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Cristian Vázquez
Campesinos de pie
La formación del movimiento campesino en Formosa
Cristian Vázquez
Campesinos de pie. La formación del movimiento

campesino en Formosa
Esta publicación ha sido sometida a evaluación interna y externa
organizada por las instituciones editoras.
Corrección: María Valle (UNGS)

Diseño gráfico: Andrés Espinosa (UNGS)
Maquetación: D.C.V. Federico Banzato (FaHCE-UNLP)
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina
©2020 Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de
Misiones, Universidad Nacional de General Sarmiento
Colección Entre los libros de la buena memoria 20
Vázquez, Cristian
Campesinos de pie : la formación del movimiento campesino en
Formosa / Cristian Vázquez. - 1a ed . - Los Polvorines : Universidad
Nacional de General Sarmiento ; La Plata : Universidad Nacional
de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ;
Posadas : Universidad Nacional de Misiones, 2020.
Libro digital, PDF - (Entre los libros de la buena memoria / 20)
Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-630-487-0
1. Historia Política Argentina. I. Título.

CDD 320.0982
Licencia Creative Commons 4.0 Internacional

(Atribución-No comercial-Compartir igual)
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Mi-
siones y la Universidad Nacional de General Sarmiento promueven
la Colección de e-books “Entre los libros de la buena memoria”,
con el objeto de difundir trabajos de investigación originales e
inéditos, producidos en el seno de Universidades nacionales y
otros ámbitos académicos, centrados en temas de historia y me-
moria del pasado reciente.
La Colección se propone dar a conocer, bajo la modalidad “Ac-
ceso Abierto”, los valiosos avances historiográficos registrados en
dos de los campos de estudio con mayor desarrollo en los últimos
años en nuestro país, como lo son los de la historia reciente y los
estudios sobre memoria.
Colección Entre los libros de la buena memoria
Directores de la Colección
Gabriela Aguila (CONICET-UNR)
Jorge Cernadas (UNGS)
Emmanuel Kahan (CONICET-UNLP)
Comité Académico
Daniel Lvovich (UNGS-CONICET)
Patricia Funes (UBA-CONICET)
Patricia Flier (UNLP)
Yolanda Urquiza (UNaM)
Marina Franco (UNSAM-CONICET)
Silvina Jensen (UNS-CONICET)
Luciano Alonso (UNL)
Emilio Crenzel (UBA-CONICET-IDES)
Comité Editorial
Andrés Espinosa (UNGS)
Guillermo Banzato (UNLP-CONICET)
Claudio Zalazar (UNaM)
Índice
Agradecimientos........................................................................... 9
Siglas y abreviaturas.................................................................... 13
Introducción.............................................................................. 15
Construcción del objeto de estudio..................................... 17
Fundamentación ................................................................ 33
Estrategia de análisis............................................................ 34
Estructura del libro............................................................. 37
Capítulo 1. Estructura agraria.................................................... 39
La fundación de Formosa y el “pecado original”.................. 40
El ciclo del tanino .............................................................. 48
El ciclo del algodón ............................................................ 53
Capítulo 2. Violencia y despojo contra el campesinado
formoseño.................................................................................. 63
Provincialización y primeros años de autonomía
provincial............................................................................ 64
La política agraria de la “Revolución Argentina” en
Formosa.............................................................................. 69
La crisis algodonera............................................................. 79
Capítulo 3. Católicos y extensionistas en el medio rural
formoseño.................................................................................. 89
Diócesis de Formosa........................................................... 90
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ................ 102
El INTA en Formosa........................................................ 106
Capítulo 4. El Movimiento Rural de Acción Católica
y el movimiento campesino...................................................... 113
La Acción Católica Argentina ........................................... 114
El Movimiento Rural de Acción Católica.......................... 118
El MRAC en Formosa...................................................... 127
Tiempos de cambios......................................................... 132
El desarrollo del MRAC y su relación con otras
entidades........................................................................... 135
Tensiones en el MRAC..................................................... 140
El 68 católico.................................................................... 144
La efervescencia dentro del MRAC................................... 148
La formación del movimiento campesino y la disolución
del MRAC ....................................................................... 154
Conclusión............................................................................... 167
Bibliografía referida.................................................................. 173
Fuentes escritas................................................................. 192
Fuentes orales.................................................................... 193
Anexos..................................................................................... 195
Agradecimientos
Este libro es una versión sensiblemente modificada de mi tesis

de Maestría en Ciencias Sociales, denominada “La emergencia de la
organización campesina en Formosa durante la década del sesenta”.
Dicha tesis fue defendida en agosto de 2017 ante un tribunal inte-
grado por Miranda Lida, Lorena Soler y Matías Berger. Agradezco a
ellos sus comentarios y su recomendación para la publicación.
En este contexto, debo sumar a los miembros de la Colección
Entre los libros de la buena memoria por invitarme a publicar. En
especial, a Alicia Servetto y Marina Franco por sus aportes en el
proceso de mutación de tesis a libro.
Mucha gente me ayudó de muchas maneras en la elaboración
de esta investigación. Aun a riesgo de olvidar algunas de ellas, quie-
ro nombrarlas. En primer lugar, a Delia Riobóo y Mónica Daldovo,
que me informaron y alentaron a presentarme a la convocatoria es-
pecial de Becas de Áreas de Vacancia Geográfica (AVG) del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Sin
esta financiación y el aval de la Universidad Nacional de Formosa
(UNaF) me hubiera sido imposible realizar este trabajo. En este
sentido, es pertinente destacar las políticas llevadas adelante a favor
de la ciencia y la tecnología, sobre todo atendiendo al desfinancia-
miento que sufrieron en los últimos cuatro años.
También quiero mencionar a aquellas personas que, sin cono-
cerme, me ofrecieron un lugar donde quedarme en Buenos Aires
–es posible que si me hubieran conocido no lo habrían hecho–:
Martín Vega, Rodrigo Olmedo y Mariana Iglesias. Ellos y sus actos
10 Cristian Vázquez
desinteresados me permitieron iniciar los primeros seminarios en el

Programa de Posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Na-
cional de General Sarmiento (UNGS) y el Instituto de Desarrollo
Económico y Social (IDES).
Un reconocimiento especial merece Daniel Lvovich, quien
aceptó dirigir la tesis de un completo extraño que aún no tenía de-
finido un tema de investigación. En este camino se transformó, más
que en un director, en un maestro y amigo imprescindible que no
solo atendió a mis múltiples y variadas falencias académicas, sino
que se preocupó y ocupó de problemas que escapaban largamente
a sus obligaciones. En él encontré siempre una palabra de aliento.
Fue justamente Daniel quien me abrió las puertas para su-
marme al Grupo de Discusión de Historia Reciente radicado en la
UNGS, del cual aún formo parte. Aquí me encontré con personas
de calidez humana e intelectual, las que me ayudaron a pensar mi
tema de investigación. Entre ellos se encuentran: Jorge Cernadas,
Ernesto Bohoslavsky, Martín Vicente, Juan Gandulfo, César Mó-
naco, Juan Luis Besoky, Guido Casabona, Florencia Levín, Floren-
cia Osuna, Gabriela Gomes, Jaquelina Bisquert y Analía Torina.
También formé parte del grupo CHIPA (Cultura, Historia,
Ideas, Política y Arte del Paraguay), con asiento en la UNGS. Par-
ticipar en este grupo me permitió pensar mi problema de investiga-
ción a escala regional al superar las fronteras nacionales. Además, fue
un importante espacio de camaradería y reflexión. Aquí compartí
con Gustavo Torre, Rocco Carbone, Lorena Soler, Nadia Alderete,
Floriana Vallejos, José Curto, Edil Cáceres, Lilian Morínigo.
Otro importante espacio de sociabilidad académica fueron los
diferentes encuentros y talleres que se desarrollaron en el marco del
programa de posgrado IDES/UNGS. En estas reuniones, tuve la
posibilidad de intercambiar ideas con docentes y compañeros. En
este sentido, vale una referencia especial a Elizabeth Jelin, Pedro
Núñez y Enrique Andriotti Romanin.
Una alusión exclusiva merecen mis compañeros y amigos Mi-
guel Leone, Juan Gandulfo, Diego Castelfranco, Florencia Contar-
do y Analía Goldentul. Con ellos conformamos un grupo de ayuda
académica y psicológica. Fue justamente aquí donde se leyó y dis-
Campesinos de pie 11
cutió el primer borrador íntegro de este trabajo. También, compar-

timos innumerables debates, lecturas, vinos y cervezas.
Son también acreedores de mi gratitud quienes gentilmente
aceptaron compartir conmigo sus recuerdos y/o archivos: sin ellos
este trabajo no hubiera sido posible. Entre ellos se encuentran: Isa-
bel Arguello, Alem Locatelli, Alberto Schaller, Diego Piñeiro, Juan
Carlos Díaz Roig, José Caravias SJ, Francisco Ferrara. Además, dos
cientistas sociales me facilitaron importante documentación: Ricar-
do Murtagh y Lucas Bilbao (en el caso de Lucas, este fue solamente
un gesto más de la amistad que compartimos).
Otros que merecen una referencia especial son Beatriz Noce-
ti y Alberto Sily, como también Olga Ugarte y Oscar Viñas. Las
puertas de sus casas siempre estuvieron abiertas para recibirme con
todas mis inquietudes. De sus bibliotecas y archivos extraje material
sumamente valioso para la investigación. Además de documentos y
testimonios, de ellos recibí cariño y amistad.
Otro importante grupo de personas a nombrar, aunque en al-
gunos casos ya lo hice, es el de las que leyeron este texto de forma
íntegra y me aportaron sus pareceres. Ellos son Miguel Leone, Flo-
rencia Contardo, Beatriz Noceti, Alberto Sily, Oscar Viñas, Delia
Riobóo e Ignacio Telesca.
Tampoco puedo dejar de nombrar a docentes, compañeros y
amigos que me ayudaron a la distancia con algún trámite, la con-
sulta de algún material o con palabras de aliento. Ellos son Sergio
Sapkus, Antonio Prieto, Dionel Filipigh, Sebastián Gill, José Luis
Miranda, Aldrin Juárez, Santiago Bugni, Oscar Velázquez, Juana
Román, Clara Perdomo, Noemí Vidal, Jorge Machado, Hugo Ma-
chado, Marcos Romero, Antonio Galeano, Víctor Fernández y Al-
fonso Álvarez Del Vecchio.
Finalmente, a mi familia, que acompañó pacientemente este pro-
ceso y toleró mis ausencias. Principalmente a mi hija Wilma, por su ca-
riño. Ella me advirtió: “Papá nunca vas a terminar tu tesis si escribís un
párrafo y borrás dos”. En algún momento le hice caso. También quiero
agradecer a mis “viejos”, Anuncia y Néstor, y a mis hermanos Mónica
y Fabio, mis sobrinos Sebastián, Iván, Amira y Juan Cruz.
Para los nombrados y omitidos, solamente gracias.
Siglas y abreviaturas
ACA: Acción Católica Argentina.

ACRC: Acción Católica Rural Chilena.
AICA: Agencia Informativa Católica Argentina.
Celam: Conferencia General del Episcopado Latinoamericano.
CEA: Conferencia Episcopal Argentina.
CIAS: Centro de Investigación y Acción Social.
COFAS: Centro de Orientación, Formación y Acción Social.
Clacso: Consejo Latinoamericano de Ciencia Sociales.
COEPAL: Comisión Episcopal de Pastoral.
Incupo: Instituto de Cultura Popular
INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
MIJARC: Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Ru-
ral Católica.
MRAC: Movimiento Rural de Acción Católica.
MSTM: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.
PUCAM: Por Un Campo Argentino Mejor.
ULICAF: Unión de Ligas Campesinas Formoseñas.
Introducción
El señor Iglesias, de la Dirección de Tierras, me había

dicho que tenía que desalojar esa tierra fiscal y me hizo
tomar conocimiento de eso mediante un papel escrito.
Pero yo le pedí que por favor me diera por lo menos otra
ubicación, a lo que me contestó que no había.
Diario La Mañana, Formosa, 20 de septiembre de1965
De todos los sectores el único totalmente desorganizado

es el sector campesino, al que le faltan los organismos gre-
miales que lo defiendan, y apoyen sus reivindicaciones.
Artículo 3° del estatuto de la Unión de Ligas Campesinas
Formoseñas, 11 de diciembre de 1971
El primer epígrafe corresponde a un fragmento de la carta en-

viada por Hilarión Patiño, de 39 años y padre de cinco hijos, a
la editorial del diario provincial La Mañana. Como muchos otros
habitantes de la provincia en 1965, Patiño era oriundo del Paraguay
y analfabeto. Sin institución u organización a quien apelar, recurría
a la prensa, mediante una carta realizada por “una persona de buen
corazón que se presta a ello”. La historia de Hilarión y su familia
no es un caso excepcional ni tampoco una cuestión que solo atañe
a los migrantes paraguayos (aunque esta condición lo agravaba), y a
medida que avanzaron los años esto se agudizó aún más.
Un quinquenio después de la carta de Patiño, los campesinos
reunidos en el Segundo Congreso Campesino realizado el 11 de
diciembre de 1971, en la ciudad de Formosa, decidieron la creación

de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas y designaron la Co-
misión Coordinadora Central. De esta manera, quedaba constitui-
da la primera organización provincial representativa del campesino.
Un dato a resaltar es que las Ligas de Formosa, a diferencia de sus
similares del Chaco, Misiones, Corrientes y el norte de Santa Fe, se
identificaron a sí mismas como “campesinas”. Consideramos que
esta identificación no respondió a una cuestión azarosa, sino a las
características culturales, sociales y económicas de los sujetos socia-
les que conformaban dicha organización.
Del abandono sufrido por Hilarión Patiño, su familia y el cam-
pesinado en general, a la emergencia de una organización propia y
con alto grado de movilización social, transcurrió una etapa de gran
relevancia y complejidad histórica en la que intervinieron diferentes
actores sociales.
A partir de esta consideración, el objetivo de la presente inves-
tigación es analizar la emergencia de la organización campesina en
la provincia de Formosa durante la década del sesenta, concentrán-
donos en particular en el accionar del Movimiento Rural de Acción
Católica (MRAC) en la provincia. La pregunta que guía la investi-
gación es: ¿cuáles fueron las condiciones históricas que permitieron
la emergencia de la organización campesina en Formosa?
Sostendremos como hipótesis central que la emergencia de
la organización campesina en Formosa durante la década del se-
senta fue posible porque se articularon tres procesos históricos: el
deterioro de las economías regionales con epicentro en la produc-
ción algodonera; un inusitado proceso de privatización de tierras
fiscales y el desalojo masivo de la población campesina durante el
gobierno de facto de la autodenominada Revolución Argentina; y
la labor de diferentes instituciones en el medio rural provincial,
principalmente el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
la congregación Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia y el
Movimiento Rural de Acción Católica, que fueron conformando
líderes rurales, canales de expresión de la población campesina y
estructuras organizativas.
Construcción del objeto de estudio
Para avanzar en la investigación de la emergencia de la organi-

zación campesina en Formosa durante la década del sesenta es ne-
cesario ajustar el campo problemático empírico haciendo un recorte
temporal y espacial. Además, resulta necesario realizar un recorrido
bibliográfico sobre la cuestión campesina para así poder brindar una
definición de campesino que dé cuenta de las características del su-
jeto social a estudiar.
Periodización
Eric Hobsbawm, uno de los historiadores más influyentes del

siglo XX, denominó Los años dorados al período que va desde el fin
de la Segunda Guerra Mundial (1945) a la crisis del petróleo (1973);
una época de extraordinario crecimiento económico y de grandes
transformaciones sociales (Hobsbawm, 1999: 260-289). En refe-
rencia a la historia latinoamericana, la historiografía estadounidense
y europea denominan habitualmente los sesentas o largos sesenta a los
catorce años que van desde el ingreso de las fuerzas comandadas por
Fidel Castro a La Habana, en enero de 1959, hasta el golpe militar
en Chile, que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende
en 1973 (Gilman, 2012: 35-56). Este período se caracterizó por la
intensificación de las luchas sociales, el surgimiento de agrupaciones
armadas y sucesivos golpes militares.
La Iglesia católica no escapó a estas transformaciones. En este
sentido, Enrique Dussel (1979) afirma que una nueva etapa de la
Iglesia se inició en enero de1959, en la misma fecha que Fidel Cas-
tro hizo su entrada a La Habana, cuando Juan XXIII realizó el lla-
mado a un nuevo Concilio Vaticano, que tuvo lugar entre 1962 y
1965. Las conclusiones conciliares presentaron cambios en los pos-
tulados teológicos, litúrgicos y pastorales. Como sostiene José Pablo
Martín, el “cambio” propuesto por el cónclave no fue lo mismo que
cualquier “cambio”, sino que fue “un nuevo modo de presencia de
la Iglesia universal en el mundo; un nuevo modo de compromiso de
la Iglesia en América Latina” (2010: 99, itálicas en el original). Este

período estuvo signado, como afirma Löwy (1999), por la confor-
mación de una corriente liberacionista dentro de las filas de la Igle-
sia. Este sector encontró legitimidad en los documentos emanados
de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que
tuvo lugar en Medellín, en 1968. Se puede considerar que esta etapa
se cierra en 1979 con la realización en Puebla de la III Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano. Según Morello (2008),
en esta oportunidad se realizó una relectura del Vaticano II como
“teología de la cultura”, con lo que se abandonó la interpretación
liberacionista.
Para el caso argentino en particular, en lo que respecta a las
periodizaciones políticas y sociales, nos encontramos con dos pers-
pectivas, no antagónicas, sino complementarias. Por un lado, los
trabajos de Oscar Terán (1991) y Silvia Sigal (1991), en los que,
en términos generales, sostienen tesis similares y una misma perio-
dización. Ambos autores enmarcan sus trabajos mediante fechas de
alta significación política; así, los años sesentas o la década del sesenta
comenzarían en 1955 y se prolongarían hasta 1966, al tomar como
hitos la caída del primer peronismo y la irrupción del onganiato.
Durante este período, según los autores, surgieron propuestas polí-
ticas e ideológicas que desbordaron los marcos de la izquierda “tra-
dicional” y dieron lugar a la conformación de la “nueva izquierda”.
Por otro lado, Daniel James (2007) y María Cristina Tortti (2007),
entre otros, han entendido que 1955 y 1976 (inicio del golpe de
Estado que da comienzo al gobierno dictatorial más cruento de la
historia argentina) marcan el comienzo y el fin, respectivamente,
de un período específico en la historia nacional. Por supuesto, estos
grandes bloques de tiempo incluyen subperíodos que obedecen a
diferentes procesos históricos.
Coincidimos en la pertinencia de esas periodizaciones para
procesos sociales e históricos a escala mundial, continental o na-
cional. Aun así, entendemos que para comprender la emergencia
de la organización campesina en Formosa debemos enfocar nuestro
estudio en el período 1957-1972. Consideramos que en esos años se
dieron una serie de acontecimientos políticos, económicos y eclesia-
les que son relevantes para comprender el contexto específico en el

que se desplegó la organización del campesinado en Formosa.
En este sentido, adoptamos la denominación de largos sesenta
para dar cuenta del período iniciado en 1957, año en el que se con-
densa un conjunto de procesos y acontecimientos sociales: primero,
la sanción de la Constitución Provincial que regirá el futuro de la
nueva provincia; segundo, la creación de la diócesis de Formosa me-
diante la bula Quandoquidem adoranda, de Pío XII, y la designación
de monseñor Marcelo Scozzina como primer obispo; y tercero, el
comienzo de la crisis de la producción basada en el algodón. Ade-
más, en este contexto, más exactamente en 1958, van a iniciar sus
actividades en el medio rural, a nivel nacional, el Movimiento Rural
de Acción Católica y el Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria.
Como hito de clausura del período, consideramos dos hechos
de relevancia e íntimamente relacionados. La creación de la Unión
de Ligas Campesinas Formoseñas en diciembre de 1971 y la expul-
sión del Movimiento Rural del seno de la Acción Católica Argen-
tina resuelto por la Conferencia Episcopal Argentina, en su XXV
Asamblea Plenaria realizada en mayo de 1972.
Espacio
En relación con el espacio geográfico, la investigación se ocupa

exclusivamente de la región oriental de la provincia de Formosa,
que está constituida por los departamentos de Formosa, Pilcomayo,
Laishí, Pirané, Pilagás y el este de Patiño. Desde el marco de la geo-
grafía radical o crítica, consideramos al espacio como un producto
social. En este sentido, siguiendo a Valenzuela (2006: 18), el espa-
cio es el “resultado de las innumerables interacciones derivadas de
la acción del capitalismo a escala global regional y local”. Además,
agrega la autora, hay que considerar, desde esta concepción del es-
pacio, “la dialéctica de las relaciones económicas asimétricas, el in-
tercambio dispar y los procesos de desarrollo desigual, identificando
la dinámica de inserción y fragmentación de los espacios” (ídem).
Así, las características que definen el espacio a analizar respon-

den al proceso de producción social y no a accidentes geográficos.
En efecto, la región bajo estudio se caracterizó por ser el escenario
de la experiencia liguista; el área de mayor migración paraguaya en la
provincia; la zona de predominio de las explotaciones minifundistas
como también del monocultivo del algodón (ver anexo, mapa 1).
Por qué “campesino”
Investigadores procedentes de distintas vertientes teóricas y

metodológicas han estudiado al campesinado. No debe sorprender
que haya una prolífica producción sobre el tema teniendo en cuenta
que en esta definición se engloban “modos de vida” que se pro-
longaron desde el neolítico hasta la actualidad (Hobsbawm, 1999).
En consecuencia, conceptos como “campesino”, “campesinado” y
“economía campesina” se discuten apasionadamente en la vasta li-
teratura existente. Sin embargo, no existe un consenso acerca de
estos términos.
Sobre esta cuestión, tempranamente, Eric Wolf, el investiga-
dor con mayor influencia sobre los estudios campesinos contem-
poráneos, indicó que “al buscar una definición de los campesinos
que resulte adecuada […] debemos recordar que las definiciones
son herramientas del pensamiento y no verdades históricas” (Wolf,
1977 [1955]: 20). Así, el propio Wolf, a lo largo de su trayectoria
intelectual, ensayó diferentes definiciones sobre el campesino.
Este autor definió a los campesinos como productores agrícolas
(diferentes de los pescadores, mineros y ganaderos), que ejercen un
control efectivo sobre la tierra y que su producción está orientada
hacia la subsistencia, a diferencia del granjero o farmer (Wolf, 1977
[1955]: 21-23).
En un trabajo posterior, Wolf (1971) establece una caracteri-
zación mucho más amplia de las poblaciones campesinas y suma
una característica como una nueva diferenciación. Así, en esta de-
finición, los campesinos son “labradores y ganaderos rurales” y su
característica radica en su condición de subalternidad, ya que sus
“excedentes son transferidos a un grupo dominante de gobernantes

que los emplea para asegurar su propio nivel de vida y que distri-
buye el remanente a los grupos sociales que no labran la tierra”
(1971: 12). Asimismo, para Wolf, “el término campesino denota
una relación estructural asimétrica entre productores de excedente
y dirigentes” (ibidem: 20). Por lo tanto, si existe una extracción de
excedentes, se puede hablar de campesinos.
En esta oportunidad, Wolf vuelve a distinguir a los campesinos
de los granjeros que se desenvuelven como empresarios agrícolas.
En efecto, el autor aclara que el campesino, a diferencia del granje-
ro, “no opera como una empresa en el sentido económico; imprime
desarrollo a una casa y no a un negocio” (ibidem: 10). Lo novedoso,
en esta ocasión, es la diferenciación entre campesino y agricultor
primitivo. Según el autor, “más que la ciudad,1 el Estado constituye
el criterio decisivo de civilización y la aparición de este Estado es la
que señala el umbral de la transición entre productores primitivos
de alimentos y campesinos” (ibidem: 21).
Presentar ambas definiciones no tiene el fin de dar una concep-
tualización puntual del campesinado, sino mostrar que las defini-
ciones, en última instancia, son “modelos”, es decir, abstracciones
de la realidad. En este sentido, como afirma Teodor Shanin, “los
campesinos son una mixtificación. Para empezar, ‘un campesino’
no existe bajo ningún sentido inmediato y estrictamente específi-
co” (1979: 10). Si se considera lo planteado por Shanin, diferentes
autores –como Josep Fontana (1997) y Rosa Congost (2008)– sos-
tienen, acertadamente, que una definición operante y útil de cam-
pesino debe reconocer la heterogeneidad y la necesidad de situarlos
dentro de un contexto histórico y una sociedad determinada. En
este sentido, si se considera que la realidad social nunca es está-
tica, la definición de campesino que abracemos debe contemplar
las continuidades y rupturas sufridas por las sociedades campesinas
analizadas.
1 En este punto, de manera implícita, el autor se diferencia de Robert Redfield, quien con-
sideraba que los campesinos constituían sociedades parciales con culturas parciales y estaban
bajo la dependencia estructural de las ciudades.
El campesinado en la Argentina
La Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, se

caracteriza por una débil tradición en estudios sobre el campesinado
y en los que no se encuentran reflexiones ni discusiones, como en
México, Perú y Ecuador (Giarracca, 1990; Posada, 1993; Bidaseca,
2006b). De hecho, la discusión campesinistas-descampesinistas es
casi inexistente hasta mediados de la década de 1980. Uno de los
motivos lo podemos encontrar en la notable preponderancia pam-
peana que hizo perder de vista al agro del resto del país (Posada,
1993).2 A este argumento, que consideramos central, podemos su-
mar la casi nula existencia del sistema de plantación o hacienda,
característicos de la América tropical; la vasta presencia de una clase
media rural con peso político y de temprana sindicalización. En este
sentido, parafraseando a Teodor Shanin, se podría plantear que en
la Argentina “el campesinado no encaja bien en ninguno de nues-
tros conceptos de la sociedad contemporánea” (1979: 215).
En atención a la particularidad de la Argentina, desarrollaremos
algunas explicaciones sobre la supuesta ausencia del campesinado en
el país. En primer lugar, analizaremos las hipótesis que presentan a
la Argentina como moderna, donde el peso del minifundio es insig-
nificante en términos comparativos con el resto de América Latina,
así como la ausencia de protestas o movilizaciones campesinas. En
segundo lugar, examinaremos las principales posturas sobre el sur-
gimiento de las Ligas Agrarias y el actor social que las constituyó.
En tercer lugar, indagaremos la exclusión o reemplazo del término
campesinado por otras terminologías, tanto en los debates académi-
cos como en relación con las políticas públicas.
2 Sin embargo, Eduardo Azcuy Ameghino (2004) discute la extendida hipótesis que sugiere
la inexistencia de campesinos en la pampa húmeda durante el siglo XX. El autor afirma que
la persistencia del campesinado en las economías capitalistas más avanzadas da cuenta de la
desigualdad del desarrollo del capital en la agricultura.
El campesinado: “una clase incómoda”
Diferentes autores han abonado la imagen de la excepcionali-

dad argentina por la ausencia de un campesinado; en este sentido,
resulta significativo referir que la tipología sobre movimientos cam-
pesinos en América Latina elaborada por Aníbal Quijano excluye
explícitamente el caso de la Argentina con el argumento de que
“países que han superado la etapa intermedia de modernización
[…] no obstante su alto grado de urbanización no han producido
proceso de clase en su campesinado” (1967: 303).
Otro de los argumentos que contribuyó a construir una visión
sobre el agro argentino como un espacio carente de campesinos es
el estudio denominado “Problemas de la tenencia de la tierra y sus
implicancias en el desarrollo económico-social”, coordinado por el
Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (CIDA).3 Producto
del proyecto, se publicaron siete informes entre 1964-1966 (Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú) en
el que se utilizó metodológicamente la conceptualización de explo-
taciones subfamiliares, familiares y empresariales. La investigación
mostró que la Argentina tenía la proporción más alta de explotacio-
nes familiares en la región (Barraclough y Domike, 1971). No es
menor resaltar la relevancia que le brinda Arturo Warman (1988) a
dicha investigación si se considera que fue la semilla de los estudios
campesinos modernos en Latinoamérica.
Desde el ámbito nacional, tempranamente, Francisco Delich
observó que los campesinos en la Argentina tienen “una fisionomía
singular, matices tan propios, que su inclusión en el marco latinoa-
mericano resulta inadecuada” (1972: 58). Además, el autor sostiene
que para fines de la década del sesenta, “el campesinado argentino
no daba señales de existencia, por lo menos en términos de protes-
3 Dicha entidad fue organizada en 1962 por mandato de la Carta de Punta del Este de
1961, y sus miembros eran la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de Estados Americanos (OEA)
y el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) (Feder, 1972). Un resumen de los
informes elaborados fue publicado en el Trimestre Económico (1966).
tas, de revueltas sociales” (ibidem: 59). Delich delineó cuatro argu-

mentos sobre la condición del campesinado en la Argentina. Pri-
mero, el origen inmigratorio de la gran mayoría de los agricultores,
por lo general de una heterogénea ascendencia europea. Segundo,
que encontró rápidamente canales institucionales de acción como
la Federación Agraria Argentina. Tercero, el efecto diferenciador de
la tecnología agrícola. Y, cuarto, la naturaleza de clase del sector de
pequeños y medianos productores conformado a partir del proceso
de colonización.
En esta misma línea interpretativa, Forni sostiene “que los
campesinos pobres no existían en la representación intelectual del
país –ni como sujeto político– hasta la crisis de los cultivos regio-
nales de la última parte de la década del 60” (1989: 53), cuando
en la zona Nordeste aparecieron las Ligas Agrarias que nucleaban
a pequeños productores. Sin embargo, pese al surgimiento de las
Ligas, autores como Atilio Borón y Juan Pegoraro continuaron con
los juicios previos al considerar que la particularidad de la Argentina
es “la conspicua ausencia de una ‘clase campesina’ que desempeñe
un papel económico o político de alguna significación a lo largo del
último siglo” (1985: 194); a esta afirmación los autores agregan que
la cuestión campesina “es enteramente marginal, irrelevante social,
económica y políticamente” (ídem).4
4 Borón y Pegoraro toman la definición engeliana de campesino para negar la existencia de

este sujeto social en la Argentina. En este sentido, Federico Engels, en Las guerras campesinas
en Alemania, describió al campesinado como la clase social que “soportaba el peso íntegro de
todo el edificio social” en el que eran tratados “como mero objeto, peor que a las bestias de
carga”. Además, “estaba entregado a su señor atado de pies y manos […] la mayor parte del
tiempo, debía trabajar en las fincas del señor”; como si esto fuera poco, “en sus ratos libres te-
nía que pagar los diezmos, censos, pechos, tributos de guerra e impuestos regional e imperial.
No podía casarse ni morir sin que cobrase algo su señor”. Engels continúa agregando que, al
igual que la propiedad, “el señor disponía arbitrariamente de la persona del campesino y de
la de su mujer e hijas. Tenía el derecho de pernada” (1985: 152).
El proceso liguista5
Dentro de los estudios sobre las Ligas Agrarias, sobresale la obra

pionera de Francisco Ferrara, Qué son las Ligas Agrarias (1973),6 que
es producto, según sostiene el autor, “de sus tareas en el periodismo
revolucionario” (1973: 9).7 El libro engloba todos los casos provin-
ciales y dedica el primer capítulo al Movimiento Rural de Acción
Católica (MRAC), como antecedente directo de las Ligas, seguido
de capítulos dedicados a cada experiencia provincial: el Chaco, For-
mosa, Misiones, Santa Fe y Corrientes, respectivamente.8
La visión general de Ferrara sobre las Ligas era la de un “movi-
miento campesino” que agrupaba “indiscutiblemente al campesina-
do pobre y medio del Nordeste” (Ferrara, 1973: 9), con una fuerte
homogeneidad ideológica y de acción “lanzado definitivamente ha-
cia el combate revolucionario” (ibidem: 478). En esta línea de in-
terpretación, la emergencia liguista vendría a constituir al binomio
5 En la última década, los trabajos de diferente índole sobre las Ligas se han multiplicado.
En este sentido, el clásico libro de Ferrara (1973) se ha reeditado parcialmente en 2007; por
otro lado, el trabajo de Rozé (1992) tuvo una nueva edición en 2011. En 2006, Jorge Miceli
presentó la novela histórica, Monte Madre, que narra la historia de Irmina Kleiner y Remo
Vénica, ambos militantes del MRAC y las Ligas. Esta novela fue adaptada por Antona, Mar-
chese y Robinson como una obra de teatro: Hijos del Monte (2012). Lo mismo hizo Baldana
para llevarlo a la pantalla grande bajo el título Los del suelo (2014). Además, recientemente se
presentaron y defendieron cuatro tesis, dos de doctorado y dos de maestría, sobre la temática.
Las de doctorado corresponden a Moyano Walker (2011) y Murtagh (2013) y las de maestría
a Calvo (2015) y Contardo (2017).
6 Se podrá observar que el nombre guarda gran similitud con el libro de Francisco Julião,
Que são as Ligas Camponesas? (1962) (ver Julião, 1963).
7 Cuando se le pregunta a Ferrara por las motivaciones para escribir el libro, responde: “Yo
trabajaba en esa época en un periódico de lucha [se refiere a La comuna, donde firmaba bajo
el seudónimo de Diego Dávila] y ahí me conecté con dos compañeros que venían del Chaco,
que andaban haciendo tareas de difusión de la cuestión de las Ligas, venían obviamente a
Buenos Aires donde atiende Dios, dónde iban a ir. Uno era Carlos Orianski y el otro Carlos
Piccoli, eran muy jovencitos” (Charla debate con el autor: “A 40 años del libro Qué son las
Ligas Agrarias”, 11/12/2013 en la UNGS). Ambas personas fueron víctimas de la última
dictadura militar (1976-1983).
8 El libro de Ferrara se ha convertido en una cita ineludible para quienes trabajan sobre las
Ligas Agrarias o temáticas relacionadas. Por un lado, por la diversidad de temas que aborda
que van desde el papel desempeñado por las mujeres en dicha experiencia, pasando por el
rol de los medios de comunicación (tan vigente en la actualidad) y las formas novedosas de
protesta, entre otras. Por otro lado, debido al valioso apéndice documental que acompaña a
cada capítulo.
revolucionario “obrero-campesino” y se sumaría a la lista de movi-

mientos campesinos revolucionarios del siglo XX, como los casos de
la “Revolución Mexicana de principio de siglo [y] las revoluciones
de Rusia, China, Vietnam, Argelia y Cuba” (ibidem: 483).9
La segunda obra de envergadura con respecto a las Ligas fue la
de Jorge Próspero Rozé, una investigación que surgió en el marco
de la Maestría en Sociología Rural desarrollada por el Consejo La-
tinoamericano de Ciencia Sociales (Clacso) en coordinación con
el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.10 Esta investigación
se realizó entre 1974 y 1975, y se presentó como tesis en enero
de 1976 bajo el título “Conflictos sociales en el agro Chaqueño.
Movilización y Conciencia Campesina”. Gran parte de este trabajo
permanece inédito.11
Ese mismo año, dictadura mediante, Rozé fue expulsado de la
Universidad Nacional del Nordeste. Pero continuó trabajando la
temática gracias a la financiación del Programa de Asistencia Aca-
démica Individual (PAI),12 dependiente del Clacso; el resultado fue
presentado a fines de 1977 y publicado recién en 1992 bajo el título
Conflictos Agrarios en Argentina. El proceso Liguista.
9 Son los mismos casos analizados en el libro Las luchas campesinas del siglo XX, de Eric Wolf
(1972). Sin embargo, esta obra no es citada por el autor; quizás se deba a la postura del autor,
quien engloba su trabajo dentro del “periodismo revolucionario”.
10 Desde fines de la década de 1950, es loable destacar el rol desempeñado por el Consejo
Latinoamericano de Ciencia Sociales (Clacso) en la consolidación de las ciencias sociales, en
general, como en el desarrollo de varios programas de posgrado en estudios rurales en Centro
América, Asunción y, el último, en Quito (Bengoa, 2003: 39). Así, desde la segunda posgue-
rra, se dio la aparición de un creciente número de instituciones, agencias y fundaciones de
alcance internacional, continental y nacional que tuvieron un rol central en la institucionali-
zación de las ciencias sociales. En 1948, se creó la Comisión Económica para América Latina
(Cepal); en 1950, la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS); en 1957, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso); y, en 1967, el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (Clacso) (Beigel, 2009; Blanco, 2010).
11 Excepto algún capítulo incorporado con modificaciones al libro Luchas de clase en el
Chaco Contemporáneo (2007).
12 El Programa PAI, consistía en una ayuda a los investigadores cesanteados de las univer-
sidades por las autoridades del gobierno militar. En relación con esta iniciativa, Bayle (2010)
analiza la estrategia emprendida por las redes académicas en el Cono Sur frente a los diferen-
tes gobiernos dictatoriales y represivos. Según la autora, Clacso, por medio de la “Bolsa de
Trabajo e Información Profesional”, organizó la relocalización de los cientistas sociales que se
encontraban amenazados o habían perdido su fuente laboral.
En esta obra, Rozé plantea que las Ligas se encontraban confor-

madas por una diversidad relativamente amplia de productores, des-
de campesinos minifundistas pauperizados, pasando por chacareros
medianos hasta productores capitalizados. Para sostener su hipóte-
sis, Rozé emprende el análisis de cada una de las Ligas provinciales
y sus conclusiones se presentan como “invertidas” al estudio de Fe-
rrara. En este sentido, las diferencias que existen en cada una de las
Ligas son marcadas y resaltadas, y plantea: “El factor sobresaliente
de este movimiento, es precisamente el carácter heterogéneo con
que se manifiesta en cada provincia, condicionado precisamente por
las estructuras de clases en el interior de las cuales se desenvuelven
los productores asociados a las Ligas” (Rozé, 1992: 11).
Por otro lado, desde la antropología social13 y a partir de trabajos
puntuales,14 se empezó, también, a plantear una visión opuesta y
crítica a lo sostenido por Ferrara. Este grupo se encontraba integra-
do por Eduardo Archetti, Kristi Stölen y Leopoldo Bartolomé, y sus
críticas giraron en torno a tres ejes: primero, tratar a las Ligas como
un fenómeno unitario, ignorando las notorias diferencias en lo que
concierne a las distintas provincias y a las bases sociales de recluta-
miento; segundo, ponían en tela de juicio la valoración revoluciona-
ria de las Ligas; y, tercero, sin dudas, el centro de la controversia era
el sujeto social protagonista de las Ligas: “el campesinado”.
En esta senda de discusión, Archetti y Stölen (1975), al analizar
el rol de las explotaciones familiares en el norte de Santa Fe, desta-
can la posibilidad de acumulación de capital, condición que exclu-
ye por definición al campesino, según los autores. A partir de esta
situación y con un significativo aporte conceptual, este trabajo fue
pionero en marcar para la Argentina la existencia de otros actores
13 La antropología social surge en la Argentina a mediados de la década del sesenta. Sus
integrantes asumen una opción disciplinaria orientada por premisas políticas y sus trabajos
de campo demostraban el compromiso de sus practicantes con los “sujetos” de estudio. Al-
gunos de sus referentes tendrán un rol importante en los grupos de protesta rural en el país
en la década de 1970. La relación entre Ligas Agrarias y los académicos o intelectuales es un
tema poco explorado. Para un examen más detenido sobre la antropología social, ver Guber
(2010).
14 A diferencia de Ferrara y Rozé, los antropólogos no realizaron un trabajo específico sobre
del caso formoseño. Pero es pertinente destacar que en sus estudios van haciendo un contra
punto con los casos de Formosa y Corrientes.
sociales capitalizados, claramente diferenciados de los terratenientes

pampeanos. Esta situación coloca a los productores algodoneros del
norte de Santa Fe en una categoría intermedia entre el campesino tí-
pico y el terrateniente pampeano, como un sector más afín a las cla-
ses medias que se despliega en el medio rural. Para la construcción
teórica de este sujeto social, los autores extrapolan un “modelo” de
agricultura familiar típica de los Estados Unidos, el fenómeno far-
mer; en dicho caso, el colono no sería “ni campesino ni capitalista”.
A partir de estas conclusiones, Archetti sostuvo que las Ligas
del norte santafesino estuvieron integradas por colonos que, en mu-
chos aspectos, se diferenciaban de “un grupo de campesinos tradi-
cionales” (1988: 455). Plantea a su vez que sus características son
más afines a “empresas familiares”, debido a que “sus problemas
económicos no eran los de un campesinado que luche por la subsis-
tencia o que tiene hambre de tierra” (ídem).
En esta misma línea interpretativa, Leopoldo Bartolomé, en
su estudio sobre el Movimiento Agrario Misionero, caracterizó di-
cha organización en el marco de los populismos agrarios, desarro-
llados por productores “medios” en los Estados Unidos, a fines del
siglo XIX. En un artículo de 1982, realizó una “clarificación” del
concepto campesino y movimiento campesino, sobre la que expresó
que “con muy contadas excepciones, la mayor parte de los agricul-
tores argentinos no se corresponden con este tipo de campesinado y
llamarlos campesinos solo puede conducir a crear mayor confusión”
(Bartolomé, 1982: 26). Es por ello que opta por pensar en términos
de movimientos agrarios y no de movimientos campesinos. De la
misma forma, emplea el uso de “colonos” “para referirse a un tipo
social similar al denotado por el inglés farmer” (ídem). En conso-
nancia con Archetti y Stölen y en diálogo crítico con Ferrara, el
autor señala:
El desarrollo posterior de los acontecimientos ha puesto en evi-
dencia lo erróneo de tal apreciación, basada en el desconoci-
miento de las características reales de aquellos a quienes se in-
sistía en considerar “campesinos”, así como de la naturaleza de
sus reivindicaciones […] Quizás el ejemplo más definido de este
tipo de interpretación para estos movimientos se encuentre en

el trabajo que les dedicará Ferrara, quien los ubica dentro del
contexto de las revoluciones campesinas (Bartolomé, 1982: 28).
Tanto los antropólogos sociales como Rozé concuerdan en
que las Ligas no estaban compuestas de campesinos tradicionales
o puros, sino, sustancialmente, de productores capitalizados defini-
dos como farmers en el norte de Santa Fe (Archetti y Stölen, 1975;
Archetti 1988), colonos en Misiones (Bartolomé, 1975 y 1982) y,
productores mercantiles en el Chaco (Rozé, 1992). Empero, los au-
tores dejan abierta la posibilidad de la existencia del campesino en
“contadas excepciones”, como refiere Bartolomé; es precisamente
dentro de estas excepciones que podemos incluir los casos de For-
mosa y Corrientes.
A partir de esta interpretación, Bidaseca (2006a) diferencia,
grosso modo, aquellas Ligas de colono/as y agricultores medianos
(Chaco, Misiones y Santa Fe) y las Ligas Campesinas (Corrientes y
Formosa). La reivindicación de las primeras se centró exclusivamen-
te en la esfera de la comercialización y del control sobre la distribu-
ción del producto agrícola, mientras las segundas luchaban por la
subsistencia y el acceso a la tierra.
Si bien la autora formula una diferenciación entre las distintas
Ligas, se ocupa de analizar solamente las integradas por colonos/as.
En este punto, es importante destacar que las Ligas de los produc-
tores capitalizados han recibido mayor atención que las campesinas.
Consideramos que esto se debe a la resistencia de la academia na-
cional a aceptar la existencia del campesinado en el país o a verlo
como un sujeto en vía de extinción. Además, para el caso particular
de Formosa, debemos referir el exiguo desarrollo de las diferentes
disciplinas de las ciencias sociales que impidió crear una agenda de
investigación propia.
Campesinado, pequeño productor y minifundista
Los campesinos en la Argentina no solo constituyen una clase

social “incómoda”, sino que, además, fueron, y en algún caso conti-
núan siendo, resistidos o invisibilizados desde espacios académicos,

