Luces y Sombras Sindicalismo Mexicano
Luces y Sombras Sindicalismo Mexicano
Luces y Sombras Sindicalismo Mexicano
C o n d e s a
06140 Mxico DF
Te l .
Fax.
PROGRESISTAS
P E R S P E C T I VA S
w w w. f e s m e x . o r g
FUNDACIN FRIEDRICH EBERT
LUCES Y
SOMBRAS DEL
SINDICALISMO
MEXICANO
LUCES Y
SOMBRAS DEL
SINDICALISMO
MEXICANO
Diciembre 2007
Mxico
PERSPECTIVAS PROGRESISTAS
l pensamiento progresista ha inspirado diversos liderazgos que han impulsado la transformacin democrtica de la sociedad. El cumplimiento de los
derechos humanos, la democratizacin del Estado y los medios de comunicacin,
la igualdad de gnero, la ampliacin de acceso al espacio pblico, construyen
referentes para lograr nuevas formas de hacer poltica, donde la diferencia de
identidades, estilos de vida y derechos de ciudadana encuentren canales para la
realizacin de sus reivindicaciones sociopolticas.
Con el nacimiento de Perspectivas Progresistas, publicacin de la Fundacin
Friedrich Ebert en Mxico, pretendemos animar el debate pblico para pensar
Mxico desde miradas progresistas, abrir camino a la sociedad y sus actores para
emprender acciones colectivas.
En nuestros das, pensar un pas significa:
Instalar y abrir un debate permanente sobre la construccin social de su identidad
Poner a discusin y examen crtico las polticas pblicas en diversas reas con
el objeto de cuestionarlas y reelaborarlas
Asumir la relevancia de la poltica y la riqueza del conflicto para la libertad
pblica de la ciudadana y la democratizacin de las relaciones entre el Estado
y la sociedad
Elaborar polticas progresistas orientadas a reformar y democratizar la economa y el Estado con el objeto de garantizar los derechos sociales, profundizar la
igualdad y la justicia distributiva, la libertad individual y la libertad poltica
Dialogar en la diferencia para construir proyecto de futuro
Las opiniones vertidas en los documentos que se presentan, las cuales no han sido sometidas a revisin editorial, as como los anlisis y las
interpretaciones que en ellos se contienen, son de la exclusiva responsabilidad de sus autores y pueden no coincidir con las opiniones y puntos
de vista de la Fundacin Friedrich Ebert. Se permite la reproduccin parcial o total de este documento a condicin de que sea mencionada la
fuente y se haga llegar una copia al editor. Impreso por Grficos eFe, Urlogos 55, Col. El Triunfo, Mxico, D.F., efe5203@gmail.com.
ndice
Editorial
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El sindicalismo mexicano:
entre la marginacin y la recomposicin
Svenja Blanke
La reforma de la legislacin laboral mexicana
y el reemplazo de las estructuras corporativas
Graciela Bensusn
Los claroscuros de la participacin femenina
en el sindicalismo mexicano
Mercedes Lpez Martnez
Editorial
a Fundacin Friedrich Ebert, como parte de sus tareas destinadas a promover el debate poltico, presenta
Luces y sombras del sindicalismo mexicano, que forma parte de su serie Perspectivas Progresistas. Esta publicacin compila tres textos que tienen como caracterstica comn una mirada de mujer sobre la realidad
sindical de nuestros das. Se trata de documentos elaborados por tres autoras que plantean la realidad actual
del papel de las organizaciones sindicales frente a la situacin laboral en Mxico.
Ante los profundos cambios que se han registrado en el mundo del trabajo en los ltimos tiempos, la
premisa es que los sindicatos deben tener una participacin predominante en este proceso y en todos los
asuntos de inters nacional como actores sociopolticos, por tratarse de organizaciones de convergencia de las
y los trabajadores. Los desafos derivados de los vaivenes econmicos, vistos en su aspecto laboral, nos llevan a
reafirmar que el proyecto sindical es hoy ms necesario que nunca, aun cuando paradjicamente su credibilidad social en las actuales condiciones se encuentra a prueba ante un panorama desolador, donde la capacidad
econmica de las mayoras de las y los trabajadores contina su permanente deterioro.
En este volumen de Perspectivas Progresistas, Svenja Blanke hace un diagnstico del sindicalismo mexicano y lo ubica, como revela el ttulo de su texto, entre la marginacin y la recomposicin. Seala que los
sindicatos se encuentran en un momento crtico y decisivo: Por un lado, han sido desplazados a un lugar
marginal como actores polticos y organizaciones sociales. Por otro, surgen en ellos sectores que exigen formas
nuevas y progresistas de relaciones laborales y que parecen capaces de imprimirle una nueva orientacin al
sindicalismo.
A su vez, Graciela Bensusn describe y pone en tela de juicio la estructuracin actual de las relaciones laborales, donde predomina el incumplimiento de la legislacin por parte de los empresarios, la decadencia del
sindicalismo corporativo y la incapacidad o falta de voluntad por parte del gobierno federal para hacer cumplir
la legislacin vigente. A partir de su anlisis crtico, La reforma de la legislacin laboral mexicana y el reemplazo
de las estructuras corporativas plantea la necesidad de una reforma estructural en el mundo del trabajo, que
compatibilice la flexibilidad exigida por el mercado con un modelo de desarrollo centrado en la generacin de
empleos de calidad.
Por ltimo, en Los claroscuros de la participacin femenina en el sindicalismo mexicano, Mercedes Lpez hace un detallado recuento de la presencia de las mujeres en los rganos directivos de las centrales sindicales y los sindicatos en el pas, luego del cual concluye que a pesar de que cada vez es mayor la participacin
femenina en el trabajo asalariado, las organizaciones sindicales no se han modernizado ni se han democratizado lo suficiente para incorporar plenamente a las mujeres en las principales instancias de decisin.
Ms all de las sombras del sindicalismo mexicano, aparecen algunas luces fugaces que pueden significar
alternativas potenciales de intervencin sindical, como lo sealan las autoras, a cuyo anlisis deber sumarse
la reflexin propia de las y los lectores. Esperamos que con estos tres documentos logremos motivar el debate
y generar ideas para la accin en las organizaciones sindicales.
Ins Gonzlez Nicols
Fundacin Friedrich Ebert, Mxico
El sindicalismo mexicano:
entre la marginacin y la recomposicin*
Svenja Blanke**
os sindicatos en Mxico se encuentran en un momento crtico y decisivo. Por un lado, han sido desplazados a un lugar marginal como actores polticos y
organizaciones sociales. Por otro, surgen en ellos sectores que exigen formas nuevas y progresistas de relaciones laborales y que parecen capaces de imprimirle una
nueva orientacin al sindicalismo.
La Confederacin Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(croc), afiliada a la Organizacin Regional Interamericana de Trabajadores (orit); la Confederacin Regional Obrera Mexicana (crom);
la Confederacin Obrera Revolucionaria (cor), afiliada a la Central
Latinoamericana de Trabajadores (clat); el Frente Sindical Mexicano
(fsm) y la Unin Nacional de Trabajadores (unt), afiliada a la orit.
Es probable que la informacin referente al desfalco de 55 millones de dlares se originara en una filtracin del gobierno a la prensa.
del comercio. Esto rompi radicalmente con la poltica de integracin y compromiso social tradicional. Entre los smbolos persistentes de esta ruptura podemos
mencionar la abolicin en 1992 de la inalienabilidad
constitucional del ejido las tierras del Estado federal
trabajadas por los campesinos y las polticas de liberalizacin del comercio y apertura externa que culminaron con la firma del Tratado de Libre Comercio de
Amrica del Norte (tlcan) en 1994.
Esta poltica gener consecuencias en el mercado
laboral: se ajust la produccin en aras de la competitividad, los contratos colectivos se flexibilizaron
y la posicin de los sindicatos se debilit. Desde
entonces, el sector informal y, consecuentemente,
los puestos de trabajo precarios sin representacin
sindical ha crecido vertiginosamente. El hecho de
que las tradicionales federaciones sindicales corporativistas no hayan encontrado respuestas adecuadas
a estos cambios revela su ineficacia para adaptarse
a una economa crecientemente globalizada. Como
apndice del Estado, los sindicatos corporativistas
funcionaron siempre como protectores del gobernante de turno, en lugar de actuar como defensores
de los intereses autnticos de los trabajadores.
Como sealamos, la ruptura del sistema de relaciones laborales se inici en los aos ochenta. Frente
a estos cambios econmicos de gran envergadura,
las elecciones nacionales de 2000, que simbolizaron
el fin del dominio del pri, tuvieron un efecto casi
insignificante. No obstante, el nuevo escenario poltico generado por los comicios presidenciales de
2000 haba alentado esperanzas de que se produjeran avances en el mbito de las relaciones laborales, y
en cuanto a la relacin de la poltica con el mercado
de trabajo, esperanzas que se nutrieron del cambio
poltico general antes que de la oferta de los candidatos. Algunos pensaron que el panorama de posibles
transformaciones democrticas incluira tambin al
sector sindical y la poltica laboral, que los cambios
generaran una nueva relacin entre el Estado y los
sindicatos corporativistas que implicara el fin de la
sumisin poltica, y que tambin contribuiran a una
verdadera reforma del derecho laboral que integrara las cuestiones de la transparencia y la autonoma
sindical.
