INFORME N° -2019-GAJ/

A : ING.
Gerente de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial

De : ABG.
Gerente de Asesoría Jurídica

Referencia : a) MEMORÁNDUM N°528-2018-

b) INFORME N°342-2018-JGFDPF-AL-
c) INFORME N°1127-2018-
d) MEMORANDO N°430-2018-
d) EXPEDIENTE N°10775-
e) Acta de Inspección Ocular N°034-
f) INFORME N°083-2018-RSF-SGPUC-
g) INFORME N°230-2018-JGFDPF-
h) INFORME N°366-2018-SGPUC-
i) INFORME N°024-2018-
j) INFORME N°088-2018-RSF-SGPUC-
k) INFORME N°396-2018-SGPUC-
l) INFORME N°095-2018-RSF-SGPUC-
m) MEMORANDUM N°673-2018
n) INFORME N°366-2018-SGPUC
ñ) INFORME N°209-2018-IVJM-ART
o) INFORME N°1793-2018

Asunto : Opinión Legal sobre la procedencia de la visación de planos solicitada

principalmente teniendo en consideración las posibles responsabilidades
del funcionario responsable.

Fecha : , 26 de de 2019

En relación al asunto de la referencia es propicia la oportunidad para indicar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

Mediante Memorando N°528-2018 de fecha 10 de diciembre de 2018, solicita opinión sobre la

procedencia o no de lo solicitado mediante expediente N°10775-2018 “Visación de Planos para
Prescripción Adquisitiva” y si procediendo el funcionario responsable no tendrá consecuencias
administrativas, civiles o penales.

II. BASE LEGAL:

 Constitución Política del Perú

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.
 Ordenanza Municipal N° 327
 Decreto Supremo Nº 004-2011-VIVIENDA - Reglamento de Acondicionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano.
 Decreto Supremo N° 006-2017-JUS
 Decreto Legislativo N° 1272

III. ANALISIS:

Que, mediante Informe N°528-2018- de fecha 10 de diciembre del 2018, la Gerencia de, remite el
expediente Administrativo N°10775-2018, correspondiente a la solicitud de Visación de Planos
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para obtener la Prescripción Adquisitiva de Dominio, seguido por el administrado José Ignacio
Pineda Mendoza y María Luisa Mendoza Flores, representado por el señor Eduardo Alfonso Salazar
Gálvez, según copia de Carta Poder Notarial que obra en el expediente administrativo. Al respecto,
dicha unidad orgánica, solicita opinión legal respecto a las siguientes manifestaciones:

“Al declararse procedente una solicitud de visación de planos para prescripción

adquisitiva de dominio, el funcionario responsable está reconociendo que el solicitante
se encuentra en posesión del predio materia del procedimiento. El legislador, acaso
basado en el Mandato Constitucional de que nadie debe privarse de su propiedad,
realizó una modificación al Código Penal, estableciendo consecuencias para el
funcionamiento que otorgue ilegítimamente derechos de posesión, sin cumplir con los
requisitos establecidos por la normatividad vigente”.

“En base al ROF, a lo expuesto y a la documentación adjunta, se solicita emitir

opinión acerca de si procede o no lo solicitado mediante Expediente N°10775-
2018, y si procediendo el funcionario responsable no tendrá consecuencias
administrativas, civiles o penales”.

Que, el Artículo 36° del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N°27157, Ley de
Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen
de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común, señala que la:
“Prescripción adquisitiva de dominio Procede tramitar notarialmente la prescripción adquisitiva de
dominio, cuando el interesado acredita posesión continua, pacífica y pública del inmueble por más
de diez (10) años, esté o no registrado el predio. El notario solicitará al registro respectivo, la
anotación preventiva de la petición de prescripción adquisitiva, si el predio está registrado”.

Que, el Artículo 950° del Decreto Legislativo N°295 vigente del 14 de noviembre de 1984 - Código
Civil, prescribe: “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua,
pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median
justo título y buena fe”; y en su artículo 951° establece que “La adquisición por prescripción de un
bien mueble requiere la posesión continua, pacífica y publica como propietario durante dos años si
hay buena fe, y por cuatro si no la hay”.