como por parte del Estado nacional y los Estados provinciales. Al
respecto, el trabajo de Archetti y Stölen, Explotación familiar y acu-
mulación de capital en el campo argentino –que marcó el camino de
la naciente antropología social–, en su introducción, como mani-
fiesto fundacional, sostiene:
El futuro de la antropología social en la Argentina no debe estar
necesariamente vinculado a la existencia de comunidades de in-
dígenas o de campesinos tradicionales ya que la mayoría de los
productores agropecuarios tienen más de poscampesinos que de
precampesinos o campesinos a secas (1975: 14).15
Por su parte, en relación con la invisibilización, el Estado hace
lo propio a la hora de definir políticas públicas y programas de desa-
rrollo. Así, sujetos sociales semejantes o autodefinidos como campe-
sinos son reducidos epistemológicamente a pequeños productores o
minifundistas, negándoles, de esta manera, su identidad (Bidaseca,
2006b; Barbetta, Domínguez y Sabatino, 2014).
En este sentido, a modo de ejemplo, podemos aludir al Pro-
grama de Reconversión de Áreas Minifundistas puesto en marcha
por la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, a cargo
del ingeniero Horacio Giberti, en 1973 (primer antecedente en este
tipo de políticas públicas). Posteriormente, a mediados de la déca-
da de 1980, se puso en marcha el Programa de Desarrollo Rural
Integrado del Minifundio en Formosa, diagramado por el Consejo
Federal de Inversiones en colaboración con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria y el Instituto Provincial de Colonización
y Tierras Fiscales de la provincia de Formosa. A los casos citados
podríamos sumar la creación en Formosa, en 1996, del Programa
de Asistencia Integral para el Pequeño Productor Agropecuario
(PAIPPA), dependiente del Poder Ejecutivo provincial.
En efecto, los estudios, diagnósticos y planificación llevados a
cabo por instituciones gubernamentales y centrados en el medio ru-
15 El precepto presentado por los autores no se ceñía solamente sobre la Argentina. En un
pasaje posterior de la obra se sostiene “descubrir farmers en América Latina es una de las tareas
principales para la antropología social y la sociología rural” (Archetti y Stölen, 1975: 159).
ral que buscaban superar la situación de pobreza mediante políticas

públicas utilizaron, y aún lo hacen, conceptos distintos al de cam-
pesino, como es el caso de “pequeño productor” (Benencia, 1987) o
“minifundista” (Flood, 1982; Obschatko, 1983; Manzanal, 1988).
Sin embargo, resulta llamativo que, en términos generales, las in-
vestigaciones terminan por acordar que el término empleado hace
referencia al campesino.
En este sentido, Roberto Benencia (1987), con reconocida tra-
yectoria en el ámbito académico como en la formulación de pro-
yectos de desarrollo rural, sostenía que en la Argentina son asimila-
bles los términos “campesinos” y “pequeños productores”. En esta
misma dirección, Mabel Manzanal (1988) utiliza indistintamente
“campesinos” y “minifundistas”, aunque acepta que la carga teórica
del primero es mayor. La misma autora, en el Diccionario de ciencias
sociales y política (2004), plantea que “en países como la Argentina
suele utilizarse también el término minifundista como sinónimo de
campesino” (2004: 67).
Recuperando un debate tardío, Norma Giarracca explica que
“con la conceptualización generalizada de minifundista o campesi-
no, aun con buenas intenciones, se puede llegar a velar estas hetero-
geneidades y diferencias que es necesario sacar a la luz y respetar en
las formulaciones de políticas opcionales” (1990: 64, énfasis nues-
tro). En esta misma línea, la autora agrega que el campesino es,
con frecuencia, pero no necesariamente, un minifundista. Es decir,
mientras el término “minifundio” alude a la escasez relativa de tierra
o fuerza de trabajo, el de “campesino” “remite a un conjunto de
aspectos económicos, pero también sociales y culturales; un pasado
o religión común, historia de luchas sociales que lo hayan confor-
mado como grupo” (ibidem: 57, negrita en el original). Asimismo,
en relación con el término “pequeño productor” o “pequeño pro-
ductor familiar” y campesino, Giarraca afirma que “son dos sujetos
sociales cercanos pero de naturaleza diferente: se integran de manera
distinta a las regiones, a los mercados, a la política” (ibidem: 58).
Al derrotero y negación del concepto campesino dentro del
imaginario de la “Argentina moderna” hay que sumarle las huellas
que dejó en el término el proceso de conflictividad social en los años
setenta. Por un lado, la emergencia de las Ligas en el medio rural

como actor político y social y, por otro lado, la inclusión de los movi-
mientos de protesta dentro del campo discursivo de lo “subversivo”.16
De este modo, con la vinculación entre campesino y subversivo, los
términos “pequeño productor” y “minifundista” fueron empleados
para referir al campesino. Así, se produjo un recorte en el concepto
campesino de todos los aspectos que no fueran productivos.
En este sentido, al advertir lo ambiguo y lo resistido del tér-
mino “campesino”, es necesario brindar una posible definición del
sujeto social que identificamos bajo esta categoría. De este modo,
entendemos por campesino a la población rural que se dedica prin-
cipalmente a la agricultura. Sin embargo, la producción de la tierra
a menudo se complementa con otras actividades económicas, como
la crianza de animales, la caza, la pesca y el obraje. No excluimos a
los ganaderos, aunque sí señalamos que en Formosa, por lo reduci-
do de las explotaciones y el insuficiente capital, esta actividad entre
los campesinos tuvo una práctica muy reducida.
Para las actividades productivas, el campesino emplea funda-
mentalmente fuerza de trabajo familiar, aunque transitoriamente
puede comprar y vender fuerza de trabajo, y una baja dotación tec-
nológica. El acceso, uso y derecho sobre la tierra tienen formas va-
riadas: individual, colectiva o fiscal.
La producción del campesino, sea directamente para el consu-
mo o con destino al mercado, tiene como objetivo la subsistencia.
Por lo tanto, el campesino participa en la esfera monetaria y en la
circulación de mercancías, pero a nivel de un sistema mercantil sim-
ple, es decir, un intercambio de valores de uso para obtener los pro-
ductos esenciales no directamente producidos por ellos, a diferencia
del capitalista que lo hace para obtener un beneficio.17
16 Según Marina Franco (2012), entre 1973 y 1976 el término “subversivo” adquirió un
importante consenso en los discursos políticos y periodísticos que repercutieron en las prác-
ticas represivas estatales. Es significativo que, en el caso de Formosa, el Movimiento Agrario
Formoseño organizado a la vuelta de la democracia, rechazó la denominación de campesino
y de Ligas por la estigmatización de ambos términos (Sapkus, 2001).
17 Para la elaboración del concepto nos basamos en los principales aportes teóricos de Cha-
yanov (1974); Marx (2011); Wolf (1977 [1955]; 1971); Shanin (1979); Archetti y Stölen
(1975); Bartolomé (1982).
Fundamentación
En la Argentina, durante la década de 1960, y más marcada-

mente a finales del período, una importante capa de los sectores
medios, intelectuales, católicos y trabajadores experimentaron un
proceso de contestación y movilización social que, en algunos casos,
derivó en la radicalización política y la opción por la lucha arma-
da (Gillespie, 2011; James, 2007; Tortti, 2007; Donatello, 2010).
Este proceso de agitación social no se remitió exclusivamente a los
centros urbanos, sino que impactó también en las zonas rurales,
generándose así experiencias inéditas de protesta (Healey, 2007).
En este contexto, las Ligas Agrarias conformadas en las provincias
del nordeste en los primeros años setenta adquirieron un impor-
tante protagonismo (Ferrara, 1973; Rozé, 1992; Bartolomé, 1982;
Archetti, 1988).
Tempranamente, desde la militancia política y las prácticas
académicas, las Ligas se transformaron en un importante tema de
reflexión e investigación. Sin embargo, si se descartan los trabajos
de Ferrara (1973) y Rozé (1992) que engloban todos los casos pro-
vinciales, las investigaciones se centraron en el Chaco (Rozé, 1976;
Lasa 1989), Santa Fe (Archetti, 1975 y 1988; Archetti y Stölen,
1974 y 1975) y Misiones (Bartolomé, 1975 y 1982). Por su parte,
los casos de Formosa y Corrientes recibieron menor atención.
Además, el conjunto de las investigaciones se concentraron
temporalmente en el momento de emergencia de las Ligas, es decir,
en los primeros años setenta. De este modo, las referencias al perío-
do previo solo tenían por fin presentar los antecedentes de las Ligas
de forma general.
A esta lógica escapan los trabajos de Lasa (1989), Moyano
Walker (1991) y Murtagh, (2013). Por un lado, Lasa se ocupa de
analizar el rol del MRAC en la provincia del Chaco desde la década
de 1960. Según el autor, el Movimiento Rural desempeñó un pro-
ceso de mediación política que permitió la formación de identidades
colectivas en el campesinado, en otros términos, de una “clase-su-
jeto”. Por otro lado, Moyano Walker presenta el trabajo más am-
bicioso y general sobre el MRAC a nivel nacional. Su investigación
abarca desde la creación del Movimiento en 1958 hasta su expul-

sión de la Acción Católica Argentina (ACA) en 1972, y llega, in-
cluso, a 1976. Por último, Murtagh analiza diferentes experiencias
y realizaciones de origen “cristiano” en las zonas rurales de la región
del nordeste entre las décadas 1960 y 1980. Si bien el autor hace
alusión a intervenciones de origen cristiano, su indagación se ciñe
al campo católico.
Teniendo en cuenta los diferentes trabajos mencionados, con-
sideramos pertinente el estudio de Formosa durante la década del se-
senta atendiendo la emergencia de la organización campesina. Con
ello pretendemos llenar una vacancia historiográfica y dar cuenta de
las particularidades de la organización campesina en la provincia.
Estrategia de análisis
La investigación parte de una convergencia metodológica co-

nocida como “triangulación”. Vasilachis de Gialdino (1992) la defi-
ne como un “plan de acción” que, al combinar perspectivas teóricas,
fuentes y metodologías, permite superar los sesgos propios de una
determinada perspectiva. En efecto, se utilizan conceptos y meto-
dologías provenientes de diferentes campos de las ciencias sociales,
en especial de la historia, la antropología social, la sociología y la
geografía.
A propósito de lo expuesto, en la construcción del corpus docu-
mental, aplicamos la triangulación de datos a los diferentes tipos de
fuentes primarias, secundarias y orales. En este sentido, se realizó un
relevamiento, una sistematización y un análisis de fuentes escritas,
así como la elaboración de entrevistas en profundidad o no estruc-
turadas con informantes claves.18
18 Se realizaron siete entrevistas formales orientadas a comprender globalmente los hechos y
procesos analizados en esta investigación. Dos de ellas están citadas en el trabajo, con el fin de
contribuir a una mayor comprensión de las consideraciones planteadas. Si bien las restantes
entrevistas no aparecen en el cuerpo del texto, fueron un marco interpretativo del proceso
histórico analizado. Además de las entrevistas, mantuvimos conversaciones con tres personas
que participaron en el MRAC o las Ligas en Formosa. Asimismo, se estableció contacto epis-
tolar (vía correo electrónico y telefónica) con dos informantes claves.
La aplicación de la entrevista no estructurada se limitó a un

número reducido de informantes. Para su realización, nos apoya-
mos en una guía, previamente elaborada, con el objetivo de obtener
información sobre los aspectos considerados relevantes para el estu-
dio. En este sentido, todas las entrevistas, como cualquier otro tipo
de interacción social, son estructuradas tanto por el investigador
como por el informante (Hammersley y Atrinson, 1994). La dife-
rencia estriba en que unas son reflexivas y otras son estandarizadas.
Consideramos que las fuentes orales son una forma de eviden-
cia histórica y, como cualquiera de ellas, necesita ser evaluada como
tal y no forzarla en los moldes de otras fuentes. Por ello, con el em-
pleo de fuentes escritas no se buscó brindar legitimidad o veracidad
a una u otra. En este sentido, ya bien lo señaló Alessandro Portelli
(2004) que el cruce entre fuentes orales y escritas no obedece al inte-
rés por verificar el testimonio, sino a la importancia de interpretarlo
en toda su riqueza y complejidad. Además, como tratamos con un
proceso cercano en el tiempo, es posible y relevante el uso de testi-
monios en la reconstrucción del pasado reciente.
En cuanto al relevamiento y análisis de fuentes escritas, con-
sultamos documentos de índole cualitativa (cartas, folletos, revistas,
informes internos, etcétera) y cuantitativa (información contable,
estadísticas y censos). Al momento del relevamiento de fuentes, nos
encontramos con un conjunto de problemas propios de la investi-
gación histórica. Por un lado, la restricción de las fuentes eclesiales,
puesto que se nos impidió la consulta del Archivo del Obispado de
Formosa. Por otro lado, la consulta de la fuente periodística más
importante para nuestro estudio, el diario La Mañana, la pudimos
realizar de modo fragmentado. Esto obedeció a que el Archivo His-
tórico Provincial no posee una serie completa del material y aunque
el periódico posee un fondo documental organizado e íntegro, su
accesibilidad se ve limitada por la falta de infraestructura adecuada.
Aun así, en ambos repositorios recolectamos importante material
documental. Por último, por una característica propia de la historia
reciente argentina, signada por la violencia política y el terrorismo
estatal, la búsqueda de fuentes se dificultó por la deliberada destruc-
ción de documentos realizada por los militantes ante la posibilidad

de ser blanco de la represión.19
En este contexto, la consulta a archivos privados resultó de vital
importancia para la investigación. En este sentido, tuvimos acceso
al archivo personal de Oscar Viñas (Asesor Jurídico de la Unión de
Ligas Campesinas de Formosa), Juan Eduardo Lenscak (militante
de la Juventud Peronista en Formosa y preso político durante la
última dictadura militar), Eliazile Pedrozo (ministro de Agricultura
y Ganadería y subsecretario de Recursos Naturales de la provincia
de Formosa, 1973).
En este relevamiento de fuentes fue central el trabajo realizado
desde octubre de 2012 con el archivo privado de Beatriz Noceti
y Alberto Sily. Ambos tuvieron una participación importante en
el Movimiento Rural de Acción Católica y en la formación de las
Ligas Agrarias en el nordeste. Sily, exsacerdote jesuita, se desem-
peñó en la época como asesor espiritual del Movimiento y de las
Ligas, al mismo tiempo que ocupaba el cargo de director del Centro
de Investigación y Acción Social (CIAS). Por su parte, Noceti, se
desempeñó como miembro de la Junta Central del Movimiento
Rural de Acción Católica y fue miembro del PUCAM. También,
participó en los encuentros de mujeres de las Ligas Agrarias. Ellos
resguardaron el archivo del Movimiento que cuenta con un acervo
documental sumamente importante, amplio y diverso.
En la actualidad, por la generosidad de Noceti y Sily, y me-
diante las gestiones de Daniel Lvovich, Florencia Contardo y el au-
tor, se consiguió la generosa donación de la totalidad del archivo
a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Este material se
encuentra resguardado en la UByD y en proceso de digitalización.
19 Beatriz Noceti, Isabel Arguello y Oscar Viñas en reiteradas conversaciones refieren al
ocultamiento o la incineración de documentos o material bibliográfico. En este sentido, Vi-
ñas nos permitió leer un material inédito de su autoría que refiere a las estrategias que empleó
para ocultar un conjunto de textos.
Estructura del libro
Esta obra se organiza en cuatro capítulos. En el primero de

ellos, se presenta un análisis de la conformación de la estructura
agraria formoseña desde fines del siglo XIX hasta mediados del si-
glo XX. Conjuntamente, se realiza una descripción de los procesos
históricos, políticos y económicos que permitieron tanto la coloni-
zación campesina como los cambios en el modelo productivo del
Territorio Nacional.
Dicho capítulo no tiene la intención de ser simplemente una
contextualización histórica, sino que proporciona elementos funda-
mentales para comprender las condiciones socioeconómicas de la
población campesina, su forma de producción y la falta de estruc-
turas organizativas. Al mismo tiempo, se expone como contrapunto
lo acontecido en el Chaco y la zona algodonera del norte de Santa
Fe. Esto nos permite observar la particularidad del caso formoseño.
En el segundo capítulo se indaga sobre un conjunto de proce-
sos históricos que tuvieron lugar durante la década del sesenta. Por
un lado, la provincialización de Formosa, que trajo como conse-
cuencia el traspaso de la tierra fiscal a dominio provincial. En efecto,
en este contexto, se sancionó el andamiaje jurídico encargado de
administrar las tierras públicas. Por otro lado, en la segunda mitad
de la década del sesenta, con la instauración del gobierno dictatorial
autodenominado “Revolución Argentina”, se asistió a un acelerado
proceso de privatización de tierras fiscales que tuvo como contra-
parte el desalojo y expulsión de la población campesina. Por último,
durante el período, se asistió a una crisis generalizada de la produc-
ción agroindustrial con epicentro en el cultivo del algodón, princi-
pal actividad agrícola de la provincia. Este capítulo puede ser leído
en continuidad temporal y temática con el capítulo precedente. En
este sentido, en ambos se hace hincapié en la estructura agraria y en
la actividad productiva.
En el tercer capítulo se realiza una reconstrucción de las institu-
ciones que tuvieron inserción en el medio rural formoseño durante
la década del sesenta. En primer lugar, se consideran las iniciativas
de la Iglesia católica desde la creación de la diócesis de Formosa, en
1957. En segundo lugar, se analiza la labor que desempeñó el Ins-

tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estas entidades, hasta
la primera mitad de la década del sesenta, actuaron como único
espacio de sociabilidad de la población campesina.
Finalmente, en el cuarto capítulo, se analiza la creación del
Movimiento Rural de Acción Católica en Formosa por el destaca-
do rol que tuvo en la organización y politización campesina en la
provincia. Luego de presentar los antecedentes y las principales ca-
racterísticas del Movimiento a nivel nacional, se describe su arribo y
puesta en marcha en Formosa. Por último, se considera la emergen-
cia de la organización campesina.
Capítulo 1. Estructura agraria
El inmenso territorio argentino está casi despoblado aún.

Como hay en él una paz suficiente, y una libertad por lo
menos escrita, la población rural se densificaría con rapi-
dez si entre los inmigrantes y la tierra no se interpusiese un
grupo de poseedores.
Rafael Barrett, El terror argentino, 1910
Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX se formó la

estructura agraria formoseña. Ella se caracterizó por una marcada
bipolaridad entre latifundios y minifundios. El análisis de este pe-
ríodo histórico permite echar luz sobre las condiciones históricas de
producción del campesino en Formosa.
Los estudios historiográficos clásicos sobre la economía regio-
nal en el nordeste argentino suelen tomar como referencia una su-
cesión de “ciclos productivos”, asociados a la preeminencia de una
actividad económica en particular y su incidencia sobre la estructura
social (Slutzky, 1975a y 2011; Brodersohn y Slutzky, 1975; Valen-
zuela, 2006; Prieto, 1990). Este tipo de esquematización es deudora
del trabajo pionero de Guido Miranda (1955), Tres ciclos chaqueños,
en el que se utiliza una periodización tripartita para el Territorio del
Chaco: fundación, tanino y algodón.
Esta periodización, en líneas generales, es semejante a algunas
de las ensayadas para la historia nacional. Esto permite, en cierto
sentido, la incorporación de la historia regional a un proceso más
amplio. Así, “la fundación”, a la que alude Miranda, corresponde-
ría, siguiendo la historia político-institucional, a la etapa de cons-

trucción del Estado Nacional (1850-1880) (Oszlak, 1982 y 1985;
Ansaldi, 1989). Por su parte, “los ciclos del tanino y el algodón”
se ajustarían a la clásica periodización de la historia económica ar-
gentina contemporánea de los modelos Primario Agroexportador
(1880-1930) y de Sustitución de Importaciones (1930-1975), res-
pectivamente (Ferrer, 1963; Rapoport, 2007).
Si tenemos presente ambas periodizaciones y reconocemos que
son constructos artificiales, debemos advertir que la emergencia de
cada nuevo ciclo productivo no suprimió los patrones que caracte-
rizaban a los anteriores, los que siguieron coexistiendo en diferentes
grados de subordinación, de manera que es imposible establecer lí-
mites temporales exactos entre ellos. Con esta aclaración, conside-
ramos pertinente su aplicación al estudio de Formosa a partir de sus
características y particularidades.
En consecuencia, dividimos el capítulo en tres partes. Primero,
la etapa fundacional, en la que se analiza el proceso de conformación
de Formosa como Territorio Nacional y la política de privatización
y distribución de tierras que es constitutiva de la estructura agraria.
Segundo, en la etapa del tanino, se desarrolla la incorporación de
Formosa a la economía nacional por medio de la explotación fo-
restal-taninera. Este ciclo abarca las últimas décadas del siglo XIX
hasta 1930, aproximadamente. Tercero, la etapa del algodón estu-
dia la expansión agroindustrial basada en la producción algodonera.
Temporalmente, este período se extiende desde la década del treinta
hasta finales de los cincuenta. El fin del período coincide con el ini-
cio de la crisis en la producción agroindustrial con epicentro en el
cultivo del algodón y la provincialización de Formosa.
La fundación de Formosa y el “pecado original”20
En la segunda mitad del siglo XIX se inició el proceso de crea-

ción y consolidación del Estado argentino, que se realizó bajo la
20 Antonio Prieto (1990) ha caracterizado el proceso de privatización de tierras públicas en

Formosa, parafraseando a Karl Marx, como “el pecado original del Territorio”.
tutela de Buenos Aires y tuvo como base jurídica la Constitución

de 1853. El proceso no fue simple ni armónico, pero para fines del
siglo XIX se resolvieron los problemas fundamentales mediante la
federalización de Buenos Aires, la profesionalización del Ejército
(y con ello, el monopolio legal de la coerción física); además, se
resolvió parcialmente la cuestión de límites con los países vecinos
y se inició la ocupación efectiva de los llamados desiertos, tanto del
sur como del norte. Existe un consenso entre los autores, (Oszlak,
1985; Ansaldi, 1989; Rock, 2006), al plantear que la creación del
Estado argentino no fue un proceso neutro, sino que obedeció a una
“construcción desde arriba”, regida por la élite dirigente.21 La élite
política que estaba liderando el proyecto en cuestión se propuso
como objetivo incorporar el nuevo Estado-nación al proceso mun-
dial de modernización capitalista (Halperín Donghi, 1992). De este
modo, desde el Estado, se generaron las condiciones para la inser-
ción de la Argentina en la economía capitalista mundial a través del
modelo agroexportador (Ferrer, 1963; Rofman y Romero, 1973).
Como se reitera en la literatura sobre la formación del Estado,
las guerras son constitutivas de dicho proceso y la Argentina no fue
la excepción. Como sostiene Oszlak (1982), la guerra hizo al Estado
y el Estado hizo la guerra. Efectivamente, la Guerra de la Triple
Alianza (1864-1870)22 fue un momento capital en la constitución
del Estado argentino (Pomer, 2010). El conflicto bélico dejó por
herencia un ejército moderno e independiente de las fracciones par-
tidarias que hasta entonces habían incidido decisivamente sobre él.
Al mismo tiempo, permitió el establecimiento de límites definitivos
en el norte con la República del Paraguay.
21 Trabajos recientes que abordan la realidad estatal a partir de escalas subnacionales y
contextos espaciales periféricos han tensionado las categorías e interpretaciones sobre la cons-
trucción del orden estatal. Así, desde esta perspectiva historiográfica, se considera que la
formación del Estado no fue un proceso lineal y progresivo como lo consideró Oszlak (ver
Bohoslavsky y Godoy Orellana, 2008; Escobar, 2009).
22 El conflicto tuvo como contendientes a la Argentina, Brasil y Uruguay contra el Para-
guay. En este último país la conflagración es conocida como Guerra contra la Triple Alianza
o Guerra Guasú (grande).
La finalización de la Guerra Guasú23 jugó un papel trascenden-

tal en la fundación de Formosa, futura capital de la provincia ho-
mónima, en abril de 1879. La fundación tuvo como antecedente in-
mediato el laudo del presidente de los Estados Unidos, Rutherford
Hayes, en noviembre de 1878, el que buscó poner punto final a la
cuestión de límites con el Paraguay. El fallo reconoció a Paraguay la
porción del Chaco Boreal, entre el río Pilcomayo y el río Verde; en
efecto, la capital de la Gobernación del Chaco24 debió ser reubicada
en el paraje denominado Formosa (Sbardella y Paz, 1987a). Este
hecho significó, por un lado, un paso más en la consolidación del
Estado argentino y, por otro lado, la incorporación de Formosa a
esta conformación.
También, en este período, se llevaron a cabo las expediciones y
campañas militares contra las comunidades indígenas que tenían el
fin de efectivizar la ocupación territorial de la región del Chaco (Iñi-
go Carrera, 1984; Figallo, 2001). Las diferentes campañas militares
al Chaco comenzaron a mediados de 1860 en forma de avanzadas y
se sistematizaron a partir de 1884 para concluir hacia 1911.
Según Musante (2009), las avanzadas militares generaron –o
buscaron generar–, por un lado, la sedentarización y transforma-
ción de la mano de obra semiesclava del indígena y, por otro lado,
permitió la ocupación definitiva de este territorio hasta entonces
bajo dominio de diferentes comunidades indígenas. Esto facilitó la
apropiación de tierra, que pasó de manos indígenas a manos fiscales
en un primer momento, y de propiedad fiscal a privada, después.
23 Aunque excede ampliamente el tema de esta investigación, creemos necesario referir
que la fundación de Formosa y su reconocimiento como territorio argentino se produce en
el contexto de finalización de la guerra fratricida de la Triple Alianza. En 1876, mediante el
tratado firmado por Bernardo de Irigoyen y Fernando Machaín, cancilleres de la Argentina y
Paraguay, respectivamente, el gobierno guaraní renunció a toda pretensión sobre los territo-
rios al sur del Río Pilcomayo. Es decir que el tratado se concretó en un momento de extrema
debilidad del Estado paraguayo.
24 El 31 de enero de 1872, el presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento creó la
Gobernación del Chaco, para hacer efectiva posesión del territorio en disputa con el Para-
guay. Si bien la jurisdicción no contaba con límites precisos, abarcaba un vasto territorio
desde el norte del río Salado hasta el Chaco Boreal (comprendía la totalidad de las actuales
provincias del Chaco y Formosa y una zona que luego quedó bajo soberanía paraguaya). Por
el mismo decreto, se designó a Villa Occidental como capital de dicha gobernación (Altami-
rano y Sbardella, 1995).
Así se completaron las tareas necesarias para permitir el desarrollo

capitalista en la región (Iñigo Carrera, 1984).
Con el establecimiento de límites definitivos con el Paraguay,
las campañas militares de conquista y la consecuente apropiación
de tierra quedó despejado el camino para iniciar el poblamiento y
administración del territorio por parte del Estado argentino. Este
proyecto lo asumió, desde 1880, el general Julio A. Roca, repre-
sentante político del Partido Autonomista Nacional. El mandatario
expuso el núcleo del programa en su discurso ante el Congreso, al
asumir la primera magistratura del país, el 12 de octubre de 1880:
Debo, sin embargo, hacer especial mención de la necesidad que
hay de poblar los territorios desiertos, ayer habitados por las tri-
bus salvajes, y hoy asiento posible de numerosas poblaciones,
como el medio más eficaz de asegurar su dominio.
Continuaré las operaciones militares sobre el sur y el norte de las
líneas actuales de frontera, hasta completar el sometimiento de
los indios de la Patagonia y del Chaco, para dejar borradas para
siempre las fronteras militares, y a fin de que no haya un solo
palmo de tierra argentina que no se halle bajo la jurisdicción de
las leyes de la nación.25
En este contexto, el Congreso sancionó la Ley Orgánica de los
Territorios Nacionales N° 1532, del 16 de octubre de 1884, por la
que se crearon nueve Territorios Nacionales: Misiones, Formosa,
el Chaco, La Pampa, el Neuquén, Río Negro, el Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.26 Así, por la puesta en marcha de la ley, la
otrora Gobernación del Chaco quedó dividida en dos: el Chaco y
Formosa.
Teniendo como marco jurídico la nueva ley, el gobernador era
designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado Nacio-
nal, y por un período de tres años, con posibilidad de ser reelecto.
En este sentido, los habitantes de las gobernaciones no participaban
de la totalidad de los derechos políticos, ya que sus derechos electo-
rales se veían restringidos solo al ámbito comunal, en el caso de con-
25 La Prensa, 13/10/1880 en Halperín Donghi (2007: 489).

26 En 1900 tuvo lugar la creación del Territorio de Los Andes que subsistió hasta 1943.
tar con un Consejo Municipal en su lugar de residencia (Ruffini,

2006; Arias Bucciarelli, 2013; Pereira, 2008).27 También, se esta-
blecía que cuando el Territorio poseyera más de 30.000 habitantes
podría crear una legislatura y cuando superara los 60.000 pasaría
al estatus jurídico de provincia. Sin embargo, en la mayoría de los
casos, a pesar de haber superado estos criterios demográficos, no se
dieron ninguno de los cambios previstos por la ley.28
La aplicación de la normativa buscó revertir y dar respuestas al
conjunto de problemas que generó la ampliación de las fronteras.
En este sentido, pretendió agilizar la administración de los ámbitos
geográficos recientemente apropiados. Sin embargo, el desconoci-
miento y desinterés por la problemática territorial, y las prolongadas
ausencias de los gobernadores y los funcionarios, en la mayoría de
los casos, privó del éxito a la empresa.
En este contexto, el Estado buscó aplicar en los nuevos territo-
rios la anterior Ley N° 817 de Inmigración y Colonización de 1876,
más conocida como Ley Avellaneda. De esta forma, el Estado fo-
mentó e incentivó el arribo de migrantes europeos, preferiblemente
agricultores, para colonizar las áreas susceptibles de ser trabajadas y
convertidas en productivas. En este sentido, se trató de una política
guiada por directivas gubernamentales para reclutar ciertos tipos de
inmigrantes con perfiles étnicos, culturales y laborales determinados
(Panettieri, 1970).29 Por la ley, se construyó una imagen positiva
de la migración ultramarina como “fuerza de trabajo” y “agentes
de civilización”, mientras ofrecía una visión estigmatizadora de la
27 En el caso analizado, solamente Formosa, capital del territorio homónimo, gozaba de
esta condición desde fines del siglo XIX. Recién en 1933, Pozo del Tigre adquirió el rango
de municipio con la facultad de designar a sus respectivos representantes. Por su parte, Clo-
rinda, Pirané y Las Lomitas tuvieron que esperar hasta la década del cincuenta para alcanzar
dicho estatus.
28 Según el Censo Nacional de 1947, los siguientes territorios nacionales habían superado
la cantidad de habitantes requeridos por la ley: el Chaco, 430.555; Misiones, 246.396; La
Pampa, 169.480; Río Negro, 134.350; Formosa, 113.790; y, el Neuquén, 86.836. Por su
parte, el Chubut y Comodoro Rivadavia estaban próximos a la cifra establecida con 58.856 y
51.898 habitantes, respectivamente. Los restantes territorios estaban por debajo de los treinta
mil habitantes.
29 Para lograr su objetivo, la ley creó dispositivos institucionales, como el Departamento
General de Inmigración o las oficinas de colocación de inmigrantes, que promovieron y faci-
litaron la llegada, ingreso, permanencia e inclusión laboral y social de los extranjeros.
migración no europea. De este modo, como afirma Devoto (2004),

la migración limítrofe pasó a constituir una población indeseable.
En el caso particular de Formosa, la migración no se ajustó a
los preceptos de la ley. En su lugar, el principal aporte migratorio
estaba dado por aquellos provenientes de países vecinos. Según el
Segundo Censo Nacional, de 1895, Formosa contaba con una po-
blación de 4.829 habitantes de los cuales 1.829 eran oriundos de
países limítrofes,30 con una amplia mayoría de 1.766 de paraguayos.
Por otro lado, como sostiene Zeberio (1999), la ley codificó y
unificó para todo el país las legislaciones que existían hasta el mo-
mento sobre tierras. Por esta ley se creó la Oficina Central de Tie-
rras y Colonias, la que se ocupaba de la mensura y la entrega en
propiedad de la tierra pública. Además, estableció un sistema mixto
de colonización que incluía una diversidad de modalidades, como la
colonización estatal directa (provincial y/o nacional), indirecta (por
empresas particulares), individuales y por particulares amparados
por el Gobierno.
En Formosa, la enajenación de la tierra fiscal se llevó a cabo
de forma directa por el Estado nacional e indirecta por empresas
particulares. Este proceso se dio, exclusivamente, en la región orien-
tal y tuvo como epicentro el margen derecho del río Paraguay. La
región occidental del territorio, en cambio, tuvo un escaso o nulo
desarrollo. Como afirma Borrini, esto fue dejando “hacia occidente
un inmenso ‘desierto’ fiscal prácticamente aislado” (1991: 29). En
efecto, es en la región oriental donde se hallaban las tierras con me-
jor aptitud productiva y con mayor cantidad de recursos forestales.
Los ríos no solo permitían paliar la aridez propia de estas tierras
chaqueñas, sino que además eran, por entonces, el único medio de
transporte eficaz.
La Ley N° 817, pese a sus fundamentos, se convirtió en una
herramienta para la especulación en la privatización de las tierras
públicas, lo que generó un acentuado perfil latifundista. La prueba
contundente de esto es que, por medio de esta legislación, el Estado
distribuyó en Formosa 936.730 hectáreas entre catorce concesio-
30 Según los datos censales de la misma fecha, la población extranjera no limítrofe era
apenas de 615 habitantes.
nes privadas (ver tabla 1). Por otro lado, solo se fundó una colo-
nia agrícola de 41.360 hectáreas por iniciativa del Estado nacional.
Empero, la población mayoritaria de la colonia era de pobladores ya
residentes en el territorio (Slutzky, 1975a y 2011).
Si bien la concesión de tierras se realizó bajo ciertas obligacio-
nes para los beneficiarios, como las de mensurarlas, subdividirlas y
colonizarlas, estas no se cumplieron. Además, en 1891, se dictó la
Ley N° 2875, llamada “de liquidación”, mediante la que los con-
cesionarios quedaban eximidos de la obligación más onerosa de sus
contratos, es decir, la de introducir familias para formar colonias
agrícolas. En su lugar, podían optar por devolver al Estado la mi-
tad de sus concesiones o comprar la totalidad a precios muy bajos
(Schaller, 2006). Esta legislación garantizó el traspaso de la tierra
fiscal a dominio particular.
Tabla 1. Tierras fiscales que pasaron a manos privadas por

efecto de las Leyes N° 817 (1876) y N° 2875 (1891) en
Formosa
N° de concesiones Hectáreas
10 80.000
1 79.457
1 32.500
1 20.000
1 4.773
Total: 14 Total: 936.730
Fuente: Memoria de la Dirección General de Tierras, 1922-1928. Elaborado por
Slutzky (1975a).
En este sentido, por medio de las leyes de 1876 y 1891, en

Formosa pasaron a dominio privado cerca de un millón de hectá-
reas. Además, en este mismo período, más de 200.000 hectáreas
fueron otorgadas directamente por el Poder Ejecutivo en calidad
de premios o donaciones. La consecuencia de este proceso fue la
conformación de latifundios sobre las tierras de mejor aptitud pro-
ductiva y con acceso a las vías de comunicación. Como bien apunta

Cárcano, a través de la aplicación de la Ley Avellaneda, “la tierra
pública se repartió por todo el país sin conseguir jamás poblarla”
(1925: 215). Formosa es una muestra evidente de esta situación.
Para superar la situación latifundista y de escasa población por
la que atravesaban la mayoría de las provincias y, sobre todo, los
territorios nacionales, se sancionó la Ley N° 4167 de Tierras, que
data de 1903. Ella derogó parcialmente la Ley Avellaneda y dispuso
la venta de tierras fiscales. Pero, a diferencia de su predecesora, no
se ocupó de la inmigración y colonización, en el sentido de brindar
ayuda financiera para el traslado del inmigrante. Además, limitaba
la extensión de tierras que se podía otorgar a una persona o socie-
dad, para evitar la concentración. La nueva disposición buscó “po-
ner en orden la caótica legislación de tierras vigente, que había am-
parado la especulación y el acaparamiento” (Bandieri, 2005: 5-6);
esta legislación estuvo vigente hasta la década del cincuenta.
A pesar de las intenciones emanadas por la legislación, la co-
lonización no prosperó. Para comienzos de la década de 1920 se
crearon un poco más de diez colonias y solo cinco estaban radicadas
en tierras aptas para la producción agrícola. Las mejores tierras agro-
productivas, ubicadas al este del territorio y al margen del río Para-
guay, fueron vendidas como tierras pastoriles. Las colonias agrícolas
fueron creadas sobre tierras improductivas o alejadas de las vías de
comunicación y transporte. Por estos años, la Segunda Subcomi-
sión de Tierras informó que era “verdaderamente sensible, que se
haya enajenado todos los campos que bordean el río Paraguay, al
punto que no tiene el Estado, en toda la costa argentina un palmo
de terreno de su propiedad”.31
En Formosa, el proceso histórico acontecido desde fines del
siglo XIX bajo el imperio de la Ley Avellaneda dejó secuelas nega-
tivas. Por un lado, no logró la ocupación y poblamiento del terri-
torio. Así, hacia comienzos del siglo XX, en Formosa, existía una
única colonia agrícola. Por otro lado, favoreció la conformación de
latifundios privados. En este sentido, durante el período, pasaron
31 Segunda Subcomisión de Tierras en 1918, citado en Sbardella y Paz (1987b: 313).
a manos de unos pocos propietarios más de 1.300.000 hectáreas

ubicadas en la cercanía de la ribera de los ríos Paraguay, Pilcoma-
yo y Bermejo. A su vez, continuaron existiendo aproximadamente
6.000.000 de hectáreas fiscales. Eso significa que, desde entonces
y hasta la década de 1960, al menos, el Estado (nacional, primero,
provincial, después) mantuvo una gran cantidad de tierras en con-
dición de fiscales.
El ciclo del tanino
Como se mencionó previamente, la población de Formosa era

poco numerosa, aunque mostraba un crecimiento sostenido, y tenía
como principal aporte migratorio el paraguayo. Así, en 1905 la can-
tidad de habitantes alcanzó la suma de 8.431 y hacia 1912 esta cifra
ascendió a 17.434 (Beck, 2000). En 1914, se realizó el Tercer Cen-
so Nacional que arrojó para el Territorio una población de 19.281
habitantes, de los cuales 7.396 correspondía a la migración para-
guaya; de esta cantidad están excluidos los descendientes. En este
período, la tasa de crecimiento anual media era de 63,1% y, junto
con la del Chaco, era considerada la más alta del país. A estas cifras
debe sumarse la población aborigen que, según datos extraoficiales,
rondaba entre los 15.000 y 30.000, pero no eran considerados en
los censos de la época (Pereira, 2008).
Al igual que en todo el período anterior, la principal activi-
dad productiva fue la explotación forestal realizada por obrajes, que
operaban en la zona con bastante anterioridad a la fundación de
Formosa, en la rica zona boscosa que ocupa el margen derecho del
río Paraguay. Esta práctica consistió en la limpieza de un área de
monte donde se asentaba una pequeña población dedicada a la tala
de árboles para la obtención de vigas, columnas y postes. Una vez
agotadas las especies buscadas, el obraje era desarmado y trasladado.
El trabajo del obrajero32 era un constante peregrinar por los montes.
Esta actividad se convirtió en la base extractiva en la región y la ex-
32 Obrajero es un término genérico que designa al personal del obraje. En él se engloba al
hachero, carrero, cargador y otros peones.
plotación del quebracho colorado para la fabricación de tanino pasó

a ser el eje central de la incorporación del territorio de Formosa a la
economía nacional e internacional.
Por estos años, en 1905, se instaló la primera fábrica de ex-
tracto de quebracho perteneciente a la firma “La Formosa S.A.”.33
Años después, en 1917, se instaló la segunda fábrica “Quebrachales
Dubosc” de capitales extranjeros, que funcionó hasta 1963. Ambas
fábricas se hallaban ubicadas en la parte este del territorio, donde
se encontraba la mayor cantidad de quebracho colorado y el puerto
de Formosa, única vía de comunicación hasta la década del treinta,
desde el que se podía enviar la producción a los mercados extran-
jeros.
Si bien la explotación forestal permitió la incorporación de
Formosa a la economía nacional e internacional, esta se desarrolló
como un verdadero “enclave”34 sin efectos dinamizadores sobre la
región. Es decir, fue una actividad económica controlada de manera
directa o indirecta desde afuera del país y los dividendos producidos
fueron girados al exterior. Esto generó que no hubiera una rein-
versión en obras de infraestructura. Además, la integración de la
zona forestal con el resto de la economía regional permaneció muy
reducida.
Según lo referido, diferentes autores (Prieto, 1990; Chacoma,
1990; Slutzky, 2011) sostienen que la actividad económica en For-
mosa durante las primeras tres décadas del siglo XX estuvo signada
más por la actividad extractiva que por la fabricación de tanino.
En este sentido, los datos son más que elocuentes: mientras la pro-
ducción de tanino del territorio representaba solo el 10% del total
33 La Compañía “Formosa S.A.” tiene su origen en la sociedad realizada por Alberto Bracht
y Manfredi Hertelendi. Este último, nació en San Fernando, provincia de Buenos Aires,
en 1856 y “fue proveedor del Estado argentino durante la guerra de la Tripla Alianza y, a su
término, para saldar deudas, el presidente Julio Roca le concedió tierras en el extremo nores-
te de Formosa” (testimonio oral de Laura de Hertelendy en Valenzuela, 2012). Por su parte,
Bracht era un empresario industrial de origen belga con importantes negocios de importación
y exportación.
34 Si bien el concepto de “economías de enclave” es deudor del trabajo de Cardoso y
Faletto (1969), nosotros utilizamos la adaptación presentada por Bitlloch y Sormani (2011)
para la explotación forestal que surgió en la región Chaco-Misionera a fines del siglo XIX y
principios del XX.
nacional, la exportación de rollizo de quebracho colorado era, en

promedio, del 40%.
El complemento necesario para el desarrollo de la producción
taninera fue el tendido ferroviario que se comenzó a construir en
1908 y atravesó la provincia de este a oeste. Esto fue posible a tra-
vés de la Ley N° 5559 de Fomento de los Territorios Nacionales,
sancionada durante ese año. Con esta normativa se buscó facilitar
la construcción del ferrocarril Formosa-Embarcación (Salta), y sus
costos se amortizaron con la venta de las tierras a ambos lados de
las vías férreas. De este modo, la tierra colindante, en un radio de
25 kilómetros a la línea férrea, quedó sujeta a la venta y posterior
colonización.
El primer tramo del tendido ferroviario llegó hasta el kilómetro
297 (actualmente Las Lomitas) en 1915, punto en que la construc-
ción se detuvo, reanudándose recién en 1927 para concluir su ten-
dido en 1931. El ferrocarril tuvo como fin trasladar los rollizos de
quebracho desde el interior formoseño hasta las fábricas radicadas
en la ciudad de Formosa y desde ahí por vía fluvial hacia el sur. Esta
situación se reflejó en el trazado de la línea férrea que solo constó
de un ramal principal sin ninguna ramificación hacia el interior del
territorio (Chacoma, 1990).
En este período, el contingente paraguayo y las comunidades
indígenas representaron el principal aporte de mano de obra tanto
para la explotación forestal como para el tendido férreo. En am-
bas actividades, los indígenas realizaban los trabajos más duros y
peor pagos. Sobre la situación de los indígenas, Bialet Massé en su
“Informe”, redactado con singular crudeza, afirmó que “se reniega
del indio, pero se le explota. Los que hablan de su exterminio, de
arrojarlo al otro lado de las fronteras, no saben lo que dicen o lo
saben demasiado […] sin él, en el Chaco no hay ingenio, ni obraje,
ni algodonal” (2010 [1904]: 88). Si bien la referencia es al Chaco, la
podríamos extender a Formosa y otros puntos de la región.
En esta misma dirección, el ingeniero Enrique Faure recordó
que los “indios” fueron, desde un primer momento, sumamente
importantes en la construcción del tendido ferroviario. Al respecto,
el ingeniero señaló que el destronque de la picada para el primer
“terraplén se inició con doscientos obreros, muchos de ellos aborí-

genes”. Faule continuó expresando que los hombres “trabajaron du-
ramente logrando ganar hasta $ 400 por mes [mientras] los indios
cobraban semanalmente y tenían un jornal de un peso por día”.35
Según estos datos, existió una gran disparidad entre el salario de los
“indios y los blancos”.
El otro importante aporte de mano de obra estuvo proporcio-
nado por los paraguayos. Esta corriente migratoria se inició inme-
diatamente después de la Guerra de la Triple Alianza y, durante la
primera mitad del siglo XX, se radicó fundamentalmente en Mi-
siones y Formosa (Palau, Pérez y Fischer, 1997). Según Rivarola
(1967), la inmigración paraguaya radicada en Formosa era prepon-
derantemente campesina y se asentó en centros urbanos o en áreas
agrícolas. Siguiendo al mismo autor, podemos agregar que estos
campesinos se desempeñaron en categorías ocupacionales inferiores
o como productores agrícolas.
Así, la demanda de mano de obra que el tanino y la construc-
ción de la línea férrea implicaron, conjugada con la existencia de tie-
rras fiscales libres, permitió que los migrantes paraguayos pudieran
asentarse como colonos y practicar una agricultura de subsistencia.
De este modo, retomaban sus prácticas campesinas, como una for-
ma de complementar sus magros ingresos.
En este sentido, no es extraño que en la década de 1920 la
actividad agrícola en el territorio esté orientada fundamentalmente
al autoconsumo. En este período, el principal cultivo era el maíz,
con 1.948 hectáreas (Slutzky, 2011),36 base de la dieta campesina.
De igual forma, fue significativa tanto la producción de mandioca
como la cría de animales de corral. Con ello, los campesinos busca-
ron una manera de garantizar su subsistencia.
Este proceso fue dando lugar al surgimiento de explotaciones
agrícolas minifundistas, por lo general asentadas sobre tierras de pro-
35 La Mañana, 8/4/1964. El ingeniero Faure se desempeñó como jefe de la Comisión de

