de pagar a los
holdouts en Nueva York y cumplir con la ley, sino también beneficiar a los jubilados
argentinos con una ley que esperamos aprobar la semana próxima”. Luego eludió o no supo
responder sobre la falta de apoyo en las calles al gobierno y por la caída dramática en el
consumo. A no confundirse: su trabajo “sucio” no terminó, ni va a terminar. Porque
siempre fue, es y será sucio. Porque sus métodos y objetivos son siniestros, perversos y
engañosos. Porque la mugre la arrastran en cada medida, en cada acción de gobierno y en
cada declaración pública que, como en el caso del ministro en rodillas, no sólo apunta a
engañar a través de burdas mentiras sino también a volcar su mugre interna, esa que destila
su odio de clase arropado en una soberbia inconcebible en un mediocre que cree ser
original cuando, en realidad, es un simple burócrata aplicando las mismas recetas ortodoxas
del proyecto neoliberal de siempre.

La decisión del Reino Unido de escindirse de la Unión Europea, proceso que se conoció
como Brexit, abre un signo de interrogación ante el abanico de posibles caminos que pueda
encarar esa economía y cuyos efectos directos e indirectos trascenderán las fronteras
británicas. Los países más comprometidos serán aquellos que pertenecen al bloque y tienen
una alta exposición en activos financieros británicos o dependen de las inversiones del
Reino Unido en sus economías, como el caso español e italiano. En América latina el
impacto llegará por la vía de la apreciación del dólar frente al debilitado euro, pese a que el
Reino Unido no utiliza la moneda comunitaria. En la Argentina se especula con un impacto
acotado, el cual vendrá tanto del frente financiero como comercial. Este último podría verse
resentido ante una economía británica aún más proteccionista de lo que ya es la Eurozona.
Por el lado financiero, la huida de capitales hacia mercados desarrollados haría escasear la
liquidez global. El efecto podrá ser acotado, pero llega en un momento delicado para el
país, donde el Gobierno parece haber apostado todas sus fichas al ingreso de inversiones
extranjeras, la famosa lluvia que, a cinco días del inicio del famoso “segundo semestre”,
sólo será de agua común y silvestre. Difícil panorama para Alfonso Prat-Gay: chapotear de
rodillas no es nada fácil.

Para ser más explícitos cuando hablamos de “trabajo sucio” vayamos a repasar algunos
datos incontrastables que lo reflejan. El plan de urbanización de villas y asentamientos
prevé para este año obras por 1640 millones de pesos, pero pasados seis meses de gobierno
solo se ejecutaron el 14 por ciento de las partidas. Al programa de salud sexual y
reproductiva le fue peor: el Ministerio de Salud solo utilizó el 0,96 por ciento del
presupuesto que autorizó el Congreso para la distribución de anticonceptivos y charlas
informativas, 1 millón 540 mil pesos sobre 163 millones previstos. Para la promoción y
defensa de los derechos humanos, que incluye la participación del Estado como querellante
en causas de lesa humanidad, el Ministerio de Justicia empleó el 14,1 por ciento de los
recursos establecidos en el presupuesto de 2016, mientras esa cartera mantiene en cero las
transferencias a la Universidad Madres de Plaza de Mayo para el financiamiento de sus
actividades. Al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le corresponden más de 160
millones de pesos, pero solo le llegaron 28 millones, el 17 por ciento de su gasto anual. Los
datos son oficiales. Aparecen en la página web del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con
una última actualización el 19 de junio. Reflejan a más de medio año del inicio de tareas de
Cambiemos una combinación de medidas de ajuste, que alcanzan a la mayor parte del
Estado, con un sesgo ideológico conservador en la orientación del gasto público. También
denuncian extendidas falencias de gestión que terminan vulnerando derechos sociales
sensibles. El único rubro donde las cosas están bien aceitadas, con una ejecución
presupuestaria muy por arriba del promedio, es el pago de la deuda pública, con una
utilización del 78,9 por ciento de las partidas anotadas en el presupuesto, unos 82 mil
millones de pesos sobre los 104 mil millones a saldar. Menos gasto equivale a más
derechos que el Estado deja de atender. También tiene un impacto económico, por la
disminución de actividades que genera el achicamiento del sector público. Pero si a algunos
los ejemplos citados son insuficientes, hay más: la mayor partida que administra la cartera
de Interior, Obras Públicas y Vivienda es para el programa “Desarrollo de infraestructura
habitacional ‘Techo digno’”, por 12.484 millones de pesos, de los cuales se llevan
ejecutados solo el 22,2 por ciento, 2766 millones. “Obras de arquitectura”, con 1820
millones para gastar y solo 112 millones aplicados en el primer semestre, un magro 6,4 por
ciento. Para el plan de recursos hídricos hay 1670 millones y se utilizaron 169 millones, el
10,2 por ciento. Para las “acciones de provisión de tierras para el hábitat social” se
presupuestaron 1725 millones y se gastaron 96 millones, el 5,6 por ciento. Para el
“fortalecimiento comunitario del hábitat” se prevén 2608 millones y se ejecutaron 102
millones, el 3,9 por ciento. En resumen, la cartera a cargo de Rogelio Frigerio solo aplicó
en la primera mitad del año el 17,8 por ciento de su presupuesto anual. También se puede
hablar de algo de lo (no) hecho por el ministro de Desempleo, Jorge Triaca. Los planes de
capacitación laboral, cuentan con 2270 millones de pesos de presupuesto, pero en seis
meses se desembolsaron nada más que 191 millones, el 8,9 por ciento. En un año con
fuertes tensiones y miles de despidos, la cartera laboral asignó apenas el 27,4 por ciento de
los recursos totales a disposición. La pregunta es: qué estará esperando para apurar el
trámite. Aun así, el Ministerio de Producción exhibe peores resultados, ya que solo llegó a
ejecutar el 16,3 por ciento de su presupuesto general. De los 2575 millones de pesos
aprobados para financiamiento de actividades productivas no utilizó un solo peso. Las
pymes atraviesan su peor semestre en más de una década y la cartera que conduce
Francisco Cabrera todavía no arrancó. El Ministerio de Seguridad, a su vez, se ubicó más
abajo: gastó apenas el 15,3 por ciento del presupuesto votado para 2016. Para políticas de
seguridad interior tiene previstos 100 millones de pesos, con una ejecución de cero. Para
equipamiento y tareas de logística en seguridad dispone de 747 millones, de los cuales
utilizó 104 millones, el 13,9 por ciento. El Ministerio de un cacho de Cultura no está mucho
mejor, aunque llegó al 23,2 por ciento de aplicación del presupuesto. Como en el resto de
los ministerios, la mayor parte de sus gastos se orienta al pago de salarios, en tanto que los
programas específicos registran bajos niveles de instrumentación. No llegan al 10 por
ciento los diseñados para el acceso igualitario a los derechos culturales, la consolidación
cultural de políticas territoriales y el fomento de la cultura popular. El único ministerio con
niveles razonables de ejecución es el de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que
llega al 49,7 por ciento y en sus principales programas se ubica entre el 40 y el 68 por
ciento. La subejecución de partidas presupuestarias fue una constante en el gobierno de la
ciudad y también responde a una estrategia: nominalmente figuran unas cifras asignadas
para programas y políticas de gobierno que nunca pasarán a los hechos y, esos recursos
congelados, con el tiempo son reasignados “extraordinariamente” para otros fines que no
son precisamente atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

Cuando se lanzó contra la población la criminal ola de tarifazos, el gobierno ni nacional ni

popular anunció que, para los sectores más humildes, habría tarifas sociales para los
servicios públicos. Sin embargo, una ínfima cantidad de usuarios ha accedido a las mismas
debido a las deliberadas trabas que pusieron y que hacen del trámite para conseguirlo una
tarea destinada al fracaso. Entre ellas se pueden mencionar: el ministerio de Energía
dispuso para un millón y medio de personas la tarifa social cuando desde el Gobierno
reconocen que más de tres millones la necesitan; poca capacitación del personal de las
empresas de servicios para atender la demanda de los usuarios. Hasta que la gente no
llegaba hasta al ente regulador no había una respuesta correcta; se cobra un depósito de
hasta $300 para hacer el cambio de titularidad. Esto sucede cuando son inquilinos y la
mayoría alquila; poca y mala información a la hora de difundir (poco) normas y requisitos
para gestionar las solicitudes; para admitir el reclamo se exige no tener un auto de hasta 15
años de antigüedad; no hay incorporación automática al subsidio pues los jubilados y
beneficiados con planes sociales, con listado en la ANSES, deben hacer el trámite necesario
a pesar de pertenecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. Así funciona la
maquinaria estatal del macrismo, “aprendiendo sobre la marcha”, como señaló el ministro
de Shell en Energía, Juan Aranguren, cuando fue al Congreso a responder sobre el
descalabro que generaron las subas exponenciales de tarifas. Lo que sí saben, y lo tienen
bien aprendido, es cómo y a quién beneficiar y cómo y a quiénes perjudicar. Un buen
neoliberal nunca se va a confundir.
26/06/16: Ojalá se haga realidad. Según informa hoy el diario Página/12, la extradición del
arrepentido Hernán Arbizu a EE.UU., ocurrida hace unos días, fue pactada entre él y la
justicia norteamericana. Todo lo que este hombre declaró en el Congreso y que ameritó la
apertura de una causa que, a cargo del fiscal Marijuán, no avanzó un ápice en años, ahora lo
va a repetir ante quienes pareciera querer escucharlo. Quien está nervioso ante esta novedad
es el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat Gay. “Muy pronto nos volveremos a
ver”, le dijo Arbizu a Alfonso Prat-Gay, en tono quizás premonitorio, el miércoles a la
noche cuando ambos se cruzaron en la sala VIP de American Airlines en el Aeropuerto de
Ezeiza. Casualmente, iban a compartir el vuelo a Nueva York. Uno, extraditado. El otro,
para exponer ante el Council of Américas. El ministro bajó la cabeza y esquivó el “cara a
cara” que le proponía el extraditado. Arbizu viajó dispuesto a relatar cómo fue la tarea que
realizó en Argentina para el banco suizo UBS en Buenos Aires previo a 2006, cómo pasó
luego al JP Morgan hasta 2008 para seguir haciendo, esencialmente, lo mismo: facilitar la
fuga de grandes fortunas pertenecientes a familias poderosas o empresas de primerísima
línea, que quisieran manejar esos fondos fuera del país sin ser declarados. Su labor consistía
en crear las cuentas en el exterior, transferir el dinero sin pasar por los carriles regulados y
administrarlo vía triangulaciones entre paraísos fiscales, capitales europeas como Madrid o
París, y centros financieros como Londres, Ginebra, Miami o Nueva York; hacer
colocaciones financieras especulativas o disponer del dinero en el momento y lugar en el
que se lo requirieran. Incluso, retornando al país. Todo bajo un estricto secreto o, mejor
expresado, en absoluta clandestinidad. Durante la audiencia del viernes en Nueva York, el
ex ejecutivo de JP Morgan habría reiterado detalles de lo que expuso en Buenos Aires el 5
de mayo de 2015, y los habría ampliado. No sólo ratificando que JP Morgan facilitaba la
fuga de capitales y su triangulación en forma ilegal por cuentas off shore y las principales
capitales financieras del mundo, sino que habría dado detalles de cómo funciona la
plataforma para ocultar capitales y moverlos internacionalmente de los denominados
“bancos globales”. “JP Morgan facilitó la evasión de impuestos en Argentina, pero no fue
solo JP Morgan: todos los grandes bancos, los ocho o diez principales, lo hacían”, declaró
varias veces Arbizu en Buenos Aires. Sobre este asunto iban a requerirle información los
fiscales el viernes, pero haciendo hincapié en el rol de la banca ligada al mundo financiero
norteamericano. Para ello, el ex banquero y financista viajó acompañado por más de 120
kilogramos de documentación vinculada a operaciones de desplazamiento irregular de
activos en los que él mismo participó en la década pasada. “Es sólo una muestra de lo que,
seguramente, se perdió en el incendio de Iron Mountain en el depósito de Barracas, en el
que se quemaron entre 40 y 60 por ciento de los registros en papel que tenía allí guardados
el JP Morgan”, recordó ayer, en Buenos Aires, un especialista con trato frecuente con
Arbizu por sus investigaciones sobre fuga y lavado. Arbizu está en condiciones de
suministrar a las autoridades judiciales de Nueva York no sólo la lista de titulares de las
cuentas creadas en paraísos fiscales para la fuga, sino además quienes actuaron como
administradores o apoderados de las mismas. El interés que tendría la Justicia
norteamericana en estos nombres está dado por la posibilidad de dilucidar, a través de los
mismos, la trama de negocios financieros que también pasa, ilegalmente, por Estados
Unidos o por filiales de sus empresas. Arbizu, en su declaración ante la comisión bicameral
del año pasado, involucró a otros seis bancos “globales” que operan en Argentina, además
de JP Morgan y HSBC, como facilitadores de la fuga y la evasión de impuestos. También
mencionó a Alfonso Prat Gay, otro ex ejecutivo de JP Morgan, como uno de los
profesionales que asistía a los grupos que intentaban fugar dinero del país. “Puedo
nombrarle al menos diez banqueros con los que trataba Prat Gay para sacar la plata del
país”, señaló el arrepentido en su momento en el parlamento argentino. Ante este
panorama, quizá, la impunidad que viene acumulando en Argentina se le termine con una
causa a la que se subestimó desde su inicio. Y cuando esto se destape no le va a alcanzar
con pedir perdón de rodillas como hizo ante Repsol.
En el gobierno ni nacional ni popular están tan nerviosos por lo ocurrido con Arbizu, que
han quedado expuestos al ridículo. La protagonista en este caso es una abonada a los
papelones: la ministra de Inseguridad Patricia Bolsrich. Apenas se conoció la orden del juez
Sebastián Ramos aprobando el pedido de extradición de Hernán Arbizu, un poco por
oportunismo berreta, de modo de anotarse méritos que no tiene, y otro poco para mostrar al
infame gobierno disimulando colaboración con la “justicia” norteamericana, hizo publicar
en el twitter y la página de Facebook del ministerio un afiche con el texto: “¡Otro prófugo
capturado! Esta vez: Hernán Arbizu. Delito por fraude bancario. Pedido de captura
internacional”. Arbizu estaba en su casa del barrio porteño de Belgrano, como desde hacía
ocho años, tiempo en el que habló con periodistas, asistió a programas de televisión, otorgó
notas a medios nacionales e internacionales, concurrió a citaciones de la Justicia por otras
causas, pero no en la que él se auto inculpó y hasta intervino en mayo de 2015 en la sesión
de una comisión bicameral para atestiguar sobre fuga de divisas a través del sistema
bancario. El “prófugo capturado” de Bolsrich no era tal: esperaba la extradición que él
mismo había solicitado, por un escrito presentado en abril ante el juez Ramos, con copia
enviada a los tribunales de Nueva York para su conocimiento. Horas después sería detenido
por la Policía Federal, para embarcarse la semana siguiente rumbo a Estados Unidos. Triste
para la ministra, que se quedó sin brindis…

Para entender de manera acabada lo que es la corrupción estructural legalizada, basta con
recoger los datos sobre las posiciones de los dos nuevos jueces incorporados a la Corte
Suprema de las Corporaciones, respecto a las “competencias” que le comprenden al poder
judicial a la hora de proteger el derecho privado; o sea: a los grandes propietarios y a las
multinacionales, y que Horacio Verbitsky señala en Página/12 de hoy. Al objetar tanto a
Horacio Rosatti cuanto a Carlos Rosenkrantz, el CELS cuestionó “sus posiciones respecto
de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”. En sus trabajos
académicos, Rosatti sostuvo, igual que la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti, que el
derecho de huelga es una atribución exclusiva de los sindicatos formalmente constituidos,
para supuestos de un conflicto laboral concreto y reivindicativo o desconocimiento de un
derecho laboral previamente reconocido. En el Tomo I de su Tratado de Derecho
Constitucional de 2010, Rosatti considera “constitucionalmente discutibles” las llamadas
huelgas “por solidaridad” y las huelgas “políticas o sociales”. Por su parte, Rosenkrantz
cuestiona la constitucionalización de los derechos económicos y sociales, como salud,
vivienda y educación. A su juicio no son exigibles ante los tribunales porque los jueces no
tienen equipamiento institucional ni están preparados para decidir este tipo de casos. Pero
tampoco admite para defender esos derechos el ejercicio de la protesta si incluye un corte
de calle o ruta. En su artículo “La pobreza, la ley y la Constitución” sostiene que “piquetear
una ruta o autopista es un delito”. Además, considera que este tipo de protesta no está
protegida por la libertad de expresión. Rosenkrantz entiende que “la pobreza no es
relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los
derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”. A su juicio “la posibilidad de
que los tribunales realicen decisiones que determinen grandes transferencias de riqueza
terminará socavando el poder de los tribunales”. Sumada esta posición a las de Rosatti y
Lorenzetti, el poder administrador quedaría libre de interferencias jurídicas para sus
decisiones sobre transferencias de riqueza, como las que han tenido estridente principio de
aplicación en lo que va de este año. Esta es la superestructura de un sistema perverso, que
hace de la ley su principal instrumento de dominación, a la hora de imponer con la fuerza
de la “legalidad” las injusticias y desigualdades que fomenta y promueve.

Era uno de ellos. El francotirador que el 5 de marzo disparó con balas de plomo sobre 400
militantes de Nuevo Encuentro que inauguraban su local en Villa Crespo está prácticamente
identificado. Las pericias balísticas confirmaron la compatibilidad entre los proyectiles que
hirieron a dos mujeres y un revólver calibre 32 secuestrado en un departamento del piso 12
de la torre Los Tilos, en Gurruchaga 274. El titular del arma y dueño de la propiedad se
llama Alejandro Fabián Sidero, es un técnico informático de 47 años, que viajó a Estados
Unidos después del atentado y no volvió al país, según informó ayer Martín Sabbatella,
titular de Nuevo Encuentro. Sidero había dado muestras de sus afinidades políticas al
aportar 50 pesos a la campaña del PRO, según el balance que ese partido presentó al Poder
Judicial el año pasado. “Ahora se entiende por qué la Metropolitana era renuente a avanzar
con la investigación”, razonó Sabbatella. “Empieza a desmoronarse la impunidad que
protege estos actos contra la militancia”, afirmó el legislador José Cruz Campagnoli. La
exigua suma donada es más relevante que la de un aportante de un millón de dólares; pues
en esa cifra mínima va toda una adhesión ideológica sincera, comprometida; en el afán de
pertenecer a un espacio que, con la contribución dada, simboliza desde el gesto el grado de
involucramiento con las ideas del macrismo.

Del ajuste no se salva ni caperucita. A pesar del reclamo para que se redoblen las políticas
públicas que disminuyan la violencia de género con la masiva marcha de NiUnaMenos,
desde el 10 de diciembre de 2015 la gestión de Cambiemos paralizó las actividades para
prevenir la violencia contra las chicas y jóvenes en redes sociales. El Programa Con Vos en
la Web, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que se encargaba de esta
problemática está congelado. Ya no se encuentran disponibles videos educativos en su sitio
web, ni se están ejecutando talleres en las escuelas, ni se reparten manuales con
instrucciones para prevenir peligros en las redes sociales y su personal especializado fue
despedido. “Caperucita 2.O”, dice el libro que se abre y la muestra en viaje a la casa de su
abuelita para enseñarle a usar la compu. Caperucita se lo dice por teléfono y postea en una
red social que está en viaje a lo de su abuelita y con un localizador que muestra por dónde
camina en el bosque. El lobo feroz mira la cuenta de Caperucita y se relame pensando en
que la puede convertir en su cena. Unos días antes, ella había aceptado propuestas de
amistad porque quería llegar a tres mil amigos y, entre ellos, estaba Lobby (al que no se le
veían las garras porque escondía sus mañas). Caperucita se saca una foto y la sube a
Instagram. También publica su dirección y teléfono en sus datos personales. Además, elige
hacer pública su información y no restringida solo a sus conocidos. El lobo feroz se disfraza
de ancianita y quiere atacarla. Por suerte, la verdadera abuelita sabe karate y salva a su nieta
del engaño del lobo. Los cuentos, cuentos son. Pero la prevención no es ficción: “En las
redes sociales aceptá solo gente que conozcas. No te olvides que ellos van a ver todo lo que
publiques”, propone Caperucita desde un innovador video de dibujos animados, publicado
el 29 de octubre del 2013, y con más de 34.558 visitas en el portal de Educ.ar. El objetivo
es enseñarles a chicas y chicos los riesgos de aceptar desconocidos, de publicar información
sobre la dirección donde se encuentran o qué están haciendo en cada momento y que
personas que no son confiables (o que pueden hacerse pasar por otras) sepan dónde y cómo
encontrarlos/as. Sin embargo, desde el 10 de diciembre, Cambiemos decidió esconder a
Caperucita. En el sitio Educ.ar todavía se puede encontrar. Pero el programa que creó
Caperucita 2.0 está apagado y sus videos también. “Este video es privado. Lo sentimos”,
dice una cara amargada en youtube cuando se quiere tener acceso a los materiales
educativos para prevenir grooming (acoso), sexting (cuando se extorsiona a través de fotos
sexuales), cyberbullying (agresiones por medio de Internet), amenazas web, uso seguro de
wi-fi, y privacidad en redes sociales del programa Con Vos en la Web, del Ministerio de
Justicia. El lobo feroz de la transición se comió la prevención a largo plazo.

27/06/16: Un lugar donde abundan las injusticias, paradójicamente, es en el poder judicial.

El Tribunal Fiscal de la Nación, donde cientos de empresas y personas discuten el pago de
impuestos comunes y aduaneros, está casi paralizado desde principio de mes, con más de la
mitad de sus empleados en huelga, en reclamo de un suplemento salarial que les reconozca
sus tareas especializadas. En un afiche que difundieron como parte de su protesta muestran
la gigantesca brecha salarial que separa al personal que atiende al público y escribe las
sentencias de los jueces que luego las firman. Un auxiliar gana 11.730 pesos, un relator
17.107 pesos, un secretario letrado 24.523. Pero la gran sorpresa es el presidente del
tribunal, Juan Carlos Vicchi, quien percibe 400 mil pesos pornográficos por mes, más que
los jueces de la Corte Suprema, cuyos sueldos oscilan entre 210 mil y 250 mil. Como el
común de los jueces, los del tribunal fiscal no pagan Impuesto a las Ganancias, a diferencia
del resto de su personal que sí tributa porque, aunque trabaje en un ámbito judicial,
pertenece al sistema nacional de empleo público. A pesar de no ser de los tribunales más
conocidos, su importancia es inmensa: es donde se apelan las multas y tributos que
reclaman cobrar la AFIP o la Aduana. Es donde suelen aparecer los primeros indicios de
grandes casos de evasión. Las instancias siguientes son los tribunales del fuero contencioso
administrativo y la Corte Suprema. Recauda alrededor de 35 mil millones de pesos
litigiosos por año. Mientras Vicchi goza del privilegio de no tributar ganancias, disfruta de
42 millones de pesos en patrimonio, según su declaración jurada; en la que también
consigna acciones en gran cantidad de empresas grandes: Telecom, Tenaris, Siderar,
Petróleo Brasileiro, YPF, Pampa Energía, Banco Francés, Grupo Financiero Galicia, entre
otras. Hasta ahora no se le plantearon conflictos de intereses en expedientes, pero queda
claro el perfil empresarial con que su mirada aborda las causas a su alcance. La “justicia”
pro empresa, también es parte de la corrupción estructural legalizada.

El camino al empleo 0 no es un tránsito amable en el que abunde la “revolución de la

alegría”. Muy por el contrario: con la resistencia de los damnificados, la represión empieza
a ser el instrumento imprescindible para controlar las protestas que despiertan las aberrantes
medidas de ajuste y precarización que implementa, a diario, el gobierno neoliberal
encabezado por el presidente offshore. Hace dos días, con el silencio absoluto de casi todos
los medios de comunicación, los trabajadores de la empresa recuperada Industrias RB
fueron reprimidos y desalojados violentamente, producto de la orden del Juez Orlando Abel
Díaz del Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro. La planta se ubica en la calle Panamá
1726, de la localidad de Martínez. Los operarios denunciaron que este proceder es ilegal
porque no respeta la ley de expropiación sancionada en 2007 que da plenos derechos sobre
la fábrica a los operarios y que, en realidad, se trata de una maniobra destinada o a que un
grupo empresarial la recompre por migajas o a que el propio gobierno provincial disponga
del terreno, como negocio inmobiliario, en una zona altamente cotizada. Los trabajadores
sufrieron el desalojo y la represión al intentar recuperar y defender sus fuentes de trabajos,
amparados en la citada ley de expropiación. El saldo, que dejó la trifulca, fue de 15
trabajadores detenidos y 30 heridos, muchos de ellos internados de gravedad. El protocolo
de seguridad de la ministra Patricia Bolsrich, tan reclamado por los medios hegemónicos,
pudo desplegarse con toda impunidad, mientras las fuentes de empleo esperan en el limbo
una solución de fondo que permita que la fábrica, recuperada por los trabajadores luego del
desfalco empresarial de 2001, vuelva a funcionar.

Los que venimos alentando sobre poner el foco en la corrupción estructural, sistémica,
porque es la verdadera fuente y causa de todas las desigualdades e injusticias que padece el
pueblo trabajador, no desconocemos la necesidad de denunciar y castigar la corrupción
personal de sus funcionarios; mucho de ellos millonarios gracias a esas mismas políticas,
con lo que la simbiosis lograda es perfecta. El más claro exponente es el presidente
offshore, que en su afán de esconder y disimular sus propiedades y dineros mal habidos
deja huellas en todas partes, aunque los sabuesos entrenados para encontrarlas parecieran
tener el olfato atrofiado. Finalmente, los bienes que el presidente puso en el fideicomiso
tuerto "para no generar conflicto de intereses" llegó a la Oficina Anticorrupción, que
encabeza la fanática macrista, la ocupa Laura Alonso, donde se pudo observar que sólo
colocó allí la mitad de sus bienes. Según informó su principal socio y protector mediático,
el diario Clarín, el Hood Robin argentino no Nacional colocó allí acciones en 4 Leguas por
$3.249.959, en Agropecuaria del Guayquiraro S.A por $19.486.511, en Molino Arrocero
Río Guayquiraro por $ 644.33 y en María Amina S.A por $ 1.209.314, así como un
fideicomiso inmobiliario por $19.613.505 integran este fideicomiso ciego del que tanto
hablaron desde Casa Rosada y que reflotaron luego de Panamá Papers. Los $44.203.622
que totalizan ese fondo son menos del 40% de la fortuna declarada del presidente, la cual,
de acuerdo a su última apócrifa declaración jurada, asciende a los 110 millones de pesos.
En ese sentido, el mal imitador de Freddie Mercuri, decidió no incluir en el contrato
terrenos, departamentos y otros inmuebles y depósitos, como los 18 millones de pesos que
acaba de repatriar de Bahamas. Tampoco aparecen las acciones de otras dos empresas que
aparecen en la declaración jurada. En definitiva: en su afán por cumplir con la formalidad,
entre la torpeza del ignorante y la impunidad del poderoso, vuelve a lo único que sabe hacer
y no siempre tan bien: mentir. La oposición, bien gracias.

Contra lo que uno podría pensar parece que escasean los “cerdos” en Argentina. En lo que
va de 2016 ya se declararon importaciones de 633 toneladas de cortes congelados de carne
de cerdo proveniente de Dinamarca a precios que, aún abonando un derecho de importación
extrazona del 10%, resultan inferiores a los valores de los cortes producidos localmente.
Parte de los ingresos se destinan a la Patagonia porque la normativa vigente dispuesta por
Senasa prohíbe el ingreso a esa región de cortes provenientes de zonas que no sean libres de
aftosa sin vacunación. Sin embargo, otro tanto se distribuye en grandes cadenas de
supermercados de la zona pampeana; entre las cuales se incluye La Anónima, la cadena de
supermercados de la familia Braun, que tiene al tío Miguel en la secretaría de Comercio
como zorro al cuidado de las gallinas y al sobrino Joseph Peña, a cargo del Ministerio de
Propaganda con su ejército de mercenarios del ciberespacio despechando calumnias y
mentiras a toda hora. Muchos de los cortes daneses ingresados son carré y bondiola
congelada, los cuales luego son descongelados para ofrecerlos como carne fresca en
cadenas de supermercados. Las autoridades sanitarias argentinas habilitaron a 18
frigoríficos daneses para exportar carne porcina al mercado local, la mayor parte de los
cuales son controlados por la corporación Danish Crown.

El gobierno ni nacional ni popular hace agua por todos lados. No sólo por sus medidas, que
en su afán por expandir su miseria planificada va generando condiciones de
ingobernabilidad de cara al futuro no muy lejano, sino por sus desafortunadas
declaraciones, de las que todos los días se tienen corregir sin reconocerlas. El ministro en
rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, luego de pronosticar en marzo una inflación
mensual del 1% para el segundo semestre de este año (y ratificarlo en abril días después del
pago a los fondos buitre), tuvo que reconocer el viernes pasado que la suba de precios de
este año llegaría al 42% a pesar de que “el trabajo sucio ya se hizo”. Se trata de casi 20
puntos porcentuales más de lo establecido como meta para el período. Este fiasco, sin
embargo, ha tenido sus costos y, sobre todo, los tendrá en el futuro. Es que la política de
contención de precios que aplicó el gobierno, de neto corte neoclásico ortodoxo, se sustenta
en las elevadas tasas de interés de las Lebac (de hasta el 38%) con el propósito de generar
una reducción del circulante en pesos que, por la vía de la recesión y la caída del consumo,
produjera una caída de los precios. El supuesto esquema anti-inflacionario, además,
promovió la estabilización del tipo de cambio al desestimular la demanda de divisas en
favor de los plazos fijos y las Lebac. Más allá de su indisimulable incapacidad para
contener los precios, esta ecuación generó un esquema ideal para el capital financiero en
general y para el flujo de capitales golondrina en particular. Desde que asumió este
gobierno, se han emitido títulos de deuda externa a nivel nacional y provincial por un
monto de 29 mil millones de dólares y, en un período similar, se han fugado (bajo el ítem
de formación de activos externos) más de U$S 5200 millones a través de esa bicicleta
financiera y otras modalidades. Además, se espera que haya emisiones de deudas
provinciales por casi 4 mil millones más. Los datos surgen de un informe realizado por el
economista de La Gran Makro basado en datos del BCRA. Según un informe de junio del
Centro Scalabrini Ortiz (CESO), "la deuda provincial, en su gran mayoría, apunta a
financiar déficits operativos corrientes (en especial, en la provincia de Buenos Aires) y
refinanciar vencimiento de deudas". El negocio financiero es muy simple, con el dólar
planchado y relativamente estable (se mantuvo entre $ 14 y $ 15 desde diciembre hasta la
fecha), la tasa de interés anual en pesos de entre el 38 y el 32% se traslada en forma directa
al dólar. La práctica, muy extendida en todo el globo a partir de la crisis financiera
internacional, lleva el nombre de "carry trade" y consiste en tomar deuda en países con
bajas tasas de interés (la Reserva Federal de EEUU la situó recientemente en 0,5%) y
colocarla en títulos de entidades bancarias oficiales con altas tasas como la de nuestro país.
Cualquier inversor extranjero ingresa esos dólares al país, los cambia en el mercado de
divisas por pesos, los coloca en Lebacs a, por ejemplo, tres meses, los retira, vuelve a
comprar los dólares y se los lleva al exterior nuevamente. El procedimiento, completamente
legal, genera una renta de entre el 8 y el 9% en dólares en apenas 90 días sin promover
inversión productiva alguna ni generar empleo ni movimiento del mercado interno. Se trata
de una ficción especulativa que genera enormes beneficios y que, obviamente, alguien debe
afrontar. Es que la tasa de interés en pesos de los Lebacs, tarde o temprano, deberá ser
cancelada por el propio BCRA; que no tendrá más alternativa que afrontarla sobre la base
de una nueva emisión monetaria o, en su defecto, con nuevos títulos alimentando, de esta
forma, una nueva espiral inflacionaria. Esta es la manera en que encamina su destino el
proyecto neoliberal de Empleo 0; que sólo traerá aparejado la miseria generalizada de la
población y un país devastado, con una violencia social condenada a desatarse, por ahora,
sin conducción ni alternativa política concreta.

Las nacientes Multisectoriales del país, unidas para enfrentar los efectos de los tarifazos
implementados por el gobierno neoliberal, continúan con la sumatoria de fuerzas y
adelantaron que confluirán en una Marcha Federal hacia la Ciudad de Buenos Aires
organizada por las dos CTA que -en otro claro gesto hacia la unidad-, llegaría a la capital
porteña el 19 de agosto próximo. También anticiparon que se iniciaron conversaciones con
varios gremios incluidos en la CGT y que existe una voluntad firme para que la
confederación obrera se sume a la movilización. Mañana, la Multisectorial de CABA
volverá a reunirse para analizar posibles acciones en la Ciudad para el 9 de julio próximo.
Parece poco, liviano, pero es algo. Sin resistencia, seguirán avasallando todos los derechos
ciudadanos mientras fugan sus dineros ilegales, de su sucio trabajo, a paraísos fiscales.

El actual gobierno neoliberal argentino, como todos los de esta calaña en el mundo, no sólo
detestan los derechos ciudadanos, a los que consideran una carga y un abuso proteccionista
que atenta contra la libertad del Dios Mercado, sino también a la cultura en general. Así
como cerró el Indec, paralizó el Cultural Kirchner y no llamó a sesiones extraordinarias del
Congreso pese a nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto, el gobierno del
presidente offshore, literalmente, congeló la actividad del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales y el resto de las actividades del sector, como la producción de series y
unitarios para televisión. Primero con el final por decreto de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, que eliminó de cuajo la política de subsidios y reintegros para
el sector, luego con la no convocatoria del Consejo Asesor del Incaa, responsable de la
distribución y asignación de los recursos que el mismo sector genera, eliminando los
créditos para las películas. Por último, con un pecado compartido con el anterior gobierno:
la no reglamentación del decreto-ley que asigna al sector el estatus de industria, que le daría
la posibilidad de exenciones impositivas, facilidades para exportar e importar, beneficios
sobre cargas sociales, igualdad del mercado dentro del país y posibilidades de venta al
exterior. “No está filmándose una sola película porque los subsidios que el Incaa debería
liberar no los está liberando; y en televisión, por ejemplo, el trabajo actoral respecto al
mismo semestre del año pasado decayó un 37 por ciento”, explica Daniel Alvaredo, de la
Asociación Argentina de Actores (AAA). “La detención de seis meses que ha ocurrido en
el Incaa es un hecho inédito hasta la fecha; hay más de 100 películas paradas”, aporta
Alcides Chiesa, de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), “y por eso nuestra
intención de movilizarnos”, completa. La movilización a la que se refiere Chiesa es la
creación de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual, que el
viernes cerró con éxito su primer congreso. No es magia que el Gobierno haya podido
reflotar una causa de 2007 y hecha por la misma DAC (Directores Argentinos
Cinematográficos), un día antes (22 de junio) de que la Multisectorial lanzara su primer
Congreso. Por algo fue el solícito juez federal, el pistolero Claudio Malodío, quien se tomó
la molestia de citar a indagatoria a Gabriel Mariotto, Daniel Filmus y algunos ex
funcionarios del Incaa, para indagar sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de
subsidios para el fomento de las actividades cinematográficas.

Lamentablemente de manera dispersa y descoordinada, la resistencia al brutal ajuste

neoliberal promovido por la administración que encabeza el presidente offshore se
multiplica por todo el país. Los trabajadores petroleros iniciaron anoche un paro por 48
horas en reclamo de mejoras salariales y advirtieron que si no obtienen respuestas podrían
extender la huelga “por tiempo indeterminado”. La medida afectará a la producción de gas
y petróleo en Neuquén, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego y Salta. Los sindicatos piden un aumento de 30 por ciento hasta diciembre y un pago
por única vez de 50 mil pesos a cada trabajador para compensar la pérdida de poder
adquisitivo que han venido sufriendo por la disparada de la inflación, mientras que los
empresarios ofrecen un 20 por ciento y un pago de 15 mil pesos por única vez. Las
empresas nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH)
emitieron un comunicado en el que hicieron un llamado a la reflexión “para que la medida
no genere graves consecuencias para el sector, los trabajadores y el país”. Es la primera vez
en diez años que todos los gremios del sector van al paro de manera conjunta; lo que no
deja de ser una buena noticia. El problema es que, en general, los reclamos no dejan de ser
sectoriales y atomizados, por lo que el peso de las medidas, para enfrentar al modelo en su
conjunto que atenta contra todos los trabajadores del país, pierden fuerza e impacto; y las
posibilidades de imponerse son pocas, limitadas, parciales o coyunturales. Sin proyecto
político que los abarque a todos, el vigente modelo neoliberal profundizará su liderazgo y
su avance atroz sobre todas las conquistas sociales.

28/06/16: Mientras la cadeta del Grupo Clarín, Margareth Stolbizer, auto postulada a
candidata a jueza de la Corte Suprema de las Corporaciones, presenta una denuncia contra
CFK por asociación ilícita, el gobierno ni nacional ni popular vuelve a hacer gala de una
doble vara y nuevamente toma deuda de los fondos de los jubilados para financiarse, algo
que como oposición criticó en reiteradas oportunidades. Esta vez, es por otros 660 millones
de dólares, a través de una suscripción directa de Letras del Tesoro. Ya obtuvo más de
1.100 millones a través de este mecanismo. Se tratan de Letras con un plazo de un año de
vencimiento, que se tomarán en dólares o en pesos al tipo de cambio oficial del día y
pagarán una tasa de interés anual del 4,2%. El monto suscripto equivale a unos 10 mil
millones de pesos, al tipo de cambio actual. El pasado 2 de mayo, el Estado tomó, como en
esta oportunidad, unos 500 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
En dos meses, el Tesoro tomó deuda con la Anses por U$S1.160.500.000. Según la
resolución 108 del ministerio de Hacienda, las Letras del Tesoro serán transferibles. Esto
quiere decir que la Anses podrá revenderla en el mercado de capitales, a la cotización del
momento. El FGS está en la lupa por el mega proyecto que se está discutiendo en el
Congreso y que permite la venta de activos del FGS para pagar el aumento de los jubilados
y las sentencias a los mismos. Entre su capital, el FGS cuenta con acciones de empresas de
primera línea que la actual administración vería con buenos ojos reprivatizar.

Van surgiendo nuevos datos que confirman cómo el macrismo lava dinero a través de
fundaciones para justificar egresos de sus presupuestos con partidas destinadas para algunas
ONGs que no lo reciben o reciben mucho menos de lo oficializado (como la causa de
pautas publicitarias a medios pequeños del interior del país) o para otras, que resultan ser de
“amigos” cercanos al PRO, para favorecer sus emprendimientos a cambio de propaganda
encubierta (caso Niembro). Pero está la combinación de ambas: ONGs que reciben
demasiado dinero que no se ven traducidos en obras de acuerdo al monto recibido y que son
cercanos al gobierno; útiles para difundir una imagen “preocupada” por lo social. Este
último caso es el de Margarita Barrientos, la humilde emprendedora con su cadena de
comedores barriales. En los últimos años el vínculo entre la referente social y el hoy
Presidente offshore de la Nación, se acrecentó en forma notoria: ante cada anuncio social
que requirió Macri, Barrientos puso a disposición su famoso comedor y hasta tomó partido
por el entonces jefe de Gobierno porteño en las últimas elecciones nacionales, donde el
propio Hood Robin cerró su campaña prometiendo el plan de Empleo 0.Sin embargo, lo
que no se sabía al menos hasta ahora, es que detrás del apoyo incondicional y las muestras
de solidaridad, existían intereses económicos: a través de la Fundación y las obras en el
barrio Piletones que monopolizó la cooperativa de su esposo, la familia Barrientos recibió
más de 27 millones de pesos el gobierno PRO. Pese a que su representatividad en el barrio
es nula (su hija, Macarena Beatriz Antúnez obtuvo poco más de 100 votos en las últimas
elecciones realizadas allí, lo que representó un frustrado tercer lugar), el gobierno porteño
decidió centralizar todas las partidas en favor de Barrientos y su familia, haciendo del
clientelismo político una bandera. De esta forma, la Fundación Margarita Barrientos,
comenzó a manejar grandes partidas en la medida que su nivel de exposición fue creciendo:
de recibir un subsidio de $63.700 en 2008, pasó a cobrar casi $6.637.039 el año pasado por
parte del gobierno municipal. Barrientos y su equipo tienen a cargo el mantenimiento de
prácticamente todos los espacios públicos del barrio: por el mantenimiento de los dos
Centros de Primera Infancia (Tiazo Andrés y San Cayetano) reciben unos $585.000
mensuales del ministerio de Desarrollo Social, mientras que por parte del ministerio de
Educación otros $57.240, correspondientes al proyecto "Integrarte". De esta forma, la
Fundación Margarita Barrientos se hizo en los últimos tres años unos $12.018.468
provenientes de las arcas porteñas: Pero la Fundación no es la única beneficiada con las
partidas gubernamentales: la Cooperativa La Unión, perteneciente Isidro Antúnez, esposo
de Margarita, logró hacerse de jugosos contratos por tareas de saneamiento de veredas,
recolección de residuos, cuidado de predios y hasta construcción de casas, paseos y
panaderías, habiendo recibido $15.490.102,35 de las arcas porteñas entre 2013 y 2016.
Prácticamente todas las obras se realizaron por contratación directa o decretos de
"urgencia", lo que impide un procedimiento transparente que les permita a otras
cooperativas del barrio participar en los procesos de selección. Seguramente la lumpen
política Elisa Carrió, la ocupa Laura Alonso, la ministra Patricia Bolsrich y la cadeta del
Grupo Clarín, Margarita Stolbizer, están preparando sus denuncias por “Asociación ilícita”.
Las comparaciones de las medidas y los personajes que condujeron al país la última
dictadura y en los noventa con la impronta del actual gobierno son inevitables. Y las
designaciones de funcionarios de Mauricio Macri son parte esencial de esas similitudes. Al
frente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo encargado de
proteger las patentes de la actividad fabril, el gobierno designó como presidente a Dámaso
Alejandro Pardo, quien estará acompañado por José Alfredo Martínez de Hoz, hijo del ex
ministro de Economía de la dictadura. Tanto Pardo como Martínez de Hoz (h) fueron
denunciados por el Observatorio Sudamericano de Patentes por incompatibilidad de
funciones, dado que ambos son socios y representantes legales del estudio Pagbam (Pérez
Alati, Grondona, Benites Arntsen & Martínez de Hoz) que asesora a las principales
empresas transnacionales en propiedad intelectual. Claro que la galería de personajes
nefastos que integra “el mejor equipo económico en 50 años” no es lo peor. Lo peor es que
no sólo son los mismos personajes o sus parientes más cercanos, sino que son las mismas
políticas neoliberales que llevaron al desastre al país tanto en la dictadura, como en el
menemato, como con la alianza delaruinista. Por eso qué mejor que convocar a los
“especialistas” …

La proclamada transparencia institucional y el pleno ejercicio del derecho en manos del

poder judicial sin injerencias de otros poderes, para controlar o entorpecer su
funcionamiento, es pura charlatanería. Mau y sus pandilleros no quieren que se investigue
al poder real, que ellos mismos integran. La Cancillería le informó al juez federal Sebastián
Casanello que los países a los que pidió información sobre Mauricio Macri en la
investigación de los Panamá Papers pueden llegar a requerir "aclaraciones" o directamente
devolver los exhortos. De acuerdo al Gobierno, "no surge con claridad la descripción
precisa de los hechos imputados". Esto lo comentaron pese a que fuentes judiciales
confirmaron que no existen problemas técnicos en los escritos. Es más, letrados consultados
no recordaron presentaciones similares por parte del Poder Ejecutivo en asuntos relativos al
Judicial. Debido a la influencia que tiene el gobierno de turno en la respuesta o no de los
requerimientos por parte de otros países, interpretaron este escrito como un obstáculo para
los investigadores. El Ministerio de Exteriores le presentó una carta a Casanello donde
arguye irregularidades en los exhortos pedidos por el fiscal Federico Delgado que investiga
al presidente de la República. "Esta Autoridad Central se permite destacar que de la lectura
de la solicitud no surge con claridad la descripción precisa o circunstanciada de los hechos
imputados –de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.a– y esto determina la
posibilidad de que las autoridades requeridas, en forma previa a la ejecución de la solicitud,
requieran aclaraciones al respecto o procedan a su devolución para su complementación",
planteó en la nota 6583/2016 de la Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal de
Cancillería del pasado 15 de junio y a la que accedió Infobae. Los escritos enviados a
Panamá y Uruguay por Casanello y Delgado requieren información societaria sobre la
empresa Foxchase Trading SA. Esta compañía se fundó en Panamá el 10 de diciembre de
2012 y junto a otra uruguaya tomaron el control de Macri Investment Group (MIG), donde
el mal imitador de Fredy Mercuri era accionista. MIG es una de las involucradas en la
creación de Global Collection SA, vinculada con Global Collection do Brasil y el lavado de
U$S 9 millones realizado por la offshore Fleg Trading Limitada. Pese a lo que dice el
Gobierno ni nacional ni popular, fuentes en la Justicia confirmaron que los exhortos no
deberían ser rechazados por Panamá y Uruguay, ya que se trata de requerimientos de datos
societarios y no de una incriminación. Sin embargo, no todas son malas noticias. El
intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, fue
imputado por enriquecimiento ilícito en el marco de las revelaciones de Panamá Papers
donde se investigan las offshore creadas por el estudio de abogados Mossack Fonseca. El
fiscal federal Patricio Evers resolvió imputar al intendente de Lanús por el poder legal que
tenía para operar con la empresa Mercier International SA, constituida en Panamá en julio
de 2010 y con actividad hasta el mismo mes del 2013. También por gestionar fondos de la
compañía depositados en el banco suizo Clariden Leu Limited. Así, mientras la causa
contra el recaudador del presidente offshore avanza, la de éste se estanca.

El director de ficciones neoliberales, Juan José Campanella, subsidiado por el Incaa durante
el kirchnerismo, declaró: “No conozco a nadie que haya votado a Cambiemos que esté
arrepentido”. Quizá, si se diera una vuelta por la provincia de Córdoba, se encontraría con unos
cuantos. Allí planean una gran manifestación en contra de los tarifazos, los cuales llegan a superar
el 2000 %. Esto se decidió luego de unaresolución del juez Federal N°1 Ricardo Bustos
Fierro, en la que rechazó la cautelar y el pedido de amparo que hicieron más de 1200
ciudadanos luego del tarifazo del gas que, en algunos casos, escaló el 2000 por ciento de
aumento en las facturas domiciliarias. Otra vez el poder judicial, la pata de palo del sistema
para convalidar las confiscaciones agravadas que promueven los promotores de votantes
arrepentidos.

Pequeños apuntes para la antología de la vergüenza nacional:

1) El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Berreta, decidió hacerle una estatua a
Lionel Messi en plena costanera. Es su manera patronal de pedirle, en nombre del sufriente
pueblo trabajador, que no deje de jugar en la selección argentina.
2) El fiscal federal Guillermo Marijuán, del cual se había informado viajaría a EE.UU. para
reclamar un exhorto sobre sociedades fantasma de Lázaro Báez y por datos de supuestas
coimas en la concesión del yacimiento Cerro Dragón, apareció en fotos a todo color
mirando el partido de la selección argentina en Nueva Jersey, en la final de la Copa
América, enfundado en la camiseta nacional, entre abrazos y carcajadas con un grupo de
amigos del Frente Renovador y un funcionario macrista. Pero esto no es lo peor. La
“volada”, también, le sirvió para participar, invitado por la Fundación Centro de Estudios
Americanos –que se dedica a fomentar las relaciones con el gobierno estadounidense–, a un
“Programa para dirigentes sobre el estudio de los Estados Unidos de América y las
relaciones bilaterales”. Así, mientras hincha por Argentina, se envuelve en la bandera de la
embajada norteamericana.
3) Para la fanática macrista y jefa de la Oficina Anticorrupción, la ocupa Laura Alonso, el
ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren, no incurre en ninguna incompatibilidad en
su cargo, pues puede encomendar las decisiones sobre la petrolera a su superior, Mauricio
Macri, o algún otro funcionario; e invitó, a todos los sus colegas, a “delegar” sus
responsabilidades empresarias para evitar conflictos de intereses. O sea: disimulen amigos
que se está notando mucho…

4) El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Mérdez, afirmó que durante
la gestión anterior le "sacaron" una empresa, que debió vender "porque si no la fundían",
para que "hablara menos" y "fuera más condescendiente con la política del gobierno", pero
evitó brindar nombres y precisiones, tal como ocurriera ayer con su declaración judicial
acerca de supuestos sobornos en la obra pública. Respecto de su declaración de ayer a la
“Justicia”, Mérdez, admitió que no posee datos concretos sobre casos de coimas y
argumentó que "eran vox populi, de dominio público". El viejo truco de enlodar con falsas
denuncias a través de los medios hegemónicos, que es lo que le queda a la “gente”, para
después desdecirse ante la “Justicia”, con dichos que casi no tienen difusión pública.
29/06/16: Mientras la titular de la Oficina Anticorrupción, la ocupa Laura Alonso, da
consejos a Mau y sus pandilleros de cómo cometer delitos sin que sea tan ofensivo a la
mirada pública, los diputados del Frente para la Victoria, que denunciaron al ministro de
Shell en Energía, Juan José Aranguren, por violación de la ley de ética pública, ampliaron
la acusación penal. La Justicia lo investiga por favorecer con la importación de gas a Shell,
de la que es accionista. Los legisladores Martín Doñate y Rodolfo Tailhade recordaron en
la presentación que "la empresa gasífera de Bolivia que nos proveía de gas hasta la llegada
del ministro Aranguren es BG, que tiene intereses en ese país". "Pero tal como explica el
Consulado Boliviano, están recibiendo ofertas por 8 dólares cuando a nosotros nos cobran 3
o 4 dólares", añadieron. Según los denunciantes, "el interés de la Royal Dutch Shell PLC
como dueña de BG y Repsol, no es el de venderle a los 'hermanos' argentinos el gas a 3 o 4
dólares, sino a los compradores que están ofreciendo 8 dólares, sin importar lo que les
suceda a los 'hermanos' rioplatenses". El interés del ministro es que Argentina le compre a
Chile el gas a U$S 6,9 antes que recibir en Bolivia los U$S 3 o U$S 4 del contrato que
Argentina tiene con ese país hermano, y así poder venderles a esos 'compradores' el gas
boliviano a 8 dólares", sostiene el escrito. "Queda expuesta la situación de haber comprado
gas por un precio superior al que podríamos haber pagado para que su empresa pueda
venderle ese gas boliviano a los compradores que ofrecen U$S 8 ", resumió la presentación.
Los diputados añadieron que el gas que proviene de Chile "es de origen noruego y fue
transportado desde el sur de Francia como Gas Natural Licuado en barco hasta la planta de
regasificación de Mejillones, en la costa pacífica del norte de Chile". Aranguren "no sólo
tiene la información antes que cualquier otro accionista, sino que es quien decide lo que
sucede en ese mercado, definiendo políticas estatales que benefician o perjudican a la
empresa anglo-holandesa de la cual es accionista, creando de este modo, la información".
Los legisladores del FPV subrayaron que "el valor de las acciones de la Royal Dutch Shell
ha subido desde el 20/01/2016 de 16,67 euros la acción hasta 22,88 euros la acción el día
10/06/2016", un aumento del 37,25% en euros. "Si el Estado argentino favorece con todas
sus políticas a la empresa Shell, y sus acciones aumentan de valor, en alguna medida es
consecuencia lógica y natural de esas medidas", resume el escrito, presentado ante el juez
federal Luis Rodríguez. Pensar que ayer el presidente offshore rendía homenaje al ex
mandatario Arturo Illia, resaltando la honestidad del dirigente radical…

Son abominables, perversos, monstruosos. No sólo por las medidas socio-económicas que
promueven sino, una vez más, por sus dichos, que reflejan el vivo pensamiento de la
derecha vernácula. En este caso la provocación del día fue del diputado radical Julián
Dindart, que forma parte de la alianza Cambiemos, quien realizó una fuerte declaración
sobre los embarazos adolescentes en una reunión de comisión en el Congreso. "Todas
aquellas que reciben alguna asignación por hijo buscan tener otro para tener un poco más
de dinero", denunció; recibiendo cuestionamientos de parte de algunos legisladores de la
oposición. Según señala el portal de noticiadla Política Online, ni bien comenzó la reunión
Dindart echó a asesores y periodistas de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia que era pública, por lo tanto, su accionar era improcedente. El intento de
vaciar la sala fue avalado por los diputados de Cambiemos Eduardo Amadeo, la radical
correntina Mercedes Sehman, Gabriela Burgos, Yanina Gayol y Samanta Acerenza. Al
igual que el monje negro Ernesto Sanz o el grasita Miguel Del Sel, la alianza neoliberal
gobernante, inicia la campaña de demonización de la asignación universal por hijo para
instalar en el sentido común la necesidad de derogarla, limitarla o condicionarla. Apelando
a datos falsos, sacan lo peor de sí que, por otra parte, es lo único verdadero que pueden dar
a luz sin trampas ni mentiras.

30/06/16: No tienen por qué preocuparse por la caída en la imagen del presidente offshore
en las encuestas. Entre los decretos de necedad e indecencia y las leyes que les votan sus
opositores, el gobierno, ni nacional ni popular, avasalla todo a su paso sin miramientos. El
Senado convirtió ayer en ley el paquete de medidas que incluyó el Gobierno como un único
proyecto, con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención. La ley ómnibus de pago de
sentencias y retroactivos a jubilados y actualización de haberes previsionales y blanqueo de
capitales contó con el apoyo clave del Bloque Justicialista y de los senadores puntanos,
además de los votos que sumaron el radicalismo y el PRO para la alianza Cambiemos. El
rechazo provino del kirchnerismo duro, en el cual se encuentran las cuatro senadoras de La
Cámpora (María de los Ángeles Sacnun, Anabel Fernández Sagasti, Ana Almirón y
Virginia García). También votaron en contra por el FPV: Marcelo Fuentes, Ruperto Godoy,
Nancy González, María Inés Pilatti, Sandra Giménez y María Ester Labado. Se sumó
Carmen Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. El oficialismo no aceptó ningún tipo
de modificaciones al proyecto. Que hubo aprietes, los hubo. Que hubo presiones, las hubo.
Que impusieron (los diputados) algunos cambios, es cierto. Tan cierto como que el espíritu
de la ley quedó ileso y que a los aprietes y a las presiones sólo ceden los cómplices; los
ideológicamente endebles; los portadores de roperos con cadáveres; y los traidores a los
valores que alguna vez juraron defender.

Haciendo un breve repaso sobre lo aprobado ayer por el Senado de Cambiemos nos
encontraremos con: un blanqueo de capitales escandaloso, que exculpa al evasor y lo
premia dándole libre disponibilidad para el uso de sus dineros; una eliminación retrógrada
de gravámenes a las personas de mayor patrimonio (Bienes Personales) y de las empresas
que los poseen pero no los aplican a la actividad productiva (Ganancia Mínima Presunta) y
la privatización encubierta de participaciones accionarias en poder de Anses; y un nuevo
régimen jubilatorio que es un retroceso en lo inmediato y una inviabilidad en el futuro, que
allanará el camino hacia su privatización. Mientras tanto, los ciudadanos, absortos unos,
confundidos otros, e indignados la mayoría, quedan resignados a la pelea solitaria, sectorial
e incluso individual, contra un régimen al que no se le opone ninguna resistencia colectiva.

Nunca fue tan claro la compatibilidad de intereses que existen entre las leyes y medidas de
un gobierno con los beneficios personales que, gracias ellas, sus funcionarios pueden gozar.
El mejor ejemplo es el propio presidente offshore. De acuerdo al artículo 83 del texto que
aprobó ayer en la Cámara Alta, no se permite la exteriorización de capitales por parte de
cónyuges, padres e hijos menores de los funcionarios públicos. Pero habilita tanto a los
hermanos del mandatario como a amigos y empleados. Además de la bahameña Fleg
Trading Limitada, la panameña Kagemusha SA y Opalsen SA, que les costó el
procesamiento a Mauricio y Franco Macri, la familia cuenta con otras sociedades a nombre
de terceros. A través de amigos de extrema confianza y ejecutivos de su autopartista Sevel
Uruguay, los Macri crearon ocho sociedades en Panamá: Orion Alliance Corporation, Atoll
Services Group Inc, Pymore Ventures Holding SA, Danae Alliance Company SA, Aspent
Portfolio SA, Rockford Holding Group SA, Cap Loren Panamá SA y Metro Consulting
PTY. La última se fundó primero bajo el nombre de Macri Group y es la única que dejó
registros de abrir una cuenta en una entidad bancaria suiza, de acuerdo a lo que surgió de
los Papeles de Panamá. Pero además, Gianfranco Macri, puede blanquear los activos de
otras ocho offshore. Es uno de los directores de Kagemusha SA junto a Mariano y Franco.
Los hermanos del presidente offshore, entonces, podrían acogerse al blanqueo del 66% que
les corresponde de la compañía. Gianfranco ocupa cargos directivos en las panameñas De
Joy B28 Corp, Le Mare A18 Corp, Serenity C44 Corp, Yoo H45 Corp y Office One G11
Corp, Inmobiliaria de Negocios Corp y XG Patagonia Corp. La última de estas fue fundada
el 3 de septiembre del año pasado. Aunque la lógica indica que los directores no son los
dueños de las compañías, en las offshore las acciones se entregan al portador. Es por esto
que se acostumbra inscribir en el directorio a terceros de confianza o a los verdaderos
dueños. Cuando se dice que gobiernan para los ricos, se está diciendo que gobiernan para
ellos mismos.

El presidente participó ayer del Congreso de la Asociación Cristiana de Dirigentes, donde

habló sobre lo que sucede con la economía y se sinceró: "Si yo les decía a ustedes hace un
año lo que iba a hacer y todo esto que está sucediendo, seguramente iban a votar
mayoritariamente por encerrarme en el manicomio". Ahora que sabemos lo que está
haciendo, descubierto lo que ya hizo y lo que planea hacer, esperemos que todo decante
para que quede encerrado, no precisamente en un internado para locos…
01/07/16: Tres caídas consecutivas de la actividad económica dan recesión. Y el gobierno,
ni nacional ni popular, lo logró en sólo tres meses. Los datos fueron proporcionados por el
Indec, que dirige el ex duhaldista devenido en macrista, Jorge Todesca. La economía se
contrajo un 0,7% respecto al último trimestre de 2015, cuando cayó 0,4%. Esta es la
tercera merma consecutiva, dado que en el trimestre anterior había sido del 0,4% y 0,1% en
el tercer trimestre de 2015. Los primeros datos del INDEC se dan el mismo día en que el
mal imitador de Fredy Mercuri sostuvo en la Casa Rosada que "bajó la inflación" y
consideró que "la cosa está funcionando". A no apresurarse: no miente el presidente
offshore, pues el objetivo ha sido logrado. Ahora, con el escenario recesivo a la vista y
profundizándose, viene el verdadero ajuste que “obligará” a los Estados nacionales y
provinciales y a los empresarios a precarizar y despedir trabajadores. Esa es la “cosa” que
está funcionando.

El panorama no puede ser más desolador, o sí. La actividad de la construcción marcó un

retroceso del 12,9 por ciento en mayo respecto del mismo mes del año pasado. El sector
anotó en los primeros cinco meses del año una merma de 10,9 por ciento. El freno de la
obra pública, la incertidumbre de los inversores por la volatilidad del tipo de cambio tras la
mega devaluación de diciembre, el desguace de los programas estatales para estimular la
construcción de viviendas y el fracaso del lanzamiento de créditos hipotecarios con cuotas
ajustadas por inflación, fueron los principales elementos para explicar el parate de la
construcción. Asfalto, cemento, hierro y pinturas computaron las mayores caídas de
consumo. El empleo de esta rama, en tanto, se ubicó en 388.763 personas en abril, al
disminuir 13,2 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado. El dato, publicado
ayer por el Indec, no contempla los despidos de personal no registrado. El segmento
informal de los trabajadores fue el que más impacto tuvo por las políticas de ajuste de
Cambiemos de los últimos seis meses. Sin miras a que esto mejore ni a corto ni a largo
plazo esta actividad, verdadero motor para la creación de empleo, las demás ramas de la
Economía continuarán languideciendo, suplicando caridad de un Estado que sólo atiende a
las corporaciones.

Uno de los funcionarios más polémicos e irritantes es el ministro de medios públicos,

Hernán Lonardi, quien, a través de su policía lombarda, ha hecho de la censura, la
persecución política, el vaciamiento de radios y canales públicos y la desfinanciación y
cierre de obras, proyectos y centros culturales, un culto abominable en el altar del Dios
Mercado. Este burócrata privatizador estará a cargo de uno de los presupuestos más
onerosos del gobierno ni nacional ni popular, a pesar que presenciamos, a diario, el
deterioro, el retiro o el abandono de las iniciativas culturales y comunicacionales del Estado
en el espacio público. Este hombre manejará 2.169 millones de pesos en 2016. Los detalles
de las erogaciones previstas fueron publicados este miércoles en el Boletín Oficial, y allí se
detallan algunos puntos controvertidos. Por ejemplo, destina 11.879.298 pesos en el
alquiler de fotocopiadoras y casi 1 millón de pesos mensuales para utilizar estos
equipamientos. Inclusive, este último ítem, es superior al destinado a pagar reparaciones y
mejoras de los edificios que pertenecen al SFMP: $10,5 millones. Y poco menos que otro
ítem similar, el de "imprenta, publicaciones y reproducciones": $13.723.515. A su vez,
planea gastar 442 millones de pesos para la adquisición de "obras de arte”. Otra de las
millonarias partidas prevé hacer frente al tarifazo, ya que los medios públicos piensan
gastar $52,3 millones en electricidad (unos $4,3 millones mensuales), $21,3 millones en
agua ($1,7 millón) y un número similar en gas. El presupuesto incluye una partida extra de
$100 millones para la agencia Télam y otros $200 millones para Radio y Televisión
Argentina Sociedad del Estado (RTA SE), que incluye la TV Pública, Radio Nacional y sus
repetidoras y FMs. El presupuesto del SFMP incluye recortes al dinero que transferían a
las universidades ($93,7 millones) y uno $590 millones menos que se destinaban a
provincias y municipios "para financiar gastos de capital". Así está esta vergonzosa gestión
que ha logrado que ya nadie mire la TV pública, ni escuche radio Nacional, ni pueda ver los
partidos de fútbol por antena satelital abierta. También, en este caso, la “cosa va
funcionando” …

Un hecho que debería multiplicarse por todo el país por tiempo indefinido fue lo ocurrido
en Villa Gessell. La “Justicia” falló a favor del reclamo de un grupo de vecinos de Villa
Gesell que presentaron una medida cautelar para evitar que por 60 días se produzcan cortes
en el servicio de gas, cuyas facturas alcanzan, en algunos hogares, los 10 mil pesos. La
medida fue una iniciativa del conjunto de los vecinos y presentada por el intendente de la
ciudad, Gustavo Barrera (FpV). El miércoles, los vecinos tomaron la sede local de Buenos
Aires Gas S. A. (Bagsa) en reclamo por lo que consideraron “subas disparatadas e
impagables”. Además de esta medida preventiva y temporal, los vecinos presentarán un
amparo para exigir que se retrotraiga la tarifa del gas a la cifra del año pasado y se
consideren las condiciones climáticas de la ciudad para obtener una tarifa diferenciada. Con
la denuncia judicial y la ocupación territorial se marca un camino de resistencia que, para
lograr mejor eficacia, debería encararse colectivamente en todo el territorio nacional.

02/07/16: Nadie los para y van por todo. El presidente offshore participó como miembro
observador de una cumbre de la Alianza del Pacífico. El mandatario propuso “avanzar
hacia una convergencia” con los cuatro países que la integran –Chile, Perú, México y
Colombia– lo que aleja a la Argentina de las construcciones de la última década, como la
Unasur, y la ubica de nuevo en un plan de alineamiento con Estados Unidos. Se trata del
primer paso para llegar a un tratado de libre comercio con la Alianza del Pacífico, cuyas
consecuencias para el Mercosur están por verse. Más allá de la suerte personal del
presidente a futuro, encerrado en una cárcel o en un manicomio, las transformaciones
neoliberales en marcha serán un desafío mayúsculo cuando, tarde o temprano, se intente
desandar este camino al infierno de la “economía popular de mercado”.

Sin los medios hegemónicos como soporte no podrían gobernar un solo día más. Entre el
silencio cómplice, la distracción permanente y las mentiras cotidianas, éstos le ofrecen al
neoliberalismo la malla de contención imprescindible para que gobiernos como el que se
padece en Argentina puedan sostenerse y ciertas medidas aceptarse, aun habiendo cierta
resistencia por el nivel de abuso que manifiestan. El mejor ejemplo son los tarifazos en los
servicios. Le quemaron la cabeza a la población, con la prensa canalla como vocera
acompañante, con el latiguillo que el Estado ya no podía subvencionar tarifas, mientras se
eliminaban retenciones e impuestos a los sectores concentrados, y que había que terminar
con esa fiesta. Son tan cínicos que bautizaron “sinceramiento” a esta cruzada de mentiras
concatenadas. Pero el macrismo no dejó de transferirle subsidios a las compañías de
servicios. Por el contrario, en algunos casos los aumentó, como en el transporte, donde las
firmas reciben un 30% más que el año pasado, o en el agua, donde AySA recibió, hasta
ahora, 105% más fondos que en 2015. En el gas y la energía eléctrica, la reducción fue
mínima, en comparación con los tarifazos. En otras sociedades donde el Estado tiene
participación o donde ha delegado concesión, la situación tampoco mejoró. De hecho,
según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública
(ASAP), Metrovías recibió un 62% más y Aerolíneas Argentinas tuvo un aumento del 37
por ciento. Por ello el ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren, no descartó más
aumentos en las tarifas residenciales. Los aumentos fueron sobre el valor de la tarifa. Ahora
vendrán a quitar lo que queda de subsidios para darnos el tiro de gracia. El círculo, prevén
repetirlo el año que viene.

No vinieron sólo a “robar”, como repiten muchos a la hora de hablar de la alianza

neoliberal gobernante. Han venido a transformar de raíz el aparato productivo y el
andamiaje legal que lo sostiene y regula. No son depredadores a la “bartola”. Son
diabólicamente estratégicos y precisos a la hora de focalizar sus objetivos. Veamos lo
ocurrido ayer para ejemplificarlo. Con la excusa de “facilitar y posibilitar las inversiones en
el país” el gobierno de Cambiemos flexibilizó por decreto los controles dispuestos por la
Ley de Tierras para la venta de propiedades rurales a extranjeros. La medida no modificó
los límites para la extranjerización como el tope del 15 por ciento del territorio nacional y el
máximo de 1000 hectáreas en zona núcleo o equivalente, sino que desarticuló una serie de
exigencias que deben cumplir los inversores extranjeros para adecuarse a la norma. La
nueva normativa les ofrece alternativas para eludir, a través de sencillas maniobras
contables, las limitaciones y obligaciones dispuestas. El decreto que lleva la firma del
presidente offshore ofrece incluso recomendaciones/instrucciones para quienes están
interesados en sortear los impedimentos. El texto eliminó también controles que estaban a
cargo de la UIF y la AFIP, quitó sanciones para los intermediarios y pretende facilitar la
venta de terrenos que incluyan espejos de agua. Las modificaciones, reconocen desde la
Casa Rosada, constituyen la antesala para reemplazar el régimen de protección al dominio
nacional sobre la propiedad, posesión y tenencia de la tierra en manos de extranjeros
aprobado en diciembre de 2011 con una nueva y laxa legislación. Linda manera de recibir
el bicentenario de la independencia nacional.

El decreto del Gobierno del mal imitador de Freddie Mercuri, que modificó la
reglamentación de la Ley de Tierras Rurales, creó una zona gris que abre la posibilidad para
que las autoridades del Registro Nacional de Tierras Rurales autoricen la venta a
extranjeros de terrenos que incluyan cuerpos de agua, una operación que estaba
explícitamente vedada por la legislación. De acuerdo a la normativa vigente el Consejo
Hídrico Federal debe confeccionar un mapa identificando los cuerpos de agua, ubicados en
cada provincia. Si ese registro no fue realizado, la solicitud de los certificados de
habilitación ante el Registro de Tierras debe estar acompañada por otro certificado donde
un profesional idóneo constate que el inmueble no incluye cuerpos de agua. La nueva
norma dispone que cuando eso suceda el Registro debe girar a la autoridad provincial del
agua una nota con todos los datos para que verifique lo remitido en un plazo de 10 días
hábiles. Con las reglas dispuestas por el Gobierno pasado ese plazo, sin ninguna opinión
por la positiva o negativa por parte del registro provincial, la certificación se considerará
autorizada. Por suerte contamos con la lumpen política Elisa Carrió, para defender las
instituciones y la territorialidad nacional…
03/07/16: Una de pistoleros se está armando para la semana entrante. La película la
protagoniza la ex presidenta CFK, pero tiene un rol estelar un mediocre y triste actor de
reparto: el juez Claudio Malodío. Éste patético hombre es el brazo ejecutor de un guión
escrito por otros. La persecución contra la ex mandataria se recrudeció la última semana
cuando el hombre a sueldo con cargo de magistrado decidió allanar, con las cámaras del
grupo Clarín filmando en exclusiva, inmuebles propiedad de la empresa Los Sauces SA. y,
trascartón, la Cámara de Casación, en un hecho inédito, le ordenó que investigue al juez
Casanello a CFK. Los rumores de inminentes órdenes de la misma índole, en el domicilio
personal de la ex presidenta, se incrementaron también estos días; y las cámaras de TN,
apostadas en las inmediaciones de la vivienda, confirman estas versiones. En este contexto
CFK arribó ayer a la noche a Buenos Aires para presentarse en una de las causas que lleva
el juez federal Claudio Malodío, en el marco de lo que Cristina Fernández denunció como
“una campaña de persecución y difamación” contra su gobierno. Envalentonados luego del
“caso López”, el gobierno neoliberal retoma así su iniciativa persecutoria para encarcelar a
su enemiga número uno. El ánimo revanchista no es el único motivo, ni siquiera el
principal: la recesión, los despidos, los cierres de empresa y los conflictos desatados por los
tarifazos, entre muchas otras calamidades, están obligando a Mau y sus pandilleros a
reflotar cortinas de humo que desvíen la atención hacia otros focos informativos. Por eso
las otras patas de la troika (medios y poder judicial), enfrentan una semana decisiva para
comenzar a ir a fondo, con todo su veneno y su odio de clase a cuestas; y con todos sus
negocios esperando más alimento para sus voraces e insaciables estómagos.

Ha comenzado el segundo semestre y lo único que tiene para ofrecer el presidente offshore
es show persecutorio contra CFK. Ahora salió a aclarar que él no dijo que las cosas se iban
a empezar a resolver en el segundo semestre, sino que iban a estar mejor que en el primero;
lo que, por supuesto, también es mentira. Observando el comportamiento de sus amigos del
“mercado” debería empezar a preocuparse en serio. El último jueves, el gobierno del Hood
Robin argentino no Nacional sufrió su primera corrida bancaria: el Banco Central debió
vender 532 millones de dólares de las Reservas Internacionales para contener la presión
compradora, que operó un nivel récord en los últimos cinco años al superar los 1100
millones. La semana entrante promete más acción: los principales bancos de capital
extranjero que operan en el sistema serán sus protagonistas más conocidos. Y no son sólo
ellos. Del otro lado, la capacidad de contención dista de ser infinita: el Banco Central
apenas cuenta con reservas operativas (en billetes disponibles para salir a vender dólares en
el mercado) por 3100 millones de dólares. Es el equivalente a la demanda de tres días de
operaciones como el jueves, o a seis días de intervenciones como la que ejecutó en esa
jornada la mesa de dinero del Banco Central. Con esa intervención, el Banco Central evitó
que la cotización del cierre del mes se disparara y terminara inflando los costos que la
autoridad monetaria debía pagar por los vencimientos de contratos de dólar futuro. Pero no
se entiende por qué, si al BCRA le convenía que el mes cerrara con una cotización
relativamente estable, una semana antes de fin de mes le amplió el límite de activos que a
los bancos se les permite tener en dólares. Otro elemento a tener cuenta, sumado a los
contratos de dólar futuro, límite de carteras bancarias en dólares y Brexit, es que, en los dos
últimos martes de junio, se mantuvo el ritmo de baja en las tasas de las Lebac (1,5 por
ciento acumulado entre ambos), desalentando la colocación en pesos. Así, todo confluía
para que la demanda de dólares aumentara. Y aumentó. Adicionalmente, la oferta de divisas
por liquidación de exportaciones comenzó a mermar en las últimas semanas, pero el jueves
se concentró la demanda y los bancos fueron los que marcaron el ritmo. Con su
intervención, el Banco Central logró contener la suba del dólar, pero a un costo que hace
irrepetible la maniobra: 532 millones de dólares. El “poder de fuego” de las reservas del
Central están limitadas a la disponibilidad en divisas líquidas, con las que puede salir a
vender al mercado. Los 31 mil millones de dólares que suman las reservas no son fajos de
dólares guardados en una bóveda. Se computan como reservas, por ejemplo, los préstamos
que tomaron en el exterior algunas provincias, YPF o los que el gobierno hubiera tomado
para futuros pagos. Los primeros están en poder de las provincias o de la petrolera; los
últimos pueden estar en bancos del exterior a nombre del gobierno argentino. Son reservas,
pero no disponibles. La “caja operativa”, el dinero disponible, suma en la actualidad 3100
millones de dólares, apenas el 10 por ciento de las reservas totales. Parte en divisa
estadounidense (unos 2300 millones), parte en euros (el equivalente a 600 millones de
dólares) y en otras monedas extranjeras el resto. Si se creyera que la principal herramienta
de contención para una corrida es la capacidad de intervención del Central en el mercado
abierto, habría que decir “estamos en problemas”. Entre las condiciones que provocaron la
última corrida, la única que desapareció es el vencimiento de los contratos de dólar futuro.
Las demás seguirán presionando sobre la divisa. Pero el gobierno no lo ve así. No le
preocupa la falta de recursos propios, confía en que “el regreso a los mercados
internacionales” será la fuente de todas las soluciones. Si no diluvian dólares por
inversiones, el riego lo suministrarán los créditos externos. Si el dólar sube mucho, ya
bajará. Y confía en que eso no repercute en la inflación, como tampoco repercute subir las
tasas de referencia de las Lebac –las más bajas del mercado– hasta el 38 por ciento cuando
es necesario. Es un razonamiento que no se compadece con la realidad, pero al menos le
permite al presidente del Banco Central y a otras autoridades económicas no perder la
calma ni siquiera ante una corrida. E inclusive negarla. Lo que no se comprende bien es por
qué, después del agitado día jueves, Federico Sturzenegger terminó la jornada, con sus
funcionarios más cercanos y los principales responsables de la mesa de dinero del Central,
celebrando con champán en las oficinas de estos últimos, en la misma sede de la autoridad
monetaria.

La alianza neoliberal gobernante acusaba al gobierno kirchnerista de aplicar un modelo de

“capitalismo de amigos”. Sin embargo, no hay más amigos del Capital que ellos, ni mejores
beneficiados que sus amigos. Las huestes del macricaputismo se llevan todos los laureles.
El cardenal amigo del presidente offshore con su empresa Mirgor, por ejemplo, en el primer
trimestre del año (respecto a enero-marzo 2015), pasó de una pérdida equivalente a 4,15
millones de dólares a una ganancia de 5,54 millones de dólares. Esta variación es una
impresionante mejora del 234 por ciento en dólares. El mal imitador de Freddie Mercuri,
informó que vendió su parte de Mirgor en 1994, año que comenzó a cotizar las acciones en
las bolsas de valores de Buenos Aires, Londres y Nueva York. Se desvinculó del directorio
en 1996 y la empresa siguió bajo control de Caputo y su familia, actualmente deudores del
primer mandatario. La reseña del balance informa que su actividad principal es la
fabricación de equipos de aire acondicionado para el sector automotriz y a través de sus
sociedades controladas se dedica a la fabricación y comercialización de equipos de aire
acondicionado para uso residencial, microondas, televisores color, notebooks, equipos de
audio, video y telefonía celular. El presidente offshore anunciará esta semana un plan de
venta en cuotas de teléfonos con tecnología 4G. Mirgor tiene una unidad de negocio de
telefonía móvil a través de la subsidiaria Industrial Austral de Tecnología (IATEC). Es el
área de actividad más reciente desarrollada por el Grupo Caputo. IATEC es fabricante
exclusivo de los teléfonos móviles Nokia (Microsoft Mobile) y desde junio de 2014
también ensambla los móviles Samsung. En febrero el gobierno estudiaba un plan canje de
celulares que beneficiaba a las firmas que arman las piezas de los equipos en Tierra del
Fuego, entre ellas Mirgor. Los inversores bursátiles entendieron el mensaje oficial: las
acciones de Mirgor en ese mes subieron 25 por ciento. Ahora el programa de renovación de
smartphones será en doce cuotas sin interés, que favorece a la empresa del amigo de Macri
y al resto de las ensambladoras de Tierra del Fuego. El sendero transitado de rentabilidad
creciente de Mirgor quedó reflejado en la decisión tomada por la asamblea de accionistas
llevada a cabo el 29 de abril pasado. Para cerrar el muy positivo ejercicio de la compañía
durante los primeros meses del gobierno ni nacional ni popular, decidió distribuir
dividendos en efectivo entre los accionistas. El monto a repartir suma 40 millones de pesos,
y otros 12 millones en dividendos en acciones. El FGS de la Anses debería haber recibido
poco más de 8 millones de pesos, mientras que Caputo y su familia, 20,8 millones al reunir
el 52 por ciento de las acciones de Mirgor. Si así arrancó en el primer semestre, imposible
imaginar lo que puede crecer este hombre durante el venturoso segundo, recién iniciado.

Según relata Horacio Verbitsky hoy en Página/12, el gobierno jujeño de Gerardo (in)
Morales acaba de sumar dos nuevas causas contra Milagro Sala, una más disparatada que la
otra. Como alguien declaró que la dirigente social había ordenado secuestrar por unos
minutos al hijo de una disidente de su organización sólo para intimidarla, el diligente juez
Pablo Pullen Llermanos la procesó, sin prueba alguna de que haya tenido relación con el
hecho. Hay que recordar que este militante del odio y el revanchismo, para encarcelar a la
dirigente social, domesticó al Poder Judicial jujeño a mayor velocidad de la que empleó
Carlos Menem con la justicia federal: no le llevó un año sino tres días. En cuanto asumió,
hizo llegar a la Legislatura el proyecto de ampliación. A la noche siguiente ya estaba
consumado y al tercer día asumieron los cuatro nuevos magistrados, dos de los cuales
acababan de votar la ampliación como legisladores por la UCR. La presidente del tribunal,
del mismo origen político, designó a su yerno Gastón Mercau como juez ad hoc para las
causas contra Milagro Sala, y el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, a una amiga íntima,
Liliana Fernández de Montiel, como fiscal especial a cargo de todas las causas que se le
abrieran en el futuro, es decir una comisión especial prohibida por la Constitución.
Terminada la feria judicial, Pullen Llermanos relevó a Mercau en su tarea. Milagro Sala no
sólo está detenida ilegalmente. Está siendo humillada, maltratada y avasallada en todos sus
derechos y garantías constitucionales. Mientras esto continúa avanzando impunemente,
muchos de los sectores políticos y sociales que testificaron y denunciaron todos estos
atropellos parecen haber bajado la guardia o haberse resignado, ante un poder omnímodo
que ha hecho del delito múltiple su forma habitual para aplicar la “ley”.

04/07/16: Muchos ya no tienen qué comer y otros no encuentran a quién “venderle”

comida. La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) y Unión de
Trabajadores de Hoteles y Gastronomía (Uthgra) denunciaron que durante el primer
semestre cerraron alrededor de 400 restaurantes en la ciudad de Buenos Aires. "Los bares y
restoranes están en emergencia", explicó el presidente de la AHRCC, Camilo Suárez, en
una nota del diario Clarín. Mientras que el secretario general de la seccional Capital de
Uthgra, Dante Camaño, apuntó: "El año pasado registramos unos 260 cierres, pero a la vez
unas 100 aperturas. En 2016 hay muy pocos emprendimientos nuevos". La Asociación
asegura que la rentabilidad operativa que en 2011 era de 15% hoy no supera el 2%. "Para
sostener el negocio el dueño tiene que poner plata todos los meses y como el costo del
cierre es muy alto muchos empresarios intentan estirar la agonía lo máximo posible",
aseguró la presidenta de la Cámara de Restaurantes y miembro de la AHRCC, Verónica
Sánchez. "El año que viene Buenos Aires será la capital Iberoamericana de la Gastronomía:
no podemos recibir el 2017 con todo precarizando como hoy. La crisis está afectando
gravemente la identidad de la gastronomía porteña", concluyó Suárez. Los únicos que, bajo
este triste panorama, pueden dormir tranquilos son los afiliados al gremio “gastronómicos”:
el empresario sindical Luis Barrionuevo estará, como siempre, al pie del cañón para
defender sus derechos laborales…

El plan maestro que conduce al Empleo 0, va dando resultados escalofriantes. Según datos
de tres fuentes, dos de ellas de inobjetable seriedad, CEPA, el Instituto Gino Germani y la
UCA, coinciden en que en sólo seis meses el gobierno del presidente offshore, multiplicó la
pobreza de manera exponencial. Las cifras van de 4 a 5 millones de nuevos pobres, como
resultado de la brutal transferencia de ingresos a los sectores concentrados de la economía
en todos sus rubros, al desempleo que galopa sin freno a los dos dígitos y a los criminales
tarifazos que han intentado vender como sincera-miento siendo en realidad otra estafa a la
credibilidad pública. Con una economía en plena recesión rumbo a la estanflación, una
lluvia de especuladores que no invierten sino en títulos públicos con tasas de interés
pornográficas y una retirada del Estado como agente activo de políticas públicas que
protejan la producción y el empleo nacional, el camino hacia el colapso generalizado está
expedito. De todas maneras, llegada la hora del verdadero sinceramiento del desastre
instalado, propondrán la salida mágica del atolladero auto infringido: la alianza para el
Pacífico; verdadera reencarnación de un ALCA recargado. La miseria planificada de las
mayorías está en el fondo de todo este andamiaje; siendo la troika, Cambiemos-poder
judicial-poder mediático, los garantes, los artífices y los beneficiarios de un plan de
gobierno oligárquico de una envergadura pocas veces vista en la historia argentina.

Mau y sus pandilleros, como Atila líder de los Hunos, dejan tierra arrasada por donde
pasan; y eso que recién están empezando. Los fríos números de la economía, para
reflejarlo, son elocuentes. Las ventas de los comercios minoristas medidas en cantidades
bajaron en junio 9,8 por ciento en relación a igual mes de 2015, en la mayor caída del año,
lo que “agudiza los problemas de liquidez y rentabilidad” del sector, advirtió ayer la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De acuerdo a un sondeo
realizado por la entidad, las ventas minoristas acumularon en el primer semestre una
retracción de 6,4 por ciento interanual. La entidad advirtió que “es el sexto mes consecutivo
en que las ventas se retraen, agravando la situación de las empresas del sector que, con
poco margen de liquidez, deben afrontar las fuertes subas en los costos de la actividad”. El
relevamiento arrojó que, con la excepción del rubro ‘Farmacias’, todos los sectores que
componen la canasta de consumo se contrajeron en la comparación anual, y la mayoría con
descensos muy pronunciados. Quizá este último dato sea tan revelador como maléficamente
representativo de cómo nos estamos enfermando los argentinos.

Los transparentes republicanos que asumieron el gobierno de la Nación el 10 de diciembre

de 2015, han violentado todos los derechos ciudadanos posibles a los que tuvieron alcance.
Algunos ejemplos, entre tantos atropellos, involucran a trabajadores en general y a la
prensa no corporativa en particular. En el primer semestre se dieron múltiples casos de
detenciones y represión por protestas sociales, además de represalias contra demandas
colectivas. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma realizó un informe
completo con el conteo de los casos donde se privaron derechos de los trabajadores. En seis
provincias, por diversos conflictos, fueron detenidos 35 trabajadores y se les iniciaron
causas penales. Tanto dirigentes como activistas fueron arrestados por las fuerzas de
seguridad en Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y en el
conurbano bonaerense. Además, el organismo que dirige Pablo Micheli registró 24
episodios de represión contra manifestantes en nueve distritos entre enero y junio. Como
prácticas anti sindicales, la CTA Autónoma señaló 15 empresas que despidieron
trabajadores como represalia por la presentación de demandas colectivas. Entre otras,
tomaron estas medidas Tenaris SIAT, Falcon SA (terciarizada de Aerolíneas Argentinas), la
municipalidad de Morón y CI5 (terciarizada del Ferrocarril Sarmiento). Por otra parte, el
ente considera una regresión para los derechos laborales a los intentos de restringir el
derecho a huelga a través de los órganos institucionales. Con esto se refiere al fallo de la
Corte Suprema de las Corporaciones que limita la convocatoria a una organización sindical
que cuente con el reconocimiento como tal por parte del Estado. Además, incluye allí a la
823/2016 de Tierra del Fuego y la Resolución 142/2016 de la provincia de Buenos Aires,
donde básicamente habilitan la sustitución de trabajadores de la educación que adhieran a
los paros. Esta última logró frenarse a partir de la organización sindical. En lo que respecta
específicamente a la actividad periodística, desde la reforma por DNU de la ley de Medios,
que implicó avalar el statu quo del Grupo Clarín en detrimento de medios más pequeños,
hasta el sugestivo despido de Víctor Hugo Morales de radio Continental tras 30 años en la
emisora y el despido de trabajadores de medios públicos, todos padecieron la intimidación,
el escrache, la persecución y la censura. El último ejemplo es la feroz agresión, ocurrida
ayer, de la patota de Mariano Martínez Rojas al edificio de Tiempo Argentino, en un
conflicto laboral en el que el Ministerio de Despidos deliberadamente se niega a intervenir,
dejando que la ley de la selva prime en una disputa en donde debería mediar. Para darle
ribetes dantescos, la patota que ingresó, a un medio crítico del Gobierno, se retiró escoltada
por la propia Policía Federal. Otra variante de ataque permanente a trabajadores de prensa
es a través de la persecución y/o prohibición de actividades gremiales; que van desde el
apriete clásico, pasando por la amenaza de despidos, hasta llegar al impedimento expreso
para la conformación de comisiones internas de delegados. Pero el ataque más atroz que
padecemos es la libertad de los medios dominantes para, con todo el poder concentrado
posible con el que cuentan ahora, ocultar, tergiversar y mentir para proteger a su principal
socio político, el gobierno de Cambiemos, y difamar, estigmatizar y denigrar a todo
opositor, de hoy y de ayer, a las políticas neoliberales en curso. La derecha nunca es
democrática, y tampoco es republicana, y su impunidad es tan manifiesta que ya no respeta
ni las formas.

05/07/16: Roban, no hacen, ni dejan de hacer. Los números de la economía hacen creer que
no estamos en un túnel sin luz alguna a la vista sino en un pozo cada vez más profundo.
Según datos difundidos por ADEFA, la cámara que agrupa a las terminales, las
exportaciones en junio se desplomaron más del 47% en comparación con el mismo mes del
año pasado. "En el corto plazo, la situación del mercado de nuestro principal socio
comercial continúa en el nivel más bajo de la última década impactando sobre el nivel de
actividad industrial en Argentina", advirtió Enrique Alemañy, presidente de ADEFA. En
junio, la producción nacional de vehículos fue de 41.655 unidades, un 19,8% menos
respecto del mismo mes del año pasado y 4,7% más con relación a mayo. En el acumulado
del primer semestre, el sector produjo 224.038 vehículos, lo que significó una caída del
14% respecto del período enero y junio de 2015, el cual fue de 260.411 unidades. Así,
mientras la industria se cae a pedazos sector por sector, la premarización de la economía se
va acentuando. La quita de retenciones al campo y la minería, los menores impuestos a las
importaciones y la devaluación y los tarifazos que minaron el mercado interno ya muestran
el inicio de una reprimarización de la economía. Esto se vio reflejado en el comercio
internacional, donde se observan a los pocos ganadores y todos los rubros que continúan en
caída. Argentina registró un superávit comercial de U$S 439 millones en mayo, lo que
representó una mejora monetaria respecto a 2015. Este ascenso sólo representa el
crecimiento agrícola que no genera efectos en el resto de las actividades. El mismo Indec
indicó que la economía se encuentra en recesión, debido al desplome en el poder
adquisitivo y las dificultades de la industria nacional para competir. En los primeros cinco
meses las exportaciones permanecieron estancadas (0,2%), pero escalaron 15,9% las de
origen primario y 8,6% las manufacturas del agro. Ello se debió al aumento en las
cantidades exportadas (+28%), ya que los precios internacionales siguen en baja (-13%).
Las cantidades industriales vendidas al exterior se contrajeron 10,7%, afectadas por las
menores ventas a Brasil (-29%). Con un mercado interno alicaído y una disparada de las
tarifas y la inflación, las fábricas locales no tienen dónde colocar sus productos. De esta
manera, U$S 7 de cada U$S 10 que ingresaron por exportaciones en los primeros cinco
meses provinieron del campo (un 72%). En el mismo período del año pasado la proporción
fue del 66%, recordó La Gran Makro en un informe sobre comercio exterior. Al mismo
tiempo que se conocen estos datos el gobierno, ni nacional ni popular, se anticipó a
pronosticar, con la agudeza que lo caracteriza, la inflación para todo el 2017: 17 %, auguró
Federico Pinedo, el único ex presidente de corte neoliberal sin un solo caso de corrupción
durante su gestión.

Uno de los integrantes más representativos del cinismo y el odio de clase de la alianza
gobernante es el economista Javier González Frega. Luego de dudar de las estadísticas que
marcan el crecimiento exponencial de pobres desde la asunción de Mauricio Macri, señaló
que “la clase media, en términos relativos, está peor que la clase más baja, porque la clase
más baja no depende tanto de las tarifas, consumen muy poco o están colgados". Lindo
consuelo para transparentar la nula intención de revertir la situación de los sectores más
postergados de la sociedad. Seguramente, con todo el peso de la ley, el gobierno neoliberal
se encargará de poner en orden tanto abuso contra las empresas de servicios públicos…

En una economía con caída del consumo y de la producción y una alta inflación, los
ingresos al fisco evidencian serios contratiempos. La recaudación fiscal aumentó en junio
apenas un 24 por ciento respecto de igual período de 2015 y se ubicó por quinto mes
consecutivo por debajo de los niveles interanuales de inflación. Para los últimos doce meses
las estimaciones privadas de precios se sitúan en 43,6 por ciento. Los recursos tributarios
alcanzaron a 174.597 millones de pesos, que fueron aportados principalmente por
Seguridad Social, con 42.489 millones de pesos y una suba interanual de 37,3 por ciento,
informó ayer la AFIP. El IVA Impositivo aportó otros 33.306 millones de pesos, un 38,2
por ciento más que en igual mes del año pasado, un resultado que, si se lo compara con la
inflación en el mismo período, evidencia una caída en el consumo. También fue baja la
percepción por Ganancias, con una suba de 13,8 por ciento hasta los 48.970 millones de
pesos. La baja más marcada fue para Derechos de Exportación, con un retroceso de 52,6
por ciento que se explica por la eliminación de retenciones en la mayoría de los granos
exportables. El mayor aumento interanual fue en Derechos de Importaciones, con 64,1 por
ciento, por aumento del tipo de cambio y mayores cantidades compradas en el exterior. Un
Estado desfinanciado, una economía pulverizada y grandes mayorías empobrecidas son los
“logros” conseguidos por el “mejor equipo en 50 años”.

Qué bien le viene la lluvia al campo y qué bárbaro le vendría una reforma agraria. La red
global de servicios offshore no se limita a administrar cuentas bancarias secretas o crear
empresas pantalla para controlar activos financieros no declarados: compañías radicadas en
guaridas fiscales como Islas Caimán, Uruguay, Hong Kong, Liechtenstein, Andorra,
Vírgenes Británicas y Luxemburgo controlan 1,1 millones de hectáreas de territorio rural
argentino. Los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales revelan que una de cada 16
hectáreas en manos de extranjeros, son administradas a través de firmas emplazadas en
jurisdicciones del secreto. La extensión de tierras rurales controladas por sociedades
offshore representa 55 veces la superficie porteña. Esta es la interpretación de los ateos
neoliberales, que sólo creen en el “paraíso” en la “tierra”.

Para que el gobierno ni nacional ni popular empiece a reconocer la realidad no va a ser

posible sacándole una foto. La empresa KMG, productora de cámaras fotográficas Kodak,
anunció que suspenderá al personal de su planta de Río Grande, Tierra del Fuego. Con el
argumento de la caída en las ventas, la compañía dejará sin trabajo por seis meses a sus
cerca de 50 obreros hasta tanto venda el exceso de stock que posee. El secretario general de
la UOM Río Grande, Oscar Martínez, rechazó la decisión patronal y adelantó que desde
hoy van a "discutir" con la firma la cantidad de días de suspensión de la actividad y los
derechos de los trabajadores. Menos mal que Mau y sus pandilleros cuentan con las
cámaras del grupo Clarín, sino todo estaría perdido…

06/07/16: La diputada Margareth Stolbizer, la ministra Bolsrich, la lumpen política Elisa

Carrió, y la fanática macrista, la ocupa Laura Alonso, van a tener trabajo. Denunciantes
seriales como son, seguramente, aportarán datos para que se investiguen a fondo todos los
actos de corrupción del gobierno ni nacional ni popular. Por ejemplo, con el caso de las
contrataciones directas del Estado que conducen Mau y sus pandilleros. Una investigación
judicial corroboró que la Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado
(SOFSE), que depende del Ministerio de Transporte y gestiona las principales líneas de
trenes, contrató sin licitación, mecanismos de control o transparencia, a la empresa Aon
Risk Services, un bróker que se hizo cargo de “manera exclusiva” de un programa de
seguros para los ferrocarriles. Para eso, fueron dados de baja los contratos anteriores con la
estatal Nación Seguros. Si, tal como dice la denuncia que dio origen a la causa, el acuerdo
ronda los 300 millones de pesos anuales, se habrá superado más que holgadamente el piso
(ya elevado en un 550 por ciento por el gobierno de Cambiemos) para las contrataciones
directas, que ahora es de 1,3 millones. El fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián
Casanello, a cargo del caso, buscan además verificar otros datos de la presentación judicial
que vinculan al titular de Sofse, Marcelo Orfila, con uno de los consultores de Aon, la firma
contratada, y que señalan al gerente, Jorge Juan José González Galé, como el histórico
bróker de confianza del grupo Socma, de Franco y la familia Macri, sospechado -además-
de actuar como asesor en las sombras de la Superintendencia de Seguros, donde según el
libro de entradas es un visitante frecuente. Los delitos analizados son defraudación y
negociaciones incompatibles con la función pública. A pesar de que Macri en declaraciones
públicas ha insistido en que su administración haría licitaciones para evitar suspicacias, ya
elevó el mes pasado los montos a partir de los cuales las reparticiones de su Gobierno están
obligadas a hacer licitaciones públicas y hasta qué valores se puede hacer una contratación
directa, lo que amplía de manera evidente el margen de discrecionalidad en las
adjudicaciones. La denuncia que recibió Casanello, y que presentó el abogado Juan Pablo
Marrocchi, dice que la contratación de Aon es por unos 300 millones de pesos anuales y le
reportaría comisiones de entre 30 y 45 millones de pesos por los convenios que haga con
las aseguradoras. Habría que consultarle a Michetti para asegurarse que estos vagones,
cargados de sospechas, no transiten por el oscuro túnel que, según ella, transitamos hoy
camino al paraíso fiscal. Perdón, neoliberal.

Apareció el rabino Bergman, ausente durante casi 7 meses de (no) gestión al frente del
Ministerio de Contaminación ambiental. Tardío en la reacción, pero siempre a tiempo a la
hora de los “negocios”, el sofista religioso también tiene su escandalete. Su ministerio
lanzó una licitación internacional para la adquisición de 400 coches eléctricos para entregar
en concesión a las empresas de transporte de las líneas que recorren el área metropolitana
de Buenos Aires y algunas ciudades del interior. Las características técnicas exigidas en la
licitación, en la que el ministro se reserva la elección del color que llevarán los vehículos,
solo podrían proveerlas compañías extranjeras. Desde el Ministerio de Transporte, que
conduce Guillermo Dietrich, admitieron su sorpresa y afirmaron que la cartera encargada
del transporte público desconocía la licitación. Apuntaron que esperan el regreso de
Dietrich –que acompaña al presidente en su gira europea– para fijar postura ante la
iniciativa que Bergman asumió sin consultarlos ni a ellos ni al gobierno porteño. Más tarde,
voceros de Transporte intentaron bajarle el tono a la polémica. Sólo resta saber si el
proyecto, que Bergman ocultó a sus pares del Gabinete nacional, cuenta o no con la venia
presidencial. Sería imperdonable que entre semejantes profesionales se superpongan los
kioscos; ya que entre bueyes no debería haber cornadas.

Mientras en todo el país se multiplican las protestas y las demandas judiciales por los
criminales tarifazos de los servicios públicos, el gobierno neoliberal apuesta todo a la Corte
Suprema de las Corporaciones; de modo que ponga orden y fin a los reclamos masivos que
no cesan día tras día. En este sentido El ministro de Injusticia, Germánico Garavano,
consideró ayer que la Corte debería resolver el tema de la validez de los aumentos de tarifas
para poder empezar a generar certidumbre. “El recurso está presentado. Como Gobierno
tomamos la misma posición que frente a todos los casos, que es no interferir, no criticar ni
presionar. Pero sería bueno que la Corte resuelva el tema, al menos que decida si admite o
no el per saltum solicitado”, sostuvo. Por supuesto que no presionan a los que no necesitan
ser presionados, adiestrados y mancomunados como están con los intereses del capital
concentrado.

El mal imitador de Freddie Mercuri está de gira por Europa. Mientras pasea se hace tiempo
para reunirse con líderes de las principales naciones de la decadente (des) Unión Europea.
Ayer le tocó Alemania. Durante el encuentro que tuvo con la canciller alemana, Angela
Merkel respaldó al presidente offshore señalando que “la aplicación de los principios de
libre mercado pueden ser una decisión dolorosa con personas de bajos ingresos, pero a
mediano y largo plazo estas reformas rinden beneficios”. He aquí un error: los beneficios
han sido inmediatos, para las empresas. A la salida de la reunión, el Hood Robin argentino
no Nacional, fue escrachado por un grupo de manifestantes que, al verlo, comenzaron a
cantarle "¿La guita dónde está? Pa-na-má ¿La guita dónde está? Pa-na-má". Seguramente,
estos “bárbaros” no tienen paciencia para esperar el mediano o largo plazo señalado por
Her Merkel.

Cuando las cosas no funcionan bien lo mejor es hacer buenos negocios. El principio lo
aplica el Ministro de Despidos, Jorge Triaca. El empleo en la industria cayó 0,8 por ciento
en el primer trimestre respecto a igual período del año pasado, mientras que la cantidad de
horas trabajadas se redujo 1,1 por ciento, informó ayer el Indec. Al mismo tiempo, el
salario real medio en los sectores manufactureros cayó 4 puntos porcentuales. Los
indicadores laborales se deterioraron prácticamente en todas las ramas de la industria a raíz
del retroceso del mercado interno, de las exportaciones y el incremento de las
importaciones. Los analistas coinciden en que la situación incluso empeoró en el segundo
trimestre, con el impacto del tarifazo. Hasta marzo, según el Indec, la producción
manufacturera había caído 3,8 por ciento, número que se estiró hasta 4,3 por ciento en
mayo. Ante este panorama, el mencionado Triaca, prepara una batería de medidas para
sacar provecho de la situación. Ayer confirmó la decisión del Gobierno de realizar cambios
en el sistema de riesgos de trabajo. El funcionario consideró que el sistema sancionado en
1995, en pleno auge flexibilizador, “dio previsibilidad a los trabajadores, a los empresarios
y al Estado”. El esquema celebrado por el titular de la cartera laboral recibió veinticinco
tachaduras de inconstitucionalidad, entre otros aspectos, por la miserabilidad de las
indemnizaciones. La necesidad de una reforma integral de la legislación que creó las ART
fue instalada en 2004, tras un fallo de la Corte Suprema, pero quedó empantanada hasta
2012 cuando el kirchnerismo impulsó una serie de modificaciones a la ley. A pesar de las
mejoras provistas por esos cambios, como el incremento y la actualización automática de
las indemnizaciones, persisten profundos cuestionamientos desde el sindicalismo y los
abogados laboralistas al sistema de prevención de accidentes creado durante el menemismo.
Sin embargo, los lamentos más potentes provienen del sector patronal. Los cambios
promovidos por el gobierno de Mauricio Macri están en sintonía con el histórico reclamo
de las cámaras empresarias como la Unión Industrial y las aseguradoras nucleadas en la
UART: terminar con la litigiosidad, minimizar riesgos y bajar costos. “Todas las reformas
tuvieron como objetivo reducir el problema de la litigiosidad. Mientras no se encare el
problema de que el operador del sistema tiene intereses opuestos con las víctimas nunca se
va a poder solucionar”, advirtió Luis Ramírez, presidente de la Asociación Latinoamericana
de Abogados Laboralistas. Faltaría que salga Javier González Frega a calmar los ánimos.
En sintonía con sus últimas declaraciones podría argumentar: que nadie se haga problema
por la reforma impulsada por Triaca, por la cantidad de trabajadores ocupados que va a
haber, el universo afectado va a ser muy chiquito…

07/07/16: Los organismos de Derechos Humanos, los actores comprometidos con la

memoria histórica, personalidades de la cultura de todo el mundo y cualquier ciudadano de
bien que repudió al siniestro ministro de cultura de la Ciudad, Darío El Pérfido, puede
anotarse un triunfo, en medio de tantas calamidades que nos azotan día tras día gracias a
Mau y sus pandilleros. Así, este vocero de las fuerzas represoras y del pensamiento básico
del macrismo, se convirtió en el primer ministro de Cambiemos en abandonar el cargo y el
primero en la historia de la cartera cultural en renunciar por un repudio similar. Su
alejamiento era exigido por cientos de trabajadores de la cultura, organismos de derechos
humanos y pensadores de distintos países desde que dijo, en enero pasado, que “en la
Argentina no hubo 30 mil desaparecidos” y que ese fue un número que se discutió en una
mesa chica “para cobrar subsidios”. Tras una serie de acciones en su contra y con el temor a
una movilización aún mayor durante los festejos del Bicentenario que se celebra mañana en
la ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Berreta, entendió que el rechazo
al funcionario ya no era una cuestión cultural sino un problema político, y le pidió al ex
integrante del Grupo Sushi y funcionario de la Alianza que diera un paso al costado. Si bien
el ex ministro negó su renuncia hasta últimas horas del martes (dijo también que estaba
siendo víctima de una “operación”), la noticia ya había empezado a circular fuerte desde el
fin de semana. El martes pasado, el funcionario había denunciado el que consideró “el
mayor fraude de la historia audiovisual argentina”, objetando a su vez el rol de diversos
actores “kirchneristas” en las ficciones financiadas por el Estado Nacional en los últimos
años. Dos días después, durante la presentación del programa El San Martín en los Barrios,
un grupo de trabajadores de la cultura se volvió a manifestar en su contra, pero en esta
oportunidad frente a los propios Berreta y su vice Diego Santilli, quienes presenciaron una
de estas acciones por primera vez. Lo ocurrido fue tan fuerte (un grupo de artistas irrumpió
en el acto de presentación con máscaras con la cara del funcionario y carteles que pedían su
renuncia), que el jefe de Gobierno tuvo que irse del evento antes de que terminara. Eso
aceleró la decisión, que estaba en la agenda del gobierno porteño pero pensada para fin de
año. Sin embargo, El Pérfido, seguirá como director artístico del Teatro Colón y presidente
de Opera Latinoamericana (OLA), una organización que agrupa distintas instituciones de
ópera en la región. Por lo tanto, habrá que continuar la campaña de repudio para que este
miserable abandone cualquier cargo de la administración pública. De hambre no se va a
morir: cuenta, como mínimo, con los dineros mal habidos que declaró en una cuenta en el
exterior y con Don Bartolomé Mitre, su suegro dueño del Diario La Nación, cómplice de la
última dictadura cívico-militar-empresarial-clerical. Buena lección para los apologéticos
del genocidio y sus negacionistas: el Nunca Más alcanza también a estas posturas
abominables, que tendrán que seguir repitiendo en privado, en el círculo facineroso que,
para desgracia nuestra, anida en buena parte del gobierno neoliberal actual.
La política está siendo bastardeada por todos sus flancos. Las tres partes de la troika
gobernante están transformando a la Nación en un país irrespirable. Coordinadas como
actúan, no cesan un solo día en ensuciar la discusión política trasladando todo diferendo a
los macabros pasillos tribunalicios; donde desde la Corte Suprema de las Corporaciones
hasta el último fiscal del país, con contadas y honrosas excepciones, persiguen y aprietan
dirigentes opositores al gobierno neoliberal y legitiman y legalizan sus aberrantes medidas,
muchas de ellas lisa y llanamente inconstitucionales. A las víctimas de la inquisición con
toga no les va quedando otra que enfrentar las batallas judiciales para terminar enredándose
en ellas, con defensas que terminan en mutuas acusaciones. Tal es el caso de CFK, quien,
asediada por la alianza neoliberal gobernante que regentea los tres poderes, se ve obligada a
involucrarse en este berenjenal y que la obliga a poner todas sus energías en su defensa y en
la de su gobierno. Justamente ayer pasó bastante más tiempo en la fiscalía de Gerardo
Pollicita que en el juzgado del pistolero Claudio Malodío, a quien denunció en combo con
Margareth Stolbizer por violación de secreto, abuso de autoridad y falsa denuncia. La ex
presidenta se apoltronó frente al escritorio del fiscal y acusó a la diputada de GEN de haber
forzado una imputación judicial trucha basada en información tergiversada sobre su
patrimonio que había sido obtenida el jueves pasado en un allanamiento ordenado por
Malodío en las oficinas de su contador en Río Gallegos, en el expediente conocido como
“Los Sauces”. “Evidentemente”, dijo CFK al salir de tribunales, “se trata de un caso de
tráfico de información, documentación y connivencia entre el juez y la denunciante”.
Describió a Stolbizer como “mala y burra”. La diputada afirmó que CFK “no puede
demostrar la legalidad del origen de su patrimonio” y negó contacto con Malodío. Mientras
los desfiles por tribunales forman caravanas interminables para dirimir conflictos políticos,
económicos y sociales, convirtiendo a la Corte Lorenzettiana en el supremo (rey) con la
última palabra para resolverlos con su tendenciosa mala fe siempre en favor de las
corporaciones, los elefantes ya no sólo pasean por los bazares mientras todos les sacan
fotos, sino que los mismos copulan y se reproducen por todos los frentes.

Según el Gobierno, ni nacional ni popular, hubo 9 mil despidos en el Estado. Así lo aseguró
el ministro de Modernización y Despidos, el ministerio que tuvo a cargo el duro ajuste que
se realizó en el empleo público. Sin embargo, ATE denunció que son 11 mil y según
estudios externos entre el Estado nacional, provincial y municipal los despidos llegan a más
de 32 mil. Pero las canalladas no terminan acá. Una cantidad aún no precisada de nuevos
empleados, militantes neoliberales, se han sumado a la pandilla oficial; y las sumas que
perciben triplican, en muchos casos, lo que los trabajadores exonerados cobraban. Este
estropicio se completa con el festival de cargos jerárquicos para gente sin trayectoria, ni
capacidad ni antigüedad para poder acceder a esos puestos con esos niveles remunerativos.
Ante este panorama, más de doscientos trabajadores estatales tomaron el Ministerio de
Modernización y Despidos para reclamar la revisión de los cesanteados masivos en la
administración pública, orquestados desde ese organismo. La ocupación pacífica del hall
del edificio duró cinco horas, desde el comienzo de la jornada laboral hasta pasado el
mediodía, cuando una delegación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fue
recibida por el Subsecretario de Relaciones Laborales, Carlos Lelio, que aseguró a los
manifestantes que el ministro Andrés I-barra –de viaje en Corea–, se había comunicado
telefónicamente para asegurarles una audiencia el próximo lunes.
El consumo de carne vacuna por habitante cayó 7,7 por ciento interanual en el primer
semestre y se ubicó en 55,3 kilogramos/año, según informó ayer la Cámara de la Industria y
Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra). Esta retracción se
produjo como consecuencia del aumento de precios generado por la menor oferta
disponible en el mercado interno. La faena de hacienda vacuna cayó en junio 11,4 por
ciento y en el semestre la baja es de 3,7 por ciento. Puesta en una perspectiva “histórica”, la
faena del mes pasado fue de las más bajas, ocupando el 33 puesto de los últimos 37 junios.
El principal factor explicativo del bajo nivel de faena está dado por el proceso de retención
de vientres, el cual fue potenciado en algunos meses por el factor climático adverso. Debido
a esta situación, la producción se contrajo en junio un 11,3 por ciento con respecto al
mismo período de 2015, mientras que en el semestre se registró una caída interanual de 6,2
por ciento. Así anda el segundo semestre, augurado como el mes de la recuperación por
toda la pandilla neoliberal al frente de un gobierno que sigue desentendiéndose de toda la
problemática social que sufren las mayorías empobrecidas por sus abyectas políticas
públicas.

El saqueo ejecutado contra la ciudadanía a través de los tarifazos de los servicios públicos
le está dando merecidos dolores de cabeza al gobierno neoliberal. Morón, Ituzaingó y más
distritos de la Provincia de Buenos Aires, siguen manifestándose contra esta criminal
medida. Para colmo la “Justicia” les pone más palos en la rueda. La Cámara Federal de La
Plata que anuló el tarifazo del gas para todo el país e invalidó la suba de la luz para la
provincia de Buenos Aires por tres meses. Ambas habían sido dispuestas por el ministro de
Shell en Energía, Juan Aranguren, pero sin las formalidades que corresponden y con errores
en el procedimiento. Los jueces de Cámara Leopoldo Schiffrin y César Álvarez declararon
nulas las resoluciones 6/2016 y 7/2016 de la cartera energética, y la decisión del ENRE
1/2016 "para el ámbito geográfico de la Provincia de Buenos Aires". La suspensión se
aplicará por tres meses. El desconcierto reina en el gobierno que no sabe cómo desacatar
los fallos mientras apura a la Corte Suprema de las Corporaciones para que se expida en su
favor. Ante este descalabro generalizado el presidente offshore, ajeno a la realidad que nos
agobia, declaró desde Europa, donde pasea buscando inversiones: “Estoy asombrado por el
nivel de comprensión de la gente ante los tarifazos”. Asombrados estamos los
damnificados, espantados no sólo por sus aberrantes medidas sino por el grado de cinismo
de un hombre que siempre nos despierta muchas dudas: ¿estamos ante sólo un mitómano
negador? ¿Ante un perverso que sólo provoca desde un goce enfermizo? ¿Ante un autista
que sólo se informa con los partes amañados de sus protectores de la prensa dominante?
Las opciones pueden ser combinadas pero la única certeza es que los ánimos se van
caldeando y no para combatir el frío que asola a la ciudadanía, que ya no puede ni prender
una estufa sin temor a hipotecarse.

08/07/16: El juez Ercolini es otros de los inquisidores con toga que, en dupla con el
pistolero Malodío, acosa judicialmente a miembros del gobierno anterior; mientras
“plancha” causas que involucran al poder real, como la de Papel Prensa. El tema es que,
instigado por la alianza neoliberal gobernante y la mafia periodística, acaba de ejecutar el
papelón del año, sumando más estropicios al desprestigiado poder judicial. Ayer le pidió al
Banco Santa Cruz que le informe si Cristina Kirchner y su familia tienen cajas de seguridad
en la entidad. Lo hizo con una orden de allanamiento y fajado que se aplicaría sólo si
encontraban algo o surgía alguna anomalía. Pero el banco informó que la ex mandataria no
tiene caja allí, así que no hubo nada que fajar, aunque desde distintos medios de
comunicación –incluida la agencia oficial Télam– se informó que se habían encontrado una
decena de cajas pertenecientes a la familia Kirchner. Para calmar los ánimos revanchistas
apareció el inefable Malodío para congelar todas las cuentas de CFK por la causa dólar
futuro, en la que él mismo está imputado. Pero el acoso no termina acá. CFK denunció que
la Policía Federal colocó dos cámaras de vigilancia en la puerta del edificio de su
departamento porteño y que el miércoles, al salir de los tribunales federales de Comodoro
Py, también fue seguida por policías de civil con cámaras de filmación. La ex presidenta
subió a las redes sociales fotos de los equipos que la Federal instaló en la entrada del
edificio y la esquina de Uruguay y Juncal. Y agradeció irónicamente al gobierno neoliberal
por “preocuparse por la seguridad del barrio y la personal, por el seguimiento de nuestros
movimientos en la ciudad”. Desde Cambiemos, adujeron que ponen “celo” en su cuidado.
Por la noche, circuló en las redes sociales fotos de efectivos policiales retirando las cámaras
en cuestión. La persecución es atroz y despiadada y, principalmente, útil como maniobra
distractiva. Según el observatorio de Medios los grupos concentrados de comunicación
dedican el 76 % de su tiempo a hablar del gobierno anterior y sólo el 5 % a los avatares que
la población indefensa viene soportando desde la asunción del mal imitador de Freddie
Mercuri. La discusión política es así corrida del centro para sólo concentrarse en su veta
delictiva, de la que sólo el “caso López” tiene elementos reales de verosimilitud. A
propósito: ¿alguien habrá notado que no se está hablando tanto del corrupto funcionario y
de la mecánica que utilizaba para expoliar las arcas públicas? ¿Será cierto que sectores de
la banca y del sistema financiero eran soportes de la estructura montada por este hombre,
que traicionó la confianza pública? ¿Tendrá que ver este silencio con los alcances que
puede llegar a tener el caso a hombres cercanos al presidente offshore como, por ejemplo,
su testaferro primo Ángelo Garcaterra? Dilemas hoy insondables de una realidad que
empieza a volverse insoportable.

Ya pocos creen en el peso. Ninguna confianza despierta el gobierno neoliberal en la

moneda local y, a Mau y sus pandilleros, pareciera importarles poco. Los depósitos en
moneda extranjera del sistema financiero sumaron 15.336 millones de dólares en junio, con
un incremento de 55,1 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. El volumen de
depósitos dolarizados volvió a los niveles de octubre de 2011, antes de los controles sobre
la compra de divisas para atesoramiento y turismo. Los bancos promocionaron este
crecimiento, cuando a principios de año elevaron la tasa de interés de los depósitos hasta 5
por ciento, con el objetivo de capturar recursos en moneda extranjera. Más de la mitad de
estas colocaciones computan como reservas del Banco Central, puesto que están
inmovilizadas en la cuenta corriente de la autoridad monetaria. A diferencia del desempeño
de los depósitos en divisas, los montos colocados en pesos subieron 24,5 por ciento, tasa
muy inferior al 44,1 por ciento que anotó la inflación del último año. Al ingenuo “inversor”
de poca monta ¿habrá también que recordarle lo que pasó en el 2001 cuando se implementó
el “corralito” y que a pesar de la ley de “intangibilidad de los depósitos” los mismos fueron
pesificados y/o confiscados? Vaya el recuerdo para los desmemoriados que, con el afán de
salvarse por su cuenta, se hunden en su propia soledad miserable.

Nadie debe recordar ya el falso compromiso firmado por el presidente offshore con las
grandes empresas comprometiéndose a no despedir trabajadores y así evitar la sanción de la
ley anti despidos, finalmente vetada por el primer gerenciador del Estado. Una de las
empresas que suscribieron ese apócrifo acuerdo fue Alpargatas. Desconociendo el
compromiso, la firma brasileña ahora dejó cesantes a 48 contratados en Tucumán. Junto
con la reducción de personal, la firma suspendió la producción en dos fábricas emplazadas
en Catamarca y, según advirtieron desde la Asociación Obrera Textil, analiza adelantar
vacaciones en una de sus empresas radicadas en La Pampa. Para los que todavía no saben o
no entienden el proceso retrógrado que está viviendo la Argentina, quizá sea necesario
invertir un viejo lema y sentenciar: “Libros sí, Alpargatas no”.

El gerenciador del Estado ni nacional ni popular, Mauricio Macri, cerró ayer su gira
internacional en Estados Unidos al participar de la selecta conferencia anual Sun Valley, en
el estado de Idaho, junto a CEOs, magnates, figuras del deporte y el espectáculo y algún
que otro dirigente político. El evento, organizado por la firma de inversiones Allen &
Company, es cerrado a la prensa y al público, así que no se sabe qué dijo adentro. Afuera,
en una entrevista en inglés a la cadena CNBC, dijo estar “seguro” de que en los próximos
años llegarán a la Argentina inversiones por “100 mil millones de dólares”. Es la 34º
edición de la Sun Valley Conference que se realiza en el Sun Valley Inn, un idílico resort
de esta pequeña localidad de montaña de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos. Hasta
allí llegan cada año multimillonarios y poderosos para contarse sus planes y hacer sociales
en medio de un paisaje paradisíaco y muy poco habitado. Originalmente asistían petroleros
y banqueros, pero en los últimos años las estrellas pasaron a ser los archi famosos dueños
de tecnológicas como Bill Gates y Mark Zuckerberg. El evento empezó el martes, pero
Macri participó ayer, luego de la gira europea que lo llevó por Francia, Bélgica y Alemania.
El presidente mantuvo un breve diálogo en los soleados jardines del resort con los medios
americanos. Sin hacer referencia a quiénes se refería, les aseguró que los líderes políticos
del país “entendieron que el populismo no es más el camino, que sólo genera problemas”.
Macri consideró que Argentina atraviesa “una nueva etapa política” y que probablemente
eso sea “la mejor noticia del mundo”. Por eso confía en que “todos entenderán que estar en
Argentina será una muy buena oportunidad para hacer buenos negocios, teniendo cuidado
con el ambiente, pagando los impuestos y reinvirtiendo lo que ganen”. Mientras uno se
repone del impacto al leer estas declaraciones, la duda es qué realmente pensarán para sus
adentros los ricachones que lo recibieron en esa convención de privilegiados del
capitalismo salvaje. Por qué habrían de invertir esas sumas acá y no en España, por
ejemplo, donde la Economía del país andaluz se desangra a manos de las mismas políticas
que sufrimos en Argentina. “La mejor noticia del mundo” sería que él mismo empiece a
invertir productivamente sus dineros mal habidos, declarados y no declarados, para que
alguien empiece a creer que su salvajismo capitalista es más que una cueva de ladrones
gozando de impunidades desprovistas de impuestos. Su camino no es el populismo sino el
de la patria financiera, que considera “un costo más” el salario de los trabajadores; a los que
hay que rebajar para que estas oportunidades sean atractivas para los magnates
todopoderosos que prenden sus habanos con billetes de 100 dólares. Así se lo hizo saber
ayer al diputado opoficialista Oscar Romero, de extracción sindical, cuando en plena calle
en Alemania le advirtió: “No podemos perdernos estas oportunidades. Depende de ustedes
bajar los costos (laborales)”. Este es el pensamiento vivo de un neoliberal acabado, que
encuentra, en la miseria planificada de las mayorías, la resolución de los “problemas” que
genera el “populismo”.
Hasta ayer nomás y durante semanas a toda hora, la cadena (no) nacional de odio y
revanchismo, que encabeza el Grupo Clarín –aliado al gobierno neoliberal actual- , se la
pasó, a través de sus 300 repetidoras, “informando” sobre las reuniones del juez Casanello
con CFK y con Lázaro Báez en la Quinta de Olivos; detallando arreglos y acuerdos
dinerarios para exculpar tanto a la ex presidente como al empresario patagónico de las
denuncias de corrupción que anidan en las cuevas de Allí Babá, sucursal Comodoro Py.
Ayer la Cámara Federal porteña recibió un primer informe por parte de la Policía Federal
del cual se desprende que el juez federal Sebastián Casanello no estuvo en la Quinta de
Olivos, hecho que había denunciado el empresario procesado y detenido por presunto
lavado de activos, Lázaro Báez. De acuerdo al informe recibido por la Sala II de la Cámara,
basado en las planillas de ingreso y egreso de la quinta presidencial, no pudo probarse que
el magistrado haya estado allí durante la segunda quincena de septiembre de 2015, fecha en
la que Báez dijo haberlo visto. Los miembros del tribunal esperarán a tener el informe
completo para decidir si confirman o apartan a Casanello en la causa en la que se investiga
una maniobra de lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como La
Rosadita. Lázaro Báez se encuentra procesado por presunto lavado de dinero. Los hijos del
empresario aseguraron esta semana desconocer los movimientos de dinero de su padre y
cuestionaron la validez jurídica del informe aportado al expediente la Unidad de
Información Financiera (UIF) que los señala como titulares de cuentas en Suiza. Con tanta
mugre dando vueltas nada de lo que decida este ominoso tribunal será creíble.

El revés judicial contra los aumentos de tarifas que dispuso el Gobierno se inscribe en un
clima de fuerte descontento social, a pesar de los dichos del presidente offshore, quien
sigue asombrado “por el nivel de comprensión de la población por los tarifazos”. Las
manifestaciones y protestas en contra del tarifazo se fueron potenciando en los últimos días
y demuestran el malestar general de parte de la población que se ve imposibilitada de
afrontar las abultadas facturas de gas, electricidad y agua. Las concentraciones en las
puertas de las distribuidoras de gas y en las plazas se sucedieron ayer en las localidades
bonaerenses de Morón, Ituzaingó, Castelar, Caseros, Junín y San Martín y en el barrio
porteño de Chacarita. Días atrás también hubo protestas en Villa Gesell y Río Cuarto. Para
el jueves de la semana próxima la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y
Consumidores (Adduc) convoca a un cacerolazo contra el tarifazo para las 20 en todo el
país. No es la manera ideal, pero habrá que sumarse activamente, asumiendo la total
orfandad que la ciudadanía padece para cobijarse en alguna opción política dedicada a lleno
a representar la oposición al aberrante gobierno neoliberal; que saquea las arcas nacionales
y los bolsillos de su población con total impunidad.

Preocupa, agobia, desborda todo lo que sucede y se escucha a diario. A tal punto que uno
empieza a aburrirse de sí mismo haciendo hincapié en la calamitosa realidad en que el
gobierno neoliberal nos ha metido. Como si fueran pocos los hechos, las declaraciones. Una
vez más el presidente offshore ha sido tan brutal como sincero, a la vista de todo el mundo,
para manifestar su odio de clase y la postura más retrógrada que la derecha vernácula pueda
permitirse. Ni siendo presidente guarda las formas. Unos cuantos miembros de su “mejor
equipo en 50 años”, que nos está mandando al descenso, al menos hicieron el hipócrita
“acting” de condenar los hechos de violencia sufridos por los trabajadores de Tiempo
Argentino y Radio América. Pero él, no. Tenía que dar su cuota de sincera-miento para
expresar lo que realmente piensa toda la pandilla que lo circunda. Conocidos los hechos de
marras, mientras asistía a cócteles y reuniones en lugares cool 5 estrellas, acusó a esos
trabajadores de “usurpadores”. Ninguna condena a la violencia vivida. No, sólo la mendaz
afirmación que grafica estilo y pensamiento de un hombre que se siente con derecho a todo.
Los trabajadores de Tiempo Argentino repudiaron sus declaraciones sobre el ataque de
veinte encapuchados que en la madrugada del domingo ingresaron al edificio donde
funcionan el diario y Radio América, golpearon a las personas que lo custodiaban y
destruyeron la redacción ante la pasividad de la Policía Federal. “Rechazamos las
expresiones del presidente al diario La Nación en las que nos califica como ‘usurpadores’,
nos estigmatiza en nuestro rol de trabajadores y nos iguala con una patota que recuerda el
accionar de los grupos de tareas de la última dictadura militar”, explicaron en un
comunicado los integrantes de la cooperativa Por Más Tiempo. Además, le informaron al
presidente que son custodios del edificio por una resolución del Ministerio de Desempleo,
que ningún funcionario de las áreas de Seguridad y Justicia del gobierno nacional se
comunicó para conocer lo ocurrido y le pidieron una audiencia para desasnarlo. O sea:
encima desinformado. El lunes se realizará la audiencia para dirimir la competencia de la
causa en el juzgado a cargo de María Julia Correa. Verdú, en representación de los
trabajadores, argumenta que los delitos exceden a la Justicia porteña ya que no sólo hubo
usurpación y daño. “El daño es calificado por la destrucción de las redes informáticas y
todas las conexiones de la redacción. Hubo lesiones calificadas al trabajador con
discapacidad al que reventaron a golpes y arrastraron por la escalera. Hubo amenazas no
sólo con los tres trabajadores a los que sacaron del edificio sino también de Mariano
Martínez Rojas (creído propietario de esos medios) cuando advirtió ‘les voy a cortar las
piernas a todos’. Y también se cometieron los delitos de interrupción de comunicaciones y
del funcionamiento normal de un medio de comunicación. El epicentro de los delitos fue la
red interna de la redacción y la comunicación exterior, por eso lo primero que rompieron
fue el servidor del diario y se robaron el disco rígido, arrancaron setenta zócalos de
conexión de red, y en la radio intentaron desmantelar y llevarse el control central que
permite transmitir. Es evidente que como tomaron control de la planta transmisora querían
llevarlo para transmitir desde otro lado e impedir que la radio emita por Internet”, explicó.
“Este ataque es la segunda etapa de lo que comenzó con el ataque a la planta transmisora,
por lo que vamos a pedir la conexidad con esa causa federal”, adelantó Verdú. Por supuesto
que ni Fopea, ni Adepa ni mucho menos el vergonzoso sindicato de prensa se tomaron el
trabajo de simular una condena de los hechos acaecidos. En Argentina no sólo está en
riesgo la libertad de prensa, están en peligro las libertades individuales de las personas.

El pianista Miguel Ángel Estrella denunció que el gobierno porteño revocó la tenencia de
un predio que ocupa la Fundación Música Esperanza en la Villa 31, donde funciona un
centro cultural y social, por lo que la organización que el músico dirige deberá abandonar el
lugar. El espacio había sido cedido a la entidad por el Estado nacional en 2005, cuando
comenzó a trabajar con el auspicio del Ministerio de Desarrollo Social y organismos
internacionales. Se trata de una de las 50 sedes que la ONG tiene en el mundo, nueve de las
cuales se encuentran en Argentina. Cada día, 200 personas de todas las edades participaban
de actividades deportivas y de formación musical en el lugar. “Me cuesta pensar que el
revanchismo puede llegar tan lejos como para terminar con este lugar, esperemos que el
gobierno recapacite y vea la valiosa tarea que venimos realizando en la villa para poder
contar con su apoyo”, señaló Estrella. Días pasados supo que el Gobierno de la Ciudad se
había comunicado con la presidenta de la fundación para informarles que deben abandonar
los galpones donde trabajan en Retiro. “Música Esperanza funciona desde el 82, es
preexistente a la gestión del kirchnerismo –aclaró el músico–, aunque fue de gran ayuda en
el trabajo realizado en villa 31.” Lamentó contradecirlo querido maestro: no albergue
ninguna expectativa del gobierno neoliberal de Rodríguez Berreta. Para él su obra es un
gasto innecesario que deberá redirigirse hacia otras fundaciones, como en los tiempos de
Mauricio Macri: por ejemplo, a las que manejan Niembro y Majul, más acordes a los
tiempos de buenos negocios que Cambiemos está auspiciando.

Pequeñas apostillas dantescas:

*La lumpen política Elisa Carrió denunció que recibió una amenaza anónima de muerte.
Así se siguen sumando motivos para encarcelar de una vez por todas a la dura realidad que
no entiende las transformaciones en marcha.
*El diario La Nación lo hizo de nuevo. En otro editorial controvertido, defendió los dichos
del renunciante Darío El Pérfido en relación a la cantidad de desaparecidos durante la
última dictadura militar, y consideró que su salida se debió al hecho de que el ex
funcionario dijo "la verdad" en torno a este tema. Como si fuera poco, el centenario
matutino respaldó las palabras de Javier González Frega, quien había dicho que el nivel de
vida durante el kirchnerismo "no era sostenible". Hay que reconocerles que son coherentes,
aunque en ello no halla virtud alguna.
*Más de la mitad de los porteños debió cambiar sus hábitos tras el tarifazo impuesto por la
gestión del presidente offshore. Así se desprende de un relevamiento de la Universidad de
Belgrano: el 61 % modificó sus costumbres tras el ajuste en energía y transporte. El otro 39
%, ya no consume…
*En su gira por Europa de esta semana, la primera dama, la costurera Juliana Aguada,
utilizó un exuberante vestido realizado por el reconocido diseñador Laurencio Adot, que
despertó polémica en las redes por su curioso bordado. En el centro del vestido, se podía
observar la figura de dos aves que parecieran ser águilas, aunque como era de esperarse, en
las redes sociales rápidamente la asociación con los buitres se dio en forma automática;
dado el conflicto que el país mantuvo con los denominados holdouts, es decir, los
acreedores de deuda que quedaron por fuera del canje ofrecido por el país. Corrijamos: no
es un vestido: es su uniforme de trabajo.

09/07/16: Lo que hoy debió ser una fiesta popular excepcional, única e irrepetible, terminó
siendo un patético conjunto de actos protocolares diseminados invertebradamente por todo
el país. Con vallas y policías en Plaza de Mayo y demás lugares emblemáticos en el resto
del territorio nacional, la ausencia de pueblo fue el dato sobresaliente a la hora de destacar
la (no) celebración de los 200 años de Independencia nacional. Sin ningún presidente de
América del Sur y ante el rey Juan Carlos en representación de la monarquía española con
la que rompieron los congresales en 1816, el presidente offshore encabezó en Tucumán la
celebración más patética de las que se tenga memoria. “Deberían tener angustia de tomar la
decisión, querido rey, de separarse de España”, imaginó en el pasaje más “notable” de su
discurso. El gerenciador del Estado neoliberal exaltó una y otra vez el “esfuerzo personal”,
criticó conquistas gremiales como la reducción de la jornada de trabajo o derechos
laborales como las licencias, pidió “evaluaciones sistemáticas” a los docentes, y reclamó
“consumir la menor cantidad de energía posible” para luchar “contra el cambio climático”.
También volvió a apelar a la supuesta herencia de un Estado “castigado por la mentira y la
corrupción” para justificar “decisiones difíciles” sobre las que dijo no haber tenido
alternativa, y aseguró que hay un “desborde de entusiasmo” del mundo para “acompañar” a
la Argentina. “Viva la Patria y el amor”, cerró. Con este discurso vergonzoso también se
puede pasar a la historia, de los traidores a la Patria.

Hacia la debacle absoluta y la decadencia irreversible marcha la industria nacional. El

aumento explosivo de las importaciones de bienes de consumo en cinco meses, entre enero
y mayo respecto de igual período de 2015, el incremento es del 21,3 por ciento en
cantidades, mientras que los precios de esas compras bajaron 9,2 por ciento. La contracara
de la aceleración importadora son los anuncios de despidos y suspensiones fabriles que
empiezan a ser moneda corriente. El salto del 21,3 por ciento acumulado en cinco meses a
44 por ciento solo en mayo parece confirmar lo que tanto temían las pymes: que el
Gobierno está abriendo la economía cada vez más. En un contexto recesivo, de caída de
demanda y aumento de costos por la suba de tarifas, de insumos con precios dolarizados, de
combustibles, de logística y de alquileres, la mayor competencia externa es otro potente
factor de desestabilización para la producción local. A eso se agrega que las exportaciones
industriales sufren una caída ininterrumpida, que en mayo se extendió a 23 meses
consecutivos, producto esencialmente de la debacle brasileña, generada a su vez por
políticas de ajuste similares a las que puso en práctica el gobierno del presidente offshore.
Toda la arenga berreta y trillada con que el gerenciador del Estado neoliberal “recibió”
anoche el día de la independencia, llamando a terminar con el Estado aplastante y a
integrarnos al mundo, sólo suma más leña a un fuego cada vez más profuso.

Ajuste o caos. Esas son las alternativas con las que la gerencia del Estado neoliberal
amenaza a la ciudadanía, luego de conocerse la suspensión de los tarifazos en varias
provincias y/o localidades del país, que han provocado un verdadero aquelarre jurídico.
Entre la desinformación, la mala intención y la confusión de los considerandos, los fallos
son dilucidados según quien los lea e interprete. A la espera que la Corte Suprema de las
Corporaciones, que regentea Lorenzetti, ponga todo en “su lugar”, Federico Pinedo, el
breve, en ese tono amable característico de los cínicos para regurgitar provocaciones,
señaló que “no hay alternativas. El ajuste de tarifas sale como lo dispuso el Ejecutivo, y así
lo aprueba la Corte Suprema, o deberá financiarse con mayores impuestos, y si no son
suficientes, con más inflación”. O sea: por las malas legales o por las malas
inconstitucionales. Aportemos lo nuestro el jueves haciéndonos oír, aunque la apuesta sea
quimérica, ya que la protesta va dirigida hacia quienes no tienen oídos para escuchar
reclamos, ni ojos para ver la realidad, ni voz para defender los intereses ciudadanos, ni
sensibilidad para atender los problemas que afectan a la población.

Santiago del Estero queda en Argentina, para desgracia del ministro en rodillas de
Hacienda, Alfonso Prat-Gay, temeroso que alguien de aquellos pagos llegue a la
presidencia algún día, con renovadas ideas populistas. En esa provincia, suceden episodios
aberrantes con el silencio de los medios hegemónicos, que sólo hablan de ella para destacar
la promesa de la construcción de un puerto moderno, para una ciudad que no tiene salida al
agua, hecha por el gerenciador del Estado neoliberal, Mauricio Macri. Hace un mes una
patota armada y comandada por Orlando Canido, dueño de la marca de gaseosas Manaos,
intentó desalojar a la comunidad Iaku Cachi de la localidad de Bajo Hondo, quemando
ranchos y corrales, además de destrozar pozos de agua y amenazar de muerte con armas de
grueso calibre a niños y mujeres. Cuatro días después, la Jueza María Martínez Llanos
ordenó desalojar a la comunidad, hecho que realizó violentamente una patota judicial,
según denuncia el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Finalmente,
la jueza dejó sin efecto el desalojo y restituyó las tierras a la comunidad. Hasta que esto
ocurrió, los amenazaron, rompieron sus casas, los perjudicaron económicamente,
desmontaron tierras y contaminaron el único pozo de agua. Hasta el momento, la policía no
secuestró las armas ni detuvo a ningún integrante de la patota. Los hechos muestran la
actitud violenta, paramilitar y propia de otras épocas del empresario Orlando Canido, en sus
intentos por apoderarse de las tierras campesinas indígenas de toda la zona, con la
complicidad del poder judicial de Santiago del Estero. Una nueva ola de violencia por parte
de los empresarios, con la complicidad de jueces como Tarchini, Moreno, Llanos, Mansilla
y Torrellio, se está extendiendo por la provincia. Así de patriotas son los empresarios
nacionales, más preocupados en amasar fortunas expropiando tierras ilegalmente que en
generar trabajo y progreso para la población. Coca-Cola y Pepsi por imperialistas, Manaos
por saqueadores neoliberales. Mejor será tomar agua, hasta que también vengan por ella.

El ministro de Educación, Esteban Bullrich, realizó una polémica publicación en su cuenta

de Instagram acerca del día de la Independencia y las críticas no tardaron en llegar: "Hoy
festejamos en el Club Americano las #DosIndependencias, la de los Estados Unidos del
#4DeJulio y la nuestra del #9DeJulio", publicó el ministro junto a una foto con las dos
banderas. "Hace poco releí el Acta de nuestra Independencia, y me di cuenta que hace 200
años escribimos un plan de gobierno que nunca ejecutamos. ¡¡¡Llegó la hora!!!
#VivaLaPatria!!!", agregó el funcionario. Así de nacionalistas son los funcionarios
neoliberales, para quienes la única patria verdadera es la patria financiera.

10/07/16: El amigo “deudor” Nicolás Caputo, el primo testaferro Garcaterra y demás

cardenales cercanos al presidente offshore, se están frotando las manos. El gobierno ni
nacional ni popular envió al Congreso un proyecto de ley de régimen de contratación
público-privado que es un bochornoso nuevo ejemplo de lo que representa la corrupción
estructural legalizada de un sistema que gira con la premisa de garantizar la concentración
económica y el corrimiento del Estado como agente de control o participación en el circuito
económico. El proyecto de marras tiene como objetivo eludir la ley de Procedimiento
Administrativo en todo lo que tenga que ver con obra pública, y confeccionar la licitación a
medida de quien el funcionario desee, en lo que el texto llama “diálogo competitivo”. El
Estado queda con todas las responsabilidades y fines públicos, pero sin ninguna de las
prerrogativas que le permitan cumplirlas. El breve artículo 14 establece un procedimiento
de “consulta, debate e intercambio de opiniones” entre el Estado y los “interesados
preclasificados”. En cambio, no se especifica quién “pre clasificó” a esos contratistas ni con
qué criterios, dado que se declara inaplicable la normativa pública y rige la libertad de
contratación del Código Civil y Comercial. La amplitud de proyectos contemplados por la
ley es enorme y la flexibilidad de los contratos absoluta. El artículo 7 permite la creación de
sociedades de propósito específico a cargo de la ejecución del contrato, es decir sociedades
vacías, armadas para un solo negocio o, peor aún, sólo para canalizar pagos. Ya se trate de
sociedades o fideicomisos, el propósito es facilitarle los cobros al contratista privado y
limitar su responsabilidad. De este modo aún un contratista en cesación de pagos con la
banca oficial podría recibir desembolsos desde el fideicomiso, ya que esta sociedad
vehículo sería una persona jurídica distinta del contratista y de este modo eludir a sus
acreedores conservando su activo. Esta limitación de responsabilidad es el fundamento de
todas las sociedades offshore, que ahora llegarían al país, auspiciadas por su más fiel
defensor: Mauricio Macri. El artículo 10 afirma que en caso de extinción anticipada (sin
aclarar si es por culpa del contratista, de la administración, o de ninguno) el Estado deberá
asegurar el repago del financiamiento aplicado al desarrollo del proyecto. Esto significa que
no hay riesgos para el contratista privado, sobre quien no pesa ninguna prioridad del interés
público. Se trata una vez más de seducir al capital, ofreciéndole todas las facilidades y
eliminando todos los controles. Es decir, todo lo contrario a lo que se recomienda para
reducir la corrupción. El Estado debería transformarse en un contratante más que negocie
en pie de igualdad con el privado. Por eso, el proyecto excluye las normas de derecho
administrativo del régimen general de contrataciones, de responsabilidad del estado, de
indexación y de expropiación y remite al Código Civil y Comercial, es decir a normas
pensadas para una relación de derecho privado, entre iguales. Pero en realidad el Estado
hasta parece la parte débil de la negociación. De convertirse en ley, sustituiría todas las
reglas de derecho público que no coinciden con la ideología oficial por un régimen casi
extraterritorial, con un sistema normativo propio, que es el contrato, y tribunales arbitrales
en lugar de la justicia. Como si todo esto fuera poco el proyecto permite abrir los recursos
públicos a los bancos privados sin pasar por el Congreso pudiendo éstos recibir fondos
públicos para timbear en inversiones amigas, como hacían las AFJP, y encima cobrar
comisión, con una única intervención del Estado en la rendición de cuentas final a la que
está obligado el fiduciario. En síntesis: otro proyecto abominable, de pura cepa neoliberal,
que sólo pasará a ser ley si la oposición política lo permite; la misma que ha venido
aprobando todas las abyectas propuestas oficiales con apenas algunas modificaciones, pero
manteniendo su espíritu confiscatorio y plutárquico. Ahora uno entiende cuando el mal
imitador de Freddie Mercuri decía que la obra pública debía ser una oportunidad para la
fiesta y la alegría.

Sólo a través del ocultamiento, la mentira o el silencio, Mau y sus pandilleros pueden
manipular los números de la Economía para esconder su catastrófico estado. Como bien
señala Alfredo Zaiat hoy en Página/12, “los números del déficit fiscal no son los que dice el
Ministerio de Finanzas y Des-hacienda. La información revisada del PIB presentada por el
Indec muestra inconsistencias, después de un inédito apagón estadístico de casi seis meses.
El Ministerio de Desempleo maquilla el tradicional informe de empleo registrado para
ocultar la ola de despidos. El gobierno difunde un listado de inversiones extranjeras que ya
habían sido anunciadas en la anterior administración. La Anses infla la cantidad de
jubilados que recibirán un haber más elevado a partir de la ley recientemente aprobada. El
nuevo IPC–Indec ahora restringido a la Capital y GBA tiene diferencias con el IPC–CABA
pese a compartir casi la misma área de cobertura. El Banco Central tiene muchas menos
reservas disponibles que las difundidas en los partes diarios… La distorsión, manipulación
y falseamiento de estadísticas acerca de la evolución de variables claves para la
interpretación de tendencias de la economía es una parte central de la estrategia oficial para
influir en las expectativas sociales”. Acompañado con el discurso de la “pesada herencia
recibida” van justificando la irrupción de una crisis auto provocada por medidas regresivas
que derivaron en una millonaria transferencia de ingresos hacia sectores concentrados. De
ese modo han construido en pocos meses el relato M mientras fueron desplegando el combo
recesivo de mega devaluación, shock inflacionario, apertura importadora, tarifazo, despidos
y reducción del salario real. Un relato sostenido persiguiendo opositores para, luego de
demonizarlos, catapultarse como paladines en la lucha contra la corrupción. Una estrategia
de patas cortas, que pronto quedará paralítica.

La creencia de un 60 % sobre que el gobierno que regentea el presidente offshore es un

gobierno de ricos, según una encuesta de la consultora Centro de Estudios de Opinión
Pública (CEOP), que lidera el sociólogo Roberto Bacman, quizá se explique no por la
opinión formada a partir de lo que se enteran por los medios hegemónicos, sino por lo que
los consultados están sufriendo en carne propia. Desde fines del año pasado se produjo un
preocupante deterioro de las condiciones de trabajo de la clase obrera. Ese retroceso tiene
su manifestación más general en la caída del poder adquisitivo del salario, cuya magnitud
depende de varios factores. En principio, los trabajadores registrados de mejor posición
perderán un 6 por ciento de su salario real este año, según estimaciones privadas. Peores
resultados obtendrán los asalariados en condiciones sindicales más frágiles y los no
registrados. Sobre el escenario de pérdida del poder adquisitivo aparecen los despidos, que
en el caso de algunas empresas llegan a ser generalizados, aunque fundamentalmente se
verifican a cuentagotas. Hay sí, de manera instalada, un proceso de reducción de personal a
través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Otra modalidad es la no renovación
de contratos temporales. También hay recortes de salarios y suspensiones con cobro parcial
del sueldo. El principal factor es la caída de las ventas, de entre el 10 y el 30 por ciento por
ciento en promedio a partir de la reducción del poder adquisitivo de los trabajadores y los
jubilados. El combo explosivo se completa con la suba de costos por la devaluación y el
tarifazo. A nivel agregado, los números del sistema previsional registran una destrucción de
84 mil empleos desde noviembre, mientras que la serie de AFIP, que además abarca a
determinados empleados públicos, refleja una caída del 0,7 por ciento. La Encuesta de
Indicadores Laborales del Ministerio de Desempleo muestra una caída de 0,3 por ciento y
la de ocupación industrial del Indec, una merma interanual en el primer trimestre del 0,8
por ciento. Este es el panorama generalizado de un país devastado. La capacidad de daño de
la troika gobernante es tan grande que no cesará hasta reconvertir: todo lo que quede del
aparato productivo en clave neoliberal, con una economía concentrada (primarizada y
aliada al comercio internacional vía Alianza para el Pacífico); el andamiaje jurídico para
darle estructura a su matriz corrupta; y los parámetros culturales y comunicacionales,
profundizando sus concepciones individualistas y despolitizantes para los primeros y
afianzando el blindaje protector hacia los factores de poder, demonizando opositores y
distrayendo atenciones con variadas formas, que van desde las denuncias apócrifas al mero
entretenimiento pasatista, para los segundos. Este es el horizonte de una clase dominante
que encontrará en la miseria planificada de las mayorías y la amputación de sus derechos
ciudadanos, el combustible para alimentar su maquinaria de poder, donde sólo anidan el
egoísmo, el odio y el revanchismo de clase.
Un recorrido por el cementerio neoliberal nos servirá de guía para reflejar el nivel de
destrucción, recién en ciernes, que el gerenciador del Estado neoliberal argentino ha
generado en 7 meses de gobierno. Se va a necesitar un guía y mucha paciencia para
recorrerlo, además de un gran esfuerzo para soportar el impacto de sus dimensiones. En la
provincia de Buenos Aires: Eitar es una metalúrgica con 320 empleados de Quilmes que
produce válvulas de seguridad para hornos, termotanques y estufas. En febrero comenzaron
los problemas de pago de salarios. La empresa presentó el procedimiento preventivo de
crisis ante el Ministerio de Trabajo y con ese aval despidió a 70 trabajadores. Luego de un
fuerte conflicto, se negoció el retiro voluntario de 80 trabajadores con la indemnización
correspondiente en seis cuotas. También en la zona sur está el frigorífico Ciabar, en donde
trabajan 800 personas. En febrero, la empresa emitió 173 telegramas de despido en el
marco de un plan para echar a 360 personas. Esto motivó un intenso conflicto que llegó a
que los trabajadores tomaran la fábrica. El acuerdo final contempló el retiro voluntario de
57 trabajadores. Un frigorífico vecino es Penta, en Bernal, que eliminó 25 contratos de
trabajadores tercerizados. En La Matanza, hace cuatro meses que los 156 trabajadores de
Biomadero, una de los mayores productores de biodiesel, no cobran su sueldo. Germaíz
fabrica el aceite de maíz para varias marcas del mercado local y exporta aceite a granel. La
empresa tiene una planta con 45 trabajadores en Baradero y otros 25 en San Justo. En
ambos casos, no se pagan salarios desde hace más de dos meses. La patronal asegura que
está en rojo y para justificarlo mostró sus últimos dos balances contables que dieron
pérdida, pero fueron rechazados bajo sospecha de “fraudulentos” por el sindicato de
aceiteros, que denuncia un proceso de vaciamiento. La empresa está en concurso de
acreedores y busca un comprador. La empresa Arcor, en tanto, echó a 8 trabajadores en su
planta de Salto y en el gremio esperan más despidos y adelantó vacaciones a todo el
personal de la planta de Estirenos de San Luis. En tanto, el frigorífico Bertone Hermanos,
en la localidad de Rojas, les adeuda a sus 80 trabajadores el aguinaldo y un salario, y los
dueños les comunicaron que en el corto plazo se espera el cierre de la empresa. En Santa
Fe, Acindar anunció que el 31 de julio cierra un turno de trabajo de su planta de Navarro
(Rosario) que cuenta con 150 empleados. Hasta ahora hay 17 adhesiones al retiro
voluntario. Nestlé despidió a 8 trabajadores de su planta de Firmat, aunque luego
reincorporó a 4. En las afueras de Rosario están los talleres Rioro de reparación de vagones
de trenes, del grupo Emepa. En marzo, Hood Robin anuló los contratos con el Estado y no
ofreció solución alternativa para los trabajadores. De 130 trabajadores, 70 obtuvieron el
retiro voluntario. En línea blanca, la empresa Frimetal produce para las marcas Gafa y
Electrolux. Allí se dieron 50 retiros voluntarios en marzo y otros 30 cese de contratos hace
un mes. Además, permanecen suspendidos 400 trabajadores con el 90 por ciento de la
remuneración. En su competidora Bambi hay 500 trabajadores suspendidos. En la vecina
ciudad de Paraná, la firma Longvie en el parque industrial General Belgrano recortó 60
empleos de trabajadores contratados por temporada que podrían ser tomados nuevamente
en diciembre, aunque no hay certezas. El pueblo de San Carlos tiene 11 mil habitantes y en
lo que va del año perdió 300 puestos de trabajo. Uno de los principales empleadores es la
Cristalería San Carlos, que produce 16 mil artículos de cristalería y tiene casi 70 años de
antigüedad. La empresa apagó uno de los hornos en diciembre, no renovó contratos de
trabajo, hubo retiros y jubilación de trabajadores. En total se afectó a 20 personas, el 15 por
ciento de la plantilla. El primer empleador de San Carlos es el Grupo Lheritier, que
desafectó a 90 personas de su plantel de 490 trabajadores. De su plantel de 490
trabajadores. En Córdoba, en su planta de cajas de cambio, Volkswagen desde marzo
redujo en 120 trabajadores su plantilla de personal, entre retiros voluntarios y jubilaciones
anticipadas. Además, hay dos días de suspensiones a la semana en la empresa. Renault hizo
el ajuste en 2014, con el despido de 200 trabajadores, y en estos meses no renovó contratos.
De manera similar, Fiat despidió personal el año pasado y mantiene suspensiones, que
también afectan a los trabajadores de la fábrica de camiones Iveco. Montich es la principal
autopartista de la provincia, proveedora de los chasis que utiliza Iveco. Esta semana
suspendió a sus 170 empleados y mantiene un conflicto por la reducción del sueldo en 2500
pesos que provenían de los Repro que otorgaba el Ministerio de Trabajo, beneficio que fue
cancelado por la gestión macrista. La metalúrgica Zennier presentó la quiebra el 1º de
junio. La empresa tiene 33 años de antigüedad la empresa y 35 trabajadores quedaron
desempleados. Su idea es formar una cooperativa. En Mendoza, el viernes 1º de julio, la
empresa Alco Canale, que produce fruta enlatada y cuenta con una plantilla total de unos 2
mil trabajadores, comunicó 38 despidos en su planta de Real del Padre, 6 en Tunuyán y
otros 5 en Tupungato. La empresa Molto, de conservas de tomate, despidió a 6 trabajadores
desde comienzos de año. En Tierra del Fuego, en el sector electrónico no se renovaron
contratos a 1000 trabajadores. La situación más delicada se verifica en KMG, productora de
cámaras fotográficas Kodak, en Río Grande, que anunció la suspensión de sus 50
trabajadores por seis meses. En San Luis, la planta de Cerámica San Lorenzo suspendió a
sus 120 trabajadores por 30 días con una reducción del sueldo del 15 por ciento. La firma
despidió en enero a 100 trabajadores de esa planta y a otros 100 del establecimiento que
tiene en Azul, provincia de Buenos Aires. En Tucumán, la empresa Alpargatas no renovó
contrato a 48 jóvenes y mantiene suspensiones por 15 días del 18 al 31 de julio en esa
planta y en la de La Pampa. En Alpargatas ya hubo 250 desvinculaciones entre retiros
voluntarios y jubilaciones anticipadas. En Santiago del Estero, la firma textil Coteminas
adelantó vacaciones del 18 de julio al 31 de julio a sus 700 trabajadores. La vastedad de
conflictos laborales y situaciones de ahogo del sector manufacturero hace que una multitud
de economías locales esté sufriendo las condiciones del retroceso social y económico antes
que se perciba en los grandes centros urbanos. Las promesas de beneficios que se
prometían para las economías regionales por la eliminación de retenciones y suba del dólar
están chocando contra una realidad muy diferente, derivada de la misma política económica
que lanzó aquellas medidas. Nadie, que no sea cómplice de estas políticas criminales, puede
salir ileso de este recorrido. Con esta realidad a cuestas, nuestra maltratada Patria
conmemoró sus 200 años de supuesta independencia nacional.

Mientras el ex kirchnerista Lino Barañao mira para otro lado, a pesar de su compromiso de
“custodiar lo conseguido”, el Grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) difundió un
documento crítico sobre la política económica y social de las actuales autoridades,
poniendo el eje en el impacto causado no sólo en el bolsillo de los asalariados sino también
en el Conicet, en la universidad pública y en los más importantes proyectos de
investigación. Los científicos y técnicos firmantes de la declaración cuestionaron el modelo
económico que consiste en la “transferencia de recursos a los sectores concentrados” y el
“alineamiento con la política exterior de los Estados Unidos”. Respecto del impacto de
estas medidas oficiales sobre las políticas en materia de ciencia y tecnología, destacan que
“hubo un esfuerzo realizado por el Estado durante el período 2003-2015 que colocó en el
centro de la escena al conocimiento como insumo para el desarrollo del país y el bienestar
de los ciudadanos”. En este sentido se mencionaron los siguientes aspectos:
- El aumento del presupuesto del Conicet a valores constantes y la expansión de su política
de formación de recursos humanos que pasó de 1800 becarios y 3500 investigadores en el
2003 a 10000 becarios y 9000 investigadores en el 2015.
- El incremento de centros de investigación Conicet Universidad que pasaron de 100 en el
2003 a 230 en el 2015 y la construcción de más de 150.000 metros cuadrados de
laboratorios.
- El estímulo a la transferencia del conocimiento a la sociedad y la vinculación de los
científicos con la comunidad.
- Estudios de la revista Nature dicen que, como consecuencia de esas políticas del gobierno
anterior, Argentina se encuentra por encima de la media mundial en el impacto
internacional de su producción científica.
- El Conicet pasó de la posición 144 que ocupaba en 2009 a la posición 79 en 2014 entre las
5000 instituciones más importantes de Ciencia y Tecnología del mundo.
Se señala luego que el ajuste “ya impactó sobre el sistema de ciencia y tecnología y lo
demuestra la incapacidad de los resultados de las paritarias de compensar los efectos de la
inflación/devaluación que han reducido grandemente el poder adquisitivo de los estipendios
de los becarios y los salarios de los investigadores y personal de apoyo (...) o la nula o
insuficiente actualización de subsidios a proyectos de investigación”. No obstante,
advierten que “las peores consecuencias de las acciones y omisiones del nuevo gobierno
tienen que ver con la discontinuidad o falta de definición alrededor de los grandes
proyectos tecnológicos impulsados por el gobierno anterior, que no dependían ni hoy
dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología”. Entre los hechos negativos se
enumeran: el despido de personal calificado en la industria satelital, lo que provocó la
paralización del proyecto Arsat 3; también se frenaron las inversiones en la Plataforma de
Televisión Digital Abierta (TDA); y los planes para el desmembramiento y/o privatización
de la empresa pública Arsat. En el sector nuclear, “si bien se avanzó con China en un
memorando de entendimiento para la construcción de dos centrales de potencia, no están
claras las condiciones de participación de las empresas nacionales”. En el sector de defensa,
“además del despido de personal de Fabricaciones Militares y la cancelación del proyecto
de fabricación de vagones” se suma “la paralización del proyecto tecnológico SARA
(Sistema Aéreo Robótico Argentino), y hay retraso en el plan de radarización del territorio
argentino con radares nacionales (militares y meteorológicos)”.Se recalca, además, que
“tampoco hay definiciones claras respecto a dar continuidad al desarrollo del programa de
producción pública de medicamentos”, cuya importancia estaba dada en el hecho de que el
Estado “no sólo promovía procesos de aprendizaje, articulación y organización dentro del
sector de ciencia y tecnología, sino que traccionaba la economía y fortalecía el desarrollo y
sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas, que representaban en 2015 el 44 por
ciento del producto bruto” de la Argentina. Subrayan también que un capítulo importante
del reclamo lo dedican “a las universidades públicas” dado que “Mauricio Macri y su
Ministro de Educación, Esteban Bullrich, cuestionan el número de universidades creadas en
años anteriores, su autonomía y carácter gratuito y la modalidad vigente de ingreso
irrestricto establecida en la Ley de Educación Superior”. “Mientras el gobierno anterior
produjo una fuerte inversión presupuestaria que alcanzó la histórica cifra del 1 por ciento
del PBI, el actual gobierno demora el acceso a los montos aprobados en el presupuesto
2016 (51.946.796.000 pesos) y no da cumplimiento a la promesa de un incremento
adicional que fuera anunciado en el mes de mayo” de 500 millones de pesos. Concluyen
diciendo que “como científicos y universitarios comprometidos con el presente y el futuro
del país, queremos avanzar en la necesaria construcción de un espacio popular, plural y
participativo, capaz de enfrentar las medidas y políticas reaccionarias del actual gobierno,
recreando la posibilidad de pensar y diseñar un proyecto que se desarrolle sobre la base de
políticas inclusivas y soberanas”. Admiten que este proceso “exigirá la confluencia de
sectores de diferente procedencia y un análisis crítico y propositivo que, partiendo de lo
mucho que se ha logrado en los últimos 12 años, permita rescatar sus importantes logros,
identificar sus errores y límites y encarar los desafíos y tareas pendientes”. Estos loables
anhelos dormirán el sueño de los justos, esperando que un gobierno, de otro signo político,
rectifique el atroz camino tomado por la alianza neoliberal hoy en el poder. De alguien que
graficó al satélite Arsat I como una heladera inútil lanzada al espacio, cara e innecesaria, no
se puede esperar nada ni técnico ni científico.

Más apostillas dantescas:

-La agitada gira europea en hoteles 5 estrellas y su extenso itinerario protocolar
“festejando” con angustia el bicentenario con el rey sin trono de España, dejó extenuado al
gerenciador del Estado neoliberal. Por ese motivo decidió tomarse descanso y no asistir
personalmente al desfile militar previsto para hoy. Por suerte el mismo, probablemente,
pase por la puerta de su casa, en el barrio de Recoleta, mientras bebe champagne libre ya de
impuestos.
-La ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, señaló con un tuit: "Después de 16 años
volvemos a tener desfile militar. ¡Cambiamos!".
-Es más fuerte que él y agotador para los oyentes. Escuchar al presidente offshore
“reflexionar” es un desafío al temple y al control sobre uno mismo. Entre los disparates y
las canalladas vertidas ayer una se destaca, por provenir de alguien que ha hecho de la
viveza criolla, el “parasitarismo” y la falta de contracción al trabajo un culto pagano:
"Tenemos que alejarnos de la viveza criolla mal entendida, de que al vivo que engaña es al
que le va mejor. A nuestros trabajadores les digo que tenemos que alejarnos del ausentismo,
la licencia y las jornadas reducidas. Cada vez que un gremio consigue reducir una jornada
horaria todos los demás argentinos lo estamos asumiendo como un costo y no está bien".
Dicho esto, al otro día, pega el faltazo al patético y lamentable desfile militar planeado para
hoy.

El jueves 7 de julio, tres días después del ataque a Tiempo Argentino, y mientras el
presidente offshore calificaba de usurpadores a los trabajadores de la cooperativa que edita
el matutino, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires respaldó el
accionar de la patota de Juan Carlos Blander –escudo del empresario Mario Martínez Rojas,
supuesto comprador del diario– y le renovó la habilitación a una de sus empresas para que
siga operando en el área metropolitana. Se trata de All Access SRL, vinculada a Control
Star Service SA –otra sociedad de Blander– a través de Gustavo Ariel Villalba, que figura
como directivo en ambas agencias. El trámite de extensión quedó formalizado a través de la
Dirección General de Seguridad Privada que depende de la Subsecretaría de Seguridad
Ciudadana de la cartera que encabeza Martín Ocampo, hombre del operador PRO Daniel
Angelici y jefe político de la Policía Federal de la Ciudad que garantizó la entrada y salida
de los violentos del edificio de Amenábar 23. Según la documentación oficial a la que tuvo
acceso el diario Tiempo Argentino, en la nómina de vigiladores privados habilitados
aparecen varios de los soldados del grupo que destruyó la redacción de Tiempo. Blander
tiene vínculos con la Policía y con barras bravas de Ríver, Independiente, Chicago y Boca,
donde trabajó como control de admisión en 1998 cuando Mauricio Macri era presidente del
club.  Por eso no resulta descabellada la hipótesis de una zona liberada para que la patota
pudiera actuar durante toda la madrugada de lunes. El personaje clave de esta historia es el
comisario Guillermo Calviño, jefe de la Policía Federal porteña, que depende de Ocampo.
El jefe policial está apadrinado por Daniel Angelici y Darío Richarte quienes comparten
comisión directiva en Boca como presidente y vice tercero, respectivamente. De esa
conducción también forma parte como vocal suplente Hipólito Nosiglia, el cuarto hijo de
"El Coti" Nosiglia, histórico operador radical, empresario y ex ministro alfonsinista. Ahora
se entiende por qué el mal imitador de Freddie Mercuri no condenó la patoteada brutal de
sus “muchachos” amigos y acusó a los castigados periodistas de “usurpadores” de lo que ya
les es propio.

11/07/16: Ayer temprano, el gerenciador del Estado neoliberal, anunciaba que no iba a
asistir al desfile militar que su democrático gobierno programó para continuar festejando el
bicentenario. Sin embargo, fue. Emocionado ante tan magno evento el primer trabajador
argentino, finalmente, se sacrificó por todos nosotros y, sacando fuerzas de donde no tenía,
asistió. Si hasta se dio el gusto de volver a ver al ex carapintada Aldo Rico desfilando como
parte de la comitiva de veteranos de Malvinas. Quien atentara contra la Democracia en
1987, exigiendo impunidad a punta de pistola, se pavoneó en el cheto Campo de Polo,
donde fue la ceremonia, para deleite de incautos y admiradores de épocas pasadas que
creíamos terminadas. El monstruoso circo también dio para que el mamarracho de Cecilia
Pando se regodeara con sus camaradas declarando: ¡Qué lindo volver a ver desfilar a mi
amigo Emilio Nani, que defendió la Tablada del ataque terrorista!”, en referencia al
teniente coronel Emilio Nani, que es muy reconocible por el parche en el ojo que perdió
durante la represión al copamiento de La Tablada. Nani dijo en 2007 que “los derechos
humanos en nuestro país siempre estuvieron en manos de terroristas” y puso como ejemplo
al entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Tras sostener que los
condenados por delitos de lesa humanidad eran “detenidos políticos”, Nani aseguró: “Hay
senadores, ministros, funcionarios gozando de impunidad cuando se sabe que asesinaron a
conciudadanos”. Nani intentó armar una agrupación política, el Partido Popular de la
Reconstrucción, junto al carapintada Gustavo Breide Obeid, pero siempre tuvieron un
desempeño marginal en las elecciones. Sin embargo, con el nuevo panorama político, no
casualmente todos los dinosaurios obsoletos salen a la cancha, se muestran, ríen y declaran
como hacía años no se veía. Ya se ubicó Arroyo en la intendencia de Mar del Plata, por eso
no sería de extrañar que muchos de estos nefastos personajes del pasado se reciclen para
renovar el enrarecido aire que se respira con más aromas pestilentes.

En la semana que se inicia, se darán a conocer las nuevas modalidades del Programa
Procrear. Ya no serán créditos para la construcción, refacción o ampliación de la casa
familiar, sino para la compra de viviendas nuevas o usadas. Ya no gozarán de una tasa
generosamente subsidiada de interés (era del 2 por ciento anual para las familias de
menores ingresos), sino que serán créditos que se devolverán con capital indexado. No
habrá sorteos, lo cual le otorgó al anterior Procrear una transparencia que lo dejó al margen
de todo cuestionamiento o sospecha incluso en la actual caza de brujas, sino adjudicación
por puntaje según el grado de vulnerabilidad de cada familia aspirante, a criterio de la
Secretaría de Vivienda. El premio para los beneficiarios será un subsidio de hasta el 30 por
ciento del valor del crédito a recibir (con un límite de 300 mil pesos), con lo cual la deuda
hipotecaria a pagar será, en el origen, el 70 por ciento del monto recibido. De esta forma, el
gobierno presentará en los próximos días un programa de financiamiento de la vivienda con
el que asegura que llegará principalmente a las familias más humildes, en forma “más
equitativa”. Sin embargo, se abre un interrogante acerca de cómo afrontarán las familias
beneficiarias, con ingresos en una franja de dos a cuatro salarios mínimos, una cuota
indexada por inflación con los ingresos disponibles después de pagar los costos indexados
de la canasta familiar, incluidos servicios domiciliarios básicos que el gobierno promete
seguir aumentando una vez que supere el escollo que hoy le presenta la Justicia. El crédito
que se otorgue deberá ser aplicado a la compra de vivienda familiar, nueva o usada, lo cual
se espera que le otorgue un vital dinamismo al mercado inmobiliario, aunque esto
dependerá del éxito del programa. Pero no a la construcción, que era uno de los ejes
motores del programa anterior. Al poner el sistema de crédito para la vivienda de sectores
humildes a expensas de la indexación, el gobierno hace una apuesta demasiado fuerte a
lograr una estabilización de precios que acerque al país rápidamente a Chile. Pero lo que
apuesta, lo que pone sobre la mesa de juego, es la vivienda de los sectores medios bajos
(los más humildes quedarían excluidos del nuevo sistema). Es altamente improbable que la
perspectiva se cumpla, y más difícil es que con la actual política económica, que impone e
impulsa un ajuste de los sectores empresarios sobre sus costos laborales, los sectores de
ingresos medios bajos le ganen o, siquiera logren arrancarle un empate a la inflación. Y en
este caso en particular, a la UVI. El nuevo sistema no será canalizado, como en la anterior
etapa, a través de un banco con activa participación estatal, como el Hipotecario. Ni
siquiera por el Nación (que, vale recordar, rechazó participar del lanzamiento de los
créditos hipotecarios con cláusula de ajuste UVI que el Banco Central lanzó en abril). Serán
los bancos privados los que lo implementen, buscando sacar beneficio inmediato de su
colocación, con la garantía de hipotecas que no dudarán en ejecutar en caso de llegar la
ocasión. El sector inmobiliario, definido ya que los créditos se aplicarán a la compra de una
vivienda ya existente, nueva o usada, esperan el nuevo sistema como una oportunidad de
reactivación, aunque sea segmentada, de su negocio. Quienes menos entusiasmo deberían
tener frente a la propuesta son los supuestos beneficiarios: las familias que no han podido
acceder a la vivienda propia y a las que, por nivel de ingreso, el sector bancario les cierra
sus puertas. En síntesis: oneroso, arriesgado y limitado para la población careciente y
fructífero, seguro y redituable para los grandes bancos. La imagen de los desahucios
españoles flota en Argentina como una pesadilla aterrorizante.

Horacio Rodríguez Berreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no le va a

poder echar la culpa a la “herencia recibida” por los desastrosos números que dejó la
neoliberal gestión de su jefe político, Mauricio Macri, y que él se propone profundizar. Y
no sólo por compartir signo político, sino porque él fue su Jefe Gabinete de Ministros
durante la festichola gonzalezfreguista que se dieron durante ocho escandalosos años. Poca
inversión, déficit y deuda. Ese es el saldo de los dos períodos consecutivos de Mau y sus
pandilleros en la Ciudad de Buenos Aires que, sumado a las políticas que implementó
desde su llegada a la Casa Rosada, permite bosquejar el camino por el que conducirá a la
Argentina mientras sea presidente. La reciente presentación de la Cuenta Anual de
Inversión con la información financiera de las cuentas públicas del 2015 aportó los únicos
datos que faltaban para hacer un análisis completo de sus dos períodos como jefe de
gobierno. De ellos surge que al cabo de sus mandatos los ingresos crecieron en forma
significativa, pero él gastó más de lo que recaudó y cuadruplicó el endeudamiento en
dólares, una herencia que se tornó aún más pesada para los porteños a partir de la
devaluación que realizó a poco de asumir la presidencia. En los años de gestión macrista la
recaudación de Ingresos Brutos subió un 753 por ciento y los ingresos por vía del impuesto
inmobiliario y la tasa de ABL se incrementaron en un 869 por ciento. Por otra parte, la
Coparticipación Federal aumentó un 649 por ciento, las transferencias corrientes
correspondientes a planes nacionales un 264 por ciento y las transferencias de capital un
1134 por ciento. Aunque los ingresos porteños crecieron, Macri acumuló un déficit de
19203 millones de pesos durante sus dos mandatos. Así, el déficit de la ciudad que era el
3,4 por ciento del gasto total porteño cuando el presidente offshore llegó a la jefatura de la
ciudad pasó a representar el 8,7 por ciento; esto es un incremento de 255 por ciento.
Durante los gobiernos porteños de Macri la inversión se mantuvo casi constante y su último
año de gestión fue el peor en esa materia: solo se invirtió el 14 por ciento del gasto. La
inversión no era tan baja desde el 2004. El gasto del gobierno porteño creció un 802 por
ciento entre 2007 y 2015. De su análisis surge que hubo rubros que registraron aumentos
muy por encima de esa suba. El mayor incremento del gasto se dio en el área de Turismo,
con un 4393,9 por ciento. Le siguió Publicidad, con un 2375,5 por ciento. Sólo en el 2015,
mientras el mal imitador de Freddie Mercuri estuvo en campaña para la presidencia, se
gastaron en ese ítem 1387 millones, equivalente al 1.6 por ciento del gasto total de la
ciudad y el 18 por ciento del déficit total. Todas las áreas sociales más sensibles tuvieron un
incremento del gasto menor al promedio, tal el caso de Salud (693,1 por ciento) y
Educación (648,1 por ciento). El rubro Vivienda quedó al fondo de la tabla. Mientras el
Estado nacional y las provincias se desendeudaban, de 2007 a 2015 la ciudad cuadruplicó
su deuda en dólares hasta llegar a la cifra de 2363 millones dólares. El 89 por ciento del
pasivo de la ciudad es en dólares, euros o atado al valor del dólar, con lo cual los porteños
están entre los principales perjudicados por la devaluación que el mismo Macri hizo como
presidente. La deuda pública expresada en términos de los recursos totales de la ciudad
pasó del 18 por ciento en 2007 al 51 por ciento en 2015; o sea que es equivalente a la mitad
de todos los ingresos de un año. Cuando arrancó el gobierno en 2007 esta proporción era de
apenas un quinto. Teniendo en cuenta que la inversión de la gestión porteña de Macri se
mantuvo en torno al 16 por ciento del gasto total, el 84 por ciento del incremento de la
deuda fue a financiar el gasto corriente. Con el prófugo de Interpol, el multi offshore Néstor
Grindetti, como ministro de economía, este es el resultado de ocho años de descalabro
generalizado; a lo que hay que sumar la subejecución de partidas presupuestarias, la
malversación de fondos con la publicidad no realizada o girada a periodistas amigos para
darle a su figura soporte periodístico, los “negocios” con sus amigos cardenales en
detrimento del erario público, el desmantelamiento de recursos e infraestructura a
hospitales y escuelas públicas y el empobrecimiento masivo de la región sur, sin un solo
plan de viviendas accesible a las mayorías. No son la “nueva” política, son la vieja patria
contratista pauperizadora que hoy, desde el Estado Nacional, se recicla con las viejas
recetas neoliberales ajustadoras, con toda su impronta cargada de corrupción, dependencia
colonial y exclusión social generalizada.
Aunque parezca obvio aclararlo hay que decirlo: los brazos ejecutores del revanchismo de
clase no sólo se alimentan a odio, también están los beneficios personales por sus “obras”.
El ejemplo del día es el jefe de fiscales de Jujuy, Mariano Miranda, principal responsable
de la detención y sostenimiento de prisión de la dirigente social Milagro Sala, una
detención ilegal según denunciaron organismos de derechos humanos argentinos e
internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el cambio de
gobierno, Miranda era apoderado de la Unión Cívica Radical. El hombre que presentó la
lista de candidatos. Durante 2014, fue a la vez síndico suplente de la minoría radical de
Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), la empresa estatal creada para la
explotación del litio en sociedad con capitales globales. En noviembre pasado, el Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Jujuy concluyó una investigación de dos años y determinó
que el síndico titular, es decir Mariano Gabriel Miranda, cobró 113.251,60 pesos durante
2012 cuando no debió haberlos cobrado. Los síndicos suplentes sólo pueden cobrar
honorarios –explican– en ausencia del síndico titular. Y esa ausencia no está registrada en
el expediente. Luego de idas y vueltas y de descargos, el 23 de noviembre de 2015 el
Tribunal emitió una resolución que intimó a Miranda y a los integrantes del directorio a
depositar el dinero extraído indebidamente al Estado por el total del monto en estudio más
los intereses correspondientes desde el día de su percepción. Pero el problema no fue sólo
ese. De acuerdo a la reglamentación interna, el cobro debía haber sido ejecutado por la
Fiscalía de Estado. Y luego ser informado al Tribunal de Cuentas. Pasó noviembre.
Miranda asumió como nuevo titular de la Fiscalía de Estado. Desde entonces, no devolvió
el dinero cobrado indebidamente. Por lo menos hasta el viernes 1 de junio, el Tribunal de
Cuentas no tenía informada ninguna cancelación de deudas. El caso es complicado porque
el fiscal que se pasea por los canales de televisión porteños con declaraciones contra Sala
no sólo cobró por una función por la que no debía cobrar, sino que justamente parte de su
rol como síndico es fiscalizar las operaciones de la compañía. Ahora habrá que ver que treta
elucubra, junto a su jefe político Gerardo (in) Morales, para quedarse con el vuelto o para
devolverlo esperando futuras “bonificaciones”.

El cementerio neoliberal inauguró su sucursal en Rosario. El aumento de las tarifas de los

servicios públicos y de los valores de los alquileres inmobiliarios, más la caída dramática
del consumo, han provocado en la ciudad santafesina múltiples despidos, suspensiones y
merma de la actividad económica. Según Empleados de Comercio de Rosario en los
primeros seis meses del año hubo 2.500 trabajadores no registrados que fueron despedidos.
Además, las cadenas de supermercados Jumbo, Carrefour y Coto redujeron la planta de
personal en alrededor de un 30%. Asimismo, el Centro de Estudios Metropolitanos de
Rosario apuntó que creció casi un 60 por ciento la cantidad de locales comerciales que
cerraron sus puertas. Con estos datos la “Chicago argentina” pasa a ser la ciudad de los
“Chicago boys” …

Los “denunciadores” de ñoquis en el Estado no paran de generarlos. Mientras el

gerenciador del Estado neoliberal llama a la comprensión por los tarifazos y al sacrificio
para evitar licencias y reducción de horas de trabajo por igual salario, en el Boletín Oficial
de hoy se confirmó que, desde el 19 de mayo y por 180 días hábiles, Julieta Herrero, una
funcionaria que trabajó muchos años en el gobierno porteño, será la nueva…. ¡Directora
general de discurso! Este insólito nombramiento apunta a que la designada se encargue de
cada palabra pública que emita el presidente offshore a la hora de dirigirse a la avasallada
ciudadanía. Resta saber cuál será su salario por este empleo y si el Ministro de Propaganda,
Joseph Peña, pondrá también a disposición del primer mandatario una fonoaudióloga, que
haga más entendibles, sin tanto esfuerzo para los escuchas, las barrabasadas con que nos
castiga a diario.

12/07/16: La resistencia popular y los amparos judiciales, multiplicados por todo el país,
obligaron al gobierno, ni nacional ni popular a retroceder un poco. El “mejor equipo en 50
años” que “aprende sobre la marcha” ahora anunció un tope del 400 por ciento en la boleta
de gas retroactivo al 1 de abril para usuarios residenciales y del 500 por ciento para
comercios, hoteles y pymes, mientras que las industrias más grandes seguirán pagando el
aumento pleno, sin cambios. Eso implica que ninguna factura de gas para los usuarios
domiciliarios tendrá un importe que supere en más de cinco veces el precio del año pasado.
Por ejemplo, una factura del tercer bimestre de 2015 de 200 pesos puede llegar a subir
como máximo hasta 1000 pesos en igual período de este año, independientemente del nivel
de consumo. El Gobierno se presentará hoy ante la Corte para buscar la suspensión de los
fallos judiciales que frenaron el tarifazo del gas. Los funcionarios aclararon que no habrá
cambios respecto al incremento en agua y electricidad y que la audiencia pública para
analizar el aumento del gas se convocará recién para octubre. De esta manera, con esta
sensibilidad conmovedora demostrada por los ajustadores seriales, la Corte Suprema de las
Corporaciones tiene allanado el camino para convalidar los criminales tarifazos.

Entre la improvisación, el cinismo y la justificación inadmisible, Mau y sus pandilleros

derrapan de forma descarada cada vez que declaran. Un abonado permanente es el Ministro
de Propaganda, Joseph Peña, quien ayer se despachó a gusto con una sarta de disparates de
diversa índole. Para el jefe del ejército de trolls y tuiteros pagos que contaminan el espacio
comunicacional, lo decidido respecto a las tarifas es un “sinceramiento gradual”. Vale
recordar que el único antecedente, a este brutal golpe a los bolsillos ciudadanos, ocurrió en
1975, con el famoso “rodrigazo”, que implicó un aumento en los servicios públicos de algo
más del 100 % en las tarifas, entre otras medidas atroces similares a las actuales. Menguado
a un “modesto” 400 %, la gerencia ejecutiva del Estado neoliberal nos quiere hacer creer
que lo resuelto es razonable, como en cualquier economía del mundo. Para justificar esta
escandalosa transferencia de recursos a las grandes empresas públicas, de la que una de
ellas (Edesur) el cardenal Caputo es accionista, el jefe de ministros echó la culpa a los
usuarios por un supuesto derroche de gas, al gobierno anterior por “habernos mentido
durante diez años” y al clima. No sugirió en ningún momento la total falta de previsión y
estudio del tema por parte del Gobierno, aunque repitió que “siempre tratamos de hablar
desde la verdad, no ocultamos las cosas. Hablamos con el respeto que se merecen los
argentinos. En su consideración, que un servicio público tenga un precio inferior al de
mercado a causa de los subsidios estatales equivale a mentir. No sería una decisión de
política económica sino apenas una mentira. Es decir, la intervención del Estado, que en
definitiva equivale a modificar precios que define el mercado en pos del objetivo político
que fuera equivale a no decir la verdad. En otras palabras, la verdad es el mercado. Para no
abundar en tantas necedades habría que cerrar con la inconsistencia mayor del relato M
para justificar sus políticas: “Consumíamos como si fuéramos un país rico”, afirman,
mientras no paran de señalar el desastroso estado de una Economía en bancarrota, haciendo
hincapié en la “herencia recibida” que los obliga a hacernos vivir todos los días mucho peor
y no, como señalaron en campaña y continúan repitiendo todavía sin tanto entusiasmo,
“vamos a estar todos los días un poco mejor”.

Se ve que no asumió en su cargo la “directora de discursos” que contrató con recursos del
erario público el presidente offshore, dado las barbaridades, mentiras y provocaciones que
continúa diciendo sin parar. Para el Hood Robin argentino no Nacional, la solución para los
aumentos de tarifas de gas y electricidad hay que encontrarla en consumir lo mínimo
posible. “Lo que yo les tengo que pedir a todos ustedes es que por favor entendamos que la
Argentina hoy necesita que cada uno de nosotros sea responsable y que consumamos
menos energía, la mínima energía posible”, indicó el mandatario, quien se quejó de los que
en invierno “están en remera, o están en patas”, dándose una vida de fantasía, diría
González Frega. Cerró sus disparatados comentarios señalando: “La energía daña el medio
ambiente, consumir energía contamina el medio ambiente, entonces por eso vienen estas
inundaciones, y después las sequías, y todos los problemas que tenemos”. A esta ignominia
diaria estamos sometidos mientras parte del opoficialismo, como el informante de la
embajada norteamericana, Sergio Massa, manda cartitas sentimentales al gerenciador del
Estado neoliberal pidiendo clemencia a la hora de sus sincera-mientos.
Las persecuciones políticas y los embates judiciales contra funcionarios del anterior
gobierno no están alcanzando para esconder el descontento social creciente y las diferencias
internas que, la alianza neoliberal gobernante, viene profundizando. Aunque para algunos
parece que fue ayer el triunfo presidencial de Mauricio Macri, el oficialismo ya está
empezando a trabajar en su estrategia de cara a las legislativas de 2017. En la Casa Rosada
saben que allí se jugará buena parte de su suerte para la segunda mitad del mandato, e
incluso, las chances de pelear un segundo período en 2019. Pero a medida que se va
acercando la fecha, los roces entre la UCR y el PRO se van profundizando. Lo que hasta
ahora eran críticas internas de algunos dirigentes radicales, la semana pasada tomó por
primera vez estado público y se convirtió en un asunto institucional. El presidente del
Comité Nacional, José Corral, recogió los reclamos de sus correligionarios y en medio de la
cumbre radical de Tucumán le advirtió al macrismo que no aceptarán que defina de manera
unilateral la realización de acuerdos electorales con gobernadores del PJ o la incorporación
de dirigentes a la alianza Cambiemos. Esas diferencias se notaron en los últimos días con
las críticas que hicieron algunos radicales respecto a los festejos del Bicentenario y al
aumento de tarifas. La colisión de intereses es clara: la UCR apuesta a encabezar las listas
en varios distritos para posicionar a sus hombres cuando se de la pelea por la gobernación.
En cambio, surgido como fenómeno típicamente metropolitano, el PRO no tiene un
desarrollo territorial propio en la mayoría de esos distritos y, de tenerlo, no tiene
compromisos fuertes con aquellos dirigentes. El ala más política del PRO, en cambio, teme
que una derrota en los distritos gobernados por el peronismo sea leída como una
desaprobación a la gestión nacional, debilitándolo en la segunda mitad del mandato. En la
cabeza tienen un esquema similar al que hizo el macrismo en 2013 en la provincia de
Buenos Aires, cuando realizó un acuerdo con Sergio Massa que les permitió colocar a tres
diputados suyos en la lista del Frente Renovador y ahorrarse el costo político de una derrota
a manos de las distintas variantes del peronismo. La verdad es que todas estas “disidencias”
radicales son superfluas y mezquinas. De fondo está el poco protagonismo ministerial de
sus dirigentes, el ninguneo del Hood Robin argentino no Nacional a la hora de consultarlos
y/o informarlos de sus atroces medidas y proyectos y la sensación de haber sido sólo
“usados” para acceder al poder a cambio de poco. El espíritu de sus políticas y la impronta
del estilo, sustancialmente, no sólo la comparten sino también la ejecutan desde los pocos
lugares relevantes que ocupan. El mejor ejemplo es el gobernador de Jujuy, Gerardo (in)
Morales, un alumno sobresaliente del macrismo. Ajustes, persecuciones, ilegalidades,
represión y mentiras por doquier, son tan cotidianas en aquella provincia como las
aplicadas por el gobierno ni nacional ni popular en el resto del país.

Detrás de cada medida del gobierno de Cambiemos hay una claudicación ante el poder
económico. Detrás de cada declaración, una mentira sin patas. Así opera la alianza
neoliberal gobernante desde que asumió el poder en diciembre de 2015. Como ministro de
Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, recurre a las mismas herramientas de política
económica que rechazó a lo largo de los últimos cinco años. La firma del funcionario cierra
el decreto 834 con el que el Gobierno anunció el uso de 3952 millones de dólares de las
reservas del Banco Central para cancelar los vencimientos de deuda con organismos
multilaterales de crédito durante el 2016. Contra la narrativa oficial que demoniza el
financiamiento entre organismos del sector público, el texto publicado ayer en el Boletín
Oficial destaca que los dólares del BCRA permitirán “disminuir los costos de
endeudamiento público”. A cambio de los fondos, el Tesoro le entregará a la autoridad
monetaria Letras intransferibles a diez años. Esos “papelitos” son el mismo instrumento
cuestionado por las autoridades del Palacio de Hacienda que recibió el BCRA al financiar
la cancelación anticipada de la deuda con el FMI en 2006 y en cada edición del Fondo para
el Desendeudamiento Argentino desde 2010. A diferencia del período 2003-2015, el uso de
reservas para cancelar pasivos con instituciones como el Banco Mundial se conjuga con la
puesta en marcha de un nuevo ciclo de endeudamiento externo; que los “obligará” a más
ajustes y políticas austeras. En patas, en la calle, sin bata y en camiseta, sin nada que
ponerse, va quedar gran parte de la población si estas políticas abominables continúan
profundizándose.

Ayer conocíamos la nueva sucursal del cementerio neoliberal en Rosario. Se ve que el

negocio de los sepultureros va viento en popa, porque va ampliándose en todo el país. Hoy
nos enteramos del cordobés. El sector automotor atraviesa una fuerte crisis potenciada por
el incremento de costos tras el tarifazo, la caída del poder adquisitivo en el mercado interno
y la disminución de las ventas al exterior. Terminales de Córdoba iniciaron la semana con
un pico de suspensiones de personal que afectará a casi 4150 trabajadores del sector,
destacándose el de 500 empleados en la fábrica de camiones Iveco por cinco días hábiles.
Fiat y Volkswagen comunicaron también a parte de la plantilla que reducirán jornadas
laborales, debido al sobre stock de vehículos por la falta de demanda. Las autopartistas, que
no sólo tienen dificultadas por la caída de la actividad, sino que ahora enfrentan la
competencia de importaciones por la apertura, también evalúan aplicar suspensiones. La
producción de automóviles anotó 224.038 unidades en el primer semestre, con retroceso de
14 por ciento interanual, según la cámara que agrupa a fabricantes de autos (Adefa). Las
suspensiones y los despidos en distintas actividades privadas fueron un fenómeno repetido
en los últimos meses, cuando las políticas de ajuste y transferencia de ingresos hacia
sectores de poder económico implicaron el achicamiento de la economía. El sector
automotor, que en los últimos años ya había mostrado tensiones por floja performance de
las compras de Brasil, potenció sus problemas tanto en el rubro de las terminales como de
las autopartistas. Cristiano Ratazzi, dueño de Fiat, fue uno de los empresarios que se mostró
más optimistas con la llegada de Cambiemos y a pocos días de que asuma Mauricio Macri
en diciembre pasado anunció inversiones por 500 millones de dólares. La firma automotriz,
sin embargo, comunicó esta semana que 1300 empleados entrarán en suspensión de tareas
por al menos 3 días. La medida fue imitada por Volkswagen, que dejó ayer sin tareas a 350
operarios, y la autopartista Montich está analizando si pone en cese de tareas a 400
operarios este viernes. Las suspensiones de 500 trabajadores de Iveco permiten observar no
sólo la dificultad en la industria automotriz, sino que refleja la falta de movimiento de toda
la economía, ya que el volumen de producción de estos camiones de carga de mercadería
adelanta cómo están evolucionando las ramas del transporte y, en forma indirecta, el
comercio antes de que se conozca el indicador del PIB. Desde Adefa informaron que la
producción de utilitarios sumó 102.714 unidades entre enero y junio, con un retroceso de
5,2 por ciento en relación con el mismo período de 2015. En la entidad de los fabricantes de
vehículos detallaron además que el mes pasado la producción de camiones registró 19.272
unidades, con una contracción del 14,4 por ciento interanual. Renault, en tanto, anunció una
parada técnica en el establecimiento, con lo que 2000 empleados estarán sin actividades
toda la semana. En este caso los empleados tendrán vacaciones y no suspensiones, caso en
que los operarios reciben el 75 por ciento de la remuneración de una jornada normal de
trabajo. Esta es la triste realidad de sólo un sector de esta provincia que, en octubre pasado,
votaba masivamente al presidente offshore esperanzada en un “cambio”, que finalmente
ocurrió…

Más apostillas neoliberales:

*El presidente offshore destacó que el acto de cierre por los festejos de los 200 años de la
Independencia que se realizó ayer por avenida Libertador, del que participaron veteranos de
la guerra de Malvinas y militares que violaran los derechos humanos, como el ex
carapintada Aldo Rico, “fue el desfile del reencuentro", y afirmó que se vive una "etapa de
reconciliación y de reconocimiento del otro. Fue la primera vez que desfilaron los héroes de
Malvinas. No entiendo por qué pasaron esas cosas. Fue el desfile del reencuentro. Estamos
en una etapa de construcción, de reconciliación, de reconocimiento del otro". Lo que
sucedió en el cheto Campo de Polo no fue ninguna reconciliación, señor gerenciador, y sí
un reencuentro: el de la oligarquía argentina con su mano de obra desocupada, pronta a
volver a escena a caballito de las políticas represivas que prepara su gobierno para dirimir
los conflictos sociales en marcha.
*La diputada nacional, la lumpen política Elisa Carrió, suspendió sus actividades por
recomendación médica y permanecerá en reposo por dos semanas. La legisladora comunicó
la noticia a través de su cuenta de Twitter, pero no indicó el motivo. Por unos días no
difamará disidentes, no realizará falsas denuncias ni mediáticas ni judiciales, ni divagará
sobre su amor a la república mientras avala el avasallamiento de los derechos ciudadanos.
Gracias, señor psiquiatra, por este respiro.
*Este lunes comenzaron sus vacaciones 17 provincias en todo el país. Pero, a diferencia del
año pasado, el receso escolar vino con muy pocas reservas turísticas. No es todo. Se prevé
que durante esta temporada se produzcan bajas ventas en los comercios con un turismo
"gasolero". La provincia de Buenos Aires aún no comenzó el receso escolar la semana
próxima pero el fin de semana largo ocupó la mitad de las plazas hoteleras en Mar del Plata
y las reservas hoteleras para el 16 de julio también alcanzan aproximadamente al 50%. Lo
bueno es que quizá, para alegría de Mau y sus pandilleros, se ahorre energía y halla menos
daño ecológico. No todas son malas noticias…

La gestión de Esteban Bullrich representa otro muestrario de la aplanadora neoliberal que

todo lo arrasa y desmantela. Este gerente de la cartera educativa, en sólo siete meses, ha
eliminado los programas Jóvenes y Memoria, Educación y Prevención de Adicciones,
Comunidad y Convivencia Escolar y también los Centros de Actividades Infantiles (CAI) y
de Actividades Juveniles (CAJ), que mantenían abiertas las escuelas los fines de semana
con actividades artísticas y deportivas. Asimismo, liquidaron el Plan Fines (para completar
estudios), el de Mejoras Institucionales (PMI) y han discontinuado la compra y distribución
gratuita de millones de libros a todas las escuelas del país. Además, se cargaron todos los
equipos técnicos de la Educación Intercultural Bilingüe (que atendía a la población que
habla idiomas de pueblos originarios), el Programa de Educación Artística (desmantelaron
las Orquestas Infantiles y Juveniles nacionales), y liquidaron el Programa de Educación en
Contextos de Encierro (para las escuelas en cárceles, orfanatos y hospitales), y todos los
programas de Educación para Jóvenes y Adultos. Por supuesto también eliminaron el
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), que en todos los niveles educativos
se concentraba en la prevención de las distintas formas de violencia de género, bullying,
abusos y discriminación. Y ni se diga la destrucción de hecho del Plan Nacional de Lectura,
hoy un sello con un par de funcionarios, que acaba de cancelar los contratos de unos 200
trabajadores tercerizados por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y en su
mayoría se desempeñaban en sus cargos desde hacía siete años o más, precarizados vía
contratos de la Unesco y algunas universidades nacionales. Pero sin dudas lo más grave y
repudiable de tan malsano accionar es el congelamiento de “Conectar igualdad”, el
programa de computadoras fabricadas por más de 10 empresas nacionales y del cual se
distribuyeron más de 5 millones de netbooks a niños y jóvenes de todos los niveles y en
todo el territorio nacional. Y al que Naciones Unidas reconoció como uno de los planes
para inclusión de jóvenes más importantes del planeta. Así lo señala Mempo Giardinelli en
Página/12 de ayer, cuando afirma que “Conectar Igualdad fue mucho más que una
distribución de máquinas, porque también desarrolló su propio software (llamado Huayra
GNU/Linux), un sistema operativo libre y nacional que funcionó como alternativa al
hegemónico Windows. Lo que primero hicieron fue despedir a medio centenar de
trabajadores del programa, con lo que se dejó en el aire a un millar más en las 23
provincias, a la vez que cancelaron la entrega de más de medio millón de netbooks ya
compradas a una docena de proveedores diferentes por licitación. Y todo, haciendo correr
acusaciones estúpidas como que los chicos usan las netbooks para jugar o que el programa
era un ´instrumento ideológico K´”. No casualmente, desde que en marzo las provincias
dejaron de recibir financiamiento para contratar equipos técnicos de mantenimiento,
reparaciones y reposición, esas máquinas se fueron desactivando y ya no se reponen. La
desazón es palpable en miles de familias, chicos y docentes, habituados ya a este
instrumento educativo argentino que fue fenomenal. Pero no sólo es maligna esa
desactivación, sino lo que el gobierno se trae entre manos. Que no es otra cosa que un
negocio fabuloso del cual hubo indicios en el reciente Foro Económico de Davos, donde el
presidente se reunió con los CEO de las tres empresas tecnológicas más grandes del mundo:
Sheryl Sandberg (Facebook), Eric Schmidt (Google) y Satya Nadella (Microsoft). Este
último le ofreció al presidente argentino “software gratis para estudiantes”, como
informaron diferentes medios del mundo. Y es claro que no fue un acto generoso, sino
basado en el interés de la gigantesca empresa de que los niños argentinos se críen pensando
que Windows y el paquete Office son “la” interfaz “natural” de un ordenador. Se sabe en
todo el mundo que en materia tecnológica las corporaciones “primero regalan y después
cobran”, y por eso Microsoft entrega algunos productos gratis a cambio de ganar
licitaciones futuras y constituirse en proveedora. De hecho, el verdadero y mejor negocio
de Bill Gates es la venta de licencias de software. O sea que, muy pronto, y una vez que
desaparezca “Conectar Igualdad”, todo lo que hacía ese fantástico programa, y sus servicios
tecnológicos conexos, probablemente quedarán a cargo de Microsoft. No fue casual que la
semana pasada, durante su visita a los EE.UU. y según La Nación del 7 de Julio, Macri
participó en Idaho de la Sun Valley Conference, que preside el Sr. Gates y de la cual
participaron también Larry Page (Google); Mark Zuckerberg (Facebook); el magnate
periodístico Rupert Murdoch y los CEO de Disney, Roger Iger, y de Coca-Cola, Muhtar
Kent. Y es rumor fuerte que la empresa Prima S.A. y la editorial Tinta Roja, ambas del
Grupo Clarín, que junto con Microsoft sostienen desde 2011 el “Plan Sarmiento” del
GBCA, se preparan ya para el reemplazo. Y todo por el “bien” de la Educación Pública…

13/07/16: En su afán de no quedar pegada gratuitamente, la Corte Suprema de las

Corporaciones le complicó un poco las cosas a Mau y sus pandilleros. No resolvió nada
sustancial sobre el tarifazo, pero puso al Gobierno neoliberal en un aprieto al ordenarle que
entregue en un plazo de diez días un informe detallado que diga en qué se basó “para
arribar a los aumentos de precios y tarifas”. Deberá fundamentar, según requirió el tribunal,
si se tuvieron en cuenta los llamados “principios de gradualidad y progresividad”, es decir,
qué esquema de aplicación de los aumentos se pensó como para respetar el poder
adquisitivo de los usuarios y de qué modo se garantiza la protección de sus derechos sin
empeorar la situación previa. En el caso puntual de la tarifa social, exige saber si cambiará
la cantidad de beneficiarios. La resolución fue firmada por los cuatro jueces que integran
ahora el tribunal después de recibir varios planteos del Gobierno en distintos expedientes en
los que le pedía que asuma la competencia o actúe por “per saltum”. Unas horas después
del acuerdo de los supremos, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, apareció en la
Casa Rosada y se reunió con el presidente offshore, en lo que podría especularse como una
nueva “apretada” a los cortesanos. No es la primera vez que se encuentran. Pero esta, por
ser en pleno debate judicial del tema, pareció inapropiada entre las entidades que
consiguieron que la Cámara Federal de la Plata frenara el aumento del gas para todo el país.
Los jueces supremos todavía no opinaron sobre el “per saltum” –un recurso para saltear
instancias– que planteó el Poder Ejecutivo ni sobre las discusiones de competencia entre
tribunales. Recién lo harán después que lleguen los informes, o sea, con suerte entrado
agosto teniendo en cuenta que la semana que viene empieza la feria judicial. El tramo
sustancial del pedido de informes del alto tribunal está dirigido a Enargas, a quien le pide
que especifique: primero, cómo fue la evolución de las tarifas del gas desde la ley de
emergencia económica y cómo impactó en la prestación del servicio; luego, que
especifique, qué parámetros tuvo en cuenta para fijar este año los aumentos que van de 400
por ciento a 1700 por ciento en y que especifique y fundamente “la existencia o
inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la
determinación del cuadro tarifario en análisis”. Para los especialistas en derechos del
consumidor, éste último punto es crucial, ya que alude a principios básicos de derechos
humanos. El de progresividad indica que la protección de derechos debe ser cada vez más y
mejor. A la vez, tiene un límite que es la “no regresividad”, es decir, no se podrían tomar
medidas que protejan menos que el estado de situación anterior. Esto podría estar
incumplido en los nuevos requisitos impuestos para la tarifa social (por ejemplo, no podría
acceder quien tiene un auto de hasta quince años de antigüedad). El principio de
gradualidad exige una regulación del precio por metro cúbico que se adecue a la situación
social de los usuarios. Así, estamos ante dos posibles “milagros” de poco probable
cumplimiento: 1) Que el gobierno ni nacional ni popular logre justificar sus criminales
tarifazos, incluyendo el porqué del no llamado a audiencias públicas. 2) Que la Corte
Suprema de las Corporaciones invalide los aumentos y exija, para aplicarlos, el famoso
llamado omitido a la participación ciudadana. De esta manera la población en su conjunto
queda en manos de 5 tipos que, en contubernio con el ejecutivo, buscará lavarse las manos
sin entorpecer el “buen andar” del gobierno neoliberal. Como la Corte no se expidió sobre
el per saltum y la Cámara de La Plata ratificó su fallo, el tarifazo está suspendido. Lo que
no queda claro, en este aquelarre jurídico-político que la impericia y la experimentación
“sobre la marcha” provocó el gobierno, es si reintegrarán a los usuarios los aumentos ya
abonados.

Se supone que el ministro en rodillas de hacienda, Alfonso Prat-Gay, forma parte del
“mejor equipo en 50 años” que hace agua por todos lados. Ayer reconoció que el Gobierno
cometió errores al estimar el alcance de los tarifazos. “Tal vez nos equivocamos en quiénes
podían pagar la tarifa plena. Por eso, ahora estamos atendiendo y conteniendo a los que no
pueden pagarlo”, fue la respuesta del funcionario en conferencia de prensa. Prat-Gay
aseguró además que en la pauta de déficit presupuestario para este año estaba previsto un
aumento de las tarifas energético no mayor a 400 por ciento. “No contemplábamos
aumentos de más del 1000 por ciento”, agregó el ministro, quien afirmó que el Gobierno
“se equivoca por hacer”. Además, revalidó la meta inflacionaria prevista para este año de
hasta 25 por ciento, pese a que el acumulado de la primera mitad del año ya supera el 20
por ciento. Pero, tal como se hizo con el crecimiento económico que arribaría en el segundo
semestre, el funcionario readecuó la fecha y prorrogó ese objetivo a marzo del año
próximo. “Si no lo hacemos entre diciembre y diciembre, lo obtendremos entre marzo y
marzo”, aseguró el titular de Hacienda sin más explicación. Así de precisos y expeditivos
son estos vergonzosos funcionarios, que tienen bien claros sus objetivos. De lo que no
tienen idea, por eso la “experimentación sobre la marcha”, es cómo lograrlos con medios
legales y, al mismo tiempo, conseguir que la pobre ciudadanía castigada los asuma sin
oponérseles masivamente.

El gobierno de ricos para los ricos sigue aplicando sus medidas plutocráticas. Y los bancos,
agradecidos. El Banco central dejará de regular los costos por comisión a partir del primero
de septiembre, por lo que cada entidad bancaria podrá fijar el precio que considere. Algunas
entidades ya empezaron a mandar cartas a sus clientes para informarles de las subas en el
uso de la tarjeta de crédito, la administración de la cuenta corriente y otros paquetes
financieros sofisticados para la segunda parte del año. Así queda claro, nuevamente, que la
libertad de mercado implica confiscación a la ciudadanía.
Ante un pedido del juez Sebastián Casanello, la Unidad de Información Financiera (UIF) –
que depende del presidente– informó que el Hood Robin argentino no Nacional
“conformaría” el directorio de la empresa Kagemusha, que está radicada en Panamá, una de
las guaridas fiscales en las que aparecieron sociedades vinculadas a funcionarios del
gobierno nacional. Kagemusha es una de las firmas offshore en que figura Macri y se
descubrió luego de que la filtración global de los Panamá Papers revelara su participación
en otra empresa, Fleg Trading, en las Islas Bahamas. En la información que remitió al
magistrado, la UIF advierte que la empresa Kagemusha fue creada en 1981 y sigue vigente.
El titular de la empresa radicada en Panamá es el padre del actual presidente, el empresario
Franco Macri, y en el directorio figura también un hermano del mandatario, Gianfranco
Macri. Kagemusha se encuentra activa, aunque según detalla el reporte está “en la lista de
sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales”. Como para
marcarle la cancha al juez y quedar resguardados de no ser tildados de “traidores” por el
macrismo, en todo el reporte, la UIF utilizó el potencial en los verbos para consignar los
datos que le aportó un informe de Panamá; aclarándole a Casanello que la información
“puede ser considerada solamente como información de inteligencia” y que “no es válida
para procesos jurídicos y no puede ser utilizada como prueba”. Por lo tanto, el juez, para
validar como prueba la información recibida, deberá recogerla, confirmándola, mediante
exhortos diplomáticos, en este caso a Panamá, que en general nunca son contestados. Buen
ejemplo para ilustrar las habilidosas trampas con que cuentan los corruptos estructurales
para sortear la ley, sirviéndose de ella.

Aunque no deja de indignar, es conmocionante verlos salir del closet con todo su odio de
clase a cuestas. Es el caso del periodista del Diario golpista La Nación, el casi ignoto Jorge
Fernández Díaz, quien ayer atacó al conductor televisivo Marcelo Tinelli por sus “críticas”
a los criminales tarifazos ejecutado por Mau y sus pandilleros. Sus comentarios, emitidos
desde su programa en Radio Buitre, comenzaron criticando al gobierno anterior para
justificar las medidas brutales del gobierno neoliberal: "Estábamos destinados a caminar
por un campo minado que nos había dejado la señora Cristina Kirchner para que el próximo
gobierno volara en mil pedazos…Las tarifas son la gran mina explosiva que dejó la reina
del Calafate. Hubo un gobierno bananero, corrupto y autoritario, y una sociedad cómoda
que gozaba en esta burbuja", continuó Fernández Díaz para luego atacar al conductor del
programa televisivo Showmatch. "Me revela que el señor Marcelo Tinelli, auspiciante de la
candidatura de Scioli, se ponga irónico con la fiesta de este Bicentenario y haya mantenido
el pico cerrado frente a las mega fiestas millonarias, abusivas y dispendiosas que hacía su
amiga Cristina", disparó. No satisfecho con esas palabras, redobló la apuesta: "También,
que utilice su programa para atacar a la actual administración que sólo lleva seis meses,
cuando pasó una década haciéndose el gil con dos presidentes que perseguían y provocaban
todo tipo de latrocinios y desastres". ¿Por qué ocuparse de lo que opina este miserable, uno
de los sicarios menos reconocidos de la perrada magnetista que escracha disidentes
difamándolos, extorsionándolos y “apretándolos” en público? Porque ilustra el discurso
promedio que baja a toda hora todos los días por las 300 repetidoras, y demás satélites, del
Grupo Clarín. Lo más curioso es que el programa, en que este “periodista” vomita su odio y
su revanchismo a diario, se llama “Pensándolo bien”.

En el medio de la crisis energética, el Gas Natural Comprimido (GNC) se disparó 230% a

los $ 10 y pone a los taxistas en estado de alerta. Al mismo tiempo de que sus costos
ascienden, denuncian que se hunde la recaudación. Horacio Pérez, titular de la Cámara
Empresaria del Autotaxi (CAMETAX), dijo a Radio 10 que al aumento del gas se le suman
otras subas. Pese a que además sufren una "merma de la recaudación del 40%", indicó que
intentan no exigir que se eleve la tarifa. "El GNC estaba a menos de $ 3 en febrero y ahora
está entre $ 9 y $ 10. Estamos muy preocupados", dijo. Cerca del 85% de los taxis
funcionan con GNC. En tanto, el secretario general de la Federación Nacional de
Conductores de Taxis, José I-barra, protestó porque "un tanque de GNC sale $ 130 y solo
alcanza para medio turno, por lo que gastamos $ 260 para toda la jornada y tenemos el
agravante de estar luchando contra Uber". Asimismo, señaló que se convocó a una
asamblea para el 21 de julio "por el tema de las tarifas y por el conflicto con Uber". Como a
tanto cordobés que votó por el “cambio”, los taxistas empiezan a desilusionarse con el
gobierno neoliberal que venía a dejarnos “todos los días un poco mejor”.

Están los que reciclan basura y los que se regodean con ella. Las cooperativas de
recicladores urbanos de la ciudad marcharán mañana a las 11 hacia las oficinas de la
Dirección General de Reciclado del GCBA con motivo de denunciar la privatización del
servicio de recolección impulsado por el Ministerio de Ambiente y Espacio. Días atrás, el
director General de Reciclado, Lucas Peverelli renunció a su cargo denunciando el
vaciamiento del servicio de recolección diferenciada como parte de un proyecto impulsado
por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para privatizarlo. Las 12
cooperativas de cartoneros convocan a un plan de lucha exigiendo "el cese del vaciamiento
y que no se negocie el futuro del sistema de reciclado en una mesa chica a espaldas de los
trabajadores". "Hay intereses y lobbies empresarios por lo que la eficiencia y la inclusión
social pasan a un segundo o tercer plano", denunciaron en un comunicado. Negociados,
basura, recolección… ¿Tendrá el gremialista Hugo Moyano algo que ver con todo esto?

Un gobierno enfermo de odio, revanchismo y del neoliberalismo más despiadado y brutal

que hayamos conocido, por definición, va a favorecer a los grandes laboratorios
extranjeros. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina
(FESPROSA), que representa a más de 30 mil médicos y profesionales de la salud de todo
el país, advirtió hoy que "con el pretexto de bajar los precios el Gobierno del presidente
abrirá las licitaciones a laboratorios extranjeros" mediante el Plan Remediar, por el cual
acaba de abrir una licitación. “El gobierno nacional acaba de llamar a una licitación general
de compras para el Plan Remediar. Este programa nace en el año 2002 para la provisión
gratuita de medicamentos esenciales destinada a personas sin cobertura social, con
financiamiento del Banco Mundial. Por la ley de 'Compre Nacional' solo se les adjudicaban
las compras a laboratorios privados nacionales, nucleados en la Cámara Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA). Hoy, con el pretexto de bajar los precios,
el gobierno del presidente Mauricio Macri abrirá las licitaciones a laboratorios extranjeros",
expresó el Consejo Ejecutivo Nacional de la FESPROSA mediante un comunicado. La
Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) presentó un amparo
en junio para que se suspenda la adjudicación de la licitación denunciando la violación de
la ley de Compre Nacional y la ley Nacional de Medicamentos (16.463), ya que en esta
licitación el Ministerio podría adquirir fármacos sin el registro sanitario en la Argentina.
FESPROSA afirma que "se quiere llevar a la opinión pública a una falsa opción. Por un
lado, la que pregona el gobierno nacional y que sostiene que permitiendo el ingreso de los
laboratorios extranjeros los precios bajarán. Por el otro, la de la Cámara de la industria
privada y sus voceros en diputados que promueven el compre nacional, ocultando que los
medicamentos que no pagan patente producidos por laboratorios nacionales aumentaron
hasta un 70 por ciento". "Lo que está ausente en esa discusión entre el gobierno y los
empresarios es que tenemos 39 Laboratorios Estatales de Producción Pública de
Medicamentos, vacunas y sueros capaces de abastecer en su totalidad al programa
Remediar. También al programa de inmunizaciones, con una drástica reducción de costos y
con calidad garantizada. Contamos para ello con la ley N° 26.688 de producción pública de
medicamentos de la cual la FESPROSA fue uno de sus firmes impulsores. Los responsables
de decidir sobre políticas públicas ocultan a sabiendas la existencia de este polo de
desarrollo industrial y tecnológico estatal con capacidad ociosa, cuyo pleno funcionamiento
tendría un fuerte impacto en la reducción de precios", expresaron.

A la ciudadanía la castigan las medidas y leyes neoliberales, los tarifazos, el frío y…las
declaraciones desopilantes y provocadoras del presidente offshore. No hay un solo día en
que este hombre, de tan poca verba y mucha labia, ponga a prueba el temple del más calmo
y pacífico de los seres humanos. Ahora tiene el piñón fijo en intentar convencer a la gente
que sus criminales tarifazos son una cruzada a favor del medio ambiente, la vida sana y la
industria nacional. Ayer, en el acto que encabezó en su casa favorita, La Sociedad Rural,
interrumpió su discurso para afirmar: "Esto está calefaccionado en exceso, hay que ahorrar,
por favor bajen la temperatura", afirmó con enojo. Y advirtió que iba a estar "obsesivo" con
el cuidado del consumo de la energía. Mientras que hoy, sentenció sin pudor alguno, "Se
necesita energía para crecer. Hoy tenemos poca energía todos tenemos que ayudar siendo
más austeros, cuidando la que consumimos todos los días, porque la energía que
consumimos es una fábrica menos que se puede abrir". Después que circularan por Internet
fotos recientes suyas con su esposa, la costurera Juliana Aguada, en remera y pantaloncitos
cortos viendo un partido de fútbol por televisión de la selección argentina, queda claro que
la única energía que este hombre ahorro en su vida fue a la hora de evitar el trabajo.

Argentinos, como el presidente offshore, tienen en el exterior valores por U$S 232.411
millones, según cifras de diciembre último que dio a conocer el Indec. El año pasado se
fugaron divisas por U$S 4.585 millones, mientras que las reservas internacionales del
BCRA disminuyeron en U$S 5.844 millones. La estimación corresponde a valores
registrados por personas físicas y empresas en el exterior en inversiones, propiedades
inmobiliarias y en empresas, según la Posición de Inversión Internacional (PII), que divulgó
el organismo. Del total de activos en el exterior, U$S 36.943 millones corresponden a
inversión directa (U$S 11.400 millones a propiedades, U$S 25.543 a empresas) y U$S
195.468 millones a otros activos como inversiones financieras. Del total de pasivos de U$S
217.213 millones, el 12,3% corresponden al sector financiero, 28,8% al sector público no
financiero y 58,9% al sector privado no financiero y en todo el año pasado los pasivos se
incrementaron en U$S 20.345 millones. Cuando los elementos de “seducción”, para atraer
esos dineros al país, se le agoten al gobierno ni nacional ni popular, temamos ante las
acciones de “sexo explícito” que podría emplear para conseguirlos.

14/07/16: Mientras se espera para hoy un alto acatamiento a la protesta contra los tarifazos
convocado por organizaciones de defensa al consumidor, Mau y sus pandilleros sufrieron
un duro traspié ayer en el Senado. Sí, todas las bancas opositoras, muchas de ellas con un
cretino oportunismo, se unieron para enviarle un fuerte mensaje político al Gobierno
neoliberal. Los senadores aprobaron ayer cuatro proyectos en contra del tarifazo de gas
implementado por el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren y el presidente
offshore. Con el impulso del Frente para la Victoria-PJ, el Peronismo Federal y el resto de
los bloques opositores se alcanzaron sobradamente los dos tercios de los votos necesarios
para habilitar el tratamiento sobre tablas de esas iniciativas, que se aprobaron por 42 votos a
favor y sólo 13 en contra, todos de Cambiemos. Los senadores del FpV-PJ le reclamaron al
Gobierno que cumpla el fallo de la Cámara Federal de La Plata y que suspenda el aumento
hasta tanto se realicen las audiencias públicas y se expida la Corte Suprema de Justicia. En
sus fundamentos, los legisladores sostienen que la decisión del Ejecutivo está “generando
una gran angustia y una enorme preocupación en grandes sectores de la sociedad
argentina”. Sobre el tope máximo fijados en 400 por ciento y la implementación de la tarifa
social, sostienen que son “absolutamente insuficientes” para moderar los “brutales efectos”
de la medida. Además, alertaron sobre el impacto en “la estructura de costos de todo el
sistema productivo” del país, “poniendo en riesgo numerosos puestos de trabajo” y
generando dudas sobre la continuidad de distintos emprendimientos. Si bien ninguna de las
cuatro iniciativas son proyectos de ley –por lo que sus alcances concretos son reducidos– el
mensaje político del Senado en contra del tarifazo fue contundente. Incluso aliados
frecuentes de Cambiemos como el peronismo federal votó en conjunto contra rechazo al
tarifazo. Aunque sin romper su habitual silencio, hasta Reutemann, que hizo campaña con
Macri y compartió la boleta electoral con el presidente votó a favor. En soledad,
Cambiemos intentó defenderse en la voz del radical Ángel Rozas, jefe del interbloque. El
senador chaqueño reiteró buena parte de los argumentos esgrimidos por el oficialismo en
los últimos meses. Sostuvo que “ganase quien ganase las elecciones” de todas maneras se
debía modificar el esquema tarifario. Rozas trató de convertir en virtud la marcha atrás
oficial de colocar el tope para los aumentos y remarcó que “el Gobierno ha dado suficientes
muestras de diálogo y participación”. Aquí están otra vez los radicales, los que andan
mendigando cargos al Hood Robin argentino no Nacional, confirmando que no sólo
aprueban las aberrantes leyes y medidas de su gobierno neoliberal, sino que también imitan
su estilo cínico, hipócrita y negador.

Sólo mintiendo, engañando y falseando datos, Mau y sus pandilleros pueden justificar los
aumentos criminales en las tarifas del gas, como sucede con cada ley, cada iniciativa, cada
medida de gobierno. Aunque sin información estadística, porque el Ministerio de Energía y
Minería lleva varios meses sin subir la información a su página, los expertos dudan de la
afirmación oficial de que hubo un incremento tal del consumo de gas este año que puso en
riesgo el abastecimiento. También rechazan que el problema surja de la imposibilidad de
importar. Por otro lado, consideran “absurdo” que se tome como referencia el consumo
promedio de gas en el país, comparado con otros países, para concluir que es un indicador
de “derroche”. Desde el gobierno neoliberal insisten en exponer que encontraron una
“situación de desastre” que podría dejar al país, en corto plazo, sin gas si la gente no baja el
consumo y deja de estar “en patas y en remera” en su casa con la calefacción prendida.
Detrás de este discurso se esconden decisiones de política energética que han colocado a los
usuarios residenciales como variable de ajuste, ya sea mediante tarifazo o reducción del
suministro. “Si no aumentan las tarifas y sigue el actual nivel de demanda, muy pronto nos
vamos a quedar sin gas”, advierte el gobierno en tono apocalíptico. Las opiniones oficiales
centralizan el problema en el excepcional aumento que habría tenido este año la demanda
domiciliaria, motivada por las bajas temperaturas en las principales áreas urbanas. Expertos
consultados coinciden en que las bajas temperaturas no es elemento suficiente, en las
presentes circunstancias, para determinar que haya escasez de gas. Tanto en la industria
como en las usinas eléctricas, el uso del gas es reemplazable por combustible líquido
(gasoil o fuel oil). Tradicionalmente, en invierno, las usinas térmicas eran obligadas (en los
años anteriores) a reemplazar el gas para dejarlo disponible para el consumo domiciliario.
Este año, el gobierno no informó, aunque se presume que no hubo orden de sustituir el
combustible. La razón habría sido evitar el costo de subsidiar la diferencia de precio, ya que
el valor del combustible líquido es mayor. Aunque el gobierno no lo explique, es evidente
que al no sustituir el uso del gas en las usinas térmicas, el gobierno pretenda equilibrar el
mercado induciendo la reducción de la demanda domiciliaria, ya sea mediante el
encarecimiento brutal de la tarifa (intento que fue frenado por la Justicia), o con la campaña
contra el “derroche” del consumo. Otro argumento que utilizó el Gobierno en el mismo
sentido fue el de presentar a la Argentina como el país “de más alta demanda de gas per
cápita en el mundo”, llamando a través de ella a reducir el consumo. La verdad es que
Argentina consume mucho más gas proporcionalmente que el resto del mundo, pero porque
no consumimos carbón. Y eso es bueno, no es malo. En el mundo, los combustibles de
origen fósil siguen teniendo una participación del 87 por ciento en la matriz energética,
pero el 33 por ciento corresponde a petróleo, el 30 al carbón y al gas 24 por ciento. En
Argentina, el gas ocupa el 50 por ciento, pero tenemos una fuerte participación de la
energía hidroeléctrica, el 30 por ciento, que es renovable, con lo cual estamos mejor que el
resto del mundo, incluso de los países más desarrollados. ¿Debemos dejar de consumir gas
porque no se puede importar? Según los verdaderos expertos, como el ingeniero Víctor
Bronstein, director del Instituto de Gas y Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la UBA,
“No se puede importar más GNL porque hay que regasificarlo y no hay instalaciones para
hacerlo. Pero eso ocurrió siempre, porque Argentina no tiene plantas de regasificación.
Hasta el año pasado se importaba gasoil y fuel oil para las usinas térmicas y se liberaba gas
para los hogares. Es lo que el gobierno dejó de hacer”. Así va quedando claro cómo el
gobierno neoliberal derrocha energía declamando mentiras y planteando discusiones al
“gas”.

Nadie es el dueño de la verdad, pero algunos son propietarios de la mentira. Este es el caso
del gobierno neoliberal y su presidente offshore. Mienten a toda hora y en todo lugar.
Mienten cuando informan. Mienten cuando explican. Mienten cuando prometen. Mienten
cuando se excusan. Mienten con sus anuncios y sus pedidos de disculpas. Mienten cuando
se muestran preocupados y mienten cuando piden calma. Mienten cuando piden tiempo y
cuando se apuran porque aseguran que ya no lo hay ni habrá. Mienten con lo que ocultan,
con lo que muestran y con lo que dan a entender. Mienten valiéndose de la ley y sin ella.
Mienten cuando hablan y hasta mienten cuando callan. La verdad sólo aparece a través de
furcios, lapsus y actos fallidos porque a sí mismos, y lo han intentado, no pueden
engañarse. Vaya el ejemplo del Hood Robin argentino no Nacional, quien ayer, en el marco
del aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pidió a los empresarios que
adhieran al blanqueo, pero se incluyó entre aquellos que evadieron al fisco en los últimos
años. La frase textual, en sintonía con la formulada por el actual titular de la UIF, Mariano
Federici, fue: "Ya no vamos a tener que protegernos ni escondernos. Esta es la última
oportunidad”. Desliz que corregirá con los hechos, cuando se compruebe que tampoco él
blanqueará sus dineros mal habidos escondidos en paraísos fiscales; ocultos para evadir
impuestos y evitar explicaciones sobre su espurio origen.
A pesar de la recesión y la caída de las ventas, los aumentos se mantienen firmes. El Indec
informó que los precios aumentaron en junio un 3,1 por ciento en relación al mes anterior.
A pesar de la lenta salida del apagón estadístico, que se produjo en los meses con mayor
inflación, los datos difundidos ayer siguieron sin dar cuenta del incremento acumulado en
el primer semestre ni tampoco la variación interanual. Los índices de precios al consumidor
publicados por organismos provinciales, sindicatos y consultoras privadas arrojan aumentos
del orden del 25 por ciento entre enero y junio. De acuerdo a esas estimaciones, durante los
primeros seis meses de 2016 se alcanzó la pauta auto impuesta por el ministro de Hacienda
y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, para todo el año. En tanto, esas mismas fuentes arrojan subas
superiores al 45 por ciento en términos interanuales. Los distintos voceros económicos del
Gobierno y los economistas de las consultoras privadas prevén una desaceleración
inflacionaria en el segundo semestre que, si bien no lo explicitan, tendrá entre sus
principales factores la caída del poder adquisitivo y la contracción de las ventas. Pese a
ello, las señales de disminución de la suba de precios todavía no aparecen. Por el contrario,
el denominado “IPC-Núcleo” aumentó en junio 3,0 por ciento, más que el 2,7 que había
registrado en mayo. Ante este escandaloso panorama, seguramente más grave que los
números amañados de un Indec tan poco creíble, el ministro en rodillas de Hacienda y
Finanzas, Alfonso Prat-Gay, revalidó la meta inflacionaria prevista para este año de hasta
25 por ciento, pese a que el acumulado de la primera mitad del año ya supera ese nivel.
Como sucedió con la postergación de la fecha esperada para una reactivación económica, el
funcionario prorrogó la baja de la inflación para el primer trimestre del año que viene: “Si
no lo hacemos entre diciembre y diciembre, lo obtendremos entre marzo y marzo”, se
desentendió. Pueden decir cualquier cosa y desdecirse sin ningún problema. La impunidad
declarativa es tan obscena como la ejecutiva.

Más pruebas de que el radicalismo no tiene diferencias sustantivas, ni siquiera de matices,

con el gobierno que encabeza el presidente offshore. La policía de Jujuy reprimió este
mediodía una protesta de trabajadores del Grupo Blaquier, que encabezó la comisión
directiva del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soleail)
por mejoras salariales. El ataque con balas de goma y gases lacrimógenos buscó despejar
uno de los accesos a la planta azucarera, donde se procesa el 20 % del azúcar que se fabrica
en el país, y obligó a que casi un centenar de trabajadores se refugiaran dentro de uno de los
edificios del predio. La mayoría de ellos estaban heridos y debieron esperar una hora hasta
que la policía dejó ingresar a las ambulancias. Por la tarde, la manifestación se trasladó
hasta el acceso a Libertador General San Martín, donde se mantiene un corte de ruta. "La
empresa ofrece 15.700 pesos de sueldo, que es un 34 por ciento de aumento. Nosotros
decimos que, por lo menos, tenemos que ganar 16.300 pesos, que es lo que acordó el
Ingenio San Isidro, que es mucho más pequeño que Ledesma. Buscamos un salario digno
pero la empresa no quiere acordar y genera estos conflictos. Nos hace acordar al 2011
cuando hubo un reclamo por viviendas y fue necesario que mataran a cuatro trabajadores
para que la empresa aceptara construir las casas", explicó el secretario del gremio, Rafael
Vargas. Él mismo no sólo encabezó la protesta de esta mañana para bloquear el acceso por
donde se ingresan las cañas para la molienda, sino que también fue quien negoció con la
policía provincial para que pudieran ingresar las ambulancias para atender a los 80 heridos.
"Tenemos heridos con balas de goma en la cara, en la espalda y en las piernas. Por eso
decidimos ir a cortar el acceso Sur de la Ruta Nacional 34 y nos mantenemos en asamblea
permanente hasta decidir cómo seguimos", dijo Vargas, que encabeza un gremio con 3.000
afiliados de los 4.000 que trabajan en el Ingenio Ledesma, que comanda la familia
Blaquier. Los trabajadores del Ingenio Ledesma definieron anoche lanzar esta mañana una
huelga por tiempo indeterminado. La medida se votó en una asamblea realizada en la sede
del sindicato, donde los delegados de cada sector ratificaron la medida que habían
analizado en cada área de la planta. Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial
(LSAAI) tiene más de 7300 empleados. Además, del negocio del azúcar lidera los sectores
del papel y tiene peso en los mercados de alcohol, bioetanol, carne, cereales, cítricos y
jarabe de maíz. Suele registrar ganancias anuales por encima de los 200 millones de pesos
después de pagar los impuestos. Represión a la protesta social, persecución a disidentes,
presos políticos, ajuste brutal de la administración pública, e intromisión pornográfica en el
poder judicial, es el balance del ala “progresista” de la alianza neoliberal, comandada
impunemente por el gobernador Gerardo (in) Morales.

A medida que se va desglosando y analizando el relanzamiento del Plan Pro-Crear, lanzado

esta semana por el gobierno ni nacional ni popular, se puede observar que contempla
condiciones menos flexibles para acceder al crédito y mayores plazos, pero una carga
creciente en el peso de los pagos que lleva a que deba devolverse hasta cuatro veces el
monto prestado. Si bien la tasa de interés se fija en el 5 por ciento anual, las cuotas se
indexan por la inflación, lo que implica un alto riesgo de que se espiralice el incremento de
la cuota. La línea Solución de la Casa Propia, la única a la que por ahora se puede acceder,
tiene como destino la compra de viviendas nuevas o usadas, en contraste con las
alternativas vigentes dentro del Procrear lanzadas por el gobierno anterior, que incluyen
también construcción, refacción y ampliación. El otorgamiento no será por sorteo sino por
un sistema de scoring, lo cual dejará afuera a aquellas familias que no tengan una buena
calificación crediticia. El crédito, que se acordará con los bancos privados y nacionales bajo
las mismas condiciones comerciales de cualquier préstamo hipotecario, podrá tomarse a 10,
15 o 20 años, mientras que la línea anterior para la misma compra era hasta 30 años. Según
un informe realizado por ex técnicos del Procrear, la nueva alternativa es mucho menos
ventajosa que las existentes. La nueva línea se focaliza en potenciar el mercado
inmobiliario y no en aumentar las soluciones habitacionales, ya que no tiene en cuenta la
construcción y ampliación de viviendas. Al permitir que los créditos se utilicen para
viviendas usadas, que tienen un valor inferior a las unidades a estrenar, cada crédito no
garantiza ni la expansión de la oferta habitacional ni la generación de empleo en
construcción. Menos luces que sombras para un plan en que, el “beneficiario”, no puede
saber cuándo terminará de pagar su crédito ni cuánto gastará en total, ya que el capital a
cancelar se irá actualizando con la inflación y si su sueldo no aumenta en igual magnitud, le
prorrogarán el capital en más cuotas para pagar la diferencia. Con estos tipos el lema:
“Piensa mal y acertarás”, a esta altura, es una verdad de Perogrullo.

