Ética de la Intervención Social

ETICA DE LA INTERVENCION SOCIAL Alipio SANCHEZ VIDAL 1. Contexto socio-histórico: Modernidad, crisis moral e intervención social 1. La herencia de la modernidad 2. ¿Disolución de las certezas? La confusión postmoderna 3. Lo moral y lo social: Ética social 4. La crisis moral 5. Modernidad, postmodernidad e intervención social 1 1 5 7 9 12 2. Contexto científico-técnico: Ciencia, técnica y ética en la IS 1. ¿Neutralidad valorativa? Ciencia y valores 2. Ilustraciones en la acción social 1. Evaluación 2. Construcción social de los problemas sociales 3. Consecuencias para la IS 4. Ética y técnica social 5. Relación técnica-valoración: Independencia lógica 1. Distinción conceptual: Naturaleza y funcionamiento 2. Ritmo temporal 6. Praxis: Autonomía funcional y metodológica 1. Funciones y temporalidad 3. Autonomía metodológica y criterios éticos en la acción social 7. Interacciones 1. Temporales 2. Temáticas 8. Extremismos y riesgos derivados 1. Tecnocracia: Respuestas técnicas a cuestiones valorativas 2. Fundamentalismo: Respuestas valorativas a cuestiones técnicas 3. El abuso de lo valorativo: La ética como técnica 9. Resumen y conclusiones 15 15 18 18 19 21 22 24 24 25 26 26 27 29 29 29 31 31 32 32 33 3. Ética e intervención social: Estructura ética de la acción social 1. Ética 1. La estructura y dinámica de la acción moral: Vectores éticos y proceso 2. Intervención social 36 36 37 41 1. Estructura funcional 3. Estructura ética de la IS 1. Ética del acto profesional 2. Estructura ética de la IS 3. Conclusión: "Teoría" y tipología de la ética de la IS 44 47 47 48 51 4. Ética de la IS: Cuestiones previas y generales 55 1. Ética de la IS 55 1. Concepto: Bueno y malo en la IS 56 2. Asunciones valorativos 57 2. Cuestiones previas: Intencionalidad 60 1. Intenciones y resultados 61 2. Intenciones patentes y latentes: Beneficencia y auto-beneficencia 61 3. El riesgo de anular al otro: Celo y condicionamiento ideológico de la ayuda 65 0 3. El otro: El destinatario de la IS 1. ¿Quién es el destinatario de la IS?: Etica, técnica y estrategia 4. Legitimidad 1. Intervencionismo social y legitimidad 2. Libertad personal e intervención externa 5. Autoridad 1. Autoridad política y técnica, ¿autoridad moral? 2. Posicionamiento política y autoridad moral 6. Responsabilidad 1. Responsabilidad profesional 2. Responsabilidad por resultados inesperados: Previsibilidad y libertad 3. Contenido: ¿De qué es responsable el interventor social? 4. Los límites de la preocupación ética 7. Resumen: Cuestiones valorativas en la IS 66 67 68 68 71 72 72 73 75 75 77 81 81 82 5. Análisis puntuales: Valores (libertad) y métodos (grupos de encuentro) 1. La teoría: Libertad e intervención social 1. Técnica interventiva y restricciones a la libertad 2. Valoración crítica 2. La praxis: Controles y garantías interventivas 3. Análisis ético de los grupos de encuentro 1. Sistema ético y sistema social: Valores, agentes y relaciones 2. Intercambios y cuestiones éticas en la determinación de fines 3. Valoración crítica 86 86 87 90 92 93 93 94 96 6. Ética en la IS: Planteamientos, métodos y contenidos 1. Cuestiones éticas en la IS: Origen 2. Deontología profesional e IS 1. Crítica desde la acción social 3. Metodología: Proceso analítico 4. Áreas interventivas: Consulta 1. Panorámica de las cuestiones éticas 2. Ilustración 1: ¿Quién es el cliente? 3. Ilustración 2: Por qué y cuándo abogar 5. Intervención comunitaria y contexto relacional 1. Destinatario: La colaboración y sus problemas 6. Dimensión política de la IS y abogacía social 1. Información y poder: Ciencia y política en la acción social 2. Crítica del enfoque político: Ética y política 3. El rol interventor como integrador de demandas diversas 7. Conclusiones y recomendaciones 1. Relación y rol 2. Destinatario 119 3. Otras: Contexto, poder y conocimiento 8. Esquema de trabajo sugerido 98 98 99 100 101 104 104 107 108 109 111 112 113 114 116 117 117 119 120 REFERENCIAS 127 1 CAPITULO 1 CONTEXTO SOCIOHISTORICO: MODERNIDAD, CRISIS MORAL E INTERVENCION SOCIAL En este capítulo se trazan algunas coordenadas históricas, sociales y psicológicas que, a modo de "plano de situación" permiten ubicar la consideración ética de la intervención social (IS en adelante). Situación marcada, precisamente, por una doble crisis, cultural -cuestionamiento de la herencia de la modernidad- y moral -repudio de los sistemas generales de valor y obligación-, en que la utilidad y significado de este enmarque pueden resultar engañosos. Primero, porque la confusión ideológica reinante y el rechazo de cimientos y certezas milita contra la propuesta de cualquier marco cultural y social -que como consenso global o acuerdo de mínimos sea aceptable para la mayoría- en que situar coherentemente -y desde el que dar sentido a- la ética de la IS. Dificultad que torna, precisamente, ese marco o basamento tanto más necesario. Segundo, porque en el terreno de la ética las lógicas del contexto y de la acción social navegan en direcciones opuestas. La lógica contextual "postmoderna" postula desmantelar la ética, al menos en su acepción de canon universal. La acción social, cada vez más consciente de sus implicaciones y dificultades morales y de lo primitivo de su reflexión sobre ellas, intenta construir una ética operativa válida. La posibilidad de que esta contextualización ilumine el análisis ético de la acción social puede quedar, en consecuencia, desvirtuada si se acaban traspasando a la IS lógicas de funcionamiento que le son substancialmente ajenas, aunque la influyan de alguna manera. En evitación de tal traspaso y para mantener la perspectiva global, apuntamos brevemente al final del capítulo algunas relaciones entre IS y modernidad. Antes de eso nos proponemos poner de manifiesto el clima social histórico -la "herencia de la modernidad"- que condiciona el examen ético de la IS; discutimos y evaluamos la supuesta crisis moral actual y examinamos la relación entre las esferas moral y la social, así como la posibilidad de una ética genuinamente social que obviamente condiciona el tema mismo del libro. 1. LA HERENCIA DE LA MODERNIDAD Desaparecido el socialismo, huérfano de certezas, alternativas y "enemigos", y desatadas las fuerzas de la diversidad -y algunos atavismos disgregadores-, el Occidente opulento y postindustrial encara en el fin del milenio un panorama crítico, complejo y desconcertante que, a falta de mayor concreción, algunos han bautizado como "postmoderno". Un panorama que Victoria Camps (1990) ha retratado resignadamente así: "Vivimos en un mundo plural, sin ideologías sólidas y potentes, en sociedades abiertas y secularizadas, instaladas en el liberalismo económico y político. El consumo es nuestra forma de vida. Desconfiamos de los grandes ideales porque estamos asistiendo a la extinción y fracaso de la utopía más reciente. Nos sentimos como de vuelta de muchas cosas, pero estamos confusos y desorientados ... Hemos conquistado el refugio de la privacidad y unos derechos individuales ... el sujeto vuelve a aparecer, pero sin prepotencia ... Quererse a sí mismo y no privarse de nada es el fin inmediato e indiscutible de la existencia ... La libertad es el valor propiamente dicho" (p. 7-8). En este ambiente enrarecido y derrotista, algunos intelectuales han roto con el pasado moderno -que dan por clausurado-, sembrando el horizonte de nihilismo y perplejidad, debilitando el ya de por sí pusilánime tono vital del fin de siglo y ensombreciendo, de paso, la racionalidad ilustrada y sus logros. La modernización como raíz y referente polivalente ¿Cómo se ha llegado a la semejante situación? Para entender el desfallecimiento actual y la revuelta antimoderna debemos revisar, siquiera someramente, el proceso modernizador occidental, que desde sus orígenes renacentistas va trenzando a lo largo de los siglos siguientes una serie de complejos desarrollos demográficos, urbanísticos y sociales con un horizonte credencial unificador de fe en el progreso, la razón y la ciencia (Ilustración). Proceso que hunde sus raíces estructurales en el descubrimiento de los nuevos mundos, 2 las revoluciones científicas (constitución de las ciencias modernas), política (democracias francesa y americana) e industrial, el capitalismo moderno (con la ética calvinista como substrato cultural). Y que está, según el análisis sociológico, profundamente penetrado por los valores directrices de secularización, racionalización instrumental e individualismo que, junto a la fe en el progreso, crean las condiciones culturales para unos cambios materiales y sociales sin precedentes, que pueden entenderse como un desarrollo y diversificación crecientes de los sistemas sociales y de las funciones instrumentalmente útiles de sus miembros. En función de sus resultados, ese proceso es vivido por unos como espejo en que mirarse -o, al menos, como proyecto por mejorar o completar- y como herencia nefasta a desterrar, por otros. La sobriedad, sentido del deber y exaltación del trabajo penetrado de religiosidad proclamdos por la moral calvinista aportan una base cultural del capitalismo inicial. El método científico, el racionalismo, la contrastación empírica y los descubrimientos de las ciencias físico-químicas -y sus aplicaciones industriales y domésticas- fortalecen la fe de los hombres en su propio poder y en el conocimiento y el progreso basado en la razón. Las revoluciones políticas francesa y americana alumbran un nuevo orden democrático basado en la voluntad y autodeterminación de los pueblos y los ciudadanos. La revolución industrial trae consigo el maquinismo, posibilita la producción masiva de bienes, pone en primer plano el proceso de producción. Causa, también grandes desplazamientos del campo a la ciudad y enormes dislocaciones sociales bajo las condiciones de producción capitalista que, a la vez que posibilitan la liberación de los hombres de los ligámenes feudales, los "fragmenta", alienándolos del otrora proceso unitario de producción y convirtiendo su trabajo en mercancía adquirible en un mercado "libre" profundamente injusto para él. El paso de una economía agraria, de subsistencia a una industrial de producción y la mejora de la medicina y condiciones públicas de salud generan una "explosión" demográfica sin precedentes. El mundo se urbaniza. La ciudad pasa a ser el centro de producción y comercio, sede de la burguesía e identificado con una forma de cultura más heterogénea, sedentaria y dinámica característico de la modernidad. La sociedad y la vida diaria sufren profundas -y frecuentemente desvertebradorasconvulsiones en la mayoría de sus órdenes y relaciones. El rol social de la familia se debilita en similar medida al fortalecimiento del rol del trabajo, perdiendo muchas de sus funciones económicas y sociales y quedando en refugio de afectividad y vida privada. Lo que, unido al avasallador individualismo, reduce en tamaño y significación social al núcleo familiar haciéndolo más frágil e inestable. El trabajo -la nueva religión secular- recoge las funciones -como generar valor e identidad social- que familia, religión y comunidad pierden, convirtiéndose en esfera autónoma y centro de la vida pública. Algo similar ocurre con el territorio cuyos lazos y vinculaciones comunitarias se debilitan con la creciente movilidad (física y simbólica), interdependencia de las comunidades e individualismo. La emancipación del individuo torna conciencia e identidad individual lo que antes era conciencia tribal (familiar y comunitaria). La secularización desmitifica el mundo, desplazando el papel de la trascendencia y la religión en favor de la razón humana. La creciente racionalidad instrumental e impersonal (la ciencia y la técnica, la ley y la lógica capitalista del mercado) substituyen en gran parte a los lazos y valores ceremoniales y personalizados o divinizados. Nace así el individuo emancipado "desanclado" (disembedded) como actor autónomo y ciudadano titular de derechos, no como agente de un dios o un señor feudal. La sociedad pasa, en fín, de un todo cohesionado, integrado y relativamente estático a un conjunto diverso y dinámico de instituciones y sistemas especializados y autónomos cuyos intereses y proyectos es preciso coordinar o, cuando menos, hacer compatibles. Retornando a la situación actual, es lugar común del debate sociocultural la idea de que atravesamos una crisis. Crisis cuyo alcance, significado -y existencia misma- son, sin embargo, objeto de encendido debate y cuyos trazos globales -la citada "herencia de la modernidad"3 podrían cifrarse como sigue. Hundimiento del socialismo, fin de la bipolaridad de bloques y consecuencias ligadas: debilitamiento de los ideales y alternativas, resurgir de fundamentalismos y nacionalismos y recrudecimiento de las diferencias (Norte-Sur) entre pobres y ricos. Crisis política, desencanto con la democracia y nueva "agenda" encarnada por los movimientos sociales: ecología, pacifismo, nuevo asociacionismo, altruismo social, etc. Mundialización económica asociada al "nuevo orden" neoliberal, debilitamiento de los estados nacionales y paso de una economía centrada en la producción industrial a una centrada en los servicios y el consumo. Consumo que, trascendiendo la economía, impregna todas las esferas vitales y sociales (política, cultura, comunicación, relaciones personales ...), conformando un modo de vida a la vez que un horizonte materialista de realización personal basado en tener y acumular, no en ser o relacionarse con otros. Puesta en cuestión del "estado del bienestar" y las conquistas sociales de épocas pasadas; escasez del trabajo y creciente fragmentación social. Transición de los valores "capitalistas" iniciales (austeridad, ahorro, trabajo) hacia el hedonismo consumista y la satisfacción inmediata y egoista. Cuestionamiento del racionalismo moderno y vacío de certidumbres cognoscitivas (ciencia), valorativas (moral) y estéticas (arte): se rechazan las antiguas y su legitimidad sin aportar otras que las substituyan. Afirmación de la diversidad, localismo y el contexto frente a lo establecido, cohesionador o unificador. Imposición -frente a los artefactos materiales de la era industrial- de la comunicación simbólica (icónica e informativa) e impersonal como materia prima del "nuevo mundo". "Polución" simbólica: escalada de sensacionalismo, superficialidad y frivolización utilitarista -o halagadora de los apetitos más elementales- generalizados de los medios de masas y agobiante manipulación de la publicidad comercial. Dificultad creciente del sujeto ("self" saturado o "vacío") para integrar y dar sentido a tan voluminoso e inescapable bombardeo sensorial y simbólico. Tecnificación y profesionalización, enfín, especialista en respuesta a la complejización simbólica y operativa de la vida cotidiana. La creciente complejidad y rapidez de los cambios resulta tan desconcertante como difícil de evaluar, provocando con frecuencia juicios polivalentes y contradictorios en virtud del multifacetismo de las situaciones, la pluralidad de efectos para el ciudadano medio y la diversidad de juicios emitidos desde los grupos influyentes en función de sus intereses. Bivalencia y contradicción manifiestos en la valoración del progreso y la propia dirección de la evolución del mundo actual. De ninguna manera puede afirmarse que el progreso económico y tecnológico ha traído consigo el avance social y humano. Si prescindimos de anteojeras ideológicas 'progresistas' o bienpensantes que con demasiada frecuencia prejuician la realidad en este campo impidiendo contemplarla en su integridad, con sus luces y sus sombras, es difícil evitar la conclusión de que el progreso material, no sólo no ha aumentado, sino que con frecuencia ha disminuido, la calidad de vida de los ciudadanos (de gran parte de ellos, al menos) en los paises occidentales... Aunque el progreso ha creado, por un lado, las condiciones tecnológicas y económicas para una vida mejor, ha destruido, por otro, tramas sociales y relacionales básicas creando escenarios psicosociales que degradan notablemente el bienestar de personas y grupos humanos. Se produce así una situación paradójica, compleja y frustrante en que las mejores condiciones materiales de vida conviven con las peores condiciones de desintegración comunitaria y problemática psicosocial. La productividad tecnológica es espectacular; la productividad social y humana, catastrófica. (Sánchez Vidal, 1993; p. 13). La extensión de esta visión dialéctica y poliédrica del progreso a las condiciones de vida del hombre actual permite captar la doble potencialidad de la herencia moderna con sus contradicciones y malestar intrínseco: el enorme potencial de progreso social y humano liberado a la vez que la extendida patología personal y social (el "malestar del bienestar") generada. Así, el énfasis en el trabajo frente a familia y comunidad ha tornado críticamente frágiles e inestables 4 las vinculaciones personales y generado un considerable desarraigo. La gran oportunidad de actuar y producir comporta una elevación paralela de las exigencias mínimas para sobrevivir: mantener un trabajo, entender lo que sucede alrededor, tomar decisiones y elegir entre la miríada de ofertas, planificar la actividad vital, etc. Lo cual excluye, en fin, cada vez a más personas del flujo habitual de la vida social contribuyendo críticamente a la marginación y fragmentación social. El frenético ritmo vital en algunas esferas y momentos contrasta llamativamente con el sedentarismo y automatización de otras que pasamos sentados frente a la televisión o el ordenador o en tediosas rutinas. Las tremendas posibilidades de comunicación -material y simbólica- van acompañadas por una paradójica sensación de aislamiento e incomunicación. La explosión de imágenes y mensajes externos y la "democratización" de la cultura no nos ha hecho ni más sabios, ni más capaces de tomar decisiones respecto a nuestras vidas; ni, desde luego, mejores, más solidarios con los demás. Bien al contrario, con frecuencia ese flujo abrumador aumenta nuestra perplejidad y pasividad para actuar, refuerza la tendencia al distanciamiento social y la impermeabilización de la conciencia y embota nuestra sensibilidad ética y social. Parecemos padecer, en fín, una "fatiga del desarrollo" que sobrecarga de nuestras funciones simbólicas e intelectuales y, en ausencia de vínculos, convicciones y valores sólidos, debilita nuestras capacidades afectivas, relacionales y morales. En una cultura que gira en torno al individuo, este se convierte en protagonista obligado de casi toda acción y dinamismo. Eso le confiere una tremenda capacidad de auto realización, pero tiene también un alto coste de responsabilidad y frustración. Aunque, sobre el papel, bienestar y éxito personal están al alcance de todos, en la realidad resultan sólo asequibles a aquellos que tienen acceso a los medios socialmente sancionados -trabajo, excelencia productiva y consumo material- excluyendo y frustrando a muchos otros y fatigando a casi todos. La felicidad basada en producir, ser eficaz y acumular posesiones y estatus se muestra esquiva, se convierte con frecuencia en una alocada carrera de "logros" externos sin enriquecimiento interno o queda truncada por la frustración y el fracaso. Una carrera que exprime cada vez más de la persona (tiempo, energía, dedicación intelectual y emocional) hacia la esfera social y laboral y convierte a los otros en competidores o adversarios impersonales, en vez de compañeros humanos. Hay algo, en fin, profundamente irracional y contradictorio en el proceso modernizador, tan liberador por otro lado. Y es que no está hecho "a la medida" del hombre (Adelson, 1974) sino, en buena parte, a su costa. La racionalización y secularización modernas han sentado, junto al progreso técnico, las bases para "construir" el individuo autónomo, "desanclado" de las estructuras primarias de lugar, parentesco, religión y tradición en que estaba "encuadrado" (Giddens, 1994). Quizá eso ha satisfecho las necesidades de autonomía y libertad, pero ha erosionado seriamente, a la vez, las fuentes tradicionales de normas, valores y significado, por un lado, y de vinculación humana (Memmi, 1984), por otro. Si asumimos que esos nutrientes normativos y relacionales son necesarios para el desarrollo humano, la imposibilidad de obtenerlos de sus fuentes primarias y personalizadas llevaría a buscarlos a través de vinculaciones adictivas a la droga, a los demás, a las ideas y los credos, etc. Las adicciones (físicas, ideológicas, afectivas, icónicas, etc.) serían en esta hipótesis substitutos irracionales y espurios de los vínculos humanos, a la vez que manifestaciones del déficit de significado y normatividad creados por el modo de vida moderno. Apuntando, como los "nuevos valores" (ecología, feminismo, salud, familia, etc.), hacia una compensación humanizadora del exceso de individualismo y racionalidad utilitarista soportado por el hombre actual. Y reclamando reconducir el proceso modernizador a la medida del hombre y a su servicio, no al de impersonales y abstractos sucedáneos como la tecnología o el desarrollo económico. 2. ¿DISOLUCION DE CERTEZAS? LA CONFUSION POSTMODERNA 5 Uno de los planos que ha vivenciado más dramáticamente los cambios y contradicciones es el ético. Privado de los referentes morales externos que definían nítidamente el bien y el mal, guiaban la conducta individual y daban cohesión a la comunidad. "Desprovisto" de Dios, memoria significativa (historia), el otro, la comunidad y hasta de sí mismo (self) e incitado por mil influjos y mensajes, el hombre moderno tiene cada vez más dificultades para distinguir lo bueno y lo malo, para juzgar u obrar rectamente. Perplejo, se plantea qué hacer y en qué creer. Enfrentado a la labor de dotarse deliberadamente de una ética, no tiene nada claro que la desorientación, angustia e inseguridad de tal tarea, compensen las ventajas de libertad y crecimiento personal que prometen coronarla. Oscila entre el vértigo del nihilismo y la nostalgia de las antiguas -y ya "inservibles"- certezas: religión, patria, clan o líder carismático. Con frecuencia se retira, en fín, a la duda, la indiferencia o el desapego. No sólo ha desaparecido la verosimilitud de un nexo con la divinidad, base de la moral religiosa. Peor, se ha debilitado seriamente el referente ético básico, el nexo con los otros hombres, la alteridad, arrinconada por la autosuficiencia y el individualismo. Suplantado el otro por el yo, el nexo con él deviene autocomplacencia y aislamiento egoísta; el interés por el otro, autointerés e insolidaridad. Insolidaridad con las víctimas de la miseria y la injusticia social doméstica y planetaria. Como señala, algo apocalípticamente, González Casanova (1992): "no es que exista un vacío de valores en el campo de las estrategias sociales y políticas ... Es que priman unos valores egoístas e inmediatistas que imposibilitan radicalmente la propia existencia de unas estrategias que merezcan el auténtico nombre de 'sociales' y 'políticas'... El capitalismo ha llegado a su culminación lógica: la destrucción de todo valor constitutivo de una comunidad social y política..." (p. 15). La crisis así planteada -y sus posibles salidas- son el centro de un amplio debate que, al hilo de la crítica del racionalismo moderno, ha reavivado el interés por la ética y su papel en el mundo actual. El punto de partida de la discusión es la aceptación de los valores racionalistas y utilitarios actuales, del que se deriva la afirmación o denegación de la existencia de una crisis moral real: la aceptación de tales valores como sistema moral válido, conduce a negar la crisis; su rechazo, a reconocerla. Frente a la inflación de derechos e individualismo, los pensadores "comunitarios" (Etzioni, 1993) enfatizan comunidad y responsabilidad social como fuentes válidas de moral y núcleos de una forma de vida alternativa. Para MacIntyre (1984), vivimos en una época histórica post virtuosa en que, desaparecida la auténtica moral como consecuencia de los catastróficos cambios operados por la Ilustración, apenas poseemos apariencias fragmentarias de moralidad. La tarea de recuperar la moral se torna así imposible a menos que puedan reconstruirse comunidades que den sentido a la vida humana y de cuya textura puedan resurgir virtudes y valores humanos. Otros, "liberales", parten de la situación existente para construir una ética basada en la libertad y el auto-interés individual y su maximización como satisfacción colectiva. Rawls (1971), partiendo de un hipotético contrato social "racional", enfatiza justicia e igualdad como complementos éticos necesarios de las virtudes liberales, a la vez que contrapesos necesarios para corregir sus excesos y desigualdades de manera que los más desfavorecidos vivan lo mejor posible. Una sociedad verdaderamente democrática habría de tomarse muy en serio los derechos de las minorías más débiles (Dworkin, 1977). Otra línea argumental del debate subraya los ideales de la modernidad: democracia, libertad, igualdad, racionalidad. La identificación con tales ideales conformaría el núcleo universalizador que, superando la creciente desintegración y diversificación social, aportaría sentido ético a la vida de las personas y coherencia social racional substituta de la cohesión comunitaria "mecánica" o del particularismo tribal. Más radical es la línea de pensamiento "postmoderna" que lleva el relativismo y nihilismo moral a sus últimas consecuencias. Lipovetsky (1994), por ejemplo, acepta los valores "liberales". Vivimos, según él, en una época "post deber" en que la moral individualista, 6 pragmática y dialogada ha substituido a la ética dogmática, maniquea y rigorista. No es que se desintegre la moral, sino sólo la forma imperativa de entenderla, el deber austero, que es substituido por una moral más gradualista y "realista" que acepta el deseo, la subjetividad y las humanas apetencias de felicidad. Una ética "light", vamos. La posición de Bauman (1993) es más matizada y distante, crítica por igual de la postura moderna y de la postmoderna. Negada la moral dada (desde la religión o el pensamiento moderno), clara y universal, la tarea de nuestro tiempo sería construir una ética personal autónoma. Una ética ambivalente, no exenta de contradicciones; no racional (irreducible a reglas y esquemas racionales); no fundada socialmente, puesto que la valencia ética precede a la social, ni universalizable, puesto que los universales éticos suelen reflejar la imposición universal de los intereses particulares de un grupo o institución. Una moral que evite, también, el relativismo absoluto. El racionalismo habría fracasado en su intento de subyugar la moral a la razón, tratando de garantizar la gobernabilidad y unidad de acción social del complejo mundo moderno frente a la fuerza disgregadora del imparable individualismo. El postmodernismo está así justificado al denunciar el fracaso de tal intento de asfixiar la diversidad y en su afirmación de la pluralidad de trayectorias y proyectos en la vida social. Fracasa, sin embargo, en la acción: desacredita las opciones globales previas, pero no aporta soluciones propias. Es más, la opresión centralizante y uniformadora que subyacía a la moralidad moderna ha sido substituida por una opresión difusa y multiforme. Ambas tendencias, modernidad y postmodernidad, resultan igualmente negativas y reduccionistas del hecho moral: las dos lo niegan y tratan de reducirlo a otra cosa, sea la razón, la estética o la socialidad. Pero la conciencia moral, concluye Bauman, sigue existiendo anestesiada, pero no amputada. Y es irreductible a cualquier otra cosa o esfera. Es más, es la posesión humana más preciada e inalienable; no necesita excusas ni razones: el ser para el otro es previo al ser con otro. ¿Qué decir de la "ética postmoderna"? Primero, es una contradicción in terminis: no se puede afirmar aquello mismo que se está negando de entrada. Además de pretenciosa: los presuntos contenidos de tal ética no aparecen por ningún lado. Estamos, más bien ante una crítica (aceradamente destructiva y unilateral) de algunos aspectos del pensamiento socio-moral moderno que, como justamente señala Bauman, no aporta alternativas. Las ideas "postmodernas" dejan a menudo un sabor de boca agridulce. Mientras que una parte de sus críticas parecen justificadas, su tono y la frecuente superficialidad y cartón piedra conceptual que las acompaña despiden un sospechoso tufillo de moda intelectual generada por una minoría ensimismada en la "alta cultura". Parecen más un síntoma del malestar de reinante y un estado de ánimo que una teoría válida de lo que sucede o una propuesta consecuente y razonada de soluciones. La "mirada" postmoderna entrega una visión profundamente negativa del hombre actual como perdido, a merced de un entorno opresivo y confuso, sin criterios morales directores. Es más, aunque se alcance alguna certeza moral, esta tendrá un valor meramente particular y local, sin posibilidad de trascender el propio contexto comunitario o vital. Una visión que ciertamente no se corresponde ni con la experiencia diaria ni con los datos empíricos. La experiencia muestra que el común de la gente sigue disponiendo de una conciencia moral que permite distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo que mejor conviene -y lo que no conviene- en la mayoría de las situaciones y momentos. Una conciencia que sigue haciéndonos sentir culpables y causando remordimientos cuando transgredimos la norma moral, mentimos o hacemos daño a otros y sentirnos en paz y contentos cuando la cumplimos. 7 Eso es lo normal y habitual, no lo excepcional o inexistente como transparentan los análisis nihilistas. Cierto que las condiciones de la vida actual crean, según se dijo, mayores espacios de novedad, ambigüedad o complejidad, en que es más difícil desarrollar criterios morales claros e inmediatos. Cierto, también, que parecen escasear más que en otros momentos históricos los modelos personales e ideológicos. Pero, no menos cierto, que todo esto habla de la aspereza de las condiciones a que estamos expuestos los hombres y mujeres modernos, no de cómo nos enfrentamos a ellas ni del poso que -como conciencia moral individual y colectivadesarrollamos en la confrontación con esas condiciones y en la deliberación consiguiente. ¿O acaso somos meros reactores pasivos ante los "desmanes" ambientales, como parece traslucir tanto análisis falaz y lastrado de un pesimismo inexpugnable y sociológicamente reduccionista? A nivel empírico el nihilismo postmoderno se da de bruces con algunas evidencias acumuladas en los campos de la socialización, identidad personal o el desarrollo moral, que atestiguan la existencia de "universales" (valores generalizados, compartidos o como queramos llamarlos) morales. Kohlberg (1969 y 1981), por ejemplo, ha puesto de manifiesto una secuencia de desarrollo moral que, con distintos tiempos y ritmos según los paises y culturas, llevan al niño desde un estado inicial de egocentrismo premoral hasta una orientación moral consciente basada en principios abstractos postconvencionales ("verdaderamente" morales) como la justicia o la ley. En medio quedarían varias etapas de moralismo convencional con el castigo y el placer, la aceptación de los otros y el estatus social como criterios centrales. Por su parte Schwartz (1994) ha propuesto, a partir de los datos obtenidos en 44 paises, un modelo de estructura valorativa formado por 10 valores potencialmente universales: poder, logro, hedonismo, estimulación, autodirección, universalismo, benevolencia, tradición, conformidad y seguridad. Resulta como mínimo difícil casar el relativismo nihilista postmoderno con estas experiencias y evidencias que, aunque no refuten literalmente sus argumentos, sí contradicen frontalmente sus tesis generales y las implicaciones de su línea argumental. Es casi imposible probar que hay valores universales si por eso entendemos que están presentes con similar intensidad en todas las culturas y en cada uno de los hombres. Puede también suceder que en el ámbito moral unos y otros llegan a conclusiones distintas (complementarias con frecuencia) porque están hablando de cosas diferentes: unos de los aspectos y valores más "periféricos" y mudables (los valores más sociales o culturales) y otros de los núcleos más generales o universales (los "propiamente" morales) de tal ámbito. Un ámbito, el moral, suficientemente heterogéneo y penetrado de vaguedad conceptual y confusión semántica como para que cosas distintas reciban el mismo nombre ("valor" o "moral"), o cosas iguales nombres distintos. 3. LO MORAL Y LO SOCIAL: ETICA SOCIAL La relación entre lo moral y lo social, una cuestión de larga tradición filosófica ha asomado ya a las discusiones planteadas en las páginas anteriores. Debemos abordarla aquí siquiera someramente para obtener algunos criterios orientativos del análisis y la praxis dado el carácter doblemente social de la ética de la intervención social: como ética profesional, por tanto, colectiva o social; como ética de la intervención social. La relación entre moralidad y socialidad está marcada, de entrada, por una disyuntiva contradictoria: a) La irreductibilidad de lo moral a cualquier otra dimensión (social, psicológica, política, cultural, biológica, etc.) humana tan ardientemente defendida por Bauman. La bondad o maldad trasciende, según esta línea argumental, los datos biológicos o psicológicos, el consenso grupal o el acuerdo político, que no bastan, por ejemplo, para justificar moralmente un acto (así un linchamiento) por más respaldo social o conveniencia política que lo sustenten o en función de determinadas características físicas o psicológicas del actor. b) El papel instrumental de los valores morales en la vida individual y colectiva. La supuesta autonomía -e irreductibilidad- de la ética constituyen, según algunos (Bilbeny, 1992) una 9 auténtica estafa. La moral cumple una función preservadora de la especie humana y su equilibrio ecológico. La conducta moral tiene, en fin, una explicación extra moral. Así, la prohibición del incesto o la muerte protegen la base biológica de la especie; los mandatos de tratar equitativamente a los demás o no robar, preservan el intercambio comercial; la veracidad intenta mantener el valor que la información y la confianza personal tienen en la vida social. Y así sucesivamente. Giner (1989) ha esbozado una "sociogénesis" de la ética en esta época de relativismo, secularización y racionalismo. Se trata de una ética mosaica -en que conviven morales sectoriales de distintos grupos sociales-, contradictoria y difusa; generada desde criterios y áreas de acuerdo en las prioridades sociales -como los "derechos humanos"- que son elaboradas como interés común en procesos dialécticos generados desde arriba (autoridad política) o desde abajo (movimientos sociales). Black (1993) ha llevado aún más lejos la tesis sociologista. Partiendo de la visión sociológica de la moral como sistema de control social, describe "la estructura social del bien y el mal" mostrando los parámetros sociales -igualdad, movilidad, distancia o estatus socialque condicionan el sistema moral de control (justamente la estructura social del relativismo ético) y su uso social y jurídico en conflictos entre individuos y grupos. ¿Como se compaginan los dos cuernos del dilema socio moral? Apuntemos algunas ideas orientadoras desde nuestro concreto interés temático, la IS. 1) Autonomía e interdependencia. La esfera moral es autónoma, no independiente, de otros aspectos humanos a los que no se puede reducir, pero con los que está marcadamente interrelacionada: personas y grupos necesitamos integrar esos distintos aspectos para actuar y relacionarnos. De otra forma, lo moral es distinto de lo psicológico o lo social, precisando un tratamiento metodológico, conceptual y práctico diferenciado. Pero no está desligado de esos aspectos, de forma que el abordaje de los asuntos morales en relación con esos otros aspectos y perspectivas ha de permitir entender -y manejar- mejor y más integralmente los asuntos de interés teórico o práctico. Estoy, en fin, afirmando el derecho de lo moral a existir en el concepto y la acción; sobre todo frente a otras esferas o lógicas (la económica, la sociológica o la jurídica) en que se la acostumbra a subsumir con frecuencia. Por ejemplo, cuando, se juzga la bondad de una acción social en función de su costo económico, no de las oportunidades que brinda a personas y grupos afectados de desarrollarse, mejorar o llegar a ser más justos y equitativos. 2) Ética social. ¿Es la ética un atributo individual o social? También esta es una falsa disyuntiva: no hay ética estrictamente individual. La ética es siempre social: además de cimentarse sobre la valencia social de la alteridad, la conciencia moral de los individuos se construye -como ha mostrado Kohlberg- en un proceso dinámico de inter-acción y transacción social. Eso en principio... ¿Y en la práctica? ¿Podemos hablar con sentido de "ética social" o "ética de la intervención social"? Creo que sí. ¿Bajo qué tipo de criterios y convenciones? Las siguientes, en mi opinión: * El tema juzgado -un programa, el comportamiento de un equipo interventor- es social, trascendiendo los límites de lo privado o personal para afectar a grupos o colectivos. * El titular de la acción -y, por tanto, de la evaluación y responsabilidad moral derivadas- es social: equipo interventor, institución, organización benéfica, colegio profesional, asociación vecinal, etc. Es decir, el "actor" es social no individual. En tales casos los criterios y responsabilidades morales les serán aplicables por igual y como roles (no como individuos), al conjunto de miembros del colectivo social. 3) En tales situaciones asumiré que el proceso es social, en tanto que el contenido de los criterios es -debe seguir siendo- moral. ¿Qué significa esto? Tres cosas: * Los criterios (principios, valores, consideraciones) usados son de naturaleza moral, aunque el proceso seguido (consenso, negociación, persuasión, razonamiento, etc.) sea social; debe serlo ya que va a afectar al conjunto de quienes los elaboran, no a individuos particulares, que siempre 10 podrán modificarlos o adaptarlos a su particular visión y concreta circunstancia en que se hallen. * El consenso mayoritario no puede decidir, por sí sólo, la bondad o maldad de una acción o aspecto determinado de la IS. * Es fundamental una consideración autónoma de la vertiente ética de la IS. Al plantear una discusión explícitamente moral sobre un tema o acción social, los implicados (analistas, interventores, etc.) sabrán que se trata de aportar argumentos y usar criterios específicamente morales, no de alcanzar consensos grupales o acuerdos políticos, aunque al final se tengan en cuenta también esos aspectos. Desde el punto de vista práctico no es lo mismo plantear una discusión sobre un tema como una tarea moral, que organizativa, psicológica o política. 4. LA CRISIS MORAL Matizado el aspecto social, retomamos el tema de la crisis. ¿Padecemos en la actualidad una grave crisis moral, como sostienen muchos, o se trata sólo, como dicen otros, de una exageración de las dificultades existentes doblada con el rechazo parcial de los valores prevalentes? La respuesta a esa pregunta depende tanto de la postura adoptada ante esos valores como de lo que entendamos por "crisis moral". Si por tal entendemos vacío "total" de valores morales (no hay ética y la gente no sabe a qué atenerse a la hora de formar un criterio moral y actuar rectamente) y damos por buenos los valores individualistas y utilitaristas dominantes, no cabe hablar de crisis. Si por crisis entendemos que, aunque existen valores, esos no son ni suficientes ni adecuados para las personas y grupos lo cual genera malestar y desorientación subjetivos y desorganización social, entonces no podemos, en mi opinión, negar la crisis. Explicitemos, para situar la discusión, el punto de partida: qué asumimos. Parto de una visión integral del hecho moral que considere los valores morales, además de una forma de disciplina y control, como suministros y guías positivas. Asumo que: a) Las orientaciones morales son una necesidad humana vital. Las necesitamos para juzgar situaciones, actuar ante problemas y temas relevantes y para dirigir nuestra vida hacia metas que nos importan y son apropiadas. b) La carencia, insuficiencia o inadecuación de orientaciones valorativas en relación a los fines vitales planteados se vive internamente como angustiosa y contribuye a producir disfunciones externas (anomia, ineficacia personal y social, violencia, adicciones destructivas...) en los individuos y grupos más vulnerables. c) Como recurso directriz y motivador, la insuficiencia o inadecuación de los valores morales dificulta seriamente el desarrollo del potencial de personas y grupos sociales, tendiendo a paralizarlos, incapacitarlos o a mal dirigirlos por caminos insatisfactorios, dañinos o irracionales ya señalados en el apartado inicial de este capítulo. d) Las personas incorporamos valores universales (presentes en todos, o casi todos), sociales (compartidos con otros miembros de los grupos socioculturales -familia, amigos, comunidad, etc.- a que pertenecemos) e individuales, cuya singular configuración final dará una estructura ética personal. Desde estas premisas, una crisis sería una situación crucial en que ni lo aprendido sirve para abordar los retos y dificultades presentes, ni se han encontrado soluciones nuevas para ellos. Toda crisis tendría, así, un doble potencial: negativo, como riesgo de fracaso y retroceso; positivo, como oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Desde ese punto de vista, la conciencia de dificultad y el tímido rebrote actual del debate ético serían signos positivos (de reacción), no negativos. El extendido sentimiento de impotencia (tan bien encarnado por las tesis postmodernas), la tibieza y cortedad de la reflexión ética y la reacción social, constituirían, en cambio, el signo más preocupante de la crisis. Desde esa dinámica, cobran, en fin, sentido las contradicciones y desajustes notados por algunos analistas entre la "decadencia" moral (síntoma de crisis) y la revitalización ética (signo de reacción a ella). Es mi opinión, en respuesta a la pregunta planteada más arriba, que sí existe una crisis 11 moral -en el sentido ya acotado- cuyos signos y manifestaciones podrían cifrarse en los siguientes (algunos ya reseñados en las páginas previas, otros relacionados con ellos): 1. Erosión de la alteridad derivada del individualismo y utilitarismo modernos que socava los cimientos de cualquier moral digna de tal nombre: la conciencia de, y el respeto a, el otro. Excepto, claro es, si la moral se entiende como autointerés. Cierto que individualismo y autointerés tienen una importante papel -son funcionales- en un mundo que pasa de la dependencia familiar y comunitaria a la autonomía individual. Y que se acompañan de efectos positivos como la auto-suficiencia y el respeto a la persona. Entiendo, sin embargo, que tales valores sólo son aceptables como base de una verdadera moral si están en un equilibrio razonable con el interés y empatía por los otros que compatibilice el desarrollo propio con el de los demás sin poner, además, en peligro los vínculos y tramas sociales más básicos. En los tiempos que corren la balanza parece haberse desequilibrado tanto hacia el "sí mismo" que: * Los vínculos sociales básicos se han hecho excesivamente frágiles e inestables, se ha debilitado en extremo la solidaridad y empatía social sobre todo con los más débiles y desfavorecidos. * Esa fragilidad del cemento -y cimiento- moral ha cristalizado en normas sociales y jurídicas excluyentes y disgregadoras o en una relativa indiferencia hacia la miseria o el sufrimiento del otro. * Ha florecido en los espacios públicos y privados (como la familia) un nivel de "patologías" ligadas al egoísmo y la agresividad individualista suficiente como para señalar el excesivo arraigo de tales orientaciones valorativas. Cada una de estas constataciones señalan, creo yo, preocupantes, no irreversibles, signos de una desmesurada, que no catastrófica, crisis moral que se hace preciso reconocer para buscarle remedio. 2. La consideración del hombre como medio -o mercancia- no como un fin en sí mismo inherente al capitalismo y reactualizada y exacerbada por el neoliberalismo. Y visible en aspectos y situaciones del sistema productivo (temporalización de la contratación laboral, feroz incitación al consumo masivo, especulación financiera, desmesurada competitividad y exigencia de eficacia por encima de cualquier otra consideración, etc.) en que las personas son tratadas, y se relacionan con otros, como instrumentos deshumanizados -competidores, obstáculos, productores- para otros fines: eficacia, beneficio, dinamismo económico, etc. Así las personas "han" de competir y las familias "deben" consumir para que "la economía" vaya mejor; se ha de facilitar el despido para incrementar el empleo; y así sucesivamente. 3. Desequilibrio entre desarrollo material y moral. El gran desarrollo material y técnico no se ha traducido, como se señaló antes, en progreso moral y cultural. No es sólo que en numerosas áreas de crecimiento o cambio rápido carezcamos aún de criterios morales apropiados -algo esperableo que no sepamos como valorar -y usar en el sentido no técnico del término- ciertas tecnologías o artilugios nuevos. Peor, con frecuencia cultura y moral son vistas como una rémora para el avance material y sacrificadas a él. ¿Resultado? El desarrollo se ha hecho en buena parte a espaldas, sino en contra, de las verdaderas necesidades y deseos de las personas precisamente encarnados en esos -ausentes o endebles- valores morales. El consumo de masas o la tecnología audiovisual serían dos campos ilustrativos. El dato quizá más significativo del desatino apuntado es la grotesca inversión de la relación en ciertas áreas entre el hombre y la técnica en que aquél acaba convertido en servidor en vez de amo de aquélla (del entramado de intereses que la sustentan, en realidad). La técnica pasa de medio o instrumento a fin en sí mismo al que el hombre queda con frecuencia supeditado. Es tarea de la ética (junto a otros enfoques y disciplinas irrenunciablemente humanistas) recordar ese papel instrumental de la técnica, señalándole límites y ordenando su inserción en la vida personal y social a partir de un esquema global de valores resultado de una deliberación 12 moral consciente cuyo centro sea el hombre. Algo de muy oportuno recordatorio en el contexto de este volumen y del campo aún en formación de la acción social donde a la ética le cumple el obligado deber de controlar el uso de la técnica de intervención social dirigiéndola hacia el servicio de las verdaderas necesidades y bienes de las personas y grupos sociales. 4. La extendida anomia (falta de normas u orientaciones) ligada tanto al estancamiento moral y los avances técnicos como a los déficits socializadores de los grupos sociales primarios, como la familia, o a la creciente complejización del proceso de socialización humana. Manifiesta en: * Situaciones de vacío de valores ante nuevos hechos y procedimientos derivados de novedades tecnológicas u organizativos: multiplicación explosiva de los contenidos televisivos o informáticos a nuestro alcance, papeleo y burocratización crecientes, etc. * Inadecuación de los valores incorporados en la niñez y adolescencia a los nuevas realidades técnicas, económicas, políticas o sociales ligadas al acelerado ritmo vital actual. Así, las orientaciones políticas previas a la desaparición de la alternativa socialista de escasa utilidad hoy en día; el cambio de significado del valor "trabajo" cuando el paro se convierte en una realidad constante para un 15 % o un 20% de personas (y el trabajo parece inasequible para muchos, como los más jóvenes). * Debilitamiento de los modelos de rol y comportamiento positivos en grupos significativos como niños, adolescentes o personas mayores. En el caso de adolescentes se observa un desfallecimiento de los roles parentales ("desaparición del padre", desajuste de roles -padre/madre- entre sexos, confusión sobre la disciplina y el pautamiento positivo de los hijos ...), complejización del proceso socializador y "competencia" de los múltiples -con frecuencia contradictorios- mensajes sociales como el grupo de iguales o los poderosos y distorsionadores medios de masas. 5. Problemas de modulación moral, es decir, de generar juicios razonablemente ciertos y comportarse moralmente de forma coherente y estable. Están ligados a la dificultad de integrar y dar sentido a la multitud de mensajes (relacionales, simbólicos, sensoriales) recibidos por el sujeto en situaciones complejas y de emitir una respuesta valorativa y conductual única, proporcionada (graduada) al tema y estable en el tiempo. También ligada a situaciones de ambigüedad o incertidumbre, como las descritas en otros puntos, y a grupos (adolescentes, adultos que se jubilan, etc.) en tránsito vital. Se manifiestan en forma de incapacidad de formar criterios morales, confusión y desorientación, embotamiento, anestesia o indiferencia ante hechos relevantes, o como conducta moral incierta o errática que constituyen, también, signos más o menos "blandos" de crisis moral. 6. Confusión de valores instrumentales y finales (medios y fines). Aunque esa distinción no es absoluta ni mantenible en cada caso, tiene una importancia práctica capital para discernir lo que es moralmente básico de lo secundario o sustituible, la meta del camino y, en fin, para mantener un esquema moral global ordenado, no un conglomerado informe de pautas y valores. La felicidad, el bienestar, la justicia, el desarrollo personal, la bondad son, como cosas dignas de ser perseguidas por sí mismas y de marcar metas vitales humanamente significativas, fines, valores finalistas. El dinero, el trabajo, la eficacia, el consumo, la rapidez son medios o instrumentos para lograr esos fines, en función de ellos. Una de las claves de la crisis moral presente es la confusión de valores instrumentales y finalistas, la substitución de unos por otros o la inversión de su relación, ya mencionada en el binomio hombre/técnica. La eficacia, el trabajo o la posesión material pasan de medios para alcanzar la felicidad personal o la justicia social a fines autónomos deshuminazados que rigen la vida personal y social desde criterios impersonales. El fenómeno es indicador significativo del desequilibrio y de un cierto fracaso moral desde una cuádruple consideración. A saber: * La dificultad de los individuos de encontrar y mantener metas vitales significativas. * La deshumanización implicada en esos valores falsamente finalistas. 13 * La absorción relativamente acrítica de las personas (de muchas personas) por un sistema (el stablishment) irracional, vendido como único posible y que, so capa de beneficiar a la mayoría, sirve en realidad a una minoría más o menos difusa pero determinada que mueve los hilos ideológicos y productivos (la "mano invisible") del entramado social. * El retraso de los esquemas morales respecto a los tecnológicos y materiales que con frecuencia acaban imponiendo sin mayores miramientos sus propias lógicas e intereses. 7. Los problemas psicosociales (abuso de drogas, violencia pública y doméstica, delincuencia juvenil, fracaso escolar, paro, desintegración familiar y abuso de menores ...) como "síntoma" palpable del doble fracaso o extravío moral: de las personas (malestar, sufrimiento e incapacidad de los más vulnerables y sus allegados) y del sistema social que los "produce" y es incapaz tanto de colmar las necesidades de esas personas o darles una salida digna a sus problemas y a su vida, como de mantenerlas integradas en su seno. La "patología" psicosocial constituye así el lado moralmente obscuro e indeseable del industrialismo y la modernización, el malestar del bienestar, el fracaso del progreso y la modernización socioeconómica. 4. MODERNIDAD, POSMODERNIDAD E INTERVENCION SOCIAL Como producto genuinamente moderno que es, la intervención social refleja, quizá asimétricamente, las dos caras, positiva y negativa, del proceso de modernizador. La positiva: * Como intento deliberado de cambiar situaciones sociales indeseables o injustas, encarna perfectamente el proyecto moderno de emancipación e ilustración humana, afirmando, frente al resignado fatalismo precedente, que daba por inalterables ("naturales") las condiciones dadas, no sólo la posibilidad de alterar tales condiciones a partir del conocimiento sino, además, su voluntad consciente de cambiarlas para crear un mundo mejor y más humano. El hombre pasa de ejecutor de los intereses y deseos de otro (Dios, señor feudal, familia, ...) a agente de sí mismo, de sus propios designios. Se constituye, en otras palabras, en sujeto histórico. Algo particularmente cierto en las modalidades más participativas de la IS que reconocen a las personas afectadas la cualidad de sujeto protagonista, y no sólo objeto, de la acción social. * Como legitimación social de la búsqueda del bienestar y desarrollo personal implícitas en la vertiente positiva de la IS que asume, la moderna secularización de la felicidad y el bienestar como metas lícitas a perseguir en este mundo, no a esperar como premio, en el otro. Y la democratización que pone, sobre el papel, esa meta al alcance de todos. La escandalosa comercialización materialista y consumista del bienestar dibuja -junto a la dudosa democratización real del proclamado derecho a la felicidad- un importante contrapunto negativo al pretendido logro inicial. Pero también encarna la IS, con no menor centralidad, la faceta sombría, negativa de la modernización en la medida en que trata de reducir los desequilibrios y problemas que la industrialización y el capitalismo modernos han creado. No sólo es, pues, la IS producto emblemático del progreso moderno, sino también personificación del retroceso acompañante. Otra vez la cara y la cruz. Más aún, la IS es acusada con frecuencia de hacer el "trabajo sucio" de capitalismo y liberalismo haciendo más tolerables el sufrimiento humano y la desorganización social creados por aquellos sin modificar en lo substancial las condiciones -ligadas a estructuras y procesos económicos, políticos y sociales a los que el interventor social no tiene acceso- que las generan y mantienen y que -como la libertad genérica- son prerrequisitos socioculturales de tales ideologías. Pero intervención -y ciencia- están penetradas, siquiera periférica o puntualmente, por las obsesiones y enfoques postmodernas o, mejor, por las temáticas actuales que, subyaciendo a ambos ámbitos, obligan a una consideración y posicionamiento al respecto. Temas enfoques como: * El constructivismo en la teoría y evaluación social, signo tanto de la recuperación del sujeto en la esfera cognitiva (y valorativa) como del intento, si no de recomponer la antigua integridad 14 orgánica sujeto-objeto, al menos de restituir una cierta convivencia armónica o cuasi-simétrica entre sus dos términos sin el sacrificio del sujeto tan caro al al racionalismo positivista, y tan rentable en no pocos respectos... Pero tan costoso en otros ya manifestados en puntos previos o por explicitar en los análisis éticos, particularmente vulnerables a la mutilación positivista de la subjetividad. La cuestión del constructivismo es retomada, a un nivel más concreto, en el Capítulo 2. * La pluralidad metodológica (incluyendo las metodologías cualitativas, otro indicio de la vindicación del sujeto) de estudio de la realidad social paralelas a la actual pluralidad de enfoques y "miradas". Pero, a diferencia de los enfoques filosóficos, la IS sólo puede tolerar esa pluralidad metodológica hasta un punto. Como actividad práctica que es, precisa integrar analítica y operativamente la información obtenida con tal multiplicidad de enfoques. Necesariamente ha de rechazar, por tanto, los supuestos epistemológicos postmodernos de ilimitada pluralidad, horizontalidad igualitaria y, sobre todo, renuncia a la integración significativa de la información. Supuestos que, en mi opinión, hacen igualmente repudiable esa epistemología radical al hombre de la calle necesitado de significado y orientación unívoca en el vivir diario (una actividad, claro es, también práctica...). * La multidisciplinariedad entendida como esfuerzo analítico e interventivo conjunto de disciplinas allegadas en función de la complejidad y multisectorialidad de los temas sociales y de la dificultad de su abordaje global desde la especialización científica o profesional. Tampoco aquí se pueden ignorar las dificultades de la transgresión de fronteras disciplinares (afirmada en las propuestas postmodernas de superación de textos y géneros) ni los costos (tiempo, energía, "desespecialización" conceptual y metodológica, etc.) que, como cualquier sistema de superación de tendencias centrífugas y heterogéneas, comporta el trabajo multidisciplinar. Y también en ese punto la praxis social testimonia visiblemente las dificultades para manejar la diversidad y la necesidad de sistemas de coordinación aportando, a la vez, algunas pistas valiosas para su eventual superación. * La conciencia de la pluralidad y diversidad psicológica y social, visible en la heterogeneidad de sujetos personales y colectivos presente en la acción social (y en la "epistemología" evaluativa). También generadora de problemas de coherencia en los intereses y puntos de vista emergentes que demandan, como en los otros casos citados, procedimientos de síntesis e integración práctica. * Tolerancia hacia la diversidad humana y los localismos como valores instrumentales más adecuados para manejar analítica y operativamente las nuevas realidades de pluralidad étnica, religiosa y cultural y las consiguientes reivindicaciones -de poder, presencia y voz social, etc.- de las múltiples minorías que emergen como nuevos sujetos o "interlocutores sociales válidos" (Conill, 1996). * La importancia del contexto como reflejo del papel de periferia y diversidad externa, frente a homogeneidad y unidad, en la definición de la identidad social. A tener en cuenta tanto en la evaluación causal (la información cobra sentido en el contexto en que se inserta) como en la intervención: acentuando el papel transformador de los contextos socio-ambientales y comunitarios en relación a los fenómenos (marginación, droga, paro, violencia ...) "insertos" en, o dependientes de, esos contextos. * La participación, el diálogo y la negociación social. Piedra angular, la primera, de la democratización de la acción social a la vez que vehículo de crecimiento personal por medio del empowerment resultante de compartir el poder en el proceso participativo. Procedimiento, el diálogo social, de presencia polivalente en la IS como forma de: superación de conflictos y divergencias (diálogo y negociación "horizontal"); de profundización democrática y empowerment a través del diálogo "vertical" (entre agentes sociales e interventor o autoridad); de plantear y resolver problemas sociales. 15 * La creciente explicitación teórica y operativa del poder (notorio en varios puntos anteriores como participación, diálogo social o empowerment) como ingrediente clave de la vida social. Debe ser considerado en la acción social per se, en pie de igualdad con los ingredientes y procesos racionales al uso (evaluación, planificación, resolución de problemas). Ha de ser incorporado generalizada y habitualmente a la investigación y análisis teórico como una variable más en lugar de ignorarlo, ocultarlo bajo ropajes engañosos, pero socialmente inocuos o relegarlo a la bruma de lo intangible y metafísico ("el poder"). La dispersa e irregular sensibilidad de ciencia y acción social hacia el poder deben, en resumen, pasar a norma ordinaria contemplando su multiforme y poderosa presencia en las interacciones y relaciones cotidianas entre hombres y mujeres, entre roles, entre grupos y entre sistemas sociales; llamándolo por su nombre (por sus nombres), identificando, en fin, sus efectos positivos y negativos y las reales posibilidades de su eventual manejo para potenciar personas y colectivos. Volveremos repetidamente sobre el tema del poder que aparecerá una y otra vez detrás de muchas consideraciones teóricas y prácticas encadenadas a lo largo del libro, especialmente en los capítulos 4 y 6. 16 CAPITULO 2 CONTEXTO CIENTIFICO-TECNICO: CIENCIA, TECNICA Y ETICA EN LA INTERVENCION SOCIAL Trazado ya el contexto socio-histórico (macro) de la ética de la IS, este capítulo se ocupa del contexto micro, científico-técnico. Se examinan primero las implicaciones valorativas de la ciencia y el análisis social, centrándonos después en la relación entre técnica y valoración en la acción social y en algunas de sus consecuencias prácticas. Las dos patas de la técnica: Ciencia y profesión La técnica se sostiene sobre dos pies. Uno, la ciencia, impersonal, amoral, le aporta conocimiento potencialmente aplicable. Otro, la profesión, personalizado -moral, por tanto-, usa ese conocimiento para transformar un área concreta de realidad. La profesión representa a la vez un sistema de relación de la técnica -los técnicos- con el entorno social y un proceso de desarrollo de la identidad social (rol) de aquellos. De la dimensión profesional nos ocupamos más adelante; de la dimensión científica y su relación con técnica y ética en las páginas que siguen. La técnica es uno de los aspectos centrales del proceso de racionalización directamente ligado al desarrollo de las ciencias modernas. Ese desarrollo permite pasar de un conocimiento experiencial y general del mundo (la gente conoce por experiencia -y tradición- el entorno vital inmediato) a un conocimiento especializado y sectorial: cada cual sabe mucho de una parcela pequeña del mundo de forma que su vida depende en gran medida del conocimiento y las habilidades profesionales de los demás. Ciencia y tecnología permiten controlar mejor las calamidades naturales y miserias humanas. Y, dada la centralidad del trabajo en la constelación de valores modernos, la profesión deviene, como identidad laboral, forma de vida específica de la persona, casi un segundo carácter. (Algo cada vez menos cierto en la medida en que, en este fin del milenio, el empleo se hace inestable y la profesión mudable y temporal). 