Derechos civiles y políticos

Los derechos humanos son la base de la ciudadanía democrática de la que nadie puede quedar excluido por principio según consideraciones circunstanciales. Pero en el momento de aplicarlos a defender y sustentar la ciudadanía es precisamente cuando sus títulos más ambiciosos quedan demasiado imprecisos y generales como para ayudar a quienes lo necesitan. Como bien explicó Michael Oakeshott (en su admirable "La política de la fe y la política del escepticismo") un derecho viene a ser la forma de reparar la frustración de mi deseo de actuar de determinada manera causada por un abuso del poder establecido. El derecho a la libertad de expresión o de asociación equivale a reparar el abuso de que se me impida practicar sin trabas una u otra, salvo causa justificada y precisada convenientemente por una ley democrática. El derecho a no ser discriminado por mis ideas religiosas, mi raza o mi sexo establece la reparación legal que anula los intentos abusivos de invocar tales causas para excluirme de las actividades que deseo llevar a cabo. Por supuesto, mi derecho a no ser encarcelado arbitrariamente o condenado sin un juicio justo de acuerdo con el procedimiento establecido repara atropellos posibles en estos terrenos que amenazan mi integridad cívica. En otros casos, el derecho no consiste en reparar un abuso coercitivo sino una carencia que amenaza también el ejercicio de mi ciudadanía. Por ejemplo el derecho a la educación y a la sanidad públicas, así como otras formas de protección social, vienen a reparar deficiencias que obstaculizarían gravemente mi plena condición de ciudadano (que en democracia, no lo olvidemos, exige mi participación en la toma de decisiones y a fin de cuentas en el gobierno del país, imposible cuando se padecen lacras de abandono, miseria e ignorancia).

En todos estos casos, el derecho que se me reconoce corresponde al reconocimiento de una obligación concreta por parte de las instituciones estatales. Es precisamente esa obligación la que define, concreta y sustancia el derecho invocado. Si tal obligación queda vaga e imprecisa, el derecho mismo estará aquejado por idéntica fragilidad, por mucha que sea su significación en el plano del ideal político o incluso antropológico. Así ocurre en proclamas tan justamente célebres como "el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad". ¿Qué obligaciones concretas de los poderes públicos o que reparaciones inteligibles pueden ser establecidas para implementar tales derechos? Y esta interrogación sigue siendo válida incluso en reclamaciones aparentemente menos genéricas E ambiciosas, como el "derecho a una vivienda digna o a un puesto de trabajo". Dentro de los derechos humanos o fundamentales constitucionalmente reconocidos por las democracias, podríamos considerar derechos civiles a los que tienen su correspondiente definición precisa en la contrapartida de una obligación establecida por parte de los poderes públicos.

Debe quedar claro que esta segunda categoría no priva de interés e importancia a los derechos humanos más generales y ambiciosos. Proclamarlos es reconocer un ideal de convivencia que señala la orientación que deben seguir las reformas sociales y políticas que pretendan legítimamente colaborar a un efectivo progreso de nuestras comunidades. Quizá no reclaman tanto medidas concretas de los gobiernos existentes como aspiran a una forma distinta de gobernar y de convivir.

Fernando Savater, Derechos humanos y civiles, op. cit., pg. 74.

Los derechos civiles incluyen la garantía de la integridad física (derecho a la vida) y moral (derecho al honor) y de la seguridad de las personas, los domicilios<ref>La necesidad de una orden judicial para el registro de un domicilio. La especial protección de los domicilios es un rasgo propio del derecho anglosajón, con implicaciones en el concepto de defensa propia (castle doctrine, a man's home is his castle - "Assembly, No. 159, State of New Jersey, 213th Legislature, The "New Jersey Self Defense Law", fuente citada en Castle doctrine-) y en la propia definición de democracia: en un tópico atribuido a Winston Churchill, el sistema en el que si llaman tu casa de madrugada, no debes preocuparte, porque será el lechero (Democracy means to know that when somebody rings at the door of your house in the morning it is the milkman -Rolandis, Debate en el Consejo de Europa, pg. 219, 29 de abril de 1982-).

En cuanto al principio de equidad no se trata sino de la justicia del caso concreto, el juez ante el rigorismo de la ley va a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por el texto terminante de la ley, es justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Faculta al juez para decidir conforme a la equidad en dos situaciones bien definidas por la ley: 1.- Cuando las partes de común acuerdo así lo soliciten y 2.- Cuando se trate de derechos disponibles.