Como algunos no se convencen, habrá que seguir dando testimonios sobre el

comportamiento miserable que el radicalismo, aliado indisoluble de la alianza gobernante,
viene teniendo aun en sus dirigentes más alejados de la política activa. De todos aquellos
alfonsinistas como Storani, Stubrin, Casella, Suárez La Lastra, etc., salvo Leopoldo
Moreau, ninguno pasaría el examen toxicológico que determina el grado de neoliberalismo
en sangre. Ello le sucedió al ex canciller, Dante Caputo, otrora defensor acérrimo de la
causa Malvinas y crítico empedernido del Reino (des) Unido por su actitud opositora al
diálogo sobre la soberanía de las islas. "Le propondría al Reino Unido una tregua
hasta 2033, cuando se cumplen 200 años de la ocupación británica de las
islas. Desde ahora y hasta el 2033 nadie habla de soberanía, que nos protege
de que el período sea utilizado como un antecedente para considerar que
abandonamos el reclamo", señaló Caputo. El ex ministro de Relaciones
Exteriores durante el gobierno de Raúl Alfonsín advirtió que "la vía multilateral
ya no da más resultado" y agregó: "apostemos a la realidad deseable, que es la
modernización que vuelva atractivo al país para propios y ajenos". ¿Qué habrá
que modernizar? ¿Para atraer a quiénes, a los Kelpers? Lo llamativo es que se
sigan llamando “radicales” políticos que, de raíz, no quieren cambiar nada.
Mientras el presidente offshore ayer aconsejaba abrigarse en casa para combatir el frío y
acercarse a la estufa, pero no prenderla. hoy, el juez en lo Contencioso Administrativo 1 de
La Plata Federico Arias, indicó que, con la sentencia de ayer, que declara la nulidad de los
incrementos en la luz aplicados en la provincia de Buenos Aires, las empresas
distribuidoras del servicio eléctrico "deben retrotraer la resolución al cuadro tarifario
anterior". Tras ese fallo “no solamente no se pueden cobrar aumentos de acá en adelante,
sino que las distribuidoras deben devolver todo lo que se haya facturado de más”, subrayó
el juez durante una conferencia junto con asociaciones de consumidores y cooperativas. La
medida afecta a las empresas Edelap, EDES, EDEA, EDEN y alrededor de 2 mil
cooperativas que no podrán cobrar el aumento. En el fallo difundido por Télam, el
magistrado hizo lugar a una medida auto satisfactoria promovida por el Colectivo de
Acción en la Subalternidad (CIAJ). Ahora las empresas, que han invertido este tiempo,
tarifazo mediante, menos que antes de los aumentos, tendrán que devolver lo saqueado y
poner una velita a San Lorenzetti, patrono de las corporaciones.

15/07/16: Finalmente ayer, desde las 20 horas, el pueblo argentino se hizo escuchar. Miles
de personas en todas las plazas del país salieron a la calle a protestar contra los criminales
tarifazos del gobierno ni nacional ni popular que encabeza el presidente offshore.
Cacerolas, bocinazos, ruidos y cánticos explotaron de furia a pesar de la persistente llovizna
que se empecinaba en tratar de ablandar ánimos que, de todos modos, soportaron las
inclemencias del tiempo para desafiar a la gerencia general del Estado neoliberal. Ante este
panorama, el oficialismo hizo mutis por el foro y se dedicó a “ningunear” la protesta,
restándole importancia sin hacer declaraciones. El tiempo dirá si la movida ocurrida anoche
es el despegue definitivo de la población, con o sin dirigentes a la cabeza o a la retaguardia,
para enfrentar la miseria planificada de las mayorías que, Mau y sus pandilleros, no cesarán
en tratar de imponer por las buenas o por las malas.

Mientras anoche la protesta social contra el gobierno del Hood Robin argentino no
Nacional se extendía por todo el país, el Grupo Clarín invadía la pantalla con sus venenosos
zócalos para cubrir la fortuna encontrada en las cajas de seguridad de la hija de CFK,
Florencia Kirchner. Esto a pesar que fue la propia “escrachada” la que pidió la apertura de
las mismas. Pero la mafia periodística lo presentó como un hallazgo por iniciativa del poder
judicial, que co-gobierna con ellos. Hasta se dieron el lujo de mostrar el dinero, a través de
fotos filtradas por el propio juez de la causa, el mandadero Julián Erolini, con avisos de
“urgente”, dando a entender que se trataba de una primicia exclusiva de su fétido
periodismo in the pendiente. El procedimiento fue realizado en el marco de la causa
Hotesur, que investiga el patrimonio de la familia de Kirchner. Días atrás, la diputada
denunciante, la servicial Margareth Stolbizer, aseguró que se habían registrado
“movimientos sospechosos entre las cuentas y las cajas de la familia”. En una presentación,
Cristina Kirchner explicó que lo “sospechoso” era que, por desconfianza hacia la política
económica del presidente offshore, había decidido pasar a dólares sus ahorros de casi 66
millones de pesos. Al cambio de 14,15 pesos de junio, obtuvo 4.664.000 dólares que
quedaron depositados en dos cajas a nombre de su hija Florencia, en el Banco Galicia. CFK
además denunció a Stolbizer, a su abogada y al pistolero juez Claudio Malodío porque
habrían utilizado información proveniente de un allanamiento a su contador para hacer la
denuncia. Ayer, Stolbizer, anticipó que concurrirá a la audiencia de mediación a la que
fueron citadas para el 10 de agosto. Así operan los aliados del poder concentrado:
distrayendo a la opinión pública para que vuelque su odio irracional hacia el gobierno
anterior procurando, al mismo tiempo, impedir que se hable de la verdadera pesadilla que el
sufrido pueblo argentino viene soportando desde que el mal imitador de Freddie Mercuri
llegó a la Casa Rosada.

Haciendo honor a su cargo, el Ministro de Propaganda del gobierno neoliberal, Joseph

Peña, se reunió con representantes de Bandera Vecinal, la organización de ultraderecha de
Alejandro Biondini. Este grupo de lacras, reivindicadores explícitos del nazismo y sus
horrendos crímenes, hasta se dio el gusto de presentar un proyecto de ley, tan aberrante y
fuera de lugar como cualquier hombre de bien y con un mínimo de memoria histórica
podría imaginarse. Auspiciado por el reaccionario secretario de la Juventud, Pedro
Robledo, al que le encantaría llamarse Peter, el partido neonazi propuso la vuelta al servicio
militar obligatorio. Pero como son tan democráticos, agregaron la posibilidad de un
referéndum para que la ciudadanía lo apruebe o lo rechace. La sola mención de semejante
idea debería espantar a todo aquel que recuerde la ignominiosa historia que vincula esa
prestación para jóvenes que sufrieron todo tipo de humillaciones y vejaciones bajo la
excusa de estar formando “hombres” y valores para la “Patria”, mientras a la misma la
entregaban atada de pies y manos a lo peor del capitalismo financiero internacional, aliado
a todas las potencias extranjeras. La gerencia neoliberal redobla así su apuesta provocadora,
en una semana en que resucitó los desfiles militares en los actos patrios y permitió a
pistoleros golpistas de poca monta, como Aldo Rico y Emilio Nani, que participaran de
manera reivindicativa de lo peor del pasado reciente. Ni nacionales, ni populares, ni
democráticos. La alianza neoliberal gobernante comparte más principios con la derecha
totalitaria dictatorial, que con cualquier fuerza política democrática de cualquier signo
político.

Lo que se está viviendo en Jujuy es una verdadera redada parapolicial contra disidentes y
opositores, mientras el gobierno provincial que encabeza el radical Gerardo (in) Morales,
aliado fiel a la gerencia del Estado neoliberal, ajusta, despide y precariza a los trabajadores.
Casi en el mismo momento en que en el ingenio Ledesma los trabajadores eran reprimidos
en forma brutal por la policía, en San Salvador de Jujuy quedaba detenido Raúl Noro, el
esposo de Milagro Sala, y otras tres integrantes de la Tupac Amaru, acusados de asociación
ilícita y administración fraudulenta. “Lo único que puedo decir con nivel de certeza es que
estamos viviendo un estado policial militar, igual que en la época del Proceso, pero
restringido en este momento a la provincia de Jujuy”, grabó Noro en un video antes de
presentarse en la comisaría. Mañana se cumplen seis meses de la detención de la líder de la
Tupac y parlamentaria del Parlasur y ya suman once los tupaqueros presos por causas que
van cambiando de carátula según la voluntad política del gobierno de Gerardo (in) Morales.
“Nos están desmembrando como a Tupac Amaru”, había dicho Noro a Página/12 en
febrero. A 120 kilómetros de la capital jujeña el ingenio de la familia Blaquier era
nuevamente escenario de fuerzas de seguridad ejerciendo violencia con la anuencia del
poder, cuando en la capital provincial empezó a circular en las redes sociales que era
inminente la detención de Noro. El marido de Sala se presentó con su abogado Luis Paz a la
comisaría y comprobó que la versión era cierta. “No hay garantías constitucionales, todo
está inventado, estamos en una situación en la que ni siquiera podemos trabajar
tranquilamente con nuestros abogados defensores porque también hay sanciones para
ellos”, dejó dicho Noro antes de quedar incomunicado en el hospital Pablo Soria, donde
anoche seguía siendo sometido a chequeos médicos por su frágil estado de salud. Hoy, su
defensa, pedirá la prisión domiciliaria teniendo en cuenta que tiene 73 años y tuvo una
intervención quirúrgica de corazón. Preocupa y desespera tanto avasallamiento impune
mientras pareciera que la dirigencia política, de todos los signos políticos, mira para otro
lado o relativiza hechos de una gravedad de máxima envergadura.

Investigadores y becarios del Conicet están reclamando por las trabas que están sufriendo,
por parte del gobierno ni nacional ni popular, unos 850 científicos y técnicos que ganaron
sus concursos el año pasado pero que todavía no pudieron incorporarse al organismo.
Desde la conducción del Conicet señalaron que los recursos y las partidas están disponibles,
pero que todavía no se efectivizan los cargos, algo que “a esta altura no es normal”. Los
concursos realizados bajo la gestión anterior están siendo “revisados y validados con la
intención de transparentar y agilizar los procesos”, argumentaron desde el Ministerio de
Modernización y Despidos, que a partir del decreto 227/2016 tiene la potestad de evaluar
todos los ingresos en la administración pública. En esa instancia están paradas las
designaciones de los investigadores y el personal de apoyo. Con este ejemplo queda claro la
prioridad que le da el gobierno neoliberal a la Ciencia y a la Tecnología como motores del
desarrollo. ¿Lino Barañao?, bien gracias.

Mientras el gobierno neoliberal que conduce el presidente offshore pone quinta y, a toda
velocidad, acelera rumbo al Empleo 0, los bancos siguen acumulando ganancias
extraordinarias, a la vez que la ciudadanía hace malabares para pagar los tarifazos
criminales que castigan sus enflaquecidos bolsillos. La actividad financiera fue uno de los
sectores que obtuvo mayores beneficios en los últimos meses, tras las medidas de
desregulación a la compra de dólares, la apertura casi irrestricta para el flujo de divisas, la
suba de tasas de interés en moneda local, el regreso a un proceso de endeudamiento con el
mercado de capitales internacional y la habilitación para aumentar las comisiones
bancarias. El documento de la autoridad monetaria permite observar cuáles fueron los
negocios más provechosos de los bancos a partir de las políticas del nuevo Gobierno. El
resultado por títulos valores, concepto del balance contable de las entidades financieras
donde se computan las ganancias por Lebacs, sumó 11.637 millones de pesos en mayo, con
un aumento del 133 por ciento respecto de igual mes de 2015. En el último año, el stock de
letras de la autoridad monetaria se duplicó, al pasar de 250 a 500 mil millones de pesos, al
tiempo que la tasa de interés subió cerca de 10 puntos. Una parte importante de esta
emisión de títulos del Central fue adquirida por los bancos. El resultado por intereses,
donde se anotan los beneficios del negocio tradicional de la banca por recibir depósitos y
dar créditos, fue otro de los conceptos relevantes, al computarse ingresos por 7505 millones
de pesos en mayo, cuando habían sido 6049 millones en el mismo mes del año pasado, lo
que equivale a un incremento de 24 por ciento. También aumentaron los márgenes de
rentabilidad a partir de lo embolsado en activos ajustados por inflación (con el coeficiente
CER) al registrar 599 millones de pesos, con un alza del 128 por ciento interanual. Entre
enero y mayo, el resultado total de los beneficios del sistema financiero sumó 32.228
millones de pesos, con un incremento del 43 por ciento respecto de igual período del año
pasado. Los responsables de los principales bancos del mercado local participaron, este
miércoles, de la celebración del 162 aniversario de la bolsa porteña, en la que se
deshicieron en aplausos al presidente offshore cuando, en su discurso, aseguró que el
Gobierno garantizará la seguridad jurídica para que las empresas sigan haciendo buenos
negocios.

“El mejor equipo en 50 años” está haciendo sufrir al pobre Jorge Todesca, director del
Indec. “Estoy preocupado por los aumentos de precios que vienen del sector privado”,
advirtió ayer el titular del organismo estadístico nacional, al confesarse perplejo por la
incapacidad de la política monetaria contractiva para controlar la inflación. Todesca volvió
a prometer, como vienen repitiendo los distintos funcionarios del gobierno de Cambiemos
desde que comenzó el año, que la inflación se reducirá en el segundo semestre. Sin
embargo, con los datos difundidos hasta ahora por organismos provinciales, consultoras
privadas y sindicatos, queda descartado el cumplimiento de la meta inflacionaria de 20-25
por ciento que impuso el ministro en rodillas de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.
¿Por qué el titular del Indec tiene que prometer mejoras futuras? ¿Es miembro del gabinete
económico y no lo sabíamos? ¿O a él también lo traicionó el inconsciente, como ayer al
presidente offshore en la Bolsa de Comercio, y se sinceró pronosticando manipular los
números que no cierran por ningún lado?

16/07/16: La gerencia del gobierno neoliberal, a pesar de la masiva protesta del pasado
jueves, no está dispuesto a retroceder; por eso no escucha. Pero pareciera que la Cámara
federal de La Plata sí tomó nota. Ayer confirmó que por ahora sigue vigente el fallo que
anuló el tarifazo en el servicio de gas en todo el país; dejando en claro que la mera
interposición del recurso extraordinario por parte del Estado neoliberal, para apelar el fallo
en contra del aumento tarifario, no tiene efectos suspensivos sobre la sentencia. Es decir,
contradijo al ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, quien había avanzado en la
instrumentación de los nuevos topes al aumento del gas suponiendo que el fallo quedaba
congelado. Ante esta situación, las asociaciones de consumidores recomiendan no pagar,
las distribuidoras no pueden refacturar y se abren interrogantes sobre el carácter legal que
reviste la nueva resolución 129, que introdujo los límites del 400 y 500 por ciento al
tarifazo, en la medida en que es un parche a las resoluciones anteriores que están
cuestionadas por la Justicia. Los demandantes en la causa, que derivó en el freno al tarifazo,
presentarán una nueva acción judicial para impugnar el nuevo esquema del servicio de gas
presentado por el Gobierno. En tanto, el Ministerio de Energía solicitó a la Cámara la
habilitación de la actividad en la feria judicial para adelantar la definición sobre el tema y
que no quede para mediados de agosto. La temperatura social sube y Mau y sus pandilleros
van quedando cada vez más aislados. Hasta el propio Sergio Masa hace críticas duras,
camuflándose como un populista, pero “republicano y dialoguista”. Los gremios preparan
medidas que nunca se concretan, pero, declarativamente, también toman distancia de un
gobierno que, en poco tiempo más, va a quedar reducido a su núcleo duro original, el
radicalismo residual (o sea todo el partido), el poder judicial y los medios hegemónicos,
dispuestos a inmolarse por la causa neoliberal, porque en ella van todos sus privilegios
recuperados y a conseguir.

Son tan cínicos, tan caraduras, tan mentirosos, que uno no termina nunca de asombrarse.
Son capaces de decir cualquier cosa para justificar sus aberrantes medidas o para ensuciar a
sus opositores. A la hora de explicar por qué no llamaron a audiencias públicas, antes de
aplicar los criminales tarifazos, el argumento oficial es que el tarifazo actual no es
consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) sino de una “adecuación transitoria”,
que continúa con una negociación contractual iniciada en 2003 y que aún no concluyó
porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa. “La audiencia pública para dicha
adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y
consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que –entiende–
no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a
los mismos fines”, sostuvo la abogada del Ministerio de Energía, Jimena Diez, según
reflejó la Sala II de la Cámara Federal de la Plata en el fallo del jueves 7 de julio que anuló
la suba del gas. “Dicha afirmación no resiste análisis como justificativo de la ausencia de
celebración de audiencia pública previa al dictado de las resoluciones 31/2016 y 28/2016,
medidas que conllevan una implicancia económica directa sobre las tarifas del servicio
público de gas natural, toda vez que no se puede tener por satisfecha la obligación
fundamental del Estado, respecto de los usuarios y consumidores, de brindar las
herramientas de participación y protección de los derechos constitucionales de incidencia
colectiva, a través de audiencias públicas celebradas años atrás”, replicó el camarista César
Álvarez al detallar sus fundamentos sin tener que esforzarse demasiado para refutar el
asombroso argumento del Gobierno. Para intentar descomprimir la situación, el ministro de
Shell en Energía, Juan José Aranguren, sostuvo durante el anuncio del lunes pasado que la
audiencia pública se realizará en octubre, pero esa audiencia corresponde a la RTI que
establecerá los aumentos del próximo año y no está relacionada con el tarifazo
implementado en abril. Mientras continúan aislándose y pedaleando en el aire cada día más
solos, algunos dirigentes salieron a hablar sobre la protesta masiva del martes pasado. Las
declaraciones tienen el nivel de las realizadas por Carolina Stanley, Ministra de
Destrucción Social: “Nos parece que lo de ayer (por el jueves) tuvo que ver con poder
manifestarse libremente, aunque claramente se vieron algunos personajes del kirchnerismo
duro realizando la protesta y llevando militantes”. Rodríguez Berreta repitió el argumento,
pero agregó: “no descarto que algún vecino haya participado espontáneamente”. Fue todo
lo que dijeron. El presidente offshore, en tanto, se dedicó hablar del esfuerzo que tuvo que
dedicar a sus clases de baile, que es tan bello y armonioso como su retórica discursiva.

Se le va a complicar mucho al presidente offshore justificar su mal habido patrimonio. Un

informe de la Procuraduría antilavado reportó grandes incongruencias en las declaraciones
juradas de Mauricio Macri presentadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y ante la
Oficina Anticorrupción (OA) nacional el año pasado. Una de las más ilustrativas, a modo
de ejemplo, es que a la ciudad le dijo que tiene acciones en total por 27, 5 millones de pesos
y a la OA 13 centavos. Del análisis de los formularios completados por el presidente,
también surge que omitió completar los casilleros que requieren información sobre
participación en sociedades fuera del país. Es decir, no dice nada sobre las offshore Fleg
Trading y Kagemusha, la primera de ellas detectada en los Panamá Papers y la segunda en
un registro público panameño. El juez federal Sebastián Casanello pidió el trabajo de la
procuraduría especializada para incorporarlo a su investigación sobre la presunta omisión
de datos del presidente en sus declaraciones juradas y otros posibles delitos derivados. A
entender de algunos funcionarios judiciales, la ausencia de datos sobre las sociedades
offshore en las que Macri tuvo o tiene participación en los casilleros que exigen incluirla
podría configurar un delito. En la causa a cargo de Casanello, el diputado Darío Martínez
también denunció inconsistencias, pero dentro de una misma declaración. Las catorce
empresas que declara aparecen valuadas en cero, pero como mínimo tendría que figurar el
porcentaje accionario, según Martínez. En 2015 decía poseer desde 2008 el 0,01 por ciento
de las acciones de Yacylec SA, pero cuando las vende, figura que representan el 5,33 por
ciento. En 2013 declara una chacra en Uruguay de 33 hectáreas y dice que la compró con
fondos propios; en 2014 la misma chacra tiene apenas 40 metros cuadrados y dice que la
recibió en donación; al comienzo del ejercicio 2015 decía que tenía 2000 metros cuadrados
y al final, que tenía 33 mil. La compra, según la declaración habría sido concretada a 8000
dólares la hectárea en 2010. A la vez que la investigación contra el patrimonio del Hood
Robin argentino no nacional avanza a paso lento, muy lento, la cruzada contra CFK va a
toda velocidad y atropellando todas las leyes. El juez servilletero Julián Ercolini, embargó
el dinero de Florencia Kirchner que había en sus cajas de seguridad y que ella misma instó
a abrir y darlas a conocer. El pistolero no armado, de todos modos, tomó la decisión pues
entiende que la hija de los ex presidentes “habría participado en el entramado societario que
habría utilizado para canalizar fondos de procedencia ilícita”, a pesar que el dinero de
marras está debidamente justificado como herencia recibida de su padre. “Callan, ocultan y
sacan denuncias contra Cristina de la galera para tapar su propia corrupción y la catástrofe
económica y social del gobierno”, denunció ayer Florencia. “Cada vez que sucede algo que
no conviene al oficialismo Malodío ordena allanar en Santa Cruz o cualquier propiedad y/o
espacio relacionado a Cristina. Stolbizer pide cámara. Y los medios cumplen un papel
servil que da escalofríos”, resumió. “No existían las sumas denunciadas que motivaron el
escandaloso allanamiento televisado del banco de la provincia de Santa Cruz”, recordó, y
agregó que ella misma pidió la apertura de las cajas para evitar que “continuara el show
mediático”. “Pese al contenido de mis presentaciones, el procedimiento realizado por orden
de vuestra señoría en el Banco de Galicia terminó convirtiéndose en un nuevo show
mediático”, explicó. De todas maneras, por más que continúen intentándolo, no habrá tapa
de Clarín ni cloaca de TN que pueda ocultar la realidad pues ésta se está poniendo
demasiado dura como para ningunearla de forma tan burda con operetas berretas ya tan
desgastadas.

El plan maestro de miseria planificada en marcha abarca también la impunidad retroactiva

para sus ejecutores y simpatizantes. El Banco Central dejará de perseguir a 60.000 personas
por infracciones cambiarias. Entre ellas están quienes compraron moneda extranjera para
turismo sin demostrar el viaje y los que extrajeron dólares de un cajero del exterior por
encima de lo entonces permitido. También estarán beneficiados por esta medida quienes se
habían excedido en los límites del envío de remesas por ayuda familiar o mostraron
inconsistencias en los códigos de validación. Según informó en un comunicado, el BCRA
modificó el criterio legal para la tramitación de sumarios cambiarios, lo que permitirá
rehabilitar al 80% de las personas humanas o jurídicas que actualmente son investigadas en
materia penal cambiaria, en su mayoría por infracciones menores. En la entidad le
aseguraron que sólo son personas físicas (individuos particulares) las que quedan excluidas
de investigación y no alcanza a las cuevas de la city, a pesar de que el comunicado oficial
del organismo se presta a la confusión, puesto que se indicó que los beneficios serían para
“personas humanas o jurídicas que son investigadas en materia penal cambiaria”.

Tras las fuertes críticas que hizo al tarifazo del Gobierno neoliberal, el conductor televisivo
Marcelo Tinelli recibió miles de insultos y agresiones en las redes sociales. El conductor
estalló y salió a denunciar una campaña del PRO para difamarlo. Acusó al macrismo de
usar un call center para armar cientos de usuarios de Twitter y agredirlo, a quienes llamó
"Troll Center". Hace meses se reveló que el macrismo tiene un "influenciador" en Twitter.
Una persona que trabaja para crear perfiles de usuarios falsos para atacar y difamar a
opositores. Esa persona es Octavio Paulise, que entre otras cuentas maneja el usuario falso
de Jorge Lanata en esta red. De hecho, el propio Lanata confesó que se reunió con Paulise
hace semanas. Paulise, el hombre que podría estar detrás de la operación contra Tinelli es
community manager del Gobierno neoliberal y trabaja en el ministerio de Transporte que
conduce Guillermo Dietrich. También se reveló que detrás del personaje fascista de la "Dra.
Pignata" en Twitter se encuentra un hombre que trabaja para Hernán Lonardi, Pablo Pérez
Correa. Este es el aporte del gobierno ni nacional ni popular para sanar la grieta y “unir a
todos los argentinos”.

La gerencia del Estado neoliberal no sólo derrocha los dineros públicos transfiriendo
recursos al sector privado, al que también están asociados individualmente, o abonando
deudas ilegítimas a acreedores carroñeros, con Carlos Melconián a la cabeza, sino también
destinándolos a propaganda y difusión de actos y opiniones de gobierno. Algunas son por
vías formales y otras a través de oscuros personajes que impostan su identidad. En todos los
casos es para mentir y prometer al garete, pero, centralmente, para difamar, extorsionar y
denigrar opositores. Desde la llegada del presidente offshore a la Casa Rosada funciona allí
una Subsecretaría de Vínculo Ciudadano, cuyo rol formal es promover la acción del
gobierno en las redes sociales. Allí trabajan a diario entre 35 y 40 especialistas en temas
digitales, y que tiene al frente a Guillermo Riera, quien está bajo el control del Ministro de
Propaganda, Joseph Peña, artífice principal de este macabro andamiaje perverso e ilegal.
Desde una oficina pegada a Plaza de Mayo, el grupo destina este poderoso recurso a
difundir los mensajes del jefe de Estado en todos los soportes y a través de todos los
canales de internet existentes: Facebook, Snapchat, Instagram y Twitter, entre otros. ¿Cómo
funcionan estas "granjas de trolls"? Según consignan diversos medios, el administrador de
una gigantesca red de usuarios anónimos camuflados con fotos de figuras populares es
Octavio Paulise. En un caso como el del uso personal del helicóptero presidencial por parte
del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el propio Paulise utilizó todo su arsenal
para atacar al portal que denunciaba al funcionario. Si bien el Gobierno relativiza el poder
de este personaje, admiten que trabaja para la administración de Horacio Rodríguez
Berreta. Otro es el caso de los militantes del PRO con distintas y múltiples cuentas de
Twitter, Facebook, e Instagram. Son los denominados "cibermilitantes", que publican en
conjunto notas de opinión o comentarios en foros y todo sitio donde se deba mantener
positiva la imagen del presidente. Así se maneja esta verdadera asociación ilícita que, en su
afán de ocultar y engañar a la opinión pública, comete este tipo de tropelías, lindantes con
el delito explícito. El diálogo, para esta gente, es un monólogo marketinero que debe
asumirse como la única voz autorizada y pretendidamente ajena a todos los actos
abominables que propicia.

Un frondoso prontuario es el mejor currículum para conseguir un cargo de importancia bajo

la órbita de Cambiemos. El último ejemplo de ello es el Instituto de la Vivienda de la
Ciudad, que incluyó entre los directivos que intentarán revertir el importante déficit
habitacional a Alberto Mario Pomato, uno de los ejecutivos relacionados al escándalo de
corrupción de la FIFA. El resto del directorio, que cuenta con salarios onerosos, proviene
del sector privado y también presenta irregularidades. El periódico Sur Capitalino denunció
en su última presentación que quienes decidirán el futuro de las viviendas sociales en la
Ciudad de Buenos Aires tienen un pasado polémico. Por ejemplo, el nuevo Gerente del
Área Financiera, Pomato, fue hasta junio del año pasado, y durante 18 años, Director
Financiero (CFO) de Torneos y Competencias, la empresa del Grupo Clarín. Él fue uno de
los once despidos de ejecutivos relacionados con el CEO Alejandro Burzaco, detenido a
pedido de Interpol tras el escándalo desatado en la FIFA por corrupción y sobornos,
conocido en alrededor del mundo como FIFA Gate. Pomato fue también tesorero de la
Fundación de Torneos, y cuenta con un Reporte de Operaciones Sospechosas que lo señala
como involucrado al movimiento de $3.385.379 en "una operatoria significativa en los
productos que la sociedad mantiene", en el banco europeo que hizo el informe para la
Justicia de Estados Unidos. Según Sur Capitalino, el resto del directorio proviene del sector
privado: tanto de Techint como de grupos inmobiliarios. Obviamente se dan estos gustos
con el silencio cómplice de la oposición, que pareciera siempre estar desinformada o un
paso atrás de los hechos que suceden delante de sus narices.

17/07/16: Argentina siempre tuvo, en su burguesía local, clase dominante pero nunca clase
dirigente. Ni en un sentido patriótico, respondiendo a intereses nacionales, ni en el de su
propia clase, a la que siempre ató a los vaivenes coyunturales socio-económicos mundiales.
Viéndose arrastrada, ante la carencia de proyecto propio, por el capital corporativo
transnacional, terminó invariablemente sucumbiendo por la lógica fagocitadora propia del
proceso económico globalizador. Durante los últimos 12 años parecía que la industria,
finalmente, se alineaba detrás de un proceso político que la encontraba en la línea delantera
de sus prioridades desarrollistas. Sin embargo, su dirigencia, incapaz de pensarse a sí
misma como vanguardia, como hizo con la dictadura y con el menemismo, se abrazó a los
cantos de sirena neoliberales y apostó, nuevamente, a tropezarse con la misma piedra.
Ahora, con el aparato productivo amenazado, lamenta en vano las consecuencias de las
políticas devastadoras que, en unos pocos meses, implementó la gerencia del gobierno
neoliberal actual, y que pretende continuar profundizando. La invasión de bienes de
consumo final importado ha empezado a avanzar aceleradamente sobre territorio de la
producción nacional. Es el comienzo de una película que el empresariado local ya conoce.
La importación de artículos de limpieza, carteras, mochilas, colchones, juguetes,
lavavajillas, maquillaje aumentaron del 20 a más del 150 por ciento en los primeros cinco
meses de este año respecto al anterior. Naranjas y pomelos de Chile e Israel. Cortes de
cerdo de Dinamarca y España. Zapatillas y calzados de vestir de Vietnam. Heladeras de
Brasil. Cerveza de México. Pantalones, camisas y calzas de China. Las consecuencias de
este desastre ya lo están empezando a pagar a pleno los trabajadores, con despidos, rebajas
de salarios y pauperización en las condiciones empleo. Para una clase política cipaya, esto
no representa un problema. Al contrario: constituye su norte, su objetivo tan deseado:
alinearse carnalmente, vía tratado del transpacífico, a EE.UU. y su lógica imperial.

Según denuncia hoy Página/12, mientras solicitaba a la Corte Suprema de las

Corporaciones que convalidara los desmesurados incrementos de las tarifas de los servicios
públicos esenciales, contra los cuales el jueves se produjo una rotunda protesta en todo el
país, el gobierno ni nacional ni popular dispuso una dádiva para los cinco miembros del
tribunal que deben resolver su pedido. El 9 de julio el Gerente de Aeropuertos de
Aerolíneas Argentinas, Ricardo Rehacer, envió por correo electrónico una circular a todos
los jefes de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido. Su
texto señala que los ministros de la Corte Suprema “tendrán derecho a agrade a clase
ejecutiva sujeto a espacio en los vuelos de nuestra empresa”. Esto significa que los cinco
jueces podrán comprar pasajes en clase turista y en cualquier lugar del mundo pasar a la
clase ejecutiva sin abonar la diferencia, siempre que en ese vuelo haya asientos
desocupados. Como la resolución no especifica la razón por la que se concede el beneficio
ni el carácter de los viajes cubiertos, se aplicará no sólo a los de carácter oficial sino
también a aquellos que forman parte de la vida privada de los jueces, es decir un fuero
personal prohibido en forma explícita por el artículo 16 de la Constitución Nacional. Quizá
los honorables jueces, que seguramente harán uso de este nuevo privilegio a costillas del
erario público, no se inmolen de manera directa en la causa de los tarifazos, pero se
mostrarán más y mejor predispuestos para lo que viene, que indudablemente serán más
leyes y medidas lesivas a los derechos ciudadanos y a la propia constitución nacional.

Al mismo tiempo que hizo la gracia a los ministros de la Corte Suprema de las
Corporaciones, Aerolíneas Argentinas dio de baja los créditos para jubilados y
pensionados, que regían desde junio de 2012 y que les permitían comprar pasajes en
Aerolíneas Argentinas con su tarjeta Argenta por hasta 10.000 pesos de entonces, con dos
meses de gracia para empezar los pagos y cuarenta cuotas en pesos. Una circular de la
Dirección de Procesos Administrativos y Técnicos de Anses del primer día de este mes
informó que el 5 de julio “finaliza el convenio Plan Viaje por el País con Anses y
Aerolíneas Argentinas”. Otro ejemplo de “igualdad de oportunidades” que propicia la
alianza neoliberal gobernante.

El sobresueldo que implica para los cortesanos, la dádiva otorgada por el gobierno
neoliberal, es más que suculento. Según la oficina CIJ, que atiende la imagen personal de
Lorenzetti, desde noviembre de 2015 viajó a Porto Alegre (diferencia entre clase turista y
ejecutiva a precios de hoy, 5.614 pesos), Salamanca (51.585 pesos de diferencia hasta y
desde Madrid), Washington (139.000 pesos de diferencia), Asunción (4.772 pesos más),
Roma (otros 32.000 pesos en clase ejecutiva) y Tucumán (3.833 pesos más). En total, un
bonito sobresueldo de 236.804 pesos en poco más de seis meses. Según la revista Noticias,
desde 2011, Lorenzetti viajó con su novia a Río de Janeiro (seis veces), Punta del Este (tres
veces), Miami (dos veces), Madrid (dos veces), Italia, Dubái, Qatar e India. AA no tiene
vuelos a Dubái, Qatar e India, aunque sí llega a Roma, como escala previa. Cotejando los
precios en clase turista y ejecutiva, si volviera a realizar esos viajes aprovechando la
merced de Aerolíneas Argentinas el ahorro para el presidente de la Corte sería de 732.000
pesos, que rondarían el millón y medio de pesos si incluyera como es de presumir a su
compañera de viaje, salvo que él aceptara la poltrona doble y dejara a su consorte en la
clase turista. Como señala Horacio Verbitsky, “estas prerrogativas excepcionales para los
más poderosos y la simultánea privación de derechos adquiridos para los más débiles
exponen la escala de valores con que se maneja la administración que teme ser considerada
el gobierno de los ricos, porque sabe que lo es y le inquietan sus consecuencias políticas y
electorales”.

El tarifazo sobre el gas, a diferencia del que se aplicó sobre la electricidad, no se sostuvo en
la “injusta diferencia” de los valores que se pagaban en el área metropolitana frente al
precio por el servicio en otras provincias. No era la eliminación del subsidio lo que
motorizaba, sino “la necesidad” de dar una mayor retribución a los productores “porque si
no, nos vamos a quedar sin gas en un año”, amenazaban autoridades y voceros de la política
oficial desde otros planos. Lo que no se explicitó es que, detrás de la reformulación y el
extraordinario salto de las tarifas, se encubre toda una transformación en la relación entre
Estado y empresas privadas, y la eliminación de mecanismos de regulación y planificación
que, con imperfecciones, el gobierno anterior fue recuperando para asegurar el acceso al
gas de la población. El nuevo esquema no sólo cambia las reglas, sino que pone en
controversia cómo se resuelve el equilibrio entre oferta y demanda. Pese al generoso
aumento en el precio del gas en boca de pozo, que saltó de 2,60 dólares a casi el doble para
el nivel de producción histórica, la actividad de perforación viene en declive. Cuando
desaparece el control del Estado, desaparecen las inversiones, sobre todo en proyectos de
mediano o largo plazo como los petroleros. Para atender el desequilibrio generado, la
gerencia del Estado neoliberal apela a la solución más rápida y más injusta, como es su
costumbre: encarecer el producto contrayendo la demanda, vía quita de subsidios y
aumento exponencial de la tarifa y, a la vez, restringiéndolo para el uso domiciliario. La
“fantasía” de gozar de servicios esenciales buenos y baratos, como ya señaló G. Frega, era
un lujo que la ciudadanía no se merecía.

Mientras referentes del gobierno neoliberal, como el ministro de Propaganda Joseph Peña y
el hada desangelada María E. Vidal, salieron ayer a tocar timbre a vecinos de La Matanza y
de algunos barrios de la capital federal, en una manera patética de responder a la protesta
masiva del pasado jueves, el mismo día se inauguró la 130° edición de la Exposición Rural
que abrió así sus puertas al público hasta el 31 de julio en Palermo. A diferencia de los
últimos años, del acto participaron funcionarios del Gobierno. Sin embargo, no contó con la
presencia del presidente offshore, quizá agotado de tanto estrés. En este sentido, el
presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Miguel Etchevehere, agradeció el
"regreso" de los organismos del Estado a la muestra. "Aquí junto a nosotros está el ministro
de Agroindustria de la Nación, que después de los años que nos tocó vivir, agradecemos
profundamente que hayan vuelto las autoridades nacionales y provinciales", destacó. La
gran familia oligárquica, así, se reencuentra para achicar una grieta que, en siete meses
intensos, no para de ensancharse.

Tras la brutal represión del jueves, los trabajadores del Ingenio Ledesma cumplieron ayer el
tercer día consecutivo de paro y piquete en la ruta nacional 34, y mantenían bloqueado el
acceso sur a la localidad de Libertador San Martín, donde está emplazado el emporio de la
familia Blaquier. A última hora del viernes, el Ejecutivo encabezado por el radical Gerardo
(in) Morales dictó la conciliación obligatoria entre la empresa y el Sindicato de Obreros y
Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail). Tras la reunión entre las partes, que
resultó un fracaso, el ministerio de Trabajo jujeño instó a los trabajadores azucareros a
“respetar los términos de la instancia de conciliación y deponer medidas de fuerza, tales
como cortes de rutas”. Pero el gremio rechazó el pedido, amparado en que la empresa de
los Blaquier ya gozó de veinte días de tregua durante la conciliación que dictó el ministerio
de Desempleo nacional y que concluyó el lunes pasado, sin acuerdo. De esta forma el
conflicto se encuentra empantanado, a la espera de un acuerdo que, de alcanzarse, no podrá
borrar la represión desatada, tan brutal como los modales “republicanos” del gobernador
dictatorial que regentea la provincia.

Le robaron, no lo declaró y la pescaron. La noche en que se convirtió en vicepresidenta de

la Nación, Gabriela Michetti, sufrió el robo en su casa del barrio porteño de Balvanera de
245 mil pesos y 50 mil dólares. La justicia le apunta a un oficial mayor de la Policía
Metropolitana, David Juan Pablo Cruzado, custodio de la número uno en la sucesión
presidencial. Cruzado fue elegido por el ex ministro de seguridad porteño y actual
embajador argentino en Uruguay Guillermo Montenegro y por el jefe de la Policía
Metropolitana, Horacio Giménez.  El tema es que la iluminadora de túneles siniestros,
nunca declaró ni el robo en su momento ni el dinero sustraído en su declaración jurada. Ya
se supo, hace unas semanas, el crecimiento exponencial del patrimonio de la funcionaria,
inédito en alguien expuesto en un puesto de tal relevancia: 708 % en un año. Sobre el
dinero robado, la millonaria vice presidente declaró que una parte fue producto de una
donación y la otra un préstamo de su actual pareja. Lamentable pérdida para alguien que
sacrifica tanto su éxito en la actividad privada, por nadie conocida, para que el destino le
juegue tan mala pasada…

La revolución educativa que propuso el presidente offshore en campaña, y que pregona

el ministro Esteban Bullrich, arrancó con medidas drásticas. Despidos masivos,
vaciamiento de áreas clave, una visión “tecnocrática” y, por fin, el CEO de una
tabacalera al frente de la Subsecretaría de Gestión Educativa de la Nación. Unos 340
trabajadores del Ministerio fueron echados en las últimas semanas. La mayoría, con
contratos precarios de la etapa anterior, tercerizados por la Organización de Estados
Iberoamericanos. En mayo se les renovó por dos meses, y el 30 de junio les anunciaron
el final: colocaron listados, dividiéndolos por horas fichadas. El grupo "A" (los que
hicieron ocho horas por día) pasó a un sistema de contratación; el "B” (entre seis y ocho
horas) renovó por dos meses; y el "C” (menos de seis horas) quedó sin trabajo. Fue la
mayoría. El relevamiento lo hizo Modernización entre marzo y mayo, sin avisarle a
nadie. Pero hay más aberraciones para este boletín. El gremio docente Ademys
denunció la presencia de la ONG “Enseña x Argentina” en escuelas porteñas. Se trata,
afirman, de una asociación financiada por las universidades de San Andrés, Católica y
Austral, los bancos HSBC, Galicia y Deustche Bank, y multinacionales como
Microsoft, Google y Techint, estas tres interesadas en incorporarse a los contenidos y
desarrollos de Conectar Igualdad. La ONG se propone formar “co-docentes” que
intervienen en las aulas como “parejas pedagógicas”, sobre todo en escuelas a las que
asisten sectores de bajos recursos, “con un profundo sentido de que todo es posible”,
según expresa en su web. Se les paga un equivalente a 30 horas cátedras. “Más o menos
15 mil pesos”, dijeron desde Ademys, citando como antecedente a la ONG ultra
católica “Protege tu Corazón”, encargada de dar educación sexual en las escuelas, por
fuera de la currícula oficial, a través de un convenio firmado en 2012 con el Ministerio
de Educación porteño que dirigía Bullrich, promoviendo explícitamente la abstinencia
sexual. Su fundador, Juan Francisco Vélez, afirma en su página web que “los
adolescentes que eligen la abstinencia al menos hasta los 18 años, van a obtener
mayores ingresos”. Quizá, lo único bueno de todo esto es que, abstinencia sexual
mediante, los nefastos neoliberales paren de reproducirse…
La lucha de poder en el seno de la AFA (no) tiene también como protagonista la mano (no)
invisible del mercado. La doble tenaza –dinero y maniobras judiciales– con la que el
gobierno neoliberal presionó al organismo durante estos últimos meses, llevaron a que la
Superliga se aprobara el miércoles con un solo voto en contra entre 71 asambleístas. La
pesada herencia –la del grondonismo– fue el argumento mediático amplificado con los
adjetivos de siempre: escándalo, papelón y vergüenza. Así se logró vaciar de poder la AFA
(no) para ponerlo en manos de los clubes denominados grandes. Aunque la Superliga no
cambia la estructura de competición, sí modifica el esquema de negocios. Abre, por un
lado, el camino a las sociedades anónimas y en el horizonte, tiene otra escala de la que
todavía se habla poco: las apuestas online, como otra forma de financiación. El espejo es la
Liga de España, una competición en “estado terminal”, como la definió Mario Giammaría,
presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, el único dirigente que votó en contra del
proyecto. “Sin Superliga no hay plata” fue la frase que repitió Daniel Angelici a lo largo de
estos meses en los que el Estado no bajó el dinero del Fútbol para Todos. Así se convenció
a los clubes chicos y del interior, que aseguran que el nuevo escenario favorece a los más
grandes. Sin embargo, votaron en positivo, seducidos por la llegada de capitales en medio
del mercado de pases. Para poner al fútbol de rodillas, el gobierno neoliberal le secó antes
la tesorería. La Superliga se jugará con los mismos futbolistas, el mismo torneo, los mismos
dirigentes, los mismos árbitros y los mismos equipos. La disputa ahora es quién la
manejará. Marcelo Tinelli quiere ser el presidente, pero el macrismo, por ahora, lo veta. Lo
que sí está claro es que se abrirán nuevos negocios. El deseo del mal imitador de Freddie
Mercuri es anunciar que ya no gastará plata en el fútbol, aunque se mantenga la promesa de
gratuidad hasta 2019. Ahí podría jugar al gigante norteamericano Turner, que
desembolsaría 3000 millones de pesos, 500 más que la oferta del gobierno a los clubes, que
la consideraron insuficiente, y casi el doble de lo que se pagó durante el kirchnerismo por
los derechos de la televisión. Y mientras desde el macrismo van instalando la “necesidad”
de convertir a los clubes en sociedades anónimas, el otro gran negocio que están
preparando, para hacer de este deporte un aquelarre de sospechas siniestras de todo tipo,
son las apuestas, que tienen en Angelici, hombre de estrecha confianza del gerente general
del Estado neoliberal y unos de los principales dueños de bingos de Argentina, el ariete
clave para llevarlas a cabo. La “pasión” de los argentinos es convertida, así, en una perversa
disputa de poder y negocios que seguramente encontrará a sus hinchas más fervorosos,
ajenos a las trapisondas y desmanejos de la asociación que los nuclea, más preocupados por
la pelota que por los chanchullos que la rodean, aunque siempre lo sospechen. Mientras
tanto priorizarán los éxitos deportivos a cualquier costo y por cualquier medio. Lo
importante es ganar y eso, los neoliberales, lo han instalado muy bien las últimas cuatro
décadas.

18/07/16: La corrupción estructural, otra vez. Detrás de los criminales tarifazos impuestos
por la gerencia del Estado neoliberal argentino no sólo está la fabulosa transferencia de
ingresos a las corporaciones a costillas de los bolsillos de la huérfana ciudadanía de a pie,
sino también el beneficio personal extraordinario de funcionarios y amigos del elenco
presidencial. Nicolás Caputo, el cardenal amigo del presidente offshore, tiene el 23 por
ciento de la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), la segunda generadora del país,
con intereses también en el eslabón de la distribución eléctrica y gasífera. En generación, la
firma posee acciones en Central Puerto, Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica
Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración, mientras que en distribución tiene
intereses en Edesur y controla Ecogas, principal accionista de Gas Cuyana y de Gas del
Centro. A su vez, otra de las grandes beneficiadas fue Pampa Energía, presidida en
Argentina por Marcelo Mindlin, pero bajo la órbita del grupo Tavistock de John Lewis, el
magnate británico en cuya casa el Hood Robin argentino no nacional pasó el descanso de
Semana Santa, ofertó y compró en febrero Petrobrás Argentina. Entre los accionistas de
Sadesa figuran además Carlos Miguens Bemberg, con el 33,9 por ciento de las acciones;
Caputo con el 23, Guillermo Reca, con el 22,5; los empresarios Escasany, con el 13,6; y los
hermanos Ruete Aguirre, con el 7 por ciento. El presidente de Sadesa es Miguel Reca, un
ex ejecutivo de Merry Linch, otro amigo de Mauricio Macri que suele frecuentar la quinta
de Los Abrojos para los partidos de fútbol con el equipo del Cardenal Newman, según
recordó ayer la legisladora del Frente para la Victoria, Gabriela Cerruti, en un informe
sobre los empresarios cercanos a Macri que fueron beneficiados por el tarifazo, publicado
en el sitio web “Nuestras Voces”. En todos los casos las empresas fueron adquiridas meses
antes del tarifazo, lo que deja claro el contubernio entre los compradores y el gobierno
neoliberal facilitador, de este modo, de las ganancias extraordinarias que a sus capitales
amigos y socios les espera. Así opera la banda de saqueadores del erario público que tiene a
sus personeros de los dos lados del mostrador haciendo negocios, mientras invita a la gente
a auto flagelarse a la hora de combatir el frío o de proveerse de energía eléctrica.

Mienten con tanto descaro que escucharlos resulta insoportable. La estafa de los tarifazos
de servicios públicos, suspendida preventivamente por el poder judicial, se ha intentado
justificar con el falaz argumento de la escasez y con el sempiterno latiguillo de “incentivar
las inversiones”. Sin embargo, desde el propio Estado, se tienen otras prioridades. El
ejemplo de YPF es emblemático. La empresa que debería marcar el rumbo aumentando su
inversión, tal como lo venía haciendo hasta el año pasado, prevé una reducción de un 25
por ciento en sus niveles de inversión para este año. La decisión de desembolsar menos
recursos para aumentar la producción contrasta con el jugoso reparto de dividendos que
concretó el pasado 7 de julio, equivalente a 2,26 pesos por cada acción, la mayor cifra
desde 2011, el último año en que YPF estuvo administrada por la española Repsol. La
capitalización de la empresa se distribuye en 393,2 millones de acciones, de las cuales
200,5 millones (51 por ciento) están en manos del Estado, con lo cual podría demandar
cerca de 1000 millones de pesos la distribución de utilidades a inversores, en vez de
reinvertirlas para lograr más producción. En contraste con lo ocurrido en los últimos años,
la actual conducción busca mostrar a una YPF con una situación financiera delicada, la cual
en parte fue auto infringida por las políticas económicas aplicadas por el propio gobierno
neoliberal. De esta manera, la empresa, que debería encabezar el proceso de inversión en el
área más sensible para el país, decide no hacerlo. En cambio, el 30 de junio pasado informó
a la Bolsa, en una carta firmada por Diego Celaá, Responsable de Relaciones con el
Mercado de YPF, que la compañía pagaría el 7 de julio subsiguiente 2,26 pesos por acción
sin distinción de clases (A, B, C Y D), sobre un total de 393,2 millones que contabiliza la
Bolsa. Este pago representa a un incremento de 76,6 por ciento respecto de lo distribuido el
año pasado. La reducción de las inversiones de YPF, al tiempo que se incrementa el reparto
de utilidades, también marca la retirada del Estado de un sector estratégico. El desguace de
las empresas públicas, mientras se reparten los beneficios que le van succionando
impunemente, es el primer paso antes del vaciamiento que se avecina, para justificar
privatizaciones futuras a favor de las corporaciones y/o de amigos y allegados al clan que
rodea a la gerencia neoliberal que se apoderó del Estado.

El fiscal federal Federico Delgado, que investiga las declaraciones juradas que presentó el
presidente offshore, declaró que investiga si es “maliciosa” la inconsistencia detectada; en
la que el presidente omitió “cuentas en el exterior y datos de dos sociedades” offshore. “La
causa trabaja por dos andariveles: una es la inconsistencia de las declaraciones juradas del
señor Macri, porque hay datos que debió consignar y no lo hizo”, señaló ayer el fiscal.
Explicó que su “trabajo es reconstruir si esa omisión es maliciosa o no y determinar si fue a
propósito o no. Si no es a propósito, es una falta administrativa, si es a propósito es un
delito”. Uno de los insumos que servirán al fiscal para determinar la conducta gravosa del
primer mandatario es el informe realizado por la Procelac. En el mismo, cualquier persona
con la escuela primaria terminada, puede notar las señaladas inconsistencias y la mala fe
manifiesta, que el mal imitador de Fredy Mercuri expuso bajo juramento. Respecto a los
bienes inmuebles, el estudio comparativo de la Proclac encuentra irregularidades en al
menos cuatro propiedades del presidente. En dos de ellas – un departamento de 366 metros
cuadrados en CABA y el campo en Maldonado, Uruguay- cambian los orígenes de
adquisición de una a declaración jurada a otra. También se presentan cifras irrisorias del
campo en Uruguay (en la DDJJ presentada ante la Oficina Anticorrupción figuran 40
metros cuadrados) e irregularidades en cuanto a los valores del metro cuadrado de un
terreno en Tandil. En la parte de “acciones, cuotas y participaciones sociales”, en la DDJJ
presentada en CABA se blanquea el monto de las acciones en el país en un global de
25.524.190 pesos. En la DDJJ presentada ante la OA, en cambio, se detallan las acciones y
participaciones en 14 empresas. El informe de Procelac señala que el monto al inicio de la
participación es de 0 pesos, mientras que al final es de 0,1 en la declaración de CABA. En
la última declaración ante la OA, están valuadas en 0,13. En cuanto al análisis de las
acreencias el informe se detiene en un préstamo a Néstor Grindetti por un monto de
$440.000 con origen “de venta de activos”, y detalla que otro de los deudores es Nicolás
Caputo, con más de 18 millones de pesos. Es en el análisis de los depósitos y el dinero en
efectivo que saltan las diferencias más alarmantes:
*Aparece una cuenta corriente más en la DDJJ CABA que en la DDJJ OA, valorizadas a
diciembre de 2014.
*En la DDJJ OA se declara una cuenta corriente en dólares radicada en EE.UU. con un
saldo de inicio de 20 millones, que resulta al final del período de 10 millones.
*En esa misma declaración figura una cuenta en el exterior descripta como “OTRAS. País:
Suiza / Confederación Helvética/ Switzerland” por un monto de 7 millones. Este depósito
no figura en la DJJ Caba.
En junio de 2015, el gerenciador del Estado neoliberal presentó su declaración jurada
correspondiente al 2014, en la que informaba un patrimonio de $68 millones. Dos meses
después, entregó otra ante la OA con bienes por $ 52 millones. Su última declaración,
brindada este año, duplica este monto: $ 110 millones. Con estos datos sobre la mesa, ¿un
fiscal puede tener duda de la mala fe de este hombre? Sea un poco más serio Sr. Delgado,
que la mentira es tan flagrante y tan ignominiosa que hasta el miserable juez Malodío debe
estar asombrado de tanta impudicia, falta de decoro e inteligencia para enmascarar las
acreencias mal habidas. Porque no olvidemos que son brutales, pero también son brutos.

A riesgo de quedar como patéticos y ridículos, la prensa canalla, aliada al gobierno

neoliberal actual, agudiza su “ingenio” a la hora de justificar el ajuste y la precariedad de la
vida cotidiana que la gerencia del Estado neoliberal logró en pocos meses. Allí están sus
escribas desvergonzados para tratar de resignar y convencer a la gente que sus carencias,
lejos de ser un oprobio para sus vidas, es una oportunidad única para relanzarse a un pasar
más espiritual, reflexivo y menos consumista; justo ellos, los promotores del éxito a toda
costa y por cualquier medio en pos de los bienes materiales que dan placer y paz interior
bajo la órbita del dios Mercado, patrono de los neoliberales. A la manera de los seminarios
de auto ayuda al suicidio, del “filósofo” Alejandro Rozichner, el diario La Nación da sabios
consejos a la castigada ciudadanía empobrecida, incapaz de darse cuenta de la dicha de la
que es portadora. En una nueva edición de "menos es más", el diario escribió que en estas
vacaciones la mejor recomendación para los chicos era "descansar y aburrirse". Nada de
actividades pagas. "Los expertos aconsejan no abrumar a los chicos con actividades".
"Aburrirse, descansar, levantarse tarde, jugar al aire libre y estar con sus padres son algunos
de los consejos de los expertos para que los chicos aprovechen mejor este receso". Estas
conmovedoras recomendaciones hacen recordar a las brindadas por su socio, también
ensangrentado con Papel Prensa, el diario Clarín, que co-gobierna con el presidente
offshore. Desde "Vivir en 30 metros cuadrados, una tendencia que crece entre los porteños"
hasta "´Chiconomics´: de qué se trata la nueva moda que combina elegancia y ahorro", la
mafia periodística, que nuclea Héctor Magnetto, tampoco cesó en su afán de darle blindaje
mediático a su gobierno con estos consejos que debieran indignar al lector menos instruido.

Las cifras que se van conociendo sobre el empleo no dejan de ser aterradoras, y eso que la
crisis, que recrudecerá en los próximos meses, aún no ha hecho todos los estragos con que
amenaza a la indefensa ciudadanía, huérfana de protección y de representación política. En
junio hubo otros 11 mil despidos, llevando a 160 mil el total de personas que se quedaron
sin trabajo en lo que va del año. El número trepa a 180 mil, si se le agregan las
suspensiones. La mayor parte de las nuevas cesantías se produjeron en el sector privado,
todo indica que como efecto de la baja del consumo. Los despidos golpearon con fuerza a
los trabajadores de frigoríficos y a los vinculados con la fabricación de electrodomésticos,
dos tipos de productos que con la suba de precios quedaron fuera de la canasta popular. En
el mismo sentido, por primera vez desde el viraje económico, el sector de los servicios fue
muy afectado y concentró el 25 por ciento de los despedidos del mes. Desde el Centro de
Economía Política Argentina (CEPA), los autores del relevamiento que contiene estos datos
señalaron que “reconocidas marcas de cada rubro” continúan ajustando sus planteles. Así,
la destrucción de puestos de trabajo muestra una continuidad, “contradiciendo el acuerdo
firmado entre el Poder Ejecutivo y los principales grupos económicos empresariales el
pasado 9 de mayo, que suspendía los despidos por seis meses”. Además de los despidos, el
CEPA incluyó en su informe de junio otras medidas que están tomando las empresas para
reducir sus costos laborales. Un caso fue la decisión de Techint y Acindar de incumplir el
acuerdo paritario metalúrgico de los siderúrgicos, “que eventualmente aceptaron un 29 por
ciento contra el 35 que debían homologar”. En el mismo listado se agregan la vuelta de los
despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios y “la creciente política de
suspensiones, que sólo en contadas situaciones se acuerda con pagos salariales al 85 por
ciento y trabajo rotativo, ya que en muchos casos el salario de los suspendidos es más bajo,
del 50 o el 60 por ciento, y en los hechos opera como una reducción de las plantillas
laborales”. Sin inversiones productivas a la vista y con un Estado retirado de ex profeso de
la actividad económica, el colchón que dejó la administración anterior, que viene
impidiendo que la carnicería desatada contra trabajadores y jubilados no impacte como
sucedió históricamente ante coyunturas similares, se agotará pronto, y allí sí el tendal que
deje la topadora neoliberal será, inexorablemente, con consecuencias aciagas para la
población. Con un panorama recesivo instalado, probablemente, la inflación ceda y no será
un logro, sino efecto de una política nefasta que habrá hecho añicos el consumo interno.
Resta saber si, con una nueva devaluación mediante, como muchos especuladores alientan
–incluso desde el seno del gobierno-, el alza de precios acompañará, como viene haciendo
hasta ahora, la suba del dólar.

El “nuevo” gobierno de la Ciudad no prevé corregir las deficitarias políticas públicas de su

antecesor, del que es legítimo “heredero”. La falta de vacantes en las escuelas públicas, es
un buen ejemplo. Un total de 11.432 chicos de los niveles inicial, primario y secundario se
quedaron sin vacantes para estudiar en las escuelas públicas porteñas este año, según lo
admitió el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). El dato surge de un
pedido de informes realizado por el legislador de la Ciudad Patricio Del Corro (PTS-FIT),
que fue formulado en abril y respondido el jueves último. “Este problema no es nuevo y la
respuesta, aunque es parcial, confirma algo que veníamos denunciando, que es la crisis que
sufre la educación en la Ciudad”, apuntó Del Corro. El pedido del legislador fue presentado
el 21 de abril de este año y daba 30 días al Ejecutivo porteño para dar respuesta acerca de
temas relacionados a las inscripciones y vacantes de los jardines y las escuelas de la
Ciudad. En su respuesta tardía y parcial, el gobierno porteño admitió que 10.665 chicos se
quedaron sin escolaridad en el nivel inicial, a lo que se suman 439 chicos que pidieron
vacantes y no les fueron asignadas en primaria y 328 en secundaria. El modelo de
exclusión, ahora llevado al nivel nacional, continúa dando cátedra en la ciudad más rica del
país.

Parece una confesión de culpa, pero no es otra cosa que una muestra más de cinismo
impúdico. El protagonista es un periodista de Clarín, Julio Blanck, quien manifestó:
"¿Hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo
guerra, estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es como yo
lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo lo hice, no le echo la culpa a nadie, yo lo
hice. Eran las circunstancias e hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese
hecho, en términos de qué posición tomar o de cierta cosa terminante", contó en una
entrevista a Izquierda Diario, uno de los líderes editoriales de la sección política del diario y
del Grupo. Señor Blanck: ¿Cuáles son las circunstancias “anormales”, actualmente, que
impiden que hagan “buen periodismo”? ¿Y durante las dictaduras? ¿Y durante el
alfonsinismo, el menemismo y la alianza? No, señor Blanck. Ustedes no hacen periodismo.
Hacen terrorismo mediático desde un grupo que hace rato ya no es un emprendimiento
periodístico sino una corporación diversificada, dedicada a expoliar países y difundir el
“mensaje” neoliberal a través de campañas y operaciones perfectamente coordinadas en
todo el continente con otras de su misma calaña, como la Red O Globo y CNN. No lava
culpas, con estas declaraciones, señor Blanck. Tampoco halla excusas atendibles. Si el fin
justifica los medios, como reza el maléfico dicho, su “confesión” revela que los de su
diabólica corporación lo están por los medios (concentrados de comunicación).

El Estado de la Provincia de Buenos Aires está en bancarrota, señaló su gobernadora

apenas asumió el cargo. Sin embargo, destinará más de un millón y medio de pesos en
contratar una empresa para controlar a docentes a través de las redes sociales. Tal como lo
expresaron "oficialmente", se trata de la implementación de un "observatorio analítico,
actualizado en tiempo real, sobre las diversas problemáticas de la educación, registradas en
el territorio bonaerense, que son expresadas por los distintos actores de la comunidad
educativa, incluyendo al propio Estado y sus políticas públicas, a través de las redes
sociales". Esta decisión está generando polémica en sectores de la Provincia de Buenos
Aires, que reclaman que el dinero pase efectivamente a mejorar el sistema educacional y no
a espiar a aquellos que ejercen la profesión. Si bien el texto publicado por el gobierno
bonaerense no da mayores detalles, muchos se preguntan si este observatorio se dedicará a
identificar a aquellos trabajadores que se organicen en Internet o planteen planes de lucha.
Recordemos que, en los últimos días, los gremios intensificaron sus reclamos hacia el
gobierno de la Provincia al no encontrar respuestas concretas a sus pedidos de reapertura de
paritarias. Con los antecedentes que contamos de su padrino político, cuando fue jefe de
Gobierno, y actualtitular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán
Lonardi, con su policía lombarda cazando opositores, no cabe duda que el hada
desangelada sigue sus pasos, preocupada por la imagen de un gobierno que se cae a
pedazos.

19/07/16: A 22 años del atentado a la AMIA, el Gobierno neoliberal y la dirigencia de la

comunidad judía, AMIA y DAIA, exhibieron ayer su alianza en el acto que se presentó
como oficial y que contó con la presencia por un rato del presidente offshore, quien sólo
estuvo 15 minutos por “temas de agenda”. La contracara estuvo en los tres actos
organizados por la amplia mayoría de familiares. Memoria Activa frente a Tribunales; 18-J
en Plaza de Mayo y Apemia en la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Mientras en la
calle Pasteur se agradeció la presencia del presidente, en el resto de los homenajes hubo
críticas tanto para el gobierno, como para la dirigencia de la comunidad judía. La alianza
entre macrismo y dirigentes comunitarios judíos persiste hoy y se concentra en la idea de
juzgar a los iraníes en ausencia. Una condena a los funcionarios de Teherán es lo que
quieren ver las derechas de Israel y Estados Unidos que se oponen al tratado de limitación
nuclear que firmaron con Irán, no sólo Barack Obama sino también todos los mandatarios
de los países más poderosos: China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania. Para la gran
mayoría de los familiares, se trata de una maniobra para hacer un juicio lo más rápido
posible y dar por finalizado el caso con una condena a los iraníes, tal cual el reclamo de los
sectores conservadores de Jerusalén y Washington. También en esa sintonía con éstos, se
redoblará la presión para que la justicia dictamine que a Nisman lo mataron. No podrán
imputar a nadie en concreto porque todas las evidencias indican que Nisman se quitó la
vida, pero la idea será dejar flotando en el ambiente que al fiscal lo mató un comando iraní
con ayuda del gobierno kirchnerista. En el combo entrará la idea de reabrir la causa en la
que Nisman acusó a CFK por encubrimiento de los iraníes a través de la firma del
Memorándum de Entendimiento. Así fue como asistimos a un acto bochornoso que
propicia la impunidad y/o el desvío de la investigación a través de un gobierno que, de la
mano de su gerenciador, habilitó el encubrimiento a través de su hombre de confianza: el
“Fino” Palacios, recomendado por la embajada norteamericana, hoy rumbo a juicio oral por
sus escuchas ilegales desde las oficinas del gobierno de la Ciudad. Aliarse con un gobierno
que recibe nazis en la Casa Rosada, habla del grado de traición a su memoria histórica de
parte de una dirigencia judía que privilegia los negocios turbios a la verdad y la justicia que
la comunidad, a la que hace rato ya no representa, continuará buscando.

El origen de los fondos que fueron robados de la casa de la vicepresidente Gabriela

Michetti será objeto de una investigación de la Justicia Federal. Luego de que se conociera
que a la dirigente le sustrajeron de su domicilio 245 mil pesos y 50 mil dólares el 22 de
noviembre del año pasado –un hecho que Michetti mantuvo en reserva mientras se hizo la
investigación que terminó con el arresto de uno de sus custodios– un abogado presentó una
denuncia penal por “averiguación de posible delito”. La causa recayó en el juzgado de Ariel
Lijo, quien deberá corroborar la explicación que dio la vicepresidenta sobre el origen del
dinero. Ante la difusión de la denuncia, la vicepresidenta emitió un comunicado vía
Facebook en el que sostuvo que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Juan
Tonelli, para pagarle una maestría a su hijo. El préstamo figura en la declaración jurada de
2015 de Michetti como 461 mil pesos (50 mil dólares, con un cambio de 9,3 pesos). La
declaración de su generosa pareja –que también está cargada en la web del gobierno
nacional– informa bienes, depósitos y dinero por un total de 422 mil pesos al inicio de 2015
y por 518 mil pesos al final de ese año, pero no figura una acreencia con Michetti por 461
mil pesos. Vale decir: la vicepresidente, que “no tiene nada que ocultar”, miente. En cuanto
a los 245 mil pesos, Michetti indicó que 45 mil eran para pagar refacciones que estaba
haciendo en su casa y los otros 200 mil provenían de donaciones para la fundación SUMA,
que ella preside, y estaban destinados a financiar una cena de recaudación de fondos que se
haría una semana después. La cena tuvo lugar el 30 de noviembre con la participación del
presidente offshore, dirigentes del PRO, empresarios de medios y figuras de la farándula.
La dirigente no especificó quiénes eran los donantes de esos fondos. Lo que se encuentren
indignados por este nuevo escándalo, en el seno de la gerencia neoliberal, pueden estar
tranquilos: el fiscal que quedó a cargo de la causa es Guillermo Marijuán.

El instigador del triple crimen de Gral. Rodríguez, Ibar Pérez Corradi, atrapado hace unas
semanas, no le está rindiendo al gobierno neoliberal como esperaba. A pesar de las
múltiples promesas de Patricia Bolsrich para atenuar su pena, si declaraba ensuciando a
funcionarios del gobierno anterior, el siniestro personaje de marras les está trayendo más
problemas que ayudas a sus campañas de desprestigio contra funcionarios kirchneristas.
Hasta ayer lo único que les había aportado era la confirmación que la famosa “morsa”,
supuesto jefe del cartel proveedor de las drogas, era Aníbal Fernández; aportando como
única prueba la confesión en secreto de uno de los asesinados. A este nivel de seriedad debe
agregársele lo declarado ayer, cuando acusó al ex senador radical Ernesto Sanz, uno de los
ideólogos de la Alianza gobernante, de haber cobrado 200 mil dólares de coima para
impulsar la destitución del juez Federico Faggionato Márquez, que investigó en un primer
momento el tráfico de efedrina. Con tanta mugre circulando por tribunales, con estos
declarantes, estas autoridades, estos fiscales y estos jueces, cualquier cosa que se decida y
sentencie será inverosímil, cuestionable y sospechosa de haber sido “armada” por una
maquinaria desquiciante que, por momentos, nadie sabe ya quien comanda.

El sindicalista empresarial Gerónimo Mongo Venegas, aliado a la alianza neoliberal

gobernante, declaró que “no presenté atención a los cacerolazos”, en referencia a la masiva
protesta del pasado jueves. Quizá sea cierto, porque debe estar muy preocupado porque sus
planes patronales para con su gremio no terminan de ejecutarse. Este verdadero traidor a las
luchas obreras, recuperado el poder perdido, pronto consideró al Renatea, creado por el
gobierno anterior, como innecesario e inició una ofensiva para deshacerse de sus 880
trabajadores. Hoy quedan unos 600 empleados, de los que 400 están en riesgo inmediato de
perder sus empleos y resisten con distintas medidas. Entre otras acciones, han recurrido a la
justicia, donde obtuvieron un amparo. La cautelar fue dictada en favor de una trabajadora
de Corrientes, pero da aire al conjunto en la defensa de su estabilidad laboral. Hay que
recordar que, para que este socio de la patria ruralista recuperara la UATRE, tuvo la ayuda
generosa de la Corte Suprema de las Corporaciones, quien aceptó un pedido del dirigente
sindical para declarar la inconstitucionalidad del Renatea. Así allanó el camino para su
disolución. Un mes más tarde, el PRO le otorgó la gestión del registro a Venegas. A partir
de ahí comenzó la ofensiva contra los trabajadores del organismo. Un punto clave de este
proceso fue la firma de un acuerdo entre la cúpula de Uatre –en su carácter de empleadora–
y los dirigentes de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) –como sindicato
estatal– en el que derogaron el convenio colectivo de los trabajadores del Renatea (que les
daba estabilidad en el empleo) como paso previo a su desvinculación del organismo. Para
aceitarlo, fijaron una indemnización especial para los echados. El que se niega a irse sin
patalear es despedido igualmente, pero ve “demorado” el pago indemnizatorio. Es contra el
acuerdo UPCN-Uatre y su homologación por parte del ministro de Desempleo, Jorge
Triaca, que se presentó el pedido de amparo, impulsado por trabajadores que se organizaron
con el apoyo de ATE Capital para evitar los despidos masivos. El escrito elevado a la
justicia reclamó que se evite derogar el convenio colectivo del Renatea, hasta tanto se
resuelva sobre la cuestión de fondo; esto es, la legitimidad del acuerdo UPCN-Uatre. Los
abogados de Venegas ya apelaron la cautelar. Ahora habrá que esperar, sabiendo que, por
más que haya algunos jueces decentes, la maquinaria judicial siempre litiga a favor del más
fuerte.

Si al menos se callaran. Pero no. Es más fuerte que ellos. Esa compulsión a mentir, incluso
sin necesidad, pareciera en algunos casos más una patética patología que una estrategia
política. Este es el caso del ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien muy
suelto de cuerpo declaró que “en la segunda mitad del año el salario le va a ganar
claramente a la inflación”. A pesar de la “recomposición” prometida por Prat-Gay, las
proyecciones realizadas a partir de las mediciones que realizan los organismos estadísticos
provinciales, las consultoras y las universidades garantizan un fuerte retroceso en la
capacidad de compra de los asalariados. Aunque las mediciones del propio Indec revelan
que los precios mantienen una trayectoria ascendente, para Prat-Gay “la inflación ya está
bajando”. Desde su perspectiva “las paritarias han marcado un aumento para los salarios
que seguramente se va a traducir en mayor poder adquisitivo”. La otra variante, quizá
combinada con las ya mencionadas, es que la mentira sea otra de las formas del goce con
que el neoliberalismo se ríe de sus víctimas, mientras usufructúa los beneficios succionados
a ellas.

Finalmente, Tecnópolis reabrió sus puertas. Pese a las críticas recibidas, la exposición que
en su momento el presidente offshore no autorizó, preocupado por el “caos” de tránsito que
se generaría en la Ciudad, mantiene los principales atractivos anteriores, aunque con mayor
presencia privada y sin espacios para reflexionar sobre soberanía económica y desarrollo
independiente; temas que aburrirían a chicos a los que, si no entienden el “cambio”, habría
que lobotomizar, como están intentando con el dibujito Zamba, para que pongan atención
en consumir sin atender cosas tan irrelevantes por las cuales se pelean mucho los
“grandes”. Con los infaltables dinosaurios posaron para las fotos Hernán Lonardi y toda su
policía lombarda, por lo que es de honestidad intelectual pedir perdón a la conductora
televisiva Susana Giménez. Están vivos.
Si alguien creía que el gobierno ni nacional ni popular iba a recapacitar sobre sus políticas
criminales, luego de la masiva protesta del 14/07, se equivoca. Pareciera más bien lo
contrario: los muchachos prometen redoblar la apuesta, por ello preparan con tiempo los
próximos tarifazos del año que viene. Mau y sus pandilleros tienen en carpeta una nueva
ronda de actualización de los precios de los servicios públicos y el transporte a partir de
2017, año en el que se celebrarán las elecciones legislativas que podrían definir el futuro de
Cambiemos en la Casa Rosada. Esto ocurre mientras espera que la Justicia habilite el
tarifazo del gas que impulsó este año. Según consigna el diario La Nación, la idea que está
rondando en la Casa Rosada es hacer la inversa de lo ocurrido este año. Es decir, que
aquellos servicios que aumentaron en un porcentaje mayor en 2016 sufran un incremento
inferior, en línea con la inflación, mientras que los que subieron menos (en comparación)
pegarán un salto más grande en 2017, en una nueva demostración de la gran sensibilidad
social que los caracteriza. En ese sentido, la luz subirá más que el gas el año próximo.
Según aseguran desde la gerencia general del gobierno neoliberal, el Estado aún se hace
cargo del 65% del costo de producir y distribuirla en los hogares, una situación
exactamente inversa que lo que ocurre con el gas, en donde, siempre de acuerdo a datos
oficiales, el 70% del costo va a cuenta de los usuarios. Esta proporción se da con el tope
tarifario del 400%, ya que, con el esquema original, el recargo sobre las espaldas de los
consumidores era del 90% del costo del gas. En tanto, el agua y el transporte público
metropolitano también pueden subir el año próximo, una medida que ya generó fuerte
rechazo este año.

El asunto del robo de la vicepresidente Gabriela Michetti es más oscuro que el túnel en que
ella afirma transitamos todos los ciudadanos rumbo al paraíso fiscal, perdón, neoliberal. La
revelación del misterioso robo de 245 mil pesos y 50 mil dólares de su casa mientras, para
nuestra desgracia, celebraba el triunfo en las elecciones 2015, sigue dando que hablar. En
declaraciones a radio Vorterix, la presidenta del Senado de la Nación sostuvo que su pareja,
Juan Tonelli, sacó los 50 mil dólares del banco y le hizo una suerte de préstamo a su hijo,
Lautaro, en efectivo para el día del estudiante así estaba en condiciones de hacer un
posgrado en el exterior. Es decir, que reconoció que el dinero en moneda extranjera estuvo
en su hogar durante dos meses. Según la acaudalada funcionaria ejecutiva, "Juan me dijo
que lo devuelva cuando pueda y quiera y fue un gran error no devolverlo al banco”. Sobre
cómo consiguió su amor incondicional unos 50 mil dólares en efectivo en pleno cepo,
fuentes allegadas a la vicepresidenta admitieron que no lo saben. "Es una pregunta para
Juan", deslizaron. Además, la compañera de fórmula del Hood Robin argentino no
nacional, dijo que los casi 200 mil pesos que le robaron el día del balotaje, se corresponden
con pequeñas donaciones en efectivo o tarjeta de crédito que fueron juntando para la fiesta
de la fundación SUMA, ¡que se realizaría diez días después! "Hay un dinero que se fue
recaudando en dos meses de trabajo muy de a puchos (sic), de gente conocida. El dinero me
lo dieron los voluntarios todo junto el sábado, porque esa semana teníamos que pagar el
adorno de la fiesta, la comida, cosas que se pagaban aparte", añadió. Del entorno de
Michetti aseguraron que tienen facturas de todas las transacciones realizadas, inclusive de
aquellas que se hicieron en efectivo. Un robo que se oculta, de un dinero que el donante no
declara, que a su vez no se entiende cómo consigue, para esconderlo en la casa y no en un
banco, para actividades que uno imagina y no se atreve a decir, etc., etc., etc. Si esto le
hubiese pasado a Amado Boudou, la cadena de encubrimiento y difamación, que lidera el
Grupo Clarín, gatillaría con sus balas de tinta y sus venenosos zócalos todo el día el
espectro comunicacional.

Si uno se toma el trabajo de ingresar al portal de la Fundación SUMA, que lidera la

vicepresidente Gabriela Michetti, saldrá asombrado. Se presenta como “una organización
sin fines de lucro que fomenta una cultura ciudadana de cooperación y trabajo colectivo.
Creemos en transformaciones reales y profundas alcanzadas por medio de acciones
concretas de una sociedad protagonista”. A este noble objetivo le dan una misión:
“Generar espacios de vinculación y articulación entre diferentes actores de nuestra
sociedad, para coordinar en conjunto proyectos e iniciativas que persigan transformar
nuestra realidad a través del trabajo en equipo y el compromiso social”. El desparpajo llega
al sumun de la hipocresía, cuando se lee la “visión” que poseen sus samaritanos líderes:
“Creemos que en una sociedad equitativa e inclusiva, donde la suma de esfuerzos, el trabajo
en equipo y el compromiso social sean la base para la construcción colectiva del país que
soñamos”. Entre los integrantes, de tan caritativa ONG, además de la expoliada vice, se
encuentran los igualmente altruistas Federico Pinedo (secretario), la empleada de la década
pasada del Grupo Clarín, Silvana Giúdice (tesorera), y como vocal… ¡Hernán Lonardi! A
esta generosa gente, que no debe descansar en medio de tantas preocupaciones “heredadas”,
la sponsorean filantrópicas empresas dedicadas a mitigar el sufrimiento de los más
humildes: Swiss Medica, Banco Galicia, Techint, Grupo Petersen, Banco Santander Río y
muchas otras más firmas, dispuestas a todo por terminar con el hambre, la pobreza y la
desigualdad social. Conmueve hasta las lágrimas pensar en el atroz latrocinio sufrido por
esta sacrificada mujer. Para los que quieran sumarse, con sus modestos “puchitos”, a
reparar el tremendo daño causado a esta generosa fundación, bastará con que ingresen a su
sitio Web y, correo electrónico mediante, suscribirse. Confío plenamente en la solidaridad
irrenunciable de los lectores. Gracias por ayudar en esta cruzada sin fronteras, que aportará
lo suyo para achicar aún más la grieta social vigente.

Más calamidades neoliberales para este boletín. Todos sabemos que Coca Cola “es así”:
firma acuerdos con el Gobierno para no cumplirlos. La empresa multinacional, que había
firmado el acuerdo con el presidente offshore para no despedir trabajadores por tres meses,
echó a 45 empleados de su planta en Sala. En Puerto Madryn, Cerámica San Lorenzo,
suspendió a 130 trabajadores, mientras que Massalin Particulares, la empresa fabricante
entre otros de los cigarrillos Marlboro y Phillip Morris, cierra su planta de Tucumán y
despedirá a 60 trabajadores en otras tres. En tanto que la principal fábrica de broches en el
país, Pinciroli Hermanos, con sólo 9 empelados, está al borde la quiebra, producto de la
caída de ventas y las importaciones indiscriminadas. Estos datos se conocen el mismo día
en que se supo que la caída de ventas en los supermercados empieza a preocupar hasta el
propio gobierno neoliberal, para quien el segundo semestre era el mes de la reactivación.

20/07/16: “El país no tendrá límites de crecimiento”, dijo ayer el presidente offshore, luego
de reunirse con el directorio de la Confederación Andina de Fomento (CAF). Sin embargo,
la falta de límites, en realidad, es para que la gerencia del Estado neoliberal siga tomando
deuda e hipotecando al país. El Gobierno acordó un ingreso de 2000 millones de dólares
para los próximos cuatro años para obras de infraestructura. Obras para que sus amigos y
testaferros, Caputo y Garcaterra, continúen con su festichola gonzalezfreguista y que nadie
sabrá cómo pagará con un Estado que, de seguir este rumbo suicida, va a la cesación de
pagos ineluctablemente.

El Hood Robin argentino no Nacional aseguró que la prioridad de la nueva gestión es

reducir la pobreza y generar empleo, pese a que las medidas del equipo económico en los
últimos seis meses implicaron un incremento de la inflación del 25 al 45 por ciento, la caída
del salario real y el incremento de la desocupación, con indicadores en los que se estima un
aumento de la pobreza en 4,5 millones de individuos. Como si no bastará con escuchar a los
funcionarios neoliberales también hay que soportar las miserables declaraciones de sus
socios empresarios. “Saliendo de la General Paz, la gente no come lomo”, afirmó ayer el
presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere. El empresario buscó con esta
frase justificar su pedido para que se libere la exportación de los cortes más caros y se
venda en el país el restante de menor calidad. Según la argumentación que Etchevehere
brindó en declaraciones radiales, se deberían exportar “los lomos” (carnes de primera
calidad), que representan el 20 por ciento del animal y el resto podría venderse en el país a
menores precios, ya que los productores se verían más que compensados por lo obtenido
con los envíos al exterior. Según expresó, al consumidor argentino que vive fuera del
cordón que circunscribe la Capital, no le gusta el lomo porque no tiene grasa. También
defendió los actuales precios de la carne: “Por lo que rinde y alimenta, un kilo de carne a
90, 100 o 120 pesos es mucho más que una docena de facturas o una pizza”. El empresario
se quejó de que durante el gobierno anterior no se haya permitido la exportación. El
resultado no fue carne barata en el país, sino que se liquidaran más de 10.000 cabezas de
ganado por falta de rentabilidad. Mientras nos ofrece las sobras de sus productos, sobre
todo a los militantes como tan bien retrató Prat-Gay con la complicidad del sindicalista
empresarial Mongo Venegas, Etchevehere y sus colegas latifundistas continúan amasando
fortunas con trabajadores esclavizados, por lo que él mismo ya fue denunciado hace un par
de años. Como pinta el panorama sus pobres víctimas explotadas son afortunadas, pues
desde el cambio de gobierno, y a pesar de la transferencia fabulosa de ingresos recibida, su
sector, al igual que las mineras, dejó cesanteados miles de trabajadores en los últimos
meses. Para “el campo” la Patria, es un estorbo.

La revelación de Página/12 de que justo ahora que tendrán de abordar las cautelares que
frenaron los tarifazos de agua, luz y gas, el gobierno ni nacional ni popular les concedió a
los jueces de la Corte Suprema de Justicia el “derecho a upgrade (ascenso de categoría) a
clase ejecutiva” en cualquier vuelo de Aerolíneas Argentinas, repercutió en el Congreso. El
bloque de diputados del Peronismo para la Victoria (PpV), que armaron los integrantes del
Movimiento Evita, presentó una misiva en la sede del máximo tribunal en la que solicitan
que los ministros de la Corte “renuncien al privilegio” porque “avasalla la confianza
popular en la Justicia y extiende un manto de sospecha social”. Un tema que según los
diputados “se complica más tras la reunión entre el presidente Mauricio Macri y el titular
de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que no fue anunciada públicamente y de la que se
desconoce su contenido”. Si de pedir se trata, podríamos agregar que renuncien a otros
privilegios que detentan, tanto el máximo tribunal como muchos jueces y fiscales que los
rodean. Que paguen impuestos a las ganancias, que sus declaraciones juradas sean públicas,
que sus cargos no sean vitalicios y la ciudadanía pueda elegirlos, que sus vacaciones no
sean más 60 días por año, que no puedan nombrar funcionarios sin concurso público, que
no se auto regulen sus propios salarios, etc., etc., etc. La lista es infinita, por ello, para una
transformación radical de este poder corrupto y perimido, habría refundarlo de cabo a rabo;
fuera de las coordenadas neoliberales y limpiando la mugre corporativa que enloda a un
poder cooptado por mafias y grupos empresariales que han hecho de la justicia una misión
imposible para cualquier ciudadano de a pie ultrajado en sus derechos y garantías.

Guillermo Riera, un ex empleado de La Nación y militante de la UCeDé que se desempeña

como subsecretario de Vínculo Ciudadano, con 35 especialistas a su cargo; Octavio Paulise,
que reporta en la cartera que conduce Guillermo Dietrich y es el creador del fake de Jorge
Lanata en Twitter; José Pablo Pérez Correa, que trabaja bajo la órbita de Hernán Lonardi; y
Luciano Bugallo, asesor de Elisa Carrió y la bestia que llamaba a mutilar a las mujeres que
pedían la legalización del aborto en la última marcha de “Ni un amenos”, son los cuatro
generales que integran el ejército de trolls y falsos tuiteros que coordina el ministro de
Propaganda, Joseph Peña (desde las propias oficinas gubernamentales, para agredir,
difamar y amenazar opositores a Mau y sus pandilleros), que serán denunciados
penalmente. Se investigará el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call
center" que se dedicaría a replicar en las redes sociales mensajes de adhesión al Gobierno, o
de rechazo a quienes son críticos de la gestión Cambiemos. La secuencia de mensajes
idénticos desde perfiles aparentemente distintos -no asociados- tiene antecedentes en los
denominados "foristas", que dejan comentarios en portales con información crítica. El
anonimato es una característica, pero por cuestiones técnicas, los servicios permiten el
manejo a través de un solo individuo de 700 perfiles falsos, la triangulación de los envíos y
la versatilidad en la modificación de las direcciones IP desde donde se registran las
coordenadas de ubicación de los usuarios, según reveló un informe del diario Ámbito
Financiero. Ya sabemos quiénes son, a quiénes responden, desde dónde y para qué operan
de este modo. O sea: todo a la vista. El poder judicial, que quizá les tema tanto como
cualquiera de sus víctimas, tiene la palabra.

Algunas macro historias, o “historias mínimas”, son encantadoras. Otras son,

esencialmente, representativas del todo, de lo macro, de lo que la enmarca y termina de
darle sentido. El caso del robo a la vicepresidente, Gabriela Michetti, es el mejor ejemplo
para retratar la hipocresía, la desvergüenza y la inmoralidad de todo un proyecto político.
No satisfecha con las mentiras dichas, y con una denuncia en su contra para que se la
investigue, la analfabeta política siguió hablando del episodio ocurrido. “No son sueldos
como para ahorrar dinero si uno tiene muchos gastos”, afirmó ayer Michetti, en referencia a
sus 14 años como política profesional: legisladora y vicejefa de Gobierno porteña, senadora
nacional y ahora vicepresidenta de la Nación. La titular del Senado justificó así el préstamo
de 50 mil dólares que le habría dado su novio, Juan Tonelli, y que les robaron el 22 de
noviembre pasado, junto con otros 245 mil pesos. La dirigente macrista sostuvo que no
tiene “ningún problema” con la denuncia judicial que realizó un abogado para que se
investigue el origen de esos fondos. Pero sus mendacidades nunca tienen fin: “Desde que
entré a la política no tengo un peso más, el patrimonio que yo tengo es el mismo, que es mi
casa, no hay nada de cosas raras”, se defendió ayer la vicepresidenta en declaraciones
radiales. A algún incauto habrá que recordarle que el patrimonio de esta dirigente, que se
presenta como una “descamisada” sin otro capital que su fuerza de trabajo, creció un 708 %
el último año, gracias, según ella refiere, a los cambios en la valuación fiscal de sus bienes
(en plural), que por lo visto nadie se está tomando el trabajo de comprobar. Será mejor que
se calle porque, a esta altura, uno empieza a simpatizar con sus atracadores.

Para el pistolero juez Claudio Malodío todo vale si se trata de atacar ponzoñosamente a
CFK. Incluso, como lo hace habitualmente, actuar por afuera de la ley. Ayer congeló las
cuentas bancarias de la ex presidenta, a pesar que la ley dice expresamente que el sueldo es
inembargable. Los abogados de CFK habían apelado esa decisión judicial y ahora también
presentaron un recurso en rechazo del congelamiento de las cuentas bancarias, que no fue
respondido por parte del juzgado. Por ese motivo, al momento en que constaten que la
totalidad del perjuicio en su contra respecto de la imposibilidad de disponer de sus haberes
solicitarán la habilitación de la feria para volver a denunciar penalmente a Malodío. “Es
como venimos diciendo, la causa del dólar futuro es un armado específico para perseguir a
la ex presidenta”, precisaron. Y recordaron que, sin embargo, desde que el magistrado
sorteó con éxito todas las acusaciones en el Consejo de la Magistratura tiene “piedra libre
para hacer lo que se le antoja”. Al pedido del Congreso para que la Corte Suprema de las
Corporaciones renuncie a sus privilegios dadivosos para viajar en avión, gratis y en
primera, podemos sumarle que investigue hasta las “últimas consecuencias” a este infame
juez, atroz combinación de ignorancia y mala fe, que avergüenza a toda la república.

Los casi 2 millones de nuevos pobres que generó el gobierno neoliberal en apenas unos
meses se están empezando a hacer ver, a pesar del cerco informativo que los medios
dominantes, con su mal periodismo (Julio Blanck dixit), tratan de ocultar. Las
organizaciones que integran la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
(CTEP) y Barrios de Pie instalaron ollas populares en cien puntos de la ciudad de Buenos
Aires, para reclamarle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Berreta, que
implemente los presupuestos sociales. “Queremos que den respuesta a las necesidades
crecientes que hoy tienen miles de vecinos de los barrios del sur, donde los comedores
populares están siendo desbordados”, señaló Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. El
dirigente advirtió, en este sentido, que en un escenario de mayor demanda generada por el
ajuste, los despidos y la suba de los precios la Ciudad continúa subejecutando las partidas
destinadas a lo social. Con las ollas populares, que fueron acompañadas por piquetes, la
imagen de la ciudad remitió a la crisis de 2001. La jornada de protesta será continuada con
más medidas: para la semana próxima, las mismas organizaciones analizan marchar a la
gobernación bonaerense, en La Plata, para llevar un reclamo del mismo orden a María
Eugenia Vidal. Y para el 7 de agosto, día de San Cayetano, se prepara una movilización
desde la iglesia ubicada en Liniers a la Plaza de Mayo. Ante esta dramática realidad social,
invadiendo la ciudad más rica del país, los medios hegemónicos sólo hicieron referencia a
ella para quejarse de los problemas de tránsito ocasionados por los manifestantes. En
cualquier momento sale Patricia Bolsrich, ministra de Seguridad, para volver a proponer la
construcción del “Protestómetro”, en lo posible bien alejado de los centros urbanos, para
que los pobres expresen sus penas sin molestar a nadie. La construcción de este
emprendimiento sería un buen regalo para que, en el día del amigo, el presidente offshore
honre a sus testaferros de toda la vida: el cardenal Caputo y el primo Garcaterra.

Astutos, pero no tanto. Sabida es la posición de Mau y sus pandilleros sobre “Fútbol para
todos”, aunque, en campaña, no les haya quedado otra que sumar una mentira más al
catálogo de mendacidades con que engañó a gran parte de sus votantes, cuando aseguró que
lo iba a mantener a pesar que durante años no se cansó de criticar el “gasto ocioso” que
semejante programa significaba para las cuentas públicas. Ahora, la treta pergeñada con los
impresentables dirigentes de la AFA (no), es hacer caer el contrato por iniciativa unilateral
de los clubes y no por decisión gubernamental. Esta maniobra le permitiría al gobierno
quitarse la pesada obligación de pagar miles de millones de pesos, aunque deberá
encontrarse la “figura legal” más adecuada, que permita mantener “la situación actual,
donde no haya un cobro adicional por ver los partidos”, según dijo el secretario General de
la Presidencia, Fernando De Andreis. Como los milagros no existen y la magia es sólo
fantasía, no habrá manera de lograr que el inversor privado, en tal caso el gigante Turner
con sus millones frotándose las manos, sostenga la gratuidad, ya restringida, durante mucho
tiempo. Sin prácticamente fútbol por televisión abierta, retirado Canal 7 por el oficial
Lonardi de las transmisiones, el negocio intermedio, hasta llegar al “pague por ver” de
nefastas épocas pasadas, será a través del cable, al que seguramente encarecerán más
próximamente, para ser más redituable el negocio. Lo único concreto es que estos socios, la
gerencia neoliberal por un lado y la mafia dirigencial de los clubes por otro, tienen el
certificado de defunción preparado, para darle muerte definitiva al programa inaugurado en
2009.

Físico sí, mental no. La referencia es a la debilidad que, aparentemente, el Hood Robin
argentino no Nacional padece; según las palabras de su secretario general, Fernando De
Andreis. En diálogo con Radio Belgrano AM 950, al ser consultado por la tapa de la revista
Noticias de esta semana, en donde se muestra a un Macri "extenuado", De Andreis
respondió: "Estamos todos cansados. El año pasado y éste ha sido demoledor". ¿Qué queda
para el pueblo trabajador, mientras las clases pudientes se agotan con tantas medidas anti
populares que a ellos beneficia? Bromas aparte, el stress que implica ejercer la máxima
investidura de gobierno, aun tratándose de una regencia plutocrática, no es un tema menor
para quien, en su vida, estuvo expuesto a un nivel de exigencia y demanda como el de
ahora. Habrá que seguir de cerca la evolución del paciente, no vaya a ser que los placeres
mundanos, fuera de la escena política, sean más saludables para él que el trabajo a destajo
de un gerenciador de Estado.

21/07/16: Finalmente, lo que se sugería ayer, ocurrió. El gobierno ni nacional ni popular

“aceptó” el pedido de rescisión del contrato de “Fútbol para todos”, pedido por la AFA
(no), por lo que sólo restará saber cómo se la ingeniarán para mantener el servicio sin
cobrarle costos adicionales a los televidentes. Por ahora, Mau y sus pandilleros no aseguran
la gratuidad, ya limitada desde que asumieron su control hace 7 meses, y se limitaron a
deslizar que “insistirán” para que la televisación se mantenga como hasta ahora, restringida
a los que pagan el servicio de cable hasta 2019. Sabido es que la multinacional Turner, con
su “generosa” billetera, ha tentado a los desfalcadores dirigentes deportivos, por lo que el
futuro no es nada auspicioso para los saqueados bolsillos ciudadanos. Seguramente el
aumento considerable del abono del cable será la alternativa transitoria hasta la
consumación definitiva del regreso del “pague por ver”, la iniciativa emblemática del
neoliberalismo noventista. Emulando el cambio de época, la dirigencia de los clubes, de
esta manera, acompaña el proceso confiscatorio iniciado con el nuevo gobierno. Su antro de
corrupción, que muestra campeonatos cortos y mal organizados, que responden a la cultura
de lo efímero y del éxito rápido, desbordados de sospechas de todo tipo hacia directivos,
futbolistas y árbitros, rodeados de violencia institucional a través de barras en connivencia
con dirigentes, policías y autoridades gubernamentales, ha hecho de este noble deporte un
desquicio impúdico de negociados aberrantes sin control ni sanciones ejemplificadoras para
poner límites a su podredumbre generalizada. Así, asistimos a un fútbol que es un espejo de
las políticas oficiales llevadas a cabo por la gerencia del Estado neoliberal: estadios vacíos
de público visitante, entradas caras y selectivas en los clubes grandes, y un espectáculo en
campo pauperizado, afectado por la deserción de sus mejores jugadores, obligadamente
convertidos en productos de exportación para alimentar a las ligas extranjeras. La política
económica nacional en todo su esplendor: vender lo mejor para poder afrontar deudas
impagables que además aseguren los fondos para seguir comprando y seguir endeudándose.
No sólo amputan derechos, también pulverizan sueños y emociones.

Vinagre por aceite. A eso deberá apelar el pueblo trabajador para poder sustituir un
producto de primera necesidad que, las políticas neoliberales, han transformado en
inalcanzable para los bolsillos más y menos humildes. El esquema de subsidios al aceite
comestible de mesa a través del aporte de las propias empresas cerealeras está en su última
etapa. Se esperan subas de precios de al menos el 30 por ciento el 1º de agosto que se
montan sobre valores que reflejan desde principios de año incrementos muy superiores a la
inflación general. El fideicomiso fue creado en 2008 bajo presión del Gobierno anterior y
finalizaba el 31 de diciembre de 2015. La administración del Hood Robin argentino no
Nacional prorrogó por seis meses el acuerdo con aportes de dinero decrecientes de parte de
las empresas mientras autorizaba fuertes subas de precio. Las empresas admiten que los
valores volverán a subir un 30 por ciento para llegar a “precios de mercado” y el gremio
advirtió sobre subas que podrían ser mucho mayores. Cerealeras están más cerca que nunca
de conseguir la liberación total del mercado. La Cámara de la Industria Aceitera de la
República Argentina (Ciara), que en son dos grandes monopolios: Molinos y Aceitera Gral.
Deheza, informó que “los aceites comestibles más baratos, de consumo masivo, que antes
formaban parte del programa Precios Cuidados, aumentarán su precio en un 30 por ciento
en promedio a partir del 1° de agosto próximo y después se regirá por las leyes del
mercado”, o sea: la de la supervivencia del más apto. Liberadas las restricciones para la
exportación y los precios para el mercado interno, la alianza neoliberal ejecuta otra fabulosa
transferencia de recursos desde los ciudadanos de a pie a los sectores concentrados de la
economía.

Mientras el gobierno neoliberal se acerca cada vez más al Empleo 0 como su ideal objetivo,
se aleja a toda velocidad de su apócrifa promesa de Pobreza 0. La canasta básica total, que
mide el ingreso que requiere una familia para no ser pobre en la Ciudad, se ubicó en 12.708
pesos en junio, con un aumento del 2,8 por ciento respecto del mes anterior. Así lo informó
ayer el centro de estadísticas porteño. Además, la canasta básica alimentaria, que fija la
línea de la indigencia, cerró el mes pasado en 6.307 pesos, con un aumento del 3,2 por
ciento en relación con mayo. Estas fuertes subas, que fueron un fenómeno repetido en los
últimos meses, implican que una porción importante de la población pase a formar parte del
universo de pobres. La caída del salario real, la pérdida del empleo y la aceleración notable
del proceso inflacionario, por efecto de la política de corte ortodoxa aplicada por el
gobierno de Cambiemos, fueron una constante en la evolución de la economía local en el
primer semestre y potenciaron el incremento de la indigencia y pobreza en los principales
centros urbanos del país. Se conocen estos escalofriantes números el mismo día en que el
secretario del presidente offshore, Fernando De Andréis, reconocía el cansancio físico que
invade a todo el elenco gubernamental. Fabricar 2 millones de pobres en seis meses de
gobierno es una agotadora proeza difícil de igualar, aunque siempre estarán dispuestos a
más.

Un nuevo capítulo se abre en la saga que involucra a la vicepresidente Gabriela Michetti y

su robo de dinero no declarado. Los diputados del FpV Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade
pidieron ayer a la justicia federal que investigue posibles irregularidades en los manejos de
SUMA, la ONG que preside la vicepresidenta Gabriela Michetti. La presidenta del Senado
había afirmado que parte de los fondos robados de su casa el 22 de noviembre pasado, unos
200 mil pesos –que no figuran en su declaración jurada–, provenían de donaciones para su
fundación. Por eso, en el marco de la causa abierta en Comodoro Py en la que se intenta
determinar el origen de esa plata, Cabandié y Tailhade le solicitaron al juez a cargo, Ariel
Lijo, medidas de prueba para determinar si SUMA tiene la documentación respaldatoria de
las “donaciones” y si cumplió con las normas de prevención del lavado de dinero. La
sospecha es que la ONG de la vicepresidenta es una pantalla recaudatoria de fondos para la
actividad política, algo que según denunciaron los diputados del FpV, se trata de una
práctica habitual entre las filas del PRO. En el escrito que presentaron ante Lijo, los
diputados detallaron que fundaciones como Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de
Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco, tienen en común no
haber presentado balances en los últimos años ni cumplir con los estándares mínimos que
se les reclama a las ONG en materia de prevención del lavado. Curiosa conducta la de los
nobles neoliberales y su samaritana compulsión a fundar ONGs para obras de caridad,
mientras ejecutan planes de miseria que generan millones de pobres que dichas
organizaciones se ocuparán de atender para “socorrerlos”. Este es el otro costado
abominable de los negociados neoliberales, que lucran con la miseria provocada generando
fondos que solventen y asistan a las políticas que la generan. De paso, ante los incautos,
ingenuos y crédulos, quedan como generosos altruistas que ayudan a la gente y, así,
también logran lavar culpas y construir imagen pública para futuras candidaturas. Son la
perversión consumada bajo todas sus formas.

Nunca les alcanza, no les alcanzó, ni les alcanzará. Las distopías neoliberales tienen
también sueños de máxima. Y, a la hora de soñar, lo quieren todo. Y a cualquier precio. En
el camino a conseguirlo hay que ir construyendo “sentido común” para lograr, engañando a
sus futuros esquilmados, que sus abyectas ideas se vayan asumiendo como benéficas para
toda la población. Como no les fue suficiente lo logrado con su monstruosa ley “metrobús”,
que pone en jaque todo el sistema de reparto de las jubilaciones, entre otras calamidades,
ahora van, de a poquito, con ideas preconcebidas que circulan en el ambiente, incluso que
son verosímiles y ajustadas a la realidad, instalando la idea de la “necesidad”, por el bien de
todos (también para los próximos estafados), de subir la edad jubilatoria. En pleno proceso
confiscatorio y con una Economía rumbo a la hecatombe generalizada, donde la
destrucción de empleo y la pauperización de los trabajadores por un lado y el saqueo y
abandono a la tercera edad, con jubilaciones atrasadas y una obra social en decadencia por
el otro, el director de PAMI, Carlos Regazzoni, apoyó el aumento en la edad jubilatoria.
Opinó que "la gente a los 65 años puede seguir trabajando" e incluso recomendó extender
los años de actividad obligatoria siete años. "Una persona cumple 65 años y tiene
muchísimos años por delante, y eso es algo que tenemos que celebrar", comentó en una
entrevista de La Nación. "En el mundo, la gente a los 65 años está muy bien, puede seguir
trabajando. Y la medicina les recomiendan que sigan trabajando porque es lo que mejor
mantiene la mente en forma", opinó. Así respondió cuando fue consultado si aumentará la
edad jubilatoria en la Argentina. "Es difícil, dentro del PAMI, que antes de los 72 años una
persona empiece a tomar algún remedio o tenga problemas médicos. Por lo cual estamos
hablando de siete años en los cuales prácticamente hace la misma vida que hacía cuando
estaba activo", juzgó el funcionario. El entrevistador, Juan Micheli (recordado periodista
exonerado del grupo Clarín, que luego se auto victimizó como censurado durante el
gobierno anterior, algo que en realidad nunca ocurrió), lejos de indignarse con estos dichos,
le dio pie y letra para que el funcionario se explayara en sus sofismas: “¿Y para la mujer
también, no?”, preguntó el partenaire, preocupado por la igualdad de género. “Por supuesto,
sabido es que la mujer es más fuerte que el hombre y su esperanza de vida es mucho
mayor”, sentenció Regazzoni. Esta es la moral promedio de estos funcionarios, que quieren
hacer creer que el aumento de la expectativa de vida de las personas es un fenómeno natural
y no el resultado de las mejores condiciones de vida y/o de los adelantos científicos y
tecnológicos para atender los problemas de salud que los afectan. Con los planes criminales
en marcha no habrá trabajador que pueda jubilarse, ni calidad de vida mejorada para que el
horizonte de su duración se amplíe, sino un empobrecimiento generalizado que hará de las
generaciones venideras seres desamparados y desesperados por la supervivencia. Para
redondear la falacia, les faltó citar el ejemplo del ex juez Carlos Faith, empotrado con 98
años en la Corte Suprema de las Corporaciones hasta el año pasado.

El vaciamiento para allanar el camino hacia la privatización camina sobre ruedas. La

petrolera estatal YPF redujo durante el primer trimestre de este año su inversión medida en
dólares un 29,6 por ciento con respecto a igual período del 2015, según el balance que la
empresa envió a la Bolsa. La caída se ubica incluso unos peldaños por debajo del recorte de
25 por ciento previsto para este año. La compañía había anticipado que los desembolsos
para 2016 año se ubicarían en torno a los 4500 millones de dólares, un 25 por ciento menos
que el año pasado. Los mayores retrocesos tuvieron lugar en la inversión denominada
Upstream, vinculada con la actividad de exploración y producción, con una baja interanual
de 32,3 por ciento. El único incremento en la inversión medida en dólares se registró en la
administración central, que incluye fundamentalmente gastos de funcionamiento de la
firma, no productivos ni exploratorios, la cual aumentó 8,9 por ciento a pesar de estos
numerosos desastrosos, la compañía anunció una distribución de dividendos récord desde
su expropiación en manos de la petrolera ibérica Repsol. La compañía autorizó que se
repartan dividendos a razón de 2,26 pesos por acción, un 95 por ciento por encima de lo
distribuidos el año pasado (1,28 peso) medido en pesos. En dólares representó un aumento
del 5 por ciento. La oposición, en silencio.

Darío El Pérfido no estaba solo. El ninguneo a los organismos de Derechos Humanos, los
desfiles militares, con carapintadas luciéndose orgullosos con la frente bien alta durante los
festejos del 9 de julio, el recibimiento en la Casa Rosada de una agrupación neonazi, las
charlas “informales” con el mamarracho de Cecilia Pando y demás aberraciones, tienen su
correlato en la edición 2016 de Tecnópolis, donde se eliminó toda referencia al rol de los
organismos de Derechos Humanos, a quienes no llamaron a participar del espacio para la
Memoria. Su lugar fue ocupado por la muestra de los 280 días de la CONADEP, que
organizó la Fundación LED dos años atrás. Uno de los cambios más notables se dio en
torno al Espacio Para la Memoria, que funcionó allí en todas las ediciones anteriores, en
donde se destacaba la participación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes
realizaron talleres, muestras y espectáculos al aire libre, con el fin de crear conciencia sobre
lo sucedido durante la última dictadura cívico militar-empresarial-clerical. "La CONADEP
registró denuncias que le permitieron establecer información comprobable de 8.960 casos
de desaparecidos", detalla en uno de los paneles de esta muestra, en lo que representa la
única mención a las víctimas del terrorismo de Estado. Una “mención” de compromiso,
descontextualizada, deshistorizada, falseando el número de víctimas directas y sin
referencias concretas a la lógica de exterminio que guió a la sangrienta dictadura; apañada,
apuntalada y representativa de los grupos económicos hoy en el poder.

Confirmando que nada es azaroso ni por casualidad, hoy se supo que referentes del partido
neonazi Bandera Vecinal, que la semana pasada se reunieron en Casa Rosada con
funcionarios nacionales, ahora se dedican a dar clases en escuelas públicas de la provincia
de Buenos Aires. El suceso ocurrió en la Escuela Secundaria Básica (ESB) N° 38
'Provincias Argentinas', ubicada en Morón, los pagos del intendente macrista Ramiro
Tagliaferro, ex esposo del hada desangelada María E. Vidal. Allí, la licenciada Ana
Graziano, secretaria de Salud de Bandera Vecinal Buenos Aires y miembro del cuerpo
docente de Casa Patria, disertó sobre el consumo de drogas. Según informa el portal
EnOrsai.com, la charla contó con la autorización y presencia de las autoridades de la
escuela, cuyo trabajo está bajo la supervisión del Consejo Escolar de Morón y de la cartera
educativa del gobierno bonaerense conducido por Vidal, lo que implica un aval explícito a
la presencia nazi en los establecimientos educativos de la provincia. De a poco, pero cada
vez más rápido y seguido, van saliendo del ropero y ocupando lugares, con el aval de la
Alianza Cambiemos, en los espacios públicos. Alarma y preocupa. Se animan a todo.

Apostillas para entrar en cólera:

*A la espera del desenlace judicial sobre la validación o no de los tarifazos de servicios
públicos, se supo que la empresa Edenor, la compañía eléctrica que acapara a la mitad de
los clientes de Capital Federal, a la que el Gobierno ni nacional ni popular autorizó subas
del 500% en promedio, mientras continúa recibiendo los mismos subsidios por parte del
Estado, descendió su inversión un 27% respecto al año pasado. A la vez que ocurre esto, el
presidente offshore sigue repitiendo día y noche “nos vamos a quedar sin energía si no
subimos las tarifas”.
* El Día del Amigo se festejó en todo el país, pero este año muy pocos pudieron hacerle un
regalo a sus más allegados. Las ventas comerciales vinculadas a ese festejo cayeron 7,4%
(en cantidades) frente al Día del Amigo 2015. Cuando la grieta se achique, y más gente se
reencuentre hermanada en el proyecto neoliberal en marcha, la caída será más profunda.
Todo no se puede…
*Para los detractores del gobierno, para los que todo es “ajuste”, está la AFIP para
desmentirlos. La gerencia del gobierno neoliberal decidió aumentar un 63,5% el monto de
los viáticos de los funcionarios que viajen al Interior del país. El último incremento había
ocurrido en enero de 2015 y supera ampliamente la inflación.

22/07/16: Ni con toda la policía en la calle ni con la campaña del miedo pudieron. A 40
años de la Noche del Apagón y a una semana de la feroz represión a los trabajadores del
ingenio Ledesma, miles de personas marcharon desde Calilegua a Libertador General San
Martín, en Jujuy; a pesar del temor por las represalias y el asedio que sufren la mayoría de
las organizaciones políticas de la provincia. La Tupac Amaru estimó en 10 mil los
manifestantes que insistieron en el reclamo de juicio, castigo y cárcel común “a los
responsables de la tortura y desaparición de compañeros la última semana de julio de 1976
con el apoyo logístico del ingenio azucarero”. Este año se sumó la consigna por la libertad
de Milagro Sala y los diez integrantes de la Tupac detenidos por orden del gobernador
Gerardo (in) Morales y considerados presos políticos. “Hoy los cómplices civiles de la
dictadura son parte tanto del gobierno nacional como provincial”, alertó la Tupac. La
marcha estaba cargada de tensión. Uno de los motivos era el corte de ruta que sostienen los
trabajadores azucareros por la represión que sufrieron la semana pasada, mientras
reclamaban por mejoras salariales. Las balas de goma y plomo dejaron 80 heridos y desde
ese día el gremio, en asamblea, decidió mantener el corte en la ruta 34 a la altura de
Calilegua. Por un acuerdo con los organizadores de la marcha, ayer dejaron pasar a micros
y autos que transportaban a los militantes. El acuerdo también incluía que el acto de cierre
de la marcha fuera en el corte y no en la plaza de Libertador General San Martín, donde se
realizaba tradicionalmente. Allí, cerca de las 19, se leyó un documento consensuado por las
organizaciones de familiares que exigió no dar ni un paso atrás en la política de Memoria,
Verdad y Justicia “contra la impunidad de ayer y hoy” y exigió el juicio y castigo “a todos
los responsables civiles y militares de la dictadura”. El líder de ATE Capital, Daniel
Catalano, que también pudo ver a Sala el miércoles en la cárcel, denunció que Jujuy tiene
“11 presos políticos” a quienes “no se les garantizan los derechos mínimos de
supervivencia”. En una provincia donde se criminaliza la protesta social, se persigue a
dirigentes de organizaciones políticas y barriales, y en la que el poder de los grandes grupos
económicos no encuentra límites por parte de los gobiernos de turno, la contundente
marcha de ayer fue una muestra de resistencia y perseverancia en la lucha.
Gordos con flacas respuestas. La CGT quedará reunificada el 22 de agosto próximo y estará
conducida por un triunvirato: Juan Carlos Schmid, titular del Sindicato de Dragado y
Balizamiento y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, por la pata
moyanista; Héctor Daer, titular del gremio de Sanidad y diputado nacional del Frente
Renovador, en representación de la ex CGT “oficialista” de Antonio Caló; y el estacionero
Carlos Acuña, propuesto por el líder de la CGT Azul y Blanca, el macrista Luis
Barrionuevo. Los tres salieron juntos del encuentro en la sede de Parque Chacabuco del
Sindicato de Camioneros y debutaron como la nueva conducción enfrentando a la prensa y
adelantando la presentación de un documento crítico de la gestión económica, titulado “De
mal en peor”, que afirma que los trabajadores siguen “esperando con paciencia el famoso
segundo semestre”, mientras los trabajadores los esperan a ellos, para que ofrezcan algo
más que declaraciones “críticas” al gobierno neoliberal.
A falta de iniciativas de la oposición política, buenas son las de los verdaderos gremios
opositores. A 22 años de la masiva movilización que desde todos los puntos del país
confluyó en Plaza de Mayo para rechazar las políticas del gobierno de Carlos Menem, más
de sesenta organizaciones se reunirán el próximo jueves en la CTA de los Trabajadores
para avanzar en la organización de la marcha contra los despidos, los tarifazos y las
medidas económicas del gobierno del presidente offshore, que no tiene fecha confirmada,
pero en principio se realizaría a fines de agosto. La idea original era convocarla para el 17,
aniversario de la muerte de San Martín, pero se decidió postergarla para esperar al congreso
de la CGT del 22 de agosto con la esperanza de sumar a esas centrales. De lo conversado
hasta el momento, surge que la marcha incluiría cuatro columnas que partirán desde
distintos puntos del país: NEA, NOA, Cuyo y el sur. La sensación que queda es que todo
parece poco y a destiempo. El gobierno ni nacional ni popular arremete contra todo a una
velocidad supersónica, con su norte claro y sus objetivos bien definidos, y las respuestas
políticas y gremiales, hasta aquí, han sido nulas, insuficientes, ambiguas, dubitativas y, en
algunos casos, hasta cómplices con la gerencia neoliberal. De todas maneras, la marcha en
ciernes es una buena iniciativa, si las que la sigan son más asiduas y más temerarias.

El default interno selectivo sigue extendiéndose. Cientos de jóvenes universitarios dejaron

de percibir de manera sorpresiva el Plan Progresar en el mes de julio, desde la Anses y el
ministerio de Educación –los organismos encargados de cruzar los datos necesarios para
otorgar los beneficios– dijeron que fue un “problema técnico”. El motivo, dicen, es que los
estudiantes no cumplen con la regularidad académica, pero distintas Universidades y
Facultades manifestaron que habían entregado todo en tiempo y forma. Además, los
estudiantes se quejan porque ningún organismo resuelve su problema y “se pasan la pelota
y la plata no aparece”. Lo cierto es que esta situación nunca fue comunicada por la
Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) ni por Educación, sino que los
propios estudiantes perjudicados empezaron a reclamar en sus centros de estudiantes y sus
facultades; y por diferentes vías: llamadas a la Anses, mails, y por las redes sociales Twitter
y Facebook (un grupo llamado Beneficiarios Suspendidos del Progresar tiene más de 1500
miembros). El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) nació el 22 de
enero del 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner; alcanza a
estudiantes de 18 a 24 años, independientemente del nivel que estén cursando. En febrero
del 2014 lo percibían más de 200 mil personas, y desde ese mes no paró de crecer, hasta
llegar a su pico máximo en octubre del año pasado, cuando alcanzó a más de 950 mil
beneficiarios. Hasta esa fecha los registros eran mensuales. Hoy no hay ninguna estadística
que muestre cómo continúan esos números, sólo datos aislados en artículos publicados por
la Anses. Las mismas revelan que en enero de este año el número había descendido a
menos de 905 mil inscriptos, una tendencia que se profundizó: en junio de este año
percibieron al programa menos de 752 mil estudiantes. A este ritmo no van dejar ni un
derecho en pie. Hasta el voto calificado no paran.
La fiscal federal de La Plata, Ana Miriam Russo, consideró que la Justicia debería invalidar
las resoluciones del Ministerio de Energía que fijaron los nuevos topes máximos del 400 y
500 por ciento al incremento de la boleta de gas en relación al año pasado. El fundamento
es que el límite al aumento presupone la vigencia del cuadro tarifario que se encuentra
frenado por un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de La Plata. La anulación de las
nuevas resoluciones no tendría efecto práctico inmediato sobre los usuarios, debido a que el
tarifazo está congelado. Sin embargo, si volviera a estar vigente el aumento hasta que la
Corte Suprema analice el tema, una nueva medida cautelar sobre los topes tarifarios sí
cobraría relevancia. Los demandantes buscarían en ese caso extender la cautelar sobre los
topes para poder continuar con la suspensión del tarifazo hasta que la Corte defina. En este
sentido el titular del Juzgado Federal 4 de La Plata, Alberto Recondo, aseguró que resolverá
"hoy o mañana" el pedido para suspender las resoluciones del gobierno nacional que fijaron
topes del 400 y del 500 por ciento en el aumento del gas. Mientras aguardamos el desenlace
judicial de este infame entuerto hay que seguir soportándolas declaraciones irritantes del
presidente offshore. "Si Argentina hubiese tenido un ministro como Aranguren en los
últimos diez años, hoy estaríamos exportando energía. No es justo echarle la culpa a él por
los tarifazos, ya que estamos matando al mensajero", señaló el mal imitador de Freddie
Mercuri en su habitual media lengua. Algo de cierto hay en estos dichos: el verdadero y
principal responsable de los criminales tarifazos es el gerenciador jefe del Estado neoliberal
argentino.

El clima no ayuda, es verdad. Pero mucho menos ayudan las medidas tomadas por el
gobierno neoliberal que, a paso a acelerado, va pulverizando a las economías regionales.
Encima, los empobrecidos productores, deben escuchar más declaraciones del Hood Robin
argentino no Nacional, quien por su compulsión por la mentira se ve obligado a decir
mendacidades una y otra vez sin parar. Durante su campaña había insistido en que su
administración favorecería a las pequeñas y medianas empresas y a las economías
regionales. Sin embargo, las políticas implementadas hasta el momento sólo concentraron y
abultaron la renta en manos de los principales exportadores de granos y, salvo casos
puntuales, esa tendencia fue en desmedro de las producciones regionales. A pesar de ello,
Macri defendió la apertura comercial y responsabilizó al clima de que no se cristalice la
mejora prometida. “Hablé con la gente del vino y han tenido una cantidad de lluvia que ha
sido muy mala, pero la realidad es que están exportando más que el año pasado, sin el cepo,
con un dólar único”, fantasea el presidente offshore. Datos del Instituto Nacional de
Vitivinicultura lo desmienten categóricamente: la vendimia para este año será la más pobre
de la última década. Las estimaciones del organismo nacional indican que la cosecha no
superará los 20,6 millones de quintales, lo que representa un 10 por ciento menos que lo
previsto en febrero y 24 por debajo de 2015. En el litoral, los principales productos citrus
no logran recuperarse de manera uniforme. Según relevó la consultora Abeceb.com, en los
primeros cinco meses del año, la exportación de limones creció un 62 por ciento, pero fue
el único cítrico con números positivos. En los otros se registraron caídas de 86 por ciento
en exportación de naranjas; de 43 por ciento en mandarinas y de 9 por ciento en pomelos.
Las exportaciones de manzanas y peras cayeron 4,8 y 4,4 por ciento, respectivamente. Se
estima que la producción este año se reducirá un 11 por ciento para el caso de las manzanas
y en un 9,5 por ciento para las peras. Las inundaciones afectaron algunas de estas
producciones, pero también impactó la pérdida de algunos mercados. Este año además no
se pudo exportar el 20 por ciento de naranjas dulces y mandarinas que se destinaba al
mercado ruso, ante la delicada situación económica de ese país. En el primero cuatrimestre,
según Abeceb.com, los envíos al exterior de miel registraron una suba de 47,7 por ciento en
el volumen, totalizando 22.686 toneladas. Sin embargo, se observó una fuerte reducción del
precio de exportación, acumulando una caída del 27 por ciento. El azúcar es una de las
pocas que evidenció una fuerte mejora, de 94 por ciento, en las exportaciones. No obstante,
la producción es impulsada por el aumento en el corte de las naftas con bioetanol, que
incrementará la demanda interna de azúcar en 270 mil toneladas. En el sector lácteo se
registró en el primer trimestre del año una merma productiva acumulada en litros del 2 por
ciento interanual. En cuanto a las ventas de lácteos –medidas en pesos constantes–
retrocedieron 16 por ciento, mientras que las ventas al exterior cedieron en un 44 por ciento
en volumen, según un informe de la Universidad Austral. En ese documento se destaca
también la caída de la faena de bovinos en la región Centro, la cual se contrajo 4,9 por
ciento en el primer trimestre de 2016. Por lo tanto, no es por el “derrame” de agua que no
cae del cielo sino por la que no llega, no llegó, ni llegará desde la copa avara y concentrada
de los capitales nacionales y extranjeros monopolizados y/o cartelizados, únicos
beneficiados por las políticas de la alianza neoliberal gobernante. Las elevadas tasas de
interés para contener la suba del dólar impiden el financiamiento de nueva inversión; la alta
inflación, el aumento en los precios de los combustibles que incrementa los costos
logísticos; y la caída de los mercados brasileño y ruso son factores que compensan el
beneficio de la devaluación. Sus políticas confiscatorias, señor gerenciador, son ruines y
depredatorias para la gran mayoría de la población. Y en ello no hay errores, sino un plan
sistemático, que aun a los tumbos y desordenadamente, tiene claros sus pérfidos objetivos.

Mientras la opinión pública se entretiene por televisión viendo desfilar monjas por
tribunales y la oposición, entre la complicidad y la reacción tibia y tardía, no propone ni
alternativas ni medidas de resistencia a las políticas devastadoras del gobierno neoliberal, el
ministro en rodillas de Hacienda sigue endeudando al país de manera descarada y
escandalosa. Ahora colocó nueva deuda por 770 millones de dólares en Letes a 94 y 213
días, al tiempo que emitió bonos ajustados por inflación por 8229 millones de pesos. El
endeudamiento del Tesoro en los últimos seis meses ya ascendió a más de 37.000 millones
de dólares, una cifra aun mayor si se computan las colocaciones de deuda de las provincias
y las empresas del sector privado. El aumento de los pasivos generado por el equipo
económico equivale a casi el 10 por ciento del PIB en poco más de un semestre, período en
el que las reservas prácticamente no aumentaron, lo que implica que la salida de capitales
se está financiando con préstamos del exterior. Este esquema de Cambiemos resulta un
círculo vicioso para la economía, puesto que los créditos antes o después se deberán
devolver y provocarán fuertes condicionamientos de los mercados limitando la autonomía
de la política económica. Por ello hay que insistir: el ajuste, para estos tránsfugas, ni
siquiera empezó. La brutalidad de las medidas que le esperan al pueblo trabajador van a ser
atroces para el tejido social, y la conflictividad que deparará hará ingobernable el país. Y
sin canalización política, el peor pronóstico será una realidad para una ciudadanía sin
rumbo ni representación política alternativa a la masacre neoliberal en marcha.

Hay que estar atentos a lo que nos espera, porque más leyes aberrantes están en el horizonte
inmediato de la clase trabajadora. Como ahora estamos “integrados al mundo” carnalmente,
Mau y sus pandilleros no tardarán en reflotar la “flexibilización laboral”, aquella nefasta ley
aprobada, luego de coimas y sobres bajo la mesa, por otra Alianza neoliberal, también
integrada por radicales, a principios de 2001. En Francia, después de meses de
multitudinarias protestas, de divisiones públicas en el oficialismo y de debate
parlamentario, la cuestionada reforma laboral impulsada por el presidente francés, el
“socialista” François Hollande, fue aprobada ayer de forma definitiva, luego de que la
oposición no consiguiera presentar una moción de censura. Así está el mundo, enfermo de
neoliberalismo.

Mintieron en campaña y mienten siendo gobierno. Sólo así, y con el apoyo de los medios
hegemónicos de comunicación con su cadena nacional de mendacidades y difamaciones a
diestra y siniestra, pudieron llegar al poder para tomar al Estado por asalto. A las arcas
públicas las están saqueando de todas las maneras posibles e imaginables. Las leyes y los
decretos de necedad e indecencia son una vía para consolidar la estructura corrupta del
sistema confiscatorio neoliberal. Pero también están las resoluciones administrativas, para
manotear de la caja (no tan) chica del erario público. Las autoridades de la
Superintendencia de Seguros de la Nación se aumentaron el sueldo más de un 50%. Este
hecho provocó un escándalo en el organismo descentralizado que depende del Ministerio de
Hacienda a cargo de Alfonso Prat-Gay . El superintedente de seguros, Edgardo Isaac
Podjarny, cobró en mayo un sueldo bruto de $96.938. Al mes siguiente, percibió $150.200,
algo más que el 50%, según publica el diario La Nación. Un aumento similar recibió el
número dos, Guillermo Bolado, y la línea de gerencias que forman el organigrama del ente
que fiscaliza a las entidades de seguros en el país. El aumento para los jefes de la
Superintendencia de Seguros se concretó entre mayo y junio. En ese mismo período, al
resto de los empleados públicos se les aumentó apenas un 7%, en línea con el acuerdo
paritario pactado entre los gremios estatales y la Casa Rosada. La paritaria de la
administración pública nacional cerró en un 31% a pagarse en tres cuotas: 7% en junio,
10% en julio y el 14% restante en agosto. Es decir que los funcionarios jerárquicos del
organismo, que también deberían estar debajo del paraguas del trato salarial, recibirán dos
aumentos más. Un grupo de trabajadores del gremio estatal de UPCN activará hoy una
asamblea permanente en la sede de la Superintendencia de Seguros, en Julio A. Roca 721.
Por ahora a esto estamos reducidos: a la denuncia impotente a través del periodismo anti
neoliberal y de las redes sociales, que eluden el cerco informativo de la prensa canalla.
Mientras tanto, el presidente offshore declara que “se acabó la joda”, vulgar manera de
mofarse de toda la ciudadanía sufriente por sus políticas abominables.

23/07/16: Al “mejor equipo en 50 años” no le cierran los números de la Economía ni con la

gente adentro ni con la gente afuera. Así de brutos y brutales son sus “experimentos”
excluyentes. Las cuentas públicas cerraron el primer semestre del año con un déficit de
121.203 millones de pesos, con un incremento del 27,5 por ciento respecto de los 95.066
millones acumulados entre enero y junio de 2015, según informó el Ministerio de Hacienda
y Finanzas. Este aumento en el déficit del primer semestre del año se registró a pesar de que
ingresos primarios crecieron en 149.410 millones de pesos respecto a 2015, mientras que el
gasto primario avanzó en 175.547 millones en igual lapso. En tanto el resultado financiero
registró un déficit de 133.221 millones, con una suba de 24,3 por ciento en relación a los
107.137 millones de enero-junio de 2015. Este resultado se obtuvo luego de que las cuentas
del Sector Público Nacional registraran durante junio un resultado primario sin rentas
financieras deficitario de 45.099,7 millones de pesos, casi el doble que en igual mes de
2015. Cuando al gasto público se le sumen los intereses de la deuda que sigue contrayendo
el ministro en rodillas de Hacienda y la rotura de la cadena de pagos interna, que ha
empezado a acelerarse y amenaza con extenderse, habrá que sumarle el default externo,
otro preocupante problema que nos espera a la vuelta de la esquina, con su promesa de
acarrear más y variadas calamidades a las ya existentes.

La 46ª Fiesta del Poncho se realizó en Catamarca, donde el presidente offshore llegó junto
al ministro de un cacho de Cultura, Pablo Avebruto, y fue recibido por la gobernadora del
Frente para la Victoria, Lucía Corpacci, y el intendente capitalino Raúl Jalil. Visitaron la
Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle y el Hospital de Niños “Eva Perón”. En ese
lugar, como no podía ser de otra manera, un fuerte operativo policial impidió que un grupo
de manifestantes se acercara al Hood Robin argentino no Nacional en protesta por el
tarifazo. Llevaban pancartas que decían cosas como “Macri=Ajuste”, “No al Tarifazo” y
“Sube todo menos los salarios”. El hombre público más mendaz del que se tenga memoria,
haciendo honor a esta “hazaña”, señaló: “Vivamos con la verdad, de decir siempre la
verdad, que sea moneda corriente entre nosotros decir la verdad, aunque a veces sea
dolorosa”. Snif.

En Luján, cuyo intendente Oscar Luciani responde a Cambiemos, se confirmó que en el

Hospital Municipal sólo se atenderá a los que acrediten ser residentes de esa ciudad,
mientras que serán rechazados los pacientes que lleguen de localidades vecinas.
“Denunciamos esta medida por ser ilegal, contraria a la Constitución, y porque va en contra
del derecho de las personas de atenderse donde quieran y con el profesional que quieran
elegir”, afirmó en diálogo con Página/12 Nicolás Luna, titular de la filial local de la Cicop,
la asociación sindical que agrupa a profesionales médicos de la provincia de Buenos Aires.
Luna recalcó que lo que sucede en Luján se anuncia también en otras localidades, y que la
disposición “pone en riesgo a los profesionales de la salud, que podrían ser acusados del
delito de ‘abandono de persona’” por negarse a dar asistencia a casos de urgencia de
pacientes que lleguen “del otro lado de la frontera”. A los desmemoriados habrá que
hacerles recordar quién fue el pionero en tomar este tipo de decisiones abyectas: sí,
acertaron. Quien sino el mal imitador de Freddie Mercuri, quien, cuando era Jefe de
Gobierno, no sólo impulsaba la misma medida sino que le sumaba su cuota xenófoba,
cuando propuso cobrarles a los extranjeros que se atendieran en hospitales públicos. Si esto
formalmente en su momento no prosperó, fue por el rechazo masivo que generó su
propuesta y por la denuncia, ante el INADI, realizada por la ONG Observatorio de
Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) en marzo de 2010. Luciani tuvo un buen maestro.

Como un pacman que todo lo devora, el Grupo Clarín, integrante ad hoc del gobierno
neoliberal hoy en el poder, recupera y gana más y más privilegios. Como los favores hay
que recompensarlos ahora, desde Arsat realizaron un acuerdo con TyC Sports: el canal
deportivo podrá usar cuando disponga del satélite Arsat-2 para sus transmisiones
deportivas; justo ahora en que el pérfido grupo se apresta a retomar la televisación de los
partidos de fútbol. Mientras todo lo que rodea a la ciencia y a la tecnología bajo la órbita
neoliberal, como denunciaron hace unos días referentes prestigiosos del área en una
solicitada pública, acelera su proceso de ajuste y achique presupuestario y se restringe hacia
una mirada utilitaria y extranjerizada, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao,
elogió la metodología de trabajo del presidente offshore por sobre la de la ex presidenta
Cristina Kirchner. El funcionario nacional, que mantuvo su puesto luego de que el
kirchnerismo dejó el poder, consideró que en la gestión actual se pueden coordinar políticas
con otros ministerios en las reuniones de Gabinete. En diálogo con FM Delta, resaltó que la
ex jefa de Estado era "muy expeditiva" y se interesaba por los aspectos de su cartera. "Con
la ex presidenta era distinto porque no había reuniones con otras áreas. Yo le escribía un
mail y ella a los pocos minutos me llamaba y me contestaba. Era todo muy ejecutivo, pero
no había coordinación", explicó. Y luego, apuntó: "Con esta gestión se trabaja en forma
más integrada y para nosotros es fundamental". Si hay alguien conoce un solo caso de
algún dirigente o funcionario que, fehacientemente, pase desde la derecha a la izquierda y
no a la inversa, hágalo saber. Sería una “rara avis” para coleccionar.

24/07/16: Una cadena de mentiras, muchas veces, se forma a partir de una mentira inicial.
Las subsiguientes sólo están destinadas a encubrir a la mendacidad originaria. Es el caso de
Gabriela Michetti. La vicepresidenta ocultó un robo a su casa, dijo que el dinero en efectivo
que tenía era de una donación para una fundación, pero no mostró un solo papel que la
respalde y aseguró no saber “quien cuernos es el Grupo Farallon”, que financió la gala de la
Fundación Suma. Sin embargo, fue ella quien se fotografió bajo su “logo” y cenó con el
dueño, Eduardo Gutiérrez. Al ser cuestionada por no declarar un robo a su casa ocurrido en
noviembre del año pasado y revelado esta semana, Gabriela Michetti entró en un pantano
de “explicaciones” sobre el origen de los 245.00 pesos y 50.000 dólares que llevaron hasta
la Fundación SUMA. Dentro de los benefactores y aportantes de la Fundación se encuentra
“Grupo Farallon”, de Eduardo Ramón Gutiérrez. Es una firma contratista de obra pública,
socia del empresario y ex funcionario macrista Nicolás Caputo en la UTE Caputo –
Farallon, a la que el presidente offshore le otorgó la obra de la Red Captación Pluvial VII
del Ramal Caaguazú en noviembre de 2015, antes de dejar la jefatura de Gobierno Porteño.
Al ser consultada respecto al Grupo Farallon, Michetti declaró: “Ayer pregunté qué
cuernos es Farallon”, dijo. Y negó tener conocimiento alguno respecto a aportes
monetarios de ese grupo. Sin embargo, apenas en diciembre pasado la Fundación Suma
cumplió 2 años y lo festejó, como no podía ser de otra manera, con una gran cena anual de
recaudación de fondos en Salón Central de La Rural, a la que acudieron los dueños de las
billeteras más abultadas del país y los principales referentes de Cambiemos, con el Hood
Robin argentino no Nacional a la cabeza. Es todo tan obsceno y pornográfico, que más
mentiras harán falta para que cada vez que se descubra una nueva nazca otra para
socorrerla.

Uno de los aspectos menos comentados del régimen de blanqueo de capitales que acaba de
promulgar el Poder Ejecutivo, pese a su trascendencia y alcances, ha sido lo que en la
práctica constituye la extinción de la acción penal sobre los delitos en los que pudieran
originarse los capitales fugados que ahora se declaren. El artículo 86 de la ley de blanqueo
establece que la AFIP estará “dispensada (eximida de su obligación) de formular denuncia
penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 (Ley Penal Tributaria y
Previsional) y 24.769 (Régimen Penal Tributario) y sus modificaciones”, respecto de las
personas o empresas que se acojan al régimen de regularización. Estas leyes establecen
penas de hasta seis años en casos de delitos de evasión simple, y hasta nueve años por
delitos de evasión agravada. De la misma forma, el artículo referido exime al Banco Central
de la obligación de sustanciar los sumarios penales cambiarios y formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en la ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario) y sus
modificaciones. En este caso, las penas de prisión alcanzan a ocho años en el caso de
reincidentes. La importancia de esta norma fue puesta de manifiesto en un artículo del
semanario Trabajo & Economía, publicación de la Secretaría de Políticas Económicas y
Sociales de la CGT y del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE). Con la firma
de Horacio Rovelli, economista de Eppa, el artículo señala, acerca de la reciente
reglamentación de la ley ómnibus 27.260, que el denominado blanqueo “obviamente no
persigue un fin fiscal, ni tampoco que ingresen dólares al país, porque (quienes adhieran)
pueden declarar esos capitales y no ingresarlos. Si no, fundamentalmente, (se pretende)
tranquilizar la situación impositiva de los grandes evasores, por lo que el resultado puede
ser bueno en cuanto a los que se acogen a los beneficios del “blanqueo”, pero magro en
términos recaudatorios, máxime que se los libera de toda acción civil, comercial, penal
tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas. Esta liberación
equivale a la extinción de la acción penal, en los términos del Código Penal”. Otro ejemplo
acabado de la corrupción que la alianza neoliberal gobernante vino consolidar
estructuralmente.

No hay alguien más inmoral que un puritano. O sí: un neoliberal puritano. El intendente
Garro en La Plata persiguiendo parejas que se besan en las plazas, Arroyo en Mar del Plata
acosando gays a través de patotas municipales, y Posee en San Isidro con su policía fascista
corriendo de la vía pública mujeres amamantando sus hijos, son tres ejemplos lapidarios
para demostrar el autoritarismo berreta y medieval de quienes se intentaron impostar como
lo “nuevo” de la política. Ayer cientos de mujeres se congregaron con sus hijos en distintas
plazas del país para participar de un “tetazo” nacional en defensa de la lactancia materna y
para apoyar a la joven a quien la policía le impidió amamantar a su hijo en una plaza de San
Isidro. Una de las concentraciones principales fue en la plaza del Mástil sanidrisense, en el
cruce de 9 de Julio, Belgrano y Acassuso, sitio donde la semana pasada se produjo la queja
de una madre a quien dos policías le pidieron que evitara sacar su pecho en el paseo
público. Es por eso que cientos de mujeres se manifestaron en todo el país, con reuniones
en plazas del Gran Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Rosario y hasta en la ciudad de
Ushuaia, pese a que la temperatura apenas llegaba a los 7 grados. Manifestar contra el
ajuste, la censura, la confiscación generalizada y la corrupción multiplicada en todas las
esferas del Estado estaba dentro de los cálculos de cualquier ciudadano medio dentro de sus
cabales, pero llegar a hacerlo para poder en amamantar a un hijo en una plaza, desborda
todo lo imaginable en pleno siglo 21. Hasta los cavernícolas, si revivieran, se indignarían
con violencia contra semejantes retrógrados.

Van apareciendo más pruebas de lo que lo que todos sabemos: el gobierno neoliberal acosa
las voces disidentes, incluso las más “discretas”. Y no se andan con chiquitas: Marcelo
Tinelli, aun con todo el poder que concentra, es víctima hasta involuntaria de los ataques
inquisidores de la policía lombarda, que dirige Hernán Lonardi, y del ejército de
mercenarios cibernéticos que conduce el ministro de Propaganda Joseph Peña. Un trabajo
realizado por una consultora especializada en redes sociales, concluyó que “hubo un ataque
sistemático proveniente de un grupo de tareas del PRO, que intervino específicamente para
operar el tema”, según revela el diario Perfil. La consultora analizó que los usuarios
inventados buscaron instalar la consigna #TinelliMercenarioK y demostró que “menos del
2% de quienes hablaron negativamente” fueron “personas reales”. Además, los expertos
descubrieron que eran cuentas automatizadas y que todas tenían “relación con nodos de
distribución PRO, que ven aumentados sus followers (seguidores) artificialmente cuando
estas cuentas trolls aumentan su audiencia de forma ficticia”. De corroborarse estas
conclusiones se demostraría que se financian con fondos públicos campañas sucias contra
aquellas figuras críticas con el Gobierno. Lo que es difícil de determinar, de manera
fehaciente, es qué papel cumple en este el Grupo Clarín con su silencio ante la agresión
sufrida de su conductor estrella. ¿Dejan hacer, en connivencia pasiva, sabiendo que en el
fondo son disputas personales que no afectarán ni sus negocios ni sus vínculos carnales con
el presidente offshore? ¿O al revés: lo tienen a Tinelli como herramienta de presión a mano,
de modo de utilizarlo, si es necesario, para recordarle al mal imitador de Freddie Mercuri
quién detenta el poder real de última instancia si Macri osara correrse un ápice de los
acuerdos espurios que los vinculan en el contubernio abyecto que los emparenta? Cualquier
opción debiera espantar y alertar a todo ciudadano anónimo, expuesto sin defensa alguna a
estas persecuciones y aprietes mafiosos, por un lado; y a una oposición política silenciosa,
cómplice y/o impotente para que actúe en nombre de las libertades avasalladas que debiera
proteger, por el otro.

25/07/16: La restauración conservadora más reaccionaria, en Democracia, que se haya visto

en Argentina se alista hacia nuevos frentes, mientras comienza a fastidiarse en público por
los obstáculos legales y las resistencias civiles con las que se va topando. Ayer el presidente
offshore aseguró que la Justicia laboral debería ser más ecuánime, en favor de los
empresarios. El mandatario consideró que, para que lleguen las ansiadas inversiones, hace
falta “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a
una parte”. El gerenciador del Estado neoliberal también fustigó a los jueces que
“obstaculizan” su gestión y responsabilizó a Justicia Legítima. En respuesta, el jefe de
bloque del kirchnerismo en Diputados, Héctor Recalde, afirmó que “lo que están buscando
es la flexibilización laboral”. “El kirchnerismo se fue, pero Justicia Legítima sigue ahí”,
indicó el presidente, sin decir si tienen intenciones de buscar removerlos. “Hay jueces y
fiscales de esa agrupación en todos lados que obstruyen la política (como sucedió con las
tarifas) o que creen en la abolición del Código Penal”, lanzó el mandatario. “Traban las
decisiones políticas, sean económicas o de seguridad, por razones ideológicas, no
judiciales”, los acusó. Para completar el tono amenazante, dijo: “Los conozco. Me hacían lo
mismo en la Capital”. Nosotros también lo conocemos, por eso sabemos que es capaz de
llevar sus amenazas “republicanas” a cabo. Hay que dejar de subestimar a este hombre que
con un partido vecinal de rejuntados y/o ignotos dirigentes ya llegó a la primera
magistratura y con ínfulas de perpetuase, al menos a su fuerza política. Son capaces de
cualquier cosa, por ello va a ser imprescindible una fuerza opositora con el mismo nivel de
decisión y firmeza para enfrentarlos.

Verborrágico como nunca, el Hood Robin argentino no Nacional sale a la cancha y no para
con sus diatribas hacia dirigentes, jueces y personalidades del espectáculo para
“defenderse” atacando y agrediendo a sus adversarios; a la vez que intenta, vulgarmente,
apilar argumentos para justificar su amoral conducta intimidatoria. Ensañado con el
conductor televisivo Marcelo Tinelli, al que no le perdona su apoyo al desaparecido de
escena Daniel Scioli en la campaña electoral pasada, el mal imitador de Freddie Mercuri
también tuvo ayer un párrafo contra él, quien acusó al Gobierno de enviar un ejército de
trolls (cuentas falsas de Twitter que insultan) en su contra por las imitaciones que se hacen
del presidente en su programa ShowMatch. Haciendo caso omiso a las pruebas irrefutables
recogidas contra el hostigamiento escandaloso con que arremeten contra el conductor desde
el Ejecutivo y con fondos públicos, el presidente offshore esbozó su teoría sobre lo
sucedido: “Él decidió satirizarme y recibió 150.000 tuits de crítica. Investigamos el tema.
No hubo trolls ni el Gobierno tuvo nada que ver…Sí hubo 30.000 tuiteros que lo criticaron.
¿Cómo no va a haber 30.000 tuiteros que simpatizan con el Gobierno, si este gobierno es
producto en gran medida de las redes sociales? Es increíble que se ofenda”, indicó Macri,
quien no alcanzó a explicar cómo 30 mil personas repitieron mensajes exactamente iguales
contra el conductor. Así, lejos de poner paños fríos a la contienda, su postura denuncia más
violencia por venir hacia quien ose criticarlo “ofensivamente”.

Finalizó la primera semana de las vacaciones invernales y los números de la actividad

turística son aterradores. Los pasajes a Mendoza, Cataratas del Iguazú, Puerto Madryn,
Córdoba y Merlo anotaron una baja del 20 por ciento en la primera semana de las
vacaciones de invierno respecto del mismo período del año pasado, con el consiguiente
impacto en las reservas hoteleras. En la costa atlántica se registró una floja performance
turística, con la hotelería funcionando con la mitad de las habitaciones vacías y los
restaurantes prácticamente sin movimiento. Los espectáculos de teatro y cine en la ciudad
de Buenos Aires, en tanto, muestran menos público que en vacaciones anteriores, con obras
que vienen de anotar caídas en la recaudación de hasta el 50 por ciento respecto de los
registros del 2015. Referentes del turismo, la gastronomía y el esparcimiento aseguraron
que la caída en el poder adquisitivo de la población ha sido fuerte y uno de los principales
recortes en el presupuesto familiar son los gastos en vacaciones. Indicaron que la fuerte
suba de precios en alimentos, hospedajes y transportes limitaron las escapadas tradicionales
de las familias por el interior del país, pese a las promociones y estrategias de venta de los
comerciantes, que en muchos casos empiezan a cerrar por la caída de la rentabilidad. A este
panorama alarmante hay que sumarle la conflictividad que les esperan a los gobiernos
provinciales cuando las vacaciones finalicen. En Entre Ríos, Chubut y Catamarca hoy
tendrían que retomar las clases, pero los gremios docentes convocaron a medidas de fuerza
de 24 y 48 horas por reclamos salariales. En las provincias que reinician la semana próxima
también buscan reabrir las paritarias por lo que el escenario esperable es de más resistencia
al gobierno plutocrático que, lejos de replantearse sus abominables políticas, aúna esfuerzos
por redoblarlas.

Una nueva amenaza acecha a las pymes. El gobierno ni nacional ni popular anunciaría esta
semana el nuevo régimen de compras online al exterior, y habilitaría a realizar hasta cinco
compras anuales por un monto máximo de mil dólares cada uno y el envío no podrá superar
los 50 kilos. En el borrador que se filtró la semana pasada se aclaraba además que no se
podrán comprar más de tres unidades de un mismo producto, los cuales no podrán tener
finalidad comercial. Esto no impide la reventa por canales alternativos de compra por
Internet. El nuevo régimen será presentado por la AFIP y todavía no se sabe si habrá un
sobrecosto por el envío al país. “La vuelta del servicio puerta a puerta para las compras al
exterior será perjudicial tanto para la industria nacional como para el comercio local, ya que
en una amplia gama de productos se pueden conseguir precios hasta 67 por ciento más
económicos que los que ofrece el mercado local en los productos fabricados en el país”,
aseguró ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). La entidad
indicó que ropa, juguetes, marroquinería, artefactos de iluminación y vajilla de cocina son
algunos de los rubros que serían más afectados. “Compre barato y quédese sin trabajo”, el
lema neoliberal del progreso social ascendente.

Los quieren de funcionarios, desfilando en actos patrios o en sus casas pagando por sus
crímenes aberrantes; pero, a los represores de la última dictadura cívico-militar-
empresarial-clerical, no los quieren presos. Desde que asumió Mauricio Macri como
Presidente ya son 50 los condenados por participar en delitos de lesa humanidad que
lograron salir de la prisión para cumplir con su condena desde el confort de su casa. Así se
viene sucediendo desde febrero pasado, donde juzgados federales de todo el país
concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados. Así lo
confirmaron fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación al diario Clarín. Todos ellos
obtuvieron la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud,
un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado. Tras los reiterados
pedidos desde los editoriales del diario La Nación, que cumple durante el macrismo una
función de lobista para reivindicar la dictadura y pedir más poder para los militares y
libertad para presos condenados, finalmente el Gobierno está cumpliendo al pie de la letra
la mayoría de los reclamos. Al momento hay 510 condenados y procesados alojados en
cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país, entre
los que sobresalen Ezeiza, Marcos Paz o Bower en Córdoba. Según revela Clarín, el titular
del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó hace unas semanas a los represores
encarcelados. Y en abril el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó que los
presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo que
había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados,
Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de
2013. El colmo es que ahora, uno de los peores de ellos, también puede salir beneficiado
próximamente. Pese a que dos dictámenes del cuerpo forense sostuvieron que Etchecolatz
puede atenderse de sus dolencias en Ezeiza, donde se encuentra detenido, los jueces
evaluaron que corresponde prisión domiciliaria. Por ahora seguirá en la cárcel por sus otras
condenas pero, la puerta, ya la tiene abierta.

Para poder seguir ensuciando y sumándole causas a la principal presa política de Jujuy,
Milagro Sala, el gobierno cuasi de facto de Gerardo (in) Morales denunció, hace unos días,
que se había encontrado un auto de alta gama abandonado con una suma importante de
dinero y que el mismo pertenecía a un acaudalado empresario vinculado con la dirigente de
la agrupación Tupac Amaru. Durante horas y horas los medios adictos al gobierno
neoliberal repitieron sin parar, y en tono de indignación, contra la supuesta prueba de
corrupción de una mujer que había “montado un Estado paralelo en la Provincia”. Sin
embargo, la policía cordobesa, que encontró el BMW, confirmó que en el vehículo no había
dinero. No sólo eso: el empresario relacionado con el hecho, negó tener algún vínculo con
la detenida dirigente social, contó que compró recientemente el automóvil en Buenos Aires
y que se fue manejando a Córdoba, donde visitó a su hija, que estudia en esta ciudad, y vive
en el tercer piso del edificio ubicado sobre calle Obispo Trejo al 900 donde está la cochera
en la que quedó estacionado el BMW. Camusso precisó que debió viajar de urgencia a
Jujuy en avión, y por ello le dejó las llaves del vehículo a su hija. El automóvil llevaba
cerca de un mes en el lugar sin ser utilizado por nadie, lo que motivó que la propietaria del
estacionamiento radicara la correspondiente denuncia lo que motivó la intervención de la
Justicia Federal de Córdoba. Además, Camusso, señaló que el supuesto contrato de
compraventa de las 40% de las acciones del multimedio Nortelevisa S.A. a Milagro Sala,
que también había denunciado el gobierno provincial como un hallazgo de su gestión, es
"absolutamente apócrifo", y se reivindicó como el único propietario de la empresa de
medios. Medios locales vincularon el automóvil de la empresa con la dirigente jujeña, lo
que fue desmentido más temprano también por Alejandro Garfagnini, coordinador nacional
de la Tupac Amaru: "Es una de las noticias más ridículas que escuchamos en los últimos
meses. Eduardo Camusso es el dueño de Canal 2, Radio 2 y Jujuy al Momento. Son como
el Clarín de Jujuy. Hicieron la campaña de Morales. Cada nota que publican es en contra de
Milagro Sala. No resiste el menor análisis creer que Milagro pueda tener alguna
vinculación con ese medio o con Camusso". Todo este disparate vergonzante para cualquier
ciudadano con un mínimo de decencia “republicana”, se cierra con el último dislate
proferido por el autoritario gobernador, quien señaló que “el prócer que inspira a Milagro
Sala es Hitler”. Justo él: el amigo de Blaquier y miembro del gobierno que frena los juicios
contra los genocidas, promueve desfiles militares en fiestas patrias con Rico a la cabeza y
se reúne con el mamarracho de Cecilia Pando, sale con estas declaraciones que se parecen
más a una “proyección” de sus propios demonios en los adversarios que persigue que a sus
propias convicciones políticas. Así están las cosas en esta provincia que, si estuviera al
mando del poder ejecutivo nacional un gobierno decente y ajustado a la ley, debiera estar
hacer rato intervenida.

26/07/16: Son arrogantes, soberbios y autoritarios. No soportan las críticas por eso agreden
sin argumentar, acusan sin pruebas, y acosan a opositores. La alianza neoliberal que se
apoderó del Estado es mucho más siniestra que lo que cualquiera hubiera imaginado. Y van
por más, porque nada ni nadie pareciera detenerlos. Mientras ayer continuaba atacando al
conductor televisivo Marcelo Tinelli, llamando a un boicot a su programa a través de las
redes sociales, se publicó en el Boletín Oficial el convenio por el cual la Secretaría de
Comunicación Pública, que depende del ministro de Propaganda, Marcos Peña, pasará a
contar con la base de datos personales de la Anses para publicitar las medidas de gobierno,
lo que desató las críticas de todo el arco opositor. “Es una barbaridad, es Orwell 1984”, dijo
el jefe del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde –en referencia a la novela que
detalla el control social a través del Gran Hermano– y adelantó que buscarán “realizar una
cadena de amparos para que la Justicia frene el convenio y la utilización de datos sensibles
porque se trata de una vulneración a la intimidad de las personas”. “Voy a hacer una
presentación judicial. Viola el derecho de habeas data”, sumó la jefa del bloque de
diputados massistas Graciela Camaño. Atrás quedaron los tiempos en que la entonces
diputada, la fanática macrista y actual titular de la Oficina Anticorrupción, la ocupa Laura
Alonso, posteó y se preguntaba en su cuenta de Twitter que “sigo esperando que
(Florencio) Randazzo me conteste para que quieren el e-mail y el celular cuando se tramita
el DNI y el pasaporte. ¿Usarán estos datos personales para la campaña?”. A la espera de
que esta nueva canallada pueda ser impedida a través de las presentaciones judiciales en
marcha, sólo nos va quedando la certeza que este es un gobierno de temer, pero al que hay
que enfrentar sin miedo.

Ni con el ritmo ni con la intensidad necesaria, las protestas y los enfrentamientos de la

población contra el gobierno cipayo, confiscatorio y totalitario de la alianza neoliberal
Cambiemos se van multiplicando y el aire se va espesando. Las multisectoriales contra el
tarifazo llamaron para el jueves 4 de agosto a un nuevo ruidazo en todo el país contra el
aumento desmedido de los servicios y por la renuncia del ministro Juan José Aranguren. La
convocatoria es motorizada por clubes de barrio, cooperativas, sindicatos y asociaciones de
consumidores que, junto con las protestas para que el tema no salga de la agenda, vienen
presentando ante la justicia pedidos de amparo. En la ciudad de Buenos Aires, el ruidazo
será antecedido, mañana, de una apertura de los molinetes en las cabeceras de las seis líneas
del subte, donde ese día podría entrar en vigencia un aumento del 70 por ciento en el valor
del boleto. En tanto ATE convocó a un paro de 24 horas para el 11 de agosto. “El Gobierno
quiere construir su propio relato para justificar lo injustificable y para poder justificar
nuevos despidos”, aseguró ayer el líder de los estatales Hugo “Cachorro” Godoy y advirtió
que la administración central “quiere cerrar el capítulo de los despedidos para abrir” uno
nuevo de cesanteados. Mientras tanto la CGT se toma todo el tiempo del mundo para
definir un paro de actividades, y lo más importante: un plan de lucha sostenido para
enfrentar las políticas depredatorias de Mau y sus pandilleros.

Las desafortunadas e inquietantes declaraciones del presidente offshore, el pasado

domingo, criticando a jueces y fiscales que integran el colectivo “Justicia legítima”, por
“trabar decisiones políticas por razones ideológicas”, recibió una enérgica respuesta. “Las
declaraciones del presidente Mauricio Macri contienen una velada amenaza al sistema de
división de poderes y generan extrema preocupación institucional… No estamos ni a favor
ni en contra de las políticas del Ejecutivo. Lo que nosotros hacemos es aplicar la ley”,
afirmó la presidenta de Justicia Legítima, María Garrigós de Rébori. “Una justicia plural,
democrática e independiente no se subordina al Poder Ejecutivo cuando resuelve en el
marco de su competencia, sino que, por el contrario, se convierte en la mejor expresión de
un modelo republicano de gobierno... Paradójicamente, el señor presidente, lejos de
desacreditar a nuestra Asociación, expone en un solo ejemplo los valores que defendemos:
los miembros de la Cámara Federal de La Plata que detuvo el ‘tarifazo’ no pertenecen a
Justicia Legítima; tampoco aquellos jueces que solitariamente a lo largo del país procuran
servir a la sociedad desde la altísima dignidad que les fuera conferida. No es así, aunque
nos agradaría”, sostuvo la agrupación en un documento emitido ayer. Faltaría el respaldo
oficial del privilegiado pasajero de Aerolíneas, el presidente de la Corte Suprema de las
Corporaciones Ricardo Lorenzetti, quien parece que sólo se hace tiempo extra para
reuniones clandestinas con el gerenciador del Estado neoliberal.

27/07/16: Lo advertíamos hace unos días cuando fue aprobado en Francia: con el latiguillo
de las “inversiones que necesitamos para generar empleo”, ahora van a ir por la
flexibilización de las leyes laborales. Modificar el esquema de indemnizaciones por despido
para que sea cofinanciado entre empresas y trabajadores, facilitar las desvinculaciones
minimizando sus costos, establecer menores cargas fiscales y nuevas formas de
contratación más baratas, limitar la intervención del Ministerio de Trabajo en las
negociaciones salariales, y establecer paritarias por empresas, es el combo de la cajita
infeliz que prepara el gobierno ni nacional ni popular para arrasar con las conquistas
obreras. Ya lo habíamos vivido durante el menemismo: presentar esta batería de medidas
retrógradas como un favor hacia el esquilmado, procurando asegurarle el empleo que le
precarizarán hasta llevarlo al límite con la esclavitud. “El crecimiento del empleo privado y
la competitividad no se va a lograr sin una reforma del modelo vigente de relaciones
laborales en la Argentina”, reza el reaccionario editorial de La Nación, quien siempre
adelanta las iniciativas gubernamentales en sus oficialistas editoriales. De todas formas,
gran parte de estos propósitos se están y se van a plasmar en los hechos: lo estamos viendo
en el 35% de trabajadores informales, en cuentapropistas y en muchos empleados que, aun
bajo convenio, arreglan condiciones desfavorables ilegales ante la amenaza del despido. A
riesgo de ser repetitivo hay que decirlo una vez más: esta iniciativa que se avecina sólo
podrán lograrla con la complicidad directa de la oposición en el Congreso y de los gremios
a la hora de los toma y daca con que habitualmente hacen sus negociaciones con el
gobierno cuando tienen que traicionar a sus trabajadores. La otra tarea es la de la
ciudadanía y su voluntad de resistencia; que no permita que el “cambio” siga siendo un
retroceso troglodita que afecte sus propios intereses.

No hay manera que Mau y sus pandilleros lo entiendan y acepten: deben respetar la ley y
las reglamentaciones. La reserva moral que sobrevive en el poder judicial se lo tuvo que
volver a recordar al suspender, la Justicia porteña, el aumento del 67 por ciento en la tarifa
del subte que iba a entrar en vigencia hoy para llevar el precio del boleto a 7,50 pesos. La
decisión fue tomada por la jueza Elena Liberatori, que hizo lugar a las tres medidas
cautelares presentadas en las últimas semanas. En el fallo, la magistrada, frenó la suba por
“las falencias del cálculo de la tarifa técnica” de ese servicio, decisión que tomó “en el
marco de la protección constitucional de los usuarios”. La empresa estatal porteña
Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) anunció que apelará la medida. Por el momento, el
boleto de subte seguirá costando 4,50 pesos. Además, de acuerdo con el informe de la
Auditoría, la tarifa estaría “inflada” en una cifra estimada entre el 21 y el 24 por ciento. “Lo
que realmente tienen que sincerar es la estructura de costos del sistema de subterráneos,
explicar cuál es la ganancia de Metrovías y de dónde proviene, porque la tarifa aumenta
pero no para bajar los subsidios, que también van en ascenso”, denunció. Entre 2013 y
2015, los subsidios destinados a Metrovías aumentaron un 67 por ciento. Representan, en
ese período, la suma de 3658 millones de pesos que, el bolsillo de los contribuyentes,
aportó a las arcas privadas; en otra enorme transferencia de recursos en favor del
capitalismo de amigos, socios y testaferros del presidente offshore.

Los tarifazos criminales de la gerencia del gobierno neoliberal no es lo único que debe
soportar su población sufriente, además de las declaraciones provocadoras y enervantes de
sus funcionarios. También está el pésimo servicio que prestan las empresas de servicios
públicos, el cual puede ser tanto resultado de la poca o nula inversión de las mismas, como
de un auto sabotaje para hacer ver lo “necesitada” que está de aumentar las tarifas para
hacer las inversiones necesarias. Sea por el motivo que sea, lo concreto es que la prestación
es desastrosa y que el gobierno del Hood Robin argentino no Nacional hace la vista gorda a
la hora de intervenir en favor de los usuarios estafados. Véase el caso de la luz. Más de
40.000 hogares no tienen el servicio eléctrico en funcionamiento, desde hace días, en
Capital federal y el conurbano. Según datos del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE),
la empresa Edenor registra 5.800 hogares sin suministro a las 7 horas. La Matanza, Moreno,
José C. Paz, Malvinas Argentinas, Tres de Febrero e Ituzaingó fueron algunos de los
distritos afectados por la falta de energía. Por su parte, Edesur registró en ese mismo
horario unos 35.790 usuarios con cortes y los partidos perjudicados fueron Lanús, Quilmes,
Ezeiza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Almirante Brown,
además de la Capital Federal. En horas de la tarde del martes, el ENRE usuarios sin
suministro entre ambas empresas distribuidoras, que recibieron incrementos en las tarifas
de un 500% promedio. La cantidad de personas afectadas es mucho mayor, dependiendo de
cuántas personas vivan en cada hogar sin luz. Por ahora el ENRE informa, pero no
sanciona.

La estafa al electorado hay que pagarla. Por eso el gobierno ni nacional ni popular, apenas
asumió al poder, benefició a aquellos aportantes que contribuyeron a solventar la engañosa,
tramposa y falaz campaña electoral que catapultó al presidente offshore a la Casa Rosada.
El PRO presentó ayer el balance correspondiente al partido por el período 2015, en donde
consta una recaudación extraordinaria por parte de privados: más de 300 empresas, muchas
de ellas relacionadas a la obra pública en la Ciudad, farmacéuticas y del agro. Las empresas
relacionadas al agro, al sector ganadero y al minero aportaron casi 20 millones a la
campaña del mal imitador de Fredy Mercuri a través de generosas contribuciones por cifras
millonarias, incorporadas al balance del PRO como "gastos de desenvolvimiento
institucional". Apenas unos días después de asumir, el presidente mandato incumplible
anunció la quita de retenciones al sector, que logró recuperar así su aporte republicano al
sistema democrático. Ya no hay mano invisible del mercado que explique el crecimiento
exponencial de la renta de estos sectores concentrados de la economía, se ve: es la del
gerenciador del Estado neoliberal.

La nostalgia conservadora por la “Argentina, granero del mundo”, Mau y sus pandilleros la
van haciendo realidad, a costa de la destrucción de la industria nacional y, por ende, del
empleo y de las condiciones de trabajo de la población. La industria se hundió 8,2% en
junio con respecto a igual mes del año previo. Así, anotó su cuarta baja consecutiva, de
acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) de la Fundación ultra neoliberal FIEL. El
sector fabril registró su caída más fuerte en los que va del año. "La industria continúa
transitando los últimos 12 meses por una fase recesiva en la que la actividad aceleró
ligeramente el ritmo de caída en junio, que aún se coloca por debajo del promedio de 14,9%
observado en las nueve fases recesivas anteriores desde 1980. Los indicadores técnicos que
permiten anticipar una reversión de la fase en el corto plazo continúan indicando que la
recesión se prolonga", destacó el organismo en su informe. En el segundo trimestre, la
actividad industrial se redujo 6,7% interanual, mientras que en relación al primer trimestre
cayó 2,3%. De esta manera el primer semestre cerró con una caída del 3,6% mientras que,
con respecto a mayo, el sector registró un retroceso del 0,3%. Así continúa “ordenando” la
“herencia recibida” el ministro en rodillas de Hacienda, Prat Gay, mientras su gobierno
pone todas sus energías en espiar y atacar opositores y en manipular jueces y leyes para
consolidar su estratégico objetivo: la miseria planificada de las mayorías.

28/07/16: El ejército de mercenarios cibernéticos, que dirige el ministro de Propaganda

Joseph Peña, con la ayuda inestimable del caza opositores Hernán Lonardi, tiene su primer
arrepentido: Marcelo Morán. Este hombre creó, en 2011, la página de Facebook "El Anti
K", destinada a "generar un debate ciudadano sobre las políticas del kirchnerismo". Al poco
tiempo entabló una relación de pares con Mariana Laura Torres, una contadora de
Ituzaingó, a quien convirtió en administradora del sitio que organizaría los conocidos
cacerolazos #13S #8N #18A #8A #13N y #18F. En el 2012, junto con otros
administradores, comenzaron a gestar lo que serían los cacerolazos contra el Gobierno de
Cristina Kirchner. Según el troll, la única movilización auténticamente ciudadana fue el
13S. Morán asegura que "había gente con muy buenas intenciones, pero cuando empezaron
a militar, respondían a otros intereses" y remató: "y listo, se terminó el autoconvocado".
También comentó que lo mismo hicieron con otros opositores, como Sergio Massa, a
quienes “operaban” por las redes con ataques agresivos a través de cuentas apócrifas y
nombres de fantasía, apuntando a desgastar y difamar su imagen. El inconsciente del
presidente offshore se lo hizo confesar en una entrevista reciente: “nuestra fuerza creció,
fundamentalmente, a través de las redes”. Su mecánica es la misma que aplicó en sus actos
de campaña y a través de los medios concentrados de comunicación: la promesa mendaz, la
negación tramposa, el silencio cómplice, y el contacto directo con el “vecino”, con sus
diálogos descontracturados e informales para “escuchar estando cerca de la gente”. Cada
vez más son los que se van enterando quiénes son y a qué llegaron al Poder Ejecutivo esta
alianza neoliberal que se vendió como “neutral”, efectiva, “técnica” y trabajadora en
“equipo”. Si no lo hicieron informándose, impedidos por el cerco de los medios
concentrados y/o por su propia pereza intelectual, lo están sabiendo a través de las medidas
ejecutadas por el gobierno y que sufren en carne propia. Allí no hay, al mediano plazo,
manipulación discursiva ni propaganda ni imagen construida que pueda sostener un modelo
con el nivel de brutalidad contra los derechos y las conquistas sociales como el existente; a
pesar que todavía puedan disimularlo proyectando culpas en sus antecesores o apelando a la
mentira permanente que vomita promesas de bienestar con tránsito sufriente y traumático,
pero fructífero al final de un camino que no es otra cosa, en realidad, que la distopía
neoliberal de siempre: una población empobrecida, vigilada y manipulada al servicio de
una minoría enriquecida, elitista y privilegiada.

La otra forma de censura periodística que aplica el gobierno neoliberal para acallar,
silenciar o disciplinar voces, es a través de la asfixia económica. Las organizaciones que
nuclean radios y televisoras comunitarias, populares y alternativas exigieron “con los
bombos en la calle” que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pague los
“millones de pesos adeudados” al sector, “cumpla con la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual” y ejecute el presupuesto destinado en 2016 a medios sin fines
de lucro, “habilite a los canales comunitarios que ganaron concursos” públicos en televisión
digital y “cese la persecución legal y los decomisos”. Tras horas de protesta, funcionarios
del organismo comprometieron a su titular, Miguel de Godoy, para una reunión con los
comunicadores populares a concretarse la semana próxima. Otro de los reclamos apunta al
presupuesto que, también en base a lo que dicta la LSCA, el Enacom debe destinar en 2016
al fortalecimiento del sector sin fines de lucro de la comunicación. Son 200 millones de
pesos de los que “aún no hay ni noticias”, advirtió Arancibia, de la Red Nacional de Medios
Alternativos (RNMA). “Y la situación de los medios comunitarios empeora mes a mes”,
agregó Vinelli, del canal Barricada TV, que ganó por concurso una licencia en la TV digital
abierta en la que aún no puede transmitir porque está intervenida por Canal 1, quien leyó la
situación desde “la concepción política que este gobierno tiene de los medios populares”:
“Para ellos somos medios chicos, por algo la defensa y la reserva del 33 por ciento del
espacio radioeléctrico para el sector no aparece en los 17 puntos que la Enacom sacó como
preludio de la nueva ley de medios”. Así de democrática y dialoguista es la gerencia del
Estado neoliberal: ágil y rápida para derogar leyes y amañar negocios espurios con los
medios hegemónicos dominantes; y lento, elíptico, moroso y avaro con los medios
alternativos, siempre en desventaja estructural en comparación con los oligopolios
corporativos. No es otra cosa, en definitiva, que el mismo esquema aplicado a todas las
esferas del Estado.

Mientras el Hood Robin argentino no Nacional desfila todos los días pregonando ser
defensor del medio ambiente y de una vida sana, la Cámara de Senadores de Buenos Aires
dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida
glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas y reducir al mínimo las distancias de
utilización de agroquímicos; desoyendo fallos judiciales y sin basarse en ninguna evidencia
científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos
fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno
provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores
de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe), por
sobre la población. Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas
están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancerígeno”,
ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal
comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado
herbicida 2,4-D. La clasificación es muy cuestionada a nivel nacional e internacional
porque está realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los
venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la
manipulación) y deja de lado la afectación crónica (por largos periodos de tiempos, por
ejemplo, no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los
químicos son más nocivos). El proyecto con media sanción desoye el fallo judicial de la
Corte Suprema de 2012, que prohibió fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas.
Fue una sentencia que protegió a María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de la
localidad de Alberti), que sufrían las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de
un campo de soja vecino. El máximo tribunal de Buenos Aires citó el principio precautorio
vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas
protectoras. En resumen: hay que proteger la salud del medio ambiente, pero primero está
la de las corporaciones.

29/07/16: En el día de ayer se realizó la audiencia pública por la suba de la tarifa de la luz
en la Provincia de Bs. As. Participaron representantes de las distribuidoras y las
cooperativas que operan en la provincia, mientras que las asociaciones de usuarios se
mantuvieron a un costado, advirtiendo sobre las dificultades para la inscripción y la
ausencia de información técnica. Además, pidieron que la convocatoria se realice en más de
un punto de la provincia. El encuentro se llevó adelante en el gimnasio cubierto del Estadio
José María Minella de la Ciudad de Mar del Plata y en las inmediaciones hubo una
movilización de protesta. “Los usuarios que menos consumen en Mar del Plata pagan por el
servicio 4,85 pesos por día, mientras que los más consumen abonan 15 pesos. No es nada si
lo comparan con que un kilo de pan que cuesta 30 pesos, un diario que vale 20 pesos, un
paquete de cigarrillos, 27 pesos, el servicio de cable, 20 pesos por día, y no hablemos si lo
tenemos que comparar con un kilo de asado”, aseguró ayer Claudio Bulacio, gerente de la
Asociación de Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adera), para justificar el
tarifazo eléctrico en la audiencia pública realizada en Mar del Plata, en medio de un fuerte
operativo policial. Este tipo de argumentación ridículo, que apela al sentido común para
evitar hablar de la estructura de costos y montos de inversión, revela la poca expectativa
que van a despertar entre las entidades de defensa de consumidores estas audiencias, para
quienes lo que se está montando es un simulacro formal para validar legalmente la estafa ya
decidida. En este sentido, por la tarde, se conoció que la Justicia platense revocó la
suspensión del tarifazo al servicio de electricidad para los usuarios bonaerenses que no
están bajo el espectro de Edenor y Edesur, con lo que la audiencia pública terminó de
desdibujarse: se debatió un incremento que apenas horas después ya estaba operativo
nuevamente. La audiencia fue convocada por el gobierno para informar sobre los
fundamentos del nuevo cuatro tarifario de Edelap, Eden, Edes y Edea. A la par de estos
sucesos salió a hablar el ministro de Propaganda, Joseph Peña quien, en un tono desafiante,
incluso con cierto aire revanchista, señaló que los criminales tarifazos “tarde o temprano va
a haber que pagarlos; de hecho, ya muchos lo han pagado, antes que surgiera el amparo e
incluso después del amparo. Si uno quiere, puede pagar ahora para no ir acumulando o
pagar todo junto después”, terminó Peña, para recalcar el carácter retroactivo que puede
tener la medida, pese a que la entrada en vigencia de la misma ya no depende del gobierno
sino de la Cámara Federal de La Plata y en última instancia de la Corte Suprema de las
Corporaciones. El 12 de julio el máximo tribunal le pidió al Poder Ejecutivo que
especifique, entre otras cuestiones, qué parámetros tuvo en cuenta para fijar los aumentos y
que especifique fundadamente “la existencia o inexistencia de la ponderación de los
principios de gradualidad y progresividad para la determinación del cuadro tarifario en
análisis”. Los magistrados le fijaron al gobierno un plazo de diez días para responder, pero
hasta ayer a la noche no habían recibido nada. A la espera de la resolución legal de este
verdadero intento de saqueo obsceno a la población, hay que insistir: no hay que tener
ninguna expectativa esperanzada en el poder judicial que, en cualquier caso, podría dar
sorpresas no por sus criterios de justicia, de los que carecen, sino en función de los
reclamos y movilizaciones colectivas. Es decir: con el pueblo en la calle, en pie de lucha.

El Poder Ejecutivo no nacional dictó ayer las reglamentaciones del Programa de

Reparación Histórica de la deuda previsional y del Sinceramiento Fiscal o blanqueo de
capitales, incluidos ambos en la ley 27.260. El primero establece el mecanismo al que
podrán recurrir los jubilados para consultar si están alcanzados por el programa, mientras
que la reglamentación del blanqueo explicita que podrán ser considerados beneficiarios del
mismo las personas que estén en juicio por poseer bienes o activos, en el país o en el
exterior, no declarados, lo cual les permitirá beneficiarse con la extinción de la acción
penal, tal cual lo establece el artículo 46 en su inciso b, de la vergonzosa ley citada. En lo
referente al blanqueo de activos físicos o monetarios a nombre de sociedades offshore, el
artículo 3 de la reglamentación establece que “cuando las personas humanas o sucesiones
indivisas opten por exteriorizar los activos que formen parte del patrimonio de sociedades,
fideicomisos, fundaciones, asociaciones, o cualquier otro ente constituido en el exterior”,
deberán cumplir con los mismos requisitos previstos en los artículos 38 y 40 de la ley para
su valuación y modalidad de efectuar su declaración. Es decir, es indistinto que se haya
utilizado para su ocultamiento una sociedad offshore o, simplemente, se trate de dinero
fugado o no declarado. En definitiva: se le pone el moño a la estafa que se intentará
cometer con los jubilados y, de paso, se propicia un baño de impunidad, formalmente legal,
que, desde el presidente para abajo, necesitaban darse para lavar su imagen ante el mundo.

La lluvia de inversiones no llega y la crisis se profundiza. La construcción anotó una caída

del 19,6 por ciento en junio respecto del mismo mes del año pasado, según lo informó ayer
el Indec. En el primer semestre, la contracción del sector fue del 12,4 por ciento. El freno
de la obra pública en los primeros meses de gestión de Cambiemos fue uno de los
elementos centrales para explicar el retroceso de la actividad. El parate de las obras de
infraestructura puede observarse en la evolución de los despachos de asfalto al mercado
interno, que registra bajas de casi 40 por ciento. La vivienda particular y la refacción de
establecimientos productivos también bajaron por la incertidumbre de la población con
inestabilidad cambiaria, tras el ajuste del dólar del 60 por ciento a partir de diciembre
pasado, y la fuerte suba de los costos. El empleo de la construcción se ubicó en 389.125
individuos en mayo, al retroceder un 13,8 por ciento en relación con el mismo mes del año
pasado, lo que equivale a una pérdida de 62.463 puestos de trabajo en doce meses. La
actividad económica atraviesa una fortísima recesión en todos los sectores productivos, al
registrar las tasas de caídas más importantes de las últimas décadas en la rama
manufacturera y la construcción, dos de los sectores que generan gran cantidad de empleo a
nivel local y tienen efecto multiplicador para del mercado interno. Las empresas
constructoras consideraron que la recesión en la construcción continuará en los próximos
meses. Una encuesta del Indec a referentes del sector reveló que sólo el 21,7 por ciento de
los empresarios cree que la actividad de la construcción aumentará en el tercer trimestre de
2016, mientras que el 78,3 por ciento considera que se mantendrá o seguirá en baja. La falta
de perspectiva se concentra en la incertidumbre respecto de qué pasará con las inversiones
estatales. El 75 por ciento de las constructoras considera que el reinicio de la obra pública
no será un factor para dinamizar la actividad en los próximos tres meses. Ante este
panorama al presidente offshore sólo lo obsesiona cómo aprovechar estos problemas para
instalar la necesidad de más rebajas salariales, despidos y leyes flexibilizadoras; por lo que
no es descabellado pensar que mucho de la crisis fue y es provocado ex profeso, de modo
de procurar las aberrantes transformaciones estructurales como inevitables medidas para la
“recuperación de la confianza de los capitales externos” y para evitar “tanta conflictividad
que espanta a los inversionistas”, como señaló el mal imitador de Freddie Mercuri esta
semana. Nos podemos creer que se tragó el bigote, pero de ahí a creerle otra cosa…

La gerencia del gobierno neoliberal se llena la boca hablando de republicanismo, pero para
esconder sus prácticas ilegales y arbitrarias. Tras la suspensión de 64 trabajadores, la
seccional Oeste de la Unión Ferroviaria paró durante todo el día los servicios del
Sarmiento. La huelga en el tren que usan diariamente a 350 mil personas sobrepasó la
capacidad transporte de las líneas de colectivos, que no dieron abasto para atender tanta
demanda. Para los usuarios, fue un día de largas colas en las paradas de la Plaza Once, con
tiempos de viaje impredecibles. El gremio que conduce Rubén “Pollo” Sobrero y el
gobierno –que está a cargo del Sarmiento con la empresa estatal Trenes Argentinos–
cruzaron acusaciones sobre la responsabilidad del conflicto. El Ministerio de Transporte
denunció penalmente a Sobrero, acusándolo de haber bloqueado el funcionamiento del tren
al obstruir las vías en la estación de Castelar. Al mismo tiempo defendió la suspensión de
los empleados de limpieza con el argumento de que los sancionó por haber hecho, el 24 de
junio, “un paro de actividades arbitrario y sin sustento”. “A partir de ahora, al que no
trabaja se lo suspende”, resumieron desde el ministerio que conduce Guillermo Dietrich. En
respuesta, la seccional rebelde anticipó que presentará también una demanda penal contra
Trenes Argentinos por no ocuparse de resolver graves fallas en la seguridad del Sarmiento.
El conflicto se originó después de que Trenes Argentinos suspendió por cinco días a
empleados de limpieza del depósito de Castelar. “Se juntaron muchas cosas, estos
compañeros se negaron a trabajar en un lugar donde no había luz”, dijo ayer Sobrero.
“Después, a las 72 horas de las sanciones, ocurrió un accidente donde un trabajador fue
atropellado, perdió una pierna y quedó en estado de coma crítico. Son hechos que sacuden
porque están flexibilizando las normas de seguridad. Ponen en riesgo a los que trabajamos
y también a los usuarios”, agregó. Así trabaja el dialoguista gobierno neoliberal:
pisoteando los derechos laborales de los trabajadores, a pesar de lo que opina el ex marido
de la estrella televisiva Susana Giménez, Ricardo Darín, para quien este gobierno “está
integrado por gente preparada que sabe aprender sobre la marcha y dialogar para corregir
sus errores”.

30/07/16: A pesar que todas las variables socio-económicas son categóricas a la hora de
reflejar el desastre al que nos empuja la política integral del gobierno ni nacional ni
popular, ellos siguen yendo por todo; desafiando la legalidad sin el más mínimo decoro
para, al menos, disimular el respeto por las instituciones. Tan cebados están y tan confiados
en su impunidad que, lejos de retroceder en sus siniestras intenciones de concentrar la base
de datos del Anses a la Secretaría de Comunicación pública, que ya les valió una denuncia
judicial aún en trámite, ahora quieren sumar también la de los jubilados del Pami. Esta
iniciativa obligó al diputado Rodolfo Tailhade a una nueva presentación contra los
involucrados: el ministro de Propaganda, Joseph Peña, el secretario de Comunicación
pública Jorge Grecco y al titular del PA-MÍ, Carlos Regazzoni. El gran hermano neoliberal
quiere sumar, para sus campañas intimidatorias, de propaganda tramposa y de persecución
a disidentes, datos que violan información reservada que debiera estar resguardada bajo la
ley de Protección de Datos de las Personas, como el correo electrónico, el teléfono, el
estado civil, el nivel de estudio, los gustos personales, etc.; que requieren del
consentimiento de los ciudadanos para su utilización. “No se trata de un convenio de
cooperación, se trata claramente de un acto ilícito bajo la forma de un supuesto convenio
entre organismos del Estado”, sostiene Tailhade en la denuncia. El generalmente cómplice
poder judicial no habilitó la feria para tratar la presentación mencionada, con el argumento
de que el mismo todavía “no entró en vigencia”. Los diputados opositores, de todas las
bancadas, también preparan una iniciativa para impedir que un nuevo atropello institucional
se consume impunemente, por parte de un gobierno que es una amenaza para la
Democracia y la paz social.
Las calamidades futuras que se avecinan, de la mano de las políticas públicas de la gerencia
del Estado neoliberal, no son menos graves que las ya conseguidas en estos casi ocho meses
de gobierno. El acuerdo en el precio de los medicamentos que está negociando ahora con
los laboratorios podría incluir una concesión polémica para abaratar los costos empresarios.
Luego de haber subido fuerte el valor de la mayoría de sus productos, las principales firmas
del sector ofrecen congelar precios hasta fin de año a cambio de una flexibilización del
Sistema Nacional de Trazabilidad implementado en abril de 2011 para monitorear la
distribución de remedios y evitar ventas en negro, adulteración de productos y fraude al
Estado con la presentación de troqueles falsos destinados a cobrar subsidios; ésos que Mau
y sus pandilleros detestan entregar al ciudadano pero con los que se deleitan para
otorgárselos a los grupos económicos concentrados que ellos mismos integran. Este sistema
de control tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los pacientes al evitar la
comercialización de remedios adulterados o falsificados, pero además sirve para evitar
ventas en negro y la estafa al Estado con la presentación de troqueles truchos, la porción del
envase del remedio que se recorta para luego ingresar al mecanismo de reintegro de las
obras sociales. El troquel es fácilmente falsificable porque, si bien funciona como un
cheque al portador, no incluye ninguna medida de seguridad. La causa conocida como “la
mafia de los medicamentos” es uno de los antecedentes más resonantes que llevó a
implementar el sistema de trazabilidad para reemplazar los troqueles. El argumento de los
principales laboratorios, que también controlan distribuidoras y droguerías, es que la
trazabilidad encarece sus costos por la logística que conlleva. Desde el gobierno les
hicieron saber a los empresarios, muy apenadamente, que es muy complicado políticamente
dar marcha atrás con este sistema porque no habría manera de justificarlo ante la opinión
pública. Por lo tanto, lo que les ofertaron inicialmente es flexibilizar los plazos de
cumplimiento de las distintas disposiciones vigentes al menos hasta 2017. A los
laboratorios, esa propuesta, les parece insuficiente y quieren que Anmat publique una nueva
disposición reduciendo la cantidad de principios activos que deben ser monitoreados a
través del sistema de trazabilidad. El argumento es que la trazabilidad encarece sus costos
por la logística que conlleva. A cambio no sólo ofrecen sumarse al acuerdo de precios sino
incluso condonar parte de las deudas que el PAMI tiene con ellos. La estafa, así, va ir
tomando forma; sobre todo cuando de los dos lados del mostrador, como en este caso, la
indecencia y la inmoralidad corren por partes iguales a la hora de la responsabilidad para
atender temas tan importantes y delicados como son la salud y las cuentas públicas.

Para donde uno mire en la Economía local ve desastres consumados y atrocidades por
llegar, cuando no ha profundizarse. Un ejemplo micro, en lo cotidiano, es el de la leche. El
sector lechero protesta ante la quiebra de establecimientos tamberos, mientras que el
consumidor enfrenta subas de precios de los lácteos que en los últimos meses llegan hasta
el 100 por ciento en algunos productos. Entre esos dos fenómenos, aparentemente
contradictorios, aparecen los problemas derivados de las inundaciones en las zonas
tamberas, el desplome de los precios internacionales y la eliminación de varios productos
lácteos de la lista de Precios Cuidados por parte del Gobierno. Por ahora, la Secretaría de
Comercio pidió a los supermercados que reduzcan los plazos de pago a las grandes
empresas del sector y que esas firmas mejoren la liquidez de los tamberos. Lácteos, aceites
y azúcar, productos de primera necesidad, fueron los que más aumentaron desde comienzos
de año. En lo macro, tenemos los desaguisados del Banco Central. Ayer canceló parte del
crédito “repo” (repurchase agreement, acuerdo de recompra) pactado con la banca
internacional, al devolver 4 de los 5 mil millones que había recibido en préstamo en enero.
Los mil restantes se refinanciaron a una tasa más baja, pasando del 7 a 2,25 por ciento más
LIBO (interbancaria de Londres). La cancelación anticipada de parte de este préstamo
implicó un desembolso extra del Central de 115 millones de dólares para siete bancos
extranjeros que participaron en la colocación de este instrumento financiero. Aquí, como en
todos los casos, hay poco de impericia y mucho de impudicia. Poco de errores y mucho de
malas intenciones. Poco de fracaso y mucho de objetivo perseguido. Mucho de
neoliberalismo y poco de sensibilidad social.

A la vez que se supo que la capacidad de compra de las familias, en julio, cayó el 11 % y
que el gobierno ni nacional ni popular no piensa hacer cambios en el impuesto a las
ganancias para “este año”, también sepamos que las telefónicas realizarán más aumentos de
tarifas. Aunque anunciaron que las alzas serán del 16% en promedio, Personal ya aplicó
subas del 100%, mientras que Movistar el lunes lo hará hasta el 60%. La única de las
grandes operadoras que mantendrá la tarifa será Claro. Otro aporte del “mejor equipo de los
últimos 50 años” a la recesión en marcha y al bienestar general de la población, a la que
expolian todos los días.

31/07/16: Después de 15 años un presidente de la Nación fue al predio usurpado por la

Sociedad Rural, para participar de la mega muestra con que todos los años se pavonea la
corporación campestre para hacernos recordar, mejor dicho: hacernos creer, que ellos son el
motor de la Economía y el único factor del progreso de cara al futuro. Hablaron, ante la
multitud de oligarcas y mal entretenidos que curioseaban costosamente, los dos socios
principales: el esclavista Luis Etcheverehere y el inefable presidente offshore. Dos
discursos que encontraron sintonía en el autoelogio, la mentira estadística, la crítica abusiva
y mendaz sobre el gobierno anterior y la justificación injuriante para decisiones “duras y
difíciles” para la población; pero “necesarias” para el futuro inmejorable que nos espera a
todos. El Hood Robin argentino no Nacional, en definitiva, se despachó con un discurso sin
anuncios, pero con una fuerte opción por la actividad agroexportadora como estrategia de
crecimiento e inserción en el mundo. En 19 minutos, Macri alineó al gobierno con la
política y el mensaje “ultraconservador” de la Sociedad Rural, en su tono chato y
monocorde habitual. Por suerte el acto duró poco. Había mucho por disfrutar...

La presunta reparación histórica para jubilados y pensionados que el gobierno ni nacional

ni popular usó como señuelo para que los incautos se tragaran el blanqueo de capitales, sólo
alcanzará a una mínima franja de personas, alrededor del 10 por ciento del total, que están
entre las de más altos ingresos. Así surge de las bases de datos de la Anses que desde esta
semana pueden ser consultadas por los interesados en los efectos de la ley 27.260 sobre sus
ingresos. Aun así, servirá como pretexto para la liquidación del sistema previsional de
reparto. Pese a ello, en el decreto reglamentario 894/2016 el gobierno pretende hacer creer
que los beneficiarios “podrían ascender a más de dos millones de casos”, ahora con pleno
conocimiento de su falsedad. Unos 4,4 millones de los registrados por Anses cobran la
mínima, no tienen reajustes pendientes y no están alcanzados por la ley. Otros 1,7 millones
están excluidos porque corresponden a los regímenes especiales (Poder Judicial, ex cajas
provinciales transferidas a la Nación, malvineros y otros). Un trabajo interno de la Anses,
que el gobierno nacional oculta porque pone en evidencia la falta de sustento de su
publicidad engañosa, estima que a priori la reparación podría llegar a 1,1 millón de
personas, pero cuando esa cifra se descompone en sus partes, oscilarían entre 500.000 y
700.000. Según detalla Horacio Verbitsky, en Página/12 de hoy, 200.000 tienen sentencia
favorable, por lo que para pagarles no hacía falta ninguna ley. Los abogados les están
aconsejando que no acepten la quita propuesta por la ley y que exijan el pago completo de
la sentencia. Unos 500.000 iniciaron juicio, pero aún no tienen sentencia de segunda
instancia, o no recurrieron a la Justicia, pero recibirán una actualización importante. Otros
400.000 “están para analizar”, según la terminología de la Anses. Los funcionarios que
trabajan en el tema dicen que una porción de ellos recibiría una mejora tan exigua que no
compensaría el gasto de los trámites para percibirla; por ejemplo, cobran 10.000 pesos
mensuales y les aumentarían a 10.100 o 10.200. Si el anterior gobierno con las moratorias y
la ley de actualización fortaleció la base de la pirámide, de modo que el 75,9 por ciento de
los jubilados perciben la mínima y otro 14,9 por ciento hasta dos mínimas, el actual sólo
propone mejoras para la reducida cúspide. Aunque esto sólo mejorará los ingresos de uno
de cada diez jubilados para el Estado tendrá un altísimo costo, que pondrá en peligro la
sustentabilidad de todo el sistema. Si se pagaran los 380.000 casos que ya están en juicio,
con una sentencia media de 400.000 pesos en una hipótesis conservadora, el stock a pagar
ascendería a 152.000 millones de pesos, unos 10.000 millones de dólares. Pero, además,
suponiendo un ajuste medio de 4.500 pesos por caso, el nuevo flujo a erogar cada mes sería
de 1.700 millones de pesos, o 22.230 millones más por año. Esto implica un 4,4 por ciento
de aumento de la partida anual de jubilaciones y pensiones, que acabará muy pronto con el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La ley prevé otras vías de desfinanciamiento del
sistema, al ratificar la devolución de impuestos coparticipables a las provincias, la virtual
eliminación del impuesto a los bienes personales y el incremento considerable del gasto. Ya
Adalbert Krieger Vasena durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y Domingo Cavallo
un cuarto de siglo después, transformaron los recursos previsionales en bonos evaporables.
Sólo la Justicia puede impedir que se repita, si da lugar al recurso de amparo presentado
esta semana por Miguel Fernández Pastor, ex Gerente de Normatización de Prestaciones y
Servicios de la Anses durante la gestión del informante de la embajada norteamericana,
Sergio Massa.

Según el ministro de Propaganda, Joseph Peña, la devolución del IVA o los cambios en las
jubilaciones “son beneficios nuevos que requieren que el Estado pueda llegar a las personas
para explicarles ese mensaje”. El gobierno presenta la devolución en cuotas de hasta 300
pesos mensuales en las compras de alimentos o productos básicos como una poderosa
política social a favor de quienes perciben la jubilación mínima, pensiones no contributivas
que no superen el haber mínimo, Asignación Universal por Hijo (AUH), por embarazo o
sepelio. El ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso de Prat-Gay, estimó esa transferencia
en 25.000 millones de pesos anuales. Pero lo que ni uno ni otro de los mendaces ministros
dijeron ni dirán, ni en avisos convencionales ni en comunicación por las redes sociales, ni
mucho menos a través de los mercenarios cibernéticos que operan ilegalmente desde la
Casa Rosada, es que, dada la afectación específica del IVA al sistema previsional, la merma
en la recaudación impactará negativamente sobre la ley de movilidad. Lo que reciban como
devolución del IVA un máximo de 8,6 millones de beneficiarios no lo pagará el Estado sino
los 14 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones y planes
universales, cuyos ingresos disminuirá. Más mentiras, para más confiscaciones.

El corazón artificial del presidente offshore sigue dando señales y trabajando a medio
ritmo, igual que su portador. Además de incorporar un noveno cardiólogo a la unidad
médica presidencial, el Poder Ejecutivo ha incrementado a cuatro sus sesiones semanales
de psicoterapia. El mal imitador de Freddie Mercuri inició el tratamiento hace un cuarto de
siglo, luego del secuestro en el que pasó 15 días dentro de un estrecho ataúd. Con el paso
del tiempo fue reduciendo el número de sesiones, pero nunca las interrumpió, ni siquiera
cuando viaja. En ese caso, la consulta con el psicólogo se realiza por teléfono o
videoconferencia vía Skype, siempre a primera hora de la mañana. Pero debido a la tensión
de las tareas oficiales volvió a las cuatro sesiones originarias. Para colmo, enfermo de poder
como está, también sufre de paranoia: en la cuadra del consultorio del psicólogo donde
concurre cada vez más asiduamente, hay dos contenedores de basura municipales. Macri
los había instalado cuando fue Jefe de Gobierno, pero ahora le pidió a su custodia que los
retiraran “porque me van a poner una bomba”. Ese mismo día el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires los quitó de allí. Su sensación habría sido la corazonada de un
enfermo de poder con delirios paranoicos.

Cuando se levantó el mal denominado “cepo”, hasta el nuevamente neoliberal Diego Bo-
Bossio lo calificó como “exitoso”, incluso afirmó que “se sacaba el sombrero” por como se
había ejecutado la medida. Con el resultado a mediano plazo a la vista, va ser mejor que se
lo vuelva a poner, antes que le corten la cabeza. Además del calamitoso espiral
inflacionario que desató en todos los precios de la Economía, a pesar de lo pronosticado por
el mendaz ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el alza de las tasas Lebac
que batieron récord de suba para el mercado especulativo, hay que agregar la fuga de
divisas que, además de los giros de las empresas al exterior, se dio por la compra de dólar
ahorro de particulares y que no se volcó a la Economía doméstica. A poco más de siete
meses de aquel anuncio, que liberó las restricciones cambiarias permitiendo adquirir hasta
U$S 5 millones diarios sin pedir autorización de la Afip, surge el interrogante acerca de
cuántos dólares por persona se compran en promedio desde que se quitó la barrera
restrictiva, quedando fuera de juego el mercado paralelo o como se lo llamaba comúnmente
"dólar blue". Los resultados hasta el momento, con los cambios en las reglas del juego,
arrojan que desde el fin del cepo cambiario en promedio se compran U$S500 por persona a
modo de ahorro y que en el primer semestre del año se fugaron del país más de U$S6.000
millones por esa vía. Este es el otro costado pornográfico de la fiesta gonzalezfreguista que
la gerencia neoliberal, sus socios y amigos cardenales se dan a costillas del erario público,
mientras piden comprensión y sacrificio para soportar las medidas confiscatorias tomadas y
por venir.
01/08/16: El dinero que le fue sustraído a la vicepresidenta de sus “bolsos” sigue dando que
hablar y, a medida que se va investigando, se van descubriendo más cosas que explican
porque la víctima no denunció el hecho ante la opinión pública y la Justicia. Juan Martín
Tonelli, pareja de Gabriela Michetti, fue quien, según ella, le había prestado los 50.000
dólares (en pleno “cepo” cambiario) que le fueron robados. Pues bien: el romántico y
generoso novio recibió del gobierno porteño más de dos millones de pesos en
contrataciones directas por “pauta publicitaria” en la revista JOY –sobre restaurantes
gourmet– y “organización de eventos” como las “Sparkling Nights” –reuniones para catar
champagne en hoteles cinco estrellas–. Así lo denunció el portal Nuestras Voces, de la
legisladora porteña Gabriela Cerruti. La empresa de Tonelli facturó esa cantidad hasta el
año 2014, según lo que fue publicado en el Boletín Oficial. Sus negocios con el Estado
porteño, que el PRO gobierna desde hace más de ocho años, podrían ser aún mayores.
Tonelli, que se presenta a sí mismo como un lobista (“hago relaciones gubernamentales”,
ha dicho al ser entrevistado), desembarcó en el PRO como asesor de la Fundación Crecer y
Creer, del presidente offshore. La nota de Nuestras Voces lo describe como un
emprendedor que organizaba “desayunos de oración” por las mañanas –así conoció a
Michetti– y “eventos sobre placeres y vida gourmet” en las noches. La empresa a través de
la que se canalizaron los negocios con el gobierno porteño es Tough Match SRL, que creó
con su hermano Carlos. La firma es propietaria de la web PlanetaJoy.com y la revista JOY,
organizadoras a su vez de las ferias de vinos espumantes (o Sparkling Nights) en las que las
bodegas ofrecen degustaciones de champagne en lujosos hoteles porteños. También hacen
eventos de Bienestar Saludable y la feria al aire libre BAM (Buenos Aires Market). Según
la investigación del portal, el gobierno porteño le puso publicidad a la revista por al menos
823.628 pesos. El criterio con el que le dieron estos fondos dista de estar justificado: en la
sección sobre salidas nocturnas, junto a una nota sobre variedades de cerveza, por ejemplo,
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Buenos Aires puso una
página destinada a difundir la línea telefónica gratuita 102, destinada a recibir denuncias de
los niños. El portal revela que el Estado porteño también destinó dineros públicos a poner
un stand en las Sparkling Nights. En este caso, la participación en el evento “donde
famosas top models (y no tanto) se juntan con jóvenes empresarios a degustar vinos de alta
gama”, fue realizada por medio de contrataciones directas, evitando licitaciones. “Tonelli
facturó al Gobierno de la Ciudad por las noches de burbujas 565.280 pesos, sumando los
110.000 pesos de 2011 a los 455.280 pesos de 2013”. Otras sumas fueron percibidas por la
empresa por los BA Market. Estas ferias itinerantes de alimentos saludables, cuenta el
artículo, “nacieron como un evento privado auspiciado por el Gobierno de la Ciudad, que le
facilitaba predios y permisos. Pero rápidamente el Gobierno de la Ciudad contrató a la
empresa de Tonelli como dueña de la ‘idea original’ del BA Market por 169.400 pesos por
fin de semana, sumando un total de 338.800 pesos. Sin embargo, desde hace dos años, el
Gobierno de la Ciudad a través del Ente de Turismo gira por pago directo, a través de un
mecanismo irregular y extraordinario de ‘caja chica especial’ para reconocimiento de
servicios prestados, entre trescientos y quinientos mil pesos por fin de semana de feria a la
empresa Castropol Comunicaciones por la organización del BA Market”. A su vez,
Castropol Comunicaciones es una empresa que se dedica a intermediar pauta (bolseros) con
los gobiernos, y publica suplementos de salud para diarios del interior auspiciados por la
Cámara de Medicamentos de Venta Libre (Capemvel), que dirige Tonelli. Esta es la
catadura moral y la estatura intelectual de las personas que habitan el antro neoliberal que
se hace llamar “Fundación Pensar”, que si aplicaran el sincera-miento que no ejecutan en
las variables de la Economía, deberían agregarle: “en negocios para la pandilla de Mau”.

Cuanto más habla, más se delata. El Hood Robin argentino no Nacional hizo declaraciones
a la prensa mexicana. En ellas se despachó con más mentiras, comentarios injuriantes y
salidas de paso que avergonzarían a cualquier bien nacido. Sobre el presidente mexicano,
Enrique Peña Nieto, con quien se reunió la semana pasada, afirmó que no le “consta” que
“no esté defendiendo los derechos humanos” ante la desaparición de 43 estudiantes en
Ayotzinapa y la represión a docentes en Oaxaca; y sobre el narcotráfico, que azota a ese
país con la complicidad de su neoliberal gobierno, sólo señaló que “no es porque no hayan
querido reducirlo, sino porque es complejo el tema”. Sobre el avance de los juicios por
delitos de lesa humanidad, el gerenciador neoliberal, se desentendió del impulso que el
Estado les dio en los últimos años a partir de impulsar la acción penal desde la Secretaría de
Derechos Humanos y desde los equipos de investigación que fueron desmantelados en los
últimos meses. “Es un poder independiente la Justicia, ellos actúan. Lo que puedo
garantizar desde que soy presidente es que trabajo todos los días para que cada día haya
más institucionalidad en mi país, que actúe como corresponde la Justicia
independientemente del Poder Ejecutivo”, agregó ante el silencio cómplice y/o ignorante de
la entrevistadora. Sobre la participación de Aldo Rico y otros militares retirados que
defienden lo actuado en la dictadura durante el desfile oficial del 10 de julio, el mal
imitador de Fredy Mercuri tampoco se hizo cargo: “Yo trato de que la gente acá se exprese
con libertad, cada uno tiene distintas visiones, insisto: lo importante es que la Justicia actúe
con independencia y no permita que haya impunidad con ningún tipo de delito”, afirmó
insólitamente, para no decir nada y mezclar todo. En tanto reiteró su defensa ante el
escándalo internacional conocido como Panamá Papers, que reveló que él tenía dos
empresas offshore en guaridas fiscales. En particular, se refirió a la decisión de traer de las
Islas Bahamas 18 millones de pesos que tenía allí. “La agencia de impuestos de Argentina
se ocupó de ello y ahora están en la Argentina para demostrar que apuesto por el futuro de
nuestro país.”, dijo sin recalcar que con esos dineros mal habidos piensa comprar bonos y
no invertirlos productivamente, como ya señaló en su momento. Para el final dejamos lo
más curioso, entre tantas barbaridades, mentiras y sandeces escuchadas: “Vamos a estudiar
con mucha atención el tema de la legalización de la marihuana; cuáles son los resultados
que tiene Uruguay o cualquier otro país que avance en esa dirección. No nos vamos a
precipitar. Hay tiempo”. El costado hippie del mendaz presidente no lo conocíamos, pero
porque no lo tiene. Seguramente, lo que va a estudiar, es cómo sería el negocio tras la
sustancia, y no un debate sobre su conveniencia; que sería pertinente a la hora de definir su
legalización, que toda la sociedad debería discutir seriamente, sin especulaciones
electorales, compromisos económicos, prejuicios ideológicos o moralinas berretas;
justamente de hombres como el presidente offshore, para quien un homosexual es un
enfermo y un drogadicto sólo un peligro, al que hay que castigar y encerrar para que no
moleste.

La destrucción de puestos de trabajo y de pymes, para llegar al empleo 0 y a una Economía

campestre co-dirigida por corporaciones, preferentemente extranjeras, sigue su rumbo
triunfal. La producción de las pymes industriales cayó en junio 5,9 por ciento en relación a
igual mes del año anterior y tocó el nivel más bajo desde mayo de 2010, según un sondeo
de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En el primer semestre, la
retracción fue de 4,4 por ciento interanual. A su vez, el sector registró en junio una baja de
6,2 por ciento si se compara con mayo. “Hay mucha incertidumbre porque la recuperación
no llega, y 7 de cada 10 industriales no ven reactivación en los próximos seis meses”,
advirtió la entidad en un comunicado. El temor sobre lo que viene es tan pronunciado que
al menos por ahora sólo el 12 por ciento de las pymes industriales aseguró tener planes de
inversión para lo que queda del año. Por sectores, las ramas más afectadas en la
comparación interanual, en junio fueron: ‘Material de Transporte’ (-8,4 por ciento),
‘Productos de Caucho y Plástico’ (-8,3), ‘Productos de metal, maquinaria y equipo’ (-7,4),
‘Papel, cartón, edición e impresión’ (-7), ‘Minerales no metálicos’ (-7), ‘Textiles y prendas
de vestir’ (-6,2), ‘Calzado y marroquinería’ (-6,1) y ‘Productos químicos’ (-5 por ciento).
No va haber sector que zafe de la topadora neoliberal, dispuesta a todo por convertir al país
en un enclave colonial norteamericano, sólo agroexportador y con salarios de hambre; con
buena parte de los trabajadores desocupados y sin cobertura ni protección estatal que los
ampare. Es la consagración del “Estado mínimo”, sin un mínimo de decencia.

El Estado nunca está ausente. En su versión neoliberal, lo que hace es dosificar su presencia
para favorecer siempre a los sectores más concentrados de la Economía. La “ausencia” del
Estado, que defensores y críticos señalan permanentemente, no es sino una redefinición de
su rol que lo muestra activo como agente asegurador de dichas políticas. Un dejar hacer,
una complicidad que esconde, en su supuesta pasividad, un protagonismo clave que
resguarda, legalmente, la “seguridad jurídica” que, monopolios y oligopolios,
transnacionales o nacionales asociados a éstos, necesitan para proteger sus intrincados
negocios; recurriendo al Estado como, en el mejor y más favorable de los casos para éste, el
socio “bobo” que garantiza sus mecanismos. Pasemos esto a la Economía doméstica actual:
los consumidores recibirán otro duro golpe, tras la suba del aceite acordada entre el
gobierno y la cámara que nuclea a los productores de ese insumo de la canasta básica, ya
que desde el ministerio de Agricultura confirmaron que, por una "decisión empresarial",
comenzará a faltar manteca en los comercios. "No puedo meterme ahí", se justificó. El
anuncio lo hizo el titular de la cartera de Agroindustria, el terrateniente Ricardo Buryaile,
en una entrevista que concedió a FM Uno. Allí, el ex CRA explicó que los empresarios
lácteos decidieron volcarse al negocio de los quesos para exportación en desmedro de la
producción de leche, lo cual afecta directamente la oferta de manteca, un subproducto de la
leche fluida. “Hay decisiones empresariales que dicen ´vamos a hacer queso porque me da
margen de rentabilidad´ y yo no puedo meterme ahí", argumentó el funcionario, para quien
el Estado, sofisma mediante, no debe entrometerse en lo que decidan “libremente” los
mercados; los mismos que reciben prebendas, subsidios, blanqueos y nichos de negocios a
medida, merced a la intromisión del Estado para favorecerlos. Pero como esto no lo pueden
ni decir ni admitir. Al contrario: deben simular preocupación y algún gesto reacción: "Les
pedimos transparencia en los precios y en la cadena, vamos a mirar y observar cuál es la
participación de cada eslabón" anunció, aunque descartó realizar controles más estrictos,
porque esa política "ha fracasado". "Si alguien quiere vender más caro que otro local, salvo
que tenga una posición dominante, no tenemos facultad para hacer otra cosa que sentarnos
y persuadir", agregó el funcionario beneficiado con la intervención gubernamental en la
Economía para favorecer a los latifundistas y a sus miles de hectáreas que posee en
territorio argentino. Seguramente la manteca que no vuelquen al mercado interno la usarán
las clases pudientes, como en los años veinte del siglo pasado, para “tirarla al techo”, como
hacían los ricachones mientras despilfarraban sus riquezas por Europa, a modo de juego
pasatista.

En Avellaneda todos conocen muy bien a Gladys González, diputada del PRO. Ni sus
propios camaradas la soportan; abochornados, miren cómo será el caso, por sus prácticas
autoritarias y corruptas. Ahora fue denunciada judicialmente. Según una presentación
realizada ante la UFI N° 2 de Avellaneda, González, quien además es interventora en el
Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), le propuso a García, compañerito suyo en el
PRO, "la posibilidad de designar personas en cargos provinciales, los cuales deben
imperativamente donar el diez por ciento de su salario a una fundación desconocida". La
diputada fue candidata a intendenta de Avellaneda en las últimas elecciones, pero fue
derrotada por el actual jefe comunal, Jorge Ferraresi, del Frente para la Victoria. "He
tomado conocimiento de que una diputada nacional e interventora del Sindicato de Obreros
Marítimos (SOMU), de nombre Gladys Ester González, ha propuesto la posibilidad de
designar personas en cargos provinciales, los cuales deben imperativamente donar el diez
por ciento de su salario a una fundación desconocida", reza la denuncia. “El hecho
denunciado, la señora González lo explicita en un mensaje vía WhatsApp que recibe el
denunciante en su abonado móvil y ha sido remitido desde el abonado" que presuntamente
pertenece a la legisladora, añade la presentación. García, enfrentado políticamente en
Avellaneda con la diputada, ofreció como prueba de su denuncia capturas de pantalla de su
teléfono celular, del 18 de diciembre pasado. “Formulo la presente denuncia debido a mi
obligación como funcionario público", subrayó el concejal. Estas son las malas noticias de
las que el ex marido de la vedette Susana Giménez, Ricardo Darín, para quien el gobierno
ni nacional y popular sabe reconocer sus errores por eso está bien “aprender sobre la
marcha” ya que no vinieron a “cagarle la vida a la gente”, no se quiere enterar. Porque elige
no saber.

Mientras el partido judicial, que integra la troika neoliberal gobernante, busca resucitar la
apócrifa denuncia del ex fiscal Nisman contra CFK, van surgiendo más pruebas que
incriminan al corrupto funcionario suicida. El Banco Central de Uruguay informó ante
exhortos enviados por la Justicia Argentina la existencia de cuentas bancarias que hubo a
nombre del fallecido fiscal Alberto Nisman y su madre, Sara Garfunkel, así como de bienes
inmuebles que ésta última posee en el país vecino. Es en la causa por presunto lavado de
dinero que pesa sobre la madre del fallecido fiscal, su hermana, Sandra Nisman y el
empleado informático Diego Lagomarsino, luego de conocerse que los tres eran titulares de
una cuenta bancaria en el Merril Lynch and Co de los Estados Unidos y de la cual el ex
titular de la Unidad Fiscal AMIA figuraba como apoderado. La nueva información se da en
días en que se intenta reflotar la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento del
atentado a la AMIA, y cuando aún la investigación sobre la muerte del fiscal no determinó
tras año y medio de investigación si se trató de un suicidio o un homicidio. En un informe
producido en noviembre pasado por el Banco Central del Uruguay, que llegó tiempo atrás
al juzgado federal del inefable Claudio Malodío, se dio respuesta a un requerimiento sobre
la tenencia de cuentas o bienes a nombre de la familia de Nisman y Lagomarsino. La
información era para sumar más pruebas en la causa donde consta ya un informe de la
FINCEN (la unidad anti lavado de los Estados Unidos), en el cual informó que en la cuenta
del Merril Lynch se habrían recibido más de 600 mil dólares en depósitos entre septiembre
de 2012 y agosto de 2014. Ahora, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
del Banco Central de Uruguay produjo un informe dirigido a la jueza de primera instancia
Julia Staricco, y el mismo fue remitido a la Justicia Argentina. En su informe, la UIAF
explicó que en mayo de 2015 había requerido información al Banco Itaú Uruguay y al
Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A. en la medida que artículos periodísticos
mencionaban que Nisman tenía cuentas en esas entidades, pero la búsqueda luego se
extendió a otros bancos. El Banco BBVA Uruguay, el Itaú, el Citibank sucursal Uruguay,
el Discount Bank, el Heritage y el Santander informaron sobre la existencia de cuentas,
transferencias o bien cofres. Según información a la que accedió NA, el Banco Bilbao
Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A informó que su cliente Pueblo Mio SA recibió
transferencias del exterior acreditadas en sus cuentas 7711255, 8141061 y 20241666. Los
fondos fueron girados desde los EEUU de las cuentas 76050653 y 5V350653 del Merrill
Lynch and Co, y de las cuales figuran como titulares Sara Garfunkel, Sandra Nisman y
Diego Lagomarsino. La cuenta número 7711255 recibió 338.076 durante 2008 y 2009; la
8141061 unos 5508 en 2014; y la identificada como 20241666 recibió unos 10187 con un
último giro el 9 de enero de 2015, todo en dólares. Por su parte, según información
aportada por el Banco Itau, la clienta Patricia Forrester recibió el 9 de septiembre de 2014
una transferencia por 2415 dólares enviada por Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego
Lagomarsino desde la cuenta 5V350653 del Merril Lynch. El Discount Bank (LATIN
AMERICAN) informó que la clienta Keila Kessler Sterenlijt, con domicilio en Buenos
Aires, fue titular entre 2003 y 2011 de una caja de ahorro en dólares, de la cual figuraba
como apoderadas la madre de Nisman y Lidia Garfunkel, tía del fallecido fiscal. El
Citibank sucursal Uruguay Informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares
de una caja de ahorro en dólares la cual fue abierta en 2001 y cerrada en 2004. EL 24 de
enero de 2001 se depositaron 30 mil dólares y se constituyó en un plazo fijo, hasta que
finalmente se retiraron 30.581, 19 dólares. En tanto el Banque Heritage comunicó que Sara
Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas: una fue cerrada en 2002 y la
otra en 2007. En una de las cuentas la cual se constituyó en plazo fijo se retiraron unos 28
mil dólares, y la otra tuvo más movimiento: de la cuenta corriente 229127, cerrada en 2007,
se retiraron unos 5273,59 dólares, y en el 2004 se había registrado un depósito de Sara
Garfunkel por unos 55.100 dólares. Otro banco, Santander Uruguay, informó que Sara
Garfunkel y Alberto Nisman fueron cotitulares de la caja de ahorro en dólares 3372161602,
la cual fue abierta en 2000 y se encuentra activa sin saldo. Por otra parte, en concepto de
bienes inmuebles o muebles, las autoridades uruguayas informaron sobre la existencia de
una promesa de compraventa de 2008 entre Pueblo Mio S.A, RUC (Prominente comprador)
y Sara Garfunkel de tres unidades por 288.035 dólares. Además, la Dirección General de
Registros informó que Sara Garfunkel figura como propietaria de esas tres unidades de
propiedad horizontal, ubicadas en localidad de Manantiales, partido de Maldonado. La
causa por lavado de dinero está en poder de Malodío luego de que su par Rodolfo Canicoba
Corral fuese apartado por la Cámara Federal tras un planteo de la familia del fallecido fiscal
que lo acusó de "enemistad manifiesta" y "prejuzgamiento", a raíz de declaraciones
periodísticas en las que el magistrado formuló duras acusaciones contra el entorno de
Nisman por sospechas de lavado. Canicoba Corral había dispuesto la citación a indagatoria
de Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino, pero las mismas quedaron en
suspenso ante el cambio de juez, sumado a que las defensas cuestionaron la utilización
como prueba del informe con carácter de reservado que giró la FINCEN sobre la cuenta en
los Estados Unidos. Con estos nuevos datos va quedando claro que el corrupto y mal
funcionario estaba tan sucio como lo están los que organizaron la infame “marcha de los
paraguas”, con la que quisieron desestabilizar al gobierno anterior.

La visita del presidente offshore el sábado, en el usurpado predio de la Sociedad Rural, dejó
algunas apostillas curiosas. El hombre del corazón artificial fue recibido con una ovación
pocas veces vista. Entre sus admiradoras pudo observarse a varias mujeres de militares de
la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad. Una de las líderes de este
grupo es la abogada Andrea Palomas Alarcón, miembro de la Asociación de Abogados por
la Justicia y la Concordia que reúne a familiares de represores de la dictadura presos y/o
muertos. Alarcón es empresaria y fue parte de "Felices los niños", la polémica fundación de
Julio César Grassi que derivó en una causa por abuso de menores. A ella siempre la
acompaña Ana Delia Maggi, esposa del represor Ernesto "Nabo" Barreiro, el ex militar que
aseguró conocer el destino de 25 desaparecidos. Ellas asisten desde la asunción del
gerenciador neoliberal a los lugares donde se desarrollen actividades por los Derechos
Humanos para hacer lobby por sus maridos presos. Y presionan tanto al Secretario de
Derechos Humanos, Claudio Avruj, como a Mariano Fridman, responsable del programa
"Memoria, Verdad y Justicia" del Gobierno nacional. Alarcón en uno de sus posteos en
Facebook lanza una teoría repudiable: "Pobre país en el que los jueces coimeros,
"militantes" de la mentira de los 30.000 son los que imparten "justicia" y tienen como
rehenes a ancianos indefensos en venganza porque no pudieron implantar un estado
totalitario comunista", en consonancia con el ex funcionario macrista Darío El Pérfido,
recientemente eyectado como secretario de cultura de la Ciudad. Con toda esta lacra
presente, en primera fila junto a la esclavista patronal campestre, aplaudía a rabiar el
vergonzoso discurso presidencial el sindicalista empresarial Mongo Venegas, quien señaló
que “hoy esto está cambiando, el país va a tener economías sanas, y muchas fuentes de
trabajo. Apostamos a los proyectos para mejorar la calidad de vida de todo el país…Hoy no
tenemos corruptos en el Estado, este país está decidido a crecer. Tenemos un gran país, y a
mí me mandan mis trabajadores, nadie más, y estoy orgulloso de eso", subrayó sin hacer
referencia a las cuentas no declaradas que le descubrieron en EE.UU., ni a los Panamá
Papers, ni a las terribles condiciones de vida de los peones rurales en Argentina. Cómo este
hombre, a la vista de todos, puede seguir impunemente al frente de un gremio, al que ha
sometido a los dictámenes más denigrantes de su patronal, es un enigma que nadie puede
explicar sin pensar que detrás de ello se esconden negocios aborrecibles, secretos
inconfesables y corruptelas inimaginables.
No pueden ser más aberrantes. Sólo pueden superarse a sí mismos a la hora de tomar
decisiones que deberían abochornar hasta al más conservador hombre de la clase
hegemónica dominante. Como se atreven a todo y provocan sin cesar, día tras día, lo
conseguido en los últimos años, en particular en materia de Derechos humanos, ahora la
alianza neoliberal que propone la participación, en un acto por el Día del Niño, de la
Fuerza Aérea de Morón (ubicada en los pagos del ex marido del hada desangelada María E.
Vidal), responsable de secuestros, torturas y asesinatos en el centro clandestino de
detención que funcionó allí, conocido como El Chalet. Será por los festejos en la segunda
semana de agosto en el hospital Posadas, según reveló el diario Tiempo Argentino. El
escándalo surge porque el director de la institución, Carlos Di Pietrantonio, cercano al
ministro de Salud Jorge Lemus, decidió convocar una banda militar de la Fuerza Aérea. El
"festejo" será en el hall central del hospital, donde actualmente hay un muro con las fotos y
un monumento en memoria de los detenidos desaparecidos. Este gesto despertó el rechazo
de familiares de víctimas de la dictadura. "Presentamos una nota a la dirección del hospital
explicando la historia de lo que sucedió acá a las nuevas autoridades. Les damos el
beneficio de la duda de que tal vez no conocen la historia del Posadas, y pedimos que lo
revean", señaló ingenuamente a Tiempo Zulema Chester, integrante de la Dirección de
Derechos Humanos del Posadas e hija de Jacobo Chester, el asesinado secretario
administrativo del hospital. En marzo de 1976, Reynaldo Benito Bignone encabezó un
operativo con tanques y helicópteros para tomar el hospital por la fuerza, con el argumento
de que allí funcionaba una 'posta sanitaria' del ERP. Cincuenta trabajadores y dirigentes
gremiales del hospital fueron detenidos ilegalmente. Luego la intervención pasó a manos de
la Fuerza Aérea, que tenía el control operacional de la zona, donde instaló centros
clandestinos como Mansión Seré, VII Brigada Aérea, comisarías y el Chalet del Hospital
Posadas. No cabe duda que si el múltiple criminal J.R. Videla estuviera vivo, lo indultarían.

02/08/16: Javier González Frega debe estar feliz: las vacaciones de invierno, en números,
fue un fracaso. Tanto en la Ciudad como en la Provincia hubo una baja ocupación hotelera,
signos de austeridad, con viajeros gasoleros y una fuerte caída en ventas, sobre todo en
teatro y cine. El norte argentino fue el único privilegiado en cuanto el nivel ocupación,
donde hasta llegó a alcanzar el 100%. Pero los turistas que decidieron viajar por el país lo
hicieron de forma muy económica: la contratación de excursiones fue casi inexistentes y las
salidas a restaurantes fueron muy esporádicas, según informó el diario Ámbito Financiero.
Desde CAME, para alegría del economista neoliberal, señalaron que el nuevo turista "saltea
comidas, no lleva regalos, en muy pocos casos contrata excursiones y en la mayoría de los
casos apenas sale a comer afuera o al cine o teatro”. Por el lado de la costa argentina,
tampoco hubo buenos números en este invierno. "El fuerte no son las vacaciones de
invierno, pero estuvimos en menos del 50 por ciento de ocupación en Pinamar y Cariló",
agregó Ghezzi de CAME. Para las vacaciones en la plena Ciudad también hubo apenas en
promedio una salida por semana. Y se reflejó en la venta de entradas para espectáculos
infantiles. "La tendencia viene en baja desde abril y creemos que los números de julio van a
cerrar en esta sintonía", explicó el empresario teatral Carlos Rottemberg. Además, agregó
que la baja "seguramente esté entre un 10 y un 20%". La festichola, ahora, es sólo
neoliberal.

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, emitió un durísimo y

certero comunicado contra la ministra de inseguridad Patricia Bolsrich: “A raíz de la
publicación en el día de la fecha, en la pág. 16 del diario Clarín, de un detalle
pormenorizado de la custodia que se me asigna en mi carácter de ex Presidenta de la
Nación, donde se informa de la cantidad de personal, horarios, vehículos, sistemas de
guardias y relevos y movimientos, tanto de la suscripta como de toda su familia, lo que
implica una clara violación de la ley y una grave atentado a nuestra seguridad, la hago
responsable a Ud. como Ministra y por ende al gobierno del cual forma parte, de mi
seguridad personal como la de toda mi familia: mis dos hijos y mis dos nietos. También de
la vida de todos los que integran dicha custodia y que además son agentes y empleados
suyos y del Poder Ejecutivo Nacional. Sin duda, su decisión de dar a un medio de prensa
como Clarín información absolutamente reservada y confidencial, que había sido entregada
por el jefe de mi custodia, Crio. Diego Carbone, a requerimiento del Súper Intendente de
Seguridad y Custodia, Crio. Gral. Carlos Filgueiras, con precisión y detalles propios del
Servicio de Seguridad, constituye una clara violación de los más elementales protocolos de
seguridad. No trate de tapar el malestar popular por su inoperancia absoluta como Ministra
de Seguridad poniendo en riesgo mi vida, la de mi familia y la de todo el personal de
custodia. El incremento en la Seguridad de mi hija Florencia obedeció a la violación de
todas las normas de reserva y seguridad, cuando Ud. con toda malicia y perversidad dio a
los medios las fotos de un supuesto allanamiento a las cajas de seguridad que ella posee
legítimamente, con el objeto de mostrarla con una imagen de opulencia y riqueza, invitando
a cualquier banda delictiva a realizar un robo o secuestro. Bueno es remarcar que no hay
antecedentes en nuestro país de aperturas de cajas de seguridad bancarias con fotografías y
filmación PUBLICADAS, en un show mediático inédito. Ud. sabe que mi hija Florencia y
mi nieta Helena Vaca Narvaja, viven solas con una Señora que las acompaña, en el Barrio
de Monserrat, que al igual que en el resto del área Metropolitana, desde principio de año ha
visto incrementado exponencialmente los robos y secuestros extorsivos; incluyendo
también a figuras conocidas o de la política, como nunca se vio desde hace décadas. Luego
de que se publicara esa información sobre Florencia, y en el marco de una creciente
inseguridad –que es de público y notorio conocimiento, aunque no mediático-, mi propia
Custodia efectuó una reasignación de tareas otorgando mayor custodia para mi hija, sin
requerir más medios ni personal, sino reordenando el que poseía y con conocimiento de sus
superiores. Su inoperancia como Ministra de Seguridad, que pretende esconder con shows
mediáticos y televisivos trayendo delincuentes con quienes pacta fuera de todas las normas
procesales condiciones especiales de detención con el compromiso de que involucre a
miembros de nuestro gobierno con supuestos hechos delictivos -que ni siquiera merecen el
inicio de investigaciones- para terminar acusando a un ex senador de su propio Gobierno,
de haber cobrado coimas para la destitución de un juez que lo perjudicaba a él. El show
con la detención de dos personas, por una pericia falsa de un arma que las fuerzas bajo su
mando efectuaron y que Ud. convalidó; o la última función de entretenimiento a partir de la
detención de dos jóvenes twiteros como si trataran de agentes terroristas extranjeros,
demuestran sus conductas inescrupulosas y violentas, más graves aún por el cargo que
ostenta. Hace menos de un mes, el 7 de julio, a raíz de mis quejas por los domos de
filmación colocados enfrente de mi vivienda y de hacerme un seguimiento con cámaras de
video de filmación, Ud. twiteó: “Estimada Ex Presidenta: es el mismo tipo de operativo que
se dispuso para Obama. Reglas de Seguridad de Estado, para cuidar la investidura”, y luego
en programas televisivos dijo que “era para proteger a la Ex Jefa de Estado de eventuales
agresiones…”. ¿En qué quedamos? ¿Me quiere proteger o me quiere exhibir a mí y a mi
familia como fácil presa de cualquier atentado? ¿Desconoce las amenazas que he tenido de
grupos terroristas extranjeros? ¿Desconoce el manifiesto encono y agresividad para con mi
persona, de servicios de inteligencia extranjeros a los que he denunciado y que Ud. reporta?
¿Se olvida que tanto mi gobierno como el del Ex Presidente Néstor Kirchner fuimos los que
enjuiciamos a los genocidas de la dictadura, que ahora Uds. hacen desfilar en las fiestas
patrias, y cuyos procesos han comenzado a demorarse inexplicablemente? Su falta de
escrúpulos no es nueva ni tiene origen ideológico. Careció siempre de ellos, cualquier fuera
su lugar de militancia -que por cierto fueron varios y cambiantes-. Finalmente le reitero:
responsabilizo a Ud. y a su Gobierno, no sólo de mi seguridad y la de mis hijos y nietos,
sino de las nefastas consecuencias que sus malas prácticas como Ministra de Seguridad le
están causando al conjunto de los argentinos, y que por los hechos de inseguridad que se
viven en forma cotidiana, lamentablemente no son pocas”. Para cerrar esta nota para
después firmar al pie, suscribiendo cada palabra, habría que agregar que esta señora debiera
responder por qué y de qué habló con el corrupto ex fiscal Alberto Nisman al que, al igual
que la fanática macrista, la ocupa Laura Alonso, llamó incontables veces durante los días
previos a su infame suicidio. En la desesperación de ese hombre, atormentado y acorralado
por las respuestas que debía dar en el Congreso por su apócrifa denuncia, también ella
aportó lo suyo, con sus presiones y sus órdenes destituyentes, para el desenlace final del
inepto funcionario.

El segundo semestre no muestra señales de reactivación. La recaudación fiscal aumentó en

julio apenas 23,4 por ciento respecto al mismo período de 2015. Con ese desempeño, los
ingresos tributarios se ubicaron por sexto mes consecutivo debajo de los niveles
interanuales de inflación del orden del 45 por ciento estimados por consultoras privadas,
institutos estadísticos provinciales y sindicatos. Los datos publicados ayer por la AFIP
confirman las consecuencias económicas del ajuste dispuesto por el gobierno del presidente
offshore. La contracción del mercado interno redunda en un pobre desempeño de los
impuestos vinculados al consumo como el IVA impositivo que, en un escenario de
aceleración de los aumentos en las góndolas, creció apenas 31,9 por ciento. La merma en
los salarios reales se observa, por su parte, en el comportamiento de los gravámenes
asociados al mercado de trabajo: los ingresos generados por el sistema de la seguridad
social registraron una suba de 26,3 por ciento. El escenario recesivo para la recaudación
asociada a la demanda interna se complementa con el alza del 48,6 por ciento en los
recursos generados por los derechos de importación y la sostenida caída del 29,0 por ciento
en los ingresos por retenciones a las exportaciones. El primer dato refleja la aceleración en
el ingreso de bienes de consumo -electrodomésticos, alimentos, indumentaria y calzados,
entre otros- promovida por la apertura comercial. El segundo, denuncia una de las
consecuencias que tuvo sobre las arcas públicas la transferencia de ingresos para el sector
agroexportador, mecanismo potenciado con la devaluación. Estos datos compatibilizan con
la caída estrepitosa que vienen acumulando los salarios. El poder adquisitivo de los
trabajadores se contrajo 9,9 por ciento desde que el hombre del corazón artificial asumió la
presidencia. La merma en la capacidad de compra que acompañó la devaluación, la quita de
retenciones, el incremento en el desempleo, el aumento de tarifas y la contracción del gasto
público fue estimada por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET). El “índice de
inflación del movimiento obrero”, con el que se calcula el impacto de la aceleración de
precios sobre los sueldos, arrojó en junio un aumento mensual de 2,7 por ciento y una
variación interanual del 46 por ciento. El impacto fue significativamente superior sobre los
hogares más pobres y trepó hasta un 52,6 por ciento interanual en junio. Los guarismos
construidos por el instituto dependiente del Centro de Innovación de los Trabajadores
(CITRA) y la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) representan una de las
caídas más significativas de los últimos trece años para los sectores asalariados.

La ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, está “tomando” medidas de más y haciendo

el ridículo, en su afán por mostrarse eficaz y, a la vez, útil a la hora de distraer a la opinión
pública con sus operativos policiales berretas. Ahora está decidida a llevar hasta las últimas
consecuencias el caso de dos jóvenes que escribieron en una cuenta de Twitter “mensajes
amenazantes”, en los que se hicieron pasar por terroristas islámicos. Pese a que fuentes
policiales indicaban que lo más probable es que fuera “una joda”, la ministra hizo una
conferencia el fin de semana para anunciar la captura de los jóvenes. Ayer allanaron sus
casas. Pese a que las fuerzas de seguridad pudieron establecer la baja seriedad de las
amenazas (“dos jóvenes aburridos que no sabían qué hacer”, fue la descripción que hizo el
jefe de la División Cibercrimen de la Metropolitana, Carlos Rojas), Bolsrich llevó hasta el
delirio y el patetismo el tema cuando, con rostro ceñudo, informó sobre la desarticulación
de la célula de twiteros. A ambos los habían detenido en una casa en Villa Urquiza y
estuvieron incomunicados todo el fin de semana. Esta mujer, que nunca debió asumir cargo
alguno en su vida, ya debió haber renunciado en enero, cuando los detenidos por el triple
crimen de Gral. Rodríguez escaparon de una cárcel de máxima seguridad con un revólver
de juguete.

Siempre tan rápidos y generosos con las corporaciones y tan lentos y mezquinos con los
sectores populares. Ayer se comenzó a aplicar en la provincia de Buenos Aires el boleto
estudiantil gratuito, que la gobernadora, el hada desangelada María Eugenia Vidal, venía
demorando al evitar su reglamentación, a pesar que la ley se había aprobado por iniciativa
del gobierno anterior en diciembre del año pasado. Tuvieron que haber presentaciones
judiciales y manifestaciones masivas de estudiantes para que la ex señora se aviniera a
derecho. A la vuelta de las vacaciones de invierno, alumnos de primaria y secundaria,
pudieron viajar gratis en colectivos; sin embargo, ningún estudiante universitario ni
terciario pudo hacerlo, pese a que figuran como beneficiarios en la ley aprobada hace un
año por la legislatura provincial (ley 14.735). Según se anunció oficialmente, el boleto
funcionará en forma parcial este cuatrimestre e incluirá a los alumnos de la Universidad de
La Plata. Pero ayer los dirigentes de la federación estudiantil platense aseguraron que aún
no fueron alcanzados por el beneficio, que recién estaría disponible para fin de mes. El
transporte fluvial, los trenes y los colectivos interjurisdiccionales tampoco están
contemplados, al igual que los viajes de larga distancia. Veremos cuanto más tarda en
cumplir la ley que, cuando es a favor de los sectores populares, buscan con ahínco
demorarla cuando no ha violarla.

Lo dijo hace unos días el gerenciador del Estado neoliberal: “nuestra fuerza se gestó,
principalmente, a través de las redes sociales”. Por eso no es de extrañar que ahora se
dediquen a perseguir y censurar en ellas para cuidar la imagen del mal imitador de Freddie
Mercuri. A ello se dedica la red social Facebook con los administradores de la página
antimacrista con más seguidores: "Choripan &Vino”, “Todo Negativo" y a las páginas de
dos periodistas opositores: Dante López Foresi y Javier "Profe" Romero; pese a que
ninguna promueve acciones violentas sino sólo a la crítica política al Gobierno de
Cambiemos. El día del primer cacerolazo contra el Gobierno, que fue multitudinario,
Facebook dio de baja la página "Choripan & Vino". Fue por una foto sin contenido
violento. Según contaron a El Destape los administradores de esta fan page, que tenía 250
mil seguidores, "la eliminaron para siempre, es imposible volver a recuperarla". Por ahora,
se manejan con un back up y una nueva fan page, que en poco más de un mes tiene 50 mil
seguidores. En la última semana, la fan page de "Todo Negativo" también fue bloqueada
por tiempo indeterminado. Los administradores responsabilizaron a los denominados trolls
del Gobierno, a quienes señaló Marcelo Tinelli por atacarlo en las redes desde el aparato
estatal. Desde "Todo Negativo" acusaron que hubo una maniobra para una ola de denuncias
a su página y así bloquearla. El periodista opositor "El Profe" Romero también fue
censurado en Facebook. Así lo contó desde su cuenta de Twitter. Y denunció un posible
plan de Macri con la empresa norteamericana. El presidente se reunió con sus directivos en
enero de este año en Davos. Otro periodista también viene denunciando hace un mes el
bloqueo de su página de Facebook. Es Dante López Foresi. Estuvo un mes su página
(Agencia El Vigía) bloqueada. Recién el lunes la recuperó tras una fuerte campaña en
redes. Con esta impudicia operan los nobles republicanos que, con su feroz autoritarismo,
procuran acallar voces que, para mal de sus estúpidas maniobras, seguirán multiplicándose
por el medio que fuere. Contra la opresión, siempre aflora la resistencia.

03/08/16: A pocos días de la reunificación de las centrales obreras y rondando el

lanzamiento de un paro general contra las políticas criminales del gobierno neoliberal, Mau
y sus pandilleros activan el as marcado que tenían en la manga para desarticularlo: la plata
de las obras sociales. Los popes gremiales de las tres fracciones cegetistas volvieron a
sentarse en el Salón Blanco de la Casa Rosada para participar del anuncio del presidente
offshore de la devolución escalonada hasta el 2020 de unos 29 mil millones pesos a las
obras sociales sindicales. Unos 2700 millones serán en forma inmediata, otros 8000 pasarán
a formar parte de un fideicomiso de la Superintendencia de Servicios de Salud para la
Cobertura Universal de Salud (con hospitales públicos incluidos) que propone el Gobierno
a través del Ministerio de Salud; 4500 estarán destinados a emergencias (con disponibilidad
parcial inmediata) y 15000 millones en bonos con vencimiento en 2010. Ya se adelantó el
sindicalista empresarial, Mongo Venegas, a descartar cualquier medida de fuerza futura
porque “este es un gobierno nuevo que ha hecho mucho en estos meses y no está lleno de
corruptos. Puede haber reclamos puntuales pero de ninguna manera una protesta general”,
señaló uno de los más beneficiados por las políticas gremiales de un gobierno que le ha
devuelto sus ilegítimos privilegios, en detrimento de los derechos de sus trabajadores. La
gerencia neoliberal calificó de “histórica” la medida, en su afán de engrandecer la decisión
de modo que impacte en la valoración de una dirigencia que, recuperada su “caja”,
seguramente dilatará más sus decisiones ofensivas contra las políticas confiscatorias
neoliberales. Veremos qué actitud toman finalmente, sabiendo que las bases que conducen
y no representan, alientan posiciones duras y contestarías y no las mostradas hasta ahora;
que se compadecen más con la complicidad entreguista de las conquistas obreras, que con
la defensa irrestricta de las mismas. La historia de esta dirigencia nos ha enseñado que el
dinero compra sus conciencias.

Así como se intenta disciplinar a los gremios con el dinero de las obras sociales, el mismo
procedimiento chantajista se aplicará con la devolución del 15 % de los fondos
coparticipables que deben reintegrar a las provincias. “Algunos de los gobernadores del PJ
estuvieron picantes al comienzo. Después de que les bajamos 37 mil palos y todo fue paz y
amor.” Ese fue el resumen que hacían en los pasillos de Balcarce 50 sobre la reunión de los
gobernadores con funcionarios del Gobierno nacional. Los mandatarios provinciales (o,
según el caso, los representantes que enviaron) firmaron la devolución en tandas del 15 por
ciento de fondos coparticipables. A cambio, la administración del hombre del corazón
artificial les exigirá que vayan ajustando sus cuentas hasta eliminar el déficit fiscal hacia
2019. A cambio de estos fondos, desde el Gobierno ni nacional ni popular esperan avanzar
en pactos fiscales, que no dejan de guardar cierta similitud con los que impulsó en su
momento Domingo Cavallo: buscarán que las provincias ajusten para reducir el déficit. En
la Casa Rosada dejaron trascender que calculan que las provincias tienen un déficit de 95
mil millones de pesos este año, de los cuales 21.500 millones corresponden a la provincia
de Buenos Aires. Cualquier coincidencia con la política pauperizadora de “Déficit 0” de
Fernando de la Ruina, no es ninguna casualidad.

El representante de Metrogás en el ENRE, David Tezanos González, justificó ayer el

tarifazo de gas y minimizó la importancia de las audiencias públicas como paso previo a la
aplicación del aumento. Fue durante una audiencia de la Comisión de Defensa del
Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, a la que fue
invitado con el objetivo de que explique el cuadro tarifario que pretende aplicar el gobierno
nacional. El titular del organismo, que debería velar por los intereses de los usuarios, no
brindó precisiones sobre el costo de producción y transporte de las empresas que expliquen
los tarifazos, aunque hizo una férrea defensa de la necesidad de aumentar las boletas para
que se hagan inversiones. “Para que haya infraestructura hay que pagarla”, dijo Tezanos
González. Respecto de la necesidad de que se consulte a la población, previo a un aumento,
sostuvo que “el concepto de audiencia pública es sólo una herramienta más que tiene el
regulador”. La definición despertó una airada respuesta de los diputados que componen la
Comisión. Las críticas por esa definición fueron de propios y ajenos. El diputado
entrerriano Julio Solanas (FpV) acusó al funcionario de “soslayar gravísimamente la
Constitución Nacional”, en referencia al artículo 42 de la carta magna, referido a los
derechos de usuarios y consumidores. El salteño Guillermo Durand Cornejo (PRO) se sumó
a las críticas: “No es una herramienta para ustedes, es para el usuario”. En medio de los
reproches que se fueron sucediendo, la titular de la Comisión, la massista Liliana Schwindt,
le solicitó que aclare si además de la audiencia pública pactada para octubre próximo, con
motivo de la revisión integral tarifaria que se realizará en el segundo semestre del año,
habría una audiencia por los aumentos ya anunciados. El funcionario replicó el argumento
oficial de que no es necesario porque se trata de una renegociación transitoria y no de una
revisión tarifaria integral. No obstante, cuando se venía la segunda oleada de críticas, dijo
que esa decisión es potestad del Ministerio de Energía y no del ente que él conduce. El
funcionario fue consultado por su pasado como director de Ventas de Gas Natural de YPF y
presidente del Directorio de Metrogas hasta el año pasado. Tezanos González dijo conocer
la ley de ética pública y que, por ello, se abstiene de firmar cualquier resolución que
impliquen decisiones sobre Metrogas e YPF. Otra vez la catadura moral de estos
funcionarios al desnudo.

En la ciudad más rica del país y una de las más acaudaladas del continente, aflora la
pobreza y la miseria, únicas variables que se han disparado en forma ascendente además de
la inflación que venían a eliminar en el segundo semestre. Organizaciones territoriales,
sindicatos, centros culturales y cooperativas reclamaron al jefe de gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Berreta, que aumente los presupuestos sociales y tome medidas para
paliar los problemas que afronta la población más vulnerable de la ciudad de Buenos Aires.
En uno de los salones de la Legislatura, con el apoyo de diputados opositores al PRO y la
presencia del titular de la Pastoral Social local, los movimientos advirtieron sobre un
“escenario alarmante”, con comedores populares que sufren una mayor demanda, aumento
de las personas en situación de calle y un número creciente de familias que caen bajo la
línea de la pobreza y de la indigencia. Al mismo tiempo, advirtieron que los presupuestos
sociales que podrían darles una mayor contención son subejecutados, dejando sin usar
fondos que deberían llegar a los afectados. La iniciativa tendrá su correspondiente
expresión en la calle que, como nadie ignora, es el modo de garantizar que los reclamos
sociales se vuelvan visibles; y como también todos saben, es el método elegido para sortear
el cerco informativo que los medios hegemónicos han consolidado para proteger a su socio
político, a cargo del poder ejecutivo (no) nacional.

Para ser honestos hay que reconocer que algunos signos de reactivación económica se están
produciendo. Al igual que en la recordada crisis de 2001, en la localidad bonaerense de
General Alvear organizaron una feria del trueque para intentar paliar los aumentos de
precios y "fomentar la solidaridad”. Artesanías por pastelitos, ropa por muebles, bebidas
por "algún que otro servicio" como cortar el pasto o solucionar algún problema de
plomería, son algunos de los canjes que proponen en el Club de Pescadores, institución que
ofrece sus instalaciones para llevar a cabo la idea. De esta forma, el trueque continúa
mostrando que regresó ante la compleja situación económica actual. La experiencia se
reeditó en localidades bonaerenses, pero también del interior del país. Laferrere, en el oeste
del Gran Buenos Aires; Florencio Varela, en el sur del conurbano, o Villa Carlos Paz, en
Córdoba, son algunos lugares que registraron iniciativas similares. Ya se van enterar la
verdadera Gestafip y la ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, para implementar
operativos en esas zonas, de modo de desarticular lo que para ellos pueden llegar a ser
prácticas desleales contra la ley sacrosanta del Dios Mercado.

04/08/16: Los restos de dignidad que quedan en pie en el poder judicial le están
complicando los planes confiscatorios a Mau y sus pandilleros. Ayer una jueza de San
Martín extendió la suspensión del aumento de la luz, que ya había resuelto a favor de
clubes de barrio y de un hospital privado, exigiendo su vigencia en todo el país. Ahora, el
tarifazo eléctrico seguirá el mismo camino judicial que el del gas. El fallo no se aplicó
sobre las empresas distribuidoras que actúan a nivel regional sino que directamente afectó a
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y le exigió “que
se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario respecto de todas las distribuidoras del país
hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública”. Además, ordenó al Ente
Regulador de la Electricidad (ENRE) que notifique a todas las distribuidoras eléctricas para
que suspendan el cobro de las facturas emitidas según los nuevos valores de las tarifas y
tomen los pagos realizados hasta ahora a cuenta de las próximas boletas. El Gobierno
apelará en los próximos días la decisión de Forns, aunque se espera que la suspensión del
tarifazo se mantenga firme al menos hasta que el caso llegue a la Cámara Federal de
Apelaciones de San Martín. En sus considerandos, la jueza Forns dijo que “la modificación
de la tarifa requiere de una audiencia pública para la defensa de los usuarios, junto con la
intervención del Defensor del Pueblo”. También citó al actual Procurador del Tesoro,
Carlos Balbín, quien en 2008 advertía que cualquier incremento tarifario “debe ser
debidamente fundado y particularmente gradual”, para oponerse a la suba tarifaria en la
electricidad que en ese momento llegaba al 30 por ciento, cuando el actual tarifazo en la
electricidad está en un rango del 22 al 148 por ciento para el cargo fijo y del 143 y 900 por
ciento en el cargo variable. Para la magistrada, los aumentos aplicados por el hombre del
corazón artificial son “exorbitantes, desproporcionados y fuera de la realidad”. Tomemos
estos últimos conceptos para aplicarlos a toda la gestión del gobierno neoliberal.

La inflación de julio se ubicó en 3,1 por ciento y acumuló un incremento del 45,8 por
ciento interanual, según el relevamiento de la CGT Azopardo. El observatorio de datos
económicos y sociales de la entidad sindical que conduce el ex gremialista Hugo Moyano
registró que una familia con dos hijos necesita 12.797 pesos para no ser pobre y 5588 pesos
para no caer en situación de indigencia. En tanto una encuesta del Centro de Opinión
Pública y Estudios Sociales (CEPA) de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, reveló
que el 81 por ciento de las personas que ganan menos de 8000 pesos mensuales debió
recortar gastos para poder pagar las tarifas de los servicios. El porcentaje apenas baja al 75
por ciento entre los que ganan más de 8000 pesos. Además, comprobó que dos de cada diez
argentinos dejaron de consumir carne y el 45 por ciento eligió cortes de menor costo. La
encuesta telefónica se hizo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense a fines
de julio con 1097 casos. El resultado del trabajo indicó que hay un amplio acuerdo en que
las tarifas debían aumentarse, pero hay un rechazo con los porcentajes de los incrementos.
Sólo 12 por ciento de los encuestados está de acuerdo con los aumentos tal y como fueron
aplicados, mientras que un 20 por ciento rechaza cualquier tipo de suba de tarifas de luz,
gas, agua y transporte. A todo esto, los medios concentrados, encabezados por el grupo
Clarín, inundaron el espectro comunicacional con informes sobre los riesgos de consumir
manteca, recientemente afectada por la suba de precios y la pérdida de producción para el
mercado local. Seguramente están preparando nuevos informes advirtiendo el peligro del
ácido úrico para los consumidores de carne, la ventaja de usar velas (antes que también
aumenten estratosféricamente) para generar ambientes románticos en las parejas, o la
oportunidad que ofrece el frío para que la gente se acerque más corporalmente, de modo de
estrechar lazos y contactos más cercanos. De ahí hasta el deseo de dejarse morir para llegar
más pronto al paraíso celestial, no paran.

Ante la fuerte contracción del consumo, el pobre desempeño exportador y el ajuste del
gasto público desde que asumió el presidente offshore, la apuesta oficial es que el impulso
al crecimiento económico provenga de la inversión privada. Los datos del Instituto de
Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala revelan que ni el supuesto
shock de confianza ni la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados
permitieron recomponer la formación bruta de capital: en junio el Indicador Mensual de la
Inversión (IMI) registró una contracción interanual de 10,7 por ciento. Así, la caída
acumulada durante el primer semestre del año llegó al 7,4 por ciento. Los datos reflejan una
aceleración de la tendencia de caída. A pesar de la contundencia de estos datos el ministro
en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, aseguró ayer que la actividad económica ya
muestra señales positivas y volverá a crecer a fin de año gracias a la liberalización de
mercados. “Lo más duro en términos de actividad económica ya pasó”, dijo en un
encuentro con corresponsales extranjeros en alusión a los tarifazos y la mega devaluación
que impactaron fuertemente en la inflación. “Estamos mucho mejor de lo que muchos
creían”, cerró el provocador ministro, que sigue mintiendo como si la gente no sintiera en el
cuerpo el peso del ajuste brutal que están aplicando a la sociedad argentina.

Con la sociedad mirando para otro lado o angustiada por la crítica situación económica que
le toca sufrir, el gobierno ni nacional ni popular continúa intentando arrasar en otros frentes
con sus políticas criminales. En el Congreso dos proyectos, que ya tienen media sanción de
diputados, fueron duramente criticados por varios expositores invitados a analizarlos.
“Mamarracho”, “papelón”, “escandaloso”, “inconstitucional”, “inaceptable”, “falto de
sistematicidad y racionalidad”, “violatorio de los principios de legalidad, de culpabilidad y
de inocencia”, todos esos calificativos, entre otros, recibieron ayer los proyectos de ley del
arrepentido y de extinción de dominio que se analizaron en un plenario de comisiones del
Senado. Juristas, profesores de derecho, fiscales, magistrados y hasta funcionarios del
propio oficialismo criticaron las iniciativas aprobadas en Diputados que fueron impulsadas
por Cambiemos y el Frente Renovador. “Esta ley es algo similar a un decreto de Videla,
que le quitó los bienes a un montón de personas. Acá va a pasar lo mismo. La institución es
inaceptable jurídicamente. ¿Cómo se les va a quitar los bienes sin condena?”, disparó ayer
Edgardo Donna, que durante dos décadas fue juez de la Cámara del Crimen de la Capital
Federal. Se refería al proyecto de extinción de dominio, el más cuestionado de la jornada.
Entre otras cosas, la crítica central al proyecto se debió a que el Estado podría confiscar los
bienes de aquellas personas por el sólo hecho de ser llamados a declaración indagatoria, sin
que exista una condena. La otra aborrecible iniciativa, la ley del arrepentido, también fue
defenestrada. Varios expositores cuestionaron hasta el nombre de la figura, ya que en
verdad no se trata de una cuestión moral del imputado sino de una cuestión práctica. La
justicia obtiene información a cambio de otorgarle una reducción de la pena al colaborador.
Tanto Gil Lavedra como León Arslanián criticaron los plazos que, en la media sanción de
Diputados, tiene la persona para acogerse a este beneficio. Ambos indicaron que debe
fijarse como límite el momento en que el fiscal cierra la etapa de instrucción y requiere la
elevación a juicio. Además, criticaron la lista de delitos en los cuales puede utilizarse.
Ahora la palabra la tiene el Senado, para poner algo de cordura a tanta afrenta y tanta
calamidad con que el gobierno neoliberal busca multiplicar sus políticas confiscatorias y el
acoso judicial a sus disidentes.

05/08/16: Ayer fue el peor día para el gobierno ni nacional ni popular. Por la tarde, cuando
uno de sus brazos ejecutores, la cueva de Allí Babá sucursal Comodoro Py, intentó
infructuosamente detener a Hebe de Bonafini y por la noche, cuando un nuevo “ruidazo”,
en protesta por los criminales tarifazos de los servicios públicos, se multiplicó por las calles
de todo el país. Se conocía, desde el día anterior, la decisión del juez Marcelo Martínez de
Giorgi de ir a buscar con la fuerza pública a la histórica líder de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo, ante la negativa de ésta a prestarse a una nueva indagatoria por una causa
en que está imputada por malversación de fondos públicos. En lugar de presentarse o
mandar un abogado, Bonafini le mandó una carta al juez: “Desde el año 1977 vengo
padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia, implementada por jueces de la
Nación”. En ella también relata el “calvario” de la búsqueda de sus hijos Jorge y Raúl en la
última dictadura, y de su nuera, María Elena. “Siempre la misma ignominia, la misma
indiferencia” de parte de los jueces a quienes señaló como “cómplices “de los asesinos
militares y marinos”. Sumó un episodio de torturas a su hija Alejandra en 2001, sin
respuesta judicial, y luego “el caso Schoklender”. En ese punto Bonafini dijo que desde el
comienzo “las madres aportamos 60 cajas con pruebas, junto con 40 backup, y otros
elementos más, primero a (Norberto) Oyarbide y después a usted, que ni siquiera leyeron
algo de lo aportado. Asistimos cuantas veces nos llamaron a declarar, hicimos pericias de
las firmas que constataron que no eran mías, siempre a disposición de la verdad, incluso
hace unos meses asistí voluntariamente a su despacho para informarme ante la indigna
marcha de la causa. Y otra vez sufrimos la burla, que nos castiga a todas, ancianas de 85 y
90 años, y nos condena a pagar las deudas, injustas y ajenas”. El operativo policial, inédito
para ejecutar la orden de detención de una mujer de 87 años, se desplegó entonces a la hora
en que desde hace 1999 jueves las Madres salen para la histórica ronda en la Plaza de
Mayo. Pero no pudieron cumplir con su infausta tarea ya que, sabida la noticia, cientos de
personas y dirigentes políticos confluyeron a la plaza y luego en la espontánea procesión de
regreso a la casa de las Madres a dos cuadras del Congreso. La multitud allí reunida
impidió que el ignominioso operativo se lleve a cabo. La primera plana del kirchnerismo y
sus aliados se fue sucediendo a lo largo del día rodeando a las Madres. Ante todos ellos
Hebe improvisó un discurso en el que agradeció la solidaridad allí expresada y señaló que
“contras las madres no van a poder. No les tenemos miedo. Macri, pará la mano”. Ante este
panorama, el empleado juez de la troika gobernante declaró ¡prófuga! a Hebe, con la orden
de detención vigente. Así fue como buscando un aleccionamiento, alimentado por su odio
revanchista, se encontraron con la resistencia de una mujer que es un ejemplo de coraje a la
hora de enfrentar a los poderes totalitarios dispuestos a avasallar las libertades y garantías
individuales. Los enfrentó en plena dictadura, en soledad, poniendo su vida en peligro en su
afán de búsqueda de justicia. Ponerle el pecho a esta mafia remendada, que se mueve
arrastrada a los pies de los poderes corporativos a los que termina asociada, para Hebe es
cosa sencilla. Su dignidad y su valentía deben servir de referencia a todos los que hoy se
sienten desbordados y acorralados por un poder que no sólo degrada las condiciones
materiales de existencia, sino que también amenaza las libertades individuales y colectivas
bajo todas sus formas.

La noticia sobre el intentó de detención de una luchadora de los organismos de Derechos

Humanos recorrió el mundo que, absorto, daba cuenta también de la pueblada que lo
impedía. Y mientras el gobierno del Hood Robin argentino no Nacional balbuceaba
amenazas contra Hebe, a través de su ministro de Propaganda Joseph Peña, como ya hizo
contra los amparos por los tarifazos con sus “tarde o temprano van a tener que…”, para
ahora completarlo con “…responder ante la Justicia”, comenzaba la protesta masiva en las
calles de todo el país contra los criminales tarifazos de la gerencia neoliberal que se
apoderó del Estado. Con mucha más gente que en la protesta anterior, el reclamo indignado
de la ciudadanía se hizo sentir en el mismo día en que la Cámara Federal de La Plata
confirmó que el tarifazo en el servicio de gas en todo el país seguirá suspendido hasta tanto
la Corte Suprema de las Corporaciones emita una resolución sobre el tema. De este modo,
tanto como con la luz como con el gas, todo queda en las manos de los supremos rehenes
de los poderes fácticos, para que definan si confirman su pertenencia de clase o ejercen el
derecho y administran justicia ante este nuevo avasallamiento abrumador de Mau y sus
pandilleros.

Los shows tribunalicios que monta la gerencia neoliberal, en combinación con el fétido
poder judicial y la mafia mediática, van a continuar sin descanso durante todo el tiempo que
dure el mandato del presidente offshore; sabiendo la necesidad que tienen de perseguir
opositores por su odio revanchista y de distraer a la opinión pública para diferenciarse de lo
que ellos llaman “corruptos” y para, principalmente, seguir disimulando la crisis socio
económica desatada sobre la población con sus planes criminales, “bien” pensados pero
desprolijamente ejecutados. Basta cotejar el último informe de la ultra neoliberal consultora
FIEL, para quien el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) más que se duplicó
durante el gobierno del mal imitador de Fredy Mercuri, mientras que si se le suman los
servicios esenciales, la Canasta Básica Total (CBT) se triplicó. Los desfiles por la cueva de
Allí Babá sucursal Comodoro Py son también necesarios para ocultar que, según el mismo
informe, la CBA de julio último se encareció un 43,3 por ciento respecto de igual mes del
año pasado, más del doble del 19,6 por ciento de incremento que se había registrado de
manera interanual hasta noviembre de 2015. En tanto, la canasta total aumentó en julio 47,7
por ciento en términos interanuales, tres veces más que el registro de 16,1 por ciento de
noviembre último contra igual mes de 2014. De esta manera, una familia tipo de cuatro
integrantes necesitó el mes pasado un ingreso de 11.383 pesos para no ser considerada
pobre. Estos aterradores datos, que serán aún más catastróficos en el corto y mediano plazo,
se complementan con otro informe: el de la CAME, para quien las ventas minoristas
anotaron una caída del 8,1 por ciento en julio, al marcar el séptimo mes de bajas.
Electrodomésticos, materiales para la construcción, productos de ferretería, textiles y
calzados fueron los rubros que lideraron las caídas, con mermas de hasta 18,1 por ciento el
mes pasado. En el segundo semestre de 2015, a diferencia de las fuertes tensiones de
consumo de 2016, se habían anotado incrementos de las ventas minoristas todos los meses.
Fueron del 1,7 por ciento en julio, 2,4 en agosto, 2,4 en septiembre, 2,7 en octubre, 1,6 en
noviembre y 3,1 en diciembre. La pérdida de puestos de trabajo, el aumento del costo de
vida por la devaluación y el tarifazo y las mayores tasas de interés en pesos que
encarecieron el consumo con tarjeta de crédito explicaron este año el fuerte retroceso de la
demanda local. De poco les va a servir a Mau y sus pandilleros ocultar la realidad, que
intentan reescribir a diario (Clarín): la crisis se siente en el cuerpo; se vive en la falta de
empleo; se refleja en los precios; se sufre con los salarios rebajados; se padece con la
pérdida de beneficios en las condiciones de trabajo; se observa en los rostros sufrientes de
muchos compatriotas desesperados y abandonados a su suerte; se escucha en las quejas
airadas de paros, marchas y “ruidazos”; en definitiva, se evidencia en la calamitosa realidad
que la alianza neoliberal, conducida por CEOs y empresarios con cuentas offshore, provocó
en pocos días intencionalmente para consumar su objetivo distópico primordial: la miseria
planificada de las grandes mayorías.

Algo que seguramente se le puede achacar como un grave error al anterior gobierno, que
sus opositores neoliberales jamás subsanarían, fue el no haberles quitado la concesión a las
empresas de servicios públicos, principalmente a Edenor y Edesur, por incumplimiento de
contrato. El pésimo servicio que prestan y la falta de inversiones bastaban para restatizar a
estos monopolios repartidos para volverlos al ámbito público, de donde nunca debieron
haber salido. Ahora, ante la ola de reclamos y los amparos judiciales que frenaron los
tarifazos criminales del gobierno ni nacional ni popular, las “privatizadas” amenazan a sus
usuarios y a sus empleados de manera extorsiva y chantajista. En estos días emitieron
comunicados indicando que la prestación del servicio está en “peligro”, ante los altos costos
que sufrieron y que no pueden absorber por el freno tarifario. Pero también advierten que ni
siquiera podrán abonar los salarios de sus empelados: "Son $ 700 millones a $ 800 millones
por mes de salarios. Eso no va a entrar si se cumple esta sentencia", afirmó el presidente de
Edenor, Ricardo Torres, en declaraciones a radio Buitre. Al respecto, el directivo relató que
"dado que tenemos que devolverles a los clientes lo que pagaron durante los cuatro últimos
meses, Edenor tendría cero ingresos durante el próximo año". "A partir del martes o cuando
nos notifiquen no tendríamos más ingresos por un año más o menos, que es el tiempo que
tardaríamos en devolver el dinero a los clientes y pasarlos a la factura anterior", explicó
Torres. Pues entonces es sencillo: O rascan de las cuentas que tienen escondidas en paraísos
fiscales e invierten en la empresa el dinero que le vinieron esquilmando ilegal e
ilegítimamente estos años; o abandonan la concesión así dejan de “perder” dinero, aunque
sus balances de los últimos años digan lo contrario; claro que, sin derecho a indemnización,
dado el desastroso servicio prestado y los incumplimientos múltiples cometidos. Pero esto
no va a suceder con un gobierno como el actual, que siempre arbitra a favor de los grupos
concentrados. Con estas declaraciones lo único que buscan es (auto) justificarse ante la
opinión pública pues saben que, aun demorando los aumentos por la obligada realización de
audiencias públicas, el gobierno del hombre del corazón artificial buscará imponer el
tarifazo pues aquéllas no son vinculantes, es decir: no impiden el atraco planteado. Si la
Corte Suprema de las Corporaciones no limita los aumentos, considerando a los servicios
como esenciales y parte de los derechos humanos; por lo que el valor de los mismos no
debería desbordar las capacidades de pago de sus usuarios, sólo una rebeldía colectiva,
masivamente movilizada, podría impedir la confiscación buscada, por ser el caso,
negándose a pagar lo legalmente decidido, pero ilegítimamente convalidado.

Escenas que hasta hace ocho meses pensábamos, equivocadamente, que jamás volveríamos
a ver, se repiten patéticamente marcando el nivel de decadencia en que el gobierno de
CEOs y evasores fiscales está sumiendo a la sociedad argentina. El pasado miércoles
productores tamberos de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires,
con representantes de Carsfe y Federación Agraria Argentina, se concentraron en la
intersección de la Ruta Nacional Nº 34 y calle Ernesto Salva, en Rafaela, para hacer oír el
descontento. El país que produce alimentos para 300 millones de personas, pero que sufre
hambre y desnutrición en ascenso, tuvo que observar como cientos de vecinos formaron
largas colas para recibir un litro por persona/grupo familiar y alfajores para los más
pequeños. El tránsito sólo se interrumpió en una de las manos de la ruta, pero un amplio
despliegue de Gendarmería, Policía y guardas municipales lo reencauzó para minimizar
trastornos. Como vienen reclamando hasta el cansancio desde hace años, pero sin respuesta
de las autoridades nacionales, los tamberos reiteraron el pedido de transparentar la cadena
láctea en la que, según acusan, el eslabón comercial se queda con la mayor renta. “El
productor está perdiendo plata, se está comiendo el capital. Pero va a llegar un momento en
que no lo va a poder hacer más”, señaló Esther Faggiano, directora del Distrito 12
Federación Agraria. Además, recordó que “el precio en góndola está cerca de los $ 20
cuando el tambero recibe entre los $ 3,70 y los $ 4,20”. La dirigente sostuvo que “es
necesario que la industria pague entre $ 5,50 y $ 5,80 para decir estamos trabajando con
rentabilidad”. Por su parte, Marcelo Aimaro, integrante de la Mesa Provincial de
Productores Lecheros, recalcó que el sector de comercialización “se está llevando la mayor
parte” y reclamó la intervención del gobierno “para regular la actividad”, algo que
seguramente no sucederá, pues Mau y sus pandilleros consideran siempre que “allí no nos
podemos meter”, cuando se trata de asegurar derechos y garantías, en este caso
alimentarias, para el ciudadano de a pie.

06/08/16: El coraje y la decisión que no tienen muchos dirigentes y parlamentarios

opositores, los tiene una mujer de 87 años: Hebe de Bonafini. Su reacción del miércoles
no fue un show, fue su respuesta al show: al que montan a diario en la cueva de Alí Babá
Sucursal Comodoro Py, en combinación con la prensa canalla. No sólo dijo basta contra
las maniobras distractivas de la troika gobernante. Les dijo “hasta acá llegaste” a todo un
sistema pensado y diseñado para operar, apretar y disciplinar personas e instituciones con
claros objetivos: asegurar impunidades, legalizar medidas atroces e ilegítimas, y
convalidar un sistema putrefacto, que encuentra en el poder judicial un bastión; la usina
y, al mismo tiempo, la reserva de última instancia para preservar y perpetuar un poder
con pretensiones omnímodas, elitistas y confiscatorias. Y ese coraje ya empezó a recoger
sus frutos: tras una larga charla con los abogados de Madres, el juez Marcelo Martínez de
Giorgi aceptó el pedido de eximición de prisión. La movilización solidaria con Hebe
obligó a rever el marco de la indagatoria, por lo que el mismo juez, o un secretario suyo,
le tomará declaración en la sede de las Madres; medida que el magistrado pudo haber
tomado inicialmente y no insistir con la fuerza pública, de manera provocativa,
justamente un jueves a las 15.30hs, día y hora en que las madres hacen su histórica ronda
desde hace más de 35 años; precisamente un rato antes que se produjera la masiva
protesta contra los criminales tarifazos del gobierno ni nacional ni popular. Además, hay
que recalcar que Hebe se negaba a ejercer su derecho a declarar en su defensa, por lo que
toda esta movida espectacularizada se evitaba con un burócrata cerrando el acto
administrativo. Así, una vez más, buscando pegar un tiro de gracia se les termina
escapando por la culata. Pero ojo: el magistrado servilletero tuvo que recular, pero
intentará venganza. Ya dijo: “ordené la indagatoria de la Bonafini constructora de
viviendas, no de la defensora de los derechos humanos…Por un lado se planteó la
resistencia y la manifestación para mostrar un apoyo; y por otro, objetivamente, no
descarto que pueda haber un encubrimiento de parte de quienes la rodeaban para evitar la
detención. Pero todavía no tengo los antecedentes del allanamiento como para evaluar
bien qué sucedió. Lo que veo es una persona que tiene una orden de captura, y un grupo
de gente que se junta para evitarlo”. De hecho, ya hay una presentación del abogado
Santiago Dupuy de Lome (denunciante frecuente) contra la ex ministra de Cultura, Teresa
Parodi, el ex secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el diputado Andrés Larroque
por impedir que Hebe fuera detenida. La malicia, al juez, se le evidenció cuando se
atrevió a opinar: “los mismos ex funcionarios que acompañaron a Bonafini en la
Fundación (para evitar su detención) son los que la pusieron a construir viviendas…
Desde la historia de los derechos humanos quedé como un Guasón antipático”. Como
sabemos que un guasón siempre reincide y vuelve a la carga, seguramente el magistrado
continuará con su objetivo ajusticiador. Para ello cuenta con los recursos inagotables de
la maquinaria judicial, ese Frankenstein que a veces obedece las órdenes de su amo; pero
que con frecuencia responde también a sus propios abominables designios.

Quién te dice que quizá todos nos llevemos una sorpresa. Las tres CGT sacaron un duro
documento contra el gobierno del presidente offshore, al que parece que de poco le sirvió el
anuncio que, en su afán por atenuar los reclamos sindicales, hizo días atrás sobre la
devolución de 29 mil millones de pesos a las obras sociales. El escrito que las tres CGT
dieron a conocer finalmente ayer en un plenario de secretarios generales no deja ninguna
duda sobre el rechazo del sindicalismo a las medidas implementadas por la gerencia del
gobierno neoliberal: “De mal en peor”, arranca ya desde su título el texto, que advierte
luego que “el tan mentado ‘sinceramiento de la economía’ se ha reflejado con la peor cara
hacia los trabajadores y la gran mayoría de los argentinos” y llama a “cambiar en serio
antes de que sea tarde”. La dirigencia cegetista también alertó que “hay un aumento de la
pobreza, una brusca caída del consumo y perspectivas económicas y sociales que
ensombrecen aún más el horizonte” y facultó a la conducción que surja de la reunificación
cegetista el próximo 22 de agosto a “convocar a las acciones gremiales que correspondan
en reclamo de las soluciones que requiere la mayoría del pueblo argentino”. Las centrales
sindicales se quejaron, además, de que “el impuesto a las Ganancias sobre la cuarta
categoría aún aguarda el compromiso de campaña de ser excluido, los parches que se han
intentado han empeorado la situación de los trabajadores afectados y han incluido entre los
perjudicados a más empleados”. También reprobaron la “apertura de importaciones que
genera un efecto inverso perjudicando a la producción, y el brutal tarifazo de los servicios
públicos que ocasionó tamaño perjuicio que incorporó más pobres a los ya existentes, es
decir más de 13 millones de compatriotas”. En otro tramo de su documento, las CGT
hicieron referencia “al cierre de comercios debido a la caída de las ventas, aumento de
alquileres y el costo de energía” y criticaron que “el auténtico discurso industrialista esté
ausente del vocabulario de nuestros dirigentes políticos”. “Todos estos datos nos hablan de
un creciente deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos que se resumen
en inflación galopante, recesión, aumento del déficit fiscal, incremento del endeudamiento
público, aumento de las importaciones, tarifazos impagables, caída del ingreso, pérdida del
empleo, crecimiento de la pobreza y problemas en la escolaridad”, concluyeron. Las
críticas al Gobierno también dominaron las intervenciones en el plenario. Hasta
Barrionuevo, complaciente hasta aquí con Macri, lo calificó de “débil”, con “yuppies que
no solucionan nada y que hacen todo mal”. “Podríamos decir que es un problema de ellos,
pero atrás están los trabajadores y sus familias y vamos a tratar de ser prudentes, pero la
prudencia tiene un límite”, avisó el gastronómico. Entre los más críticos y rescatables, el
bancario Sergio Palazzo, llamó a “debatir un programa para confrontar con el Gobierno”.
“Moderación y prudencia no significan complicidad y si el Gobierno no cumple, que haya
un paro nacional”, propuso. Conociendo la calaña de muchos de estos personajes siempre
es aconsejable ser prudente a la hora de aventurarse a pensar que la ruptura con el gobierno
ni nacional ni popular es un hecho, y que estos dirigentes, muchos de ellos soportes del
Hood Robin argentino no Nacional en campaña, encabezarán la lucha y la resistencia contra
el modelo neoliberal. Desde el 29 de abril, día de la gran movilización cegetista, se vienen
esperando medidas de fuerza, por los sobrados motivos que, pareciera, los sindicalistas
empresariales descubren en detalle a los ocho meses de una gestión que sólo ha sembrado
calamidades para la clase trabajadora.

El cambio de mes en el almanaque no fue la solución. El segundo semestre no está

trayendo la recuperación prometida sino todo lo contrario. Los resultados de julio fueron
peores en actividad, aumentó la canasta alimentaria y el consumo y la recaudación
impositiva cayeron más que en los seis meses previos. La tendencia no cambiará solo
porque pasen los meses y eventualmente la inflación pueda disminuir por una recesión
generalizada. Como señala David Cufré en Página/12 de hoy: “La crisis que desató el
gobierno de Mauricio Macri con el levantamiento del ´cepo´ cambiario, que derivó en
una devaluación abrupta, la quita de retenciones a los alimentos, los despidos en el sector
público, luego multiplicados en el sector privado, la apertura importadora, los aumentos
de luz, gas, agua y transporte, la paralización de la obra pública, la modificación de los
créditos Procrear, el aumento de las tasas de interés, la cancelación de programas de
apoyo crediticio a la producción, el desmantelamiento de los controles a la formación de
precios, el achicamiento a menos de la mitad del plan Repro y el corrimiento general del
Estado de la economía, dejando que sea el mercado el que tome las decisiones, no
terminará mágicamente. Si el Gobierno mantiene las políticas que llevaron a la situación
actual no hay por qué esperar que las consecuencias vayan a ser otras más adelante”. Pues
la gerencia del gobierno neoliberal no va a cambiar de rumbo, sencillamente porque no
sabe ni quiere hacer otra cosa que consolidar un modelo de exclusión que contemple
mercados concentrados y en lo posible extranjerizados, con ganancias extraordinarias
aseguradas, mano de obra barata, desocupación galopante, condiciones laborales
“flexibles”, y una población deprimida y atemorizada que la haga fácilmente controlable
y manipulable. Las consecuencias para consolidar ese ideario, al gobierno actual, no les
importa en absoluto. Lidian con ellas por las reacciones que provoca, pero no por un
interés per se. Cuando encuentran resistencia su estrategia no es “dialogar” para encontrar
soluciones a los reclamos planteados, sino recular provisoriamente para buscar otros
caminos con los mismos objetivos que implican las mismas consecuencias ya descriptas.
Por lo tanto, con esta muchachada, no hay convivencia posible; porque coloca a la
ciudadanía en la encrucijada “ellos o nosotros”, y la vocación suicida de los pueblos
siempre ha sido temporaria. En definitiva, mientras dure este gobierno en funciones, sólo
se puede aspirar a resistir, a frenar, obstaculizar y bloquear todas sus iniciativas por el
carácter confiscatorio y avasallante que ellas conllevan; con la conciencia clara que de un
gobierno de CEOs y empresarios evasores, emparentados siempre con el delito y con su
impronta neoliberal a cuestas, no se pueden esperar decisiones o propuestas superadoras
para trabajadores y jubilados, sino ataques deliberados que aseguren su control del poder,
sus riquezas mal habidas, y su pornográfica impunidad. Eso sí, siempre habrá que estar
alertas y predispuestos con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia.

La gerencia neoliberal ha comenzado a reglamentar su obsceno blanqueo de capitales,

para que la festichola gonzalezfreguista tenga algún atractivo para los más desconfiados;
seduciéndolos para que se sumen al carnaval neoliberal que regentea el poder económico
desde el Estado que han tomado por asalto. El Ministerio de Hacienda y Finanzas
estableció un cupo de 8000 millones de dólares para la colocación de los bonos de deuda
que le permiten a los blanqueadores evitar el pago del impuesto especial contemplado en
el régimen de “sinceramiento fiscal”. El mecanismo para regularizar cuentas, dinero en
efectivo, inmuebles y otros activos no declarados, habilitado el lunes pasado, exige que
los individuos interesados paguen una penalidad de entre 5 y 15 por ciento.
Alternativamente, la normativa ofrece la posibilidad de adquirir bonos intransferibles y
no negociables. Si se regularizan activos por un valor entre 40 y 60 mil millones de
dólares, como espera el Gobierno, la vía de la suscripción de bonos podría acoger hasta el
20 por ciento del total blanqueado. En el menú de opciones para regularizar sus activos
no declarados, los blanqueadores pueden optar entre dos instrumentos, a tres y siete años:
se emitirá hasta 3000 millones de dólares de Bonar 2019 y un monto total de 5000
millones de dólares en Bonar 2023. La apuesta de la Secretaría de Finanzas, que encabeza
Luis Caputo, promotora de esos instrumentos, es que los blanqueadores se vuelquen a los
bonos a siete años. Para eso ofrece un incentivo: los individuos o empresas que opten por
esa vía deberán suscribir un monto equivalente a un tercio de lo que vayan a exteriorizar,
mientras que con los títulos de corto plazo se exige comprar una cantidad equivalente a
los fondos regularizados. En otros términos, la adquisición de un millón de pesos de
Bonar 2023 exceptuará del pago del impuesto especial a un monto de tres millones de
pesos Efectivo oculto debajo del colchón o cajas de seguridad, cuentas mal declaradas en
el sistema financiero local, depósitos en bancos suizos, departamentos en Miami, casas en
Punta del Este y objetos de arte son algunos de los bienes que pueden regularizarse hasta
el 31 de marzo de 2017. La normativa estableció que las sumas de dinero blanqueadas
hasta 305.000 pesos pagarán 0 por ciento, hasta 800.000 pesos el 5 por ciento y los
montos superiores abonarán 10 por ciento. Cuando se trate de inmuebles, los impuestos
serán del 5 por ciento. De todas maneras, a pesar de las atractivas propuestas para los
“delincuentes de guante blanco” por parte de una administración amiga, no son pocos de
ellos los que dudan de cara al futuro cuando otro gobierno de signo opuesto, en un
horizonte no muy lejano, pueda desandar el ignominioso camino propuesto. Tienen
mucho que esconder y arriesgar. Veremos si la codicia que siempre destilan puede más
que su prudencia conservadora. Alguno de sus vicios, aflorará.

La dirigencia judía oficialista avergüenza a propios y extraños con su conducta

indecorosa y cómplice con Mau y sus pandilleros. El juez federal Daniel Rafecas rechazó
ayer, en un minucioso fallo de 22 páginas, la pretensión de la DAIA de que se reabra el
expediente por la denuncia apócrifa del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman. El
magistrado consideró que los dos argumentos esgrimidos por la DAIA no son nuevos y
no cambian la situación que había cuando se archivó la causa por inexistencia de delito.
La ofensiva contra CFK y Timerman es llamativa porque no hay ningún acuerdo con Irán
vigente en el horizonte, de manera que el único objetivo parece ser un castigo por su
apartamiento de los moldes trazados por la diplomacia republicana norteamericana o de
la derecha israelí. En términos políticos internacionales es darle un escarmiento a
cualquiera que negocie con Irán. Ahora la DAIA podría intentar una apelación, pero está
el camino alternativo que viene preparando la dirigencia judía a través del pistolero juez
Claudio Malodío, siempre dispuesto a todo si se trata de ensuciar y perseguir a alguien
del anterior gobierno. El magistrado podría convalidar la existencia de novedades y en
lugar de mandarle su expediente a Rafecas lo abriría él mismo. De hecho, ayer le pidió a
Rafecas que le envíe la causa; lo que revela un hecho insólito: en lugar de que cualquier
novedad sea instruida por el juez original otro magistrado, con dos años de atraso, le
solicita que le mande la causa para estudiar si la ex presidenta y el ex canciller
traicionaron a la patria. “Es el mayor escándalo en toda la historia judicial argentina
desde 1853”, señaló ayer, refiriéndose a este expediente, el prestigioso ex ministro de la
Corte Raúl Zaffaroni.

07/08/16: La paz social está amenazada. La pone en jaque la troika gobernante, con el
macrismo a la cabeza, ese rejuntado de neoliberales odiadores y revanchistas que ha
combinado astutamente su menemismo recargado con la impronta de la revolución
fusiladora. Claro que no asesinan opositores, como en el ´55. Ahora los lapidan con sus
campañas difamatorias a través de los medios masivos de comunicación, quienes se
encargan de juzgar y condenar a sus acusados con celeridad mientras les disparan sus balas
de tinta y se los llevan puestos con sus acorazados zócalos venenosos. Con esto procuran la
condena social, a la espera que también se ocupen de ellos los miembros del partido judicial
que, al ritmo que le imponen los tiempos legales, ve facilitada sus tropelías jurídicas y sus
maniobras abusivas, presentes y futuras, por el trabajo previo que ejecutó la prensa canalla;
esa runfla de mercenarios que han hecho del periodismo la trinchera de las corporaciones,
como confesó Julio Blanck, uno de sus más conspicuos miembros planta permanente. Es
verdad: ya no encarcelan ni acorralan disidentes a punta de pistola, sin proceso previo.
Ahora le dan marco legal, estructura jurídica y cobertura mediática a la cacería infame que
han desatado contra dirigentes y simpatizantes del gobierno anterior; mientras a
“carpetazos”, amenazas cibernéticas y asfixias económicas amedrentan a quienes osen
levantar críticas contra las políticas criminales de la gerencia neoliberal. Ahora el soldado
emérito de la infausta causa corporativa, el pistolero mayor de la cueva de Alí Babá
sucursal Comodoro Py, se apresta a acelerar su andanada persecutoria contra CFK. Como
no le alcanzan las tres causas que lleva en su contra para encarcelarla, y poder así saciar su
apetito vengador, se hizo del expediente por la apócrifa denuncia que en su momento hizo
el suicida fiscal Alberto Nisman y que ya fue desestimada y dos veces rechazada su
revisión, por el juez Rafecas. Con esos papeles en mano, el tirador por la espalda,
apuntalados por dirigentes del PRO y de la dirigencia judía oficialista, buscará forzar los
hechos para acusar a su víctima preferida, CFK, de “traición a la patria”, justo ellos, los que
la confiscan y violan todos los días. El esfuerzo, si quiere tener la mínima apariencia de
seriedad, va a tener que ser mayúsculo; pues para el artículo 119 de la Constitución, la
“traición a la patria” consiste “únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus
enemigos prestándoles ayuda y socorro”, cosa que reitera el Título IX del Código Penal.
Para que esto sea posible se requiere la existencia de un estado de guerra con una Nación
extranjera, lo cual no es asimilable con un acto terrorista cometido por nacionales de otro
país, en caso de que esa hipótesis se probara. Con esta misión Malodío ya puso en marcha
la instrucción para dar inicio a otra de sus cacerías traperas. Y vuelve al caso AMIA,
después de haber sido eyectado hace once años por sus vínculos promiscuos con el
entonces ministro del interior, el inolvidable Carlos Corach; al que entre muchas otras
calamidades le debemos una de sus mayores aberraciones imperdonables: haber promovido
a este nefasto personaje juez de la Nación, para luego anotárselo en su servilleta. Así, la
cruzada criminal de la troika totalitaria que nos gobierna se prepara para una nueva guerra;
con un magistrado ilegítimo al frente, apuntalado por un par de abogados de ultra derecha,
la mano en la oscuridad de la dirigencia de la DAIA alineada con el PRO y con los sectores
más bélicos de Estados Unidos e Israel. Intentaron encarcelar a Hebe de Bonafini y la
reacción popular no se hizo esperar para impedirlo. Atreverse a lo mismo contra CFK es de
una temeridad que hace inimaginable el nivel de conflictividad que pueda generar. Los
responsables serán ellos: los que estafaron al electorado, los confiscadores del erario
público, los mendaces tiempo completo; en fin: Mau y sus pandilleros, que han tomado al
Estado por asalto para perpetuar su poder, multiplicar sus ilegítimas riquezas, y asegurar su
impunidad.

El nivel de brutalidad que le impone la gerencia neoliberal a sus planes criminales va a

conseguir que el único que tenga demanda de empleo sea San Cayetano. Las suspensiones,
junto a los despidos, los retiros voluntarios, la jubilación anticipada, anticipo de vacaciones
y recorte de horas extra, conforman el menú de opciones al que echan mano los
empresarios para atravesar la crisis. Por su magnitud, las suspensiones de trabajadores en
prácticamente todos los sectores de la economía –pero particularmente en la actividad
manufactura– ganan la atención, porque serán los próximos desocupados del plan Empleo
0, que regentea el hombre del corazón artificial. Las suspensiones en el último mes se
concentraron en los sectores siderúrgico, textil, automotor, autopartista, de artículos para el
hogar, metalúrgico y de materiales para la construcción. Desde la Asociación Obrera Textil
(AOT) advierten que en el sector hay entre 3800 y 4000 suspensiones, mientras que en la
UOM denuncian que hay 20 mil trabajadores en tal situación. TN&Platex, anunció el cierre
por dos meses de una empresa controlada que cuenta con dos plantas en Tucumán y
Alpargatas decidió no renovar el contrato a 70 personas en la misma provincia además de
suspender a 360 operarios en La Pampa. En Catamarca, la textil Tileye mantiene
suspendidos a 40 trabajadores, y también hizo lo propio Calzados Catamarca durante julio,
lo que afectó a 311 empleados, además de negociar el retiro voluntario de otros 54
trabajadores. En Santiago del Estero, la empresa Coteminas adelantó vacaciones a todo el
personal del 18 al 31 de julio; mientras que la firma Ritex, de La Rioja, suspendió a sus 940
trabajadores entre el 10 y el 24 de julio. En Rosario hay mil suspensiones metalúrgicas, en
tanto en Catamarca Longvie suspendió 125 trabajadores. En Campana, la empresa ATMA,
del grupo Newsan, suspenderá una semana su producción, lo que afecta a 400 operarios.
Por su parte, Acindar suspendió por unos días a 400 trabajadores de su planta de Villa
Constitución y cerró un turno de trabajo en su fábrica de Navarro, aunque en ese caso se
manejó hasta ahora sólo con retiros voluntarios. Fiat confeccionó un esquema de trabajo
que supone la suspensión de trabajadores durante seis días al mes que afecta a 1500
empleados. En la planta de cajas de cambio de Volkswagen fueron suspendidos 350
operarios durante todos los lunes hasta fin de año. En todos los casos, el salario se reduce
en los días de suspensión al 75 por ciento del total. A mediados de julio también la fábrica
de camiones Scania suspendió por quince días a 360 trabajadores de su planta en la
localidad de Colombres, Tucumán. Cerámica San Lorenzo suspendió a los 120 trabajadores
de su planta de Villa Mercedes, San Luis; mientras que, en el sector plástico, la empresa
Tevinor de telas plásticas, radicada en Catamarca, está aplicando suspensiones dos días a la
semana a la totalidad de su plantilla de 200 empleados. En tanto en la localidad de
Tornquist, cerca de Bahía Blanca, la papelera Interpack adelantó vacaciones en julio a sus
300 trabajadores, luego de las suspensiones que había aplicado en junio. Este es apenas un
pantallazo del reguero de calamidades que se esparcen por el país sin solución de
continuidad. No sólo San Cayetano tendrá trabajo a destajo: los sepultureros harán hasta
horas extras para poner al día los cementerios neoliberales que va inaugurando el gobierno
ni nacional ni popular por toda la república.

El nuevo pacto fiscal presentado el martes pasado por el gobierno como una reparación,
no llega a cubrir el dinero que la mayoría de las provincias está perdiendo por la caída de
la actividad económica. La disminución real de recursos de esos distritos es de 6 a 14 por
ciento, según diferentes cálculos privados. En ese pacto fiscal la Nación exige un ajuste
de las cuentas provinciales para disminuir el déficit a la vez que alienta el endeudamiento.
Las provincias ya se habían adelantado y se lanzaron en forma frenética a colocar títulos
de deuda en pesos y en dólares para cubrir gastos corrientes de sus presupuestos, y ahora
tendrán otra ventanilla de endeudamiento con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de
la Anses a una tasa subsidiada del 15 por ciento anual. El macrismo ayuda de ese modo a
maquillar con deuda la caída de ingresos por la recesión autoinfligida, incubando de ese
modo una crisis de las cuentas provinciales que extenderá sus efectos nocivos sobre el
sistema jubilatorio. Pero además la relación Nación-provincias muestra la asimetría en las
transferencias territoriales. Tanto por el fallo de la Corte sobre la devolución del 15 por
ciento a tres provincias como por la arbitraria multiplicación de los recursos para la
CABA, cuatro distritos recibieron una proporción mucho mayor de la ya menguada masa
coparticipable. Finalmente, un factor adicional de discrecionalidad fue los adelantos de
coparticipación que sumaron 12.500 millones de pesos y que aliviaron las urgencias
administrativas de propias y aliadas: el 70 por ciento de estos recursos beneficiaron a
otros cuatro distritos: Buenos Aires, Mendoza, Jujuy y Neuquén. Durante la primera
mitad del año, entonces, ocho distritos recibieron un trato preferencial en desmedro del
resto. De esta manera la gerencia neoliberal administra su sistema de premios y castigos
para disciplinar a sus opositores cuando no a chantajearlos, retaceándoles dinero a cambio
de sus innobles proyectos de ley que, si no logran imponerlos a fuerza de extorsiones
parlamentarias, lo intentarán a través de la propia crisis económica buscada. Esto es:
aplicando la lógica de la doctrina del shock, que tan bien expone Naomí Klein: “La
doctrina del shock económico necesita, para aplicarse sin ningún tipo de restricción,
algún tipo de trauma colectivo adicional, que suspenda temporal o permanentemente las
reglas del juego democrático…El término más preciso para definir un sistema que
elimina los límites en el gobierno y el sector empresarial no es liberal, conservador o
capitalista, sino corporativista. Sus principales características consisten en una gran
transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada, a menudo acompañada de un
endeudamiento creciente, el incremento de las distancias entre los inmensamente ricos y
los pobres descartables”. La mencionada transferencia apenas si ha empezado. Para
profundizarla necesitan agudizar la crisis desatada, que obligue a “medidas
excepcionales”: trabajos temporarios, quita de aportes patronales, pérdida de derechos
sindicales, reforma regresiva de impuestos y jubilaciones, etc. Por ello los más gurkas,
como los economistas Broda y Espert, califican a Prat-Gay de “moderado”: porque no
pueden esperar que el proceso iniciado decante “naturalmente”. Desesperados y ansiosos
como están, después de 12 años de larga espera, su llamamiento al sincera-miento total de
las variables económicas exige aceleración y aprovechamiento de la coyuntura pues,
además, tienen que aprovechar el capital político cosechado y que viene mermando
acentuadamente día tras día. La pelea interna entre “gradualistas” y los más radicales
fundamentalistas del mercado, no es por otra cosa que por los tiempos políticos para
aplicar la receta neoliberal confiscatoria. Aunque parezca mentira, el ala más política de
la gerencia neoliberal viene ganando esta pulseada intestina, pero no hay que tener lugar a
dudas que persiguen los mismos objetivos.

La fábrica de pobres que propicia la gerencia neoliberal no para de crecer. Sus casi ocho
meses de gestión han logrado que la cantidad de gente que sale a la calle a cartonear y
revisar basurales creciera al menos un 15 por ciento en todo el país y, en la Ciudad, la lista
de espera para poder acceder a las cooperativas de reciclado ya duplica a quienes están
dentro de ellas. El cartoneo surgió tras la crisis de 2001 y con el crecimiento del país y la
recuperación económica de los últimos 12 años, muchos de ellos lograron fundar sus
cooperativas de trabajo y hasta profesionalizar aquello que hasta ese entonces era un
rebusque. A otros tantos la reactivación de la construcción y otros rubros les resultó
favorable y lograron obtener un empleo formal que les permitió cobrar un salario en blanco,
con recibo de sueldo, percepciones fijas, horas extra, obra social, y jubilación incluida.
Ahora, la película en reversa que encarna la nueva Alianza neoliberal, la pérdida de
derechos y necesidades básicas satisfechas obliga a que, 15.000 nuevos trabajadores
informalizados, salgan a buscar en la basura de otros, según advirtieron desde el
Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Así, los nuevamente marginados, los más
vulnerados por Mau y sus pandilleros pierden derechos y ganan carestía, pero conservan la
fuerza de su dignidad para dar pelea; mientras el Estado privatizado, por la cooptación de
las corporaciones, mira para otro lado haciendo “negocios” a la medida de sus insaciables y
voraces pretensiones acumulativas.

El colmo de la ironía y el sarcasmo no puede ser más indignante y desagradable. El

presidente offshore participará de la próxima cumbre contra la corrupción que auspicia
Transparencia Internacional (TI), a realizarse a principios de diciembre en.…
¡¡¡Panamá!!! Es decir: en el seno de uno de los paraísos fiscales donde el gerente en jefe
del Estado neoliberal argentino, sus amigos cardenales y funcionarios de su gobierno
tienen cuentas escondidas, reveladas recientemente. De más está ahondar en la seriedad
de esta fundación, pretendidamente “neutral” e “independiente”, seguramente tanto como
lo son los medios hegemónicos argentinos, propensos a auto calificarse así con sus falsos
y berretas aires de profesionalidad. Vale decir: en lugar de mostrar, a este patético
personaje al mundo como el ejemplo más acabado de la Patria Contratista, del
contrabando agravado, de la evasión fiscal, de la falsedad de las declaraciones juradas, y
de la malversación de fondos públicos a favor de sus empresas particulares, lo invitan
para que, en su media lengua, de cátedra de cómo terminar con estos flagelos que azotan
a los pueblos, de los que él es uno de sus victimarios. Definitivamente el cinismo
atraviesa las fronteras y nos desafía al titánico esfuerzo de enfrentar un sistema global
absolutamente putrefacto, del que sólo se pueden esperar, con “líderes” como estos, más
calamidades.

Las declaraciones del “filósofo” Alejandro Rozichner, el mismo que dicta los cursos de
auto ayuda al suicidio, no pueden ser más provocadoras ni disparatadas. La pelea, en el
elenco neoliberal gobernante, para ver quién es el más cínico, tiene final abierto; dado el
nivel asombrosamente parejo de la disputa por el primer puesto. Este hombre, un sofista
profesional, declaró: “Nos acusan los que hablaban de pobres y no hicieron nada para
resolver la pobreza. Este es un gobierno que, para sorpresa de muchos, pero no para mí,
gobierna para los pobres, para que dejen de ser pobres…No somos conservadores sino
transgresores, en el sentido de que se respeta al ciudadano, a la persona, que no sea todo
una masa”. No contento con esto, anticipó que el macrismo aspira a la reelección: “Es un
proceso largo. Me da la impresión que la profundidad del cambio es tan contundente que va
a dar para ocho años”. En un balance de los ocho meses que lleva el Gobierno, el asesor
presidencial analizó: "Veo que desde afuera da la impresión de que el Gobierno está muy
apretado, pasándola mal, padeciendo la situación, pero desde adentro se ve un gran
entusiasmo. Yo veo en Mauricio a una persona que está disfrutando, como que por fin logró
lo que quería. Disfruta de lo que hace". Para ser franco no todos estos dichos son mentiras:
el entusiasmo del elenco gobernante y el goce del presidente offshore, amasando poder y
fortunas como nunca hubieran imaginado con tanta rapidez e impudicia, es una realidad que
rompe los ojos; como así también es cierto el espíritu trasgresor que los invade: para
traicionar al voto popular y avasallar leyes e instituciones sin vergüenza alguna. De todas
maneras, le recomendamos al tallerista de falsas ilusiones, que se llame a silencio, y se
preocupe para que su gobierno salga airoso lo que le quede de su primer mandato sin salir
antes por la azotea de la Casa Rosada en helicóptero y que, de paso, salga a la calle por la
noche, para poder ver a los 15.000 nuevos cartoneros que las políticas de su gobierno
produjo, o a algunos de los 2 millones que se cayeron del mapa en estos ocho meses,
producto de las políticas confiscatorias que aplican con su recetario ortodoxo neoliberal.

08/08/16: Ayer una multitudinaria marcha calculada en unas 100.000 personas, organizada
por tres organizaciones sociales, se movilizaron para protestar contra la política económica
del Gobierno que ha provocado una fuerte caída del empleo en ese sector tan vulnerable. La
protesta tuvo como objetivo manifestar contra las políticas que perjudican al conjunto de
los trabajadores; pero fue organizada puntualmente por organizaciones de los trabajadores
informales, que surgieron a finales de los ‘90 como piqueteras y hoy agrupan cooperativas
sociales, de reciclado, manteros, cartoneros, empresas recuperadas, vendedores ambulantes
y desocupados. Esta franja social es hoy la más fuertemente afectada por el combo de
recesión, suba de los precios, freno de la obra pública, apertura de las importaciones y caída
de los salarios. Desde los movimientos lo indican en estos términos: por cada puesto de
trabajo formal que se pierde, se caen tres informales. Hay además 70 mil cooperativistas
que quedaron sin empleo porque dependían de contratos nacionales, provinciales o
municipales. Los comedores populares que se han vuelto a reabrir se llenan y los más
pequeños negocios de barrio cierran porque el tarifazo se combina con la falta de ventas. La
plaza reunía a sectores que fueron opositores al kirchnerismo –como la CCC– con otros
kirchneristas –como ATE Capital–, o que integraron el FPV, pero tras las elecciones se
escindieron –como el Movimiento Evita–. Cuando el orador de la Corriente Clasista y
Combativa hizo críticas al gobierno anterior, un sector de la plaza le respondió con silbidos
y abucheos. Sobre ese fondo, los dirigentes convocaron a construir la unidad y anticiparon
su voluntad de ir confluyendo en las protestas que vienen –la marcha de la izquierda el
martes, el paro de ATE el 11, la jornada de lucha de las dos CTA y la marcha federal–.
También pusieron en este mismo paquete a la unificación de la CGT que ayer, al menos en
su sector de gremios más combativos, estuvo presente en la figura de Sergio Palazzo. Sobre
este drama que azota a toda la clase trabajadora y que amenaza con extenderse sin límites
de cara al futuro próximo, el ministro de Desempleo, Jorge Triaca, subió a su cuenta el
primer tuit del día: “Hoy es San Cayetano. Que Dios nos acompañe cuidando el trabajo de
los que lo tienen y abriendo oportunidades para los que lo buscan”. Mientras este ministro
blasfema contra el patrono del trabajo y ora en secreto por el Dios Mercado, acelera sus
planes para enviar al Congreso su plan flexibilizador; que contempla contratos temporarios,
ampliación de horas de trabajo, reducción de aportes patronales y un fondo, a cargo del
trabajador, para que solvente su propio despido.

Los fríos números que marca la estadística dan cuenta de la gravedad de la problemática
laboral que atraviesa el país; y la muchedumbre concentrada ayer en Plaza de Mayo,
ninguneada por el gobierno ni nacional ni popular y los medios hegemónicos, son la
expresión del descontento de esa dura realidad. En el segundo trimestre de este año, el de la
falsa reactivación neoliberal, hubo un fuerte aumento de la conflictividad laboral. Se
produjeron más conflictos en el sector privado, mientras que en el sector público los
gremios juntaron filas, con lo que consiguieron dar a sus protestas una mayor intensidad.
“Rompiendo con la caída tendencial que se había iniciado a mediados de 2014, el segundo
trimestre de 2016 vuelve a ubicarse dentro de los más conflictivos de los últimos años”,
dice el Observatorio del Derecho Social en su último informe sobre conflictividad laboral,
negociaciones colectivas y mercado de trabajo. El centro de estudios de la CTA Autónoma
pone este cambio en el contexto de aumento de los despidos y caída del salario real. De
abril a junio, el Observatorio registró 239 conflictos laborales. De ese total, 109 (el 46 por
ciento) correspondieron al sector público, 106 (44 por ciento) al privado, 10 (4 por ciento) a
ambos sectores y 14 (6 por ciento) fueron motorizados por trabajadores informales. A esta
evidencia la gerencia neoliberal la enfrenta con sus monstruosos proyectos precarizadores y
confiscatorios. Por un lado, la flexibilización de las leyes de empleo y por el otro
presionando al poder judicial para terminar con la “litigiosidad” que, según ellos, es un
arma desleal de los trabajadores para defender sus derechos y que provoca que la famosa
“lluvia de inversiones” no llegue ante el temor de tanta “conflictividad”. Los fundamentos
noventistas otra vez en escena, aunque los últimos 12 años hayan demostrado que, con las
mismas leyes laborales, la creación de más de 5 millones de puestos de trabajo, con
recuperación considerable del salario incluida, pulverizó prácticamente el desempleo. Pero
la mentira buscará instalarse para poder predicar que el futuro son los contratos y convenios
basura, como los recientemente realizados con la multinacional McDonald’s o con la
empobrecida Cresta Roja, que fomenta una explotación irregulable y sueldos miserables
con derechos amputados y convenios colectivos a la baja.

Definitivamente uno empieza a simpatizar con quienes supuestamente robaron a la vice

presidenta que dirige la supuesta Fundación “Suma”, que supuestamente brega por paliar
las diferencias e inequidades sociales que generan los titulares de estos emprendimientos;
los cuales huelen más a fachadas de tránsfugas con inconfesables intenciones que a
instituciones que promueven el bien común. A todas las trampas y mentiras develadas hasta
ahora, sobre los hechos que involucran a su directora y sus cómplices de adentro y afuera
de dicha fundación, sumémosle el pequeño detalle que, al parecer, el lugar ¡no posee
empleados! Ello denuncia el abogado Leonardo Martínez en su presentación ante el
juzgado de Ariel Lijo. Esta nueva revelación confirma el porqué del ocultamiento del hecho
y ratifica el carácter mendaz de los propósitos de estas iniciativas; verdaderamente
destinadas a buscar atajos y subterfugios para que circule el dinero indecente que siempre
portan para sus miserables fines.

La festichola gonzalezfreguista que auspicia el gobierno que encabeza el Hood Robin

argentino no Nacional suma a su carnaval neoliberal (dotado de payasos mentirosos,
prestidigitadores de decretos de necedad e indecencia, ilusionistas de manos visibles y
magos con trucos amañados que hacen desaparecer recursos de un lado para que aparezcan
en un otro siempre mismo sitio), la orgía desenfrenada para su comparsa de desfalcos y
cuentas offshore. En un paso más por liberalizar el mercado cambiario, el Central eliminó
el tope de compras de los U$S 5 millones mensuales. Además, permitirá operaciones a
cualquier hora por Internet o casas de cambio y dejará de preguntar el origen de los fondos.
A través de la Comunicación A6037, el organismo derogó el resto de las normas
sancionadas por el gobierno anterior para controlar el tipo de cambio aún y vigentes. Se
descartaron los topes por mes para operar, aplicándose en este sentido únicamente las
disposiciones que limitan el uso del efectivo como parte de la política antilavado, para no
restarle a la decisión tomada. Con esta desfachatez se despachan con esta medida mientras
convocan al pueblo que los padece a que se abrigue hasta la cabeza para no usar la
calefacción en invierno y ande en cuero transpirando sangre en verano para no usar ni
ventilador ni aire acondicionado. Son, provocadores, estafadores, atracadores y mendaces,
pero muy ecologistas…

La runfla reaccionaria que se apoderó del Estado no sólo da mensajes intimidatorios a

políticos y periodistas críticos al gobierno neoliberal en funciones saqueadoras, a través del
ejército de trolls y tuiteros que dirige el ministro de Propaganda, Joseph Peña. También
están las “apretadas” clásicas de sus patotas anónimas. La periodista Cynthia García fue
víctima de un robo en su departamento. El hecho fue dado a conocer por sus allegados,
quienes denunciaron que este incidente podría traer algún mensaje amenazante para con la
ex panelista de 678. Entre los elementos sustraídos estaban computadoras, discos rígidos y
cuadernillos; es decir, todos elementos vinculados con el trabajo de García. En tanto al ex
secretario de Comercio del gobierno anterior, Guillermo Moreno, le revolvieron sus
oficinas en San Telmo, dieron vuelta los cajones pero se llevaron sólo computadoras. De
los promotores de desfiles militares en fechas patrias y recibidores de nazis en la Casa de
gobierno, con la alta conflictividad que se respira amenazando agudizarse, se puede esperar
cualquier cosa, monstruosa.

09/08/16: Intuyendo un fallo poco favorable por parte de la Corte Suprema de las
Corporaciones, por la legalidad de sus criminales tarifazos, Mau y sus pandilleros
“aprenden sobre la marcha” cómo improvisar un simulacro de audiencias públicas; de
modo de darle marco legal a su iniciativa ilegítima. El ministro de Shell en Energía, Juan
José Aranguren, aseguró ayer que el Gobierno convocará a una “audiencia informativa ad
hoc” para explicar cuál es el estado de situación del sector energético y por qué tuvieron
que aumentar las tarifas de luz y gas en la magnitud en que lo hicieron. Pese a los múltiples
fallos judiciales en contra, el funcionario insistió con que no es necesario convocar a
audiencia pública para aplicar el tarifazo, pero se mostró dispuesto a realizar una especie de
simulacro para ver si de ese modo desactiva las protestas y logra que la Corte Suprema le
dé luz verde al ajuste. Anoche los abogados de la gerencia neoliberal trabajaban contra reloj
para ajustar el anuncio a las exigencias que fija el Reglamento General de Audiencias
Públicas previsto en el decreto 1172/2003. No es una tarea fácil porque no están dispuestos
a respetar los plazos que establece el reglamento ni a garantizar el acceso previo a toda la
información que se requiere para participar de un encuentro de esas características.
Además, buscan que esa audiencia ad-hoc convalide el tarifazo con carácter retroactivo.
Pese a lo precario de la propuesta, Aranguren presionó públicamente a la Corte para que
avale el aumento. “Creemos que eso es lo que tiene que hacer. Una decisión en sentido
contrario sería muy grave y nos impediría poder continuar recomponiendo el sistema
energético argentino”, aseguró. Esta es la seriedad del “mejor equipo en 50 años”, dispuesto
a cualquier pirueta y costo con total de imponer el saqueo a los bolsillos de la ciudadanía.

Las calamidades que sufre el pueblo trabajador en el cuerpo, en su calidad de vida, en sus
relaciones con los otros, se traducen en números escalofriantes. En el último mes se
agregaron 15.137 nuevos despidos y suspensiones, sobre todo en el sector privado, con más
del 93 por ciento de las cesantías. En su mayoría afectaron a la industria (que mandó 11.391
telegramas, 4324 de ellos fueron despidos y 7067 suspensiones). Traducido en porcentajes,
las personas que quedaron desocupadas o en riesgo de quedar sin empleo aumentaron en
julio, en el sector industrial, un 24,62 por ciento. En junio ya venía subiendo, pero había
tenido más intensidad relativa la pérdida de empleo en el área de servicios. Este último
mes, en cambio, en los servicios se mantuvo un número similar de despedidos y
suspendidos. Esto parece responder al movimiento descripto: un achicamiento del número
de trabajadores industriales precede a otro en el sector de los servicios, por el efecto de la
baja en el consumo. Considerando los números totales, desde diciembre de 2015, se
acumularon 194 mil despedidos y suspendidos. De ellos, 127 mil son pérdidas de empleo
en el sector privado, y 67 mil son despidos en la administración pública. Estos números se
multiplican por tres, si se toman a los trabajadores del sector informal, que se ven afectados
directa e indirectamente por el atroz plan económico en marcha. A sus propios despidos se
le añaden la falta de opciones para empleos ocasionales, las llamadas “changas”, que
muchos trabajadores registrados ofrecen para trabajos menores y de corto plazo. Ante esta
verdadera tragedia en marcha el ministro de Desempleo, Jorge Triaca, se llama a silencio;
concentrado como está en aprovechar la crisis auto infringida para colar en el Congreso sus
proyectos flexibilizadores; con la excusa de la excepcionalidad que presenta el mercado
laboral para conseguir crear fuentes de trabajo. El latiguillo falaz de las “facilidades”
imprescindibles para el gran Capital, libres de conflictos y con menos litigiosidad, de modo
de atraerlos para sus “inversiones productivas”, es el discurso que se avecina para justificar
el empobrecimiento generalizado de toda la población. Una economía concentrada en
corporaciones con mercados cautivos que usufructúa, centralmente, de nichos de
consumidores específicos, alcanza. Ningún capital productivo con intenciones
desarrollistas, si este oxímoron existiera, invierte en un mercado deprimido y desbordado
por el mal estar y la conflictividad social ascendente. Para consumar un anclaje colonial
agroexportador, protegiendo y fomentando sólo a los sectores corporativos
internacionalizados, los números le cierran a la gerencia neoliberal parasitaria; pero con las
grandes mayorías afuera. Y eso hace, a este nefasto proyecto, inviable socialmente. En este
esquema, pretendido por las clases dominantes, no hay “dialogo” ni paz social posible. Si
de un lado solamente se defienden negocios y del otro ideas, aflorarán confrontaciones y
lucha de clases, de las que la historia de la humanidad se cubre de punta a punta.

Con mayor o menor intensidad, con disímiles intenciones pero con cada vez más frecuencia
y masividad, quienes se oponen al proyecto confiscatorio de la derecha neoliberal
reaccionaria en el poder, van organizándose y pensando alternativas, aún sin rumbo cierto,
pero decididas a “pararle la mano” al Hood Robin argentino no Nacional. La CGT
buscando unificarse, la oposición parlamentaria pensando para mañana iniciativas de modo
de impedir los tarifazos criminales, las organizaciones sociales y sindicales movilizándose
exigiendo pan-techo-trabajo, CFK reanudando actividades políticas desde el recientemente
creado Instituto Patria y recorriendo villas sin temor a ser escrachada, y la población en
general sumando esfuerzos, promoviendo medidas judiciales o protestas colectivas como
los últimos “ruidazos”, dan testimonio del escenario conflictivo que se va consolidando sin
retorno posible; mientras el gobierno ni nacional ni popular va quedando cada vez más
aislado y recluido en un puñado de tecnócratas fanáticos de la libertad de mercado. Sus
objetivos son bien claros y definidos, y en eso llevan ventaja. Pero sus atolondrados y
brutales procedimientos lo hacen tan vulnerable como por los rechazos generalizados que
van a continuar recogiendo ineluctablemente. A quienes, por convención, diplomacia o
simple ingenuidad, rayana en la ignorancia, esperan un cambio de rumbo por la resistencia
manifiesta que despiertan sus abominables leyes y medidas, desechen sin demora esa idea.
Sencillamente porque no saben hacer otra cosa. En su ideario la equidad, la soberanía
nacional, la distribución del ingreso y la justicia social, son sólo slogans de campaña, no
una meta a conseguir. Su sino son los negocios, la fachada republicana, el sometimiento de
las mayorías, la extensión de sus dominios, la consolidación de su impunidad, y la
perpetuidad de su pérfido modelo.

Para los que tienen alguna duda sobre el carácter mafioso del ataque sufrido recientemente
por la periodista Cynthia García, vayan algunos detalles: “No quiero ser paranoica, pero me
robaron donde trabajo, revolvieron todo y se llevaron mis cosas de trabajo, en un archivero
tenía anotadores y se los llevaron. También robaron un disco rígido, un smartTV, no
tocaron una caja que contenía 50 mil pesos y dejaron un mensaje: un recorte del diario
Clarín que decía ‘Todas estas preguntas tienen respuestas’”, contó la periodista en diálogo
con Página/12. García, que actualmente trabaja en Canal 9, no recibió la llamada de ningún
funcionario de la gerencia neoliberal, sí de la administración porteña. El vicejefe del
Gobierno de la CABA, Diego Santilli, se solidarizó con la periodista y se puso a su
disposición “para lo que necesites”. Las puertas no fueron forzadas, y allí especula con un
trabajo de inteligencia para ingresar al condominio. Los investigadores, que acudieron
rápido, pudieron llevarse dos huellas digitales. En tanto otro que sufrió agresiones fue el
dirigente kirchnerista, Martín Sabbatella. “Dos personas, que luego se identificaron como
Pablo Manchini y Claudio Porta, comenzaron a insultarme cuando hacíamos los trámites
para subir al avión. Mi esposa los escuchó y se acercó primero a preguntarles qué les
pasaba y por qué hablaban así. Inmediatamente, se calmaron y hasta se disculparon. Pero
un tercero, empezó a insultar más violentamente, a gritar, a hacer gestos e intentar agredir,
lo cual hizo que el personal policial interviniera para contenerlo y separarlo. Esa persona
dijo ser Pedro Criceo y se identificó como político del PRO del Municipio de Pilar”, indicó
Sabbatella. Ya que Santilli pide “lo que necesites”, podríamos empezar con exigirle que
dejen de patotear, intimidar y boicotear a los disidentes con su infausto gobierno que, por la
temperatura social reinante, crece aceleradamente.

10/08/16: Si no sucede nada extraño, la gerencia neoliberal y los grupos dominantes en

general, especialmente el mediático, van a tener un nuevo motivo para odiar a la
procuradora Alejandra Gils Carbó; una de las pocas personas valorables, en una posición de
Poder, dentro de esa caterva de mafiosos aristocráticos que controla la “Justicia”,
convertida desde hace tiempo en un Estado dentro de otro Estado. ¿Por qué? Porque la
Corte Suprema de las Corporaciones, astutamente, le envió a ella el expediente que
suspendió los aumentos de tarifas de gas. A pedido de los magistrados, la procuradora
deberá emitir un dictamen antes del jueves de la semana que viene. Su evaluación estaría en
línea con la postura de muchos fiscales que se han expedido hasta ahora, con el eje sobre la
falta de audiencia pública y la falta de razonabilidad del aumento. Por su parte, las
entidades de defensa de los consumidores desacreditaron ayer la convocatoria a la
audiencia pública “ad hoc” por parte del Gobierno. El simulacro de audiencia para informar
sobre el estado de situación del sector energético y así procurar desactivar las causas
judiciales en contra del tarifazo no convenció a los especialistas, que advierten que
difícilmente la convocatoria oficial cumpla con los requisitos legales y mucho menos con
las necesidades de los usuarios. Con la resolución de Gils Carbó en sus manos, la Corte
tendrá la oportunidad de “disculparse” con las corporaciones, fallando a favor de la
ratificación de la suspensión de los criminales tarifazos y obligando a la realización de las
tan mentadas audiencias; descansando en la seguridad de que, como no son vinculantes,
Mau y sus pandilleros podrán ejecutar la sentencia de muerte de pymes y la condena a la
supervivencia a las familias argentinas como tenían planeado, sin que la Corte de los
nuevos milagros quedé pegada en el escándalo. Ya lo hizo el pasajero privilegiado de
Aerolíneas, Ricardo Lorenzetti, cuando le hizo creer a buena parte de la sociedad, cuando
votó a favor de la constitucionalidad de la ley de medios, que él era portador de un espíritu
republicano y progresista; cuando sabía en su fuero íntimo que jamás se aplicaría la misma
por los amparos judiciales, que más tarde, se multiplicaron para suspenderla. Habrá que
insistir: el recurso legal, para parar la confiscación neoliberal, es necesario. Pero el
verdadero freno a la atroz iniciativa lo dará la población movilizada, oponiendo su rebeldía
para impedirla.
“Crónica de un hombre desubicado”, se podría titular el siguiente reporte. El presidente
offshore, mandato incumplible, se refirió sobre la presidenta Cristina Fernández, mandato
cumplido, asegurando que "su estilo de conducción personalista, igual que el de su marido,
llevó a un tipo de relación con los medios de comunicación que chocó y generó
controversia y rechazo", justamente lo mismo que están generando sus políticas, aplicadas
con su estilo de conducción mendaz, burlón, sobrador y con la impronta carnavalesca que le
imprime el “toque” gonzalezfreguista a las festicholas neoliberales. Pero hay más: en un
acto vergonzante de desprecio por la Historia y por las víctimas que padecieron a la última
dictadura, se refirió a los desaparecidos afirmando “no tengo idea si fueron nueve mil o
treinta mil, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. No me interesa ese
debate". Su nueva desgraciada intervención discursiva la remató, confirmando el formato
empresarial con que está constituido, con un fallido: llamó secretario de “recursos
humanos” a Claudio Avruj, en lugar de “Derechos Humanos”, verdadero nombre del cargo
con que el funcionario ejerce sus tareas bastardeándolo. Pero como si esto fuera poco,
calificó de “guerra sucia” al genocidio perpetrado por la dictadura procesista y, mientras
buscaba al soplón que suele apuntarle por detrás de la nuca, de “desquiciada” a Hebe de
Bonafini, como también lo hacía la criminal última dictadura. Toda esta nueva puesta en
escena, irritante y provocadora, se cierra con la decisión del mal imitador de Freddie
Mercuri de volver a tomarse vacaciones, por tercera vez en ocho meses de “agotadora”
gestión, en un exclusivo country ubicado en Villa La Angostura; donde compartirá
momentos con sus amigos cardenales, su parentela offshore y demás patriotas que integran,
avalan y sostienen su gobierno ni nacional ni popular.

Tras asegurar que no iban a utilizar los datos de la Anses para hacer proselitismo, los
funcionarios macristas deberán dar explicaciones al Poder Judicial. La jueza en lo
Contencioso Administrativo, María José Sarmiento, le dio tres días al Gobierno para que
justifique la decisión de compartir la base de datos de la Anses con la Secretaría de
Información Pública de la Nación. Desde que se conoció que el gobierno utilizaría la base
de datos de la Anses, los macristas estuvieron a la defensiva para mantener la decisión. El
ministro de Propaganda, Joseph Peña, llegó a convocar a una conferencia de prensa donde
aseguró que no usarían los datos para “nada malo”. Indicó que no serían usados con fines
proselitistas y que el objetivo era “comunicar mejor”. El convenio indica que la Anses
remitirá periódicamente su base de datos relacionada con “nombre y apellido, DNI,
domicilio, teléfonos, correo electrónico, fecha de nacimiento, estado civil y estudios de los
ciudadanos para “contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de
comunicación pública”. El peligro que representa para la vida democrática, que un gobierno
como el actual tenga acceso a semejante base datos, obligó a la abogada Valeria Carreras a
realizar una presentación judicial para detener la maniobra, al igual que lo hicieron los
diputados Diana Conti y Héctor Recalde. La abogada indicó que empezaron a llegar correos
electrónicos con propaganda política a distintos ciudadanos, que ya debieron sufrir los
slogans mendaces que el diabólico publicista, Jaime Durán Barba, pergeña para seguir
cazando ingenuos, por ser suaves. Veremos cómo se las ingenia la gerencia neoliberal para
justificar esta aberrante iniciativa que, de prosperar, sería un nuevo atropello contra la
intimidad de las personas.

Todo el sistema democrático corre peligro. El gobierno neoliberal no da puntada sin hilo y
presentó en el Congreso su proyecto de reforma electoral que contempla, centralmente, la
implementación del voto electrónico. Las dudas de la oposición sobre la “vulnerabilidad”
del sistema elegido por el Ejecutivo, el reclamo por la “implementación progresiva” en todo
el territorio nacional y el rechazo a que los ciudadanos deban optar por participar en una
sola interna partidaria en las PASO, no modificaron la intención del macrismo de sacar un
dictamen favorable al proyecto del oficialismo el martes próximo. Cambiemos aceptaría
algunas modificaciones para sumar los votos necesarios para aprobarlo, con la única
resistencia del Frente para la Victoria (FpV) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores
(FIT). Los mejores fundamentos para oponerse a esta iniciativa de la gerencia neoliberal,
los expuso La Fundación Vía Libre, que encabeza Beatriz Busaniche, para quien está
técnicamente demostrado que es imposible construir un sistema de voto electrónico que
respete al mismo tiempo los principios del secreto, la integridad y la auditabilidad. Con el
soporte en papel, se estaría tirando de la sábana para proteger la integridad del voto. Y no la
protege del todo. Es un sistema mediado por una computadora para obtener el resultado
impreso en el que no se sabe si lo que el votante quiso votar frente a la pantalla es lo que
está en la papeleta. Pero ahí lo que queda desprotegido es el derecho al secreto del voto,
que es un principio fundamental de nuestra democracia desde la ley Sáenz Peña, que
contempla el principio de votar en libertad, no coercionado y que es la base para
desmantelar cualquier problema de clientelismo o compra de votos. En Holanda el sistema
se dejó de usar cuando se probó muy claramente que el secreto era vulnerable. Es una
prueba que también se hizo con las máquinas en Brasil que fueron hackeadas y vulneradas.
Si se necesita que medie una auditoría de expertos, el voto y los derechos dejan de ser
universales. Hacer una auditoría o dos o diez no garantiza que el sistema esté libre de
problemas. El sistema que se usó el año pasado en CABA lleva seis años en Salta. Fue
auditado muchas veces por la Universidad Nacional de Salta y por la UBA para la elección
porteña. Y un técnico, un doctor en informática de la UBA llamado Alfredo Ortega, en 20
minutos encontró una vulnerabilidad que había sobrevivido todas esas auditorías. Una
vulnerabilidad lo suficientemente grave que implicaba que era posible incorporar más votos
a un sólo chip. Las razones técnicas que hay son muchísimas. No se puede auditar en 120
días un sistema que tardó años en ser desarrollado. Porque no solo hay que auditar el
software específico de la elección, también que auditar todas las piezas de software del
sistema operativo, de la BIOS de la máquina. Todos los microprocesadores, todos los chips,
y eso puede llevar mucho tiempo. Pero, además, si hay que hacer una certificación se tiene
que contar con un estándar contra el cual validar esa certificación. En Estados Unidos
tardaron cinco años en desarrollarlos. No sólo los países lo están dejando de usar –
Alemania, Holanda y Austria lo prohibieron, Bélgica está en ese camino y Dinamarca dejó
de usarlo–, sino que algunos países en los cuales se analiza la posibilidad de usarlo siguen
reafirmando la posición de no hacerlo. Se ha comprobado que aproximadamente el 50 por
ciento de los votantes dejan pasar errores graves en ese chequeo. Sobre todo, porque la
expresión de lo que uno está eligiendo es totalmente diferente en la pantalla y en el papel
impreso. Es un engaña pichanga, porque la misma máquina que emite es la que controla.
Los sistemas de voto electrónico existen desde hace 40 años y nunca se pudo implementar
masivamente. Es mentira que esto va a llegar irremediablemente. Si no se lo pudo construir
en un modelo teórico, de ninguna manera se va a poder construir en la práctica. El
problema fundamental que se ve en esta reforma electoral es que no hay un diagnóstico
claro de qué es lo que se quiere resolver. Si lo que quieren solucionar es el robo de boleta,
lo cierto es que no hay denuncias serias de robo de boleta a nivel nacional. Los problemas
en las elecciones provinciales no se van a cambiar con una ley federal. Puede haber un
fiscal deshonesto que esté marcando boletas en una mesa y que el éxito de eso dependa de
la acción de los otros fiscales. Pero la capacidad de hacer eso es, como mucho robar
algunos votos de una mesa. Ese tipo de fraude no escala. Cuando se usan computadoras,
con tocar dos o tres líneas de código se pueden robar votos de todas las mesas del país.
Desde el oficialismo volvieron a justificar el cambio de sistema en la “celeridad” para el
recuento, el “robo de boletas” en el cuarto oscuro y hasta en el recurso “ecológico” de la no
utilización de papel. Tonelli, en tanto, aclaró ante las críticas de que el Gobierno “ya eligió
la contratación de una empresa coreana” que el proyecto oficial “no prevé ningún tipo de
boleta electrónica en particular”. “Todo lo que se diga sobre la vulnerabilidad es conjetural
e hipotético”, sostuvo, y aseveró que “el actual sistema (de boleta en papel) no brinda
garantías absolutas y ha perdido confiablidad”. Ya cometieron la estafa electoral con sus
mentiras de campaña y sus falsas promesas. Previendo que esta estrategia ya no alcanzará,
el fraude masivo podría ser el único salvoconducto para que fuerzas políticas como
Cambiemos pueda imponerse en las urnas contra la voluntad popular. Si esta iniciativa
pasa, otra vez el opoficialismo parlamentario será tan responsable como la pandilla
neoliberal que lidera el presidente offshore, mandato incumplible.

11/08/16: Pese a que evitó que la oposición aprobara en la Cámara de Diputados algunos de
las decenas de proyectos contra el tarifazo en los servicios públicos esenciales (agua, luz y
gas), Cambiemos no pudo esquivar una derrota política en el recinto. El oficialismo
esgrimió argumentos reglamentarios para impedir el tratamiento de las iniciativas, luego de
que la oposición alcanzó el quórum para sesionar. En cambio, no pudieron resistir la
embestida contra el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, quien será
interpelado el martes próximo en un plenario de comisiones. Una salida que conformó al
Frente Renovador de Sergio Massa, mientras que el Frente para la Victoria insistirá con su
proyecto de ley para suspender el tarifazo como “solución política” para los usuarios antes
de que la Justicia termine dirimiendo el conflicto. Esta última postura fue la que saboteó el
informante de la embajada norteamericana, quien aseguró que su fuerza opoficialista no
acompañaría una iniciativa que derogara los aumentos pues “fijar las tarifas es una facultad
del Gobierno”. Éste el mismo hombre que se paseó toda una semana por todos los medios
de comunicación hablando de la “brutalidad de la medida”. Sergio Massa es el aliado clave
de la gerencia neoliberal para entorpecer todas las iniciativas opositoras que buscan poner
límites y frenos a las leyes y resoluciones gubernamentales, y facilitador para que los
proyectos abominables del Poder Ejecutivo puedan allí prosperar.
Finalmente ayer, con el rabo entre sus patas, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se
apersonó en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo para tomarle declaración a Hebe de
Bonafini, quien, como había anticipado y quedó constancia en el acta firmada, le manifestó
al “guasón” que haría uso de su derecho de negarse a declarar. El trámite, en paz y sin
estridencias mediáticas, duró 20 minutos. El magistrado, que pasó a la historia de la infamia
por haber sido el primer juez en ordenar una detención contra una madre de Plaza de Mayo,
se retiró señalando que a Hebe la vio “muy serena” y que él lamentada lo sucedido, en
alusión al episodio ocurrido hace una semana, cuando fracasó su intento autoritario de
apresar a la dirigente. Lo que no puede confesar este hombre es que lo que verdaderamente
lamenta es no poder haber podido concretar su iniciativa y dejar expuesto, una vez más, el
procedimiento avasallante e intimidatorio del poder judicial, verdadero bastión de última
instancia del poder hegemónico concentrado.

El periodismo se ha convertido en una de las profesiones más controversiales de los últimos

tiempos. La monstruosa concentración mediática en manos de emporios transnacionales y
nacionales ha transformado estructuralmente su ejercicio de una manera asombrosa. La
última década, en Argentina, ha transparentado los intereses corporativos que atienden estas
empresas y los ha hecho visibles; a pesar de su intento mendaz de presentarse como
“ecuánimes”, “profesionales” o “independientes”. Resultan inocultables, a esta altura, los
objetivos que persiguen estas cadenas de la difamación y la mentira, que han montado, a
escala planetaria, una gigantesca estructura desde donde operan y horadan sobre todo lo que
acontece en el seno de una sociedad absolutamente indefensa de sus pérfidos procederes.
Sobreviven, en una desigual lucha titánica, dispersos medios alternativos que, sin
neutralidad pero independientes del poder concentrado, enfrentan la desinformación, la
subinformación, la sobreinformación y el ocultamiento de los grandes medios
hegemónicos. En nuestro país, desde la asunción al poder del presidente offshore, mandato
incumplible, el escenario se ha vuelto dramático. Los despidos por causas políticas, la
condena al exilio interno de muchos periodistas disidentes con las políticas oficiales, y los
ataques intimidatorios y directos que han sufrido muchos de ellos, son prueba más que
elocuente de la verdadera “emergencia informativa” que padece la ciudadanía. A eso habrá
que sumarle el cerco informativo de los grupos dominantes y la asfixia económica a los
más pequeños; de manera indirecta a través de la caída dramática del consumo y del
aumento estratosférico de los costos por la inflación galopante que los abruma y de forma
direccionada e intencional por intermedio de los recortes de la pauta publicitaria oficial. Sin
ésta desde diciembre, la crisis financiera de los diarios del interior se profundizó y son
varios los empresarios del sector que amenazan con bajar la persiana y dejar miles de
trabajadores de prensa en la calle. “El panorama es más que oscuro y no son pocos los que
anticipan cierres masivos”, denuncia una editorial publicada el domingo a la que
suscribieron medio centenar de diarios nucleados en la Asociación de Diarios del Interior
(Adira). Los diarios locales “son los más afectados por la nueva política de medios del
gobierno del presidente Mauricio Macri”, explican, dado que la pauta oficial dejó de
llegarles para beneficiar “a un grupo de grandes medios nacionales cercanos
ideológicamente a Cambiemos”. La quita de pauta a los medios del interior “para dársela a
los grandes medios de alcance nacional, entre ellos los poderosos diarios Clarín y La
Nación, y las emisoras televisivas Canal 13 y Telefé”, sentenciaron, “es un grave ataque a
la libertad de expresión”. Del ahogo financiero, las asociaciones no sólo hacen responsable
a la política de pauta oficial nacional, sino también al “desolador estado de la economía,
con pautas privadas en franca caída y ventas de ejemplares en marcado retroceso” y ha “las
difíciles situaciones de los gobiernos provinciales y municipios que han reducido también
drásticamente sus pautas”. Esta es la otra forma de censura de un gobierno que suma, al
ahogo financiero premeditado, sus prácticas ilegales y aberrantes de escraches, calumnias y
amenazas a través de su ejército clandestino de tuiteros y trolls que comanda el ministro de
Propaganda Joseph Peña. A esta alianza siniestra del poder económico representado por los
medios hegemónicos y el gobierno ni nacional ni popular sumemos, para completar la
troika, al abominable poder judicial, convertido el garante legal de todas las prácticas
corruptas que manipulan, saquean, empobrecen y marginan a las grandes mayorías.

A pesar de que el Gobierno buscó justificar los despidos masivos en el Estado nacional a
comienzos de año bajo el argumento del “ahorro fiscal” que suponía dejar de pagar esos
salarios, los datos de ejecución presupuestaria de las remuneraciones de la administración
nacional reflejan subas interanuales del 36/37 por ciento, muy por encima del crecimiento
del 26 por ciento del gasto público en promedio. La aparente contradicción se explica
porque Cambiemos contrató una gran cantidad de asesores con cargos extra escalafonarios,
con sueldos significativamente mayores a los de la planta regular de trabajadores. Por otro
lado, aumentó el peso de la estructura política del Estado (ministros, secretarios y
subsecretarios), que exige mayor erogación fiscal. La información fue relevada por el
Círculo de Estudios Laborales (Celab) que funciona en el Instituto de Altos Estudios
Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Los trabajadores fueron despedidos (o
su contrato no fue renovado) sin justificación, incluso en muchos casos recibieron
felicitaciones por su tarea, pero “había que hacerlo igual por órdenes de arriba”. El blanco
predilecto fue el empleado con algún tipo de sintonía con el Gobierno anterior. Fueron
particularmente afectados organismos ligados simbólicamente al kirchnerismo, como la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) o el Centro Cultural
Kirchner. De esta manera “republicana” Mau y sus pandilleros descargan su odio
revanchista sobre los trabajadores y cooptan el aparato estatal con miembros de su partido.
Sus discursos berretas y mendaces quedan nuevamente al desnudo mientras la oposición
política, sobre todo parlamentaria, y gran parte del sindicalismo parece recalentar sus
motores pero sin nunca poner el acelerador a fondo.

El presidente offshore no es el único que vive una realidad virtual, que ayudan a construirle
sus socios mediáticos. La postura negacionista alcanza a todo el elenco de la gerencia
neoliberal hasta niveles escandalosos. A ello le suman su cinismo hipócrita y las
provocaciones diarias con las que sólo recalientan la atmósfera social, de por sí
convulsionada por las atroces medidas que siguen implementando y planean proyectar en el
futuro inmediato. Un buen ejemplo es el ministro en rodillas de Hacienda, Prat-Gay, para
quien “siete meses después podemos ver que, con una buena política, el rumbo se está
encarrilando”. La única verdad que dijo, en sentido inverso al buscado, fue cuando agregó
“todos los ministros han hecho un esfuerzo enorme porque teníamos que torcer el rumbo”.
Las mentiras y las falsas promesas siguieron, durante su disertación ayer en el XI Foro
Económico organizado por Thomson Reuters, pero para qué ahondar en dichos que se
desploman como un castillo de naipes apenas uno da un vistazo, al sector que elija al azar,
sobre el verdadero estado terminal de la economía nacional. Mejor cerrar con un dato,
conocido el mismo día, que viene a contestarle al ex agente del J.P. Morgan: la venta de
cemento registró en julio un descenso de 20,7 por ciento con respecto de igual mes del año
pasado, mientras que en la comparación contra junio fue de 1,3 por ciento, según cifras
difundidas ayer por la Asociación de Fábricas de Cemento Portland (AFCP). La
paralización de la obra pública, el menor financiamiento para la construcción de viviendas a
través del ProCreAr y de la banca pública y privada, y una inversión destinada a nuevos
emprendimientos inmobiliarios todavía paralizada, explican la caída en la venta de insumos
y el número de cesanteados en el sector que, según el relevamiento de Cifra-CTA, ya
asciende a 183.253 casos. El dato coincide con el adelanto del Índice Construya, que la
semana pasada informó que la venta de insumos se retrajo un 23,9 por ciento en julio, la
mayor caída del año, mal que le pese al conferencista para grupos concentrados.

Mientras la población multiplica su ingenio para protestar contra los criminales tarifazos
del gobierno del Hood Robin argentino no Nacional, como el nuevo “frazadazo” ocurrido
ayer en el Congreso, el ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren, giró una "asistencia
económica transitoria" para dos empresas: Metrogas y Camuzzi Gas Pampeana. El objetivo
de los fondos enviados es asegurar que no se corte la cadena de pagos hasta que se realice
la revisión tarifaria. En el primer caso transfirió a Metrogas 42.660.000 pesos. Ese monto
forma de un plan de ayuda por un total de $106.650.000. Camuzzi Gas Pampeana, por su
parte, recibirá un monto menor: unos $25.380.000. El monto total prometido por el Estado
nacional para asistir a esta empresa es de 63.450.000. El dinero, sostienen ambas
resoluciones, deben utilizarse para pagarle a las empresas productoras de gas. Ante el
apremio causado por sus abyectas decisiones el gobierno ni nacional ni popular, a la hora
de asistir y subsidiar, siempre mira para el mismo lado.

Si la Alianza neoliberal Cambiemos aplicará hacia sí misma algunos de sus falaces

apotegmas, quizá reconocerían el engaño oculto en ellos. Un buen ejemplo es el de la idea
de “productividad”, pensada como una variable decisiva, según sus abyectas concepciones,
para definir el valor de los salarios y sus eventuales subas. Pues bien, el Ministerio de
Modernización y Despidos que dirige Andrés I-barra detalló los salarios que perciben todos
los funcionarios del presidente offshore, quienes obtienen entre $115.000 y $245.000 pesos
brutos mensuales por su desempeño en el Estado. Llamativamente, quien lidera el podio de
los más asalariados del Gobierno no es el de jefe de la gerencia ni su compañera, la dama
de los bolsos y de las fundaciones fantasma Gabriela Michetti, sino el ministro de
Comunicaciones, Oscar Aguad, quien recibió un salario de $245.051,60 en enero último,
seguido por el polémico titular de Energía Juan José Aranguren, que obtuvo unos
$196.931,90. El tercer lugar fue compartido por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y
el de Transporte, Guillermo Dietrich. Quienes completan el podio de más acaudalados son
el mal imitador de Fredy Mercuri ($131.421,89) y el ministro de Defensa, Julio Martínez,
que percibe $123.862,30. En su mayoría, estos salarios, representan en algunos casos hasta
un 100 % más de lo que ganaban sus antecesores cumpliendo las mismas funciones; por lo
que se deduce que la paritaria ministerial fue mucho más generosa que la impuesta a los
ajustados trabajadores. Por otra parte, según informaron desde Casa Rosada, el líder de
Cambiemos dona parte de su sueldo al comedor Los Paletones, que dirige la referente
social y micro emprendedora de comedores barriales, Margarita Barrientos, aunque el
monto no fue especificado aún. Según quien aplicase la máxima del cobro por
productividad, estos funcionarios no merecerían lo que están ganando. Si los evaluasen las
corporaciones sus sueldos son modestos, y si los juzgara la población de a pie, viendo el
resultado que van llevando sus políticas, gratis serían caros.
12/08/16: Una mujer de 87 años marca el camino. Y no sólo con declaraciones lúcidas,
sobre el peligro que representa para toda la Democracia el proyecto neoliberal que azota a
la Patria. También poniendo el cuerpo. Así lo hizo ayer nuevamente Hebe de Bonafini,
encabezando la ronda n° 2000 de las Madres para pedir justicia para los detenidos-
desaparecidos y para convocar a un gran frente de resistencia contra la ola confiscadora de
Mau y sus pandilleros. Y no estuvo sola. Una multitud acompañó a estas mujeres con
emoción y esperanza; porque su fe no es una creencia ilusoria sino una apuesta a la lucha
continua por conseguir los objetivos propuestos. “El 26 y 27 de agosto retornaremos a las
marchas de la resistencia porque hace ocho meses en la casa de gobierno está sentado otra
vez el enemigo. Tal vez la consigna es muy fuerte, pero acá va: por el derecho a trabajar,
resistencia sin descansar”, señaló Hebe con la firmeza, la decisión y la convicción que
ningún político ni dirigente social del país ha mostrado a la hora de plantarse, sin
ambigüedades, contra los atropellos tiránicos de los libertadores del Mercado. “A mí no me
vengan a decir que están deprimidos, ¿Cómo estar deprimidos? Si siempre hay alguna cosa
que hacer en una patria”, sentenció. Esta fue la respuesta de estas mujeres corajudas a las
declaraciones vergonzosas, descaradas e insultantes efectuadas ayer por el presidente
offshore. Pero también resultan un desafío a tanto tibio, a tanto prudente, a tanto
republicano respetuoso de las formas que, durante estos ocho meses, ha sido cómplice y
funcional con su inacción, sus dudas y sus silencios a tanta provocación y atropello de la
banda neoliberal gobernante. Vaya este ejemplo para demostrar que para ser honesto en las
convicciones, resuelto en las decisiones, y firme en los propósitos no hay edades, ni
géneros, ni cargos que sirvan de excusa para posponerlos. Veamos en esta mujer un
referente a la hora de mirar hacia adelante, con la cabeza levantada y la dignidad intacta;
porque al poder facineroso del dinero, del aparato judicial servicial al establishment, y de la
patria mafiosa zocalera de los medios, no hay que tenerles miedo, sino un innegociable
cuestionamiento a su proyecto neoliberal, provisto de coherencia ideológica y una
constancia inclaudicable. Sin ningún paso atrás.

Mientras el ministro de Propaganda se mofaba de todos declarando que “el año que viene a
esta altura nos va encontrar a todos festejando”, ayer en todo el país continuaron las
huelgas, marchas y protestas contra el ajuste brutal de la gerencia neoliberal. Docentes,
profesionales de la salud y trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires
confluyeron ayer en un paro con movilización a Plaza de Mayo y protagonizaron la medida
de fuerza de mayor magnitud en lo que va de la administración del hada desangelada, María
Eugenia Vidal. Las escuelas sin clases, los hospitales sólo con servicio de guardia y las
oficinas del Estado vacías fue la respuesta de los distintos gremios y centrales sindicales
ante la negativa de Vidal de reabrir paritarias y discutir nuevas condiciones laborales y
salariales. Con réplicas en varias provincias, la medida fue también un mensaje hacia la
Casa Rosada. “El Gobierno avanza de manera brutal e irresponsable con el ajuste. Hay cada
vez mayores focos de pobreza en el conurbano. Hay mucha bronca, preocupación y
angustia”, describió el secretario general de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, encargado de
cerrar la ronda de discursos en Plaza de Mayo. “La gente está saliendo a calle cada vez con
más fuerza a reclamar lo que le corresponde. Desde abajo, seguimos cocinando el paro
nacional”, advirtió. Al parecer la cocina de los gremios donde anidan, entre otros, el
sindicalista Hugo Moyano, anda a fuego lento. Será para ahorrar gas, como aconseja el
Hood Robin argentino no Nacional, o porque no terminan de resolver la encrucijada en la
que sus intereses empresariales los han metido: o responden a las bases que deben
representar, como clase trabajadora; o continúan saboteando la lucha obrera para proteger
sus miserables privilegios particulares. El tiempo, y las víctimas del plan precarizador en
marcha, serán testigos.

El modelo agroexportador en clave colonial, con un puñado de corporaciones con mercados

cautivos y concentrados, no perdona a nada ni a nadie a la hora de aniquilar la producción
nacional, y no sólo la industrial. La liberalización de la importación de alimentos causa
problemas en economías regionales y en establecimientos medianos y chicos. Según el
Indec, crecieron importaciones de frutas y hortalizas, carne porcina y pollo, en mercados
cuyas ventas están en baja. El factor clave para explicar la suba de importaciones es que los
alimentos dejaron de contar con la protección para arancelaria que brindaban las
Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) y ahora están bajo el sistema de
licencias automáticas de importación, cuyo trámite tiene luz verde en 48 horas. Una manera
de medir la magnitud de poder que concentra un gobierno es a través de su capacidad de
daño. Con ese factor como referencia, el que acumula la Alianza neoliberal gobernante es
inconmensurable.

Ante el rechazo social despertado, la inminente impugnación de la procuradora general y la

tibia oposición parlamentaria, a los tarifazos criminales del gobierno ni nacional ni popular,
la gerencia neoliberal empieza a desesperarse viendo que los mecanismos tramposos para
sortear las leyes no les están alcanzando para ajusticiar a toda la población. El ministro de
Shell en Energía, Juan José Aranguren, recibió ayer al grupo de ex secretarios de Energía
que se enfrentó con el kirchnerismo para ofrecerles información sobre el aumento de tarifas
y pedirles que respalden la posición oficial de manera pública. De hecho, hoy al mediodía
hicieron un anuncio conjunto en el ministerio en el que se espera que los ex funcionarios se
encolumnen detrás de Aranguren. El listado incluye a Jorge Lapesa, Daniel Montaña,
Emilio Alud, Arieto Guadaña, Enrique Devoto y Julio César Aráoz, entre otros neoliberales
que desfalcaron el erario público durante sus gestiones. A su vez, el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, estuvo buscando apoyo entre gobernadores y logró que ayer mismo
comenzaran a conocerse algunas adhesiones. La intención oficial es lograr la mayor
cantidad de pronunciamientos a favor del tarifazo antes de que la Corte Suprema dictamine
sobre la legalidad de la medida. Los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Entre
Ríos, Gustavo Eduardo Bordet; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Tierra del Fuego,
Rosana Bertone, se pronunciaron en las últimas horas a favor del tarifazo. Estos tres
serviles al poder corporativo y concentrado, repitieron la cantinela del sincera-miento para
justificar el atraco a los bolsillos ciudadanos.

13/08/16: Sorprende, pero no tanto. Fernanda Gil Lozano, parlamentaria del Mercosur por
el Frente Renovador, acusó al macrismo de hackear y escuchar ilegalmente a diputados
opositores. "Este gobierno espía, hackea, revisa mails y escucha ilegalmente a diputados.
Deben haber contratado al mismo servicio de inteligencia que el gobierno anterior",
denunció Gil Lozano en radio Belgrano. En ese mismo sentido, afirmó: "Yo fui
antikirchnerista, pero el Gobierno y la justicia oficialista que tenemos está metiendo presos
a todos los kirchneristas. Me da lástima porque quisimos ayudar al Gobierno pero no se
dejan ayudar". Que la alianza gobernante tenga esta práctica ilegal no puede sorprender a
nadie. Lo que resulta curioso que se tomen el tiempo en espiar a las huestes del informante
de la embajada norteamericana, que tiene diálogo permanente y amistoso con el presidente
offshore. Y señora, usted miente. Mau y sus pandilleros se dejan ayudar. De hecho, su
fuerza política no ha hecho otra cosa que facilitar que las leyes más abominables de la
gerencia neoliberal puedan sancionarse. Su opoficialismo no necesita ser espiado. Ante
toda la sociedad lo que debe hacerse es denunciarlo; porque ustedes no son parte de la
solución, sino del problema.
La derecha nunca es democrática. El presidente offshore estuvo ayer en Mar del Plata. Lo
que sobresalió de su paso por esa ciudad no fueron las obras que allí anunció, sino los
incidentes que rodearon su desagradable visita y que comenzaron con la represión a un
grupo de manifestantes que quería acercarse al lugar donde habló para plantearle que “los
más humildes no pueden afrontar el ajuste feroz”. Dirigentes de derechos humanos
desplegaron, a su vez, una gran bandera argentina con fotos de desaparecidos, a la vez que
el anti héroe popular fue abucheado durante su discurso. A su salida del acto hubo nuevos
disturbios en torno a la comitiva presidencial. El Gobierno puso el eje en que el auto del
gerenciador en jefe del Estado neoliberal fue apedreado. Apuntalados por los medios
hegemónicos rápidamente se instaló esa idea y se apuntó contra la agrupación HIJOS, que
negó cualquier participación en los hechos. Dirigentes oficialistas, opositores y otros que
están a mitad de camino repudiaron la “agresión” al presidente y le expresaron su
solidaridad, pero sólo unos pocos destacaron que reprimir “no es el camino”. Los incidentes
fueron en el barrio Belisario Roldán, donde el mal imitador de Freddie Mercuri lanzó con el
hada desangelada, María E. Vidal, el Plan Nacional de Hábitat, pensado para mejorar la
situación habitacional de los sectores más vulnerables. Ante la presencia del presidente y la
gobernadora bonaerense allí se dirigieron integrantes de la organización Votamos Luchar,
con la intención de hacerles “escuchar la voz de los más humildes que no podemos afrontar
el ajuste feroz”, pero la policía les cerró el paso y los reprimió con balas de goma y gases
lacrimógenos. “Hay algunos compañeros heridos. Dispararon a unos metros de los
compañeros, entre ellos mujeres con bebés”, contó Ezequiel Francomano, miembro de esa
agrupación. Integrantes de organismos de derechos humanos también se movilizaron con
una gran bandera argentina con rostros de desaparecidos para rechazar lo dicho por Macri
acerca de la dictadura y que no tiene “idea” de si hubo 30 mil desaparecidos. El presidente,
mandato incumplible, habló poco. “Sí, se puede”, lo alentaron sus seguidores, aunque
también hubo abucheos. El disléxico orador tomó nota de ellos y llamó a “poner la energía
en construir y no para agredir”. “Aquellos que creen que el camino es la agresión, tienen
que entender que el camino es el respeto al otro. En vez de sumar apedrean”, insistió
después en Sierra de los Padres, donde inauguró una planta empaquetadora de kiwis. Allí lo
acompañó el jefe de bloque de senadores del PJ-FpV, el opoficialista Miguel Pichetto.
“Desmentimos enérgicamente las acusaciones de Clarín y La Nación”, afirmó en un
comunicado la agrupación HIJOS, a la que responsabilizaron por la “agresión”. “En 21
años de lucha, jamás hemos ejercido la violencia, ni siquiera cuando todos los genocidas
caminaban impunes por las calles”, remarcó HIJOS, que también advirtió sobre la intención
del Gobierno de retroceder en materia memoria, verdad y justicia y agregó: “Pretenden
tapar el plan de hambre y exclusión del Gobierno con acusaciones falsas sobre las
organizaciones del pueblo. Eso es violencia: la mentira, la persecución política, la represión
y la pobreza”. Sin mencionar una sola palabra de la represión previa al acto, funcionarios y
dirigentes de Cambiemos repudiaron las “agresiones” al hombre del corazón artificial y
cargaron las tintas sobre el kirchnerismo. “Una alternativa política no se construye tirando
piedras, sino con propuestas para resolver los problemas de la gente”, señaló el informante
de la embajada norteamericana, Sergio Massa; siempre tan preocupado por las investiduras.
El victimario convertido en víctima. Fue sagaz, pero por poco tiempo. La temperatura
social crece indetenidamente como cae la imagen presidencial en las encuestas. Para su
suerte, son tan pocas las cosas que va a tener que inaugurar, que su grado de exposición
callejera no será asidua. De todas maneras, puede descansar tranquilo, pues lo cuida la
ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, con sus inoperantes protocolos.

Como será de grave y alevosa la cosa que la dama de los bolsos y fundaciones fantasma,
Gabriela Michetti, quedó imputada por las sospechas sobre el origen del dinero que le
robaron de su casa el mismo día del ballotage presidencial, por el fiscal ¡Guillermo
Marijuán!; quien le pidió al juez Ariel Lijo que abra una causa sugiriéndole una batería de
medidas de prueba, parte de las cuales apunta a un conjunto de fundaciones más amplio que
están en la mira como posibles fuentes de recaudación para el financiamiento de la
actividad política de PRO, algo que fue denunciado por los diputados del Frente para la
Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade. Ahora, la vice presidenta, debería responder
varias preguntas: ¿Acaso no está prohibido que las fundaciones reciban donaciones en
efectivo? ¿SUMA justificó el origen de sus donaciones y cumplió con las normas
antilavado? ¿Por qué declaró el supuesto préstamo de su pareja en pesos (al cambio oficial
de noviembre de 2015) y no en dólares? ¿Los dólares fueron obtenidos con los permisos
correspondientes de la AFIP? ¿Qué maestría haría su hijo capaz de costar 50 mil dólares?
¿Por qué mantuvo oculto el robo a la opinión pública? ¿Cómo funciona su fundación sin
tener empleados registrados? ¿No tiene cuenta bancaria su fundación? Si la tiene, ¿Por qué
el dinero estaba dentro de bolsos? ¿Por qué Tonelli, en sus dos declaraciones en la causa,
no dijo que el dinero se lo había prestado él? ¿Puede comprobar el dinero que dice que le
dio Tonelli? Las respuestas a estas preguntas, si el proceso es mínimamente serio, debería
dejar al descubierto las habituales maniobras delictivas de estos desfalcadores de la vida
democrática, para hacer circular dinero no declarado para blanqueo y financiamiento de
actividades partidarias, disfrazadas de nobles iniciativas en favor de los más necesitados.
Algunos de los posibles delitos en puerta serían falsedad ideológica, en relación a la
declaración jurada donde figura una deuda en pesos por el equivalente a 50 mil dólares a la
cotización de noviembre pasado (461 mil pesos) aunque ahora serían por lo menos 300 mil
más. También está en duda si se cumplieron las normas cambiarias y habrá que ver si,
como titular de SUMA, Michetti cumplió con el deber de informar todos los aportantes y
ofrecer documentación respaldatoria. Las fundaciones que reciben donaciones superiores a
50 mil pesos deben informar sobre cumplimiento de normas de prevención del lavado ante
la UIF y habrá que ver si se cumple con leyes impositivas ya que, por la resolución 2681 de
la AFIP, las donaciones se hacen mediante depósito bancario, giro o transferencia, débito
por cajero o débito, pero no está previsto el dinero en efectivo. Pero lo cierto es que la vice
presidenta quedó imputada y no será tapa del diario Clarín.

Con total impunidad el tiránico gobernador Gerardo (in) Morales continúa con los ajustes
salvajes y sus atropellos brutales contra la población jujeña; y particularmente contra la
líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien no sólo mantiene detenida
ilegalmente sino que ahora, además, la tiene incomunicada y aislada como si estuviera en
una cárcel medieval. Esta medida, que no fue notificada ni a la dirigente ni a sus abogados,
motivó que Sala iniciara una huelga de hambre en protesta. Mientras en Jujuy intentan
revertir la situación mediante un habeas corpus, desde el Comité por la Libertad de Milagro
Sala hicieron “directamente responsable de esta medida al Poder Ejecutivo provincial a
cargo del contador Gerardo Morales” y exigieron “la inmediata suspensión del castigo que
agrava las condiciones de detención de la dirigente social”. La decisión de mantener
incomunicada a la diputada del Parlasur es un escalón más en un creciente e inusitado
ensañamiento por parte de los poderes político y judicial jujeños respecto de esta
agrupación, al mismo tiempo que el gobierno de (in) Morales profundiza una escalada
criminalizadora de la protesta y en contra de derechos elementales en la provincia, en
particular contra la Tupac, los obreros azucareros y los estatales, entre otros afectados por
sus políticas confiscatorias neoliberales. Si la oposición política está haciendo algo a este
respecto, se nota poco.

No son una fuerza política como cualquier otra. La alianza Cambiemos, es el brazo político
de las corporaciones. Por eso, en el discurso neoliberal, habita la mentira con tanta
frecuencia: porque necesitan y deben ocultarlo. Deben seguir el juego democrático, por ello
deben participar en elecciones, hablar del bien común e intereses compartidos con las
grandes mayorías, mandar leyes al Congreso y explicar a la opinión pública; pues ya no
pueden imponer sus abyectas iniciativas a través de la fuerza de los golpes de Estado, que
en toda la historia argentina propiciaron, avalaron y sostuvieron. En esta coyuntura,
predicando con la mentira, se aggiornan a las reglas republicanas sin el más mínimo
entusiasmo. Propensos a avasallar las leyes y las instituciones y a profundizar sus medidas
ajustadoras y confiscatorias, la escala de la atmósfera social va subiendo preocupantemente.
Los datos de la Economía lo explican; y muestran el agravamiento de una crisis que se
encamina en transformarse en terminal para la clase trabajadora siendo el empleo, el mejor
empleo. La pérdida constante de puestos de trabajo desde la llegada de Cambiemos vuelve
a instalar la problemática del desempleo en el centro de la agenda económica. El derrame,
que nunca se produce cuando se trata de la riqueza oligárquica, sí se verifica en sentido
opuesto; dado que la caída de la clase media arrastra a sectores populares que le prestan
servicios. El sindicato de empleadas domésticas registra un aumento de la conflictividad
entre sus afiliadas, sobre todo por la pretensión de los empleadores de reducirles las horas
de trabajo. El gremio de la construcción denuncia que por cada empleo formal que se pierde
en el sector, otros dos trabajadores no registrados quedan sin actividad. El informe que
presentó esta semana la Universidad Católica Argentina sobre el aumento acelerado de la
pobreza en los primeros meses de gobierno del presidente offshore advierte que una de las
razones principales es el agravamiento de la situación laboral de los cuentapropistas. Otro
indicador de la destrucción de puestos de trabajo es el aumento en la cantidad de planes
Repro concedidos por la cartera laboral que, a pesar de su pasividad, se está viendo
desbordada por las solicitudes. En julio entregó un 27 por ciento más de subsidios al salario
de empresas en crisis que el mes anterior. La evolución fue de 11.961 planes en junio a
15.240 el mes pasado. Esta situación de debilidad material de los trabajadores, facilita la
instalación de proyectos de flexibilización laboral, como los que tiene en la gatera el
ministro de Desempleo, Jorge Triaca.

Mau y sus pandilleros están cada vez más nerviosos y cometen furcios, fallidos y torpezas
todos los días en relación al pantano en que se sumergieron con sus criminales tarifazos. El
simulacro de audiencias públicas que anunciaron hace dos días ahora informan que no se
hará. El ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren, reconoció que se decidió desactivar
la convocatoria a la audiencia ad hoc por las críticas que recibió, pero aseguró que la
exposición que dará en el Congreso será una “cuasi audiencia pública”, la semana entrante
ante los prudentes parlamentarios. Por las dudas el gobierno ni nacional ni popular mueve
más fichas para reducir el margen para más “sorpresas”. En este sentido apuró, desde las
sombras, a Carlos Rosenkrantz para que adelante su jura como miembro de la Corte
Suprema de las Corporaciones para los próximos días. A la hora de votar este hombre
puede ser clave para torcer la balanza en favor del tarifazo. Sería un escándalo para el
nombrado y la corte en general, pero nada las interesa más a ellos que preservar las
apetencias del capital concentrado. Descansarán en la disipación del escándalo a través del
olvido, que facilitarán las nuevas calamidades que la gerencia neoliberal propiciará para
bien de todos y que lograrán tapar esta meramente jurídica.
14/08/16: Según una encuesta realizada por la consultora Centro de Estudios de Opinión
Pública (CEOP), siete de cada diez argentinos dicen que la economía está mal o muy mal.
También siete de cada diez sostienen que es imposible pagar las tarifas de acuerdo al
aumento dispuesto por el Gobierno, mientras que una nítida mayoría afirma que el ministro
de Shell en Energía, Juan José Aranguren, debería renunciar. Nada menos que seis de cada
diez argentinos sostienen que está de acuerdo con las protestas por los tarifazos, algo
inhabitual porque, en general, suele suceder que los ciudadanos pueden estar en contra de
tal o cual medida, pero tienden a ser reacios a las protestas. En este clima, la imagen del
hombre del corazón artificial y del Gobierno neoliberal en general, perdió entre 15 y 20
puntos desde diciembre, pero se sostiene en valores que considera aceptables (46 por
ciento) porque todavía hay una franja de la población con una expectativa de que las cosas
mejoren. Aun así, los opositores superan hoy en día con holgura a los oficialistas (47 a 33
por ciento), cuando hace unos meses los oficialistas eran mayoría. Bajo este clima
enrarecido la Corte Suprema de las Corporaciones se apresta pronto a fallar sobre los
criminales tarifazos, luego que la Procuradora de su dictamen la semana entrante. Y a la
espesa atmósfera social que se respira, los privilegiados supremos deberán lidiar con las
presiones republicanas de Mau y sus pandilleros que, según denuncia Página/12 hoy, están
siendo persistentes e intimidatorias. Las amenazas son colectivas y personalizadas. Todos
ellos cuentan con la suficiente mugre como para estar preocupados. Los cadáveres que
anidan en los roperos supremos van desde nombramientos nepotistas a corruptelas muy
añejas, apolilladas en expedientes que acusan mal manejos de fondos, prevaricatos varios o
lo que encuentre la lumpen política oficialista, Elisa Carrió, a la que el brazo político de las
corporaciones tiene atada como si fuera una hiena rabiosa; pero que está dispuesta a liberar
para que ataque a Romeo Lorenzetti, blanco predilecto de la diputada de las alianzas de la
derecha republicana. Lo que no deja de asombrar es que el gobierno actúa, respecto a su
impopular medida, como si en ella se jugara una patriada. Enceguecidos como están por ver
plasmado el saqueo generalizado, creen que pasado el entuerto legal la población aceptará
resignada su condena a la supervivencia inhumana, aislada y pacíficamente. Con la cautela
de no confundir deseo con realidad, uno tiende a creer que con la validación legal no les
alcanzará y que la necesidad será más fuerte que el miedo y que la impotencia; por lo que la
imposibilidad de las familias en sostener el mantenimiento de los servicios las empujará
masivamente al reclamo y la protesta movilizada. En ese caso, el gobierno de los ricos para
los ricos, tendrá que apelar al protocolo fascista de la ministra de Inseguridad, Patricia
Bolsrich, que todavía no se dio el placer de poder aplicarlo de manera completa y
descarnada, como debe soñar en hacerlo cuando bebe con sus amigos.
Las aborrecibles declaraciones del presidente offshore, respecto a la cantidad de
desaparecidos durante la última dictadura, que para él ocurrieron en un contexto de “guerra
sucia”, obligó durante los días subsiguientes a que miembros de su gerencia y del partido
que conduce, salieran a desmarcarse de sus dichos y, a la vez, intentaran explicar lo que
“quiso decir” para tratar de respaldarlo, sin inmolarse en el intento. Lo cierto es que el
repudio a tan banales, mendaces y soberbias expresiones se hizo sentir a nivel individual y
colectivo de manera generalizada. Masivamente, en la ronda 2000 de las heroicas Madres
de Plaza de Mayo y de manera personal, en condenas variadas de personalidades de la
política, el arte y la cultura. Hacía muchos años que ningún actor político relevante llamaba
“guerra sucia” al terrorismo de Estado, como lo caracterizó la CONADEP en 1984 y la
Corte Suprema de las Corporaciones en 2005, ni expresaba indiferencia por sus víctimas.
“La descontextualización de lo sucedido, sin la menor referencia al proyecto de sociedad
que aquella violencia impuso, es coherente con la trayectoria del presidente: el holding
familiar que lleva su apellido, SOCMA o Sociedades Macrì, despegó del montón hacia la
cúpula patronal durante aquellos años, con López Rega primero y Massera y Videla
después. No sólo fue uno de los mayores beneficiarios de ese proceso (tenía siete empresas
en 1973 y 51 diez años más tarde; el endeudamiento externo de sus empresas rondó los 300
millones de dólares, cuyo pago fue asumido por el Estado; recibió subsidios de promoción
industrial por 55 millones de dólares y fue uno de los principales contratistas de obras
públicas), sino que también colaboró con las fuerzas represivas: fue uno de los capitalistas
que financiaron el viaje y el entrenamiento de medio centenar de oficiales de las Fuerzas
Armadas de Centroamérica por el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, donde
aprendieron la técnica del secuestro, la tortura y el asesinato clandestino, una práctica en la
que puede rastrearse la expresión desafortunada que utilizó el presidente. Al concluir la
dictadura los grandes empresarios descubrieron el discreto encanto de la democracia. Todo
limpio, sin golpes, sin gritos. Lo bueno del terror es que su efecto perdura. SOCMA no vio
ningún inconveniente en donar a través de su rama informática SIDECO una procesadora
de texto a la Cámara Federal que llevaba adelante el juicio a los ex comandantes. La
sumisión de radicales y peronistas a las nuevas reglas del juego sugiere que los militares y
sus asociados tenían razón: bastaba con asesinar a los mejores cuadros de una generación
para imponer una reestructuración profunda de la sociedad, eso que Rodolfo Walsh llamó
´la miseria planificada de millones´ y que consideraba la peor violación a los Derechos
Humanos. Esa etapa concluyó con la crisis de fin de siglo y el despertar de 2003. Hasta que
llegó Maurizio Macrì para negar, desde la derecha del espectro, el fin de la historia”, señala
Horacio Verbitsky en Página/12 de hoy. Luego de tantos años de lucha perseverante la
respuesta a tanta desfachatez ignorante y provocadora, demostró que la sociedad, al menos
en este tema, tiene sus defensas bien altas. La cruzada que encarna la derecha cavernícola
en el gobierno, a nivel judicial para seguir liberando genocidas ancianos y/o enfermitos o
frenando la continuidad de juicios en proceso; o a nivel cultural, tratando de reinstalar la
teoría de los dos demonios (mientras se reúne y recibe a los únicos existentes,
representados en Biondini, Rico y Pando) a través de la policía lombarda que conduce
Hernán Lonardi, encontrará resistencia; tanta como la que continuará multiplicando con sus
políticas totalitarias y confiscatorias, siempre en sintonía con los objetivos que compartía y
comparte con la dictadura genocida.

El ataque ilegal, brutal y autoritario que viene sufriendo Milagro Sala, agravado en estos
días por el gobernador Gerardo (in) Morales, provocó que un centenar de rectores y
decanos de facultades de universidades públicas de todo el país reclamaran “la inmediata
liberación de la parlamentaria Milagro Sala y otros presos políticos de la organización
Túpac Amaru alojados en la cárcel de Alto Comedero; el cese de la represión contra
trabajadores y la restitución de las garantías democráticas para todas las organizaciones y
militantes sociales en la Provincia de Jujuy”. El texto denuncia las “persecuciones,
extorsiones, amedrentamientos, represión, allanamientos y nuevos encarcelamientos
instigados por el gobierno provincial de Gerardo Morales” y señala que la obra social de
Milagro Sala y la organización popular Túpac Amaru “revirtió la histórica situación de
emergencia habitacional en Jujuy, creó miles de puestos de trabajo, organizó trabajadores
en talleres textiles, talleres metalúrgicos, comedores comunitarios, dos escuelas a la que
concurren más de 2500 estudiantes, y cooperativas de vivienda que construyeron miles de
casas, clubes, centros de salud con alta tecnología y un gimnasio con pileta climatizada para
los sectores más humildes, entre otras muchas cosas”. La declaración está circulando entre
científicos, investigadores del Conicet, docentes y trabajadores de universidades públicas
de todo el país. El viernes, Milagro se declaró en huelga de hambre luego de ser
incomunicada en su celda de 3x2 metros argumentando “mala conducta”, por oponerse al
traslado de otras detenidas a humillantes celdas de castigo. Así anda esta provincia, con una
diputada ilegalmente encarcelada y un reo gobernándola.

15/08/16: El brazo político de las corporaciones, a cargo del poder ejecutivo (no) nacional,
puede cometer torpezas administrativas, errores de cálculo político o desincronizaciones
declarativas, pero sabe lo que quiere y cuál debe ser su rumbo. Lo que atropellen y
destruyan en el camino no es sino el costo siempre necesario para alcanzar sus objetivos.
De hecho, tener directamente CEOs y agentes de bolsas al frente de ministerios y
secretarías encuentra facilidades resolutivas y ejecuciones expeditivas sin dilemas éticos
que los atemperen; pero también limitaciones políticas muy pronunciadas a la hora de
desenvolverse en ámbitos (formalmente) institucionales y mediáticos. Es decir: son brutos
para comunicar y poner en funcionamiento sus medidas brutales. Brutos y brutales, pero
ideológicamente lúcidos a la hora de tener bien claro su sino: hay que reestructurar,
reconfigurar la sociedad en clave neoliberal. Para semejante empresa es imprescindible la
crisis, pues los planteos declamativos para superarla recurrirán a la doctrina de shock como
método; la cirugía mayor sin anestesia, que vociferaba el menemismo, para que el conjunto
habilite a meter mano en las bases que estructuran el tejido social. Para ello la doble tenaza
facilitadora: la de la fuerza de los hechos consumados y la de las leyes que lo legitimen
jurídicamente. Vaya de ejemplo el objetivo central de Mau y sus pandilleros de disciplinar
la mano de obra. Para tan loable fin se hace imprescindible precarizarla y flexibilizarla; y
ello sólo se consigue estructuralmente con una desocupación de dos dígitos estable. No hay
método más eficaz para lograrlo que provocar una crisis que haga de la necesidad por
superarla una claudicación forzada por la irremediabilidad de los hechos. Con el estado de
supervivencia instalado o el miedo por padecerlo conseguido, salarios y condiciones
laborales se flexibilizan sin otra mediación que la dada por la “necesidad”, obligadamente
voluntaria, de las partes involucradas. Los hechos consumados son las que vuelven
“naturales” las leyes más abominables; y siempre para atacar la “crisis” que, superada al
largo plazo, decantará en felicidad colectiva, siempre diferida indeterminadamente. Ellas,
las leyes, darán el marco jurídico para emprolijar e institucionalizar lo que ya está en
marcha y que, a su vez, será útil para evitar juicios onerosos. De fondo siempre estará la
distopía neoliberal de maximizar las ganancias y extender dominios que aseguren
perpetuidad e impunidad garantizada. Si en su cruzada confiscatoria se tienen que cargar
dos generaciones de argentinos o medio PBI para conseguirlo, ningún tapujo moral los
detendrá en su acelerada marcha. El retroceso social y económico está siendo grande y
veloz y las reacciones de los afectados lentas y a destiempo. El desfasaje puede ser letal.
Por ello los focos de resistencia civil que se han multiplicado, a todo nivel, en las últimas
semanas son alentadores. Pero para resistir. Para avanzar hace falta sumarle, a la ineludible
resistencia, proyecto y liderazgo; sin los cuales ningún pueblo puede tener representación
propia.

Nadie hubiera imaginado que detrás del descubrimiento del robo de un bolso con dinero se
escondiera toda una trama siniestra y corrupta de una mujer y su fuerza política. La vice
presidenta, Gabriela Michetti, está padeciendo más por la investigación de la plata a ella
sustraída, que por la pérdida material sufrida. Nuevas revelaciones se siguen acumulando,
en cantidad y calidad, para demostrar el carácter oscuro del dinero mencionado y del
destino al que estaba pensado para la Fundación Suma; ONG, como tantas otras de la
misma calaña, con la que los neoliberales lavan dinero, financian la política y construyen
imagen pública. Según denuncia el portal “Nuestras voces”, la Fundación se mantuvo ilegal
o “trucha” hasta este año; pues no había presentado un sólo balance en la Inspección
General de Justicia hasta la semana pasada. Ya investigada penalmente, decidió legalizar la
situación. Tampoco tuvo nunca empleados declarados, pese a que Michetti públicamente
admitió pagarle a la directora y a dos personas que realizaban tareas full time en una
entrevista en Radio Vorterix; por lo que se puede deducir que entonces serían trabajadores
no registrados legalmente. Recién a fines de julio y luego de presentada la denuncia penal,
la Fundación se inscribió frente a la AFIP como empleadora. Esto significa que
prácticamente ninguna actividad de la Fundación fue fiscalizada por el Estado, ni siquiera
las supuestas asambleas, que recién fueron presentadas todas juntas bajo el rótulo “fuera de
término” la semana pasada ante la IGJ. Por ley, las donaciones a una Fundación deben estar
bancarizadas y. para abrir una cuenta a su nombre, la fundación debe contar con todos los
papeles de inscripción reglamentarios, que nunca habían sido terminados, y presentar
declaración jurada del dinero recibido, que tampoco hizo. Estas exigencias leguleyas no son
por mera burocracia: prevén la posibilidad de que una fundación sea utilizada para mover
dinero en negro. Por ejemplo, un contratista del estado podría recibir un contrato millonario
“inflado” y hacerles el “retorno” a los funcionarios que “facilitaron” ese contrato a través
de una fundación que ellos mismos manejen. Los 30 sponsors de Gabriela Michetti en la
Fundación Suma son contratistas millonarios del gobierno macrista por lo que no sería de
extrañar que ése sea el caso. Sin embargo, a pesar de todo lo revelado hasta ahora, el
gobierno ni nacional ni popular respalda a su socia gerencial. En una entrevista con "El fin
de la metáfora" por Radio del Plata, Germánico Garavano, ministro de Injusticia, afirmó:
"Es parte de un proceso en el que todo se judicializa, donde siempre hay alguien que hace
una denuncia y sobreactúa determinadas cosas. Termina siendo una injusticia. Gabriela es
una persona que sigue viviendo en la misma casa y toda la población tiene gran confianza
en ella. Ella está tranquila y no tiene nada que ocultar". ¿Que tendrá que ver dónde vive
con los manejos espurios de la fundación que ella dirige? Respecto de la judicialización de
la política: ministro, usted es un caradura. Si hubo una fuerza política que hizo de la
judicialización de la política una práctica habitual, con falsas denuncias y causas armadas,
fue la suya; acompañada, asesorada y financiada por las corporaciones a las que su
gobierno neoliberal responde como su brazo político disciplinado.
La treta comienza a notarse. El descontento social contra el gobierno ni nacional ni popular
se empieza a profundizar; y eso se ve reflejado en la cantidad de protestas, huelgas y
movilizaciones que se multiplican todos los días por el país y en las encuestas, en las que se
reflejan la caída de la imagen del hombre del corazón artificial. Ante la decisión
gubernamental de no dar marcha atrás en ninguna de sus abyectas iniciativas, la estrategia
parece ser la de victimizarse ante la opinión pública. La ministra Bolsrich habla de
amenazas de bomba en la Casa Rosada, luego de acusar de terrorismo a dos imbéciles que
sólo hicieron una broma de mal gusto y ahora, con lo sucedido durante la visita del
presidente offshore en Mar del Plata, intentando hacer creer que el primer mandatario fue
“atacado” a pedradas por manifestantes kirchneristas fanáticos. Pues bien: el jefe de la
bonaerense, Pablo Bressi, sostuvo que en el incidente marplatense “no hubo piedrazos
contra Macri y Vidal. El presidente fue agredido verbalmente por unas personas que
querían manifestar su descontento. Contuvimos el lugar para que no pasara a mayores y que
el presidente pueda terminar con su discurso". No contentos con esto quisieron hacer creer,
a través de la prensa canalla que lidera el Grupo Clarín, que una mujer que participó de la
visita de Cristina Kirchner a la villa 31 el lunes pasado, era la misma persona que cuatro
días después se trasladó hasta Mar del Plata y agredió verbalmente al mal imitador de
Freddie Mercuri. Sin embargo, las fotos verificadas corroboraron que se trataban de
mujeres distintas. La acusación contra los manifestantes también la extendieron contra la
agrupación H.I.J.O.S., presente en el lugar, a quienes sindicaron como los “violentos” que
motorizaron la protesta. Casualmente esta agrupación, horas antes, había acusado al
secretario de Rec…Derechos humanos, Claudio Avruj, de retirar al Estado como
querellante en una causa contra los hermanos Saguier, dueños del golpista Diario La
Nación, por delitos de lesa humanidad. ¿El argumento? Que la acusación era sólo por
delitos económicos. De esta manera, Avruj, encubre a los cómplices empresariales de la
dictadura y, a la vez, corre de la escena uno de los fundamentos centrales que fueron eje
durante el “Proceso”, y que se repite como objetivo con el actual gobierno neoliberal: la
miseria planificada de las mayorías para favorecer a los grupos económicos que
fomentaron, solventaron y apoyaron la sangrienta tiranía que inició el dictador genocida
J.R. Videla. Así es como le pasan la factura a H.I.J.O.S, vinculan a la oposición con la
violencia, justifican los costosos mega operativos trasnochados de la ministra de
Inseguridad, con auto blindado incluido, para victimizarse como blanco de la intolerancia y
la agresión “ultra” opositora. El engaño se difundió, el opoficialismo hasta se solidarizó con
el pobre Macri, y ninguno de los operadores de la vil maniobra salió ahora, con las pruebas
a la vista, a pedir perdón o ensayar una disculpa mal justificada. Hay que tener mucho
cuidado con lo que se viene. Esta no es la Alianza Delaruinista. Comparten objetivos,
planes siniestros y representación de minorías privilegiadas; pero sus métodos, sus
escrúpulos y su indecencia son mucho más aberrantes y peligrosos. Por la distopía
neoliberal son capaces de inmolar a la Patria completa y no cejarán, ante ninguna oposición
del tipo que fuere, por imponer su transformación cavernícola y totalitaria de las
instituciones, sus planes económicos coloniales y confiscatorios de recursos y derechos, ni
la consagración de su impunidad redentora.

Durante julio, las ventas de productos de la canasta básica sufrieron la sexta baja del año,
con lo que acumula un retroceso del 3,9% en lo que va de 2016. La venta de autos usados,
en lo que va del mandato de Mauricio Macri, cayó un 25 % y el balance de este fin de
semana largo, arroja un retroceso de más de 10 % en los niveles de consumo. Con sólo
estos daos alcanza para suponer que ni los blindajes del Grupo Clarín y asociados, ni los del
ejército de trols que conduce el ministro de Propaganda, ni mucho menos el que lo
transporta sobre ruedas, merced a la gestión preventiva de la ministra Bolsrich, le
alcanzarán al Hood Robin argentino no Nacional para tapar o escapar de la realidad; con la
que la ciudadanía de a pie no sólo empieza a sufrir cada vez más, sino también a
impacientarse con ánimos alterados.

16/08/16: “El mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre la marcha”, sabe muy bien…
cómo generar pobres. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina
(CEPA) y del Instituto de Economía Popular (Indep) llega a un 33,91 por ciento, cuando en
noviembre del año pasado estaba en el 19,82. Esta violenta caída de las condiciones de
vida, producto de la suba de los precios y de la pérdida de puestos de trabajo, fue más
acentuada en el conglomerado del Gran Buenos Aires, donde según el estudio llega ya al
36,31 por ciento de la población, mientras que en la región Pampeana alcanza el 28,53 por
ciento. Para hacer la medición, los investigadores, tomaron a estas dos regiones que,
sumadas, abarcan a 20 millones de personas. Es decir que si bien no es una medición
nacional se le acerca bastante. En el caso del Gran Buenos Aires, donde se concentra la
mayor cantidad de población del país, el número de pobres trepa a casi cinco millones de
personas. Los nuevos datos sobre pobreza, indigencia y vulnerabilidad confirman el
preocupante deterioro de la situación social. Si se suman las tres franjas, lo que se ve es que
más del 40 por ciento de la población del Gran Buenos Aires está atravesando dificultades
para sostener un piso mínimo de condiciones de vida. Y esto en sólo 8 meses de gobierno.
Cuando el tarifazo se aplique a pleno los números se multiplicarán dramáticamente. No
tienen perdón, porque sí saben lo que hacen.

El presidente blindado no perdona, a la hora de reprimir la protesta social, ni a los

jubilados. La Federal reprimió una protesta llevada a cabo por un grupo de jubilados y
piqueteros que reclaman un aumento de emergencia para el haber mínimo, luego de que se
anunciara el incremento del 14,16% para septiembre, lo que consagra una caída de 10
puntos en el poder de compra de la clase pasiva. De esta forma, las fuerzas de seguridad,
aplicaron el protocolo antipiquete luego de un breve intento de negociación y la amenaza de
despejar el puente, lo que finalmente ocurrió. La protesta había sido convocada por el
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), la organización fundada
por Raúl Castells, y los piqueteros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), para
reclamar un aumento de emergencia para los jubilados, que recibirán un aumento del 32%
en todo el 2016, más de 10 puntos por debajo de cualquier índice de inflación disponible
hasta el momento. Cuando fue ministra de Desempleo de la alianza delaruinista, Patricia
Bolsrich, castigaba a la tercera edad con recortes presupuestarios a salarios y prestaciones.
Ahora lo hace con su fascista protocolo, con palos y camiones hidrantes. Buena noticia para
los periodistas de TN, que por fin vieron funcionando a pleno su reclamado pedido para
poner “orden”.

La fábrica de pobres crece de modo acelerado, con altas perspectivas de crecimiento,

mientras la industria se derrumba sin miramientos. El aumento de las importaciones es uno
de los factores que complicó en estos meses la situación de las pymes, con impacto
negativo en el empleo y los salarios. El Indec informó que en el primer trimestre treparon
9,1 por ciento descontando el efecto de los precios y según el último informe de la
consultora Radar, que dirige la economista Paula Español, la importación de artículos de
marroquinería subió un 30 por ciento en el primer semestre frente al mismo período de
2015, seguido por indumentaria (29,0), calzado (25,0), artículos de higiene personal (14,0),
madera y muebles (9,0) y línea blanca (5 por ciento). Por lo bajo, el argumento liberal apela
a la contención de la inflación que supone el ingreso de bienes más baratos provenientes de
Asia y de la crisis de Brasil. Sin embargo, esa receta ya fue aplicada y terminó generando
un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, al canjear precios bajos por
desempleo. Con esta fórmula siniestra, Mau y sus pandilleros, nos abaratan la vida
condenándonos a la indigencia. A eso llaman “estar todos los días un poco mejor”.

Ante el inminente fallo de la Corte Suprema de las Corporaciones, sobre los tarifazos
criminales con que la gerencia neoliberal busca saquear los bolsillos de la ciudadanía, los
medios hegemónicos, con el grupo Clarín a la cabeza, se han dedicado denodadamente los
últimos días en justificar la confiscatoria medida y a presionar al poder judicial para que los
avale. Sin sutilezas y con títulos muy claros, “Todo Noticias” mostró su opinión: de la
mano de Joaquín Morales Solá, escriba defensor de la última dictadura, dejaron muy claro
qué piensan de la Corte Suprema. "Si la Corte anula los aumentos habrá una conmoción
política y económica", dijo el periodista. "Confío en que sacará una resolución que no deje
de llamar la atención al Gobierno sobre lo que no hizo, pero que a la vez no complique la
realidad económica ni política del país", agregó sin ambigüedades. No fue el único. Lanata,
Leuco, Pagni y demás pistoleros de la banda que dirige el CEO del grupo, Héctor
Magnetto, no se cansaron en editorializar, con “especialistas” invitados incluidos, azuzando
el miedo, culpando a la gestión anterior y augurando los beneficios futuros de tan
encomiable sincera-miento. No serán pocos los que se traguen el placebo clarinista y
terminen por creer que auto inmolándose por una causa que los excluye, su aporte
“patriótico” será útil a la cruzada neoliberal que los sacrifica sin miramientos en el altar del
dios Mercado.

17/08/16: El paso ayer del ministro de Shell en Energía en la cámara de Diputados dejó
claro por qué los criminales tarifazos elaborados por “el mejor equipo en 50 años” son
arbitrarios, ilegales y confiscatorios. Aranguren intentó responder el vendaval de preguntas
de la oposición parlamentaria que cuestionó el tarifazo en los servicios públicos esenciales
como agua, luz y gas, pero no pudo, ni quiso, explicar cuál es el plan energético del
Gobierno, ni el criterio con que su cartera construyó un cuadro tarifario que elevó las
facturas a los usuarios a más de 1600 por ciento. Defendió el tarifazo con el trillado
latiguillo de la “pesada herencia” del kirchnerismo, dejó en claro que la política oficial es
que la disputa por las tarifas debe resolverla la Corte Suprema –a la que el gobierno del
presidente offshore presiona de manera descarada–, aunque dijo que existía un “plan B”
sin dar precisiones e insistió en que el ajuste tarifario ha sido “gradualista”, por lo que
propuso que con la “revisión integral tarifaria” que se haría en octubre se terminaría de
definir la política energética, con otro golpe “gradual” a los bolsillos de los usuarios. El
empresario volvió a afirmar que “no existe incompatibilidad” entre su cargo de ministro de
Energía y ser accionista y ex CEO de la petrolera Shell y que, en todo caso, está sometido a
la Justicia. “A mí me puso y me saca el presidente. No tengo que renunciar absolutamente a
nada”, respondió ante los duros cuestionamientos sobre su gestión. Desde la oposición
calificaron el tarifazo de “confiscatorio” y “extorsivo”, una medida que implica “una
enorme transferencia de recursos económicos a las empresas petroleras” que pagan los
usuarios, que lleva a la desesperación a la población más desprotegida, ahoga a las pymes y
destruye la industria. Volvieron a insistir en la necesidad de derogar por ley los decretos
tarifarios para que se fijen tarifas “razonables” y que los usuarios no deban cargar además
con el costo de los aumentos con retroactividad; además de apuntar contra el ministro y los
titulares de los entes reguladores ENRE y Enargas, por provenir de las empresas
beneficiadas con la política energética del macrismo. El que oportunamente se ausentó fue
el informante de la embajada norteamericana, el opoficialista Sergio Massa, quien se
encontraba en Paraguay disertando en un seminario sobre la “libertad de expresión”. Sí, el
mismo hombre que avaló los decretos de necedad e indecencia del mal imitador de Freddie
Mercuri, que sentenció de muerte la ley de medios en favor de los grupos hegemónicos
concentrados. Veremos hasta dónde llegan los cuestionamientos parlamentarios, una vez
que la Corte Suprema de las Corporaciones avale o no la atroz iniciativa neoliberal o, luego
de que se realicen las audiencias públicas que, más allá de lo que demuestren en cuanto a la
validez o no de los aumentos, no son vinculantes.

Luego del desafortunado paso del ministro de Shell en Energía por el Congreso, la gerencia
neoliberal tuvo que anoticiarse de otra impugnación a su criminal iniciativa: la Procuradora
General Alejandra dictaminó que deben mantenerse frenados los aumentos a las tarifas de
gas dispuestos por el ministerio de Energía, en sintonía con el fallo de la Cámara Federal de
La Plata. A partir de ahora, los jueces de la Corte Suprema se encuentran habilitados para
dictar un fallo que, se supone, ocurrirá mañana. El dictamen de Gils Carbó no es
vinculante, lo que significa que los jueces supremos no están obligados a seguir los
lineamientos que dispuso, pero sí es una fuente de consulta para que el máximo tribunal
falle en un sentido o en otro. De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, la falta de audiencias
públicas antes de hacer efectivos los incrementos tarifarios afectan los derechos de los
consumidores, consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Sin embargo, y
en sintonía con el dictamen de 2014 de la procuradora subrogante Irma García Netto (que
algunos medios le atribuyen falsamente a Gils Carbó), el MPF reconoce que es potestad del
Poder Ejecutivo definir el cuadro tarifario de los servicios públicos. Gils Carbó advirtió que
el actual cuadro tarifario, por ahora en suspenso, podría afectar el acceso de usuarios y
consumidores al servicio básico de gas, lo cual "pone en juego derechos humanos y
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos
internacionales". Al respecto, señaló que "el acceso al servicio básico del gas es
indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las
empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las
cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de
trabajo". Luego de este impecable fallo, la pelota la tiene la Corte Suprema de las
Corporaciones, que deberá definir si se inmola por la distopía neoliberal, con la que
comparte globalmente objetivos e intereses, o corrige al menos el procedimiento, obligando
a la realización de las audiencias públicas como requisito previo para la ejecución sumaria
de la ciudadanía de a pie. Lo que sería sorprendente es que se decidiera a fijar topes a los
tarifazos, subordinando el valor del servicio a las posibilidades reales de la población para
pagarlo. Para ello debería reconocer al agua, la luz y el gas como servicios esenciales,
propios de los derechos universales de las personas. Pero esta última posibilidad es menos
probable que la aceptación del poder judicial de pagar impuestos a las ganancias, o de hacer
públicos sus sospechosos patrimonios personales.
Mientras el gobierno ni nacional ni popular espera ansioso el momento sublime que implica
el tarifazo de los servicios públicos, continúa castigando a la población con más aumentos.
El ministerio de Transporte dispuso un incremento en los pasajes de ómnibus de larga
distancia del 26 por ciento. El nuevo valor de referencia por kilómetro, la denominada Base
Tarifaria de Aplicación (BTA) que rige desde ayer es de 1,1596 pesos, contra 91,77
centavos en los que estaba fijado desde noviembre. Según explica la resolución del
Ministerio, el nuevo valor “reconoce los mayores costos operativos de las empresas, en los
que se encuentran combustibles, repuestos, seguros y salarios”. El pasaje más económico
de un viaje desde la terminal Retiro a la ciudad de Mar del Plata, que hasta este fin de
semana valía 460 pesos, con el aumento alcanzaría a 580 pesos. Un pasaje a Villa Carlos
Paz (Córdoba), en tanto, pasaría de 810 pesos a 1023 pesos. El aumento al que se autoriza a
las empresas auto transportistas podrá aplicarse al margen de los subsidios que las firmas
reciban. Toda la industria y el comercio dedicada al turismo, especialmente las provincias y
ciudades más castigadas por la recesión como Córdoba y Mar del Plata (fervientes votantes
de Cambiemos en 2015) deben estar de parabienes con esta alentadora noticia, que golpeará
aún más a un sector que viene padeciendo una estrepitosa caída en su actividad.

El túnel que sirvió de metáfora a la vice presidenta, Gabriela Michetti, para graficar el
estado de un país en tránsito al paraíso neoliberal, es en realidad el laberinto en que se
encuentra ella por el robo de sus oscuros bolsos de origen ilícito. La causa, en la que se
investiga el origen del dinero que fue robado de su casa, recibió dos ampliaciones de
denuncia ayer. Por un lado, el abogado que hizo la presentación original indicó que la
Fundación Suma, que preside Michetti y a la que supuestamente estaban destinados los 245
mil pesos en efectivo que se robaron, no estaba registrada como empleadora ante la AFIP
hasta el mes pasado. El abogado indicó que según la web de la fundación en 2014 había
abonado salarios. Por otra parte, los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade (Frente
para la Victoria) presentaron otro escrito ante la Justicia en el que hicieron notar que la
pareja de la vicepresidenta, Juan Tonelli, nunca afirmó haberle prestado los 50 mil dólares,
también en efectivo, que fueron sustraídos de su domicilio. A la hora de las coartadas,
parece haber poco diálogo en la pareja de enamorados neoliberales….

A la vez que el presidente blindado se sigue victimizando como blanco de amenazas y

agravios hacia su persona e investidura, las verdaderas intimidaciones, que se han tornado
hábito en el proceder cotidiano de la gerencia neoliberal, la sufren todos aquellos que se
opongan discursiva o ejecutivamente a sus aberrantes iniciativas. Ahora le tocó a la jueza
Martina Forns vivir en carne propia las advertencias mafiosas de los sectores que actúan en
las sombras del poder ejecutivo (no) nacional. Ayer por la noche una granada se halló en la
puerta de la casa de esta mujer, que oficia de jueza federal de San Martín y que fue quien
frenó uno de los criminales tarifazos gubernamentales. La magistrada emitió el fallo que
suspendió el aumento de las tarifas de luz en todo el país hasta que se expida la Corte
Suprema de las Corporaciones. Seguramente por ello, Forns, fue víctima anoche de un acto
intimidatorio frente a su domicilio del barrio porteño de Chacarita, cuando un desconocido
dejó una granada en un contenedor ubicado a pocos metros de la vivienda. "La granada la
puso un hombre y se fue gritando que había una bomba. Es una situación muy fea. Me
alerté al ver la brigada antiexplosivos", contó la magistrada. Además, afirmó: "Me llaman
periodistas muy agresivos acusándome de kirchnerista. Sé que ayer en su exposición en el
Congreso (Juan José) Aranguren me nombró sólo a mí". El hecho, que ya es investigado
por la justicia federal, ocurrió en un día clave para el debate sobre los aumentos tarifarios
que han puesto en crisis al gobierno; ya que desde el propio oficialismo se advirtió que un
fallo desfavorable por parte del máximo tribunal haría fracasar todo el plan económico. Por
ello hay que insistir: no se trata de un gobierno neoliberal como tantos otros sufridos en la
historia argentina. Su impronta autoritaria, su proceder ilegal, su discurso estigmatizante y
su agresividad ejecutiva, lo hacen particularmente peligroso y temible. La misma pasmosa
temeridad que tienen para mentir, para manipular las leyes y para insistir en medidas
brutalmente confiscatorias, es la que van a demostrar a la hora de amedrentar, disciplinar y
reprimir a todos lo que osen oponérseles en sus abominables propósitos.

18/08/16: Finalmente la Corte Suprema de las Corporaciones dictó su fallo sobre los
criminales tarifazos dispuestos por la gerencia neoliberal que regentea el hombre del
corazón artificial. El máximo tribunal, astutamente, confirmó la sentencia de la Cámara
Federal de La Plata que frenó el tarifazo en el gas y dispuso que las tarifas deben
retrotraerse a los cuadros previos a las resoluciones del ministerio de Energía, es decir a los
vigentes al 31 de marzo. Además, ordenaron mantener la tarifa social y reclamaron al
Congreso "la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación".
"La audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en
materia de tarifas", argumentaron los magistrados y apuntaron que "no es válido fundarse
en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2014, ni una
medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia". Sin embargo, en su resolución, no
incluyó a pymes y comercios por lo que el daño inmenso que hará en este sector la atroz
medida será de un impacto directo sobre el consumo, el empleo y las condiciones laborales
de los trabajadores. De cara al aumento que pueda surgir de las audiencias públicas, que el
Gobierno convocó para octubre, si bien reconoce su potestad para fijar las tarifas, la Corte
advirtió que el reajuste debe tener el "criterio de gradualidad" y evitar una tarifa
"confiscatoria". "El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de
los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados
por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables". Por lo tanto,
luego de las audiencias no vinculantes y con el renovado intento de ajusticiar a la población
con el tarifazo que Mau y sus pandilleros insistirán en aplicar, nuevas medidas de amparo y
de inconstitucional lloverán sobre los estrados judiciales. Cuánto es razonable, hasta dónde
puede ser confiscatorio y con qué criterio evaluar una gradualidad equilibrada, será la
nueva discusión que deberá dar la sociedad civil para impedir que el saqueo, que no cejarán
en intentar plasmar, avasalle los derechos ciudadanos.

Mientras la CGT va hacia su unificación definitiva, prometiendo un abanico de protestas

contra el gobierno ni nacional ni popular, la semana entrante también verá plasmada una
nueva huelga docente, y a nivel nacional. Los maestros anunciaron un plan de lucha por
una recomposición de sus salarios y responsabilizaron al ministro de Educación, Esteban
Bullrich, por el incumplimiento de la paritaria firmada en febrero, ante la interrupción del
plan de formación docente y de los programas socioeducativos, en un marco más general de
desinversión en las escuelas. La Ctera viene relevando la subejecución de los presupuestos
educativos por parte del macrismo. Aunque ya transcurrió más de la mitad del año, señala,
sólo se empleó el 26,7 por ciento de los fondos destinados a formación docente, el 9,4 por
ciento de infraestructura y equipamiento escolar, el 6,29 por ciento de desarrollo e
innovación tecnológica, el 35 por ciento del presupuesto del plan Fines y otros programas
socioeducativos, y el 27 por ciento del Progresar. Se trata de fondos disponibles para la
educación pública que, al no ser utilizados, se pierden; su no implementación deja a miles
de alumnos sin acceso a programas que les posibilitaban una mejor formación. Por todo
esto los docentes harán dos paros en las próximas dos semanas: la Ctera realizará un paro
nacional el próximo miércoles 24; luego participará de la marcha federal de la CTA y el
viernes 2 de septiembre irá a una nueva jornada con paros provinciales y movilización a la
Plaza de Mayo. Los profesores universitarios de Conadu van a parar también el 24. Los
docentes privados del Sadop lo harán el 2 de septiembre. A su vez, los maestros de UDA no
darán clases ni en la primera ni en la segunda de las jornadas de protesta. Los números no
cierran, las inversiones no llegan, el poder judicial los limita, las huelgas proliferan, las
protestas se multiplican, el déficit aumenta, el cerco mediático no alcanza. Son demasiadas
las variables que la gerencia neoliberal no está pidiendo controlar, y cuanto más nerviosos e
impacientes se pongan más atentos va haber que estar. Por lo pronto, consolémonos con
que la angelical risa sobradora del ministro de Propaganda se siga desdibujando un poco
más todos los días.

El juez federal Ariel Lijo le pidió ayer a la Inspección General de Justicia (IGJ) el legajo de
la fundación fantasma Suma, de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y solicitó a la AFIP y
a la Oficina Anticorrupción las dos últimas declaraciones juradas de la funcionaria,
imputada desde el viernes –por decisión del fiscal Guillermo Marijuán– por el origen de los
fondos que fueron robados de su casa el 22 de noviembre pasado, el mismo día que
Cambiemos se imponía en segunda vuelta. Ambas medidas de prueba habían sido
solicitadas por el abogado que inició la denuncia sobre el supuesto origen ilícito de esos
fondos y más tarde por los diputados del FpV Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, quienes
ampliaron la denuncia original basados en las explicaciones que esbozó la propia
vicepresidenta, que no hicieron más que complicar su situación. El oficio enviado por el
juez incluye el pedido de información sobre las fundaciones de los otros buenos
samaritanos del elenco liberal: Creer y Crecer, de Néstor Grindetti (intendente de Lanús,
involucrado en los Panamá Papers); Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco; y
Formar, de Guillermo Dietrich. En el primer escrito que presentaron ante Lijo hace poco
menos de un mes, Cabandié y Tailhade advirtieron que la ONG de la vicepresidenta y las
de otros dirigentes del Pro podrían funcionar como una pantalla recaudatoria de fondos para
la actividad política. A esta altura sería pertinente vigilar el famoso túnel negro de la mujer
de los bolsos y cheques voladores: puede ser la vía de escape por la que se fugue si las
investigaciones iniciadas llegan a buen puerto.

Agreguemos a la larga lista de variables que el gobierno del Hood Robin argentino no
Nacional no controla, a la inflación. La canasta básica de alimentos, que fija la línea de
indigencia, se ubicó en 6524 pesos en julio para una familia tipo, con un alza mensual del
3,4 por ciento, según informó el centro de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires. La
canasta básica total, que fija la línea de pobreza e incluye la satisfacción de otras
necesidades básicas del hogar, sumó 12.979 pesos, con un alza del 2,1 por ciento. El
proceso inflacionario, pese a las declaraciones reiteradas de funcionarios de Cambiemos
acerca de la desaceleración de las remarcaciones en los últimos meses, continúa
desgastando la capacidad de compra de la población, puesto que las canastas de consumo
son cada vez más costosas cuando se las compara contra el salario y la jubilación mínima.
Este retroceso en el poder de compra, que fue más violento en los sectores más vulnerables
de la sociedad, impactó en el movimiento del mercado interno, donde se observaron bajas
notables en las ventas de productos tradicionales para los hogares, como la carne. Lo que sí
le está funcionando a la perfección, al gobierno de ricos para ricos, es la fábrica de pobres;
con la que planea frenar el espiral inflacionario, disciplinar trabajadores y consolidar su
modelo excluyente y pauperizador.

19/08/16: Después del gas, vendrá la luz. Así como lo había hecho con las tarifas del gas, la
Corte Suprema le pidió un dictamen a la procuradora Alejandra Gils Carbó sobre las tarifas
de electricidad. Se trata del paso previo a poder dictar un fallo en relación a lo que había
resuelto la Cámara Federal de La Plata. El pedido a Gils Carbó indica que los integrantes de
la Corte ya están analizando el caso. Si bien la Corte no tiene un plazo para fallar, es
probable que esto ocurra en los próximos días ya que en la sentencia sobre el gas indicaron
la gravedad institucional del tema. El motivo por el que se frenó el aumento de la luz es
similar al del gas: el Gobierno no realizó las audiencias públicas previas y obligatorias
antes de incrementar la tarifa. Por lo tanto, si mantiene coherencia con lo dictado ayer, la
Corte debería fallar en el mismo sentido que lo hizo respecto al gas. La pelea va a hacer
larga y difícil y los atolladeros judiciales podrán posponer o morigerar la criminal medida
criminal dispuesta por la gerencia neoliberal, pero, para que no prospere sustancialmente,
las protestas y movilizaciones deberán acompañar los reclamos jurídicos, imprescindibles
pero insuficientes a la hora de torcerle la mano a un gobierno dispuesto a todo por saquear a
la ciudanía, las cooperativas, las pymes y clubes de barrio.

El fallo de la Corte Suprema de las Corporaciones conocido ayer fue, en algunos aspectos,
lo suficientemente ambiguo para dejar a todos con una mueca de fastidio y alivio al mismo
tiempo. Para Mau y sus pandilleros lo resuelto por el tribunal no fue tan duro pues los
confiscatorios aumentos podrán aplicarlo al 75 % del universo de usuarios y, al otro 25 %
de alguna manera, cree, lo podrá también ajusticiar luego de las audiencias públicas que, a
toda velocidad y desesperadamente, enlodarán con números apócrifos, datos falsos y
conclusiones amañadas para tratar de convencer a la sociedad de lo justo y conveniente de
su estafadora propuesta. Para la ciudadanía de a pie queda un alivio transitorio; que no
asegura que también sea efímero si la gerencia neoliberal, luego de cumplir con lo indicado
por los supremos, insiste en aplicar sus criminales tarifazos a pesar del masivo rechazo que
vienen generando. Y para el resto, entre los que se cuentan grandes y pequeñas empresas,
comercios y asociaciones civiles diversas, quienes, excluidos del beneficio otorgado a
consumidores residenciales, ven afectada su supervivencia debido a los aumentos
estratosféricos que replicarán en sus costos en un contexto de mercados deprimidos y
jaqueado por importaciones liberadas de todo control; les queda la quimérica opción del
reclamo colectivo, sugerida en su fallo por la corte, para intentar pelear contra las atroces
medidas impulsadas por la alianza encabezada por el Hood Robin argentino no Nacional.
En este sentido los empresarios ya adelantaron que pretenden dar batalla, a través de
nuevos amparos, buscando impedir que los criminales tarifazos los alcance a ellos, al
menos, antes de las mentadas audiencias públicas no vinculantes. Porque no hay que
olvidar este último punto: lo que allí se discuta y dirima no obliga al gobierno ni nacional ni
popular a no insistir con su estafa extraordinaria; pues, como la misma Corte se lo reconoce
en el fallo, conserva la potestad de fijar el valor de las tarifas. Por lo tanto, la pelea judicial
continuará por definir qué es gradual, qué es no confiscatorio y posible de pagar de acuerdo
a las necesidades de los diversos usuarios.
El gobierno ni nacional ni popular está pasando su peor momento. El descontento social
con sus políticas crece, el poder judicial pone frenos y límites a sus criminales iniciativas, y
sus funcionarios empiezan a padecer jurídicamente por sus conductas delictuales de las que
cuanto más se defienden, más se hunden. El caso de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, es
uno de esos casos. Ayer se supo que al inicio de la investigación del robo denunciado y no
hecho público por la funcionaria, su empleada doméstica declaró que era "habitual guardar
plata en bolsos dentro de la casa”. “Me daban sobres envueltos en pañuelos que yo
guardaba en armarios”, señaló la mujer cuyo nombre se desconoce. Con esta declaración el
camino se va despejando y va quedando claro que el PRO financia la política, y quien sabe
qué otras cosas, con dinero no registrado a través de fundaciones fantasma que ni siquiera
cuentan con cuit ni empleados. Es esta sospecha lo que motivó que se investigue a otras
fundaciones de la misma calaña que tienen a su nombre personas tan honorables como
Grindetti, Burzaco y Dietrich, entre otros mecenas de la caridad franciscana. Quizá le
puedan consultar a Hernán Lonardi, vocal de la fundación SUMA y uno de los jefes de
campaña de la sacrificada mujer neoliberal durante 2015, sobre el manejo de los fondos con
que su partido financió sus gastos. A propósito del oficial de medios públicos: también
deberá agudizar su ingenio, a la hora de las mendacidades que recicla a diario, para afrontar
la revocatoria de un sobreseimiento de la Sala II de la Cámara Federal porteña por una
causa que se remonta a la época en que el “ingeniero” hacía las veces de ministro de
“cultura” de la Ciudad. La fiscal del caso, Paloma Ochoa, acusó al funcionario por
malversación de fondos y lavado de dinero; pues, el cazador de periodistas opositores, con
la excusa de promover “actividades culturales” giraba fondos a dos fundaciones que son
usina del pensamiento neoliberal en general y del PRO en particular: “CEPPA” y
“PENSAR”, de la que el propio Lonardi es miembro. Según la fiscal, casi un millón y
medio de pesos se detectaron como fondos que no se dirigían hacia lugares para el que
fueran destinados, sino para financiar a estas dos cloacas que promueven la mentira, el
desfalco público y el sometimiento de las mayorías disfrazados de republicanismo
ecológico, pluralidad de voces y burra alegría. Por lo tanto, este hombre, y sus socios
enmascarados, deberán responder por qué el apócrifo “mecenazgo” que dirigían asignaba
partidas presupuestarias a entidades privadas y en qué fueron usados específicamente esos
fondos públicos redistribuidos sin autorización del ministerio que los proveyó y, en
definitiva, si ese dinero se usó para el financiamiento de un partido político. Si a esto le
agregamos las investigaciones en curso sobre el hombre del corazón artificial, por sus falsas
declaraciones juradas y sus cuentas no declaradas, tenemos entretenimiento para rato
viendo desfilar a estos personeros del delito de guante blanco que, por lo visto, igual dejan
huellas por todos lados.

20/08/16: Mientras las cámaras empresarias y miles de pequeños y medianos

establecimientos comerciales e industriales, cooperativas, empresas recuperadas y clubes de
barrio preparan la artillería jurídica para presentar ante los tribunales una andanada de
demandas para que la Justicia anule el tarifazo gasífero, aplicando los mismos argumentos
que utilizó la Corte Suprema para tomar dicha resolución con respecto a los usuarios
residenciales, el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) convocó ayer en forma
oficial a la realización de una audiencia pública el próximo lunes 12 de septiembre para
analizar el aumento de las tarifas residenciales del gas como ordenó la Corte Suprema de
Justicia en su fallo del jueves. La audiencia es la vía prevista para garantizar la
participación ciudadana y si bien las conclusiones que surjan de ese evento no son
vinculantes, es un paso previo indispensable para aplicar cualquier ajuste, el cual no puede
ser retroactivo. A la vez, el gobierno ni nacional ni popular ya adelantó que realizará una
audiencia pública el mes próximo para discutir los incrementos en la tarifa de energía
eléctrica, previendo que la Corte Suprema fallará en el mismo sentido que lo hizo con las
tarifas del gas. En tanto el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, adelantó que
el gobierno insistirá con el cuadro tarifario que se sancionó a través de la resolución 31
anulada por la Justicia justamente por falta de audiencia previa. Ese cuadro había arrojado
subas superiores al 1000 por ciento en miles de casos. Por lo tanto, desde el oficialismo se
comprometieron a fijarle un techo de 400 por ciento interanual a las subas domiciliarias,
independientemente del nivel de consumo. Insistiendo con sus criminales tarifazos es cómo
piensa responder la gerencia neoliberal a la orden de la Corte de aplicar un cuadro tarifario
razonable, gradual y no confiscatorio; lo que confirma que la pelea continuará, tanto en los
estrados judiciales como en las calles, para torcerle la mano al brazo ejecutor de las
corporaciones y grupos concentrados.

La gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central está a la altura de los
desaguisados de Prat-Gay y a los de sus propios antecedentes como funcionario
delaruinista. Ahora avanza sobre un proyecto para modificar la carta orgánica del BC para
legalizar en los hechos las orientaciones y medidas que vienen tomando en sentido
contrario a lo permitido y a la impronta heterodoxa de la gestión anterior. Hasta ahora, el
gurka neoliberal, fue desmontando los instrumentos regulatorios diseñados por el directorio
anterior para forzar a los bancos a prestar a la producción, y en especial a las pymes.
Modificó la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (Licip) que imponía al sistema
financiero la obligación de destinar hasta el 7,5 por ciento de los depósitos privados a
prestar a esos sectores, con tasas subsidiadas al 18 por ciento anual. Con ello, limitó el
alcance del plan, a la vez que subió la tasa a 22 por ciento. Pero además desactivó el comité
de seguimiento permanente de los bancos que auditaba el cumplimiento de la norma, y
flexibilizó los requisitos que deben cumplir las entidades sobre los créditos a conceder.
También eliminó el encaje de 30 por ciento que debían constituir fondos extranjeros para
inversiones especulativas en el mercado de capitales. Eso expone al país a la conformación
de burbujas cuando las divisas entran y a estallidos cuando salen en manada. Y como a la
hora de los saqueos a la economía doméstica no se privan de nada, el Central volvió a abrir
el grifo para que las multinacionales giren ganancias a sus casas matrices. En el primer
semestre salieron 1451 millones de dólares del sector privado y 281 millones del sistema
financiero por esa vía. Esto es compatible con la decisión de liberar la compra de dólares
sin ningún tope ni control. También se suprimieron regímenes informativos de operaciones
cambiarias por comercio exterior, facilitando las maniobras de elusión y evasión fiscal a
través de transacciones entre empresas con sus casas matrices. Para favorecer a la banca
privada, eliminó el tope de tasas que podían aplicar los bancos por la cesión de créditos y el
piso que debían pagar a los ahorristas por la captación de depósitos; habilitó, desde
septiembre, a los bancos para que puedan fijar libremente los precios de cargos y
comisiones por servicios financieros, como la renovación de tarjetas de crédito, las
extracciones por cajero automático o los distintos paquetes que ofrecen y desactivó la
recepción de denuncias de clientes bancarios por abusos de las entidades financieras,
quienes antes eran atendidos por el defensor del usuario financiero. La oficina sigue
existiendo, pero con perfil decorativo. Del mismo modo, se dejó de lado el área de
educación financiera que instrumentaba campañas para informar de sus derechos a los
consumidores. La devaluación, la bicicleta financiera y medidas como esas permitieron que
los bancos ganaran en el primer semestre un 52 por ciento más que en igual período del año
pasado, hasta 38.425 millones de pesos. Este es el balance hasta hoy de una gestión que es
un verdadero saqueo a las arcas públicas, una estafa moral y económica a la ciudadanía y
una afrenta a los valores éticos de una república a la que buscan amputarle autonomía,
soberanía política e independencia económica.

Luego de las declaraciones de Norma Rojas, la empleada doméstica que trabaja para la vice
presidenta de la Nación, una Gabriela Michetti desencajada y muy alterada señaló: “Eso es
mentira, Norma nunca declaró eso. Es una infamia”, aseguró antes de cerrar la puerta del
auto oficial y dar por terminado el diálogo porque “todo está en manos de la Justicia”. Sin
embargo, los dichos de esta mujer, quien ingenuamente reveló que los sobres con dinero en
esa casa eran habituales y que ella se encargaba de guardarlos en un ropero, figuran en la
causa y complican a la mujer afecta a los túneles. Por otra parte, un nuevo dato, que se
conoció ayer, da más elementos para evaluar la catadura moral de la vice presidenta: la
pobre Norma, con 22 años al servicio de Michetti, cobra cuantiosos $1.000 por semana por
un trabajo de 8 horas, o sea: menos que el salario mínimo vital y móvil; salvo que, sumando
otro delito a su vasta lista de ilícitos, le pague aparte sumas no registradas. Cada vez son
más lo que creen que lo que sufrió la ladera del presidente offshore no fue un robo, sino una
expropiación.

Las internas en el partido de gobierno están subiendo temperatura. El director de la AFIP,

Alberto Abad, desplazó de su cargo al Director General de Aduanas, Juan José Gómez
Centurión, a raíz de una denuncia en su contra del Ministerio de Seguridad de la Nación,
según informó ayer aquel organismo. Ni la cartera a cargo de Patricia Bolsrich ni la AFIP
brindaron información, hasta anoche, sobre los motivos ni las características de la denuncia
contra el ex militar carapintada y hombre de opinión de peso en la estructura del PRO.
Hasta ayer el funcionario era presentado como “un ejemplo” en la labor de “limpiar de
corrupción” a la Aduana, lo cual hace más llamativo su desplazamiento sin mediar
explicación. Gómez Centurión había estado a cargo, hasta mediados de diciembre, de la
estratégica Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, en la gestión
del presidente blindado como jefe de gobierno. “Atento a los términos de la denuncia
presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación ante la Justicia Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal, el Administrador Federal dispuso la separación preventiva
del Licenciado Juan José Gómez Centurión del cargo de Director General de Aduanas,
hasta tanto la Justicia instruya los actos correspondientes”, informó escueta y retóricamente
la repartición que encabeza Abad. El militar carapintada participó en la guerra de Malvinas
en 1982 a las órdenes de Mohamed Alí Seineldín, cinco años después intervino en el
alzamiento carapintada de Semana Santa, a las órdenes del coronel Aldo Rico, y al año
siguiente en la asonada de Monte Caseros, en enero de 1988, nuevamente bajo el mando del
coronel Seineldín. Pese a estos antecedentes, o quizás por ellos, el mal imitador de Freddie
Mercuri lo eligió para hacerse cargo, en octubre de 2012, de la Agencia Gubernamental de
Control de la Ciudad, la estratégica área de la que dependen inspecciones, habilitaciones y
clausuras. Área que más de una vez quedó en medio de fuertes controversias, por clausuras
de locales de baile o de música por cuestiones menores, mientras ignoraba denuncias contra
talleres clandestinos de confección textil con explotación de personas, o contra
establecimientos como el depósito de Iron Mountain, en Barracas, luego intencionalmente
incendiado –según pericias policiales– perdiéndose documentación comprometedora de
bancos y grandes firmas. Tras la elección del Hood Robin argentino no Nacional como
presidente, Gómez Centurión fue mencionado como candidato principal a encabezar la
cartera de Defensa, pero la resistencia radical a su designación, por su participación en las
asonadas contra Alfonsín, le cortaron el paso. Nadie en su sano juicio puede creer que el
desplazamiento de este funcionario se deba a los valores éticos de una fuerza que sólo
destila ilegalidades, avasallamientos y confiscaciones gravosas en cada una de sus medidas,
leyes y decretos de necedad e indecencia.

La misma pérfida estrategia empleada a nivel nacional, Mau y sus pandilleros, la aplican al
fútbol profesional: provocar una crisis y/o agudizar conflictos y problemas ya existentes
para, instalado el caos generalizado, aportar “soluciones” estructurantes tan aberrantes
como las que intentan implementar a nivel político, social y económico con sus planes
neoliberales en la Nación. La doctrina de shock para el fútbol argentino se lleva puesto
“Fútbol Para Todos”, a pesar que el presidente offshore se cansó de repetir engañosamente
durante su campaña que lo mantendría y que respetaría los contratos que lo garantizaban, al
menos, hasta 2019. El presidente de la Comisión “Normalizadora” de la AFA (no), el rico
empresario Armando Pérez, dijo ayer a Télam que “no habrá más Fútbol Para Todos” desde
enero de 2017, porque una empresa se hará cargo de la televisación de los partidos
“mediante una licitación”. Asimismo, señaló que la AFA (no) “no tiene plata” y que
iniciará una gestión con el Gobierno “para un adicional, pero con condicionamientos”. A la
vez fustigó a los clubes de ascenso que se niegan a comenzar los torneos, pues la repartija
desigual e inequitativa que quieren los clubes regentes de la oligárquica Superliga,
consagrada gracias al engaño y a la estafa cometida hacia los clubes chicos y medianos a
quienes se les niega el dinero que se les prometió para que firmen el acuerdo, porque tienen
“una posición política” con respecto al regreso del fútbol, pautado para el próximo fin de
semana. Con esta postura extrema y miserable, el delfín macrista en contubernio con el
operador judicial presidente de Boca, Daniel Angelici, quiere imponer por medio de la
asfixia económica, que inició el gobierno de CEOs y evasores con cuentas ocultas cuando
dejó de girarle los fondos a los clubes durante meses, el esquema concentrado y todo
poderoso que tiene a los cinco clubes grandes, principalmente, como los más beneficiados
por un esquema que es una réplica del que quiere instalar la gerencia neoliberal a nivel
nacional para toda la república. Un campeonato que no empieza y deficientemente
organizado, clubes fundidos, árbitros y dirigentes sospechados de corrupción, suman al
combo perfecto para instalar la idea de las reformas “necesarias” que no terminan con esta
propuesta escandalosa. En el horizonte está la vuelta del “pago para ver”, que tiene al
monstruo Turner con sus fauces abiertas esperando desesperado, y a las sociedades
anónimas como “salida” a la crisis provocada; que generará la desaparición lisa y llana de
numerosos clubes y un entramado de negocios multimillonario para el goce angurriento de
un puñado de empresarios; ávidos por amasar fortunas rápidas sin mucho esfuerzo y poca
inversión. Con este panorama, el deporte más popular de Argentina será la panacea de
especuladores, financistas inescrupulosos y empresarios offshore, mientras la ingenuidad de
hinchas y anónimos espectadores aguarda expectante cuándo comenzará a rodar la pelota
para otra vez perder, en su ciega pasión fanatizada, por una goleada con goles hechos en
offside y con la mano (no) invisible del Dios mercado.
21/08/16: Para un neoliberal nunca donde hay una necesidad nace un derecho. En el caso
argentino las necesidades las generan ellos, por lo que estamos lejos de que una fuerza que
tiene la confiscación y el saqueo del más fuerte como método, pueda al menos paliar algo
los males provocados. Como el deseo de la gerencia neoliberal es mantenerse en el
gobierno, y no lo puede hacer a través de la fuerza como era habitual en épocas pasadas en
corrientes derechistas de su calaña, entonces debe recurrir una vez más al engaño; a la
mentira como salvavidas. En su peor momento, el mal imitador de Freddie Mercuri repite el
gesto desesperado de salir a tocar timbre a los vecinos, para hacer creer que está cerca de la
“gente” (como si esta estrategia le estuviera dando réditos), luego del cimbronazo que
provocó en el gobierno el último fallo de la corte sobre los criminales tarifazos de servicios
públicos. En las fotos subidas a las redes sociales y difundidas por las oficinas de prensa, se
veía a los dirigentes junto a personas de a pie, con gesto amable o sonriente, igual que en la
campaña electoral. Los macristas difundieron a coro un mismo mensaje: “Conclusión
unánime del timbreo: el ‘tarifazo’ no es una preocupación de la gente. Mensaje p/
demagogos varios de la política y la prensa”, afirmó vía Twitter el diputado Eduardo
Amadeo. La pandilla completa decidió a hacer creer a todo el país que los lugares
acordados que fueron visitados, fueron encuentros casuales; frutos del azar provocado por
la iniciativa jovial de un gobierno que no puede ni quiere entender los motivos y la
naturaleza de los reclamos que le llueven a baldazos todos los días. Sólo puede atinar a más
intentos de engaño; a la trampa y la mentira para hacer creer a la sociedad que padecer
privaciones e injusticias es algo necesario para lograr, en algún semestre ya no más
vaticinado, el bienestar individualmente soñado.

Cómo estará de comprometido el presidente blindado con la Justicia, por la investigación

de sus incontables cuentas en paraísos fiscales, que está más complicado que Gabriela
Michetti con sus sobres con dinero ilegal de fundaciones que no existen para fines
inconfesables. En Brasil ya hay pistas que permiten explorar la ruta de 9 millones de
dólares intercambiados entre sus distintas sociedades de todo tipo: argentinas, brasileñas y
offshore con sede en Panamá o Bahamas. Y hay otra novedad: por primera vez aparecen en
superficie tres empresas más vinculadas a su firma Fleg Trading, la offshore de Mauricio
revelada por los Panamá Papers, pieza clave de las operaciones de Socma (Sociedades
Macri), en el mercado brasileño. “El grupo Macri se instaló en Brasil en 1995 y desarrolló
actividades por lo menos hasta 2007”, recordó el diputado Darío Martínez, un neuquino del
Frente para la Victoria, que se apresta a ampliar sus dos denuncias anteriores al fiscal
Federico Delgado. “Diseñaron un entramado de sociedades a partir de una firma creada en
Bahamas, Fleg Trading Ltd., que justamente está en el centro de la investigación del fiscal”.
Añadió que “para colaborar con la Justicia voy a pedir que se cite a declarar a Francisco
Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri, como directores de Fleg Trading, para que digan
cuál fue el origen de la suma utilizada para comprarle a Socma Americana su participación
en Owners do Brasil”. Otro de los puntos que formarán parte de la política de colaboración
con la pesquisa será el pedido de citación a Francisco Macri y su hijo mayor como
directivos de Socma Americana; para que informen de dónde salieron los fondos aportados
en tres sociedades. El artículo 303 del Código Penal que invoca Delgado en la carátula de la
causa donde tiene competencia el juez Sebastián Casanello dice textualmente en su inciso
primero: “Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del
monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare,
disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes
provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes
originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito y siempre que su
valor supere la suma de pesos trescientos mil, sea en un solo acto o por la reiteración de
hechos diversos vinculados entre sí”. Cuando se difundió la existencia de Fleg, el
presidente dijo que “nunca funcionó”. Tampoco, según Mau, desarrolló actividad alguna ni
poseyó cuentas bancarias. ¿Y Owners? Cada vez hay más indicios de que funcionó,
desarrolló actividades y, por lógica, fue titular de cuentas bancarias a través de las
sociedades creadas. Un conjunto de hechos que el fiscal Delgado llamó con criterio realista
“actividad social” de las empresas. Porque los papeles de Panamá no tratan de simples
inscripciones en estudios de abogados sino de la fundación de sociedades con capacidad de
multiplicarse y maximizar ganancias. Con estas nuevas revelaciones, los que deberían
urgente salir a tocar timbre, pero a la casa del Hood Robin argentino no Nacional, son los
fiscales del poder judicial por un lado y los legisladores opositores del parlamento
argentino por el otro. Nadie parece tomar nota, pero la causa avanza y en un escenario de
crisis y caos generalizado la impunidad de este hombre será tan obscena de sostener, que no
habrá blindaje mediático que pueda protegerlo.

La huelga de hambre de Milagro Sala en la cárcel y de un grupo de curas en opción por los
pobres en la Plaza de Mayo y las denuncias presentadas por diversas organizaciones
nacionales e internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, llevó al
gobierno jujeño del contador Gerardo (in) Morales a levantar la sanción de aislamiento
impuesta a la fundadora de la organización barrial Túpac Amaru. Pero esto no atenúa la
crueldad que se ejerce contra ella y los otros diez presos políticos de su organización, que
tienen menor conocimiento y repercusión mediática. Milagro está desde el 16 de enero en
la Unidad Penal 3 de Alto Comedero, junto con Gladys Díaz, Martha Aizama y Patricia
Pachila Cabana. Están juntas, pero les prohíben compartir las visitas, bajo amenaza de
sanción. Milagro recibió a tres periodistas y conversó con otros desde el teléfono público
del Penal. El fiscal Aldo Lozano imputó a 12 agentes penitenciarios y los llamó a
indagatoria por tolerar que Milagro hablase por celular. En realidad, utilizó el teléfono
público del penal. La sanción al personal penitenciario tendió a instalar el conflicto entre
celadoras e internas. La visita al lugar tiene horarios muy limitados (miércoles y domingos
una hora entre las 16 y las 17). Carecen del indispensable espacio físico en las celdas, en las
que entra agua cuando llueve. Hasta fines de julio debieron bañarse con agua fría y dormir
en cojines miserables. Cuando las familias y la organización les proveyeron colchones para
ellas y las otras detenidas, la fiscal especial Liliana Fernández de Montiel ordenó retirarlos
y sancionar a los responsables de la Comisaría de la Mujer por permitir su ingreso. No
dispone de agua caliente y el acceso a los baños está restringido por la cantidad de presos
que hay en el lugar. Nadie más que el fiscal puede autorizar lo que denominan “visitas
extraordinarias” y no se les permite ninguna de las actividades propias de una unidad penal,
como talleres, escuela, acceso a un espacio verde, lugares comunes para compartir,
asistencia social y psicológica, o servicio médico, salvo mediante una solicitud previa, si el
fiscal o el juez autorizan la salida. De esta manera, los atropellos de la Alianza neoliberal
continúan profundizándose con total impunidad, mientras la grieta que dijeron que venían a
terminar ya es un abismo sin retorno posible.
Mientras los ministros de Propaganda y de Injusticia de la gerencia neoliberal anunciaban
que el fallo de la Corte sobre los criminales tarifazos se cumpliría sin discutir, el Ente
Regulador del Gas encontraba el modo de burlarlo: según la convocatoria del Enargas, en la
audiencia pública que marca la ley y que la Corte le exigió como condición ineludible
previa a cualquier aumento, se discutirá “el traslado a tarifas de los precios de gas en el
Punto de Ingreso al Sistema de Transporte”, además de las tarifas de transporte y
distribución. Pero la Corte no se refirió al “traslado a tarifas” sino al propio precio del gas
en boca de pozo. De este modo, la Alianza Cambiemos intenta seguir ocultando el costo de
producción del gas bajo siete llaves de reserva, incógnita, secreto, sigilo, enigma, mentiras
y misterio, tal como hizo durante la interpelación de las comisiones de la Cámara de
Diputados el ex presidente de Shell Argentina y actual accionista de Shell internacional
Juan José Aranguren, en adelante el Ministro de Energía. Esto es así para ocultar la
desproporción entre ese costo de producción y el precio que las petroleras cobran por
entregar el gas al Sistema de Transporte. Según el propio Aranguren en su presentación
ante la Corte Suprema, el precio del gas en boca de pozo representa más del 70 por ciento
de la tarifa final del gas que paga el usuario. Ahora por otra vía, el gobierno insiste en su
planteo inicial desechado por la Corte de que solo se puede discutir acerca de los precios de
transporte y distribución. En este punto, el gobierno cuenta con la connivencia de los
gobernadores de las provincias petroleras y del capo sindical y senador nacional Guillermo
Pereyra, ya que las regalías provinciales son del 12 por ciento sobre el precio en boca de
pozo y las remuneraciones de los trabajadores también están atadas a esa cifra. En la
audiencia pública, que los republicanos quisieron burlar, tendrán que explicar por qué, si el
precio anterior ya estaba (en dólares) por encima del que se paga, por ejemplo, en Estados
Unidos o Canadá, lo aumentó en un 100 por ciento (en dólares), cuando ya existían otros
mecanismos de incentivo de precios para quienes aportaran producción excedente (nuevos
yacimientos o aumento de la producción de los que ya están en explotación). Es decir, que
deberá defender una transferencia de ingresos a favor de los concesionarios de áreas
gasíferas por 2800 millones de dólares, no a cambio de aumentar la producción ni de
comprometer inversiones, sino simplemente por lo que ya producen. La mínima seriedad
que puedan alcanzar estas audiencias dejará expuesto el plan confiscatorio neoliberal, pero
eso no los amilanará. Su cruzada reaccionaria intentará prosperar aunque, en su intento,
tengan que llevarse puestas leyes, instituciones, empresas enteras y puestos de trabajo; en
definitiva: la convivencia pacífica de la sociedad en su conjunto.

22/08/16: En un acto llevado a cabo en una empresa de Avellaneda, el mal imitador de

Freddie Mercuri se refirió al proceso de inversiones que, a su entender, "ya empezó”,
aunque ni siquiera el Grupo Clarín se atreva a informarlo. "Cada día vamos a estar un
poquito mejor”, se animó a mentir ante la concurrencia que, atónita, tuvo que asistir a la
mendaz alocución de un hombre que parece vivir en otro planeta, pero que, en realidad,
intenta incansablemente demostrar seguridad en su norte, que lo tiene, pero que sabe que en
su cruzada medieval por convertir al país en un enclave colonial norteamericano va
quedando cada vez más aislado y cuestionado. Su exposición la continuó pidiendo a los
trabajadores “no poner palos en la rueda, porque cuando uno hace trampa al sistema,
cuando fuerza un ausentismo o inventa un juicio está complicando la vida a toda la
sociedad". Remató estas afirmaciones indignantes, el día en que las centrales obreras más
“prudentes” se reunificaron, afirmando que el proyecto que él lidera no busca “un cambio
económico sino uno cultural”. Los últimos dichos son los únicos ciertos: la matriz
neoliberal, atravesando toda la estructura jurídica, política y social, es el leitmotiv de su
Alianza conservadora. Y una aclaración: los palos son los de su gobierno. Cuando no son
los de la ministra Bolsrich para reprimir trabajadores y jubilados, son para obturar el
desarrollo industrial, la ampliación de derechos colectivos y las instituciones que deberían
velar por una justicia distributiva, en equidad e igualdad de condiciones para todos sus
habitantes. Las trampas no han sido otras que sus medidas económicas confiscatorias, sus
declaraciones juradas apócrifas, sus cuentas personales escondidas en paraísos fiscales, sus
leyes aberrantes a favor de los grupos dominantes, y los fundamentos para justificar sus
criminales tarifazos. Los otros “palos” que impiden que la rueda productiva funcione, son
los que también llaman formalmente bonos y divisas; que han desviado para que los
aficionados a la bicicleta financiera resuciten en detrimento del erario público, al que
también han expoliado sumando deuda con fabulosas comisiones para pagar a la carroña
que merodea por el circuito internacional y que anidan en su propio gobierno, con el buitre
Melconián a la cabeza. No agravie más a los trabajadores, bastante tienen con usted, sus
falsas promesas, y su plan económico de hambre y miseria.

La estratégica decisión de victimizarse y, a la vez, estigmatizar persecutoriamente a sus

opositores, que encarnan Mau y sus pandilleros, sigue su marcha. A pesar de que aún se
está investigando qué sucedió en la manifestación de rechazo que sufrió el presidente
offshore en Mar del Plata hace diez días, el juez federal que lleva la causa, Alfredo López,
acusó sin hasta ahora ninguna prueba fehaciente al dirigente social Ricardo “Chacho”
Berrozpe, como supuesto responsable de los “piedrazos” dirigidos al auto que transportaba
al presidente y la gobernadora Vidal. En simultáneo, admitió que aún debía esperar para
conocer las “pruebas y los informes técnicos”. La causa tiene, por ahora, la calificación
penal de intimidación pública, lo que configura un delito contra la seguridad de la Nación,
pero sólo a fines de precisar qué fue lo que pasó aquel viernes 12. Aun así, López –un juez
civil que falló meses atrás, a contramano de todos sus colegas, a favor del tarifazo en el
gas– suscribió públicamente la hipótesis de la ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich,
quien no dudó en señalar a supuestos “grupos organizados” obsesionados con impedir “que
el presidente acuda a los actos y al contacto con la gente”. La organización Votamos
Luchar, apuntada por el dedo del juez y a la que pertenece Berrozpe, marchará hoy al
juzgado federal 4 de Mar del Plata para denunciar que la causa busca “demonizar a los
sectores populares” que se manifiestan contra “el plan de ajuste” del Gobierno. La
andanada judicial la acompañan con los feroces editoriales del Grupo Clarín; que, a través
de sus personeros más conspicuos, no vacila en señalar a CFK como “autora intelectual” de
un plan sistemático para “escrachar”, repudiar y agredir al Hood Robin argentino no
Nacional por donde vaya para lograr “desestabilizarlo”. En este contexto se van repitiendo
hechos intimidatorios, desde el anonimato cobarde de las redes o de operativos relámpago
en la noche, para agredir verbal y físicamente políticos, periodistas y militantes sociales que
denuncian o critican el accionar devastador del gobierno contra la población. Hay que ser
muy inteligentes y precavidos: son capaces de cualquier cosa y para la mórbida temeridad
que demuestran no hay límite ético, ni legal, ni moral que los frene. Han venido por todo y
cada vez menos se toman el trabajo por disimularlo.
La crisis auto infringida, para la gerencia neoliberal, justifica todas sus abyectas iniciativas;
siempre en detrimento de derechos y conquistas sociales y en perjuicio del patrimonio
público, para favorecer a los grupos económicos que, además de representar acabadamente,
muchas veces integran ellos mismos. Ahora, el Gobierno ni nacional ni popular privatizará
17 edificios que son de su propiedad. Lo hace, según la normativa que salió publicada en el
Boletín Oficial, con el objetivo de “recaudar fondos frescos” para el Tesoro Nacional y
ayudar a "reactivar la economía". Entre los inmuebles hay edificios, departamentos, predios
y hasta una cancha de fútbol 5. De todos los inmuebles, 13 están en la ciudad de Buenos
Aires, en tanto que los otros 4 se reparten en La Matanza, La Plata, Plata San Isidro. Los
mismos se ubican en barrios de alto poder adquisitivo, como Palermo, Belgrano, Retiro y
Microcentro. Según el decreto 952, firmado por el presidente blindado y su Ministro de
Propaganda Joseph Peña, "mantener ociosos dichos inmuebles implicaría desatender
intereses prioritarios del Estado nacional" y destaca que las ventas "constituirán una fuente
de ingresos para el Tesoro" y "generarán un impulso en la economía al reactivar diversas
actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población". Toda una bicoca para que los grupos concentrados o los amigos cardenales
del presidente offshore sigan amasando fortuna en favor de la copa neoliberal; que no
derrama otra cosa que calamidades para toda la ciudadanía de a pie.

El titular de Arsat, Rodrigo de Loredo, le confirmó el jueves pasado a un grupo de

diputados de la Comisión de Comunicaciones e Informática que visitó la empresa, que ya
se firmó el contrato con la consultora McKinsey. En lo formal, es un convenio para
asesorar a la compañía en la elaboración de su plan de negocios, aunque un sector del
gobierno encabezado por el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de
Gabinete, Mario Quintana, uno de los que se enriqueció con la devaluación macrista con su
compra previa de divisas a través de las maniobras legalmente corruptas de “dólar futuro”,
busca que sirva para justificar la incorporación de capital privado o favorecer la
colonización empresaria de su infraestructura a través de la firma de contratos. Al mismo
tiempo que se avanza con esa tarea, el Ministerio de Comunicaciones comenzó a autorizar
la operación de satélites extranjeros que compiten con la propia Arsat, lo que pone en
riesgo su futuro como firma argentina no perteneciente a un grupo multinacional. El viernes
se habilitó al Eutelsat 113 WA (ex Satmex 6) haciendo valer un convenio de reciprocidad
con México, pese a que desde 2014 la mexicana Satmex pasó a ser controlada por la
francesa Eutelsat, a punto tal que cambió su nombre por Eutelsat Americas. Esa medida se
sumó a la reciente decisión de autorizar a la empresa New Skies Satellites, propiedad de la
europea SES, a brindar servicios en el país con el satélite NSS-806 en la posición orbital
47.5 Oeste. Además, hay otros satélites extranjeros que podrían ver luz verde en las
próximas semanas como Eutelsat 115 WA (ex Satmex 5), Eutelsat 117 WA (ex Satmex 8) y
Amazonas 3 de Hispasat, un moderno satélite lanzado en febrero de 2013 que permite,
entre otras funciones, brindar banda ancha directo al hogar en banda Ka. “Me resulta
injusto que nuestra gente tenga que pagar más por sus telecomunicaciones bajo la excusa de
proteger nuestra industria satelital. La Argentina necesita integrarse al mundo, nuestro
pueblo tiene que estar conectado a internet de la forma más económica posible”, aseguró el
martes en su muro de Facebook José Antonio Sánchez Elías, referente de comunicaciones
de la Fundación Pensar, think tank macrista, y presidente y CEO de Tesacom, empresa de
soluciones satelitales asociada a grandes jugadores extranjeros como la española Hispasat,
la cual a su vez tiene como accionista a Eutelsat. Menos mal que están ellos para proteger
nuestros bolsillos, que se beneficiarán con estas “heladeras lanzadas al espacio que generan
gastos innecesarios”, como sentenció el presidente blindado cuando se lanzó el satélite por
primera vez, por iniciativa y decisión de CFK.

23/08/16: Tras cuatro años de fractura, la CGT Azopardo que responde al ex gremialista
Hugo Moyano, la CGT Alsina que dirigía Antonio Caló, y la garita Azul y Blanca que
presidía Luis Barrionuevo, se fusionaron en una sola Central Obrera. Los tres gremialistas
que encabezan la renovada CGT son el dirigente de Sanidad, Héctor Daer, el de la
Federación Marítima Portuaria, Juan Carlos Schmid, y el de estaciones de servicio, Carlos
Acuña. Una porción de sindicatos que conforman dos espacios internos distintos decidió no
participar del cónclave para no validarlo: los que responden al que parece más radical en
sus reclamos, Sergio Palazzo, el MASA, que lidera el taxista arrepentido Omar Viviani y el
que encabeza el sindicalista empresarial macrista, Mongo Venegas. Si bien todos
esgrimieron motivos diferentes, de fondo están las disputas por los cargos y las formas.
Ahora resta saber si la nueva conducción, articulando con el resto, lleva a los hechos las
duras críticas que viene planteando al gobierno ni nacional ni popular o siguen con los
amagues y ambigüedades que, hasta hoy, los ha encontrado más como cómplices que como
opositores al plan confiscatorio general que encabeza el presidente offshore.

El mismo día que se conocían nuevas revelaciones sobre los movimientos ilegales de las
cuentas cada vez menos secretas del presidente blindado, el Grupo Clarín presentaba un
informe televisivo denunciando giros al exterior por casi 500 millones de dólares del
gobierno anterior, basado en información bancaria que habían solicitado los confiables
fondos buitre a la justicia estadounidense, con el objetivo de encontrar y expropiar fondos
vinculados a empresas del Estado argentino o a sus funcionarios, en medio de la disputa
que los titulares de las entidades de capitales especulativos mantenían con el gobierno de
CFK por el pago sin quita de los bonos de la deuda que compraron en default. En la pérfida
maniobra distractiva se la ingeniaron para vincular, de forma amañada, caprichosa y sin
pruebas contundentes, a la ex presidenta con Báez, Elaskar y otros lúmpenes que circulan
desesperados por los sets televisivos enlodando funcionarios y dirigentes para deslindar
responsabilidades o conseguir prebendas judiciales a cuenta. Ante esta nueva embestida
periodística, CFK instruyó a su abogado para demandar judicialmente a los difamadores,
Jorge Lanata y su mal imitador Nicolás Wiñazqui, por calumnias e injurias. “Periodismo de
guerra: Si no hay pruebas inventemos títulos”. Esta fue la frase que Cristina Fernández de
Kirchner eligió para salirle al cruce en las redes sociales a la tapa del diario Clarín –que
reproduce un informe televisivo de PPT– bajó el título “Cristina Kirchner ocultó giros al
exterior por US$ 492 millones”. “Si encuentran nuevas cuentas de Mauricio Macri en
Panamá Papers armamos una tapa contra CFK”, sumó Cristina en las redes sociales, donde
adjuntó las tapas de la edición del domingo de Página/12 que revela los negocios del Grupo
Socma (Sociedad Macri) en Brasil a través de las sociedades offshore creadas en la guarida
fiscal panameña y que el presidente omitió en sus declaraciones juradas y negó conocer. Lo
cierto es que a los que denunciaron al presidente offshore nadie los demandó, lo que marca
la más clara diferencia, en intenciones y calidades, en uno y otro caso.
Son tan poco probables las respuestas que esperan de Mau y sus pandilleros, que quienes le
reclaman por sus nefastas políticas públicas se manifiestan preparados para, ni siquiera, ser
recibidos. Así es como se extienden acampes por todo el país para, a la vez, hacer visible
sus protestas ante el silencio escandalosos de los medios hegemónicos dominantes.
Integrantes de la organización social Barrios de Pie permanecen desde esta noche frente al
ministerio de Desempleo a la espera de una entrevista con el jefe de la cartera, Jorge Triaca,
en demanda de la conformación de un "comité de crisis" con el gobierno y la Iglesia para la
generación de empleo y ayuda social. En tanto Trabajadores del área de la salud de la
Ciudad de Buenos Aires montarán una carpa blanca el 1 de septiembre frente al Obelisco.
Entre los reclamos que impulsan se destaca la reapertura de paritarias, aumento del 40%
retroactivo a enero y no escalonado y condiciones dignas de trabajo. Por último, por dar
cuenta de lo que sólo sucede en Capital federal, decenas de militantes de distintas
organizaciones sociales que sostienen dispositivos de atención para jóvenes con problemas
de consumo de drogas, montaron este mediodía una carpa frente a la sede de la Secretaría
de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar), en reclamo del pago de fondos adeudados desde hace cuatro meses y
denunciando el desfinanciamiento de ese organismo. Este paisaje de carencias, necesidades
insatisfechas, pobreza generalizada y ajustes brutales, es lo único que puede mostrar al
mundo un gobierno que, en ocho meses de gestión empresarial, está provocando en
Argentina una conmoción social ascendente, a la que sólo se puede prestar a atender con
protocolos de seguridad reaccionarios y persecuciones individuales a manifestantes; pues la
estrategia elegida combina la negación de los conflictos, la culpabilización de las víctimas y
el ninguneo absoluto, para que quienes sufren sus criminales iniciativas asuman su nueva
realidad como inmodificable.

24/08/16: Si al Estado lo hubieran convertido formalmente en una empresa, la gerencia

neoliberal que hoy lo regentea merecería repartir dividendos entre sus miembros; pues sus
abyectos objetivos están consiguiéndose asombrosamente rápido y, dado lo delicado de las
consecuencias sociales que producen, a un muy bajo costo político. Ayer el siempre
sospechoso Indec reconoció que la desocupación se disparó a 9,3 % en el segundo semestre
del 2016, un indicador que sube por primera vez en diez años, contra el 6,6 de igual período
de 2015 y el 5,9 del tercer trimestre del año pasado. Los números oficiales dan cuenta de
que eran ciertas las advertencias de los gremios y las quejas de las pymes, así como
también las cifras de organismos descentralizados, consultoras y centros de investigación,
que alertaron sobre el deterioro del mercado de trabajo a raíz de los despidos en el sector
público, el desplome de las ventas en el mercado interno, la baja de exportaciones y
apertura de importaciones. Los indicadores laborales mejoraron en 2015 con respecto al
año anterior, a pesar del relato oficial acerca del supuesto total estancamiento del empleo
desde 2011. Desde el segundo trimestre de 2014, la desocupación pasó de 7,5 al 6,6 el año
pasado y se ubica ahora en 9,3 por ciento. La subocupación se movió de 9,4 al 9,0 y este
año subió al 11,2 por ciento. De esta manera cerca de 2 millones de personas en todo el país
han perdido el empleo y no deberían esperar que, con estas políticas públicas en marcha, su
situación varíe significativamente ni en el corto ni en el mediano plazo. Minutos antes que
Jorge Todesca anuncie estos aterradores números, el presidente offshore señalaba, muy
suelto de cuerpo, que estaba contento porque en la segunda parte del año se estaban
generando nuevos empleos. Esta atroz mentira, si su gestión en el cargo perdura en el
tiempo, quizá pueda transformarse en cierta. En España, modelo excluyente y confiscador
al que Mau y pandilleros admiran y tratan de imitar, ha recuperado algunos puntos de
empleo el último año bajo el esquema visto en Argentina con la fábrica Cresta Roja: con
salarios a la baja, aumento de horas de trabajo, y bajo la modalidad de empleos
temporarios. Con todos estos datos en la mano, vamos a ver cuánta oposición política y
gremial verdaderamente anti neoliberal se pone al frente de las demandas populares,
porque, hasta ahora, sólo ha habido mayormente oposición social, dispersa y fragmentada,
pero más decidida que muchas organizaciones que, contando con más estructura y recursos,
han venido reculando o predicando “prudencia” y “gobernabilidad”, con excepción de las
dos CTA, mientras el tsunami neoliberal se lleva puesta la república.
Lo que ayer, los productores frutihortícolas de Río Negro y Neuquén, pensaron como una
forma de protesta por la delicada situación económica que atraviesan las economías
regionales, por la criminal política económica del gobierno ni nacional ni popular, terminó
demostrando el grave estado de carencia y hambre que vive gran parte de la población
argentina. La idea original era regalar peras y manzanas a los ocasionales transeúntes que
circularan por Plaza de Mayo, pero, para sorpresa de muchos, la medida derivó en una
extensa peregrinación que se aglutinó para recibir las frutas gratis. En las largas colas
predominaron jubilados, desempleados y personas en situación de calle, que se acercaban a
los puestos de los productores con sus bolsas de nylon para recibir al menos dos o tres
unidades. En muchos casos se trataba de personas que habían viajado temprano desde el
Conurbano bonaerense; y no faltaron empujones y discusiones cuando alguien intentaba
adelantarse en el lugar de la fila. Los productores no fueron recibidos por el gobierno de los
ricos para los ricos, pero lograron un encuentro con diputados de la oposición, quienes les
ofrecieron su apoyo. “Fue una reunión extensa, porque también estaban los productores
lecheros con sus respectivos reclamos”, dijo el titular de la cámara de General Roca, José
García. Patética imagen de un país que, como si fuera poco, debe convivir soportando las
declaraciones injuriosas y desubicadas del presidente blindado, cuyos seguidores planean,
para hoy a las 18 horas, una marcha de apoyo a su gestión hacia el Obelisco, con la
consigna “Por la Democracia”. Imposible más bizarría…

Hay cosas que pasan, y que se escuchan, que pueden volver desquiciante al espíritu más
equilibrado que exista en la Tierra. Mientras la ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich,
día por medio anuncia nuevas amenazas de bomba en Casa Rosada y la gobernadora de la
provincia de Bs. As, el hada desangelada María E. Vidal, promete seguir a fondo en su
lucha contra las mafias (de las que nadie sabe quiénes son y a qué se dedican), el juez
federal de Mar del Plata, Alfredo López, a cargo de la causa por los incidentes ocurridos
durante el acto en que el Hood Robin argentino no Nacional fue supuestamente apedreado,
convocó insólitamente a una manifestación a su favor “en todo el país” y amenazó con
renunciar en caso de que la gente no concurra. “Que se arreglen, si la gente no defiende sus
derechos, y no defiende a quienes los defienden, bueno, yo no soy Dios, soy un ser humano
y hasta acá llegué”, dijo tras ser consultado sobre qué hará en caso de que su llamado, como
podría suponerse, no tenga la respuesta esperada. El juez ya había hablado de “un plan
sistemático de desestabilización” y ayer volvió a sorprender al asegurar que, a su entender,
la “principal responsable” de ese plan es la ex presidenta Cristina Kirchner. Este hombre,
que a esta altura uno no sabe si es un delirante suelto o un soldado neoliberal dispuesto a
inmolarse por las distopías gubernamentales, viene de soportar una manifestación en las
puertas de su juzgado, pero no precisamente de apoyo: más de 200 personas se
concentraron el lunes para repudiar sus dichos acerca de que la organización Votamos
Luchar se había “adjudicado” el supuesto “atentado” contra el presidente. Ese día, su
juzgado amaneció custodiado por la policía local y los abogados de la organización no
pudieron ingresar para presentar un escrito, trámite que debieron hacer ante la secretaria del
magistrado. Hasta ahora, lo único en lo que López pudo avanzar es en recabar un informe
de la Federal en el que consta que hubo un “piedrazo” de tamaño “importante”. Recibió
también los videos de las cámaras de seguridad del municipio, que muestran que, una vez
concluido el acto, una mujer y un hombre, de manera aislada, arrojan piedras sobre un auto
en el que no se sabe si viajaba o no alguna autoridad. Pero aún no tiene a un sólo imputado.
Pese a esas carencias, López ordenó espiar a Votamos Luchar y otras organizaciones. Las
actuaciones de inteligencia sobre los militantes –que no llegaron al acto porque fueron
reprimidos a 400 metros– es el núcleo del conflicto entre López y los fiscales Laura
Mazzaferri y Nicolás Czizik, a quienes el magistrado acusó frente a los micrófonos de
entorpecer la investigación por “pertenecer a Justicia Legítima, una organización política
inserta en Poder Judicial” antes de denunciarlos penalmente. La fiscal Mazzaferri –con el
apoyo del fiscal federal Damián Adler– se negó a dar curso a las actuaciones de inteligencia
y pidió en cambio recabar indicios que permitan en principio establecer “si existió o no una
agresión al presidente” y, además, cuál fue “la eventual intervención policial frente a dichos
sucesos”. Está el hecho llamativo que el jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi, sostuvo que
“no hubo piedrazos” contra el mal imitador de Freddie Mercuri, en contradicción con el
informe de la Federal. Todo este disparate, que si no nos sucediera a nosotros llamaría sólo
a risas desencajadas, hay que enmarcarlo en la estratégica decisión del gobierno ni nacional
ni popular de aprovechar el mal clima reinante atribuyéndolo no a sus iniciativas
confiscatorias, sino a las intenciones “desestabilizadoras” de quienes manifiestan y
protestan contra sus nefastas políticas públicas; redoblando la apuesta al adjudicarle, sin
prueba alguna, a CFK la “aviesa” maniobra desde las sombras. Lo vienen repitiendo
también desde las usinas mediáticas neoliberales, con el Grupo Clarín a la cabeza, con las
alocuciones caricaturescas de pistoleros que ofician de periodistas, que llaman a “resistir”
la intentona golpista de un “kirchnerismo radicalizado”. Con esta postura demencial lo
único que están logrando es echar más leña a un fuego que toma altura y que, si se
descontrola como pareciera va ocurrir, puede provocar un daño de una magnitud
incalculable y un tendal incontable de “heridos”, que siempre resultan ser los más débiles y
los más vulnerables.

La política también se dirime en las cuevas hediondas de los palacios judiciales. A pesar
que, ante la demanda iniciada por CFK por “calumnias e injurias”, los periodistas Lanata y
Wiñazki recularon en su acusación directa contra la ex mandataria, el fiscal de las
corporaciones y medios concentrados, Guillermo Marijuán, pidió la indagatoria de la ex
presidenta Cristina Kirchner por la denuncia emitida por Canal 13 el domingo pasado,
denominada "Cristileaks", en la que acusa a presuntos allegados a CFK de haber realizado
movimientos en el exterior por 492 millones de dólares, información que fue provista por
los fondos buitre en una causa judicial de los EE.UU. Según el fiscal, la ex presidenta
habría cometido los delitos de "encubrimiento" y "omisión de denuncia" ya que, según el
programa PPT, el informe con los movimientos bancarios llegó desde los EE.UU. hasta la
Procuración del Tesoro, que conducía en ese entonces Angelina Abbona, y no se impulsó
ninguna investigación. En tanto los documentos que muestran que la offshore Fleg Trading,
vinculada al presidente blindado y su familia revelados el mismo día y no desmentido por
nadie que integre la pandilla neoliberal gobernante, tenía actividad comercial pese a que el
presidente offshore lo negó públicamente, fueron entregados ayer a la fiscalía de Federico
Delgado en la causa sobre las derivaciones de los Panamá Papers por el diputado neuquino
Darío Martínez (Frente para la Victoria). Mentiras y verdades deberán dilucidar los
personeros del prevaricato que, en su denodada lucha por consagrar la impunidad y castigar
opositores al modelo medieval que intenta imponerse a cualquier precio y costo social,
seguirán aportando lo suyo al escenario de violencia que se viene cocinando al galope de
avasallamientos, supresión y confiscación de los derechos colectivos de la ciudadanía.

El monstruo se llama Jorge Salcedo y es presidente de la Junta Comunal 1 de La Ciudad. Es

radical y acompaña la gestión de Cambiemos en la ciudad y en el plano nacional. En las
últimas elecciones fue elegido comunero en representación del PRO. Su proximidad
política al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Berreta, y especialmente al ministro de
Seguridad Martín Ocampo, le permitió acceder al cargo mencionado. Este cabal neoliberal,
fue denunciado ante la justicia y el INADI por acoso sexual y maltrato laboral por su ex
Jefa de Gabinete, María del Carmen Marone y varios empleados más a su cargo. La
denunciante describió en su presentación escenas escabrosas e insoportables que vivía a
cotidiano en su lugar de trabajo. Según Marone, “Salcedo tenía un trato misógino y
acosador con sus empleadas. A mí me ha llegado a manosear y a amenazarme con retirarme
el contrato de empleo si reaccionaba. Con otras mujeres a las que les facilitó un contrato,
también le pedía favores sexuales a cambio de renovarles el contrato o conseguirles
comida”. Como era de imaginar, las aberraciones que cometía este siniestro seguidor del
presidente blindado incluyen la malversación de fondos públicos. “Diversos
enfrentamientos originados en las reiteradas negativas de ella a concederle favores sexuales
y a no firmar documentos y facturas con sobreprecios, terminaron deteriorando el vínculo
profesional”, relató una de las entrevistadas. En su denuncia, Marone, describió que “en
una oportunidad, yo le pregunté por una joven que había contratado y que no sabía ni
escribir la palabra presidente, yo le pregunté por qué gastaba un contrato público en una
persona que no tenía ninguna preparación para el cargo y Salcedo me respondió: ‘con el
culo que tiene qué me importa si sabe escribir o no’”. También remarcó que una de las
exigencias que imponía el titular de la Junta Comunal 1 para trabajar ahí “era no estar
casada o ser madre soltera”. Roberto Salcedo posee cuatro denuncias en el INADI, tres
denuncias en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y una denuncia penal en el
Ministerio Público Fiscal de Nación en la Unidad Fiscal especializada en violencia contra
las mujeres, todas estas realizadas por distintas personas. Estas denuncias no se limitan sólo
al presidente de la Junta Comunal 1 sino que también involucran a Marcelo Díaz,
responsable de la Unidad de Atención Ciudadana (UAC), Gabriel Mouriño y Gustavo
Minardi, inspectores de la Comuna 1. Tanto Mouriño como Minardi eran los encargados de
cobrar los 500 pesos mensuales que exigía Salcedo por cada nueva persona que comenzaba
a trabajar para la Comuna 1. Vaya el ejemplo de este hombre, y del séquito que lo circunda,
para retratar el perfil ético y moral que portan los personeros de la Alianza neoliberal, que
vino a que “todos los días estemos un poco mejor”.

La vuelta al F.M.I. ya es oficial. Y no hay mejor retorno, para sus mejores alumnos, que
reingresar al organismo pagando más que antes por ello. El Gobierno ni nacional ni popular
se endeudará por 400 millones de dólares para pagar su participación en el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que se amplió producto del crecimiento del PBI, en el año
2013. La medida es una actualización de una emisión que se anunció en abril, pero como no
se hizo operativa hasta el momento se la realizará ahora con un tipo de cambio más alto.
Según salió publicado en el Boletín Oficial, el Central emitirá letras a 400 millones de
dólares, a un plazo de 10 años, para pagar "el 25%" de la participación de la Argentina en el
organismo, que asciende a 1.070 millones. En la fecha original, el dólar estaba a $14,17, en
tanto que en la actualidad se ubica a $14,83. Como parte integrante del FMI, la Argentina
abona una cuota anual al organismo, en proporción a su Producto Bruto Interno. La última
actualización de dicha cuota se dio en 2013, cuando subió a 1.070 millones de dólares.
Seguramente, el mes entrante, la misión de la carroña internacional legalizada reaparezca
en Argentina para, luego de recibir algún pedido para nuevo endeudamiento, comenzar a
auditar las cuentas públicas con la mirada sesgada que suelen tener para ello. Las
condiciones que exigirán, para otorgar los préstamos solicitados, irán en línea con lo que
habitualmente requieren para “sanear” las economías que terminan por enfermar
terminalmente: ajustes, recortes y despidos. O sea: la receta neoliberal clásica para asegurar
el cobro y consolidar, estructuralmente, la desigualdad y la inequidad como variables
indispensables e indiscutibles del modelo excluyente que difunden y fomentan por todo el
mundo.

25/08/16: La cuesta abajo de la economía no se detiene y la decadencia empieza a invadir

todos los ámbitos institucionales; mientras la gerencia neoliberal no hace la mínima auto
crítica e insiste en defender sus medidas atroces y sus iniciativas confiscatorias que están
expoliando las arcas del Estado, fundiendo a las pymes, y pauperizando a la población en
general. El nivel de actividad económica anotó un retroceso del 4,3 por ciento en junio
respecto del mismo mes del año pasado, según lo informó ayer el Indec. Si se compara todo
el primer semestre con el año anterior, la baja se ubica en 1,3 por ciento. Esto marca la
aceleración de la caída hacia el fin del período de seis meses. El Indec volvió a difundir,
tras ocho meses de apagón informativo, las estimaciones mensuales de actividad económica
y confirmó el fuerte deterioro de la economía en los primeros meses de gestión del
presidente offshore. La construcción, la industria y las economías regionales fueron las
ramas más afectadas por el lado de la oferta, mientras que entre los componentes de la
demanda agregada se destacó la caída del consumo privado y público, la baja de
exportaciones y el retroceso de la inversión. El documento Estimación Mensual de
Actividad Económica, que publicó ayer el Indec, no ofrece explicaciones de la fuerte caída
que sufrió la economía local al cierre del primer semestre, con tasas de retroceso similares a
las computadas en Brasil, país que atraviesa por una profunda crisis económica y social
desde hace ya dos años. En el informe del centro de estadísticas oficial argentino, no
obstante, se aportan cifras claves para observar la evolución del deterioro de la actividad a
lo largo del primer semestre. En enero, la economía registró una expansión interanual del
0,3 por ciento, en febrero del 1 por ciento y en marzo del 0,4 por ciento. A partir de ese
momento, siempre en la comparación con respecto a igual mes de 2015, se registró una baja
del 2,1 por ciento en abril, otra vez 2,1 en mayo y un pico de caída de 4,3 por ciento en
junio. Este ritmo de contracción se torna más dramático si se contempla que a mitad del
2015 se alcanzaron tasas de crecimiento de 5,3 por ciento y ese mismo año cerró con una
expansión del 2 por ciento. Ante este panorama, el elenco neoliberal hace silencio sobre
estos datos y continúa con su aburrida cantinela de la “lluvia de inversiones” que sólo
llegarán, en el mejor de los casos, exigiendo flexibilizaciones, contratos basura y salarios
africanos. El aberrante proyecto de “empleo joven” que deambula por el Congreso, es el
ejemplo más acabado de cómo Mau y sus pandilleros “atacarán” el problema del
desempleo: agrediendo a los trabajadores, a los que no hay día en que se encarguen de
culpabilizar por sus excesos de licencias, sus protestas desmedidas, y sus juicios laborales;
en definitiva, por defender sus derechos constitucionales.

Donde uno ponga el ojo afloran conflictos, reclamos y huelgas. Con un paro nacional de 24
horas en la educación pública y privada, los docentes le reclamaron al Gobierno que reabra
la paritaria para discutir un aumento salarial que compense la inflación. La huelga abarcó
todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el universitario. La realizaron Ctera
(docentes estatales), Sadop (privados), UDA, CEA, AMET (escuelas técnicas) y los
gremios universitarios Conadu, Conadu Histórica y Fedun, con un alto acatamiento en todo
el país. Denunciaron también el ajuste educativo, por el que se están incumpliendo puntos
del acuerdo anual que firmaron en febrero. Ante estos pedidos, el ministro de Educación y
Deportes, Esteban Bullrich, viene insistiendo en que no habrá una recomposición salarial.
La postura tiene que ver con la política nacional de no reabrir las paritarias, las que para el
“pensamiento” neoliberal son una herramienta “fascista” (J.L. Espert, dixit). La distopía
reaccionaria sueña con la negociación individual, con el acuerdo por empresa, con
trabajadores suplicando, no negociando. La paritaria obliga a negociar colectivamente y
entre “pares”, fórmula que detestan los gerentes desde su engreída soberbia sobreactuada.
Por eso necesitan la crisis, que exitosamente están consiguiendo: para disciplinar, para
rebajar, manipular y condicionar trabajadores; a los que quieren sumisos y obedientes
porque, ya lo han dicho, la ácida “lluvia de inversiones” huye de escenarios conflictivos. La
lucha docente continuará la semana entrante cuando, desde el miércoles, se sumen a la
marcha federal que recorrerá todo el país haciendo oír el grito indignado contra un gobierno
que no puede cambiar el rumbo, porque el que ha iniciado es el único que conoce.

Si hubiesen ofrecido “sushipan”, quizá hubiesen logrado una convocatoria multitudinaria.

