Escenas de la vida cotidiana. Actores, discursos y representaciones en torno a la videovigilancia pública en un municipio bonaerense.

Escenas de la vida cotidiana. Actores, discursos y representaciones en torno a la videovigilancia pública en un municipio bonaerense. Scenes of everyday life. Actors, discourses and representations about public video surveillance in a Buenos Aires municipality. Cenas da vida cotidiana. Atores, discursos e representações sobre videovigilância pública em um município na província de Buenos Aires. VANESA LIO1 Esta ponencia se centra en la videovigilancia gubernamental de espacios públicos en ciudades argentinas, a partir de una indagación acerca del rol que cumplen las cámaras de seguridad en la dinámica local de un municipio bonaerense. Se presentan resultados parciales de un trabajo en curso que se propone describir el entramado existente en relación con estos sistemas de monitoreo del espacio público, a través de la identificación de los actores y del seguimiento de las interacciones que se dan entre ellos. A partir de una serie de entrevistas en profundidad realizadas a actores vinculados de modos diversos con el funcionamiento de la videovigilancia en un municipio de la Provincia de Buenos Aires, se analizan y problematizan discursos políticos, empresarios, mediáticos y ciudadanos. En los últimos años la tecnología se fue incorporando cada vez con mayor cotidianidad a la vida en las ciudades y la colocación de cámaras de vigilancia en el espacio público es un ejemplo de este proceso, que comenzó en Argentina en 2008 y se expandió velozmente a partir de la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana del gobierno nacional en 2009. En este escenario, los discursos en circulación ponen de manifiesto el valor simbólico de estos dispositivos técnicos en la búsqueda de disminución del sentimiento de inseguridad. Las cámaras modifican los modos de interacción en el espacio público, al tiempo que las imágenes han ganado espacio en los medios de comunicación en una búsqueda por suplir la falta de evidencia empírica sobre su efectividad en la reducción del delito. Palabras clave: cámaras de seguridad, noticia policial, medios, televisión. From an inquiry into the role played by video cameras in the local dynamics of a Buenos Aires municipality, this paper focuses on government surveillance of public spaces in Argentinean cities. We present partial results of an ongoing work aimed at describing the existing framework of monitoring systems of public space through the identification of the actors and their interactions. From a series of in-depth interviews with the actors involved, we analyzed politicians, businessmen, media and public speeches linked with the video surveillance system working in a municipality in the Province of Buenos Aires. In recent years this technology was increasingly incorporated to everyday life, for example by the use of surveillance cameras in public spaces. In Argentina this process began in 2008 and quickly expanded from the implementation of a national public politic on security in 2009. In this scenario, outstanding speeches highlight the symbolic value of these technical devices in the search of decreasing the fear of crime. The cameras have changed the ways of interaction in the public space, while images have gained space in the media which looks forward to supplement the lack of empirical evidence on their effectiveness in reducing crime. Key-words: videocameras, public space, actors, images. Este artigo centra-se na vigilância do governo dos espaços públicos nas cidades da Argentina, a partir de um inquérito sobre o papel desempenhado pelas câmeras de segurança nas dinâmicas locais de um município na província de Buenos Aires. São apresentados resultados parciais de um trabalho em andamento que visa descrever o quadro existente em relação a estes sistemas de monitoramento do espaço público, através da 1 Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en CIMeCS-IdIHCS (UNLP/CONICET). Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Magíster en Comunicación Pública y Política, Doctoranda en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires). vanesa.lio@gmail.com 1 identificação de atores e acompanhamento das interações que ocorrem entre eles. A partir de uma série de entrevistas em profundidade com atuantes ligados, de várias maneiras, à operação de vigilância de vídeo em um município na província de Buenos Aires, analisa-se discursos políticos, empresários da mídia e cidadãos. Nos últimos anos, a tecnologia foi incorporada cada vez mais na vida em grandes cidades e a colocação de câmeras de vigilância no espaço público é um exemplo deste processo que começou na Argentina em 2008 e rapidamente se expandiu a partir da implementação do