1. ¿NEUTRALIDAD VALORATIVA?: CIENCIA Y VALORES El enorme poder transformador de las ciencias naturales y las tecnologías derivadas (incluida su demostrada capacidad de exterminio masivo), el creciente protagonismo y aplicación de las ciencias humanas y sociales (incluido el potencial de manipulación masiva o de creación de necesidades artificiales) y el llamativo descuido -si no retroceso comparativo- de la moral y los los valores, han devuelto al primer plano la relación entre ciencia y valores y, en paralelo, la tensión nunca resuelta entre objeto y sujeto, entre lo objetivo y lo subjetivo. Con la reciente desmitificación de los sistemas de certezas estatuidas, la ciencia y la técnica han sufrido un severo escrutinio crítico (Kuhn, 1970), cuestionándose algunos de sus más queridos presupuestos -objetividad, neutralidad valorativa o universalidad- y desvelándose las sospechosas connivencias éticas y políticas de ambas. La "sociología del conocimiento" o los estudios sobre "ciencia, tecnología y sociedad" (González García y otros, 1997) son un buen exponente actualizado de tales tendencias. Los encontrados puntos de vista sobre la relación entre ciencia y valores parecen reflejar dos concepciones o "miradas" divergentes -y complementarias- de la ciencia de la ciencia: a) La ciencia como empresa ideal que, en virtud de su pretendida deshumanización genera unos contenidos (leyes científicas) supuestamente objetivos, universales, desinteresados y amorales. La concepción positivista, natural. La ciencia sería así valorativamente neutra, de manera que las leyes sobre el comportamiento de las moléculas o los hombres podrían usarse tanto para hacer el bien y promover causas justas (curar tumores o combatir actitudes racistas) como para hacer el mal o avanzar causas injustas (fabricar bombas nucleares o manipular conciencias y comportamientos). b) La ciencia como realización humana y, por tanto, imperfecta y saturada de subjetividad. 17 Emerge aquí una imagen desmitificada, más prosaica y realista de la ciencia desprovista de su tradicional aureola de misterio y omnipotencia. Una ciencia que parte de asunciones usualmente inverificables, involucra opciones y juicios de valor subjetivos, no siempre explicitados y sometidos a la crítica y contrastación pública. Que está influida por factores extra científicos tan evidentes y poderosos como los intereses personales del investigador la mayor o menor disponibilidad de financiación o el favor de los grupos de poder establecidos. Así, se señala (Krasner y Houts, 1984) como la globalidad de teorías sociales y psicológicas, más allá de sus pretensiones de neutralidad y objetividad, reflejan en realidad los valores e ideología culturalmente dominantes (positivismo, individualismo, conductismo o darwinismo social) que impregnan en su socialización profesional a los científicos que construyen esas teorías. Kendler (1993) y Prilleltensky (1989, 1994, 1997) han reiterado respectivamente desde la Psicología los términos del persistente debate entre la concepción positivista y amoral de la ciencia (hoy en horas bajas) y la desmitificada, valorativa y activista, escorada hacia territorios críticos y postmodernos corregidos en el caso de Prilleltensky. La controversia arrecia cuando, con la aplicación y el intervencionismo, las ciencias se tornan más aplicadas y humanas (ciencias psicológicas o sociales) exponiendo a plena luz sus flancos valorativos y subjetivos. Primero, a medida que las ciencias se hacen más prácticas o aplicadas, se ligan a la acción, frente al mero estudio de las personas, se impregnan inevitablemente de valoraciones éticas y en cuanto se ocupan de las relaciones entre ellas y de las acciones sociales, de valores políticos. Aunque los juicios de valor son inseparables del propio proceso investigador, adquieren especial intensidad y relevancia en los procesos psicológicos y sociales ligados al uso de la ciencia conductual y social. Así, construir una plaza o fabricar un coche, conllevan mucho más que la "simple" aplicación de unos conocimientos urbanísticos, arquitectónicos o mecánicos: suponen la expropiación terrenos que perjudican a unos y benefician a otros, decidir trayectorias que separan vecinos y seccionan barrios, seleccionar trabajadores, negociar unas condiciones laborales, etc. Existe, sin embargo, una diferencia importante entre ciencias naturales y sociales en relación a su uso o a la acción de ellas derivada. Mientras en las primeras, sería ajustado hablar de "aplicación" de la ciencia a un supuesto dado, en las segundas, parece más correcto hablar de intervención como interferencia más directa e intencionada en aspectos indeseables de la vida de las personas y en los procesos sociales. Precisamos, pues, una teoría de la intervención social que examine no sólo la vertiente técnica sino también sus supuestos e implicaciones valorativas, especialmente relevantes para nosotros por la doble condición, de acción directa y acción social, de la IS. Tal teoría es bosquejada más adelante (Capítulo 3). Tras estas consideraciones no debería extrañarnos que los científicos exhiban en general una actitud de marcada ambivalencia y reticencia a involucrarse en la acción técnica (aplicada) o social (interventiva). Aunque quieren ayudar al hombre resolver sus problemas "físicos" o sociales y a alcanzar sus metas positivas, la ciencia, como estructura básicamente deshumanizada y neutral, carece de instrumentos para resolver la multitud de delicadas y complejas cuestiones valorativas (éticas, políticas, relacionales...) que su uso humano y social plantea. Es el precio que finalmente paga la ciencia positiva por haberse divorciado del lado humano del proceso: no sabe -no puede- reencontrar la subjetividad y los valores al volver al mundo social a través de la acción. Y, sin embargo, lo necesita desesperadamente: aunque asumamos que la ciencia reside en el limbo de la abstracción y la lógica, el científico es de carne y hueso y vive en el mundo real. Un mundo cargado de valencias e intereses que lo solicitan y que, advertida o inadvertidamente, el mismo contribuye a crear. Funtowicz y Ravetz (1990, 1997), partiendo de la complejidad, incertidumbre y novedad del actual quehacer científico-técnico en el área social y de la exigencia de calidad en sus 18 resultados, han acuñado el término ciencia post normal para denominar la praxis científica que, superando la concepción "normal" (Kuhn, 1970) de la ciencia como proceso racional de resolución de problemas, incluye también los aspectos éticos y sociales y los cuestionamientos metodológicos amplios asociados al proceso científico y a sus productos tecnológicos o de otro tipo. Valores e intereses juegan un papel crucial en la concepción post normal (como en otras perspectivas actuales) de forma que el rango de los datos brutos relevantes se ve considerablemente ampliado para incluir esos "inputs" extra-cognitivos y la noción de evaluación hereda (como también destacamos aquí) la preeminencia antes otorgada a la predicción como proceso nucleador de la acción técnica. Y, en fin, la noción relativamente simple y mecanicista de "aplicación" del conocimiento (ciencia aplicada) se ve también extendida hacia otros tipos de praxis (como el asesoramiento científico y la "ciencia post normal") en que relevancia social y la incertidumbre del conocimiento útil tienen mayor peso. Nosotros mismos (Sánchez Vidal, 1997) hemos ofrecido argumentos y conclusiones convergentes desde la revisión del campo de la "aplicación psicosocial" que parece decantarse, finalmente, en tres apartados crecientemente descentralizados respecto de la base científica: conocimiento (o investigación) aplicable, uso práctico del conocimiento (equiparable, con matices, al asesoramiento técnico) e intervención social. Segundo, los aspectos valorativos y subjetivos adquieren relevancia a medida que las ciencias se hacen más humanas: más psicológicas (nivel individual) y más sociales (nivel social). En las ciencias "naturales" el hombre es sujeto, no objeto, de conocimiento. La situación es bastante diferente en las ciencias sociales y humanas (como la Política, Economía, Psicología o Sociología) en que el hombre es a la vez sujeto y objeto de conocimiento y, además, parte integral del método investigador. En esa triple faceta de sujeto, objeto y vehículo metodológico el científico, -portador de deseos, sentimientos, intenciones, opiniones e intereses inexistentes en los objetos inanimados- de la ciencia natural- suele introducir una serie -variable pero relevantede sesgos y valores tanto en el proceso de estudio como, en consecuencia, en sus resultados (datos y teorías). Sesgos y valores como: * Reactividad psicológica y social en función de las intenciones que el sujeto atribuya al observador o de lo que crea que, como objeto de interés indagador, se espera de él (que asienta, disienta, coopere, etc.). * Efectos específicos en los sujetos a estudiar en cuanto parte de una situación o campo social que, como sujeto y vehículo metodológico, contribuye poderosamente a configurar: credibilidad, atracción, repulsión, curiosidad, interés... * Pérdida de objetividad como actor e interactuador involucrado en un campo social poblado de valencias afectivas, morales y normativas, e ideológicas. * Fenómenos sociales como el liderazgo, la diferencia de estatus grupal o los intereses políticos pueden también distorsionar el proceso investigador y los datos resultantes. Por ejemplo, cuando se estudian los problemas de una comunidad a través de grupos de expertos o informantes clave. Estos efectos e interferencias dependen de la intensidad de la subjetividad, implicación del investigador en la situación y de la valencia social de la temática en cuestión. Temas o situaciones afectiva o políticamente muy cargadas como el aborto o las pensiones de los mayores tienen mayor potencial de provocar distorsiones subjetivas y relacionales que otras más neutras o meramente intelectuales. Por más que se intente neutralizar esos efectos a través de la reflexión personal, el feedback social o el control experimental o estadístico, lo cierto es que siempre van a afectar el proceso científico, quedando adheridos como elementos subjetivos (del sujeto, no del objeto) y valorativos a las teorías finalmente producidas. Algo que puede pasar relativamente desapercibido si actuamos en contextos sociales en que esos valores o ideas son compartidos por la mayoría. El problema aparece cuando pasamos a grupos o contextos sociales o culturales 19 heterogéneos -o, simplemente, diferentes de aquellos en que se generaron las teorías- en que los valores adheridos pueden descubrirse como patéticamente inadecuados o llamativamente extraños. En resumen, en las ciencias sociales, las implicaciones éticas y políticas no aparecen sólo, como en la ciencia natural, en su aplicación técnica (que es ya un proceso humano), sino que son inherentes a su propio carácter en cuanto que el hombre individual y social es sujeto, objeto y -parte del- método de estudio. Las ciencias humanas y sociales no pueden, así, eludir los dilemas y cuestiones valorativos abogando, por ejemplo, por una ciencia social "natural" o positiva (ciencia de objeto humano o social y método natural). Lo que no significa que hayan de rehuir la búsqueda de regularidades y leyes generales o el uso de métodos objetivos y cuantitativos, sino tener igualmente en cuenta esa otra vertiente (subjetiva, valorativa, cualitativa) siempre presente en los fenómenos y procesos humanos. ¿Cómo? No lo sabemos exactamente; no disponemos de la fórmula o procedimiento preciso (aunque sí de ejemplos) para la mutua incorporación o integración de aspectos subjetivos y objetivos, conceptuales y cuantitativos. El campo de la evaluación (que, como proceso central en la IS, substituye y supera a la tradicional "medición" de la ciencia natural) es un claro caso de integración de aspectos objetivos (medidas) y subjetivos (valoraciones). Parece claro, en todo caso, que ambos aspectos, subjetivos y objetivos, han de convivir en la ciencia e intervención social y que su mutua relación e integración debería ayudar a captar los fenómenos sociales en su integridad multifacética, a comprender, además de explicar, a detectar las regularidades que gobiernan la subjetividad personal y social y, en consecuencia, a adaptar las leyes generales a los parámetros personales y situacionales concretos. Nada de lo cual nos librará, naturalmente, de las responsabilidades implicadas en la investigación o la intervención ni de tener que elegir y tomar decisiones en base a valores (y también a datos). En conclusión, hoy en día, la cuestión no es si la ciencia humana y social contiene o no valores e ideología, sino qué valores concretos concurren en cada proceso y situación, cuál es su papel y cómo se podrán, y deberán, manejar e integrar en la práctica. Una regla de principio sería que si no podemos -o no debemos- eliminar la subjetividad y los valores de la ciencia y de sus usos técnicos, habríamos de esforzarnos en hacerlos explícitos sea para intentar controlarlos, sea para observar su aportación al resultado final de nuestra actividad, sea, en fin, para utilizarlos equitativa y provechosamente en la acción social. (Volvemos a este tema más adelante en relación a la técnica de la IS.) 2. ILUSTRACIONES EN LA ACCION SOCIAL Examinamos ahora dos ilustraciones concretas de la variable convivencia -y eventual integración- de ciencia y valores en la esfera social: la evaluación y la "construcción social" de los problemas sociales. 2.1. Evaluación La evaluación es el primer paso de toda acción social: se trata de conocer y valorar la situación a cambiar como la dependencia indeseada o nociva de una droga o ciertas necesidades y problemas de unas personas mayores. Como conocimiento instrumental que es, la evaluación está guiada por principios científicos que señalan los aspectos relevantes a evaluar o la metodología más apropiada para hacerlo. Pero también es guiada por preferencias o juicios de valor que se entrelazan con los científicos en las numerosas consideraciones a hacer y decisiones a tomar -en unas condiciones dadas, nunca ideales- por el evaluador a lo largo del proceso. * Al seleccionar el tema de interés y el nivel y la unidad a evaluar. Por ejemplo, al elegir como tema de interés la droga frente al paro, la vejez o la prostitución. O, una vez elegido el tema "droga", podemos concentrarnos en la propia substancia adictiva, en las personas que se drogan, en el tráfico asociado, en la represión policial y judicial, y así sucesivamente. Si bien esas opciones pueden estar orientadas en parte por datos, su motivación mayor suele provenir de 20 preferencias, intereses o convenciones sobre lo que es personal y socialmente más deseable y más indeseable, usándose con frecuencia los datos (generalmente fragmentarios y poco concluyentes) para justificar públicamente como "racional" una opción esencialmente valorativa. * Al fijar los objetivos de la intervención que dependen -además de las valoraciones hechas en la propia evaluación, de la que se derivan directamente- de elementos extra científicos como recursos disponibles, asunciones ideológicas del tema, "color" político que encarga o paga el trabajo, etc. * Al elegir los métodos de evaluación (cuestionarios objetivos, entrevistas, historias de vida, discusiones de grupo...) y la forma concreta para realizarla. Aunque, de nuevo, hay algunas indicaciones metodológicas que orientan la elección, cada método tiene sus propios sesgos, ventajas y costos en términos del tipo -y nivel- de información (cualitativa o cuantitativa) producida, asunciones y compatibilidad con otros métodos, que dejan un amplio margen de elección. * La interpretación de los resultados se hace en base no sólo a principios lógicos y empíricos sino, también, a convenciones sociales e intuiciones personales tanto sobre el significado de determinado dato o grupo de datos como, sobre todo, a la hora de establecer conexiones y suponer relaciones entre datos puntuales. Algo similar a la integración final de resultados que depende del peso o ponderación (valoración) atribuido a cada medición o pieza de evidencia y el significado que le es atribuido en la constelación final. Esas operaciones dependen tanto de la coherencia lógica del conjunto y de su validez empírica como del olfato subjetivo y consenso social sobre el tema. * Habría que mencionar, por fin, las condiciones personales y ambientales en que se realiza la evaluación que pueden afectar poderosamente su proceso y los resultados: premura de tiempo, medios económicos y humanos disponibles, presión laboral o social, libertad ideológica de considerar el rango plausible de hipótesis causales, etc. No es igual, por ejemplo, hacer una evaluación sobre la droga para un político en época de elecciones, que un informe general sobre el tema con plena libertad para sugerir soluciones a medio o largo plazo sin restricciones ideológicas en cuanto a su real factibilidad u oportunidad política en un momento dado. También es cierto que la validez general de una evaluación puede, al fin calibrarse por comparación con los resultados de otras evaluaciones en el mismo terreno, la crítica metodológica externa o los resultados de la intervención subsiguiente a la evaluación. Tampoco esos procedimientos están, sin embargo, libres de sesgos valorativos ni, al depender de otros factores que la mera documentación empírica, se pueden dar por definitivos. Funtowicz y Ravetz (1990 y 1997) han sostenido desde la base de la desmitificación kuhniana de la "ciencia post normal" ideas convergentes con las precedentes sobre la relevancia y extraracionalidad (abarcadora de valores e intereses sociales) de la evaluación. La consiguiente ampliación del rango de datos relevantes en la empresa científico-técnica comentada en páginas anteriores se ve acompañada de una ampliación social de los evaluadores relevantes que, en base a la pertinencia de valores e intereses y a la menor eficacia del conocimiento científico en temas sociales vitales, incluyen, además de los expertos científicos y "oficiales", a diversos actores sociales externos. Es lo que los autores llaman comunidades ampliadas (mejor que "extendidas") de evaluadores. 2.2. "Construcción social" de los problemas sociales Algunos analistas sociales sostienen (así, para la teoría, Spector y Kitsuse, 1977; o, para la ilustración práctica, Humphreys y Rappaport, 1993) que los problemas sociales lejos de tener una entidad externa y objetiva se construyen socialmente. Los análisis constructivistas tienen la virtud de desenmascarar la innegable vertiente de elaboración socialmente subjetiva presente en mayor o menor grado en los problemas sociales. Tomados en su literalidad traslucen, sin embargo, una visión engañosamente simple y 21 voluntarista de los procesos sociales que entraña considerables riesgos. Como pensar que los problemas sociales sólo existen en el deseo o la imaginación colectiva, careciendo de substancia objetiva o estructural alguna que necesite ser analíticamente desentrañada e interventivamente subsanada. La construcción social de las cuestiones sociales sería así un proceso arbitrario carente de pautas o regularidades que permitan explicarlos racionalmente. Si, en consecuencia, los problemas sociales simplemente "se construyen", no haría falta intervenir seriamente en ellos o en sus determinantes estructurales (económicos, demográficos, urbanísticos, etc.), bastaría "deconstruirlos" para que se disolvieran como azucarillos en el café... Deslizamientos ciertamente peligrosos que no anulan, sin embargo, el potencial explicativo y heurístico de los elementos construidos cuya lógica constructiva es preciso, y creo que posible, desentrañar. Veámoslo a través de dos ejemplos de análisis social, el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y la inseguridad ciudadana. El sida. Cuando a fines de los ochenta, la epidemia irrumpe en Occidente algunos medios de comunicación, aprovechando el ansia de información y con claros móviles comerciales, lanzan una campaña sensacionalista difundiendo informaciones e imágenes alarmistas y morbosas centradas en ciertos grupos (homosexuales y heroinómanos) con mayor riesgo de contagio. Se crea así una "epidemia social" añadida a la epidemia biológica de base. Una típica "construcción social" (periodística, en este caso) del problema. Si observamos cuidadosamente la situación, podemos constatar, sin embargo, que la "construcción" es sólo un aspecto del problema y que el proceso constructivo ni es arbitrario ni gratuito. Se construye siempre sobre algo y según unas lógicas bastante implacables que dotan de una razonable coherencia psicológica y social al proceso. En este caso, la invasión de un agente mortífero que se propagaba de forma desconocida mueve a la gente a buscar desesperadamente información (único medio de protección en ese momento) que mitigue el pánico dominante. Como las instituciones sociales formales no reaccionan con la suficiente presteza -dada su gran inercia burocrática y el escaso "atractivo" inicial del tema-, la información es aportada por los medios de masas, más ágiles y, dada su descarada motivación económica -no social- mucho más provechosa desde el punto de vista económico (sobre todo si se salpica con unas gotas de morbo, relación con el "sexo prohibido", etc.). Pero lo importante, al fin, es que se aporta, aunque sea distorsionada e inexacta, una información psicológica y socialmente vital en esa coyuntura. Psicológicamente, permite reducir la intensa ansiedad producida por un agente desconocido y peligroso (conduce inexorablemente a la muerte) que en principio puede afectar a cualquiera. La gente necesita una explicación del fenómeno: saber que es y "cómo funciona" y se propaga. Socialmente, la información sirve para construir (en su sentido literal) unas categorías sociales "tangibles" e identificables (los "grupos de riesgo", homosexuales, hemofílicos, etc.) que permitan a la gente excluirse del peligro de contraer la mortal enfermedad ("desimplicarse") y del terror psicológico consiguiente aportando seguridad personal básica. Permite también a ciertos medios de masas pocos escrupulosos hacer dinero difundiendo "información" (o cualquiera de sus sucedáneos vendibles) sobre un tema socialmente candente y de gran "interés humano" del que -por el fallo institucional de base- hay mucha demanda y poca oferta ("ley del mercado"). Vemos, pues, que la "construcción social" se puede explicar en este caso razonablemente por la información como respuesta a la ansiedad y lo desconocido, los mecanismos sociales de desimplicación personal (para mantener la seguridad psicológica básica), el inmoral mercantilismo de algunos medios de masas y la falta de agilidad funcional de ciertas instituciones burocratizadas. También en la "inseguridad ciudadana" puede identificarse una lógica constructiva 22 coherente sustentada por la confluencia de: la amenaza a la seguridad vital colectiva; el afán mercantilista de ciertas organizaciones sociales (televisión, cine, prensa, etc.) en un contexto capitalista ferozmente competitivo y moralmente poco crítico; la relativa ineficacia de los sistemas judiciales y policiales en el marco garantista del moderno estado de derecho; un contexto de relativa desintegración y desvinculación social, debilitamiento de los sistemas "naturales" de control social e integración comunitaria y de elevadas tasas de paro y pobreza. Sería, pues, una temeridad asumir que el problema no es real y que, por lo tanto, puede ser resuelto ("deconstruido" a base de información adecuada, por ejemplo) sin actuar sobre el resto de los factores causales implicados: paro y necesidad económica, seguridad vital, fallos institucionales, desarraigo social, etc. Bien al contrario, la conclusión sugerida por estos someros análisis es que la "construcción social" es un complejo proceso de elaboración retroalimentada entre los distintos ingredientes (objetivos y subjetivos) del tema en cuestión y el contexto y coyuntura social en que se da. Un proceso, en fin, tan alejado de la imagen tersa e incontaminada del positivismo objetivista como del fácil voluntarismo y rendición incondicional a entender lo complejo que late bajo el constructivismo o el relativismo científico (la ciencia como paradigma ideológico) radicales. 3. CONSECUENCIAS PARA LA INTERVENCION SOCIAL Si la ciencia debe aportar la base de conocimiento para construir una praxis social igualmente fundada en la ética y los valores, ¿qué consecuencias tiene el soslayo generalizado de esos por las corrientes hegemónicas de la ciencia social (y humana)? Sinteticemos lo ya apuntado y sus efectos para la IS antes de entrar a examinar con mayor detalle la relación entre técnica y ética, eje central del capítulo. 1. En general las ciencias humanas y sociales han ignorado o despreciado sus propias implicaciones valorativas y las de sus aplicaciones técnicas. En las ocasiones en que el tema de la ética y los valores es abordado en los foros de discusión científicos suele ser despachado con evasivas, generalidades o formulismos retóricos sospechosamente auto justificativos. Al analista -y al interventor- social se le nota incómodo tratando complejas y sutiles cuestiones valorativas a las que no encuentra solución desde lógica científica -o técnica- que le es familiar y habiéndose de adentrar en "divagaciones filosóficas" difícilmente coronadas por conclusiones ciertas y empíricamente verificables ("la solución"). 2. Se detecta una marcada -y desigual- ambigüedad de las ciencias sociales y humanas ante la acción aplicada que suele manifestarse en forma de resistencia bivalente a involucrarse en la acción social: se percibe la necesidad e importancia de tal implicación a la vez que sus eventuales riesgos e imponderables, tan alejados de la envolvente permisividad intelectual e inconsecuencia práctica de la abstracción académica. Resistencia con frecuencia racionalizada subrayando interesadamente las dificultades de la IS y sus imperfecciones de método y contenido a la luz de los supuestos y estándares de la ciencia "pura" lo que justificaría "racionalmente" la consecuente postura de distanciamiento y desimplicación de la acción social. 3. También la práctica profesional tiende a rehuir el tema ético, ante el que el practicante suele mostrar incomodidad y desconcierto similares. La diferencia con el terreno científico es que aquí los aspectos valorativos son parte inevitable, vital muchas veces, de la actividad cotidiana, lo cual dificulta, casi imposibilita, la cómoda inhibición o distanciamiento del experto forzando una mínima familiaridad con -y confrontación de- las cuestiones éticas y políticas implicadas. Es también frecuente encontrar en el discurso aplicado una autojustificación de la praxis profesional acompañada de una reticencia a juzgar éticamente esa praxis, examinando los valores que la subyacen y contemplando alternativas distintas de actuación. Posibilidad que, al cuestionar la propia praxis, supondría un riesgo para la autoestima profesional difícilmente soportable en un área tan cargada de dificultad y novedad como carente de anclajes y asideros -cognoscitivos, valorativos, económicos, sociales- sólidos. 23 4. Todo lo cual genera una considerable anomia que deja al interventor social en una situación delicada. Como miembro de una profesión es responsable de lo que hace y de lo que, debiendo hacerlo, no hace. La profesión no lo provee, sin embargo, de las adecuadas guías valorativas y conductuales, ya que las existentes, proviniendo en general de la acción individual, son patéticamente estrechas o inadecuadas pra el complejo y multifacético trabajo social. No debe extrañar así que el interventor se refugie en la seguridad de lo conocido abrazando las -inadecuadas pero existentes- pautas éticas clínicas y defendiendo lo que hace (frente a lo que podría o debería haber hecho) para mantener su frágil autoestima profesional. 4. ETICA Y TECNICA SOCIAL Por lo común la noción de "técnica" suele referirse en la literatura y en la imaginación popular a la tecnología física (la ingeniería, sobre todo), a los artilugios materiales generados a partir de las ciencias físico-químicas: un ordenador, un robot, un coche, la construcción de una casa. Pese al escaso interés por examinar las implicaciones y responsabilidades morales asociadas a la creación, difusión y uso de esa tecnología, las cuestiones éticas han irrumpido con fuerza en función de su potencial transformador y, especialmente, de su impacto en esferas significadas de la vida y relaciones de las personas como la vida y su destrucción, la supervivencia de la especia, la relación e intercambio social o la degradación del entorno (aborto, "fabricación genética" de seres vivos, producción y uso de armas mortíferas etc.). Las implicaciones valorativas que aquí importan no son, sin embargo, las de la de la ingeniería o la tecnología física sino las de la técnica social: la técnica originada en las ciencias sociales (y la vertiente social de otras ciencias humanas o "naturales") en cuanto es usada para producir cambios sociales que afectan a las personas. Debemos reconocer la centralidad de las ciencias "naturales" -y la tecnología derivada- en las primeras oleadas de revolución industrial. Pero también añadir que la técnica social adquiere cada día mayor importancia en relación a la física en función de los últimos desarrollos estructurales y sociales (que ya no podemos designar con propiedad como industriales) ya citados en el Capítulo 1: * El paso de una sociedad industrial (centrada en la producción de artilugios materiales) a una, post material o postindustrial, centrada en los servicios y la comunicación (con la información, no la energía y los bienes materiales, como materia prima) confiere a la vida actual un carácter cada vez más simbólico, inmaterial y social en que la técnica se hace, por tanto, cada vez más social y menos física o material. Más exactamente, se hace también social, en el sentido de que, aunque la técnica física (cada vez más "inmaterial", al servicio de la comunicación) sigue siendo ubicua, precisa cada vez más la compañía de procesos ligados a la técnica social (y psicosocial): comunicar con otros, vender, negociar, relacionarse con, discernir y juzgar mensajes, organizar grupos y actividades, etc. * El paso de un capitalismo de producción (centrado en producir bienes y servicios) a uno centrado en la distribución y venta de productos, actividades y personas, que exige el paralelo desarrollo de enormes estructuras instrumentales de influencia, "creación de imagen" y manipulación social (publicidad, "comunicación" social y "relaciones públicas", etc.). * El desarrollo y reorientación de las ciencias humanas y sociales como base para entender tanto esa "nueva" sociedad crecientemente inmaterial y la recomposición de los diversos procesos relacionales y sociales como, en el nivel más macro, entender un mundo más "global", económica e informativamente inter-conectado y multicultural en que, junto a la propia realidad habitual (occidental) emergen como realidades económicas, sociales, psicológicas y morales varios "otros" (el tercer mundo otrora silente y pasivo). Desarrollo también preciso para generar la técnica social que permita relacionarse con -y utilizar- ese mundo "ampliado" y global (que incluye también la esfera doméstica). * Las profundas repercusiones psicológicas y sociales del proceso modernizador descritas en el capítulo anterior: desintegración social, masificación, alienación y estrés personal, etc. 24 Psicoterapia, relación y encuentro grupal, ayuda a la familia, reconstrucción social, empowerment o reparación de desigualdades e injusticias, son algunas de las estrategias con que la técnica social (y psicológica) ha tratado de paliar el malestar, y restablecer el equilibrio, existencial y social generados. La relevancia ética de la técnica social no deriva sólo de su creciente importancia frente a la técnica física sino, también, de su mayor impregnación valorativa derivada de la mayor humanidad, subjetividad e indeterminación que le son propios y de la mayor complejidad relacional de las acciones que la materializan. * Humanidad y subjetividad. Como sucedía en la ciencia, el hombre es aquí, además de sujeto, objeto y agente metodológico: la técnica social la hacen unos hombres, usando técnicas básicamente humanas (organizar personas o grupos, activarlos, etc.) con -sobre- otros hombres. La ampliación de la presencia humana directa desde la autoría hasta la recepción y realización metodológica multiplica las responsabilidades e implicaciones éticas en las dos direcciones -destinatario y metodología- indicadas y en las relaciones, solapamientos e interferencias entre ellas. * Indeterminación. La mayor juventud, debilidad relativa de su base científica y centralidad de lo humano en la técnica social frente a la física generan espacios adicionales de libertad, intencionalidad y subjetividad -materia prima de ética- que exigen elegir, decidir y asumir responsabilidades (la esencia de la acción moral). * Complejidad relacional. La técnica social involucra una pluralidad de actores individuales y sociales y de relaciones mutuas muy superior a la técnica física, socialmente más amorfa y unidireccional. Eso no sólo multiplica y diversifica los intereses afectados -y la posibilidad de conflictos entre ellos-, las concepciones de lo que es bueno y malo y la consecuente multi valencia de los resultados (lo que es bueno para unos puede resultar malo para otros). Unido a la relativa inexperiencia y a la consabida relegación de lo moral del campo, hace, también, más difícil y complicado el proceso de atribuir y valorar las responsabilidades éticas en la IS. Lo cual significa que, por ejemplo, la libertad del interventor de elegir un curso de acción o un método determinado es mayor, pero también y paralelamente, es mayor su responsabilidad por los resultados (positivos o negativos) obtenidos. O que la intención y percepción subjetiva -personal o profesional- de aquél puede topar con la reactividad, intenciones o percepciones de los destinatarios, ejecutores profesionales o "pagadores" y patrocinadores de las acciones. Que la elección de las técnicas de quien promueve la acción puede coartar la libertad de los grupos destinatarios (u otros implicados) en función del contenido -persuasivo, coercitivo, etc.- de los métodos usados. O que, en situaciones de divergencia de intereses respecto a los fines, medios o procedimientos de la acción social, se multiplique la anomia normativa del interventor y los conflictos de rol o de lealtades hacia las distintas partes. Temas y situaciones de técnica social que han planteado cuestiones -y encendidos debates- éticos incluyen: el uso de técnicas conductuales en general, y con ciertas personas o grupos sociales -como minorías, niños u homosexuales-, en particular; el uso de tests psicológicos (de contenidos supuestamente intrusivos o discriminatorios) para tomar decisiones sobre aptitud para realizar un trabajo o función social (piloto de avión o policía); la utilización de métodos de persuasión al servicio del marketing o la publicidad masiva; el impacto de grupos terapeúticos o de encuentro (sobre todo con personas más o menos sutilmente forzadas a participar en ellos); el control de la población y el uso -y promoción pública- de anticonceptivos. También temas más amplios o generales como: los efectos -y control social- de la televisión y otros medios de difusión especialmente sobre los niños; la "construcción" social de los problemas sociales y la escasa voz social de las minorías más débiles en el proceso; la relativa bondad de la ayuda a los más desfavorecidos, contrapartidas ideológicas implícitas y promoción de dependencia que pueden acompañarlas; la intervención con los mayores y su 25 posible explotación política; o el rol -y compromiso- político del técnico social y su compromiso social con los más débiles. Al final del Capítulo 4 se ofrece un listado sistemático de las cuestiones valorativas en la IS. 5. RELACION TECNICA-VALORACION EN LA IS: INDEPENDENCIA LOGICA Valoración: ética y política. Los aspectos valorativos de la IS son múltiples: éticos, políticos, sociales (convencionales), relacionales, etc. Aunque la mayor parte del análisis que sigue es globalmente aplicable a ese conjunto de dimensiones, no siempre es así. Es por eso que dejamos constancia de la distinción de principio esperando disculpa por la relativa imprecisión terminológica en que se pueda incurrir en el texto cuando, por mor de la simplicidad, se equipare analítica -no descriptivamente- las categorías diferenciadas, aunque solapadas, de "valor" y "ética". Quede claro que casi siempre nos estamos refiriendo a los valores éticos, aquellos ligados a la dimensión valorativa bondad-maldad. Aunque no entraré en las especificidades o los matices diferenciales entre las distintas dimensiones valorativas, es preciso destacar la política, ligada al uso del poder para regir o cambiar un sistema social. Y lo es porque, como veremos una y otra vez a lo largo del libro, la ética de la IS como ética social, es, además de más plural y compleja que la ética individual, necesariamente política, al tratar de continuo con realidades de poder y estatus social. Y eso, tanto en el lado interventor profesional (detentador de poder técnico y estatus social) y político (detentador de poder político), como, más importante, en el propio proceso de la intervención, frecuentemente ligado a desigualdades -y conflictos- de poder y recursos entre grupos sociales y destinado, según muchos, a potenciar (empower) a las personas y grupos sociales más desvalidos e impotentes. Así es que la ética de la IS es, genérica y casi inevitablemente, ética política. Pasamos a ocuparnos de la relación entre los aspectos valorativo y técnico, crucial per se (técnica y valoración son ingredientes esenciales de la IS) y por las importantes cuestiones y riesgos que de ella se derivan para la acción social. Ha de ser, por tanto, examinada con detalle en los ejes básicos que la constituyen: independencia lógica (conceptual) de las dimensiones; autonomía funcional; interacciones entre ellas; extremismos y riesgos derivados. En el Capítulo 3 se examina la estructura de la IS añadiendo un tercer componente -la estrategia- aquí excluido por mor de la simplificación y tradicional centralidad de los ingredientes valorativo y técnico en los análisis al uso. 5.1. Distinción conceptual: Naturaleza y funcionamiento Valoración y técnica son lógicamente independientes. Que sean conceptualmente distintas no significa que no se solapen, mezclen e interactúen en la realidad de la acción social (como ya se evidenció, por otra parte, en los casos de la evaluación y construcción social de los problemas sociales). Al contrario, lo hacen continua y complejamente, precisamente desde esa autonomía. Sí significa que han de ser consideradas por separado en el análisis y la acción, pues su naturaleza, principios reguladores y temporalidad difieren que examinamos siguiendo nuestra propia exposición (Sánchez Vidal, 1996): Técnica. Como estructura deshumanizada e instrumental, la técnica es -de modo similar a la ciencia en su contraste con la ética- lógica y objetiva. Está regida por principios científicos y, sobre todo, por los resultados de las acciones realizadas a los que, como criterio empírico y objetivo, remite finalmente -y más allá de los valores y juicios subjetivos- la actuación técnica. (Lo cual no elimina tales valores y juicios del conjunto del proceso: la evaluación de resultados requiere un acuerdo previo sobre ojetivos programáticos y criterios de relevancia -qué se considera importante- de tal evaluación). En consecuencia, en las cuestiones técnicas (por ejemplo, cuál es el mejor procedimiento para alcanzar tal o cual objetivo social) sólo hay, en principio y en una situación dada, una solución válida y correcta, siendo el resto de las opciones incorrectas. En una intervención, la técnica se interesa sobre todo por los resultados (el qué) y la 26 forma técnicamente más adecuada -los métodos técnicos- de conseguirlos; apenas le importa el proceso humano seguido para alcanzarlos. Ética. Las dimensiones valorativas no son de naturaleza lógica, sino retórica y deliberativa. Hacen referencia a lo que las cosas pudieran o debieran ser de acuerdo a principios y valores (éticos, políticos, convencionales...) alógicos para los que no existen criterios objetivos de validez. Las cuestiones valorativas no se resuelven, en consecuencia, a través de la investigación y recolección de datos, sino de juicios de valor humanos. Su terreno es la acción práctica y la toma de decisiones, no la lógica y la abstracción. Su punto de partida, la incertidumbre, que se intenta superar a través de la certeza (Origen bien cercano al de la técnica -la impotencia- y la ciencia -la ignorancia- que son superados a través del poder transformador y el conocimiento respectivamente). Las acciones guiadas por valores generan información analógica, no objetiva: no se actúa en base al "conocimiento acumulado" sobre un tema, sino en función de valores deseables a perseguir ("bienes") o de la conducta de otros considerados referentes positivos (modelos). Más que acciones concretas, de la dimensión valorativa se deducen orientaciones conductuales y criterios generales de actuación. Aquí no existe una única salida válida ("la solución"), sino valores entre los que optar y cursos de acción alternativos (que afectarán desigualmente a unos u otros grupos sociales) entre los que elegir. Elegir a partir de principios aceptados o aceptables, consecuencias previstas o previsibles o por analogía con otros agentes, pero elegir. La decisión última es siempre singular y concreta: no hay artilugios, sistemas o reglas abstractas que puedan evitar o substituir el juicio y la deliberación humana. Es precisamente la centralidad e irrenunciabilidad de esa opción y la subjetividad personal o grupal que expresa, lo que marca la diferencia esencial entre ética (valoración) y técnica y sus respectivas potencialidades y riesgos en la acción social. Y la ausencia de pautas fijas y asideros empíricos sólidos, uno de los aspectos más desconcertantes para investigadores y técnicos al entrar en el terreno moral: acostumbrados a la lógica del método científico y del pragmatismo técnico, les resulta enormemente dificultoso avenirse a análisis y decisiones en que cualquiera de los puntos de vista puede "tener razón" y en que no se existen procedimientos o criterios objetivos para resolver las diferencias y eliminar la incertidumbre ante la conclusión analítica o la acción práctica. Es obvio que, a diferencia de la técnica, los campos valorativos se interesan tanto o más por el proceso humano seguido (el cómo) que por los resultados alcanzados (el qué). 5.2. Ritmo temporal Si la técnica subraya más por los resultados de la acción y la ética (y otros aspectos valorativos) cómo se logran, es lógico que funcionen con ritmos temporales distintos. En general, la técnica tiene efectos visibles y a corto plazo; la valoración, implícitos y a largo plazo. Así, ante una necesidad comunitaria, a la técnica le interesará el método apropiado de paliarla y la eficacia inmediata del programa o servicio establecido. Si se priman, en cambio, valores como desarrollo humano y autonomía de la comunidad, nos embarcaremos, en cambio, en un proceso de participación social que muy probablemente será menos vistoso a la corta, rindiendo sus frutos -si es eficaz- a medio o largo plazo y desarrollando cualidades "de proceso" que, además de ser deseables, la gente puede usar en otras situaciones (como aprender a escuchar, dialogar y tener en cuenta el punto de vista ajeno, aceptar responsabilidad y participar, "negociar" diferencias, etc.). De alguna manera, los valores preceden en el tiempo a la actividad técnica. Hay que determinar lo que se juzga bueno y deseable (o malo e indeseable) para poder actuar en la dirección de perseguirlo (o erradicarlo) técnicamente, estableciendo objetivos, y criterios de evaluación, por ejemplo. Si, como sucede frecuentemente, se omite el paso de discutir explícitamente a priori los valores que orientarán la intervención, se estará de hecho sacrificando 27 las nociones valorativas (los ideales que guiarán la acción) a las técnicas. Dado que los valores siempre existen en la intención y realización de la IS, se estarán adoptando implícitamente los valores dominantes en el entorno profesional o social concreto. Reproduciendo, en otras palabras, la estructura valorativa existente que habitualmente beneficiará a los más poderosos, numerosos o mejor situados (en términos de información, estatus, presencia social, etc.) y perjudicando a los más débiles, peor situados o minoritarios. Es uno de los riesgos típicos de la tecnocracia (apartado 8.1) que descubre, además, un conflicto potencial medios-fines harto frecuente en la IS. Se intenta lograr el desarrollo humano (fin) a través de medios que, si bien técnicamente pueden aportar instrumentos de bienestar, promueven implícitamente en los sujetos valores y actitudes de pasividad y dependencia (contrarias a ese desarrollo) de los medios o incentivos usados en la intervención (subvenciones, beneficios económicos, etc.) o de las instituciones (técnicas y políticas) que la promueven y realizan. 6. PRAXIS: AUTONOMIA FUNCIONAL Y METODOLOGICA No sólo difieren técnica y valoración en su carácter y principios rectores sino, también, en la función que tienen en la IS. Necesitan, en consecuencia, un tratamiento metodológico diferenciado, en general y en cuanto a su cadencia temporal, ya reconocido genéricamente en el Capítulo 1 una vez señalada la autonomía de la ética respecto de otras dimensiones, como la social. 6.1. Funciones y temporalidad Lo valorativo tiene, en principio, un papel fundamentador o motivador de la acción social (no único, la IS está siempre multi determinada), que con frecuencia se basa en razones éticas, políticas o sociales como la búsqueda de justicia social, la responsabilidad profesional ante los problemas sociales o el compromiso con los más débiles. Los valores señalan pues, en buena parte, los objetivos de la intervención, en tanto la técnica marca su contenido técnico: las acciones instrumentalmente eficaces para alcanzar esos objetivos. O así debería ser. Simplificando mucho, la ética motiva la acción social, la técnica le da contenido. Así, en un caso de discriminación de unos niños en una escuela, el principio ético de igualdad de las personas se traducirá en el objetivo de suprimir la discriminación y sus causas. La manera de realizar esa supresión (presión social, información realista, denuncia social, "llamamiento" moral, etc.) será ya cosa de la técnica interventiva. (Eso en cuanto a los resultados; también deberemos prestar atención -apartado 6.2- al aspecto procesal: qué valores fomenta implícitamente cada uno de los métodos a adoptar). Temporalidad: Resultados frente a desarrollo procesal Si, como sucede en una época tan tecnocrática como la actual, se ignora la precedencia lógica y temporal de lo valorativo sobre lo técnico, no sólo corremos el riesgo de reproducir los valores dominantes, sino de encontrarnos, a posteriori y agravados, las cuestiones y conflictos valorativos que hemos evitado a priori. De manera que, al igual que se hace con los técnicos, es necesario abordar los aspectos valorativos antes de comenzar la intervención considerando tanto las cuestiones implicadas en el problema o tema de interés (como el racismo), como en las distintas soluciones contempladas. Dado que, como se ha indicado, la técnica tiene efectos más visibles y a corto plazo y la valoración más implícitos y a largo plazo, si en la IS se subrayan los aspectos técnicos, primaremos los resultados concretos. Si, por contra, se subrayan los valorativas, se primará el desarrollo, a través del proceso, de actitudes y cualidades deseables en personas y grupos. En la medida en que, como sucede en la intervención comunitaria, se busque el desarrollo humano, deberemos anteponer los aspectos valorativos a los técnicos. (En realidad, hay una interacción entre técnica y valoración: las realizaciones materiales posibilitadas por la técnica también contribuyen al desarrollo humano). Tan importante como el técnico es, pues, el "diseño valorativo" de la intervención: de 28 qué forma se promueven -implícita e explícitamente- valores que -como la participación, autonomía y responsabilidad- vehiculan activamente el desarrollo positivo. En eso consistiría precisamente, y en una palabra, la ética de la IS. En examinar qué valores promueve -en la intención y en la realidad- la intervención: qué tipo de "cosas" (valores como la justicia) se trata de hacer avanzar y hasta qué punto se da efectivamente ese avance. ¿Cuál es la vía para conseguirlo? Dual. Uno, abogando explícitamente por los valores tenidos por deseables (así, la participación o el derecho a la información) al diseñar y realizar los programas. Dos -más importante- implícitamente: realizando las actividades interventivas en la forma indicada por esos valores. Facilitando realmente información -y el acceso a ella- a la gente sobre el programa y acogiendo positivamente y fomentando la participación de todos en esas actividades. Para que ese "diseño valorativo" funcione, ha de existir una clara coherencia entre el nivel explícito y el implícito. Tampoco se pueden perder de vista las interacciones ética-técnica y los costos técnicos del diseño: además de participativo (lo que conlleva tiempo y energía) el programa debe ser técnicamente eficaz mejorando realmente las condiciones de vida de la gente. 6.2. Autonomía metodológica y criterios éticos en la acción social A la diferencia conceptual y funcional de valoración y técnica corresponde un tratamiento metodológico autónomo. Es decir, en la IS, los aspectos técnicos deben ser tratados (analizados y resueltos) en sus propios términos -y con su propia metodología- y los valorativos (éticos u otros) en los suyos y con su propio método. Ni los principios y método científicos servirán -o darán pistas- para manejar las cuestiones valorativas, ni, viceversa, los análisis y decisiones sobre temas valorativos mejorarán un ápice la solución de los técnicos. Cada dimensión tiene su propio terreno conceptual y metodológico no sustituible u ocupable por la otra. Así, en el caso de la discriminación escolar de los niños, el deseo de suprimir la discriminación por considerarla éticamente reprobable (análisis valorativo), marca el objetivo general de la intervención, pero nada dice sobre las técnicas a utilizar para conseguirlo. El problema práctico reside, naturalmente, en identificar y deslindar cada tipo -valorativo o técnico- de aspectos cuando, como es habitual, aparecen superpuestos y entremezclados. Hay, de todas maneras, interacciones entre ambos aspectos: cada línea técnica de trabajo (información pública, presión social, medidas policiales, etc.) comporta su propio análisis y consecuencias éticas. Y, viceversa, cada opción valorativa (traducible en objetivos deseables), comporta sus propias cuestiones y dificultades técnicas (y estratégicas). Es fundamental, por tanto, tener en cuenta al final, el conjunto de aspectos técnicos y valorativos relevantes, junto a sus interacciones previsibles. Tampoco se puede sacrificar una dimensión a la otra politizando, por ejemplo, los aspectos técnicos, o reduciendo a la dimensión técnica cuestiones que implican juicios de valor o tomas de posición moral, política o social. Esa reducción supone una falsa simplificación que, además de no solucionar realmente los problemas, contribuye a confundir su verdadero carácter y a confundir a la gente con falsas soluciones prefabricadas. ¿Cuál es el método propio de cada dimensión, técnica y, sobre todo, ética, la que nos importa aquí? Examinémoslos indicando al final los tipos de criterios éticos existentes en la IS. Ya hemos indicado que las cuestiones técnicas se resuelven aplicando principios científicos generales a situaciones concretas (lo que implica identificar los principios apropiados y usarlos en función de ciertos parámetros específicos de la situación), derivando ciertas acciones y observando sus efectos y ajustando, mediante un proceso de retorno continuo, principios y acciones al criterio empírico -los resultados- que acaban determinando la solución comparativamente mejor (la correcta). Con las cuestiones éticas se sigue un proceso similar identificando valores y principios morales pertinentes -en lugar de principios científicos- para el caso y circunstancia concreta, optando entre ellos, "aplicándolos" -a través de juicios de valor y decisiones subjetivas- a esa circunstancia concreta y observando los efectos de las acciones derivadas de ellos. Ni los valores 29 previos ni las consecuencias de las acciones marcan, sin embargo, una única línea de valoración o actuación correcta, puesto que ambos (puntos de partida y de llegada de la acción) son heterogéneos y por tanto incomparables entre sí desde un punto de vista lógico (Es decir, no se pueden comparar lógicamente la bondad de sistemas de valores diferentes; sí, en parte, las consecuencias de las acciones realizadas en base a ellos. Para esto necesitamos, sin embargo, disponer de criterios de relevancia y valoración -lo que es bueno e importante y lo que es malo e irrelevante- compartidos por las distintas partes, algo nada frecuente). Bajando al terreno más práctico y simplificando, podemos concluir que en la acción social disponemos de tres tipos de criterios éticos de carácter, respectivamente, abstracto, concreto- consecuencial y analógico-personal: a) Principios y valores, como la honestidad personal o la justicia social. Criterio abstracto y apriorístico. Independiente, en teoría, de la acción por lo que puede utilizarse sin necesidad -antes- de actuar. b) Consecuencias previsibles de las acciones (a veces conocidas a través de la evaluación sistemática de los programas realizados). Criterio operativo, concreto y consecuencial sólo utilizable después de la acción a la que está directamente ligado. c) Analogía con el juicio y decisión de otros que se han ocupado de situaciones similares y han conseguido efectos determinados. Criterio más humano, analógico y procesal (ligado al desarrollo de la acción más que a sus consecuencias). Los dos primeros criterios encarnan la clásica distinción de Max Weber (1967) entre la ética de la responsabilidad, basada en consecuencias y resultados, y la ética de la convicción, basada en principios. En lugar del enfoque dicotómico implicado por Weber, parece más acertado para la acción social un enfoque totalizador que trate principios y consecuencias como aspectos complementarios e igualmente necesarios del análisis ético. El primer criterio será útil en aquellos casos y situaciones (poco frecuentes) en que se hayan clarificado los valores de los interventores (personas, equipos o instituciones) y de los grupos sociales afectados. El segundo, cuando se tenga una cierta experiencia interventiva real en el terreno en cuestión y se hayan evaluado apropiadamente las consecuencias de los programas. El criterio analógico podrá usarse cuando exista experiencia práctica sobre los aspectos procesales (deliberación y toma de decisiones), más que sobre las consecuencias, en casos y situaciones similares al considerado. Se pueden deducir interacciones y combinaciones obvias de los tres tipos de criterios (principios, consecuencias y analogía) que los hacen susceptibles de utilización conjunta (lo cual puede a su vez generar divergencias y conflictos entre criterios, claro es) o encadenada: las consecuencias de una acción alimentan el debate sobre los valores y principios implicados cuya valía "real" (práctica) será después mostrada por las consecuencias de las acciones derivadas de ellos; el proceso de deliberación y toma de decisiones seguido por los actores sociales (y el bienestar o malestar resultante) habría de mostrar algún paralelo (o relación) con consecuencias externas y calidad de los valores de base manejados; etc. Dado que raramente podremos utilizar un solo tipo de criterios en la evaluación ética de la IS, la consideración de tales interacciones es tarea relevante de la ética aplicada que necesita ulterior investigación. 7. INTERACCIONES Para entender la IS como totalidad articulada y no como un aglomerado de piezas inconexas, es fundamental contemplar, siquiera mínimamente, las interacciones entre aspectos técnicos y valorativos. Esas interacciones se pueden dar en el tiempo (procesales) o en los contenidos (temáticas). Algunas han sido ya aludidas en los puntos precedentes. 7.1. Temporales Se pueden dar dos tipos de interacciones. Una general, en el punto de partida; otras muchas, específicas y dinámicas, en el curso de la intervención. Iniciales. Ya se ha indicado que cada opción valorativa inicial conlleva su propia técnica 30 interventiva. Así, la postura adoptada en cuestiones previas como quién es el titular de la autoridad para intervenir, quién el destinatario de la intervención (a quién va dirigida) o qué grado de iniciativa corresponde a la comunidad, marcarán una u otra forma técnica de trabajar. Así, una orientación participativa usará una metodología distinta de otra dirigista. Y viceversa: cada línea técnica plantea sus propias cuestiones valorativas. En el caso del racismo escolar, no tiene las mismas implicaciones una intervención basada en la coerción administrativa y judicial contra los discriminadores que una basada en la información a los padres y la movilización de los convencidos. De proceso. A lo largo del proceso se producen continuamente interacciones en que acciones técnicas plantean cuestiones éticas (una remodelación urbana deja a unos chabolistas en la calle; un fracaso técnico descubre un conflicto de valores no resuelto...). O, viceversa, los criterios valorativos requieren actuaciones o cambios técnicos: la presión social fuerza un cambio de planes; un conflicto de valores entre dos grupos hace inviable una solución técnica... Ya se ha descrito la interacción temporal entre desarrollo a largo plazo (en que prima el aspecto valorativo) y resultados (prima la eficacia inmediata). Se suele también señalar en la IS la necesidad estratégica de conseguir algún resultado temprano vistoso (por ejemplo, un servicio deseado) para poder sostener un proceso organizativo o reivindicativo a largo plazo (otro caso de interacción temporal). 7.2. Temáticas Dado que la IS tiene componentes valorativos y técnicos, habrá que considerar sus interacciones, sopesando con cuidado el "toma y daca" recíproco y su previsible incidencia en el resultado final, antes decidir qué curso de acción se sigue. Qué se gana -o se pierde- en "pureza ética" frente a lo que se gana -o se pierde- en eficacia técnica y factibilidad. Lo más deseable moralmente puede resultar muy costoso -o imposible- técnicamente. Lo más correcto -o baratotécnicamente puede chocar con valores prioritarios como la seguridad y la vida, la libertad, la justicia o el bienestar social. Así, sacar a los niños discriminados de una escuela para evitar conflictos o mantener el nivel de la mayoría, vulnerará los principios de igualdad de trato y no discriminación. Al actuar, el interventor habrá de elegir un curso de acción que tenga en cuenta ambos tipos de aspectos -valorativos y técnicos- a la luz de una línea estratégica coherente que haga viable la intervención. Ambos son, por otro lado, imprescindibles en una IS que, pretendiéndose integral, contemple la pluralidad real de aspectos de la temática social incluyendo, además de los técnicos, aquellos otros -éticos, sociales, políticos- que, como constituyentes importantes de ella, serán fundamentales para resolver los problemas planteados o promover el desarrollo humano y social. Valoración y técnica pueden converger y potenciarse recíprocamente o divergir y entrar en conflicto al mismo nivel (explícito) o a distintos niveles (uno explícito y otro implícito). Convergencia. Además de ser parte del aprendizaje realizado durante el proceso, los valores (participación, igualitarismo, tolerancia...) se pueden incluir como contenidos a transmitir en la intervención a través de procesos como clarificación de valores, educación moral o facilitación de la toma de decisiones. Este tipo de intervención, crecientemente incorporada al currículo escolar, parece particularmente pertinente para atajar los componentes de anomia o déficit valorativo tan propios de mundo actual (Capítulo 1) y tan frecuentemente ligados a los problemas sociales de determinados grupos como los adolescentes. Más aún, para algunos enfoques interventivos, como el comunitario, este aprendizaje procesal de largo alcance importa más -por su contribución decisiva al desarrollo humano integral- que la mera adopción de unos u otros valores. Divergencia y conflicto. La divergencia de los planos técnico y valorativo es frecuente teniendo difícil solución, sobre todo si se da en niveles -explícito e implícito- distintos del 31 análisis social. El conflicto al mismo nivel puede darse entre valores del mismo tipo (por ejemplo, entre la confidencialidad debida al cliente puntual y el derecho general a la información pública) o de distinto tipo: entre obligaciones profesionales (confidencialidad) y derechos sociales (derecho a la seguridad o al bienestar básico) o entre intereses de un grupo social (participar, organizarse para redistribuir el poder) y de otro (mantener auto seguridad o poder amenazados). A distinto nivel lógico. En este tipo de interacción, tan significativa como poco estudiada, una dimensión (casi siempre la técnica) funciona a nivel explícito, (es reconocida por el sistema social), mientras que la otra (valorativa) opera a nivel implícito, ya que, no siendo reconocida socialmente, no puede ser abiertamente abordada en el análisis o la intervención. Un buen ejemplo de esta divergencia sería la interventora que a la hora de evaluar la viabilidad de una casa para mujeres maltratadas (O'Neill, 1989) opera bajo la lógica científica de la obtención de datos objetivos (dimensión técnica explícita), mientras que los demás a su alrededor parecen moverse según la lógica -no explicitada- de lucha por el poder y los recursos escasos (dimensión política), en que la información es simplemente un arma política más. Otra ilustración, en el terreno académico esta vez. Se toma una decisión (asignar una ponencia en un congreso o elegir a un miembro de un comité científico o editorial) explícitamente en base a criterios de calidad (producción científica) cuando, en realidad, el criterio determinante (o que, cuando menos, interactúa con él) es otro ni explicitado ni explicitable: jerarquía, afinidad ideológica o relación personal con quién decide. Se trata de una complicada situación de "doble vínculo" porque la dimensión implícita (casi siempre el poder bajo distintas apariencias psicológicas o sociales) arma la lógica real de las acciones. Como socialmente, sin embargo, no existe (no está recogido por las "reglas del juego") no puede ser explicitada en el análisis o la acción y ha de ser "vestida" como lógica racional (calidad profesional), que resulta ser, entonces, un simple señuelo formal insignificante porque la acción real no está motivada desde ahí. Este tipo de situaciones son crónicas en grupos e instituciones en cuanto hay algo (recursos, dinero, estatus, poder...) que repartir. Y tienen efectos perniciosos sobre el funcionamiento global, socialmente disfuncional, del sistema ya que fomenta en la realidad algo indeseable (caciquismo y docilidad), mientras "finge" fomentar valores funcionales (ciencia, conocimiento, investigación) que le han sido institucionalmente "mandadas". También resulta negativa para los miembros del sistema que, conscientes de lo que sucede y no pudiendo resolverlo "oficialmente", acaban cayendo en la desmotivación y la anomia desacreditando de paso los valores y normas explícitos del sistema. El manejo práctico de estos dilemas es difícil: ignorar la dimensión implícita reafirma su "eficacia", aunque evita conflictos externos. Confrontarla puede facilitar la solución (al reconocer su existencia y efectos), pero puede también desatar un serio conflicto: los detentadores de poder y estatus no se resignarán a perderlo o a reconocer la verdadera -e indeseable- motivación de su conducta y la divergencia entre lo que dicen y lo que hacen. 