El costo de la resolución
de conflictos en
la pequeña empresa
El caso de Perú
Álvaro Herrero
Keith Henderson
Banco Interamericano de Desarrollo
Washington, D. C.
Serie de buenas prácticas del
Departamento de Desarrollo Sostenible
Catalogación (Cataloging-in-Publication) proporcionada por:
Banco Interamericano de Desarrollo
Biblioteca Felipe Herrera
Herrero, Alvaro.
El costo de la resolución de conflictos en la pequeña empresa : el caso de Perú / Alvaro Herrero, Keith
Henderson.
p.cm. (Sustainable Development Department Best practices series ; MSM-121)
1. Justice, Administration of—Peru--Economic aspects. 2. Small business--Peru.
I. Henderson, Keith. II.
Inter-American Development Bank. Sustainable Development Dept. Micro, Small and Medium Enterprise Division.
III. Title. IV. Series.
347 H433—dc21
Álvaro Herrero es consultor especialista en programas de reforma judicial y estado de derecho. Con una vasta
experiencia profesional en América Latina, ha trabajado en la justicia federal de Argentina y en organismos tales
como el Diálogo Interamericano, IFES y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Keith Henderson es profesor en el Washington College of Law de American University y se desempeña como
Especialista Senior en Estado de Derecho de IFES. Previamente, el Sr. Henderson trabajó en USAID como
especialista en políticas anticorrupción y como abogado en la Casa Blanca y firmas privadas. Es autor de diversos
artículos sobre corrupción, independencia judicial, transparencia, ejecución de sentencias e integridad judicial.
Los autores desean expresar su agradecimiento a todas las personas que brindaron su apoyo a lo largo de esta
investigación. Carlos Ruska y su equipo de trabajo de MARC Perú fueron fundamentales para poder realizar la
investigación de campo, organizar entrevistas y recopilar información en Lima. Ana Teresa Revilla brindó sus
amplios conocimientos del sector público peruano. También se agradece a Christina Biebesheimer, Carlos
Scartascini y David Beltrán, quienes leyeron versiones preliminares de este estudio, y a Violaine Autheman y Luis
Ramírez Daza, integrantes del equipo de IFES. Se destaca, asimismo, la invalorable colaboración de Rodrigo
Cubero (Universidad de Oxford) quien fue el responsable del análisis cuantitativo del impacto económico y quien,
además, brindó sus generosos y profundos comentarios. Finalmente, se agradece a Pablo Angelelli y Juan Jose
Llisterri por su confianza y apoyo desde el comienzo del proyecto.
Las opiniones expresadas son de los autores y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco
Interamericano de Desarrollo
Junio de 2003
Esta publicación (Número de referencia MSM-121) puede obtenerse dirigiéndose a:
División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Parada B-0600
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
Correo electrónico:
sds/mic@iadb.org
Fax:
202-623-2307
http://www.iadb.org/sds/mic
Página web:
Prólogo
Con este informe pretendemos iniciar una discusión más profunda de los problemas del entorno
de negocios que afectan el desempeño económico de las micro, pequeñas y medianas empresas
de la región. Lo que buscamos es pasar de la simple enunciación de estos problemas, que es lo
más común en la literatura, a su análisis detallado. En este caso nos hemos concentrado en
estudiar el impacto del débil funcionamiento de los mecanismos de resolución de conflictos
sobre las pequeñas empresas del Perú.
Los resultados del presente informe muestran que la ausencia o el mal funcionamiento de los
mecanismos para resolver conflictos tienen un significativo impacto económico negativo sobre
las pequeñas empresas. Este impacto se manifiesta en la pérdida de oportunidades de negocios y
en mayores costos de transacción y producción.
Somos conscientes que con este trabajo estamos iniciando un debate sobre temas que han sido
escasamente analizados en la literatura. Por ello, creemos que el aporte de este informe no sólo
son sus resultados, sino también la metodología de investigación empleada. El refinamiento del
método para investigar y la ampliación del estudio a otros países de América Latina y el Caribe
deberían ser los siguientes pasos para impulsar el debate y el diseño de políticas.
Creemos que este informe será de interés de los responsables de política y académicos
preocupados por el desempeño competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas de
América Latina y el Caribe.
Álvaro Ramírez
Jefe
División de Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Índice
Resumen
1
Introducción
3
Las micro y pequeñas empresas en Perú
6
Síntesis de la literatura sobre justicia y pequeñas empresas
8
Resultados del trabajo de campo
11
El impacto económico de la ineficiencia judicial
30
Conclusiones
35
Anexos
41
Bibliografía
47
Resumen
Este estudio tiene como principal objetivo
analizar el impacto de la ineficiencia judicial
sobre la pequeña empresa en Perú. Se funda
sobre la hipótesis de que los problemas
crónicos de los sistemas de justicia de la
región tienen consecuencias negativas para
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro análisis se concentra, en primer lugar, en la forma en que las
pymes se relacionan con el sistema de
justicia. En segundo lugar, indaga acerca de
las decisiones tomadas por los pequeños
empresarios a fin de mitigar los efectos del
mal desempeño de los tribunales. Por
último, identifica las diversas maneras en
que la ineficiencia judicial se traslada al
sector productivo y se intenta cuantificar su
impacto económico.
También se analizan otros aspectos legales
que afectan a las pymes, como por ejemplo:
(i) la frecuencia de uso de contratos escritos;
(ii) la utilización de servicios contables y
legales; (iii) los costos oficiales y no oficiales de litigar; (iv) el uso de mecanismos
alternativos de resolución de controversias;
y (v) la relación de las pequeñas empresas
con el estado. En tal sentido, se detectó que
los costos resultantes de un litigio son
proporcionalmente mucho más altos para las
deudas de menor cuantía, lo cual desincentiva a las empresas más pequeñas a recurrir a
la justicia. Asimismo, existen problemas en
materia de acceso de las pymes a los
procesos de compras públicas del estado en
todos sus niveles, lo cual representa un mercado anual de US$ 4.000 millones. También
se comprobó que el fenómeno de la corrupción afecta negativamente a diversos aspectos del desarrollo de las pymes y, muy especialmente, la capacidad de acceder a servicios judiciales imparciales.
La presente investigación se elaboró sobre la
base de una encuesta de opinión realizada a
micro, pequeños y medianos empresarios
peruanos, de un taller con 30 empresarios y
de la información obtenida en diversas
entrevistas a economistas, abogados, jueces,
académicos, responsables de la cartera de
bancos y entidades para el desarrollo de la
pequeña y microempresa (EDPYMES) y
funcionarios públicos.
Los problemas descriptos precedentemente
inciden sobre el comportamiento de los
empresarios, quienes se ven forzados a
tomar medidas a fin de mitigar los riesgos y
costos derivados de la ineficiencia judicial.
Por ejemplo, muchas pymes se abstienen de
contratar con el estado o de buscar apoyo
crediticio, no invierten en sus empresas, no
contratan con grandes empresas y no
expanden sus actividades por medio de
sucursales o ampliando su cobertura geográfica. Asimismo, las empresas evitan subcontratar alguna de las fases de su proceso
productivo y no realizan compras ni ventas
conjuntas.
En cuanto a la relación de las pymes con el
sistema de justicia, los hallazgos indican que
los empresarios tienen muy mala imagen del
Poder Judicial y evitan recurrir a los
tribunales. Lo consideran un sistema corrupto, lento, complejo y costoso que actúa de
manera parcial en perjuicio de los pequeños
empresarios. Dicha visión del sistema de
justicia hace que los empresarios intenten
resolver sus conflictos de manera informal,
evitando a toda costa recurrir a los
tribunales.
A fin de mitigar los riesgos de incumplimiento—especialmente debido a la imposibilidad de llevar el conflicto ante los tribunales—los empresarios asignan un papel
1
Dado que la muestra y las herramientas
utilizadas pueden ser mejoradas, nuestra
intención es sentar un marco teórico general
que sirva de base para futuras investigaciones y al mismo tiempo contribuir al
debate acerca de las distintas formas en que
se puede medir el impacto económico.
muy importante a la reputación y la confianza. Así es que evitan cambiar de proveedor aunque ello les represente mayores
costos de producción, se abstienen de
realizar transacciones con nuevos clientes
salvo que la venta sea al contado y en
efectivo o se otorgue alguna garantía e
indagan acerca de la historia crediticia y
empresarial de los potenciales nuevos
proveedores. Dichas decisiones tienen diversos efectos negativos sobre la actividad
comercial de las pymes, las que, en líneas
generales, trasladan la ineficiencia judicial al
sector productivo reduciendo el universo de
transacciones posibles y generando mayores
costos.
Nuestro estudio realiza dos grandes aportes.
Por un lado, identifica toda la gama de
temas y aspectos pertinentes a la relación de
las pymes con el sistema de justicia. En tal
sentido, presenta evidencia acerca de cuáles
son las necesidades legales de las pequeñas
empresas y brinda importantes detalles
acerca de los obstáculos e incentivos para
acceder a servicios judiciales. Por otro lado,
analiza minuciosamente el impacto económico de la ineficiencia judicial, destacando
las diversas formas en que este afecta al
accionar empresarial. Y finalmente sugiere
como integrar dichos hallazgos en un nuevo
modelo para medir más apropiadamente el
impacto económico a través de futuras
investigaciones.
Sobre la base de trabajos pioneros en Brasil
y Filipinas, aplicamos un modelo para
cuantificar el impacto económico de la ineficiencia judicial. La metodología utilizada
nos permitió generar escenarios alternativos
sobre el impacto que tendrían aumentos
razonables en la tasa de inversión agregada
sobre el crecimiento económico.
2
Introducción
La relación entre el desarrollo económico y
las instituciones legales es un tema que ha
recibido creciente atención en la última
década. Diversas investigaciones sobre este
tema han resaltado la importancia de contar
con un sistema de justicia eficiente, predecible y accesible a fin de impulsar el
crecimiento y la inversión. También se ha
destacado la necesidad de contar con un
marco legal apropiado para garantizar el
crecimiento económico a largo plazo y maximizar el potencial de los mercados
financieros, el crecimiento empresarial y la
inversión privada. La ausencia de tales
condiciones genera escenarios “no óptimos”
que conducen a resultados ineficientes.
Frente a dicho contexto, los empresarios
deben modificar su conducta a fin de
adaptarse al entorno y mitigar los riesgos
derivados de la ineficiencia del poder
judicial.
frente a la ausencia de un sistema judicial
eficiente. Por último, se analizará el impacto
económico generado por los problemas del
sector justicia.
En este marco, la problemática legal de la
micro, pequeña y mediana empresa ha
recibido escasa atención. Poco sabemos
acerca de sus necesidades jurídicas, las
características de su demanda de servicios
judiciales o la frecuencia con que recurre al
sistema de justicia. Existen numerosas áreas
en las cuales es necesario profundizar el
análisis y la investigación empírica. En tal
sentido, el presente estudio analiza la
relación entre el sistema de justicia y las
pequeñas empresas en Perú. En primer
lugar, se estudiará a las pymes como usuarios del sistema de justicia, intentando capturar las características principales de su
relación con los tribunales (frecuencia de
uso, percepción del empresariado respecto
de la justicia, costos, incidencia de la
corrupción, etc.). En segundo lugar, se intentará dilucidar las conductas adoptadas por
los pequeños empresarios como respuesta
•
Dada la extensión de este campo, la presente
investigación tiene como meta final dar los
primeros pasos en esta materia y así identificar los temas salientes y recoger información que sirva para sentar una base de conocimiento sobre la cual desarrollar nuevas
propuestas de investigación y políticas. Algunos de los interrogantes que se intentarán
dilucidar son:
•
•
•
•
•
•
•
3
¿Con qué frecuencia acuden las pymes al
sistema de justicia en Perú?
¿Cómo resuelven las pymes sus conflictos?
¿Cuáles son las barreras más importantes
de orden socioeconómico e institucional
que deben enfrentar las pymes por el uso
del sistema legal y judicial peruanos?
¿Cuáles son los incentivos que estimulan
o desalientan el uso del sistema judicial,
de contratos o de instituciones del sistema legal en general?
¿Cuál es el impacto de la ineficiencia
judicial sobre la conducta de los empresarios?
¿Cuáles son los principales obstáculos
de naturaleza legal para el desarrollo de
las pymes?
¿Qué clase de actividades emprenderían
las pymes si el Poder Judicial suscitara
confianza en el modo de resolver sus
controversias y proteger sus derechos
contractuales de una manera justa,
efectiva y eficiente?
¿Cuál es el impacto económico de la
ineficiencia judicial?
Cabe señalar que este estudio parte de la
premisa de que el sistema de justicia “ideal”
posee las siguientes cualidades: (i) predictibilidad, es decir, ante las mismas circunstancias las decisiones judiciales son similares; (ii) accesibilidad, es decir, los
ciudadanos no enfrentan mayores obstáculos
para utilizar los servicios judiciales, la
complejidad de los procesos es razonable,
hay disponibilidad de asesoramiento legal y
la presencia geográfica de la institución
judicial está bien distribuida1; (iii) eficiencia, esto implica no sólo el uso racional
del tiempo y los recursos sino también una
correcta asignación de los costos de litigar; y
(iv) efectividad, es decir, tener la capacidad
y recursos para poder hacer cumplir sus
decisiones.
por ejemplo, dilatar los pagos o incumplir
sus obligaciones. En tercer lugar, la predictibilidad del sistema reduce el margen para
la corrupción judicial debido a que ya no es
tan sencillo influir sobre las decisiones
judiciales—ya que desviarse del precedente
puede colocar al juez bajo un manto de
sospecha. Lo mismo se aplica a las conductas legales temerarias, es decir a los
intentos de utilizar la vía judicial para
intentar obtener una decisión X en un caso
donde todos los precedentes indican de
antemano que la decisión de los jueces será
Y. Finalmente, un sistema de justicia eficiente hace más atractivo el uso de los
servicios judiciales ya que la relación costobeneficio resulta más apropiada que en un
contexto de ineficiencia.
Un sistema de justicia que reúne las
características descriptas precedentemente
tendrá diversos efectos sobre la conducta de
los ciudadanos. En primer lugar, la existencia de una institución que resuelva los
conflictos y haga cumplir los contratos de
manera efectiva impondría mayores costos a
quienes no cumplen con sus obligaciones
contractuales. En otras palabras, el costo de
no cumplir tiende a ser mayor que el de
cumplir. Como se verá más adelante, en el
contexto actual la falta de capacidad del
poder judicial para sancionar el incumplimiento contractual genera conductas
perjudiciales para al actividad económica.
Estas cualidades tienen además un efecto
indirecto sobre el mismo poder judicial: la
potencial descongestión. Si las decisiones
judiciales fueran eficientes y predecibles se
generarían mayores incentivos para resolver
las disputas mediante la negociación entre
las partes en el ámbito privado o bien
utilizando mecanismos alternativos de resolución de controversias. Esto ocurrirá
siempre y cuando el marco legal sea apropiado. Por ejemplo, en algunos países las
leyes impositivas imponen a las entidades
financieras la obligación de obtener una
resolución judicial que reconozca una deuda
como prerrequisito para deducirla como una
pérdida. De esta forma los bancos acuden
masivamente a ejecutar deudas que de
antemano saben son incobrables, sobrecargando al sistema judicial.
En segundo lugar, los ciudadanos tienen
menos margen para especular con la
ineficiencia judicial. Al saber que la justicia
puede resolver una controversia en un plazo
razonable, que puede hacer efectiva la
ejecución de sus decisiones, y que impone
los costos de litigar de manera apropiada, los
ciudadanos tienen menos incentivos para,
Este estudio intentará analizar qué ocurre
con estos incentivos cuando el poder judicial
no es efectivo, eficiente, predecible y
accesible. La hipótesis subyacente es que los
empresarios modifican sus decisiones empresariales a fin de mitigar los riesgos de
incumplimiento, reducir la cantidad de
conflictos y evitar recurrir a la justicia. Todo
1
Para el caso específico de Perú, cabe agregar la
inclusión de los elementos pluriculturales de la
sociedad en el tramado judicial.
4
esto, por supuesto, tiene un impacto económico que intentaremos identificar.
referencia para nuestro análisis. El capítulo
cuarto muestra los principales resultados del
trabajo de campo. En el quinto capítulo se
conceptualiza y dimensiona el impacto económico de la ineficiencia judicial. Las
conclusiones y recomendaciones aparecen
en el capítulo sexto.