Plano de Segurança Pública do governo nacional em 2009. Neste cenário, discursos em circulação realçaram o valor simbólico desses dispositivos técnicos em busca da diminuição da sensação de insegurança. As câmeras alteram os modos de interação no espaço público enquanto as imagens ganham espaço na mídia em uma missão para suprir a falta de evidências sobre sua eficácia na redução da criminalidade. Palavras-chave: Câmaras de segurança, espaço público, atores, imagens. INTRODUCCIÓN En los últimos años la tecnología se fue incorporando cada vez con mayor cotidianidad a la vida en las ciudades. La colocación de cámaras de vigilancia en el espacio público es ejemplo de este proceso, que comenzó en Argentina en 2008 y se expandió velozmente a partir de la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana del gobierno nacional en 2009, en el marco de consolidación de la inseguridad como uno de los principales problemas públicos (Kessler, 2009) y del ascenso de las políticas de prevención situacional del delito (Sozzo, 2009). Así, la instalación de circuitos cerrados de televisión (CCTV) para vigilancia, históricamente restringida al ámbito privado, se desplazó hacia al sector público. Ante este escenario, discursos académicos, políticos y ciudadanos sobre estas tecnologías comienzan a circular con mayor frecuencia en la esfera pública. En los estudios que vinculan ciencia, tecnología y sociedad, la puesta en marcha de estos nuevos modos de vigilancia contribuyó a la emergencia de un campo específico de investigación, que en el mundo anglosajón se manifestó a partir de diversos enfoques teóricos y metodológicos que confluyen en los “surveillance studies” (Lyon, 2002; Ball y Haggerty, 2005). En América Latina, un interés similar por estos temas de investigación comenzó a surgir en los últimos años (Arteaga Botello, 2012). Estos debates en el plano internacional dan cuenta de una serie de dimensiones estudiadas de la videovigilancia, que se expresan en distintos interrogantes que guían estos trabajos de investigación: lo normativo y su relación con la violación de otros derechos, como la privacidad y la protección de datos personales; lo evaluativo, en vinculación a la medición de la eficacia y eficiencia; lo simbólico, a partir de la circulación de sentidos en torno a la videovigilancia; lo espacial, a partir de la percepción y productividad en las tramas urbanas; 2 y el funcionamiento de los centros de monitoreo, con una mirada etnográfica que se enfoca en la tarea de vigilancia (Lio y Urtasun, 2016). Algunas de estas discusiones académicas se vinculan estrechamente con preguntas que surgen en la esfera pública acerca de la utilización de las cámaras de seguridad para monitoreo de los espacios urbanos. ¿Existe un conflicto de intereses entre las demandas de seguridad que abogan por la utilización de estas tecnologías y las luchas en defensa de la privacidad? ¿Hay una preocupación por esta dimensión que se exprese en los discursos públicos? ¿Son los sistemas de videovigilancia defendidos o detractados? ¿Son considerados mayormente eficaces o ineficaces? Y, en todo caso, ¿en qué reside su eficacia? ¿Sus efectos deseados apuntan a la reducción del delito o se apoyan en su valor simbólico para disminuir la sensación de inseguridad y el temor al crimen? En este último caso, ¿cómo repercuten los discursos y las imágenes que circulan a través de los medios de comunicación? Por último, ¿cómo inciden la presencia de las cámaras y los discursos que circulan en torno a ellas en los modos en que los actores se representan el espacio urbano y la forma en que piensan su relación con la ciudad y el barrio?2 Si bien el presente trabajo no pretende de ningún modo responder a todos estas preguntas, estos interrogantes funcionan como disparadores para empezar a explorar los modos en que los distintos actores se posicionan respecto de la videovigilancia del espacio público, qué funciones le atribuyen a las cámaras de seguridad y en qué medida modifican sus percepciones y representaciones sobre la ciudad y el delito3. Para esto, se trabaja en el nivel discursivo a partir de una serie de entrevistas en profundidad realizadas a actores vinculados de modos diversos con el funcionamiento de la videovigilancia en el municipio de Tigre (Provincia de Buenos Aires). Se analizan y problematizan discursos en circulación, buscando dar cuenta de las representaciones que atraviesan la justificación o rechazo de la utilización de las cámaras de seguridad para el monitoreo urbano. Entre los entrevistados del ámbito político local se incluyó a los responsables en materia de seguridad y monitoreo público del gobierno local, así como a 2 Respecto de la última dimensión de análisis de la videovigilancia, referida a lo cotidiano del funcionamiento de la tarea de monitoreo, podrían plantearse otras preguntas acerca, por ejemplo, de cómo se describe a los vigiladores en el imaginario social, qué se conoce de ellos, quiénes son y qué lugar se atribuye a su trabajo. Sin embargo, decidimos dejar de lado esta serie de preguntas ya que no se vinculan con los hallazgos que esta ponencia presenta. 