Pero no. Los seguidores del presidente offshore, ayer, se auto convocaron por las redes
sociales en apoyo a su líder pero sólo convocaron… ¡200 personas! Este es todo el apoyo
explícito que puede recoger un gobierno que sólo puede ilusionar a banqueros,
especuladores, financistas, familiares de sus funcionarios, corporaciones y evasores
dispuestos a blanquear sus dineros mal habidos. Claro que gente de esta calaña no se
manifiesta: se regodea en las sombras, en los fétidos pasillos tribunalicios, en las cuevas
legalizadas de la city, en los sets televisivos de los medios hegemónicos, y en los despachos
oficiales donde anidan los personeros de la estafa electoral y la mentira institucionalizada.
Tampoco se mostrarán los que siguen apoyando al Gobierno silenciosamente, y que están
desesperados por convencerse que cualquier cosa es mejor que el “populismo”, del que
creen que sólo se propone robar mientras distrae a la manada repartiendo planes sociales.
Pobrecitos, jamás podrán disfrutar de sus elecciones erráticas ni defender su voto sin
denigrar contra los que votan. Militando por el odio, sus tristes vidas naufragarán hacia su
auto destrucción, hacia la asunción consumada de que hay un orden “natural” inmodificable
del que no sólo no tomarán conciencia, sino del que hasta pueden llegar a inmolarse en su
irracional defensa.

Algunas reservas morales, que sobreviven en el poder judicial, aportan su granito de arena a
la hora de bloquear la andanada de atrocidades que la gerencia neoliberal dispara contra la
sociedad a través de sus decretos de necedad e indecencia o de sus aberrantes proyectos de
ley, muchos de ellos aprobados con la complicidad de gran parte del opoficialismo. Una
medida cautelar dictada ayer por el juez de la Seguridad Social Juan Fantini, le prohíbe al
Gobierno vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El
freno regirá hasta que el magistrado falle sobre la cuestión de fondo en un pedido de
amparo para declarar inconstitucional cinco artículos de la ley de “reparación histórica” a
los jubilados, que son los que habilitan la liquidación de las acciones y bonos en poder del
FGS. Fantini señaló en su resolución que analizará el caso con “la importancia
institucional” que representa, pero mientras tanto acepta la solicitud del demandante de
impedir la enajenación de los activos. Esto supone un primer revés judicial a las
pretensiones del Poder Ejecutivo y un resguardo al fondo que garantiza la continuidad de
un sistema previsional público y de reparto. En los considerandos, el juez advierte que la
Anses no informó con precisión el costo del pago de sentencias y retroactivos a los
jubilados dispuesto en la ley de “reparación histórica”. Por lo tanto, remarcó que no resulta
lógico comprometer la continuidad del FGS sin tener mínimamente ese dato. El magistrado
refleja la disparidad de estimaciones que se mencionaron en el Congreso cuando se
sancionó la ley. También señala que el objetivo primordial del FGS es proteger a los
jubilados frente a eventuales crisis, sosteniendo el poder de compra de los haberes en caso
de insuficiencia presupuestaria. La Anses tiene una semana más para contestar al amparo.
Tras ello, el juez tomará una decisión final. Otra mala noticia para el presidente blindado, al
que se le está complicando imponer su modelo excluyente y expropiador, aunque, en su
derrotero, los padecimientos se continúen multiplicando; a pesar de la abierta resistencia
que, en gran parte de la sociedad, sigue creciendo.

Es de manual que el modelo excluyente que propicia la gerencia neoliberal implica

represión aleccionadora como requisito básico para su lógica autoritaria. Su objetivo:
extender el miedo y mantener el “orden” donde sólo florecen trabajadores desocupados,
empleados precarizados y miseria extendida por todo el país. Unos dos mil desocupados
nucleados en la CTD Aníbal Verón fueron reprimidos ayer por Gendarmería en el
kilómetro nueve de la autopista Buenos Aires La Plata. El piquete duró casi cuatro horas y
fue desalojado por la fuerza cuando faltaban apenas diez minutos para que los
manifestantes se retiraran por propia voluntad. Las autoridades del ministerio de
Inseguridad estaban al tanto de que el corte finalizaba a las tres en punto de la tarde. Sin
embargo, a las tres menos cuarto, el operativo represivo ya estaba desplegado a 300 metros
de la fila de gomas quemadas. “Vinieron directamente a pegar”, afirmó uno de los
referentes de la CTD, Germán Lovari. La ministra Patricia Bolsrich festejó vía twitter: “Lo
advertimos y lo hicimos. Liberamos la autopista con gendarmería”, señaló envalentomada,
mientras extendía su actitud represiva adelantando que presentará una denuncia penal
contra los manifestantes. Fuertes contra los débiles, accesibles y solícitos con los poderes
concentrados, la corajuda ministra goza y se revitaliza a fuerza de balas y agua congelada
expedida por sus camiones hidrantes contra quienes reclaman y pelean defendiendo sus
derechos individuales y colectivos.

Diciembre, desde hace años, es un mes caliente y este, con el recuerdo vivo del 2001 que
Mau y sus pandilleros se esmeran todos los días en reflotar, no será la excepción. Sabiendo
esto, el equipo de CEOs que “aprende sobre la marcha” lo enfrentará echando más nafta al
fuego. Fuentes del Ministerio de Modernización y Despidos, que dirige Andrés I-barra,
prepara otra ola de exonerados en el Estado para diciembre. Esta vez el macrismo planea
despedir a personas mayores cerca de la jubilación, ofrecer una serie de retiros voluntarios
y finalizar contratos en diciembre que fueron extendidos a principio de este año. Así planea
el presidente offshore, mandato incumplible, atacar la desocupación y profundizar su
“revolución de la alegría”.

26/08/16: El odio ciego, la mirada sesgada, las mentes cortas, quizá necesitaban pruebas.
Ahora tienen una que certifica que a CFK, la cueva de Alí Babá, sucursal Comodoro Py, la
hostiga y persigue con el afán de encarcelarla. “Decile que lo más importante, además del
pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención con la prohibición de salir del
país y la obligación de comparecer ante el tribunal”, se escucha en un audio decir al fiscal
de las corporaciones, Guillermo Marijuán, en referencia a CFK por el pedido de indagatoria
que elevó al juez federal Sebastián Casanello, por el supuesto ocultamiento de un informe
sobre cuentas bancarias de Lázaro Báez y su entorno, enviado por el fondo buitre NML de
Paul Singer. El periodista Luis Majul, felpudo de la alianza neoliberal, salió ayer a
reconocer que se trataba efectivamente de Marijuán y que el audio era un mensaje de voz
que envió por WhatsApp a la producción de su programa para darle más detalles sobre la
medida que impulsaría. Supuestamente, así quedó develado el misterio del “decile” con el
que comienza el audio, aunque para CFK la sospecha persiste. “¿A quién estaban dirigidas
las palabras de Marijuán? ¿A Macri? ¿A Stiuso?”, se preguntó la ex presidenta ayer en
varios mensajes que escribió en su cuenta en Twitter. Y siguió: “Me contaron de un
periodista que salió a hacerse cargo. Pero la palabra ‘decile’ tiene el inconfundible
significado de haber cumplido con el mandado que le dio un superior”. El “decile” puede
también referir a Lanata, a Magnetto o a la embajada norteamericana. Lo concreto es que
este siniestro personaje, que mantiene parada la causa de lavado dinero denunciada por
Hernán Arbizu hace 4 años, oficia de alférez de la troika disfrazado con su atuendo de
abogado. En “lo más importante”, está la clave. En su pedido ya juzga y sanciona,
atribuyéndose facultades que no tiene ni tendrá nunca. El diputado nacional del Frente para
la Victoria, Rodolfo Tailhade, presentó este mediodía una denuncia penal contra el fiscal
federal Guillermo Marijuán por "mal desempeño" en sus funciones. Mientras que Gregorio
Dalbón, abogado de CFK, pedirá que al menos sea apartado de sus funciones en todas las
causas que le han iniciado a la ex mandataria y que lo tienen a Marijuán como fiscal
investigando. Seguramente los profetas del odio y los militantes del revanchismo no
reconocerán la evidencia revelada. Sus promotores continuarán con su andanada
persecutoria y sus repetidores seguirán alimentándose del mismo veneno, porque sus ideas
preconcebidas son más fuertes que cualquier prueba que las confronte. Porque se sabe que
muchos ven lo que quieren ver, incluso frente al espejo.
Si el impredecible juez Casanello se anima, quizá el presidente blindado sume más
preocupaciones a su gobierno de CEOS que “aprende sobre la marcha” cómo burlar leyes y
convencer a la gente que suicidarse convencida es una buena opción para su futuro. El
fiscal Federico Delgado sacó las primeras conclusiones sobre Fleg, la sociedad radicada en
Bahamas sobre la que viene investigando. Escribió Delgado: “La causa ya muestra que Fleg
fue una empresa madre de otras empresas. También hay que leer la relación entre Fleg y
Owners como dos caras de una moneda. Finalmente, que Owners, Fleg y Socma Americana
constituyen una tríada a la que subyace una misma realidad económica, más allá del velo
societario”. Según el escrito “esa tríada se comenzó a gestar en Bahamas y se perfeccionó
en Brasil”. Delgado suele eludir la jerga jurídica, sin embargo, el verbo perfeccionar, en
Derecho, significa consumar. O sea que según Delgado el presunto delito comenzó a
gestarse en Bahamas y se consumó en Brasil. “Esos actos de comercio en los que se
objetivó la relación triádica deberían estar registrados en el país vecino y con ese objetivo
deben librarse los exhortos, los cuales deben estar orientados a solicitar información
vinculada a las sociedades en relación a toda la información registral societaria,
movimientos bancarios e información fiscal”, continuó el fiscal en su escrito. Objetivo
inmediato del fiscal: mientras las Cancillerías y las Justicias se intercambian los exhortos,
un sistema en el que Delgado confía poco porque anota que en vez de contestar piden más
información, el juez Casanello podría pedir la colaboración del Cuerpo de Peritos
Contadores de la Justicia Nacional para que examinen la documentación afectada al
proceso y señalen si el ‘grupo Macri’ asentó la salida de 9.300.000 dólares con el objetivo
de constituir Fleg y si de alguna manera se registró la relación entre Fleg, Owners y Socma
Americana en la AFIP. Veremos hasta dónde se llega con esta maraña de mamushkas con
que el presidente offshore burló las leyes para seguir enriqueciéndose ilegalmente.

Son brutales, racistas y discriminadores. No paran de asombrar con sus iniciativas

monstruosas y segregacionistas, propias de un Estado policíaco que de uno republicano que
brega por una Democracia plena y abierta al mundo. La nueva aberración consiste en un
convenio entre el Poder Ejecutivo (no) Nacional y su par de la ciudad de Buenos Aires para
crear el primer centro de detención de migrantes del país, con el supuesto objetivo de
“combatir la irregularidad migratoria”. Amnistía Internacional, organismos de derechos
humanos, especialistas en migración y delegaciones diplomáticas extranjeras expresaron su
preocupación por la actitud del Gobierno, contraria a la Ley Nacional de Migraciones y a
los compromisos internacionales asumidos por el país. Para disimular, ayer la Dirección de
Migraciones cambió en su página web el comunicado que anunciaba el convenio bajo el
título “complementación estatal contra la irregularidad migratoria” por otro encabezado
“complementación estatal en aplicación a la ley migratoria”. El 19 de agosto, el director
nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Inseguridad Nacional, Patricia
Bolsrich, y su par porteño, Martín Ocampo, rubricaron un acuerdo por el cual la Ciudad
entrega en comodato un inmueble ubicado en Pasaje Colmo 3860, que estará destinado “de
manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras de la Ley 25.871 y su
normativa complementaria”. Más allá de los eufemismos, se tratará de la primera cárcel
para migrantes del país. En el comunicado, la Dirección de Migraciones establece que se
retendrán allí las personas que hayan cometido “infracciones a la Ley de Migraciones
vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión
del territorio”. Un grupo de más de 500 académicos, activistas y migrantes firmaron un
duro petitorio en la plataforma change.org titulado “no a la creación de centros de
detención de personas migrantes en Argentina”. Pensar que hace unos meses, Mau y sus
pandilleros, proclamaban su voluntad de recibir refugiados de todo el mundo, en plena
crisis de Europa con los inmigrantes ilegales. Quizá la intención era montar el experimento,
ahora en marcha, usándolos de conejillos de India para lo que se parece más a un gueto nazi
que a una política preventiva contra el delito.

27/08/16: Mientras los gorditos de la CGT deliberan y rosquean entre ellos y con el propio
gobierno para evitar un miserable paro general, aislado y de 24 horas, unas mujeres
octogenarias, siempre agredidas y estigmatizadas por los grupos dominantes y la prensa
canalla que tergiversa, manipula y esconde información, se pone al frente de la lucha de los
trabajadores. A diferencia de los empresarios sindicalistas, a ellas nada ni nadie se los exige
per se: es la cruda realidad, el futuro inmediato sembrado con más calamidades que pide a
gritos que algún colectivo asuma el compromiso de la resistencia contra la brutalidad
criminal del gobierno ni nacional ni popular que encabeza el presidente offshore, mandato
incumplible. Ayer las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini,
después de 10 años, retomaron la marcha de la resistencia, convocada bajo la consigna ´Por
el derecho al trabajo, resistir sin descansar. Cristina conducción´. "No es la marcha de las
Madres, no vinieron a acompañar a las Madres, esta es una marcha para todos los que
perdieron el trabajo", dijo Hebe antes de comenzar la tradicional ronda. “Recuerden que
esta marcha no es para pedir por los milicos, por los juicios, sino por los compañeros que
no tienen trabajo”, advirtió Bonafini, tras inaugurar la ronda y pidió a los asistentes “cantar
la consigna hasta quedarse afónicos”. La marcha, que es acompañada por diversas
organizaciones políticas, sociales y gremiales, culminará hoy con un gran acto con artistas
y cantantes; que acompañarán esta iniciativa porque tienen también claro quién es el
enemigo y qué intereses defender, dos cosas que ignoran gran parte de los sindicatos,
parlamentarios que militan en la hibridez de su opoficialismo, y mucha gente de a pie que, a
fuerza de seguir consumiendo carroña mediática, asume la identidad del amo mientras pica
piedra y arrastra sus cadenas con cada vez menos “alegría”.

Pocos deben saber que todavía existe el diario “La Prensa”, el reaccionario matutino que
propulsó y sostuvo desde sus editoriales todos los golpes militares de la historia argentina.
En su edición de ayer este pasquín miserable, que sólo se atreven a comprar un puñado de
fanáticos carcamanes, publicó en su nota central un supuesto “Plan Subversivo” en marcha,
encabezado por la ex presidenta, con el objetivo de desestabilizar a Mau y sus pandilleros
hasta forzar su salida anticipada del gobierno. Este delirio, no es tan marginal como a priori
podría pensarse: es el pensamiento “vivo” de opoficialistas de la calaña de Margareth
Stolbizer, para quien la muestra de hambre y privaciones vista en Plaza de Mayo, cuando
protestaron los productores frutihortícolas, fue un “armado” del kirchnerismo para agitar a
la población. A esta corriente política se le atribuyen estar detrás de todas las iniciativas y
muestras de protesta que se multiplican por todo el país, descontando que cuentan con
todos los recursos humanos y materiales para sostener los gastos en salarios, viáticos,
infraestructura, logística y demás yerbas para llevarlas a cabo. A ese nivel llega el
disparate. Ojalá alguna fuerza política concentre tamaño poder de fuego. Pero no.
Lamentablemente la oposición política partidaria está lo suficientemente dividida y
ambigua como para ser un obstáculo serio a la gerencia neoliberal. Pero el clima social los
obliga a insistir con el latiguillo constante de la “desestabilización” opositora para, a la vez
de victimizarse, negar la realidad, estigmatizar oponentes y dejar la puerta abierta a la
represión, la persecución y la restricción de libertades, todo lo que sea necesario, si la
situación social se espesa y enrarece mucho más de lo soportable. En verdad, quien atenta
contra la paz social y contra su propia estabilidad, es el gobierno ni nacional ni popular: con
sus planes de ajustes, con sus medidas confiscatorias, con sus leyes anti populares, con sus
declaraciones provocantes y despectivas, con sus mentiras diarias y descaradas, con sus
censuras abiertas e indirectas, en fin, con su modelo excluyente, oligárquico y represivo;
que no puede ni podrá sostener una convivencia pacífica implementando proyectos que
explotan y denigran a las grandes mayorías.

El sector audiovisual del Cine y la Publicidad sufrió durante los primeros seis meses la baja
de 1415 puestos de trabajo, en comparación con el mismo período del año pasado. Se trata
de técnicos de que trabajan en preproducción, rodaje y postproducción en cine y publicidad.
“Parte de la problemática en el cine es que hubo muchos meses en que el INCAA estuvo
frenado", sostuvo el titular del Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, Guido
Valerga. Además, apuntó que las productoras grabaron menos publicidades y muestran su
preocupación por la crisis que atraviesa el sector. "Plantean que haya flexibilización, baja
de salarios y de la cantidad de horas en la jornada", agregó en referencia a asociaciones
como la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, la Cámara Argentina de Cine
Publicitario, Asociación de Productores Independientes de Medios Audiovisuales. En tanto
la gerencia neoliberal volvió a cesantear a empleados públicos, pese a que el Ministerio de
Modernización había anunciado que ya no habría despidos en el Estado. Fueron 50 los
nuevos despedidos, que se suman a una lista que se podría engrosar en diciembre. El
personal que ya no formará parte del Ministerio de Educación era parte de distintas áreas,
en su mayoría con modalidad a distancia que trabajaban hasta cinco horas diarias. Este es el
nuevo aporte al trabajo, la cultura y la educación de los nobles republicanos neoliberales a
toda la Nación Argentina.

28/08/16: El famoso “segundo semestre”, que la pandilla que lidera el presidente blindado
aseguraba que ocurriría con el despegue final de una Economía estancada, resultó ser el de
la depresión económica. En ese marco los conflictos laborales y la multiplicación de casos
de rotura en la cadena de pagos, hacen presagiar el ingreso al país a un conato de default
interno. Un cuarto de los conflictos laborales del mes de julio fueron por atrasos en el pago
de los sueldos. Así lo señala el último informe del CEPA (Centro de Economía Política
Argentina) en un trabajo que tituló “Menos actividad, más conflictos”, en el que puso el
foco en las respuestas que los trabajadores están dando “ante la ostensible paralización de la
actividad económica”. El informe contabilizó 99 conflictos laborales en el mes de julio. El
informe contabilizó 99 conflictos laborales en el mes de julio; concentrándose la mayoría
de ellos en el sector privado que en el público, como un reflejo de que la crisis de empleo –
iniciada con los despidos en el Estado–, continúa centrada ahora en el ámbito empresarial.
En el sector privado se concentraron el 66,7 de las protestas. De ellas, en la industria se
dieron más de la mitad (55 por ciento) y en el rubro de servicios el 36,36 por ciento. Si se
mira el mapeo de acuerdo a sus motivos, resulta que más de la mitad (54,55 por ciento)
fueron demandas salariales. Un cuarto por atrasos en el pago de los sueldos, y un porcentaje
algo menor para reclamar la reapertura de las paritarias en el segundo semestre o por
aumentos en general. “Pero la problemática más discutida no es la de la suba de los
salarios. Eso que advirtió al comenzar el año Alfonso Prat-Gay, sobre que los gremios
verían si ‘arriesgar salarios a cambio de empleo’, se está cumpliendo; porque los conflictos
están más relacionados con atrasos en los pagos y despidos, que no son la reivindicación
por mejorar el salario”, indicó Hernán Letcher, director del CEPA. Esto también puede
expandirse y empantanarse, mientras todos los caminos conducen a los despidos o a las
precarizaciones laborales, por la desidia premeditada de muchos sindicatos que, siendo los
más afectados, son los menos activos a la hora de defender a sus representados. Otro tema
es la falta de reacción de ciertas conducciones gremiales frente a los despidos. Hay
actividades en las que se registró muy baja respuesta a pesar de haber sido muy afectadas.
“En la actividad de la construcción no se registra un elevado nivel de conflictividad, siendo
que ya totaliza casi 60 mil trabajadores despedidos, en virtud de la virtual paralización total
desde el inicio de la nueva gestión”, sostiene el CEPA. También llamó la atención sobre “la
inexistencia de conflictos laborales en el agro, cuyo principal sindicato –la UATRE–
responde a Gerónimo Venegas, el dirigente sindical más próximo a Cambiemos”. Otro caso
de poca respuesta es el de Comercio, gremio que lidera Armando Cavalieri, donde se
registró el mayor número de despidos del sector Servicios, pero con una baja conflictividad.
“Lo mismo se visualiza en gastronómicos, con ningún conflicto en julio (un
comportamiento similar al constatado a lo largo del primer semestre del año)”, a pesar del
cierre de restaurantes. Finalmente, es llamativo el aumento de las protestas callejeras “con
imposibilidad de entrar a la planta” y cortes del tránsito registrada en el sector privado. Se
trata de acciones decididas en los lugares de trabajo, es decir que dependen de los cuerpos
de delegados. Letcher agregó que, “aunque en general se está intentando bajar los costos de
producción no habilitando la reapertura de las paritarias, vemos que la acción gremial,
cuando es ejercida, logra ponerle un freno a los despidos y dar una respuesta a la caída del
salario. Es el caso de los frigoríficos, que consiguieron un aumento del 42 por ciento. Y el
de Ledesma, donde a pesar de la represión, terminaron logrando un acuerdo”. Este último
“detalle” es demostrativo: la lucha inclaudicable puede lograr resultados. Las insípidas,
prudentes e infrecuentes van al fracaso, como si lo estuvieran buscando.

El falso apotegma que la gerencia neoliberal quiere instalar es que la problemática laboral
se descomprime y empieza a “sanearse” con una lluvia de inversiones privadas genuinas, y
no ya con las “artificiales” intervenciones estatales. Pero para que ello ocurra se deben dar
las condiciones, las garantías necesarias para que ese “capital de riesgo” se anime a hacerlo.
Ahí es donde entra la trampa: hay que bajar los costos laborales y las regulaciones estatales,
porque ello “desalienta” la inversión privada. La economía no la va a redinamizar la
demanda interna, ni el poder de compra de salarios altos. No. El crecimiento, para los
vendedores de espejos de colores (amarillos), que generará empleo será el gran capital
desatado de límites y controles. Juez y parte, amañando el resultado. Este esquema no tiene
nada de novedoso, más bien todo lo contrario: responde a las recetas ortodoxas que
sufrimos en los noventa. Es decir: ni siquiera son originales, salvo por la brutalidad de sus
fundamentos y la ilegalidad de sus procederes. De todas formas, el canto de sirena puede
seguir atrayendo a Odiseos desprevenidos: podrá ser, como también ocurrió durante el
menemato, que ingrese algo de los dichosos capitales prometidos, crezca en lo macro la
economía y se genere nuevo empleo. El resultado: los capitales giran sus utilidades al
exterior y rara vez reinvierten en el país, el crecimiento se concentra en los grupos
hegemónicos porque su distribución es regresiva e inequitativa y el empleo viene parido
con precariedad laboral, derechos amputados, protestas limitadas y valores rebajados. Esta
película ya la vimos: está mal filmada, sus actores principales saben su papel pero su puesta
en escena es sobreactuada y deficientemente interpretada, los guionistas refritan diálogos
plagiados de otros engendros del mismo estilo, los trucos y efectos especiales son precarios
y poco creíbles, la entrada es cara y queda mucha gente excluida, el director entiende
mucho de negocios y publicidad pero nada de cine, y el final, el final lo sabemos todos.

Las economías regionales ya dejaron de percibir la competencia importada como una

sombra amenazante, para pasar a sentirla como una pesada pared que les cae encima. Los
sectores industriales señalan que si bien la gerencia neoliberal deslizó alguna tibia promesa
de ponerle algún filtro al ingreso de productos extranjeros que, indudablemente, afectarán a
la industria nacional y al empleo, el mínimo esfuerzo que se haya hecho ya debe haber sido
abandonado, porque en las últimas semanas volvió a recrudecer la entrada de productos del
más diverso origen y especies. En general, los que sufren las consecuencias de estas
nefastas políticas aperturistas, son pequeños o medianos fabricantes industriales o
agroindustriales, agricultores familiares o chacras constituidos como unidades de negocio
medianas, arraigados en su zona con plantas que son emblema, además de sostén, de la vida
del pueblo. La importación amenaza barrer con toda esa tradición. Hasta ahora, la alianza
neoliberal, genera trabajo: en mercados extranjeros.

29/08/16: La familia neoliberal sigue teniendo problemas con una parte del poder judicial
no adicto a su aberrante régimen expoliador. A raíz de un informe de la fiscalía nacional
especializada en lavado de dinero, que identificó como sospechoso a un aporte de campaña
del cuñado del presidente offshore, según informa el periodista Santiago O´Donnell en
Página/12 de hoy, el fiscal federal electoral Jorge Di Lello abrió una investigación
preliminar para averiguar si esa y otras donaciones a distintos partidos se utilizaron para
encubrir otras donaciones no declaradas o en negro en violación de la ley electoral. Según
la Procelac, dichas donaciones también podrían haber ocultado maniobras ilegales como la
evasión impositiva y el lavado de dinero. En el informe de 28 páginas de la Procuraduría de
Criminalidad y Lavado de Activos (Procelac), el cuñado del presidente blindado, el
empresario textil Daniel Awada, aparece como uno de los seis donantes sospechosos
identificados con nombre y apellido. Después de detallar la situación impositiva de Awada
y su participación en distintas empresas, incluyendo su condición de “empleador” en Cheek
SA, dueña de la marca de ropa infantil Cheeky, el informe dice lo siguiente: “En los
últimos meses habría percibido acreditaciones bancarias que ascendieron a 1.063.200
pesos.” Por su parte Daniel Awada confirmó que había aportado 2,6 millones de pesos a la
campaña Macri-Michetti para el ballotage de las elecciones del 2015, y hasta había
exhibido un recibo del partido Cambiemos por ese monto a un periodista de Cronista.com,
según consta en una breve crónica en ese sitio de noticias el 3 de mayo de este año. Fuentes
judiciales señalan que precisamente lo que llamó la atención de los investigadores es la
magnitud del aporte, el más importante de toda la campaña macrista, en relación a la
situación financiera del donante, ya que el monto entre duplica y triplica sus acreditaciones
bancarias durante todo un año. Según una investigación del sitio especializado en análisis
de datos y discurso Chequeado.com del 10 de abril de este año, con “los 2,6 millones de
pesos que declaró para la campaña previa al ballotage,” Daniel Awada es “el individuo
privado que más dinero ha declarado haber aportado a la campaña de Mauricio Macri
presidente”. Esa investigación había detectado que la última campaña Cambiemos habría
recibido más de tres millones de pesos en donaciones de gerentes y empleados de empresas
contratistas con el gobierno de la ciudad, lo cual, según un fallo de la Cámara Nacional
Electoral, equivaldría a un aporte empresarial encubierto, que está prohibido por la ley
electoral. Para la Procelac, la donación de Awada y otras similares deben ser investigadas
para “desalentar a aquellos que eventualmente podrían estar facilitando su nombre para que
figure un aporte de orígenes no permitidos por la ley de financiamiento a los partidos
políticos o incluso hechos ilícitos”. Además del aporte de Awada, el informe señaló como
aportes sospechosos a la campaña de Cambiemos los realizados por la poderosa empresaria
industrial Ivana Karina Román, hija del llamado “zar de las grúas”, y por su pareja Ricardo
José Mihura Estrada. Con 1.500.000 y 1.481.215, respectivamente, son los principales
donantes a la campaña de Macri detrás del cuñado presidencial y del presidente. Mihura
Estrada fue candidato en 2012 para representar a los abogados en el Consejo de la
Magistratura de la Nación por el Bloque Constitucional, secundado por Victoria Villarruel,
presidenta de la ONG Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas
(Celtyv), que fue recibida por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, a pocos
días de la asunción de Macri. Además, la Procelac, solicita que “se realice una amplia
certificación de la causa 5583/2013 de la justicia en lo Penal Económico caratulada
AWADA, Daniel y otros sobre infracción 22.415”. En esa causa, Awada había sido
imputado por contrabando de ropa desde China a través de una falsa triangulación a
Paraguay, ya que dos choferes denunciaron a la policía que habían perdido la mercadería en
un robo pero luego declararon ante la aduana que la habían dejado en el depósito de Cheeky
de Cuyo 3040, Martínez, por orden de un tercero. Sin embargo, según informó el sitio
Perfil.com., el 28 febrero, dos meses después de la asunción presidencial de Macri el juez
Diego Amarante sobreseyó a Awada “por el beneficio de la duda” a pesar de que los
recibos aduaneros y de la AFIP de la ropa en cuestión estaban a nombre de Cheeky. Awada
también se benefició con sobreseimientos recientes en sendas causas por reducción a la
servidumbre en los talleres clandestinos que proveían trabajo esclavo para confeccionar la
ropa que vende en sus tiendas, tal como denunció en varias oportunidades la fundación La
Alameda desde 2006. El primer sobreseimiento provino del entonces juez federal
Guillermo Montenegro poco antes de asumir como ministro de seguridad de Macri en la
ciudad en diciembre de 2007. Más cerca en el tiempo, en abril del año pasado, la jueza
porteña María Fontbona de Pombo sobreseyó a Awada, y otros dueños de marcas de ropa
de moda, en una causa similar por “reducción a la servidumbre de costureros bolivianos
con documentación irregular”. La jueza falló que no es delito contratar a talleres
clandestinos. Según la apelación del fiscal Adrián Madrea, citado en el sitio
CosechaRoja.com, el fallo equivale a decir que para Awada “contratar a un taller donde
trabajan esclavos para producir ropa de su marca para beneficiarse con ello no es su
problema ni está prohibido”. El fallo de la jueza porteña fue confirmado en Cámara. Tras
recibir el informe de la Procelac sobre aportes de campaña sospechosos, fuentes de la
fiscalía señalaron que Di Lello abrió una “investigación preliminar” y dispuso una serie de
medidas esta semana. Por un lado, pidió al Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara
Nacional Electoral que remitan a su fiscalía “todos los informes que haya realizado hasta el
momento con relación a las campañas electorales de orden nacional celebradas durante el
año 2015 respecto de las alianzas Cambiemos, FpV y Compromiso Federal”. Por otra parte,
pidió a la Procelac que profundice su investigación para determinar “en qué circunstancias
detalladas en la presentación resultan, si bien en forma provisoria, suficientes para iniciar
una investigación en el campo electoral”. El llamativo aporte de campaña del cuñado
presidencial quedó así en la mira de la justicia electoral, a la espera de novedades. Sólo
faltan más documentos para comprobar cómo la banda neoliberal elude la ley para lavar
dinero, financiar ilegalmente la política, contrabandear mercadería para evadir impuestos
mientras esperamos, ansiosos, que alguien apele los fallos que sobreseyeron a la costurera
que oficia de primera dama; quien pareciera esclaviza trabajadores con la misma impunidad
con la que su marido transfiere dineros mal habidos a paraísos fiscales.

El pérfido doble discurso del gerenciador neoliberal que encabeza el PAMI es escandaloso.
Luego que su pensamiento medieval tratara de convencer a la población que los jubilados
no necesitan remedios sino hasta los 72 años, que la gente puede esperar su retiro hasta los
75 en un país que no genera trabajo, y dinamita el empleo pre existente a su abominable
gestión, ahora se hizo público que modificó el organigrama institucional del “PAMÍ” y creó
351 cargos nuevos, gran parte de ellos con sueldos jerárquicos que trepan hasta los 161 mil
pesos mensuales. Pese a sus quejas sobre “la grave situación administrativa” de la obra
social de los jubilados, Regazzoni sumó 27,6 millones de pesos mensuales a la masa
salarial de la institución. Una cifra que, con el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el
31 por ciento de aumento que el gremio estatal UPCN acordó posteriormente con la entidad
–personal jerárquico incluido—, alcanza a 447.595.200 de pesos anuales, que la obra social
de los jubilados deberá desembolsar para pagar el masivo incremento salarial de los
funcionarios macristas. Nada nuevo bajo el sol amarillo que quema neuronas y daña tejidos
sociales: es la misma mecánica que Mau y sus pandilleros importaron desde la ciudad al
Estado ex Nacional, invadido de parásitos bien pagos que encarecen los gastos que el
“mejor equipo en 50 años” vino administrar para sanear la economía, despidiendo
trabajadores para recontratar militantes macristas en inventados puestos jerárquicos para
gerencias dedicadas a hacer negocios turbios con corporaciones que, muchas veces, los
tienen a ellos mismos anidando allí dentro contubernios clandestinos a costillas del erario
público. Veremos si alguien, conocido esto, actúa de oficio de modo de revertir una nueva
decisión dirigida a consolidar la matriz corrupta estructuralmente legalizada.

Esta gente está convencida que merecen privilegios, que su fraudulenta meritocracia los
hace superiores “naturalmente”, y que todo ello les debería dar vía libre para imponer sus
deseos sin respetar leyes ni fundamentar con argumentos que expliquen decisiones que,
lamentablemente para ellos, deben lograr que la “gente” las acepte voluntariamente. Los
límites legales y sociales y la resistencia pacífica pero enfática a sus abyectas iniciativas,
son la criptonita que los limita y condiciona. En los laboratorios mediáticos y marketineros,
que regentean los grupos concentrados y el estafador profesional Jaime Durán Barba,
perfeccionan el antídoto que frena al súper héroe neoliberal y anti popular que cree poder
llevárselo todo por delante: la mentira, en sus variadas formas. Pueden ser burdas, sagaces,
complejas o parciales; pero siempre estarán mediando en sus discursos para justificar
cuando no imponer sus propósitos y proyectos confiscatorios. Durante el fin de semana,
comandados por su líder material ecuatoriano, los máximos referentes de la asociación de
negocios, conocida como partido PRO, se juntaron en una lujosa quinta en San Juan “para
unificar un mensaje y mostrarse unidos”, en medio de las protestas crecientes contra sus
políticas públicas, y para el armado estratégico de su accionar de cara a las elecciones
legislativas del año que viene. En el curso de perfeccionamiento de la mendacidad hecha
discurso político, para estafar voluntades para que actúen contra sus propios intereses, el
disléxico asesor de Propaganda destacó que "hay que entender la política desde lo que ve la
gente normal y no los informados. El voto político no es más que un 6%”, por lo que
aseguró: "Más que comités, necesitamos manejar bien las redes sociales", valoró, porque, a
su entender, la gente elige según los mensajes en Internet. "Si un candidato dice un
disparate sobre cómo pagar la deuda externa, tal vez no pierda votos, porque es
complicado, pero si el candidato adopta un perro y lo patea y sale en Facebook, pierde las
elecciones. En cambio, hay gente que se encuentra un perro, lo incorpora a la campaña y el
perrito gana muchísimos votos". Así se prepara la banda para sus nuevos golpes: con la
fórmula que le viene deparando éxitos notables en sus competencias electorales. Va a haber
que estar atentos a los perros que van a empezar a meter en su lucha diaria por hacer de la
mentira a escala industrial institucionalizada, su arma de destrucción masiva contra los
derechos y las garantías constitucionales de la población sufriente; que pelea como puede
contra el monstruo de mil cabezas que no lanza fuego ni rayos exterminadores sino leyes
aberrantes, decretos ilegales, e iniciativas confiscatorias desde sus fétidas bocas
nauseabundas.

Los aires de superioridad, con que creen contar los dirigentes neoliberales, a veces los
hacen públicos. Es ahí donde aflora el odio de clase, el discurso discriminador y el
desprecio por los pobres, a quienes ven como un enemigo dispuesto a abusar de su
confianza, cuando no de sus derechos; de los que siempre creen que se tratan de privilegios
que los hace perezosos, vividores y tramposos, tres condiciones que proyectan en sus
víctimas pero que, en realidad, son sus propias características siempre negadas, disimuladas
o disfrazadas de su contrario. Es el caso de la legisladora porteña Mercedes de las Casas,
quien se encuentra envuelta en medio de un escándalo tras la aparición de consignas
racistas contra empleadas domésticas en un libro. Allí, según reveló el diario Tiempo
Argentino, la legisladora del PRO lanza frases como: "Recordemos que es muy agradable
sentir olor a fresco y limpio de la persona que nos sirve el desayuno", "Recordemos que no
siempre la mucama posee gran capacidad de recepción y memorización". Esas dos frases,
entre un largo compendio de dichos despectivos contra las trabajadoras, lo hizo la militante
macrista en un libro que escribió junto a su madre en 2007 cuando empezaba a dedicarse a
la política. El libro se llama "Cómo conseguir una mucama... y no perderla en 7 días". En
diálogo con el diario De las Casas explicó: "Son lecturas que se pueden hacer. Por ahí se
puede decir: 'Esta es una gorila que hace un libro sobre mucamas.' Pero eso es sacarlo de
contexto". Para colmo, desde enero pasado, De las Casas ocupa una banca en la Legislatura
donde integra la Comisión de Antidiscriminación. Milita en el PRO desde 2003. Trabajó en
el Ministerio de Ambiente y Espacio Público bajo el ala del actual vicejefe de Gobierno
Diego Santilli, luego asesoró a Cristian Ritondo y finalmente desembarcó como directora
general de Patrimonio. Como “loables” iniciativas ejecutivas, la legisladora de marras,
nombró huéspedes de honor a la cantante melódica italiana Laura Pausini y a su colega
estadounidense Mariah Carey e impulsó para ser personalidad destacada a quien hizo
famosa al Sapo Pepe, canción en litigio por derechos de autoría. Ya alguien tendría que
estar escribiendo el libro “Cómo reconocer un neoliberal y evitar caer en sus trampas para
votarlo”, que muchos arrepentidos, que eligieron la fórmula que encabezan el presidente
offshore y la dama de las bolsas con dinero sucio de fundaciones fantasma, comprarían
gustosos; si aún no han aprendido a identificarlos por su pestilente olor a estafas y mentiras,
sabiendo que poseen una prodigiosa memoria selectiva para olvidarlas.
El gobierno neoliberal firmó a principios de mes un acuerdo con la multinacional Microsoft
para que ofrezca conectividad por banda ancha a través del espectro radioeléctrico. El
servicio se conoce como Television White Spaces (TV-WS) porque permite a uno o varios
usuarios utilizar el espectro asignado a un determinado licenciatario de televisión, siempre
que este último no lo esté utilizando, ya sea porque transmite sólo algunas horas del día,
porque cubre un radio menor al que tiene asignado o simplemente porque dejó “espacios
blancos” para no tener interferencias con otro operador de TV. “Brindar conectividad
utilizando TV-WS resulta óptimo dadas las condiciones de propagación y extensión del
territorio nacional”, destacó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a través de un
comunicado, en el que aseguró además que ya se han realizado pruebas de conectividad con
esta tecnología dentro del país. A raíz de esa situación, la diputada Liliana Mazure y un
grupo de investigadores de universidades nacionales solicitaron conocer el convenio marco,
las actas complementarias, addendas y/o convenios específicos para saber cuáles son los
compromisos asumidos por el Estado y los beneficios que obtiene la multinacional
estadounidense. A su vez, la Fundación para el Desarrollo de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (Fundtic) presentó la semana pasada un pedido al
Ministerio de Comunicaciones para que se realice una audiencia pública antes de avanzar
con cualquier cambio en las condiciones de atribución del espectro. El Ministro de
Propaganda, Joseph Peña, reveló el miércoles en el Congreso que el convenio incluye
cláusulas confidenciales. El principal interrogante es qué compromisos concretos asumió el
Estado ante Microsoft. Hasta el momento, el gobierno sólo dio a conocer un convenio
marco que tiene muy pocas precisiones. Conociendo a los firmantes, más que
“confidenciales” las cláusulas deben ser “inconfesables”.

Los motivos por los cuales el gobierno ni nacional ni popular se victimiza hablando de
“planes subversivos” para obligar una salida anticipada del presidente blindado, de
protestas y reclamos desmesurados de los trabajadores para sólo poner “palos en la rueda”,
o de haber recibido una “herencia” que lo obliga a sincera-mientos impopulares, son más de
uno y todos concomitantes. La necesidad de demonizar a la gestión anterior es una
maniobra distractiva que procura dominar la agenda temática desviando la atención de los
conflictos provocados por sus aberrantes iniciativas, a la vez que un intento desesperado
por cargar a otro con la responsabilidad de sus consecuencias económicas y sociales. Esta
mendaz estrategia, al mismo tiempo, le sirve para continuar horadando la experiencia
política kirchnerista, sumando, a sus abyectas prácticas políticas, la persecución judicial a
sus principales dirigentes con apócrifas denuncias, inicialmente mediáticas, que no siempre
prosperan en el ámbito leguleyo, donde habitan especies de las más diversas calañas;
aunque preponderantemente, por peso específico, se destaque el ejército de reserva de las
corporaciones que conforma el partido judicial. Así, la espesa atmósfera que se respira no
es producto de las acciones de Mau y sus pandilleros, sino por las reacciones de la “vieja”
política corrupta del populismo, empecinado en desestabilizar el proyecto republicano
purificador que encarna la gerencia neoliberal que lidera el presidente offshore, mandato
incumplible. Pero también toda esta puesta en escena le es funcional para ir consolidando el
sentido común que habilite, si es necesario en el futuro inmediato, restricciones a las
libertades públicas con mayor presencia policial, con la militar esperando la orden de
intervención si la cosa empieza a desmadrarse, para controlar un espacio público inundado
por “subversivos”; que se esconden en actividades tan corrientes como la que pueden
desplegar libremente en partidos políticos, sindicatos, universidades y medios periodísticos.
El terreno lo van preparando. Su cruzada por asegurar la libertad de mercado sin
restricciones, no tolera las libertades individuales y colectivas de las personas; tan
permeables, según ellos, a ser cooptadas por fuerzas con intereses ajenos a los de su
propuesta republicana. Su norte lo tienen claro pero sus métodos, sus formas y los
estropicios que van provocando, hacen cada vez más indisimulables sus abominables
propósitos confiscatorios. Por ahora, al “mejor equipo en 50 años”, los números no le
cierran ni con la gente adentro ni con la gente afuera. Es tan voraz su voluntad
expropiadora y tan brutales sus maneras de llevarla a cabo, que el escenario de
ingobernabilidad es un peligro que acecha en el horizonte próximo a toda la sociedad. Si
llegara ese momento no alcanzarán las campañas marketineras, ni los mercenarios trolls
que lidera el ministro de Propaganda, ni el encubrimiento mediático de la prensa canalla.
Como tampoco serviría que continuaran sus líderes, con su falsa sonrisa dibujada en sus
máscaras, saliendo a tocar timbre buscando seguir estafando a la opinión pública
convenciéndola que sus desgracias presentes se convertirán en alegrías pletóricas
indeterminables en el tiempo. A lo mejor se les hace imprescindible que lo hagan la
ministra Bolsrich y el oficial Lonardi, buscando opositores que entorpecen el buen andar de
la Ceocracia aristocrática.

30/08/16: “Corrupto es el proyecto”. Este debería ser el lema que sintetice la impronta del
modelo neoliberal en curso. Sus personeros lógicamente son, de mínima, culpables de
mendacidad generalizada, agravada por su premeditación y alevosía. Luego están los
chanchullos que, desde el presidente offshore para abajo, abarca a gran parte de los
funcionarios que integran el elenco de gobierno. Claro que la corrupción sistémica genera
daños colaterales, dado el carácter fulminante que tienen sus armas de destrucción masiva.
Sin embargo, en general, casi todas las calamidades perpetradas fueron efectos buscados y
no consecuencias indeseadas. Es el caso del desempleo, que el gobierno ni nacional ni
popular se encarga a veces de negar y a veces de relativizar, echando culpas siempre a la
“herencia recibida”. Este último sofisma, Horacio Rodríguez Berreta, está obligado a
evitarlo para el caso del distrito más rico del país que él conduce. Su fuerza política lo viene
gestionando desde hace 8 años y sus deficientes resultados, para la ciudadanía que los
padece, están a la vista. El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires saltó a 10,5 por ciento
al cierre del primer semestre, cuando era de 6,8 por ciento en diciembre pasado y de 8,6 a
mitad de 2015. Así lo informó ayer la Dirección General de Estadística y Censos porteña.
El dato de desocupación en Capital termina de confirmar las tensiones del mercado laboral
ya registradas en el informe del Indec de la semana pasada para todo el país, en el que la
tasa de desempleo finalizó junio al borde de los dos dígitos, en 9,3 por ciento, luego de
tocar un piso de 5,9 en el tercer trimestre de 2015. Frente a esa disparada de la
desocupación, el argumento del Gobierno fue que no hubo pérdida de puestos de trabajo
durante su gestión, sino que el Indec medía mal el desempleo y ahora solo se “transparentó”
el indicador. Esa versión de los hechos pierde sentido frente a los números arrojados ayer
por el centro de estadísticas porteño, en línea con los del Indec, que ratifican el crecimiento
explosivo de la desocupación por las políticas de Cambiemos. En la Capital se perdieron
60.553 puestos en el primer semestre, al anotarse 177.555 individuos desocupados, contra
los 115.667 de diciembre pasado. La desgracia anti natural que sacude al país por las
iniciativas neoliberales, sin embargo, para el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso
Prat-Gay, son el remedio para la enfermedad heredada y no la causa del sufrimiento del
cuerpo social que lo padece. “No creo que la gente esté mejor que cuando asumimos pero
podría estar mucho peor si no hubiéramos cambiado el rumbo, es lo que se pudo. Muchos
de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino”, señaló el ex agente
del JP Morgan y albacea de la evasora Amalia Lacroze de Fortabat. Es decir: la dosis de
neoliberalismo aplicada hasta ahora sin anestesia, ha sido insuficiente para remediar los
males que, según este provocador profesional, la sociedad padecía sin darse cuenta. Por eso
han llegado ellos: para dar cátedra de sincera-miento, arrogándose, además, la facultad de
interpretar falsamente una supuesta comprensión de los sectores damnificados por sus
aberrantes políticas públicas. El funcionario denunciado por lavado de dinero agravado por
Hernán Arbizu, actualmente declarando en su contra en EE.UU., remató su exposición
cínica afirmando: “la inflación ya no es un tema, es una sensación térmica. Estamos
retomando el ritmo de la obra pública, hay mucho dinamismo en el interior, en la
agroindustria y señales de recuperación de Brasil”, consideró el funcionario; a pesar que
todos los índices económicos marcan ya no una recesión galopante sino un estado
insipiente de depresión profunda, agravada por la situación brasileña que lejos de mejorar,
como afirma mentirosamente el ministro, vive la crisis política y económica más grave de
su historia, con una presidenta al borde de ser destituida por un golpe de Estado
parlamentario. Volviendo al principio. Es el proyecto, estúpido. Es el modelo excluyente,
segregador, confiscatorio, necesariamente autoritario y censor, el verdadero eje que vuelve
corrupto a un modelo que atraviesa todas las esferas institucionales hasta hacer sistema. Sus
gerenciadores lo administran con ajenidad y pertenencia. El abordaje tecnocrático de sus
labores, su trabajo siempre “sucio”, ninguneando toda consecuencia social a sus
abominables medidas, los ubica por afuera y distantes del colectivo que los padece, he ahí
su ajenidad. Pero su sentido de pertenencia queda plasmado no sólo con el compromiso
ideológico con el pérfido modelo que buscan imponer a toda costa y a cualquier costo, sino
en el rédito directo que usufructúan al ser parte de la clase dominante beneficiada por todas
las medidas tomadas y por tomar. Esto es: representando a las corporaciones, se representan
a ellos mismos. Y ello no es una “sensación térmica”, sino una realidad verificable que, con
datos serios y verídicos en la mano, nadie podría negar.

La gerencia neoliberal necesita imponer a la sociedad en su conjunto la idea que la

Economía, en líneas generales, se auto gestiona. Sus variables, por lo tanto, no deben estar
sujetas al control “asfixiante” e “invasor” del Estado que, según ellos, siempre es torpe,
corrupto, ineficaz y parte del problema, si de atraer la “lluvia de inversiones” que vienen
prometiendo desde hace ocho meses en vano se trata. Todas estas mentiras son parte de la
maquinaria corrupta de la que se alimenta un sistema que debe siempre camuflarse para no
ser reconocido sino por sus máscaras, sus falsos discursos y sus maniobras distractivas que
intentan obligar a mirar hacia otro lado, mientras los elefantes destruyen los bazares. El
Estado del que reniegan es, en realidad, su principal instrumento de política económica, a la
hora de propiciar con su pasividad, sus decretos de necedad e indecencia o sus leyes
confiscatorias, la acumulación escandalosa que están consolidando hacia las corporaciones
y grupos concentrados de la Economía. Un ejemplo es el caso de las tarjetas de crédito.
Mau y sus pandilleros se pronunciaron en contra del proyecto de ley impulsado por la
CAME y la Cámara de Comercio (CAC) para reducir las comisiones que cobran las tarjetas
de crédito a los comercios y en cambio apuesta a incrementar a mediano plazo la
competencia en el sector a través de una serie de cambios regulatorios. En esa línea,
adelantó que abrirá un caso por presuntas prácticas anticompetitivas en contra de la
empresa Prisma, que comercializa a Visa Argentina. Además, sugirió que introducirá
cambios regulatorios para transparentar el sobreprecio que supermercados y retails cargan
sobre los pagos en una cuota para favorecer las ventas en doce cuotas sin interés. La
hipótesis de fondo es que los bancos más importantes del país forzaron a todo el sistema a
incrementar las ventas con tarjeta de crédito en varias cuotas con comisiones que están un
punto porcentual encima de las que se cobran en Colombia y México, 1,5 punto en relación
a Canadá, Nueva Zelanda y Brasil y dos puntos por arriba de los países europeos. Así se
encuadra el reclamo de los comercios, que llegaron al Congreso para pedir un cambio de la
ley de Tarjetas de Crédito a través de la reducción de las comisiones que tienen que
afrontar. Ejemplos como este se multiplican por toda la Economía y demuestran que el
Estado siempre está presente, aun bajo la forma de su “ausencia”, y que el cuento de la
“mano invisible del mercado” es más berreta y gastado que un truco del mago sin dientes.

La crisis auto infringida y la no llegada de las inversiones privadas y extranjeras al país, el

presidente blindado las utiliza para imponer sus precarizador proyecto de flexibilización
laboral. Lo viene diciendo el ministro de Desempleo, Jorge Triaca, que para ser
“competitivos” los salarios argentinos deberían ser más bajos comparados con el resto de
Latinoamérica; y también el mal imitador de Freddie Mercuri, quien no pasa un día sin
atacar a la clase trabajadora por el abuso de licencias, por las huelgas masivas que “ponen
palos en la rueda”, y por la defensa “fanática” que hacen de sus derechos; todas ellas
conductas que asustan a los capitales de riesgo, temerosos de llegar a un mercado donde los
espera un alto índice de “conflictividad laboral”. Pues bien: el Observatorio del Derecho
Social de la CTA desmintió categóricamente al hombre del corazón artificial. En un
informe realizado a partir de datos oficiales, señala que las quejas del presidente y los
representantes de las cámaras patronales sobre el ausentismo laboral “no son más que un
recurso retórico” para avanzar en una mayor flexibilización del trabajo. El análisis señala
que:
*Las ausencias por razones imputables a los trabajadores afectaron, entre los años 2013 y
2015, al 0,66% del total de empleados. Esto es que se ausentó diariamente, sin causa, uno
de cada 151 trabajadores.
*Los principales motivos de las ausencias son las enfermedades y los accidentes (muchos
de ellos originados o agravados por las condiciones de trabajo), que explican el 68 por
ciento de las inasistencias.
*Otros motivos son el uso de licencias reconocidas en la legislación o los convenios
colectivos de trabajo, como la licencia por maternidad, por estudios, por motivos gremiales,
nacimiento, matrimonio o fallecimiento.
“Resulta más que evidente que las faltas no imputables al trabajador no pueden
considerarse como ‘ausentismo laboral’. Si el objetivo de la política laboral del gobierno
nacional es reducir el ausentismo fundado en alguna de estas causas, ello solo podría
lograrse a partir de que los trabajadores concurran a sus lugares de trabajo a pesar de estar
enfermos o incapacitados por accidente, que no hagan uso de la licencia por estudios, que
no utilicen las licencias gremiales previstas en los convenios colectivos, que no hagan uso
de las licencias por maternidad, nacimiento, por matrimonio o por defunción”, apunta el
informe. O sea: si renuncian a sus derechos colectivos y asumen su condición de esclavos
del gran capital concentrado. La lectura que hacen en la CTA es que el gobierno empuja el
recorte de derechos laborales en todos los terrenos. “No va a poder modificar las licencias
reconocidas por la ley, pero sí va a buscar bajar más en general los costos laborales
modificando el sistema de negociación colectiva. Por eso busca reemplazar la negociación
nacional por convenios regionales, y defiende la idea de negociación por empresa en
detrimento de la negociación por actividad”. La prueba está en los convenios que ha
celebrado, en todos los sentidos de este término, con Cresta Roja y la fábrica de comida
chatarra, Mc Donald, que acceden a tomar empleados si éstos renuncian a su antigüedad, a
cobrar más por las horas extras y a los derechos ya mencionados. El proyecto de “empleo
joven”, es la otra zanahoria con la que la gerencia neoliberal busca convencer a los
legisladores opoficialistas para que aprueben sin modificaciones, si es que están tan
“preocupados por la crisis laboral existente”.

El Gobierno ni nacional ni popular está intentando vaciar la TV Pública. Así lo denunció el

Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). El macrismo planea trasladar el canal al
predio de Tecnópolis, "en una eventual situación de desguace y pérdida irreversible de sus
capacidades técnicas y profesionales, lo que implicaría un grave retroceso para el conjunto
de la sociedad en materia de democracia informativa y cultural", afirma un comunicado del
gremio de periodistas. Para llevar este plan a cabo, la pandilla neoliberal intenta hacer una
campaña a través de medios afines. Así fue que Perfil realizó una nota falsa donde denuncia
que hay un "okupa" viviendo en un camarín del canal de la calle Figueroa Alcorta. Y
amplía el comunicado: "En el artículo de Perfil.com se sostiene que los camarines del área
del Noticiero se destinaban a "estadías más o menos prolongadas y a guardar trastos
viejos", que el gerente de Noticias, Néstor Sclauzero, se encontró en uno de estos camarines
con "un inquilino" que "vivía desde hace meses en el lugar", un empleado del canal
instalado de forma permanente allí, y se busca hacer creer a la opinión pública que existe en
el canal, como asegura la nota con pretendida y fracasada ironía, una "tradición de dar
servicio de vivienda a algunos empleados". Estas afirmaciones mentirosas y mal
intencionadas, se completan con la caracterización de las condiciones laborales de los
trabajadores de la Televisión Pública como privilegiadas, cuando en realidad se ajustan
estrictamente a los convenios laborales existentes y a actualizaciones por paritarias, acordes
con el resto de la industria televisiva. Por otra parte, el sindicato desarmó el plan del
macrismo: "No es casualidad que la operación se haya concretado unas pocas horas antes
de que sectores del gobierno comiencen a anunciar un posible traslado del canal público al
predio de Tecnópolis, un proyecto que desde lo comunicacional, periodístico, televisivo y
profesional carece de sustento alguno, y que implicaría un costo descomunal para el Estado
Nacional, cuando nuestro país tiene necesidades mucho más urgentes y acuciantes que
construir un "polo cultural" en el Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires". Pero el
saqueo planeado contra el patrimonio público no termina acá. Una semana atrás, el
Gobierno (no) nacional puso en venta 17 inmuebles ubicados en la ciudad y la provincia de
Buenos Aires. Entre ellos, además de una cancha de fútbol, está un edificio en donde se
encuentra, desde 1968, el centro de Salud Mental número 1 "Hugo Rosarios", que depende
del gobierno porteño, lo cual despertó el alerta entre sus trabajadores que reclaman mayores
precisiones de lo que va a pasar. Nunca una frase como “vinieron por todo”, tuvo un
sentido tan literal en sus términos.
Friedrich Nietzsche afirmaba que “no hay hechos, sino interpretaciones”. En el siglo XXI
aquella sentencia la prensa canalla la transformó en “no hay hechos, sino manipulaciones
de sucesos que inventan o tergiversan los medios dominantes”. La librería El Vitral se
encontraba en jaque por la baja en el consumo de libros por lo que se vio obligada a
liquidar todo su stock antes de cerrar definitivamente por tiempo indeterminado. Durante la
semana pasada remataron tres libros a $10, lo que provocó largas colas para aprovechar las
ofertas. Lo impresionante llegó cuando el diario Clarín publicó en tapa de su matutino:
"Una larga cola que renueva la pasión por el libro impreso". Actualmente, la librería vendió
todo su stock y se encuentra fuera de servicio. Y este no fue caso aislado: entre junio y julio
el consumo de libros cayó entre un 15% y un 25% según asegura la CAL, que reúne a
libreros, distribuidores y editoriales medianas y pequeñas. En su afán de dar “buenas
noticias” para ocultar las calamidades que genera el gobierno neoliberal que los representa,
son capaces de mentir sin límite ético alguno.

Un gobierno tiene una imagen general que lo identifica por las medidas que toma, pero
también por la calidad y categoría de los funcionarios que lo conforman. Nunca hubo uno
de ellos que sintetizara tan bien las características de una fuerza política como Darío El
Pérfido, a quien Rodríguez Berreta sostuvo todo lo que pudo hasta que lo eyectó de su
cargo, como secretario de cultura, cuando el repudio generalizado lo vivió él en carne
propia. Sin embargo, este siniestro personaje no quedó desocupado, como les ocurrió a
miles de personas de bien por causas injustas durante los últimos meses. Actualmente, bajo
la órbita del gobierno porteño, sobrevive en la Dirección Artística del Teatro Colón, sin que
nadie sepa que mérito profesional reúne para ejercerlo. Pero esto no es todo. El reciclado
funcionario sacó una resolución para que ese cargo, históricamente ad honorem, pasara a
percibir un sueldo, según reveló el sitio Nuestras Voces. Lo hizo a través de la Resolución
654/EATC/16. Ahora, el esposo de una de las hijas del dueño del diario golpista La Nación,
cobra un suculento sueldo auto impuesto. No contento con esto contrató como asistente
artístico a Juan Pedro Martín Durán Sáenz, hijo del genocida Pedro Alberto Durán Sáenz,
quien fue jefe del centro clandestino de detención, tortura y exterminio "El Vesubio", por
donde pasaron cientos de detenidos-desaparecidos; muchos de ellos procedentes del campo
artístico como Héctor Oesterheld, Haroldo Cont y Raymundo Gleyzer Su nuevo acto
provocador lo redobló hoy, cuando se ausentó a la primera audiencia de conciliación en la
demanda civil que le se inició después de que negara la cifra de los 30 mil desaparecidos.
En su representación, el abogado Ignacio Falcón aseguró que su cliente está dispuesto a ir a
la Justicia para "ratificar" sus dichos durante una charla en Pinamar en enero pasado y
demostrar con pruebas que lo que dijo es cierto. En su exposición, Falcón, hombre tan
deleznable como su cliente, admitió que "si bien había habido terrorismo de Estado había
'jovencitos' que no eran tan inocentes” y llamó “terrorista” a Hebe de Bonafini. La
comunidad artística, que planea participar esta semana de la marcha federal en contra de las
políticas criminales del gobierno neoliberal, prevé un paso por el Teatro Colón, para
repudiar al funcionario y pedir su renuncia.

31/08/16: El desempleo se ubicó al borde de los dos dígitos. La actividad económica marcó
caídas del 4,3 por ciento, la industria retrocedió el 6,4 y la construcción el 19,2. Estas
tensiones notables del mercado interno, que se profundizaron al cierre del primer semestre,
incentivaron el enfrentamiento entre el presidente del Banco Central, Federico
Sturzenegger, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, dos piezas claves
del equipo económico de Cambiemos. La disputa entre ambos funcionarios tuvo ayer un
nuevo pico, cuando el titular de la autoridad monetaria aseguró que, pese a la baja en los
índices de inflación de agosto, los precios siguen siendo el principal problema de la
economía. De este modo contradijo las declaraciones de esta misma semana de Alfonso
Prat-Gay, quien afirmó “la inflación ya no es un tema” en Argentina, tras asegurar que el
incremento del índice será menor al 1 por ciento para agosto. Curiosamente, ninguno de los
dos hizo referencia a que la baja del índice no es por mérito de las políticas oficiales sino
porque la Justicia obligó a dar marcha atrás en el tarifazo del gas, luego de un fuerte
rechazo social y porque la caída de la actividad económica encamina la recesión lograda
hacia la depresión irreversible. Inflación que, aun en la mejor de las expectativas oficiales,
no bajará este año del 40 por ciento. Mientras los gallitos de riña se miden a bien quien la
tiene más grande, el Estado ex Nacional sigue endeudándose. Ahora emitió el equivalente a
3 mil millones de dólares, a través de la ampliación de dos bonos: uno por 400 millones de
la moneda estadounidense y otro por 39 mil millones de pesos (unos U$S2, 6 mil millones).
También amplió el monto en Letras del Tesoro por el valor de 400 millones de dólares, a
una tasa de interés del 3,04% anual. Hasta principios de agosto, el Gobierno había emitido
deuda por el equivalente a casi 50 mil millones de dólares desde el 10 de diciembre, monto
que ya superó. De esta forma, en tan solo 9 meses se acerca al límite de endeudamiento
previsto en el Presupuesto 2016, que era de 968 mil millones de pesos (unos 63 mil
millones de dólares, calculados a un tipo de cambio de $15,3). Por lo que nunca se pelearán
es por cambiar el rumbo de su proyecto confiscador, que los encuentra hermanados para
llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias, aunque éstas impliquen un escenario de
exclusión y violencia social que lo haga ingobernable.

Los buenos samaritanos neoliberales que fraguan fundaciones para atender las calamidades
que generan sus abominables proyectos de gobierno, pareciera que no son otra cosa que
estafadores que crean asociaciones ilícitas destinadas a lavar dinero para financiar sus
tramposas campañas electorales. Ello se deduce por los elementos recabados por la
“Justicia” hasta ahora. La fundación “SUMA”, a la que según Gabriela Michetti pertenecía
(por donaciones) parte del dinero robado en su casa, no presentó balances ante la
Inspección General de Justicia (IGJ), ni registró empleados, ni sueldos ni movimientos
económicos hasta el día que fue denunciada, a mediados de julio. Ahí pidió cambio de
domicilio “urgente”, se anotó como empleadora y empezó a presentar balances. El juez
federal Ariel Lijo investiga el origen del dinero sustraído y al pedir conocer los legajos de
otras tres fundaciones ligadas a funcionarios del PRO se encontró con la misma situación:
ninguna presentó balances de su actividad. Se trata de “Fundar Seguridad y Justicia”, del
secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, “Creer y crecer”, del intendente de Lanús,
Néstor Grindetti, y “Formar”, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. La sospecha
es que no hay órgano del Estado que haya controlado el manejo de sus fondos ni de dónde
proviene, por lo que esas organizaciones podrían ser pantallas de financiamiento ilegal de la
política. El juez Lijo analiza la declaración jurada patrimonial de la vicepresidenta, donde
el préstamo de Tonelli figura, aunque fue confeccionada después del robo. Pero la Oficina
Anticorrupción sólo le envió la declaración pública de Michetti que puede consultar
cualquier ciudadano, no la más completa que es reservada. De todos modos, también el
juzgado le pidió a la AFIP las declaraciones juradas de la funcionaria y de todas las
fundaciones, porque allí deberían estar registradas las donaciones. Una vez que se sepa si
reconocen donaciones o no, así como quiénes son los aportantes, avanzarán con el análisis
de cuentas bancarias. Por lo pronto, si los 200 mil pesos eran efectivamente donaciones,
habría un problema legal porque las donaciones a las fundaciones deben ser siempre
bancarizadas. Lijo pedirá también la declaración de bienes de Tonelli quien en la causa
penal dijo que él le había llevado a Michetti los 200 mil pesos el día anterior y que era
dinero para donar, no al revés. Por eso analizará inclusive la causa penal sobre el robo. Lo
cierto es que el caso de la vice presidenta no es un caso aislado. Fundar Seguridad y
Justicia, liderada por Burzaco, es “una fundación fantasma”. No tiene página web ni
informa actividades. En nueve años no presentó balances ante la IGJ ni tampoco cumplió
con las normas que la obligan a presentar una declaración jurada sobre cumplimiento de las
normas para prevención del lavado de dinero. Creer y Crecer, presidida por Grindetti,
también investigado por los Panamá Papers, incumplió con sus presentaciones ante IGJ y
UIF. Según los denunciantes “habría fugado sumas millonarias en dólares a través del
mecanismo de contado con liqui”. En el caso de Formar, que encabeza Dietrich, se repiten
los incumplimientos. Dicen Cabandié y Tailhade que esta fundación está ligada a un grupo
llamada G25 varios integrantes del PRO, como Bullrich y Felipe Miguel (jefe de gabinete
de Horacio Rodríguez Berreta). En el juzgado reconocen que lo que empezó como una
investigación sobre el origen de la plata robada de distintos rincones de la casa de Michetti
se transformó en un expediente mucho más grande que podría tener vinculación el
financiamiento dudoso de la actividad del PRO. El abanico de delitos puede ser enorme:
falsedad ideológica de documento público, delitos cambiarios, maniobras vinculadas al
lavado de dinero e infracciones impositivas. Todas ellas deberían concentrarse en una que
las abarque a todas: estafa a la credibilidad pública en ocasión de elecciones presidenciales
y legislativas.

El presidente offshore, mandato incumplible, tuvo dos reuniones desopilantes ayer. Tras
haberlo separado preventivamente por una denuncia de corrupción, recibió al ex titular de
la Aduana Juan José Gómez Centurión en la Quinta de Olivos. El encuentro, que ocurrió
ayer por la mañana, fue una señal de respaldo a un funcionario al que el hombre del
corazón artificial considera inocente. También fue una forma de aquietar las aguas luego de
que la expulsión fulminante de un funcionario generara intranquilidad en el Gabinete.
Macri le ratificó lo que ya dijo en público: si el Poder Judicial determina que no hubo
delito, Gómez Centurión será reincorporado. La interna entre “republicanos” le hace creer
al sospechoso que fue víctima de una “cama” de los servicios de inteligencia. Aún más
desopilante fue su encuentro con la opoficialista Margareth Stolbizer, la cadeta (no)
honorífica del Grupo Clarín. En un comunicado difundido por Presidencia se resumió así el
contenido del encuentro: "Hablaron de básquetbol, ya que el hijo de la diputada, Nicolás
Laprovittola, integró el seleccionado nacional de ese deporte que participó en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro. Rememoraron la emoción que les causó la victoria sobre
Brasil, luego de dos tiempos suplementarios y tras haber revertido un resultado que
favoreció a los locales durante largos pasajes del encuentro. Además, el presidente le
comentó a la diputada cómo fue el encuentro con los atletas en la Villa Olímpica a quienes
visitó después de haber asistido a la ceremonia de apertura de la competencia en el estadio
Maracaná”. El encuentro, que duró media hora, tuvo episodios insólitos que el comunicado
describe así: "En un momento del encuentro, Antonia, la hija del presidente, se acercó a
darle un beso de saludo a Stolbizer". Al finalizar la reunión, con un ejemplar del libro “Yo
acuso”, de autoría de la diputada en el que recopila supuestos actos de corrupción del
gobierno anterior, “Macri acompañó a la legisladora hasta la puerta de su despacho y, antes
de despedirse, Stolbizer le deseó un buen viaje al presidente por su visita a Qatar y su
participación en el G20 China 2016". No hubo tiempo para hablar del desempleo creciente,
de la inflación galopante, del endeudamiento sistemático, de los tarifazos criminales y ni
siquiera de los escandalosos casos de corrupción que involucran al primer mandatario.
Curioso en esta mujer que oficia de fiscal ad hoc del putrefacto poder judicial.

Los CEOs y agentes de bolsa que abundan en los ministerios de la gerencia neoliberal no
están allí porque sí. No son otra cosa que embajadores plenipotenciarios de las
corporaciones de las que provienen. Aranguren, de Shell en Energía, es el caso más
conocido. Pero también está el caso de Gustavo Lopetegui, uno de los protagonistas de los
primeros actos de corrupción del gobierno neoliberal por la compra anticipada de dólar
futuro antes de la devaluación en la que él mismo, junto a Quintana, pactaron la nueva
cotización de la moneda. El ajuste que está aplicando la titular de Aerolíneas Argentinas,
Isela Costantini, para volver “rentable” la compañía coincide con un agresivo avance de
empresas trasnacionales ocupando en sólo unos pocos meses todos los espacios que deja la
línea de bandera. Los trabajadores de Aerolíneas alertan sobre la intencionalidad de
concentrar el negocio de la empresa nacionalizada en los vuelos de cabotaje, lo que
beneficia a firmas extranjeras, principalmente a la operatividad de su principal
competidora, la chilena LAN. Detrás de este efecto de pinzas se encuentra la mano de
Gustavo Lopetegui, a cargo de la Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de
Gabinete y ex CEO de LAN Argentina, quien digita la suerte de Aerolíneas y de su ex
empleadora. En sólo ocho meses se aprobaron acuerdos de código compartido, puntos de
conexión de vuelos e instalación de firmas en puntos clave del país desde los que ofrecen
conectividad sin pasar por el aeropuerto de Ezeiza. Para eso están los CEOs: para atender
en persona, sin más intermediarios a los que coimear, los intereses de las corporaciones a
las que representan. Y calzan justo con un gobierno anti nacional, anti popular, anti
republicano, anti ético pero Pro empresa, Pro impunidad, Pro ajuste, Pro persecución
política, Pro censura periodística. He aquí el sentido oculto de la sigla “PRO”, con la que el
presidente blindado bautizó a su fuerza política.

Mientras la ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, llama a la población a armarse y

disparar si es atacada en ocasiones de intento de robo, los ataques intimidatorios, contra
opositores a su nefasto gobierno neoliberal, no paran de sucederse. Una Unidad Básica de
La Cámpora en el barrio El Mondongo de La Plata amaneció ayer con la frase
“Montochorros” pintada con aerosol sobre su fachada. El “escrache” fue firmado por la
agrupación neonazi Vanguardia Nacionalista, que dejó además como recado el dibujo de un
escudo similar al “Wolfsangel”, uno de los signos del nazismo. Es el cuarto ataque contra
un local partidario que la organización kirchnerista denuncia haber sufrido en lo que va del
mes. Desde La Cámpora relacionaron los hechos con “el clima de intolerancia generado por
medios de comunicación oficialistas y por algunos voceros del propio gobierno”. El
diputado nacional por el FpV-PJ Andrés Larroque reclamó a la gobernadora María Eugenia
Vidal una reacción institucional acorde a la seguidilla de ataques, y apuntó contra
Cambiemos por “agitar fantasmas que luego derivan en este tipo actos violentos”.
Seguramente, para desviar la atención e intentar seguir victimizándose, la incapaz
funcionaria anuncie que recibieron nuevas amenazas de bomba en la Casa Rosada, lugar
donde anidan los ideólogos de las persecuciones sumarias a opositores.

Los fríos números de las estadísticas, siempre sospechosas de quedarse cortas, se empeñan
en desmentir el “buen rumbo” de la Economía que pregonan Mau y sus pandilleros. La
industria se hundió 7,4% durante julio en comparación con igual período de 2015, según
FIEL. De esta manera, el sector acumuló una caída del 4,3% en los primeros siete meses
del año. La producción fabril encadenó su quinto retroceso interanual consecutivo, aunque
respecto a junio el índice mostró un repunte del 2,3%. La industria automotriz continúa
siendo el sector con mayor caída de la producción, acumulando un retroceso del 13,9% en
los primeros siete meses. Además, la producción de alimentos y bebidas (-2%) profundiza
su caída a partir del deterioro de la producción de bebidas. Las restantes actividades
industriales presentaron en el acumulado para los primeros siete meses del año y en la
comparación interanual caídas de la producción superiores a la del IPI, comenzando con
Minerales no Metálicos (-4,4%) y siguiendo con petróleo procesado (-4,5%),
metalmecánica (-7,1%), siderurgia (-11,2%) y cigarrillos (-11,8%). En el acumulado del
año y en la comparación interanual, sólo el sector de Insumos químicos y plásticos (1%)
muestra un avance de la producción. En tanto, la actividad de insumos textiles (0%) se
muestra estancada en el período, mientras que la producción de papel y celulosa (muestra
un ligero retroceso. Estos números catastróficos, “logro” superable sólo por ellos mismos,
explican el por qué los puestos de trabajo en la actividad de la construcción registraran una
caída del 14,4 por ciento durante junio. El dato representa la contracción más pronunciada
desde 2007, cuando comenzó a realizarse la medición. La dinámica es consecuencia de la
parálisis de la obra pública, el desmantelamiento del plan de créditos para la construcción
de viviendas Pro.Cre.Ar, el frenazo en la exploración petrolera encabezado por YPF y la
baja de la inversión en sectores industriales, entre otras iniciativas públicas y privadas que
afectan a la actividad. En términos absolutos, la información publicada por el Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) revela la destrucción de
61.371 empleos formales en relación con el mismo mes del año anterior. No hay duda que
si con todos estos datos en la mano el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore
ratifica su rumbo, es porque los resultados conseguidos fueron buscados sin importarle las
consecuencias calamitosas para su población sufriente.
01/09/16: Latinoamérica está de luto. La derecha neoliberal, que arrasa en Argentina con
derechos y conquistas sociales, se expande por todo el continente como un cáncer que hizo
metástasis. Su espíritu totalitario se materializó en Brasil, bajo formas republicanas
amañadas, para dar un golpe de Estado legalizado por un Parlamento que debería estar
enrejado con sus integrantes vestidos con trajes a raya. Dilma Rousseff, electa hace 22
meses por 54,5 millones de brasileños, fue depuesta ayer por el voto de 61 senadores, sobre
un total de 81 que forman la Cámara alta, entre quienes hay más de veinte con prontuario
penal y denuncias de todo calibre. Esta democracia postiza, obsesionada por los rituales y la
formalidad republicana, es el producto de un impeachment iniciado el 12 de mayo, durante
el cual no fueron presentadas pruebas consistentes de los delitos atribuidos a la acusada. A
tal punto que los adversarios de la mandataria tenían derecho de citar a seis testigos para
respaldar sus acusaciones sobre la supuesta violación a las leyes de Presupuesto y
Responsabilidad Fiscal y sólo presentaron dos. Como si esto fuera poco, ayer, la Policía
Militar de Brasilia, cargó con balas de goma y gas pimienta contra la movilización, no muy
numerosa, que marchó en defensa de la democracia y coreando “Fuera Temer” por la
avenida Eje Monumental hasta la Terminal Central de Colectivos. Como era de esperar, el
traidor golpista (de) Temer, repitió, tras tomar posesión del cargo, que su prioridad son las
“reformas” previsional y laboral. El vector de su programa de regresión económica fue
presentado por el ministro de Hacienda y ex funcionario de la banca privada Henrique
Meirelles, que impulsa reformar la Constitución para congelar por ¡20 años! los gastos en
salud y educación, pero no el monto de los pagos de intereses de la deuda. Esto es lo que
les espera a los brasileños que, como en Argentina, habiendo salido de la pobreza y
conquistado derechos que jamás hubieran soñado, se volcaron por sus verdugos festejando
la caída, no sólo de una figura política, sino de todo un movimiento que, con sus pros y sus
contras, en el balance, los había beneficiado indiscutiblemente. Como atenuante queda que
la ex presidenta no fue privada de sus derechos políticos, como lo deseaban sus enemigos, y
esto abre un horizonte posiblemente fecundo, dado que, desde su separación del cargo, en
mayo, Rousseff reforzó su participación en actos políticos y construyó un liderazgo
bastante genuino en las organizaciones femeninas urbanas y rurales. Es decir: recuperó la
memoria. Porque no hay que olvidar que su gobierno, los últimos dos años principalmente,
había dado un ostensible giro a la derecha. Y ésta no tolera medias tintas ni reconvertidos
sospechosos de coquetear con los intereses populares, aun bajo la forma del simulacro. A
Dilma, de todos modos, no la derrocaron por sus “errores” y decisiones equivocadas. La
destronaron por lo que su fuerza política hizo de manera extraordinariamente bien en
materia de inclusión, ingresos, derechos y conquistas sociales. Ahí sentada, ella, no
representaba su investidura sino a trece años de gobierno que la derecha reaccionara nunca
toleró ni tolerará, en su afán de mantener el status quo de privilegios y segregaciones
múltiples que propicia. La derecha no da tregua ni ofrece margen de negociación posible:
dinamita todos los puentes pues su afán regresivo y confiscatorio hace imposible cualquier
“diálogo”, que se cansan de pregonar para en realidad sólo boicotearlo a través de su
maquinaria infernal compuesta por la troika que componen junto a la prensa canalla y al
putrefacto poder judicial. A nuestros vecinos los aguarda una andanada de ataques y
persecuciones, al estilo macrista contra Lula y sus seguidores, los latiguillos insufribles de
la pesada “herencia” y las “necesarias” transformaciones estructurales para atraer la lluvia
ácida de inversiones extranjeras. A ambos pueblos nos une ahora un rosario de calamidades
que no cesarán tratar de imponer, con sus leyes ilegales o sus garrotes impiadosos, y la
necesidad de la resistencia, de la que también ambas naciones conocen como pocas a la
hora de enfrentar la brutalidad despiadada de una derecha enferma de odio, avaricia y
egoísmo.

Mientras Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, condenaron el golpe de Estado

parlamentario dado en Brasil, como no podía ser de otra manera, la gerencia neoliberal
argentina emitió un comunicado en el que aseguró que “respeta el proceso institucional” en
Brasil, que culminó con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La posición
argentina no fue una sorpresa, si se tiene en cuenta que el hombre del corazón artificial fue
el primer presidente en recibir al canciller de (de) Temer, José Serra. Allí mismo, Serra
anunció que buscará la flexibilización del Mercosur y el alineamiento con los Estados
Unidos. Veremos cómo evolucionan las relaciones entre ambos países, que tienen mucho
en común: la recesión en Brasil se prolongó en el segundo trimestre de este año y acumuló
en la primera mitad del año una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,9 por
ciento, su peor desempeño en 25 años. Respecto del primer trimestre de este año, la
contracción fue del 0,6 por ciento, según datos divulgados por el Instituto Brasileño de
Geografía y Estadísticas (IBGE) ayer, en momentos en que se votaba en el Senado la salida
de Rousseff. Si bien la destitución fue por motivos netamente políticos, la caída del
consumo y ajuste del gasto público colaboraron en fogonear el malestar social, según
analiza el economista y politólogo Eduardo Crespo. Los analistas anticipan además que este
año la economía brasileña cerrará con una nueva contracción, siendo la primera vez desde
1930 que se repite esa situación dos años consecutivos. Si Dilma había bajado en su
popularidad por las medidas neoliberales que había puesto en práctica, qué esperar para el
traidor golpista, un macrista recargado dispuesto a todo por avasallar los logros y las
conquistas sociales conseguidas durante los últimos 13 años. Como en Argentina, la palabra
la tiene el pueblo, que tendrá la ocasión de demostrar que su paciencia es tan corta y
sensible con los gobiernos populistas como con los de la derecha reaccionaria.

Argentina se moviliza contra el ajuste y las políticas confiscatorias de Mau y sus

pandilleros, mientras los hermanos brasileños empezarán a vivir, oficialmente, la ola de
calamidades que su derecha vernácula tiene preparada para su población, incluida buena
parte de sus entusiastas seguidores. Con el plan de recorrer el país para confluir en la Plaza
de Mayo, ayer salieron desde las provincias más lejanas a la ciudad de Buenos Aires cinco
caravanas de la marcha federal. El rechazo al tarifazo, los despidos y el ajuste son las
consignas con las que, como ocurrió en los ‘90 con la marcha federal contra el menemismo,
un amplio conjunto de sindicatos, ahora junto a organizaciones sociales, cooperativas,
Pymes, agrupaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos, salen a confrontar
las políticas del PRO. En Jujuy, la columna del noroeste argentino (NOA) arrancó con un
acto frente al penal de Alto Comedero, donde está detenida ilegalmente Milagro Sala. A las
nueve y media de la mañana, militantes de la Tupac Amaru, la Central de Trabajadores
Argentinos, el Movimiento Territorial de Liberación, el Partido Comunista, La Cámpora y
Resistiendo con aguante despidieron con cantos y aplausos a los manifestantes que
comenzaron su viaje de 1492 kilómetros. La columna Sur ya había hecho su largada el
martes a la noche, con un acto bajo la nieve en Comodoro Rivadavia. Ayer pasaron por
Esquel e hicieron actos en El Bolsón y Bariloche. En Mendoza, en las alturas del Cerro de
la Gloria, junto al monumento a San Martín, la columna de Cuyo hizo la primera
concentración de su recorrido. “A la marcha federal contra el menemismo la hicimos tres
organizaciones: la CTA, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento de los
Trabajadores Argentinos (que conducía Hugo Moyano)”, recordó desde Bariloche Roberto
Baradel. La quinta caravana salió de Misiones, se juntó en Corrientes con manifestantes de
Chaco y Formosa y anoche viajaban a Tucumán, para hacer un acto frente a la Casa
histórica. El viernes por la mañana, en dos grupos, los manifestantes se reunirán en La
Matanza y Avellaneda para llegar finalmente a la Plaza de Mayo. La expectativa es que el
acto sea muy numeroso. En ese sentido, los convocantes cuentan con sumar a las caravanas
a los manifestantes sueltos que marcan a las movilizaciones que logran, además de
masividad, un arco amplio de representación. Seguramente la multitud que allí logre
reunirse no hará variar un ápice el rumbo al colapso económico y social que la gerencia de
CEOs y evasores con cuentas offshore se empecina en continuar, pero quizá los haga
retroceder un poco, aunque siempre para volver a tomar impulso. Cuando los personeros
del ajuste y la planificación de la miseria de las mayorías parecen recular en sus propósitos,
en verdad, sólo están replanteando su estrategia para retomar sus aberrantes iniciativas
neoliberales.

Así como sabemos que si ladra, muerde y mueve la cola, tenemos un perro, igualmente
debemos deducir que si ajusta, evade, miente, viola sistemáticamente las leyes, empobrece
y precariza trabajadores, tenemos un neoliberal cabal. A pesar que ellos se disfracen con
tramposas máscaras para mostrarse “republicanos”, “de centro” o incluso “social
demócratas”. Y no porque se avergüencen de su temible identidad, sino porque necesitan
del engaño para ser votados y ganar elecciones; sistema que detestan, pero al que se
aggiornan ante la falta de consenso para obrar a fuerza de los tradicionales golpes de
Estado, a los que tantas veces recurrieron durante el siglo pasado. Sin embargo, la realidad
los expone crudamente para desnudarlos tal cual son: fanáticos neoliberales. La
construcción se contrajo 23,1 por ciento en julio respecto del mismo mes del año pasado, al
registrar la segunda caída más importante del 2016, puesto que en abril se anotó una baja
del 24,1. Así lo informó ayer el Indec. El segundo semestre, pese a que el Gobierno
aseguraba que iba a empezar la recuperación, sigue mostrando una profunda recesión de la
economía y, en particular, de los sectores productivos. En los primeros siete meses, la
construcción se redujo 14,1 por ciento, cuando el año pasado se registraron subas de hasta
el 5 por ciento. En lo que refiere al empleo de la rama, el Indec informó que hubo una caída
de los puestos de trabajo del 15,7 por ciento en junio en relación con el mismo mes del año
pasado. A su vez, el Instituto de Estadística de la Construcción (Ieric) estimó que el recorte
ascendió a 61.371 trabajadores formales, lo que representó una merma de 14,1 por ciento.
Con este panorama no es de extrañar que desde que asumió el gobierno del presidente
blindado se destruyeran 136.456 puestos de trabajo registrado en el sector privado. El dato
surge de comparar la dotación de asalariados a comienzos de diciembre con las cifras de
junio publicadas por el Ministerio de Trabajo. Si la referencia es solo lo que ocurrió este
año -de fin de diciembre, cuando el gobierno ya había empezado su gestión, a junio- la
pérdida fue de 115.281 empleos formales. Y si se compara el dato de junio contra igual mes
de 2015, la baja es de 85 mil puestos. Los datos no contemplan los despidos en el sector
público ni los trabajadores informalizados, donde la destrucción del empleo fue también
intensa. En conclusión: o se le ponen los bozales correspondientes a la perrada neoliberal
que no para de morder la torta que acaparó para sí, o la rabia que destilan sus feroces
ataques continuará dejando tendales de víctimas sin asistencia de ningún tipo.

Los carceleros de la verdad se auto premian con tramposas condecoraciones de “libertad de

expresión”. El CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, fue distinguido hoy por la
Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (ADEPA), que nuclea a los dueños de
los diarios más importantes del país. El reconocimiento fue en "Honor a la Libertad de
Prensa" y, según ADEPA, "se entrega por primera vez este año". Magnetto no fue el único
en ser premiado. Junto al emperador offshore también fue distinguido Julio Saguier,
presidente del diario La Nación. Así, hermanados en la sangre de la que están manchadas
sus sucias manos, los personeros de la difamación, la mentira, la calumnia y la estafa
mediatizada, festejan su impunidad obscena mientras acumulan negocios espurios y cuentas
ocultas en paraísos fiscales.

Por algo hablan ya tan poco del “caso López”. El juez federal Daniel Rafecas amplió el
procesamiento del ex secretario de Obras Públicas, José López, e incluyó a su esposa
Amalia Díaz, señalada como partícipe necesaria y a dos empresarios, Andrés Galera y
Eduardo Gutiérrez, quienes están señalados como testaferros en la causa por
enriquecimiento ilícito. Gutiérrez es el titular del Grupo Farallón, una firma dedicada a la
obra pública y privada, fundada en 1985, y que actualmente cuenta con más de 900
empleados, cuyos vínculos con López salieron a la luz a través del chalet que el ex
funcionario kirchnerista ocupaba en el Tigre. Sin embargo, apenas días más tarde, Gutiérrez
volvió a ser noticia en la sección judicial de los diarios y portales de internet: su empresa
figura como una de las principales aportantes a la Fundación Suma, que se encuentra en la
mira del juez Ariel Lijo en la causa que investiga el origen de los fondos que le sustrajeron
a la vicepresidenta de su domicilio la noche en que el mal imitador de Freddie Mercuri se
proclamó ganador del balotaje. Es que tras conocerse las grandes sumas de dinero que se
encontraban en efectivo dentro de "bolsas de papel madera" en su habitación y que, según
la propia Michetti eran parte de "donaciones", se encontraron diversas irregularidades
alrededor de la fundación, actualmente investigadas por la “Justicia”. Si la investigación
llevara el cuchillo a hueso, seguramente se encontraría con Caputo, Garcaterra y demás
testaferros del presidente blindado; verdaderos artífices de la corrupción estructural que
continúan profundizando, ahora, desde la gerencia que controla el Estado (no) nacional.

02/09/16: Después de tres días de actos y caravanas por las provincias, la Marcha Federal
contra el tarifazo, los despidos y el ajuste llega esta tarde a la Plaza de Mayo. “Ningún
gobierno generó en 8 meses más de 200.000 mil pérdidas de puestos de trabajo”, dijeron
ayer el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, y el de la CTA Autónoma,
Pablo Micheli sobre el planteo con que esta protesta, que tuvo cinco brazos, recorrió el país
antes de confluir frente a la Casa Rosada. Agregaron que el objetivo es “construir un paro
nacional en la calle”. La marcha tiene una pata cegetista –la de la Corriente Federal que
encabeza Sergio Palazzo–, y ayer otros sindicatos de la central obrera, como el de
Camioneros, ratificaron que se movilizarán a la plaza. El titular del PJ nacional, José Luis
Gioja, confirmó la adhesión del partido a la convocatoria. En la plaza habrá tres escenarios,
uno con capacidad para 160 personas y otros dos más, ya que la idea es que suban
referentes sindicales y sociales, legisladores y dirigentes políticos. Para abrir el acto, una
orquesta de 40 chicos va a tocar el himno –las orquestas juveniles son uno de los programas
socioeducativos en jaque por el recorte educativo–. Luego será leído un documento
consensuado por 90 organizaciones. Al cierre van a hablar Micheli y Yasky, y tal vez un
dirigente de la CGT. Mientras todo esto suceda el presidente blindado se encontrará en
China, en la reunión del G-20, lamentando que se demore tanto el ingreso de Argentina al
tratado de transpacífico, para atar al país definitivamente al imperio y poder convertir a la
Nación en un anclaje colonial agroexportador; con un puñado de corporaciones haciendo
negocios a las risas con sus mercados cautivos, girando sus utilidades a sus casas matrices
cuando no a los paraísos fiscales, que aportan lo suyo para convertir al mundo en un
infierno invivible.

Los atropellos judiciales continúan sucediéndose y de forma cada vez más brutal. Un
operativo de más de 300 gendarmes irrumpió ayer en la municipalidad de Berazategui.
Durante ocho horas, los oficiales revolvieron cada escritorio de los cinco pisos del edificio
municipal, incluida la privada del intendente, Patricio Mussi, quien se encuentra de licencia
desde el martes. La orden partió del juzgado federal 1 de Quilmes, a cargo de Luis Antonio
Armella –el mismo que fue apartado por la Corte en 2012 de la Causa Riachuelo que reveló
cómo el magistrado contrató para el saneamiento de la cuenca a empresas de sus
familiares–. Armella dispuso el allanamiento en el marco de la causa en la que se investiga
al intendente por la supuesta malversación de fondos públicos del Plan Argentina Trabaja.
A la hora de ordenar la medida, el magistrado estaba al tanto de la ausencia del intendente,
dado que las licencias de los jefes comunales se tramitan públicamente en el concejo
deliberante. Sorprendidos por la magnitud del operativo, muchos de los empleados del
municipio entraron en pánico. “Los gendarmes no nos explicaban nada de qué buscaban,
pero revolvieron cada papel y hasta nuestros elementos personales, incluso de las
recepcionistas. Muchas madres no podían pasar a buscar a sus hijos por la escuela y
tampoco podían avisar, porque nos cortaron los teléfonos e internet. Fue todo muy
angustiante”, contó una de las trabajadoras. “Esto es peor que en las épocas militares”,
denunció el diputado provincial del FpV-PJ, Juan José Mussi, padre de Patricio y ex
intendente, a quien hasta anoche le fue prohibido el ingreso al edificio. El allanamiento se
extendió por ocho horas, durante las cuales les fue prohibido a los trabajadores abandonar
el edificio. Y continuaba anoche, cuando se terminaban de labrar las actas sobre qué
elementos se habían secuestrado del lugar. Así opera la troika gobernante, con su poder
judicial como otra de sus puntas de lanza para perseguir e intimidar opositores.

Las disputas intestinas que afloran en la alianza neoliberal se recrudecen, los números no
cierran, la inflación los desborda, las calles no las controlan, las huelgas se multiplican, y
las mentiras y los ocultamientos de los medios hegemónicos no alcanzan para disimular,
cuando no negar, la crisis extraordinaria que sigue extendiéndose a todas las actividades a
lo largo y ancho del país. La recaudación impositiva de agosto se ubicó en 165.763
millones de pesos, con una suba del 25,1 por ciento respecto del mismo mes del año
pasado, según informó ayer la AFIP. En los primeros ocho meses de 2016, la tributación
sumó 1.276.825 millones de pesos, al incrementarse 27,7 por ciento interanual. Los
impuestos embolsados por el Estado marcaron el mes pasado una caída real de más de 20
puntos porcentuales, tomando en cuenta la inflación estimada por el centro estadístico de la
Ciudad de Buenos Aires, del 47 por ciento en los últimos 12 meses. La debilidad de la
recaudación repercute en el resultado fiscal, que viene mostrando un aumento del déficit
respecto de los niveles de 2015 a pesar de la paralización de la obra pública y el ajuste del
gasto. Y la inflación, que para el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, “ya
no es un problema”, sigue descontrolada. De acuerdo con el relevamiento del Centro de
Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el mes pasado la suba en los
supermercados fue de 2,1 por ciento contra julio previo para el nivel general, y alcanzó al
5,6 por ciento para la canasta básica alimentaria. Para la asociación Consumidores Libres,
que elabora también un índice compuesto por 38 artículos de primera necesidad, la suba fue
de 1,95 por ciento en agosto y el acumulado arrojó un aumento de 28,21. Se trata de un mes
en el que los funcionarios habían puesto el foco como un punto de inflexión y el inicio de
una tendencia declinante de precios. Pero no. Lo declinante, por no decir lo decadente, son
las políticas públicas de un gobierno que empieza a no servirle a nadie; ni siquiera a los
factores de poder que, mientras le exigen al hombre del corazón artificial que pise el
acelerador a fondo, se pelean entre ellos dado los intereses contrapuestos que los enfrentan
a la hora de controlar mercados, especular con el dólar, y competir con productos
importados de otros países. “El mejor equipo en 50 años” no está “aprendiendo sobre la
marcha”, sino otra cosa que las resistencias populares a sus abominables iniciativas.

03/09/16: Con una multitud calculada en unas 200.000 personas, concentrada en una Plaza
de Mayo totalmente desbordada, culminó ayer la marcha federal que comenzó el miércoles,
recorriendo todo el país para reclamar contra los despidos, los tarifazos y las políticas
públicas en general del gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore. Todo terminó
con un acto de cierre a cargo de los dos líderes de ambas CTA, Pablo Micheli y Hugo
Yasky, quienes fueron los organizadores de la iniciativa; apoyada por muchos gremios de la
CGT. Las 120 organizaciones convocantes propusieron que todas las centrales sindicales
confluyan en un paro nacional contra el ajuste, el tarifazo y el desempleo y llamaron a
movilizarse el 16 de septiembre, cuando se realice la audiencia pública por la suba de
tarifas. “Este acto solo fue posible con esa unidad. No hubiera sido igual sin los
compañeros de la CGT. Este acto marca un nuevo momento de la confluencia del
movimiento sindical con los movimientos sociales, con el movimiento estudiantil, con los
organismos de derechos humanos, los pequeños productores, los trabajadores informales.
Unidad con organizaciones de izquierda, con los cooperativistas. Este es el mapa del campo
popular que el neoliberalismo quiere roto, dividido. Pero si construimos unidad para la
lucha, por la justicia social y la emancipación, somos invencibles. Y hoy es ese día. Somos
protagonistas de un cambio profundo porque este pueblo no se arrodilla ante el poder
económico y la represión”, señaló Yasky a la muchedumbre allí reunida. Durante su
discurso, Michelli le respondió al ministro de Desempleo, Jorge Triaca, quien había dicho
que la movilización tenía “tintes políticos e ideológicos”. “Sí, los trabajadores tenemos
ideología, pensamos, sentimos y luchamos por una patria liberada, no queremos ajustes, esa
es nuestra ideología. El equipo económico debate si ajuste violento o gradual: ajuste las
pelotas”. Quien también hablo fue Daniel Catalano, de ATE Capital, quien leyó una carta
enviada por la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que está presa desde enero en Jujuy.
Catalano le contestó a quienes criticaron la movilización por “destituyente”: “Los que
estamos desestabilizados somos los laburantes, nos desestabilizaron la vida”. Así finalizó
una jornada histórica para la lucha de los trabajadores que, a pesar esta impresionante
demostración de fuerza, son conscientes de que esto es sólo el inicio de un largo y fatigante
recorrido por frenar a un gobierno que no está dispuesto a escuchar. Mau y sus pandilleros
tienen en su agenda solamente como misión continuar con sus políticas confiscatorias, que
han desestabilizado la vida democrática, el normal funcionamiento de las instituciones y,
principalmente, la vida cotidiana de las personas; a las que ha empobrecido, desocupado y
expoliado de la manera más brutal y engañosa de la que se tenga memoria.
Las marchas, protestas y reclamos se reproducen sin descanso en todo el país, pero la
gerencia neoliberal parece no tomar nota. El Gobierno ni nacional ni popular autorizó ayer
a las empresas de medicina prepaga a incrementar las cuotas en 9 por ciento a partir de
octubre. La nueva suba se suma al ajuste otorgado en marzo, que fue del 9 por ciento y
retroactivo a febrero, al 15 por ciento de junio y al adicional del 5 por ciento de julio. A
partir del mes próximo, la cuota de las prepagas habrá acumulado un aumento del 43,5 por
ciento, unos diez puntos por encima, como mínimo, de la recomposición salarial obtenido
en las negociaciones paritarias por la mayor parte de los gremios. Pero no todas son malas
noticias: la venta de gaseosas se redujo 11,58% en el primer semestre de manera interanual.
Según la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa), la facturaron
durante el primer semestre fue de 1.802 millones de litros, frente a los 2.038 millones
vendidos entre enero y junio de 2015. Asimismo, cayó el consumo de tabaco un 25% en los
quioscos. Para la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), las ventas de
cigarrillos en los pequeños comercios se derrumbaron un 25%. Esto se explicó por el
aumento de la carga fiscal en mayo, que llevó el precio de los paquetes a $ 45 en promedio.
Tomando menos gaseosa y habiendo dejado de fumar quizá ya no sea necesaria sostener el
pago de una prepaga. Con una alimentación sana y lejos de los vicios, como la
administración ecológica del presidente blindado auspicia dando el ejemplo cabal a través
de sus funcionarios, quizá todos se mantengan aptos para trabajar hasta los 75 años, como
sueña el director del “PAMÍ” Carlos Regazzoni; momento en que podremos acceder a una
jubilación que, de seguir un proyecto neoliberal todavía en marcha, nos privará de cosas
más importantes que gaseosas y cigarrillos.

En campaña electoral el presidente offshore se cansó de mentir asegurando que su proyecto

venía a mejorar la vida de todos y que mantendría lo mejor del gobierno anterior. Un claro
ejemplo de que aquella promesa fue mendaz y tramposa, como tantas otras, es lo que
sucede con el programa “Conectar igualdad”, cuyo sólo enunciado repele a la gerencia
neoliberal. El gobierno del mal imitador de Freddie Mercuri dejó de ubicarlo como una
prioridad para la enseñanza, pero también lo abandonó en su otra faceta, la de convertirlo
en una plataforma de impulso para la industria nacional y de elaboración de contenidos con
participación activa de docentes y estudiantes. El primer mensaje de la actual
administración sobre su valoración del proyecto llegó en diciembre, cuando produjo
despidos masivos de profesionales que articulaban entre el Ministerio de Educación y las
provincias. Eran más de 1000 personas que recorrían el país atendiendo escuelas, con la
doble función de darles soporte técnico y orientarlas en la formación pedagógica. Respecto
de esta última tarea, estaban coordinadas por un equipo de 60 personas que trabajaba desde
la cartera nacional, cuya creación había sido aprobada en febrero de 2015 por el Consejo
Federal de Educación. Es decir, con el compromiso de todas las provincias. Ese cuerpo de
especialistas multidisciplinario también fue echado a partir de enero, cuando el ministro
Alfonso Prat-Gay se ufanó de haber completado “el trabajo sucio” con la expulsión de los
ñoquis y “la grasa militante”. En lo que va del año sólo entregaron sólo 100.000 netbooks,
cuando los alumnos ingresantes que deberían recibirlas, siguiendo el esquema de la gestión
anterior, supera los 600.000 alumnos. Pero el golpe al funcionamiento del plan no se limitó
a los estudiantes de primer año. La desvinculación de 1000 trabajadores que constituían el
equipo territorial, técnico y pedagógico, que visitaba las escuelas para activar el programa
también afecta a los demás. Entre sus tareas esenciales figuraba la configuración del
servidor de los colegios y de las netbooks bloqueadas por distintos motivos, como el
ausentismo prolongado del alumno. Al faltar esa asistencia, cada vez más estudiantes van
quedando al margen del uso de la computadora y se complica la dinámica de las aulas.
Conectar Igualdad desarrolló un sistema operativo propio, el Huayra, libre y gratuito, para
que los estudiantes lo puedan complejizar y nutrir con su propio trabajo. La actual
administración incorporó en la licitación de las nuevas computadoras el uso de sistemas
operativos provistos por multinacionales, dejando al Huayra en el mejor de los casos como
segunda opción. Los componentes que tendían a la igualdad del plan Conectar, así como los
que apuntaban a la expansión de la industria tecnológica nacional, van quedando de lado.
Esto pone límites a las posibilidades de expansión del país, comprometido el mediano y
largo plazo. No parece el mejor camino para atraer inversiones, ni para lograr una
educación de calidad; subsumida ya no a la premisa de “conectar igualdad”, sino a la de
“generar inequidad”.

04/09/16: El gobierno ni nacional ni popular no ha cesado, durante sus casi nueve meses de
gerenciamiento, en repetir que todas sus decisiones e iniciativas están fundamentadas en
sanear la “herencia recibida”, cuando en verdad, gracias ella, los efectos de la crisis auto
infringida aún no han llevado a la Economía al colapso general. Gran parte del
empresariado local y muchos ciudadanos de a pie, sin embargo, han asumido aquel
latiguillo como diagnóstico propio, a pesar que sufren en carne propia las consecuencias
devastadoras del shock “gradual” que se está aplicando de manera descarnada sobre la
población. El “colchón”, que dejó la administración anterior, está cediendo para amortiguar
tantas calamidades juntas y los números lo reflejan implacablemente. La producción
industrial descendió 7,9 por ciento en julio respecto al mismo mes del año anterior; la
construcción bajó 23,1 por ciento interanual en julio; la venta de combustibles retrocedió
3,5 por ciento en el primer semestre, el gasoil, insumo vinculado a la producción, lo hizo en
12,4 por ciento, la siderurgia cayó 14,2 por ciento de forma interanual, la fabricación de
insumos de la construcción, 11,6; la producción automotriz, 12,2; y la industria textil bajó
2,6 por ciento. Producto de la caída del consumo se han cerrado 6.500 locales a nivel
nacional en lo que va del año y la proliferación de despidos, suspensiones y rebajas de
salarios confluyen para evidenciar una Economía que empieza a cavar, ahora que ha
llegado al suelo. El prejuicio ideológico, el odio irracional y el egoísmo ignorante con que
militan muchos sectores que, siendo perjudicados por las políticas oficiales deciden seguir
creyendo en un proyecto que prevé más confiscaciones en su horizonte próximo, no les
permite asumir la responsabilidad de hacerse cargo del carácter errático de sus conductas y
posiciones políticas. En ellos, en el puñado de corporaciones y gauchócratas que componen
el establishment y en el resto de la troika, que conforman los medios hegemónicos y el
partido judicial, descansa la Alianza neoliberal para sostenerse sin sentirse obligada a
retroceder en sus aberrantes propósitos. La cuenta regresiva hacia la debacle absoluta del
proyecto, con que el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore piensa persistir
para lograr su transformación estructural de la sociedad en clave neoliberal, ha empezado.
Acorralado por los conflictos, los niveles crecientes de protestas y reclamos, y los rechazos
cada vez más pronunciados a sus nefastas políticas públicas, hacen del futuro inmediato un
caos generalizado sin conducción política que lo controle. Porque no nos engañemos: no
van a cambiar el rumbo. Llegaron para lo que están haciendo. Años de mentiras ensayadas,
asesores de imagen, máscaras sofisticadas, discursos apócrifos, y propaganda engañosa no
se pueden dejar a un lado en unos pocos meses de gestión desordenada. Es mucho lo
“invertido”. Podrán recular o ceder espacios pero siempre estratégicamente y de manera
provisoria. Son brutales, pero no estúpidos; aun cuando pareciera que bartolean con una
pistola cargada con la que no paran de pegarse tiros en los pies. Pero ojo: un día, le pueden
dar al “bobo”. El fanatismo siempre es auto destructivo.

A los pocos días de asumir, el presidente blindado señaló que Argentina tenía que dejar de
ser el “granero del mundo”, para convertirse en el “supermercado del mundo”. El de por sí
aberrante propósito anti industrialista denota, además, una mirada general de lo que él
entiende como su “concepción del mundo”. Y lo está cumpliendo: dando empleo a
mercados foráneos. La avalancha importadora que su proyecto propicia está demoliendo sin
contemplaciones todas las áreas de la economía doméstica. El aluvión de bienes de
consumo final importados marcó un nuevo hito en julio, cuando ingresaron al país 121
kilos de dulce de leche desde Chile, mandarinas de Uruguay, batatas de Brasil y pasas de
uva de la India; completando así el listado de alimentos del exterior que volvieron a las
góndolas después de diez años sin registrar importaciones. Pero el desplazamiento de la
producción local no se limita sólo a los alimentos. La línea blanca, la actividad química, la
producción de muebles, la marroquinería y la maquinaria agrícola también acusaron recibo
del proceso de liberalización comercial en marcha. La cadena textil-indumentaria es una de
las más afectadas por la apertura importadora: medido en kilos, el ingreso de ropa de cama,
pantalones e hilados de algodón aumentó entre 26 y 67 por ciento en julio en relación al
mismo mes del año pasado. Además, las subsidiarias de las grandes empresas
multinacionales que antes producían o ensamblaban en el país, ahora traen los productos
terminados desde unidades productivas más eficientes, que son las mismas que giran sus
utilidades al exterior, con la venia oficial para autorizarlos. Los electrodomésticos ofrecen
un ejemplo contundente para el cambio de comportamiento: cae el ingreso de piezas
evidenciando la contracción en la producción, pero aumenta la llegada de productos
terminados. Esa apertura importadora estuvo acompañada por la pasividad de los procesos
contra la competencia desleal (antidumping, licencias no automáticas y trabas
fitosanitarias) así como el avance discursivo a favor de los acuerdos de libre comercio.
Celebradas en un primer momento, las transformaciones comienzan a generar reclamos
públicos de las principales cámaras industriales que, como la UIA y la metalúrgica Adimra,
fueron proveedores de funcionarios y técnicos para la cartera encargada de administrar el
comercio exterior. Aunque buscan mantenerlo en reserva, en algunos sectores pyme el
cambio en el rol del Estado ya está siendo acompañado por empresarios que se reconvierten
en importadores como mecanismo de supervivencia. Dentro de la nueva configuración
económica, la apertura en marcha representa una herramienta fundamental para amortiguar
en el tiempo el impacto inflacionario de una devaluación como la que se registró a finales
del año pasado. El poder de la desregulación del comercio exterior para disciplinar precios
operó a lo largo de la historia argentina por dos vías: la posibilidad de adquirir productos
“baratos” en el exterior y el incremento en el desempleo con precarización laboral. Estos
son los objetivos, por eso no hay posibilidad de cambio de rumbo. Para las consecuencias
funestas que viene generando y que van a seguir multiplicando, las respuestas van hacer
dos y concomitantes: más falsas promesas y represión y persecución a quienes “pongan
palos en la rueda”.

A las devastadoras consecuencias de la política “aperturista”, que propician Mau y sus

pandilleros, no escapa nadie. Los pilotos de aviones no volarán el jueves por lo que
denuncian como un vaciamiento del Gobierno a las compañías y filiales argentinas. Con el
objetivo de conectar a la Argentina con el mundo, el Gobierno realiza una apertura
indiscriminada de las rutas. “Cuando tenés todo terciarizado en empresas extranjeras, se
puede prescindir de las filiales locales. Si se hace un reclamo desde una compañía
argentina, la podrían cerrar sin problemas", explicaron desde el sindicato. Un fiel reflejo de
lo que está sucediendo en esta actividad se puede comprobar con lo acaecido con la agencia
turística Despegar.com. Ante la caída en el consumo y de toda la economía, la empresa
despidió a 60 trabajadores en los últimos meses. Con este panorama es evidente que la
Economía ni va a despegar ni va a tomar vuelo.

“El tano”, un libro escrito por Ignacio Damiani y Julián Maradeo, es una biografía de
Daniel Angelici, actual presidente de Boca Juniors. Desde su portada se preguntan quién es
este hombre “inventado” por la escudería PRO. Muchas respuestas están en su contenido,
otras en las ventanas que deja abiertas para futuras investigaciones. Sobre él escriben que
“tiene muchas caras”, tantas como que es capitalista del juego, dirigente de fútbol, operador
político, abogado y referente de confianza del presidente de la Nación. Su trayectoria, y el
entorno del que siempre supo rodearse, delatan cómo construyó fortuna y poder. En los
nueve meses que lleva el hombre del corazón artificial en la Casa Rosada, es uno de los
hombres que mejor expresa a su gobierno. “Angelici es un manual de construcción política.
Hábilmente pretende que se haga foco en su condición de presidente de Boca y minimiza su
poder. Sin embargo, es el brazo ejecutor de las políticas del presidente Macri en distintos
ámbitos: AFA, la Justicia, en Boca. En ese trayecto sigue acumulando poder para sí
mismo”, señala Damiani. La defensa del libre mercado (que aplica a rajatabla en su club),
los proyectos faraónicos y los intermediarios amigos que a menudo terminaron en el
aparato del Estado haciendo negocios de los dos lados del mostrador, conforman el perfil
de quien es un acabado discípulo del presidente offshore, con quien también comparte el
privilegio de tener cuentas no declaradas en el extranjero. Damiani y Maradeo desarrollan
las fuentes de poder económico que le permitieron a Angelici procurar metas mayores.
Tiene inagotable vocación de poder, ocupa una cantidad abrumadora de lugares importantes
y un total desparpajo para manejarse hábilmente en las sombras del poder real. “Angelici y
la trama en la que está inserto, como un primus inter pares, se podrían jactar de que
‘pusieron’ un presidente. El verbo poner no es inocente, es el que usa Iglesias Illa en su
libro Cambiamos a la hora de describir a qué apuntaba la campaña del PRO. Constituyen
una compleja maquinaria de poder. En El Tano lo que se van a encontrar es prácticamente
un manual de cómo construir poder en la Argentina moderna”, apunta Maradeo. Una forma
de hacerlo sin rubores es colocar piezas sobre distintos tableros. En ese arte, el presidente
de Boca es un experto. El Poder Judicial, los servicios de inteligencia, esa industria de
fervores sentimentales (Dante Panzeri dixit) que es el fútbol y el Colegio Público de
Abogados son algunos de los territorios en los que opera el delfín del presidente blindado.
Va a haber que estar atentos a las andanzas de este siniestro personaje, aprendiendo que no
hay que nunca subestimar a los hombres de su calaña que, a pesar de las series dificultades
que tiene a la hora de hablar y armar una oración de corrido (como también es el caso de su
mentor, hoy a cargo de la gerencia del Poder Ejecutivo ex Nacional), saben muy bien cómo
desenvolverse para construir poder y amasar fortunas ilegítimas, aparentando transparencia
y legalidad en sus actividades oficiales.

Durante el menemato todas las iniciativas, medidas, leyes y decretos de necedad e

indecencia eran, como ahora, para favorecer a las corporaciones y grandes grupos
concentrados de la Economía. A todos sus funcionarios, principalmente los políticos por
sobre los “técnicos”, los movía más que su compromiso ideológico con la causa neoliberal,
el beneficio directo que tenían por los retornos que acumulaban en sus cuentas personales
por los trabajos, siempre “sucios”, que ponían en práctica sus abyectas políticas públicas.
La vuelta que le da la Alianza Cambiemos al asunto es la proyección directa, a los lugares
de poder, de los CEOs de esas empresas para que gestionen ellos, convirtiendo a los
ministerios en gerencias, los recursos del Estado para beneficio propio. El ala política, con
el presidente offshore a la cabeza, ya no necesita de coimas al viejo estilo, aunque podría
haberlas, pues sus propias empresas familiares son el otro sector beneficiado por la
andanada de confiscaciones, planes licitatorios a medida, desvío de fondos para
fundaciones, etc. Así consolidan la corrupción estructural legalizada. El hipócrita discurso
presidencial, condenando a aquellos que viven de la “teta del Estado”, busca esconder sus
procederes y proyectar en los otros las propias prácticas que él y gran parte de su famiglia
vienen sosteniendo para vivir a costillas del erario público. Comandar la gerencia del
Estado le está posibilitando montar una estructura de negocios a su clan familiar y a su
grupo de amigos cardenales como nunca se ha visto en la historia argentina. Al menos no a
este nivel. En esto casi nueve meses de gobierno, los familiares directos, amigos y socios
del mandatario han recibido participación en negocios por casi 49 mil millones de pesos.
Ángelo Garcaterra, se sabe, es primo hermano del presidente. Es hijo de la hermana de don
Franco Macri y es titular de la empresa Iecsa, una de las firmas que "perteneció" al imperio
familiar. El 17 de febrero de este año le adjudicaron 2500 millones de pesos para participar
de la construcción de una parte de los 2330 kilómetros de gaseoductos troncales que se
harán en la provincia de Córdoba. Macri acordó con el gobernador Schiaretti la licitación,
ya que la provincia no podía comenzar la obra sin el aval de la Nación para emitir el bono
de deuda en dólares necesario para financiar el proyecto, que en total costará cerca de 850
millones de dólares. Una vez que Iecsa y su socia China entraron al negocio, el jefe de
Estado le confirmó a Schiaretti su aval para endeudarse. Pero la noticia más grande para el
primo llegó después, el 22 de junio, cuando se decidió aumentar las partidas
presupuestarias destinadas a la obra pública. Entre ellas, la primera cuota de los 45 mil
millones de pesos que se supone que costará el soterramiento de la línea Sarmiento entre
Moreno y Once. De la obra participarán Iecsa con dos empresas más, la italiana Ghella y la
brasileña Oderbretch. La licitación del soterramiento del Sarmiento se había realizado en el
año 2007, durante el primer gobierno de Cristina Fernández, pero entonces el contrato
obligaba a las empresas contratistas a buscar financiamiento externo para la obra. Luego el
Estado pagaría el endeudamiento. Ese financiamiento nunca llegó. En cambio, lo que hizo
el hombre del corazón artificial, fue que sea el propio Estado el que ponga de su
presupuesto los recursos para el proyecto. Sólo con estas dos obras, Garcaterra, participará
de negocios por 47.500 millones. El Congreso le puso un paño frío a esta fiesta. El pasado
23 de agosto la Comisión Bicameral que revisa los DNU frenó la reasignación
presupuestaria de 797. El motivo no fue tanto la presencia de la familia presidencial en la
obra, sino la falta de federalismo de las partidas, que impulsan obras con impacto en el
GBA y Capital Federal, distritos gobernados por el PRO. El DNU ahora deberá ser tratado
por el pleno de ambas Cámaras. Si consigue el respaldo en cualquiera de las dos quedará
aprobado. Sobre Iecsa, que junto con Creaurban forman el grupo ODS, hay una pregunta
compleja. ¿Es Garcaterra el verdadero dueño? Las dos firmas fueron transferidas a
Garcaterra en 2007, cuando Macri ganó la jefatura porteña, ya que Iecsa era y es contratista
de la Ciudad. Era un modo de cuidar las apariencias. La transferencia de la empresa se
produjo con el mecanismo de "prenda". Es decir: alguien traspasa las acciones a otro titular
sin cobrar nada y como garantía se queda con la posibilidad de recuperar esas acciones, si
el comprador no paga. El punto es que el primo Ángelo todavía no le pagó a SOCMA por
Iecsa, según la información que la propia empresa comunica en la Comisión Nacional de
Valores. Entonces SOCMA todavía tiene la prenda por Iecsa, la puede recuperar. ¿Quiénes
son los dueños de SOCMA?: Los Macri. Cuando uno ve los dispuestos que están a llevar a
cabo su proyecto de país a toda costa y cueste lo que cueste, debe entender que en él no se
juegan ninguna patriada en favor de la república, sino estos intrincados negocios
particulares, a los cuales se pretende darle la cobertura legal necesaria para consolidarlos
estructuralmente y darle perdurabilidad en el tiempo.

Otro de los hombres que fue beneficiado de manera directa por el gobierno ni nacional ni
popular fue el amigo de la infancia del presidente blindado, el cardenal Nicolás Caputo.
Macri sostuvo siempre públicamente que su "hermano de la vida” no había participado de
licitaciones en la Ciudad. Se refería a la firma Caputo SA, que tenía el nombre de su
compañerito de colegio. Por eso Nicky usó SES, de la que tiene el 50% de las acciones, en
la obra porteña, a través de la cual recibió más de 1600 millones en ocho años. Ahora que
Macri está en la presidencia, dejó un poco de lado las apariencias y una de las primeras
decisiones que firmó fue terminar de adjudicarle a Caputo SA la construcción de los
edificios del reactor 10 de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La medida se publicó
el 29 de enero pasado en el boletín oficial. "Se adjudica a la firma Caputo S.A.I.C. y F, por
un importe total de pesos setecientos noventa y seis millones setecientos veintiocho mil
quinientos ochenta y tres con 06/100 ($ 796.728.583,06.)”. Otra parte importante de los
negocios de Caputo sigue transcurriendo en la Ciudad, manejada por el PRO, en algunos
casos con adjudicaciones que ya había firmado el presidente offshore antes de irse. Los
primeros días de marzo de este año fueron prósperos para Nicky. El 7 de marzo el boletín
oficial porteño publicó "la Licitación 852 SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera)", adjudicando a SES el mantenimiento integral de escuelas de
la Comuna 5 por 104 millones de pesos. La segunda adjudicación fue 24 horas después, el 8
de marzo, la Licitación Pública 844 por más de 87 millones. Luego, el 11 de marzo, para
cerrar la semana, la "Licitación pública 841 SIGAF" por más de 93 millones, para obras en
escuelas de la comuna 1. En total, sólo en esos cinco días, Caputo recibió más de 285
millones. Para completar, en mayo, recibió la licitación de 69,2 millones de pesos para la
red pluvial de la Red de Captación Pluvial VII del Ramal Caaguazú, obra que ya le había
adjudicado Macri antes de dejar la Ciudad. En nueve meses con su hermano del alma en la
presidencia y con el sucesor, Horacio Rodríguez Berreta al frente de la Ciudad, Caputo
participó de negocios por más de 1100 millones de pesos. Por ello hay que insistir: costó
mucho llegar a este lugar de privilegio. Años entrenando para engañar al electorado.
Millones invertidos para construir imagen y sentido común amañado. Nunca van a cambiar
el rumbo porque en él van sus vidas, su lógica acumulativa, su razón existencial, sus
miserables sueños personales. La “causa” neoliberal es tan sórdida y mezquina como los
anhelos particulares de sus personeros profesionalizados.

05/09/16: El padre del presidente offshore debe estar que trina. Y no sólo de celos por el
ascenso de su hijo, al que siempre consideró un vividor y un inútil, al estrellato máximo de
la política vernácula, sino, principalmente, por el grado de exposición en que van quedando
los negociados de todo el clan familiar. Semana tras semana se develan triangulaciones
evasoras, licitaciones a medida, sobre precios escandalosos, y repartijas amañadas entre
amigos y allegados de parte de quien comanda la gerencia del Estado ex Nacional. Franco
Macri construyó todo su siniestro imperio desde las sombras y detrás de los cortinados, no
sobre el escenario donde las luces y los reflectores te sobredimensionan hasta hacer ver tus
costillas. Ahora todo corre peligro. La ambición desmesurada, el afán por el poder sin
límites, la avaricia descontrolada por acumular más y más riquezas mal habidas, hace
temblar la estructura corrupta con que se edificó la fortuna incalculable con la que cuenta el
presidente blindado, la caterva de sus amigos cardenales en general, y su famiglia directa en
particular. La impunidad no es eterna. Se renueva en sus personeros, pero, en general,
muchos pagan por sus conductas delictivas cuando deben dejar los lugares de poder que en
el presente detentan. El hoy siempre los hace sentir eternos, invencibles. Enceguecidos
como se comportan pierden inteligencia, astucia para emprolijar sus criminales procederes.
Franco prefirió siempre el perfil bajo. Su competidor hijo, el más alto posible. Haber
accedido a la presidencia del Poder Ejecutivo los ha descontrolado. La avidez por los
negocios fáciles, rápidos, cuantiosos y múltiples los hace más visibles. Todo se termina
sabiendo, a pesar que las pantallas que lo protegen se empecinen en esconderlo. Todo lo
que crece se vuelve más notorio. Es hasta física la cuestión. Y el gigante, cuanto más
grande, más torpe. Ahora un nuevo caso asoma para echar más luz sobre la maquinaria
macrista para amasar dividendos y riquezas aprovechándose del poder que detentan desde
el Estado. Alberto Artemio Rossi, el cuñado de Juliana Aguada, fue noticia en los últimos
días cuando se supo que, poco antes de que el Gobierno lanzara un plan para promover
empresas dedicadas a las energías renovables, formó de urgencia una compañía para
“generar, producir y transportar energía eléctrica en todas sus formas” y así poder participar
de licitaciones y beneficios. Lo que no se dijo es que el esposo de la hermana mayor de la
primera dama nunca desdeñó sus lazos con el poder. Rossi fue el arquitecto que diseñó y
construyó La Rosadita, el bunker que el ex presidente Carlos Menem edificó en su Anillaco
natal, y también fue protagonista de un resonado escándalo, que primero lo tuvo como
prófugo de la Justicia y luego como detenido: en los 90 creó una empresa para trasladar
residuos tóxicos desde Bahía Blanca hasta Mozambique, con socios que se formaron como
gerentes en las empresas de Alfredo Yabrán y declamaban sus vínculos con el traficante de
armas sirio Monzer Al Kassar, y que hasta fueron registrados en una cámara oculta
jactándose de ser los promotores del contrabando de oro y de armas a Croacia y Ecuador.
El cuñado presidencial Alberto Rossi y su hijo fundaron en junio Solartia SA, una empresa
para generar y transportar electricidad, con el objetivo de “celebrar todo tipo de contratos
con entes públicos y privados”. Según reveló en el portal Nuestras Voces la ex legisladora
porteña de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, la flamante empresa del esposo de Zoraida
Awada fue publicada en el Boletín Oficial apenas un mes antes de que el cuestionado
ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, firmara la Resolución 136 por la cual se
convoca a los interesados a presentar ofertas para el Plan de Energías Renovables
Argentina 2016-2025, bautizado RenovAr. A esa área de negocios ya se sumaron otros
buenos amigos presidenciales: Nicolás Caputo, dueño de varias de las principales empresas
contratistas de obra pública, y el magnate británico Joe Lewis, que hospedó al matrimonio
presidencial en su mansión de Río Negro. Tomando sólo este caso, por ejemplo, hay que
entender que no van a cambiar el rumbo para reorientar sus políticas públicas. Después de
tanta “lucha” para llegar a donde hoy están, es de Perogrullo que jamás van a ceder por
iniciativa propia y que continuarán promoviendo y consolidando esta proliferación de
negocios que pareciera no tiene límites para expandirse. El plan para hacerlo sistema
requiere de las políticas públicas que aplican. No hay manera que cejen en el intento. Por
eso la apuesta debe ser la resistencia; impedir que avancen, que continúen con sus
avasallamientos totalitarios e ilegales. Frenar los deseos angurrientos de esta clase
parasitaria que se apoderó del Estado, debe ser el objetivo central de cualquier opositor
digno de ese nombre. Y no cabe duda que la construcción de un proyecto en las antípodas
neoliberales, con liderazgo y conducción política inclaudicable, es el otro desafío que debe
acompañar los propósitos de toda la ciudadanía dispuesta a poner diques a la avalancha
prepotente del libre mercado.

Hay quienes afirman que Gobernar es hacer creer. Apoyándonos en este apotegma
podríamos aventurar que estamos yendo hacia el desgobierno absoluto, con el caos
generalizado como colofón. Ya no sólo gran parte de la ciudadanía descree de los CEOs
que “aprenden sobre la marcha”, según reflejan las protestas que se amontonan y las
encuestas que muestran la caída en picada de la imagen presidencial mes a mes, sino buena
parte de los inversores, que no nos invaden con su lluvia ácida como Mau y sus pandilleros
prometieron, luego de haber hecho buena parte del trabajo (siempre) “sucio”. En julio, las
inversiones se hundieron 17,3% y remataron así el octavo mes de mermas consecutivas.
Las bajas comenzaron en diciembre, cuando asumió el presidente offshore, de acuerdo al
relevamiento del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. El
indicador mensual de la inversión (IMI) descendió 17,3% anual en julio de forma
interanual, la octava consecutiva desde diciembre. Respecto a junio y de forma
desestacionalizada disminuyó 4,8%, con lo que profundizó lo sucedido el mes pasado. La
inversión había dado resultados positivos en general en el último semestre de 2015, con un
pico de mejora del 5,1% en septiembre. Sin embargo, desde diciembre se mantuvo el
comportamiento pesimista entre las empresas por las políticas del Gobierno, lo que no le
deja un buen pronóstico al resto del año. ¿Por qué no llegará el capital de (no) riesgo a la
Argentina de las oportunidades? ¿Desconfían por la seguridad jurídica que no ven
garantizada? ¿Es su forma de presionar para que se avance retrógradamente con más
reformas estructurales? ¿Los asusta el grado de conflictividad que les espera? ¿Será por el
mercado deprimido que sub consume al borde de la subsistencia? ¿Esperan el desenlace de
las elecciones legislativas del año que viene, para ver si la gerencia consolida mayorías
parlamentarias que le den más previsibilidad a sus propósitos lucrativos? Si “el mejor
equipo en 50’ años” sabe las respuestas a estos inquietantes interrogantes, no se animaría
nunca a hacerlas públicas.
Uno llega a dudar si son torpes, provocadores o imprudentemente impunes cuando dejan
transparentar algunas de sus actividades ilegítimamente legalizadas. Según reveló el portal
El País Digital, la marca de ropa de la primera dama argentina, la costurera Juliana Aguada,
vende remeras con la inscripción “off shore” estampada en ellas. Se trata de Cheeky, la
marca de ropa que promociona y vende la esposa del hombre del corazón artificial,
denunciado por los Panamá Papers hace unos meses por ser poseedor de cuentas ocultas en
paraísos fiscales. Vale recordar que Cheeky fue denunciada en reiteradas ocasiones por la
agrupación La Alameda, por utilizar talleres clandestinos y trabajadores en condiciones de
esclavitud. Quizá hoy se vendan a raudales y en el futuro próximo terminen como las que
rezaban “Yo soy Nisman”, amontonadas y apolilladas en algún ropero desordenado o
descansando sin paz, enterradas en los basurales del Ceamse.

06/09/16: Mientras Mau y sus pandilleros preparan datos falsos, números apócrifos y
trampas de todo tipo para llevar a las audiencias públicas y poder justificar sus criminales
tarifazos de gas, el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, adelantó anoche un
esquema tarifario “alternativo” para ajusticiar a la población gradualmente. El cambio
central con respecto al cuadro tarifario que frenó la Corte Suprema de las Corporaciones, es
que el precio de gas en boca de pozo que remunera a las petroleras, el cual en abril había
subido en promedio para los hogares de 1,29 a 4,72 el millón de BTU (unidad calórica de
medición, equivalente a unos 27 metros cúbicos), ahora se reducirá a 3,42 dólares y luego
se actualizará gradualmente cada seis meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019.
La remuneración prevista para el transporte y distribución no sufrirá cambios con relación a
lo ajustado a comienzos de año y recién se evaluarán incrementos en la Revisión Tarifaria
Integral (RTI) de octubre. Con el nuevo esquema, que entraría en vigencia el 1º de octubre,
la tarifa residencial promedio sin impuestos aumentará un 203 por ciento respecto a los
valores vigentes durante el kirchnerismo, pero siempre tomando como referencia la misma
demanda. La nueva propuesta no contempla ningún tope. Por lo tanto, si el consumo
aumenta, el precio final de la factura subirá más. También hay que tener en cuenta que ese
203 por ciento promedio regirá hasta el 1 de abril de 2017, cuando entre en vigencia una
nueva suba del gas en boca de pozo y, probablemente, nuevas tarifas para transporte y
distribución decididas en la RTI de octubre. Esto significa que los valores en el próximo
invierno serán mayores. Otro dato clave es que el aumento está calculado sobre las tarifas
plenas vigentes desde 2014, pero hay usuarios que venían pagando menos por vivir en la
Patagonia, donde los precios eran menores, o por estar alcanzados por amparos judiciales.
En el primer caso, el aumento será aún más gradual, mientras que la situación de los
beneficiados con amparos se resolverá en la audiencia pública. Aranguren también
confirmó que para pymes y comercios no habrá cambios respecto del tarifario vigente
desde abril, complementado luego por un tope de 500 por ciento de aumento, porque la
Corte Suprema los dejó afuera de su fallo de mediados de agosto. Por lo tanto, las quiebras
de empresas, las reducciones de personal, las bajas de salarios y las suspensiones
continuarán su rumbo triunfal e impactarán negativamente en la Economía en general y en
la ciudadanía en particular, que padecerá personalmente la confiscación en dosis
humanitarias, propias de las almas sensibles de los republicanos neoliberales.

La participación de los trabajadores en el PIB retrocederá este año del 51,2 al 48,5 por
ciento. La proyección para la redistribución regresiva del ingreso fue realizada por el
Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), auspiciado por la CGT y las CTA. La
magnitud de la caída será similar a la pérdida que siguió al derrocamiento del presidente
Juan Domingo Perón. En 1956 el poder adquisitivo cedió 6 por ciento mientras que el
guarismo proyectado para este año asciende a 5,4 por ciento. La mega devaluación, la
eliminación de las retenciones, los tarifazos, la aceleración inflacionaria y la bicicleta
financiera habilitada por el Banco Central son algunos de los elementos que explican esa
transferencia de ingresos. Las estimaciones del instituto dependiente del Centro de
Innovación de los Trabajadores (Citra) y la Universidad Metropolitana del Trabajo
(UMET) acompañaron la presentación del “índice de inflación del movimiento obrero”. El
guarismo que permite calcular el impacto de la disparada de los precios sobre los sueldos
arrojó en julio un aumento mensual de 1,8 por ciento y acumuló un salto interanual del 45,4
por ciento. El impacto fue todavía más relevante sobre los trabajadores de menores
ingresos. Las alzas registradas en alimentos y las tarifas explican que el guarismo para ese
segmento haya trepado a 52,0 por ciento interanual en julio. Estos datos inapelables se
complementan con los que arroja la ola importadora descontrolada que, con el afán de bajar
la inflación y disciplinar trabajadores, está haciendo estragos en el mercado de trabajo. Casi
ningún sector productivo y comercial queda sin afectar sensiblemente en la estructura de
sus costos, a la hora de competir desigualmente con productos que invaden la Economía
innecesariamente. Yerba y dulce de leche desde Chile, mandarinas de Uruguay y batatas de
Brasil, son algunos pocos ejemplos para graficar el grado de desquicio de un plan
económico que, aun en su irracionalidad aparente, tiene objetivos claros, concretos y
precisos.

La mujer de los sobres y las bolsas con dinero no declarado, Gabriela Michetti, está
preocupada. La causa avanza y los datos que denuncian sus espurios manejos dinerarios y
sus múltiples mentiras para justificarlos, son tan evidentes que hasta el mismísimo
Marijuán, necesitado de lavar su oscura conciencia luego del escándalo que protagonizó la
semana pasada, encamina todo al procesamiento de la vicepresidenta. Tan preocupada está
la explotadora de empleadas domésticas, que cambió de estudio de abogados. Quien fuera
alguna vez un prestigioso letrado, Ricardo Gil Lavedra, rebajó sus exigencias a la hora de
seleccionar casos, y aceptó encabezar la defensa de la mujer de los túneles no iluminados.
Voceros de Michetti informaron que la renuncia del estudio de Alejandro Pérez Chada, que
la defendía hasta ayer, “no tuvo que ver con ningún malestar ni desacuerdo” y que “fue una
formalidad”, ya que la letrada María Masanti “asumió la defensa ante la urgencia con que
hubo que actuar en la causa, pero no era el estudio que Michetti pretendía para el
seguimiento del caso”. En cualquier caso, la modificación indica un cambio de estrategia
respecto de una causa que complica a la número dos de la administración macrista e
implica que la nueva defensa requerirá cierto tiempo para tomar conocimiento de la causa.
Vaya saber qué llevó a la renuncia a estos abogados que no suelen correrse tan fácilmente
de casos tan rentables, como representar a alguien de tan importante investidura.

07/09/16: La Corte Suprema de Las Corporaciones lo hizo de nuevo. Ayer dio a conocer su
dictamen sobre los tarifazos criminales de la luz, que estaban suspendidos por una cautelar.
Con la ambigüedad, que en el mejor caso los caracteriza, evitó un pronunciamiento de
fondo sobre el tema y, en cambio, se escudó en cuestiones de forma para revocar la medida
cautelar que suspendía la aplicación del aumento sobre los usuarios de Edenor y Edesur del
conurbano bonaerense por 90 días, en un caso, y le devolvió a la jueza federal de San
Martín Martina Forns el fallo por el que la magistrada había dispuesto dejar nulo los
aumentos, en otra resolución. En el primer fallo, al cuestionar la representatividad de
quienes presentaron las demandas –diputados provinciales, el secretario general de la
Defensoría del Pueblo bonaerense y el Partido Justicialista de la provincia– para litigar en
nombre del universo de usuarios, la Corte rechazó las causas sin fijar posición sobre la
legalidad de los aumentos de tarifas. Sólo en un caso, el Club Social y Deportivo 12 de
Octubre, de Quilmes, admitió la legitimidad de la presentación aunque resolvió “reenviar
las actuaciones al juez de primera instancia”, quien “deberá identificar en forma precisa el
colectivo involucrado”, es decir, el alcance de la representación de la demanda de la
mencionada entidad. El segundo fallo, en tanto, resuelve “devolver las actuaciones” a la
jueza Forns, señalándole errores de procedimiento. Este fallo de la jueza de San Martín le
ordenaba al Ministerio de Energía que se abstuviera de aplicar el nuevo cuadro tarifario
“respecto de todas las distribuidoras del país”. Por ahora, la disputa en torno a la legalidad o
no del tarifazo eléctrico, sigue indefinida. Por lo tanto, siguen en trámite otros pleitos en las
demás provincias, también aquellos iniciados por otros reclamantes en Buenos Aires. El
aspecto más positivo es que los cortesanos reconocieron la pertinencia de acciones
colectivas contra los tarifazos, demarcando sus requisitos. Queda por verse con cuanta
severidad se los analizará. El fallo pudo ser distinto y mejor. Extremó el rigor sobre una
medida cautelar que se prolongaría poco más de un mes. Un exceso de celo o un
formalismo extremo, pueden convertirse en la negación de derechos de los consumidores.
Con esta resolución dilatoria favorece los ánimos confiscatorios del gobierno ni nacional ni
popular y de las empresas eléctricas, como reflejan los movimientos de sus acciones en la
Bolsa ocurridos ayer luego del fallo. Pampa Energía escaló 6,82% y la distribuidora Edenor
subió 5,79% en el panel líder, mientras en el panel general Transener avanzó 5,61%,
Central Costanera ganó 3,80% y Central Puerto repuntó 3,13%. Gracias al celo burocrático
de los pasajeros privilegiados de Aerolíneas Argentinas, que jamás aplicarán en casos que
involucren a los intereses del poder concentrado, la festichola gonzalezfreguista sigue
destapando champanes, libres de impuestos abusivos.

La Economía va hacia el colapso generalizado y la gerencia neoliberal no se replantea

ninguna de sus nefastas políticas públicas. Por el contrario: reculan para volver a atacar con
nuevas armas y en momentos más oportunos, y persisten en seguir diseñando más
expoliaciones contra la ciudadanía, de quienes cree que son sólo números encuadrables en
sus amañadas planillas de Excel. Mientras tanto, los derrumbes se multiplican como si,
desde los cielos, las leyes y los decretos de necedad e indecencia, que lanzan sobre la
población sufriente, fueran armas de destrucción masiva. Las ventas de insumos para la
construcción cayeron en agosto 13,6 por ciento en relación al mismo mes del año pasado.
El Índice Construya, que releva los despachos de grandes empresas, ofrece una
aproximación al desempeño del sector privado ya que no contempla insumos como el
asfalto, estrechamente ligados a la obra pública. El indicador acumula una caída del 10,1
por ciento durante los primeros ocho meses del año. Las estadísticas públicas y privadas
contrastan con las expresiones de distintos funcionarios sobre la existencia de un piso en la
caída del nivel de actividad. De hecho, el único dato auspicioso hasta julio en el índice
Construya era que la serie desestacionalizada registraba tres meses consecutivos de
crecimiento mensual. Esa trayectoria se cortó en agosto, cuando se observó una baja del 6,5
por ciento respecto del mes anterior. Algo similar ocurre con los tamberos, cuya situación
se agrava día a día. Hoy, como medida de protesta, iban a regalar leche en Plaza de Mayo,
pero la medida fue neutralizada por el gobierno al convocar a una reunión para el mismo
día y horario de la concentración. Según las cámaras del sector, la iniciativa quedó
suspendida pero no descartada debido a la falta de respuesta oficial a sus reclamos. La
protesta iba a emular a la realizada por el complejo frutihortícola el mes pasado, otra de las
economías regionales en problemas. Un estudio elaborado por el Equipo de Economías
Regionales del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla las “serias
dificultades experimentadas desde diciembre para mantener los niveles productivos y las
ventas, siendo los principales afectados los productores más pequeños y con menor
capacidad de negociación frente a intermediarios y grandes exportadores”. La asimétrica
distribución de la renta sectorial se refleja, en la mayoría de los casos, en las diferencias en
el precio que recibe el productor, generalmente por debajo de los costos, y el que se exhibe
en góndola, el cual llega a ser cuatro y seis veces más alto. Como seguramente las
respuestas a sus reclamos no serán atendidas, la protesta la realizarán más temprano que
tarde. Allí aparecerá otra vez el patético escenario, vivido con los frutihortícolas hace unos
días, de gente desesperada por asirse de un producto de primera necesidad hoy vedado a las
grandes mayorías. También podría aparecer Margareth Stolbizer, para volver a denunciar a
CFK como cerebro de la movida, acusándola de querer desestabilizar a su gobierno
neoliberal, que busca hacer pie en el terremoto que él mismo generó deliberadamente.

Mau y sus pandilleros aseguraron que acatarían el fallo de la Corte Suprema de las
Corporaciones sobre los criminales tarifazos del gas, pero, en realidad, están rediseñando la
estafa para forzarla a encuadrar en términos legales, manteniendo el espíritu confiscatorio
que obvie comprobar las razones de los aumentos. “La propuesta del Gobierno en relación
al nuevo cuadro tarifario se parece más a una negociación entre dos empresas que a la
fijación de una tarifa de un servicio público. Insisten con la idea de no abrir los números de
costos de las petroleras”, señaló Claudio Boada, de la entidad Unión de Usuarios y
Consumidores, en relación al aumento promedio del 203 por ciento interanual para el
mismo nivel de demanda propuesto anteayer por el ministro de Shell en Energía, Juan José
Aranguren. Ayer el presidente provisional del Senado y miembro de la falsa fundación
SUMA, Federico Pinedo, adelantó que los usuarios no residenciales también se
beneficiarían de menores aumentos, aunque el Gobierno del Hood Robin argentino no
Nacional rectificó esa información y aseguró que continúan los topes del 400 y 500 por
ciento. Hombres como Pinedo, que nunca tienen idea de nada cuando se proponen hablar en
“serio”, son los que hacen dudar a uno cuánto de improvisación y cuánto de perversidad
hay en estos siniestros personajes a la hora de llevar a cabo sus miserables objetivos.

Mau y sus pandilleros, durante la campaña electoral, se llenaron la boca hablando de una
Educación pública de “calidad” como una prioridad. Sin embargo, desde que asumieron el
gobierno sólo han exonerado trabajadores, reducido los presupuestos, extinguido “conectar
igualdad”, eliminado programas formativos y rebajado salarios docentes, vía la inflación.
Las últimas 200 cesantías decretadas por Esteban Bullrich en el Ministerio de Educación
generaron “un panorama de parálisis en los programas de inclusión”, afirmó el secretario
gremial de la junta interna de ATE, Rodrigo Recalde. Los telegramas de despido,
anunciados la semana pasada, terminaron de llegar entre el viernes y el lunes, y estuvieron
focalizados en trabajadores del Instituto de Formación Docente y de los programas de
alfabetización, de educación sexual integral y de coros y orquestas infantiles, entre otros.
“Los despidos forman parte de la reforma de neoliberal del Estado, al que ahora no le
importa que haya un alfabetizador menos, un docente que ya no entra en las villas, ni el
libro o la notebook que no se entrega en las escuelas”, denunció el delegado. Ahorrar
recursos para pagar deuda y favorecer negocios a la famiglia presidencial, a sus amigos
cardenales y a las corporaciones es el objetivo mientras, de paso, se excluye a los sectores
populares en su acceso a la Educación. Porque el siniestro plan neoliberal incluye el
embrutecimiento de las mayorías, camino elegido de un proyecto político que atenta no
sólo contra los derechos y garantías individuales y colectivas, sino también contra la paz
social en general.

Era tan obsceno que tuvieron dar marcha atrás. Se ha señalado hasta el cansancio: las
iniciativas de la gerencia neoliberal siempre son aberrantes. Generalmente, al comienzo,
aceleran de máxima para luego ir reculando de acuerdo al nivel de reacción que provocan o
a los límites que, en aisladas ocasiones y siempre provisoriamente, pone el poder judicial.
Casi nunca se trata de “errores”. El mejor ejemplo son los tarifazos criminales de los
servicios públicos, pero abundan por donde uno mire. El último es el caso del veterano Dr.
Cormillot. Luego de que se conociera que varios de los nuevos productos que aparecen la
lista oficial de Precios Cuidados son marca Cormillot, y que el nutricionista y funcionario
nacional había ayudado a confeccionar el listado, el Gobierno salió a apagar el incendio y
se movió rápidamente para dar de baja el listado de productos incluidos. Pero el verdadero
descaro queda expuesto en el intento de promover una “dieta saludable” a una población a
la que castigan sin descanso saqueando sus bolsillos y condenando, a vastos sectores
populares, a la supervivencia. Pero, además, el multimediático doctor, alienta “menús
sanos” desde un gobierno que promueve acuerdos escandalosos con McDonald’s, líderes
indiscutibles de la comida chatarra. Una vez más el cinismo puesto al servicio de la
propaganda para hacer creer lo que no son y, de paso, hacer negocios. Siempre negocios.

Tratándose de un gobierno sin escrúpulos, ni ética, ni respeto por las instituciones, todo
puede ser posible. Más si cuentan con los medios hegemónicos y el partido judicial como
soportes indispensables para sostener su estructura. Igualmente resulta inimaginable que la
mujer de las fundaciones fantasma y sus dineros mal habidos zafe del entuerto judicial en
que está metida desde que denunció el robo de sobres con plata de su domicilio. Este
miércoles, el juez Ariel Lijo dispuso una orden de presentación de documentación en la
sede de la Fundación SUMA con el fin de obtener los libros contables de la organización,
en el marco de la causa que investiga el origen de los fondos que le robaron de su
habitación a la vicepresidenta Gabriela Michetti el pasado 22 de noviembre de 2015. Sin
embargo, el juzgado no pudo obtener la documentación requerida, dado que desde la
Fundación afirmaron que los libros se encuentran "en poder del contador", por lo que se
comprometieron a acercarlos personalmente mañana. En este sentido, desde el juzgado
explicaron que el procedimiento tiene como objetivo poder constatar información que no
consta en la documentación enviada por la Inspección General de Justicia (IGJ) en el caso,
quienes confirmaron que la Fundación no presentó balances ante el organismo desde el
2010, apenas un año después de su propia creación. En la nueva batería de medidas
solicitadas por el juez se destaca un urgente pedido a la Unidad de Información Financiera
para que "comunique si se han reportado operaciones sospechosas o se ha iniciado alguna
investigación relativa a operaciones de lavado de dinero" por parte de SUMA. Mientras que
se le solicita al Banco Central, en carácter de urgente, que se levante el secreto bancario y
se le emita una circular D a todas las entidades bancarias que operan en el país, para que
informen, en un plazo de 10 días, "si la fundación registra cuentas o productos o si ha
ejecutado transferencias a su nombre o el de una persona física". Como si esto fuera poco,
Lijo también le requirió a la AFIP, en carácter de urgente, las declaraciones juradas del
romeo Juan Tonelli Banfi, correspondientes a los períodos 2014 y 2015, con el fin de
contrastar la versión de la vicepresidenta sobre los USD 50.000 que le sustrajeron en su
domicilio aquella noche. Además, el informe que la AFIP le remitió al juzgado de Lijo el
pasado lunes revela que la Fundación SUMA, presidida por Michetti, recibió unos
$4.100.000 en concepto de donaciones, algo que se contrapone con lo que la propia
Fundación expuso en su propio informe de transparencia de 2015, cuando detalló que
ingresaron a sus arcas en concepto de donaciones unos $3.029.226,70. Ya no sólo es
escandaloso y sorprendente que, donde deberían estar, no se encuentren los libros de una
ONG que, oficialmente, no tiene empelados, cuit, balances y movimientos financieros
registrados, sino que tenga contador. Uno imagina a la tesorera Giúdice y al recaudador
Hernán Lonardi, dibujando toda la noche papeles apócrifos para que un contador, tan
desvergonzado como ellos, presente mañana un libro contable mañana en el juzgado. No
cabe duda que en él, se encontrar más huellas delictivas.

08/09/16: Mientras el ministerio de Modernización y Despidos, a pesar de la desmentida

del ministro del Interior Rogelio Frigerio, confirmó que el Estado de Malestar que encabeza
el presidente blindado prepara una nueva ola de despidos en el sector público, retomando el
falaz latiguillo de que se trata de ñoquis, ayer el ministro de Desempleo, Jorge Triaca,
estuvo en Diputados para defender el abyecto proyecto de “primer empleo”, con el que
buscan precarizar trabajadores y traccionar salarios a la baja. Y, por suerte, no le fue bien.
A pesar de su insistencia en replicar el discurso oficial de la “pesada herencia”, no sólo
tuvo que reconocer ante un plenario de comisiones que en los primeros nueve meses de la
gestión del Gobierno, ni nacional ni popular, se perdieron 120 mil puestos de trabajo sino
que además tuvo que ver como se desplomaba el proyecto “flexibilizador” de Primer
Empleo que el Ejecutivo envió al Congreso. Los diputados de origen sindical de las
distintas bancadas opositoras fueron los encargados de rechazar la iniciativa oficial: la
emparentaron con la política de flexibilización laboral del menemismo en los 90, que
apunta a que los empresarios reemplacen trabajadores calificados y mejor remunerados por
jóvenes con empleos “precarizados”, que con las exenciones impositivas que se ofrecen a
las empresas se “premia a los evasores” y desfinancia el sistema provisional. Además, le
reclamaron al ministro que se vuelva a discutir la ley para frenar despidos que vetó Macri, y
le advirtieron sobre el futuro de los más de 114 mil contratos de empleados públicos que el
Gobierno tiene “bajo análisis”. Los diputados acordaron invitar la semana próxima a la
CGT y las CTA, que ya adelantaron el rechazo al proyecto del Gobierno. A pesar que hasta
hace unas semanas negaban la existencia de una crisis en el mercado laboral, el amputador
de derechos individuales y colectivos ahora habla de crear, por año, a través de exenciones
impositivas, 240 mil “oportunidades” de empleo para jóvenes de entre 18 y 24 años: “120
mil en NOA y NEA y 120 mil en el resto del país”. Es el “sector más vulnerable de la
población económicamente activa”, señaló Triaca en una demostración conmovedora de
sensibilidad por las clases populares. El problema es que el massismo, a través de Roberti,
no cerró la puerta del todo a la atroz iniciativa: “no están dadas las condiciones para
aprobar el proyecto pero tampoco para rechazarlo in limine”. Y este es el problema crucial
con el que nos volvemos a encontrar: el opoficialismo. Precavido, aduciendo la necesidad
de la “gobernabilidad”, vuelve otra vez a intentar “suavizar” los proyectos aberrantes de la
gerencia neoliberal, pero manteniendo el espíritu confiscatorio de los mismos. No hay que
olvidarlo: todas las calamidades que la población está padeciendo tuvieron la complicidad,
directa o indirecta, de buena parte de la oposición; sin la cual los avasallamientos
conseguidos no se hubiesen producido, al menos con la crudeza con que se han perpetrado.
Los decretos de necedad e indecencia del inicio, el pago a los fondos buitres, la ley
“ómnibus”, y demás leyes abominables fueron refrendadas por un Parlamento timorato y
tan mendaz como el poder Ejecutivo ex Nacional. Una ley anti despidos, por sólo tres
meses y sabiendo que iba a ser vetada, fue todo lo “decoroso” que, hasta ahora, han podido
ofrecer a la ciudanía que demanda oposición, no co-gobierno.

Los planes y proyectos con que castiga la gerencia neoliberal a la población no tienen nada
de novedosos. Pero sus métodos para imponerlos, en “Democracia”, son alarmantes.
Realmente son capaces de cualquier bajeza para conseguir lo que se proponen. Por un lado,
para silenciar o aislar opositores. Por el otro, para enlodar sus reputaciones cuando el
personaje en cuestión no es de su agrado. Claro que no lo hacen siempre a cara descubierta.
Ahí están los trolls y tuiteros truchos del ministro de Propaganda, Joseph Peña, la prensa
canalla con sus olas distractivas y ocultativas, sus patotas que agreden a traición por las
noches, las amenazas anónimas de servicios y mano de obra desocupada, etc., para difamar
y calumniar a todo aquel que se interponga a las iniciativas gubernamentales. Pero
inauguraron una nueva forma abominable: la apretada a través de solicitadas. A pesar de
que el presidente offshore, mandato incumplible, sostiene que no hay ningún tipo de
presión sobre los jueces, un grupo de funcionarios de su gestión, periodistas afines e
intelectuales orgánicos de Cambiemos emitieron una solicitada en el que exigen lisa y
llanamente la destitución de Daniel Rafecas, por haber rechazado en dos oportunidades la
apócrifa denuncia del suicida fiscal Nisman. Rafecas, un juez que supo tener muy buenos
vínculos con las organizaciones de la colectividad judía, rechazó abrir la investigación por
"inexistencia de delito". Primero lo hizo en febrero de 2015, y reiteró su decisión este año,
cuando la DAIA pretendió resucitar la denuncia. "Los abajo firmantes consideramos un
deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez
Daniel por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura", reza el prolongado
texto que pasará a formar parte del voluminoso volumen que se va acumulando de Historia
Mundial de la Infamia. Entre los firmantes de este documento ignominioso se encuentran:
la lumpen política Elisa Carrió, los periodistas mercenarios Leuco, Lejtman, Levinas y
Longobardi, la derecha “ilustrada” comandada por Kovadloff, Andahazzi y Aguinis, el
“constitucionalista” Sabsay, el apropiador de papel Prensa y defensor de Dictaduras y
cuentas offshore Julio Saguier, y, como si esto fuera poco, el evasor esclavista presidente
de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere. En respuesta a la solicitada que busca remover al
juez federal Daniel Rafecas por presunto mal desempeño en la causa donde el fiscal
fallecido Alberto Nisman denunció a la ex presidenta Cristina Kirchner, distintas peticiones
salieron a respaldar al magistrado. A través del sitio change.org, el ex director de la DAIA
(Dirección de Asociaciones Israelitas Argentinas) Jorge Elbaum publicó una petición en la
que afirma: "Los ciudadanos que buscamos una justicia independiente de los intereses
corporativos y ajenos a las presiones geopolíticas, repudiamos la ofensiva desatada contra
funcionarios que no claudican y permanecen fieles a la verdad y a los intereses de la
Nación". Además, por mail, integrantes de organismos de derechos humanos, abogados,
magistrados, docentes, periodistas, artistas, científicos y referentes de distintos ámbitos del
quehacer nacional, se suman a la solicitada para expresar "nuestro repudio a la pretensión
de quienes a través de una solicitada que por estas horas ha tomado estado público,
reclaman la remoción del juez Daniel Rafecas". "Denunciamos persecución contra un juez
independiente a través de esta inusitada y repudiable práctica, cuya intención, a no dudar,
es disciplinar a todos los operadores judiciales, lo que conlleva, de ser tolerada, a una lesión
enorme al Estado de Derecho y a las instituciones de la República", asegura la declaración.
Nunca más hay que subestimar a este conglomerado de retrógrados dispuestos a todo. Se
van aislando de la sociedad paulatinamente, sin retorno posible, pero conservan un poder de
fuego temible. Controlan todos los resortes de poder, incluido el mediático, y movilizados
por el odio y el revanchismo y por imponer su aberrante proyecto neoliberal a todo nivel,
son capaces de cualquier atropello, incluidos los más feroces y escalofriantes. Con esta
Alianza bochornosa no hay diálogo posible. No por falta de voluntad, sino por la
imposibilidad de establecer parámetros de discusión admisibles en un sistema democrático,
aun con todas las limitaciones estructurales que su conformación burguesa presenta.
Resistir, es el único verbo conjugable.

Reconocerlos peligrosos y sin escrúpulos para llevarse todo por delante sin el menor decoro
por las formas, no inhabilita a señalar lo patético que pueden ser con algunas actitudes y
comentarios con que, el brazo ejecutor de las corporaciones, busca hacer pie ante la opinión
pública (da). El ministro de Propaganda, Joseph Peña, con el afán de darle a su gestión aires
de espiritualidad, organiza clases de yoga y de canto grupal, gratuitas para sus empleados,
que son dictadas en el propio edificio de la cartera, ubicado en Avenida Roca al 700. El
cupo de cada clase es limitado y el ingreso será por orden de llegada. Se debe asistir con
vestimenta liviana y cómoda", agregan sobre los cursos, que son dictados los lunes
miércoles y viernes a las 12; 12.45; 13.30 y 14.15 hs. No nos terminamos de reponer de
este cinismo inigualable que encontramos, para nuestro asombro, con que alguien puede
superarlo. El mérito le corresponde a la escondedora de sobres en placares, Gabriela
Michetti, que en el momento más delicado de la investigación por la causa de los manejos
espurios de su fundación SUMA y otras de la misma calaña, se atrevió a tuitear:
"Disertando en la XIV Jornada del Grupo de Fundaciones y Empresas que donan recursos
en pos del bien público", al hacer referencia a su participación dentro de una charla sobre
fundaciones. Tras ello, la vicepresidenta recibió una catarata de respuestas en referencia a
la causa que investiga el origen de los fondos que le robaron el 22 de noviembre pasado, y
apenas horas más tarde, decidió eliminar el mensaje dado el revuelo que estaba tomando.
En este último caso uno no sabe qué es más insólito: si la liviandad, prima hermana de la
impunidad, con la que la funcionaria se toma el proceso que tiene a ella y a su Romeo en la
mira, o que una fundación, vaya a saber de qué caterva de neoliberales salida, se atreva a
invitarla para disertar sobre temas que uno, a esta altura, no tiene la menor idea de los que
pueda hablar. Sin consejos para dar para hacer circular dinero sucio de la política sin que se
note, y sin propuestas serias para atender fines nobles, que estos organismos deberían tener
pero que nunca persiguen, el hecho encuentra un absurdo tan incomprensible que ni el
surrealista más provocador lo hubiese imaginado con todo el opio posible encima.

El Dr. Cormillot es un nutricionista neoliberal, no cabe duda. No sólo porque propicia

negocios propios desde el aparato del Estado, sino por el cinismo con que se mueve en su
tarea diaria. Este hombre se hizo famoso vendiendo recetas para adelgazar y montando las
malditas fundaciones con las que estafan a incautos, ingenuos y desprevenidos, cuando no a
desesperados buscando ayuda. Ayer protagonizó un escándalo, que no terminó con su
renuncia, pero al menos le limitó el Maxi Kiosco. El diario Página/12, recuerda hoy, que
este PRO hombre de las causas nobles, desde su fundación ALCO, recibió casi 100 mil
dólares de la Fundación Coca-Cola para un proyecto “que fomenta la prevención de
enfermedades relacionadas al estilo de vida y la obesidad infantil”. La donación se concretó
en 2015 y el programa se puso en marcha este año. En junio pasado, Cormillot se convirtió
en funcionario: coordina el área de Alimentación Saludable del Ministerio de Salud, para
difundir hábitos de alimentación sana. Coca-Cola es una de las empresas más cuestionadas
por el aumento de la obesidad que genera el consumo de sus productos. Con estos
antecedentes resulta lógico que la Alianza Cambiemos lo haya sumado a su elenco estable
de gerenciadores que trabajan por una vida saludable, de las corporaciones.

Deben ser muchas las ruedas porque los palos para frenarlas no alcanzan. Al contrario:
siguen aplastando salarios, empleos y derechos todos los días. Los propios datos oficiales
se encargan de comprobarlo. El representante de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz,
aseguró que de noviembre a hoy aumentaron un 75 por ciento los contratos de alquiler en la
ciudad de Buenos Aires. Además, precisó que casi el 80 por ciento del salario se destina
para poder pagar un techo. Por otra parte, ante la grave situación socio económica que
atraviesa el país, los boliches bailables y locales de masiva concurrencia padecen una
merma en la actividad. "La actualidad económica está repercutiendo muy fuerte en nuestro
sector. Bajó la actividad y hubo cierre de boliches en el conurbano bonaerense. En algunos
lugares quisieron despedir a controladores, pero nos opusimos y pudimos frenar a los
empresarios", declaró Leandro Nazarre, secretario general del Sindicato Único de
Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina
(SUTCAPRA). La caída del poder adquisitivo producto del tarifazo y la inflación, afecta
principalmente a las actividades recreativas como salir al teatro. En este rubro se registró en
agosto una caída de la asistencia del 32 por ciento, en comparación con el mismo mes del
2015. "No solo hay merma de espectadores sino de recaudación, que es un 13 por ciento
menos en relación con agosto del año pasado, y esto sin considerar la variable de la
inflación. Si la tenemos en cuenta la recaudación cayó un 57%", explicó el presidente de la
Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, Sebastián Blutrach, en diálogo con Ámbito
Financiero. Pagos frenados en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y
caída en la producción de publicidades. Esa es la situación que cruza a la industria
cinematográfica, donde ya se siente el impacto de esa combinación de factores: cayeron
más de 36 por ciento los puestos de trabajo de los técnicos audiovisuales y los
documentalistas y productores de ficción de menor escala comenzaron a sentir el ahogo
financiero. Ellos sospechan que, detrás de esa decisión de "pisar la caja" del instituto, que
lidera Alejandro Cacetta, existe una política para favorecer a los grandes productores y
recortar el próximo presupuesto para producir películas mediante la estrategia de la
subejecución. Ante este asolador panorama, ¿qué se proponen Mau y sus pandilleros?
Además de continuar devastando la Economía argentina, dos cosas. 1) Cerrar el Centro
Cultural Kirchner para recibir a más de 1.500 CEOs de empresas en el marco del “mini”
Davos, con que la gerencia neoliberal busca convencer a inversores internacionales para
que derramen su ácida lluvia sobre la población y perfeccionar sus métodos para continuar
confiscando el erario público y a la población en general. 2) Tentar al director de ficciones
neoliberales, Juan Campanella, para que, a través de Snapchat, la red social que más llega a
las audiencias jóvenes, mejore la imagen pública de su admirado presidente blindado,
filmándolo en su intimidad diaria. Lindo desafío para el cineasta: quizá no conozcamos el
“secreto de sus ojos” pero, a lo mejor, ayuda a develar el “secreto” de sus cuentas offshore,
escondidas sin declarar en paraísos fiscales.

El Ministerio de Modernización y Despidos se apresta a exonerar miles de empleados

públicos por una puerta mientras, nuevamente, por otra incorpora militantes macristas para
cargos jerárquicos bien remunerados. El grupito de entusiastas neoliberales se hace llamar
“la generación” y perciben sumas que van de los 50.000 a 80.000 pesos mensuales. Ahora
bien, ¿se quedarán ellos con el total de sus haberes, sospechosamente altos? ¿O lo elevado
de las sumas se debe a algún “retorno” para quien los nombra, como sucedía con el
corrupto suicida Alberto Nisman y su testaferro Diego Largomarsino? Difícil de probar,
pero fácil de suponer. Piensa mal y acertarás…

Como todo marcha sobre ruedas, de esas a las que no alcanzan los palos para frenarlas y
evitar que nos sigan pisando, el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat Gay, se fue
de paseo por Europa. Este hombre, en medio del desastre en que se encuentra la Economía
vernácula, se encuentra actuando de "coordinador" del viaje de egresados de su hijo por
Irlanda, Escocia e Inglaterra durante una semana. Al no estar presente en el organismo los
trabajadores despedidos colgaron un cartel donde se parodia la campaña de "missing
children" que colabora con la búsqueda de niños perdidos. "Sus trabajadores despedidos lo
buscan", dice el cartel y deja un número de contacto: "Si lo viste o sabés algo llamá al
4349-5050". El púber se apresta a egresar este año del selecto Colegio Cardenal Newman,
de donde salieron eminentes personalidades argentinas como Nicolás Caputo y…. ¡el
presidente offshore! No llamen, por favor, a lo mejor no vuelve…

09/09/16: Un grave atentado contra el régimen neoliberal se está pergeñando. A tal punto
que, de prosperar una iniciativa del FPV, muchos partidos políticos argentinos podrían
desaparecer. El diputado del Frente para la Victoria, Martín Doñate, propuso que ninguna
persona con una cuenta offshore pueda ejercer un cargo público. El legislador nacional por
Rio Negro propone restringirles al acceso a las precandidaturas a todos aquellos que dirijan,
administren, representen, sean accionistas, tengan participación o detenten capitales en
empresas dentro de paraísos fiscales. El proyecto incorpora un inciso en el artículo 33 de la
Ley orgánica de partidos políticos, y establece la imposibilidad para ser precandidatos en
elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos
nacionales, a quienes tengan algún tipo de participación es cuentas o sociedades ocultas en
países de nula o baja regulación y tributación fiscal. En los fundamentos, la propuesta
legislativa señala que "para tener funcionarios probos debemos tener candidatos que lo
sean, de esta manera terminaremos con la doble moral y los delitos protegidos". Y agrega:
"El lavado de dinero y la evasión impositiva es una violación a la democracia con
complicidad en los niveles más altos de la política y la finanza internacional. El inciso que
pide incorporar a la ley la imposibilidad de ser candidato a "quien dirija, administre,
represente, patrocine, asesore, sea accionista, tenga participación o detente capital en
cuentas bancarias, fideicomisos, fondos de inversión, o en sociedades que posean acciones
al portador o que cuenten con socios que, en cualquier grado resulten ser sociedades no
nominativas o bien tenga cualquier tipo de participación en sociedades radicadas en
jurisdicciones de nula o baja tributación, o no considerados cooperadores a los fines de la
transparencia fiscal". Asimismo, establece que cuando se tome conocimiento y se
compruebe el incumplimiento de este requisito luego de la elección o la designación del
cargo, se considerará como nula su actuación en el cargo y se dejará sin efecto su mandato.
Doñate señaló que "la relevancia de los implicados en los Panamá Papers nos obliga a rever
la legislación vigente para hacer frente y prevenir este tipo de delitos en funcionarios con
altas responsabilidades públicas". La iniciativa legislativa tiene el apoyo de los diputados
de la bancada del FPV Nilda Garré, Guillermo Carmona, Andrés Larroque, Mayra
Mendoza, Darío Martínez, Julio Solanas, Verónica Mercado, Rodrigo Rodríguez, Rodolfo
Tailhade y Alberto Ciampini. El proyecto emula la consulta popular que propicia el
presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para las próximas elecciones en aquel país el año
que viene. De prosperar esta iniciativa prácticamente nadie del actual gobierno ni ninguno
de los legisladores que responden a su fuerza, empezando por el presidente blindado, podría
intervenir en el escenario público desde algunos de los tres poderes del Estado. Sería
maravilloso que la ley, de ser sancionada, se aplique con retroactividad. Pero como eso
sería mucho pedir, nos conformaríamos con saber quiénes, además de los directamente
afectados, se oponen a este proyecto; pues echaría luz sobre los grados de complicidad que
anidan en otros sectores que se hacen llamar opositores pero que en la práctica ofician de
rueda de auxilio de los personeros de la evasión, la mentira y la confiscación
institucionalizada.

Desde la noche del miércoles el juez federal Daniel Rafecas comenzó a recibir decenas de
mensajes, textos y muestras de solidaridad de distintos sectores y espacios que salieron en
resuelto apoyo de uno de los jueces caracterizado por “no responder a las pretensiones del
poder”, como señaló Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Los
abrazos fueron una respuesta inmediata a la solicitada conocida esa noche y aparecida en
las ediciones de ayer de Clarín y La Nación que pedía sin vueltas su remoción por
desestimar la denuncia del fiscal Alberto Nisman. A modo de contra-solicitada, ayer
terminó gestándose un enorme movimiento de apoyo canalizado en un documento con
firmas de integrantes de organismos de derechos humanos, abogados, magistrados,
docentes, periodistas, científicos, académicos y referentes de distintos campos culturales y
sociales. El texto denuncia la “persecución contra un juez independiente a través de esta
inusitada práctica, cuya intención, a no dudar, es disciplinar a todos los operadores
judiciales, que, de tolerarse, afectará gravemente al Estado de Derecho y a las instituciones
de la República”. Las presiones aviesas de este tipo tienen algo positivo: transparentan
conductas, blanquean posicionamientos y demuestran la estatura ética y moral de uno y otro
lado. No se trata sólo de la defensa de un hombre. En realidad, se trata de un grito
desesperado por denunciar a todo un sistema que, enmascarado en ropajes institucionales,
avasalla todos los derechos que debería defender y garantizar.

Además de mendaz, compadrito. Envalentonado por el fallo de la Corte Suprema de las

Corporaciones que anuló un amparo sobre el aumento de la luz, el Gobierno del Hood
Robin argentino no Nacional busca cerrar el capítulo del tarifazo aplicando sus propias
reglas. El ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, se reunió ayer con las
asociaciones de consumidores y planteó que no considera que el Ejecutivo tenga la
obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo de cara a la
audiencia pública del 16 de septiembre. Las entidades manifestaron que eso entraría en
contradicción con el fallo de la Corte y deslizaron que podrían pedir la nulidad de la
audiencia. “Hagan juicio si quieren”, los apuró Aranguren, quien volvió a mostrar la
información del nuevo cuadro tarifario que supone una suba promedio del 200 por ciento
para hogares que mantienen su nivel de consumo y un esquema de quita semestral de
subsidios hasta octubre de 2019. Este hombre, que jamás debió haber asumido en el cargo
pues por sus antecedentes viola la ley de ética pública, no quiere informar porque quiere
esconder. Y quiere esconder porque quiere mentir. Y quiere mentir porque quiere confiscar
a la población. La mentira, para los neoliberales, es una necesidad vital, nunca patología
personal.

Pensar distinto no es delito. Pero las políticas neoliberales siempre lo rozan cuando no lo
conforman. Son las ideas, cuando pasan a los hechos, las que nos obligan a denunciarlos
como lo que son: autoritarios, excluyentes, confiscadores, mentirosos y precarizadores.
Sobre este último punto, un informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la
Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES) reveló que la precariedad
laboral "recobró impulso" en el primer semestre del año, por lo cual es necesario un
"cambio de la legislación del trabajo a favor del empleo sustentable". Según ese trabajo,
"existen múltiples indicadores que denotan la carencia de sustentabilidad en la forma de
contratación de personal. El más difundido es el vinculado con el empleo informal, que en
el caso de los asalariados encontró un piso duro de perforar en un tercio de ese mercado".
También se asocia a la precariedad del trabajo "al tipo de relación vinculada con el
cuentapropismo, tanto de autónomos como de monotributistas, como una forma de elusión
del impuesto al empleo en relación de dependencia", añadió el informe. "Pero otro
indicador relevante viene dado por el tiempo y la relación de la contratación", añadió. La
casa de estudios resaltó además que "el pico de la proporción de ocupados por tiempo
indefinido se anotó en el peor momento de la depresión económica de 2002, con un nivel
superior al 96% del total". "Desde ese momento se asistió a una singular devaluación del
mercado, que coincidió con la etapa de mayor aumento de la actividad económica, al punto
que el índice de personal con duración indeterminada descendió a 92,8% en el tercer
trimestre de 2008", recordó. Y sostuvo que "desde ese momento, y pese a que el ritmo de
incremento de la generación de riqueza empezó a debilitarse, volvió a repuntar el indicador
de estabilidad laboral, hasta tocar nuevamente el umbral de poco más de 96% cuatro años
después". ¿Son sólo diferencias de opinión? ¿Son simplemente pareceres disímiles, las
miradas contrapuestas sobre lo que debe ser, por ejemplo, una política pública para la
salud? Dos detallados informes revelan la grave crisis por la falta de medicamentos para las
personas portadoras del HIV y para quienes tienen Sida. Ambos documentos fueron
elaborados por la Fundación Grupo Efecto Positivo, dedicada a observar las políticas de
salud sobre el virus y generar la inclusión de quienes sufren esta enfermedad. "Un dato de
gran importancia a observar es que tanto en los informes sobre compras públicas recibidos
a junio del año 2016 como en el SISA no se registran compras realizadas durante el año
2016". Y, en ese sentido, remarca que "esto significa que desde que se realizó el cambio de
gestión, no se han comprado medicamentos antirretrovirales, en cambio, como se explica
en el siguiente apartado, se está disponiendo de la reserva existente por las compras
realizadas en años anteriores". Esta semana se dio a conocer que, pese al pedido de catorce
organizaciones de continuar con la misma política y gestión sobre el Plan Nacional sobre el
Sida del Ministerio de Salud, renunció el director Carlos Falistocco, quien estaba desde
2011 como titular de esa área. Tras la noticia, la Fundación GEP denunció aprietes de
multinacionales de EE.UU. para sacarlo del cargo. Volviendo al inicio: esta discusión
sobre los medicamentos, como en otros tantos campos de la política y la economía en
general, ¿debe reducirse a meros puntos de vista? ¿Qué diálogo puede entablarse con una
fuerza política que ataca a la educación y a la salud pública desfinanciándola, eliminando
prestaciones, y promoviendo los nichos de negocios para corporaciones privadas? ¿No
estaremos avalando, bajo el paraguas de la convivencia “sana” de posturas diferentes,
iniciativas criminales montadas desde una ideología que lo único que hace es disfrazar sus
propósitos para imponerlas legalmente?

10/09/16: La gerencia neoliberal cumple nueve meses al frente del Estado ex Nacional y
sólo ha parido calamidades para toda la ciudadanía de a pie. La catástrofe económica a la
que nos conduce el “mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre la marcha”, ya no tiene
comparación con ningún otro proceso histórico en Argentina. La rapidez y la brusquedad
con que ha destruido empleo, salarios, empresas y actividad económica son asombrosas y
escalofriantes. El último informe de la consultora Tendencias Económicas aporta datos
alarmantes. En agosto siguieron aumentando los despidos y, sobre todo, las suspensiones.
Los primeros ascendieron a 4105, con una suba del 3,3 por ciento interanual, mientras que
las suspensiones se catapultaron a 22.527, un 69 por ciento más que en igual mes de 2015.
Estas últimas se dieron principalmente en los sectores de la siderurgia, textil, artículos para
el hogar, automotor, alimentos, plástico, petróleo y metalurgia. La situación de
inestabilidad que atraviesan esos trabajadores preanuncia una segunda ola de despidos y de
aumento de la tasa de desocupación si la economía no repunta a corto plazo. Entre esos
empleos privados y los más de 10 mil del sector público que el ministro de Despidos
Andrés I-barra confirmó que se cortarán desde diciembre por la no renovación de contratos,
la crisis de la ocupación, y por ende del consumo y la producción, amenaza con extenderse.
“Estamos entrando en una etapa crítica, en la que el desempleo se espiraliza y alcanza a
trabajadores de mayor calificación, en especial en la industria. El Gobierno dice que
recompondrá actividad con endeudamiento y el blanqueo, pero como la baja de la
recaudación es tan fuerte, de más de 20 puntos en términos reales, solo le está alcanzando
para tapar el bache fiscal”, evalúa Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central. Pero Mau
y sus pandilleros no tienen planeado repensar ni el rumbo emprendido ni ninguna de las
medidas tomadas que lo orientan. Al contrario: se auto elogian con un cinismo que
desborda lo soportable. El presidente offshore, que ya se desdijo de haber prometido
mejoras para el segundo semestre, ahora se ufana de la “caída dramática” de la inflación,
“que era el verdadero objetivo de fondo”. Habría que quemar todos los libros si la inflación
se mantuviera en el nivel actual del 47,2 por ciento cuando se registran caídas de la
industria del 7,9, de la construcción del 23,1 y de las ventas minoristas del 8,1 a lo largo de
siete meses consecutivos, con una desocupación que en agosto ya escaló a los dos dígitos.
Con semejante recesión, más que calificar a la inflación como un asunto del pasado, como
hizo Alfonso Prat-Gay, la preocupación del equipo económico debería ser por qué rubros
sensibles como los alimentos siguen aumentando a un ritmo del 2 por ciento mensual,
incluso con una apertura importadora que está trayendo naranjas de España, frutillas de
Polonia y pasas de uva de la India. El hombre del corazón artificial se va a tener que volver
a desmentir a sí mismo, porque la inflación va a dar un nuevo salto cuando los criminales
tarifazos se apliquen de lleno e impacten de manera directa en los precios. En un contexto
internacional que, lejos de ayudar, perjudica aún más el panorama interno,
lamentablemente, nos dirigimos hacia una crisis de envergadura sólo comparable con la que
terminó con la otra Alianza neoliberal, la delaruinista, saliendo por helicóptero y dejando
un país devastado en lo económico, descreído políticamente, disgregado socialmente y con
más de 30 muertos en Plaza de Mayo.
Las calamidades que en nueve meses ha multiplicado el gobierno ni nacional ni popular en
todo el país, incluyen el avasallamiento institucional y la persecución a opositores. Presos
políticos, causas armadas, jueces oficiando de brazos ejecutores del Ejecutivo, aprietes a
magistrados y periodistas, violaciones de leyes a través de decretos de necedad e indecencia
(refrendados por el opoficialismo) forman el coctel venenoso que la gerencia neoliberal nos
da de beber todos los días, utilizando a la prensa canalla como mozos y maîtres para
servirnos, tratando de hacer creer que las iniciativas mencionadas son cruzadas liberadoras
contra problemas y conflictos “heredados”. Sin embargo, cada día les cuesta más convencer
y justificar sus abominables propósitos y sus consecuencias. Para colmo los conflictos hacia
el interior de su fuerza se reproducen y agravan. Un ejemplo es la pelea descarnada por
ocupar la Aduana y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) entre el eyectado ex titular de
ese organismo, Juan José Gómez Centurión y la Ministra de Inseguridad Patricia Bolsrich.
A primera vista se diría que una pelea por la Aduana y la AFI debería darse casi en silencio,
con misiles volando de un lugar a otro, pero sin estruendo. Sin embargo, en las últimas 24
horas los dos bandos se tiraron con cartuchos de dinamita, sin ningún disimulo. Es una
batalla salvaje dentro del gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore, con todos los
focos iluminando la escena. El puntapié inicial lo dio Gómez Centurión. El jueves se
presentó en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría y denunció la existencia de 10
barriles con un total de 250 kilos de pseudo efedrina. El precursor estaba en un depósito
aduanero, TCA, y Gómez Centurión recurrió al viejo truco del sobre con un anónimo. Tras
la notificación a la justicia allanaron el lugar y encontraron la pseudoefedrina. Se trata de
una sustancia muy similar a la efedrina y que también sirve como precursor. La cantidad de
250 kilos no es muy significativa. Toda la presentación de Gómez Centurión para mostrarse
como un justiciero es, de hecho, un cuestionamiento hacia Patricia Bolsrich, ya que la
ministra fue la que le presentó a Macri el anónimo –otra vez un anónimo– con el cual se
acusó a Gómez Centurión de pedir coimas y hacer negocios oscuros. El cartucho de
dinamita con el que le tiraron a Bolsrich es que la acusación fue armada por servicios de
inteligencia, incluyendo al ex jefe de espías Jaime Stiuso, porque Gómez Centurión les
había cortado sus andanzas en la Aduana. Lo único cierto es que estas peleas revelan que
los enfrentamientos no son por “sanear” ni mejorar institución alguna, sino luchas de poder
por ocupar espacios para hacer negocios y asegurar impunidades.

La farsa que prepara el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore para el próximo
16 de septiembre, momento que se hagan las audiencias públicas por el aumento de las
tarifas del gas, sigue provocando dudas y discusiones acaloradas. El Centro de Estudios
para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que impulsó el amparo inicial
que terminó en la anulación del tarifazo del gas, presentará este lunes una impugnación
judicial en La Plata con el apoyo de otras entidades. En cambio, Consumidores Libres, que
dirige Héctor Polino, decidió enfocarse en denunciar las irregularidades durante la
audiencia y en todo caso pedir a la Justicia su nulidad si el Gobierno no toma en
consideración lo discutido. Más allá de las distintas tácticas, la evaluación de parte de las
entidades es la misma: el Ministerio de Energía no está cumpliendo con el fallo de la Corte
que exige brindar información sobre cómo se forma el precio del gas en boca de pozo. Más
allá de todo, lo concreto es que den o no los datos y la información requerida, la gerencia
neoliberal hará caso omiso a toda crítica u observación que se plantee en las audiencias y
seguirá adelante con su plan confiscatorio. La población movilizada y las presentaciones
judiciales acompañando, y no a la inversa, podrán poner palos a las ruedas con que Mau y
sus pandilleros pisan las leyes y las instituciones.

11/06/16: La verdadera “pesada herencia” la padecerá el gobierno que suceda a la banda de

gerenciadores que tomó por asalto el Estado ex Nacional y varios Estados provinciales.
Estos supuestos “técnicos” que trabajan en equipo y se vendieron como expertos, no paran
de generar y propiciar estropicios y desfalcos por donde uno ponga el ojo. Los siniestros
“vende humo” combinan, atolondrada y desprolijamente, el saqueo legalizado del tesoro
público con el deficiente manejo de sus consecuencias; lo que da lugar a todo tipo de
aventuradas improvisaciones que lo único que provocan son más desaguisados y entuertos
financieros de difícil o imposible salida. Un buen ejemplo de esto lo da Alfredo Zaiat, en
Página/12 de hoy, cuando señala los escandalosos malabares que están experimentando con
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema de jubilaciones. A través de éste se
entregaron unos 6000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires hace diez días. Ese
préstamo forma parte de un paquete global de 24.771 millones de pesos a las provincias que
saldrá de esa caja en este año. Esa suma es sólo por la ventanilla abierta en el pacto entre la
Nación y las provincias por la devolución en cuotas del 15 por ciento de la masa
coparticipable que iba a financiar las jubilaciones. Pero esos montos millonarios no son los
únicos que el FGS de la Anses está destinando a auxiliar las finanzas provinciales. También
está suscribiendo casi todos los meses papeles de deuda de corto plazo de provincias. Hasta
agosto de este año había acumulado 5981 millones de pesos de esos documentos. La caja de
respaldo del sistema previsional público y de reparto se ha convertido de ese modo en un
canal alternativo de salvataje de las cuentas provinciales con un total de más de 30 mil
millones de pesos hasta el momento. El propio descalabro fiscal que la Nación está
financiando con un vertiginoso endeudamiento externo e interno, en dólares y en pesos,
tiene su correlato así en las provincias. Varias de ellas también salieron al mercado
internacional para conseguir fondos, reuniendo casi 6000 millones de dólares hasta ahora.
Pero esa inmensa masa de dinero no es suficiente para cubrir los crecientes desequilibrios
de las cuentas públicas. Desequilibrios que no están originados en inversiones en
infraestructura o para la producción, sino para hacer frente a gastos corrientes, como
salarios. Esto demuestra que la derecha es mucho más dañina y peligrosa de lo que uno
suponía: no sólo está vaciada de cuadros políticos sino que también, según se refleja en
estos 9 meses de pesadilla neoliberal en el gobierno, de cuadros técnicos; que tienen clara
su tarea expoliadora pero carecen de muy poca ortodoxia para hacerlo prolijamente. No
sólo se notan las marcas roñosas de la mano (no) invisible del mercado por donde ellas
pasan, sino que además sus malas praxis están generando demasiados daños colaterales; lo
que también los va a empezar a afectar a ellos y al “normal” desarrollo de sus negocios.

La “falta de rentabilidad” para los prestadores de servicios públicos y la necesidad de

“normalización” de precios y tarifas, es el argumento central que esgrimieron Mau y sus
pandilleros para impulsar el mega tarifazo, única vía para evitar “una catástrofe” para el
año próximo si no se corregían urgentemente las retribuciones a las concesionarias. Sin
embargo, un exhaustivo estudio realizado por expertos a pedido del diario Página/12 sobre
los balances de las empresas concesionarias del sector gasífero, deja en claro aspectos que
desarticulan la argumentación oficial. Y explican, en buena medida, por qué el gobierno se
resiste a abrir la información sobre los costos de producción, transporte y distribución del
gas. Bajo la modalidad de los contratos de asistencia técnica con los propios accionistas de
las concesionarias, se giró utilidades al exterior por miles de millones de dólares, mientras
los balances que se presentaban en el país declaraban quebrantos. Se justificó, así, la
“imposibilidad” de invertir y el reclamo de mayores tarifas o transferencias del Estado. Y
ahora, para el gobierno, como argumento para sostener el tarifazo. Sólo en el caso de las
dos transportistas de gas, TGN y TGS, se comprueban pagos por supuestos honorarios de
asistencia técnica a sus propios accionistas por 63,2 millones de dólares en el primer caso, y
225,1 millones de dólares en el segundo, entre los años 1998 y 2015. De los primeros años
de la concesión, de 1992 a 1997, no se pudo verificar la información, porque las
concesionarias no estaban aún obligadas a presentar balance a la Bolsa de Comercio, pero
se supone que es el período en el que las empresas obtuvieron su mejor resultado. Los
especialistas estiman que las transferencias por el mismo mecanismo podrían haber TGN y
135 millones en el caso de TGS, sumando en los 24 años de concesión más de 460 millones
de dólares entre ambas empresas. En los balances, dichas salidas figuraron como “gastos
operativos” deducibles de impuestos, y no como remisión de utilidades a las casas matrices
de los accionistas. Una forma de eludir el pago de impuestos, pero, además, justificar la no
realización de inversiones. Por algo Aranguren insistió en ocultar cuáles son los costos de
producción del gas en boca de pozo, que constituye el 70 por ciento de la tarifa final, a
pesar que el fallo de la Corte Suprema de las Corporaciones lo obliga a hacerlo. Ante los
organismos de defensa al consumidor el ministro de Shell en Energía afirmó que no
entregará información sobre los costos de la producción, transporte y distribución de gas
antes de la Audiencia Pública del viernes 16, ni considera que tenga obligación de hacerlo.
La estafa, que comenzó intentando un tarifazo criminal del 1.000 % para sucesivamente
bajarlo al 500, luego al 400 y ahora al 203 %, el “mejor equipo n 50 años” que “aprende
sobre la marcha” lo presentó como muestra de flexibilidad y capacidad de diálogo cuando,
en realidad, fue un retroceso obligado por la resistencia popular y los fallos judiciales. El
nuevo disfraz consiste en un gradualismo brutal que contempla un nuevo aumento el mes
próximo para los tramos de transporte y distribución y sucesivos ajustes semestrales del
precio en boca de pozo, que lo llevarán de 1,29 dólares el millón de BTU ahora a 6,78
dólares a fines de 2019. Lo concreto es que cuando alguien esconde información que
debería ser pública es porque se está pergeñando un engaño, propiciando una trampa y
facilitando una estafa; tres modalidades que el gobierno ni nacional ni popular, como la
prensa canalla que lo protege y sostiene, tienen como una constante en cada una de sus
iniciativas. A esta tríada la cobija la mentira, que es la fuente de energía, el insumo
ineludible para alimentar toda la maquinaria expoliadora con la que la gerencia neoliberal
avasalla y confisca el erario público, las instituciones y los bolsillos de los trabajadores.

Las andanzas del siniestro personaje que representa el oficial Hernán Lonardi parecen no
tener fin. Este malo para todo, que ya circuló como secretario de cultura, vocal de
fundaciones truchas ahora investigadas, tesorero de candidatos en campaña, y ahora como
ministro de medios públicos, siendo sólo “ingeniero”, no cesa en su propósitos censores y
persecutores contra periodistas y medios no afines a las aberrantes iniciativas neoliberales,
como tampoco en su apuesta embrutecedora para la población a través de la programación
de la TV pública, cuya mejor propuesta de ficción la ofrecen sus noticieros. Ahora este
mitómano consumado, entregó una licencia de la Televisión Digital Abierta (TDA) para
ArgenTV, una señal que se dedica "enfocada al humor y lo popular" que desde el jueves
pasado ya está al aire. Entre sus frívolas figuras sobresalen consagrados como Marcelo
"Teto" Medina y Pablo Cabaleiro, conocido como "El Mago sin dientes", un personaje que
suele aparecer en los actos macristas que el PRO organiza en Bosta Salguero. ArgenTV es
dirigida por Roberto Valerstein y está en el canal 29 de la grilla de TDA. Según el blog
Señales, ArgenTV transmite desde sus estudios en el Hotel Las Naciones, ubicado en la
intersección de Corrientes y Esmeralda. En junio, el Gobierno resolvió quitar del aire en
TDA a las señalas Telesur y Russia Today, dos señales dedicadas a la información de
política internacional y con una mirada corrida de los parámetros neoliberales, dos
características que la policía lombarda amputó a Canal 7, para quien tiene otros pérfidos
planes, como trasladar sus instalaciones a Tecnópolis para hacer un fenomenal negocio
inmobiliario. De eso sí Lonardi sabe mucho.

12/09/16: La decisión oficial de autorizar a SES a brindar servicios en el país con el

satélite holandés NSS-806 en la posición orbital 47.5, a la francesa Eutelsat a operar con el
satélite Eutelsat 113 WA y a la estadounidense DirecTV a comercializar banda ancha
directa al hogar en banda Ka con Spaceway 2, son indicios de una incipiente desregulación
de los cielos que pone en jaque a la estatal Arsat. En el Ministerio de Comunicaciones
además están a la firma las autorizaciones de los satélites Eutelsat 115 WA, Eutelsat 117
WA y Amazonas 3 de Hispasat, un modelo lanzado en febrero de 2013 que también
permite brindar banda ancha directo al hogar en banda Ka. Son varios los funcionarios que
presionan para avanzar en esa dirección e incluso en las últimas semanas comenzó a
circular por los despachos oficiales un informe de la española Hispasat, donde se detalla el
pliego de condiciones que buscan imponer las multinacionales satelitales de origen
extranjero. El documento, titulado “Impacto de un enfoque de cielos abiertos en la
competitividad del mercado de las telecomunicaciones y la inclusión digital”, condensa el
intenso lobby que las firmas satelitales privadas están realizando sobre Mau y sus
pandilleros. Las condiciones exigidas consisten en asegurar la prestación de servicios a
compañías extranjeras y en aquellos lugares que sean rentables, evitar controles y
regulaciones para la utilización del recurso órbita/espectro y evitar restricciones a la
propiedad extranjera. Así se prepara la gerencia neoliberal para seguir entregando
soberanía, recursos públicos y colectivos y beneficios directos, para una mejor calidad de
vida a toda la ciudadanía sin distinciones ni propósitos excluyentes, a las corporaciones que
han tomado al Estado por asalto para consolidar y perpetuar su andar voraz y confiscatorio.

El Ministerio de Inseguridad, que encabeza Patricia Bolsrich, es una vergüenza nacional.

Sus desaguisados se suceden sin solución de continuidad y pareciera que nadie lo obliga a
rendir cuentas de los despropósitos que acumula con cada una de sus intervenciones. Su
secretario, Eugenio Burzaco, sostuvo que detectaron “argentinos entrenados por ISIS” y
sugirió la posibilidad de que existan en el país “células dormidas” del fundamentalismo
islámico. Horas más tarde, emitió un comunicado donde se desdijo: aclaró que descarta la
presencia de estos grupos terroristas en la Argentina. Fue el segundo papelón en la cartera
de Seguridad en poco tiempo, luego de que la siempre envalentomada ministra asegurara
que habían detenido a un terrorista en la triple frontera que luego resultó ser un delincuente
común. La por ahora errática maniobra consiste en instalar la idea de que hay grupos
terroristas que podrían actuar en el país, lo que les daría la excusa perfecta para habilitar la
posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad interior. En una
reciente entrevista, el presidente offshore dijo que lo harían “dentro de la ley”, pese a que
las leyes de Seguridad Interior y Defensa expresamente lo prohíben. Pero como ellos están
para violarlas, cuentan con un Parlamento “responsable con la gobernabilidad”, y un poder
judicial cómplice que administra “Justicia” colocándose por fuera de ella, puede ser posible
que logren reeditar viejos escenarios que, como tantos otros, creíamos superados; para
deleite de los neonazis que pasean por los despachos oficiales, los carapintadas que desfilan
orgullosos de su pasado en fiestas patrias, y la derecha reaccionaria en general, que sólo
muestra signos de sensibilidad para pedir prisión domiciliaria para viejitos genocidas con
falsos partes de enfermo.

El mercenario grupo de periodistas que reclamaba, al grito de “queremos preguntar”,

conferencias de prensa al gobierno anterior para luego no concurrir a ellas, tendrá la
oportunidad de repetir su pedido ciudadano al gobierno ni nacional ni popular que los
representa en estilo, formas y objetivos. El presidente blindado y su pandilla de CEOs
ministeriales, encabezarán esta semana las reuniones del Foro de Inversión y Negocios que
busca promocionar oportunidades de inversión en los distintos sectores productivos de
Argentina. El encuentro comenzará hoy y prevé todas las austeridades posibles. Habrá un
encuentro de gala en el teatro Colón y debates en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que
es “inseguro” para el disfrute gratuito de la ciudadanía, pero acogedor para la runfla
neoliberal ávida de negocios. Allí asistirán gobernadores, legisladores, líderes de empresas
argentinas y extranjeras, representantes de Estados y de bancos de inversión, todos
mancomunados para consolidar el Estado de Malestar neoliberal y un buen clima de
negocios que facilite la reinserción de Argentina en el mundo. El mal imitador de Freddie
Mercuri destacó orgulloso ayer que “es la primera vez que se realiza en el país un evento de
estas características”, mientras se relamían los benefactores representantes de empresas tan
respetadas como Coca Cola, British Petroleum y el JP Morgan, entre otras. La cuestión es
que el Foro confiscador aún no comenzó pero ya desató polémica por las advertencias que
le realizó a la prensa en torno a su comportamiento y vestimenta, además de cambios en el
recorrido de una línea de subtes y complicaciones para el tránsito, por los que TN
seguramente protestará airadamente. En un instructivo difundido por la organización, se
indicó que "el idioma oficial del evento será el inglés”, cosa de hacer sentir a los invitados
como en casa, pero en un apartado señala que cuando se detecte que un periodista "se
comporta de manera agresiva o injustificadamente intrusiva hacia los participantes, tendrá
su acreditación anulada inmediatamente, debiendo abandonar el edificio". ¿Algunos de los
presentes posee cuentas offshore no declaradas? ¿Aseguran la competencia sin mercados
cautivos? ¿Prevén no girar las utilidades conseguidas a sus casas matrices o a paraísos
fiscales? ¿Se proponen un aporte patriótico para reactivar una Economía al borde de la
depresión irreversible? ¿Descuentan el respeto de los convenios colectivos de los
trabajadores y un salario acorde a sus necesidades integrales? Estas, entre otras, son las
preguntas que la prensa asistente deberá evitar para no perturbar la delicada sensibilidad
que portan los delegados de los capitales de “riesgo”, siempre atentos a que el clima de
confianza que necesitan se traduzca en oportunidades para todos y todas. Salvo que la
prensa hegemónica, con Lanata y Leuco a la cabeza, cometan el “error” de ejercer un
periodismo ético, profesional e inquisitivo con los poderes dominantes. Pero eso no pasará:
la salud de las instituciones reclama prudencia y renunciamiento. Allí sólo se impone el
respeto y la admiración por el Dios Mercado.
La batalla contra los tarifazos criminales, con que la banda neoliberal encabezada por el
hombre del corazón artificial quiere ajusticiar a la población, tendrá un duro desafío el
próximo 16 de septiembre: lograr sortear todas las emboscadas con las que la gerencia
neoliberal, buscará impedir que la estafa planificada quede al descubierto. A la cita, el
brazo ejecutor de las corporaciones, presentará su propuesta de aumento que contempla que
1 de cada 4 usuarios pague una factura de cuatro cifras cada mes durante el invierno, la
época más crítica de la demanda. Los números serán peores para los clientes en el próximo
invierno, ya que el plan del ministerio de Energía incluye dos incrementos semestrales
hasta 2019, en los meses de abril y octubre. Es decir, que en el invierno del 2017 las tarifas
conllevarían no uno, sino dos aumentos en relación al cuadro tarifario actual, tras el fallo de
la Corte Suprema de las Corporaciones. Según los cálculos que hicieron los cuadros
técnicos de Aranguren, el 37% de los usuarios residenciales pagarían, en promedio durante
los meses de julio y agosto, un promedio de hasta 250 pesos por mes de tarifa final, con
impuestos incluidos. Si con este tipo de medidas, y de otras de la misma calaña, el año que
viene salen airosos en las elecciones legislativas, la culpa ya no será sólo de ellos ni del
opoficialismo que les oficia de garantes para cuidar que sus abyectas iniciativas no afecten
la “gobernabilidad” tan temida.

El inédito ataque que sufrió que sufrió el juez Rafecas, a través de una solicitada firmada
por la prensa canalla y personalidades políticas de la más baja estofa, no fue el único
dirigido a las instituciones en general y al reducido grupo de jueces que conservan algo de
dignidad en la cueva de Alí Babá, sucursal Comodoro Py. También están los perpetrados
por la Corte Suprema de las Corporaciones. Primero al negarse a hacer públicas sus
sospechosos patrimonios públicos a pesar que su presidente, Romeo Lorenzetti, no se cansa
de clamar por la transparencia y la ética republicana. En este sentido el nuevo miembro y
ex abogado del Grupo Clarín, Carlos Rosenkrantz, se jactó de señalar la existencia de más
de cien tipos de obstáculos para entorpecer el acceso público a las declaraciones juradas de
los cortesanos. No más grave fue la agresión canalla y machista, no refrendada por la única
mujer del quinteto del Horror, contra la jueza Martina Forns, pronunciada en el fallo que
levantó el amparo contra el criminal tarifazo ilegal de la luz. “La jueza Forns proponía
acumular dos expedientes, la Corte rechazó el planteo. Nada que observar hasta ahí,
opiniones más o menos. La brutalidad fincó en los argumentos (“considerandos” en jerga),
una agresión acaso jamás vista contra una jueza. La acusaron de estar “comprometiendo el
prestigio del Poder Judicial” con su manejo del expediente… Los Supremos varones
dijeron que eso ponía en vilo a la opinión pública como si ésta pudiera desentrañar el
galimatías de los “n” expedientes sobre los tarifazos”, señala acertadamente Mario
Wanfield en Página/12 de ayer. Así están las instituciones de la república: avasalladas por
los propios “comandantes” del poder judicial, que, tratando de “surfear” para no quedar
expuestos como lo que son, la garantía de última instancia de las corporaciones, sólo
confirman que cuidando los privilegios de éstas, defienden sus propias prerrogativas
abusivas.

13/09/16: Se consignaba ayer que los organizadores del evento “Mini Davos”, que auspicia
la gerencia neoliberal argentina que tomó por asalto al Estado, advirtieron a través de un
comunicado que expulsarían del lugar a aquellos periodistas que hagan incomodar con sus
preguntas a los participantes. Observando los antecedentes de Ricahrd Attias, el empresario
que organiza esta convención, entenderemos el por qué. Attias es un empresario marroquí
que comparte el privilegio de figurar, como nuestro presidente blindado y sus amigos
cardenales, en los listados de los Panamá Papers, gracias a su empresa “The Experience by
Richard Attias”, radicada en las Islas Vírgenes Británicas. El 20 de enero de 2010 esta
empresa fue anotada allí a través de las gestiones del estudio especializado Mossack
Fonseca, desde donde provinieron las filtraciones masivas de datos. Attias figura como uno
de los cinco accionistas de “The Experience” junto a Blossom Holding (Reino Unido), FAS
Saudi Holding Company y MAAD Investments (Arabia Saudita) y Aleph Capital Holdings
(Islas Caimán). La firma de Attias fue desactivada en noviembre de 2014 pero motivó
cuestionamientos de la prensa francesa. El diario Le Monde fue el que reveló su
participación en los Panamá Papers. “¿Por qué tantos europeos, y hay nombres muy
conocidos involucrados, se sienten tentados de poner su dinero en Panamá? No debemos
demonizarlos. Los impuestos son sofocantes, no pueden hacer negocios, no pueden
invertir”, se explayó Attias con un descaro sólo superable por su máximo anfitrión
argentino. El evasor marroquí cuenta además con la firma Newco, radicada en el estado de
Delaware, el paraíso fiscal que está en terreno norteamericano. Con estas declaraciones va
quedando claro la calaña de la que están hechos estos personajes que no por casualidad
aterrizan ahora en Argentina.

Una oficina anti corrupción, comandada por una fanática macrista como Laura Alonso, que
ocupa ese sitio luego de haber violado sus normas reglamentarias, es más que un chiste de
mal gusto. Es una afrenta a toda la institucionalidad de la república. La situación se hace
aún más escandalosa por la gestión vergonzosa que está llevando a cabo. Sus apariciones
públicas son elocuentes a la hora de quedar expuesto el grado de complicidad que la
funcionaria mantiene con aquellos a los que debería investigar y sancionar ejemplarmente.
Ahora, otra vez, vuelve a dar consejos útiles a los CEOs con cargos ministeriales, que
integran su gobierno, para que no queden desnudos ante la opinión pública por los
conflictos de intereses que existen entre el cargo que ocupan y las tenencias personales que
detentan. Ayer declaró que Aranguren, el ministro de Shell en Energía, no incurre en
incompatibilidad para el ejercicio de su función, pero recomendó al ex CEO, y actual
accionista de dicha compañía, que se desprenda de sus acciones. Debe “adoptar alguna
medida patrimonial como la constitución de un fideicomiso ciego de administración y
disposición de esos bienes”, dijo la otrora consejera del ex fiscal Nisman. “Tendrá que
hacerle caso a la OA o dejar de actuar”, sumó el presidente provisional del Senado,
Federico Pinedo, alias “el breve”, aunque consideró que las acciones que Aranguren posee
en la petrolera anglo holandesa son una “cucharita de té en el mar” patrimonial de la
compañía. Con este cinismo desvergonzado actúan los funcionarios neoliberales, mientras
la oposición naufraga entre el silencio condescendiente, la queja de baja intensidad, y la
“responsabilidad republicana” que predica “gobernabilidad”.

La persecución política de Gerardo (in) Morales contra la organización Tupac Amaru en

Jujuy no cesa. Ayer por la tarde, la Brigada de Investigaciones de la policía jujeña irrumpió
en la casa de Graciela López, integrante de la Red de Organizaciones Sociales y dirigente
cercana a Milagro Sala, la golpearon, la apuntaron con un arma y la llevaron detenida. “Me
pegaron en la cabeza, me pusieron el rifle en el cuello. Pensé que me iban a matar. Me
llevaron el único dinero que tenía, de mi sueldo, con ticket del banco. Era el primer sueldo
que cobro desde octubre del año pasado. Ya no sé qué quieren hacer conmigo”, contó
desesperada López, que el viernes pasado denunció la situación de persecución política en
Jujuy ante una comisión de diputados nacionales, provinciales y diversos organismos que
viajaron hasta la provincia para tomar conocimiento de las violaciones a los derechos
humanos. Como ocurre a nivel nacional, esta arremetida contra opositores tiene varias
motivaciones. Por un lado, enlodar a todo lo que esté emparentado con la gestión
kirchnerista, procurando el desprestigio de esta fuerza política y acumular méritos
“republicanos” en su falaz cruzada contra la corrupción que sólo ellos agravan y
profundizan. Por otro, está el revanchismo que encarnan estos personeros del odio y la
difamación pública, luego de 12 años de permanecer corridos de los escenarios de poder
masticando rabia y frustraciones individuales. Pero, principalmente, está la necesidad
distractiva que necesitan alimentar todos los días para esconder, cuando no disimular, las
calamidades sociales y económicas con las que han regado a todo el país. Es, además, su
única apuesta electoral: remar con la “herencia recibida” y los sacrificios necesarios para el
goce futuro, y disfrazarse de nobles depuradores de la podredumbre institucional en la que,
según ellos, el país se encuentra sumergido. No tienen otra cosa. No hay logros, ni buenas
noticias, ni presente alentador que genere esperanza, deseos o sueños con un mejor
porvenir. La estrategia es poco novedosa, pero su grado de saña y avasallamiento contra
toda legalidad la hacen sorprendente y peligrosa.

El desguace del Estado para achicar gastos y generar negocios para amigos y
corporaciones, es uno de los ejes centrales de las políticas públicas que regentean los CEOs
y evasores con cuentas offshore del gobierno ni nacional ni popular. Y los trenes no son la
excepción. Existen en total 104 pueblos y ciudades, que representan más de 670 mil
habitantes, que ya no cuentan con el servicio ferroviario. Sin contar las más de 50
localidades, entre ellas Mar del Plata, que lo perdieron en agosto de 2015, cuando las
inundaciones afectaron el puente sobre el río Salado, que se arregló, aunque el ferrocarril
nunca volvió. O las que recibían tres formaciones diarias y hoy sólo una, como Bahía
Blanca. O las que sufren la demora en las obras de electrificación, como La Plata. Para la
restauración de ninguno de los servicios caídos hay fecha prevista. Y los que podían
resurgir no lo harán. A los miembros de la Junta Vecinal por la Reactivación del Ramal La
Plata-Brandsen, Álvaro Quiroga, director de Asuntos Públicos del Ministerio de
Transporte, lo justificó apelando a los números que no cierran en sus apócrifas planillas de
Excel: “habría que evaluar si vale la pena que el Estado lo opere; si nos lanzamos a abrir
ferrocarriles en todos lados, el sistema no es sustentable”. Este martes Dietrich confirmó
que por ahora no sólo no hay fechas, tampoco hay planes de devolver los trenes parados a
la vida, aunque la cartera a su cargo anunció que ya se licitaron 31.600 millones en obras y
que habrá nuevos llamados por otros 34 mil. Mientras pergeñan un nuevo desfalco al erario
público ya no habrá trenes, pero sí un país en las vías.

14/09/16: No fue la falta de ética, ni el peso de la incompatibilidad o el conflicto de

intereses lo que pesó en la decisión que adoptó ayer el gobierno ni nacional ni popular, al
“obligar” a Juan José Aranguren a que se desprendiera de sus acciones en Royal Dutch
Shell, y el presidente offshore lo hiciera público. Fue la necesidad de “dar una señal”, como
dijo el propio Macri, de sacarse de encima el peso de un cuestionamiento que iba
acorralando al titular de la cartera de Energía justo en la semana en que el tarifazo gasífero
debe pasar por una Audiencia Pública cargada de expectativas. Que “la señal” fue sólo eso,
y no el resultado de una reflexión y un cambio de criterio del gobierno de Cambiemos sobre
la cosa pública, lo demuestra el hecho de que bajo la órbita de Aranguren seguirán
trabajando al menos media docena más de funcionarios de primera o segunda línea que
mantienen el mismo nivel de conflicto de intereses que su jefe: tienen participaciones
accionarias en empresas a las cuales deberían controlar y en las que, además, algunos de
ellos han participado en cargos ejecutivos de primer nivel. Es el caso de Marcos Porteau,
secretario de Exploración y Producción, que posee acciones de la ya mencionada firma
Total, precisamente dedicada a la exploración y producción de gas. El valor de esos activos
asciende a 241 mil pesos, según su declaración patrimonial. Además, desempeñó cargos
jerárquicos en la petrolera francesa. Otro es Sebastián Kin, secretario de Energías
Renovables que, según su declaración jurada, cuenta en su patrimonio con acciones de dos
empresas que actúan en el área que tiene a cargo: Partic Aires Renewables SA (ingeniería
en energías renovables) y Participac Byknar SA de Uruguay. El ministerio ya anunció la
licitación para la contratación de proyectos de energías renovables, y no se descarta que las
empresas a las que se encuentra ligado Kind sean de la partida. Con participaciones
menores, aunque siempre vinculadas al área energética, figuran otros secretarios y
subsecretarios en la órbita de Aranguren: Andrea Heins (subsecretaria de Ahorro y
Eficiencia Energética), con acciones de Energy Performance (empresas de soluciones
integrales en eficiencia energética); Jorge Marcolini (subsecretario de Energía
Hidroeléctrica), con títulos de Central Puerto SA (operadora de centrales térmicas e
hidroeléctricas, como Piedra del Aguila). Este funcionario acredita además acciones en dos
empresas que participan en construcciones de obras hidroeléctricas: IATA SA (657 mil
pesos) y TM Servicios Profesionales SA (38.918 pesos). Es, además, socio de la
inmobiliaria Añelo 30-2015, radicada en el pueblo homónimo de la provincia de Neuquén
en el que se está desarrollando toda la infraestructura de viviendas y servicios para quienes
trabajen en el yacimiento Vaca Muerta. Otro funcionario de la cartera de Energía que
poseen títulos de empresas del sector es el subsecretario de Infraestructura Energética,
Alberto Brusco (93.474 pesos entre acciones de Endesa Costanera, Metrogas, Pampa
Energía, Transener y otras). Según publicó ayer el diario Ámbito Financiero en su portal,
también tendría intereses privados en el sector el subsecretario de Política Minera, Santiago
Dondo, que desde su consultoría y estudio de abogados tiene como clientes a varias
compañías energéticas. De todas formas, la mayor incompatibilidad es la de todo el
gobierno con un democrático funcionamiento de las instituciones, con los derechos
ciudadanos en general, con la decencia de sus políticas públicas, con la verdad a la hora de
los discursos, con la soberanía nacional, con la libertad de expresión, con la inclusión social
y con la independencia económica.

La pornográfica convención de evasores, especuladores financieros y empresarios

corporativos que se reunió ayer en el CCK, debería abochornar a todo aquel que guarde aún
algo de decoro, al menos en las formas para disimular tanto cipayismo y gesto rastrero para
seducir los capitales que, pareciera, vinieron con más paraguas protectores que con su ácida
lluvia de inversiones. El macrismo inauguró ayer su principal acto político desde que
asumió la conducción del Estado ex Nacional, con la presencia de más de 1000 empresarios
mimetizados con el discurso oficial. Dentro de la minoría que de por sí representa el
empresariado, el apoyo al Gobierno proviene de un grupo muy selecto: los conglomerados
locales, las multinacionales radicadas en el país y las firmas extranjeras dedicadas al sector
de infraestructura que están desligadas del mercado interno. Esto un fiel reflejo del nuevo
patrón de acumulación en el país, impulsado por el capital extranjero vinculado a los
sectores del agro, las finanzas y la minería. El evento contó con una pátina de marketing
sobre la “Marca Argentina” y la “vuelta al mundo” del país, a pesar de que la mayor parte
de las empresas participantes están radicadas hace años, y de hecho realizaron inversiones
durante el gobierno anterior. Los asistentes apoyaron las reformas liberales del macrismo,
aunque manifestaron dudas sobre la viabilidad política del proyecto y mostraron especial
interés en vender equipamientos vinculados al sector energético. La exuberante presencia
empresarial contrastó con la pobreza de anuncios de inversión. Apenas ingresó el hombre
del corazón artificial al recinto, arrancó un video promocional del país, con tango
electrónico de fondo y testimonios de trabajadores, maestros de escuela y profesionales,
con nula espontaneidad. En el video se mechan frases como “I am Argentina” y “this is
Argentina” con su traducción “yo soy Argentina” y “somos Argentina”. El final fue a coro:
“¡Abierta al mundo!”. Para no desentonar, el presidente blindado comenzó su breve
discurso, de apenas seis minutos de lugares comunes y frases hechas, en un inglés tan
fluido como su disléxico español. “Espero convencerlos de que están en el tiempo y lugar
perfectos”, señaló en lo que pareció más una burla de mal gusto que una certeza obvia.
Después siguió en castellano y aseguró que “estamos en una etapa de reglas de juego claras,
de sensatez, con un Estado que se moderniza y se acerca a la gente”. El cinismo tuvo su
momento apoteótico cuando el Hood Robin argentino no Nacional señaló que “los
argentinos aprendimos. Hace treinta años elegimos vivir en democracia y ahora sabemos
que para crecer se necesitan políticas de largo plazo. Sufrimos las crisis de 1989 y 2002 y
hace nueve meses estábamos al borde de otra crisis, pero reaccionamos a tiempo y
logramos evitarla”. Y cerró su patética alocución remarcando que “tomamos las medidas
necesarias. Muchas fueron difíciles. Asumimos en un país en recesión y altísima inflación.
La inflación ya la empezamos a someter y vemos los primeros indicios de que la recesión
va quedando a atrás”. Quién se puede creer estas palabras es un enigma que hoy no
podemos saber. De lo que sí podemos estar seguros es que lo único que en realidad han
sometido es a toda la Nación a la ignominia de la mentira hecha moneda corriente, a los
trabajadores y jubilados a la supervivencia, al patrimonio público al saqueo y al
vaciamiento deliberado, y a las instituciones a la arbitrariedad de un proyecto político que
sólo ha regado de calamidades a todos sus habitantes. Con la salvedad de los sectores del
privilegio, que no son los obreros que “abusan de licencias, llegadas tardes y protestas
desmedidas”, como vituperan Mau y sus pandilleros, sino los CEOs ministeriales, los
amigos cardenales del presidente offshore, las corporaciones y el poder judicial dominante,
verdadera garantía sistémica para dar “seguridad jurídica” a la corrupción estructural que va
instalando la Alianza neoliberal en todos los ámbitos institucionales.

Ni con la gente afuera le “cierra”, por ahora, la gestión macrista a los grupos de poder
concentrado. Y no precisamente por la sensibilidad social que no muestran sus políticas
públicas y sus mundanas declaraciones cotidianas. Al contrario: al acorralado Mau lo
apuran por derecha. Por un lado, el empresariado, que acudió al CCK, coincide con la
orientación económica neoliberal, aunque mantiene dudas sobre la sostenibilidad del
programa del macrismo, admitiendo que la situación de sus compañías es peor que el año
pasado. Vale decir: por ahora el odio le gana a la racionalidad, incluso a la de la plusvalía
más básica. Por el otro están los gurkas, esos comentaristas mediáticos que circulan por los
medios hegemónicos con el título de “economista” y que nunca aclaran para quién trabajan,
que creen que el mal imitador de Freddie Mercuri es “moderado”, casi un populista de
buenos modales. Para estos monstruosos neoliberales, el presidente offshore debería
acelerar las “reformas estructurales” con las que sueñan los especuladores financieros y las
corporaciones con mercados cautivos. En el mismo foro, ante un público que no se espanta
fácilmente, pudieron expresar sin culpa ideas como subir la edad jubilatoria para aliviar las
cuentas fiscales, o hacer un ajuste con mayor dureza y no “a medias” como el que
supuestamente instrumentó el macrismo, sin dejar de mostrar nostalgia por las nefastas
políticas de los 90. Para estos economistas, la solución es que el Estado se corra para dejar
actuar al mercado y que abandone el patrón de sustitución de importaciones. “El problema
de la Argentina fue el amor patológico por la sustitución de importaciones y por un Estado
blando. Eso es lo que peor le pasó a la Argentina en los últimos 70 años. La historia
demuestra que hasta que el país no remueva esas dos causas, sólo va a tener recuperaciones
cíclicas”, afirmó el peor de ellos, José Luis Espert. Para esta encantadora muchachada, vale
recordar, “sobran” 2 millones de empleados públicos y siguen pendientes reformas aún más
abominables que las conseguidas y buscadas hasta ahora. En la cabecita enana de estos
siniestros personajes no hay lugar para nada que tenga que ver con un Estado activo,
arbitrando a favor de los más vulnerables. Por el contrario: el Estado fuerte que pregonan es
el represivo, no el que impone condiciones al capital corporativo. Desde sus cómodos
sillones importados dan cátedra de cómo convertir al país en una minúscula factoría abierta
al mundo de la especulación internacional y de los mercados transnacionalizados, sin ni
siquiera ponerse a pensar qué hacer con los millones de personas que quedan excluidas de
sus propuestas confiscatorias y segregacionistas. Lo que no se animan a decir en público es
que no añoran sólo los ´90. A esa década perdida les gustaría reeditarla sumándole la
dictadura procesista, que, defendiendo los mismos intereses, aportaría la “solución final”
para tanta chusma mendigante, tanto sindicalista pedigüeño, y tanto rebelde suelto
apostrofando consignas setentistas. Ojo con subestimar a estos tipos. Hasta hace un año
muchos descansaron en la seguridad de que el enemigo ideal era Macri, porque el 2001
estaba “superado”. Ahora no repitamos el error de creer que el retorno a una dictadura
formal es imposible. Son demasiado abyectos, demasiado inescrupulosos, y lo
suficientemente fascistas para, de ser “necesario”, intentar un retroceso brutal a épocas
regadas de desapariciones, secuestros, persecuciones y muertes sumarísimas. El Dios
Mercado lo puede pedir, y sus fieles seguidores ninguna ofrenda están dispuestos a negarle.

Hasta hace nueve meses la CGT gorda, que lideraba el gremialista Hugo Moyano y su socio
de la garita “Azul y blanca”, el inefable Luis Barrionuevo, hacían paros, movilizaciones y
discursos incendiarios reclamando por el impuesto a las ganancias, que afectaba a menos
del 10 % de los trabajadores. Ahora, en medio del ataque integral hacia la clase obrera, por
parte de la gerencia de CEOs y evasores con cuentas offshore, dilatan sin vergüenza un
miserable paro general, que de poco servirá si no va a estar acompañado por un plan de
lucha que vaya subiendo en escala. No. Ahora los apoltronados sindicalistas dialogan sin
fin. Un día con la iglesia, otro día con legisladores, mañana con empresarios, pasado con
dirigentes sociales. Menos para con sus cargos, la muchachada cegetista se volvió
democrática por arte de magia. La santísima trinidad que los regentea, ahora, planea
reunirse con el presidente del PJ, José Luis Gioja, y más tarde hará lo propio con la
Conferencia Episcopal Argentina. El paro más anunciado de la historia llegará algún día,
mal que les pese, porque a Mau y sus pandilleros no los amilana ningún amague de huelga
ni ninguna movilización colectiva. Por lo tanto, más temprano que tarde, van a tener que
reunirse con los que parece que no hablan y mucho menos escuchan: sus representados.
Para el futuro cercano la encrucijada será aún más dilemática, pues las calamidades actuales
serán todavía más profundas y extendidas, y ya no habrá tiempo para más dilaciones,
protestas aisladas y quejas mediáticas. Las medidas de fuerza, activas y permanentes, serán
una necesidad y los afectados la reclamarán, con ellos a la cabeza o con la cabeza de ellos.

El servilletero juez Claudio Malodío se supera día a día con sus decisiones aberrantes.
Ahora dio vía libre al gobierno ni nacional ni popular para que destruya los 60 mil moisés y
sacos de dormir del stock del plan Qunita que el Ministerio de Insalubridad dejó de entregar
en las maternidades públicas hace cinco meses. Lo hizo en el marco de la causa en la que
ya procesó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y a otros veintitrés ex funcionarios y
empresarios por supuestos sobreprecios y direccionamiento en la licitación del plan, a pesar
que prestigiosos especialistas repudiaron la medida y destacaron que nunca se recibieron
denuncias. Amparado en los mismos informes del INTI y de la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP) con que el Gobierno dejó de distribuir el beneficio en abril, Malodío
ordenó al Ministerio de Insalubridad pública que “deberán destruirse” las cunas y las bolsas
de dormir que están inutilizadas, decisión que fue repudiada por un grupo de médicos
neonatólogos y pediatras de distintas instituciones. Para justificar esta medida abominable
este juez, que avergüenza a la “Justicia” que nunca aplica, afirmó que “su custodia y
almacenamiento generan actualmente importantes costos a la administración pública
nacional”. El otro argumento al que apela Malodío es que las cunas y las bolsas de dormir
“resultan riesgosas para la salud” de los bebés, la misma explicación que usó el Ministerio
de Insalubridad para dejar de repartirlos. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
el hada desangelada María Eugenia Vidal, con bases menos sólidas, ya había dejado de
entregarlos en febrero, mucho antes de que el ministerio en cuestión emitiera una opinión al
respecto. El programa venía funcionando perfectamente, y su objetivo era prevenir dos mil
muertes de bebés y de cien madres por año. “En la resolución de Malodío hay un
indisimulable odio de clase, porque son los más pobres los que van a dejar de recibir el
beneficio”, replicó el ex ministro de Salud Daniel Gollán, uno de los procesados por el
magistrado. Será memorable el momento de la quema mientras la gerencia neoliberal, que
sostiene a este juez como punta de lanza para la caza de opositores, se encarga de tirar más
leña al fuego todos los días con sus iniciativas avasallantes y sus declaraciones
provocadoras, que precipitan todos los días a un escenario de incendio social como ya
sucedió en 2001.

Es improbable que alguno de los que participaron de la paqueta cena y colecta de campaña
en La Rural de la falsa Fundación Suma, que preside Gabriela Michetti, haya imaginado
que esa escena sería reproducida e investigada en un expediente judicial. Sin embargo, la
causa sobre el origen del dinero robado en la casa de la vicepresidenta jaquea cada vez más
a la funcionaria y a su entorno. A través de un escrito presentado al juez federal Ariel Lijo,
el abogado Leonardo Martínez Herrero advirtió que, en la última gala de esa fundación,
realizada pocos días antes de que Cambiemos asumiera la gerencia del Estado ex Nacional,
voluntarios de la organización recolectaron donaciones mediante un “posnet” portátil que
llevaban de mesa en mesa en el predio de La Rural. Además, en la página web de Suma, el
link destinado a donaciones conduce a una cuenta de “Mercado Pago”, identificada con
número y usuario, en el que se puede aportar dinero en forma voluntaria. “Atento a la
demora de la fundación en efectuar sus presentaciones en la IGJ (Inspección General de
Justicia), como así también que no tenía los libros y documentación en su sede social (lo
cual resulta violatorio de la normativa legal vigente), al momento de la requisitoria
ordenada por su señoría, siendo que los entregó con más de 24 horas de demora, solicito se
efectúe sobre los mismos una prueba pericial econométrica”, apunta la presentación. La
sospecha es que la documentación haya sido adulterada para encubrir algún tipo de ilícito.
Ahora la líder de fundaciones apócrifas deberá sumar un nuevo interrogante a la montaña
de preguntas para la que sólo hasta ahora dio mentirosas explicaciones: ¿qué hacía todo ese
dinero en efectivo en su casa, sin declarar, si la “vaquita” de donaciones se hacía a través de
pagos con tarjeta? Alguna mendacidad, como es su costumbre, ensayará para justificar esta
maniobra escandalosa.

15/09/16: Si hay algo que quedó claro ayer es que hay dos Argentinas. Una, está de remate
al mejor de los peores postores. Mau y sus pandilleros la ofrecen a la runfla de
inversionistas que se congregaron estos días en el CCK, para dejar claro que los
desesperados por hacer negocios y hacer ingresar capitales al país no son ellos sino la
gerencia comandada por el presidente offshore. Sin la voluntad de correr ningún tipo de
riesgo, los empresarios exigen garantías de beneficios y “reformas estructurales”, que en la
traducción decente al español son recortes de gastos, amputación de derechos a los
trabajadores, y el retiro del Estado como árbitro de la Economía. Y estas demandas
encuentran el receptor ideal: el hombre del corazón artificial, que no es otra cosa que uno
de ellos. Si hasta les debe haber contestado: “muchachos, no hacía falta que lo pidieran.
Denlo por hecho”. En contraste, la otra Argentina, la profunda, la que padece las
calamidades con que la castiga el gobierno ni nacional ni popular, también se expresó ayer
a escasos metros de la convención de CEOs y evasores con cuentas offshore. Tres semanas
después del frutazo, cientos de familias que integran la Unión de Trabajadores de la Tierra
(UTT) se movilizaron para regalar 20.000 kilos de verduras con la finalidad de visibilizar la
crisis que atraviesa el sector de horticultores. Casi cuatro cuadras de cola llena de jubilados
con y sin changuitos, desocupados con bolsos y bolsitas, mujeres con bebés y sin ellos,
algunos, vecinos de la zona, otros, una gran mayoría, llegados tras varias horas de viaje
desde el conurbano se concentraron para llevarse algo de verdura regalada. Ante este
panorama la respuesta del brazo ejecutor de las corporaciones no pudo ser más cínica e
indignante. El ministro de Agricultura, el terrateniente Ricardo Buryaile, salió al cruce de la
protesta para señalar: “nunca me pidieron una reunión”, y los mandó a que “en lugar de
regalar en Plaza de Mayo vayan a vender a la feria”. Agustín Suárez, uno de los referentes
y organizadores de UTT, se encargó de responderle a Buryaile. “El ministro no puede decir
que nadie lo llamó, el 16 de diciembre, fuimos a donar 6000 kilos a la puerta de Agricultura
y nos presentamos para plantearles las necesidades que tenemos”, y agregó que “ese día nos
recibió el Jefe de Gabinete del ministerio, Guillermo Bernaudo, pero a partir de entonces
nadie nos volvió a atender”. Así de claras están las cosas, con un gobierno de rodillas ante
inversionistas dispuestos a dar poco a cambio de mucho, y un pueblo carente que sufre las
políticas públicas neoliberales y el desprecio miserable de sus funcionarios.

Buenas noticias para los inversores que gozan del CCK, ése que está vedado para la
población pero que es el escenario de todo evento relevante para que la gerencia neoliberal,
que se apoderó del Estado, despliegue sus globos amarillos llenos de humo y sus discursos
plagados de mentiras y falsas promesas: la pérdida de puestos de trabajo sigue sin freno a la
vista. En agosto, otras 13.658 personas fueron echadas o sufrieron suspensiones. El número
refleja que la intensidad con la que se destruye el empleo se mantiene, ya que mientras que
en junio se produjeron 11.721 casos, en julio fueron 15.137 y el mes pasado sumaron
13.658. “Esto muestra la falacia del acuerdo del presidente Mauricio Macri con los
empresarios”, señalaron en el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que realizó
el relevamiento. Independientemente de la vigencia del acuerdo que en teoría suspendía los
despidos por 90 días, desde mayo a julio, el promedio de cesantías mensuales no tuvo
grandes cambios y agosto fue, también, el mes en el que el Estado volvió a echar gente.
Esto, que para la ciudadanía de a pie es una tragedia, para los almidonados inversores son
señales alentadoras. Su ecuación mágica para sentirse atraídos es: Despidos=menos
salario=precarización laboral=sindicatos débiles=más plusvalía. Esta es la otra forma de ver
la “grieta”: de un lado los partidarios del ajuste perpetuo y la confiscación permanente, y
del otro los resistentes a las políticas criminales del neoliberalismo. No hay margen de
duda, aunque sí diferencias y matices para enfrentarlos.

Mientras el gobierno del Hood Robin argentino no Nacional hace la puesta en escena en el
CCK, auspiciando mega eventos con empresarios en búsqueda de inversiones, por atrás va
tejiendo otros acuerdos tan dañinos para la economía nacional como son sus políticas
públicas en general. El secretario de Comercio, Miguel Braun, destacó el impacto que
podría tener la celebración de acuerdos de libre comercio con la Unión Europea (UE) y con
otros países de la región. “Hemos analizado los casos de México, Chile y Egipto y vemos
que la inversión europea creció muchísimo luego de la firma de acuerdos”, dijo el
funcionario, quien pronosticó que el entendimiento entre ese bloque y el Mercosur se
cerrará en no más de dos años. El impacto económico de este tipo de convenios de
liberalización no está, ni por asomo, fuera de debate: sobran voces que alertan sobre el
efecto negativo al que se expone la industria nacional. Es más: lo estamos viendo ahora,
con la ola importadora sin control que está pulverizando a las pymes, a la gran industria y a
las economías regionales. Pero ellos insistirán con el latiguillo falaz de “estar integrados al
mundo” y “obligando a la competencia”, como si se tratara de actores que disputan en
igualdad de condiciones. Los vendedores de espejitos de colores (amarillos), además,
utilizarán la crisis auto infringida para machacar con la necesidad del ingreso de
inversiones para crear trabajo, cuando sabemos que lo que buscan en destruir los existentes
para generar nuevo empleo con salarios miserables, condiciones de trabajo esclavas y
derechos cerciorados; como bien planea el ministro de Desempleo, Jorge Triaca, con su
abyecto “empleo joven”, que naufraga en el Parlamento en un mar de críticas de hasta el
propio opoficialismo. Habría que preguntarles a los trabajadores de Cresta Roja, ya
flexibilizados, cómo se sienten ahora bajo los convenios precarizados que también auspicia
la gerencia neoliberal para los productores de comida chatarra de McDonald’s, para
desgracia el nutricionista Alberto Cormillot, tan afecto a recetas dietéticas para un pueblo al
que quieren condenar a la inanición.

