Alvaro Uribe Velez "Matarife"

Álvaro Uribe Vélez
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
 Daniel Mendoza, periodista encargado de la producción de 'Matarife',

denunció que ya existen amenazas de muerte en su contra.
Son muchas las pruebas que se tienen sobre que Álvaro Uribe sería uno
de los hombres más peligrosos del Colombia . Por lo que un reconocido
periodista colombiano, realizó una serie documental, la cual está basada
en todas las investigaciones en las que Álvaro Uribe velez se ha visto
involucrado.
Dicha serie, recibe el nombre de ‘Matarife: Un genocida Innombrable’ y

fue escrita por el periodista y abogado Daniel Mendoza Leal, quien
durante varios años, ha investigado a fondo cada uno de los presuntos
actos delictivos de Álvaro Uribe Vélez.
‘Matarife’, busca explicar los nexos del expresidente con el narcotráfico y

paramilitarismo, los cuales, el periodista ha denunciado durante años.
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5 temporadas de 10 capítulos cada una
Matarife’ será la primera serie documental que no se compartirá por
medio de una plataforma de entretenimiento.
Con el fin de que el contenido compartido por la serie documental sobre

Álvaro Uribe Vélez no sea bloqueado ni eliminado.
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Las autoridades colombianas informaron este sábado el hallazgo de una

fosa en la que "se encontrarían los restos de más de 50 personas
presentadas ilegítimamente como bajas en combate".
Esta práctica ilegal, conocida en el país como "falsos positivos", consiste en el

asesinato de civiles por parte del ejército, que luego los presenta como muertos en
combate.
La información fue revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una
instancia creada para investigar los crímenes cometidos durante el conflicto
armado de medio siglo con la guerrilla de las FARC y en la que se juzga a
exguerrilleros, militares, agentes del Estado y civiles involucrados.
La JEP reveló el hallazgo de esta fosa ubicada en el Cementerio Católico Las
Mercedes de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, donde realizan labores
de exhumación de cuerpos desde el pasado 9 de diciembre.
La JEP informa que hasta la fecha ha realizado la exhumación de siete

cadáveres completos de presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
El organismo también señala que se han "recuperado numerosas estructuras y

fragmentos óseos de otras posibles víctimas".
Los investigadores de la JEP afirman que en el cementerio de Dadeiba podrían
estar los restosde más de 50 personas víctimas de falsos positivos.
"Los indicios preliminares indicarían que se trata de hombres entre los 15 y los 56
años, con domicilio en Medellín y entre los que se encontrarían personas
en condición de discapacidad", sostiene el informe de la JEP.
La investigación
Las investigaciones en el cementerio de Dabeiba comenzaron a raíz de una serie

de versiones voluntarias, según indica la entidad.
Uno de estos testimonios fue el de un exmiembro del Ejército que "indicó tener
conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por
parte de agentes del Estado", según indica el tribunal, que sostiene que estas
declaraciones fueron contrastadas con un conjunto de pruebas.
Según medios locales, un exsoldado que acompañó a la JEP a la exhumación

detalló que superiores suyos le ordenaron disparar en la cabeza de los fallecidos
para que estos no pudieran ser identificados.
La JEP señala que estos hechos "nunca habían sido investigados por la justicia
ordinaria" y que realizan estas pesquisas para "encontrar la verdad plena sobre
la desaparición forzada".
Tras la recuperación de los restos, la siguiente fase es la identificación de los
cadáveres por parte de Medicina Legal.
Ante el anuncio, la vicepresidenta de Colombia Martha Lucía Ramírez, dijo en su

cuenta de Twitter que se "debe adelantar la investigación hasta sus últimas
consecuencias y sancionar a los responsable
Los falsos positivos

Los llamados "falsos positivos" son uno de los episodios más oscuros del conflicto
armado en Colombia.
En 2008 estalló el escándalo por las denuncias de familiares de las víctimas,
quienes revelaron que militares habían matado a civiles para presentarlos
como guerrilleros caídos en combate en el municipio de Soacha.
Durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), se promovió un modelo
de estímulos a los soldados por bajas obtenidas de sublevados, lo que fue
considerado el germen de las ejecuciones de civiles.
Una investigación del Congreso calcula que más de 2.000 personas resultaron
víctimas de falsos positivos, aunque organizaciones civiles sostienen que la
cifra podría ser mucho más alta.
La estrategia de seguridad del Ministerio de Defensa de Colombia ha sido puesta

en tela de juicio en varias ocasiones en los últimos meses, luego de que salieran a
la luz varios casos que encendieron la polémica.
En noviembre pasado se conoció que durante una operación contra un

campamento guerrillero en el que murió su jefe, Rogelio Bolívar Córdoba alias
Gildardo Cucho, murieron varios menores de edad, entre ello, una niña de 12
años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16 que fueron presentados
como parte de la disidencia de la FARC.
La revelación conllevó a la renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo

Botero.
Otro de los hechos que levantó cuestionamientos fue la ejecución extrajudicial de

Dimar Torres, un desmovilizado de la guerrilla. cuyo cuerpo fue encontrado en un
área rural en el extremo norte de Colombia.
Las indagaciones de la Fiscalía establecieron que miembros del Ejército
colombiano terminaron con su vida, sin embargo, de manera inicial, el ministro
Botero no reconoció que eso hubiera sucedido.
En mayo pasado un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando
militar ordenó a sus fuerzas que doblaran "el número de criminales y guerrilleros
que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo
un mayor número de víctimas civiles)".
30 Jun 2015 - 11:39 PM
Por: Jorge Gómez Pinilla
Falsos positivos: todos los caminos conducen a Uribe
Todas las mañanas recibo en mi correo la columna de Gustavo Álvarez

Gardeazábal conocida como El Jodario, y la del jueves 25 de junio se tituló “Si
algo es verdad, ¡apague y vámonos!”.
Entre varias preguntas que allí formulaba, una llamó mi atención: “¿Será verdad,
como dice HRW, que existe un grupo crecido de generales de la República
involucrados en el fatídico programa de falsos positivos, y que entre ellos está el
actual comandante del Ejército?”. Carcomido por la curiosidad, le pregunté:
“¿Qué pasaría si en efecto el comandante del Ejército estuviera involucrado en
falsos positivos?”. Y esto me contestó: “Que el Ejército se puede quedar sin
generales”.
Tiene razón de sobra el escritor valluno en su preocupación, por lo que implica

para la vida institucional de la Nación que la Fiscalía esté adelantando
investigaciones contra 16 generales del Ejército activos y retirados, según contó
la muy seria entidad norteamericana vigilante de los Derechos Humanos, Human
Rights Watch (HRW), en informe titulado El rol de los altos mandos en falsos
positivos. Aún más preocupante es saber que estarían involucrados el actual
comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez
Barragán, y su homólogo en la comandancia del Ejército, general Jaime
Lasprilla. (Informe de HRW aquí). Las acusaciones contra el general Rodríguez
Barragán provienen en parte del coronel (r) Robinson González del Río, quien
afirma que aquel participó en la falsificación de situaciones de combate y
“contrató a un investigador policial para que hiciera la acomodación en la
escena”.
Son acusaciones de extrema gravedad, y fueron el motivo por el cual el

presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez coincidieron
en descalificar airados dicho informe, el primero pidiendo “que no nos vengan a
manchar la institución" y el segundo exigiendo del Estado –en lugar de condenar
los falsos positivos- “una condena fuerte a esas conclusiones (de HRW), por
ligeras y envenenadas”. Esto último podría oscilar entre una imprudencia verbal
o una abierta complicidad con prácticas criminales, pues Ordóñez es
precisamente el juez disciplinario de las Fuerzas Armadas y debería saber que
una sentencia del Tribunal Superior de Cundinamarca por las víctimas de Soacha
elevó ese caso a delito de lesa humanidad, al considerar que fue parte de “un plan
criminal sistemático y generalizado” contra la población civil.
Pero el colmo de la infamia no está ahí, sino en este trino que publicó el
expresidente Álvaro Uribe: “En reunión con las madres de Soacha varias me
expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades
ilegales, lo cual no excusa asesinatos, pero la hipótesis no fue examinada por la
justicia”. (Ver trino) ¿Será posible mayor re-victimización? Aquí convierte en
criminales a las víctimas y en cómplices a sus madres, al mostrarlas como
conocedoras de supuestas conductas delictivas de los hijos que les mataron.
¿Habrá alguna madre de Soacha que confiese que le contó a Uribe de supuestas
actividades criminales de su hijo antes de caer asesinado a manos del Ejército?
No creo. Además, si eso le hubieran dicho lo habría publicitado con bombos y
tuiterazos ese mismo día. Pero es la primera vez que lo menciona, porque es hoy
cuando en su defensa se agarra hasta de un clavo ardiendo.
El meollo de la infamia reside en que pretende descargar la culpa sobre las