3 La ponencia es parte de un trabajo más amplio que realizo en el marco de mi tesis de doctorado. A partir del supuesto inicial de que la videovigilancia se constituye como una controversia (Latour, 2008; Venturini, 2009), el objetivo es describir el entramado existente en relación con estos sistemas de monitoreo del espacio público, identificando a los actores y siguiendo sus interacciones, utilizando como marco la Teoría del Actor-Red (Latour, 2008; Callon, 1998). 3 concejales oficialistas y de oposición. Respecto del sector empresario, se entrevistaron referentes de compañías proveedoras del servicio, como también de la cámara empresaria que nuclea a las compañías del sector. Para obtener representación de organizaciones del tercer sector, se entrevistaron miembros de organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que hayan tenido una intervención pública en relación a la cuestión en estudio. Finalmente, se realizaron entrevistas a residentes del partido de Tigre, a fin de incorporar los posicionamientos ciudadanos acerca de la utilización de estas técnicas de monitoreo urbano, con diversidad en cuanto a edad (tomando población adulta de entre 18 y 70 años) y sexo. Se seleccionaron tres zonas con características socioeconómicas bien diferenciadas, tomando como premisa que sean lugares alcanzados por el sistema de monitoreo municipal. Las entrevistas se orientaron a identificar los principales posicionamientos y debates surgidos en torno a esta temática. Para ello, se utilizó un guión flexible que se adecuó a cada uno de los grupos de actores pero que se organizó en torno a dimensiones comunes: formas de conceptualizar esta tecnología, funciones atribuidas a los dispositivos, relación con el espacio a partir de la presencia de las cámaras, opinión sobre la videovigilancia (incluyendo cuestiones como la utilidad de las cámaras, los costos y la eficiencia de los sistemas, la privacidad y los derechos en juego), conocimiento de las políticas públicas y la legislación específica. Partimos de la hipótesis de que los roles específicos de los actores implican diversos modos de entender las tecnologías y, por lo tanto, difieren también las funciones que se atribuye a la videovigilancia del espacio público, las formas de justificarla o detractarla. Al mismo tiempo, la presencia de las cámaras de seguridad modifica los modos en que los actores describen los espacios urbanos como seguros o inseguros: mientras que previo al uso de los cctv, todo el espacio era definido como “seguro” y algunos lugares bien delimitados se consideraban “inseguros” de acuerdo a ciertas condiciones particulares; actualmente, la visión de un peligro cuya característica es la ubicuidad y la aleatoriedad (Kessler, 2011) conduce a una definición del todo como “inseguro”, siendo algunos lugares definidos como “seguros” a partir de control que se opera sobre ellos. VIDEOVIGILANCIA Y GOBIERNO LOCAL La extensión de estos sistemas de videovigilancia en la Provincia de Buenos Aires ha encontrado su mayor impulso a partir de la creación y puesta en marcha en abril de 2009 4 del Programa Integral de Protección Ciudadana (PIPC), surgido de un convenio de cooperación firmado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. A partir de la suscripción de convenios de adhesión con los gobiernos locales, el programa consistió en la asignación de recursos nacionales no reintegrables a diversos municipios bonaerenses destinados a incorporar tecnología en materia de seguridad, dotar de mayor capacidad operativa a las fuerzas policiales, incentivar la participación ciudadana y conformar redes para la prevención de delitos4. Ahora bien, el municipio de Tigre fue pionero en la implementación de la videovigilancia del espacio público en Argentina y su sistema de monitoreo fue incluso previo al lanzamiento del PIPC. El programa municipal denominado “Sistema de monitoreo por GPS y cámaras de control de tránsito” fue inaugurado a principios de 2008, producto de un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional General Pacheco (UTN-FRGP), destinado al apoyo tecnológico y técnico, que fue convalidado por el decreto municipal 2399/07 y por la ordenanza 2865/08. Sin embargo, la vinculación con el PIPC se evidencia en la figura de su precursor. A pocos días de haber asumido su primer mandato como Intendente del municipio de Tigre (por entonces, como referente local del Frente para la Victoria), Sergio Massa firmó el convenio