Aborto en la Comunidad Valenciana

El aborto en la Comunidad Valenciana, llamado a menudo Interrupción voluntaria del embarazo (IVE),^[1]​^[2]​ es legal porque las leyes sobre el aborto se elaboran a nivel nacional y el aborto fue despenalizado en 1985,^[3]​^[4]​ con importantes reformas a esas leyes en 2010 y 2022.^[5]​^[6]​ Cada región es responsable de crear su propio sistema para la implementación de la ley de 2010, y los cambios en la forma en que se expresa varían de una región a otra.^[7]​

Desde el período visigodo, el aborto a menudo ha sido ilegal en la región como resultado de las leyes nacionales.^[8]​^[9]​ Las autoridades religiosas desaprobaron la práctica del aborto en la década de 1850.^[10]​ Si bien el feminismo comenzó a surgir en la región a fines del siglo XIX, estas primeras feministas en gran medida no estaban preocupadas por el derecho al aborto.^[11]​ Cuando Franco llegó al poder después de la Guerra Civil española, su gobierno ilegalizó tanto la anticoncepción como el aborto.^[12]​^[13]​ Las feministas y activistas de planificación familiar fueron muy activas en Valencia durante el período de transición democrática, estableciendo clínicas, practicando abortos clandestinos y remitiendo a mujeres al extranjero donde podían abortar.^[14]​ El aborto fue despenalizado en toda España en 1985.^[15]​^[4]​ Para 1986, la región había desarrollado procedimientos y regulaciones sobre el desempeño de las IVE en la región.^[16]​ Valencia lideró a nivel nacional en este sentido porque el aborto no pasaría a formar parte de los servicios nacionales de sanidad pública hasta 2010.^[16]​^[17]​ El Arzobispo de Valencia condenó la legalidad del aborto en España en 2005, prediciendo que conduciría al colapso de la democracia española.^[11]​ En 2008, mujeres de Valencia y Madrid fueron denunciadas por realizar abortos ilegales, lo que provocó que miles de mujeres en toda España se implicaran en abortos ilegales para mostrarles su apoyo.^[18]​ En la década de 2010 y principios de 2020, los objetores de conciencia entre los médicos de la región podían causar problemas a las mujeres al intentar acceder a los procedimientos de IVE.^[19]​ En 2023, el protocolo anticonceptivo de la Comunidad Valenciana consistía en animar a las mujeres a utilizar un método más duradero, como un DIU o un implante, en lugar de píldoras anticonceptivas o condones. En ocasiones, estos se insertaban inmediatamente después de un aborto.^[20]​

Hay algunas diferencias en el servicio de aborto de una provincia a otra. En 2019 no hubo ningún hospital de salud pública en las provincias de Alicante y Castellón que realizara abortos mientras que en la provincia de Valencia hubo tres hospitales que realizaron estos procedimientos durante el primer trimestre.^[21]​ En toda la Comunidad Valenciana, catorce centros de salud públicos y trece centros de salud privados realizaron interrupciones voluntarias del embarazo en la región en 2022.^[22]​

Históricamente, el acceso al aborto en España ha dependido del dominio masculino sobre las mujeres y sus actividades reproductivas.^[23]​ Han utilizado el aborto como un medio para afirmar el control no sólo sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres, sino también para hacer cumplir las normas culturales de género y los ideales patriarcales en la sociedad en general.^[24]​^[23]​^[25]​ Si bien el aborto se utilizó como forma de control de la natalidad en España en el pasado, demógrafos y sociólogos en España han dicho que no se utiliza de esa manera en la España contemporánea.^[26]​

El aborto legalizado es importante porque reduce las muertes entre mujeres por complicaciones del embarazo y reduce la mortalidad infantil.^[27]​ En la España de mediados de los años 1970, los abortos ilegales eran una importante causa de muerte entre mujeres de entre quince y cuarenta y nueve años.^[28]​ El control de la natalidad tiene una tasa de mortalidad femenina mucho más baja que los abortos, y es mucho más baja que la mortalidad femenina en España por abortos ilegales.^[28]​

El Liber Iudiciorum fue una recopilación de leyes visigodas del rey Recesvinto que se promulgó en el año 654. Mencionaba el aborto, el infanticidio y el homicidio en el Libro VI. La pena para quienes provocaban abortos era la muerte. En ese momento, los visigodos controlaban casi toda la actual España, Portugal y Ceuta.^[29]​^[30]​^[31]​

La ley en España fue modificada el 24 de enero de 1941 para caracterizar el aborto como un crimen contra el Estado. Esta ley decía en parte: “La política demográfica es una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Estado. No es concebible una política demográfica eficaz sin abordar el problema de las miles y miles de vidas que se ven frustradas antes de nacer, debido a maniobras criminales. Así lo dice la experiencia y el asesoramiento de los técnicos a través de entidades científicas competentes. Los daños que fueron tan evidentes en épocas anteriores como consecuencia de un sentido materialista de la vida adquirieron características escandalosas durante el régimen republicano, volviéndose aún más escandalosos en aquellas zonas sujetas al dominio del Frente Popular. El Gobierno, consciente de su responsabilidad, decide combatir el delito social que representa el aborto inducido y que impide nacer a muchos miles de españoles anualmente".^[32]​ Los anticonceptivos eran ilegal en toda España durante el período franquista.^[33]​ En 1975 en España, la tasa de mortalidad femenina durante el embarazo era de 23 por 100.000 mujeres, una tasa similar a la de otros países occidentales industrializados donde el aborto era ilegal.^[28]​

El aborto fue despenalizado en el Código Penal por primera vez en todo el territorio español en 1985 en tres supuestos: por motivos terapéuticos, por motivos eugenésicos y en caso de violación previa denuncia policial. El aborto sólo era legal en estos casos antes de la semana 22, semana 22 y semana 12 respectivamente.^[34]​^[4]​^[35]​ La ley de aborto de España de 1985 exigía que cada vez que un centro de salud realizara un aborto, debía informarse al Ministerio de Salud de España. Los datos que se deben reportar incluyen la Provincia donde se realizó el aborto y la Provincia donde residía la mujer que abortó.^[36]​ Si bien el aborto fue despenalizado en la ley española en 1985, no se convirtió en un servicio ofrecido por la salud pública hasta un cambio en la ley en 2010. Como resultado, durante este período entre 1985 y 2010, casi todos los abortos se realizaron en clínicas privadas y el El precio por interrupción voluntaria del embarazo rondaba las 30.000 pesetas.^[17]​