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Sin embargo, hoy, en lugar de una relacin independiente con el Estado, persiste la tradicin de los
sindicatos corporativistas con un papel sumiso, sobre
todo en los casos del ct y la ctm. Y en vez de una
cooperacin entre las diferentes centrales sindicales,
entre las federaciones corporativistas y las independientes, para enfrentar cuestiones como la reforma
del derecho laboral y los impactos de las polticas econmicas neoliberales en los trabajadores, el escenario
aparece an ms fragmentado que antes de 2000.
Con poco menos de un milln de afiliados, la ctm
sigue siendo la mayor federacin sindical de Mxico
y la nica que aglutina a trabajadores de todos los
sectores econmicos, sobre todo de la industria y la
construccin. El nmero de sus miembros ha disminuido por diferentes motivos, entre ellos el hecho de
que el sector industrial tradicional se ha contrado.
Segn datos de 2005, la mayor parte de la poblacin
trabaja en el sector de servicios (39%) y comercio
(20%). Al tiempo que el nmero de contratos colectivos pactados por la ctm se redujo, el porcentaje de
los firmados por los sindicatos independientes (en su
mayora afiliados a la unt) y los sindicatos blancos
o amarillos (sindicatos empresariales) se duplic durante el gobierno de Vicente Fox, al pasar de 11% en
2000 a 22.6% en 2005.
A pesar de la reduccin de afiliados y del nmero
de contratos colectivos pactados por sus sindicatos,
la ctm sigue mostrndose renuente a sacudirse la
herencia corporativista y no se atreve a ingresar en
la era democrtica. Aunque dentro de la ctm existen diversas voces, su dirigencia prcticamente no se
ha renovado, ni estructural ni temticamente. En la
era post pri, la ctm mantiene su estrecha asociacin
con ese partido. Tanto el actual secretario general, en
funciones desde agosto de 2006, como su antecesor,
han sido polticos del pri que apoyaron oficialmente
al candidato de ese partido en las elecciones de 2006.
No obstante, para preservar los antiguos privilegios,
la conduccin de la ctm desarroll una relacin
Durante los aos noventa, la ctm todava deca contar con cinco
millones de afiliados. A pesar de que no existen cifras oficiales, actualmente la mayora de los estudios menciona aproximadamente un milln de trabajadores. Segn el Registro de Asociaciones de la Secretara
del Trabajo y Previsin Social, el nmero es todava menor.
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ner un inters especial en la cooperacin interinstitucional. Como se sabe, las mujeres generalmente
ganan menos que los hombres por el mismo trabajo.
Adems, tienen mayor presencia en ciertos sectores
industriales (como la maquila o el trabajo en casa),
en los cuales casi no existe representacin sindical.
Los sindicatos no logran atraer a las mujeres porque
no suelen abordar sus intereses especficos, como la
remuneracin desigual, la discriminacin sexual y la
compatibilidad entre la profesin y la familia. Aunque en casi todas las organizaciones existen comits
y programas de capacitacin para mujeres, que son
importantes porque brindan un espacio de reflexin
para sus intereses especficos, en general las trabajadoras carecen de oportunidades de alcanzar posiciones de liderazgo en estructuras dominadas por hombres. Si los sindicatos logran convertirse en grupos
de inters ms autnticos, enfocados en los asuntos
de las trabajadoras, podrn atraer a nuevas afiliadas
que trabajan en sectores estratgicos y, adems, ganar
una mayor legitimidad e influencia poltica.
La doble identidad regional de Mxico
Su ubicacin geogrfica le otorga a Mxico, y a sus actores sociales, un papel particular en Amrica, ya que
es el nico pas con una doble identidad regional. Es,
por un lado, un pas norteamericano, asociado econmicamente con Estados Unidos y Canad. Y, por otro
lado, es por su idioma, cultura e historia, un pas latinoamericano. La mayor parte de los mexicanos (72%)
sigue sintindose ms bien latinoamericana, aunque
la mayora se muestra convencida de que la frontera
con Estados Unidos tiene ms ventajas que desventajas para su pas (Gonzlez, 2007). La opinin acerca
del vecino del norte es ms positiva en Mxico que en
cualquier otro pas del continente.
Desde 1994, los gobiernos mexicanos han apostado al libre comercio y han convertido al pas en
el aliado ms importante de Estados Unidos en el
continente. El tlcan slo marc el inicio. Desde
entonces, Mxico ha negociado 12 tratados de libre
comercio con ms de 40 pases, entre ellos Japn,
Israel y la mayora de los pases centroamericanos, as
como con la Unin Europea. Esta estrategia econ-
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mica explica que Mxico sea tambin el pas latinoamericano que recibe ms inversin externa y el que
cuenta con la mayor cantidad de filiales de empresas
extranjeras en su territorio.
Pero hasta ahora la poltica de apertura progresiva
a travs de tratados comerciales no ha generado los resultados esperados. El objetivo de los mltiples tratados de libre comercio era, entre otras cosas, reducir la
dependencia de Mxico respecto de la economa estadounidense. Sin embargo, aproximadamente 85% de
las exportaciones mexicanas se dirige a Estados Unidos, no se crearon los puestos de trabajo deseados y se
mantiene la tendencia a la precarizacin de las condiciones laborales. En ese sentido, es interesante observar que, en los ltimos aos, se ha incrementado el
intercambio con un pas con el cual Mxico ni siquiera pact un acuerdo comercial: China. En efecto, las
importaciones chinas ocupan el segundo lugar (7.3%
en 2005) del total de importaciones mexicanas.
Los sindicatos apoyaron el tlcan debido a su condicin de organizaciones corporativistas controladas
por el Estado. Pero fue el rechazo al tratado lo que
contribuy a unir como nunca antes a las federaciones
independientes y las organizaciones no gubernamentales a ambos lados de la frontera. Es que, a pesar de
que la situacin laboral es muy diferente en Mxico,
Estados Unidos y Canad, lo cierto es que existen cuatro puntos comunes a los tres pases: la adaptacin de
las condiciones laborales al mayor estndar, el cumplimiento de los derechos laborales universales, la consolidacin y la ampliacin de organizaciones autnticas
de los trabajadores, y las estrategias para enfrentar a las
empresas trasnacionales (Bensusn, 1999). En ese sentido, los sindicatos deberan exigir con ms fuerza un
marco normativo comn para los derechos laborales,
adems de la firma y ratificacin de las convenciones
ms importantes de la Organizacin Internacional del
Trabajo. Mxico, por ejemplo, an no suscribe la convencin 98, que establece el derecho a la organizacin
sindical y a las negociaciones colectivas. La reforma
del derecho laboral y la autonoma y la democracia
sindical, temas ya mencionados en este artculo, son
Mientras que en la economa mexicana estn matriculadas 25 708
compaas filiales extranjeras, Brasil, la nica economa comparable,
registra apenas 2 820 (World Investment Report 2005, 2005).
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nica para apuntalar la transparencia y las posibilidades de participacin en los sindicatos, una forma
de proteger a los ms dbiles sin afectar la productividad. Aunque algunos sindicatos vienen defendiendo estas banderas desde hace aos, la mayora deber
redefinir sus objetivos y sus costumbres, de manera
tal que demuestren que no slo constituyen un actor
social y poltico constructivo que puede recuperar la
influencia perdida, sino que adems son capaces de
actuar con mayor legitimidad y fuerza en los mbitos regional e internacional.
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World Investment Report 2005. Transnational corporations and
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n este ensayo se dar respuesta a cuatro interrogantes vinculadas entre s, de las que depende la
posibilidad de restablecer en el futuro el papel que le
corresponde a las instituciones laborales en la proteccin de los trabajadores asalariados, sin afectar por
ello la competitividad del pas: por qu es necesaria
la reforma estructural en este mbito?; cules deben
ser sus ejes?; qu ofrecen al respecto las propuestas
e iniciativas de reforma presentadas por los actores
sociales y polticos a lo largo de los ltimos 15 aos?,
y en qu condiciones sera viable esta reforma?
Naturaleza y alcance de la reforma
Han transcurrido poco menos de dos dcadas desde
que la discusin acerca de la conveniencia de reformar
la legislacin laboral mexicana entr a la agenda de los
sindicatos, el gobierno, los empresarios y los partidos
polticos. De entonces a la fecha se ha acumulado una
gran experiencia al respecto dentro y fuera del pas.
En Mxico se han expresado diversas voces, se han
creado espacios ms o menos abiertos de negociacin
y se han producido, incluso, distintas iniciativas de
* Una versin preliminar de este artculo fue publicada en Jos
Luis Calva (coord.), Empleo, ingreso y bienestar. Mxico, Miguel ngel Porra, 2007, pp. 143-166.
** Doctora en Ciencia Poltica por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Profesora de tiempo completo en la Universidad
Autnoma Metropolitana, unidad Xochimilco, desde 1977. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Autora y coordinadora de ms de una docena de libros que abordan la problemtica de las
instituciones, organizaciones y polticas laborales; sobre los mismos
temas ha publicado tambin decenas de captulos en libros y artculos
en revistas especializadas y de divulgacin.
1
La informacin utilizada para realizar este texto proviene en lo
fundamental de Bensusn, 2006a.
reforma, varias de ellas presentadas en el Poder Legislativo, aunque ninguna ha llegado a concretarse.