víctimas para justificar esos crímenes de lesa humanidad, pero no ante la opinión
pública sino ante sus mismos autores, en tácito reconocimiento de que supo lo
que allí ocurría y de que las instrucciones que se impartieron con tal propósito
tenían legitimidad.
Hay entre esos 16 generales uno cuyo nombre brilla con luz propia, Mario
Montoya Uribe, quien era el comandante del Ejército cuando se destaparon los
falsos positivos (que precipitaron su salida), y es el mismo de quien HRW dice
que “al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados
de la Cuarta Brigada se dieron durante el período en el cual el general Montoya
estuvo al mando.” A él también lo señala el coronel González del Río al revelar
que fue el ‘cerebro’ de las ejecuciones extrajudiciales, y a los comandantes de las
zonas a su cargo les decía: “Yo no quiero regueros de sangre. Quiero ríos de
sangre. Quiero resultados”. (Ver confesión).
Un aspecto del informe de José Miguel Vivanco que no se puede soslayar, es

cuando se refiere al conocimiento que debió tener ese copioso grupo de generales
sobre lo que ocurría. En caso contrario sería como si hubieran nadado en una
piscina sin mojarse, en consideración a que fueron “ejecuciones extrajudiciales
aparentemente generalizadas y sistemáticas cometidas por soldados de casi la
totalidad de las brigadas en cada división de Colombia”.
El punto a dilucidar es de dónde partieron las instrucciones para la puesta en

marcha de semejante máquina de asesinatos en masa por toda la geografía
nacional, si del comandante del Ejército o de su jefe directo, el presidente Uribe.
Es en este contexto donde se articula la directiva 29 de 2005 expedida por el
entonces ministro de Defensa Camilo Ospina, la cual ofrecía $3’815.000 por
guerrillero abatido y según Ramiro Bejarano (Tragedia que no cesa) “sirvió de
base para que se montara esa tenebrosa operación de ejecuciones extrajudiciales”.
De todo lo anterior surge un nuevo interrogante: entre esos generales

comandantes de brigada o de zona que ordenaron o supieron del asesinato de
jóvenes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras, ¿cuántos lo hacían
convencidos de que actuaban “por el bien de la Patria” y cuántos eran conscientes
de que se trataba de una práctica criminal, pero callaban, porque estaban
obligados a la obediencia y al cumplimiento de esas órdenes?
Bastará con que a uno solo de estos últimos su conciencia de hombre íntegro,
decente y correcto lo impulse a contar de dónde llegaron las órdenes, para que se
haya salvado la dignidad de nuestro glorioso Ejército Nacional y no tengamos
que decir ‘apague y vámonos’.
DE REMATE: Al cierre de esta encuentro tres columnas referidas al mismo

tema: una de María Elvira Bonilla (¡Que hablen los generales!) donde cuenta que
“los cuatro generales más comprometidos ya fueron llamados a interrogatorio.
Ojalá empiecen a hablar”. Otra de Antonio Caballero (Tres mil cadáveres) donde
le responde al presidente Santos que “están manchados (los generales) porque se
mancharon ellos, no porque alguien se haya dado cuenta". Y una de Hernando
Gómez Buendía (El infierno en Colombia) en la que dice: "El acto necesitó
demasiados cómplices para ser un secreto y fue repetido demasiadas veces para
tratarse de manzanas podridas o de casos aislados". Conclusión, crece la
audiencia de columnistas indignados por semejante vergüenza nacional. Ahora
falta que la indignación se contagie a los editores y dueños de los medios donde
escriben esos columnistas que solo le llegan a una élite ilustrada.
En Twitter: @Jorgomezpinilla
http://jorgegomezpinilla.blogspot.com/
Álvaro Uribe, las Convivir y los ejércitos

paramilitares
16 Oct 2015

Originally published

16 Oct 2015

Urge reparar la democracia y restablecer una sociedad civil para la paz
Artículo de opinión por María Soledad Betancur, directora del Observatorio de

Derechos Humanos del IPC
Tres magistrados de la sala de Justicia y Paz ordenan investigar a Álvaro Uribe Vélez:
"La Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo (a Álvaro Uribe Vélez)
por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y Convivir vinculadas con éstos
y/o concertarse con ellos, no sólo como Gobernador de Antioquia, sino después y aún
como Presidente de la República”.
Con esta decisión el tribunal de pasaos certeros para conocer la verdad de quienes se
beneficiaron y estuvieron detrás de la guerra que ha desangrado al país. No pueden
esperar menos la sociedad, no solo antioqueña sino colombiana; las víctimas del
conflicto; y el movimiento de derechos humanos. Urge reparar la Democracia y construir
una sociedad civil para la Paz que de bases firmes a un proceso de No Repetición.
Un Ejército con al menos 120 mil colaboradores y 529 estructuras en todo el país fue la
herencia de las cooperativas de seguridad Convivir, gestadas y autorizadas con firma de
puño y letra por el ex gobernador de Antioquia, ex presidente de Colombia y hoy
Senador de la República ÁLVARO URIBE VELEZ.
En diferentes versiones libre de paramilitares como Éver Veloza, alias “HH”, y Raúl
Emilio Hazbún, alias “Pedro Bonito”, han afirmado que “la obtención de las licencias de
funcionamiento requería la aprobación tanto de la Brigada como de la Gobernación de
Antioquia, específicamente del secretario general de la misma”.
Con ese apoyo, se dotaron de “armas de largo alcance, radios de comunicación de

avanzada tecnología, carros, motos, sub ametralladoras, ametralladoras, fusiles,
revólveres, lanza cohetes, roquets y morteros, lo cual les dio una importante capacidad
operativa”, una dotación para atacar a la sociedad civil, intimidar, desplazar, apropiarse
de las tierras de los campesinos y hacer del miedo la estrategia más fuerte para la
sostenibilidad de su proyecto.
De estas convivir en Antioquia fueron reconocidas 87 compuestas por 6.248 integrantes.

La Convivir Papagayo una de las más conocidas de esta estructura coordinaba las 12 que
se gestaron en Urabá después de la propuesta que recibió Raúl Hazbún.
“Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito” o “Pedro Ponte”, importante
empresario del Banano de la Región, se dirige a instalaciones de la gobernación de
Antioquia, donde según lo dicho por este desmovilizado, fue atendido por Pedro Juan
Moreno, quien al escuchar la idea que expuso sobre la creación de una Convivir para la
región de Urabá, fue replicado con la propuesta de crear doce”. (Ver: Sentencia del
Tribunal de Justicia y Paz, contra José Barney Veloza García La Fiscalía 17 Unidad
Nacional de Justicia y Paz en Enero 31 de 2012 Pagina 87)
Hasta dónde dejamos que llegara el horror, se pregunta el Grupo de Memoria Histórica.
Este informe deja ver como en el país entre 1985 y 2012 se cometieron 1.982 masacres,
de ellas 1.166 fueron cometidas por grupos paramilitares, solo por mencionar una de las
modalidades más cruentas que ha marcado el horror de la guerra en nuestro país. Álvaro
Uribe Vélez es promotor de las estructuras que mayor responsabilidad tienen en estos
crímenes de lesa humanidad. Una de ellas es la Masacre del Aro en el año 1997 por la
cual se sindica de manera directa el exgobernador.
La gestación de las Convivir, permitió que su momento de mayor expansión, las
CONVIVIR llegaran a tener cerca de 87 cooperativas en el departamento de Antioquia,
hicieran presencia en 24 departamentos, 529 y más de 120.000 colaboradores en todo el
país. En Antioquia fueron reconocidas 87 Convivir compuestas por 6.248 integrantes,
Arauca una convivir y 17 hombres, en Bolívar existieron 7 convivir y 268 integrantes, en
Boyacá 92 convivir y 1.826 integrantes, en Caldas 17 convivir y 64 integrantes, en
Casanare 2 Convivir con 64, en Cauca 3 convivir con 38, en Cesar 9 convivir, en Chocó
3 con 65 integrantes, en Córdoba 18 convivir y 169 integrantes, en Cundinamarca 120 y
2.970, en Guajira 3 convivir y 103, en Huila 3 convivir, en Magdalena 5 con 352
integrantes, en Meta 11 con 472, en Nariño 5 con 17 integrantes, en Norte de Santander
5, en Quindío 3, (sic) (Ver: Tribunal de Justicia y Paz, contra José Barney Veloza García
La Fiscalía 17 Unidad Nacional de Justicia y Paz en Enero 31 de 2012 –pagina 92-,
Citando a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tercer informe sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, capitulo no. IV. )
En el informe de derechos humanos del IPC, publicado en 1997, afirmábamos como