8. EXTREMISMOS Y RIESGOS DERIVADOS Si cada aspecto tiene su propio espacio y función en la intervención, el exceso -o el intento de monopolio- de cualquiera de ellas resultará perjudicial tanto para el aspecto "sacrificado" como para la IS en su conjunto. Tan inapropiadas serán las respuestas técnicas a cuestiones valorativas (postura tecnocrática) como los juicios de valor en respuesta a problemas técnicos (postura fundamentalista). En ambos casos se estará violando la pluridimensionalidad real de la acción social y mutilando arbitrariamente su originaria complejidad. Revisemos brevemente esas posturas extremas y los riesgos ligados a cada una. 8.1. Tecnocracia: Respuestas técnicas a cuestiones valorativas La postura tecnocrática, tan extendida hoy en día, ignora o minimiza las cuestiones 32 valorativas inmolándolas en el altar supremo de la eficiencia técnica. Importan los resultados (el fin), no cómo se consiguen (el proceso o los medios) y qué cualidades y valores son promovidos a través de ese proceso. Se reconoce aquí un "despotismo ilustrado tecnocrático" que reduce el cambio social a construir fábricas y carreteras, ignorando a las personas, que son quienes al final han de cambiar y desarrollarse. El enfoque tecnocrático tiene dos riesgos en la IS: uno social, el partidismo valorativo; otro psicológico, el desarrollo humano unilateral. Partidismo valorativo. Ya se ha señalado que, si se ignoran los aspectos valorativos, la IS, lejos de resultar neutral o uniformemente beneficiosa para todos, resultará social y políticamente unilateral, contribuyendo implícitamente a mantener, en nombre de la ciencia y la técnica, la estructura establecida de poder y valores. Existe, en ese sentido, un riesgo real de intervención partidista y antisocial que perjudique seriamente los intereses de los grupos sociales más débiles. (No siempre ha de ser así; las mejoras técnicas pueden también favorecer a esos grupos; la secuencia real de las acciones de sesgo tecnocrático suele ser más mixta y matizada). Desarrollo humano unilateral. La técnica no tiene -en sí misma- mensaje alguno pare el hombre. Puede aportar instrumentos físicos y sociales vitales para eliminar la miseria y para desarrollar el potencial humano. Si no está, sin embargo, guiada por valores adecuados puede acabar creando condiciones irracionales de vida y fomentando una forma de desarrollo, más regresivo que progresivo. Un "desarrollo" desequilibrado y unilateral -basado en competir, producir, ganar dinero, consumir y así sucesivamente- en que el hombre sea esclavo de la técnica en vez de su dueño. Precisamente una de las tareas centrales de la ética de la IS es situar apropiadamente los términos de la relación medios-fines (técnica-desarrollo humano/felicidad/etc.) en la acción social. Se trata, en resumidas cuentas, de reconocer el papel instrumental de la técnica social, poniéndola al servicio de aquellos valores y cualidades deliberadamente elegidas como deseables por los hombres y grupos sociales. Esa es la tarea y no la de limitarse a auscultar las cuestiones éticas de detalle que surgen una vez aceptada la -inaceptable- subordinación de todos los avance económico y productivo que, de nuevo, nada significan per se sino pavimentan el camino para el avance de las personas y colectivos hacia su liberación e igualación en la dignidad y el bienestar. 8.2. Fundamentalismo: Respuestas valorativas a cuestiones técnicas En simetría con la postura tecnocrática, el fundamentalismo minimiza los aspectos racionales (cognoscitivos, técnicos) de la vida social aduciendo cantinelas ideológicas del tipo de "todo es político" o "todo es moral" que aparte de afirmar lo evidente, nada añaden al análisis o solución de los problemas sociales cuyo punto de partida es, precisamente, identificar sus aspectos -y determinantes causales- centrales y relevantes, descartando los triviales e irrelevantes. Más aún, el exceso de celo moralizador -o politizador- en la IS supone, cuando se hace en detrimento de los aspectos técnicos, dos riesgos específicos: ineficacia y arbitrariedad. Y, además, otros riesgos generales derivados del abuso de una concepción prescriptiva, no descriptiva, de la conducta humana comentados más adelante. Ineficacia, escrupulosidad y saturación. Moralizar -o politizar- desmedidamente los temas sociales (en relación a su contenido moral o político real, se entiende) aboca la IS a la ineficacia al engendrar soluciones guiadas por consideraciones morales o políticas, no por hipótesis racionales y plausibles. Se puede acompañar también de un exceso de escrupulosidad moral que esterilizará la intervención, reduciéndola a una serie interminable de discusiones sobre las posibilidades y detalles más nimios de las que apenas derivará resultado visible alguno. Se corre finalmente el riesgo de saturar el limitado interés y receptividad que la gente destina a cada parcela (política, familia, etc.) de su entorno vital en función de la importancia que le atribuye y acabe produciendo un rechazo paradójico o reticencia pasiva a cualquier mensaje o sugestión emanado de élites intelectuales o grupos sociales en base a análisis unilaterales o al "marketing" político más descarado. Esos acostumbran a ser los mecanismos de pasivización y 33 resistencialismo de las "mayorías silenciosas" a la descarada manipulación -o la indisimulada violencia- política e intelectual ejercida desde los medios de masas y los aparatos institucionales (o contra-institucionales) de creación de imagen -"comunicación"- social en nuestros días. Arbitrariedad valorativa. Se suele, en este caso, partir de la afirmación de que todo ha de regirse por principios éticos (o políticos), afirmando después los principios propios como los únicos válidos e intentando, finalmente, imponerlos a los demás como "la verdad". Esta variante de despotismo moral suele definir el modus operandi de los grupos cerrados y sobre ideologizados y de algunos líderes carismáticos. Puede resultar peligrosa en la IS en función del riesgo de adicción ideológica y abdicación de las responsabilidades personales que comportan y por los innecesarios conflictos y callejones sin salida a que no pocas veces conducen este tipo de planteamientos que poseen, sin embargo, gran potencial de arrastre social. 8.3. El abuso de lo valorativo: La ética como técnica Horizonte común a los riesgos ligados a la exageración de lo valorativo es una concepción prescriptiva, no descriptiva, de la conducta humana, particularmente tentadora en la IS por el exceso de idealismo e ideología que alberga. Tal concepción encierra considerables peligros analíticos e interventivos. Veamos: En el análisis, nos arriesgamos a confundir la realidad humana y social (lo que la gente y los grupos sociales son y hacen) con el deseo personal o la norma moral (lo que queremos que sean o lo que deberían ser). Algo que no sólo ocasiona imperdonables distorsiones de la realidad a evaluar, si no, que, peor, acaba eximiendo al analista social de su cometido básico: entender lo que pasa -y porqué la gente hace lo que hace- antes de intentar cambiarlo. Explicación válida y comprensión racional no pueden nunca ser substituidos por el juicio moral o político apriorístico. (Y, viceversa: tampoco puede la comprensión racional reemplazar a la valoración moral o política). Comprensión racional y valoración moral pueden, deben, complementarse, nunca substituirse mutuamente. La intervención puede perder bajo la concepción prescriptiva su carácter racional (estar basada en principios descriptivos) quedando reducida a mera acción moral: su base (principios prescriptivos) y su contenido (regañar a la gente o dirigirla hacia valores, modelos y utopías) son exclusivamente morales. Ese tipo de "acción moral" está abocada al fracaso por partida doble. Primero, por estar basada en una visión falseada de la realidad física y social. Segundo, porque, a partir de esa visión, tenderá a marcar metas inalcanzables para las personas de a pie, asignando a interventor y agentes sociales roles heroicos e irreales y teniendo, al final, efectos subjetivamente desanimadores y objetivamente regresivos -en lugar de progresivos- hacia los objetivos propuestos. Esto no supone negar la existencia en la esfera social de una tensión "dialéctica" entre realidad existente y realidad deseable, cuyo conocimiento y manejo práctico es, de hecho, esencial en la IS. Bien al contrario, implica reconocerla (si se confunden sus polos o se anula uno de ellos, la tensión desaparece) y situarla en su justa dimensión. El manejo interventivo de la tensión moral entre la realidad que es y la que debe ser (el uso técnico de la ética. en una palabra), está sometido, sin embargo, a tres limitaciones precisas: a) Ser capaz de reconocer las dos dimensiones (la real y la deseable o normativa) como diferentes, no confundiéndolas entre sí o con los deseos y valores del propio interventor. b) Manejar esa tensión razonablemente, no como plastelina moldeable a capricho del interventor. "Razonablemente" significa dos cosas. Una, nos basamos en principios científicos (descriptivos en todo caso) sobre la conducta humana (que incluyen sus dimensiones morales, sociales y políticas). Dos, hemos hecho una evaluación objetiva de la situación y de las capacidades de los agentes sociales que nos permite hacer una previsión aproximada de los resultados de la acción. c) Hacer de la ética herramienta central de intervención (regañando a la gente o recordando lo malo que es discriminar a otros o no ser solidarios con los demás), excluyendo los principios 34 científicos, torsiona gravemente el papel de aquella en la acción social, poniendo al interventor en manifiesto riesgo de convertirse en un predicador de cualquier credo, en lugar del técnico racional (científico) y consciente (con conciencia) que habría de ser. Reconocer la función y utilidad potencial de la ética en la IS no implica negar la racionalidad de esta ni rendirla moral o políticamente irracional; significa acompañar y complementar moralmente esa racionalidad. La acción social ha de ser, pues, racional y moral. Parece claro, para concluir, que ni el tema de la relación ética-técnica en la IS ni sus implicaciones prácticas están agotados. Todo lo más, acotados y roturados. 9. RESUMEN Y CONCLUSIONES 1. La ciencia positiva impone unos límites para estudiar objetivamente los procesos naturales y humanos que los despoja de aspectos (emocionales, valorativos, etc.) igualmente vitales para su descripción y manejo práctico y que se hace preciso recuperar (como subjetividad valorativa) al volver, a través de la acción o la relación, al plano humano individualizado o social. Es preciso, ahí, hacer el camino de vuelta del objeto al sujeto, combinando los dos planos (objetivo y subjetivo) si, trascendiendo sus limitaciones mutuas, queremos comprender y actuar integral e integradamente. 2. En el plano del conocimiento, difícilmente puede sostenerse como real la imagen de neutralidad valorativa de las ciencias. Sobre todo, a medida que se acercan a esa realidad de la que, para poderla describir más fructíferamente, se han divorciado de entrada. Esto es, a medida que las ciencias se hacen más humanas (psicológicas y/o sociales) y cercanas a la aplicación y la acción, como sucede en los ejemplos -a medio camino entre ciencia y técnica- de la evaluación y la "construcción social" de los problemas sociales. 3. Neutralidad valorativa inimaginable ya en el plano (técnico) de la aplicación y la acción social, constitutivamente valorativas al ser los juicios de valor, las decisiones y las responsabilidades por las consecuencias de las acciones su materia prima. 4. Consecuencia de todo ello es la dificultad para manejar valores del científico positivo y su resistencia ambivalente (la desea, pero la teme) a involucrarse en la acción social. Resistencia que suele ir acompañada en académicos (y practicantes) de una racionalización que justifica la conducta propia en lugar de enfrentarse abiertamente a los aspectos éticos e intentar solventarlos en su propio terreno valorativo poblado de incertidumbre, elección y valores. El profesional acaba soportando, como anomia, tal ignorancia o desprecio de la ética. 5. La relación -e interacciones- entre técnica y valoración es analítica y operativamente fundamental en la acción social de la que son ingredientes centrales. Técnica y ética son lógicamente distintas, independientes: cada una ha de ser tratada en sus propios términos conceptuales y metodológicos. Y tienen distintas cadencias temporales e intereses en la IS: la técnica, se mueve en el corto plazo y se centra en la eficacia y los resultados; la ética (valoración), en el medio/largo plazo y en los valores promovidos durante el proceso. 6. La valoración (ética) tiene la función general de motivar la acción social y darle un sentido u objetivo final. Función básica de la técnica es, en cambio, dotar de contenido técnico (instrumental) a la IS, indicando cómo podemos alcanzar los objetivos finales marcados. Ambas dimensiones son necesarias en una IS integral. Dada su autonomía metodológica, no se puede sacrificar la ética de la acción social a su realización técnica, ni tampoco la técnica interventiva a cualquier imperativo ético. 7. Para que la IS funcione como un conjunto integrado es preciso tener en cuenta las interacciones temporales (que se dan según las opciones valorativas y/o técnicas iniciales, y dinámicamente durante el proceso interventivo) y temáticas (que se dan entre valores del mismo tipo o de distinto tipo, al mismo o a distinto nivel lógico: una funciona explícitamente y otra implícitamente). Al final habrá que tratar conjuntamente aspectos valorativos y técnicos teniendo ambos en cuenta -junto a sus interacciones previsibles- en el diseño de la IS y en el curso de la 35 acción real. 8. El abuso de cualquiera de los dos aspectos condena a la IS a la unilateralidad e ineficacia conllevando serios riesgos para la acción en general y para sus destinatarios en particular. El abuso de la técnica lleva a dar respuestas técnicas a cuestiones valorativas. La tecnocracia es un riesgo generalizado en una sociedad que ensalza la técnica y la acción experta como soluciones a cualquier dificultad, despreciando los aspectos valorativos. Conlleva los riesgos de: arbitrariedad valorativa y posibilidad de imponer los valores e intereses particulares a los demás; insensibilidad hacia las necesidades de los más débiles; ineficacia en situaciones muy cargadas emotiva o valorativamente para las que carece de la perspectiva evaluadora y las soluciones apropiadas; desarrollo personal "inhumano" y unilateral (en la dirección de "producir" personas intelectual y laboralmente sobresalientes pero infradotadas en sus capacidades de valorar, juzgar y sentir). 9. El abuso de la ética lleva a tratar como uniformemente valorativas y subjetivas cuestiones objetivas y técnicas. El "fundamentalismo" (moral, político...) es especialmente tentador entre los profesionales de una IS sobreideologizada y con una base científica y técnica aún débil. Comporta riesgos de: ineficacia y parálisis de la acción social por su desprecio de las soluciones técnicas y su escrupulosidad formalista en el abordaje de los temas; saturación de las personas de la dimensión (ética, política ...) "abusada"; e idealismo interventivo que lleve a perder de vista o distorsionar seriamente la realidad exterior, las dificultades de la acción social y los límites de las personas y de las técnicas que utilizan. 10. Ignorar la ética en favor de la técnica llevará a no entender realmente el contexto social ni responder sensiblemente a la necesidad del más débil, sacrificando la intencionalidad a la racionalidad. Ignorar la técnica -idealizando o politizando en exceso la IS- sacrificará la racionalidad a la intencionalidad interventiva generando ineficacia y frustración social. Con el riesgo terminal de convertir al interventor social en un predicador de cualquier credo (laico o religioso) que falsea la realidad sobre la que interviene para adaptarla a sus intenciones o convicciones en lugar de un agente de cambio racional que intenta modificar esa realidad desde su evaluación correcta y objetiva. 36 CAPITULO 3 ESTRUCTURA ÉTICA DE LA ACCION SOCIAL Corresponde a este capítulo definir nuestros temas centrales de estudio -ética e intervención social- y sus componentes y examinar la estructura ética de la acción social a la luz de los vectores morales básicos: libertad, intencionalidad, el otro, conciencia moral, responsabilidad. Se discute también en qué medida el acto interventivo socio-profesional es sujeto de ética, cómo cualifican y modulan su evaluación ética las particulares características y condiciones de realización de la IS y qué papel juega cada una de sus partes (interventor, destinatario y cliente, relación profesional, fines interventivos y contexto social) en tal evaluación. Se concluye ofreciendo, a partir de los esquemas producidos, un esbozo teórico de la ética de la IS que explicita la génesis -condiciones generatrices- y tipología de las cuestiones éticas en la IS. 1. ÉTICA El fin de la ética es discernir y realizar el bien. Trata, pues, sobre el bien, el mal y el deber moral en las acciones humanas. Más concretamente, sobre los principios y valores morales (como justicia, libertad, honestidad o verdad) desde los que se puede juzgar la conducta humana como buena o mala. Designa también la ética el conjunto de principios y normas que gobiernan la conducta individual y social en la medida en que -aceptados o sancionados como "el bien" o el "deber moral"- obligan y orientan a personas y grupos a conducirse de conformidad con ellos. Esta acepción de contenido es a veces llamada "moral" en contraposición a la connotación, más procesal, de "ética". Distinción, de dudosa consistencia, no mantenida en este libro, en que los términos "ética" y "moral" se usan como generalmente equivalentes. Notas centrales del carácter ético son su "alternatividad" respecto a lo real y su, con frecuencia ignorada, bipolaridad. Alternatividad/opcionalidad. La ética no se refiere a la realidad existente, lo que es, sino a lo que -como alternativa o posibilidad- debe -¿y puede?- ser. Implica, por tanto, autonomía respecto a la realidad dada, un juicio sobre ella y un potencial de actuar para cambiar realidad y conducta dadas a partir del ideal moral, lo que debe ser. Autonomía relativa, sin embargo, como advierte aviesamente Ambrose Bierce (1911/1957) en su Diccionario del Diablo al definir "moral" como "conforme a la norma local y mutable de lo recto o lo correcto. Poseyendo la propiedad de lo oportuno o conveniente" (p. 124). El autor nos está señalando en clave no por irónica menos atendible, la senda de convención social y costumbre cultural que comunica moral y realidad. Autonomía que, como ya se enfatizó en el capítulo anterior, debe administrarse con prudencia en la práctica. Ni las personas pueden ser dirigidas hacia cualquier meta o valor, por quiméricos que sean o "adaptadas" a reglas impersonales absurdas. Ni están sólo guiadas por criterios éticos, si no, además, por una amalgama de razones, deseos, emociones y otros motivos, cuya articulación experiencial y situacional teje la irreductible complejidad, sutileza y variedad de conducta individual y relación social que nos hace personas humanas, no "autómatas" moralmente teledirigidos. Bipolaridad. La ética tiene una doble, e irreductible, potencialidad. Negativa, establece límites y restricciones -lo que no se debe hacer, aunque se pueda- en la vida personal o la acción social en función de lo que consideramos malo, incorrecto o indeseable: engañar al otro o actuar en la IS beneficio propio. No es ético. Positiva, orienta la conducta y el desarrollo personal o social en la dirección de lo que se juzga bueno, correcto o deseable. No sólo no debo engañar al otro o actuar socialmente en función de mis necesidades, sino que debo ser honesto y generoso con el otro y -como profesional social y en la medida de mis capacidades- ayudarle a satisfacer sus legítimas necesidades y tratar avanzar la justicia de la sociedad común. Reducir la ética a un recetario de obligaciones, prohibiciones y sanciones, es desfigurarla amputándole la mitad de su ser que, como construcción humana de los bienes por los que merece la pena vivir y luchar, 37 acaba retratándonos, también, en positivo, mostrando lo mejor, no sólo lo peor, de los humanos. Este breve apunte sobre la ética nos permite avanzar una idea inicial de la ética de la IS en un doble nivel, abstracto o general y concreto o personal. A nivel abstracto, la ética de la IS estaría constituida por aquellos principios y valores (como la libertad o la justicia distributiva) que, como atributos deseables o ideales de la vida personal y social, son perseguidos en la acción social, y por aquellos (como la miseria o la injusticia) que, como características humanamente indeseables, se tratará de evitar o minimizar. El nivel concreto de la ética de la IS se centrará en el comportamiento particular del interventor -y el resto de los agentes- social/es y en su evaluación moral a partir de los valores y principios generales mencionados. 1.1. Estructura y dinámica de la acción moral: Vectores éticos y proceso El proceder moral se construye sobre seis ejes o vectores que precisarán examen para evaluar éticamente cada acción -y conducta- concreta. Esos ejes, que analizamos brevemente ahora en relación a la IS, son: libertad, intencionalidad, el otro, conciencia moral, responsabilidad y contenido. Libertad. La base del acto moral. Un acto es moral, y genera responsabilidad, en la medida en que el sujeto tiene libertad para elegir, decidir y actuar. La moral es, pues, el "peaje" a pagar por el uso que hacemos de la libertad -y el poder- que poseemos. Al contrario que la ciencia, que asume determinación, la moral supone libertad y, aunque esa esté coartada, si el sujeto conserva algunos "grados de libertad" es imposible no elegir o responder a un estímulo o situación sea por acción sea por omisión. De lo que se deduce que el análisis ético concreto habrá de tener en cuenta -y ser cualificado desde- las limitaciones a la libertad de las distintas partes implicadas. En el caso de la IS, la acción del interventor puede estar coartada por la carencia de medios o por las directrices ideológicas de la institución de que depende. La relativa ignorancia socio-cultural, baja autoestima personal o capacidad económica de los afectados por, y sujetos de, la acción social, limitan seriamente su capacidad para orientarse socialmente (saber lo qué es socialmente importante y lo que no, conocer las instituciones y los programas, saber a dónde o a quién ir para obtener tal o cual ayuda, etc.), tomar decisiones informadas y participar provechosamente en las acciones interventivas. Tales limitaciones plantean difíciles cuestiones éticas: ¿hasta qué punto debe el interventor responder de las consecuencias de acciones en gran parte decididas o realizadas por otros? ¿en las decisiones colectivas y las tareas interdependientes (de un equipo profesional o una institución), podemos seguir hablando de responsabilidades individuales? ¿cómo podemos evaluar la bondad de la IS respecto de sujetos marginales en las citadas condiciones restrictivas? Son estas preguntas complejas y apenas discutidas que requieren detenido análisis y para las que no habrá respuestas simples y unívocas. Ofrezco ahora algunas orientaciones básicas. Volveremos repetidamente sobre el tema de la libertad en los capítulos por venir. Las condiciones de libertad en que se realizan las acciones cualifican la responsabilidad ética, no la anulan: la valoración final dependerá de los "grados de libertad" que conserve el interventor y, sobre todo, del uso que haga de ellos. Por otro lado, una acción colectiva (como es casi siempre la IS), cuya preparación y realización -y, por tanto, consecuencias- dependen de una red de personas -e instancias institucionales- interconectadas por determinadas reglas y acuerdos sociales debe obviamente generar responsabilidad social o compartida en que no se pueden ignorar las reglas o contratos, explícitos o implícitos. ¿Anula eso la responsabilidad individual? No, la limita y, pienso, supera globalmente (Es por esto que en el Capítulo 1 se planteó conceptualmente la posibilidad de una "ética social" frente a la clásica concepción individualista de la moral de limitada aplicación en nuestro campo). En cuanto a la evaluación moral del mérito de la IS con sujetos marginales, la clave reside, en mi opinión, no tanto en su punto de partida, como en el de llegada: la medida en que la 38 IS contribuye a aumentar los grados de libertad (las opciones vitales o el acceso a los medios y condiciones socio-culturales para su propio desarrollo) de esos colectivos. Ese sería uno de los criterios base para evaluar el éxito -moral- de la acción social. Intencionalidad. Nuestras acciones no son casuales y erráticas, sino, en general, deliberadas, con intención y propósito. Es la suma de intencionalidad, libertad y poder lo que otorga responsabilidad a las acciones humanas, personales o profesionales. En la IS suele existir una clara intención de ayudar. La evaluación ética ha de considerar, no sólo las buenas intenciones (ayudar a otros, incrementar la justicia social o las opciones vitales...) que motivan las acciones sino, además, sus resultados reales. También las posibles distorsiones y excesos (como paternalismo o intrusión en la vida de los demás) que las intenciones altruistas pueden introducir en la IS. Una cuestión especialmente espinosa es si las consecuencias no previstas de los actos profesionales "devengan" responsabilidad profesional. Retomaremos esas cuestiones en los próximos capítulos. El "otro": Exclusión moral e igualdad relacional. Como intencional que es, el acto moral tiene siempre una dirección, un destinatario, siquiera potencial, "el otro". Aunque asediada por fuertes corrientes individualistas y utilitaristas (Capítulo 1), la alteridad sigue siendo la clave del arco de bóveda moral. Algo especialmente cierto en la IS cuya misión ética consiste, en buena medida, en reconocer al otro, incrementando su "visibilidad social" (o, mejor, disminuyendo su "invisibilidad" y marginalidad) y nuestra conciencia y empatía social y reconociéndole com ser humano, válido y digno por sí mismo, no por lo que produce, consume o "figura" socialmente. Y en potenciarlo, ayudándole a desarrollar sus capacidades (y a paliar sus miserias y problemas vitales). Pero, en la IS, ¿quién es "el otro", en primer lugar? Recientemente se ha planteado, en paralelo a la exclusión social, el tema de la exclusión moral (Opotow, 1990): qué categorías -humanas o no- excluimos del dominio en que rigen las consideraciones y reglas morales. Dónde trazamos, en otras palabras, la frontera de lo moral y qué es lo que esa frontera incluye ("comunidad moral") y excluye. El tema tiene una relevancia obvia para la IS: los incluidos en la "comunidad moral" son considerados iguales a nosotros, titulares de reciprocidad y mutualidad, con derecho a un trato justo por un lado y a participar de los recursos comunitarios, por otro. Al segregar al otro como distinto y extraño (outsider), la exclusión moral se constituye, pues, en un proceso marginador básico tanto para "construir" los problemas sociales como para impedir su solución social. Así, si nuestra comunidad moral es muy reducida y excluimos de ella a las madres solteras, les estaremos de hecho negando el acceso a los recursos y programas sociales pagados por todos o, peor, la consideración misma de personas dignas. El caso del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es, desde este punto de vista, revelador: aunque había causado numerosas víctimas africanas (excluidas de nuestra comunidad moral), no adquiere la categoría de problema social hasta que comienza a afectar a blancos y occidentales (sujetos, faltaría más, de moralidad y respeto). Si, por contra, desde una postura super altruista, definimos una comunidad moral muy amplia, los costos de extender a esa totalidad los beneficios de que disfrutan sólo algunos pueden ser tan elevados que hagan económicamente inviables o socialmente inasumibles los niveles de protección social necesarios. Igualdad relacional y reconocimiento de la diferencia. Otro aspecto importante del acto moral es la relación entre interventor y destinatario (el otro) de la acción social. Lo enfocamos ahora desde el valor justicia considerando la cualidad de igualdad de esa relación y la correspondiente deseabilidad (o justicia) planteada por los dos polos extremos -igualitario y diferencial- de esa cualidad. (En el punto 3.2 nos centramos en la relación profesional en la IS). O, traduciendo la pregunta a disyuntiva: ¿qué es más deseable, la igualdad relacional (ser tratado por igual y como un igual), o la diferencia, ser tratado como único y distinto? ¿Cuál de las dos posturas ideales es más justa en la IS? Si nuestro comportamiento relacional estuviera sólo dictado por el principio de estricta igualdad, habríamos de tratar a todos por igual (como iguales 39 a nosotros y como iguales entre sí); las relaciones y los intercambios resultantes serían estrictamente simétricos. Pero los supuestos de esa relación son falsos: ni los otros son iguales entre sí (si no, bien al contrario, marcadamente distintos y diversos en lo psicológico, lo social, económico, etc.), ni lo son respecto al sujeto iniciador de la relación. Paradoja: una acción social soportada -por mor de la justicia- por una relación rigurosamente igualitaria, no sólo podría ser profundamente injusta (al tratar como iguales a quienes son diferentes), sino resultar irrealizable en la práctica, al ignorar las marcadas diferencias (de saber, poder, rol asignado, etc.) entre interventor y destinatario. ¿Cómo resolver el dilema relacional igualitarismo-diferencialidad en la IS? ¿Cómo salvar la aparente contradicción que plantea? He aquí algunas pistas generales, que no soluciones definidas y definitivas, para encarar el tema. Uno, el ideal igualitario de trato se refiere a la categoría moral de persona como semejante, no a las diferencias como persona psicológica, rol social o productor económico que pueden, y deben, ser tenidas en cuenta. Es desde el punto de vista moral (no desde el económico o psicológico), que hemos de tratar igual al listo que al tonto, al rico que al pobre. Dos, diferencia no implica necesariamente desigualdad: no deberíamos tener dificultades con las diferencias -de carácter, ubicación social u ocupación- que no suponen inferioridad o desventaja personal o social. (Algo más bien difícil en el ambiente social que respiramos: el racionalismo capitalista trata, precisamente, de crear diferencias entre las personas en base a su rendimiento productivo). Tres, el interventor debe ser particularmente cuidadoso de no hacer de su actividad profesional (o la relación que la fundamenta) vehículo de discriminación social, algo que puede suceder, por ejemplo, cuando usa "etiquetas diagnósticas" socialmente estigmatizadoras. Cuatro, trascendiendo el igualitarismo literal, algunos proponen tratar mejor (o ayudar más) al más débil y desfavorecido (discriminación positiva). No es claro, sin embargo, que esa fórmula ayude a reducir la desigualdad en lugar de perpetuar las minusvalías y dependencias de los menos dotados. Pero tampoco es deseable que la estricta igualdad de trato a todos se limite a mantener -que no reducir- la desigualdad existente o, peor, a tratar bien a los que están mal sin mejorar sus carencias objetivas. Cinco, y reiterando la radical alternatividad de lo moral en la acción humana, las diferencias y desigualdades son la realidad de la que partimos (y que como tales se han de reconocer); la igualdad en algún aspecto relevante, el ideal al que aspiramos: lo que debe ser. Y ... es que, seis, perseguir la igualdad en algunos aspectos supone, según parece, aceptar la desigualdad en otros: no existe un único, sino varios, conceptos de justicia o igualdad (Domenech, 1989; Sen, 1995) interrelacionados de manera que la maximización de unos supondrá, casi necesariamente, el decremento o minimización de otros. Conciencia moral: la instancia -y el proceso de deliberación- que permiten distinguir lo bueno de lo malo y alcanzar conclusiones operativas en el terreno ético. Irreductiblemente individual según unos, ya justifiqué aquí (Capítulo 1), la dimensión social de la conciencia moral. Para ilustrar el argumento en nuestro terreno, un grupo (digamos un equipo de trabajo) que discute los aspectos éticos de una acción social está a todos los efectos dotado de una conciencia moral de carácter social generando pautas éticas también sociales en la medida en que son fruto de una deliberación grupal y afectan a colectivos, no a individuos. Otro tema de interés especulativo es la supuesta universalidad y univocidad del juicio moral que permitiría incluir todo tema o evento en el terreno moral negando, por tanto, cualquier posibilidad de zonas de amoralidad, ambigüedad o neutralidad moral. La versión práctica de esa cuestión es la posibilidad de formar criterios morales claros y unívocos cuando, en un mundo social tan complejo y anómico como el actual, se actúa sobre temas poco conocidos, poliédricos y valorativamente multivalentes que difícilmente admiten un 40 juicio moral integrado. Y en los que, faltos de utilidad los criterios consecuenciales o analógicos, nos vemos forzados a usar valores y principios como criterios excesivamente bastos, esencialistas y poco o nada afinados a las circunstancias concretas y los imponderables de las acciones. Y es que no se trata de evaluar conductas individuales como robar o mentir en una situación dada, sino acciones sociales complejas, que tienen efectos múltiples (unos aparentemente buenos, otros malos), son gestados por equipos multiprofesionales y van dirigidos a colectivos amplios con intereses diversos. Queda así patente la dificultad y complejidad de una evaluación moral integrada y la multivalencia y ambigüedad ética de las acciones sociales que asomarán una y otra vez en los análisis de casos de IS en forma de dualidad de roles, conflicto de intereses o simple perplejidad del interventor a la hora de juzgar, decidir o actuar. Responsabilidad. Resultado, según se ha dicho, de intencionalidad, libertad y poder (esencialmente técnico en la IS). El interventor social es responsable del uso que hace de su libertad de elegir y actuar, del poder profesional -la técnica- que la sociedad ha depositado en sus manos y de las propias intenciones hacia "el otro", el destinatario de la IS. La responsabilidad por las consecuencias, buscadas o no, de las acciones sociales es probablemente la categoría más analizada en la ética de la IS. Nos haremos eco repetidamente de ella, y de las difíciles cuestiones que plantea, a lo largo del libro. Contenido. Aquello (el deber, la felicidad, el bienestar, el interés individual o colectivo ...) que se define como el bien -lo bueno- y, su contrapartida, el mal, así como, a otro nivel, las normas o reglas de conducta que se consideran apropiadas para alcanzar ese bien. Conforman conjuntos coherentes de principios y valores (sistemas morales) que sirven de fundamento moral y guía comportamental, de la IS. El contenido moral de la IS es analizado en el Capítulo 4 (apartado 1). Hasta aquí los componentes del acto moral. Más adelante (apartado 3) los usamos para examinar la estructura ética del acto profesional en el campo social, la estructura ética de la IS. Proceso y niveles operativos. Abordamos aquí el proceso general para examinar las cuestiones éticas en la IS. En el Capítulo 6 se elabora más extensa y específicamente ese aspecto. Laue y Cormick (1978) han sido raramente explícitos al respecto. Proponen uno de cinco fases o momentos centrados respectivamente en: asunción básica, valores, principios, decisión y acción. Pienso que el proceso gana en continuidad añadiendo dos fases más (IV, normas-criterios y VII, consecuencias) quedando con tales alteraciones en la siguiente secuencia total: I Asunción Básica II Valores III Principios IV Criterios V Decisión VI Acción VII Consecuencias Recorriendo el esquema de izquierda a derecha, partimos de una asunción básica sobre la naturaleza humana, que vertimos a valores relevantes de los que derivamos principios generales de actuación y normas o criterios específicos para la clase de casos y situaciones habitualmente manejados que permitirán a su vez al interventor tomar las oportunas decisiones, actuar en base a ellas y examinar finalmente las consecuencias de su actuación. Así, Laue y Cormick asumen al hombre como buscador de realización personal y significado y capaz de tomar decisiones. De ello derivan los valores centrales de libertad individual, justicia social y empowerment (capacitación o fortalecimiento) que, jerárquicamente articulados, permiten deducir ocho principios básicos (y criterios) para intervenir en conflictos sociales. Principios como: orientar la acción a dotar de poder a los más débiles; promover decisiones conscientes, explícitas, racionales y públicas sobre los temas en conflicto; abogar por la toma de decisiones conjuntas de las partes implicadas en los conflictos. Finalmente ejemplifican esos principios en diversas situaciones y casos. 41 ¿Qué decir de este esquema procesal? Es infrecuentemente exhaustivo y explícito, con un valor más pedagógico (señala lo que podría o debería ser el análisis ético) que descriptivo: muy raramente poseen los análisis reales la admirable linealidad y continuidad de tales esquemas ideales (lo cual no impide, como muestran los autores, su provechosa aplicación). Se puede, además, usar, bidireccionalmente: deductivamente, de arriba (principios y valores) a abajo (acciones y consecuencias) e inductivamente, de abajo a arriba, partiendo de las acciones y sus consecuencias para derivar principios y valores pertinentes. Hay que notar, sin embargo, que estos modelos aparentemente deductivos son en realidad una destilación formal de la elaboración inductiva desde la experiencia y el caso singular de valores y principios aplicables a ciertas clases de casos y situaciones. O, más exactamente, suelen resultar de un ajuste continuo de recorridos inductivos desde las acciones y sus consecuencias, y deductivos, desde los valores y principios. Y es que conciencia -y valoración- moral se configuran esencialmente en un proceso retroalimentado primariamente desde la acción real o imaginada, que es después articulado a un nivel de mayor abstracción y no, al contrario, generado directamente desde valores y principios dados. Al final podemos condensar los esquemas procesales al uso en dos -quizá tres- niveles básicos en la ética aplicada que nos revelan la estructura (y eventual dinámica) del análisis ético práctico. * Nivel general: principios y valores que, como valoración de conjunto, capta la esencia ética abstracta y global de un área y que podríamos denominar, en este caso, la ética de la IS. Ejemplos (bastante infrecuentes en el campo) son los análisis de Glidewell (1978) de la ética de los grupos de encuentro y el ya citado de Laue y Cormick sobre las disputas sociales. Ambos muestran, por otro lado, la dificultad del tal análisis ético deductivo o "abstracto", directamente proporcional a la densidad del tejido social y ético o, si se quiere, al número de valores y de actores implicados. * Nivel concreto, operativo, ligado a la conducta (decisiones y acciones) particular del actor -o actores- y a su evaluación ética; lo que podríamos llamar por contraste, ética en la IS, dado que examina cuestiones éticas concretas en situaciones singulares. El más frecuente en el campo aplicado. Puede complementarse, como se ha señalado, con la "inducción" de normas, valores y principios generales a partir del análisis de un número suficiente de casos o situaciones. Y es que los dos niveles (valorativo-abstracto, conductual-concreto) y enfoques -inductivo y deductivoson complementarios y deben combinarse y alimentarse mutuamente en la realidad. Vienen, a coincidir, además, con dos de los tres criterios (principios, basales para el nivel general, y consecuencias, centrales para la evaluación concreta) ya mencionados como clásicos en la acción social. Entre los dos niveles podemos, en fin, situar un nivel intermedio de normas, criterios y reglas de comportamiento que conectaría valores y principios generales con decisiones y actuaciones singulares (y viceversa). 2. INTERVENCION SOCIAL Podemos definir la intervención social (Sánchez Vidal, 1991; ver, también, Goodstein y Sandler, 1978; o Seidman, 1983a) como una interferencia intencionada para cambiar una situación social que, desde algún tipo de criterio (necesidad, peligro, riesgo de conflicto o daño inminente, incompatibilidad con valores y normas tenidos por básicos, etc.) se juzga insoportable por lo que precisa cambio o corrección en una dirección determinada. Concretando más, se trata de una acción externa, intencional y autorizada para cambiar (a mejor, se supone) el funcionamiento de un sistema social (institución, grupo humano, comunidad ...) que, perdida su capacidad de auto regularse, es incapaz de resolver sus propios problemas o alcanzar metas vitales deseadas. Ampliemos brevemente los puntos y calificaciones clave cuyas implicaciones éticas se examinan más adelante. 42 * La acción externa al propio sistema social ya que este ha perdido su capacidad de auto regulación y respuesta a los problemas. Se introduce algún tipo de "input" para producir un efecto deseado: ayuda educativa, terapéutica o económica; dinamización o fomento de la cohesión social, amparo a niños maltratados o personas vulnerables, redistribución de poder y recursos, lucha contra la discriminación y marginación, prevención de problemas sociales, mejora de la prestación de servicios sociales, etc. En realidad, la etiqueta "intervención social" funciona como paraguas conceptual que agrupa acciones diversas según el nivel social, supuestos ideológicos e instituciones que la realizan. Y en la que pueden distinguirse modalidades como: acción desde arriba (servicios profesionales, ayuda económica, planificación y coordinación de acciones...) y desde abajo (intervención comunitaria: desarrollo de recursos personales y sociales); IS desarrollista (mejora de la calidad de vida de grupos mayoritarios: mayores, mujeres...) e IS "política" ligada al cambio social y la justicia distributiva; etc. La interferencia externa puede ser "responsiva" o impositiva según que, respectivamente, se haga en respuesta a una demanda de ayuda o se imponga sin necesidad del consentimiento de los miembros del sistema o en contra de la voluntad de ellos cuando se estima preciso (pensemos en situaciones como el maltrato infantil o la miseria o marginación social en que raramente existen peticiones de ayuda externa). El carácter de interferencia externa en la vida de las personas y el curso de las instituciones sociales tiene resonancias éticas relevantes, aunque desiguales, en ambos casos. Mientras que en la intervención responsiva esas son, en principio, más benévolas y leves limitándose al uso que se hace de las intenciones de ayuda (y a sus consecuencias relacionales y funcionales), en la intervención impositiva son de mayor calado, planteando cuestiones éticas ineludibles como la legitimidad de la intervención y, también, de la autoridad que la respalda. * Intencional. Es un intento deliberado, intencionado, de ayudar a otros. No es una acción casual o fruto del azar. * Autorizada. El interventor puede interferir en el curso vital de personas y grupos sociales porque tiene una autoridad: política, científico-técnica u otra (¿moral?). La primera, detentada por el político, se basa en el mandato democrático recibido de un colectivo para representar sus intereses y resolver (ayudar a resolver, mejor) sus problemas. La autoridad técnica, detentada por el practicante profesional, deriva exclusivamente del conocimiento, experiencia válida y habilidades metodológicas y técnicas para diseñar, organizar, realizar y evaluar competentemente acciones sociales. El posible compromiso político o social del interventor social (otra importante cuestión ético-política) no tiene, de entrada, respaldo técnico alguno. * El sistema social ha perdido su capacidad de auto regularse, de regir la vida social, resolver efectivamente los problemas y alcanzar fines y aspiraciones básicos (educar a los niños, asociarse con otros, conseguir un servicio o equipamiento, mejorar el entorno urbano, etc.). Es precisamente porque el sistema -o alguna de sus partes suficientemente importante como para afectar al conjunto- ha perdido su capacidad de funcionar por sí solo (desmotivación o incapacidad para actuar, extrema necesidad, novedad o urgencia de una situación, etc.) por lo que se precisa una acción externa que evite la perpetuación -o el deterioro- de la situación indeseable. Niveles macro y micro. Podemos distinguir dos niveles de IS que implican conceptos de intervención y responsabilidades éticas relativamente distintas (Sánchez Vidal y otros, en prensa): * Nivel macro. La IS es en este nivel un esfuerzo institucional, supra personal. El agente de cambio es la institución pública (u organizaciones privadas), no el profesional que es sólo un engranaje de un complejo mecanismo de cambio social. La IS incluye aquí (Kelman y Warwick, 1978), además de la ideología y modelos de ayuda profesional, ingredientes más amplios como la filosofía social y política o la organización de las instituciones, legislación y políticas sociales 43 del gobierno, o tradiciones intelectuales (socialismo, liberalismo, etc.) que enmarcan los esfuerzos de cambio social. * Nivel micro: acción social personalizada en que el agente de cambio es un profesional (o un equipo de varios profesionales). Es el concepto habitual de IS como cambio profesional (más técnico y menos político) en el sentido de estar enmarcado en una ideología y modelo de prestación de servicios profesional: trabajo social, psicología, etc. Parece claro que la concepción macro se ajusta más que la micro a la realidad global de la intervención social como proceso complejo y multiforme del que el esfuerzo profesional es sólo una parte, importante pero limitada. El problema es que los instrumentos y casuística disponibles se centran casi siempre (y más allá de algunas generalidades globales o extra-éticas), tanto en el plano ético como en el socio-interventivo, en el nivel micro. Las definiciones -y marcos operativos- de la IS se desarrollan casi siempre en el plano profesional. La consideración de responsabilidades de éticas se centra tradicionalmente en las personas (los profesionales), difícilmente en las instituciones sociales (en cuyo caso, se asume, estaríamos ya abandonando el territorio ético para entrar en terrenos políticos y sociales). En consecuencia, aquí adoptaremos el marco de referencia micro (mucho más manejable y simple que el macro) intentando siempre, eso sí, contextualizar los análisis y reconocer la pluralidad de actores e influencias sociales (y sus interacciones) que eviten reducir el análisis de la acción social al de la conducta individual de los profesionales que la ejecutan. Presupuestos. En el Capítulo 4 se recogen más detalladamente las asunciones valorativas ligadas en la literatura a la IS. Resumo algunos presupuestos generales (a veces más desiderativos que descriptivos), común denominador de muchas, no de todas, las variantes de la IS (Sánchez Vidal, 1995b): 1. Intervencionismo social intermedio entre planificación total y liberalismo individualista absoluto ("laissez faire"). Se asume el "Estado del bienestar" como marco político-social global, sin ignorar su actual crisis en los países industrializados y su inexistencia real -aunque si idealen aquellos en desarrollo. 2. Solidaridad social y responsabilidad pública en la resolución de los asuntos comunes y problemas sociales: su solución corresponde coordinadamente al gobierno organizado y a la sociedad civil en su conjunto sobre la base de que tales asuntos y problemas afectan a todos los ciudadanos y no sólo a aquellos directamente afectados. 3. Democracia política y participación de los ciudadanos en la gestión política en general y, variablemente, según las modalidades, en la IS en particular. Mientras que la ausencia de cauces democráticos dificulta -no imposibilita- la realización de muchas variantes interventivas deja irresuelto el problema de cómo articular los intereses de las minorías. 4. Un concepto amplio de intervención que, aunque viene a corresponder con el concepto micro trata de ampliarlo cuando es posible incluyendo: a) el contexto institucional, comunitario y socio político de la IS; b) las relaciones e intercambios entre los actores sociales; c) las distintas formas de intervención: desde arriba y desde abajo; desarrollo de recursos y mejora de la calidad de vida, organización comunitaria y justicia social; etc. 5. Existencia de una doble autoridad que fundamenta -y junto a democracia y participación, legitima- la acción social: política, ligada al mandato democrático de los ciudadanos; científico-técnica, derivada del conocimiento y habilidades válidas de los practicantes debidamente formados. Esa autoridad no excluye, ni es incompatible con, la participación activa de personas y colectivos sociales en diversos niveles y procesos de la IS. Quede claro que no existe sólo un juego de asunciones aplicables a todas las variantes de IS y aceptado por todos los interventores. Así, se puede hacer IS en condiciones no democráticas ni participativas, aunque no sea el ideal de la mayoría. Se puede cuestionar que el desarrollo de recursos (por ejemplo, fomento del asociacionismo) sea realmente interventivo o que los interventores hayan de ser profesionales. Etcétera. De hecho, diversos aspectos de los supuestos 44 recogidos serán aquí cuestionados en distinta medida. Terminología. Dada la gran dispersión conceptual y variedad terminológica de la literatura, propongo para, simplificar y a título convencional, las siguientes partes, y nombres, de la IS. Interventor, aquél (persona, grupo o institución) que prepara y realiza la intervención; destinatario o blanco, aquellas personas, grupos o comunidades a los que se dirige; cliente, aquél (persona, grupo o institución) que, coincidiendo o no con el destinatario, paga (patrocina a veces) la intervención. Habremos de tener también en cuenta otras partes -organizadas o no- afectadas por la IS. En un primer nivel de proximidad están los "otros significativos" (familia, vecinos, compañeros de trabajo, etc.) como más directamente afectados, aunque no sean destinatario directo. Así los familiares de los alcohólicos, blanco de un programa de rehabilitación, resultarán significativos para tal programa. Un segundo nivel estará formado por los más indirectamente afectados, como los vecinos de un barrio ante la instalación en él de un servicio de ayuda a drogadictos. Las partes interesadas ("sociedad interesada", en expresión de Glidewell, 1978) incluyen, además de los afectados, aquellos individuos o colectivos que tienen interés en que la acción social "funcione" bien (o mal). Así, los pacifistas estarán positivamente interesados en el cese de la guerra o en la ayuda humanitaria en un asunto y país que no les afecta directamente; la Iglesia estará negativamente interesada en una campaña para despenalizar el aborto. Los afectados son parte interesada en la IS, pero los interesados no tienen por qué ser (directamente al menos) afectados por las consecuencias de la IS. En realidad, el "interés" en la acción social vendrá dado por la vinculación empática o simbólica (afectiva o ideológica) que creamos (y queramos) tener con aquellos "otros" (desposeídos, infelices, maltratados, dolientes ...) a quienes va destinada. En última instancia, como vivenció el maestro Donne en su milenario poema, todos estamos interesados en la suerte de los demás. El daño o sufrimiento de cualquiera es nuestro propio daño porque, lejos de ser islas autosuficientes, estamos ligados a los otros, somos parte de un todo, la humanidad. Y es que, contra cualquier tentación aislacionista o radicalmente utilitarista, en el fondo de la IS bien entendida late siempre un impulso ético, una intención altruista de ayudar al otro, de mejorar la condición humana. La IS es, en, fin, profunda, nuclearmente ética. 2.1. Estructura funcional En el capítulo anterior se identificaron -y relacionaron- dos ingredientes básicos de la IS, técnica y valoración (ética, sobre todo). Se añade ahora un tercero, la estrategia, para completar la estructura funcional de la acción social. Y es que, aunque aquí interesa más el ético, la combinación de los tres aspectos compone, como se ilustrará a lo largo del libro, una visión analítica más matizada y global de la acción social en general y de cada actuación en particular. * Técnica. Es el componente instrumental, el "como" de la IS: cómo aplicar conocimientos y métodos, diseñar programas, ejecutar acciones; como evaluar necesidades y resultados. Es un instrumento para conseguir resultados: su fin es la eficacia. Y en eso, en aportar soluciones válidas para resolver los problemas de la gente y para hacer realidad sus aspiraciones, radica su importancia y legitimidad en la IS. Se basa, por un lado, en el conocimiento científico (que indica como relacionar objetivos y acciones instrumentales para alcanzarlos) y, por otro, en los principios éticos (y políticos) que marcan los criterios de valor para elegir objetivos y evaluar resultados. Es un proceso en gran parte "de pizarra": exige capacidades intelectuales de previsión y proyección. * Aspectos valorativos. Guían y regulan la intervención. Definen principios positivos a seguir en la fijación de objetivos y evaluación de resultados y señalan las potencialidades y límites de la intervención. A nivel concreto, premian o censuran la conducta del interventor a partir de pautas socio-profesionales derivadas de los principios generales. Forman un conjunto heterogéneo de dimensiones (éticas, políticas, sociales, de rol) frecuentemente ignorados o supeditadas a otras 45 como las técnicas. Destrezas apropiadas para manejar estos aspectos son la clarificación, deliberación y el juicio iluminados, no desde principios científicos como en la técnica, sino desde principios y valores éticos, políticos, sociales y relacionales, dimensiones en todas las cuales la IS tiene implicaciones relevantes. * Estrategia. Asegura el tránsito del diseño ideal o racional a la realidad concreta y actual, de forma que las soluciones creadas son -además de socialmente deseables, científicamente fundadas y técnicamente correctas- viables, realizables. Su referente último es la realidad social concreta. La destreza central requerida no es -como en la técnica- idear, prever y preparar, sino, teniendo los pies en el suelo, reconocer esa realidad y saber manejarla. Se ocupa de aspectos de la IS como: abordabilidad de los temas elegidos; accesibilidad de los destinatarios de la acción; motivación de participantes y afectados; o, disponibilidad de medios y personal. Aspectos críticos son si, a nivel macro, existen recursos económicos y voluntad política para impulsar y pagar la intervención y, a nivel micro, si la disposición y actitud (y condiciones organizativas) del personal profesional es la adecuada para llevar a cabo las acciones sin "quemarse" o fatigarse en exceso. Interacciones. Como se indicó en el Capítulo 2, la diferenciación funcional no excluye la interacción de las dimensiones; al contrario, la implica. Ya se examinaron ampliamente en ese capítulo las relaciones entre ética y técnica como ingredientes básicos de la IS. Apuntamos ahora algunas conexiones de la dimensión añadida, la estrategia, con las otras dos. La interdependencia de estrategia y técnica es obvia. Esta depende de aquella para hacerse realidad. Y, viceversa, la estrategia depende del estado de desarrollo de la técnica: si un tema carece de soluciones técnicas en un momento dado será estratégicamente inabordable. Otra instancia, a nivel micro ahora. El "mantenimiento" de los profesionales (para evitar la fatiga crónica tan frecuente en la IS) es parte importante de la estrategia interventiva, pero, también, de la técnica en la medida en que aquellos son componente central de ella. Se da ahí una clara convergencia entre técnica y estrategia. También son patentes las relaciones evolutivas ética-estrategia. No es infrecuente que el impulso valorativo -ético, político o social- que acostumbra a motivar la IS lleve a hacer planteamientos interventivos excesivamente idealistas que desatienden la viabilidad estratégica de los planes resultantes. La experiencia y los fracasos acaban obligando a incorporar la estrategia al diseño de las acciones para ver si, además de deseables, los objetivos son alcanzables y las acciones factibles en función de los medios y esfuerzo personal disponibles y del contexto y momento en que se actúa. La inyección de realismo estratégico y dosificación del esfuerzo resultante permite evitar frustraciones y mantener la moral profesional y el impulso institucional. El consiguiente reajuste de los planteamientos éticos iniciales desde la realidad social y personal debe ser, pues, parte integral del proceso interventivo ya que permite, al fin, conectar y combinar valores ideales y efectos reales. Recordemos por último la autonomía metodológica, y necesidad de integración final, de los tres aspectos de la IS señaladas en el Capítulo 2. Ya se indicó que, como consecuencia de su autonomía funcional, no se pueden solucionar cuestiones técnicas con criterios estratégicos o políticos, ni aspectos éticos o políticos con criterios técnicos o estratégicos. Habrá cuestiones principalmente contestables desde criterios de valor (¿qué se quiere promover con esta acción?), desde el conocimiento científico (¿cuál es la solución más eficaz para el tema X?) o desde consideraciones estratégicas (¿está motivada la gente? ¿cómo accedo a la comunidad C?). La mayoría de las cuestiones serán, sin embargo, pluridimensionales, lo que exigirá combinar e integrar operativamente criterios valorativos, técnicos y estratégicos. Así, los objetivos de la intervención se fijan en parte desde consideraciones éticas o políticas sobre lo que es deseable o preciso hacer, en parte desde criterios técnicos como el estado de necesidad o problemática existente y en parte desde criterios estratégicos que aseguren la viabilidad de lo propuesto asegurando que no malgastaremos el dinero de los ciudadanos y el 46 tiempo de los técnicos. La manera de interesar o movilizar a un colectivo social es, en principio, una cuestión estratégica, pero tiene claros tintes técnicos y científicos (¿conocemos técnicas asamblearias o grupales que se hayan mostrado eficaces en circunstancias similares?) ... E implica premisas ético-sociales básicas: movilizar a la gente, ¿para qué? ¿quién será socialmente perjudicado y beneficiado con lo que vamos a hacer? ¿qué premisas ideológicas o intenciones personales justifican tal movilización? Estructura social. Si la trama interna de la IS la tejen estrategia, técnica y valores, su red externa la forman las instituciones -"partes"- interesadas en la acción social con las que mantiene relaciones significativas y que podemos reducir a las tres más directamente implicadas: el político, el público y el profesional. Sistema político y público vienen a coincidir, respectivamente y a nivel micro social, con el contexto institucional (institución política impulsora de la IS) y comunidad. Así son considerados en el apartado siguiente. * Sistema político. Impulsa (encarga) y paga la acción social y, con frecuencia, tiene bajo contrato al interventor directo. Recoge la filosofía social de la IS plasmándola en líneas de política social que, como ideario general, enmarcan las acciones a realizar en cada comunidad. En el escenario social encarna el interés público: el del conjunto de ciudadanos y grupos de una comunidad, por cuyo bienestar, y no sólo el de sus votantes o simpatizantes, debe velar. En la realidad ejerce el poder (ejecutivo, dispensador, comunicador, etc.; Sánchez Vidal, Beltri y Pou, 1997), defiende ciertos intereses y prometen gobernar en función de ideas vagas y generales (Aron, 1967). Suele abusar de un irresponsable y halagador marketing político centrado en ofrecer siempre más (protección social, salud, etc.) que el adversario. * El público. Destinatario abstracto (casi siempre especificado en algún sector o grupo social particular) de la IS. Titular de problemas que intenta resolver, y aspiraciones que trata de alcanzar, con sus propias capacidades y medios. Delega autoridad en el sistema político y pide ayuda cuando percibe que exceden tales medios. Como cliente final del interventor social (es receptor de su trabajo y lo paga a través de los impuestos) espera ver cubiertas sus necesidades o, al menos, derivar alguna satisfacción o ayuda tangible de su contacto con los sistemas de ayuda social (con los que raramente está familiarizado). Exhibe una generalizada "mentalidad acreedora" (el Gobierno o "la sociedad" nos debe siempre algo; tenemos multitud de derechos, apenas deberes) y reivindicativa que, unida al citado marketing político, aboca al fracaso práctico a la mayoría de los sistemas de ayuda social carcomidos por una insostenible espiral de concesiones -a cambio de los correspondientes votos y simpatías políticas- en respuesta a las continuadas reivindicaciones sociales. * La profesión. La sociedad delega determinadas funciones en expertos especialistas. A cambio de esa autonomía para actuar, las profesiones controlan la calidad técnica y responsabilidad ética de las actuaciones de sus miembros y regulan el acceso y, a veces, los requisitos formativos de los futuros profesionales. De cara al interventor, la profesión establece estándares (técnicos y éticos) de ejercicio profesional sancionando a quienes los incumplen y, a veces, premiando la excelencia de sus mejores seguidores. Es, como se ve, una instancia clave para la ética de la IS desde el punto de vista del control moral y la generación de normativa concreta. 