Estudios del ramal Formosa-Embarcación y, posteriormente, como director de la construc-
ción.
36 En 1920, en Formosa, se cultivaron 5.060 hectáreas de las cuales setecientas eran de
algodón.
piedad fiscal o, en menor medida, latifundios privados. En conse-

cuencia, la ocupación y asentamiento de colonos se produjo a medida
que la explotación extractiva de los obrajes fue avanzando y dejando
tras de sí una zona desmontada. Sin embargo, esta forma de coloniza-
ción se realizó sin el aliciente del Estado o de la industria del tanino.
Este proceso de colonización se extendió hacia el centro de te-
rritorio conforme se tendió la línea férrea Formosa-Embarcación.
De este modo, la incorporación de nuevas tierras permitió acrecen-
tar la obtención de maderas duras para la producción de curtientes,
durmientes y postes, a la vez que fue la punta de lanza para la am-
pliación de la frontera agropecuaria. En este sentido, el ferrocarril
si bien tuvo un objetivo económico, cumplió un rol esencial en el
poblamiento territorial.
Durante gran parte de la década de 1920, la principal activi-
dad económica continuó ligada a la extracción y transformación
industrial del quebracho colorado. Hasta que, en 1926, a causa de
la crisis taninera, la industria forestal dejó de crecer y entró en una
etapa de estancamiento. En este contexto, precisamente en 1927, la
compañía “Formosa S.A.” se desprendió de la fábrica de tanino que
fue adquirida por “Cía Argentina de Quebracho Marca Formosa.
S.A.”, perteneciente a capitales extranjeros. Además de la fábrica, la
compañía poseía 240.000 hectáreas de campo a unos 25 kilómetros
de la capital del territorio formoseño que corrió la misma suerte. La
extensa cantidad de tierra se transfirió a la “Estancias y Tierras del
Pilagá S.A”, que la subdividió en nueve secciones, de las cuales ocho
se dedicaron a la explotación ganadera.
Igual situación se vivió en el Chaco, donde la principal empre-
sa dedicada a la producción taninera, The Forestal Land, Timber
and Railways Company Ltd., más conocida como La Forestal, de
capitales ingleses, comenzó en 1926 a desprenderse de pequeñas
extensiones de su propiedad mediante ventas o donaciones a sus
contratistas o administradores, proceso que generó el surgimiento
de un mercado de tierras. Esto no sucedió en Formosa.
En la década de 1930, se cerró el período expansivo de la in-
dustria taninera y comenzó una etapa signada por crisis cíclicas. Es
en esta época que La Forestal, principal empresa en la actividad,
comenzó la explotación del tanino de mimosa en Sudáfrica. En

este período, el declive se acentuó y generó el cierre de fábricas, la
desocupación masiva, el levantamiento de vías férreas y la desapari-
ción paulatina de pueblos. En el país, la región más afectada fue el
norte de Santa Fe. Al respecto, Gori afirma que “entre los años 1948
y 1963 La Forestal clausuró en Santa Fe sus cuatro fábricas; por otra
parte, nunca hizo un secreto de su política de reducir la produc-
ción y venta de tanino de quebracho para aumentar la producción
y venta de mimosa” (1999[1965]: 216). En Formosa, pese a que la
producción de tanino se mantuvo hasta la actualidad, fue paulati-
namente desplazada en importancia por la producción algodonera.
El ciclo del algodón
El crack del 29 fue un parteaguas en la historia económica ar-

gentina. Existe un amplio consenso en afirmar que la principal res-
puesta de la Argentina frente a esta crisis de índole internacional
fue la puesta en marcha de una política de industrialización por
sustitución de importaciones (ISI). En una primera etapa, que se
prolonga hasta fines de la década del cincuenta, la industria liviana
se convirtió en el sector más dinámico de la economía nacional.
Bajo ese modelo, la industria textil fue una de las más impor-
tantes. Esta situación se vio favorecida en gran medida por el des-
plome de los precios internacionales de la lana y el algodón, la re-
ducción de la competencia externa provocada por el incremento de
los aranceles y la devaluación de la moneda, en 1931, de un 40%,
aproximadamente (Belini y Korol, 2012).
Este proceso se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial
y en la inmediata posguerra. Es más, mientras se desarrolló la con-
tienda bélica se intensificó el proceso sustitutivo y la industria textil
llegó a exportar su manufactura (Belini, 2003). En este marco, la in-
dustria textil mantuvo un crecimiento hasta mediados de la década
del cincuenta. A modo de ejemplo, podemos señalar que, en 1936,
en el país existían 18 hilanderías, en 1945 ese número se elevó a 32,

y en 1955 a 70 (Frenkel, 1974).37
Si la industria textil se convirtió en el motor de la industriali-
zación sustitutiva, el cultivo del algodón que comenzó a ampliarse
en la región del nordeste fue el combustible que lo alimentó. El
vertiginoso crecimiento de su producción fue fomentado por el Es-
tado nacional a través del Ministerio de Agricultura y la creación,
en 1935, de la Junta Nacional del Algodón (Persello, 2006). Otro
actor central en la expansión del cultivo fue el grupo económico de
capitales nacionales Bunge & Born, que controlaba el aparato fabril
de transformación industrial del algodón. Durante la década del
treinta, se sumaron a esta actividad dos firmas de capitales extranje-
ros: Dreyfus & Cía. y Anderson Clayton. Al finalizar esa década, las
tres compañías tenían un control oligopsonio sobre el desmonte y
comercialización de la materia prima.
Este es el contexto en el que comenzó a expandirse la produc-
ción de algodón y, consecuentemente, creció el número de produc-
tores de ese cultivo. La producción algodonera se transformó en la
actividad económica más importante de las provincias del Chaco,
Formosa y el norte de Santa Fe.38
Si bien la propagación del algodón en Formosa puede ser in-
cluida dentro del proceso general de expansión del cultivo en las
regiones subtropicales del país, es necesario atender a un conjunto
de particularidades que configuraron la producción local. Formosa
se encontró en desventaja en comparación con las demás provincias
productoras de algodón de la región, debido a que en la región del
NEA la aptitud productiva de la tierra decrece de sur a norte. Es
37 La hilandería es solamente una rama de la agroindustria textil que conforma una cadena
de eslabones de producción y distribución mucho más amplia. El primer eslabón de la cadena
es la producción del cultivo y su respectiva comercialización como materia prima en bruto. La
segunda fase es la del desmonte, en la que se separa la semilla por un lado y la fibra por el otro,
y esta última entra en una nueva etapa de comercialización. La tercera fase es la del hilado. Y
la cuarta, la tejeduría. A partir de esta fase, el producto se utiliza en parte como insumo por
las industrias de confección de prendas y otros artículos, y en parte se vende como producto
final al mercado de consumo.
38 La evolución de la producción algodonera para todo el país en la década de 1930 es la
siguiente: 1932-1933 138.500 hectáreas; 1934-1935 se pasa a 286.147 hectáreas; y, en 1936-
1937 a 368.000 hectáreas.
decir que las tierras del norte de Santa Fe tienen mayor rinde por
hectáreas que las del Chaco y estas, a su vez, mejores rendimientos
que las de Formosa. Como parte de esta condición productiva, la
calidad y el largo de la fibra de algodón decrecen en igual dirección e
influyen en los precios pagados por el producto. Sin desconocer esta
condición ecológica, consideramos que la conformación productiva
formoseña es el resultado de un proceso histórico social antes que
de condiciones naturales.
En este sentido, no podemos dejar de referir a la política de dis-
tribución de tierras, realizada a fines del siglo XIX, que generó gran-
des latifundios y dejó escasa cantidad de tierra apta para la actividad
agrícola. Ante esta situación, los nuevos productores tuvieron que
ocupar tierras en zonas marginales o en los intersticios dejados por
los latifundios, en forma espontánea y en superficies reducidas, muy
por debajo de la unidad económica que para esa época correspondía
a 100 hectáreas. Así, en 1936 más del 70% de las explotaciones
tenían hasta 5 hectáreas.39 Además, agravando la situación, estas ca-
recían de la mensura necesaria y del permiso legal correspondiente.
Esta condición difiere, en gran medida, de lo que sucedió en
el norte santafesino40 y en el Chaco. En el primero, la expansión
algodonera estuvo a cargo de colonos italianos, que hicieron su arri-
bo a la Argentina a fines del siglo XIX. Estos colonos accedieron
tempranamente a la propiedad de una parcela de tierra, entre 36 y
72 hectáreas (Archetti y Stölen, 1975). Por su parte, en el Chaco, el
ciclo algodonero se inició con la entrada de migrantes provenientes,
fundamentalmente, de Europa del este (checoslovacos, ucranianos,
polacos y yugoslavos). Los nuevos contingentes arribaron al Chaco
entre 1923 y 1930 en una cantidad aproximada de 16.000 inmi-
grantes, que se distribuyeron entre las quince colonias creadas en la
década del veinte, ubicadas en la zona del centro y oeste del Terri-
torio, y con adjudicaciones que iban de 25 a 50 hectáreas (Miranda,
1955; Brodersohn, Valenzuela y Slutzky, 2009). En ambos casos se
39 Censo Algodonero 1935-1936.

40 Siempre que hagamos referencia al norte de Santa Fe estaremos hablando del departa-
mento de General Obligado, la zona algodonera de la provincia y objeto del trabajo realizado
por Archetti y Stölen (1975).
puede observar una decidida participación del Estado en favor de

la colonización mientras que en Formosa los asentamientos fueron
espontáneos, sin aliciente del Estado, lo que contribuyó a la consti-
tución de una marcada estructura minifundista.
Otra de las importantes particularidades del caso formoseño
fue la composición étnica social de la migración. Bien entrado el
siglo XX, la presencia de campesinos paraguayos había ido aumen-
tando significativamente. Como en los casos del Chaco y el norte de
Santa Fe, en Formosa, en 1936, la mayoría de los agricultores eran
inmigrantes, y representaban el 77,3% del total. Pero a diferencia
de los casos anteriores, encontramos un neto predominio de para-
guayos, los que constituían el 63,1% sobre el total de productores
(ver tabla 2).
Los colonos europeos tenían menor peso en cuanto a su núme-
ro, aunque ocupaban mayores extensiones de tierra en zonas más
aptas para la producción agrícola y eran propietarios de la tierra que
trabajaban. En cambio, las explotaciones bajo la administración de
productores paraguayos se realizaban con mano de obra familiar,
con aperos de labranza insuficientes, con nula o muy baja dotación
de capital y sobre tierra fiscal. En relación con esta situación, en la
prensa local se sostenía que “las familias inmigrantes son en mayoría
de nacionalidad paraguaya y su condición indigente, mejor dicho
escasas en absoluto, de recursos”.41
Pese a la situación marginal de los migrantes paraguayos en
Formosa, lo cierto es que, al menos durante la primera mitad del si-
glo XX, la migración se presentaba como una posibilidad de obtener
una fracción de tierra para cultivar. Aun cuando fuera ínfima, signifi-
caba una posibilidad de superar la condición de extrema precariedad
vivida en su país de origen. Por otra parte, la falta total de control de
la Dirección de Tierras para hacer cumplir las obligaciones que la ley
imponía a los ocupantes (edificar una habitación en el plazo de dos
años y cultivar una cierta proporción del área ocupada), posibilitaba
el desmonte y cultivo de un área reducida con la ayuda exclusiva del
trabajo familiar y sin grandes recursos complementarios.
41 La Voz Popular, 25/5/1934, citado en Girbal-Blacha (2014: 14).

Tabla 2. Explotaciones y superficie cultivada con algodón

según nacionalidad. Formosa 1936
Nacionalidad Explotaciones Has. de algodón
N° % por explotación
Polacos 66 3,2 18,3
Alemanes 37 1,8 15,2
Rusos 36 1,7 9,3
Argentinos 459 22,7 9,2
Españoles 17 0,8 9,1
Italianos 21 1 7,3
Paraguayos 1277 63,1 3,4
Otras nacionalidades 117 5,7 10,8
Total 2030 100 6
Fuente: Censo Algodonero 1935-1936. En Slutzky (1975a: 34 y 2011: 129) y
Chacoma (1990: 27).
Otro rasgo que interviene negativamente en la estructura al-

godonera formoseña es la tardía expansión del cultivo industrial en
el territorio. En este sentido, durante la década de 1920, la punta
de lanza en la producción algodonera a gran escala fue el Chaco,
tendencia que se intensificó durante la década del treinta.42 En el
norte de Santa Fe, la ampliación sustancial del cultivo se produjo en
la segunda mitad de la década de 1930. Por su parte, en Formosa,
comenzó en la década del veinte y su gran desarrollo se dio a partir
de 1947, y llegó a ser una década después la actividad económica
más importante (ver tabla 3).43 Aun así, su incidencia en la produc-
ción nacional fue exigua, para 1940 solo representaba el 5,8% de
la superficie sembrada en el país mientras que en 1960 esta cifra
ascendía al 10%.
42 El Chaco fue históricamente el mayor productor de algodón del país al representar entre
un 70 y 85% del área sembrada a nivel nacional.
43 La importancia de la producción algodonera será plasmada simbólicamente en 1959 al
ser reconocida como insignia provincial mediante su incorporación en el escudo provincial
por medio de la Ley N° 69.
Tabla 3. Superficie total cultivada con algodón en cantidad de

hectáreas: el Chaco, norte de Santa Fe y Formosa
Año Chaco norte de Santa FE Formosa
Total Algodón Total Algodón Total Algodón
1920 34.690 10.160 5.060 750
1937 466.078 294.620 92.025 5.489 30.945 18.856
1947 482.699 304.736 58.500 14.000 44.776 24.811
1960 539.782 397.769 90.000 30.000 75.056 55.437
Fuente: Censos Nacionales 1920, 1937, 1947 y 1960 y Ministerio de Agricul-
tura de la Nación. Datos extraídos de Slutzky (2011: 121) y Archetti y Stölen
(1975: 189 y 198). Elaboración propia.
En Formosa, el aumento significativo en la producción algodo-

nera se debió, básicamente, a la incorporación de aproximadamen-
te 4.500 nuevas explotaciones agropecuarias. La mayoría de ellas
ubicadas en tierras fiscales (Slutsky, 2011). En más: en un 70% de
los casos, las nuevas explotaciones no superaban las 25 hectáreas,
acentuándose así la estructura agraria minifundista.
Además, como en el período previo, la gran mayoría de las
nuevas explotaciones estaban a cargo de migrantes paraguayos que
huían de la guerra civil o Revolución de los Pynandí (pies descalzos)
que se inició en su país en 1947. Fueron miles los paraguayos que
migraron a países vecinos a raíz de este conflicto. Según Palau, Pérez
y Fischer (1997), el éxodo alcanzó proporciones extraordinarias.44
La región argentina más favorecida con esta corriente migratoria
fue la del nordeste. Las provincias de Misiones y Formosa pasaron,
durante el período 1947-1960, de 19.351 residentes paraguayos a
49.672, y de 7.522 a 38.405,45 respectivamente (Natale y Cabello,
44 Según Gerardo Halpern (2009, citado en Soler, 2014), entre 1947 y 1960 se exiliaron
62.021 paraguayos en la Argentina, convirtiéndose en el primer grupo de latinoamericanos
en el país.
45 Pero no basta tener en cuenta solamente las cifras absolutas, sino también considerarlas
en forma relativa, esto es, en función del peso demográfico. En este sentido, la migración
paraguaya en Misiones, para 1947, representaba el 11,1% de la población total y en 1960, el
12,9%. Mientras en Formosa, si se consideran los mismos años, la proporción era de 27,1%
y 21,5%.
1973). En Formosa, la mayor proporción de migrantes se concentró

en el sector oriental, en los departamentos de Formosa, Pilcomayo,
Pirané, Pilagás, Laishí y Patiño.46 Todos ellos son departamentos
colindantes con Paraguay, con excepción de Pirané.
Como sostienen diferentes autores (Brodersohn y Slutzky, 1975;
Valenzuela, 2006), el gran protagonista de la expansión algodonera
formoseña fue el Estado mediante la construcción de obras de infraes-
tructura y, sobre todo, por la instalación de desmotadoras oficiales. La
primera de ellas se instaló en 1939 en El Colorado; en 1946 en Iba-
rreta y Pirané, y en Laguna Blanca en 1949.47 Esto les permitió a los
productores mejorar los precios recibidos. Hasta el establecimiento de
las desmotadoras oficiales, en Formosa, existían cuatro desmotadoras
privadas que operaban con maniobras monopólicas (Bruniard, 1975-
1978). Las desmotadoras oficiales, además de mejorar los precios y
romper con el mercado oligopólico de las desmotadoras privadas,
desempeñó un papel esencial como polo de atracción al posibilitar el
asentamiento de campesinos en áreas aledañas.
Debemos agregar, además, que a diferencia del Chaco y el nor-
te de Santa Fe, el movimiento cooperativo no adquirió un peso de
importancia en Formosa durante esta etapa. Recién a fines de la
década del cincuenta, con la institucionalización de Formosa como
provincia, se comenzó a impulsar a las cooperativas desde ámbitos
estatales.48
En contraste con el caso formoseño, en el Chaco, la primera
cooperativa agrícola data de 1905 y para 1925 ya existían cinco
organizaciones de este tipo. Inclusive, de las 18 cooperativas que
en 1941 funcionaban en la provincia, 14 contaban con su propia
desmotadora (Girbal-Blacha, 2011). Por su parte, en el norte de
46 En los restantes tres departamentos de la zona oeste: Ramón Lista, Bermejo y Matacos
solo había 161 habitantes de origen paraguayo en 1960.
47 Formosa fue las más favorecida con la implantación de las desmotadoras oficiales. En
1960, de las doce existentes en el país, cuatro estaban ubicadas en Formosa, dos en Corrien-
tes, dos en Santiago del Estero y una en cada una de las siguientes provincias: el Chaco,
Córdoba, Catamarca y Salta.
48 En 1959, en su discurso frente a la Cámara de Representantes al inaugurar el período
constitucional, el primer gobernador de la provincia, Luis Gutnisky, informaba: “Se ha crea-
do recientemente la Dirección de Cooperativas cuya finalidad es el fomento del cooperativis-
mo” (Gutnisky, 1959: 47).
Santa Fe, el movimiento cooperativista se inició en 1919 con un

alto grado de participación por parte de los colonos. A esta primera
cooperativa se le sumaron dos más entre 1950 y 1952 (Archetti y
Stölen, 1975: 98-102).
Archetti plantea que las cooperativas fueron la primer arma
de defensa de los productores contra los acopiadores y el sector in-
dustrial, y agrega: “Podríamos ir más lejos y decir que el proceso de
acumulación de capital de los campesinos argentinos no podría ex-
plicarse sin tomar en cuenta este fenómeno” (Archetti, 1977: 137).
En ambas provincias, el movimiento cooperativista desarrolló un
rol central. Brindó a los productores mejores precios por sus pro-
ductos y funcionó como entidad representativa de los intereses de
los colonos. Si atendemos al caso formoseño, la debilidad de este
tipo de organizaciones también podría contribuir a explicar la espe-
cificidad de la organización rural.
Un último elemento que interesa destacar remite a las diferen-
cias regionales que existen entre los procesos de capitalización de
los productores algodoneros. En el Chaco y en el norte de Santa
Fe resultó bastante generalizada la sustitución de la tracción animal
por la tracción mecánica en el arado de la tierra, primordialmente
a través del tractor. Este salto tecnológico conocido como “tracto-
rización” puede ser englobado dentro de un marco nacional que
se inició a mediados de la década de 1940, cuando se concretó la
instalación de fábricas de tractores en el país (Forni y Tort, 1980).
En este sentido, Ismael Viñas presentó una estadística relevante
sobre la cantidad de tractores por superficie cultivada en el país: “En
1947 la proporción era de un tractor cada 873 hectáreas; en 1952,
de uno cada 419; en 1960, de uno cada 202 y en 1965, de uno cada
187,3 hectáreas” (Viñas, 1973: 63). Si tomamos como referencia
las tres provincias algodoneras y vemos la evolución en la cantidad
de tractores tendremos que el Chaco, en 1937, tenía 297; en 1947,
801 y para 1960 poseía 3.441. Mientras Santa Fe, en los mismos
años, poseía 4.266, 64.22 y 21.065.49 Por su parte, Formosa solo
computaba en dichos períodos 17, 55 y 255, respectivamente.
49 En este caso, los datos son sobre la totalidad de la provincia de Santa Fe y no solamente
de la zona norte. En referencia al norte santafesino, la tractorización había comenzado con un
La tractorización tuvo tanto consecuencias positivas como ne-

gativas. Si, por un lado, redujo el tiempo de trabajo por hectáreas,
a la vez que aumentó la productividad por persona ocupada, ello
ocasionó una significativa reducción en la demanda de mano de
obra y obligó a una gran cantidad de personas a migrar del campo a
la ciudad. Asimismo, generó la ampliación de la superficie agrícola,
por la desaparición de las tierras de pastoreo empleadas para los
animales de tiro. Así, la reasignación productiva de tierras alteró la
rotación de cultivos que hasta esa etapa había funcionado exitosa-
mente como paliativo al agotamiento de la tierra.50
Pero, como en todos los aspectos analizados anteriormente, la
tractorización no tuvo en Formosa el ímpetu e importancia que
en las provincias vecinas. Esta situación la podemos asociar a dos
factores: por un lado, como diferentes autores han demostrado, las
explotaciones por debajo de las 25 hectáreas no lograron capitali-
zarse, lo que hizo difícil la posibilidad de incorporar mejoras téc-
nicas. En este tipo de explotaciones es prácticamente inexistente la
tracción mecánica (Obschatko, 1983; Stagno y Steele, 1968). En
este sentido, debemos recordar que en Formosa, en 1947, el 42%
de las explotaciones tenían menos de 25 hectáreas y en 1960, la
proporción pasó a ser del 60% del total. Por otro lado, la gran ma-
yoría de los productores no tenía la tierra en propiedad, lo que les
imposibilitaba acceder a un préstamo bancario para hacer frente al
coste de un tractor.51
gran impulso en la época peronista y entre 1956 y 1963 el número de tractores patentados en
las diferentes comunas se triplicará (Archetti, 1977).
50 En referencia a la tractorización, un informe de la Cepal estimaba que 1937 los tractores
no superaban las veinte mil unidades y que para efectuar las tareas agrícolas eran necesarios
varios millones de equinos (diez millones, aproximadamente). En 1960, el número de trac-
tores superaba las cien mil unidades mientras los caballos eran menos de cuatro millones en
1962. En relación con la productividad de la mano de obra, se sostenía que su fuerte aumento
causó una baja, en términos absolutos, de 1.417.903 personas en 1937 a 1.171.486 en 1960
(Cepal, 1985: 16).
51 Sin embargo, la disparidad tecnológica es aún mayor, ya que las herramientas de labranza
utilizadas por el productor formoseño, en el período analizado, eran el arado de mancera y la
rastra de dientes (o de púas, como es conocida en la zona), y algunas herramientas más. Según
el Censo Nacional Agropecuario de 1960, en Formosa, existían 13.639 arados de mancera y
6.556 rastras de dientes.
En definitiva, como resultado de la conformación de la estruc-

tura agraria formoseña, las asimetrías en los rendimientos agrícolas
de los suelos respecto de las provincias vecinas y las condiciones his-
tóricas del poblamiento del territorio, hacia 1960, en Formosa, exis-
tía una población campesina pauperizada e impedida de ingresar a
un proceso de capitalización. En los años venideros esa situación no
se revertiría, sino todo lo contrario: se acentuaría.
Capítulo 2. Violencia y despojo contra el
campesinado formoseño
Sí, claro, gritaban los arrendatarios, pero es nuestra tierra.

Nosotros la medimos y la dividimos. Nacimos en ella,
nos mataron aquí, morimos aquí. Aunque no sea buena
sigue siendo nuestra. Esto es lo que la hace nuestra: nacer,
trabajar, morir en ella. Esto es lo que da la propiedad, no
un papel con números.
John Steinbeck, Las uvas de la ira, 2001
La década de 1960 mostró un fuerte proceso de privatización

de las tierras públicas en Formosa. Ello se acentuó, especialmente,
durante el gobierno de facto de la “Revolución Argentina” (1966-
1973), y favoreció a los medianos y grandes productores. Como
contraparte, este proceso tuvo un carácter expropiatorio y de expul-
sión de la población campesina que usufructuaba esas tierras. Ade-
más, este proceso operó sobre el telón de fondo de una profunda
crisis de la producción agroindustrial con epicentro en el cultivo
del algodón. Tanto las expropiaciones como la crisis algodonera,
constituyeron un elemento central para comprender el proceso de
organización y movilización del campesino que se inició a fines de
la década.
Durante la convulsionada década de 1960, el espacio agrario
formoseño se vio atravesado por tres grandes cuestiones. Primero,
a instancias de la provincialización de Formosa, se produjeron una
serie de leyes orientadas a reglamentar la posesión y el usufructo de
las tierras públicas. Segundo, con la llegada del gobierno dictato-

rial de la “Revolución Argentina”, tuvo lugar un proceso de “mo-
dernización autoritaria” sobre el agro formoseño. Tercero, la crisis
algodonera profundizó los problemas económicos y sociales en el
espacio agrario provincial. Este capítulo se ocupa de analizar cada
una de estas tres grandes cuestiones.
Provincialización y primeros años de autonomía provincial
El 15 de junio de 1955 el Congreso Nacional sancionó la Ley

N° 14408 (promulgada trece días después, el 28 de ese mes) por la
que se dispuso la provincialización de los Territorios Nacionales de
Formosa, el Neuquén, Río Negro, el Chubut y Santa Cruz. Desde
finales de 1920, se presentaron diversos proyectos de provinciali-
zación. El primero, que incluyó a Formosa, fue presentado por el
Partido Socialista en 1932. El proceso de provincialización se vio
acelerado con la reforma constitucional de 1949, la que concedió a
los territorios nacionales la posibilidad de participar de las contien-
das electorales nacionales para elegir presidente y vicepresidente de
la Nación.
Asimismo, en 1951 se sancionó la Ley N° 14032 que creó la
figura de Delegado Parlamentario. Esto permitió que los territorios
obtuvieran representación en el Congreso, con voz, pero sin voto.
El último hito importante en este proceso fue la promulgación, en
1954, de la Ley N° 1431552 que establecía que los territorios podían
elegir a sus gobernadores, vicegobernadores y sus correspondientes
legislaturas. Sin embargo, esto no implicó una elevación al rango de
provincias (Pereira, 2008; Lugo, 1990; Ruffini, 2006).53
52 Derogaba a la anterior N° 1532 de 1884.

53 Durante la década del cincuenta se provincializó a la gran mayoría de los Territorios
Nacionales. En 1951 lo hicieron La Pampa y el Chaco bajo el nombre de provincia Eva Perón
y provincia Presidente Perón, respectivamente. En 1953 fue el turno de Misiones y, final-
mente, en 1955 se efectuó la del Neuquén, Río Negro, Formosa, el Chubut y Santa Cruz. A
partir de este momento solo subsistiría como Territorio Nacional Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur que fue provincializado en 1990.
Aun habiéndose sancionado la Ley de Provincialización, el pro-

ceso se vio interrumpido con el golpe militar de septiembre de 1955
que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón. Esto impidió que
los ex Territorios Nacionales pudieran sancionar sus propias consti-
tuciones y elegir sus respectivos gobiernos.
En el caso particular de Formosa, hubo que esperar hasta no-
viembre de 1957 para que se sancionara la Constitución provincial.
Fue bajo los postulados de la nueva Ley fundamental que se convo-
có al proceso eleccionario que dio origen al primer gobierno electo
de la provincia. Los comicios se realizaron en febrero de 1958 y
obtuvo la victoria la fórmula integrada por Luis Gutnisky y Emilio
Tomás, de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI).
El desarrollo político-institucional provincial, al igual que el
nacional posterior a 1955 (Cavarozzi, 2006), tuvo la marca distin-
tiva de la inestabilidad. Durante el período, ningún gobierno electo
logró concluir su mandato. El primer gobernador, Luis Gutnisky,
murió en un accidente de aviación en diciembre de 1959, lo que
provocó que Emilio Tomás asumiera el cargo. Esta gestión se vio
interrumpida en marzo de 1962 por el golpe militar que depuso
al presidente Arturo Frondizi. A partir de allí, en Formosa se al-
ternaron dos interventores federales: primero, el coronel Augusto
Sosa Laprida, que estuvo solo dos meses, y, después, el ingeniero
Fernando Ochiluppo, que ostentó el cargo hasta octubre de 1963.
El 7 de julio de 1963, los formoseños asistieron por tercera vez
en su historia a un acto eleccionario para elegir a las autoridades
ejecutivas.54 En esta oportunidad triunfó la fórmula Alberto Mon-
toya y Raúl Villagi, representantes de la Unión Cívica Radical del
Pueblo (UCRP). El nuevo gobierno asumió en octubre de 1963 y
su gestión se vio nuevamente interrumpida por el pronunciamiento
militar que, en junio de 1966, destituyó al por entonces presidente
Arturo Illia.
Esta primera etapa de autonomía provincial estuvo signada,
además de por la inestabilidad política, por la necesidad de hacer
54 En enero de 1962 se realizaron elecciones para gobernador y vicegobernador. En esa

ocasión, se impuso el binomio José Guanes-Alberto Yaique, perteneciente a la UCRI, quienes
no llegaron a asumir por el golpe militar de ese año.
frente a múltiples dificultades, como las condiciones de extrema

precariedad en los aspectos sociales, económicos y de infraestructu-
ra; al mismo tiempo, por la necesidad de lidiar con la urgencia de
poner en marcha todo el aparato burocrático e institucional. En este
marco, también se dictó la reglamentación sobre tierras.
La tierra formoseña
Según el Censo Nacional Agropecuario (1960), para principios

de la década del sesenta Formosa era la provincia con más mini-
fundios55 en el país y, como aseguraba un matutino nacional, en el
otro extremo se encontraba el Estado que era el “latifundista prin-
cipal”.56 Este hecho, como vimos en el capítulo anterior, era conse-
cuencia del proceso de enajenación de tierras públicas que comenzó
a fines del siglo XIX.
La provincialización, en 1957, generó la transferencia de las
tierras fiscales al dominio y jurisdicción de la naciente provincia.
Esta se realizó por medio del Decreto Nacional N° 6548, de sep-
tiembre de 1958.57 Para la administración de las tierras formose-
ñas se creó, por medio de la Ley N° 19, la Dirección Provincial de
Tierras dependiente del Ministerio de Economía provincial. Esta
dependencia pasó a administrar más del 80% de la tierra provincial,
en su mayor parte sin clasificar, mensurar, ni registrar. Estas eran las
secuelas de medio siglo de labor de la Dirección General de Tierras
de la Nación.58
55 El minifundio es una forma particular de explotación agropecuaria, cuyo tamaño es

inferior al de la unidad económica. Se caracteriza por basarse exclusivamente en la utilización
de la mano de obra familiar, sobre una insuficiente superficie de tierra y una baja dotación
tecnológica. Su producción solo proporciona un ingreso neto suficiente para la subsistencia
familiar (Feder, 1972; Brodersohn, Cafferata y Tesoriero, 1974; Flood, 1982).
56 La Nación, 7/3/1961.
57 Al respecto, la Ley N° 14408 de Provincialización de Territorios Nacionales previó en su
art. 10 el traspaso “al dominio de las nuevas provincias las tierras fiscales ubicadas dentro de
sus respectivos límites territoriales”.
58 El gobernador Luis Gutnisky, en su mensaje ante la Cámara de Representantes, indi-
có que del total de la superficie provincial “aproximadamente 8.000.000 de hectáreas […]
6.400.000 son fiscales, y 1.600.000 de propiedad particular” (ver Mensaje del gobernador de
la provincia Dr. Luis Gutnisky, 1° de mayo de 1959).
Si bien más de seis millones de hectáreas permanecían en con-

dición de tierra fiscal, no eran espacios vacíos, sino ocupados por
campesinos que encontraban allí una modesta posibilidad de ase-
gurar su existencia. En una actitud de denuncia frente a esas ocupa-
ciones, el gobernador Luis Gutnisky afirmó que “el proceso de ocu-
pación se ha realizado en forma irregular, existiendo una inmensa
cantidad de intrusos”.59 Para emprender la “normalización” de la
ocupación de predios fiscales el ejecutivo provincial informó que
“no se reconocerán las ocupaciones no autorizadas producidas con
posterioridad al 1° de mayo de 1958”.60
En este contexto, completando el cuadro de situación, en 1960
se sancionó la Ley Nº 113 Régimen de Colonización y Tierras Fis-
cales. Entre los preceptos más importantes de la ley se encontraban
la de “unidad económica”, entendida como aquella que “debe po-
sibilitar, con su solo producido, el mantenimiento, la previsión y el
progreso social del productor y su familia” (art. 20). Asimismo, re-
sultaron cruciales otras definiciones contempladas en la ley, a saber:
la definición de “tierra rural” entendida como aquella “ubicada fue-
ra de las plantas urbanas y que tiene por objeto principal la explota-
ción agropecuaria” (art. 19); la concesión de tierra rural por medio
de la venta, lo que dejaba al sistema de arrendamiento, ocupación
o de donación solo para casos especiales (art. 22); la inhibición de
compra de tierra por parte de sociedades anónimas o en comandita
por acciones (art. 26, inc. 1); y la prohibición de la adjudicación de
tierra a los propietarios de más de diez mil hectáreas (art. 26, inc. 4).
Con la promulgación de la Ley N° 113, se crearon cuatro fi-
guras jurídicas: propietarios, adjudicatarios en venta o en arrenda-
miento de tierras fiscales, ocupantes e intrusos. Cada categoría defi-
nió diferentes niveles de seguridad jurídica. Los “propietarios” eran,
en su mayoría, latifundistas dedicados a la ganadería; su origen data
de la privatización de tierras de fines del siglo XIX y se encontraban
ubicados en los departamentos orientales. Los “adjudicatarios” eran
productores que estaban cumpliendo con las obligaciones para ob-
tener el título de propiedad, esto es, abonar las cuotas del valor de
59 Ibidem, p. 13.
60 Ídem.
la tierra, pagar la mensura, cercar el lote, construir la vivienda. Los

“ocupantes” ejercían una ocupación de hecho de las tierras fiscales,
la mayoría de ellos sin autorización ni registro por parte de las auto-
ridades. Por último, los “intrusos” eran los que se habían asentado
en tierras fiscales con posterioridad a la promulgación de la Ley
N° 113. Sobre esta última categoría jurídica, la normativa estable-
cía el inmediato desalojo por parte de las autoridades provinciales
(Beck, 2005 y 2007; Galafassi, 2005).
Es digna de mención la referencia que hace la ley sobre la colo-
nización con indígenas, en la que retoma cuestiones expresadas en la
carta magna provincial. La Constitución provincial, en su artículo
57 expresaba:
La Provincia promoverá el mejoramiento sanitario, económico,
social y cultural de los grupos indígenas que pueblen su territorio,
y su efectiva incorporación a la vida nacional y provincial, asegu-
rándoles la propiedad de la tierra donde residen para equipararlos
integralmente en derechos y obligaciones con el resto de los habi-
tantes. La tierra que se les otorgue no podrá ser enajenada.
Por su parte, la Ley N° 113 consagró al tema indígena un ca-
pítulo que constaba de nueve artículos (art. 60 al 68). En la legisla-
ción se observa una intención manifiesta de convertir al aborigen en
agricultor para que pudiera solventar sus necesidades e “integrarse
a la comunidad nacional”. Sin embargo, la poca experiencia en la
actividad agrícola, el reducido tamaño de las explotaciones conside-
radas y la nula dotación de herramientas y máquinas con que se los
proveyó volvieron difícil la subsistencia de los indígenas a través de
la producción agropecuaria. Esta población continuó viéndose obli-
gada (como en todo el período previo) a emplearse como mano de
obra barata en la cosecha de algodón y de la caña o a trabajar en los
obrajes para paliar las falencias nutricionales que no lograban cubrir
a través de la pesca y la marisca tradicional.
Bajo este marco normativo, durante la primera mitad de la dé-
cada del sesenta se avanzó sobre el proceso de concesión de tierras
públicas y sobre la creación del andamiaje jurídico y de los orga-
nismos técnicos encargados de administrar dichas tierras. En este
período se otorgaron 84.121 hectáreas repartidas entre 37 produc-

tores,61 y, como en la etapa anterior, fueron acaparadas por pocas
manos y en grandes extensiones. Una vez más los campesinos fue-
ron relegados en la entrega de tierras.
La política agraria de la “Revolución Argentina” en Formosa
Precisamente el día en que se cumplía el 11° aniversario de la

provincialización de Formosa, el 28 de junio de 1966, se produjo
un nuevo golpe de Estado. Una vez destituido Arturo Illia, el gene-
ral Juan Carlos Onganía fue designado presidente por la “autoridad
revolucionaria”, la Junta de Comandantes. Se daba así comienzo al
gobierno de facto que se prolongó hasta 1973. Por medio del “Es-
tatuto de la Revolución Argentina” se depositaron en la figura del
presidente todos los poderes políticos del Estado.62
El nuevo régimen se presentó a sí mismo como fundador de
una nueva República que impondría una vía pacífica, occidental
y cristiana hacia el progreso. Para el gobierno militar, uno de los
peores males que vivía la Argentina era el estancamiento económi-
co y, para superar esta situación, era necesario la racionalización
de la economía y la modernización del Estado. El plan moderniza-
dor consistió en erradicar los sectores de la economía considerados
irracionales e improductivos, lo que llevó, por un lado, al cierre
de pequeños y medianos emprendimientos y, por otro, a la con-
centración y consolidación del sector dinámico de la economía en
manos de las empresas de capital intensivo, en su mayoría, vincula-
das a corporaciones internacionales (De Riz, 2010; Bellini y Korol,
2012). La “racionalización” del sector estatal perjudicó en especial
al transporte, a la burocracia gubernamental y a las economías re-
gionales subsidiadas.
61 Formosa. Norte Argentino. Programa y Acción de gobierno 1966-1973, 1973.

62 Durante el gobierno “revolucionario” se sucedieron tres presidentes: el ya mencionado,
Onganía (1966-1970), Roberto Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín La-
nusse (1971-1973).
Según Mark Healey, el proceso de “modernización autoritaria

y conservadora” (2007: 180) que emprendió el gobierno dictatorial,
sobre todo en las economías regionales, fue una de las causas de la
protesta social que se vivió en el interior del país (Noroeste, Pata-
gonia y Nordeste). Producto de esta situación, el autor afirma que,
entre 1955-1976, el centro de gravedad de la política argentina se
desplazó hacia lugares que poco antes se consideraban estancados y
marginales: el interior.
Para emprender la tarea modernizadora y buscar la eficacia
técnica se designó, en los altos niveles decisorios del gobierno, a
civiles técnicos y apolíticos, mientras en las intervenciones provincia-
les y al frente de empresas estatales se nombró a militares retirados
(O’Donnell, 2009). El ambicioso proyecto tenía por finalidad ase-
gurar que el gobierno se abstuviera de hacer política, es decir eje-
cutar una especie de política apolítica, ocupándose exclusivamente
del desarrollo de la industria, la construcción de infraestructura y el
progreso técnico en general. En este sentido, era altamente valorada
la asepsia ideológica así como el conocimiento científico-técnico.
Además, conforme a la lógica del régimen, la centralización
del poder acarreó la disolución de la estructura federal del Estado
y los poderes políticos provinciales pasaron a ser una prolongación
natural de la función presidencial (De Riz, 2010). Bajo esta lógica,
en Formosa se sucedieron dos gobiernos: primero, una breve in-
tervención federal a cargo del coronel Héctor Gómez Olivera, des-
de el inicio del gobierno dictatorial hasta el 5 de agosto de 1966;
y, segundo, se designó como gobernador al coronel Augusto Sosa
Laprida (otrora interventor durante 1962), quien estuvo al frente
del Gobierno provincial desde el 6 de agosto de ese mismo año
hasta el 24 de mayo de 1973.
El gobierno de Sosa Laprida fue un fiel representante del
ideario pregonado por la “Revolución Argentina”. En el discurso
correspondiente al día de su asunción, el nuevo gobernador en re-
iteradas ocasiones destacó enfáticamente el carácter apolítico de su
gobierno, la alta capacidad técnica y el prestigio profesional de las
personas que lo secundarían en su labor gubernamental. También
hizo referencia a la puesta en marcha de la modernización del apa-
rato burocrático estatal y a la creación de obras de infraestructura,

sobre todo viales, que permitirían superar el estancamiento indus-
trial, comercial y agropecuario en el que se encontraba sumergida
la provincia. En este sentido, el diario provincial La Mañana re-
produjo parte de la conferencia brindada por el dignatario en la
que afirmó que “el gobierno hará absoluta y total prescindencia
de inclinaciones u objetivos de corte político […] [y] apuntó que
su acción ejecutiva será encarada con un criterio eminentemente
científico-técnico”.63
En alusión a los funcionarios tecnócratas, es pertinente desta-
car que el propio Sosa Laprida había desarrollado una destacable
carrera técnica dentro de la institución castrense, la que abandonó
para poder acceder al puesto de gobernador.64 El mandatario había
egresado de la Escuela Superior y Técnica del Ejército en 1948 al
obtener el título de Ingeniero Militar Geógrafo. Esto lo llevó a ocu-
par importantes cargos técnico-militares que lo pusieron en con-
tacto con la región del nordeste y la República del Paraguay, país
donde recibió una condecoración por sus labores.
Antonio Prieto, en referencia a Sosa Laprida y su gobierno,
sostuvo:
Pocos como él tenían un conocimiento tan acabado de la región
nordeste del país […] Ese conocimiento, una adecuada red de rela-
ciones en los centros del poder nacional y la estabilidad de siete años
ininterrumpidos de gestión le permitieron encarar –como nadie lo
había hecho antes– un plan global y sistemático para superar la si-
tuación de subdesarrollo de la provincia de Formosa (1990: 91).
En el orden de la planificación, encontramos otro punto de
consonancia con el Gobierno nacional. Onganía sostenía que la Re-
volución estaba organizada en tres momentos progresivos: el econó-
mico, el social y el político. Haciéndose eco de ello, el gobernador
sostenía que en Formosa era difícil dar un orden de prioridad a la
63 La Mañana, 8/8/1966.