“durante el año de 1996 en Colombia, y particularmente en Antioquia, el fenómeno
paramilitar logro un alto nivel de expansión, consolidación organizativa, y control
territorial, colocando vastas zonas geográficas bajo su influencia”…esa situación va
consolidando un proceso privado de reforma agraria terrateniente inducida desde la elite,
que nuclea y adscribe masas enteras de población bajo la égida de los grandes
propietarios que sustentan la organización paramilitar y que van conformando nuevas
relaciones sociales que se mueven en la lógica de la guerra de “quien da protección exige
obediencia”.
Denunciábamos un desarrollo inusitado de las cooperativas de seguridad Convivir

impulsadas con gran entusiasmo por la administración departamental (nos referimos al
en ese momento gobernador Álvaro Uribe Vélez) y acogida por importantes sectores
empresariales, particularmente los vinculados al campo como los ganaderos. Nuestra
propuesta frente a esta realidad fue la “neutralidad activa” buscando el tratamiento no
violento de los conflictos. En el informe publicado en 1998 reiteramos y profundizamos
este planteamiento sobre la configuración de las convivir y las veíamos como la
legalización de los grupos de justicia privada. Para 1997 decíamos que en ese entonces
los organismos paramilitares crecieron al unísono de las convivir.
Planteaba Jenny Pearce en el prólogo a nuestro informe “Guerra, Paz y DH en

Antioquia” (Julio de 1998 – seis meses antes del secuestro de nuestros compañeros) que
“esta es una sociedad “no civil” donde no predominan entre los armados la fuerza de la
razón, los argumentos o las normas universales de la justicia. En este contexto, la idea de
que armar más civiles, por ejemplo a través de las convivir, podría estimular
grandemente la civilidad, es perversa” (IPC, 1998: XXII).
La información aquí recordada, es apenas una muestra del horror que ha vivido nuestra
sociedad. Consideramos que es este un firme avance para la verdad, romper con la
impunidad de los verdaderos perpetradores y avanzar en una línea de no repetición.
Esto es más que justo y reparador a trece años de la Operación Orión que ha dejado una
huella de dolor y muerte en la ciudad, y la mayor fosa común del mundo donde cientos
de jóvenes fueron desaparecidos sin que, de conjunto como sociedad, hagamos
conciencia de la magnitud de la tragedia; y a 18 años de la masacre del Aro, una de las
que inauguró esa modalidad de sembrar terror en las que la sociedad solo ha visto
estructuras paramilitares, cuando detrás están estructuras de poder encumbradas en el
Estados, la Gobernación de Antioquia, la Presidencia de la República, el Senado, las
Brigadas Militares entre ellas la XVII y la IV.
No hay mejor noticia para la sociedad antioqueña, para el país, las víctimas y el
movimiento de derechos humanos, que se conozca, se sepa la verdad completa y se
juzgue a quien se beneficiaron de esta ola de terror.
No eran solo paramilitares ensañados contra la población, es un proyecto político que se

ha impuesto a sangre y fuego y que desafortunadamente ha calado en una sociedad
marcada por la muerte y el dolor. Es hora de avanzar en otra dirección.
Nota: Que la sociedad de Medellín no entronice la repetición de esta tragedia en estas

elecciones. Esa es su responsabilidad desde una perspectiva moral.
 Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y en nada
comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC)
LAS MADRES ANTE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES DE
SUS HIJOS, SUS FAMILIAS Y LA RESIGNIFICACIÓN DE SUS
EXPERIENCIAS
Viviana Nitola Betancourt
A lo largo de los dos periodos de gobierno Uribe Vélez
(2002-2012) se dio en el país un alarmante crecimiento en
las cifras de ejecuciones extrajudiciales que en muchos
casos sucedieron por represión estatal y en otros como
“falsos positivos” en que los asesinados eran presentados
como resultados en combate. Las víctimas de Estado en el
país, especialmente durante estos años enfrentaron difíciles
condiciones para denunciar y expresar su dolor, a pesar de
ello hoy algunas de ellas son bien conocidas por sus
insistentes luchas. Para el desarrollo de esta investigación
social me centré en las madres víctimas con el fin de
analizar los efectos y transformaciones generadas a partir
de la violencia de Estado sobre su subjetividad y vida
familiar. Ello desde el enfoque de género, los relatos de vida
y la observación participante de cerca de dos años. El texto
está acompañado por fotografías que amplían la
información o el análisis, y que acercan el lector a una
realidad que invita a la reflexión y la fraternidad humana.
Álvaro Uribe: la Corte Suprema de Colombia vincula

formalmente al expresidente al proceso de investigación
por presunto fraude procesal y sobornos
RedacciónBBC News Mundo
 9 octubre 2019
Tras una indagatoria que duró siete horas, Álvaro Uribe se convirtió en el
primer exmandatario colombiano que rinde una declaración judicial ante la
Corte Suprema de Justicia.
La declaración realizada este martes es parte de la investigación criminal que se

sigue en su contra por presunto fraude procesal y compra de testigos.
Al final la Corte se mostró categórica y anunció que Uribe queda "formalmente
vinculado al proceso".
Esto significa que el caso continúa y ahora la Corte comenzará a reunir pruebas
para tomar una decisión sobre si se archiva el proceso o si hay suficientes
elementos para llevar a juicio al expresidente colombiano.
Además de continuar el proceso en su contra, los magistrados también podrían decidir
ordenar la detención del ahora senador.
Uribe no solamente es senador y fundador del partido gobernante Centro

Democrático, sino que es el político colombiano más popular del último medio
siglo. Su destino deja indiferentes a muy pocos: mientras medio país lo venera, la otra
mitad parece detestarlo.
Por si fuera poco, el proceso incluye numerosos elementos controversiales, como

el hecho de que la mayor parte de los testigos son criminales convictos, algunos
de los cuales se han contradicho de sus propias declaraciones; y que se han
usado grabaciones telefónicas cuya legalidad está puesta en duda.
Pero, ¿en qué consiste este histórico proceso?
Denunciante enjuiciado
El caso se inició con una paradoja.
Todo empezó en septiembre de 2014, cuando, durante un debate en el Congreso,

el senador Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo,
acusó a Uribe de tener nexos con grupos paramilitares y de narcotraficantes. Para
apoyar su acusaciones, presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Concretamente, señalaba a Álvaro Uribe de haber fundado, junto a su hermano
Santiago, al Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Santiago Uribe Vélez, hermano menor del expresidente, se encuentra arrestado y

en medio de un juicio por la creación de otro grupo paramilitar llamado los Doce
Apóstoles.
En respuesta al debate en el senado, el exmandatario demandó a Cepeda ante la

Corte Suprema de Justicia, acusándolo de buscar en las prisiones colombianas a
antiguos paramilitares, con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su
contra.
El caso fue radicado en la Corte Suprema que, durante varios años lo investigó
(declararon tanto Uribe como Cepeda, así como a todos los testigos implicados)
hasta que, en 2018, desechó las acusaciones contra Cepeda y,
sorpresivamente, abrió una investigación formal contra Álvaro Uribe por
manipulación de testigos, lo que conllevaba los delitos de soborno y fraude
procesal.
Convictos y contradictorios
El caso cuenta con 42 testigos, muchos de ellos exparamilitares que se
encuentran en prisión. Uno de los principales es Juan Guillermo Monsalve, antiguo
miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una condena de 40 años en
una cárcel de Bogotá.
Monsalve fue uno de los testigos que utilizó el senador Cepeda para sustentar sus
acusaciones contra Álvaro Uribe.
Testificó que en una hacienda de propiedad de la familia del expresidente en