Este trabajo está organizado en seis capítulos. El capítulo siguiente presenta una
descripción del sector pymes en Perú. El
capítulo tercero sintetiza las investigaciones
y la literatura académica que sirvieron de
5
Las micro y pequeñas empresas en Perú
Las micro, pequeñas y medianas empresas
(pymes) constituyen organizaciones económicas de producción de bienes y/o servicios,
de muy limitada escala si las consideramos
individualmente, pero de gran repercusión
económica vistas en su conjunto. Como
unidades de gestión empresarial, las pymes
representan un componente esencial para la
caracterización de la economía peruana.
Cuadro 1. Empleo por categorías en
Perú, 1994
Número
de
firmas
%
236.453
100,00
1 a 10 Empleados 226.497
95,79
383.609
37,12
TOTAL
%
1.033.434 100,00
11 a 49
7.782
3,29
160.117
15,49
50 a 199
1.689
0,71
156.023
15,10
485
0,21
333.683
32,29
Más de 200
La Ley 27628 de la Pequeña y Micro
Empresa (2000), define la pequeña y microempresa como “unidades económicas que
operan bajo cualquier forma de gestión
empresarial y que se dediquen a la producción, extracción, transformación, producción
y comercialización de bienes y servicios”.
En cuanto a sus dimensiones, el número de
empleados de la microempresa no debe ser
mayor de 10 y sus ventas no mayores de
cien unidades impositivas tributarias. Las
pequeñas empresas no deben contar con más
de 40 empleados y sus ventas deben ser por
debajo de 200 unidades impositivas tributarias.
Número de
empleados
Fuente: INEI
A pesar de la magnitud de estas cifras, el
sector de las pymes enfrenta una serie de
obstáculos que afectan sustantivamente su
desarrollo, tales como las dificultades para
competir, las trabas de acceso a otros mercados, la discriminación en el otorgamiento
de créditos, así como también la falta de
información y capacitación técnica.
Las pequeñas y medianas empresas se
encuentran, preferentemente, en el mercado
de atención del sistema financiero no bancario. Este sistema tiene entre sus principales
agentes a las cajas municipales, cajas rurales, entidades para el desarrollo de la pequeña y microempresa (EDPYMES) y cooperativas. Fuera del sistema existe una gran variedad de organizaciones no gubernametales
(ONG) dedicadas al microcrédito y que
cumplen un papel importante para el financiamiento de las actividades de las microempresas.
De acuerdo a los principales indicadores
macroeconómicos, el 75,9% de los trabajadores económicamente activos en Perú
desempeñan labores en el sector de la micro,
pequeña y mediana empresa. La participación de este sector en el producto interno
bruto (PIB) es de alrededor de 43%. Su
presencia en la economía nacional es más
significativa en el sector servicios, con un
66% frente a un 14% del sector productivo.
En el sector industrial, las pymes operan en
sectores tan distintos como el de productos
alimenticios, confecciones y prendas de
vestir, industria maderera, fabricación de
vidrio, industrias básicas de metales no
ferrosos, construcción de maquinaria, aparatos, y accesorios y suministros eléctricos.
No debe dejarse de mencionar que quizás la
principal barrera en el acceso de las pymes
al crédito del sistema financiero, es que en
Perú un gran número de ellas son informales, por lo que no tienen como justificar
su capacidad de pago, no tributan, no llevan
registros contables, no tienen cómo respaldar su capacidad productiva, no pueden
6
promoción para las pymes como fue la
creación de la Comisión de Promoción de la
Pequeña y Micro Empresa (PROMPYME),
una entidad representativa de los intereses
de estas empresas. También se ha diseñado
un marco legal ad hoc, la Ley de Promoción
de la Pequeña y Mediana Empresa del año
2000, y se han adoptado ciertas medidas de
carácter preferencial en el campo de la
contratación pública.
contratar, y no tienen una garantía real que
sea aceptada contra el riesgo del crédito. Las
dimensiones de la economía informal varían
según las diversas estima-ciones entre el
34% y el 49,2% de la población económicamente activa (De Soto et al., 1986; Carbonetto et al., 1988).
En los últimos años se han dado algunos
pasos dirigidos a impulsar mecanismos de
7
Síntesis de la literatura sobre justicia y pequeñas empresas
El presente trabajo se funda sobre la
hipótesis de que existen serios problemas en
la relación de las pymes con el sistema de
justicia. Frente al mal desempeño de los
sistemas judiciales de América Latina, las
pequeñas empresas de la región no cuentan
con mecanismos eficientes, ágiles y accesibles para la resolución de sus controversias
comerciales. La falta de acceso a la justicia,
sumada a la escasez de servicios legales,
genera un déficit que, como se demostrará a
lo largo de esta investigación, tiene un
impacto importante en la conducta de los
pequeños empresarios.
sirvieron como referencia directa. Por
ejemplo, se tomó en cuenta el trabajo
pionero de Hernando de Soto y el Instituto
Libertad y Democracia (ILD) en materia de
reformas conducentes al desarrollo empresarial y al crecimiento económico (De Soto
et al, 1986). Dichas reformas incluyen la
implementación de diversos mecanismos
para la protección de los derechos de propiedad, la reducción de costos y trámites
para el registro de nuevas empresas y los
procesos de formalización de la tenencia de
propiedades—esto último a fin de que los
propietarios tuvieran acceso al crédito y así
pudieran iniciarse como empresarios. También se tomaron en cuenta numerosos
trabajos acerca de los problemas del sistema
judicial peruano que fueron de gran utilidad
para comprender el contexto jurídicoinstitucional en el cual transcurre la relación
de las pymes con el sistema de justicia3.
La relación entre las pymes y el sistema de
justicia presenta diversas aristas según se la
enfoque desde el derecho, la economía o
desde la óptica del desarrollo empresarial.
Sin embargo, el fenómeno de la relación
entre las pymes y el sistema de justicia no
siempre ha recibido la atención necesaria
como objeto de investigación científica. La
escasez de producción académica y de
investigaciones empíricas constituyó un
desafío para la elaboración del presente
estudio. A continuación describiremos brevemente las obras que sirvieron de referencia para nuestro estudio.
La relación de las pymes con el aparato
judicial, el eje central de este trabajo, es un
área de vital importancia pero que, sin
embargo, ha recibido escasa atención. Prácticamente no hay trabajos empíricos acerca
de la forma en que las pequeñas empresas
interactúan con el sistema de justicia, la frecuencia con que lo utilizan o la taxonomía
de los casos que llevan al sistema (cuantías,
materia, etc.). Asimismo, son muy escasos
los estudios acerca los costos oficiales—y
no oficiales—de litigar, la duración de los
procesos judiciales y el fenómeno de la
corrupción judicial como obstáculo al
Existe una variada literatura, que si bien no
fue tomada como fuente inmediata para este
trabajo, proporciona el marco teórico general bajo el cual transcurren muchas de las
microrrelaciones que analizaremos a lo largo
de este estudio2. En cambio, otros trabajos
2
Aquí nos referimos a los estudios de los siguientes
autores: Davis y Trebilcock, (1999); Gan, Fang y Xin
Chunying, (1998); Kwan Shik Shin y Seung Wha
Chang, (1998); Anant y Mitra, (1998); Stephenson y
Bueno de Mesquita, (1999); Barro, (1999); Clague,
Keefer, Nack y Olson, (1997); Djankov, LaPorta,
Lopez de Silanes y Shleifer, (2001); Buscaglia, y
Ratliff, (2000); Holden, (2000/2001); Half, (2002);
Fleysig, y de la Peña, (2001).
3
Hammergren, (1998). Para mayor detalle acerca de
la problemática legal y judicial en Perú ver: Haro
Bustamante, (2001); Landa, (2001); García Sayán,
(1991); Ortiz de Cevallos y Pollarolo (2000);
Eyzaguirre, Polarollo y Andrade (2000).
8
para el campo que nos ocupa. Por ejemplo,
contiene estimaciones de los plazos promedio para la tramitación de los juicios ejecutivos (una de las formas más frecuentes para
cobrar deudas por la vía judicial) y detalles
acerca de las distintas etapas de la “vida” de
dichos procesos (tiempo promedio entre la
presentación de la demanda y la contestación, demoras en las notificaciones, etc.).
Toda esta información permite tener una
idea más clara de las características de los
procesos que deben enfrentar las pymes
cuando acuden al sistema de justicia. IFES5,
por su parte, realizó un estudio pionero en el
campo de la ejecución de decisiones judiciales en Argentina y México que aporta
información muy valiosa acerca de los obstáculos legales y estructurales para el cumplimiento efectivo de las resoluciones de los
tribunales.
acceso a los tribunales. En los casos en que
los empresarios no acuden al sistema
judicial, tampoco hay información respecto
a qué mecanismos utilizan para resolver sus
controversias.
Uno de los pocos antecedentes corresponde
a Perú donde el Instituto Apoyo llevó a cabo
un estudio acerca del sector justicia y los
pequeños empresarios (Eyzaguirre y Calderón, 2002). Dicha investigación, basada
principalmente en encuestas a micro y
pequeños empresarios de Lima y el conurbano, tuvo como objetivo analizar la forma
en que los pequeños empresarios se relacionan con el poder judicial y a los diversos
modos en que resuelven sus conflictos. Este
trabajo, que sienta un antecedente muy valioso en la materia, sirvió de referencia para
la elaboración del presente estudio. Una
investigación anterior del Instituto Apoyo
analizó la forma en que la ineficiencia
judicial afecta las decisiones empresariales.
Si bien la muestra utilizada estuvo compuesta sólo por grandes empresas, los
hallazgos y conclusiones de dicho trabajo
aportan elementos de gran utilidad que
podrían extrapolarse a la problemática de las
pequeñas empresas.
Asimismo, cabe destacar que recientemente
se han llevado a cabo una serie de estudios
empíricos muy valiosos acerca del funcionamiento del Poder Judicial. El Banco
Mundial realizó una investigación acerca de
los usuarios del sistema de justicia en
Argentina, Perú, Ecuador, Brasil y México4.
Si bien dicho trabajo no fue concebido para
tratar las necesidades de las pymes, parte de
la información recogida en él es de utilidad
Por último, una de las aristas más
importantes de la relación pymes-justicia se
refiere al impacto económico de las decisiones judiciales. Esta es un área clave en la
cual no se ha avanzado mucho. Nuestro
trabajo tomó como referencia directa dos
antecedentes muy importantes. El primero
de ellos es el trabajo titulado “Costos ocultos de la ineficiencia judicial: conceptos
generales y estimativos para el Brasil”, el
cual analiza los resultados de una encuesta
efectuada a empresarios brasileños a fin de
determinar en que medida el mal desempeño
de la justicia afecta sus negocios y a la
economía de ese país (Pinheiro, 1998). Allí
se destaca la mala imagen del poder judicial
entre los empresarios, la reticencia a utilizar
sus servicios y el consenso respecto al alto
impacto negativo de la justicia sobre los
4
5
IFES. 2003. Barriers to the Enforcement of Court
Judgments and the Rule of Law. Preparado por IFES
para USAID. USAID, Bureau for Democracy,
Conflict and Humanitarian Assistance; Office of
Democracy. Mimeo.
Los autores agradecen a Linn Hammergren por
facilitarnos el acceso a algunos de los borradores y
brindarnos comentarios acerca de los hallazgos
preliminares. FORES/Banco Mundial, Usuarios del
Sistema de Justicia en Argentina (2000). Sin
publicar, mimeo en poder de los autores.
9
negocios, las decisiones empresariales y la
economía brasileña en general. Utilizando
un modelo que relaciona los niveles de
inversión con el crecimiento económico, el
autor predice un crecimiento agregado del
10% en la inversión en caso que el sistema
de justicia fuera eficiente. Ello haría que la
tasa de crecimiento potencial del PIB aumentara en cerca del 35%6.
cual está pendiente aún la realización de
estudios enfocados desde la perspectiva de
las pequeñas empresas. Asimismo, la metodología utilizada para estimar el impacto
económico se basa en la relación entre la inversión y el crecimiento económico. Dicha
metodología, sin embargo, no logra capturar
muchos costos que no están relacionados
con la inversión.
El segundo trabajo, que se titula “Justice and
the Cost of Doing Business: The Pilipines”7, analiza la percepción de la justicia
entre los empresarios filipinos y el impacto
económico de la ineficiencia judicial. Los
resultados de este estudio indican que la
ineficiencia judicial tiene efectos negativos
sobre el ritmo de las transacciones y que los
empresarios ven al sistema de justicia como
un obstáculo para sus negocios. Aplicando
el mismo modelo que Pinheiro, los autores
concluyen que el mal desempeño del sistema
judicial filipino tiene un impacto económico
equivalente del 6% al 11% de la inversión
total en la economía y al menos de un 0,25%
a 0,46% del PIB anual.
En síntesis, si bien existen estudios relevantes para el objeto de la presente investigación, persisten aún grandes lagunas de conocimiento e información acerca de la relación
entre las pymes y el sistema de justicia y
respecto a la forma en que las pequeñas empresas resuelven sus conflictos. Asimismo,
resulta imperioso refinar el marco teórico y
los instrumentos a utilizar a fin de medir el
impacto de la ineficiencia judicial desde la
perspectiva de las pequeñas empresas.
En las secciones siguientes presentamos el
análisis de la información obtenida por
medio de las encuestas y en los talleres con
micro, pequeños y medianos empresarios.
Queremos destacar que las características de
la muestra utilizada no fueron las ideales en
cuanto a la cantidad de empresarios encuestados y por ello no refleja con absoluta
rigurosidad las dimensiones reales del sector
empresario peruano. Pero consideramos que
las tendencias que refleja nuestro estudio
son, a grandes líneas, acertadas y coinciden
con los resultados de otros estudios similares. Esperamos que futuras investigaciones
logren validar nuestros hallazgos.
Los estudios de Brasil y Filipinas representan un gran avance en el campo del análisis
del impacto económico de la ineficiencia
judicial y servirán de referencia obligada
para el desarrollo de nuevos instrumentos y
metodologías de medición. Su principal
contribución ha sido demostrar empíricamente el costo económico de la falta de
servicios judiciales eficientes. Sin embargo,
ellos se concentran específica-mente en el
segmento de las grandes empresas, por lo
6
La Fundación Tinker encomendó una investigación
similar a la de Pinheiro al Instituto Apoyo en Perú. El
trabajo se llevó a cabo pero, si bien analizó la forma
en que los problemas del sector justicia influencian
las decisiones empresariales, no llegó a cuantificar el
impacto económico de la ineficiencia judicial
(Eyzaguirre, Salhuanar, y Andrade (1998).
7
Sereno, de Dios y Capuno. (2001) (sin publicar,
copia en poder de los autores).
10
Resultados del trabajo de campo
presarios por un lado y pequeños y medianos por el otro, se pueden apreciar diferencias notorias. Los microempresarios le
asignan mucho mayor peso a la situación
socioeconómica como obstáculo al cumplimiento de las leyes. Esto puede significar,
entre otras cosas, que ellos también se sienten vulnerables frente a las crisis socioeconómicas y que tienen problemas para
cumplir con los mandatos que le impone la
ley y las obligaciones contractuales. Los
pequeños y medianos empresarios, por su
parte, ven a la inestabilidad política como el
principal motivo para el incumplimiento de
las leyes. Evidentemente hay un descontento
generalizado respecto al funcionamiento del
sistema político. Asimismo, este grupo le
asigna una alta importancia a la cultura de
incumplimiento de las leyes, lo cual hace
referencia a aspectos sociolegales y culturales que también están relacionados con las
crisis políticas recurrentes.
Las pymes y el poder judicial
En esta sección se presentarán los principales hallazgos de la encuesta acerca de la
relación entre las pymes y el sistema de
justicia. Nuestro análisis también utilizará la
información recogida en las discusiones
llevadas a cabo en el taller con empresarios
y en el transcurso de las entrevistas realizadas en Lima.
Imagen del poder judicial
El primer aspecto analizado fue la imagen
del poder judicial entre los empresarios
peruanos. Diversas mediciones de opinión
pública anticipaban que el nivel de credibilidad de los peruanos en sus instituciones
públicas es extremadamente bajo, siendo la
institución judicial una de las peor situadas.