La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue reformada en mayo de 2022 de diferentes maneras. Una abordaba específicamente la falta de instalaciones, especialmente públicas, que brindaran servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, en provincias que no las tenían y exigían que las mujeres de esas provincias viajaran a otras provincias o regiones para poder acceder a ese servicio.^[37]​^[6]​^[38]​ Otra fue proteger a las mujeres que acudían a centros de salud para someterse a procedimientos de IVE del acoso de activistas anti-aborto.^[39]​

En febrero de 2023, el Tribunal Constitucional de España confirmó la ley de 2010 que permitía a las mujeres abortar mediante petición gratuita durante las primeras catorce semanas de embarazo. El caso fue llevado originalmente a los tribunales por el Partido Popular en 2010, después de que el PSOE aclarara y liberalizara las leyes sobre el aborto del país.^[40]​^[41]​^[42]​

Las leyes nacionales sobre el aborto se modificaron en 2010 para permitir a las mujeres abortar libremente hasta la decimocuarta semana de embarazo sin justificación. Desde la semana catorce a la veintiuna, sólo se podrá practicar un aborto si existe una razón médica para ello, como por ejemplo que la madre esté en riesgo. A partir de la semana veintidós, sólo se podrán realizar abortos si se detectan anomalías fetales que sean incompatibles con la vida fuera del útero.^[43]​ Así lo confirmó el Tribunal Constitucional de España en febrero de 2023.^[40]​^[41]​^[42]​

En España se apoya que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública sean gratuitos. Esto incluye los servicios de aborto prestados en clínicas privadas tras derivaciones de médicos de salud pública. Esto se debe a que estos costes los cubre la sanidad pública autonómica bajo la dirección del Servicio Nacional de Salud de España.^[43]​ Sin embargo, la implementación de las leyes sobre el aborto se deja en gran medida en manos de las regiones y sus organismos de salud.^[44]​

En Valencia, en la década de 1850, las autoridades eclesiásticas solo consideraban que un aborto procurado ocurría si la mujer realmente cumplía y abortaba al feto. Si lo hizo, se veía como un aborto procurado, no solo para ella, sino para cualquiera que hubiera influido en ella para tomar esa decisión y para cualquiera involucrado en ayudarla a conseguir y realizar el aborto.^[10]​

El Código Penal de 1870 trataba el aborto desde los artículos 425 al 428. El aborto en este caso no solo incluía a las mujeres que participaban en intervenciones voluntarias de su embarazo sino también en la violencia ejercida contra las mujeres donde la vida del feto terminaba contra la voluntad de la embarazada. mujer. Cuando los hombres violentos tenían la intención de matar al feto, el castigo era más severo que si la violencia contra la mujer tuviera como resultado la interrupción accidental de su embarazo. La ley también incluía castigos para los médicos que practicaban abortos y contra los farmacéuticos que proporcionaban medicamentos que sabían que darían lugar a la interrupción de un embarazo. Los hombres de la región fueron juzgados y procesados en este período por participar en actos de violencia contra las mujeres que resultaron en la interrupción involuntaria de su embarazo y, en algunos casos, de su vida.^[45]​ Un ejemplo de ello en el derecho fue el de Vicente Garrigues Paula durante la Restauración borbónica. Fue condenado a muerte por la Audiencia Penal de Valencia en marzo de 1892 por el delito de homicidio y aborto por asesinato de su mujer y del feto en febrero de 1892. La pena de muerte fue posteriormente conmutada por el gobierno de Madrid en octubre de 1892.^[46]​^[47]​^[48]​^[49]​

En la década de 1910 comenzaron a surgir grupos feministas seculares en ciudades de España, incluyendo Valencia, Barcelona y Málaga. Sus principales objetivos eran dar a las mujeres más autonomía en la vida política, cultural y económica española. La exigencia del sufragio femenino se sumó a sus demandas a partir de 1919. Estas mujeres encontraron mucha resistencia por parte de los hombres con poder en la sociedad española.^[11]​

Durante los últimos cinco años de la dictadura de Franco, se abrieron procesos penales semiregulares contra mujeres acusadas de realizar abortos ilegales. Las diligencias previas fueron más habituales en la provincia de Alicante mientras que en la provincia de Valencia fueron más habituales los sumarios de emergencia, ordinarios y otros del Título IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.^[50]​^[51]​ La provincia de Alicante ocupó en 1971 la cuarta posición en cuanto a las diligencias previas iniciados por el delito de aborto, con seis, uno más que el quinto lugar Orense y dos menos que el tercer clasificado Asturias.^[50]​ El año siguiente, Alicante ocupó el segundo puesto detrás de Madrid en esa categoría con diez diligencias previas.^[50]​ La provincia de Valencia empató en quinto lugar con León en mayor número de sumarios urgentes, ordinarios y otros del Título IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el delito de aborto en 1974, con seis sumarios, justo por detrás de Asturias en cuarto lugar con siete.^[51]​ Las provincias de Valencia, Sevilla y Barcelona ocuparon el quinto lugar con tres sumarios más urgentes, ordinarios y otros del Título IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el delito de aborto con tres cada uno.^[51]​

La Coordinadora de Mujeres del País Valenciano se creó a raíz de las Jornadas de Barcelona de octubre de 1976. En 1977, tenía setenta grupos feministas de izquierda diferentes alineados. Uno de sus principales temas fue la legalización del aborto.^[14]​^[52]​ Las primeras actividades de la Coordinadora de Mujeres del País Valenciano en 1976 representaron una profunda ruptura con el sistema franquista y su relación con el feminismo a través de las demandas de las mujeres por la igualdad de derechos, la legalización del divorcio, la despenalización del adulterio, los anticonceptivos y el aborto.^[14]​

El Grupo Terra fue un grupo feminista fundado por diez mujeres el 22 de enero de 1976 en Valencia. Una de las fundadoras del grupo fue Presen Sáez de Descatllar. Provenientes de un entorno feminista radical, los temas que abordó su activismo incluyeron la maternidad, el aborto y la menstruación. Al principio, eran anticapitalistas, y la mayoría de las mujeres habían formado parte originalmente de Plataformas Anticapitalistas y fueron incluidas por el feminismo italiano de la diferencia discutida en obras como Escupamos sobre Hegel de Carla Lonzi. El 21 de septiembre de 1976 celebraron una reunión para discutir el manifiesto publicado por el grupo Red Stockins, con sede en Estados Unidos. Como resultado de ese encuentro, decidieron centrar su trabajo en mejorar las relaciones entre las mujeres y ver la sexualidad de las mujeres como un eje primario de opresión contra las mujeres. Después de esto, se reunieron periódicamente.^[52]​^[14]​