Antioquia -en la que vivió- se planificaron unas matanzas que luego fueron
ejecutadas por estos grupos al margen de la ley.
Sin embargo, Monsalve posteriormente escribió una carta en la que se retractaba
de estas afirmaciones, aunque después dijo que su cambio de postura fue
adoptado "bajo presión".
Y aquí entra otro de los personajes claves del caso: Diego Cadena, uno de los
abogados de Álvaro Uribe. Tanto Monsalve como otros testigos aseguran que
Cadena los presionó o pagó para modificar sus testimonios.
De hecho, Monsalve asegura tener una grabación del momento en que el abogado
de Uribe lo presionó.
Varios de los testigos han asegurado haber recibido dinero por parte de Cadena. El
abogado ha reconocido haber entregado pequeñas ayudas en dinero a algunos de
los presos como "ayuda humanitaria".
Escuchas telefónicas
Una crítica del uribismo reside en que parte de las evidencias admitidas por la
Corte como prueba son varias horas de grabaciones hechas por las autoridades
de conversaciones telefónicas del expresidente Uribe de forma "accidental"
durante el curso de otra investigación.
Según la versión oficial, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (la policía
judicial) trabajaba en un caso sobre un excongresista interceptaron varios
teléfonos y solamente después de llevar un mes grabando se dieron cuenta de que una
de esas líneas pertenecía a Uribe.
Los intentos de la defensa por lograr que esas grabaciones no sean incorporadas
al proceso han sido infructuosos.
En la actualidad existen casi 60 investigaciones abiertas en Colombia contra Álvaro
Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la
Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de
Representantes
‘Los Doce Apóstoles’: la sombra

de Santiago Uribe hermano de
Alvaro Uribe Velez
La Fiscalía General de la Nación consideró queexisten suficientes
pruebas sobre los presuntos nexos del hermano del expresidente
Álvaro Uribe con ese grupo paramilitar y lo llevará a los estados
judiciales. Se le sindica de concierto para delinquir agravado y
homicidio agravado, delitos al parecer cometidos con el respaldo
de ese grupo armado ilegal. A raíz de la llamada a juicio a Santiago Uribe
Vélez, en medio del proceso que adelanta un fiscal delegado ante la Corte Suprema de
Justicia, VerdadAbierta.com publica nuevamente este artículo sobre ’Los Doce
Apóstoles’, grupo armado que operó en Antioquia y con el que presuntamente está
vinculado el ganadero. Esta historia fue publicada originalmente el 29 de septiembre
de 2013.
Desde finales de la década del noventa, la sombra del grupo armado ilegal
conocido como ‘Los Doce Apóstoles’ persigue a Santiago Uribe Vélez, reconocido
ganadero y caballista de Antioquia. Testimonios de ex paramilitares, ex policías y
trabajadores de finca se han referido a los supuestos vínculos de este hombre con
esa organización delictiva.
Con la decisión de un fiscal de derechos humanos de llamar a indagatoria a

Santiago, hermano del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, la sombra vuelve a crecer
a su alrededor. El ente acusador lo investiga por su presunta responsabilidad en la
creación de ese grupo paramilitar que operó en buena parte del norte de
Antioquia y tuvo como base de operaciones el municipio de Yarumal, así como en
la muerte de un ciudadano de esa localidad cuyo asesinato se habría cometido en
la finca La Carolina, de propiedad de la familia Uribe Vélez.
La cita del próximo 17 de octubre no será la primera en la que Santiago Uribe
Vélez tendrá que hablar ante la Fiscalía por ese tema. Ya en 1997 fue interrogado
por los mismos hechos, que involucran secuestro, extorsión y homicidio,
cometidos por el grupo de ‘Los Doce Apóstoles’ entre los años 1993 y 1994 en las
poblaciones de Yarumal y Santa Rosa de Osos.
Si bien en aquel año se abrió un proceso en su contra, el mismo fue archivado en

1999 por falta de pruebas suficientes para encausarlo; no obstante, quedó en los
anaqueles a la espera de nuevas pruebas para su reapertura, las cuales llegaron
en el año 2010, cuando un mayor retirado de la Policía, llamado Juan Carlos
Meneses Quintero, habló desde Buenos Aires, Argentina, sobre ese grupo armado
ilegal, considerado de ‘limpieza social’ y financiado, al parecer, por ganaderos y
comerciantes del norte antioqueño.
¿Qué denunció el mayor (r)?

Meneses Quintero expuso su testimonio ante el Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel, director del Servicio Paz y Justicia; Beinusz Smuckler, presidente
consultivo de la Asociación Americana de Juristas; Ernesto Moreau, representante
de la Asociación Americana de Juristas, entre otros. Sus palabras fueron
reproducidas por el diario bonaerense Página/12.
El Mayor (r) explicó que cuando llegó a Yarumal en 1993, relevó a un capitán de
apellido Benavides. En su momento, el oficial saliente le dijo que tenía que apoyar
a un grupo que hacía limpieza social en la zona. Según lo contado por Meneses,
Benavides le dijo que «el grupo tiene un jefe que se llama Santiago Uribe Vélez,
quees el hermano del (entonces) senador Álvaro Uribe. Él es un ganadero de la
región que tiene la hacienda cerca de Yarumal, la hacienda La Carolina. Él es el
jefe de este grupo paramilitar».
Meneses aseguró en esa ocasión que conoció a Santiago Uribe por medio de
Benavides: «Él me relaciona con Santiago Uribe Vélez. Él me presenta (y Santiago
me dice): ‘mucho gusto, teniente, bienvenido a Yarumal, yo tengo este grupo que
va a colaborar muchísimo con usted, además de que yo necesito que usted
colabore con ellos, ellos le van a dar mucha información y liberar la zona cuando
usted lo necesite'».
Según el oficial retirado, quien en esa época tenía rango de teniente, acordó con
Santiago Uribe Vélez que la Policía los iba a encubrir y apoyar en varios crímenes:
«Santiago me dice: ‘vea, reciba esta plata o no la reciba, nosotros tenemos el
apoyo de los comandantes de la Policía a nivel departamental y amigos a nivel
nacional, nosotros vamos a seguir actuando’, y yo dije ‘bueno pues, pa’ delante’.
Ese fue el compromiso con Santiago».
Meneses aseveró que durante el tiempo que colaboró con Santiago Uribe, su
grupo nunca fue conocido como ‘Los Doce Apóstoles’. El nombre surgió en los
medios de comunicación, «porque supuestamente había un sacerdote metido en
ese grupo, que era el padre Palacios», señaló el ex oficial, haciendo referencia al
sacerdote Gonzalo Palacios, párroco de la población.
El mayor (r) hizo alusión a otro encuentro con Santiago Uribe Vélez en su finca,
luego de «haberle colaborado mucho», y le mostró la zona donde entrenaba a sus
hombres. «Detrás de la plaza ellos tienen una pista de entrenamiento para
paramilitares. Una pista con todos los obstáculos para un entrenamiento militar.
La escalera, la telaraña, todos. Él me dice ‘mira, aquí es donde entreno a mis
muchachos’. En la finca él mantenía gente armada con escopetas, con fusiles, él
incluso tenía una subametralladora. Esa vez Santiago también me muestra una
lista, porque él tenía una lista de las personas que iban asesinando».
Durante la declaración a los defensores de derechos humanos argentinos, el ex

oficial de la Policía dejó entrever que al parecer el ex presidente Uribe estuvo al
tanto de los hechos narrados. «En esa época Álvaro Uribe era senador y estaba
aspirando a la gobernación. Él (Santiago Uribe) me decía ‘tranquilo que cuando
Álvaro sea gobernador nos va a ir mucho mejor'».
Meneses sólo permaneció tres meses en Yarumal, pero durante ese periodo se
perpetraron varios homicidios en los que participaron agentes bajo su mando y
presuntos integrantes de ‘Los Doce Apóstoles’.
El primer hecho que narró ocurrió en un peaje donde asesinaron a dos supuestos
delincuentes. «Hay un caso donde se obtiene información de que van a atracar un
peaje. Yo les digo ‘vayan a hacer el operativo, no hay problema. Entonces ellos se
esconden y efectivamente llegan a atracar el peaje. Fue gente de la Sijin
(inteligencia policial) y fue el grupo de Santiago. Ellos dan de baja a dos
delincuentes en el peaje. Eso se ve como positivo y las cosas empiezan a
marchar», indicó el ex policía.
Un segundo hecho hace referencia al asesinato de un supuesto colaborador de la

guerrilla. Según Meneses Quintero, el ganadero le dijo: «le voy a mandar a los
muchachos, vamos a cometer el asesinato contra esta persona que colabora con
la guerrilla. Esta es una persona conocida, es guerrillero, se llama Rodrigo
Barrientos. Es conductor de un carro que utilizan como bus. Ya lo tenemos
identificado que es la persona que suministra los víveres a la guerrilla».
Meneses Quintero estuvo preso en dos ocasiones por un operativo en el que

asesinaron a dos extorsionistas que supuestamente les señaló Santiago Uribe
Vélez. Su causa procesal nunca avanzó porque, según él, contó con la ayuda del
ganadero y al parecer de su hermano Álvaro, hoy candidato al Senado de la
República por el movimiento Puro Centro Democrático.
Los asesinatos cometidos por ‘Los doce Apóstoles’ son investigados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a petición de las familias de las
víctimas en vista de que la justicia colombiana, hasta ahora, ha mantenido los
crímenes en la impunidad.
Hablan otros
De Santiago Uribe Vélez y ‘Los Doce Apóstoles’ ha hablado también el ex jefe
paramilitar Salvatore Mancuso ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. Hace
varios años, este ex comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),
aseguró que aquel era el jefe de ese grupo armado ilegal, caracterizado como de
«limpieza social», sin embargo, en esa ocasión se abstuvo de dar detalles al
respecto.
Hace cinco semanas, se conoció a través de medios de prensa chilenos un nuevo