Las encuestas de opinión muestran también
un rechazo sistemático por las instituciones
políticas, lo cual indica que la situación e
imagen del poder judicial no es un
fenómeno aislado en Perú. Al ser cónsultados si las leyes son efectivamente cumplidas, sólo el 3% de los empresarios estuvo
de acuerdo. El 62% señaló que las leyes no
se cumplen y el 32% manifestó que sólo se
cumplen “a veces”. Este grupo de respuestas
reafirma la presunción de que los problemas
del sector justicia no son un fenómeno
aislado sino que forman parte de una crisis
del sistema político y de gobernabilidad
mucho más amplia.
Con relación al funcionamiento del poder
judicial, sólo el 5% de los encuestados
consideraron que funciona bien o muy bien.
El 52% estimó que el funcionamiento de la
justicia es malo o muy malo y el 35% lo
consideró regular. Al restringir la muestra a
las microempresas, se advierte que la imagen negativa es aún más alta (58%).
Acceso al poder judicial: frecuencia de uso
y obstáculos
La percepción negativa respecto del
funcionamiento del poder judicial se condice
con el escaso nivel de uso del mismo por
parte de los empresarios. Del total de la
muestra, sólo el 15% manifestó haber recurrido alguna vez a los tribunales para
resolver sus conflictos. Sin embargo, si nos
limitamos a las respuestas del grupo de
Al ser consultados acerca de las razones de
la falta de cumplimiento efectivo de las
leyes, los empresarios coincidieron en señalar a la corrupción judicial como el principal
problema, seguida por estrecho margen de la
corrupción política. Sin embargo, si se
discriminan las respuestas de microem-
11
los tribunales civiles y comerciales de Lima
se puede “elegir” el juzgado donde recaerá
el expediente8. Asimismo los pagos indebidos para agilizar el trámite del expediente
son habituales, pudiendo en algunos casos
pagar dádivas para influir sobre la decisión
final del juez.
microempresarios, dicho porcentaje cae al
9%. La diferencia porcentual entre microempresas por un lado y pequeñas y medianas por el otro nos lleva a inferir que
mientras más grande y mejor establecida es
una empresa mayor es el acceso y/o quizás
mayor la necesidad de usar los mecanismos
formales de administración de justicia. Asimismo, aquellos pocos que señalaron haber
utilizado al sistema de justicia aclararon que
lo utilizaron en muy contadas oportunidades
(casi nunca o en menos del 50% de los
conflictos).
En segundo lugar en orden de importancia,
los empresarios señalaron a la lentitud como
un obstáculo para recurrir a los tribunales. El
excesivo tiempo de demora para resolver
incluso los casos más simples (por ejemplo,
cobro de una deuda por un cheque vencido),
desalienta el uso del sistema de justicia. En
el transcurso del taller, los empresarios
señalaron que el plazo máximo “ideal” para
resolver un conflicto se sitúa alrededor de
los seis meses. Transcurrido dicho lapso, se
da por perdida la deuda o el reclamo en
cuestión. Es decir que los empresarios
esperan poder resolver sus controversias, sea
utilizando la justicia o bien otros mecanismos no oficiales, en un lapso no mayor a
seis meses.
Si bien los empresarios son reticentes a
recurrir a la justicia para resolver sus
conflictos, esto no quiere decir que no tengan conflictos sino que tienden a minimizar
el riesgo de tener controversias y, surgido un
conflicto, utilizan otros mecanismos para
resolverlos. Este tema fue tratado en el taller
con los empresarios quienes manifestaron
mayoritariamente que evitan a toda costa
tener que recurrir a los tribunales.
Al indagar acerca de los motivos que llevan
a abstenerse de recurrir al sistema de
justicia, los empresarios señalaron como
primer obstáculo a la corrupción judicial. La
sensación de que los magistrados e integrantes de los tribunales pueden ser manipulados por medio de dádivas y sobornos es
el principal desincentivo para recurrir al
poder judicial. El fenómeno de la corrupción
tiene dimensiones preocupantes y si bien es
un problema abiertamente reconocido por
los diversos actores del sistema de justicia,
ello no se refleja en acciones concretas
tendientes a mejorar la situación. En las
diversas entrevistas realizadas, hubo consenso entre abogados, jueces, académicos y
funcionarios respecto a la gravedad del
problema. Integrantes del poder judicial y
abogados, por ejemplo, indicaron que es vox
populi que mediante el pago de una suma de
dinero al momento de presentar el caso ante
En tercer lugar aparecen la complejidad y
larga duración de los procesos judiciales.
Existe la percepción de que los procedimientos ante la justicia son de por sí
extensos y de trámite complejo. Los empresarios por lo general suelen tener conflictos
pecuniarios por montos relativamente bajos,
lo cual no justifica ni hace redituable
afrontar procesos de larga duración. Asimismo, la disponibilidad de soluciones complejas a problemas relativamente simples
ahuyenta a los potenciales usuarios del
8
El fenómeno del pago de una suma de dinero para
elegir el juzgado donde recaerá la causa es un hecho
conocido por todos los operadores del sistema de
justicia, incluso los mismos jueces están al tanto de
dicha situación (esto no implica que ellos reciban
parte del dinero, sólo que saben de la exigencia de
pagos indebidos). Más aun, diversos entrevistados
coincidieron al señalar que la tarifa para elegir
juzgado es fija (US$500).
12
las primeras le asignan mayor peso a los
costos de litigar. Esto da lugar a dos interpretaciones no excluyentes entre sí. Por un
lado, puede ocurrir que el costo de dirimir
un conflicto ante la justicia sea proporcionalmente mayor para reclamos de bajo
monto que para aquellos de alto valor11. Por
otro lado, puede tratarse de que las microempresas tengan menos capacidad de
afrontar los costos de litigar, tanto de tasas
judiciales como de honorarios profesionales.
sistema de justicia. Más aún si se tiene en
cuenta que existe una reticencia marcada a
recurrir a los servicios legales de abogados
(más adelante se tratará este tema en mayor
detalle).
En cuarto lugar aparece el problema del
costo de litigar. Esto es algo que se ha
reiterado no sólo en la encuesta sino en el
taller con empresarios y en las entrevistas
con diversos profesionales y agentes del
sistema de justicia. En cuanto a la definición
de costo, aquí se incluyen tanto los pagos
formales requeridos por el poder judicial y
los honorarios profesionales como los pagos
“extraoficiales” y el costo-oportunidad. Si
bien en la encuesta sólo se incluyeron
preguntas sobre los costos oficiales, los no
oficiales fueron tratados en el taller.
La comparación también indica que las
pequeñas y medianas empresas le asignan
mayor importancia a la lentitud de la justicia
para dirimir sus conflictos. Tanto en las
encuestas como en el taller con empresarios,
quedó claro que los plazos promedio del
sistema de justicia no se adecuan a las
necesidades o expectativas del sector empresarial. La lentitud del sistema impone severos costos sobre los empresarios, tanto en
materia de costos directos (honorarios profesionales, tasas de justicia, etc.) como el
costo derivado de no poder contar con los
recursos o prestaciones pactadas en tiempo y
forma. Un empresario, resumiendo el pensamiento de sus pares, expresó: “...prefiero
dar por perdida la deuda que ir a la justicia”.
Por último, los empresarios señalaron a la
baja probabilidad de cumplimiento efectivo
de la decisión del juez como un desincentivo
importante para utilizar los servicios judiciales. Esta percepción de los empresarios, aun
cuando no recurran a los tribunales con
frecuencia, es acertada. Un estudio del
Banco Mundial y la Pontificia Universidad
Católica de Lima (en imprenta) señala que
alrededor del 80% de las condenas dictadas
por los juzgados civiles no se ejecutan9. Es
decir, los fallos emitidos por la autoridad
judicial en casos civiles casi nunca se
cumplen. Los problemas en la ejecución de
las decisiones judiciales es un cuello de
botella que merece un análisis más profundo, ya que pese su importancia ha sido
largamente ignorado10.
Si se discriminan las respuestas entre
microempresas por un lado y pequeñas y
medianas empresas por otro, se observa que
Dependiendo de la cuantía de la demanda y
de la ubicación geográfica del empresario,
existen dos jurisdicciones distintas: los juzgados de paz letrados y los juzgados civiles.
Los empresarios no tienen una preferencia
definida por alguno de ellos (aquí debe
tenerse en cuenta la falta de contacto directo
de los empresarios con el sistema de
justicia). Un estudio del Banco Mundial y la
Universidad Católica (Gonzáles Mantilla et
al., 2002), sin embargo, señala que los
9
11
Efectivamente, los costos son proporcionalmente
mayores para las deudas de bajo monto. Ver análisis
puntual sobre este tema en la sección sobre el costo
de litigar.
Diario La República, 13 de enero de 2003.
En la actualidad IFES está preparando un estudio
sobre los problemas del sistema de ejecución judicial
en Perú, México y Argentina.
10
13
los pasos para resolver el conflicto no es
uniforme. El intento por llegar a un acuerdo
con la otra parte (el primer paso de la
secuencia) es de una duración mayor que los
restantes. Los empresarios manifestaron que
a fin de obtener una solución satisfactoria
deben recurrir a la contraparte en numerosas
ocasiones. Esto implica numerosos llamados
telefónicos, visitas al local comercial o sede
de la empresa de la otra parte, etc. Una vez
agotados los esfuerzos, lo cuál puede llevar
varios meses, recién allí se opta por el paso
siguiente. Pero la premisa siempre es “buscar al deudor y negociar, tratando de perder
lo menos posible”.
juzgados de paz letrados son mucho más
eficientes que los juzgados civiles en la
tramitación de cobros de deudas. Si bien
podría sostenerse que la falta de contacto de
los empresarios con el sistema de justicia es
la razón por la cual ellos desconocen que los
juzgados de paz son más eficientes, creemos
que ello no es así. Los hallazgos del estudio
empírico de Gonzáles Mantilla et al. han
sorprendido incluso a quienes tienen un
contacto frecuente con los tribunales, como
por ejemplo abogados y académicos.
¿Cómo resuelven las pymes sus conflictos?
La evidencia desplegada hasta el momento
indica que las pymes prácticamente no
utilizan el sistema de justicia. Por un lado,
sólo el 15% de las empresas señalaron haber
recurrido al poder judicial. Por otro lado, el
porcentaje de uso del sistema de justicia es
muy bajo si tomamos en cuenta que el
promedio de años en el mercado de las
empresas encuestadas es de 10 años12.
En segundo paso es recurrir a mecanismos
alternativos de resolución de controversias
como la conciliación o el arbitraje—prácticas muy extendidas en Perú. Por ejemplo,
el 50% de los participantes del taller señalaron estar familiarizados o haber oído
hablar de la conciliación. Cabe señalar que
al responder a las preguntas de la encuesta,
muchos empresarios describieron fielmente
los pasos que suelen seguir, mientras que
otros expresaron los pasos que seguirían
pese a no conocer detalladamente en que
consiste el arbitraje o la conciliación. En
otras palabras, intentan recurrir a todos los
mecanismos posibles dentro del margen de
la legalidad para no tener que usar al sistema
de justicia13.
Las pymes tienen conflictos como todos los
actores del sistema económico pero evitan
recurrir al poder judicial para resolverlos.
Uno de los objetivos de la encuesta era
identificar que conductas adoptan las
empresas ante el surgimiento de un conflicto. Tal como indica el gráfico 1, el primer paso es recurrir a la parte involucrada
en el conflicto para llegar a un acuerdo. En
caso que estas gestiones no den resultado, el
paso siguiente es intentar usar el arbitraje o
la conciliación para solucionar la controversia. En caso de que esto falle, el paso
siguiente es buscar a un abogado y, por
último, se recurre al poder judicial.
El tercer paso en la secuencia es buscar un
abogado. Los empresarios demostraron cierta reticencia a contratar servicios legales
profesionales para asesorarse en sus negocios. Los gráficos 2 y 3 ilustran las diferencias según el tamaño de las empresas. Lo
más destacado es que las pequeñas y
medianas empresas presentan un mayor uso
Si bien esta secuencia parece sencilla, cabe
realizar algunas aclaraciones. En primer
lugar, el nivel de esfuerzos en cada uno de
13
En el transcurso del taller con micro, pequeños y
medianos empresarios, 17 sobre un total de 30
manifestaron conocer o haber tenido contacto con la
conciliación o el arbitraje.
12
El promedio para las microempresas es de 11 años,
mientras el de las pequeñas y medianas es de 9 años.
14
ciones y mayores requerimientos legales y
contables. También se puede relacionar con
un posible mayor grado de formalidad
respecto a las microempresas.
constante de abogados y contadores (39%),
mientras que las microempresas sólo llegan
al 23%. Esto se explica ya que las empresas
más grandes tienen mayor nivel de transac-
Gráfico 1: Preferencias de los empresarios para resolver un conflicto
5
Orden de preferencia
4
3
2
1
0
Buscar a la otra parte Intentar usar arbitraje o
para llegar a un acuerdo
conciliación
Buscar a un abogado
Usar la vía judicial
Gráfico 2: Uso de abogados - Microempresa
Siempre
23%
Nunca / Casi nunca
43%
Con mucha frecuencia
11%
Con frecuencia
23%
15
Ninguno
Gráfico 3: Uso de abogados - Pequeña y Mediana Empresa
Siempre
39%
Nunca / Casi nunca
43%
Con mucha
frecuencia
4%
Con frecuencia
14%
El uso de abogados y contadores fue tratado
en el taller con empresarios a fin de ampliar
y corroborar los resultados obtenidos a
través de la encuesta. Los empresarios señalaron que utilizan con mucha más frecuencia
los servicios del contador y que en muchos
casos el contador los asesora en temas
legales propios de los abogados14. Al ser
consultados respecto a por que no recurren a
un abogado más asiduamente, destacaron
que sus honorarios son más costosos que los
de los contadores. Algunos de los participantes señalaron no confiar en los abogados,
tanto por su conexión con el sistema de
justicia como por utilizar un lenguaje complicado.
implica. Dichos costos incluyen no sólo las
tarifas oficiales por litigar y honorarios
profesionales sino también los costos “no
oficiales” (corrupción) y el tiempo invertido.
A continuación se analizarán las categorías
de costos a efectos de determinar los costos
reales de litigar en sede judicial.
A fin de identificar los costos oficiales de
utilizar el sistema de justicia, se analizaron
dos variantes de una situación que se da con
frecuencia: el cobro de una deuda por falta
de pago. En la primera variante, se cuantifican los costos de cobrar la deuda por la vía
judicial mediante la incautación de una
cuenta bancaria del deudor. (Cuadro 2) En la
segunda variante, que se muestra en el
cuadro 3, se analizan los costos de cobrar
una deuda por la vía judicial mediante la
incautación y ejecución de un vehículo. En
ambos casos se presume la no oposición del
demandado. Asimismo, para cada uno de los
ejemplos citados se plantearon dos variantes
en cuanto al monto de la deuda a efectos de
determinar si la relación entre el monto de la
deuda y el costo de litigar es variable o
constante.
El costo de litigar
De acuerdo a los empresarios, uno de los
principales motivos para no recurrir a la
justicia son los costos excesivos que ello
14
Mientras que 13 personas manifestaron utilizar los
servicios de un contador de manera constante, sólo 8
de los participantes del taller dijeron usar servicios de
abogados con frecuencia.
16
deuda de US$ 2.000 el costo total asciende a
US$ 1.118 (equivalente al 55% de la deuda),
mientras que para una deuda de US$ 10.000
el costo asciende a US$ 3.028 (el 30% del
monto reclamado). Una vez más, el análisis
de los costos administrativos fijos presenta
una diferencia significativa en detrimento de
las deudas de menor cuantía. Para la deuda
de US$ 2.000 el costo administrativo representa el 45% del monto reclamado, mientras
que para la deuda de US$ 10.000 representa
sólo el 10%.