64 En la conferencia de prensa ya referida, Sosa Laprida indicó que aceptó la primera ma-
gistratura de Formosa y el consiguiente retiro de su carrera militar porque como “gobernador
efectuaría más obras que como general” (La Mañana, 8/8/1966).
inmensa cantidad de problemas existentes, pero que era necesario

solucionar en “primer término el conjunto de problemas que confi-
gurasen las situaciones de base para el desarrollo económico, y colo-
car en segunda prioridad los problemas sociales”.65
En este contexto, para superar el “atraso económico”, la ges-
tión provincial se centró principalmente en dos aspectos. Primero,
la creación de obras de infraestructura básica, sobre todo viales.
Segundo, la modernización del agro haciendo hincapié en el pro-
ceso de privatización de tierras públicas para la conformación de
explotaciones eficaces.
Con respecto a las obras de infraestructura, podemos men-
cionar que se dio un enorme impulso a la expansión de la red vial
que era casi inexistente en la provincia. Es pertinente resaltar la
importancia que tuvo la conclusión de la pavimentación de la ruta
nacional N° 11, en 1968, que permitió reducir significativamente
el aislamiento comunicacional de la provincia (ver anexo, mapa 2
y 3). El desarrollo de la infraestructura vial66 resultó crucial en la
dinamización del mercado agropecuario al facilitar las oportuni-
dades de comercialización, la movilidad de la fuerza de trabajo y
al ayudar a la valorización de la tierra.67
Con relación al agro y en consonancia con la modernización
autoritaria que emprendió la Revolución Argentina, el Gobierno
provincial asumió que la concentración del capital agropecuario
produciría mejores oportunidades de capitalización, modernización
y eficacia. En la medida que la pequeña propiedad y –más aún– el
65 Formosa. Norte Argentino. Programa y Acción de Gobierno 1966-1973 (1973: 15), resal-
tado nuestro.
66 En 1966 la infraestructura caminera contaba con 1.977 km, de los cuales 738 km pertenecían
a la red provincial y 1.239 km a la red nacional, y solo estaban pavimentados pocos kilómetros de
la ruta N° 11. Para 1973, la red caminera poseía 4.062 km, de los cuales 1.349 km pertenecían
a la red nacional y 2.713 km a la red provincial. Aun así, solo 319 km de la red nacional
se hallaban pavimentados (Formosa. Norte Argentino. Programa y Acción de Gobierno 1966-
1973, 1973).
67 Durante este período también se dio un fuerte impulso a las obras de producción y
transmisión de energía eléctrica. Además, se extendió el servicio de agua potable a doce po-
blados (hasta 1968 esta estaba restringida a la ciudad capital). También, podemos agregar, la
inauguración de una central telefónica, una radio emisora y un aeropuerto. Sobre las obras
de gobierno de esta etapa pueden consultarse los trabajos de Prieto (1990) y Beck (2005).
minifundio eran considerados anacrónicos, la modernización del

agro debía derivar en explotaciones organizadas bajo criterios em-
presariales modernos y eficaces.
Según estos criterios, el gobierno militar en Formosa comenzó
un intenso proceso de privatización de las tierras fiscales. Este se
intensificó a partir de 1968. En ese año, la entrega de tierra estuvo
cerca de quintuplicarse en relación con el período 1960-1967 (ver
tabla 4). Uno de los criterios para el otorgamiento de la tierra en
propiedad era la posibilidad de constituir explotaciones rentables,
para lo que se precisaba un determinado capital.
Por esta razón, el proceso benefició solamente a los medianos y
grandes productores, que, en su mayoría, eran ganaderos. La propia
Dirección de Colonización y Tierras Fiscales reconocía en un infor-
me de febrero de 1973:
Como resultado de estos estudios (sobre determinación de uni-
dades económicas), quedaron al margen del proceso adjudica-
tario, pequeños productores, los cuales, por razones legales de
ocupación, de acuerdo a la Ley de Parvifundios,68 escasa sol-
vencia material y problemas de radicación, por su nacionalidad
(paraguayos), sin adjudicación, hasta tanto se realice un proceso
especial de Colonización, aportes presupuestarios que posibili-
ten la solución integral de estos grupos.69
68 El término “parvifundio” suele definirse, en economía agraria y en derecho agrario, como
sinónimo de minifundio. Sin embargo, para algunos autores existe una apreciable diferen-
cia conceptual entre ambos. En efecto, mientras el minifundio equivale a una explotación
que puede garantizar la subsistencia del grupo familiar con su producción, el parvifundio, o
minifundio de subsistencia parcial, solo permite cubrir una parte de la subsistencia familiar,
por lo que se requieren, necesariamente, ingresos extraprediales (Brodersohn, Cafferata y
Tesoriero, 1974).
69 Dirección General de Colonización y Tierras Fiscales, Ministerio de Economía, provin-
cia de Formosa. Informe, febrero de 1973, citado en Slutzky (2011: 148-149).
74
Tabla 4. Provincia de Formosa. Evolución de la entrega de tierras fiscales. 1960-1973

Año Tierras fiscales adjudicadas en propiedad
Agrícolas Pastoriles Mixtas Total de tierras N° de benefi-
adjudicadas ciarios
Ha. Adj. Ha. Adj. Ha. Adj.
1960- 1.062 11 57.345 12 2.418 4 60.825 27
1966
1967 - - 5.000 1 585 1 5.585 2
1968 18.933 229 299.088 115 - - 318.021 344
1969 6.726 138 627.595 238 10.270 20 644.591 396
1970 13.092 281 460.241 208 12.323 33 485.656 522
Cristian Vázquez
1971 9.600 190 223.224 124 12.837 30 245.661 344

1972 3.453 70 216.746 116 30.026 72 250.225 258
1973- 456 7 20.789 24 8.056 25 29.301 56
9/2/73
1966- 52.262 915 1.852.685 826 80.699 181 1.985.646 1922
1973
Fuente: Formosa. Norte Argentino. Programa y Acción de Gobierno 1966-1973, 1973.
En el informe, se sostenía que habían quedado al margen de

las adjudicaciones los pequeños productores por carecer de capitales
para conformar explotaciones rentables. Aparte de ese argumento,
el informe aludía a una problemática siempre presente en el territo-
rio: la cuestión de la migración paraguaya. En este sentido, no solo
pesaba la solvencia económica, sino también la “seguridad nacio-
nal”. Sosa Laprida se había pronunciado sobre el tema, al iniciar su
gestión, en los siguientes términos:
Respecto a la adjudicación de tierras fiscales […] se considerará
en primerísimo término los pedidos de colonos argentinos y,
posteriormente, la de los extranjeros, especialmente los euro-
peos. Es lo que dice la ley […] nos vamos ajustar a las leyes en
toda la letra y su alcance […] por constituir Formosa zonas de
seguridad, no se podrá adjudicar en ventas, tierras a ciudadanos
paraguayos. Los que deseen radicarse en Argentina, podrán ha-
cerlo en otras provincias interiores.70
Con la adjudicación de tierras fiscales en proporciones in-
mensas, en la estructura agraria formoseña se intensificó la pre-
sencia de un sistema de medianas y, sobre todo, grandes explo-
taciones. Como lo demuestran los datos proporcionados por la
Dirección de Colonización y Tierras Fiscales, hasta fines de 1972
el 94% de las tierras públicas concedidas en propiedad se dieron
en extensión superior a mil hectáreas (ver tabla 5). Es decir, que la
distribución de tierras que emprendió el gobierno militar agravó
la ya existente concentración de tierra en la provincia. Pero, sobre
todo, este proceso se realizó a costa de la expropiación y expulsión
de la población campesina.
70 La Mañana, 28/10/1966.

Tabla 5. Cantidad de adjudicatarios y superficie adjudicada

1969-1971
Escala Adjudicatarios Superficie adjudicada
N° % N° %
De 0 a 25 has. 277 17 4.910 0,3
De 25 a 100 405 26 19.069 1,2
De 100 a 1000 200 14 71.025 4,3
Más de 1000 664 43 1.464.964 94,2
Total 1.546 100 1.559.968 100
Fuente: Dirección General de Colonización y Tierras Fiscales.
En efecto, los principales damnificados del proceso de privati-

zación de tierras públicas fueron los productores asentados en tierras
fiscales que, según el Censo Agropecuario de 1960, representaban al
68%. Los mismos que desde la sanción de la Ley N° 113 eran conside-
rados, por el Estado, ocupantes o intrusos. En este sentido, cuando el
gobierno militar comenzó a ceder las tierras fiscales lo hizo a expensas
de las explotaciones campesinas, piquetes vecinales71 e incluso de colo-
nias completas que fueron otorgadas a nuevos propietarios (imagen 1).
Imagen 1. Piquete vecinal
Fuente: El Campesino, noviembre de 1971. Firmado por Menchoz.
71 Casi todas las colonias disponían de un piquete vecinal, que era una parcela de tierra de pas-
toreo que se utilizaba de forma comunitaria por todos los vecinos y para los animales de labranza
y ordeñe. Sin embargo, ni la moderna Ley N° 113 y mucho menos la Dirección de Tierras tenía
previsto hacer adjudicaciones conjuntas. En consecuencia, no se respetaron los usos y costumbres
del campesinado que tenían en el piquete vecinal una respuesta colectiva a la escasez de tierra.
Existen muchos casos documentados sobre adjudicatarios que

alambraban sus tierras y dejaban a los antiguos ocupantes encerra-
dos. Otras veces, echaban a sus animales en las tierras otorgadas y
estos comían los cultivos de los campesinos. Para conseguir que los
ocupantes abandonaran la tierra, se hacían acompañar por aboga-
dos, la policía o inspectores de la Dirección de Tierras. En algunos
casos, se llegó al extremo de la amenaza armada o voltear y quemar
ranchos ante la mirada atónita de la familia campesina.
En este sentido, retomamos el testimonio de Hilarión Patiño,
de nacionalidad paraguaya y con hijos argentinos, que denunció su
desalojo de una parcela de tierra fiscal en 1965, antes que esta prác-
tica se tornara moneda corriente en la provincia:
El 21 de agosto, me citó la Policía y al acudir, se me exigió que
abandonara mi ranchito. Como pude les explique mi situación
y por qué no podía, pero estuve detenido dos días. Después, me
volvieron a citar con el mismo motivo e iguales exigencias y se
me detuvo otra vez un día entero.
El 15 de septiembre, citado de nuevo fui detenido por tres días
exigiéndoseme que abandonara el lugar. El 16, Chaparro llegó
a mi casa, obligó a mi mujer y mis hijos a subir a un carro, alzó
mis pocas cositas, destruyó y quemó el ranchito, y trajo toda mi
familia a la Policía.
El señor Iglesias de la Dirección de Tierras, me había dicho que
tenía que desalojar esa tierra fiscal y me hizo tomar conocimien-
to de eso mediante un papel escrito. Pero yo le pedí que por fa-
vor me diera por lo menos otra ubicación, a lo que me contestó
que no había.72
Desde 1966, con la instauración del gobierno dictatorial, los
desalojos fueron cada vez más frecuentes. Pero es a partir de 1968
que se asistió a una expulsión compulsiva de campesinos, hecho
íntimamente relacionado con el aumento de tierras privatizadas.
Precisamente en esta fecha, casi doscientas familias residentes en
Cattáneo-Cué fueron notificadas de un inminente desalojo. Este
72 La Mañana, 20/9/1965.

caso tomó conocimiento público por medio de la prensa escrita,73

la que informó:
La situación en Cattáneo se hizo sumamente difícil a raíz de los
cambios de criterios sustentados por distintos gobiernos. A la
luz de diversas interpretaciones, numerosas familias se instala-
ron –muchas argentinas y otras paraguayas– desde hace diez y
doce años atrás. Al presente, reivindicados los derechos de po-
sesión de un primitivo aspirante a esas tierras, se ha dispuesto
el desalojo de los actuales habitantes, que se elevan a casi dos
centenares de familias.74
Un testimonio ex post facto sobre estos acontecimientos nos
ofrece el por entonces obispo de Formosa, Pacífico Scozzina. En
este sentido, el prelado rememoró en los siguientes términos un
hecho acaecido en el departamento de Pirané:
Recuerdo en una oportunidad que un grupo de campesinos vi-
nieron al Obispado a llorar por lo que les estaban haciendo.
Le habían asignado a un terrateniente su campo, y él tenía que
alambrárselo, en la zona de Pirané casi Palo Santo. Con este
hecho de tirar los alambrados le cortaban las pequeñas chacritas
que tenían ellos, un centenar de metros […] El gobernador en
ese tiempo era Sosa Laprida, un gobernador muy activo que
movilizó mucho el tema de las tierras pero con esta lamentable
parte negativa de que entregaba las tierras a los terratenientes y
caían en bandadas, los pequeños agricultores (Sánchez, Chávez
y Olmedo, s/f: 22).
Esta desesperante situación que creó el gobierno militar de-
sencadenó un clima de consternación e inestabilidad en el campe-
sinado. La Ley de Tierras previó que, en caso de que los ocupantes
no resulten adjudicatarios, debían ser reubicados en otras parcelas,
y el favorecido debía comprar las mejoras. Sin embargo, esto no se
73 Para conocer los desalojos sufridos por los campesinos, la prensa escrita se presenta como
una de las fuentes principales. Si se considera que la gran mayoría de los afectados eran mi-
grantes indocumentados o “intrusos”, prácticamente no existieron desalojos por vía judicial.
74 La Mañana, 7/8/1968.
cumplió, con lo que se agravó aún más la situación de la familia

campesina.
Durante los primeros años de esta política de tierras, el campe-
sinado, falto de mecanismos políticos e institucionales para hacerse
oír, apenas pudo defenderse de los excesos de forma individual y
aislada. En este sentido, la política de tierras y el consecuente des-
plazamiento de los productores fue uno de los incentivos que dio
lugar a la participación política del campesinado. Más aún cuando
eso se conjugó con la crisis del principal cultivo comercial que el
campesinado formoseño practicaba.
La crisis algodonera
La expansión agrícola centrada en la producción algodonera

tuvo un incremento constante en el país entre las décadas de 1930
y 1950, y llegó a su pico máximo durante la campaña 1957/1958,
con 732.000 hectáreas sembradas y 550.000 toneladas producidas
entre fibras y semillas. A partir de este momento, comenzaron a
experimentarse los primeros síntomas de estancamiento y crisis
del cultivo industrial. Entre las manifestaciones más evidentes de
esta situación se encuentra la drástica reducción del área sembrada
que durante el trienio 1969-1971 descendió a 429.000 hectáreas y
369.500 toneladas (Barsky y Gelman, 2009: 417).
Entre los diferentes autores que se abocaron al tema, D’Alessio
(1993 [1969]) argumenta que la drástica reducción del área sembra-
da de algodón, sin precedentes hasta ese momento, obedeció a una
notable disminución de los precios pagados por el cultivo que cada
año eran menos compensatorios frente a los costos en alza cons-
tante.75 Es necesario incluir la explicación brindada por D’Alessio
dentro de un proceso más amplio de deterioro de las economías
agropecuarias regionales. En este sentido, Rozé (1992) sostiene que,
a mediados del siglo XX, se asistió a una doble crisis en el agro: por
75 Los precios reales del cultivo oscilaron entre 12.000 pesos por tonelada en 1960 a 6.400
pesos en 1966. Hay una recuperación en 1968, pero en 1970 se vuelve a producir una brusca
caída (Archetti, 1988).
un lado, una que operó a nivel nacional y, por otro lado, una propia
de la región chaqueña a partir de la dependencia de su economía de
la producción algodonera.76
Para el análisis del descenso de los precios del algodón, Slutzky
(2011) plantea que es pertinente distinguir, primero, las causas de-
sencadenantes coyunturales y, segundo, los mecanismos de pro-
pagación y acentuación. El primero está atado al descenso en el
consumo total y per cápita del algodón en el país. Este último de-
clinó de 5,57 kg durante el quinquenio 1956/1960 a 4,59 kg en
el quinquenio siguiente y, posteriormente, a 4,35 kg.77 El abrupto
descenso obedeció, entre otros motivos, a la utilización en la indus-
tria textil de fibras sintéticas como el nylon y la fibra de polietileno.
Esto estuvo acompañado por una pérdida del poder adquisitivo de
los sectores asalariados.
El segundo obedeció a la concentración industrial que se ex-
perimentó en la Argentina desde la segunda mitad de la década del
cincuenta (Rofman y Romero, 1973; Rapoport, 2007; Peralta Ra-
mos, 1978). Como sostiene Slutzky (1975a y 2011), la industria
textil no estuvo exenta de este proceso. Las desmotadoras, hilande-
rías y tejedurías más pequeñas y de menor eficiencia fueron desa-
pareciendo, lo que favoreció la concentración de la industria y, con
ella, la demanda.78
76 La crisis agropecuaria que experimentaron algunas regiones durante la década de 1960-
1970 fue analizada por diferentes autores desde diferentes aproximaciones teóricas concep-
tuales. Dentro de este marco, Manzanal y Rofman (1989) se han encargado del estudio de
las economías de las regiones extrapampeanas. Por su parte, Slutzky (1975b) y Valenzuela
(2006) investigaron la crisis agropecuaria que afectó a las diferentes provincias de la región
del nordeste. Sobre la crisis algodonera, diferentes autores, y desde muy temprano, se preo-
cuparon del tema, como D’Alessio (1993 [1969]), que desde el “Proyecto de Marginalidad”,
dirigido por José Nun, se abocó al caso del Chaco. Si tenemos como referencia el mismo
espacio geográfico, encontramos los trabajos de Flood (1971); Piñeiro y Basco, (1971) y Rozé
(1992, 2007). Para el caso particular de Formosa, contamos con el trabajo de Brodershohn
y Slutzky (1975).
77 En el mismo período de tiempo, el consumo general de algodón fue de 113,57; 101,19
y 102,83 toneladas.
78 Es así que, durante la campaña 1958/1959 había en el país 129 desmotadoras activas
mientras en la campaña 1970/1971 estas se redujeron a 91. En el caso de las hilanderías
se verifica un comportamiento semejante al anterior: en 1958 se alcanzó el máximo de 71
establecimientos funcionando, y llegaron a 59 en 1970. Al igual que en las otras actividades,
Además, el desmantelamiento del Estado intervencionista y, en

particular, la eliminación del Instituto Argentino para la Promoción
del Intercambio (IAPI) –a manos de la dictadura que destituyó a
Perón– agravaron el escenario. En este contexto, también se eliminó
la Junta Nacional del Algodón y con ella, la regulación del precio
de la fibra. Sin una política económica que pudiera mitigar las difi-
cultades, la tendencia al descenso de los precios se acentúo aún más.
Hubo que esperar hasta la década del setenta para que el Estado
vuelva a intervenir en el sector, aunque entonces lo haría en forma
mucho más débil.
Además, como afirma Valenzuela (2006), hacia 1960 el merca-
do interno se vio saturado por la producción algodonera. La deman-
da de fibra proveniente de la industria textil nacional fue cubierta
casi en su totalidad. En consecuencia, se inició una fase crítica sig-
nada por los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Esto derivó
en constantes crisis de sobreproducción que influyó trascendental-
mente en la caída de los precios.
En definitiva, desde fines de la década de 1950, la producción
algodonera sufrió una profunda y larga crisis como consecuencia
de la disminución del consumo del mercado interno, la concentra-
ción industrial, además de las medidas económicas tomadas en de-
trimento de los productores. Asimismo, en este período, se dieron
crisis cíclicas de sobreproducción.
Frente a esta realidad, la respuesta de los diferentes grupos de
productores fue muy disímil. De forma esquemática podemos divi-
dir estas estrategias en tres: 1) consolidación y ampliación del proce-
so de capitalización; 2) abandonar la explotación e iniciar el éxodo;
3) aumentar la autoexplotación para subsistir como productor. Es-
tos mecanismos se dieron en las diferentes provincias productoras
de algodón en mayor o menor grado, según sus características.
Dentro del primer grupo, el caso más emblemático es el de los
productores del norte santafesino, caracterizados como farmers por
Archetti y Stölen (1975). Estos colonos lograron un ritmo sostenido
de capitalización que no se interrumpió por la crisis algodonera.
la tejeduría también experimentó algo análogo: pasó de 1.790 plantas tejedoras en el trienio
1959-1961 a 1.116 en el período 1968-1970 (Cepal, 1985).
Hay dos hechos que dan cuenta de esta condición: el mejoramiento

tecnológico y la compra de tierra.
Por un lado, se acentuó el pasaje de los bueyes al tractor ini-
ciado durante el peronismo. Un claro ejemplo es que desde 1952 a
1960 la mitad de los bueyes fueron sacrificados, por lo que se pasó
de 45.200 cabezas a solo 25.285, hasta su desaparición a fines de la
década. Mientras el número de tractores patentados en las diferen-
tes comunas algodoneras se triplicó entre 1956 y 1963. La mecani-
zación de las chacras significó una mayor capacidad tecnológica y,
por lo tanto, mayor necesidad de tierra.
Así, al mismo tiempo e íntimamente relacionado con el punto
anterior, se efectuó la ampliación de las explotaciones mediante la
compra de tierra dentro y fuera de la provincia. En consecuencia,
el mercado de tierra en la región algodonera de Santa Fe, que has-
ta 1955 se mantuvo casi estática, experimentó el más importante
crecimiento hasta entonces. De acuerdo a lo expresado, desde fines
del siglo XIX hasta 1955 solo fueron objeto de transacciones co-
merciales aproximadamente 200 hectáreas y desde esta fecha hasta
comienzos de la década del setenta se produjo la compra de 3.085
hectáreas. En más de una década, los productores compraron más
tierra que en los ochenta años anteriores (Archetti, 1977).
Por su parte, en el Chaco se combinaron, fundamentalmente,
las dos primeras estrategias. La provincia representó históricamente
el área de mayor producción algodonera del país durante el período
analizado, con una participación relativa que osciló entre el 50% y
el 80%. A partir de la crisis, el esquema productivo provincial entró
en una aguda reestructuración.
Entre 1960 y 1967, la superficie destinada al cultivo del algodón
disminuyó un 55%. Además, acompañando la caída vertical de la
superficie cultivada, se produjo el cierre del 50% de las desmotado-
ras y del 70% de las aceiterías. Como afirma D’Alessio, este dramá-
tico cuadro tuvo como consecuencias más evidentes la “emigración
en masa y la centralización del capital agrario” (1993[1969]: 65).
De este modo, podemos afirmar que los principales perjudica-
dos por la crisis algodonera, en la provincia del Chaco, fueron los
productores no capitalizados que al poseer chacras menos rentables,
por su tamaño o nivel tecnológico, no pudieron continuar con la

explotación agrícola (Stagno y Steel, 1968). De ahí que entre 1960
y 1965 desaparecieron 5.135 explotaciones menores a 100 hectá-
reas. Asimismo, entre enero de 1966 y junio de 1967, salieron de
la provincia aproximadamente 50.000 personas, es decir casi una
décima parte de la población con que contaba la provincia en 1960
(D’Alessio, 1993 [1969]).79 Al respecto, un informe de la OEA,
realizado en este contexto, señalaba:
El estancamiento y la crisis tienen como consecuencia el éxodo
de la población del Chaco. Son los pequeños productores y los
asalariados con empleo inestable en las ciudades y campos, los
que abandonan la zona para dirigirse a las grandes ciudades del
país, como Buenos Aires y Rosario, en busca de trabajo. Allí
engrosan la población de las “villas miserias” (1977: 143).
Esto permitió que los productores capitalizados o los sectores
empresariales dinámicos, en su mayoría ligados a capitales extra-
rregionales, instalaran establecimientos de carácter empresarial si-
milares a los de la pampa húmeda, a fin de convertir los cultivos
tradicionales en nuevas actividades productivas (Aparicio, 1985;
Manzanal y Rofman, 1989). En otras palabras, podemos afirmar
que la reorientación de la producción agrícola que se dirigió hacia la
siembra de cereales y oleaginosas80 se realizó a costa de la constante
pauperización y posterior colapso del campesinado y el pequeño
productor.
Esto explica que entre 1960 y 1970 el área sembrada haya cre-
cido de 565.766 a 656.804 hectáreas, mientras la participación del
algodón, en el mismo período, decayó del 75% al 32%. En este sen-
tido, el cambio productivo no solo se orientó hacia el reemplazo de
la superficie sembrada de algodón por los nuevos productos como
79 Estimaciones realizadas en Resistencia (capital del Chaco), aunque en forma extraoficial,
hablaban de un éxodo de 100.000 a 150.000 chaqueños entre 1960 y 1969 (OEA, 1977).
80 Este proceso conocido como “pampeanización de las economías regionales” consiste
en la adopción de cultivos típicamente pampeanos, como el girasol, trigo, sorgo y soja. Esta
producción se caracteriza por demandar, en comparación con la producción algodonera,
menor cantidad de mano de obra, pero mayor superficie y mecanización para ser rentable.
el girasol, sorgo, trigo, entre los más importantes, sino que generó
una ampliación de la frontera productiva.
Lo dicho hasta aquí muestra que, durante la crisis algodonera,
en el Chaco se conjugó la pauperización y el éxodo del pequeño
productor agropecuario con la capitalización de aquellos producto-
res históricamente mejor acomodados. En este caso, la acumulación
de capital agrario se realizó a expensas de la desaparición del peque-
ño productor.
Sin pretender asignar una imagen estática y homogénea sobre
el campesino formoseño, sostenemos que su respuesta frente a la
crisis fue aferrarse a la producción algodonera al aumentar su au-
toexplotación. Mientras en las provincias vecinas se vivía una recon-
versión productiva, en Formosa no se registró una sustitución del
área algodonera por nuevos cultivos e incluso la superficie sembrada
mostró un leve aumento en esta etapa.
Los campesinos, al momento de estallar la crisis de la produc-
ción del algodón, se encontraban, en términos comparativos con
los productores de las provincias vecinas, en una situación crítica
y de profunda inestabilidad. Este productor, en general, no había
ingresado a un proceso de capitalización, continuaba cultivando
sobre minifundio y con una baja dotación tecnológica. Ante esta
realidad, las estrategias frente a la crisis eran muy acotadas, ya que
la diversificación productiva estaba muy lejos de sus posibilidades.
Era más acorde a su condición iniciar un éxodo en busca de nuevos
horizontes.
Esta afirmación no niega que en Formosa existieron procesos
semejantes a los de las provincias vecinas, pero su impacto fue mu-
cho menor. En este sentido, si se hace hincapié en el éxodo ru-
ral, podemos recordar la expulsión compulsiva de población por la
privatización de tierras o por efecto de la propia crisis que dejó al
productor al borde del destierro, como manifestó uno de los diarios
más importantes del país en 1963: “La campaña formoseña se ha
empobrecido al extremo de ver que viejos y laboriosos agricultores
han tenido que vender sus bueyes, sus caballos aradores y hasta su
equipo agrícola para seguir viviendo”.81
Si la realidad del campesinado formoseño era crítica antes de
la crisis, esta se agravó aún más posteriormente. De todos modos,
aunque resulte paradójico, el campesinado continuó ampliando la
explotación de algodón. Podríamos considerar que, la primera re-
acción de los productores coincidió con lo que Chayanov (1974)
caracterizó como una típica respuesta campesina, esto es, enfrentar
la baja de los precios con un incremento en el volumen de produc-
ción. Es decir, los campesinos lograron subsistir “autoexplotándose”
hasta conseguir el equilibrio trabajo-consumo. Según esta explica-
ción, la supervivencia y persistencia de este tipo de producción es
posible porque la unidad familiar puede llevar la autoexplotación a
un extremo que le permite existir en condiciones que conducirían a
la ruina segura a una unidad de explotación capitalista.
Además de la explicación que podemos brindar siguiendo a
Chayanov, es necesario considerar las particularidades del caso estu-
diado. Valenzuela (2006) explica esta situación aludiendo a que el
predominio de minifundistas llevó al mantenimiento del monocul-
tivo algodonero que permitía la utilización de mano de obra fami-
liar. Obschatko (1983) agrega que el productor minifundista, que
depende vitalmente del resultado de su algodón, probablemente
tendrá una aversión al riesgo y que preferirá seguir con lo conocido
y seguro. Aparte, la especialización permite concentrar toda la tec-
nología y los esfuerzos en un solo cultivo, lo que significa mejores
tareas culturales y, por lo tanto, mejor rinde. Así, el productor in-
gresa a un círculo vicioso que tiene como resultado el monocultivo
de algodón.
La producción orientada al consumo familiar fue otra de las
principales estrategias de subsistencia del campesino formoseño.
Esta actividad adquiere mayor importancia a medida que las unida-
des productivas cuentan con menor superficie. Además, un dato no
menor es que los principales cultivos de la dieta campesina, el maíz
y la mandioca, no requieren gastos monetarios para su producción.
81 La Nación, 20/1/1963.

En este sentido, si sumamos las áreas sembradas de algodón, maíz y

mandioca en la campaña 1968/1969, veremos que representó casi
el 80% del total (ver tabla 6). Sumada a esta labor, hay que desta-
car el rol importante que cumple la huerta dentro de la economía
campesina, no siempre reconocida por ser una responsabilidad de
las mujeres.
Acorralado por las expropiaciones de tierras, perseguido bajo el
estigma jurídicamente estatuido de “intruso” y envuelto en la grave
crisis de rentabilidad del algodón, el campesinado formoseño con-
taba con pocas alternativas para dar continuidad a sus prácticas de
subsistencia. En este contexto, la organización política se presenta-
ría como una de las pocas vías de defensa. Sin embargo, ello solo
sería posible a partir de las posibilidades abiertas por la intervención
de distintas instituciones, eclesiásticas y estatales, en el ámbito rural.
Tabla 6. Superficie sembrada total y principales cultivos 1960-1969 en Formosa
Años Total culti- Algodón Maíz Girasol Mandioca Sorgo Batata Banana Otros
vado
Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Has. %
1959- 75.000 100 55.437 73,3 14.143 19,4 263 0,3 2.127 2,8 721 0,9 1.196 1,7 - - 1.169 1,6
1960
1968- 100.000 100 58.150 58,1 19.200 19,2 1.150 1,2 2.400 2,4 4.500 4,5 1.470 1,4 6.655 6,7 6.175 6,5
1969
Fuente. Censo Nacional Agropecuario 1960 y Anuario Estadística Formosa 1970. Extraído de Slutzky (2011).
Campesinos de pie
87
Capítulo 3. Católicos y extensionistas en el
medio rural formoseño
Nosotros somos cristianos en la Argentina, ¿tendremos

que esperar un régimen marxista para que con el látigo
imponga la distribución de los bienes? Son cristianos los
responsables del país y de los argentinos que permiten que
los bienes estén en manos de unos pocos, mientras la ma-
yoría está en la indigencia. ¿Eso es cristianismo? Muchas
veces los países marxistas tienen actitudes más evangélicas
que los países católicos.
Raúl Marcelo Scozzina, primer obispo de Formosa, 31 de
marzo de 1971
La conformación histórica de la estructura agraria formoseña y

el proceso de expropiación de la que serían víctimas los campesinos
durante la década de 1960 resultan factores explicativos ineludibles
a la hora de entender la emergencia de la organización campesina.
En efecto, tal como planteó Eric Wolf, “los campesinos abrigan un
profundo sentimiento de injusticia, pero este sentimiento debe co-
brar forma y expresión mediante la organización, antes de que pue-
da entrar en acción en el escenario político” (1972: 8). Consecuen-
temente, sería una simplificación intentar explicar la emergencia de
la organización campesina solo a partir de los procesos de despojo y
expulsión que padecía.
Para entender la emergencia del campesino como sujeto políti-
co es necesario atender a la dinámica de organización, concientiza-
ción y generación de lazos de unidad en el interior de la población

campesina formoseña. Esto fue un proceso lento, que tuvo lugar a
lo largo de la década de 1960, y en el que intervinieron institucio-
nes de distinto tipo y naturaleza. Analizar la intervención de esas
instituciones permite ver que la relación entre condiciones mate-
riales de existencia y organización política no es automática. En el
caso analizado, la conformación de la organización campesina fue
un fenómeno histórico fuertemente atravesado por la acción y la
intervención de entidades religiosas de filiación católica, y por enti-
dades gubernamentales, como el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
Las primeras iniciativas de inscripción católica tuvieron lugar
al compás de la creación de la diócesis de Formosa, en 1957. Por la
misma época comenzaban a generarse también iniciativas de pro-
moción productiva por parte del INTA. Ambas resultaron expe-
riencias fundamentales para el despliegue, desde 1964, del Movi-
miento Rural de Acción Católica en Formosa.
Este capítulo desarrolla, en primer lugar, el proceso de expansión
de las iniciativas diocesanas en el ámbito rural de la provincia. A con-
tinuación, el capítulo revisa las intervenciones realizadas por el INTA
en el territorio provincial. El despliegue del MRAC, en cambio, será
estudiado en el capítulo siguiente, a fin de desarrollar un análisis mi-
nucioso. Esto se justifica en que fue precisamente este Movimiento
el principal agente dinamizador de la organización campesina local.
La acción del MRAC permitió que el despojo territorial producido
desde la segunda mitad de la década de 1960 se convirtiera en fun-
damento válido para motorizar la organización y la lucha campesina.
Diócesis de Formosa
La Iglesia católica en la Argentina y la creación de la diócesis
En la década de 1930, la Argentina sufrió cambios profundos

en las estructuras políticas y económicas. En ese contexto, el catoli-
cismo cobró gran relevancia y tuvo en la celebración del Congreso
Eucarístico Internacional, en 1934, su hito más importante (Cai-

mari, 2010; Lida, 2009). La realización del Congreso dio lugar a
grandes concentraciones y movilizaciones y permitió la cristaliza-
ción de un discurso de enorme impacto y cohesión fundado en la
idea de la Argentina como nación católica (Zanatta, 1996). En pa-
labras del historiador Loris Zanatta (1999), desde la década de 1930
se fue solidificando “el mito de la nación católica”, momento en que
la institución eclesial abrazó, casi en su totalidad, el nacionalismo.
En consecuencia, el catolicismo emergió como el núcleo duro de
la ideología nacionalista y todo aquello que escapara al modelo de
cristiandad era juzgado como contrario a la nación misma. Desde
esta óptica, se destacaba el rol de los militares como vehículo para
emprender la cruzada de recristianización del Estado y la sociedad.
En este contexto, y como parte del proceso de consolidación y
expansión de la Iglesia católica, se promovió la creación de nuevas
diócesis. Esto modificó extraordinariamente el mapa eclesial (Cai-
mari, 2010). Poco tiempo después del Congreso Eucarístico fueron
creadas diez nuevas diócesis y cinco años después fue erigida la Dió-
cesis de Resistencia (jurisdicción a la que perteneció el Territorio de
Formosa). En definitiva, entre 1933 y 1939 se crearon once dióce-
sis, con lo que se duplicó a las que existían hasta ese momento.82 En
tan solo cinco años se fundaron tantas diócesis como desde 1570 a
1933 (Esquivel, 2000). Sin lugar a dudas, el catolicismo transitaba
por un ciclo de auge y esplendor.
La creación de diócesis durante la década de 1930 puede ser in-
cluida como una acción dentro del proyecto de “cristianizar a la so-
ciedad” que emprendió la Iglesia a principios de la década de 1920.
Mallimaci (1992) afirma que el proyecto de la nueva cristiandad fue
emprendido desde el integrismo católico, ideología hegemónica den-
tro de la Iglesia católica argentina, al menos hasta finales de los años
82 En 1934, se crearon las diócesis de Bahía Blanca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Merce-
des-Luján, Río Cuarto, Rosario, San Luis, Azul y Viedma. En el mismo año, ascendieron a
la categoría de arquidiócesis las diócesis de La Plata, Córdoba, Santa Fe, Salta, San Juan y
Paraná. Años después, como ya adelantamos, se erigió la diócesis de Resistencia.
cincuenta.83 Émile Poulat (1985, citado en Esquivel y Mallimaci,

2013) define a este tipo de catolicismo como:
Romano, intransigente, integral y social. Romano en primer lu-
gar: el papado está en la cabeza y el corazón. Intransigente, por
oposición al liberalismo y al comunismo, en tanto ideologías de
la sociedad moderna. Integral, dicho de otra manera, rechazan-
do la reducción a prácticas culturales y a convicciones religiosas,
y preocupado por edificar una sociedad cristiana según la ense-
ñanza y bajo la conducta de la Iglesia. Social, en varios sentidos:
porque, tradicionalmente, penetra toda la vida pública; porque
ha adquirido una esencial dimensión popular, en fin, porque el
liberalismo económico de la sociedad moderna ha suscitado la
cuestión social donde la solución exige una amplia movilización
de las fuerzas católicas (Esquivel y Mallimaci, 2013: 17).
Para lograr el objetivo de “Restaurar todo en Cristo”, fue crea-
do un conjunto de instituciones católicas que Mallimaci denominó
como “el dispositivo del catolicismo integral argentino”. El proyec-
to no se limitaba a la esfera religiosa, sino que buscó ocupar la tota-
lidad del espacio social. En esta dirección se inscribió la creación, en
1922, de los Cursos de Cultura Católica, espacio dirigido a los sec-
tores altos; en 1928, la publicación de la revista Criterio, concebida
como órgano de difusión de la “sana doctrina”; y en 1931, la puesta
en marcha de la Acción Católica, dirigida a los sectores medios y
populares (Mallimaci, 1992: 197-365).
Pero más de veinte años después del Congreso Eucarístico, pe-
ríodo peronista de por medio, el impulso del catolicismo declinó y
la institución pasó a sufrir una profunda crisis interna. Como afir-
man Roberto Di Stefano y Loris Zanatta, “el mundo católico de la
época parece un campo de batalla: la jerarquía fracturada, el clero
dividido y en rebeldía, las vocaciones en crisis, el laicado falto de
83 Pensar el catolicismo integral como ideología hegemónica implica problematizar la idea
del catolicismo como una institución monolítica. Números estudios han abonado y comple-
jizado la visión de la institución eclesial, como los pioneros trabajos de Lila Caimari (2010
[1995]) y Susana Bianchi (2001); también pueden consultarse los trabajos compilados por
Miranda Lida y Diego Mauro (2009).
confianza o politizado sobre el telón de fondo de un enfrentamiento

generacional, cultural, ideológico y político cada vez más agudo”
(2009: 487).
En referencia al enfrentamiento generacional, apoyados en
Zanca (2006), podemos distinguir a los intelectuales católicos de la
“generación del cincuenta” que adoptaron como programa el “hu-
manismo cristiano” y que tendrán como rasgo distintivo el distan-
ciamiento del modelo de la “cristiandad”, que había sido hegemó-
nico en el período anterior.84 Además, durante todo el período, pese
al incremento demográfico, la jurisdicción eclesial no se modificó.85
En este sentido, la institución no solo estaba atravesada por conflic-
tos internos, sino que había perdido el impulso de los años previos.
Un intento por revertir la situación y superar la crisis fue la
creación de nuevas diócesis desde fines de 1950 y principios de
1960. Entre 1957 y 1963 se erigieron en la Argentina veintisiete
nuevas diócesis: doce en 1957, once en 1961 y cuatro en 1963.86 En
síntesis, la Iglesia pasó de veintitrés gestiones diocesanas en 1956 a
cincuenta en 1963, con lo que registró un crecimiento superior al
100%. Esto no solo modificó el mapa eclesial, sino que provocó un
rejuvenecimiento en la jerarquía; sobre todo considerando que, en
ese momento, los cargos de obispo y arzobispo eran ad vitam.
Existe escasa referencia bibliográfica sobre la creación de dióce-
sis durante el período bajo estudio. Miranda Lida (2012) sostiene
que la Iglesia acusó el impacto del discurso desarrollista y promovió
la conformación de nuevas jurisdicciones en el Gran Buenos Aires
atendiendo al crecimiento demográfico, y en las regiones más empo-
84 Otra característica de estos intelectuales católicos es el empleo de las ciencias sociales
aplicadas al estudio del campo religioso.
85 A pesar del crecimiento demográfico, entre 1939 y 1956, solo se había creado una dióce-
sis: la de San Nicolás de los Arroyos en 1947. No obstante, no fue puesta en servicio efectivo
hasta mucho más tarde.
86 En un mismo día –el 11 de febrero de 1957– se crearon las siguientes diócesis: Comodo-
ro Rivadavia, Formosa, Gualeguaychú, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Morón, Nueve de
Julio, Posadas, Reconquista, San Isidro, Santa Rosa y Villa María. En el mismo año, el 8 de
julio, se hizo lo propio con el Obispado Castrense. Dos años más tarde, el Ordinariato Orien-
tal. Posteriormente, el 10 de abril de 1961, llegó la hora de las diócesis de Añatuya, Avellane-
da, Concordia, Goya, Neuquén, Orán, Rafaela, Río Gallegos, San Francisco, San Martín y
San Rafael; el 12 de agosto de 1963, Concepción, Cruz del Eje, San Roque y Venado Tuerto.
brecidas del país. Complementariamente, en un trabajo de más largo

aliento, Juan Cruz Esquivel (2000) sostiene como hipótesis que la
creación de diócesis respondió a la connivencia eclesiástica-militar.
Para sostener dicha premisa, el autor presenta el número de diócesis
creadas a lo largo de la historia argentina: el 57,4% de ellas fueron
creadas bajo gobiernos dictatoriales y solo el 26,5% bajo gobiernos
democráticos, casi en su totalidad durante la vigencia del patronato.87
A su vez, Lida y Esquivel, concuerdan con Obregón en que las
diócesis creadas entre 1957 y 1963 fueron las más activas “en el mo-
mento de llevar a la práctica las conclusiones del Concilio Vaticano II”
(2005: 31). En ese sentido, un dato no menor es que en estas dió-
cesis la mayoría de los flamantes obispos “no superaban los 45 años
de edad” (ídem). Asimismo, en estas diócesis, se implementó, junto
a diversos actores eclesiales, una pastoral dirigida a los sectores mar-
ginales, pobres, campesinos, obreros, que se tradujo “en prácticas
religiosas concretas en favor de la promoción humana” (Esquivel,
2000: 18). Una de estas nuevas diócesis fue la de Formosa, que se
creó el 11 de febrero de 1957.
Una nueva diócesis para una nueva provincia
La creación de la diócesis de Formosa en 1957 coincidió con el

inicio de la autonomía provincial. La erección canónica fue ejecutada
mediante la bula Quandoquidem Adoranda de Pío XII (11 de febrero
de 1957). La nueva jurisdicción católica comprendió la totalidad de
la provincia de Formosa. El primer obispo fue monseñor fray Pacífico
Marcelo Scozzina, de la Orden de Frailes Menores;88 consagrado el 21
87 El régimen del Patronato fue la expresión jurídica del vínculo que se tejió entre el poder
político y el poder eclesiástico desde los tiempos de la Colonia hasta el establecimiento del
Concordato que se firmó en 1966. Hasta esta fecha, el Estado intervino en la designación
de obispos, la admisión de órdenes religiosas y la difusión de documentos emanados de la
Santa Sede.
88 Monseñor Scozzina adoptó el nombre de Pacífico por su profesión religiosa. Imaz (1965)
sostiene que la designación de obispos pertenecientes a las órdenes religiosas obedeció a la
labor “misional” que desempeñaban en las “zonas marginales”. Además, debemos agregar que
uno de los motivos de la designación para Formosa de un obispo franciscano tiene que ver
con la importante presencia que históricamente tuvo la orden en esa provincia.
de julio de 1957 en la ciudad de Santa Fe, tomó posesión de la Sede

el 28 de septiembre del mismo año (Anuario Eclesiástico, 1961: 377).
Scozzina nació en 1921 en el seno de una familia humilde y
numerosa, de origen italiano, en San Martín Norte, provincia de
Santa Fe. Se ordenó sacerdote en 1944 cuando solo tenía 23 años.
Llegó a Formosa en marzo de 1947 como capellán del Colegio San-
ta Isabel (Sánchez, Chávez y Olmedo, s/f). Al momento de ser de-
signado obispo contaba con 36 años y era uno de los “obispos más
jóvenes del mundo en ese momento”.89
La flamante diócesis tuvo que hacer frente a condiciones socioeco-
nómicas muy adversas, propias de una provincia marginal y de reciente
creación. Al obispo Scozzina le correspondió la tarea de organizar su
diócesis, crear parroquias, propiciar la instalación de congregaciones re-
ligiosas y poner en marcha el aparato burocrático religioso.90
Las estadísticas eclesiásticas en Formosa eran, al igual que en
los demás rubros, realmente desalentadoras. En 1960 había 1.295
parroquias en todo el territorio argentino y, con solo seis de ellas, la
diócesis de Formosa era la que poseía menor cantidad. Algo similar
sucedía con la relación entre habitantes y sacerdotes: mientras las
diócesis de Córdoba, Catamarca, La Plata, Mercedes y Salta presen-
taban la proporción más favorable con menos de 3.000 habitantes
por sacerdote, la de Formosa era la más alta con 8.000, con el agra-
vante de que, al igual que la diócesis de Comodoro Rivadavia,91 no
poseía sacerdotes diocesanos (Donini, 1961).92
89 La Mañana, 21/7/1968 y 12/2/2014.