testigo contra Santiago Uribe Vélez. Se trató de Eunisio Pineda Luján, un ex
trabajador de la finca La Carolina que laboró allí entre los años 1993 y 1994,
justamente cuando los llamados ‘Doce Apóstoles’ incrementaron sus acciones
sicariales contra personas señaladas de delincuentes y colaboradores de la
guerrilla.
Los testimonios de Pineda Luján fueron conocidos por representantes de varios

colectivos de derechos humanos, quienes escucharon al ex trabajador de la
familia Uribe Vélez y dieron fe de que los mismos fueron escuchados por
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el Consulado de Colombia en el
país austral.
Las narraciones de este nuevo testigo no difieren mucho de lo dicho por el mayor
(r) Meneses Quintero y confirma sus versiones al respecto de los crímenes
cometidos por los integrantes de ‘Los Doce Apóstoles’ y la supuesta relación de
ellos con Santiago Uribe Vélez.
A todos estos señalamientos, el ganadero y caballista ha respondido que se trata

de montaje en contra de su hermano, queencabeza hoy lista para el Senado de la
República. Al respecto, su abogado, Jaime Granados, aseveró a diversos medios de
prensa que su cliente se presentará a la indagatoria el 17 de octubre próximo con
el fin de resolver su situación jurídica y despejar de una vez por todas la sombra
de ‘Los Doce Apóstoles’, que tanto lo ha perseguido en los últimos 20 años.
El 12 de junio de 2017, tras resolver la apelación de llamado en juicio que le hizo
un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, la vicefiscal de General de la
Nación, María Paulina Riveros, resolvió dejar el proceso en firme. (Ver: Santiago
Uribe, llamado a juicio por el caso de ‘Los Doce Apóstoles’)
22 grandes masacres en el
Gobierno de Álvaro Uribe
Está claro que muchos hechos lamentables de asesinatos conjuntos se
quedarán por fuera de este artículo: entre el 2002 y el 2010 hubo 402
masacres; pero anímese a entender las situaciones que pasaron estas
miles de personas, en el período que para muchos fue «el más seguro de
todos»
Colombia ha sido un país de asesinatos en conjunto y exterminios.

Desde 1980 hasta 2012, según datos del Centro Nacional de Memoria
Histórica, ¡ya se habían contabilizado unas 1982 masacres! En cada uno
de los siniestros, como mínimo, hay hasta 4 personas asesinadas.
Desde La Guajira hasta la Amazonia, cientos de miles de personas

murieron a manos de los paramilitares, la guerrilla, agentes del Estado y
otros grupos que a día de hoy ni siquiera se han podido identificar.
En este artículo encontrará 22 grandes masacres que hubo en el
Gobierno de Álvaro Uribe, a lo largo y ancho del país. ¿Las víctimas?
Indígenas, campesinos, civiles, personas inocentes.
Muchas masacres se quedarán por fuera del presente artículo: solo

entre el 2002 y el 2010 hubo 402. Pero puede consultarlas en la
página oficial del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Entre cada 7 de agosto de esos dos años (día de posesión

y día de entrega de presidencia de Álvaro Uribe), hubo 296
masacres en total.
Paradójicamente, las dos masacres que más de una vez han tenido en
aprietos y vinculan directamente al exmandatario, no se encuentran
dentro de estas casi 300 atrocidades.
Los escenarios de violencia vividos en La Granja y El Aro no caben en

las características temporales de este listado, pero es necesario
mencionarlas puesto que, además de constituir dos episodios de
indignidad del conflicto armado en Colombia, se caracterizan por tener
investigaciones vigentes alrededor de la participación de Álvaro Uribe en
cada una de ellas.
A continuación 22 grandes masacres ocurridas en el Gobierno de Álvaro

Uribe, en orden cronológico.
Vereda El Limón, Riohacha
El 1 de septiembre de 2002 el Bloque Norte del grupo paramilitar

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se adentró en una zona rural
de La Guajira y asesinó a 16 pobladores. También bombardearon e
incendiaron 15 ranchos con cilindros bomba y rockets. Entre las
personas asesinadas, seis eran menores de edad y dos, ancianos que
superaban los 70 años.
Luego del ataque, la vereda El Limón se convirtió en una zona fantasma
a causa del obligado desplazamiento de los sobrevivientes. La mayoría
de las víctimas pertenecía a la etnia indígena Wiwa.
San Juan Nepomuceno, Bolívar
Eran los peores días de Montes María. La guerra golpeaba con fuerza a
las personas inocentes, las víctimas se contaban por montones. Entre el
30 de agosto y el 1 de septiembre del 2002, 15 campesinos fueron
masacrados. Inicialmente se adjudicaron los asesinatos a la guerrilla de
las FARC. Con el tiempo, se empezó a pensar que habían sido los
paramilitares. Hoy la verdad sigue siendo oscura para las familias de las
víctimas.
La Punta de los Remedios, Dibulla
La comunidad se alarmó cuando un grupo de 50 paramilitares del Bloque

Norte de la AUC llegó a la vereda a las 10 de la noche, el 17 de
septiembre del 2002. Mataron a 4 jóvenes en frente de sus familias y se
llevaron a otros 5 hombres para asesinarlos afuera del pueblo y sus
cuerpos fueron desaparecidos.
En el municipio de Dibulla ocurrieron 3 masacres que sembraron el

horror en la época del paramilitarismo. El artículo ‘Más que hambre y
sed’ de Verdadabierta, habla del despojo, el desplazamiento y el dolor
que han debido padecer los pobladores de este territorio guajiro.
San Carlos, Antioquia
Cortesía de: Rutas del Conflicto.

La guerrilla de las FARC asesinó a 18 civiles de tres diferentes veredas
de este municipio antioqueño. El homicidio de siete menores de edad y
una mujer embarazada muestran la crudeza que significaron estos actos.
Jóvenes que se negaron a unirse a las filas de la guerrilla también fueron
asesinados.
Los hechos, que ocurrieron el 16 de enero del 2003, ocasionaron el

desplazamiento de más de 800 personas, muchas de ellas, cuando
regresaron a sus casas, las encontraron totalmente destruidas. San
Carlos sufrió 32 masacres entre 1988 y 2005.
Urrao, Antioquia
El 5 de mayo del 2003 es un día inolvidable para el municipio de Urrao.

10 personas, que con antelación habían sido secuestradas por las FARC,
fueron asesinadas por los mismos guerrilleros en cuanto se percataron
de que el Ejército adelantaba una operación militar para rescatarlas.
8 integrantes de la Fuerza Pública, Guillermo Gaviria Correa, para ese

entonces gobernador de Antioquia y Gilberto Echeverri Mejía, exministro
de Defensa, fueron las víctimas. Una tragedia que conmocionó el
panorama político nacional.
El Triunfo, Buenaventura
Un taxi fue el escenario del accionar del grupo paramilitar Bloque

Pacífico. El 4 de julio del 2003, 5 hombres perdieron la vida al ser
abaleados en plena carretera. Este grupo paramilitar perpetró 15
masacres entre el 2000 y el 2005 en Buenaventura. El barrio El Triunfo,
tendría que vivir más de una vez la pesadilla de la muerte de muchos.

Bahía Portete, Alta Guajira
Cortesía de: El Heraldo

El 18 de abril del 2004 fueron desplazados de sus territorios ancestrales
600 indígenas de la comunidad Wayuu. El informe de 228 páginas del
Centro Nacional de Memoria Histórica narra los hechos, en donde
aproximadamente 40 paramilitares profanaron el cementerio de la
comunidad y saquearon e incendiaron varias viviendas. Las mujeres,
como en tantas otras masacres, fueron violentadas y torturadas
sexualmente como arma para doblegar a las comunidades.
Algunas fuentes hablan de hasta 30 personas asesinadas por el Bloque

Wayuu de las AUC. (Cabe resaltar que la comunidad indígena no tiene
nada qué ver con este bloque paramilitar, a pesar de su nombre).
Flor amarillo y Cravo Charro, Arauca
“Agradezcan que estamos de buen genio, si no los matamos a

todos», fueron las palabras de uno de los paramilitares perpetradores de
esta masacre, llevada a cabo entre los días 19 y 20 de mayo del 2004.
Las cifras más altas hablan de 21 personas asesinadas, entre ellas dos
menores de edad. 100 paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca
fueron los encargados de ejecutar los homicidios.
Por los días en que se cometió la masacre, la zona estaba densamente

militarizada por miembros de la Brigada XVIII y Móvil No. 5 del Ejército
Nacional. Por esta razón, las denuncias hablan de que los asesinatos se
hicieron bajo complicidad y/o tolerancia del mismo Ejército de la
República. El general Gustavo Matamoros declaró: “son pueblos
guerrilleros”.