Cuadro 2. La sentencia se ejecuta sobre
una cuenta bancaria y el deudor no
plantea objeciones
Costos
Caso 1
Caso 2
$ 2.000
$10.000
Pedido de medida precautoria
$ 80
$ 170
Inscripción de la medida
$ 10
$10
Notificación al deudor
$1
$1
Tasa proporcional del deudor
$2
$10
Tasa proporcional del acreedor
$8
$30
Honorario del abogado
$ 200
$ 2.000
Costo total
$ 301
$ 2.221
15,05%
22,21%
Costo administrativo fijo
$101
$221
------como porcentaje de la deuda
5,05%
2,21%
Monto de la deuda
------como porcentaje de la deuda
Cuadro 3: La sentencia se ejecuta
mediante incautación y ejecución de un
vehículo y el deudor no plantea
objeciones
Costos
Caso 1
Caso 2
$2.000
$10.000
$100
$200
------Policía
$25
$25
------Depósito en galpón
$50
$50
Inscripción en el Registro
$2
$2
Publicaciones
$250
$250
Valuación de la propiedad
$250
$250
Subasta
$200
$200
Tasa judicial
$30
$50
Notificación al deudor
$1
$1
Honorario del abogado
$200
$2.000
Costo total
$1.108
$3.028
------como porcentaje de la deuda
55,4%
30,28%
Costo administrativo fijo
$908
$1.028
45,40%
10,28%
Monto de la deuda
En el ejemplo del cobro de una deuda mediante la ejecución de una cuenta bancaria
existen grandes diferencias de costos según
la cuantía reclamada. Para una deuda de
US$ 2.000 el costo total de litigar es de US$
301, mientras que para una deuda de
US$10.000 el monto asciende a US$
2,22115. Estos valores representan respectivamente el 15% y 22% del valor del monto
reclamado. Si bien la relación entre ambos
costos parece ser proporcional al monto de
las respectivas deudas, esto cambia si sólo se
toma el costo administrativo fijo del servicio
de justicia. Para una deuda de US$ 2.000, el
costo fijo representa el 5,05% de la deuda,
mientras que para las deudas de US$ 10.000
representa sólo el 2,21%.
Pedido medida precautoria y queja
Incautación del vehículo
------como porcentaje de la deuda
Los costos de litigar aumentan en forma
significativa si el cobro se realiza mediante
la incautación de un vehículo. Para una
Como se puede observar en los cuadros, los
costos de recuperar una deuda varían considerablemente según el monto de la misma.
Las deudas de menor valor tienen costos
proporcionalmente mucho mayores que las
deudas de mayor cuantía. Esto merece un
análisis más profundo ya que aparentemente existen fuertes incentivos para no
15
Por “costo total de litigar” se entiende el pago de
los impuestos o tasas judiciales más el costo de los
servicios profesionales de un abogado. Por “costo
administrativo fijo” se entiende sólo el pago de los
impuestos o tasas judiciales–no se incluyen los
honorarios del abogado.
17
concluyeron de manera satisfactoria. El
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, por su parte, pasó de tener dos
casos al año en 1993 a un promedio de 182
en 2000. La AmCham, por su parte, ha
creado recientemente un nuevo centro de
arbitraje para disputas comerciales.
recurrir a la justicia en el caso de deudas
pequeñas, aunque no queda claro si es algo
deliberado o accidental. En otras palabras,
con la información disponible no se ha
podido determinar si la imposición de costos
mayores para las pequeñas deudas fue un
objetivo fijado intencionalmente por los
responsables de la formulación de la política
pública de servicios judiciales.
Una de las grandes ventajas de los MARC es
que insumen menos tiempo que el proceso
judicial convencional. La duración promedio
de los casos resueltos bajo arbitraje es de
cinco meses y veinte días, muy por debajo
del promedio de tres años y diez meses de
los casos tramitados en el poder judicial.
Otra ventaja de los MARC es la privacidad.
Las partes resuelven su conflicto en un
ámbito privado y confidencial, y así evitan
ventilar los detalles del conflicto y del
eventual acuerdo. Esto es particularmente
importante cuando los conflictos se refieren
a temas confidenciales para las empresas en
los cuáles se prefiere evitar la publicidad de
los detalles del caso.
Conciliación y arbitraje
El uso de la conciliación y el arbitraje es la
principal alternativa para solucionar los
conflictos sin recurrir a la vía judicial. Perú
es uno de los países de la región donde más
se utilizan los mecanismos alternativos de
resolución de controversias (MARC)16. A
partir de mediados de los años noventa, el
uso de MARC comenzó a extenderse de
manera dramática tanto en Lima como en el
interior del país. Según datos del Ministerio
de Justicia del Perú correspondientes a 2002,
existen 500 centros privados de conciliación
funcionando actualmente en todo el país y
hay 11.857 personas habilitadas para ejercer
como conciliadores. El Ministerio de
Justicia, por su parte, cuenta con 31 centros
de conciliación propios. Cabe señalar que la
conciliación en Perú es una instancia
prejudicial obligatoria, es decir que las
partes deben recurrir obligatoriamente a la
conciliación como paso previo a presentar su
reclamo ante los tribunales de justicia.
Lamentablemente no existen estadísticas
respecto a la frecuencia con que las pymes
recurren al arbitraje o la conciliación. Sin
embargo esta información podría recogerse
realizando un relevamiento de los casos
atendidos en los centros de conciliación.
Una de las ventajas del uso de la conciliación para resolver los conflictos de las
pymes es que en dicho proceso no hay tantos
formalismos jurídicos, el lenguaje utilizado
es el cotidiano y las partes juegan un papel
más activo que en los procedimientos utilizados en la justicia común.
En la actualidad el volumen de casos
tramitados ante los centros de conciliación
es el más alto en la región. En el período
1999-2002 se registraron 31.203 conciliaciones a nivel nacional, de las cuales 27.195
La creación de centros de conciliación
específicamente diseñados para trabajar con
las pymes es una alternativa promisoria. La
adaptación de la experiencia y las lecciones
aprendidas en materia de conciliación a las
necesidades de los pequeños empresarios
podría ser una alternativa exitosa. A tal fin,
16
El gran desarrollo de los MARC en Perú se debe en
gran medida al financiamiento recibido de donantes
internacionales. El Fondo Multilateral de Inversiones
financió a través del BID una operación de gran
envergadura que sentó las bases para el desarrollo de
los MARC y que luego fue continuado con
financiamiento de agencias de cooperación bilateral.
18
Si discriminamos las respuestas según el
tamaño de las empresas, encontramos que el
uso de contratos es mucho más frecuente en
las pequeñas y medianas empresas. Como se
puede observar en el gráfico 4, las empresas
más grandes tienen casi un 50% más de
presencia en la primer mitad del cuadro
(71% versus 56%). Esta tendencia también
fue detectada en otros estudios similares que
hallaron una brecha de casi 20 puntos porcentuales entre microempresas y pequeñas
empresas (Eyzaguirre y Calderón, 2002).
Una explicación posible es que las microempresas conducen sus negocios con mayores niveles de informalidad.
podrían diseñarse procedimientos arbitrales
simplificados y con menores costos que los
arbitrajes comunes.
Sin embargo, en la actualidad existen numerosos problemas y desafíos que deben ser
superados a fin de consolidar el uso de la
conciliación en Perú. El crecimiento explosivo de esta práctica se dio sin la debida
supervisión del estado sobre los centros de
conciliación, lo cual genero abusos y, en
algunos casos, servicios de mala calidad.
Estos inconvenientes deben ser tenidos en
cuenta al momento de diseñar un sistema
que se adapte a las necesidades de las
pymes.
Estos datos generan incertidumbre respecto
a la forma en que los empresarios garantizan
o formalizan las transacciones a crédito o a
largo plazo. Una de las alternativas posibles
sería el uso de títulos de crédito (pagarés,
comprobantes de pago, guías de remisión,
warrants, letras de cambio, etc.) en sustitución o como complemento de los contratos
escritos. Sin embargo, el uso de dichos
instrumentos no es tan frecuente17. Cabe resaltar que si bien el 38% de los pequeños
empresarios señalaron utilizar títulos de crédito, la cifra para los microempresarios se
reduce al 15,5% (Eyzaguirre y Calderón,
2002).
Modalidades de contratación
La utilización de contratos escritos para
plasmar la celebración de negocios tiene
varias aristas importantes. Por un lado, el
uso de contratos es un indicador de los
niveles de formalidad de las transacciones
empresariales. Por otro lado, un mayor uso
de contratos puede indicar un mayor grado
de conocimiento de los empresarios acerca
de las herramientas de tipo legal disponibles
para aumentar la seguridad de sus negocios.
Asimismo, el uso frecuente de contratos
facilita el acceso a líneas de financiamiento,
ya que ello permite dar fe fácilmente del
volumen de transacciones.
Durante el taller con empresarios se discutió
con detenimiento el uso de los contratos
La encuesta a los empresarios indica que el
uso de contratos no es muy frecuente. Sólo
el 27% de los empresarios los utiliza en
todas sus transacciones y otro 15% indicó
usarlos en el 75% de los casos. Estas cifras
son sensiblemente más altas que las presentadas por un estudio llevado a cabo en 2002
que indica que el 73,7% de los empresarios
no utiliza contratos con sus clientes para la
venta de producción (Eyzaguirre y Calderón
2002).
17
Respecto al uso de títulos de crédito, se comentó en
reiteradas ocasiones la desvirtuación del cheque
como instrumento de pago, habiendo en su lugar
adquirido un rol de garante de las transacciones. En
otras palabras, en lugar de utilizar al cheque como
casi moneda, se lo utiliza como garantía de
cumplimiento de las obligaciones. Con respecto a las
letras de cambio, los participantes del taller indicaron
que su cobro efectivo puede llevar entre un año y un
año y medio.
19
Gráfico 4: Frecuencia de uso de contratos escritos
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Siempre
En 3/4 de los
casos
En la mitad de los
casos
En 1/4 de los
casos
Pequeñas y medianas empresas
escritos. Con respecto a las razones por las
cuáles utilizan dichos instrumentos, las
respuestas fueron variadas. Algunos señalaron que el uso de un contrato escrito es
“...una presión psicológica para las partes
que ayuda a hacer cumplir el contrato”.
Otros manifestaron que el contrato escrito le
da más formalidad al negocio, lo cuál evita
imprecisiones o confusiones respecto al negocio pactado. Cabe destacar que nadie dijo
usar los contratos como un mecanismo para
hacer valer los acuerdos en un eventual
juicio en caso de incumplimiento.
Nunca
NS/NR
Microempresas
clientes y proveedores mediante la utilización de contratos escritos.
Los empresarios, sin embargo, no siempre
tienen el conocimiento necesario ni el asesoramiento especializado como para redactar
los contratos. Esto se ve agravado por la ausencia de instituciones que provean asesoramiento en este tema18. Si bien hay asociaciones de empresarios que tienen un departamento destinado a prestar servicios legales a
las pymes, generalmente funcionan en áreas
alejadas de los conglomerados comerciales o
bien los pequeños empresarios no están al
tanto de su existencia.
Tampoco hubo empresarios que utilizaran
los contratos como una forma de atestiguar
el volumen de transacciones comerciales en
caso de necesitar financiamiento. La tendencia de no usar contratos escritos fue ratificada en las entrevistas con instituciones
especializadas en la provisión de líneas de
crédito para micro y pequeñas empresas.
Los encargados de las carteras de crédito
señalaron que en la mayoría de los casos se
ven forzados a pedirles a los peticionantes
que formalicen las transacciones con
El escaso uso de contratos escritos también
genera algunos problemas de acceso a la
justicia. La informalidad en las transacciones hace que muchos micro y pequeños
empresarios no acudan al poder judicial pues
18
Esta afirmación se basa en la información obtenida
a través de la encuesta y las discusiones del taller con
empresarios. Si bien existen centros de asesoramiento
empresarial, ninguno de los empresarios encuestados
ha recurrido a sus servicios ni conoce la existencia de
ellos.
20
sarse que los contratos del estado son demasiado importantes en monto y en cuanto al
nivel de servicios requeridos, lo cual significaría que las pymes no serían aptas para
participar en ellos. Sin embargo, los datos
oficiales indican que el 70% de los 850.000
contratos son por montos que oscilan entre
US$3.000 y US$5.000, por lo cual no habría
obstáculos, en principio, para una participación más activa de las pymes20.
no cuentan con los instrumentos probatorios
que la justicia formal les exige para amparar
su demanda.
Por último, el escaso uso de contratos
escritos podría aumentar el riesgo de incumplimiento en el caso de transacciones de
cumplimiento a largo plazo o con prestaciones múltiples en un cierto período de
tiempo. Sin embargo, los empresarios mitigan este riesgo mediante la celebración casi
exclusiva de transacciones con pago al
contado y en efectivo. En algunos casos, se
requiere el pago por adelantado o bien un
depósito. La restricción de las modalidades
de pago sin duda disminuye la variedad y
cantidad de oportunidades de negocios, lo
cual tiene un impacto económico concreto.
Pero desafortunadamente no hay un monitoreo del nivel de participación de las pymes
en el proceso de contratación con el estado.
Los especialistas, sin embargo, estiman que
dicha participación es baja, pese a que existen agencias estatales con el fin específico
de asegurar que las pequeñas empresas
tengan oportunidades adecuadas21. No sólo
no se sabe a ciencia cierta cuántas pymes
ganan contratos del estado sino que tampoco
se conocen detalles acerca de los obstáculos
que enfrentan en el proceso de compras
públicas, la incidencia de corrupción, etc.
Un estudio específico del sistema de compras públicas permitiría conocer la verdadera dimensión y características del problema.
Las pymes y el estado
La relación entre las pymes y el estado
peruano es sumamente importante debido al
peso económico de ambos actores. Las
pymes representan el 99,6% del empresariado peruano, generan puestos de trabajo
para el 75,9% del personal ocupado y son
responsables por el 42% del PIB. El estado,
por su parte, es el principal contratista del
país con 850.000 contratos al año por un
valor total de US$ 4.000 millones.
supuesto en que dos o más propuestas empaten, se
otorgará preferencia a las pequeñas y/o
microempresas ganadoras. Asimismo, otro beneficio
en favor de las pymes es la obligación de las
entidades del Estado de remitir una copia de su Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones a la
Comisión de Promoción de la Pequeña y la
Microempresa (PROMPYME), de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 7 del reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.
20
Datos proporcionados por CONSUCODE.
21
Algunos expertos señalan a la corrupción como
uno de los principales obstáculos para la
participación de las PYMES en el proceso de
compras públicas. Aparentemente existiría un grupo
reducido de grandes empresas que obtienen la gran
mayoría de los contratos. En otras palabras, habría
grupos económicos que tienen capturado el aparato
de compras públicas del Estado.
Sin embargo la relación entre las pymes y el
estado está lejos de ser óptima. Existen unmerosos problemas que inciden negativamente sobre las pequeñas empresas, desalentándolas de intentar celebrar negocios con el
sector público19. A primera vista podría pen19
Según lo prescripto por la Ley 27628 de la
Pequeña y Micro Empresa, las pymes tienen ciertos
beneficios en procesos de compras estatales. Por
ejemplo, en caso de empate con otra empresa en el
puntaje de calificación en un proceso de selección
que convoque una entidad estatal se preferirá a la
Pequeña y Microempresa. En efecto, el inciso a) del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, ha establecido que en el
21
Gráfico 5: Entidades a quienes los empresarios solicitarían un contrato por escrito para
hacer un negocio
90%
80%
Empresas encuestadas
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Empresas
públicas
Gobierno
central o
municipal
Grandes
empresas
Empresas
medianas
Pequeñas
empresas
Proveedores Proveedores
de maquinarias de servicios
y herramientas
“nos cuesta cobrarle”, “nunca tienen presupuesto”, “me hacen perder el tiempo”.
Por otra parte, las pymes son reticentes a
contratar con el estado ya que, según la
encuesta, éste no cumple con sus acuerdos y
no realiza los pagos en los plazos previstos.
Al preguntarle a los empresarios acerca de a
quién le solicitarían un contrato por escrito
como condición necesaria para celebrar un
negocio, curiosamente el estado aparece al
tope de las preferencias (ver gráfico 5).
Un aspecto interesante del sistema de compras del estado es que en caso de surgimiento de un conflicto, las partes tienen la
obligación de dirimirlo mediante el uso de
arbitraje. El organismo a cargo de monitorear el cumplimiento de dicho requisito es el
Consejo Superior de Compras del Estado
(CONSUCODE). Este organismo ha realizado grandes avances respecto al control de
los procesos de compras estatales. Uno de
sus papeles más importantes es el de monitorear y garantizar la transparencia de dichos
procesos, proveyendo información tanto a
funcionarios públicos como a ciudadanos22.