El Movimiento de Liberación del Aborto y Contracepción (MLAC) trabajó para capacitar a personas en Valencia sobre cómo realizar abortos clandestinos de 1976 a 1979. También ayudaron a las mujeres a ponerse en contacto con personas que podían realizar abortos clandestinos.^[14]​ Había un grupo llamado "El Grupo de Valencia" que se mudó de Valencia a Sevilla en 1979. El grupo estaba formado por dos mujeres y dos hombres que se mudaron a la ciudad ese año con el propósito de realizar procedimientos de aborto que habían aprendido en Valencia de manos feministas y de Pere Enquix. El 1 de enero de 1980 se inauguró el Centro de Planificación Familiar "Los Naranjos".^[53]​

La Asamblea de Mujeres de Valencia era un grupo con sede en la Librería la Dona de Valencia a finales de los años 1970. Entre las integrantes del grupo estaban Consuelo Catalá y Carmen Alborch. Entre los temas que discutió el grupo de autoconocimiento estuvo el aborto.^[54]​

En noviembre de 1979 se llevó a cabo una encuesta de opinión pública, con un seguimiento en diciembre de 1979 por el Centro de Estudios Constitucionales.^[55]​^[56]​ La pregunta "¿Crees que debería permitirse el aborto en España?" se realizó en la encuesta de diciembre. Del total de 390 encuestados nacionales de Asturias, Cantabria, Navarra, las dos Castillas, Aragón, Baleares, Murcia, Valencia, Extremadura y La Rioja que estaban agrupados en lugar de por su propia región, el 29% dijo que no. El 38% dijo que sí si había peligro para la vida de la madre, el 12% dijo que si había alguna anomalía fetal, el 14% dijo que sí por libre decisión y el 7% no respondió.^[57]​ La encuesta también preguntaba: "¿Está usted a favor o en contra de que se legalice el aborto en España?". Del total de 390 encuestados nacionales de Asturias, Cantabria, Navarra, las dos Castillas, Aragón, Baleares, Murcia, Valencia, Extremadura y La Rioja que estaban agrupados en lugar de por su propia región, el 19% dijo que a favor, el 68% dijo estar en contra, el 9% no sabía y el 5% no quiso responder. Esto se compara con los totales nacionales donde el 27% dijo estar a favor, el 60% se opuso, el 8% no sabía y el 5% no respondió.^[58]​

Las elecciones generales españolas de 1977 se celebraron el 15 de junio de 1977 y los elegidos fueron vistos como parte del organismo de transición mientras España trabajaba para convertirse en una democracia.^[59]​ A la circunscripción de Valencia se le asignaron quince escaños en el Congreso de Diputados.^[60]​^[61]​

La Coordinadora de Mujeres del País Valenciano trabajó para coordinar campañas en 1977 relacionadas con la legalización de la anticoncepción, el aborto, el adulterio y el divorcio. Algunas de las mujeres del grupo eran militantes del Movimiento Comunista, mientras que otras eran miembros del Partido Socialista del País Valenciano y de otros partidos y organizaciones socialistas. Muchas de las mujeres del grupo estaban enojadas con los partidos políticos de izquierda establecidos por no incluir una perspectiva de género en sus plataformas electorales de 1977 y por no abordar cuestiones como el aborto.^[14]​^[52]​

El doctor Pere Enguix, del Grupo Acuario, se presentó en una comisaría de Valencia el 28 de julio de 1981 después de que la policía solicitara su detención por realizar tres abortos.^[62]​ No habían podido arrestar a Enguix antes porque había estado en el extranjero.^[63]​^[62]​ Jamie Carvallo también fue detenido en 1981. Estaba vinculado al Centro de Planificación Familiar "Los Naranjos" de Sevilla y tenía en ese momento dos clínicas de planificación familiar en Valencia y Dénia. También le buscaban por realizar abortos ilegales.^[62]​

La sentencia judicial de las 11 de Basauri movilizó a feministas en toda España. Esto llevaría a las mujeres de la Comunidad Valenciana a intentar cambiar las leyes nacionales y abrir un debate en la sociedad española sobre si, a nivel legal, los embriones deberían tener los mismos derechos que las mujeres, que también tienen derechos reconocidos constitucionalmente. Numerosos grupos feministas de toda España apoyaron a las mujeres procesadas en el juicio de las 11 de Basauri. Las mujeres de Valencia realizaron manifestaciones en apoyo a las mujeres.^[64]​

CCOO en Valencia ayudó a las mujeres de la organización a movilizarse en defensa de las mujeres juzgadas por abortar en Bilbao. Las mujeres tuvieron que ejercer una enorme presión sobre el sindicato en 1979 para conseguir que aceptaran ofrecer apoyo a las mujeres acusadas en Bilbao. Hasta entonces, el tema del aborto nunca se había hablado abiertamente en CCOO.^[14]​

Como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo en Valencia en 1977, la Coordinadora de Mujeres del País Valenciano exigió amnistía para las mujeres condenadas por el régimen de Franco por delitos específicos de género, como haber abortado, cometer adulterio o utilizar anticonceptivos. Las mujeres querían realizar una protesta el 8 de marzo, pero se les prohibió hacerlo tanto en 1977 como en 1978. De todos modos se encontraron en ambos años, donde se enfrentaron con la policía. Recién en 1979 se les concedió permiso para realizar una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer.^[14]​ La marcha de 1979 tuvo una época de fiesta porque tenían permiso para protestar. Les dio motivos para sentirse optimistas de que el cambio era posible. El aborto legal, igual trabajo por igual salario y que los cuerpos de las mujeres pertenezcan a las mujeres fueron demandas de las mujeres que participaron en la protesta de ese año.^[14]​

En 1978, entre las mujeres casadas de las Islas Baleares, Valencia, Murcia y la Provincia de Albacete, el 48% nunca había utilizado métodos anticonceptivos y el 83% no tenía hijos.^[65]​

Uno de los principales hitos del derecho al aborto en la era de Felipe González fue la legalización del aborto en toda España en 1985.^[66]​^[4]​