Por otro lado, en numeral 2° del artículo 505° (1) del Código Procesal Civil, establece los requisitos
especiales para la Prescripción Adquisitiva de Dominio, entendiéndose que ante esta
Corporación Municipal única y exclusivamente corresponde realizar el trámite administrativo de
Visación de Planos tomando como punto de partida el estricto cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Texto Único de Procedimientos de Dominio, y que la decisión de procedencia
o no de la Prescripción Adquisitiva de Dominio, es competencia única y exclusiva del Órgano
Jurisdiccional competente, en estricto cumplimiento con lo previsto en el artículo 950° del Código
Civil, que regula una de las formas de adquirir la propiedad (PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE
DOMINIO), y al tenor literal refiere que: “La Propiedad inmueble se adquiere por prescripción
mediante la posesión continua, pacífica y publica como propietario, durante 10 años y 5 años
si media justo título y buena fe”.

Respecto a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, se tiene que los gobiernos locales
no están facultados para determinar a quién le corresponde la propiedad o el mejor derecho de
propiedad, en consecuencia, la Municipalidad Distrital de xx como órgano del Gobierno Local no
cuenta con las competencias para determinar el derecho de propiedad del administrado en general
(según nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional), toda vez que, desarrolla sus funciones al amparo
de las disposiciones legales contenidas en la ley orgánica antes mencionada, máxime si la
determinación del derecho de propiedad debe ser ventilado y resuelto por el Poder Judicial (PJ)
según sendos ejecutorias del Tribunal Constitucional (TC).

1 Requisitos especiales. - Artículo 505°, numeral 2° del Código Procesal Civil, señala que: “Se describirá el bien con la mayor exactitud posible. En caso de
inmueble se acompañarán: planos de ubicación y perimétricos, así como descripción de las edificaciones existentes, suscritos por ingeniero o arquitecto colegiado
y debidamente visados por la autoridad municipal o administrativa correspondiente, según la naturaleza del bien; y, cuando sea el caso, certificación municipal o
administrativa sobre la persona que figura como propietaria o poseedora del bien. El Juez podrá, si lo considera necesario, exigir la presentación de los
comprobantes de pago de los tributos que afecten al bien”.
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En efecto, esta Corporación Municipal no cuenta con las competencias y/o facultades para verificar
que la persona quien solicita la Visación de Plano para la Prescripción Adquisitiva de Dominio y/o
Rectificación de Áreas, Linderos y medidas perimétricas y/o Titulo Supletorio, ostenta la condición
de poseedor sobre un inmueble por un período determinado, más aún si ello es ventilado en vía
judicial, según los requisitos establecidos en el artículo 951° (2) del Código Civil, o en su defecto,
el artículo 5° de la Ley Complementaria a la Ley N° 26662, la Ley de Asuntos No Contenciosos de
Competencia Notarial, para la Regularización de Edificaciones, Ley N° 27333 (vía notarial); en
consecuencia, no existe disposición legal que haya creado una nueva prerrogativa que faculte a las
municipalidades, a verificar el período que requiere una persona para solicitar la Prescripción
Adquisitiva de Dominio, u otro requisito.

En ese sentido, a fin dar respuesta lo solicitado a través del Memorándum N°528-2018- de fecha 10
de diciembre de 2018, en el que solicita emitir opinión sobre la procedencia o no de lo solicitado
mediante Expediente N°10775-2018, y si procedimiento el funcionario responsable no tendrá
consecuencias administrativas, civiles o penales, plantearemos algunas interrogantes:

¿A la Municipalidad Distrital de xx, le corresponde visar los planos que solicite el

administrado para fines de prescripción adquisitiva?

Corresponde a la Municipalidad Distrital de xx aprobar y/o denegar las solicitudes de “Visación de

Planos para Prescripción Adquisitiva de Dominio y/o rectificación de Áreas, Linderos y Medidas
Perimétricas y/o Título Supletorio”, para ello el servidor público o funcionario competente evalúa los
procedimientos administrativos, requisitos establecidos en el TUPA y condiciones técnicas que
reportadas en la documentación presentada en el expediente, y determinar la procedencia de lo
solicitado por el administrado, siendo en el caso concreto la visación de planos con fines de
prescripción adquisitiva.