El nivel de desconfianza a todo aquello
donde esté involucrado el aparato estatal es
significativo. Dicho tema fue abordado en el
transcurso del taller con empresarios, quienes ratificaron su descontento con la conducta del estado. Muchos de ellos manifestaron haber tenido experiencias tanto con el
gobierno central como con municipios, y en
todos los casos las describieron como negativas. Casi todas las críticas se dirigieron a
los problemas con los pagos. Según explicaron, para obtener un pago hay que insistir
muchas veces, hablar con funcionarios, etc.
Las siguientes frases, vertidas durante el
taller, resumen el sentir de los empresarios:
Sin embargo, según indican las cifras oficiales, las pequeñas empresas no recurren a
los servicios obligatorios de arbitraje. Esto
22
Los datos provistos por CONSUCODE señalan que
el 90% de las disputas surge con relación a las bases
de los concursos.
22
Gráfico 6: Criminalidad como obstáculo para sus negocios
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Obstáculo mayor
Obstáculo
moderado
Obstáculo menor
No es obstáculo
Fuente: World Business Environment Survey (WBES 2000) Muestra de pequeños empresarios peruanos
puede indicar que las pymes no logran
acceder al proceso de compras públicas o
bien que acceden pero en caso de tener
conflictos los resuelven de otra manera–
apartándose de lo previsto por la ley. La
primera opción parece ser la más probable
pero es necesario profundizar el estudio de
este fenómeno.
criminalidad genera grandes costos para las
empresas, (ver gráfico 6) tema que fue
tratado en detalle en el transcurso del taller.
Consultados respecto a si la inseguridad
tenía algún impacto sobre sus negocios, el
75% de los empresarios respondió afirmativamente. Muchos de ellos, aproximadamente la mitad, dijeron que normalmente
toman medidas para evitar ser víctimas de
robos, hurtos y otras formas delictivas, como
por ejemplo contratar personal de seguridad
o vigilantes para sus locales, instalar sistemas de alarma e incluso tener perros. Al
consultarlos respecto a las formas más comunes de delitos, los empresarios señalaron
que sufren hurtos en sus comercios y les
roban los pagos o los envíos de mercadería.
Crimen e inseguridad
Un aspecto generalmente desatendido es la
relación entre criminalidad y crecimiento
económico. Si bien el poder judicial per se
no es responsable directo de la formulación
de políticas criminales ni de planes de
prevención del delito, la ineficiencia del
mismo afecta notoriamente la lucha contra
este flagelo ya que se generan grandes
demoras en la investigación y juzgamiento
de los delincuentes23. En el caso peruano, la
Los empresarios también describieron algunas consecuencias indirectas del crimen que
usualmente no reciben atención, como por
ejemplo que debido a la alta inseguridad los
turistas no concurren a sus negocios. También manifestaron que durante los paros
23
En la gran mayoría de los países de América Latina
la formulación de la política pública de seguridad
ciudadana está bajo la órbita del ministerio o
secretaría de justicia En algunos casos hay un
ministerio específico dedicado a la prevención y
tratamiento del delito, mientras que en otros se
encuentra bajo la órbita del ministerio del interior o
del organismo responsable del cuerpo de policía y
sistema penitenciario.
23
Gráfico 7: Decisiones tomadas por los empresarios como consecuencia de los problemas
de corrupción, lentitud e ineficiencia del sistema de justicia peruano
5
4
3
2
1
0
No contratar con el
Estado
No buscar apoyo
crediticio
No invertir
No contratar con
grandes empresas
Pequeña y mediana empresa
No emprender
nuevas actividades
No contratar con
nuevos clientes
Microempresa
y huelgas sus negocios suelen sufrir ataques
y robos.
Ineficiencia judicial y oportunidades
de negocios
Las medidas para prevenir el delito sin
dudas imponen un costo económico significativo que debe ser analizado en más detalle (Rubio, 1998; CISALVA, 1998). Los
empresarios incurren en costos directos tales
como la contratación de personal seguridad
y la instalación de alarmas. Y también sufren pérdidas indirectas derivadas del
aumento de la inseguridad pública, como la
disminución de la afluencia de público a las
zonas comerciales. Asimismo, la criminalidad e inseguridad disminuyen los niveles
de inversión extranjera.
Una de las hipótesis del presente estudio es
que la ineficiencia judicial repercute sobre el
desarrollo de las pymes. Más específicamente, que los problemas de lentitud, baja
efectividad y corrupción de los servicios
judiciales generan escenarios donde no hay
optimización de los recursos y, por ende,
fuerzan a las pymes a tomar ciertas
decisiones empresariales que afectan la
eficiencia económica del sector productivo.
Como se observa en el gráfico 7, frente a la
ineficiencia judicial los empresarios toman
decisiones tales como abstenerse de contratar con el estado, reducir la búsqueda de
apoyo crediticio y limitar tanto sus inversiones como los nuevos emprendimientos. Esto
tiene un gran impacto económico y afecta
notoriamente las oportunidades de negocios.
Ineficiencia judicial y decisiones
empresariales
En esta sección analizaremos, a partir de los
resultados del trabajo de campo, cual es el
impacto de la ineficiencia judicial sobre las
decisiones empresariales.
24
Gráfico 8: Acciones que los empresarios realizarían si la justicia fuera eficiente y confiable
para resolver problemas y hacer cumplir los contratos
5
4
3
2
1
0
Más negocios con
proveedores y clientes
conocidos
M ás negocios con
nuevos proveedores y
clientes
Crear sucursales
Asociarse con otros
empresarios
Contratar más
empleados
brar más negocios y así poder crecer. Sin
embargo, la sensación generalizada es que
las grandes empresas suelen abusar de su
posición.
Si se discriminan las respuestas según el
tamaño de las empresas, se puede observar
que las decisiones empresariales de las
pymes son muy similares. Sólo cabe destacar que las microempresas se abstienen de
contratar con grandes empresas. En tal sentido, los microempresarios señalaron durante
el taller que hay dos motivos para tomar tal
decisión. El primero es que se sienten en
desigualdad de condiciones. Esto se refleja
en que, por ejemplo, las grandes empresas
imponen las condiciones de los contratos, a
veces en términos perjudiciales. Si frente a
un desacuerdo el pequeño empresario no
cumple con su prestación, la empresa grande
deja de comprarle sin importar quien tiene
razón.
Asimismo, los empresarios fueron consultados respecto a las acciones que estarían
motivados a realizar en caso de que el
sistema de justicia fuera eficiente e hiciera
cumplir los contratos (gráfico 8). Aquí aparecen respuestas que tienen un hondo
contenido económico. Como primer paso,
los empresarios aumentarían la cantidad de
transacciones comerciales, tanto con clientes
y proveedores conocidos como con nuevos.
Como segundo paso, se expandirían territorialmente, creando nuevas sucursales y
bocas de expendio. En tercer lugar se asociarían con otros empresarios, y finalmente
contratarían más empleados.
El segundo motivo es que, ante un eventual
conflicto, las grandes empresas “siempre
obtienen el resultado que quieren”. Los
microempresarios perciben, por ejemplo,
que el sistema de justicia siempre falla a
favor de los más poderosos y que no tiene
sentido litigar contra una gran empresa. Los
empresarios más pequeños ven a las grandes
empresas como una oportunidad para cele-
La aparición en tercer lugar de la posibilidad
de crear nuevas sucursales merece algunos
comentarios. Dicha actividad no sólo implica la voluntad de incrementar los niveles de
inversión sino también de expandirse geográficamente. La abstención de abrir sucur25
Gráfico 9: Mejoría esperada por los empresarios en sus negocios en caso que la justicia
fuera eficiente y confiable para resolver conflictos y hacer respetar los contratos.
25%
Empresarios encuestados
20%
15%
10%
5%
0%
Nada
M enos del 10% Entre 10 y 30% Entre 30 y 50% Entre 50 y 70%
Entre 71% y
100%
NS/NR
alguna actividad específica del proceso
productivo.
sales y bocas de expendio disminuye la
cobertura territorial de la actividad comercial, perdiéndose así la posibilidad de ganar
nuevos mercados.
Las diversas modalidades de asociación con
otras empresas, sea compras o ventas conjuntas o subcontratación, se ven afectadas
por la ineficiencia judicial. La reticencia de
los empresarios a utilizar estas modalidades
tiene un impacto económico ya que le
impide, entre otras cosas, reducir el costo de
los insumos y obtener mejores condiciones
para la venta de sus productos.
Con respecto a la posibilidad de asociarse
con otros empresarios, esta es una práctica
poco frecuente entre los empresarios cónsultados. Entre los participantes del taller, sólo
un empresario manifestó asociarse con sus
pares a fin de comprar insumos al por
mayor. Otro empresario, miembro de una
comunidad indígena del interior, señaló que
en su pueblo hay un grupo de 40 familias
que se asocian para vender sus productos en
el mercado. Pero el resto de los presentes
señaló no tener experiencia alguna en este
tipo de prácticas. Estos resultados son acordes a una encuesta a microempresarios, que
señala que sólo el 1,8% de los empresarios
realiza compras en conjunto con otros empresarios y que el 16,8% ha tenido experiencia en ventas conjuntas (Eyzaguirre y
Calderón, 2002). En materia de subcontratación, las cifras indican que sólo el 13,8%
de los empresarios subcontrata normalmente
Por otro lado, los empresarios consideran
que una eventual mejora de los servicios de
justicia tendría un impacto directo sobre sus
negocios. Al preguntarle si creen que sus negocios mejorarían si la justicia fuera confiable y eficiente para resolver conflictos y
hacer respetar los contratos, el 64% de los
encuestados contestó afirmativamente.
Como se observa en el gráfico 9, el rango de
las respuestas va desde una mejora del 10%
hasta mejoras de entre 71% y 100%.
26
Gráfico 10: Factores más importantes para los empresarios para iniciar una relación de
negocios con un nuevo cliente
5
4
3
2
1
0
Relación de confianza
con cliente conocido
Entrega de pago parcial
Celebración de un
contrato escrito
Historial crediticio
Obtener una garantía
mueble o inmueble
Gráfico 11: Factores más importantes para los empresarios para iniciar una relación de
negocios con un nuevo proveedor
5
4
3
2
1
0
Relación de confianza Consultar a clientes del
con proveedor conocido
proveedor
Contrato por escrito
Historial crediticio
Obtener entrega parcial
Dichas conductas están motivadas en gran
parte en la aversión del riesgo, por ejemplo,
derivado de contratar con ciertos agentes–(el
estado, grandes empresas, etc.) o de emprender nuevas actividades. A continuación
analizaremos los mecanismos adoptados por
Mecanismos para mitigar el riesgo frente a
nuevos negocios
Como vimos en la sección anterior, los empresarios adoptan diversas conductas como
consecuencia de la ineficiencia judicial.
27
empresarios lo utilicen de manera moderada24.
los empresarios para mitigar los riesgos
potenciales de celebrar negocios con nuevos
clientes y proveedores.
Retomando el tema del peso de la confianza
en las relaciones comerciales, si bien el trato
personal genera mayor certidumbre respecto
al cumplimiento de las obligaciones, al mismo tiempo promueve conductas económicamente ineficientes. Por ejemplo, ante la
posibilidad de optar por un proveedor que
ofrece mejores precios, un porcentaje significativo de los empresarios prefiere continuar con su proveedor “de confianza”, aunque ello signifique costos de producción más
altos (gráfico 12). Casi un 25% de los empresarios no cambiaría su proveedor habitual
en ninguna circunstancia, por más que se le
ofrezca un descuento superior al 30%. Otro
15% sólo cambiaría si recibiera un descuento superior al 30% respecto del precio de
mercado, por lo que hay un 40% de empresarios que difícilmente cambiaría de proveedor, incluso ante la posibilidad de obtener
mejores condiciones de venta.
Al preguntarles a los empresarios acerca de
los factores más importantes que los
determinarían a emprender una relación de
negocios con un nuevo cliente o proveedor,
inmediatamente surge el enorme peso de la
confianza (ver gráficos 10 y 11). Esta es un
factor decisivo para la celebración de nuevas
transacciones. Esto fue corroborado en el
taller con los empresarios, quienes señalaron
la importancia de la confianza personal y el
conocimiento de la contraparte como elementos conducentes a la concreción de
nuevos negocios. Luego, otro elemento de
peso es la celebración de un contrato por
escrito. Esto parece ser más común en
cuanto a las nuevas relaciones comerciales,
ya que como hemos visto anteriormente los
empresarios no siempre formalizan sus
acuerdos mediante el uso de contratos.
Además de la confianza, la reputación
también es un factor conducente al establecimiento de nuevas relaciones comerciales
con proveedores. Los empresarios tienden a
consultar a los clientes de un potencial
nuevo proveedor respecto a si entrega la
mercadería en el tiempo pactado, si respeta
la calidad acordada para los insumos, si
mantiene las condiciones de venta en forma
estable, etc.
La aversión a cambiar de proveedor se
acentúa al tomar sólo las respuestas de los
microempresarios. Esto indicaría que los
microempresarios son más reticentes al
cambio y, por ende, se pierden más oportunidades de reducir sus costos de producción. Este tema fue tratado en el taller con
los empresarios, algunos de los cuales señalaron que prefieren siempre trabajar tanto
con proveedores como clientes conocidos.
En tal sentido, manifestaron que en muchas
oportunidades prefieren perderse un negocio
a tener que tratar con un cliente o proveedor
respecto del cual no tienen mayor información y no saben, por ejemplo, “si es buen
pagador”. Como señalamos anteriormente,
Por último, otro elemento citado con
frecuencia es la verificación del historial
crediticio del nuevo cliente o proveedor. El
uso de los servicios de centrales de crédito
ha crecido considerablemente en los últimos
años y los empresarios utilizan este servicio
a efectos de verificar las credenciales comerciales del potencial cliente o proveedor. Sin
embargo, el uso de dicho servicio tiene un
costo, lo cual indudablemente hace que los
24
Además del costo del servicio de consulta de las
bases de datos de las centrales de crédito, los
empresarios señalaron que se debe pagar el 5% del
monto debido a fin de inscribir a una deuda en dichos
registros.
28
Gráfico 12: Porcentaje de descuento en el precio de insumos que motivarían al empresario
a cambiar de proveedor
30%
Empresas encuestadas
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 a 10% más barato
11 a 20% más
barato
21a 30% más
barato
Microempresas
M ás de 30% más
barato
No cambiaría de
proveedor
NS/NR
Pequeña y mediana empresa
fueran efectivas, los empresarios deberían
tener un: escaso número de conflictos con
proveedores y clientes.
ante la duda los empresarios demandan el
pago al contado y en efectivo, eliminando
toda posibilidad de trabajar a crédito. El
tamaño de los proveedores fue un tema mencionado durante el taller. Según los empresarios, las grandes empresas son más
confiables como proveedores porque brindan mayores garantías en cuanto a la entrega
de los insumos en el tiempo y forma pactados. Las microempresas, en cambio, son
más informales y no siempre cumplen con
sus obligaciones adecuadamente.
El resultado de la encuesta indica que el
número de conflictos promedio al año es
relativamente bajo. El 25% de los empresarios señaló no tener problemas por falta de
pago o incumplimientos de contrato, mientras que el 22% indicó tener entre 2 y 3 por
año y el 17% dijo tener 4 o más conflictos al
año. En el transcurso del taller el 75% los
participantes manifestaron tener entre uno y
dos conflictos al año. En principio, esto indicaría que las medidas utilizadas por los empresarios para disminuir los riegos de
incumplimiento son medianamente efectivas. Si bien no hay estándares en esta materia, la cantidad anual de conflictos pareciera
ser baja o cuando menos estaría dentro de
márgenes aceptables. Si se discriminan los
resultados según el tamaño de las empresas,
no se aprecian variaciones significativas.
Según hemos visto en esta sección, los
empresarios toman diversas acciones a fin
de prevenir los riesgos derivados de realizar
negocios en un entorno sin servicios
judiciales eficientes. Dichas medidas tienen
indudablemente un impacto económico ya
que incrementan los costos o restringen el
universo de transacciones posibles, pero
cabe indagar acerca de su efectividad como
mecanismos de mitigación de riesgo y
prevención de incumplimientos. Si ellas
29
El impacto económico de la ineficiencia judicial
cumplen con lo pactado, los empresarios se
ven forzados a adoptar distintas medidas a
fin de mitigar el riesgo de incumplimiento.
