La Inclusión Social en las sociedades Latinoamericana

La desigualdad continua siendo uno de los principales retos de los países de las
Américas, y el debate sobre sus raíces y consecuencias ha permeado todos los ámbitos de la
política pública, incluyendo el ámbito de la política. Puede argumentarse incluso que es un
debate esencialmente político, ilustrado por la tendencia reciente de introducir el tema
social en el centro de la agenda política en las Américas, región democratizada que se ubica
comparativamente en posiciones ejemplares en los índices que miden el nivel democrático,
pero que aún registra niveles preocupantes de pobreza y desigualdad. Lo cierto es que los
avances en materia de derechos civiles y políticos no se han correspondido con avances en
materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esta relación, por muchas
descuidadas, recobra fuerza recientemente en la discusión política y se perfila como el
centro de la agenda de trabajo para la región en los próximos años principalmente debido a
la interdependencia que existe entre todas las esferas de los derechos.
En efecto, en un contexto de desigualdad y exclusión social es claro que las
contradicciones entre desigualdades en la esfera política y la existencia de inequidad
socioeconómica tienen un impacto perjudicial para la estabilidad de las democracias y en
los niveles de desconfianza que los ciudadanos tienen en las instituciones políticas,
generando la imposibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos plenamente.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional ha reconocido que la equidad es un principio
fundamental del desarrollo. Se ha argumentado que el nuevo paradigma de desarrollo
implica crecer para igualar, e igualar para crecer.
Esto se ha reflejado también en el marco de las discusiones de la Agenda de
Desarrollo 2030 en la cual se ha incorporado, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), un objetivo específico enfocado en la reducción de la desigualdad dentro y entre los
países. En el marco de la Agenda 2030, se ha colocado a la equidad y la inclusión social
como elementos clave de los esfuerzos globales, resaltando la importancia de eliminar las
barreras que atentan contra un acceso equitativo a las oportunidades para el desarrollo de
millones de personas a nivel global, estableciendo a la inequidad como uno de los
elementos transversales para “no dejar a nadie atrás.
 En este marco y durante los últimos 15 años, muchos de los países de la región han
tomado medidas de política pública para generar mayor inclusión y una mejor
redistribución de los beneficios del crecimiento económico, con la intención de que esto se
traduzca en el goce de más derechos (en todas sus esferas) para los ciudadanos y
ciudadanas. Las notas distintivas de estos quince años incluyeron la implementación de
programas innovadores en cuanto a la reducción de la pobreza y de nuevas mediciones de
la pobreza que tomaron en cuenta su naturaleza multidimensional e intersectorial.
Las Américas puede considerarse además como una región pionera en diseñar e
implementar programas de protección social no contributiva para abordar la transmisión
intergeneracional de la pobreza, en parte debido a que millones de personas no se
encontraban cubiertas por los sistemas de seguridad social (pilar contributivo) dada su
informalidad. Paralelamente, la ampliación del acceso a la educación y a la salud permitió
que poblaciones históricamente excluidas tuvieran acceso a estos servicios.
Asimismo, el rol de un mercado de trabajo más robusto e inclusivo contribuyó a
asegurar medios de subsistencias dignos y legítimos. A pesar de estos logros, importantes
deudas persisten. Deudas que requieren, por parte del Estado, el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas que generen inclusión, y que nivelen el piso para el goce de
los derechos por parte de toda la ciudadanía.
La gama de opciones de políticas es variada. Desde una política fiscal equitativa
hasta las políticas de generación de empleo y protección social, medidas de acción
afirmativa y de igualdad de género al igual que políticas que garanticen servicios de calidad
(educación, salud, vivienda, agua, saneamiento, entre otros), los Estados de la región han
implementado estos esfuerzos en alguna medida. En este volumen se ofrece un balance de
algunos de los avances y agenda pendiente en materia de equidad e inclusión social en la
región así como un repaso por algunas de esas políticas públicas implementadas para
generar mayor inclusión social. La meta común: superar desigualdades en todos los ámbitos
de los derechos a fin de lograr sociedades inclusivas. Esta visión es el común denominador
de los contenidos de este volumen, así como del análisis y propuestas que se ofrecen.
 Desigualdad e Inclusión Social
El continente americano no es el continente más pobre pero sin duda es el más
desigual. A fin de diseñar políticas públicas que reviertan esa desigualdad, es vital definir
cómo conceptualizarla y cómo medirla. Los esfuerzos por definirla y medirla se han
movido desde un enfoque estrictamente relacionado con el ingreso hacia una visión más
amplia y multifacética de la desigualdad. Aun así, el reto sigue siendo ampliar la definición
de desigualdad tradicionalmente asociada al ingreso para incluir otros tipos de barreras que
pueden derivar en la negación de derechos. Desde los 90’s, el enfoque sobre la necesidad
de crecimiento económico y la pobreza como definición de la cuestión social que había
orientado las políticas públicas ha ido incorporando cada vez con mayor vigor el de
“desigualdad” priorizándose también un enfoque en cohesión social.
En efecto, la igualdad como término suele usarse como sustituto de cohesión social,
a pesar de tratarse de conceptos relacionados pero diferentes. En este marco, la cohesión
social se refiere a las percepciones de solidaridad y confiabilidad. Una “sociedad cohesiva”
procura el bienestar de sus miembros, combate la exclusión y la marginación, crea un
sentido de pertenencia y promueve la confianza ofreciendo oportunidades de movilidad
social. El Banco Mundial (2011) define la desigualdad como el estado en el cual existe una
“dispersión de una distribución en el ingreso, consumo, o en algún otro indicador
relacionado con el bienestar”. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) se refiere a la equidad como “un principio ético y de justicia”. Según la
