Luis Lacalle Pou, Eduardo Bonomi, Guido Manini Ríos y Pablo Iturralde, fueron algunos de los protagonistas del video que utilizó la Asociación de Magistrados Fiscalespara mostrarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que entienden es un “hostigamiento sistemático” por parte del sistema político. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la comisión y de la que también participó el Estado Uruguayo, argumentando que estos dichos se dan en el marco de la libertad de expresión de los ciudadanos y negando que exista animosidad contra los fiscales.
El gremio de fiscales indicó que el acoso se da en tres ejes: a través de “embestidas” mediáticas, en el debilitamiento institucional ante la falta de un titular en la Fiscalía de Corte y el “ahogo” presupuestal. Para la asociación, en palabras del fiscal Ricardo Perciballe, hay una "estrategia de debilitamiento a la institución Fiscalía de Corte y (...) este es un debilitamiento al sistema democrático".
Además del video, se refirieron a casos puntuales en los que creen hubo intentos de presiones, como el caso Penadés. Alicia Ghione consideró renunciar luego de que se conociera —porque lo publicó Búsqueda— un chat en el que Pablo Iturralde decía “Alicia es nuestra” y hablaba de presionar al fiscal de Corte, Juan Gómez. Otro de los casos citados fue el hecho de que Lozano acusó a Perciballe de haber incurrido en un delito de prevaricato.
En la audiencia, estuvieron frente a cámara los fiscales que fueron “hostigados”: Silvia Porteiro, Sabrina Flores, Rodrigo Morosoli y el propio Perciballe. Willian Rosa, presidente de la asociación, señaló a El País que no estuvieron presentes Alicia Ghione, Sandra Fleitas, y Alejandro Machado por estar de licencia debido a la feria judicial.
El miércoles 10 de julio de 2024 se desarrollará ante la COMISIÓN INTERAMERICANA de DDHH la AUDIENCIA TEMÁTICA solicitada por AMFU sobre "AFECTACIONES A LA INDEPENDENCIA de la FISCALÍA de URUGUAY" en la cuál está citado el ESTADO URUGUAYO. pic.twitter.com/2NUowZ1eFL
— Asociación Magistrados Fiscales del Uruguay (@FiscalesUruguay) July 8, 2024
Luego de estas exposiciones, tomó la palabra el representante del Estado, que fue Gastón Gianero (director general de Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura). Basó su alocución en el derecho a la libertad de expresión, así como que es sano que los fallos y dictámenes se sometan a consideración ciudadana. “El Estado no va a censurar dichos de ciudadanos”, resumió.
“Más allá de la afectación personal de los fiscales, las mismas no son institucionales, por el contrario, la institucionalidad ha encontrado los mecanismos pertinentes para mantener dicha independencia”, sintetizó.
El debate comenzó a tomar calor cuando hubo lugar a las réplicas de las exposiciones. Por los fiscales, comenzó Perciballe, quien criticó que la presentación de Gianero haya tenido el énfasis en el marco jurídico que comprende a la Fiscalía. “Nosotros somos todos abogados, conocemos las normas, lo que denunciamos son las prácticas”, dijo y enfatizó en que las críticas “no las hace cualquier ciudadano” sino legisladores, ministros y el presidente. Además, en el eje que refiere a lo presupuestal, advirtió: “A nosotros nos pueden decir cualquier cosa, pero a una organismo internacional, que no se le brindaron recursos a la Fiscalía por la pandemia o la sequía, ¡por favor!, seamos responsables”.
Por el Estado, el derecho a réplica lo ejerció el embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Washington Abdala. Hizo hincapié en la libertad de expresión como máxima constitucional y el hecho de que no hay ningún fiscal que sufra consecuencias de ese supuesto “hostigamiento”. También se refirió a las filtraciones que hubo en causas que estaban en la órbita de Fiscalía y la “dilación descomunal” que entiende hubo en los casos Morabito, Gas Sayago, Hospital Policial y Antel Arena. Esto generó las miradas cruzadas y resoples entre los más de 30 fiscales que estaban mirando la audiencia en una sala de la torre de Antel que el gremio alquiló para realizar la instancia.
Consultado por El País sobre si ve intencionalidad política detrás de los casos que sufren “dilación”, Abdala dijo que prefería “no juzgar intenciones”. Respecto de las filtraciones, contó que lo mencionó “porque buena parte de las reacciones de algunos legisladores tienen que ver con versiones que salen de manera irregular de Fiscalía hacia la opinión pública”. En la audiencia, sostuvo que “el celo (de la reserva) es de la Fiscalía de Corte”. Sostuvo que los dichos de la asociación son “hirientes”.
“No hay un contubernio, no hay una mirada orquestada ni un hostigamiento. Hay voces fuertes y discrepantes. También hay un gran protagonismo estelar de muchos de los fiscales que están en buen tiempo en los medios de comunicación explicando y expresando sus miradas y razonamientos. Es parte del qué hacer democrático”, valoró.
Mientras que el interés del gremio es que la CIDH haga recomendaciones al Estado uruguayo en línea con sus solicitudes, desde el gobierno —dijo Abdala— valoran la actitud “constructiva” de la comisión y están dispuestos a brindarles más información si es necesario.
El fundamento de los tres ejes del "hostigamiento"
Perciballe, abordó el primer eje, que fue el “acoso y ataque” que existe a la independencia técnica y que comenzó el 1 de noviembre de 2017, es decir, con la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Señaló que los más perjudicados son quienes llevan casos de corrupción, delitos de lesa humanidad y violencia basada en género. Para el gremio, la “campaña de hostigamiento y acoso” se “complementa con una persecución formal” que se traduce en acciones legislativas, como el proyecto de ley para instalar el delito de prevaricato. Esto es, dijo “para amordazar a los fiscales”. Gianero consideró que todos los dichos citados están en el ámbito de la libertad de expresión y las críticas a quienes cumplen función pública.
Siguió la fiscal de Flagrancia Brenda Puppo y abordó lo que entienden es el “segundo eje”: la falta de designación de un fiscal titular. Puppo destacó que Mónica Ferrero está ocupando tres cargos –la titularidad de la Fiscalía de Estupefacientes, el del fiscal adjunto de Corte y el del fiscal de Corte– y exigieron el nombramiento de un titular “con criterio profesional”. Así, también se refirió al proyecto del triunvirato para dirigir la Fiscalía y sostuvo que eso resultaría en un Ministerio Público “partidizado” y que lo que se pretende es “cambiar figuritas”.
El Estado contraargumentó que el proyecto está detenido hace años, como el del prevaricato, y que para designar a un titular hacen falta mayorías parlamentarias. Gianero consideró “insólito” creer que los legisladores se pusieron de acuerdo en no acordar.
Por último, el tercer eje estuvo a cargo de Claudia González, fiscal de Delitos Sexuales, quien se refirió a lo presupuestal. Aseguró que desde 2016 en adelante no se otorgaron los fondos para llevar adelante la reforma del Código del Proceso Penal que derivó a la Fiscalía a la titularidad de la acción penal. También mencionó que mientras en el 2020 se le aumentó el salario a los jueces, no sucedió así con los fiscales, cuando por ley su salario tiene que ser el mismo.
Gianero alegó que en este quinquenio el país sufrió la pandemia y la sequía y –dijo– pese a esto hubo incremento porcentual de presupuesto para la Fiscalía. Destacó lo que entiende es la “valentía” y los “excelentes resultados” del gobierno.
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