De los vende patria no se salvan ni las Islas Malvinas. El sueño de la Alianza Cambiemos
sería transformar a Argentina en Puerto Rico. Es decir: en una estrella más de la bandera
imperial norteamericana. Como eso todavía les queda muy lejos, se la van arreglando para
firmar acuerdos aberrantes para la soberanía nacional, como los que piensan con la Unión
Europea u otros mucho peores como los de la Alianza Transpacífico. Mientras avanzan en
la construcción de esas alianzas cipayas, despuntan el vicio negociando con Gran Bretaña
sobre las Islas Malvinas, como si la soberanía de ellas fuera compartida. En el extraño
horario de la medianoche del martes, las cancillerías de Argentina y el Reino Unido dieron
a conocer el acuerdo firmado para generar una “agenda positiva” entre ambos países,
retomando el “paraguas” en el reclamo de soberanía que estableció Carlos Menem en 1989.
En el marco de una declaración de varios puntos, obviamente, el crucial es el referido al
Atlántico Sur en el que “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los
obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas
Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. En criollo, evitar las
sanciones a las empresas pesqueras y petroleras que operan en la zona. Como retribución
consuelo, se anunció un vuelo más a las islas con escala en el continente. De tan concesivo,
el acuerdo fue celebrado por el gobierno kelper, generalmente en contra de todo lo que sea
firmar algo con Argentina. El ex secretario de Asuntos Relativos a Malvinas y diputado del
Parlasur, Daniel Filmus, consideró que incluye cuestiones “muy graves” como cuando se
evita reclamar por la permanencia de una mega base militar en las islas o se da a entender
que se pasará por alto la ley que estableció sanciones para las firmas que exploren
hidrocarburos sin permiso del gobierno. El punto crítico, sin dudas, es cuando se habla de
“adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos” para la economía de
las islas. En noviembre de 2013, por amplia mayoría, el Congreso sancionó una ley que
estableció multas y hasta penas de prisión para los directivos de compañías implicadas en la
exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en territorio argentino que no
contaran con permiso del gobierno. No queda claro cómo hará la administración macrista
para remover ese “obstáculo”, pero la afirmación llenó a alborozo a los kelpers. “El
gobierno de las Islas Falklands está conforme en que el gobierno argentino haya aceptado
remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico de las islas. Esto ayudará a
desarrollar la pesca y la industria turística que son tan importantes para nuestra economía”,
sostuvo en un comunicado Phyl Rendell, integrante de la asamblea legislativa. Jamás la
derecha argentina se atrevió a tanto. Pero una vez más habrá que recordar que este tipo de
siniestros acuerdos sólo podrán ser llevados a la práctica con la anuencia del Parlamento o,
en su defecto, del poder judicial; tan proclives ambos a la “gobernabilidad” de un gobierno
que “recién comienza” y al que hay que dejar que “trabaje”. Si un delegado de la embajada
norteamericana, como Sergio Massa, va liderar la oposición a este u otros proyectos
similares, los pueblos de otros países podrán seguir festejando la llegada de nuevas
oportunidades de trabajo y progreso, mientras acá seguiremos en la decadencia
pauperizadora de un gobierno que destruye empleo, desfalca el erario público, y excluye
poblaciones enteras. Dime quien festeja los acuerdos y te diré a quienes perjudica…

16/09/16: La vicepresidenta Gabriela Michetti volvió a ser noticia. Por supuesto, que una
mala noticia. Álvaro Zicarelli figura con un cargo ejecutivo en la falsa Fundación SUMA,
sospechada de lavar dinero sucio de la política y actualmente investigada por el Poder
judicial. Este muchacho participaba activamente de los cacerolazos realizados contra el
gobierno anterior, y ayer circuló por las redes un video en que aparecía insultando de
manera desaforada, con todo tipo de improperios de la más baja estofa, a CFK, aclarando
que él era “socialista de Alfredo Palacios” y que era “un empleado precarizado”. También
se dieron a conocer fotos donde se lo puede ver muy sonriente posando amistosamente con
personalidades de la calaña de Carrió, Lanata, Iglesias y la propia Michetti. Tras cartón, se
pudo comprobar que no sólo pertenece al staff de la fundación fantasma que roba para la
corona, sino que, además, este particular hombre de “izquierda” fue designado por el
Director General de Asuntos Internacionales del Senado, José Amaya, el pasado 3 de
febrero con categoría A4, como empleado de la planta temporaria en la Dirección de
Relaciones internacionales, por el que percibía un sueldo mensual cercano a los $40 mil
pesos brutos. Conocidas las fotos, los videos y los nombramientos, la iluminadora de
túneles que conducen a paraísos fiscales decidió despedirlo. Pero el escándalo ya estaba
desatado, por más que los medios hegemónicos se atrevieron a ponderar el “coraje” de la
funcionaria para tomar la decisión. Esto puede parecer una patética anécdota más, pero
revela el siniestro entramado que hay detrás de las formas de hacer política de una fuerza
que ha enlodado el escenario público de una manera nunca vista. Este energúmeno, que
quiso aparecer mediáticamente como un simple ciudadano indignado, forma parte en
realidad de un engranaje que ha hecho de la política una maquinaria pérfida para recaudar
dinero ilegal, financiar campañas electorales y promover ataques directos a opositores
avasallando todo tipo de ética y ley. Como si fuera poco también vuelve a poner al desnudo
el discurso hipócrita de “barrer los ñoquis del Estado”, que la propia vicepresidenta
encabezó en enero despidiendo por una puerta centenares de empelados del Senado para,
por la otra, incorporar militantes partidarios cobrando suculentas sumas injustificadas. Es
decir, la misma práctica abominable que vienen ejecutando desde que el presidente offshore
asumió la jefatura de Gobierno de la Ciudad en 2007: arrasar con los empleados rasos que
no le son afectos a su fuerza para reestructurar los organismos con menos gente, pero
propia y bien remunerada. Michetti, que siempre juega a aparecer como ingenua y
engañada en su buena fe, como ocurrió ya con sus bolsas escondidas en placares que se
“olvidó” de blanquear, respecto de Zicarelli señaló que “se acercó a mi equipo con buenas
recomendaciones y en los pocos meses en los que trabajó en el Senado se desempeñó
correctamente y con eficacia. Pero a partir de ver sus expresiones le pedí que dé un paso al
costado tanto en el Senado como en su labor de voluntario en la fundación Suma".
¿Cuántos Zicarellis “socialistas de Palacios” anidan en las huestes del PRO? ¿Cuántos
falsos voluntarios? ¿Cuántas fundaciones apócrifas circulan delinquiendo por “el bien de la
república”? Todas las respuestas nos conducen a la mentira, al engaño, a la estafa hecha
moneda corriente y al objetivo, siempre el mismo ayer, hoy y siempre: hacer negocios y
acumular poder omnímodo.

No alcanzan las directoras de discurso, los asesores de imagen, los sopla nuca que le dan
letra para responder preguntas, etc., para evitar que el presidente blindado no salga con
declaraciones descolgadas y totalmente fuera de lugar que, además, podría obviar para no
sumar más polémicas a las que viene acumulando por las nefastas políticas públicas de su
gobierno y sus dichos a media lengua siempre desafortunados. Ayer salió a fijar posición
ante un caso que, por conmoción social, está en la lupa de buena parte de la sociedad
argentina, especialmente la que vota. Se trata del caso del carnicero Daniel Oyarzún, de la
ciudad de Zárate, detenido luego de matar con su auto a uno de los ladrones que habían
entrado a su comercio. “Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer
la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga porque es un ciudadano sano,
querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia tranquilo, tratando de
reflexionar todo lo que pasó, mientras la Justicia decide por qué pasó, por qué sucedió esta
muerte que tuvimos”, dijo el hombre del corazón artificial, intentando poner sentido común
donde un primer mandatario tendría que llamar al respeto por la vida y por las instituciones.
La cita presidencial –una oscura presión sobre la Justicia– desató críticas entre los
especialistas del derecho penal y organizaciones sociales dedicadas al tema. Mientras Macri
lanzaba al aire su convocatoria a la violencia reflexiva, y de paso presionaba por la libertad
del carnicero sin hacer la menor mención a la agresión de los vecinos sobre el hombre
atrapado bajo el auto, la jueza del caso, Graciela Cione, analizaba si disponía la
excarcelación de Oyarzún. Presión presidencial aparte, vecinos y familiares del carnicero
detenido realizaron una marcha frente a la intendencia reclamando la libertad de Oyarzún,
con la convocatoria reflexiva presidencial de su parte. Finalmente, hoy la jueza liberó al
carnicero, aclarando que en su decisión no influyeron ni la presión de los vecinos ni la del
otro carnicero…

La Alianza neoliberal gobernante no vino sólo a saquear a la población y al erario público

como muchos, simplificadamente, creen. Vinieron, además, a refundar el país por
completo. Con estas ínfulas atacan todos los frentes posibles sin reparar en las formas, en
las leyes ni en las instituciones que, prometiendo “sanearlas”, sólo las están avasallando.
Una prueba de ello es lo ocurrido ayer en Neuquén cuando el ministro de Educación
Esteban Bullrich, al momento de inaugurar un hospital veterinario donde tendría que haber
sido atendido, afirmó que “esta es la nueva Campaña del Desierto, pero sin espadas con
educación”. Para rematarla agregó: “Sin profesionales que multipliquen lo que hacemos, no
sirve de nada porque no estaríamos poblando este desierto”. Vale recordar que este es el
mismo hombre que hace poco más de un mes había dicho que Soy Roca, la biografía de
Félix Luna sobre el ideólogo y ejecutor del exterminio de los pueblos originarios, es uno de
sus libros de cabecera. Quizá esa inspiración sumada al escenario, Choele Choel, la ciudad
fundada en 1879 durante la llamada Segunda Campaña al Desierto, inspiró el breve
discurso del ministro ante la invitación del gobernador Alberto Weretilneck, otro de los
conspicuos miembros del opoficialismo. La inmediata reacción de repudio en las redes
sociales generó otra aclaración. En medio de una rueda de prensa Bullrich tuvo que volver
sobre su analogía: “Me refiero a ese proceso histórico, del avance en un territorio que no
estaba conquistado, ocupado. Ahora, a partir de una construcción distinta con la educación,
los pueblos originarios tienen que ser reconocidos, hay que trabajar con ellos para que haya
una cultura común y no la aniquilación para que (una cultura) predomine”, dijo. Lo único
cierto es que su gobierno comparte ideología y procederes del oligárquico gobierno
roquista, aunque a final de su campaña quizá no conquiste desiertos, pero seguro dejará
tierra arrasada.

Avasallar la ley y prohijar negocios para las corporaciones, es una insana costumbre del
presidente offshore. Pese a que en Chubut la explotación de la minería metálica está
prohibida por ley, el Hood Robin argentino no Nacional impulsa un proyecto extractivo
para esa provincia por parte de la corporación Pan American Silver. Para ello sumó al
veleta gobernador Mario Das Neves a una reunión con el CEO de la compañía, Ross Beaty,
a fin de escuchar la propuesta que incluye la promesa de una inversión de 1000 millones de
dólares. La empresa lleva años intentando explotar el yacimiento de plata y plomo
denominado Navidad en la meseta del Chubut, pero el rechazo social y la norma
sancionada en la Legislatura provincial impidieron su concreción. La discusión que se
mantenía adormecida a la espera de eventuales consensos sociales se reavivó con el
encuentro de Macri, Beaty y Das Neves que se hizo el miércoles y del que participó, entre
otros, el ministro de Shell en Energía y Minería, Juan José Aranguren. Das Neves aseguró a
través de un parte oficial de prensa que “como primer mandatario e institucionalmente no
puedo dejar de ir a una reunión que pidió el propio presidente de la Nación”. Tras esa
aclaración dijo que “el destino de la minería en Chubut lo deciden los chubutenses”, algo
similar a lo que había expresado en mayo, cuando también se habló del proyecto Navidad y
Das Neves respondió: “Las mineras siempre revolean dinero o no sé cuántos miles de
puestos de trabajo, pero no hablan nunca, y nunca van a hablar, de las cosas que nos
interesan a nosotros, que son el agua y la contaminación”. Chubut es una de las provincias
con mayor potencial minero del país y una de las reservas que quedan en el mundo, no solo
de plata, plomo y oro, sino también de uranio con el yacimiento “Cerro Solo”, ubicado en
proximidades de Paso de Indios y en condiciones de abastecer de materia prima a la
industria nuclear. Sin embargo, la explotación minera a cielo abierto está bloqueada desde
que se aplica la ley 5001, sancionada tras el plebiscito que se hizo en Esquel en 2003,
cuando una mayoría del 82 por ciento votó en contra de la actividad en proximidades de esa
ciudad de la cordillera. Pero como para poder ofrendar riquezas mal habidas al Dios
Mercado, ningún avasallamiento de los gerenciadores “ecológicos” a la ley es imposible, su
representante argentino en la Tierra intentará convencer a quienes ven contaminación y
daño irreversible al medio ambiente que, en realidad, hay “oportunidad de negocios” y
trabajo para sus habitantes. Después de todo, de lo que se trata, es de estar a (cielo) abierto
al mundo.

Mientras el presidente offshore cerraba ayer el “Mini Davos” clamando para que sus
invitados derramen su ácida lluvia de inversiones, su “mejor equipo en 50 años” quedó otra
vez al descubierto como lo que son: un colectivo de inoperantes y de improvisados que no
tienen la menor idea de cómo conducir un ministerio, aún con políticas públicas
confiscatorias. El gobierno ni nacional ni popular canceló el mes pasado la importación de
un barco con Gas Natural Licuado (GNL) acordado con Shell y reprogramó para el año
próximo otros tres envíos que le había contratado a las firmas Gunvor, Trafigura y British
Petroleum. Los cargamentos tenían que llegar al Puerto de Bahía Blanca, pero desde Enarsa
se informó que la demanda de gas disminuyó porque las temperaturas de agosto fueron más
altas de lo esperado. Por lo tanto, no hizo falta concretar esas importaciones. Fuentes del
sector aseguraron a este diario que esas suspensiones demuestran un error en la
planificación de las importaciones por parte del gobierno que le costó al Estado 1.575.000
dólares adicionales como consecuencia de esas reprogramaciones. “Es un costo de
reprogramación producto de una negociación prevista en los contratos. Es algo habitual. De
hecho, en 2014 se abonaron cerca de 5 millones de dólares por costos de reprogramación”,
respondió Fernando Pazos, jefe de Relaciones Institucionales y Comunicación de Enarsa.
En el sector también cuestionaron la decisión de haber cancelado esas importaciones de
GNL en lugar de recortar las compras de gas provenientes de Chile, que tenían un precio
mayor. Con esta incompetencia a la vista despilfarra los dineros públicos el equipo que
“aprende sobre la marcha” lo que únicamente sabía antes de entrar a la cancha: saquear el
erario público en favor de las corporaciones y de los amigos cardenales del presidente
blindado.

17/09/16: Ayer empezó formalmente la farsa. Con una multitud repudiando los criminales
tarifazos de la gerencia neoliberal en las calles, se iniciaron las audiencias públicas para
discutir el precio del gas. Como era previsible, empezó tan mal como siguió y terminará.
Diversas organizaciones y reparticiones quedaron excluidas de participar sin justificación
por parte de las autoridades a cargo. Dirigentes de asociaciones de consumidores,
cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, clubes de barrio, centros de jubilados, así
como especialistas y funcionarios, quedaron al margen pese a haber solicitado en tiempo y
forma su participación. Osvaldo Bassano (titular ADDUC) y Claudio Boada (UUC) fueron
dos de los dirigentes de entidades defensoras de consumidores excluidos. También,
especialistas de primera línea del Instituto de la Energía Scalabrini Ortiz y de OETEC, e
incluso funcionarios del gobierno anterior, hoy integrantes del gobierno municipal de La
Matanza, como Roberto Feletti y Débora Giorgi. La puesta en escena arrancó con el
ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren, quien defendió el tarifazo y reiteró que
el nuevo esquema contempla un aumento del precio del gas en boca de pozo de 1,29 a 3,42
dólares el millón de BTU (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27 metros
cúbicos) y que después esa cifra se actualizará semestralmente hasta llegar a 6,78 dólares
en octubre de 2019, fecha en la que solo quedarían en pie los subsidios de la tarifa social. Si
bien todavía no se conocen los cuadros tarifarios, Aranguren insistió en que a partir de
octubre los hogares recibirán facturas con aumentos promedio de 203 por ciento y en abril,
justo antes del invierno, se sumará otro ajuste. El gobierno organizó la lista de oradores de
la audiencia de modo tal que luego del ministro fue el turno de los representantes
empresarios que hicieron fila para respaldar el incremento. Las críticas dentro del recinto
estuvieron a cargo de asociaciones de consumidores y defensores del pueblo, quienes se
quejaron por la falta de información oficial sobre los costos empresarios y advirtieron que
los cambios introducidos por el gobierno para intentar dosificar el tarifazo no solucionan
los problemas. Por lo tanto, las quejas volverán cuando empiecen a llegar las facturas. En
las puertas de la Usina del Arte, donde se realizó el evento, hubo protestas de
organizaciones sociales y partidos de izquierda. La audiencia continúa hoy desde las 9 y
podría extenderse hasta mañana. La farsa consiste en no explicar por qué aumenta el precio
en boca de pozo y qué van a ser las empresas con el dinero mal habido recaudado. Es decir:
los usuarios no sabemos la estructura de costos que definen el valor del gas ni los planes de
inversión de las concesionarias, si es que los tienen. Como se ha repetido hasta el
cansancio: nada de lo que se diga o demuestre en estas audiencias hará retroceder a Mau y
sus pandilleros. Por lo tanto, terminada la farsa pública deliberativa, la resistencia deberá
continuar en las calles y en los tribunales.

El brazo ejecutor de las corporaciones planea continuar con la festichola gonzalezfreguista

el año que viene. Eso se desprende del presupuesto 2017 que el gobierno ni nacional ni
popular envió al Congreso. En él se puede observar que prevé tomar deuda en moneda
extranjera el año próximo por casi 45.000 millones de dólares. El endeudamiento
(1.727.248,4 millones) previsto para 2017 se explica por la colocación de títulos que se
utilizan para la financiación del servicio de la deuda y el pago de deudas no financieras, los
desembolsos de organismos internacionales, como BID, BIRF y CAF, orientados
básicamente a financiar programas de gastos y, en parte, son represtados a las provincias,
los anticipos del Banco Central y los préstamos del Banco de la Nación Argentina. Por su
parte, se computa una disminución de la inversión financiera (8386,2 millones de pesos)
fundamentalmente del recupero de préstamos otorgados a provincias y las transacciones de
las instituciones de Seguridad Social, principalmente la Anses, y operaciones de recompra-
pase (BNA), de cuyo monto un alto porcentaje corresponderá a colocaciones de
instrumentos en moneda extranjera. Mientras se daba a conocer todo esto también se supo
que con la salida del cepo cambiario y pese al blanqueo propuesto por este Gobierno, se
duplicó la fuga de divisas en lo que va del 2016 y ya suma u$s 9.000 millones. La demanda
de dólares este año incluso ya superó a todo lo que se vendió en 2015 para atesoramiento y
formación de otros activos externos. El rumbo a la catástrofe se refleja en el Banco Central,
cuyo balance en agosto reportó un saldo negativo de u$s 503 millones. Las reservas
internacionales brutas del BCRA descendieron u$s 1.362 millones en el transcurso de
agosto y cerraron el mes con un stock de u$s 31.150 millones. Si con todos estos datos el
rumbo no se cambia, es porque los efectos conseguidos fueron propósitos buscados y no
consecuencias imprevistas. Pueden ser brutos, desprolijos y muchas veces improvisados en
el cómo, pero tienen muy claro sus objetivos.

A pesar que no paran de aparecer todas las semanas más evidencias que comprometen a la
vice presidenta en el manejo de dinero sucio a través de fundaciones truchas, la funcionaria
se atrevió a presentar un escrito ante el juez pidiendo su sobreseimiento en la causa que
investiga el origen del dinero robado en su casa en noviembre. En el mismo también aportó
las declaraciones juradas de ella y su pareja, ofreció documentación y testigos sobre las
donaciones a la Fundación Suma. "Sólo surge como hipótesis delictiva el origen de las
sumas de dinero sustraídas en su domicilio sin que se advierta qué relación puede tener esto
con la actividad de las Fundaciones que enumeran, pues respecto de ellas no se describe
ningún hecho concreto que pueda catalogarse como delictivo. El objeto de esta causa no
puede ser investigar a SUMA en términos generales y abstractos, sino exclusivamente en la
medida que se vincule con el hecho concreto", señala Michetti, como si hubiese olvidado
que la relación entre el dinero robado y su apócrifa fundación lo señaló ella, cuando declaró
ante los medios sobre el tema. El cinismo de esta mujer no encontró límites cuando criticó
que la investigación se haya ampliado a las fundaciones ligadas al PRO, y argumentó que
no está claro el delito por el que se la imputa, en una “afectación al derecho de defensa”. En
relación a esas fundaciones dijo que “no existe ningún hecho concreto que se les atribuya y
menos aún cuál sería su relevancia penal”. Sin embargo, los denunciantes comprobaron que
varias nunca presentaron balances. Hacia el final del escrito los disparates llegaron al
sumun de la estupidez y la ignorancia: “Desde que ingresé a la política y empecé a percibir
sueldos del Estado, éstos fueron mis únicos ingresos. No vivo en Puerto Madero ni en
Barrio Parque, sigo viviendo en la misma casa del barrio de Balvanera desde hace más de
20 años, no poseo otros bienes que los que poseo en mis declaraciones juradas, tengo un
estilo de vida sumamente austero…Hacer política no es sinónimo de corrupción o
enriquecimiento, no todos somos lo mismo, Sr. Juez”. ¿Para Michetti los habitantes de
Puerto Madero o Barrio Parque, como el presidente offshore, son corruptos por sólo residir
allí? ¿Su permanencia en la misma casa durante 20 años es garantía de honestidad? ¿Qué
no posea más bienes que los declarados comprueba que no hizo circular dinero sucio para
financiar la política de su partido? ¿Es tan austera como todos dicen que era José López, el
corrupto que fue sorprendido con dinero tan sucio como los de la Fundación SUMA? Hacer
política no es sinónimo de corrupción, es verdad. Aplicar políticas neoliberales, sí. El
ejercicio diario de la actividad para llevarlas a cabo, también. Y esta presentación mendaz,
pidiendo sobreseimiento, más aún.

No es fácil mentir bien. Los neoliberales lo saben hacer como nadie, pero a veces las
mismas son tan burdas que lo que pretenden ocultar se hace notorio y evidente. Esa
incompetencia puede deberse también a cierta relajación cuando, descansando en la
impunidad mediática y judicial con la que cuentan, los esfuerzos por perfeccionarlas
resultan insuficientemente efectivos. Ello le sucedió al contador de la famiglia presidencial,
quien quiso despegar al presidente blindado de la causa de los Panamá Papers pero, por el
contrario, reveló la estrategia que utilizaron durante casi dos décadas para permanecer fuera
del radar que intenta localizar las maniobras fraudulentas de estos evasores grupos
económicos. Santiago Diego Lussich Torrendell, uruguayo de 51 años, figura en los
documentos del estudio Mossack Fonseca como gestor en la creación de Fleg Trading, por
lo que fue citado por la Fiscalía de Federico Delgado el 8 de septiembre para declarar. "A
pedido de Francisco Macri gestionamos la sociedad Fleg Trading Ltd para él", confió el
contador bajo juramento. "Según sus instrucciones" se designó en marzo de 1998 en el
primer directorio a Franco como presidente, y lo acompañaron MauriSSio como
vicepresidente y Mariano como secretario. "A los pocos meses solicitamos a Mossack
Fonseca (Panamá) que nos proporcionara un modelo de acta de directorio para hacer un
cambio: la salida de los tres directores iniciales y el ingreso de empleados de Francisco
Macri", explicó. Estas personas fueron Leonardo Mafioli como presidente, Miguel Sosa
como vicepresidente y Concepción Lioi como secretaria. Con esta declaración y sin
quererlo, Lussich dejó entrever que se trataba de una práctica habitual para la famiglia
presidencial ubicar a trabajadores como directores de las offshore que les pertenecen. De
esta manera, el contador confirmó la investigación de El Destape que los Macri son los
dueños de otras ocho offshore que figuran a nombre de empleados de sus empresas
uruguayas. Se trata de Macri Group (que luego mutó a Metro Consulting PTY), Cap Loren
Panamá SA, Orion Alliance Corporation, Atoll Services Group Inc, Pymore Ventures
Holding SA, Danae Alliance Company SA, Aspent Portfolio SA y Rockford Holding
Group SA. Al menos una de ellas posee una cuenta bancaria en Suiza. Lussich dijo además
que en 2007 se le informó que Fleg Trading no tenía más actividad y que, por lo tanto, no
se pagaría más el canon anual en el registro panameño. "Como consecuencia de ello, la
sociedad entró en liquidación por falta de pago, es decir que la sociedad dejó de existir",
explicó. El presidente siempre expresó que la firma bahameña fue fundada para llevar Pago
Fácil a Brasil, pero que nunca llegó a operar. Sin embargo, estuvo activa nueve años.
Delgado recopila pruebas a raíz de la denuncia de lavado de dinero que realizó el diputado
Darío Martínez. El Juzgado de Sebastián Casanello es el encargado de llevar la causa, que
tuvo un importante avance desde su inicio pero que, pareciera, no termina de tomar la
velocidad necesaria para llegar a fondo, dada la cantidad y calidad de pruebas ya
recolectadas. Veremos si Casanello se anima a aplicar la ley y las sanciones
correspondientes o si se rinde ante la impunidad que procurarán los gerenciadores
neoliberales, a fuerza de difamaciones mediáticas y “carpetazos” judiciales contra el
magistrado.

18/09/16: Los Panamá Papers se siguen desclasificando y no paran de arrojar sorpresas. O

no tanto. Ahora se ha descubierto que Fleg Trading, la empresa offshore de la famiglia
presidencial, tiene una empresa melliza y se llama Karter Properties Limited. En los
papeles, Fleg y Karter tienen la estructura legal de una empresa, pero no son una empresa
común. Se las conoce como “empresas offshore” y funcionan como cuentas, vehículos
financieros secretos para mover dinero y activos. En eso, y en que pagan muy pocos
impuestos, Fleg y Karter son similares a miles de empresas o sociedades radicadas en
paraísos fiscales de todo el mundo. Esto incluye al de Bahamas, donde están las mellizas,
en un archivo de computadora de un estudio de abogados muy cerquita de la costa de
Estados Unidos, según cuentan Santiago O´Donnell y Thomás Lukin en Página/12 de hoy.
Fleg está vinculada a la familia Macri y Karter a una familia italiana muy cercana que se
llama Nocella. Dueños distintos, pero en los documentos Fleg y Karter aparecen juntas.
Juntas contestan su correspondencia, juntas le facturan sus abogados, juntas hacen trámites,
juntas pagan sellos y timbres. Karter tuvo como único beneficiario a Pier Andrea Nocella,
un productor cinematográfico italiano y nieto de Giorgio, el fallecido mejor amigo de
Franco y Tonino Macri, padre y tío de MauriSSio. El abuelo Nocella, además de íntimo
amigo de la familia, fue directivo del grupo SOCMA y en Italia estaba a cargo de la firma
Socma Finanziaria. Más allá de algunos detalles es difícil saber qué destino tuvieron y qué
función cumplieron las mellizas Karter y Fleg. Según los documentos filtrados, el proceso
de creación de Fleg se extiende del 31 de marzo al 11 de septiembre de 1998. En el
directorio de Fleg figuran Franco Macri como presidente, Mau como vicepresidente y su
hermano Mariano Macri como secretario. El domicilio de Fleg fue Saffrey Square Suite
205, Bank Lane, el mismo edificio donde funcionan las oficinas de algunos jueces de la
corte suprema del país y un local de Gucci. Los Papers también dicen que Fleg fue
legalizada para operar en Suiza. No queda claro si Fleg llegó a operar en Suiza o no, pero
no caben dudas de que actuó en Brasil. A mediados de septiembre de 1998 Fleg se quedó
con el 99,9 por ciento de una sociedad brasileña llamada Owners do Brasil Participacoes.
Fleg no compró las acciones, sino que reemplazó a la socia mayoritaria Socma Americana,
firma insignia del holding donde, además de Franco, Mauricio y Mariano, y otros dos
hermanos Gianfranco y Sandra, también figuraba como director un viejo amigo de la
familia, el inefable Giorgio Nocella. En esa operación Fleg recibió la totalidad del capital
social de Socma Americana: 11.715.449 reales. En ese momento, Owners dejó de estar
controlada por los Macri paulistas para pasar a depender de los Macri bahameños. A finales
del activo septiembre de 1998, Fleg informó a las autoridades brasileñas una redistribución
de sus acciones y la reducción de unos nueve millones de dólares en su capital, que pasó de
11,7 a 1,4 millones de reales. Según un acta de reunión de directorio de Fleg, el dinero no
volvió a la Argentina ni fue reinvertido en Brasil, sino que partió raudamente a Italia. Tres
meses después de esa millonaria transacción, Lussich, el contador uruguayo de los Macri, le
pidió al panameño Mossack que le abra una nueva empresa offshore. Así nació Karter, la
melliza de Fleg. Karter Properties Limited fue constituida el 5 de enero de 1999, radicada
en el mismo domicilio que Fleg y al comienzo tuvo como único directivo a Pier Andrea
Nocella. Karter y Fleg eran administradas en simultáneo y pagaban un impuesto anual para
funcionar. En el caso de Fleg y Karter se pagaba en forma melliza. Los recibos emitidos por
el Bahamas Company Registry, el registro oficial de sociedades de esa jurisdicción,
muestran coincidencias en fecha, hora y montos abonados por ambas empresas para
mantenerse operativas en ese paraíso fiscal. Por mucho menos que esto, varios ministros y
mandatarios europeos, tras las revelaciones de los Panamá Papers que los involucraban
operando en cuentas offshore, renunciaron por decisión propia o fueron obligados a
hacerlo. En Argentina sólo contamos con un silencioso proceso judicial que avanza
lentamente y a un involucrado que no sólo no da respuestas, a las maniobras fraudulentas y
anti éticas descubiertas, ante la opinión pública ni ante el Parlamento, sino que encima
debemos soportar como él y el resto de la pandilla se pavonean hablando de ciclos de ocho
años y reformas estructurales para acabar con la corrupción y ser un país serio y “con reglas
claras”. Hacen lo que quieren, y lo que se les permite hacer.

Las maniobras ejecutadas por la gerencia neoliberal para convalidar el criminal tarifazo de
gas han sido escandalosas. Como señala Horacio Verbitsky: “El gobierno montó una puesta
en escena para convalidar el tarifazo. Antes de la audiencia anunció que Aranguren se
desprendía de sus intereses en Shell, cosa hasta hoy incomprobable. Excluyó a los técnicos
de las organizaciones populares que podían impugnar su propuesta y falseó los datos para
engañar a los usuarios. En vez de reducir los subsidios los aumenta y al fijar el precio del
gas en dólares vuelve a dolarizar la economía”. Para Aranguren, las acciones que posee de
Shell constituyen el 18,8 por ciento de su patrimonio total, el más alto del gobierno de los
CEOs. Y no es evidente que las decisiones de su cartera hayan carecido de efectos sobre las
ganancias globales de la Royal Dutch Shell, según surge del cotejo de esas medidas del
gobierno argentino con la capitalización bursátil de la compañía. En diciembre de 2015,
cuando Aranguren fue designado y asumió el ministerio no hubo cambios significativos.
Pero cuando anunció el aumento en la tarifa del gas, las acciones de la empresa
internacional en la bolsa de Amsterdam saltaron de 20,53 euros el 5 de abril a 23,42 euros
el 21 de abril, un 14,07 por ciento de ganancia, en lo que constituyó la mayor suba
ininterrumpida de esos papeles en este año. Aranguren informó que había vendido la
totalidad de las acciones de Royal Dutch Shell de las que era titular, en una operación
electrónica constatada por un escribano público. Pero se negó a revelar a qué precio las
vendió ni a exhibir la documentación respaldatoria. Agregó que la insistencia periodística
era una intromisión en su libre albedrío, pero enseguida se contradijo al asegurar que había
decidido la venta con total libertad y sin ninguna presión. Sin posibilidad de verificación,
porque las pruebas no se pusieron hasta ahora a disposición, queda confiar o no en la
palabra de Aranguren y del presidente offshore; que sería más ingenuo que el sapo
aceptando cruzar el río al escorpión.

La burla pública que el gobierno ni nacional ni popular llama Audiencias, deja bien en claro
que el tarifazo no garantiza que las petroleras aumenten sus inversiones. Las petroleras no
estaban contabilizando pérdidas, por el contrario: registraban ganancias y ahora ese
resultado positivo será todavía más abultado. Con el cuarto esquema tarifario presentado
por el gobierno los subsidios no desaparecen, sino que ahora pasan a recibirlos las
petroleras pagados por los consumidores. “El tarifazo beneficia en forma inmediata a cinco
grandes petroleras que concentran el mercado de la producción de gas: YPF (extrae el 30
por ciento), Total Austral (26), PAE (13), Petrobras Argentina (6, Pampa-Mindlin),
Tecpetrol (3, Techint). Estas cinco firmas reúnen el 78 por ciento del mercado de gas
natural en Argentina. El plan oficial es un recorrido alcista del precio de gas en boca de
pozo hasta ubicarlo en los valores internacionales promedio en 2019. Como se trata de un
mercado no competitivo, y sin un Estado regulando como prometió Aranguren, esas
petroleras podrán ejercer su poder en la definición del precio de gas de abastecimiento
medio. Esto será así porque podrán disminuir la producción local e incrementar las
importaciones, lo que eleva ese precio medio. De esa forma conseguirían un aumento de los
ingresos por el gas que extraen de los yacimientos. Esas ganancias extraordinarias serán a
costa del bolsillo de los hogares residenciales, comercios e industrias, señala el periodista
Alfredo Zaiat. Tampoco es cierto que los tarifazos sean “necesarios” porque ha mermado la
producción gasífera y es necesario reactivarla, sin que ni siquiera se tomen la molestia de
inventar un plan de inversiones y mostrarlo al público. Un informe del Observatorio de la
Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) ilustra que la recuperación
de la producción nacional de gas natural entre el mínimo de 2014 y el primer semestre de
2016 fue del 8,7 por ciento, y un 0,4 por ciento superior a la de 2012, año de la
recuperación de YPF e implementación del marco regulatorio en materia hidrocarburíferas
del anterior gobierno. Esa recuperación de la producción de gas implicó una fuerte
sustitución de gas importado de acuerdo a datos del Enargas. Un informe del Observatorio
de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec) ilustra que la
recuperación de la producción nacional de gas natural entre el mínimo de 2014 y el primer
semestre de 2016 fue del 8,7 por ciento, y un 0,4 por ciento superior a la de 2012, año de la
recuperación de YPF e implementación del marco regulatorio en materia hidrocarburíferas
del anterior gobierno. Esa recuperación de la producción de gas implicó una fuerte
sustitución de gas importado de acuerdo a datos del Enargas. Tampoco es verdad que, los
últimos años, las tarifas no han aumentado. Para los usuarios de Capital Federal y Gran
Buenos Aires los incrementos entre 2008 y 2014 fueron de entre 3 y 7 veces de acuerdo a
rangos de consumo según fueran del orden de los 100 metros cúbicos bimestrales o
cercanos a los 255 o más. Pero ya en 2008, las tarifas para estos usuarios habían sido
incrementadas en 40 y 75 por ciento para los tramos de 200 y de 250 metros cúbicos
bimestrales, respectivamente, quedando congeladas sólo las de los usuarios de mínimos
consumos. El plan oficial determina como objetivo alcanzar un promedio ponderado de
6,78 dólares por millón de BTU (unidad calórica de medición, equivalente a unos 27 metros
cúbicos) en octubre de 2019, lo que representa un aumento del 426 por ciento respecto al
precio actual. El primer escalón de ese sendero, previsto en octubre de este año, es de 3,42
dólares. El segundo peldaño tendrá lugar en abril de 2017 para ascender a 3,78 dólares. Por
lo tanto, con el poder adquisitivo actual se deberá afrontar el próximo invierno un aumento
total del 193 por ciento promedio en dólares. Con este esquema confiscatorio no sólo la
Economía es inviable. Socialmente es insostenible. La gerencia neoliberal descansa en la
seguridad legal que le facilitará la Corte Suprema de las Corporaciones, pero no mide la
resistencia que van a generar estas medidas cuando sean aplicadas y resulten impagables.
Mau y pandilleros hablan de “desestabilización”, cuando son los ellos los que, incluso antes
de haber asumido y más profundamente desde que son gobierno, han desestabilizado la
Economía, las instituciones y la vida cotidiana de la ciudadanía. Pero lo que centralmente
desestabilizan es la paz social, que no podrá garantizar ningún protocolo represivo de la
ministra de Inseguridad.

La farsa de las audiencias públicas sobre los tarifazos criminales del gas continuará
mañana. En el debate, a pesar que la Corte Suprema de las Corporaciones se lo ordenó
expresamente, Mau y sus pandilleros no explicaron de dónde surge el cálculo del costo que
determina que lo que hasta el año pasado se pagaba 2,60 dólares, deba incrementarse a 6,80
dólares, con cargo a los consumidores. Lo que sí se sabe, a pesar que lo quieren ocultar, es
que ese valor no tiene nada que ver con lo que le cuesta a una petrolera sacar el gas de un
yacimiento en el país. Ni siquiera con lo que cuesta importarlo de Bolivia por gasoducto,
sino que aquel valor de 6,80 se relaciona con el que se paga por traerlo importado por barco
y regasificarlo en tierra. Este gas que el país compra como GNL al exterior, apenas
suministra un diez por ciento de las necesidades de consumo nacional en el año. Como lo
importa Enarsa –empresa estatal que lo vuelca regasificado al sistema de transporte y
distribución local–, si ese mayor valor no se lo cobra al mercado interno, implica que es un
“subsidio estatal” a la tarifa. Pero sólo en lo que se refiere a ese 10 por ciento de la
demanda local. ¿Y por qué, entonces, Aranguren pretende que los usuarios residenciales
paguen por todo el gas que consumen ese valor de 6,80 dólares? Para el gobierno, ese valor
representa “la paridad de importación”. Es decir, el valor que tendría que pagarse por el gas
si no se produjera nada en el país y se importara en su totalidad. Entonces, considera que
“es lógico” que a quien lo produce internamente se le pague el mismo valor, para
“incentivarlo a producir más” hasta sustituir totalmente la necesidad de importarlo. Luego,
si ese precio del gas es el “lógico” para el que lo produce, será el que deba pagar quien lo
consume, para tener un sistema “razonable y sostenible en el tiempo”, lo que significa, lisa
y llanamente, otra brutal transferencia de ingresos desde el ciudadano de a pie a las
corporaciones. Mientras todo esto sucede, la oposición opina. El ex aliado de la lumpen
política Elisa Carrió, el senador Fernando Pino Solanas, acusó a Aranguren de “traicionar
los intereses de la nación y el pueblo argentino”; el diputado del FIT, Néstor Pitrola, de ser
“un hombre de las petroleras”; y el Frente Rejuntador se divide entre el silencio cómplice y
la acusación atemperada. Sería bueno que estos “buenos muchachos” dejen las quejas para
los usuarios y empiecen generar acciones, desde dentro y fuera del Parlamento, para
demostrar que no sólo declaran para la tribuna.

Que la banda de gerenciadores que se ha apoderado del Estado ex Nacional no sólo vino a
saquear las arcas públicas y empobrecer la vida integral de la ciudadanía, sino además a
“refundar” el país estructuralmente en clave neoliberal, quedó demostrado en las
declaraciones vertidas por el jefe de la banca de diputados del PRO, el ex peronista Emilio
Monzó. En el surrealista foro sobre "El Estado de Derecho", en la cumbre de evasores del
“Mini Davos”, este hombre, junto a la vicepresidenta de las fundaciones apócrifas y al jefe
supremo Romeo Lorenzetti, señaló que "no hay vuelta atrás. La garantía para ustedes (por
los empresarios allí presentes) es que la página que se dio vuelta el 10 de diciembre en la
Argentina se dio vuelta para toda la oposición. Esperemos que Macri esté ocho años para
consolidar su proyecto, pero les aseguro no va a haber presidente que no haya pasado por
acá. No va a pasar un presidente que no sea María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez
Larreta, Sergio Massa, Juan Manuel Ortobey, Ernesto Sanz, Ramón Mestre. Muchos
dirigentes que los veo y estoy orgulloso de que sean dirigentes de la Argentina. Ellos van a
suceder al gobierno de Mauricio Macri. Ellos no van a dejar retroceder lo que ustedes están
demandando como seguridad jurídica". Con esta petulancia y desfachatez se expresó este
representante de las corporaciones, que usurpa la banca que ocupa como delegado de la
ciudadanía que lo votó para defenderla. Queda en el pueblo la obligación de responderle
que en Argentina no se va a perpetuar la confiscación hecha ley natural, la impunidad
convertida en insana costumbre cotidiana, la amputación de los derechos colectivos
transformados en privilegios de mayorías abusadoras de la calidad pública, ni en un paraíso
fiscal, para que Monzó y la runfla de legisladores y dirigentes que lo acompañan sigan
amasando fortunas empobreciendo generaciones enteras.

El conjunto de amigos de lo ajeno, que integra la Alianza Cambiemos, no es un todo

armónico como quiere hacernos creer Emilio Monzó. No. El presidente offshore surfea en
un pantano rodeado de cocodrilos hambrientos de negocios particulares. La caída de Juan
José Gómez Centurión dejó expuestas una serie de internas del Gabinete. De él con Daniel
“El Tano” Angelici. Con la AFI. Con Patricia Bolsrich. No obstante, el presidente blindado
no le retiró el apoyo y hasta se fotografió con él. Y consiguió el respaldo nada menos que
de la lumpen política Elisa Carrió. Sin embargo, si el macrismo tiene previsto cumplir su
promesa de no reincorporar al ex director de la Aduana hasta que se lo sobresea en la causa
judicial, entonces todo indica que le espera un largo tiempo fuera de la gestión. En
Tribunales dicen que cada vez se estrecha más su vinculación con el empresario paraguayo
Carlos Oldemar Barreiro Laborda. En el Gobierno le habían advertido que se mantuviera
bien lejos de esa persona, pero no lo hizo. Gómez Centurión fue eyectado del Gobierno con
velocidad Warp luego de que la ministra de Inseguridad recibiera un anónimo y una serie
de audios en los que se lo acusaba de participar de hechos de corrupción. Bolsrich le llevó
la denuncia a Macri, quien ordenó desplazarlo temiendo la repercusión pública que podía
tener el caso. La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien comenzó a investigar su
relación con Barreiro Laborda, a quien también incriminaban los audios. Éste es un
empresario paraguayo que fue acusado por una presunta estafa contra el Banco de Boston
por la bicoca de 60 millones de dólares. En 1977 fue detenido por la Federal cuando lo
encontraron in fraganti llevándose chatarra del río sin autorización. En 1986, fue procesado
como presunto integrante de una banda que robó a mano armada 45 autos de alta gama. Fue
también investigado por el vaciamiento de una firma consignataria de hacienda en
Mataderos. A mediados de los noventa buscó la amistad del entonces presidente Carlos
Menem y se asoció con la Federal en la firma Lo Jack. En el Gobierno señalan que cuando
aparecieron los primeros datos de un vínculo entre este empresario y Gómez Centurión, se
le advirtió que cortara esa relación. No hizo caso. En Tribunales indican que esas
comunicaciones complican a Gómez Centurión y más si Barreiro Laborda hablaba en
nombre de él. El ex director de la Aduana sostiene que el empresario funcionaba como su
“informante”. “Un funcionario no tiene que armar investigaciones paralelas. A lo sumo,
tendría que haber denunciado en el Poder Judicial lo que sabía”, indican en la cueva de Alí
Babá, sucursal Comodoro Py. “La corrupción no es sólo económica. El uso de los recursos
del Estado es corrupción”, advierte una fuente con acceso al expediente. Estas últimas
palabras se podrían extender a todas las iniciativas del gobierno ni nacional ni popular, que
ha hecho de la corrupción estructural su sino. Si, como regurgitara Monzó, para este
proceso iniciado en diciembre pasado “no hay marcha atrás”, México será un paraíso
celestial al lado del paraíso fiscal dirigido por mafias enfrentadas en que quieren convertir
la gerencia neoliberal a la Argentina.

19/09/16: Ayer se supo que Fleg Trading, la offshore creada por Socma, Sociedades Macri,
no sólo se mantuvo muy activa después de su creación, sino que operó en espejo con otra
offshore, Karter, cuyo beneficiario fue Pier Andrea Nocella, nieto del mejor amigo de
Francisco Macri, Giorgio Nocella, fallecido en 2011. Hoy se confirmó que Kagemusha, una
de las offshore del presidente blindado, radicada en Panamá, sigue vigente; según establece
el registro público de ese país con certificación de un funcionario llamado Yadinel Ortega
González. El certificado será aportado a la causa de Delgado y Casanello por Darío
Martínez, el diputado neuquino del Frente para la Victoria que realizó la primera denuncia
no bien el diario La Nación publicó la primera nota sobre los Panamá Papers y luego
profundizó él mismo en la búsqueda de nuevos datos. Kagemusha se formó con 10 mil
dólares norteamericanos y su duración es perpetua. Figura como presidente Francisco
Macri. El vice es el mal imitador de Fredy Mercuri, que a su vez funciona como director.
Otro Macri, su hermano Gianfranco, es al mismo tiempo secretario y director. El círculo
empieza a cerrarse y voluminosamente documentado como está el proceso, será difícil que
el juez Casanello, el mismo que lo sobreseyó por las escuchas ilegales a los pocos días de
asumir la jefatura de la gerencia del Estado ex Nacional, pueda esquivar el bulto y dictar
faltas de mérito o pruebas insuficientes. Más difícil aún será que el opoficialismo pida
explicaciones, una interpelación en el parlamento o lisa y llanamente la destitución. Porque
no hay que olvidar que este hombre mintió descaradamente una y otra vez a través de sus
declaraciones juradas y sus declaraciones públicas, negando enfáticamente la existencia de
cuentas offshore de su pertenencia. Como también lo hizo su Ministro de Propaganda,
Joseph Peña, cuando afirmó al desatarse el escándalo de los Panamá Papers: “No hay
ninguna cuenta, hay una sociedad que no fue creada para ningún ilícito. No hay nada raro ni
oculto”. Lo único cierto que es no hay nada raro, pues ya sabemos la afición del Hood
Robin argentino no Nacional por la evasión impositiva y por la fuga de dinero a paraísos
fiscales; como tampoco va quedando nada oculto, pues la evidencias van saliendo a la luz
con prístina transparencia. Sí muchas dudas: debe haber muchas más cuentas
desparramadas por el oscuro mundo de las finanzas internacionales involucrando a la
gerencia completa, tan astuta para las trampas y las mentiras pero tan ingenua para creer
que nunca se descubrirían.

En Economía Política, el programa televisivo que conduce Roberto Navarro por C5N, se
mostraron nuevas revelaciones que complican aún más a la vicepresidenta Gabriela
Michetti, hoy investigada por el poder judicial por el origen del dinero que le robaron el
pasado 22 de noviembre y por los manejos irregulares de la falsa fundación SUMA, que la
tiene al mando. Navarro pasó la escucha entre una allegada de Michetti, Lidia Saya, y
Carlos Morales Comini, investigado desde 2013 por el juez Ariel Lijo, el mismo que
investiga ahora a Michetti, por trata de personas; a partir de una denuncia formulada por el
titular de La Alameda, Gustavo Vera. Allí, Saya lo invita a sumarse a trabajar para la
campaña. Vera afirmó que quien se encargaba de apretar a las lacras como Morales Comini
era Gómez Centurión, por entonces director de la Agencia Gubernamental de control
porteña durante el mandato del presidente offshore, quien realizaba operativos amagando
clausuras que nunca se ejecutaban. ¿Por qué? Porque se los obligaba a pagar coimas o
donaciones forzadas para el PRO. Justamente la llamada de Saya, revelada por la escucha,
se realiza un día después de unas de las visitas de los muchachos del ex carapintada,
separado actualmente de su puesto como Director de Aduana, pero apoyado explícitamente
por el presidente blindado, mandato incumplible. En esa grabación puede escucharse al
siniestro Comini contestar que está dispuesto a participar y pedir una reunión a concretar
“lo más pronto posible”. ¿Cuál sería el apuro recibido, en uno de esos tugurios donde
explota sexualmente mujeres indefensas traídas con engaños de otros países? Su interés
republicano por la gesta heroica de los nobles neoliberales, seguro que no. ¿Quién lo
mantiene escondido desde hace tres años, atento a asegurarse que nunca hable de toda la
mugre que lo involucra a él y a la política que lo usa y prohíja? En cuanto a Lidia Saya,
quien en la grabación afirma hablar a pedido de Michetti, no fue separada
“preventivamente” de la función pública, como se hizo con el malogrado Gómez Centurión,
víctima seguramente de alguna interna partidaria por exceso o retaceo de vueltos y no por
una iniciativa anti corrupción como afirmó la ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich.
Por el contrario: Saya fue premiada al ser catapultada como subsecretaria del Sedronar y
mantenida como defensora adjunta del pueblo en la Ciudad de Buenos Aires. Las relaciones
del PRO con gente de baja estofa que anida en prostíbulos explotando chicas no es nueva.
Todavía naufraga en los tribunales la denuncia de Lorena Martins, hija del cafiolo Raúl
Martins (ex funcionario de la ex Side durante 13 años), acusando a su padre de manejar una
red internacional de trata de personas bajo la protección política del propio presidente
offshore, quien luce sonriente al lado del proxeneta en diversas fotos que se hicieron
públicas los últimos años. Cuando uno señala que esta caterva de dirigentes neoliberales
son siniestros, mentirosos y estafadores no los está calificando. Los está describiendo. Y las
campañas PROstibularias que hacen para juntar fondos, de modo de financiar la política
con la que saquean las arcas públicas sin vergüenza alguna, es la muestra más palmaria que
a ellos no los mueve ningún otro interés que los negocios, para los cuales todos sus fines
justifican los medios o, como ahora en funciones de gobierno, todos sus fines los justifican
los Medios hegemónicos.

¿Es el gobierno de gerenciadores con cuentas offshores no declaradas un gobierno fuerte?

¿O la fortaleza con la que intentan impresionar se ve sólo alimentada por la debilidad de sus
oponentes? Lo seguro es que están decididos a todo y a decir cualquier cosa, apadrinados
por los medios hegemónicos que ocultan o justifican cada una de las aberrantes iniciativas
del gobierno con pasmosa prepotencia e impunidad. Sin ellos, apañando, tergiversando y
distrayendo, la Alianza Cambiemos no podría sostenerse mucho tiempo más, dados los
escándalos de corrupción que la enlodan y las iniciativas abominables que perpetran y
planean a futuro. Así, el presidente offshore puede decir que si ellos no llegaban al poder
“el país iba ir rumbo al 2001”, el cineasta de ficciones neoliberales, Juan Campanella,
reconocer orgulloso que "la teoría era tensar las contradicciones de la sociedad” y que ello
“fue planeado y ejecutado con eficacia", o la madre del suicida ex fiscal Nisman pedir que
la muerte de su hijo sea considerada "delito de lesa humanidad". Todo demasiado cínico y
surrealista para ser tomado en broma o como una provocación más del “juego de la
política”, en medio de un conjunto de calamidades que han pulverizado ánimos y
expectativas de una población totalmente abrumada e indefensa ante tanto espanto hecho
paisaje natural y cotidiano. Continuaremos asistiendo a más neoliberalismo recargado, a
más odio y revanchismo persecutorio, y a más avasallamientos legalizados; mientras la
oposición social existente no se convierta en oposición política estructurada, con un
liderazgo claro y un proyecto alternativo en las antípodas al del actual gobierno neoliberal.

20/09/16: La gerencia de CEOs y evasores con cuentas offshores, como todo gobierno
neoliberal, tiene como principio renunciar a la soberanía nacional. Por ello retira controles
y regulaciones a la entrada y salida de divisas, arbitra a favor de las corporaciones
transnacionalizadas, busca ingresar a tratados comerciales desiguales con el imperio
norteamericano e intenta “dialogar” con Gran Bretaña por las Islas Malvinas, cediendo en
sus reclamos y habilitando negocios de los que no saca provecho ni pretende supervisar.
Pero faltaba la frutilla del postre y, ayer, se la pusieron a la torta que no reparten a las
grandes mayorías excluidas: recibiendo al F.M.I. Como siempre este siniestro organismo
llega con una misión: auditar las cuentas públicas y condicionar la Economía con sus ya
clásicos brutales ajustes a cambio de crédito más barato; que se encargarán de hacer
devolver de la manera más expoliadora posible. La última vez que el FMI había jugado ese
papel fue a mediados de 2005. A partir de allí el kirchnerismo canceló la deuda del país con
la institución de crédito y frenó las visitas virreinales para evitar que se amplifique la usina
de pensamiento ortodoxo que trajo en el pasado inmediato consecuencias nefastas. El
inefable ministro de Propaganda, Joseph Peña, salió a aclarar que el F.M.I. “no dirigirá ni
ordenará la política económica del gobierno”, lo cual puede no dejar de ser cierto: el mejor
alumno siempre es el que sabe lo que tiene que hacer sin que su maestro se lo ordene. De
hecho, las políticas implementadas hasta ahora van en línea con el recetario pauperizador
del Fondo, cuyo único elemento igualitario es su aplicación bajo el mismo formato en
Argentina, Angola, Grecia o Tailandia. El reencuentro no pudo ser más auspicioso: la
gerencia recibe a los saqueadores internacionales con los deberes empezados y con
proyectos próximos a profundizar el rumbo; que no será otro que el que conduce al 2001,
con el quiebre institucional y la ruptura de lazos sociales incluidos.

El F.M.I. debe estar maravillado con lo que encontró en su regreso a la Argentina. Crece el
desempleo, caen los salarios, se transfieren recursos públicos a las corporaciones, se
aumentan las tarifas públicas de manera estratosférica, y se endeuda el país como ninguna
otra Nación lo hizo en la historia reciente en tan poco tiempo. En el primer semestre la
deuda externa creció U$S 38.808 millones, y ya totaliza los U$S 188.266 millones, un
tercio del PBI. El 64,4% de la deuda está en cabeza del sector público, 33,9% al privado no
financiero y el 1,7% restante corresponde al financiero. Según el Indec, al cierre del primer
trimestre, la deuda externa llegó a U$S 184.300 millones, por tanto, entre abril y junio
registró un aumento de casi U$S 4.000 millones. El organismo informó la deuda pública y
privada de la Argentina, donde incluyó el fuerte incremento que tuvo a partir del pago a los
fondos buitre. Pero las alentadoras noticias para los profesionales de la estafa disfrazada de
ideología no terminan acá. El ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, anunció
que en 2017 la Argentina tomará deuda en el mercado internacional por entre U$S 10.000 y
U$S 15.000 millones como parte del programa financiero planteado en el proyecto de Ley
de Presupuesto remitido al Congreso Nacional; que también prevé más aumentos de tarifas,
eliminación de subsidios, reducción presupuestaria en obra pública y demás calamidades
que serán del agrado de nuestros ilustres visitantes. Por supuesto no estará ausente la
sensibilidad social neoliberal: el proyecto “empleo joven” seguirá siendo la apuesta fuerte
del gobierno ni nacional ni popular, para, rebajando salarios por debajo del salario mínimo,
aumentando la carga horaria laboral y eliminando los convenios colectivos, incentivar la
inversión productiva internacional. Si esto no alcanzara, más rebajas arancelarias, menos
carga impositiva y nuevas privatizaciones a medida de las corporaciones y de los amigos
cardenales del presidente offshore, integran el menú complementario para satisfacer, al
mismo tiempo, la demanda de los evasores del pasado “mini davos” y del F.M.I., que con
políticos tan disciplinados pueden empezar a temer por la utilidad de su trabajo.

Ni cultura del trabajo ni cultura integral para la ciudadanía de a pie anidan en las pérfidas
mentes neoliberales. Allí están unos simples cuadernos para reflejarlo. Cuadernos de
trabajo para la capacitación de docentes fueron abandonados en un basural de Las Grutas,
Río Negro. El material educativo estaba sin uso y pertenecía al programa federal "Nuestra
Escuela", financiado por el Estado nacional y que apunta a la formación gratuita, universal
y en ejercicio, de todos los docentes del país. Como consecuencia de este hallazgo, el
presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, Luis Esquivel, solicitó al
Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro que determine
las responsabilidades por el material educativo arrojado como basura en un descampado.
Por otra parte, los trabajadores de la Cooperativa Gráfica Madygraf (ex Donnelley) harán
una protesta este miércoles en la esquina de Callao y Corrientes. Allí repartirán 20.000
cuadernos escolares producidos en la imprenta recuperada, tras la quiebra. La protesta, que
comenzará a las 8 de la mañana, es similar a las realizadas en Plaza de Mayo con
productores que regalaron frutas y verduras, tiene como objetivo exigirle a la Cámara de
Diputados bonaerense que apruebe el proyecto de Ley de Expropiación de la fábrica, para
poder mantener los 200 puestos de trabajo. El conflicto en la imprenta estadounidense
Donnelley comenzó en 2014, cuando la compañía se declaró en quiebra y dejó sin trabajo a
400 personas. Claro que la gerencia neoliberal nada entiende de cuadernos sino de
“papers”, de esos que trajeron los enviados del FMI cargados de órdenes de ajustes en
Educación y salud pública, que ya el Hood Robin argentino no Nacional inició de manera
anticipada. Esas son las “reglas claras” que un estadista, adelantado a su tiempo, puede
instaurar como le enseñó su maestro Carlos Menem, hoy recibido calurosamente por el
Papa Francisco, con cirugía mayor sin anestesia.

En su discurso de asunción el presidente offshore afirmó que, en su gestión, el poder

judicial iba ser independiente, sin la intromisión del Poder Ejecutivo para “manipular a la
justicia”. Sin embargo, tanto como Jefe de Gobierno como primer mandatario (no)
nacional, no ha hecho otra cosa que “operar” al poder judicial de manera descarada,
ensuciando opositores y persiguiendo jueces no adictos a su fuerza política. Por lo último
señalado basta ver el caso del juez Andrés Gallardo, quien denunció al Gobierno de la
Ciudad ante el Consejo de la Magistratura porteño, dado que en un mes fue recusado en
diez causas, lo que sumadas al resto de las recusaciones que recibió en los ocho años del
gobierno del mal imitador de Freddie Mercuri da un total de 771 intentos de recusarlo. Sólo
en tres lo consiguieron, pero en cada caso el procedimiento consigue frenar las causas que
instruye el juez. Sobre la estrategia, Gallardo advirtió al Consejo: “Afecta mi independencia
como magistrado comprometiendo el desempeño de mis funciones”. Gallardo advirtió que
esto se convierte en un “mecanismo de extorsión que se ve reforzado por la constante
promoción de denuncias y querellas penales en mi contra al sólo efecto de invocar la
causal”. El juez destacó que todas las causas penales que le inició el gobierno porteño
concluyeron con el sobreseimiento por inexistencia de delito “a pesar de los ingentes
esfuerzos de los abogados del Gobierno para mantener vivas las imputaciones”. El
magistrado indicó que, por lo general, las recusaciones se producen después de un fallo
desfavorable para el macrismo. Gallardo argumentó en su denuncia que, de esta forma, se
desvirtúan las recusaciones. Este es el modus operandi de un gobierno que entiende al
poder judicial como un apéndice del Poder Ejecutivo, funcional al andamiaje aceitado de la
troika que completa la prensa canalla que lideran los Grupos hegemónicos como Clarín y
La Nación.

El caso del juez Gallardo, obviamente, no es un caso aislado. También está el de uno de los
jueces más probos y honestos que sobreviven en el nido de víboras que matan con veneno
neoliberal en el poder judicial: Carlos Rozanski. El titular del Tribunal Oral 1 de La Plata
denunció que es “perseguido” por el Consejo de la Magistratura, y vinculó esta decisión de
“los representantes del Poder Ejecutivo” a la intención de frenar el avance de los juicios de
lesa humanidad hacia “complicidades civiles”. En cuanto a las motivaciones de esta
presunta persecución, Rozanski puntualizó que “en causas de delitos de lesa humanidad ya
no se trata solo de conocer la verdad, que es importantísima, sino que trata de ver hasta
dónde han llegado las complicidades en la época del terrorismo de Estado”. “Cuando se
empezó a avanzar en las complicidades que excedían a las fuerzas de seguridad, empezaron
este tipo de cuestionamientos para frenar el avance hacia otros sectores de la población”,
sentenció. El magistrado señaló que se enteró de esta maniobra de supuesta persecución a
través de un informe periodístico en el que se anunciaba que “el Gobierno estaba detrás de
tres jueces: Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y él”, y destacó que no lo creyó posible hasta
que el Consejo de la Magistratura retomó la denuncia de un gremialista, dijo el magistrado
en diálogo con radio Vórterix. Se podría seguir todo el día con más ejemplos, de los que
seguramente se estará ocupando la lumpen política Elisa Carrió, tan afecta a las denuncias
tribunalicias, que se inician en los sets televisivos de los Medios hegemónicos dominantes.

21/09/16: La gerencia neoliberal no sólo empobrece la vida material de las personas.

Principalmente, a través del presidente offshore, también lo han logrado con el debate
político y la discusión de ideas, que se han precarizado de manera bochornosa. Ello se vio
reflejado en la nueva lacónica alocución del hombre del corazón artificial ante la Asamblea
General en las Naciones Unidas, donde hizo uso de la palabra, durante menos de 20
minutos, leyendo de un telepronter un discurso vacío, sin gracia, lleno de lugares comunes
y con la impronta cínica propia de los neoliberales de su calaña. Allí señaló, como si tratara
de un imitador parodiándolo sarcásticamente, que “en la Argentina nos hemos planteado
como horizonte tres grandes objetivos: la primera meta es avanzar hacia pobreza cero”, “el
segundo objetivo es derrotar al narcotráfico”, “la tercera meta es unir a los argentinos a
través del diálogo, el respeto a la ley y el fortalecimiento de la democracia”. Luego repasó
logros de su gestión, sin números: “Normalizamos la macroeconomía, comenzamos a
fortalecer las relaciones con nuestros vecinos, y nos estamos vinculando de forma madura
con el resto de los países y los organismos internacionales”. La desfachatez insolente y
psicopática continuó cuando aprovechó una reivindicación de la igualdad de género para
hacer proselitismo por Malcurra en la candidatura para la ONU: “Estamos trabajando para
que la mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres”. En un sobrevuelo, habló
del desafío del cambio climático y de la crisis de desplazados en Medio Oriente, dos temas
fuertes de coyuntura en este 71º ciclo de la Asamblea General. Respecto al tema
medioambiental, llamó a ratificar el Acuerdo de París para que entre en vigencia y destacó
el trabajo que se está haciendo en el país en materia de energía renovable. Cuando se refirió
a “la problemática de los refugiados”, prometió “ampliar la recepción de los refugiados de
Siria o de sus países vecinos, privilegiando a grupos familiares con niños”, mientras en su
país sus jueces adictos planean quemar cunas y, su equipo de trabajo que “aprende sobre la
marcha”, eliminar programas de asistencia a los sectores más vulnerables. Así pasó, con
pena y sin gloria, una nueva puesta en escena internacional para mentir ante un auditorio
dividido entre los que ni lo escucharon y los que se habrán reído internamente en sorna ante
tamaño desparpajo abusivo de auto elogios desvergonzados y mendacidades insuperables.
El patético discurso del presidente blindado ante la ONU, quedó aún más opacado por las
idas y vueltas generadas en torno al supuesto inicio de un diálogo formal con el Reino
Unido por la soberanía de las islas Malvinas. Según aseguró el mal imitador de Freddie
Mercuri, la flamante primera ministra británica, Theresa May, se acercó a saludarlo durante
el habitual almuerzo de jefes de Estado que tuvo lugar al mediodía en la ONU. “Le dije que
estoy listo para comenzar un diálogo abierto que incluya, por supuesto, el tema de la
soberanía sobre las islas. Me dijo que habría que comenzar a conversar”. Pero, ayer por la
noche, el gobierno británico no había realizado ninguna declaración confirmando o
desmintiendo la apertura de negociaciones. En cambio, quien salió por la noche fue la
cancillera Susana Malcurra, en el papel de bombero a bajarle el tono a las afirmaciones
presidenciales. “Por supuesto la primera ministra dijo que se encontrarían, pero no es que se
habló de una hoja de ruta, o dónde van a ser los próximos pasos, que este tema esté cerrado
y arreglado y avanzado”, interpretó, para concluir: “No es un acuerdo para avanzar en el
tema de la soberanía”. De acuerdo a la versión de Macri, durante ese breve diálogo lejos de
las cámaras, May dio el visto bueno para iniciar conversaciones con un temario amplio que
incluya la soberanía, algo que, de concretarse, marcaría el anuncio más importante en este
tema desde la guerra de 1982. Por eso, se esperaba para hoy una confirmación desde
Downing Street y más detalles sobre los alcances de este principio de acuerdo, pero
Malcurra se apresuró anoche a bajar las expectativas sobre algo que había sido un contacto
“informal”. “Puede que no lleguemos a nada, que avancemos en algunos temas y otros no o
que nos tomen años. Es una señal de disposición de dialogar”, remarcó. El antecedente
inmediato de este anuncio había sido la controvertida declaración conjunta realizada por
Malcurra la semana pasada con el vicecanciller británico Alan Duncan, en la que Argentina
se comprometía a “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que
limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas,
incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”. Ese primer acuerdo siguió ayer
generando rechazos en la oposición, pero también posiciones encontradas en el oficialismo,
que obligaron a Malcurra a adelantar su disposición a ir a dar explicaciones al Congreso.
Así de escandalosa es la entrega de soberanía nacional a potencias extranjeras. Lo concreto
es que quedó expuesta, una vez más, la falta de seriedad y profesionalismo de una fuerza
política que carece de cuadros políticos, incapaces de coordinar al menos las mentiras y las
negociaciones espurias que realizan tras bambalinas sin que salgan a la luz tan rápido y de
manera tan diáfana. La mentira en muchos casos puede ser un arte, pero en otros un recurso
trillado, que termina por hacer sospechosas las pocas verdades a medias que pueden
expresar sin engaños ni estafas de por medio.

En materia de mentiras, escándalos de corrupción y entrega de soberanía, al presidente

offshore le salió una inesperada competidora en la disputa por el primer lugar en el podio:
Gabriela Michetti. Ayer la vicepresidenta sumó otro revés en la causa que investiga el
origen de los 245 mil pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa, el 22 de noviembre,
que se encontraban en distintas bolsas de cartón dentro de su habitación. Tras haber
solicitado a través de un escrito su sobreseimiento en la causa, el abogado denunciante,
Leonardo Martínez Herrero, presentó una ampliación de la denuncia en la que refutó lo
expresado por el abogado de la vice, Ricardo Gil Lavedra, al plantear una serie de
contradicciones entre lo expuesto ante el Juzgado y lo expresado anteriormente en los
medios de comunicación. Según el letrado, la funcionaria dio versiones diferentes sobre el
origen de los 200 mil pesos y la forma en que llegaron hasta su domicilio, al mismo tiempo
que resaltó la falta de transparencia a la hora de manejar las donaciones, que finalmente no
fueron ingresadas en las cuentas de la fundación. Martínez Herrero precisó que “la
recaudación que efectuó, según consta en su escrito, no se ajusta a la normativa legal
vigente, no dice si se asentaron esas donaciones en los libros, recauda plata ilegítimamente,
no se dan recibos, no se asienta en los registros, no lo devuelve y no pasa absolutamente
nada”. Además, agregó: “Resulta sumamente contradictorio sostener que recaudó ese
dinero en efectivo fuera del sistema bancario para abonar la cena que realizaría la fundación
y decir luego que iba a extender los recibos correspondientes y luego depositarlo en el
banco. Si lo iba a depositar en un banco no necesitaba el dinero en efectivo”. Luego
mencionó que tampoco sería veraz que la vicepresidenta no haya usado fondos del Estado
en Suma, y enumeró todos los empleados que trabajaron tanto en esa fundación como en el
Senado o en el gobierno de la Ciudad, entre ellos Álvaro Zicarelli, Karen Zeolla y Santiago
Riobo. Martínez Herrero destacó: “Dice que Suma la constituyó en 2011 y comenzó a
funcionar en 2014, pero con simplemente poner en Google sale que realizaba actividades en
2012 y 2013, sostiene que actualmente está todo presentado y en regla cuando recién
presentó todo a fines de julio y principios de agosto, es decir con posterioridad a mi
denuncia”. De hecho, Suma habría sido creada en 2009. Y tampoco se entiende por qué
aportó Michetti comprobantes de los años que dice que la entidad estuvo inactiva. La
vicepresidenta sostiene haber pagado 165 mil pesos en 2014 en concepto de sueldos de una
fundación que no tenía empleados. “Nada dice de aportantes como Farallón, de Gutiérrez,
procesado en la causa López, y otras empresas dedicadas a la obra pública”, apuntó
Martínez Herrero. Por otra parte, el abogado rechazó el intento de Michetti por limitar la
investigación del origen de los fondos y la intención de apartar a Suma y sus
irregularidades de la causa, y solicitó investigar en profundidad a los presuntos aportantes a
la campaña presidencial del mal imitador de Fredy Mercuri, entre ellos Carlos Morales
Comini, mencionado por el programa El Destape la semana pasada, que conduce Roberto
Navarro. El denunciante también puso en evidencia omisiones de Michetti: “Nada dijo de
los sobres de dinero que le daba a la mucama para que los esconda en muebles en más de
una oportunidad, tal como declaró la empleada bajo juramento en la causa por el robo”,
destacó. Mientras este escrito dejaba expuesta la estrategia mendaz de la vice presidenta,
ésta protagonizó otro hecho vergonzoso que pinta de cuerpo entero el carácter anti nacional
y cómplice de su gobierno con los vaciadores de empresas públicas, en su momento (mal)
privatizadas. La vendedora de humo mediático e iluminadora de túneles siniestros, anunció
hoy en Twitter su participación como "madrina" en el conmemorativo del 70º aniversario
de Iberia en América Latina, la empresa que formó parte del vaciamiento de Aerolíneas
Argentinas quince años atrás. "El avión ´Buenos Aires´ de Iberia ha sido bautizado esta
mañana en el aeropuerto de Ezeiza", anunció la vicepresidenta a través de Twitter, lo que
desató todo tipo de comentarios negativos entre los que soportaron leerlo, ya que los
usuarios le recordaron el lamentable rol de la empresa española en el vaciamiento de la
aerolínea de bandera. Uno ya no sabe qué creer. O las provocaciones son premeditadas o el
inconsciente siempre les juega una mala pasada a la hora de blanquear sus adhesiones con
lo peor del pasado, redivivo a través de las nefastas políticas públicas actuales.

Salimos de un escándalo de corrupción para sumergirnos en el estiércol de otro, siempre

protagonizado por los adalides de la lucha contra el delito. El policía Patricio Masana, el
único detenido por el robo ocurrido en marzo pasado en la casa del intendente de La Plata,
Julio Garro, declaró entre ocho y nueve horas ante la fiscal Virginia Bravo y accionó una
bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Con la intención de “colaborar
en el esclarecimiento” de un hecho del que fue parte, y que tiene como prófugo a otro de
sus actores, sostuvo que “hubo un entregador” allegado al jefe comunal de Cambiemos.
Pero la conmoción mayor sucedió cuando aseguró que “no robaron 30 mil pesos”, como
dijo Garro en su momento, sino que se llevaron “seis millones de dólares y 700 mil pesos”
en dos valijas. Al conocerse la noticia, el intendente Garro, en declaraciones al diario El
Día de La Plata, dijo que está en medio de “un chantaje de algunos mafiosos de la Policía
bonaerense”. Masana confirmó que Marcelo Maidana fue cómplice del hecho y que el
nombrado sigue prófugo “con pedido de captura nacional e internacional, con intervención
de Interpol y con circular roja”, recordó el abogado del policía, quien admitió que lo que
busca su defendido “es colaborar con el esclarecimiento del hecho y después, si se da la
posibilidad, pedir la excarcelación”. Veremos si, como le sucedió a Michetti, una denuncia
por robo termina en un nuevo escándalo político, protagonizado por un auténtico
representante de lo peor de la derecha cavernícola.
La Corte Suprema de las Corporaciones, otra vez. Ayer decidió que la causa por la muerte
de Alberto Nisman sea instruida por la justicia federal, más precisamente por el juez
servilletero Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. Los supremos sostienen que, aunque
no se puede determinar si Nisman se quitó la vida o fue víctima de un homicidio, la muerte
del fiscal ocurrió cuando estaba en funciones, pese a que se encontraba trabajando en su
casa. Y que, además, la sola existencia de una hipótesis de homicidio obliga a que el
expediente se tramite en la justicia federal. Dijeron que el hecho tiene “incidencia en el
normal funcionamiento de investigaciones” y que las “presuntas motivaciones no parecen
ser extrañas a la función desempeñada por el fiscal”. Por eso, señalaron se impone “que sea
el fuero de excepción (el federal) el que continúe conociendo en el sumario”. El fallo está
en línea con lo que llaman el partido judicial, o sea la estrategia de orientar todas las causas
contra el gobierno anterior. No hay en el expediente ni una sola evidencia que indique que a
Nisman lo mataron, pero se introduce la idea de que hubo una especie de comando que
entró al edificio de Le Parc, llevó al baño al fiscal y le pegó un único balazo, a un
centímetro de distancia, sin que medie ninguna pelea ni ningún desorden, utilizando una
pistola vieja, registrada oficialmente a nombre de un técnico informático a quien Nisman le
pidió el arma prestada. La hipótesis estrambótica que se deja entrever –a la medida de la
derecha norteamericana– es que el comando era “iraní-venezolano-kirchnerista”. Las
últimas maniobras leguleyas, funcionales a las necesidades “distractivas” de la gerencia
neoliberal, habían comenzado al momento de sortear la causa en el fuero federal, para
definir qué juzgado se haría cargo del caso. En su momento se anunció que el bolillero
informático adjudicó el expediente al juez federal Sebastián Casanello. Sin embargo,
minutos más tarde, se notificó que se había caído el sistema y un rato después se informó
que el expediente terminó en el juzgado de Ercolini. El propio Ercolini hizo la denuncia y
la jueza María Romilda Servini de Cubría determinó, en primera instancia, que había
irregularidades en los sorteos. Aun así, nada se modificó y todo indica que la causa será
instruida nomás por Ercolini, el mismo que mantiene dormida la causa por la apropiación
criminal de Papel Prensa y el mismo que protagonizó, hace unos meses, uno de los
papelones más grandes del año del poder judicial, cuando ordenó al banco de Santa Cruz
una inspección para determinar si la ex presidenta o algunos de sus hijos, Máximo y
Florencia, contaban con cajas de seguridad en esa entidad; resultado que finalmente fue
negativo. Con esta decisión de los privilegiados cortesanos, la buscadora de oro, Sandra
Arroyo Salgado, puede continuar su frenética pelea por la indemnización del “magnicidio”;
la desamorada madre Garkunkel insistir, en el colmo del delirio, con que el “crimen” de su
hijo debe ser considerado de lesa humanidad; y la troika completa reflotar las acusaciones
difamatorias contra CFK; de manera de continuar demonizando a su fuerza política para
sacarla definitivamente de la cancha, de persistir en el intento de encarcelar a la ex
mandataria exponiéndola al escarnio de la opinión pública, y de redoblar las maniobras
distractivas que sacan de foco a la crisis económica actual y a los escandalosos casos de
corrupción que tienen como protagonistas a la gerencia de neoliberales que tomó por asalto
al Estado (ex) Nacional.

Durante el primer semestre de este año, la represión a manifestaciones sociales, las

detenciones arbitrarias y el gatillo fácil fueron los argumentos más utilizados por las
fuerzas de seguridad para sugerir que nadie se aparte de las indicaciones presidenciales.
Estos y otros datos como que la Bonaerense seguida por la Federal fueron las fuerzas que
más pasión le pusieron a partirle la cabeza a alguien, surgen del primer Registro de Casos
de Violencia Estatal (ReCaVE) desarrollado por el Centro de Estudios en Política Criminal
y DD.HH. (Cepoc), con la colaboración de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos
en Cárceles Federales (AciFaD) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).
Del mismo modo que el Registro de Femicidios de la Casa del Encuentro, el ReCaVE se
nutrió de la información periodística ya que no existe una estadística oficial de la propia
violencia. También, para entender los límites que surgen del Registro, la cobertura
periodística de la violencia estatal estaría resultando, últimamente, cobertura y
encubrimiento. La producción del ReCaVE surgió a partir de una serie de evidencias que
revelaban a los autores que, a partir del 10 de diciembre pasado, se había abierto la puerta a
la fórmula represiva con amplia participación de las fuerzas de seguridad. El decreto de la
Emergencia en seguridad; la elaboración del protocolo para reprimir protestas sociales; la
inclusión en agenda de la idea de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades
vinculadas con la seguridad interior, con el caballito de batalla de la guerra contra las
drogas; la sentencia del Tribunal Superior de Justicia porteño que habilita a las fuerzas de
seguridad a la utilización de la identificación de personas en base al olfato policial; la
prisión preventiva política de Milagro Sala y demás seguidores en Jujuy; el protocolo de
seguridad de la ministra Bolsrich y la habilitación de la Corte Suprema de las
Corporaciones para el uso de pistolas Taser, fueron síntomas de la regresión punitiva. A
pesar de la contundencia de este informe, y con los medios hegemónicos como soporte
indispensable para encubrir los avasallamientos detallados y comprobados, el presidente
offshore, más blindado que nunca, se pavoneó ayer en la ONU hablando del respeto de las
instituciones y del achicamiento de la grieta, que existió, existe y existirá siempre; algo,
hoy, más evidente que nunca.

22/09/16: Quizá haya sido esta la peor semana de la gerencia neoliberal en funciones de
gobierno. Al papelón internacional protagonizado por el presidente blindado en la ONU y a
las nuevas pruebas que involucran a su vice Gabriela Michetti en el caso de las fundaciones
apócrifas que recaudan dinero ilegal para la política, sumemos la novena cuenta offshore de
Mauricio Macri, revelada ayer por los Panamá Papers. Sí, otra más. Documentación
originada en una nueva filtración del Registro de Compañías de Bahamas reveló la
existencia de Viajeya.com International Holdings. La aparición de la novena firma del
grupo montada a través de la red global de servicios financieros offshore expone un
comportamiento sistemático del holding Socma y sus miembros para canalizar sus
negocios, la otra forma de la corrupción estructural legalizada. La firma radicada en la
guarida fiscal caribeña fue creada en abril del 2000 con un capital social de 10 millones de
dólares. La empresa figura en un listado con más de 175.000 sociedades, fideicomisos y
fundaciones incorporadas en el archipiélago caribeño al que accedió el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación. El uso de firmas offshore en el entramado
societario de los Macri es una práctica compartida con otros miembros prominentes de la
cúpula empresarial argentina que también son mencionadas en la filtración como Ledesma,
Boldt, Corporación América, Soldati y Techint, entre muchas otras firmas que en Argentina
apostaron por el “cambio”. La participación del holding familiar en la novena firma
montada a través de una guarida fiscal se dio a través del Galicia Advent Socma Private
Equity Fund. De acuerdo a los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores,
cuando se concretó la creación de Viajeya.com el Grupo Socma controlaba el 44 por ciento
de la inversora y el Banco Galicia ostentaba el 27,8 por ciento de las acciones. Pero la
capacidad de decisión de los Macri sobre el fondo a cargo de abrir la offshore en Bahamas
era todavía más importante. Entre 1997 y 2000, la fecha para la cual se realizó la operación,
la dirección de las inversiones del fondo estuvo a cargo de Daniel Chain, el actual
secretario de Obras Públicas del Ministerio del Interior que antes de administrar la empresa
se había desempeñado como adscripto a la presidencia de Socma. No sólo el hombre del
corazón artificial quedó escrachado en los Panamá Papers nuevamente. Los inefables
hermanos Antonio y Fernando “Aito” de la Rúa figuran en la filtración de los “Bahama
Papers” como miembros de dos empresas: Bonds Cay Development y Furia Investments
Holdings. Ambas firmas fueron abiertas en 2006 y en las dos los De la Rúa integran las
sociedades junto a los también hermanos Arturo y Patricio Rubinstein, dos economistas
argentinos dedicados a los negocios financieros por el mundo. Habrá que insistir con lo
dicho en las otras oportunidades en que aparecieron estas cuentas: el presidente mintió. Su
ministro de Propaganda, el resto de la gerencia y la fanática macrista, la ocupa Laura
Alonso, también. Desde el primer momento negaron la existencia de cuentas offshores.
Después adujeron que no es delito. Lo concreto es que el colectivo “Cambiemos” evade
impuestos y no declara sus tenencias en sus declaraciones juradas. La legalidad o no de las
decisiones empresariales son secundarias. La ética pública, que desconocen por completo y
que violan sistemáticamente, los salpica hasta la coronilla. Mientras tanto, la oposición
política sigue mirando para otro lado. Ni pedido de explicaciones, ni llamados al Congreso
a interpelación alguna pareciera estar en la agenda de sus acciones próximas. La
complicidad, vaya saber hija de que extorsión o “carpetazo”, invade a las demás fuerzas
políticas que, con su silencio o su tibio chisporroteo, permiten que estas revelaciones se
naturalicen con pasmosa impunidad. Habrá que seguir batallando desde la oposición social,
con la obligación imperiosa de transformarla en oposición política concreta, evitando caer
en la trampa de la “gobernabilidad”; subterfugio que han encontrado los opoficialistas para
eludir sus responsabilidades ante el electorado que los ha votado para enfrentar a Mau y sus
pandilleros, y no para ofrecerse de soporte de sus aberrantes políticas públicas.

Va a haber prestar atención a este nombre: Rodolfo Tahilade, diputado por el FPV. Este
hombre se está cargando, prácticamente solo, con la responsabilidad de investigar y
denunciar a la vice presidenta Gabriela Michetti y a todo el lodazal que la rodea.
Apuntalado por investigaciones periodísticas y pesquisas propias, Tahilade no ha parado un
día en aportar nuevos elementos de prueba y renovados pedidos de investigación sobre las
andanzas de la pandilla neoliberal a través de sus apócrifas fundaciones. Dos nuevos
elementos han aparecido cuando parecía que la podredumbre a la vista ya era mucha y
suficiente. La causa en la investigación de la fundación trucha SUMA, ahora avanza
también en poner la lupa en los aportes que empresas, con contratos con el gobierno de la
Ciudad, realizaron a la campaña presidencial del mal imitador de Freddie Mercuri y que a
la vez figuran como sponsors de la ONG, hoy investigada por el origen de los fondos que le
robaron a la vice el pasado 22 de noviembre. El aporte directo de empresas a campañas
políticas está prohibido por la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que solo
permite hacerlo a nombre de personas. Entre las firmas involucradas se encuentra Riva SA,
Delta Marketing, Vialmani y Fontana Nicastro, entre otros. Riva es de una de las
constructoras más importantes de la Ciudad, que estuvo a su cargo la construcción del
Metrobús. Según reveló el programa que conduce Roberto Navarro, aportó 500 mil pesos a
la campaña. Otra firma, Delta, que tiene a su cargo la comunicación de la campaña de
reciclado del GCBA, aportó el mismo monto. ¿Qué tienen todas estas empresas en común?
Todas figuran como sponsors de SUMA. Por estos datos, los diputados del FpV Juan
Cabandié y Rodolfo Tahilade ampliaron la denuncia contra la vice para develar el
entramado corrupto que hay entre la obra pública faraónica que propician los gerentes
neoliberales y las empresas contratistas, aliados ambos en el perverso mecanismo de
retornos y negocios cruzados para otorgar licitaciones a cambio de aportes para solventar
campañas electorales y demás yerbas. Pero la cosa no termina acá. Tailhade y Cabandié
también ampliaron ayer la denuncia en la que se investiga el origen de los fondos que le
robaron a la vicepresidenta el pasado 22 de noviembre, en donde refutaron los argumentos
esgrimidos en el escrito presentado por la defensa el viernes y solicitaron nuevas medidas
de prueba. Dentro de la batería de medidas solicitada por los denunciantes se destaca el
pedido para que la AFIP le remita al juzgado de Ariel Lijo las declaraciones juradas
correspondientes a los supuestos donantes que informó Michetti, diez meses más tarde, a
través de su escrito de defensa, al tiempo que se pidió citar a declaración testimonial a su
hijo, Lautaro Cura, para esclarecer el origen y el destino de los USD 50.000 que también le
sustrajeron a la vice la noche del triunfo electoral. Pero está el costado más siniestro y
perverso de estos personeros de la mentira y la estafa hecha ideología política. Los
denunciantes también aportaron el nombre de una nueva y polémica organización que
tendría una estructura similar a las que ya están siendo investigadas por la “Justicia”, cuyos
titulares son funcionarios del gobierno PRO: se trata de la Fundación Pericles,
perteneciente al diputado del Parlasur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, uno de los más
altos operadores judiciales del presidente offshore, quien utiliza esta organización como un
club nocturno, y en donde realiza reuniones con funcionarios habitualmente. Pese a que en
la AFIP figura como una fundación destinada a "la defensa de la inclusión social y
promoción de los valores", en el edificio, ubicado en la calle Bolívar al 400, se ubica un
escondido bar, al cual se entra con contraseña, y que cuenta, según aseguran fuentes
cercanas al PRO, "con una gran pista de baile en el centro, mesas de pool, cuadros,
esculturas e imágenes de mujeres desnudas, y hasta un caño para bailes eróticos y
reservados con espejos y cortinas". Si sumamos esto a los vínculos de Michetti con el
proxeneta Morales Comini, hacemos sistema. Las derivaciones de esta causa ha llegado a
un grado de depravación que uno ya teme de qué otra aberración más abominable que la
anterior se va a enterar. De lo que no hay dudas es que cuando los fines son abyectos, los
medios para alcanzarlos son aún peores.

Mientras se siguen descubriendo cuentas offshores por el mundo a nombre del gerenciador
en jefe del Estado ex nacional y se van sumando más pruebas contundentes a la causa que
tiene como protagonista a la vicepresidenta con sus fundaciones truchas y el festival de
corrupción que lo acompaña, de la copa neoliberal solo se derraman las más variadas
calamidades sin solución de continuidad. Tres de cada cuatro pymes vieron derrumbadas
sus ventas en lo que va del año, más del 15 % de los locales en Mar del Plata cerraron sus
puertas, el plan Procrear se encuentra prácticamente paralizado y la industria cayó un 4,6 %
en agosto; por nombrar sólo algunas de las consecuencias devastadoras que el “mejor
equipo en 50 años” que “aprende sobre la marcha” trajo aparejadas como resultado de sus
nefastas políticas públicas neoliberales. En tanto la CGT gorda sigue planificando el paro
general más anunciado de la historia argentina. Luego de la reunión que mantuvieron las
tres cabezas del triunvirato compuesto por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos
Acuña, como antesala al Comité Confederal del viernes, ya se deslizó la fecha tentativa
para la medida de fuerza. Según fuentes de la central sindical que dialogaron en off con la
agencia de noticias DyN, el paro tendría lugar durante la segunda quincena de octubre, a 10
meses de la asunción del gobierno de Cambiemos. Todo esto quedará supeditado a que el
Hood Robin argentino no Nacional "decida dar respuesta positiva a nuestras demandas",
aseguraron los sindicalistas en privado. ¿Es que estos muchachos no se enteraron que para
sus “demandas” ya hubo respuestas? ¿Creen que fue una jodita para Showmatch los
anuncios sobre la no eliminación del impuesto a las ganancias o el proyecto de “empleo
joven” con que el ministro Jorge Triaca piensa precarizar salarios y condiciones de trabajo
para los trabajadores? Respuestas hubo: para profundizar el ajuste. A lo mejor se refieren a
otras “demandas”, esas que no se pueden hacer públicas y que los ubica del lado
empresarial y no del trabajador, como viene sucediendo especialmente desde que asumió el
presidente offshore su infame mandato.

Hay que tener cuidado con distraerse mucho siguiendo los casos de corrupción individual
de los personeros del ajuste perpetuo, porque, mientras tanto, la corrupción estructural se
impone con total naturalidad, gracias al invalorable aporte “responsable” del opoficialismo.
El Senado dio ayer media sanción al proyecto de ley que establece un esquema con amplios
beneficios y escasas obligaciones para que las empresas privadas puedan participar en obras
de infraestructuras y servicios en sociedad con el Estado. La iniciativa fue aprobada en la
Cámara alta por 48 votos a favor y 13 en contra, y ahora deberá debatirse en Diputados. El
denominado régimen de participación público-privada pretende fomentar la inversión de
compañías privadas, para lo cual permite a las multinacionales interrumpir contratos o
hacer juicios en tribunales internacionales en caso de no sentirse cómodas en el país. El
proyecto no elimina el actual régimen de obra pública, pero puede reemplazarlos haciendo
subcontrataciones y transfiriendo el contrato a otra empresa una vez que se haya cumplido
el 20 por ciento del plazo original. Tampoco será necesario publicar la licitación en el
Boletín Oficial con lo cual, lo que se publicita como un mecanismo transparente, facilita la
concentración de la obra pública. Garcaterra y Nicky Caputo, entre otros cardenales amigos
del presidente blindado, ya se están frotando las manos a la espera nuevas “oportunidades, a
la vez que la gerencia neoliberal se apresta a abrir nuevas fundaciones, esperemos que con
más sigilo que el visto hasta ahora, para las campañas que se avecinan el año que viene.
23/09/16: ¿Para qué lo habremos “normalizado”?, se debe preguntar el ministro en rodillas
de hacienda, Alfonso Prat-Gay, respecto del Indec, que, aún sospechoso de quedarse corto
con sus cifras, es lapidario respecto del desastre en que ha convertido la Alianza
Cambiemos a la Economía. Según el organismo la actividad económica cayó 3,4 por ciento
en el segundo trimestre respecto del mismo período del año pasado. Las cifras del centro de
estadística oficial muestran los efectos del programa ortodoxo de la gerencia neoliberal a
partir de diciembre pasado, que generó caída de consumo, pérdida de empleo y cierre de
establecimientos productivos. Las ramas de la economía real como la construcción y la
manufactura anotaron los mayores retrocesos. La inversión en el mercado interno, pese a
los argumentos repetidos del Gobierno que con devaluación y desregulación se iba a
incentivar el ingreso de capitales productivos, fue el componente de la demanda agregada
con peor performance. El consumo privado, que equivale al 74 por ciento del Producto, y el
gasto público también anotaron una baja y potenciaron el retroceso de la actividad
económica. La caída es similar a la registrada en la economía brasileña en los últimos dos
años, cuando el programa de ajuste del gasto, devaluación y suba de la tasa de interés
paralizó el movimiento económico. Prat-Gay, aseguró a principios de año que las
inversiones en el mercado interno iban a ser el motor del crecimiento económico en el
Gobierno del presidente offshore, con una gestión dispuesta a escuchar a los empresarios y
garantizarles las reglas de juego para que se animen a invertir. Pero en el segundo trimestre
fueron el componente de la demanda agregada que más retrocedió, con una contracción del
4,9 por ciento, cuando en el mismo período del año pasado avanzaban a una tasa del 4,7 por
ciento. El documento del Indec precisó que hubo una caída del 15,3 por ciento en las obras
de infraestructura vinculadas al sector agropecuario y a los pozos petroleros. También se
registró una baja del 0,8 por ciento en la adquisición de equipo de transporte. A diferencia
de este desempeño, la maquinaria avanzó al 5,3 por ciento, en donde los aparatos
nacionales bajaron al 4,2 y los importados subieron 11,9. El derrumbe del consumo es un
fuerte desincentivo para que los empresarios busquen ampliar sus establecimientos
productivos, en particular, con pymes que enfrentan una fuerte distorsión de su estructura
de costos y reducción de la facturación, y grandes empresas que ya empezaron a recortar las
plantillas de personal. Y mientras el presidente offshore balbucea en la ONU sobre su
compromiso para llegar a la “Pobreza 0”, el Indec determinó que, para el mes de agosto,
una familia constituida por un matrimonio de dos personas de 30 años de edad y tres hijos
de 5, 3 y 1 año, necesitaba 13.136,06 pesos de ingresos para no caer por debajo de la línea
de pobreza. En tanto que para cubrir la canasta de alimentos, es decir para superar la línea
de indigencia, un grupo familiar con esa misma composición requería ingresos por 5444,93
pesos. Con este último presupuesto, pese a lo limitado, el grupo familiar debería estar
habilitado para atender las necesidades alimentarias de todos sus integrantes durante un
mes. Si la CGT gorda quería respuestas a sus demandas, aquí tiene los resultados
alcanzados hasta ahora. Como el rumbo, la gerencia que se apoderó del Estado ex Nacional,
no lo va a modificar, es de suponer que los resultados, en el balance, son los pretendidos;
más allá que algunas variables incontrolables pongan en jaque al plan confiscatorio en su
conjunto.

Todos sabemos que en el combo del plan confiscatorio neoliberal va incluida la represión a
la protesta social. Por ello la misma se va multiplicando por todo el país en su afán
aleccionador para todo aquel que ose pasar de la queja domiciliaria infructuosa al reclamo
callejero organizado. Dos nuevos ejemplos sirven para ilustrar la política represiva que el
gobierno ni nacional ni popular se propone ampliar el año que viene, según delatan los
aumentos en las partidas previstas en “seguridad” del presupuesto nacional 2017. Diez
militantes territoriales kirchneristas fueron detenidos cuando pintaban una pared de una
plaza del barrio porteño de Once con consignas que buscaban concientizar sobre el
consumo problemático de drogas. Los muchachos fueron abordados por efectivos de la
comisaría octava de la capital. Les requirieron documentos, les armaron una causa por
“daño agravado” y los mantuvieron presos durante 12 horas, desde el miércoles a la tarde
hasta ayer a la madrugada, cuando fueron finalmente liberados. El otro caso sucedió en
Neuquén. Sindicatos, organizaciones políticas y sociales se movilizaron ayer en esa
provincia para repudiar el accionar policial del miércoles, cuando un efectivo hirió con una
bala de plomo a un trabajador que estaba participando de una protesta frente al ministerio
de Trabajo. Fue una multitudinaria movilización que recorrió las calles de la capital
provincial para repudiar al policía que hirió a Luis Bastidas, quien estaba en una
manifestación de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación). La convocatoria de ese
sindicato junto a ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), ATEN (Asociación de
Trabajadores de la Educación de Neuquén), judiciales, ceramistas y otras organizaciones
tuvo lugar en el marco de un paro provincial. Por otra parte, el policía que hirió a Bastidas
fue acusado de intento de “homicidio agravado”. Cuando se elige no repartir de la torta,
quienes la administran, sólo pueden ofrecer palos para “defenderla”.

Para satisfacer un plan económico hambreador las empresas de alimentos, lógicamente,

necesitan menos trabajadores. Una de las empresas emblemática de la producción de
conservas como fue Canale, ahora Alco, debió suspender a miles de trabajadores por la
grave crisis que enfrenta, consecuencia directa de la destrucción del mercado interno.
Mientras las prometidas inversiones no llegan, más trabajadores ven perder sus fuentes
laborales. La suspensión de los 300 empleados por parte de la ex empresa Canale es un
eslabón más dentro de la crisis que enfrentas las empresas nacionales. La empresa también
tiene que enfrentar las problemáticas del sector frutihortícola, que en los últimos tiempos se
manifestaron en plena Plaza de Mayo. Meses atrás, la ahora empresa Alco decidió cerrar la
planta en Mendoza. Y ante la crisis del mercado interno, ahora debieron suspender unos
3000 mil empleados en las plantas de todo el país. La gravedad es que la empresa también
les adeuda a los trabajadores parte del aguinaldo y el pago de la última quincena. Con lo
cual, las chances de volver rápidamente a producir se ven cada vez más complicadas. Pese
a las ayudas que recibió la empresa en 2014 y 2015 por parte del Estado, esos fondos
quedaron licuados con la fuerte devaluación macrista y la galopante inflación. Esta muestra
basta para saber la situación que tienen que enfrentar las empresas pequeñas y medianas de
todo el país, aunque vuelve a quedar claro que siempre el hilo se corta por lo más delgado,
en este caso sacrificando a los trabajadores. En tanto la empresa Bimbo, de capitales
mexicanos, comunicó en su planta de Pilar el despido de 100 trabajadores, una quinta parte
del personal de esa sede. Se trata de una empresa global que goza de mucho poder de
mercado en el rubro de alimentos, a la que la mejora en el “clima de negocios” no le resultó
suficiente. A fines del año pasado la empresa había reducido en 45 personas su plantilla de
personal a través de retiros voluntarios. Esta madrugada, ante la falta de respuesta del
Ministerio de Desempleo, los trabajadores resolvieron llevar a cabo una serie de cortes de
ruta, bloqueando las entradas al parque industrial de Pilar. Así, la planta está de paro por la
reinstalación de los trabajadores. A las 5 de la mañana realizaron en el bloqueo al parque y
la policía montada avanzó con sus caballos desalojando el piquete. Hay tres trabajadores
detenidos en la comisaria primera de Pilar. De esta manera intercede el gobierno de CEOs y
evasores con cuentas offshore: allí donde reclamen pan, recibirán palazos.

24/09/16: No debe ser fácil convivir con la mentira todo el día y a toda hora. Vivir una vida
simulando lo que no se es no es para cualquiera. Algo de temple, se supone, hay que tener
para poder soportar tener que fingir una identidad que no se tiene, emitir discursos que no
son veraces tratando de hacerlos creíbles, o ensayar siempre gestos y actitudes que no se
sienten. Los neoliberales hacen todo esto con una falta de culpa asombrosa. No hay el
menor registro de contrición por la mentira. Uno se tienta a calificarlos como psicópatas,
pero se limita a dejarlos en mendaces y perversos; sólo para evitar que se victimicen. Ahí
está el caso de la estrella de este andamiaje: el presidente blindado, incapaz de dar un
discurso de corrido más de cinco minutos sin leer, pero audaz para atreverse a cualquier
“hazaña” marquetinera para engañar a la ciudadanía. Porque digámoslo una vez más: hay
mentira cuando existe conciencia del engaño. Está la intención premeditada que, en el caso
del hombre del corazón artificial, es una insalubre costumbre cotidiana. El problema que
está teniendo es que se nota. Y mucho. La realidad aplastante que sufre la población obliga
a la gerencia neoliberal a multiplicar los trucos distractivos, pero la creatividad se agota,
encuentra su límite irreductible. Prácticamente ya no hay manera de poder conciliar la
siempre construida imagen con las confiscatorias acciones de gobierno. Pero la triple
Alianza neoliberal, que conforman la troika integrada junto a la prensa canalla y al pútrido
poder judicial, está atrapada: no pueden ni saben hacer otra cosa. El riesgo que ya empiezan
a correr no sólo es ya no ser creíbles, sino caer en el ridículo más vergonzante. Mau y sus
pandilleros anunciaron este jueves el plan de renovación de los corredores de colectivos en
el conurbano bonaerense. Para ello, compartió fotos en las redes sociales arriba de un
colectivo. En ellas puede notarse claramente que todo fue un armado bochornoso: las
posturas, las caras, los semblantes de los pasajeros y del ilustre viajante eran impostadas,
sin la menor gracia. A la vez también se dieron a conocer otras fotos, a través de imágenes
difundidas en las redes sociales, en que se ve al colectivo con el presidente arriba frenado y
rodeado de custodios, como si fuera una película clase C. Luego, en el Snapchat del jefe de
Estado pueden verse los momentos previos del viaje. Allí se escucha a un custodio dando
indicaciones a los pasajeros sobre dónde se tenían que sentar. Esta nueva puesta en escena,
más berreta y mal hecha, tiene el sello del siniestro y despreciable Jaime Durán Barba. Sin
ir más lejos, durante el reciente viaje de Macri a Nueva York, desde la oficina de prensa de
la Casa Rosada difundieron como “casuales” las imágenes del presidente besándose con su
esposa en pleno recinto de las Naciones Unidas y andando juntos en bicicleta por el Central
Park, fotos que le sirvieron al co-gobernante diario Clarín para publicarlas en tapa y
ningunear el papelón del Hood Robin argentino no Nacional en la ONU con la desmentida
de la canciller Malcurra sobre una aceptación de diálogo sobre la soberanía de Malvinas
con Londres. Hay algo tan o más grave que la mentira misma: la subestimación de las
víctimas elegidas.

El plan confiscador de la nueva triple Alianza genera desocupación masiva, pero a algunos
les da trabajo. Vaya por caso el ejemplo del ex carapintada Juan José Gómez Centurión,
desplazado el 19 de agosto por el presidente offshore de su puesto al frente de la Aduana
por una denuncia de corrupción, quien volvió a la función pública, ahora para asirse de un
cargo en el área de la AFIP como “consejero técnico”. El nombramiento no pudo ser más
oportuno: justo en la semana en que quedó expuesta la vinculación del prófugo proxeneta
Morales Comini con la vice presidenta Michetti, que tiene a Centurión como sospechoso de
ser el recaudador desde su puesto de director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de
Control (AGC), el organismo que habilita y fiscaliza los locales comerciales de la Ciudad.
Vale recordar que, según la ONG La Alameda, durante la gestión de Gómez Centurión se
denunció a 170 talleres clandestinos en la Ciudad de Buenos Aires, pero jamás la AGC hizo
nada al respecto. Cuando en abril de 2015 hubo un incendio en uno de ellos y murieron dos
niños, que se encontraban durmiendo en el sótano, tampoco se hicieron cargo de aquel
hecho pese al pedido de varios legisladores y las sucesivas marchas de protesta realizadas.
Talleres clandestinos que, según denunció la misma ONG, pertenecían en muchos casos a
la marca Cheeky, propietaria de la esposa de un hombre muy conocido que suele, sólo a
veces, andar en colectivo, en pose de estar en “contacto” con la gente…

Sabido es que quienes queman sueños e ilusiones también quieren quemar cunitas. Pues, el
pistolero que tira por la espalda, debió recular. El juez federal Claudio Malodío dio marcha
atrás con su decisión de destruir 60 mil moisés y bolsas de dormir del plan Qunita y derivó
ayer en el Ministerio de Salud la facultad de disponer qué hacer con los elementos del kit,
inutilizados desde abril. Malodío tuvo que ceder ante la presión que académicos,
neonatólogos, referentes sociales, diputados nacionales y organizaciones civiles ejercieron
en su contra. Ahora el Ministerio de Insalubridad pública definirá el destino definitivo del
material, que para Malodío era “altamente peligroso y contaminante”, justo lo que muchos
piensan de su labor como juez servilletero del putrefacto poder judicial.
El Estado siempre está presente, aun para parecer ausente. Lo que siempre queda claro es
que, a la hora de arbitrar, la gerencia de CEOs y evasores con cuentas offshore siempre
lauda e interviene en favor del más fuerte. Con un operativo que incluyó una docena de
móviles policiales, un camión hidrante, corte de dos calles, efectivos de la federal y la
metropolitana y ningún miembro de la fiscalía, siete familias, con catorce niños, uno de
ellos con discapacidad, fueron desalojadas de la vivienda en la que residen desde hace más
de 15 años, en Pichincha 191, en el barrio porteño de Balvanera. La particularidad de la
causa es que no hay ningún dueño del inmueble que reclame la vivienda: la impulsa el
propio gobierno porteño, a raíz de una supuesta denuncia anónima, por lo cual procedió a
clausurar el lugar. Lo que esconde esto, y es lo que preocupa a muchos vecinos del barrio,
es la política inmobiliaria del gobierno, que quiere construir la sede de la comuna 3 y
necesita sacar este complejo para “poner en valor el barrio”, y no para que accedan a tener
una casa quienes fueron desalojados.
25/09/16: Los conflictos se multiplican, los problemas se agudizan y la imagen del
presidente offshore en las encuestas se cae a pedazos. La única respuesta que ensaya la
gerencia a cargo del Poder ejecutivo ex Nacional es más marketing y puestas en escena;
como si las calamidades que aquejan a la población fueran sólo “sensaciones térmicas” a
revertir aceitando el aparato comunicacional o representando constricción y trabajo a
destajo. Luego del histórico papelón del presidente blindado en la ONU, desautorizado y
desmentido en público por su canciller Susana Malcurra, el jueves el inefable ministro de
Propaganda, Joseph Peña, armó un "retiro espiritual" para voceros y prenseros oficiales en
el Centro Cultural Kirchner, el mismo que es peligroso para el disfrute público pero
ceremonioso y elegante para la gala de los gerenciadores y sus invitados extranjeros. El
encuentro fue con desayuno y almuerzo incluido, y Joseph Peña fue el encargado de abrirlo
con la primera charla bajo la consigna "Lineamientos generales y estrategia política".
También disertó Hernán Iglesias Illa, uno de los principales estrategas en la comunicación
oficial, y hasta el ministro de un cacho de Cultura, Pablo Avebruto, el titular del Sistema
Federal de Medios Públicos, Hernán Lonardi, y el filósofo asesor presidencial Alejandro
Rozitchner, el de los talleres de autoayuda al feliz suicida. Y ayer, después del montaje
berreta del falso pasajero de colectivos, se animaron a una nueva “timbreada”, de la que
participó el núcleo familiar offshore completo, con la hija Antonia incluida. Hasta la
lumpen política Elisa Carrió fue parte del numerito en que se proponen dar imagen de
preocupados y de estar “cerca de la gente”.

Uno de los indicadores más lapidarios para comprobar el retorno, del actual gobierno de
CEOs y evasores con cuentas offshores, a los parámetros la década perdida de los noventa,
es el peso que vuelve a tener en el presupuesto nacional el pago de intereses por deuda
externa. La previsión del resultado del ejercicio 2016 hecha por el gobierno ni nacional ni
popular indica que se destinarán, este año, casi el doble de recursos que los asignados a ese
mismo fin en 2015. Y sobre el valor de este año, en el próximo se espera un incremento
adicional del 32,3 por ciento, aumento que es casi el doble de lo que el gobierno estima
como inflación para 2017. La partida de intereses pasará a representar, en 2017, el 11,5 por
ciento del total de Gastos Corrientes en el Presupuesto Nacional. Casi al nivel del total de
las Remuneraciones de la Administración Nacional (12,3 por ciento de los mismos Gastos
Corrientes). Lo que también emparenta a la actual administración de gerenciadores
neoliberales no sólo con el menemismo sino especialmente con la última dictadura son los
motivos del endeudamiento. Buena parte de lo acumulado hasta ahora se debe al pago
usurario y escandaloso a los fondos buitre, con la venia del opoficialismo; y otra, para
financiar la impresionante fuga de divisas que está sucediendo desde el cambio de
gobierno. En el período diciembre 2015-agosto 2016 la demanda para atesoramiento de
dólares, ahorro en divisas transferido al exterior y turismo a otros países fue de 25.728
millones de dólares. Restado los ingresos de dólares contabilizados el resultado neto sigue
siendo igual muy elevado, al sumar 14.599 millones desde el inicio del gobierno del falso
pasajero de colectivos hasta fin de agosto. Este acelerado proceso de dolarización fue
atendido con los billetes obtenidos del vertiginoso endeudamiento externo a nivel nacional,
provincial y del sector privado. Otra vez, como en el ciclo económico iniciado en 1976 que
estalló en el 2001, la deuda externa está financiando la fuga de capitales. Por eso necesitan
tanto gasto e inversión en publicidad engañosa: para seguir intentando convencer que ellos
son la nueva política y que nada tienen que ver con el pasado ni más reciente ni más lejano
de la historia argentina. Pero la realidad es otra y decantará, más temprano que tarde, para
imponerse con la fuerza irrefutable de los hechos. Llegado ese momento, para bien del
presidente offshore, esperemos que funcione bien el helicóptero, y que no suceda nada
extraño con él como sucedió el viernes, cuando el hombre del corazón artificial volvía de la
filmación de su apócrifo viaje en colectivo desde Pilar a la quinta de Olivos. Según su
mentor, el diario Clarín, el helicóptero sufrió un desperfecto cuando aterrizaba no debido a
ninguna falla mecánica, como se difundió al principio, sino a la impericia del co-piloto, el
propio Hood Robin argentino no Nacional, que cuando bajaba de la aeronave tocó de
manera involuntaria la palanca del timón con su rodilla. La pandilla presidencial va a tener
que empezar a tener más práctica y recaudos en el uso del helicóptero, que puede serle muy
necesario al presidente blindado en el futuro próximo.

La fuga de dólares y no la lluvia ácida de inversiones, es lo que está viviendo la Economía

argentina. Ante esta sangría incesante el presidente del Banco Central, Federico
Sturzenegger, se muestra relajado y lleno de argumentos falaces. El funcionario, que en la
semana despidió ilegalmente a un miembro del directorio del organismo nombrado por el
Parlamento, afirma que el ingreso sin restricciones de capitales especulativos y la facilidad
de endeudamiento externo no exigen acumular reservas. Asegura además que la reducción
de la tasa de inflación desalentará la compra de dólares y fortalecerá las colocaciones en
pesos. En caso de alcanzar el objetivo de una desaceleración de precios, en situaciones
similares, como en la convertibilidad, no hubo una menor dolarización, por el contrario, se
profundizó. La respuesta que ofrece Sturzenegger es que ahora el tipo de cambio es libre, y
que su ajuste lo definirá el mercado. Lo que minimiza el titular del Central es que en ese
esquema puede avanzar el atraso del tipo de cambio, y en ese caso también aumentará la
presión compradora de dólares, y si por el contrario se produce una devaluación habrá un
nuevo shock inflacionario, lo que desalentará la inversión en pesos y fortalecerá la opción
de acumular dólares. La tendencia a la dolarización de ahorros por una u otra expectativa de
los agentes económicos se profundizó en julio pasado cuando el Central eliminó el monto
tope para la adquisición mensual de dólares por cliente. Primero repuso el máximo de 2
millones mensuales, luego lo elevó a 5 millones, para finalmente dejarlo sin límite. De ese
total de compradores contabilizados por el Central en agosto pasado, 38.820 personas o
empresas (6 por ciento) concretaron operaciones por encima de 5 millones sin justificar
cuál sería el destino de esos dólares. A esas transacciones se le agregaron las compras de
dólares canalizadas vía transferencias al exterior de libre disponibilidad, que en ese mes
totalizaron 776 millones efectuadas por unos 700 clientes, y más de la mitad por sumas
superiores a 5 millones. Con este panorama el camino hacia el colapso está asegurado,
mientras el opoficialismo cacarea críticas pero vota las leyes aberrantes que procuran darle
marco legal y formato estructural a la corrupción neoliberal.

“El mejor equipo en 50 años” no “aprende sobre la marcha” todo. En el Banco Central tiene
un hombre que sabe muy bien lo que está haciendo. Funcionario clave del gobierno
delaruinista como fue, Federico Sturzenegger no puede desconocer los peligros que está
haciendo correr a la Economía, ya no nacional, al plan neoliberal en general, y a su nefasta
gestión en particular. Su aporte al estancamiento de la actividad económica está siendo
encomiable. La amplia desregulación del mercado cambiario que su gestión auspicia, está
acompañada de una impresionante emisión de títulos de deuda Lebac equivalente a la
totalidad de la base monetaria y que terminará devengando intereses por más de 200 mil
millones de pesos en el año. Este déficit cuasi fiscal creciente, con el que Cambiemos
aseguraba que venía a terminar, tarde o temprano se monetizará y es una presión adicional a
futuro sobre la cotización del dólar. Para dilatar ese desenlace de la bicicleta ofrecida en
bandeja al sistema financiero, la tasa de interés está siendo mantenida por encima de la
inflación proyectada. Pero esa estrategia monetaria y cambiaria ahoga a la actividad
productiva, sumergiendo a la economía en un círculo vicioso recesivo. Su ultra ortodoxia
neoliberal va a dejar un Banco Central desfinanciado y parapléjico, sin capacidad de
intervenir en el mercado: sin reservas necesarias y solventes (casi toda es en dólares de
deuda externa), desarticuladas las normativas de regulación financiera y eliminados los
controles a los capitales especulativos, el resultado a futuro será una crisis sistémica sin
salida.

Sabido es que cuando el barco se hunde las primeras en escapar son las ratas por los
tirantes. Y si de “salvarlo” se trata, los primeros serán los niños y los más vulnerables, para
sacrificarlos. La Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante (Aaemm)
denunció hoy "una ola de despidos salvajes" en la empresa Buquebús, por lo que decidió
"el estado de alerta y movilización". Por eso se reunirá mañana con los directivos de la
compañía, en el marco de una movilización de protesta frente a las oficinas de Puerto
Madero. Lo informó el secretario general del gremio, Raúl Huerta, quien confirmó el
encuentro con la patronal desde las 14 de mañana. "La empresa demostró un accionar
aberrante y confrontativo como parte de un plan inconsulto y antisocial para despedir a 70
trabajadores, lo que inició el viernes con los primeros 10", afirmó el gremialista. Mientras
tanto, como sucedió con el Titanic, la orquesta continúa tocando, con el maestro del
clarinete dirigiendo una melodía que desafina, en medio de un naufragio que también hará
historia.
La promesa de campaña de Cambiemos de otorgar un millón de créditos hipotecarios y
construir por lo menos 400 mil viviendas en cuatro años, se redujo a un máximo de 295 mil
entre ambos conceptos. El violento recorte del Plan Nacional de Viviendas aparece como
una de las mayores sorpresas del Presupuesto 2017 que el Gobierno envió al Congreso. En
la página 5 del mensaje de la iniciativa se explica el nuevo alcance del programa: “Se prevé
la construcción de 120 mil viviendas y la entrega de 175 mil créditos subsidiados, incluidos
los préstamos Procrear, en los próximos tres años”. La noticia causó preocupación en la
Cámara Argentina de la Construcción y en el gremio que conduce Gerardo Martínez, más
allá de su persistente silencio, por el impacto que eso supone para la actividad, que hasta el
año pasado venía de récord tras récord en producción y empleo. Procrear conservó su
nombre, pero bajo la órbita neoliberal ya no son más créditos subsidiados por el Estado,
sino préstamos que otorgarán catorce bancos a una tasa del 5 por ciento anual y ajustes por
inflación, lo que los convierte en mucho más inestables, más cuando el Banco Central
definió que el dólar se moverá según lo determine la oferta y la demanda. En los nuevos
Procrear, el Estado solo aparecerá al final, cuando el titular del crédito escriture la vivienda,
con la entrega de un aporte no reintegrable de 100 a 300 mil pesos. Los préstamos solo
serán para compra de vivienda usada o a estrenar, con lo cual se pierde todo estímulo a la
construcción y al empleo directo e indirecto asociado a ello. En su lugar existe el riesgo de
que se generen burbujas inmobiliarias especulativas por el aumento de demanda de casas y
departamentos ya edificados. Si los vendedores saben que los compradores tendrán entre
100 mil y 300 mil pesos de ayuda estatal, es probable que aumenten los precios para sacar
tajada, como ocurrió en su momento con los lotes para la construcción de viviendas. En
aquel caso, lo que hizo el Gobierno fue generar suelo urbano desde la Nación, las
provincias y los municipios para sortear a los especuladores. Ahora, en cambio, se pone la
cabeza de quienes necesitan su vivienda en la boca del león. Esto incluye a los bancos, que
tendrán clientes cautivos para llenarlos de tarjetas de crédito, paquetes de servicios y
cobrarles cargos y comisiones más allá del préstamo hipotecario. La transformación del
Procrear supone un golpe al desarrollo empresario, a los trabajadores y a quienes necesitan
acceder a la vivienda. En lugar de ello, el Estado habilitará negocios a bancos y
especuladores inmobiliarios y limitará a menos de una quinta parte lo que había prometido
como Plan Nacional de Vivienda. De todo esto, Basavilbaso no explica nada en el
Congreso, ya que se resiste a presentarse ante la comisión de seguimiento del FGS, adonde
no fue nunca en nueve meses de gestión. Esta semana faltó a una nueva convocatoria. Así
funciona el “diálogo” de los defensores de la república, más afectos a apócrifas puestas en
escena mediáticas que a debates con altura en foros institucionalizados.

26/09/16: Cierta ingenuidad habita en las perversas mentes neoliberales: creer que,
consiguiendo legitimación judicial a sus criminales tarifazos de servicios públicos, la
población se resignará mansamente a aceptarlos. Ello no sucederá, fundamentalmente,
porque son impagables, tanto para la población en general como para las pymes y
organizaciones sociales y comunitarias en particular. Página/12 muestra hoy varios casos de
pymes y detalla el de Cueroflex, una empresa recuperada de San Martín que pasó de pagar
entre 50 a 60 mil pesos a 350 mil pesos mensuales de luz. Los integrantes de la cooperativa
calculan que próximamente entre los tres servicios (luz, gas y agua) tendrán que enfrentar
el equivalente a la masa salarial correspondiente a 80 trabajadores, en un contexto donde
las ventas siguen un 20 o 30 por ciento por debajo de los valores del año pasado. “Es un
abismo. El Gobierno tiene que presentar alguna alternativa”, plantean. Para peor, la
cooperativa, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Energía, no abonó la boleta de
luz de junio, que ahora Edenor les reclama con una multa de 80 mil pesos; por lo que el
último mes les llegaron 813 mil pesos. El caso es representativo de la situación de miles de
pequeñas empresas. En cuanto a las organizaciones sociales, el caso emblemático que
ejemplifica al resto, es el de los Hogares de Contención que brindan atención a alrededor de
600 chicos en situación de vulnerabilidad social en la Ciudad de Buenos Aires. Después del
aumento de los servicios, hogares que pagaban 1500 pesos de agua pasaron a abonar más
de 15.000. Lo mismo ocurrió con el gas –de casi mil pesos a más de 13.000– y otro tanto
sucedió con la electricidad. A esto se sumó que las entidades debieron sostener equipos de
profesionales, alquileres de casas y aumentos de insumos con altas tasas de inflación y sin
la suficiente contrapartida presupuestaria del Gobierno de la Ciudad, porque hay aumentos
en los giros pero menores a la inflación o los incrementos gremiales. Ante este panorama
las entidades afectadas reclaman la aplicación de la ley 27.218, que les permite tener tarifas
para entidades de bien público. Piden además que dejen de ser tratadas como entidades
comerciales y empiecen ser consideradas como lo que son: hogares sin fines de lucro para
la contención de niñas, niños y adolescentes. Veinte de esas asociaciones armaron Hogares
en Red, cuya sede funciona en el hogar Mensajeros de la Paz, para dar visibilidad a sus
reclamos y difundir las tareas que llevan adelante. Entre las medidas adoptadas por la Red
estará la presentación en los próximos días de dos amparos por el aumento de las tarifas. La
lucha continuará, tanto como la voluntad saqueadora de Mau y sus pandilleros. Veremos
quién gana la pulseada, entre quienes resisten con dignidad por la subsistencia y los
confiscadores seriales sin dignidad, pero envalentonados por el amparo de la troika que los
prohíja y protege.

Si sólo la banda neoliberal en funciones de gobierno fuera el único problema es una cosa.
Pero lo dramático es que la supuesta oposición política al macrismo no es parte de la
solución, sino del agravamiento de la crisis estructural a la que va sin freno la república.
Mientras la CGT gorda retarda un parito nacional, al que ni siquiera le puso fecha, el
informante de la embajada norteamericana, Sergio Massa, salió a “bancar los trapos” sucios
de la gerencia neoliberal. "Les diría a los que tienen que tomar esa decisión que el paro no
es el mejor camino. El paro es en todo caso el final de una negociación fallida, y le pido
tanto al Gobierno como a la central de trabajadores que agoten las instancias de diálogo",
declaró el ex intendente de Tigre y líder del Frente Rejuntador, espacio que cuenta entre sus
filas con dos de los tres integrantes de la nueva conducción obesa de la CGT. Sin embargo,
el único “diálogo” visto hasta ahora, es por los negocios que comparten las partes
mencionadas y no por alguna “negociación” para, al menos, aplacar el impacto de las
medidas retrógradas y confiscatorias de Mau y sus pandilleros. De esta manera, una vez
más, la “gobernabilidad” flota como excusa para contener el nivel y el volumen de los
reclamos y medidas para frenar y/o torcer el rumbo pérfido que, sin reparos, encaró la
nueva triple Alianza. Pero el caso más asombroso de condescendencia con el oficialismo se
dio en Córdoba. La intendenta de la localidad de Ascasubi, de dicha provincia, militante del
FPV, inauguró un busto del presidente offshore en una plazoleta de esa ciudad a pesar que,
según una ley que rige en la aquella provincia, “las municipalidades no podrán levantar
estatuas ni monumentos a personas vivientes, ni darles el nombre de las mismas a las calles,
avenidas, plazas, paseos ni lugares públicos". La intendenta local, Zully Fonseca, explicó
que fue una idea conjunta compartida con su marido, Fernando Salvi, actual legislador
provincial y que la prohibición "rige solo para nombres de calles o plazas". No
trascendieron los motivos para semejante homenaje, pero lo concreto que es que va
quedado claro que a la hora de los llamamientos a la unidad hay que ser cuidadosos y
precavidos. Sabemos que dentro de la bolsa siempre se filtran personajes como estos, más
parecidos a traidores infiltrados que a militantes consecuentes.

Como ya se advirtiera en junio de este año, el gobierno de CEOS y evasores con cuentas
offshore flexibilizó el Sistema Nacional de Trazabilidad implementado para monitorear la
distribución de remedios y evitar ventas en negro, adulteración de productos y fraude al
Estado con la presentación de troqueles falsos destinados a cobrar subsidios. Los grandes
laboratorios venían presionando desde la asunción del falso pasajero de colectivos para
reducir el número de productos a los que se les hace ese seguimiento y así bajar sus costos.
Con la nueva resolución publicada el viernes, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) quitó del sistema de monitoreo 93
principios activos clave correspondientes a remedios con un gran volumen de ventas y para
intentar disimular esta polémica decisión, difícil de justificar ante la opinión pública, sumó
otros 49 principios, aunque en este último caso corresponden a medicamentos de baja
demanda. En el mercado se venden unas 70 millones de unidades de medicamentos por
mes. Desde 2011, el sistema de trazabilidad fue implementándose gradualmente hasta
abarcar a unas 7,5 millones de unidades. Con esta nueva medida, unos 3,8 millones de
unidades dejarán de tener ese seguimiento. El sistema de trazabilidad permite conocer el
origen, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de toda la
cadena de distribución, incluyendo laboratorios, distribuidoras, operadores logísticos,
droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales. El seguimiento se realiza a partir de
la colocación de un código único por producto que es auditado por la Anmat. El envase
puede tener un dispositivo electrónico, un código de barras o un código datamatrix, pues
cualquiera de ellos cumple con la condición de que no pueden ser quitados sin dejar una
marca evidente. Este sistema de control tiene como objetivo principal garantizar la
seguridad de los pacientes al evitar la comercialización de remedios adulterados o
falsificados, pero además sirve para evitar ventas en negro y la estafa al Estado con la
presentación de troqueles truchos, la porción del envase del remedio que se recorta para
luego ingresar al mecanismo de reintegro de las obras sociales. El troquel es fácilmente
falsificable porque, si bien funciona como un cheque al portador, no incluye ninguna
medida de seguridad. La mafia de los medicamentos, así, está de fiesta gonzalezfreguista
mientras gran parte de la ciudadanía ni se entera cómo la corrupción estructural, esa que
define nuestra calidad de vida, se expande y diversifica sin control y promovida por el
propio Estado, pero se indigna con los bolsos de López que atraviesan conventos que le
muestra la prensa canalla. La misma que omite mencionar iguales bolsos de la vice
presidenta que vuelan para caer en sus fundaciones, tan ilegales como el dinero sucio que
recaudan.

El cinismo y la brutalidad que emplean la runfla de neoliberales que integra el gobierno de

la nueva triple Alianza, para improvisar con declaraciones para salir del paso, no tiene
parangón ni registro histórico para ser medido, por magnitud y frecuencia. Vayan dos casos
para ejemplificarlos. Uno, el del filósofo asesor del presidente offshore: Alejandro
Rozichner. Para este sofista profesional, al que el propio Sócrates hubiese envenado en
público, dijo que el actual Gobierno "es más de izquierda que el de Cristina Kirchner. En la
gestión de Macri se combate contra la pobreza de forma directa. Se amplió la base de
personas que reciben ayuda social". Y reafirmó que "se desvanece la idea de que el
Gobierno es para ricos". Esta podría ser una nota de color como tantas otras pero ilustra,
una vez más, la fascinación de estos tipos con el engaño y el ocultamiento para negar lo que
son y representan. Cómo convive este hombre alegremente con tanta mentira es una
incógnita insondable e imposible de dilucidar. El otro caso no podría ser sino el del
presidente blindado, quien al ser consultado si había algún anuncio sobre inversiones al
cabo de su gira por Nueva York respondió que sí, porque “General Electric invertirá 10 mil
millones de dólares hasta 2026” (lo cual ya estaba en marcha desde el gobierno anterior,
como la mayoría de las inversiones anunciadas). En rueda de prensa, le re-interrogaron
cómo había recibido la información y si acaso se había encontrado con el CEO de la
multinacional de origen estadounidense. “No”, contestó el hombre del corazón artificial,
“lo leí en un diario”. A este nivel de pobreza, en este caso argumentativa, también cayó la
maltrecha república vernácula.

27/09/16: En medio de la pasividad de la CGT gorda, las huelgas, marchas y muestras de

protesta se multiplican por todo el país. Ayer la red de movimientos sociales instaló
cuarenta carpas en Plaza de Mayo y anunció que permanecerá allí hasta recibir alguna
respuesta ante el aumento de la precarización laboral y la ausencia de medidas para los
sectores postergados. “El de Macri es un gobierno para los ricos, gestionado como nunca
antes directamente por empresarios. Sus medidas de gobierno, rápidas para favorecer a los
capitalistas más poderosos, no han incluido ni una sola medida significativa y masiva en
favor de los trabajadores, y mucho menos para nuestro sector, el de los trabajadores
precarizados y desocupados, el más postergado de todos”. En estos términos se expresó el
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el MTD (Movimiento de Trabajadores
Desocupados) Aníbal Verón, el Movimiento Teresa Rodríguez y otras agrupaciones
sociales que ayer marcharon desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo. Allí realizaron un
acampe para reclamar “trabajo digno” y manifestarse “contra el ajuste y los tarifazos” que
permanecerá hasta obtener alguna respuesta. También exigieron ser recibidos por los
funcionarios macristas para iniciar un diálogo. En tanto hoy se cumple una huelga nacional
de los estatales y docentes con marchas a Educación y al Congreso. Los dos sectores le
reclaman al gobierno nacional la reapertura de las negociaciones paritarias para recomponer
los salarios, que según sus cálculos ya perdieron entre el 12 y el 17 por ciento frente a la
inflación. De esta manera queda una vez demostrado que la oposición al gobierno de CEOs
y evasores con cuentas offshore la llevan adelante los movimientos sociales y los gremios
nucleados en la CTA, en ausencia de los caciques cegetistas y de la pata política opositora,
auto excluidos de toda iniciativa contra las medidas confiscatorias y totalitarias de la
gerencia neoliberal gobernante. Habrá que apuntar bien estas deserciones para tenerlas en
cuenta el año que viene, momento en que se disputen nuevas elecciones legislativas.
Pasando el peine fino sólo encontraremos el desierto y un estado de orfandad, que resultará
campo orégano para que la nueva triple Alianza, a pesar de todo, cuente otra vez con
chances de legitimar su accionar aberrante con el voto popular.

A pesar de que desde el Gobierno ni nacional ni popular agitan la existencia de datos

puntuales que hablarían de una reactivación económica, el empleo sigue en caída y ya no
ocultan que aumentaron los despidos, algo que desde los voceros oficiales se negaban a
reconocer. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del mes de agosto, un relevamiento
del ministerio de Trabajo de la Nación, da cuenta de la caída del empleo: un 0,7% en
términos interanuales y 0,2% en relación a julio de este año. El EIL toma a empresas de
más de 10 empleados de centros urbanos del conurbano bonaerense y el interior como un
termómetro parcial de la situación del empleo privado registrado. Según este último
informe, los empleados registrados privados acumulan una baja del 0,7% en los últimos 12
meses. Lo más destacado es el Ministerio de Desempleo que conduce Jorge Triaca admite
que se debió a un "importante aumento" de los despidos y retiros voluntarios. La última
prueba de la hecatombe laboral a la que se está sometiendo a la clase trabajadora es lo
sucedido con la empresa textil TN Platex, que resolvió cerrar a fin de mes su planta de la
ciudad chaqueña de Puerto Tirol ante la imposibilidad de enfrentar la actual reducción de
ventas, con lo que dejará a 166 trabajadores sin empleo. Los textiles importados inundan
desde principio de año las tiendas y desplazan producción local. Pese a que en los últimos
meses Mau y sus pandilleros buscaron revertir esa situación, el daño ya está hecho y se
multiplican las suspensiones y despidos. Si bien todavía no fue rubricada por la Dirección
de Trabajo provincial, TN Platex acordó con los trabajadores pagar una indemnización del
70 por ciento y la “promesa” de que si la situación mejora producirán reincorporaciones,
según señalaron fuentes gremiales. La empresa evitó dar precisiones al respecto hasta tanto
finalicen las negociaciones en la cartera laboral. Teléfono para la CGT gorda, que sigue
pacientemente esperando respuestas a sus “demandas”. En este sentido la conducción
tripartita se reunirá esta tarde antes del encuentro previsto para el próximo jueves con el
ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, a quien expondrán sus reclamos. Qué
otra cosa que débiles y falsas promesas se pueden llevar los gremialistas de esa reunión es
una obviedad que rompe los ojos, tanto que a muchos les está impidiendo ver la realidad
por la que transitan.

A la gerencia retrógrada que tomó el poder Ejecutivo por asalto no sólo la acorralan los
sectores sociales y gremiales movilizados contra sus políticas confiscatorias y de ajuste,
sino la derecha ultra que auspició la candidatura del falso pasajero a la presidencia de la
república. Envalentonados y ansiosos como se muestran, quieren más. Y al jefe de la
gerencia se lo reprochan y hacen saber en público. Primero fue el gurka mayor, José Luis
Espert, exigiendo llevar la cirugía mayor sin anestesia con el cuchillo llegando al hueso
para descuartizar empleados públicos y “gasto público”; y ahora es la oligarquía campestre
la que le exige al hombre del corazón artificial que mienta a la población de a pie pero que
a ellos le cumpla lo prometido, en tiempo y en forma. En este sentido el presidente de
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, lanzó una dura advertencia al
presidente offshore por postergar la baja de retenciones a la soja. Dijo que afectará a las
inversiones y consideró que "vulnerar las promesas de campaña es un acto grave". "El que
se dedica a la joda no paga impuestos y el que se funde trabajando sí", esgrimió. "Postergar
la baja de retenciones (a la soja) afectará las inversiones", que hoy paga 30%, dijo Chiesa
en declaraciones radiales, y consideró que "el sector agropecuario siempre tuvo razón,
alguna vez que nos escuchen". Cambiemos se comprometió en la campaña electoral a
reducir todos los años 5% de los derechos de exportación a la soja, lo que cumplió ni bien
asumió al bajar los DEX de 35% a 30%. Ahora, desfinanciado el Estado y con una
Economía rumbo a la depresión crónica, sus buenas intenciones con los gauchócratas se
dilatan en la incertidumbre sobre cómo resolver los manejos de unos fondos públicos cada
vez más escasos y peor repartidos. Lo que queda claro es que este gobierno comienza a no
cerrarle ni a los especuladores ni a los evasores, que incluso pertenecen a la gerencia que
regentea el presidente offshore.

28/09/16: Lo que muchos vaticinaron, ocurrió. El juez federal de Córdoba Hugo Vaca
Narvaja recogió el guante de lo que la Corte Suprema de las Corporaciones había dejado
sin incluir cuando le puso freno al tarifazo para los usuarios residenciales, e incorporó en su
cautelar a las pequeñas y medianas empresas. En una resolución que se conoció ayer, el
juez hizo lugar al amparo que presentó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
(Apyme) y amplió el beneficio para las medianas empresas de todo el país, además de los
cuentapropistas, productores agrarios, prestatarios de servicios (taxistas y remiseros) y
demás monotributistas que habían quedado fuera de la resolución del 18 de agosto, cuando
la Corte amparó a los usuarios de gas residenciales del aumentazo decretado por el
gobierno del presidente offshore. Por lo pronto, ordenó retrotraer las tarifas del servicio de
gas “con anterioridad al 31 de marzo de 2016”, y ordenó al Enargas que “proceda a la
refacturación de los consumos efectuados desde el 1° de abril de 2016 hasta la fecha (27 de
septiembre)”. El juez también dejó en claro que “las prestadoras del servicio de distribución
deberán adoptar las medidas necesarias para posibilitar el pago de las facturas adeudadas en
cuatro cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con
falta de pago”. Como era de esperar, el ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren,
adelantó que apelará el fallo y, de ser necesario, llegará hasta la instancia definitiva en la
nueva Corte de los milagros, donde habitan los privilegiados supremos, que buscarán poner
coto con un fallo lo suficientemente ambiguo como para convalidar la criminal iniciativa
disimulando su pertenencia a la troika que, en última instancia, siempre garantizan.

En materia judicial es una semana aleccionadora para la gerencia que comanda el Estado ex
Nacional. Al revés judicial por los criminales tarifazos a usuarios no residenciales, hay que
sumar el fallo de la Cámara Federal que ratificó ayer su rechazo a abrir la apócrifa denuncia
del ex fiscal suicida Alberto Nisman contra CFK. De nada sirvieron las amenazas abiertas y
descaradas de los operadores judiciales del gobierno ni nacional ni popular, ni las
maniobras escandalosas del Grupo Clarín para amedrentar a los jueces en favor del pedido
del impresentable fiscal Moldes, quien ya adelantó que apelará el fallo. La Sala I de la
Cámara Federal sostuvo que no hay ningún dato ni prueba nueva capaz de justificar la
apertura del expediente. La dirigencia judía había presentado la grabación de una
conversación entre el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, y Timerman con el objetivo
de acusar al ex funcionario de favorecer a Irán. Pero según el tribunal no hay “siquiera viso
de ilegalidad en sus expresiones” e incluso –dice el fallo– fue sacado de contexto cuando
intentaba explicar que la única forma de lograr la indagatoria de los iraníes, era a través de
un convenio con su país. Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler dijeron que
tampoco cambia nada que haya quedado firme la declaración de inconstitucionalidad del
Memorándum de Entendimiento, que nunca entró en vigencia ni es la “canalización de un
acto criminal”. El fallo es un respaldo a lo resuelto por el juez Daniel Rafecas, y advierte
también que existe “una maniobra” para lograr que la denuncia de Nisman tenga otra suerte
a través del juzgado de Claudio Malodío “que no puede ser tolerada”. Ambos camaristas
cuestionaron al fiscal de Cámara Germán Moldes ya que “mostró desprecio por las formas
procesales sustanciales cuyo respeto paradójicamente demanda”. Los camaristas piden
poner atención en la causa que tiene Malodío. El voto de Freiler señala que “hay un intento
de sustraer la pesquisa de manos de su juez natural en el afán de que con un magistrado
diferente la denuncia tenga otra suerte”. Cuando la DAIA también apele, la causa irá a la
Sala I de la Cámara de Casación Penal, ahora integrada por Ana María Figueroa, Mariano
Borinsky y Gustavo Hornos, Conocido el fallo, el inefable Moldes, no acusó recibo de los
motivos por los cuales ayer fue rechazada la reapertura de la causa y anticipó que su pedido
también será negado por el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca,
pero según él porque debe "rendir obediencia y pleitesía a sus comisarios políticos" y lo
calificó como "militante de Justicia Legítima". Lo cierto es que lo mejor sería que este
hombre se quede en el Molde y agradezca a la vida, o la impunidad que le habita seguir
perteneciendo a un poder donde él milita ilegítimamente.

Una lección de convicción y lucha recibió ayer la deliberativa CGT gorda de parte de los
gremios nucleados en la CTA. Docentes y estatales coincidieron ayer en un paro nacional
que tuvo como reclamo central la reapertura de paritarias. ATE, la Ctera, y la Federación
Nacional Docente garantizaron el grueso del paro en casi todo el país. La huelga se sintió
con fuerza en la provincia de Buenos Aires, donde también pararon los judiciales y los
médicos del Cicop, gremio que viene de realizar un paro de 48 horas hace dos semanas. El
Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) paró en Santa Fe y Entre Ríos, y sumó
su columna en el acto frente al Congreso. Hubo movilizaciones, actos públicos y radios
abiertas en las capitales de Río Negro, Chubut, Misiones, Santa Cruz, La Pampa, Córdoba y
Entre Ríos. Seguramente el gremialista Hugo Moyano siguió las alternativas de la huelga
por televisión, quizá lamentando el granito de arena que puso su central sindical para que el
presidente blindado llegue al poder, cuando inauguró una estatua del General Perón con el
ahora gerente en jefe del Estado ex Nacional en plena campaña electoral.

El reguero de calamidades que sembró la nueva triple Alianza la empiezan a reflejar

descarnadamente los números del maltrecho Indec. La actividad económica retrocedió 5,9
por ciento en julio respecto del mismo mes del año pasado. Es la mayor caída en lo que va
del año pero también la mayor contracción mensual desde el estallido de la crisis financiera
internacional en 2009 y la más grave en general desde el 2002. El segundo semestre, pese a
las declaraciones del Gobierno ni nacional ni popular, acerca de que iba a comenzar la
recuperación, muestra una peor performance que la observada en la primera mitad del año.
La reducción del consumo por la pérdida de capacidad de compra, el freno de las
inversiones públicas y privadas y la contracción de las exportaciones potenciaron el
desplome del mercado interno desde la perspectiva de la demanda agregada. Por el lado de
la oferta, la caída del Producto se debió a las tensiones en la industria manufacturera y la
construcción. El comercio mayorista y minorista fue otra de las ramas con dificultad para
sostener el nivel de los negocios, al igual que ocurrió con las economías regionales. El
sistema financiero y los grupos del campo concentrado (soja y cereales), a diferencia del
resto de la economía, mejoraron sus balances y anotaron rentabilidades extraordinarias.
Resta saber qué excusa que no sea la “pesada herencia” esgrimirá el “mejor equipo en 50
años”, que lo único que ha logrado hasta ahora, “sobre la marcha”, es hundir al país en la
pobreza estructural y en el endeudamiento crónico.

No hay un solo resquicio que los CEOs y evasores con cuentas offshore dejen a salvo sin
querer meter su infectada cuchara apropiadora. El gobierno ni nacional ni popular decidió
dar de baja la licitación que había lanzado para alquilar una flota privada de aviones que
reemplacen a los Boeing que utilizaban los presidentes y que el falso pasajero decidió
vender. A la convocatoria se había presentado una sola empresa, que trasladó al mal
imitador de Freddie Mercuri durante la campaña y que también es proveedora del Gobierno
de la Ciudad. La oposición denunció que estaba armada para alquilar los aviones que eran
de MacAir, la compañía aérea de los Macri. Tal vil y burda fue la maniobra que tuvieron
recular en su nueva intentona desfalcadora. La gerencia sostiene que los aviones son muy
caros de mantener e incluso asegura que no serían seguros. Con estos argumentos, se
avanza hacia la venta de la flota. Antes de fin de año, tienen previsto rematar el Tango 04.
Piensan en comprar una nave de unos 15 asientos, cuyo valor estiman en 40 millones de
dólares. La legisladora Gabriela Cerruti publicó ayer en el sitio Nuestras Voces una
comparación entre el pliego de la licitación y los aviones de MacAir, la ex empresa de la
familia de Macri que fue comprada por Avianca. Colunga Campos, el titular de la oferente
en la licitación, fue gerente de la empresa de la familia Macri. Su padre, Carlos Colunga, se
encuentra procesado en una causa por presuntas dádivas al ex secretario de Transporte
kirchnerista Ricardo Jaime. Es actualmente CEO de MacAir y Patagonia Flights y, según
señaló Cerruti, envió los aviones que solía usar Macri a la empresa de su hijo, Únicos Air.
Por lo tanto –concluyó la dirigente de Nuevo Encuentro– Macri seguiría usando los aviones
familiares, pero alquilados por el Estado. Además, señaló que Carlos Colunga formó parte
de las empresas del Grupo Macri en los últimos veinte años. La dirigente aseguró que los
requisitos de los aviones pedidos se corresponden con un grado muy alto de precisión con,
al menos, cuatro aviones que pertenecieron a MacAir. Descubierta la maniobra Mau y sus
pandilleros decidieron dar de baja la licitación porque decidieron “cambiarle el objeto”.
Aseguraron que la decisión se tomó la semana pasada, aunque aún no se publicó en el
Boletín Oficial. No dieron más precisiones ni detalles sobre los motivos, ni sobre cómo será
la nueva licitación. Un caso menor, pero ejemplificador sobre la conducta indecorosa de un
clan familiar que pareciera nunca estar satisfecho con su riqueza acumulada. El otro dato
curioso es el conflicto que está teniendo el Hood Robin argentino no Nacional con los
medios de transporte. Primero al ser descubierto como falso pasajero de colectivos, luego
provocando casi un suicidio involuntario con su helicóptero, y ahora con el avión
presidencial que aún no puede estrenar. Lo que es seguro que estos problemas no los va a
tener con los trenes, a los que jamás subiría: son demasiado populares y demasiados
“costosos” de mantener. Sino que lo digan los más de 100 pueblos fantasmas que se
quedaron en los últimos meses sin la locomotora del progreso neoliberal.

La nueva triple Alianza no sólo no ha achicado la famosa “grieta” que denunciaba se había
agigantado cuando era oposición, sino que ha abierto y multiplicado otras que no estaban
sufriendo ensanchamientos mayores. La conflictividad laboral tuvo un fuerte aumento en el
inicio del segundo semestre. Impulsada por los pedidos de reapertura de las negociaciones
paritarias, en el mes de agosto hubo un 77 por ciento más de protestas que en julio. Los
trabajadores del Estado fueron el principal motor de esta intensificación de los reclamos,
mientras que entre los privados, los de la industria realizaron el 80 por ciento de los
reclamos del sector. Así lo señaló el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su
nuevo informe sobre conflictividad laboral y social. Un dato a tener presente es que la
conflictividad no depende solamente del grado de afectación que sufra un sector de
trabajadores, sino de su posibilidad de organizarse y dar una respuesta colectiva. En este
sentido, el informe pone como ejemplo el caso de los trabajadores de la construcción, que
son el gremio más afectado por la pérdida de empleos con el parate de la obra pública y
privada, a pesar de lo que sólo protagonizaron el 7 por ciento de las protestas por despidos.
Esto último se explica, como en otros gremios como el de Comercio, por la complicidad
manifiesta de los líderes sindicales de estos sectores, como el caso de Gerardo Martínez,
rápido y locuaz para entregar trabajadores como ocurrió en la última dictadura, pero lento y
silencioso para ahora defender a sus castigados representados.

Lo más preocupante no es el grado de deterioro generalizado, conseguido hasta ahora por el

brazo ejecutor de las corporaciones, en todas las áreas sociales, económicas e
institucionales del país; sino las perspectivas inocultables de que todas las variables de las
mismas fluyen hacia una decadencia sin freno ni piso a la vista. El empleo industrial cayó
1,7 por ciento en el segundo trimestre frente al mismo período del año pasado, de modo que
profundizó la baja que se verificó durante los primeros tres meses del año, informó ayer el
Indec. En el acumulado del año, la plantilla de obreros del sector manufacturero registra
una merma del 1,4 por ciento. El deterioro de las condiciones laborales se completa con la
caída del salario real. Según el organismo oficial, el aumento salarial de los trabajadores
registrados fue del 30,9 por ciento en junio en la comparación anual. Para el mismo
período, el “IPC-Congreso” acumula un alza del 45,3 por ciento. La diferencia equivale al
deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. El proceso de desindustrialización va a
toda marcha y ello se ve reflejado en las cifras de intercambio comercial de agosto, que
revelan una fuerte primarización de las exportaciones, mientras que en las importaciones
ganan cada vez mayor participación los bienes de consumo, una ecuación cuyo resultado
inevitable es la destrucción de puestos de trabajo. El peso de las materias primas en el total
exportado creció casi nueve puntos respecto a agosto del año pasado, al pasar de 24,7 a
33,2 por ciento de la torta. Por su parte, dentro de las importaciones las compras externas
de bienes de consumo pasaron de representar el 11,4 por ciento en agosto de 2015 al 13 por
ciento este año. Esta es la realidad que Mau y sus pandilleros y el resto de la troika que lo
protege y acompaña niega, con la misma verosimilitud con que ha desmentido la existencia
de cuentas offshore de la gerencia neoliberal, hoy en funciones de gobierno.

29/09/16: La fábrica de pobres e indigentes en que el gobierno ni nacional ni popular

convirtió al país, florece como una epidemia endémica condenada a expandirse a lo largo y
ancho de todo el territorio argentino. El Indec informó ayer que la pobreza en el segundo
trimestre se ubicó en el 32,2 por ciento de las personas y el 23,1 por ciento de los hogares,
de los cuales el 6,3 por ciento de las personas y el 4,8 por ciento de los hogares son
indigentes. El último cálculo oficial de pobreza e indigencia había sido publicado en el
primer semestre de 2013 y a partir de allí fue discontinuado. El organismo que ahora
conduce Jorge Todesca no hizo un empalme entre ese momento y el actual, sino que
simplemente sacó la fotografía de lo ocurrido entre abril y junio de este año, con un cambio
metodológico sustancial respecto de las mediciones anteriores, lo cual complica aún más
cualquier comparación. Entre el CEPA y el Instituto Gino Germani calculan 4,5 millones
de nuevos pobres producidos en algo más de 6 meses de fatídica gestión macrista. Las
consecuencias de esa estrategia ha sido la transferencia de ingresos hacia la cúpula
empresarial habilitada por la devaluación, la reducción de las retenciones, la aceleración
inflacionaria, los tarifazos, la apertura comercial, la reducción del gasto público, la menor
intervención del Estado en las cadenas de comercialización y la bicicleta financiera, que
iniciaron un proceso de redistribución regresiva del ingreso que no tiene antecedentes en la
Historia contemporánea argentina. Ante la contundencia de estos datos el presidente
blindado no ensayó ninguna excusa ni ningún mea culpa para habilitar revisiones a las
nefastas políticas que su gobierno de CEOs y evasores con cuenta offshore viene aplicando.
Por el contrario: se atrevió a llamar “sinceramiento” a la información brindada por el Indec,
producto de la “herencia recibida” que ellos están administrando para que el impacto no sea
tan devastador para quienes más sufren. En este sentido aprovechó la situación para
reclamar que se juzgue su desempeño en la materia a partir de los nuevos datos como si
éstos fueran el “punto de partida” desde dónde empezar a transitar el camino de la
recuperación. Vale decir: como si fuese a empezar a gobernar al día siguiente de conocidos
los escalofriantes números que arrojan el cuadro dramático que sus políticas públicas
provocaron. De mentira y cinismo están hechos estos dirigentes que han convertido en una
verdadera pesadilla la vida de la mayoría de los argentinos. Sin la más básica dignidad para
reconocer algún grado de responsabilidad en la dramática realidad actual, los discursos
oficiales redoblaron la apuesta: de cara al futuro próximo la promesa es profundizar las
políticas implementadas, por lo que es dado esperar que la crisis auto infligida será
utilizada para imponer las reformas estructurales que vienen promoviendo a caballito de la
necesidad de atraer la famosa “lluvia de inversiones”, que, como se viene perfilando hasta
el momento, no serán más que gotas en el desierto de una tierra desolada, y no de una
esplendorosa conquistada a sangre y fuego como sueña el roquista Esteban Bullrich.

Acompañado de la Ministra de Destrucción Social, Carolina Stanley, el falso pasajero

realizó una conferencia de prensa en Olivos. Sin hacer mención a la caída de la economía
generada por las medidas de su gobierno y a su impacto sobre la sociedad, habló ante los
periodistas, impedidos de repreguntar, sobre los índices de pobreza revelados ayer por el
Indec. “Que haya un 32,2 por ciento de pobres en el país es parte de la herencia recibida. Es
el dato que más estábamos esperando por parte del Indec”, aseguró. “Nos sorprendimos de
que el punto de partida era mucho peor –siguió–. Hoy sabemos claramente cuál es la
realidad, que nos golpea, uno de cada tres argentinos está bajo la línea de pobreza”.
Entonces, el presidente, mandato incumplible, volvió sobre su promesa de campaña, pero
tuvo que admitir que no podrá cumplirla durante su mandato: “Vamos a caminar juntos
hacia pobreza cero”, aunque “en cuatro años es obvio que no se alcanza. Nosotros
convocamos pobreza cero como un camino”, aclaró. Lo único cierto es que esos datos “eran
lo que estaban esperando”. Le faltó agregar: porque ese era nuestro deseo...

Los dramáticos números dados a conocer ayer por el Indec miden los indicadores hasta el
mes de junio. Por lo tanto, transcurridos ya tres meses del falso segundo semestre de
recuperación, la información brindada ya es vieja y desactualizada. Las calamidades son
mucho más profundas y extendidas y, en el horizonte próximo, se avizora una caída aún
más pronunciada de la Economía. Datos más próximos lo revelan: según un informe
realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la producción
de las pymes industriales retrocedió en agosto un 6,4 por ciento respecto de igual mes del
año pasado y enlazó su undécima caída consecutiva interanual. Contra julio previo, cuando
la actividad fabril de este segmento empresario había registrado la baja interanual más
profunda de esos once meses (de 7,8 por ciento), la comparación arrojó una mejora de 7,1
por ciento. No obstante, en los ocho meses transcurridos de este año la actividad acumula
un retroceso de 5,1 por ciento respecto de igual período de 2015. El aumento de los costos
y la imposibilidad de trasladarlos a los precios finales en un mercado interno deteriorado,
junto a un ingreso masivo de productos importados que compiten con la industrial nacional
puso a las pymes al borde la quiebra. Cuando el colchón heredado termine de ser perforado
y el impacto de los tarifazos de los servicios públicos se aplique a pleno, la catástrofe social
que se provocará no tendrá parangón con ninguna otra etapa de la historia reciente
argentina. La cantinela de la “herencia recibida” y de la “lluvia de inversiones”, que nunca
llega, formarán parte, en el futuro inmediato, de las mendacidades más bochornosas de la
política nacional. Claro que todavía pueden descansar en la dispersión de la oposición
política reinante, dividida entre quienes acompañan “responsablemente” al oficialismo y
entre los que no terminan de articular acciones y propuestas en las antípodas de la matriz
neoliberal.

30/09/16: La derecha corporativa siempre corre ventaja sobre el campo popular, y no sólo
porque cuenta con recursos y medios cuantiosos: sabe lo que quiere, quiénes son sus
enemigos, y cómo comprar voluntades para su infausta causa. De este otro lado la cosa es
más complicada. El sin números de trampas a sortear, de limitaciones a superar, de
obstáculos a vencer, generalmente sin medios ni recursos suficientes, hacen cuesta arriba
cualquier empresa; sobre todo si se tiene claro lo que no se quiere pero no lo que
claramente se pretende, cómo y con quiénes. Es el caso de la CGT gorda que, en medio del
desastre oficializado con los números lapidarios dados por el Indec, se muestra
comprensiva, dialoguista y negociadora con un gobierno que sólo ha avasallado y
humillado a los trabajadores. Ayer, por enésima vez, su conducción dejó en suspenso la
posibilidad de un paro general luego de un encuentro con funcionarios de la gestión del
presidente offshore. Según un acta firmada por ambas partes que difundió el Ministerio de
Desempleo, la gerencia se “comprometió” a dar una respuesta en diez días sobre un bono
de fin de año y la eximición del Impuesto a las Ganancias para el medio aguinaldo de fin de
año. Según destacaron fuentes del oficialismo, la reapertura de paritarias no formó parte de
la conversación. “No hay tregua ni fecha de paro: la situación sigue siendo la misma”,
indicó Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. Decir que dan vergüenza
ajena, es casi un halago. Cualquier calificación despectiva, sobre la conducta de estos
burócratas, sería insuficiente para dar cuenta de sus procederes rastreros y entreguistas.
Ahora pareciera que resulta que los conflictos que atraviesan sus representados se
encaminarían con un bonito para empleados registrados y a bajar las alícuotas de un
impuesto que se prevé pagarán más trabajadores el año que viene. ¿Es qué ya se olvidan de
los paros, movilizaciones y discursos incendiarios que realizaban hasta diciembre pasado,
cuando sólo el 10 % de los trabajadores pagaba un impuesto que el nuevo gobierno, en
campaña electoral, prometía eliminar completamente? Estas actitudes indecorosas, de parte
de los gremialistas perpetuados en sus sillones anti democráticos, rememoran las ya
manifestadas durante la década menemista, cuando la única huelga que ejecutaban,
mientras el país se desangraba en la corrupción y la entrega del patrimonio nacional a las
corporaciones, era las de sus brazos caídos; que habilitaban con su aprobación y/o
pasividad las políticas públicas neoliberales, de la misma calaña que las actuales, que
llevaron al país a la peor crisis de su historia. El juego empieza a estar claro: la corporación
sindical no tiene ánimos de confrontar contra el modelo saqueador de Mau y sus
pandilleros. Por lo tanto, la responsabilidad queda en el resto que desaprueba tanto las
políticas confiscatorias de la Nueva Triple Alianza como la complicidad manifiesta de los
cegetistas, para empezar a dar pelea no sólo contra aquellos que atacan los intereses
populares sino también contra quienes habilitan, desde su inacción y su cómplice silencio,
las prácticas corruptas y excluyentes del modelo neoliberal imperante. No se puede
construir ningún proyecto serio ni ninguna propuesta superadora si no se tiene claro quién
está en la vereda de enfrente. De la derecha también se aprende.

La misión del FMI terminó su revisión imperial en Argentina con una encendida
felicitación al gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore y duros cuestionamientos
a los controles sobre el poder económico que aplicaba el gobierno anterior. El organismo
defendió cada una de las iniciativas tomadas por el equipo económico en los últimos meses
para “reordenar” las variables macroeconómicas, aunque no mencionó palabra acerca del
aumento de la pobreza, la pérdida de puestos de trabajo en la industria, la construcción y el
comercio y la distribución regresiva de los ingresos. Apuntó que antes de la llegada de
Cambiemos se promocionaba en forma “insostenible” el consumo de la población y se
desincentivaba la rentabilidad de las empresas. Detallaron que entre las principales
distorsiones se encontraban una “extensa red de controles administrativos –por ejemplo,
barreras comerciales, restricciones cambiarias y controles de precios– y un clima
empresarial que erosionaba la competitividad y socavaba el crecimiento a mediano plazo”.
Es decir, cuestionaron la protección a la industria nacional, la lucha contra la fuga de
capitales y las regulaciones sobre los formadores de precios que aplicaba el gobierno
kirchnerista. Le apuntaron a las medidas heterodoxas del pasado y mostraron su
satisfacción por la vuelta a la ortodoxia más rancia. Con este desparpajo, el mismo que
muestran sus alumnos de la gerencia en funciones de gobierno, se manifiesta un organismo
que no vino sino a retomar sus históricas políticas saqueadoras, sin ni siquiera replantearse
los métodos para aplicarlas ni los discursos para justificarlas. De parte de esta gente el
mayor elogio recibido es un oprobio, una ignominia inconmensurable; y una crítica, de
estos personeros del desfalco internacionalizado, un halago redentor.

Los glotones gremialistas unificados imploran por un bonito de fin de año y rebajas en el
impuesto a las ganancias, que antes querían “eliminar”, mientras el país se hunde en la
depresión económica, sacrificando trabajadores en el altar del Dios Mercado. De acuerdo
con el Estimador Mensual Industrial que difundió el Indec, la actividad industrial cayó un
5,7 % en agosto respecto de 2105. En el acumulado de los primeros ocho meses el retroceso
fue de 4,2 por ciento frente a igual período del año pasado, la mayor brecha interanual, lo
que refleja una profundización del deterioro industrial con un impacto directo e inevitable
en el empleo. En la encuesta que realiza el organismo como anexo al informe, el 92,3 por
ciento de las empresas relevadas no prevé cambios en su dotación de personal o estima un
recorte mientras que 87,4 por ciento adelanta que reducirá o mantendrá la cantidad de horas
trabajadas. En tanto la actividad de la construcción cayó 3,7 por ciento en agosto respecto
del mismo mes del año pasado y, en lo que va del año, marcó una merma del 12,8 por
ciento interanual. El empleo de la construcción marcó el mayor retroceso en el año, al
disminuir 15,5 por ciento en julio, computando 387.295 trabajadores formales en el sector,
cuando al mismo mes del año pasado había 458.433. El freno de la obra pública, la
desarticulación de programas de incentivo como el Procrear y el salto de los precios en los
últimos meses explican el parate del sector, síntoma de una Economía en decadencia, como
la que padece la dirigencia sindical cegetista, que dialoga y escucha a todos los sectores,
menos a los trabajadores que (mal) representa.

El brazo ejecutor de las corporaciones no sólo descansa en la ambigüedad y la dispersión de

la oposición política, de cara a las próximas elecciones, sino en el fraude masivo que
propicia a través del híper desconfiable “voto electrónico”. Por lo pronto ayer logró avanzar
en la Cámara de Diputados con el proyecto que reforma el sistema electoral con la
implementación de la Boleta Única Electrónica (BUE) –en reemplazo de la tradicional
boleta de papel– que se implementaría en todo el país a partir de las elecciones legislativas
del año próximo. Con el respaldo del massista Frente Rejuntador, la pandilla neoliberal
obtuvo ayer en un plenario de comisiones el dictamen de mayoría, que incluyó la paridad
de género –un reclamo que cruzó transversalmente a todas las bancadas políticas– por el
cual todos los partidos y alianzas deberán presentar al menos un 50 por ciento de candidatas
mujeres, que irán intercaladas a lo largo de las listas a todos los cargos electivos (un
hombre y una mujer sucesivamente o a la inversa). Sin embargo, el texto desechó el
tratamiento de la subrepresentación de los distritos más poblados del país en la Cámara
baja. El proyecto –que deberá contar en el recinto con la aprobación de la mayoría absoluta
de sus miembros– también reforma el sistema de las PASO, imponiendo la obligación de
votar en una sola interna partidaria para todos los cargos. El Frente para la Victoria y el
Frente de Izquierda y los Trabajadores se oponen a la iniciativa con duras críticas que van
desde la “vulnerabilidad del sistema de votación electrónico” hasta el “sostenimiento de
medidas proscriptitas” para partidos provinciales y emergentes. Cualquier iniciativa
neoliberal es sospechosa, pues siempre lleva en el vientre mentiras y estafas encubiertas,
pero la del “voto electrónico”, como ya se ha detallado hasta el cansancio, es una de las
más abominables en danza. Desechada por poco transparente y muy vulnerable, ningún país
serio del mundo lo tiene implementado. Los trucos y las mendacidades que salen de la
chistera de Durán Barba comienzan a agotarse, por eso el peligro acecha: el fraude
electrónico está a la vuelta a la esquina, con el opoficialismo dando nuevamente vía libre a
otro ataque a las instituciones de la república.

El primer escándalo de corrupción de la gerencia neoliberal, ni bien estaba asumiendo

funciones de gobierno, tiene otro denunciado. Diez diputados del bloque Frente para la
Victoria-PJ denunciaron al secretario de Finanzas Públicas, Luis Caputo, por
enriquecimiento ilícito y otros presuntos delitos en torno a la definición del precio del dólar
futuro, después de que él operara en ese mercado por 800 millones de pesos. Los supuestos
delitos que motivaron la denuncia son "incumplimiento de los deberes de funcionario
público, enriquecimiento ilícito, defraudación y uso de información privilegiada agravada",
explicó El jefe del bloque, Héctor Recalde. Caputo fue hasta el 9 de diciembre pasado el
presidente de "Axis, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión" e hizo compras
de dólares a futuro por unos 800 millones de pesos, de los cuales el 10% era una
adquisición personal, según sostuvo el diputado en declaraciones a radio Del Plata. El
domingo 13 de diciembre, antes de ir a misa, Caputo se reunió junto al vicejefe de
Gabinete, Mario Quintana, con el Gerente General de ROFEX, Diego Germán Fernández,
para fijar el precio del dólar futuro en 13,95 pesos cuando en los meses previos se había
vendido a 9,92 pesos. "Es manifiesta la ventaja que sacaron fijando el precio. Es posible
imaginar, en término de sentido común, que cuando estaban pactando el precio del dólar
con el jefe del ROFEX estaban saboreando ya lo que iban a ganar personalmente, porque
Quintana también fue denunciado por nosotros", expresó Recalde. Según el diputado, en el
caso de Caputo existe una "incompatibilidad manifiesta y un conflicto de intereses" que
resulta "indignante" porque el funcionario determinó "cuánto iba a ganar, cuál iba a ser su
propio peculio". La causa que motivó la denuncia de los diez diputados fue sorteada y
recayó en el juzgado de Luis Rodríguez, mientras que el fiscal Carlos Stornelli estará a
cargo de la instrucción. Ahora habrá que ver cómo sigue la causa: si Rodríguez no se
excusa para remitirla a la que vegeta en el matadero que regentea el juez Malodío, que a su
vez también está imputado, o sigue un trámite independiente a la causa abierta
originalmente. Lo cierto es que se metieron solitos en este entuerto y ahora están atrapados
en su propia trampa, de la que sólo podrán salir merced a los servicios que puedan prestar
sus aliados del partido judicial que anidan en la moderna cueva de Alí Babá, sucursal
Comodoro Py.

La gerencia neoliberal se niega a abrir las paritarias para los trabajadores, pero mantiene
sempiternamente abiertas las propias. El falso pasajero y todos sus ministros tuvieron una
nueva actualización salarial, y ya se encuentran percibiendo mensualmente hasta un 100 %
más que sus pares de la gestión saliente. Según los datos difundidos por el sitio Datos.gob,
a cargo del ministerio de Modernización y Despidos, el máximo mandatario pasó de cobrar
$131.421 en enero, a $173.000 en agosto último. Por su parte, la vicepresidenta Gabriela
Michetti pasará de recibir $121.686,59 a $160.622,93, que seguramente buena parte donará
a su fundación SUMA, para continuar con sus obras de caridad para los más necesitados.
Por su parte, los ministros, también recibieron un aumento del orden del 31% anual, y en su
mayoría cobran $152.908,38, con excepción de quienes están afectados por el concepto de
"desarraigo", al tener fijado un domicilio a más de 100 kilómetros de la Capital Federal. En
la comparación con los salarios de los presidentes de los países de Latinoamérica, el
hombre del corazón artificial se encuentra entre los más acaudalados, con unos USD11.300,
mientras que Bachelet, de Chile, percibe 15.000 mensuales, el brasileño Michel (de)Temer
9.500 dólares, y el paraguayo Horacio Cartés 6.800 dólares. Debería expedirse el FMI,
antes de partir del país esta noche, condenando el despilfarro de gasto público en
“trabajadores” de tan baja productividad. Aunque, pensándolo bien, podría tratarse de un
salariazo por la tarea encomiable que los CEOs y evasores con cuentas offshore vienen
desplegando: no cualquiera genera 2 millones de nuevos pobres en 7 meses de gestión
gubernamental.
01/10/16: La enorme herencia del desendeudamiento son tanques de oxígeno para
Cambiemos. Por ahora los está usando esencialmente para compensar el bache fiscal y
externo, los déficits gemelos, pero esa fuente de recursos el año que viene le puede dar una
plataforma para reactivar la obra pública (y de paso dar negocios a la patria contratista que
también ellos integran) y empezar a revertir los números negativos de la construcción, el
sector que más ha expulsado mano de obra. Mau y sus pandilleros esperan ese momento
para sentirse revalidados ante la sociedad. La jugada es bastante obvia, lo cual no le quita
posibilidades de éxito. Después de una caída de la economía este año que apunta a 3 puntos
o más, con que crezca algo en 2017 será suficiente para decir que va encontrando el
camino. Una empresa que hasta 2015 trabajaba tres turnos y este año se vio obligada a
bajarlos a uno, con suspensiones y despidos, si en 2017 logra estabilizar la situación
seguramente se dará por satisfecha. Con un leve repunte, que la prensa canalla se encargará
de magnificar, la dispersión de la oposición y la ayudita que pueda darle el “voto
electrónico”, si finalmente es aprobado, el gobierno de CEOs y evasores con cuentas
offshores puede esperar las elecciones legislativas del año que viene tranquilo; sabiendo
que a lo que verdaderamente debe temerle es a la protesta social y a la reacción callejera.
Domesticada la oposición y controlados los resortes institucionales a su favor, la gerencia
concentrará su atención en la mejor manera de aplicar su protocolo de seguridad, que
administra arbitrariamente la ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich.

En campaña electoral los gurkas máximos que asesoraban al hoy presidente offshore, como
Melconián, Broda o Espert, aseguraban que bajo un posible gobierno de Cambiemos estaba
garantizado el “libre comercio”. Es decir: la entrada y salida de productos del país sin
ningún control del Estado, porque ello propiciaba la competencia. Pronto a cumplir 10
meses de vigencia la política de apertura irrestricta, que casi ningún país de la Tierra tiene
vigente con este grado de descontrol, ha devastado a la Economía argentina. La repudiable
promesa del falso pasajero de convertir a Argentina en el “supermercado del mundo”, en
los hechos, terminó siendo a la inversa: las importaciones subieron, en promedio, hasta el
51%. En un informe del Observatorio de Importaciones de la Federación Industrial de Santa
Fe pueden encontrarse aumentos de 733 por ciento interanual en las compras de pollo hasta
el 20 de septiembre último, 389 por ciento en cebolla y 116.152 por ciento en naranjas. El
desplazamiento de la industria nacional no sólo se dio en alimentos, sino que también
incluyó electrodomésticos, calzado, maquinarias, muebles y artículos de ferretería. Por
caso, el año pasado ingresaron apenas ocho planchas importadas y en lo que va de este ya
aparecieron 18.761 unidades. Hasta las esponjas de cobre para lavar se suman al boom
importador con un 21.584 por ciento de aumento. Golosinas, verduras, productos
industriales, heladeras, muebles, calzado; no hay rubro que no se haya disparado
exponencialmente. Estos datos cobran relevancia en un escenario de estancamiento
económico y un mercado interno deprimido por la pérdida de poder adquisitivo frente a la
inflación. Lo que resta saber con certeza es cuánto hay de ex profeso y cuanto de impericia
en el “mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre la marcha”. Seguramente la
combinación de ambas. El fanatismo los hizo extremistas, por ello no midieron
anticipadamente el impacto que iba a tener en la producción local esta medida. Ahora,
aseguran haber detenido el vía libre al ingreso de importados y encontrarse en proceso de
reversión de sus daños a la industria nacional, pero lo cierto que la intención fue indudable:
producir caída del empleo y baja de precios y salarios abriendo la Economía. Lo extremo de
la medida generó el desastre del que, por más que ahora estén recalculando, no habrá
marcha atrás. La matriz colonial anida en el corazón del proyecto neoliberal, por lo que, por
iniciativa propia, no habrá que esperar ningún cambio de orientación de su política
económica.

Tecnópolis ya no es lo que era. La gerencia que regentea el presidente blindado ayer lo

utilizó para seguir haciendo campaña y continuar vendiendo fuegos de artificios. Allí
convocó a todos los intendentes de todo el país para “evitar enfrentamientos y generar
consensos” entre las distintas fuerzas políticas, que cada vez cuesta más diferenciarlas. Un
cuarto de hora duró el contacto ayer entre el hombre del corazón artificial y los jefes
comunales, selfie incluida. Durante el encuentro, anunciado en la previa como “histórico”,
Macri batió su récord de locuacidad al hablar por el lapso de diez minutos, insistiendo con
la muletilla del “diálogo” y demás lugares comunes tan vacíos como redundantes. Antes, el
ministro de Interior, Rogelio Frigerio, se encargó de enunciar la promesa de “una mayor
descentralización de los recursos para los municipios”, el único punto que dejó algo
conformes a los intendentes peronistas, mayoría entre los casi dos mil presentes. En
balance, para ellos, dejó sabor a poco: “El presidente consiguió lo que quería: una selfie
con los intendentes. Nosotros no: fuimos a escuchar anuncios sobre políticas públicas y no
escuchamos nada”, indicó el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, integrante del grupo
Fénix, que acudió en pleno, al igual que el grupo “Esmeralda”. Las ausencias, notorias, las
protagonizaron los intendentes referenciados con la ex presidenta Cristina Kirchner. Un
nuevo gesto para la tribuna y una nueva trampa en la que caen los opositores, funcionales a
las maniobras de propaganda de un gobierno que sólo puede mostrar fotos impostadas.

02/10/16: A quienes dudaban sobre cómo sería un gobierno del macrismo, antes del
ballotage, se les sugería que observaran cómo lo estaba haciendo en la ciudad de Buenos
Aires. Un rápido vistazo al mismo permite resaltar cinco elementos constantes y
significativos que le eran propios: endeudamiento masivo y sistemático, desfinanciamiento
y abandono de los servicios públicos, alta carga tributaria, concentración de la riqueza en el
acaudalado norte, y sub ejecución estratégica de partidas presupuestarias. Los cinco
perduran bajo el mandato de Rodríguez Berreta, y son reproducidos en el gobierno ni
nacional ni popular que regentea el presidente offshore. Una mirada aleccionadora podría
hacerse de lo que ocurre actualmente con el manejo de los fondos públicos, los cuales
públicamente son anunciados para una tarea y con un presupuesto destinado, pero en la
práctica sólo se aplica la discrecionalidad abusiva, dilatoria y sinuosa a la hora de
ejecutarlos. En Educación, al 30 de septiembre, se usó apenas el 10,94 por ciento de los
fondos previstos para el programa de Innovación y Desarrollo de la Formación
Tecnológica; el 19,16 por ciento de lo pautado para Infraestructura y Equipamiento; el
31,35 por ciento en Acciones Compensatorias y el 30,94 por ciento en Formación Docente.
La fórmula del recorte combina inoperancia con ajuste en proporciones equivalentes. En los
últimos tres meses del año, los tiempos del Estado tornan imposible hacer lo que no se hizo
en nueve. La información surge del Sitio del Ciudadano de la Secretaría de Hacienda de la
Nación que releva mes a mes la eficiencia de cada dependencia del Ejecutivo y del informe
de ejecución física financiera trimestral de la misma cartera. Educación tiene un promedio
de ejecución presupuestaria del 63,98 por ciento. La media logra elevarse por el
cumplimiento de lo pautado para el pago de salarios: el Fondo de Incentivo Docente se
ejecutó en un 83,55 por ciento y el presupuesto de las universidades en el 69,52. El
compromiso en la liquidación de haberes limita el margen de maniobra para el recorte o la
dilación en el cumplimiento de lo pautado. En cambio, en todo lo que tiene que ver con
políticas compensatorias y mejoramiento de las condiciones de educabilidad, se hace
evidente la discrecionalidad de la concepción de política educativa. Para 2016 se había
previsto distribuir 5 millones de ejemplares, pero no se compraron libros. Informaron
además que se decidió no comprar más literatura para las escuelas secundarias. En el
informe periódico sobre “Presupuesto en educación: ajuste y subejecución”, el Instituto
Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), advirtió a
principios de septiembre que “la redefinición de políticas” se está dando a través del
desmantelamiento de los equipos técnicos, de los despidos masivos y del cierre de
importantes planes y programas que se encontraban en ejecución: como por ejemplo, el
Plan de Finalización de Estudios Secundarios (Plan Fines), y el Plan Nacional de Educación
Sexual Integral (ESI), así como también la discontinuidad de las obras de infraestructura
escolar y de la compra y distribución gratuita de millones de libros a todas las escuelas del
país”. A esto sumemos la paralización del programa “Conectar igualdad”, reconvertido a
“Promoviendo inequidad”, el cual solo repartió 100.000 netbooks de las 600.000 necesarias
para estudiantes de primer año secundario que la esperaban. Ajuste para pagar deuda y
compensar pérdida de recursos transferidos a las corporaciones, desvíos espurios de fondos
para financiar su siempre sucia política partidaria, y amputación de derechos para
precarizar la vida de la ciudadanía de a pie, para el macrismo es una práctica con más de
ocho años de antigüedad. Hace 10 meses buena parte del electorado no quiso ver y se
encandiló con la maquinaria electoralista que dirigió el siniestro prestidigitador Jaime
Durán Barba. Otra quedó atrapada en su odio, alimentado a estiércol informativo por la
cadena nacional de la mentira y la difamación de la prensa canalla. Los resultados están a la
vista.

Que al brazo ejecutor de las corporaciones no le interesa invertir recursos en Educación está
más que claro. Tanto como que tampoco le importa hacerlo en Ciencia y Tecnología, el
ministerio que mal custodia “lo conseguido” el reconvertido Lino Barañao. A contramano
de lo prometido durante la campaña, el presupuesto para el año que viene prevé un recorte
en el sector de alrededor de 200 millones de dólares, lo que retrotrae la participación de la
ciencia en el PBI al nivel de hace cinco años. El Grupo Ciencia y Técnica Argentina
(CyTA), integrado por investigadores de renombre de todas las disciplinas, denunció que el
ajuste “asesta un duro golpe al corazón de la ciencia argentina y pone en riesgo los logros
de la última década”. Según un informe elaborado por el profesor Fernando Stefani,
vicedirector del Centro de Investigaciones en Bionanociencias del Conicet, la inversión en
el área pasó del 0,8 por ciento del PBI durante los años de gestión kirchnerista al 0,59 por
ciento para el año próximo, su “mínimo histórico”. Si se pone el foco únicamente el
ministerio, el presupuesto 2017 “plantea una reducción aún mayor, llevándolo a un nivel
mínimo sin precedentes”, que contrasta, según el informe, con el aumento de un 70 por
ciento entre 2013 y 2014. Los recortes se dieron también en Fabricaciones Militares, el
INTI y el INTA, donde podría haber despidos. Ponerse a leer en detalle el Presupuesto
Nacional, enviado al Congreso esta semana, es la mejor manera de constatar la continuidad
que la Nueva Triple Alianza piensa darle a sus aberrantes y confiscatorias políticas
públicas.

Alfredo Zaiat, en Página/12 de hoy, hace una interesante y perspicaz reflexión sobre la
manipulación que, sobre los indicadores de aumento de la pobreza, hizo el macrismo
cuando dio a conocer esta semana los nuevos números elaborados por el Indec. Según el
periodista, que Argentina tenga uno de los niveles de pobreza más elevados de América
latina, no resiste el mínimo análisis riguroso de las condiciones sociales y materiales de la
población en la región. El 32,2 por ciento de personas pobres que publicó el Indec está por
encima del promedio latinoamericano (28,2, según la Cepal), casi igual a la pobreza de
Bolivia (32,7) y sólo por debajo de la de México (41,2) y Paraguay (42,3). Ninguna
correlación de variables sociales, económicas y laborales, como índices de violencia social,
de acceso a servicios básicos, a la educación, a los alimentos y al esparcimiento, como así
también la cobertura laboral (sindicatos y paritarias), previsional (universalización de
jubilaciones) y social (AUH), permiten ubicar a la Argentina en una posición
socioeconómica tan vulnerable. Los índices de Desarrollo Humano del PNUD y de las
condiciones de vida de la población y en especial de los niños de Unicef, ubican a la
Argentina en lugares de privilegio a nivel regional y desmienten el actual cuadro de
pobreza dibujado por el Indec. Como la producción estadística surge de la metodología para
elaborarla, la elegida por el Indec macrista tiene un inocultable sesgo político, alejada de
criterios técnicos básicos y de sentido común analítico en términos relativos. Si según
acusara el economista vocero de las corporaciones, Javier González Frega, y que se encargó
de repetir toda la gerencia ministerial, el kirchnerismo promovió que la población viviera
por encima de sus posibilidades, en un estado de consumo masivo artificial por nivel de
ingresos y tarifas subsidiadas, ahora el kirchnersimo no puede ser también responsable de la
existencia de tantos pobres. Es una línea argumental inconsistente que violenta el sentido
común. No hay que ser muy inteligente para descubrir cuál es la estrategia política-
comunicacional del macrismo con el último informe del Indec: fijar una tasa de pobreza
exageradamente sobreestimada, apostando a una desaceleración de la inflación por la
recesión con paritarias igual o unos puntos por encima del alza de precios, lo que les
permitiría mostrar índices de pobreza retrocediendo justo antes de las elecciones de octubre
próximo. Esta es la jugada político-electoral cazabobos a la que está subordinada la
manipulación de los indicadores del Indec. Es una apuesta que no necesariamente saldrá
bien, pero es una jugada política al fin. El 32,2 por ciento es la foto que muestra el gobierno
de CEOs y evasores con cuentas offshore, dice que ese número es la verdad y brinda una
insólita sentencia de que “este es el punto de partida desde el cual acepto ser evaluado”. De
ese modo oculta bajo la alfombra el ejército de pobres por ingresos que ha sumado desde el
inicio de su gobierno. Es tan poco lo que hay que hacer para mejorar el desastre que están
cometiendo con la Economía ya no nacional que completando esta abominable estrategia
manipuladora de números con un poco de obra pública, financiada con más deuda que
habilitaría negocios para banqueros y amigos cardenales abonados a la obra pública, y con
la prensa canalla tapando y tergiversando todo lo que esté a su alcance, las elecciones del
año que viene Mau y sus pandilleros pueden esperarlas con altas expectativas de revalidar,
con el voto popular, sus abyectas políticas públicas.

La mejor manera de comprobar cómo la gerencia, a cargo del Poder Ejecutivo ex Nacional,
manipuló los números dados a conocer por el Indec, es revisando la metodología empleada
que utilizó para obtenerlos. El sociólogo Daniel Schteingart, uno de los tantos cientistas
sociales que ha sido crítico de la producción estadística del Indec durante el kirchnerismo,
explica que la nueva medición del Indec se basa en otra canasta de consumo, bastante más
exigente en lo monetario (50 kilogramos de comida ahora, 45 antes; 57 artículos contra 50
antes). El especialista Diego Born estimó que esa diferencia resulta una canasta 20 a 30 por
ciento más cara que la anterior, y por tanto implica una incidencia de 9 puntos más de
pobres. Es decir, con la vieja canasta, la pobreza se hubiera ubicado en el 23 por ciento,
porcentaje similar al elaborado por estudios alternativos en tiempos del anterior Indec. Si
no se tiene en cuenta ese cambio de canastas se estaría comparando peras con manzanas.
Schteingart indica que con la nueva canasta, en 2006 la pobreza no hubiera sido del 26 por
ciento, sino del 35 por ciento aproximadamente. Y la de la UCA daría 44 por ciento en
lugar de 34. “El Indec debiera mostrar también cuánto habría sido la pobreza si se hubiese
mantenido la metodología de antes, para así ‘empalmar’ la serie vieja con la nueva”,
aconseja. Antes había pobres, pero también había una política para mejorar las condiciones
materiales de esa población, objetivo que a veces se alcanzaba y a veces no. En cambio,
ahora sólo hay marketing electoral, falsas promesas para llegar a la pobreza 0, políticas
deliberadas para deprimir la economía y hacer caer los salarios, voluntad manifiesta de
hacer crecer el desempleo y desactivación, vía el ajuste y la reducción presupuestaria, de
programas sociales reparadores para los sectores más vulnerables. Un ejemplo lapidario
para diferenciar una administración con la otra es el manejo del programa Repro, que el
kirchnerismo instrumentó para asistir a empresas con problemas financieros, procurando
cuidar los puestos de trabajo. La cooperativa Renacer de Tierra del Fuego, denunció esta
semana que el Ministerio de Desempleo asiste a empresas que quieran "reestructurarse”,
despidiendo o flexibilizando sus trabajadores. Así son de perversos, así son de neoliberales.

Que la gerencia que regentea el Estado ex Nacional vino a liquidar el patrimonio público
para facilitar negocios para las corporaciones, a las que casi todos sus funcionarios
pertenecen, avasallando los derechos de sus trabajadores y a las instituciones de la
maltrecha república, quedó una vez más expuesto en las últimas declaraciones de la
presidenta de Aerolíneas Argentinas, Isabela Constantini. La ex CEO de la multinacional
General Motors señaló que "los trabajadores que se opongan a nuestros negocios no van a
estar más en la empresa", en referencia a los reclamos que los gremios vienen realizando a
su neoliberal gestión. "Tenemos que ayudar a que los gremios entiendan más nuestro
negocio. Una empresa que pierde plata tiene impacto en los empleados. Y los que se
opongan, no van a estar más en nuestra empresa", resaltó Costantini durante una exposición
en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Con esta
abierta amenaza va quedando claro cómo entienden, Mau y sus pandilleros, que debe
administrase un servicio público: como un negocio y a la medida de las corporaciones. Y, si
es posible, a favor de las que ellos provienen.
03/10/16: La atmósfera social que se respira es cada vez más densa y el presidente offshore,
mandato incumplible, da todo tipo de piruetas para hacerle creer a la opinión pública
nacional y extranjera que su gobierno totalitario y confiscatorio, en realidad, procura la
“unión” y la “paz” entre los argentinos. Para ello se le ocurrió, vaya a saber a quién del
grupo de asesores que comanda el siniestro Jaime Durán Barba, convocar a "referentes"
internacionales que intervinieron en sociedades polarizadas y con situaciones de diversa
conflictividad. "¿Es posible la convivencia después de la polarización? ¿Cómo encontrar
puntos de común acuerdo cuando chocan cosmovisiones distintas? ¿Cómo lograr prácticas
de reconocimiento del otro y apertura hacia sus razones en sociedades polarizadas por el
conflicto?", son algunos de los interrogantes que planteó como disparador el Gobierno ni
nacional ni popular como si fuera un agente neutro que, encima, es víctima de la “grieta”
que no sólo vino a consolidar, sino también a profundizar y ensanchar de manera dramática.
Según señala el cogobernante diario Clarín, entre los convocados se destacan Joshua
Mitrotti Ventura, un politólogo colombiano que tuvo a su cargo el diseño del plan de
reincorporación de ex combatientes de las FARC; Charles Villavicencio, un teólogo
sudafricano que dirigió la Comisión la Comisión de la Verdad y la Reconciliación post
Apartheid; y Najeeb Michaeel, un fraile iraquí que escapó del ISIS y arriesgó su vida para
salvar 800 documentos y manuscritos que databan del siglo XIII y formaban parte del
patrimonio cultural de Qaraqosh. Es decir: a expertos en conflictos armados, de larga data y
de una complejidad inextricable. Pero no serán los únicos: también asistirán, a este costoso
disparate que se abona con el vapuleado erario público, referentes de Estados Unidos,
España, Perú, Egipto, Canadá y Gran Bretaña, los que desembarcarán este lunes en Casa
Rosada para reunirse con el ministro de Propaganda, Joseph Peña, y luego participar de
"Diálogos Globales", una jornada organizada por el ministerio de un Cacho de Cultura que
dirige Pablo Avebruto. La idea es escuchar los ejemplos de los expositores e intentar, a
partir de eso, avanzar en una etapa de “reconciliación”. Señor presidente blindado: jamás
habrá reconciliación si de un lado están los promotores del odio y el revanchismo y del otro
los que procuran terminar con la inequidad, la desigualdad y los privilegios de clase. Si en
un costado están los defensores de la dictadura procesista y del otro los que luchan por
memoria, verdad y justica. Si en un rincón anidan CEOs y evasores con cuentas offshore
implantando políticas precarizadoras, y del otro un pueblo que pelea por defender y
multiplicar derechos igualitarios. Si de un extremo derecho de la mesa se sientan los
impulsores de un poder judicial clasista, nepotista y arbitrario que lauda siempre en favor
de las corporaciones y del otro los que pelean por una Justicia democrática, accesible y
pluralista en favor de las grandes mayorías. Si en una punta se multiplica la mentira
disfrazada de ideología, y en su opuesta un colectivo con verdades propias conviviendo en
la disidencia pero sin ocultar sus identidades engañosamente. En definitiva, mientras haya
un gobierno neoliberal ningún puente es posible, salvo los que construye la patria
contratista que comandan sus amigos cardenales para seguir estafando el tesoro nacional.
No intente engañar más desprevenidos, ingenuos o ilusorios neutros: la paz y la sana
convivencia llega con políticas públicas inclusivas, con trabajos dignos y bien
remunerados, con servicios públicos accesibles y regulados para toda la población, y con
medios de comunicación plurales y apartados de la lógica del lucro y del poder
concentrado. Jamás se llegará a través de la estafa electoral, los aprietes parlamentarios, las
persecuciones a disidentes, la mendacidad hecha palabra oficial, del saqueo hecho política
pública y la precariedad vuelta hábito en la vida cotidiana de la gente de a pie, como ocurre
actualmente con su gobierno. No hacen falta "expertos", que ya bastante tenemos con los
que integran el “mejor equipo en 50 años” y que han devastado al país en apenas 10 meses
generando 2 millones de nuevos pobres, sino políticas al servicio de la gente, del colectivo
que la gerencia que usted regentea a castigado a tarifazos, despidos y decretos de necedad e
indecencia para aplicar medidas lesivas a las vidas de las personas. Haga política, no
congresos. Eso sí, hágala como nunca lo hizo: sacándose la máscara, mostrándose tal cual
es, y especificando qué intereses representa. La transparencia, también puede ser un aporte
a la paz social.

La iniciativa marketinera que impulsan Mau y sus pandilleros para “unir” a los argentinos,
tiene entre sus invitados a un colombiano: Joshua Mitrotti Ventura, quien participó en el
proceso de paz que, durante años, viene negociando un alto al fuego definitivo entre el
Estado y la guerrilla en su país. Ayer el acuerdo de paz conseguido fue puesto en
consideración a la población, para que lo avale o lo rechace, a través de un plebiscito.
Contra todos los pronósticos, con escaso margen, triunfo el “NO” al acuerdo, lo que
confirma que el pueblo argentino no es el único dispuesto a auto inmolarse a través del voto
popular. El especialista en “grietas” tendrá que explicar, en el infame congreso que auspicia
la gerencia neoliberal argentina, por qué fracasó el acuerdo de paz antes de dar cátedra de
cómo respetar al “otro” mientras desde el Estado se lo persigue, empobrece, confisca y
enmudece. Quizá sepa decirnos por qué otra vez la extrema e histórica polaridad que se
evidenció ayer en las urnas, no pudo evitarse a la hora de cerrar filas en torno a la renuncia
de la disputa armada y la convivencia sana y dialoguista, como promueven aquí los
defensores del libre mercado. Probablemente, con su lúcida charla, quede explicado por qué
sólo una de cada tres personas, habilitadas a votar, fue a las urnas, muy por debajo del
promedio histórico en aquel país. Quizá este notable pensador sepa ahondar en el vetusto
sistema político que rige en su Nación, que fue incapaz de reunir voluntades en el mundo
masivamente para respaldar el acuerdo y de explicar de manera clara y profunda a su
población los motivos y los alcances buscados. A lo mejor, Joshua, pueda esclarecernos
sobre qué incidencia tuvieron los medios masivos de comunicación concentrados que,
como en Argentina, apostaron por la difamación y la mentira para sabotear el proceso de
paz. Por ahí puede informarnos sobre si tomarán medidas contra la prensa canalla
colombiana, que no cesó un solo día acusando de traición al presidente Santos, llamando a
no votar para evitar el “peligro” e insuflando el miedo con un eventual acceso futuro a la
presidencia del comandante Timochenko (líder de las FARC), que en algunas caricaturas
aparecía investido con la banda presidencial y dispuesto a imponer su dictadura sobre una
indefensa población. Con los resultados del plebiscito a la vista, es muy probable que este
hombre no venga a dar consejos de cómo acercar argentinos enfrentados políticamente y se
quede en Colombia, procurando que sus coterráneos intenten terminar con un conflicto
armado que lleva 50 años y que su población entienda que puede haber disputa política sin
necesidad de más tiros.

La realidad es demasiado aplastante para intentar taparla con globos amarillos o con
solcitos de igual color desde canales televisivos. La situación económica continúa delicada
para la industria manufacturera, con niveles de actividad y de ventas que están muy por
debajo del año pasado. La información surge del relato de los propios empresarios,
consultados acerca de la supuesta aparición de “brotes verdes”, según el paisaje que busca
instalar el brazo ejecutor de las corporaciones. En casi todos los casos hay resignación
sobre lo inalcanzable que quedan los números de 2015. Es una variante no mostrada de la
“pesada herencia”: el nivel de actividad relativamente alto con el que asumió el macrismo.
A nivel agregado, la ultra neoliberal consultora FIEL calculó una merma de la industria del
4,6 por ciento en agosto de forma interanual y Osvaldo Ferreres, otro de la misma calaña,
un 3,1. En los primeros ocho meses las bajas informadas son del 4,4 y del 2,2 por ciento,
respectivamente. Lo positivo de todo esto, menos para la fuerza que comanda el hombre del
corazón artificial, es que las políticas neoliberales terminen por “unir” a los argentinos: para
repudiarlas y conformar una fuerza política que las enfrente.

La aprobación a toda velocidad del “voto electrónico” en la cámara de Diputados, la

semana pasada, no es la única maniobra que encara la gerencia neoliberal para promover un
fraude electoral el año que viene. La aberrante iniciativa es acompañada, como siempre con
el aval del cómplice opoficialismo, por otra de la misma calaña: la división de varios
partidos de la provincia de Buenos Aires. Uno de los apuntados es La Matanza, que
comanda la intendenta kirchnerista Verónica Magario. "Si no bajan a Magario de la
presidencia de la FAM, se la vaciamos". La extorsiva frase habría sido pronunciada por el
ministro del Interior, el “moderado” Rogerio Frigerio, a los intendentes en el encuentro de
la semana pasada en Tecnópolis, según denuncia el portal de noticias Diagonales.com. Este
jueves iba a ser la asunción de la intendenta de La Matanza como presidenta de la
Federación Argentina de Municipios (FAM), la cual se pensaba de manera rotativa, porque
después asumiría el cordobés Ramón Mestre por parte del oficialismo. Sin embargo, los
planes parecen haber cambiado luego de la supuesta advertencia de Frigerio a un grupo de
jefes comunales peronistas que se encontraban presentes en el Primer Encuentro Nacional
de Intendentes, que le sirvió de selfie propagandística al falso pasajero de colectivos. El
enojo con la mandataria de La Matanza se da porque se había llegado a un acuerdo para que
ella fuera la titular del organismo y a los pocos días salió la mandataria con los tapones de
punta criticando al presidente blindado por el tema Malvinas. El objetivo del funcionario es
que la FAM esté conformada por un triunvirato (al igual que la CGT), pero que dentro del
mismo no figure Magiaro. A pesar de las duras advertencias del ministro nacional, el
peronismo se aglutinaría para que Magario integre ese triunvirato. Todo esto se tiene que
definir de acá al jueves, que es el día en que está pautada la Asamblea para elegir a las
nuevas autoridades. Así de tolerantes con las críticas son los promotores de congresos para
“reconocer al otro” apostando a una mirada pluralista.

No es una, ni dos, ni tres. Son 19 las cuentas offshore del presidente ídem descubiertas
hasta ahora. La mayoría fueron creadas cuando el jefe de Estado se desempeñaba como
empresario, pero en el caso de que hayan manejado dinero sin declarar esto implicaría, de
mínima, evasión impositiva. Este es el caso de la bahameña Fleg Trading, en donde el fiscal
Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello investigan al mandatario por el lavado de
U$S 9,3 millones. Hoy día el jefe de Estado mantiene activa seis offshores (Kagemusha y
otras cinco a nombre de empleados), según se puede comprobar con los documentos que
aportará el diputado Darío Martínez a la Justicia esta semana. Además, su hermano
Gianfranco Macri posee otras siete en Panamá aún en funcionamiento, de acuerdo a lo que
surge de la base de datos de Open Corporates. En detalle:
Las empresas integradas por el presidente
1- Fleg Trading Limited: la sociedad bahameña fue la primera revelada en abril por los
Panamá Papers. La preside Francisco "Franco" Macri, el vicepresidente es Mauricio y
los acompaña en el directorio Mariano Macri. Fue creada en 1998 y disuelta en 2007.
2- Kagemusha SA: la más antigua de las empresas fantasmas del presidente. Lleva a
Francisco, Mauricio y Gianfranco Macri como directores. Fue fundada en 1981 y hasta hoy
se mantiene activa.
3- Opalsen: la offshore uruguaya fue utilizada junto a otras empresas de la familia para el
contrabando de autos y evasión impositiva. Mauricio y Francisco Macri fueron procesados
en una causa judicial, pero absueltos por la Corte Suprema menemista.
Las sociedades panameñas con empleados de confianza de Sevel Uruguay
4- Macri Group Corporation SA (cambió su nombre a Metro Consulting PTY): los
directores son Domenico Cappelli (gerente general) y Fernando Planes (gerente de
finanzas). Se fundó el 25 de mayo de 2010.
5- Cap Loren Panamá SA: la dirigieron Domenico Cappelli (gerente general), Fernando
Planes (gerente de finanzas) y Armando Amasanti (presidente). Se creó en 1999 y disolvió
luego.
6- Orion Alliance Corporation: la integran Gustavo Gorini (hijo del presidente) y
Fernando Planes (gerente de finanzas). Fue abierta en 2013 y sigue en funciones.
7- Atoll Services Group Inc: en el directorio están Juan Carlos Gorini (presidente), su hijo
Gustavo Gorini y Miguel Del Castillo (presidente de Iveco Uruguay, subsidiaria de Sevel).
Funciona desde 2007.
8- Pymore Ventures Holding SA: la gerencian Fernando Planes (gerente de finanzas),
Alejandro Cappelli (hijo del gerente general). Creada en 2010 y se mantiene operativa.
9- Danae Alliance Company SA: figuran Domenico Cappelli (gerente general) y Fernando
Planes (gerente de finanzas). Se abrió el año pasado y está activa hasta hoy.
10- Aspent Portfolio SA: tiene el mismo directorio que la anterior. Está vigente desde
2015.
11- Rockford Holding Group SA: aparecen Domenico Cappelli (gerente general), su
padre Carlo Luigi Cappelli, Juan Carlos Gorini (presidente) y su hijo Gustavo Gorini.
Funciona desde 2011.
Las offshores panameñas del hermano del presidente
12- Joy B28 Corporation: Gianfranco Macri la preside, es su secretario y también director.
Fue creada el 12 de diciembre de 2007, dos días después de que Mauricio desembarcara en
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
13- Le Mare A18 Corporation: Gianfranco Macri ocupa casi todos los cargos relevantes.
Fundada el 12 de diciembre de 2007.
14- Serenity C44 Corporation: Gianfranco Macri ocupa casi todos los cargos relevantes.
Fundada el 12 de diciembre de 2007.
15- Yoo H45 Corporation: Gianfranco Macri ocupa casi todos los cargos relevantes.
Fundada el 12 de diciembre de 2007.
16- Office One G11 Corporation: Gianfranco Macri es presidente y secretario. Fundada el
12 de diciembre de 2007.
17- Inmobiliaria de Negocios Corporation: Gianfranco Macri se desempeña como
presidente, director y secretario. Se activó el 24 de agosto de 2010.
18- XG Patagonia Corporation: ocupa el directorio y la tesorería. Surgió el 3 de
septiembre de 2015.
La revelación de los Bahamas Leaks
19- Galicia Advent Socma Private Equity Fund: fondo de inversión de Islas Caimán
integrado por el Grupo Macri (a través de Socma) y el Banco de Galicia. Con él compraron
acciones en la bahameña ViajeYa.com, una compañía de turismo por Internet.
Mientras tanto el Parlamento, funcional siempre con su silencio, mira para otro lado.

04/10/16: Ayer el presidente offshore tuvo visita. Un prontuariado, un traidor, un golpista,

un neoliberal, Michel (de) Temer, que de brasileño no tiene ni el nombre, fue recibido ayer
como un amigo: agasajado con un asado. En la conferencia de prensa conjunta que dieron
luego, el presidente blindado, ajeno a la crisis que azota al país y a la región y a las
múltiples denuncias en su contra, se permitió bromear con el fútbol y dijo que con Brasil
está “tudo bem, tudo joia, tudo legal”. En el documento que difundieron las cancillerías se
enfatiza el acercamiento a la Alianza del Pacífico y la posibilidad de explorar acuerdos de
libre comercio desde el Mercosur. “Tenemos un gran eje de coincidencia, que es reducir la
pobreza en nuestros países”, dijo el hombre del corazón artificial sin que se le mueva un
pelo. Por su parte, (de) Temer indicó que los dos países trabajarán “no solo para fortalecer
el Mercosur” sino para ampliar los acuerdos comerciales. “Uno de los principales ahora es
formalizar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y al mismo tiempo
flexibilizar un poco las reglas del Mercosur para dar una cierta autonomía a los Estados en
sus relaciones internacionales”, sostuvo. Los aliados neoliberales no perdieron el tiempo y a
coro atacaron a Venezuela, al que ni siquiera nombraron a la hora de señalar la “unidad”
que se debe tener en el Mercosur a la hora de hacer “negocios”. En ese sentido, el ilegítimo
temible presidente brasileño, el primero en ser reconocido y recibido por otro Estado (el
argentino), advirtió que tiene “una preocupación por la preservación de los derechos
políticos y los derechos humanos en Venezuela”, mientras avasalla y pisotea leyes e
instituciones en su propio país. Pero el usurpador mandatario brasileño no se la llevó de
arriba. A su llegada a Buenos Aires fue recibido con escraches y protestas. Residentes
brasileños, acompañados por sindicatos y organizaciones kirchneristas y de izquierda,
sembraron de ratas hechas de virulana el ingreso a la residencia de Olivos, donde (de)
Temer fue recibido por el falso pasajero de colectivos, y realizaron manifestaciones en la
Plaza de Mayo y la Cancillería. “Rechazamos su gobierno por ilegal y golpista.
Rechazamos también sus políticas, que están recortando derechos laborales y sociales: si
las hubiera propuesto en las elecciones, no hubiera llegado a la presidencia. Nosotros no
votamos a un gobierno de derecha”, señaló junto a la Pirámide de Mayo Denisse Braz,
integrante del Coletivo Passarinho, una de las agrupaciones convocantes a las actividades.
“Michel Temer es un gobernante sin voto. Llegó al gobierno de manera ilegal, después de
un juicio político completamente fraudulento contra Dilma Roussef, que burló abiertamente
la voluntad de más de 54 millones de brasileños que hace menos de dos años eligieron a su
presidente en elecciones libres”, plantearon los convocantes. Pero a ninguno de los dos
brazos ejecutores de las corporaciones les hace mella crítica ni protesta alguna.
Descansando en la protección mediática y en la impunidad judicial con la que cuentan, sus
planes confiscatorios son un objetivo común a la hora de pensar políticas públicas para la
castigada ciudadanía de a pie, de la que se burlan desvergonzadamente en la cara.

La “tregua” de 10 días que pactó la CGT gorda con Mau y sus pandilleros, es otra mancha
para un tigre que se parece más a un gatito domesticado que aun felino indómito y astuto.
Mau y sus pandilleros se les burlan en la cara mientras los sindicalistas empresariales, a
falta de reconocimiento de sus representados, se auto elogian patéticamente: Juan Carlos
Schmid, miembro del triunvirato que conduce a la central obrera, ponderó la “prudencia”
de la CGT. “Hemos tenido esta ronda de encuentros y esta prudencia a la hora de ver cuál
es la resolución (del Gobierno)”, dijo el titular de Dragado y Balizamiento. Schmid también
dejó en claro que la “prudencia” tiene plazo: “no más de diez días”, para que el Gobierno
cumpla su compromiso de estudiar el pago de un bono de fin de año para los empleados y
jubilados, además de “beneficiarios de planes sociales”, y la “exención del pago de
Ganancias del medio sueldo anual complementario de diciembre”. A estos pobres tipos
llenos de dinero, el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, se les ríe en sus
narinas sin miramientos: “No se acordó absolutamente nada”, graficó el ex albacea de la
evasora Lacroze de Fortabat, ajeno al gesto desesperado de los gremialistas por conseguir
“algo” y poder evitar así medidas de fuerza “extremas”. “Este siempre iba a ser un año de
transición y que las cosas iban a mejorar en el segundo semestre. Teníamos claro la
profundidad de los problemas heredados. Se hicieron cambios muy profundos que
generaron efectos no deseados pero cada vez más sectores muestran una incipiente
recuperación”, se atrevió a mentir el ministro, simulando afirmar verdades de a puño. Los
únicos que pusieron algo de cordura y decencia en este entuerto fueron los dirigentes de la
CTA. “Para nosotros, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es reabrir las paritarias y
parar con los despidos en todo el país, parar con el ajuste, un ajuste económico que sigue
multiplicando desocupados y hambre en todo el país”, afirmó Hugo Yasky, quien sostuvo
que “el bono con que el ministro Prat-Gay se muestra tan duro es una miserable migaja”.
Para Pablo Micheli, en tanto, el bono del fin de año “no es ninguna solución para los
trabajadores porque será plata en negro, no remunerativa y por única vez”.

General Pueyrredón está atravesando una de sus peores crisis económicas y el intendente
macrista de la ciudad, Daniel Arroyo, piensa políticas públicas para paliar la dramática
situación que atraviesan sus habitantes. Por ello fijó prioridades. Ayer anunció su
compromiso para terminar con el problema de la basura marplatense, al asegurar que
detendrá sin miramientos a los responsables de arrojarla en la vía pública. Agregó que ya
había creado un grupo de policías de civil para realizar las detenciones e instó a los vecinos
a tomar nota y denunciar a sus pares descubiertos infraganti. Las declaraciones de Arroyo
levantaron una polémica por su capacidad para pretender solucionar problemas sociales por
la vía del acercamiento a los palos y la denuncia anónima. Ayer, salió a aclarar que no
había querido decir que un vecino cualquiera sería detenido sino “los que realmente
producen desastres que son cuadras y cuadras repletas de basura”. “Siempre aparecen los
que tienen algo para opinar en contra. Sólo fue una manera de decir”, agregó, casi ofendido.
Si resignificara su idea de “basura” quizá no sea una mala iniciativa. Claro que ello
conllevaría que el municipio quede acéfalo…

La situación en Jujuy es cada vez más grave. La dictadura que encabeza Gerardo (in)
Morales está haciendo de la persecución política a sus opositores una verdadera cruzada
totalitaria. Hoy el Parque Acuático del Barrio Libertador, creado por la organización Tupac
Amaru que encabeza la presa política Milagro Sala, amaneció en ruinas; gracias a un grupo
desconocido de personas que ingresaron allí para generar múltiples destrozos. Tal como
afirma el integrante de la Tupac Amaru que capta el video, los destrozos no formaron parte
de un robo por necesidad, sino de la intencionalidad de destruir todo, como una muestra
más del odio político que pregona y alimenta el gobernador de la Nueva Triple Alianza.
Este espacio, creado por la organización de la presa política Milagro Sala, sirvió como
cobijo de un montón de familias y chicos humildes durante varios veranos jujeños. Tal
como afirmó a Infonews la delegada, Silvia Segovia: "No había una pileta pública en la
ciudad. Fue la primera pileta gratis. Fue hecha con mucho sacrificio, mucho esfuerzo de los
compañeros, quedándose a veces hasta muy tarde". La gravedad de estos hechos es
inconmensurable. Pero (in) Morales no está solo. En Jujuy tiene su propia troika local, a
nivel nacional tiene el respaldo del presidente offshore y el invalorable silencio cómplice
del opoficialismo. Claro que a la provincia, Cambiemos, no sólo la castiga con sus
procederes ilegales y su odio revanchista. También reinan allí las nefastas políticas públicas
que rigen al nivel nacional y que han provocado la pauperización generalizada de su
población que, de postre, debe soportar a la impune familia Blaquier comandando los
resortes del Estado con su brazo ejecutor, el gobernador que todavía se hace llamar radical.

05/10/16: Al presidente blindado, según consigna Martín Granovsky en Página/12 de hoy,

le apareció un nuevo problema en la pesquisa sobre los Panamá Papers: nada menos que su
padre. La Justicia recibió hoy una ampliación de denuncia en la causa por presunto lavado
que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello y que tiene por principal objetivo
de investigación una sociedad abierta por los Macri en Bahamas, Fleg Trading. La
ampliación hace centro en el papel que jugó Macri padre, Francisco en español o Franco en
italiano. Una de las pruebas que propondrá el diputado Darío Martínez del Frente para la
Victoria, es que se solicite a Francisco Macri el detalle del capital social de Fleg Trading
Ltd en el período que va de 1998 a 2005. La duda de Martínez reside en la propiedad de
3050 acciones que, según el diputado, Francisco Macri no declaró como propias en un
documento que entregó al ministro de Propaganda, Joseph Peña. Ese documento fue
enviado por Macri padre a Peña cuando el consorcio internacional de periodistas que reveló
los primeros datos sobre la existencia de sociedades offshore indicó que uno de los nombres
famosos hallados era el del hombre del corazón artificial. Quien hizo de vocera de ese
intercambio entre Franco Macri y Marcos Peña fue la diputada y dirigente de Cambiemos,
la lumpen política Elisa Carrió. Por eso Martínez cree que el fiscal debería pedirle a Carrió
que remita la documentación que según ella recibió de Peña. Carrió la mostró el 4 de abril
de este año en el noticiero Telenoche del co-gobernante Grupo Clarín. También según el
denunciante sería útil que Peña remita a la Justicia la documentación original que envió a
Carrió. La denuncia dice que correspondería informar detalladamente “cuál fue su
procedencia, en tanto se trata de documentación privada del contribuyente Francisco
Macri”. Carrió mostró un facsímil de una planilla Excel que al día siguiente fue publicado
por el portal Infobae. A partir de esos datos el diputado Martínez elaboró esta línea de
razonamiento:
- La suma de 1950 pesos se repite a lo largo de los años en la planilla Excel.
- Esa cifra es el capital accionario de Francisco Macri.
- Por el momento histórico de que se trata, con la vigencia del uno a uno, son 1950 dólares
en el exterior.
- El estatuto constitutivo de Fleg indicaba que su capital inicial era de cinco mil dólares.
- Si es verdad que el capital inicial se mantuvo inmóvil, 1950 representa el 39 por ciento del
capital de cinco mil.
- ¿Quién es el dueño del 61 por ciento restante de las acciones? En el directorio figuran,
además de Francisco como presidente, Mauricio como vice y Mariano Macri como
secretario.
- A diferencia de la Ley de Sociedades Comerciales de la Argentina, la 19.550, según el
diputado las normas de Bahamas no establecen diferencias de facultades entre los directores
y la asamblea de accionistas. Accionistas y directores pueden ser las mismas personas salvo
que los accionistas prefieran ocultarse detrás de directorios-pantalla.
- La estimación de Martínez es que “no parecería ser éste el caso” porque parece difícil
pensar que los tres Macri sean una pantalla que oculte a otros accionistas. En esa línea, la
lógica indicaría que Mauricio y Mariano son los otros propietarios. “Si la intención de
Mauricio Macri es negar su participación en la sociedad Fleg Trading las ‘pruebas’ que
muestra su padre no lo eximen sino que, por el contrario, lo comprometen”, es la
conclusión del denunciante.

Según dijo Carrió en Canal 13, Fleg “es de Franco Macri” y “es una trading”. Luego
definió a una trading de este modo: “Es como un fondo de inversión para eventualmente
realizar inversiones en otros lugares del mundo”. Dijo también Carrió que “su capital es de
1950 a lo largo del tiempo hasta el 2005”. Quizá esta denuncia haya impactado en el ánimo
de la defensora de la república, quien ayer fue sometida a una operación cardíaca de
improviso en el Hospital Universitario Austral. Los médicos indicaron que se le colocaron
dos stents y que se recuperaba favorablemente. Ayer mismo también estaba previsto el
lanzamiento de la mesa nacional de Cambiemos, que ya se había postergado en una
oportunidad para esperarla a Carrió, a raíz de un viaje que emprendió. Se trata de la
presentación de la conducción de la alianza, de la que participarán los principales referentes
del PRO, la líder de la Coalición Cívica y las autoridades del radicalismo. Era reclamada
especialmente por la UCR. En el PRO la interpretan como una instancia para contener a los
aliados. Cómo estarán de complicados en la gerencia neoliberal que tienen que delegar en
esta mujer la tarea de unir a la tropa propia cuando su tarea, todos estos años, fue destruir
todas las alianzas que ayudó a construir.

De Negrópolis a Chetópolis. El predio que fue orgullo hasta diciembre pasado está siendo
mancillado y bastardeado por quien lo regentea: el oficial Hernán Lonardi. Tecnópolis, un
espacio público abierto y gratuito a toda la comunidad, que por ello fue descalificado por
buena parte de la entonces oposición utilizando connotaciones racistas, de a poco se va
convirtiendo en un lugar acotado y exclusivo para los sectores del privilegio. Prueba de ello
es lo que ocurrió el último sábado: la cúpula del ministerio de Educación, con el roquista
Esteban Bullrich a la cabeza, hizo cerrar durante dos horas el predio para uso exclusivo de
sus hijos; mientras el presidente offshore y el titular del sistema de Medios Públicos,
Hernán Lonardi, se fotografiaban con estrellas de cumbia en la previa de un festival. Unos
40 funcionarios con cargos políticos en Educación disfrutaron junto a sus familiares, sin
dejar entrar a nadie más, de las instalaciones del predio, que son públicas y de acceso libre
y gratuito. El escándalo lo reveló la periodista Mariana Moyano, quien publicó en su blog
varios detalles: los trabajadores debieron llegar dos horas antes al lugar para cumplir con el
capricho oficial, y trabajaron durante la semana para acondicionar juegos que estaban fuera
de servicio y que los niños Pro tuvieron el privilegio de inaugurar. Lonardi no negó el
hecho y ni siquiera se tomó el trabajo de ensayar una de sus acostumbradas mendacidades
justificatorias. Con esta impunidad esperan a los congresales internacionales, expertos en
achicar grietas: abriendo abismos entre la dirigencia política y la ciudadanía de a pie.
“Estamos mal, pero vamos bien”, aquel slogan noventista con que el gobierno menemista
de entonces trataba de convencer a la población que saqueaba impunemente a puro
neoliberalismo sin anestesia, se recicla hoy con casi los mismos actores. Uno de ellos es el
retornado FMI, quien elogió a sus alumnos que integran la gerencia que regentea el Poder
Ejecutivo (no) Nacional: “Argentina ha iniciado una transición importante y muy necesaria
hacia un marco de política económica más consistente y sostenible”. Las nuevas alabanzas
del organismo fueron vertidas en el Panorama Económico Mundial, el tradicional
documento donde todos los años el FMI presenta sus estimaciones cuantitativas y
cualitativas globales. Pero, a pesar del optimismo, el Fondo estima que la recesión será más
profunda que la esperada en julio: “El impacto adverso de la transición económica fue
mayor de lo previsto”, sostiene el informe al proyectar una contracción de 1,8 por ciento
del PIB para 2016. El guarismo, para el cual no existen precisiones, es 0,3 puntos
porcentuales peor al previsto anteriormente por el staff del organismo. Los ajustadores
seriales internacionales pronosticaron una inflación del 23 % para 2017, muy por arriba del
17 % previsto por Mau y sus pandilleros en el presupuesto del año entrante. El “estamos
mal” puede verificarse, por tomar sólo un dato, en las ventas de comercios minoristas
medidas en cantidades, que registraron una caída del 7,7 por ciento en septiembre frente al
mismo mes del año pasado, según informó ayer la CAME. Es el noveno mes consecutivo
que este indicador, reflejo del poder adquisitivo del salario, muestra un deterioro
preocupante, sólo para los trabajadores. La otra parte del slogan, el “pero vamos bien”,
solamente puede comprobarse en las abultadas ganancias obtenidas estos 10 meses por la
banca extranjera, los especuladores financieros, los garcoexportadores y las privatizadas,
únicas beneficiarias de las políticas públicas implementadas del gobierno de los ricos para
los ricos.

La corrupción estructural es siempre más sutil y silenciosa. Y se está legalizando

asombrosamente a toda velocidad. La comprobación de su impacto, para la población, es
siempre tardía. Eximida de la espectacularidad que reflejan bolsos que vuelan atravesando
muros de conventos, la misma se va extendiendo y consolidando casi subterráneamente,
lejos de las cámaras hegemónicas que distraen a su opinión pública (da) con excavadoras
buscando tesoros escondidos o hurgando en sótanos procurando encontrar bóvedas ocultas.
Un ejemplo es lo sucedido, otra vez, en el Banco Central. Las autoridades de esta entidad
desplazaron a la gerenta principal de Exterior y Cambios, Marina Ongaro, quién se
desempeñó en la entidad por 14 años. La medida se suma a los cambios en el directorio de
las últimas semanas, cuando por decreto se decidió desafectar a Juan Cuattromo, uno de los
directores que había sido nombrado en la anterior gestión y era hombre de confianza del ex
ministro de Economía Axel Kicillof. Ongaro estaba a cargo de controlar las operaciones de
ingreso y salida de divisas a la economía. “Están desmembrando el área de exterior y
cambios del Central. Esto va a destruir el sistema estadístico y para reconstruirlo habrá que
acudir a las declaraciones de las empresas, que no siempre son fidedignas. Mientras tanto
los privados tienen vía libre para hacer maniobras especulativas. La situación la vivimos en
los 70 y los 90”, señaló Alejandro Vanoli, ex titular del Central. El objetivo es claro:
permitir las maniobras y evitar dejar huellas que, por otra parte, nunca terminan de borrar
del todo. No alcanza tanto guante blanco para tanta mano sucia.

Ahora saldrá en letra chiquita en algunos diarios y quizá no merezca ni un miserable zócalo
de TN, de esos que envenenan las mentes desprovistas de masa crítica. La cuestión es que
otra mentira montada por el aparato que regentea el ministro de Propaganda, Joseph Peña,
quedó al descubierto. La referencia es a lo ocurrido en Mar del Plata, cuando el presidente
offshore, el pasado 12 agosto durante un acto oficial, supuestamente sufrió un “atentado”
por parte de organizaciones ultra K. Pues resultó que “los piedrazos” fueron uno y
ejecutado por un chico de dieciséis años. El menor es vecino del barrio Belisario Roldán,
donde ocurrieron los hechos, y no tiene ninguna filiación política. El chico pasó por
tribunales con los padres y se fue con ellos en pocos minutos, sin haber sido interrogado.
Lo habían visto en filmaciones los fiscales que integran una comisión designada por la
procuradora Alejandra Gils Carbó por agresiones y amenazas denunciadas por el Hood
Robin argentino no Nacional y la gobernadora bonaerense, el hada desangelada María
Eugenia Vidal. Tras analizar material recopilado, el equipo (que integran Mónica Cuñarro,
Alejandro Cantaro y Marcelo Molina) concluyó que no encontraron indicios ni pruebas de
complot ni ningún plan para atacar o amenazar ni al presidente ni a Vidal. Sin embargo, en
un dictamen, señalaron irregularidades: en el operativo hubo 80 efectivos, aunque se había
comprometido la presencia de 231 agentes, por los que se efectuaron pagos “indebidos” y
el juez que intervino al inicio, Alfredo López, no preservó pruebas esenciales, pero mandó
a hacer tareas de inteligencia contra grupos opositores al PRO, prohibidas por la ley. Hay
que recordar que este payaso que oficia de juez, en su momento, se mostró ofendido con la
sociedad por su “indiferencia” por lo sucedido y llamó a una marcha en su apoyo, que
jamás sucedió. Por el contrario: las tuvo en contra, precisamente, por sus medidas ilegales y
sus persecuciones políticas infundadas. Resta saber si, descartado el “atentado” contra el
presidente, “desblindarán” a éste completamente o continuará únicamente con el blindaje
mediático, ese que es a prueba de críticas, denuncias y protestas sociales en su contra.

A las miradas críticas, cualquier iniciativa neoliberal debe despertar, de mínima, la duda
profunda. Y anticipadamente, antes que vuelva a parir otra estafa a la ciudadanía. Ello
porque en su vientre siempre llevan una mentira, destinada a propiciar confiscaciones
generales, fraudes institucionales, o negociados particulares. En el caso del “voto
electrónico” el combo es completo. Por un lado, impulsando una reforma innecesaria para
imponer una metodología que sólo tienen un puñado de países y que fue abandonada por
las naciones más desarrolladas, por “peligrosa y manipulable”; por lo que, viniendo de
estos tipos, sólo un fraude masivo puede estar en sus intenciones. La gravedad del caso es
que la propuesta, ya aprobada parcialmente por el siempre cómplice Congreso, es para
reemplazar un sistema de votación fiable y accesible a toda la población. En su reemplazo
se busca la complejidad, la obturación y la confusión masiva, de la que sólo pueden sacar
provecho sus promotores; quienes, hackeo mediante como denuncian sus detractores,
pueden provocar un fraude sin precedentes en la historia argentina. El otro costado
aberrante es el económico. La implementación del “voto electrónico” le costará al país unos
300 millones de dólares, contra los 26 millones de dólares que costaron las elecciones el
año pasado, con balotaje incluido. ¿Qué corporación o miembro de la famiglia presidencial
se estará frotando las manos a la espera del nuevo emprendimiento neoliberal? En
definitiva: “el voto electrónico” es el mejor caso para ejemplificar, de manera completa, las
características que tienen todas las iniciativas neoliberales: confiscando un derecho, en este
caso el acceso al voto de manera simple y universal; propiciando la posibilidad del fraude, a
través de la manipulación de datos que habilita la tecnología, con escaso o nulos controles
confiables; y procurando un negocio innecesario, costoso y siempre sospechoso de estar
destinado a favorecer allegados al poder de turno. En esta abominable propuesta el
macrismo no está solo. Una clase política casi completa está poniendo en riesgo a las
instituciones y a la vida democrática de toda la comunidad, hoy atrapada en un esquema
aberrante controlado por corporaciones inescrupulosas.

La dictadura que comanda Gerardo (in) Morales en Jujuy tiene sus propios conflictos
internos. Pronto a cumplir 10 meses de infausta gestión ya acumula 6 funcionarios de
primera y segunda línea que renunciaron o fueron echados de sus cargos. La más resonante
de las renuncias fue la del ex ministro de Hacienda, Carlos Alfonso, por diferencias con la
gestión del radical aliado al gobierno del mal imitador de Freddie Mercuri. Ahora, según
señala Perfil.com, el que dejó su cargo fue el secretario de Deportes, Luciano Demarco. A
fines de febrero, Carlos Guari dejó su puesto de secretario de Comunicación, tras un
hermetismo oficial a los pocos días de haber sido detenida ilegalmente la dirigente Milagro
Sala. Ese mismo mes también dio un paso al costado el entonces secretario de Industria,
Sergio Aramayo. En septiembre, envuelto en el escándalo por la tala de árboles en una zona
protegida en la localidad de Yala, el secretario de Biodiversidad, Lucio Giménez, dejó su
cargo. En ese mismo mes dejó su cargo también el ex secretario de Ambiente, Hernán de
Arriba, por motivos que no trascendieron aun públicamente. A no entusiasmarse con la
posibilidad que a tantas salidas anticipadas se sume la del propio (in) Morales: los
abandónicos funcionarios, en muchos de los casos, dejaron sus puestos por insuficiente
neoliberalismo y no por el horror que despiertan sus estafas, confiscaciones y mentiras,
disfrazadas de ideología política.

06/10/16: Amparada en el cerco informativo que le propicia la cadena de la calumnia y la

difamación que encabeza el co-gobernante grupo Clarín, la gerencia neoliberal se permite
decir cualquier cosa, apostando a la creencia ingenua de una ciudadanía desinformada. A
pesar que la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) diera a conocer el
resultado de septiembre, informando una caída del 11 % en relación al mismo mes del año
pasado, el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, se permitió tuitear hoy:
“Despachos d cemento comienzan a crecer: 6% interanual en ago y 7% por encima d 2do
trim hasta ahora. Arrancó obra pública; cambia tendencia”. Pero la tendencia no cambió. La
paralización de la obra pública y del Plan Procrear junto al menor ritmo de actividad
económica en general, explican el desempeño de la construcción, cuya plantilla se redujo
en el año un 10 por ciento. De esta manera, el indicador clave para la actividad de la
construcción registra caídas interanuales en ocho de los nueve meses del año. Así que ni
“brote verde” ni “cambo de tendencia”. Lo que hay es una brutal recesión descontrolada,
por más que Mau y sus pandilleros se empecinen en tratar de demostrar lo contrario.

Una nueva muestra de la verdadera realidad que atraviesa el campo popular se volvió a
vivir ayer, con un millar de ollas populares y piquetes en Capital y en diversas ciudades del
país. Militantes de organizaciones sociales reclamaron la aprobación de una ley de
emergencia social y la creación de “un millón de puestos de trabajo”. “El proyecto de
emergencia social (que ya fue presentado en el Congreso) estipula el otorgamiento de un
salario social complementario y la creación de un millón de puestos de trabajo para paliar la
situación de hambre, pobreza y despidos que se atraviesa en todo el país y que
principalmente afecta a los sectores informales de la economía”, explicó Gildo Onorato, de
la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Mientras tanto, la
cuenta regresiva para la CGT empieza a incomodar a más de un burócrata sindical. Las
migajas pretendidas no llegan y los empresarios gremiales sudan sus gotas gordas: o al
menos impulsan una huelga aislada de 24 horas o confirman su complicidad con la Nueva
Triple Alianza. Las similitudes con los noventa no alcanzan sólo a la dirigencia política.

Más problemas judiciales para la gerencia neoliberal gobernante. El titular de ANSES,

Emilio Basavilbaso, y el director de Relaciones Gremiales e Institucionales del organismo,
Francisco Bosch, fueron imputados por extorsión a jefes de Unidades de Atención Integral
(UDAI) para que renuncien a sus cargos a cambio de cobrar tres meses sin trabajar y, en
caso que se negaran, despedirlos con "causa justa", que ellos arbitrariamente "buscarían”.
Este jueves, el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Walter
Rodríguez decidió imputar y habilitar así una investigación por extorsión, y le solicitó al
juez Sebastián Ramos medidas de prueba para avanzar en el caso, según anticiparon desde
el portal Infobae. La causa fue iniciada luego que un medio periodístico difundiera un audio
en donde se podía apreciar a Francisco Bosch, funcionario de ANSES, ofrecerle un soborno
al director ejecutivo del organismo en San Vicente para que éste presentara su renuncia; e
inclusive le llega a advertir de que, en caso de no aceptar la oferta, desde ANSES
"avanzarían a un despido con justa causa" que ellos mismos se encargarían de "buscar".
Veremos hasta dónde llega la causa que ahondará sobre un caso particular pero que fue un
modus operandi, durante los primeros meses de gobierno neoliberal, extendido en toda la
administración pública.

Todavía no tuiteó ninguna mendacidad más el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso

Prat-Gay, para desmentir la caída brutal en el consumo. En este caso la referencia es a otros
desplomes descomunales en la vapuleada Economía que dirige al colapso generalizado.
Uno de ellos es en la construcción, donde la cantidad de insumos de este sector vendidos al
sector privado cayó 17,9% en septiembre respecto a igual mes del año pasado. En tanto, el
"Índice Construya" acumuló una caída de 14,2% entre enero y septiembre de este año
respecto a igual período del anterior. Así lo informó el Grupo Construya, del que forman
parte las principales empresas del sector. Otro es de la producción y venta de autos. La
producción nacional de vehículos se desplomó 19,6% en septiembre respecto del mismo
mes de 2015, a la par que las exportaciones bajaron 19,2% en la misma medición, indicó la
Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Atrás quedaron las ventas récord,
que año a año, multiplicaba el parque automotor nacional. Claro, esa era una ficción, un
“gusto” que la ciudadanía no tenía derecho a darse…

El cinismo del presidente blindado sólo puede superarlo él mismo. En una entrevista con la
cadena noticiosa estadounidense CNN, grabada en la Casa Rosada, el falso pasajero acusó a
CFK de "victimizarse frente a las denuncias que tiene", y aseguró que "debe responder a las
denuncias que pesan sobre ella y su gobierno sin enojarse". Idéntico pedido podría
hacérsele al Hood Robin argentino no Nacional: responda sobre las 19 cuentas offshore
escondidas en el exterior, sobre sus apócrifas declaraciones juradas, y sobre los casos de
corrupción de su gobierno que no paran de escandalizar a los que todavía pueden sortear el
cerco informativo que usted propicia. Responda usted también y no se victimice. Y si
quiere, enójese.