Aspectos a tener en cuenta para medir el
impacto de la ineficiencia judicial
Como se ha mostrado a lo largo de este
estudio, los empresarios peruanos operan en
un ambiente donde las condiciones económicas no son óptimas. Así es que se ven
forzados a tomar decisiones empresariales a
fin de mitigar los riesgos derivados de la
ausencia de un sistema de justicia eficiente y
predecible. Por un lado, la ineficiencia
judicial aumenta los costos de transacción y
reduce el espectro de transacciones posibles—limitándolo sólo a aquellas de bajo
riesgo. Por otro lado, la baja probabilidad de
ser sancionado por la justicia alienta a las
partes a no cumplir con sus contraprestaciones ya que el costo de no cumplir es
mucho más bajo.
En síntesis, los empresarios enfrentan dos
tipos de costos: aquellos relacionados directamente al uso del sistema de justicia y
aquellos derivados de operar en un entorno
institucional deficiente debido a la ineficiencia judicial.
Los costos de uso del sistema de justicia, tal
como se explicó en la sección correspondiente, están compuestos de la siguiente manera: (i) costo oficial de litigar (tasa o impuesto de justicia); (ii) honorarios por asesoramiento legal profesional (abogados); y (iii)
corrupción y pagos para “agilizar” los trámites. Según los ejemplos tomados para este
estudio, los primeros dos rubros pueden
insumir del 14 al 55% de la deuda, mientras
que los pagos para agilizar los trámites
oscilan entre el 10 y 20%25. En total, los
costos oficiales y no oficiales representan
aproximadamente entre un 25 y 60% según
el monto de la deuda y el tipo de proceso. A
esto debe agregarse que habría una cierta
discriminación hacia las deudas de menor
cuantía ya que ellas tienen costos administrativos fijos proporcionalmente mucho más
altos.
Concretamente, la ausencia de un sistema de
justicia eficiente y predecible afecta a las
pymes en dos niveles distintos. En el
primero de ellos, a nivel “individual”, las
empresas deben enfrentar costos relacionados con la utilización de los servicios
judiciales. En algunos casos estos costos son
demasiados altos o bien no guardan proporción con la calidad de los servicios recibidos, desalentando así el uso de los tribunales. En otras palabras, las demoras excesivas, la incidencia de la corrupción y en
algunos casos los elevados costos, hacen que
la justicia no sea una opción atractiva para
que los empresarios resuelvan sus conflictos.
Con respecto al costo económico de la
ineficiencia judicial, este se deriva de las
decisiones tomadas por los empresarios a fin
de adaptarse a un entorno de negocios no
óptimo. Para mitigar los riesgos de incumplimiento en sus transacciones comerciales,
En el segundo nivel, a nivel macro, se
observa que la ineficiencia judicial tiene un
impacto económico negativo sobre las
decisiones empresariales. Ante la falta de
una institución que cumpla con eficiencia la
tarea de hacer respetar los contratos, y
consecuentemente castigar a aquellos que no
25
El monto de los pagos por corrupción es una
estimación basada en las respuestas de los
empresarios que participaron en el taller y en las
consultas realizadas a abogados y expertos judiciales
durante la investigación de campo en Lima.
30
resolver un conflicto mediante la vía judicial. En general, los micro y pequeños
empresarios sienten que no tienen como
defenderse frente a las grandes empresas.
las pymes toman medidas que tienen serios
efectos colaterales: en algunos casos les reduce el número de transacciones y en otros
les genera mayores costos.
•
El número de transacciones se ve reducido
debido a que los empresarios suelen tomar,
entre otras, algunas de las siguientes decisiones:
•
•
•
•
•
Realizar negocios mayoritariamente con
clientes y proveedores conocidos: la
confianza es un elemento clave en el
modus operandi de los micro y pequeños
empresarios y ello hace que se mitigue
los riesgos de incumplimiento trabajando
sólo con aquellas personas de buena
reputación y/o con las cuales se tiene
una relación de confianza.
Abstenerse de realizar negocios con el
sector público: según los empresarios el
estado es un mal socio para realizar negocios, no siempre cumple lo pactado y
demora en realizar los pagos. Cabe recordar que el estado celebra contratos
por un valor de US$ 4.000 millones al
año, pese a lo cual las pymes son
reticentes a participar en las licitaciones.
Con relación al incremento de los costos,
esto ocurre porque los empresarios suelen:
•
No expandir la cobertura geográfica de
las líneas de comercialización: los empresarios se abstienen de operar en pueblos y ciudades donde no se conoce a los
clientes y proveedores.
Restringir las modalidades de crédito al
máximo, trabajando casi exclusivamente
con ventas al contado y en efectivo: la
mejor forma de asegurar el pago de las
deudas es vender al contado o solicitar
un pago parcial. Esta es una práctica frecuente y extendida entre el empresariado.
•
No invertir en el crecimiento de la
empresa ya que ello expandiría la actividad comercial: esto implica no contratar nuevos empleados, no asociarse con
otras empresas, no diversificar la producción, etc.
•
Realizar transacciones sólo con empresas de similar tamaño: esto se debe a que
los empresarios perciben que no están en
igualdad de condiciones con las grandes
empresas, especialmente si tiene que
•
31
No cambiar de proveedores y clientes
aunque ello implique, por ejemplo, obtener insumos a menor costo: los empresarios prefieren pagar costos altos pero
estar seguros que la contraparte respetará
los acuerdos. Un alto porcentaje de empresarios dijo que no cambiaría de proveedores bajo ninguna circunstancia o
que sólo lo haría si recibiera un descuento del 30% respecto del precio habitual.
No subcontratar algunas tareas del proceso productivo: los empresarios son reticentes a subcontratar, en muchos casos
porque temen que no se respeten los plazos o la calidad acordada y en otros por
el riesgo mismo de tener que tercerizar
una actividad.
No realizar compras conjuntas (lo cual
podría reducir los costos de los insumos
y/o mejorar la calidad de los mismos).
No realizar ventas conjuntas.
•
señalar que resta mucho por hacer en materia metodológica y, como sugerimos al comienzo de trabajo, esperamos que nuestro
análisis sirva como base para futuras investigaciones y al mismo tiempo para enriquecer la discusión acerca de cuáles son las
herramientas idóneas para medir el impacto
económico de la ineficiencia judicial sobre
la actividad de la pequeña empresa.
Investigar el historial crediticio de los
clientes y proveedores: esto genera un
costo significativo para los empresarios
al igual que el registro de deudas incobrables en las centrales de crédito (puede
llegar hasta el 5% de la deuda).
Existen otros costos que no encajan en las
categorías anteriores pero que, sin embargo,
están relacionados al sistema de justicia o
marco legal y que merecen ser tenidos en
cuenta:
•
•
•
Impacto sobre el nivel de ventas y
producción
La información obtenida en la encuesta
permite cuantificar el impacto aproximado
que una mejora en la eficiencia y predecibilidad de la justicia podría tener sobre el
volumen de ventas de las pymes. El cuadro
4 muestra los promedios ponderados de
aumento porcentual en las ventas que se
deducen de las respuestas obtenidas en la
encuesta, ordenados según el tipo de empresa. En razón de que a los encuestados se les
ofreció la posibilidad de escoger entre diferentes rangos de aumento, los promedios se
calculan usando como referencia, alternativamente, el punto medio y los límites inferior y superior de cada intervalo. La metodología de cálculo se detalla en el apéndice.
El impacto económico de la criminalidad
o “inseguridad ciudadana” en la actividad comercial: la inseguridad, por ejemplo, ahuyenta a turistas y clientes en general e impone costos directos por la
contratación de personal de seguridad e
instalación de sistemas de alarmas.
Los costos de acceder a líneas de crédito,
particularmente debido a la falta de información y asesoramiento legal respecto al uso de contratos: los empresarios
tienen poco asesoramiento legal, por
ejemplo respecto al uso de contratos.
Esto hace que tengan dificultades al
momento de justificar el volumen de su
actividad comercial para solicitar un
crédito.
Cuadro 4. Promedios ponderados de
aumento proyectado en las ventas, como
consecuencia de una mejora en la justicia
(en %)
El impacto de la informalidad en la
actividad comercial y la precariedad de
los títulos de propiedad: en algunos
casos la falta de título legal de su
propiedad o la informalidad de la empresa dificultan el acceso a líneas de
financiamiento.
Cuantificación del impacto económico
En esta sección analizamos cuantitativamente el impacto económico de la ineficiencia judicial sobre la base de la
información obtenida en las encuestas. Cabe
32
Límite
inferior
Punto medio
Límite
superior
Microempresas
24,85
31,67
38,48
Pequeñas y
medianas empresas
28,85
35,38
41,92
Total
26,61
33,31
40,00
Como se desprende del cuadro, la expansión
promedio de las ventas prevista por los
encuestados ante una mejora en la justicia
sería similar para las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas. Y tal
expansión sería considerable: entre un 25%
y un 40% del total de ventas, con una
esperanza matemática para el total de la
muestra de 33%.
Impacto sobre la inversión y el crecimiento
El análisis anterior es estático: se enfoca en
el aumento porcentual en el nivel de la
producción y las ventas que los empresarios
encuestados anticipan como consecuencia de
un mejoramiento en la justicia.
Sin embargo, un incremento total de un
tercio en las ventas de las pymes, o de un
quinto en el PIB peruano, requeriría de un
aumento proporcional en la capacidad
productiva del país (asumiendo una relación
lineal estable entre capital y producto). Y
esto, por su cuenta, requeriría un aumento
sustancial en la formación bruta de capital
fijo como porcentaje del PIB. Un cálculo de
la razón incremental entre capital y producto
(ICOR, por sus siglas en inglés) en Perú
para el decenio 1993-2002 arroja un valor
estimado de 6,25 (ver apéndice metodológico para un detalle del procedimiento de
cálculo)28. Esto implica que para lograr una
expansión total de 20% en el PIB como
respuesta a la mejora de la justicia, se necesitaría una inversión total—neta de depreciación—de alrededor de 125% del PIB.
Considerando que existen rezagos importantes en el proceso de ajuste del acervo de
capital hacia el nivel necesario, un mejoramiento de la justicia induciría un aumento
prolongado—aunque temporal—de la tasa
privada de formación de capital (cuyo promedio entre 1993 y 2002 fue de 17% del
PIB29).
Asumiendo que la muestra encuestada es
representativa de la población de las pymes
en Perú, el impacto agregado de una mejora
en la justicia sobre la economía peruana
sería muy significativo. La participación de
las pymes en el producto interno bruto
peruano es de 42,1%26. Si la relación entre
ventas brutas y valor agregado se mantiene
constante—un supuesto razonable—, un
aumento promedio de 33% en las ventas de
las pymes implicaría una expansión de 14%
en el PIB agregado de Perú.
Sin embargo, es dable asumir que la
respuesta de las pymes a una mejora de la
justicia no diferiría sustancialmente de la de
las demás empresas privadas peruanas. Si se
utiliza el límite inferior de expansión
prevista en las ventas (25%) como indicativo
del aumento potencial en el valor agregado
del sector privado, el crecimiento correspondiente en el PIB total como resultado del
mejoramiento del sistema judicial sería del
orden del 20%.27
26
Cifras extraídas de material de PROMPYME y de
Observatorio PYMES (Banco Interamericano de
Desarrollo).
27
Para el año 2001, el peso del gobierno central (la
suma del consumo y la inversión pública) en el PIB
es de 12,84% (CEPAL). Se puede usar este dato
como un indicador aproximado del valor agregado de
los bienes y servicios producidos por el gobierno. No
se tienen datos precisos de la participación del sector
público como un todo–esto es, incluyendo los
gobiernos locales, las instituciones públicas
descentralizadas y las empresas estatales-en el PBI.
Asumiendo que éste ronde el 20%, el 80% restante
correspondería al sector privado.
28
El ICOR estimado se basa en datos de formación
bruta de capital fijo total, que incluye inversión
privada y pública. Pero es razonable asumir que el
ICOR para la inversión privada es similar (la
inversión privada representa un 79% de la inversión
total, como se indica en la nota al pie siguiente), y en
todo caso algo menor (es presumible que la inversión
privada es más eficiente que la pública).
29
La tasa promedio de formación bruta de capital fijo
total/PIB fue de 21,5% de 1993 a 2002 (Banco
Central de la Reserva de Perú). Por otra parte, la
participación del sector privado en la formación bruta
33
Sin embargo, es posible al menos prever
escenarios alternativos sobre el impacto que
aumentos razonables en la tasa de inversión
agregada tendrían sobre el crecimiento económico, utilizando diferentes valores de
ICOR (que es una medida inversa de la eficiencia de la inversión). El cuadro 5 muestra
algunos escenarios posibles.
Una pregunta fundamental es si, además del
ajuste previsto en el volumen de producción,
el mejoramiento de la justicia estimularía un
aumento permanente en las tasas de inversión y crecimiento. La encuesta revela que
las deficiencias de la justicia tienen un efecto negativo sobre las decisiones de inversión
y el emprendimiento de nuevos negocios por
parte de las pymes, y que los empresarios
estarían dispuestos a expandir el volumen de
negocios y la capacidad productiva si la
justicia mejorara. Es por tanto posible concluir que una mejora en el sistema de justicia
tendría un efecto permanente sobre la tasa
de inversión. Desafortunadamente, los datos
disponibles no permiten una cuantificación
directa del impacto sostenido que una justicia más eficiente y predecible tendría sobre
la inversión anual. Sin embargo, un estudio
anterior para Perú, sobre la base de una
encuesta realizada a 712 empresas de entre
las 1.000 empresas más grandes del país en
términos de ventas, determinó que una mejora en la eficiencia del poder judicial
resultaría en un aumento de la inversión
anual del 9,5% (Eyzaguirre et al., 1998).
Cabe suponer que el impacto sobre la
inversión anual de las pymes sería de un
orden de magnitud similar.
Como se observa, aumentos leves pero
sostenidos en la tasa de inversión que
resulten de una mejora de la justicia pueden
dar lugar a incrementos nada despreciables
en la tasa de crecimiento anual del PIB, bajo
supuestos razonables y plausibles del nivel
de productividad del capital (ver cuadro 5).
Cuadro 5. Cambios potenciales en la tasa
de crecimiento del PIB (expresados como
% del PIB) ante diferentes escenarios de
aumento de la tasa de inversión privada
fija y de eficiencia de la inversión
Incremento absoluto en la tasa de inversión
de capital fijo fue de 79% en promedio, para el
período 1991-2000 (Carranza et al., 2003).
34
ICOR
0,01
0,025
0,05
0,1
8,50
0,12
0,29
0,59
1,18
6,25
0,16
0,40
0,80
1,60
4,43
0,23
0,56
1,13
2,26
4,10
0.24
0.61
1.22
2.44
2,61
0,38
0,96
1,92
3,83
Conclusiones
Gracias a las encuestas, los talleres y las
entrevistas realizadas en Lima logramos
generar una fotografía de las necesidades
legales de las pymes, sea tanto en materia de
resolución de conflictos como en asesoramiento jurídico y formalidades relacionadas
con contratos, acceso a líneas de financiamiento y compras al estado. Dicha información sirve para determinar lo que denominamos necesidades jurídicas insatisfechas
(NJI) de las pequeñas empresas. Las NJI
pueden ser utilizadas como índice para diagnosticar las falencias del sistema y diseñar
programas de asistencia legal para las
pymes.
Este estudio fue concebido con dos grandes
objetivos en mente. El primero de ellos
consistía en profundizar el estudio de la
relación entre la micro y pequeña empresa y
el poder judicial y determinar las principales
barreras que las pymes enfrentan para acceder a la justicia. Esto fue a fin de dilucidar
por ejemplo, si los empresarios utilizan los
tribunales de justicia para resolver sus
conflictos, la frecuencia con que lo hacen y
las razones por las que utilizan (o no) el
sistema de justicia formal.
El segundo objetivo radicaba en determinar
si los problemas del poder judicial tienen
algún impacto económico para la economía
y para el desarrollo de la micro y pequeña
empresa. En otras palabras, se pretendía
analizar si los problemas de ineficiencia,
lentitud y corrupción judicial afectaban las
decisiones empresariales generando así un
costo económico.