La Gabarra, Norte de Santander
Los pobladores del corregimiento de La Gabarra han sufrido los estragos

de la guerra varias veces en su historia. En 1999, por ejemplo, 200
paramilitares ingresaron a la zona y asesinaron a varias personas.
El 15 de junio del 2004 volvió el sufrimiento a estas tierras, en esa

ocasión por parte de la guerrilla de las FARC. 34 campesinos fueron
asesinados a sangre fría con un disparo en la cabeza. Todos se
encontraban en la finca La Duquesa que, según declaraciones del
secretario de Gobierno de ese departamento, era propiedad de grupos
paramilitares.
A pesar de eso, en el momento de la masacre no había un solo

paramilitar en la finca. Los campesinos fueron las únicas víctimas.
Llorente, Nariño
20 personas fueron asesinadas por paramilitares del Bloque Libertadores

del Sur el 30 de junio de 2004. Fueron torturadas hasta el punto de
impedir que se reconocieran los cuerpos. Los miembros de la Fuerza
Pública que se encontraban presentes no reaccionaron a los hechos. Un
ambiente de complicidad y crueldad cubre este lamentable recuerdo de
San Andrés de Tumaco. El Centro de Investigación y Educación Popular
(CINEP) denunció la impasibilidad de las autoridades.
El Alfilador, Puerto Asís
El 11 de noviembre del 2004, la cancha de fútbol de la vereda de El

Alfilador, en Putumayo, sirvió como escenario de muerte para los
paramilitares del Bloque Sur Putumayo.
Obligaron a la población a reunirse en ese lugar y escogieron a 15 de

ellos. Los amarraron y los torturaron, luego los colgaron de los pies y los
asesinaron con machetes, motosierras y armas de fuego en frente del
resto de los habitantes.
El reconocimiento de los cuerpos fue casi imposible debido a la

presencia paramilitar en la zona durante un tiempo después; además,
varios cuerpos fueron arrojados al río Putumayo. 400 personas fueron
desplazadas, entre los muertos había varios ecuatorianos.
San Salvador, Tame
Todo ocurrió en la noche de fin de año del 2004. Ese 31 de diciembre, 30

hombres de la Columna Móvil Alfonso Castellanos del Bloque Oriental de
las FARC entraron disparando al caserío San Salvador, que solo contaba
para entonces con 16 viviendas.
El ataque duró alrededor de 10 minutos continuos. 17 personas, entre

ellas 4 menores de edad, perdieron la vida; 60 más lograron escapar a
través del río Casanare. Cerca de 7.000 personas fueron desplazadas
del municipio de Tame: durante cinco años ocurrieron 16 masacres.
Punta del Este, Buenaventura
Cortesía: El País Colombia

A 12 jóvenes les arrancaron los ojos de sus cuencas, sus cuerpos tenían
señales de tortura, estaban maniatados y tenían disparos en el cráneo.
Les habían propuesto jugar un partido, pero en realidad los condujeron al
lugar donde iban a asesinarlos.
El 19 de abril del 2005 estos jóvenes fueron asesinados. Al día siguiente,

fueron hallados flotando en el mar, en el barrio El Triunfo. Según sus
propias madres, todos estaban irreconocibles. Hasta el 2017 todavía
continuaban exigiendo reparación para las víctimas y juicio para los
responsables. Según el Proceso de Comunidades Negras, otros 12
jóvenes fueron desaparecidos.
En total, las víctimas fueron 24 personas de los barrios Punta del Este,
Santa Cruz y Palo Seco de la comuna 5 del municipio de Buenaventura.
Había menores de edad y los mayores tenían 20 años.
Palomas, Puerto Valdivia
El 24 de agosto del 2005 el frente 36 de la guerrilla de las FARC asesinó

a 14 personas en un finca de una vereda de Puerto Valdivia, Antioquia.
Entre los muertos había una mujer de 44 años. Algunas fuentes dijeron
que los campesinos se dedicaban a la plantación de la hoja de coca,
pero sus familias siempre negaron esa información.
250 personas debieron abandonar sus hogares en Valdivia a causa del

álgido momento que vivía el municipio de cuenta del conflicto armado en
2005.
Sanza, San Juan de Arama
A las 7:30 de la mañana empezó la pesadilla que terminó con 10

campesinos muertos y cuatro personas heridas, con varias víctimas
menores de edad. El 15 de abril del 2006 tropas del Ejército Nacional,
aparentemente drogadas, adscritas a la Brigada Móvil No. 12,
arremetieron en un ‘operativo’ contra la casa aledaña a la escuela de
Puerto Nubia.
Un joven de 15 años perdió la vida; tres niñas de 13, 12 y 7 años

resultaron heridas a causa de las balas de fusil que constantemente
disparaban los soldados.
El número de desaparecidos antes, durante y después del operativo es

indeterminado. Cuando un soldado vio el resultado de sus acciones se
lanzó a los brazos de uno de los padres de los niños heridos a
llorar. Según él, la información que les habían proporcionado era otra.
Olaya Herrera, Nariño
Algunos habitantes de Bocas de Satinga, pueblo vecino a Olaya Herrera,

alcanzaron a ver unos cuerpos que flotaban en un río cercano.
Lastimosamente, los cadáveres no se pudieron recuperar nunca. Eran de
8 campesinos asesinados el 22 de noviembre de 2006 a manos de Los
Rastrojos. Esta banda tomó control del territorio de Nariño luego del
proceso de desmovilización de paramilitares en el 2006. Atemorizaban a
la población asesinando a cientos de personas.
San José de Tapaje, El Charco
El 18 de junio de 2007 fueron asesinados a quemarropa 11 diputados,

mientras se bañaban. Guerrilleros de las FARC les dispararon por la
espalda. Los diputados habían sido secuestrados el 11 de abril del 2002
junto con otro compañero, el único sobreviviente; el último proceso de
paz fallido llevado a cabo, había culminado 2 meses atrás.
La guerrilla de las FARC mintió a la opinión pública y a las autoridades

diciendo que su muerte había sido a causa de un fuego cruzado con el
Ejército. Las pruebas balísticas y el levantamiento de cuerpos
demostraron que había sido una masacre intencionada.
Iraca, Meta
14 jóvenes entre 15 y 25 años fueron asesinados el 13 de diciembre del

2008. El grupo delincuencial que lo hizo nunca fue identificado. El hecho
ocurrió en la vía que conduce hacia Llano grande, donde funciona una
despulpadora de Palma.

Ricaurte, Santa Cruz y Barbacoas
La comunidad indígena Awá fue sistemáticamente golpeada a lo largo

del conflicto armado por diversos actores de violencia. El 4 de febrero del
2009, la guerrilla de las FARC asesinó a 11 de sus indígenas, entre ellos
había dos menores de edad. Fueron amarrados, torturados y asesinados
a punta de cortes de machete.
Buenavista, Barbacoas
7 indígenas fueron sacados a la fuerza de sus casas, les amarraron pies,

manos y con cuchillos les arrancaron sus orejas e hirieron todo su
cuerpo. Una vez más en el departamento de Nariño, la comunidad
indígena Awá debió padecer el peor rostro de la guerra. Los asesinos
eran miembros de las Águilas Negras. Todo ocurrió el 19 de febrero del
2009.
Los homicidas hacían parte de ese gran grupo de Bandas Criminales

Emergentes, Bacrim. Hoy continúan delinquiendo desde su nacimiento a
finales del 2006, como consecuencia de las disidencias del proceso de
paz con los paramilitares llevado a cabo durante el Gobierno de Álvaro
Uribe.
Tumaco, Nariño
El 26 de agosto del 2009 Los Cucarachos irrumpieron la tranquilidad del

resguardo indígena Gran Rosario, a las 5:30 de la mañana. Asesinaron a
12 indígenas Awá e hirieron a 3 más. Una de las mujeres asesinadas era
Tulia García, la única testigo del falso positivo que miembros del Ejército
habían ejecutado sobre Gonzalo Rodríguez, el 23 de mayo de ese mismo
año.
Luego, se puso al descubierto que esos mismos integrantes del Ejército
habían pagado a la banda criminal Los Cucarachos para que asesinaran
a Tulia García, con el fin de que su delito quedara impune y sin testigo
alguno; “posteriormente los integrantes de este grupo fueron asesinados
por paramilitares al servicio del Ejército Nacional”.
Sánchez, Policarpa
10 campesinos fueron decapitados, mutilados y a algunos les sacaron los

intestinos para ponerlos sobre sus manos. Desmembraron sus cuerpos y
los enterraron en fosas comunes esparcidas por toda la zona rural del
municipio de Policarpa, Nariño. Los asesinos hacían parte del grupo
emergente Los Rastrojos. El 28 de marzo del 2010 será inolvidable para
las familias de las víctimas. Estos fueron años muy difíciles para la
población de Nariño.
Fuentes principales del artículo:

1. Centro Nacional de Memoria Histórica
2. Rutas del conflicto
3. Alfredo Molano
4. Notas periodísticas de diversos medios, hipervinculadas a lo largo
del texto.
El sombrío Álvaro Uribe

Vélez
“Me están investigando a mí con usted y tienen interceptado el

teléfono… O sea que ésta llamada la están escuchando esos
hijueputas”.
A quien se escucha hablar en la grabación es ni más ni menos que al
expresidente Álvaro Uribe, a quien se refiere despectivamente es a los
jueces de la corte suprema de justicia y el tema de la candente llamada
es una investigación por presunta fabricación de testigos falsos en contra
del senador Iván Cepeda, investigación que dio un giro en su contra y
por la que hoy es investigado por el órgano judicial más importante
de la república, tal parece que “le salió el tiro por la culata”.
En mi columna anterior dejé abierta la puerta para ahondar en la persona

del expresidente, uno de los políticos más controversiales del país, que
ha manejado su trayectoria entre amores y odios, acusaciones y
señalamientos sobre su vida, su familia, amigos y negocios, donde ha
habido intrigas, sindicaciones y muerte, algo parecido a la trama de
una novela criminal, pero al que hoy nadie ha podido comprobarle
ninguna responsabilidad penal. Así empezó todo…
Transcurría la tarde del martes 14 de junio de 1983, fecha en la que es

asesinado su padre Alberto Uribe Sierra. Según la versión de la familia el
hecho fue perpetrado por el frente 36 de las FARC, lo que recientemente
ha sido negado por ese grupo insurgente hoy desmovilizado.
De otro lado, también se han cuestionado las asociaciones personales y

comerciales que previo al atentado y durante gran parte de su vida tuvo
el padre del Álvaro, así lo relata Fabio Castillo, escritor y periodista en su
libro “Los jinetes de la cocaína” de 1987, “se dice que Alberto Uribe
Sierra, fue un reconocido narcotraficante, vinculado con el Clan de los
Ochoa, fue detenido con fines de extradición a los
Estados Unidos en 1982, pero gracias a las manipulaciones de Álvaro

Uribe a través de Jesús Aristizábal Guevara, entonces Secretario de
Gobierno de Medellín, logró que lo pusieran en libertad”
. Recuerden que “Los Ochoa” fueron los fundadores del
sanguinario cartel de Medellín y por esa época todo el mundo
conocía de sus andanzas. ¿No lo sabía la familia Uribe?
Además, en las instancias del poder político el padre de Álvaro y
Santiago también generaba cierto rechazo, es así como Cecilia Lara
Bonilla hermana del asesinado exministro de justicia Rodrigo Lara
Bonilla, padre del actual representante Rodrigo Lara (quien según criterio
de muchos no hace honor al legado de su padre), en una declaración
hecha bajo la gravedad de juramento en 1984 y obtenida por el Nuevo
Herald sugiere que el exministro consideraba que Uribe Sierra estaría
vinculado con el mundo del narcotráfico pues se había descubierto
un helicóptero de su propiedad en un gigantesco allanamiento a un
laboratorio de cocaína al sur del país, en un lugar conocido como
Tranquilandia. “Dijo que lo de Tranquilandia era muy grave y
comprometía a gente muy importante de la política del país, que el
helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era del papá de Álvaro
Uribe Vélez”. Fue entonces cuando me dijo, en ese momento: “La mafia
ha entrado a todos los estamentos del país, no sólo a la política sino a la
economía”.
Tranquilandia fue el complejo cocalero más grande

desmantelado en Suramérica y que estaba en manos de
una asociación criminal compuesta por Pablo Escobar,
Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa Vásquez, sí,
el mismo del clan de los Ochoa amigo del padre de los
Uribe Vélez. ¡El mundo es un pañuelo!
En ese operativo incautaron 15 toneladas de pasta de coca, y 3
toneladas de cocaína procesada, así como dos avionetas y el helicóptero
Huges 500, de matrícula colombiana HK 2704X de cuya empresa
propietaria era también dueño Alberto Uribe Sierra. Aunque la familia
siempre ha dicho que el helicóptero había sido vendido un par de
meses antes. ¡A la gente hay que creerle! ¡Lástima que en el gobierno
del presidente Uribe no hicieran gala de este criterio y terminaron
espiando a todo el mundo a través del DAS en el conocido escándalo de
las chuzadas!
Según estos hechos, el asesinato de Alberto Uribe Sierra estaría
relacionado con un ajuste de cuentas, lo que hasta hoy aún deja muchas
preguntas.
No es raro que Álvaro Uribe fuera un muchacho aventajado con acceso e

influencias en altos círculos de la sociedad antioqueña, quien a los 28
años ya era director de la aeronáutica civil de donde se dice “otorgó el
mayor número de licencias de vuelos a los carteles de la droga
quienes le debían mucho por darles una mano en el negocio”.
Desde esos años y según se conoció oficialmente la CIA empezó a

hacerle seguimientos y así era descrito: “el asociado 82, Álvaro Uribe
Vélez, es un político colombiano, senador y dedicado a la
colaboración con el Cartel de Medellín en los altos niveles del
gobierno. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con
narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y es un
amigo personal y cercano de Pablo Escobar Gaviria” . Revelado por
Yohir Akerman
Pero el fantasma del narcotráfico seguía rondando su carrera, de hecho

las versiones reiteradas de que estaba vinculado con la mafia de los
Ochoa llegó a oídos del presidente de la época, Belisario Betancur, por
eso cuando Uribe llegó a la alcaldía de Medellín en 1982 nombrado por
el exgobernador de Antioquia Álvaro Villegas Moreno, solo estuvo allí 4
meses ya que el ex presidente de la ANDI Fabio Echeverri afirmaba que
tenía nexos con el cartel de Medellín, sí, Echeverri, el mismo que se
convirtió en su mano derecha para llegar a la presidencia, el mismo
que promovió la modificación del artículo de la constitución que le
permitió su reelección. Cómo nos cambia la vida
Posteriormente con su llegada a la gobernación de Antioquia, quizá para

desatar su furia contra los asesinos de su padre (o al menos contra
quienes él consideraba sus asesinos), se convirtió en uno de los
principales impulsores del decreto que creó las Asociaciones
Comunitarias paralelas de Vigilancia Rural (Convivir) firmado en 1994 a
finales de la presidencia de Cesar Gaviria. Es aquí donde el pasado del
gobernador de Antioquia y el presente del entonces mandatario de los
colombianos se encuentran abruptamente, pues las Convivir no solo
fueron los laboratorios de la proliferación del paramilitarismo, sino
sus principales financiadores amparados por el gobierno.
Es así como los paramilitares pasaron a ser representantes legales y

miembros de estas organizaciones, les legalizaron la actividad que
hacían en la clandestinidad, entonces además de cometer masacres
pasaron a aparecer en documentos públicos así: Convivir Horizonte y
Guaimaral, bajo la dirección de Salvatore Mancuso, Convivir Avive,
donde estaba José Ignacio Roldán, alias “Monoleche”, Convivir Nuevo
Amanecer, donde uno de sus miembros fueron Rodrigo Pelufo, alias
“Cadena”, y Francisco Javier Piedrahita; Convivir Arrayanes, del ex
comandante Juan Francisco Prada, alias “Juancho Prada”, Convivir Siete
Cueros y Convivir Guayacanes, del ex comandante José María Barrera
Ortiz, alias “Chepe Barrera”; Convivir Papagayo, del ex comandante
Arnulfo Peñuela Marín y Raúl Hasbún Mendoza del eje bananero.
Como lo ven, los más sanguinarios combatientes paramilitares

esparcidos a lo largo y ancho del territorio nacional se hicieron visibles
por cuenta de ese afán por controlar el narcotráfico. Esos mismos que
abiertamente apoyaron a Uribe Vélez y que terminaron extraditados sin
contar la verdad, sin someterse a la justicia colombiana ni reparar a sus
víctimas en lo que pareció más una retaliación del gobierno con el afán
de que se guardaran sus verdades, esas que estruendosamente apuntan
a Uribe y cuando éste llegó a la presidencia en 2002 sería acusado ante
el tribunal superior de Bogotá por Salvatore Mancuso,
excomandante paramilitar, de haber recibido el apoyo de las
Autodefensas en su campaña, afirmando que “era imposible” que el
hoy senador no tuviera conocimiento de ese apoyo.
Pero las acusaciones no terminan ahí, pues a este señalamiento se

suma el del excomandante paramilitar Jorge Iván Laverde alias “el
Iguano” quien sin sonrojarse confesó que en Norte de Santander ellos
aportaron más de 200 millones de pesos para publicidad, como
camisetas y afiches e invirtieron en buses para transportar a los votantes.
Garantizar la votación era lo de menos, pues tenían

control sobre ese departamento a cuyos habitantes les
habían dado la orden de votar por Álvaro Uribe y por
nadie más.
Como quiera que haya sido, lo cierto es que a los paramilitares los avala
el resultado electoral en ese departamento donde Uribe prácticamente
duplicó la votación total obtenida por el conjunto de todos sus
contendores y entre ellos el hijo de esa tierra, Horacio Serpa. Álvaro
Uribe Vélez tuvo 207.710 votos, mientras entre Horacio Serpa, Lucho
Garzón, Noemí Sanín e Ingrid Betancourt juntos obtuvieron 132.035
votos.
A esta extensa lista de acusadores hay que agregarle el nombre de