3. ESTRUCTURA ÉTICA DE LA IS Definidas ya ética, intervención social y sus correspondientes estructuras, podemos examinar ahora la primera desde la segunda viendo, primero, si, a la luz de los vectores éticos básicos, el acto interventivo social es un acto ético y describiendo, después y a partir de ese examen, la estructura ética de la IS y el papel de cada uno de sus componentes. 3.1. Etica del acto profesional ¿Es la acción interventiva social un acto ético, es decir, sujeto de ética y sujeto a ética? Para responder a esa cuestión habremos de examinar los ejes constitutivos del acto ético: libertad, intencionalidad, el otro, conciencia moral y responsabilidad. En los capítulos que siguen 47 y al tratar separadamente distintas cuestiones éticas se profundizará en varios de esos vectores, como libertad o responsabilidad. La conciencia moral fue ya discutida en el Capítulo 1 en referencia sobre todo a su dimensión social. El contenido ético de la IS es revisado en el Capítulo 4 desde sus asunciones valorativas. Libertad. Los actos humanos están sujetas a responsabilidad ética en la medida en que la persona puede elegir y tomar decisiones libremente. ¿Es ese el caso del interventor social? Se asume que, en principio, tiene libertad personal y autonomía profesional para elegir objetivos, destinatario de la acción, técnicas adecuadas y criterios de evaluación de resultados. También podemos asumir que puede tomar decisiones sobre las cuestiones que se plantean y actuar en consonancia con esas opciones y decisiones. En la realidad, sin embargo, el interventor social opera en unas condiciones más precarias y en un contexto social altamente organizado en que sus "grados de libertad" pueden quedar notablemente mermados por limitaciones de la ciencia social (y de su capacidad de prever correctamente las consecuencias de las acciones), económicas (la IS es mucho más cara y compleja que el ejercicio profesional individualizado), técnicas (técnicas interventivas poco desarrolladas), por directrices ideológicas, presión social, etc. Habrá situaciones en las que no haya medios para hacer realidad la intervención que el interventor considera idónea. Otras en que es presionado en sentido contrario por grupos sociales enfrentados o en que las alternativas son tan limitadas y difíciles de discernir o llevar a cabo, que le dejan escasos resquicios para actuar. Dado que la moral asume libertad, la responsabilidad del interventor habrá de ser cualificada en función de los grados de libertad -y las alternativas- de que real, no nominalmente, dispone. Tampoco puede olvidarse que, en la IS, como en cualquier empresa joven y apenas regulada, la libertad de acción hay que conquistarla y defenderla en cada caso y situación, sobre todo frente al poder establecido cuya tendencia "natural" es a coartar y tutelar la libertad profesional e instrumentalizarla en su beneficio, especialmente si el interventor está a sueldo de la institución correspondiente y la conciencia -y el poder- del gremio profesional no están aún bien cimentados. Intencionalidad. La IS es definitivamente moral en este respecto: suele estar movida desde la clara intención de ayudar al otro. Otra cosa es determinar la identidad de ese "otro" y la mejor forma de ayudarle. Aunque la intencionalidad subjetiva (de la persona, el equipo profesional o la institución que intervienen) de ayudar al otro juega un papel fundamental en la elección de los fines interventivos, no es el único factor. Esa elección depende también de cualidades más objetivas de la situación (como la presencia de un problema patente o el estado de necesidad de las personas) evaluados a través técnicas científicas. El otro. Tampoco hay dudas en este apartado respecto a la moralidad del acto interventivo social: la presencia del otro como destino de la acción social es patente... Con la diferencia de que el otro filosófico indiferenciado y homogéneo de la ética tradicional es sustituido aquí por unos "otros" sociales plurales (varios, no sólo uno), heterogéneos, diferenciados y socialmente interrelacionados. La tarea (esencialmente ética) de seleccionar el destinatario es por tanto tan importante en la IS como la (técnica) de decidir cómo ayudarle mejor. Responsabilidad. El interventor social ha de responder de sus opciones y acciones, pero, sobre todo y en último término, de cómo utiliza el poder (la técnica y el prestigio social) que la sociedad pone en sus manos. La responsabilidad es una cuestión moral crucial sometida a paralelas consideraciones a las hechas en relación a la libertad (No podía ser de otra forma, ya que se basa en ella). Una primera cuestión es la naturaleza de la responsabilidad profesional como variante de responsabilidad social y personal genéricas. Es decir, ¿tiene el profesional una responsabilidad específica distinta de la de cualquier persona que interactúa con los demás influyéndolos? ¿cuál es el contenido de esa responsabilidad: de qué es responsable el interventor 48 social? Otra cuestión, espinosa y polémica, es la de la responsabilidad por los efectos secundarios (no previstos), ¿hasta qué punto puede ser alguien responsable de consecuencias complejas en cuyo desencadenamiento no interviene intencionadamente y sobre las que no tiene control real? Una última cuestión de fondo es la de los límites de la preocupación ética dadas las restricciones a la libertad de opción y acción del interventor y los riesgos de que el exceso de escrúpulos morales paralice de hecho el avance de acción y ciencia social, haciendo insufribles tales ocupaciones a las personas que las ejercen. Todo eso es, naturalmente, complemento y detalle del principio general: el interventor es responsable de sus acciones y de las consecuencias derivadas de ellas. Conciencia moral: la "instancia" humana encargada de deliberar sobre el bien y el mal de los actos personales. ¿Y en los actos profesionales? En tales actos, la conciencia personal es complementada -modificada en algún caso- por la deliberación del colectivo profesional que elabora principios guía de la práctica y criterios de buena y mala conducta -y de excelenciaprofesional. Si, como se concluyó en el Capítulo 1, el consenso social no puede substituir al debate moral, debemos reconocer que un grupo debatiendo temas morales comunes funciona como "conciencia moral colectiva" que elabora criterios morales (plasmados en códigos deontológicos) orientadores de la acción de los interventores singulares. Eso es particularmente cierto en un equipo multiprofesional reducido que funciona como unidad interventiva y se reune para discutir cuestiones técnicas y éticas de su trabajo. Dado que el interventor forma su criterio moral final combinando conciencia personal y "conciencia" profesional, necesita orientaciones éticas profesionales a derivar de la experiencia (y la reflexión subsiguiente) del colectivo socio-profesional de que es parte. Resumiendo, el acto profesional es, como acción humana que además implica una relación con otros, un acto ético; un acto sujeto a, y sujeto de, ética. El papel de ciertos elementos relativamente "externos" a la acción como la base científica que lo fundamenta y el contexto social (complejo, dinámico, interrelacionado) de la acción, le imprimen ciertos rasgos propios (una relativa deshumanización y complejidad relacional) y lo lastran con no pocas dependencias externas. El cuadro final de la cualificación ética del acto interventivo social es mixto y contrastado. Si el poder técnico y la mayor capacidad de influir sobre la vida de los demás acrecientan la responsabilidad exigible al interventor social, las limitaciones de la base científica y el influjo del contexto social la reducen o, al menos, la matizan y difuminan. Habrá, pues, que tener en cuenta ese conjunto de factores en la evaluación ética de cada acción social. 3.2. Estructura ética de la IS Examinados los vectores basales del acto ético, perfilamos ahora la estructura ética de la IS identificando sus ingredientes y el papel de estos. Hago uso para ello de algunas nociones de Kelman y Warwick (1978), Hurrelmann y otros (1987) y Rey (1994). En la IS concurren las siguientes partes: interventor, destinatario, relación interventordestinatario, objetivos y contexto social. También se relaciona la IS con una base científica, que la fundamenta, pero no es parte directa de ella. Examinemos sucintamente cada parte, su carácter y rol ético en la IS. Interventor: la persona, grupo o institución que, dependiendo del nivel micro o macro, realiza la intervención. En el nivel micro, suele ser un profesional ligado al trabajo o la ciencia social, psicología, pedagogía y otros, o, más usualmente un equipo multiprofesional. A nivel macro, la IS es realizada por instituciones y entes sociales mucho más amplios (ayuntamientos, consejerías, departamentos ministeriales, etc.). La valoración ética se hace notoriamente más compleja y cuestionable en este nivel: ¿tiene intencionalidad un ayuntamiento o un ministerio? ¿quién es el titular de la libertad y responsabilidad en la política social? Etc. Se torna, a la vez, aceradamente política, hasta el punto qué en los análisis éticos de nivel más alto se propondrá un 49 esquema operativo mitad moral, mitad político. El interventor puede, o no, ser profesional. De hecho, y aunque se le asuma singular y nítidamente identificable, en la IS real participan casi siempre una multiplicidad de actores (grupos sociales activos, voluntarios y para profesionales, asociaciones, medios de masas, etc.), más o menos formados profesionalmente y con un mayor o menor grado de iniciativa y actividad. No siempre se puede trazar una frontera que separe a los actores y participantes de los interventores socialmente reconocidos, distinguibles en principio por detentar la legitimidad y capacidad de iniciar la intervención y la autoridad técnica (usualmente ligada a la acreditación profesional). El interventor es sujeto de intenciones, valores e ideología que pueden influir -deliberadamente o no, positiva o negativamente- en la acción social. Destinatario: personas, grupos, comunidades o instituciones a que va específicamente dirigida la IS. El destinatario puede ser plural, no singular: existen varios grupos a los que está potencialmente destinada la acción. Ese caso exigirá establecer prioridades (en base a los valores rectores de la intervención) para resolver conflictos de intereses o de objetivos y aclarar el rol y responsabilidades del interventor hacia los distintos destinatarios. Puede también cambiar (o ampliarse) en el curso de la acción: se empieza trabajando con un grupo y, en función de nuevos datos o de la marcha de la acción, se pasa a trabajar con otros no incluidos en la intención y planificación inicial. Eso puede conllevar un reajuste, no siempre fácil o exento de conflictos, del rol y las coordenadas ético-políticas iniciales. El destinatario puede, o no, estar bien definido. Así, el destinatario "mujeres maltratadas" (Capítulo 6) diferirá según el concepto de maltrato -físico, psicológico ...- utilizado. Lo cual puede crear sus propias dificultades y dilemas éticos en la medida en que introduce incertidumbre y ambigüedad para elegir (destinatario, en este caso) y tomar decisiones. También el grado de estructuración social y liderazgo representativo serán importantes si trata de un grupo o colectivo, al marcar diferencias notables en cuanto a su participación en las decisiones o acciones. Un destinatario difuso, poco estructurado o sin liderazgo fuerte tendrá menos peso (y consideración social) que otro claramente identificable, socialmente consciente y estructurado y con un liderazgo robusto. Por otro lado, el liderazgo puede ser más o menos representativo en función del grado de consenso o conflicto interno del grupo y del empuje o ambición -y "hambre" de prestigio y estatus- del líder (algo relevante en relación con la personalización más o menos egocéntrica de las cuestiones sociales planteadas y con la forma de presentación y "solubilidad" real de esas). Por último, el destinatario puede o no coincidir con el cliente, aquel que paga la intervención. Este punto importa porque la deontología clásica, al coincidir cliente y destinatario, está construida sobre la base de una única relación diádica. El desdoblamiento y proliferación de roles -cliente, destinatarios- y la introducción de terceros -afectados, interesados- multiplica las posibles relaciones y efectos de las acciones complicando el análisis y creando una pléyade de nuevos problemas. Con frecuencia la intervención es pagada y auspiciada por una institución pública (un ayuntamiento) siendo el destinatario un determinado grupo -o grupos- social/es. Otras veces, un grupo no gubernamental promueve una iniciativa -para la que puede o no contratar profesionales- en favor de un tercero que no ha solicitado ninguna intervención. La complejidad ética y relacional crece rápidamente al aumentar las partes implicadas y al disminuir la formalización de sus relaciones (el "contrato"), en la medida en que esos factores introducen incertidumbre o anomia moral y generan un potencial de discrepancias o conflictos entre las partes que interactúan a lo largo del proceso interventivo. La relación profesional. A partir de la medicina, la ética profesional se ha construido tradicionalmente sobre la base de una relación profesional entre un experto que presta un servicio remunerado y un cliente que lo ha solicitado o ha sido de alguna forma definido como destinatario de él. Notas y características definitorias de la relación profesional en la IS son: 50 * Se basa en la pericia técnica de un profesional debidamente formado. * El profesional tiene autonomía para establecer la evaluación e intervención apropiados a cada caso y situación y la profesión para controlar el ejercicio profesional y el acceso a él. Para ello se constituye en servicio (semi)público que fija estándares morales y técnicos positivos (de excelencia como modelo ideal de cómo hacer las cosas) y negativos, de conducta indeseable y sancionable. * Como toda relación humana "artificial" (contractual) modifica algunas normas y valores culturales prevalentes en función de sus objetivos o de la imagen de excelencia profesional a transmitir. Así, se introduce la obligación de ser puntual o escuchar atentamente al otro en una cultura laxa con el tiempo o informal con la conversación, como parte de la conducta profesional apropiada. También añade nuevas obligaciones morales a las ya asumidas en una relación no profesional. Así, en el campo del manejo de la información, al mandato ético común de no engañar al otro, el profesional añade el deber de la confidencialidad de sus comunicaciones con él y el de no usar los datos conocidos en razón de su trabajo para fines personales o de terceros. * No es diádica, sino múltiple. Más que un encuentro entre dos personajes bien definidos se asemeja más a un escenario difuso en que varios actores interactúan a varias bandas. Precisa, por tanto, adaptar y modificar muchas de las normas y principios éticos pensados para una relación entre dos personas con roles y posiciones sociales relativamente bien definidos en temas como pluralidad, interdependencia y colisión de derechos y deberes, afectación de terceros o dispersión y complejidad de responsabilidades. Así, en cuanto a las responsabilidades contraídas cuando una acción afecta a un tercero que no solicitó acción alguna. O cuando una parte (administración o gerencia) contrata una intervención o servicio (digamos, un encuentro grupal) para otra (trabajadores) sin la consulta o consentimiento previo de esta última. * No es siempre pactada al no existiendo un contrato que explicite los derechos y deberes de cada participante en la relación. Situación que garantiza dificultades: es en el terreno de nadie de la ambigüedad y los sobreentendidos donde florecen -sobre todo en condiciones de divergencia de intereses o escasez de recursos- los problemas y dilemas éticos. * Incluye, también, semiprofesionales como parte de la intervención. De hecho, algunos enfoques interventivos, particularmente el comunitario, cuestionan la necesidad de las credenciales profesionales en la IS en base a la insidiosa tendencia del servicio profesional a autoreproducirse (definiendo las soluciones en términos profesionales y haciéndose a la postre imprescindible y centro en vez de prescindible y medio para el otro) y a obstaculizar el desarrollo del otro haciendo -en nombre de las buenas intenciones y el "afán de servicio"- por él lo que él podría -debería- hacer por sí mismo: tomar sus propias decisiones, marcar sus propios objetivos, actuar, etc. Contexto social y político micro: comunidad e institución. Puede ser tan determinante o más en la IS como los propios actores singulares, cuya identidad, además, se difumina a medida que se amplía el nivel de intervención. Simplificando, la institución es el contexto del interventor; la comunidad el del destinatario. De hecho, el concepto de interventor y contexto son relativos. Si, a nivel macrosocial, la institución puede ser considerada el interventor, a nivel micro, será el contexto de la actuación de una persona o equipo pluripersonal. Si bien esto complica el análisis ético pensado en términos individuales o de relaciones diádicas, facilita, en cambio, el análisis político y social en que la institución y, con mucha mayor complejidad la comunidad, sirven de mediador o puente entre los individuos (y fenómenos micro) y los fenómenos macro en los planos político (institución) y social (comunidad). * La institución. Como contexto inmediato, guía y orienta la acción del interventor personal y grupal a la vez que la limita y coarta. Es difícil que aquél pueda funcionar coherentemente en un contexto institucional ideológicamente divergente pues su trabajo estará continuamente marcado por la discrepancia, el enfrentamiento y la insatisfacción. El interventor deberá, por otro lado, 51 analizar el "encargo institucional" que recibe: es claro; define roles y objetivos de trabajo aceptables y realizables; facilita el diálogo y participación del interventor en la institución y, más importante, de la institución en la comunidad circundante; etc. Por ejemplo, un encargo institucional ambiguo (o inexistente) creará una anomia de rol y un potencial de apatía y conflicto entre los miembros de un equipo de trabajo considerables. Si se asigna una gran variedad de tareas a un equipo, este habrá de dedicar buena parte de su energía a la coordinación y organización. Etc. * La comunidad. El contexto, como se ha indicado, del destinatario y de la intervención en general. Tiene cometidos y funciones paralelos, aunque más amplios y difusos, a los ya indicados para el "público": definir problemas y objetivos relevantes y participar en la solución de los unos y la consecución de los otros. También las cuestiones aquí planteadas son casi iguales a las del destinatario con las modificaciones de mayor globalidad y difusión apuntadas: homogeneidad o heterogeneidad de fines e intereses, organización, participación, liderazgo, representatividad, etc. * Los medios de comunicación. Espacio simbólico de obligada consideración en la IS por su enorme poder para modular y definir conceptual y socialmente tanto las cuestiones sociales (creando y difundiendo masivamente "representaciones sociales" de ellas) como sus soluciones. Y por su capacidad, como instrumento interventivo, para modificar actitudes, crear opinión favorable, o contraria, a ciertos hábitos sociales, etc. Todo lo cual plantea numerosas responsabilidades éticas, más o menos periféricas a la IS entendida desde el interventor nominal, en relación al sensacionalismo en el tratamiento de temas sensibles, invasión del espacio privado, comercialización de la miseria y sufrimiento ajenos, insensibilización ante determinadas lacras "ocultas", etc. 3.3. Conclusión: "Teoría" y tipología de la ética de la IS El examen de la estructura ética de la IS permite extraer alguna conclusión y avanzar, y hasta catalogar, los tipos de cuestiones éticas esperables en la acción social una vez identificados los temas base y las situaciones propensas a generar problemas éticos. Esbozar, enfín, una modesta e inicial teoría de la ética de la IS. 1. La evaluación ética de acciones sociales multilaterales y contractualmente ambigüas, realizadas en medios sociales densos, dinámicos e inter ligados (entre sí y con los actores sociales) es notoriamente más compleja y dispersa que la de la acción interpersonal intencionalmente dirigida desde un sujeto hacia un destinatario con el que se establece una relación especificada por vínculos contractuales. Ni la atribución global de responsabilidades ni las responsabilidades concretamente atribuibles al interventor personal o grupal aparecen claras en una trama social articulada e interconectada. Sí es clara, en cambio, su responsabilidad de tomar en cuenta el contexto y sus relaciones significadas con los problemas y sus eventuales soluciones. 2. La ampliación y densificación del medio social conlleva la progresiva impregnación política de la relación y acción social y de su valoración moral que se aleja -en las direcciones social y política- de la moralidad individual "pura". El consenso, y conflicto, grupal e intergrupal ocupan parcialmente el lugar de la deliberación moral y la relación personal. En consecuencia (y con independencia de la postura conceptual sobre la relación entre lo moral y lo político o social), en cuanto se entra en terrenos o acciones macro grupales o sociales, los aspectos políticos y las relaciones sociales deben ser tenidos en cuenta desde el doble prisma evaluativo (para comprender adecuadamente la situación) e interventivo, para dibujar las soluciones adecuadas. 3. Del esquema estructural de la ética de la IS presentado y de lo ya apuntado en las páginas precedentes se deduce que las cuestiones y dificultades éticas surgirán, entre otras, en condiciones o situaciones de: * Ambigüedad o dificultad para identificar o definir algún aspecto o parte del proceso 52 interventivo: quién es el destinatario o el interventor, qué rol es apropiado en la situación, qué relaciones mantienen los actores sociales, etc. * Discrepancia entre distintos aspectos y partes de la IS. Sea, entre dos posiciones del mismo aspecto: divergencia entre valores, entre fines interventivos, entre intereses de las partes, entre valores (o principios) y conducta, etc. Sea, entre distintos elementos: entre conducta real y valores nominales, entre intereses o fines concretos y valores rectores, etc. * Escasez de medios y recursos, que fuerza a elegir entre distintas opciones o cursos de acción al no ser todas ellas realizables. Las condiciones se pueden solapar en situaciones concretas lo que aumentará el potencial de dificultad o conflicto. Cada tipo de situación define un tipo de dificultad ética. Las situaciones de ambigüedad generarán anomia, desmotivación y déficit moral demandando aportar valores y pautas normativas o conductuales apropiadas. Las de discrepancia o divergencia causarán conflictos, disensión y enfrentamiento entre intereses o actores exigiendo, por el contrario, apaciguamiento, mediación y transacción. Las condiciones de escasez funcionan más como factor sensibilizador o modulador externo que como generatriz directo de problemática ética. Su solución es, por eso, dual: aportar más medios externos, por un lado; clarificar situaciones de necesidad y prioridades socio-morales para una asignación más justa de los medios existentes, por otro. 4. Podemos fijar en tres los ejes temáticos sobre los que condensan las dificultades éticas generadas en las situaciones descritas: valores, partes o participantes y tiempo. Del cruce o colusión de situaciones y temas obtendremos los distintos tipos de cuestiones éticas. Las cuestiones éticas se darán, por tanto, en condiciones de ambigüedad, divergencia o escasez de recursos dentro de cada categoría temática (así, ambigüedad, escasez o conflicto de valores) o entre ellos (por ejemplo, entre los valores prioritarios de una parte y los de otra). Algunas de las dificultades previsiblemente asociadas a los tres ejes mentados serán las que siguen. 5. Cuestiones éticas relacionadas con los valores y fuentes que los generan. * Faltan valores apropiados a la situación o acción concreta o se hace difícil identificarlos, seleccionarlos o aplicarlos. * El comportamiento del interventor no se ajusta al valor (o valores) guía. * Los fines de la intervención no se ajustan a tales los valores. * Existe discrepancia entre los valores que las distintas fuentes éticas consideran prioritarios: código deontológico, conciencia personal, costumbre social prevalente, racionalidad o utilidad, asunciones valorativas del método o enfoque usado, etc. * Existe conflicto entre dos valores afectados por la IS; se maximiza la libertad de opción de los sujetos, perjudicando la justicia social; se mantiene la confidencialidad con unos a costa del derecho a la información pública; etc. 6. Dificultades relacionadas con los participantes o partes implicadas en la IS: * Dificultad para determinar quién es el destinatario; conflicto entre dos o más destinatarios potenciales o entre cliente y destinatario. * Problemas para establecer quién es el interventor y cuales sus deberes; conflicto entre varios interventores potenciales. Son frecuentes los conflictos entre el interventor personal (o grupal) y el entorno social u organizativo de que es parte: desacuerdo sobre el encargo transmitido o sobre el interventor designado, etc. * Dificultad para especificar los fines al pensar que favorecen selectivamente a unos grupos sociales sobre otros: conflicto de intereses entre destinatarios o entre destinatario e interventor. * Conflicto sobre la priorización de distintos fines a perseguir cuando, debido a la escasez de recursos, hay que optar entre unos u otros. * Conflicto de valores o intereses entre las distintas partes implicadas: destinatario, afectados o interesados. Sin duda una de las cuestiones éticas más frecuentes de la acción social. 53 * Discrepancia o conflicto de valores entre interventor y destinatario: sobre fines, métodos, etc. * Discrepancia entre interventor y contexto; los valores o formas de trabajo del contexto institucional o comunitario chocan con los del interventor. * Dificultades derivadas del contrato o relación profesional (para establecer la relación, para mantenerla, violación de lo pactado o habitual, etc.). 7. Dificultades éticas asociadas al tiempo (relación del antes y el después) y consecuencias de la IS: * Discrepancias entre objetivos (e intenciones) y resultados reales (objetivos no complidos, efectos indeseados, perjuicio de personas o grupos, etc.). * Discrepancias en la forma de evaluar los efectos de la intervención (por ejemplo, sobre los criterios de relevancia o enfoques generales a usar). * Carencia de criterios éticos para evaluar las consecuencias de las acciones o dificultad para seleccionarlos o aplicarlos a una circunstancia concreta. El resto de las cuestiones ligadas al tiempo y la evaluación de efectos se derivan más o menos directamente de las generadas desde otros ejes. 8. El somero esquema apriorístico expuesto prefigura -y los análisis de casos del campo confirman- la reiterada complejidad y multilateralidad moral de la acción social comparada con la individual. Permite, también, ordenar esa complejidad, en función del origen de cada dificultad lo que podría facilitar su solución. No siendo, en todo caso, excluyentes las categorías (temáticas y contextuales) usadas, las dificultades se pueden repetir a lo largo de los ejes. Así, un conflicto de intereses entre grupos comunitarios se reflejará en la discrepancia de los fines que esos grupos propongan para la IS y, en función de la extracción social (o identificación del interventor con un grupo), en discrepancias de este (y los fines que plantea) con el otro grupo social. Tal discrepancia puede también generar conflictos a la hora de definir qué se considera un resultado exitoso de la acción social y, por tanto, como se evaluará. La literatura interventiva ofrece algunas propuestas de agrupación o tipologías de las cuestiones éticas en la IS. Kelman y Warwick (1978) las agrupan en cuatro apartados ligados a otros tantos aspectos centrales de la intervención: elección de fines, definición del blanco (problema o destinatario) del cambio, elección de los medios técnicos y evaluación de consecuencias. Walton (1978) menciona como supuestos en que se dan conflictos éticos: el interventor ayuda a una organización cuyos fines o métodos desaprueba; se liga a acciones ordenadas por otros. pero moralmente objetables; utiliza medios o produce consecuencias inconsistentes con sus propios valores personales; actúa violando las normas habituales de la relación profesional con un cliente; la intervención produce valores incompatibles con el método de trabajo. Es decir, cuando se dan inconsistencias entre: fines, métodos o acciones de destinatario (o contexto) e interventor; sus actos y la deontología profesional (ligada a la relación con el cliente); resultados y valores del enfoque dentro del que se trabaja. O, sintetizando, cuando se enfrentan las intenciones y conducta del interventor o las consecuencias de la intervención con los criterios morales de: el propio interventor, la relación profesional o el enfoque o método de trabajo usado. En los capítulos por venir nos detendremos en muchas de las cuestiones que aquí me he limitado a clasificar y situar globalmente. Al final del Capítulo 4 resumo las cuestiones éticas básicas de la IS en su conjunto y sin sujeción a los parámetros, más teóricos y generales, usados aquí. Al comienzo del Capítulo 6 se resumen, a partir de la literatura social y comunitaria aplicada, las situaciones y supuestos concretos más usualmente asociadas con problemas y dilemas éticos. 54 CAPITULO 4 ETICA DE LA IS: CUESTIONES PREVIAS Y GENERALES Revisados el contexto socio-histórico y técnico de la acción social y definidos sus términos y estructura, es hora ya de centrarse en las cuestiones éticas, grandes y pequeñas, de la IS. Empezamos abordando, en este capítulo, los grandes temas -generales y previos-, lo que podemos llamar "ética de la IS", que viene a corresponder al nivel más abstracto de los valores o principios citado en el Capítulo 3. Descendiendo en el Capítulo 6 a las cuestiones más puntuales y ligadas a la práctica, la ética en la IS, el nivel conductual-concreto. Y centrando el Capítulo 5, de transición, en el análisis ilustrativo de valores (la libertad) y métodos (grupos de encuentro). 55 Examinamos aquí concretamente las cuestiones de: intencionalidad y beneficencia; el otro destinatario de la IS; legitimidad y libertad personal; autoridad e implicación política; y responsabilidad, al hilo de la cual se plantean los límites de la preocupación ética. Al final, y a modo de recapitulación, se extraen algunos principios éticos generales y se resumen puntualmente las cuestiones valorativas en la IS, varias de las cuales aparecen, de una u otra forma, en otros capítulos. 1. ÉTICA DE LA IS Debemos ahora llenar de contenido la noción general de ética de la IS avanzada en el capítulo anterior. Parto de la idea de que antes de entrar a discutir las cuestiones éticas puntuales de un campo de acción concreto, se impone una evaluación de conjunto sobre lo que el campo pretende hacer (intencionalidad) y lo que realmente consigue hacer (resultados). Sólo a partir de esa evaluación global tendrá sentido analizar las cuestiones de detalle como problemas de confidencialidad, parcialidad o desacuerdo con algún aspecto de la relación o contrato. ¿Como se puede realizar esa valoración de conjunto que hemos denominado ética de la IS? Examinando algunos elementos básicos, frecuentemente implícitos, como: 1. Aquello que, a nivel de funcionamiento psicológico de las personas y de funcionamiento social de los grupos o colectivos sociales, se identifica (en personas o grupos concretos) o define (general y abstractamente) como bueno y deseable y aquello que se identifica o define como malo e indeseable. En otras palabras, el ideal de hombre y sociedad (y su antítesis) y las cualidades que esos deberían tener -y las que no deberían tener-. La primera noción, señalaría los objetivos generales a perseguir en la IS; la segunda, aquellos a rechazar o evitar. 2. Valores nominalmente centrales del campo más o menos explicitados -o de alguna forma captable en- la filosofía social (y psicológica) de las instituciones y profesiones interventoras, o implícitos en cada método (prevención, consulta, etc.) de trabajo. Muy cercanos a la noción ideal de hombre y sociedad, cuyas cualidades básicas señalarán en buena parte los valores centrales del campo (y viceversa). A veces recogidos en la literatura práctica o teórica del campo. 3. Cuestiones éticas previas y generales implicadas en el propio concepto y características básicas de ética e intervención social ya examinados en el capítulo anterior: legitimidad, autoridad, intencionalidad, destinatario. etc. Por su entidad, merece mención especial el tema de la responsabilidad. También puede separarse la noción intencional y los efectos a inducir en "el otro" (destinatario) de la IS y el tipo de relación consecuentemente establecida con él. ¿Se potencia al otro y se le concibe como sujeto capaz de acción y desarrollo o, por el contrario, se le reduce a objeto de atención?... Es dudoso, sin embargo, que un examen esencialista basado en tales criterios genéricos pueda capturar realmente la configuración ética de un área de acción amplia como la IS. Por varias razones. Primera, se trata de una tarea, la ética, muy poco trabajada en la IS, mucho más preocupada con los aspectos técnicos. Lo existente resulta, además, generalmente vago e implícito, no manifiesto. Segunda, la IS no es, como ya se indicó, un campo homogéneo, sino diverso y heterogéneo en cuanto a ideologías y enfoques teóricos, acciones, profesiones e instituciones interventoras. Por consiguiente, habría que hablar, en plural, de éticas de la IS (según el enfoque dominante en cada caso), más que de una ética unitaria y singular. (En la literatura se suelen examinar las cuestiones éticas básicamente en función del método interventivo). En consecuencia, la pluralidad de posturas, no el consenso, es la norma a la hora de enjuiciar las implicaciones éticas de la acción social. Tercera, cuando se analizan a posteriori acciones realizadas, se observa una frecuente discordancia entre el contenido de los valores previos (principios, convicciones) y las consecuencias reales de las acciones. Discordancia explicable por: la complejidad las situaciones -y acciones- sociales en términos de partes y valores implicados y posibles conflictos entre ellos que hace difícilmente previsibles las consecuencias finales; la polivalencia de la evaluación de 56 resultados: aún estando de acuerdo sobre el método, lo que para unos es un buen resultado, para otros puede no serlo, lo que para unos es un avance, es para otros un retroceso; la conducta variablemente libre e intencionada de los actores sociales y las complejas y sutiles relaciones y dinámicas entre ellos que limita notablemente la previsibilidad de su conducta o del resultado final de la IS. Si, resumiendo, la ética de la IS está aún vagamente formulado y es plural y diversa según los puntos de vista sociales (partes implicadas) e interventivos (métodos usados), se hace ncecesario usar una cierta diversidad de enfoques que permita captarla en su globalidad y matices. Si, además, existe una divergencia entre valores previos y resultados finales, parte central de tal variedad de enfoques analíticos consistirá en complementar el análisis ético previo y general -la ética de la IS- con el posterior de las cuestiones surgidas en la praxis y desde el funcionamiento real de la IS (ética en la IS). Sólo desde esa duplicidad, y desde su retroalimentación dinámica tendremos una imagen real e integral -más o menos integrada- de la ética de la IS. 1.1. Bueno y malo en la IS El grueso del capítulo será dedicado al tercer punto: las cuestiones previas y generales. Nos ocupamos, primero, de los otros dos -nociones de "bueno" y "malo" y valores centralescomo aspectos más generales y formales de la ética de la IS que intentamos desvelar a través de las asunciones más o menos explícitamente recogidas en la literatura teórica o práctica. ¿Como captar lo bueno y lo malo en la IS (y los valores nucleares del campo ligados a esas nociones) en el doble plano intencional y real? Ya lo hemos sugerido a lo largo de este y los capítulos precedentes. En el plano intencional, se trata de explicitar y clarificar las cualidades básicas que el interventor (o la sociedad) atribuyen implícitamente al hombre y la sociedad ideales (y a sus contrarios indeseables) y que, como tales, indicarán los objetivos generales de la IS y su destinatario. Así, si el ideal es el crecimiento y la riqueza económica, se primará la productividad y el esfuerzo y la capacidad individual centrándose la intervención en promover esas cualidades, reducir sus contrarias (ineficiencia, incapacidad, holganza) y en ayudar a los más pobres (algo contradictorio, sin embargo, con el fomento de la productividad en la medida en que la pobreza resulte de la incapacidad productiva...). Si el ideal se orienta hacia la igualdad humana y la justicia social, la acción social buscará poner a todos los hombres y mujeres en situación de igualdad (sea lo que sea lo que eso signifique) e incentivar la justa distribución de la riqueza, poder y recursos existentes, en vez de su creación (lo que puede reducir la "productividad" global del sistema). En general lo que se considere malo, indeseable o, en el extremo, intolerable (pobreza, improductividad económica, marginalidad, sufrimiento, desigualdad, violencia, etc.) acotará las condiciones sociales o personales que, como problemas sociales, precisan corrección y han de ser por tanto objeto de IS. Sus contrarios (riqueza, normalidad, comunidad social, igualdad, bienestar, etc.) marcarán entonces los criterios valorativos indicativos del avance, o retroceso, de la IS en general y del éxito o fracaso de cada acción particular. Esas nociones ideales influirán también, en menor medida, en la elección de la estrategia y método de actuación que ha de resultar procesalmente coherente con ellas. La promoción de la autonomía y libertad demandarán métodos participativos en que los sujetos elijan y tomen decisiones; la de la eficacia técnica y satisfacción objetiva de necesidades demanda, en cambio, coordinación, productividad y buen servicio profesional. Las cosas son bastante más complicadas en cuanto, trascendiendo los supuestos teóricos de homogeneidad y simplicidad ético-social, introducimos la diversidad e interdependencia ética y social real. Ética, al examinar varios valores y sus interacciones, el análisis se enmaraña rápidamente: ¿Qué ocurre si teniendo libertad, justicia y productividad económica como valores 57 nucleares tratamos de promoverlos conjuntamente a sabiendas de que el fomento de uno (justicia) tenderá a hacer retroceder los otros (libertad, producto económico)? ¿Y si, encarnando socialmente esas ideas, constatamos que unos grupos sociales tienen unas prioridades valorativas (libertad de empresa, productividad) y otros grupos otras (justicia, bienestar) divergentes, si no opuestas? ¿Y si, para añadir una tercera fuente de divergencia real, los interventores sustentan preferencias discrepantes respecto al método interventivo (con implicaciones valorativas relevantes)? Sucede que nos estamos situando en el terreno real de la ética en la IS. Un terreno plagado de disyuntivas y conflictos éticos, sociales y metodológicos; tres de las caras (valorativa, política, técnico-ideológica, respectivamente) de la multilateral interacción que, hemos señalado, entreteje el campo. ¿Como captaremos el contenido ético subyacente en la práctica real? De forma similar a lo sugerido para el plano intencional, en un doble frente. Primero, haciendo explícitos y clarificando (como ya se comentó en el Capítulo 2) los valores implícitamente promovidos, es decir los contenidos y actitudes éticas "transmitidos" procesalmente por las acciones realizadas. ¿Se admite y fomenta la iniciativa y participación de las personas o se limitan estas a seguir lo que los profesionales diseñan? ¿Se prima la eficacia y cantidad de servicios ofrecidos o la elección del destinatario más necesitado? ¿Se dice una cosa y se hace otra distinta sin explicar la discrepancia? ¿Se fomenta una relación igualitaria y de confianza con personas y grupos comunitarios o una más fría y jerárquica? Etc. En cada uno de esos casos se están alentando unos valores (libertad, poder personal, eficacia, etc.) y desalentando otros (disciplina, coherencia, igualdad relacional, etc.). Segundo, viendo, a través de la evaluación de programas, si los valores que se intentaba promover han avanzado efectivamente en el conjunto de acciones sociales: ¿es la gente (o ciertos grupos diana elegidos) más libre o eficaz en sus vidas? ¿es más justa la distribución del poder o la toma de decisiones en la comunidad?; etc. 1.2. Asunciones valorativas La, ya de por sí escasa, literatura sobre IS apenas dedica espacio a las asunciones valorativas de la praxis, como si, al no ser datos técnicos o darlas por sentadas, carecieran de importancia. Los análisis se revelan con frecuencia vagos e imprecisos y sus contenidos heterogéneos en función del método (abogacía social, desarrollo comunitario, consulta, etc.), profesión del autor (trabajo social, psicología, activismo político, etc.) y posición socio-política de base. Dado su claro posicionamiento ético, la Psicología Comunitaria (la intervención comunitaria en general) ha sido particularmente beligerante en la tarea de explicitar y discutir los valores subyacentes. También el trabajo social ha mostrado preocupación histórica por los valores. Revisamos aquí algunas propuestas relevantes, resumiendo al final sus comunidades tópicas, advertidamente provisionales, artificiales (al "nivelar" conglomerados valorativos correspondientes a distintos colectivos y posiciones) y más desiderativas que descriptivos. Benne y otros (1975), Colomer (1988), Conner (1990), Glidewell (1978), Heller y otros (1984), Knitzer (1980), Laue y Cormick (1978), Levine y Perkins (1987), Mitroff (1983), Rappaport (1977), Seidman (1983b), Trickett y Levin (1990) o Tropman y Cox (1987) son algunos de los autores que discuten el tema. Julian Rappaport (1977), ha evidenciado la importancia concedida por la variante comunitaria de la IS -de la que es autor destacado desde la Psicología- a los valores. Adscribe a la intervención comunitaria tres componentes: ciencia social, desarrollo de recursos y acción política (componente claramente valorativo). A partir de ahí afirma el derecho de personas y grupos sociales a ser diferentes (sin ser socialmente sancionado) y, a la vez, iguales, compartiendo equitativamente los recursos de la comunidad. Propone, en consecuencia, como valores centrales de la IS el respeto a la diversidad humana, el derecho a la diferencia y a la 58 justicia social, la comprensión ecológica de los problemas humanos, el empowerment (dotación de poder y habilitación) de los más débiles e, implícitamente, la comunidad social. Heller y otros (1984) añaden los valores de participación, cambio e innovación social y negación del individualismo que lleva a atribuir a las víctimas de los problemas sociales las causas de los mismos (victim blaming: los pobres tienen la culpa de su pobreza y los delincuentes de sus crímenes; no hay que cambiar, por tanto, la sociedad, sino a los pobres y delincuentes; Ryan, 1971). Levine y Perkins (1987) reiteran empowerment, pluralidad de perspectivas sobre la problemática y el mundo social y equidad. Seidman (1983), desde una visión más postmoderna, insiste en la negación del individualismo (y la culpabilidad de las víctimas), el replanteamiento de las cuestiones sociales desde una visión crítica y plural, la negación dialéctica del orden social dado y el reconocimiento del poder y los grupos de interés (stakeholders) como influencias relevantes en la vida social. Más recientemente, Holtzman (1997) ha remachado el sesgo pluricultural de una IS que desee sintonizar con las aspiraciones de los colectivos sociales asiáticos y africanos cada vez más presentes en las sociedades occidentales. Glidewell (1978) ha hecho una elaborada propuesta (examinada en el Capítulo 5) de los valores nucleares de la IS microsocial (a nivel grupal, más concretamente): la vida, el bienestar psicológico, la libertad personal, la verdad y el desarrollo personal. Ya se citaron (Capítulo 3) los valores que Laue y Cormick (1978) consideran, desde el campo de los conflictos comunitarios, basales a la IS: libertad individual, empowerment proporcional (a la diferencia de poder social), justicia social y, como valor fuente o final, realización personal. Trickett y Levin (1990), aprecian el contexto y las relaciones de colaboración como vitales para la acción social preventiva. También desde ese campo Conner (1990) propone que la IS sea honesta, justa, sensible al contexto, responsable, que mantenga la confidencialidad y se preocupe por los efectos no deseados de las acciones. Colomer (1988) resume apretadamente los valores que han conformado históricamente el trabajo social. En un primer momento, de marcada influencia vocacional y religiosa, predominan la caridad y la justicia social. Valores substituidos, en una segunda etapa -más secular, profesionalizada e individualista-, por el respeto a la persona y a su libertad y capacidad de auto-derminación sin juzgar su conducta (fiel versión ética, como se ve, del humanismo rogeriano). En una tercera etapa -comunitaria y más politizada, los años sesenta- dominan la participación, acción educativa y el poder y conflicto como instrumentos analíticos y operativos. A ellos se añaden, desde otros foros y como corrección de la deriva individualista anterior, el contexto, el compromiso político, la eficacia técnica, la esencia social de las personas y su perfectibilidad y potencial -personal, grupal y comunitario- de desarrollo. La universalización de los derechos humanos y la "normalización" (en oposición a la marginación) de los atendidos, son valores adicionales presentes en la mayoría de los sistemas éticos de trabajo social. Mención y comentario, siquiera mínimo, aparte merece una recentísima propuesta de sistema ético realizada por Isaac Prilleltensky (1997) un continuado activista moral y político del campo psico-social. Se trata de fundamentar moralmente la teoría ("discurso") y acción psicológica (Robinson, 1992) desde unos valores básicos tanto para la "buena vida" como para la "buena sociedad" que el autor reduce a cinco: cuidado (caring) y compasión, autodeterminación personal, diversidad humana, colaboración y participación, y justicia distributiva. Esos valores sirven al autor para examinar las implicaciones éticas de las nociones teóricas y orientaciones prácticas del campo recogidas en cinco modelos de actuación psico-social: tradicional, dotación de poder (empowering), postomoderno y emancipador y comunitario. Mi impresión inicial -a falta del correspondiente rodaje y reacciones teóricas y prácticases que se trata de una propuesta cuidada, pero insuficiente por excesivamente reducida, que 59 recoge un mosaico mínimo, pero relativamente equilibrado, de valores relevantes en distintos dominios y áreas de la Psicología sugiriendo, además, algunas interesantes implicaciones teóricas y prácticas, así como razonables inter-conexiones entre los valores. Así, se incluyen valores: individuales (como el cuidado o la autodeterminación) y colectivos (justicia social o participación); procedentes de la constelación cultural dominante (autodeterminación), "profesionales" (humanistas, cuidado y compasión), sociales (ligados a la reforma social, participación y justicia distributiva) y "nuevos" valores asociados a la constelación crítica y postmoderna (diversidad humana). Se detecta, de todos modos, un claro sesgo psicoterapéutico (frente al área de la acción social) tanto en la fuente de derivación de valores como en la casuística comentada, así como un desenfocado sobre énfasis en los "últimos" valores y enfoques, cuyo mérito está, más allá del oportunismo discursivo coyuntural, por determinar. Hay que reconocer, en fin, a Prilleltensky la valentía y oportunidad de proponer una fundación valorativa explícita de la ciencia y acción psicológica que, más allá de la adecuación del limitado contenido propuesto, espoleará el debate moral y, espero, generará nuevas propuestas y discusiones deseablemente más amplias, matizadas -y quizá sectoriales-: el sistema propuesto es demasiado reducido y generalista para cubrir eficazmente las diversas orientaciones y ámbitos (teóricas y prácticas, individuales y sociales, humanistas y conflictivas, etc.). Nuestra síntesis de las propuestas implícitas que sigue es, como puede verse, notablemente más amplia, plural y matizada y -naturalmente- social que la comentada. La razonablemente amplia gama de valores examinada contiene, junto a claras diferencias y matices temáticos, metodológicos o profesionales, amplias zonas de coincidencia (y de coincidencia en la divergencia) que permiten bosquejar un núcleo inicial de la ética previa de la IS sobre la base de los siguientes valores: * Respeto por la libertad y dignidad de las personas; reconocimiento de su naturaleza social. * Derecho a la diferencia personal y a la diversidad cultural. * Negación del individualismo y la psicologización en la atribución de responsabilidad (y culpabilización) social. * Pluralidad de concepciones de los problemas sociales y, por tanto, de las soluciones posibles. * Participación en la vida social de la comunidad y reconocimiento del poder como factor clave en la vida social y personal. * Cambio/innovación social como negación -dialéctica- del estado de cosas dado y de la cultura que lo sustenta y como afirmación de la existencia de alternativas personales y sociales positivas. * Comunidad social e integración normalizadora (ser tratado lo mismo que los otros) frente la marginación (ser tratado como diferente y extraño). * Justicia y equidad sociales (derecho a la igualdad de trato y al reparto equitativo de recursos sociales). * Derechos humanos como suelo igualador en la dignidad personal de todos los humanos. * Consideración del contexto en la acción social. * Empowerment y desarrollo humano y social desde la asunción de la perfectibilidad (del hombre y la sociedad) y de la existencia de alternativas. * Compromiso social e ideológico como valor polarizador de divergencias básicas del campo: unos lo rechazan, otros lo ensalzan. Parece conveniente añadir unas notas aclaratorias que sitúen esta recopilación en sus justos términos. Primera, recordar su carácter intencional y "ornamental" que exhibe como querríamos que fuera y lo bonita que podría ser -no como es- la IS, ocultando, a la vez, la faz negativa y problemática de su praxis y siendo de dudosa utilidad, por su lejanía conceptual y desiderativa, para guiarla realmente. Segunda, la laxitud con se usa el término "valor" aplicado casi a cualquier cosa que se aprecie. Tercera, la lista está hecha "desde arriba", desde el interventor, lo que garantiza la ausencia en ella de valores y cuestiones relevantes para otras 60 partes fuera del alcance del interés o la conciencia de aquél. Cuarta, el acuerdo de autores y líneas temáticas e ideológicas en algunos temas recurrentes (poder y empowerment, libertad individual, justicia social, diversidad cultural, valor del contexto, etc.) no excluye ni una cierta "nivelación" trans grupal en la síntesis realizada ni desacuerdos (apenas aparentes cuando distintas partes se limitan a afirmar valores genéricos). También acuerdos en el desacuerdo, que habrían de permitir en el futuro elaborar líneas -incluso sistemas- valorativas diferenciadas en el campo de la IS. La comunitaria, por ejemplo, se apunta, a través de las distintas propuestas, con una notable coherencia valorativa. Se detectan también valores (y cuestiones) -como el poder y la postura política del interventor- críticos para concretar las diferencias y vertebrar las distintas líneas éticas en la medida en que el disenso sobre ellas separa una línea de otra. Esas son, sin duda, tareas de futuro en un área, la ética de la IS, en que queda aún mucho camino por recorrer. 2. CUESTIONES PREVIAS: INTENCIONALIDAD Dedicamos el resto del capítulo al tercer aspecto de la ética de la IS, los temas más generales y previos, de intencionalidad, el otro, legitimidad, autoridad y responsabilidad que, como centrales, aunque frecuentemente ignoradas, al quehacer ético en la IS consideramos con cierto detalle empezando con la intencionalidad. Como humana que es, la acción social no es fruto del azar, sino, al menos en buena parte, premeditada, deliberada. Se busca (Capítulo 3) cambiar una situación o ayudar a otros en la dirección de las asunciones del apartado anterior (aumentar la justicia social o el poder de los más débiles, mejorar la libertad o dignidad de los oprimidos, etc.) que no son, en el fondo, nada más que un ramillete de buenas intenciones. Éticamente el tema de la intencionalidad da mucho de sí, porque rascando su superficie emerge el rico filón de las motivaciones, personales o institucionales, de la IS y las varias maneras en que esos motivos afectan a las relaciones que se entablan en ella y a sus consecuencias finales. Tampoco extrañe que, vadeando ese terreno nos topemos con otras cuestiones colindantes o tributarias: el otro como destino de la intencionalidad y la legitimidad o la responsabilidad por los resultados como controles externos de los motivos internos. Temas a tratar en conexión con la intencionalidad son su relación con los resultados, intenciones latentes y auto beneficio del interventor y el riesgo de anular al otro. 2.1. Intenciones y resultados Reza el refrán que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Alerta de que las buenas intenciones, si bien convenientes e inicialmente meritorias (mal se puede ayudar a otros desde intenciones malignas), no sólo son, por sí solas, insuficientes, sino que pueden resultar nefastas. Lo que realmente ayuda a la gente no es la bondad del "input" subjetivo, las buenas intenciones, sino la del "output" objetivo, las buenas acciones resultantes de esas intenciones. Y es que para lograr buenos resultados necesitamos, además de buenos motivos, racionalidad: una técnica válida y una estrategia apropiada. De manera que la intencionalidad es -como las convicciones o los principios- en la IS un mero punto de partida a examinar siempre en su doble relación con los resultados y con la racionalidad técnica y estratégica que permite (Capítulo 3) conectar intencionalidad y resultados. Yo puedo preferir el transporte público o la opción política X, pero si en la práctica no funcionan bien es probable que acabe utilizando el transporte privado o votando a la opción Y. De forma que, aunque el carácter declaradamente benéfico de la IS habría de suponer un claro mérito moral, acaba resultando una complicación añadida que nos aleja de la ética del blanco y negro y los juicios claros y tajantes, situándonos en el terreno del claroscuro, el matiz y el contraste. Terreno en que, evitando los excesos simétricos de la autocomplacencia en la benevolencia y el rigorismo paralizador, habremos de examinar y controlar la realidad y viabilidad de las buenas intenciones y los peligros a que su abuso puede abocar al interventor 61 singular y a la IS general. Y es que, en la realidad, prácticamente nadie admite intenciones malignas. Los fines del delincuente, el criminal de guerra, el traficante de armas o el manipulador publicitario son siempre, según ellos, buenos y su conducta está plagada de buenas intenciones y de convincentes "justificaciones": sobrevivir y salvarse uno mismo, descargar de dinero al que tiene demasiado, ganarse la vida, salvar a la patria, y así sucesivamente. Los medios pueden ser cuestionables, argumentan, pero las intenciones son -¡faltaría más!- admirables. Así es que la distancia moral entre IS "benéfica" y otros campos "maléficos" no es tan grande como se podría pensar de entrada. Todo lo cual nos fuerza a salir de la envolvente subjetividad del actor, remitiéndonos a la dialéctica externa medios-fines y a su gemela intenciones-acciones (y resultados). Debemos también examinar la dialéctica interna entre intenciones patentes y latentes. 2.2. Intenciones patentes y latentes: Beneficencia y auto-beneficencia Dos son los temas a tratar aquí, intenciones latentes (y agendas ocultas) y papel del autobeneficio y autointerés, obviamente conectados en la acción: la no aceptación social de los últimos los relega a la latencia y la ocultación. En la IS emergen como cuestiones relevantes, cuando el interventor, actuando en base a necesidades, deseos o intereses personales o institucionales, busca su propio interés o beneficio (poder, estatus, prestigio social, rentabilidad política) en lugar del bienestar del destinatario; lo que crea una fea discrepancia entre intenciones declaradamente altruistas y desinteresadas y acciones -y consecuencias- realmente egoístas e interesadas. La discrepancia deviene dilema o conflicto cuando la búsqueda de auto beneficio substituye a la del beneficio del otro, entra en colisión con ella, o, peor, se hace a costa de su bienestar al humillarlo o condicionar la ayuda desde premisas -ideológicas o de otro tipoinaceptables. La cuestión es más espinosa de lo que puede parecer a primera vista. No se trata de someter sin más al interventor a la tiranía imposible del altruismo profesionalizado porque, como alerta juiciosamente Thompson (1989), si de entrada negamos los motivos auto interesados, es probable que aparezcan en la relación profesional en forma de agendas ocultas. Para obtener una visión amplia del tema, lo examinamos desde la triple perspectiva ética, psicológica y social que aportan visiones contrastadas de él desde los principios de beneficencia, mantenimiento personal y reputación social. Ética. El punto de vista ético puede sintetizarse en el principio de la beneficencia: el interventor debe perseguir el beneficio de aquellos, destinatarios o clientes, con quienes trabaja profesionalmente, no el suyo propio. Deberá, por ende, examinar las premisas ideológicas y sociales y las motivaciones personales de su actuación para asegurarse de que son compatibles con una praxis esencialmente benéfica. Si existen necesidades, ambiciones o intereses personales (de seguridad psicológica, prestigio social, ambición política, etc.) que pueden interferir significativamente en el desempeño profesional, deben ser examinados y controlados -o encauzados- fuera de la praxis (a través, por ejemplo, de la psicoterapia personal, o de la actividad extraprofesional que aporte reconocimiento social o político) para que no la afecten negativamente. Preferentemente, en la supervisión práctica previa al ejercicio propiamente profesional. En la medida en que esas tendencias estén profesionalmente generalizadas o sean fruto estructural de las condiciones del ejercicio de la IS (como sustitutos, por ejemplo, de la baja remuneración y consideración social) o la situación política y social, será el gremio (o gremios) profesional o las instituciones marco de la IS los encargados de aportar los medios y espacio formativo para hacer ese examen y buscar las soluciones grupales apropiadas, que pueden incluir la generación de una conciencia, o un pronunciamiento, social colectivo respecto a la situación o acciones políticas implicadas. Las reuniones periódicas -profesionales o interprofesionales- en que se examinan las dificultades técnicas y profesionales del trabajo, constituyen un buen medio 62 para "trabajar" esas tensiones, ayudar al sostenimiento psicológico de los interventores y generar, al mismo tiempo, criterios y normas de conducta frente a las situaciones y tentaciones más frecuentes. Las reuniones con el público y las partes socialmente interesadas de la comunidad serían, además, un foro muy conveniente para aportar el punto de vista externo. Psicológica. Resalta la necesidad de mantenimiento del personal interventor que, aunque esté prestando un servicio en beneficio de los otros, tiene derecho a conservar su autoestima e integridad emocional. Mantenimiento psicológico que marca el límite inferior de lo que es permisible en la ayuda a otros. No se trata de que la IS sea guiada por la seguridad del interventor, sino limitada por ella, de forma que si las acciones le causan un desgaste o daño psicológico sistemático y significativo habrán de ser modificadas (en su contenido o método) para evitarlo. Y de que el interventor social tiene derecho a disponer de los medios y condiciones de trabajo adecuados para llevar dignamente a cabo su tarea. Si ese no es caso, ni la expectativa a corto plazo, habrá de redefinir su rol de forma que -en función de los medios técnicos y estratégicos disponibles- sea realizable. Así, es fácil que un interventor excesivamente idealista con medios personales o externos limitados se marque metas inalcanzables que, además de hacerle sentirse continuamente frustrado (y, a la larga, "quemarse"), le llevarán a sacar conclusiones equivocadas sobre su falta de capacidad para realizar la tarea (lo que reducirá su estima profesional) o sobre la viabilidad del cambio social... Cuando lo adecuado sería redefinir las metas -y su propio rol- atemperando el exceso de altruismo ético con una buena dosis de racionalidad. El fenómeno es frecuente en un campo novel, con poca experiencia y conciencia de sus límites y excesivamente impregnado por el ideal caritativo (religioso) o político-social que han marcado su desarrollo histórico. ¿Como compaginar la exigencia ética de beneficencia y la psicológica de mantenimiento de la integridad del interventor? Dos ideas pueden ayudar. Primera, el interventor participa en la IS como rol profesional, no como persona: aunque puede implicarse más o menos como tal (no hay separación estricta entre la persona y el rol asumido) y algunos así lo proponen, no está obligado a hacerlo ni, mucho menos, a sacrificar parcelas centrales de su persona a la IS o al beneficio de sus destinatarios. En otras palabras, el sujeto de la IS es sólo una "parte" de la persona (la profesional) y no debe, en principio, haber exigencia -ética, psicológica, etc.