CEPAL, la equidad “defiende las mismas condiciones y oportunidades para todas las
personas sin distinción, solo adaptándose en casos particulares, a los que plantean objetivos
para avanzar hacia una sociedad más justa”.
La misma fuente define a la igualdad como la situación social según la cual las
personas tienen las mismas oportunidades y derechos en una sociedad. Es decir, la igualdad
social se refiere a los mismos derechos y obligaciones para todos los sectores sociales. La
inclusión social es un concepto estrechamente ligado a la equidad. El Banco Mundial
(2014) define la inclusión social como el “proceso de empoderamiento de personas y
grupos para que participen en la sociedad y aprovechen sus oportunidades. Da voz a las
personas en las decisiones que influyen en su vida a fin de que puedan gozar de igual
acceso a los mercados, los servicios y los espacios políticos, sociales y físicos”.
 Por otra parte, se define a la inclusión social como el “proceso por el cual se alcanza
la igualdad, y como un proceso para cerrar las brechas en cuanto a la productividad, a las
capacidades (educación) y el empleo, la segmentación laboral, y la informalidad, que
resultan ser las principales causas de la inequidad” (CEPAL, 2014). Además de las
definiciones propuestas por organismos internacionales, que analiza la inclusión social
como un concepto más político que analítico. Esta interpretación apuntala a una dimensión
central de la inclusión social: su amplio carácter. En efecto, la inclusión social ha sido
definida desde diversos ángulos que transcienden una efectiva reducción de la pobreza y
abarcan factores de exclusión más sutiles que derivan de carencias tanto económicas como
sociales.
Por ello es necesario partir de un entendimiento sólido de los factores de exclusión
social para diseñar y promover medidas efectivas que promuevan la inclusión social.
En este sentido, se conciben a la exclusión social como “la negación del acceso
igualitario a las oportunidades que determinados grupos de la sociedad imponen a otros.”
Nótese que esta definición transciende el acceso a las oportunidades del individuo y se
enfoca en la característica grupal como unidad de análisis. Toda medida que busque
promover la inclusión social debe por ende partir de un entendimiento de las condiciones
que impiden el acceso a las oportunidades de cada ciudadana y ciudadano.
La inclusión social ofrece una perspectiva multidimensional de la falta de
representación social, la cual plantea un entendimiento más completo de la exclusión y
puede por lo tanto informar la implementación de políticas públicas de amplio carácter. En
este sentido, la inclusión social se distingue de, y complementa el concepto de igualdad,
debido a que ésta explica la existencia y durabilidad de determinadas desigualdades).
En la actualidad las personas con ingresos inferiores también pueden estar sujetos a
la exclusión social, de incurrir persecuciones políticas o ser sujetos de discriminación por
causa de edad, género, orientación sexual o discapacidad. Por ende, la inclusión social no es
igualdad de recursos.
Es por esto que el enfoque de derechos en políticas públicas, se considera que “la
dignidad humana es el fundamento mismo de los derechos humanos, y está
inextricablemente vinculada con los principios de igualdad y la no-discriminación”
(OACDH, 2012).
 De esta forma la igualdad y la no-discriminación se constituyen en principios
rectores de la política pública y en obligaciones para el Estado, las cuales “exigen que los
Estados identifiquen a los grupos vulnerables y desfavorecidos de la sociedad y concedan
prioridad a garantizar que esos grupos disfruten de los derechos humanos en pie de
igualdad”.
Construyendo sobre esta evolución conceptual, desde la Secretaría General de la
OEA se entiende a la desigualdad no solamente como una distribución desigual del ingreso
y del patrimonio, sino también una distribución desigual del acceso a y de la calidad de
bienes y servicios como la educación, salud, vivienda, protección social, servicios
financieros, mercados de trabajo y a la justicia, entre otros, así como a oportunidades para
el desarrollo y movilidad social de las personas a lo largo de su ciclo de vida. De igual
forma, se enfatiza más aun, un enfoque de derechos teniendo como centro a la persona
humana.
Es decir, la desigualdad también implica un goce desigual del ejercicio pleno de los
derechos humanos de cada individuo, concebidos éstos en todas sus esferas, derechos
civiles y políticos así como también derechos económicos, sociales y culturales. Y al
mismo tiempo, contempla otros tipos de desigualdad producto de situaciones de
discriminación y exclusión social por razón de la edad de una persona, sus características
étnicas, raciales, culturales, religiosas, lingüísticas, de género, identidad u orientación
sexual así como cualquier otro tipo de intolerancia. Dicha discriminación e intolerancia a la
diversidad también impide, anula y reduce el ejercicio pleno de los derechos humanos de
esas personas.
Equidad e Inclusión Social
La interdependencia entre el pleno ejercicio de los derechos económicos y sociales y
el goce de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos es un concepto transversal a los
pilares fundacionales de la Carta de la OEA, donde se establece que “el desarrollo es
responsabilidad primordial de cada país y debe constituir un proceso integral y continuo
para la creación de un orden económico y social justo que permita y contribuya a la plena
realización de la persona humana”. En ese mismo documento se establece que “todos los
seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o condición social, tienen
derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad,
dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica” (Carta OEA, 1948).
La inclusión y la participación de sectores marginados de la población en las
dimensiones políticas y sociales son consideradas como la clave para la integración de una
comunidad nacional, el aceleramiento del proceso de movilidad social y para la
consolidación de un régimen democrático.
Al aprobar la Carta Democrática Interamericana (CDI) en 2001, los Estados
miembros hicieron hincapié en la estrecha vinculación entre las dimensiones políticas,
sociales y civiles de la ciudadanía al reconocer que el crecimiento económico y el
desarrollo social basados en la justicia, la equidad y la democracia son interdependientes y
se refuerzan mutuamente.