Otros pases de la regin han mostrado una mayor capacidad de innovacin y rectificacin en este
terreno; tal es el caso de Argentina, Brasil y Chile, de
los que Mxico puede sacar no pocas lecciones. En
mayor o menor grado, ante el deterioro persistente
de la calidad de los empleos, estos tres pases estaran hoy reemplazando el fervor flexibilizador que
acompa las reformas de los noventa o anteriores,
por el inters de alcanzar una mayor efectividad en la
proteccin de los trabajadores en las nuevas circunstancias, a travs de introducir cambios en la regulacin del mercado del trabajo (sobre todo en materia
de subcontratacin), en el funcionamiento del sistema de inspeccin y en la justicia laboral, entre otros.
Aunque sigue sin haber consenso sobre las causas del
evidente fracaso de las reformas flexibilizadoras en
su efecto sobre la generacin de empleos mientras
unos argumentan la insuficiencia de las reformas,
otros subrayan sus problemas de diseo o su falta de
sustento terico, el tema sigue estando presente en
la agenda de los organismos financieros internacionales, ahora con una mayor preocupacin por mejorar la calidad de las instituciones (bid, 2004). Y
es que mientras los logros en materia de generacin
de empleos fueron inexistentes, los costos sociales
resultaron contundentes en lo referido a la precariedad laboral y la exclusin social. Por otra parte, hay
pruebas suficientes de que retomar la proteccin de
los trabajadores no es de ninguna manera incompatible con un crecimiento econmico elevado, como
lo prueba el caso argentino a partir de 2003 (Senn
y Palomino, 2006).
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Teniendo en mente las lecciones de estas experiencias, los problemas que se derivan de la inadecuacin
de las instituciones laborales al nuevo contexto econmico, poltico y social, as como la enorme distancia
que existe entre las normas y los hechos incluso mayor que en otros pases, sostenemos que en Mxico es
indispensable impulsar una reforma laboral profunda.
El gobierno del cambio (2000-2006) y sus aliados sindicales el Congreso del Trabajo (ct) y empresariales
el Consejo Coordinador Empresarial (cce) y la Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana (Coparmex) tuvieron una visin extremadamente superficial
y conservadora de la reforma laboral, misma que parece estarse retomando por la administracin del presidente Caldern (2006-2012). Estuvieron interesados
exclusivamente en un ajuste flexibilizador y puntual
de las reglas de contratacin y los derechos colectivos
que no slo evitara poner en peligro la gobernabilidad
corporativa, sino que la asegurara, en tanto que no ha
sido otro el verdadero propsito de la supuesta nueva
cultura laboral en la que quedaron atrapados actores
e instituciones durante los ltimos aos. Esta visin
marcadamente gerencial y conservadora impuso la
continuidad de las polticas laborales de las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (pri) a
partir de 1982 y ahora del Partido Accin Nacional
(pan), con graves consecuencias para los trabajadores,
pero tambin para el pas en su conjunto porque en
materia de competitividad no slo no se ha avanzado,
sino que se ha retrocedido, a la par que se ha deteriorado la calidad de los empleos.
El largo y tortuoso conflicto que se vive en el
sector minero desde febrero de 2006 en el que
primero se evidenci la incapacidad de las autoridades para evitar uno de los accidentes laborales ms
trgicos de las ltimas dcadas y luego se alent la
confrontacin de mltiples intereses sin que hasta
la actualidad haya canales institucionales adecuados
para resolverlo est poniendo de manifiesto los
lmites y la fragilidad del viejo arreglo corporativo
Un diagnstico de los principales problemas de diseo institucional en el mbito laboral en Mxico se encuentran en Bensusn, 2006a. Para el caso de Brasil puede consultarse Cardoso y Lage,
2006; para el de Argentina, Senn y Palomino, 2006, y para el de
Chile, Figueroa, 2006.
en el mundo del trabajo. Por ello, la actual administracin debera promover una verdadera reforma
laboral tanto del diseo institucional original como
de las estrategias gubernamentales orientadas a hacer
efectivas las regulaciones laborales; sin embargo, esto
no parece estar dentro de su agenda.
Entendemos por reforma estructural una transformacin profunda de las estructuras corporativas que
sostienen la gobernabilidad del mundo del trabajo,
puestas al servicio de una estrategia de bajos salarios
y precariedad laboral durante los ltimos 20 aos.
Esto supone modificar desde el rgimen sindical
hasta la administracin del trabajo de manera particular del sistema de inspeccin y de los rganos
tripartitos, como la Comisin Nacional de Salarios
Mnimos (cnsm) y el sistema tripartito de justicia
laboral dependiente del Poder Ejecutivo, pero tambin del sistema de seguridad social, corporativo y
excluyente de la gran mayora de los trabajadores.
Estas estructuras corporativas son en gran medida
responsables del escaso cumplimiento de los derechos laborales en el pas y del predominio de una
estrategia de insercin en la economa global por la
va baja, que no tiene perspectiva alguna frente el
xito de otros competidores, como China e India,
que combinan salarios mucho ms bajos que los
mexicanos con otras ventajas competitivas.
Hay que insistir en que el cambio estructural en
el mundo del trabajo debera responder a una lgica
muy distinta de aquella que se ha impulsado hasta
ahora, tomando en cuenta que los grados de flexibilidad del mercado laboral de Mxico ya se encuentran entre los ms altos del mundo, al margen de lo
que establezca una legislacin aparentemente rgida,
lo que en modo alguno nos exime de revisar lo que
Este conflicto tiene diversas dimensiones: desde la que se origina en el desconocimiento del lder minero por dos miembros del
Comit de Vigilancia de un sindicato de ms de 100 mil agremiados
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalrgicos y Similares de la Repblica Mexicana (sntmmsrm) y la toma de nota hecha
en menos de 24 horas por la autoridad, hasta la triste muerte de 65
mineros en un fatal accidente que probablemente hubiera podido
evitarse con una efectiva inspeccin del trabajo y un buen desempeo de la comisin mixta de seguridad e higiene. Sobre los antecedentes de este conflicto, vase Cereal, 2005. Acerca de la situacin del
mismo, vase la revista Proceso del 28 de mayo de 2006.
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pudiera ser inadecuado en esta legislacin para promover una mayor competitividad.
Pero el problema a atacar est indiscutiblemente en
otra parte. As lo prueban la altsima y creciente tasa
de rotacin laboral de casi 50% anual a partir de
la apertura comercial (Kaplan et al., 2004) y el hecho de que 60% de los empleos formales creados en
2007 e inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro
Social (imss) sea temporal, todo lo cual nos da una
idea del amplio margen de flexibilidad real que ya
existe en Mxico para manejar el volumen del empleo. En el mismo sentido, la declinacin del poder
de los sindicatos para influir en la determinacin de
los salarios, sea por la baja tasa de sindicalizacin o
por la extendida simulacin y fragmentacin de la
negociacin colectiva (Levine y Fairris, 2003); la cada del poder adquisitivo de los salarios mnimos a la
tercera parte de su valor a partir de 1982, as como el
alto porcentaje de trabajadores asalariados que laboran al margen de cualquier incorporacin a las instituciones de seguridad social lo que se asocia con la
ausencia de otros derechos fundamentales y que alcanza a poco menos de la mitad de stos, sin olvidar
a los que no acceden siquiera a un trabajo asalariado,
muestran que el problema central es cmo incluir a
los excluidos y cmo hacer efectiva la proteccin de
quienes tienen derechos.
Las instituciones laborales vigentes fueron pensadas para un mundo en el que los trabajadores permanecan toda su vida en la misma empresa, tenan posibilidades de realizar carreras dentro de ella, prestaban
sus servicios en empresas grandes y lograban acumular
la antigedad suficiente para optar por una jubilacin
al final de su trayectoria laboral. Nada de esto es hoy
la regla, al punto que slo un tercio de la poblacin
ocupada lo hace en condiciones de proteccin lo que
la Organizacin Internacional del Trabajo (oit) ha
dado en llamar trabajo decente y es justamente por
eso que se requiere de una ciruga institucional mayor.
Esto es as no slo porque pudiera ser necesario adecuar las instituciones al nuevo entorno en el que operan las empresas, sino porque est demostrado que
aqullas no sirven para hacer efectiva la proteccin de
los trabajadores asalariados en un contexto dominado
por la creciente inestabilidad de los mercados labora-
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corrupcin y simulacin en que se sostiene un arreglo laboral corporativo que se volvi excluyente y
est paradjicamente marcado por un profundo antisindicalismo, dominante en el mundo empresarial,
que no dista del que exista en tiempos de Porfirio
Daz y se manifiesta de todas las formas posibles con
notorio respaldo de la autoridad.
Adems de las razones apuntadas, se requiere de
una reforma laboral estructural porque es necesario
redistribuir el riesgo que hoy supone la mayor movilidad impuesta por la globalizacin y las presiones
competitivas. Sera iluso esperar que todos los trabajadores consiguieran en el futuro inmediato un puesto
de trabajo asalariado por tiempo indeterminado, con
acceso a prestaciones y seguridad social en el marco
de la actual legislacin laboral y social, o que las empresas mantuvieran la oferta de empleos, cuando razones econmicas aconsejan reducir costos laborales o
consideran conveniente introducir nueva tecnologa
o reorganizar el trabajo, que muchas veces constituye
una condicin del aumento de la productividad. Todo
esto no significa que el trabajador deba soportar individualmente el riesgo de quedar desocupado, carecer
de manera permanente de un empleo formal y protegido, y lograr slo trayectorias laborales discontinuas
que disminuyen la probabilidad de hacer efectivos los
derechos asociados a la seguridad social.