con la UTN-FRGP el 26 de diciembre de 2007, dando el puntapié inicial de lo que se convertiría en su “caballito de batalla” en las intervenciones en materia de seguridad: la utilización de las tecnologías para la prevención, con especial énfasis en las cámaras de seguridad. Algunos meses más tarde, habiendo tomando una licencia en su cargo de Intendente entre julio de 2008 y julio de 2009 para desempeñarse como Jefe de Gabinete de Ministros de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue el mismo Massa quien tuvo a su cargo el diseño y la ejecución del PIPC. Esto fue incluso interpretado en las lecturas mediáticas como un intento por replicar en otros distritos bonaerenses la fórmula por él implementada en Tigre (Galvani, Ríos y Cañaveral, 2015). Esta modalidad de la “exportación del modelo” 5 en seguridad es recurrente en los discursos de los funcionarios municipales y en las propias comunicaciones institucionales del gobierno local, que dan difusión a recorridas de intendentes y secretarios 4 Para más información sobre el Programa Integral de Protección Ciudadana, véase Galvani, Ríos y Cañaveral, 2015. 5 Se utilizan comillas para referir a frases o términos que fueron empleados por los entrevistados. 5 de seguridad de otras localidades por el Centro de Operaciones Tigre (COT) y a visitas de los referentes de Tigre a otras ciudades y provincias del país. Tigre es un municipio de 360 km2 y algo más de 376 mil habitantes6, ubicado en la región norte del conurbano bonaerense. Es una de las ciudades más monitoreadas del país, y también de las más fragmentadas. El 60 por ciento de su territorio está ocupado por countries, barrios cerrados y complejos urbanos de altos ingresos en los que sólo vive el 10 por ciento de la población. Por otro lado, aunque más del 90 por ciento de las viviendas cuenta con buenas condiciones de habitabilidad, un 47 por ciento de los hogares no tiene gas y el 83 por ciento no cuenta con cloacas (Zuazo, 2015). Desde 2007, el municipio es gobernado por el partido liderado por Sergio Massa (hasta las elecciones de 2011, el Frente Todos por Tigre, versión local del FPV; desde 2013, el Frente Renovador, que consolidó su fuerza como partido de oposición al gobierno nacional en los últimos años y fue la tercera fuerza en las elecciones presidenciales de 2015). Si bien hoy el gobierno es conducido por Julio Zamora, Massa continúa siendo el referente a nivel local, lo cual se refleja tanto en los discursos mediáticos como en las entrevistas realizadas a políticos, funcionarios y residentes locales. Desde 2009, la conformación del Honorable Concejo Deliberante (HCD) es favorable a la gestión de gobierno y hoy cuenta con una mayoría oficialista con 15 de 24 concejales del Frente Renovador. El sistema integral que hoy el municipio denomina “Alerta Tigre” se financia con el 50 por ciento de los fondos recaudados mensualmente en concepto de una contribución al sistema de “protección ciudadana” que se incluye en la tasa municipal. En este sistema confluyen las fuerzas de seguridad locales y los móviles municipales del COT, el Sistema de Emergencias Tigre (SET), bomberos, defensa civil, un área de tránsito inteligente y una central meteorológica. Dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana municipal, presenta como su principal objetivo “fortalecer la prevención de delitos, accidentes de tránsito y siniestros en general”. Cuenta, de acuerdo a información provista por el propio municipio, con 1.500 cámaras, monitoreadas las 24 horas por 300 operadores civiles, y 42 móviles propios, conducidos por un policía retirado y uno en actividad, cuyo objetivo es “reforzar los patrullajes” de la policía. Además, los colectivos de líneas locales cuentan con GPS y botones anti-pánico. Estos dispositivos de emergencia fueron también instalados en jardines de 6 De acuerdo a los datos del Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 6 infantes y escuelas del municipio, y el municipio distribuye dispositivos de alerta especiales para las mujeres víctimas de la violencia de género. El plan fue redefinido Alerta Tigre 2.0 a partir de la incorporación del uso de nuevas tecnologías y redes sociales. Por un lado, se incluye a los comercios a través de los dispositivos utilizados para compras con tarjeta de débito y crédito, que se utilizan como botones de pánico. Por otro, posibilita a los vecinos contactarse de manera directa con el COT a través de un teléfono celular o una computadora, pudiéndose realizar denuncias vía mensaje de texto, online, por sistema WAP desde celulares y mediante las redes sociales Twitter y Facebook. Por último, Tigre cuenta con una red de líderes barriales que se vinculan directamente al COT y un acuerdo con la cámara del sector que le permitió integrar los 400 puntos