- alguna de traspasar esa frontera. Segunda, existe un auto beneficio legítimo del interventor en la IS concretable en, al menos, dos aspectos, uno material, otro psicológico (un tercero, la reputación profesional, se incluye en el punto siguiente). Uno, fundamental, la remuneración que como profesional recibe a cambio de sus servicios: uno de los rasgos que definen el "carácter" profesional es, precisamente, que trabaja por dinero (lo que no excluye elementos de interés vocacional en la elección del tipo de trabajo que hace, pero ese es otro tema). Y no lo es por capricho, sino, bien al contrario, para descartar otras motivaciones más insidiosas y garantizar el carácter universal del servicio (sin el cual ayudaría sólo a los pensaran como él, le cayeran bien, etc.). Dos, las recompensas ligadas a la tarea de ayudar a, y relacionarse con, los demás: sentirse útil o socialmente competente o "realizarse" como persona al ayudar a los necesitados y ver los progresos de lo que se está haciendo. Aclaremos, este auto beneficio resulta imprescindible, no sólo como "egoísmo" mantenedor del interventor (contrarrestando la fatiga psicológica y el burn-out que acucian a las "profesiones de ayuda" en cuanto dan más de lo que reciben), sino, sobre todo, para evitar que esa fatiga le incapacite para hacerse profesionalmente disponible a los demás. Resumiendo, el altruismo ha de estar en razonable equilibrio con el egoísmo auto consevador de forma que el amor a los demás no agote el amor propio. Lo contrario señala un desequilibrio indeseable entre el elemento intencional y el racional de la acción social que aboca a esta -y al interventor- al fracaso a largo plazo. Socio-profesional: Reputación profesional y auto beneficio ilegítimo. Debemos explorar 63 en este nivel el auto beneficio legítimo, el derecho del interventor a la reputación profesional y el ilegítimo (la "apropiación" personal del estatus común), matizando, siquiera mínimamente, las situaciones diferenciales, más delicadas y complejas, de los actores sociales no profesionales y de las instituciones interventoras y su derecho a mantener su integridad institucional. El prestigio o reputación profesional, resultado del trabajo técnica y éticamente bien hecho, es parte -junto al salario y al sentimiento de competencia y utilidad social- del auto beneficio legítimo del interventor en la IS. Y compete a los gremios profesionales aportar un referente público y razonablemente objetivo de esa reputación en base a la evaluación acumulativa de la eficacia e integridad moral de las acciones sociales de sus miembros que servirá, también, para forjar una imagen social de la profesión. En la práctica, tal referente sólo se ha desarrollado en alguna medida en las profesiones liberales tradicionales. Apenas hay, en cambio, sistemas solventes de evaluación de la actividad profesional en el campo social, donde prestigio y reputación se derivan de procedimientos indirectos (participación en reuniones y conferencias, contactos con asociaciones sociales o prensa, etc.). Apropiación ilegítima de estatus. En un mundo social tan orientado hacia la búsqueda de estatus e imagen pública, el interventor social puede caer fácilmente, en función de su situación social privilegiada, en la tentación de apropiarse del estatus colectivo generado en el curso de las acciones que dirige o impulsa prevaliéndose de su posición de autoridad. Sucede, sobre todo, en el contacto con aquellos foros (grupos, comisiones, medios de comunicación, acción política, etc.) en que se genera y reparte poder y estatus social. Por ejemplo, si el interventor que dirige una evaluación o echa a andar un programa está más interesado en -y actúa más en función desalir en la televisión, engordar su currículo o hacer méritos políticos que en servir a los afectados o resolver el problema. Si bien la obtención de esas recompensas no es en sí misma condenable, pasa a serlo cuando, dejando de ser beneficios secundarios (no buscados primeramente y por sí mismos), su búsqueda se erige, por delante del bienestar del otro, en fin, primario de la acción. Tal proceder es éticamente -aunque no jurídica o socialmente- reprobable porque viola los dos principios morales (beneficio del destinatario y equidad relacional) que deben regir la relación del profesional con los destinatarios de su actuación. Porque, en otras palabras, utiliza el poder que la sociedad ha puesto en sus manos para aumentar su propia estima en vez del de aquellos, contribuyendo así al empowerment propio (el del más poderoso), no al de los más débiles, que son quienes realmente necesitan ese poder. ¿Y el interventor social no profesional? ¿Qué tipo de auto beneficio es lícito para que voluntarios y grupos socialmente activos mantengan su actividad social sin "quemarse", dado que, de entrada, actúan desinteresada y altruistamente, no por dinero como los profesionales? En principio sí obtienen, como ellos mismos suelen reconocer, beneficios psicológicos, auto realización y sentimientos de utilidad y competencia. Por lo demás, les es aplicable un examen y control de las propias motivaciones similar predicado para los profesionales, aunque en su caso sea menos factible y obligado que en aquellos e implique diferencias en parámetros relevantes: el mayor altruismo en su motivación, la citada ausencia de recompensas materiales y de reconocimiento -y obligación- institucional y, en consecuencia, el menor poder e influencia asociado. Lo cual, puede tornar más insidiosa, que no suprimir, la búsqueda compensatoria de recompensas y las distorsiones en los procesos de relación y ayuda. Dado que en la vida social no es costumbre dar algo (servicio, apoyo, ayuda ...) a cambio de nada y que aquellos que dan más de lo que reciben en sus intercambios acaban fatigándose o "quemándose", parece razonable contar con un sistema de recompensas psicológicas y sociales para sostener a los colaboradores sociales no profesionales en el largo plazo. Parte de ellas (como los sentimientos de utilidad y competencia por ayudar eficazmente a otros) dimanan del propio proceso de ayuda. Otras se habrán, sin embargo, de aportar en forma de participación en la toma 64 de decisiones y en el proceso interventivo, formación, reconocimiento social, etc. Unas y otras deben contribuir al empowerment social, fin central de la acción social para muchos. El fondo del tema resulta, sin embargo, polémico. Si inducimos al voluntario o activista social a actuar por medio de incentivos materiales, psicológicos o sociales, no por ideales altruistas, solidarios o de progreso social, ¿no estamos viciando de autointerés la propia esencia de esas actividades extraprofesionales, abriendo la puerta a la misma competitividad y codicia que se trata precisamente de evitar y creando, en fin, una cierta contradicción moral entre fines humanitarios y medios egoístas? No parecen, estas, cuestiones menores o meramente retóricas. Cobran de hecho relevancia ante algunas nacientes propuestas de regulación jurídica del voluntariado y ante el aluvión de ayuda económica vertido en ciertas "organizaciones no gubernamentales" (que apunta ominosamente hacia un intento de control político doblado con una vergonzante expiación de culpa del neoliberalismo ambiente ante la miseria del tercer mundo foráneo y doméstico que tan eficazmente ha contribuido a desarrollar). Quede también apuntada la cuestión, mucho más compleja y virgen, del mantenimiento de la integridad social e ideológica del interventor institucional: consejería, ayuntamiento, etc. El supuesto del "auto beneficio" (autopropaganda, rentabilización política de la IS, etc.) legítimo es aquí rechazable toda vez que, a diferencia del interventor personal, la razón de ser de esas instituciones es ayudar a resolver los problemas de la comunidad. Por otro lado, las instituciones, también han de poder mantenerse (tener el apoyo social, una filosofía que les dé coherencia y unas reglas organizativas que las hagan funcionales, etc.) para realizar efectivamente la tarea que les ha sido mandada socialmente. La cosa se complica si reconocemos que, al mismo tiempo, instituciones y personas han de evolucionar y adaptarse (sobre todo las primeras) a las demandas y necesidades del entorno social, no pudiendo esclerotizarse en una cómoda auto reproducción, aduciendo la dificultad y dolor del cambio e ignorando sus funciones y relaciones sociales. La solución yace en hallar un punto de equilibrio -de difícil precisión práctica- entre mantenimiento -personal e institucional- y cambio. Las nociones sobre el auto mantenimiento del interventor como límite funcional inferior y su eventual incapacitación para prestar las funciones profesionales o sociales básicas que su ausencia ocasiona deberían orientar la fijación de ese punto de equilibrio. 2.3. El riesgo de anular al otro: Celo y condicionamiento ideológico de la ayuda Este riesgo (Rey, 1994) se da cuando, por exceso de altruismo o buenas intenciones, ayudamos al otro sin su consentimiento, violamos su privacidad o capacidad de autonomía o decidimos lo que es bueno para él sin consultarlo. Tal comportamiento encierra el peligro potencial de invalidar al otro como sujeto capaz de dirigir su propia vida, resolver sus problemas y desarrollar su potencial psicológico y social. Va ligado a ciertas filosofías interventivas que abusan del idealismo o la militancia ideológica o religiosa y, suele conllevar una flagrante contradicción, ya mencionada en los párrafos precedentes, entre fines (de bienestar y desarrollo humano) y medios (métodos que minusvaloran al sujeto y fomentan su dependencia respecto del interventor). Como señala Rey, en la IS, "la posición ética por excelencia es procurar que todo ser humano tenga acceso a la solución de sus propios problemas" (p. 24). Debemos, sin embargo, introducir en este punto una consideración ya explicitada al definir la IS: su necesidad y legitimidad. Si la acción social es, como asumimos, precisa para ayudar al destinatario a resolver problemas (o alcanzar objetivos vitales) que no puede solventar por sí sólo, la omisión de intervención externa puede ser tan reprobable (o más) como la violación del espacio psicológico y social del destinatario. Es desde el contraste de esos dos riesgos -de acción intrusiva y de omisión de una acción precisa- y no desde uno sólo de ellos que debemos evaluar éticamente la situación intentando compatibilizar los dos valores (necesidad/justicia social y autonomía personal) implicados o elegir entre ellos si eso no es posible. 65 El riesgo de invalidación del otro va usualmente asociado a dos tendencias filosóficas, o situaciones relacionadas, dominadas por el celo religioso o político y el condicionamiento de la ayuda a determinados supuestos ideológicos. El exceso de celo religioso o político puede generar (Capítulo 2) una acción social "posesiva" en que el interventor desarrolla una vinculación dependiente que no permite al otro movilizar sus propias capacidades o hacerlo desde sus propias ideas y valores. De nuevo se da aquí un conflicto entre los intereses individuales y sociales, y uno paralelo entre principios éticos y exigencia técnica. En principio, el destinatario de la IS tiene derecho a ser ayudado sin cambiar substancialmente su forma de pensar o vivir (desde luego sin ser adoctrinado por el interventor) siempre que no perjudique a los demás. Pero es que... la IS consiste en gran parte precisamente en eso: en tratar de modificar ciertos hábitos o formas de vida causalmente asociados con el problema a resolver, sea este la drogadicción, el maltrato o la polución ambiental. De tal forma que, llevado a su extremo, ese punto de vista haría inviable la intervención social y, en general, la mejora de las condiciones sociales prevalentes... Y así lo debe advertir el interventor: no tiene porqué desperdiciar energía y dinero público si el otro se opone de entrada a colaborar en algo directamente relacionado con lo que se intenta modificar. Existe aquí un doble conflicto. Primero, entre bienestar personal (a corto plazo al menos) e interés colectivo. Segundo, entre la libertad personal y la necesidad técnica de contar con los medios necesarios para alcanzar el fin perseguido que, llevada a su extremo, permitiría justificar los medios usados desde la bondad de los fines perseguidos. ¿Cuál es la solución al dilema de fondo? Encontrar un equilibrio que salve ética y eficacia, respetando la legitimidad social de la acción y el derecho a la autonomía individual. En cuanto a la faceta eficacia-ética (medios-fines) se impone una triple recomendación. Uno, los medios usados han de ser, ética, además de técnicamente, válidos, lo que llevaría, por un lado, a recomendar el uso de la técnica menos restrictiva para la libertad de los individuos (pero, también, más acorde con las necesidades sociales a paliar). Dos, hay que justificar que las pautas vitales a cambiar están racionalmente conectadas con los resultados a conseguir, no simplemente con la ideología del interventor, en cuyo caso carecen de justificación ética. Tres, debería haber un acuerdo básico entre interventor y destinatario sobre los fines a perseguir -lo que implica necesariamente la participación activa de ese en la IS- y en cuya ausencia la intervención no pasará de ser un forcejeo éticamente inaceptable y técnicamente ineficaz. El otro supuesto de riesgo de invalidación del otro se da cuando, de una forma más o menos explícita y usando las más variadas estratagemas, se condiciona ilegítimamente la ayuda. De las variads formas de hacerlo, la más seria y frecuente -por más que se realice sin coacción aparente- es el clientelismo político: se condiciona la ayuda (su concesión, volumen o contenido) a un sector social a su voto y/o fidelidad política. El caso típico en la IS son los mayores, blanco preferido del más descarado manoseo político y social; también "organizaciones no gubernamentales" y entidades varias son blanco común. Es frecuente que, para más inri, la manipulación política vaya agravada por la explotación publicitaria de las operaciones realizadas pues, como es bien sabido, lo que no sale en los medios, no existe políticamente. La rentabilización partidista de la ayuda social es probablemente la más seria amenaza a la credibilidad y funcionamiento de la IS que puede quedar desnaturalizada si se substituyen los criterios técnicos de base por los criterios políticos así entendidos: se destinan programas y ayudas a las organizaciones o sectores afines, sumisos o rentables, en vez de a los realmente necesitados. La solución al inaceptable condicionamiento político o ideológico es dual: profesionalización de la acción social, por un lado, y denuncia por parte de las organizaciones profesionales, desde la independencia del escalón político que les exigible, de las situaciones y tendencias de instrumentalización partidista de la política social, por otro. 66 Un condicionamiento ideológico más genérico es el implicado en la culpabilización de las víctimas (victim blaming) de los males sociales, repetidamente denunciada (Ryan, 1971) en la literatura social. Se trata de atribuir a las víctimas de los problemas sociales la culpa de sus infortunios: el parado por no encontrar trabajo, el pobre por no trabajar, etc. Se impone, entonces, cambiar la actitud y forma de pensar de esas minorías, sin abordar los cambios sociales de fondo. En esa imposición del marco ideológico del interventor reside el condicionamiento final de la ayuda. No todos los condicionamientos de la IS son, sin embargo, ilegítimos; como hemos apuntado muchas condiciones para prestar ayuda están moralmente justificadas. Es lógico, por ejemplo, que se supedite una ayuda económica a una familia o madre soltera con problemas económicos a que envíen a sus hijos a la escuela en vez de dejarlos vagar por la calle. De nuevo, el elemento crítico es que el condicionamiento venga dictado por el bienestar del ayudado (tal y como es apreciado por el interventor a partir de la información de que dispone, es cierto) no el del ayudador. La solución al conflicto entre autonomía personal e iniciativa social (profesional e institucional) para promover el desarrollo humano y la justicia social no tiene porqué decantarse a priori por ninguna de las dos. 3. EL OTRO: EL DESTINATARIO DE LA IS Identificado ya "el otro" como referente ético básico y su potenciación desde el respeto a su dignidad como tarea -y criterio de evaluación- central de las intenciones morales, es hora ya de pasar al terreno específicamente social y cuestionar la noción filosófica de un otro homogéneo e indiferenciado como no adecuada a las condiciones de pluralidad y heterogeneidad del mundo social. Utilizo, en consecuencia, los términos ya acuñados de "destinatario" y "cliente" referidos, respectivamente, al blanco de la IS y a quién la paga que, como se indicó, pueden o no coincidir, ser varios y cambiar en el curso de la acción. Ya hemos explorado el concepto ético del otro (Capítulo 3) y los efectos de la relación intencional con él en la IS (apartado anterior). Resta aquí por discutir la noción del otro social (el destinatario) y algunas implicaciones éticas ligadas a su elección en la IS. Destinatario de la IS y otro ético. A diferencia del "otro" ontológico y homogéneo de la ética filosófica, el "otro social", el destinatario de la IS se caracteriza por su pluralidad, heterogeneidad e interrelación, lo cual matiza relevantemente el análisis ético. Empecemos por la pluralidad. En la realidad social hay, como en la individual, muchos "otros", destinatarios posibles de intenciones y acciones. El problema es que, dada nuestra escasez de recursos, en la IS debemos elegir sólo algunos del total de destinatarios potenciales, lo que tiene inescapables implicaciones para la justicia social de la acción. Como también las tienen, en un plano más genérico, la cuestión de la exclusión moral (Capítulo 3). Implicaciones negativas, excluyendo de entrada a ciertas categorías sociales como destinatarios potenciales de la IS. Positivas, sesgando en una u otra dirección la elección de destinatario y tendiendo a reservar la ayuda para aquellos ideológica o socialmente más próximos (y restringiéndola a los diferentes, lejanos o ajenos). Segundo, los destinatarios sociales potenciales son diferentes y heterogéneos en términos de necesidades, valores e intereses, teniendo perspectivas sociales y necesidades diferenciadas o distintas, de forma que lo que para uno es beneficioso puede no serlo, o resultar perjudicial, para otro. Si bien podemos aspirar moralmente a su igualación final en algún respecto básico (acceso a bienes materiales y culturales, oportunidades, nivel de renta, etc.), esa desigualdad real marcará el punto de partida planteando la cuestión de la igualdad -o diferencia- relacional (Capítulo 3), y la asociada, de las distintas modalidades de IS en función de las diferentes situaciones de déficit ligadas a la pluralidad de destinatarios sociales. Tercero, los "otros sociales" tienen relaciones y están socialmente articulados siendo afectados por las acciones de las demás (o dirigidas a otros con los que uno está relacionado). Lo que se viene a traducir, en condiciones de limitación de medios, en que una acción puede beneficiar a unos grupos sociales perjudicando a otros en razón de su mutua articulación y de la 67 diferencia de intereses. Así, si se amplía el horario de un servicio (una guardería o una biblioteca) para beneficio de familias o lectores, los trabajadores se pueden sentir perjudicados; la concesión de una subvención a unos significará su denegación a otros; etc. 3.1. ¿Quién es el destinatario de la IS?: Ética, técnica y estrategia La selección del destinatario es, pues, una de las cuestiones éticas centrales de la IS. Para Kelman y Warwick (1978) es uno de los cuatro apartados éticos básicos (la elección de fines, la de medios técnicos y la evaluación de resultados, son las otras). Argumentan que la forma de construir el problema social de interés determina en gran parte la elección de destinatario. Así, una manifestación callejera se puede "construir" (percibir) como una ruptura del orden social, en cuyo caso el blanco de la acción serán los manifestantes -y su contenido, la represión-, o como signo visible de un fallo social (injusticia, disfunción institucional, etc.), en cuyo caso el destinatario será esa institución social y la respuesta, su cambio o reforma. Eso es cierto, en mi opinión, sólo a medias; por dos razones: Primera, Kelman y Warwick deberían distinguir problema y destinatario (el qué y el quién) como elementos de la IS relacionados pero diferentes. El problema (o la cuestión positiva de interés) puede ser de un colectivo humano, pero, también, de un territorio: barrio urbano, comunidad rural, etc. Segunda, como ya se ha señalado en capítulos precedentes, los temas sociales sólo en parte son construidos, de forma que la ideología o los valores del interventor que hace la "construcción" son sólo uno de los varios inputs que determinan la selección de destinatario que incluye también aspectos técnicos y estratégicos. Técnicos, que documentan, a través de la evaluación inicial, el estado de necesidad, injusticia, riesgo u otro en que, dados unos supuestos valorativos, es preciso intervenir. Estratégicos, que, en función de su abordabilidad técnica, social y personal, nos indican cuando es viable la intervención. Si un tema es ética y técnicamente importante pero insolubles en un momento dado, se impone investigar primero los determinantes y soluciones. Es también posible que las soluciones técnicas adecuadas caigan fuera de la competencia profesional de un interventor dado o la competencia política de una institución concreta. En todas esas situaciones existen problemas relevantes que no serán seleccionados por el interventor en función de su acceso técnico o estratégico. La ayuda al otro: técnica y ética. Se han discutido los riesgos que subyacen al proceso de intentar ayudar al otro desde las buenas intenciones y examinado la dialéctica altruismo-auto beneficio implicada. No podemos obviar un último apunte sobre la validez de los criterios éticos en la IS, a partir del diferente rol asignado, en función de su mutua autonomía, a aspectos técnicos y valorativos en el Capítulo 2. Si los criterios éticos son importantes -aunque no determinantes por sí solos- en la elección de destinatario, resultan casi irrelevantes para establecer el contenido explícito de la acción social, fijado esencialmente desde criterios técnicos (sí pueden influir en el "contenido" implícito o procesal: la forma de llevar a cabo las acciones). Así, aunque los valores de justicia o compasión humana nos lleven a dirigir la intervención a servir los intereses, o mejorar el bienestar, del grupo más necesitado o débil (por ejemplo, las mujeres maltratadas; Heller, 1989), nada nos dirán sobre como servir esos intereses y bienestar. ¿Es mejor "montar" una casa de acogida segregada de la comunidad que, por ejemplo, ayudar a las mujeres a buscar trabajo, o sostenerlas jurídica y psicológicamente, mediar con la familia desgajada, prevenir en la comunidad y la escuela, etc.? Ni lo sabemos de entrada, ni la ética va iluminarnos al respecto, sólo el conocimiento empírico de que estrategias han resultado eficaces para promover el bienestar de esa población (o de distintos subgrupos de ella) constituirá ahí una guía eficaz. 4. LEGITIMIDAD Si desde la intencionalidad podemos construir las cuestiones valorativas ligadas a la subjetividad de la acción social (al interventor), desde la legitimidad (y los tópicos conexos de 68 autoridad e intervencionismo social) podemos proponer las cuestiones objetivas o externas ligadas a la intervención social y sus efectos. Aquí no se plantea, como es natural, la legitimidad legal o administrativa (recogida en leyes y regulaciones varias) sino la, más básica y general, legitimidad ética de la IS. También se aborda aquí el tema de la libertad individual frente a la intervención externa. La cuestión del titular de la IS (quién es o debe ser) y sus "credenciales" (técnicas, políticas, etc.) será tratada en el apartado correspondiente a la autoridad. 4.1. Intervencionismo social y legitimidad Debemos examinar la legitimidad de intervenir en la vida personal y social en determinados supuestos, justificando la intervención exterior frente a las críticas que al intervencionismo social se hacen desde el derecho a la libertad y autonomía de las personas. ¿Es legítimo entrometerse en la vida de personas y grupos sociales? Si lo es, ¿en qué condiciones y supuestos? Desarrollo las respuestas a esas preguntas, implícitas en la propia descripción de la IS (Capítulo 3), a partir de una doble alternativa (Sánchez Vidal, 1990 y 1991a) ante las situaciones de dificultad: una de principio, sobre la legitimidad general de la IS; otra, más práctica y concreta, sobre las formas y grados legítimos de intervención externa. 1. Intervención frente a no intervención (de ningún tipo y en ningún caso): la posición, laissez faire, del liberalismo puro. Si existe un problema, conflicto o necesidad social el agente político y técnico se abstendrán de intervenir (excepto para garantizar la libertad para competir): allá cada cual con sus propios problemas y responsabilidades. Para esta postura la IS no debe existir, lisa y llanamente no tiene legitimidad. Es un punto de vista inaceptable. Supone una vuelta atrás en la historia al negar implícitamente los supuestos de responsabilidad pública y solidaridad social que sustentan no sólo la acción social, sino la propia vida humana en sociedad, y nos retrotrae a la jungla social premoderna. Los más desafortunados, débiles o inadaptados serían abandonados a su suerte y las situaciones de miseria e injusticia toleradas en nombre de los supuestos de libertad e iniciativa individual. Se están asumiendo aquí serias responsabilidades éticas -y políticas- por omisión. 2. Injerencia externa frente a otras opciones menos intervencionistas de actuación. Aceptada la bondad de principio de la IS, qué grado, y qué formas, de intervención son legítimas en función de su efecto alentador o desalentador del desarrollo humano y social. Si inaceptable es el liberalismo radical (fielmente encarnado en el "neoliberalismo" actual) no menos rechazable es su opuesto ideológico, el intervencionismo y planificación total de la vida social. Rechazable porque convierte la IS (innecesaria, en realidad, en un contexto globalmente interventor) en una imposición política y técnica unilateral que inhibe -en vez de potenciar- la capacidad de crecer y resolver de problemas de personas y colectivos sociales fomentando pasividad y dependencia en vez de dinamismo y desarrollo. Sin alcanzar el extremo del socialismo real (cuyas miserias y horrores debemos recordar, aunque los sistemas hayan desaparecido), el intervencionismo puede ser fomentado por determinadas intenciones o tendencias profesionales. Ya revisamos los peligros del exceso de celo o del altruismo mal entendido. Hay otras propensiones (omnipotencia redentora, exceso de profesionalismo, despotismo técnico o político ilustrado) que arraigan en el suelo del exceso de celo profesional o político y el altruismo, componiendo un cuadro de profesionalismo malentendido que, en nombre de la ciencia, la técnica y las buenas intenciones tiende a imponer ilegítimamente la necesidad de intervenir. ¿Cómo? Problematizando y patologizando la realidad social (se crea un "problema" para poder intervenir y ayudar a los demás) y forzando la consiguiente acción profesional externa, preferiblemente del propio gremio. El gremialismo profesional requiere, obviamente, control. La inclusión de análisis éticos (generales y de casos) en la formación -y durante el ejercicio- de los profesionales son medios apropiados. También la discusión profesional (e interprofesional) con inclusión de grupos sociales comunitarios que puedan quebrar la autocomplacencia y externalización de 69 responsabilidades típicas de las organizaciones corporativas y entablando un diálogo real con las distintas partes implicadas en la IS. La ética dialogada adquiere aquí pleno sentido. También la elaboración conjunta desde el, cada día más frecuente, trabajo multidisciplinar. ¿Qué condiciones o límites son exigibles a la IS para mantener un equilibrio razonable entre el respeto a la autonomía individual y colectiva y a la solidaridad y responsabilidad social a la hora de resolver las cuestiones sociales controlando, también, las perturbadoras querencias personales y profesionales apuntadas? ¿En qué casos será, de otra forma, legítima la IS? A saber, cuando: a) Esté justificada, siendo la acción externa precisa para lograr un efecto socialmente necesario o deseado que, de no intervenir no se produciría. Estoy proponiendo una intervención de carácter más aditivo, que invasivo o substitutivo, de la acción de personas y grupos. Una intervención, en fin, que añade algo (conocimiento, metodología, medios materiales, impulso o catálisis social, etc.) externo imprescindible para lograr un efecto necesario o bueno para la comunidad. La idea es que, por disfunciones psicológicas o sociales varias, personas y colectivos no pueden usar su habitual capacidad de afrontar problemas y alcanzar metas, necesitando ser puntualmente reforzados o potenciados para recuperarla. Así un padre en paro que abusa del alcohol necesitará ayuda externa para poder hacer uso de recursos personales y sociales (familia, vecinos, etc.) disponibles, pero no usados en este momento y situación. La cuestión clave es, por supuesto, la especificación razonada de los criterios concretos que hacen en cada caso necesaria la intervención (lo que no excluye la catalogación sistemática a largo plazo). Y la evaluación crítica de esa necesidad -frente a otras alternativas de actuación- por parte del equipo y la supervisión profesional, que ayuden a controlar y evitar injustificadas querencias intervencionistas o invasivas. b) Se plantea desde una doble perspectiva finalista y temporal: primera, ayudar a resolver el problema o situación presente; segunda, aumentar la capacidad del destinatario de enfrentarse a otras situaciones o problemas en el futuro. c) Es compatible con los valores del destinatario y, en lo posible, con su participación activa en los cambios. Eso, sobre el papel. En la realidad, las cosas se complican: el principio general propuesto asume una unicidad y homogeneidad de intereses y valores inusual en los destinatarios sociales reales, ya caracterizados como plurales, heterogéneos e interrelacionados. Su aplicación práctica demanda un mínimo consenso entre los distintos componentes del destinatario potencial (los mayores, la comunidad X, los drogadictos ...) que permita identificar unos intereses y visión global sobre la cuestión de referencia con los que el trasfondo valorativo de la acción sea congruente. Eso implica dos cuestiones encadenadas. Una, ¿Qué hacer en situaciones de disenso social (Warren, 1971) en que varias facciones tienen posturas divergentes o enfrentadas sobre el tema planteado? ¿Tomamos como buenos los intereses de la mayoría? Y, aun así, ¿cómo -a través de qué o quién- se elaboran y expresan esos intereses? El uso de criterios mayoritarios podría, a trancas y barrancas, "salvar" la barrera de la legitimidad democrática, pero abre una segunda cuestión, particularmente ominosa en la IS, ¿Qué sucede con los intereses, y punto de vista, de las minorías más débiles y necesitadas, parados, drogadictos, vagabundos, "sin techo", maltratados, etc.? La cuestión se torna crucial si, en una coyuntura histórica marcada, bajo la égida utilitarista y neoliberal, por la insolidaridad social, por un lado, y por la explosión de la desigualdad y la exclusión, por otro, asignamos a la IS una finalidad básicamente igualadora en que el destinatario genérico son, precisamente, los colectivos más débiles y necesitados. El cóctel potencialmente explosivo -¡y no sólo metafóricamente!- resultante es irresoluble por la simple regla democrática de las mayorías. Sobre todo, si esas exhiben el rampante egocentrismo e insolidaridad dominante en el chato y ramplón clima social actual, negándose a financiar con "sus" impuestos las necesidades más perentorias o llamativas de los más necesitados, a abrir 70 centros de atención en "su" barrio o, incluso, a discutir los problemas de los "otros". ¿No debe prevalecer en tales condiciones y supuestos el interés de la minoría más débil y necesitada sobre el de las mayorías egoístamente volcadas en mantener su propio estatus y bienestar frente a las demandas y exigencias ajenas? Vemos como esta excursión por los confines de la legitimidad de la IS en situaciones de injusticia y disenso reabre viejos interrogantes y nos devuelve a la cuestión de quien es el destinatario de la acción social que retomamos, más a ras de suelo, en el Capítulo 6 contemplándola desde la óptica interventiva comunitaria. Si, en fin, la IS no cumple las tres condiciones requeridas, su legitimidad queda, como mínimo, en cuestión, no estando justificada salvo en situaciones de muy excepcional urgencia o necesidad (incluibles en el terreno de las urgencias sociales) que exigen, en todo caso, análisis ético diferente: como poco un cuidado examen (y extracción de conclusiones) a posteriori. 4.2. Libertad personal e intervención externa En el frente más psicológico, Herbert Kelman (1965) ha realizado un influyente análisis de las cuestiones éticas suscitadas por la manipulación del comportamiento humano desde la ciencia social, especificando en esa dirección las condiciones de compatibilidad entre libertad personal e intervención externa. El dilema inicial es la oposición entre la libertad de elección de las personas como valor fundamental -violado en cualquier forma de control conductual- y la constatación de que el cambio efectivo del comportamiento de las personas implica siempre algún grado de manipulación (intervención, traducido a nuestro vocabulario social). Sea ese cambio deseable (como en la psicoterapia, socialización infantil o integración racial) o indeseable. Si bien el dilema es inescapable (de hecho, un cierto grado de coerción es consustancial a la vida social) ciertos elementos mitigan, según Kelman, la gravedad ética de la manipulación. A saber: cuando aumenta la libertad de elección personal; si la manipulación es recíproca, no unidireccional; si está orientada hacia el bienestar del cliente. Algunas tendencias deterministas -como el conductismo eskineriano- no reconocen la libertad de elección, y se extrañan de que se cuestione el cambio humano planificado, como la psicoterapia, cuando en la vida diaria sufrimos tantas restricciones ambientales o sociales (el "control social"). Para otros, como Carl Rogers, la libertad de elección y la adhesión a determinados valores que la posibilitan son parte integral del proceso de actualización humana resultando, en consecuencia, referentes básicos de la interacción humana, profesional o no. El terapeuta, el agente socializador o el educador puede -debe-, en consecuencia, estructurar la situación y la interacción personal de forma que maximice la libertad de elegir del otro y minimice el control ejercido, sin ignorar, no obstante, las diversas, y sutiles, formas de control implicadas en el proceso. Kelman examina el dilema general en las situaciones de psicoterapia, conducción de grupos e investigación social aplicada. En cuanto a la psicoterapia importa que la relación sea voluntaria y se centre en ayudar a conseguir los fines del cliente y a ampliar su libertad para optar. Será difícil, sin embargo, evitar introducir los valores del terapeuta -y su concepto del bien- en el proceso. Las implicaciones éticas de los grupos de encuentro son analizadas más ampliamente de la mano de Glidewell en el Capítulo 5. Las dificultades éticas de la última situación, la investigación social aplicada, se complican notablemente por la disparidad de objetivos de destinatario y cliente, la complejidad del contexto organizativo y social y la dificultad de prever y controlar el uso que se hará de la investigación. Para salvar esas dificultades, Kelman sugiere que el investigador se haga las siguientes preguntas: 1) para quién trabajo; 2) aumenta o disminuye mi trabajo la libertad de opción de la gente; 3) como van a ser -probablemente- usados los datos obtenidos en el contexto social de referencia; 4) en qué procesos sociales estoy participando a través de la investigación que realizo. 71 Hasta aquí Kelman, al que se debe reconocer la oportunidad de haber abordado un tema tan central para las ciencias humanas y agradecer la claridad de su planteamiento y recomendaciones cuestionadoras. El problema radica en las respuestas. Es dudoso que un investigador o interventor pueda responder cuestiones tan amplias, complejas y de largo alcance con la validez y expeditividad que son necesarias para tomar decisiones y actuar en el día a día. Es ciertamente difícil, por ejemplo, prever las consecuencias de cualquier acción -o investigación- mínimamente compleja... lo que deja abierta la cuestión de la responsabilidad por las consecuencias indeseadas. La realización de proyectos piloto previos al verdadero estudio o acción parece más laudable y provechosa en ese sentido. Y, segunda parte, una cosa es prever los efectos potenciales de una acción -o los resultados hipotéticos de una indagación- y otra, distinta, poderlos controlar. Algo similar sucede con las otras preguntas: su correcta respuesta teórica no implica el poder de modificar la conducta o situación involucrada en el sentido deseado. Quizá pueda uno identificar grosso modo los procesos sociales en que se inserta la investigación -o actuación- propia, pero no siempre podrá cambiar esos procesos o su propia implicación en ellos (lo cual, de nuevo, no soslaya su responsabilidad personal, pues adquirida la conciencia cierta de su ubicación social, el investigador (o interventor) siempre podrá cesar su propia actividad o cambiarla si es moralmente condenable). 5. AUTORIDAD La autoridad en la IS se refiere a aquello que avala las decisiones y acciones de cada parte y los resultados alcanzados. Estando indisolublemente vinculada a la legitimidad, buena parte de la vertiente ética -la genérica- de la autoridad ha quedado ya reflejada. En principio, en la IS, coexisten dos tipos de autoridad ligadas a los dos roles centrales: la científico-técnica y la política (Sánchez Vidal 1991a; y otros, en prensa). Podemos discutir la posibilidad de, al menos, una tercera, la moral. 5.1. Autoridad política y técnica; ¿autoridad moral? La autoridad política es decisoria y ejecutiva: le corresponde -con asesoría técnicadecidir cuándo es necesario intervenir y, en representación de la comunidad, qué objetivos globales se han de perseguir en la IS; también dotarla de los medios económicos, materiales y personales necesarios. En los sistemas democráticos deriva del mandato de la comunidad cuyos intereses globales ostenta y ante la que debe responder de los resultados de la acción social en su conjunto. La autoridad científico-técnica es, en principio, instrumental: le corresponde determinar los objetivos concretos de cada acción o proyecto (en función de las directrices sociopolíticas emanadas del escalón político), el contenido de las acciones para alcanzarlos, ejecutar competentemente esas acciones y evaluar adecuadamente sus resultados. La autoridad profesional no deriva de la comunidad (al técnico no lo ha votado nadie) sino de la ciencia y técnica que garantizan la eficacia de los programas. Más concretamente deriva de: los conocimientos teóricos; la experiencia válida acumulada; las habilidades metodológicas y ejecutivas para diseñar, evaluar y realizar competentemente las acciones. ¿Otros tipos de autoridad en la IS? En principio cada autoridad tiene su propio espacio y autonomía en la acción y no parece social o éticamente adecuado que el político invada el terreno del técnico ni, viceversa, este el del político. Dos cuestiones surgen, sin embargo, de inmediato. Una, ¿está justificada la toma de postura política del interventor que, según el aserto inicial, carece de autoridad política que la avale? Dos, ¿existen otros tipos de autoridad (que pudieran estar, de alguna manera, ligados a una autoridad política no formalizada)? Dejamos para el próximo apartado la primera cuestión, enfocando ahora la segunda. De entrada y en un sistema democrático "normalizado", no parece justificada la existencia de otros roles o tipos de autoridad, al menos de forma reglada y socialmente reconocida. Serias disfunciones del sistema como las asociadas a la lacerante cuestión de las 72 minorías en condiciones de injusticia y disenso planteada más arriba dan pie para postular otros tipos de autoridad, como la moral. La autoridad moral se justifica por la existencia de situaciones de injusticia, violencia o necesidad relevante no contempladas por las autoridades política o técnica, emanando de los mandatos éticos básicos de justicia social y solidaridad con el más débil. Tendría un rol genérico aportando, en línea con la función motivadora atribuida a los valores en la IS, un respaldo de principio a la actuación de los agentes sociales reconocidos, aunque no necesariamente organizados formalmente, por la comunidad. En otras palabras, cubriría, como principio justificador, no como medio organizativo, los déficits o brechas de legitimidad, detectados en la lógica política y técnica de la IS en situaciones de distribución, más que de normativa, social. Ejemplos de autoridad moral abundan en la acción comunitaria, no por casualidad la variante menos formalizada y más frecuentemente asociada a la justicia social de la IS. Así una asociación vecinal puede denunciar una situación nefasta de un barrio no abordada por las instituciones pertinentes exigiendo -y en ciertos casos iniciando- acción al respecto que, a la larga, habría de ser asumida por los agentes institucionales. Ciertas organizaciones asumieron funciones de asistencia a drogadictos o afectados por el sida mucho antes de que las administraciones reaccionaran y establecieran los correspondientes servicios públicos. La iniciativa social se revela así como un componente esencial de la IS, supliendo puntualmente a la acción pública en problemáticas nuevas o de base en que la burocratización, conveniencia política (o técnica) o falta de diligencia administrativa las torna ineficaces o insuficientes. Estoy sugiriendo una autoridad, y un rol, complementarios y puntualmente substitutivos de las clásicas autoridades, y roles, político y técnico. 5.2. Posicionamiento político y autoridad moral Tema polémico y controvertido donde los haya, el posicionamiento político del interventor traza la divisoria entre las distintas concepciones teóricas y orientaciones prácticas y el eje sobre el que esas concepciones y orientaciones pivotan. Lo trato en términos simples y prácticos a partir del dilema operativo planteado al interventor. De un lado y como técnico, el profesional carece de autoridad política, no pudiendo ni representar la voluntad popular -tarea asignada al político- ni, menos aún, imponer sus propias convicciones u opiniones políticas a los demás prevaliéndose de su posición dominante en la IS en la que su mandato es, como se ha indicado, esencialmente ejecutivo. Bien al contrario, debe tratar a todos por igual y en función de sus atribuciones exclusivamente técnicas... Y punto. Ha de ser, pues, neutral (o independiente) o, cuando menos, intentarlo. De otro lado, sin embargo, y como actor social que es, al interventor profesional le asiste el derecho a tener conciencia, generar valores y tomar postura -política, social u otra- sobre los temas de su incumbencia... ¿quién, si no, va a hacerlo? Debe, por tanto, ser agente político (partidista y comprometido según algunos). ¿Como conjugar los dos polos aparentemente antitéticos de neutralidad valorativa y posicionamiento político? Es obvio que, como persona, el interventor tiene una conciencia y unos puntos de vista sociopolíticos. Eso no se discute... Lo discutible es si esos puntos de vista pueden, o deben, ser usadas de una u otra forma como parte de su rol profesional o si, por contra, deben permanecer en el ámbito de lo privado para permitir que los otros hagan sus propias opciones personales sin ser coartados por presiones externas. Si esas preferencias deben ser, o no, en resumidas cuentas, parte del rol interventor. Podemos alegar que ambos supuestos, neutralidad técnica y posicionamiento profesional, se dan en planos distintos: en la inmediatez de la acción específica, la primera, como proceso colectivo paralelo, la segunda; como técnico neutral e instrumental, la una, como profesional -por tanto, actor socialmente reconocido- la otra. El problema es que, por un lado, ambos, técnico y profesional son la misma persona y su actuación no puede disociarse y, por otro, el proceso de 73 intervención social comporta, como se ha reiterado ad nauseam, elementos valorativos relevantes, además de los técnicos, que la postura de neutralidad desatiende. Algunos argumentan que la acción social es un terreno inherentemente político en que el interventor es, lo quiera o no, un agente político, y la postura de neutralidad es, además de imposible, excusa para favorecer el injusto status quo. Otros señalan los riesgos de confundir el rol profesional con el político y de ser irreflexivamente utilizado por unos grupos contra otros o de crear, en nombre de las creencias y experiencia propia, expectativas irreales en los más desfavorecidos. De entrada y genéricamente, tan legítima parece una postura como otra siempre que se adopte desde la reflexión, no como respuesta visceral e inmediata a una situación. Lo que no es legítimo es la imposición -cuadre o no cuadre al interventor, caso o situación- de una u otra: neutralidad universal o politización por decreto. La elaboración del punto de vista más general desde los dos modelos, lógico y político, contrapuestos de entender la vida social se hará en el Capítulo 6 al hilo de los planteamientos comunitarios. No trato, por otro lado, aquí de dar respuesta directa a la cuestión de la politización; me limito a ofrecer algunas consideraciones que ayuden a situar la pregunta y a formar criterios para responderla sin ignorar la complejidad del tema y los parámetros específicos de la situación que condicionan la respuesta. a) La opción ha de ser reflexiva, tomando en cuenta no sólo la necesidad o conveniencia del momento sino, también, el impacto de la postura adoptada a largo plazo. Primero, sobre el propio rol y actuación del interventor. ¿Es reversible en sus efectos la postura tomada o va a incapacitarle para seguir actuando como profesional en el futuro? Segundo, el impacto sobre la cohesión de la comunidad y los grupos en presencia, si desea -o ha de- seguir trabajando con ella. ¿Es, o no, reversible ese impacto en el tiempo o va a ser encasillado como partidario de uno de los grupos en conflicto, exacerbando las tensiones existentes? ¿va a ser utilizado (Bermant y Warwick, 1978) por el grupo o institución "x" como "escopeta alquilada" contra los demás grupos comunitarios? El análisis histórico del tema de referencia y de sus protagonistas o el examen de casos similares pueden ser sumamente instructivos para responder esas preguntas. b) El tipo de postura -partidista o de experto neutral- adoptada debe ser claro al propio interventor y a la comunidad: el interventor debe aclarar (empezando por sí mismo) y explicitar si actúa como abogado partidista de uno o más grupos o como experto objetivo. Lo que no puede es pretender asumir ambas posturas a la vez, ni, tampoco, pasar de una a otra sin hacerlo saber a la comunidad. Si entra en una situación, particularmente si es conflictiva, como abogado de una parte no puede intentar ser neutral más tarde. O alinearse con una parte, tras haber entrado en la situación como experto independiente. Tales tránsitos causarán en general (y si no están excepcionalmente avalados por cambios dramáticos de la coyuntura social) considerable conflicto interno y externo acompañados de la erosión del rol interventor. c) La pasividad -o falsa neutralidad- no exime de responsabilidades morales que se contraen tanto por acción (al actuar en un determinado sentido o en favor de unos intereses dados) como por omisión (por no hacer algo que, a la luz de los principios o efectos pertinentes, uno debería haber hecho). Eso es especialmente aplicable a la no intervención en situaciones extremadamente difíciles, peligrosas o arriesgadas para los más débiles o minoritarios en que la acción externa es imprescindible para obtener cambios y mejorar la situación de aquellos. d) La dificultad -ética, técnica o estratégica- de cualquiera de las dos posturas (con frecuencia se tilda de hipócrita e imposible la de neutralidad) no es argumento ético válido (aunque sí estratégicamente meritorio). Se entiende que la independencia y, menos, la implicación partidista, son ideales a aproximar en la conducta real no mandatos matemáticamente exigibles en cada momento y situación. e) Neutralidad o implicación se refieren al rol profesional no a la persona, aunque tal distinción es con frecuencia ignorada en la postura de implicación. Es la conducta profesional, no la 74 persona, lo que se postula como -idealmente- neutral o comprometido. La cuestión práctica es, pues, si las valencias personales han de ser controladas en el desempeño profesional para no perjudicarlo, o si, por el contrario, pueden ser parcialmente usadas para potenciar ese desempeño. f) El interventor puede estar respaldado por una autoridad moral que avala, por sí misma, su intervención en determinados supuestos -como ilegitimidad y vacio de rol- excepcionales respecto a la autoridad política habitual. Primero, cuando existe un vacío de rol político el interventor puede, si no hay otro más capacitado, asumir temporalmente el liderazgo social o político si ese es el curso de acción más adecuado -o necesario- para resolver el problema planteado. Segundo, ilegitimidad de la acción política que no responde a los intereses de la mayoría o las minorías más débiles. Es este un supuesto extremadamente complejo y excepcional que exige la exhibición pública de los criterios -relativamente claros y objetivos- de ilegitimidad para evitar confundir la acción legítima y necesaria con la suposición subjetiva de un interventor con ambiciones políticas que busca medrar o apropiarse de un poder y estatus de que él carece (el caso más frecuente en la práctica). En ambas situaciones, quede claro, el interventor está respaldado por una autoridad profesional (social) no meramente técnica, de la que no se deriva licencia alguna para actuar como otra cosa que como tal técnico y en base a la autoridad científico-técnica tal y como ha sido definida. g) Se puede tomar postura respecto a, o comprometerse con, una idea o ideal (la justicia social), un grupo social (los vagabundos, los mayores) o una filosofía política o social global ("progresista", liberal...). Mucho menos justificable parece, en cambio, alinearse con una opción política determinada (el partido X o Y) en cuanto que supone una disolución particularista de la identidad técnico-profesional en la política. Que, en otras palabras, el interventor deja de ser técnico para actuar como político. 6. RESPONSABILIDAD El interventor social es responsable de sus acciones (y sus consecuencias) porque es libre para elegir y porque dispone de un considerable poder (derivado de la técnica científica aprendida y el estatus social conferido) para influir positiva o negativamente la vida de personas y grupos sociales. Siendo -con ciertas restricciones- personalmente libre y profesionalmente autónomo, el interventor debe responder de cómo usa el poderoso instrumento de cambio que es la técnica desde la posición de privilegio que como experto reputado y socialmente autorizado ostenta. Para qué (intenciones internas y fines externos de la acción) y para quién (quién es el otro, el destinatario de la acción y de las responsabilidades contraídas) la usa. En la dualidad subjetivo-objetiva que conforma las hechuras de la consideración moral, la responsabilidad encarna, junto a legitimidad y autoridad, la faceta objetivista y consecuencial de la ética social, ya señalada como complemento necesario de las pretensiones subjetivas iniciales. Examino a continuación el carácter de la responsabilidad profesional, las dificultades para delimitarla en la IS, el supuesto de los "efectos secundarios" y los límites de la responsabilidad y, en general, de la preocupación ética. 6.1. Responsabilidad profesional Podemos distinguir tres tipos -o ámbitos- de responsabilidades: personales, jurídicas y profesionales (sociales en general). Las personas son responsables ante los demás por sus acciones según dicte la conciencia moral. Si esas acciones violentan la ley, se producen, además, responsabilidades jurídicas decididas por un tribunal competente. Se contraen, por fin, responsabilidades profesionales al actuar como tal y según la "conciencia profesional" más o menos materializada en una norma acordada por -o costumbre prevalente en- la profesión correspondiente (deontología profesional). Pero ¿existe realmente en el campo de la acción social tal "conciencia profesional" y, dando un paso más, criterios explícitos sobre conducta apropiada e inapropiada? Por desgracia, y dada la juventud y prioridades del campo, en la 75 mayoría de los casos tal norma explicita o no existe o es netamente insuficiente para guiar la conducta del interventor. ¿Qué sucede, desde el punto de vista de la responsabilidad, en tal situación de relativa anomia normativa y hasta tanto no se desarrolle la correspondiente deontología profesional? ¿queda el profesional sujeto sólo a la responsabilidad general como ciudadano y a la legal (irrelevante para el grueso de casos y acciones)? Naturalmente que no. Es de sentido común que, el plus de libertad (autonomía profesional) y poder técnico y social que, a diferencia del común de los mortales, ostenta el profesional, han de generar responsabilidades suplementarias, aunque no estén aun claramente definidas en contenido y destino. La constatación de las poderosas consecuencias de algunas acciones sociales (igualmente inasequibles al lego) confirma la impresión de que el profesional debe tener en la IS mayores responsabilidades que, por ejemplo, un voluntario o una asociación X (también titulares de responsabilidad social en la medida en que, aun no poseyendo formación científica y técnica acreditada, dispongan de la autonomía y poder excedentarios señalados). Dificultades para establecerla. Las dificultades para establecer la responsabilidad en la IS no derivan sólo de carencias ligadas al estado iniciático del campo. Hay una serie de factores de base de la vida social que complican la determinación del alcance y contenido de la responsabilidad profesional en la acción social en relación a la conducta personal, matizando esa responsabilidad y haciendo, en esencia, más difícil relacionar el "input" de la IS (intenciones y objetivos) con el "output" (resultados reales) que es la base para establecer esa responsabilidad. Al menos tres: Uno, la debilidad de la base científica y de la técnica interventiva y evaluadora. La primera entorpece la adecuada previsión de consecuencias. Si, obrando desde las mejores intenciones y conocimiento disponibles se obtienen unas consecuencias imprevistas e indeseables, ¿en que medida es el interventor responsable de ellas? Segunda, los límites de la técnica interventiva social en relación a otros campos (ingeniería, medicina, etc.): muchas técnicas usadas son relativamente nuevas y experimentales de manera que sus efectos e indicaciones no suelen ser conocidos con precisión o varían con los contextos y momentos. Tercero, la propia dificultad, técnica y social, de evaluar los efectos (Hurrelmann y otros, 1987) de la IS dada su multiplicidad (nunca obtenemos un sólo efecto, el que buscábamos, sino varios, unos positivos y deseables, otros negativos e indeseables) y su multi valencia valorativa: lo que para unos constituye un buen resultado, puede ser malo para otros en función de sus intereses y valores en el tema de referencia. No es, así, infrecuente el desacuerdo, pese a existir indicadores numéricos claros, sobre si una acción ha sido positiva o negativa, ha "funcionado" o no. Dos, la complejidad de los factores e influencias que intervienen en la vida social y la interacción humana. No se trata ya, únicamente, de contar con la libertad e intencionalidad de los individuos que actúan de forma no siempre previsible o "racional" desde el punto de vista del observador externo (en la medida de que este no tenga acceso a sus motivaciones internas). Existen, además, las modificaciones y poderosas influencias que el conjunto de interacciones y relaciones con otros (igualmente desconocida para el observador externo) ejercen sobre la conducta de los sujetos tornándola aún más imprevisibles (de nuevo, en la medida en que el analista desconoce el contenido e intensidad de las interacciones, como clave para reducir esa imprevisibilidad). Y, habría que añadir, los efectos sinérgicos, no siempre comprensibles, de las masas; y los intereses colectivos; o la tremenda influencia distorsionadora de los medios de masas; etc. En resumen, el menor poder científico-técnico, la libertad, intencionalidad (e "impenetrabilidad") de los sujetos, la complejidad de la interacción social y las sinergias e influencias colectivas y mediáticas merman el poder cognitivo y transformador de que nominalmente dispone el interventor social, matizando -que no eliminando- la responsabilidad 76 profesional. No es posible hacerse responsable de aquello que no se puede prever, pero, tampoco se puede no ser responsable de los efectos que la propia acción genera. El interventor deberá, en consecuencia, hacer todo lo posible y actuar de tal manera y en tales condiciones, para, sin coartar ilegítimamente la libertad de los sujetos, aumentar la previsibilidad de sus acciones sociales: aumentar el conocimiento, mejorar la técnica (incluida la de evaluación de programas), ponerse en condiciones de -y contar con- la subjetividad individual y colectiva de los sujetos e identificar los efectos de la motivación, interacciones y sinergias social/es y de los medios de masas. Tres, la presencia conjunta de un exceso de ideología (heterogénea según las tendencias e interventor concreto) doblada de un defecto de experiencia práctica tienden a sesgar erróneamente las previsiones en la dirección de lo que se desea, no de lo realmente esperable. La presencia en la IS de diversas profesiones con sus correspondientes sesgos conceptuales y metodológicos, tradiciones ideológicas y valorativas -frecuentemente plasmadas en líneas deontológicas divergentes- refuerza ese mosaico de sesgos y tendencias diversificadoras que, como no, complican la valoración de responsabilidades y su integración consensuada como eventual germen de una deontología común. 6.2. Responsabilidad por resultados inesperados: Previsibilidad y libertad ¿Es el interventor responsable de los efectos imprevistos de la IS? La cuestión, que ha asomado repetidamente a las páginas precedentes, es clásica en los análisis éticos de la acción social, plagada de efectos "secundarios" indeseables que suponen un reto ético fundamental, espinoso y controvertido para cuyo análisis carecemos de criterios claros. Si la responsabilidad del interventor social tiene como base su libertad de decidir y actuar y su capacidad de preveer los resultados, debemos revisar ambos factores a luz de lo ya escrito. Previsibilidad de los efectos Ya se han especificado los factores que dificultan la previsión de los efectos de la IS así como la multiplicidad y polivalencia subjetiva de esos efectos. Y se ha resumido el dilema nuclear de la responsabilidad profesional: el interventor no puede ser responsable de aquello que no puede prever o controlar, pero tampoco puede no ser responsable de las consecuencias -intencionadas o no- de su actuación. Un punto clave para establecer la responsabilidad es que el interventor use el mejor conocimiento disponible en el momento de decidir o actuar. Otro complementario que en ese momento, disponga -o no- de medios (información, asesoramiento especialista, etc.) adecuados para prever o abortar los efectos indeseados. Aun así, algunos piensan que el interventor debe hacerse cargo de los efectos dañinos de su actuación profesional. Por ejemplo, Glidewell (1978) sostiene en su análisis ético de los grupos de encuentro que se han de reparar las consecuencias negativas (daño a la autoestima, enfrentamientos personales, etc.) causadas. Lo más turbador de este asunto es la inescapabilidad del dilema planteado (los efectos secundarios son norma, no excepción, en la IS) y la aparente imposibilidad de optar en abstracto por cualquiera de sus polos contrarios parejamente justificables. Tan injusto parece responsabilizar a alguien de algo que no puede razonablemente prever o evitar como socialmente lógico que quien causa algún tipo de perjuicio a otro se haga responsable de él y haya de repararlo con los medios de que dispone. Y es que se trata de un típico caso de colisión de derechos individuales (los del interventor) y responsabilidades sociales inherente a nuestro ordenamiento social y genéricamente irresoluble por el similar mérito valorativo que asiste a cada parte: integridad y autonomía del individuo, posibilidad misma de la vida social. Afortunadamente se pueden hacer algunas matizaciones generales para ayudar a salvar el dilema y proponer líneas concretas de actuación para paliar las responsabilidades resultantes o guíar en la dirección correcta el comportamiento del interventor (e instituciones sociales ligadas). Parece primero lógico, en general que, si el profesional actúa de acuerdo a los mejores 77 principios científicos y técnicos existentes, la responsabilidad ha de recaer sobre el colectivo profesional (y científico) en su conjunto y no sobre el interventor singular. Mientras que si existe negligencia personal o profesional del interventor singular (evaluación inadecuada, engaño o manipulación, actuación precipitada, etc.), la responsabilidad debe ser asumida por él. Esa regla choca, sin embargo, con la tradición filosófica y la costumbre práctica de atribuir responsabilidades a los individuos no a las instituciones y con la dificultad práctica de delimitar los supuestos de cada tipo de responsabilidad, personal o colectiva. Segundo, eventuales soluciones, siquiera paliativas, señaladas en la literatura para mejorar a medio y largo plazo la previsibilidad de la IS son: * La correcta formación científica y técnica del interventor que garantice la adquisición de los conocimientos soportados por la evidencia existente y de las técnicas conocidas como válidas. De no existir esa evidencia empírica, el interventor ha de familiarizarse con toda la gama de conocimientos y técnicas, no simplemente aquellos que le resultan más atractivos o conforme a sus valores. En este sentido, no sólo es técnicamente incorrecto, sino moralmente reprobable, que, como sucede con alarmante frecuencia, el profesional obre en base a sus preferencias o valores, no según el dictado de los conocimientos válidos del campo. Las instituciones sociales tienen, por tanto, deberes complementarios adicionales a los del interventor. Las científicas, aportar y difundir el conocimiento aplicable preciso; las técnicas (colegios profesionales), facilitar la disponibilidad del conocimiento técnico y certificar su suficiencia capacitadora para una praxis profesional responsable. * El desarrollo de la investigación aplicada en el campo social, vital en el medio y largo plazo para, junto a la investigación básica, mejorar la previsibilidad científica de los efectos de la IS. * La adecuada evaluación de los programas realizados y la difusión pública de sus resultados entre profesionales y científicos, responsabilidad conjunta de las instituciones que promueven los programas sociales y de los interventores que los llevan a cabo. La evaluación descriptiva y causal de resultados es esencial para establecer la previsibilidad técnica, determinando empíricamente que programas funcionan, y cuales no, con cada tipo de problemas y cuales son las técnicas o procedimientos adecuados en cada tema y situación. De tal manera que no evaluar fehacientemente las acciones sociales es ética, además de técnicamente, rechazable. * La realización de pruebas o programas piloto (práctica rutinaria en otros campos técnicos como la ingeniería) y el cuidadoso estudio de sus consecuencias es, probablemente, la mejor receta práctica para anticipar efectos indeseados en la IS. * La creación de mecanismos (seguros, fondos de compensación, etc.) profesionales o sociales que puedan hacerse cargo de las responsabilidades económicas de los profesionales no atribuibles claramente al interventor singular o que superan lo que ese puede asumir. * La cuidada planificación (técnica, política y ética) de las acciones, acompañadas de la correspondiente revisión crítica por los iguales (antes de ponerlas en marcha) y de un estudiado proceso de contratación que, al aclarar los deberes y derechos de las partes intervinientes, permita perfilar el alcance y contenido de sus respectivas responsabilidades por los resultados que se produzcan. Por desgracia la mayoría de estas recomendaciones distan mucho de ser práctica habitual, reconocida siquiera, en el mundo social. No es que, en fin, su adopción vaya a evitar todas las consecuencias indeseadas, aunque sí bastantes de ellas. Contribuirá, en todo caso, a mantener una praxis social más racional y ética. El tema de los efectos secundarios reitera, por otra parte, la complicación y globalidad ética de la IS mostrando como, en un entramado social complejo, las obligaciones de cada uno de los titulares intervinientes -instituciones y agencias, grupos, personas- tejen una tupida malla de responsabilidades éticas interdependientes y globalmente articuladas que tornan radicalmente insuficientes los clásicos análisis centrados en los individuos aislados. 