La sociedad en su conjunto es la beneficiaria de
las oportunidades de empleo que se pudieran generar a partir de mejorar la capacidad de adaptacin de
las empresas a un entorno fuertemente competitivo,
todo lo cual aumentar la cohesin social y disminuir la inseguridad pblica.
Debe, por tanto, revisarse el peso originalmente
asignado en la legislacin laboral a la proteccin a los
ms dbiles, y combinarlo con un sistema ms amplio
basado en la solidaridad y en el reconocimiento de
derechos sociales exigibles vinculados a la ciudadana,
al margen de la condicin laboral. En un pas cuya
estructura productiva est formada casi en su totalidad por micro y pequeas empresas, suponer que el
empleador siempre podr asegurar a sus trabajadores
condiciones de vida dignas puede conducir a un gran
margen de incumplimiento y al total descrdito de la
institucionalidad transgredida. Los notables porcenta-
jes de trabajadores asalariados que carecen de inscripcin en el seguro social y de otro tipo de prestaciones
(vacaciones y aguinaldo, entre otras) son el resultado
de esta situacin, entre otros factores, como la dbil
fiscalizacin. De ah que convenga replantear, con
una participacin social amplia y de cara a la opinin
pblica, dos cuestiones centrales: por una parte, cul
es el grado de proteccin que se quiere asegurar en
la legislacin laboral a todos los trabajadores y cmo
devolver a la negociacin colectiva real y por rama
industrial su papel en el mejoramiento de los mnimos legales. Asimismo, qu otro tipo de mecanismos
como los seguros de salud y pensiones universales
con mayor capacidad de incidir sobre el bienestar de
los ciudadanos, cualquiera que sea su condicin laboral, deben impulsarse para reducir la pobreza y la desi
gualdad. Volveremos ms adelante sobre este punto.
Los ejes de la reforma
Dejando de lado otros aspectos no menos importantes, como la necesidad de eliminar las restricciones
que afectan a los trabajadores al servicio del Estado
(supresin del apartado B del artculo 123 constitucional) y reconsiderar la distribucin constitucional
de competencias en el mbito federal y local, el anlisis de la reforma se organiza en relacin con cuatro
cuestiones fundamentales: a) el replanteamiento de la
relacin entre la flexibilidad laboral, la productividad
y la proteccin social; b) el desmantelamiento de los
candados corporativos que sostienen las relaciones entre el Estado, los sindicatos, las empresas y los trabajadores; c) la necesidad de fortalecer la capacidad estatal
de fiscalizar el cumplimiento de los derechos de los
trabajadores, reestructurando el sistema de inspeccin
del trabajo, y d) la renovacin completa del sistema de
justicia laboral, incluyendo la institucionalizacin de
un rbitro confiable para dirimir conflictos de intereses, lo que hoy es cuestionado no solamente por los
sindicatos y por los trabajadores, sino por los mismos
empresarios.
Baste ver al respecto el desplegado de Altos Hornos de Mxico
en relacin con el conflicto minero y la discrecional intervencin de
la Secretara del Trabajo en el mismo, publicado el 12 de abril de
2006 en diversos peridicos de circulacin nacional.
18
los de Brasil y apenas algo superiores a los de Argentina y Chile (Bensusn, 2006b), de acuerdo con datos difundidos en 2001 por la Comisin Econmica
para Amrica Latina y el Caribe (Cepal); en las mismas fechas, nuestro pas destinaba al gasto social un
porcentaje mucho menor del pib que los otros tres:
equivala apenas a la mitad del de Argentina y Brasil,
y algo ms de la mitad que el de Chile. Si tomamos
en cuenta el gasto por habitante, el panorama es an
ms desolador; equivale a la cuarta parte del gasto
que realiza Argentina y a menos de la mitad del de
Brasil y Chile, segn la misma fuente (Cepal, 2001).
Parecera que las expectativas de que la mayor proteccin institucional otorgada en Mxico a los trabajadores en trminos del rgido rgimen de despido,
mayores prestaciones y ms poderes coactivos de los
sindicatos incluidos en la legislacin heredada del
proceso revolucionario habra de traducirse en una
nivelacin hacia arriba de las condiciones de trabajo
entre los asalariados ms vulnerables llev a descuidar la importancia del gasto social. Sin embargo, esas
expectativas no se cumplieron. En este sentido, estamos ante un claro ejemplo de fracaso tanto institucional como econmico porque un gran porcentaje
de los trabajadores nunca llega a tener un empleo
asalariado y porque muchos de los que s lo logran
tienen que aceptar, a cambio, condiciones laborales inferiores a las mnimas legales. La baja o nula
capacidad estatal de fiscalizacin y la mala calidad
del sistema de representacin sindical explican tambin por qu fue posible este proceder, sobre todo en
las pequeas empresas. Como se dijo, la situacin
se agrava debido a la ausencia de polticas sociales
capaces de reemplazar la funcin de proteccin e
igualacin que no fue bien resuelta a travs de una
generosa legislacin laboral, pero de aplicacin laxa.
Sin duda, los trabajadores altamente calificados
que laboran en las grandes empresas pueden haber
encontrado importantes ventajas en la legislacin laboral, hoy cada vez ms cuestionadas por el enorme
poder de los empleadores, pero no fue ste el caso
de los trabajadores ms vulnerables: los jvenes que
logran ingresar al mercado de trabajo y en general
quienes se desempean en empleos informales o en
las pequeas y medianas empresas, los jornaleros
19
20
nuevo contexto la satisfaccin de sus objetivos tradicionales, es decir, proteger a los ms dbiles sin afectar la acumulacin y la competitividad (Bensusn,
2006b). Todo ello obliga a replantear por completo
los cimientos sobre los que se construy el diseo
original, algo que sin duda es difcil de lograr casi
en cualquier condicin, ms an en un escenario de
polarizacin y desconfianza como el que caracteriza
al mundo del trabajo mexicano.
Desmantelamiento de los candados corporativos
entre el Estado, los sindicatos, las empresas
y los trabajadores
Adems de las razones econmicas que pudieran estar detrs de la reforma laboral, tienen gran importancia las de orden poltico asociadas con el desmantelamiento del corporativismo, arreglo institucional
responsable de que en Mxico exista hoy lo que se
llamara, aprovechando una conocida conceptualizacin de Guillermo ODonnell (1993), una ciudadana laboral de muy baja intensidad. Es necesario
advertir qu tan ntimamente vinculada est la posibilidad de lograr autonoma sindical con la necesidad
de neutralizar en alguna medida la capacidad legal
de los sindicatos de hacer dao al adversario, como
producto de una legislacin heredada del proceso revolucionario (Bensusn, 2000). Por ello, sera intil
esperar que los principales beneficiarios del actual
arreglo corporativo los empresarios respaldaran
un proceso de cambio en este escenario sin que se
acotaran previamente los poderes legales concedidos
a los sindicatos para la defensa de los intereses de sus
agremiados, que terminaron siendo expropiados por
supuestos dirigentes sin representatividad alguna y
usados con fines muy distintos, salvo pocas excepciones, como es el caso de las clusulas de exclusin.
Dicho de otra manera, si de verdad se aspira a
desmantelar el corporativismo y los vicios asociados
a ste corrupcin sindical y simulacin en la negociacin colectiva, habr que introducir cambios
sustanciales en el rgimen sindical de contratacin
colectiva y de huelga, lo cual llevara a redefinir el alcance del poder de los sindicatos. Por ejemplo, habra
que disminuir el grado de intervencin estatal en la
21
estatal preventivo del ejercicio del derecho a la contratacin colectiva y, por ende, de la fijacin de los
salarios y de huelga, pero traslada a la empresa una
situacin conflictiva que podra evitarse a partir de la
negociacin a un nivel ms alto, como el de rama de
actividad. Sin embargo, la opcin legal para este tipo
de negociaciones, el contrato ley, est en franco desuso y depende de una excesiva discrecionalidad estatal,
adems de que los empleadores se han resistido sistemticamente a ella.
Habra que apuntar otros problemas relacionados
con lo anterior. Por un lado, las clusulas de consolidacin sindical imponen indirectamente la afiliacin
y permanencia obligatoria en los sindicatos mexicanos, siempre y cuando el sindicato cuente con el
respaldo del empleador otro filtro y logre incluir
dichas clusulas en un contrato colectivo, lo que da
pie al condicionamiento en la seleccin patronal de
su contraparte. Esto se diferencia de lo que ocurre,
por ejemplo, con una solucin mucho ms neutra e
institucionalizada, como la del impuesto sindical obligatorio existente en Brasil o el manejo de las obras
sociales en Argentina. En sentido estricto, slo en
Mxico la afiliacin sigue siendo un procedimiento
coactivo, por lo que las clusulas mencionadas pueden ser usadas para disciplinar a las bases ms que
para asegurar la unidad y la fuerza sindical. Otro
problema de diseo, ms grave an, es la parcialidad
de las instancias encargadas de resolver los conflictos
intersindicales: la Secretara del Trabajo y Previsin
Social (stps) en el mbito federal o, en el local, las
Juntas Locales de Conciliacin y Arbitraje (jlca). Estas ltimas, integradas en forma tripartita y donde la
representacin sindical est en manos de las centrales
afines al gobierno (principalmente de la Confederacin de Trabajadores de Mxico, ctm), actan como
juez y parte impidiendo la renovacin sindical.