90 Pierre Bourdieu, siguiendo a Max Weber, sostiene que “hay iglesia […] cuando existe
un cuerpo de profesionales (sacerdotes) distinto del ‘mundo’ y burocráticamente organizado
en lo que concierne a la carrera, la remuneración, los deberes profesionales y el modo de vida
extraprofesional” (2011: 59). Estos profesionales de la religión reivindican con más o menos
éxito el monopolio de la coacción hierocrática, de los bienes de salvación.
91 Según el Anuario Eclesiástico (1961), la diócesis de Formosa contaba con 21 sacerdotes
religiosos; seis parroquias; una vicaria parroquial; cuatro congregaciones religiosas de varones;
tres congregaciones religiosas femeninas; un colegio religioso secundario para mujeres; cinco
escuelas religiosas primarias mixtas; dos escuelas religiosas parroquiales; un hospital o clínica
atendida por religiosas; y una publicación católica.
92 Se denomina clero “diocesano” o “secular” a los sacerdotes que residen en una diócesis y
dependen de un obispo. Por su parte, el clero “regular” es aquel que se organiza en órdenes o
congregaciones, y dependen de un superior.
Transcurridos cuatro años desde la posesión de la sede, la si-

tuación en términos materiales y la disponibilidad de clero no se
había modificado sustancialmente. Para 1961, la diócesis alcanzó a
poseer ocho parroquias y tres vicarías parroquiales, y contaba con
veinticinco sacerdotes.93
Incluso, hacia 1971, producto de un proceso de paulatino cre-
cimiento en el número de sacerdotes, esa cifra aumentó a treinta
y tres;94 para entonces, la Orden Franciscana continuó exhibiendo
el mayor número de clérigos con once. El dato sobresaliente era la
existencia de tres sacerdotes diocesanos: Benito López, oriundo de
Formosa,95 José Clavel y Santiago Renevot,96 estos dos últimos de
origen francés.97 Ello resultaba más que importante, pues hasta la
investidura de López en 1966, la totalidad de los sacerdotes existen-
tes en la diócesis eran miembros de órdenes o congregaciones reli-
giosas, es decir, estaban sujetos a un voto de obediencia al superior
general religioso y no al obispo. Precisamente, López desempeña-
ría un rol importante en el desenvolvimiento del catolicismo local:
poco tiempo después de su consagración fue designado asesor es-
piritual del Movimiento Rural de Acción Católica. Además, según
Mónica Mangione (2004), era el único integrante del Movimiento
de Sacerdotes para el Tercer Mundo de la diócesis.98
93 Once eclesiásticos pertenecían a la Orden Franciscana; cinco a la Congregación de Obla-

tos de María Inmaculada; cinco al Instituto Misiones Consolata; tres a la Sociedad Salesiana
y uno a la Orden Capuchina. Trabajaban también en la diócesis dos religiosos y alrededor de
cuarenta religiosas (La Mañana, 25/8/1961).
94 Elenco del clero diocesano por orden alfabético, 1/3/1971.
95 López nació en Pirané (Formosa) el 21 de marzo de 1938, cursó sus estudios en el Semi-
nario Metropolitano de Santa Fe, por cuenta del obispado de Formosa. En 1966 se convirtió
en el primer sacerdote diocesano de Formosa dedicado a trabajar “directamente bajo las ór-
denes del Obispo de Formosa” (La Mañana, 29/1/1966).
96 El padre Santiago se desempeñó como párroco de El Colorado y tuvo una presencia
muy activa en las jornadas de protesta del campesinado formoseño. El 17 de octubre de 1975
fue detenido por el ejército, lo que derivó en un enérgico reclamo del obispo y del clero que
suspendieron los oficios religiosos y diecisiete sacerdotes realizaron una huelga de hambre.
El 27 de mayo de 1976 Renevot fue expulsado del país y falleció en diciembre de 1978 en
Francia (Mignone, 1986).
97 Elenco del clero diocesano por orden alfabético, 1/3/1971.
98 José Pablo Martín (2010), una referencia obligada para el estudio del Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo, ha señalado que en la diócesis de Formosa hubo dos in-
tegrantes del movimiento. Este desacuerdo menor consideramos que puede ser a causa de la
Frente a los múltiples problemas que enfrentaba la región, du-

rante el primer decenio, el gobierno diocesano tuvo que emprender
gestiones con algunas instituciones tanto nacionales como interna-
cionales para obtener recursos y hacer frente a las necesidades ma-
teriales y espirituales de la población de la diócesis. En este sentido,
en 1964, un documento del Episcopado provincial afirmaba que la
población rural, que según los datos censales en 1960 representaba
el 66,4%,99 era la que se encontraba en condiciones más desfavora-
bles y que resultaba ineludible “mejorar las condiciones de vida del
campesinado”. En el documento se agregaba que, para lograrlo, era
“necesario una labor en dos sentidos: aprovechamiento inteligente
de los recursos con que actualmente se cuenta en el medio rural;
[y el] aporte exterior de ayuda y elementos que contribuyan a la
finalidad señalada”.100 Como veremos más adelante, desde la dió-
cesis se efectuaron significativas gestiones y experiencias en ambas
direcciones.
En una carta sin fecha cierta, pero de la que podemos inferir
corresponde a los primeros años de la década de 1960, el obispo de
Formosa se dirigió “a los jóvenes universitarios y secundarios cató-
licos de las grandes ciudades, focos de cultura y progreso del país”
a fin de solicitarles “la DONACIÓN GENEROSA (sic) del primer
año después de recibidos, con el objetivo de consagrarlo a sus her-
manos católicos y argentinos que habitan en los inmensos bosques
formoseños”.101 La carta, según puede interpretarse, pudo estar diri-
movilidad del clero en este período; en este sentido, el sacerdote francés José Clavel figura
en la lista presentada por Mangione como perteneciente a la diócesis de Reconquista. Sin
desconocer esta posibilidad, para 1970 el padre Clavel forma parte de la diócesis formoseña
como vicario cooperador en la localidad de El Colorado (COEPAL, s/f). Otro integrante
del Movimiento Tercermundista radicado en Formosa era el sacerdote Pablo Pizzio, de la
orden Capuchina (ver Enlace, 15/3/1970). Sin embargo, como los trabajos de Mangione y
Martín se basan exclusivamente en el clero diocesano no dan cuenta de la participación en el
Movimiento del clero religioso.
99 Los censos nacionales, de acuerdo a una práctica muy generalizada, consideran rural a la
población que no supera los 2.000 habitantes y urbanas a las que superan esta cantidad. En
1960 la provincia solo tenía cinco poblaciones urbanas: Formosa 36.499; Clorinda 10.043;
Pirané 5.285; Ibarreta 4.366 y El Colorado 3.755.
100 Archivo Obispado de Formosa, Leg. F. Expte. 9/64, folio 2.
101 Carta del obispo Scozzina, s/f, resaltado en el original.
gida a la Acción Misional Argentina (AMA), entidad encargada de

coordinar las misiones a zonas rurales y marginales.
En la referida carta, el prelado detallaba la situación padecida
por la población rural afirmando que “el bosque enmarañado los
esconde a la civilización y la ignorancia los postra en un estado de
esclavitud permanente. Hombres egoístas los explotan en su benefi-
cio y nada le dan para su vida”. A lo largo de la misiva, el eclesiástico
interpelaba a los jóvenes al hacer referencia a las necesidades que pa-
decen “los miles de hermanos nuestros, hijos de Dios y ciudadanos
de la Patria”.102
En línea con los desafíos pastorales planteados por Scozzina
en la carta, durante la década del sesenta, AMA emprendió varias
experiencias misionales en la zona rural de Formosa. En el verano
de 1962 fueron enviados 18 equipos con más de quinientos misio-
neros a Formosa, San Luis y el Chaco, entre los que se contaban
jóvenes, sacerdotes y profesionales (asistentes sociales y médicos).103
Asimismo, desde mediados de los sesenta, un grupo de sacerdotes
y laicos, pertenecientes a AMA, iniciaron su tarea en el medio rural
provincial “orientando sus esfuerzos al aspecto religioso y moral”.104
Con la misma estrategia que AMA, Misiones Rurales Argentina
(MRA)105 realizó actividades en el ámbito rural formoseño. En este
sentido, en 1965, MRA llevó a cabo “una campaña de inmuniza-
ción masiva con diferentes tipos de vacuna en las zonas de Laguna
Yema e Ingeniero Juárez”.106
Este tipo de actividades se replicaron en diferentes zonas ru-
rales de Formosa durante los primeros años de la década del sesen-
ta y, en menor medida, se extendieron hasta el final de la década.
Las “misiones” las realizaban jóvenes, estudiantes o profesionales,
acompañados por sacerdotes con un fuerte énfasis evangelizador y
sacramental. Otra característica de estas intervenciones es que po-
102 Ídem.
103 Boletín AICA, 28/12/1962.
104 La Mañana, 31/1/1969.
105 Según el Boletín AICA (9/12/2013), “el MRA es una asociación civil sin fines de lucro
fundada en 1938 por el padre Matías Crespí SJ. ‘Está basada en una profunda inspiración
misionera y civilizadora con un ideal católico, ecuménico y patriótico’”.
106 La Mañana, 16/1/1965.
seían objetivos y actividades puntuales con un tiempo de duración

limitado, en la mayoría de los casos, durante las vacaciones de vera-
no. Hubo experiencias excepcionales, en las que la tarea de los mi-
sioneros se prolongó en el tiempo, ya sea por radicarse en las zonas
marginales o por sistematizar las visitas.107
En 1966, arribaron a la diócesis las Hermanas Misioneras Cru-
zadas de la Iglesia. Esta congregación era, por entonces, una de las
más jóvenes en las filas del catolicismo; recibió la aprobación defi-
nitiva de las Constituciones y el nombre en 1947. Su objetivo era,
y aún lo es, “realizar la acción social de la mujer”.108 El arribo a la
diócesis de las religiosas debe ser entendido dentro de la estrate-
gia general del Obispado por conseguir personal religioso. Según
el diario provincial, la llegada de las religiosas fue “buscada angus-
tiosamente por monseñor Scozzina en un esfuerzo por erradicar la
crónica inanición espiritual que padece su diócesis”.109 Al perseguir
esa finalidad, las Hermanas Misioneras proyectaron “un ambicioso
plan de promoción de la comunidad rural con las más modernas
técnicas del apostolado social”.110
En una conversación mantenida con corresponsales del perió-
dico La Mañana, las religiosas expusieron sus planes inmediatos:
Actualmente la congregación construye un moderno edificio des-
tinado el futuro “Centro de Orientación, Formación y Acción
Social” dotado de aulas, consultorios sociales, médicos y odon-
tológicos, donde se perseguirán tres objetivos básicos para la for-
mación de la mujer cristiana: educación fundamental de la mujer,
capacitación de líderes y formación de asistentes sociales rurales.
107 Podemos referir a dos casos puntuales. Por un lado, los sacerdotes y laicos que comen-
zaron su actividad en Formosa en 1965 mantuvieron contacto, por lo menos hasta 1969, con
las comunidades rurales (La Mañana, 31/1/1969 y Enlace, 15/3/1969). Por otro lado, el de
Nicolás Burgos, oriundo de Villa Luro (Buenos Aires), donde se desempeñó como presidente
de la Acción Católica. Su acción misional como laico lo llevó primero al Neuquén, donde tra-
bajó entre los indígenas de la zona. Posteriormente, hizo su arribo al oeste formoseño, donde
se dedicó a trabajar con las etnias toba, mataco y chulupí. Se conoce su historia porque el 15
de diciembre de 1964 desapareció, y el hecho tuvo amplio tratamiento en la prensa local (ver
La Mañana, 10/4/1965; 6/12/1965; 7/12/1965).
108 Ver su sitio web www.misionerascruzadasdelaiglesia.org/ (consultado el 18/3/2015).
109 La Mañana, 23/6/1966.
110 Ídem.
Las Hermanas hicieron notar que el objetivo específico de su

apostolado lo constituyen el agro y la comunidad rural –reglón
a su parecer más huérfano aún de asistencia religiosa y distante
de toda integración humana.111
Las Hermanas Cruzadas cumplieron una función muy diná-
mica en todo el período y el Centro de Orientación, Formación
y Acción Social (COFAS) fue un símbolo de su labor pastoral. El
COFAS, sito en la ciudad capital, fue el lugar de reuniones y jorna-
das de diferentes entidades relacionadas con la institución eclesial y
el agro.112
El protagonismo de las religiosas no terminó en las actividades
de las Hermanas Cruzadas. Otra experiencia significativa de gran
impacto simbólico fueron las “parroquias a cargo de religiosas”.
Esta práctica comenzó en 1969 y estuvo a cargo de las Franciscanas
Misioneras de María y se llevó acabo en la localidad de Espinillo,
que por entonces contaba con aproximadamente 5.000 habitantes.
Las religiosas contaban con la facultad de distribuir la Eucaristía,
bautizar, presidir matrimonios y dar la Unción de los enfermos (Or-
tiz, 1972).
Otra de las labores emprendidas por el obispo Scozzina para
paliar la situación de su diócesis fue la solicitud de recursos ante
organismos internacionales de cooperación católica. Su participa-
ción en las cuatro sesiones o etapas del Concilio Vaticano II (1962-
1965)113 fue aprovechada para entrar en contacto con estos organis-
111 Ídem.
112 El rol de las religiosas en las organizaciones rurales durante la década del sesenta y
setenta en la Argentina es una vacancia historiográfica. Sin embargo, no podemos dejar de
referir a los trabajos de Touris (2009) y Quiñones (1999) que estudian el rol de las religiosas
durante el período que nos ocupa. La primera de las autoras, sostiene que el “tercermundismo
católico” fue una “constelación” bastante extendida que no se limitó a los sacerdotes, sino
que también incluyó religiosas. Por su parte, Quiñones afirma que las órdenes de religiosas
fueron parte del proceso de apertura y de compromiso social que atravesó amplios sectores de
la Iglesia católica. En ambas autoras encontramos breves referencias sobre Formosa, aunque
sobre las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia no hay mención.
113 Durante la primera mitad de la década del sesenta sesionó en Roma el Concilio Vati-
cano II. Tanto sus premisas como sus conclusiones ejercieron una influencia determinante,
no solo en la Iglesia institucional, sino en todos los ámbitos del catolicismo. En este trabajo
no pasaremos revista a las conclusiones y a su impacto. Sobre aspectos generales, puede con-
mos en busca de ayuda para solucionar las cuestiones apremiantes

que padecía su diócesis. Sobre este tema, Beigel (2011) ha resaltado
que el cónclave posibilitó que las agencias de cooperación inter-
nacional ligadas a la Iglesia católica alcanzaran cierta coordinación
para asistir de forma humanitaria al Tercer Mundo. Entre las más
importantes instituciones de cooperación internacional, podemos
referir a Misereor y la Acción Episcopal Adveniat.114
En esta dirección, en una entrevista realizada en 2001, el obis-
po de Formosa recordó haber mantenido reuniones con miembros
de Adveniat y Misereor en Roma y destacó que “estando ya en el
Concilio” se entrevistó “con un obispo auxiliar de Estados Unidos”,
al que le habló de los problemas de su diócesis, “sumamente pobre,
totalmente carente de clero”.115 De estas gestiones, el prelado con-
siguió recursos económicos para la diócesis, pero no así personal
religioso.
En resumen, durante los primeros años de la diócesis, las la-
bores del obispo estuvieron orientadas a dotar a la entidad con el
aparato burocrático religioso y la infraestructura necesaria. Este pro-
ceso se fue dando de manera lenta y generó que sectores marginales
dentro de la institución eclesial, como son las religiosas y los lai-
cos, se transformaran en elementos fundamentales en la estructura
eclesiástica local. También, como orientación “pastoral” hubo una
importante preocupación por la atención de los sectores pobres del
ámbito rural. En efecto, gran parte de las iniciativas diocesanas es-
tuvieron orientadas a atender a este sector.
sultarse Alberigo (1999) y para ver la recepción en la Argentina, Touris (2000) y Margaria
(2012).
114 Misereor se creó en 1958 a partir de la “Obra de Beneficencia Episcopal contra el ham-
bre y la enfermedad”, campaña de recaudación que fue también conocida como Fondo para
el Desarrollo Social-Económico, y la Acción Episcopal Adveniat surgió de una gran colecta
realizada en 1961. Ambas agencias estaban ligadas a la Conferencia de Obispos Católicos de
Alemania Occidental (Beigel, 2011).
115 La entrevista referida fue realizada en junio del 2001 por gente cercana a Incupo y fue
cedida de forma generosa por Ricardo Murtagh.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
En 1955, el recientemente instaurado gobierno de facto, au-

todefinido como Revolución Libertadora, recibió las recomenda-
ciones del economista Raúl Prebisch, secretario de la Comisión
Económica para América Latina (Cepal),116 para hacer frente –en-
tre otras cosas– a la tendencia recesiva de la capacidad productiva
agropecuaria. En el estudio, presentado en noviembre de 1955 bajo
el nombre de Informe económico ante la Junta Consultiva Nacional,
Prebisch sugirió:
La revolución tecnológica que urge llevar a cabo en el campo ar-
gentino no podrá cumplirse sin dedicar esfuerzo considerable y
persistente a la investigación agropecuaria, a las tareas de extensión
y enseñanza, tanto para formar investigadores y divulgadores,
como para proporcionar al agro hombres capaces de llevar a la
práctica la nueva tecnología.117
La sugerencia de Prebisch encontró una pronta respuesta. Ello
fue posible porque desde fines del siglo XIX existían en el país enti-
dades de investigación vinculadas a la actividad agropecuaria. Por lo
tanto, como sostienen León y Losada (2002), el “Informe Prebisch”
de algún modo subvaloró los niveles existentes en el país en materia
de ciencia y tecnología agropecuarias. De este modo, agregan los
autores, la creación de una entidad con las características previstas
por el secretario de la Cepal fue viable en la medida que heredó una
estructura organizativa y, fundamentalmente, la inteligencia y la ca-
pacidad de trabajo de un conjunto de profesionales.118
116 La Cepal se creó en 1948 como organismo dependiente de la Organización de las

Naciones Unidas.
117 Cepal, 1959, en Durlach (2007: 3), resaltado nuestro. La obra de Augusto Durlach
(2007) es un compendio de documentos sobre el INTA que lleva como título: El INTA en
la bibliografía.
118 Losada (2005) afirma que la creación del INTA fue posible por dos circunstancias
favorables: primero, la recomendación de Prebisch y, segundo, por el impulso de un grupo
de ideólogos y profesionales vinculados a la actividad agropecuaria que contaban con una
importante experiencia. Además, estos últimos, conocían el manejo y poseían el control de
buena parte de la organización de investigación y experimentación agropecuaria del país.
Tomando como referencia esta situación, el 4 de diciembre

de 1956 se creó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA)119 mediante el Decreto-Ley Nº 21680.120 Sin embargo,
recién el 6 de mayo del año siguiente, mediante el Decreto Regla-
mentario Nº 4644/57, se puso en marcha el Instituto. El proceso de
institucionalización del INTA concluyó en 1958 cuando el gobier-
no de Arturo Frondizi ratificó el decreto, en el Congreso Nacional,
por Ley N° 14467.
El Decreto-Ley que dio origen al INTA estaba constituido por
29 artículos. El primero de ellos condensaba los principios y obje-
tivos que perseguía el organismo: “Impulsar, vigorizar y coordinar
el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar
con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación
y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.121
En referencia a la organización del flamante Instituto, se desta-
caba la novedosa integración entre investigación, experimentación y
extensión rural. En ese momento, el INTA era la única institución
agraria en el mundo en la que investigación y extensión estaban
fusionadas para lograr una mayor efectividad en la labor (Alemany,
2012). Para lograr dicho propósito, el INTA se organizó, desde su
creación, en Estaciones Experimentales Agronómicas (EEA) y en
Agencias de Extensión Rural (AER) repartidas a lo largo del terri-
torio nacional. Esta distribución territorial buscaba que el Instituto
diera respuestas a las demandas específicas que exhibía cada región.
Otra característica de la institución fue la autarquía financiera y
administrativa. La autarquía financiera estaba garantizada mediante
119 La creación del INTA no debe ser considerada como un caso aislado. En la Argentina,
durante la década del cincuenta, se dio un intenso proceso de conformación de instituciones
científicas y tecnológicas, como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) (León y Losada,
2002). Además, un proceso similar se vivió en otros países de la región, como es el caso de
Ecuador, donde se creó el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en 1959; Co-
lombia hizo lo propio con la conformación del Instituto Colombiano Agropecuario en 1963
y Chile con la puesta en marcha del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en 1964,
entre otros casos.
120 Este fue firmado por el entonces presidente provisional Pedro Eugenio Aramburu, el vi-
cepresidente provisional Isaac Rojas y el ministro de Agricultura Alberto Mercier, entre otros.
121 Decreto-Ley Nº 21680, 1956, en Durlach (2007: 4).
el gravamen del 1,5% ad valorem a los productos y subproductos de

la agricultura y ganadería que se exportaran. Además, engrosaron
los fondos las subvenciones de la industria, el comercio y el agro,
como así también los aportes de gobiernos provinciales, legados y
donaciones. Por la autarquía administrativa, el INTA se regía por
las disposiciones emanadas de su Consejo Directivo.
En referencia a las corrientes de pensamiento que influyeron
en el INTA desde su fundación, Carlos Alemany (2002) afirma que
la más significativa fue el paradigma del desarrollo sustentado en
el pensamiento estructuralista latinoamericano. Desde esta concep-
ción, el deterioro de los términos de intercambio de los países ex-
portadores de materias primas, como la Argentina, explicaba gran
parte del atraso, la pobreza y el subdesarrollo.122
Según Alemany, la otra corriente de pensamiento que tuvo
gran influencia en las prácticas del INTA fue la “sociología rural
norteamericana”. El surgimiento de esta disciplina estuvo tradicio-
nalmente asociado al modelo teórico de la dicotomía estructural
entre sociedad moderna-sociedad tradicional. Desde este enfoque,
en palabras de Alemany, se “consideraba al ‘tradicionalismo rural’
como el principal responsable de los bajos niveles de vida y la limi-
tada producción rural” (2002: 5). A partir de este pensamiento, el
desarrollo era concebido como la transformación de una sociedad
“tradicional” en una “moderna”. En este pasaje, la innovación tec-
nológica en la agricultura era central.
Desde las posturas reseñadas se sostenía que el desarrollo agrí-
cola y el consecuente aumento de la producción “dependía de so-
luciones de naturaleza diferenciada: una de orden técnico […] y
otra de orden educacional, vinculada al cambio en la mentalidad
del hombre rural para tornarlo apto para una vida moderna” (Ale-
many, 2002: 5). Al respecto, Flora Losada afirma que desde estas
corrientes de pensamiento se puso “énfasis en la incorporación de
122 Desde este pensamiento, se propuso una variedad de políticas para contrarrestar la ten-
dencia negativa en los términos de intercambio. En este sentido, se pregonó como principal
estrategia el desarrollo industrialista basado en la sustitución de importaciones. Para esto,
Prebisch y la Cepal eran partidarios de mantener un nivel adecuado de protección de las
nuevas producciones respecto a la competencia externa, por medio de barreras tarifarias y no
tarifarias aplicadas a las exportaciones (González, 2001).
tecnología para mejorar las condiciones de vida de la población ru-

ral” (2003: 34). Sin embargo, agrega la autora, se “dejaba de lado
los principales problemas del agro latinoamericano: la estructura de
la propiedad y la tenencia de la tierra, caracterizada por la alta con-
centración del suelo”. Además, no había una problematización refe-
rente a “la existencia de una enorme masa de pequeños productores
y trabajadores sin recursos” (ídem).
Esta concepción sobre el ámbito y el desarrollo rural tuvo, al
menos, dos consecuencias en las prácticas institucionales del INTA.
Por un lado, como analiza Gárgano, el INTA, en sus inicios, no se
dirigió “en forma prioritaria a los agricultores ‘de menores recursos’,
sino que más bien concentró sus esfuerzos en los productores me-
dianos y, en menor medida, grandes” (2014: 161). Por otro lado,
como afirma Obschatko en consonancia con lo anterior, hasta la
década del ochenta “los programas del INTA incluyen una buena
cantidad de innovaciones en condiciones de ser aplicadas, pero no
están evaluadas económicamente en las condiciones particulares del
minifundio” (1983: 119).123
Sin embargo, como lo demostró Gárgano (2014), los agentes
pertenecientes al INTA encontraron diferentes canales para enta-
blar contacto y relacionarse con los así llamados pequeños produc-
tores, minifundistas o campesinos. En este sentido, la autora afirma
que desde la creación del INTA y, particularmente, a través de sus
Agencias de Extensión Rural (AER), diseminadas a lo largo del país,
se pudo “llevar el Ministerio al campo”. Eso facilitó el contacto en-
tre los extensionistas y la población rural, los que tejieron distintas
vinculaciones. Esto tendría una particular relevancia en el caso de
Formosa, una provincia con una marcada estructura minifundista.
123 Obschatko escribe como parte del Programa de Desarrollo Rural Integrado del Mini-
fundio (Programa DRI). Es el primer programa que estuvo focalizado en los campesinos o
minifundistas; dentro de los diferentes diagnósticos y documentos elaborados en el contexto
del programa, utilizan indistintamente los términos. Esto constituyó un hecho inédito en el
INTA que, hasta entonces, como expresamos anteriormente, se centraba en el asesoramiento
y asistencia técnica a productores medianos y grandes, realidad diferente a la del minifun-
dista.
El INTA en Formosa
El 24 de febrero de 1939 la Junta Nacional del Algodón deci-

dió la creación de una Chacra Experimental en el kilómetro 193 de
navegación del río Bermejo, en las cercanías de El Colorado. En el
lugar se instaló una desmotadora de algodón. Esto afianzó la coloni-
zación e impulsó el cultivo del algodón en la zona. En 1946, el esta-
blecimiento se dividió en dos: por un lado quedó la Desmotadora,
a cargo de la Junta Nacional del Algodón y, por el otro, el Campo
y la Estación Experimental que pasó a depender del Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Nación.
Con la creación del INTA, en 1956, el Campo y la Estación
Experimental pasaron a formar parte de esta Institución. Con esta
transferencia se modificó el nombre a Estación Experimental Agro-
pecuaria El Colorado del INTA, denominación que mantiene hasta
la actualidad. A su vez, esta Estación pasó a depender de la Esta-
ción Experimental Regional Agropecuaria Presidencia Roque Sáenz
Peña, que condujo los programas de investigación y extensión para
toda la región.
Toda la labor de investigación y extensión agropecuaria en la
provincia de Formosa durante el período estudiado estuvo a cargo de
la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado. Además, para
extender su actividad, el INTA contó con AER en Formosa, Laguna
Blanca, El Colorado, Pirané e Ibarreta (ver anexo, mapa 4).124 En este
contexto, el Instituto fue precursor en la provincia en la atención de
la cuestión rural y su labor fue sumamente prolífica.
La finalidad del INTA era contribuir a mejorar las condiciones
de vida del productor rural y su familia; esto sería posible mediante
la tecnificación de la explotación agropecuaria y la educación de
la familia rural. Es así que un folleto que circuló por la provincia
a mediados de la década del sesenta informaba que el objetivo del
INTA era el “asesoramiento técnico al productor”; la “investigación
124 Por razones de ubicación, la Estación Experimental Agropecuaria radicada en el depar-

tamento General San Martín (provincia del Chaco), depende de la Estación de El Colorado,
aunque trabajó con los productores chaqueños.
agraria”; el “desarrollo técnico y cultural de la juventud rural”; y la

“capacitación integral del ama de casa”.125
Para cumplir los variados objetivos era ineludible la integración
y coordinación de las labores entre los investigadores y los extensio-
nistas. Además, como sugiere el referido folleto, los objetivos del
INTA no se agotaron en atender las necesidades del productor, sino
que también otorgó un importante lugar a las actividades en torno
a la familia rural, sobre todo a las orientadas a las mujeres y a los
jóvenes. Para ocuparse de estos actores específicos, el Instituto con-
taba con dos mecanismos constitutivos de la Extensión: el “Hogar
Rural” y los “Clubes 4-A”.126 Ambos comenzaron a funcionar a me-
diados de la década de los cincuenta, dependientes de la Dirección
de Agronomías Regionales y, con la creación del INTA, pasaron a
formar parte de dicho organismo.
El programa Hogar Rural estaba destinado a las esposas e hijas
de los productores y tenía como principal objetivo “ayudar a las
amas de casa a mejorar los aspectos sociales, económicos y sanitarios
del hogar y la vida familiar”. Las prácticas del Hogar Rural estaban
orientadas por la división de “género,” en las que la mujer desempe-
ñaba labores orientadas al “cuidado”, como “mejorar la salud rural;
elevar el estado de nutrición de las familias rurales y las condiciones
sanitarias del hogar”.127 En este sentido, las mujeres y las labores
desempeñadas por ellas se recluían al ámbito del hogar a la vez que
se las excluía de las tareas referidas a la administración o gestión de
la explotación rural. Para 1966, en la Argentina, funcionaban 407
Hogares Rurales, en los que participaban 7.640 mujeres. El progra-
ma Hogar Rural fue “el primer trabajo institucional con mujeres
ejecutado por un sistema nacional del Estado en el ámbito rural”
(Tiscornia y Alonso, 2013: 5).
125 INTA, folleto, s/f.

126 Santiago Bilbao (1968) indica que los Clubes 4-A son organizados a partir del modelo
de los Clubes 4-H de los Estados Unidos de Norteamérica. Su emblema es el trébol de
cuatro hojas, cada una con la letra “H” que simbolizan el desenvolvimiento armónico de la
cabeza (head), el corazón (heart), las manos (hands) y la salud (health). En el caso argentino,
adoptaron el trébol de cuatro hojas y cada una con una letra “A”, denominación ilustrativa
de acción, adiestramiento, amistad y ayuda.
127 La Mañana, 11/1/1967.
En referencia a la labor que realizaban los Hogares Rurales en

la región del NEA, podemos presentar la descripción que brinda
Ana Olivo128 para el caso de Corrientes, a mediados de la década
del sesenta. Aunque las condiciones socioeconómicas de Corrientes
y Formosa difieran, la cita resulta ilustrativa para comprender el
modo en que el programa Hogares Rurales impactó en la vida rural:
Esos años comenzó a estar presente el INTA en la zona, hacia un
año que con mi mamá asistíamos a reuniones de capacitación a
la mujer rural, aprendimos a hacer comida con las verduras que
producíamos y también pedíamos que nos enseñen a confeccio-
nar ropas […] Asistíamos una vez al mes, yo estaba contentísi-
ma, además eso dio pie para que nos compren una máquina de
coser. Éramos un grupo de unas dieciséis mujeres chicas, jóvenes
y madres (Muchnik y Cittadini, 2013: 22).
Durante la década del sesenta, el INTA fue constituyendo di-
ferentes Hogares Rurales en Formosa. Ellos funcionaban bajo la
atención de los asesores técnicos pertenecientes a las Agencias de
Extensión. En este sentido, en mayo de 1964, los asesores del INTA
en Laguna Blanca emprendieron una campaña de difusión de las
labores del Hogar Rural en la zona. El diario informó que los inte-
grantes del “Hogar Rural” se habían entrevistado con comerciantes
de esa localidad “para intercambiar opiniones sobre las actividades
que se despliegan en bien de los hogares y la comunidad”.129 Nada
dice la nota citada respecto de las actividades efectuadas, sin embar-
go, ella basta para considerar el temprano desarrollo que el Hogar
Rural supo tener en la provincia.
128 Ana Olivo nació y vivió hasta mediados de la década del setenta en la zona rural de la
provincia de Corrientes, primero en Goya y luego en Perugorría y Lavalle. Ella, desde 1968,
con 16 años, comenzó a participar en las actividades de extensión del INTA y de entidades
religiosas. Fue una activa militante del MRAC y las Ligas Agrarias Correntinas, al igual que
su hermano, Antonio Olivo. En abril de 1977, fue detenida y pasó a disposición del Po-
der Ejecutivo Nacional; mientras estaba detenida supo del secuestro de su hermano, quien
permanece desaparecido. En junio de 1977 salió hacia el exilio del que regresó en 1984,
concluido el gobierno dictatorial.
129 La Mañana, 15/5/1964.
Durante ese mismo año, 1964, el INTA otorgó veintiséis be-

cas a agentes de Extensión de los distintos Centros Regionales. Al
Centro Regional Chaqueño –que comprendía Chaco y Formosa– le
correspondieron cuatro de esas becas. Estas fueron aplicadas para
el cuarto Curso de Capacitación para Extensionistas que se realizó
entre enero y octubre de 1964. La parte teórica del curso se dictó
en Castelar, Buenos Aires, y la práctica en áreas de Pergamino, Bue-
nos Aires, y El Sombrerito, Corrientes. Por Formosa participaron
la Asesora del Hogar Rural de la Agencia de Extensión de Laguna
Blanca y la Asesora del Hogar Rural de Ibarreta.130
A medida que avanzaba la década del sesenta, los Hogares Ru-
rales se fueron extendiendo en las zonas de influencia de las Agen-
cias de Extensión Rural. Así, en 1965, se concretó la creación de
un Hogar Rural en Ibarreta. Según se informó, esta entidad tenía
como fin “capacitar a la mujer de campo para mejorar el nivel de
vida familiar”.131 En 1967 tuvo lugar la creación de otro ente similar
en la colonia Campo Hardy en las cercanías de El Colorado. Este se
denominó “Amistad Vecinal” y estaba integrado, según el matutino
provincial, por “jóvenes y por amas de casa deseosas de mejorar su
hogar y la comunidad donde viven”.132 De este modo, brindamos
un panorama de los quehaceres efectuados por el Hogar Rural y su
expansión en la provincia.
Por otra parte, los Clubes 4-A estaban orientados a los jóvenes,
varones y mujeres, mayores de diez años (Bilbao, 1968).133 Su obje-
tivo era “trabajar con la juventud para su desarrollo como ciudada-
nos, ayudarlos a encontrar soluciones adecuadas para sus problemas
y crear en ellos una actitud favorable hacia el uso de la nueva tecno-
130 Ibidem, 18/11/1964.

131 Ibidem, 17/4/1965.
132 Ibidem, 28/10/1967.
133 En este caso, el joven debía expresar por escrito su deseo de pertenecer a la asociación
y contar con la conformidad de su padre o tutor. Si bien existe un acuerdo generalizado
de que se podía formar parte de los Clubes desde los diez años, no sucede lo mismo con la
permanencia. En este sentido, Gárgano (2014) sostiene que las mujeres podían pertenecer
en los Clubes hasta cumplir los dieciocho años y, según Bilbao (1968), para los varones no
estaba reglamentado, aunque en la práctica no agrupaban a mayores de veintiún años. Por
otro lado, Torriglia (1960), al hacer referencia a los Clubes 4-A, sostiene que sus socios tenían
entre diez y veinticinco años.
logía”.134 En el primer semestre de 1967, en la Argentina, existían

454 Clubes 4-A que englobaban 11.628 socios, en promedio algo
más de 25 participantes por Club. Cada Club, al igual que el Hogar
Rural, contaba con el acompañamiento y asesoramiento de un ex-
tensionista del INTA.135
En los Clubes no había una cuota por membresía. Sin embar-
go, la necesidad de exponer por escrito la pertenencia al grupo era
una barrera para una gran cantidad de jóvenes, sobre todo de los
sectores más carenciados, por los altos índices de analfabetismo.136
Según el ingeniero agrónomo Alberto Schaller,137 en Formosa, “la
única exigencia era ser joven rural. No había ningún tipo de dis-
criminación (…) si algún chico era analfabeto, si él lo deseaba, se
buscaba la forma de que acceda a la información escrita”.138
En Formosa, al igual que aconteció con el Hogar Rural, los
Clubes 4-A tuvieron su principal despliegue en las zonas donde el
INTA contaba con Agencias de Extensión Rural y, sobre todo, en
El Colorado. Tan es así que, en una extensa entrevista, Schaller
señaló que en ese momento, 1967, en El Colorado funcionaban
“cinco de estos Clubes” que se reunían “dos veces al mes [para]
dialogar sobre distintos aspectos de la técnica agropecuaria”.139 En
ese mismo período, según Bilbao (1968), la provincia de Formosa
contaba con diez Clubes. Estos funcionaron como un importante
espacio de capacitación y socialización.
134 INTA (1969: 2), citado en Gárgano (2014: 162).

135 En 1966 había en la Argentina noventa asesores para 426 Clubes, los que en su conjun-
to contaban con 10.927 socios. Según estos datos, cada asesor tenía bajo su responsabilidad
cinco clubes y un total de 121 socios (Bilbao, 1968).
136 En la provincia de Formosa el índice de analfabetismo de la población mayor a 14
años, en 1960, representaba el 19,5% y una década después esta cifra descendió a 18,6%; esta
proporción se agravaba en las áreas rurales.
137 Schaller es un reconocido técnico y con amplia trayectoria dentro del INTA El Colo-
rado. Realizó su primer curso de posgrado de Extensión Rural en la Escuela de Extensión del
INTA Castelar. También, efectuó una Maestría de Extensión y Sociología Rural en Puerto
Rico y se capacitó en extensión en los Estados Unidos, entre otras actividades de formación.
Llegó a El Colorado en 1961 e ingresó como Técnico Extensionista de la Estación Experi-
mental del INTA. Fue extensionista de Juventudes Rurales y Familia Rural durante veinte
años.
138 Schaller, 12/7/2015, comunicación con el autor.
139 (La Mañana 10/1/1967.
Además de sus objetivos específicos, los clubes desempeñaron

un papel importante en la identificación y formación de líderes.
Desde la perspectiva imperante y los lineamientos institucionales,
los líderes locales tendrían un carácter ejemplificador y demostrati-
vo para sus coterráneos: se los pensaba tanto como agentes de difu-
sión de conocimientos como futuros dirigentes. En este proyecto,
los maestros rurales se convertían en el sujeto de consulta respecto
de quiénes eran los jóvenes con mayor potencialidad de ser líde-
res. A los señalados, se les brindaba cursos, becas, pasantías y otras
facilidades de capacitación con el fin de que aumentaran “sus co-
nocimientos técnicos y de manejo de grupo” (Bilbao, 1968: 31).
Tanto énfasis puso el INTA en esta tarea que, a fin de trabajar de
forma metódica, impulsó la conformación de “Clubes de Líderes”
(ídem).140
Aparte de lo referido, el INTA, para cumplir con sus objetivos,
coordinó actividades con otras entidades avocadas al medio rural.
Entre ellas, se destacan aquellas de filiación católica. De hecho, en
enero de 1967, las Misiones Rurales Argentinas organizaron un
“cursillo para campesinos” en la ciudad de Formosa, donde el inge-
niero Schaller, perteneciente a la Estación Experimental del INTA,
brindó una serie de charlas.141
Del mismo modo, aunque de manera más institucional y siste-
matizada, el Instituto realizó junto a las Hermanas Cruzadas cursos
para comunidades rurales en capillas, escuelas e incluso en casas de
familia. Se trataba de cursos para mujeres diagramados en encuen-
tros diarios, de dos horas, durante aproximadamente veinte días. Se
abordaban cuestiones religiosas, técnicas y sociales. Según Ortiz, el
horario indicado era “la siesta […] momento más oportuno para
que se reúnan las ama de casa” (1972: 9).
En definitiva, a lo largo la década del sesenta las prácticas que
el INTA desarrolló en el medio rural dieron lugar a la generación
de un intricado espacio de sociabilidad y redes interpersonales que
le permitieron adquirir un significativo reconocimiento social. Me-
diante sus acciones, se hicieron posibles labores entre comunidades
140 Para 1967 funcionaban seis clubes con estas características en el país.
141 La Mañana 10/1/1967.
rurales caracterizadas por la dispersión y la atomización. El rol que

el INTA desempeñó en la identificación y formación de “líderes
rurales” fue central en ese sentido. En este proceso, algunos técnicos
y extensionistas pertenecientes al Instituto fueron adquiriendo un
compromiso social y político con los habitantes del medio rural.142
Consecuentemente, la población rural encontró en el INTA
un marco de coordinación y fortalecimiento de los mecanismos de
defensa de sus intereses y necesidades. La organización de los pro-
ductores rurales en la provincia y la construcción de canales institu-
cionales para expresar sus demandas hacia el poder político difícil-
mente podrían explicarse de forma cabal sin atender a las labores del
INTA. Pero, a su vez, estas intervenciones no podrían comprender-
se si no se atiende a la importancia que las iniciativas eclesiásticas y
pastorales tuvieron en la población campesina de la provincia. Las
diferentes iniciativas a las que hemos hecho mención, eclesiásticas
y del INTA, fueron el caldo de cultivo que permitió el desarrollo
del Movimiento Rural de Acción Católica, desde mediados de la
década del sesenta, y la emergencia de la organización campesina
con posterioridad.
142 El caso más emblemático de compromiso social y político de un agente del INTA es el
protagonizado por Santiago Bilbao, quien, durante la primera mitad de la década de 1970,
participó en Tucumán de la reconversión productiva de una plantación azucarera de propie-
dad privada en una cooperativa agropecuaria; nos referimos a la Cooperativa de Trabajadores
Unidos Campo de Herrera. Sobre el derrotero de esta experiencia cooperativista y el papel
que cumplió Bilbao puede consultarse Gárgano (2014). Trabajos como el de Gárgano per-
miten interrogarnos sobre el rol que técnicos e intelectuales tuvieron en la conformación o
desarrollo de organizaciones rurales.
Capítulo 4. El Movimiento Rural de Acción
Católica y el movimiento campesino

Nada oí sobre folleto alguno –declaró–. Creo que, si vi-
viéramos mejor, esos folletos no tendrían importancia, sin
que importara lo que hubiera escrito en ellos. Lo terrible
no son los folletos, sino la falta de pan.
Tanquary Robinson, Rural Russia under the Old Regime,
1967
En este capítulo analizaremos la emergencia de la organización

campesina en la provincia de Formosa durante la década del se-
senta. Anteriormente, presentamos un marco general al describir
la constitución histórica de la estructura agraria formoseña; el con-
texto socioeconómico de la década del sesenta marcado por la crisis
agropecuaria y el proceso de expropiación y desalojo de los cam-
pesinos; y, posteriormente, la labor en el medio rural de diferentes
instituciones tanto religiosas como gubernamentales.
Para lograr nuestro objetivo nos abocaremos a investigar el
derrotero del Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) en
la provincia de Formosa. A modo de hipótesis, sostenemos que la
novedosa forma de intervención de esta institución centrada en la
“formación de dirigentes provenientes del medio rural” permitió
la emergencia de la organización campesina. Pero, además, consi-
deramos que este proceso fue posible en la medida que el MRAC
logró articular su labor con un conjunto de instituciones que venían

realizando diversas tareas en las zonas rurales de la provincia.
Para lograr nuestro objetivo, organizamos el capítulo en cuatro
ejes. En la primera parte, se presenta un panorama general sobre
la Acción Católica Argentina al indagar en sus características ideo-
lógicas y organizacionales; para tal fin, nos remontamos a su fun-
dación en la década de 1930. La segunda parte, analiza la creación
del Movimiento Rural de Acción Católica. En este punto se hace
hincapié en las novedosas formas de intervención en el medio rural
y las diferentes instituciones con las que se relaciona. En la tercera
parte se indaga sobre la inserción del Movimiento Rural de Acción
Católica en Formosa mediante la puesta en marcha de un proyecto
financiado por una organización católica alemana. Seguidamente,
se da cuenta del desarrollo de la rama rural de la Acción Católica en
la provincia facilitada por su relación con diferentes instituciones.
La cuarta parte investiga la politización del Movimiento Rural de
Acción Católica y la emergencia de la organización campesina.
La Acción Católica Argentina
Como vimos en el capítulo anterior, desde fines de la década

de 1920, la Iglesia católica en la Argentina, bajo la hegemonía de la
corriente integrista, se volcó al proyecto de “recristianizar” a la so-
ciedad. Para lograr este objetivo, desde la institución eclesial se creó
un conjunto de instituciones. Entre ellas se encontraba la Acción
Católica Argentina (ACA) constituida en 1931.
La ACA se organizó replicando el modelo italiano. Es decir,
como una organización de laicos integrada y sometida a la jerarquía
católica. La Junta Central Nacional, principal órgano de gobierno
de la entidad, era designada por el episcopado. De su similar italia-
no también adoptó la difusión de sus cuatro ramas organizadas por
sexo y edad –varones y mujeres; adultos/as y jóvenes– (Giménez
Béliveau, 2005; Zanatta, 1996; Mallimaci, 1992).
Sin embargo, a pesar de las características y objetivos que per-
seguía la ACA, no se la puede entender en su complejidad e inser-
ción en la sociedad sin destacar su fuerte preocupación por lo social.