En el período comprendido entre 1982 y 1985, se celebraron en España una serie de congresos, jornadas y otros encuentros para abordar el tema de la sexualidad y la salud de las mujeres desde una perspectiva feminista. El surgimiento de estas reuniones tuvo lugar en un contexto político que vio al PSOE ganar las elecciones generales españolas de 1982 en octubre. Su victoria dio a las feministas y a otras personas en el sector de la planificación familiar la esperanza de que la liberalización relacionada con los abortos y la anticoncepción se produciría en España con este nuevo gobierno de izquierda. Entre los eventos realizados en este período estuvo III Jornadas de Sexualitat en Valencia y I jornada sobre Sexualitat en un Mon en Canvi en Castellón en 1985.^[67]​

A partir de 1982, el Grupo Acuario comenzó a realizar partos en el agua para brindar atención médica a mujeres en trabajo de parto. El esfuerzo por utilizar este tipo de método de parto fue impulsado por Vita Arrufat.^[68]​ Otra detención del médico Pere Enguix, afiliado al Grupo Acuario, tuvo lugar en 1983 en Valencia, donde fue acusado de realizar abortos en su centro, junto con otras dos clínicas de Castellón y Alicante. En respuesta a ese y otros trabajos que se estaban realizando relacionados con el parto, se abrieron por esa época dos centros de maternidad en la Comunidad Valenciana.^[69]​ En 1985, el Gobernador Civil de Alicante ordenó una investigación sobre el doctor Pere Enguix y la clínica que regentaba en Denia.^[70]​

El colectivo feminista Mujeres para la Salud fue formado en la Comunidad Valenciana en 1983 por doce mujeres valencianas. Entre las mujeres estaban Elvira Vázquez, María Huertas, Fina Sanz, Fina Muñoz, Presentación Sáenz, una mujer llamada Marina y otra llamada Amparo. Sus primeras reuniones se llevaron a cabo en la Clínica del Mar antes de trasladarse a un lugar que les proporcionó la Dirección General de Asuntos de la Mujer. La medida y su trabajo en temas de aborto los llevaría más tarde a fundar el Clínico La Paz. Fina Sanz fue una de las grandes impulsoras de acción del grupo.^[71]​

Los primeros experimentos con Mifepristone, la píldora abortiva, en España comenzaron en el Hospital General de Valencia en 1987. Posteriormente se permitiría su distribución en hospitales de toda España en el año 2000.^[72]​^[73]​

En 1989 se registraron 5.411 abortos en la Comunidad Valenciana.^[73]​ Hubo indicios de que las mujeres de cuarenta a cuarenta y cuatro años eran más laxas en el uso de anticonceptivos en comparación con otros grupos de edad en la región entre 1990 y 1995. Esto se debe a que la diferencia en el porcentaje de embarazos que terminaron en abortos aumentó más del treinta por ciento.^[74]​

El aborto fue despenalizado en el Código Penal de España por primera vez en todo el territorio español en 1985 en tres supuestos: por motivos terapéuticos, por motivos eugenésicos y en caso de violación previa denuncia policial. El aborto sólo era legal en estos casos antes de la semana 22, semana 22 y semana 12 respectivamente.^[75]​^[4]​

La ley de aborto de España de 1985 exigía que cada vez que un centro de salud realizara un aborto, debía informarse al Ministerio de Salud de España. Los datos que se deben reportar incluyen la provincia donde se realizó el aborto y la provincia donde residía la mujer que abortó.^[76]​

Durante el período de Felipe González entraron en vigor en la Comunidad Valenciana una serie de leyes, resoluciones y órdenes ejecutivas regionales relacionadas con el aborto de alguna manera, que iban desde ofrecer servicios de planificación familiar, proporcionar a las mujeres información sobre las opciones de aborto y conceder tiempo libre a las mujeres en el trabajo para realizar un procedimiento de IVE.^[16]​

El Decreto 149/1986 fue una norma aprobada en 1986 relativa a la prestación de servicios de salud familiar y sexual en la región. El artículo 3 del decreto trataba de la acreditación de los establecimientos que practicaban abortos. La región valenciana fue una de las primeras en desarrollar un marco regulatorio dentro de la sanidad pública.^[16]​ La Orden de 26 de diciembre de la Consejería de Sanidad y Consumo entró en vigor en 1989. Precisaba que la región proporcionaría a las mujeres una guía sobre cómo abortar en la región.^[16]​La Orden de 30 de enero de 1991 estableció servicios de planificación familiar en la salud regional, especificando que era un servicio especializado. El objetivo era ayudar a prevenir problemas de salud como resultado de un aborto y abordar la demanda de servicios de IVE en la región.^[16]​ La Resolución de 31 de mayo 1995 sobre Personal laboral de la Generalidad otorgó a las mujeres que trabajaban para el gobierno regional seis días de tiempo libre remunerado para poder acceder a servicios de aborto.^[16]​ Aproximadamente entre 1989 y 2002, el Servicio Valenciano de Salud tuvo convenios con clínicas privadas de aborto donde pagaban los abortos de las mujeres de la comunidad.^[16]​

Ha habido algunos casos aislados en algunas regiones y en algunos sectores de España donde se han establecido acuerdos para permitir a las trabajadoras tiempo libre para obtener y recuperarse de una IVE. Esto ocurrió en 1997 en la Comunidad Valenciana con el Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades de la Comunitat Valenciana, Resolución de 10 de febrero de 1997. Permitía a las mujeres que trabajaban en universidades tres días de licencia para abortar si de otro modo no eran elegibles para la incapacidad temporal.^[16]​^[77]​ Fue el segundo acuerdo de este tipo en la región, con la Resolución de 31 de mayo 1995 sobre Personal laboral de la Generalidad que entró en vigor dos años antes para las mujeres que trabajaban en el gobierno regional.^[16]​

En España existían tres prácticas de dosificación estándar para Misoprostol cuando se usó solo a fines de la década de 1990. La primera, con la mayor tasa de éxito de entre noventa y siete y noventa y ocho por ciento, fue una dosis de 600 μg seguida de una dosis de 400 μg administrada por vía oral entre 36 y 48 horas después. Esta dosificación solo se realizó hasta la semana siete, aunque en Inglaterra en ese momento se usó hasta la semana nueve. El segundo uso estándar del medicamento fue combinar 800 μg de Misoprostol administrado vaginalmente con 50 mlg de metotrexato administrado por vía oral. El tercero fueron 800 μg administrados por vía vaginal una vez al día durante un máximo de tres días. Cuando se utiliza de esta manera, tiene una tasa de éxito de entre el noventa y el noventa y dos por ciento. Era la más barata de las tres opciones de aborto farmacéutico disponibles en ese período.^[78]​ Este protocolo todavía estaba vigente en 2015.^[79]​ En 1997, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictaminó el uso legal de Misoprostol para fines de aborto, afirmando en su fallo que el medicamento era algo bueno y positivo para la salud de la mujer. Este fallo tuvo implicaciones a nivel nacional.^[78]​