78 En efecto, esas responsabilidades son distintas: cada parte es titular primariamente, en principio, de unas obligaciones, pero no de otras. Escalonadas en cascada desde el tejido social más amplio (instituciones) hasta la conducta singular del interventor, más reducida en amplitud desde el punto de vista de la responsabilidad, pero de mayor intensidad en función de su mayor cercanía a la acción. Interdependientes, la responsabilidad de uno depende de la conducta -y responsabilidad asumida por- los otros... y la de estos, a su vez, de la reacción del primero... y así sucesivamente. Encadenadas: la responsabilidad de uno empieza donde acaba la del otro. Complementarias en amplitud, afectación temporal (corto, medio, largo plazo) y contenido, de manera que la "suma" de deberes parciales forma -debe formar- una totalidad articulada correspondiente al conjunto de responsabilidades a asumir en el tema o área de actuación. Jerarquizadas, de tal forma que cada interviniente será responsable primario de unas determinadas responsabilidades y sólo secundaria, y subsidiariamente, de otras, cuya primacía corresponderá a otros titulares y que sólo deberían ser asumidas por el primero, si sus titulares primarios no lo hacen o fracasan al asumirlas. Así, la acumulación de conocimiento social aplicado es una responsabilidad a largo plazo cuyo titular primero es la comunidad científica (y, como titulares secundarios, los practicantes e instituciones asociadas). Esa comunidad tiene (como conjunto y en cada uno de sus miembros), sin embargo, la responsabilidad actual de orientar su actividad investigadora en esa dirección. Una universidad recargada de enseñanzas teóricas y librescas será responsable de no formar apropiadamente al futuro interventor social... y los profesores particulares de no contribuir a esa formación ni a la adecuada modificación de los planes de estudio en la dirección de la relevancia y utilidad social. Pero, también los profesionales e instituciones ligadas a la praxis tendrán una responsabilidad subsidiaria de exigir a la universidad esa orientación y de facilitarla a través de prácticas, conciertos formativos etc. La profesión es primariamente responsable de garantizar, a través de la acreditación y control ético y técnico, un ejercicio profesional efectivo, íntegro y al servicio de la sociedad. No es responsable, en cambio, de la conducta singular del interventor. Como colectivo organizado, y en cada uno de sus miembros, es también responsable de generar y sostener un sistema de valores éticos conducente a una buena praxis. No es, en cambio, responsable (primario) de carecer de una base científica sólida sin la cual no es posible un ejercicio efectivo: depende pues vitalmente del input cognoscitivo de las instituciones acumuladoras de conocimiento, más allá del cual difícilmente pueden exigírsele responsabilidades. El interventor singular depende, a su vez, de toda la cadena institucional mentada -además de las instituciones promotoras de la IS-: es responsable de obtener y "aplicar" -a la luz de sus convicciones- el mejor input cognitivo, valorativo y técnico existente, pero no de no disponer de ese conocimientos u orientaciones valorativas en un momento dado... aunque si pueda -deba- contribuir sistemáticamente a su acumulación, de lo que será sólo secundariamente responsable. Y así sucesivamente... Libertad de acción La ética asume decisiones y acciones libres. En la IS, que depende tanto del contexto político y social, la libertad de elegir y actuar del interventor suele estar caortada, a veces seriamente, por las directrices y limitaciones emanadas tanto desde las instituciones sociales como desde la sociedad. Directrices y limitaciones como: * Limitaciones económicas: no hay dinero para pagar la intervención más correcta o deseable que acostumbra a ser más compleja y costosa que otras alternativas. * Directrices ideológicas dictadas por la filosofía social de la institución o partido político gobernante (o simplemente desde conveniencias electorales) que promueven y pagan la IS y en las que no encaja el tipo de acciones más idóneo para encarar una cuestión social o el estilo de realizarlas preferido por el interventor. 79 * Presión social: el grueso de la comunidad (o un sector minoritario pero política o socialmente poderoso) intenta imponer sus intereses o visión del tema a abordar, frecuentemente contrarios a los de las minorías más necesitadas. La responsabilidad del interventor por las decisiones tomadas y las acciones realizadas resultará entonces modificada, quizá reducida, por tales condicionamientos a cuya luz habrá de ser valorada en el entendimiento de que, aún condicionado y limitado, el interventor social siempre conserva algunos grados de libertad, cierto margen de maniobra del cual -y de las razones que eventualmente hayan llevado a reducir ese margen- debe responder. Puede, por ejemplo, denunciar las coacciones o restricciones que sufre o negarse a intervenir y explicar públicamente las razones de ello. (Naturalmente supongo que antes se han intentado remover las limitaciones y dificultades poniendo "las cartas sobre la mesa" y dejando bien claros los efectos de tales límites sobre la acción a realizar). Es claro, también, que mientras limitaciones y presiones son parte -relativamente lógica y "admisible" (tolerable, al menos)- del panorama habitual de la IS, las coacciones o amenazas son ya inadmisibles y deben ser siempre rechazadas y denunciadas. La cuestión se torna más sutil y delicada al descender al terreno de la praxis cotidiana donde el interventor suele contar con unos recursos, económicos y otros, siempre insuficientes y ha de tener en cuenta que vive de su trabajo interventivo. En ese contexto, ¿hasta qué punto ha de transigir con las limitaciones, restricciones y presiones (sociales, psicológicas, laborales, etc.) habituales, inatacables en ese momento y en el plano individual, para plantearlas como problema colectivo más amplio y a más largo plazo? ¿Cuándo ha de "plantarse" denunciando la imposibilidad de actuar coherente y responsablemente?... El interventor no debe olvidar que, según las condiciones del contrato profesional, le son socialmente exigibles responsabilidades tanto por acción como por omisión: por no advertir claramente a la comunidad del efecto de las condiciones dadas y por no replantear -antes, no después- la redistribución de responsabilidades en función de esas condiciones. La decisión dependerá de la percepción personal (o grupal), correctamente asesorada, de cuando se rompe el frágil equilibrio entre las demandas subjetivas del interventor -guiadas por un ideal de servicio irrealizable en su literalidad- y la disponibilidad real de recursos sociales y de condiciones materiales y personales (mano de obra, nivel de cooperación de la gente, etc.) que las hagan viables. La exigencia o exceso de celo del interventor pueden fácilmente deslizarse hacia la intransigencia unilateral socialmente injustificable. Mientras que su excesivo conformismo puede llevarle a aceptar lo inaceptable: unas condiciones y restricciones que garanticen la perenne precariedad y pobreza de resultados efectivos de la IS. Dos medidas son pertinentes para conjugar los tres aspectos -demanda subjetiva del interventor, disponibilidad institucional y exigencia social de resultados- barajados. Una, más personal e inmediata, la correcta negociación -y aceptación general- de un contrato que, como en el caso de la previsibilidad, perfile derechos y deberes de las partes y aclare sus responsabilidades (aunque moralmente no las determine, ni anule las derivadas de lo que después se decide o hace realmente: pacto social y moralidad no son lo mismo, ni coinciden necesariamente las responsabilidades derivadas de cada uno de ellos). Otra, colectiva y de proceso, la elaboración social de las quejas recurrentes, como reivindicaciones profesionales que consideren no sólo el beneficio propio (mejora de las condiciones laborales, dotación de medios, etc.) sino, también, el de la comunidad (o grupos desfavorecidos) a que sirve la profesión. Lo cual implica el diálogo social con esta última y la apertura en esa dirección de los foros de discusión profesionales. En caso de discrepancia o conflicto puede resultar útil la mediación de un tercero -ajeno a los contendientes, pero respetado por ellos- que actuando como árbitro ayude a aclarar las distintas responsabilidades. Ese árbitro puede ser una comisión de expertos o una comisión mixta 80 con representantes de la comunidad o sus organizaciones. Menos deseable es la mediación judicial que, además de lenta, suele ser relativamente irrelevante al aportar soluciones mayormente inadecuadas para situaciones que requieren diálogo, transacción y alternativas sociales, no represión o pronunciamientos jurídicos. 6.3. Contenido: ¿De qué es responsable el interventor social? Bermant y Warwick (1978) resumen en tres los temas básicos que subyacen a las diversas cuestiones éticas suscitadas en la IS: poder, libertad y responsabilidad (accountability). En este último tema consideran tres aspectos: ante quién es responsable el interventor, de qué, y con que métodos se hacen cumplir esas responsabilidades. Es decir, destinatario, alcance y contenidos, y formas de control de la responsabilidad. La cuestión del destinatario ha sido ya examinada aquí; será retomada con más amplitud al examinar, en el Capítulo 6, el caso de intervención comunitaria. En cuanto al contenido, el interventor social tiene, según los autores, cuatro áreas de responsabilidad. 1) Competencia. El interventor debe estar capacitado para realizar la IS, debiendo existir estándares mínimos de competencia que imposibiliten el ejercicio profesional de la IS a quienes carezcan de cualificaciones adecuadas y que garanticen que los profesionales eligen los métodos más adecuados para cada caso y situación. 2) Veracidad de la publicidad de la actividad profesional: el interventor debe decir la verdad al difundir su actividad y capacidades evitando despertar falsas expectativas no respaldadas por su competencia y experiencia reales. 3) Garantizar la confidencialidad en su relación con el destinatario de la IS como signo del respeto y confianza hacia él. Hasta el punto de que el interventor debe estar dispuesto a enfrentar responsabilidades jurídicas -incluido el encarcelamiento- eventualmente ligadas al mantenimiento de esa garantía. 4) Efectos indeseados, tema, ya tratado aquí, en que Bermant y Warwick tampoco detectan un consenso claro sugiriendo soluciones similares a las aquí descritas. 6.4. Los límites de la preocupación ética El hilo del alcance de la responsabilidad del interventor nos conduce con naturalidad hasta el tema de los límites de tal responsabilidad, y de la preocupación ética en general, en la acción e investigación social. Una cuestión que hemos rozado reiteradamente en diversos momentos de la exposición y que habremos de tratar, enunciar al menos, de la mano de Donald Warwick (1978), en función de su gran relevancia práctica en la IS. Y es que si tensamos en exceso la cuerda de la ética podemos romper el arco de la acción -e investigación- social en su totalidad (acciones buenas y malas) privando a la gente de acciones buenas y necesarias y abandonándola a la impotencia ante sus propios problemas y deseos. Warwick, reconociendo esos riesgos, vocaliza la crítica frecuente del interventor que trata de conseguir cambios sociales beneficiosos para los más débiles: ¿no estaremos haciendo montañas morales a partir de los granos de arena interventivos? Por nuestra parte, ya se señalaron (Capítulo 2) los riesgos de pasividad e ineficacia ligados al exceso de escrupulosidad y formalismo moral que condenan al interventor a dar mil vueltas a todos y cada uno de los principios, valores y conflictos éticos posibles, mientras los problemas de la gente siguen sin resolver y su potencial sin desarrollar. Llevados a su extremo, esos excesos son antiéticos: van contra el propio espíritu de la ética -discernir y perseguir el bienal impedir que se realice lo que es mejor en un colectivo o campo dado. Tampoco puede servir la ética -como en tiempos de Galileo- para bloquear la investigación y el progreso del conocimiento social que pueden beneficiar grandemente a personas y sociedades. En el otro sentido, indica Warwick, tampoco podemos usar el argumento de que las acciones y experimentos sociales son útiles o mínimamente dañinos para sofocar el debate ético. Eso supondría caer en el "oportunismo estratégico" como regla de actuación y 81 justificar los medios (y las acciones humanas) por la bondad de los fines perseguidos, un supuesto largamente denunciado como ilegítimo en la filosofía ética. La solución propuesta por el autor es mantener la perspectiva global y avanzar simultáneamente por ambos caminos -acción e investigación social y deliberación moral- pero manteniendo un contacto y diálogo constante entre ambos. Algo muy razonable. Ya señalé antes la necesidad de considerar globalmente la ética de un campo de acción o profesión (valores promovidos en la intención y la realidad) antes de pasar a examinar el detalle de las cuestiones y conflictos implicados en su praxis cotidiana. De manera que si la actividad tomada en su conjunto es juzgada moralmente aceptable no se le puede hacer éticamente imposible su ejercicio a quienes la practican en base a inacabables formalismos y letanías morales cuya consideración y puntual no ha de invalidar globalmente, o poner bajo sospecha permanente, la actuación en un campo o profesión dados. Recapitulando lo ya escrito, podemos sugerir algunas recomendaciones útiles para mantener el deseable equilibrio entre eficacia y respeto por la ética en la IS: - Mantener la visión de conjunto y valorar relevancia jerárquica de las cuestiones sin perderse obsesivamente en los detalles. - Considerar los temas sociales en su integralidad aquí recogida en la tridimensionalidad de aspectos -técnicos, valorativos y estratégicos- y en su continua interrelación y ponderación global. Los análisis de Ronald Lippitt (1983), dos de los cuales son resumidos en el Capítulo 6, ilustran brillantemente esa integración global. - Mantener el diálogo y la reflexión distanciada, no sólo entre moralistas e investigadores o interventores sociales, sino, también, entre los profesionales -e investigadores- del mismo o distinto gremio y, también, entre distintos gremios profesionales. Ese diálogo y discusión entre grupos debe servir para controlar los excesos y arbitrariedad (ética o técnica) de cada grupo y, también, para salvar el acostumbrado autismo auto interesado de las deontologías profesionales. - Participación de los grupos comunitarios que, además de contribuir a controlar el exceso de unilateralidad profesional, introducirá preocupaciones, valores y puntos de vista frecuentemente excluidos de la conciencia social de los intervinientes en la IS o del proceso de evaluación formal. - Analizar cuidadosamente los resultados y las reacciones a ella de los distintos grupos sociales contrastándolos con la planificación y consideraciones éticas iniciales. Una cosa es apostar a priori por unos valores (justicia social, igualdad de oportunidades, etc.) y otra muy distinta avanzarlos en la práctica social. El contraste de intenciones y resultados en el terreno ético debe introducir -junto a las reacciones de los afectados- una dosis de sano sentido común que contrarreste la frecuente megalomanía y escaparatismo social observada al marcar objetivos y premisas. 7. RESUMEN: CUESTIONES VALORATIVAS EN LA IS Trataré ahora de resumir los temas éticos señalados como relevantes en la literatura sobre IS: Bermant, Kelman y Warwick (1978), Conner (1990) Davidson (1989), Glidewell (1978), Golann (1969), Gracia (1994), Heller (1989), Kelman (1965), Kelman y Warwick (1978), Laue y Cormick (1978), Levine y Perkins (1987), Lippitt (1983), O'Neill (1989), Pope (1990), Riger (1989), Sánchez Vidal (1991a, 1991b, 1993, 1996), Shore y Golann (1969), Sieber (1982), Snow y Gersick (1986), Trickett y Levin (1990), Walton (1978), Warwick (1978) y Williams (1978). En conjunto se incluyen aquí temas significativos que, poseyendo una fuerte carga valorativa, aparecen comúnmente en los análisis éticos, políticos u otros, a diversos niveles de IS. Advertencias, probablemente innecesarias, por obvias, a estas alturas: ni la enumeración se pretende exhaustiva o definitiva, ni las cuestiones son bloques estancos y distintos, sino interrelacionados. Recogemos las cuestiones en forma preguntas, dilemas o afirmaciones tentativas para realzar más sus aspectos centrales, subrayados en el enunciado y desgranados 82 después puntualmente: 1) Legitimidad y justificación de la IS: * Derecho a -y deber de- intervenir en la vida de personas, grupos y comunidades, frente a respeto por su libertad de elegir y funcionar autónomamente y por su intimidad y dignidad personal. * ¿En qué condiciones es legítima la IS en general, y cada intervención concreta? * ¿Qué limitaciones imponen esas condiciones -y los derechos personales y sociales citados- a la intervención social externa y a la forma en qué es llevada a cabo? * Posible contradicción entre fines (desarrollo autónomo de las personas y grupos y de su capacidad de confrontar problemas) y medios: intervención externa. 2) Autoridad social que fundamenta la IS: política, científico-técnica; otras, autoridad moral. * Autoridad política: decisoria y ejecutiva; ostenta el mandato de la comunidad. * Autoridad científico-técnica: instrumental y ejecutiva; basada en conocimientos científicos y experiencia y habilidades prácticas. * ¿Existe una autoridad moral en la IS? ¿Tiene alguna virtualidad (por sí sola o junto a la autoridad técnica) para sustentar en el ámbito público una acción social? ¿En qué condiciones? * ¿Qué base de autoridad tiene el componente -o compromiso- político del interventor social? (cuestiones 13, 14 y 15). 3) Destinatario de la IS: a quién va -debe ir- dirigida. * ¿Quién es (debe ser): la comunidad (sociedad) en su conjunto, el gobierno que los representa, el cliente nominal -el que paga-, la minoría más débil, varios a la vez? * ¿Quién lo identifica, el interventor, el político, la comunidad, conjuntamente a través de la participación? ¿Cómo se le identifica, desde criterios éticos (el más débil o desfavorecido), desde criterios técnicos o desde ambos a la vez? * ¿Es justa la elección de destinatario? ¿Incrementa la justicia social disminuyendo los desequilibrios existentes; la disminuye o no la afecta? * ¿Son compatibles -en general o en una situación singular- los fines o intereses de los grupos implicados o interesados en la IS? * Si no lo son, ¿cómo se resuelven -quién resuelve- los conflictos de intereses? 4) Intencionalidad del interventor personal o institucional. * ¿Existen intenciones latentes, reconocidas o no? * ¿Plantean objetivos auto benéficos para el interventor (rendimiento electoral, estatus, prestigio, etc.) ilegítimos, disfuncionales para realizar la IS o negativos para su destinatario legítimo? * ¿Está -ideológica o psicológicamente- condicionada, o de alguna manera impuesta, la IS? ¿Es legítimo y/o necesario ese condicionamiento? ¿En base a qué criterios morales o sociales? * Controles psicológicos, sociales y profesionales de la intencionalidad y los condicionamientos personales o institucionales de la IS. 5) Objetivos de la intervención. * ¿Qué consideran los actores sociales bueno y deseable como meta personal o social? ¿Quién (cómo) se establecen los objetivos de la IS o se toman decisiones a lo largo del proceso? ¿Existen mecanismos de participación de la comunidad? ¿Son estos apropiados y eficaces de forma que incluyen al conjunto de grupos sociales, especialmente a los más débiles y marginales? * Conflictos potenciales entre los objetivos de los distintos grupos y los intereses o valores beneficiados o perjudicados por cada conjunto de objetivos. Mecanismos para resolverlos. 6) Metodología: técnicas usadas. * ¿Cómo se eligen? ¿Se usan conjuntamente criterios técnicos y ético-políticos o se ignoran estos últimos? * ¿Se toma en consideración el impacto ético de los métodos elegidos, manipulación o 83 intromisión en la vida del destinatario, equilibrio del poder de los grupos comunitarios, etc.? 7) Resultados: ¿cómo sabremos que la IS ha alcanzado los objetivos marcados? * ¿Cómo se miden las consecuencias? Selección de variables e instrumentos de medida y análisis estadísticos. * Criterios de relevancia para valorar la información y para su integración final. ¿Cómo se eligen? * ¿Cómo se detectan -e intentan evitar- los efectos indeseados? ¿Se ha realizado una prueba piloto y previsto otros mecanismos de control apropiados? ¿Se preveen compensaciones para reparar esos efectos negativos? ¿Se han pactado tales reparaciones con las víctimas potenciales de ellos? 8) Responsabilidad del interventor. Abarca tres aspectos: orientación de la responsabilidad (quién es el destinatario, cuestión 3); alcance; contenido de la responsabilidad. * Alcance: ¿Hasta qué punto -hasta dónde- es responsable el interventor de las consecuencias indeseadas de la IS dada la debilidad de la base científica, falta de contrato y normas deontológicas claras al respecto? * Contenido: ¿Cuáles son las responsabilidades generales o específicas -obligaciones, lealtades...- hacia cada parte de la IS? ¿Son compatibles entre sí? Criterios y procedimientos para decidir en caso de divergencia o conflicto. (Relacionada con la cuestión 3). 9) Valores promovidos por la intervención (en sus fines, proceso, técnicas y, sobre todo, resultados): * ¿Cuáles son/deberían ser? * ¿Cómo se eligen (quién los elige)? ¿Se tienen en cuenta los valores de la comunidad? ¿A través de que procedimiento? * Interacción con los aspectos técnicos y estratégicos de la IS ¿Cómo se resuelven los conflictos entre los dos aspectos en condiciones de limitación de recursos (de tiempo, medios, energía, etc.)? 10) Rol del interventor (y del resto de partes de la IS; cuestión ligada a otras muchas: 2, 3, 7, 8...). * Contenido del rol general en la IS (experto científico neutral; abogado partidista y agente de cambio social; colaborador) o de los roles específicos (mediador, evaluador, abogado social...) en cada tipo de situación o problema. * Ambigüedad y conflictos de rol en función de la indeterminación de funciones o vacío de expectativas, divergencias de intereses o lealtades enfrentadas. * Transiciones -e integración- de rol derivadas de los cambios de situación -y de la diversidad de demandas funcionales-. * Rol del resto de partes (administración, destinatario, grupos comunitarios afectados e interesados...) en la IS: grado de iniciativa y participación admitidos, procedimientos de relación y negociación y contenido final estipulado para las partes en la IS en general o en cada tipo de situación particular. 11) Relación interventor-destinatario (muy ligada a las cuestiones 10 y 12). * Tipo de relación: igualitaria y de colaboración o jerárquica (de arriba a abajo, del interventor al destinatario; de abajo a arriba, el destinatario lleva las riendas y el interventor le "sirve", trabaja para él). * Contenido: definido por el tipo de intercambios (informativos, emocionales, de poder, etc.) entre las partes de acuerdo a los roles y contrato establecidos. 12) Contrato explícito o implícito. * ¿Existe un contrato explícito que aclare los derechos y obligaciones de cada parte? ¿Quedan suficientemente perfiladas las responsabilidades -y el rol- del interventor, destinatario de tales responsabilidades y como serán evaluadas y exigidas en función de los resultados obtenidos? * ¿Ha sido pactado en condiciones razonablemente igualitarias para las partes? ¿Han participado 84 todas las partes previsiblemente afectadas o es probable que resultan afectadas terceras partes sin su acuerdo o consentimiento explícito? * Si no hay un contrato explícito, ¿se han acordado verbalmente -o de otro modo- las normas o procedimientos que regularán la intervención y señalarán las responsabilidades de cada parte? 13) Postura socio política del interventor: independiente, neutral, simpatizante, alineado o comprometido con una o más de las partes de la IS (o comprometido con un valor o ideal). Tema muy polémico desgajable en tres cuestiones. La postura de neutralidad -o independenciarespecto de las distintas partes: * ¿Es deseable? * ¿Es posible en general o en una situación dada? * ¿Cómo -qué criterios usar para- decidir entre las posturas de neutralidad o alineación? 14) Alineamiento (compromiso) político o social: el interventor "toma partido" por una (o más) partes (Uno de los grandes temas de la acción social). * ¿Es legítimo? ¿qué autoridad respalda esa postura? * ¿Es deseable? ¿Cómo sabe el interventor que su actuación es buena para la gente y no una simple imposición bienintencionada de sus propias creencias o valores? * ¿Con quién debe alinearse o comprometerse el interventor: con la mayoría (primando la "rentabilidad general" de la IS) o con la minoría más desfavorecida (primando la justicia social)? ¿Son los intereses de la comunidad y las minorías más débiles compatibles? * ¿Se ha de comprometer con alguien o con algo: un ideal o valor? ¿Es posible comprometerse con un ideal sin comprometerse con unas personas o situaciones concretas en que se encarna o entra en juego ese ideal o valor (libertad, justicia social, etc.)? 15) Consecuencias y generalidad del alineamiento político o social. * ¿Es compatible el alineamiento político o el compromiso social con la apropiada realización técnica de la IS? * ¿Cómo se verá afectada su relación con el resto de los grupos comunitarios? ¿será percibido como "enemigo", agente de uno de los grupos o instrumentalizado por unos contra otros? ¿podrá retornar en el futuro a su rol al servicio de toda la comunidad? * ¿Puede su postura profundizar seriamente los enfrentamientos o conflictos existentes en la comunidad o desencadenar una reacción contra el grupo con que se alinéa? * ¿Qué perjuicios se derivan para el grupo más débil (o aquél con se compromete) si el interventor no lo apoya o se alinéa activamente con él? ¿Puede compatibilizar su papel de abogado partidista con el de experto al servicio del conjunto de la comunidad? * ¿Depende el alineamiento de las circunstancias políticas o sociales o habría de ser norma general? O sea, ¿es una postura o rol en situaciones excepcionales o admisible (u obligada) en situaciones y sociedades "normales" con roles políticos normalizados y funcionales? Esta detallada enumeración puede usarse como check-list para examinar las cuestiones éticas implicadas a lo largo del proceso interventivo y para calibrar la calidad ética de las intervenciones. En ambos casos, y dada su extensión, se usará selectivamente, entresacando los puntos más representativos de cada proceso interventivo en el primer caso, y los más relevantes y objetivables, si la usamos como índice de calidad ética. Al final del Capítulo 6 se ofrecen algunas conclusiones y respuestas tentativas a varias de -¡no todas!- las cuestiones y dilemas planteados. 85 CAPITULO 5 ANALISIS PUNTUALES: VALORES (LIBERTAD) Y METODOS (GRUPOS DE ENCUENTRO) La ética de la IS se construye en la encrucijada de un método para producir cambios sociales, un interventor que lo usa para unos fines y una constelación de grupos sociales cuyo estado y relaciones se busca mejorar. Las cuestiones y problemas éticos en la acción social nacen de la ambigüedad para identificar a cada parte -actores sociales, interventor, método- y definir su rol en la IS, de las pugnas e interacciones dinámicas de esas partes y de la discrepancia, o congruencia, de los valores e intereses de cada uno. Así pues, valores, agentes sociales, interventor y métodos son las hebras que trenzan el tejido ético en el campo social. En este breve capítulo, de transición entre los temas éticos generales y las cuestiones más puntuales y prácticas, se abordan análisis ligados a dos de esos ingredientes. El de un valor fundamental, la libertad, y el de un método interventivo, los grupos de encuentro. El primero da pie a subrayar las insuficiencias de los análisis valorativos unidimensionales en el campo social. El segundo considera un método psicosocial -los grupos de encuentro- en que ya se pueden identificar los agentes o protagonistas básicos de la acción social ilustrando, además, un interesante procedimiento de análisis ético-social centrado en el examen de las relaciones recíprocas entre las partes intervinientes. 1. LA TEORÍA: LIBERTAD E INTERVENCION SOCIAL En el Capítulo 4 se trató ya el tema de la libertad tanto en su dialéctica con la intervención externa como en referencia a los dilemas que, al restringir la libertad, plantea la manipulación sistemática del comportamiento humano. Sin perder de vista esa reflexión general, examinamos ahora, desde una óptica más aplicada, las implicaciones que para la libertad tiene la técnica interventiva en la IS. Seguimos para ello la exposición de Kelman y Warwick (1978) que es críticamente valorada recalcando los límites y riesgos de los análisis éticos unilaterales y sugiriendo alternativas prácticas. Para Kelman y Warwick (1978) las cuestiones éticas aparecen en la IS en 4 áreas o momentos -ligados a sendos tipos de pociones-: al elegir los fines, al definir el destinatario, al escoger los medios (técnicas) para alcanzar los fines y al evaluar las consecuencias de las acciones. Las cuestiones más difíciles opinan, son, las relacionadas con la elección de las técnicas interventivas. (Algo ciertamente discutible vista la frecuencia y dificultad de los conflictos éticos que surgen al definir los fines, elegir el problema o población diana o al valorar las consecuencias (sobre todo las no deseadas; ver Capítulo 4). Bien es verdad que la de las técnicas es la elección más específicamente profesional, estando el resto más ligadas a otros agentes sociales). Tales cuestiones pueden, en todo caso, ser clarificadas a la luz del valor libertad; examinando, más concretamente, en qué medida la elección de uno u otro tipo de técnica incrementa o disminuye la libertad del destinatario. Punto de partida del análisis de Kelman y Warwick es la definición (Warwick, 1971) de la libertad como la capacidad, oportunidad y el estímulo de elegir reflexivamente y de actuar de acuerdo con lo elegido. Por tanto, una persona será libre cuando: 1) Su entorno esté estructurado de tal manera que aporte opciones o alternativas entre las que elegir. 2) No es forzada por otros o por las circunstancias a restringir sus opciones entre todas aquellas de que es consciente. 3) Es consciente de las opciones presentes en su entorno y posee conocimiento de las características y consecuencias de cada una, no necesitando tal conocimiento ser completo, aunque si suficiente para permitir una deliberación racional. 86 4) Es psicológicamente capaz de ponderar las alternativas y sus consecuencias. 5) Es capaz de elegir entre las distintas alternativas una vez sopesados sus méritos relativos, es decir, es capaz de pasar de la deliberación a la decisión práctica. 6) Es capaz de actuar de acuerdo con lo elegido, algo que, aun teniendo el conocimiento necesario, puede ser dificultado por la falta de conocimiento sobre cómo hacer realidad la opción, ansiedad ante la acción o poca confianza en las propias capacidades. 1.1. Técnica interventiva y restricciones a la libertad Tal descripción de las condiciones de libertad permite ordenar los medios técnicos usados en la IS a lo largo de un continuo con la coerción en el extremo más restrictivo de la libertad, la facilitación, en el más libre, y la manipulación y la persuasión entre ambos extremos. A) Coerción. La persona o grupo actúa obligada, por la fuerza o la amenaza de otros, de privarla de bienes altamente valorados como la vida, el bienestar, el honor, la propiedad o los bienes materiales. Por ejemplo, se confiscan propiedades en una reforma agraria, se nacionalizan propiedades extranjeras tras una revolución o se amenaza a la gente con privarles de sus derechos sociales o ayudas económicas a cambio de limitar el número de hijos por familia. La coerción debe ser distinguida del uso de la ley legítima: por ejemplo, las sanciones a quien no paga impuestos o viola una norma social o legal. Dos condiciones son comúnmente invocadas para justificar el uso de métodos coercitivos: la amenaza grave a valores sociales básicos y la necesidad de acción rápida para alcanzar cambios sociales. Examinémoslas. Amenaza grave a valores sociales básicos, como la supervivencia de la especie o el bienestar material de los ciudadanos de un país. Señalan Kelman y Warwick que el agente de cambio debe demostrar tal amenaza, en vez ser darla por cierta, citando como ejemplo el campo de la población, periódicamente sacudido por incumplidas predicciones de desastres (implicadas, habría que señalar, debido en parte a la juiciosa aplicación de programas que intentaban paliar los desastres anunciadas). Recurriendo a un concepto legal, los autores sugieren que la presencia de un "daño claro y actual" podría ser criterio necesario, aunque no suficiente, para orientar la admisibilidad moral del uso de la coerción en el campo social. Aunque de cierta utilidad, estimo, sin embargo, tal criterio difícilmente aplicable a la vida y la acción social dadas sus substanciales diferencias con el campo jurídico. Una, con frecuencia ni existen -ni se pueden recopilar- "pruebas" palpables de la existencia -presente o futura- de un daño, dada la disparidad de la naturaleza y método de investigación y acumulación de evidencia propios de la IS y del proceso jurídico. En la primera se opera con relaciones y procesos complejos y generalmente inmateriales cuyo seguimiento no corre a cargo de ninguna institución y sobre los que no existen criterios operativos consensuados de lo que constituye una "prueba". El proceso judicial, por contra, se basa en hechos y acciones que dejan "huellas" y testigos materializables a través de unas instituciones judiciales y policiales dedicados a su seguimiento e investigación específica. Dos, el hipotético daño, puede estar ausente actualmente (produciéndose en el futuro) y no existir tangible y corporalmente en las personas, manifestándose difusa o "internamente" en el estado, o interrelaciones, de ciertos colectivos: miseria extrema, malestar social, posibilidad de una explosión o conflicto, etc. Tres, puede también suceder que, dada la imperfección de los sistemas de investigación y evaluación social, los riesgos sociales existan y necesiten corrección inmediata, pero no sean detectables con el adecuado grado de certeza. Acción necesaria para alcanzar cambios sociales, argumento típico de los gobiernos o movimientos revolucionarios que buscan drásticos cambios políticos. Los autores argumentan que, dado que la justificación de métodos coercitivos descansa con frecuencia en la legitimidad de quienes los usan, la determinación de esa legitimidad es una parte básica del análisis ético, particularmente difícil en el caso de movimientos revolucionarios en que no ha sido establecida por medios democráticos. Pistas útiles serán, en ese caso, el grado en que esos movimientos 87 representan amplios sectores de la población y en que sus esfuerzos van dirigidos contra detentadores del poder ilegítimos o que explotan al resto. Es bastante claro que el análisis discurre aquí por unos cauces cuyo nivel y contenido -directamente político-, aun cuando tengan un interés argumental genérico sobre la justificación de métodos coercitivos, desbordan sobradamente el que corresponde habitualmente al interventor social. ¿Qué decir del análisis de Kelman y Warwick sobre el uso de estrategias coercitivas (o, en su extremo, de violencia)? Específicamente en la IS, me permito hacer algunas consideraciones y matizaciones que, por supuesto, no pretenden concluir un tema tan difícil y polémico: 1. La legitimidad del interventor o la amenaza a valores sociales básicos pueden justificar la acción externa e inmediata, no el uso de la coerción o la violencia. Para justificar el uso de esos métodos, hay que demostrar, además, que los resultados buscados no pueden alcanzarse eficazmente por medio de otros métodos menos dañinos o coercitivos como la negociación o la persuasión. Que la coerción es, en otras palabras, un último no, primero y único, recurso técnico para alcanzar las justas metas perseguidas. 2. Al elegir las técnicas a usar, habríamos de tener en cuenta, además de los elementos anteriores, la bondad de los fines perseguidos y de los resultados previstos. Aun cuando el fin no justifique -por sí sólo- los medios, si debe matizar significativamente su valoración moral. 3. Recapitulando, podríamos fijar como sigue las condiciones que justificarían el uso de la coerción (dejando ahora de lado la espinosa cuestión de la violencia) en la IS: legitimidad del interventor social; grave amenaza para la supervivencia o valores sociales básicos; necesidad de acción rápida y positiva para resolver la situación (o evitar que empeore por inacción); ineficacia o insuficiencia de otros métodos menos restrictivos; las consecuencias previstas son globalmente beneficiosas (o las "menos malas" entre las disponibles) para la mayoría de la población. 4. El examen de Kelman y Warwick, es más ajustado para el nivel directamente político que para el más profesional e institucional de la IS, en que se da en un espacio de posibilidades y responsabilidades mucho más modesto. Ello es consecuencia de un planteamiento excesivamente global de la IS que no distingue el rol técnico y el político (Sánchez Vidal y otros, 1997). Aunque el análisis global de las responsabilidades éticas en la IS tenga su interés, rara vez se verá el interventor profesional directamente implicado en situaciones de cambio coercitivo como la expropiación de propiedades. Parece más útil y realista, en mi opinión y considerando la distinción citado, un análisis de la dimensión política del rol técnico o la actuación profesional. Revisando, por ejemplo, los criterios o condiciones -situaciones de vacío de rol o de crisis- de asunción del rol político por el técnico (Capítulo 4, apdo. 5), o el uso cómplice que ese pueda hacer de estrategias coercitivas globalmente generadas por el interventor político. En tales casos el profesional deberá revisar la responsabilidad moral implicada en su connivencia con el régimen político y su aceptación -más o menos tácita- de estrategias coercitivas para lograr cambios sociales que otros -el escalón político- han juzgado deseables. B) Manipulación del entorno. La libertad humana puede restringirse manipulando las opciones disponibles (entorno) o los procesos psicológicos (conocimiento, elección, disposición a actuar, etc.) implicados. Hay formas de manipulación ambiental -como la planificación urbana, la tributación o el control de la calidad de las viviendas- que no plantean mayores objeciones morales. Otras, como las limitaciones a la libertad de prensa, discriminación en el trabajo o el bloqueo de las oportunidades o el progreso social en razón del sexo o la raza, resultan mucho más controvertidas. Las terapias conductistas, que promueven la manipulación metódica (refuerzo) de la conducta para eliminar ciertos problemas u obtener efectos deseados (por el terapeuta o la sociedad, no necesariamente por el afectado), son un caso típico. Las dificultades éticas derivan aquí de la restricción unilateral por el terapeuta -a través del refuerzo- de las 88 opciones de comportamiento de los sujetos y de que los objetivos de la intervención, los fija el terapeuta, no el sujeto. Se corre así el riesgo de usar metodologías psicológicas para promover el control social, promover los intereses de un grupo a costa del individuo (o de otros grupos) y, en fín, de intentar cambiar a las personas sin su consentimiento o participación en los cambios. También presentan problemas éticos (examinados en el apartado 3) los distintos métodos de cambio grupal (y social en general) en la medida en que el entorno social es usado para forzar cambios en la conducta de sus miembros individuales. C) Manipulación psicológica, incluida en la decepción implícita en determinados experimentos sociales o en la asfixiante inducción publicitaria a consumir y comprar productos o servicios. También, en el adoctrinamiento religioso o sectario, las terapias de autoconocimiento (analíticas), los programas de cambio de actitudes, los grupos de encuentro y determinadas formas de educación. En todos los casos se restringe alguno de los procesos psicológicos (conocimiento, deliberación, elección, etc.) involucrados en la libre acción humana. El problema es, señalan Kelman y Warwick, que los interventores sociales suelen estar tan convencidos de que se limitan a dar información y preparar un entorno social para que facilite el cambio autogenerado, que no son conscientes de los aspectos manipulativos del proceso, lo que les impide siquiera plantearse las correspondientes cuestiones morales. El caso de los grupos de encuentro, discutido más adelante, es bien ilustrativo de esa situación. D) Persuasión. Como forma de influencia interpersonal, los métodos persuasivos parecen de entrada acordes con la libertad personal: suponen un proceso abierto de comunicación en que el otro puede sopesar los argumentos ofrecidos y se siente libre para discutirlos, aceptarlos o rechazarlos. Pero es precisamente esa aparente apertura y neutralidad del proceso de influencia social lo que, junto a las diferencias -de rol, estatus, conocimiento, etc.- entre las partes que interactúan y el clima social o forma de estructurar la situación, puede generar manipulación personal. Sea desde los valores "escondidos" tras la noción de salud mental o desarrollo personal, sea a través de los valores implícitamente inducidos o transmitidos por quien define la situación de interacción en un programa de lucha contra la drogodependencia o la pobreza. Por otro lado, ninguna instancia humana puede pretenderse asépticamente neutral u operar en el vacio social: interventores e instituciones aportan unos valores y operan en contextos cargados ideológica y moralmente. Pueden intentar distanciarse o abstraerse más o menos de ellos en su desempeño público, pero siempre estarán inmersos en un contexto social y cultural que marcará unas prioridades ideológicas y valorativas y unas leyes a respetar. Las cuestiones éticas se multiplican y hacen más apremiantes a medida que nos movemos hacia un contexto de persuasión masiva, como sucede en las campañas -preventivas o de otro tipo- en medios de masas o en la propia influencia de los medios de masas, raramente desconectada de algún tipo de intereses comerciales o políticos. La frontera entre la persuasión o influencia "razonable" (tratamos de convencer a la gente de que no fume o de que participe en los asuntos de la comunidad) y la manipulación descarada es tan difícil de trazar en ocasiones como esencial de mantener en general. El interventor social tiende a aceptar como natural usar los métodos de influencia psicológica y social de que dispone para promover cambios que él -o la comunidad o sociedad- tienen por buenos y deseables. E) La facilitación a los individuos de la realización de sus propias opciones vitales es la más inocua de las posturas desde el punto de vista del respeto a la libertad personal. Como señalan acertadamente los autores, los reparos éticos a la facilitación aumentan en la medida en que se usa como última fase de una estrategia persuasiva o manipulativa para reforzar selectivamente los deseos del destinatario en función de los fines establecidos por un tercero. 1.2. Valoración crítica El análisis de Kelman y Warwick supone una valiosa aportación a la ética de la IS, 89 permitiendo juzgar los métodos usados en función de su impacto sobre la libertad de las personas a afectar. Debe, sin embargo, ser criticado en lo referente al restrictivo concepto de libertad manejado, absolutismo acontextual del enfoque y unilateralidad inherente a los análisis basados en un sólo valor. (El tema concreto de la coerción fue ya comentado en el punto correspondiente). Concepto restrictivo de libertad. El análisis asume un concepto de libertad, en que, a semejanza de un consumidor en un supermercado, el sujeto elige entre opciones que le vienen dadas. Ese concepto -de claras reminiscencias economicistas y utilitaristas- es inapropiado, por restrictivo y estático, para una IS que, aspirando a cambios reales, implique un verdadero sujeto: un sujeto, que lejos de limitarse a elegir entre lo que otros le ofrecen desde sus propios intereses, crea sus propias opciones vitales. Algo particularmente crítico en un mundo social sometido a formidables presiones publicitarias y mediáticas tendentes a monopolizar y homogeneizar las alternativas (de pensamiento, valoración, realización personal, relación social, etc.) laminando la auténtica libertad y fuente final de poder de los sujetos: ser lo que desean ser (ética) y contar con los medios sociales adecuados para conseguirlo (IS). Lo que desvela la función subversiva de la IS iluminada por la ética en un entorno cultural tan patéticamente rendido a los cantos de sirena del economicismo liberal, el pensamiento único y los "valores del mercado", reflejados hoy en día tanto en la superficialidad del concepto de libertad, como en la indiscutida prioridad de ese valor. Frente al elector pasivo que trata de vendernos el neoliberalismo, debemos, pues, reivindicar para el interventor social el rol de agente ético activo que crea (ayuda a crear, mejor) alternativas vitales relevantes para los sujetos, además de facilitar que los sujetos elijan entre ellas. Y recordar que la libertad no queda dada de una vez y graciablemente, sino que se conquista (o "construye", como se dice ahora en la ciencia social) -y defiende- dinámica y evolutivamente. El rol de creador, o inductor, de opciones personales y sociales sugerido para el interventor es más coherente con un enfoque de recursos -no de patología- permitiendo, además, ampliar el análisis ético al examen de como contribuyen las técnicas usadas a aumentar los "grados de libertad" de los sujetos en lugar de centrarse sólo en como los restringen. Posibilidad positiva ya reconocida por Kelman (1965) como paliativa de la virtualidad manipuladora de la intervención psicológica o social. Snow y Gersick (1986), por su parte, exponen dos estrategias generales para manejar valores en la IS con implicaciones relevantes para la libertad de los afectados: las "independientes" de los valores, en que el que interventor busca aumentar las opciones disponibles a los sujetos (actuando como choice increaser) y las "dependientes de valores" en que el interventor, actuando como abogado de valores, apoya ciertos valores restringiendo las opciones aceptables y, por tanto, la libertad de los sujetos. Necesitamos, en todo caso, concretar y contextualizar este análisis genérico: en un entorno social plural e interdependiente, ampliar las opciones de unos grupos puede implicar reducir las de otros. Absolutismo y descontextualización. Si aceptamos con Kelman (1965) la premisa de que un cierto grado de manipulación es inherente a toda forma de intervención (si no no habría cambios: todo seguiría como está o a merced de su propia deriva evolutiva), la evaluación ética de las técnicas interventivas sociales ha de pasar de un falso planteamiento dicotómico univalorativo (hay, o no, restricción de la libertad de los sujetos) a una valoración más gradualista, plural y contextualizada. Una valoración, en fin, que tenga en cuenta la necesidad o evitabilidad de tal o cual tipo de manipulación para producir cambios deseables, efectos beneficiosos o dañinos a producir y el tipo y grado de manipulación relativo de unas técnicas concretas frente a otras. Lo contrario sería repetir lo evidente: todo lo que no sea dejar a los individuos y grupos a 90 su libre albedrío implica manipulación. (Lo que tampoco garantiza la libertad de los sujetos: toda interacción social conlleva alguna forma de presión o manipulación.) O, peor, instalarse en el absurdo purismo moral de elevar la preocupación ética al límite de pensar que para no incurrir en ningún tipo de restricción de la libertad de los otros hay que abstenerse de intervenir... Con lo que se invalida la posibilidad misma de ayudar a los demás, uniendo así al fundamentalismo paralizador la ingenua unilateralidad de dejar que un sólo valor, y no uno cualquiera, dicte en exclusiva la bondad o maldad de las acciones sociales. Resulta también esclarecedor incorporar al análisis ético la situación y el entorno social. Se ha subrayado ya en esa dirección la indicación de Warren (1971) de tomar en cuenta a la hora de elegir estrategia la homogeneidad o heterogeneidad de los intereses y valores básicos de una comunidad. Mientras que en una comunidad homogénea es apropiado usar estrategias de consenso, en una heterogénea debemos emplear estrategias de disenso o conflicto pues, no siendo posible la colaboración, respetar la libertad de las mayorías, o de los más poderosos, y abstenerse de intervenir, supondría permitir que esos impongan su voluntad a los demás. Es preciso, entonces, introducir otros valores apropiados, como el poder, la equidad o el bienestar humano, que clarifiquen el análisis ético aportando datos y puntos de vista morales complementarios (que resultarán tanto más clarificadores, cuanto más antitéticos sean respecto del valor inicial). Otros datos contextuales útiles, como criterios de evaluación ética, serían: la existencia, o no, de una demanda (Trickett y Levin, 1990) o la percepción por parte de los sujetos del carácter gratificante (ayudas, satisfacción de reivindicaciones, etc.) o, al contrario, restrictivo o exigente de las acciones: dejar de fumar, ahorrar energía, donar algo para otros, responsabilizarse de una acción, etc. La afectación de la libertad de los sujetos queda seriamente matizada por estos tres supuestos: disenso social, reactividad o impositividad de la intervención y carácter sintónico o distónico respecto a los deseos de los sujetos a afectar. Unilateralidad valorativa. Cada paso que hemos dado ha mostrado la cortedad de los análisis éticos basados en un sólo valor y la necesidad de introducir valores complementarios para tener un análisis equilibrado y útil. Por tres razones básicas: Primera, interdependencia de los valores: la libertad real en un contexto social concreto implica (Sen, 1995) la necesidad de otros valores como la justicia o, en las acciones interventivas, el bienestar humano. Difícilmente podrán ciertos grupos y personas ser libres sin la justa distribución de riqueza y poder que les garantice el acceso a los "bienes primarios" (Rawls, 1971) que soportan esa libertad: trabajo, educación, salud, seguridad psicológica y estatus social, etc. En los campos aplicados (como la IS), una mayor libertad ("libertad de" o "libertad para") para nada asegura un resultado humano (bienestar, felicidad) deseable. Segunda, y consecuencia de la anterior, parcialidad. Los análisis basados en un sólo valor tienden, por importante que sea ese valor, a deformar la realidad al ignorar aspectos relevantes de ella enfatizados por otros valores. El análisis en términos de libertad -o de cualquier valor en solitario- es del todo insuficiente. Así, la restricción de la libertad de un grupo resultante de una acción social debe ser sopesada por la ampliación del poder de los grupos más débiles o de la justicia distributiva del conjunto social, efectos ambos "invisibles" a un análisis basado sólo en la libertad. Y tercera, los riesgos y excesos ligados al monopolio y omnipresencia de un valor y la ausencia de valores complementarios que equilibren el análisis y la acción social. Así el sobre énfasis en el valor libertad -y autonomía individual- nuclea la "patología social" actual (Capítulo 1) tanto en su forma "positiva" (ligada al exceso de ese valor: soledad, anomia, debilidad de la comunidad social, etc.) como en la forma negativa, manifestada como carencia de valores complementarios y opuestos: justicia social, solidaridad, responsabilidad colectiva, etc. Las limitaciones y riesgos de los análisis univalorativos -y "desde arriba"- son tanto más evidentes 91 cuanto más nos acercamos (Capítulo 6) a las cuestiones prácticas que, por su propio carácter, precisan un enfoque plural y concreto, considerando "desde abajo" el conjunto de valores significativamente afectados (no todos, ese sería un esfuerzo estéril) en cada caso. Visión compartida por Kelman y Warwick (1978) para quienes el análisis ético práctico debe tratar de optimizar el equilibrio entre lo que "se gana" en los valores promovidos como primarios y lo que "se pierde" en los valores secundarios o negativos. El protagonismo de la libertad -y la relativa relegación de sus antagonistas y complementarios sociales, justicia y poder- en los análisis ético-sociales aplicados revela, por otro lado, una preocupante contaminación de la IS por la cultura dominante, cuya constelación valorativa se tiende a adoptar acríticamente. Entiendo que el campo de la IS en general, y cada interventor en particular, han de distanciarse lo suficiente de la cultura ambiente como para poder introducir valores relevantes para el campo y la praxis -como la justicia, el empowerment o el respeto al más débil- que contrapesen tal sesgo cultural. Cuanto más antipódicos sean esos respecto a los valores dominantes, más revelador e integral será, como se ha dicho, el análisis ético resultante. A salvo de concreciones pertinentes, ya sugerimos en el Capítulo 4 una serie de valores básicos a la IS, no necesariamente coincidentes, según lo dicho, con los socialmente dominantes. Libertad, justicia, supervivencia/seguridad, bienestar, desarrollo humano, poder y respeto al otro, entre los finalistas. Y participación, no violencia, respeto a los valores tradicionales o legitimidad democrática (como supuesto) entre los instrumentales. 2. LA PRAXIS: CONTROLES Y GARANTIAS INTERVENTIVAS Tras examinar las diversas aportaciones recogidas en el volumen sobre La ética de la intervención social, Bermant y Warwick (1978) sugieren una serie de controles útiles para eliminar o reducir las diversas barreras a la capacidad y oportunidad de libre elección de los sujetos en la IS. Los cinco siguientes: 1. Mejorar la información sobre la intervención ofrecida a los sujetos, de forma que pueda ser adecuadamente captada y que no provenga de fuentes sesgadas positiva o negativamente. Como, por ejemplo, los profesionales que van a realizar la intervención -y convencidos de su bondadtenderán a describirla en términos demasiado positivos, ocultando eventuales problemas, dificultades o efectos negativos. La información de los prospectos farmacéuticos sobre los medicamentos y sus riesgos potenciales es un ejemplo útil, en otro campo. En el campo social, podría recurrirse a un ombudsman que -de forma similar al "defensor del pueblo" en otro nivelrepresente, los intereses de los destinatarios en la intervención. 2. La participación de los afectados por la intervención es un método más directo, y probablemente más efectivo, que el "defensor del usuario", para corregir errores, dinamizar a la gente y plantear y resolver los problemas y conflictos que pudieran surgir. Hay que determinar, en cada caso, en qué procesos y decisiones debe participar la comunidad, quién la representa y cuáles son los límites de la participación habida cuenta de los costos de tiempo, energía y otros que conlleva. 3. Empowerment. Aumentar el poder y la capacidad de los más débiles es vital para garantizar su participación en pie de igualdad (de poder, de información, de presencia social, etc.) con los demás en todas las decisiones y acciones que les afectan. Como argumentan, entre otros, Laue y Cormick (1978), sin poder no hay ni verdadera libertad ni verdadera participación. El fortalecimiento y capacitación de los más débiles es, pues, una premisa vital para perseguir otras metas relevantes. 4. La realización de pruebas piloto para examinar a pequeña escala y antes de la realización definitiva de una intervención. Útil para observar sobre el terreno los efectos de la intervención, las reacciones de los afectados y, como no, detectar, e intentar corregir, los efectos secundarios nocivos. 92 5. Controles externos. En el caso de intervenciones con poblaciones básicamente indefensas (niños, presos, retrasados mentales, mayores seniles) puede ser muy ventajoso introducir un tercero independiente (un árbitro autorizado o un comité asesor) que represente a esos afectados y sus intereses tanto frente al interventor como frente al "cliente" (agencia, administración, etc.) que paga la intervención. 3. ANALISIS ETICO DE LOS GRUPOS DE ENCUENTRO John Glidewell (1978) ha realizado un esclarecedor análisis ético de los grupos de encuentro a través del examen de como las relaciones entre los agentes implicados afecta al conjunto de valores básicos identificados, lo cual permite localizar y discutir las cuestiones y temas éticos básicos. Un método generalizable a otras situaciones interventivas con un número limitado de valores y agentes implicados, pues, de lo contrario, se urdiría una maraña de relaciones difícilmente manejable. El caso de los grupos de encuentro es interesante desde el punto de vista genérico de la IS porque, aun tratándose de un entorno micro social relativamente bien estructurado en términos de intereses y valores, contiene ya muchos de los agentes sociales básicos, aflorando en él un sinnúmero de cuestiones éticas centrales, sólo algunas de las cuales son mostradas aquí para ilustrar el enfoque analítico y las temáticas éticas consideradas. Puede, por tanto, ser usado, con ciertas cautelas, como modelo a escala reducida para analizar la estructura y dinámica ética de la IS. 3.1. Sistema ético y sistema social: Valores, agentes y relaciones En los grupos de encuentro, expone Glidewell, se utilizan intencionadamente las fuerzas generadas en su seno para inducir el desarrollo autosostenido de recursos de las personas (como mejorar la aceptación de sí mismo o la capacidad de relacionarse con otros) enfatizando el "aquí y ahora", la autoconciencia y experiencia vivencial, etc. Valores básicos implicados en el método son: la vida (y la seguridad personal), el bienestar, la libertad, la verdad (como conocimiento y representación válidos de sí mismo y del mundo) y el desarrollo de los recursos personales. Actores o protagonistas de los grupos de encuentro (GE en adelante) son: el agente de cambio (A, el conductor del grupo); los sujetos participantes (P); la "sociedad interesada" formada por aquellos (colegios profesionales, empleadores o clientes que contratan y pagan los GE y al agente, y familia y amigos de los participantes) explícitamente afectados por las actividades de los GE que, teniendo algún tipo de comunicación entre sí, están interesados en comprobar la validez de sus pretendidos logros y tienen poder para designar a los agentes de cambio y garantizar el adecuado cumplimiento de las condiciones de funcionamiento pactadas. Las relaciones entre los actores vienen definidas por los derechos y deberes recíprocos y complementarios que esos tienen entre sí. De forma que sí P tiene el derecho de poder desarrollar sus recursos humanos, A tiene el deber de facilitar ese desarrollo, teniendo aquél a la vez el deber de aportar un pago monetario y participar si espera beneficiarse de ese desarrollo. O si la sociedad tiene el derecho a obtener recursos humanos socialmente valorados (como la comunicación interpersonal) tiene también el deber de aportar al A poder social y evaluación de las actividades de los GE. El conjunto de relaciones diádicas entre los tres actores está esquemáticamente representado en la Tabla 1. Las relaciones suponen también un intercambio de recursos valorados más o menos equitativamente por los agentes dependiendo de sus distintos sistemas de valores y del tiempo (corto y largo plazo) en que se genera cada recurso intercambiado. Así (Tabla 1), en los intercambios entre A y P, P intercambia bienestar y la libertad a corto plazo (dinero pagado, pérdida de privacidad en el grupo y ansiedad ante la nueva situación) por verdad (conocimiento) sobre, y desarrollo de, sus propias capacidades a largo plazo. Aparece ahí, pues, una cuestión de justicia o equidad en esos intercambios. En general -y operando siempre en un contexto de recursos (tiempo y valores) limitados y divergentes entre las 93 partes- los conflictos de valores -presentes o potenciales- son inherentes a la propia naturaleza recíproca y complementaria de tales intercambios. Así, P puede valorar más la libertad o el bienestar perdidos actualmente que el futuro conocimiento -y desarrollo- de sus capacidades experienciales y relacionales en el GE. Para A, sin embargo, la disposición del conjunto de los Ps a ese sacrificio inicial a cambio de los beneficios posteriores es imprescindible para echar a andar el GE. Tabla 1. Derechos y deberes mínimos de los actores en los grupos de encuentro Agente (A) Debe apor tar Agen. (A) Part. (P) Participación Dinero Soc. (S) Poder social Estima Derechos a esperar Participante (P) Sociedad (S) Posibilidad ampliada de desarrollar recursos humanos Incremento de recursos humanos social mente valiosos Utilización de recursos humanos Protección de explotación Glidewell examina los contenidos de los distintos intercambios y las cuestiones y conflictos potenciales en los siguientes apartados, que incluyen los sugeridos por Kelman y Warwick: al fijar los fines, en la entrada y salida de los GE, al seleccionar los medios interventivos y al evaluar las consecuencias. Consideramos aquí en mayor detalle el primero para ilustrar el modelo de análisis, limitándonos a resumir las cuestiones centrales suscitadas en los otros tres puntos. 