07/10/16: Un hecho político de excepción y envergadura se dio ayer en el micro estadio del
club Atlanta: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cerró anoche un homenaje
por el centenario del “primer gobierno popular” de la historia argentina, el que encabezó el
radical Hipólito Yrigoyen, con una nueva definición política de cara a las elecciones del
año que viene: “El rol de esta ciudadana argentina estará orientado a la construcción de una
nueva mayoría popular que le devuelva a los compatriotas un gobierno que respete sus
derechos y reinstaure la esperanza”, dijo. El acto tuvo lugar en el micro estadio de Atlanta,
en Villa Crespo, convocado por los dirigentes de extracción radical Leopoldo Moreau,
Gustavo López, Sergio Palazzo y Leandro Santoro, quienes trazaron una continuidad
histórica entre los postulados de los gobiernos radicales de Irigoyen y Raúl Alfonsín con el
primer peronismo, la lucha revolucionaria de los 70 y los doce años de kirchnerismo.
Acompañada de una multitud, que obligó a miles de personas dejar afuera del recinto, CFK
exhortó a consolidar el frente ciudadano, del que viene hablando desde abril pasado, para la
conformación de una “nueva mayoría” que represente cabalmente los intereses populares.
Durante casi dos horas hizo una crítica aguda sobre el gobierno de CEOs y evasores con
cuentas offshore, haciendo hincapié en el fraude electoral consumado en las últimas
elecciones, con las falsas promesas de campaña evidenciadas, para quien quiera refrescarlas
resumidamente, en el debate televisivo previo al balotaje. El discurso tuvo un tono de
“lanzamiento”, haciendo explícito la oradora su compromiso de participar del armado del
movimiento propuesto como “la última tarea importante que resta hacer” en su vida. Una
vez más, sin ambigüedades ni medias tintas, CFK demostró ser la única personalidad
política relevante con capacidad de convocatoria masiva y con una actitud confrontativa, de
manera integral, a las políticas neoliberales que aplica la Nueva Triple Alianza gobernante.
Un llamado a la prudencia, a la hora de la convocatoria, debería ser ineludible. La amplitud
del llamado puede ser un arma de doble filo y una trampa, a esta altura, que parece
inevitable: la suma de las partes puede no dar un todo. La experiencia reciente, no sólo en
Argentina, atestigua que las alianzas para aunar voluntades pueden dar paso a la unidad de
lo diverso, pero, al mismo tiempo, la conformación de un movimiento con fuertes tensiones
intestinas; generalmente agazapadas o disimuladas en el llano, pero explosivas una vez
alcanzado el objetivo. El caso más reciente es el brasileño: la destitución de Dilma
Rousseff, encabezada por su aliado neoliberal (de)Temer, sirve para atestiguar que la unión
puede hacer a la fuerza como a la destrucción de los colectivos conformados. La
complejidad del caso es extrema. En soledad no se llega y en fusión sincrética se corre el
riesgo de perderlo todo. De victorias a lo pirro está también hecha la historia de los pueblos.
Pasó demasiadas veces para no estar atentos a los desafíos que todo ello plantea.

Ezequiel e Iván son los dos jóvenes de la Villa 21, integrantes de la revista La Garganta
Poderosa, que hace diez días denunciaron a más de diez prefectos por someterlos a torturas
en la garita que tiene esa fuerza en Osvaldo Cruz e Iguazú, Barracas. Ayer, ambos
volvieron al lugar, aunque esta vez acompañados por curas villeros, una multitud de
vecinos de la villa Zavaleta y decenas de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
Todos confluyeron en un acto que repudió el accionar de las fuerzas de seguridad, exigió el
cese de la represión en los barrios populares y rechazó las torturas y la violencia
institucional. “Es la primera vez en muchas décadas que desde la cúspide del poder baja un
discurso de aval a la represión”, advirtió el presidente del CELS, Horacio Verbitsky,
presente junto a Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y otros
referentes de DD.HH. Horas antes del acto –y 12 días después del episodio–, la Prefectura
había informado la baja a seis de los siete efectivos presos por el hecho. “Es una vergüenza
que el Ministerio no haya dicho una palabra –sostuvo–, pero es coherente con ese
Ministerio que inició su gestión con un protocolo de la protesta social que no pudieron
aplicar, porque fue rechazado masivamente en todo el país”, señaló Verbitsky. Con
semejante convocatoria quedó demostrado que los ensanchadores de grietas pueden lograr
lo que en realidad no se proponen: unir voluntades cada vez más amplias contra sus
aberrantes iniciativas y políticas públicas.

Como sucedió con el proyecto que prohíbe el acceso a cargos públicos a personas con
cuentas offshore, que por ahora duerme en algún cajón del Parlamento, otra iniciativa
semejante supone una declaración de “guerra” contra Mau y sus pandilleros. Frente a la
avanzada de los grupos económicos en la incorporación de altos directivos como
funcionarios en distintos estratos del gobierno, diputados del bloque FpV-PJ impulsan un
proyecto de ley para limitar el acceso de CEOs a la administración pública. Un grupo de
legisladores encabezado por el mendocino Guillermo Carmona elevó una propuesta para
modificar la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, con el objetivo de
regular situaciones en las que hubiese presunción de conflicto de intereses e
incompatibilidades para la asunción, permanencia y egreso. La iniciativa estipula que todo
funcionario con rango de jefe de gabinete, ministro, secretario o subsecretario, que se haya
desempeñado previamente en la dirección o gestión privada o tenga participación
accionaria en empresas relacionadas con sus nuevas funciones, deberá esperar al menos tres
años para la posesión del cargo. Para funcionarios de menor rango el plazo propuesto es de
dos años. La prohibición alcanzará al cónyuge, conviviente y familiares. Además, se
definen criterios para un funcionario que vuelve a la actividad privada en la misma
actividad en la que se desempeñó en la esfera pública. En este caso, también deberán
aguardar tres años para ingresar a una empresa. “Lo único que queda en evidencia es que
estamos en un gobierno que hace del conflicto de intereses la nueva forma de corrupción”,
aseguró el diputado Carmona. El proyecto forma parte de un paquete que incluye una
iniciativa complementaria para crear una comisión bicameral que controle a la Oficina
Anticorrupción actualmente dirigida por la fanática macrista, la ocupa Laura Alonso, quien
de acuerdo a los legisladores se ha mostrado proclive a cubrir y dejar pasar los conflictos de
intereses y las incompatibilidades que presenta una gran parte del gabinete del presidente
blindado. De aplicarse retroactivamente esta ley, se crearía un vacío de poder inmediato en
el seno de la gerencia que regentea el gobierno ni nacional ni popular.

08/10/16: La gerencia que regentea el Poder Ejecutivo ya no Nacional oficializó ayer el

nuevo cuadro tarifario del gas para usuarios residenciales y pymes. Las subas para los
hogares están en torno al 200 por ciento promedio respecto de la tarifa plena vigente desde
2014, tal como había adelantado el ministro de Shell en Energía, Juan José Aranguren,
durante la última farsa audiencia pública. A su vez, para las pymes, que no habían sido
alcanzadas por el fallo de la Corte Suprema que anuló el ajuste de abril, se anunció un
aumento más gradual de 277 por ciento en promedio para las dos primeras categorías (P1 y
P2) y de 369 por ciento para la más alta (P-3). Otra de las novedades es que volverán a regir
topes de hasta 400 por ciento de incremento para hogares y continuará el de 500 por ciento
para pymes. Esto último es para evitar que aquellos usuarios que habían eludido el aumento
de 2014 al ser beneficiados por medidas de amparo o incentivos al ahorro se encuentren
ahora con subas superiores al 1000 por ciento, como ocurrió a comienzos del invierno.
Todas estas tarifas regirán por seis meses hasta que vuelvan a ajustarse los valores en abril,
justo antes del comienzo del invierno, pues el objetivo oficial es garantizarles a las
empresas un horizonte de precios crecientes alineados con la paridad de importación en
dólares. Aranguren adelantó también que la semana próxima saldrá una nueva resolución
que flexibilizará los criterios para acceder a la tarifa social y otra que reglamentará la ley
27.218 de Entidades de Bien Público instruyendo al Enargas para que les aplique la tarifa
residencial y no la vigente para los comercios. En el caso específico de pymes, comercios y
hoteles, el fallo de la Corte no los benefició con la anulación del tarifazo aplicado en abril,
como sí lo hizo con los hogares, y las denuncias judiciales que se iniciaron luego todavía no
están resueltas. Por lo tanto, el único “paliativo” vigente hasta el momento es el tope de 500
por ciento de aumento que aplicó el gobierno, el cual en muchos casos resulta insuficiente
ya que las subas de hasta 500 por ciento también están siendo muy difíciles de afrontar.
Ahora el ministerio de Energía aplicará un cuatro tarifario con aumentos más graduales,
pero que no tendrá vigencia retroactiva, sino que regirá desde ayer en adelante.
Residenciales, pymes y demás afectados, seguramente, continuarán la lucha social y
judicial. Concluida la farsa montada en las audiencias públicas, donde no quedó justificado
el porqué del aumento ni el porqué de los porcentajes establecidos, con el nuevo cuadro
tarifario anunciado ayer el criterio de “no confiscatorio”, que ordenó la Corte Suprema de
las Corporaciones, para muchos no está siendo cumplido. Por lo tanto, la batalla legal no
estará terminada, como tampoco la lucha social y callejera que, ante la imposibilidad de
afrontar la estafa oficializada, hará escuchar sus reclamos.

Según el economista neoliberal Javier González Frega la población tenía un nivel de

consumo ilusorio e insostenible durante el gobierno anterior. Pero le parece razonable que
el Estado haya rebajado de 50 a 20 la alícuota de los impuestos a los autos de alta gama. Y
vaya que los ricos lo están aprovechando: de acuerdo al último reporte de Acara, la cámara
de concesionarios de autos, las ventas de BMW cero kilómetro crecieron 380 por ciento en
lo que va de 2016, de 338 unidades entre enero y septiembre de 2015 a 1620 este año. La
pick up Toyota Hilux lidera el ranking de vehículos más vendidos, con 25.612 unidades,
por encima del popular Volkswagen Gol, que quedó relegado al segundo puesto con
24.390. Jeep (739 por ciento), Mini Cooper (237 por ciento), Volvo (203 por ciento),
Subaru (136 por ciento), Land Rover (72 por ciento), Honda (66 por ciento), Nissan (26 por
ciento), Jaguar (25 por ciento), Audi (22 por ciento), Alfa Romeo (12 por ciento) y
Mercedes Benz (7 por ciento), son otras marcas premium que registraron importantes
aumentos en las ventas desde que gobierna la Nueva Triple Alianza. Entre todas, incluidos
los autos BMW, totalizaron 26.388 unidades en nueve meses, un 50 por ciento más que las
17.556 del mismo lapso de 2015. No hay otro renglón de la economía que experimente
subas de ese calibre, en un contexto de caídas generalizadas de las compras, que en el caso
de los alimentos fueron en septiembre del 3,1 por ciento, la segunda peor marca del año.
También es la mejor época para que nuestra clase dominante no sólo pasee en sus autos de
lujo economizados sino también conociendo otros horizontes: de acuerdo al Indec, entre
enero y julio, hicieron turismo fuera del país 1.985.000 personas, 22,1 por ciento más que
en el mismo período de 2015. La devaluación supuestamente debía revertir el saldo
negativo de turistas internacionales, pero ese otro argumento de los economistas de la
derecha tampoco se verificó en la práctica hasta el inicio del segundo semestre. El balance
negativo fue de 710 mil personas, contra -263 mil del mismo lapso del año pasado. El salto
del tipo de cambio que empobreció a las mayorías no significó un incentivo suficiente para
atraer turistas –vinieron 87 mil menos que en 2015–, mientras que aquellos sectores
económicos que hicieron diferencias por su posicionamiento en moneda dura siguen
viajando más que nunca. ¿Cuánto resignó a recaudar el Estado rebajando impuestos?
¿Cuántos dólares salen del país libremente a consumir en otras Economías mientras la
propia se desangra por la fuga de divisas legalizada y el endeudamiento sistemático
destinado a financiar el faltante que resulta de esas pérdidas? Si antes el esquema era
ilusorio e insostenible, el actual es criminal y confiscatorio.

Las mentiras neoliberales prácticamente son descubiertas al momento de ser dichas. Cada
vez cuesta menos trabajo desmontarlas, respaldándose con datos y cifras oficiales como
prueba irrefutable para desenmascararlas. El último caso es el de la popular hada
desangelada, María E. Vidal. El gobierno bonaerense enviará el miércoles próximo a la
Legislatura el proyecto de Ley Impositiva 2017, el cual contempla un incremento del orden
del 35 por ciento para los impuestos inmobiliarios urbano y rural y patente automotor. La
iniciativa ingresará junto con el proyecto de ley de Presupuesto provincial para el año
próximo. El aumento en la Provincia estará en línea con el ajuste implementado por el
gobierno porteño, que aplicará el año próximo un incremento promedio del 30 por ciento,
aunque en algunos casos llegaría a casi el 40. En ambos casos, los incrementos superarán
holgadamente la meta inflacionaria prevista por el gobierno nacional de hasta 17 por ciento.
De piso, esa diferencia (18 %), es la nueva iniciativa confiscadora contra los salarios de los
trabajadores, a la hora de las paritarias del año entrante.

El ministro de Educación, el roquista Esteban Bullrich, y el titular del Sistema Federal de

Medios Públicos, el oficial Hernán Lonardi, fueron denunciados por peculado por haber
cerrado Tecnópolis el sábado pasado para uso exclusivo de sus hijos. El escrito de Adrián
Albor, de Abogados por la Justicia Social (AJUS), recuerda que según Poder Ciudadano
(ONG que presidió la ex legisladora PRO y titular de la Oficina Anticorrupción, la fanática
macrista, la ocupa Laura Alonso) “lo esencial de esta figura radica en que los pagos por
dichos trabajos deban ser realizados por la administración pública y no por el funcionario
que se beneficia”. La denuncia recayó en la jueza de San Isidro, la buscadora de oro Arroyo
Salgado e incluye al jefe de gabinete de Bullrich, Diego Marías, al director de Desarrollo
Universitario y Voluntariado, Pablo Domenechini, y al secretario de Deportes, Carlos Mac
Allister. Corresponde al fiscal Fernando Domínguez impulsar (o no) la investigación. Uno
se pregunta si una denuncia similar, quizá algo forzada, se pueda hacer también contra el
propio presidente offshore y demás gerentes que lo acompañan, por el uso exclusivo que
hace el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore del CCK para eventos
protocolares pero que mantiene vedado al público en general, para quien en realidad fue
pensado y destinado. El agravante es que mientras efectúan el manejo discrecional y
arbitrario del monumental centro, declarativamente lo desprecian con toda la carga de odio
que llevan encima. Ayer, el falso pasajero de colectivos, se sinceró y confesó que el nombre
del Centro Cultural Kirchner no cambiará de nombre "para que la gente recuerde la
herencia que dejaron 12 años de kirchnerismo". El comentario fue dicho ante funcionarios
nacionales que fueron parte de la reunión de gabinete ampliado que organizó el Gobierno
en el CCK. "Con la plata que costó remodelar este edificio hubiéramos pavimentado las
calles de toda la provincia de Buenos Aires. Por eso nunca le vamos a cambiar el nombre,
para que la gente recuerde la herencia que dejaron 12 años de kirchnerismo", aseguró el
mal imitador de Freddie Mercuri, según informa el diario El Cronista Comercial. Quién
sabe si hubiesen pavimentado todo Bs. As. Lo seguro es que la patria contratista, que
encabeza el propio presidente blindado a través de sus testaferros, hubiese hecho un
negocio inolvidable, sin necesidad que ninguna placa los recuerde a la hora de tener
presentes, como sucede con casi todas las medidas tomadas hasta ahora por el nuevo
gobierno, las estafas y desfalcos que están haciendo historia.

09/10/16: Una de las estratagemas más siniestras y perversas del discurso neoliberal es
proyectar en el otro, por caso los opositores, sus propias características particulares. La otra
es “comunicar” de manera invertida los objetivos buscados y las formas de conseguirlos. El
manejo de los datos del Indec para relevar y difundir los nuevos datos de pobreza, son el
ejemplo cabal para demostrar este aceitado mecanismo; revelador sobre la hipocresía y
perversidad que anida en el relato que está construyendo el macrismo sobre el pasado
reciente y sobre sus propósitos futuros. Funcionarios y voceros oficialistas salieron rápido a
interpretar, esta semana, las nuevas cifras de pobreza con un mismo libreto: el ciclo político
del kirchnerismo dejó una cantidad enorme de pobres y las políticas sociales como la
Asignación Universal por Hijo no sirven para reducir la pobreza. El secretario de
Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, del Ministerio
de Seguridad, Gonzalo Cané fue quien lo expresó en forma más directa: el domingo pasado
escribió en un tuit que “el aumento consolidado de la pobreza sólo confirma que los planes
sociales no sirven para nada, salvo para aumentar los impuestos”. El diario oficialista La
Nación publicó el artículo “El aumento de la pobreza se consolidó pese a que hay más
planes sociales”, destacando que el incremento exhibe “crudamente los límites de la
política de asistencia social, basada en distintos tipos de planes, como herramienta para
combatirla”. De esta manera reducen la AUH a un mero paliativo asistencialista cuando en
realidad fue creada y concebida como un derecho social y económico destinado a personas
que sufren el trabajo informal y el desempleo. El objetivo era reducir desigualdades, no
promover asistencialismo electoral o conductas clientelares. Deslindando responsabilidades
propias, cargándoselas a la “herencia recibida”, para la Nueva Triple Alianza lo revelado
por el Indec es el “sinceramiento” de números que estaban escondidos, tergiversados o
disimulados por la gestión kirchnerista; y que ellos, nobles republicanos y militantes de la
transparencia institucional, vienen a blanquear diciendo “la verdad”. La realidad es que
variaron la metodología para engañar con los resultados estadísticos. Como ya se ha
señalado, la canasta elaborada por el Indec todesqueano para medir la cantidad de pobres es
casi el doble de exigente que la del promedio de América latina. Al variar el sistema, la
comparación continuada con procesos anteriores se hace imposible. No es un error. Es otra
maniobra deliberada para mentir. Los estafadores denuncian fraudes; los mentirosos,
mendacidades; los confiscadores, “reparaciones históricas”; los embaucadores,
“sinceramientos” profesionales. Sin embargo, el objetivo es siempre el mismo:
desprestigiar e injuriar el proceso político anterior para legitimar las políticas aberrantes
que vinieron a implementar. Con el odio y el revanchismo como motor y con la diáfana
finalidad de consolidar un modelo excluyente regido por corporaciones extranjerizadas,
ancladas en una economía primarizada y de servicios, y coordinadas por un Estado
asociado al gran capital concentrado bajo un protectorado norteamericano.
La sobrestimación de la cantidad de pobres del Indec de la gerencia neoliberal no es
solamente por la forma en que se integró la canasta alimentaria (la básica total con el
anterior método sería aproximadamente 35 por ciento más baja), sino también por
alteraciones en el Coeficiente de Engel (variable estadística para estimar el costo de la
canasta total). La ley de Engel es una observación empírica, realizada por el estadístico
alemán Ernst Engel, que determinó que, con un conjunto de gustos y preferencias, si
aumentan los ingresos, la proporción del ingreso gastado en alimentos disminuye, aun
cuando es probable que el gasto real en alimentación crezca en términos absolutos. La ley
de Engel no implica que el gasto de alimentos se mantenga sin cambios a medida que
aumenta la renta, sino que sugiere que los consumidores aumentan sus gastos de alimentos,
en proporción, menos de lo que suben sus ingresos. Andrés Asiain, director del Centro de
Estudios Scalabrini Ortiz, se ocupó de analizar qué hizo el Indec con el coeficiente de
Engel. Pequeños cambios en su valor derivan en importantes modificaciones en la
estimación de la Canasta Básica Total a partir de una determinada Canasta Básica
Alimentaria y, por lo tanto, en alteraciones de magnitud en la estimación de la población
bajo línea de pobreza. Entre 2003 y 2015, el 33,3 por ciento de los habitantes del país salió
de la pobreza (1 de cada 3), y el 17,8 por ciento de la indigencia. Para ello, entre muchas
otras medidas, fueron necesarias políticas sociales amplias y extendidas, las mismas que
buscan desprestigiar Mau y sus pandilleros para justificar eliminarlas. En el horizonte
neoliberal no hay utopías redentoras ni gestas colectivas patrióticas y universales: hay
distopías individuales, disfrazadas de sueños personales, que dependen únicamente del
esfuerzo de uno, del sujeto aislado, cuyo éxito o fracaso en su “empresa”, será el resultado
de su esfuerzo particular. El paraíso neoliberal en la Tierra, en realidad, es la selva donde
sobrevive el más apto, sin ética ni principios que lo guíe que no sea el “sálvese quien
pueda”, de la manera que encuentre y quiera.

Entre las estrategias de propaganda política que ejerce el neoliberalismo está la puesta en
escena de escenarios internacionales dedicados a premiar a los gerenciadores que anidan en
los ministerios que aplican sus nefastas políticas públicas. Ante la opinión pública (da)
quedan “reconocidos” y valorados, como si los agasajadores fueran organismos o
asociaciones neutrales y objetivas motivadas por su filantropía desinteresada. El caso que
sirve para ilustrar este comentario es lo sucedido con nuestro ministro en rodillas de
Hacienda, Alfonso Prat-Gay, todavía en proceso judicial por evasión múltiple como agente
del JP Morgan y como albacea de Amalia Fortabat, que en Argentina hunde a la Economía
en la depresión, el endeudamiento sistemático y la precarización generalizada, pero en el
exterior lo reciben como un funcionario ejemplar y valiente. El último viernes recibió el
reconocimiento al Ministro de Finanzas del Año que otorga la revista británica Euromoney.
"La carrera estará ganada cuando logremos erradicar la pobreza", se atrevió mentir el bueno
de Alfonso ante el alborozado auditorio neoliberal. Lo más asombroso, que revela que se
atreven a todo y que la estrategia es siempre afirmar lo contrario de lo buscado y
conseguido, son los méritos que encontraron los amigos de Euromoney para reconocer al
infame economista: la negociación y resolución del litigio con los fondos buitre en abril y
el levantamiento del cepo cambiario. Asimismo, lo premiaron por tener entre sus objetivos
la reducción de la inflación, el crecimiento económico, la generación de empleo, el control
del déficit público y la recuperación de la credibilidad y la confianza. Quien no se quedó
atrás fue el FMI quien, en su reciente asamblea anual, como si se tratara de una escuela que
premia a sus alumnos egresaros mejor representativos, calificaron al mismo economista de
“brillante”, “valiente” y “progresista”; siendo para otros un incompetente, corrupto y vende
patria. El FMI aprovechó el evento para festejar el cambio en la hoja de ruta económica del
país en los últimos meses. Resaltó la enorme cooperación que recibió del nuevo Gobierno y
celebró la devaluación, la apertura de importaciones y el ajuste sobre el gasto público
aplicado a partir de diciembre pasado. Estas falaces auto promociones no sólo la hacen
quienes comandan las finanzas internacionales. Recordemos que hace unas semanas el
CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto, fue premiado por su aporte a la “información
pública y la libertad de empresa”. Todo este circo no es sólo para mofarse del resto, pasarla
bien entre camaradas y justificar viáticos y gastos de representación que cargan a los
presupuestos estatales que aseguran controlar para evitar más derroches y gastos
innecesarios. Centralmente los realizan para así poderse lavar la cara mediáticamente
buscando convencer que el mundo es uno solo, regido por normas y leyes que son
“naturales”, de “sentido común” y “reconocidas internacionalmente”. Lo que nunca podrán
lavar son sus manos manchadas con sangre ni sus conciencias; las mismas que habitan en el
infierno donde el diablo, su jerárquico empleado más calificado, los está esperando.

10/10/16: Ninguna fuerza política es capaz de compatibilizar la corrupción estructural que

propicia con los negociados particulares con que se benefician los personeros que la
fomentan como lo hace, de manera sistemática y perfectamente aceitada, la Nueva Triple
Alianza que comanda el gobierno ni nacional ni popular. Sobran ejemplos para graficarlos,
pero, el endeudamiento externo del Estado ya no Nacional y de los Estados provinciales, es
el más aleccionador para registrarlo. La Argentina se está dando “un atracón de bonos”,
tituló hace unas semanas la Daily Bussiness Review. Y los estudios de abogados, asesores e
intermediarios, un atracón de comisiones mientras la deuda externa crece día a día. El
estudio estrella en los procesos de endeudamiento del último año de las provincias
argentinas tiene como socio a Norberto Eladio Quintana, el hermano del vicejefe de
Gabinete, Mario Quintana. Holland & Knight LLP fue el intermediario para el
endeudamiento de Salta, Chubut, Mendoza y la provincia de Buenos Aires. El hermano
menor del vicejefe de Gabinete es socio del estudio desde el año 2004 y se presenta a sí
mismo como un “experto en haber ayudado a distintos fondos en complejos procesos de
reestructuración de deuda”. Como señala el Portal “Nuestras voces”, que dirige la
legisladora Gabriela Cerruti. Mario Quintana, accionista de Farmacity, Pegasus y varios
fondos de inversión norteamericanos, está imputado en la causa del dólar futuro por haber
sido uno de quienes compró dólares y participó luego de las decisiones acerca de su
devaluación que le dieron enormes ganancias. Como Secretario de Coordinación
Interministerial, dependiendo directamente del ministro de Propaganda, Joseph Peña, tiene
entre sus principales funciones la de colaborar “en la gestión del financiamiento externo y
las relaciones con los organismos multilaterales de crédito”, según señala en su página de
presentación. Desde allí, es el encargado de sugerir y contratar a los estudios de abogados
que gestionarán el endeudamiento nacional y de las provincias. Negocio que ha caído
repetidamente en el estudio de su hermano. Norberto Eladio es el menor de tres hermanos,
vive en Nueva York con su pareja y el hijo de ambos y, tal vez sólo coincidentemente, se
llama Eladio Quintana, como el padre del presidente Manuel Quintana, uno de los
precursores del endeudamiento externo argentino. Quintana, ultraliberal presidente de
principios del siglo XX, llevó en apenas meses la deuda externa a 120 millones de libras.
La emisión de deuda ha sido la única política sostenida por el actual gobierno desde que
asumió en diciembre del año pasado para paliar los efectos de la mega devaluación, la baja
de impuestos a las corporaciones y el campo y la caída del consumo y la producción. Hasta
aquí, dado la escasa llegada de inversiones sumada a la mayor fuga de capitales de los
últimos cinco años (US$ 10 mil millones netos en lo que va de 2016) y el fracaso del
“blanqueo”, el endeudamiento en divisas es el mecanismo de financiamiento principal
impulsado por el gobierno de Cambiemos. A pesar de que el propio Secretario de Finanzas
Luis Caputo mencionó hace unos días atrás que “la suba de la deuda no es una
preocupación”, los datos indican que durante 2016 el país tomó 64 mil millones de dólares
de deuda bruta, equivalente al 15% del PBI. Fueron US$ 34 mil millones netos,
equivalentes al 8% del PBI. El destino de estos fondos es harto conocido: financiar la fuga,
engrosar momentáneamente las reservas y re-pagar deuda. Y en el camino beneficiar con
comisiones, premios, contratos y bonos al sector financiero vinculado al gobierno de CEOs
y evasores con cuentas offshores. En lo que respecta a las provincias, la política “federal”
de Cambiemos ha sido ofrecer endeudamiento para enfrentar el deterioro creciente de las
arcas provinciales. La preocupación principal reside en que las mismas se han visto
deterioradas por la caída de la actividad por doble vía: la recaudación provincial crece por
debajo de la inflación, al igual que las transferencias por coparticipación. Es decir, el
endeudamiento se orienta finalmente al financiamiento del déficit provincial. Aquí, una vez
más, queda expuesta la complicidad manifiesta de todo el arco opositor, encabezada por los
gobernadores que, en lugar de pelear por un reparto equitativo de los ingresos buscando su
ampliación y justa distribución, se amoldan a los dictámenes confiscatorios de la gerencia
neoliberal; vaya saber si por falta de voluntad confrontativa, afinidad ideológica o
implicancia directa para sacar tajadas personales de las maniobras fraudulentas para
desfalcar al erario público. La otra pata cómplice es la parlamentaria, que, al momento de
aprobar el ignominioso pago a los fondos buitre como medida excepcional para no poner
“trabas” en la rueda al nuevo gobierno y para generar “confianza” en los mercados
internacionales, auto justificaban su conducta indecorosa remarcando que habían puesto
límites a futuros nuevos endeudamientos. Pues bien: ¿Qué senador o diputado opositor está
pidiendo informes o llamados urgentes al Congreso para que Prat-Gay y toda la caterva de
desleales funcionarios que lo rodean vaya a dar explicaciones? Una vez más: nada,
absolutamente nada de lo hecho y resuelto por Mau y sus pandilleros pudo lograrse sin el
apoyo de la mayoría de casi todos los partidos políticos opositores. En el “casi”, hay que ir
reconociendo a las fuerzas y dirigentes que se han plantado con dignidad a los atropellos
cotidianos que la ciudadanía viene sufriendo.

Lo único que la Nueva Triple Alianza reparte de manera equitativa y abundante es la

represión a manifestantes. Lo hizo con los niños de la Villa 21, con los jubilados en el
puente Pueyrredón, con la muchachada de la revista “La garganta poderosa” y ahora
también con las mujeres. En Rosario viene desarrollándose, desde el sábado y hasta hoy, el
31° Congreso de Mujeres que, en esta oportunidad, tuvo una convocatoria extraordinaria:
más de 70.000 personas de todo el país se sumaron para participar en 69 talleres y 140
actividades culturales. Ayer, una multitudinaria marcha de más de 40 cuadras, terminó con
graves incidentes en las calles. Los disturbios se produjeron cuando un grupo de
manifestantes desvió su camino de la columna principal, que iba hacia el Monumento, y se
dirigió hasta la Catedral, donde se encontraba un grupo de policías con palos, escudos y
armas con municiones de goma. Aparentemente, allí se produjo un forcejeo entre
manifestantes y policías, quienes reaccionaron con disparos y golpes, por lo que el
reportero gráfico de la agencia oficial Télam José Granata recibió un impacto de bala de
goma en la cara, y el periodista de Canal 5 de Rosario sufrió una herida en la cabeza. “Me
dispararon para que deje de sacar fotos”, dijo Alberto Granata, reportero gráfico de Télam,
con el ruido de las detonaciones todavía atronando frente a la catedral rosarina, mientras
mostraba las marcas de tres impactos. Otro periodista más, Alberto Furfari, del Canal 5 de
esta ciudad, sangraba por una herida de un proyectil similar que lo había cortado por detrás
de la oreja. Otra fotógrafa de Página/12 recibió tres balazos más después de que la policía
local disparara al bulto. A las diez de la noche empezaban los gases y media hora después
todo se dispersaba. Las corridas con la policía no fueron únicamente frente al templo
católico, también en lugares aledaños las militantes de la agrupación Pan y Rosas fueron
corridas y agredidas, y en distintos puntos de esta ciudad que estuvo literalmente tomada
por mujeres que ya no quieren pensarse a sí mismas como sumisas, ni pretenden entrar en
ninguno de los cánones que la sociedad tiene para ellas, hubo escarceos y corridas. Allí sí
apareció la prensa canalla en general, que ningunearon el Congreso por completo durante
tres días, y que sólo prestó cámara para ensuciar a toda la iniciativa a partir de los
incidentes ocurridos. De paso pudieron disfrutar del protocolo de la ministra Patricia
Bolsrich, que pudo ser ejecutado con total impunidad. Estos hechos demuestran que el
“diálogo”, que tanto predican desde el brazo ejecutor de las Corporaciones, es imposible. El
respeto por la disidencia no está en las pérfidas creencias neoliberales, y cuando desde la
palabra y las políticas públicas no hay respuestas a los reclamos, sólo puede florecer la
violencia institucionalizada en sus más variadas formas. A las mujeres, en Rosario, les tocó
la preferida de la derecha vernácula: la explícita.

Para mañana está convocada una marcha contra la “inseguridad” a realizarse frente al
Congreso. Los organizadores, que son familiares de las víctimas de la ola de robos y
asesinatos que se han multiplicado por todo el país durante los últimos meses, adelantaron
que la convocatoria “no es contra el gobierno y que es apolítica”; incluso los funcionarios
nacionales, que integran la pandilla neoliberal disfrazada de fuerza política, aseguraron que
adhieren al reclamo, como si ellos no fueran parte del problema. Pues bien: desligar la
dramática situación social que atraviesa la población y la impericia y brutalidad del
ministerio de Inseguridad, que encabeza Patricia Bolsrich, de los problemas planteados,
perfila a los convocantes de una increíble ingenuidad. Porque, además, la “inseguridad” que
se denuncia no es la única que venimos padeciendo. Otras inseguridades le son
complementarias, incluso muchas veces explicativas, a la hora de trazar un panorama
certero y esclarecedor para retratarlas y entenderlas: la inseguridad de no saber si se
conservará el empleo; de no saber si se llega a fin de mes; si se podrán afrontar los tarifazos
criminales con que nos han castigado; la de que no te persigan, estigmaticen o exoneren si
no se comulgan con las aberrantes políticas neoliberales; la que no te maten, lastimen o
encarcelen las fuerzas del “orden” si uno se manifiesta en la vía pública; etc., son hijas de
una política integral que ha desestabilizado económica, social, institucional y
emocionalmente a la Nación entera. Prescindir del contenido político del reclamo hace de
éste una mera escenificación catártica del sufrimiento. Y, como si esto fuera poco, le da a
sus propiciadores la posibilidad de “solidarizarse” con las víctimas, de la que ellos mismos
son sus victimarios.
Cuando uno denomina criminales a las políticas neoliberales no hace otra cosa que
describirlas, no calificarlas. El presupuesto nacional 2017 es una muestra cabal que, detrás
del ajuste, no hay sólo “recortes”: hay abandono deliberado a las personas siendo, las más
vulnerables, las más perjudicadas. La gerencia neoliberal no se privará de pagar deuda
ilegítima y por ello “ahorrará” en las distintas áreas del Gobierno para, de paso, retirar al
Estado para favorecer a los privados, generalmente vinculados a ellos por pertenencia
ideológica o, directamente, societaria. Así, en el plan criminal previsto para el año entrante,
puede observarse que en salud el recorte es del 4% en general. En el desglose se verifica
que: se eliminan la agencia nacional de laboratorio de producción pública y la asistencia
nutricional de madres con leche (que en estos meses subió su precio un 100 %), de la
asistencia con medicamentos a madres embarazadas se quitan 50.000 programas, a las 19
vacunas obligatorias se les recortan tres millones de dosis, de los programas de atención
primaria en territorio, los análisis de laboratorio se ajustan un 70 %, la entrega de anteojos
se recorta en 120.000 partidas, de los análisis pap sólo quedarán 631 de los 1365 realizados
en 2016, de los 45.000 diagnósticos por imágenes solo se prevén 24.000, y de los
programas de sanidad escolar sólo sobreviran 4.000 de los 7.500 hoy vigentes. En Ciencia y
tecnología, que afirmaban en campaña iban a apostar profundizando los logros obtenidos
los últimos años, el presupuesto baja, por primera vez en doce años, de 0.70 % del PBI a
0.59 %. En Educación, las becas universitarias se recortan de 19.334 a 14.350, en
innovación y formación docente la baja es del 17 %, el Plan Progresar, que hasta 2015
alcanzaba a 950.000 jóvenes y ya en julio de este año lo perciben sólo 750.000, el año que
viene serán aún menos, el plan “conectar igualdad” será reemplazado por “promocionar
inequidad”, por lo que será eliminado y en equipamiento e infraestructura la caída es del
12,8 % (en todos casos sobre el nivel de inflación). En 2016, encima, subejecutaron las
partidas un 21 % y el 79 % restante no está computadoras (hay 50.000 menos), no está en
libros (hay 1 millón menos), y no están en becas (hay 5.000 menos para estudiantes de
bajos recursos, 11.000 menos para carreras prioritarias, 2.000 menos para Ingeniería). Pues
todo se lo llevan los ajustados salarios y los “racionalizados” gastos de mantenimiento. Lo
detallado sólo es un pantallazo. En el detalle pormenorizado del presupuesto se verificará,
área por área, la ausencia del Estado para asegurar y promover derechos a la población en
general. Aquél nefasto lema de la última dictadura, “Achicar el Estado es agrandar a la
Nación”, la Nueva Triple Alianza que encabeza el presidente offshore lo ha transformado
en: “Retirar al Estado para favorecer a la Corporación”.

Mientras el presidente blindado disfruta en Tandil su cuarta vacación en 10 meses de

gestión ajustadora, y el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, es premiado
por su extraordinaria labor confiscatoria por el FMI y revistas internacionales tan neutrales
como el Grupo Clarín, nuevas calamidades afloran en el triste paisaje que auspicia la
Economía popular de mercado. La venta de autos usados registró en todo el país una caída
del 18,8% comparado a igual mes de 2015, según informó la CCA (Cámara de Comercio
Automotor) y se agrava la crisis en el sector. Además, en los primeros 9 meses acumuló
una baja de 15,3% interanual, la comparación contra agosto da una merma de apenas 2,5
por ciento. En tanto la crisis laboral sigue arrojando víctimas al matadero del “cambio”: la
multinacional Arcor suspendió a 400 de sus trabajadores de su planta de Córdoba y la
Curtiembre Espósito decidió cerrar sus puertas y envió más de 110 telegramas de despidos
y suspensiones a su personal. Y para reflejar el estado depresivo de la Economía basta ver
lo que sucedió con la fábrica motores Czerweny, que pasó de fabricar en el 2014 y 2015
entre 10 mil y 12 mil motores para aire acondicionado a no fabricar ninguno en todo 2016,
producto de la apertura de importaciones y de las políticas del gobierno del brazo ejecutor
de las corporaciones. Por último, según la consultora Idesa, el gobierno ni nacional ni
popular planea un bono de fin de año que beneficiará sólo a los a los empleados registrados,
que son el 50% del total de los ocupados. Elotro 26% son asalariados no registrados y
servicio doméstico, y el 24% restante son trabajadores independientes y cuentapropistas.
De confirmarse esto veremos si la CGT gorda hace cumplir su amenaza no intimidatoria de
llamar a un paro general si la bonificación, de la que ya ni discuten la cifra, no alcanza al
conjunto de los trabajadores. La semana entrante será decisiva para comprobar también si
Pablo Moyano, el hijo del gremialista Hugo, cumple su advertencia de que su gremio se
vaya de la CGT “si no se defienden los intereses de los trabajadores conformándose con un
bonito”.

¿Para cuándo será la marcha contra la “inseguridad” que se vive en las calles cuando la
gente sale a protestar y reclamar por la “inseguridad” de vivir regidos por un Estado que ha
abandonado a la ciudadanía a su suerte, expoliándola todos los días a través de decretazos
de necedad e indecencia, leyes confiscatorias y tarifazos criminales? ¿Cuándo será la
marcha para que el Estado ex Nacional deje de perseguir opositores y de permitir que
bandas neonazis ataquen a grupos políticos contarios al oficialismo? “Esta mañana nuestro
Centro Cultural Vuelta de Obligado -La Plata, espacio que compartimos compañeros de
Nuevo Encuentro y de Unidos y Organizados, ubicado en 17 entre 61 y 62, amaneció
vandalizado con pintadas realizadas por un grupo de extrema derecha autodenominado
´Vanguardia Nacionalista´". Así arranca el comunicado difundido por este espacio político
en su muro de Facebook. La agresión lleva la firma de un grupo neonazi que ya atentó con
pintadas sobre un local de La Cámpora, un mural que pide la libertad de Milagro Sala, y el
frente del Tribunal Oral Federal N°1 donde se juzgan a los genocidas de la dictadura cívico
militar en la capital bonaerense, según informó Tiempo Argentino. Ya son tres los
episodios contra grupos kirchneristas en esa ciudad, y la Nueva Triple Alianza ni siquiera
simula estar atenta y preocupada para atrapar a los culpables y en evitar que hechos como
estos se repitan. Difícil intenten hacer algo al respecto si a estos grupos los reciben en la
casa de gobierno…

11/10/16: Un exhaustivo relevamiento del Observatorio de las Elites Argentinas

perteneciente al Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San
Martín, revela que tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el Gobierno ni
nacional ni popular ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Son 114
ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados del país que desembarcaron
en alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que constituyen la nueva
estructura del Estado nacional. Los empresarios y dirigentes corporativos desbordaron las
áreas económicas, donde tendieron a posicionarse a lo largo de la historia reciente, para
colonizar el ala política del gabinete, transformándose así en actores decisivos en la toma
de decisiones en esos sectores. El relevamiento mencionado, así, detectó que el 53 por
ciento de los funcionarios provenientes del sector privado ocupaban un puesto de alta o
media gerencia antes de ser designados en sus respectivas carteras. El estudio es también
revelador en constatar lo que la derecha viene padeciendo desde los años noventa: la
ausencia de cuadros políticos propios. Los famosos “equipos”, con que decía contar el
presidente offshore en campaña, no sólo está compuesto por gerentes provenientes del
sector privado. Lo completan un conjunto de tecnócratas que son muy útiles para llevar a
cabo medidas confiscatorias sin el menor reparo en el impacto social que generan, pero
deficitarios a la hora de “hacer” política, de embarrarse en la disputa dialéctica de
posiciones en el espacio público. El caso del ministro de Shell en Energía, Juan Aranguren,
es el más emblemático: sin ninguna visión de conjunto, sin formación política ni
entrenamiento para la discusión pública, se revela como un vulgar burócrata sólo eficiente
en ejecutar planillas de cálculo Excel. La distancia manifiesta que deparan estos
funcionarios, con el “todo” sobre el que deciden nada más ni nada menos que la calidad de
vida de las personas y las instituciones, los hace irreemplazables para la tarea confiscatoria
libre de culpa; pero le sustrae, a la fuerza política que los prohíja y sostiene, de manejo y
contenido político a la hora de la transmisión y justificación de las decisiones. Por ello, a la
hora de negociar, deben recurrir a la extorsión presupuestaria, a los “carpetazos” o a la
denuncia judicial difamatoria. Para que quede claro: no los priva de ideología pero les
impide la consolidación de un “relato” sólido y consistente; capaz de interpelar a la
ciudadanía de manera integral y convincente. En sustitución sólo anidan, en su ala política,
un rejuntado de políticos de la vieja escuela que hacen todo tipo de piruetas gestuales y
discursivas para salir a darle contenido “republicano”, y algo de respaldo teórico, a la
marcha saqueadora de las políticas públicas en curso. Desprovistos de cuadros relevantes,
se ven obligados a recurrir a la propaganda extendida y al marketing multimediático, que ha
hecho del discurso que los arropa un puñado de slogans, reciclados del pasado, puestos al
servicio de un lenguaje acorde a los tiempos del ciberespacio y las diversas redes que
integran el espectro comunicacional. El esquema lo completan con el actor más relevante
para hacer funcionar aceitadamente todo este macabro andamiaje: los medios hegemónicos.
Sin ellos, Mau y sus pandilleros no podrían sostenerse en el gobierno mucho tiempo más.
Es más: ni siquiera hubiesen llegado a ganar a las elecciones. En este sentido, la tarea de la
prensa canalla ha sido encomiable: a la hora de ocultar, tergiversar y desinformar, como así
también para injuriar y calumniar a todo el arco opositor que los cuestione. Los unen no
sólo intereses políticos y económicos concretos. También los emparenta la absoluta falta de
código ético y moral a la hora de llevar su “misión” a cabo. Pero cuidado: esto puede ser
muy redituable para ganar elecciones, pero muy insuficiente para gobernar una Nación,
cuya complejidad extrema requiere de otros recursos de los hoy carece una Alianza
neoliberal que, como siempre, sabe muy bien lo que quiere; pero que encuentra serias
dificultades para llevar a cabo su infausta empresa distópica sin acudir a los más variados
atropellos, éticos y legales, de los que somos testigos desde el primer minuto de su
ignominiosa gestión.

Durante años la gerencia neoliberal, hoy en funciones de gobierno, atormentó a la

población denunciando “falta de libertad de prensa”, persecuciones a periodistas opositores,
manejos discrecionales de la pauta oficial, y demás mendacidades incomprobadas. Ya en el
comando del Estado que han cooptado las corporaciones estafando al electorado, las
prácticas que denunciaban siendo opositores las aplican de manera brutal y descarada
siendo gobierno. Y no sólo con los ataques directos que dirige el oficial Lonardi con su
policía lombarda, limpiando los medios públicos de “grasa militante” o acogotando a
empresas privadas no oficialistas retirando pauta oficial. Ahora se conoció lo que en
realidad siempre se sospechaba: espían y vigilan periodistas no oficialistas. Los correos
electrónicos de los periodistas Mauro Federico y Gustavo Sylvestre fueron hackeados
presuntamente por una unidad dependiente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Ambos recibieron muestras de solidaridad y repudio e instaron a que el hecho se investigue
“hasta las últimas consecuencias”. El portal de noticias Adelanto 24, que dirige el
periodista Camilo Cagnacci, informó que existía una directiva de la AFI para producir
“mediante medios técnicos la búsqueda de información tendiente a proteger y anticipar
posibles operaciones contra el orden constitucional y que pudiera afectar la
gobernabilidad”. Agregó que habría dos memos, uno de ellos fechado en abril cuyo
“asunto” es producir “informe” y se indica la interceptación del correo electrónico de
Sylvestre y del periodista Fabricio Cardelli. En el segundo se pondría como blanco a
Federico, subdirector de Ámbito Financiero y se resalta que “opera con varios periodistas
de investigación como ser Ignacio Nacho Ramírez (sic) también del Grupo que cumplen
funciones en C5N”. Según publicó el diario Ámbito Financiero, los memos que delatan el
seguimiento a periodistas del Grupo Indalo pudieron haber sido elaborados por alguna de
las tantas consultoras que ofrecen servicios de “inteligencia empresarial” que operan en el
país, algunas de ellas con sede en el exterior. La AFI suele acudir a ellas para no dejar
rastros y para eso utilizan los fondos reservados. “Me cuesta creer que desde el Estado
alguien destinó sus esfuerzos en hacer esta pavada, pero que a la vez supone una gravedad
institucional muy seria”, planteó Federico, quien cuestionó “que haya dinero público que se
destine a estos mamarrachos, que además dejan los dedos pegados”. El periodista señaló:
“Dejaron los IP de las direcciones y lugares de dónde se efectuaban los ingresos a mi
dirección de correo”. ¿Realmente cuesta creer que el macrismo espíe ilegalmente desde el
Estado a opositores? ¿Es que no recuerdan que el presidente blindado asumió su pérfido
mandato procesado por las escuchas ilegales que se ejecutaban desde las propias oficinas
del gobierno de la Ciudad? ¿Es que hay alguna práctica siniestra y contraria al Derecho y a
la ética pública que la Nueva Triple Alianza no haya ya cometido o esté dispuesta a
cometer? ¿En serio puede sorprender a alguien en su buena fe que un gobierno, aliado a la
más baja estofa periodística, espíe periodistas que no le son directamente afines? El juez
Casanello, el mismo que lleva la causa por las cuentas offshore del presidente ídem, envió a
juicio oral a todos los miembros del macrismo implicados en el caso de las escuchas
ilegales recién mencionado, pero sobreseyó a quien los dirigía. Esta es la mejor prueba,
para los estudiantes del Derecho, de cómo la impunidad y la falta de castigo genera la
reiteración y la propagación del delito exculpado.

Parece que la bipolaridad es otra de las patologías que padece la gerencia neoliberal que ha
privatizado el Estado ya no Nacional. Hace unos días, el hombre del corazón artificial
declaraba que al CCK no le iban a cambiar el nombre "para que la gente recuerde la
herencia que dejaron 12 años de kirchnerismo". Ahora, el inefable oficial Lonardi salió en
defensa de un proyecto que representa un anhelo propio y del Gobierno ni nacional ni
popular. “Queremos salir del populismo”, dijo el titular del Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos para justificar la iniciativa que propone postergar, con retroactividad,
cualquier homenaje a personalidades políticas y sociales colocando sus nombres en
edificios y lugares públicos hasta después de 20 años de su fallecimiento. Un proyecto a
medida para borrar el nombre de Néstor Kirchner al Centro Cultural (CCK) construido en
el ex Palacio de Correo, pero que también eliminaría el nombre del ex presidente radical
Raúl Alfonsín o del médico René Favaloro de varias placas. El purgatorio político –con
retroactividad– que propone Lonardi para los homenajes personales tiene un objetivo
puntual. “Es parte del objetivo central sacar una ley que pueda cambiar el nombre del ex
Palacio de Correo. No debe llamarse Néstor Kirchner. Es parte de un populismo del cual
estamos tratando de salir todos los argentinos, los valores simbólicos son muy importantes.
En el CCK todavía hay placas con el nombre de José López”, admitió y se justificó el
funcionario. “No es el objetivo de la ley, en su momento se prohibió en la Argentina el
nombre de Perón, y eso no hizo más que alimentar el mito. Estamos muy lejos de ese
pensamiento, buscamos que todos estemos incluidos, pero no podemos dejar de señalar esta
deformación demagógica y populista de los últimos años”, agregó Lonardi para negar una
motivación “revanchista” del proyecto aun en elaboración. En tanto Héctor Recalde, jefe
del bloque de diputados del Frente para la Victoria (FpV), señaló que “es un acto de
revanchismo escandaloso y una provocación de los dueños de la grieta que busca una
reacción desmedida para tapar la crisis económica-social en la que han sumergido al país”.
Será hora de tomar nota para, llegado el momento, se inicie el proceso inverso:
desneoliberalizar al país erradicando los nombres de calles, monumentos, parques y plazas
que recuerdan dictadores, genocidas, golpistas y vende patrias, de esos que son del agrado
del macrismo y sus aliados que completan la troika gobernante.

El goteo sistemático de despidos que viene ocurriendo, día tras día, empieza a ser lluvia
intensa. Unos 900 trabajadores de la empresa Puma fueron suspendidos debido a la crítica
situación por la que atraviesa esa compañía ante la apertura de las importaciones y la caída
de sus ventas, aseguraron desde el gremio que los representa. El secretario general del
Sindicato de Trabajadores del Calzado, Agustín Amicone, explicó en una entrevista a radio
Del Plata que la empresa alemana "atraviesa una situación compleja, que derivó esta
semana en el adelantamiento de vacaciones de su personal". Y mientras el país se desangra,
al galope de las más variadas calamidades, el Ministro de Modernización y Despidos,
Andrés I-barra, inaugura un kiosquito para sus gastos menores: la cartera que conduce el
desguace del Estado informó, a través de un comunicado interno, que en caso de extraviar
la tarjeta que permite el acceso al edificio, el empleado deberá pagar 2.50 dólares + IVA.
En ese comunicado, difundido por Política Argentina, se advierte que el costo de reintegro
correrá por parte de los empleados. Una manera redituable de disciplinar a los empleados.

12/10/16: Dirigentes empresarios, banqueros, agentes bursátiles y agroexportadores que

participaron ayer de un encuentro organizado por la Cámara Argentina de la Construcción
(CAC) trazaron una línea clara entre la agenda de las grandes corporaciones y las
necesidades del resto del país. Pese a que el resultado hasta el momento es una pérdida
masiva de puestos trabajo, destrucción del poder adquisitivo de los salarios, que impacta en
un menor consumo, y endeudamiento para financiar la especulación y no la actividad
productiva, los empresarios expresaron su respaldo casi incondicional a las políticas
implementadas por el macrismo en sus primeros diez meses de gobierno. “Confiamos
ciegamente en que las medidas que el Gobierno está tomando son las necesarias para
reencaminar la economía hacia una sustentabilidad en el tiempo, inclusiva para todos los
sectores”, sostuvo el ex presidente de la CAC, Gustavo Weiss. Están tan ciegos que
sectores, como el industrial y el de la construcción, ampliamente beneficiados por las
políticas públicas antagónicas a las actuales, ocurridas en el proceso político anterior, no
pueden ver el camino al abismo al que los conduce la administración macrista. Lo que los
cega, en realidad, no es el entusiasmo que les despierta el nuevo gobierno: es el odio
clasista por el anterior, y ello define la altura de una clase dominante que nunca fue clase
dirigente.

La patria zocalera que lidera el Grupo Clarín hacía gala de su cinismo impúdico hablando,
los últimos doce años, sobre que “la corrupción mata”; en referencia a los supuestos casos
de corrupción que salpicaban a la administración kirchnerista. Y no hay corrupción más
criminal que la estructural, esa que continúa consolidando la gerencia neoliberal hoy en
funciones ejecutivas. Véase sino lo que ocurre con los medicamentos. La relajación de los
controles por parte de la Secretaría de Comercio, sobre un sector con muy alto grado de
concentración del mercado, serían los ingredientes que posibilitaron que el 85 por ciento de
los medicamentos de mayor demanda local hayan aumentado por encima del ritmo de la
inflación en los primeros nueve meses del gobierno de Cambiemos. Los de uso más directo
por los jubilados, tuvieron un incremento promedio del 75 por ciento. Esa es la conclusión
a la que arriba un estudio realizado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav
(Universidad Nacional de Avellaneda), a partir del relevamiento de un total de 123
medicamentos representativos del consumo nacional. La investigación compara los precios
de Vademécum de noviembre de 2015 y agosto de 2016. En esos nueve meses, ese
conjunto de productos farmacéuticos registró un aumento promedio del 59 por ciento, 25
puntos más que el índice de precios al consumidor medido por el instituto de estadísticas
porteño para el mismo período (33,7 por ciento). Entre los 20 productos farmacéuticos que
conforman la canasta de medicamentos de jubilados (elaborada en base a estadísticas del
Ministerio de Salud de la Nación), el promedio supera en más de 40 puntos al IPC de la
Ciudad. Ocho subieron su precio entre 100 y 200 por ciento en esos nueve meses. Otros
siete productos se encarecieron entre 50 y 85 por ciento. A todo esto, el mejor paliativo que
encontraron Mau y sus pandilleros, para atender las necesidades de la clase pasiva de más
bajos ingresos, es plantear el aumento de la edad jubilatoria. Sabido es que el trabajo es
salud…

Otro ejemplo aleccionador para demostrar que la Nueva Triple Alianza puede saber muy
bien lo que quiere pero carece de cuadros políticos de envergadura, es el que nos brinda la
gestión del inefable rabino Bergman al frente del ministerio de Contaminación Ambiental.
"Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, aunque como creyente que
soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar", señaló el “religioso”,
cuando reconoció que el gobierno ni nacional ni popular, del que él es un fiel exponente,
recortó los fondos de su área en el presupuesto del año que viene. Si los rezos de este
hombre son atendidos, un infierno les espera a los que no veneran al Dios Mercado.

Los miles de docentes de la provincia de Bs. As., que en noviembre pasado votaron
entusiasmadamente por el “cambio”, pueden llegar a sufrir las consecuencias de su
esperanzador anhelo. En junio de este año se sancionó la ley 27.260 que permite la
“armonización” de los sistemas previsionales. La misma señala, en su artículo 27, que “el
poder ejecutivo debe arribar a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales
no fueron transferidos a Nación, a fin de compensar las eventuales simetrías que pudieran
existir”. En la traducción al español honesto, desprovisto de palabritas rimbombantes y
engañosas: para igualar las jubilaciones a la baja. ¿Cómo? Desfinanciando el IPS
transfiriendo sus recursos a las arcas del ANSES, modificando la edad de acceso a una
jubilación ordinaria, el mecanismo de movilidad de haberes y la cantidad de años de
aportes efectivos de servicio. Con el régimen del IPS, actualmente, un docente se puede
jubilar a los 50 años, mientras que con el del ANSES la edad es de 60 años para las mujeres
y 65 años para los hombres. En el caso del IPS se requieren 25 años de aportes como
mínimo, mientras que en el del ANSES 30. Para el IPS se establece, a la hora de calcular el
monto de los haberes a cobrar, lo recibido por el mejor cargo de los tres mejores años
consecutivos o 5 alternados, mientras que en el ANSES los últimos 10 años trabajados. En
el IPS la jubilación docente puede ir de un 70 a 85 % del salario, mientras que para el
ANSES no se prevé más del 52,5 % con 35 años de aportes. Esta ley no sólo afectará a los
futuros jubilados: también se propone esquilmar a los que ya lo están. Actualmente los
docentes jubilados de la provincia de Buenos Aires tienen movilidad jubilatoria, que se
percibe en relación directa con el salario de un activo. Es decir: el incremento que se decide
en la paritaria, repercute en el salario de los pasivos. Con la aplicación de esta ley se
elimina esa movilidad, para reemplazarla por aumentos decididos por el Poder Ejecutivo ya
no Nacional dos veces al año. De esta manera planea la gestión empresarial, que comanda
el Hada desangelada María E. Vidal, cumplir su promesa de “no quitar nada de lo ya
obtenido”. La iniciativa confiscatoria es tan evidente que hasta un maestro, que todavía
defiende la administración de la Nueva Triple Alianza, puede entender; incluso para
explicarle a sus alumnos, si es que se atreven a enseñar cómo defender los derechos
conquistados por la clase trabajadora. Los gremios docentes planean, para este viernes, un
abrazo al IPS denunciando el intento de vaciamiento del instituto y de las jubilaciones,
presentes y futuras, que intenta la gerencia neoliberal a nivel provincial.

13/10/16: La CGT, que se mantuvo durante años dividida durante un gobierno peronista,
pareciera que se reunificó para acompañar a la Nueva Triple Alianza y ser soporte de sus
nefastas políticas públicas. Tras una reunión de los popes sindicales con el ministro de
Desempleo, Jorge Triaca, y el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana,
los dirigentes sindicales indicaron que por ahora no habrá paro general, al menos hasta la
semana que viene que se realizará la Mesa para la Producción que tenderá el Gobierno ni
nacional ni popular con los sindicatos y los empresarios. Los funcionarios nacionales
anunciaron luego lo que desactivó el paro: un bono miserable de fin de año de mil pesos
sólo para los jubilados que ganen la mínima y para cada hogar que recibe la Asignación
Universal por Hijo. Habrá, además, una exención del Impuesto a las Ganancias de
diciembre para quienes ganen hasta 55 mil pesos brutos. Eso es todo. Los sindicalistas se
mostraron optimistas en negociar una extensión del bono al sector estatal y privado, pese a
que los empresarios ya dijeron que no están en condiciones de pagarlo. Sin embargo, con
esta decisión “amistosa”, se abrió una nueva grieta en el seno de los gremialistas
empresariales: mientras algunos dirigentes consideraron encaminada la negociación y
volvieron a dejar en suspenso el llamado a un paro nacional, otros, como el hijo del
sindicalista Hugo, Pablo Moyano, advirtieron que “no se avanzó en nada” y que el bono de
mil pesos anunciado “no le sirve a nadie”. Desde los dos sectores de la CTA, la reacción
fue la misma: “El ofrecimiento del Gobierno es una burla para los trabajadores”, fueron las
palabras que eligió Hugo Yasky. Pablo Micheli llamó a realizar un paro conjunto de las
CTA, Camioneros, la Corriente Federal de Trabajadores y los gremios de la CGT
disconformes con la oferta ignominiosa de Mau y sus pandilleros. Lo cierto es que ya no
hay manera de disimular este escandaloso contubernio entre un gobierno que practica un
asistencialismo (berreta) que en sus discursos condena, y una dirigencia gremial dispuesta a
traicionar a sus representados priorizando sus intereses particulares. La pelea recién
comienza, pero, si alguien tenía todavía alguna duda, al menos se van cayendo las caretas y
desnudando las verdaderas intenciones de uno y otro lado.

La corrupción anda sobre trenes. El presidente offshore puso en marcha ayer,

simbólicamente, las obras para el soterramiento del tren Sarmiento, obra que en una
primera etapa abarcará el trayecto entre Haedo y Caballito. Por decreto, una vez más, la
gerencia neoliberal les asignó 45 mil millones de pesos a las obras, que hace una década
fueron adjudicadas a un consorcio compuesto por la argentina Iecsa, Comsa (España),
Ghella (Italia) y Odebrecht, de Brasil. Desde 2007, Ghella es socia de Ángelo Garcaterra en
la conformación del Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios), en el que quedaron
integradas las dos firmas líderes del sector que Garcaterra, primo del hombre del corazón
artificial, había adquirido el año anterior: Iecsa y CreUrban. Una investigación que será
publicada en las próximas horas, asegura que todo el grupo empresario pasó este año a
manos de primito del presidente blindado, quien no habría perdido el vínculo con el grupo
Macri y que, por lo tanto, podría estar beneficiándose de decisiones que toma el Poder
Ejecutivo apurando la realización de obras en las que participa. Los 45 mil millones de
pesos asignados a la obra, por decreto 767 de este año, representan el mayor desembolso
hasta ahora decidido por el brazo ejecutor de las corporaciones para una sola obra pública.
La corrupción estructural que paralelamente beneficia a los propios miembros del gobierno,
ya es una constante que ha hecho sistema.

Sólo dos días antes de que el presidente blindado anunciara el inicio de las obras del
soterramiento del ferrocarril Sarmiento, financiada por decreto de necedad e indecencia a
un costo de cuarenta y cinco mil millones de pesos, su primo, Ángelo Garcaterra, le
comunicó a la Comisión Nacional de Valores que su empresa se retiraba de la oferta
pública. Garcaterra, beneficiado por el contrato, dejó así a la empresa a salvo de tener que
presentar balances públicos e informar quiénes son los verdaderos dueños de la compañía.
Según el Portal “Nuestras voces”, la historia se repite. La primera gran obra pública
encarada por el mal imitador de Freddie Mercuri como jefe de gobierno porteño fue el
entubamiento del arroyo Maldonado, que le otorgó a la que fuera históricamente la mayor
empresa de la familia Macri, IECSA. Unos meses después, Iecsa también ganó el
soterramiento del Sarmiento. Fue entonces cuando, en un pase de manos dudoso y nunca
confirmado, el primo Ángelo Garcaterra, asociado a la empresa Ghella, comenzó a figurar
como dueño, para proteger la figura del falso pasajero de colectivos, ya lanzado a la
política. Garcaterra, liderando un consorcio conformado por IECSA, la italiana Ghella y la
brasileña Odebrecht, ganó esa licitación hace diez años. El monto de la obra entonces era
de 2.798.956.410. Las empresas se comprometieron en la oferta a financiarse con crédito
externo, pero ese dinero nunca apareció. Odebrecht pasó a estar investigada en Brasil por
escándalos de corrupción y la obra quedó estancada. Hasta ahora. Ayer el presidente
blindado visitó la obra y la “puso en marcha”. Antes, Macri, que sigue siendo el dueño real
de IECSA, firmó el decreto 797/2016 por el que el gobierno realizará el mayor desembolso
hasta el momento en obra pública: $ 45.000 millones. Se repartirán este año $ 300 millones,
en 2017 y en 2018 $ 8.940 millones para cada año y $ 28.820  en los períodos siguientes.
Así distribuye la gerencia neoliberal, que tomó por asalto al Estado, las riquezas nacionales:
apropiándose renta, licitaciones de obra pública hechas a medida, y multiplicando
negociados a costillas del erario público en beneficio propio y de las corporaciones a las
que representa. Al resto: bonos selectivos de $1.000 y exención limitada de un impuesto
que había prometido eliminar en campaña electoral.

La Nueva Triple Alianza está tan cebada y segura de la impunidad con la que cuenta, que
no sólo consolidan un modelo excluyente y expropiador para favorecer a las corporaciones
y a sus voraces intereses personales, a través de leyes y decretos de necedad e indecencia
que le dan estructura legal a su siniestro andamiaje; sino que, además, se animan a hacer
públicos muchos de sus procedimientos ilícitos justificándolos de las maneras más
mendaces que se les ocurra. Es el caso del titular de la Unidad de Información Financiera
(UIF), Mariano Federici, quien señaló que era "entendible" que en la Argentina se
cometieran los delitos de evasión fiscal y fuga de divisas. Este hombre, que hasta el año
pasado se encargaba de representar a empresas y personas acusadas de evasión y lavado de
dinero, apoyó su posición contemplativa de ese delito en cuestiones culturales y políticas y
criticó la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que estableció
que la evasión impositiva trasnacional era un delito precedente del lavado. Todas esas
definiciones las realizó durante una charla en la Universidad de Belgrano, donde asistieron
estudiantes de Derecho, fiscales y jueces en lo penal económico como Javier López
Biscayart, quien ofició de anfitrión y festejó algunos pasajes de la exposición de Federici.
Pero esto no fue todo. También se atrevió a decir, quien se supone está en ese puesto para
controlar, detectar y denunciar la evasión y el lavado, que "la informalidad estuvo, y está,
muy relacionada con lo que ha sido hasta ahora la incapacidad de aquellos que nos
precedieron en el gobierno, durante varias décadas, de crear las condiciones necesarias de
confianza y estabilidad en la economía, de ejercer el poder con razonabilidad, de brindar
servicios públicos de calidad a cambio de los impuestos, y de manejar la cosa pública con
dignidad y con integridad. Esta cuestión se ha visto exacerbada en las últimas décadas",
dijo Federici al justificar la decisión del organismo de relajar los controles sobre la evasión
tributaria y concentrarse en el narcotráfico, trata de personas y financiamiento al terrorismo.
Y agregó: "por eso es que la decisión de muchos ahorristas argentinos, en años recientes, de
proteger su riqueza, de proteger sus ahorros en leyes más seguras o en monedas más
estables termina siendo una decisión, en nuestro contexto, entendible. Una decisión
razonable, tanto desde el punto de vista legal como económico. Aun cuando esas prácticas,
desde el punto de vista técnico jurídico, terminaron posicionando aquellas personas en
situación irregular frente a las autoridades impositivas”. Al término de las exposiciones, el
juez López Biscayart festejó las palabras de Federici: "Mariano tenía razón, algo cambió en
este país", dijo antes de hacer la primera de las dos preguntas y cerrar, hábilmente, el
encuentro sin dar margen a preguntas del público, tal como estaba previsto en el esquema
original. Este bochornoso magistrado dijo algo cierto: algo cambió en el país. Y vaya que
cambió. Ahora los evasores ejercen cargos públicos, se auto indultan sus delitos fiscales,
disponen libremente de sus dineros mal habidos y se permiten, con ellos, hacer negociados
con el Estado a costillas del tesoro público. Lo otro que cambió es que el Gobierno (no)
nacional no cuenta con oposición política. Más bien al contrario: parecen todos alineados
en el partido del ajuste, del que también sacan réditos personales.

Los caciques de la CGT gorda hacen gala de un espíritu “dialoguista”, que hasta hace 10
meses todos desconocíamos, y cree que los reclamos de los trabajadores se “encaminan”
satisfactoriamente, a pesar que todos los datos de la Economía, que ellos conocen, digan lo
contrario. El aumento de precios medido por el movimiento obrero fue del 1,4 por ciento en
septiembre y acumula 40,1 en doce meses, aunque, para los sectores de menores ingresos
que destinan más recursos a la canasta básica, la suba fue del 44,2. La diferencia en las
estimaciones del Instituto Estadístico de los Trabajadores, auspiciado por la CGT y las
CTA, se explica porque las subas en rubros como alimentos y bebidas impactan con mayor
intensidad sobre los salarios más bajos. Los aumentos en el rubro alimenticio escalaron
hasta 2,9 por ciento en septiembre y explican el 68,2 por ciento de la suba de precios del
mes, de la mano de productos como pollo, azúcar, verduras y arroz, entre otros. En
contraste, “Esparcimiento” registró deflación (-0,8 por ciento), debido al pasaje a
temporada baja en destinos invernales como Bariloche. Desde el instituto dependiente del
Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra) y la Universidad Metropolitana del
Trabajo (UMET) proyectan que la inflación finalizará el año en 38,3 por ciento. Si esa
estimación se valida, 2016 habrá sido 40 por ciento más caro que 2015 y habrá registrado la
suba más alta desde 1991. Pero no sólo siguen cayendo los salarios: también continúa
subiendo el desempleo. La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de
Desempleo dio cuenta de una caída del empleo registrado que roza el 1 por ciento desde
diciembre, lo que equivale, según los números del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), a una destrucción de 134 mil puestos formales. También el Indec registró que el
índice de obreros ocupados en la industria manufacturera cayó 1,7 por ciento en el segundo
trimestre en la comparación interanual y que la cantidad de horas trabajadas lo hizo en un
1,6 por ciento, lo que supone, en ambos casos, un deterioro del desempeño en relación al
primer trimestre. Sin embargo, para los sindicalistas fuera de estado físico, conseguir sólo
una rebaja de un impuesto que afecta al 10 % de sus representados, y que hasta el año
pasado fue motivo de reclamos y cuatro paros generales, es suficiente para resignar
cualquier medida de fuerza que obligue a Mau y sus pandilleros, al menos, reabrir las
paritarias; que, hasta hace una semana, era la primer demanda del largo listado de
exigencias que pareciera haberse resignado aceptando la dádiva bochornosa ofrecida por el
brazo ejecutor de las corporaciones. Una vez más: la gerencia neoliberal no está sola.
Forma parte de una troika sostenida por otros aliados ad hoc. Esto es: gran parte de la
oposición política y la rama empresarial del sindicalismo, que conforman el “quinteto de la
muerte” para las aspiraciones reivindicativas de la clase trabajadora.

Ya ha quedado demostrado que el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshores es,
además, un gobierno nepotista. Y de la peor calaña. Un nuevo caso pone de relieve la altura
ética y moral de la larga lista de nombres que integran funcionarios vinculados
sanguíneamente con el hombre del corazón artificial. María Pía Monkes Garcaterra, sobrina
del presidente blindado, fue designada a cargo del área de Recursos Humanos de la UIF
(Unidad de Información Financiera), conocida también como Oficina Antilavado, a pesar
que no reúne los requisitos para el cargo. Por ello, en el ominoso decreto presidencial que la
designa, se tuvo que aclarar que su nombramiento es en carácter “excepcional”. Pero esto
no es lo más grave al respecto. María (ar)Pía Garcaterra cuenta en sus antecedentes con
denuncias por evasión en España y fraude en República Dominicana. La sobrina del falso
pasajero de colectivos fue denunciada el año pasado por el gobierno de España por ser la
administradora de una de las compañías que más había evadido al fisco en ese país:
7.366.548 euros. La empresa es Inversora Andina Ibérica SL. Pero no sólo en España dejó
huellas de su accionar delictivo: también en República Dominicana, donde fue denunciada
por fraude en un negocio ligado a la construcción de autopistas. Allí también estuvo
involucrada la polémica IECSA, la empresa encabezada por el primito de Mau, Ángelo
Garcaterra. El fraude le costó US$ 400 millones al estado dominicano. Linda famiglia la
presidencial, que integra el gobierno destinado a ser, en volumen y cantidad, el más
corrupto de la historia argentina.

La gerencia neoliberal que regentea el Estado ya no Nacional no está sola, pero está cada
vez más aislada. Su gerente en jefe no podría pasar por ningún lugar público sin arriesgarse
a sufrir el escarnio de la ciudadanía de a pie. Sin embargo, en lugar de replantearse el
porqué del rechazo en aumento que experimenta su figura, lo utilizan para victimizarse
acusando a las agrupaciones kirchneristas de propiciar climas “desestabilizadores” contra
su infame gobierno. Igual, por las dudas, la ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, toma
sus precauciones a la hora de cuidar al presidente offshore; sobre todo si va a concurrir a
eventos tan poco populares como el coloco de IDEA, el centro de convenciones de
evasores, lavadores y oligarcas que apoya, y a la vez integra, al nuevo gobierno; a tal punto
que son capaces de acompañar a su admirado dirigente hasta la puerta del cementerio.
Después de más de 15 años que un presidente de la Nación no concurra al encuentro anual
que auspicia este coloquio, que en realidad monologa sus sofismas sin aceptar disidencias,
el Hood Robin argentino no Nacional se trasladó a Mar del Plata, donde se realiza el magno
evento, en medio de un operativo de seguridad inédito: el hotel Sheraton, donde se lleva a
cabo el congreso que aglutina dirigentes de grandes empresas, fue vallado con un cerco de
dos cuadras en forma de “C” para cerrar sobre el campo de golf que descansa sobre la
playa. Sólo se podía acceder a ese espacio con la credencial de invitado y documento. El
jefe de Estado evitó así cualquier tipo de manifestación en contra de sus políticas. Previo a
la apertura, se reunió con algunos de los CEOs presentes en uno de los pisos del hotel. Ya
ante el auditorio, este hombre dispuesto a todo por la causa neoliberal y su patrimonio
personal, entre tantas mentiras y frases vacías de contenido señaló: "Hemos tomado
muchísimas medidas sociales para poner en valor la cultura del trabajo". "Volvimos a tener
un clima de sana diferencia. Hay crisis, pero también hay oportunidades". "Demostremos
que lo que vale es el esfuerzo personal y la superación". "La casa que recibimos en
diciembre estaba con los baños rotos, goteras y problemas por todas partes". "El año
pasado, muchos me calificaron de loco y lo estoy cumpliendo". "Este cambio de clima
permitió que lleguen 48 mil millones en inversiones desde ahora hasta 2019". "Nunca me
imaginé que iba a estar acá parado como presidente de la República”. También se dio el
gusto de dar rienda suelta a la frivolidad y al reconocimiento de sus limitaciones
intelectuales: "Antonia (por la hija) arma el rompecabezas más rápido que yo" y "Me enteré
que tengo un vecino de mi casa de fin de semana que vende cables en Estados Unidos".
Dos reflexiones finales: ni antes ni ahora, piensa alguien que está “loco”. Al contrario: sus
leyes y políticas públicas son perfectamente “racionales” en el marco de lo esperable de un
acabado neoliberal. Por otro lado, es cierto: nadie lo imaginó parado allí como presidente
de la Nación, como tampoco podemos imaginar cómo logrará completar su mandato sin
salir anticipadamente en helicóptero, en medio de un caos generalizado generado por la
grave crisis sin salida a la que está llevando al país en su conjunto.

La ex presidenta CFK participó, en la UNQUI, de un acto en el que recibió los títulos de

doctora Honoris Causa de las universidades de Quilmes y de Avellaneda. La ex mandataria
no sólo aprovechó la ocasión para continuar criticando agudamente al gobierno de CEOs y
evasores con cuentas offshores. Tampoco desperdició el momento para mostrarse con
Daniel Scioli, quien la escuchó en primera fila de un auditorio colmado. El dato no es
menor: todas las encuestas en danza marcan que ambos lideran las preferencias del
electorado superando holgadamente el 30 %. Los que se mostraron acaloradamente en
contra del reconocimiento ocurrido ayer, fue el grupo de intelectuales que se nuclean en
“Plataforma 2012”, para quienes "sectores de las universidades públicas siguen
funcionando de un modo completamente partidista". Haciéndose eco del discurso macrista
sobre la “grieta” abierta por el anterior gobierno, señalaron que "las consideraciones con
que los Consejos Superiores otorgan el doctorado honoris causa a la ex presidenta apelan
"objetivamente" a los logros de su gobierno. Pero no hay nada de objetivo en ello: ¿acaso el
balance sobre esos "logros", como sucede con la casi totalidad de los gobiernos, no dividen
al país y a la comunidad académica?" Para Sarlo, Gargarella, Alabarces, Nun, Bidonde y
demás intelectuales que se reconocen “de izquierda”, el hecho fue tan grave que “este
homenaje opaca el vaciamiento en el presupuesto universitario encarado por el gobierno de
Macri”. Vale decir: para estos “intelectuales contestatarios” es más escandaloso el
reconocimiento a una presidenta, que llevó el presupuesto universitario a los niveles más
altos de la historia argentina, que el desfinanciamiento deliberado del Estado a estas
entidades a las que ellos mismos pertenecen. No cabe duda que, de haber participado de las
discusiones políticas de los años cuarenta, estos ilustrados hubieran militado en el “frente
patriótico” que respaldaba a Spruille Braden.

Una nueva declaración testimonial complicó a la vicepresidenta Gabriela Michetti y su

apócrifa Fundación SUMA, en la causa que investiga el origen de los fondos que le robaron
el pasado 22 de noviembre. Luego de que su contador admitiera haber donado dinero en
efectivo a la organización sin que le dieran ningún tipo de documento respaldatorio, ahora
un director de la petrolera Golf confesó que en su caso sucedió lo mismo. De esta forma, la
vicepresidenta continúa sin poder respaldar el origen de los $200.000 que le sustrajeron de
una "bolsa" que se encontraba al costado de su cama. Según informó la periodista de
judiciales del canal C5N, Vanesa Potrillo, el declarante Alain Vencen Cujean, un jubilado
francés en ese país y actual director de la empresa Golf en Argentina, aseguró que es amigo
de Silvina Michetti, hermana de la vice, y que aportó a SUMA unos $15.000 en efectivo a
principios de noviembre. “Le entregué el dinero a Silvina, me parece que le entregué la
plata en su casa, creo que fue tres o cuatro días después de aquella cena entre amigos",
declaró un dubitativo Cujean al ser consultado en el juzgado de Ariel Lijo por los fondos
donados a Fundación SUMA. Tras ello, el juzgado le consultó al testigo por la
documentación correspondiente al importe donado, y la respuesta fue en línea con lo
declarado por Marcelo Domínguez, el contador de Michetti, días atrás: "En ese momento
Silvina no me entregó recibo alguno, ella me dijo que íbamos a recibir uno pero nunca me
lo entregaron, tampoco le pregunté", detalló Cujean. La declaración de Cujean fue apenas
la cuarta de las 22 que debe tomar el juez Ariel Lijo por pedido de la defensa de Gabriela
Michetti, lo que, en principio, explicaría la demora que está experimentando la causa a
pesar de las numerosas pruebas contundentes encontradas. Lo concreto que el camino al
juicio oral a la vice presidenta debiera estar asegurado, salvo que el partido judicial vuelva
a meter su cola diabólica para embarrar la causa.

14/10/16: Al presidente blindado le cantaron las 20. Sí, por primera vez desde el escándalo
de los Panamá Papers, salieron a la luz los vínculos entre el grupo Socma S.A. y Omental
S.A., una compañía radicada en Panamá sospechada de haber sido utilizada por la familia
del presidente para realizar operaciones ilegales de auto créditos durante la vigencia de los
seguros de cambio a principios de los ochentas. Según informó Ámbito Financiero, estos
papeles ya está en manos del fiscal federal Federico Delgado y fue aportada por el
historiador e investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona (h). Según los
documentos oficiales del Registro Público de Panamá, Omental S.A. fue anotada el 23 de
marzo de 1981 por el estudio de abogados Caza, González-Ruiz & Aleman. Posee el
número de ficha 69.037. La inscripción se hizo en el asiento 6.139 del Tomo 145 del
organismo estatal y representaría la offshore n°20 del falso pasajero de colectivos. La
verdad uno ya empieza a pasar de la indignación desaforada al cansancio moral
inconducente: las cuentas siguen apareciendo y ello no habilita ninguna reacción
institucional opositora. Salvo que la ciudadanía, debidamente informada, pueda ir
acumulando estos hechos para hacerlos valer a la hora de los votos o de las reacciones
callejeras en el futuro, la desesperanza empezará a calar en el ánimo de todo aquel que
conserve algún grado de dignidad para condenar esta sucesión infinita de episodios; que
revelan el grado de inmoralidad de un gobierno que, hasta ahora, no ha acusado ningún
impacto que impida que continúen con sus políticas confiscatorias, sus mendaces discursos
y sus iniciativas persecutorias. La dispersión de la bronca ciudadana, así, empieza a ser
funcional a la impunidad del gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore. Por
delante está el desafío de esa construcción ciudadana anti neoliberal, que nunca termina de
conformarse ni definirse en nombres y propuestas concretas. Las reacciones continúan
siendo tardías y desproporcionadas al nivel de avasallamiento generalizado que está
sufriendo toda la república.

La CGT gorda se reúne, dialoga y ve, en las dádivas no reparadoras ofrecidas por el
gobierno ni nacional ni popular, encaminadas sus demandas, mientras los salarios de sus
representados se siguen pulverizando. Los precios subieron 1,1 por ciento en septiembre,
según informó ayer el Indec. Al igual que el mes pasado, vivienda y servicios básicos cayó
por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el aumento del gas para los hogares
de todo el país. Sin embargo, los alimentos continúan en alza y treparon 2,3 por ciento, muy
por encima del 0,7 por ciento que habían registrado en agosto. El freno de la justicia a la
suba del gas ya había generado una marcada desaceleración de precios en agosto. El bloque
de bienes y servicios regulados retrocedió entonces 1,8 por ciento, pero ahora esa decisión
de la Corte volvió a impactar y el bloque cayó 5,3 por ciento. Esto se explica porque el IPC
de agosto reflejó el cambio en los cuadros tarifarios de gas para el sector residencial
tomando en cuenta una vigencia de 14 días, ya que el cambio de tarifas entró en vigencia a
partir del día 18, fecha en que fue publicada la decisión en el Boletín Oficial. Por su parte,
en septiembre la anulación del tarifazo afectó de manera parcial, hasta el día 17. Por lo
tanto, en agosto incidió en una caída de 0,7 por ciento y en septiembre en una baja de 0,6
por ciento en el nivel general. Por lo tanto, si la Corte no hubiera anulado el tarifazo este
mes la inflación oficial hubiera sido de 1,7 por ciento, apenas por debajo del 2 por ciento
que arrojó el índice en julio. Lo más peligroso en el horizonte es que la bronca acumulada
hasta ahora, a corto o mediano plazo, explote de manera espontánea y sin conducción
política. Y eso, que a primera vista podría ser visto como una señal positiva, puede generar
el verdadero clima de ingobernabilidad que, falaz e interesadamente, agita la gerencia
neoliberal victimizándose de manera tramposa y adelantándose preventivamente a sucesos
que, en su seno íntimo, no descartan para diciembre. Esta posibilidad no los asusta ni los
amilana, al punto de obligarlos a retroceder en sus iniciativas criminales. El diagnóstico les
sirve para ir armando el protocolo represivo con el que responderán cualquier reacción
desmedida que se salga de cauce. No pretenden la paz social, sino la de los cementerios.

La Economía se derrumba y la gerencia neoliberal sale a apagar el incendio con nafta (de
Shell). El déficit fiscal creciente y la convocatoria a inversores extranjeros sumarse a una
bicicleta financiera atractiva explican el resultado de la colocación en el mercado local de
dos bonos en pesos por un total de 76.387 millones de pesos, a tasa fija, a 7 y 10 años. Este
último papel reunió 53.620 millones a una tasa fija del 15,5 por ciento anual, y los 22.767
millones restantes a 16,0 por ciento. Este tipo de operaciones financieras en la plaza local
es sorprendente teniendo en cuenta la traumática historia de deuda argentina, con los
acontecimientos más reciente de default, renegociación con fuerte quita y conflicto con
fondos buitre. Pero este negocio para los financistas tiene su lógica especulativa. Quienes
apostaron a esos bonos estiman que la inflación futura (en el corto plazo) estará por debajo
de esa tasa, a la vez que evalúan que la devaluación de la moneda tampoco la superará. De
todos modos, se sabe que los inversores en esos papeles no van a esperar a que no se
cumplan esas previsiones, y en caso de inestabilidad de precios o de perturbaciones
cambiarias se retirarán en manada. La urgencia por captar recursos del mercado, ya sea en
pesos o en dólares, entregando una renta fabulosa a los financistas en comparación con la
deuda que emiten otros países en la región, se origina en el creciente déficit fiscal. La
recesión económica que se prolonga deteriora los ingresos públicos, y con esta emisión
millonaria en pesos en el gobierno dicen que esperan cubrir al menos la mitad del
desequilibrio de las cuentas públicas del último trimestre del año. En manos de estos
incompetentes facinerosos estamos. Que saben lo que hacen y el rumbo al que apuestan. De
lo que no tienen la menor idea es cómo ir cubriendo los agujeros inconmensurables que,
como efectos no deseados, van dejando como consecuencia de las políticas aplicadas. La
incompetencia radica en la incapacidad de darse cuenta que la velocidad y voracidad que le
imponen a sus radicalizadas políticas saqueadoras pone al propio esquema confiscador en
peligro. Al esquema, no a sus ejecutores. Eso también está claro. Porque hasta de los
estallidos sociales siempre salen bien parados.

El presidente offshore se embrolla sólo con algunas decisiones y declaraciones apresuradas

que, pudiendo haberlas evitado, terminan por continuar horadando su alicaída imagen
pública. El titular de la Aduana, el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, fue repuesto
ayer en su cargo, sin que se lo hubiera sobreseído de las acusaciones que llevaron al
gobierno ni nacional ni popular a destituirlo hace ocho semanas; con la promesa de su
amigo presidente de reponerlo en caso de comprobarse su inocencia. El juez federal Ariel
Lijo no afirmó que Gómez Centurión no haya cometido delitos, sino que consideró que los
delitos que se investigan tienen que ver con contrabando agravado. Por lo tanto, envió el
expediente al fuero penal económico, pero con una calificación que sugiere que Gómez
Centurión estuvo vinculado a los delitos. Lo que está poco difundido es que el inefable
fiscal Guillermo Marijuán apeló lo decidido por el juez, de manera que aún la causa no
salió de la justicia federal. Al mismo tiempo, llama la atención que la gerencia neoliberal
haya desestimado tan fácil una denuncia presentada por su propia ministra de Inseguridad,
Patricia Bolsrich. En el medio quedaron grabaciones y filmaciones que, según todo lo
indica, fueron hechas por algún servicio de inteligencia, oficial o paralelo. Por ahora, el
gobierno de ricos para ricos no dio tampoco ninguna explicación sobre ese espionaje, como
sucede con tantas otras aberraciones por el estilo. Cómo se dirimirá esta interna mafiosa,
nadie sabe. Lo que sí sabemos es que ambos bandos pertenecen al mismo tronco putrefacto,
que exhala aromas nauseabundos contaminados de corrupción neoliberal.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, ya ni siquiera es una mala caricatura de

sí mismo. Enamorado del cargo con que sobrevivió del anterior gobierno este hombre, sin
restos de dignidad, con el presupuesto 2017 de su cartera tijereteado por el brutal ajuste de
su admirado presidente con el que, recordemos, habla "integralmente" como no pasaba
hasta el año pasado, ahora se arrastra mendigando en el Coloquio de Idea, el foro neoliberal
por “excelencia”, ayuda pecuniaria para respaldar su gestión pidiendo que “tomen
conciencia de que la inversión en ciencia y tecnología no es un gasto”; en lugar de pedirle a
su propio gobierno que repare en el daño inconmensurable que hará al desarrollo
tecnológico nacional con sus salvajes recortes presupuestarios. Preso de sus propias
palabras, en cuanto aceptar quedarse en el cargo para “custodiar lo conseguido”, ya no sabe
cómo disimular su ignominiosa conducta anti ética y desleal. Mientras este vergonzoso
funcionario hace el ridículo ante toda la opinión pública, los científicos iniciaron un plan de
lucha contra los recortes que incluye un petitorio que ya reunió 23 mil firmas –entre
investigadores, científicos y estudiantes– y una movilización al Congreso para el 25 de
octubre. “El ajuste del presupuesto pone en riesgo los logros de una década de continuo
crecimiento en un sector clave”, dijeron los científicos en la presentación que realizaron el
miércoles en el salón Illia del Senado. Sin embargo, Barañao, ajeno a la lucha que tomaron
los científicos, se hundió más en su hediondo pantano al señalar “la política de asignación
de recursos era más directa porque se discutía directamente con la presidenta o el ministro
de Economía de turno y no había una restricción al gasto público en su conjunto, y eso
llevó a un déficit que ahora este Gobierno pretende corregir”. Y elogió la meta de reducir el
déficit: “Es un requisito importante para atraer inversiones”. Siga así, Barañao: hablándole
al mercado con el corazón, que los personeros del ajuste le contestarán con el bolsillo. Y
con la bragueta abierta.

El presidente blindado se llena la boca hablando de las “oportunidades” que se les ofrecen a
los mercados para invertir productivamente, mientras la Economía real, esa que la gerencia
neoliberal ningunea por completo, continúa dando señales alarmantes de derrumbe
inexorable. La mayor productora de frutas del país, la empresa belga Expofrut, anunció el
cierre de dos plantas de empaque en las ciudades rionegrinas de General Roca y Allen, por
lo que despedirá a unos 260 trabajadores. Con el cierre de estas sedes, las cesantías
alcanzarán ya a 1.080 personas en el sector frutícola del Alto Valle rionegrino, teniendo en
cuenta los recortes del establecimiento Biló, en Allen, y la empresa San Formerio, en Roca.
Los directivos de la compañía belga dieron a conocer la noticia en una reunión que tuvieron
en la mañana de este jueves con los delegados gremiales de las plantas, en la que ofrecieron
una indemnización del 50%. La propuesta de la firma fue rechazada por los trabajadores,
quienes exigen el pago del 100 por ciento de las indemnizaciones, reveló el secretario
general del Sindicato de la Fruta en Río Negro, Rubén López, quien participó del
encuentro. Expofrut era la mayor empresa de producción, empaque y comercialización de
frutas y hortalizas frescas en el país desde 1971, con operaciones en el Alto Valle de Río
Negro y Neuquén, en la Patagonia. El infierno del 2001, tan temido, se avecina a toda
marcha, mientras el brazo de las corporaciones continúa con sus falaces discursos
mandando “fruta”.

15/10/16: Estar en manos de un incapaz y un ignorante es más peligroso de lo que uno

creía. En la compleja trama de la política internacional no se puede transitar con la
liviandad y superficialidad con la que el presidente offshore (20) viene comportándose,
como si estuviera en campaña electoral, en especial con Gran Bretaña; a quien subestimó
canchereando con declaraciones desafortunadas que terminaron en un papelón internacional
y con la canciller Malcurra dando explicaciones en el Parlamento por su vergonzoso
“acercamiento amistoso” con Londres. Ayer, estos patéticos improvisados, se desayunaron
que los ingleses pueden ser muy ingratos y desagradables, incluso con gobiernos cipayos y
vende patrias como el argentino, al que le pesa una enormidad convencerse que está
obligado a defender la soberanía de las islas. Tan grave fue lo ocurrido ayer que la
cancillería se vio obligada a citar al embajador británico para entregarle una “enérgica
protesta” por la realización de ejercicios militares en las Malvinas, que incluirán el
lanzamiento de misiles. “El accionar del Reino Unido se contradice con el principio de
solución pacífica de las controversias”, consideró ayer, tal vez sorprendida, la Cancillería.
En verdad, desde hace tiempo que las fuerzas militares que el Reino Unido tiene
acantonadas allí desde el fin de la guerra de 1982 realizan estos ejercicios. Incluso,
Argentina, llevó el caso hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el
Gobierno ni nacional ni popular se desayunó del asunto ayer con el alerta que envió el
Servicio de Hidrografía Naval, que en tono didáctico les advirtió que “las fuerzas militares
inglesas que en forma ilegal ocupan el territorio argentino de las islas Malvinas han
notificado que realizarán un ejercicio de armas que incluye el lanzamiento de misiles”. El
entredicho se produce a un mes del ya célebre comunicado conjunto de ambas cancillerías
en el que acordaban avanzar en diez puntos. Además del ítem “Atlántico Sur”, en el que se
comprometían a “remover todos los obstáculos” que limitan el crecimiento económico de
las Malvinas –que obligó a Malcurra y al vicecanciller Carlos Foradori a dar explicaciones
en el Congreso–, el comunicado también incluía un capítulo referido a “Seguridad
Internacional y Defensa”. En este otro punto acordaban que “para enfrentar las amenazas a
la paz y seguridad internacionales se requiere una cooperación más estrecha”. Lo llamativo
del asunto es que posiblemente la mayor amenaza a la paz que tiene Argentina –y la zona
del Atlántico Sur– es la base de Mount Pleasant, donde el Reino Unido mantiene unos dos
mil militares en forma permanente, casi la misma población civil que tienen las islas.
Durante años los gobiernos kirchneristas protestaron por los ejercicios militares ingleses,
sin embargo, el presidente blindado y Malcurra pasaron por alto estos antecedentes y
siguieron adelante con su política de acercamiento que incluyó una reunión con el ex
premier David Cameron y un intercambio de cartas con la actual, Theresa May, donde ni se
mencionó el asunto. La primera decepción la tuvieron cuando el Reino Unido no sólo no
apoyo sino que vetó la candidatura de Malcurra para la secretaría general de las Naciones
Unidas. Y ayer, peor, se encontraron con el “radio aviso náutico” que realiza el Servicio de
Hidrografía para dar alertas a los buques que navegan por aguas argentinas. El diputado del
Frente para la Victoria (FpV) y vicepresidente de la comisión de Relaciones Exteriores de
la Cámara baja, Guillermo Carmona, consideró “tardía y débil” la respuesta de la
Cancillería frente a los ejercicios militares del Reino Unido en Malvinas y sostuvo que
representan una “actitud amenazante para la Argentina y la región”. Carmona ligó la opaca
protesta con “la impericia y la excesiva condescendencia con las pretensiones británicas de
la política que el presidente Mauricio Macri y la canciller Susana Malcurra llevan adelante
sobre Malvinas”. Propone que cualquier tipo de negociación con el Reino Unido incluya la
“desmilitarización del archipiélago”. Pero eso no ocurrirá. Mau y sus pandilleros no están
para defender la soberanía nacional sino para hacer negociados particulares,
facilitándoselos a las corporaciones. Y menos con las Malvinas, sobre las que hace unos
años el mal imitador de Freddie Mercuri señaló que “representarían un alto costo
innecesario para el Estado”. Los ingleses no tienen enfrente a un general borracho al frente
del gobierno. Ahora hay un payaso neoliberal que, como el de la película IT, no da risa ni
alegría, sino pánico y tragedia al público que atormenta.

Una nueva oprobiosa maniobra contra la Educación pública está por cometer la gerencia
neoliberal que tomó al Estado ya no Nacional por asalto. El próximo martes, en todas las
escuelas primarias públicas y privadas del país, el brazo ejecutor de las corporaciones
planea tomar una evaluación, llamada “Aprender 2016”, a todos los alumnos de sexto año.
El presidente offshore (20), que no tiene idea de cómo se realizará ni cómo se implementará
aunque sí qué objetivos persigue, ya a adelantó que “seguramente los resultados nos
dolerán”. En igual sentido se manifestó la gobernadora de la provincia de Bs. As., el hada
desangelada María E. Vidal, siempre dispuesta a medir los derechos de los niños con el
parámetro de la “meritocracia”, que no ejercen para sí mismos. Como no podía ser de otra
manera, el operativo estará a cargo de una multinacional, Pearson Argentina, quien aplicará
su instrumento evaluativo desconociendo los diferentes contextos y realidades que
atraviesan los diversos alumnos que habitan un desigual territorio argentino. A cargo
estarán maestros que no son los docentes de esos alumnos sino de otras escuelas, aplicando
una evaluación integral a través de un insuficiente múltiple choice para saber cuánto saben
los educandos argentinos. De esta manera, los mecanismos implementados vejan todos los
requisitos acordes a una iniciativa seria y bien intencionada pues: concibe a la evaluación
como un fin en sí mismo y como un mecanismo punitivo, reduce la participación de los
docentes a meros aplicadores, somete a los estudiantes a ser simples objetos de estudio,
vulnera los derechos de los docentes obligándolos a desempeñar sus funciones en un
distinto lugar de trabajo y en condiciones no habituales, la confección del temario y la
forma de tomarlo fue unilateral e inconsulta a la comunidad educativa y sin especificar el
porqué de los criterios elegidos y los objetivos propuestos. Anticipando los resultados, que
no serán una muestra de cuánto saben nuestros niños, sino una manera obvia y vulgar de
manipular datos con propósitos abyectos e inconfesables, lo que está detrás de la iniciativa
es simplemente un ataque brutal contra la Educación pública y sus docentes. ¿Qué esconde
el deseo presidencial de que las pruebas revelen el “bajo” nivel de los estudiantes? Pues el
mismo que tuvo él y su pandilla para falsear los datos de pobreza: agredir al gobierno
anterior y habilitar reformas estructurales para abordar lo que van a considerar “el grave
estado del sistema educativo”. Y ya sabemos qué hay detrás de esas reformas estructurales:
avasallamientos de derechos laborales, ajustes presupuestarios, negocios para familiares y
corporaciones afines, y la ampliación de los márgenes de desigualdad entre los niños que
habitan el mismo suelo. Nadie se puede oponer, en principio, a una evaluación integral que
busque mejorar las calidades institucionales y de contenidos de la Educación pública. Pero
estos nobles objetivos no están en la naturaleza neoliberal. En ellos reina el elitismo, el
ajuste a mansalva, y la inequidad que profundiza la injusticia pero que multiplica el lucro
para los mercaderes que anidan dentro y fuera del gobierno de CEOs y evasores con
cuentas offshore.

Uno ya no sabe si la gerencia neoliberal es más abominable por las cosas que dice o por las
medidas que toma. En su afán de comentar algo, buscando justificar las consecuencias de
sus abyectas políticas públicas que ya no se pueden esconder, improvisan con declaraciones
desafortunadas que terminan revelando de qué calaña están hechos. En este sentido, por
ejemplo, la ola de suspensiones en la economía local podría dejar de ser una preocupación
social y política en la Argentina, si se acepta la interpretación que ayer le dio a ese hecho el
ministro de la Producción, Francisco Cabrera. “En parte es una buena noticia porque quiere
decir que las empresas retuvieron su personal ante la esperanza de una reactivación
económica”, indicó el funcionario, al ser consultado sobre las miles de suspensiones que
están aplicando pequeñas y grandes empresas, establecimientos industriales y agrícolas,
comercios y fábricas a lo largo y lo ancho del país, ante el brutal descenso en sus ventas. La
curiosa interpretación fue formulada durante un encuentro con empresarios pymes que tuvo
ayer el ministro en el hotel del gremio gastronómico, pero también la formuló durante una
entrevista radial por la mañana, como para que no hubiera dudas sobre sus dichos. Según la
consultora Tendencias Económicas, que dirige José Luis Blanco, en los primeros ocho
meses del año se computaron 90.792 suspensiones. Pero sólo en el mes de agosto, los
afectados llegaban a 22.537 trabajadores. Cuando esas suspensiones, inevitablemente, se
conviertan en despidos, el afable ministro podría justificar la alegría que ello le depararía
afirmando: “Era una decisión que había tomar. Una empresa no está para ejercer el
populismo. Igual les deseo que sean felices”.

Las desafortunadas declaraciones del ministro Cabrera no fueron un hecho aislado.

Comprenden un marco ideológico, desde el cual estos siniestros personajes dan rienda
suelta a sus formas de entender la política en particular y la vida en general. Otro ejemplo,
tan o más aberrante que el mencionado, son los dichos del Ministro de Educación, el
roquista Esteban Bullrich, quien señaló que “los planes sociales (en referencia a las becas
estudiantiles) sirven para que los pibes compren balas”. En cualquier país serio, y con un
presidente decente, este hombre no podría continuar un minuto más en su cargo. Pero ello
no sucederá, simplemente porque refleja el pensamiento vivo de toda la Nueva Triple
Alianza; incluso de buena parte de su electorado. Estos vergonzosos dirigentes no salieron
de un repollo.

La vieja fórmula neoliberal, de la dirigencia política criolla, de bajar la inflación abriendo

las importaciones indiscriminadamente, a pesar de sus pésimos resultados pasados y
presentes, es lo único que se le ocurre al “mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre la
marcha”. Ahora planea eliminar los aranceles de importación de laptops y tablets. El
objetivo es que bajen los precios en el mercado interno, aunque de entrada la medida tendrá
fuerte impacto sobre el empleo en las fábricas de ensamblaje de Tierra del Fuego y en las
empresas proveedoras del continente. Las grandes firmas del sector están a la espera de una
definición, advierten que tendrán que echar trabajadores, pero su negocio no peligra porque
pueden reconvertirse hacia la importación, como ya ha comenzado a suceder en algunos
casos. Las pymes alertaron sobre los riesgos de la liberalización comercial inmediata y
calculan que podría haber 10 mil despidos. Si estos funcionarios fueran médicos,
terminarían con la enfermedad matando a los enfermos.

A la famiglia presidencial no le alcanza con apropiarse ilegalmente de mega obras públicas,

a través de licitaciones a medida o decretos de necedad e indecencia: también se quedan
con los aportes de sus trabajadores. La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos
relativos a la Seguridad Social (Ufises) denunció a la empresa Iecsa, adjudicataria de
numerosas obras públicas y vinculada al primo del presidente offshore (20), Ángelo
Garcaterra, por quedarse con 8.653.861 pesos de sus empleados entre diciembre de 2015 y
marzo de 2016. En esa misma época, la firma compró nueve autos de alta gama, lo que
revela que no tenían problemas de plata. El fiscal Gabriel de Vedia, a cargo de la Ufises,
señaló que la falta de aportes genera dos tipos de perjuicio: uno recae sobre el empleado,
que va a tener problema al momento de tramitar la jubilación (cuando tiene que probar años
de aportes), y el otro afecta al sistema de seguridad social “que verá disminuidos sus
recursos disponibles para otorgar cobertura previsional a los actuales y futuros
beneficiarios”. A pesar que esto no sorprende, no deja de asombrar. Eso es bueno: de lo
contrario lo asumiríamos con la fuerza de la costumbre.

16/10/16: Argentina siempre tuvo una clase dominante pero nunca una clase dirigente.
Desprovistas de toda idea de patriotismo, de modelo de desarrollo nacional, de autonomía
independentista o de vanguardia localista, las élites (no) nacionales siempre optaron por el
atajo que ofrecen las rentas y la especulación financiera y el alineamiento incondicional con
potencias extranjeras; en desmedro, incluso, de sus propios intereses; tal como sucede hoy
con sectores como la industria y la construcción que, abiertamente perjudicadas por el plan
económico actual, igualmente apoyan “ciegamente” el proyecto desfalcador de la gerencia
neoliberal en funciones de gobierno. Ninguna utopía colectiva los anima ni los convoca:
sólo el deseo de sentirse parte de un reducido núcleo de privilegiados está en sus
expectativas presentes y futuras. Por ello el neoliberalismo argentino es el más brutal del
mundo: ninguna de las iniciativas encabezadas por Mau y sus pandilleros, en su afán de
“volver” al mundo, puede compararse con lo que sucede en el resto del planeta. Este punto
también es distintivo a la hora de comparar la distancia que separa al modelo del gobierno
kirchnerista del que comanda el presidente offshore (20). Mientras que durante 12 años se
buscó afianzar un esquema heterodoxo, con importantes grados de autonomía nacional,
protección del mercado interno y una apuesta fuerte al desarrollo de una industria
vernácula, que terminó encontrando su techo en el sempiterno cuello de botella que implica
la restricción de divisas extranjeras; ahora también nos encontramos con otra anomalía
mundial: un gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshores, en funciones directas de
gobierno, propiciando un esquema colonial propio del siglo 19.

El mundo se desangra con un neoliberalismo criminal que va generando calamidades a

escalas estratosféricas por todo el orbe, poniendo la paz y la convivencia sana entre los
pueblos en peligro. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), que agrupa a 34 países desarrollados, observa que la economía mundial ha
ingresado en la trampa del bajo crecimiento: “La espiral no es ascendente, sino
descendente. Con caída del comercio, baja productividad, y reducción del crecimiento
global”, apunta. El FMI señala que “desde 2012, el crecimiento del volumen del comercio
mundial de bienes y servicios ha sido menos de la mitad que en las tres décadas anteriores.
Apenas se ha mantenido a la par con el PIB mundial y la desaceleración ha sido
generalizada”. La UNCTAD, la organización de la ONU que monitorea a las economías de
los llamados países en desarrollo, advierte en World Economic Situation and Prospects
2016 que el mundo está a punto de “entrar en una tercera fase de la crisis financiera y no se
pueden descartar espirales deflacionarias dañinas”. Destaca que no hay inversión en los
sectores productivos y que muchos países han aumentado la distancia con los países ricos
en relación con la década de 1980, a pesar de la apertura a los flujos de capital
multinacionales. Para indicar que “la mayor parte de esos beneficios obtenidos han salido
de los países o se han invertido en sectores no productivos como el inmobiliario o la
especulación financiera”. La crisis es tan grave que obliga a las clases dirigentes, que
regentean los países más y menos desarrollados del mundo, a tomar medidas anti cíclicas,
fuera de los manuales ortodoxos con que predican sus mentiras internacionalmente. Es
decir: los obliga a cerrar sus economías, a ponerle límites al “libre comercio”, que aquí
siempre deja sueltos a los pistoleros de mercado y encarcela a trabajadores cada vez más
acorralados por el desempleo, la inseguridad y la falta de representatividad política. A ese
mundo en crisis, el macrismo abre sus fronteras. A esas Economías recesivas, la Nueva
Triple Alianza le abre su mercado interno. A esos excedentes productivos, la gerencia
neoliberal argenta le habilita su plaza local: para que ingrese sus productos y compita
desigualmente con los productores locales y genere empleo, a otras naciones. Esta política
suicida no existe en ninguna parte del planeta: sólo este grupo de fanáticos, ávidos de
oportunidades personales y negocios familiares, pueden creer que el camino iniciado es una
salida viable. Como señala Alfredo Zaiat: “el macrismo es recibido con entusiasmo porque
en un mundo sediento de mercados para descargar excedentes de producción y para
conseguir rentas financieras fabulosas, el gobierno de Mauricio Macri ha ofrecido el
espacio económico argentino para que pueda ser capturado… No hay muchos países que en
el actual contexto económico mundial abran sus mercados sin pedir nada a cambio. La
Argentina de Macri lo hace y con fanatismo. Facilita el ingreso de bienes de Estados
Unidos, Brasil, Asia y Europa que rápidamente desplazan a la producción nacional. Si
algún intelectual orgánico del macrismo busca respuestas de las razones a la cálida
bienvenida que recibe Macri en el mundo occidental, en contraposición a la creciente
resistencia que despierta a nivel local, debe encontrarlas en esa apertura fuera de época que
está desplegando”. Ese cálido recibimiento interesado, que reciben del mundo del crimen
del guante blanco, es proporcional al nivel de rechazo que va generando en su propio
territorio. Se puede tener una clase dirigente de derecha, incluso fascista, con un brazo
político partidario que la represente, encabezando un proyecto político en clave neoliberal
con graves limitaciones de soberanía e independencia de sus Estados. Lo que no se puede
concebir es una Nación conducida por una clase parasitaria, carente de liderazgo y sin
visión estratégica propia. Lo que tampoco se puede entender, es cómo pueden creer que los
afectados por sus improntas cipayas, avasalladoras y confiscatorias, no van a terminar
rebelándose, aun careciendo de proyecto propio, contra el esquema colonial que encabeza
el presidente blindado. Si este esquema perdura en el tiempo, seguramente también hará
historia. Una triste historia.
Las dádivas miserables ofrecidas por el gobierno ni nacional ni popular a la CGT gorda,
son más tacañas de lo que aparentaban. Según la pandilla que lidera el falso pasajero de
colectivos, el bonito a jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la AUF y la
exención de ganancias del aguinaldo hasta $15.000, alcanza a más de 8 millones de
personas. Sin embargo, los detalles dados por los ministros que presentaron el anuncio el
miércoles, y su interpretación de diversos especialistas, indican que el alcance del beneficio
sería muy inferior. Varios cientos de miles de jubilados que hoy cobran el haber mínimo
podrían ser excluidos, en tanto que sólo la mitad de quienes pagan impuestos sobre los
ingresos de su trabajo estarían alcanzados por el beneficio sobre el aguinaldo. Para los
hogares que reciben la AUH se comunicó que se dará un bono (mil pesos) por familia, sin
considerar la cantidad de chicos en cada hogar, lo cual reduce el beneficio y dispersa su
impacto en el caso de familias numerosas. Si el anuncio tuvo gusto a poco, cuando se haga
la cuenta de lo que efectivamente se redistribuye se podrá apreciar que no era sólo un
problema de sabor. Si el gobierno siguiera el mismo criterio que aplicó a principios de año
cuando otorgó un bono de 400 pesos como refuerzo de haberes, excluyendo a los que
además de la mínima son pensión, los receptores de los dos beneficios quedarían excluidos
del bono de fin de año. El número de beneficiarios, en tal caso, se vería reducido a 3,5
millones. Pero hay otra cuestión pendiente de definición: los jubilados que, por el esquema
de la llamada reparación histórica, se verán beneficiados de un recálculo de sus
jubilaciones, elevando su retribución por encima de la mínima que la mayoría de ellos
recibía. En tanto la eximición del impuesto a las ganancias recae exclusivamente sobre el
medio aguinaldo hasta un monto de 15 mil pesos, y sólo podrán recibirlo quienes en
diciembre tengan un sueldo bruto no mayor de 55 mil pesos; pero sólo la mitad de ellos,
600 mil, están dentro de los que tienen un ingreso inferior al tope mencionado. En
definitiva: no son 8 millones los que recibirán las sobras humillantes que ofrecen los
confiscadores seriales, sino seis; lo que constituye una mentira más para el relato que el
macrismo está construyendo de su propio derrotero al abismo social y económico.

La CGT gorda no le da la espalda, por no decir otra cosa, sólo a sus representados
aceptando las migajas que derrama la angosta copa neoliberal: se la da a toda la ciudadanía.
Algo más de la mitad de los argentinos está de acuerdo en que se debe convocar a un paro
general y seis de cada diez piensan que lo que ofreció el gobierno es insuficiente. Más
unánime es la postura sobre los dirigentes gremiales: una inmensa mayoría afirma que no
defienden los derechos de los trabajadores. El debate sobre el paro se da en un momento en
el que hay una especie de meseta del gobierno ni nacional y popular y del Hood Robin
argentino no nacional en la opinión pública. La división casi en dos partes tiende a
consolidarse: la imagen del presidente se mantiene en unos 45 puntos, la cantidad de
opositores sigue por encima de los que se consideran oficialistas y la inseguridad se afirma
como la principal preocupación de los argentinos. Las conclusiones surgen de una amplia
encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que lidera el
sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1200 personas en todo el país,
respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. La encuesta fue
telefónica. Aunque siempre relativas y limitadas, estas encuestas son reveladoras de que el
nivel de conciencia de la mayoría de la población, en relación al grado de deterioro general
de sus condiciones generales de vida, es absolutamente desequilibrado. El vertiginoso ritmo
que la gerencia retrógrada, que regentea el Estado ya no Nacional, les da a sus políticas
confiscatorias es directamente proporcional a la tardía o nula reacción de los afectados;
quienes, escasos de referentes políticos y sociales con quienes dar batalla, parecen más un
colectivo resignado que uno enjundioso dispuesto a dar pelea. Sobre todo, si como declaró
ayer uno de los triunviros que comanda la ex central obrera, Héctor Daer, “la CGT es el
único poder real que el poder económico tiene en frente”.

La canonización del cura cordobés, José Gabriel Brochero, ofició de justificativo para la
nueva visita del presidente offshore (20) al Vaticano, aunque la ceremonia formal se
realizará hoy, junto con la de otros cuatro religiosos de distintos países. La visita estuvo
marcada por la voluntad del gobierno ni nacional ni popular de dejar en el pasado aquel frío
encuentro del pasado 27 de febrero, en el que Papa le dedicó sólo 22 minutos de su tiempo,
apenas ocho más que a la reina de Inglaterra, y un semblante de disgusto indisimulable. Si
bien el mal imitador de Freddie Mercuri esta vez tampoco logró llevarse una sonrisa, al
menos dialogaron a solas un tiempo mayor, unos 39 minutos, en los que abordaron temas
como la situación social argentina, el narcotráfico, la paz mundial y el cambio climático. El
presidente blindado hizo un esfuerzo por complacer al Papa: le llevó una obra de un artista
plástico amigo suyo y le presentó un informe con el objetivo de convencerlo de las buenas
acciones que en estos 10 meses han realizado por los pobres. La visita sólo contó con tres
fotos oficiales, ninguna de su tiempo a solas sino del encuentro posterior con la familia
ensamblada del líder de Cambiemos. Como el Vaticano no brinda información sobre el
contenido de las audiencias privadas que mantiene el Papa, los detalles corrieron por cuenta
del hombre del corazón artificial, quien se atrevió a seguir pecando en plena Santa Sede:
“Hablamos de indicadores de pobreza, de lo mucho que hay por hacer y la importancia de
la agenda de paz en el mundo”, precisó, y agregó: “También del narcotráfico”. “La
preocupación por la pobreza es compartida”, subrayó Macri, quien dijo coincidir en la
necesidad de “lograr entusiasmar, educar e incluir” a los argentinos. En ese marco, sostuvo
que el Papa “elogió fuertemente” la labor de la ministra de Destrucción Social, Carolina
Stanley, y de la gobernadora bonaerense, el hada desangelada María Eugenia Vidal, como
“dos personas muy al tanto de la pobreza y las necesidades de la gente”. En un momento se
le preguntó por los ensayos de armas ingleses en Malvinas, a lo que el frívolo “estadista”,
muy involucrado en el tema y curado de espanto con el blooper que tuvo en la ONU, se
negó a contestar y derivó a los periodistas con la canciller Malcurra. Si bien sigue siendo
más distante en comparación al trato que mantenía con Cristina Fernández u otros
mandatarios latinoamericanos, este pequeño avance fue suficiente para satisfacer al
Gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshores. Macri calificó a Francisco como “un
líder moral” suyo, dijo que le pidió que rece por él, para que Dios lo “ilumine” y lo lleve
“por el camino correcto”. Como nadie del Vaticano salió a desmentirlo, si las palabras del
habitual mentiroso son ciertas, la conclusión es que pareciera que al líder neoliberal
argentino lo recibió Bergoglio, no el Papa Francisco. El mismo que también acogió, hace
unas semanas, al otro traidor a la patria todavía suelto: Carlos Menem.

Al parecer los bolsos de López no volaban sólo traspasando los muros de los conventos:
también caían en el patio de la Fundación SUMA, la noble ONG encargada de hacer
negocios espurios con los pobres que generan las políticas neoliberales que ellos mismos
implementan. En el último escrito que le presentó al Juez Lijo, Michetti tuvo que admitir
finalmente que la Fundación SUMA recibió donaciones por más de $60.000 del Grupo
Farallón de Eduardo Gutiérrez. El asunto adquiere relevancia porque Gutiérrez es
proveedor del Estado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, además, se encuentra
procesado por sospechas de ser el testaferro del ex secretario de obras públicas José López.
La nueva declaración de Michetti contradice lo que ella misma había afirmado meses atrás.
En aquel momento, frente a las denuncias que señalaban que recibir donaciones de
proveedores del Estado representaba un conflicto de intereses, la vicepresidenta había dicho
desconocer la empresa de Eduardo Gutiérrez: “Ayer pregunté qué cuernos es Farallón”. Sin
embargo Farallón fue uno de los principales sponsors de la cena de fin de año de la
Fundación SUMA. Hay fotografías donde se ve a la vicepresidenta con la gráfica del
evento de fondo y entre los anunciantes figura Farallón. Incluso el propio Gutiérrez
confirmó su colaboración en declaraciones al diario La Nación: “Fui a la cena porque desde
la Fundación SUMA me invitaron a colaborar, como ya hicimos con muchas otras
instituciones, y le dimos el apoyo que nos pidieron”. Las declaraciones de Michetti
confirman las sospechas de que su Fundación recibía dineros de empresarios adjudicatarios
de obra pública en la CABA mientras ella era la vicejefa de gobierno y que la
“generosidad” empresarial era subsidiaria de las licitaciones y adjudicaciones directas que
estas empresas recibían del mismo gobierno neoliberal. Esta es una de las tantas formas que
toma la corrupción estructural, que están consolidando, con su doble objetivo: propiciar
negocios millonarios para las corporaciones y, al mismo tiempo, recibir los “retornos”
agradecidos de ellas, disfrazados de donaciones caritativas.

17/10/16: A un perverso no se lo distingue a simple vista. Es parte de su estrategia

mostrarse amable, gentil, incluso agradable a la mirada general. Su aspecto es el de una
persona común, “normal”. Por eso sorprende tanto cuando es descubierto. Resulta difícil de
creer, inicialmente, cuando los hechos revelan la verdadera identidad monstruosa de un ser
tan afable y perecido a uno. Si hasta en algunas oportunidades uno los invitó a su casa y
compartió momentos íntimos con ellos. En algunos casos, hasta los votan en elecciones
libres. Aplíquese esta descripción al cabal neoliberal que no sólo habita estas pampas, sino
que transita por todo el globo terráqueo sembrando calamidades que, previamente, hizo
creer que se trataban de oportunidades de progreso y bienestar para todos. Cuentan para
ello con su discurso vacío y lleno de lugares comunes que los medios dominantes se
encargarán de magnificar y expandir sin tregua día y noche. Como señala Michela
Marzano, en estos discursos, la franqueza está ausente “pues el objetivo no es crear un
espacio que permita circular la palabra, sino más bien un lugar en que los individuos sean
´convencidos´ por el discurso que oyen”. En ellos no hay comunicación, hay retórica. Una
retórica que se desplaza del terreno de la lógica al de la psicología. Su búsqueda será
siempre manipuladora y destinada a permear en la subjetividad de las personas. “¿Qué está
dispuesta a escuchar? ¿Qué podemos ´servirle’ para que pueda aceptarlo? La publicidad no
funciona de otra manera. Busca dar al espectador lo que quiere recibir…Una visión falsa
del mundo, pero tranquilizadora”, concluye la notable escritora italiana. Los ejemplos son
contundes para entenderlo. La gerencia confiscadora llegó al poder prometiendo
inversiones, auguradas a partir del clima de “confianza” que despertarían las iniciativas de
un nuevo gobierno dispuesto a “liberar” las trabas de una Economía llena de cepos. Pues
todo es mentira. Hasta ahora sólo han liberado chacales en las praderas y puesto cepo a la
verdad y a los que se atrevan a difundirlas. Las inversiones no sólo no llegan, sino que la
fuga de divisas se ha disparado de manera exponencial con la anuencia y la complicidad de
los CEOs y evasores con cuentas offshore, que también participan de ella. Según el Centro
de Estudios para el Cambio Social, la fuga y el giro de utilidades del país fue de 10.800
millones de dólares. A comparación del 2015, el aumento de la fuga de capitales fue del
104 por ciento. En cuanto a las empresas, el Centro de estudios y formación marxista
Héctor P. Agosti detalla que aumentaron un 5.681% el giro de utilidades al exterior. Los
mismos empresarios que fugan sus dineros mal habidos son los que ahora se niegan a pagar
el miserable bonito, con que el gobierno ni nacional ni popular busca pactar con la CGT
gorda, aduciendo que “no cuentan con los recursos necesarios para afrontarlo”. Por eso son
perversos. Porque no sólo mienten. La mentira no es sino el instrumento del objetivo
mayor: el lucro, la ganancia sin límites y desprovista de controles. Con un Poder Ejecutivo
facilitando estos mecanismos, de los que sus funcionarios sacan directamente réditos
personales, el Estado ex Nacional actual se parece mucho al que describía Friedrich
Nietzsche en Así Habló Zaratustra: “El Estado miente en todas las lenguas del bien y del
mal. Cuanto dice es mentira, y cuanto tiene es porque lo ha robado”.

La fuga de divisas es directamente proporcional, y va en sintonía, con el creciente

endeudamiento serial que están multiplicando Mau y sus pandilleros. Sin considerar las
colocaciones de Lebacs del BCRA, ni de bonos y letra emitidas por el tesoro nacional en el
mercado doméstico –en muchos casos asumiendo compromisos de pago en dólares–, el país
se ha endeudado en más de 30.000 millones de dólares en 6 meses. Así los dólares que
ingresan por endeudamiento externo -que recae sobre todos-, financian la salida de
capitales de un pequeño grupo, o el déficit generado por caída de la recaudación,
consecuencia de políticas de concentración de ingresos y debilitamiento del mercado
interno. Y aquí no hay impericia ni falta de conocimiento. Son políticas deliberadas que
generan consecuencias que atenderán amplificando la crisis de la que, de paso, sacarán
provecho. Nos dirán: “las deudas hay que honrarlas”, “Los compromisos asumidos…”, y
demás etcéteras que ya conocemos de memoria. Y mientras tanto el negocio de la deuda,
del que ya dimos cuenta hace unos días y que significa: apropiación de utilidades usuarias
para los banqueros y beneficios extraordinarios para sus gestores, que anidan en el propio
gobierno. Así juegan a la ruleta rusa nuestros afamados republicanos: dándose la gran
festichola mientras la Economía real se desangra y los trabajadores languidecen en una
“alegre” agonía. Si al menos le temieran al estallido. Pero no: para eso están los protocolos
de la ministra de Inseguridad, Patricia Bolsrich, dispuestos a poner orden con todas las
garantías que les dé el “estado de excepción” que se genere. ¿Y si falla? Pues allí estarán
las figuras de recambio: el informante informal de la embajada norteamericana, Sergio
Massa, y el rubio salteño, Juan Ortobey; listos para “peronizar” el modelo, si es necesario,
conservando un formato neoliberal disfrazado. Por ello ojo con alentar estallidos cuando no
se cuenta con fuerza política ni proyecto alternativo propio; porque, si todo revienta,
pueden utilizar los mismos pedacitos dispersos para armar el mismo modelo, siempre
disimulado como distinto.

El esquema fuga de divisas y utilidades-endeudamiento externo se complementa con su

tercera pata indispensable: el ajuste presupuestario. Herramienta y consecuencia, al mismo
tiempo, de un modelo que, en su desaforada búsqueda de ganancias extraordinarias, pone
en jaque al propio andamiaje que propicia. Sea por el colapso interno que generan sus fallas
intestinas, imposibles de socorrer eternamente; sea por las reacciones adversas que puedan
despertar en los directamente afectados, hoy en diáspora atónita sin conducción política.
Sólo un Estado desfinanciado deliberadamente necesita recortes de la magnitud de los
aplicados al Presupuesto 2017, con que el brazo de las corporaciones planea “ejecutar” para
toda la ciudadanía de a pie. Si ajustan salvajemente en Educación, salud y Ciencia y
Tecnología, que se podría esperar para la cartera de los Derechos humanos; de los cuales, el
falso pasajero de colectivos, piensa que son un “curro”. Pues bien: la Secretaría de
Derechos Humanos en su totalidad deberá arreglárselas con un presupuesto 15 por ciento
menor en términos nominales al que le fue destinado en 2016, y a eso habría que sumarle el
impacto de la inflación. El recorte en el programa que aseguraba a sobrevivientes y
familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad el acompañamiento jurídico para
querellar en causas y juicios es de casi un 50 por ciento. Semanas atrás, la gestión actual
había explicado a la prensa que la reducción presupuestaria se debía a “sobreestimaciones”
que encontraron en las partidas aprobadas por el kirchnerismo antes de perder la mayoría en
el Congreso, que su objetivo al llegar a la secretaría fue “transparentar” y que algunas
partidas fueron “reestructuradas”, es decir, reorganizadas en el organigrama de recursos de
la cartera dirigida por Germánico Garavano. Trabajadores y referentes de organismos de
derechos humanos lo desmienten. Las modificaciones más notorias que sufrió la estructura
de recursos tienen que ver con áreas que directamente han desaparecido de la planificación
para el año próximo. Según lo plasmado en el proyecto de ley que está en debate en el
Congreso nacional, el organismo a cargo del también offshore Claudio Avruj no transferirá
dinero alguno a municipios ni provincias, que tenían como destino la señalización de ex
centros clandestinos como sitios de la memoria. Tampoco recibirán recursos universidades
nacionales u organismos internacionales, cuyos objetivos eran la financiación de carreras de
grado y de posgrado vinculadas con los derechos humanos. En 2016, esas variables
recibieron tres millones y medio de pesos. El monto destinado a Mantenimiento, reparación
y limpieza, que cubría el estado de los sitios de memoria, recibirá 9 millones de pesos
menos el año que viene. Partidas destinadas a la compra de productos químicos y
lubricantes –utilizados por el Archivo Nacional de la Memoria– y a generar documentos
impresos, desaparecieron por completo. Los viáticos también sufrieron una abrupta
reducción: los siete millones que fueron programados para este concepto en 2016 serán
poco más de uno en 2017: el recorte aquí es de casi el 80 por ciento. Pero para que la
fanática macrista, la ocupa Laura Alonso, viaje por el país dando consejos a los CEOs para
que disimulen sus incompatibilidades éticas, crecieron más del 200 por ciento entre un año
y otro. Seguramente el dinero que faltará para estas políticas, que fueron reconocidas y
admiradas mundialmente, no escaseará para despilfarrar en las nuevas “fiestas patrias”,
para financiar los desfiles militares, con ex represores y carapintadas al frente, para
beneplácito de Cecilia Pando y demás familiares que disfrutan victoriosos con el nuevo
escenario “republicano”.

18/10/16: La ciudad más rica del país, y una de las más acaudaladas de Latinoamérica, es
también una de las más desiguales de la Nación. Según el propio gobierno porteñopasó del
17,6 al 21,1 por ciento entre el primer y el segundo trimestre del año. La Dirección de
Estadística y Censos del distrito a cargo de Horacio Rodríguez Berreta reportó un aumento
de 107 mil personas pobres, desde 537 mil entre enero y marzo a 644 mil entre abril y
junio. Es la primera medición de la pobreza que realiza el organismo, por lo que no existe
una serie que permita conocer cuántos nuevos pobres se contaron a partir de diciembre
pasado, cuando el gobierno nacional avanzó con un programa de ajuste que afectó el
salario, destruyó puestos de trabajo y generó mayor desigualdad de ingresos. La cantidad de
personas que no son pobres ni indigentes pero presentan condiciones de vida “vulnerables”
o “frágiles” alcanza a 4 de cada 10 habitantes de la ciudad. Como aquí el sucesor del
presidente offshore (20) no puede hablar tanto de la “herencia recibida”, reina el silencio en
sus esferas gubernamentales. Si esto lograron en apenas unos meses, qué se puede esperar
para dentro de dos años, plazo que el mafioso Luis Barrionuevo, de la CGT gorda, le otorgó
en gracia al gobierno ni nacional ni popular para poder evaluarlo y saber qué rumbo
definitivo tendrá su plan económico. Este es el mismo hombre que hace dos décadas afirmó
que para sacar al país adelante “había que dejar de robar por lo menos dos años”. Al
parecer, quien no aplicó para sí mismo su pedido, está dispuesto a permitir el mismo plazo,
pero para que el saqueo, multiplicado, continúe con su anuencia; ya que llamó a “sostener y
acompañar a la gestión macrista”.

Luis Barrionuevo necesita un año más para saber qué rumbo tendrá la Economía bajo la
gestión de Mau y sus pandilleros. Si echara un vistazo a los fríos números de las
estadísticas oficiales, quizá se convenza que el rumbo es clarísimo y que deberían “dejar de
robar por los menos dos años”, empezando por casa. La crisis en algunos sectores está
siendo tan dramática que algunos empresarios le pidieron a la gerencia neoliberal que tome
nota de la caída que vienen sufriendo en su producción y venta. Es el caso de los textiles,
cuyo consumo está 20 puntos por debajo de 2015 en promedio, mientras que las
importaciones continúan un 15 por ciento por encima de los valores del año pasado. Ese
combo se traduce en una caída de la actividad del orden del 25 por ciento, aunque hay
subsectores y empresas que registran bajas del 50 por ciento. La destrucción de empleo es
de al menos 20 mil puestos de trabajo, además de las suspensiones y adelanto de
vacaciones. Los textiles se quejaron además de la presión impositiva, los costos financieros
y laborales, la litigiosidad y la falta de infraestructura. Menos relevancia tuvo el pedido por
la mejora del poder adquisitivo del salario, que en definitiva explica el consumo en el
mercado interno y las ventas del sector. Pero los empresarios a tanto nunca van a llegar. Les
alcanza, por ahora, con llorar por fuera de los foros institucionales, reclamar baja de costos
laborales y seguir aplaudiendo sin entusiasmo, en los coloquios neoliberales, a quien
deberían enfrentar junto al resto de la ciudadanía que está padeciendo esta verdadera
pesadilla neoliberal. Da la sensación que, sobre esto último, sólo tienen una IDEA…

La derecha nunca es democrática y siempre es violenta. Se adorna de discursos

conciliadores y gestos democráticos, pero, en la práctica, ejercen la violencia física y
simbólica más brutal que un gobierno, formalmente democrático, pueda ejecutar sobre una
población. Y estas puestas en escenas no sólo son desmentidas por las políticas represivas
contra la protesta social o por las abiertas persecuciones y censuras, abiertas y encubiertas,
sobre todo disidente a sus aberrantes políticas públicas. También quedan refutadas por sus
recortes presupuestarios y, nada menos, que a las partidas destinadas a atender la violencia
de género. Trabajadoras de la Dirección General de la Mujer de la ciudad de Buenos Aires
presentaron hoy un presupuesto alternativo al propuesto por el Ejecutivo porteño para el
año 2017. Para que el área pueda dar respuesta a las mujeres que viven situaciones de
violencia de género de la ciudad, piden aumentar en unas 100 personas la planta de
personal, que se incremente la partida de mantenimiento edilicio y las de bienes de uso
básicos como heladeras, camas o lavarropas para los hogares y centros de atención. Silvana
Temer, delegada de SUTECBA, explica, por ejemplo, que ella coordina el Programa
Noviazgos Violentos, pero no tiene nadie a cargo para llevar adelante esta tarea de
prevención en toda la ciudad. La falta de profesionales se da también en zonas críticas
como el Centro Integral de la Mujer de Lugano, donde hay una sola abogada para asesorar
y patrocinar a las mujeres. También denunciaron que en la atención del 0800 faltan
operadoras/as. “Mientras una operadora está atendiendo a una persona por teléfono, ve
como pierde dos o tres llamadas que no puede responder. Y sabemos que esa mujer que se
animó o tuvo la posibilidad de llamar en ese momento, tal vez no pueda hacerlo más”,
contó una de las trabajadoras que prefirió reservar su nombre. La iniciativa solicita también
incrementar la partida de bienes de uso (heladeras, lavarropas, mesas, entre otros bienes
básicos). Mientras el gobierno de Rodríguez Berreta puso en este inciso 150 mil pesos para
todo el año 2017, el presupuesto de las trabajadoras plantea que se necesitan más de 3
millones. El Programa de Asistencia a las Víctimas de la Violencia, el más importante de la
DGMuj –explica el documento–, tiene este año un incremento de menos del 8 por ciento en
su presupuesto mientras que el presupuesto total de la Ciudad aumentó más del 45 por
ciento por encima del año anterior. Por otro lado, el presupuesto que el Poder Ejecutivo
envía a la Legislatura para 2017 para ese mismo programa es de apenas 86.351.914 pesos.
Estos son sólo algunos ejemplos de cómo el distrito más rico del país desfinancia sus
políticas públicas para atender la cada vez más grave problemática de violencia que sufren
las mujeres, víctimas del machismo cavernícola de los hombres y de un Estado que se
repliega, como hacen los padres ausentes.

La gerencia offshore que regentea el Estado ex Nacional, tiene la cara de acero, a pesar que
la producción de éste no para de caer. La producción de acero cayó 27,9% en septiembre
último respecto a igual mes del año pasado, al sumar 446.400 toneladas. De acuerdo a los
números de la Cámara Argentina del Acero, en la comparación con agosto también se
registró una merma: 6,2%. En el acumulado enero-septiembre de 2016, la producción fue
18,6% inferior a la de igual período del año pasado y sumó 3.078.000 millones de
toneladas. Un nuevo indicador que marca que, para el presidente blindado, la industria
nacional no es una prioridad, sino un estorbo para que sólo crezcan los garcoexportadores.

19/10/16: El aberrante Operativo “Aprender 2016”, que comenzó ayer y finalizó hoy, fue
un fracaso, al menos en Capital federal y Gran Buenos Aires; a pesar que para el ministro
de Educación, el roquista Esteban Bullrich, el mismo “fue un éxito que merecería un 10”.
En realidad, la comunidad educativa toda le dio la espalda a la iniciativa perversa que busca
ajusticiar a la Educación pública, su presupuesto, los derechos laborales de los docentes y la
calidad de enseñanza de los niños. En el nivel primario el ausentismo alcanzó el 70%, en el
nivel medio el 80% y en las Escuelas Normales un 90%. Le dijeron no al múltiplo choice,
una herramienta simplista, acotada e insuficiente para medir la calidad de conocimientos
que pueden poseer los alumnos. Le dijeron no a las preguntas intimidatorias que buscan
saber gustos, elecciones, posesiones e ingresos de los padres, vaya a saber con qué fines
abominables. Le dijeron no a la desigualdad integral que promulga una batería de
problemas e interrogantes sin diferenciación de contextos, orígenes y realidades de los
chicos. Le dijeron no al carácter “anormal” del relevamiento, que propuso al docente como
mero fiscalizador de niños que desconocían el porqué de la iniciativa y los fines a los que
está destinado. Le dijeron no al formato “examen” que obligaba a maestros concurrir a
escuelas ajenas para controlar a chicos que no conocen y a los que obligaban a no contestar
dudas o preguntas que los alumnos pudieran plantearle. Le dijeron no a lo que cualquier
hombre de bien con un mínimo de inteligencia y un poco de información puede sospechar
de iniciativas de este tipo hechas por estos tipos: que quieren obtener malos resultados y
bajos “rendimientos” para luego, como hicieron con los manipulados indicies de pobreza,
declarar el estado de “emergencia educativa” y así poder justificar, ante la opinión pública,
lo que ya tenían decidió de antemano: ajustar el presupuesto y encarar sus abyectas
reformas estructurales, con el único fin de precarizar las condiciones laborales de los
docentes, ahorrar en recursos públicos, favorecer al sector privado y profundizar las
desigualdades de los niños, sus condiciones de enseñanza, el acceso a materiales de trabajo
y reducir incentivos para permanecer y continuar estudiando. De todos modos, sea cual sea
el resultado final que terminen relevando una vez hecha la tabulación de los datos
conseguidos, los mismos serán forzados para una nueva avanzada confiscadora.

El presidente offshore (20) se la pasó semanas pidiendo a la población que ahorre energía y
que sea responsable en el consumo, sumando, a sus patéticas súplicas sobreactuadas, gestos
tan vergonzantes como hacer apagar un aire acondicionado o hacer bajar las luces en los
lugares, de por sí bastante oscuros, en donde vituperaba sus paupérrimos y falaces
argumentos para justificar los criminales tarifazos que terminaron imponiendo. Pues bien:
algo ha logrado, pero en el sentido opuesto al esperado. La producción industrial registró en
agosto una caída del 6,6 por ciento frente al mismo mes de 2015, uno de los peores
desempeños del año. De forma acumulada en ocho meses, la actividad muestra una merma
del 4,7 por ciento, según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA). El dato
de agosto es más negativo que el 5,7 por ciento de caída que había publicado el Indec. Se
deterioró particularmente la producción siderúrgica, con la peor marca desde comienzos de
2013. También cayeron fuerte papel y cartón, autos y bienes de capital. El informe
confirma la evaluación parcial que realizan sindicatos y empresas de la marcha de la
actividad y desmiente otra vez al Gobierno. El sector industrial es uno de los principales
aportantes al aumento del desempleo, jaqueado por la baja de ventas y aumento de
importaciones. En relación a julio, la industria mejoró 0,4 por ciento. El mes de septiembre
reveló una baja de la demanda de electricidad del 1,8 por ciento con respecto al año pasado,
representando uno de los consumos más bajos de 2016. El comportamiento del consumo
marcó rasgos disímiles entre aquellas demandas ligadas a la actividad económica y las
domésticas. Mientras que el uso del servicio eléctrico cayó 4 por ciento en el comercio y
5,8 por ciento en la industria, la demanda residencial mostró un crecimiento de 2,3 por
ciento. La información fue difundida por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico,
Fundelec. Vale decir: logran bajar el consumo a costa de la caída dramática en la actividad
económica, que se traduce y traducirá en cierres de fábricas, desempleos y rebajas
salariales. El hecho que, a pesar del aumento del costo de vida (y en particular del servicio
eléctrico) y de la caída de los ingresos de los usuarios, no haya mermado el consumo
doméstico, es revelador de que no había, en general, ningún despilfarro irresponsable de
parte de la ciudadanía. Este falaz argumento, mayor consumo porque el servicio era “muy
barato”, es otra de las tantas mendacidades con las que Mau y sus pandilleros buscaron
justificar sus confiscatorias iniciativas y, encima, culpando a la población por obligarlos a
tomar decisiones “impopulares”, de esas que creen que a ellos los hacen valientes.
El “mejor equipo en 50 años”, ya tenía aprendido antes de marchar cómo destruir a la
industria nacional para reconvertir el sistema productivo nacional, generar una caída
exponencial de los salarios, precarizar las condiciones de trabajo y favorecer a las
corporaciones campestres; de modo de promover el esquema agroexportador del siglo XIX,
aquél paraíso perdido que tanto añoran nuestras clases dominantes y que tanto padecían los
ciudadanos que no votaban, los trabajadores que carecían de derechos, y los peones rurales
reducidos a la servidumbre mientras sus patrones se enriquecían sin límites y paseaban por
Europa tirando manteca al techo. Tan claro tienen sus propósitos decimonónicos que
lograron en agosto una caída del 6,6 por ciento de la producción industrial frente al mismo
mes de 2015, uno de los peores desempeños del año. De forma acumulada en ocho meses,
la actividad muestra una merma del 4,7 por ciento, según el último informe de la Unión
Industrial Argentina (UIA). El dato de agosto es más negativo que el 5,7 por ciento de caída
que había publicado el Indec. Se deterioró particularmente la producción siderúrgica, con la
peor marca desde comienzos de 2013. También cayeron fuerte papel y cartón, autos y
bienes de capital. El único rubro que creció en nivel de actividad fue sustancias y productos
químicos, por los agroquímicos. El informe confirma la evaluación parcial que realizan
sindicatos y empresas de la marcha de la actividad y desmiente otra vez al Gobierno. El
sector industrial es uno de los principales aportantes al aumento del desempleo, jaqueado
por la baja de ventas y aumento de importaciones. Queda expuesto así que el discurso
mendaz del presidente blindado sobre su “obsesión “de crear empleo de calidad, es otra de
las tantas mentiras de las que está hecho el “relato” neoliberal.

No se exagera un ápice cuando se señala que la paz social y la institucionalidad de la

república están en peligro. A las persecuciones judiciales descaradas que hace la troika
gobernante contra políticos opositores, empezando por CFK, sumemos el nuevo ataque
contra el principal bastión contra la ilegalidad y la inmoralidad que anida en el corrompido
poder judicial: Alejandra Gils Carbó. Como viene ocurriendo con todas las leyes e
iniciativas aberrantes que encabeza el brazo ejecutor de las corporaciones, el macrismo no
está solo. No lo está porque necesita de la compañía de cómplices, pues no cuenta con
mayoría parlamentaria propia. Allí es donde aparecen el Frente Rejuntador y el grupo de
quebrados que encabeza Diego Bo-Bossio. Ayer Cambiemos aprobó, en sociedad con el
Frente Renovador y parte del PJ, el proyecto que acota el mandato del/la procurador/a
general a cinco años, con el objetivo de desplazar a Alejandra Gils Carbó y que permitirá
remover a casi todos los titulares de las procuradurías y unidades especializadas que ella
nombró, al poner un requisito de antigüedad como fiscal de un mínimo de cinco años, que
la mayoría no tiene. Si se aprueba, los nombramientos deberían pasar de ahora en más por
la aprobación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público
Fiscal, que operaría como control político externo. Un punto llamativo es que, en plena
protesta por la violencia machista y en la antesala de un paro de mujeres, el organigrama
propuesto dejó afuera a la Unidad especializada en Violencia contra las mujeres, que
investiga femicidios (UFEM) así como a la Dirección General de Derechos Humanos. El
Frente para la Victoria y los partidos de izquierda cuestionaron. Abuelas de Plaza de Mayo
presentó una carta de rechazo. “Se intenta avanzar en el desplazamiento de Gils Carbó ante
el fracaso de lograr su renuncia”, se quejó María Emilia Soria (FpV). La procuradora actual
asumió en un cargo vitalicio. El proyecto de reforma no aclara si los cinco años se aplican
con retroactividad. En agosto de 2017 se cumple ese tiempo desde que Gils Carbó fue
nombrada. El oficialismo decidió dejar librada esa definición a la “justicia”. Soria afirmó
que la ley en ciernes violaría la división de poderes y la autonomía del Ministerio Público
Fiscal (MPF) al dar “facultades exorbitantes a la Comisión Bicameral”. “Va a gobernar al
Ministerio Público. Fue la condición que impuso el Frente Renovador”, se sumó Rodolfo
Tailadhe. El FpV presentó, de hecho, un dictamen de rechazo. Esta ley, abiertamente
inconstitucional, debería ser rechazada, pero por el mismo poder concentrado en la
“Justicia” que la avala y promueve. De confirmarse este nuevo ataque a la institucionalidad,
la constitución y las leyes ya se podría ir calificando al gobierno actual como un gobierno
de facto.

No hace falta ninguna comparación con ningún gobierno de la historia para saber que, en
Argentina, estamos ante un gobierno que vino a saquear las arcas públicas habilitando la
mayor transferencia de ingresos, desde los sectores asalariados a las corporaciones
multinacionales, como pocas veces se ha visto, por magnitud y rapidez. Para calificar de
confiscatorias, ilegítimas, regresivas y expoliadoras a todas las iniciativas de Mau y sus
pandilleros, tampoco hace falta defender ningún gobierno pasado. Lo son per sé. Ninguna
“herencia” explica, y mucho menos justifica, las medidas avasallantes que ha tomado la
gerencia neoliberal que se apoderó del Estado ex Nacional para, encima, articular
aceitadamente dicha transferencia con los privilegios de los que se apoderaron sus
funcionarios. Son condenables y repudiables en cualquier contexto y en cualquier lugar. Ni
siquiera son originales: componen el recetario más reaccionario y recargado que impulsan y
promueven todas estas alianzas perversas, disfrazadas de ideología política, que pululan por
el mundo. En algunos casos hasta sus personeros se repiten en los elencos ministeriales que
encabezaban sus cruzadas anti populares. Las comparaciones, en realidad, sirven sólo de
referencia para tomar conciencia de la magnitud criminal que tienen, integralmente, todas
sus propuestas. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) pasó revista a cómo les
fue a los salarios de trece convenios colectivos en la carrera contra los precios, en el lapso
de los últimos dos años. Aunque con resultados diferentes en cada gremio, sobresalen dos
datos en el panorama general. Con las negociaciones de 2015, realizadas sobre el final del
gobierno kirchnerista, todos iban encaminados a ganar, en promedio, 3 puntos por encima
de la inflación; con la devaluación, la suba de los precios y el tarifazo terminaron 10 puntos
por debajo de esa expectativa. El segundo dato es que, con las paritarias de 2016, la mitad
de los acuerdos quedarán entre 5 y 6 puntos a la baja, y esto sólo en el caso de que se
cumpla la previsión del equipo económico de Cambiemos de contener, en los meses que
vienen, el costo de la vida. Allí están los datos para desnudar las mentiras. Allí están las
estadísticas para confirmar los engaños. Allí está la realidad para resignificar lo dicho en
campaña electoral: son de temer. Dan miedo por su impunidad; por su inagotable capacidad
para estafar; por su inescrupulosidad para enriquecerse ilegalmente; por su cinismo para
agredir y perseguir a sus oponentes; y por su inmoralidad para justificar, cuando no negar,
los avasallamientos que perpetran. No está mal tenerles miedo. Lo que sería imperdonable
es no enfrentar esos miedos. Como decía Norman Mailer: “Nuestra fuerza sólo se puede
medir por los miedos que vencemos”.

El gobierno ni nacional ni popular confirmó otra mentira dicha en campaña electoral: van a
sacar “Fútbol para todos”. Hace unos meses, cuando el Gobierno de CEOs y evasores con
cuentas offshore decidía meter su cabeza de lleno en la podredumbre de la AFA, asignando
a dedo una Comisión Normalizadora dirigida por el leal Armando Pérez, también se
deslizaba la idea de que a partir del 2017 el Estado dejaría de aportar los 1850 millones de
pesos del programa Fútbol para Todos. Aseguraban también que, si el negocio de la
televisación pasaba otra vez a manos privadas, el Estado encontraría una “figura legal” para
permitir mantener la actual, donde no haya un cobro adicional por ver los partidos. En
medio del clima de conflicto que vuelve a atravesar a la AFA, y que está relacionado con la
inoperancia de la Comisión Normalizadora que, como dicen los dirigentes de los clubes a
los cuatro vientos, “no gestiona en lo más mínimo” y en medio del pedido para que se elijan
democráticamente nuevas autoridades para que, con la legitimidad que dan los votos,
puedan comenzar a gestionar el futuro del organismo, la gerencia neoliberal aprovechó la
ocasión para herir de muerte lo que aseguraba iba a sostener “a pesar de todo”. Así fue que
ayer decidió romper unilateralmente a fin de año el contrato con la AFA, lo que hará que
los clubes dejen de recibir el dinero del Estado; independientemente de los acuerdos,
todavía no concretados y que difícilmente se puedan lograr en este clima de inestabilidad
institucional, con ofertantes del sector privado. Durante todo el año se dio una puja entre
los dirigentes del fútbol con la AFA que los nuclea y con el gobierno que los ninguneaba,
por el reclamo de un aumento de lo abonado por el Estado que nunca llegó a concretarse.
Incluso la demora de los pagos provocó el paro de los clubes de la B Nacional en el inicio
del torneo. El caballito de batalla del Gobierno del presidente offshore (20), para poder
retirarse en forma definitiva del fútbol, tras lo cual su televisación dejará de ser gratuita y
un derecho, es la “corrupción en los clubes”. Hasta a eso se han atrevido. “Deberían
devolver el dinero para que se transparente todo”, es la idea que ahora vocifera este
conjunto de malandras que se desdicen de sus dichos de un día para otro. En unos meses,
los clubes, ya no tendrán nada para devolver y el deporte más popular de Argentina
naufragará en sus conflictos en medio de una pelea intestina por ocupar el sillón de la AFA,
tan anti democrática y despiadada como lo es el Gobierno que encabeza el Hood Robin
argentino no Nacional. Son tan brutales y despiadados que superaron, en su mezquindad,
arrogancia y autoritarismo, al Imperio Romano, que, al menos, daba “pan y circo” a sus
esquilmados vasallos. Aquí ya no habrá pan y el circo, carente de gracia, lo continuarán
dando todo el día y a toda hora los funcionarios gubernamentales con sus declaraciones
escandalosas y sus gestos sobreactuados. Eso sí, gratis para todos y todas.

20/10/16: Lo hayan votado o no, lo apoyen o lo combatan abiertamente por su gestión

neoliberal al frente de un gobierno que ha estafado al electorado en las últimas elecciones,
Mauricio Macri debería avergonzar a todos los argentinos del mundo. La Dirección General
de Ingresos de Panamá escrachó a Kagemusha SA por no haber pagado los impuestos. La
offshore del hombre del corazón artificial figura en un listado de casi 300.000 empresas
morosas, lo que se suma a la evidencia de que aún se mantiene activa. Asediados por el
escándalo internacional de los Panamá Papers, el gobierno centroamericano le soltó la
mano a las compañías que no abonaron el tributo de tasa única por 10 años consecutivos y
decidió difundir los nombres de las 290.534. Esto evidencia poco o nulo interés y
herramientas para recaudar y controlar, en tanto que el negocio de las offshores moviliza
gran parte de su economía. Kagemusha SA figura en el puesto 150.613 de las corporaciones
escrachadas. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Kagemusha, el equivalente al
CUIT argentino, es el 5978-33-71446. Se la puede encontrar en el tomo 13 del anexo a la
resolución 201-2066 de la DGI, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas
panameño. La publicación está fechada en el 18 de abril, lleva la firma del director general
de ingresos Publio Ricardo Cortés y la certificación se realizó al día siguiente. Las
compañías que se encuentran en el listado en la Gaceta Oficial cuentan con tres años para
normalizar su situación. Se trata en un 99% de sociedades anónimas, como Kagemusha,
que no pagaron el canon anual desde 2006. Las corporaciones que no se regularicen serán
retiradas definitivamente del Registro Público, "teniéndose por disuelta, con todos los
efectos jurídicos que conlleva", reza la decisión administrativa ministerial. ¿Cuántos
habitantes del mundo se estarán preguntando cómo este hombre sigue siendo presidente en
Argentina? ¿Cuántos hombres y mujeres de bien, que pueblan el planeta, se estarán
interrogando cómo el Parlamento argentino no hace nada al respecto? ¿Cuántos ciudadanos,
que también sufren las políticas confiscatorias neoliberales, se estarán cuestionando cómo
un puñado de millonarios puede mantener sometido a un planeta entero, condenando a las
mayorías al hambre, la privación y la pobreza extrema? ¿Cuántos están dispuestos a
replantearse el rol que cumplen, la actitud que tienen, la indiferencia que portan y la desidia
que manifiestan, para que estas cosas sigan sucediendo a la vista de todos con total
impudicia?

El deshonroso Congreso ya no Nacional sumó más ignominia a su larga lista de actitudes

deleznables que viene cometiendo a diario. Ayer, con el apoyo del massismo y otros
aliados, el oficialismo impuso en una ajustada votación su postura de no suspender la
sesión para adherirse al paro de una hora de las mujeres contra la violencia machista. El
brazo ejecutor de las corporaciones, en alianza con el Frente Rejuntador, impuso en una
ajustada votación (110 votos en contra del paro, 105 a favor y 1 abstención) su postura de
seguir sesionando. Fue entonces cuando el bloque del Frente para la Victoria (FpV), el
Peronismo para la Victoria (PpV), el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Libres
del Sur (LdS) y solo las diputadas del Bloque Justicialista (BJ), abandonaron el recinto,
salieron fuera del Congreso y por unos minutos cortaron la avenida Rivadavia, tras lo cual
se reagruparon en el salón de los Pasos Perdidos y una vez finalizado el paro, a las 15,
volvieron a sus bancas. Cambiemos, el massismo y un puñado de bloques más chicos
hicieron un minuto de silencio. Hasta en esto ajustan: reduciendo su solidaridad con las
víctimas, de la que ellos también son responsables, a 60 segundos sin decir mentiras, sin
insultar a opositores, sin proponer proyectos confiscatorios, sin buscar aprobar el “voto
electrónico” con el que buscan fraguar las elecciones nunca más libres. Durante ese minuto
vergonzante tres mujeres, en algún punto del país, estaban llamando al 911 pidiendo ayuda,
solicitando socorro a la machista policía que prolifera por todo el territorio argentino.
Durante ese minuto, tres mujeres eran brutalmente atacadas con ese silencio “congresal”
como cómplice directo, disfrazado de mutismo acongojado.

La CGT gorda ya no sabe cómo justificar su complicidad con el ataque brutal contra la
clase trabajadora que (mal) representa. El primer encuentro del Diálogo para la Producción
y el Trabajo, convocado por el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore, terminó
con poco acordado. El mayor compromiso al que se llegó entre empresarios y la CGT gorda
fue que van a negociar por sector un bono que tendría como “referencia base” dos mil
pesos. Se apuraron a aclarar que no será obligatorio pagarlo. El Gobierno de ricos para
ricos declinó la posibilidad de que las Pymes recibieran exenciones impositivas por pagar el
bono. Indicó que “en los próximos días” se definirá el monto del bono para los estatales
nacionales y advirtió que tampoco las provincias se verán obligadas a seguir ese camino.
Tras el encuentro, los funcionarios, sindicalistas y empresarios firmaron un acta, que en sus
primeros párrafos dice que “el proceso de ordenamiento de la economía nacional ha
generado un contexto favorable para profundizar el fomento de creación de empleo”. No
hubo alusión, en tanto, a los más de 100 mil puestos de trabajo perdidos ni a la ley anti
despidos, impulsada por las centrales sindicales y vetada por el presidente offshore (20). La
industria, los empresarios textiles y la Cámara de Comercio, ya adelantaron que “no están
en condiciones de pagar el bono”. Lo mismo sostuvieron casi todos los gobiernos
provinciales, encabezados por el Hada desangelada María E. Vidal, para quien la provincia
“está quebrada y por lo tanto imposibilitada de afrontar este gasto”. La suerte de esta acta-
acuerdo será la misma que la suscribieron, los mismos participantes, cuando “pactaron”
suspender por 90 días los despidos: de incumplimiento efectivo.

Los criminales tarifazos del gas, aplicados por la gerencia neoliberal que asaltó al Estado ya
no Nacional, se definieron y empezaron a llegar con fuertes aumentos. Un hogar que antes
del aumento pagaba 50 pesos por bimestre ahora pagará en promedio 174 pesos; el que
abonaba 85 pesos pasará a afrontar una boleta bimestral de 317 pesos, mientras que la
factura de 109 pesos sube a un promedio de 396 pesos. En todos los casos, bajo el supuesto
de que se mantiene constante el nivel de consumo de gas. Una pequeña empresa sin
utilización intensiva del gas pasará de pagar 833 pesos a 3452, mientras que para una
compañía de mayor porte el incremento promedio en el servicio es de 12.110 pesos a
53.472. Esos son algunos de los números que dejó la saga del aumento tarifario del gas. El
nuevo capítulo tiene fecha de estreno en abril de 2017, cuando el gobierno ni nacional ni
popular comience la aplicación de una nueva ronda de aumentos semestrales para continuar
con el plan de eliminación de subsidios a los servicios públicos. El objetivo final de Mau y
sus pandilleros se lograría en octubre de 2019, cuando el usuario afronte plenamente el
valor del servicio. Salvo en los usuarios residenciales de mayor nivel de consumo, en todos
los casos la tarifa social actual es más cara que la tarifa regular anterior. Ni ruidazos, ni
frazadazos, ni marchas, ni protestas callejeras terminaron por amilanar la cruzada
confiscadora del presidente blindado. Mientras la gente continúa enfurecida y pergeñando
alternativas de queja ante este atropello institucionalizado, habrá que ir pensando en un
“votazo” para el año que viene, para intentar poner frenos a la maquinaria avasalladora
neoliberal. Para ello habrá que contar con candidatos a quién votar y estar atentos a las
andanzas del “voto electrónico”, la trampa electoral que prepara la cuadrilla saqueadora que
anida en el Poder Ejecutivo ya no Nacional, agotadas las mendaces estrategias marketineras
salidas de la chistera del siniestro Jaime Durán Barba.

Mientras el infame ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, sigue afirmando

que la Economía está dando señales de reactivación, el siempre sospechoso Indec lo
desmiente con números categóricos. El organismo oficial informó ayer que la facturación
de los supermercados se ubicó en 24.237 millones de pesos, al disminuir 3,6 por ciento
respecto de julio (la mayor baja del año contra el mes anterior, por arriba de febrero que
había sido de -2,8) y aumentar al 21,2 por ciento respecto del mismo mes del año pasado,
una cifra muy por debajo de la inflación interanual del 45 por ciento, según la estimación
de la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires. La facturación de
los centros de compra marcó 4252 millones de pesos, al retroceder 17,9 por ciento respecto
de julio (también la peor baja del año) y aumentó 12,6 por ciento en relación con igual mes
de 2015, más de 30 puntos por debajo de la inflación. Las sucursales de ventas minoristas,
ante la baja de los negocios, recortaron personal. Desempleo, pérdida de salario real y una
política de ajuste del gasto público provocaron el fuerte retroceso en las cantidades de
bienes consumidos por la población en 2016. Triste realidad que tendría remedio: con
políticas antagónicas a las aplicadas por la banda neoliberal que asaltó al Estado ya no
Nacional.

Los casos que demuestran cómo la banda neoliberal, en funciones de gobierno, logra
compatibilizar la corrupción estructural que están ampliando y consolidando con los
beneficios personales que van acumulando gracias a ella, siguen proliferando. El estudio de
Juan Félix Marteau, quien está a cargo de la Coordinación Nacional para el Combate del
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, ofrece a sus clientes asesoramiento
para adherirse a la Ley 27.260, que establece "un sistema voluntario y excepcional" -como
aclara el flyer enviado por el buffete de abogados- para blanquear el dinero no declarado.
Lo que proponen los hombres de Marteau es sumarse a la cruzada macrista "cumpliendo
con las normas antilavado", que debe controlar la Unidad de Información Financiera, donde
el fundador de ese mega-estudio colocó varias "fichas" y logra controlar sus movimientos.
"Tal como establece la Ley Nº 27.260, es un sistema voluntario y excepcional de
exteriorización de tenencias no declaradas de moneda nacional y/o extranjera y de otros
bienes en el país y/o en el exterior. Se podrá adherir al blanqueo hasta el 31 de marzo de
2017 inclusive. Adhiérase al blanqueo cumpliendo con las normas antilavado. Consulte a
nuestros especialistas", propone el flyer que se distribuyó ayer por mail a sus clientes y que
se desplegaba en forma de publicidad de tipo pop up ni bien se ingresaba a la página web
de Marteau abogados. Un ejemplo más para demostrar que, con total impunidad, se atreven
a todo.

21/10/16: El acuerdo infame que firmó la CGT gorda con el gobierno de CEOs y evasores
con cuentas offshore y algunos empresarios, la pandilla gerencial afirma muy suelta de
cuerpo que compensa la confiscación aplicada a los salarios durante estos 10 meses. El
ministro de Desempleo, Jorge Triaca, estimó que con el bonito “extraordinario” de fin de
año de dos mil pesos, que no obliga a nadie a pagarlo, “los trabajadores que se vieron
afectados durante el primer semestre, hoy se ven compensados”, lo cual, a su criterio,
“permitirá arrancar 2017 con una inflación más controlada y que la paritaria no lleve el
arrastre de la inflación anterior”. De este modo el brazo ejecutor de las corporaciones
considera las pérdidas de poder adquisitivo provocadas por la disparada inflacionaria de
este año. “Teniendo en cuenta que el promedio de la negociación paritaria salarial fue del
34 por ciento, habilitamos que se negocie con las partes con una base de referencia de 2000
pesos”, explicó Triaca la posición oficial en una entrevista radial. Sin embargo, la
“reparación” de la pérdida de poder adquisitivo que debería realizarse en diciembre, con
una suma fija por única vez, necesitaría el otorgamiento de una cifra varias veces mayor a
la propuesta. Un estudio que acaba de divulgar el Centro de Economía Política Argentina
(CEPA) muestra que en el gremio metalúrgico, por ejemplo, el bono a diciembre para
“empatar” la pérdida del poder adquisitivo del corriente año debería ser de 14.867,60 pesos,
es decir casi siete veces y media el bono propuesto. En el caso de los gastronómicos, un
bono con igual fin debería sumar 13.435,71 pesos, y para los empleados de Comercio, a
12.975,08, tomando en cuenta en cada caso el impacto de la disparada inflacionaria a partir
de la devaluación de diciembre de 2015, que afectó dos períodos paritarios: 2015/ 2016 y
2016/2017. ¿Dónde están el gremialista Hugo Moyano y sus hijos que hacían marchas y
paros porque un 10 % de los trabajadores pagaban impuesto a las ganancias?, firmando el
acuerdo. ¿Dónde está la caterva de sindicalistas empresariales que hacían discursos
incendiarios hasta hace 10 meses porque, según ellos, no había paritarias libres?, pidiendo
tiempo al gobierno macrista. ¿Dónde están los traidores al movimiento obrero que
inauguraban estatuas del General Perón junto al presidente offshore (20) en plena campaña
electoral?, contando el dinero sucio de las obras sociales. Cambiemos no está solo, aunque
esté cada vez más aislado. Tiene compañía “calificada” para continuar expropiando
derechos, avasallando instituciones y persiguiendo opositores mediática y judicialmente.

La deshonrosa Cámara de Diputados dio media sanción en la madrugada de ayer a la

reforma electoral que incorpora la boleta electrónica y la paridad de género. Pero no
consiguió aprobar el cambio en las PASO para que los electores voten en una sola interna.
La alianza neoliberal Cambiemos, con el respaldo del massista Frente Rejuntador y el
Bloque Justicialista de Bo-Bossio, logró darle media sanción en Diputados al proyecto de
reforma electoral del Gobierno que busca implementar la Boleta Única Electrónica (BUE)
en todo el país en las elecciones legislativas del año próximo y que incluyó –como reclamo
transversal de todos los bloques partidarios– la paridad de género en las listas de
candidatos. Pero el brazo ejecutor de las corporaciones fracasó en su intento de imponer el
corralito a las PASO, donde proponía que los electores tendrían que optar por participar de
una sola interna partidaria. Mientras el grueso la población dormía, a las dos de la
madrugada del jueves, Cambiemos confirmó en el recinto la cosecha de voluntades
necesarias para aprobar la reforma electoral con su objetivo de máxima: imponer la BUE en
las legislativas de 2017. El triunfo fue con 152 votos a favor, 75 en contra y 3 abstenciones.
El oficialismo, que esgrimió el “robo de boletas” como principal argumento contra el voto
de papel –con el que, sin embargo, por desgracia nuestra llegó al Gobierno– y logró
arrastrar detrás de su propuesta al massismo, el BJ y al interbloque Progresista (PS, LdS y
GEN), además de partidos provinciales como el neuquino MPN o el santiagueño Frente
Cívico y los puntanos de Compromiso Federal, entre otros bloques menores. En la vereda
de enfrente se ubicaron el Frente para la Victoria (FpV), el Peronismo para la Victoria
(Movimiento Evita), el Frente de Izquierda (FIT) y mono bloques como Proyecto Sur, el
Partido Solidario de Carlos Heller y Cultura, Educación y Trabajo de Omar Plaini, entre
otros. Las tres abstenciones fueron de los misioneros del Frente de la Concordia. Desde la
oposición no cesaron los cuestionamientos. “Con el voto electrónico hay más posibilidades
de hacer fraude, hay facilidades tremendas. No da ninguna garantía”, dijo el jefe del bloque
del FpV, Héctor Recalde. Sin embargo, el FpV solo votó a favor de la paridad de género, el
artículo de la reforma que más votos cosechó: 214 diputados a favor y solo 4 abstenciones.
Ahora vendrá la batalla del oficialismo en el Senado, donde el mismo miércoles los
senadores le dieron media sanción a su propio proyecto de paridad de género por fuera de la
reforma electoral que votó la Cámara baja. Al tiempo que un sector del FpV presentó un
proyecto de voto con pantalla electrónica, pero que incorpora un soporte de papel para el
conteo manual de los votos, desechando el conteo y la transmisión electrónica de los
cómputos. Un desafío que Cambiemos deberá enfrentar contrarreloj para poder
implementar la reforma en 2017. A riesgo de ser repetitivo: Cambiemos es sólo la cabeza
visible del partido del ajuste. Este es un frente mucho más amplio que incluye, además de
las fuerzas políticas ya mencionadas, el nido de víboras que integra la corporación judicial
y los bastiones que sostienen este andamiaje con toda su maquinaria las 24 horas de todos
los días del año: los medios hegemónicos de comunicación. Sin la prensa canalla no
alcanzarían 100 Duranes Barbas para manipular datos, tergiversar información y difamar
opositores como sí logra hacerlo el Grupo Clarín y sus satélites con tan invaluable eficacia.
Nunca hay que olvidarlo: los Mass Media son el eje vertebrador de esta Alianza que
defienden y protegen porque la integran, pues ellos son parte ejecutora de ese brazo
criminal de las corporaciones.

La triste realidad sigue desmintiendo los pronósticos falsamente optimistas de los gerentes
neoliberales en funciones ministeriales. Pese a que para el gobierno ni nacional ni popular
la inflación es un tema superado, la canasta básica de alimentos se encareció en septiembre
un 2,2 por ciento respecto del mes anterior, con lo cual una familia tipo de cuatro
integrantes (dos mayores y dos niños) requirió de 5287,67 pesos para no ser indigente,
según cifras del Indec publicadas ayer. Entre abril -mes en que el organismo volvió a
difundir este relevamiento- y septiembre la canasta de alimentos aumentó 12,9 por ciento,
mientras que en ese lapso la canasta total trepó 11,6 por ciento. Esta variación no toma en
cuenta los meses de mayor incremento de precios, los cuales se concentraron entre
diciembre y el primer trimestre de este año, producto de la devaluación y la quita de
retenciones. La canasta básica total se encareció 1,2 por ciento respecto a agosto y se ubicó
en 12.637,53 pesos, debajo de lo cual una familia es considerada pobre, según el organismo
oficial. Estos datos también desmienten al ministro de Desempleo, Jorge Triaca: ningún
bonito optativo de $2.000 compensa el desfalco que han perpetrado contra los salarios. Lo
sabe cómo lo saben los empresarios sindicales, para quienes, sin embargo, el apócrifo
nuevo acuerdo firmado “desactiva” cualquier iniciativa de paro. Como si alguna vez
hubiese sido una posibilidad cierta…

El cansancio moral y la indignación más profunda empiezan a invadir a quienes sienten el

avasallamiento institucional diario que cometen Mau y sus pandilleros con total impunidad
y el respaldo de gran parte de la oposición política. Lo poco de lo bueno que anida en los
oscuros pasillos tribunalicios, la cruzada neoliberal lo quiere “limpiar”, acorralar, desterrar
a como dé lugar. Algunos resisten, como Gils Carbó. Otros capitulan, como el juez
Rozanski. Éste, quien enfrentaba el inicio de un proceso de juicio político por supuesto
maltrato laboral, renunció ayer ante el ministerio de Justicia. El Ejecutivo tiene la
atribución de aceptar su dimisión o habilitar la continuidad del jury. El abogado del juez,
Eduardo Barcesat, aseguró que el Gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore hizo
lugar a su renuncia. Rozanski, quien condenó a los represores Miguel Etechocaltz y al
capellán Christian Von Wernich, había denunciado “persecución política” por parte del
Consejo de la Magistratura con el objetivo de obstaculizar la continuidad de los juicios por
delitos de lesa humanidad. La denuncia original contra el magistrado se remonta a 2009 y
fue presentada por el titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, (UEJN), el
patronal Julio Piumato. En 2011, el enfrentamiento entre el magistrado y el sindicalista
empresarial había tenido un nuevo chispazo mediático. Rozanski lo acusó de encabezar una
“operación de desgaste y persecución” y Piumato insistió con que “hace tres años que
venimos intentando que cese su acción persecutoria sobre los empleados del tribunal”.
Durante años, el expediente dio vueltas sin definiciones. Ayer, la comisión de Disciplina
del Consejo había entrado en la etapa de prueba. La semana pasada, Rozanski había
denunciado penalmente a los integrantes de esa comisión: los representantes de los
abogados porteños Adriana Donado; de los magistrados Luis María Cabral y Leónidas
Moldes; del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques; de los legisladores oficialistas Ángel
Rozas, Gustavo Valdés y Pablo Tonelli, y al representante académico Jorge Candis, además
del secretario administrativo del cuerpo, Andrés Leandro García. El magistrado advirtió
sobre la violación de los tiempos procesales para su defensa y sobre la intencionalidad
política de las acusaciones en su contra. A fines de setiembre, Rozanski había pedido la
desestimación de la causa en su contra y había denunciado “la tentativa de resurrección
procesal” de su causa a partir de nuevas denuncias de Piumato y sus pares de La Plata por
“maltrato laboral”. El juez documentó el planteo con escritos y fotografías de “una
persecución” montada en su contra a través de “periodistas inescrupulosos al servicio de
intereses espurios de medios de comunicación hegemónicos”, en referencia a un programa
de Canal 13 del 24 de julio, en el que “anunciaron que el Poder Ejecutivo Nacional había
‘decidido echar’ a tres jueces antes de fin de año y que tenía los nueve votos necesarios en
el Consejo de la Magistratura”. En el informe señalaban y se mofaban de los jueces
Rozanski, Daniel Rafecas y Eduardo Freiler. Barcesat informó que el juez decidió
“acogerse al régimen jubilatorio, porque ya cuenta con los años necesarios de edad y
servicio” y aclaró que con su retiro la denuncia en contra de Rozanski “se volverá
abstracta”, cosa que no sucederá con la denuncia penal que hizo el magistrado contra los
integrantes de la Comisión de Disciplina del Consejo, por “resucitar” la denuncia de
Piumato, a la que consideró “prescripta y archivada”. Esta es la manera con que atropella
los restos de dignidad que habitan en el putrefacto poder judicial Mau y sus pandilleros. Y
es que cuanto más lejos están de la gente más cerca necesita estar de los grupos
concentrados, a los que recurre como parte integrante de los mismos y no como mero
representante de ellos. La soledad que van acentuando los fuerza a agruparse, los obliga a
abroquelarse, a formar un núcleo homogéneo sin fisuras, que cubra todos los frentes desde
donde disparar y defenderse de la población que los repudia. Es lo que no hacen los
sectores opositores, políticamente dispersos, sin rumbo ni proyecto alternativo consistente
para enfrentarlos. La oposición social, ciudadana y sindical (que integra la CTA), no está
alcanzando para, al menos, hacer retroceder sustancialmente las embestidas confiscatorias
de la Nueva Triple Alianza. Falta la fuerza política, esa que articula personas y proyectos
en función de una alternativa superadora. Sin esa representatividad política no se ganan
elecciones ni se conquistan otros foros institucionales desde donde dar pelea con una
consolidada mayoría.

Quizá porque ya no haya motivos para reír, el brazo ejecutor de las corporaciones, a través
del Ministerio de Insalubridad Pública, puso fin al Programa Nacional "Argentina Sonríe",
destinado a combatir enfermedades bucodentales. En una resolución del ministro de
Insalubridad Pública, Jorge Lemus, publicada en el Boletín Oficial, se indicó que el
programa creado en diciembre de 2014 "no alcanzó a dar cumplimiento con las políticas
públicas de salud establecidas al momento de su creación, ya que no fue dirigido a las
poblaciones vulnerables, habiéndose desarrollado en provincias con un bajo índice de
infecciones bucales y alta cobertura de la salud”. Además, en la norma se argumentó que
"la falta de continuidad de operativos durante un año le permitió al Programa Nacional
Argentina Sonríe sólo llegar a tres provincias de las veintitrés que conforman el territorio
argentino". Si fuera cierto, entonces, en lugar de aplicarlo como corresponde, con la
cobertura necesaria a los sectores que lo requieran, lo eliminan lisa y llanamente. Es la
misma lógica que aplicaron con la ola de despidos de empleados del Estado, utilizada por el
oficial Lonardi; para quien los eyectados tenían “empleos precarizados”. Así de cínicos, así
de brutales, así de neoliberales.
22/10/16: Uno no deja de asombrarse de la capacidad de penetración que tiene discurso
mediático para permear en las conciencias de sus seguidores. Su machacar constante, su
vulgar utilización del sentido común, su construcción mendaz de opiniones basadas en
datos falsos e informaciones tergiversadas u ocultadas deliberadamente, hacen del producto
que terminan imponiendo un éxito insuperable. La cadena de mentiras y difamaciones no
sólo la replican sus 300 repetidoras todo el día: los propios lectores, oyentes y televidentes
que los siguen fanáticamente, se encargan de difundir, con su propia carga emotiva
sobredesinformada, los “mensajes” del gran hermano mediático. David Cufré, en Página/12
de hoy, da un buen ejemplo de cómo se puede trabajar el sentido común instalando una idea
mientras se omiten datos e informaciones que harían repensarla o incluso desecharla.
“Fútbol para Todos le insume al Estado unos 120 millones de dólares al año, el 0,4 por
ciento de los 32.000 millones de dólares de deuda externa emitidos durante el gobierno de
Mauricio Macri. ¿No había posibilidad fiscal de destinar el 0,4 por ciento de ese gigantesco
endeudamiento a la transmisión gratuita del deporte nacional, que miran cada semana
millones de personas? Resulta evidente que no se trata de un problema fiscal, sino de cómo
se asignan los recursos, de cuáles son las prioridades de gestión, de cómo se reparten los
negocios. Es un factor ausente en el debate económico de estos días, pese a su centralidad
para explicar una crisis que no encuentra piso. En televisión se transmiten informes
especiales sobre el costo para la Argentina de dar educación universitaria a estudiantes
extranjeros, mientras ejércitos de elefantes pasan detrás de las cámaras. En agosto unas 650
mil personas se beneficiaron de la eliminación de los controles a la compra de divisas, la
finalización del “maldito cepo”. Una pequeña proporción de la población compró 23.000
millones de dólares entre enero y ese mes. Pero la obsesión del periodismo oficialista es el
0,1 por ciento de esa cifra invertida por el Estado en estudiantes extranjeros, unos 360
millones de pesos, de acuerdo a su versión, 23 millones de dólares al cambio de ayer”,
señala lúcidamente el periodista. Los recursos que el Estado cooptado por las corporaciones
destina a tapar los agujeros fiscales que producen sus políticas expoliadoras del tesoro
público, se traducen en recortes brutales del presupuesto nacional, asumidos con
“naturalidad” por la población, luego del trabajo “sucio” hecho por la prensa canalla. Gran
parte de la ciudanía ya no verá fútbol, ni reirá porque no tiene dientes, se quedará sin
ciencia ni tecnología, sin planes sociales a mujeres embarazadas y gente en situación de
calle, sin planes de apoyo a pymes, sin becas a estudiantes, sin pensiones a discapacitados y
sin subsidios a los servicios públicos. ¿Cómo un Estado va a solventar todo ese “gasto”
improductivo a costillas del “bolsillo de la gente”?, repiten sin descanso los medios
hegemónicos todo el día. No fundamentan su oposición al Estado “benefactor” por la falta
de recursos que dispone. Lo editorializan como una posición tomada per sé, sin crisis que
obligue a reducir o ajustar presupuestos. Para ellos el Estado está para otra cosa sea cual sea
el contexto. El problema es que no sólo no lo dicen abiertamente y que lo disfrazan
articulando su posición con los prejuicios previos construidos con y por la ciudadanía: es
que ocultan lo que hace ese Estado mientras se desentiende de lo que ya no serían sus
“obligaciones” fundacionales sino, según ellos, asistencialismo corrupto que hace caja con
la política, compra votos y conciencias y derrocha recursos públicos. No informan. No
hablan de la deuda. Prácticamente ni se toman el trabajo de justificar el porqué de tanto
empréstito internacional por parte de Ministerio de Hacienda que no ha acertado un solo
pronóstico desde que tomó funciones su nuevo titular, el evasor Alfonso. Así marcha la
república, herida con riesgo de vida y con el peligro de que si muere, aquí no será noticia.
Ahora vienen por las ART. Mientras intentan imponer una nueva ley flexibilizadora en las
relaciones laborales, la pandilla neoliberal también quiere bajar(se) los costos reduciendo al
mínimo futuros juicios de sus empleados por accidentes de trabajo. El gobierno ni nacional
ni popular envió al Senado un proyecto de ley complementaria al régimen de las
aseguradoras de riesgos de trabajo que incorpora, como elemento central, la intervención de
las comisiones médicas jurisdiccionales. Con el explícito objetivo de reducir la capacidad
de iniciar juicios laborales por parte de los empleados, la norma les otorga a dichas
comisiones médicas la condición de ser la “instancia previa, de carácter obligatorio y
excluyente de toda otra intervención, a los efectos de determinar los grados de incapacidad,
prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo”. Para
los especialistas en legislación laboral, estas modificaciones no sólo limitan la posibilidad
de defensa de sus derechos por parte de los trabajadores, sino que, además, desconoce “la
amplísima jurisprudencia de la Corte Suprema” en la materia y legisla exclusivamente en
favor de las compañías de seguro. Uno de los argumentos centrales de los gerentes
transnacionales disfrazados de funcionarios públicos, es la alta litigiosidad contra las ART.
Según una estadística oportunamente difundida la semana pasada, la cantidad de demandas
presentadas en los primeros meses de este año aumentaron en un 45 por ciento con respecto
a las cifras del año pasado. “Lo que se debería hacer es estudiar por qué aumentaron los
juicios, en vez de aprovecharse de la situación para flexibilizar las leyes; hacer un estudio
de campo y determinar si, realmente, son el producto de una aventura judicial de los
demandantes, cosa que dudo. A mí me parece que más que frente a una aventura del juicio,
estamos frente a la aventura del prejuicio: de los dirigentes empresarios y el gobierno
contra los trabajadores”, señaló Mariano Recalde del FpV. Para ampliar su alcance y
restringir las posibilidades de litigiosidad, en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo
(no) Nacional al Congreso, se invita a las provincias a que “deleguen en la Nación la
sustanciación y resolución de los procesos administrativos propios de las comisiones
médicas jurisdiccionales”. Los trabajadores accidentados o víctimas de enfermedades
laborales, tras pasar por la comisión médica, podrán pedir la homologación del
otorgamiento de las prestaciones dinerarias (indemnización). El Servicio de Homologación,
creado por la propia ley elevada por el PEN, funcionará en el ámbito de las comisiones
médicas jurisdiccionales, cuyas normas de procedimiento serán dictadas por la
Superintendencia de Riesgos de Trabajo. El gobierno de ricos para ricos no quiere juicios ni
quiere riesgos. Pero tampoco quiere invertir en la seguridad de sus trabajadores, verdadera
causa central que provoca la multiplicación de los accidentes y luego los reclamos
judiciales correspondientes. El brazo ejecutor de las corporaciones, como siempre, busca
cortar el hilo por lo más delgado. Está en su naturaleza, está en su forma de hacer política.

El paso del ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao por el Congreso no pudo ser
más patético. En medio de las críticas por el recorte presupuestario que el Gobierno de
CEOs y evasores con cuentas offshore plantea para el año próximo en el área, dijo en la
Cámara de Diputados que existe un “rebalse” de científicos en el país y que hay un
“problema” porque “no se van”. La frase levantó una fuerte polémica entre los científicos,
que interpretaron los dichos como una “justificación del ajuste”, algo que niegan en el
Ministerio. Ayer, el Directorio del Conicet envió una carta al presidente offshore (20) para
advertirle que la poda financiera implicaría “una reducción importante” en las actividades
del principal organismo científico del país. El proyecto enviado por el Ejecutivo prevé un
presupuesto de 13.957 millones de pesos destinado al MinCyT, al Conicet y a la Conae, lo
que implica un 0,59 por ciento del total nacional. En años anteriores, el porcentaje fue de
entre el 0,7 y el 0,8. Hablando de los científicos, las limitaciones y los incentivos con que
se hace ciencia en el país, el ministro –en cuya gestión durante el gobierno anterior se
mejoraron condiciones y repatriaron muchos investigadores–, explicó que ahora “es un
problema inverso, de rebalse, porque los investigadores no se van. Como hemos creado
condiciones adecuadas, ya tienen 30 años, familia, y dicen: ´ ¿Ahora me tengo que ir?, si
tengo todo acá´, ´tengo laboratorio, sigo trabajando´. Eso es tremendamente nocivo”. Tras
lo cual aseguró que “no se renuevan las líneas de cooperación” y que “está bajando la
cooperación internacional”, lo que “se refleja en la calidad de las publicaciones”. Así,
concluyó que hay que “fomentar que la gente se vaya”. Acá el único que se debería ir es el
propio Lino Barañao, quien ya no es digno de su cargo. Prometió quedarse para “cuidar lo
conseguido” y en realidad lo único que ha hecho es atornillarse en el sillón ministerial a
como dé lugar. Este hombre es una deshonra para la república. De todos modos, que este
traidor a sí mismo renuncie no solucionará el problema de fondo: un funcionario aún más
retrógrado ocuparía su lugar, dispuesto a inmolar a la ciencia y tecnología nacional por la
distopía neoliberal.

La gerencia neoliberal en funciones ministeriales decidió prorrogar hasta el 21 de

noviembre la posibilidad de depositar efectivo para el blanqueo. En la AFIP afirman que se
trata sólo de una “flexibilización”, pues el plazo para abrir las cuentas bancarias es el 31 de
octubre y lo que se extiende hasta el 21 de noviembre es sólo la fecha para depositar los
fondos en las entidades financieras. Sin embargo, el artículo 38 de la ley 27.260 es claro
sobre el tema: “La declaración voluntaria y excepcional, se efectuará del siguiente modo:
(...) c) Tratándose de tenencias de moneda nacional o extranjera en efectivo en el país,
mediante su depósito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, en entidades
comprendidas en el régimen de las leyes 21.526 y sus modificatorias y 26.831, lo que
deberá hacerse efectivo hasta el 31 de octubre de 2016, inclusive”. La AFIP justificó la
decisión en los inconvenientes que están teniendo los bancos para concretar en tiempo y
forma las aperturas de las cuentas, aunque la razón pareciera ser la escasa adhesión
registrada hasta el momento. Lo cierto es que no hay ni habrá lluvia de inversiones, ni
repatriación de capitales, ni confianza en la administración macrista. Los especuladores
están cómodos en las sombras, como los propios miembros del gobierno de CEOs y
evasores con cuentas offshore, lejos de alcance, sin la mirada de la opinión pública sobre
ellos y sin correr riesgos futuros de que un cambio de gobierno los obligue a dar cuenta de
sus ilegales maniobras. Así pues, la copa neoliberal sólo continuará derramando
calamidades, la única producción a escala industrial que promueve y sostiene la Nueva
Triple Alianza para el grueso de la población.

23/10/16: El gobierno ni nacional ni popular no para de repetir que ahora tenemos un Indec
confiable y que, dicho organismo, es un aporte fundamentalmente para la etapa de
“sinceramiento” que vinieron a imponer para saber desde “dónde partimos”. Este es el
relato que va construyendo el macrismo sobre la “herencia recibida”: manipulando las
estadísticas oficiales para, al mismo tiempo, desprestigiar al proceso político anterior
haciendo creer que los últimos años no hubo avances sino graves retrocesos y dibujando un
impacto mucho menor de las calamidades que sus abyectas políticas públicas vienen
generando y que son justificadas por la “bomba” que recibieron y que les estalló a ellos.
Alfredo Zaiat, como ya es habitual, hace un recorrido certero y detallado en Página/12 de
hoy, de cómo el gobierno del falso pasajero de colectivos manosea las estadísticas públicas
para engañar a la población, con el principal objetivo de esconder cuando no de disimular
sus iniciativas confiscatorias. En los meses del inédito apagón estadístico, cuando
desaparecieron todos los indicadores oficiales hasta el Índice de Precios al Consumidor, el
ministerio de Finanzas modificó en forma arbitraria la elección del índice alternativo para
calcular el CER, utilizando el índice de precios de San Luis. “Esta medida significó una
pérdida de 4950 millones de pesos en cuatro meses por la diferencia de los índices aplicada
en el patrimonio del FGS de 110 mil millones de pesos de activos ajustados por CER”,
señala el periodista. También hubo manipulación de datos cuando aseguraron que el
producto había crecido un 0,4 %, gracias a un crecimiento del consumo y un apenas leve
aumento del gasto público del 27 %, cuando en realidad todos los indicadores privados y
públicos de consumo dieron caída y el gasto público tuvo una fuerte subejecución
presupuestaria en ese período. En relación al consumo privado, el poder adquisitivo se
derrumbó por la mega devaluación que provocó un shock inflacionario lo que hace
imposible su expansión en esos meses. Las cifras de desempleo difundidas por el Indec
también están bajo sospecha. Además de interrumpir la información estadística del último
trimestre de 2015 y del primer trimestre de 2016, el número de 9,3 por ciento para el
segundo trimestre del año es dudoso. Días después de que el Indec todesqueano difundiera
ese dato, la dirección estadística porteña confirmó ese disfraz puesto que, para el caso de la
Ciudad de Buenos Aires, el número del desempleo fue dos puntos más altos en el mismo
período (10,5 %). “El Indec reportó que la producción industrial de julio tuvo una fuerte
caída del 7,9 por ciento, y en el desagregado sectorial la industria textil bajó apenas 2,6 por
ciento, con lo cual comenzó a recortar la insólita suba de 8,0 por ciento dibujada en el
primer semestre. El índice industrial de la neoliberal FIEL había dado cuenta del
estancamiento textil –0 por ciento– en siete meses del año. Con despidos, suspensiones,
caída de la demanda interna e incremento de importaciones ni los más fanáticos
empresarios oficialistas del sector textil estarían en condiciones de avalar los números
oficiales”, apunta Zaiat. La más grande de todas las manipulaciones fue cuando el Indec
sobrestimó la canasta de bienes y servicios que define la línea de pobreza, ubicando a ésta
en un increíble 32,2 % que habilitó que toda la pandilla saliera a declarar que el populismo
y sus medidas “asistencialistas” sólo trajeron más miseria a la población y que por ello
había que desterrarlas en el futuro. A pesar que todos los pueblos vecinos vienen a vivir
aquí, y nunca a la inversa, la runfla neoliberal busca instalar que somos poco menos tan
pobres como Haití. Cómo se explicará para ellos la alta inmigración, que tanto les preocupa
y horroriza, es un enigma insondable, simplemente porque no pueden justificarlo. También
mintieron con los datos del déficit fiscal heredado: “Aplicando criterios de contabilidad
creativa, el ministro Prat-Gay comenzó a dibujar diferentes cifras de déficit, desde un piso
del 2,3 por ciento, saltando hasta el 5,8 para terminar en el inflado 7,1 por ciento. Cambió
la metodología de medición de ingresos y egresos, incorporó cuentas a pagar (deuda
flotante) y sumó pérdidas de ingresos por medidas aplicadas por el actual gobierno con el
objetivo de mostrar que recibió una situación fiscal descontrolada”, agrega el periodista.
Estos son sólo algunos de los ejemplos que sirven para ilustrar cómo el gobierno de CEOs y
evasores con cuentas offshore miente a la población, estafa la credibilidad pública
ciudadana y falsea datos para construir y consolidar su propio relato; que intenta hacer creer
que la transformación estructural iniciada es un punto de despegue desde el abismo, cuando
en realidad es el inicio del hundimiento en un pozo que no tiene fondo.

Venía juntando méritos y finalmente fue premiado. La referencia es para uno de los
ideólogos de la banda neoliberal que tomó al Estado por asalto: Javier González Frega.
Ningún lugar era más adecuado para este hombre que deshonró siempre la función pública
y que, últimamente, pasó al estrellato del desagrado con sus desafortunadas declaraciones
segregacionistas para con los pobres que, en los últimos años, habían salido del pozo de la
miseria que las políticas neoliberales, que este hombre defiende y promueve, había
condenado a millones de argentinos. Nada menos que con la presidencia de Papel Prensa, la
empresa a que a través de estafas, torturas y muertes se apropió ilegalmente el Grupo Clarín
para empezar a edificar su criminal imperio, fue premiado este economista salido de las
hediondas usinas neoliberales. Este hombre estará al frente de esta empresa para asegurar
que el Estado pierda todo lo poco que pudo avanzar en el control y gestión de la compañía
los últimos años y para que el monstruoso multimedio retome el comando definitivo de un
negocio que hará consolidar su posesión abusiva en el mercado comunicacional, en
detrimento de los grupos más pequeños y de la libertad de prensa en general, hoy
bastardeada y condicionada por una Nueva Triple Alianza; que alardea respetar la libertad
de prensa mientras asfixia y persigue opositores y medios no afines a su infausto gobierno.

Una nueva muestra de la afinidad que liga al actual gobierno de CEOs y evasores con
cuentas offshore con la última dictadura cívico-militar salió a la luz. Por decreto
presidencial, el nuevo miembro de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria es José Francisco Piñón, quien en 1977, en calidad de rector de la Universidad
del Salvador, distinguió como doctor honoris causa al genocida Emilio Massera. Años más
tarde, Piñón se defendería de aquel acto arguyendo que lo había hecho “para salvar vidas”.
La FUBA repudió ayer su incorporación al organismo universitario y exigió su cierre. “Es
una nueva afrenta a la memoria de los 30 mil desaparecidos y a toda la universidad
pública”, consideró el titular de la agrupación, Julián Asiner. También llegaron rechazos de
otras organizaciones políticas estudiantiles. La designación tomó estado público ayer,
cuando el decreto 1118, firmado por el presidente blindado y el ministro de Educación, el
roquista Esteban Bullrich, informó en el Boletín Oficial que Piñón ejercerá un cargo en la
Coneau “a partir del 1º de septiembre de 2016 y por un período de cuatro años”. El
presidente de la FUBA, Julián Asiner, repudió la resolución: “Piñón fue un aliado de la
dictadura militar, como muchos otros elementos ligados a una Iglesia que promovió y
bendijo a los genocidas”, sostuvo en declaraciones a la prensa. En ese marco, Asiner
recordó que el ex rector de la USal “formó parte de Guardia de Hierro y llegó a la cima de
la Universidad del Salvador de la mano de Jorge Bergoglio, el actual papa Francisco.
Compartió la dirección de esa universidad junto a otros elementos designados por los
militares”. Piñón militó en la Organización Universitaria Peronista (OUP), una agrupación
que en la década del 70 respondía a la organización nacionalista Guardia de Hierro.
Mientras ocupó el rectorado de la USal, le entregó el honoris causa a Emilio Massera y
dijo: “La Universidad del Salvador, comunidad de la Iglesia enraizada en la Nación
Argentina, abrevando en las fuentes de la historia, encuentra su misión particular en la
formación de conciencias superiores”. Entre 1999 y 2006, Francisco Piñón fue secretario
general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), con sede en Madrid. Desde 2012, es rector de la mendocina Universidad de
Congreso, de enseñanza privada. En 2013, mientras participaba de un debate sobre los
ataques a la integridad sexual como delitos de lesa humanidad que había organizado la
Cátedra Libre de Derechos Humanos de esa casa de altos estudios, Piñón fue cuestionado
por aquel reconocimiento otorgado a Massera. Esta nueva designación demuestra que la
Alianza neoliberal Cambiemos no vino sólo a transformar estructuralmente la sociedad de
cara al futuro: también llegó para dar pelea por resignificar el pasado, ese que lo tiene como
partícipe necesario de las peores atrocidades que sufrió el país en los últimos 40 años.

24/10/16: El kirchnerismo ha sido duramente criticado, por propios y extraños, y

especialmente luego de la derrota electoral sufrida en noviembre pasado, por haberse
“cerrado en sí mismo”, aplicar un verticalismo sin debate interno y concentrarse en un
núcleo duro que alejó a muchos de sus dirigentes de sus filas. Sin embargo, cuando uno
repasa los nombres de ex funcionarios, gobernadores, intendentes y legisladores, pasados y
presentes, que abandonaron el Frente para la Victoria, durante y después de sus tres
gobiernos consecutivos, observará que ninguno de ellos se escindió para construir o
sumarse a alguna fuerza superadora por “izquierda”, u otra variante nacional o popular, ni
siquiera social demócrata. Sergio Massa, Martín Loustau, Graciela Ocaña, Hugo Moyano,
Julio Cobos, José Ortobey, Diego Bo-Bossio, integran una larga lista de personas que
saltaron la tranquera para recalar como mansos corderos en el rebaño neoliberal; donde
parecen sentirse mucho más cómodos acompañando “responsablemente” al brazo ejecutor
de las corporaciones y asegurando “gobernabilidad”. Después están los que naufragan en
los movimientos sociales que, sin renegar de su pasado, tomaron distancia llamando a una
auto crítica, que nunca explicitan, y a construir “unidad” con todos los peronistas dispersos
para hacer frente a la banda neoliberal disfrazada de partido político. Ahora bien: ¿Se
proponen “unir” al peronismo con los mismos hombres que saboteaban el proyecto desde
adentro, luego desde afuera para finalmente renegar o relativizar todo lo hecho en 12 años;
mientras acompañan al macrismo votando sus leyes aberrantes o practicando un silencio
cómplice sobre su andar avasallante, ilegal y confiscatorio? ¿Proponen repetir el error de
sumar personajes para conformar un frente opositor sin tener claro en torno a qué proyecto
aglutinarse? ¿Cuál es el límite de esa “diversidad” tan linda de predicar pero tan poco
efectiva de ejecutar? ¿Se trata de disimular las profundas diferencias actuales, y las
traiciones pasadas, para una vez en el poder estallen como ya sucedió cuando el FpV se
tuvo que enfrentar con los grupos de poder concentrados, o como le sucedió al PT en
Brasil, que tuvo que asistir a la eyección de su presidenta por un golpe institucional armado
y encabezado por sus supuestos aliados? Con los posicionamientos evidenciados, las
votaciones recientes efectuadas y las declaraciones vertidas, especialmente los últimos
meses, todas esas deserciones se parecen más a una desintoxicación del movimiento que a
una sangría intestina para lamentar con nostalgia. Como ya se ha dicho, los movimientos
populares parecen enfrentar siempre el mismo dilema: conformar frentes heterogéneos para
ampliar su convocatoria, procurando ganar elecciones, para luego de conseguido el objetivo
sufrir internamente por esa misma diversidad que contribuyó a alcanzar la victoria. El
problema está planteado y, a la vista, no parece tener salida. Lo que no hay que perder
nunca es la memoria.
Los casos que dan muestra de la perfecta armonía entre la corrupción estructural, que busca
consolidar la gerencia neoliberal que tomó por asalto al Estado ex Nacional, con los
beneficios personales que obtienen gracias a ella sus funcionarios, amigos y familiares,
continúan saliendo a la luz sin solución de continuidad. Fabricaciones Militares fue uno de
los sectores del Estado más golpeado por el ajuste que realizó el macrismo apenas asumió
sus funciones. Esa área, dependiente del Ministerio de Defensa, sufrió el vaciamiento que
dejó a 140 personas sin trabajo, entre ellas mujeres embarazadas. Este hecho sucedió en
enero, a menos de un mes de la asunción del falso pasajero de colectivos la presidencia.
Meses después, en septiembre más precisamente, se dio a conocer un escandaloso contrato
de parte de Fabricaciones Militares con la agencia que conducen Nacho Viale y su padre. El
organismo la contrató por un millón y medio de pesos para que la agencia donde el nieto de
Mirtha Legrand es accionista (SVGV S.A.) maneje la comunicación de ese lugar. Nacho
Viale, reconocido por su afinidad al macrismo (de hecho, rechazó la propuesta que tuvo de
parte del Gobierno de dirigir la TV Pública) y el funcionario que firmó la contratación
salieron al cruce de las versiones en su momento. El interventor de Fabricaciones Militares,
Héctor Lostri, afirmó por esos días que "se trató de una licitación pública". Y contó que a la
licitación de ese trabajo de comunicación se presentaron "tres o cuatro oferentes" y la ganó
la empresa de Salem Viale González Villanueva (SVGV). Sin embargo, el portal El
Destape que conduce el periodista Roberto Navarro, accedió a toda la documentación de la
polémica contratación y pudo confirmar que los datos proporcionados por el funcionario
son mendaces. De estos documentos se extrae que la licitación no fue pública, como afirmó
Lostri. Según el folio 5 de la contratación queda explicitado que fue una "licitación privada
nacional". Por otra parte, el folio 8 da cuenta de un adelanto de dinero por el 30% del
servicio contratado a la empresa SVGV de 453.750 pesos con el procedimiento del tipo
"Compulsa Abreviada por Urgencia". Esta modalidad fue usada por el gobierno del
presidente offshore (20) en la Ciudad para pagarle los jugosos contratos a Fernando
Miembro, antes de que se destapara el escándalo y el periodista tuviera que bajar su
candidatura a diputado por el PRO. Este tipo de contratación sirve para abreviar los tiempos
que suelen demorar meses para el cobro. Además, del convenio entre ambos en los cuatro
primeros folios del expediente se confirma que no hubo "tres o cuatro oferentes" como
había dicho el interventor, sino que fue único oferente y fue la empresa de Viale. Cuando se
lee casos como éstos, que se vienen repitiendo sistemáticamente desde hace 8 años en la
Ciudad y desde hace 10 meses a nivel nacional, no se puede entender el estado tan
“compungido” de hombres como Fernando “chino” Navarro, quien señaló que al
kirchnerismo le golpeó duramente lo ocurrido con el caso “López” y que ello obligaba a un
replanteo general a toda la fuerza política que él integraba. Ahora, cuando uno observa con
quiénes operaba el oscuro funcionario de los bolsos, y nota que se trata de empresarios
ligados a la famiglia presidencial y a los grupos concentrados asociados a la actual
administración macrista, uno se pregunta cómo el mismo hecho puede afectar tanto a un
sector y nada al otro. Respuesta: por la manipulación, la tergiversación y el ocultamiento
informativo de los grandes medios hegemónicos, protectores y socios de todos los
involucrados. Pero también por el silencio cómplice de la dirigencia opositora, que
promueve necesarias auto críticas que nunca terminan de explicitar, pero que se muestran
muy relajados cuando se trata de hablar del desfalco que promueve y propicia la Nueva
Triple Alianza a todo nivel. Hombres y mujeres corruptos tienen y tuvieron todas las
fuerzas políticas del mundo. Lo crucial, lo decisivo, es la pelea por la corrupción
estructural, que mientras corrompe personas edifica un sistema perverso, criminal e
ilegítimamente legalizado. Que paguen lo suyo los corruptos, pero nunca corramos la mira
del eje central: donde se configuran los modelos que perpetuán la desigualdad, aseguran la
dominación totalitaria, y multiplican la miseria hasta hacer de todo ello un sistema.

Una nueva caza de brujas está pergeñando el brazo ejecutor de las corporaciones contra los
empleados estatales, de quienes buscan identificar su perfil personal para disciplinarlos o
para luego inventarles motivos para eyectarlos por el delito de pensar distinto. Diversos
trabajadores del Estado recibieron la semana pasada un correo electrónico que contiene una
encuesta del Ministerio de Modernización y Despidos en las que les pregunta sobre sus
“valores”. La iniciativa surge del Centro de Valores Barrett –con sede en Waynesville,
Estados Unidos—, una consultora que propaga las “Herramientas de Transformación
Cultural” para empresas y otras organizaciones. Lo conduce Richard Barret, ex coordinador
de Valores del Banco Mundial. El correo electrónico llegó a distintas dependencias del
gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore durante la última semana. Se titula
“Nuestros valores construyen futuro” e invita al empleado en cuestión a participar de una
encuesta anónima sobre “los valores que nos caracterizan como Estado”. “Lo que vos
valorás nos interesa”, tutea a los empleados la gerencia infame que organizó los miles de
despidos a comienzo del año y que ahora está revisando contrato por contrato para llegar a
lo que los funcionarios macristas llaman una “dotación óptima de personal”. Una vez que
se abre la encuesta, que se titula “Somos Nación. Nuestros valores construyen futuro”, se le
pide al trabajador que identifique en qué sector de la jerarquía del Estado está, a qué
ministerio o repartición pertenece, su sexo, su edad y el tiempo que lleva trabajando en el
Estado. Luego hay que atravesar tres pantallas. La primera le solicita al trabajador que
seleccione “diez de los siguientes Valores/Conductas que mejor reflejan cómo es usted y no
cómo desearía llegar a ser”. Le sigue una larga lista que incluye, entre otros: “Aceptar la
diversidad”, “Aprendizaje continuo”, “asumir riesgos”, “autodisciplina”, “búsqueda de
recompensa”, “creatividad”, “eficiencia”, “emprendedorismo”, “foco en la misión”, “hacer
la diferencia”, “saber escuchar” o “ser el mejor”. La segunda pantalla pide que el trabajador
describa “cómo su equipo opera actualmente”. Algunas de las opciones, en ese caso, son:
“Acaparar información”, “alentar al personal”, “burocracia”, “buscar culpables”,
“competencia interna”, “confusión”, “derechos humanos”, “explotación”, “foco en el
individualismo”, “humor/diversión”, “libertad para tomar decisiones”, “manipulación”,
“reducción de costos” e “inseguridad laboral”. Por último, de la misma lista, se le pide que
señale cuáles de esos valores servirían para que “el equipo alcance su máximo potencial”.
Luego se hace un diagnóstico de “alineamiento y la disfuncionalidad” en la cultura de la
organización. La disfuncionalidad responde, según Barrett, a la “entropía organizacional”,
esto es, el grado de desorganización en la que se encuentra. Algunas limitantes negativas
que se pueden encontrar son “la burocracia”, “la corrupción”, “la codicia” o “la
complacencia”. La encuesta se basa en lo que Barrett llama los “siete niveles de
conciencia” que van de la supervivencia (el nivel más bajo), pasando por la autoestima y el
trabajo en equipo, hasta llegar al servicio “a la humanidad y el planeta”. La encuesta, en
tanto, no vino sin críticas: “Es una más de las acciones que está haciendo el Gobierno
desconociendo la participación de los sindicatos en la definición de una política de
personal”, indicó el titular de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE nacional), Hugo
“Cachorro” Godoy. “Esto muestra la incapacidad creadora y la subordinación intelectual al
Banco Mundial y sus gerentes que buscan instalar un esquema de gobernanza mundial”,
consideró el dirigente gremial. “Este aspecto es el que nosotros denunciamos por ser la guía
intelectual de la tercera reforma del Estado. Apuntan a esa subordinación plena a los
dictámenes operativos que surgen de los gerentes de los organismos multinacionales,
cuando no de los negocios de algunas empresas que orbitan en torno a esos organismos”,
indicó Godoy, quien consideró que se trata de “un buen ejemplo de que modernización es
cipayismo intelectual, como diría Jauretche”. Aún no trascendió cuánto le costará al erario
público este nuevo atropello institucional a la intimidad de las personas. Ningún objetivo
loable persigue este “gran hermano” neoliberal que hará un nuevo negocio a costillas de las
arcas públicas, mientras pretende penetrar en las conciencias de las personas hasta
quebrarlas por completo. ¿Qué otra cosa que miedo, ultraje y desconfianza puede sentir un
empleado con la soga al cuello, permanentemente amenazado con la guadaña ajustadora
que pretende continuar “limpiando” la administración pública de la “grasa militante” que
anida en su interior? ¿A qué otra cosa que no sea responder lo que los empleados saben de
antemano que buscan imponer sus pérfidos superiores? ¿Acaso en las preguntas o en la idea
misma del cuestionario, no van de suyo los propósitos disciplinantes e intimidatorios que
busca la gerencia neoliberal, llevando su perversidad hasta su máxima expresión al buscar
presentar la bizarra iniciativa como una prueba más de su voluntad “democrática” y de
apertura al “diálogo” del Gobierno? Cuando uno cree que ya vio y oyó todo sobre el grado
de perversidad al que pueden llegar estos tipos en su afán por transformar de raíz la matriz
estructural que conforma el tejido social, sus relaciones vinculares y los “valores” que la
animan, siempre aparecen con una nueva iniciativa más abominable que, seguramente,
también será superada en el futuro inmediato.

Más corrupción estructural asociada con los beneficios personales de los que logran
apropiarse los funcionarios que la propician para este boletín. A mediados de mayo la AFIP
convocó a una licitación privada para blindar un Volkswagen Vento, vehículo que utiliza
habitualmente el titular del organismo, Alberto Abad. La tarea se le asignó el 6 de junio a la
concesionaria Dietrich S.A., propiedad del padre del ministro de Transporte, Guillermo
Dietrich, que presupuestó 350.246 pesos. El 7 de julio, Página/12 confirmó la información
en la web de AFIP y consultó a fuentes de la entidad, quienes justificaron la decisión por
motivos de seguridad y quedaron en confirmar los detalles de la licitación. Horas más tarde,
sin embargo, el dato dejó de estar disponible en la web y desde el ente recaudador se
comunicó al diario que habían decidido dar de baja el contrato por los vínculos de la
concesionaria con el ministro de Transporte, tal como fue publicado en la nota sobre el
tema publicada el viernes 8 de julio. Pese a lo informado entonces, en los últimos días
volvió a figurar en la web de AFIP la contratación de Dietrich S.A. para esa misma tarea y
dos fuentes confirmaron a Página/12 que el blindaje lo terminó realizando una compañía
del grupo Dietrich llamada Strong en la sucursal que la firma tiene en Honduras 4190, en el
barrio porteño de Palermo. A no alarmarse: seguramente Margareth Stolbizer, la ocupa
Laura Alonso y la lumpen política Elisa Carrió advertirán a la “Justicia”, con la denuncia
correspondiente, sobre esta nueva incompatibilidad que ubica a los funcionarios macristas
de los dos lados del mostrador.

25/10/16: La derecha, como sucedió en Brasil, quiere hacer pata ancha en Venezuela.
Desde hace 15 años vienen saboteando a su propio país a través del desabastecimiento de
productos esenciales, falsas denuncias, difamaciones a escala internacional y golpes de
Estado, como sucedió en 2002. Desde la muerte de Hugo Chávez y el reposicionamiento
general que está viviendo la región hacia preferencias conservadoras y profundamente
retrógradas por parte de buena parte de la población, las fuerzas reaccionarias en aquel país
redoblan la apuesta para terminar con la revolución bolivariana a como dé lugar. Lo que no
pueden conseguir con el voto popular lo persiguen a través de las campañas sistemáticas
para horadar al gobierno de Nicolás Maduro, poniendo al frente al temible tándem que
conforman los medios hegemónicos de comunicación y la embajada norteamericana.
Cualquier recurso les resulta válido para forzar una salida anticipada del actual presidente.
Ayer el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, llamó a una rebelión popular y a la
presión internacional al denunciar un ``golpe de Estado’’ del gobierno, tras la suspensión
del proceso de referendo revocatorio contra Maduro. En una tensa sesión este domingo,
brevemente suspendida por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea
Nacional declaró en su resolución final “una ruptura del orden constitucional’’ cometido
por “el régimen’’ de Maduro. En ese sentido, resolvió “convocar al pueblo de Venezuela a
la defensa activa de nuestra Carta Magna hasta lograr la restitución del orden
constitucional’’ y “solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos’’
para el “retorno de la democracia’’. El acuerdo exige también a la Fuerza Armada “no
obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución’’. La escalada en el conflicto se
dio en el momento en que el presidente venezolano se reunía con el Papa en el Vaticano.
Éste, enterado de la situación, intercedió para promover un acercamiento entre las partes
que resultó convincente para ambos bandos. De esta manera, el gobierno y la oposición
venezolana abrieron un canal formal de conversaciones para generar un resquicio en la
crisis política e institucional que atraviesa el país caribeño. La primera reunión del llamado
“diálogo nacional” ya tiene fecha y lugar: se hará el próximo domingo, en la isla Margarita.
Así lo anunció, en conferencia de prensa en Caracas, el enviado de Francisco, arzobispo
Emil Paul Tscherrig, minutos después de que, desde El Vaticano, Bergoglio recibiera la
inesperada visita del presidente Nicolás Maduro. Loable actitud de Bergoglio que, más allá
de insalvables discrepancias que se puedan tener con su pasado y con ciertas actitudes
ambiguas en el presente, logró renovar sus credenciales de mediador tras haber jugado un
papel destacado en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, a fines de 2014. Quien se
comportó de manera rapaz y aviesa en este diferendo irreconciliable fue el presidente
offshore (20), quien no pierde oportunidad por atacar al gobierno venezolano denunciando
que allí se ha instalado una dictadura que no respeta los derechos humanos, mientras aquí
pregona que éstos son un “curro”, interfiriere obscenamente en los otros poderes, y avasalla
las instituciones y los derechos ciudadanos con sus leyes confiscatorias y sus aberrantes
decretos de necedad e indecencia. Ayer, el mal imitador de Freddie Mercuri recibió a su par
uruguayo Tabaré Vázquez con la idea fija de cerrar el cerco sobre Venezuela y preparar su
expulsión del Mercosur, que se concretaría antes de fin de año. “Venezuela, en estos
términos, no puede ser parte del Mercosur. ¡Tiene que recibir la condena de todas las
naciones americanas!”, exclamó el Hood Robin argentino no Nacional. Cualquiera que
porte honestidad intelectual sabe que el conflicto venezolano no tiene salida institucional a
la vista. Las posiciones son radicalmente antagónicas, y las propuestas de diálogo aceptadas
son sólo gestos que no se traducirán en respeto mutuo ni en convivencia pacífica. Mucho
menos ahora con un gobierno que comienza a flaquear en su liderazgo y una derecha
envalentonada por lo que cree que son los “nuevos vientos” que soplan en el continente a su
favor. La oposición venezolana es bastante más brutal, cínica y vengativa que la macrista.
Y esto es mucho de decir. Si hasta cuesta imaginarlo. Pero, por lo visto los últimos dos
años, al país caribeño le esperan horas aciagas para un pueblo que sufre todo tipo de
privaciones evitables. La derecha no sólo nunca es democrática. Tampoco es leal, ni
siquiera con los “valores” que asegura defender. Como en Argentina, éstos son travestidos
para esconder su insaciable ambición revanchista, su afán por el lucro a favor de minorías
privilegiadas, y su inclaudicable misión por imponer un modelo segregacionista, desigual,
inequitativo y excluyente para las grandes mayorías.

La humillante propuesta “compensatoria” del gobierno ni nacional ni popular para con

algunos trabajadores, es aún más denigrante de lo informado hasta ahora. Tan miserable es
la propuesta que uno de los triunviros negociantes de la CGT, Héctor Daer, salió a cruzar al
ministro de Desempleo, Jorge Triaca. El enojo del sindicalista empresarial no es porque el
gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore no garantiza que todos los trabajadores
cobren el bonito, ni porque con la mezquina bonificación navideña se evita discutir la
apertura de paritarias. No. Lo que motivó las declaraciones de Daer fue la necesidad de
desmentir a Triaca por haber asegurado que la central obrera acordó que el plus se pague
“en dos o tres cuotas”. “Nosotros no aceptamos que se pague en cuotas, eso nunca se
discutió en la reunión de la Mesa del Diálogo, por eso me asombran las palabras del
ministro”, se quejó Daer. Triaca había elogiado durante el fin de semana a los dirigentes de
la CGT por haber sido “comprensivos” con los empresarios que afirman no poder pagar la
suma fija, para que aquellos que “no lo puedan afrontar en un solo pago lo puedan pagar en
dos o tres”. “Argentina vive una emergencia social y necesita crear empleo y frenar de una
vez por todas la caída en goteo que se da en el trabajo”, señaló el gremialista, como si fuera
un comentarista televisivo y no un dirigente gremial con el deber de defender a sus
representados. Salvo San Juan, todas las provincias aseguraron no contar con los recursos
para afrontar los costos del infame bonito amarillo. Más cínico fue el gobierno del hada
desangelada, María E. Vidal, quien señaló que las arcas provinciales no pueden solventar
ese “gasto”, aunque no descartó que lo que se pudiera ofrecer sea como “anticipo” de las
paritarias del año que viene. Conmueve tanta generosidad desinteresada…

Los criminales tarifazos se han impuesto con pasmosa impunidad. Los múltiples y airados
reclamos que generaron sirvieron para hacer retroceder un poco la iniciativa confiscatoria,
pero no fueron suficientes para impedir que se impongan con relativa aceptación, dada la
falta de reacción que se evidencia en sus principales damnificados. Salvo que la
imposibilidad de solventarlos, los próximos meses, genere la necesidad de retomar los
reclamos en proporción al daño sufrido, el año que viene la ciudadanía de a pie, las pymes,
las asociaciones barriales y demás etcéteras, se desayunarán que el saqueo ilegal de sus
bolsillos aún no terminó. Y no sólo con el gas. “Hoy la Argentina no tiene suficiente
energía para poder crecer y acompañar los proyectos que están viniendo a radicarse en
nuestro país”, dijo el presidente blindado, de cara a la audiencia pública del próximo
viernes donde se analizará la suba del servicio de distribución para los usuarios de Edesur y
Edenor. Las empresas reclaman ajustes que llegarían hasta el 76 por ciento para el año que
viene. La distribución representa apenas el 40 por ciento del valor de la factura y se espera
que el precio de la energía aumente muy por encima de esos valores. Por lo tanto, las subas
que llegarán serán aún mayores. “¿Cómo se van a aplicar aumentos sobre las subas que
aplicaron este año que no sabemos de dónde salieron?”, señaló Osvaldo Bassano,
presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores
(Adduc). En tanto Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, afirmó que
“uno de los temas más importantes tiene que ver con la calidad del servicio. Hay zonas
críticas en donde no hay obras previstas, como Caballito, Villa Crespo, Almagro, Lanús y
Lomas de Zamora. Nuestro planteo es que las empresas deben especificar cuáles son las
obras que van a hacer en cada zona para que esos cortes reiterados se corrijan. Terminan
siempre emparchando la red, lo atan con alambre. Pero no definen las obras necesarias
como para hacer crecer definitivamente la red de media tensión y poner nuevos
transformadores”. Esta nueva oleada expoliadora que se viene va a exigir una reacción
mucho más constante y contundente de parte de los afectados, sino, como ocurre con tantas
otras iniciativas similares de parte de la gerencia neoliberal, la misma se impondrá con
igual crudeza y rapidez con que se concretaron las sufridas hasta ahora.

El desfalco que se proponen hacer de las arcas públicas, quienes estafaron al electorado en
las últimas elecciones vía el endeudamiento externo, para compensar el agujero fiscal
producido por la eliminación de retenciones, de impuestos a los ricos y la caída en la
recaudación por la depresión económica alcanzada, abre un nuevo capítulo para el 2017 en
la provincia de Buenos Aires. Luego del pago a los fondos buitre y el inicio de un fuerte
ciclo de endeudamiento a nivel nacional, muchas provincias se sumaron a esa corriente.
Buenos Aires fue una de las que más deuda tomó en el año, con 60.000 millones de pesos.
La semana pasada Hernán Lacunza, su ministro de Economía, aprovechó la colocación de
dos bonos por 750 millones de dólares para defender el endeudamiento: “El crédito nos
sirve de puente para alcanzar un crecimiento sostenido de la obra pública”. Detalló además
que se cuadruplicará la inversión pública respecto de este año en materia de infraestructura,
destacando que habrá obras hidráulicas, autopistas, rutas y extensión de las redes de agua y
cloacas. No obstante, el proyecto que se discutirá hoy en la Legislatura provincial prevé
gastos por más de 521.410 millones de pesos, de los cuales sólo el 8,4 por ciento (43.800
millones) tendrá como destino partidas de capital. Y de esta última cifra, el 61 por ciento,
equivalente a 26.816 millones de pesos, será para obras. Además, de los 59.950 millones de
pesos en que aumentará la deuda, unos 35 mil millones serán para cubrir el déficit
presupuestario del año próximo y 25 mil millones para el pago de amortización de los
compromisos vigentes. Por lo tanto, más de la mitad de las colocaciones será para cubrir
gastos corrientes y el resto para amortizaciones. La aprobación del endeudamiento requiere
de los dos tercios en ambas cámaras, por lo cual el gobierno necesitará del acompañamiento
de otras bancadas para nuevas emisiones. Será una nueva prueba de fuego para comprobar
cómo votan los que llaman a armar frentes populares para enfrentar al macrismo, mientras
muchos de ellos acompañan “responsablemente” a la Nueva Triple Alianza procurando
“gobernabilidad”.

Va ser hora que los taxistas porteños pinten el techo de sus autos de otro color. El juez de
instrucción en lo criminal Luis Zelaya desestimó una denuncia penal contra Uber que
habían presentado asociaciones de taxistas porteños, y señaló que “este fuero penal no es la
vía apropiada para resolver el conflicto”. “Todo parece girar en derredor de la
disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial”, señaló
el magistrado. En un comunicado, la plataforma que vincula a pasajeros con conductores de
autos que cobran por sus servicios celebró el fallo, que interpretó como “un avance
importante hacia la adopción de la innovación y el transporte colaborativo” y adelantó que
sus responsables están “comprometidos en continuar trabajando junto a las autoridades
locales para poder acercar los beneficios del transporte colaborativo en Argentina”. Por su
parte, la Asociación de Taxistas de Capital (ATC) expresó en un comunicado que “repudia”
el fallo y “pone a sus afiliados en estado de alerta y movilización” para decidir “medidas de
lucha”. Estas medias de lucha, ¿incluyen la posibilidad de un reclamo al gobierno
neoliberal que no intercede para que esta multinacional no se instale definitivamente? ¿Van
a cortar las calles y formar piquetes como hacen otros trabajadores, de los que se quejaban
airosamente los ahora afectados taxistas? ¿Incluye un mea culpa colectivo por haberse
sumado de manera descabellada a la propuesta neoliberal que hoy los encuentra con sus
costos multiplicados y sus servicios disminuidos por la caída de la actividad y la
competencia desleal del tal “Uber”? Que pinten totalmente de negro sus autos, en señal de
luto, no sería una mala idea para afrontar todos los dilemas planteados.

Brasil es de Temer. El golpista neoliberal no lleva un mes de asumido y ha convertido a su

país en un hervidero. A toda velocidad, este traidor de la peor calaña neoliberal, busca en la
Cámara de Diputados la segunda parte de la enmienda constitucional que congela el gasto
público por 20 años, una medida que provocó protestas en todo el país, con la ocupación de
escuelas y universidades y el bloqueo de avenidas en 11 Estados. De esta manera, el sufrido
pueblo brasileño inicia su camino de resistencia contra la derecha reaccionaria que, como
en Argentina y en gran parte del continente, se sienten renacidos y con todas las ínfulas a
pleno para retomar sus políticas fondomonetaristas y sus iniciativas revanchistas.

26/10/16: El modus operandi del gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshores sigue
siendo el mismo, a la hora de tratar imponer sus aberrantes proyectos: ir de máxima,
midiendo las reacciones que despiertan sus iniciativas, para luego ir reculando en función
de las aceptaciones y/o rechazos que se vayan generando; pero sin nunca abandonar su idea
inicial. Esta misma operatoria intentaron con su propuesta de reforma del Ministerio Fiscal
que, de tan abominable e ilegal, hasta espantó a la lumpen política Elisa Carrió; quien, con
sus agudas críticas, logró levantar la suficiente polvareda para alertar la maniobra siniestra
que pergeñaba el macrismo con su habitual aliado parlamentario, el Frente Rejuntador. Es
por ello que desde el gobierno ni nacional ni popular dejaron en stand by la iniciativa, y la
bajaron del temario de la sesión en la que Diputados iba a tratar hoy la reforma: “si no se
generan los consensos, no habrá modificación a la ley”, dijo el ministro de Injusticia,
Germán Garavano, tratando de desdramatizar el retroceso oficial, atento no sólo al
cimbronazo dentro de la alianza oficialista, sino también al reclamo generalizado del
establishment del putrefacto Poder Judicial, conformado por jueces, fiscales, abogados y
organizaciones vinculadas a la “Justicia”. Molestos por este desenlace, desde el Frente
Rejuntador prefirieron adjudicarse el freno a la iniciativa: “Nosotros retiramos el quórum
hasta que el oficialismo unifique su voz”, dijeron en una muestra más de su ramplón
cinismo. Así que nunca hay que cantar victoria tratándose de la Nueva Triple Alianza:
mientras conserven poder de iniciativa volverán sobre sus pasos para insistir con sus
criminales propósitos; más tratándose de la Procuraduría y de la intachable Gils Carbó, a
quien jamás perdonarán el Grupo Clarín, por oponerse a la fusión Cablevisión-Multicanal y
apoyar la ley de medios, y Mau y sus pandilleros, por haber impedido convertir a la Ciudad
de Buenos Aires en un paraíso fiscal.

Los datos de la Economía real son contundentes a la hora de retratar la hecatombe

producida en su interior por la gerencia neoliberal a cargo del Poder Ejecutivo ex Nacional.
La actividad económica cayó 2,6 por ciento en agosto respecto del mismo mes del año
pasado. Así lo informó ayer el Indec. Precisó que el retroceso en lo que va del año fue del
2,3 por ciento, en tanto que hubo una suba del 0,2 por ciento respecto de julio. El segundo
semestre, pese a las promesas del equipo económico, sigue mostrando un fuerte deterioro
de la producción y el consumo en el mercado interno. La industria manufacturera, la
construcción y el comercio minorista fueron algunos de los sectores con peor performance
en el año, mientras que el complejo agropecuario y el sistema financiero (bancos) embolsó
fuertes beneficios. Las tensiones económicas se reflejaron en la pérdida de puestos de
trabajo, con ramas como la edificación que anotaron pérdida de más de 50 mil trabajadores
registrados en los últimos doce meses. En tanto el saldo de la balanza comercial de
septiembre cerró el mes pasado con un superávit de 360 millones de dólares, gracias a que
las importaciones cayeron más de lo que lo hicieron las exportaciones frente al mismo
período de 2015. Según los datos que el Indec publicó ayer, en nueve meses el resultado del
comercio exterior es superavitario en 2089 millones de dólares a raíz de la baja del nivel de
actividad, frente a un déficit de 1243 millones a esta altura del año pasado. Si bien las
importaciones cayeron 15,2 por ciento en septiembre, las compras al exterior de bienes de
consumo, que desplazan a la industria local, crecieron 10,8, mientras que el ingreso de
autos importados subió un 23,3 por ciento, en un contexto de retracción de las automotrices
y autopartistas nacionales. En el año también son los únicos rubros que crecen en el
escenario importador. Estos datos impactarán de manera directa en el empleo y los salarios
para goce de la pandilla neoliberal que promueve el saqueo de las arcas públicas, dispuesta
a como dé lugar para tomar para sí todo lo que no le pertenece, aun poniendo en riesgo la
viabilidad, a mediano y largo plazo, de su macabro andamiaje.

Como les ocurre a los maridos o a las esposas que son engañados por sus parejas, una cosa
es sospechar, intuir o suponer qué cosas están ocurriendo a sus espaldas, y otra muy distinta
es enterarse directamente por los involucrados, de los hechos con las pruebas que lo
demuestran de manera categórica. Su impacto es diferente. Yamila Buryeile, secretaria
privada del subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Agroindustria, Hugo
Rossi, reveló en vivo en televisión cómo se "marcaba" trabajadores en el Estado para
despedirlos por su posición política. "Yo les decía: este es kirchnerista, este es peronista. Y
después me enteraba que los había echado", reveló la arrepentida, quien confesó que votó a
Cambiemos. A ella la despidieron por sacarse una foto con el ex gobernador de Santiago
del Estero, Gerardo Zamora. La imagen de la discordia data de una actividad organizada
por la Confederación General Económica (CFE) en la provincia de la cual fuera oriundo el
legislador kirchnerista y a la que Buryeile había asistido con el permiso del propio Rossi.
“Me tuve que pedir el día y me saqué la foto con Zamora porque me regaló un poncho, pero
a los pocos días mi jefe me citó y me dijo que no había caído bien arriba”, explicó a la
revista Kamchatka la ahora ex secretaria. Como ningún funcionario oficialista salió a
desmentir, lo que nadie en su sano juicio le creería, los dichos de esta ¿involuntaria?
delatora, se puede dar por válido este testimonio, que fue muy preciso en sus detalles para
relatar cómo los nobles “republicanos” limpian la “grasa” del Estado con la excusa que era
gente que sobraba y que sólo cumplían el rol de militante, para reemplazarlo por tropa
propia generando cargos jerárquicos injustificables con altos salarios, sospechosos de ser
inflados para habilitar “retornos” para sus jefes inmediatos.

El miserable bonete amarillo con que el brazo de las corporaciones busca sobornar a la
CGT gorda, respondiendo así a sus “enérgicas” demandas, conllevan otro engaño y un
peligro de cara el futuro. En realidad, las mentiras son múltiples: no compensan en nada lo
perdido por los salarios durante estos 10 meses de brutales ajustes, no alcanza a los
trabajadores informales y sí sólo a los jubilados que cobran la mínima y no perciben otra
pensión, y no es obligatorio, por lo que ya las provincias y pymes adelantaron que no lo
abonarán. El universo de trabajadores que lo percibirá, con suerte, se concentra en algunas
grandes empresas; que emplean esta modalidad desde hace mucho tiempo para fin de año.
Por lo tanto, no hay ningún gesto reparador de parte de la gerencia que tomó por asalto al
Estado hacia la clase trabajadora. Es decir: los sindicalistas empresariales están entregando
a sus afiliados a cambio de nada, o lo que es peor: a cambio de acuerdos inconfesables, de
esos que se pactan sin papeles pero bajo el sello de las mafias. Pero, además, un grave
peligro conlleva la iniciativa: delegar la discusión de su cobro sector por sector, empresa
por empresa. Este es el sueño neoliberal, la distopía anti popular que persiguen con tanto
afán los saqueadores arropados con disfraces de nobles republicanos: terminar con las
paritarias colectivas, reducir al mínimo el poder de los gremios, y debilitar al máximo el
poder de negociación de los trabajadores por su salario. El deseo más íntimo, de estos
amorales desprovistos de toda legalidad y ética, es la discusión mano a mano entre
empleador y empleado. Con un desempleo de dos dígitos, una recesión económica
galopante, un clima institucionalizado de persecución, y la amenaza del despido siempre
acechando, la disparidad entre uno y otro negociante es abismal, alarmante, obscena. Esto
están habilitando los caciques cegetistas, tan o más responsables que los pérfidos miembros
del gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshores. Porque al menos éstos defienden
muy bien los intereses de sus representados.