El plan de salud de la región 2000-2004 no mencionaba el aborto. El plan 2000-2004 hacía referencia al aborto sólo en el contexto de su plan de salud sexual y reproductiva en términos de prevención de embarazos no deseados.^[16]​En 2002, la mayoría de los abortos realizados en la región, el 98% de ellos, fueron realizados por mujeres que dijeron que existía un riesgo psicológico para la madre de continuar con el embarazo.^[80]​

Los derechos médicos legales de los menores se abordaron en la ley regional en 2003. La Ley 1/2003, de 28 de enero, de derechos e información al paciente, de la Generalidad Valenciana en el artículo 17 concede a los menores de 16 años y a las personas emancipadas la posibilidad de emitir directivas médicas anticipadas.^[81]​

En 2003, el gobierno regional intentó aumentar el número de abortos realizados en establecimientos de salud públicos. Esto resultó en gran medida infructuoso: sólo el 7,2% de los abortos en 2007 ocurrieron en clínicas de salud pública.^[82]​

La sanidad pública de Valencia cubrió el coste de los procedimientos de IVE en clínicas privadas en 2005, pero una disputa por el impago por parte de una clínica de Alicante dejó a las mujeres sin una opción financiada con fondos públicos durante un tiempo.^[16]​En 2006, el 40% de los abortos en la región fueron pagados con fondos públicos. Esto cayó al 30% en 2007. Esto se debió en parte al hecho de que menos establecimientos de salud pública realizaban IVE.^[82]​ El plan de salud de la región 2005-2008 no mencionaba el aborto. Sólo se mencionó tangencialmente en relación a la promoción de la maternidad en su programa de atención a jóvenes.^[16]​

En 2005, los arzobispos de Madrid, Toledo y Valencia denunciaron lo que consideraban una "cultura laica" y un "fraude" que "lleva a la desesperación mediante el aborto, el divorcio exprés y las ideologías que pretenden manipular la educación de la juventud". Predijeron que estas cosas conducirían al colapso de la democracia en España.^[11]​^[84]​

Las feministas se activaron nuevamente para defender el derecho al aborto de las mujeres en la Comunidad Valenciana en 2008.^[18]​^[85]​ Women on Waves, una organización holandesa a favor del aborto, llegó al puerto de Valencia en 2008 para exigir la liberalización de las leyes de aborto en España. Los médicos del grupo también llevaron su barco a aguas internacionales frente a las costas de Valencia donde realizaron procedimientos IVE a mujeres de España que los necesitaban.^[85]​ Miles de mujeres en España se autoincriminaron en 2008 por haber abortado "fuera de la ley" en centros de salud privados. Estas mujeres hicieron esto para intentar forzar un cambio en la ley. Las acciones de estas mujeres se produjeron después de que varias mujeres de Valencia y Madrid y varios centros sanitarios privados fueran denunciados por practicar o realizar abortos ilegales.^[18]​

El Partido Popular, que encabezó el gobierno regional en 2008, intentaba fomentar la privatización de los procedimientos de aborto y seguir alejándolos de los centros de salud públicos. En ese entonces, poco más del diez por ciento de los procedimientos de IVE en la región se realizaban en hospitales públicos.^[86]​ Las mujeres en España a veces tuvieron que esperar mucho tiempo en 2010 desde que hicieron su primera cita hasta poder abortar. En general, este no era el caso en la Comunidad Valenciana, donde las mujeres podían obtener una IVE dentro de una semana de su primera cita.^[87]​ A pesar del proceso relativamente rápido, en 2010 las mujeres que buscaban un procedimiento de IVE debían recibir por ley un sobre informativo entregado que incluía información sobre cómo hacerse una ecografía 3D.^[88]​

Según las estadísticas oficiales, en 2005 se realizaron 9.257 abortos en la Comunidad Valenciana. La tasa fue de 9,1 abortos por cada 1.000 mujeres residentes de entre quince y cuarenta y cuatro años. El 90,86% de los abortos ocurrieron en el primer trimestre. El 25,81% de las mujeres que abortaron ese Año tenían entre veinte y veintinueve años. El 13,91% tenía menos de veinte años. El 48,59% de las mujeres no tuvo hijos mientras que el 43,22% tuvo uno o dos hijos. La mayoría de las mujeres, el 74,26%, nunca antes había tenido un aborto mientras que el 18,13% había tenido un aborto antes. El 33,29% de las mujeres había visitado previamente una clínica de planificación familiar antes de abortar.^[16]​

El número de embarazos entre niñas adolescentes de la región que terminaron en aborto en 2005 fue de entre cuarenta y cincuenta por ciento en comparación con los embarazos que terminaron en nacimientos vivos.^[74]​ En 2005, la razón citada para más del 95% de los abortos realizados en la región fue la salud materna. En 2006, 621 niñas menores de edad residentes en la región abortaron. Esto representó el 6,07% de todos los abortos realizados por mujeres que vivían en la región ese año.^[90]​ En 2007 se realizaron en la Comunidad Valenciana 10.780 IVE. De ellas, 1.646 se realizaron a mujeres y niñas menores de 20 años. El total regional supuso un incremento del 8,1% respecto a 2006. En 2007, el perfil más habitual de la mujer que abortaba en la región era tener entre 20 y 24 años, ser soltera y tener un empleo. Una de cada cinco de estas mujeres había abortado anteriormente.^[82]​ En 2008, el 10,4% de las IVE realizadas en la Comunidad Valenciana tuvieron lugar en hospitales públicos.^[86]​ En 2009, la Comunidad Valenciana tuvo una de las tasas más altas de abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años. La tasa fue de 9,99 abortos por cada 1.000 mujeres.^[91]​ En 2009, el 52% de las mujeres de la Comunidad Valenciana que iniciaron el proceso para abortar y conocer sus opciones de aborto lo hicieron en un centro de salud pública. Esto en comparación con el promedio nacional del 43%.^[92]​