fijos del sistema de vigilancia privado, haciendo confluir todas las imágenes en el mismo centro de monitoreo. Todos estos elementos han convertido a Tigre en el municipio más vigilado del país y en pionero en la aplicación de tecnologías para la seguridad. ACTORES, DISCURSOS Y ENTRAMADOS La extensión de la videovigilancia en el espacio público pareciera conducir, en principio, a una disputa de intereses en los derechos a la seguridad y a la privacidad. De acuerdo con Edwards (2005), “las víctimas potenciales (…) prefieren sacrificar un grado de su privacidad personal por un grado de protección personal” (93). En el contexto argentino, las imágenes de las cámaras de seguridad están alcanzadas por la protección constitucional del artículo 19 que refiere a los derechos a la privacidad e intimidad, en tanto su texto menciona no sólo la esfera doméstica y familiar sino otros “aspectos de la personalidad espiritual y física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen”. Por otro lado, de acuerdo con la definición de la Dirección Nacional de Datos Personales (DNPDP), las imágenes de la videovigilancia constituyen datos personales dado que el material fotográfico o fílmico permite identificar o hacer identificable a una persona. Así se señala tanto desde trabajos académicos (Cejas y González, 2015; Parrili, 2011) como desde posturas críticas de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles (como la Fundación Vía Libre, el Centro de Estudios Legales y Sociales o la Asociación por los Derechos Civiles), que cuestionan que no está claro qué información se recopila, qué pasa con ella, cómo se procesa y quién tiene acceso (Cejas y González, 2015). 7 Algunos de estos aspectos están regulados por normativas con distintos alcances institucionales y geográficos. La disposición 10/2015 de la DNPDP establece una serie de principios que deben aplicarse a la videovigilancia en el territorio argentino y que otorgan o no el carácter de licitud a los sistemas: consentimiento, respeto de la finalidad, calidad del dato, seguridad y confidencialidad, ejercicio de los derechos del titular del dato, inscripción y manual de tratamiento de datos7. En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el marco regulatorio está establecido por los convenios que, como mencionamos, forman parte del PIPC. Dos normas de alcance provincial refieren a la temática8 pero no hay legislación que regule la utilización y el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia públicos. En el contexto local del municipio que estudiamos, las ordenanzas municipales convalidan las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, para el establecimiento inicial del sistema y para modificaciones sucesivas relativas al alcance, el financiamiento y las tecnologías utilizadas. La cuestión normativa aparece también como una preocupación del sector empresario, que aboga por reglamentaciones de estos sistemas no desde la perspectiva de la defensa de los derechos civiles sino en relación al funcionamiento técnico, las habilitaciones para ingresar al negocio y las características del personal. La visión orientada al mercado y que busca asegurar ciertas condiciones que beneficien sus propias posibilidades de negocio es matizada por el discurso del avance tecnológico constante que les permite colocarse en el papel de “expertos”, a quienes los sectores políticos deben acudir para “evitar y corregir las distorsiones” generadas por la multiplicidad de regímenes locales. Se establece así una vinculación con ciertos sectores del ámbito político, principalmente funcionarios municipales pero también representantes de poder legislativo, a quienes los empresarios acusan de “no comprender adecuadamente el sector” o no contar con “los conocimientos técnicos específicos”, que los conducen a proponer normas que luego son “inviables” en la práctica. Ahora bien, nos preguntamos si la cuestión relativa a la regulación de la videovigilancia y este conflicto con los derechos a la privacidad y la intimidad aparece como un problema en 7 Para más detalles sobre los principios, consultar la disposición 10/2015 de la DNPDP, disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/243335/norma.htm. 8 La ley 14.050 establece la instalación de obligatoria de cámaras de video en la salida de los boliches bailables y la 14.172 introduce al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires un capítulo destinado a las filmaciones y grabaciones que posibilita que los videos de las cámaras de seguridad sean utilizados como prueba en los procesos judiciales. 