El programa de reparación histórica anunciado con bombos y platillos por el gobierno ni

nacional ni popular, representó para dos tercios de los casi 600 mil jubilados que recibieron
el pago anticipado por la actualización de sus haberes un aumento inferior a 1550 pesos.
Según las cifras presentadas por el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, ante la
Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social, el aumento promedio
fue de 21 por ciento, al menos diez puntos por debajo de la inflación punta a punta medida
hasta septiembre, e incluso fue menor al ajuste de casi 32 por ciento en el año por la ley de
movilidad. El propio Basavilbaso reconoció que los jubilados perdieron poder adquisitivo
frente a la inflación, pero lo vinculó a que la fórmula de movilidad no es anticíclica. Luego
advirtió que el sistema previsional es sustentable hasta 2035, por lo cual exhortó a que se
avance en una ley que “permita darle fortaleza”. Entre los puntos que consideró a tener en
cuenta destacó la opción de ahorro privado similar al de las ex AFJP. Se ha dicho al
cansancio: el paquete “Metrobús”, que incluía las reformas previsionales regresivas
avaladas por el Frente Rejuntador y el Bloque de Bo-Bossio, tenía la pérfida intención de
conducir al sistema jubilatorio a la inviabilidad para, una vez conseguido el objetivo,
instalar la idea de una reforma más profunda para habilitar las nefastas AFJP que, por
ejemplo en Chile, los últimos meses fueron objeto de repudio con multitudinarias marchas
callejeras pidiendo su derogación, por lo que entienden fue una estafa colosal a toda la
ciudadanía que fue obligada a abandonar el sistema de reparto. Con excepción de los
militares auspiciantes de la propuesta que, en su momento, se quedaron muy campantes
protegidos por el régimen estatal de pensiones y jubilaciones. O sea: facilitaron el
negociado, de los que sacaron sus réditos personales, y se quedaron a resguardo de la estafa
planificada.
“Nicky”, no es el único Caputo que se enriquece haciendo negociados a costillas del erario
público, gracias a la mediación de su socio y amigo, el también cardenal presidente
offshore (20). También está Luis Caputo, secretario de finanzas del gobierno de CEOs y
evasores con cuentas no declaradas en paraísos fiscales. El fondo de inversión Axis,
propiedad de este hombre, registró un incremento anual de su patrimonio de un 584 por
ciento en 2015, en buena medida gracias a que apostó a la compra de dólares a futuro. Así
lo estableció el informe que el fondo presentó ante la Comisión Nacional de Valores en
marzo de este año, en el que reportó una ganancia neta de 698 millones de pesos y
reconoció que alcanzó semejantes números tras “capitalizar” la devaluación decretada a
fines del año pasado por el gobierno del presidente blindado –que Caputo integra en el área
de decisiones económicas–. A partir de ese documento, el bloque de diputados del FpV-PJ
amplió ayer la denuncia contra el número dos en la estructura del ministerio de Hacienda,
que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito e incompatibilidad con sus deberes
de funcionario público. En los balances presentados por Axis ante la CNV, el grupo admite
haber tenido en 2015 un “excelente desempeño”, que lo ubicó “entre los fondos de
cobertura más rendidores” del año, por encima de la competencia. Y atribuye el éxito al
“incremento de 23 por ciento” del precio del dólar, decretado por el gobierno nacional el 17
de diciembre pasado, decisión de la cual Caputo formó parte. “Los activos en el portafolio
del fondo pudieron capitalizar buena parte de dicho incremento”, explicita el documento
que el bloque de diputados del FpV-PJ incorporó ayer al expediente. “La dimensión de ese
incremento en la capitalización de los fondos de Axis se explica solamente por la operatoria
en futuros”, dice el escrito aportado a la causa por los diputados Rodolfo Tailhade, Héctor
Recalde, Juan Cabandié y Carolina Gaillard, entre otros. E indica también que “la decisión
de Caputo de incrementar exponencialmente la operatoria de Axis en dólar futuro fue
porque veía garantizado su lugar en el gabinete nacional al lado de Alfonso Prat-Gay, y
también sabía, en ese momento, que Federico Sturzenegger, en su condición de presidente
del BCRA, impondría una devaluación brutal que se ubicó finalmente en el 40 por ciento”.
El fondo de Caputo figura entre las entidades financieras y los grupos económicos que
fueron habilitados a realizar la operatoria de dólares a futuro por el Banco Central durante
el último año de mandato de CFK. A través de Axis, Caputo compró dólar futuro y, una vez
en el gabinete del Poder Ejecutivo ya no Nacional, participó de la decisión de la
devaluación del tipo de cambio a fines del año pasado, por lo que la investigación judicial
busca establecer hasta qué medida Caputo resolvió sobre el incremento de su propio
patrimonio personal. Hete aquí otro ejemplo más de cómo los personeros de la mentira y de
la estafa electoral, compatibilizan los negociados para las corporaciones con los réditos
personales con que se benefician gracias a ellos. Todo muy PRO, todo muy neoliberal.

Una nueva prueba demuestra que los desprestigiados legisladores están cada vez más
alejados del pueblo que los eligió como sus representantes. Mientras éste sufre todo tipo de
penurias evitables y una pequeña parte del mismo espera recibir un miserable bonete
amarillo “compensatorio” a fin de año, los diputados y senadores decidieron aumentarse el
sueldo, como lo hace el putrefacto poder judicial, por su cuenta y arbitrariamente; muy por
encima de cualquier paritaria trabajadora y muy por arriba de la inflación devastadora que
arrasó con el poder de compra de la ciudadanía de a pie, pues se incrementaron sus dietas
en un 70%. Ahora, pasaron de los actuales $62.000 a los $106.000. Y si se suman los
incrementos por otros conceptos, la cifra trepa a los $142.000. Así trascendió en el
Congreso de la Nación, según publicó el diario Crónica. Todo es tan descarado y
pornográficamente injusto, que cuesta creer cómo estos políticos se atreven a tanto. No sólo
con las leyes aberrantes que vienen aprobando minan la credibilidad de la ciudadanía hacia
ellos: también con estas deshonestas actitudes, que sólo alientan un clima antipolítica,
funcional a los intereses miserables que anidan en el seno de las corporaciones que
controlan el gobierno ni nacional ni popular, hoy en el Poder Ejecutivo no Nacional.

27/10/16: La gerencia que regentea el presidente offshore (20) se la pasa hablando de una
inflación promedio del 17 % para todo 2017, sin embargo, todos los ilegales e ilegítimos
aumentos que piensa ejecutar el año entrante superan largamente el 30 %. Pero como están
tan ansiosos por seguir castigando a la población a puro tarifazo criminal, van anticipando
algunos para este año, como es el caso del subte. El lunes próximo el viaje en subte
aumentará a 7,50 pesos. Se trata del tercer aumento dispuesto por el macrismo desde que
recibió el subte en 2012. El incremento de la tarifa es superior a 700 por ciento en cuatro
años. La decisión de incrementar el boleto de subte se tomó junto con los aumentos de
colectivos y trenes de este año, pero estuvo frenada por una cautelar. Ayer, en un fallo
dividido, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo anuló la disposición
de primera instancia. Pocas horas después, la empresa estatal Sbase anunciaba la suba. En
el Gobierno porteño ya admitieron que prevén otro aumento en 2017. Según cálculos de la
oposición, el pasaje llegará a 10 pesos, o sea: un 43 %. A esta nueva confiscación habrá que
sumarle las que prevén en gas, luz, agua, celulares, prepagas, ABL, rentas y demás
etcéteras, con que planean seguir asaltando el bolsillo de los asalariados, mientras aplican
recortes en todas las áreas sensibles de un Estado que planea estar ausente, para los
trabajadores. Porque seguirá muy presente para las corporaciones a las que, por otra parte,
pertenece material e ideológicamente.

Es un discurso básico y miserable, pero en algunos sectores medios penetra a fondo en su

sentido común. El falso pasajero de colectivos empieza a preparar el terreno para justificar
la “necesidad” de privatizar Aerolíneas Argentinas. “Aerolíneas Argentinas nos cuesta dos
jardines de infantes por semana”, aseguró ayer el presidente blindado al cuestionar el
reclamo salarial de los pilotos. De este modo, el mandatario comenzó a instalar la idea de
que el dinero que se utiliza para garantizar su funcionamiento podría destinarse a otros
objetivos supuestamente prioritarios. Un discurso similar se utilizó en la década del 90 para
justificar la privatización de los ferrocarriles e incluso de la propia Aerolíneas Argentinas.
En los últimos tiempos, esa lógica también se aplicó para explicar porque no habrá más
dinero público para Fútbol para Todos. En el caso de la aerolínea de bandera, Macri ya
había dicho, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que su intención
era poner la compañía en venta; pero como gran parte de la sociedad no estaba de acuerdo
en la última campaña electoral modificó su discurso. Ahora, apuesta a que deje de perder
plata o incluso a que sea superavitaria, un objetivo difícil de cumplir en el contexto
económico actual, sobre todo para una firma que no sólo compite por la crema del negocio,
sino que también vuela a destinos no rentables para integrar el territorio nacional. “Lo
grave de las declaraciones de Macri es que él ve al transporte aéreo como un gasto y en
ningún momento toma en cuenta el impacto positivo que genera la aerolínea de bandera en
el producto bruto interno, al incentivar el turismo y la actividad económica en general”,
aseguró Mariano Recalde, ex presidente de Aerolíneas Argentinas. Ya que le gusta hacer
cuentitas al Hood Robin argentino no Nacional, uno se podría preguntar: ¿Cuántos
hospitales podemos sumar a su repentina vocación por construir jardines de infantes (quizá
para tirarle un nuevo hueso a su cardenal amigo Nicolás Caputo), si el presidente blindado
y todos sus funcionarios repatriaran su ilegal dinero oculto en paraísos fiscales? ¿Cuántas
escuelas podríamos multiplicar por todo el territorio si la pandilla que él lidera no hubiese
eliminado las retenciones a los garcoexportadores? ¿Cuánto se podría agregar al
presupuesto en Ciencia y Tecnología, para no recortarlo, si el gobierno de CEOs y evasores
con cuentas offshore no hubiese eliminado los impuestos a la riqueza, al champagne, a los
autos de alta gama y demás lujos suntuarios con que su clase dominante disfruta
impunemente a costillas del erario público? Estos disparates que el mal imitador de Freddie
Mercuri lanza a la bartola no son simples improvisaciones. Mientras evitan discutir las
causas que motivan las medidas de fuerza de los trabajadores, apelan a latiguillos muy
eficaces para hacerlos calar en las frágiles conciencias clasemedieras, dispuestas siempre a
pensar que con sus impuestos cubren gastos improductivos de empresas estatales; pero que
nunca logran reflexionar que con esos mismos aportes solventa la festichola neoliberal que
impunemente se dan las corporaciones a la vista de todo el mundo.

Ya que inesperadamente Mau y sus pandilleros mostraron interés en los jardines de infantes
que no se pueden construir por las pérdidas evitables que, según ellos, sufre el Estado;
esperemos que su gerencia haga oídos sordos al descarado pedido de condonación de
deudas que hicieron las empresas eléctricas, beneficiadas como pocas gracias a los tarifazos
criminales que multiplican sus ganancias presentes y futuras. Las empresas distribuidoras
de electricidad le pidieron al Estado nacional que le perdone una millonaria deuda, como
parte de la revisión de la "herencia" kirchnerista en materia energética. En total, reclaman
sacarse de encima un pasivo de 22 mil millones de pesos que mantienen con CAMMESA,
cuya titularidad accionaria pertenece en su mayoría al Estado. El monto equivale a unos
1.400 millones de dólares y, siguiendo el indicador que adoptó el presidente blindado
recientemente, podrían hacerse 407 jardines de infantes con ese monto, casi 8 por semana
durante un año. Según informó el sitio El Inversor Online, las compañías adujeron dos
motivos para hacer efectivo su pedido. El primero hace referencia a la herencia del
gobierno K y remite a que la política energética de la década pasada les impidió hacer
frente a los costos operativos, como el pago a CAMMESA, empresa mayorista del mercado
eléctrico. El otro argumento es la judicialización del tarifazo que dispuso Aranguren en
febrero de este año. Según las compañías, esto genero incertidumbre en cuanto a los
ingresos que podían percibir o no y terminó afectando su negocio. Se han atrevido a tanto
que no sería de extrañar que el brazo ejecutor de las corporaciones conceda su deseo a las
energéticas. Lo que no se entiende es si el presidente offshore (20) tiene tanta afición por
los Jardines de Infantes, por qué no los construyó en la Ciudad de Buenos Aires, donde hizo
de Jefe de Gobierno durante 8 años. Miles de chicos se quedan afuera por año por falta de
cupos cuando intentan inscribirse en ese fallido engendro de “inscripción on line” que
inventó el roquista Esteban Bullrich. A esos niños ni siquiera les queda el consuelo con que
cuentan muchos alumnos de escuela primaria que, ante la falta de salones, son
amontonados en improvisados containers, como si fueran sobras que hay que ubicar en
alguna parte y así, de alguna manera, dar algún tipo de respuesta a tanto “exceso” de
demanda.

Como se señalara ayer, la pandilla neoliberal cuando retrocede no se está retirando: está
recalculando para relanzar de nuevo su fallido zarpazo criminal. La referencia es a lo
ocurrido después del fracaso en el intento de aprobar una ley de reforma del Ministerio
Público para desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó y generar mecanismos de
injerencia política en el organismo. Sucedido esto, el diputado macrista Pablo Tonelli
señaló que el oficialismo insistirá con su objetivo y agregó la única verdad que dijo en su
vida: “Gils Carbó es incompatible con Cambiemos, pero tampoco la vamos tirar por la
ventana”. Por su lado, el presidente de la Comisión de Legislación General, el ignoto
oficialista Daniel Lipovetsky, afirmó que “siempre es una posibilidad la del juicio político”.
Pero sorprendió el remate de su frase: “… si encontramos las causales”. El ministro de
Injusticia, Germán Garavano, le dijo a Página/12 que tiene expectativa de que se logre un
consenso sobre “un proyecto de reforma que acote el mandato del procurador”. “El juicio
político es una facultad del Congreso, a nosotros no nos cabe ningún rol en eso”, agregó.
Sobre todos estos dichos hay cinco señalamientos para hacer: 1) Cualquier procuradora
honesta y apta para el cargo es incompatible con Cambiemos. 2) Una procuradora, señor
Tonelli, no debe ser compatible con ninguna fuerza política en particular, sino con los
requisitos legislados y con una trayectoria intachable. 3) En pleno auge de la violencia de
género, hablar de que los hombres y las mujeres con alma masculina, que habitan su infame
espacio político, no van a “tirar a Gils Carbó por la ventana” es, como mínimo, poco feliz.
Aunque también es un avance en los siempre ausentes buenos modales republicanos de
estos innobles neoliberales: vale recordar cuando el presidente offshore (20) llamaba a
“tirar por la ventana” a Néstor Kirchner, dos meses antes de su muerte. 4) La “posibilidad”
del juicio político suena a “vamos a ver qué le podemos encontrar (léase inventar) para
sacarla del medio. 5) Garavano: el juicio político es una facultad de otro poder, en el que
usted y su gobierno siempre se entrometen ilegalmente con las más aberrantes intenciones.
Por lo tanto, van a hacer lo imposible por continuar presionando, difamando, calumniando
y enlodando a esta mujer; que es un escollo para las ambiciones que tiene el macrismo por
colonizar el organismo. Se descuenta la ayudita que van a tener de los medios hegemónicos
para llevar a cabo tan abyecta empresa.

El ataque a los trabajadores aeronáuticos que realizó el presidente offshore (20), a raíz de
las medidas de fuerza tomadas por sus gremios, utilizando fallidas metáforas engañosas, no
fue el único intento por demonizar a los sindicatos, soslayar los reclamos que plantean y
empezar a preparar el terreno para avanzar con iniciativas privatistas en favor de las
corporaciones y/o sus empresas familiares, que hasta altura son lo mismo. También agredió
a los trabajadores ferroviarios, que tomaron ayer medidas de fuerza en protesta por el
desmantelamiento de ramales que dejaron a más de 100 pueblos sin servicios. “La medida
de fuerza es no entender hacia dónde va la Argentina. Hay que ser responsables y solidarios
cuando se está al frente de la conducción de gremios y empresas”, señaló el falso pasajero
de colectivos que nunca se subió a un tren. Para contestar esta sarta de mentiras y
falsedades, habrá que invertir estos dichos: La medida de fuerza parece ser la única
posibilidad de hacerle entender a un gobierno que no escucha, que no puede haber un país
integrado si no está interconectado territorialmente. Hay que ser solidarios y responsables
para entender la necesidad de tener transportes públicos accesibles que aseguren su uso a
todos los habitantes. De lo contrario sabremos a dónde irá la Argentina: derechito al 2001.
Los que no van a ninguna parte, con estas políticas, son los trenes desmantelados y las
poblaciones varadas en sus pueblos, desprovistas de vías férreas.

“El mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre la marcha”, está haciendo estragos en
toda la Economía ya no nacional. La actividad industrial cayó en septiembre 8 por ciento en
relación al mismo mes de 2015, lo que supone una de las peores marcas del año, según los
datos de la consultora ultra neoliberal FIEL. Además, redujo su nivel frente a agosto un 2,6
por ciento sin tener en cuenta factores estacionales. El desempeño más flojo fue para los
bienes de consumo durable, como línea blanca y autos, seguido por bienes de capital, que
sirven de termómetro de la inversión, y los bienes de uso intermedio. Los sectores que más
cayeron fueron automotor y siderurgia. Al contrario del discurso oficialista, la baja de la
industria no encontró todavía su piso, a raíz de la tracción negativa del consumo por la baja
de salarios, la crisis de Brasil y el aumento de importaciones. Ante la fuerza de los hechos,
el Gobierno ni nacional ni popular dejó a un lado el planteo acerca de los supuestos brotes
verdes. Según FIEL, una consultora ideológicamente cercana al macrismo, el tercer
trimestre cerró con una caída del 6,9 por ciento en relación al año pasado, unas décimas
mejor que la merma del 7,3 por ciento del segundo trimestre. La baja del 8 por ciento en
septiembre estuvo en el escalón más bajo del año junto a la caída del 9,2 por ciento de junio
y del 8,6 por ciento de julio. En directa relación con estos catastróficos datos están los
igualmente alarmantes números en relación al empleo y los salarios. El empleo registrado
en el sector privado retrocedió 0,8 por ciento en septiembre frente al mismo período del año
pasado. Como sucede desde comienzos de año, la construcción y la industria manufacturera
son los sectores que concentran las mayores caídas como consecuencia de la reducción en
la inversión, la amputación del rol contracíclico del gasto público, la merma del salario real,
la apertura comercial y las menores exportaciones hacia Brasil. Las contracciones relevadas
por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del ministerio de Desempleo llegan al 7,9
por ciento para la construcción y al 3,7 en la actividad fabril contra el año pasado. Los
datos de la cartera laboral muestran que las remuneraciones de los trabajadores registrados
acumularon hasta agosto un alza interanual del 35,1 por ciento y la inflación medida por las
autoridades porteñas trepó a 43,5 por ciento en el mismo período, 8,4 puntos porcentuales
de diferencia. Pero atención, para la gerencia neoliberal estos números hay que mejorarlos:
bajando aún más los salarios y propiciando más desocupación. Hay que ser “competitivos”
y atraer inversiones, por lo tanto, hay que dejar atrás los sueldos más altos de la región y la
desocupación más baja del país en décadas, que les dejó la “pesada herencia kirchnerista”.

Para los que somos acusados de simples “oposicionistas” y de no aportar “soluciones” a los
problemas que atraviesa el país, aquí va una sencilla contribución para calmar la angustia
del hombre del corazón artificial por no contar con los fondos que necesita para crear “dos
jardines de infantes por semana”: dejen de subejecutar el presupuesto educativo, canallas.
De acuerdo a cifras del ministerio de Hacienda al 23 de octubre, el área "Infraestructura y
Equipamiento" del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, liderado por el
roquista Esteban Bullrich, apenas ejecutó el 28,1% de su presupuesto. Representan 715,11
millones sobre un total de $ 3.334,9 millones. Esos casi 2.600 millones que no invirtieron
equivalen a más de 380 jardines, en base a cálculos oficiales de este año. Es tanto el dinero
disponible sin ejecutar, que también podrían construir más aulas y escuelas para los cientos
de chicos amontonados en containers amarillos en la ciudad más rica del país.

Si se quiere escuchar a una persona autorizada para hablar de los sistemas informáticos,
nadie mejor que Julian Assange. El creador de Wikileaks sostuvo que la utilización del voto
electrónico –que en nuestro país ya obtuvo media sanción en el Congreso– para unas
elecciones presidenciales es “una locura absoluta ya que es muy fácil de manipular”. En
una videoconferencia organizada por la Conferencia Internacional de Software Libre
(CISL), el exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres afirmó que “como experto en
seguridad, el voto electrónico es un suicidio para elecciones nacionales. La criptografía es
fácilmente modificable”. “Además, la gente que votará en los comicios no puede saber si
los controles que supuestamente existen, realmente se establecerán. Para una votación
presidencial, es una locura absoluta establecer el voto electrónico”, explicó el informático
australiano. Lo que no entiende Assange, y todos los detractores del voto electrónico, es
que precisamente por lo “altamente vulnerable” es que la propuesta quiere ser llevada a
cabo. Agotadas, por conocidas, las mentiras electorales, la alianza neoliberal no puede
soñar con otras alternativas para perpetuarse en el poder ganando elecciones legal y
transparentemente.

El Gobierno ni nacional ni popular sufrió ayer un importante revés legislativo en el

tratamiento en Diputados del proyecto de régimen de participación público-privada en
obras de infraestructura, el cual es resistido por la oposición por considerar que abre la
puerta a un proceso privatizador y cede la jurisdicción a tribunales extranjeros en caso de
diferendos legales entre el Estado y los inversores. En medio de un debate que no
encontraba puntos de encuentro, el Frente para la Victoria presentó una moción para que el
proyecto vuelva a comisión y sea discutido con más rigurosidad. La propuesta fue aprobada
por 107 votos a favor, 105 negativos y 9 abstenciones y, ante un oficialismo perplejo por
del desarrollo de la jornada, el proyecto volvió a comisión. La iniciativa original presentada
por Cambiemos ya había recibido modificaciones durante la discusión en la Cámara alta y
en el trabajo en Diputados se habían incorporados algunos puntos adicionales, aunque
insuficientes, para hacer la ley menos benevolente para las grandes empresas extranjeras y
darle mayor protección al Estado. Como en tantos otros temas, el macrismo justifica con la
promesa de la creación de empleo todas las facilidades que otorga al sector privado. En este
caso, la ley contemplaba en su artículo cuarto “permitir recuperar la inversión y el repago
del financiamiento”, con el objetivo de “reducir el riesgo empresario”. Este artículo se
propuso que fuera eliminado durante el tratamiento en Diputados, debido a que subordina al
Estado a garantizar el resultado del socio privado. Además, la empresa que considere que la
situación no haga viable su inversión podrá retirarse de la obra sin ningún tipo de
penalización, pero en caso de un diferendo con el Estado podrá litigar en el exterior. “Está
lleno de generalidades y ambigüedades, como hablar de rentabilidad razonable. ¿Quién
determina la rentabilidad razonable?”, señalo el diputado nacional Carlos Heller (Partido
Solidario), quien junto con el FpV solicitó que se reenvíe el proyecto a comisión de
Diputados. Según explicó, estas garantías al sector privado “atentan contra la soberanía del
país y el rol del Estado como garante del bienestar de toda la sociedad, dejándoles la
posibilidad a los capitales privados de aplicar sus criterios de rentabilidad empresaria en
bienes de dominio público”. Tampoco se destaca la transparencia de los procesos
licitatorios, otro de los slogans de promoción de la iniciativa. Por ejemplo, el proyecto no
obliga al Estado a publicar en el Boletín Oficial los procesos licitatorios de obra pública, lo
que impide poder relevar si existe concentración en la adjudicación al no haber un registro
público. De todos modos, como sucedió con el intento de reforma del Ministerio Fiscal, la
banda neoliberal insistirá por imponer esta ley a medida de las corporaciones y a la de sus
socios y amigos cardenales que anidan en su infausto gobierno. Ya lo adelantó hoy el
ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, quien señaló: "el
proyecto ya está hablado para que la semana próxima tenga luz verde en comisiones y se
apruebe en el recinto”. Por supuesto, como ocurrió con todas las leyes aberrantes que
vienen aprobando, contarán con la invalorable colaboración del Frente Rejuntador, quien
seguramente facilitará la aprobación amparado en algunas reformas que disminuyan el
daño, pero conservando el espíritu confiscador e ilegítimo que todas las propuestas
neoliberales llevan en su vientre.

La gerencia neoliberal que se apoderó del Estado ya no Nacional sigue aumentando el gasto
público, que sermonea siempre estar “combatiendo” para reducirlo, sumando cargos
jerárquicos para copar de militantes neoliberales la administración pública y, de paso,
hacerse de algún retorno para sus gastos menores. Lo más irritante de todo esto es que uno
de los ministerios que no para de sumar personal innecesario para funciones que no están
bien definidas es el Ministerio de Modernización y Despidos, una dependencia que atrasa
con su impronta ajustadora propia de los años noventa. Su titular, Andrés I-barra, designó
un ¡Coordinador de Aplicación de Políticas Transversales de Recursos Humanos! El
afortunado militante que encabezará este invento a medida es Luis Felipe Carrillo, de 29
años, y cobrará un sueldo bruto de 54.715,82 pesos, que rendondea unos $45 mil de sueldo
neto, ya que fue designado con una remuneración equivalente a la escala B-0, función
ejecutiva IV del convenio de empleo público. La medida fue publicada este jueves en el
Boletín Oficial. Andrés I-barra, en 10 meses, despidió miles de trabajadores estatales, pero
creó 146 cargos jerárquicos con sospechosos sueldos promedio de $70.000. Pero I-barra no
es el único creativo a la hora de generar kiosquitos para la muchachada PRO. También está
el cavernícola Oscar Aguad, que no sabe prender una computadora, pero tiene muy claro
cómo crear empleo inútil pero redituable para los militantes amarillos: su ministerio de
Comunicaciones nombró ¡un coordinador de Despacho y Mesa de Entradas!, a cargo de un
tal Guillermo María Álvarez, que cobrará por la compleja tarea de recibir y guardar
papeles, ¡$ 54.700! El desfalco de los dineros públicos que está haciendo esta gente no
tiene ni perdón ni comparación con ningún proceso político visto en la historia argentina.

28/10/16: El levantamiento de “Fútbol para todos” no tiene sólo como objetivo achicar
gastos y “maximizar” recursos. La gerencia neoliberal va incumplir otra promesa electoral
para facilitar el negocio a las corporaciones, a las que pertenece. Su verdadera GestAfip
salió a amedrentar a los clubes para quebrarlos moral y económicamente: su general en
jefe, Alberto Abad, declaró que “el sistema del fútbol es peligroso para la seguridad social
de Argentina”. Se apoyó para decirlo en las consecuencias del decreto 1212 del 19 de mayo
de 2003 que firmó el ex presidente Eduardo Duhalde, seis días antes de abandonar el
gobierno. El funcionario habló del desfinanciamiento de la seguridad social que en el fútbol
se lo atribuyó en un alto porcentaje (67,04) a la AFA y diez clubes. Ese régimen establece
que el fútbol paga una alícuota del 7 por ciento que, comparada con otros contribuyentes, es
bastante menor (31). Por ello adelantó que, a las fundidas instituciones deportivas, les
incrementará la presión impositiva, en un contexto de recesión que ha deprimido a la
Economía en general y a las actividades recreativas y de espectáculo en particular. Eso,
sumado al fin del Fútbol para Todos, conforma un ahogo financiero que conduce a un viejo
anhelo del presidente offshore (20): las sociedades anónimas deportivas, o sea, la
privatización del fútbol. La mejor manera de obligar a los clubes a renunciar a su estatuto
de entidades sin fines de lucro es, como lo hace con la política nacional, a través de la
extorsión, de la asfixia económica, del callejón sin salida. Otra vez el miedo y la mentira,
hechos formas de hacer política.
Hasta hace menos de un año la ciencia y la tecnología gozaban de un futuro venturoso y los
científicos argentinos, una vez repatriados, de un lugar de privilegio merecido; atraídos por
un proyecto nacional y buenas condiciones laborales. Hoy todo languidece en una triste
letanía. La tijera criminal de la gerencia de CEOs y evasores con cuentas offshores se
propone achicar gastos, eliminar becas, congelar inversiones y redireccionar sus objetivos
en clave extranjerizante y neoliberal. Ayer la comunidad científica le dijo NO, a la
propuesta ignominiosa de Mau y sus pandilleros. “No al ajuste en ciencia, tecnología y
universidad.” Esa fue la consigna que convocó ayer en el Congreso a miles de científicos,
docentes, estudiantes y trabajadores del área. El proyecto de presupuesto del año que viene
para Ciencia y Tecnología, presentado por el Gobierno, propone un recorte del 32,5 por
ciento en términos absolutos. Organizaciones gremiales y partidos políticos se hicieron
sentir con fuerza en la ventosa tarde de ayer. A las 16 ya estaba cortada la avenida Entre
Ríos, frente al Congreso, y 45 minutos después ya estaba colmada. En el escenario, los
organizadores leyeron los saludos de solidaridad de distintos sectores y culminaron con una
declaración consensuada por los convocantes, en la que reclamaron, entre otros puntos, “un
aumento sustancial del presupuesto de ciencia, tecnología y universidad que garantice con
normalidad la actividad de investigación, educación y extensión”, así como una “inmediata
recomposición salarial para todos y todas los trabajadores/as investigadores, docentes y de
apoyo, que permita que recuperemos el poder adquisitivo perdido por la inflación, la
devaluación y los tarifazos”. La pelea será ardua y desgastante. Nos enfrentamos ante un
gobierno que tiene claro sus objetivos cipayistas y expropiadores por lo cual, a lo sumo, se
conseguirán leves mejoras o algunos menores recortes, pero su espíritu confiscatorio y anti
nacional quedará intacto.

A más de un año de su creación y pasados ya 10 meses de su asalto al Poder Ejecutivo no

Nacional, la alianza neoliberal Cambiemos lanzó ayer la “mesa nacional” de su coalición
reaccionaria. El presidente blindado, la lumpen política Elisa Carrió, y el genuflexo Ernesto
Sanz encabezaron un breve acto a puertas cerradas –sin militantes o voluntarios– con la
presencia de sus máximos dirigentes: la vicepresidenta y creadora de fundaciones apócrifas,
Gabriela Michetti, los cinco gobernadores oficialistas, los presidentes de los partidos y
algunos ministros y referentes legislativos. Sin una definición concreta, la foto sirvió para
ratificar la idea de competir juntos en las legislativas de 2017, en un contexto de reiteradas
diferencias internas. En contraste a este pálido y patético encuentro, cientos de homenajes
se rindieron por todo el país para recordar el sexto aniversario de la muerte de Néstor
Kirchner. El más significativo lo encabezó su hijo Máximo en la Matanza, donde hizo un
encendido discurso ante un nutrido grupo de oyentes. El dirigente recordó sentidamente a
su padre y agudizó sus críticas a la gestión actual, haciendo un repaso general de las más
aberrantes medidas tomadas en estos meses, con la seguridad de siempre quedarse corto.
Así se pudieron ver dos actos contrapuestos: en uno los vivos se encerraban como en un
velatorio para que entren sólo familiares y allegados. En el otro, abierto y masivo, el
fallecido parecía estar entre ellos, vivito y coleando.

29/10/16: La presión internacional sobre la dictadura de Gerardo (in) Morales en Jujuy

empieza a hacerse sentir cada vez más fuerte. El Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de Naciones Unidas reclamó al Gobierno “liberar de inmediato” a Milagro Sala,
cuya privación de la libertad consideró “arbitraria”. Entre otros argumentos, el organismo
internacional sostuvo que “no fue convencido” por parte de las autoridades nacionales de
que hubieran existido “elementos legales” para ordenar la prisión preventiva de la dirigente
de la organización social Tupac Amaru, que permanece encarcelada en Jujuy desde enero
pasado, y acusó al Gobierno de entregar “argumentos dogmáticos”, en lugar de pruebas,
para justificar su encierro. El organismo de la ONU, además, ordenó a las autoridades
nacionales que concedan una “reparación adecuada” a Sala y que se inicie “una
investigación sobre la violación a los derechos” que implicaron los más de 200 días de
encierro. ““La importancia de esta resolución no puede ser exagerada: es fundamental.
Desde el momento en que es posible privar de su libertad a una persona en forma arbitraria,
sin ninguna causa justificada, y a pesar de los fueros que tiene como parlamentaria del
Parlasur, todos estamos en peligro”, advirtió Horacio Verbitsky, presidente del Centro de
Estudios Legales y Sociales que, junto a Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del
NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el equipo de defensores de
Sala, radicó la denuncia que originó la respuesta conocida ayer. “Ahora le toca al Estado
Argentino cumplir”, consideró Verbitsky, quien señaló que la resolución de la ONU es
“similar” a lo que el organismo internacional determinó en el caso de la detención de
Leopoldo López, opositor al gobierno de Venezuela. “El Gobierno de Venezuela no ha
respondido. Le toca ahora al presidente Mauricio Macri responder. Después de meses de
declaraciones en contra de Venezuela le toca a él demostrar que su conducta es distinta –
continuó–. Después de meses de hablar del regreso de Argentina al mundo, le toca
demostrar que ese regreso no es sólo para endeudarse, sino también para responder ante
organismos con los que el país tiene obligaciones”. Sería un verdadero Milagro que los
nobles republicanos, que avasallan las leyes y los derechos ciudadanos todos los días, dejen
de lado su odio y se ajusten a la legalidad. No está en sus genes, no está en su forma de
hacer política.

La mejor manera que siempre encuentran Mau y sus pandilleros para llevar a cabo un
engaño, es presentarlo con títulos rimbombantes y sobredimensionados que escondan sus
inconfesables propósitos, que son exactamente lo contrario de lo anunciado. Quienes leen
sólo titulares y algunas pocas líneas, o completan su mala información con los comentarios
de los medios hegemónicos, muerden la zanahoria invariablemente. Cuando se dan cuenta
lo que realmente tienen en la boca, ya es demasiado tarde. La ley de “Reparación histórica”
para los jubilados, es el mejor ejemplo para graficar cómo la gerencia neoliberal busca
ocultar una nueva estafa detrás de su promesa grandilocuente. Hasta hoy se ha verificado
que: contra lo prometido, la Anses no está ofreciendo a quienes tienen sentencia firme
pagarles el juicio que ganaron, sino que les está planteando acuerdos a la baja. Esto es
porque utiliza un índice para calcular la actualización de las remuneraciones (Ripte) que
arroja resultados menores al índice que utiliza la Justicia (Isbic), de acuerdo a la
jurisprudencia de la Corte Suprema. Las diferencias son mayúsculas. A modo de ejemplo,
un jubilado por la ley 24.241 que gana actualmente 8369 pesos y que debería tener una
actualización de su ingreso hasta 23.050 pesos de acuerdo a los parámetros judiciales,
acaba de recibir una propuesta de “reparación histórica” de 9733 pesos. Son 13.300 pesos
menos. Estas inconsistencias obedecen a que la Anses está haciendo algo insólito: estima
actualizaciones a grandes rasgos, sin detenerse en análisis rigurosos expediente por
expediente, dado que su capacidad operativa le permite liquidar de 4 mil a 5 mil juicios por
mes, muy lejos de los 600 mil casos que ya resolvió en apenas tres meses desde la
promulgación de la ley. Seguramente todo esto trasuntará en una avalancha de nuevos
juicios para hacer cumplir lo que garantiza la norma. Respecto a los que tienen sentencia
firme, además, se les achica el monto de los retroactivos que acompañan la actualización de
haberes. Esto es porque la ley de Reparación Histórica los dispuso desde el momento del
traslado de la demanda, en lugar de hacerlo desde el primer reclamo por vía administrativa.
En promedio, esto equivale de ocho meses a un año menos de retroactivo. Para quienes no
tienen sentencia firme, la reducción puede ser muy superior, puesto que la ley fijó un tope
de cuatro años, cuando hay juicios iniciados antes que eso. “El reconocimiento del Estado
de que estaba liquidando mal las jubilaciones está multiplicando la litigiosidad previsional,
en lugar de terminarla, como había prometido el Gobierno en los fundamentos de la ley.
Jubilados con mayores condiciones físicas y económicas para esperar juicios que se
resuelven en tres o cuatro años, más cuando la propia Anses admite que está en falta, están
iniciando acciones legales para exigir la actualización de sus haberes y los retroactivos
correspondientes al margen de la oferta de “reparación histórica”. La Anses está haciendo
una invitación masiva, servida en bandeja, para litigar contra el Estado, y con lógica, cada
vez son más los jubilados y los abogados que aprovechan la oferta. Basavilbaso admitió
esta situación el último miércoles en el Congreso, pero en lugar de hacer autocrítica por
haber multiplicado los riesgos de litigiosidad previsional, se justificó diciendo que ´ahora la
gente tiene confianza en que le van a pagar´. Pero se olvidó de aclarar que la reparación
histórica era supuestamente para terminar con los juicios, no para acrecentarlos de manera
exponencial”, señala acertadamente David Cufré, en Página/12 de hoy. Como el macrismo
ahora no paga las sentencias, sino que ofrece acuerdos a la baja, afectando derechos que,
como los previsionales, son irrenunciables según la Constitución, expone al país a una
condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya varios
damnificados presentaron reclamos contra el Estado argentino. Tampoco es cierto que la
(no) reparación histórica alcanza a 2,5 millones de jubilados: apenas 1 millón están en
condiciones de ser estafados por el brazo ejecutor de las corporaciones, según datos
oficiales. En conjunto, hasta el momento cobraron la reparación 600 mil jubilados, de los
cuales un tercio recibieron hasta 550 pesos (191 mil), y otro tercio (214 mil), hasta 1550
pesos. “La Anses sigue sin aclarar qué ocurrirá si los 600 mil jubilados que empezaron a
cobrar la reparación rechazan o no homologan en la Justicia lo que les dieron de manera
automática, sin haber hecho ninguna solicitud ni expresado ninguna aceptación del
convenio. ¿Les sacarán lo que les aumentaron? ¿Les obligarán a devolver la plata? El
desmanejo es gigantesco. A la vez, la Anses aceptó pagar 1150 pesos a cada abogado que
solo concurra a homologar los acuerdos, sin que eso les implique ninguna tarea más que
poner la firma. Es un costo para el Estado de 2900 millones de pesos en caso de que sea
cierto que hay 2,5 millones de jubilados implicados, o de 1150 millones si fueran un millón.
En cualquier caso, se trata de un gasto multimillonario por algo que no resuelve la
litigiosidad previsional ni repara históricamente a casi nadie”, concluye el periodista.
Estamos entonces ante dos opciones: 1) La estafa pergeñada, si no sale como ellos
esperaban, tiene un plan B, que sería salir hacia un sistema de jubilación privada. 2) La
inviabilidad estaba prevista, aunque en el simulacro de intento busquen esquilmar a unos
cuantos incautos, por lo que creyeron necesario pasar por esta ignominiosa etapa para crear
las condiciones y la necesidad de plantear que el sistema de reparto ha colapsado y que ello
obliga a cambiar de régimen provisional. Queda en el lector cuál de las dos maniobras
macabras elige como planificadas.
Algunos de los pérfidos neoliberales ya anidan en algunos clubes de fútbol haciendo
negocios sucios, facilitados por la gerencia macrista que regentea el Estado ex Nacional. A
la espera de abrir el camino a la privatización del deporte más popular del país, el oscuro
operador judicial del gobierno ni nacional ni popular en la “Justicia”, Daniel Angelici, ya
maneja anticipadamente a Boca Juniors como una sociedad anónima. De hecho, al club que
este siniestro hombre preside, hay que sumarlo a la extensa lista de funcionarios del
Gobierno, empresarios afines al macrismo, bancos, compañías de servicios, medios
periodísticos y automotrices que ganaron con el “dólar futuro”. En el balance que trató
anoche su asamblea de representantes y que arrojó un superávit de 28.962.734 pesos, de esa
suma, 22.830.220 se corresponden con la apuesta que realizó su comisión directiva en el
mercado de valores. Opositores al dirigente criticaron la maniobra a la que calificaron como
“timba”. Tratándose de él no parecería despectivo el término, porque su actividad privada
son los juegos de azar. Pero lejos sí está de los objetivos que debe cumplir una asociación
civil sin fines de lucro. La ilegitimidad de la operatoria está a la vista. Su presunta
ilegalidad se debería determinar en tribunales si el tema se judicializara. Justo en el
escenario donde mejor se desenvuelve el principal involucrado.

30/10/16: No es por una maldición del apellido, sino por su condición de neoliberal. El
presidente Mau, su padre y sus hermanos, no son los únicos Macri vinculados con el delito
económico. También está el primo Jorge, portador del mismo apellido y de similares
conductas indecorosas. Según publica Página/12 hoy, pocos días después de la difusión
mundial de los Panamá Papers, el entonces fiscal general Carlos Gonella, a cargo de la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), presentó en la
“Justicia” la denuncia por el supuesto delito de lavado de activos de Jorge Macri, su esposa
Florencia de Nardi y el director de una compañía involucrada en la operación, Javier Rubira
Alonso. La causa, que se tramita en el juzgado de San Isidro y está siendo atendida por el
fiscal Fernando Domínguez, nace por la compra de un departamento en Miami por 403.000
dólares, operación canalizada a través de una empresa constituida unos días antes en esa
ciudad, que a la vez recibió un sospechoso préstamo de una firma-sello de goma uruguaya.
En la investigación intervinieron la AFIP, la Unidad de Información Financiera y la
Procelac. La primera realizó un reporte de operación sospechosa (ROS N° 8262966) que
fue remitido luego a la UIF, que abrió un expediente (N° 543/2012), actuaciones que
derivaron en la apertura de la investigación preliminar por parte de la Procelac. En las
declaraciones juradas impositivas de Jorge Macri no figura ese inmueble. En estos últimos
meses, el fiscal ha recibido información adicional proveniente del exterior que tiene de
protagonista al primo hermano del presidente de la Nación. En 2012 la AFIP había
convocado a Jorge Macri para que explicara esa operación sospechosa. El intendente de
Vicente López justificó el origen de los fondos para la compra del departamento con la
recepción de dos préstamos. Afirmó que uno fue otorgado por la sociedad uruguaya
Fawsley SA por 184 mil dólares y el otro por el Banco BAC Florida Bank por 219 mil
dólares. La AFIP determinó que “el contribuyente bajo fiscalización no detenta en cabeza
propia ni por medio de las sociedades involucradas, la capacidad financiera que pueda
justificar el origen de los fondos para la adquisición del inmueble en el exterior”. A partir
de allí el caso lo siguió la UIF, siguió el caso y determinó que Jorge Macri y su esposa
Florencia de Nardi habían adquirido el departamento a través de Icon Unit 1704 LLC, una
sociedad offshore. La UIF también abordó la cuestión del origen de los fondos destinados a
la compra del inmueble. La Dirección de Análisis detalló que “Macri manifestó que el 40
por ciento de los mismos provenían de un préstamo otorgado por la firma extranjera
Fawsley SA”. Para los investigadores resultó llamativo que Fawsley SA le haya otorgado
un préstamo a Icon Unit 1704 LLC por 184.000 dólares sin otra garantía que un pagaré,
más aún porque se trataba de una firma extranjera recientemente constituida, con un capital
ínfimo comparado con el monto prestado, lo que se desprende que el contrato de mutuo
carecería de razonabilidad económica dada el significativo importe involucrado y las
escasas garantías presentadas para la operación. Para justificar ese crédito, el primo del
presidente offshore (20) aportó copia del mutuo celebrado el 29 de marzo de 2011 suscripto
en Montevideo, Uruguay. Pero Jorge Macri no estuvo ese día en Uruguay de acuerdo al
registro de la Dirección Nacional de Migraciones, advierte la denuncia de la Procelac.
Señala además que el préstamo otorgado, con mínimas garantías, resulta llamativo incluso
en comparación al patrimonio declarado por el propio Macri, puesto “que no contaba con
otros bienes declarados en el exterior (salvo participación societaria) y el monto del mismo
(equivalente a 750.720 pesos) a dicha fecha, representaba cerca del 25 por ciento del total
de su patrimonio”. La Procelac propone hacer foco en la sociedad Fawsley y en Javier
Rubira Alonso, presidente de esa firma que le prestó el dinero a Macri. Rubira Alonso está
involucrado en otras denuncias por lavado de activos que se tramitan en el fuero federal.
Además, es director de Abble Holdings Limited. El domicilio de esta última firma coincide
con la de otras compañías investigadas en Uruguay por presuntas maniobras de lavado de
dinero. Rubira Alonso está vinculado con el estudio jurídico uruguayo Juan Pedro Damiani
(“JP Damiani & Asociados”), que tiene estrecha relación, a su vez, con el estudio jurídico y
contable panameño Mossack Fonseca (dedicado a crear y administrar sociedades offshore
en paraísos fiscales), eje central de las filtraciones denunciadas por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y por el diario alemán
Süddeutsche Zeitung. El domicilio declarado por Rubira Alonso es el del estudio jurídico
JP Damiani & Asociados: Reconquista 517, 7° piso, Montevideo. “La intervención de
Javier Rubira Alonso, constituye un indicio serio de ilicitud que debe valorarse en el
contexto del escándalo mundial conocido como Panamá Papers”, señala la Procelac.
Aplicar fondos de origen delictivo a operaciones de compraventa de bienes muebles o
inmuebles constituye una de las vías usuales que configuran típicas maniobras de lavado de
dinero. Pensar que el primo Jorge es el apuntado por Cambiemos para ser una de las
cabezas de las listas para las elecciones legislativas del año próximo, y por el motivo que
muchos ingenuos ciudadanos no podrían imaginarse: por compartir el apellido del
presidente blindado. Sí: ante la imposibilidad de Mau de presentarse recurrirían al también
offshore intendente de Vicente López, pues creen que la sola mención del apellido convoca
adhesiones. ¿Cómo se les hace entender a quienes no saben que no entienden nada, que no
entienden nada porque no saben?

La Procelac pudo verificar que Jorge Macri, el otro primo del hombre del corazón artificial,
está registrado como directivo de Latinum Investments Inc, radicada en Panamá, firma que
sigue vigente. Ante la consulta de la Procelac, la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires informó que no existían declaraciones juradas presentadas ante
el organismo por Jorge Macri, pese a que está obligado por ley a cumplir con ese trámite.
El departamento de Miami no figura en las declaraciones impositivas de 2015 del primo
hermano del presidente de la Nación presentada en la AFIP. Solo está registrado en la
categoría bienes situados en el exterior un monto por un poco menos de 550 mil pesos,
unos 42 mil dólares a fines de 2015 (cotización de 13,10 pesos), en títulos y acciones, pero
nada en inmuebles. El patrimonio neto total que declara no supera los 4 millones de pesos,
es decir, solo 308 mil dólares. O sea: menos que el valor de compra del inmueble en Miami.
La hipótesis de la Procelac es que J. Macri “habría canalizado fondos de actividades
delictivas ajenas a través de operaciones comerciales, como la compraventa de inmuebles”.
En los cinco años que lleva como intendente –fue reelecto en 2015– no cesaron de lloverle
denuncias. Las más graves están vinculadas a los negocios familiares. Según apunta el
periodista Alfredo Zaiat, en 2014 renunció su ministro de Hacienda, Guillermo Romero, un
hombre del grupo Socma procesado por recibir coimas de la empresa Siemens durante una
licitación de 1998 otorgada por Correo Argentino. En su lugar nombró fue nada menos que
a Miguel Ángel Álvarez, fundador de la sociedad offshore Macri Group Panamá según
revelaron los Panamá Papers. Y Como todo debe quedar en famiglia, el intendente está
siendo investigado por la compra del municipio de 20 camionetas Toyota Hilux a la
concesionaria de su hermana, Daniela Macri, vía contratación directa, por unos 2 millones
de pesos. Pero como sucede con el presidente blindado, hay mucha investigación y ninguna
condena penal. Estemos atentos a la social, que no debería estar demorándose más.

Hay que terminar con la tiranía de Gerardo (in) Morales. “Jujuy vive una sucesión inédita
de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas”, concluye un reciente
informe elaborado por referentes de derechos humanos y legisladores nacionales y
provinciales sobre “las violaciones a las libertades democráticas” en el territorio provincial.
La comisión que elaboró el informe trabajó sobre denuncias de ciudadanos y
organizaciones sociales y sindicales jujeñas que “permiten constatar” la “situación
represiva y de violación a las libertades democráticas” que transita esa provincia. Los
testimonios certifican casos de persecución sindical, política, por causas sociales, raciales o
ambientales, así como también revelan casos de gatillo fácil y torturas en comisaría. La
comisión decidió difundir lo visto y oído con una alerta destinada al resto del territorio
argentino: “El gobierno de Morales busca transformar a Jujuy en la capital nacional de la
represión y la impunidad. Un laboratorio que, si triunfa, intentarán trasladar a nivel
nacional”. “La situación inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y
políticas” comenzó con la detención de Sala y de otra decena de integrantes de la Tupac
Amaru y está “enmarcada” en la ampliación del Tribunal Superior de Justicia donde fueron
nombrados como jueces activos “militantes del radicalismo que hicieron su propia y
escandalosa reforma para poder asumir”. Con esa mayoría propia en la máxima autoridad
judicial de la provincia “iniciaron una cacería de brujas para demonizar cualquier reclamo
obrero y popular, dejando además vía libre a las patronales y al propio gobierno en los
planes de ajuste y despidos”, denuncian en el documento. Ejemplifican: despidos y
cesantías en la secretaría de Agricultura Familiar y en el sector de educación pública;
despidos y suspensiones en empresas de acero e ingenios azucareros; detención de
comisiones internas sindicales, represión a trabajadores. Además, denunciaron la aplicación
del Código Contravencional aprobado durante la anterior gestión provincial “que
criminaliza a la juventud, la pobreza y la protesta y otorga superpoderes a la Policía”.
Porque no hay que minimizar la otra cara de la misma moneda neoliberal, que tiene la
gobernación tiránica de (in) Morales: sus políticas de ajuste, complementarias de sus
iniciativas persecutorias y revanchistas.
A pesar que el 400 % de aumento de la luz aún no fue avalado judicialmente, Aranguren
quiere aplicar un nuevo aumento de entre 30 y 40 % para los próximos meses. El 8 de
octubre el juez federal de San Martín Oscar Papavero ordenó que, hasta que no se cumpla
con la audiencia pública, Edenor y Edesur no podrán aplicar los aumentos dispuestos por
las resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía en el ámbito de la provincia de Buenos
Aires. De esa manera, hizo lugar a una acción de amparo presentada por usuarios de Tres
de Febrero. El mismo magistrado, a su vez, dictó sentencia contra tales aumentos en una
demanda conjunta de vecinos de Tres de Febrero, la entidad Consumidores Argentinos y el
Cepis (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad) presentada
originalmente ante la jueza Martina Forns. Como esta magistrada se encontraba recusada,
Papavero actuó como juez subrogante en la causa y le tocó resolverla. Tras ser apelada, la
misma fue elevada a la Cámara Federal de San Martín, que aún tiene pendiente su
resolución. Si la cámara evalúa que la audiencia pública resulta ineludible, lo que es más
que probable, el cuadro tarifario de febrero volvería a ser considerado nulo, y podría llegar
por apelación a la Corte Suprema. Vale recordar que la audiencia pública de este viernes
sólo trató el aumento correspondiente al tramo de Distribución, pero no el tarifazo de
febrero, mucho más doloroso para el bolsillo de los usuarios. Tanto los actores que
iniciaron causas en favor de los usuarios residenciales como en representación de las pymes
consideran que el fallo de la Corte del 8 de agosto no deja lugar a dudas con respecto a la
nulidad de cualquier aumento que se haya definido sin el trámite de la audiencia pública
previa. Mariano Lovelli, titular de Cepis –entidad que llevó la causa del gas hasta la Corte–,
confía en que la denominada “Causa Fernández” por la tarifa eléctrica, que ya está en
manos de la Cámara Federal de San Martín, tendrá un fallo similar, declarando nulas las
resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía. “Es insólito que el gobierno pretenda avanzar
con estos nuevos aumentos para las distribuidoras, calculados sobre una tarifa inflada por
resoluciones que no están firmes. No tengo dudas que la cámara federal se va a pronunciar
en el mismo sentido que lo hizo la Corte para el caso del gas. Y cuando eso suceda, ¿qué va
a hacer el gobierno? Porque se le vuelve todo para atrás. Yo creo que hasta ahora no hizo
más que dilatar la resolución para que las distribuidoras pudieran seguir cobrando el
aumento y financiarse hasta que tengan una resolución favorable”, sostuvo. Y si la
“Justicia” los terminara confirmando, más temprano que tarde y a valores incluso un poco
menores que la propuesta confiscatoria original, ¿no irá siendo hora que la ciudadanía
muestre masivamente algo de rebeldía, ante la falta de legalidad y de reacción de sus
representantes institucionales?

Los casos de corrupción del macrismo comienzan a pesarse en lugar de contarse. A diario
se van develando antiguos, actuales y futuros ilícitos que vinculan a sus dirigentes, amigos,
familiares y allegados con el delito, siempre asociados o en paralelo a las políticas públicas
que promueven estructuralmente para perpetuarlos. El siniestro Nicolás Caputo, el cardenal
amigo y socio del presidente offshore (20), además de asegurarse de licitaciones
millonarias a medida de la obra pública, parece que también necesita de apropiarse
ilegalmente de terrenos que no le son propios. En este caso se trata de 2.300 metros
cuadrados que tienen un valor de mercado de unos 2.500.000 dólares y que están ubicados
entre las vías del Ferrocarril Sarmiento y la calle Federico García Lorca 202. Sin embargo,
el temor de los vecinos es que Caputo Construcciones, una vez que termine las torres
llamadas "Dosplaza", se apropie de ese terreno y en lugar de ser un parque público lo
convierta en un parque privado para quienes compren alguno de los departamentos que está
construyendo el empresario macrista. Por su parte, el legislador porteño de Bien Común,
Gustavo Vera, presentó dos proyectos: uno con un pedido de informes al Ejecutivo de la
Ciudad y uno de Ley para rezonificar estos terrenos de UF (Urbanización Futura) a UP
(Urbanización Parque), lo que garantice la apertura del mismo como plaza pública. Los
vecinos de ese barrio presentaron fotos que constatan la presencia del "obrador", armado
hace ya dos años, "cuando en realidad debería haberse armado dentro del predio donde
Caputo está encarando las construcciones", señaló Gustavo Desplats, coordinador de la
ONG Proto Comuna Caballito, encargada de iniciar las denuncias sobre la ocupación ilegal
que lleva adelante el empresario amigo del hombre del corazón artificial. En 2008, Caputo
había procedido de una manera similar y en la zona destinada al Corredor Verde del Oeste
montó su showroom para vender los departamentos, pero ante el reclamo de los vecinos
tuvo que desmontarlo. Si la riqueza da poder, este hombre lo quiere omnímodo.

31/10/16: Algunos de los millones de pesos que el gobierno ni nacional ni popular debería
estar invirtiendo en obra pública los gasta en propaganda engañosa: precisamente para
hacer creer como logros propios los le son ajenos ¿El propósito? Estafar a la ciudadanía
atribuyéndose obras que habían sido realizadas o empezadas por el gobierno anterior y que
la mendaz gerencia, que se apoderó del Estado ya no Nacional, anuncia a los cuatro vientos
como propias. En el spot publicitario que se está difundiendo por radio, cine y televisión a
toda hora, se hace mención a obras de electrificación de trenes que empezaron hace un año,
del inicio de obras de realización de Metrobús en todo el país que ya llevan dos años, de
ampliaciones de obras en los puertos de Comodoro Rivadavia y Buenos Aires que fueron
comenzadas hace 5 años en el primer caso y dos en el segundo, y a la construcción y
remodelación de jardines de infantes que ya llevan casi tres años, entre otras. Pero hay dos
de ellas que llaman más la atención: la mención de obras para evitar cortes de energía que
nadie conoce y sobre lo que el “especialista” en el tema, “que aprende sobre la marcha”,
Juan Aranguren, afirmó que las interrupciones en el suministro van a depender de la
temperatura y no de ninguna obra prevista. La única obra cierta que ha iniciado el
macrismo, bajo su gestión presidencial, es la más escandalosa de las últimas décadas: el
soterramiento del Ferrocarril Sarmiento que, el presidente offshore (20), le adjudicó por $
3.000 millones de manera directa a su primo Garcaterra, o sea: a sí mismo. ¿Cuántos
incautos creerán en esta campaña orquestada para engañar a la población? ¿Cuántos
ingenuos, creídamente “despolitizados”, se comerán la zanahoria de la obra hacedora de
Mau y sus pandilleros? ¿Cuántos fanatizados por el odio y el revanchismo creerán por
necesidad en los fraguados anuncios publicitarios? ¿Se entiende con este ejemplo la
centralidad que ocupa la propaganda en este gobierno y la irreemplazable utilidad que
ofrecen los medios hegemónicos para no desenmascararlos?

Por si a alguno no le quedó claro el lugar que ocupa la publicidad y la propaganda

engañosa, que recordemos es un delito, en el gobierno de CEOs y evasores con cuentas
offshore, hay que echar un vistazo al también ajustado presupuesto del Gobierno de la
ciudad del inefable Rodríguez Berreta, quien con sus decisiones ejecutivas marca bien a las
claras cuáles son sus prioridades de gobierno. El Ente Espacio para la Memoria, que
administra la ex ESMA, solicitó un presupuesto para funcionar de 174 millones de pesos.
El pedido fue suscripto por la Subsecretaría de Derechos Humanos porteña. Como el Ente
es financiado por los gobiernos nacional y porteño, esa partida debía dividirse entre las dos
jurisdicciones. El gobierno nacional prevé destinar 95 millones. En tanto, la Ciudad decidió
incluir sólo 12 millones en su presupuesto. Faltan 67 millones para el funcionamiento de la
ex ESMA que no se sabe de dónde saldrán. Sin embargo, la partida destinada a la
“comunicación” del gobierno porteño muestra un aumento del 100 %. “Con apenas el 5 por
ciento del presupuesto destinado a publicidad se podría garantizar el normal
funcionamiento del Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa
de los Derechos Humanos”, señaló el legislador porteño José Cruz Campagnoli.
Obviamente la sospecha no recae sólo sobre las intenciones aviesas de estafar a la
ciudadanía promocionando obras que no se ejecutan o candidaturas armadas por los
publicitas que dirige el siniestro Durán Barba. La sombra del “caso Niembro” sobrevuela
para recordar cómo se destinaban pautas publicitarias para asegurar retornos o financiar
programas o instituciones “amigas”, que tienen a muchos de los dirigentes PRO entre sus
filas.

No hay un solo acto de gobierno que no emparente a la gerencia neoliberal con la ilegalidad
y/o con su manifiesta intención de favorecer a las corporaciones, a las que pertenece. Desde
que asumió en diciembre, el presidente blindado decidió discontinuar el Tango 01 y toda la
flota presidencial. Por ello, voló por vuelos privados y charters. Pero el presidente nunca
viajó por Aerolíneas Argentinas, como lo ordena el decreto 1191/12, ni compró los pasajes
por la agencia Optar SA como lo establece la decisión administrativa 244/13. Según publica
el diario oficialista La Nación, gastó en total $ 26.607.229 pesos, unos US$ 1.773.815. Los
contratos con empresas proveedoras de aeronaves insumieron $ 22.944.553 y los pasajes de
sus comitivas en vuelos de línea $ 3.662.676. Además, la Secretaría General de la
Presidencia, que dirige Fernando De Andreis, contrató en todos los casos mediante trámites
exprés, con medidas de excepción, sin licitación, aunque con compulsa de precios. Según
revela el matutino, para el viaje a Davos, el hombre del corazón artificial usó Air France.
Se compraron 9 pasajes en clase business o ejecutiva por 908.100 pesos, 4 en economy
premium class y 9 en turista. Por alquiler de automóviles se pagó 112.745 pesos. Total
1.672.884 pesos. Por otra parte, quien se pegue una escapada por los aeroparques, verá que
a los aviones de Aerolíneas Argentinas los proveen de combustible comprado a… ¡Shell!,
la empresa que comanda el ministerio de Energía a través de su accionista Juan Aranguren.

El evasor ministro en rodillas de hacienda, Alfonso Prat-Gay, continúa con su cantinela de

la “herencia recibida” para justificar la lenta recuperación, que, según él, empieza a
evidenciar la Economía. Sin embargo, los números se encargan siempre de desmentirlo. La
producción de las pymes industriales registró en septiembre una caída de 5,4 por ciento en
relación a igual mes del año pasado, reveló ayer la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa (CAME). La entidad destacó que este universo de empresas ya lleva 12 meses
consecutivos de descenso en la comparación interanual, y advirtió que su rentabilidad
siguió debilitada y casi la mitad terminó con pérdidas con respecto a agosto. El sector
verificó en septiembre una baja de 5 por ciento contra agosto, y en los primeros nueve
meses del año acumuló una retracción de 5,1 por ciento interanual. Por otra parte, el
informe señaló que “7 de cada 10 industrias” todavía “no vislumbra” síntomas de
recuperación económica. Solo el 29,2 por ciento de las industrias “dice haber observado
alguna señal de recuperación en la economía, aunque todavía leve y sin fuerza para activar
los planes de inversiones que siguen demorados”. Al respecto, indicó que el 64,8 por ciento
de las pymes consultadas ya decidió que no invertirá este año y solo el 17,6 por ciento tiene
planes, y un 12 por ciento lo estaría evaluando. “Estamos mal, pero vamos bien” le faltó
decir al ex JP Morgan, parafraseando a su otro admirado saqueador serial, Carlos Menem.

Hasta hace unas semanas Mau y sus pandilleros buscaban catapultar a su cancillera, Susana
Malcurra, como nueva secretaria general de la ONU; organismo al que ahora ignoran por
completo cuando se trata de dar marcha atrás con sus acciones ilegales y alejadas del
Derecho. El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, se sumó al coro de funcionarios
jujeños que relativizan la posición fijada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de Naciones Unidas y descartó acatar el pedido de liberación inmediata al
calificar la orden como "una opinión que no es vinculante, y que no es ni siquiera una
recomendación de la ONU". El Centro de Estudios Legales y Sociales, Amnistía
Internacional y los Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios
Sociales (Andhes), que impulsaron la denuncia, explicaron el sábado en conferencia de
prensa que la resolución del Grupo de Trabajo "no es una opinión, sino un requerimiento".
Sin embargo, Miranda argumentó, que el pronunciamiento está basado en "información
desactualizada" porque "la denuncia fue formulada en enero" y sostuvo que enviarán no
información al organismo de la ONU, a pesar de que la orden ya fue definida. Además, el
fiscal defendió la decisión de la Cámara Federal jujeña, que ratificó la prisión preventiva de
Milagro Sala en dos causas por su "poder de convocatoria", al considerar que "podría
entorpecer la investigación del proceso judicial". Así anda el poder judicial en Argentina:
violando las garantías individuales de las personas, burlando la ley mientras juran
defenderla, y encarcelando opositores, a modo de escarmiento para las próximas
generaciones.
01/11/16: El brazo ejecutor de las corporaciones está decidido a brindar circo sin pan todo
lo que haga falta con total de enlodar, difamar y calumniar a CFK y al proceso político que
ella encabezó junto a su marido los últimos 12 años. ¿El propósito?: demonizar no sólo al
kirchnerismo y a su líder natural, sino a toda forma de lo que siempre llaman
despectivamente “populismo”. La aviesa maniobra sirve también como cortina distractiva
para correr la atención de la catástrofe social que están consolidando desde que se
apoderaron del Estado ya no Nacional, y tapar los múltiples casos de corrupción que
salpican a toda la gerencia que regentea el presidente offshore (20). Ayer una multitud
acompañó a CFK hasta la cueva de Alí Babá, sucursal Comodoro Py, quien se presentó allí
para declarar ante el juez servilletero Julián Ercolini, en la causa que éste tramita por las
obras públicas en Santa Cruz. Patricia Bolsrich no perdió la oportunidad para ordenar un
impresionante operativo de seguridad, como si se tratara de una mega criminal buscada por
los delitos más abominables. Tampoco evitó la ocasión de hacer sentir la fuerte presencia
policial, mandando a sus agentes sobre los manifestantes de modo de provocarlos,
intimidarlos e incluso golpearlos. De la patoteada no se salvó ni siquiera la diputada Juliana
Di Tulio, quien fue maltratada a la vista de todo el mundo. A tal punto fue la cosa que la
propia CFK tuvo que salir de su auto para increpar a los agentes del “orden” pidiéndoles:
"No le peguen a la gente, péguenme a mí, cobardes”. Más tarde, la inoperante Ministra de
Inseguridad, salió a justificar su avasallante operativo: "Nosotros recibimos un oficio por
parte de la Cámara Federal pidiendo que tengamos un control total del edificio y sus
alrededores. Cuando uno tiene una manifestación mide qué tipos de problemas puede haber
en esa manifestación. La necesidad de que el control de la escena la tenga el Estado y no la
militancia como sucedió en otras oportunidades. Las quejas tienen que ver con la pérdida
de un control que se creía que ejercían" resumió Bolsrich. La ignominia hecha espectáculo
público, auspiciada por el gobierno ni nacional ni popular, continuará como una necesidad
vital de supervivencia. Perseguir y ensuciar a sus opositores y ocultar y tergiversar los
efectos de sus atroces leyes, medidas y decretos de necedad e indecencia, constituyen la
única posibilidad que tienen Mau y sus pandilleros para intentar legitimar sus aberrantes
políticas públicas a través del voto popular el año entrante.

“Ningún presidente puede decidir ninguna obra pública, eso es decisión del Parlamento
nacional. De ser considerado el Poder Ejecutivo una asociación ilícita debería extenderse al
Poder Legislativo también”, dijo con ironía Cristina Fernández de Kirchner al declarar en el
juzgado de Julián Ercolini, quien le imputó ese delito. Ercolini la describió como integrante
de una supuesta banda junto con otros ex funcionarios, entre ellos el fallecido ex presidente
Néstor Kirchner y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, junto con el empresario
Lázaro Báez, cuyo objetivo habría sido quedarse con dinero de la obra pública vial de la
provincia de Santa Cruz. La ex presidenta planteó que le parecía “absurdo” y que esa es la
figura legal que se usa para “perseguir a dirigentes políticos cuando la conducta que llevan
de acuerdo a la Constitución y las leyes no encuadra en ninguna conducta penal”. Pidió la
nulidad de la citación y de la imputación, por lo que se negó a contestar preguntas. Aclaró
que no es “amiga” de Báez y solicitó una auditoría de toda la obra pública desde 2003.
Explicó que, con el criterio de las acusaciones contra ella, habría que investigar al actual
gobierno. Así, logró que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques hicieran una
denuncia sobre los cambios en las condiciones de la licitación del soterramiento del tren
Sarmiento a favor de un grupo de empresas integrada por IECSA, Ángelo Garcaterra,
primo del Hood Robin argentino no Nacional. La reflexión más lúcida de este desaguisado
bochornoso la aportó el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien advirtió que
hay un sector del Poder Judicial que "está partidizado" y aseguró que las causas en las que
se investiga a la ex presidenta es "un esmerilado" que "terminará en nada". Y se preguntó:
"¿Quién es el responsable de la obra pública en Santa Cruz? El gobernador. ¿Hay algún
gobernador citado? ¿Hay algún jefe de Gabinete citado?", advirtió el magistrado.
Respuesta: no. Los ex jefes de Gabinete, Sergio Massa y Alberto Fernández, no sólo no son
convocados por el Partido Judicial, al menos para disimular la persecución escandalosa que
cometen contra CFK y demás ex ministros que no saltaron el charco para recalar en el
corralito de ovejitas neoliberales que comparten con otros reconvertidos como Diego Bo-
Bossio. Son los mismos que están avalando desde el Parlamento todas las iniciativas
macristas que han confiscado el patrimonio público y los derechos ciudadanos de las
grandes mayorías, mientras ensayan críticas sobre el rumbo económico que tomó el
gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore. Encontremos en este ejemplo algunas
de las explicaciones que echan luz sobre las conductas incongruentes e indecorosas de
algunos dirigentes opoficialistas.

Mientras ayer CFK declaraba ante el juez servilletero Julián Ercolini, el presidente offshore
(20) pedía que “la Justicia investigue y defina las causas iniciadas. La obra pública debe ser
motivo de esperanza y alegría y no emparentada con el delito”. Sin embargo, la sospecha
fundada de delitos, para favorecer amigos, parientes y allegados al mal imitador de Freddie
Mercuri, hace creer que la esperanza y la alegría será para la famiglia presidencial,
verdadera beneficiada de contratos a medida para usufructo propio a costillas del erario
público. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron que la “Justicia”
investigue la modificación de una licitación a favor de Ángelo Garcaterra, el primo del
hombre del corazón artificial. Se trata del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que
quedó a cargo de Iecsa. Los funcionarios realizaron el requerimiento luego de la
declaración de Cristina Kirchner, que fue citada para declarar sobre sus presuntos vínculos
con Lázaro Báez. Ante el juez Julián Ercolini, la ex presidenta denunció una persecución
política en su contra y pidió se analice el favoritismo del Gobierno con Garcaterra por la
obra ferroviaria. Ante ello, los fiscales pidieron que se abra una nueva causa ante la
posibilidad de la falta de transparencia por parte del Gobierno ni nacional ni popular en la
adjudicación. El sorteo del juzgado y fiscalía a cargo se realizará el martes. La denuncia
hace referencia al decreto 797/2016 de Macri que autoriza modificaciones en “la
contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros” por
100.000 millones de pesos, de los cuales 40.000 millones corresponden a obras que
terminarían en 2016. Entre aquellas se destaca el incremento presupuestario al
soterramiento del Sarmiento, que según se estima costará 45.000 millones de pesos en total.
De ellos, 300 millones se desembolsarán este año; 8.940 millones en 2017 y 2018 y 28.820
millones en años siguientes”. Además de los 45 mil millones para el soterramiento del tren
Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires, y otros dos mil quinientos millones que recibió
para un gasoducto en Córdoba, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, del hada
desangelada María E. Vidal, le dio a Garcaterra un préstamo por veinticinco millones de
pesos en el mes que pasó, mientras declara que la provincia está quebrada y hunde a su
jurisdicción en miles de millones de deuda a tasas superiores al 9 %. El portal Nuestras
Voces señaló que en seis meses el total de lo contratado a IECSA se elevó al doble de lo
contratado durante los doce años del gobierno anterior, pese a ser la tercera empresa que
más obra había recibido en ese período. Pero, además, Garcaterra recibió de una vez, por
decreto del presidente offshore (20), cinco veces el total del dinero contratado con la
empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez durante los doce años de gobierno
kirchnerista, en obras contratadas tanto por la Nación de manera centralizada como por la
provincia de Santa Cruz. Según Nuestras Voces, esos millones otorgador por Macri en
estos meses a la empresa del grupo familiar parecen destinados también a ayudar a su
primo, que, según el balance, se comprometió a “aportar el dinero faltante para cubrir el
saldo de capital negativo de 1.212 millones de pesos, principalmente por saldos a pagar
entre empresas del mismo grupo”, según reza el balance. Este es el estado pornográfico en
que se encuentra la corrupción estructural que ha venido a consolidar la gerencia neoliberal,
mientras proyecta falsamente en los demás sus propias conductas delictivas.

El partido judicial tiene su sede central en la cueva de Alí Babá, sucursal Comodoro Py,
pero opera en todo el territorio argentino. La Cámara Federal de Córdoba anuló la
protección para las pymes de todo el país contra el aumento del gas, por el período abril-
septiembre. El tribunal de segunda instancia cuestionó la legitimidad de la Asamblea de
Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), entidad que inició la demanda, para
representar intereses del grupo de usuarios no residenciales. Apyme lamentó el fallo que
anuló la cautelar, aunque todavía no confirmó si lo apelará, ya que está a la espera de la
sentencia definitiva. A fines de septiembre, las pymes obtuvieron de parte del juez federal
de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, una cautelar que las puso en pie de igualdad con los
usuarios residenciales, al frenar el tarifazo en el gas hasta tanto se celebrara la audiencia
pública. Como ese encuentro finalmente tuvo lugar, el nuevo cuadro tarifario, publicado
por el Gobierno la primera semana de octubre, avaló los incrementos del servicio de gas
para todos los usuarios. Las facturas de los hogares entre abril y septiembre quedaron bajo
el cuadro tarifario previo al incremento, por eso ahora en muchos casos están llegando con
crédito a favor, por los pagos acumulados de los meses anteriores. Sin embargo, como la
Corte Suprema no se expidió en relación a los usuarios no residenciales, su situación
tarifaria entre el dictado del incremento inicial a fines de marzo y hasta la celebración de la
audiencia pública quedó bajo el impacto de los aumentos con el tope del 500 por ciento
decretados por el Gobierno, que incluso están por encima de lo que marca el nuevo cuadro
tarifario, vigente en la actualidad. Por su puesto esto afectará a toda la Economía en
general. Achiques, ajustes, suspensiones y despidos se multiplicarán ante la imposibilidad
de las pymes para hacer frente a esta suba criminal de sus costos, en un marco de depresión
económica y de invasión de productos importados que podría llevar, a miles de ellas, a la
quiebra definitiva. Con un poder judicial avalando, con un Parlamento acompañando, y con
los medios hegemónicos protegiendo y justificando todo el andamiaje, “sí se puede”.
No hay mejor manera de disimular un fracaso que bajando las pretensiones de los objetivos
propuestos inicialmente. Es lo que ha ocurrido con el infame blanqueo que el mentiroso
serial, el ministro en rodillas de hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien estimaba en U$S 60.000
para sentirse satisfecho, para luego bajarlo recientemente a modestos U$S 20.000. Sin
embargo, la nueva meta tampoco es suficiente para ocultar la poca convocatoria que tuvo la
propuesta entre los evasores y tenedores de bienes y cuentas no declaradas en el exterior,
empezando por los propios miembros de la gerencia neoliberal que asaltó al Estado no
Nacional en diciembre pasado. En esta primera etapa que venció el domingo por la noche,
Mau y sus pandilleros registran U$S 4.600 millones. Estos resultados eran de esperar: para
los delincuentes de guante blanco siempre es más cómodo y seguro mantenerse en las
sombras, en la ilegalidad o en la ilegítima cobertura que le dan leyes laxas como las que
ofrecen los paraísos fiscales, que tan bien conoce nuestro presidente blindado. De todas
formas, hay que recordar que lo blanqueado es un reconocimiento de posesiones que no
obliga al blanqueador a traer el dinero al país ni a invertirlo productivamente. Lo único que
puede esperar el Gobierno es sumar algo a sus alicaídas arcas impositivas, a las que estos
hombres aportarán algo para dejar de evadir a un tesoro público que utilizará esos fondos
para paliar su merma recaudatoria, fruto del desfalco producido en estos 10 meses en favor
de las corporaciones, a las que pertenece.

Uno suma bronca, impotencia y desesperanza y no sabe si más por el cinismo de los
funcionarios macristas, el efecto de sus nefastas públicas y la corrupción asociada a ellas, o
por la insuficiente reacción de los afectados, absolutamente desproporcionada de acuerdo al
nivel de daño causado. Las calamidades que viene sufriendo la población se vienen
sintiendo en el cuerpo y la reflejan, contundentemente, los números oficiales. La actividad
económica, lejos de los augurios de recuperación para la segunda parte del año publicitados
por el Gobierno, sigue en caída libre. La construcción cayó al 13,1 por ciento en septiembre
respecto del mismo mes del año pasado y computa una merma del 12,8 por ciento en lo que
va de 2016. Se trata de la actividad más afectada por el plan de ajuste de Cambiemos. Las
ventas de insumos para el sector registraron en septiembre bajas de más del 21 por ciento y
el cemento, que había repuntado en agosto gracias a factores climáticos, volvió a contraerse
al 11,5 por ciento. La construcción perdió 61.008 puestos de trabajo registrados desde
agosto de 2015, estadísticas en las que no se anotan los recortes en el empleo informal. En
tanto la actividad fabril se aleja cada vez más de los primeros brotes verdes que promete, a
esta altura ya sin fecha cierta, el “mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre la marcha”.
La medición de septiembre, según el Estimador Mensual Industrial (EMI) que difundió
ayer el Indec, arrojó una baja del 7,3 por ciento respecto de igual mes del año pasado. Se
trata de la octava caída interanual consecutiva y la segunda más profunda de 2016, sólo
superada por el desplome de 7,9 por ciento en julio. El retroceso para el acumulado de los
primeros nueve meses del año se amplió al 4,6 por ciento. El Indec dejó de publicar el dato
contra el mes anterior, en su infructuoso intento por disimular un poco el desastre a que está
llevando al país el brazo ejecutor de las corporaciones. A todo esto, la CGT gorda,
conducida por tres cabezas pero ningún cerebro, planea sacar un documento, plagiando la
maniobra mendaz del presidente offshore (20) cuando intentaba frenar la ley anti despidos
que terminó vetando, pidiendo a los empresarios pongan fin a la ola de despidos y
suspensiones que se multiplican por todo el país. Aunque ya no estén permitidos, nada
mejor que un león herbívoro y domesticado para participar de un circo que, en este caso,
sólo entretiene más por los escándalos que despierta que por las destrezas artísticas que
ostenta.

Cuando se trata de defender el bolsillo propio parece que todos, casi sin excepción, sacan lo
peor de cada uno. Es el caso del Parlamento Nacional que, sin el menor tacto y ajeno al
contexto penoso que atraviesa la población, decide subir sus dietas exponencialmente
mientras buena parte de la ciudadanía pasa hambre, entre otras cosas, por el
acompañamiento que esta institución le está dando a las políticas saqueadores que ha
emprendido el macrismo en 10 meses de infame gestión gubernamental. Por resolución de
los presidentes de ambas Cámaras legislativas, Gabriela Michetti por el Senado y Emilio
Monzó por Diputados, los legisladores nacionales tuvieron su bono de fin de año por
adelantado que llevó sus ingresos mensuales a 141 mil pesos de bolsillo. A la dieta de 107
mil pesos promedio (atada a la paritaria de los trabajadores legislativos del 31 por ciento)
que con descuentos e Impuesto a las Ganancias se transforman en 83 mil de bolsillo, habrá
que sumar ahora el aumento del ciento por ciento que la vicepresidenta y el diputado
macrista otorgaron a los tramos de pasajes aéreos y terrestres y gastos de representación,
además del porcentaje sobre “desarraigo” que perciben los diputados y senadores del
interior. La reacción entre los legisladores ante el aumento fue dispar. Desde la alianza
oficialista Cambiemos justificaron los incrementos en “acercar” la dieta de los legisladores
a los sueldos en los otros dos poderes del Estado: Ejecutivo y Judicial. Los diputados del
Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) fueron quienes cruzaron más duro el
incremento: Myriam Bregman (FIT-PTS) presentó un proyecto para su derogación e
insistió en su propuesta de que los legisladores cobren una dieta “similar a un docente” con
cierto grado de antigüedad. “Esta es nuestra forma de denunciar ante miles que existe un
grupo especial de personas que viven llenas de privilegios a cambio de legislar y gestionar
en favor de los capitalistas”, señaló Bregman. Desilusionantes fueron las declaraciones de
Héctor Recalde, jefe de los diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ), un hombre
respetable y con trayectoria en defensa de los trabajadores, para quien “la dieta de 82 mil
pesos de bolsillo está muy por debajo de los que 160 mil que cobran los ministros y los 250
mil de un juez de Cámara que no paga Ganancias”, además de considerar que el resto de los
ingresos no remunerativos “no van a parar a nuestro patrimonio personal y son una forma
transparente de financiar la actividad política por el Estado porque nosotros no tenemos,
como otros, empresas y multinacionales que nos financien”. “El que lo considere excesivo
que lo done”, dijo sobre quienes lo cuestionan. Nadie puede negar honestamente que algo
de cierto hay en las palabras de Recalde; sin embargo, las justificaciones esgrimidas se dan
de bruces con el contexto político, social y económico en que están enmarcadas. Podrán
aumentar sus haberes, pero están empobreciendo sus reputaciones, ahondando el
desprestigio que la política está retomando y minando la credibilidad de las instituciones;
de las que el promedio general desconfía y no precisamente por el salariazo ilegítimo que
acaban de darse.

El brazo ejecutor de las corporaciones no cumplió un año de gobierno y ya puede sentirse

conforme con lo conseguido, con un relativo bajo costo político, aunque nunca estén
satisfechos y siempre planeen ir por más. Según un informe elaborado por el Centro de
Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el 10% más rico logró ganarle a la
inflación y, en la otra punta de la pirámide socioeconómica, el 10% más pobre perdió por
goleada. De esta manera la desigualdad económica creció, entre el segundo trimestre de
2015 y el mismo período de 2016, hasta un 8 por ciento. Pero para Mau y sus pandilleros
las cifras son más bien modestas. Queda mucho por confiscar, ajustar, despedir, rebajar,
deprimir y endeudar para confirmar el rumbo expropiador que, inevitablemente, conducirá
al colapso general. Lo saben, lo evalúan, lo especulan. Pero no les importa. De sus propias
implosiones también salen siempre ilesos y están listos y preparados para, recambiando
figuritas y maquillando el andamiaje empleado, retomar su tradicional senda saqueadora.

02/11/16: Ya están las pruebas que revelan cómo financió la vice presidenta su campaña y
sus apócrifas fundaciones. Ahora empiezan a recolectarse las que demuestran el armado
corrupto del presidente offshore (20) para conseguir fondos a cambio de futuros favores
que, con su objetivo cumplido, ya ha empezado a devolver. El Grupo Farallón, una de las
firmas cuyo titular es Eduardo Gutiérrez, procesado en la causa que investiga el
enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López, aportó un $1 millón
a la campaña presidencial del falso pasajero de colectivos. El desembolso se realizó en
2015, año en que el entonces jefe de Gobierno lanzó su carrera a la Casa Rosada. El aporte
fue realizado a través de la firma Diedra Paneles S.A, perteneciente al Grupo Farallón, que
se dedica a la construcción de paneles para casas y que adquirió en los últimos años la
patente del sistema Emmedue, con el fin de lograr casas de fácil armado. Sin embargo, en
el propio balance del PRO, el mismo figura bajo otra razón social: "Piedra Paneles S.A",
aunque con el CUIT correcto que permite constatar que se trata de una de las divisiones de
Farallón. Cabe recordar que el tal Gutiérrez también había hecho un patriótico aporte
similar a la Fundación Suma de Gabriela Michetti, quien ante los medios afirmó desconocer
pero que en Sede judicial reconoció como donante. Pero, ¿en qué consistió realmente la
donación republicana de Gutiérrez?: en una inversión. El empresario lleva acumulado unos
$ 400 millones en obra pública sin licitación para la Ciudad de Buenos Aires y actualmente,
a pesar de estar procesado, el gobierno ni nacional ni popular le otorgó una concesión para
la ejecución de obras para la remodelación y ampliación de rutas. Hay que recordar que
Gutiérrez se encuentra procesado desde el 1 de septiembre pasado, cuando el juez Daniel
Rafecas entendió que formó parte de una maniobra ilegal para simular ser propietario del
inmueble donde vivía el ex secretario de Obras Públicas José López, un ostentoso chalet
ubicado en el corazón de Tigre, valuado en 700 mil dólares. Por lo tanto, así se demuestran
dos cosas: 1) Que el PRO ha consumado una estructura corrupta a través de la cual financia
la política con fondos que provienen de empresarios que “donan” aportes a cambio de obras
millonarias. Es decir: el presidente blindado malversa fondos públicos para provecho
propio. 2) Que Gutiérrez y compañía son empresarios vinculados al PRO y no al FpV. Por
lo tanto, José López actuaba por cuenta propia a la hora de hacer negocios con la obra
pública. Veremos cuánto avanza el putrefacto poder judicial a la hora de condenar estos
delitos que demuestran quiénes son los que todavía “no se robaron todo”, pero que buscan
“afanosamente” lograrlo.

Mau y sus pandilleros desoyen los pedidos de los gremios, pero escuchan atentamente y
conceden los pedidos de los grupos empresarios que, casualmente, están vinculados a su
famiglia. El mal imitador de Freddie Mercuri firmó el 16 de junio el decreto 797 a través
del cual asignó 45.000 millones de pesos, unos 3000 millones de dólares, para realizar el
soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La decisión sorprendió a los que conocen el
proyecto porque es el monto exacto que venía reclamando desde hace tiempo el consorcio
privado encargado de la obra, cifra que los técnicos responsables de monitorear la obra se
habían negado a convalidar por considerar que estaba inflada, lo que había empantanado la
negociación. Un informe de gestión presentado en diciembre por los responsables de la
Unidad Ejecutora del Soterramiento encargada de controlar el proyecto, al que accedió el
diario Página/12, detalla que el monto actualizado a pagar por la obra faltante oscilaba entre
2055 y 2264 millones de dólares, según el criterio de actualización a adoptarse. Sin
embargo, el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshores reconoció de golpe entre
750 y 945 millones de dólares más sin dar explicaciones sobre los motivos de tamaña
concesión. Los beneficiados son la brasileña Odebrecht, la italiana Ghella, la española
Comsa y la argentina Iecsa, firma que originariamente era del Grupo Macri y que luego fue
vendida a Ángelo Garcaterra, primo del primer mandatario. El consorcio ahora ni siquiera
aporta el financiamiento, como exigía el pliego de licitación, porque el dinero lo pone el
Estado, situación que incluso podría motivar la impugnación por parte de los otros
oferentes que en su momento perdieron la compulsa o de los que no se presentaron por
carecer de “financistas”. Desde la oposición, están al tanto de esta situación. Por eso la ex
presidenta Cristina Fernández de Kirchner el lunes volvió a pedir una auditoria sobre todas
las obras que se realizaron desde 2003, para tratar de despegarse de las denuncias de
corrupción, y además reclamó que se aplique el mismo criterio para investigar al gobierno
actual. La primera reacción por parte de la “Justicia” llegó el mismo lunes cuando los
fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron que se investiguen una serie de
modificaciones introducidas en la licitación. Desde la oposición no parlamentaria, porque la
otra, la que anida en Diputados y Senadores, está muy ocupada en contar el salariazo que se
auto otorgó y en justificar lo justo y necesario de la medida. Ellos cobran su dieta, mientras
al pueblo le imponen otra más dura: la de la inanición involuntaria.

Al Abad que regentea el fisco no le cierran las cuentas por ningún lado. El pobre
desempeño de la economía resuena sobre la recaudación impositiva. Con 167.193 millones
de pesos, los ingresos tributarios registraron un incremento de 24,4 por ciento interanual en
octubre y acumula una suba del 27,6 por ciento durante los primeros diez meses del año.
Ambos datos presentados ayer por la AFIP se encuentran alrededor de 10 puntos
porcentuales por debajo de los niveles de inflación estimados por el Indec, consultoras
privadas, institutos estadísticos provinciales y sindicatos. Una fuerte caída en los niveles de
consumo interno, el deterioro del escenario laboral y los menores ingresos por retenciones
son tres elementos salientes que explican la deprimida recaudación. La debilidad de esos
ingresos golpea sobre el resultado fiscal, que exhibe un aumento del déficit respecto de los
niveles de 2015 a pesar de la paralización de la obra pública y el ajuste del gasto. El vicioso
círculo que conformaron transfiriendo recursos a las corporaciones; que luego provocó el
espiral inflacionario; que a continuación impactó en el poder de compra de los asalariados;
que como consecuencia generó la caída exponencial del consumo; que a su vez provocó
recesión y merma en la producción; que los “obligó” a justificarla apertura indiscriminada
de las importaciones procurando bajar los precios, destruyendo la industria local; que por lo
tanto se empiezan a perder puestos de trabajo porque las empresas no pueden competir, se
achican o cierran sus puertas; que por el resultado de ello entonces el fisco recauda menos
por la depresión conseguida y por los recursos perdidos que le fueron cedidos a los sectores
concentrados; merced a lo cual entonces encuentran el pretexto perfecto para emitir más
deuda para cubrir el agujero fiscal que se ensancha más cada mes un poco más, también
para financiar la fuga de dólares que se ha multiplicado y que no será cubierta ni con el más
optimista de los blanqueos en danza, y así hasta volver al inicio. Este es el círculo de la
muerte del círculo rojo, que no mata de golpe sino velozmente, pero por etapas que la
coyuntura generada va acelerando. No hay salida posible bajo este esquema. Lo saben y no
les importa: porque siempre se consideran a resguardo.

03/11/16: No hay que cansarse en repetirlo: el macrismo no está sólo. Como tampoco está
solamente acompañado por la troika que integra junto al partido judicial y los medios
hegemónicos de comunicación. Los opoficialistas siguen siendo fundamentales para que la
topadora neoliberal siga llevándose puesta la república, sus instituciones y los derechos
colectivos de la ciudadanía. En una sesión maratónica y gracias a la ayuda del Frente
Rejuntador, del bloque Justicialista que encabeza Diego Bo-Bossio y 13 diputados
kirchneristas, el primer proyecto de presupuesto tratado durante el mandato del presidente
offshore (20), fue aprobado este jueves a la madrugada y girado al Senado; donde habría
acuerdo con el presidente de bloque del PJ- FpV, el converso y xenófobo Miguel Pichotto,
para encauzar un dictamen de mayoría que respete el espíritu de la media sanción de
Diputados. No obstante, persiste la incertidumbre acerca de si se introducirán cambios que
obliguen a devolver el proyecto a la Cámara baja. El partido del ajuste, en bloque, avaló así
la tijera criminal que manipula la gerencia neoliberal sin necesidad que el FMI venga a
presionarlos; ya que saben muy bien cuáles son los deberes a cumplir. Los recortes
alcanzan a todas prestaciones sociales, pero, en cambio, prevé multiplicar la deuda como
ningún otro gobierno lo hizo en la historia argentina en tan poco tiempo. “Cuando Macri
asume el gobierno, la deuda con privados en moneda extranjera era de 43.000 millones de
dólares. En 2016 la hicieron crecer en un 90 por ciento: la duplicaron. Ahora presupuestan
más emisiones de deuda por 44.000 millones, de los cuales 25.000 millones son para deuda
nueva. Este endeudamiento está por encima del blindaje y el megacanje”, señaló el
diputado Axel Kicillof del FpV. Párrafo aparte para el sanjuanino José Luis Gioja, cabeza
de los diputados kirchneristas (?) que votaron a favor del desfalco estatal hecho ley:
pareciera que este hombre, luego del accidente protagonizado con su helicóptero, perdió la
memoria o, lo que es más grave y peor aún: recuperó su esencia neoliberal. Al igual que el
massismo y la CGT gorda (que ayer se abstuvo a través de su triunviro Héctor Daer),
balbucean críticas para la tribuna, pero ejecutan acciones respaldatorias al plan confiscador
encarnado en el presidente blindado.

Como ya habíamos supuesto, los cambios aprobados al presupuesto criminal de la gerencia

neoliberal sólo sirvieron para maquillar el ajuste brutal propuesto y para justificar la
aprobación de los opoficialistas, que se arrogan facultades justicieras por los ínfimos e
insustanciales cambios que lograron imponer pero que, en realidad, Mau y sus pandilleros
los tenían planeados y asumidos desde antes. No obstante, muchos de los directamente
afectados salieron con duras críticas hacia la propuesta fondomonetarista del brazo ejecutor
de las corporaciones. “Insuficiente”, es la nota que la comunidad científica le puso al
paliativo de 1200 millones de pesos incorporado por el Gobierno ni nacional ni popular a
los fondos destinados a ciencia y tecnología dentro del presupuesto 2017, que anoche se
aprobó en la Cámara de Diputados. Lo ofrecido por el oficialismo está todavía muy lejos
del total de 4300 millones de incremento que reclama la comunidad científica para
recuperar los niveles de inversión de años anteriores. Algo similar sucedió con la partida
para las universidades públicas: se anunció un refuerzo de mil millones dentro de un
presupuesto de 62 mil millones. En tanto los organismos de derechos humanos reiteraron su
preocupación por el recorte presupuestario “tremendo” en áreas de derechos humanos que
presenta la estructura de recursos para 2017 que se aprobó anoche. “Están desmantelando
espacios primordiales. Esperamos que los legisladores recapaciten”, evaluó la presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Desde Hijos, Agustín Cetrángolo advirtió
que el recorte, de más de 100 millones en la Secretaría de Derechos Humanos, de otros 10
en áreas vinculadas al acompañamiento jurídico en procesos de lesa humanidad y de casi 70
al Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo, “no es descuido ni ahorro, sino
vocación de vaciar y debilitar lo que fue un pilar en las políticas públicas en los últimos
años, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”. En ambos casos, la merma en los
ajustes iniciales pretendidos, sólo sirvieron de excusa al gobierno de CEOs y evasores de
cuentas offshore. La táctica ya utilizada en otros casos, como el de los tarifazos caminales
en los servicios públicos, lo fundamentó impecablemente el ex titular del Conicet, Roberto
Salvarezza: “es lo que hace sistemáticamente este gobierno: te aplica un ajuste brutal para
que el reclamo parta de un piso muy bajo, cede después un poquito y sale a decir que
negocia y escucha”.

El falso pasajero de colectivos salió a decir que la Economía argentina está tomando
velocidad. Le faltó agregar: hacia el inevitable precipicio. El patentamiento de motos cayó
en octubre 4,0 por ciento respecto del mismo mes del año pasado y acumuló una baja del
3,9 por ciento en lo que va del año. El retroceso fue del 7,0 por ciento en relación con
septiembre. Así lo informó ayer la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).
Las menores ventas de motos indican la fuerte tensión en distintos centros urbanos del
interior del país, donde la población tiene como costumbre movilizarse en esta clase de
vehículos. En Chaco, Corrientes y Formosa se registraron retrocesos de hasta 25 por ciento
interanual. “Tenemos por delante el desafío de trabajar con las autoridades para estimular el
sector y generar las condiciones para que nuestra actividad pueda sostener el nivel de
crecimiento”, dijo Gustavo Bassi, presidente de la división de motovehículos de Acara. En
tanto el secretario general del Sindicato de Mecánicos SMATA, Ricardo Pignanelli,
advirtió que el sector automotriz podría tener "serios problemas" el año próximo por la
liberación de las importaciones y ante una fabricación que "no despega". A la par de esto,
Volkswagen Argentina estimó que en diciembre continuarán "algunas suspensiones".
Según Pignanelli, "cae la fabricación, no la venta", por lo cual consideró: "Eso es lo que
más preocupa". En ese sentido, pronosticó que "para fin de año se van a vender 650.000
autos, pero se van a fabricar con mucha suerte unos 450.000". "Es decir, están ingresando
muchos autos importados y la fabricación no despega", alertó. La industria del calzado es
otro de los sectores que muestra graves problemas. Uticra, el gremio de trabajadores de
calzado, indicó que en lo que va del año hubo unos 3500 despidos y que los trabajadores
suspendidos y con reducción de la jornada laboral sumaron 9000 operarios. En Córdoba,
por ejemplo, las cesantías se extendieron al 20 por ciento de la plantilla general de las
empresas. En la UIA dijeron ayer que la capacidad ociosa de las plantas industriales llega al
40 por ciento y las ventas del mercado interno caen a ritmos del 30 por ciento. Podríamos
seguir todo el día, rama por rama de la Economía, dando parte del estado calamitoso en que
se encuentra su salud, hoy en enferma de neoliberalismo recalcitrante de la más baja estofa.
La voracidad de los garcoexportadores no tiene límites. Especialmente los concentrados en
el sector sojero, uno de los más beneficiados por las políticas confiscatorias y anti
populares del gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore que regentea el presidente
blindado. Como no les alcanza con lo que legalmente le esquilman al fisco, con su baja de
retenciones, sus silos escondidos clandestinamente para presionar devaluaciones y sus
dólares atesorados que se les permite mantener en el exterior sin estar obligados a
repatriarlos a la tierra que los produjo, ahora relanzan una nueva maniobra para seguir
acumulando renta ilegítima a costillas del erario público. Las cerealeras declararon
importaciones en lo que va del año por 675 mil toneladas de soja de forma temporaria
desde Paraguay, Uruguay y Bolivia por un valor de 250 millones de dólares y se espera que
el año que viene las operaciones sean de entre 2 y 3 millones de toneladas. El mecanismo
consiste en comprar los porotos en los países vecinos para procesarlos en las plantas locales
y luego exportar harina y aceite de soja. En ese tránsito no se aplican las retenciones. La
importación temporaria había sido prohibida por el gobierno anterior, que sospechaba que
las empresas declaraban soja local como importada y así embolsaban las retenciones. La
gerencia neoliberal que regentea el Estado ya no Nacional, al eliminar los mecanismos de
control sobre la exportación, volvió a poner en vigencia esa posibilidad. Desde las
empresas destacan que les permite mejorar la utilización de las plantas y que la soja
paraguaya aumenta la calidad de la harina. El riesgo es que las empresas sobredeclaren
producción derivada de la importación temporaria (o sea, que digan haber importado el
poroto cuando en realidad lo adquirieron localmente) para quedarse con el diferencial de
precios de las retenciones que cargan al sector de la producción nacional. Con esta gente el
presidente offshore (20), cuando en su momento hubo de reunirse para anunciarles sus
inconcebibles privilegios recuperados, les dijo: “Me siento como en mi casa. Me siento
entre amigos”. Una de sus pocas verdades que habla por sí sola.

La trampa, que de todas formas cualquier ciudadano bien informado y desprovisto de odio
y revanchismo podría sortear con suma facilidad, va en camino a ser legalizada. El Senado
avanzó ayer en la reglamentación de los debates electorales. La Cámara alta dio media
sanción, por 46 votos a favor y 10 en contra, al proyecto que establece que los candidatos a
presidente que superen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias deberán participar
de dos instancias de debate, una en la Capital Federal y otra en una provincia del interior
del país. La iniciativa fue consensuada por un sector del bloque FpV-PJ en conjunto con
Cambiemos y otras bancadas más pequeñas. El kirchnerismo votó en contra e impulsó en
cambio su propio dictamen para regular los debates eliminando el carácter “obligatorio”.
“La línea es que la política regule a los medios de comunicación para que no lleven a bailar
a nuestros candidatos”, graficó el chaqueño Eduardo Aguilar (FpV-PJ), uno de los
impulsores del proyecto aprobado. La iniciativa aprobada ayer contempla que todos los
candidatos que superen las PASO participen de dos instancias de debate a realizarse entre
20 y 7 días antes de la elección presidencial. En caso de que haya ballotage, habrá un nuevo
debate entre los finalistas. Quienes no acepten participar tendrán como pena la exclusión de
los espacios gratuitos de publicidad audiovisual otorgados por el Estado. El proceso
quedará en manos de la Cámara Nacional Electoral, quien convocará a las partes para
consensuar los temas a tratar. Será transmitido por los medios públicos, Radio y Televisión
Argentina, y la señal será puesta a disposición de todos aquellos medios que quieran
utilizarla. Pareciera que nadie, aun los que impulsan su variante opcional, toma nota de lo
sucedido en el último debate presidencial del 15 de noviembre pasado, catapultado como el
día nacional de la mentira. ¿Es que sólo se van a “negociar” los temas a tratar? ¿No prevén
sanciones ejemplificadoras para los personeros de la mentira, que prometen cualquier cosa
con total de cooptar votos, a sabiendas que los traicionarán ineludiblemente? La última
estafa electoral pergeñada, comprobada en los registros televisivos que documentan la
mendacidad oculta en las engañosas propuestas realizadas, ¿no va a estar sujeta a ninguna
discusión pública? ¿Cuándo alguien va tomar la posta para proponer el plebiscito
revocatorio contra, por ejemplo, los gobiernos que fueron votados en base a plataformas
que, una vez en el poder, contradicen radicalmente las propuestas efectuadas; con el
objetivo siniestro de engañar a la población sufragante? Obliguen a sanciones
ejemplificadoras y verán cuántos renuncian a los tan mentados “diálogos” republicanos.
Las fuerzas reaccionarias que encabezan alianzas como Cambiemos, no necesitan de
espacios gratuitos para solventar sus campañas políticas PROstibularias. Les sobra con lo
que recaudan con sus fundaciones apócrifas que, mientras simulan atender las necesidades
de los sectores más vulnerables que sus propias políticas redujeron a la marginalidad y a la
indigencia, acumulan “donaciones” privadas; que no son otra cosa que retornos interesados
de las corporaciones para devolver favores por los beneficios percibidos a través de leyes a
medida y concesiones directas de obra pública con que los gobiernos neoliberales, como el
que hoy comanda el presidente offshore (20), recaudan dinero mal habido para financiar sus
inconmensurables y monstruosas propagandas engañosas; buscando convencer a incautos,
creídamente “neutrales”, y odiadores militantes que voten contra sus propios intereses.
Entre los cómplices, los ingenuos y los ignorantes, de las trampas neoliberales no tenemos
escapatoria.

04/11/16: El converso senador Miguel Pichotto empezó a cosechar lo que sembró con sus
actitudes condescendientes con el brazo de las corporaciones que se apoderó del Estado ya
no Nacional y por sus dichos xenófobos, en sintonía con el pensamiento vivo del macrismo.
Al pedido de expulsión del bloque del FpV, hecho por el ex embajador en el Vaticano
Eduardo Valdés, se sumó una denuncia en el INADI por parte de los consulados de Perú y
Bolivia. “Perú resolvió su problema de seguridad y transfirió a todo el esquema
narcotraficante: las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. La
Argentina incorpora toda esta resaca”, había lanzado Pichotto en TV. “¿Cuánta miseria
puede aguantar Argentina recibiendo inmigrantes pobres? La Argentina tiene que controlar.
Hay una migración muy compleja y no hay ningún tipo de reciprocidad”, planteó. El Inadi
informó que “actuará en el marco de la Ley Antidiscriminatoria 23.592”. Sus últimas
declaraciones segregacionistas no fueron las únicas. Este senador, que es una deshonra para
la república, hace dos años tildó de “mafia senegalesa” a esa comunidad africana en la
Argentina. A tal punto fueron tan graves los dichos de Pichotto, que un nazi confeso como
Biondini se dio el gusto de señalar que “Primero (Jorge) Lanata, ahora Pichetto. Tanto que
fui perseguido y proscripto durante años por opiniones similares...hoy me siento un
moderado”. Quien también se ocupó de condenar al opoficialista senador fue la líder de
Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien grabó un video diciendo, entre otras
cosas, "Pichetto, renunciá a la banca si tenés pelotas. No puede ser que seas tan hijo de re
mil puta de decir lo que dijiste de los compañeros bolivianos y peruanos que hacen a
nuestra patria, que hacen a la América grande". Pero Pichotto no va a renunciar. Este
hombre no sólo traicionó a sus votantes con sus dichos y votos en el Senado. Ya se había
traicionado a sí mismo cuando juraba pertenecer a una fuerza política de la que ahora se
despega, cómo si estar vinculada a ella fuera un delito. Pichotto, ahora fiel a sí mismo, se
muestra tal cual es.

La causa que investiga a la vice presidenta y a las pútridas fundaciones neoliberales,

creadas para lavar dinero y acumular recursos para financiar su siempre sucia política, sigue
avanzando. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario sobre las cuentas
de tres fundaciones vinculadas al macrismo. La medida es parte de la investigación que se
inició para conocer el origen de los fondos robados en la casa de Gabriela Michetti pero que
busca también establecer si se utilizaron distintas entidades vinculadas al PRO y
Cambiemos para canalizar dinero presuntamente ilegal destinado a la política. Una de las
que quedó en la mira es la Fundación Pericles, que dirige el asesor estrella en temas
judiciales del presidente offshore (20), Fabián Rodríguez Simón. Lijo también pidió
detalles de las cuentas de Formar, del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y de
Fundar - Justicia y Seguridad, ligada al secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. En los
últimos días, el juez, recibió algunos de los informes que ya había pedido sobre la
fundación SUMA, de la vicepresidenta. Veremos qué está dispuesto hacer Lijo, pues si
continúa recabando datos que comprueban el tramado corrupto que enloda a Michetti y
demás miembros poco viriles del macrismo, se va haber obligado a sentenciar contra un
gobierno que no le perdonaría nunca semejante atrevimiento.

Que mejor que un viernes para dar buenas noticias. González Frega debe estar de
parabienes con las últimas decisiones tomadas por el Banco Central, al que está llevando a
la ruina su titular, Federico Sturzenegger. Ayer aprobó una nueva flexibilización de la
normativa que regula las casas de cambio. De este modo, muchas agencias financieras de
menor tamaño que en años anteriores tenían como principal negocio vender dólares en el
mercado ilegal, serán aceptadas en forma legal como oficinas de compra y venta de divisas.
Los bancos, con el nuevo régimen, podrán ser dueños de su propia casa de cambio, lo que
tenían prohibido hasta el momento para evitar maniobras de lavado y operaciones opacas.
Locales comerciales con venta al público como joyerías también quedarán habilitados para
operar en el negocio de transacciones de moneda extranjera. En la autoridad monetaria
aseguraron que la normativa apunta a incrementar la competencia del sector cambiario, al
reducir los márgenes de intermediación, mientras que supone que logrará que operaciones
del sector informal pasen al sector formal y se amplíe la disponibilidad de “ventanillas”
para hacer transacciones. En la práctica, esto podría facilitar la operación de “cuevas”,
otorgándoles una fachada de legalidad. La medida representa una mayor apertura de la
economía a los flujos de capitales especulativos y minimiza la capacidad de regulación del
Banco Central para evitar maniobras de lavado y otras transacciones ilegales. “La
flexibilización va a contramano de la tendencia de los países desarrollados, que ponen cada
vez más énfasis en controlar las operaciones de cambio para controlar ilícitos asociados con
el narcotráfico y el lavado, entre otros. De por sí es difícil la supervisión del sector de
cambios y flexibilizando el sector se hace imposible”, señaló la ex titular del Central,
Mercedes Marcó del Pont. Este es el país “normal” al que tanto querían volver los
neoliberales, camuflados de nobles republicanos, cuando mentían repetidamente durante la
campaña electoral: el de la plata dulce, el de la especulación y la timba financiera, el del
modelo económico de la última dictadura cívico-militar-empresarial-clerical.
El gobierno ni nacional ni popular está dispuesto a todo con total de mantener cautiva
ilegalmente a Milagro Sala, la primera presa política de la Alianza neoliberal Cambiemos.
El embajador de Derechos Humanos de la Cancillería, Leandro Despouy, y el secretario de
Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, viajaron a Washington para reunirse con
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con la
intención de plantear que se evite una declaración que pida liberar a la dirigente de la
organización Tupac Amaru. Según la versión, que publica este viernes el diario oficialista
La Nación, en el oficialismo existe "el temor de que la Comisión Interamericana asimile los
fundamentos del Grupo de Trabajo de la ONU y también declare la detención arbitraria de
Sala". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se reunirá en
diciembre próximo en Panamá y podría emitir un informe sobre la situación de Sala, a
causa de las denuncias presentadas por el CELS y por la oficina argentina de Amnistía
Internacional. Según la versión periodística, la canciller Susana Malcurra, el secretario de
Rec…Derechos Humanos, el también offshore Claudio Avruj, y el dictador que gobierna
Jujuy, Gerardo (in) Morales, elaboraron en las últimas horas una estrategia común para
evitar otro informe adverso de un organismo internacional contra el Gobierno por la
situación de Milagro Sala. "Hay que actuar rápido y plantear tres temas: que Sala nunca
tuvo fueros del Parlasur al ser detenida, que nadie tomó en cuenta las causas por corrupción
y que jurídicamente ya fue exculpada de la causa por la que estuvo detenida por levantar
una protesta social", confió al matutino un funcionario. A ello, el oficialismo añadirá que la
justicia de Jujuy decidió la detención en "abierta independencia de poderes y respeto al
federalismo". Además, el secretario de Rec… Derechos Humanos, Claudio Avruj, viajará el
21 de noviembre a Ginebra para participar de una audiencia del Comité de Discriminación
de la ONU, donde se espera que el tema Sala se instale en el debate sobre el capítulo
argentino. Ya algo había adelantado ayer el tiránico Gerardo (in) Morales cuando afirmó,
arrogándose facultades que no tiene pero que ejerce con total impunidad, “no voy a liberar
a esa mujer”.

05/11/16: En rechazo a las políticas públicas del gobierno de CEOs y evasores con cuentas
offshore, las dos CTA protagonizaron una multitudinaria marcha hacia Plaza de Mayo,
donde se concentró el acto que tuvo como oradores a sus líderes, Pablo Micheli y Hugo
Yasky. Con la exigencia de la reapertura de paritarias, el cese de los despidos y el rechazo
al bono de fin de año pactado entre la CGT, el Gobierno y el sector empresario como
consignas principales, miles de trabajadores –especialmente del sector público–, militantes
sociales y autoconvocados se concentraron desde el mediodía en distintos puntos de la
ciudad y el conurbano para confluir, bajo un sol pleno, frente al escenario principal
apostado de espaldas a la Casa Rosada, foco de las críticas de los oradores. “Mientras en el
país de la alegría se apuesta a la bicicleta financiera, la plata se fuga al extranjero y los
paraísos fiscales se llenan de dólares, en el reverso de esta Argentina baja el consumo en
los supermercados, se pierden puestos de trabajo y crece el hambre”, sentenció Yasky,
quien al igual que su par de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, le reclamó a la CGT que
llame a un paro nacional. “Es el gobierno del revanchismo de clase. Se quieren cobrar 12
años en los que tuvimos la posibilidad de recuperar algunas conquistas”, sostuvo Yasky.
Yasky fue enfático en la crítica a la política económica y en el reclamo de “unidad” en la
calle para “frenar a la derecha”. “Este Gobierno no es el de Menem ni el de la Alianza.
Como nunca antes, tiene el apoyo de todo el establishment: la Sociedad Rural, el poder
financiero, el FMI, las corporaciones, la embajada yanqui, los medios concentrados. Y
vienen por todo: por nuevas leyes laborales, por nuestras paritarias, por convenios por
productividad, por nuestras organizaciones sindicales. Entender esa realidad es una cuestión
de supervivencia. Ése es el punto en el que estamos parados”, definió. Dentro de ese
panorama, el diálogo entre la CGT y el Gobierno “es una puesta en escena”, dijo Yasky, y
acusó de “bajarse los pantalones ante los llamados de los empresarios” a “ciertos dirigentes
de la CGT que es mejor perderlos que encontrarlos”. “Pero hay muchos otros dirigentes
dentro de la CGT que son valiosos, con quienes nos encontramos en la movilización de
abril para marcar un camino común –sugirió el docente–. Ése es el camino y el día del paro
general, que será pronto, vamos a ser capaces de dejar las diferencias de lado”. “Hablar de
unidad está de moda”, apuntó antes Micheli, “pero no alcanza con una foto, hay que
construirla en la calle”. “Acá están las dos CTA unidas, no para frenar un paro, sino para
forjar la unidad de la clase, único camino para derrotar a la derecha neoliberal”, completó.
Los dos líderes fueron categóricos y tienen muy claro quién es el enemigo y a que intereses
responde. El problema es que no pueden entender quiénes están de su lado. La CGT gorda
juega otro partido, persiguiendo otros objetivos, muy distintos a los que movilizaron a los
trabajadores y a sus representantes ayer a Plaza de Mayo. Podrán terminar, obligados por
las circunstancias y presionados por las bases, haciendo un paro general; pero nadie que
sepa la conducta y la trayectoria de estos sindicalistas empresariales puede creer que
acompañen una lucha que será difícil, larga y desafiante. Al menos ayer quedaron
expuestos como lo que son: traidores a su clase, burócratas corrompidos y cómplices del
partido del ajuste; que encabeza la Alianza Cambiemos, pero que acompaña un nutrido
grupo de empresarios, banqueros, medios concentrados, jueces y fuerzas políticas
opoficialistas; y que conforman un compacto bloque dominante dispuesto a todo por
imponer, estructuralmente, un nuevo modelo socio económico, político y cultural a como
dé lugar.

El gobierno ni nacional ni popular que encabeza el presidente offshore (20), no es uno más
de los tantos sufridos por los trabajadores y sectores más humildes de la sociedad: es un
temible gobierno reaccionario. Hay que remontarse al gobierno isabelino de 1975 para
recordar cómo un gobierno elegido democráticamente puede utilizar el aparato del Estado
para perseguir, amedrentar e intimidar opositores, operando en la clandestinidad y lejos del
control de cualquier contrapoder que le pueda poner límites a su accionar criminal. Tres
hombres con armas automáticas ingresaron ayer a la sede porteña de la Tupac Amaru
mientras se desarrollaba la movilización de las CTA a Plaza de Mayo, que entre sus ejes
tuvo el pedido de liberación de Milagro Sala. El hecho fue denunciado por esa
organización, que detalló que los hombres ataron a quienes estaban presentes en el lugar,
les dijeron “dejen de joder con la Milagro” y a uno de ellos le gatillaron en la pierna sin que
saliera el disparo. “Hacemos directamente responsable al gobierno de Mauricio Macri”,
afirmó la Tupac Amaru. La sede de la Tupac a la que ingresaron los hombres armados está
ubicada en San José y México, en el barrio de Monserrat. El hecho se produjo en
simultáneo a la movilización a Plaza de Mayo, donde el Comité por la Libertad de Milagro
Sala armó un acampe para reclamar el inmediato cese de las detenciones de la dirigente
social y del resto de los presos políticos de Jujuy. “Va a ser imposible reparar el daño que le
generaron a ella y a los 11 presos políticos de la Tupac Amaru. Abrazo a Milagro, la causa
y la resolución de la ONU que le exige al gobierno argentino que la libere. Sin Milagro en
la calle se hace difícil la lucha popular”, señaló Daniel Catalano, de ATE Capital, tras
recordar que ayer se cumplieron “293 días de la detención de Milagro”. Quizá con lo
ocurrido ayer con la Tupac Amaru se entienda mejor ante qué tipo de enemigo se enfrentan
los sectores populares y qué rol podrían tener los obesos cegetistas; a quienes uno ve más
inclinados a aportar matones a los aprietes gubernamentales, que hombres a la causa de los
trabajadores.

“Es un año difícil, pero vamos por el camino correcto”, lanzó ayer el ministro de
Desempleo, Jorge Triaca, al referirse al deterioro del mundo laboral. Por lo tanto, hay que
inferir que los resultados catastróficos para la clase trabajadora, fueron buscados
premeditadamente. La consultora Tendencias Económicas indicó ayer que durante el mes
de octubre “los despidos se incrementaron en más de siete veces interanual, sobresaliendo
los de la actividad de la construcción, seguidos por los de metalurgia, textil, petróleo,
comercio y gastronómicos”. El informe estima además un incremento del 150 por ciento
anual en las suspensiones “debido a que varias ramas industriales aplicaron este mecanismo
para reducir adicionalmente la producción y ajustar los stocks”. “La conflictividad laboral
registró en octubre un aumento de los despidos y de las suspensiones, pero una disminución
de los paros. Los despidos sumaron 5370, arrojando un incremento de casi 63 por ciento
anual”, sostiene el documento de Tendencias Económicas. Una prueba más que demuestra
que cuanto más baja la intensidad de la lucha, más se terminan imponiendo las medidas
regresivas y anti populares.

Si nos damos una vuelta por la región comprobaremos que la ola reaccionaria azota a todo
el continente, EE.UU. incluido; con el amigo del presidente blindado, Donald Trump,
acechando a su rival en las encuestas. Si alguien quiere saber qué puede esperarse de la
gerencia neoliberal en el futuro próximo, debe enterarse que el gobierno del estado de Río
de Janeiro, el segundo más rico de Brasil, anunció ayer un plan de ajuste que incluye el
descuento de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos de hasta el 30 por ciento, el
fin del plan social para la supervivencia alimentaria, el aumento del boleto de colectivo y la
reducción de secretarías de la administración pública. El plan fue anunciado por el
gobernador Luis Fernando Pezao, en busca de hacerle frente al estado de calamidad pública
en la que se encuentra Río de Janeiro, que en julio se declaró en una suerte de quiebra y
ahora busca ahorrar unos 8500 millones de dólares, aunque el ajuste aún debe ser aprobado
por la Asamblea Legislativa a partir de la próxima semana. Pezao, gobernador del Partido
de la Democracia Brasileña (PMDB) del presidente Michel (de) Temer, dijo en conferencia
de prensa que las medidas de austeridad son para evitar despedir empleados públicos y
respetar la ley de responsabilidad fiscal. Como se puede apreciar, son tan cínicos y
siniestros como en Argentina. En tanto en Chile, una nueva ola de protestas se efectuaron
ayer contra el gobierno de Bachelet, exigiendo la derogación del régimen de jubilación
privada y la no entrada del país a ningún tratado transpacífico con EE.UU. Bajo el lema
“NO+AFP = NO al TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica)”, la
coordinadora N0+AFP (Administradora de Fondos y Pensiones) y la Plataforma Ciudadana
Chile Mejor sin TPP, que busca impedir el Tratado de Cooperación con EE.UU., la
modalidad de la protesta incluyó huelgas, tomas de edificios públicos, manifestaciones y
barricadas en la calles, que terminaron en incidentes de proporciones, como la quema de
colectivos, corridas y gases lacrimógenos, cuando la policía terminó reprimiendo
brutalmente. Este es el triste paisaje latinoamericano, dominado por la ola neoliberal
revanchista, que sólo puede repartir palos y persecuciones generalizadas, mientras confisca
y se apropia de lo que no le pertenece.

06/11/16: El presidente offshore (20) está decidido a comportarse, todo lo que dure su
mandato, como si estuviera en campaña electoral. En cada aparición pública hace esfuerzos
denodados por mostrarse seguro y relajado, repitiendo slogans “esperanzadores”, cuyo
espíritu es: “estamos mal, pero vamos bien”. El costo que deberá pagar este hombre, de
cara a la historia y del futuro próximo, es inconmensurable. El país se hunde en el abismo y
el falso pasajero de colectivos se da el gusto de bailar pasitos de comedia en actos políticos,
con la misma gracia con que habla de corrido durante sus patéticas alocuciones escritas por
otros, a costa de quedar en el ridículo y como un hombre enajenado de la realidad que lo
circunda. La misma que no está para ir derrochando falsa alegría y mensajes alentadores.
Basta ver el volumen que está tomando el estado de la deuda externa, contraída en apenas
10 meses de infausta gestión, para tomar conciencia que estamos en manos de unos
irresponsables; capaces de llevar a la Nación a un colapso sin precedentes con total de
saquear todos sus recursos y someter a sus habitantes a las más humillantes vejaciones con
total de conseguirlo. Hasta el último día de octubre la nueva deuda emitida en once meses
de gestión de la dupla Alfonso Prat-Gay - Federico Sturzenegger totalizaba 87 mil millones
de dólares. Hasta fin de año superaría los 90 mil millones de dólares. Este monto
impactante se integra con una cuenta que no se contabiliza en las evaluaciones corrientes
pero que debe sumarse para dar cuenta de la magnitud del endeudamiento público: la
emisión de Lebac. Es la deuda que está acumulando a mucha velocidad el Banco Central y
que es aún más inquietante que la colocada por el Ministerio de Finanzas puesto que es de
cortísimo plazo. El actual stock de Lebac está generando pagos de intereses en pesos
equivalentes a 1000 millones de dólares mensuales, monto que se acelera a medida que se
incrementa esa deuda que se ha convertido en la cadena de la felicidad para el mundo de las
finanzas. Y Van por más. Un reporte del agente del mercado financiero Research for traders
calculó que por el pago de intereses (9217 millones de dólares), el vencimiento de capital
(28.520) y el financiamiento del déficit fiscal previsto en el Presupuesto de 4,2 del PIB
(23.052), la emisión de deuda será de por lo menos 60.790 millones de dólares para 2017.
El saldo en dos años sería entonces de unos 150 mil millones de dólares. La ilegítima deuda
contraída está siendo utilizada por “el mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre la
marcha” para pagar deudas, entregar divisas para la fuga de capitales y para cubrir el déficit
gemelo (fiscal y comercial). Respecto al desequilibrio comercial creciente, el
endeudamiento facilita el pago del incremento de las importaciones de bienes de consumo
final que desplazan a la producción nacional. O sea, los empresarios nacionales que estaban
desesperados por adquirir dólares sin restricciones ahora lo pueden hacer, igual que lo
hacen otros para comprar en el exterior productos que hunden en la recesión a colegas
dedicados a la producción nacional. Hacia un estado terminal está conduciendo a la
Economía la pandilla neoliberal, mientras hace negocios con la deuda. Porque no
olvidemos que mientras el país hipoteca su futuro, un festival de comisiones y retornos se
hace en cada transacción para que banqueros, intermediarios, financistas y funcionarios
sumen a sus arcas dineros sucios, tan manchados de corrupción como sus almas de
neoliberalismo recargado.
La Alianza Cambiemos ha hecho de la palabra pública una mentira cotidiana, de cada
medida tomada una confiscación legalizada, y de cada ley promulgada un aporte a la
consolidación de una estructura corrupta, que catapulta al imaginario neoliberal rigiendo
todos los resortes económicos, sociales y culturales de una sociedad a la que busca
transformar de raíz sin importarle a qué costo. Si algo de pudor sus personeros sintieran
estarían preocupados por algunos indicadores que demuestran cómo se va ensanchando la
diferencia entre la clase parasitaria, que es la dominante e integra el comando del Estado, y
la clase trabajadora, en su más amplia y variada acepción. La brecha de ingresos entre el 10
por ciento que más gana (decil 1) y el 10 por ciento que menos gana (decil 10), que se había
reducido sensiblemente entre 2003 y 2015, sufrió una brusca reversión de la tendencia en la
primera mitad de este año, que le hizo perder casi la tercera parte de lo que se había
avanzado en materia de igualdad de ingresos en doce años. Expresado en números: si a
mediados de 2003 un individuo del 10 por ciento que más ganaba, tenía ingresos
equivalentes a 33 veces lo que recibía en promedio un integrante del decil más bajo de la
escala, para 2015 esa desproporción se había reducido casi a la mitad: el perteneciente al
decil 1 ganaba el año pasado 18,7 veces lo que ingresaba en el bolsillo de un individuo del
decil más vulnerable. Pero en diciembre, se produjo el cambio. Las cifras que publica el
Indec dan cuenta de que, para el segundo trimestre del año actual, la brecha de la
desigualdad había vuelto a crecer: la relación trepó a 23,2 veces. Es cierto: vinieron por un
“cambio”. Y están dispuestos a todo por perpetuarlo.

07/11/16: A esta altura uno empieza a dudar cuál es la verdadera estrategia que aplica el
brazo ejecutor de las corporaciones a la hora de buscar “consensos” para conseguir aprobar
sus abominables iniciativas en el Parlamento o de cara a las audiencias públicas a las que se
ve obligado, legalmente, para ejecutar sus criminales tarifazos. 1) Ir siempre de máxima,
con la propuesta más confiscatoria y avasallante que se les ocurra, para luego ir
retrocediendo de acuerdo al nivel de rechazo y/o reparos que va cosechando. 2) O, como
saben las resistencias que sus iniciativas van a cosechar, ir de máxima para retroceder hasta
el punto justo que tenían pensado y así quedar, al mismo tiempo, como “dialoguistas”,
funcionales a los opoficialistas que, a su vez, se muestran como el contrapeso que “mejora”
y “atiende” las fallas o defectos que los proyectos presentaban inicialmente. Ello sucedió
con las tarifas, que al comienzo pensaban aumentar hasta el 1.000 % para luego ir
reculando hasta acordar 400 ó 500, según el caso, para finalmente acordar proseguir la
escalada expropiatoria futura semestralmente. Son tan perversos y cínicos que es difícil
determinar a ciencia cierta cuál de los dos esquemas es el planeado. De todas formas, sea
uno u otro, el resultado siempre es el mismo: amputar derechos colectivos para favorecer a
los grupos concentrados y a los sectores económicos vinculados con la famiglia
presidencial. El último caso, que ejemplifica lo comentado, es lo que Mau y sus pandilleros
persiguen con su aberrante proyecto de participación público-privado, uno de los más
desvergonzados en cuanto a sus intenciones de someter al Estado al arbitrio de la patria
contratista. El rimbombante título sólo esconde un objetivo de fondo: privatizar la obra
pública. El espíritu del proyecto es correr al Estado de escena como ente controlador, evitar
las licitaciones públicas y asegurar ganancias extraordinarias a las empresas sin riesgo
alguno de pérdida. La iniciativa prevé que los privados financien las obras con créditos
bancarios, lo que les encarecería notablemente sus costos, a cambio de asegurarle
concesiones de hasta 30 años prorrogables. A diferencia de la licitación pública, la
selección del contratista no se decide por quien ofrezca el precio más barato sino por quien
represente mejor los intereses del Estado. O sea: deja sujetas las operaciones a la
discrecionalidad de los funcionarios para la elección de los oferentes. Tan corrupta puede
ser la maniobra que la ley prevé que a los contratos los rijan el secreto comercial e
industrial. El secretismo gobernará incluso el seguimiento que realizarán los organismos de
control y una flamante bicameral que se creará para tal fin. "La comisión, sus miembros y
empleados deberán garantizar la confidencialidad de la información, sumiendo las
responsabilidades correspondientes por su divulgación", reza el artículo 30 del proyecto. La
propuesta inicial no exigía fijar como prioridad a la industria nacional, algo que terminó
imponiendo el opoficialismo, confirmando las dudas que plantea la estrategia oficial
señaladas al comienzo: ¿ceden posiciones o se anticipan a los rechazos previstos para
terminar acordando el punto exacto que tenían pre definido? Este tipo de proyectos,
pensados sólo en función del lucro privado a costillas del erario público, ya fracasaron en
muchos países europeos que hoy se encuentran en franca bancarrota. El Senado, donde el
macrismo es clara minoría, tiene la última palabra. Los antecedentes inmediatos no son
auspiciosos para suponer que este nuevo abyecto proyecto pueda ser rechazado o
reorientado en un sentido opuesto al propuesto. Por el contrario: las modificaciones
seguramente serán mínimas e insustanciales, y serán un nuevo aporte para consolidar la
corrupción estructural que el neoliberalismo vino a reinstaurar en la Economía argentina.

La Alianza neoliberal Cambiemos ataca todos los frentes posibles para refundar la
república en clave reaccionaria y neoliberal. Desandar lo conseguido durante tantos años en
materia de derechos humanos, desfinanciando organismos, retirando al Estado como
impulsor de juicios contra los genocidas o como promotor de iniciativas que mantengan
viva la memoria sobre el plan criminal perpetuado por la última dictadura, es una premisa
fundamental para que la derecha pueda, rescribiendo el pasado, controlar el futuro. El
negacionismo que han pregonado desde las sombras, ahora buscan catapultarlo como
política pública. La premisa: reinstalar la idea de “los dos demonios”, asegurando que hubo
una guerra y que es hora de saldar las controversias generadas pactando un olvido
“reparador”, que achique “grietas” y evite “revanchismos”. Una de las mecánicas que están
implementando, como lo hacen con las estadísticas oficiales a la hora de negar o justificar
las calamidades que su plan económico va generando, es falsear datos; a los cuales se les
quiere dar la cualidad de “objetivos” para imponer sus siniestros criterios negacionistas.
Hoy, la Secretaría de Rec…Derechos Humanos, emitió un comunicado oficial donde
afirma que los desaparecidos durante el período 1976-1983 no son 30 mil, como
documentan los organismos de Derechos humanos nacionales y extranjeros, sino 7.000
(menos incluso que los que informara oportunamente la CONADEP) como sostienen los
apologistas del Proceso. La excusa, para volver a sacar el tema a la superficie, es que se
trata de una respuesta que el organismo que conduce el también offshore Claudio Avruj da
a un pedido solicitado por una rabiosa ONG anti K, llamada Asociación Civil Ciudadanos
Libres. El comunicado mencionado afirma: “Con fecha 16 de agosto de 2016, la
Asociación Civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, alegando el derecho al
acceso a la información pública, solicitó a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural conocer "la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición
forzada o que, habiéndose encontrado en esa situación hayan sido luego halladas sin vida".
El período sobre el cual se requiere dicha información corresponde al comprendido entre el
12 de octubre de 1973 y el 9 de diciembre de 1983.En virtud de la ley que ampara el
derecho de cualquier ciudadano o asociación al acceso a la información pública, esta
Secretaría dio curso de dicho requerimiento al equipo de trabajo del Registro Unificado de
Víctimas de Terrorismo de Estado (RUVTE), creado en 2013 en el ámbito del Área de
Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos, y luego formalizado como programa
ministerial en 2014 por Resolución N° 1261 del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. El objetivo del Registro es la construcción de una matriz de datos de alcance
nacional, en permanente estado de actualización, sobre las víctimas del accionar represivo
ilegal del Estado Argentino y, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley 26.691, de los
Centros Clandestinos de detención y otros lugares de reclusión utilizados por la fuerza
represiva estatal. La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, a
través del programa RUVTE registra a la fecha y para el período solicitado un total de 8571
víctimas debidamente formalizadas según el marco de referencia, de las cuales:
- 7010 se consideran víctimas de desaparición forzada.
- 1561 se consideran víctimas de asesinato.
Se debe destacar que bajo ningún concepto debe considerarse este Registro como definitivo
en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones
testimoniales. En razón de lo expuesto, el número de personas desaparecidas continúa
siendo a la fecha indeterminado y toda cifra que pueda informarse resulta parcial y
provisoria”. Hacia el final la astuta y aviesa intención objetiva: “hoy” la cifra es 8.671,
“pero” eso no significa que…La reinstalación de la duda, de la polémica sobre el número
para luego inferir, como ya se cansó de vituperar Darío El Pérfido, que detrás de la cifra
30.000 hay un “negocio”, una industria del juicio y de beneficios para financiar organismos
y particulares a costillas del tesoro público. Basta entrar a la página oficial de la
mencionada ONG para verificar el perfil reaccionario que persigue. Su titular, José
Magioncalda, todos estos años, fue un conspicuo denunciador serial contra el gobierno
anterior y miembro permanente del Partido judicial. Cuando alguien señale las similitudes
que el actual gobierno tiene con la última dictadura cívico-militar-empresarial-clerical no
sólo debe hacer hincapié en el plan económico que está llevando a cabo. Encontremos en su
lectura del pasado las coordenadas para entender la racionalidad con la que actúa en el
presente, para, reescribiendo la historia, intentar justificar sus políticas presentes y sus
objetivos futuros.

Uno de los personajes más aborrecibles que tiene la gerencia neoliberal que asaltó al Estado
ya no Nacional es el oficial Hernán Lonardi. Su retórica provocadora y burlona, combinada
con su prédica mendaz a la hora de justificar las decisiones más aberrantes de su gobierno
en general y de su policíaca gestión en particular, resultan un difícil desafío para quienes no
quieran perder la compostura a la hora de soportar escucharle para luego intentar rebatir sus
periódicas mentiras hechas discursos oficiales. La última polémica la protagonizó al
intentar justificar la contratación directa de la productora del periodista ultra macrista Luis
Majul, a quién se le pagó casi un millón de pesos por la realización de un video de 4
minutos que supuestamente resumen 40 años de periodismo. “No es solo correcto, estamos
muy contentos de haber pasado un video en 4 minutos sobre los 40 años del periodismo
para reflexionar sobre la historia reciente, que es imprescindible. Se pasó en Tecnópolis
512 veces", señaló Lonardi sin que se le mueva un pelo. Ahora bien: no sólo es escandaloso
el hecho de la contratación directa a un periodista “amigo” y a un sobreprecio bochornoso.
Quien pueda ver el video apreciará que se trata de una ensalada de imágenes y voces en off
a toda la velocidad, simplificadora y pretendidamente sutil para mencionar u omitir
oportunamente algunos hechos que el relato “histórico” pretende sintetizar. ¿Por qué en el
video se saltea el estallido social del 2001? ¿Desde dónde y hasta qué fecha exactamente
llegan los 40 años recorridos? Qué bueno hubiera sido ver imágenes del debate presidencial
protagonizado por el presidente offshore (20) y Daniel Scioli, con las promesas
incumplidas del primero sonando de fondo. Respecto al operador Majul: hay periodistas
que apoyan gobiernos porque comparten su ideología. Hay otros que los respaldan por los
beneficios personales con los que se benefician. Y están los otros, como Majul, que
sintetizan los dos casos hasta fundirlos en uno. A ese periodismo algunos lo denominan
“independiente”.

08/11/16: Se advirtió en su momento, pero ni el brazo ejecutor de las corporaciones ni el

opoficialismo quisieron escuchar: derogando las leyes de pago soberano y cerrojo y
pagándole a los buitres lo que ellos reclamaban, se corría el riesgo de habilitar la aparición
de nuevos juicios contra el Estado argentino; exigiendo igual trato que el dado a la carroña
internacional. Podía pasar y pasó. El oneroso acuerdo con los fondos buitre no solo no
estimuló las inversiones extranjeras y la creación de empleo como prometió el Ministerio
de Hacienda y Finanzas, sino que tampoco permitió clausurar en forma definitiva la disputa
legal en los tribunales de Nueva York. El viernes pasado un fondo de inversión radicado en
Bahamas inició un nuevo reclamo ante la Corte del Distrito Sur de Manhattan que se suma
a otros litigios formulados desde que Argentina les pagó a los buitres más agresivos. La
demanda realizada por la firma Brainbridge asciende a un total de 65 millones de dólares.
En el escrito, el fondo reclama cobrar por sus tenencias de títulos de deuda pública
argentina emitidos en 1992 y 1993. Los acuerdos alcanzados desde que se le pagó a los
buitres encabezados por NML Capital de Paul Singer alcanzarían a 8 de cada 10 dólares en
bonos no presentados a los canjes de 2005 y 2010. Vale decir: en el horizonte próximo se
avecinan nuevas tormentas que podrían acelerar el desastre en que ya está siendo hundida
Argentina con las políticas públicas emprendidas por el gobierno ni nacional ni popular.
Seguramente más juicios brotarán desde los pantanos donde anidan todas estas culebras,
dispuestas aplicar su avaro veneno contra las arcas nacionales, hoy en manos de una banda
de neoliberales que no controla ninguna variable, aunque su plan confiscador lo tengan bien
decidido y encaminado.

No hay un solo indicador de actividad económica que arroje números alentadores, a pesar
que la gerencia completa se esfuerce todos los días en tratar de convencer, con sus apócrifas
declaraciones, que hay signos de reactivación en algunos sectores. El Índice Construya que
releva los despachos de materiales de grandes empresas acumula una caída del 14,8 por
ciento durante los primeros diez meses del año. La nueva variación negativa es la novena
en forma consecutiva y supera en magnitud la baja observada en 2009. La medición ofrece
una aproximación al comportamiento del sector privado ya que no contempla insumos
como el asfalto, estrechamente ligados a la obra pública, donde los datos tampoco muestran
signos de recuperación. La información difundida ayer, la cuarta caída interanual más
pronunciada desde que comenzó la medición, se complementa con la contracción que
exhiben los niveles de empleo y los despachos de cemento. Ante este panorama
desalentador la estrategia comunicacional macrista parece estar virando hacia la sensiblería
electoralista. En su afán por mostrarse compungido ante el reguero de calamidades que
viene sufriendo la población por las criminales medidas tomadas por su gobierno, en medio
de una entrevista, el presidente offshore (20) se quebró y lagrimeó en cámara. Fue en el
momento en que tuvo que reconocerque "hay gente que la está pasando mal", mientras
hablaba de la pobreza en el país. La emisión la televisó el nuevo canal del diario La Nación,
llamado LN+. Además, el Hood Robin argentino no Nacional analizó su vida tras ser
presidente y afirmó: "Mi vida cambio para bien. Siempre tiene costos". Y agregó: "Perdí la
intimidad, poder hacer alguna locura que te surja". ¿Qué “locuras” se estará privando de
hacer este abnegado hombre? ¿Seguir abriendo cuentas offshores en paraísos fiscales,
mientras predica la necesidad de tener honestidad y transparencia en la función pública?
¿”Trabajar” desde el mediodía y hasta los jueves sólo algunas horitas, teniendo algunas
reuniones de “negocios” o haciendo proselitismo berreta como hacía cuando era jefe de
gobierno? ¿Será que, a pesar que su riqueza se sigue multiplicando desde que es presidente,
no está a la altura de las exigencias de un cargo en el que siempre está expuesto, local e
internacionalmente, ante la opinión pública, como no ocurría cuando hacía la plancha en su
feudo capitalino? Pero estas son vanas especulaciones. Estamos ante un hombre dispuesto a
cualquier sacrificio por su Patria, a tal punto que, en la misma entrevista, señaló que su
deseo es ir por la revalidación de su mandato en 2019.

La corrupción estructural otra vez. Los elefantes copulan entre nosotros mientras destruyen
los bazares al mismo tiempo que gran parte de la población sigue consumiendo basura
enlatada a toda hora por las cadenas televisivas de la difamación y la mentira, reconvertidas
en maquinarias de blindaje y complicidad con el macrismo. El ministerio de Modernización
y Despidos publicó el viernes en el Boletín Oficial un llamado a licitación pública para la
provisión, instalación y puesta en funcionamiento de puntos de acceso wifi en 200
localidades del país con transporte de datos satelital en banda Ka. Lo llamativo de la
convocatoria es que la única empresa que puede brindar servicios satelitales en el país en
esa banda es la empresa de servicio satelital DirecTV, gracias a una autorización “precaria
y experimental” que le otorgó el Ministerio de Comunicaciones a través de la resolución
380, publicada en el Boletín Oficial el 16 de septiembre. De este modo, lo que aparece
como una licitación al mejor postor es un pliego de bases y condiciones armado a medida
para que la firma estadounidense obtenga un contrato de 12,2 millones de pesos. La
apertura de ofertas se realizará el 17 de noviembre a las 11 horas. La licitación está
direccionada de tal manera que todas las especificaciones técnicas coinciden con las que
DirecTV les ofrece actualmente a sus clientes, las cuales incluso había detallado el 5 de
julio cuando le solicitó por escrito al ministro de Comunicación, Oscar Aguad, autorización
para llevar adelante la prueba experimental en banda Ka. El pliego especifica en las páginas
5 y 6 que la velocidad de cada estación remota deberá ser de 15 megabit por segundo
(Mbps) de bajada y 3 Mbps de subida y que el proveedor debe soportar tres tipos de límites
mensuales: 10 GB, 20 GB y 50 GB. Cualquiera puede ingresar hoy al portal de DirecTV y
ver que la promoción válida hasta el 30 de noviembre para el servicio de internet satelital
contempla 15 MB de velocidad y límites mensuales de 10, 20 y 50 GB. Incluso el pliego
especifica que cada estación remota debe constar de una antena parabólica de 0,74 metros
como máximo. La exigencia es llamativa porque el tamaño de las antenas depende de cuan
alejado se está de la pisada del satélite en el territorio, pero no tiene relación con la calidad
del servicio. Por lo tanto, fuentes del sector especulaban en los últimos días con la
posibilidad de que ese tamaño de antena coincida exactamente con las que viene utilizando
DirecTV para ofrecer servicios en banda Ka. ¿En qué cambia mi vida cosas como estas?, se
preguntará ingenuamente algún ciudadano de a pie que padece las inclemencias
neoliberales en su cuerpo. Pues en que la riqueza se sigue concentrando y las corporaciones
continúan ampliando su poder mientras sus derechos se amputan, sus salarios se reducen y
su trabajo, si ya no lo perdió, se precariza. Es la dirección que se le está dando a la
Economía, mi estimado, la que trasluce las intenciones confiscadoras de fondo que tienen
Mau y sus pandilleros en cada una de sus iniciativas. Dirección que, como bien señaló en
estos días el presidente blindado, está tomando velocidad, en el sentido opuesto al
prometido en campaña electoral.

Si el perpetrador del sufrimiento ajeno se da el lujo de llorar en cámara, qué le queda por
hacer a las víctimas de sus políticas criminales. Las ventas minoristas cayeron en octubre
8,2 por ciento en la comparación interanual, mientras que mejoraron “levemente frente a
septiembre, porque naturalmente es un mes donde las ventas suelen levantar un poco por el
Día de la Madre, pero muy lejos de los niveles esperados”, informó ayer la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En los primeros diez meses, que fueron todos
de baja del consumo, la caída acumulada de las ventas en los pequeños y medianos
comercios es del 7 por ciento. En el sector de la producción, las pymes sufren una caída
ininterrumpida de la actividad desde octubre del año pasado. A pesar de ello, los precios
siguen subiendo fuerte. El mes pasado, según la Fundación Germán Abdala, la inflación
marcó 2,9 por ciento, el valor más alto desde mayo, y acumula un alza del 38,7 en el año y
del 42,1 en los últimos doce meses. La luz al final del túnel, según la metáfora “ingeniosa”
de la vicepresidenta Gabriela Michetti, todavía no aparece para la industria nacional ni para
el comercio. El grado de deterioro del ingreso real de los trabajadores es tal a lo largo del
año que la aguja del consumo, que tracciona a la producción, no se mueve y continúa muy
por debajo de la marca del año pasado. La caída del poder adquisitivo se explica por el
retraso del salario en relación a la inflación, la pérdida de empleo y el aumento de gastos en
servicios públicos luego de los sucesivos tarifazos. Volviendo al principio: dejemos que los
victimarios finjan su sensibilidad por televisión y en lugar de competir por los lamentos,
apostemos por una oposición absoluta contra la banda de CEOs y evasores con cuentas
offshore que, mientras te consuela para darte ánimo palmeándote la espalda, te roban la
billetera.

Quizá porque siga creyendo que detrás de las políticas de Derechos humanos hay un
“curro”, el macrismo ha dejado de pagarles a los profesores del IUNMa, que antes fue la
Universidad de las Madres. “Los docentes no cobramos desde diciembre del año pasado”,
dijo a Página/12 Ricardo Aguirre, uno de los docentes confiscados por la gerencia
neoliberal. El IUNMa es el primer instituto universitario con especialización en derechos
humanos del mundo. La Asociación Madres de Plaza de Mayo creó en 1999 “un nuevo
espacio de resistencia”, la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La institución
pasó a ser estatal en 2014 y quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos hasta marzo de este año, cuando bajó un escalón y pasó a depender de la
Secretaría de Rec…Derechos Humanos, que dirige el también offshore Claudio Avruj. La
única fuerza que tienen para seguir dando clases es la “convicción militante y no dejar a los
estudiantes tirados”. Pero temen por la continuidad la cursada el año que viene. A este
grado de cinismo y perversidad han llegado los profetas del odio y el revanchismo patronal:
desfinanciar organismos públicos para que perezcan en una cada vez menos larga agonía.

09/11/16: La dirigencia política argentina no deja de dar vergüenza y dar escándalos con
sus conductas cipayas e indecorosas. Buena parte de legisladores del PRO y del
opoficialismo viajaron ayer a EE.UU. para presenciar, in situ, los vaivenes de las elecciones
norteamericanas y mostrase cercanos, en principio, de quien creían ganadora: Hillary
Clinton. No sólo perdieron la apuesta, a manos del troglodita amigo del presidente offshore
(20), sino que ahora deberán dar cuenta de esta ignominiosa actitud ante los tribunales
federales. La ONG Poder Ciudadano presentó un requerimiento ante el Congreso Nacional,
las legislaturas bonaerense y porteña para conocer quién financió cada pasaje de los
legisladores que viajaron a los Estados Unidos para presenciar la elección que ganó Donald
Trump. El requerimiento, que incluye un detalle de las actividades oficiales y los gastos en
que incurrió cada legislador, se enmarca en "la necesidad de que este tipo de información
sea pública, y que los ciudadanos se puedan informar sobre los gastos de los legisladores y
la pertinencia de los mismos", explicó la ONG en un comunicado. En primer lugar, se
solicita el listado de los legisladores que viajaron como observadores o invitados a la
elección, dado que algunos no se trasladaron vía Congreso, sino a través de fundaciones
como el CEA (Centro de Estudios Americanos). En ese sentido, se requiere información
sobre quién financió el viaje de cada uno; la duración del viaje; la agenda oficial; el monto
de dinero gastado por cada legislador; el valor y copias de los pasajes aéreos, reservas de
hotel, viáticos y cualquier otro gasto en el que hayan incurrido diputados y senadores. Por
este viaje nuestros “honorables” representantes suspendieron las sesiones en el Parlamento
nacional. Al menos pasará una semana sin que se discuta o sancione una nueva ley que
atropelle los intereses colectivos, como viene sucediendo desde la asunción al poder de
falso pasajero de colectivos.

El gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore quieren imponer, a como dé lugar, el
voto electrónico, si es posible, para que ya rija en las próximas elecciones. Detrás de esta
siniestra iniciativa, no sólo se esconden las abominables intenciones fraudulentas para
poder alterar el resultado eleccionario, sino un fabuloso negocio para la compra,
mantenimiento y renovación futura de las maquinarias necesarias para aplicarlo. Ninguno
de los motivos esgrimidos por Mau y sus pandilleros pueden ser verificados en los pocos
países del mundo donde este sistema es utilizado. Los resultados tardan en conocerse como
con la boleta de papel, las demoras y largas colas son una constante y las fallas de las
máquinas una posibilidad siempre latente, aun sin aviesas intenciones de por medio. Lo
dicho pudo verificarse en las elecciones presidenciales acaecidas anoche en EE.UU. Varios
condados de al menos ocho estados norteamericanos experimentaron errores en sus
plataformas de votación electrónica y se vieron obligados a utilizar el papel como plan de
contingencia. Se registraron desde fallas en los sistemas de registro de votantes hasta cortes
en la conexión o problemas de calibración en algunas máquinas. La Fundación Vía Libre,
que en la Argentina es una de las principales opositoras al voto electrónico que ya tiene
media sanción de Diputados, advirtió que hubo reportes de fallas en Pennsylvania, Carolina
del Norte, Michigan, Tennessee y Utah. Si la primera potencia mundial arrastra estos
percances evitables, qué se puede esperar de este rejuntado de saqueadores reciclados,
pérfidos en sus intenciones, mendaces en sus declaraciones, ruines en sus objetivos, e
ineficaces en sus ejecuciones.

Mientras asistimos perplejos a como el mundo se dispara al corazón, con Donald Trump
conduciendo los destinos de la humanidad quizá a su terminalidad definitiva, nuevas
calamidades asoman en el horizonte neoliberal argentino. El gobierno ni nacional ni
popular anunció que, desde marzo del año que viene, eliminarán los aranceles de
importación para las computadoras, notebooks y tablets. La gerencia que se apoderó del
Estado ya no Nacional insistió con la idea de mejorar la competitividad y aseguró que
mantendrá el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego. Las cámaras
empresarias calculan que están en riesgo entre 5 mil y 10 mil trabajadores que se
desempeñan mayormente en el continente. Sin embargo, el gobierno de CEOs y evasores
con cuentas offshore, promete ayuda económica para sólo mil despedidos. Esta es la
manera que tienen Mau y sus pandilleros para controlar la inflación y bajar los precios:
destruyendo empleo, promoviendo bajas salariales y “planchando” la Economía. No lo
“aprendieron sobre la marcha”, lo saben y lo ejecutan desde aquellos tiempos en que
muchos de sus funcionarios gestionaban políticas públicas cuando la dictadura y el
menemato regían los destinos de la sociedad argentina hacia el desastre económico y la
hecatombe social.

Como diría el mal imitador de Freddie Mercuri la Economía está tomando velocidad. Será
por ello que no paran de multiplicarse despidos y suspensiones de trabajadores por todo el
país. Los últimos casos conocidos son los de Frigorífico General Acha y Alpargatas. El
primero cerraría sus puertas este viernes a consecuencia de la crisis financiera y económica
que arrastra desde hace meses, y sus propietarios presentarían la quiebra. Los responsables
de la firma así lo informaron a sus empleados durante la jornada de este martes. También se
les dijo que los propietarios esperaban, para revertir la medida, que hubiera alguna ayuda,
principalmente del gobierno provincial. Las fuentes consultadas por Noticias del Sur
explicaron que los responsables de la planta les dijeron a los trabajadores que cobrarán el
sueldo de octubre, pero no se pagarían las indemnizaciones a los 122 obreros por el pedido
de quiebra. Esto significaría un golpe importante para la economía de la ciudad por los
puestos laborales que generaba la industria. En tanto la segunda, tomó la determinación de
suspender a todo su personal en todo el país desde el 12 de diciembre y en ese tiempo
cobrarán el 70% del salario actual. La medida afecta a todo el personal del país, incluida la
planta de producción ubicada en el Parque Industrial de Santa Rosa. La realidad se está
tornando tan difícil y desquiciante que empieza a afectar hasta al propio entorno
presidencial. La hermana menor del hombre del corazón artificial se encuentra internada en
un neuropsiquiátrico. Según lo publicado por la revista Noticias, Florencia Macri llegó a la
clínica con una grave descompensación emocional. Estaba intoxicada con sustancias
químicas y alcohol, un cóctel mucho menos dañino que le que se prepara siguiendo un
recetario neoliberal.

10/11/16: Donald Trump no asumió la presidencia de EE.UU. y ya comenzaron las

marchas callejeras en su contra. Importantes, aunque no multitudinarias, fueron las
protestas registradas en varias ciudades norteamericanas contra el misógino y xenófobo
magnate. Una de las más numerosas fue en Nueva York, donde unas 5.000 personas se
concentraron en la torre Trump de Manhattan al grito de “no es mi presidente”. Boston
Washington, Chicago, Filadelfia, San Diego, Los Angeles, Atlanta, Denver, Illnois, Seattle,
Portland y Austin fueron otras de las ciudades donde se manifestaron en contra del futuro
nuevo presidente con pancartas señalando “No al KKK, no a EE.UU. fascista, no a Trump”.
Un breve repaso sobre lo dicho en campaña por este hombre, que debería avergonzar a la
humanidad entera, servirá para encuadrar bien el peligro que representa a un mundo de por
sí ya atravesado por la violencia, la segregación racial, las guerras y el neoliberalismo
fanático; que ha poblado al planeta de desocupados, precarizados y marginales. Sin
eufemismos ni propaganda engañosa, como en Argentina perpetraron Mau y sus
pandilleros, el arrogante y autoritario multitudinario prometió: renunciar al Tratado
Transpacífico de libre comercio; denunciar a China por manipulación de su moneda;
levantar las restricciones sobre el uso de energía no renovable y contaminante; hacer un
recorte de impuestos que beneficia principalmente a las grandes fortunas; anunciar un plan
de obra pública por diez años y un billón de dólares; llevar a cabo una reforma política
federal; acabar con el sistema de salud impulsado en los últimos años por Barack Obama;
comenzar la construcción de un muro en la frontera con México; expulsar a al menos dos
millones de inmigrantes ilegales; anular todas las órdenes ejecutivas que dejó su antecesor;
y prohibir la entrada de ciudadanos provenientes de países donde hay actividad terrorista.
Todo eso, prometió, en sus cien primeros días de gobierno. A esto sumemos su
compromiso de “terminar” con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y de desandar
los acuerdos establecidos con Cuba, que se encaminaban a un cese del bloqueo y de
hostilidades abiertas contra la isla. En este hombre millones de estadounidenses cifraron sus
esperanzas que, luego de 8 años de gobierno demócrata sin encontrar respuesta a sus
demandas y reclamos, apostaron por un outsider de la política; ajeno, según ellos entienden,
a la podredumbre que reina en el sistema político del país. Los paladines de la Democracia,
así, ofrecen al mundo este espectáculo dantesco: con un apologista del delito, la exclusión,
el machismo recalcitrante y la xenofobia criminal, levantando quizá el altar más
inconmensurable en favor del poder concentrado que se tenga memoria. El peligro que se
corre ahora es escindir la obsolescencia del sistema político del modelo económico, social y
cultural que lo propicia. Pues aquél no es sino el instrumento del que se valen las clases
dominantes para montar el andamiaje que permite las relaciones de poder que dominan a
toda la comunidad; hoy dirigida y sometida por una plutocracia expoliadora a la que cada
vez le cuesta más mantener su fachada republicana y democrática.

Creer tanto en las encuestas puede llevar a graves decisiones equivocadas. Le sucedió al
presidente offshore (20) y a su banda de CEOs que cooptaron el Estado ya no Nacional, al
apostar, de manera insólita en un primer mandatario, por la candidata demócrata;
desatendiendo la estrecha amistad que él y toda su familia tenían con el malo de Donald
Trump. Ahora, el falso pasajero de colectivos, hace esfuerzos denodados por mostrarse
abierto y “dialoguista” con el inesperado nuevo presidente norteamericano. Cuando se
reúnan personalmente quizá apele a los recuerdos de aquellos inolvidables momentos que
vivieron juntos; compartiendo actividades recreativas mientras consumaban negociados
inmobiliarios. Se conocieron hace treinta años cuando ambos eran empresarios ligados a los
negocios con el Estado. Ese día Trump le compró al hoy presidente blindado, por 150
millones de dólares, su participación en un emprendimiento inmobiliario que implicaba la
construcción de un complejo de torres de 150 pisos en el oeste neoyorkino, sobre unos
terrenos ferroviarios adquiridos antes por Franco Macri a través de contactos con la Cosa
Nostra, según cuenta Gabriela Cerruti en su libro “El Pibe”. “Cuando vi esa cantidad de
ceros pensé: nunca más voy a ver un cheque así en mi vida”, le contó Macri a Cerruti sobre
aquella experiencia en la intimidad de una suite del hotel Sherry Netherlands, cuando
todavía no se tenía fe sobre sus habilidades para apropiarse de cheques con muchos más
ceros que los conseguidos ese día. A partir de entonces la amistad se complementó con más
negocios, entre ellos la privatización del primer Casino en la historia del país, en la
provincia de Misiones, gobernada entonces por Ramón Puerta, hoy premiado como
embajador en España. Veremos si ahora, con ambos en la cima de sus respectivos países,
reciclan nuevos emprendimientos millonarios para reflotar aquella vieja amistad hoy algo
abandonada. Cientos de paraísos fiscales los esperan por todo el mundo para vivir nuevas
aventuras, o “locuras” como le gusta decir al hombre del corazón artificial.

El panorama para la Economía argentina no puede ser más desolador. En manos de un

grupo de fanáticos neoliberales, dispuestos a profundizar el modelo saqueador de los bienes
y derechos colectivos, el futuro de las arcas nacionales es alarmante. Si el presidente
norteamericano recientemente electo cumple con algunas de sus promesas de campaña, la
Economía ya no Nacional corre el riesgo de ser pulverizada. Destruido el mercado interno y
herido de muerte el aparato productivo local, el “mejor equipo en 50 años” que “aprende
sobre la marcha” apostó todas sus fichas a una lluvia de inversiones que no llega ni llegará,
a una apertura comercial indiscriminada y a un mega endeudamiento bochornoso para
financiar los déficits, fiscal y comercial, y la fuga de divisas que no paran de desangrar
tanto al fisco como al Banco Central. Para ello desreguló totalmente la Economía,
eliminando todo tipo de controles, y dejó expuesto al país a un estado de vulnerabilidad que
puede generar una verdadera tragedia al conjunto de la sociedad. La posibilidad cierta de
que EE.UU. profundice medidas proteccionistas, relocalice sus empresas y suba la tasa de
interés, replicará de manera terminal en los países periféricos como el nuestro, congraciado
con su ideario neoliberal clásico sin la menor capacidad y responsabilidad para atender la
coyuntura y los desafíos que abre el nuevo escenario mundial. Cuanto más se cierra el
mundo, que es tan neoliberal como acá pero que no ignora la necesidad de protegerse del
vendaval de calamidades que los acecha si no toman medidas de resguardo, la pandilla
liderada por CEOs y evasores con cuentas offshore, ajena y desinteresada por los vaivenes
de los mercados internacionales, aplica la única receta suicida que conoce: retirar al Estado
como ente regulador de la Economía, renunciar a cobrar impuestos a los sectores más
concentrados y liberalizar el comercio exterior y los flujos de capitales. Un encarecimiento
de las tasas de interés, como señaló Trump como una “necesidad” urgente por atender, el
acceso al crédito para financiar a un Estado rumbo a la bancarrota será tan difícil como
oneroso; por lo que el pago de los intereses de la deuda ya contraída será una pesadilla para
la población, que será ajustada más allá de los límites de lo soportable para cumplir con las
obligaciones contraídas, a las que los personeros de la mentira y la estafa electoral son muy
propensos a honrar; tanto como lo son para desatender las necesidades de su pueblo
sufriente, sometido a padecer todas las privaciones necesarias para que a la gerencia
neoliberal le cierren los números. Con la gente afuera.

El ajuste recién está comenzando y el consumo de alimentos ya empieza a ser una variable
de achique para buena parte de la población. Y precisamente en la carne, el producto
preferencial del “ser nacional”, se puede observar una caída dramática en comparación con
años anteriores, cuando Mau y sus pandilleros no estaban a cargo del gobierno y
desestabilizaban la república con corridas cambiarias, falsos pronósticos y denuncias
apócrifas. En los primeros diez meses del año su consumo interno alcanzó los 1963
millones de toneladas, 7,4 por ciento menos que en igual período de 2015. Esto representó
que el consumo por habitante se mantuvo en 55 kilos promedio anuales, con un retroceso
en 8,3 por ciento contra los registros del año pasado, siendo los niveles más bajos desde
2011, según cifras de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados
(Ciccra). La exportación tampoco logró compensar a la industria cárnica la pérdida de
mercado interno, pese a la devaluación de la moneda. “En los primeros diez meses del año
las exportaciones habrían llegado (según estimaciones anticipadas por la cámara frigorífica)
a 204,5 mil toneladas, ubicándose 16,2 por ciento por encima del nivel registrado en enero-
octubre de 2015”, advirtió el informe de la entidad. En lo que va del año, la faena es la
quinta más baja desde 1980, cuando reinaba la dictadura militar; esa que tanto pareciera
querer imitar el Hood Robin argentino no Nacional. Si no sólo la carne, sino también los
demás productos de la canasta básica de alimentos han sufrido una caída preocupante, qué
puede esperar el resto de la Economía sino quiebras masivas, despidos permanentes y
precarización generalizada.

La pandilla neoliberal que lidera el presidente offshore (20) se siente tan impune que se
permite contratar a Iron Mountain para guardar y “custodiar” documentación del Banco
Ciudad, pese a que dicha empresa fue clausurada durante 2016 y debería estar inhabilitada
para presentarse a licitaciones según lo determina la ley 265 de Seguridad e Higiene
porteña. La multinacional estadounidense es la misma que sufrió el incendio intencional del
5 de febrero de 2014, cuando murieron diez servidores públicos, entre bomberos y personal
de Defensa Civil, por el derrumbe de una pared lindera de su depósito ubicado en Barracas.
La gravedad de aquel hecho y el incumplimiento de una norma no impidieron que el banco
público de la ciudad le preadjudicara a IM un contrato por tres años con opción a uno más.
La decisión que se publicó en el Boletín Oficial el 20 de octubre pasado fue muy criticada y
también podría ser judicializada. El abogado de los familiares de las víctimas en la causa
del siniestro, Miguel Arce Aggeo, la tildó de “increíble y apresurada” y recordó que
“autoridades de la empresa están querelladas por el delito de estrago seguido de varias
muertes”. Pero a Mau y sus pandilleros nada de esto les importa. Por ello la gerencia de
compras del Ciudad resolvió la contratación de la compañía por 2.600.000 pesos, a través
de una licitación que no pasó por el directorio del banco. Cabe recordar que en aquel
siniestro criminal había documentación comprometida de bancos, consultoras, laboratorios,
compañías de servicios y también de la constructora Sideco Americana, del Grupo Macri.
Cuando esta banda de facinerosos deje la Casa Rosada van a tener que incendiar el país
entero para ocultar los papeles que comprueban su andar delictivo. Si no es que antes el
fuego lo encienden las revueltas sociales, a las que, a este ritmo, parece estar tristemente
destinado el país.

El Titanic ya se llevó puesto varios icebergs y el capitán del barco manotea de donde puede
tratando de no hundirse por anticipado, mientras la orquesta de clarinetes sigue tocando su
música distorsionada. En medio de la llamada "reparación histórica" y con el blanqueo
como principal fuente para este, el Gobierno ni nacional ni popular vuelve a tomar deuda
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiarse; esta vez por mil millones
de dólares. Es la cuarta vez que lo hace desde que Cambiemos llegó al Gobierno y se trata
de la emisión más grande de este tipo. Anteriormente, lo hizo por 500, 660 y 83 millones de
dólares, respectivamente. Cuando la Alianza neoliberal era oposición criticaba al
kirchnerismo por tomar “el dinero de los jubilados”; cuando, en realidad, no era para tapar
los agujeros fiscales como hoy presenta el fisco por el desmanejo arbitrario y desquiciado
que hace el “mejor equipo en 50 años” de las finanzas públicas, sino para invertir en
infraestructura y obra pública que, además, generaba empleo genuino. Lo peor no es que el
barco se hunda, sino quiénes ya tienen acaparados los salvavidas listos para sobrevivir a la
tragedia.
11/11/16: Ante los resultados en las urnas los pueblos argentinos y norteamericano se
comportaron diferenciadamente. En EE.UU., Trump no asumió la presidencia y ya tiene
manifestaciones de protesta en su contra. Empezaron ayer, continuaron hoy y prometen
seguir los próximos días. Lo que ha movilizado preventivamente a buena parte de la
población estadounidense es el terror que les mueven los dichos y las promesas de campaña
que efectuó este hombre sin tapujos ni medias tintas. Vale decir: no se valió de propaganda
engañosa ni de ambiguos mensajes caza bobos. Se mostró tal cual es. Sí es cierto que sus
propuestas económicas fueron generalistas y poco específicas, pero esbozó un conjunto de
iniciativas a contramano de la propuesta demócrata: cuidar el empleo, vitalizar el mercado
interno, y mejorar los salarios de los trabajadores. Claro que estas promesas son difíciles de
creer en alguien que, además de ser un multimillonario evasor perteneciente a una
corporación monstruosa, propone al mismo tiempo beneficiar a los ricos eliminando
impuestos y protegiendo sus privilegios. Pero buena parte de su plataforma electoral fue
diáfana: la ampliación del muro con México, la deportación de extranjeros, la persecución
de minorías, y el hostigamiento a las mujeres con un discurso retrógrada y misógino, fueron
suficientes para advertir a gran parte de la ciudadanía para que salga a “marcarle la cancha”
por anticipado. En Argentina, en cambio, el presidente offshore (20) encabezó una campaña
electoral en la que prometió todo lo contrario de lo que terminó ejecutando. Basta ver los
spots publicitarios, las declaraciones públicas realizadas, y el último debate televisivo
previo al ballotage para constatarlo. O sea: consumó, a posteriori, una monumental estafa
electoral. A los incautos, desinformados, ingenuos e ignorantes de la trayectoria del hombre
del corazón artificial y de todos sus dirigentes, los ha tomado por sorpresa “el cambio”
perpetrado en la práctica. Su desgaste empieza a sentirse, el clima social empieza a
enrarecerse, y las protestas en su contra proliferan en todo el territorio, pero aún a un ritmo
y con una intensidad insuficiente en relación al daño causado. Veremos si en EE.UU., con
Trump ya en el poder, el incipiente inconformismo ciudadano se traduce en oposición
política concreta y no queda, como por ahora en Argentina, concentrado sólo en los
movimientos sociales y buena parte de los gremios, pero sin representatividad político-
parlamentaria.

¿Alguien puede imaginar qué suerte hubiera corrido el hoy presidente blindado si en
campaña electoral hubiese “sincerado” sus intenciones en caso de llegar al gobierno?
¿Cómo le hubiese ido al falso pasajero de colectivos si hubiese anunciado una devaluación
del 60 %, aumentos de tarifas de hasta el 500 %, pagarles a los buitres todo lo que pedían,
despedir masivamente trabajadores estatales escogidos por su pertenecía política, endeudar
al país en 10 meses por 90 mil millones de dólares, el voto electrónico, la eliminación de
fútbol para todos, etc., etc., etc.? Si aun así hubiese ganado, ¿con qué escenario se hubiera
encontrado al asumir la presidencia? Advertido tanto incrédulo, tanto “neutral”, tanto ajeno
a la vida política y la discusión pública, ¿hubiesen tomado tan pasivamente las decisiones
verificadas hoy en el ejercicio de su mandato? Si bien todo es contra fáctico, ¿no es
deducible acaso que hubiésemos estado ante una reacción anticipada más férrea, segura y
decidida que la verificada con los hechos consumados, tomados, para muchos, por
sorpresa? Son sólo conjeturas que sirven para pensar más hacia adelante que hacia el
pasado, no vaya a ser que, el año entrante, los mismos espejitos de colores vuelvan a
engañar a quienes ya sufren en su cuerpo las consecuencias de su desinformación, de su
odio ciego, de su revanchismo inconducente y de su ignorancia supina por haber votado a
su victimario, pronto a travestirse nuevamente en salvador de sus víctimas
consuetudinarias.

Ni planchando la Economía pueden controlar la inflación, buen indicador para confirmar

que la Economía viene tomando “velocidad”, como le gusta decir al Hood Robin argentino
no Nacional, pero en sentido inverso al por ellos pronosticado. El índice de precios al
consumidor aumentó 2,4 por ciento en octubre, mostrando una fuerte aceleración con
respecto a los dos meses anteriores. En agosto, la variación del IPC había resultado de
apenas 0,2 por ciento, y en septiembre reflejaba un crecimiento de tan solo 1,1 por ciento.
En el mes bajo análisis, la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios en el suministro de
gas distribuido en redes, por resolución del Enargas vigente a partir del 7 de octubre,
incidió fuerte en el aumento. Sin embargo, no sólo fue el rubro Vivienda y servicios
básicos, cuyos precios treparon el 10,7 por ciento, el único que demuestra que la inflación
es un mal todavía presente: Indumentaria registró un incremento mensual del 3,6 por
ciento, y Atención médica y gastos para la salud, 3,4 por ciento de suba sobre los precios de
septiembre. A todo esto, el mentiroso serial ministro en rodillas de hacienda, Alfonso Prat
Gay, le buscó la vuelta al dato para concluir que, a pesar que la realidad diga lo contrario,
“vamos por buen camino”. En vez de analizar la evolución creciente del índice, los tomó en
conjunto, los promedió y lo presentó de la siguiente forma: “El promedio de estas tres
últimas variaciones mensuales del índice general arroja un 1,2 por ciento mensual (la
redundancia es obra del autor del comunicado oficial) y configura una tendencia limpia en
la que se compensan aquellos vaivenes”. Así está expresado en un comunicado de su
cartera presentado con el título “En lo que va del segundo semestre, la inflación promedia
un 1,4 por ciento mensual”, en ese caso, también embolsando en el cálculo la inflación de
julio. En esto, puede decirse que Prat-Gay no presenta contradicciones ni diferencias con
respecto al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger: ambos aprovechan el anuncio
o comentario sobre cada noticia, por mala que sea, como parte del fulgurante éxito de sus
respectivas gestiones. Menos mal que está el periodismo in the pendiente para aclarar el
“mal entendido” y decir las cosas como realmente son…

Las tropas de asalto que tomaron la gobernación de Jujuy empiezan a tomar nota del pedido
de la ONU para liberar a Milagro Sala y demás integrantes de la organización Tupac
Amaru, detenidas ilegalmente por el tiránico Gerardo (in) Morales. Ayer fueron liberadas
dos miembros de esa organización social, María Molina y Elba Jesús Galarza, por orden del
juez Gastón Mercau. Ambas habían sido detenidas por decisión de otro magistrado, Pablo
Pullen LLermanos, y desde el 28 de abril permanecían en la Comisaría de la Mujer. Desde
el momento en que fueron encarceladas, los abogados de la Tupac denunciaron la ilegalidad
del proceso y las condiciones “inhumanas” de su detención. Molina y la “Gringa” Galarza
pasaron el invierno presas sin agua caliente y durmiendo en el piso. Milagro Sala se puso
“feliz” al saber la noticia. La líder de la Tupac Amaru cumple 300 días presa, por lo cual
anoche hubo una vigilia en el acampe montado en Plaza de Mayo y hoy habrá una misa
oficiada por los Curas en Opción por los Pobres. Cuando Milagro y el resto de las detenidas
sean liberadas, ¿quién les devuelve los días en cautiverio? ¿Cómo se sacan de encima la
estigmatización, el terror y la demonización que siguen llevando a cabo (in) Morales y su
perrada bien paga? No puede haber perdón porque no hay reparación posible al daño
cometido, por gente que, por otra parte, no muestra ni mostrará ningún arrepentimiento.
Más temprano que tarde pagarán por tanto atropello, por tanta saña, por tanta ilegalidad,
por tanto, neoliberalismo recargado.

Mientras la CGT gorda sigue de reuniones y analizando la realidad económica del país, los
sindicalistas que no ejercen como empresarios continúan en pie de lucha; allí donde los
burócratas gremiales se hacen los distraídos disimulando su contubernio con Mau y sus
pandilleros. Trabajadores nucleados en ATE Nacional hicieron ayer su séptimo paro del
año y se movilizaron a Plaza de Mayo junto con sindicatos y organizaciones sociales para
repudiar la política económica de Cambiemos, exigir la reapertura de paritarias y rechazar
el otorgamiento de bonos no remunerativos. “Queremos aumentos que vayan a los básicos
y levanten con dignidad el salario de los trabajadores”, afirmó Hugo “Cachorro” Godoy,
secretario general de ATE, quien advirtió al mal imitador de Freddie Mercuri que “la
pobreza no se llora, se resuelve con políticas públicas”. Con el mismo reclamo paró en la
provincia de Buenos Aires el Frente Gremial Docente, que exige desde hace meses una
negociación para compensar el impacto de la inflación en los salarios. De la marcha
participaron sindicatos de la CTA Autónoma junto a la Federación de Aceiteros y el
Sindicato de Prensa (SiPreBA), organizaciones sociales como Barrios de Pie o la Corriente
Clasista y Combativa (CCC), y la Federación Universitaria Argentina (FUA). “Peleamos
para que se reabran las paritarias en el Estado nacional, el sector privado, las provincias y
municipios. No aceptamos un bono de una suma fija no remunerativa escuálido y
miserable, que son las migajas del poder”, destacó Cachorro Godoy. Contó que vio “a
Macri lloroso hablando de pobreza” y le habló directo: “Presidente Macri: la pobreza no se
llora, se resuelve con políticas públicas que generen trabajo y salarios dignos. Usted
gobierna para los ricos y las transnacionales”, fustigó. En tanto los obesos cegetistas secan
las lágrimas presidenciales, mientras siguen negociando por debajo de la mesa el precio de
su inacción y de su oprobioso silencio.

12/11/16: “Todos los días vamos a estar un poco mejor” no se cansa de decir el presidente
offshore (20), mientras la calidad de vida de las personas se deteriora periódicamente.
Todas las acciones de su gobierno están dirigidas a empobrecer las condiciones generales
de existencia de la población y, a la vez, otorgar privilegios, protección y beneficios a las
corporaciones y capitales concentrados. Ahora el Gobierno de CEOs y evasores con
cuentas offshore, resolvió dar de baja el sistema integral de protección de los consumidores
aprobado por tres leyes a fines de 2014. El director nacional del área, Fernando Blanco
Muño, confirmó días atrás a un grupo de asociaciones de consumidores que el Poder
Ejecutivo ya no Nacional incumplirá con lo establecido en aquellas normas respecto a la
creación de un cuerpo de auditores para resolver los reclamos de los clientes en tiempos
acotados ni impulsará el fuero en Relaciones de Consumo que reforzaría por vía judicial las
posibilidades de defensa de los usuarios ante los abusos de las empresas. Vale decir: en
pleno espiral inflacionario, lejos de reforzar los mecanismos de control de precios para
evitar abusos y procurar defender a los castigados consumidores, se continúa retirando al
Estado de escena para que el Mercado siga regulando a su antojo y arbitrariamente las
variables económicas. No hay manos invisibles ni procesos “naturales”. Detrás de los
anónimos Mercados están las manos de guantes blancos, siempre tan hábiles para saquear
los bolsillos ajenos con cada vez menos elegancia y disimulo.
El partido judicial acelera la persecución contra CFK para sacarla de la cancha. La Cámara
Federal porteña confirmó el procesamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner por
administración fraudulenta, en la causa por la venta de dólar futuro al final de su Gobierno,
con lo cual quedó en condiciones de ser enviada al primer juicio oral en su contra. El
Tribunal de Apelaciones confirmó los 15 procesamientos resueltos por el juez federal
Claudio Malodío, entre ellos los de Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kilillo y el
ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. Tanto la defensa de la ex mandataria
como el propio Va noli coincidieron en cuestionar el fallo, al que calificaron de “político y
no jurídico”. El ex jefe del Central fue más allá aún al expresar que la resolución de
Malodío “responde a la lógica de 1955, un funcionario del gobierno anterior es igual a un
perseguido y un procesado, no importa ni por qué ni cómo”. Con el fallo de los camaristas
de la sala II Eduardo Fara y Martín Erzurum quedó firme también el embargo de 15
millones de pesos dispuesto contra los bienes de la ex presidenta, y el pistolero que mata
por la espalda quedó en condiciones de dar por cerrada la investigación e iniciar los pasos
para enviarla a juicio oral, pese a que la decisión tomada es apelable ante la Cámara Federal
de Casación, máxima instancia penal. La finalidad de la operatoria “no fue regular sino
manipular”, advirtieron los camaristas Erzurum y Fara. Veremos si la mafia judicial aplica
el mismo criterio cuando tenga que evaluar a los actuales funcionarios por idénticas
“maniobras”, que también fueron denunciadas. No sería de extrañar que, como suele
suceder, la “Justicia” se corra la venda de los ojos para ejecutar sus sentencias de acuerdo a
la cara y procedencia del acusado.

La derecha neoliberal y reaccionaria siempre acusó al peronismo, y en especial al

kirchnerismo, de llevar por la fuerza, comprados, o a través de engaños o dádivas tan
miserables como un choripán gratuito a sus seguidores a las marchas y concentraciones
públicas, manera despectiva y negadora de no reconocer el carácter popular de las
convocatorias. El gobierno ni nacional ni popular no sólo no puede realizar ningún acto
público de apoyo a su presidente blindado, sino que debe apelar al marketing sobreactuado,
vendido como acto espontáneo, para promocionar sus infaustas acciones de gobierno. Lo
ejecuta el hombre del corazón artificial a nivel nacional y lo replica su discípulo en la
Ciudad, Horacio Rodríguez Berreta. Al estilo del “bondi trucho”, en el que el Hood Robin
argentino no Nacional quiso hacer de cuenta que viajaba junto a vecinos de Pilar y luego se
reveló que se trataba de un montaje, esta vez fue el jefe de Gobierno porteño quien utilizó
alumnos trasplantados para darle un marco a su gusto a un acto en una escuela de Villa
Suéldate para anunciar la “revolucionaria” medida de agregar diez días más de clases para
los alumnos de 1º año del secundario. En el video que circuló ayer se vio la trastienda del
acto. Los docentes de la escuela, sorprendidos por la situación, piden hablar con Rodríguez
Larreta para decirle que les hubiera gustado fueron sus alumnos los que participaran del
acto. “Esta escuela tiene 400 alumnos por turno y ustedes trajeron alumnos de otra
escuela”, le recriminaron los maestros. El jefe de gobierno se acercó, pero cuando vio cómo
venía la mano, dio media vuelta y dejó que la ministra Acuña se hiciera cargo de la
situación. La ministra se molestó por el cuestionamiento. “Nosotros decidimos cuándo
hacerlo. Yo, Soledad Acuña, ministra de Educación, decido qué día hacer el acto.
Decidimos un día en dónde sabíamos que iba a tener difusión en los medios”, indicó la
funcionaria de manera autoritaria para dar por cerrado el asunto. Son anti populares, por eso
no hacen actos públicos. Son anti nacionales y anti latinoamericanos, por eso sus acciones
no entusiasman ni ameritan gestas patrióticas ni de avanzada continental. Son
confiscadores, por eso gobiernan para los ricos. Son mentirosos, por eso montan escenas
cinematográficas, encima mal hechas, para promocionar engañosamente sus repudiables
iniciativas públicas. Son cínicos, por eso niegan las evidencias con las pruebas a la vista y
proyectan en los demás sus propias carencias y defectos. En fin, son todo eso que son
porque son neoliberales.

El gobierno ni nacional ni popular sigue eliminando intermediarios para catapultar

directamente a los gerentes de empresas al frente de los ministerios públicos. El de
Comunicaciones oficializó ayer a través de la decisión administrativa 1298 la designación
de Marcelo Daniel González como director de Planes Técnicos Fundamentales y
Planeamiento del Espectro, un cargo técnico clave de cara a la competencia que se viene
entre telefónicas y cableras. El nombramiento sorprendió en el sector porque este ingeniero
electrónico egresado de la UTN venía desempeñándose como gerente de Asuntos
Regulatorios de Nextel, la compañía de telecomunicaciones adquirida por el Grupo Clarín
el año pasado. De hecho, en su linkedin personal hasta ayer al mediodía seguía figurando
en ese cargo. Sin embargo, fuentes del Grupo Clarín aclararon que fue desvinculado de la
firma en julio, poco tiempo después de que el gobierno aprobó el desembarco del
multimedios en la empresa, y el propio González actualizó por la tarde su perfil profesional
confirmando la información. Un ejemplo más que confirma el co-gobierno que conforma el
monstruoso grupo mediático con la Alianza neoliberal Cambiemos. Es por ello que hay que
insistir hasta el cansancio: el blindaje informativo que propician Mau y sus pandilleros no
sólo busca proteger al presidente offshore (20) y sus políticas confiscatorias contra la
ciudadanía de a pie. Encubriendo al gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore, el
Grupo Clarín se está encubriendo así mismo.

13/11/16: El neoliberalismo rapaz del macrismo atrasa. Es anacrónico y profundamente

ignorante de las coyunturas internacionales. Sigue tan enamorado del menemismo que no
logra comprender que puede ser tan confiscador, avasallante, mendaz y estafador sin
necesidad de destruir por completo la Economía nacional. Puede incluso precarizar las
condiciones de empleo, promover una desocupación de dos dígitos, reducir el “gasto”
público hasta la mínima expresión y retroceder en materia de derechos sociales hasta las
cavernas sin por ello exponer al sistema productivo a la bancarrota general. Son tan básicos
y primitivos que siguen creyendo que abriendo completamente la Economía ello se
traducirá en un elemento de seducción para capitales extranjeros, a los que, a la vez, les
ofrece todo tipo de prebendas y falta de controles. Sus famosos equipos técnicos, que no
son otra cosa que un rejuntado de tecnócratas adoctrinados con los parámetros de la vieja
escuela del tristemente célebre Milton Friedman, no entienden que pueden tener las mismas
aspiraciones saqueadoras sin la obligación de poner en riesgo el esquema general. A
contramano de lo que sucede en buena parte del mundo, a donde dicen que quieren volver a
insertar al país, estos “buenos muchachos” no toman ninguna medida para proteger la
industria local de los vaivenes que experimenta la Economía global. “Por primera vez desde
la Segunda Guerra Mundial, el comercio exterior a nivel global cae a pesar de que la
economía crece”, difundió días atrás la cadena inglesa BBC. La economía mundial crecería
este año un 3 por ciento, pero en el primer trimestre el comercio exterior estuvo estático y
en el segundo, cayó. Esa combinación se explica por un avance del proteccionismo. O sea,
una reticencia para abrir las importaciones ante la necesidad proteger el empleo y cuidar la
estabilidad política y social. En la Argentina del presidente offshore (20) el escenario es el
opuesto: ante la recesión económica y la destrucción del empleo, el Gobierno ni nacional ni
popular abre las importaciones de bienes de consumo, acentuando esos males. Un informe
elaborado por la Federación de Industrias de Santa Fe y el gobierno provincial muestra, a
nivel de producto, cómo evolucionó el ingreso de unidades importadas. La caída de las
ventas junto al aumento de las importaciones de bienes de consumo está estrechamente
asociada al cierre de empresas, las suspensiones y los despidos a lo largo y ancho del país.
Aquí no se trata de “herencias recibidas” ni de una crisis que los tomó por sorpresa: el
momento dramático que vive el país se debe a un conjunto deliberado de acciones
destinado a convertir al país en una factoría agroexportadora, conviviendo con un reducido
grupo de corporaciones destinadas a dar servicios a un mercado cautivo compuesto por un
focalizado colectivo de incluidos sin ninguna martriz productiva nacional por desarrollar a
la vista. Su nostalgia noventista no sólo la combinan con la impronta criminal de la
revolución fusiladora del ´55. Su fascinación por el modelo socio-económico de principio
del siglo 20, con su “Argentina granero del mundo”, está en el seno del ideario conservador
que lo único que tiene de “moderno” son sus estrategias marketineras para engañar a la
población vendiendo espejitos que, de tan viejos y berretas, ya ni siquiera tienen colores.

Para tener verdadera dimensión del nivel de daño que la apertura indiscriminada de la
Economía le está causando al sistema productivo nacional, vale repasar algunos datos
oficiales que son categóricos para reflejarlos. El incremento de las importaciones de bienes
de consumo no necesariamente afecta el nivel de empleo ni los salarios, en la medida que
pueda darse en un contexto de crecimiento de las ventas que le permita a la industria
nacional mantener su participación en el mercado local. La actividad económica creció en
2015 frente a 2014, con la coincidente suba de importaciones de bienes finales que en
general se dio. Este año se produjo un derrumbe de la economía y, sin embargo, las
importaciones de bienes de consumo subieron fuertemente y de manera generalizada. En el
sector electrodomésticos y línea blanca, entre enero y octubre de 2015 ingresaron 7988
unidades y este año alcanzaron las 18.768. Las planchas a vapor importadas pasaron de
54.583 a 70.789 unidades, mientras que las licuadoras importadas, de 143.693 en 2015 a
223.517 este año. Una de las principales empresas nacionales del sector es Atma, del Grupo
Newsan, con planta en Campana, que despidió trabajadores a comienzos de año y
suspendió a todo su personal en agosto. Además, la empresa Gafa/Electrolux redujo su
plantilla de personal en 80 empleados en lo que va del año, además de suspensiones que
junto a la firma Bambi (del mismo rubro) llegaron a afectar a 800 trabajadores. Las
heladeras del exterior se triplicaron frente al año pasado y son más del doble que en 2014
(ver aparte). Una de las primeras importadoras es Siam, del propio Newsan, que al calor de
los nuevos tiempos políticos restringió producción local en favor de las importaciones. El
calzado importado de cualquier tipo subió de 17,6 millones en 2015 hasta los 22,6 millones
de pares este año. El calzado impermeable lo hizo de 10.983 hasta 31.197 pares, mientras
que en calzado de cuero la importación subió de 3 hasta los 4 millones de pares desde 2014.
En calzado textil, de 4 hasta los 8 millones de pares. Las partes del calzado avanzaron de
unos 39 millones los últimos dos años hasta 45,8 millones de unidades este año.
Recientemente, el sindicato del calzado de Córdoba advirtió que ya se perdieron 600
empleos en 2016, el 30 por ciento de la plantilla total del sector en esa provincia. La firma
Alpargatas anunció que suspenderá a 3600 trabajadores desde el 12 de diciembre y
adelantará vacaciones. Los muebles de dormitorio importados subieron de 34.890 unidades
en 2015 hasta 57.900 este año, mientras que los muebles de cocina, de 26.134 hasta las
29.138 unidades. Los demás muebles, de 122.514 en 2015 pasaron a las 186.044 unidades
este año. Una de las perjudicadas es la fábrica de muebles Ecomad, de Tandil, que cerró y
dejó sin trabajo a 18 personas. La maderera Coama Sudamericana, de Eldorado (Misiones),
despidió al menos a 50 personas este año, mientras que la firma Placas Rivadavia, de
terciados y enchapados, ubicada en Dos de Mayo (Misiones), redujo su plantilla en 15
empleados y bajó las horas de trabajo a los restantes 105 empleados. La importación de
artículos de vidrio pasó de 10,3 millones de unidades a 12,9 millones, mientras que las
copas para beber lo hicieron de 1,9 a 2,6 millones de unidades. “La perspectiva es el
cierre”, dicen en Vitrofin, una cristalería recuperada ubicada en Cañada de Gómez (Santa
Fe). Cristalería San Carlos, también santafesina y con 70 años de antigüedad, redujo su
plantilla en 20 personas. Las bobinas de papel importadas medidas en kilos subieron de 2,6
millones en 2014/2015 a 4,2 millones este año. En el sector, Papelera Tucumán echó a 60
trabajadores, Papelera Berazategui despidió a 15 empleados y en la empresa Molarsa, en
Neuquén, el gremio denuncia despidos y la intención de la patronal de reducir salarios. La
importación de prendas y otros artículos textiles pasó de 21,5 millones de kilos en 2014 a
19,9 millones en 2015 a 25,8 millones este año. El sector textil registra deterioro del
empleo en todo el país. En La Rioja, el gremio denuncia casi a diario despidos a
cuentagotas. Cerraron las empresas Top San Juan, que fabricaba jeans para Levi´s y la
planta de TN&Platex en Chaco, principal hilandería del país. Ante este panorama desolador
Mau y sus pandilleros redoblan la apuesta: ahora amenazan con abrir las importaciones de
todas las variantes de computadoras, lo que pulverizará a Tierra del Fuego por completo. El
agujero fiscal, por la baja de la recaudación ante la caída de la actividad económica y por el
renunciamiento del Estado de cobrarle impuestos a los ricos, la gerencia neoliberal local lo
piensa seguir financiando con más deuda externa, verdadero negocio adicional para que
banqueros, intermediarios y funcionarios sumen más dividendos a sus fortunas mal habidas
a costillas del erario público. Lo pueden hacer porque alguien lo permite. Lo pueden
ejecutar porque alguien los avala. Lo pueden seguir proyectando para el futuro porque
saben que el rechazo y la resistencia ciudadana está siendo dispersa, insuficiente, sin
representación parlamentaria y sin conducción política.

Para la gran mayoría de la población 2016 fue un año para el olvido. Pero para un pequeño
grupo selecto de privilegiados, va a ser un año inolvidable. Según informa Alfredo Zaiat en
Página/12 de hoy, entre enero y octubre de este año, las compañías líderes que cotizan en
bolsa distribuyeron utilidades entre sus accionistas por el equivalente de 727 millones de
dólares, 70 por ciento más que en el mismo período del año anterior; según calculó el
Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Esos fondos podían haberse aplicado a planes
de inversión para ampliar la producción. Pero la elección fue otra: repartirlos entre los
socios para que cada uno de ellos utilice ese dinero libremente. La primera opción sería una
decisión estratégica evaluando que el desarrollo de la economía local puede ofrecer una
atractiva tasa de retorno de ese dinero. La segunda es meter violín en bolsa. El grupo de
control distribuye ese dinero entre accionistas porque considera que es más rentable que
reinvertirla en la empresa. Esta última preferencia de firmas líderes pone en jaque a una de
las principales apuestas del gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore para
encender el motor del crecimiento: la inversión privada. “El macrismo sólo recibe promesas
de inversiones futuras, pero mientras realiza los anuncios la mayoría de las multinacionales
y grandes empresas deriva gran parte de sus excedentes a otros destinos. Las firmas
extranjeras envían utilidades a sus casas matrices; y las nacionales que cotizan en Bolsa
optan por repartir ganancias entre sus accionistas”, señala con acierto el periodista. El
sector privado no está liderando una corriente de inversiones dinámica como la que
pretende el macrismo. Con una estricta lógica de preservar su negocio han disminuido la
producción: la utilización de la capacidad industrial instalada se ubica en el 63,6 por ciento
en septiembre pasado. En una eventual recuperación de la actividad, las empresas van a
atender la mayor demanda expandiendo la producción con la estructura que tienen sin
nuevas inversiones. Vale decir: la Alianza neoliberal actúa como si no supiera que esos
sectores beneficiados por sus políticas públicas ni creen en la Economía nacional ni se
sienten obligados a contraprestar, por tantos favores injustamente recibidos, algo al resto de
la sociedad para sostener el andamiaje de una Economía aunque más no sea en clave
neoliberal. De hecho, la gerencia de Cambiemos espera de los agentes económicos lo que
ella misma no ejecuta. ¿O acaso sabe alguien si el presidente blindado y demás miembros
de su fuerza política repatrió sus fortunas no declaradas en paraísos fiscales como
prometieron? ¿Ya nadie se acuerda que el mal imitador de Freddie Mercuri aseguró que lo
haría para ¡invertir en Lebacs!, o sea: en una actividad especulativa? Cuesta creer el nivel
de irresponsabilidad, desconocimiento y pasividad, cuando no de complicidad, que la
oposición política y ciudadana en general está mostrando a la hora de reaccionar para poner
límites y frenos ante la avalancha saqueadora que encabeza la Alianza neoliberal hoy en
funciones de gobierno.

En lugar de poner al tan mentado “mejor equipo técnico en 50 años” a elaborar una
estrategia alternativa ante la grave crisis que padece la Economía doméstica, y de cómo
adecuarse de una manera menos dañosa al nuevo escenario mundial que se avecina, el
gobierno ni nacional ni popular redobla su apuesta en dos sentidos. Uno, en profundizar las
mismas políticas confiscatorias y suicidas que viene practicando hasta ahora: transferir
ingresos a los sectores más concentrados de la Economía, recortar gasto público y derechos
sociales como factor de ajuste y disciplinante, y abrir la Economía hasta poner en riesgo su
subsistencia, en su afán de atraer inversiones que no llegan ni llegarán masivamente
mientras se endeuda para cubrir el déficit monumental producido al fisco. El otro, en
reforzar su estrategia comunicacional demonizando y culpabilizando opositores, mientras
se los persigue mediática y judicialmente, y perfeccionando sus estrategias de acercamiento
sobreactuado con la “gente”. En este aspecto nada dejan librado al azar o a la improvisación
“desprofesionalizada”. Las patéticas puestas en escena a las que asistimos a diario, aunque
cueste creerlo, están rigurosamente pensadas, planificadas y ensayadas. El diario Perfil ha
publicado hoy un manual que especifica cómo y de qué manera actuar en el contacto
callejero que realizan a través de sus vergonzantes “timbreos”. En ellos se desnuda la
teatralización que los funcionarios y militantes de Cambiemos se ven obligados a realizar
para posar, gesticular y dialogar, con la ingenua, desprevenida e incauta ciudadanía con
fingida naturalidad. “Debemos lograr que la fotografía refleje una relación personal y un
vínculo emocional con las personas. La cercanía no implica contacto y tampoco se origina
si son muchos voluntarios los que hablan con un solo vecino", es uno de los consejos de
este manual. Este folleto lo recibieron militantes, legisladores y funcionarios de
Cambiemos antes de salir ayer a la calle a realizar el 8º timbreo del año. "En las recorridas
no hay lugar para la improvisación y todo está escrito en detalles y con instrucciones: desde
qué decir hasta cómo hacer las imágenes que más tarde invadirán las distintas redes
sociales", afirma el diario. "Buenas prácticas de fotografía en timbreos" es uno de los
panfletos que Cambiemos lanzó para salir a la calle. Son 18 páginas donde se detalla "Lo
que SI hay que hacer" y "Lo que NO hay que hacer”. “La foto refleja un fin partidario y no
la acción del timbreo", es la frase que está impresa en rojo debajo de una imagen de un
militante con una remera del PRO. El rojo alerta sobre lo que no deben hacer los militantes
y se contrapone con una foto de referentes vestidos con ropa casual, "interesados por lo que
la vecina dice"", afirma Perfil, que difundió este material. En el manual se exige
proximidad con la gente: "En esta fotografía no hay cercanía. Hay mucha distancia entre el
voluntario y el vecino, que aparece en segundo plano", dice una de las advertencias sobre lo
que no hay que hacer. Y se aconseja tomar un retrato con el militante abrazando al
ciudadano. Esta estrategia de comunicación de la Alianza neoliberal Cambiemos es liderada
por el ministro de Propaganda, Joseph Peña, un verdadero experto en denigrar opositores
con trolls y falsos twiteros, en difundir propaganda engañosa a futuros sufragantes, y en
violentar datos y estadísticas para hacer creer que no hay crisis social y económica sino
problemas “heredados” de la gestión anterior; que la pandilla que él integra está
solucionando a largo plazo y estructuralmente. Resta saber si la contumaz insistencia en la
estrategia del “timbreo” es el resultado del éxito que creen estar obteniendo del mismo, o si
es la única alternativa conocida y a mano cuando el ingenio y la creatividad perversa del
colectivo de publicistas que los asesora encuentran su techo.

14/11/16: El déficit fiscal no para de profundizarse y el equipo de CEOS y evasores con

cuentas offshore sigue dilapidando fondos públicos para favorecer a las corporaciones y
para financiar sus ambiciones políticas personales; mientras ajusta el presupuesto en salud,
Educación y demás áreas sensibles de la Economía doméstica. Pese a que ya le concedió un
tarifazo y volverá a actualizar las facturas el año próximo, el gobierno ni nacional ni
popular le dio otro multimillonario beneficio a las empresas de energía eléctrica: les
perdonó una deuda equivalente a 19 mil millones de pesos que mantenían con Cammesa, la
firma estatal mayorista del mercado eléctrico. En tanto el ministro de Propaganda, Joseph
Peña, durante su último informe al Senado en octubre pasado, aseguró que los gastos del
equipo de la cancillera Susana Malcurra por su candidatura a la ONU le costaron al estado
argentino $ 1.309.000, entre viáticos y viajes. Una “inversión” que desde su idea misma
estaba destinada al fracaso ya que, entre otras cosas, Gran Bretaña contaba con poder de
veto para impedir que la iniciativa prosperara. Así como no les tiembla el pulso para
derrochar improductivamente los dineros públicos condonando deudas a las corporaciones
o destinando fondos a financiar sus impresentables “cuadros” políticos internacionalmente,
tampoco se les mueve un pelo al momento de seguir recortando derechos a los más
necesitados. Según lo revelado por el portal “Nuestras voces”, Mau y sus pandilleros dieron
de baja el plan “argenta”, que beneficiaba a los jubilados. El Programa Argenta fue creado
en 2012 y destinado a ofrecer a jubilados y pensionados préstamos a tasas bajas y
descuentos de hasta el 40 por ciento en comercios de todo el país. Así, este programa, se
suma al listado de cientos de áreas destinadas a políticas sociales desmanteladas por la
nueva gestión. La resolución fue firmada por el Director Ejecutivo de Anses, Emilio
Basavilbaso, que explicita el fin de los convenios con los comercios. "Desde ahora el
programa sólo ofrecerá préstamos –aunque aún no se conocen las tasas ni la modalidad de
ejecución– y el monto total será depositado en una cuenta bancaria del jubilado. De esta
forma, el negocio pasará a favorecer a los bancos comerciales y se abre la puerta para que,
en caso de necesitar cuotas o descuentos, el jubilado deba recurrir a una tarjeta de crédito
del banco, ya que no contará con los beneficios de Argenta", afirma “Nuestras Voces”. Esta
es la manera confiscatoria en que opera el neoliberalismo vernáculo: mientras algunos
gobiernos donde hay una necesidad otorgan un derecho, otros, como el de la alianza
Cambiemos, donde había un derecho colectivo lo anulan para inventar un privilegio
particular.

Tanto se arrastró por conseguirlo que finalmente lo logró. La Casa Rosada informó que el
presidente offshore (20) se comunicó telefónicamente con el mandatario electo
norteamericano, Donald Trump, luego de haber jugado en la campaña por la demócrata
Hillary Clinton. La charla duró 15 minutos y en ella “ambos recordaron su histórica
relación personal y se comprometieron a trabajar en una agenda común para el crecimiento
de los dos países”. Según el comunicado oficial, el hombre del corazón artificial invitó a
Trump a Buenos Aires para la cumbre del G20 de 2018, a lo que el estadounidense contestó
que le gustaría “recibirlo en la Casa Blanca antes de ese año”.  “Argentina es un gran país y
tendremos la más cercana relación entre nuestros países de la historia”, dijo Trump de
acuerdo a lo informado por Presidencia. Tratándose de EE.UU. y de un gobierno cipayo, la
“relación más cercana” suena demasiado familiar a “carnales”, como ya hemos constatado
durante el período menemista. Al que siempre tiene tan presente el presidente blindado a la
hora de inspirarse para aplicar sus políticas públicas.

Vaya a saber por qué ironía del destino la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el
hada desangelada María E. Vidal, mantiene una muy buena imagen pública según la
mayoría de las encuestas. Ello a pesar que no se le puede contar, en casi un año de
gobierno, una sola medida que avale semejante simpatía. Por el contrario: la situación
provincial se ha agravado de manera escalofriante, al compás de las políticas públicas del
gobierno ni nacional ni popular que Vidal apoya y al ritmo de una administración que sólo
proyecta, de cara al futuro, más deuda pública y recortes presupuestarios; luego de un año
en que no se le ha podido contabilizar ninguna iniciativa en favor de la ciudadanía de a pie
en particular ni a favor del Estado provincial en general. El estado financiero de la
provincia es tan grave y delicado que los dirigentes peronistas, de todos los bloques, se
aprestan a resistir el bochornoso presupuesto 2017 enviado a la legislatura. Los intendentes
peronistas agrupados en distintos alineamientos y sus respectivos bloques legislativos,
vuelven a acercarse para hacer un frente común contra el “excesivo endeudamiento” (95
mil millones de pesos) y el ajuste en salud, educación y justicia que prevé para el año
próximo y que cuenta, como siempre, con el apoyo encomiable del Frente Rejuntador que
lidera el informante informal de la embajada norteamericana, Sergio Massa. Aunque con
distintos matices, desde todos los sectores del peronismo provincial admiten que esta
acción común frente a un presupuesto que “hipoteca el futuro de los bonaerenses” se “venía
gestando” en el trabajo legislativo común, que consideran “auspicioso” para buscar
converger en una misma alternativa política futura a la gestión provincial de Cambiemos.
Tampoco descartan que esa “unidad” pueda alcanzarse para las elecciones legislativas del
año próximo. Aunque sea por el espanto, una intención de unidad se vislumbra en el
horizonte próximo, aunque, a la hora de las valoraciones, hay que ser medidos en el
entusiasmo: el colectivo a agruparse se parece demasiado a un conjunto de desesperados sin
conducción política unificada y, lo que es peor, sin un claro proyecto anti neoliberal bajo el
brazo.
Un nuevo comentarista de la realidad apareció en público. Se trata del ex colaborador de la
última dictadura genocida, el sindicalista empresarial Gerardo Martínez. En declaraciones
al programa “Toma y Daca”, que se emite por radio Del Plata, Martínez indicó que en lo
que va del año se perdieron en la construcción 80.000 puestos de trabajo, entre “60.000
empleos directos y 20.000 de cuentapropistas”. El lector espera que a continuación se
detalle el plan de lucha a iniciar para reclamar y protestar contra esta masacre desatada
contra el sector. Pues no. Este señor, muy relajado, indicó que el sector empresario,
mostrando responsabilidad, podría acceder a firmar “una tregua voluntaria para frenar
despidos y suspensiones por tres meses”, tomando como propia la falaz iniciativa del
presidente blindado cuando buscaba evitar la ley anti despidos. Con estos dirigentes, si las
bases no se les sublevan, la clase trabajadora tiene su sentencia de muerte asegurada.

El clima social empieza a levantar temperatura en todo el país. Trabajadores despedidos se

concentraron días atrás en el centro de la ciudad de La Rioja y se manifestaron frente a un
local partidario del PRO, en donde rompieron el vidrio de una puerta, y luego visitaron la
sede de la UCR, que decoraron a huevazos. Fue durante una protesta por los despidos en
empresas textiles. Alejandro Díaz, delegado de la empresa Colortex, señaló que “en lo que
va del año hubo entre 500 y 600 despidos en el rubro textil del parque industrial de La
Rioja”. “Las empresas argumentan que la apertura de las importaciones de la Nación los
obligó a tomar esa decisión. Hay riesgo de que los despidos masivos se contagien al sector
del calzado. La situación es desesperante”, dijo la secretaria de Trabajo provincial, Miriam
Espinosa. Las empresas más complicadas son Hilados y Colortex, que informaron que
despedirán a 133 y 130 operarios, respectivamente. La falta de canalización política a estos
reclamos conduce, inevitablemente, a la violencia desmadrada. Y la respuesta que se puede
esperar del neoliberalismo gobernante no es otra que la aplicación del represivo protocolo
de seguridad ideado por Patricia Bolsrich.

A un día que se cumpla un año del debate presidencial, donde el hoy presidente offshore
(20) dio rienda suelta al colectivo de mentiras más extraordinario de la historia argentina, el
susodicho sigue apelando a la mendacidad para vitalizar su ruin gestión neoliberal. El Hood
Robin argentino no Nacional pidió hoy que no haya “pequeñas diferencias” ni
“confrontaciones” dentro del Gobierno, al tiempo que anunció “una obra casi todos los
días” desde el año próximo. Pasaron apenas horas para que se supiera que la planta de
tratamiento cloacal en Lanús presentada como una muestra del compromiso era un nuevo
capítulo del relato de Cambiemos: la obra había sido inaugurada por el ex intendente Darío
Díaz Pérez hace más de un año junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Otro hito del marketing PRO cuando acababa de trascender el Manual del Timbreo en que
el equipo del Ministro de Propaganda, Joseph Peña, les explica a los funcionarios cómo
deben fingir la espontaneidad del contacto con los vecinos. Por lo visto este año, para el
próximo lo único que se pueden esperar por día son más mentiras, estafas y confiscaciones.

15/11/16: A exactamente un año del debate presidencial, entre el hoy presidente offshore
(20) y Daniel Scioli antes del balotaje que catapultara al primero a la Casa Rosada, el 15 de
noviembre debería instituirse como el día nacional de la mentira. “Quiero empezar
hablándote a vos que estás en tu casa, terminando el fin de semana en familia, preparándote
para ir a trabajar mañana (…) Sé que tal vez te está costando llegar a fin de mes (…)
Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero, para
eso hay que ponerla en marcha”. Esas fueron las palabras con que el candidato de la alianza
Cambiemos se presentó en esa inolvidable noche antes de terminar de consumar la estafa
electoral más grande de la historia argentina. Durante su puesta en escena se dio el gusto
hasta de victimarse ante su contrincante, cuando, ante la acusación de Scioli sobre su
verdadero plan confiscatorio general, le contestó: “Estás haciendo de vocero de lo que yo
haría que no voy hacer, ¿no? de cosas horribles… ¿En qué te convirtieron, Daniel? Pareces
un panelista de 678”.   Durante una hora y cuarto el hombre del corazón artificial no paró
de pronunciar sino una mentira tras otra, tanto para prometer como para desacreditar las
acusaciones de su rival. Con un monólogo escrito por otros, bien ensayado y en su siempre
balbuceante media lengua, el brazo ejecutor de las corporaciones aseguró, entre muchas
otras cosas: que se cuidaría el empleo, que terminaría con la inflación, que no iba a
devaluar la moneda, que no haría ningún ajuste del gasto público, que reactivaría la
economía nacional, que con su sola presencia en el sillón presidencial garantizaba una
lluvia de inversiones extranjeras, que respetaría y daría continuidad a la política de
Derechos Humanos del (por entonces) actual gobierno, que terminaría con la corrupción,
que bajo su mandato la obra pública sería prioridad y bajo un proceso transparente, que no
subiría las tarifas de los servicios públicos, que eliminaría el impuesto a las ganancias, que
tendría un control estricto del déficit y de la emisión de deuda pública, que no abriría las
importaciones, que respetaría al empleado público, que profundizaría lo hecho en materia
de ciencia y tecnología, que no quitaría ningún derecho adquirido, que otorgaría un millón
de nuevas viviendas, que venía a achicar la “grieta” entre los argentinos, que negociaría con
dureza contra los fondos buitre, que contaba con el mejor equipo económico en 50 años,
que venía a apuntalar la industria nacional y en especial a las pymes, que durante su
gobierno se respetarían la independencia de los tres poderes del Estado, que su gestión
garantizaba la libertad de prensa, que no perseguiría a sus opositores como sí estaba
ocurriendo durante la gestión kirchnerista, que terminaría con la “inseguridad”, que
mantendría “Fútbol para todos” y que, para rematar su rosario de mendacidades, su objetivo
era la pobreza 0. Un año después puede verificarse: que auto infringió una crisis que
provocó un desempleo de dos dígitos; una inflación de casi el 50 %; una precarización
laboral y caída del salario como no se veía desde la crisis terminal del 2001; un aumento
sideral del déficit de todas las cuentas públicas; un ajuste presupuestario monstruoso en
todas las áreas del Estado; un nepotismo vergonzante en todos los ministerios y secretarias
de gobierno; una devaluación de casi el 60 % del peso argentino; una transferencia de
negocios y recursos a las corporaciones de la que no hay registro histórico en magnitud y
volumen; una eliminación de impuestos a los sectores más concentrados de la economía sin
parangón en todo el orbe; una recesión galopante que camina rumbo a una depresión
estructural; una criminalización de la protesta social que incluye episodios de represión a
jubilados, niños murgueros y mujeres embarazadas; una desinversión en la economía
productiva mayúscula; un abandono del Estado como garante de los juicios contra los
genocidas del Proceso y un desfinanciamiento ex profeso de todos los organismos de
Derechos Humanos; una reivindicación (no tan) solapada de la última dictadura militar
poniendo en duda el número de desaparecidos y recibiendo en la casa de gobierno grupos
neonazis que comenzaron a pulular por todo el país y en especial en sus patéticas
celebraciones de las fiestas patrias; una suba inquietante del delito en todo el territorio
nacional y bajo todas sus formas; un empoderamiento de las fuerzas policiales que,
envalentonadas por el “cambio”, parecieran actuar con la venia y/o complicidad de todas
sus máximas autoridades; una corrupción a nivel personal y estructural de la Economía
nacional como no se veía desde los tiempos del menemato; una casi inexistente realización
de obras públicas dirigidas sin licitación a amigos y testaferros de su propia famiglia; una
toma de deuda sistemática y bochornosa para financiar los agujeros fiscales producidos y la
fuga de capitales que no cesó un día de continuar sin que medie control alguno; un aumento
del número de trabajadores aportantes al impuesto a las ganancias; un conjunto criminal de
tarifazos de los servicios públicos esenciales; una puesta en escena permanente para
impostar cercanía hacia la gente; una falsificación constante de datos y estadísticas de los
organismos públicos; una consolidación de la política como sinónimo de robo, mentira,
injusticia y desigualdad; una apertura indiscriminada de las importaciones, que pulverizó a
la industria y en especial a las pymes (a quienes no le facilita ni créditos ni subvenciones);
una persecución mediática y judicial contra los empleados estatales, los periodistas y los
políticos disidentes; un desmantelamiento absoluto de los programas asistenciales que
aseguraban derechos colectivos a las grandes mayorías; una desinversión estratégica en
Ciencia y Tecnología; un incumplimiento total en materia de construcción de viviendas;
una profundización de los enfrentamientos con las fuerzas políticas que comulgan
ideologías diferentes a su ideario confiscatorio neoliberal; un pago ilegal e ilegítimo a los
fondos buitre, a los que varios de sus funcionarios pertenecen; la revelación de un
sinnúmero de fundaciones destinadas a lavar dinero y juntar dinero sucio para financiar su
campaña política; la confirmación que tanto él como el grupo de CEOs que lo rodean son
poseedores de cuentas offshore en paraísos fiscales que no fueron declaradas; la
conformación de un rejuntado de tecnócratas reciclados que confiesan sin tapujos que
“aprenden sobre la marcha” sobre el manejo de las políticas públicas; una intromisión
pornográfica para interferir, a través de amenazas, “carpetazos” y prebendas, tanto en el
Parlamento como en el poder judicial; una restricción descarada de la libertad de prensa a
través de la anulación inconstitucional de la ley de medios, de un manejo extorsivo de la
pauta publicitaria para premiar a periodistas afines y castigar opositores, y de la
persecución lisa y llana de medios y cronistas que no comulgan con su infame gobierno
cipayo; una privatización descarada de la televisación del fútbol argentino; y un aumento
exponencial de la pobreza en apenas algunos meses. Este es apenas una síntesis del listado
de calamidades que esta gestión ha promovido y promocionado en menos de un año de
mandato. Cumplido el primer aniversario de la estafa perpetrada, a buena parte de los
electores que cayeron en las redes venenosas de estos siniestros personeros de la mentira y
la confiscación, les queda sólo el documento visual para difundir cómo una persona puede
descender a lo más bajo de la condición humana y cómo buena parte de un pueblo,
producto de su ignorancia supina, su odio ciego y su revanchismo irracional, puede quedar
atrapado por un discurso que, en la práctica, consumó su propia destrucción; confirmando
que pueden equivocarse una y otra vez a la hora de elegir en función de sus propios
intereses sectoriales.

Que mejor homenaje al día nacional de la mentira que sumar una más de antología para
continuar atacando a CKF y seguir distrayendo a la opinión pública del reguero de
calamidades que la administración macrista no para de propagar por todo el país. La
lumpen política Elisa Carrió, en tándem con el grupo Clarín, presentó una denuncia contra
ex autoridades del Correo Argentino y miembros de la cooperativa "El Aldabón", entre
ellos Ofelia Wilhelm, madre de Cristina Kirchner. La acusación, a partir de un informe de
TN, es por presuntas irregularidades que causaron perjuicios al Estado por al menos 61
millones de pesos. El escrito, presentado ante el Juzgado Federal N° 12 a cargo del Juez
Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello, sostiene que producto del "vínculo entre Cunturis y
Ofelia" y "tras la estatización del Correo Argentino, durante el gobierno del yerno de la
mencionada Ofelia Wilhelm, se habría celebrado el convenio con la cooperativa". Fotius
Cunturis, uno de los acusados, salió a responder a quienes continúan actuando como si el
presidente offshore (20) no hubiese asumido y se sintiesen obligados a seguir horadando la
figura de la ex mandataria como si continuara en funciones. “Estoy tranquilo, muy
tranquilo, porque esto no es así como dicen ellos", afirmó, y agregó: "Si fuera cierto me la
banco, pero estoy re caliente. Tengo todos los contratos guardados". En diálogo con La
Vuelta de Zloto, aseguró que "el primer contrato de la cooperativa se hizo con el Grupo
Socma", que pertenece a la familia Macri. Al parecer esta gente no aprende más que cuanto
más ilícitos le buscan a la ex presidenta, más delitos encuentran del presidente blindado y
su famiglia.

La ex mandataria, Cristina Kirchner, rechazó las acusaciones contra su madre, Ofelia

Wilhelm, difundidas por el diario Clarín, con una carta dirigida en primera persona al falso
pasajero de colectivos, en la que aclara que "mi mamá tiene 87 años y hace más de 50 que
vive con mi hermana en el mismo barrio y en la misma casa, que es su único patrimonio.
Algunos dirigentes de mi partido que la conocen – porque la han visitado – pueden
testimoniar, además, cómo vive". En una nota publicada a través de Facebook, con un tono
más directo y menos protocolar hacia la investidura que deshonra el mal imitador de
Freddie Mercuri, precisa que su madre "fue secretaria general de su gremio durante más de
30 años, pero nunca tuvo un solo día de licencia gremial. Siempre fue a trabajar, ¿raro no?",
y subraya que "su única 'debilidad' es su pasión por Gimnasia y Esgrima de la Plata. Vive
de su jubilación y de la pensión de mi padre. Hace casi ya 3 años, fue operada de una
gravísima enfermedad y desde entonces camina ayudada por un andador". "¿Qué es lo que
querés inventar? -pregunta CFK a Macri- ¿Pretendés hacerle creer a los argentinos que el
país está mal y a ellos les va peor… por mi mamá? ¿No te parece mucho? Pensé que
conmigo y con mi hija te alcanzaba ¿O es que las cosas van tan mal que tenés que empezar
a perseguir junto con Clarín a una anciana que no sale de su casa?”. Y sigue: “No, Macri.
El problema de la Argentina sigue siendo el mismo de siempre: Ustedes, tu papá y otros –
como él – que estatizaron la deuda de sus empresas mientras la dictadura genocida había
desaparecido a miles de argentinos. Deuda de la 'patria contratista' y otras yerbas que
todavía estamos pagando. O como Clarín que se quedaba con Papel Prensa, mesa de tortura
mediante. Ustedes, los mismos que cuando los militares no les sirvieron más fueron por los
políticos de los partidos populares y democráticos. Ellos terminaron destituidos y algunos
presos y ustedes libres y cada vez más ricos. Como el 'periodismo independiente' que
buscando cuentas K en el exterior, se encontró – como siempre – con… Ustedes, que tienen
más cuentas y sociedades off-shore que pelos yo en la cabeza. Lo mismo que pasó con los
contratos de 'dólar futuro': los que habían ganado millones eran… Ustedes. Los mismos que
devaluaron, los mismos que fijaron el precio que después cobraron. Los que estamos
procesados por Bonadío, somos nosotros. Es que Ustedes siempre contaron con dos apoyos
imprescindibles para hacer lo que hicieron y siguen haciendo: El poder judicial y los
medios de comunicación, que volvieron innecesarias a las “viejas” y “obsoletas” dictaduras
militares. Desde la dictadura genocida donde no se conseguía ni un habeas corpus para las
detenciones ilegales hasta el sobreseimiento por contrabando agravado de autos, que te
regaló la Corte de la mayoría automática menemista. Macri, si no te alcanzan las 'causas'
judiciales que ya inventaste, si no te alcanza con perseguir a mi hija, ajusta un poco más las
clavijas en Comodoro Py, seguro que a Bonadío, o a algún otro más arriba, algo se les va a
ocurrir…Algunos proponen que así como el 10 de Noviembre es el día de la tradición y el
20 el de la Soberanía Nacional, el 15 de noviembre sea reconocido como el día de La
Mentira. Aunque… pensándolo bien el 15 de noviembre debería ser recordado como el día
del 'autoengaño nacional'. Es que, la fórmula del engaño fue simple: les dijeron lo que
querían oír. Siempre he pensado que cuando uno solo está dispuesto a escuchar lo que
quiere oír, siempre va a encontrar a alguien que le va a mentir”. La carta continúa, pero es
mejor dejar este cierre con esta última frase que debería quedar grabada en el video del tan
mentado debate; que ya pasó a formar parte de la historia nacional de la infamia.

Guillermo Marijuán es uno de los peores soldados de la cueva de Alí Babá, sucursal
Comodoro Py, pero uno de los más consecuentes. Su bochornosa conducta rara vez
conduce a destino algunas de sus infinitas causas armadas contra CFK, sus seguidores en
particular, o cualquier opositor al gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore en
general. Es tan ineficaz que hasta se le filtran los audios que revelan sus aviesas maniobras
ilegales para llevar adelante los procesos guionados por los grupos mediáticos y demás
mercenarios al servicio del capital concentrado. Pero ello no le importa. Lo que le interesa,
esencialmente, es que sus denuncias tengan impacto público, trascendencia televisiva,
espacio en las redes y difusión en la prensa; pues es en esos foros donde se dictan las
condenas anti democráticas y canallescas para enlodar la imagen pública de sus acusados.
El resultado final del proceso es menor. Lo relevante es ensuciar a sus víctimas con títulos
rimbombantes, acusaciones estridentes y declaraciones explosivas; que es lo que finalmente
queda luego que se apagan las infaustas cámaras televisivas. La última maniobra macabra
es tender un manto de sospechas sobre todas las universidades públicas para, de paso,
continuar con la andanada de denuncias contra CFK y su gobierno. Las acusa a todas de
malversación de fondos públicos en complicidad con la gestión del anterior Poder Ejecutivo
Nacional. Las acusaciones de Marijuán, originadas en versiones periodísticas, fueron
presentadas el lunes y recayeron en diferentes juzgados federales. Abarcaron por igual a 52
universidades nacionales de las 53 que están funcionando: la única discriminada fue la
Universidad de la Defensa Nacional, la institución que nuclea a los institutos de formación
que hasta fines de 2014 dependieron de las Fuerzas Armadas. Sobre todas las demás
universidades, el fiscal busca que se investigue si los fondos girados por el Estado nacional
durante el mandato de Cristina Fernández fueron destinados a los fines previstos. Es decir,
ordenó una auditoría generalizada. Mientras los rectores vinculados al radicalismo y sus
aliados expresaron sorpresa y preocupación por la "inédita generalización" de las
acusaciones, los rectores provenientes del peronismo y sectores independientes advirtieron
sobre "un ataque contra el sistema universitario público", en el marco de la reaparición de
discursos que ponen en cuestión el financiamiento estatal de la educación superior, la
gratuidad de los estudios y el ingreso irrestricto. Porque ahí también está el eje de todo este
abominable andamiaje: denigrar todo lo que sea público para facilitar su achique, cierre o
privatización futura.
16/11/16: El mentiroso serial ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, confesó
que la noche anterior al triunfo de Donald Trump no pudo dormir, preocupado por el
desenlace que finalmente tuvieron las elecciones presidenciales norteamericanas. En
cambio, al resto de los ciudadanos argentinos, les cuesta dormir por el efecto provocado por
sus políticas económicas; que sólo le han traído desempleo, precariedad y privaciones de
todo tipo. Allí están los números para atestiguarlo: la fundación Germán Abdala advirtió
ayer que el consumo registró en octubre su mayor caída del año, el 5,2 por ciento contra
igual mes de 2015. Pero tanto o más preocupante que ello es que también se produjo un
descenso contra septiembre pasado, del 0,5 por ciento en la medición que despeja
cuestiones estacionales. Es decir, la demanda interna sigue retrocediendo, sin que factores
que a esta altura del año supuestamente iban a traccionar hacia arriba, como las segundas
cuotas de paritarias, consigan revertir la situación. El Indicador Mensual del Consumo de la
Fundación anotó en octubre su décima caída consecutiva. Esta situación del consumo se da
por la persistencia de elevados niveles de inflación, la fuerte caída del poder adquisitivo y
la eliminación del rol contracíclico del gasto público, que también inciden en el retroceso
generalizado en los indicadores vinculados a la producción. Los mismos motivos podrían
emplearse para explicar otro indicador que da una pauta del estado preocupante de la
Economía: el costo de la construcción aumentó 4,8 por ciento en octubre y acumula en el
año un incremento del 29,7 por ciento, según lo publicó ayer el Indec. Esta suba de octubre
se originó por un incremento del 1,5 por ciento en el rubro materiales, 7,1 en mano de obra
y 5,4 en gastos general. En el análisis por ítem de obra en octubre se observaron los
mayores aumentos en movimiento de tierra (12,7 por ciento), yesería (6,5 por ciento),
albañilería (6,2) y estructura (5,4). Los menores aumentos correspondieron a instalación
sanitaria y contra incendio (1,1 por ciento), instalación de gas (0,4) y carpintería metálica y
herrería (0,3). El especialista en evasión agravada tendría más dificultad en conciliar el
sueño si tuviera que explicar por qué una Economía estancada continúa presentando índices
tan elevados de inflación, fenómeno pocas veces visto en el mundo. Lo único que falta es
que cuando se agoten las excusas para justificar el estado calamitoso de las finanzas
públicas y del aparato productivo nacional por la “herencia recibida”, intenten explicarlo
por el triunfo del malo de Donald, que no llega a ser tan perverso como los neoliberales
argentinos para exponer a su industria local a la desaparición forzada por la apertura
indiscriminada de las Economía.

Federico Sturzenegger, desde el Banco Central, es el complemento ideal de Prat-Gay para

llevar al desastre a la Economía ya no Nacional. Ayer decidió bajar la tasa de interés de las
Lebacs de corto plazo a 25,75 por ciento, 50 puntos básicos por debajo del martes pasado.
Los inversores de Lebacs no vieron con buenos ojos esta reducción del rendimiento y
decidieron no renovar en forma masiva las letras. Hubo vencimientos por 90.845 millones
de pesos y colocaciones por 67.019 millones, lo que arrojó una expansión de la base
monetaria de 26.057 millones de pesos, el equivalente a 1650 millones de dólares.  Estos
pesos no renovados en la licitación de las Lebacs se depositarán hoy en la cuenta de los
inversores, quiénes podrán emplearlos para comprar dólares, bonos y otros activos
financieros. La principal preocupación, que muchos economistas ha venido alertando hace
meses, es que esta masa de más de 26.000 millones de pesos que no se aplicó a la compra
de Lebacs se vuelque en forma masiva a la compra de divisas y provoqué un alza “brusca”
del tipo de cambio. La situación podría generar un efecto vicioso, con nuevos vencimientos
de Lebacs con fuerte impacto expansivo sobre la Base monetaria presionando nuevamente
la cotización del dólar.  La Argentina, a diferencia de otros países de la región, tiene bajo
margen para aplicar una devaluación sin afectar el mercado interno, puesto que la suba del
tipo de cambo volvería a acelerar el proceso inflacionario y la capacidad de compra de los
salarios, que en el último año ya perdió cerca del 10 por ciento en términos reales. El
consumo no reacciona y los indicadores económicos evidencian que la contracción se
acelera en el segundo semestre del año. El temor de los analistas sobre la presión hacia el
dólar no es infundado. Por el contrario: se basa en los registros oficiales que dan cuenta que
la fuga de capitales sigue siendo un comportamiento repetido en el segundo semestre. El
Banco Central publicó el balance cambiario de octubre, informe en el que refleja los
movimientos de entrada y salida de divisas de la economía, y aportó nuevos datos oficiales
para cuantificar la dimensión de la sangría de dólares. La salida estructural de divisas por
atesoramiento, turismo y giro de utilidades sumó 31 mil millones de dólares en diez meses
del año, el equivalente al 90 por ciento de las reservas internacionales. Los números no
contemplan el “efecto Trump”, que en lo que va de noviembre provocó una importante
tensión para los países regionales en materia financiera, con corrida contra la moneda y
capitales menos propensos a quedarse en Latinoamérica. Lo atesorado como “dólar ahorro”
triplica, en 10 meses, todo lo vendido en 2015. Prometieron confianza y reglas claras, pero
las inversiones no sólo no llegan, sino que caen todos los meses. Aseguraron terminar con
la emisión monetaria, y la multiplican para pagar el festival de bonos con que han
resucitado la bicicleta financiera de la última dictadura. Pontificaron sobre los dólares que
ingresarían por la atractiva propuesta republicana que dicen auspiciar y por el blanqueo
vergonzoso que consumaron para indultar evasores, pero la sangría de divisas sin control no
se detiene. Ante este panorama sólo pueden ofrecer, para distraer a la ciudadanía sobre el
colapso inminente que se viene, más acusaciones contra CFK y su familia, de quienes ya no
le quedan parientes para inventarles causas judiciales para desprestigiarla a ella y al proceso
político que encabezó la ex presidenta.

El diputado Andrés Larroque presentó un proyecto en el Congreso, al cumplirse un año del

debate entre el presidente offshore (20) y Daniel Scioli: quiere instituir al 15 de noviembre
como el Día Nacional de la Mentira. El ante proyecto fue compartido en las redes sociales
por el diputado nacional y fue firmado por él, Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Carlos
Kunkel, y Wado de Pedro, entre otros. Al cumplirse un año de tan notable acontecimiento,
entre distintos espacios de la oposición establecieron el "Día Nacional de la Mentira", en
alusión a las promesas de campaña contrariadas e incumplidas por el presidente blindado en
sus once meses de gestión. La iniciativa se puso en marcha a través de las redes sociales y
fue trendig topic en Twitter. Un servidor, humildemente, propone otros días recordatorios:
“Día de la entrega de la soberanía nacional”, el día que se sancionó la ley de pago a los
fondos buitre. “Día de la traición a la ciudadanía argentina”, el día que el Parlamento
aprobó la ley “ómnibus”, que propicia una estafa extraordinaria a los jubilados, un
blanqueo indefendible a evasores y lavadores de dinero, y la eliminación de impuestos a la
riqueza. Y próximamente: “Día de la corrupción nacional”, cuando se apruebe el proyecto
Público-Privado, que contempla la consolidación estructural de negociados a medida a
corporaciones y empresas ligadas a la famiglia presidencial, en perjuicio del tesoro público.
“Día del fraude nacional”, el día que se apruebe el “voto electrónico” para las elecciones
generales. Podríamos seguir, hacia atrás y hacia adelante, proponiendo más efemérides que
reflejen episodios históricos que la memoria colectiva no debería olvidar nunca, si quiere
superar el lastre que el neoliberalismo ayer, hoy y siempre, deja en las poblaciones a causa
del huracán de calamidades que siempre lleva consigo.

No hay que cansarse en insistir: la pandilla neoliberal que lidera el Hood Robin argentino
no Nacional no gobierna sola. Cuenta con un extraordinario aparato comunicacional, con
un partido judicial que les asegura impunidad y viabilidad a sus leyes más aberrantes, y con
un tramado internacional de fuerzas políticas, económicas y sociales extranjeras lideradas
por la embajada norteamericana y la derecha israelí. Pero, como si esto fuera poco, necesita
del apoyo gremial y parlamentario para legitimarse. El Congreso, en más de 10 meses de
gestión macrista, ha mostrado inequívocamente, con honrosas excepciones, su apoyo
estructural a las reformas abominables implementadas. Y, al parecer, ninguna crisis
terminal, como la que está en ciernes, provoca cambios estratégicos en buena parte de la
oposición a la hora de retirar apoyo a los CEOs y evasores con cuentas offshore que
tomaron por asalto el Poder Ejecutivo ya no Nacional. Por el contrario: ajenos a toda la
coyuntura actual, continúan su contubernio inescrupulosamente. En busca de generar apoyo
político para aprobar su proyecto de reforma electoral, el presidente blindado y el ministro
del Interior, Rogelio Frigerio, se reunieron ayer con un grupo de ocho gobernadores de la
oposición. La moneda de cambio con los mandatarios fue el proyecto de modificación del
Impuesto a las Ganancias, que finalmente el macrismo anunció que enviará al Congreso en
los próximos días. “El objetivo de todos es que los argentinos puedan tener una manera más
cómoda, más confiable, más rápida de votar, a partir del 2017”, dijo Frigerio en una
conferencia de prensa posterior, de la que también participaron varios de los jefes
provinciales. Además, el ministro adelantó que de no conseguir la sanción de la ley antes
del fin de las sesiones ordinarias (el 30 de noviembre), el Ejecutivo pedirá una prórroga
para comenzar con la puesta en marcha del nuevo sistema antes de fin de año. De todas
maneras, habrá que ver qué impacto tiene en el Congreso la foto de ayer junto al presidente.
Preocupados por los tiempos parlamentarios y ante la posibilidad de que un sector de la
oposición termine por interferir en los planes del macrismo para imponer la Boleta Única
Electrónica, la gerencia neoliberal comenzó las negociaciones con los mandatarios
provinciales. Es el mismo mecanismo que utilizó cuando necesitó el respaldo de distintos
senadores del PJ en otras leyes importantes como la de pago a los fondos buitre, que
implicó un fuerte endeudamiento para el Estado nacional. Va a haber que estar atentos al
desenlace de este toma y daca vergonzante; porque la consolidación de un partido del ajuste
en clave neoliberal, está en el horizonte del bipartidismo anti popular que la troika
gobernante quiere instalar en el futuro próximo a nivel nacional.