Sin embargo, ms all de la peculiar reglamentacin mexicana, es evidente que se requiri de un contexto poltico autoritario, una ostensible fragilidad del
Estado de derecho y la carencia absoluta de transparencia en el proceso de organizacin para que la corrupcin invadiera de tal forma el ejercicio de los derechos colectivos y se llegara a la situacin actual en la
que las prcticas ms perversas, como los contratos de
22
23
reconocimiento de una nueva federacin de trabajadores al servicio del Estado. Sin embargo, las dirigencias siguen sin rendir cuentas y no se ven obligadas
a ofrecer buenos resultados a sus agremiados, mucho
menos a hacer campaas organizativas para expandir
la afiliacin en contra del deseo de los empleadores.
Veamos, por ltimo, otro problema de diseo institucional en materia de derechos colectivos que incide en el desempeo de los sindicatos. A diferencia de
Argentina, donde existe representacin sindical en la
empresa a travs de las figuras de los delegados y las
comisiones internas, electas por voto secreto y directo
de los trabajadores una de cuyas funciones es precisamente la verificacin del cumplimiento de las normas
legales y convencionales, en Mxico no hay un sistema semejante, aunque a nivel de los contratos colectivos se haya logrado imponer la figura de los delegados
en algunas grandes empresas. Sin embargo, este tipo
de representacin ha resultado fundamental para involucrar a los sindicatos en los problemas productivos
y para lograr un mayor cumplimiento de los derechos
de los trabajadores, contenidos en la legislacin y la
contratacin colectiva. Tampoco existen espacios de
participacin sindical en la gestin de las empresas
que pudieran alentar un sindicalismo de este corte.
Parte del dilema de cualquier reforma del corporativismo radica en los riesgos que habra que asumir si
se pusiera fin a un sistema sindical centralizado y unificado, en la medida en que se podra agravar el actual
desequilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Incluso en Brasil, el nuevo sindicalismo se opone
a la adopcin de cambios de fondo que liberalicen las
reglas del juego en ese mbito y terminen con las prcticas de tipo corporativo, como la obligatoriedad del
impuesto sindical y de la unidad sindical, tal como lo
reclamaron durante los aos ochenta (Cardoso y Lage,
2006). Es posible que ello se deba a que el contexto
de marcada flexibilizacin de las relaciones laborales y
el debilitamiento de los sindicatos agravara de por s
los costos que sera necesario pagar al transitar de un
rgimen de derechos colectivos corporativo a otro ms
plural y democrtico. Sin embargo, hay que insistir en
Una revisin de la jurisprudencia de la Corte en materia de
libertad sindical se encuentra en Rendn, 2005.
que en ningn otro pas de la regin se ha experimentado un proceso tal de degradacin sindical como el
que se dio en Mxico, por lo cual para los trabajadores pudiera ser preferible arriesgarse a enfrentar una
desarticulacin del actual sistema de representacin,
carcomido por el cncer de la corrupcin, que al statu
quo. Adems, los moldes corporativos resultan aqu
muy estrechos para alentar, por un lado, la adopcin
de un modelo productivo basado en mercancas o servicios de alto valor agregado y compatible con salarios
elevados y, por otro, la emergencia de nuevas formas
organizativas de trabajadores desempleados, en cooperativa o por cuenta propia, o su incorporacin a las
organizaciones de trabajadores activos, situacin que
impide a aqullos expresar colectivamente sus intereses, y a los sindicatos ganar legitimidad ante los ms
desprotegidos.
En sntesis, es necesario posibilitar la accin colectiva a partir de nuevos marcos institucionales,
porque los actuales ya no sirven en un contexto en el
que se han recrudecido las prcticas antisindicales patronales para volver a posiciones semejantes a las del
porfiriato, lo que se traduce en todo tipo de maniobras para evitar una autntica bilateralidad. Es cada
vez ms claro que las tendencias hacia la negociacin
por empresa y a la subcontratacin atentan contra la
posibilidad de lograr una representacin efectiva de
los trabajadores. Hay que sealar tambin que el rechazo empresarial a los sindicatos incluso ha aumentado en los ltimos aos, sin que la democracia haya
podido contrarrestarlo. Esta cuestin parecera estar
mejor resuelta en otros pases de la regin, donde de
una u otra manera los empleadores han terminado
por admitir y sacar ventajas de la presencia de sindicatos fuertes y representativos.
Un dato ilustrativo de la mala calidad de la contratacin colectiva es el siguiente: en 2004, solamente dos de cada ocho contratos colectivos registrados en la Junta de Conciliacin y Arbitraje del
Distrito Federal tenan prestaciones por encima de la Ley Federal del
Trabajo, cuando ste es el propsito esencial de la negociacin (datos
proporcionados por la propia dependencia). Ello puede deberse a dos
factores: simulacin o, simplemente, debilidad sindical para arrancar mejores condiciones de trabajo en empresas de menor tamao,
como las que predominan en Mxico. En tanto, ms de 80% de estas
revisiones se originaron en empresas de 50 o menos trabajadores.
(Bensusn, 2006a).
24
25
cin con el gobierno federal. Tampoco existe programa alguno en el mbito de la inspeccin del trabajo
para cooperar en la deteccin del incumplimiento,
por parte de los empleadores, de las normas relativas a
la seguridad social en los sitios donde se sabe que esto
ocurre. Esta tarea queda exclusivamente a cargo del
imss, sin que se haya buscado una mayor coordinacin entre ambas instancias, a pesar de que la falta de
inscripcin en ese instituto y la falta de cumplimiento
de los dems derechos, incluyendo la seguridad e higiene en el trabajo, estn fuertemente asociados.
Hasta los aos noventa predominaron las estrategias basadas en la imposicin de sanciones proporcionales a la importancia de la norma, y en el aparente inters de aumentar la capacidad de deteccin.
A partir de entonces, se encuentran trayectorias
distintas entre el mbito federal y local, aunque en
todos los casos comienza a darse mayor importancia a la promocin del cumplimiento voluntario y
la prevencin. Hoy en da, a costa de las muertes
de mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, se est
revirtiendo esta visin gerencial de la inspeccin del
trabajo y se comienza a reconocer la necesidad de
mejorar la capacidad de sancin.
Las estrategias basadas en la desviacin en el
supuesto de que predominar la tendencia a evadir
las normas (Pettit, 2003) a travs de la imposicin
de sanciones en un sentido amplio (castigos y recompensas), dominantes hasta los aos ochenta, haban sido cuestionadas porque para resultar efectivas
deban ser suficientemente gravosas y contar con un
aparato centralizado y eficaz de administracin, dotado de poder y recursos suficientes, lo cual no existe
en Mxico. Adems, se argumentaba que se genera
el problema de cmo controlar a los guardianes del
cumplimiento. Por ello, invocando la intencin de
combatir la corrupcin, en el marco de la nueva
cultura laboral se debilitaron o desarmaron en Mxico los aparatos de fiscalizacin e incluso se abri el
paso a la privatizacin de los sistemas de inspeccin
en el mbito federal. El viraje hacia estrategias basadas en la prevencin y la promocin del cumplimiento voluntario estuvo asociado a la idea de que
una mayor fiscalizacin y actividad punitiva sobre
las empresas, sobre todo las pequeas, se traducira
en la destruccin de empleos. Tambin puede haberse debido a una menor autonoma del Estado frente
a los inversores y sus necesidades, lo que habra llevado a construir una mejor imagen ante stos, hecho
que implica renunciar a la fiscalizacin.
Aunque ambas opciones no son excluyentes, el
problema es que no existe coherencia interna entre
el costo de cumplimiento de las normas laborales y el
riesgo que supone dejar de hacerlo. Si frente a regulaciones que imponen un alto costo de cumplimiento,
como las que existen en Mxico, segn sostienen los
propios empresarios, se adopta una estrategia desprovista de dientes, la conducta ms racional sera dejar
de cumplir, ya sea que esto se haga abiertamente o
que se encubra bajo diversas formas de evasin o simulacin. Sobre todo, cuando la legitimidad de las
normas es cada vez menor y la presin para reducir
costos laborales es mayor, como ocurre desde por lo
menos hace 20 aos. Precisamente, la falta de coherencia puede explicar en alguna medida por qu existe
una escasa efectividad de las normas, sobre todo en las
empresas de menos de 50 trabajadores, algo que es reconocido por las ms altas autoridades laborales y que
se extiende en muchos casos a las grandes empresas.
Uno de los problemas de implementacin que no
ha encontrado solucin en Mxico es la escasez de los
recursos destinados a la inspeccin a escala tanto federal como local, as como la ausencia de una base de
datos completa y comn a los diversos servicios pblicos en materia laboral, de seguridad social y fiscal.