¿Por qué hablamos de inclusión en educación?

América Latina se caracteriza por tener sociedades muy desintegradas y

fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y a la gran desigualdad en
la distribución de los ingresos, lo cual genera altos índices de exclusión. Unas de las
tendencias más fuertes de la nueva economía, es el aumento de las desigualdades,
la segmentación  espacial y la fragmentación cultural de la población.
Durante la década de los noventa los países de América Latina iniciaron una serie
de reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a la educación básica y al
mejoramiento de su calidad y equidad, sin embargo todavía persisten importantes
desigualdades educativas.
Es urgente el desarrollo de políticas decididas de equidad para que la educación
cumpla con una de sus funciones fundamentales; contribuir a superar las desigualdades de
origen de los alumnos para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas.
La mayoría de los países adoptan en sus políticas y leyes los principios de la
Declaración de Educación para Todos, pero en la práctica existen distintos factores que
excluyen y discriminan a numerosos alumnos del sistema educativo. A pesar del gran
avance alcanzado en el  acceso a la educación aún no se ha logrado la universalización de la
educación primaria, y persisten problemas de equidad en la distribución y calidad de
la oferta educativa y en el acceso al conocimiento.
En aquellos países en los que se cuenta con datos desagregados, los colectivos más
excluidos son precisamente los que más necesitan la educación para superar su situación de
desventaja o de vulnerabilidad; niños de zonas rurales aisladas o de extrema pobreza, niños
indígenas y desplazados, y niños y niñas con discapacidad.
Las bases de una mayor igualdad se sientan en la primera infancia. Hay
suficientes evidencias respecto de los beneficios que tiene la educación en los primeros
años de vida para el desarrollo humano, y sus efectos preventivos y de equiparación de
oportunidades.
Es por esta razón que en América Latina existe una mayor conciencia sobre la
importancia de la educación de la primera infancia que se refleja en un mayor desarrollo de
políticas y en el aumento de la cobertura, aunque hay problemas de desigualdad en el
acceso que afecta a los niños y niñas de medios socioeconómicos más desfavorecidos, del
sector rural, de pueblos originarios o con discapacidad.

Referencias Bibliográficas:
Bélgica, A. (2008). Inclusión social para la construcción de ciudadanía. Ponencia
hecha en el Encuentro de Jóvenes Comunicadores 2008.
Blanco, R. (2007). La inclusión en educación: una cuestión de justicia y de
igualdad. Sinética.
Delors, J. et al. (1996). La Educación Encierra un Tesoro.
Fabre, M. (2000). Consideraciones en torno al concepto de exclusión social.
Acciones e Investigaciones