POR QUÉ NECESITAMOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA
El 10 de junio del año pasado se dio a conocer una iniciativa mediante la cual se buscaría que algunos órganos reguladores del Estado mexicano “que comparten ciertas características en cuanto a la naturaleza de sus facultades y competencias puedan integrarse en uno solo”. Con la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución se eliminarían entes especializados como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE); lo anterior para dar paso a la creación del Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (Inmecob).
Entre otras cosas, la idea generó críticas negativas por el hecho de que supone que una única instancia pudiera resolver controversias de sectores de la economía tan importantes y diferentes entre sí como pueden ser el energético o el de las telecomunicaciones, por ejemplo, que requieren, para participar en ellos, un importante grado de especialización.1
Por lo tanto, sustantivamente estas autoridades de competencia desempeñan lo que podemos denominar “funciones regulatorias” que, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SC JN), no son otra cosa que funciones “cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas”.2 Indudablemente, al tomar decisiones de ese calado, estos entes públicos pueden generar efectos que los entes a los que regulan consideren lesivos.
Derivado de lo anterior y dado el interés que despertó la propuesta de concentrar en un solo macroorganismo a importantes sectores de la economía, surge la oportunidad para