3.2. Intercambios y cuestiones éticas en la determinación de fines Los intercambios entre las tres partes (P, A y sociedad interesada) vienen dados, en forma de derechos y deberes, en la Tabla 2. Las columnas recogen los derechos de las tres partes, las filas sus respectivos deberes. Al ser, como se ha indicado, derechos y deberes recíprocos, al deber de cada una de las tres partes le corresponde un derecho en la otra y, viceversa, a cada derecho de una parte corresponde un deber de otra. Listamos el resumen de derechos y deberes en la tríada de relaciones resultante de considerar dos a dos los tres actores: A-P, A-sociedad interesada y P-sociedad interesada. Agente: Deberes respecto a P. A tiene el deber de aportar -y P el derecho a esperar o recibir-: 1. La verdad en la especificación de los fines de los GE incluyendo el grado en que son alcanzables, los beneficios para el desarrollo y los costos en bienestar de P. 2. La libertad para que P persiga sus propios fines en el GE. 3. La libertad para que P negocie con A y con otros Ps la elección de fines del GE. Tales condiciones permiten -aunque no garantizan- que se fijen fines alcanzables con unos costos razonables por parte de todos los Ps. No impiden, sin embargo, que surjan conflictos entre los valores sustentados por A y P, o por cada una de tres las partes. Participante: Deberes respecto para con A. En contrapartida, P tiene el deber de aportar -y A el derecho a esperar o recibir-: 1. La verdad en la especificación de sus fines, la responsabilidad de estimar el grado en que tales fines son alcanzables, sus costos en bienestar y sus beneficios en términos de desarrollo personal. Estos tres deberes son secundarios respecto de A que, como se ha indicado más arriba, tiene responsabilidad primaria por ellos. 94 2. Libertad a A para perseguir sus fines. 3. Libertad a A para negociar el establecimiento de fines del conjunto del GE. 4. Aceptación de riesgos a corto plazo para el bienestar propio (ansiedad ante el cambio o lo inesperado, limitación de la libertad personal, etc.). Tabla 2. Derechos y deberes en el establecimiento de fines en grupos de encuentro (GE) Agente (A) Agen. Debe (A) Derechos a esperar Participante (P) Verdad al fijar fines (viabilidad, benefi cios, costos bienestar) Libertad perseguir ppios fines + negociar fijación fines GE apor Part. (P) Verdad al especificar fines. Libertad para perseguir fines pro pios y negociar fines Aceptar riesgos bienestar Soc. (S) Libertad para negociar Protección para y perseguir fines perseguir fines Libertad para negociar elección fines tar Sociedad (S) Verdad al fijar los fines (viabilidad. Beneficios, costes) Postura sobre bases para verifi car logro de fines GE Verdad en la fijación fines ppios. Postura sobre bases para verificar logro de fines Sociedad interesada: Derechos y deberes. Familiares, amigos, empleadores, empleados, clientes o patrocinadores de los GE, tienen derecho a esperar de A y los Ps que: 1. Digan la verdad sobre sus fines para desarrollar los recursos de los Ps que es de valor para ella. 2. Tener una postura sobre la verificación extrapersonal (verdad) del grado en que se alcanzan tales fines. Deberes de la "sociedad interesada" es aportar a los otras partes (A y Ps): 1. Libertad de perseguir los propios fines. 2. Libertad de negociar entre ellas los fines a perseguir en el GE. Glidewell señala como cuestiones y conflictos potenciales surgidos entre derechos y deberes de las tres partes en el momento de fijar los fines de los GE los siguientes: * Entre desarrollo de recursos humanos y libertad, dado que alcanzar aquél a largo plazo implica aceptar una limitación en la libertad a corto plazo. * Entre las diferentes bases evidenciales para verificar la verdad (hasta que punto se han alcanzado los fines). Mientras que para unos -Ps o A- esos criterios pueden ser puramente personales (expresividad personal o afecto), la "sociedad interesada" insistirá sobre la verificación extra personal como criterio para financiar los GE, permitir la asistencia de los Ps o, simplemente, tener una base para establecer la reputación de los As y la calidad del funcionamiento de los GEs. Los conflictos pueden darse, aunque cada parte cumpla sus deberes con dedicación, sabiduría y pericia ya que, señala el autor, en la medida en que se prime un valor, habrán de sacrificarse aquellos valores contrarios a él. En la medida en que las prioridades valorativas de A 95 y Ps converjan, los conflictos serán mínimos y se generará desarrollo mutuo. En la medida en que se contradigan, los conflictos se multiplicarán y se generará interferencia mutua. En la medida en que, a su vez, las prioridades valorativas del grupo sean consistentes con las de la sociedad interesada el grupo será aprobado, mientras que, si colisionan con ellas, la sociedad interesada tratará de coartar los fines y actividades de los GEs. Por otro lado, y en la medida en que la participación en grupos de encuentro requiere un compromiso gradual con los fines y medios técnicos para alcanzarlos, es preciso manejar gradual y dinámicamente los conflictos de valor a medida que surgen. 3.3. Valoración crítica Aunque este escueto resumen no haga justicia a la exposición de Glidewell, sí muestra, creo, su estrategia general de análisis aplicable, en principio, a otros contextos y formas de intervención más complejos en cuanto a las partes y valores involucrados, y más ambigüos o indeterminados en cuanto a los intereses, roles de cada parte y estrategia a utilizar. Hay, sin embargo, matizaciones críticas a hacer tanto en cuanto al propio análisis ético de los GEs, como en relación a las diferencias significativas de ese método psicosocial (micro) con la IS más amplia que implica un nivel más macrosocial y menos formalizado en cuanto a los intereses y valores imperantes. En cuanto al propio método, Back (1978) ha criticado desde una visión mucho más política, y unilateral, la ambigüedad y conflictividad potencial del rol del líder grupal. Por un lado, concede y garantiza la libertad de elegir y actuar de los miembros del grupo, mientras que, por otra, lo conduce e intenta que se alcancen sus fines globales, lo que puede llevar a manipularlo de forma que los participantes "elijan" lo que en realidad el líder desea o piensa que deben lograr en el grupo. Se trata, como puede verse, del clásico conflicto entre libertad individual y autogobierno social en medio del cual puede quedar atrapado el supuesto agente o conductor del grupo. Tal conflicto es detectable en los cuadros relacionales de Glidewell, si bien la manera segmentada por pares en que este presenta las relaciones entre las partes contribuye a "esconder" o maquillar tales ambigüedades y conflictos entre la formalización del método. Back también censura la ausencia de responsabilidades del líder en el análisis de Glidewell. En cuanto a la validez transsocial del método y las conclusiones del análisis, hay que notar algunas diferencias relevantes entre el entorno "artificial" y microsocial, en que se usa y el más general, macrosocial, y natural de muchas acciones sociales. Al ser entornos sociales construidos para un fin previamente acordado, los GEs tienen un marco contractual dado, estando relativamente bien estructurados en términos de intereses presentes y de roles a asumir por cada parte. Nada de lo cual se da en el nivel macro notablemente más complejo e indefinido en cuanto a las partes presentes, intereses implicados y rol a asumir por cada parte, fines del proceso y método a usar. Así, aunque en los GEs aparecen ya varios de los agentes sociales básicos (agente de cambio, participantes y afectados, y sociedad interesada), los "participantes" tenderán a ser, en el nivel macro, grupos en vez de individuos, la "sociedad interesada" necesitará mayor especificación en términos de instituciones, asociaciones, grupos de presión, profesionales y otros, y el "agente de cambio" será frecuentemente un equipo multiprofesional, no una persona. La agenda de fines sería notablemente más amplia e indeterminada de entrada y los intereses tendrán un contenido más político no encuadrado, además, como en los GEs, por un marco contractual y unas reglas de juego razonablemente definidas de entrada. Tampoco la estrategia de cambio estará tan clara. Y, como consecuencia y reflejo de todo este acúmulo de complejidades y ambigüedad, el rol de las distintas partes o agentes -cuya interdependencia debe mantenerse si el proceso de cambio ha de ser unitario- resulta fuertemente impregnado de indefinición y dependencia de la conducta ajena. La suma de los efectos de esa mayor multiplicidad, indeterminación e interdependencia alimenta, según se ha dicho, la complejidad del análisis ético y, al final, del número y dificultad 96 de los conflictos éticos potenciales. De forma que, aunque ya Back señala algunos de ellos en el marco psicosocial, más doméstico y cercano al análisis ético individual y a la clásica relación profesional, ¿qué nos deparará el nivel más social y comunitario -la "genuina" ISdistintivamente más complejo y, valorativamente alejado, del examen ético al uso? La respuesta, en el próximo capítulo. 97 CAPITULO 6 ETICA EN LA INTERVENCION SOCIAL: PLANTEAMIENTO, MÉTODO YCONTENIDO Tras examinar el contexto socio-cultural y técnico, la estructura ética de la IS, los temas básicos y algunos valores y métodos analíticos, abordamos finalmente las cuestiones surgidas de la práctica de la IS en su nivel más macrosocial en los campos de la consulta y la intervención comunitaria. Ello da pie a retomar y reelaborar desde la praxis varios de los temas ya tratados desde otras perspectivas y contextos a lo largo del libro, sobre todo en el Capítulo 4. La discusión de las cuestiones concretas es precedida por una contextualización general incluyendo su origen en la IS, deontología profesional y propuestas metodológicas para analizarlas. 1. CUESTIONES ETICAS EN LA IS: ORIGEN Como se ha indicado, los problemas éticos aparecen en situaciones de ambigüedad o conflicto en que el sujeto tiene dificultades para identificar a los actores, reconocer las opciones y valores existentes, o elegir entre ellos. De forma que, a medida que el terreno de actuación se torna más novel, complejo o cambiante, se multiplica la complejidad ética, siendo las cuestiones morales planteadas más frecuentes y difíciles de encarar. Golann (1969), Kelman (1965), Walton (1978), Keith-Spiegel y Koocher (1985), O'Neill (1989), Shore y Golann (1969), Sieber (1982) y Snow y Gersick (1986) han señalado diversas circunstancias y factores -que se superponen en la práctica- como origen o causa de las cuestiones éticas en la acción social. Las resumimos como sigue: 1. Lealtades distintas, divergentes con frecuencia, hacia varios de los actores sociales implicados. 2. Demandas divergentes o conflictivas. Si las demandas que los actores sociales hacen al interventor, aunque distintas, son compatibles entre sí, no hay mayor problema. Pero si son incompatibles, el interventor habrá de elegir entre ellas, planteándose externamente un conflicto de intereses entre los demandantes e, internamente, una fragmentación -dual o múltiple- del rol del interventor. 3. Conflicto entre los valores de los distintos actores sociales o entre los de estos y el interventor, de forma que lo que es importante para unos, no lo es para otros. Tal conflicto se traducirá en un planteamiento de objetivos -y estrategias de actuación- esencialmente dispares. Puede también existir concordancia en los valores básicos, divergiendo, en cambio, su jerarquización. Eso dificultará el establecimiento de prioridades y, en consecuencia, la toma de decisiones del interventor. 4. Demandas cambiantes en el tiempo que requieren reconsideración del escenario y responsabilidades éticas cuando ya el interventor ha tomado una decisión y adoptado una línea de acción determinada, casi siempre difícil de alterar. 5. Nuevos problemas y retos éticos surgidos en tiempos de cambio, con la aparición de nuevos fenómenos (flexibilidad laboral, "nueva" pobreza, etc.), o posibilidades técnicas (renta de inserción, nuevos servicios ... ) sobre los que aún no hay deliberación, mucho menos consenso, orientativos. 6. Situaciones imprevistas por ignorancia, inexperiencia, imposibilidad de previsión o por la aparición de datos nuevos que modifican seriamente la situación inicial. 7. Responsabilidad por el manejo del poder e influencia detentados y por la consiguiente capacidad de alterar la vida de personas y grupos que el interventor puede usar negligente, malévola o abusivamente en beneficio propio o en perjuicio del otro, no en su beneficio. 8. Responsabilidad por el uso, y abuso, del conocimiento para mejorar el comportamiento humano y las relaciones sociales, ayudando a su corrección terapéutica o desarrollo o, al contrario, a su coartación y control ilegítimo. 9. Efectos secundarios indeseados o afectación de terceras partes no implicadas de forma 98 voluntaria o directa en la preparación y desarrollo de la IS, especialmente en la fijación de objetivos, y el "contrato", iniciales. 10. No se anticipa o identifica correctamente el conflicto ético o, aunque sea identificado por adelantado, su evitación contraviene otro criterio ético relevante. Así, mantener la confidencialidad imposibilita a veces la experimentación o recogida de información que podrían evitar un conflicto posterior. 11. El conflicto es inherente al método usado o, en una situación de recursos limitados, a las posiciones de rol o relaciones recíprocas entre los actores sociales (Glidewell, 1978). 12. Se actúa en condiciones de crisis o urgencia, precipitación, escasez de medios o presión externa en que la elección y toma de decisiones es inadecuada entrañando muchos más riesgos de error o conflicto. Si bien algunos de estos problemas y conflictos pueden ser evitados o reducidos por el progreso del conocimiento de base, la técnica interventiva o las condiciones de trabajo del campo de la IS, otros persistirán como inherentes a todo proceso multiformado y complejo que exige elecciones y valoraciones diversas, por fuerza discordantes a veces. Requerirán, pues, análisis y deliberación ética para cada caso y situación y, con el tiempo, para el conjunto de las cuestiones y situaciones recurrentes. 2. DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IS Como se ha indicado, una profesión precisa, además de técnicas eficaces para resolver problemas o alcanzar objetivos deseados, orientaciones valorativas que ayuden a los profesionales a tomar decisiones en situaciones ambiguas, complejas o conflictivas, controlando, a la vez, su comportamiento. Tal es la misión de la deontología o ética profesional, plasmada en códigos deontológicos que reúnen (Siguán, 1994) un catálogo de situaciones típicas de duda o dificultad para las que, partiendo de unos principios y valores generales, se define la pauta de conducta éticamente correcta a adaptar a su situación concreta. La elaboración de un código ético es un paso esencial en el proceso de profesionalización que, como fruto de la experiencia compartida, sólo aparece cuando, bastante avanzado el ejercicio profesional, se van constatando las áreas recurrentes de duda o dificultad dentro de la profesión y las quejas de los clientes atendidos. Así, el código deontológico de la Asociación Americana de Psicología (APA), no aparece hasta 40 años después de la fundación de la asociación. Condiciones de aparición. Ya señalamos en los capítulos iniciales algunas de las razones del descuido de la ética en la acción y la ciencia social. Trickett y Levin (1990) opinan, por ejemplo, que el deseo de ganar respetabilidad profesional centrándose en la eficacia técnica e ignorando las áreas de conflicto y ambigüedad puede haber contribuido en buena medida a tal descuido. Lo cierto es, sin embargo, lo contrario: el retraso de la ética -de las dimensiones valorativas en general- milita a la larga en contra del verdadero desarrollo -el integral- de cualquier campo aplicado causando problemas y desfases prácticos que con frecuencia deterioran la autoconfianza de la profesión y su imagen social. Pope (1990) ha apuntado tres requisitos como necesarios para el desarrollo de un código deontológico profesional. Uno, que exista una identidad grupal en la profesión. Dos, que se reconozca la necesidad de normas de conducta y de métodos para asegurar su cumplimiento, algo infrecuente en la práctica. Muchos profesionales tienden, por inercia o comodidad, a pensar que la bondad de los fines perseguidos justifica las consecuencias negativas de la conducta profesional si esa está guiada por buenas intenciones; o que el bienestar de la mayoría justifica perjudicar a unos pocos (por ejemplo, esterilizar a los discapacitados). Tres, la participación activa de la profesión: sin una "masa social crítica" que avale el sistema de responsabilidad ética y auto-regulación colectiva, las normas son más o menos activamente resistidas por la mayoría de los profesionales al ser percibidas como una intrusión o imposición de una minoría. 99 Carácter y funciones. Los códigos deontológicos son armas de doble filo. Experiencia y evaluación escrita revelan una asimétrica bivalencia respecto a las funciones -positivas, pero también negativas- que cumplen. Junto a la generalizada impresión de que son necesarios y convenientes, se desliza la crítica, no menos cierta y contundente por más infrecuente, a su escaso realismo práctico y a su tendencia a preservar más los privilegios de los profesionales que los derechos de sus clientes. En su versión positiva e ideal, los códigos éticos son (Keith Spiegel y Koocher, 1985): 1) Guías morales auto reguladoras que aseguran el uso apropiado por parte de los profesionales de las habilidades, técnicas y poder que, por delegación social, detentan. 2) Una serie de principios que especifican los derechos y responsabilidades de los profesionales en sus relaciones entre ellos y con sus clientes, a los que deben proteger tales principios. 3) Un conjunto de valores prescriptivos y normativos que reflejan el consenso social de la profesión sobre los temas importantes o polémicos de su incumbencia. Desde la postura crítico-realista los códigos deontológicos son vistos como: 4) Recopilaciones abstractas, poco realistas y frecuentemente ignoradas de las concepciones (o deseos) de lo que la profesión debería ser -en vez de lo que es-, de utilidad muy limitada en las situaciones concretas y problemas habituales de la acción profesional. 5) Guías o atajos para conseguir el prestigio y el estatus social de una profesión desde formulaciones esencialmente auto propagandísticas (window dressing) e irreales a menos que se basen en un razonable consenso o fuertes sanciones que respalden su cumplimiento (Snow y Gersick, 1986). 6) Expresiones de corporativismo que, en lugar de proteger al público de los abusos de los profesionales, acaban protegiendo a estos y amparando tales abusos. 7) Formas de coartar el debate público (Golann, 1969) del ejercicio de una profesión, en vez de estimularlo. Los códigos deontológicos parecen pensados para poner límites que aseguren que ningún profesional hará nada incorrecto o improcedente que provoque o fomente ese debate. 2.1. Crítica desde la acción social La deontología profesional se ha desarrollado siguiendo el modelo médico de actuación centrado en clientes individuales. Los códigos resultantes han sido, en consecuencia, criticados como inadecuados para manejar situaciones sociales complejas marcadas por la multilateralidad relacional y la relativa indefinición de la tarea a realizar. Desde la IS, Colomer (1988), Heller (1989), O'Neill (1989), Snow y Gersick (1986) y Riger (1989) han aireado sus insuficiencias prácticas con variados argumentos que pueden ser resumidos subrayando el desajuste entre las asunciones subyacentes a los códigos éticos convencionales y las condiciones de realización de la IS. En efecto, mientras que esos códigos presumen que toda la información relevante es conocida planteándose una sola elección con alternativas claras entre las que el interventor puede elegir sin mayores condicionantes, la IS es, primero, un proceso dinámico, en que las cuestiones éticas pueden aparecer sobre la marcha cuando ya se han adoptado las decisiones pertinentes y el interventor está embarcado en una línea de acción difícilmente modificable. Segundo, las áreas de actuación nuevas y complejas, plagadas de incertidumbre, lejos de la elección simple con alternativas claras y determinadas, presentan opciones múltiples, con alternativas desconocidas (o apenas entrevistas) que, además, están encadenadas entre sí -de manera que una elección condiciona las que la siguen-, o no tienen una respuesta única o consensualmente aceptada por toda la profesión o área. Tercero, y ligado al punto anterior, en la IS coexisten una pluralidad de actores y relaciones sociales incomparablemente superior en número e indefinición (o que carecen de reconocimiento social) a la acción individual. Cuarto, con frecuencia operamos con información insuficiente, imperfecta o inadecuada, lo que dificulta o desorienta el examen de alternativas, la 100 toma de decisiones y la actuación consiguiente, aumentando, por contra, la probabilidad de cometer errores y las zonas de penumbra y ambigüedad. Y quinto, los códigos convencionales no están pensados para las nuevas condiciones de trabajo -como la multidisciplinariedad o la falta de un contrato explícito- o perspectivas interventivas, que rechazan el profesionalismo o relativizan el rol profesional al uso lo que, como se verá al considerar la intervención comunitaria, puede modificar substancialmente el análisis de la responsabilidad ética. Situándose en un punto de equilibrio que reconoce las posibilidades, a la vez que los límites, de la deontología profesional, Heller (1989) matiza así la utilidad de los códigos éticos en el trabajo comunitario: No podemos esperar que los códigos de ética contesten nuestros dilemas porque nunca intentaron remover las decisiones valorativas de los encuentros profesionales. Pretenden proteger los derechos y bienestar de los clientes y asegurar que los profesionales no abusan de su poder u obtienen ventajas personales a costa del cliente. Pero los códigos éticos no eliminan la necesidad de tomar decisiones difíciles basadas en la elección entre valores... En ese sentido los dilemas éticos en intervención comunitaria no tienen soluciones "correctas" porque están entrelazados con un proceso que requiere decisiones valorativas sobre la marcha. No se quiere sugerir con esto que los códigos éticos son inútiles y deben ser abandonados. Al contrario, subrayan opciones valorativas que se han de hacer constantemente y fuerzan al interventor a reflexionar sobre, y cuestionar, asunciones básicas de su trabajo. (p. 377). 3. METODOLOGÍA: PROCESO ANALITICO Los apuntes metodológicos y procesales han salteado los capítulos precedentes. Así, en el Capítulo 5, se describió e ilustró un método para analizar las cuestiones éticas en base a las relaciones recíprocas entre los actores sociales y su impacto sobre un sistema ético predefinido. El Capítulo 3 incluyó como parte del examinen del aspecto dinámico del acto ético, un esquema teórico para el análisis y toma de decisiones ético. Describo aquí propuestas procesales (y metodológicas) más explícitas, pensadas tanto para la acción individual -el caso más común-, como para la acción social (más raras). Entre las primeras, Tymchuk (1981) detalla el proceso analítico-decisorio en los siguientes pasos (muchos de ellos comunes a la mayoría de los esquemas genéricos): 1. Describir la situación de partida. 2. Definir las cuestiones implicadas. 3. Consultar las guías disponibles (códigos deontológicos, leyes, regulaciones, principios generales, etc.) para orientar la respuesta correcta a cada cuestión. 4. Valorar los derechos, responsabilidades y bienestar de los diversos afectados. 5. Generar alternativas para cada cuestión. 6. Enumerar las diversas consecuencias (económicas, sociales, psicológicas, etc.) previsibles de cada alternativa a corto y largo plazo, en tiempo y esfuerzo preciso y en cuanto a riesgos y beneficios esperables. 7. Recoger evidencia sobre las consecuencias y beneficios de cada opción. 8. Decidir. Se trata, como se ve, de un esquema "máximo" poco ajustado a situaciones sociales en que difícilmente encontramos "códigos", "regulaciones" o "principios" que puedan orientar al interventor. Aún así, explicita los pasos ideales para llegar a una decisión racional y fundada. Apenas encontramos propuestas específicas para la IS, no pasando de ser las existentes meros esbozos o indicaciones implícitas... Lo que no quiere decir que carezcan de interés: bien al contrario, es el propio interés del tema lo que lleva a desear un mayor desarrollo y especificación de los métodos y procesos de análisis y decisión ética en el terreno, y la acción, social. Lippitt (1983), por ejemplo, ha descrito e ilustrado un interesante proceso "inductivo" de análisis ético 101 en que externaliza el diálogo interno (la "voz de la conciencia") del interventor en la toma de decisiones. Está pensado para escenarios relacionales psicosociales, intermedios entre la relación individual diádica y la multi relación entre actores sociales. Consta de seis etapas (ampliadas e ilustradas más adelante en dos casos de consulta): 1. Identificar y definir el dilema o cuestión ética. 2. Identificar las alternativas concretas existentes. 3. Localizar los criterios valorativos a considerar 4. Tomar la decisión y actuar. 5. Inferir los principios valorativos usados. 6. Identificar las habilidades utilizadas para poder desarrollarlas. Además de su relativa simplicidad podemos destacar en este método el acertado énfasis en dos aspectos capitales del análisis ético práctico, generalmente olvidados en otros esquemas: la derivación de principios generales y el desarrollo de habilidades para mejorar el análisis y toma de decisiones. Kelman y Warwick (1978) proponen un esquema específico para la acción social y sus condiciones de pluralidad y complejidad valorativa y social. Las fases inferidas de su vago bosquejo son las siguientes: 1. Identificar los valores relevantes y grupos sociales -no sólo el cliente o destinatario y el profesional interventor- significativamente implicados en la situación interventiva. 2. Explicitar los valores a promover y la forma cómo fueron derivados (teoría social o psicológica, universales empíricos, discusión grupal, razón humana...). La especificación de ese procedimiento contribuye a identificar posibles sesgos valorativos introducidos en el proceso a la vez que reduce su arbitrariedad y facilita la discusión de las eventuales discrepancias entre los valores básicos sostenidos por los distintos grupos. 3. Adoptar un conjunto de valores, ponderando (jerarquizando) los valores, sustentados por los distintos grupos sociales. Dado que los valores a ponderar corresponden a grupos sociales con intereses divergentes, enfrentados con frecuencia, la cuestión de "qué valores" se convierte aquí inevitablemente en los valores "de quién". Y la elección y ordenamiento del conjunto de valores en tal escenario social exige tratar de alcanzar un equilibrio global que -añadiría yo- tenga en cuenta, junto a su mérito moral, su titularidad e impacto social. 4. Resolver los conflictos entre valores (o entre grupos que los proponen, se entiende) incompatibles, optimizando el balance global del conjunto de valores: tratando de maximizar los valores elegidos como primarios sin sacrificar -o sacrificando lo menos posible- los valores secundarios; esa, no la elección de uno u otro sistema de valores, es, subrayan los autores, la cuestión clave ¿Cuánta libertad se debe sacrificar, por ejemplo, en favor del bienestar y la supervivencia en el campo del control de la natalidad? ¿En qué medida debe ceder la cultura tradicional en favor de la modernización en un programa de cambio social? Y así sucesivamente... Así, en el tema del control de la natalidad en que (paso 3) valoramos la supervivencia colectiva (valor primario) por encima de la libertad (valor secundario) trataremos de maximizar aquella sin afectar a esta. Ahora bien, en el momento en que la supervivencia colectiva choque con el mantenimiento de la libertad personal, intentaríamos actuar garantizando aquélla en un grado que reduzca lo menos posible la libertad de los sujetos participantes. A pesar de su esquematismo, la propuesta de Kelman y Warwick recoge explícitamente la multiplicidad ética y social repetidamente reivindicada como rasgo esencial y distintivo del análisis ético social. Es de destacar, también, el énfasis puesto en lograr un equilibrio global de esa diversidad valorativa (que, en la arena social, equivale prácticamente equilibrar los intereses de los grupos sociales) como cuestión clave del proceso. Énfasis cargado de realismo que sitúa el centro de gravedad del quehacer ético-social 102 donde, a diferencia del individual, debe estar: en la articulación y armonización de la pluralidad (organizada y finita, por supuesto) de valores y actores sociales que cercene de raíz los sesgos propios de los análisis lineales y uni valorativos en el campo social. A subrayar también, y en conexión con la referida pluralidad, el papel instrumental central asignado a la participación de los actores sociales como vehículo para clarificar el proceso y para abortar, desde la discusión intergrupal, la imposición unilateral de los valores del interventor (o de los grupos dominantes, habría que añadir). La propuesta necesita, sin embargo, ulterior desarrollo e ilustración casuística. Nosotros mismos hemos presentado (Sánchez Vidal, 1993) un proceso (que se ilustra brevemente más adelante) para examinar las cuestiones éticas y políticas, y ayudar a definir el rol interventor, en la IS. Consta de los pasos siguientes: 1. Identificar los actores sociales o grupos de interés relevantes. 2. Determinar sus fines plausibles en la situación. 3. Discutir y determinar las responsabilidades del interventor -persona o equipo- hacia cada uno de los grupos. 4. Determinar las opciones posibles a partir de la información existente. 5. Analizar el rol (o roles sucesivos) correspondientes a cada opción y situación, posibilidad de asumirlos y eventuales dificultades (por ejemplo, del tránsito de roles). 6. Analizar las consecuencias negativas o positivas previsibles para cada curso de acción y grupo de interés en función de los fines que persiguen. 7. Tomar la decisión sobre la estrategia a seguir a partir de las conclusiones de los análisis anteriores tanto en cuanto al impacto sobre el interventor como sobre la situación externa. 8. Corregir en función de la marcha de la acción y evaluar consecuencias reales. Decisiones en situaciones de crisis: Matices y modificaciones. Keith-Spiegel y Koocher (1985) han abordado la toma de decisiones en situaciones de crisis -como el suicidio o la violencia doméstica- en que, debido a sus especiales características no son aplicables, o sólo lo son en parte, los esquemas procesales al uso. En tales situaciones, primero, no hay tiempo de recoger la información necesaria, planificar adecuadamente la intervención o realizar la evaluación procesal que permita hacer correcciones sobre la marcha. Segundo, no están involucradas todas las partes afectadas o no se ha podido identificar el grupo cliente principal. Y, tercero, el interventor no está libre de estrés ni suficientemente desimplicado de la situación como para hacer valoraciones y tomar decisiones racionales. Recomendaciones específicas de los autores para facilitar las decisiones y prevenir los problemas éticos -y jurídicos- derivados de la acción bajo tales circunstancias incluyen: conocer los recursos emergencia de la comunidad; formar redes con otros colegas para intercambiar información y consultas en casos de crisis o emergencia y seguir de cerca la labor de las redes existentes; conocer la política y las leyes locales en relación a emergencias y tener localizado a un abogado conocedor de tales temas por si se presentan complicaciones legales; formarse en los estrategias de intervención de crisis; conocer las propias fortalezas y limitaciones al actuar en ese tipo de situaciones. El tema de la decisión y responsabilidad ética en situaciones de crisis no ha sido prácticamente tocado en la literatura a pesar de su gran interés. Siendo estas recomendaciones iniciales razonables y útiles, serían de desear más análisis y consideraciones éticas sobre como modifican las condiciones de crisis y emergencia el análisis y toma de decisión al uso y que medidas podrían mitigar las dificultades y problemas derivados. 4. AREAS INTERVENTIVAS: CONSULTA Dado que, como se ha indicado, el análisis ético surge tras un prolongado período de experiencia profesional, no es de extrañar que la literatura ética sea escasa en el campo de la acción social o psicosocial. 103 Sólo algunas áreas parecen haber alcanzado el nivel de madurez interventiva suficiente para abordar más o menos sistemáticamente los temas éticos, o valorativos, en general. A tenor de la literatura disponible, las siguientes: experimentación social (Sieber, 1982; Warwick, 1978); evaluación de programas (Albrech y Otto, 1991; Conner, 1990); prevención (Trickett y Levin, 1990); niños y "menores" (Gracia, 1994; López, 1992); consulta (Lippitt, 1983; Snow y Gersick, 1986; Walton, 1978); abogacía social (Brumlik, 1991; Gallesich, 1982; Glidewell, 1984; Knitzer, 1980); intervención comunitaria (Heller, 1989; Laue y Cormick, 1978; O'Neill, 1989; Sánchez Vidal, 1990, 1991a y 1993; Tolan y otros, capítulos 7 y 8); o, a nivel introductorio, intervención social (Bermant, Kelman y Warwick, 1978) en que se evalúan temas como grupos de encuentro, desarrollo de las organizaciones, reforma educativa, vivienda, y planificación familiar. En lo que resta de capítulo examinamos con algún detalle y especificidad las cuestiones ligadas a dos de esas áreas. Una, la consulta, más concreta y de nivel más psicosocial y otra, más global y valorativamente diferenciada, la intervención comunitaria. 4.1. Panorámica de las cuestiones éticas Las evaluaciones éticas de la consulta organizativa, de salud mental y comunitaria que recoge la literatura, se sitúan en un nivel intermedio entre la deontología individualizada tradicional (centrada en la relación entre profesional y cliente) y la ética más plenamente social, correspondiente a la intervención comunitaria, en que -a partir de la pluralidad relacionl y la indeterminación y complicación de la tarea del interventor y los distintos actores socialesemergen ya cuestiones éticas nuevas y más complejas (varias de las cuales son, no obstante, anticipadas en los enfoques interventivos intermedios como los grupos de encuentro -Capítulo 5o la consulta). Si se ha incluido la consulta en este capítulo en vez de en el anterior es por existir un cuerpo de literatura específica más detallado y explícito que en el caso de los grupos de encuentro. Resumo en este apartado la excelente panorámica de cuestiones éticas y profesionales ofrecida por Snow y Gersick (1986). En el siguiente se ilustra el interesante enfoque analítico de Lippitt (1983) para dos situaciones concretas de consulta. Marco conceptual. Snow y Gersick utilizan un marco conceptual sistémico que, trascendiendo la reducida visión del contrato entre varias partes, permite contemplar el proceso consultivo en toda la complejidad del contexto (organizacional, interorganizacional y comunitario) e influencias (organizativas, económicas y políticas) en que está inmerso. La consulta busca el cambio de los sistemas, no de los individuos, debiendo considerar las características de sus cuatro componentes básicos: a) Consultor: rasgos y valores personales, recompensas buscadas, posición en el sistema social (y grados de libertad y autoridad ligados) y relación con los roles o tareas de las demás partes. b) Consultante, según el mismo esquema. c) Relación consultor-consultante: historia de la relación entre ellos y los sistemas sociales en que están insertos, intercambios y relación de trabajo en otras áreas que la de consulta, personas clave en los dos sistemas (consultante y consultor) inter ligados, impacto de la consulta sobre los dos sistemas, etc. d) Relación de los sistemas consultante y consultor con la comunidad: ¿sirven a la misma comunidad?, relación e intercambios del sistema consultor con otros proveedores de servicio del sistema consultante, elementos (políticos, cargos, financiación, etc.) comunes a ambos sistemas, consecuencias de relacionar los sistemas consultante y consultor con otros sistemas y redes comunitarias. El sistema consultor es el grupo, organización o institución que recibe la demanda y que designa a una persona o equipo concreto -consultor- para llevarla a cabo. El sistema consultante, el grupo, institución u organización (ayuntamiento, empresa, escuela, etc.) que -habitualmente a través de una persona concreta, el consultante- demanda la consulta. Este marco es, como se ve, 104 suficientemente amplio y flexible como para adaptarse a la mayoría de los casos y situaciones de IS. Cuestiones y problemas éticos habituales. De la revisión de la literatura los autores derivan un conjunto de cuestiones éticas relevantes ligadas a cinco temas, y momentos, del proceso consultivo: Contrato. El proceso de contratación es vital para el interventor porque condiciona la autonomía y autoridad que tendrá durante la intervención. Cuestiones ligadas a ese proceso y a la entrada en el sistema consultante son: * ¿Quién es el cliente?: quien negocia el contrato, los participantes directos, los potenciales afectados, los que autorizan y pagan o el "jefe" de la organización consultante. Se pueden presentar problemas si una parte contrata la consulta para otros e intenta condicionar sus objetivos y contenidos. La pluralidad de partes involucradas en el proceso conlleva también una cuestión de ambigüedad en el contenido de la responsabilidad del interventor y en su orientación (con quién se contrae la responsabilidad), un tema ya planteado por Kelman y Warwick (1978) y que es retomado en la intervención comunitaria (O'Neill, 1989). * Quién es el consultor y temas asociados: quien negocia el contrato puede diferir de quien realiza la consulta; se puede "vender" una consulta concreta a alguien que interesa como cliente condicionando así su planteamiento y objetivos; etc. Valores (individuales o colectivos), cuya falta de claridad o divergencia entre actores genera con frecuencia conflictos en varios aspectos de la acción: importancia de los resultados, riesgos razonablemente asumibles y consecuencias interventivas aceptables. Para Snow y Gersick hay dos temas generales ligados a los valores en que pueden aparecer dificultades: * Posición -independiente o dependiente- del interventor respecto a los valores manejados. En la primera, el interventor trata de incrementar los "grados de libertad" (choice increaser) y capacidad de elegir del cliente intentando ser neutral y no interferir en las decisiones de ese. El interventor dependiente adopta ciertos valores (como el bienestar de los menores o la igualdad social), de los cuales -y de los grupos que los sustentan- se constituye en abogado tratando de hacer realidad tales valores: promoviendo la protección o los derechos de los niños o luchando contra la discriminación social. * Explicitación o encubrimiento de los valores. Tema que plantea cuestiones ética y estratégicamente vitales. Una, hasta qué punto está obligado el consultor a desvelar sus propios valores ante los clientes. Dos, cuándo (y cómo) desvelarlos, si es que se considera obligado a hacerlo. Tres, en qué condiciones de discrepancia o incompatibilidad de valores se justifica una decisión del interventor en una de las dos direcciones posibles: abandonar la intervención, si la discrepancia va a interferir con ella; mantener los valores propios intentando resolver los conflictos que puedan aparecer o convencer al cliente de la bondad de tales valores. Los dilemas valorativos son un componente específico esencial de la problemática ética de la IS como ya se ha reconocido a la largo de este volumen. Kelman y Warwick han sugerido (apartado 3 de este capítulo) algunos métodos para paliar o resolver tales problemas: clarificar las fuentes y procedimientos de derivación de los valores, participación social y discusión y diálogo entre los participantes (incluido el interventor) en la IS. El enfoque de Snow y Gersick es, en mi opinión, sumamente clarificador, pareciendo sus criterios generales -junto a los ofrecidos por Lippitt y Kelman y Warwick- útiles para abordar esos dilemas. Confidencialidad de la información compartida por el consultor con otras partes. Los problemas clásicos de confidencialidad en la relación dual se complican aquí por la multitud de partes afectadas, que no siempre participaron en el acuerdo o contrato inicial, aunque padezcan las consecuencias de la actuación derivada. Los autores sugieren, como criterio general, tratar de equilibrar en lo posible el derecho individual a la confidencialidad con el deber de información pública y el bienestar colectivo (conflicto repetido en la intervención comunitaria; ver apartado 105 5). Ampliando la perspectiva interventiva estimo, sin embargo, razonable sustituir la confidencialidad clásica por el consentimiento informado de las partes, cuyos límites y contenido sería negociado con ellas durante el contrato para que asegure, en lo posible, el citado equilibrio entre derechos privados (clientes) y deberes sociales y públicos. Competencias y recursos del consultor, que plantea cuestiones como: * El reconocimiento de los límites del consultor que debe autoevaluar sus capacidades y recursos (conocimientos, energía, tiempo...) por un lado, la comprensión adecuada del problema a resolver, por otro, y ver, finalmente, hasta qué punto los primeros se ajustan -o no- a lo segundo. * La presentación inadecuada (misrepresentation) de la capacidad del consultor o la existencia de necesidades -económicas, de estatus, etc.- o presiones externas a las que se intenta conformar la tarea del consultor. La consulta debe basarse en la evaluación objetiva de la situación, no en las necesidades personales o intereses profesionales, resultando las desviaciones de ese principio éticamente inaceptables. Resultados. La responsabilidad por las consecuencias es un tema clásico de la literatura ética sobre IS (por ejemplo, y especialmente: Albrecht y Otto, 1991; Conner, 1990). Fue ya ampliamente discutido aquí partiendo (Sánchez Vidal, 1995b) de la complejidad y multiplicidad de efectos (y valores ligados) de la IS y de la dificultad para documentarlos válidamente. Snow y Gersick consideran los siguientes temas ligados: * Importancia de anticipar en el contrato qué grupos van a ser significativamente afectados y cómo: a corto o largo plazo, en una o otra dirección, etc. * Responsabilidad del consultor por las consecuencias indeseadas, cuestión tan clásica como difícil de resolver (Capítulo 4). * Responsabilidad por las recomendaciones o soluciones propuestas por el consultor (como presentación de alternativas, riesgos y efectos secundarios de cada una y responsabilidad por su seguimiento) y ejecutadas por el cliente. El grado en que el consultor no ejecuta directamente las acciones introduce un componente de mediación, muy propio del rol interventivo social, de tan grandes virtualidades técnicas como complicación ética al crear una cadena causal compleja que distribuye la responsabilidad a lo largo de las distintas etapas -diseño la intervención, ejecución, evaluación- y entre sus respectivos, y con frecuencia distintos, titulares. * Responsabilidad por evaluar las consecuencias de la consulta. Como sugiere este breve resumen, Snow y Gersick ofrecen, desde la parcela de la consulta, una panorámica altamente comprensiva y elaborada de las cuestiones éticas de la acción social que puede complementar a las presentadas, desde otras ópticas y formatos, por Lippitt (1983) sobre consulta o, más generales, por Bermant, Kelman y Warwick (1978) o nosotros mismos (Sánchez Vidal, 1996). Lippitt identifica cuestiones nodales para tomar decisiones a lo largo de cada una de las seis fases del proceso de consulta que define. Así en la fase de contacto inicial y entrada habría que considerar, entre otras cuestiones: quién es apropiado definir como cliente, cómo detectar necesidad de ayuda y crear expectativas de poder ayudar sin tener toda la información diagnóstica, cómo demostrar pericia y establecer credibilidad como ayudador sin crear dependencia, cómo transmitir confianza sin implicar que la solución es rápida y fácil. En la fase de acordar el contrato y establecer una relación: cómo subrayar la responsabilidad del cliente sin asustarlo o inducirlo a abandonar el proceso, cómo clarificar los recursos del consultor sin crear suspicacia, cómo desarrollar una perspectiva temporal apropiada, etc. Y así sucesivamente para el resto de las fases: diagnóstico e identificación del problema; establecimiento de fines y planificación; conversión de los planes en acciones; final, continuidad y apoyo. 4.2. Ilustración 1: ¿Quién es el cliente? Ronald Lippitt (1983) ha presentado varias ilustraciones usando su esquema inductivo de análisis y toma de decisiones (apartado 3) con algunas de las cuestiones éticas aparecidas en 106 distintos momentos del proceso de consulta. Tras especificar los valores metodológicos de partida, el ayudador profesional confronta, según él, tres retos básicos: clarificar los valores propios sobre las decisiones y acciones implicadas en el proceso de ayudar a los demás; desarrollar las habilidades necesarias para usar esos valores en tales decisiones y acciones; recoger en las interacciones con los clientes los datos que nos permitan seguir y revisar nuestros valores y su utilización en los procesos de ayuda profesional. En uno de los casos un administrador de un centro pide ayuda al consultor para resolver un conflicto de duplicidad de competencias entre una unidad de ayuda domiciliaria comunitaria dirigida por un psicólogo y un equipo de servicios voluntarios encabezado por un trabajador social. Resumo aquí el proceso de análisis y toma de decisiones de Lippitt como la externalización -en primera persona- del diálogo interno que el interventor tendría (y que, salvadas las distancias, podría traducirse a un diálogo externo en el caso de un equipo multi personal) a lo largo de las seis fases del proceso: identificación del dilema o cuestión, determinación de alternativas, localización de criterios valorativos pertinentes, tomar decisión y actuar, inferir los principios valorativos e identificar las habilidades utilizadas. 1. Identificación de la cuestión: ¿quién es el cliente: el administrador o las unidades de trabajo? 2. Alternativas existentes tal como las ve el consultor - Aceptar como legítima la demanda del administrador (admr.) - Pedir al admr. que involucre a las dos unidades y obtenga su aceptación de mi presencia como ayudador. - Decir al admr. que necesito reunirme con los jefes de las unidades para averiguar si aceptarán ser mis clientes. - Pedir al admr. que convoque a las dos partes a que se reúnan conmigo para explorar la posibilidad de comenzar a trabajar con él. 3. Criterios valorativos a considerar para tomar una decisión - El admr. tiene el derecho y el deber de intervenir para mejorar la calidad del servicio prestado por sus trabajadores. - No veo ético tratar de influenciar la conducta (o decisiones) de personas que no han aceptado mi ayuda. - Creo que muchos de los que necesitan ayuda no aceptan esa necesidad o no se sienten capaces de pedirla: estimo, pues, apropiado que alguien trate de convencerlos para que utilicen mis servicios. - El admr. es, probablemente, una parte crucial del sistema; debo, pues, trabajar para con él para encontrar -y mantener funcionalmente- una solución válida. - Creo que soy un recurso apropiado para este tipo de problema. - Otros criterios que se puedan descubrir y aportar. 4. Decisión y actuación - Le dije al admr. que estaba interesado en el problema y que podría ayudar a resolverlo. - Y que no podría trabajar a menos que obtuviera el acuerdo de los jefes de las unidades enfrentadas. - Considerando que el admr. podría tener dificultades para obtener la colaboración no coercitiva o evitar una resistencia contra dependiente de los jefes, sugerí tomar la responsabilidad de "venderles" mis servicios, si el respaldaba mi iniciativa. - Dejé claro que, de lograr la conformidad de las dos unidades para trabajar conmigo, esperaba tener una reunión a tres bandas (incluyendo al admr.) para llegar a un acuerdo general sobre mi rol, uso de mi tiempo y el de los otros, su rol, el acceso a las unidades, etc. Ellos (los tres) serían mi "cliente". 5. Principios valorativos usados - El contrato de trabajo deber ser mutuamente voluntario, o convertirse en tal en los inicios del 107 proceso. - La definición del cliente debe incluir a todos los que hayan de ser influidos para alcanzar -y mantener- el resultado buscado. 6. Habilidades utilizadas. No basta clarificar los valores implicados: es preciso, además, fomentar la capacidad de articularlos operativamente. El interventor debe, por tanto, responsabilizarse de desarrollar las destrezas conductuales necesarias para representar y expresar sus valores a través de la acción, siendo ese uno de los valores críticos (quizá el más crítico) de la intervención. Ese desarrollo exige, pues, práctica y retorno correctivo continuo como parte integral de formación para llegar a ser un ayudador efectivo. En la viñeta anterior esas destrezas incluirían: - Comunicar la justificación valorativa al admr. de forma que no se sienta amenazado por la intervención externa y acepte esa justificación y la idea de que el consultor sabe lo que lleva entre manos y puede ayudarle a resolver el embrollo. - Reunirse, por separado o conjuntamente, con los jefes de unidad para fomentar la comunicación abierta sobre la situación-problema y obtener su cooperación para trabajar en su solución. - Diseñar las tareas precisas y obtener la sanción y el apoyo de los jefes para trabajar con el personal de las dos unidades. 4.3. Ilustración 2: Por qué y cuándo abogar Situación de partida en la visión, en primera persona, del consultor. El consejo de administración de una agencia de servicios está embarcado en el proceso de establecer objetivos a dos años vista que veo muy ambiciosos: no son alcanzables en ese tiempo, olvidan revisar la probable duplicidad de servicios con otras agencias relacionadas y pueden tener efectos potencialmente dañinos por olvidar a algunos clientes y malgastar el dinero del patrocinador. 1. Dilema decisorio: Debo decirles qué fines veo razonables y abogar por una relación de colaboración con otras agencias o abandonar mi rol de consultor y decirles "lo qué tienen que hacer". 2. Alternativas de decisión y actuación a considerar, entre otras - Presentar mis recomendaciones defendiendo mi postura. - Presentar mis ideas como una alternativa más a considerar. - Recomendar procedimientos de resolución de problemas que les ayuden a generar alternativas y prever consecuencias. - Ayudarles a perseguir sus propios fines, aunque no esté de acuerdo con ellos. - Decidir que sus valores y los míos son incompatibles y retirarme del proceso. 3. Criterios valorativos a considerar - Todos los clientes tienen el derecho a, y la responsabilidad de, tomar sus propias decisiones valorativas, como fijar los fines a perseguir. - Pero el consultante tiene la responsabilidad de ayudar al cliente a usar métodos de resolución de problemas y recursos tan apropiados como sea posible para tomar sus decisiones y hacer los planes consecuentes. - El consultante debe considerar normales las diferencias valorativas. Pensar que "ellos deben pensar como yo" es una trampa a evitar. - Si pienso que la conducta de mi cliente va a ser dañina para sí o para otros, puede ser necesario movilizar recursos superiores a los míos propios para evitar el eventual daño. 4. Decisión y actuación - Propongo un proceso dual para establecer los fines: imaginar todos los resultados -o imágenes de los fines- deseables; jerarquizarlos examinando la viabilidad de cada una y proyectando los pasos precisos para alcanzar lo imaginado en dos años. - Añadí mis propios items al ejercicio de imaginar resultados y generar imágenes. 108 - Representé a los otros directores de agencia reaccionando a los fines propuestos y recomendé recoger algunos datos adicionales para establecer finalmente los fines. - Planteé algunas cuestiones sobre motivación y valores cuando aparecieron resistencias en forma de quejas de "prestar demasiada atención" a como serían afectadas otras agencias por las decisiones sobre fines y planes. - Decido continuar la consulta a pesar de varias decisiones con las que no estoy de acuerdo. 5. Principios valorativos usados - Hay una distinción fundamental entre abogacía posicional (decirles que tienen que creer o hacer, o lo que yo desearía que creyeran o hicieran) y abogacía metodológica: qué métodos de resolver problemas creo deben usar. - El desarrollo y utilización de valores y habilidades es un proceso progresivo. Esperar que los clientes sean "perfectos" o se conduzcan como yo creo deberían hacerlo en un momento dado es una trampa que me impide ser útil en el proceso. - Aunque el ayudador tiene la responsabilidad de compartir su visión de las cosas como un recurso, debe hacerlo en un contexto relacional cooperativo, no en uno que que cree dependencia o basado en el estatus social del experto. - El consultor ha de estar listo para terminar el contrato si piensa que colabora en actividades que violan valores éticos básicos que el cliente no desea, o no puede, considerar como cuestiones a trabajar (revisar, clarificar, etc.) apropiadamente. 6. Destrezas utilizadas - Hacer una presentación creíble del mérito del procedimiento de generar alternativas y examinar consecuencias. - Forma de conducir ese procedimiento si es aceptado. - Representar el rol (role-playing) de los no presentes sin crear defensividad. - Compartir las ideas propias sin darles un peso excesivo en el proceso de resolución de problemas. Hasta aquí los ejemplos de Lippitt. Sin perjuicio de reparos y matices puntuales, constituyen, en mi opinión, excelentes instrumentos de aprendizaje práctico, aportando un interesante modelo de análisis ético que, aún dentro de su telegráfica simplicidad, combina acertadamente los aspectos técnicos, valorativos y estratégicos de la IS subrayando la interacción de estos dos últimos, precisamente los más ausentes de la casuística interventiva mayormente limitada al diseño técnico. 5. INTERVENCION COMUNITARIA Y CONTEXTO RELACIONAL Vista en su globalidad, y descartadas aportaciones puntuales o tangentes, la literatura sobre ética de la IS se despliega a partir de dos grandes núcleos: la compilación de 1978 de Bermant, Kelman y Warwick y el vigoroso replantemiento del American Journal of Community Psychology (AJCP, 1989) en el campo comunitario. La primera ha sido ya comentada extensamente en este capítulo y otros anteriores. Corresponde ahora discutir la segunda que -aún sin reconocerlo explícitamente- arranca justo de dos preguntas básicas en que Bermant y sus colegas resumen las discusiones del libro sobre el tema de la responsabilidad del interventor social: ante quién es responsable (quién es el destinatario de la IS) y de qué (cuál es el alcance y contenido de esa responsabilidad). En comparación con la inicial, la revisión comunitaria es más homogénea (se centra en el nivel comunitario de la IS), temáticamente más concentrada -en torno a la responsabilidad y el rol-, más radical en su planteamientos -especialmente respecto a la dimensión política de la IS- y más específica respecto a la casuística presentada, rehuyendo el debate abstracto y los planteamientos retóricos para partir de dilemas presentados por casos reales comentados por varios autores desde distintas perspectivas. La intervención comunitaria (Sánchez Vidal, 1991; con Musitu, 1996; Goodstein y Sandler, 1978) es una variante de intervención social centrada en el nivel de la comunidad local 109 (como grupo social arraigado en un territorio) o sus elementos comunitarios (interacción y lazos mutuos, pertenencia, solidaridad) que persigue un cambio "desde abajo", subrayando la participación activa de personas y grupos como vía para el desarrollo humano y social, metas finales del cambio. Personas y grupos son vistos como agentes potenciales (no como pacientes de problemas o receptores de soluciones diseñadas por los profesionales). El interventor actúa, pues, más como catalizador de esfuerzos y promotor de desarrollo (ayudar a los otros a ayudarse a sí mismos) que como profesional que aporta directamente soluciones a los problemas. Las cuestiones éticas planteadas en la intervención comunitaria (IC) serán, pues, muy similares en contenido y complejidad a las de la IS en su conjunto con las particularidades ligadas al cuestionamiento del rol profesional al uso (que afecta al tipo de contrato interventivo) y a la adopción de una postura valorativa explícita ausente en otras variantes de IS construida sobre los valores de democracia, desarrollo humano, participación, solidaridad y empowerment personal y social. Con matices puntuales podemos, por tanto, generalizar la discusión que sigue al conjunto de la IS, sin perder tampoco de vista análisis intermedios (sobre todo la consulta y los grupos de encuentro) que aproximan ya notablemente el análisis ético al nivel social. Los matices están asociados a las diferencias de complejidad social y ética de los distintos campos y a las especificidades valorativas de cada enfoque -"valores metodológicos"- y campo concreto -valores temáticos-... que sin duda constituyen un tema tan interesante como ignorado en la literatura ético-social. Retraso ético, maniqueismo y realidad. El punto de partida de la discusión del AJCP (O'Neill, 1989) es el reconocimiento del desinterés y falta de diligencia del campo comunitario para confrontar sus dificultades éticas. Hecho que Davidson (1989) atribuye a una "identificación angélica" que lleva al interventor comunitario a situarse autoindulgentemente por encima del bien y del mal y a caer en un maniqueísmo inaceptable: "nosotros somos los 'buenos', tenemos los valores correctos y los demás, 'malos' o hipócritas, fingen neutralidad cuando en realidad están sosteniendo los valores dominantes y apuntalando el status-quo". Esa postura "angélica", junto a la aceptación casi incondicional de los valores de los demás en nombre del relativismo cultural, la debilidad de la base científica y el uso de métodos interventivos nuevos e indirectos que, como la consulta, hacen al interventor víctima del comportamiento ajeno -al situarle en roles de experto invitado sin apenas control sobre las acciones-, explicarían la persistente omisión de temas éticos de la IC, a pesar de que ya Golann había incluido en 1969 a la Psicología Comunitaria entre las áreas de especial preocupación ética (también, en 1977, Perlman). Las críticas internas y externas y la inescapable complejidad y dureza del trabajo cotidiano han forzado, sin embargo, al interventor enfrentarse con modestia a las implicaciones y condicionantes éticos reales de su tarea. Lo que implica descender desde el debate abstracto y genérico hasta el análisis de casos concretos, al exigir actuar "aquí y ahora", obligan a examinar las cuestiones y clarificar los valores -y sus consecuencias interventivas- sin prejuicios hipócritas o caricaturas ideológicas prefabricadas. Tal es el enfoque del debate del AJCP, que tiene la ventaja añadida del análisis distanciado, que permite considerar alternativas difícilmente imaginables sobre el terreno y bajo la presión de la acción inmediata. Insuficiencias de la deontología y base relacional tradicionales. Ya se han resumido (apartado 2) las críticas a los códigos éticos convencionales pensados para situaciones clínicas más estáticas y acotadas que los complejos, dinámicos y novedosos escenarios de la acción social, lo que reduce notablemente su valor y utilidad en el campo comunitario. Frente a las situaciones clínicas, el interventor comunitario se encuentra (O'Neill, 1989) con frecuencia en situaciones en que (primero) no existe un contrato formal claro con alguno de los grupos identificados como "clientes" por la IC en su conjunto. Segundo, aunque exista ese contrato explícito, afecta a terceros que no han tomado parte en el proceso de contratación: así, un grupo 110 (ver caso del maltrato) pide ayuda para otros que no han hecho una demanda formal ni dado su consentimiento para ser ayudados. Tercero, aparecen consecuencias negativas imprevistas. En esas situaciones y en el contexto de intervenciones, como las comunitarias, de gran alcance y vagamente definidas en cuanto a su "mandato" social (que deben tratar de conseguir), surgen dos difíciles cuestiones en torno a la responsabilidad del interventor (ya consideradas, como se indicó, por Bermant y Warwick, 1978): 1) Quién es el destinatario ("cliente") de esa responsabilidad 2) Cuál es su alcance y contenido: de qué es responsable. Los dilemas y conflictos aparecerán fácilmente cuando el interventor haya de optar, en esas circunstancias, entre valores enfrentados o afrontar acontecimientos inesperados particularmente si carece, algo nada infrecuente, de información suficiente en el momento de decidir. 