17/11/16: El presidente offshore (20) se seca las lágrimas por la angustia que le provoca la
situación que viven los millones de pobres que generó su gestión en pocos meses, mientras
se apresta a vetar otra ley a favor de los sectores más vulnerables. El Senado le dio media
sanción ayer a la ley de Emergencia Social, impulsada por un amplio grupo de
movimientos sociales y de organizaciones de trabajadores informales. La iniciativa contó el
apoyo de prácticamente toda la oposición. A favor votaron 45 senadores, incluidos el
Frente para la Victoria-PJ, parte del peronismo federal, el GEN, el Movimiento Popular
Neuquino, Proyecto Sur y hasta Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica. En contra, once
senadores de Cambiemos y dos peronistas disidentes. El proyecto, que entre otras cosas
establece el aumento del 15 por ciento en la Asignación Universal por Hijo y de la
asignación por embarazo, pasará ahora a la Cámara baja, donde el oficialismo aprovechará
la cercanía con el fin de las sesiones ordinarias para obstaculizar su sanción. De aprobarse,
en el gobierno ni nacional ni popular ya especulan con la posibilidad de un segundo veto
del falso pasajero de colectivos, al igual que ocurrió con la ley antidespidos. En tanto,
mañana, la CGT gorda se apresta a hacer un poco de ejercicio por lo que volverá a las
calles, algo que no sucedía desde abril. Esta vez será de la mano de los movimientos
populares que exigen la sanción de la ley de emergencia social, reclamo que el triunvirato
que conduce la central obrera unificada incorporó a su agenda dos meses atrás. La medida
de fuerza, anunciada a mediados de octubre, ganó voltaje político ayer con la media sanción
que el proyecto de las organizaciones obtuvo en el Senado. Al respecto los líderes de las
organizaciones sociales convocantes adelantaron que, si la gerencia neoliberal veta el
proyecto, “se va a pudrir todo”. Para los que aún conservan dudas sobre el rol del
radicalismo como cómplice necesario de las políticas macristas, basta con enterarse de los
dichos del senador Luis Naidenoff. Este conspicuo neoliberal calificó de “lamentable” al
proyecto de ley de emergencia económica que propone aumentar en un 15 por ciento las
asignaciones por hijo y por embarazo, e impulsa la creación de un millón de puestos de
trabajo para paliar la crisis. También consideró que la media sanción que le dio la Cámara
alta fue “una expresión cabal de mucha mediocridad política”. Según el legislador radical,
la propuesta impulsada por organizaciones sociales, aprobada por un amplio arco de la
oposición en el Senado, tiene como fin generar “la sensación” de que en el país hay una
“crisis terminal”. Añadió que “lo que más preocupa” es que esto fue aprobado a pocos días
de diciembre, agitando así fantasma de que algunos sectores promueven un estallido social
a fin de año. "Yo creo que no se merecen los trabajadores del mercado informal ni la
sociedad argentina tanta mirada corta. No fue el mejor camino, hubo mucho de
oportunismo", disparó contra el proyecto rechazado por el oficialismo y aprobado ayer
por 45 senadores de la oposición, incluidos el Frente para la Victoria-PJ, parte del
peronismo federal, el GEN, el Movimiento Popular Neuquino y Proyecto Sur. Señor
Naidenoff: lo que no se merece el pueblo argentino son dirigentes como usted ni políticas
confiscatorias y avasallantes contra los derechos colectivos como las que promueve su
neoliberal gobierno. La crisis “terminal”, a la que se encamina la Nación, no es una
“sensación”, sino un pronóstico basado en hechos reales, de ésos que usted y la troika que
integra se empecinan en negar cuando no a esconder o disimular a través del blindaje
mediático que les brindan los medios hegemónicos. La ley no es oportunista sino oportuna:
busca, al menos, reparar en algo el rosario de calamidades que las políticas públicas de su
gobierno han extendido por toda la república.

La polémica en torno al bonete amarillo, con que Mau y sus pandilleros buscan paliar
selectivamente la masacre perpetrada contra los salarios de los trabajadores estatales, sigue
levantando polémicas. Mientras los gremios discreparon en torno al bono de fin de año que
el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore decidió concederles a los empleados
de la administración nacional, desde la Casa Rosada salieron a instalar la idea de que con el
pago del adicional entre diciembre y enero “se cierra la discusión sobre la pérdida del poder
adquisitivo” en ese sector. Esa afirmación contradice un informe del Instituto de Estudios
de Estado y Participación, que compara el valor nominal y el real de los salarios de los
estatales en los últimos 12 meses, y refleja que en ese período perdieron el equivalente a un
salario, una cifra muy superior a los 3.500 pesos que como máximo recibirán ahora como
compensación. El pago del bono fue acordado ayer entre el ministro de Modernización y
Despidos, Andrés I-barra, y el jefe de los estatales de UPCN, el entreguista Andrés
Rodríguez.  Lo que se convino fue que para las categorías con menores sueldos el bono será
de 3500 pesos y para la siguiente de 3300. En el nivel al que pertenece el grueso de los
estatales se pagarán 3000 pesos y para las categorías más altas, 2000 pesos. El costo para el
Estado, según I-barra, será de 350 millones de pesos. "Es lo mejor que se pudo conseguir",
reconoció Rodríguez con la panza llena y analizó que el adicional, que será pagado en dos
cuotas, amortigua “el impacto de la pérdida de poder adquisitivo porque tras las paritarias,
indudablemente, quedamos por debajo de la inflación". Desde ATE salieron a refutar la
idea que pretende instalar la administración macrista de que el pago del adicional compensa
la caída del salario y consideraron “insuficiente” el bono pactado con UPCN. "El Gobierno
no escuchó nuestra opinión, tomó una decisión extra paritaria y lo convalidó su gremio
amigo. Lamentablemente, este anuncio que hicieron ayer es absolutamente insuficiente para
la realidad de los trabajadores estatales", expresó Godoy. Como ya es sabido esta miserable
“compensación” no alcanza a los trabajadores provinciales y municipales, que quedan al
arbitrio de la voluntad de los jefes de sus jurisdicciones, más proclives a dejar sin nada a
sus empleados que a sumarse al ofrecimiento insultante ofrecido por el Estado ya no
Nacional.

El Hood Robin argentino no Nacional sigue disponiendo de los bienes y las riquezas
públicas nacionales como si fuera un patrón de estancia repartiendo en vida la herencia (no
“recibida” sino expoliada a la comunidad) entre sus famiglia directa. Así fue como ordenó a
la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que venda tres terrenos
estatales: uno en Mendoza, otro en Campana y un tercero en Puerto Madero. Este último
será vendido para financiar el proyecto que impulsa el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez
Berreta, para unir las autopistas Buenos Aires-La Plata con la 25 de Mayo y la Illia. Para
esto, recibiría una nueva transferencia del gobierno ni nacional ni popular de manera directa
y arbitraria. Lo mismo ocurrirá con los terrenos de Mendoza y de la provincia de Buenos
Aires, dos distritos que también son gobernados por Cambiemos. El decreto en el que se
ordena disponer de esos terrenos apareció ayer en el Boletín Oficial. Indica que se le da
autorización al AABE a “proceder a la venta de diversos inmuebles pertenecientes al
dominio privado”. El decreto advierte que la AABE –creada en 2012– tiene como objetivo
la venta de bienes “con el fin de constituir emprendimientos de interés público, destinados
al desarrollo y la inclusión social, en coordinación con las áreas con competencia específica
en la materia”. No obstante, el presidente blindado no indicó cuál será el destino de los
fondos. Simplemente argumentó que “generarán un impulso en la economía al reactivar
diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población”. Sostuvo que eran “innecesarios” y que “mantener ociosos dichos
inmuebles implicaría desatender intereses prioritarios del Estado, por cuanto las
operaciones que se impulsan no sólo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro”.
Vale decir: se reparten tierras a dedo a gobiernos afines para objetivos que no se
especifican, para recaudar un dinero del que no se detalla para qué será usado. Esperemos
que alguien con atribuciones de pedir explicaciones por esta monárquica manera de
manejar un Estado supuestamente democrático, exija que, al menos, cumpla la formalidad
de hacer públicos los fundamentos de las decisiones tomadas y los destinos de lo
recaudado; no vaya a ser que algún mal intencionado piense que esos fondos no serán
vehiculizados hacia la población necesitada…
Lo que a un gobierno decente debería llenar de espanto y ser un llamado para que replantee
sus políticas públicas, para el que tomó por asalto el Poder Ejecutivo no Nacional es motivo
de orgullo y veneración. Los bancos ganaron 6503 millones de pesos en septiembre, con un
aumento del 18,8 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. En lo que va de 2016,
embolsaron 57.607 millones de pesos, con un alza del 43,9 por ciento en relación a igual
período de 2015. Los datos surgen del informe sobre el sistema financiero publicado ayer
por el Banco Central. Las Lebacs fueron uno de los rubros que más dinero les dejaron a los
bancos en septiembre, seguido por el cobro neto de intereses y la ganancia por diferencia de
cotización de activos. La banca es uno de los sectores que más rentabilidad obtuvo en 2016,
cuando las ramas dedicadas a producción, en particular industria manufacturera y
construcción, marcaron una contracción notable de los negocios. Sin embargo, para el
gurka neoliberal que regentea el Banco Central, Federico Sturzenegger, la estrategia de
endeudarse con letras no es riesgosa porque tiene respaldo en reservas internacionales.
Pero, si se revisa fino los números, el argumento no cierra por ningún lado. En lo que va del
año, el stock de letras aumentó en 357.000 millones de pesos, mientras que las reservas lo
hicieron en 11.000 mil millones de dólares, el equivalente a 170.000 millones de pesos.
Esto implica que parte importante del aumento de las Lebacs (187.000 millones de pesos)
no se emitieron con el respaldo de nuevos dólares en las arcas de la autoridad monetaria. La
principal preocupación en el mercado es que parte de los pesos que se colocaron en Lebacs
dejen de renovarse y busquen dolarizarse, lo cual podría provocar una devaluación abrupta
del peso argentino. Esto demuestra que no tienen escrúpulos para expoliar el tesoro público
a favor de los intereses corporativos privados, pero que tampoco cuentan con la capacidad
suficiente para llevar adelante su plan confiscador sin poner en riesgo todo el perverso
andamiaje que le da vida. La improvisación “desprofesionalizada” es otra de las
características del “mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre la marcha”.

El resto del mundo no es muy distinto a lo que se sucede en Argentina. Muy por el
contrario: es otro espejo donde el neoliberalismo puede mostrar su peor cara. En EE.UU.,
por ejemplo, la Democracia venerada por tanto cipayo rioplatense, el clima social que se
vive desde el triunfo del magnate amigo del presidente offshore (20), Donald Trump, está
cada vez más espeso. Como ocurrió en nuestro país, después del triunfo de la Alianza
Cambiemos, los sectores más retrógrados y reaccionarios de la sociedad norteamericana
salen del closet, en donde no estaban tan escondidos, envalentonados y exultantes para dar
rienda suelta a todo su odio y revanchismo de clase. Desde el pasado miércoles se suceden
historias de intimidaciones, insultos, amenazas y pintadas con mensajes supremacistas
blancos, homófobos y misóginos que celebran explícitamente la victoria de Trump. La
organización Southern Poverty Law Center, que lucha desde 1971 contra la intolerancia, ha
recopilado los sucesos recogidos en la prensa local, las redes sociales y una plataforma de
su página web en la que los ciudadanos pueden reportar incidentes de odio. Según su último
boletín, publicado ayer, ya son 437 los actos de odio y acoso registrados, en muchos de los
cuales hubo referencias directas a la campaña de Trump o a sus eslóganes.  En sólo una
semana se dio un número de casos equivalente al que la organización suele detectar en al
menos medio año. Los inmigrantes (136), los negros (89) y los homosexuales (43) fueron
las víctimas de la mayoría de los sucesos, mientras que también hubo decenas de ataques
contra los musulmanes y las mujeres. En al menos 30 actos se usó una esvástica, símbolo
adoptado por el partido Nazi en la Alemania de los años 1920, mientras que en decenas de
lugares del país aparecieron pintadas con mensajes como “Blancos solo. Nación Trump”,
“Poder blanco” o “Hagamos Estados Unidos blanco de nuevo”, que parafrasea el lema de
campaña del magnate: “Hagamos Estados Unidos grande de nuevo”.  Uno de los datos más
alarmantes es que la mayoría de los sucesos ocurrieron en escuelas de educación primaria y
secundaria, donde las organizaciones de derechos civiles ya habían detectado en el último
año un reflejo de la retórica de odio de la campaña electoral. Organizaciones y expertos
confirman la ola de intolerancia que desencadenó la victoria de Trump y temen que la
elección de Steve Bannon, un explosivo agitador mediático cercano a la derecha radical,
como su estratega jefe en la Casa Blanca, haga que los intolerantes se sientan legitimados.
Desde la noche electoral, Trump publicó más de 20 mensajes en la red social Twitter, con
ataques a la prensa y a quienes protestan contra él en las calles, pero ninguno condenando
los incidentes de odio que decenas de ciudadanos están cometiendo en su nombre. Las
políticas ultra neoliberales de republicanos y demócratas parieron a este monstruo del que,
ahora, muchos se quieren desentender. Ustedes, neoliberales recalcitrantes, confiscadores
seriales, expoliadores amorales, no son parte: son el problema. Trump, a lo sumo, aportará
más crueldad a la ya existente y llevará los conflictos hasta, quizá, una agudización extrema
que haga saltar todo por los aires. No es para celebrar. Es para denunciar y anticipar origen
y causa de una tragedia de la que nadie saldrá ileso con un peligro aún más alarmante: la
posibilidad que, pasado el estallido mayor, el sistema se reconstruya con los mismos
pedacitos fingiendo ser algo distinto. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos vivido. Ya lo hemos
sufrido.

Si salimos del infierno estadounidense y pasamos por Brasil, nos encontraremos con más
neoliberalismo generando pobreza, ajuste y violencia social y callejera. Miles de
profesores, enfermeros, bomberos, policías y otras categorías de funcionarios brasileños
participaron ayer en una protesta, empañada por el accionar represivo de los agentes de
seguridad, contra los planes de ajuste del estado de Río de Janeiro. Con arengas desde
camiones de sonido y silbatos, los manifestantes esperaban hacerse oír desde el interior de
la Asamblea Legislativa del Estado de Río (Alerj), donde se discutían las medidas de
austeridad impulsadas por el gobernador Luiz Fernando Pezao, del Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB), el mismo del presidente Michel (de) Temer. Se debatirá el
ajuste que incluye el cese de planes sociales, el descuento en el salario de los trabajadores
estatales y descuentos en el pago del aguinaldo entre otras calamidades que bien
conocemos por estos pagos. Poco después del mediodía, unas decenas de personas que se
desprendieron de la multitud consiguieron derribar dos altos vallados que rodeaban el
edificio legislativo. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad utilizaron un cañón de agua,
granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para tratar de dispersar a la multitud que afluía
masivamente hacia el lugar, indicó un periodista. “¡Vergüenza! ¡Vergüenza!’’, gritaban los
manifestantes, algunos de los cuales lanzaban piedras, ante la embestida de las fuerzas de
seguridad. Un camarógrafo informó de dos personas heridas, una de las cuales requirió
masajes de reanimación cardíaca, en tanto que la otra se alejó del lugar rengueando. Tras
esa reyerta, los manifestantes volvieron a cerrar filas y a congregarse ante el edificio de la
Alerj. El gobierno de (de) Temer envió a pedido de Pezao 500 miembros de la tropa Fuerza
Nacional de Seguridad para poder llevar a cabo la discusión en el legislativo de Río de
Janeiro, estado que declaró calamidad pública por no poder cumplir con sus obligaciones
financieras, como el pago de salarios. Al menos tres personas resultaron heridas según la
cadena Globo News, que indicó que existen versiones sobre una posible intervención
federal en el estado de Río de Janeiro, el segundo más rico del país y que colaboró con la
realización de los Juegos Olímpicos llevados a cabo en agosto. Así está el Brasil del
“cambio”: padeciendo las mismas calamidades con que, Mau y sus pandilleros, someten a
su población al hambre, la exclusión y la represión abierta y manifiesta.

18/11/16: La Economía vernácula sigue dando señales de alarma sobre su terminal estado,
por más que le pese reconocerlo al conspicuo neoliberal Luis Naidenoff. La facturación de
los supermercados, medida en pesos, registró en septiembre un incremento interanual del
29,7 por ciento y las ventas en los shoppings subieron 21,0 por ciento en relación al mismo
período el año pasado. La demanda interna constituye uno de los componentes más
importantes del PBI y fue el elemento más relevante para explicar la expansión en el nivel
de actividad entre 2003 y 2015. Sobre ese pilar se concentró el impacto de las políticas
económicas implementadas desde que asumió el gobierno del presidente offshore (20). La
caída en el poder adquisitivo del salario y la destrucción de puestos de trabajo resintieron
de manera significativa al consumo privado a lo que se sumó la amputación del rol
contracíclico del Estado. Por su parte, el amplio instrumental pro-mercado desplegado a lo
largo de los últimos doce meses no estimuló la inversión, sino que profundizó su
contracción frente a una contracción en las ventas al mercado local que todavía no
encuentra un piso. Esos datos difundidos ayer por el Indec no computan el impacto de la
aceleración inflacionaria enfocada en los bienes ofrecidos en las góndolas y locales de esos
establecimientos. Cuando se computan las alzas acumuladas, la disminución de las ventas
en cantidades supera los 10 puntos porcentuales. Así anda la “revolución de la alegría”:
jugando en toboganes sin piso a la vista, mientras sigue lanzando fuegos de artificios para
distraer a la ciudadanía.

El gobierno ni nacional ni popular, mientras se empeña en negar la crisis instalada, continúa

con sus propuestas en favor de la especulación financiera y los lavadores de dinero. Ahora
se apresta a que el opoficialismo apoye un proyecto de ley para reformar el marco
regulatorio del mercado de capitales que impulsó el kirchnerismo en 2012, el cual limita el
accionar especulativo de bancos y financieras. La iniciativa es una vuelta de tuerca más de
Cambiemos a su política de flexibilización del sistema financiero. La actual ley había
permitido darle mayor poder de contralor a la Comisión Nacional de Valores (CNV),
democratizar y federalizar el acceso a los instrumentos financieros y proteger a los
accionistas minoritarios de empresas cotizantes. Los cambios que introduce el proyecto
redactado por el ministro en rodillas de Hacienda, el mentiroso serial Alfonso Prat-Gay,
implican una menor regulación de delitos económicos y una menor injerencia de la CNV en
el manejo societario de las empresas. En particular, el proyecto sostiene que la Comisión
había adquirido “prerrogativas excesivas”, por lo que a través de la eliminación del artículo
20 de la ley 26.831 (de Mercado de Capitales) ya no podrá intervenir en denuncias de abuso
de posición dominante de accionistas mayoritarios y ante otras irregularidades que planteen
los socios minoritarios. La iniciativa comenzará a tratarse el martes y podría ser incluida en
sesiones extraordinarias. Este es el tipo de reformas que exigen los famosos capitales
extranjeros para traer al país su lluvia ácida de inversiones; apurando a la banda de CEOs y
evasores con cuentas offshore para que consolide la corrupción estructural como condición
para ingresar a un mercado al que sólo apostarán selectivamente en áreas con clientes
cautivos y de rápida y fácil captación de ganancias que, como han hecho siempre, fugarán
al exterior con la venia de un Poder Ejecutivo que oficia de garante de sus rentas
extraordinarias.

Los kioscos registraron una fuerte contracción de los negocios en 2016 y alertaron por la
falta de certidumbre para el próximo año. El titular de la Unión de Kiosqueros, Adrián
Palacios, afirmó ayer que “la situación del sector es la peor en décadas ante la caída de
ventas y pérdida de rentabilidad”. El referente planteó que este año ya cerraron 3500
kioscos y que medidas como la reciente suba de los cigarrillos siguen agravando la
situación de los comerciantes. Planteó que dejaron de funcionar locales que incluso estaban
bien ubicados y con varios años de permanencia. “Están en juego muchas fuentes de trabajo
y el futuro de unas 400.000 personas, incluyendo a los kiosqueros y sus familias”,
concluyó. Palacios aseguró que los kiosqueros perdieron beneficios por la fuerte suba de las
tarifas de los servicios públicos, lo cual afectó la estructura de costos del sector, a lo que se
sumó el aumento del 40 por ciento de los alquileres de los locales. Los únicos kioscos que
continúan siendo rentables, a costillas del erario público y del futuro de la república, son los
que atienden los gerentes neoliberales para engrosar sus bolsillos en base a comisiones
mientras se siguen dando rienda suelta a la toma de deuda pública. Un día después de que el
ministro en rodillas de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, había asegurado que no
habría más emisión de deuda en los mercados internacionales, se colocaron 786 millones de
dólares en la plaza local. La Secretaría de Finanzas adjudicó ayer ese monto en Letras del
Tesoro en dólares a 105 días con un rendimiento anual del 3 por ciento. Nuevamente se
trató de una colocación directa y no de una puja, ya que el precio de esta emisión y su
recorte estaba fijado de antemano en 991,44 dólares por cada lámina de 1000 dólares de
valor nominal, lo cual representa una tasa real anual de 3 por ciento. En esta oportunidad,
se recibieron 2924 órdenes de compra, con una amplia intervención de la banca minorista
que anunció a sus clientes de esta operación. Desde mayo, cuando comenzaron estas
licitaciones, y hasta el momento, el Programa de Letras del Tesoro en circulación alcanza
los 5338 millones de dólares. En lo que va del año el Gobierno lleva emitidos unos 50.000
millones de dólares en moneda extranjera, la deuda más grande contraída en el lapso más
breve de gestión de un gobierno del que se tenga registro histórico.

No llegó al año de mandato y el gobierno del presidente blindado, al menos en

“Democracia”, puede ser considerado el más corrupto de la historia argentina. Bajo este
concepto no sólo entra lo que se entiende por delito a nivel particular, esto es: por la
apropiación indebida de lo que no es propio por parte de sus funcionarios, sino,
centralmente, por el conjunto de leyes y decretos de necedad e indecencia implementados y
a ejecutar, con los que buscan consolidar estructuralmente un modelo excluyente y
confiscador en clave neoliberal. No hay una sola iniciativa del gobierno ni nacional ni
popular que no vaya en ese sentido. Uno de los más escandalosos casos es el de la ley de
blanqueo, que ahora se apresta a ampliar para que funcionarios y familiares de la Alianza
Cambiemos puedan acceder a ese beneficio ilegítimo con total impunidad. Según publicó el
diario oficialista La Nación, los principales cambios analizados son la posibilidad de
descontar los pasivos de las sociedades por blanquear y la de incluir en el régimen a los
padres de funcionarios y ex funcionarios si el bien que es objeto del blanqueo fue adquirido
antes de que estos asumieran sus cargos. La versión indicó que está en estudio un decreto
que aclarará algunos aspectos que habían sido cuestionados por los tributaristas y por parte
de los legisladores cuando la norma que habilitó el blanqueo fue tratada en el Congreso. En
la norma sancionada en el Congreso se señalaba que "quedan excluidos de las disposiciones
del título I del libro II los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los
sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82°". Pero ahora, el proyecto de
decreto indica que "los sujetos comprendidos en el artículo 83° de la ley 27.260 podrán
efectuar la declaración voluntaria y excepcional, dispuesta en el título I del libro II de la
ley, exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su
patrimonio con anterioridad a la fecha en que los sujetos enumerados en los incisos a) al w)
del artículo 82° de la ley 27.260 hubieran asumido los respectivos cargos". Es decir, pueden
blanquear bienes los padres tanto de funcionarios como de ex funcionarios hasta 2010, si
fueron adquiridos antes de que éstos asumieran sus cargos respectivos. En tanto, el artículo
dos del decreto en análisis indica que el artículo 39° de la ley aprobada por el Congreso
"será de aplicación asimismo en los supuestos de participaciones indirectas, cuando el bien
o tenencia que se declare pertenezca a una sociedad o ente en el cual tenga participación
otra sociedad o ente del cual el declarante sea titular". Esto significa que se van a poder
declarar bienes de una sociedad que tenga varios eslabones, por ejemplo, un inmueble que
esté a nombre de una sociedad en Islas Vírgenes, que, a su vez, sea la dueña de otra
sociedad en los Estados Unidos que esté a cargo de aquella propiedad. Cuando uno dice
genéricamente que “vinieron por todo”, no toma conciencia hasta qué grado de
inescrupulosidad puede llegar esta pandilla que pareciera no tener ningún límite ético ni
moral. El problema es que esta iniciativa, como ya ocurrió con otras tantas ya aprobadas,
debe ser refrendada por el opoficialismo; tanto o más responsable de esta pesadilla
neoliberal que parece no tener fin. La multitudinaria marcha prevista para hoy, exigiendo
que el Parlamento apruebe la ley de emergencia social, será otra oportunidad para que se
ponga a prueba a todos los sectores que dicen oponerse a este modelo oprobioso travestido
con disfraces republicanos; de modo de saber si están a la altura de lo que la angustiante
realidad que se vive está demandando. El desafío es también para la ciudadanía de a pie,
que no debería excusarse más en su apatía general hacia la política o en la falta de
representatividad de los dirigentes, a la hora de movilizarse para mostrar su descontento
con las políticas públicas implementadas por este colectivo de tránsfugas que no muestran
ni decoro ni piedad a la hora de imponer su ideario expoliador de las riquezas y bienes
colectivos.

19/11/16: Como confía en su impunidad mediática, en su generosa chequera parlamentaria,

en la dispersión poco entusiasta de la oposición, y en la impotencia depresiva de la
ciudadanía ante su realidad agobiante, Mau y sus pandilleros seguramente harán oídos
sordos a la multitudinaria marcha ocurrida ayer en reclamo de la sanción de la Ley de
Emergencia Social. Trabajadores de prácticamente todas las ramas sindicalizados en la
CGT gorda, y trabajadores informales, agricultores familiares, recicladores urbanos,
cooperativistas y changueros, organizados en movimientos sociales, juntaron fuerzas ayer y
desbordaron Plaza Congreso y sus alrededores para exigir la sanción de la ley de
Emergencia Social y el cese de los despidos. El fantasma de un fin de año conflictivo, con
veto presidencial incluido, caracterizó la convocatoria. “Venimos a decirle al Gobierno que
deje a un lado los justificativos, la excusa de la pesada herencia, y que la termine con los
despidos. Queremos trabajo digno y salario justo para los trabajadores informales, porque el
ajuste está tocando las puertas de nuestras familias”, sintetizó el reclamo Juan Carlos
Schmid, uno de los tres jefes de la CGT unificada. “Se terminó el tiempo de espera,
queremos respuestas ya”, dejó como advertencia otro de los miembros de la central obrera,
Carlos Acuña. Justo lo que muchos trabajadores le deben estar diciendo al Triunvirato, tan
cipayo como el de 1811.

El panorama para los bolsillos de los trabajadores, de cara al futuro próximo, es aterrador.
Este mes aumentaron 15 por ciento los taxis en la Ciudad de Buenos Aires; los subtes, 67
por ciento; el estacionamiento medido, 100 por ciento, y a nivel nacional, las tarifas de
Movistar se elevaron entre 4 y 11 por ciento, siguiendo a la corrección de Personal del mes
pasado, del 15 al 21; Massalín incrementó los precios de los cigarrillos 5 por ciento, y los
alimentos se encarecieron 0,93 por ciento en la primera quincena, de acuerdo al
relevamiento de Consumidores Libres. La suba en la tarifa del gas de principios de octubre
todavía tendrá incidencia en noviembre (6 días), a lo que se agregan los impactos asociados
a ese ajuste sobre la producción de bienes y costos empresarios. Para diciembre lo que se
espera es aún peor. Es uno de los meses más inflacionarios del año por razones
estacionales. Aumenta la demanda por el pago de aguinaldos, por las fiestas de fin de año y
por quienes empiezan sus vacaciones. El precio de la carne suele pegar un salto en
diciembre, lo cual tiene una importante repercusión en el rubro alimentos. “La canasta
navideña, según Consumidores Libres, viene hasta ahora con una suba del 28,4 por ciento
que se aceleraría llegando la Navidad. También se encarecen la indumentaria y los
juguetes, en un contexto general donde se observan más remarcaciones por la tonificación
del consumo, que, si bien se encuentra por el piso, el mes que viene será superior al
promedio del segundo semestre. Empleados estatales, jubilados, titulares de asignaciones y
trabajadores formales recibirán además un bono de fin de año, que, si bien será módico,
ayudará en algo a elevar el nivel de compras. El piso de la inflación de diciembre estará en
2 por ciento, y dependerá de cómo se mueva el consumo, podría acercarse al 3. Otro factor
que podría empujar hacia arriba es el cambiario, en caso de que la suba de 60 centavos del
dólar que se produjo tras el triunfo de Donald Trump no retroceda en los próximos días”,
señala David Cufré en Página/12 de hoy. Ya en 2017 las cosas no pintan mejor. En enero,
el arrastre del turismo, implica que se cuente con un piso alto de inflación. En los últimos
seis años estuvo siempre por arriba del 2 por ciento, aunque con la recesión en avanzada los
aumentos algo pueden ceder. Febrero nos espera con el aumento de las tarifas eléctricas,
cuyos valores finales comenzarán a debatirse en las paródicas audiencias públicas los
próximos días. Marzo es un mes complicado porque es el mes en que se reactiva el
consumo estacional luego de las vacaciones, con el reinicio de las actividades escolares
incluido. Al igual que en enero, la inflación nunca bajó del 2 %. Para abril se espera otro
tarifazo criminal de gas, por lo que el indicie inflacionario continuará espiral arriba con un
piso similar a los meses precedentes. El resto del año puede ser mucho peor. Todo
dependerá también de cómo nos repliquen los avatares internacionales. Habrá que ver cómo
se acomoda el mundo con el malo de Donald en la presidencia de EE.UU., cómo le va a
nuestro ajustado socio Brasil con su gobierno (de) Temer, y qué pasa con la famosa lluvia
de inversiones, más peligrosas que aliviantes del cúmulo de calamidades que venimos
padeciendo. Todas son especulaciones para ser conscientes que el futuro inmediato está
exigiendo otra respuesta, otra presencia, otra actitud de los sectores damnificados por las
políticas neoliberales. Su capacidad de reacción hace también impredecible lo que nos
espera en el escenario general los próximos meses. Pero no hay duda que serán álgidos y
aciagos.

Hebe de Bonafini le escribió una carta pública al Papa Francisco. En ella relata que lo hace
porque la situación social “está mucho peor” desde el encuentro que mantuvieron ambos el
pasado 27 de mayo en el Vaticano. En la carta abierta a Jorge Bergoglio, la titular de
Madres de Plaza de Mayo sostiene que “la violencia institucional crece en los barrios
pobres, sobre todo”. Dice también que “el pueblo tiene miedo, la mentira es moneda
corriente todo el día, todos los días, en todos los que gobiernan”. “El hambre crece, con
hombres y mujeres con sus niños durmiendo en las plazas y las veredas”, afirma el texto de
Bonafini. “Perdoname por esta carta, pero sé que tus palabras tienen una gran recepción en
el pueblo: las necesitamos. Las Madres hacemos más de lo que podemos y los jóvenes
también: reuniones y discusiones para ejercer mejor la solidaridad, entregando, como antes,
lo mejor que tenemos, pero nunca alcanza porque el hambre no espera y la bronca crece”,
escribió Bonafini, quien recordó la reunión que tuvieron a fines de mayo en el Vaticano.
“¿Te acordás lo que hablamos, de no permitir más merenderos y comedores para que
nuestros niños coman con sus padres, para que no tengan que sentir vergüenza por un plato
de sopa? Ayudanos con tus palabras”, le pidió la titular de Madres de Plaza de Mayo y
finalizó el texto: “Disculpá por pedirte tanto, pero no me queda otra, la política sola no
alcanza. Un abrazo”. Bergoglio leerá este texto unos días después de haber recibido muy
cordialmente a la creadora de fundaciones apócrifas para el lavado de dinero y rejuntado de
dinero sucio de la política, Gabriela Michetti, quien a la salida del encuentro salió
“conmovida “y “reconfortada” por las palabras de quien calificó como “su pastor”. Las
intenciones de Hebe son nobles y la angustia, muchas veces, precipita decisiones
equivocadas. El Papa es, fue y será Bergoglio. Es, fue y será el Sumo Pontífice de la
institución Iglesia Católica. No se pueden esperar gestos que no sean ambiguos, actitudes
que sean inequívocas y acciones que sean directas y en territorio, de quien lidia con su
conciencia por su pasado y está al frente de una organización que puede dar unos muy
lindos discursos genéricos, pero que jamás asumirá una representatividad para la que ni él
en particular ni el Vaticano en general están predispuestos ni capacitados.

El gobierno más corrupto de la historia, en “Democracia”, sigue sumando méritos para que
nadie lo desaloje de ese lugar ignominioso en el que habita con total soltura e impunidad.
Para poder financiar sus astronómicos agujeros fiscales, que tiende a profundizar, sigue
recurriendo a la venta ilegítima del patrimonio público. Esta vez, habilitó por decreto de
necedad e indecencia –amparado en una ley de la dictadura- la enajenación de casi 92 mil
m2 de terrenos ferroviarios en el barrio de Retiro. Serán destinados a construir un complejo
de oficinas y viviendas de alto nivel. El predio en cuestión es conocido como Empalme
Norte y está ubicado entre las avenidas Antártida y Madero, y Cecilia Grierson y las plazas
de Retiro. En la jerga inmobiliaria lo denominaron como el Catalinas Norte II, ya que lo
identifican como la continuación del predio Catalinas Norte que fue subastado en 2009 por
el gobierno porteño. En aquel entonces, los otros tres terrenos fueron vendidos por unos
100 millones de dólares a las empresas Consultatio –de Eduardo Costantini-, IRSA y la
constructora de Nicolás “Nicky” Caputo, con el argumento de que el dinero se utilizaría
para obras de infraestructura escolar que nunca se ejecutaron por completo. Ahora el
Ejecutivo nacional habilitó la venta de este predio con el objetivo, según el decreto
1173/2016, de financiar una parte de la construcción del Paseo del Bajo, el nuevo nombre
que le asignaron a la Autopista Ribereña. Por la venta de los terrenos de Empalme Norte se
calcula que ingresarían unos 150 millones de dólares. De esta manera, la Ciudad
completaría el financiamiento de una obra calculada en 500 millones de dólares, de los
cuales 360 aportará un crédito de la Corporación Andina de Fomento. El proyecto Catalinas
Norte II circulaba desde hace un tiempo como parte indivisible de la anunciada
urbanización de la Villa 31 y el desvío de la traza de la Autopista Illia. El Paseo del Bajo
conectará justamente a la Illia con la Autopista Buenos Aires La Plata y bordeará el sector
que ahora se convertirá en una suerte de “isla” inmobiliaria de lujo en pleno centro de la
Ciudad. Desde que asumió la presidencia de la Nación, el presidente offshore (20) firmó
tres decretos (952, 1064 y 1173) en los que dispuso la venta de 53 inmuebles en distintos
puntos del país y en el exterior. En todos los casos, el Ejecutivo autorizó a la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE) a enajenar las propiedades por considerarlas
“innecesarias para la gestión”. Los decretos están amparados en el decreto-ley 22.423 de la
dictadura, que delegaba en el Ejecutivo la potestad de disponer de los inmuebles públicos
sin control del Congreso, por entonces cerrado por el gobierno de facto. Una vez vendidas
las tierras a los desarrolladores inmobiliarios, la Legislatura porteña deberá tratar la
rezonificación de los predios para habilitar las nuevas torres. Para aprobar los cambios de
normativa, el PRO deberá reunir 40 votos de 60, realizar una Audiencia Pública, y volver a
votar el proyecto; por lo tanto, deberá contar nuevamente con el apoyo del opoficialismo, al
que ya le queda corto este mote para reflejar su complicidad con la corrupción estructural
que la Alianza Cambiemos vino a consolidar en clave neoliberal en todo el territorio
nacional.

La decisión de vender tierras públicas es una constante del macrismo. Desde que asumió la
presidencia de la Nación, el hombre del corazón artificial firmó tres decretos (952, 1064 y
1173) en los que dispuso la venta de 53 inmuebles en distintos puntos del país y en el
exterior. En todos los casos, el Ejecutivo autorizó a la Agencia de Administración de
Bienes del Estado (AABE) a enajenar las propiedades por considerarlas “innecesarias para
la gestión”. Los decretos están amparados en el decreto-ley 22.423 de la dictadura, que
delegaba en el Ejecutivo la potestad de disponer de los inmuebles públicos sin control del
Congreso, por entonces cerrado por el gobierno de facto. Según Baldiviezo, se trata de una
ilegalidad. “Se reflota un decreto para vender discrecionalmente patrimonio público que se
contradice con la reforma constitucional de 1994, es alarmante que el Congreso no
reaccione”, apuntó. Durante la jefatura del Gobierno porteño, el presidente blindado
recurrió en varias ocasiones a la venta de inmuebles estatales. Según un informe del
Observatorio del Derecho a la Ciudad, entre concesiones y ventas, el PRO cedió al mercado
más de 200 hectáreas en una Ciudad que padece una crisis habitacional que afecta a más de
medio millón de personas. En 2012, la Legislatura aprobó la venta de 23 inmuebles
considerados “innecesarios para la gestión”, cuyo dinero sería utilizado para poner en valor
el Teatro San Martín, entre otras cuestiones. Las obras en el San Martín fueron el eje de
varias disputas, ya que llevan un retraso importante, con salas cerradas desde enero y con
fecha de reapertura difusa. Un año después, en noviembre de 2013, la Legislatura volvió a
tratar un proyecto enviado por el falso pasajero de colectivos, que proponía la venta de 40
inmuebles, también considerados innecesarios. El dinero sería destinado en partes iguales
para los ministerios de Educación y de Salud, “a efectos de garantizar el desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura educativa y sanitaria respectivamente”. Sin embargo,
los problemas en ambas áreas continuaron e incluso se profundizaron. En materia
educativa, varias escuelas denunciaron problemas graves de infraestructura. Además, la
Ciudad atraviesa una crisis por falta de vacantes irresuelta. De hecho, el ministerio
reconoció que este año más de 11 mil chicos se quedaron sin lugar en la escuela pública.
No menos grave es la situación en Salud, donde los médicos se mantienen en estado de
alerta y movilización por falta de personal, insumos y problemas edilicios. En 2015, por
ejemplo, la Ciudad atravesó un conflicto de dimensiones al asegurar que no tenía el dinero
pautado para el financiamiento del Hospital Garrahan. A pesar de estos antecedentes, esta
banda de facinerosos, camuflados en una fuerza política, ganaron las elecciones
presidenciales por el 70 % de los votos el año pasado.

20/11/16: El gobierno más corrupto de la historia, en Democracia, está dispuesto a seguir

traspasando todos los límites éticos y morales con los que cuenta cualquier ciudadano
medio para no convertirse, además de un delincuente, en un perverso sin remedio. Ya no les
basta una generación de pobres para disciplinar trabajadores, ni propiciar despidos para
rebajar salarios, ni transferir recursos a los ricos para acentuar la desigualdad. Hecho todo
ello, ahora la “necesidad” los obliga a volver a combinar la estafa proselitista y el
asistencialismo berreta con el negociado oportunista. Si se consideran los ingresos de las
familias argentinas, casi un tercio de los hogares necesitaría destinar más de un 9 por ciento
del ingreso total de la familia en el mes a una sola cena de fin de año o navidad, mientras
que para las familias perceptoras de la Asignación Universal por Hijo, esa proporción
asciende al 25 por ciento. La provincia de Buenos Aires se propone entregar 150.000 cajas
navideñas, que cubrirían menos del 5 por ciento de los hogares y no alcanzarían a la
totalidad de los hogares indigentes. La entrega se realizaría a través de organizaciones
sociales, con las que el Hada desangelada espera mejorar sus perspectivas electorales. El
informe de CEPA e IndEP pone en duda el costo que la gobernación declara. La Resolución
2877/16 establece las bases para la contratación de las cajas navideñas cuyo costo es de 245
pesos. Contienen un pan dulce con frutas de medio kilo, dos turrones de 120 gramos, dos
budines de 200 gramos, una lata de ensalada de frutas de 425 gramos y una garrapiñada. La
erogación prevista es de 36,75 millones de pesos, pero la resolución contempla sin
explicaciones “la posibilidad de incrementar o reducir hasta en un cien por ciento (100 por
ciento) del valor total adjudicado”. Los investigadores consideran ese precio excesivo y lo
cotejaron con los valores de compra mayoristas informados por el Centro de Almaceneros
de Rosario, que estimó un total de 97,75 pesos por caja, con lo cual la provincia de Buenos
Aires estaría pagando un sobreprecio de 150 pesos por cada una o por el mismo precio
podría entregar un 150 por ciento más de mercadería, alcanzando a 225.000 familias
bonaerenses adicionales. La maniobra no llega al nivel de perversión de Gabriela Michetti,
con su creación de fundaciones apócrifas para supuestamente atender a los desamparados
que generan sus políticas económicas, pero que en realidad son pantallas para recaudar y
hacer circular dinero sucio para financiar sus mugrientas campañas políticas, pero van en el
mismo sentido: generar pobres a los que se los seguirá engañando, mientras se lo “asiste“
insuficientemente y se hacen negocios complementarios a la confiscación perpetrada.

Una de las tantas sangrías que sufrió el kirchnerismo, que con el tiempo se comprobó
(como sucedió con casi todas las ocurridas durante y después de sus gobiernos) que
operaron más como una desintoxicación del movimiento más que como una pérdida
sensible para su fuerza política, fue Graciela Ocaña. La otrora ladera de la lumpen política
Elisa Carrió, cadeta eficientista del Grupo Clarín y ahora simpatizante macrista, va por su
premio mayor a tanto favor realizado: la Defensoría del pueblo. Mario Borini, el médico
que como titular de la auditoría prestacional del PAMI la acompañó en 2004 y 2005,
recordó que durante esos años fueron dados de baja 32 establecimientos con internación, se
rechazó el ingreso al PAMI de otros 30 efectores de diálisis, y las multas que se aplicaban
por incumplimiento o deficiencia de las prestaciones pasaron de 400 a dos millones de
pesos mensuales, un aumento del 5.000 por ciento. Esa fue la base del marketing personal
de la contadora Ocaña que sobrevivió incluso a su gestión posterior como ministra de Salud
y a su pintoresca alianza con Francisco De Narváez. Pero en 2005, Ocaña cesanteó a Borini
y presentó tres denuncias penales en su contra, que también afectaron a una docena de sus
auditores. Los auditores no pasaron de la indagatoria porque las causas, por presunta
incompatibilidad entre su posición como número 3 del PAMI y la docencia universitaria,
por superposición horaria con la docencia y por autorizar auditorías en el interior del país,
no se sostenían, dice Borini. Fueron impulsadas por el fiscal Carlos Stornelli y se
extendieron durante nueve años, hasta que el juez Jorge Ballestero lo absolvió porque “no
se ha logrado conmover ni un ápice el estado de inocencia” de Borini. Pero luego de su
apartamiento durante los dos años restantes de la gestión de Ocaña no hubo más
exclusiones de prestadores y cayeron a la insignificancia las penalidades. “Sin control,
PAMI se convirtió en una zona liberada para el desmanejo de fondos y de riesgos para la
salud de los afiliados”, concluye el ex auditor. Ocaña es uno de los tantos ejemplos para
confirmar que hay ser muy cuidadosos a la hora de los llamados a la “unidad” y la
“apertura” frentista para ganar elecciones; porque siempre se cuelan los oportunistas que no
sólo sacan rédito ominoso para provecho propio, sino que también procuran asegurarlo a las
corporaciones mientras juran que hay que combatirlas.

Las próximas elecciones legislativas se le van a complicar más de la cuenta a la Alianza

neoliberal Cambiemos. Sin ningún logro que mostrar y con la estrategia de seguir culpando
a la administración anterior mientras se la persigue judicialmente y se la expone
mediáticamente para que sea aquélla y no esta gestión infame la plebiscitada en las urnas,
encima se le está empantanando la imposición del “voto electrónico”, mecanismo por el
cual procurará estafar electoralmente a la ciudadanía agotados los slogans berretas de
Durán Barba, los timbreos guionados, las publicidades engañosas, y los retiros espirituales
para arengar a la tropa propia, que igual continúan haciendo. Lejos de avanzar, las últimas
audiencias del Senado, en las que distintos grupos de especialistas en informática
demostraron en vivo las vulnerabilidades del voto electrónico, con o sin chip RFID,
generaron un impacto negativo entre los integrantes del bloque mayoritario del Frente para
la Victoria-PJ. En ese contexto, el jefe de ese bloque, el xenófobo Miguel Pichotto,
convocó a una reunión con los gobernadores peronistas para el jueves próximo, por lo que
volvería a dilatarse la firma del dictamen y su eventual aprobación en la Cámara alta. Aún
con viento a favor, la norma podría llegar al recinto en la última sesión del año, el
miércoles 30, cuando recién volvería a la Cámara baja, ya en sesiones extraordinarias.
Todos los técnicos, especialistas en seguridad informática, ingenieros en software y
profesores de computación de las universidades más importantes de todo el país se
expresaron unánimemente en contra de la aplicación de tecnología en el proceso electoral.
Las demostraciones del último jueves incluyeron la interacción en vivo de varios de los
senadores presentes (que eran muy pocos), que actuaron de votantes, fiscales partidarios o
autoridades de mesa. Allí quedó en evidencia que los sistemas informáticos pueden ser
vulnerados, ya sea para modificar la decisión del votante como para revelar el secreto del
voto. Con esa evidencia hasta algunos senadores que estaban a favor de la impresión
electrónica de la boleta, pero con conteo manual se quedaron preocupados y se inclinarían
por recurrir a un sistema de boleta única en papel. Las definiciones más concretas llegarán
el jueves de esta semana cuando se realice la cumbre entre los gobernadores peronistas y
los senadores del FpV-PJ. Descuentan que el gobierno ni nacional ni popular incrementará
la presión en los próximos días, ya que la foto que había logrado el presidente offshore (20)
el martes junto a 7 gobernadores y un vice no le significó grandes avances. Cómo será la
patraña que hasta el opoficialismo está espantado con la iniciativa estafadora. Uno tiende a
creer que son corruptos e inmorales, pero no tan estúpidos como para minar sus propias
posibilidades electoralistas y propiciar un fraude del que sean ellos mismos víctimas.

La corrupción estructural sigue consolidándose a la vista de todo el mundo, aunque pocos

se enteren debido al cerco mediático que protege a la banda neoliberal instalada en el seno
del Poder Ejecutivo no Nacional. Las pymes languidecen y los créditos hipotecarios
escasean porque el Banco Provincia tiene otras prioridades. Hace dos semanas, aprobó la
renovación de créditos para empresas vinculadas al entorno presidencial. Entre ellas, Yesca,
la constructora de Ángelo Garcaterra, primo del offshore (20), la firma Caputo, de Nicolás
Caputo, el cardenal amigo del hombre del corazón artificial, y Cheek, la empresa de
indumentaria para niños que preside Daniel Awada, cuñado del falso pasajero de
colectivos. También se aprobó una ampliación del descubierto del Jockey Club y un crédito
para el exclusivo Colegio San Lucas del country Nordelta, entre cuyos dueños figuran
familiares del jefe de asesores presidenciales, José Torello. El subgerente general de
Comercialización y Créditos de Banco Provincia, Juan Lasala, señaló que las firmas
beneficiadas “están vinculadas al banco desde hace años y que han recibido financiamiento
de acuerdo con las líneas de crédito que la institución tiene vigentes”. En todos los casos,
los créditos tienen tasas subsidiadas. Según publicó Diario Perfil, el monto principal de los
beneficios a las empresas vinculadas con el macrismo va dirigido a la constructora Iecsa, de
Garcaterra, a la cual se le concede “un margen rotativo por hasta la suma de $ 100 millones
en carácter de renovación, para ser utilizados en préstamos de interés vencido”. A Cheek
Sociedad Anónima se le subió el margen de operaciones directas de 20 millones de pesos a
30. En tanto, a Caputo Sociedad Anónima, se le renovaron márgenes de operaciones
directas, descubierto de cuentas corrientes y se le subió el margen del préstamo amortizable
de 8 millones a 10 millones. Es una forma de financiarle los propios intereses de créditos
anteriores. Otros de los beneficiarios es el Jockey Club, al cual se le otorgó “un descubierto
en cuenta corriente por $ 4 millones”. El Jockey Club recibe subsidios del gobierno de la
Provincia desde 2001. El margen de descubierto que se le otorgó fue para cubrir el
desfasaje entre el subsidio y los pagos de sueldos a los empleados. Los beneficios a estas
firmas fueron aprobados por unanimidad por los directores del banco. Los sectores
gremiales del Banco Provincia y la oposición de la Legislatura bonaerense, debatirá el
martes si avanzan con una citación de su directorio, encabezado por Juan Curuchet. ¿La
oposición?, bien gracias.
21/11/16: ¿Por qué extraña causa a la opinión pública la escandaliza tanto el aumento
ilegítimo que se dieron diputados y senadores a sus dietas, y no los márgenes de
rentabilidad extraordinaria de los supermercados y demás corporaciones que controlan
cautivamente los mercados de manera descarada? El estado terminal al que va la Economía
argentina no es por el resultado de una catástrofe natural, ni por el efecto de factores
externos causados por los vaivenes de los mercados internacionales. Se debe,
principalmente, por una política deliberada de un Estado que decidió transferir ingresos a
los sectores más concentrados, en detrimento del resto de la población de a pie, a la vez que
desmontó los insuficientes pero variados controles que existían para evitar los abusos
permanentes que hacen, desde su posición dominante, el capital concentrado, el sector
financiero y la banca extranjera. La inflación que padece el pueblo argentino, producto de
estas políticas confiscatorias, provoca maniobras desesperadas de los CEOs y evasores con
cuentas offshore para controlar la presión sobre el dólar y algunas variables para evitar que
se sigan disparando los precios de manera estratosférica. Para ello apelan a más deuda
pública y a tasas exorbitantes a través de letras del Banco Central, que son una bomba de
tiempo para el futuro cercano de la Economía, cuando en realidad todo sería mucho más
sencillo si se aplicaran límites y controles a lo que hoy aparece, de ex profeso, totalmente
desregulado y al arbitrio autoritario de las grandes empresas formadoras de precios.
Volviendo al principio, ¿Por qué a tan pocos indigna que la ganancia bruta de los
hipermercados, en unos meses, pasará del 45 al 98 %? ¿Qué motiva a resignarse a la
población a aceptar, aun enojosamente, que estos sectores tengan márgenes de ganancias en
alimentos que van del 80 al 300 %, sin haber producido nada en la cadena de valor que
termina fijando el precio del producto? ¿Sabe la ciudadanía con cuánto se queda el
productor, que la Alianza Cambiemos prometió venir a “resucitar” del supuesto agobio que
sufría con el gobierno anterior? ¿Está al tanto la “gente” que estos márgenes de ganancia no
existen en ningún país desarrollado, donde, además, son pasibles de controles y multas para
evitar que saqueen más de la cuenta los bolsillos de los trabajadores? ¿Cuándo habrá una
reacción masiva y movilizada protestando contra estas rentas exorbitantes que facilita un
gobierno que, mientras tanto, aprovecha para sacar rédito personal a través de sus más
conspicuos funcionarios? Lo cierto es que la corrupción estructural cuesta ponerla a la
vista: está en las bases, oculta y camuflada en los cimientos de un sistema que, encima,
cuenta con los medios hegemónicos para correr de eje todas las discusiones pertinentes para
hacerlas visibles. Haciendo negocios con los alimentos, con el hambre de las mayorías, con
las privaciones más elementales de la subsistencia diaria, el modelo excluyente y
expoliador del neoliberalismo muestra su peor cara; oculta en sus infaustas alegrías
impostadas, en sus apócrifas promesas siempre lejanas, en sus publicidades engañosas y en
sus lamentos sobreactuados, con lágrimas de utilería incluidas, para hacer creer que el
doloroso presente que nos regalan los atormenta y les preocupa.

A la crisis auto infringida hay sacarle todos los réditos posibles. Así lo piensa el presidente
offshore (20), quien acusa a los derechos laborales de ser causa determinante para que las
inversiones no lleguen, los empresarios no den empleo, o cierren sus fábricas para
reinstalarse en lugares más acogedores, como los que habitan trabajadores sin cobertura
sindical y ganando “lo mínimo posible”, como alguna vez declaró descaradamente el falso
pasajero de colectivos. Es por ello que comenzó a abonar el terreno para hacer que el
sentido común habilite sus ideas anti obreras y confiscatorias y sean aceptadas, aun a
regañadientes. Hoy, el hombre del corazón artificial aprovechó un acto de lanzamiento de
un programa de capacitación en marketing digital para poner en la mira a los sindicatos y a
los convenios colectivos de trabajo. Lo hizo justo dos días antes de que se retome con los
gremios la discusión de un bono para el sector privado y en la antesala del debate por el
Impuesto a las Ganancias. "Necesitamos que los gremios también se renueven, que tengan
la capacidad de poder pensarse, y tal vez, hay que pensar si los mismos dirigentes que han
conducido gremios en los últimos 20 o 30 años se están dando cuenta de esa necesidad",
lanzó el presidente blindado; quien también instó a "analizar y discutir todos los convenios
laborales" para "generar empleo". “Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir aplicando
convenios del siglo XX", fundamentó su discurso flexibilizador y abundó: “Al aferrarnos a
esos convenios lo que hacemos es debilitar los puestos de trabajo que tenemos". El planteo
de "achicar costos laborales" está en boca del mal imitador de Freddie Mercuri y del grupo
de CEOs que lo secunda desde que asumieron hace más de un año. Tanto en su discurso por
el Día del Trabajador en el sindicato de gastronómicos como en el que dio en Tucumán en
el acto por el Bicentenario de la Independencia, Macri apuntó contra los gremios y criticó
"el ausentismo, las licencias, las jornadas horarias reducidas”. En tanto, el ministro en
rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, advirtió en enero, en plena negociación de las
paritarias, que cada sindicato debía analizar “hasta qué punto puede arriesgar empleos a
cambio de salarios”. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, fue más lejos en agosto
y lo expresó con todas las letras: “Tenemos que bajar el costo del empleo”, sostuvo ante
empresarios invitados al Council of Americas. También, en ese mismo sentido, se había
manifestado el ministro de Desempleo, Jorge Triaca, al afirmar que “los salarios en
Argentina no son competitivos con el resto de Latinoamérica”. Esta es la manera que
encuentra el Hood Robin argentino no Nacional para paliar la angustia que lo carcome por
el sufrimiento que padecen las grandes mayorías por sus nefastas políticas públicas:
eliminando derechos, flexibilizando convenios colectivos, reduciendo al trabajador a una
unidad solitaria e indefensa a la hora de discutir su salario y sus condiciones de trabajo, e
intentando volver al paraíso perdido, en ese entonces no offshore, de principios del siglo
XX; con una Argentina “granero del mundo”, sin industria, sin derechos cívicos ni
laborales, sin gremios representando trabajadores, y con una elite concentrada en las
grandes urbes despilfarrando sus riquezas mal habidas sin límites ni controles.

El presidente blindado quiere darles su sello personal a las políticas públicas de su

gobierno. Ante la falta de inversiones, que no llegan tal cual fueron anunciadas una y otra
vez, la gerencia que regentea el Estado ya no Nacional firmó un memorando de
entendimiento con Qatar, a través del cual contemplan la posibilidad de crear una cuenta
offshore para que administre 1.300 millones de dólares. La Autoridad de Inversión de Qatar
(QIA, por sus siglas en inglés) aportará U$S 1.000 millones y el Fondo de Garantía de
Sustentabilidad (que depende de la ANSES) otros U$S 300 millones para fondear
inversiones por al menos tres años. De acuerdo al memorando firmado, que establece los
principios por los que se creará el fondo de inversión, contratarán un gerente a dedo que
administre el dinero y recomiende en qué proyectos realizar desembolsos. Para tal misión
barajan como posibilidad entregarle la administración del mismo a cuatro fondos buitre y
un empresario argentino con propiedades offshore: Ashmore, Blackrock, Blackstone, KKR
y Diego Nicolás Rosendi. A pesar que las offshores son ilegales en la Argentina, tal cual
fue establecido por la Inspección General de Justicia en 2005 y ratificado el mes pasado por
el fallo contra la sociedad Petroex Uruguay, ambos organismos buscarán el objetivo de
pagar las menores tasas impositivas posibles radicando la cuenta en un paraíso fiscal. Lejos
de todo control, “la plata de los jubilados” quedará al arbitrio de un gerente carroñero, de
un inversionista que sólo buscará réditos fáciles y rápidos, y de un gobierno que propicia un
entramado oscuro de negocios a través de una operatoria fuera de la ley.

22/11/16: Hace exactamente un año consumaba la estafa electoral más extraordinaria de la

historia argentina. Hace un año el presidente offshore (20) ganaba las elecciones
presidenciales en Argentina. Hasta hace 366 días pocos se preocupaban por la estabilidad
de su empleo, por sus derechos laborales, por su ideología política con temor a ser
perseguidos, por el valor de los servicios públicos, por el alza estratosférica del precio de
los alimentos, por su jubilación futura, y por la gratuidad de las universidades públicas.
Desde hace un año los sectores más vulnerables empezaron a sufrir la eliminación de
beneficios sociales, de programas de contención y asistencia y de cobertura médica gratuita
integral. Desde hace un año la clase media pena por irse de vacaciones, por poder pagar su
medicina prepaga, por acceder a una vivienda propia, y por tener que pagar impuestos de
los que estaba exenta. Desde hace un año toleramos chantajes parlamentarios, aprietes a ex
funcionarios y “carpetazos” a legisladores para que avalen las leyes aberrantes del
macrismo. Desde hace un año soportamos un presidente que miente en sus juramentos, que
posee cuentas offshore en paraísos fiscales, que falsea sus declaraciones juradas, y que
finge posturas públicas para engañar a la ciudadanía con mendaces campañas publicitarias.
Desde hace un año asistimos a un conjunto de decisiones que sólo benefician a las
corporaciones y a los sectores vinculados con la famiglia presidencial. Desde hace un año
existen presos políticos, opositores cercados por falsas denuncias, y amenazas judiciales
impulsadas desde los medios hegemónicos. Desde hace un año no se escuchan voces
disidentes al oficialismo en la prensa escrita, radial o televisiva masivamente. Desde hace
un año asistimos a la mentira hecha discurso público, a la difamación hecha política de
Estado, y al avasallamiento de la ley de manera recurrente y sistemática. Desde hace un año
peligra la libertad sindical, el derecho de protesta y la seguridad de no ser criminalizado si
alguien se moviliza exigiendo respuesta a sus reclamos. Desde hace un año las fuerzas
represivas han retomado centralidad e iniciativa para desfilar en actos oficiales, retomar sus
diatribas miserables reivindicando la dictadura, o poniendo en duda o discusión las políticas
de derechos humanos ejecutadas los últimos 10 años. Desde hace un año la política ha
vuelto a ser sinónimo de robo, mentira y desesperanza. Desde hace mucho menos que un
año la población está en condiciones de darse cuenta que el neoliberalismo se sacó su careta
republicana para mostrar su verdadero monstruoso rostro y su implacable acción
depredadora. Ahora está en ella empoderarse o seguir cediendo.

Mientras el presidente blindado embiste contra los convenios colectivos de trabajo porque
"ponen en peligro" las fuentes de trabajo, su gobierno ni nacional ni popular apela a una
burocracia creativa para generar cargos de alto rango en la administración pública y copar
de neoliberales propios todo el Estado ya no Nacional.  “Coordinadora de la Coordinación
de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las
Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la
Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del
Ministerio de Modernización”, es sólo un caso de los que se encuentran escudriñando en el
Boletín Oficial. “La grasa militante" como definió el ministro en rodillas de Hacienda
Alfonso Prat-Gay, a poco de asumir, a los trabajadores públicos para justificar sus despidos
masivos, se envuelven en la grandilocuente nomenclatura PRO. El gobierno de CEOs y
evasores con cuentas offshore lleva en lo que va del año una serie de nombramientos en
nuevos cargos burocráticos con sueldos brutos que van de los 33 mil a los 50 mil pesos, sin
contar los adicionales, y con nombres que resultan casi un trabalenguas. “Coordinadora de
la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de
Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de
Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo
Público del Ministerio de Modernización”, es uno de los nombres de algunas de las
dependencias que inventaron estos tecnócratas de baja estofa; los mismos que criticaban y
se mofaban de Ricardo Forster y su secretaría de Pensamiento Nacional por su nombre,
para ellos, extremadamente largo. El 17 de marzo, por ejemplo, fue un día activo de
nombramientos para el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Ese día designó
oficialmente a Patricio Gigli como Director Nacional de Comunidad y Capital Humano
dentro de la Subsecretaría de Emprendedores de la Secretaría de Emprendedores y de la
Pequeña y Mediana Empresa; a José Manuel Gómez Rearte como Director Nacional de
Foros Sectoriales en la Subsecretaría de Articulación Federal y Sectorial de la Secretaría de
la Transformación Productiva, y a Inés Butler como Directora Nacional de Competitividad
y Evaluación de la Subsecretaría de Políticas de Desarrollo de Productivo de la Secretaría
de la Transformación Productiva. Todos esos cargos son de Función Ejecutiva I, la más alta
en el Convenio Colectivo de los empleados públicos, con un sueldo bruto de 50.065,90
pesos más los adicionales. El Ministerio de Modernización y Despidos, a cargo de Andrés
I-barra, es otro de los que se destaca en la innovación de cargos con nombres tan largos que
no entrarían en un tuit. Pablo Vago, justamente, fue nombrado el 19 de abril como director
de la Dirección de Coordinación de la Red de Recursos Humanos dependiente de la
Dirección Nacional de Coordinación Interministerial de Recursos Humanos de la
Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil. El 19 de mayo,
I-barra designó a Constanza Desiata como Coordinadora de la Coordinación de Estadística,
Calidad y Minería de Datos de la Dirección de Gestión de la Información de la Dirección
Nacional de Gestión y Soporte de la Secretaría de Modernización Administrativa del
Ministerio de Modernización, mientras el 7 de julio nombró a Luis Carrillo como
Coordinador de la Coordinación de Aplicación de Políticas Transversales de Recursos
Humanos de la Dirección Nacional de Coordinación Interministerial de Recursos Humanos
de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil. Oscar
Aguad, ministro de Comunicaciones, nombró el 1° de agosto a Juan Araoz como
Coordinador de la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación y a Juan Galli como Coordinador de
Asuntos Regulatorios de la Dirección de Dictámenes y Asesoramiento Legal de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación. Así es como
los que vinieron a “jerarquizar” la carrera del empelado público la terminaron convirtiendo
en un comité neoliberal lleno de sobresueldos y retornos encubiertos. También llegaron
para ajustar el gasto público haciéndolo más “eficiente”, para en realidad sólo eliminar
derechos sociales, prestaciones universales y políticas asistencialistas; y en su lugar destinar
recursos para cargos inventados, funcionarios innecesarios y fundaciones apócrifas, que
lucran con las necesidades creadas por ellos mismos. Esta alianza neoliberal no vino a
“sincerar” ninguna realidad oculta ni ningún diagnóstico previo equivocado: vino a saquear
las arcas públicas, confiscar los derechos ciudadanos y consolidar una corrupción
estructural con base en las grandes corporaciones y en las empresas que pertenecen y
enriquecen a la famiglia presidencial.
El impuesto que el gobierno ni nacional ni popular, en campaña electoral, prometió
eliminar, ahora propone sea actualizado con un leve retoque el año que viene. El ministro
en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, envió esta tarde al Congreso su proyecto de
reforma al Impuesto a las Ganancias que contempla elevar apenas un 15 por ciento el
mínimo no imponible. Si se aprueba la iniciativa del Ejecutivo, los trabajadores solteros y
sin hijos que ganen desde 21.712 pesos netos por mes pagarán el impuesto, cuando antes el
piso era de 18.800 pesos. El proyecto también dispone una actualización de las escalas con
las que se calcula el monto que se les deducirá a los trabajadores. Los contribuyentes que
paguen el tributo por primera vez en 2017 serán alcanzados por el 2 por ciento de su
salario. Luego la escala tendrá una imposición mínima del 5 por ciento, contra el 9 por
ciento vigente desde 1999, y el tope se mantendrá en el 35 por ciento. Además, se elimina
la posibilidad de deducir cargas por cónyuges, padres y abuelos, mientras solo podrán
aplicarse deducciones por los hijos hasta que cumplan 18 años, y no hasta los 24 como
hasta ahora. El Frente Rejuntador criticó la iniciativa macrista y presentó un proyecto
propio, pero, tratándose del opoficialismo, cualquier negociación espuria puede esperarse y
con la mecánica de siempre: retocar un par de articulitos para después salir a decir que,
gracias a ellos, la reforma no fue “tan mala”.

23/11/16: La dictadura que gobierna la provincia de Jujuy no sabe cómo mantener presa a
Milagro Sala y, a la vez, hacer frente a las presiones nacionales e internacionales que
exigen su inmediata liberación. Como hacía el genocida J.R. Videla, en los tiempos del
terrorismo de Estado para desmentir la violación de los Derechos humanos que ocurría en
todo el territorio argentino, la gerencia neoliberal que regentea el Estado ya no Nacional
intenta reciclar aquella estrategia convocando a los organismos como la ONU a que visiten
Jujuy para demostrar que allí se respeta la ley y el debido proceso en juicio. Pero no son tan
rápidos ni eficaces para llevarlo a cabo sin que se note la aviesa maniobra. A tal punto que
el juzgado Contravencional 1 de Jujuy suspendió la audiencia del juicio oral y público
prevista para esta mañana contra la dirigente Milagro Sala por presunta ocupación del
espacio público y alteración del orden durante una acampe de la Red de Organizaciones
Sociales frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. La Tupac Amaru afirmó que esa decisión se
tomó “por orden” del gobernador Gerardo (in)Morales ante la “falta de pruebas” de los
delitos que se le imputan a Sala; lo que demuestra el manejo despótico e ilegal que impera
en todo el territorio norteño. La decisión de suspender la audiencia fue firmada ayer por el
tribunal, aunque sin detalles de los motivos por los cuales se dictó la postergación. Luego,
en breves declaraciones públicas, el juez José Matías Ustarez Carrillo sostuvo que la
medida se tomó “a partir de nuevas pruebas que necesitaba el juzgado”. Sala, detenida
desde el 16 de enero último, llega a juicio por presuntamente infringir del artículo 113 y 7
de la ley 5860, sobre espacio público y alteración del orden. La defensa de la dirigente
sostuvo que el trasfondo de esta causa es la “criminalización de la protesta social” y
aseguró que el tribunal notificó del inicio del proceso oral “hace más de un mes”. “Plantear
que necesitan más pruebas a horas de la realización del trámite da cuenta de la arbitrariedad
con la que se manejan”, acusó la organización social a través de un comunicado en el
que aseveró que “lo único que les interesa” a los jueces es “mantener el show mediático y
la persecución política". Si por manifestarse en la vía pública, en reclamo por los derechos
violados y perdidos, van a encarcelar a todo aquel que participe de las demandas populares,
a Mau y sus pandilleros no le van a alcanzar las cárceles para albergar a tanto preso político
ilegalmente detenido. Quizá sea la oportunidad para que se les abra otra vez la puerta a
Nicky Caputo y al primo Garcaterra para la construcción de más prisiones, y así, una vez
más, favorecer un negocio a la famiglia presidencial allí donde anida un conflicto social.

El gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore busca la manera adecuada para atacar
los derechos laborales de los trabajadores sin que se note que se trata de una flexibilización
laboral abyecta y tan abominable como la que parió el Parlamento bajo los efectos de la ley
Banelco en tiempos de Fernando De la Ruina. Ayer fue el presiente blindado y hoy su
ministro de Desempleo, Jorge Triaca, llamando a revisar los convenios colectivos de
trabajo. “Hay que hacer una actualización de los tiempos que corren. Un convenio firmado
hace 40 años no contempla los procesos productivos actuales ni el impacto de la
tecnología”, señaló el hijo del ex sindicalista y socio del Jockey Club. Pero todo aquel con
un mínimo de sensatez, información y buena fe sabe que detrás de estos eufemismos
berretas está una reforma integral que intenta desmontar toda la legislación que protege y
asegura los derechos de los trabajadores; tal cual la exigen sectores industriales y
financieros para mejorar la rentabilidad de sus compañías y disciplinar su mano de obra
precarizada. Los sectores sindicales salieron con los tapones de punta a contestarles, pero
sabemos, específicamente en los nucleados en la CGT gorda, que una cosa son los
discursos incendiarios que hacen para la tribuna y otra cosa las decisiones que toman. Si los
convenios laborales son antiguos y no dan respuesta a las problemáticas actuales,
terminemos con el capitalismo; que lleva 250 años generando hambre, guerras, atraso y
miserias en las grandes mayorías.

Las declaraciones públicas del hombre del corazón artificial y del grupo de gerentes de
corporaciones que integran su gobierno ni nacional ni popular, son reveladoras de la
incapacidad que portan para ejercer el cargo que detentan y que el nivel de cinismo que una
persona puede manifestar es siempre superable. Primero fue el ministro de la producción,
Francisco Cabrera, quien aseguró que para él es un “misterio” el momento en que puede
llegar a despegar la Economía del pozo ciego sin fondo en que la han hundido las políticas
públicas neoliberales. Luego fue el impresentable ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso
Prat-Gay, quien señaló ayer en la conferencia anual de la UIA en Parque Norte que “el
colapso hubiera sido demorarse en levantar el cepo cambiario, lo que hubiera generado una
mayor caída de las reservas del Banco Central y una detonación dramática del tipo de
cambio y nos hubiéramos parecido mucho a Venezuela. El gobierno de Mauricio Macri fue
el único en la historia que logró colocar deuda en pesos a tasa fija y plazos largos…
Estamos en un equilibrio fino entre evitar la crisis y sentar las bases de otra cosa.
Habitualmente el ciclo populista cerraba con un fuerte ciclo de ajuste. Eso es lo que
nosotros logramos contener y estamos logrando transitar. Si nosotros no hubiéramos
recuperado el acceso al crédito tendríamos que haber parado la obra pública, eso hubiera
sido un colapso, con una espiral recesiva inflacionaria”, señaló el funcionario master en
evasión agravada de impuestos, pese a que fue exactamente eso lo que terminó sucediendo:
se paralizó la obra pública, se desató una espiral recesiva e inflacionaria y la Economía va
rumbo al colapso inexorable. El cierre se lo dejamos al presidente offshore (20), verdadero
líder de este rejuntado de tecnócratas ortodoxos capaces de las peores atrocidades y de las
más sublimes mentiras a prueba de todo archivo. Entre las muchas necedades y
mendacidades vertidas en la conferencia industrial, dijo: “Leí hace muchos años que la
fortaleza de las personas radica en cuán capaces son de soportar la verdad. Nosotros
terminamos con el apagón estadístico del Indec y surgió la realidad: más del 32 por ciento
de los argentinos están en la pobreza”, planteó el mal imitador de Freddie Mercuri, sin
hacer referencia a la devaluación, los tarifazos, la eliminación de retenciones y los despidos
masivos ocurridos en pocos meses de su infausta gestión. En ese plan de “soportar la
verdad”, el personero de la mentira apeló de lleno a la lógica neoliberal del ajuste para
solucionar los desequilibrios fiscales y anticipó que “la discusión el año que viene pasa por
dónde recortar. Tenemos que estar equilibrados. Necesitamos estar todos convencidos de lo
que estamos haciendo. En este mundo el que no avanza desaparece y avanzar supone
invertir en capacitación y tecnología”, señaló al empresariado, sin esta vez derramar
lágrimas fingidas por la angustia que siente por los pobres. Va a tener que tener cuidado
con sus dichos y llamamientos a la reflexión el Hood Robin argentino no Nacional. No
vaya a ser que la población se termine por convencer de lo que están haciendo. Esperemos
que, fruto de ese convencimiento, le den la espalda a sus iniciativas, que van hacia la
desaparición del aparato productivo y de la destrucción del tejido social.

Cómo será el nivel de corrupción alcanzado por el gobierno ni nacional ni popular que
hasta la socia del presidente offshore (20), la lumpen política Elisa Carrió, denuncia a los
gerentes que integran sus ministerios. La líder de la Coalición Cívica volvió a disparar
contra el ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren. Esta vez no le apuntó
directamente a su titular sino a tres altos funcionarios bajo su mando: Luis Barile, director
de Gas Licuado de Petróleo; Pablo Popik, subsecretario de Refinación, y Luis Sureda,
secretario de Recursos Hidrocarburíferos. La diputada presentó una denuncia penal para
que se investigue si beneficiaron a importantes empresas del sector como Pan American
Energy, Panamerican Sur y Refinol, en las cuales trabajaron algunos de ellos hasta hace
poco tiempo. Como ocurre en otra causa con el ministro, que fue CEO de Shell hasta su
pase a la función pública y hasta septiembre mantuvo acciones en la compañía por 16
millones de pesos, los funcionarios son señalados por “negociaciones incompatibles con la
función pública”. La causa recayó en el juzgado de Claudio Malodío. ¿Hace falta comentar
el destino que puede tener esta denunciada presentada?

Los datos de la Economía ya no Nacional no pueden ser más escalofriantes. El empleo

formal de la construcción se ubicó en 374.957 trabajadores en septiembre, con un retroceso
de 12,4 por ciento respecto del mismo mes del año pasado. En lo que va del año, el
retroceso de la ocupación en el sector marcó una disminución del 11,1 por ciento en
relación con igual período del 2015. Así lo registró el informe del Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), entidad que depende de la cámara que
agrupa a las empresas constructoras. El documento detalló que el salario promedio de la
actividad fue de 12.163 pesos en septiembre, al subir 23,3 por ciento en términos
interanuales, cuando la inflación supera, según datos del centro estadístico de la Ciudad de
Buenos Aires, al 40 por ciento. Esto implica que los asalariados formales de la construcción
no sólo perdieron su fuente de trabajo el último año, sino que los que continúan bajaron su
capacidad de compra en 15 puntos porcentuales.  Un dato que alerta sobre la continuidad de
las tensiones para los próximos meses en el informe de Ieric es que las empresas
constructoras siguieron cerrando en octubre, cuando el número de firmas operando en el
sector bajó 2 por ciento respecto de las registradas en igual mes del año pasado. En el
último año se computaron 445 firmas que dejaron de funcionar en el mercado interno,
debido al parate de la actividad económica que no sólo afectó la construcción sino al resto
de las actividades productivas como la industria manufacturera y las economías
regionales. Ante este descalabro generalizado, la gerencia neoliberal que asaltó el Poder
Ejecutivo sigue rifando los dineros públicos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la
Anses vendió su participación del 12 por ciento en Petrobras Argentina y embolsó 156
millones de dólares. Lo hizo a partir de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada
por Pampa Energía para quedarse con las acciones de la petrolera. Es la primera venta de
acciones que hace el organismo tras la aprobación de la mal llamada Ley de Reparación
Histórica, que facilita la liquidación de los activos del fondo que debe garantizar la
estabilidad del sistema jubilatorio público y de reparto. Es un primer paso que, de
continuar, irá conduciendo a la reprivatización de la administración de las jubilaciones. En
la Anses prefirieron aceptar la OPA y hacerse del dinero en lugar de intercambiar las
acciones de Petrobras Argentina por más participación en Pampa, en donde ya tiene 18 por
ciento del paquete accionario y cuatro directores. Si hubiera intercambiado papeles, podría
haber subido su participación del 18 al 23 por ciento. Pero esta lógica no entra en las
cabecitas confiscatorias neoliberales, siempre proclives al despilfarro del erario público
para beneficio de las corporaciones y de sus inescrupulosos funcionarios, verdaderos
representantes del poder concentrado y de los intereses inconfesables de la famiglia
presidencial.

Qué mejor manera de reconciliarse con el magnate nuevo presidente norteamericano,

Donald Trump, que otorgándole un permiso ilegal para que construya en Buenos Aires una
torre que emule las que posee en su país. La apuesta del gobierno ni nacional ni popular por
una victoria de Hillary Clinton habría demorado los planes inversionistas de Trump. Ahora,
con la victoria del líder republicano, a la Ciudad no le queda mucho margen de maniobra
para eludir una respuesta a la constructora YY Development Group, que comandó también
otra edificación del presidente norteamericano en Punta del Este. Según trascendió, se
trataría de una torre premiun de oficinas de 35 pisos e inmuebles de hasta 800 metros
cuadrados. Y estaría ubicado a cuatro cuadras del Obelisco.  Es decir, si la información
brindada por YY Development es certera, la Trump Tower tendría aproximadamente 135
metros en una zona donde el límite es 35 metros.  Si bien en distintos ministerios de la
Ciudad dijeron desconocer el pedido de la constructora y explicaron que en todo caso será
la Legislatura la que viabilice el proyecto, otras fuentes del Gobierno aseguraron que el
expediente está en el Ejecutivo a la firma; y que el predio en cuestión es un terreno ubicado
en Bartolomé Mitre y Cerrito, donde funcionan dos estacionamientos: uno descubierto y
otro techado de tres pisos. Una importante fuente legislativa del PRO explicó que el
permiso “no deberá pasar por la Legislatura” porque la zonificación del terreno es “lo
suficientemente laxa como para que construya hasta un hotel”. También ratificó que el
Ejecutivo puede establecer una excepción en cuanto a la altura. Va a ser encantador tener
una torre de mármol y oro, como las que existen en EE.UU., para que el nuevo patrón
latinoamericano se sienta como en casa cuando venga a recorrer su patio trasero. Con este
nuevo emprendimiento, la Ciudad de Buenos Aires contará con su exclusivo monumento a
la corrupción.

24/11/16: El gobierno ni nacional ni popular empieza a hacer agua por todos lados. Con
una negociación en dos planos –en el Congreso y en los ministerios–, se vio obligado a
sellar un acuerdo con la oposición para evitar hoy una derrota del oficialismo en el recinto
de la Cámara de Diputados, que mostraría a Cambiemos bloqueando el tratamiento de la
Emergencia Social para los sectores sociales más vulnerables y la reforma del Impuesto a
las Ganancias reclamado desde las centrales obreras, impulsadas en el Parlamento por el
abroquelamiento del grueso del arco opositor. Los ministros del Interior, Rogelio Frigerio,
y el de rodillas en Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, fueron hasta la Cámara baja
para acordar en una reunión con la oposición el levantamiento de la sesión especial de hoy
(convocada por los bloques opositores) con el compromiso de incluir ambos temas en las
sesiones extraordinarias del Parlamento que se extenderán hasta el 30 de diciembre y cuyo
decreto presidencial se conoció por la noche. Ganancias y la Emergencia Social llegarán al
recinto de Diputados el 6 de diciembre para que el Senado pueda convertirlos en ley antes
de fin de año. Las organizaciones sociales convalidaron, en asambleas realizadas en
distintos municipios del conurbano bonaerense, lo que sus negociadores acordaron con la
ministra de Destrucción Social, Carolina Stanley: la suba de las remuneraciones de los
cooperativistas beneficiarios de los planes sociales de 3200 a 4000 mil pesos mensuales, un
medio aguinaldo o bono en diciembre de 2030 mil pesos, el adelantamiento del pago de los
planes de febrero en enero de 2017. Así como un millón de canastas navideñas, un aumento
del 40 por ciento de lo que el ministerio destina a comedores comunitarios y un 63 por
ciento para los merenderos. En lo que se mantuvo la negativa del Gobierno, respecto al
proyecto de Emergencia Social con media sanción del Senado, fue en el compromiso de
crear un millón de empleo a lo largo de un año. Stanley aceptó el grueso de la propuesta y
propuso algunas modificaciones. El borrador establece que se declarará la emergencia
social por tres años, cada uno de los cuales se destinará un aumento de 8 mil millones de
pesos anuales que servirían sumar gradualmente otros planes. Se creará el Consejo
(integrado por el Ejecutivo y las organizaciones sociales) para negociar un Salario Social
Complementario, y un registro nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Aunque
el borrador deja afuera el reclamo del 15 por ciento de aumento para las asignaciones
universales por hijo y por embarazo. A diferencia de la Emergencia Social, cuyo texto será
el del acordado entre el Ejecutivo y los movimientos sociales, Ganancias promete una
fuerte disputa que encontrará al grueso de las bancadas opositoras enfrentadas a la
propuesta oficialista. Desde el massismo, el kirchnerismo y peronismo disidente hay
intenciones de buscar acuerdos y tratar de unificar una propuesta común. Los une el
espanto a la “propuesta mezquina” del oficialismo. Todos los cálculos indican que el
proyecto oficial terminará por sumar al menos dos millones de trabajadores más que
pagarán el impuesto a partir del año próximo si prospera.  Los enunciados que Massa
presentó a la noche como propios, en realidad sumaban varias de las coincidencias que los
bloques opositores alcanzaron para avanzar en la convocatoria prevista originalmente para
hoy. Aunque cada uno de las bancadas opositoras tienen sus propias iniciativas. De todas
maneras, la mayoría de los opositores afirman que desechar la propuesta oficial terminará
por beneficiar al Gobierno impulsando el consumo, tras el fracaso del macrismo ante las
inversiones extranjeras, la recesión económica y la compleja situación social que generaron
sus propias políticas económicas. Desde el Gobierno de CEOs y evasores con cuentas
offshore resisten las propuestas de financiamiento opositor, que proponen que el costo
fiscal se cubra con gravar parte de la renta financiera y a la minería (a la que el Gobierno
les quitó las retenciones a las exportaciones), aunque acepta a regañadientes un gravamen al
juego. La movida oficialista de ayer buscó evitar que el Gobierno cargue con el costo
político de negarse a tratar proyectos que benefician a los sectores sociales más vulnerables
y las capas de trabajadores mejores remunerados. Lo cierto es que en unos días tendrá que
asumir la derrota que la oposición en el Congreso les infligirá a los lineamientos principales
de su política económica, que hasta ahora favoreció a los sectores más concentrados de la
economía. Todas estas pequeñas batallas ganadas no son para festejar a lo grande, pero
sirven de aliciente para tener bien claro que cuando hay voluntad política se puede impedir
que la pandilla que lidera el presidente offshore (20) continúe avasallando los derechos
colectivos de las mayorías y confiscando el patrimonio público.

Son opoficialistas, pero no comen vidrio. Los senadores del bloque del Partido Justicialista-
Frente para la Victoria decidieron no respaldar la reforma electoral impulsada por la
gerencia neoliberal que se apoderó del Estado ya no Nacional, que había sido incluida en el
temario de la convocatoria a Sesiones Extraordinarias; por lo que el macrismo sufrió un
nuevo cachetazo público a sus expectativas estafadoras. La decisión fue acordada con los
gobernadores peronistas tras una reunión en el Congreso. El rechazo de la mayoría de la
Cámara alta (la que representa el PJ-FpV) hace imposible que el proyecto sea tratado este
año, por lo cual la boleta única electrónica no podrá ser utilizada en las elecciones
legislativas de 2017 como pretendía el macrismo. Los legisladores y los gobernadores
peronistas acordaron que la prioridad es abordar “la crítica situación económica y social
que atraviesan las provincias”, mientras expresaron su respaldo a “incorporar de manera
gradual tecnología que facilite la competencia electoral” pero con “plena confiabilidad de
transparencia”. Durante la discusión del proyecto en las comisiones de Diputados, todos los
representantes de la comunidad de técnicos y expertos en seguridad informática
cuestionaron el sistema propuesto y advirtieron sobre la vulnerabilidad del chip que se
pretendía incluir en la boleta electrónica. Los especialistas advirtieron que se ponía en
riesgo el secreto del voto y se le abría la puerta al fraude porque eliminaba la posibilidad de
control de parte de los ciudadanos. Vale destacar que Mau y sus pandilleros no pudieron
arrimar al Parlamento un solo experto en informática que avale su tramposa iniciativa. El
único que fue a defender la implementación del “voto electrónico” fue… ¡el proveedor de
las posibles máquinas! El tiempo dirá si los opoficialistas tomaron conciencia, al menos,
del riesgo al que someten a sus propias candidaturas o si deciden incendiarse a lo bonzo,
aprobando una iniciativa impresentable por donde se la mire.

Las piruetas vergonzosas que hacen el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore,
empresarios y sindicalistas patronales nucleados en la CGT gorda para hacer creer a la
población que se están ocupando de la crisis laboral que ya nadie niega, movería a risa si no
fuera porque los involucrados son compatriotas sufrientes, que padecen las calamidades
neoliberales y la desidia y complicidad de sus supuestos representantes al mismo tiempo.
Al igual que en mayo, la pandilla neoliberal firmó con representantes de los cámaras
empresarias un compromiso de no realizar despidos hasta marzo de 2017, sin aclarar qué se
puede esperar luego de esos 90 días ni qué se realizará durante ese lapso para llegar a esa
fecha con alguna expectativa alentadora. Por el contrario: de nuevo se trata de un acuerdo
sin validez legal ni real obligación que, como el anterior, no contempla castigos en el caso
de que se produzcan cesantías. "Todos ponemos algo", señaló el ministro de Desempleo,
Jorge Triaca, sobre lo firmado, mientras el vicejefe de Gabinete, el enriquecido gracias al
dólar fututo Mario Quintana, reiteró la embestida del Gobierno contra los convenios
colectivos de trabajo y dijo que hay que "revisar si hay algunos elementos" que "impiden la
creación del empleo”. El, anunciado por el presidente blindado antes de la aprobación de la
ley antidespidos, que luego vetaría, especificaba que las empresas no echarían trabajadores
durante 90 días. Sin embargo, entre mayo y julio se mantuvo el promedio de cesantías
mensuales de los primeros meses del gobierno de Cambiemos. Según el Centro de
Economía Política Argentina (CEPA), durante la vigencia del compromiso anterior se
produjeron casi 24 mil despidos y suspensiones en el sector privado. Al 30 de septiembre se
contabilizaron 213.166 trabajadores echados. La nueva promesa de no realizar despidos se
firmó en una reunión del “Diálogo para la Producción y el Trabajo” entre el Gobierno, la
CGT y los empresarios. Sin embargo, parece, que la película seguirá siendo la misma. No
pasó un día de esta nueva puesta en escena que salió el titular de la UIA, Daniel Funes de
Rioja, a advertir que su entidad no" tiene "facultad para obligar" a los empresarios a no
despedir personal, pese al promocionado acuerdo. "La UIA no tiene estatutariamente
facultades para obligarlos" ni a evitar despidos ni a otras cosas", remarcó el empresario que
seguirá siendo siempre clase dominante pero nunca clase dirigente. Si la historia tiende a
repetirse como farsa, luego de haber sido tragedia, preparémonos para una nueva función
de amarga comedia neoliberal.

Va terminando 2016 y no florecen “brotes verdes”, como prometieron Mau y sus

pandilleros, sino las más variadas calamidades en el presente neoliberal que nos toca sufrir.
La actividad económica en su conjunto retrocedió durante septiembre el 3,7 por ciento en
relación al mismo mes de 2015, principalmente por la contracción de la producción
industrial y la baja en el consumo. El Estimador Mensual de la Actividad Económica
(Emae), difundido por el siempre sospechoso Indec, registró en el noveno mes del año una
merma del 0,8 por ciento en relación a agosto y acumuló una baja del 2,4 por ciento en lo
que va del año. Durante septiembre, en la comparación interanual, la industria registró un
retroceso del 7,3 por ciento, mientras que la Construcción se contrajo un 13 por ciento. En
tanto, la facturación en los supermercados aumentó 29 por ciento y en los grandes centros
de compra 24,5 por ciento en términos interanuales, pero por debajo de la suba registrada
en el nivel de inflación que alcanza el 40 por ciento. El único sector que presentó una
mejora, a partir de los beneficios otorgados por el gobierno nacional, fue el agrícola. El
Indec también registró en octubre un déficit de 114 millones de dólares en la balanza
comercial, lo que revirtió la ganancia de 101 millones de igual mes del año pasado. Las
exportaciones sumaron 4.715 millones de dólares, un 6,3 por ciento por debajo de igual
mes del año pasado, mientras que las importaciones bajaron 2,1 por ciento a 4.829
millones. Acorde con estos números son los que dan cuenta del déficit fiscal, que la
gerencia neoliberal venía a “reparar” primero y a “corregir” después. En octubre se registró
un rojo de 62.950 millones de pesos, una cifra tres veces superior respecto de la de igual
mes del año pasado, cuando había sido de 22.366 millones. La Economía se sumergió así
en un círculo vicioso de recesión con caída de la recaudación tributaria y, por tanto, de los
ingresos del sector público. La disminución de los recursos fiscales se explica por la
decisión del gobierno del hombre del corazón artificial de devolver impuestos a grupos
acomodados de la sociedad, destacándose la quita de las retenciones para el campo y la
minería, actividades que en los últimos meses subieron en forma notable la rentabilidad,
pero no generaron nuevos empleos.  Los hombres de negocio de la city se encuentran cada
vez más preocupados por la falta de pericia de “su” Gobierno para gestionar las cuentas
fiscales, que este año cerrarán con un desequilibrio superior a 5 por ciento del PIB y por
ello lo corren por derecha, pidiendo más salvajismo neoliberal. El descalabro también pudo
verificarse en el desequilibrio de las cuentas fiscales, luego de triplicarse el mes pasado, ya
que acumuló 285.917 millones entre enero y octubre, cuando había sido de 175.740
millones en igual período del año pasado. En los últimos 12 meses, el rojo ascendió a
353.438 millones, cifra equivalente a 5 puntos del PIB. Noviembre y diciembre suelen ser
meses de fuerte desequilibrio fiscal por los gastos estacionales como el aguinaldo. El
equipo económico apunta a continuar financiando estos desbarajustes generalizados con
más endeudamiento externo. O sea: seguirán rociando con nafta (de Shell) la hoguera de
calamidades que está incendiando las cuentas públicas.

El fascismo es la peor cara del capitalismo y el neoliberalismo su mejor máscara. Todo es

más claro y transparente cuando sin eufemismos, ni dobles discursos, ni con propagandas
engañosas, ni con campañas electorales mendaces y estafadoras, los personajes públicos se
muestran tal cual son; aunque ello resulte más peligroso y aterrador. Pero al menos uno está
más atento y despabilado sobre a qué tipo de enemigo se enfrenta. Ello sucede en EE.UU.,
luego de la victoria del Frankenstein neoliberal Donald Trump, donde siguen proliferando
todo tipo de muestras de agresión y persecución a extranjeros, negros, homosexuales y
demás sectores sociales expuestos como nunca al poder racista que asumirá la Casa más
Blanca que nunca en enero de 2017. Desde el triunfo del xenófobo magnate, el alt-right o
derecha alternativa, este espacio político no orgánico, nacido y criado al calor de las redes
sociales, que repudia tanto al progresismo liberal como al conservadurismo religioso
tradicional, pasó a los primeros planos, y obligó al presidente electo a tomar distancia
públicamente de uno de los grupos que más fuertemente lo apoyó durante la campaña.
Quiénes son exactamente estos nuevos abanderados de las consignas más reaccionarias y
cuál será su peso real en la política norteamericana en los próximos años es la pregunta que
hoy atraviesa a los hipócritas medios hegemónicos, desde los más liberales hasta los más
conservadores. Más una etiqueta que un movimiento político uniforme, el alt-right engloba
a un nuevo tipo de simpatizante de ultraderecha blanco, de clase media alta o alta, con
educación superior, agnóstico o ateo, más vinculado a los movimientos de ultraderecha
europeos que a la tradición supremacista americana. El término fue acuñado en 2008 por
Richard Spencer, director del think tank National Policy Institute, que lo definió como un
“paraguas amplio” que reúne a los simpatizantes de varias ideologías diferentes de extrema
derecha con factor común en el supremacismo racial blanco y la necesidad de preservar “la
identidad occidental” desde una perspectiva moderna y cientificista a diferencia de la
aproximación religiosa a esas ideas que practican grupos ultraconservadores más
tradicionales. No tienen tampoco una estructura política organizada, ni se trata de un
partido ni de una agrupación, sino que son una nebulosa de pequeños espacios e individuos
sueltos que se apropiaron de la etiqueta y la usan para reconocerse y darse a conocer. Más
aún: aunque existen think tanks y ONGs que hacen lobby para el alt-right ante el
establishment político que luego aborrecen, la mayoría de sus actividades tienen lugar en la
virtualidad de Internet y muchas veces enmascaradas en el anonimato que el medio
propicia. Aunque la naturaleza de este movimiento hace difícil evaluar sus opiniones y
acciones a menudo contradictorias, en los últimos días la distancia que tomó el flamante
gobierno con ellos fue recibida en los foros online donde intercambian opiniones como una
traición, agravada por las noticias o los rumores sobre el desembarco de figuras del
establishment conservador, al que los alt-right desprecian tanto o más que a los liberales en
el futuro gabinete. Trump los azuzó en su campaña y ahora están allí, pletóricos de alegría
por ganar posiciones en un esquema de poder que no plantea ningún cambio significativo
en el reparto de beneficios, ni en la estructura de ganadores y perdedores de su renovable
perverso sistema, sino un campo de disputas donde dirimir qué estilo prevalece. Los
neoliberales piensan, esencialmente y a grandes rasgos, lo mismo que estas bestias
desatadas. Su estrategia calculadora, su táctica engañosa y su búsqueda de legitimidad
institucional a través del voto y la fachada democrática, los obliga a trasvertirse y a una
praxis moderada, compatible con el gesto amable que portan sus caretas que destilan alegría
detrás de sus camuflados y siniestros rostros clasistas.

25/11/16: Los números del siempre sospechoso Indec son elocuentes sobre el estado
calamitoso en que se encuentra la Economía argentina. El nivel de actividad económica
cayó 3,7 por ciento en septiembre respecto del mismo mes de 2015, según lo informó ayer
dicho organismo. En los primeros nueve meses, el retroceso se ubicó en 2,4 por ciento en
relación con igual período del año pasado. Al finalizar el primer semestre, la caída con
respecto a igual período del año pasado era del 1,7 por ciento. Es decir que en lo que va del
segundo semestre, la proyección de descenso del PIB se deterioró en siete décimas, cuando
el pronóstico oficial era que la segunda parte del año sería el momento del inicio del
repunte económico. Incluso en las proyecciones presentadas al Congreso junto al
Presupuesto Nacional de Gastos e Ingresos para 2017, el Ejecutivo previó una baja en la
actividad económica para este año del 1,5 por ciento (y un crecimiento del 3,5 por ciento
para 2017). Los números que ofrece el Indec ahora van trazando un panorama, para el
cierre de año, más próximo al pronóstico que están dando algunas consultoras privadas, de
una caída entre el 2,5 y 2,8 por ciento para este año, que al cálculo oficial señalado. En
tanto, según la misma fuente, la desocupación aumentó en el tercer trimestre del año al
8,5% mientras que la subocupación se ubicó en 10,2%. Teniendo en cuenta que en el tercer
trimestre de 2015 la desocupación era del 5,9, en los últimos doce meses hubo un aumento
de la desocupación de 2,6 puntos. Los datos condicen con la evolución de la economía que,
según el mismo Indec, cerró el tercer trimestre en recesión, pese a que la situación del
empleó mejoró respecto al segundo trimestre del año. Con este panorama, de cara al futuro,
las expectativas no pueden ser más desalentadoras. Y ello no incluye sólo al campo
popular, verdadera víctima de este conjunto de calamidades que las azota sin piedad, sino
también a la clase dominante que ha depositado en este colectivo de incapaces que regentea
el Estado esperanzas desmedidas para consolidar su modelo confiscador y excluyente con
relativa estabilidad general.

Bajo ningún criterio alguien puede defender los números atroces que presenta la Economía
argentina. Desde el campo popular la realidad es dramática y con perspectivas atroces de
cara al futuro. Ahora bien, ¿cómo evaluará la propia gerencia su gestión al interior de su
fuerza política? Si nos corremos de los discursos ocasionales y de la propaganda mendaz
con la que nos inundan de mentiras y falsas promesas todos los días, y nos concentramos en
los verdaderos objetivos que la alianza neoliberal se ha trazado, los números tampoco
cierran. Han avanzado, sí, pero no lo suficiente. La débil pero persistente resistencia que la
ciudadanía ha presentado a evitado males mayores o, si se quiere, ha conseguido diferirlos
pateándolos hacia adelante a la espera de nuevas disputas. El brazo ejecutor de las
corporaciones ha logrado para sí demasiado en poco tiempo y a un bajo costo político, pero
los efectos y las consecuencias de sus aberrantes decisiones hacen tambalear el plan
confiscatorio general. Esencialmente porque los números no cierran ni con la gente afuera.
Avanzar con más exclusión y más medidas expoliadoras expone a Mau y sus pandilleros a
un nivel de confrontación, de cara a las próximas elecciones de 2017, del que no podrá dar
cuenta. ¿Cómo profundizar la precarización y el hambre de las mayorías sin enfrentar un
alto grado de enfrentamiento y en medio de una campaña electoral? ¿Cómo posponer las
abominables decisiones que tienen pensadas cuando el propio modelo montado las exige
para poder seguir “funcionando”? ¿Cómo desoír, al mismo tiempo, los reclamos que por
derecha y por izquierda se le sumarán pidiendo soluciones a los conflictos que la coyuntura
va deparando? ¿Con qué logros para mostrar van a interpelar al electorado el año que
viene? ¿Con promesas de nuevos segundos semestres de mejoría en el horizonte? ¿Cómo
van hacer para seguir escondiendo mugre bajo la alfombra cuando la recesión perpetrará la
agudización de los problemas que hoy el Indec muestra “razonablemente”? ¿Piensa el
gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore seguir descansando en la complicidad
de un opoficialismo chirle, sabiendo que los tiempos electorales les demandarán a las otras
fuerzas políticas otras actitudes si quieren subsistir con expectativas futuras promisorias en
el terreno electoral? Lo concreto es que este rejuntado de tecnócratas reciclados tiene claro
sus objetivos y cuenta con los recursos y la inmoralidad necesaria para poder ejecutarlos,
pero ineludiblemente chocará con la resistencia ciudadana que los obligará a retroceder o
moderar su avanzada expoliadora. Esos frenos perjudican el andamiaje perverso de todo el
sistema; que exige otra velocidad, otro vértigo, muy distinto al que requieren los tiempos
electorales para no hacer saltar todo por los aires anticipadamente. La idea general no les
alcanza. Los objetivos estratégicos planificados tampoco. Sus equipos técnicos no cuentan
con la capacidad para atender el abanico de los múltiples problemas que se van
presentando. Es allí cuando aparece la improvisación amateur e irresponsable; el parche
provisorio que agrava lo que intenta curar; el intento desesperado por salir del entuerto y
que los empuja a decisiones apuradas y gravosas para la salud enfermante del propio
sistema confiscador. Todavía no han perdido la iniciativa, aunque los gobierne la
impotencia y la impericia para salir de los atolladeros inexorables en el que el modelo solo
se va metiendo. Como no tienen ningún plan B irán para adelante sin confundir su sino,
pero a costa de tropezar, una y otra vez, con los mismos impedimentos con los que se
encontraron hasta ahora. Resta saber si esa iniciativa que todavía no abandonaron, el campo
popular puede disputársela como debería para ganar terreno y avanzar en dirección
contraria al camino trazado por el gobierno del presidente blindado. Para ello deberá dar el
salto de calidad hoy ausente: cuando ahonde la residencia y pase a la construcción y
consolidación de un proyecto alternativo radicalmente opuesto al que hoy azota al territorio
argentino.

Las ventas en el tercer trimestre en la Ciudad de Buenos Aires arrojaron el peor registro
interanual en lo que va del año, con fuertes caídas en alimentos, electrodomésticos y
servicios de restaurant, según el último informe de la Dirección General de Estadísticas y
Censos del gobierno local. De acuerdo con ese relevamiento, las ventas de alimentos en
supermercados se retrajeron en un 1,8 por ciento en el tercer trimestre respecto de igual
período del año pasado, mientras que para otros productos adquiridos en ese tipo de
establecimientos (limpieza, bazar, accesorios) la caída fue de 21,7 por ciento. La retracción
del consumo se fue agravando con el correr de los meses, lo que se explica por una pérdida
del poder adquisitivo frente a la inflación y el impacto de los aumentos en los servicios
públicos. Compatible con este cuadro patético de caída del nivel de consumo es la realidad
que atraviesan las pymes industriales, que experimentaron en el tercer trimestre de este año
una caída del 6,5 por ciento respecto de igual período del año pasado. Para terminar de
reflejar el retrato acabado de la decadencia a la que nos empuja la fuerza que lidera el
hombre del corazón artificial, hay que señalar que la inversión bruta registró en octubre una
caída del 1% respecto de igual mes del año pasado, con lo cual, pasó a acumular una
contracción de 3,7% en los primeros 10 meses del año, según estimaciones del Centro de
Estudios Económicos, Orlando Ferreres; quien es tan neoliberal como los macristas, pero
que, al igual que los inversionistas que no llegan, no come vidrio y sólo acompaña hasta la
puerta del cementerio.

26/11/16: Están los que simplemente mueren y están los que perdemos irremediablemente.
Murió Fidel. Hacía años se había se había quedado sin apellido: le bastaba su nombre, que
fue, es y será una marca. Vivió toda su vida en Cuba, pero su patria fue toda América
Latina. Aquellos con ideales firmes, ansias de justicia y sueños libertarios lloran porque se
fue un ícono, un referente, un símbolo, un pedazo grande de la historia heroica de los
pueblos. En cada lucha obrera, en cada conquista trabajadora, en cada pelea contra el
imperio estará presente su ejemplo, sus inquebrantables convicciones, su entereza moral, su
lucidez intelectual para acompañarnos en el interminable camino de resistencia contra la
desigualdad, la guerra y la injusticia. Sabemos por qué festejan en Miami la gusanería su
muerte, porque sabemos cómo lo va a despedir su pueblo en las calles: como se van los
grandes, como se van los cabales revolucionarios. Las calles de Cuba se llenarán de vida
por su muerte y su pueblo le dará su último adiós, para no despedirse nunca de su recuerdo.
Hasta la victoria siempre, Comandante.

En pos de su distopía neoliberal el presidente offshore (20) puede llegar a decir cualquier
cosa si se trata de justificar un ataque de destrucción masiva contra los derechos colectivos
de los trabajadores; la renovada obsesión de la gerencia que tomó por asalto el Estado ya no
Nacional. “No podemos salir al mundo y enfrentar la tremenda renovación tecnológica con
convenios laborales del siglo veinte. Tenemos que sentarnos en la mesa a discutir todos los
convenios laborales”, planteó el presidente blindado esta semana, desconociendo
información básica sobre la materia. Como bien señala David Cufré en Página/12 de hoy,
“Entre 2003 y 2015 se renovaron 359 convenios laborales por actividad y la economía
creció a tasas chinas la mitad de esos años, otros cinco lo hizo a un ritmo moderado y en
apenas dos hubo contracción del PIB. Pero en estos últimos casos, la caída no fue por culpa
de los acuerdos que alcanzaron los sindicatos y las cámaras empresarias sino por la crisis
internacional en 2009 y la devaluación de 2014. Incluso en esos años malos, las políticas
para apuntalar el empleo y aumentar el poder adquisitivo de los salarios fueron
identificadas por la Cepal -de Naciones Unidas- como parte de las virtudes que permitieron
sobrellevar mejor las turbulencias”. La cantinela, aun con estas pruebas a la vista, la
seguirán repitiendo hasta el cansancio, con el coro de periodistas afines replicando la
burrada por sus ilegítimos 300 canales que enlodan la comunicación en todo el territorio
argentino. Pero esta andanada de comentarios ignorantes o expresamente engañosos para
manipular a la opinión pública, no comenzó ahora ni en el macrismo es algo novedoso. Su
pandilla, que anida disfrazada de fuerza política en el PRO, viene atacando, injuriando y
conspirando contra los derechos laborales desde hace muchos años en el parlamento, donde
se opuso a todos los proyectos que benefician a los trabajadores: rechazó la limitación del
período de prueba a tres meses. En cambio, se pronunció a favor de mantenerlo en seis
meses. El PRO votó en contra de la modificación a la ley de concursos y quiebras que
restableció la competencia de la Justicia del trabajo en los juicios laborales contra empresas
que atraviesan alguna de esas situaciones. Rechazó combatir la tercerización al oponerse a
ampliar la responsabilidad solidaria de la empresa principal, y a que los trabajadores
tercerizados tengan los mismos derechos que los empleados de la empresa principal. El
PRO también se opuso a que las empresas que integran un grupo económico sean
solidariamente responsables por la violación de los derechos de los trabajadores. Votó en
contra de sancionar al empleador que discrimina salarialmente a las mujeres. Lo mismo
ocurrió con el proyecto para que las empresas constituyan comités mixtos, con
participación sindical, para prevenir accidentes de trabajo. Con estos antecedentes este
hombre, que ha hecho de la mentira un hábito consuetudinario, de la trampa una costumbre
cotidiana, y de la ilegalidad un modo de conducta permanente, llegó a ser votado por una
gran porción de trabajadores; que seguramente desconocían estas posturas retrógradas y
reaccionarias. Los que sí sabían son los sindicalistas empresariales de la CGT gorda, que
con poco disimulo le dieron su apoyo en la campaña electoral de 2015. Ellos y sus
diputados de origen gremial parecen tener energía sólo para alzarse contra el impuesto a las
ganancias, pero no para defender los convenios colectivos de trabajo con la enjundia y
contundencia que amerita un nivel de agresión insultante como el perpetrado esta semana
por el Hood Robin argentino no Nacional.

El cazador que persigue opositores y mata por la espalda, Claudio Malodío, dio otra
patética e ignominiosa imagen ante toda la ciudadanía en su afán por continuar hostigando
a CFK. Enceguecido por su irracional odio, este hombre, que debería avergonzar a todo
ciudadano de bien, continuó ayer con su insólita patoteada judicial tratando de obligar a la
ex presidenta a presentarse en su juzgado para concretar dos trámites administrativos
sencillos que, de acuerdo a la ley, debieron ser cumplidos en donde vive, Río Gallegos. La
ex mandataria filmó un video, al estilo Michael Moore, yendo al juzgado federal de esa
ciudad y luego a la delegación de la Policía Federal para demostrar que allí, sencillamente,
podían y debían haberle tomado las huellas digitales y realizado el estudio socio-ambiental
pedido por Malodío. El magistrado tomó nota que ayer CFK no se presentó en la cueva de
Alí Babá, sucursal Comodoro Py, y libró una intimación para que lo haga el martes, caso
contrario ordenaría que la vaya a buscar la fuerza pública. Hasta anoche, el abogado de
Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, no había recibido la citación y la ex presidenta todavía no
decidió si acatará la caprichosa intimación del magistrado. La toma de las huellas digitales
es un trámite rutinario que no tiene ninguna diferencia si se hace en Río Gallegos o en
Buenos Aires. No es que el juez o el secretario van a hacer preguntas y entonces no es lo
mismo que se hagan en el juzgado de Comodoro Py o en el sur. El otro trámite es el estudio
socio ambiental, orientado a saber en qué condiciones vive un imputado. Hace años, se
enviaba un asistente social a la vivienda de la persona acusada y el funcionario o
funcionaria hacían un informe sobre las características de la casa, los vecinos, el trabajo y
otros detalles. Hoy en día no se hace nada de eso: en una oficina se le pregunta al imputado
el nombre de su padre, su madre, su dirección, con quién vive, cómo obtiene sus ingresos y
muy pocas cosas más. Como su nombre lo indica, el estudio del ambiente donde vive una
persona tiene mucho más sentido hacerlo donde reside y no a 2.500 kilómetros, en Buenos
Aires. A esto se agrega que la ley le da el derecho a CFK a que los trámites se hagan en Río
Gallegos, vía un exhorto de Malodío. Desde un punto de vista lógico, a ningún ciudadano
se le puede exigir que gaste tiempo y dinero para trasladarse a Buenos Aires a realizar esas
dos elementales medidas administrativas. Malodío no cesará en su intentona persecutoria y
planea volver a citar a CFK para el 29/11, a la espera de la Cámara Federal, que deberá
expedirse sobre una presentación realizada por el abogado de la ex presidenta para que
anule la citación y se puedan hacer todos los trámites en Río Gallegos.

27/11/16: Los que nunca serán bandera, ni remera, ni leyenda. Ni retrato. Ni poster, ni
simple calcomanía. Los que nunca serán coreados en canciones, ni vitoreados en plazas y
parques públicos. Los que nunca llorarán abrazados a un compatriota por la caída de un
referente, de un líder, de un hacedor. Los que odian el “populacho”, las celebraciones
masivas, los encuentros multitudinarios. Los que detestan a las masas, desprecian a los
pobres, y viven de la miseria de las mayorías. Los que anidan en el poder concentrado de
las finanzas internacionales, la banca y las corporaciones trasnacionales. Los que lucran con
el narcotráfico y el tráfico de armas. Los que especulan en la bolsa y viven de rentas
usurarias. Los que evaden dinero y trafican personas a escala planetaria. Los que explotan
niños y contaminan el planeta. Los que reivindican las guerras como método de conquista
para sojuzgar a los pueblos. Los mercaderes de los templos y de la Economía “social” del
mercado. Los saqueadores de arcas públicas para beneficio propio y de las empresas a las
que pertenecen. Los amputadores de derechos colectivos y pagadores de salarios de
hambre. Los evasores de impuestos y los fundadores de ONGs que recaudan dinero sucio
para financiar su política partidaria. Los que viven de la mentira y las falsas promesas
electorales. Los promotores de privilegios a minorías parasitarias que viven del Estado
mientras lo defenestran para correrlo de sus funciones reguladoras. Los emporios
mediáticos que utilizan el periodismo como instrumento de dominación y enajenación de la
opinión pública. Los que avalan y avalaron todas las dictaduras que barrieron con la
democracia y sus instituciones republicanas. Los que promueven y defienden la
desigualdad y la inequidad entre las personas. Los que estigmatizan, marginan, persiguen y
encarcelan negros, indigentes, extranjeros, mujeres y opositores a sus aberrantes proyectos
confiscadores. Los que están llevando al planeta hacia su destrucción definitiva. Ellos, los
promotores del odio y el revanchismo, salieron a festejar la muerte de Fidel. Ignorantes y
necios como son, celebran su desaparición física desconociendo que con ella renace lo que
se había parido en vida: el mito. La figura de un hombre que fue, es y será ejemplo,
referencia y guía para todos los pueblos del mundo que se rebelen y subleven contra un
sistema que sólo ha traído exclusión, hambre y miseria para los pueblos mundo. Festejen la
muerte del Comandante, que mientras tanto sus cenizas se esparcirán por todos los lugares
y sitios donde gobierne un tirano, un déspota, un neoliberal recalcitrante disfrazado de
demócrata, para avivar el fuego revolucionario que termine con sus dominios abominables
y para que paguen por sus crímenes hasta el último día de su vida. Al que le seguirá un
triste y solitario entierro en un cementerio privado.

Mientras recrudecen las internas en el seno del gobierno ni nacional ni popular motorizadas
por el Grupo Clarín, encabezadas por la lumpen política Elisa Carrió y el proto fascista
Ernesto Sanz, quienes piden cambios en el Gabinete de ministros, empezando por el
ministro de Propaganda Joseph Peña, a quien el presidente offshore (20) defiende a capa y
espada, más nombramientos confirman la alianza de Mau y sus pandilleros con las
corporaciones a las que pertenecen por compartir intereses, negocios e ideología. El
ministerio que conduce el iletrado Oscar Aguad sumó una nueva y polémica designación
dentro de un área clave, que reabre la discusión en torno a la incompatibilidad de los
funcionarios, al elegir a María Paola Levati, una ex gerente de la firma Telecom, al frente
de la Dirección de Inversiones. Levati, que se desempeñó en la firma de
telecomunicaciones como gerente, fue designada el 24 de noviembre en el Boletín Oficial,
donde se específica además que percibirá un cargo ejecutivo nivel B, pese a que no posee
los requisitos mínimos para gozar de dicho rango por no cumplir con el título 2 del artículo
14 del convenio colectivo de trabajo del sistema nacional de empleo público. Con este
gobierno no existen funcionarios que atienden de los dos lados del mostrador: directamente,
despachan las órdenes para beneficio de sus empresas de origen desde el único existente: el
del poder concentrado de sus aliados privados.

Cuando a la pandilla de gerentes que tomó por asalto el poder ejecutivo no Nacional no se
le avalan sus abyectas iniciativas tramposas y/o confiscatorias, se venga dando marcha atrás
algunas concesiones realizadas como moneda de cambio para que se aprueben proyectos
que lesionan los derechos adquiridos o por adquirir de las mayorías populares.
Aprovechando el rechazo del Senado a la propuesta que promovía el fraude a través de la
implementación del “voto electrónico”, el brazo ejecutor de la corporaciones quiere evitar
la sanción de la paridad de género para la conformación de listas aduciendo que con la
caída de la ley de reforma electoral también cae la iniciativa que ponía en un plano de
igualdad a hombres y mujeres para su postulación de cargos electivos; y ello a pesar que
existe un proyecto alternativo para abordarlo por separado. La aviesa maniobra consiste en
culpar a la oposición para obligarla a tratar el proyecto original de manera integral el año
que viene, y así retomar su lucha por la imposición de la estafa disfrazada de
“modernización” del sistema eleccionario. Aun cuando pierden una batalla caen siempre
bien parados. No olvidemos que el sistema patriarcal es parte estructurante del modelo
confiscador que propicia el poder hegemónico que encarna la Alianza neoliberal
Cambiemos.

28/11/16: El presidente blindado tomó la decisión más sensata desde que asumió su
gobierno ni nacional ni popular y la única con la que es imposible no estar de acuerdo: no ir
al funeral de Fidel. Hombres como él no merecen estar ahí, rindiendo homenaje a quien
luchó toda su vida contra personas y modelos como las que encarna el presidente offshore
(20). Quien quería tirar debajo de un tren a Néstor Kirchner no puede sino compartir el odio
y el desprecio de quienes se manifestaron alegres y festivos ante el deceso del líder cubano.
La derecha siempre desea la muerte de su adversario porque carece de líderes propios.
Tiene conductores ocasionales, no referentes populares. Sus figuras, como sus gobiernos,
no atraen ni convocan multitudes. No enamoran ni entusiasman a las masas. No lo
lamentan, al contrario: lo desean, lo estimulan y los tranquiliza una masa deprimida, en
retroceso, temerosa. Saben que sus decisiones no pueden convocar manifestaciones
festivas. Por eso siempre las prefieren lejos. La derecha desea y festeja la muerte de los
líderes populares, porque apuesta a que con su desaparición física el movimiento que
conducían se debilite, se fragmente, se descomponga. Su arenga macabra disfruta
imaginando ese momento y el sufrimiento que traerá aparejado, porque deplora al personaje
que hay detrás de las ideas y a las muchedumbres que convoca. La derecha hace décadas
que carece de líderes. Decidió no necesitarlos. Lo mismo le da un burócrata que otro, un
hombre de negocios que otro. La derecha, desde hace por lo menos 25 años en el mundo,
no tiene cuadros políticos. La patria financiera, la banca y los gerentes de las corporaciones
los han invadido completamente para ejecutar con eficiencia y profesionalidad las medidas
que necesitan sus abominables modelos; que no casualmente son las mismas en Angola, en
Haití o en Argentina, en cualquier época y contexto. La derecha ya no necesita líderes
como sí el campo popular, siempre atrapado en la disyuntiva de fomentar el culto al
caudillo que aglutine, que cohesione, que acapare todas las presiones y que porte la
entereza, el coraje y las convicciones para hacer frente a los poderes dominantes. El tamaño
de la empresa exige personalidades fuera de todo molde o esquema previo. La derecha, en
cambio, se conforma con cualquier empresario politizado con la suficiente
inescrupulosidad, inmoralidad y capacidad para mentir que encuentre; para, luego de ser
entrenado, asesorado, y guionado por el aparato de propaganda-marketing y publicidad que
lo formateará de acuerdo a las coordenadas que rigen el pensamiento, exponerlo al difícil
desafío de imponer sus intereses personales y los de las corporaciones a las que pertenece
como si fueran las necesidades y los intereses de las mayorías a las que se dirige. Tamaño
desafío hay para semejante estafa. Así que eviten ir al encuentro emotivo de un pueblo con
su líder. Quédense en sus lujosas guaridas descorchando sus champanes libres de
impuestos, regodeándose en el dolor ajeno y planeando nuevas oportunidades de negocios
allí donde ven que un pueblo puede estar debilitado; que, mientras tanto, las almas sensibles
que sufren por la pérdida irreparable jurarán continuar el legado. Porque no hay que olvidar
que a estos líderes los parió la injusticia, la desigualdad, el ansia por transformar la realidad
que oprime, que sojuzga a los pueblos a los que pertenece. Es decir: también lo parieron los
que hoy celebran su muerte.

En una solicitada que se publicó ayer en Página/12 con el título “Emergencia Social”,
medio centenar de organizaciones de todo el país transcriben el Acta Acuerdo firmada el
miércoles 23 en el salón Parodi del Congreso con los ministros de Destrucción Social,
Carolina Stanley y de Desempleo, Jorge Triaca. En realidad, no toda el Acta Acuerdo, ya
que la solicitada enumera las concesiones arrancadas al gobierno ni nacional ni popular,
pero omite la contraprestación a que se obligaron los firmantes. En el punto 7.a el Acta
indica que el proyecto de ley que acuerdan ambas partes extenderá la emergencia social
hasta el 31 de diciembre de 2019. El último punto del Acta, que no figura en la solicitada ,y
que se reproduce en facsímil en Página 12 de hoy como prueba, dice que mientras rija la
emergencia, es decir por todo lo que resta del mandato presidencial del hombre del corazón
artificial y las primeras tres semanas de quien lo suceda, “habiendo alcanzado un acuerdo
de este modo las organizaciones presentes con la finalidad de colaborar en la conciliación
aquí alcanzada se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su
naturaleza. Dicha obligación alcanza a las partes firmantes del acuerdo con la
representación que ostentan, y estas se obligan en su propio nombre y en el de sus
representados”. Sin embargo, varias de las organizaciones firmantes no consienten esos
propósitos apaciguadores. Eso explica que la obligación asumida haya desaparecido de la
solicitada y que se estén explorando las vías para que tampoco forme parte del proyecto de
ley de emergencia social que están redactando dos dirigentes del Movimiento Evita, el
autor del proyecto original, Juan Manuel Abal Medina, y el diputado Leonardo Grosso.
Como señala Horacio Verbitsky: “El gobierno que prometió no devaluar, no despedir y
eliminar el impuesto a las ganancias, no tiene autoridad para indignarse si los
representantes sociales le pagan con la misma moneda y borran con el codo lo que firmaron
con la mano”.
Mientras algunos dirigentes sociales firman acuerdos a la baja con Mau y sus pandilleros y
esconden las cláusulas que se comprometen a cumplir a cambio de dádivas que
seguramente el macrismo incumplirá, la gerencia neoliberal que se apoderó del Estado ya
no Nacional sigue avanzando en su cruzada por pulverizar a los convenios colectivos de
trabajo; en su afán por continuar transfiriendo ingresos de los sectores populares a la casta
parasitaria que anida en la Alianza Cambiemos y sus socios corporativos. Y tienen un
modelo para emular: Chile. Hace 25 años que venimos soportando la cantinela del “ejemplo
chileno”, uno de los países más desiguales del continente, por parte de la caterva de
neoliberales que se fueron reciclando y camuflando en las últimas tres décadas. Pues vayan
sabiendo los “compañeros” cegetistas pasados de peso y dirigentes sociales que publican
solicitadas incompletas, que allí de cada 100 trabajadores, sólo 14 están afiliados a algún
sindicato, y que sólo 12 negocian colectivamente sus condiciones de trabajo. Según un
estudio realizado por Valentina Doniez, investigadora chilena del Área de Sindicatos y
Negociaciones Colectivas de la Fundación SOL, señala que “el modelo chileno que rige las
relaciones colectivas de trabajo, y por ende al actor sindical, tiene un marcado sello de
desigualdad, ya que favorece a la parte empresarial en desmedro de los trabajadores”. El
resultado de este modelo evidencia que, a nivel de empresa, la brecha entre el salario
máximo promedio y el salario mínimo promedio superó las cien veces en 2011 y se
mantiene en esos niveles, siendo de 32 para los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El modelo chileno vigente se estableció
con el denominado Plan Laboral de 1979, en plena dictadura militar, en el marco de
profundas reformas económicas, políticas y sociales de orientación neoliberal. En los
cimientos de este modelo se encuentra una profunda desconfianza por los sindicatos fuertes
y politizados, y por el modelo tripartito impulsado desde la OIT. Plantea una visión
restrictiva de la negociación colectiva, que busca la correspondencia entre salario y
productividad del trabajador y niega su función en la distribución de la riqueza. En 2001 se
llevó a cabo una de las reformas más importantes en materia laboral, pero quedaron puntos
de la vieja legislación: restricción de la negociación colectiva al ámbito de la empresa,
garantía del derecho a negociar sólo a los sindicatos de empresa, prohibición de negociar a
trabajadores con contrato a plazo fijo, y se niega la representación colectiva a los
empleadores, por lo cual se imposibilita una negociación supraempresarial plena y se
criminaliza la realización de una huelga cuando no se encuentra enmarcada en un proceso
de negociación colectiva reglada. En Chile no cuentan ni con asignación universal, ni con
cobertura jubilatoria extendida a toda la población retirada del mercado de trabajo, y sus
estudiantes siguen peleando en las calles por la creación de universidades libres y gratuitas,
mientras continúan desamparados bajo una Constitución parida por la dictadura de Augusto
Pinochet; aquel viejo déspota que, además de un genocida y un vende patria consumado,
fue un vulgar ladrón que escondía su fortuna mal habida como lo hacen sus admiradores
macristas: en paraísos fiscales.

El consumo en la Argentina no para de retraerse. Según la Federación Económica de la

provincia de Buenos Aires (FEBA), las ventas –medidas en unidades- cayeron un 7,2 por
ciento en octubre frente al mismo período del año anterior. En el acumulado de lo que va de
2016, la caída es del 5,9 por ciento. Los datos de FEBA están en sintonía con las
estadísticas nacionales que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), que midió una baja del 8,2 por ciento del comercio minorista durante
octubre. Con este panorama desolador la población espera las fiestas de fin de año, el mes
más lindo y esperanzador del año, según señaló el presidente blindado a la hora de
desmentir que le preocupara la posibilidad de saqueos y revueltas callejeras por la angustia
y la bronca que comienzan a levantar temperatura, en el medio del mar de calamidades que
inunda la realidad de los barrios populares.

29/11/16: Sabida es la admiración del presidente offshore (20) por el modelo socio-
económico español que encarna el corrompido Partido Popular con su titular Mariano
Rajoy a la cabeza; el mismo que logró ser reelecto dando lástima ante el mundo
mendigando el apoyo de sus cómplices del PSOE. Pues bien: entonces va por el camino
correcto. Al igual que en nuestra “madre patria”, la tasa de desocupación en Argentina
comienza a concentrarse en la población más joven en condiciones de trabajar. En el
segundo trimestre de este año creció del 15 al 25 % frente al mismo período del año pasado,
varios puntos más de lo que avanzó la desocupación a nivel general. Los jóvenes más
afectados son los que no terminaron la escuela secundaria y en particular las mujeres. Son
cálculos de un equipo de investigadores del Centro de Investigación para los Trabajadores
(CITRA)-Conicet que funciona en la Universidad Metropolitana para la Educación y el
Trabajo (UMET). “Hay 380 mil jóvenes desocupados, 799 mil que han abandonado sus
estudios y trabajan, pero son precarios y 937 mil que están en la inactividad absoluta, o sea
que no estudian ni buscan trabajo. Son más de 2 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años
sobre un total de 6,8 millones, o sea, un 31 por ciento que están en una situación muy
complicada. Además, hay 228 mil que estudian y están desocupados y 335 mil que estudian
y trabajan, pero en forma precaria. En total, casi un 40 por ciento de los jóvenes argentinos
tienen problemas socio-laborales. De esa población vulnerable, el 67 por ciento son
mujeres. Esto sin contar situaciones de pobreza sino solamente lo referido a lo laboral-
estudiantil”, detalló a Página12 Guillermo Pérez Sosto, director del Observatorio Socio
laboral de los Jóvenes del Conurbano Bonaerense de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM) y director del Centro de Estudios en Políticas Laborales y Sociales del
Instituto Torcuato Di Tella (ITDT). “Este año ha crecido en cinco puntos la desocupación
juvenil y la precariedad laboral se mantiene en los mismos términos, en el orden del 59,2
por ciento. Es decir que seis de cada diez jóvenes trabajan de forma precarizada”, indica
Pérez Sosto. En relación al desempleo juvenil, explica que “es evidente que el primero al
que se echa es al joven. Desde el punto de vista de la ecuación económica, es el que menos
indemnización requiere, y si no está registrado, es el que menos experiencia tiene. Los
problemas de los jóvenes no pasan por entrar al mundo del trabajo. De hecho, a veces
acceden antes que los más grandes. El problema es de salida”. Pero nuestra muchachada no
debe desesperar: Mau y sus pandilleros ya tienen la “solución” para esta crisis auto
infringida que está causando estragos, especialmente, en los sectores populares. Su perverso
proyecto de “empleo joven”, que aun naufraga en el Parlamento, es la opción que maneja la
gerencia retrógrada que anida en el Poder Ejecutivo no Nacional para paliar esta calamidad
con otras de la misma calaña: contratos basura, eliminación y/o reducción de aportes
patronales, y sueldos por debajo del salario mínimo; como ya logró acordar con la
multinacional McDonald hace unos meses.

La caída de la Economía argentina es tan estrepitosa que ni los amigos íntimos del
presidente blindado la pueden ocultar. Según un informe de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que nuclea a los países industrializados,
la caída será del 1,7 % para 2016. El documento detalla además que el PIB local registró en
2015 un crecimiento de 2,5 por ciento, a contramano de la retórica del Gobierno de CEOs y
evasores con cuentas offshore, acerca de un supuesto total estancamiento desde 2011. Sin
embargo, lo que más llama la atención de este organismo, es el optimismo infundado que
manifiesta para el futuro; ya que prevé una reactivación para 2017 y 2018, “gracias al
impacto de las recientes reformas y cambios en la política económica”. Los que creemos
que merced a las medidas tomadas se está como se está hoy y que con las pensadas y
proyectadas por la gerencia neoliberal se estará peor, para la OCDE, como para el FMI,
esas mismas medidas son los alicientes que le hacen creer una mejoría sin ningún
fundamento serio que lo justifique; más aún con un escenario internacional más
impredecible que nunca en el horizonte cercano, con Trump desde enero del año que viene
en el sillón presidencial; alguien que es más una incógnita angustiante que un interrogante
esperanzador para las poblaciones del mundo, a las que afectará, irremediablemente, sean
cuales sean sus políticas públicas y exteriores. Es cierto que la esperanza es lo último que
se pierde. El problema es cuando es lo único que se tiene.

Si hay algo en que lo que la pandilla que conduce el hombre del corazón artificial no pierde
el tiempo, es en seguir consolidando la corrupción estructural. Por ello el lema neoliberal
es: allí donde haya una necesidad pública, el Estado favorecerá un negociado privado. El
caso de marras es el que propiciará el ministro de Modernización y Despidos, Andrés I-
barra, quien llamó a licitación pública para implementar en toda la administración nacional
un software desarrollado por la AFIP que ya fue adoptado por algunas dependencias con la
asistencia técnica del organismo recaudador. La diferencia es que a partir de ahora una o
varias consultoras privadas le cobrarán al Estado por algo que el Estado ya estaba haciendo
de manera exitosa, luego de que los propios empleados estatales les transfieran a los
privados el conocimiento acumulado por la administración pública. Hasta el momento hay
once compañías que presentaron ofertas y obtuvieron un dictamen técnico favorable. El
sistema fue desarrollado en 2002 por la dirección de recursos humanos y el área de
informática de la AFIP. Primero se implementó en esa dependencia y luego la propia AFIP
firmó convenios con otros organismos estatales como el Banco Central, PAMI, Cancillería
y el Congreso Nacional, a quienes les cedió en forma gratuita la licencia. Además, les
brindó asistencia técnica y transferencia de conocimientos para su puesta en marcha y
mantenimiento. En un artículo publicado el 15 de septiembre de 2009 en el portal
Iprofesional fuentes de la AFIP destacaron que ya por entonces contaban con 30 técnicos
que se dedicaban exclusivamente a instalar el SARHA en otros organismos públicos.
“Gracias a este personal capacitado, el Estado se ahorra millones de pesos por el pago de
software, de licencias y consultorías privadas; además de evitarse engorrosas licitaciones”,
aseguraban fuentes del fisco nacional. Debido al éxito de la iniciativa, en julio de este año
el mal imitador de Freddie Mercuri ordenó, a través del decreto 888, generalizar el SARHA
a toda la administración pública. La intención oficial, según se expresó en esa norma, es
que el sistema sea la base para la implementación del Registro Central del Personal del
Sector Público Nacional y del Régimen de Administración del Legajo Informatizado Único
del Personal de toda la administración pública. En el artículo 4 del decreto se estableció que
el SARHA deberá estar operativo y funcionando en el plazo de un año, pero en lugar de ser
la AFIP la encargada de llevar adelante esa tarea se decidió contratar a consultoras
privadas, a las cuales los empleados públicos que ya manejan el SAHRA deberán capacitar
para que luego sean esas empresas las que hagan negocios a costa del Estado. Todo
demasiado grave y escandaloso como para que este nuevo negociado quede impune.

La tiranía que comanda Gerardo (in) Morales en Jujuy sigue su sendero despótico sin que
lo amilane ninguna de las variadas protestas y reclamos exigiendo la liberación de Milagro
Sala. Y no sólo mantiene cautiva a la dirigente de la organización Tupac Amaru, sino que
sigue sumando arrestos injustificables contra otros dirigentes del mismo espacio. Ahora la
“Justicia” de Jujuy detuvo en Buenos Aires a Jorge Nieva, dirigente de la organización
Marina Vilte, integrante de la red de organizaciones barriales de la Tupac Amaru. Nieva
había sido denunciado por el grupo de ex cooperativistas que abandonó el acampe de enero
e impulsó una causa contra Milagro Sala por asociación ilícita, fraude y extorsión, un
expediente con pruebas irregulares que fue denunciado por los organismos de derechos
humanos ante las organizaciones internacionales. Nieva permanecía en calidad de prófugo
para la Justicia de Jujuy. Fue detenido el sábado en un operativo de la Policía Federal y la
Policía de Jujuy. Quedó alojado en la sede de la Superintendencia de Investigaciones de la
Policía Federal, de General Paz y Madariaga a la espera del traslado a su provincia. Los
familiares de Nieva comunicaron la noticia de la detención a los integrantes de la
organización Tupac Amaru en Buenos Aires. Cuando lo detuvieron, Nieva estaba en un
supermercado de Palermo donde había conseguido trabajo. Sus familiares dijeron que la
Policía Federal lo trató muy cuidadosamente y que hasta lo protegieron frente al trato que
recibió de parte de la policía jujeña. Señalaron que la policía de Jujuy estaba “cebada”. Que
además de insultos, le habrían reprochado lo mucho que lo estuvieron rastreando: “Ahora
nos vas a pagar todo lo que hicimos para buscarte”. Ante la gravedad de los hechos que se
siguen repitiendo, con el ajuste brutal del Estado como telón de fondo, la consigna política
debería dejar de ser “Liberen a Milagro Sala”. La más saludable y completa sería:
“Hagamos el Milagro de liberar a Jujuy de Gerardo (in) Morales”.

30/11/16: En el paraíso neoliberal argentino no llueven inversiones productivas, pero sí

suspensiones, despidos y cierre de fábricas. En lo que va del año la recesión económica
generó el cierre o quiebra de unas 445 empresas de la industria de la construcción. Ello hizo
caer en octubre un 2% la cantidad de empleadores en uno de los rubros más dinámicos de la
economía, en comparación con el mismo mes del año pasado, indicó el Instituto de
Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Esta catástrofe impactó de lleno
en los índices de empleo, que cayó 12 % en este sector en 2016. En otros rubros el
panorama es tan o más desolador. Según del siempre sospechoso Indec, el sector textil se
desplomó 26,7 por ciento interanual en octubre, en tanto la producción automotriz se redujo
19,1 por ciento en el mes y 14,3 por ciento desde enero, la siderurgia arrojó un retroceso de
16,2 por ciento en el décimo mes del año con una baja acumulada del 15,3 por ciento, la
industria alimenticia reflejó una baja interanual de 3,5 por ciento con una reducción en el
año del 2 por ciento, la producción de petróleo se contrajo 1,7 y 4,4 por ciento,
respectivamente en cada una de las mediciones, en el sector edición e impresión se verificó
una disminución de 9,6 por ciento interanual y 6 por ciento entre enero y octubre y la
fabricación de papel y cartón retrocedió 1 por ciento y 0,7 por ciento. Y hay más: la
producción de caucho y plástico disminuyó 13,4 por ciento para el cálculo contra octubre
de 2015 y 1,9 por ciento en la estimación desde enero, mientras que la caída en sustancias
y productos químicos fue de 0,7 por ciento en octubre y 1,2 por ciento en el acumulado,
comportamiento que se explica por una mejora de 11,6 por ciento en la elaboración de
agroquímicos y 9,8 por ciento en productos químicos básicos, que son requeridos por el
sector agropecuario; el único sector rentístico que sale airoso de la hecatombe neoliberal
generalizada. Estos son los datos catastróficos que arroja a la población el “mejor equipo en
50 años” que “aprende sobre la marcha”.

El cinismo del grupo de tecnócratas mediocres que se apoderó del Estado ya no Nacional
no tiene límites. Mienten y simulan todos los días, a toda hora y en todo lugar. Uno de sus
referentes más conspicuos es el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien
en referencia al tratamiento legislativo que se le está dando al proyecto de ganancias señaló
que “a todos nos gustaría bajar impuestos, pero sepamos que la consecuencia es bajar
recursos para las políticas sociales”, como si ello les hubiese importado cuando eliminaron
las retenciones a los garcoexportadores y demás grupos concentrados que han
desfinanciado al Estado, gracias a las políticas públicas confiscatorias de Mau y sus
pandilleros. Como si hubiese olvidado, además, la promesa de campaña de su presidente
offshore (20), quien se cansó de repetir que “en mi gobierno los trabajadores no pagarán
ganancias”, el ministro con master en evasión agravada ahora se golpea el pecho para
defender las arcas públicas cuando se trata de justificar su conservador proyecto de
modificación del mencionado impuesto, que prevé una suba del mínimo no imponible de
apenas el 15 por ciento, por debajo incluso de la previsión de inflación que tienen para el
año próximo. La disputa será ardua en el Congreso por ver quién impone su proyecto.
Kicillof adelantó que buscarán acordar con la oposición un tercer proyecto, y exhortó al
resto de los bloques a no convalidar una postura intermedia, como la que tiene presentada el
Frente Rejuntador. Lastimoso espectáculo es el que dan unos y otros. La bancada oficial,
justificando su miserable propuesta arguyendo que lo hace para defender a los sectores más
vulnerables, que en la práctica no ha cesado en hundir todos los días un poco más en la
pobreza o en la indigencia extrema. Y el de la CGT gorda, con sus críticas “medidas” a un
proyecto que, si hubiese sido presentado por el gobierno anterior, lo hubiesen denunciado
ente la OIT en medio de marchas y paros generales.

El tiránico gobernador jujeño, Gerardo (in) Morales, continúa imitando los procederes
siniestros de la última dictadura. Primero invitando a la comisión de la ONU a que visite la
provincia para demostrar que en el feudo que domina a palos y amenazas se cumple con la
ley; que dicta a su antojo con jueces y fiscales elegidos por su dedo ajustador. Ahora planea
un evento festivo para hacer creer que en la provincia se restableció la paz, el orden y la
burra alegría, esa misma con que disfraza la realidad, con bailes desacompasados y globos
amarillos de bilis, su neoliberal fuerza política. Bajo la consigna de juntarse a celebrar "la
paz, la unión y la libertad conseguida", el mandatario jujeño, que co-gobierna con la familia
Blaquier, invita a todos los habitantes de la provincia a reunirse el próximo 9 de diciembre
en la Plaza Belgrano, del centro. “Festejemos juntos la libertad, la tranquilidad y la paz
conseguida hasta ahora con el esfuerzo de todos los jujeños", reza (in) Morales en el spot
que lanzó este martes por la tarde y que inmediatamente trajo consigo una catarata de
comentarios haciendo alusión a la irregular detención de la dirigente Milagro Sala, quien ya
acumula más de 300 días privada de su libertad. Para hacerla completa sólo le falta repartir
calcomanías con la leyenda: “En Jujuy somos derechos y humanos”.

La mayoría de las familias argentinas sigue padeciendo la miseria planificada de las

mayorías que auspicia el gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore que conduce el
Hood Robin argentino no Nacional; pero otras, que pertenecen a la Alianza neoliberal que
está llevando al país al colapso generalizado, gozan del nepotismo de Estado de manera
burda y descarada. La empresa Herzo S.A, que fabricaba accesorios para la firma Puma,
cerró las puertas de su planta ubicada en la localidad de Concarán, en la provincia de San
Luis. Además, Unisol, que fabrica el mismo calzado en La Rioja, decidió la suspensión del
personal de dos de sus plantas y la unificación de las vacaciones de los trabajadores en una
tercera sede. Igual suerte tuvieron 500 trabajadores de la fábrica de sanitarios Ferrum, que
serán suspendidos a partir del 19 de diciembre. La medida que regirá para su planta de
producción en el partido bonaerense de Pilar anunció que la tomará por tiempo
indeterminado. La decisión de efectuar suspensiones llega después de que la empresa haya
despedido a unos 180 trabajadores entre junio y noviembre de este año, denunciaron los
empleados de la firma dedicada a la producción de sanitarios. En cambio, a otros, la
realidad les sonríe sarcásticamente. María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de
Desempleo Jorge Triaca, fue ascendida en el Ministerio de Salud como subsecretaria de
Coordinación Administrativa. Loccisano fue nombrada el 21 de diciembre de 2015 a través
del decreto 168/2015 dentro de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud
(UFIS), con el cargo de Coordinadora General, con rango y jerarquía de Subsecretaría. Esto
demuestra, a aquellos acérrimos opositores que defenestran las políticas públicas
neoliberales, que Triaca, cuando puede, no sólo cuida el empleo, sino que logra mejorar sus
calidades de manera integral.

Finalmente lo hizo. Con las firmas del presidente blindado, el ministro de Propaganda
Joseph Peña, y el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el Ejecutivo
modificó el decreto reglamentario de la Ley de Blanqueo para permitir que los familiares
directos de los funcionarios públicos pueden incorporarse al "sinceramiento fiscal" en el
caso de que acrediten que poseían los bienes, no declarados, de forma previa a que
el funcionario público con el que mantienen relación parental haya asumido el cargo. La
exclusión de los familiares de funcionarios públicos --de los poderes Ejecutivo, Judicial y
Legislativo-- fue una de las modificaciones que Cambiemos tuvo que aceptar a pedido de
los bloques opositores para conseguir la aprobación de la ley ómnibus, que emparentó el
blanqueo de capitales con la "reparación" a los jubilados. La prohibición regía para
cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los funcionarios públicos, que hayan
ingresado a la función pública desde el 1° de enero de 2010, pero ahora quienes pueden
comprobar que poseían esos bienes ocultos anteriormente, podrán sumarse al blanqueo. El
decreto firmado por el falso pasajero de colectivos argumenta que "la experiencia recogida
desde la sanción de la Ley 27.260 y el dictado de su Decreto Reglamentario  895 de fecha
27 de julio de 2016, aconseja efectuar ciertas precisiones que, respetando el espíritu de la
normativa en cuestión, garanticen su mejor aplicación y la concurrencia de aquellos
contribuyentes que deseen dar cumplimiento a las obligaciones a su cargo, posibilitando la
adecuada utilización de los beneficios acordados por dicho régimen”. Y agrega: "Que para
ello resulta imprescindible aclarar el alcance del aludido cuerpo normativo a los efectos de
evitar interpretaciones que afecten la finalidad perseguida con su dictado”. Este decreto
inconstitucional está hecho a medida del presidente blindado, su padre, ministros y demás
allegados a su entorno familiar; y conforma una prueba irrefutable sobre la corrupción
estructural que han venido a consolidar y expandir, acompañándola de la impunidad
necesaria para encubrir delitos presentes y condonar los pasados.
Son corruptos, mentirosos, estafadores y también son violentos. El periodista Roberto
Navarro sufrió una amenaza de bomba mientras realizaba anoche su programa El Destape
en C5N. Por el hecho, acudieron tres patrulleros de la Policía Federal y hubo que evacuar el
canal de noticias. Con un fuerte editorial durante su ciclo matinal de Radio 10, Navarro se
refirió esta mañana al incidente que lo involucró en la noche del martes, mientras realizaba
una nueva emisión del programa que conduce por la señal de noticias C5N y responsabilizó
por el hecho al Grupo Clarín y al gobierno ni nacional ni popular. "Hago responsable al
gobierno de Macri que generó este clima de revanchismo y porque han montado una
campaña de demonización contra este medio (el Grupo Indalo) y contra mí, que me vienen
acosando y demonizando hace dos años", dijo categórico Navarro. El conductor también
reveló que hace 15 días sufrió otra amenaza en su vivienda. "Me llegaron a amenazar de
muerte para que no diga que hay hambre, que hay miles de despedidos, niños que no
comen", completó. Diferentes políticos opositores, nucleados en el FpV y el Frente
Rejuntador, mostraron su preocupación y repudio por esta nueva intimidación perpetrada
por los militantes del odio y el revanchismo de clase. Ni el grupo Clarín, ni los funcionarios
del gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore se expresaron aun al respecto.
Seguramente la ministra Bolsrich o el ministro Hernán Lonardi, a través de su policía
lombarda, investigarán hasta las “últimas consecuencias” …

Los pactos que se firman están para ser incumplidos. Este es uno de los principios
fundacionales de la Alianza neoliberal Cambiemos, que borra con el codo lo que firma su
mano tramposa y ajustadora. Tal cual como pasó en mayo, el acuerdo que se firmó como
promesa para evitar mayores despidos tardó poco en romperse. A menos de una semana del
acuerdo que sellaron los empresarios, la gerencia que comanda el presidente blindado y la
CGT gorda, ya son casi 500 los trabajadores cesanteados en distintos conflictos ocurridos
recientemente y que tomaron relevancia pública. Una de las empresas que ya notificó los
despidos se trata de Pecom Servicios Energía, perteneciente al holding Pérez Companc.
Pese a que los petroleros estarían cerca de firmar cambios en el convenio colectivo, que
implica una flexibilización laboral, la compañía los despidió por haber participado de una
protesta el mismo día que la central sindical firmaba el acuerdo, informó el matutino
Página/12. Puma, Aluar y Ferrum, son otras de las empresas que han despedido personal
ante el silencio cómplice de los obesos cegetistas, cada vez más necesarios para profundizar
el avance retrógrado sobre las conquistas y los derechos laborales
 CARTA ABIERTA A MIGUEL ANGEL PICHETTO

Hay que insistir con tener mucho cuidado a la hora de formar alianzas políticas para
enfrentar al gobierno ni nacional ni popular. Los llamados a la “unidad” son tan necesarios
como peligrosos, si no se tiene en claro el proyecto alternativo que lo impulsaría y la
conducta y trayectoria de los hombres y mujeres para sostenerlo y llevarlo a cabo.
La derrota electoral del FpV transparentó la verdadera “naturaleza” de muchos de
sus integrantes: de sus pensamientos y sus procederes, antes, durante y después de la caída.
Un ejemplo es el del todavía jefe de la bancada ¿peronista?, ¿justicialista?, ¿kirchnerista?,
en el Senado, Miguel Ángel Pichetto.
Él, como tantos otros hoy gobernadores, legisladores y dirigentes que acompañaron
al gobierno anterior, han salido del closet para exponerse tal cual son: neoliberales
camuflados, reaccionarios empedernidos, y fascistas recalcitrantes. Con el ánimo de
siempre estar bien acomodado, soplando para donde va el viento, estos canallas se van
transfigurando para siempre quedar a resguardo. Lo mismo les da un oficialismo que otro.
Con el propósito de “durar”, permanecer y/o protegerse de posibles “carpetazos”, sus
conductas ruines van desnudando la verdadera cara oculta que portan sus almas
envenenadas.
El genuflexo senador Pichetto no sólo avala a Mau y sus pandilleros votando leyes
aberrantes contra los trabajadores y la ciudadanía en general: también acompaña sus
actitudes desleales y bochornosas con declaraciones acordes al ideario neoliberal, que
profesan los tecnócratas amorales que comandan el gobierno de CEOs y evasores con
cuentas offshore.
Este desilustrado hombre asistió hace unos días a Canal 26, en donde recordó la
frase de un ex ministro de Economía de Francia respecto de los extranjeros que llegaban a
este país europeo en los '80: "¿Cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo a
inmigrantes pobres? Yo me hago la misma pregunta en Argentina". Para rematarla, quien
aún se considera peronista, agregó que “uno de los problemas del país es la ´cultura
igualitaria´. Hablando con médicos del Hospital Rivadavia me dijeron que todo noviembre
estaba cubierto con ciudadanos paraguayos que vinieron a operarse". Y, en un comentario
que volvió a recordar el informe xenófobo del operador “estrella” del grupo Clarín, Jorge
Lanata, de hace 2 semanas, cuestionó que "haya 35 mil colombianos estudiando en
Argentina, con Chile pasa lo mismo".
¿Cuánto converso soporta una sociedad estafada por sus malos representantes?
¿Cuánto tarda en colapsar una Economía sobreendeudada por la desfinanciación auto
infringida de un Estado que decidió transferir los recursos colectivos de su comunidad a
una minoría privilegiada, que ya gozaba con suficientes prebendas abusivas e intolerables?
El ahora profeta de la desigualdad no puede contestar honestamente estas preguntas
porque ello implicaría un cuestionamiento a sus propios procederes. Pichetto, cómplice
necesario de la banda que encabeza el presidente offshore (20), se clava puñales
lamentando el derroche de recursos públicos destinado a los pobres no “naturales” de su
territorio, pero aprueba con su voto el pago ilegítimo a los fondos buitre, los mismos que
enfrentaban a “su” gobierno hasta hace 11 meses.
Pichetto, con sus dichos, decidió ahora acompañar al razonamiento más básico del
sentido común construido por la clase dominante: ¿Por qué tengo que yo “mantener” a
otro?, por caso siempre un pobre. Pichetto, igual que mucho clasemediero que repite
slogans y frases trilladas asumidas como propias, no quiere preguntarse por qué la sociedad
toda debe “mantener” a las grandes corporaciones y a los garcoexportadores con sus
ganancias extraordinarias, mientras el Estado se desfinancia y ajusta sus presupuestos a la
hora de atender las necesidades básicas de su población más sufriente. Como tampoco se
interroga cuánto puede aguantar una sociedad el funcionamiento “sano” de sus instituciones
la permanencia en el poder de un presidente que estafó electoralmente a sus votantes, que
mintió en sus declaraciones juradas para ocultar su patrimonio mal habido, escondido en
paraísos fiscales para no tributar al fisco, y que consolida, día a día, una estructura corrupta
para favorecer a las corporaciones y a los intereses de su famiglia ampliada.
¿Quiere ir a fondo Pichetto? ¿Sabe por qué vienen todavía extranjeros a la
Argentina? Porque en sus países hay gobiernos como el de Cambiemos, que regentea el
presidente Mauricio Blanco Villegas. Porque en sus territorios manda el capital
concentrado con su impronta saqueadora, avasallante y confiscadora, la misma que, con su
apoyo encomiable, instaló una gerencia que se apoderó del Estado para favorecer sus
inconfesables intereses sectoriales.
Y vienen aquí no sólo porque les queda cerca, sino porque este era un país inclusivo
con prestaciones que atendían generosamente a los más necesitados, aun con todas las
deficiencias y límites que portan, ineluctablemente, los gobiernos reformistas; que nunca
van a fondo con sus iniciativas transformadoras, pero que, ante la desolación que hoy
impera en el mundo, resultan poco menos que un bálsamo para los sufrientes pobladores de
estas tierras irredentas.
Es hora que quienes habitan su propio espacio político contesten: ¿este hombre está
incluido en la futura reconstrucción del proyecto nacional y popular? ¿Puede pertenecer al
Peronismo un apologista del racismo y la exclusión? ¿Es esta sólo una opinión a respetar
bajo el paraguas de las “disidencias”, que todo movimiento pluralista debe tener y
contener? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde llegan las diferencias para convivir en un
mismo espacio político? ¿Todo vale a la hora de las alianzas electorales? ¿Van a tomar nota
que la victoria pírrica de mañana puede ser el inicio de la caída catastrófica futura?
Pichetto no es un honorable miembro del Congreso Nacional. Es un oportunista, un
ocupa, un aventurero que sólo atiende deshonrosamente sus intereses personales; que, por
lo comprobado con sus dichos y actitudes a la hora de votar en el recinto, son los mismos
que defienden las fuerzas reaccionarias que se han apoderado del aparato del Estado, para
saquearlo en beneficio propio y de los grupos económicos que tiene por aliados. Y a los que
Pichetto parece que pertenece.
01/12/16: A las declaraciones que vierte el presidente offshore (20) no hay que registrarlas
sólo como objeto de burla, o para responderle con facilidad las mentiras que traslucen cada
vez que balbucea un discurso o comenta un hecho o un acto de gobierno. Principalmente
hay que consignarlas como documento histórico para las generaciones venideras. Ningún
ser humano que habita el planeta ha mentido tanto durante toda una vida. El nivel de
cinismo con que acompaña sus mendacidades no tiene comparación con ningún hombre o
mujer que haya accedido a algún cargo público. Ahora se ha pronunciado sobre su
miserable proyecto de “impuesto a las ganancias”, que en campaña electoral había
prometido lisa y llanamente eliminar. “Yo gobierno especialmente para los que menos
tienen, para el 32 por ciento que está en la pobreza. La discusión sobre Ganancias es para el
3 por ciento de la población que más gana en la Argentina”, respondió ante consulta en una
entrevista publicada por La Capital del Rosario. La reforma electoral, las inversiones y los
tarifazos fueron otros de los temas que abordó en la charla, siempre con el mismo tono
hipócrita y sobreactuado que caracteriza su estilo impostado. Remató el amistoso reportaje
señalando, con su habitual humildad, que si tuviera que calificar su gestión como presidente
“me pondría un 8”. Depende quien evalúe a su gobierno, la nota variaría notablemente. El
“modesto” 8 se quedaría corto para los grupos concentrados y miembros de su entorno
familiar. En cambio, para los sectores populares, directamente debería constar
“incalificable”.

El presidente blindado se cansó, incluso ya asumido, de prometer “las más ambiciosas

obras públicas de la historia argentina”, con ese tono canchero y sobrador que suelen tener
los que son conscientes de la impunidad con la que cuentan. Sin embargo, llegando al año
de su infausta gestión, la mega promesa falaz no arranca ni tiene visos de hacerlo en el
corto plazo. La consecuencia de ello es una caída en la actividad de la construcción de un
19,2 % en octubre, respecto a igual mes de 2015, informó ayer el Indec. El organismo dio a
conocer el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción, el cual acumula diez
bajas consecutivas –en todos los meses de 2016– en su comparación interanual, mientras
que el acumulado a octubre marca un retroceso del 13,5 por ciento respecto de igual
período de 2015.  La falta de obras públicas de infraestructura y el menor poder adquisitivo
de los trabajadores explican en buena medida la caída de la actividad y su impacto en
empleo. El personal ocupado registrado en construcción ascendió a 405.221 empleados, un
11 por ciento menor a los registros de empleo de igual mes de 2015. El impacto de la crisis
en la actividad de la construcción no sólo afecta a los trabajadores de ese sector sino a los
de las proveedoras de insumos, lo que deriva en suspensiones y despidos en esas empresas.
Esta situación podría empeorar en los próximos meses, ya que durante el verano la
actividad suele bajar por cuestiones estacionales. Frente a esta situación las proyecciones
no lucen muy alentadoras entre los empresarios del sector. Según la encuesta cualitativa
que realiza el Indec, el 66,7 por ciento de los empresarios que se dedican a la obra pública
consultados prevé que la actividad empeorará o se mantendrá en los niveles actuales y sólo
un tercio estima una mejora. Lo que sí ha arrancado desde el primer minuto de su gobierno,
son las suspensiones y despidos de trabajadores. El reciente caso registrado es el de la
multinacional Acindar, que suspendió por cinco días a 400 empleados de su planta de Villa
Constitución, que percibirán el 75 por ciento del salario, mientras que en la fábrica rosarina
de la empresa se efectivizaron unos 30 despidos al levantarse un turno de producción. Los
delegados gremiales denunciaron un “vaciamiento” mientras reclaman, a quienes no
quieren oír, que hagan algo para “reactivar la obra pública, ampliar el plan Procrear y
proteger una industria devastada por la recesión y la fiebre importadora”.

Cuando se reivindica a la industria nacional y el trabajo argentino, la gerencia que se

apoderó del Estado para usufructo propio y de las corporaciones que integra y representa,
se burla tildando de “chauvinistas” a quienes lo proclaman; como allí se jugara una simple
cuestión localista anclada en el pasado. Jamás entenderán que detrás de esas consignas se
está defendiendo el empleo, la soberanía y las condiciones de vida de sus habitantes. Por
ello no es de extrañar que en lo que va del año se haya registrado que la demanda de
productos industriales de fabricación nacional en el mercado interno acumuló, entre enero y
septiembre, una caída de 8,3 por ciento en relación al mismo período el año pasado. Los
datos corresponden al Índice Hecho en Argentina (IHA), un nuevo indicador elaborado
desde la carrera de Economía del Desarrollo de la Universidad de Quilmes. El IHA difiere
de las estadísticas públicas y privadas para el consumo ya que no contempla las
importaciones ni las exportaciones y ofrece así una estimación para el consumo interno de
“productos nacionales”. La caída observada durante los primeros tres trimestres de 2016 se
presenta como la más significativa de los últimos doce años. El primer informe del IHA
advierte que “la producción industrial nacional enfrenta una situación crítica en la que se
conjugan dos elementos negativos: por un lado, la fuerte contracción en la capacidad de
consumo de la población en un año en que los salarios y las jubilaciones quedaron
relegados en relación a la evolución de la inflación y, a la vez, la creciente participación de
los bienes importados en el mercado doméstico”. Lo más grave es que lo saben y porque lo
saben lo ejecutan.

Poco antes de devaluar el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, señaló que la
divisa norteamericana “va a estar más cerca de los $9,50 si hacemos las cosas bien, más
cerca de $16 si al que le toca hace las cosas mal". Si fuera sólo por estos dichos, el ministro
con master en evasión agravada debió haber renunciado ayer, cuando el dólar alcanzó su
máximo histórico: 16,11. Por esta suba de 23 centavos, respecto del valor del martes, el
Banco Central volvió a perder reservas internacionales, las cuales se ubicaron en 36.369
millones de dólares (37.369 millones si se computa el pase pasivo con la banca extranjera),
con una merma de 202 millones. Las tensiones con la cotización del tipo de cambio se
explican por varios frentes. El primero es la disminución de la tasa de interés en pesos, que
resta incentivo a la compra de instrumentos financieros en moneda local y promociona la
dolarización de carteras. El segundo es la mayor incertidumbre financiera mundial, tras la
victoria de Trump, que induce devaluaciones en la mayoría de las economías emergentes.
Algunos operadores del mercado mencionan además que hay inversores que empiezan a
salir de plazos fijos en pesos por miedo a que avance un proyecto de ley para financiar la
baja al Impuesto a las Ganancias con gravamen sobre los depósitos a plazo.  Lo cierto es
que, entre la inestabilidad internacional, las presiones locales y la incertidumbre
generalizada que retroalimenta el conjunto de tecnócratas incapaces que lleva al colapso la
economía argentina, el horizonte se muestra oscuro y lleno de renovadas calamidades por
venir.

02/02/16: Tras la publicación del Decreto 1206 del presidente offshore (20), quien
modificó a su antojo y conveniencia la ley de blanqueo admitiendo la incorporación al
régimen de sinceramiento fiscal a los cónyuges, padres e hijos de funcionarios públicos
que hayan desempeñado cargos desde 2010 a la fecha o lo hagan en la actualidad,
expresamente excluidos por la ley votada por el Congreso Nacional, la diputada de Río
Negro María Emilia Soria presentó una denuncia penal contra el actual mandatario, el
ministro de Propaganda, Joseph Peña, y el ministro en rodillas de Hacienda, Alfonso Prat-
Gay. La denuncia, que fue acompañada, entre otros, por el presidente del Bloque del Frente
para la Victoria, Héctor Recalde, recayó en el Juzgado Penal Nº 2, a cargo de Sebastián
Ramos, e interviene el fiscal servilletero Gerardo Pollicita. Veremos qué curso tiene esta
nueva denuncia que pinta de cuerpo entero la impronta corruptamente estructural del
modelo excluyente que comanda el presidente blindado con el Grupo Clarín y demás
aliados corporativos.

El presidente blindado continuó ayer con su ataque brutal contra los convenios colectivos
de trabajo. En ese sentido señaló, durante su visita a una fábrica de alfajores en Mar del
Plata, que "los convenios de trabajo del Siglo XX muchas veces no sirven en el Siglo XXI".
Ante esto, mostró a los trabajadores como obstáculos para el desarrollo al pedirles "ver qué
puede ceder cada uno, no qué más puede sacar". El evasor impositivo, que fuga dinero a
paraísos fiscales, que nunca cede y siempre busca sacar más de los demás, no tuvo
empacho en agregar que “hay que bajar los impuestos, sobre todo al trabajo, que condenan
al argentino a trabajar en negro. Tenemos los impuestos más altos del mundo”. Lo que no
aclaró el falso pasajero de colectivos es qué estaría dispuesto a ceder el sector empresarial.
¿Acaso algo de los monstruosos márgenes de rentabilidad con que cuentan especialmente
los grupos concentrados? ¿Acaso algo de sus utilidades como obliga la Constitución
Nacional en su artículo 114 bis? ¿Acaso un poco de sus nichos de mercado, de modo de
poder abrir la Economía a otros agentes dispuestos a expandirla en un sentido opuesto al
lucro rápido y fácil con el que acaparan ganancias ilegítimas extraordinarias? No. Para la
lógica neoliberal, la parte sacrificial la debe poner siempre el trabajador con su salario
rebajado, sus condiciones laborales precarizadas, y sus derechos constitucionales
recortados. El Capital, para los confiscadores seriales que tomaron por asalto el Estado ya
no Nacional, da la dádiva del empleo, el “favor” de dar trabajo, y la “gracia” de ocupar
mano de obra a gente que si no quedaría desamparada sin su franciscana ayuda. Abruma
tanta desfachatez sobreactuada, tanta inmoralidad a la vista, tanta mentira hecha iniciativa
política.

La Economía encarnada en la derecha recalcitrante que dirige el mal imitador de Freddie

Mercuri, continúa devastando a la producción nacional. YPF confirmó que dará de baja
unos 33 equipos de producción en la Patagonia que estaban en suspenso desde febrero. Esto
deja en la calle a unos 1.700 trabajadores de las empresas tercerizadas de servicios. En
febrero, la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE)
implementó en la provincia de Neuquén un Plan Preventivo de Crisis en el marco de un
acuerdo con la industria y el ministerio de Desempleo que conduce Jorge Triaca. Durante
ese período, aproximadamente unos 1.700 trabajadores de las empresas que prestan
servicios a YPF mantuvieron sus puestos de trabajo sin carga laboral efectiva cobrando el
50% de los salarios. Ese procedimiento finalizó formalmente en julio pasado, aunque luego
se continuó incorporando personal al mismo, pero, ahora, fuentes de la petrolera controlada
por el Estado, dijeron a NA que "el costo de mantener la fuerza laboral ociosa no se puede
sostener en el tiempo". Tampoco quieren conservar, añadieron las fuentes consultadas, las
situaciones con empresas "contratistas que se ubican muy por debajo de los estándares que
YPF requiere actualmente". La baja de los 33 equipos afectará a empresas de servicios
involucradas en las actividades de perforación, terminación y pulling; también a compañías
de servicios asociados como logística, movimientos de suelos y montaje y soldadura; y a
empresas de optimización en O&M. Por ello unos 1.700 trabajadores aproximadamente que
se encontraban en el Plan Preventivo de Crisis, se verían afectados si las firmas tercerizadas
que los emplean no encuentran actividades para sustituir. Los trabajadores alcanzados por
esta decisión pertenecen a los sindicatos de Petroleros Privados y Petroleros Jerárquicos.
"Para el 2017, YPF estima que va a tener 57 equipos activos en la cuenca, un nivel de
actividad sostenible que, con las medidas de productividad que se implementarán, permitirá
encarar inversiones para el crecimiento de la actividad en la cuenca y en el país", dijeron
desde la firma. YPF ya empezó a comunicarles su decisión a las empresas de servicios
petroleros que operan las torres, explicando que esto responde a la situación internacional
por la caída del crudo y cuestiones propias de la compañía. La baja de equipos afectará
principalmente a Neuquén, el sur de Mendoza y en menor medida a Río Negro, donde se
sostendrá la actividad no convencional. Esta es la manera en que pasamos de la euforia por
la reestatización ocurrida hace cuatro años a la depresión absoluta, en menos de un año, por
la caída estrepitosa de una compañía estatal emblema, abandonada a su mala suerte por los
mercenarios agentes del mercado.

Como suele ser su hipócrita estilo, la Alianza neoliberal gobernante nunca predica con el
ejemplo. Al contrario: ejecuta sus acciones a contramano de lo que se encargan a diario de
vociferar por los 300 canales con que ilegalmente la prensa canalla cuenta para darles
cobertura y protección a sus nefastas políticas públicas. El mismo día que anunciaron su
voluntad de eliminar los feriados “puente” a partir del año que viene, confiscando otro
derecho que se había logrado los últimos años, la gerencia completa con el presidente
offshore (20) a la cabeza, decidió desde ayer reunirse en el complejo de Chapadmalal
ubicado en Mar del Plata, para realizar uno de sus vergonzantes “retiros espirituales”, tan
cínicos e insultantes como son sus diarias declaraciones públicas. El falso pasajero de
colectivos aprovechará la movida para alistar a la tropa, dirimir disidencias internas,
planificar su estrategia electoral de cara al futuro y, de paso, relajarse un poco de tanta
tensión acumulada. Mientras tanto, la población asiste a una nueva puesta en escena, que se
parece demasiado a una burla descarada a los múltiples y variados sufrimientos que las
acciones de su neoliberal gobierno le están deparando.

03/12/16: La dictadura que comanda Gerardo (in) Morales en Jujuy y el gobierno de CEOs
y evasores con cuentas offshore, ha decidido “volver al mundo” de la peor manera: dando
la peor imagen institucional posible. La comunidad internacional continúa advirtiendo y
presionando para que se ponga fin al cautiverio de Milagro Sala, la primera presa política
del régimen neoliberal macrista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) urgió ayer al estado argentino a “dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de
Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva
de Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata”. La Cancillería sacó
rápidamente un comunicado para contestar el pronunciamiento, que deja al país en un lugar
todavía más incómodo ante la comunidad internacional. El Gobierno señaló que “toma
nota” de la opinión de la CIDH y que “se notificará de inmediato su contenido a la Justicia
de la provincia de Jujuy para su conocimiento y acción, para que tome la intervención que
corresponda”. La CIDH está integrada por siete expertos independientes que son elegidos
por la Asamblea General de la OEA a título personal. La Comisión tiene un vínculo
histórico con la Argentina, ya que su visita de 1979 contribuyó a visibilizar y legitimó en el
plano internacional las denuncias sobre los crímenes de la última dictadura. Luego, tanto la
CIDH como la Corte Interamericana intervinieron en importantes casos para la Argentina,
como el de Walter Bulacio, el atentado a la AMIA y la despenalización de los delitos de
injurias y calumnias.  Aunque formalmente el Gobierno ni nacional ni popular se deslinda
del caso y apunta a la justicia jujeña, su incomodidad es cada vez mayor. La carta que el
secretario general de la OEA, Luis Almagro, envió a Sala esta semana, fue lapidaria. “El
más firme apego al pleno respeto de los derechos civiles y políticos, a la libertad de
expresión, así como a las garantías del debido proceso y al no abuso del instituto de la
prisión preventiva me convencen de la necesidad de su inmediata liberación”, escribió el ex
canciller uruguayo. (in) Morales es tan cínico y caradura que es capaz de volver a invitar a
la Comisión reclamante a que visite la provincia, pero haciendo hincapié en que lo hagan el
9 de diciembre; día en que el tiránico gobernador planea un festival para obligar a celebrar
a sus habitantes que todo lo que están padeciendo es necesario, justo y por el bien de todos.

Mientras la gerencia completa, encabezada por el presidente offshore (20), sigue de

campamento en Chapadmalal pergeñando la estrategia partidaria con que buscarán estafar
al electorado el año que viene, ayer se revelaron más datos que revelan el nivel de deterioro
y decadencia a que ha llegado el trabajador, tenga o no empleo. La desocupación en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires trepó hasta el 9,8 por ciento durante el tercer trimestre
de 2016. Los datos difundidos ayer por las autoridades estadísticas porteñas evidencian un
incremento de 2,6 puntos porcentuales frente al mismo período el año pasado. Expresado
en cantidades, el número de personas que no encuentran empleo subió de 119.403 a
165.851, lo que significa un total de 46.448 individuos más sin trabajo. Por su parte, la tasa
de subocupación horaria, aquellos que desean trabajar más pero no lo consiguen, pasó de
9,0 a 9,7 por ciento. El deterioro en el mercado de trabajo estuvo concentrado entre los
individuos que viven en el sur de la ciudad. En esa zona, el desempleo registró un salto
interanual de 8,9 a 14,5 por ciento entre julio y septiembre.  Como ya sucediera durante el
menemismo, a muchos de los que tienen trabajo, incluso registrado, no les va mucho mejor.
Los salarios de bolsillo para las categorías intermedias de los convenios colectivos de los
gremios de maestranza, seguridad privada y administración pública nacional se ubicaron en
octubre por debajo de la línea de pobreza. En el caso de la alimentación el salario es similar
al monto necesario para adquirir una canasta básica alimentaria de 13.335 pesos. Desde el
Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad de San Martín, advierten
que la caída en la pobreza de un segmento de los trabajadores en relación de dependencia es
“una de las consecuencias del fuerte deterioro del poder adquisitivo de los ingresos
laborales durante 2016”. El último boletín del CETyD advierte que la suma de los salarios
de convenio, los adicionales habituales y las asignaciones familiares dejó en octubre a un
oficial metalúrgico con tres años de antigüedad con un ingreso de 15.564 pesos, apenas un
6 por ciento superior a la canasta básica de la pobreza estimada por las autoridades
estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Los empleados de comercio (la categoría
Vendedor C con 3 años de experiencia, asistencia y puntualidad) recibieron en octubre un
salario de bolsillo 8 por ciento por encima a la CBA porteña. Estos son otros de los temas
sobre los que la vergonzante CGT gorda no dice palabra, mientras sigue esperando un
bonete amarillo de $2.000; cuando el mismo, si se regulara en términos de la pérdida de
poder adquisitivo por la inflación, debería rondar los $16.000.

La corrupción estructural que el macrismo está consolidando se permite algunos deslices,

como devolver favores a algunos de los amigos del entorno presidencial a través de
prebendas, permisos o proyectos para que se apropien de bienes colectivos para uso y
usufructo privado. En la ciudad rionegrina de El Bolsón avanza un proyecto inmobiliario
que revela una trama de influencias que alcanza al propio presidente blindado. La
Municipalidad local impulsa la adjudicación de 600 hectáreas para el loteo de tierras de una
reserva natural al pie del cerro Perito Moreno para la construcción de una villa turística,
rechazada por ambientalistas. El proyecto Laderas no sólo prevé la deforestación de parte
de esa superficie protegida, sino que, al privatizar la zona, restringe la participación
ciudadana en la explotación turística. Un dato para entender el contrapunto: la compañía es
de Joseph Lewis, el magnate británico que cerró el acceso a Lago Escondido y que es
“amigo” declarado del presidente argentino, a quien alojó en su casa de Bariloche cuando
Barack Obama visitó esa ciudad en marzo pasado. La amistad llega a tal punto que la ex
vocera del multimillonario fue designada directora de Radio Nacional Neuquén. Detrás del
proyecto Laderas está el operador inmobiliario Nicolás Van Ditmar, administrador de
empresas del británico Lewis, un multimillonario que aparece en el ranking de Forbes como
una de las 300 personas más ricas del mundo. Su fortuna es de alrededor de 5 mil millones
de dólares, es uno de los dueños del club Tottenham y tiene activos en Pampa Holding,
entre otros grupos. La Asamblea en Defensa de la Tierra y el Agua denuncia tanto el daño
ambiental del proyecto de Lewis como el hecho de que su concreción dejaría a los
habitantes de El Bolsón sin la posibilidad de participar de la explotación turística en la
zona, por pasar a ser esta una propiedad privada. No es la primera vez que este empresario
cierra accesos a un espacio. En 2010 adquirió las tierras que rodean el Lago Escondido
(donde desarrolla un emprendimiento hidroeléctrico) y fue denunciado por varias ONG de
no permitir el acceso público a ese espejo de agua. La “Justicia” falló a favor de los
denunciantes, pero el magnate no acató la decisión y, por lo visto, nadie se la está haciendo
cumplir. Al contrario: continúa apropiándose de lo que es de todos para ampliar su poder y
sus dominios. Todo muy obsceno, todo muy neoliberal.

04/12/16: Ante una multitud incalculable y después de varios días de caravana por todo el
país, para que un pueblo salude a su líder, Raúl Castro despidió a su hermano en un
homenaje solemne pero muy sentido. Mandatarios de varios países del mundo
acompañaron a los millones de cubanos que le fueron a dar su último adiós a Fidel y
agradecer: por su entereza moral y sus ideales inclaudicables; por haber erradicado la
desnutrición y el analfabetismo de toda la isla; por tener un modelo de salud que es ejemplo
en el mundo; porque bajo su mandato a ningún cubano nunca le faltó educación en todos
los niveles, salud, casa y comida, aun en los peores momentos del “período especial”;
porque en todo el territorio no se registra un solo caso de muerte por “inseguridad”; porque
se sienten autónomos e independientes de todos los poderes imperiales, aun con los
sabotajes y bloqueos que siguen padeciendo y que no lograron quebrarlo ni hacerlo
retroceder a la hora de defender la Nación de atentados e invasiones extranjeras; porque
siempre se mostró solidario con los pueblos que sufren y prestó su ayuda humana y
material para curar y educar allí donde había necesidades básicas implorando por una mano
amiga que vaya al rescate. Hombres, mujeres y niños se mancomunaron en un encuentro
inolvidable para despedirlo y demostrarle al mundo que no se liberaron de un tirano, ni de
un dictador, ni de un corrupto, como pontifican los personeros de un sistema que derrocha
desigualdad, miseria, exclusión y muerte por todos sus poros; sino que perdieron un
patriota, un referente, un ejemplo de dignidad y coraje. Lo despidieron con todo el respeto y
los honores con que nunca un pueblo despedirá a un mandatario neoliberal; esos que gozan
de todos los privilegios en vida, pero que, al momento del retiro, lo hacen despreciados por
la indiferencia y menesterosos de afecto y reconocimiento popular.

La gerencia neoliberal que tomó por asalto el Estado ya no Nacional y la dictadura que
regentea Gerardo (in) Morales en Jujuy, han decidido continuar exponiendo al país a un
papelón y un escándalo internacional. Un día después de que la CIDH se sumara al reclamo
de los organismos internacionales por la liberación de Milagro Sala, el Ministerio Público
de la Acusación jujeño ratificó que la detención de la dirigente social responde a los cargos
de supuesta asociación ilícita, extorsión, fraude, encubrimiento y lesiones graves que pesan
contra la líder de Tupac Amaru. En tanto, el Supremo Tribunal de Justicia jujeño, alineado
con el gobernador Gerardo (in) Morales, desestimó un recurso para que se anulen las
resoluciones por las que la referente de la Tupac Amaru sigue detenida y rechazó otro que
planteó su inmunidad parlamentaria por ser legisladora del Mercosur. Esta es la manera en
que el macrismo, etapa superior del menemismo, encontró para aislar a Argentina del
mundo.

Durante la semana que acaba de pasar el Senado aprobó, con un año de retraso, los pliegos
presentados para confirmar al neoliberal Federico Sturzenegger al frente del Banco Central.
Y ello a pesar que, aun ignorando sus horrendos antecedentes, tuvieron tiempo suficiente
para comprobar que este hombre no es idóneo para ningún cargo público. Durante 2016
este incompetente funcionario no evitó la fuga de divisas sino que permitió su
multiplicación; habilitó la dolarización de las carteras de inversión; elevó hasta niveles de
pornografía sádica las tasas de interés para favorecer una bicicleta financiera como ocurría
en tiempos de la dictadura; aprobó la compra de dólares de manera irrestricta sin control
para averiguar de dónde provenía el dinero y dando vía libre a su salida como, cuando y
donde el comprador quiera; profundizó la emisión monetaria que terminó sobrealimentando
el proceso inflacionario, aun incontrolado; despidió empleados que investigaban desde hace
años delitos financieros actuales y pasados, especialmente los vinculados con civiles
ligados a la última dictadura; desmontó todos los mecanismos regulatorios que eran
obligación irrenunciable de un Banco ahora puesto al servicio del capital financiero
internacional; multiplicó la deuda a tasas altas y plazos cortos y flexibilizó la regulación
que obligaba a los bancos a prestar los depósitos en dólares únicamente a empresas que
exportan y, por tanto, tienen capacidad de repago de divisas. La gestión de este hombre es,
por ende, un canto a la incapacidad y, al mismo tiempo, un servicio encomiable a la
corrupción estructural; que, si bien no paran de profundizar, aun no logran instrumentar y
reglamentar de modo coherente para coordinar las acciones de manera de llevarlas a la
práctica en forma prolija y armónica en el marco de un andamiaje que funcione y se
reproduzca, aun en su sentido perverso. Como tampoco tienen idea de cómo atender los
innumerables problemas y conflictos colaterales que sus políticas confiscatorias van
generando, al menos para evitar que todo termine saltando por los aires, con el proyecto
expropiador general incluido. Pues bien: la cámara que viene deshonrando a la república,
avalando los pliegos de este funcionario impresentable, que lo único cierto que dijo en su
vida fue cuando contó públicamente cómo aprendió a mentir y estafar a sus rivales políticos
gracias a las clases que le dio el siniestro Jaime Durán Barba, está también avalando su
gestión que, en diferencia y sintonía con el ministro con master en evasión agravada
Alfonso Prat-Gay, están llevando a la Economía a su colapso definitivo.

Se puede estar muy formado académicamente, pero cuando se posee un alto nivel de
neoliberalismo en sangre, ello no evita que se reproduzcan las conductas indecorosas,
autoritarias y repudiables de quienes portan soberbia y arrogancia sólo porque se las
facilitan el cargo que ostentan. El director de la Biblioteca Nacional, Alberto Manguel,
intimó a jefes de este organismo a que "ordenen" a sus empleados para que no lo critiquen.
"Tienen dos opciones: o se dejan de entorpecer nuestras tareas comunes por medio de
alarmas y acusaciones repetidas sin fundamento, o buscan trabajo en otra parte. Este es un
país libre y nadie está obligado a permanecer en una institución que juzgan fraudulenta",
lanzó sin eufemismos ni medias tintas. El escritor, tío de la periodista macrista Romina
Manguel, intimó a los jefes de diferentes sectores de este organismo cultural a que ordenen
a los empleados para que no lo cuestionen a través de las redes sociales. El reclamo, según
señala en una publicación el gremio Unión del Personal Civil de la Nación, fue a través de
un correo electrónico titulado "Incidente inaceptable". Las directivas de Manguel se
conocieron en paralelo al inicio de su gira internacional de verano y en la misma semana en
la que rumoreó que le presentó su renuncia al ministro de un cacho de Cultura, Pablo
Avebruto, quien se la habría rechazado. Un tema que se suma a este, según marca el portal
de noticias Letra P, es que en los cinco meses que Manguel está al frente del organismo,
gastó más de 400.000 pesos en viajes alrededor del mundo y se costea los almuerzos en
Recoleta mediante canjes publicitarios. Todo esto demuestra que se puede ser un intelectual
medianamente reconocido en el mundo y, al mismo tiempo, un cretino y un miserable como
el más vulgar neoliberal; como son quienes comparten su mismo espacio político.

La mejor prueba que las paritarias, bajo el régimen confiscador que encabeza el presidente
offshore (20), no son libres, es que el sindicato bancario, que dirige Sergio Palazzo,
consiguió aumentos salariales para fin de año para su sector que el Ministerio de
Desempleo, que conduce Jorge Triaca, anunció que no homologará. Ello no impedirá que
se efectivice, pues el acuerdo se cerró con representaciones empresarias que emplean al 80
por ciento de los trabajadores del sector; pero es una señal clara para los demás sindicatos,
que abrigan la utópica esperanza de conseguir acuerdos más o menos similares, que el
gobierno de CEOs y evasores con cuentas offshore hará todo lo posible por evitarlo. La
gerencia gobernante no promueve derechos a los trabajadores: goza cuando los impide o
amputa y sufre cuando, a pesar de ellos, igualmente se conservan o consiguen.
05/12/16: La recesión económica rumbo a su depresión inexorable sigue su derrotero, a
pesar de los débiles incentivos que los últimos meses intentaron reavivar el consumo. Las
ventas de los comercios minoristas, medidas en cantidades, cayeron en noviembre 8,5 por
ciento en relación a igual mes del año anterior y acumularon una baja interanual de 7,1 por
ciento en once meses, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
“Noviembre fue otro mes malo para el comercio. Ni los descuentos, ni las posibilidades de
financiamiento en cuotas sin interés, ni las ofertas atractivas del mercado, lograron
despertar el consumo de las familias que siguió planchado y muy medido”, destacó el
informe. Las caídas más pronunciadas se evidenciaron en los rubros: Electrodomésticos y
artículos electrónicos (-15,2 por ciento), Ferreterías (-14,1), Materiales para la construcción
(-11,9), Textil e indumentaria (-11,9), Bazar y regalos (-11,4), Materiales eléctricos (-10,8),
y Textil-Blanco (-10,7 por ciento). El informe advirtió que en noviembre “la falta de poder
adquisitivo fue notoria, como también los altos niveles de endeudamiento en las tarjetas que
frenaron muchas ventas ya sea porque los límites no alcanzaron o simplemente por la
necesidad de reducir los pasivos”. La CAME explicó que “un factor que viene restando
ventas en el mercado interno, son los viajes hormiga que hacen muchos argentinos a países
vecinos como Brasil, Paraguay y Chile a realizar compras aprovechando los precios más
convenientes especialmente en ropa, calzados, blanquearía, y artículos electrónicos”. “Lo
mismo sucede con los tours a Miami. Ese efecto se notó fuerte el último fin de semana
largo de noviembre”, remarcó CAME. La entidad empresaria también responsabilizó a las
ventas ilegales. De la hecatombe desatada no se sale con magia. Se sale sin neoliberalismo.
Se sale con otro gobierno, en las antípodas del que hoy el país está padeciendo.

El ajuste brutal en Ciencia y Tecnología está haciendo estragos en el Conicet. La socióloga

Dora Barrancos, integrante del directorio del organismo, confirmó una abrupta disminución
de los llamados a concurso para la carrera de investigación en 2017. “El directorio trató los
ingresos de este año y lamentablemente va a haber un 60 por ciento menos de ingresos a la
carrera que en el año 2015”, afirmó en declaraciones a Nexciencia, el portal de noticias de
la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. De acuerdo con el último llamado en diciembre
pasado, en 2016 ingresaron al Conicet 943 nuevos investigadores. Este año la convocatoria
rondará los 400 llamados, un recorte del 60 por ciento. Para Barrancos, la reducción es
“consecuencia de la regresión que significa una caída presupuestaria que supera el 30 por
ciento”. Resta saber si el ministro del área, Lino Barañao, renunciará al cargo que prometió
honrar para “defender lo conseguido estos años”, o continuará sobreviviendo en el puesto
apelando a más comentarios desafortunados, como los dichos hasta ahora, que son del tenor
y el estilo del más acabado recalcitrante neoliberal.

Los que antes de las últimas elecciones votaron en contra del presidente blindado
seguramente conocían sus antecedentes, al menos como Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Un repaso general sobre la impronta dejada por su gestión durante ocho años
consecutivos al mando del Ejecutivo porteño, echará luz a quienes todavía dudan o abrigan
alguna ingenua esperanza en que su actual Gobierno cambie o cumpla con las falsas
expectativas que consiguió instalar durante el canto a la mentira desembozada que fue su
campaña electoral. En materia de impuestos los aumentos fueron estratosféricos: casi el
1.000 % en ABL, 582 % en Patentes y 753 % en ingresos brutos. Cuando comenzó su
mandato como Jefe de Gobierno despidió 2.400 trabajadores del Estado. No obstante, el
Estado no se achicó. Un informe de La Fábrica porteña –el think tank del kirchnerismo
porteño– indicó que el gasto de la administración creció: pasó de representar el 13 por
ciento de todos los gastos en 2007 a requerir el 15 por ciento cuando se fue el Hood Robin
argentino no nacional. Pese a esto, el líder del PRO logró instalar en la campaña la idea de
que era un gobernante austero. Su manejo de las finanzas al frente del gobierno porteño no
pudo ser más desastroso. En 8 años multiplicó por cuatro la deuda de la ciudad. El
endeudamiento total llegó al final de su mandato a 2.363 millones de pesos, cuyo 89 por
ciento era en dólares, por lo que se volvió a multiplicar con la devaluación que operó como
presidente. Si se confronta la deuda contra los recursos totales de la Ciudad, era el 18 por
ciento en 2007 y ascendió en 2015 al 51 por ciento. Cerca del 84 por ciento fue para
financiar el gasto corriente. Durante sus dos mandatos porteños, el falso pasajero de
colectivos acumuló un déficit de 19.203 millones de pesos, que representaba el 3,4 por
ciento del gasto total cuando llegó al gobierno de la ciudad y cerró en 2015 con el 8,7 por
ciento. El incremento del déficit en sus años de jefe de gobierno fue del 255 por ciento. El
manejo de las partidas presupuestarias es elocuente para reflejar que las prioridades del
hombre del corazón artificial siguen siendo las mismas antes y ahora: las de Salud crecieron
un 693 %, Educación un 648 % y Vivienda sólo un 345 %. En cambio, esta cofradía de
confiscadores seriales, en el mismo período aumentó el presupuesto para la publicidad
oficial un 2.375 % y para Turismo un 4.393 %. Estos son los datos duros, contundentes,
irrefutables; que la prensa canalla se tomó y toma el trabajo de ocultar. Y son demostrativos
que cualquiera hubiese sido la “herencia”, el plan hubiese sido el mismo. No pueden, no
saben, ni quieren hacer otra cosa. Lo han hecho en el pasado, lo siguen haciendo en el
presente y lo harán en el fututo, si el país tiene la desgracia de seguir teniéndolos
gobernando; sea a través de las urnas, como lo fue recientemente, sea a través de golpes de
Estado y dictaduras, como lo fue históricamente.

¿Qué otra cosa que más calamidades puede ofrecer la Alianza neoliberal gobernante a su
población? A pesar del descontento social ascendente y que las próximas elecciones
legislativas le están exigiendo algo de demagogia y un poco de aire a sus asfixiantes
políticas confiscatorias para no llegar más derruida al día de los comicios, la propia
dinámica del modelo que están instalando pide más y más ajuste contra la clase trabajadora.
Según un documento al que accedió El Destape, el gobierno ni nacional ni popular planea
una nueva purga masiva de empleados estatales nacionales. De acuerdo al dato
documentado son 882 trabajadores los que echarían Mau y sus pandilleros como regalito
para que los afectados puedan pasar “felices” fin de año. Las carteras más perjudicadas
serán Producción y Educación y Deportes. En ambos ministerios se echarán a 300
trabajadores en cada uno. Voceros del Ministerio de Modernización y Despidos informaron
que cada ministerio elaboró una lista por su cuenta y que ellos, esta vez, no son
responsables de las decisiones que se tomarán al respecto a la brevedad. Esta es la mejor
manera que encontró la gerencia para repartir la culpa entre todos los funcionarios, como si
ello evitara identificar que se trata de un plan estratégico de gobierno que, aunque quieran,
no pueden ya ni impedir ni demorar.

06/12/16: Cuando se daba a conocer la cuenta offshore n°20 del presidente blindado
muchos intuíamos que aparecerían más. Pues bien: se revelaron 10 nuevas cuentas offshore
al que el primer mandatario argentino está directa o indirectamente vinculado. Este nuevo
descubrimiento se lo debemos al diputado por el FpV Darío Martínez, quien señaló que la
mayoría de ellas están también radicadas en Panamá, que a esta altura es para el falso
pasajero de colectivos su segunda casa. Fracsoma Internacional, Malena Cía. De
Inversiones, Grandberry Inc, Lorela SA, Impresit Sideco, Sideco Americana,
Argeconsa SA, Niagara Holding Corp, Hurley Trading Inc y Latium Investments Inc,
son los nombres de las nuevas cuentas reveladas y la información ya está en poder del fiscal
Federico Delgado y el juez Casanello, que investigan el lavado de dinero de las otras 20 ya
encontradas. Conocido esto, como sucedió en las anteriores ocasiones, volvemos a
preguntar: ¿alguien de la oposición va a llamar a declarar al Hood Robin argentino no
Nacional al Congreso, para que al menos ensaye una de sus habituales malas mentiras para
negar o justificar este nuevo hallazgo? ¿Nadie del gobierno por motus propio va a decir
algo al respecto? ¿La prensa in the pendiente no va a fogonear marchas callejeras exigiendo
la renuncia, la destitución o la condena pública del hombre del corazón artificial, como
seguro hubieran hecho si las cuentas encontradas fueran de CFK? No. La prensa canalla
sólo está para desinformar, ocultar o tergiversar, no para informar ni encabezar cruzadas
purificadoras de las instituciones republicanas. La impunidad de este hombre la habilita el
modelo, la permite el sistema y la toleran sus enemigos: con su silencio público, con su
queja aislada y su inacción cómplice. La permanencia en su cargo sigue siendo una
interpelación a todos y un llamado a la responsabilidad ciudadana, de la que ni siquiera los
que lo condenan socialmente están exentos.

Las mentiras del macrismo ni siquiera tienen patas cortas. Se arrastran sin extremidades y,
al menos desde que asaltaron al Estado ya no nacional, nunca llegan muy lejos. Por burdas
y berretas siempre terminan siendo descubiertas. Eso pasa con sus medidas económicas,
que ya en su enunciación incuban la mendacidad en su vientre. El último caso es el
reintegro de 15 % del IVA a jubilados, pensionados y titulares de la AUH, con el que Mau
y sus pandilleros se llenaron la boca hablando como una iniciativa que demostraba el
costado humano y social de su aborrecible plan económico. Pasados 4 meses ya se pudo
comprobar, según datos oficiales, que el “beneficio” es cobrado por algo más de 1 millón
de personas, muy por debajo de los casi 9 millones a los que el Gobierno ni nacional ni
popular dijo que apuntaba con la medida. El monto total devuelto por la AFIP desde fines
de julio es de 410 millones de pesos, lejos de los 25 mil millones de costo fiscal anual que
supuestamente tendría la iniciativa. Como ya se advertía desde el anuncio de la medida, que
presagiaba lo limitado de su alcance y lo reducido de sus beneficiarios, su escaso impacto
se debe a la baja utilización de la tarjeta de débito de parte de consumidores y comercios,
algo que la gerencia neoliberal sabía de antemano y luego, viendo sus resultados, no hizo
nada al respecto. ¿Por qué? Porque quería estos resultados. Así piensan y ejecutan los que
venden fuegos de artificio.

Sin la complicidad gremial el macrismo no podría gobernar como lo está haciendo. Los
sindicatos nucleados en la CGT gorda son funcionales al régimen confiscador que regentea
la Alianza neoliberal Cambiemos, y sus cambios de actitudes, según el gobierno con el que
trate, hace sospechar que siempre detrás de sus conductas indecorosas hay algo más que
afinidad ideológica, voluntad de “gobernabilidad”, o simples acuerdos prebendarios. A este
nivel de conjetura nos llevan los arreglos paritarios que muchos de ellos hacen legalizando
las rebajas salariales que propicia el gobierno más corrupto de la historia, en democracia. El
último caso ejemplificador es el ocurrido en la Provincia de Buenos Aires. El hada
desangelada María E. Vidal y la mayoría de los gremios estatales acordaron un aumento
salarial por quince meses, con un 18 por ciento de suba de sueldos para todo 2017, con la
posibilidad de reabrir las negociaciones si la inflación fuera mayor a ese porcentaje.
Representantes de UPCN, de municipales del Soeme, Fegeppba, los controladores de Apoc
y los empleados de Salud Pública aceptaron la propuesta que hizo el gobierno provincial,
que incluye una suba promedio del 3,6 por ciento para el último trimestre de este año -lo
que implica un 34,6- y un 18 por ciento, pagadero en tres cuotas, para todo 2017. La
gobernadora calificó el hecho como “histórico”, mientras la Asociación de Trabajadores del
Estado (ATE), rechazó el acuerdo y advirtió sobre la “pérdida de poder adquisitivo” con
“salarios miserables”. Vale decir: los gremios neoliberalizados convalidaron el saqueo de al
menos el 15 % de los sueldos, al no rediscutir lo perdido durante este año, y toman por
válidas las metas inflacionarias anunciadas por el ministro en rodillas de Hacienda con
master evasión agravada, Alfonso Prat-Gay; el mismo que anunciaba que la devaluación no
se iba a trasladar a precios y luego que la inflación no llegaría al 25 %, cuando ya está
pisando el doble.

La inclaudicable Hebe de Bonafini tiene más y renovados motivos para la nueva marcha de
la resistencia que planea hacer contra el régimen confiscador que regentea el presidente
offshore (30) el próximo 8 de diciembre. El viernes pasado a la noche el SPF dispuso el
traslado de un detenido de lesa humanidad, alojado hasta entonces en Marcos Paz, a la
Unidad 34 de Campo de Mayo, un centro penitenciario VIP con campo de deportes,
canchas de vóley y de fútbol con quincho, ubicada en el predio del Ejercito que se cerró en
septiembre de 2013 –luego de la fuga de dos militares del Hospital Militar Cosme
Argerich– por riesgo grave e indemne de evasiones por condiciones deficitarias de
seguridad. Se trata del ex teniente del Ejército, Aníbal Alberto Guevara Molina, condenado
a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza y quien actualmente es
juzgado en San Rafael. Ayer a la mañana, Guevara Molina fue efectivamente re-localizado
a Campo de Mayo sin mediar autorización del tribunal que tiene a cargo el control de
ejecución de la pena. Cuando uno de los jueces preguntó por las razones, le respondieron
que es por la entrada en vigencia de la Ley de Flagrancia y razones de cupo. Y adelantaron
que los traslados de los detenidos por crímenes de lesa humanidad a Campo de Mayo van a
continuar. Los quieren cómodos. Los quieren privilegiados. Los quieren impunes.

Si se hace justicia el periodista in the pendiente Luis Majul, finalmente, quizá caiga de su
cornisa. El diputado nacional Rodolfo Tailhade presentó este martes una denuncia penal
ante la Justicia Federal por la polémica compra realizada por parte de la secretaría de
Hernán Lonardi a la productora La Cornisa, perteneciente al empresario de medios Luis
Majul, por los derechos de un video de 4 minutos a cambio de un millón de pesos. La
denuncia es “por defraudación contra la administración pública y negociaciones
incompatibles". La demanda recayó en el Juzgado Criminal y Correccional número 2, a
cargo de Sebastián Ramos. Tailhade describe que la compra de "los derechos del video", tal
como describió Lonardi, es cuanto mínimo "llamativo", dado que la productora del
periodista ya había recibido un subsidio no reembolsable de Santa Fe para llevar a ese
distrito la muestra completa y no sólo el video "De Walsh a Lanata, 40 años de periodismo
argentino", a cambio de unos trescientos mil pesos ($300.000), lo que representaría un
tercio de lo que percibió por el corto, que es parte de la exhibición en cuestión. Además, en
el escrito presentado este martes ante la Justicia, el diputado resalta que "la cronología de
las relaciones políticas y económicas de Luis Majul con el actual gobierno distan de la
vinculación al recientemente estrenado film que Lombardi invoca", y asegura que el
empresario de medios, entre 2008 y 2014, recibió "más de 300 contrataciones por casi 14
millones de pesos" por parte del gobierno porteño, de las cuales "algunas de ellas" se dieron
"de manera directa, sin licitación, para la realización de eventos y servicios de distribución
de folletería". Es por esto que el diputado nacional solicitó "establecer si el pago en
cuestión no está asociado a otro tipo de contraprestaciones comunicacionales del principal
beneficiario de esta contratación", dado que, entiende, Majul es un "periodista de alto
reconocimiento, formador de opinión pública y analista permanente de la política nacional".
La compra misma del video, a cualquier periodista que lo hubiera hecho al valor más
económico posible, era plausible de denuncia contra Hernán Lonardi, por mal gusto y
malversación de dineros públicos. Quien con “objetividad” lo viera entendería el
fundamento de estos cargos.

07/12/16: Una nueva derrota parlamentaria le asestó un duro golpe a la Alianza neoliberal
gobernante. El conservador proyecto del gobierno ni nacional ni popular para modificar el
impuesto a las Ganancias, logró ayer algo impensado hasta hace algunos días: que casi todo
el arco opositor se aglutine para rechazarla y consensuar una propuesta superadora.
Mientras que en el recinto de Diputados se extendía la discusión acerca de la Ley de
Emergencia Social, representantes del Frente para la Victoria, el Frente Renovador y el
Bloque Justicialista llevaron a cabo una reunión en la que acordaron una serie de puntos
que conforman un solo proyecto. Apoyaron la propuesta el Progresismo y el peronismo
disidente. La alternativa de la oposición eleva el mínimo no imponible en torno al 40 por
ciento, con lo cual comenzarán a tributar solteros a partir de los 35.000 pesos de salario
bruto y los casados con hijos desde los 44.000 pesos. Este piso, al igual que las
deducciones, se actualizará todos los años siguiendo el criterio de que sólo pague el 10 por
ciento de los asalariados que más ganan. Esta es una propuesta del kirchnerismo que aceptó
el resto de las fuerzas de la oposición. Se excluye del impuesto el medio aguinaldo, horas
extras y bonos por productividad, y a los jubilados que ganan hasta 60.000 pesos
mensuales. Se pueden deducir los alquileres y los viáticos. También se crea una deducción
por zona desfavorable para provincias al sur del Río Colorado, con la incorporación de La
Pampa. Para llevar a cabo esa actualización, la AFIP deberá informar cada año cómo
evolucionaron los salarios y, a partir de esos datos, definir el corte. Se supone que los
valores propuestos (33.500 y 44.000) equivalen a ese porcentaje. Para las escalas, la
actualización se realizará a través del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los
Trabajadores Estables). Estas dos actualizaciones permitirían contemplar cambios en la
distribución de los ingresos. Para compensar el costo fiscal se restituyen las retenciones a
las mineras, se aplica un impuesto al juego online y a las tragamonedas, se incorporan a los
nuevos jueces y se crea una línea divisoria entre las escalas más bajas y más altas a fin de
que las deducciones de los últimos sean menores. El proyecto opositor fue aprobado poco
después de la medianoche. Ante esta derrota inapelable el “dialoguista” gobierno
reaccionó, como suele hacer cuando las cosas no salen tal cual son sus deseos, agrediendo y
amenazando, solapadamente, con el veto presidencial. “Nuestro deber como oficialismo es
defender un proyecto de gobierno como una integralidad. Se quieren llevar puesto al
gobierno nacional con una propuesta de reforma que no hicieron en 12 años. Este es un acto
de irresponsabilidad que, como oficialismo, no vamos a avalar”, señaló el diputado
macrista Luciano Laspina. Con las elecciones próximas comiéndoles los talones, veremos
si el presidente offshore (30) se anima a un nuevo gesto autoritario dirigido contra los
trabajadores y en favor de las corporaciones, a las que pertenece y representa.

Ante la categórica derrota parlamentaria de ayer el presidente blindado dio una muestra
más de su cinismo y caradurez a la hora de hablar de sus rivales políticos y de ignorar sus
falsas promesas de campaña. “La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino", dijo
en el acto de reinauguración del aeropuerto internacional de Mendoza y consideró una
“pesadilla” la unidad que exhibió la oposición para frenar la iniciativa del oficialismo que
no contemplaba la actualización del mínimo no imponible y llevaba que más trabajadores
tuviesen que pagar el impuesto. “Como si los argentinos no tuviésemos memoria”, afirmó
el desmemoriado selectivo y falso pasajero de colectivos, quien no recordó ni una palabra
de su promesa de campaña de eliminar Ganancias. En paralelo a la reacción del amigo de
Donald Trump, desde Cambiemos ya empezaron a plantear la posibilidad de que vete la ley
en caso de que sea sancionada por la Cámara de Senadores. Así, nuestro Freddy Krueger
local nos habla que sufre “pesadillas” cuando al pueblo trabajador le confiscó hasta el
sueño, por las penurias que les toca pasar por sus aberrantes iniciativas políticas. Lo que es
probable es que el hombre del corazón artificial esté sufriendo horrores por la difícil
situación que debe enfrentar ahora. Su dilema es: ¿veto la ley y sigo cayendo en picada en
mi imagen pública? ¿O la dejo pasar y permito que las corporaciones del juego, la minería
y demás privilegiados sean gravados para que el impuesto sea mejor digerido por los
afectados, a los que les prometí falsamente eliminarlo? Sólo alguien que no conozca a
fondo la racionalidad neoliberal puede dudar que este hombre, apadrinado, sostenido y
financiado por las corporaciones, vaya a afectar a los sectores a los que pertenece. Pagará el
costo político que haga falta, en eso no se hace grandes problemas. El manual de excusas
para justificar su veto recorrerá los mismos caminos que transitó el que le sirvió para
aplicar los tarifazos, los despidos y el ajuste presupuestario: su sentido de la
“responsabilidad” y su obsesión por el “sinceramiento” de las variables económicas que
“heredó” bajo el formato de una bomba a punto de estallar. Y si hace falta tampoco faltará
el acompañamiento en tándem de los medios hegemónicos y del putrefacto poder judicial
para justificar la medida y, trascartón, continuar con su andanada distractiva atacando
periodística y jurídicamente al gobierno anterior. Un buen soldado neoliberal siempre
muere con las botas puestas…

Con un malestar social que crece, un opoficialismo que empieza a tomar distancia, y unos
números de la Economía cada vez más catastróficos, Mau y sus pandilleros están cada vez
más acorralados por la crisis auto infringida que, como un boomerang, se les está volviendo
en contra para administrar prolijamente y con eficiencia el régimen confiscador que tenían
planificado de antemano. Basta ver los últimos números de las pymes y de la construcción
para poder comprobar que la crisis se les ha desmadrado por completo. La producción de
las Pymes industriales retrocedió 6 por ciento en octubre respecto del mismo mes del año
pasado. En los primeros 10 meses, registró una contracción del 5,2 por ciento en relación
con igual período de 2015. Así lo estimó CAME, entidad que agrupa a pequeños y
medianos empresarios. El informe detalla que 75 por ciento de las firmas relevadas bajaron
su producción y sólo 13,2 por ciento anotaron una suba. El 56 por ciento de los
establecimientos, en tanto, registró rentabilidad negativa. Gran parte de las compañías
afirmaron que ven con mayor incertidumbre la economía para los próximos meses, una
tendencia que empieza a observarse también entre los hombres de negocios dedicados a
inversiones financieras. En sintonía con estos guarismos alarmantes, el índice Construya,
que agrupa los despachos de materiales para la edificación, mostró otra caída estrepitosa.
La venta de insumos para la construcción cayó 20,2 por ciento en noviembre respecto del
mismo mes del año pasado y retrocedió 4,0 por ciento en relación con octubre despejados
factores estacionales. En los primeros 11 meses, se acumuló una contracción del 15,4 por
ciento. Los números son categóricos y refutan de manera inapelable al relato neoliberal;
cuyos personeros deberían empezar a pensar en sus patéticos retiros espirituales cómo salir
del atolladero al que están empujando al país sin remedio, y no en qué estrategias
marketineras implementar para volver a estafar al electorado en las elecciones del año
entrante.

08/12/16: Lo que ayer a primera hora era una insinuación al final del día se convirtió en
certeza: el presidente offshore (30) vetará la modificación de la ley de impuesto a las
ganancias, si el Senado la aprueba tal como fue votada en Diputados. Con la sangre en el
ojo, desde el hombre del corazón artificial, pasando por su ministro de Propaganda, la
creadora de fundaciones apócrifas para lavar dinero, y varios dirigentes neoliberales que
comparten el mismo espacio político, salieron con los tapones de punta a agredir a los
legisladores opositores acusándolos de demagogos, irresponsables y de estar anclados en el
pasado por aprobar una iniciativa que pone algo de equidad a tanto arrebato planificado
desde el Estado ya no Nacional. Justo ellos, los que atrasan 100 años queriendo volver a un
país pre peronista de mínima y pre yrigoyenista de máxima; los que sin el menor decoro
prometieron eliminar el impuesto que ahora se proponen ampliar a más gente para que
encima paguen más lo que hasta ahora lo pagan; los que hablan de “cuidar el gasto”,
cuando no han hecho otra cosa que derrochar recursos para transferirlos a las corporaciones
que, lejos de crear empleo y mejorar los salarios, han multiplicado los despidos y rebajado
los sueldos; vienen a hablar de no mentirle a la ciudadanía. Justo ellos: los que han hecho
de la mendacidad su principal instrumento para engañar a la población con falsas promesas
y erróneos diagnósticos, vienen a pontificar sobre la necesidad de “sincerar” la Economía y
sus variables, a las que han desquiciado por completo con su plan confiscador ejecutado de
manera brutal pero de forma improvisada y disfuncional; a tal punto que carece de la
mínima coherencia interna para perdurar en el tiempo de modo poder reproducirse en sus
propios términos expropiadores. El llamado que ha hecho este hombre sin el más mínimo
sentido de la decencia, la lealtad y la ética, es ahora a los gobernadores para que presionen,
como él lo hará con ellos, a sus senadores para que den marcha atrás con la modificación
hecha ley por la cámara de diputados. Esperemos que el Senado haga valer su autonomía y
apruebe sin modificaciones la ley tal cual está, de modo de evitar que la misma vuelva a la
cámara baja para una nueva discusión, que es la apuesta que hace la pandilla gobernante
para dar nuevamente batalla contra la iniciativa opositora. Si el intento fracasa, como se
advertía ayer, vetará la ley sin miramientos. A los personeros de las corporaciones no los
intimida la condena social que recojan, ni les tiembla el pulso a la hora de defender sus
propios intereses sectoriales.

Pese al apriete público que realizó el falso pasajero de colectivos contra los senadores, éstos
parecen no haberse amilanado y aceleran el tratamiento de la polémica ley sobre ganancias
para la semana que viene. Para ello fue convocada para este martes la comisión de
Presupuesto y Hacienda, donde los senadores recibirán a representantes del Poder Ejecutivo
no Nacional, a especialistas en materia tributaria y a los gobernadores que acepten
participar de la audiencia. Más allá de la resistencia de Cambiemos y el rechazo expreso del
presidente offshore (30), desde la oposición analizan la posibilidad de emitir dictamen ese
mismo martes y, de contar con los dos tercios de los votos, sancionar la ley al día siguiente.
El amplio consenso de 13 bloques opositores en la Cámara de Diputados dejó un escenario
más que positivo para la aprobación en el Senado, donde el oficialismo cuenta con una
fuerza muy minoritaria: apenas 15 legisladores propios sobre un total de 72. Si bien desde
la gerencia que tomó por asalto el Estado ya no Nacional apostaban a ejercer una fuerte
presión sobre los mandatarios provinciales para que influyan sobre sus senadores, distintas
fuentes consultadas daban por descontado que alcanzarán el número suficiente para su
aprobación sin modificaciones. Será por eso que la dirigencia neoliberal completa, con
Gabriela Michetti a la cabeza, salió a coro, como si no hubiesen leído el proyecto, a
preguntarse: ¿de dónde va el gobierno a sacar los recursos para solventar el costo fiscal de
esta medida? Lea el proyecto vice presidenta, que allí está clarito: restituyendo retenciones
a las mineras y con impuestos al juego y a las rentas financieras, o sea: a los sectores a los
que su fuerza política, de manera irresponsable e ilegítima, privilegió de forma
extraordinaria sin ninguna contraprestación a cambio y en perjuicio de las grandes
mayorías.

La copa neoliberal, cuando se llena, nunca derrama riqueza para repartir a las grandes
mayorías, sino las más variadas calamidades para el resto de la ciudadanía. Con la excusa
de promover las inversiones y el empleo, el gobierno neoliberal que conduce el Hood
Robin argentino no Nacional, eliminó las retenciones al campo y a las mineras. Esta
irresponsable e ilegítima medida provocó un agujero fiscal inconmensurable que ahora,
Mau y sus pandilleros, le quieren adosar a la modificación de la ley de impuesto a las
ganancias aprobada en diputados; a los que acusan de demagogos e irresponsables por la
iniciativa votada en el recinto. Pues bien: trascurrido un año de infausta gestión, se puede
comprobar que los sectores beneficiados por las medidas neoliberales de la Nueva Triple
Alianza no generaron ni inversiones ni empleo. Por el contrario: avanzaron en su política de
fuga de divisas hacia el exterior y en la destrucción de puestos de trabajo. Más de 9.000
empleos se perdieron entre ambos sectores en lo que va del 2016, lo que demuestra que
dando rienda suelta a un caníbal sólo se puede esperar una brutal carnicería.

Durante su encendida diatriba contra el bloque opositor en el parlamento por la aprobación

de la modificación del impuesto a las ganancias, el presidente blindado, entre tantas
mentiras y necedades, habló de que “hay que laburar más y no ver que otra ventaja se puede
sacar”. Justamente lo contrario hizo, el mismo día, luego de proponerlo: se tomará todo el
fin de semana largo con su familia en Córdoba, para unas nuevas inmerecidas vacaciones.
Tan agotado y tensionado se encuentra que, mientras subía fotos de él con su esposa y su
hija descansando y matándose de risa, les advirtió a sus colaboradores que fue a
“descansar” y no a tener reuniones políticas y protocolares de ningún tipo. Otra
demostración más de cómo un neoliberal predica con el ejemplo.

Como si no tuviera bastante con el descontento social creciente, la crisis económica que no
controla y un Parlamento que empieza a endurecer sus posturas contra su proyecto
confiscador, el vapuleado presidente offshore (30) sigue acumulando causas judiciales en
su contra. que, mientras conserve poder y un piso mínimo de aceptación electoral, no
prosperarán. Pero, de cara al futuro, pueden darle más que un simple dolor de cabeza y
suculentos gastos en abogados. Ayer, tanto él como el master en evasión agravada Alfonso
Prat-Gay y el saqueador del banco Central Federico Sturzenegger, fueron imputados por la
emisión de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) bajo la sospecha de que habrían
“manipulado” el “verdadero valor de la divisa”. La causa se inició a partir de una denuncia
presentada en noviembre por un grupo de diputados kirchneristas, quienes acusaron al
Gobierno ni nacional ni popular por la aplicación de una política monetaria que -entre
diciembre de 2015 y octubre de 2016- habría generado “daños a las arcas públicas”. La
fiscal Paloma Ochoa elevó ayer la imputación y solicitó al juez Daniel Rafecas que realice
una batería de medidas de prueba para avanzar con la investigación. La fiscal sostuvo que
la “emisión abusiva” de títulos de deuda pública interna, a través de la herramienta
financiera de los Lebacs, y externa, por medio de bonos, “habría ocasionado un
significativo detrimento de las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados
grupos económicos”. Ochoa remarcó que, “ante la evidente disparidad entre el valor real
del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado”, los grupos económicos citados
“aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores ficticios y sin límite alguno que
luego fraguaron del sistema financiero argentino”. En su impecable dictamen, la fiscal
detalló que la maniobra se habría realizado a través de dos mecanismos denunciados por los
legisladores nacionales del Frente para la Victoria: “uso fraudulento de Lebacs” y
“endeudamiento fraudulento”. Ochoa también pidió que “se solicite al ministerio de
Hacienda y Finanzas Pública de la Nación que informe la totalidad de deuda externa
emitida desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el presente, debiéndose detallar la tasa de
interés fijada en esos bonos, como así también los plazos de su amortización”. Si este fuera
un país serio y con sus instituciones funcionando, sobrarían las demás causas penales que
duermen en los hediondos cajones tribunalicios, para destituirlos y hacerlos pagar por los
delitos cometidos.

Dos nuevos hechos revelan el carácter persecutorio de la Alianza gobernante contra quienes
se oponen a su miseria planificada de las mayorías. Uno, contra CFK, quien denunció a
través de las redes sociales que por "negligencia" del Ministerio de Inseguridad, que dirige
Patricia Bolsrich, su custodia no podrá viajar con sus armas reglamentarias mañana a San
Pablo, Brasil, adonde fue invitada por la Fundación Perseu Abramo del Partido de los
Trabajadores (PT) para inaugurar, junto con Dilma Roussef, la conferencia titulada “La
lucha política en América Latina hoy”, previa reunión con Inácio "Lula" Da Silva. "El
mismo Ministerio que arma en Comodoro Py operativos de cientos de efectivos,
patrulleros, camiones hidrantes, perros, etc. y que intentó colocar cámaras de filmación en
las puertas del edificio en el que vivo en CABA, con el 'argumento' de estar 'cuidando la
seguridad de una ex presidenta' (...) qué argumento" usará ahora para enviar a San Pablo a
la custodia sin armas”, se pregunta la ex mandataria. El otro fue contra el periodista
opositor Víctor Hugo Morales, quien tuvo que soportar un nuevo allanamiento en su
domicilio para que los esbirros de Héctor Magnetto, que anidan en el putrefacto poder
judicial, tasen sus bienes en el marco de la demanda por injurias que el CEO del grupo
Clarín iniciara contra su persona. Esta es la manera en que opera la Alianza derechista para
atacar a sus adversarios luego demonizarlos aviesamente en público: exponiéndolos para
que sufran agresiones del más variado tipo, o asfixiándolos económicamente para
acallarlos.
09/12/16: La experiencia kirchnerista fue una anomalía. Un hecho inesperado, un
acontecimiento que irrumpió y partió aguas en un sistema que, sin cambiar su raíz ni su
base piramidal constituyente, fue sacudido en muchas de sus estructuras por un conjunto de
reformas progresistas que empezaron a poner en discusión temas, premisas y postulados
que la derecha, siempre travestida de fuerza política republicana, había logrado naturalizar
como verdades irrefutables; aprobadas y consentidas por el siempre formateado sentido
común. Por eso el FpV dejará su huella en la historia del campo popular con el mismo
sentido fundacional que lo hizo el peronismo a mediados del siglo XX, con su impronta
amplificadora de derechos y conquistas sociales. Pero la anomalía, aquello que supone un
cambio o desviación respecto de lo que es normal, regular, natural o previsible no es una
condición exclusiva del campo popular o progresista. La derecha ha encontrado en el
macrismo no un salto de calidad, una forma superadora, o una impronta propia que será
registrada por el carácter revolucionario de sus propuestas o de sus formas de hacer
política. Pero para el propio neoliberalismo sí constituye una anomalía, una irrupción
inesperada, “anormal” y fuera toda regularidad, medido bajo los parámetros de una derecha
clásica. Ninguna de sus propuestas conlleva novedad, pero su estilo, su impronta, sus
características propias han logrado un impacto del que la historia también guardará registro,
en este caso, para sellar en sus anales una experiencia que también marcará a fuego a las
generaciones que lo están padeciendo. Ni el más avezado historiador, filósofo, sociólogo o
politólogo podría haber anticipado semejante avanzada regresiva, tanta mentira aviesa
atravesando cada discurso, cada medida, cada iniciativa política. ¿Acaso existe en el mundo
un elenco ministerial regido casi exclusivamente por un grupo de CEOs y agentes de bolsa?
¿Acaso existían antecedentes de un retroceso tan veloz y pronunciado en tan poco tiempo,
acompañado de permanentes puestas en escena ensayadas en sets televisivos y guionados
por un puñado de asesores expertos en marketing y propaganda? ¿Cuándo la derecha, en
“democracia”, se había atrevido a tanto y con tanta saña y cinismo? Lo que ha ocurrido en
derredor de las modificaciones al impuesto a las ganancias es el último ejemplo a mano
para reflejar a esta fuerza política en toda su dimensión totalitaria, obscena y
desvergonzada. Un impuesto que prometían eliminar y que ahora el Parlamento propone
reformar con un criterio de mínima equidad, resulta que es un elemento crucial para la
“gobernabilidad” y la estabilidad de todo el modelo confiscador que regentea el conjunto
que gerentes que tomó por asalto al Estado ya no Nacional. La hipócrita furia que ha
despertado en el presidente offshore (30) que su cómplice en el Congreso, Sergio Massa, le
haya dado la espalda a la propuesta oficial, es representativo del grado de autoritarismo y
necedad que porta un hombre carente del más mínimo sentido de la decencia, la lealtad y la
ética; ya no con la república, a la que avasalla todos los días, sino consigo mismo y sus
votantes. “A la larga, cuando uno es impostor, sale a luz”, se atrevió a decir el político más
mendaz de la historia argentina. El hombre que ha hecho de la mentira un arma de
destrucción masiva, envalentonado por su odio de clase, llama “impostor” a quien no deja
de ser una carmelita descalza al lado de quien luce un prontuario criminal de mendacidades
de las más bastas y variadas de las que tengamos memoria. No tiene dudas sobre la
necesidad del veto con el que intentará ajusticiar la medida. Pero el tono nervioso y
destemplado que empieza a mostrar, marca a las claras que su Alianza neoliberal está muy
preocupada de cara al futuro próximo. No controla ninguna variable económica, las cuales
revelan un nivel de crisis tan avanzado que una implosión intestina no debería sorprender a
nadie medianamente informado y despojado de todo fanatismo. No controla la calle,
desbordada de manifestaciones, paros y protestas, que empiezan a ser cada vez más
numerosas y asiduas. Empieza a perder el control del Parlamento, que, con las elecciones
legislativas a la vista, necesita tomar distancia de un gobierno al que comienza a
emparentar con un salvavidas de plomo. No controla totalmente al poder judicial, hecho
que puede constatarse en la última imputación en su contra por las Lebacs y de un
sinnúmero de causas que empiezan a amontonársele y que están cajoneadas y dormidas,
pero latiendo con vida a la espera de otro tiempo político. Encima el establishment le
desconfía: su capacidad para hacer funcionar la maquinaria saqueadora, con habilidad y
conocimiento, de modo de poder reproducirla con armonía y perpetrarla en el tiempo, está
puesta en duda; y hasta los famosos inversores le exigen consolidar un modelo más estable
para aterrizar y poder depredar todo lo que puedan de la Economía vernácula. Pero no está
pudiendo. Con los medios hegemónicos a favor no alcanza. Con la chequera extorsionadora
de gobernadores e intendentes tampoco. Con su reparto de culpas a la “herencia recibida” y
la crisis internacional, menos. Pero la imprudencia, la impericia y la torpeza supina de este
gobierno la van a sufrir todos, piensen como piensen de su infausta gestión neoliberal.
Esperemos que cuando se corra el velo que todavía cubre su horrible rostro ajustador,
encuentre al campo popular aglutinado en una propuesta política consolidada en las
antípodas de los parámetros que hoy están rigiendo a la sociedad argentina.

No empezó el verano, pero sí la pesadilla de los cortes de luz, que promete un calvario para
toda la ciudadanía de a pie; que encima de soportar los criminales tarifazos que el gobierno
ni nacional ni popular le ha aplicado de manera ilegal e ilegítima, deberá afrontar una nueva
pelea por los nuevos aumentos con los que Mau y sus pandilleros piensan ajusticiarla.
Mientras tanto, el rejuntado de tecnócratas, que improvisan sobre la marcha, condonan
deudas millonarias a las distribuidoras y carecen de un plan estratégico para afrontar el
momento de mayor demanda de energía del año. A tal punto que no incorporaron ni un Mw
a la red eléctrica y paralizaron todas las obras en marcha. Así, nos espera un verano más
caliente por la bronca popular que se desatará desaforada contra la Nueva Triple Alianza,
que por las altas temperaturas que acompañarán armoniosamente al infierno neoliberal que
estamos viviendo.

Entre las variables que dejó de controlar el “mejor equipo en 50 años” que “aprende sobre
la marcha” está el dólar, que, como la espada de Damocles, se instaló sobre la cabeza del
master en evasión agravada Alfonso Prat-Gay. Ayer cerró a 16,19 pesos, con un aumento
de 6 centavos en la jornada. El tipo de cambio volvió a marcar así un récord de cotización,
tras la baja del martes. El dólar mayorista, a su vez, se ubicó en 16,02 pesos, con un avance
de 8 centavos, y el dólar paralelo alcanzó los 16,30 pesos, con el incremento de 12 centavos
en el día de ayer. La plaza cambiaria enfrenta mayores tensiones en las últimas semanas,
tras el triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses, y ahora se suma la
incertidumbre política, que lleva a inversores a dolarizar parte de sus carteras. El Central
decidió mantener esta semana la tasa de interés de las Lebacs en 24,75 por ciento, pero no
fue suficiente para frenar la suba del dólar, que aumentó 9 centavos desde el viernes. ¿Se
disparará el dólar como sueñan los garcoexportadores? La gerencia neoliberal se encuentra
ante una encrucijada, pues no cuenta con un Banco Central ni idóneo ni solvente para frenar
una corrida cambiaria, por lo que estamos en manos de la providencia y no en las de
funcionarios aptos para sus cargos en condiciones de defender los intereses de una
Economía nacional. La fragilidad que muestra el modelo expropiador es otra de las
amenazas que aterran a una sociedad desbordada de calamidades y conflictos que el actual
gobierno provocó deliberadamente y que ahora ni los dirige ni controla.

10/12/16: El gobierno ni nacional ni popular cumple un año de gestión y las encuestas más
serias reflejan el profundo deterioro que está sufriendo su imagen pública. Siete de cada
diez argentinos consideran que el presidente offshore (30) no cumple nada o cumple muy
poco las promesas electorales. También siete de cada diez ciudadanos califican como
negativa la situación económica del país y el 60 por ciento considera que ya no debe
echársele la culpa al anterior gobierno, es decir a la llamada “pesada herencia”. Tal vez
esos elementos expliquen que al cumplirse un año de gobierno la aprobación del hombre
del corazón artificial cayó 13 puntos si se la compara con la que tenía el 10 de diciembre de
2015. La principal fortaleza del presidente está en las expectativas, es decir, la existencia de
una proporción de ciudadanos que piensa que las cosas van a mejorar, que hay que tener
paciencia. Sin embargo, también esa expectativa está en descenso y se llega a un fin de año
de mal humor social, con una franja mayoritaria muy preocupada, enorme incertidumbre y
sectores en los que aparece nítida la bronca. Las conclusiones surgen de una encuesta
realizada para Página/12 por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), la
consultora que dirige el sociólogo Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1.200
personas de todo el país, respetándose las proporciones por edad, sexo, nivel económico-
social y lugares de residencia. El trabajo se procesó esta misma semana. Lo curioso de estos
resultados es el todavía alto nivel de expectativas que tienen algunos con necesidad de
creer, a pesar que reconozcan el paisaje desolador que tienen frente a sus ojos. Por algo la
esperanza es el último y más terrible de los males que guarda la caja de Pandora.

Un hecho significativo, relevante y singular se dio ayer en Brasil. CFK, Dilma Rousseff y
Lula Da Silva se reunieron en San Pablo para debatir sobre la nueva realidad
latinoamericana y pensar estrategias conjuntas para afrontar el difícil desafío que tiene el
campo popular y progresista por delante. “Hasta la victoria siempre” fue la frase con que
Cristina Fernández cerró ayer el acto que había sido iniciado por Dilma Rousseff, ante un
auditorio donde los jóvenes y las mujeres fueron mayoría. “Dilma querida tenemos
responsabilidades frente a la historia, y una de ellos es que los partidos nacionales,
populares y democráticos latinoamericanos sean capaces de construir una relación de
fuerzas favorable, y para esto no basta con los partidos, es necesario construir frentes
sociales con los que son agredidos por el rebrote conservador”, señaló la ex presidenta
argentina. Luego de un repaso muy crítico sobre el primer año de gestión del presidente
blindado y de dar su apoyo al PT brasileño por el golpe institucional que sufrió su gobierno,
CFK hizo un nuevo llamamiento a un gran frente ciudadano; que tenga como irrenunciable
tarea dos objetivos: resistir y organizarse. Dos premisas ineludibles de las que muchos
dirigentes opositores no estuvieron ni estarán a la altura. Por ello es crucial tener bien claro
que los dos propósitos van de la mano: el proyecto colectivo anti neoliberal y progresista y
la unión entre quienes se sientan representados en él y estén dispuestos a defenderlo. Ya
hemos tenido bastante con quienes se suben al caballo por la izquierda, para después bajar
presurosos por derecha.

Las abuelas y madres de Plaza de Mayo siguen al frente de la resistencia contra el régimen
confiscador que encabeza el falso pasajero de colectivos, mientras que muchos dirigentes
opositores se quedan en la retaguardia o a un costado esperando ver para donde sopla el
viento. Ayer fue el turno de la Asociación que conduce Hebe de Bonafini, quien encabezó
una nueva marcha de 24 horas para protestar contra el gobierno de CEOs y evasores con
cuentas offshore, y hacer una nueva convocatoria para que se sumen todos aquellos sectores
que se oponen al neoliberalismo y su miseria planificada de las mayorías. Hoy será el turno
de las Abuelas de Plaza de Mayo y Madres Línea Fundadora, el CELS, la CTA, la Tupac
Amaru y demás organizaciones del campo popular, que realizarán en Plaza de Mayo y en
plazas de todo el país la Jornada Nacional de Lucha por los Derechos Humanos. La
continuidad de los juicios a genocidas y cómplices civiles, la libertad a Milagro Sala y “un
modelo social inclusivo, sin desigualdades y que garantice los derechos económicos,
sociales y culturales de nuestro pueblo”, son las consignas que motorizan este encuentro,
que se dará en el marco del primer año de gestión del gobierno, en democracia, más
corrupto de la historia argentina.

El que se ríe cuando las cosas van mal es porque ya sabe a quién va a culpar. Este es el caso
del ministro en rodillas de hacienda y master en evasión agravada, Alfonso Prat-Gay, que
siempre con su aire soberbio y sobrador manifestó estar tranquilo por la suba del dólar,
mientras aseguraba reírse por los comentarios alarmistas de quienes critican sus erráticas
políticas económicas. Sin embargo, los tecnócratas amorales que “improvisan sobre la
marcha”, en un año electoral, debieran estar atentos a la evolución del precio de la divisa
norteamericana, no vaya a ser que vuelvan a creer el ignorante y mal intencionado
pronóstico del ex aliado de la diputada Donda, sobre que “la suba del dólar no se trasladará
a precios”, como dijo en diciembre pasado antes de devaluar la moneda casi un 60 %.
“Haber decidido eliminar la regulación cambiaria anterior desató una tormenta de inflación
que aún no termina. El Gobierno la alimenta con nuevas dosis de incrementos en el valor
del dólar y anuncios de tarifazos energéticos y de combustibles, que arrancarán en el
verano. El equipo económico y el Banco Central pronostican para el año que viene una
inflación de entre 12 y 17 por ciento. A juzgar por su puntería este año, cuando proyectaban
entre 20 y 25 puntos y terminará arriba del 40, no habría que pensar en menos de 25 o 30
por ciento de inflación en 2017 con las mismas políticas”, señaló hoy en Página 12 el
siempre lúcido periodista David Cufré. Y la prueba que esas metas son falsas y destinadas a
engañar a la población, es que el gobierno y el sector privado anticipan decisiones que
transparentan los verdaderos guarismos que sospechan para la inflación del año entrante. El
gobierno porteño, por ejemplo, prevé aumentos de hasta el 40 % en sus impuestos. En el
rubro inmobiliario la renovación de contratos de alquiler, de hecho, se está pactando con
ajustes del 30 por ciento. La realidad es que el pronóstico es mendaz sólo para disimular el
fracaso de su política anti inflacionaria, y para poder instalar un número apócrifo que
permita negociar paritarias a la baja. Quienes aún mantienen ingenuas expectativas respecto
al futuro de mano del actual gobierno, debieran pensar, viendo los resultados que sufren en
sus propios cuerpos, si no tendrán que cambiar o variar sus fuentes de información. No
vaya a ser que el año entrante repitan el error que ya cometieron hace más de un año,
empujados por la desinformación, el odio y el revanchismo de clase.