Es más, según Mallimaci, Cucchetti y Donatello, para los católicos
integrales, desde la década del veinte, “la cuestión social, lejos de
ser un problema menor, o algo que podía resolverse a través del
disciplinamiento, era más bien un objeto de preocupación central
inherente a las nociones de justicia propias de la Doctrina Social de
la Iglesia” (2006: 163). No obstante, desde esta concepción, la cues-
tión social era comprendida como un problema sobre todo moral y
religioso, y se desplazaba a un segundo plano la dimensión política
y económica. En consecuencia, lo social debería ser resuelto a través
de la caridad cristiana.
Dos décadas después de la creación de la ACA, superada la
etapa de entusiasmo y desarrollo, comenzaron a manifestarse los
primeros síntomas de agotamiento.143 La estructura de la ACA, bá-
sicamente parroquial, organizada por ramas (divididas por sexo y
edad), fue interpelada por los laicos en busca de una flexibilización
en sus prácticas y organización y de una mayor autonomía en la
toma de decisiones. Este estado de cosas, obligó a la jerarquía ecle-
sial a interrogarse por la pertinencia y permanencia de la estructura
y el método adoptado por la ACA desde sus inicios. En este contex-
to, Emilio Mignone, reconocido laico, sostenía que “llegado a ese
punto, las opiniones parecían haberse inclinado por reconocer el
fracaso del modelo italiano. El ejemplo de la Acción Católica Belga,
propio del jocismo,144 aparecía como la única posibilidad de futuro”
(Mignone, 1951, citado en Acha, 2006: 20).
Además, a pesar de que la ACA era pensada, por sus inspira-
dores, como una institución que abarcaba todos los espacios socia-
les, su desarrollo en diferentes ámbitos se encontraba escasamente
fomentado. Tal es el caso del sector rural, que había sido objeto de
143 Según Lida (2015), la ACA atravesó diferentes dificultades que fueron frenando o
retrotrayendo el impulso inicial. Por un lado, entraron en contradicción la pretensión de ser
una organización de masas y, al mismo tiempo, exigir a sus socias compromisos y preceptos
muy rigurosos que solo una minoría estaba dispuesta a cumplir. Por otro lado, la división en
edad que era sumamente arbitraria: los jóvenes con 25 años pasaban de la sección juvenil a la
de adultos. Aquí, sus nuevos pares eran mujeres y hombres de mucha mayor edad con los que
tenían escasa afinidad, lo que se convirtió en motivo de deserción.
144 El término “jocismo” hace alusión a la organización de la Juventud Obrera Católica.
pocas y malogradas estrategias de intervención. Esta situación se

tratará de superar con la creación de las ramas especializadas de la
ACA.
Las ramas especializadas de la Acción Católica Argentina
La Acción Católica especializada estaba inspirada en el modelo

belga de Acción Católica que tenía como mentor al sacerdote Jo-
seph Cardijn. La primera experiencia de este tipo fue la Juventud
Obrera Católica (JOC), en 1924. La estrategia, empleada por Car-
dijn consistía en tomar contacto con los jóvenes trabajadores por
fuera de la estructura parroquial; así, empezó con encuentros con
pequeños grupos en los que no se insistía en la doctrina, sino en
la acción respecto de los problemas reales de la gente. El método
de trabajo empleado era la revisión de vida, que se resumía en tres
palabras: ver, juzgar y actuar.
Las tres palabras que resumían el método referían a distintas
etapas de aprehensión y trabajo sobre la realidad. En este sentido, el
“ver” es el momento de hacer un diagnóstico de la “realidad” desde
la vivencia de los participantes. El “juzgar” se constituía en el “mo-
mento del cuestionamiento”, iluminado por referencias evangéli-
cas o documentos eclesiales. Y el “actuar” suponía la movilización
personal o de la comunidad hacia la superación de las situaciones
conflictivas. Se buscaba que el sacerdote o el asesor no dirigieran
la discusión, sino que preparan a los participantes para que ellos
asumieran esa tarea.
La dinámica propuesta, mucho menos dogmática, era suma-
mente disruptiva respecto a las prácticas eclesiales. Su pedagogía
no solo se centraba en la educación/formación, sino que alentaba
a la acción. En lo inmediato, la adopción del método no ocasionó
conflicto, aunque con el correr del tiempo originaría, entre los mi-
litantes y la jerarquía eclesial, miradas distintas sobre lo que debiera
implicar el compromiso y las acciones a seguir.
La primera experiencia de las ramas especializadas en la Ar-
gentina fue la Juventud Obrera Católica (JOC) que se estableció
en 1940.145 A esta se sumó la creación de la Juventud de Estudian-

tes Católicos (JEC), en 1953, y la Juventud Universitaria Católica
(JUC) en 1956. Finalmente, en 1958 se creó el Movimiento Rural
de Acción Católica.
La implementación del modelo belga de Acción Católica en la
Argentina produjo un conjunto de transformaciones: primero, la
metodología adoptada “ya no parte de dogmas y verdades para ser
llevadas a la acción sino que a partir de la realidad, buscan como
llevar adelante su apostolado” (Mallimaci, 1992: 342). Segundo,
las diferentes ramas de la ACA “que a principios de los años treinta
estaba dirigida por hombres y mujeres de origen oligárquico dieron
gradual paso a sectores medios acomodados o universitarios” (Acha,
2006: 21). Y, tercero, respondiendo a la idea de acción integral,
se formaron organizaciones cuya disposición estaba “vinculada a la
idea de ‘ámbitos de acción pastoral’ cruzada con una base territorial:
el mundo del trabajo, el mundo de la cultura y de la educación, y
el mundo agrario” (Donatello, 2010: 40). Todas ellas funcionaban
con sacerdotes, propuestos por las diócesis o el episcopado, como
asesores a nivel local y nacional.
Esto permitió que la estructura meramente parroquial y la ri-
gurosa separación de género, hombre y mujer, fuera problematizada
o superada en estos espacios. Pero, sobre todo, produjo el encuentro
entre un sector de la Iglesia y los hombres/mujeres en sus prácticas
de vida más significativas, como su trabajo u ocupación, y en sus
zonas de residencia. Esto generó, en algunos casos, que los actores
involucrados asumieran prácticas renovadoras dentro del catolicis-
mo. En este marco, una de las intervenciones más novedosas fue la
del Movimiento Rural de Acción Católica.
145 Bottinelli et al. (2001) sostienen que la JOC se conformó en 1939 en Salta, pero como
iniciativa local. Recién en 1941, al constituirse como rama especializada de la ACA, logró un
desarrollo nacional.
El Movimiento Rural de Acción Católica
Antecedentes y creación del MRAC
Hasta fines de la década del cincuenta la intervención de la

Iglesia católica en el medio rural se había dado exclusivamente por
medio de las misiones itinerantes de breve duración. En general,
estas estadías no tuvieron otras actividades preparadas más que la
administración de sacramentos. Sin embargo, desde la década de
1940, se comenzaron a ensayar otras formas de presencia en las zo-
nas rurales.
En 1945 se creó la Asociación Católica Rural Argentina en la
Diócesis de Mercedes, bajo los auspicios del obispo Anunciado Se-
rafini. Según su impulsor, dicha entidad tenía el fin de “vigorizar el
campo en Dios”146 y su labor estaba dirigida “de modo particular” a
“patronos o industriales cristianos”.147 Si bien el prelado daba cuen-
ta que la iniciativa podría ser mal interpretada o como prueba de
que “la Iglesia es amiga de los ricos, de los patronos”,148 consideraba
que esta era solo una parte de un plan mayor. Otro de los argumen-
tos esgrimidos por el obispo Serafini alegaba:
Si un industrial, si un dueño de campo, puede lograr hacer la paz
cristiana de su gente, administrando con justicia, y precediéndo-
los no sólo con la autoridad, sino con el buen ejemplo cristiano;
¡cuánto no se podrá lograr cuando los hermanos conozcan las
iniciativas felices de sus otros hermanos y se aleccionen en los
fracasos y triunfos de los demás, y nazca en tal hermandad el
estímulo de servir cada vez más y mejor a nuestro prójimo
por amor a Dios!149
En 1948, tuvo lugar otra iniciativa: la ACA conformó grupos
de jóvenes para trabajar en el ambiente rural (Ferrara, 1973). La
metodología empleada consistía en el traslado de jóvenes católicos
146 Boletín de la Acción Católica Argentina, n° 4, 1945, p. 165.

147 Ibidem, p. 168.
148 Ibidem, p. 170.
149 Ibidem, p. 169.
de parroquias urbanas a las capillas rurales, en donde realizaban una

tarea de apoyo a la acción evangélica. Esta labor fue emprendida
por la Asociación de las Jóvenes de Acción Católica (AJAC) bajo la
coordinación de la ingeniera Enriqueta Piangiarelli (ACA, 2006).150
Pese a la predisposición de los jóvenes, estos tuvieron que lidiar con
el desconocimiento de las características del medio rural y la poca
participación de sus habitantes. Al mismo tiempo, la intervención
puntual y acotada semejante a la de “grupos misioneros” no permi-
tió una labor constante y metódica como tampoco la creación de
lazos sociales duraderos entre estos grupos y la población rural. Las
primeras diócesis donde se desplegaron estas prácticas fueron las de
Mendoza, Mercedes y Salta (Ferrara, 1973).
Según el historial de la ACA (2006), durante 1957 se produje-
ron dos hechos que dieron un impulso significativo al trabajo de la
institución eclesial en el mundo rural. Por un lado, los hombres de
la ACA organizaron el segundo curso actualizado de la “vida rural”,
en el que se realizó un balance de las actividades efectuadas y se pro-
yectaron otras. Por otro lado, en Santiago de Chile se llevó a cabo el
Cuarto Congreso Internacional Católico de la Vida Rural. De este
último evento participó una nutrida comitiva de la Argentina, con
más de veinte personas, entre los que figuraban futuros integrantes
del MRAC.151 Esto les permitió a los argentinos entrar en contacto
con las experiencias de la Acción Católica Rural Chilena (ACRC)
y las actividades del Instituto de Educación Rural que se habían
conformado en los primeros años cincuenta en el país trasandino
(Domínguez, 1961).
Fundación
El Movimiento Rural de Acción Católica (MRAC) nació for-

malmente en 1958. Su conformación respondió a la emergencia de
una serie de prácticas renovadoras dentro del campo del catolicismo
150 Enriqueta Piangiarelli de Vicién tuvo una extensa labor en el medio rural.
151 Las actas y la nómina de participantes en el Congreso de Chile puede consultarse en
Vekemans (1958).
en general y dentro de la estructura de la ACA en particular. Ante

una profunda revisión de las labores pastorales y misionales, y te-
niendo en consideración las experiencias de trabajo rural en otras
latitudes, la Junta Central de la ACA, en su Asamblea del mes de
abril, consideró necesaria la creación de una organización propia del
medio rural como lo demuestra el siguiente documento:
Hasta 1958 las ramas [de la ACA] efectuaron distintas activi-
dades, pero las experiencias y realizaciones confirman la idea de
que el apostolado en dicho ambiente debía llevarse a cabo en
forma aunada por todas las ramas, ya que esa era una exigencia
resultante del tipo de vida y trabajo en el medio rural.152
Tomando como referencia el reglamento sancionado en
1963,153 el MRAC, como rama especializada de la ACA, era “de-
pendiente de la Junta Central de la ACA, y a través de ella, de la
Comisión Permanente del Episcopado Argentino” (art. 6, inc. a).
La entidad se encontraba organizada a nivel “nacional, diocesano
y parroquial” (art. 1) y estaba coordinada por un Equipo Central
integrado por cinco delegados, uno por cada Organización Federal
de la ACA. Estos eran designados por sus respectivos Consejos Su-
periores, bajo la dirección de un jefe nombrado por la Junta Central
de la ACA con acuerdo de la Autoridad Eclesial (art. 8).154 Otra de
las características era que se hallaba dividido en tres sectores: los
“trabajadores y pobladores rurales”, tempranamente identificados
como “campesinos”; los “maestros rurales”; y los “empresarios rura-
les y sus familias” (art. 20).155
El núcleo básico de organización del MRAC eran los “grupos
rurales”. Estos se encontraban integrados, según el Reglamento, por
“personas que viven y/o trabajan en el campo y están dispuestos a
reunirse y trabajar en cumplimiento de las finalidades del Movi-
miento Rural” (art. 21). Podían participar de los grupos jóvenes y

153 Ver anexo Documento 1: Reglamento del Movimiento Rural de la Acción Católica
Argentina.
154 Como primer jefe del Equipo Central fue designado Jorge Vicién.
155 Esta división tripartita estaba inspirada en la ACRC que desde su creación se organizó
en tres grupos: “patronos”, “maestros” y “campesinos”.
adultos de ambos sexos, siempre que las autoridades eclesiásticas no

presentaran objeción. Las reuniones se realizaban en capillas, cha-
cras, estancias, escuelas, etcétera, y sus temáticas estaban dirigidas
a la formación técnica, humana y espiritual de los miembros. Los
sectores de maestros y empresarios rurales debían colaborar en la
promoción de los “Grupos Rurales”.
El Reglamento del MRAC, además de estipular los diferentes
preceptos y normativas en relación con la organización y el desen-
volvimiento de la entidad, fijó los objetivos y los mecanismos para
alcanzarlos. En este sentido, el Reglamento planteaba que la finali-
dad del MRAC era “cristianizar las almas y las actividades humanas
en el ambiente rural” de manera “integral” a través de “la promo-
ción humana, técnica y apostólica” (art. 4).
De acuerdo a lo expresado, el MRAC se ocupó de la dimensión
trascendental de los hombres y mujeres que vivían en el medio rural
como de sus circunstancias contingentes. Además, en comparación
con prácticas anteriores, se produjo un cambio fundamental a la hora
de emprender la actividad en el ambiente rural: ya no se partió de la
concepción de los habitantes rurales como agentes pasivos que debían
ser objeto de ayuda, protección o caridad, sino que se los vio como
sujetos históricos, como actores de su propio “desarrollo”. El cambio
de actitud y de metodología, que ponía énfasis en la formación de la
“gente de campo”, fue uno de los pilares fundamentales del MRAC
desde sus orígenes; tanto es así que en el primer número de la revista
Siguiendo la huella, perteneciente al Movimiento, se exponía:
Para realizar algo en el orden educativo, económico, etc. se ne-
cesita gente que decida dedicarse a ello para bien propio y del
prójimo. Estas personas serán las que llamamos DIRIGENTE
en el ambiente.
Tiene que salir del mismo campo, donde hay gente capaz para
todas las actividades, pero se necesita que lo comprendan y que
tenga la buena voluntad de comenzar a formarse para realizar-
las.156
156 Siguiendo la huella, año 1, n° 1, 8/1958, p. 18, resaltado en el original.

Bajo la impronta de formar a los habitantes del campo, el

MRAC se constituyó en un espacio permanente de formación “téc-
nica, humana y espiritual”, en el que la labor del sector “maestros
rurales” cobró una función fundamental, por lo menos en un pri-
mer momento. Es más, dentro de esta lógica, los cursos de forma-
ción se comenzaron a dictar incluso antes de la fundación del Mo-
vimiento.157
Para alcanzar sus variados y ambiciosos objetivos, la organiza-
ción rural de la ACA creó un conjunto de dispositivos de formación,
información, difusión y obtención de financiamiento. Además, en
esta misma dirección, realizó acuerdos y convenios con entidades
religiosas y gubernamentales, tanto nacionales como internaciona-
les. A continuación, vamos a presentar algunos de los casos más
significativos a los que hemos aludido.
Los dispositivos del MRAC y los acuerdos de colaboración
El proceso de formación de “dirigentes del ambiente rural”

emprendido por el MRAC desde su génesis se va a sistematizar y
potenciar de forma extraordinaria con la creación de dos “institutos
de capacitación rural”. El primer instituto se denominó “Santa Ma-
ría” y estaba orientado exclusivamente para mujeres. Se encontraba
ubicado en Guanaco, partido de 9 de Julio, provincia de Buenos
Aires. El obispo de la diócesis de 9 de Julio, Antonio Quarracino,
en una Carta Pastoral fechada el 24 de mayo de 1963, explicó que
el Instituto “es una fundación diocesana que se pone al servicio del
Movimiento Rural Nacional”.158 Dicho dispositivo de capacitación
tuvo una corta e intensa actividad. En 1965, después de haber dic-
tado cinco cursos de tres meses de duración, el Instituto cerró sus
puertas aludiendo motivos económicos.159
157 Entre el 25 de febrero y el 5 de marzo de 1958 se realizó en Lincoln, provincia de

Buenos Aires, un cursillo de mujeres. Según afirma la revista del Movimiento Rural, “fue una
experiencia nueva en el país” (Siguiendo la huella, año 1, n° 1, 8/1958).
158 Siguiendo la huella, año 3, n° 58, 9/1963, p. 4.
159 Carta de Quarracino, obispo de Nueve de Julio, 7/1965.
Dentro de este marco, en 1964 se creó el instituto masculino

de capacitación “San Pablo”, ubicado en Capitán Sarmiento, pro-
vincia de Buenos Aires. La puesta en marcha del instituto fue posi-
ble gracias a la firma de un convenio entre la asociación civil Por Un
Campo Argentino Mejor (PUCAM), en representación del MRAC,
y la Orden Pasionista (Taurozzi, 2006). Al igual que su similar,
Santa María, los cursos tenían tres meses de duración. La publica-
ción del MRAC sostenía que en los cursos se brindaría una ense-
ñanza intensiva “destinada a promover al hombre joven del campo
argentino”.160 Además, se añadía que el plan de estudio era integral
al atender a la “formación del participante en el orden técnico, hu-
mano y religioso, a fin de lograr un líder de la comunidad para el
progreso, la justicia y la unidad de los pobladores del campo”.161
Los requisitos para participar de los cursos dictados por ambos
institutos eran “poseer entre 18 y 30 años”; “saber leer y escribir”,
“residir de forma permanente en zonas rurales” y “ser presentado
por una institución o persona responsable”.162 Si se considera el
rango etario de los participantes, podemos afirmar que los cursos
estaban dirigidos exclusivamente a los jóvenes, tanto hombres como
mujeres.
Durante los primeros años de actividad del MRAC, los cursi-
llos se fueron replicando en diferentes zonas del país. Con el paso de
los años, el proceso de “formación de líderes”, mujeres y hombres,
se potenció. Las labores de los Institutos Santa María y San Pablo
se conjugaron con la realización de cursos y capacitaciones en otras
áreas del país. Aunque una parte importante de los cursos y las en-
señanzas estaban en relación con el credo católico y reproducía mo-
delos tradicionales de familia y género, no es menos cierto que otra
parte se inscribía en el espacio de análisis de la realidad social. En
consecuencia, se fue constituyendo un grupo importante de líderes
rurales competentes que, a su vez, se convirtieron en formadores y
multiplicadores de la experiencia en sus respectivos lugares de ori-
gen.

161 Ídem.
162 Ídem.
Para hacer posible el funcionamiento de los Institutos como

así también de otras iniciativas, el MRAC creó el PUCAM. El acta
fundacional de la asociación se firmó (al igual que su estatuto) el 28
de diciembre de 1962. La asociación tenía como objetivo “la preo-
cupación integral de todos aquellos medios que en forma directa o
indirecta hagan al progreso cultural, espiritual, técnico, económico,
social, del poblador del campo”.163 Según diferentes autores, (Ferra-
ra, 1973; Moyano Walker, 1991; Murtagh, 2013), la entidad tenía
como propósito brindar asistencia económica y técnica al MRAC.
En este sentido, el PUCAM, en su condición de asociación civil
con personería jurídica –ergo, con capacidad para adquirir derechos
y contraer obligaciones–, se ocupó de representar al Movimiento
Rural y a sus proyectos ante organismos nacionales e internacionales
(Ferrara, 1973).
El PUCAM estaba conformado –casi en su totalidad– por
“empresarios rurales” de ilustres apellidos y por ingenieros agróno-
mos.164 La asociación emprendió diferentes actividades para conse-
guir contribuciones económicas. Apelando al oportunismo de los
empresarios rurales, algunas de estas campañas invitaban a colabo-
rar con el argumento de que “su colaboración monetaria permitirá
realizar obras de promoción humana y además lo desgravará impo-
sitivamente”.165
Aparte de lo señalado, el MRAC editaba dos publicaciones:
Siguiendo la huella y el Boletín del maestro rural. La primera fue el
órgano oficial del Movimiento, se editó entre 1958 y 1972, y llegó a
contar con 127 números.166 Por su parte, el Boletín del maestro rural
163 Libro de actas N° 1 del PUCAM, art. 2.

164 Entre los firmantes del acta fundacional se encontraban varias personas con apellidos
ilustres de la Argentina, como Leonor Anchorena de Luro, Josefina Diehl Ayerza de Pereyra
Iraola, Martha Repetto de Debaisieux, Eduardo Celedonio, María Racedo Pereda, Juan An-
selmo Bullrich, entre otros. Entre los ingenieros agrónomos se encontraban: Rodolfo Guiller-
mo Frank, Rafael García Mata y Gastón Bordelois. El presidente de la asamblea fundacional
fue Jorge Vicién y como presidente de la entidad se designó a Raúl Caride (Libro de actas
N° 1 del PUCAM).
165 Ver anexo documento 2: Folleto del MRAC (s/f).
166 Hasta 1960, y habiendo publicado 21 números, la revista se presentaba como una
edición del Consejo Superior de las Jóvenes de la Acción Católica y su presidenta, Margarita
Moyano, se desempeñaba como directora. A partir del número 22, correspondiente a junio
se publicó desde 1960 hasta 1973, por lo menos, y llegó a contar

con 85 números.167 En 1968 se produjo la aparición de una tercera
publicación llamada Boletín del dirigente. Entre amigos, de la que no
contamos con mayor información.168
El MRAC no solo fomentó la creación de canales instituciona-
les para lograr sus objetivos, sino que también se valió de convenios
y acuerdos con otras instituciones abocadas al medio rural.169 Den-
tro de este marco, se celebró en 1962 un convenio con la Acción
Misionera Argentina (AMA). Este se fundamentó en que ambas en-
tidades buscaban “la cristianización del campo”. En referencia a las
estrategias desplegadas, se hacía explícito que el MRAC coordinaba
su labor con “campesinos, maestros y empresarios rurales” en sus
mismas zonas de residencia “procurando desarrollar todas las po-
tencialidades humanas, técnicas y económicas del lugar”.170 Por su
parte, la AMA se caracterizaba por “una labor intensiva y limitada
en el tiempo en forma de Misión”.171
Otro caso semejante fue el del INTA. Si bien esta institución
mantuvo relaciones de colaboración con el MRAC desde su crea-
ción,172 esta se fortaleció y amplió producto de un convenio entre
ambas entidades suscripto a fines de 1963. El acuerdo se sustentó
de 1960, la revista pasó a ser del MRAC y su nueva directora fue Carolina Dousdebes, quien
ocupó ese lugar hasta el cierre de la revista. Desde 1958 hasta 1969 tuvo una edición men-
sual, aunque podía suceder que entre los meses de enero y febrero o diciembre y enero solo
se editara un número doble. Mientras en el período 1969-1972 se editó de forma bimestral.
167 Durante una primera etapa, la periodicidad era mensual y la dirección estaba a cargo del
Equipo Nacional de Maestros. Durante 1968 la publicación tuvo una regularidad bimestral
y en este período María Arancedo ocupó la dirección. En 1969 la dirección pasó a manos de
Stella Maris Rébora hasta su ocaso.
168 Desconocemos la existencia de trabajos que aborden íntegramente las publicaciones del
MRAC. No obstante, hay un trabajo reciente que se ocupa de la revista Siguiendo la huella.
Nos referimos a la publicación de Contardo (2015) que analiza las continuidades y rupturas
en las representaciones y roles asignados a las mujeres a lo largo de la vida de la revista.
169 El Reglamento del MRAC, en su art. 44, contemplaba la posibilidad de que el Mo-
vimiento mantenga relaciones “de cordial y mutua colaboración con todos aquellas institu-
ciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, que tengan por finalidad alguno de
sus fines propios”.
170 Convenio AMA-MRAC, 1962.
171 Ídem.
172 En este sentido, en los programas de los diferentes cursos realizados en distintos puntos
del país era común encontrarse con excursiones a instalaciones del INTA.
en la afinidad de objetivos: “Promover el mejoramiento del nivel

de vida de la familia rural”.173 Entre las disposiciones contenidas en
el Convenio podemos referir las siguientes: “El INTA y el MRAC
coordinarán actividades en el orden social y cultural con las familias
rurales, prestándose mutua asistencia en la medida de sus posibili-
dades” (art. 1); “el INTA facilitará al MRAC […] asistencia técnica
para el desarrollo de los planes de extensión agrícola que el MRAC
lleve a cabo en reuniones de grupos, jornadas especiales, encuentros
etc.” (art. 2); “El MRAC, facilitará al INTA […] la concurrencia de
socios de Clubes 4-A, o del Hogar Rural o de otras personas, con la
finalidad de formar líderes” (art. 4). En simultaneidad con la firma
del convenio, se elaboró un “protocolo adicional” por medio del
cual el INTA se disponía a colaborar en las “tareas de organización
y puesta en marcha” del Instituto de Capacitación Femenina Santa
María.
Además de los acuerdos y la cultura institucional compartida,
existieron relaciones personales y familiares que facilitaron y per-
mitieron una íntima relación y colaboración entre el INTA y la
entidad eclesial. En este sentido, el caso más emblemático fue el
matrimonio de Jorge Vicién174 y Enriqueta Piangiarelli. Los dos ha-
bían participado del Congreso realizado en Chile en 1957. A su vez,
Jorge Vicién se desempeñó hasta 1967 como jefe del Equipo Cen-
tral del MRAC mientras Enriqueta fue asesora nacional de Clubes
Hogar Rural del INTA durante todo el período estudiado.
Por último, en el orden internacional, es necesario referir que
el MRAC estaba asociado al Movimiento Internacional de la Ju-
ventud Agrícola y Rural Católica (MIJARC). El MRAC comenzó
en 1962 sus trámites para asociarse a la organización internacional,
pero debió esperar hasta 1964, en ocasión de la V Asamblea Mun-
dial del MIJAR, para ser aceptado como miembro activo.175
173 Ver anexo documento III: Convenio INTA-MRAC, 14/10/1963.

174 Según Adamovsky, Jorge Vicién era “economista católico, del círculo de Bunge, mili-
tante de AC (en la que se ocupaba del gremialismo rural, y de la que llegaría a ser vicepresi-
dente); antiliberal de ideas nacionalistas, fue acérrimo antiperonista, con participación en la
campaña de los ‘panfletos’ y en la Rev. Libertadora” (2007: 314).
El MIJARC se creó en 1954 por iniciativa de “movimientos

nacionales” de jóvenes de ocho países “con la preocupación y la res-
ponsabilidad de una EDUCACIÓN orientada hacia la renovación
del medio rural, al servicio de la comunidad Humana y conforme al
espíritu del Evangelio”.176 En 1958 fue aprobada y reconocida por
la Santa Sede177 y años después obtuvo la categoría de consultor ante
organismos de las Naciones Unidas como la FAO y la UNESCO.
Su Secretariado General, por entonces, funcionaba en Lovaina, Bél-
gica. Asimismo, contaba con Secretariados Regionales. El que co-
rrespondía a Latinoamérica se encontraba ubicado en Uruguay.178
Hacia mediados de la década del sesenta, el MRAC exhibía
un importante despliegue y desarrollo, aunque resulta necesario ad-
vertir que este proceso no fue lineal ni simétrico. En este período
se adoptaron nuevos métodos de trabajo y organización con el fin
de extender y consolidar la presencia de la organización. En este
contexto se produjo la inserción del Movimiento en la diócesis de
Formosa.
El MRAC en Formosa
En Formosa, la inserción del MRAC se produjo tardíamente,

cuando promediaba la década del sesenta. Esto se debió, en gran
medida, a que la diócesis era una jurisdicción católica de reciente
creación, desprovista de sacerdotes, ramas de la ACA y recursos ma-
teriales para afrontar la puesta en marcha de una organización con
estas características. También, la falta de infraestructura, caracteri-
zada por la casi inexistente red vial y de medios de comunicación,
fue un inconveniente a la hora de emprender la organización de la
entidad. Además, a diferencia del Chaco, Misiones y el norte de
176 MIJAR, 1968, p. 1, resaltado en el original.

177 MIJAR, 1968.
178 El MIJARC desempeñó una función central al alentar la formación de organizaciones
rurales católicas y divulgar sus experiencias. En la actualidad, es una vacancia la investigación
sobre una institución tan importante como el MIJARC que ofició como vaso comunicante
entre las diferentes organizaciones rurales pertenecientes a la Iglesia católica a nivel mundial.
Santa Fe, la provincia no contaba con espacios rurales de sociabili-

dad consolidados, como las cooperativas.
Si bien el MRAC emprendió durante los primeros años sesenta
distintas iniciativas para comenzar sus labores en Formosa, estas no
tuvieron éxito. El primer contacto documentado del que tenemos
conocimiento se produjo en junio de 1960, cuando el Equipo Na-
cional del Movimiento Rural envió al obispo de Formosa, Marcelo
Scozzina, una carta de invitación al cursillo que se iba a llevar a cabo
en Reconquista, norte de Santa Fe.179
Un tiempo después, en marzo de 1962, el Equipo Nacional
volvió a insistir mediante una misiva dirigida al presidente de la
Junta Diocesana de Formosa. En esta ocasión, se manifestó la pre-
ocupación frente a la falta de desarrollo del Movimiento Rural en
la diócesis. Ante esta situación, el Equipo Nacional recomendó la
designación de un “responsable del Movimiento”, aunque más no
sea, para que informase sobre el “problema rural de la Diócesis”.180
En junio del mismo año, miembros del Equipo Nacional del
Movimiento Rural visitaron Formosa en un nuevo intento de dar
inicio a sus actividades en la zona. Sin embargo, la situación descrita
por los miembros del Movimiento era desalentadora. Según el in-
forme producido, la única rama de la ACA que existía en Formosa
era la AJAC, que contaba con un reducido número de socias, lo que
tornaba “imposible […] la formación del Equipo Diocesano [del
MRAC]”.181
Aunque el diagnóstico era sombrío, se demarcó una posible
línea de acción en la que los maestros rurales tendrían a su cargo
la puesta en marcha y el desarrollo del Movimiento. En esta di-
rección, el informe sostenía que, en Formosa, el trabajo del Movi-
miento debía “iniciarse por los maestros rurales”.182 Esta propuesta
no era una innovación, sino que se inscribía dentro de la estrategia
general del Movimiento. Además, la interpelación a los maestros
rurales, si se considera su prestigio y conocimiento del medio rural,
179 Carta del Equipo Nacional del Movimiento Rural, 13/6/1960.

180 Ibidem, 7/3/1962.
181 Informe de la visita realizada a Formosa el 13, 14 y 15/6/1962.
182 Ídem.
fue una práctica replicada por otras entidades intervinientes en el

medio rural como el INTA. Empero, esta iniciativa, como otras, no
dio el resultado esperado y en Formosa el MRAC continuó siendo
una aspiración más que una realidad. Esto se va a revertir conforme
avanzara la década del sesenta y se pusiera en marcha un proyecto
financiado por un organismo de cooperación internacional católico.
El Proyecto Misereor
En Formosa, como en el conjunto de la región del Nordeste,

durante el transcurso de 1963, la labor del MRAC comenzó a po-
seer un mayor ímpetu. El motivo fue la elaboración y presentación
de un proyecto a la organización alemana de cooperación interna-
cional Misereor.183 La ejecución del “proyecto Misereor” tenía por
finalidad “continuar la promoción de los campesinos del Nordeste
argentino a través de programas de educación y desarrollo, y capa-
citando para el esfuerzo y la ayuda mutua”.184 El proyecto estuvo
avalado por el Arzobispado de Corrientes (1910) en la persona de
Mons. Francisco Vicentín y los obispados de Resistencia (1939) a
cargo de Mons. José Marozzi; Formosa (1957), con Mons. Pacífico
Scozzina; Posadas (1957), con Mons. Jorge Kemerer; Reconquista
(1957), con Mons. Juan Iriarte; Goya (1961), con Mons. Alberto
Devoto; y San Roque (1963), con Mons. Ítalo Di Stéfano.185
En una primera etapa, el proyecto dio lugar a una gira de varios
integrantes del Movimiento por las diócesis del Nordeste.186 Según
183 Desde sus inicios, esta agencia estuvo ligada a la Conferencia de Obispos Católicos de
Alemania Occidental y su finalidad, hasta la actualidad, es financiar proyectos misioneros y
de pastoral en África, Asia, Oceanía y América Latina. Según Fernanda Beigel (2011), las
agencias de cooperación internacional ligadas a la Iglesia católica alcanzaron un importante
grado de coordinación desde la celebración del Concilio Vaticano II. De este modo, desde
los primeros años sesenta, estas entidades se volcaron a financiar proyectos de “desarrollo” en
los así llamados países del tercer mundo.
184 Proyecto 237-11/1A.
185 Del total de sedes eclesiásticas participantes, cinco eran de reciente creación y solamente
Vicentín fue designado obispo con anterioridad a 1957. Las fechas asignadas entre paréntesis
representan el año de fundación de la diócesis.
186 El recorrido se prolongó del 14 de junio al 6 de julio de 1963 y entre los participantes
se encontraban Celia “Chela” Llorens (una histórica dirigente del MRAC), Beatriz “Tudy”
Beatriz Noceti, la gira en esa región tenía como finalidad “explicar a

los obispos el contenido del proyecto, para que estuvieran bien inte-
riorizados”.187 Además, agrega Noceti, era necesario que los obispos
“fueran designando personas con las características necesarias para
desarrollar el trabajo de organizar el Movimiento Rural”.188
En referencia a las características del Movimiento en la región,
Noceti explicó:
En la mayoría de las diócesis –salvo [en] Reconquista, que era
una diócesis donde ya se había comenzado el trabajo del Mo-
vimiento Rural (…)– prácticamente no existía, no había nada.
Entonces el primer contacto fue con los equipos diocesanos para
que destinaran algunas personas para empezar la tarea. En For-
mosa específicamente no había absolutamente nada.189
En Formosa, la gira tuvo un éxito reducido. Si bien, el obispo
Scozzina designó a Cirilo Sbardella190 como “organizador del Mo-
vimiento Rural de Acción Católica en la Diócesis”,191 en la práctica
la puesta en marcha de la entidad no se logró. Esta situación recién
se va a revertir a mediados de 1964 cuando el proyecto Misereor se
hizo efectivo.
Superada la etapa de planificación, el proyecto Misereor se
puso en marcha el primer día de julio de 1964. De este modo, que-
dó constituido el Secretariado del Nordeste, que resultó la primera
experiencia de esta característica dentro del MRAC. La publicación
del Movimiento se hizo eco de esta situación e informó: “A partir
del 1° de julio el Secretariado del Nordeste ha tomado una nueva
fisionomía. Ha comenzado a trabajar regionalmente de una manera
Noceti (integrante del Equipo Nacional del Movimiento y responsable de la región del Nor-
deste) y Eduardo Sartor (jefe del equipo diocesano del Movimiento en Reconquista).
187 Noceti, 1/8/2015, entrevista con el autor.
188 Ídem.
189 Ídem.
190 Cirilo Sbardella posteriormente se transformó en uno de los historiadores más im-
portantes en la provincia de Formosa. Consideramos que su designación para organizar el
MRAC en la diócesis obedeció a su relación de estrecha amistad con el obispo.
191 Carta de Cirilo Sbardella al Equipo Nacional del Movimiento Rural, 20/10/1963.
organizada gracias a la aprobación de un proyecto presentado por

los siete Obispos del Nordeste a MISEREOR”.192
La militante del MRAC, Norma Morello,193 en su autobiogra-
fía, sostiene que el proyecto facilitó la “instalación de un aparato
de administración y coordinación regional” (1993: 38). Además,
mediante el proyecto se solventó un “extensionista”194 y un vehículo
en cada diócesis, así como un sistema de becas para la asistencia de
jóvenes campesinos y maestros rurales a los cursos de capacitación
que el Movimiento realizaba en distintos distritos del país (Morello,
1993).
El Secretariado quedó conformado por un Equipo Central,
con sede en Corrientes, integrado por Eduardo Sartor, y la hasta
entonces “extensionista” del INTA, Susana Barberena. Este órgano
tenía la finalidad de coordinar y orientar las actividades en la región.
Además, en cada diócesis fue designado un “permanente”. En For-
mosa, este puesto correspondió a Ricardo Nadalich.195

193 Morello fue una activa militante del MRAC en la diócesis de Goya. En 1969 fue invi-
tada a Centroamérica por el MIJARC; a fines de 1970 regresó al país y se integró a los cursos
de alfabetización y formación técnica dirigidos a jóvenes campesinos en Capitán Sarmiento.
En agosto de 1971 volvió a la zona rural de Goya como maestra rural. Estando allí, el 30 de
noviembre de 1971 “fue secuestrada por el Ejército, en uno de los primeros casos de desapari-
ción, detención ilegal y tortura denunciados en el país” (Página 12, 24/7/2011). Para analizar
la trayectoria de Norma Morello puede consultarse el libro autobiográfico Con el canto del
último gallo (1993). En Rodríguez Molas (1985: 212-214) puede consultarse una declaración
de la maestra rural sobre los tormentos padecidos.
194 Los términos “permanente” y “extensionista” fueron empleados indistintamente por el
MRAC para remitir a aquellas personas que trabajaban tiempo completo y de forma rentada
dentro de la organización. Debe observarse que las entidades abocadas al medio rural, en el
continente americano, emplearon ampliamente el léxico extensionista; este fue el caso del
INTA en la Argentina.
195 Ricardo Nadalich, alias “el Gringo”, (1939-1976?) nació en Reconquista, provincia de
Santa Fe. En los primeros años sesenta, como laico, formó parte del MRAC en el sector cam-
pesino y desde 1964 se desempeñó como permanente en la diócesis de Formosa. El Gringo
ocupó puestos importantes dentro de la estructura de la rama rural de la ACA. A comienzos
de la década del setenta, fue “militante y organizador de las Ligas Agrarias […] al profundizar
su compromiso, pasó a la clandestinidad y asumió la lucha armada” como militante monto-
nero (ver http://www.robertobaschetti.com/biografia/n/1.html, consultado el 21/4/2015).
En 1976, cuando se produce el golpe de Estado, su residencia era Corrientes capital, lugar
donde fue desaparecido el 1 de octubre de 1976.
En relación con el caso de Susana Barberena, hay que desta-

car que tiene la singularidad de encerrar una trayectoria frecuente.
Como otros militantes del MRAC, Barberena inició su actividad en
el medio rural en el INTA y desde este espacio de sociabilidad entró
en contacto con el MRAC, al que posteriormente ingresó. En este
sentido, la doble filiación de Barberena, lejos de ser algo excepcio-
nal, se repitió en muchos otros itinerarios.
Por su parte, la designación del permanente rentado y dedica-
do full-time al Movimiento tuvo, como sostiene Murtagh (2013),
dos efectos. Por un lado, problematizó la idea de que la labor con los
pobres era una obligación cristiana que debía ser hecha por caridad
y sin esperar retribuciones. Por otro lado, permitió la continuidad
y dedicación exclusiva a la “labor de promoción” en el medio rural,
con lo que se inició el tránsito del voluntariado al profesionalismo.
Con la creación del Secretariado y la consecuente designación
de Ricardo Nadalich como extensionista, el Movimiento Rural ini-
ció sus actividades en Formosa. En este sentido, en un documento
que da cuenta de las actividades realizadas durante el mes de agosto
de 1964, Nadalich informó que se concretó la adquisición de un au-
tomóvil, se dio difusión –radial y escrita– a las actividades del Mo-
vimiento y se desarrollaron reuniones con párrocos y maestros del
interior así como con “líderes campesinos de distintas colonias”.196
De acuerdo con lo referido por Nadalich en el documento ci-
tado, podemos agregar que a fines de julio aparecía la primera nota
periodística referida a los fines y acciones del Movimiento Rural en
el diario provincial La Mañana. En dicha nota se planteaba que los
objetivos eran “la elevación integral del campesino en el aspecto hu-
mano y religioso”, “la formación de grupos a través de los cuales se
canaliza todo el esfuerzo para lograr ‘un campo mejor, más humano
y más cristiano’”.197 Además, se añadía que “los grupos rurales son
de carácter familiar por estar integrados por hombres y mujeres de
toda edad y condiciones (colonos, peones, comerciantes, maestros
rurales, etc.)”.198

197 La Mañana, 27/7/1964.
198 Ídem.
Tiempos de cambios
La inserción y desarrollo del MRAC en la diócesis de Formosa

coincidió con un conjunto de transformaciones que operaron en el
plano eclesial a nivel mundial como así también dentro del propio
Movimiento Rural. Tanto es así que, a mediados de la década del
sesenta, finalizó el Concilio Vaticano II (1962-1965), uno de los
acontecimientos históricos más importantes de la Iglesia católica en
el siglo XX. Los documentos emanados del cónclave plantearon el
aggiornamiento en los postulados teológicos, litúrgicos y pastorales.
Los documentos conciliares exhortaron a los “cristianos” a in-
tervenir en lo mundano, avalados en los principios evangélicos de
justicia y amor al prójimo. Esta demanda de participación en lo
terrenal se articuló con el enérgico llamado en defensa de los opri-
midos. De este modo, se presentó como imperativo esencial trans-
formar la sociedad al superar las condiciones de pobreza, opresión
y violencia.199
Como señalan diferentes autores –entre ellos Löwy (1999) y
Di Stefano y Zanatta (2009)– el Concilio legitimó y sistematizó
las prácticas y discursos de corrientes eclesiales internas que, con
anterioridad, venían pregonando una mayor apertura y renovación
en la institución. En consecuencia, la nueva orientación sentó las
bases de una nueva época en la historia de la Iglesia y profundizó
conflictos existentes.
Ninguna de las transformaciones por las que atravesó el Mo-
vimiento pueden entenderse y explicarse sin tener como referen-
cia el período histórico signado por la realización del Concilio, el
que configuró una nueva identidad eclesial. En efecto, el cónclave
asumió y legitimó el empleo del método de “revisión de vida” que
había sido creado por el sacerdote Joseph Cardijn en la década del
veinte y adoptado por los movimientos especializados de la Acción
199 El documento más importante en esta dirección fue la Constitución Pastoral Gaudium
et Spes (Gozo y Esperanza) promulgada el 7 de diciembre de 1965, un día antes del cierre del
Concilio. Su tardía aprobación y el haber recibido 75 votos en contra dan cuenta del carácter
polémico de su contenido. La idea central de la Constitución es la misión de la Iglesia en el
mundo y, según Soneira (2008a), se erigió como el documento más importante en la tradi-
ción social de la Iglesia.
Católica y sectores renovadores del catolicismo después de la segun-

da posguerra.
En convergencia con ello, en 1965, el MRAC incorporó a sus
actividades el método de revisión de vida; un método cuyo mayor
mérito ha sido, sin dudas, el “anclaje en la realidad y el llamado a la
acción”. Si bien inicialmente se trata de compromisos “pequeños”
que se relacionan directamente con la realidad circundante, progre-
sivamente se van vislumbrando problemas estructurales que invitan
al militante a un compromiso mayor o de otra índole.
Un año después, en 1966, dicho método se complementó con
el “tema del año” y la sistematización del uso de la “encuesta”. El
“tema del año” consistía en la elección de uno o dos temas para ser
analizados durante el año. El tema “Trabajo y Comunidad” ocu-
pó el eje de discusión y análisis en 1966. Esta innovación estuvo
acompañada de la encuesta, que tenía “por finalidad ayudar a VER
la realidad”.200
La aplicación de los métodos de las ciencias sociales por el
MRAC no fue un hecho aislado, sino que fue producto de su re-
lación con los intelectuales católicos que abrazaron el humanismo
cristiano (Zanca, 2006). En el caso estudiado, jugó un rol central el
jesuita Alberto Sily, incluido dentro de este grupo de intelectuales,
que se desempeñó como asesor del MRAC.
Sily se ordenó sacerdote jesuita en 1953, a los treinta y dos
años. Dentro de la Compañía de Jesús recibió su primera formación
académica, que continuó en Europa. Entre 1955 y 1957 realizó
la Licenciatura en Ciencias Sociales en Roma. Posteriormente, se
trasladó a París, donde realizó los cursos del doctorado en la misma
disciplina. En 1959 defendió su tesis (parte de ella integra el libro:
La organización sindical. Sus fines ante la ética y el derecho interna-
cional [1962]).
A su regreso a la Argentina, en los primeros años de la década
del sesenta, Alberto fue designado director del Centro de Investi-
gación y Acción Social (CIAS) de los jesuitas. En este contexto, el
CIAS aglutinó a un importante sector de la intelectualidad cató-
200 Siguiendo la huella, n° 83, 2/1966, p. 13, resaltado en el original.

