Ley de Educación Nacional

El 14 de diciembre de 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional que fue promulgada 13 días después.^[2]​^[3]​

Esta ley reforma la concepción que se había sostenido hasta ese momento sobre la educación., estableciéndola un derecho caracterizado por su gratuidad, igualdad, equidad, por ser permanente, integral y de calidad. Las políticas educativas de promoción de la igualdad educativa estarán destinadas a erradicar situaciones de injusticia, marginación y discriminación, garantizando el acceso y la permanencia de los estudiantes en el Sistema Educativo Nacional (SEN)

Orientada a resolver los problemas de desigualdad apunta al acceso universal a una educación de buena calidad por lo que plantea políticas de Estado que la garanticen, la financien y la sostengan junto con otros programas y leyes complementarias como la de Financiamiento Educativo, de Educación Técnico-Profesional, la de Educación Sexual Integral, entre otras; para posibilitar su total implementación en el territorio argentino.

Posibilitó la reestructuración Sistema Educativo Nacional (SEN) y el fin de las políticas focalizadas y asistencialistas como también mejorar la calidad en la formación docente; destacándose la participación de más 750.000 docentes y setecientas organizaciones de la sociedad civil en su redacción. Así mismo establece la reglamentación que el presupuesto de educación no puede ser menor al 6% del PBI.^[3]​

A partir de esta ley, Argentina pasó del puesto 81 al 19 en el ranking mundial de inversión educativa en relación con su riqueza (Repetto, 2013) y posicionándose como el séptimo país del mundo que más aumentó la inversión educativa en el período 2004-2011 (Informe de monitoreo, CIPPEC, 2014).^[4]​

Está organizada en 145 artículos separados en 12 Títulos. Los principales puntos de la ley son:

• Regreso a la estructura clásica de primaria con 6/7 años y secundaria con de 5 a 7 años según la modalidad y jurisdicción provincial, derogando así el EGB 1 y 2 y polimodal implementado en la anterior reforma, la trayectoria educativa pasa a contemplar de diez años a trece años como mínimo.
• Son obligatorios los dos últimos años del nivel inicial: las conocidas como salas de 4 y de 5 años.^[5]​
• La carrera docente se lleva de tres a cuatro años y se garantizan las capacitaciones continuas gratuitas.
• El SEN es obligatorio desde los cuatro años hasta la finalización de la escuela secundaria y se estructura en cuatro niveles: inicial, primario, secundario y superior. Organizado en ocho modalidades: técnico, profesional, artística, especial, permanente de jóvenes y adultos, rural, intercultural bilingüe, en contextos de privación de la libertad, domiciliaria y hospitalaria.
• Es obligatorio en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país enseñar, por lo menos, un idioma extranjero.

Algunos de los principales puntos de la ley son:

• Asegurar la calidad educativa en igualdad de oportunidades, gratuidad y equidad, y por medio de una educación integral.
• Formación ciudadana de acuerdo a valores éticos y democráticos. Fortalecer la identidad nacional, respetando la diversidad cultural.
• Prioridad a sectores desfavorecidos y garantizar los derechos del niño, niña y adolescente, como también su permanencia dentro del sistema.
• Participación democrática de sus actores.
• Combatir la discriminación. Respeto e inclusión de la identidad cultural aborigen, de personas con discapacidades.
• Promover una sexualidad responsable y prevenir las adicciones.
• Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, desarrollar las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las TIC.
• Brindar formación artística y cultural; también corporal, motriz y deportiva.
• Concebir la cultura del trabajo, permitiendo el acceso a estudios superiores y al mercado laboral.

En relación con cómo se financia la implementación de la LEN, la misma en su artículo 9 explicita a través de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, las condiciones y porcentajes destinados a educación:

ARTICULO 9º — El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del Producto Interno Bruto (PIB).^[2]​

El Estado Nacional es quien garantiza la política educativa y controla su cumplimiento en todo el territorio argentino a través del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, contemplando las características de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dictarán sus leyes provinciales de educación. Estas deberán:^[6]​

• Asegurar el derecho a la educación en su territorio.
• Organizar, planificar, administrar y financiar el sistema educativo en su jurisdicción.
• Aprobar el plan de estudios (currículo) de los diversos niveles según lo dispuesto por el Consejo Federal de Educación.
• Organizar y conducir las instituciones de gestión estatal.
• Autorizar y controlar a las instituciones educativas de gestión privada.
• Dar títulos y certificaciones de estudios.