8 los discursos de los ciudadanos. Por un lado, si bien en los primeros años posteriores a la implementación de los sistemas de videovigilancia en Argentina, algunas voces alimentaron desde los medios un debate relativo al uso de cámaras de seguridad en el espacio público, desde perspectivas críticas que las asociaban a la idea del panóptico de Bentham (Foucault, 2002) o al Gran Hermano de George Orwell, este tipo de enfoques fueron disminuyendo con el pasar de los años. Por otro lado, en los diálogos con los habitantes de nuestro municipio en estudio, se evidencia en principio un desconocimiento de los marcos regulatorios de este tipo de sistemas. Al preguntar específicamente por la relación con la privacidad, aparece cierta coincidencia respecto de la definición de “lo público” como ámbito donde todos los actos privados se convierten en algo público y, por ende, no existiría conflicto aparente con la observación operada por terceros. Este tipo de discurso se complementa con un argumento referido a la responsabilidad y publicidad de las acciones propias. En este sentido, “quien no tiene nada que ocultar no tiene motivo para preocuparse por la mirada ajena”. Mientras algunos actores consideran estas perspectivas críticas como “marginales”, otros sugieren que se trata de “un debate saldado”. Argumentos de este tipo aparecen repetidamente entre los discursos de los empresarios y de los políticos. En el ámbito legislativo, los debates y conflictos surgidos en torno a la colocación o no de las cámaras de seguridad se narran como una instancia del pasado. Esto no implica, sin embargo, que no existan posturas que cuestionen el uso estos dispositivos para la prevención del delito. Ahora bien, las críticas al sistema de monitoreo no se fundan en la potencial amenaza que pueden representar para la privacidad, sino en fallas de su funcionamiento. Concejales de los partidos opositores a la gestión municipal y ciudadanos no del todo de acuerdo con los lineamientos definidos por el actual Intendente ponen en duda que “el sistema funcione como se quiere hacer creer”. Es decir, las críticas se fundan en que “muchas cámaras están dañadas y no graban”, en la existencia de áreas del partido que se encuentran “desprotegidas” y en el “accionar negligente” de los empleados municipales que se mueven en los móviles del COT. En este sentido, las críticas van dirigidas más al funcionamiento práctico de estos sistemas que a un cuestionamiento de la decisión política de su utilización. Un concejal opositor expresó sintéticamente: “No todo lo que brilla es oro. Es más para la galería, para la vidriera que realmente pare la seguridad interna”. Paradójicamente, la 9 cuestión de “la vidriera” es también un aspecto central para propia gestión municipal en relación con la videovigilancia, tema que retomaremos en breve. Por su parte, los vecinos del municipio han instaurado a partir de sus prácticas una modalidad de intervención en relación a los sistemas de videovigilancia. Por medio del HCD presentan pedidos específicos para la colocación de cámaras de seguridad en un lugar definido del municipio, fundados en el “aumento de los hechos delictivos” en su barrio, en la “falta de control policial y de iluminación”. En relación con esto, otro legislador de la oposición narró: “No hay pedidos para que saquen cámaras, los vecinos no se quejan por las cámaras. Son todos pedidos para que pongan cámaras o pedidos de mayor control policial, pero las cámaras tienen que funcionar”. Estos pedidos ingresan al HCD y son girados a la comisión de Seguridad, que discute cada caso y decide si someterlo o no al tratamiento en el plenario. En ese ámbito, los pedidos pueden convertirse en una ordenanza o recomendación del HCD al ejecutivo municipal. La pregunta que sigue es ¿por qué los vecinos piden cámaras de seguridad? Surge así la dimensión de la efectividad de la videovigilancia que nos conduce incluso hasta la definición de estos sistemas de monitoreo. En el caso argentino, la falta de un diagnóstico previo de las características del problema delictivo que se pretende enfrentar con el uso de cámaras de seguridad y la inexistencia de una evaluación pertinente de su funcionamiento ha conducido a definir a la videovigilancia como una medida de cuasi-prevención situacional-ambiental (Sozzo, 2014). Se asume una pretensión de generalidad, que equivale a vigilar toda la ciudad, en lugar de plantear su colocación para el tratamiento de delitos puntuales en ambientes o situaciones particulares. La falta de diagnóstico y evaluación redunda en la falta de estadísticas y datos empíricos que justifiquen su utilización y puedan mostrar su efectividad en la reducción del delito. Mientras estudios evaluativos en el ámbito internacional han demostrado el débil impacto de los CCTV en el comportamiento de las tasas delictivas (Welsh y Farrington, 2009; Hempel y Töpfer, 2004; Sperber, Seck y Johnson, 2013; Armitage, 2002; Medina Ariza, 2010; Waples, Gill y Fisher, 2009, entre otros), en Argentina