Creemos que los hallazgos de nuestra
investigación en este campo son altamente
valiosos ya que contribuyen a identificar
toda la gama de temas y aspectos pertinentes
a la relación de las pymes con el sistema de
justicia y el ordenamiento jurídico. En tal
sentido, se presenta evidencia acerca de
cuáles son las necesidades legales de las
pequeñas empresas y brinda importantes
detalles acerca de los obstáculos e incentivos
para acceder a servicios judiciales.
Con respecto al primer objetivo, la evidencia
desplegada a lo largo de este estudio indica
que las pymes no utilizan al poder judicial
para dirimir sus conflictos debido a que los
procesos son largos, complicados, costosos
y, en general, ineficientes. Más aún, los
micro y pequeños empresarios evitan a toda
costa recurrir al sistema de justicia. (En
muchos casos, llegan incluso al extremo de
dar por perdida la deuda para así no tener
que recurrir a los tribunales.) Esto no
significa que las pymes no tengan conflictos,
por supuesto que los tienen. Pero frente a
ellos utilizan diversos mecanismos para
resolverlos, intentando por ejemplo negociar
el pago con el deudor, recurrir a la conciliación, etc.
Por otra parte, los datos recogidos por este
estudio con respecto al acceso a la justicia
deben ser considerados a la luz del fenómeno de la informalidad. Existe la creencia
que “formalidad” equivale a acceso a la
justicia y que “informalidad” significa falta
de acceso. En otras palabras, se presume que
al no estar formalizadas las pequeñas empresas automáticamente quedan margina-das
del sistema de justicia, y que por el solo
hecho de ser formales tendrían acceso al
mismo. Nuestros hallazgos no respaldan dicha hipótesis. Por el contrario, las empresas
35
de la encuesta. Por ejemplo, se podría medir
el impacto agregado que tienen los costos
hundidos en atrasos judiciales y coimas
sobre la base del costo para cada empresa
según el tamaño de la deuda de la empresa.
que integraron nuestra muestra señalaron
tener serios problemas de acceso pese a ser
en su mayoría empresas formales. Más aun,
consideramos que es muy difícil trazar la
línea entre empresas formales e informales,
ya que incluso aquellas empresas que están
registradas con las autoridades administrativas y/o tributarias realizan sus negocios
transitando por momentos en la formalidad y
por momentos en la informalidad.
Nuestra principal contribución en este campo radica en haber identificado las diversas
maneras en que la ineficiencia judicial se
traslada al sector productivo y sugerir como
a través de futuras investigaciones dicha
información puede ser integrada en un
nuevo modelo más apropiado para medir el
impacto económico.
Con respecto al segundo objetivo, la
estimación del impacto económico y los
hallazgos son extremadamente valiosos. Por
un lado, encontramos evidencia de que la
ineficiencia judicial lleva a los empresarios a
adoptar prácticas empresariales específicas a
fin de mitigar el riesgo de que surjan controversias. Así es que son reticentes a cambiar
de proveedores incluso frente a la posibilidad de obtener sus insumos a mejores precios, limitan sus transacciones a modalidades de pago seguras (contado efectivo) o se
abstienen de realizar inversiones, expandir
sus empresas o de asociarse con otros empresarios. Dichas decisiones por cierto reflejan el traslado de la ineficiencia judicial al
sector productivo.
Al margen de los dos objetivos iniciales,
este estudio también provee evidencia sobre
la existencia de una serie de problemas
vinculados al sistema de justicia y al marco
legal que afectan el desarrollo de las pequeñas empresas. Aquí podemos mencionar, por
ejemplo, a la falta de asesoramiento y servicios legales a costos razonables para los
empresarios, las dificultades para acceder a
líneas de crédito y los inconvenientes derivados de la informalidad empresarial y la
precariedad de los derechos de propiedad.
Hay dos áreas que por su importancia
merecen especial atención: los problemas
para efectuar negocios con el estado en
todos sus niveles (nacional, departamental y
municipal) y la corrupción. Los indicios
recogidos en este trabajo mostrarían algunos
problemas respecto a la participación de las
pymes en el proceso de compras públicas
del estado peruano. Si bien en principio no
existen mayores obstáculos de tipo legal o
económico para que las pequeñas empresas
participen activamente en los referidos procesos de compras, los expertos consultados
en el transcurso de este estudio señalan que
la participación real de las pymes es muy
baja. Cabe mencionar que no existen estadísticas oficiales respecto a este tema ya que
no hay un mecanismo de monitoreo y segui-
En términos cuantitativos, los resultados son
igualmente alentadores. La metodología utilizada para cuantificar el impacto económico
nos permitió generar escenarios alternativos
sobre el impacto que tendrían aumentos
razonables en la tasa de inversión agregada
sobre el crecimiento económico. Esto confirma los hallazgos de estudios anteriores
(Pinheiro, 1998; Sereno, et al., 2001).
respecto a la posibilidad de identificar los
costos económicos de la ineficiencia judicial
y sirve como base para diseñar futuros
estudios sobre este tema. Sin duda el modelo
utilizado para la medición del impacto
económico puede ser refinado, como así
también se podría realizar estimaciones
adicionales con los datos recogidos a través
36
Recuadro 1
Decisiones empresariales que son producto de la ineficiencia judicial
Reducción de
transacciones
Mayores
costos
Otros
costos
Transacciones con clientes y proveedores conocidos
Cobertura geográfica restringida
Restricción de las modalidades de pago
Evitar el crecimiento empresarial
Transacciones con empresas de igual tamaño
Evitar negocios con el sector público
No buscar mejores precios de insumos
No subcontratar
No realizar compras ni ventas conjuntas
Investigar historial crediticio de clientes y proveedores
Criminalidad / inseguridad urbana
Costos de obtener crédito
Informalidad y precariedad propiedad
midores. Pero además dichos costos muchas
veces actúan como un desincentivo para que
los empresarios recurran al sistema de justicia o contraten con el estado, lo cuál genera costos más difíciles de cuantificar.
miento. Los empresarios, por su parte, mencionaron su reticencia a realizar negocios
con el estado ya que no suele cumplir con
las obligaciones pactadas. Dada la importancia de la pequeña empresa en Perú y el volumen de compras del estado peruano, este
tema merece sin dudas estudios específicos
adicionales a fin de determinar su verdadera
dimensión, especialmente respecto a los niveles reales de participación de las pymes en
las compras públicas, los obstáculos para
dicha participación y las posibles soluciones.
Mirando al futuro
Como señalamos en el primer capítulo,
abordamos esta investigación con el objetivo
principal de dar el puntapié inicial en materia de análisis de la relación de las pymes
con las instituciones legales y, más específicamente, del impacto de la ineficiencia judicial sobre el desarrollo empresarial. Esperamos que los hallazgos y lecciones de este
trabajo resulten relevantes y sirvan de base o
referencia para futuras investigaciones en
este campo. En tal sentido, resulta útil compartir las lecciones aprendidas y realizar
algunas consideraciones finales.
Respecto a la corrupción, este tema apareció
de manera constante en todas las actividades
de investigación desarrolladas en Perú. Los
pequeños empresarios mencionaron insistentemente la incidencia de la corrupción en las
diversas facetas de su actividad empresarial,
tanto en su relación con el poder judicial
como en los negocios con el estado (nacional y municipal), en su relación con entidades tributarias y regulatorias y en su relación
con otras empresas. En síntesis, el fenómeno
de la corrupción afecta a los pequeños
empresarios con frecuencia, imponiéndolos
costos que en algunos casos son soportados
por ellos mismo y en otros por los consu-
En primer lugar, si bien el análisis y la
información presentados en los capítulos anteriores contribuyen a iluminar algunas facetas de las necesidades de tipo legal de las
pymes, es necesario profundizar el estudio
de las mismas, especialmente en relación a
37
ficación apropiada del impacto económico
no puede ser recogida por medio de entrevistas informales sino que se deben llevar a
cabo tareas de análisis y seguimiento
empresarial mucho más complejas.
los mecanismos utilizados por los empresarios para resolver sus conflictos. Por un
lado, para los próximos estudios sería conveniente ampliar el tamaño y composición
de la muestra a fin de validar a mayor escala
las tendencias presentadas en este estudio30.
Por otro lado, la problemática de la pequeña
empresa, al igual que sus características
sectoriales, varía de país a país, por lo cual
sería muy valioso poder llevar a cabo
estudios comparados en la región.
En tercer lugar, como señalamos reiteradamente, quizá el más grande desafío es refinar el marco metodológico para cuantificar
el impacto económico de la ineficiencia
judicial. Este estudio nos permitió avanzar
un gran trecho y el proceso de aprendizaje
realizado nos ha dado las herramientas necesarias para que nuestros próximos estudios
cuenten con una metodología más elaborada
y que se adapte mejor a las características
sectoriales de las pymes.
Nuevas investigaciones acerca de los mecanismos utilizados por las pequeñas empresas
para dirimir sus conflictos servirían para
obtener mayor información respecto a las
prácticas legales de las pymes, la frecuencia
con que tienen conflictos, la forma en que
los resuelven, la asistencia legal con que
cuentan, el costo de la misma, y otros temas
claves. Asimismo, dichas investigaciones
contribuirían para que, en lugar de proponer
prácticas exógenas y desconocidas, los futuros proyectos en este sector se construyan
sobre los mecanismos y modelos utilizados
en forma corriente por los empresarios.
Somos conscientes de que el ejercicio de
cuantificación del impacto económico potencial de una hipotética mejora en la justicia peruana evidencia una serie de problemas y limitaciones. Algunas de ellas son
metodológicas. En particular, el supuesto de
que existe una relación lineal y estable entre
el capital y el producto, o entre sus tasas de
variación, es demasiado riguroso. El enfoque basado en la función de producción de
coeficientes fijos ignora la endogeneidad de
la inversión y las condiciones de mercado
que determinan las razones óptimas de insumos y factores.31 Aunque el enfoque neoclásico incorpora precios relativos y condiciones de equilibrio en los mercados, asume
al igual que el enfoque Leontief-HarrodDomar que el nivel de productividad en el
uso de los factores es constante o exógeno.
Con todo, es preciso señalar que el supuesto
En segundo lugar, nuevos estudios permitirían refinar el enfoque metodológico y adaptarlo aún más a las especificidades de las pequeñas empresas. La medición del impacto
económico de la ineficiencia judicial presenta singulares desafíos. Nuestro aporte tomó
como referencia los ya citados trabajos de
Brasil y Filipinas, pero es necesario continuar perfeccionando las herramientas metodológicas aplicadas. Por ejemplo, los cuestionarios utilizados para las encuestas podrían ser complementados con estudios de
casos y programas de monitoreo a un grupo
de pequeñas empresas. Mucha de la información requerida para realizar una cuanti-
31
Para una crítica de la validez empírica en el corto
plazo del factor ICOR basado en el enfoque LeontiefHarrod-Domar, véase Easterly (1999). Otro problema
con el cálculo de ICOR sobre la base de la razón tasa
de inversión/crecimiento es que no se considera la
tasa de depreciación (es decir, se asume que la
inversión bruta fija, que es sobre la que existen
estadísticas, es igual a la inversión neta).
30
Con respecto a los hallazgos acerca de la relación
entre las pymes y la justicia, estos con congruentes
con las conclusiones de estudios anteriores realizados
por el Instituto Apoyo.
38
de linealidad resulta útil y conveniente en
vista de la limitada información disponible.
aumento en el nivel de ventas podría tener
sobre la eficiencia económica y el progreso
tecnológico34.
Sobre ese problema—las restricciones impuestas por la información derivada de la
encuesta—se asienta la debilidad más importante del análisis cuantitativo anterior: la
estrechez de su alcance. El ejercicio se concentra en los efectos sobre el nivel de producción de las pymes, y a partir de allí,
mediante un intento de extrapolación, en las
tasas agregadas de inversión física y de
crecimiento económico. Pero es claro que un
incremento en la calidad del sistema judicial
puede ejercer un impacto económico positivo por medio de otros mecanismos. Por
una parte, el buen funcionamiento de la
justicia puede incidir sobre la tasa de
progreso tecnológico32, o bien aumentar la
eficiencia con que se combinan los factores
de la producción existentes33. Además,
puede tener un impacto positivo sobre la
tasa de acumulación de otros factores de la
producción, y, en particular, de los recursos
naturales (en especial los minerales) y el capital humano. Finalmente, aún si se concentra la atención en el aumento de las ventas y
la inversión física, hay dimensiones importantes que el ejercicio de cuantificación ignora. Por ejemplo, no se tiene en cuenta, el
impacto que tendría un mejoramiento de la
justicia sobre la eficiencia del sistema financiero, el volumen de crédito disponible, y el
acceso de los productores al crédito, y por
esas vías, el impacto sobre la inversión.
Tampoco se contempla el efecto que un
Muchos o todos estos aspectos han sido discutidos ya en el texto, y la encuesta confirma que un mejoramiento de la justicia incidiría positivamente sobre ellos. Sin embargo, para poder cuantificar algunos de esos
efectos, sería preciso que el cuestionario
incluya preguntas específicas sobre temas
como:
•
•
•
•
•
•
•
Incrementos esperados en la tasa anual
de inversión.
Incrementos esperados en el empleo.
Expansión proyectada en la base de
proveedores y/o clientes.
Diversificación geográfica de la producción y/o las ventas (y, en particular, impacto potencial sobre el nivel de exportaciones o la posibilidad de exportar).
Impacto sobre la contratación externa
(outsourcing).
Efecto esperado sobre las actividades de
innovación o investigación y desarrollo.
Efectos sobre la estructura corporativa y
la apertura del capital.
Futuras investigaciones podrían también
arrojar luz sobre el costo que la ineficiencia
e impredecibilidad judicial imponen sobre el
sistema financiero y, en particular, el impacto que la pobre y engorrosa ejecución de
garantías tiene sobre el volumen, el costo y
la dispersión de crédito. Esto implicaría
aumentar la cobertura de la investigación y
realizar entrevistas a gerentes de bancos e
32
Por ejemplo, la protección adecuada de los
derechos de propiedad intelectual y de propiedad en
general puede aumentar la inversión en investigación
y desarrollo y mejorar las posibilidades de atraer
inversión extranjera directa.
33
Un caso esencial es el de la reducción potencial en
los costos de transacción (ejemplo, en la búsqueda de
información sobre proveedores o clientes, en la
renegociación de contratos, o en la resolución de
conflictos, sea por la vía judicial o por vías
alternativas).
34
Por ejemplo, mediante la explotación de economías
de escala, o el aumento en el número de proveedores
y competidores, y el estímulo que ello podría tener
sobre la innovación. Para un análisis detallado y
cuidadoso de los diferentes mecanismos por los que
el sistema judicial influye en la producción, y una
síntesis de la teoría y evidencia empírica existente,
véase el excelente ensayo de Pinheiro (1996).
39
instituciones financieras. Pero el valor de la
información sobre este tema justifica el costo de obtenerla.
parámetros y coeficientes estimados para
otros países podrían ser usados como base
de referencia.
Es necesario señalar que la cuantificación
del impacto agregado que muchos de esos
rubros tendrían sobre el nivel de producción
total de la economía o su tasa de crecimiento
es compleja. En general, sería preciso partir
de estudios ya existentes. Sin embargo, los
análisis empíricos sobre esos temas tienden
a concentrarse en secciones cruzadas para
países, más que en series de tiempo para un
país en particular o secciones cruzadas sobre
empresas dentro de ese país. Aún así, los
En cuarto lugar y por último, en el transcurso de esta investigación identificamos diversas experiencias vinculadas a la problemática legal de las pymes que podrían ser de
gran utilidad para futuros estudios o proyectos. Por ejemplo, se podría evaluar el
resultado de los proyectos piloto de juzgados
de menor cuantía, de los centros de asistencia legal para pequeñas empresas o de los
programas de formalización de empresas.
40
ANEXO A
Metodología de la investigación
El trabajo de campo se llevó a cabo en la
ciudad de Lima del 8 al 14 de diciembre
de 2002. En esta etapa se trabajó en
forma conjunta con MARC PERU, una
organización no gubernamental peruana
de larga trayectoria en el campo de la solución alternativa de conflictos y programas de difusión y educación legal. En el
transcurso de esta fase se realizaron diversas actividades. En primer lugar, se
llevaron a cabo reuniones y entrevistas
con abogados, jueces, investigadores,
economistas, organizaciones no gubernamentales, representantes de entidades financieras y funcionarios públicos. Estas
reuniones fueron una oportunidad valiosa para recolectar información inherente
al sistea de justicia peruano, el marco legal para el desarrollo de las pymes, los
procedimientos de compras del estado, y
la disponibilidad de financiamiento para
la micro, pequeña y mediana empresa.