Las propuestas del PSOE en el período comprendido entre 2008 y 2010 incluyeron aquellas relacionadas con la salud reproductiva de las mujeres y los derechos de las mujeres relacionados con el aborto, buscando aprobar una revisión de la ley de aborto de 1985 en el Congreso de Diputados; la revisión habría dado a las mujeres la posibilidad de abortar basándose en la libertad de decisión y no les habría exigido que cumplieran condiciones específicas.^[93]​En 2009, el gobierno socialista comenzó a liberalizar las leyes actuales sobre el aborto, enviando una nueva ley a través del Congreso de Diputados que permitiría brindar servicios de aborto electivo para embarazos hasta la decimocuarta semana.^[94]​ El gobierno casi logró reducir la edad de consentimiento para el aborto a 16 años, pero al final el proyecto de ley estableció que las niñas de 16 y 17 años deben informar a sus padres, pero no necesitan su consentimiento, para abortar, excepto si proviene de un hogar abusivo y esas noticias causarían más conflictos.^[94]​

En 2009, la diputada del PP Ángels Barceló pidió a la Iglesia católica que no se involucrara en las discusiones sobre el aborto porque no es un tema religioso sino de salud pública que debe ser manejado por profesionales médicos. Al mismo tiempo, también defendió los derechos de los objetores de conciencia en la sanidad publica.^[86]​

A pesar de que el artículo 17.4 de la ley nacional de aborto de España establece la necesidad de ser informada de las consecuencias médicas, psicológicas y sociales de someterse a un aborto, la Comunidad Valenciana decidió aprobar una ley que iba aún más lejos en 2010. Exigía que las mujeres que solicitaran un aborto en 2010 serían informadas de las consecuencias éticas de su decisión mirando información visual, siendo informadas visualmente sobre el proceso de formación de la vida y lo que implicaba el proceso de un aborto. También se pidió al personal médico que ofreciera a las mujeres de la Comunidad Valenciana que deseaban abortar la opción de realizarse una ecografía 3D del feto.^[87]​^[95]​

Durante el gobierno de Mariano Rajoy, casi toda la información sobre anticonceptivos de última generación disponibles en el sistema sanitario público de la región fue retirada de los puntos de información sanitaria de la sanidad pública, y se dejaron de financiar políticas específicamente dirigidas a proteger la libertad y la salud sexual, poniendo en riesgo a grupos vulnerables a problemas de salud sexual y reproductiva como adolescentes y mujeres inmigrantes.^[96]​

En 2012, solo había tres clínicas privadas en la región que realizaban procedimientos de IVE de alto riesgo en mujeres con hasta 22 semanas de embarazo. El gobierno regional proporcionó fondos para esto, aunque a veces se retrasaron en el pago de los servicios que contrataban a clínicas privadas. En 2014 había nueve centros de salud públicos autorizados para realizar abortos en la región y catorce clínicas privadas autorizadas para realizar abortos.^[97]​ Las mujeres de la región que buscaron procedimientos de IVE en establecimientos de salud públicos en la década de 2010 y principios de 2020 a menudo se toparon con un problema que muchos objetores de conciencia no estaban registrados y, en cambio, simplemente daban derivaciones verbales. En la mayoría de estos casos, pero no en todos, eran remitidas a centros privados. En algunos casos, los ginecólogos de la sanidad pública intentaban activamente disuadir a las mujeres de abortar, incluso en el caso de anomalías fetales. Los ginecólogos a veces les decían a las mujeres vulnerables que su trabajo es dar la vida, no quitarla. Estos objetores se encuentran en las listas de hospitales donde no hay listas de objetores.^[19]​

Cuando las mujeres de la provincia de Albacete acudían a la única clínica de abortos de la provincia en 2018, a menudo eran confrontadas por manifestantes en la clínica. Los manifestantes a menudo llevaban carne cruda, fotografías de fetos abortados y artículos ensangrentados como rosarios. Gritaban insultos a las mujeres al entrar. Este comportamiento disuadía a algunas mujeres de la región de acudir a la clínica, optando en cambio por intentar hacerse un aborto en proveedores públicos y privados de Valencia y otras regiones cercanas.^[98]​ Las mujeres de Albacete también viajaron a otras provincias porque querían un anonimato que podría ser difícil de conseguir en una región con una población más pequeña y con pocos proveedores de procedimientos de IVE. Las mujeres de la provincia podían llegar a recorrer más de 220 kilómetros para abortar en una clínica privada de Ciudad Real o 150 kilómetros para acudir a un centro de salud público en la provincia de Alicante. Su experiencia no era única: para el 32% de las mujeres en España que buscan una IVE, el centro de salud público más cercano que realiza el procedimiento está a más de 200 kilómetros de distancia.^[98]​

En diciembre de 2013, el Consejo de Ministros de España, dirigido por el Partido Popular, aprobó un proyecto de ley denominado Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y la Mujer Embarazada. La ley representó un retroceso de los derechos de las mujeres en España en lo que respecta al aborto, con la intención de dar marcha atrás a las reformas de la ley del aborto de 2010. El esfuerzo por cambiar la ley fue impulsado en gran medida por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El proyecto de ley permitía el aborto en determinadas circunstancias específicas, como si una mujer había sido violada hasta la semana dieciséis de embarazo, o si había "menoscabo importante y duradero" para la salud física o mental de la mujer o del feto hasta semana veintidós del embarazo con al menos tres profesionales médicos firmando el menoscabo importante y duradero procedentes de centros de salud distintos al que acudió inicialmente la mujer. Incluso entonces, el proyecto de ley decía que si las mujeres recibían ese diagnóstico sobre su salud de su médico original y de otros dos de los centros de salud que tenía que visitar para la evaluación, la mujer tendría que recibir información verbal sobre las alternativas al aborto y esperar siete días antes de que pudiera completarse el procedimiento. En aquel momento, el tiempo de espera para la contemplación era de tres días. El proyecto de ley también estipulaba que las menores debían obtener el consentimiento de sus padres o tutores legales antes de someterse a un aborto. El proyecto de ley permitía el procesamiento penal de mujeres que tuvieran abortos que no cumplieran con estos requisitos, y decía que los médicos que realizaran abortos fuera de los nuevos requisitos legales podrían recibir penas de prisión de uno a ocho años. Además, el proyecto de ley prohibía a cualquier centro médico anunciar que ofrecía procedimientos de IVE.^[99]​^[100]​

Las feministas de la Comunidad Valenciana se movilizaron en 2013 y 2014 en respuesta a los cambios propuestos en la ley del aborto por Alberto Ruiz Gallardón.^[101]​ En octubre de 2013, unas cincuenta feministas se reunieron en la Plaza de la Virgen de Valencia para protestar contra la Conferencia Episcopal y condenar la propuesta de ley sobre el aborto de Gallardón.^[102]​La ruta de la marcha del tren de la libertad del 1 de febrero de 2014 en apoyo del derecho al aborto fue de Asturias a Madrid, y a ella se unieron personas de diferentes regiones de España, incluida la Comunidad Valenciana.^[103]​La Coordinadora Feminista pel Dret a Decidir es una asociación por el derecho al aborto que participó activamente en la organización de eventos a principios de la década de 2010.^[102]​