lica muy sensible a los cambios que se estaban produciendo fuera

y dentro de la Iglesia, y su revista, del mismo nombre, fue un im-
portante órgano de difusión de estas transformaciones. Además, en
estos años, Alberto cumplió funciones docentes en la Universidad
Católica Argentina, en la Universidad del Salvador y en la Facultad
de Filosofía y Teología del Colegio Máximo. También, fue asesor
de diferentes entidades gremiales y religiosas. Entre ellas, podemos
referir al Sindicato de Luz y Fuerza y a la JOC.201
El desarrollo del MRAC y su relación con otras entidades
En el contexto que hemos descripto, el MRAC inició sus labo-

res en Formosa, después de aproximadamente un lustro de inten-
tos infructuosos. No se puede entender el posterior desarrollo de la
rama especializada de la ACA en Formosa sin atender al conjunto
de entidades que venían desarrollando actividades en el ámbito ru-
ral y las nuevas iniciativas que se pondrán en marcha.
En este sentido, desde la institución eclesial, como ya vimos,
en 1966, Benito López fue consagrado como el primer sacerdote
diocesano y, posteriormente, se lo designó “asesor eclesiástico” del
Movimiento en Formosa. También, en este año, llegó a Formosa el
sacerdote francés Santiago Renevot, quien pasó a formar parte del
clero diocesano como cura párroco de El Colorado, donde se de-
sempeñó como asesor del Movimiento. La designación de los ecle-
siásticos brindó mayor legitimidad y visibilidad a las iniciativas de
MRAC, por lo menos en sus zonas de influencia.
En el mismo año, 1966, Ricardo Nadalich, que fue el primer
“permanente” de la diócesis, pasó a formar parte del Equipo Nacio-
nal del Movimiento y su lugar en Formosa fue ocupado por Oscar
Ortiz. La designación de Ortiz, oriundo de la provincia, fue posible
en la medida que el MRAC, desde su inserción en la diócesis, se
abocó principalmente a la tarea de instruir y formar cuadros que
201 Como veremos más adelante, Sily, en 1968, participó en la II Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano en Medellín como relator en la comisión de Justicia (Sily,
19/10/2013, entrevista con el autor).
asumieran la responsabilidad organizativa y de difusión del Movi-

miento.202
Por otro lado, también en 1966, hizo su arribo a la diócesis la
congregación Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Desde
su advenimiento, la labor de las religiosas estuvo dirigida exclusi-
vamente a las mujeres pertenecientes al medio rural, y su objetivo
era la educación, capacitación y formación de líderes y asistentes
sociales, como ya referimos en el capítulo anterior.
También, como ya adelantamos, el COFAS, que pertenecía a
las Hermanas Cruzadas, fue el lugar de reuniones y jornadas orga-
nizadas por el MRAC. Una de las actividades que se llevó a cabo en
el COFAS fue el “Curso de Despertar”, que se realizó entre el 5 y el
15 de enero de 1967, al que concurrieron veinticinco participantes
procedentes de diferentes localidades del interior formoseño.203
El mismo lugar fue escenario, a fines de enero de ese año, del
“Curso Regional de Capacitación para Maestros Rurales”204 orga-
nizado por el Movimiento Rural. El curso reunió durante diez días
a más de treinta maestros de las diferentes provincias de la región.
Entre los organizadores se encontraban Oscar Ortiz y el sacerdote
Benito López. En dicha ocasión, se trataron diferentes temas, como
planes de estudios, psicología del campesinado, formación humana,
sindicalización docente y movimiento rural.205
202 Desde mediados de 1964 se realizaron múltiples cursos de formación de líderes rurales
a nivel provincial, regional y nacional con presencia de formoseños. En Formosa, el primer
curso de formación que tenemos documentado se realizó en Laguna Blanca, durante octubre
de 1964 y tuvo una duración de diez días (La Mañana, 7/10/1964). En lo que respecta al
espacio regional, en el mes de diciembre de 1964 el Obispado de Formosa informó e invitó
a participar en un curso de capacitación para maestros rurales que se realizaría en Goya, Co-
rrientes, durante el mes de enero (ibidem, 14/12/1964). Por último, a nivel nacional, el Obis-
pado comunicó la realización del tercer curso de capacitación rural a realizarse en el Instituto
San Pablo, ubicado en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires (ibidem, 25/3/1965).
Posteriormente, se dio a conocer el programa correspondiente al curso y se indicó que estaba
dirigido a hombres y tendría una duración aproximada de tres meses (ibidem, 31/3/1965).
Según el Libro de Actas del PUCAM, en el tercer curso del Instituto San Pablo contó con la
participación de cuatro jóvenes pertenecientes a la diócesis de Formosa.
204 La Mañana, 28/1/1967, p. 5.
205 Ídem.
Si bien el COFAS era el lugar por antonomasia de este tipo

de actividades, en las comunidades del interior también se repli-
caron experiencias semejantes. Al respecto, Oscar Ortiz (1972) se-
ñaló que las Hermanas Cruzadas, en coordinación con el INTA y
el Movimiento Rural, emprendieron la realización de cursos en las
“comunidades más abandonadas”. Como también sucedía con el
MRAC, la filiación católica de las religiosas les permitió disponer
de reconocimiento, prestigio, logística e infraestructura para realizar
sus actividades.
Entre las temáticas abordadas en las clases se encontraban
aquellas que reforzaban los estereotipos de género al ligar la labor
de la mujer al ámbito doméstico y el cuidado, como “puericultura”,
“cocina”, “peluquería”, “saneamiento ambiental”, entre otras.206 Sin
embargo, se trataba, por cierto, de espacios de sociabilidad donde
también se trataban tópicos como “valoración del trabajo de la mu-
jer” y “el papel de la mujer campesina en la sociedad de hoy”.207
Monseñor Scozzina, en referencia al rol de las religiosas en la
diócesis durante la década del sesenta, manifestó:
En el caso de Formosa, sobre todo las religiosas Misioneras Cru-
zadas de la Iglesia hicieron una labor muy interesante en cuanto
apoyar al Movimiento Rural, porque justamente se dedicaron
a buscar las chicas de esas comunidades rurales pobres, campe-
sinas para formarlas. Lo cual dio en su momento un resultado
muy positivo.208
Por otro lado, a mediados de 1967 se presentó una importante
innovación en términos de difusión y comunicación cuando se dio
inicio a las audiciones radiales del Movimiento Rural con un pro-
grama denominado Siguiendo la Huella, igual que la publicación
de dicha entidad. En referencia a este programa radial, en una carta
fechada en julio de 1967, se informó que “desde el […] domingo 16
de julio saldrá al aire una audición, dirigida al hombre de campo en
especial para los amigos, simpatizantes y militantes del Movimiento
206 “Informe actividades”, diócesis de Formosa, 1968, p. 3.

207 Ídem.
208 Scozzina, entrevista, 6/2011.
Rural”. En otra carta, con fecha 26 de agosto de 1967, se puso en

conocimiento que el “equipo diocesano, emite semanalmente tres
audiciones radiales, martes, jueves y domingo”.209
Las primeras audiciones del programa Siguiendo la Huella fue-
ron emitidas desde Z.P. 13 Radio Boquerón, ubicada en Alberdi,
Departamento de Ñeembucú, Paraguay. Como conjetura podemos
exponer que esto respondió, por un lado, a que las ondas de esta
emisora tenían mayor alcance que las radicadas en Formosa y, por
otro lado, que se buscaba dar atención espiritual tanto a los habitan-
tes de la provincia como a los del país vecino.
La audición radial del Movimiento se convirtió en una extraor-
dinaria herramienta de información y logró superar la distancia, la
dispersión y el aislamiento. Lo extraordinario de esta herramienta
resalta cuando se considera que la prensa escrita contaba con el limi-
tante del alto índice de analfabetismo de la población rural y que la
televisión todavía no había llegado a la provincia. Así se comprende
que, con el paso del tiempo, se haya convertido en un medio de
formación, concientización y organización del sector campesino.210
Al conjunto de experiencias referidas es necesario agregar la
persistencia de la labor del INTA. Dicha institución era la de mayor
reconocimiento y presencia en el medio rural formoseño por lo me-
nos hasta los últimos años de la década del sesenta. Tanto es así, que
hasta mediados de 1967, según Santiago Bilbao (1968), el INTA
209 Contamos con algunos modelos de las audiciones radiales que se titulan: “Realidad
de la Argentina”; “Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales Ley 17.253”; “Jubilación”;
“Amistad”; “Con qué realidad se enfrenta el Movimiento Rural”; “El MIJARC, Movimiento
Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica”; dos audiciones de la “Populorum
Progressio”; y la audición “Navideña del año 1969”.
210 Si bien la utilización de la radio era una novedad dentro del MRAC, recordemos que
con antelación el INTA poseía un programa de asesoramiento técnico. Además, la experien-
cia de la Radio Educativa Sutatenza en Colombia, desde 1947, tuvo resultados positivos y
una amplia aceptación dentro de la institución eclesiástica a nivel continental. En este senti-
do, en la I reunión plenaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), que se realizó
en Río de Janeiro, en 1955, se consideró oportuno “el empleo de la radio para fines religiosos
y educativos, como la experiencia ya viene demostrando”. Otro antecedente importante es el
programa de radio-escuela Surco y Semilla, que se venía produciendo en Chile desde 1958.
contaba en el territorio provincial con diez Clubes 4-A mientras el

Movimiento Rural solo exhibía un Grupo Rural.211
Entre 1966 y 1968 el MRAC creó cinco Grupos Rurales. To-
dos ellos se hallaban situados en zonas donde el INTA venía des-
plegando sus actividades con anterioridad. Esta característica nos
permite sostener que el INTA, tanto por sus actividades pretéritas
como por su colaboración, cumplió un rol central en el desarrollo
de la rama rural de la ACA en Formosa.
Fue frecuente la asistencia de técnicos y extensionistas del
INTA al MRAC, como así también la doble inscripción institucio-
nal de los habitantes del medio rural. A modo de ejemplo, Susana
Barberena, quien en 1964 se integró al Equipo Central del Secre-
tariado del Nordeste, había realizado sus primeras experiencias de
“extensionismo rural” en el INTA. Así también, Isabel Arguello,
militante de reconocida trayectoria en el Movimiento Rural como
en la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, había formado par-
te, durante la segunda mitad de la década del sesenta de un Club
4-A del INTA.212
Los vínculos de tipo estructural se manifestaron, por ejemplo,
en el ya referido convenio de colaboración que ambas entidades
celebraron a fines de 1963. En el caso de Formosa, en marzo de
1968, el diario provincial La Mañana informó sobre la creación de
un “Nuevo Grupo Rural” en la Colonia Villafañe. Según el matu-
tino, “campesinos, jóvenes y adultos de ambos sexos” conformaron
un grupo rural denominado “Juventud en Marcha”, para trabajar
“por la promoción y desarrollo de su comunidad”.213 La nota conti-
nuaba señalando que el citado grupo fue el “resultado de un trabajo
coordinado entre la Agencia de Extensión del INTA y el equipo
diocesano del Movimiento Rural”.214
De este modo, hasta 1968, el Movimiento Rural en Formosa
contaba con cinco Grupos Rurales –ubicados en las colonias La Pri-
211 En un documento del MRAC se presentó la “nómina de Grupos Rurales en marcha
y formación en enero de 1966” y según ella, la diócesis de Formosa no contaba con ningún
“Grupo”.
212 Arguello, 10/2/2013, conversaciones con el autor.
213 La Mañana, 19/3/1968, p. 4.
214 Ídem.
mavera, Sudamericana, Naic Neck, Km 142 Navegación río Ber-

mejo y Km 128 Navegación río Bermejo– y había organizado tres
cursillos para campesinos, uno para maestros y uno para dirigentes
campesinos (ver anexo, mapa 5). Además, otorgó ochenta y dos
becas a campesinos para asistir a cursos realizados en la capital de la
provincia como en otros puntos de la región. Sin embargo, como
lo venimos exponiendo, el desarrollo de la rama rural de la ACA en
Formosa no fue un hecho autónomo, sino que obedeció al esfuerzo
de diferentes entidades, tanto religiosas como estatales.
Tensiones en el MRAC
Desde su creación, en 1958, el MRAC se caracterizó por pre-

gonar la armonía y el trabajo asociado de los sectores “campesinos”,
“maestros rurales” y “empresarios rurales” a favor de la evangeli-
zación y el mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas
rurales. El asistencialismo y la educación fueron pensados como los
mecanismos principales para alcanzar estos objetivos. En efecto,
durante los primeros años no existió un cuestionamiento abierto
de las causas de la pobreza ni tampoco una crítica sistemática al
orden establecido. Ello fue mutando a lo largo del proceso de con-
cientización y al compás de la acumulación de experiencias de los
militantes. Allí nacieron los conflictos entre las diferentes fracciones
internas y la jerarquía eclesial. Estos conflictos tomaron un tinte de
abierto enfrentamiento con la emergencia de las Ligas y concluyó
con la expulsión del Movimiento Rural del seno de la ACA.
La primera disidencia se presentó entre monseñor Iriarte215 y el
Equipo Nacional del Movimiento por las características que debía
tomar el Secretariado del Nordeste. Según la opinión del prelado, el
Secretariado tenía que ser “un organismo puramente técnico”.216 En
este sentido, el esquema del Movimiento Rural debería continuar
funcionando de la misma manera que hasta el momento lo había
215 Monseñor Iriarte tenía a su cargo la diócesis de Reconquista, jurisdicción de la región

del Nordeste donde el MR –por entonces– exhibía su mayor desarrollo.
216 Monseñor Iriarte, “Secretariados Regionales: mi opinión al respecto”, 21/8/1963.
hecho, y respetando el reglamento.217 La discrepancia no solo giró

en torno a la opinión de un miembro de la jerarquía eclesial, sino
que también obedeció a una cuestión formal. El Estatuto, que se
aprobó en abril de 1963, dispuso que el Movimiento se organice en
los planos nacional, diocesano y parroquial, y no hacía alusión a la
conformación de un órgano de carácter regional.
Pese a sus reservas y a tener la normativa como justificación,
el obispo Iriarte concluía el documento afirmando que estaba dis-
puesto a seguir dialogando e incluso a “llegar a cualquier acuerdo
con el Equipo Nacional”.218 En la actitud de Iriarte podemos ob-
servar disidencia y negociaciones entre religiosos y laicos, incluso la
posibilidad de que un integrante de la jerarquía eclesial ceda en sus
pretensiones frente a los posicionamientos de los dirigentes laicos.
Además, en las palabras de Iriarte hay un reconocimiento al grupo
de laicos que jugaron un papel clave en la formación y desarrollo del
Movimiento Rural.
Llegado el momento, el Secretariado superó ampliamente la
función que el obispo Iriarte pretendió asignarle. De este modo,
dicha discrepancia y su desenlace nos permiten matizar la concep-
ción de la ACA, como de organizaciones semejantes, “integrados
y sometidos a la jerarquía eclesial”, en las que el laico solamente
obedece.219 En este sentido, como afirma Bianchi, la verticalidad
que partía del papado, debía continuar en los obispados y terminar
en las parroquias “es muchas veces una aspiración más que una rea-
lidad” (2002: 143).
En 1965, año en el que concluyó el Concilio, el MRAC cele-
bró su tercer Encuentro Nacional en Cosquín, en febrero. En esta
oportunidad se comenzó a proponer y a debatir la necesidad de
que los integrantes del sector campesino, que venían formándose,
asumieran mayor protagonismo en la conducción del Movimiento.
217 Ídem.
218 Ídem.
219 Estudios recientes, como los contenidos en Lida y Mauro (2009), han complejizado la
relación entre la jerarquía eclesial y las organizaciones de la Acción Católica; esto permitió ver
los matices y la heterogeneidad dentro del campo católico.
Se trataba de un pedido de recambio emprendido por los sectores

renovadores en el interior de la entidad.
Un año después, en febrero de 1966, se realizó el IV Encuen-
tro Nacional en Villa María, Córdoba. Acá se volvió a insistir en la
necesidad de que los cuadros y dirigentes del Movimiento fueran de
origen campesino o maestros rurales. La propuesta tenía asidero en
la pregonada idea de que los dirigentes tenían que ser del ambiente
rural y en razón del considerable número de campesinos y maestros
rurales que habían adquirido un alto grado de capacitación y lide-
razgo. De este modo, se comenzó a delinear el recambio de clase
dentro del MRAC.
Finalmente, en el V Encuentro Nacional del MRAC que tuvo
lugar en Salta, en febrero de 1967, se materializaron las aspiraciones
de un sector del Movimiento: que los campesinos y maestros rura-
les formasen parte de los órganos de decisión. Esto se logró por la
designación de un nuevo Equipo Nacional compuesto, en su gran
mayoría, por personas pertenecientes a ambos sectores. Al respecto,
Norma Morello sostiene que el “Movimiento Rural había cumplido
una etapa” en la que la dirección estuvo en “manos del sector em-
presario y de la estructura central de la Acción Católica” (1993: 46).
Con el nombramiento del nuevo Equipo Nacional, Morello afir-
ma que “comenzaba una nueva etapa” signada por la pretensión
de “llegar a ser un movimiento nacional de campesinos conducido
por campesinos”.220 No obstante, ello resultaba incompatible, o por
lo menos problemático, con otras voluntades existentes dentro del
MRAC.
En este contexto, estalló el conflicto entre el MRAC y el
PUCAM. En los primeros años de actividad, el sector empresario,
sobre todo a través del PUCAM, había logrado mantener cierto
control de los cursos de formación, especialmente en los Institutos
de Capacitación Santa María y San Pablo. Tanto por sus posturas
paternalistas como por su condición de proveedor financiero, se le
220 Como consecuencia del proceso de recambio, Chela Llorens, Tudy Noceti y Michael
Guilbard dejaron la conducción del Equipo Nacional, aunque continuaron como colabora-
dores.
atribuyó al sector empresario una posición de privilegio en el Mo-

vimiento.221
En 1967, una cuestión puntual, un curso para mujeres en el
Instituto San Pablo,222 fue el detonante de conflictos cada vez más
agudos. Una pugna por el control de la formación de nuevos cua-
dros dejó en evidencia las diferencias que subyacían entre, por lo
menos, dos lógicas diferentes: la de los empresarios rurales y la de
los campesinos y maestros.
Se trataba, en definitiva, de definir de quién era la responsa-
bilidad última de la conducción de los cursos, si de PUCAM o si
del Equipo Nacional del Movimiento, algo que no estaba claro a
nivel reglamentario, pero que no había sido problematizado hasta
el recambio en el órgano de gobierno del Movimiento que señala-
mos previamente. Unos y otros se sentían responsables y tomaron
decisiones que la contraparte podía –y así lo hicieron– considerar
de jurisdicción particular (Moyano Walker, 1991; Murtagh, 2013).
Para intentar lograr un entendimiento entre ambas entidades,
se recurrió a una Comisión Mediadora, integrada por el sacerdote
Rafael Tello y el presidente de la Acción Católica Argentina, Fran-
cisco Guido, pero las tratativas fueron infructuosas. Así, de manera
unilateral, el 20 de noviembre de 1967, el PUCAM decidió cerrar
el Instituto San Pablo y suspendió el envío de fondos al MRAC. Al
mismo tiempo, elaboró un documento en el que se exponían los
puntos básicos para concretar un acuerdo con el Movimiento; los
requerimientos eran sumamente exigentes.223 La rígida e intransi-
gente postura del PUCAM alejaba la posibilidad de una resolución
consensuada del conflicto.
Con poco margen para proseguir con las negociaciones, en
abril de 1968, el Equipo Nacional del MRAC “resolvió por decisión
unánime la ruptura de relaciones con el PUCAM”.224 Mediante una
221 Como vimos anteriormente, una de las primeras intervenciones en el medio rural, a
mediados de la década del cuarenta, se centró únicamente en los “patronos o industriales”,
los que debían dar el “buen ejemplo cristiano”.
222 La programación del curso para mujeres en el Instituto San Pablo se debió al cierre del
instituto Santa María en 1965.
223 Libro de Actas N° 2, PUCAM, Acta N° 65, 20/11/1967.
224 Acta MRAC, 3/4/1968.
carta, se informó al PUCAM y a las diócesis la resolución tomada.

En esta carta resaltan las posiciones ya inconciliables de las dos enti-
dades, una representada en su conducción por empresarios y la otra
por campesinos, y la distinta interpretación que ambas hacían de las
funciones y objetivos del PUCAM.
En octubre de 1968, la situación originada en el conflicto con
PUCAM tuvo una solución definitiva, con intervención de la ACA
en la figura de su presidente, cuando el Movimiento Rural asumió
la dirección del PUCAM. En la nueva dirección había integrantes
del sector campesino y maestros rurales. Con la flamante comisión
se reiniciaron los cursos de formación en el Instituto San Pablo.
Como presidente del PUCAM se designó a Ricardo Nadalich,225
una muestra más del recambio que se venía operando dentro del
MRAC.
Un año después, el 31 de octubre de 1969, bajo la nueva direc-
ción, se modificó el Estatuto del PUCAM. En consecuencia, como
dato sobresaliente, se adoptó la “denominación de PUCAM-Mo-
vimiento Rural” y se precisó que el objetivo de PUCAM sería el
de “apoyar las actividades y realizaciones del Movimiento Rural en
todos sus aspectos prestándole ayuda económica, financiera y jurí-
dica”.226
Sin embargo, el conflicto y ruptura entre el MRAC y el
PUCAM dejó secuelas duraderas. Por un lado, en el plano de la es-
tructura organizativa: en diciembre de 1967 fue suprimido el regla-
mento vigente desde 1963. Por otro lado, en el plano de las finan-
zas, se dejó de contar con los aportes de Misereor, hasta entonces el
pilar fundamental del desenvolvimiento económico. Además, este
conflicto fue el preludio de las tensas relaciones entre el MRAC y la
Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que tuvo como desenlace
la disolución de la entidad que formaba parte de la Acción Católica.
225 Libro de Acta N° 2, PUCAM, Acta N° 73, 11/11/1968.

226 Ibidem, Acta N° 95, 31/10/1969.
El 68 católico
Un punto de inflexión para el MRAC en la diócesis de For-

mosa fue 1968. Se dieron una serie de fenómenos históricos que
remitieron a varios planos simultáneamente y generaron un cambio
significativo del escenario en el que operaba la acción del MRAC.
Por un lado, en el ámbito de la Iglesia latinoamericana, se realizó
la Conferencia Episcopal de Medellín, en la que por primera vez
la Iglesia jerárquica se solidarizó y comprometió con la aspiración
de los pueblos a liberarse de todo tipo de opresión. Por otro lado,
ello se inscribió en un tiempo mundial de grandes revueltas sociales
(Mayo francés, Primavera de Praga, los movimientos estudiantiles
en Brasil, la toma de la Universidad de Columbia en Nueva York,
Tlatelolco en México) que encontrarían en el “Cordobazo” su ex-
presión nacional. Finalmente, como vimos, en este momento hubo
una aceleración en el proceso de privatización de tierras fiscales y el
consiguiente despojo del campesinado formoseño.
El 68 católico tuvo como epicentro a la II Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano (Celam) celebrada en la ciudad
colombiana de Medellín, entre el 26 de agosto y el 6 de septiem-
bre de 1968.227 La Conferencia tenía como objetivo fundamental la
aplicación del Concilio a la realidad de América Latina. Esto se re-
flejó en el lema convocante: “La Iglesia en la actual transformación
de América Latina, a la luz del Concilio Vaticano II”.
Las principales fuentes de inspiración de la Conferencia de Me-
dellín fueron las conclusiones conciliares, como la encíclica Populo-
rum progressio (sobre “El desarrollo de los pueblos”) que se publicó
el 26 de marzo de 1967. A través de dicha encíclica, Pablo VI puso
énfasis en la importancia del problema de la pobreza y el subdesa-
rrollo de los países periféricos. A nivel continental y nacional, como
así también dentro del MRAC, la recepción de este documento fue
de vital importancia. En efecto, en el caso particular que nos ocupa,
la carta papal tuvo una inmediata recepción y difusión: en la publi-
227 Cárcel Ortí sostiene que “además del 68 político hubo un 68 católico, del que se habló
menos en aquellos años, pero que incidió profundamente en la vida de la Iglesia. Tomó la
forma del ‘disenso católico’, que se manifestó en diversos lugares” (2009: 614-615).
cación Siguiendo la huella de mayo de 1967 se reprodujo íntegra-

mente y el programa radial del MRAC en Formosa le dedicó dos de
sus audiciones.
Medellín significó, en palabras de Gutiérrez, un cambio de
perspectiva en el que, a diferencia de documentos anteriores, “ya no
se ve la situación a partir de los países centrales y se empieza, más
bien, a adoptar el punto de vista de los pueblos periféricos, a asumir
desde dentro sus angustias y sus aspiraciones” (1984 [1971]: 57).
Así, lo que se planteó como la mera adaptación del Concilio a la rea-
lidad de América Latina, resultó, en buena medida, una reinterpre-
tación del mismo Concilio desde la realidad histórica y la práctica
cristiana del continente.
Desde este punto de vista, Medellín implicó un alto grado de
originalidad teológica y pastoral. En esto mucho tuvo que ver la teo-
ría de la dependencia gestada en la intelectualidad latinoamericana.
Como manifiesta Paganelli (2012), en Medellín se hizo patente el
desplazamiento de los axiomas desarrollistas al planteo dependen-
tista. Ello se vio facilitado porque en ese momento las teorías de la
dependencia pasaban por un tiempo de consolidación y difusión ge-
neralizada en ámbitos gubernamentales, académicos, pero también
eclesiásticos (Beigel, 2006). De esta forma, las premisas sostenidas
por esta teoría se convirtieron en el instrumento “socioanalítico”
empleado en la Celam. Así, se comprende que las conclusiones de la
Conferencia, al describir la situación del continente, abandonaran
el pretendido continuum entre subdesarrollo y desarrollo por la rup-
tura entre “dependencia y liberación”.
En efecto, los obispos reunidos en Medellín mediante los do-
cumentos finales,228 especialmente “Justicia” y “Paz”, denunciaron
la realidad social del continente a la vez que exhortaron a compro-
meterse en su transformación. Según los documentos, la injusticia
padecida en Latinoamérica era consecuencia de las “estructuras in-
justas”, el “neocolonialismo externo” y el “colonialismo interno”,
así como también, producto del proceder de los “monopolios inter-
nacionales” y el “imperialismo internacional del dinero”. Frente a
228 En la Celam se aprobaron dieciséis documentos que se organizaron en dos grandes ejes.
El primero, “Promoción humana” y, el segundo, “La Iglesia visible y sus estructuras”.
este diagnóstico, uno de los documentos de mayor resonancia de la

Celam sostenía que “no tendremos un continente nuevo sin nuevas
y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin
hombres nuevos,229 que a la luz del Evangelio sepan ser verdadera-
mente libres y responsables”.230
El tema más álgido y de mayor controversia fue el de la violen-
cia. La Celam rechazó en términos claros el recurso a la violencia
aunque reconoció, con el famoso punto 31 de la encíclica Populo-
rum progressio, que “la insurrección revolucionaria puede ser legí-
tima en el caso ‘de tiranía evidente y prolongada que atentase gra-
vemente a los derechos fundamentales de la persona y damnificase
peligrosamente el bien común del país’”.231 Pero, seguidamente se
agregaba, “también es cierto que la violencia o ‘revolución armada’
generalmente ‘engendra nuevas injusticias, introduce nuevos des-
equilibrios y provoca nuevas ruinas: no se puede combatir un mal
real al precio de un mal mayor’”.232
En estas definiciones, el clero argentino jugó un relevante pa-
pel. El Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM)
redactó una carta dirigida a los obispos reunidos en Medellín, que
tuvo una amplia difusión tanto en el país como en el continente.233
La misiva tenía por fin solicitar a los prelados:
Que en la consideración del problema de la violencia en América
Latina se evite, por todos los medios, equiparar o confundir la VIO-
LENCIA INJUSTA de los opresores que sostienen este “nefasto
sistema” con la JUSTA VIOLENCIA de los oprimidos, que se
229 Es pertinente señalar que la noción de “hombre nuevo”, en boga por esos años dentro
del catolicismo, encontraba su equivalencia en el pensamiento guevarista y revolucionario.
La idea del hombre nuevo apareció recurrentemente en los escritos de Ernesto Che Guevara.
Uno de los textos más importantes en este sentido fue “El socialismo y el hombre en Cuba”,
una carta que había escrito al director de Marcha, Carlos Quijano, en 1965. En referencia
al MRAC, podemos señalar que en la publicación Siguiendo la huella, correspondiente a
septiembre y octubre de 1969, apareció un artículo que llevaba como título: “Qué hacemos
con vos ‘Che’ Argentina”, en una clara referencia al Che Guevara. En la nota se enaltecía el
compromiso del hombre en la lucha por la liberación.
230 Medellín, “Justicia”, 4, resaltado nuestro.
231 Medellín, “Paz”, 19.
232 Ídem.
233 Según Martín (2010), esta fue la primera acción de envergadura del MSTM.
ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación (Mayol,

Habegger y Armada, 1970: 354, resaltado en el original).
La efervescencia dentro del MRAC
Bajo este clima social y político, al compás de las mutaciones

impuestas por el Concilio y Medellín, la Iglesia católica argentina
fue haciendo cada vez más evidente una nueva sensibilidad social
dirigida, esencialmente, al “compromiso” hacia los “pobres” y los
“oprimidos”. Esta orientación quedó plasmada en la declaración del
Episcopado Argentino denominado “Documento de San Miguel”,
del 26 de abril de 1969, que tenía por fin adaptar las conclusiones de
Medellín a la realidad del país. Pero como planteó Soneira (1989),
los cambios propuestos fueron asimilados con mayor rapidez por los
cuadros intermedios (colectivos sacerdotales y organizaciones laicas)
que por el nivel jerárquico.
En este sentido, según Moyano Walker (1991 y 1992), el
MSTM y el MRAC adoptaron esta orientación mediante la “pasto-
ral popular liberadora”,234 y aunque estos casos fueron emblemáti-
cos, no fueron los únicos. En la rama especializada de la ACA, esto
conllevó una reorientación y resignificación de sus fines y sus prác-
ticas. Si en la primera etapa de su actuación el objetivo era el “desa-
rrollo integral del hombre” por medio de la educación y formación,
en este momento comenzó a tomar forma la idea de comprometerse
en el “cambio de las estructuras injustas” al alentar la organización
de los habitantes del medio rural.
Este no es solo un análisis ex post facto de los acontecimientos,
sino que los protagonistas percibieron y, en algún caso, bregaron de
forma consciente por una reorientación del Movimiento. A princi-
pios de 1969,235 Ricardo Nadalich, que se desempeñaba como jefe
234 Moyano Walker (1991), tomando como referencia el documento de San Miguel, defi-
ne esta pastoral como aquella que parte de la experiencia nacional del pueblo argentino y se
basa en la opción preferencial por los más pobres que luchan por su liberación.
235 Por entonces, el MRAC estrechó relaciones con los sectores renovadores del catolicis-
mo. En este sentido, la revista del Movimiento publicó, bajo el título “Firme compromiso
de los sacerdotes con los oprimidos”, el documento del MSTM “Compromiso de Navidad”.
del Equipo Nacional, sostenía que la Iglesia había asumido “un gran
compromiso para cambiar las estructuras, volcándose en favor de
los desposeídos”.236 Frente a esta nueva realidad y en la búsqueda de
someter a crítica las propias acciones del Movimiento, Nadalich se
preguntaba si las tareas que realizaban, como “el arreglo de caminos,
la catequesis, el aspecto recreativo, técnico, el Tema del Año, etc.
[…] está[n] de acuerdo con la época que nos toca vivir”.237 Con ello,
el jefe del Equipo Nacional ponía de manifiesto una clara inquietud
por dar un sentido más crítico y radical a las intervenciones que el
MRAC realizaba en el ámbito rural.
Un documento del MIJARC describió los cambios operados
por entonces en el MRAC, como el paso de “un Movimiento asis-
tencialista, que preparaba cristianos, tratando que mejoraran indivi-
dualmente, a ser un Movimiento que busca que los cristianos vivan
y se comprometan para mejorar la sociedad comunitariamente”.238
Así, según el informe referido, “el Movimiento asume a nivel nacio-
nal la realidad y la necesidad de organización de los campesinos, que
aún no había sido asumida por nadie”.239
Ahora bien, en el caso formoseño, estos virajes en la forma de
entender la militancia católica se conjugaban con un tiempo en que,
como vimos, la enajenación de tierras fiscales adquiría un ritmo ace-
lerado, lo que agravaba aún más las condiciones de existencia del
campesino. Tan solo en 1968, la entrega de tierras en propiedad a
los grandes y medianos propietarios estuvo cerca de quintuplicarse
en relación con el interregno 1960-1967.
Los juicios que militantes del MRAC pudieran hacer sobre este
fenómeno encontraban fuertes avales del obispo formoseño. Scozzi-
na reclamó enérgicamente a las autoridades por una “justa distri-
bución de […] la tierra”.240 Además, posteriormente, la máxima
autoridad eclesiástica de la diócesis recordaba que, en este período,
Se trató de un documento que generó gran malestar en el gobierno de Onganía (Siguiendo la

huella, año 7, n° 111, 12/1968 y 1/1969).
237 Ídem.
238 MIJARC, 1972.
239 Ídem,
240 La Mañana, 18/7/1968.
Sosa Laprida tuvo una política muy activa de distribución de tierras

que favoreció a los terratenientes; ello habría impulsado al obispo
a asumir una postura de “protesta permanente por el clamor del
campesino, por las tierras” (Sánchez, Chávez y Olmedo, s/f: 23).
Con el respaldo y legitimidad del obispo, desde el Movimiento
Rural se iniciaron diversas acciones para dar visibilidad y denunciar
los desalojos que sufrían los campesinos. Es por eso que el informe
de actividades de la diócesis correspondiente a 1968 sostenía que
“los trabajos efectuados por los grupos, este año, no se han quedado
en charlas, sino algo más concreto: campaña de solidaridad junto a
desalojos de tierras fiscales”.241
La nueva actitud del Movimiento en Formosa, con centro en la
denuncia de las condiciones socioeconómicas y el llamamiento a or-
ganizarse para superarlas, quedó plasmada en un extenso documen-
to producido con motivo del “II Encuentro Diocesano de Pastoral
de Conjunto”,242 realizado en mayo de 1969 en las instalaciones
del COFAS.243 Este documento se publicó en la revista Siguiendo la
huella bajo el título “Medellín visto a través de la realidad formose-
ña”.244 En su contenido se exponían y denunciaban situaciones de
“injusticia” en el plano de la “alimentación”, “desnudez”, “analfa-
betismo”, “salud”, “vivienda”, “desocupación”, “discriminación” y
“éxodo rural”.
Nuevamente, en el análisis de la realidad local recibió un tra-
tamiento especial la “tenencia de la tierra”. Sobre dicho tema, el
artículo era contundente al plantear que “la injusta distribución
241 “Informe actividades”, Diócesis de Formosa, 1968, resaltado nuestro.

242 La “Pastoral de Conjunto” forma parte de la renovación impulsada por el Concilio
Vaticano II y se caracteriza por trascender los ámbitos diocesanos al alentar la constitución de
regiones eclesiásticas en la que las labores de religiosos/as y laicos fuesen coordinadas y pla-
nificadas. El principal promotor de esta pastoral fue el canónigo-sociólogo francés Fernando
Boulard, quien recorrió el mundo promoviéndola. Desde 1964, en diferentes oportunidades,
Boulard desarrolló diferentes jornadas y seminarios en las diócesis del nordeste argentino
(Murtagh, 2013).
243 La Mañana, 8/5/1969.
244 Siguiendo la Huella, año 7, n° 115, 7 y 8/1969. La nota abrevaba fundamentalmente en
los documentos de “Justicia” y “Paz” de Medellín. Es importante recordar que dos religiosos
con estrecha relación con el MRAC participaron en la elaboración de esos documentos: el
obispo de Roque Sáenz Peña Ítalo Di Stefano (integró la comisión que abordó el tópico sobre
“Paz”) y el sacerdote jesuita Alberto Sily (que hizo lo propio en la comisión de “Justicia”).
de la tierra impide un auténtico desarrollo del campesino y es a

causa de esto la existencia del mediero245 que sufre explotación”.
Seguidamente, se añadía: “El 68% de las tierras son fiscales; algunos
impuestos son ‘elevados’ para las posibilidades de muchos campe-
sinos”.246 Al compás de estos documentos, el campesino formoseño
encontraba más argumentos para comprender sus problemas coti-
dianos y, de este modo, encuadrarlos en cuestiones más amplias,
como la de que su carencia de tierra era “la consecuencia lógica de
un sistema que forma al hombre con una mentalidad capitalista”.247
Simultáneamente, en el documento referido se sostenía que
presentar “algunos hechos de injusticia” no tenía un fin sensacio-
nalista ni pesimista, sino que buscaba interpelar acerca de la actitud
que debía tomarse ante esos dramas. Frente al diagnóstico, se propo-
nía la creación del equipo “JUSTICIA Y PAZ integrado por laicos,
sacerdotes y religiosos [que tendría como objetivo] BUSCAR LOS
MEDIOS CONCRETOS PARA LOGRAR LAS SOLUCIONES
ADECUADAS A CADA SITUACIÓN DE INJUSTICIA”.248
Si bien la iniciativa no se concretó, dejó planteada la necesidad
de crear una estructura organizativa capaz de afrontar y superar las
“situaciones injustas”. Además, lo que nos parece más importante
es que había un reconocimiento implícito de que el MRAC, tal
como fue creado y como funcionaba, no podía asumir esta función.
Parecía hacerse cada vez más evidente entre los militantes la necesi-
dad de que se conformase una entidad distinta, que fuera capaz de
llevar adelante las reivindicaciones campesinas con un mayor grado
de autonomía frente a la institución eclesial y los empresarios del
medio rural.
En 1970, a medida que se aceleraba la privatización de tie-
rras fiscales, las actividades del Movimiento Rural se centraron en
245 Se conoce como mediero o aparcero al productor/inquilino que paga una renta (en
especies y/o servicios) por la utilización de la tierra al propietario. Esta relación se caracteriza
por la asimetría en favor del arrendador que, casi siempre, impone condiciones leoninas al
productor. También se conoce como mediero al agricultor que divide la mitad de la cosecha
con el dueño de la tierra.
246 Siguiendo la Huella, año 7, n° 115, 7 y 8/1969.
247 Ídem.
248 Ídem, resaltado en el original.
dos objetivos. Por un lado, consolidar y expandir la presencia de la

organización y, por otro lado, denunciar y brindar algún tipo de
asistencia a las familias campesinas que sufrían los desalojos. Estos
fines fueron afrontados de forma conjunta.
En este sentido, se intensificaron los encuentros, cursos y jor-
nadas para maestros rurales y campesinos en los que la cuestión de
la tierra fue un tema recurrente.249 También, para febrero de 1970,
el MRAC en Formosa había ampliado su estructura organizativa
a doce Grupos Rurales, cada uno en diferente grado de desarro-
llo (COEPAL, 1970).250 Según Isabel Arguello, el Grupo Rural de
Sudamericana contaba con treinta y cinco miembros, en su mayo-
ría jóvenes de ambos sexos, sin olvidar que el Movimiento tenía
un carácter familiar. Además, hasta diciembre de 1970, se dictaron
catorce cursillos para líderes del medio rural con un total de 420
participantes.251
Al mismo tiempo, se produjo una importante innovación
en la modalidad de trabajo del MRAC con la adopción del “mé-
todo Paulo Freire”,252 que se sumó al uso de la revisión de vida
(COEPAL, 1970). Se trata de una pedagogía en la que el proble-
ma de la “concientización” ocupa un lugar central. Ello remite a
249 En abril de 1970, “por primera vez los líderes rurales coinciden en un encuentro” en la
ciudad de Formosa, que reunió a “unos veinticinco líderes rurales provenientes de 16 comu-
nidades (…) para revisar, juzgar y planificar sus acciones” (La Mañana, 24/4/1970). En mayo
se realizó en el interior de la provincia, Estanislao del Campo, un “curso de base” destinado
a jóvenes campesinos “destacándose la presencia de 8 aborígenes” (ibidem, 6/5/1970). Por su
parte, para los primeros días de julio, se programó la “Primera Jornada para Capacitación de
Delegados Zonales” (ibidem, 26/6/1970). Mientras, en agosto, se crearon dos equipos ejecu-
tivos del Movimiento en El Colorado y Laguna Blanca “a fin de dotar de autonomía propia
a los grupos rurales del interior” (ibidem, 11/8/1970). Además, en diciembre, el COFAS fue
el escenario de un “Curso Para Maestras Rurales” (ibidem, 24/12/1970).
250 A los cinco grupos ya referidos, se le sumaron los de La Esperanza, Cattaneo Cué, El
Recodo, Campo Hardy, Villa Dos Trece, Siete Palmas y El Gato.
251 La Mañana, 24/12/1970, p. 19.
252 En abril de 1969, en un seminario realizado en Uruguay, el MIJARC resolvió imple-
mentar el método de Freire en sus actividades. En estas circunstancias, se editó un material
didáctico con contenido freireano: Sant’anna, Silvio (1969), Una experiencia de concientiza-
ción: con MIJARC en el Cono Sur. Además, el sacerdote Braulio Maciel, importante animador
de las Ligas Agrarias Cristianas del Paraguay, recordó que entró en contacto con las ideas
del pedagogo brasileño en un curso de la Juventud Agraria Católica (JAC) que se dictó en
Uruguay (Fernández, 2006).
trascender la esfera espontánea de la aprehensión de la realidad, re-

nunciar a las concepciones fatalistas y abandonar toda actitud pa-
siva frente al mundo. Además, desde esta concepción, la educación
es asumida como una práctica de liberación (Freire, 2006 [1970]).
Así, este fue otro elemento que ayudó a los campesinos a compartir
sus experiencias, a articular sus reivindicaciones y a organizarse.
Otra importante novedad, en este período, fue la creación y
puesta en marcha del Instituto de Cultura Popular (Incupo). Desde
sus inicios, el Instituto se definió como una “Asociación Civil sin
fines de lucro, que trabaja en estrecha colaboración con los orga-
nismos del Estado y con entidades privadas de educación y pro-
moción social, inspirada en los principios de la Iglesia católica”.253
Tenía como principal objetivo la educación integral, especialmente
del campesinado adulto de ambos sexos –posteriormente también
se orientó a los aborígenes– mediante las Escuelas Radiofónicas.254
En Formosa, según da cuenta Oscar Ortiz (1972), miembro
del MRAC y organizador de Incupo en la provincia,255 el Instituto
inició sus labores con treinta y cuatro centros radiofónicos, cada
uno con diez alumnos en promedio y reuniones diarias, de lunes
a viernes, de una hora.256 Las Escuelas Radiofónicas de Incupo re-
presentaron una experiencia sui generis en el país. Como sostiene
Ferrara, el funcionamiento de los Centros Radiofónicos y el trabajo
del Movimiento Rural tuvo como resultado “la constitución de los
Consejos Campesinos[,] germen de las Futuras Ligas” (1973: 231).
253 Incupo, s/f.