El presente estudio se llevó a cabo entre
los meses de septiembre y diciembre de
2002. Las actividades realizadas para la
redacción de este informe se dividieron
en tres etapas: investigación, diseño del
cuestionario y trabajo de campo.
En la fase de investigación se identificó
la literatura relevante para la confección
de este estudio a fin de incorporar las
lecciones aprendidas a nuestra investigación. En tal sentido, se analizaron
múltiples trabajos y estudios de organismos internacionales, agencias de cooperación internacional, centros de investigación y organismos no gubernamentales, tanto de América Latina como de
otras regiones del mundo. Los hallazgos
y experiencias comparadas serán presentados en detalle en la sección correspondiente.
El diseño del cuestionario estuvo a cargo
de un equipo multidisciplinario integrado por profesionales del derecho, ciencia
política y economía. El cuestionario se
dividió en dos secciones. En la sección
inicial se incluyeron nueve preguntas
sobre las características de las empresas
entrevistadas (número de empleados,
facturación anual, años en el mercado,
etc.). La sección principal incluyó 29
preguntas que apuntaban a identificar la
percepción del empresariado acerca del
sistema de justicia, los niveles de
formalidad, la frecuencia del uso de
contratos, los mecanismos utilizados
para la resolución de conflictos con
proveedores y clientes y, en general, el
impacto de la ineficiencia del sistema de
justicia sobre las decisiones empresariales.
En segundo lugar, se utilizó la encuesta
diseñada por IFES a fin de recoger la
percepción de los empresarios peruanos
respecto al sistema de justicia y determinar si los problemas de este último afectan la conducta económica de las pymes.
Las encuestas fueron realizadas tomando
dos muestras distintas.
La primera muestra se tomó en el parque
industrial del distrito Villa El Salvador,
ubicado en la zona sur de Lima, el cual
aloja a empresarios de rubros variados.
Para ello se utilizó un equipo de seis encuestadores, quienes entrevistaron a los
dueños o responsables de las empresas
que aceptaron participar de la muestra.
Las entrevistas tomaron entre 35 y 40
minutos cada una.
41
La segunda muestra se llevó a cabo en el
transcurso de un encuentro nacional de
pymes realizado en el Hotel Riviera del
9 al 13 de diciembre. En dicha ocasión
se utilizó el mismo equipo de encuestadores (seis), quienes el día 10 de diciembre realizaron entrevistas a empresarios
participantes de Lima y del interior del
país.
Salvador se compuso de empresarios
cuyo rango de edad osciló entre 25 y 50
años. Cabe destacar que se intentó
mantener un equilibrio en cuanto al número de hombres y mujeres entrevistados. La mayoría de los encuestados provienen de hogares constituidos por migrantes de diferentes departamentos de
Perú, que viven en Lima desde hace muchos años. Los empresarios más jóvenes,
sin embargo, nacieron en Lima pero son
la “segunda generación” de inmigrantes.
En esta muestra hubo aproximadamente
un 10% de empresarios que desistieron a
ser encuestados, principalmente por
temor a que los encuestadores fueran
inspectores laborales o tributarios y, en
menor medida, por falta de tiempo para
contestar las preguntas.
En tercer lugar, el día 11 de diciembre
de 2002 se llevó a cabo un taller con 30
micro, pequeños y medianos empresarios de distintos rubros, provenientes
tanto de Lima como de ciudades del
interior. El taller tuvo una duración de
dos horas y media, en cuyo transcurso se
trataron temas incluidos en la encuesta y
otros que habían quedado al margen de
la misma. Asimismo dicha oportunidad
sirvió para corroborar los principales
hallazgos de la encuestas y para discutirlos en mayor profundidad.
La muestra obtenida en ocasión del encuentro nacional de pymes presentaba un
rango de edad un poco menor que el anterior, ubicándose en un rango de entre
20 y 45 años. Cabe destacar que además
de mantener un balance en cuanto al
género de los encuestados, se tuvo la
oportunidad de entrevistar a empresarios
de origen indígena. Asimismo, varias de
las pymes encuestadas tuvieron o tienen
algún tipo de experiencia en materia de
exportación de sus productos. Algunos
de los empresarios que respondieron la
encuesta participaron posteriormente en
el taller del día 11.
La muestra de empresarios quedó finalmente compuesta de la siguiente manera:
30 microempresarios, 22 pequeños y 14
medianos. El criterio utilizado para la
clasificación de los empresarios fue el
número de empleados35, ubicándolos de
la siguiente manera:
•
•
•
Microempresa: hasta 10 empleados.
Pequeña empresa: entre 11 y 20
empleados.
Mediana empresa: entre 21 y 200
empleados.
En ambas muestras se destacó la alta
incidencia de negocios de tipo “familiar”, donde integrantes de la familia
cumplen distintas funciones dentro de la
empresa. Asimismo, cabe señalar que si
bien la gran mayoría de los entrevistados
fueron empresas de carácter formal,
muchos de ellos conducen parte de sus
negocios de manera informal.
En relación a las características de los
encuestados, la muestra de Villa El
35
Se dejó de lado la facturación anual debido a
la reticencia de los empresarios a dar
información acerca de sus ingresos por temor a
las inspecciones impositivas o de otras
dependencias oficiales del estado.
42
Anexo B
Apéndice metodológico
1. Estimación del promedio
ponderado de aumento proyectado
en las ventas
•
El ejercicio de cuantificación del aumento potencial en la producción y
ventas como consecuencia de una mejora en la justicia se basa en las respuestas
obtenidas para la siguiente pregunta de
la encuesta:
•
“Si la justicia fuera eficiente, confiable
para resolver sus problemas o conflictos
y hacer respetar los contratos, cuánto
cree que mejorarían sus negocios.
•
___nada
___menos del 10%
___entre 10 y 30%
___entre 30 y 50%
___entre 50 y 70%
___Otro:_____________”
Todas las empresas que escogieron
“otro” precisaron que el aumento proyectado en las ventas como consecuencia de una mejora en la justicia sería del
100%. Este fue por tanto el valor utilizado para la categoría “otro” en los tres
escenarios j.
Un total de 33 microempresas y 26 pequeñas y medianas empresas respondieron a la pregunta.
2. Estimación del impacto sobre la
inversión y el crecimiento
económico
El promedio ponderado (µ) de aumento
estimado en las ventas se calculó utilizando la siguiente fórmula:
Para estimar el aumento en la tasa de
inversión que sería necesario para generar un aumento x en el volumen de producción es preciso establecer un vínculo
funcional entre producto y capital, o
entre producto e inversión. Por simplicidad, se asumió que el vínculo entre el
nivel de producto y el acervo de capital
es lineal y constante. Diferentes enfoques teóricos y formas funcionales pueden ser utilizadas para justificar tal
µ kj = ∑ ω ik ∆S i , j , donde
i
•
•
intervalo i como indicativo del aumento posible en las ventas;
i es el intervalo de valores posibles de aumento en las ventas, que
incluye las categorías: nada, menos
del 10%, entre 10 y 30%, entre 30 y
50%, entre 50 y 70%, y otro;
j es el punto del intervalo utilizado para estimar el promedio, e incluye las siguientes categorías: límite
inferior, punto medio, y límite superior;
k es el tipo de empresa, e incluye
las siguientes categorías: microempresa, pequeñas y medianas empresas, y total de empresas encuestadas
∆Si,j es el i-ésimo intervalo de
aumento proyectado en las ventas,
usando el punto j del intervalo;
ωik es la frecuencia relativa de
empresas de tipo k que escogieron el
43
supuesto, y de tales enfoques se desprenden métodos alternativos para estimar
empíricamente la relación entre capital y
producto. Este estudio se basa en dos
teorías diferentes sobre la función de
producción: la función de coeficientes
fijos, y la función neoclásica.
donde el factor 1/v es el inverso de la
productividad del capital, y es generalmente denominado ICOR (del inglés
incremental capital-output ratio)38.
La formulación en (2) sugiere un
procedimiento directo para estimar empíricamente el factor ICOR, como la
razón entre la tasa de inversión (inversión/PIB) y la tasa de crecimiento del
PIB. La tasa de crecimiento tiende a ser
mucho más variable que la tasa de
inversión, por lo que la relación entre
ambos tiene sentido únicamente en el
mediano o largo plazo. Nosotros estimamos el ICOR para el decenio 1993-2002.
En el caso del Perú, la tasa de variación
anual del PIB ha sido particularmente
volátil, por lo que se utilizaron tres métodos distintos para suavizar la serie. En
consecuencia, se obtuvieron tres valores
distintos del ICOR:
2.1 Función de producción de
coeficientes fijos
La forma funcional que establece un
vínculo lineal entre capital y producto de
modo más simple y directo es la función
de producción de coeficientes fijos
(función Leontief)36, si se asume—como
es común en economía del desarrollo—,
que el factor escaso es el capital. En tal
caso, el producto Y se puede definir
como una función lineal del acervo de
capital K:
Y = vK,
(1)
donde v es una constante de proporcionalidad que mide la productividad del
capital. Si se toman primeras diferencias
de la función (1), se dividen ambos lados
entre Y, y se define la inversión I como
el cambio en el acervo de capital (I =
∆K)37, es fácil mostrar que la tasa de
crecimiento (g) del producto es igual a:
g=
I
I /Y 1
∆Y
=v ⇒
=
Y
g
v
Y
a) ICOR = (promedio de la tasa de
inversión 1993-2002)/(promedio de
la tasa de crecimiento anual del PBI
1993-2002) = 21,52/4,44 = 4,85
b) ICOR = ∑ ICORi / 10 ,
donde
i
ICORi = PMinvi/PMcreci, PMinv es
el promedio móvil con ponderaciones decrecientes de tres períodos
para la tasa de inversión39, PMcrec
es el promedio móvil centrado de
tres años para la tasa de
(2),
36
Esta función asume que los factores de
producción deben ser combinados en
proporciones fijas, de modo que la cantidad del
factor más escaso determinará el volumen de
producción.
37
Por la dificultad para calcular el acervo de
capital, generalmente se asume que la tasa de
depreciación del capital es zero, de modo que la
inversión bruta y la inversión neta coinciden. (De
otro modo sería preciso calcular el acervo de
capital, para así poder aplicar la depreciación).
38
Este es el enfoque funcional que se utiliza, por
ejemplo, en el modelo Harrod-Domar de
crecimiento económico.
39
El uso de este procemiento se basa en la
consideración de que la tasa de inversión puede
incidir sobre el crecimiento con rezagos
considerables. El promedio móvil de tres
períodos del año t se calculó utilizando las
ponderaciones 1/6, 2/6 y 3/6 para los valores de
los años t-2, t-1 y t, respectivamente.
44
crecimiento40, e i es el valor correspondiente para cada uno de los años
en el período 1993-2002. El ICOR
total es el promedio simple de los
valores del ICOR para cada año. El
valor resultante fue de 8,50.
c) ICOR = ∑ ICORi / 10 ,
donde
i
ICORi = PMinvi/TENDcreci, PMinv
es definido como arriba, TENDcrec
es el valor de tendencia de la tasa de
crecimiento del PIB41, e i es el valor
correspondiente para cada uno de los
años en el período 1993-2002. Como
en el caso b) anterior, el ICOR total
del período es calculado como el
promedio simple de los valores del
ICOR para cada año. El valor
resultante fue de 6,25.
producción bajo la formulación CobbDouglas, que en su versión más simple
es:
Y = K α L1−α , con 0 < α < 1 (3)
donde L es nivel del factor trabajo. En
este caso, α mide la elasticidad del
producto con respecto al acervo de capital. Mediante elementales operaciones de
cálculo diferencial se puede mostrar que
el producto marginal del capital
( ∂Y / ∂K ≈ ∆Y / ∆K ) en la función (3) es
igual a α(Y/K). Bajo condiciones de
competencia perfecta, tal producto marginal debe ser igual al costo marginal,
definido como la tasa de interés real (r)
más la tasa de depreciación (δ). Imponiendo esa condición, y acomodando la
expresión resultante, se obtiene:
Y=
En todos los casos las series fueron
tomadas del Banco Central de la Reserva
de Perú.
(r + δ )
α
(4)
K
Por tanto, la relación producto-capital en
la función Cobb-Douglas también es
lineal y constante, en tanto r y δ se mantengan estables42. La ecuación (4) es
equivalente a la ecuación (1), y puede
igualmente reexpresarse en términos de
crecimiento como:
2.2 Función neoclásica de producción
Una especificación alternativa de la
función de producción que también
arroja una relación lineal entre capital y
producto es la función neoclásica de
g=
40
El uso del promedio móvil centrado se
fundamenta en el criterio de que la tasa de
crecimiento de un año puede estar asociada no
solo a valores pasados sino también a valores
futuros de esa tasa. En el cálculo del promedio
para el año t se utilizaron ponderaciones iguales
(1/3) para los valores de los años t-1, t y t+1.
41
Dos diferentes métodos se utilizaron para
determinar la tendencia de la tasa de crecimiento:
a) se impuso una tendencia lineal (regresión de la
tasa de crecimiento sobre una tendencia lineal); y
b) se utilizó el filtro Hodrick-Prescott (λ = 1600)
para suavizar la serie. Ambos procedimientos
arrojaron valores casi idénticos (el filtro
Hodrick-Prescott aproxima la tendencia lineal
para valores altos del parámetro λ, que penaliza
la incorporación de fluctuaciones en la
tendencia).
∆Y r + δ
=
Y
α
I
Y
(5)
Nótese que (r + δ)/α en (5) es equivalente a la constante v en la ecuación (1),
y por tanto su inverso corresponde al
factor ICOR: ICOR = α/(r + δ). La
ecuación (5) ofrece entonces una forma
alternativa de estimar el ICOR, y consecuentemente la relación entre inversión y
crecimiento.
42
Esta es la ecuación fundamental de la que se
deriva la teoría del acelerador de la inversión.
45
En nuestro caso, partimos de estimaciones del parámetro α basadas en estudios
de regresión de la función de producción
(3) existentes para el Perú43. Los estudios consultados ofrecen un rango de valores estimados de α que van desde 0,40
hasta 0,76. Utilizamos entonces esos dos
valores límite para obtener un rango de
estimación del factor ICOR. La tasa de
interés real r utilizada fue el promedio
simple para el período 1993-2001 de la
tasa de interés real anual (rt)44. A su vez,
la tasa de interés real para el año t (rt)
fue estimada utilizando la siguiente fórmula:
1 + it
rt =
−1
1+πt
del índice de precios al por mayor
(fuentes: Fondo Monetario Internacional
y Banco Central de Reserva del Perú).
La tasa promedio real estimada para el
período 1993-2001 es de 13,54%.
Finalmente, la tasa de depreciación (δ)
usada fue de 5%, como es usual en ejercicios de contabilidad del crecimiento.
Con esos valores para los parámetros y
variables, los ICOR estimados fueron de
2,16 (para α = 0,4) y 4,10 (para α =
0,76).
El cuadro 3 en el texto muestra los
incrementos resultantes en la tasa de
crecimiento anual del PIB para los
diferentes estimados de ICOR, y bajo
diversos supuestos de incremento en la
tasa de inversión.
donde i es la media aritmética de la tasas
nominales de interés anual activas y
pasivas, y πt es la tasa de variación anual
43
Véase Carranza et al. (2003), que a su vez
glosan (tabla 3, página 17) los valores obtenidos
para α en estudios anteriores sobre Perú. Véase
también Rosazza y Gallegos (2001), que citan
otro estudio anterior donde el valor estimado de
α fue de 0.44.
44
El período de estimación utilizado por
Carranza et al. (2003) para calcular el parámetro
α es 1952-1999. Uno de los otros estudios allí
citados obtuvo un valor de 0,64 para el período
1991-99. No se indican los períodos usados por
los demás estudios citados, pero es posible que
difieran entre ellos y, en particular, que difieran
del período utilizado por nosotros para estimar la
tasa de interés real. Sin embargo, el ejercicio
presente tiene como fin únicamente encontrar el
orden de magnitud de valores indicativos del
impacto sobre el crecimiento económico de un
aumento en la inversión.
46
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