Ruiz-Gallardón finalmente se vio obligado a dimitir de su cargo en septiembre de 2014 tras fracasar en su capacidad para impulsar los controvertidos cambios a las leyes de aborto de España. El cambio de ley propuesto había empoderado al PSOE y creado divisiones internas dentro de su propio partido.^[104]​

Entre 2010 y 2014, el 93,71% de los abortos en Valencia se realizaron a petición de la mujer.^[105]​ En 2014, el 98,02% de los 8.273 procedimientos de IVE realizados en la Comunidad Valenciana se realizaron en clínicas de IVE privadas.^[97]​ El porcentaje de mujeres migrantes que abortaron en la región en 2014 estuvo por debajo del cincuenta por ciento, representando el 19,86% del total ese año..^[106]​

El número de abortos que se realizaron en la región en 2014 por provincia no fue el mismo. El 47,54% eran residentes en Valencia, el 44,02% eran residentes en Alicante, el 8,44% eran residentes en Castellón.^[107]​

La mayoría de mujeres de las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo que tuvieron que desplazarse a otra provincia o región para abortar en 2021 acudieron a una clínica privada de la Comunidad Valenciana u otra región limítrofe.^[112]​

En respuesta a la pandemia de covid-19, la Generalitat Valenciana cambió los procedimientos sanitarios para exigir que tanto las mujeres que se sometieran a abortos quirúrgicos como las que estuvieran dando a luz lo hicieran solas como parte de sus procedimientos para prevenir la propagación del covid. Las matronas denunciaron a la Generalitat Valenciana el 4 de abril de 2020 por ello. Unos días después, el gobierno regional anuló la peor de esas restricciones.^[113]​

La Comunidad Valenciana empezó a financiar la anestesia general durante los procedimientos de la IVE el 24 de octubre de 2022.^[114]​ En 2023, el protocolo permite a las mujeres solicitar sedación para un aborto quirúrgico, independientemente de dónde se realice la IVE. Como resultado, todas las clínicas privadas de la región deben poder proporcionar sedación para poder operar legalmente.^[20]​ En enero de 2023, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana publicó su revisión y protocolos de interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los propósitos al hacer la revisión fue aumentar el número de mujeres que utilizan financiación pública para los servicios de aborto y garantizar la gratuidad de la sedación para los abortos quirúrgicos, incluso cuando se realizan en clínicas privadas que están subsidiadas por la salud pública.^[20]​

En 2023, la región contaba con 81 Centros de Salud Sexual y Reproductiva (CSSR). Estos centros de salud pública brindan una serie de servicios, incluyendo la recomendación y el suministro de anticonceptivos, la provisión de información sobre cómo obtener una IVE y el tipo de IVE más apropiado, y brindan atención de seguimiento después de que las mujeres se sometan a un aborto.^[20]​ Las mujeres que acuden al CSSR en su mayoría prefieren continuar en la sanidad pública, pero como no hay suficientes centros que realicen procedimientos de IVE, muchas son remitidas a clínicas privadas de IVE.^[20]​ En 2023, el protocolo anticonceptivo de la Comunidad Valenciana consistía en animar a las mujeres a utilizar un método más duradero, como un DIU o un implante, en lugar de píldoras anticonceptivas o condones.^[20]​ El protocolo para el aborto quirúrgico en la Comunidad Valenciana es que inmediatamente después de la intervención se inserte un DIU si se cree que tal acto beneficiaría el bienestar de la mujer.^[20]​

La enmienda a la ley del aborto en 2022 permitió específicamente a las regiones con otras lenguas cooficiales ofrecer información a las mujeres en estas lenguas.^[115]​

El Ministerio de Igualdad de España envió una carta al gobierno regional en mayo de 2023 para recordarles que los cambios en la ley del aborto en febrero de 2022 significaron que todos los hospitales públicos debían tener médicos que estuvieran dispuestos a realizar un aborto y que sus unidades de ginecología en estos hospitales no podían contar únicamente con objetos de conciencia. El Ministerio de Igualdad dijo al Gobierno regional que, si era necesario, debían contratar médicos que realizaran procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo si no hubiera ninguno en plantilla. La ley establecía que se garantizaba a las mujeres el acceso a servicios de aborto hasta la semana catorce en un centro de salud público cercano a su hogar.^[116]​

Del 2 de marzo de 2022 al 10 de abril de 2022, la asociación católica 40 días para la vida organizó eventos fuera de los centros de salud que realizaron interrupciones voluntarias del embarazo en ciudades de toda España, incluidas Valencia y Castellón. Lo hicieron a pesar de un cambio en el Código Penal aprobado el 3 de febrero de 2022 que castigaba a las personas que acosaban a las mujeres que solicitaban servicios de aborto. El castigo por acosar a las mujeres en esta nueva ley incluía penas de prisión.^[117]​

En 2019, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres residentes de 15 a 44 años en la región fue de 9,47. El año anterior, en 2018, la tasa fue del 9,17. La media nacional en España en 2019 fue de 11,53 y en 2018 fue de 11,12.^[118]​ En 2021 se produjeron 8.099 trámites en IVE en la Comunidad Valenciana.^[20]​ En 2021 se realizaron más interrupciones voluntarias de embarazos en clínicas privadas de la región que en públicas. Esto reflejó tendencias nacionales más amplias.^[119]​ Sólo el 8,5% de los abortos en la región ese año se realizaron en establecimientos de salud públicos.^[120]​ En 2022, nueve de cada diez abortos en la región se realizaron en clínicas privadas de la IVE.^[20]​ En 2021, el 70% de las mujeres residentes en la Comunidad Valenciana acudieron por primera vez a la sanidad pública cuando quisieron abortar. A pesar de esto, sólo una de cada diez de estas mujeres eventualmente se sometería a un procedimiento en la salud pública. Al final, el 90% de estas mujeres serían remitidas a clínicas privadas de la IVE que tenían alianzas con el servicio de salud regional.^[19]​ En 2021, alrededor del 70% de los abortos realizados en la región fueron pagados con fondos públicos de la salud pública.^[20]​ En 2022, hubo 9,66 interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres en la región. Esto se compara con un promedio nacional de 11,68 por cada 1.000 mujeres.^[121]​ En 2022 se produjeron 953 interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres menores de 20 años.^[122]​

