Varias investigaciones recientes han demostrado con rigor y datos contrastables cuáles fueron las cifras reales de las víctimas provocadas por el celo inquisitorial a la hora de reprimir la brujería. Un estudio elaborado por los economistas norteamericanos Peter T. Leeson y Jacob Russ y publicado en The Economic Journal, prestigiosa publicación de carácter académico, ofrece una nueva perspectiva sobre el tema que puede servir para desmontar los viejos mitos instalados.
CUESTIÓN DE CIFRAS
Aunque el artículo está planteado desde un punto de vista económico, en relación a los graves problemas sociales, religiosos y políticos que afectaron a la Europa del Medievo y el Renacimiento, deja claro que no fue en España donde una brutal persecución se cebó con las presuntas brujas. Mediante gráficos, los dos economistas demuestran que Alemania encabezó la lista de países dignos de ser considerados “martillo de herejes” al ejecutar a más de 16.000 personas, en su mayoría mujeres, por hechicería. En esta truculenta clasificación le sigue Suiza, con unas 10.000, aunque supera a Alemania en números absolutos, al llegar a los 980 juicios por cada 100.000 habitantes. Escocia ocupa el tercer lugar en el podio, con 3.000 ejecutados y una tasa de 509 procesos por cada 100.000 habitantes. Francia, España e Italia completarían el cuadro de países inquisidores.
En Alemania y Suiza, la persecución contra la brujería ocultó motivaciones alentadas por rivalidades políticas y personales. En muchas ocasiones, los falsos testimonios y denuncias servían para acusar al enemigo en medio de un clima de histeria colectiva alentado por un despiadado ejercicio de intransigencia religiosa. La polarización entre la Reforma protestante y la Contrarreforma avivó el fuego, nunca mejor dicho.
En España, la situación difería sensiblemente de la de Centroeuropa. Las ideas protestantes no encontraron gran acogida en la Península, sobre todo por el férreo control ejercido por la Iglesia católica. Al mismo tiempo, las investigaciones contra brujas y herejes estaban en manos de la Inquisición, una cierta garantía procesal que evitaba los tumultos populares que