Ms que a limitaciones de orden tcnico, esta ausencia parece reflejar la escasa voluntad poltica de limitar
el trabajo no registrado o precario como alternativa de
empleo, aun cuando en los dos ltimos aos el imss
ha adoptado una nueva estrategia mucho ms agresiva
que la de la inspeccin del trabajo (imss, 2004). Adems, las pequeas empresas (con menos de 10 trabajadores) gozan de un trato privilegiado porque de acuerdo con las prcticas adoptadas por las autoridades,
simplemente no pueden ser sancionadas, lo que deja
sin proteccin a una notable proporcin de trabajadores asalariados. Si bien la posibilidad de detectar los
incumplimientos en las empresas grandes es mayor,
stas tienen recursos para eludir las recomendaciones
derivadas de las inspecciones en los raros casos en
26
27
de los trabajadores que demandan, terminan conciliando sus diferencias y obtienen la mitad o menos
de lo que conseguiran si ganaran el juicio. Esto lleva
tambin a inflar las demandas o a demandar artificialmente. Cabe sealar que en Mxico el servicio
es gratuito para ambas partes, mientras que en otros
pases stas asumen los costos segn el resultado del
juicio. Por ejemplo, en Argentina ha aumentado el
porcentaje de casos en que los costos quedan a cargo
del actor (45%). El caso de la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje, donde un altsimo porcentaje
de las demandas se debe a la reticencia de las empresas estatales a pagar las indemnizaciones sin pasar
por la justicia o a demandas administrativas contra el
imss, revela igualmente problemas estructurales y en
la definicin de competencias (Bensusn, 2006a).
En Mxico subsisten problemas de diseo de tipo
estructural, an ms graves en la justicia laboral, que
ya han sido resueltos en otros pases con antecedentes corporativos, como lo es la integracin tripartita
de las jlca y su dependencia del Poder Ejecutivo. La
imparcialidad est, por ello, fuertemente comprometida, ms an cuando por lo menos desde hace
20 aos ha predominado en el gobierno federal una
visin gerencial del manejo de los asuntos laborales.
Al respecto, el anlisis del desempeo de la justicia
laboral en los mbitos federal y local (Distrito Federal) muestra un cierto caos en su desempeo y la
imposibilidad de predecir qu le ocurrir a quien
demande en estas instancias, lo que genera el caldo
de cultivo de una extendida corrupcin a todos los
niveles. Esta situacin puede explicar, junto a otros
factores, la baja tasa de conflictividad individual (entendida como el nmero de demandas entabladas en
relacin con el nmero de trabajadores separados del
empleo en un ao), que no supera 6% de los casos.
De igual manera, los resultados del desempeo de
la justicia laboral en materia de derechos colectivos
confirman que en Mxico existe un manejo abiertamente discrecional de stos, lo cual ha favorecido a
los sindicatos corporativos, que controlan la representacin ante las jlca y cuentan con el apoyo de
la stps. En sntesis, el traslado de la justicia laboral
al Poder Judicial, previa profesionalizacin de los
jueces en la materia, es un imperativo de la refor-
28
29
30
En materia de derechos colectivos habra que examinar tambin cmo se puede lograr que los sindicatos
acepten sacrificar poder legal para ganar autonoma,
aspecto en el cual la propuesta del prd/unt contiene
diversas soluciones que deberan ser fortalecidas para
conseguir un trnsito gradual y ordenado hacia un
arreglo sindical transparente, competitivo y plural.
Cabe sealar que si bien la propuesta que estara
elaborando la stps con el apoyo de los actores tradicionales (iniciativa de los sectores) sigue los pasos de la
iniciativa Abascal: ofrece reformar las reglas actuales
en materia de subcontratacin, aunque sin especificar en qu direccin. ste es un aspecto que no haba
sido tocado por las iniciativas anteriores pero reviste
una extrema importancia para los trabajadores porque la externalizacin de los empleos es un fenmeno creciente que afecta la calidad de los mismos en
tres aspectos centrales: el nivel de los salarios, la inscripcin en la seguridad social y la sindicalizacin.
De hecho, las reformas laborales ms importantes
en la regin en los dos ltimos aos tienen que ver
precisamente con la necesidad de desalentar la subcontratacin como estrategia de abatimiento de los
costos laborales (Bensusn, 2007).
El cuadro 115 resume las principales semejanzas y
diferencias entre las iniciativas presentadas a lo largo
de los ltimos 15 aos y permite observar que existen diferentes alternativas de diseos y que hace falta
una discusin seria sobre las mismas, que tome en
cuenta un diagnstico de los principales problemas
laborales, as como las exigencias de la doble transicin, poltica y econmica, por la que ha atravesado
el pas a lo largo de este periodo.
Viraje en la poltica laboral: condicin para la
reforma estructural
La reforma estructural de las instituciones laborales
debe ser parte esencial de la transicin hacia una go15
Dado que no existe confirmacin oficial de la informacin
periodstica difundida en torno a la propuesta que estara discutiendo la stps con los sectores durante la presente administracin, su
contenido no se incluye en el cuadro comparativo, aun cuando se
presentaron en el texto y en la nota 13 sus principales caractersticas
y convergencias con la propuesta de ct/cce de 2002.
31
pan
Mejoramiento de condiciones de trabajo (reduccin de la jornada y aumento de las vacaciones, aguinaldo, primas de vacaciones y dominical, y
licencia de maternidad). Participacin de los trabajadores en las acciones
de las empresas.
Ampliacin limitada de la flexibilidad numrica (restricciones a la reinstalacin, facilidades para los contratos temporales, periodo de prueba) de los
tiempos de trabajo, salarial y funcional (negociada-unilateral).
Bilateralidad en productividad, capacitacin y reparto de resultados a nivel
de centros de trabajo (delegados-comits de empresa) y sectorial.
Conservacin de la cnsm.
32
Aunque ya no pueda recuperarse el tiempo perdido en la trampa tendida a los trabajadores por los
beneficiarios del corporativismo y la supuestamente
nueva cultura laboral auspiciada por las dos ltimas
administraciones (de Zedillo y Fox), la reforma laboral deber enmarcarse en un cambio inmediato de la
poltica laboral y las formas de relacin del Estado con
los actores sociales. Si bien todo indica que vamos en
el sentido contrario (Alcalde, 2007), el viraje en la poltica gubernamental y la restitucin de la confianza en
torno al papel de rbitro de las autoridades laborales
constituyen una condicin para remover las inercias,
impulsar un nuevo pacto orientado a facilitar la transicin laboral hacia un arreglo democrtico basado en
la equidad y abrir el paso a las reformas estructurales
en el mundo del trabajo de manera articulada con las
que se adopten en otros terrenos, en particular en lo
que se refiere a las polticas sociales.
prd/unt
cce/ct
Conservacin de la cnsm.
Contina
33
pan
Sin cambios.
Seguro de desempleo
No lo contempla.
No lo contempla.
34
prd/unt
cce/ct
Sin cambios.
Sin cambios.
Sin cambios.
Sin cambios.
No lo contempla.
No lo contempla.
35
Bibliografa
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Jornada, 8 de diciembre.
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Diseo legal y desempeo real: instituciones laborales en
Amrica Latina. Mxico, Porra/uam Xochimilco.
36
cuestionamiento del sindicalismo como actor estratgico e interlocutor social de los ms desposedos.
Aun cuando las mujeres han formado parte de los
sindicatos desde que stos se constituyeron, sus problemticas y propuestas por lo general no se han incorporado en los estatutos, contratos colectivos o negociaciones sindicales, adems de que el porcentaje de
representantes del sexo femenino en los comits ejecutivos es escaso, incluso en gremios donde la presencia
de las mujeres es mayoritaria. Y las pocas que han accedido a los cargos de direccin sindical ocupan carteras
sociales, con lo que continan excluidas de la toma de
decisin poltica y de la definicin del rumbo.
Por estas razones, el sindicalismo enfrenta diversos
desafos, entre los que destacan: cambiar la percepcin
negativa que de ellos tiene la ciudadana, crear una
agenda amplia que incorpore temas y problemticas
de impacto social en pro de un modelo econmico de
desarrollo inclusivo y, sobre todo, instaurar medidas
que tiendan a sensibilizar y erradicar la discriminacin
en su interior, sobre todo la relativa al gnero.
Los impactos de la globalizacin en el empleo
femenino
Durante las ltimas dcadas del siglo xx, las economas del orbe experimentaron una serie de cambios
intensos debido al desarrollo cientfico-tecnolgico,
la internacionalizacin de la produccin, la globalizacin de los mercados y los avances informticos y
en la comunicacin, entre otros factores.
En Mxico, desde principios de los aos ochenta
se comenzaron a instaurar medidas acordes con una
poltica econmica neoliberal dictada por los organismos financieros internacionales Fondo Monetario
37
38
Los sindicatos no estn lejos de estas prcticas patriarcales, pues son estructuras que reproducen en su
interior esquemas corporativos y antidemocrticos,
como veremos ms adelante.
Feminizacin del trabajo
En Mxico existen 53.7 millones de mujeres, lo que
corresponde a 50.7% de la poblacin. Entre las mayores de 12 aos, 41.3% estn incorporadas en actividades econmicas, proporcin distante del 17.6%
que se registraba en 1970 (Inmujeres, 2003a; Conapo, 2007; inegi, 2007a). Esto significa que en poco
ms de 35 aos la poblacin femenina duplic su
participacin en el mercado laboral.
El proceso de feminizacin del trabajo se explica,
entre otros factores, por procesos de reformas estructurales y de flexibilizacin del empleo, la disminucin de los ndices de natalidad, el incremento del
nivel educativo, la mayor esperanza de vida, el deseo de las mujeres de profesionalizarse y las crisis
econmicas que hacen imposible el sostenimiento
familiar con un solo salario.