Entre 1988 y 2018, cada año el gobierno regional informó al Ministerio de Sanidad que allí se había realizado al menos un procedimiento de IVE.^[76]​ En 2019, no hubo hospitales de salud pública en la provincia que realizaran abortos.^[21]​

A partir de 2003 y hasta al menos 2007, hubo una clínica de aborto privada en Alicante que ofrecía IVE gratuitas después de que las mujeres fueran remitidas allí desde centros de salud públicos.^[16]​ La sanidad pública de Valencia cubrió el coste de los procedimientos de IVE en clínicas privadas en 2005, pero una disputa por el impago por parte de una clínica de Alicante dejó a las mujeres de la provincia sin una opción financiada con fondos públicos durante un tiempo.^[16]​

En 2005, había un centro privado en la provincia que prestaba servicios de aborto durante el segundo trimestre.^[16]​El Hospital General Universitario Marina Alta (Denia), el Hospital del S.V.S. Vega Baja y el Hospital Marina Baixa fueron los tres centros de salud públicos que prestaron servicios de aborto en Alicante en 2005.^[16]​ El Instituto Ginetec, Aquarium, Clínica Ginecológica de Levante (Alicante), Hospital Espai de Salut Aquarium Maternidad, Clínica Ginecológica de Levante (Elche) y Mediterranean Medical fueron las clínicas privadas autorizadas en la Provincia de Alicante en 2005.^[16]​

Las mujeres que solicitaron una IVE en Albacete y quisieran mayor anonimato podían viajar más de 220 kilómetros para abortar en una clínica privada de Ciudad Real o 150 kilómetros para acudir a un centro de salud público de Alicante. Su experiencia no era única: para el 32% de las mujeres en España que buscan una IVE, el centro de salud público más cercano que realiza el procedimiento está a más de 200 kilómetros de distancia.^[126]​

Entre 1988 y 2018, cada año el gobierno provisional de Castellón informó al Ministerio de Sanidad de España que allí se había realizado al menos un procedimiento de IVE.^[76]​

A partir de 2003 y hasta al menos 2007, no hubo clínicas privadas de aborto en Castellón que ofrecieran IVE gratuitas después de que las mujeres fueran remitidas allí desde centros de salud públicos.^[16]​ En 2005, no hubo ningún establecimiento en la provincia que prestara servicios de aborto durante el segundo trimestre.^[16]​ Ese año, antes de que una mujer en Castellón pudiera conseguir una subvención de la sanidad pública para un aborto en un hospital público, debía hacerse una ecografía en un centro de salud público y recibir una consulta en el área de salud mental del hospital que hacía la ecografía. Luego tenía que regresar aproximadamente una semana después para conseguir los trámites de la consulta de IVE para llevarlos a la clínica. Durante esta visita, tenía que someterse a una entrevista con un psiquiatra que, en última instancia, era la autoridad final para aprobarla. Todo el proceso, de principio a fin, a veces podía superar los veinte días. Si el tiempo de espera era excesivo, las mujeres eran remitidas a clínicas privadas. Debido a las largas esperas, muchas mujeres optaron por acudir directamente a clínicas privadas y pagar el coste de su propio bolsillo.^[16]​En 2019, no hubo hospitales de sanidad pública en Castellón que realizaran abortos.^[21]​

Entre 1988 y 2018, cada año el gobierno de Valencia informó al Ministerio de Sanidad de España que allí se había realizado al menos un procedimiento de IVE.^[76]​

A partir de 2003 y hasta al menos 2007, no hubo clínicas privadas en la provincia de Valencia que ofrecieran IVE gratuitas después de que las mujeres fueran remitidas allí desde centros de salud públicos.^[16]​ En 2005, hubo un centro en la provincia que brindaba servicios de aborto durante el segundo trimestre.^[16]​

Los proveedores de servicios de aborto en Valencia son lugares donde las mujeres de la Comunidad Valenciana pueden realizar procedimientos de aborto. Estas instalaciones incluyen tanto hospitales públicos como clínicas privadas.^[127]​ El aborto es legal en España y está cubierto por el Servicio Nacional de Salud de España, pero cada región gestiona sus propios servicios de aborto a través de su consejería de salud local y servicio de salud pública.^[128]​

El número total de abortos brindados ha fluctuado a lo largo del tiempo, incluyendo el número total, el tipo y el número que brinda servicios específicos como el aborto por elección libre durante el primer trimestre o los procedimientos de la IVE durante el segundo trimestre.^[129]​^[130]​^[131]​ Por ejemplo, el número total de hospitales públicos que prestaban servicios de aborto era nueve en 2014, pero se había reducido a seis en 2019.^[130]​^[132]​ Parte de esto se vio afectado con el tiempo por las prioridades del gobierno de la Comunidad Valenciana, en términos de elegir financiar procedimientos de IVE en hospitales públicos frente a clínicas privadas. La financiación pública del aborto en clínicas privadas creó un vínculo complicado entre los hospitales públicos y los proveedores de abortos privados.^[133]​^[129]​

Un problema que enfrentaron las mujeres de la Comunidad Valenciana que intentaban abortar en hospitales públicos en la década de 2010 y principios de la de 2020 fue que muchas se toparon con objetos de conciencia que no habían registrado este estatus. Esto creó problemas para el acceso al aborto para las mujeres, ya que algunos de estos médicos luego transfirieron a las mujeres a centros de salud privados, se negaron a derivarlas a instalaciones privadas y, en algunos casos, intentaron disuadirlas activamente de someterse a abortos.^[134]​ Este y otros problemas crearon diferencias en el acceso de los hospitales públicos a los procedimientos de IVE según la provincia: Castellón no tenía hospitales públicos que ofrecieran ninguna opción en 2019, mientras que Valencia tenía tres hospitales públicos donde se realizaban abortos.^[132]​

La Agencia Valenciana de Salud tenía acuerdos con clínicas privadas de aborto donde pagaban los abortos de mujeres en la región a finales de los años 80 y principios de los 2000.^[129]​ Para las mujeres que se someten a abortos quirúrgicos, el financiamiento público en la región no incluyó la anestesia general hasta 2022.^[135]​ El gobierno regional financió abortos en tres clínicas privadas en 2012 para abortos realizados hasta la semana 22, aunque a veces se retrasaron en el pago de los servicios para los que contrataron clínicas privadas.^[131]​