este tipo de análisis son directamente inexistentes. El vínculo entre el masivo crecimiento de la videovigilancia y su efectividad se redefine, entonces, a partir de su valor simbólico. Los sistemas de monitoreo muestran una productividad en tanto mensaje político: la gestión necesita mostrarse activa ante la cuestión del delito y el Estado se posiciona como dador de una marco de protección a los 10 ciudadanos a partir de este tipo de políticas (Norris, Mc Cahill y Wood, 2004). La decisión de instalar cámaras de seguridad no se funda en un diagnóstico previo pasado en los índices delictivos, sino que resulta de la convergencia de intereses expresados por actores políticos y económicos (Frois, 2011). Ante la falta de estadísticas que justifiquen su utilización, los políticos utilizan los casos exitosos para mostrar la efectividad de estos dispositivos en la reducción del delito. En el caso de Tigre, la identificación de la gestión local y del referente Sergio Massa con las cámaras de seguridad no es casual. Quienes conducen su equipo de prensa definen que necesitan “comunicar seguridad”. Para mostrarlo, especifican: “Desde hace siete años, tengo que lograr que dos veces por semana ‘las cámaras de seguridad de Tigre’ salgan en los medios” (Zuazo, 2015). El objetivo de ubicar a las cámaras como protagonistas permitió construir un discurso en torno a estos dispositivos de seguridad que, atravesado por determinismo en torno a las tecnologías, inviste a la videovigilancia de un poder total: “Las cámaras atrapan delincuentes” y “las cámaras logran justicia”, se fundamenta desde la propia gestión. Las cámaras, en síntesis, permiten reducir el sentimiento de inseguridad. Los medios de comunicación emergen, en este sentido, como un actor fundamental e inevitable de estos procesos. “Dar las imágenes a los medios” es parte de una estrategia de la propia gestión, para nada casual ni improvisada (Lio, 2012). El objetivo –y la condición para ceder las imágenes– es que se “muestre la efectividad de las cámaras” a partir de hechos concretos en los que “se previenen delitos o se agarran delincuentes”. Este modo de mostrar los resultados y construir la eficacia de la videovigilancia introduce, de acuerdo con Cardoso (2012), una “paradoja” detrás de los “hechos captados en el acto” por las cámaras. El reemplazo de los modos estadísticos de objetivar los resultados por la construcción de una legitimidad que se sustenta en la reproducción de imágenes que muestren su actuación ejemplar conduce a la necesidad de producir constantemente ese tipo de ejemplos visibles de para qué sirven las cámaras. Ahora bien, si la efectividad atribuida a las cámaras para disuadir la violencia y el delito reduce también la cantidad de hechos a ser “captados en el acto”, la cuestión de qué mostrar para justificar la presencia de las cámaras y capitalizar el rédito político aparece como un problema estructural de su exposición mediática. Más allá de esta cuestión central para los gobiernos, lo cierto es que la relación se funda en una mutua conveniencia. Los medios acceden a materiales únicos que les permiten 11 construir noticias impactantes, dramáticamente visualizadas a través del uso de las imágenes grabadas por el CCTV (Norris, Maccahill y Wood, 2004), desde una estética de la objetividad que pretende presentar los hechos como “reales” (Gates, 2013). Los gobiernos, por su parte, saben que la televisión juega un rol decisivo en la aceptación pública y en la implementación de estas tecnologías de vigilancia (Hempel, 2006). La naturaleza retórica de los discursos y prácticas en torno a la implementación de la video vigilancia subsume a un segundo plano el debate público acerca de sus consecuencias. Como resultado, la percepción que la gente tiene de las ventajas y la eficacia de la videovigilancia está basado en un “meta-discurso”, más que en una conciencia directa de los efectos que estas tecnologías pueden tener sobre la propia seguridad (Frois, 2011). Así, la discusión del uso actual del CCTV está sujeta a su presentación mediática y el material visual de las cámaras aparece como una prueba de su eficiencia (Hempel, 2006). En los discursos ciudadanos de nuestro municipio de estudio es recurrente la mención a los “casos mediáticos” que justifican, de algún modo, la posición a favor de la videovigilancia del espacio público y que fundan las demandas por la colocación de más cámaras de seguridad que mencionamos anteriormente. El sentimiento de mayor protección y seguridad que habilitan los dispositivos está dado por la sensación de control permanente sobre ciertos espacios urbanos. Esto genera una modificación en ciertas dinámicas cotidianas, como elegir los recorridos en función del conocimiento del lugar donde están estos dispositivos o esperar el colectivo