El empleo femenino va en auge y diversos estudios
(Gutirrez, 1999; inegi, 2004a; Balderas, 2006) coinciden en que los puestos de trabajo de nueva creacin
se ubican en tres grandes vertientes: a) empleos que
generan oportunidades para ejecutivas en sectores de
punta como telecomunicaciones, publicidad y bancos;
b) trabajos tradicionales y formales en oficinas pblicas, fbricas, costura, restaurantes, hospitales, hoteles
y tiendas departamentales, as como en empresas maquiladoras de exportacin, que han disminuido numricamente; c) empleos informales, de tiempo parcial y a domicilio o en la va pblica, donde se insertan
masivamente las mujeres con menores niveles educa
El ndice de fecundidad en Mxico se redujo de seis hijos a
mediados de los aos setenta, a 2.3 a principios del siglo xxi (Inmujeres, 2003b).
En 1997 la asistencia a la escuela de mujeres jvenes, de 15 a
19 aos, alcanz 42.8%. La mayora de las trabajadoras mexicanas
cuenta, por lo menos, con educacin primaria; 33.9% tienen este
grado de estudios, seguidas por las que poseen nivel educativo medio
y medio superior, con 28.2% (inegi, 2000, 2007a).
En la actualidad la esperanza de vida en Mxico es de 77 aos
para las mujeres y de 73 para los hombres (Aguilar y Pando, 2002).
39
40
13
La cnte se encuentra mermada numrica y anmicamente
por las divisiones internas, la represin por parte del gobierno y de
los dirigentes oficiales del sindicato, y el golpeteo a la seccin 22 de
Oaxaca a causa del conflicto social vivido recientemente.
14
El liderazgo de la profesora Gordillo ha sido utilizado para criticar y contener el posicionamiento femenino en el mbito pblico.
Y si bien es cierto que su direccin sindical ha sido vertical y antidemocrtica, es importante sealar que no necesariamente por ser
mujer se es perversa o sensible. Es necesario construir alianzas y
formular una agenda por parte de las feministas sindicalistas para impulsar nuevos ejercicios de liderazgo entraables (Lagarde, 1999).
15
El cargo de Presidencia se instaur en 2004 a partir de una
resolucin de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, que dict
que no est prohibida la reeleccin de dirigentes sindicales, dejando
de lado el artculo 75 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado (Vargas, 2007).
41
42
Dentro del sistema de salud destacan tres instituciones: el imss,19 el issste20 y la Secretara de Salud,21
que concentran al mayor nmero de mdicos.
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro
Social (sntss) cuenta con ms de 300 mil integrantes,
organizados en 37 secciones sindicales en todo el pas.
Su Comit Ejecutivo Nacional tiene 18 secretaras, 15
de las cuales son encabezadas por hombres (83.3%),
lo que significa que slo tres estn a cargo de mujeres (16.7%); estas ltimas, adems, son consideradas
poco estratgicas en la conduccin del rumbo sindical: Accin Femenil, Actas y Acuerdos, y Cultura, Recreacin y Turismo. En los cargos de presidencia de las
comisiones nacionales existe mayor equidad de gnero: de ocho, tres son dirigidas por mujeres (37.5%).
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores
del issste ha tenido 16 secretarios generales desde su
fundacin en 1960, entre los que hubo una mujer (en
el periodo 2002-2005). De 25 carteras en su Comit
Ejecutivo Nacional vigente, ocho estn coordinadas
por mujeres (32%). Un esquema similar se reproduce en sus 25 secciones sindicales: 10 son presididas
por mujeres (40%) (sntissste, 2007). Las enfermeras
constituyen la mayora de representantes en los cargos
ejecutivos del sindicato, lo que indica que este grupo
se ha posicionado polticamente en el issste.
La tercera instancia organizativa fuerte en el sector es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretara de Salud (sntsa), que tiene 95 secciones
sindicales en todo el pas, 25 de las cuales estn dirigidas por mujeres (26.3%).
Las cifras anteriores demuestran que el sindicato
que ms ha impulsado a las mujeres en los cargos
19
El imss, creado en 1943 por decreto presidencial, es considerado la mayor institucin de Amrica Latina dedicada a ofrecer servicios de seguridad social a la poblacin trabajadora. Concretamente,
atiende a quienes estn regidos por el apartado A del artculo 123
constitucional.
20
El issste fue creado en 1960 para brindar prestaciones relativas
a la salud, as como prestaciones sociales, culturales y econmicas a
los empleados de la administracin pblica adscritos al apartado B
del artculo 123 de la Constitucin.
21
La Secretara de Salud es la instancia pblica con ms antigedad en Mxico, pues surgi en 1934 con la expedicin de la Ley de
Coordinacin de Servicios Sanitarios. Ofrece servicios a la poblacin
abierta que no cuente con afiliacin a ninguna otra institucin y tiene hospitales en todo el pas.
43
directivos es el del issste, seguido por el de la Secretara de Salud, mientras que el sntss se mantiene a
la zaga por no haber sido presidido nunca por una
mujer y tener los ndices ms bajos de participacin
femenina en el Comit Ejecutivo Nacional.
Donde ms se han posicionado las trabajadoras
del imss es en las secciones sindicales; por ejemplo,
en la 32 una mujer fue electa como secretaria general, mientras que en las secciones 8 y 28 contendieron mujeres para cargos sindicales, pero se les priv
de sus derechos sindicales para evitar que fueran elegidas (Sols, 2002).
Cabe resaltar que pese a la falta de reconocimiento de la participacin femenina sindical en el sntss,
las trabajadoras han protagonizado movilizaciones
histricas en defensa de sus derechos sindicales y por
el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Son
los casos de la manifestacin de luto en 1946, ante
la declaracin de inexistencia de huelga; la constitucin de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
Democrticos del imss, con la participacin masiva
de mujeres; los paros de 1984 para exigir el mejoramiento de las condiciones de trabajo e incremento
salarial, y el movimiento por la democracia sindical
en 1987, donde 70% de enfermeras y empleadas de
guarderas participaron en las protestas (Lovera, s/f ).
Telefonistas
El strm est constituido por 165 secciones nacionales, que aglutinan a 45 mil afiliados, 45% de los
cuales son del sexo femenino.22 Los principales departamentos donde se ubican las mujeres en Telfonos de Mxico son: trfico (operadoras), comercial
y especialistas administrativos (secretarias); slo en
aos recientes se comenzaron a incorporar mujeres
en las reas de centrales y planta exterior, aunque
an en porcentajes mnimos.
Esta organizacin sindical surgi en 1950, como
producto de la fusin del Sindicato de Telfonos de
Mxico (que agrupaba a empleados de la Ericsson) y
del Sindicato Nacional de Telefonistas (representanCifra proporcionada por Martha Heredia, secretaria de Equidad de Gnero de la Unin Nacional de Trabajadores, en diciembre
de 2007.
22
44
dora; elaborar proyectos para erradicar la violencia familiar, y llevar una base de datos de las trabajadoras
sindicalizadas para elaborar estadsticas.
Electricistas
Los antecedentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (sme) se remontan a 1911, cuando se form la
Liga de de Electricistas Mexicanos, con bases mutualistas y cooperativistas, esfuerzo que no logr trascender. El sindicato se institucionaliz con la Constitucin de 1917, en cuyo artculo 123 se estableci que
el Estado regulara el conflicto entre capital y trabajo, lo que permiti que ese mismo ao se firmara un
acuerdo entre empresa y sindicato, que fue la base del
primer contrato colectivo de trabajo en el sme.
Desde 1916 a la fecha, tan slo cuatro mujeres
han ocupado cargos en el Comit Ejecutivo Nacional, dos como prosecretarias (1916 y 1924), una
como secretaria de Actas (1935) y una ms en la Presidencia Legislativa Revisora del Contrato Colectivo
de Trabajo (1966) (sme, 2007).
En la actualidad, el sme aglutina a 38 896 trabajadores, de los cuales 91.8% son varones (35 691)
y 8.2% mujeres (3 205), lo que demuestra que esta
compaa est prcticamente masculinizada. El problema se ahonda en los cargos directivos, pues en
las nueve secretaras generales y 10 prosecretaras del
Comit Ejecutivo Nacional no existe una sola mujer
como representante.
En su contrato colectivo de trabajo, el sme no incluye ninguna clusula para promover la equidad de
gnero, y maneja como uno de sus avances trascendentes la creacin por presin de las propias trabajadoras de la Comisin Mixta Auxiliar de la Mujer,
cuyas funciones se restringen al anlisis, estudio
y acciones relacionadas con la salud de las trabajadoras (sme, 2007).
El sindicalismo patriarcal que prevalece en todo el
pas se muestra sin reservas en este organismo obrero,
que aun cuando se precia de ser uno de los ms democrticos del pas, mantiene en el rezago a las mujeres
(sme, 2007).
45
empresariales, y algunos intentos de organizacin independiente, que no pudieron prosperar por la represin y el hostigamiento gubernamentales (Sols, 2002;
Quintero, 2003).25 Otra de las figuras de afiliacin
sindical que proliferan en la industria maquiladora
son los sindicatos de proteccin, firmados a espaldas
de las trabajadoras, a quienes se les descuentan cuotas
sindicales sin que siquiera sepan que estn afiliadas.