Es preciso señalar, que la procedencia o no de la Prescripción Adquisitiva de Dominio

corresponderá a los jueces, o en su defecto, a los notarios públicos cuando se inicie un
proceso no contencioso.

Asimismo, es importante conocer el criterio que ha señalado el Tribunal Fiscal en diversas

resoluciones tales como:

RTF N°00814-7-2017: “Que, asimismo, cabe señalar que la recepción de

declaraciones juradas de autovalúo, la inscripción o nulidad de la inscripción en el
Registro de Contribuyentes de la Municipalidad Distrital de La Victoria e incluso el
hecho de que una persona pague el Impuesto Predial y Arbitrios Municipales por un
determinado predio ante el municipio, no afecta el derecho de propiedad o
posesión de la recurrente ni de terceros, encontrándose por el contrario
obligada la administración a recibir las declaraciones y pagos
correspondientes que el recurrente u otros presentasen, dada la
responsabilidad de los sujetos pasivos de cumplir con tales obligaciones, lo que no
implica que se esté reconociendo algún derecho de propiedad, siendo que el
reconocimiento de dichos derechos no corresponde ser reconocido por la
Administración Tributaria”.

RTF N°07519-5-2007 (07/08/2007) “se confirma la resolución apelada que declaró

improcedente la solicitud de nulidad de la Declaración Jurada del Impuesto Predial
presentada por persona distinta de ella, alegando que con ésta se vulnera el
derecho de posesión que viene ejerciendo sobre el mencionado inmueble. Se
indica que su pedido tiene por finalidad que se le reconozca como propietaria,
aspecto que no puede ser resuelto en vía administrativa, siendo más bien
competencia del Poder Judicial. Se precisa que la inscripción o nulidad de la
inscripción en el registro de contribuyentes de la Administración no afecta el derecho
de propiedad que alega tener la recurrente o el de un tercero, estando obligada a

2Requisitos de la prescripción adquisitiva de bien mueble. - Artículo 951º del Código Civil, se menciona que: “La adquisición por prescripción de un bien
mueble requiere la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe, y por cuatro si no la hay”.
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 recibir las declaraciones y pagos que la recurrente u otros presenten, no teniendo
responsabilidad por recibirlas.

Por tanto, la Municipalidad Distrital de xx no puede extralimitarse y resolver cuestiones de derecho

privado (derechos reales, derecho de propiedad) que precisan ser esclarecidos en el ámbito
jurisdiccional, de conformidad con las competencias establecidas en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley N° 27972 (3), por lo que, queda claro señalar que la interpretación que debe
efectuarse respecto a las normas precitadas, permite entender que la razón justificante radica en el
hecho de evitar que los Órganos de Gobierno Local, puedan avocarse a decidir directa o
indirectamente sobre asuntos que son materia de conocimiento de los órganos jurisdiccionales (en
el ámbito del Poder Judicial); y ello debido a que, actuaciones procedimentales de esa naturaleza,
implicaría una vulneración a lo dispuesto en el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

¿Cuándo incurren los servidores y funcionarios públicos en responsabilidad administrativa,

funcional, responsabilidad civil y responsabilidad penal?

Los servidores y funcionarios públicos incurren en:

Responsabilidad administrativa funcional, cuando contravienen el ordenamiento jurídico

administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o cuando en el
ejercicio de sus funciones hayan desarrollado una gestión deficiente.

Responsabilidad Civil, cuando por su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones

hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo necesario que éste sea ocasionado
incumpliendo sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta inexcusable o leve.

Responsabilidad Penal, cuando en el ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u

omisión tipificado como delito.

Por su lado la Ley N°27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República, define las responsabilidades administrativas funcional, civil y penal:

Responsabilidad Administrativa Funcional: Es aquella en la que incurren los servidores

funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas
internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vínculo
laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de
control. Incurren también responsabilidad administrativa funcional los servidores y
funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión
deficiente.

Responsabilidad Civil: Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos,

que, por su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño
económico a su Entidad o al Estado, incumpliendo sus funciones, por dolo o culpa. La
obligación del resarcimiento es de carácter contractual y solidaria, y la acción
correspondiente prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos que generen el daño
económico.