Daniel Rendón Herrera alias “Don Mario”, el ex jefe paramilitar y fundador
de la banda criminal los Urabeños, quien desde una cárcel de
EE.UU confesó que el líder del Centro Democrático sostenía
reuniones con Carlos Castaño cuando era gobernador de Antioquia
y que fue Álvaro Uribe quien dio la orden de asesinar a Vicente
Castaño (ambos miembros fundadores de las AUC).
Recientemente el periodista Daniel Coronell reveló unos correos donde

otro narcoparamiliatar alias “Don Berna” también señala a Álvaro Uribe
de dar la orden del asesinato de Pedro Juan Moreno, un examigo de
Uribe y auspiciador de grupos paramilitares que luego se distanciaría del
expresidente conociendo muchos de sus secretos, Coronell hizo
pública la información dada por Don Berna ya que éste se retractó
luego de hacerla años atrás.
Hoy está de nuevo buscando hacerse reelegir como Senador, siempre

peleándose el poder. Hoy nuevamente es investigado y sabrá Dios si
avanzan esas investigaciones, pues hasta en los más altos poderes
le rinden pleitesía, porque en todas partes hay quien le filtre
información, quien le envíe un mensaje de alerta, quien refuerce esa
visión anacrónica de que vivimos en un país de “corruptos hasta el
tuétano”.
La Corte Suprema abre

investigación contra Uribe por
supuesta compra de votos
Corte Suprema abre indagación a Álvaro Uribe por audios
del ‘Ñeñe’
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el
expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez por el escándalo de audios
del asesinado exganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, en los que se
habla de presunto ingreso de dinero ilícito en la campaña presidencial de
Iván Duque.En estos audios también aparece mencionado el hoy senador
Álvaro Uribe Vélez.
La indagación preliminar se abrió tras la denuncia de Gonzalo Guillén y

Daniel Mendoza en la que señalaron presuntos delitos electorales. Y la
Corte ya decretó pruebas, entre estas un testimonio, para determinar si
hay mérito para continuar con una investigación formal contra el
expresidente.
Como parte de las pruebas que pidió el magistrado que tiene el caso,
Misael Rodríguez, está que por orden judicial se obtengan todos los audios
del proceso.
Estos audios, del 2018, son el resultados de interceptaciones legales que

las autoridades habían hecho al teléfono del fallecido Hernández, quien era
investigado por el homicidio de Óscar Rodríguez y sus posibles vínculos con
la estructura criminal de ‘Marquitos’ Figueroa.
En los mismos, de los cuales solo se han conocido hasta el momento las
transcripciones, se menciona un presunto dinero “por debajo de la mesa”
para, presuntamente, favorecer la campaña presidencial del hoy presidente
Iván Duque.
El Tiempo
Defender a Duque y eliminar la JEP, lo que Uribe pedirá a

la bancada del Centro Democrático
La próxima semana se inician las sesiones ordinarias del segundo período
de la legislatura 2019-2020 y los partidos políticos con asiento en el
Congreso han empezado a coordinar hacia dónde serán dirigidos sus
esfuerzos políticos en un tiempo que promete bastante movimiento si se
tiene en cuenta que llegaran propuestas de reformas, como la laboral o la
pensional.
En Cartagena, a pesar del riesgo de contagio de coronavirus, se reúnen

durante este jueves y viernes el director nacional, los congresistas y el
comité programático del partido conservador. Lo mismo sucede con el
uribismo, que se reunirá durante los mismos días en Paipa, Boyacá, para
trazar el camino a seguir en el Capitolio.
En ese sentido, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez ha dejado

conocer una lista de 78 líneas que serán las que guiarán su intervención
ante la bancada del Centro Democrático en ese retiro, que está compuesto
por temas del partido, el presidente Iván Duque, del coronavirus,
Venezuela y las más recientes acusaciones que se le han hecho a raíz de
los audios de José Guillermo “Ñeñe” Hernández, aunque no los aludiera
directamente.
Para Uribe, el presidente Iván Duque y su equipo gobiernan con

transparencia, razón por la que pide “defenderlos con valor”. “Reafirmamos
nuestro respaldo al Gobierno del presidente Duque, al mandatario, a la
señora vicepresidente y a todo el equipo. Reconocemos las dificultades,
retos y vicisitudes, pero confiamos que se irán superando con el talento y la
consagración del liderazgo presidencial”, escribe Uribe sobre el gobierno de
Duque.
Manifestó que el gobierno Duque “heredó impunidad, prohibición

Constitucional para extraditar al narco terrorismo y obstáculos para
enfrentarlo” y se refirió al hecho de que la Corte Constitucional tuviera
“interferencia” en la competencia del Ejecutivo para garantizar el orden
público: “Es otro apoyo a la acción de los criminales”. Esto lo ha
mencionado anteriormente respecto de las decisiones de la Corte
Constitucional que han restringido el uso de glifosato para combatir cultivos
de uso ilícito.
“El Ejecutivo es el responsable del orden público, no debe estar interferido
previamente. La observancia de las normas de derechos humanos, Derecho
Internacional Humanitario y de protección ambiental, entre otras, tiene en
el Estado de Derecho un régimen de sanciones de aplicación posterior”,
anota Uribe.
Por otra parte, insistió en que se debe eliminar la Jurisdicción Especial para
la Paz (JEP) y retomó su idea de tener una corte única. “Esperamos la
reforma a la Justicia, que la agilice, la acerque al ciudadano, desjudicialice
trámites. Muchos seguimos creyendo en la Corte Única y en la revisión de
procesos eleccionarios, como el reciente en la Corte Suprema, que afectan
la majestad de la magistratura”, no obstante, es consciente de que esos
temas parecen “imposibles políticos”.
“Esos imposibles políticos no nos pueden olvidar de la eliminación de la JEP.

La política es un proceso de pedagogía permanente que al final se cimenta
en la credibilidad derivada de la coherencia. La actitud de pasar la página
puede apaciguar las aguas de la crítica, pero siembra los gérmenes de la
derrota. La tranquilidad de los adversarios no los convierte en amigos, pero
la desconfianza de los amigos termina por alejarlos”, comentó el
expresidente.
Respecto de la pandemia de coronavirus, que llegó a Colombia de manera

confirmada hace una semana, manifestó que era necesario activar las redes
de protección social y evitar el colapso de los sectores productivos. “Las
decisiones del presidente Duque de alivio tributario al turismo y a las
empresas de transporte aéreo son prudentes y oportunas”, señala el
senador del Centro Democrático.
Al final del documento, el expresidente señala: “La colección de infamias en

mi contra no puede afectar al Centro Democrático que debe trascender más
allá de mi coyuntura, frágil como el promedio humano”.
El Espectador
Foto: Tomada de Blu Radio

Referencias
http://bdigital.unal.edu.co/9780/1/870029.2012.pdf
https://elshabbat.com/
https://www.laorejaroja.com/el-sombrio-alvaro-uribe-velez/
https://ctxt.es/es/20181017/Politica/22343/colombia-alvaro-uribe-paramilitares-narcotrafico-
national-security-action.htm
https://reliefweb.int/report/colombia/lvaro-uribe-las-convivir-y-los-ej-rcitos-paramilitares
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50797861 https://www.laorejaroja.com/22-
grandes-masacres-en-el-gobierno-de-alvaro-uribe3/
https://www.totusnoticias.com/matarife-la-serie-sobre-alvaro-uribe-que-expone-sus-nexos-con-
empresas-criminales/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49984508
Recopilado Por: Cristian Valero Bogotá Colombia
Psicólogo

Alvaro Uribe Velez "Matarife"

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Álvaro Uribe Vélez

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

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