en la parada que está monitoreada. En este sentido, la presencia de las cámaras repercute en los modos en que los actores se representan el espacio urbano y la forma en que vivencian su propio barrio. Y, al mismo tiempo, como plantea Zurawski (2007), el apoyo o no al uso de la videovigilancia se vincula a la experiencia espacial, que es construida a partir del cruce entre el sentimiento de inseguridad, el conocimiento del espacio y su cercanía afectiva. PALABRAS FINALES En relación con la gestión pública de la seguridad, la contribución o no de estos dispositivos a la disminución del temor percibido se presenta como un interrogante central. Señala Bruno Latour (1992) que los objetos desempeñan una función central para estabilizar relaciones sociales por definición fluctuantes. Ciertos dispositivos, como las cámaras de seguridad, permiten delegar en un tercero, ya sea un objeto o una persona, parte de la 12 gestión de la inseguridad. Ahora bien, estos elementos pueden tanto contribuir a lograr una mayor sensación de seguridad como incrementar el temor al recordar en forma constante la existencia de peligros (Kessler, 2011). En este trabajo, partimos de la identificación de una serie de actores que intervienen en el debate público respecto de la videovigilancia y en las prácticas relativas a su implementación en el ámbito local de un municipio de la Provincia de Buenos Aires. Así, los cruces discursivos y las vinculaciones entre políticos (concejales y funcionarios), empresarios (proveedores del servicio y cámaras del sector), asociaciones civiles, vecinos del municipio y medios de comunicación empiezan a delinear un entramado que da cuenta de la complejidad del fenómeno. Por un lado, se observó que las intervenciones de los actores y las relaciones puestas en juego entre ellos ponen de manifiesto el valor simbólico de estos dispositivos técnicos en la disminución del sentimiento de inseguridad. El discurso político oficial se sostiene en la necesidad de introducir constantemente nuevas herramientas tecnológicas en la gestión de la seguridad y, especialmente, aumentar el número de cámaras: “Cuantos más ojos vigilando tengamos, más seguros estaremos”. Los ciudadanos, por su parte, instituyen una serie de dinámicas para solicitar la colocación de estos dispositivos en sus barrios. En un municipio donde la vigilancia del espacio público creció de manera exponencial en poco tiempo y donde las cámaras de seguridad se convirtieron, en términos discursivos, en casi un sinónimo de la gestión actual, la videovigilancia fue transformando algunas formas de interacción y circulación por el espacio público. Esta expansión del monitoreo urbano no se debió a una evidencia empírica de su efectividad en la prevención del delito, sino que una nueva “eficacia mediática” aparece como la base argumental de los discursos que defienden su uso. Si, por un lado, el avance de los sistemas de videovigilancia en áreas públicas se justifica en que es una respuesta política diseñada para dar una solución rápida un fenómeno subjetivo (Frois, 2011), en la construcción de las imágenes de las cámaras de seguridad como producto mediático se juega un elemento nodal de la demostración de su “éxito”. Así, la pregunta por los problemas que representa para la privacidad y la intimidad, que nos ocupa en la tarea investigativa, pareciera estar siendo desplazada paulatinamente de los debates públicos, y la “medición” de la efectividad se redefine a partir de nuevos parámetros. En los discursos analizados para este trabajo, se observó que la eficacia de 13 estos sistemas no se vincula a la reducción del delito en términos estadísticos si no a la posibilidad de mostrar (o construir) mediáticamente para qué sirven las cámaras. La inversión de los gobiernos locales se justifica, de este modo, en el rédito político que obtienen a partir de mostrarse activos frente a la cuestión de la inseguridad. BIBLIOGRAFÍA Armitage, R. (2002). To CCTV of Not to CCTV: a review of current research into the effectiveness of CCTV systems in reducing crime. Nacro. Comunity Safety Practice Briefing, 1–8. Arteaga Botello, N. (2012). Surveillance Studies: An Agenda for Latin America. Surveillance & Society, 10(1), 5–17. Ball, K., y Haggerty, K. D. (2005). Editorial: Doing Surveillance Studies. Surveillance & Society, 3(2/3), 129–138. Callon, M. (1998). El proceso de construcción de la sociedad . El estudio de la tecnología como herramienta para el análisis sociológico. In M. Domènech & F. Tirado (Eds.), Sociología simétrica. Ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad. Barcelona: Gedisa. Cardoso, B. D. V. (2012). The Paradox of Caught-in-the-act Surveillance Scenes: Dilemmas of Police Video Surveillance in Rio de Janeiro. 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