Responsabilidad Penal: Es aquella en la que incurren los servidores o funcionarios

públicos que en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como
delito.

 Por su parte el Artículo 43° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, numeral 43.8 señala: Incurre en responsabilidad administrativa el
funcionario que:

3 El Tribunal Constitucional ha señalado que únicamente mediante la LOM, se puede regular la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado
previstas en la Constitución, así como todas las materias cuya regulación haya sido reservada a tal fuente normativa, siendo que, las competencias de los
gobiernos locales forman parte de la estructura y funcionamiento del Estado, y por tanto, dichas competencias son reguladas o modificadas necesariamente
mediante una ley de carácter orgánico.
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 a. Solicita o exige el cumplimiento de requisitos que no están en el TUPA o que, estando
en el TUPA, no han sido establecidos por la normatividad vigente o han sido derogados.
b. Aplique tasas que no han sido aprobadas conforme a lo dispuesto por los artículos 51 y
52 de esta Ley, y por el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando
corresponda.
c. Aplique tasas que no han sido ratificadas por la Municipalidad Provincial
correspondiente, conforme a las disposiciones en el artículo 40° de la Ley N°27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
(…)
Sin perjuicio de lo anterior, las exigencias establecidas en los literales precedentes, también
constituyen barrera burocrática ilegal, siendo aplicables las sanciones establecidas en el
Decreto Legislativo N°1256, que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras
Burocráticas o norma que lo sustituya.

En ese sentido, la Resolución N°1460-2012/SC1-INDECOPI, señala en su fundamento:

22. Al respecto, si bien la Municipalidad tiene competencia para la emisión de

documentación que puede ser utilizada por los administrados en un proceso judicial de
prescripción adquisitiva, dicha facultad no significa que la Municipalidad deba verificar el
cumplimiento de los requisitos señalados en el Código Civil para la obtención de propiedad
por prescripción adquisitiva. Ello, debido a que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
504° y siguientes del Código Procesal Civil y en la Ley N°27157, la competencia para
analizar el cumplimiento de dichos requisitos y en consecuencia declarar la adquisición de
la propiedad inmueble por prescripción adquisitiva la tienen únicamente los jueces y por
excepción los notarios, mas no las municipalidades.
23. En el presente caso, dado que los requisitos cuestionados no se encuentran dirigidos a
corroborar la coincidencia entre lo señalado en los planos de ubicación y la realidad física
del inmueble, así como tampoco a identificar al poseedor de un bien inmueble determinado,
esta sala considera que el único propósito de su incorporación en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos General – TUPA consiste en otorgar certeza respecto al
cumplimento de los plazos de cinco (5) años requerido para la declaración de propiedad por
prescripción adquisitiva señalado en el Código Civil, pese a que como se ha señalado en el
numeral 22 de la presente resolución dicha labor no es una aspecto que pueda ser evaluado
por la Municipalidad. (se adjunta informe).

Así también, el Artículo 259 del TUO de la Ley 27444, en el capítulo II Responsabilidades de
las Autoridades y Personal al Servicio de la Administración Pública, establece Faltas
administrativas:

259.1 Las autoridades y personal al servicio de las entidades, independientemente de su

régimen laboral o contractual, incurren en falta administrativa en el trámite de los
procedimientos administrativos a su cargo y, por ende, son susceptibles de ser sancionados
administrativamente suspensión, cese o destitución atendiendo a la gravedad de la falta, la
reincidencia, el daño causado y la intencionalidad con que hayan actuado, en caso de:

1. Negarse a recibir injustificadamente solicitudes, recursos, declaraciones, informaciones

o expedir constancia sobre ellas.
2. No entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la autoridad que deba
decidir u opinar sobre ellos.
3. Demorar injustificadamente la remisión de datos, actuados o expedientes solicitados
para resolver un procedimiento o la producción de un acto procesal sujeto a plazo
determinado dentro del procedimiento administrativo.
4. Resolver sin motivación algún asunto sometido a su competencia.
5. Ejecutar un acto que no se encuentre expedito para ello.
6. No comunicar dentro del término legal la causal de abstención en el cual se encuentra
incurso.
7. Dilatar el cumplimiento de mandatos superiores o administrativo o contradecir sus
decisiones.
8. Intimidar de alguna manera a quien desee plantear queja administrativa o contradecir
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 sus decisiones.
9. Incurrir en ilegalidad manifiesta
10. Difundir de cualquier modo o permitir el acceso a la información confidencial a que se
refiere el numeral 169.1 de este TUO.
11. No resolver dentro del plazo establecido para cada procedimiento administrativo de
manera negligente o injustificada.
12. Desconocer de cualquier modo la aplicación de la aprobación automática o silencio
positivo obtenido por el administrado ante la propia u otra entidad administrativa.
13. Incumplir con los criterios, procedimientos y servicios administrativos.
14. Cobrar montos de derecho de tramitación por encima de una (1) UIT, sin contar con
autorización previa.
15. No aplicar el procedimiento estandarizado aprobado.
16. Cobrar montos de derecho de tramitación superiores al establecido para los
procedimientos estandarizados.
17. Proponer, aprobar o exigir procedimientos, requisitos o tasas en contravención a lo
dispuesto en esta ley y demás normas de simplificación, aunque consten en normas
internas de las entidades o Texto Único de Procedimientos Administrativos.
18. Exigir a los administrados la presentación de documentos prohibidos de solicitar o no
admitir los sucedáneos documentales considerados en la presente ley, aun cuando su
exigencia se basa en alguna norma interna de la entidad o en su texto Único de
Procedimientos Administrativos.
19. Suspender la admisión a trámite de solicitudes de los administrados por cualquier razón.
20. Negarse a recibir los escritos, declaraciones o formularios presentados por los
administrados, o a expedir constancia de su recepción, lo que no impide que pueda
formular las observaciones en los términos a que se refiere el artículo 134.
21. Exigir la presentación personal de peticiones, recursos o documentos cuando la
normativa no lo exija.
22. Otros incumplimientos que sean tipificados por Decreto Supremo refrendado por
Presidencia del Consejo de Ministros.

En relación a la Autonomía de las Responsabilidades, el Artículo 262 establece:

262.1. Las consecuencias civiles, administrativas o penales de la responsabilidad de las

autoridades son independientes y se exigen de acuerdo a lo previsto a su respectiva
legislación.
262.2 Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la
potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa,
salvo disposición judicial expresa en contrario.

Finalmente, la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley N°27815, establece que los
principios de la Función Pública: Respeto, Probidad, Eficiencia, Idoneidad, Veracidad, Lealtad y
Obediencia; por lo que el funcionario público debe cumplir sus funciones con disposición, atendiendo
y otorgando a cada uno lo que es debido para el cumplimiento de sus funciones, con el Estado, sus
superiores, subordinados y con los administrados.

De lo expuesto, se colige que la Municipalidad Distrital de xx a través de la Gerencia de, le

corresponde aprobar y/o denegar las solicitudes de “Visación de Planos para Prescripción
Adquisitiva de Dominio y otros”, de conformidad a los requisitos establecidos en el TUPA y las
condiciones técnicas que determinen los especialistas de su unidad orgánica, para la procedencia
o no de los solicitado por el administrado; y respecto a la Responsabilidad Administrativa, Civil y
Penal, deberá tener en cuenta la normativa citada además del Código de Ética de la Función Pública.

IV. CONCLUSIONES

En mérito a lo expuesto, esta Gerencia de Asesoría Jurídica es de opinión:

1. Sobre la procedencia de lo solicitado mediante expediente N°10775-2018, corresponde a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial determinar la procedencia o no del
requerimiento de Visación de Planos para Prescripción Adquisitiva de Dominio, considerando
lo establecido en el TUPA y de la evaluación que realice para determinar la procedencia.

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 2. Respecto a la responsabilidad Administrativa, civil y penal, debe tener en cuenta lo prescrito
en el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444 aprobado mediante Decreto Supremo N°006-
2017-PCM, Ley de Ética de la Gestión Pública y la Ley N°27785 – Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Control.

V. RECOMENDACIONES

- Se recomienda proceder de conformidad a la normativa vigente institucional TUPA, ROF y

normativa vigente que regulen los procedimientos a cargo de la Gerencia.

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