Al igual que la mayora de sindicatos del pas e
incluso del mundo, los de la industria maquiladora son dirigidos por hombres; sin embargo, Sols
(2002) resea el caso de la empresa Essex 157-162
en el que una mujer fue secretaria general de 1983 a
1990, periodo en el que se obtuvieron importantes
prestaciones. Sin embargo, la dirigente fue destituida
en 1993 por divisiones internas a raz de una huelga
fracasada, estallada tres aos antes.
Finalmente, cabe resaltar que la violencia contra las
mujeres se acenta en zonas fronterizas que son consideradas como tierras de nadie sin control, donde
circula libremente la droga, se trafica con seres humanos y el comercio sexual est a la orden del da. Caso
emblemtico lo constituye Ciudad Jurez, Chihua
hua, donde jvenes trabajadoras de las maquiladoras
son asesinadas por atreverse a ser independientes.
Costureras
El movimiento de costureras fue emblemtico en la
ciudad de Mxico, donde surgi a raz de los terremotos de 1985, cuando el derrumbe de cientos de
fbricas puso al descubierto las condiciones de clandestinidad y desproteccin en que se desenvolvan
miles de trabajadoras de este sector.
Las sobrevivientes de ms de 300 fbricas de costura, instaladas en edificios que no estaban habilitados para sostener el peso de las grandes mquinas,
toneladas de tela y equipos de corte y confeccin, se
organizaron ante la desproteccin en la que laboraban y la violacin de sus derechos.
25
Quintero (2002) seala que varios intentos de fundar sindicatos independientes fueron apoyados por organizaciones no gubernamentales como la Coalicin Pro Justicia de las Maquiladoras y el
Comit Fronterizo de Obreras.
46
26
Fidel Velzquez, en ese entonces dirigente de la ctm, lleg a
decir que no conoca el problema de las costureras porque a l, la
ropa se la cosan en casa.
27
Recientemente, el Sindicato 19 de Septiembre volvi a ocupar los encabezados de peridicos poblanos debido a que gan la
titularidad del contrato colectivo en la fbrica Vaqueros Navarra, en
Tehuacn, Puebla, en disputa con la Confederacin Regional Obrera
Mexicana (crom) (Velasco, 2007; Zapateando, 2007).
28
Se argumenta que la salida de Elba Esther Gordillo de la fstse
respondi a una ruptura con el entonces presidente del pri, Roberto Madrazo Pintado, por lo que la decisin de abandonar la central
priista tuvo como objetivo restarle recursos econmicos y poder poltico al dirigente de ese partido (La Jornada, 2004).
29
En el momento del cierre de esta publicacin no se pudo extraer informacin actual acerca de las organizaciones y el nmero de
afiliados de esta central, pues su pgina web estaba en construccin.
Durante dcadas, el grupo que control a los burcratas fue la Federacin de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (fstse), surgida en 1938 a
raz de un pacto corporativo entre el Partido Nacional Revolucionario antecedente del pri y el movimiento obrero. No fue sino hasta los primeros aos
del siglo xxi cuando esta agrupacin se resquebraj
con la salida de un grupo de sindicatos, liderados por
el snte, para fundar una nueva central: la Federacin Democrtica de Sindicatos de Servidores Pblicos (Fedessp), que obtuvo reconocimiento legal de la
Suprema Corte de Justicia de la Nacin en 2004.28
Con la desbandada de 19 sindicatos principalmente del snte, que, como ya se dijo, concentra un
milln 200 mil trabajadores la fstse perdi 80%
de sus afiliados, de manera que, de los poco ms de
dos millones que aglutinaba antes de la ruptura, se
qued con 400 mil.29
Las agrupaciones integradas a la Fedessp son: snte;
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretara de
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin; Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretara de Comunicaciones y Transportes; Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte
Colectivo Metro; Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Secretara de Desarrollo Social; Sindicato Nacional de Trabajadores de Pronsticos para la Asistencia Pblica; Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Comisin Nacional del Deporte; Sindicato nico de
Trabajadores Democrticos de la Secretara del Medio
Ambiente y Recursos Naturales; Sindicato nico de
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal; Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica; Sindicato
Independiente de Trabajadores de la Procuradura
Federal del Consumidor; Sindicato Nacional de Tra-
47
48
49
Total de
integrantes
del cen
Nmero y
porcentaje
de hombres
Nmero y
porcentaje
de mujeres
Instancia de equidad de
gnero
25
24
(96%)
1
(4%)
No existe
53
50
(94.3) %
3
(5.7%)
No existe
32
30
(93.7%)
2
(6.2%)
Secretara de Equidad de
Gnero
13
12
(92.3%)
1
(7.7%)
No existe
34
30
(88.2%)
4
(11.8%)
17
15
(88.2%)
2
(11.8%)
19
15
(78.9%)
4
(21.1%)
No existe
4
(66.7%)
2
(33.3%)
Coordinacin Nacional de
Equidad de Gnero
9
(100%)
120
118
(98.3%)
2
(1.7%)
Secretara de Gnero
75
67
(89.3%)
8
(10.7%)
No existe
62
53
(85.5%)
9
(14.5%)
19
16
(84.2%)
3
(15.8%)
18
15
(83.3%)
3
(16.7%)
23
17
(73.9%)
6
(26.1%)
Secretara de la Mujer
95 secciones
sindicales
70
(73.7%)
25
(26.3%)
Se desconoce
10
7
(70%)
3
(30%)
Se desconoce
Sindicato
del issste
Trabajadores
25
17
(68%)
8
(32%)
No existe
12
8
(66.7%)
4
(33.3%)
10
4
(40%)
6
(60%)
Centrales obreras
Sindicatos
Sindicato Mexicano de Electricistas
Nacional
de
Secretara de Gnero
No existe
Fuente: Elaboracin propia a partir de Flacso, 1995; De la Cruz, 2007; Rodrguez y De la Cruz, s/f, y las pginas electrnicas
de las organizaciones sindicales.
50
rigidas por mujeres. Este hecho corresponde a una visin moderna y comprometida de los dirigentes sindicales sobre la necesidad de avanzar hacia la equidad de
gnero, ya que mientras la presencia de las electricistas
posicionadas en la estructura sindical es mnima, en el
caso de las acadmicas y administrativas de la uam se
revirti la ecuacin de la equidad, correspondindole
60% a las mujeres y 40% a los hombres.
Por lo que se refiere a la creacin de secretaras
de equidad de gnero u organismos similares en las
20 centrales y sindicatos reseados en el cuadro, 11
cuentan con esa instancia (la mayora con secretaras,
una como coordinacin y otra como comisin); en
siete no existe ninguna instancia, y en dos se carece
de informacin. Hasta hace pocos aos, las secretaras de Equidad de Gnero servan para promover
los festejos del Da de la Madre, organizar cursos de
verano y ceremonias cvicas. Esta dinmica se ha ido
transformando con la propia accin de las mujeres
que las presiden, quienes se han interesado en que
estas instancias sean autnomas y cuenten con formas de organizacin desburocratizadas a fin de que
logren atender efectivamente la problemtica de inequidad y generar conciencia sobre la necesidad de
fortalecer los liderazgos femeninos para posicionar a
ms mujeres en puestos decisivos.
Encuentros y foros sindicales promovidos
por las mujeres sindicalistas
Para organizarse y promover sus demandas, las mujeres trabajadoras han impulsado foros, encuentros e
intercambios para crear espacios de interlocucin y
reflexin sobre la problemtica especfica que viven
en el mbito laboral. Algunos de los ms destacados
se resumen en el cuadro 2.
Este breve recuento muestra algunas de las principales acciones emprendidas por las trabajadoras, que
las han llevado a organizarse por fuera de las estructuras sindicales ante la falta de apoyo y sensibilidad
sobre sus problemticas especficas en el trabajo y en
el mbito social.
51
Cuadro 2. Foros y rganos para analizar y promover la lucha sindical con enfoque de gnero, 1979-1997
Ao
Actividad
Objetivos y participantes
1979
Instancia unitaria de grupos feministas, sindicalistas, lsbicos y partidos de izquierda para presentar un proyecto de ley sobre maternidad voluntaria.
Comunicacin, Intercambio y
Desarrollo Humano en Amrica Latina (cidhal)
Cuernavaca, Morelos
El grupo, conformado por feministas, inici su labor con trabajadoras del sector pblico; posteriormente se dividi por desacuerdos internos.
1987
Asistieron 400 trabajadoras de 30 sindicatos para discutir en torno a la reconversin tecnolgica y la legislacin laboral, a fin de establecer acciones conjuntas.
1988
1980
1984
1985
Contina
52
Actividad
Objetivos y participantes
1989
1990
1991
1995
1997
Coordinadora Nacional de
Mujeres del Frente Autntico
del Trabajo
Se conform con la incorporacin de tres mil mujeres de sindicatos, cooperativas y colonias para impulsar el compromiso sindical con los temas de gnero,
a fin de posicionar a ms mujeres en puestos ejecutivos.
Fuente: Elaboracin propia con informacin de Lovera, s/f; Rodrguez y De la Cruz, s/f; Ravelo y Snchez, 2001; Sols, 2002.
53
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54
55
56
Ya u t e p e c 5 5 C o l . C o n d e s a
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