254 El 21 de septiembre de 1970 por LRA 8 Radio Nacional Formosa y por Radio Uni-
versidad de Santa Fe salió la primera audición del programa Juntos Podemos, de Incupo. Este
modelo se inspiró en la radio educativa creada por el sacerdote José Salcedo Guarín, en 1947,
en Sutatenza, valle de Tenza, en Colombia. Radio Sutatenza brindó a Incupo asesoramiento
técnico en relación con la metodología pedagógica y el esquema organizativo.
255 En 1972 Ortiz se trasladó a Reconquista para pasar a ocupar un lugar en el Centro de
Capacitación de Líderes (CECAL) que el Instituto tenía en esa ciudad.
256 Las clases se dictaban a través de la radio y eran orientadas por un “monitor”, esto es,
una persona alfabetizada, que realizaba algún curso de capacitación y provenía de la misma
comunidad y condición social.
La formación del movimiento campesino y la disolución del

MRAC
A comienzos de la década del setenta se intensificaron dos pro-

cesos que atravesaban al MRAC y que ya se habían comenzado a
delinear en 1968. Por un lado, las ya señaladas diferencias con la je-
rarquía eclesial. Por otro, la conformación de organizaciones rurales
autónomas. Ambos procesos no pueden entenderse de forma aislada
ya que representan un binomio indisoluble.
En este sentido, en 1968, los integrantes del Equipo Nacional
del MRAC, antes de tomar la decisión de terminar definitivamente
la relación con el PUCAM, hicieron el ejercicio de analizar y com-
parar cuáles eran los aspectos positivos y negativos de las opciones de
“ruptura” y “no ruptura” entre ambas entidades. Según sus reflexio-
nes, la continuidad de las relaciones tenía como aspecto positivo,
entre otras cosas, “mantener el estand en la Sociedad Rural” y como
negativo, también entre otras cosas, los “previsibles obstáculos del
apoyo de la jerarquía y de la aprobación del Estatuto”.257 Sin dudas,
el de mayor gravedad era no conseguir la aprobación del Estatuto,
lo que dejaba al Movimiento acéfalo. Con el paso del tiempo, las
consecuencias imaginadas se convertirían en una realidad.
Primero tuvo lugar la suspensión del estand en la Sociedad Ru-
ral. El Movimiento, por lo menos desde 1962, había mantenido
de manera constante un estand en el predio de exposiciones de la
Sociedad Rural Argentina, sito en la zona de Palermo, Capital Fe-
deral.258 El local se dedicaba a la venta de comidas y bebidas durante
las exhibiciones. En 1966, su recaudación representó el principal
aporte monetario a nivel nacional para el MRAC.259 Sin embar-
go, como se previó una vez concluido el conflicto con el PUCAM,
fueron varios los entorpecimientos que sufrió el Movimiento para
mantener el puesto. Finalmente, en 1970, las autoridades de la So-
257 Acta MRAC, 3/4/1968.

258 Siguiendo la huella, n° 45, 7/1962.
259 En el balance del MRAC de 1966, se informaba que los ingresos eran: socios del PU-
CAM 40.000 pesos; el estand de la Sociedad Rural, 100.000 pesos; cobranza por suscrip-
ciones del Boletín del Maestro y Siguiendo la huella, 15.000 pesos (Siguiendo la huella, año 6,
n° 89, 6/1966).
ciedad Rural solicitaron la liberación del espacio ocupado por el

estand, según Tudy Noceti, “para colocar fardos de pasto”.260
La otra situación pronosticada fue la dificultad a la hora de
conseguir la sanción de un nuevo Estatuto, si se considera que aquel
que había regido la vida institucional del Movimiento desde l963
fue suspendido por la Junta Central de la ACA a fines de l967. En
función de esto, los militantes del Movimiento Rural pretendían
que se aprobara un nuevo Estatuto, más afín a la nueva correlación
de fuerzas. La muestra más contundente de esta nueva realidad era
la supresión del sector empresario en diferentes proyectos prepara-
dos.
El nuevo Estatuto se comenzó a diagramar en la VI Asamblea
Nacional, que tuvo lugar en Mendoza durante febrero de 1968. En
la elaboración participaron el Equipo Nacional del Movimiento y
la Junta Central de la ACA.261 No obstante, quedaba aún pendiente
la aprobación por parte de la CEA. Sin embargo, como se previó,
la jerarquía presentó obstáculos a la aprobación del Estatuto con lo
que dejó al MRAC en un limbo jurídico.
Esto se daba en un particular clima social y político marca-
do por el incremento del accionar represivo por parte del aparato
coercitivo del Estado, y la organización y movilización de diferentes
grupos sociales. El MRAC no estuvo al margen de estos procesos;
es más, en algunos casos, estuvo en el centro de la escena. Esto des-
pertó el temor y la desconfianza de la mayoría de los miembros del
episcopado argentino sobre el proceder del Movimiento.
Uno de los primeros casos de represión que sufrió el MRAC
se produjo en diciembre de 1969. El Secretariado General del
MIJARC había organizado un Seminario Mundial de Formación
en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. En esta ocasión,
el 15 de diciembre, la policía irrumpió violentamente en el edificio
260 En el siguiente video, producido en 1966, como un dato curioso, puede verse el es-
tand al que hemos referido: https://www.youtube.com/watch?v=uAq6NvdsqEg (consultado
el 2/8/2015).
261 Siguiendo la huella, n° 103, 4/1968.
donde se realizaba el seminario, que contaba con presencia de repre-

sentantes africanos, asiáticos, europeos y latinoamericanos.262
Además de este hecho, que podríamos considerar algo aisla-
do, durante 1970 fueron en constante aumento las concentraciones
y movilizaciones en el ámbito rural convocadas o apoyadas por el
MRAC, principalmente en la región del Nordeste. En este marco,
en octubre de 1970, la CEA, en su XXII Asamblea Plenaria Ordina-
ria celebrada en San Miguel, aprobó “que el Movimiento Rural de
la AC siga perteneciendo a la ACA con mandato, ad experimentum
por un año (hasta resolución definitiva del Episcopado en la Asam-
blea Plenaria Ordinaria de 1971)”.263 La disposición contenía signi-
ficativos condicionamientos como: “aceptación plena de la doctrina
del Episcopado”; “plena vinculación con la jerarquía” en el orden
nacional como diocesano; “designación de un asesor nacional”; y,
por último, la CEA designó a la Comisión Episcopal para el Apos-
tolado de los Laicos para que, a través del asesor nacional, “procure
orientar convenientemente la formación que se impartía en el Insti-
tuto San Pablo”.264 La decisión de la CEA puede ser leída como un
intento de estricto control sobre la participación del MRAC en el
proceso de protesta social vivida por entonces en las zonas rurales.
Sin embargo, esta medida estuvo lejos de lograr inhibir la par-
ticipación del MRAC en la movilización social. Es más, hacia fines
de 1970, la rama rural de la ACA adquirió mayor protagonismo en
las jornadas de protesta como en la conformación de organizaciones
rurales.
En efecto, el MRAC organizó el 14 de noviembre el “Primer
Cabildo Abierto del Agro” en Sáenz Peña, provincia del Chaco,
bajo la consigna “Grita lo que sientes”. Este fue el hito que marcó
la emergencia de las Ligas Agrarias Chaqueñas, la primera entidad
de este tipo en la Argentina (Ferrara, 1973 y 2007; Rozé, 1992,
2011).265 Esta experiencia se replicó en otras provincias de la región.
262 Mensaje, n° 186, 1970, p. 76, en Dussel (1979: 117).
263 CEA, 2/11/1970.
264 Ídem.
265 En la Argentina, a fines del siglo XIX, más precisamente en agosto de 1892, se con-
formó la Liga Agraria integrada por grandes propietarios rurales pampeanos, en su mayoría,
socios activos de la Sociedad Rural (Hora, 2009). Experiencias con mayor grado de similitud
En agosto de 1971, casi en simultáneo, se conformaron las Ligas

Agrarias del norte de Santa Fe y el Movimiento Agrario Misionero;
el 11 de diciembre hacía lo propio la Unión de Ligas Campesinas
Formoseñas (ULICAF);266 y el 29 de enero de 1972, las Ligas Agra-
rias Correntinas.267 El MRAC participó en la conformación de cada
una de ellas.
Las Ligas adquirieron características diferenciales en cada pro-
vincia según la estructura agraria y la composición social. Bidaseca
(2006a) diferencia, grosso modo, aquellas Ligas de colonos/as y agri-
cultores medianos (el Chaco, Misiones y Santa Fe) y las campesinas
(Corrientes y Formosa). La reivindicación de las primeras se cen-
tró exclusivamente en la esfera de la comercialización y del control
sobre la distribución del producto agrícola, mientras las segundas
luchaban por la subsistencia y el acceso a la tierra.
Si bien, como referimos, la creación formal de la ULICAF se
consumó el 11 de diciembre de 1971, su gestación venía de larga
data y la irrupción de las Ligas Agrarias Chaqueñas le dio un im-
pulso mayor al proceso. Así, desde fines de 1970, los esfuerzos del
MRAC y otras entidades abocadas al medio rural se enfocaron en
conformar una organización propia del campesinado que defendie-
ra y representara sus intereses.
La necesidad de una organización campesina autónoma quedó
de manifiesto en el anuario de La Mañana, de 1970, en el que en
un pasaje de una extensa nota dedicada al MRAC se sostenía que
los campesinos estaban “librados al juego de la libre competencia de
la oferta y de la demanda, para lo cual se encuentran indefensos in-
dividualmente ya que carecen de organizaciones intermedias, como
cooperativas, corporaciones, ligas, etc.”.268 De la cita podemos de-
y más cercanas en el tiempo se dieron en países limítrofes, como las Ligas Camponesas creadas
en 1955 en Brasil (Julião, 1963 [1962]) o las Ligas Agrarias Cristianas que nacieron en el
Paraguay, alrededor de 1961 (Caravias, 1975; Fernández, 2006; Telesca, 2010).
266 Nótese que entre las diferentes organizaciones rurales que emergieron en las provincias
del Nordeste, la de Formosa fue la única que se autodefinió como campesina.
267 Otras experiencias se desarrollaron en Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires (Sily, 1989).
Además, las labores del MRAC, en algunos casos, dieron lugar a la creación de cooperativas
de trabajadores rurales, como en La Rioja (Sifre, 2014).
268 La Mañana, 24/12/1971. El diario dedicó cinco páginas del anuario a las actividades
del MRAC; esto da cuenta de la importancia que había cobrado la entidad en la provincia.
ducir dos cuestiones: primero, que pese a la organización que había

adquirido el campesinado esta continuaba siendo ineficaz frente al
poder del mercado y, segundo, que era necesario la creación de nue-
vas entidades reivindicativas como las Ligas. Rumbo a ese norte se
fue avanzando.
Así, en enero 1971, se realizó en el COFAS el “Primer Semi-
nario para Dirigentes Campesinos”, que duró quince días y que
implicó una importante ocasión de encuentro entre referentes cam-
pesinos de distintos puntos de la provincia. Aplicaron el método
revisión de vida y las temáticas abordadas se articularon en torno
a tres ejes: “El hombre que se mueve en la sociedad actual” (ver);
“La Iglesia qué nos dice de todo esto” (juzgar) y “Estrategia para la
acción” (actuar).
El mes siguiente, el 28 de febrero, se realizó una reunión de
campesinos procedentes de diferentes localidades del interior en el
obispado. En esta ocasión, se expusieron los problemas referentes
a la adjudicación de tierras, la comercialización de los productos y
la falta de créditos. Para hacer frente a las dificultades, se planteó la
necesidad de organizarse, para lo cual se decidió llevar a cabo una
asamblea.
Esta se concretó el 28 marzo en la localidad de Riacho Hé-Hé.
Se trató de la “Primera Asamblea Campesina”269 que se realizó bajo
los lemas “Campesinos de pie” y “Aunque sea para nuestros hijos”.
En ella participaron aproximadamente un millar de agricultores
en representación de una veintena de colonias del interior provin-
cial. Entre las personalidades presentes se encontraban el obispo de
Formosa, el coordinador técnico del Ministerio de Economía y el
subsecretario de Agricultura y Ganadería. La participación de los
funcionarios públicos en la Asamblea no debe extrañar: el MRAC
en Formosa mantuvo fluidas relaciones con diferentes estamentos
del Estado, además de que fue una maniobra recurrente invitar a las
269 Para encontrar una definición de “asamblea campesina” es necesario consultar el Es-
tatuto de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas que se aprobó el 11 de diciembre de
1971. Según el Estatuto, la ULICAF agrupa a las “Ligas Campesinas” de las colonias de la
provincia de Formosa. Por su parte, “la asamblea de socios” es la máxima autoridad de la liga
campesina de la colonia.
autoridades competentes para que se interioricen de los problemas

del campesinado provincial.
Conforme avanzó la organización campesina, el eslogan “Aun-
que sea para nuestros hijos” se alzó como estandarte de la lucha.
Esto fue posible en la medida que le permitió al campesinado arti-
cular sus demandas con el proceso histórico en el que se encontraba
inmerso. El lema, en su riqueza, pudo operar en una triple dimen-
sión de interpelación política. Esto amerita una breve digresión.
En primer lugar, en la expresión puede leerse un amplio con-
junto de reivindicaciones que iban desde posesión y titulación de la
tierra, hasta la comercialización de los productos, pasando por la ne-
cesidad de contar con crédito barato y por el derecho a disponer de
una educación y una salud dignas. En este sentido, por su vaguedad,
al no referir a una demanda específica, podía englobar demandas de
distinto tipos.
En segundo lugar, permitía inscribir las demandas en una es-
cala temporal de largo alcance. Si los campesinos podían plantear
sus reivindicaciones como un objetivo “para sus hijos”, era porque
entendían correctamente que sus reclamos se inscribían en un espa-
cio temporal de largo aliento. De forma que, aun cuando no fuesen
alcanzadas por ellos mismos sino por sus hijos, la lucha no perdería
su sentido. Tal fue el sentido que le otorgó Scozzina al plantear ante
la Asamblea campesina: “El trabajo será duro, el camino a recorrer
muy largo. Como han escrito en los afiches, piensen en sus hijos,
en el futuro. La luz que hoy enciendan ustedes, brillará quizás en la
futura generación”.270
Por último, en tercer lugar, el eslogan lograba superar un punto
crítico de la condición de los campesinos formoseños tratándose, en
su mayoría, de migrantes de origen paraguayo. Esta situación que-
dó de manifiesto en las palabras de Sosa Laprida, en 1966, cuando
adujo que “no se podrá adjudicar […] tierras a ciudadanos para-
guayos”.271 Irónicamente, remataba Sosa Laprida, los campesinos
paraguayos que desearan radicarse en la Argentina podrían hacerlo
270 “Informe Prefectura Naval”, 31/3/1971.

271 La Mañana, 28/10/1966.
“en otras provincias interiores”.272 Lúcidamente parecían respon-

derle los campesinos a través de su lema, que estando en un país con
criterio de otorgamiento de nacionalidad por ius soli, sus hijos eran,
ni más ni menos, que ciudadanos argentinos con todo el derecho a
la tierra. Después de todo, ya en 1965 Hilarión Patiño había lanza-
do la pregunta inquisidora: “¿Tienen que pasar necesidad en tierra
argentina –no mi mujer y yo que somos extranjeros– pero sí mis
cinco hijos que son argentinos...?”273
Si se retoma el análisis histórico del proceso organizativo del
campesinado formoseño, debe observarse que la realización de
aquella primera asamblea campesina, con masiva concurrencia y la
presencia de líderes rurales de diferentes latitudes de la provincia,
abrió una nueva etapa en la constitución de la organización campe-
sina. A continuación, encuentros de esta magnitud se produjeron
en otros lugares de la provincia.
En términos organizativos, dos reuniones revisten gran impor-
tancia. Por un lado, la “Segunda Asamblea Campesina” que tuvo
lugar en la Colonia Villafañe, el 9 de mayo.274 En esta oportunidad,
tuvo lugar la significativa resolución de crear “los consejos campesi-
nos de colonia”, integrados por cinco miembros. Este órgano tenía
el fin de estudiar y de buscar solución a los problemas de las colo-
nias, como también estaban facultados para convocar y coordinar
reuniones (Ferrara, 1973). Por otro lado, del 12 al 14 de junio se
realizó en la ciudad de Formosa una reunión de los consejos cam-
pesinos, con la participación de sesenta delegados. En esta ocasión,
además de un balance de los logros después de las dos asambleas, se
decidió fortalecer y extender a todas las zonas los consejos de colo-
nias y formar consejos zonales.275 Si bien ambas reuniones fueron
convocadas por el MRAC y los Consejos Campesinos encontraban
272 Ídem.
273 La Mañana, 20/9/1965.
274 La Asamblea contó con una presencia aproximada de dos mil campesinos, entre los
que se contaban integrantes de las Ligas Agrarias Chaqueñas. Aquí, al igual que en la primera
asamblea, se decidió elevar al gobierno y a la opinión pública un informe sobre la grave si-
tuación del campesinado, en el que se solicitaba que se deje sin efecto toda orden de desalojo
existente y se reconsidere la entrega de tierras.
275 Programa General del Congreso de Delegados de Consejos, 6/1971.
su antecedente en los Grupos Rurales y los Centros Radiofónicos,

lo novedoso era la conformación de órganos autónomos del control
eclesial.
Frente al inédito proceso de movilización social protagonizado
por el campesinado provincial, el gobierno de facto recurrió a la
censura. Tanto es así que, durante el mes de junio, las autoridades
de Formosa ordenaron levantar los programas radiales del MRAC
e Incupo.276 Ambos eran emitidos por LRA 8 Radio Nacional For-
mosa. El diario formoseño se expresó sobre el tema con el argu-
mento de que “curiosamente, la brusca supresión coincidió con la
realización de asambleas campesinas por el Movimiento Rural, don-
de se expusieron los problemas del campo y se criticó al gobierno
provincial”.277
En referencia a esta situación, el obispo Scozzina, en un mensa-
je brindado el 16 de julio en las festividades por el día de la Virgen
del Carmen, patrona de Formosa, advirtió: “Lo único que puede
traer el comunismo es la injusticia social, son las odiosas desigual-
dades de que habla el Concilio; no lo es el Movimiento Rural que
procura con paciente labor concientizar a los humildes labradores
del campo en vista de su dignificación”.278 Posteriormente, agrega-
ba: “Creo que en conciencia debo bendecir estas obras de educación
de nuestro pueblo postergado; como la obra de Incupo o escuelas
radiofónicas”.279
Durante un breve período, los programas censurados continua-
ron sus audiciones por Radio Boquerón, ubicada en Paraguay. Sin
embargo, por presiones de las autoridades argentinas, los programas
fueron nuevamente suspendidos a mediados de julio. Esto provocó
el rechazo y la indignación de diferentes actores sociales, los que,
el 23 de julio, sacaron un comunicado de repudio (Ferrara, 1973).
En agosto, se reiniciaron las audiciones del programa de Incupo,
mientras que el del MRAC no volvió a emitirse.
276 El programa del MRAC comenzó, como ya vimos, en 1967 y tenía dos audiciones
semanales; mientras el de Incupo se produjo a fines de 1970 y salía al aire de lunes a viernes.
277 La Mañana, 25/6/1971, en Ferrara (1973: 230).
278 Suplemento Circular, 7/1971, pp. 4-5.
279 Ibidem, p. 5.
En la segunda mitad de 1971 varios acontecimientos precipi-

taron la organización campesina, entre ellos, uno de las más impor-
tantes por lo novedoso y el masivo acatamiento fue la convocatoria
a concentraciones simultáneas en Laguna Blanca, Misión Laishí y
Villafañe que el MRAC lanzó para el 5 de septiembre. Campesinos
de 44 colonias se hicieron presentes, lo que representaba a casi la
totalidad de la zona este de la provincia. Luego de las deliberacio-
nes, el Movimiento expidió un documento, con motivo del Día
del Agricultor, que denunciaba “la afligente (sic) situación por la
que atraviesa el campo formoseño”.280 Luego de enumerar algunos
hechos puntuales e ilustrativos, el informe concluía reafirmando
el compromiso del Movimiento “en la instauración de un orden
nuevo… colaborando para construir ‘un campo argentino mejor,
aunque sea para nuestros hijos…’”.281
Otro evento relevante acaeció el 21 de noviembre, cuando en
Misión Laishí se realizó la “Tercera Asamblea Campesina”, en la
que participaron 2.300 campesinos, aproximadamente. Se contó
con la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería de la pro-
vincia y con delegaciones de las provincias del Chaco y Misiones.
Al igual que en las asambleas anteriores, un considerable número
de oradores expuso las necesidades de sus colonias y, como ya era
habitual, el problema de la tierra fue el principal. Una vez más, con
las conclusiones de la asamblea se realizó un memorial que fue en-
tregado al gobernador de la provincia.282
En un proceso de intensa movilización social se arribó, el 11 de
diciembre, al “Segundo Congreso Campesino”283 reunido en la ciudad
de Formosa, en el edificio del COFAS (ver anexo, fotografía: Movi-
280 El Campesino, s/f (1). Según Ferrara (1973) y Rozé (1992), El Campesino, boletín oficial
de la ULICAF, hizo su aparición el 1° de noviembre de 1972; sin embargo, nosotros conta-
mos con dos números correspondientes a 1971; incluso, el ejemplar que citamos es anterior
a la conformación de la ULICAF.
281 Ídem.
282 El Campesino, s/f (2).
283 Según el Estatuto de la ULICAF en su art. 16, “El Congreso General es la autoridad
máxima de la ULICAF. Otro dato a tener presente sobre el “Segundo Congreso Campesino”
es que, anteriormente, no se había realizado ninguna reunión que llevara como nombre “Pri-
mer Congreso Campesino”. Algunas fuentes consultadas afirman que la “Primera Asamblea
Campesina”, realizada el 28 marzo en Riacho Hé-Hé, fue el primer congreso.
lización rural en Formosa). Allí deliberaron noventa delegados en

representación de 45 colonias del interior provincial. En tal ocasión,
luego de intensos debates, se aprobó por unanimidad el nombre de
“Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, como designación ofi-
cial del movimiento agrario”.284 Además, los delegados sancionaron
el estatuto y designaron la Comisión Coordinadora Central de la
flamante organización (ver anexo, cuadro: Primera Comisión Coor-
dinadora de la ULICAF, 1971).
De este modo, la ULICAF fue la cristalización de un largo
camino de concientización, formación de líderes rurales y organi-
zación. De esta labor participaron diferentes entidades, como el
INTA, el MRAC y las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
Con la creación de las Ligas, como entidad independiente y repre-
sentativa del campesinado, se intensificó la movilización y protesta
social en la provincia.
La conformación de las diferentes Ligas estuvo acompañada
de un alto grado de conflictividad con el gobierno de facto, los mo-
nopolios agropecuarios y la jerarquía eclesial. Esto deterioró aún
más la relación entre el MRAC y la Conferencia Episcopal. En este
contexto, el 30 de noviembre de 1971, la maestra rural Norma Mo-
rello, perteneciente al MRAC, “fue secuestrada por el Ejército, en
uno de los primeros casos de desaparición, detención ilegal y tortura
denunciados en el país”.285 Morello estuvo pocos días privada de
su libertad en Goya; después, fue trasladada a Rosario y durante
aproximadamente un mes nadie supo de su paradero. La situación
de Norma Morello se legalizó el 31 de diciembre cuando fue trasla-
dada a una comisaría de Rosario, donde permaneció detenida hasta
su liberación.
La situación de Morello tuvo una gran repercusión y una am-
plia cobertura a nivel nacional.286 En Formosa, el obispo Scozzina
284 Ídem.
285 Página 12, 24/7/2011.
286 Según la novela de Vázquez-Figueroa (1974), ¿Quién mató al embajador?, la situa-
ción padecida por Norma Morello fue noticia en The New York Time. Este dato se pue-
de corroborar en el The New York Time, 25/5/1972, disponible en http://www.nytimes.
com/1972/05/25/archives/the-political-torture-of-a-woman-shakes-argentina.html?_r=1
(consultado el 7/3/2017).
dirigió un telegrama al presidente de facto Lanusse en el que solicita-

ba su intervención en el caso de la “joven cristiana detenida Norma
Morello”.287 Además, el equipo diocesano del Movimiento Rural
dio a conocer un documento que expresaba, entre otras cosas, que
las penurias sufridas por Morello eran “la mejor muestra de que se
ha comenzado la represión a los campesinos por el solo hecho de
unirse y trabajar en su promoción integral”.288
También, durante los primeros meses de 1972, se intensifi-
caron las protestas y manifestaciones que pedían por la libertad de
Norma Morello. Durante la conmemoración de la Semana Santa,
el obispo de Goya, monseñor Alberto Devoto, dedicó su Carta Pas-
toral a exponer la situación de Morello. Además, para dar mayor
visibilidad al caso, el obispo brindó una conferencia de prensa en la
sede porteña de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos
(FOETRA); de ella participó su par de Posadas, monseñor Jorge
Kemerer.289
El punto más álgido del reclamo por la libertad de la maestra
se produjo el 14 de abril en el marco de la visita del presidente de
facto Alejandro Lanusse a la provincia del Chaco. En Sáenz Peña, se-
gunda ciudad de la provincia, aproximadamente cinco mil produc-
tores formaron parte de una concentración organizada por las Ligas
Agrarias. Los dirigentes que hicieron uso de la palabra denunciaron
los problemas del campo, los negociados de tierras de la familia pre-
sidencial,290 la represión, las torturas y con igual ímpetu reclamaron
por la “libertad de Norma Morello”.
El caso de Morello tomó aún más resonancia cuando fue por-
tada de la revista Primera Plana, en su número correspondiente al 2
287 Siguiendo la huella, n° 127, 1972.

288 Informe de la Prefectura Naval Argentina, s/f.
289 AICA, 13/4/1972.
290 Se denunció la maniobra monopólica de la empresa AGREX, formada por varias com-
pañías estadounidenses y representadas en el país por la firma Pedro y Antonio Lanusse.
El denominado “Plan Agrex” consistía en la instalación de un complejo agroindustrial y la
cesión de casi un millón de hectáreas en la provincia del Chaco y Formosa. La relación entre
la multinacional Agrex y la firma Lanusse fue expuesta por García Lupo (1971: 117-123).
También, las Ligas Agrarias produjeron un folleto, con la información producida por Lupo,
de amplia circulación que llevaba de título “¿Quién es la familia Lanusse?”
de mayo de 1972. Tres días después, el 5 de mayo, la maestra rural

fue puesta en libertad. Nunca se presentaron cargos en su contra.
La censura, persecución y tortura de los que fueron objeto ór-
ganos y personas pertenecientes al MRAC, sumado a un proceso
inédito de movilización social y política, fueron colocando a la je-
rarquía eclesiástica en la disyuntiva de continuar o concluir con la
experiencia del MRAC. Al tomar nota de los “conflictos” en los que
el Movimiento se veía envuelto, el 16 de mayo de 1972 la Conferen-
cia Episcopal Argentina –en su XXV Asamblea Plenaria– resolvió:
[El] movimiento llamado hasta ahora “MOVIMIENTO RURAL
DE ACCIÓN CATÓLICA” no puede seguir siendo considera-
do como de Acción Católica, ni como integrante la Acción Ca-
tólica Argentina, ni tampoco como Movimiento Rural Católico
de carácter nacional con vinculación directa con la Conferencia
Episcopal Argentina; sino que siga, por ahora, como Movimien-
to Rural (católico –cristiano– o de inspiración cristiana, según la
denominación que sea preferida), con carácter local diocesano
donde el Señor Obispo respectivo así lo quiera.291
El grado de radicalización ideológica alcanzado por muchos de
los miembros del MRAC evidentemente superó los márgenes de
tolerancia de la jerarquía católica, caracterizada como la más con-
servadora de América Latina, tanto teológica como políticamente
(Levine y Mainwaring, 1989).292 Pero, además, el papel protagó-
nico que el MRAC tuvo en la emergencia de las Ligas fue sin duda
decisivo en la toma de tal decisión. La mayoría de los militantes,
dirigentes y la estructura organizativa sobre la que se montaron las
Ligas fue la resultante del proceso emprendido, principalmente, por
el MRAC con antelación.
En este marco, la CEA no pudo o no quiso permanecer avalan-
do la experiencia del MRAC. Los casos –cada vez más recurrentes–
291 CEA, 18/5/1972.

292 Vale considerar que, por entonces, el Episcopado determinó disolver varias organiza-
ciones laicas que existían bajo su órbita. Esta fue la suerte corrida por la JOC, JUC, JEC y el
MRAC (Di Stefano y Zanatta, 2009; Donatello, 2010; Soneira, 2008b). En este contexto,
otra institución que tuvo conflictos con el Episcopado, pero pudo continuar con sus activi-
dades, fue la Acción Misionera Argentina.
de censura y represión que sufría la entidad o sus militantes –como

el padecido por Norma Morello–, fortalecían la urgencia por su-
primir las formas de militancia católica encarnadas por el MRAC.
De este modo, se puso punto final a una de las experiencias más
importantes –sino la más importante– de intervención eclesial en
el medio rural. Al decir de Scozzina, “el Movimiento Rural murió,
por lo menos en algunos lugares o en la mayoría de las diócesis. De-
sapareció como movimiento, como fuerza”. Aun así, la disolución
del continente no destruyó el contenido; en efecto, determinadas
prácticas, formas de organización y redes de militancia pudieron
encontrar continuidad aún después del final abrupto. En Formosa,
buena parte de los militantes que hicieron sus primeras armas en el
MRAC pasaron a engrosar las filas de la ULICAF.
Conclusión
A desalambrar, a desalambrar
Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel
De Pedro y María, de Juan y José.
Daniel Viglietti
A lo largo de este trabajo buscamos mostrar las características y

condiciones que permitieron la formación de la organización cam-
pesina en la provincia de Formosa durante la década del sesenta. Si
bien nos centramos en el análisis de la estructura agraria del territo-
rio y las labores emprendidas por diversas instituciones en el medio
rural, no hay que olvidar que los verdaderos protagonistas de este
proceso son personas de carne y hueso. Personas como Hilarión
Patiño y su familia, que no escriben y no leen –en la mayoría de los
casos, porque son analfabetos–, que no son conocidos por sus nom-
bres –excepto por amigos y familiares e incluso en esos casos solo
por sus sobrenombres–, pero que a pesar de todas las limitaciones
económicas, políticas y sociales dieron origen a la experiencia orga-
nizativa más importante de la historia provincial.
Como expusimos a lo largo del libro, la organización campe-
sina no respondió de forma unívoca y directa a un solo proceso
histórico, sino que fue el resultado de un complejo entramado de
relaciones políticas, económicas y sociales. En este sentido, desde
fines del siglo XIX, el proceso de adjudicación y ocupación del sue-
lo en la zona oriental de Formosa tuvo dos lógicas: por un lado, la
entrega de grandes extensiones de tierras a manos privadas por la
aplicación de diferentes leyes, premios o donaciones. De esta mane-

ra, se conformaron los latifundios forestales y ganaderos en la zona
de mejor aptitud productiva, los que, en la inmensa mayoría de
los casos, permanecieron subutilizados u ociosos. Por otro lado, en
pequeñas porciones de tierras fiscales se asentaron paulatinamente y
de forma espontánea millares de migrantes provenientes de las pro-
vincias próximas y de la vecina República del Paraguay. Así, en las
primeras décadas del siglo XX, se conformó una capa de pequeños
productores que complementan cultivos para el autoconsumo con
otras actividades económicas. Este proceso se aceleró a partir de la
década del treinta, a causa de tres fenómenos íntimamente relacio-
nados: la expansión de la producción algodonera, el arribo masivo
de paraguayos –que huían de las condiciones económicas y políticas
de su país– y la multiplicación de los minifundios. Estas condicio-
nes configuraron una estructura agraria formoseña marcada por el
predominio de la bipolaridad fundiaria.
De acuerdo a lo expresado, durante la primera mitad del si-
glo XX, en contraste con el Chaco y el norte de Santa Fe, los cam-
pesinos en Formosa realizaban su actividad productiva sobre tierras
fiscales e insuficientes. Esta situación respondió, en gran medida,
a la inacción del Estado. Mientras en las jurisdicciones vecinas el
Estado participó activamente en el proceso de colonización, en For-
mosa esto no sucedió del mismo modo. Por lo tanto, en el territorio
formoseño, los campesinos se asentaron de forma espontánea sobre
pequeñas porciones de tierra y sin asistencia estatal.
Este escenario se agravó aún más si consideramos que, durante
el mismo período, el campesinado en Formosa no logró conformar
canales de expresión institucionales ni tampoco entidades represen-
tativas que defendieran sus derechos e intereses. Diferente era la
realidad de los productores chaqueños y santafesinos que, tempra-
namente, encontraron un espacio de sociabilidad en las cooperati-
vas que no solo les permitió organizarse sino ingresar en un proceso
sostenido de capitalización.
Durante la década del sesenta, en la provincia de Formosa, la
forma de producción campesina y, por consiguiente, la existencia
del campesino, fue asolada por la crisis de la producción algodonera
y la privatización de las tierras fiscales. Ante la crisis, el campesinado

ensayó diferentes respuestas: aumentar la producción, intensificar el
cultivo orientado al autoconsumo y la venta de su fuerza de trabajo.
Sin embargo, frente a la pérdida de la explotación, principal fuente
de recursos e identidad, las opciones se reducían a dos: o la extin-
ción, u organizarse y luchar por la subsistencia.
Si bien la crisis de los cultivos agroindustriales golpeó a toda
la región del nordeste, los productores formoseños se encontraban
en una situación más crítica. Además, y sobre todo, ninguna de las
provincias vecinas vivió un extendido y violento proceso de priva-
tización de tierras y expulsión de la población rural. En efecto, en
Formosa, la reivindicación por el acceso y uso de la tierra fue adqui-
riendo preeminencia hasta transformarse en la principal demanda
del campesinado.
En este contexto, en el que estaba en juego la existencia misma
del campesinado, diferentes instituciones, tanto de filiación católica
como gubernamentales, iniciaron sus actividades en el medio rural
de la provincia. Durante la primera mitad de la década del sesenta
las intervenciones provenientes del campo católico fueron acotadas
en el tiempo y con objetivos específicos, como el caso de las misio-
nes rurales. En el caso del Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria, desde su fundación, se dedicó a la formación de líderes rura-
les, principalmente jóvenes, tanto mujeres como hombres. Además,
el Instituto, en algunos casos, fue el primer espacio de sociabilidad
(mediante los Clubes 4-A y Hogar Rural), un mecanismo de defen-
sa y un canal para exponer las demandas de la población rural.
Desde mediados de la década del sesenta, a las diferentes ini-
ciativas en el medio rural se sumaron las emprendidas por el Mo-
vimiento Rural de Acción Católica y la congregación de las Her-
manas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. De este modo, al calor
de las expropiaciones y del desalojo de la población campesina, se
intensificó el proceso de concientización y formación de líderes ru-
rales. Estas formas de socialización y de inserción social, propuestas
por las instituciones católicas, generaron un espacio de formación
permanente que involucró a los campesinos en redes sostenidas de
interacción. La confluencia de estos procesos permitió la formación
de un vigoroso movimiento político-social compuesto por el cam-

pesinado provincial, en estrecha vinculación con las experiencias de
organización rural de las provincias vecinas.
Si se consideran las características de la población rural, la es-
tructura agraria y el momento histórico que atravesaba la provin-
cia, es comprensible que la principal reivindicación de la Unión de
Ligas Campesinas Formoseñas haya girado en torno a la “cuestión
de la tierra”, mientras en otras latitudes se ciñó a la esfera de la co-
mercialización de los productos agrícolas. En este mismo orden de
ideas, consideramos que el autorreconocimiento de la organización
y de sus integrantes como “campesinos” daba cuenta de su especifi-
cidad social, política y económica.
Con la creación de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas,
como entidad autónoma y representativa del campesinado, se incre-
mentó la movilización y protesta social. Esto estuvo acompañado
por un alto grado de conflictividad con el gobierno de facto, los
monopolios agropecuarios y la jerarquía eclesial.
En este marco, se produjo la desaparición, encarcelamiento y
tortura de la maestra rural Norma Morello. También, fueron censu-
rados los programas radiofónicos del Movimiento Rural de Acción
Católica y del Instituto de Cultura Popular. Por su parte, la jerar-
quía de la Iglesia católica, representada en la Conferencia Episco-
pal Argentina, expulsó al Movimiento Rural del seno de la Acción
Católica. Esto significó una gran pérdida para las aspiraciones de las
organizaciones rurales, no solo en términos de reconocimiento de
una institución como la Iglesia católica, sino por las restricciones al
financiamiento de entidades católicas como por la imposibilidad de
usufructuar una vasta red de infraestructura material y organizativa.
Acotar el funcionamiento del Movimiento Rural al reconocimiento
de los diferentes obispos significó frenar todo un proceso de orga-
nización social que ya había superado con creces los límites de la
región nordeste.
Para finalizar, por ahora, podemos decir que esta investigación
es sobre la formación del movimiento campesino en Formosa. Po-
demos decir que es la historia de cómo se fue conformando en el
campesinado provincial un sentido de participación y pertenencia
a un proyecto común que, con el paso del tiempo, confluyó en la

Unión de Ligas Campesinas Formoseñas. Podemos decir también
que analizamos un proceso histórico cargado de esperanza. Contex-
to en el que, parafraseando la canción del epígrafe, era posible que
la tierra fuera de “Pedro y María, de Juan y José” y, por qué no, de
Hilarión Patiño.
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Revista Boletín de la Acción Católica Argentina, 4/1945.
Revista Boletín del maestro rural.
Revista El campesino.
Revista Enlace, 15/3/1969 y 15/4/1970.
Revista Siguiendo la huella, desde 1958 hasta 1972.
Fuentes orales
Entrevistas
Alberto Sily, Buenos Aires, 19/10/2013. Exsacerdote jesuita fue ase-

sor del MRAC y director del CIAS.
Beatriz Noceti, Buenos Aires, 1/8/2015. Exmilitante y dirigente del
MRAC.
Ferrara Francisco, Buenos Aires, 15/11/2013, y Los Polvorines,
11/12/2013. Periodista y militante, escribió la primera obra
sobre las Ligas Agrarias.
José Caravias, Asunción, 8/5/2014. Sacerdote jesuita. Fue un im-
portante animador de las Ligas Agrarias Cristianas del Para-
guay. En mayo de 1972 fue expulsado del Paraguay y se radi-
có en la provincia del Chaco donde trabajó en el “Equipo de
Monte”.
Juan Carlos Díaz Roig, Buenos Aires, 12/6/2013. Primer asesor ju-
rídico de la ULICAF.
Eliazile Pedrozo, Formosa, 22/1/2015. Ministro de Agricultura y
Ganadería y subsecretario de Recursos Naturales de la provin-
cia de Formosa en 1973.
Conversaciones y contacto epistolar (vía correo electrónico

y telefónica)
Isabel Arguello, exmilitante y dirigente del MRAC y la ULICAF.

Contacto vía correo electrónico, 9/2/2016.
Alem Locatelli, exsacerdote radicado en Formosa. Participó en
el MRAC y la ULICAF. Conversación personal, Formosa,
10/8/2012.
Oscar Viñas, asesor jurídico de la ULICAF. Conversación personal,
Buenos Aires, 9/11/2014.
Diego Piñeiro, asesor técnico de la ULICAF. Entrevista vía Skype,
19/12/2013.
Alberto Schaller, extécnico y extensionista del INTA. Se desempeñó

en la Estación Experimental que posee el INTA en El Colora-
do. Contacto vía correo electrónico, 2/5/2015.
Anexos
Mapa 1
Fuente: elaboración propia. La zona sombreada representa el área de estudio.

Mapa 2
Fuente: Formosa. Norte Argentino. Programa y Acción de Gobierno 1966-1973, Bue-

nos Aires, 1973.
Mapa 3
Fuente: Formosa. Norte Argentino. Programa y Acción de Gobierno 1966-1973, Bue-

nos Aires, 1973.
Mapa 4
Fuente: elaboración propia.

Mapa 5
Fuente: elaboración propia.

Documento 1. Reglamento del Movimiento Rural de la Acción

Católica Argentina (1963)
Documento 2. Folleto del MRAC (s/f)

Documento 3. Convenio INTA-MRAC (1963)

Fotografía. Movilización rural en Formosa
Fuente: Archivo personal de Carlos Sotelo.

Cuadro. Primera Comisión Coordinadora de la ULICAF

(1971)
Miembros Nacionalidad Edad Estado civil

Julio Benítez Paraguayo
Eleuteria Roa Argentina 20 Soltera
Carlos Sotelo Argentino 22 Soltero
Lorenzo Céspedes Paraguayo
Nelly Daldovo Argentina 22 Soltera
Tranquilino Arzamendia Paraguayo 40 Casado
Silvestre Pérez Argentino 26 Soltero
Amadeo Madariaga Argentino 39
Adolfo Gil Argentino 36 Soltero
Manuel de los Santos Paraguayo 42 Casado
Juan Carlos Díaz Roig293 Paraguayo 24 Casado
Fuente: elaboración propia con datos extraídos de documentos confidenciales de
la Prefectura Naval Argentina y una entrevista realizada a Juan Carlos Díaz Roig
12/11/2012. Los espacios vacíos corresponden a que los documentos no consigna-
ban la información.
293 Asesor Jurídico de la ULICAF.

En el año 1971 surgió la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas
(ULICAF). Esta investigación revisa las transformaciones políticas,
económicas y eclesiales que posibilitaron la formación del movi-
miento campesino. Parte de estudiar de forma articulada los proce-
sos históricos que implicaron la privatización de tierras fiscales y la
expulsión de los campesinos que las usufructuaban; el deterioro de
las economías regionales con epicentro en la producción algodone-
ra, principal cultivo de la provincia; y la nueva sensibilidad asumida
por sectores de la Iglesia católica a favor de los sectores subalternos.
Estos acontecimientos proporcionaron marco a la conformación de
espacios de sociabilidad que permitieron la formación de líderes
rurales y estructuras organizativas que dieron origen a la entidad
representativa del campesinado, rememorada como la experiencia
de movilización social más importante en la historia provincial.

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Cristian Vázquez

Campesinos de pie. La formación del movimiento

Corrección: María Valle (UNGS)

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Colección Entre los libros de la buena memoria 20

Archivo Digital: descarga y online

1. Historia Política Argentina. I. Título.

Licencia Creative Commons 4.0 Internacional

Este libro es una versión sensiblemente modificada de mi tesis

desinteresados me permitieron iniciar los primeros seminarios en el

cutió el primer borrador íntegro de este trabajo. También, compar-

ACA: Acción Católica Argentina.

El señor Iglesias, de la Dirección de Tierras, me había

De todos los sectores el único totalmente desorganizado

El primer epígrafe corresponde a un fragmento de la carta en-

diciembre de 1971, en la ciudad de Formosa, decidieron la creación

Construcción del objeto de estudio

Para avanzar en la investigación de la emergencia de la organi-

Eric Hobsbawm, uno de los historiadores más influyentes del

la Iglesia en América Latina” (2010: 99, itálicas en el original). Este

les que son relevantes para comprender el contexto específico en el

En relación con el espacio geográfico, la investigación se ocupa

Así, las características que definen el espacio a analizar respon-

Por qué “campesino”

Investigadores procedentes de distintas vertientes teóricas y

“excedentes son transferidos a un grupo dominante de gobernantes

La Argentina, a diferencia de otros países de Latinoamérica, se

El campesinado: “una clase incómoda”

Diferentes autores han abonado la imagen de la excepcionali-

tas, de revueltas sociales” (ibidem: 59). Delich delineó cuatro argu-

4 Borón y Pegoraro toman la definición engeliana de campesino para negar la existencia de

Dentro de los estudios sobre las Ligas Agrarias, sobresale la obra

revolucionario “obrero-campesino” y se sumaría a la lista de movi-

En esta obra, Rozé plantea que las Ligas se encontraban confor-

sociales capitalizados, claramente diferenciados de los terratenientes

tipo de interpretación para estos movimientos se encuentre en

Campesinado, pequeño productor y minifundista

Los campesinos en la Argentina no solo constituyen una clase

núan siendo, resistidos o invisibilizados desde espacios académicos,

ral que buscaban superar la situación de pobreza mediante políticas

setenta. Por un lado, la emergencia de las Ligas en el medio rural

En la Argentina, durante la década de 1960, y más marcada-

abarca desde la creación del Movimiento en 1958 hasta su expul-

La investigación parte de una convergencia metodológica co-

La aplicación de la entrevista no estructurada se limitó a un

ción de documentos realizada por los militantes ante la posibilidad

Estructura del libro

Esta obra se organiza en cuatro capítulos. En el primero de

1957. En segundo lugar, se analiza la labor que desempeñó el Ins-

El inmenso territorio argentino está casi despoblado aún.

Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX se formó la

ría, siguiendo la historia político-institucional, a la etapa de cons-

La fundación de Formosa y el “pecado original”20

En la segunda mitad del siglo XIX se inició el proceso de crea-

20 Antonio Prieto (1990) ha caracterizado el proceso de privatización de tierras públicas en

tutela de Buenos Aires y tuvo como base jurídica la Constitución

La finalización de la Guerra Guasú23 jugó un papel trascenden-

Así se completaron las tareas necesarias para permitir el desarrollo

25 La Prensa, 13/10/1880 en Halperín Donghi (2007: 489).