5.1. Destinatario: La colaboración y sus problemas Pero la cuestión de "quién es el cliente", señala O'Neill, está íntimamente ligada al modelo médico y la relación profesional generalmente rechazados por inapropiados en la IC en favor de uno de los dos tipos de relación siguientes: * Colaboración; interventor y destinatario cooperan en pie de igualdad en la evaluación y solución de los problemas. * Abogacía; el interventor es agente de la comunidad cuyos intereses promueve. Aunque asumir estas formas de relación interventor-destinatario cambia notablemente la óptica con que se contemplan las responsabilidades éticas del interventor, ni las elimina ni las aclara demasiado. Bien al contrario, las nubla y multiplica, planteando nuevas y agudas cuestiones. Primero, aun suponiendo que sea deseable, ¿es posible una colaboración genuina entre dos partes esencialmente distintas -en conocimiento, intereses, estatus y poder- como un interventor profesional y un grupo comunitario? Dada la asimetría de la relación, el grado de colaboración posible estará, pues, limitado por: a) las diferencias citadas entre las dos partes; b) la propia "agenda" del interventor (fines, valores personales, prioridades de cambio, autoconcepto profesional, etc.) que puede interferir seriamente con los objetivos o deseos de los grupos comunitarios o ser incompatible con ellos (Bond, 1989). De manera que la colaboración estará tanto más condicionada y limitada cuanto mayor sea la asimetría relacional y más acusada y particularista la agenda personal y profesional del interventor. Destinatario: Casa-refugio para mujeres maltratadas. Segunda cuestión: ¿con quién colaborar si, por la disparidad de intereses entre grupos o por los propios límites del interventor, no es posible colaborar con todos (o servir a todos, el problema del destinatario es común a ambos tipos de relación)? Para ilustrar -y llevar al límite- la cuestión O'Neill expone el caso real de la viabilidad de una casa refugio para mujeres maltratadas. Un grupo organizado de mujeres, interesado en abrir un refugio para las mujeres maltratadas de una zona rural, pide ayuda económica a la administración local correspondiente que, recelosa del partidismo del grupo, solicita pruebas de que el proyecto será económicamente viable. El grupo encarga la correspondiente evaluación de necesidades a una psicóloga comunitaria del lugar que recopila datos de maltrato por medio de los servicios sociales, sanitarios y de seguridad (médicos, policía, juzgados...) de la zona y de denuncias telefónicas anónimas. La psicóloga concluye que parecen existir suficientes casos de maltrato para hacer viable la casa, aunque, debido a las duplicidades -cuyo número es imposible de detectar por la confidencialidad de los datos- no se puede asegurar. Informado el ayuntamiento y ante las dudas de la evaluadora, decide avanzar una pequeña parte del dinero al abrir la casa, reservando el resto para donarlo en función de su nivel de ocupación, mínimo al principio, pero considerable cuando, más adelante, se admiten casos, no 111 sólo de maltrato físico (para el que se realizó la evaluación y asignaron los fondos) sino, también, "emocional". Sabedora de lo cual, la profesional se siente traicionada por la conducta del grupo de mujeres (que gestiona la casa). Está, al mismo tiempo, obligada a la confidencialidad, lo que le plantea varios dilemas debidos a las obligaciones (y lealtades) enfrentadas: confidencialidad y privacidad del cliente (grupo de mujeres), responsabilidad pública ante el gobierno que representa a todos, veracidad e integridad profesional y fidelidad hacia el grupo más desvalido (las mujeres maltratadas que no han pedido nada y que, sobre el papel, son representadas por el grupo organizado). Más allá de la casuística singular, yacen interrogantes éticos de grueso calibre, ya familiares a estas alturas: ¿quién es el "cliente" (o "clientes") de la acción social? ¿de qué es responsable el interventor en condiciones de ambigüedad, información imperfecta o "cambio de escenario" respecto al imaginado inicialmente? El grupo más débil como destinatario de la IS. Hasta aquí el caso, que será aludido de continuo en el resto de capítulo. Desde él, y a partir del replanteamiento del contexto relacional tradicional introducido por el enfoque comunitario, retomamos la cuestión del destinatario de la IS. Una respuesta posible es que el destinatario sea el grupo más débil o vulnerable, las mujeres maltratadas en este caso. Pero eso tiene sus propias dificultades: ni está bien definido en este caso (¿todas las mujeres maltratadas, sólo las maltratadas físicamente, sólo aquéllas de entre las maltratadas que vayan a usar la casa si abre...?), ni podemos rendirle cuentas directamente puesto que ni nos ha pedido nada, ni está físicamente presente. Existe ahí, según O'Neill, una laguna en la responsabilidad (accountability gap) debida. Sobre el papel el desfase puede salvarse respondiendo ante el grupo organizado que dice representar los intereses de las mujeres maltratadas. Pero es precisamente la validez de tal pretensión lo que debemos establecer: en qué medida ese grupo representa los intereses de las mujeres maltratadas realmente y más allá de sus propios intereses o necesidades "egoístas" de prestigio, aplacar la conciencia bien pensante, etc. El tema de la abogacía nos retrotrae, como se ve, a terrenos éticos ya transitados al hilo de la intencionalidad del interventor. 6. DIMENSION POLITICA DE LA IS Y ABOGACÍA SOCIAL La complicación introducida en el marco relacional de la IS por la colaboración como alternativa a la relación clientelar clásica, es incomparablemente menor a la ligada a la otra posibilidad, la abogacía social, que abre la puerta al tema del poder, en torno al que, parece, estamos condenados a errar eternamente en la IS y que ahora consideramos en relación a su complemento dialéctico en la ciencia y acción social: el conocimiento teórico (o la información, en la práctica). 6.1. Información y poder: Ciencia y política en la acción social Lo que más llama, quizá, la atención en el caso del poder es el contraste entre el frecuente reconocimiento de su relevancia teórica (así: Blau, 1964; Dye, 1996) y práctica y su masiva omisión en el análisis y la intervención social. Y la intensa polarización -en forma de llamativa ausencia en muchos casos y omnipresencia en otros- que produce entre pensadores y actores sociales. Su ausencia del análisis social (en base a la falta de teoría, deficiente formación o a la tendenciosidad ideológica o personal del interventor) produce una visión deforme y acaramelada de la realidad social que, al amputar la parte ("desagradable") de escasez, dominación, conflicto, injusticia y violencia, torna esa parte inasequible a la intervención, reducida así a un ejercicio experto de diseño, y ejecución, racional burdamente insuficiente. Su exclusiva omnipresencia en otros casos produce, por el contrario, una deformación simétrica de la vida social, amputada esta vez de sus aspectos armónicos y positivos -acuerdo, equilibrio, mutualidad, desarrollo, racionalidad, liderazgo, previsión... - igualmente imprescindibles en el análisis y la acción social. 112 El poder es, en fin, la savia (una de las savias) que vivifica -o deprime- las relaciones y acciones sociales. Eso explica su ubicuidad en la IS -donde es manejado como instrumento de cambio- y en los análisis éticos, donde se cuestiona ese manejo. Olvidar el poder, y los intereses de los grupos sociales, es el error al que Guskin (1978) achaca primordialmente el fracaso de la intervención para crear un sistema escolar paralelo para los sectores sociales marginados de una ciudad norteamericana (Huey y otros, 1978). El poder es -junto a responsabilidad y libertad- uno de los temas básicos en que Kelman y Warwick (1978) resumen los aspectos éticos de las acciones sociales. También Bryk (1983), Cook y Shadish (1986), Reinharz (1989), Riger (1989) y Sánchez Vidal (1991b), han reconocido su papel clave en la evaluación, e intervención, social. Y también nuestro análisis ha mostrado su ubicuidad y potencia. En el Capítulo 2 quedó constancia de la conflictiva relación entre el poder como dimensión implícita pero activa de la IS y la técnica como dimensión explícita dominante. El poder latía detrás de varias de las 15 cuestiones básicas (contrato, relación interventor-destinatario, valores promovidos...) listadas al final del Capítulo 4, centrando la de la postura política del interventor abordada específicamente (junto a las repercusiones sobre el rol) en otra parte de ese capítulo al hilo de una posible autoridad moral fundamentadora. La cuestión de la dimensión política de la IS y el rol de abogado ligado es retomada más adelante. Varios autores reconocen al poder -y variables ligadas- un papel central en la IC. Así para Laue y Cormick (1978; Laue, 1981) la lucha por el poder y los recursos escasos es causa esencial de las disputas comunitarias y el empowerment (fortalecimiento) de los grupos sociales más débiles para que puedan defender por sí mismos sus reivindicaciones y objetivos, la misión esencial del interventor comunitario. También para Rappaport (1981) el empowerment de las personas es el objetivo central de la IC. Riger (1989) es más radical en sus planteamientos. Señala la insuficiencia del concepto de empowerment como meta de la IC. Opone al enfoque "estructural" (o experto, donde la información es la clave de análisis e intervención) un enfoque político en que poder e intereses son los factores determinantes para entender la vida social y transformarla. Los problemas éticos no tienen, por tanto, su origen en la falta de información precisa a la hora de tomar decisiones sino en la naturaleza esencialmente política de la IC. El interventor comunitario, dice Riger, juega -lo quiera o no- un juego político: es siempre, advertida o inadvertidamente, abogado o agente de alguien. Tanto peor para él si, ignorante de ello, no tiene en cuenta los fines e intereses de los grupos sociales: no sólo se arriesga a ser utilizado por ellos, sino que, peor, no se entera de lo que realmente sucede a su alrededor no pudiendo, por tanto, actuar en consecuencia. Es lo que sucede con la interventora del caso. Siguiendo el modelo experto, trata de resolver el problema recogiendo información, asumiendo un rol neutral e ignorando la observación de Reinharz (1989) de que "los datos nunca hablan por sí mismos... son recogidos y construidos en contextos sociales y son interpretados por partes interesadas" (p. 393). Los demás -con intereses enfrentados en lucha por recursos económicos escasos- se guían, sin embargo, por el modelo político. El problema no reside sólo en la radical discrepancia entre los modelos de análisis y actuación usados por la interventora y el resto de los grupos sino, sobre todo, en que esa ignora, según Riger, en que consiste realmente la IC. Está, por decirlo así, fuera de juego y difícilmente podrá así actuar eficazmente. Por eso, añade la autora, resulta deficiente la noción de empowerment: se mueve en el nivel individual sin tomar en cuenta el complejo contexto socio político en que se da y las luchas de poder entre facciones sociales. El empowerment de los más débiles puede significar el debilitamiento los más poderosos, que no van a ceder el poder sin más ni más. 6.2. Crítica del enfoque político: Etica y política No le falta razón a Riger, y a otros abogados de la dimensión política de la IS, 113 especialmente al criticar la ignorancia que de ella hacen gala muchos esquemas analíticos y formativos. Caen, sin embargo, en la misma unilateralidad (aunque de signo opuesto) que achacan a aquellos que lo explican todo desde el conocimiento y proponen un rol de experto neutral. El acierto de subrayar el trasfondo político de muchas situaciones y acciones sociales no justifica singularizar al poder como su único -o principal- determinante. Las situaciones y temas sociales son mucho más complejas y diversas; no todo se entiende o resuelve desde claves de poder. El enfoque político en la IS puede, pues, ser criticado -o matizado- (Sánchez Vidal, 1993) en varios puntos (ampliados en su vertiente práctica en el Capítulo 4): 1. Los enfoques político y lógico no son incompatibles, sino complementarios. Se necesitan el uno al otro y cada uno por sí sólo es netamente insuficiente. Precisamos una perspectiva globalizadora y flexible de la evaluación e intervención social que tenga en cuenta los conocimientos (y la técnica) y los intereses e ideología; no una que únicamente considere los unos o los otros. 2. Suele conllevar una preocupante pérdida de la objetividad y visión global de los temas y situaciones y una tendencia a sobre simplificarlos y colorearlos según la propia ideología. 3. No resuelve, por sí solo, los temas prácticos de la intervención y el rol a adoptar. Supongamos que reconocemos la importancia de los factores políticos (y también de los ligados al estatus, prestigio, etc.) en una cuestión social, ¿cómo actuaremos entonces? (¿cuál es la línea estratégica y éticamente correcta de actuación?), ¿qué rol adoptaremos?, ¿nos convertiremos en políticos, intentaremos convencer a los profesionales, promoveremos la agitación social, trataremos de liderar la comunidad o alguno de los grupos enfrentados?, etc. 4. El rol primariamente político (abogado social) puede crear, según se ha sugerido más arriba y detallado en el Capítulo 4, tantos -o más- problemas como los que resuelve, pudiendo: * No ser el indicado en muchos temas y situaciones en que, al no ser el aspecto político el dominante, se precisa otro tipo de respuesta. * Dificultar o imposibilitar que el retorno a otros roles más apropiados a las demandas del momento: mediador o negociador reconocido por todos, evaluador u observador distanciado, planificador, etc. * Enemistar al interventor con grupos sociales contrarios a aquel del que es (o es visto como) aliado o abogado, dificultando que en el futuro pueda trabajar con todos o ensanchando, en vez de reducir, las disensiones y enfrentamientos entre grupos. Conlleva, en fin, el riesgo (Capítulo 2) de confundir el rol político y el profesional, politizando este o reduciéndolo, en el extremo, a aquél. Hay, además, otros riesgos y sospechas más "malévolas" (pero probablemente cercanas a la realidad cotidiana): ¿cómo distinguir la toma de postura política "justificada" por la situación de la simple imposición de los deseos y preferencias políticas del interventor o de la realización espura de soterradas ambiciones políticas? Devolvemos al lector al Capítulo 4 (apartado 5) donde, en respuesta a esta difícil pregunta se apuntaron dos criterios analíticos iniciales: ilegitimidad de la acción del político y situaciones de vacío de rol político. Ambas son, no obstante, circunstancias excepcionales cuya constatación requiere, como se indicó, una cuidada consideración ético-política. Confundiendo ética y política: Los riesgos del autointerés. Williams (1978) comparte, al comentar al análisis político de las disputas comunitarias de Laue y Cormick (1978), la crítica al excesivo énfasis en el poder en detrimento de los aspectos más racionales de la IS. Añade, además, otro revelador argumento dirigido al corazón mismo de la postura política y sus adherentes. Estos, sostiene Wiliams, ignoran los aspectos verdaderamente morales, confundiendo en sus análisis ética y política, bondad/maldad y poder. Pero, como son diferentes, hay que distinguirlas. Necesitamos, concluye, una concepción de la ética social en base al ideal de sociedad buena y justa y al bien común a los distintos grupos que guíe la acción social. Esa ética debe ser previa y supra ordinada al poder, controlando el uso que de él hacen los agentes 114 sociales. Los partidarios de la postura política ponen, por el contrario, a la ética liberal del autointerés y el egoismo individual como único árbitro de la situación: todo se decide por medio de luchas de poder y a través de la negociación ligada al poder poseído. Laue y Cormick no están proponiendo una ética de la acción social, sino una simple estrategia de cambio que, además, generará una tendencia a que cada grupo se aferre al poder e interés egoísta y pelee por él con los demás. El empowerment de personas y grupos desvalidos en situaciones concretas, prosigue Williams, difícilmente cambiará el equilibrio global de poder o eliminará los profundos desequilibrios y conflictos sociales. Más bien generará -en conjunción con la "ética" del autointerés individualista que lleva a todos a buscar más poder- un aumento de la conflictividad y la confrontación como forma preferida de resolver las diferencias, una inflación de demandas y reclamaciones y la fragmentación social. El riesgo último es la ruptura del sistema social en multitud de partes aisladas o enfrentadas. Eso no significa que no se deba favorecer a los más débiles, sino que eso ha de hacerse en el marco de unas normas generales de justicia y bien común (ética) que iluminen los fines de todos los grupos sociales y la conducta del interventor. El enfoque político de la IS ignora, en fin, la ética y los valores del interventor. De hecho, niega al interventor profesional como parte autónoma (no como agente político) y, habría que añadir, niega cualquier postura ética personal que no sea la del propio interés y el partidismo político. La crítica ética de Williams es irreprochable en el plano de los principios. El problema es su aplicabilidad. La posibilidad de que su punto de vista pueda guiar, como ética práctica, la conducta de un interventor doblemente social: actúa sobre temas sociales en un mundo social con unos valores morales ya dados, que el no fija. Vayamos por partes. La crítica moral es contundente: ataca a las filosofías interventivas que tienen como base moral el autointerés donde más les duele. El bien común debe prevalecer tanto sobre los intereses particulares como sobre la socialmente ruinosa filosofía global del autointerés como guía de actuación: difícilmente podemos llamar social a una ética construida sobre el interés particular e ignorante del bien (o interés) común. En su purismo, parece olvidar, sin embargo, la potencia del clima moral utilitarista que estamos inmersos y la fuerza motriz del egoismo. Y es que, hasta tanto no se pueda definir -y alcanzar- de alguna forma razonable el bien común o el contenido de una justica social aceptable para la mayoría, el interventor social está operando sobre un futurible moral deseable pero inexistente, que difícilmente puede sustentar su actuación diaria. El tema de fondo es como conciliar la profunda verdad moral que irradian estas críticas sobre lo que debería ser, con las dificultades de actuar aquí y ahora, con lo que es y en el asfixiante clima socio-moral imperante. La solución genérica pasaría por partir de lo que es (vacío moral y autointerés) y actuar en base a ello, peleando, al mismo tiempo y a más largo plazo, por lo que "debe ser" y la visión deseable de la moral social y el bien común. Lo que no puede hacer el interventor es asumir una moral que no existe, o actuar como si existiera. A menos, claro es, que quiera dar testimonio o ser mártir incomprendido en vez de un facilitador del cambio en el único mundo social existente. 6.3. El rol interventor como integrador de demandas diversas Reinharz (1989) aporta otra interesante visión del tema centrándose en la dinámica y problemas del rol asociados a la intervención en condiciones difíciles como la de la casa refugio. En la medida en que, como se ha indicado ya, el rol a adoptar debe estar primordialmente dictado por las demandas funcionales de la situación y no por las necesidades o capacidades del interventor, situaciones complejas, cambiantes o ambiguas (como la de la casa refugio) tenderán a crear no pocas dificultades éticas y de desempeño del rol como: * Conflictos (incompatibilidad, divergencia, etc.) entre los distintos roles a asumir (evaluador neutral y abogado de un grupo). 115 * Dificultades de transición de un rol a otro, si esos son compatibles. Reinharz analiza el caso del refugio para el maltrato en clave de tales dificultades: la interventora es contratada como experta (para evaluar necesidades) y, cuando ya trabaja asumiendo ese rol, le piden que actúe como abogada partidista de uno de los grupos (el grupo organizado de mujeres). Lo que está sucediendo, en realidad, es que los grupos en litigio (administración local y grupo de mujeres) intentan dirimir sus discrepancias a través de la profesional que se convierte, entonces, en depositaria de un conflicto ajeno y materialmente sometida a las demandas opuestas (información verídica y abogacía partidista) de los grupos enfrentados. Pero, dice la autora, no se puede actuar al mismo tiempo como experta neutral y como abogada de una parte. Eso es, precisamente, lo que trata de hacer la interventora. Y ese es su error: está intentando combinar dos roles incompatibles: o se es agente o abogado de unos o se experto neutral e imparcial de todos, no se puede ser una y otra cosa a la vez. Resultaría analíticamente útil añadir que las dificultades éticas y de rol descritas no están ligadas no sólo a las situaciones complejas, cambiantes y ambiguas tan frecuentes en la IS (y que exigen roles paralelamente diversos, mudables y poco definidos), sino, también (Bond, 1989), a los roles indirectos -como consulta, mediación, dinamización u otros- que el interventor social ha de asumir con frecuencia. Heller (1989) por su parte, elevándose sobre la casuística concreta examinada, ofrece una descripción más amplia, clarificadora y, a la vez, matizada del quehacer social. En su actuación, el interventor social, está sometido, según él, a tres tipos de presiones o demandas básicas: a) Normas y expectativas sociales b) Derechos de los clientes individuales c) Responsabilidades y necesidades profesionales. Al intervenir sobre cuestiones sociales complejas, el interventor deberá tener en cuenta las tres demandas ponderándolas y tratando de alcanzar un equilibrio óptimo entre ellas en las situaciones y dilemas concretos a partir del consenso existente o de la opinión de los colegas. No se trata tanto, en consecuencia, de preguntar "quién es 'cliente'" como de ver cómo va la intervención a afectar (positiva o negativamente) a corto y largo plazo a los distintos grupos. Además, establecer qué el "cliente" es el grupo más vulnerable no siempre nos dirá como servir mejor sus intereses, con lo que la pregunta de "quien es el 'cliente'" tiene una utilidad limitada. Así, por ejemplo, en el caso del refugio para mujeres maltratadas, parece preferible a largo plazo montar un programa educativo y preventivo en la escuela y la comunidad que la residencia exigida por el grupo organizado. El quehacer ético del interventor social es, en fin, sintetizado por Heller de la siguiente forma: Es importante clarificar las decisiones valorativas inherentes a nuestro trabajo y abrir la práctica de la Psicología Comunitaria a la discusión pública y profesional... Debemos tratar de entender la sutil interacción entre los valores personales y profesionales que guían nuestras acciones. Debemos... luchar por actuar de una manera ética, pero también reconer que los dilemas éticos no pueden frecuentemente ser resueltos de una forma clara a pesar de la impresión contraria creada por los códigos éticos. A veces ayudar a un grupo puede significar dañar a otro; o ayudar a resolver una crisis actual puede aumentar la probabilidad de dificultades futuras... efectos próximos positivos pueden conducir a otros distales negativos. Entender estos dilemas éticos puede no ayudarnos a resolverlos porque, a veces, las soluciones pueden estar fuera de nuestro alcance. Contribuiremos al menos a aclarar nuestras propias responsabilidades por la influencia que hayamos ejercido sobre los acontecimientos (p. 368). 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Hemos tenido ocasión de contemplar el multi facetismo, complejidad y estado iniciático del tema de la ética (y el rol) en la intervención social. Un tema cuya profundidad y pluralidad 116 trasciende la simpleza y unilateralidad de los clichés y versiones de "brocha gorda" tan usuales en los análisis éticos y políticos de la acción social y del rol interventor. Es lógico, pues, que al tratar de extraer conclusiones orientativas -siempre provisionales y limitadas- sobre el rol y las cuestiones éticas y políticas planteadas a lo largo de este capítulo, encontremos tantas divergencias como concordancias. Y concordancias en la discrepancia que, como en el tema de la posición política, tienden a polarizar -y monopolizar a veces- los debates en torno a algunas posturas. Estas conclusiones y recomendaciones se centran en la relación y el rol, el destinatario de la IS y otros aspectos como los contextuales y la relación entre poder y conocimiento relativas al rol. Hemos incorporado aquí las implicaciones significadas de nuestra propia discusión del caso amplificada en el próximo apartado a partir de una publicación anterior (Sánchez Vidal, 1993). Dado que es más fácil preguntar que responder y que hemos vertido a lo largo del libro (de forma especial y condensada al final del Capítulo 4) un tremendo número de cuestiones no debe, obviamente, esperarse una respuesta (desde luego no la respuesta) a todas ellas sino, más bien un conjunto de pistas y orientaciones que balicen éticamente el camino de la acción social en los temas más habituales o relevantes. 9.1. Rol y relación 1. Los tópicos del destinatario de la IS, relación interventor-destinatario y responsabilidad del interventor están íntimamente conectados y son reflejadas y resumidos por el rol a asumir: el tipo de relación considerado apropiado condicionará a quién va destinada la intervención. Así, la colaboración implica un igual; la abogacía social, alguien que no se puede valer por sí mismo, y así sucesivamente. Y, al contrario, dependiendo de a quien deba dirigirse la acción social será apropiado un tipo u otro de relación. Y, sin embargo, ni el destinatario determina la relación adecuada, ni esta dicta quién ha de ser aquél. Ambas son cuestiones éticas en la medida en que requieren optar a partir de unos valores elegidos o seleccionados. 2. Los criterios éticos se basan en la acción profesional al uso sobre una relación diádica, única y uniforme con destinario establecido según el modelo médico. Esos criterios resultan difícilmente aplicables a la IS que se basa en una relación: * Múltiple. Hay diversos grupos (ver punto 6) que pueden, simultáneamente o en distintos momentos, ser considerados destinatarios de la acción. Existen por tanto una multiplicidad de relaciones diferenciadas. * Heterogénea (no uniforme): la relación variará en función de las demandas situacionales, destinatario de la acción y contexto que modula e influye a ambos (demandas y destinatario). Estará también condicionada por las diferencias -de estatus, poder, información, etc.- entre interventor y destinatario/s. 3. No existe un acuerdo sobre el contenido de la relación interventor-destinatario, lo cual no debe extrañar si esa relación es heterogénea y múltiple. Los distintos contenidos relacionales descritos se condensan (con denominaciones variables) en torno a tres núcleos básicos de rol: * Experto científico-técnico neutral o independiente. * Abogado o agente partidista de uno o más grupos. * Colaborador igualitario con uno u otro. Cada forma de relación tiene sus propios partidarios y detractores que resaltan sus respectivos méritos y deméritos. No hay a acuerdo sobre cuál debe prevalecer en el conjunto del desempeño social. Otros contextos relacionales o de rol como mediador, educador o procurador de recursos, son también mencionados en la literatura como alternativas deseables. 4. La mayoría de los análisis hace propuestas de rol excesivamente simplistas y ancladas en un afán equivocado: la búsqueda de un rol único del interventor social que sea válido para cualquier momento, tema y contexto social. Creemos que, en función de las demandas de la situación y grupos en presencia, deben existir varias posiciones de rol, algunas de las cuales pasarán a ser 117 componentes estables del rol social cuando se den como respuesta recurrente al común de las situaciones presentadas: analista-evaluador, consultor-educador, planificador de programas, negociador-mediador, abogado social, dinamizador comunitario y "desarrollador" de recursos. Carece por lo tanto de sentido enfrentar, en abstracto, un rol a los demás. Lo procedente es elegir entre un rol u otro en una circunstancia concreta. El interventor deberá también sopesar con cuidado los efectos de adentrarse en dinámicas de rol que puedan incapacitarlo para seguir actuando como tal y en función de la comunidad en el futuro. Como practicante profesional sus valoraciones y tomas de posición (personales y profesionales) deberían ser, en todo caso, secundarias a las demandas funcionales "objetivas" del momento y situación. 5. Una vez adoptado uno u otro tipo de rol (o relación) ese debería ser dado a conocer a los grupos en presencia evitando asumir roles diferentes ante de unos o otros según convenga, o adoptar simultáneamente dos roles incompatibles que crearán una gran incongruencia y tensión interna y externa (una de las estrategias de resolución de conflictos de rol citada por Rothman). Debe preverse, igualmente y en lo posible, la aceptación e impacto del rol sobre los grupos sociales significativamente implicados. El rol o postura adoptada puede ser -o no- inicialmente aceptado en función de la costumbre social, que se puede tratar de modificar posteriormente desde la explicación y la praxis diaria. Cambiar de rol en el contexto de una intervención y entorno social puede acarrear serias dificultades para el propio interventor y provocar resistencias en el entorno social que deberían ser anticipadas en lo posible siempre que, claro es, el cambio de rol se vea como preciso o conveniente. En otro la constancia -o al menos consistencia- de rol debería ser la norma. 9.2. Destinatario 6. Destinatarios ("clientes") posibles de la IS son: * El conjunto de personas y grupos, la comunidad. * El gobierno como representante de todos (interés público). * El cliente nominal o designado (el que paga), con el que se establece una relación profesional a cambio de unos servicios especificados en un contrato. * El grupo más débil o necesitado (interés social). Aunque el debate sobre este tema está apenas iniciado, se observa una concentración en ciertas áreas sociales (como la comunitaria) en el grupo más débil. Otros piensan que el destinatario de la IS habría de ser la comunidad -o sociedad- en su conjunto; otros, en fin, de orientación más organizacional el cliente nominal. Las distintas opciones no son necesariamente incompatibles, aunque: a) Parece más correcto pensar que en la IS hay varios destinatarios potenciales cuyos intereses o bienestar conjunto debería buscar, en principio, el interventor. El hecho de que uno de ellos sea considerado destinatario primario no excluye responsabilidades hacia el resto de los grupos, como destinatarios secundarios o terciarios. Exige, en cambio, tener criterios valorativos que permitan jerarquizar esos intereses, ordenando la dedicación del interventor y ayudando a resolver las demandas enfrentadas o los conflictos de interés de los grupos. Así, si el destinatario primario es el grupo más débil, su bienestar primará en general sobre el resto en caso de divergencia o conflicto de intereses. b) Optar por un destinatario general en la IS, no exime de determinar en cada caso y situación concretos el destinatario primario en función del tema, momento y contexto específico de la acción. Tampoco estará siempre claro quién es el más débil en una situación social en que distintos grupos -parados, presos, drogadictos, etc.- pueden "competir" en cuanto al estado de necesidad, dificultad, riesgo o conflicto. c) Elegir un destinatario primario no ayuda en sí mismo a decidir como servir mejor sus intereses o necesidades, ya que esa es una cuestión esencialmente técnica, no valorativa. 7. Aunando consideraciones éticas y estratégicas, parece que la combinación de los criterios de 118 amplitud del colectivo y vulnerabilidad o necesidad es una forma más adecuada de definir el destinatario de la acción social. Si se focaliza siempre la acción en un grupo minúsculo, pero muy vulnerable, se descuidará el conjunto de la comunidad y la IS será difícil de justificar a largo plazo para el "interés público" que representa al conjunto de la comunidad. Centrarse sistemáticamente en la gran mayoría ignorando las minorías marginadas es ética y socialmente reprochable, aunque social y políticamente más rentable. 9.3. Otras: Contexto, poder y conocimiento 8. Antes de comenzar la intervención, es necesario hacer un análisis del contexto -político y social, sobre todo-: recursos existentes (incluido el poder y el prestigio) y forma de distribuirlos, sistemas de toma de decisiones, partes implicadas o afectadas, relaciones entre ellas y entre cada una y el interventor, fines de cada parte, etc. 9. El poder y su distribución es clave en el análisis y acción social. Su evaluación a nivel de grupos sociales debe preceder y acompañar la intervención en cuanto a las implicaciones políticas para los grupos de interés en presencia y el papel político implícita o explícitamente jugado por el interventor y la acción proyectada. Es necesario examinar los intereses de cada grupo relevantemente implicado en la acción y sus fines, así como su eventual compatibilidad con los fines implícitos o explícitos del propio interventor (apartado 9.4) 10. Además del rol a asumir (punto 5) el interventor debe tratar de examinar su propia "agenda" -preferencias, fines e intereses- con los colegas. Deberá también hacerla explícita a (y en su caso discutirla con) los destinatarios de su trabajo en casos de duda o cuestionamiento, excesiva implicación, conflicto con los intereses de los destinatarios y otros pertinentes. En ningún caso debe esa agenda interferir con el desempeño íntegro y objetivo del rol profesional que se supone orientado al bienestar o beneficio del destinatario de la IS (en los términos pactados o habituales), no al del interventor. 11. El conocimiento acumulado sobre los temas o problemas a resolver son importantes y deben primar sobre las preferencias ideológicas del interventor que habrá de revisar, antes de actuar, la evidencia acumulada sobre el tema de interés y sus implicaciones interventivas. 12. Dada la indefinición relacional del campo social, el establecimiento del contrato con los grupos sociales es fundamental para establecer un marco relacional y social, explicitando los derechos y deberes de cada parte en el proceso, las relaciones entre ellas y la responsabilidad del interventor en los efectos causados. El estudiante debe recibir formación sobre la realización de tales contratos (explícitos o implícitos) y sobre sus implicaciones relacionales e interventivas posteriores. 13. Los procedimientos sugeridos no resuelven por sí solos los dilemas ético-valorativos planteados. Sí ayudan, en cambio, a aclararlos, evitarlos, limitarlos o ponerlos en una perspectiva más apropiada. Pueden también generar nuevos dilemas y, desde luego, no evitan, que el interventor tenga que elegir y tomar decisiones en base a valores personales y profesionales. 8. ESQUEMA DE TRABAJO SUGERIDO Se amplia e ilustra aquí el esquema operativo para examinar las cuestiones éticas en la IS ya delineado en el apartado 3. Se trata de un procedimiento ético-político. Es ético en cuanto se examina la bondad, o maldad, de las distintas opciones y las responsabilidades derivadas de ellas. Es político en el sentido de reconocer y examinar los intereses políticos que, en consonancia con la experiencia del campo, asumen un papel clave en las acciones sociales. No cayendo a pesar de este acento política en los vicios reduccionistas denunciados repetidamente denunciados en este volumen: ni la valoración ética es sacrificada a la política, ni se asume operativamente como única válida la moral del autointerés. Como el resto de los procesos de análisis ético propuesto, complementa -no substituyelos métodos usuales de planificación técnica tan propensos a olvidar aspectos valorativos y 119 estratégicos básicos como el poder. Racionaliza, sin embargo, el proceso de elegir y tomar decisiones, ordenando y poniendo en perspectiva inter-relacional las cuestiones éticas y políticas. Sin embargo, ni evita las cuestiones éticas ni aporta en sí mismo los contenidos de sus respuestas "correctas". Esa es tarea del interventor particular (personal o grupal) que es quien, en última instancia, debe elegir y tomar decisiones "en conciencia", tras discutir con sus compañeros de tarea, teniendo en cuenta los datos contextuales y el saber colectivo decantado en la deontología profesional. Sus pasos son los siguientes: 1) Identificar los grupos de interés. Los grupos sociales que, como interesados o afectados potenciales por la cuestión, tendrán una posición definida y un potencial de devenir actores sociales respecto a su solución -en la que se van a implicar más o menos activamente- o "reactores" respecto a las acciones que otros emprendan. La posición y acciones -o reaccionespotenciales de los grupos pueden converger o divergir entre ellas y respecto al tipo de intervención propuesta, en función de sus respectivos intereses y de las acciones planteadas en cada caso concreto, por eso es tan importante averiguarlas y tenerlas en cuenta en la IS. 2) Determinar, en función de los intereses y otras motivaciones hipotéticas, los fines plausibles de los grupos. Tanto los declarados o explícitos como los implícitos, también operativos en la situación y que pueden inferirse (y ponerse a prueba, en su caso) de "datos" como: intereses atribuibles, declaraciones verbales o comportamiento previo ante temáticas similares. Importa detectar aquí los conflictos de fines o intereses entre grupos que pueden derivar en conflictos o generar dificultades para el practicante en el curso de la intervención. 3) Identificar las responsabilidades o deberes del interventor hacia cada parte. Tanto las socialmente reconocibles, explícitas, como aquellas que, aunque implícitas, motivan igualmente la conducta del interventor. Interesa localizar los eventuales enfrentamientos o interferencias entre las responsabilidades debidas a las distintas partes que pueden originar dualidades o conflictos de rol. Es también conveniente avanzar soluciones que: a) armonicen satisfactoriamente los deberes primordiales hacia las distintas partes -si son compatibles-; b) faciliten la opción por unas responsabilidades (y línea de actuación) sobre otras cuando sean incompatibles, en base a la bondad ética de cada una. 4) Determinar, a partir de la información disponible, las principales salidas u opciones de actuación existentes. 5) Analizar a partir de las responsabilidades identificadas, el rol básico (o roles sucesivos si se preven cambios de rol) correspondiente a cada opción, adecuación del rol a la situación, posibilidades y limitaciones de asumirlo/s y eventuales problemas de tránsito entre roles o incompatibilidades entre ellos. 6) Analizar, a partir de la información disponible, las consecuencias positivas o negativas previsibles para cada grupo de interés relevante de cada línea de acción posible. Es decir, prever qué beneficios y perjuicios supondrá cada solución para cada grupo a la luz de sus fines respectivos antes examinados. 7) Tomar la decisión de seguir una línea de acción dada a partir de las conclusiones extraídas de los análisis previos tanto en cuanto al impacto sobre el propio interventor como sobre la situación externa. En la realidad final, esa decisión dependerá tanto de juicios de valor éticos como de evaluaciones técnicas y estratégicas sobre del tema y la situación contextual. 8) Corregir en función del impacto ético-político de la evolución de la situación, actuación de las diversas partes e información relevante que pueda aparecer y modificar lo ya sabido. Apliquemos los pasos del esquema al caso del maltrato intentando al mismo tiempo extraer conclusiones, o elaborar conceptos, más generales y válidos para la IS en su conjunto o, al menos, para otras muchas situaciones. 1. Grupos directamente interesados: mujeres maltratadas (físicamente y las mujeres maltratadas en general, dos grupos solapados, pero no coincidentes); grupo organizado de mujeres; y 120 municipio (la administración en general). Corresponden, respectivamente, a los siguientes agentes o tipos de interés básicos en la IS: * Interés social, el grupo más débil, necesitado, sufriente o desfavorecido (mujeres maltratadas). * Cliente nominal (grupo organizado, aquí): aquél con el que se mantiene una relación profesional regulada por un contrato explícito o implícito (regido por lo que es habitual o costumbre en el campo profesional respectivo). * Interés público (el ayuntamiento, aquí): representa al conjunto de ciudadanos (la comunidad), del que los grupos previos (cliente e interés social) son sólo una parte. Otros grupos indirectamente implicados o afectados y a tener en cuenta de cara a los "efectos sistémicos" de la intervención son: * La comunidad; aquí, el conjunto de pobladores de la zona cubiertas por la casa-refugio (que, naturalmente, puede no constituir, más allá de la delimitación geográfica y administrativa, una verdadera comunidad social). Nos interesa conocer el grado de "conciencia de problema" existente sobre el tema del maltrato (¿es visto como un problema relevante o es un tema desconocido o irrelevante para la mayoría?) y la actitud y postura global de la comunidad sobre el tema (¿ven necesario un refugio -u otro tipo de ayuda- para personas maltratadas?) y, en concreto, sobre la apertura de la casa. * La profesión -psicológica en este caso- con la que la interventora tiene una "conexión" simbólica (deontológica, ética en general): debe ejercer su trabajo con integridad y de acuerdo a los principios reconocidos de ética profesional. El problema es que no hay una sola sino varias profesiones implicadas en la IC (y en la IS, en general), de manera que los principios de comportamiento correcto habrían de ser, como la propia praxis, interprofesionales. Lo que exigiría que las profesiones se pusieran en contacto, debatieran y acordaran principios y normas de conducta más o menos generales... nada de todo lo cual existe, claro es, todavía. * Las familias de las mujeres maltratadas. Su situación y la disposición de los maridos es esencial de cara a su eventual participación en algún programa de rehabilitación o reconstrucción de la convivencia familiar (si eso fuera viable) o de mediación familiar -y posible ayuda a los propios maltratadores- para resolver la situación global lo menos traumáticamente posible. Y es que un punto crucial de la intervención será decidir si el destinatario son sólo las mujeres maltratadas o las familias en su conjunto. En el primer supuesto, el resto del núcleo familiar será secundario o irrelevante. Si, en cambio, ponemos en primer plano el bienestar de los hijos y asumimos, como parece razonable, que ese bienestar se va a lograr mejor desde el conjunto de la familia, el destinatario será toda la familia. Y actuaríamos en las dos direcciones, mujeres maltratadas y resto de la familia, complementando la acción protectora de esas con aquellas estrategias -rehabilitación, mediación, etc.- apropiadas para restablecer la integridad familiar. Algo que sólo sería viable, en la práctica, si la relación matrimonial es aún salvable y ambos cónyuges están de acuerdo en volver a intentarlo con ayuda externa. (En otros términos, más teóricos, estamos atribuyendo a la familia una cierta integridad y funcionalidad virtual: que puede llegar a volver a funcionar como tal familia; si no, si consideramos irrecuperable a la familia, no trabajaríamos en esa dirección). Nótese que mientras algunos grupos están bien identificados, otros están apenas perfilados. Así, las "mujeres maltratadas" pueden incluir a aquellas físicamente maltratadas o a las física y psicológicamente maltratadas. Mientras que el primer grupo es probablemente menor y más fácilmente identificable (a través de criterios "médicos", ergo "objetivos"), en el caso del segundo, ¿dónde establecemos el límite del maltrato emocional o verbal y las incidencias negativas de una situación familiar o parental difícil o conflictiva? La evaluación es más complicada. Por otro lado, la psicóloga puede contar, al hacer la evaluación del maltrato, a todas las personas que están siendo maltratadas o sólo a las probables usuarias de la futura casa: la 121 porción de mujeres maltratadas que van a usar la casa cuando abra, en vez de resolver el maltrato por otras vías (separación de hecho; visita a un profesional, familia, amigos, etc.). Dado, además, que el maltrato físico suele conllevar maltrato emocional, parece claro a posteriori que la evaluadora tendría que haber: a) Clarificado el encargo en los términos aquí discutidos antes de aceptarlo. b) Negociado la posibilidad, y conveniencia, de no separar ambos tipos de maltrato en previsión de las medidas apropiadas. En caso de desacuerdo (con los criterios del grupo de mujeres o del ayuntamiento) en este punto crucial del problema que viene a condensar todos los malentendidos posteriores (o a ser, al menos, pretexto para ellos), debería haber rechazado el encargo. 2. Fines e intereses plausibles de los grupos * Mujeres maltratadas. No los conocemos: no han hecho demanda explícita alguna y, sobre el papel, sus intereses están representados por el grupo organizado. Por lógica y experiencia podemos suponer que los fines de aquellas son: a corto plazo, seguridad; tener un lugar seguro para vivir (con sus hijos) lejos del maltrato. A medio y largo plazo (y suponiendo que no sea viable la reunificación familiar) es muy probable que precisen apoyo psicológico y legal y ayuda para encontrar un trabajo que les permita ser auto suficientes. * Grupo de mujeres. En la medida en que actúan como abogadas sociales de las mujeres maltratadas, su objetivo explícito es conseguir dinero para abrir, y mantener, un refugio para aquellas. Podemos hipotetizar, sin embargo, intereses implícitos no tan altruistas -frecuentes en estos casos- como alcanzar un prestigio y reconocimiento social por su labor. Siempre que ese interés "egoísta" no interfiera con, o se anteponga a, el primario (aquí, ayudar a las mujeres maltratadas con sus problemas), es psicológica y estratégicamente lógico esperar que los actores sociales no remunerados derivan algún beneficio -satisfacción personal, aumento de estatus social o presencia mediática, etc.- de sus acciones de abogacía social. Investigación y experiencia psicológica dicen que sólo las relaciones razonablemente simétricas duran: quién da mucho y recibe poco sufre en su nivel de autoestima y acaba quemándose. Estratégicamente se necesita estímulo y ayuda externa para mantener esos procesos de ayuda voluntarios y de terceros no profesionales sometidos, de lo contrario, a una cierta explotación con la consecuente alta "mortalidad" autodefensiva. Éticamente, sin embargo, lo fundamental es que los motivos de auto mantenimiento no interfieran con la defensa de los intereses de las mujeres maltratadas: que el grupo organizado defienda los intereses -y bienestarde ellas, no el suyo propio. Eso es lo que debe vigilar el interventor, reconociendo y asegurando, al mismo tiempo, las recompensas debidas para que el autointerés no emerja, bajo disfraces respetables, por la puerta trasera. * Municipio. Explícitamente persigue proteger o aumentar el bienestar de sus ciudadanos -de todos ellos, no de un grupo en concreto- y gastar bien el dinero de la comunidad. Pueden, sin embargo, existir otros fines implícitos -como la rentabilidad electoral o el impacto social de las acciones- que lleven en la práctica a negar peticiones de grupos minoritarios o con poca capacidad reivindicativa o impacto comunitario, como las mujeres maltratadas. Precisamente por eso es estratégicamente importante apoyar al grupo de mujeres: como abogadas de las maltratadas, aportan el impacto y movilización social de que aquellas, por su situación (son muchas, pero temerosas y viven el problema de forma individual), carecen. El interés implícito merece consideración similar -con matices- al del grupo de mujeres. Sobre el papel, la misión del político es representar los intereses de toda la comunidad (no sólo de aquellos que lo votaron o simpatizan con su partido político) y, como al profesional, le pagan por hacerlo, de manera que éticamente no cabe esperar ningún otro interés secundario o espurio. En la práctica, sin embargo, esos intereses existen como parte poderosa del comportamiento político habitual y no pueden ser estratégicamente ignorados por el interventor, lo que no significa que los haya de hacer suyos. Al contrario, el interventor debe permanecer 122 independiente y distante de ellos, no confundiendo su rol con el político: su único interés en la acción profesional debe ser la comunidad (o sus sectores más débiles). ¿Qué hacer entonces? Una de dos: o reconocer tales intereses (como ajenos, naturalmente) y, si son legítimos, tratar de hacerlo compatibles con su interés profesional primario, o renunciar a trabajar con una línea política con la que no sintoniza y que, además, genera acciones que, no siendo moralmente condenables, no juzga las más adecuadas (aunque decidir cuáles son las acciones adecuadas en el nivel global, no es tarea del técnico, sino del político). Un ejemplo típico es la "explotación" mediática por el político de las acciones sociales realizadas, en principio admisible o, al menos tolerable, como parte del día a día social. Si, en cambio, las acciones -o la línea de actuación general- son juzgadas ilegítimas (así, la reiterada utilización partidista de la IS), no solo puede, sino que debe -tras discutirlo con sus colegas para asegurarse de que no es una cuestión meramente personal- denunciarlas ante el destinatario (y víctima) de la acción, en primer lugar, y ante la comunidad en su conjunto -o los estamentos apropiados-, después. El examen global de los fines de los grupos de interés permitirá localizar conflictos de interés entre grupos que pueden plantear dificultades al interventor. En el caso comentado hay un evidente conflicto entre los fines del ayuntamiento y del grupo de mujeres: aquél quiere evitar gastar dinero; ese quiere obtener dinero para financiar la casa-refugio. La interventora está "pillada" en medio de ese conflicto: debe ser bien consciente de ello y buscar salidas. Hay que estar alerta también a las posibles discrepancias entre los fines de las mujeres maltratadas y los que les atribuye el grupo organizado, su abogado social nominal. Aunque unas y otras parecen coincidir en la ayuda para la amenaza inmediata, el maltrato, las primeras pueden tener necesidades adicionales de ayuda en el área psicológica, legal y de trabajo no contempladas por las segundas: habría que recoger información al respecto. El interventor debe vigilar especialmente esas eventuales discrepancias: si considera a las mujeres maltratadas como su destinatario primario, ha de actuar en la línea de proteger y promover sus verdaderos intereses, no aquellos que más o menos bienintencionadamente defiende el grupo organizado. Pero debe hacerlo teniendo también en cuenta la útil tarea de ese grupo, tratando de complementarla y corregirla en su caso, no minándola o perjudicándola. Primero, para no tirar piedras contra su propio tejado: el interventor (o las instancias públicas) tendrá(n) que asumir al final la parte de acción social que las organizaciones informales y voluntarias no realicen. ¡No sólo hay que cuidar al desvalido sino a sus aliados y abogados! Segundo, para contribuir a su empowerment y desarrollo que, por lo que sabemos, se produce a través de la acción (y la ayuda al otro) eficaz y autónoma de los actores sociales que, según el clásico lema de la ayuda mutua (Riessman, 1965) y de la acción comunitaria "se ayudan a sí mismo ayudando a los demás". 3. Responsabilidades de la interventora hacia cada grupo de interés: * Mujeres maltratadas: responsabilidad social -y una cierta fidelidad o lealtad en la defensa de sus intereses- como grupo más débil o necesitado. * Grupo de mujeres: las explícitamente recogidas en contrato o, si no hay contrato explícito, las generalmente acordadas por la profesión en la relación profesional con un cliente: confidencialidad, veracidad, validez y calidad técnica del trabajo, etc. * Municipio: veracidad e integridad en el testimonio y asesoramiento experto teniendo en cuenta que representa -debe representar- los intereses de toda la comunidad. El conjunto de responsabilidades viene a definir la vertiente ética (y política) del rol del interventor. Habrá que examinarlas de cara a detectar posibles contradicciones. Si las responsabilidades son globalmente compaginables no habrá, de entrada, conflictos éticos y el interventor podrá asumir un rol que le permita trabajar con todos los grupos. Si hay incompatibilidades, habrá que buscarles solución optando por unos deberes sobre otros. En 123 ambos casos habrá que ordenar los intereses de los grupos en función de su prioridad como destinatarios (primario, secundario, etc.) en cada caso a partir de su examen general en la IS (y de los valores básicos que, según el campo temático, método empleado, profesión del interventor y sus propias opciones éticas, deben orientar cada acción). Si acordamos que el grupo más vulnerable es el destinatario primario, la administración (siempre que represente legítimamente los intereses de la comunidad) el secundario y el cliente nominal, el terciario, la interventora debería primar las responsabilidades hacia las mujeres maltratadas, por encima de las debidas al municipio y de la confidencialidad hacia el grupo organizado. Como las primeras no están presentes, el conflicto nuclear específico queda reducido al enfrentamiento del deber de veracidad e información pública que tiene ante el municipio y el de confidencialidad que tienen ante las mujeres. Según se prime -como deber y en cuanto a sus consecuencias previsibles en cada caso-, se actuará en una u otra dirección. Fases 4 (opciones básicas) 6 (consecuencias de las opciones) y 7 (decisión). A partir del conflicto nuclear identificado, la interventora tiene dos opciones primordiales según prime un deber u otro: a) Si prima la confidencialidad hacia el grupo organizado y valora el riesgo que, de revelar al municipio el uso real de la casa, esta sea cerrada y no se ayude a nadie, permanecerá en silencio. Bien es cierto, que el riesgo final es que el ayuntamiento acabe conociendo la situación de la casa y la reputación e integridad de la interventora sufra bastante más que si confiesa ahora lo que sabe. b) Si prima el deber de veracidad, derecho del público a la información (y su propia integridad profesional), ha de informar al municipio de como se está usando en realidad la casa. Existe el riesgo de que, al hacerlo, aquél, al sentirse engañado, cierre la casa y se perjudiquen seriamente los intereses de las mujeres maltratadas que la usan. Hay, sin embargo, otras opciones. Mis preferencias serían, en lo inmediato, que la interventora presione al grupo organizado para que dé cuenta al municipio de lo que ocurre, amenazando, si se niegan, con informar directamente ella misma (ya que tiene el deber de veracidad al ayuntamiento y se siente engañada por la conducta del grupo) y ofreciendo, en caso de acuerdo del grupo a la propuesta, su colaboración para ayudar a persuadir al municipio de que mantenga la ayuda a las mujeres maltratadas pero, eso sí, en condiciones de lealtad entre las dos partes (municipio y grupo organizado) que habrán de dialogar y entenderse entre ellas. Otra posibilidad, potencialmente más fructífera a largo plazo, sería (Heller, 1989) montar un programa de educación en la escuela y la comunidad para prevenir el maltrato. Eso no resolvería, sin embargo, el problema de refugio inmediato de las personas que están siendo maltratadas ahora. Sería deseable junto a la casa-refugio, no en substitución de ella. Hasta aquí el examen del caso según el esquema propuesto. En él se han simplificado deliberadamente los grupos presentes y las responsabilidades ligadas. Podríamos haber incluido también otros grupos indirecta o simbólicamente implicados: * Familias padres maltratadores e hijos que permanecieran con ellos. Habría que clarificar, como se ha remarcado, si el destinatario de la acción son sólo las mujeres maltratadas o el conjunto de las familias, pensando sobre todo en el interés -y potencial de desarrollo- de los hijos. En este último caso habríamos de trabajar también con el resto del núcleo familiar (donde se asume está la causa del maltrato, no lo olvidemos) de cara a la reconstrucción de la unidad familiar, en la medida en que eso sea razonablemente viable (y aceptable a ambas partes). Eso implicaría, como se ha indicado, ayudar también a los padres maltratadores con sus problemas y mediar entre ellos y las mujeres maltratadas. * Comunidad. Nos interesa en función de que apoye -o no- y sostenga la casa refugio y, sobre todo, en la medida en que esté o no concienciada del problema del maltrato femenino (un tema insidioso, poco publicitado y padecido por mujeres, no por hombres) y constituye, o no, una 124 prioridad o interés para el conjunto de ciudadanos. Sería particularmente crucial si queremos prevenir el maltrato o implicar a la comunidad en su solución. * Profesión. Está implícitamente implicada en la medida en que le interesa una práctica profesional científica, técnicamente eficaz e íntegra desde el punto de vista ético. En ese sentido y cualquiera que sea el comportamiento real de la interventora, la profesión tiene el derecho, y el deber, de exigirle que ese comportamiento sea acorde con los principios de responsabilidad e integridad profesional aplicables a la situación concreta. Lo cual, además de controlar la conducta individual de los interventores, trataría de evitar que se identifiquen sus actos impropios con el respectivo gremio profesional que, a través de las condenas o sanciones, se desmarca de ese comportamiento impropio. * ¿Interventora? ¿Es -deber ser- parte interesada o no? Podemos recapitular telegráficamente lo discutido en el Capítulo 4 (apartado 5) y el presente sobre la postura política concluyendo que -en general y en principio- el interventor: a) No debe ser parte interesada en el sentido de esperar algún tipo de auto beneficio (estatus, prestigio...). Como profesional que es, le pagan por sus servicios y no debe esperar -como el político- otras recompensas. Sí puede esperar, en cambio, mantener su reputación e integridad profesional, pero como "fruto" indirecto de lo que hace: en función de la evaluación de los demás; su actuación no debe estar primordialmente guiada por ese interés. El caso del grupo organizado (las organizaciones voluntarias en general) es distinto: no siendo su tarea remunerada económicamente es razonable que esperen algún tipo de beneficio de ella. b) Los intereses se refieren al rol no a persona del interventor. No se trata de negar las preferencias, ideas o intereses personales, sino de impedir que esos interfieran con -o sean indebidamente usados en- el desempeño profesional. c) Tampoco se entiende el interés (y el eventual "posicionamiento" político) como dirigido a un partido (o color) político determinado si no, más en general a un ideal (como la justicia social) o con un grupo social, por ejemplo, los más débiles. Es decir, el interés, abogacía o compromiso del interventor es más social que específicamente político. Se puede llamar político en sentido genérico, porque va ligado al poder y a su distribución, no en el sentido específico citado que llevaría a confundir el rol profesional y el político: sería impropio, por ejemplo, que la conducta de la interventora del caso viniera dictada básicamente por las simpatías, o antipatías, políticas del actual equipo de gobierno del ayuntamiento. d) También se entiende que el interventor puede -y probablemente debe- estar vocacionalmente interesado -o comprometido con- un campo de trabajo (los mayores, las drogas...) o con la ayuda a los demás. Existe, en ese sentido, un interés básico y genérico por lo que hace, distinto del que adicionalmente puede tener -por grupos, ideas, líneas de acción...- en las situaciones interventivas concretas. e) Si se compromete con una idea o grupo social no debe hacerlo al buen tuntún, sino consciente y deliberadamente, como fruto de una reflexión personal y de una discusión con los colegas en que puedan apreciarse, además de los ideales que motivan la postura, sus costos, beneficios y riesgos para los demás y para el futuro desempeño profesional. La ausencia de reflexión -y conciencia de la situación- suficiente es, precisamente, uno de los defectos básicos de la actuación de la interventora del caso, que no parece enterarse del juego que lleva entre manos ni de sus consecuencias en términos de los objetivos de los grupos y las relaciones con ellos. f) La postura de abogado social -partidista- se basa en la prioridad del valor justicia y empowerment del más débil (cuyos riesgos de pérdida de objetividad, enemistarse con otras partes y dificultar el retorno al rol de ayudador de todos, fueron señalados). La situación del caso analizado es apropiada para ejercer ese rol. Como ya lo está asumiendo una parte (el grupo organizado), sería, sin embargo, impropio para la interventora, pues duplicaría un rol ya existente. 125 g) La postura de experto neutral o independiente, motivada desde la prioridad de trabajar con toda la comunidad sin favorecer a ninguna de sus partes, está bien ilustrada por la evaluadora del caso. Sus peligros y costos asociados (dificultad del rol en situaciones de conflicto, favorecer implícitamente al más fuerte y sostener el estado de cosas injusto, posibilidad de ser usado por unos contra otros, ingenuidad de la visión objetivista y de "estar por encima de todo", etc.), también. 126 REFERENCIAS ADELSON, D. (1974). Man as the mesure. Nueva York: Human Sciences Press. ALBRECHT, G. y OTTO H. U. (eds.) (1991). Social prevention and the social sciences (61-70). Berlin: Walter de Gruyter. ARON, R. (1967). Introducción. En M. WEBER, El político y el científico (p. 9-77). Madrid: Alianza. BACK, K. (1978). An ethical critique of encounter groups. En G. BERMANT, H. C. KELMAN y D. P. WARWICK (eds.), The ethics of social intervention (p. 103-116). Nueva York: Halstead Press. BAUMAN, Z. (1993). Postmodern ethics. Oxford: Blackwell. BENNE, K., BRADFORD, L., GIBB, J. y LIPPITT, R. (1975). The laboratory method of changing and learning: Theory and application. Palo Alto, Cal.: Science and Human Behavior. BERMANT, G., KELMAN, H. C. y WARWICK, D. P. (eds.) (1978). The ethics of social intervention. Nueva York: Halstead Press. BERMANT, G. y WARWICK, D. P. (1978). The ethics of social intervention: Power, freedom, and accountability. En G. BERMANT, H. C. KELMAN y D. P. WARWICK (eds.), The ethics of social intervention (p. 379-417). Nueva York: Halstead Press. BIERCE, A. (1911/1957). The devil's dictionary. Nueva York: L. M. Hacker-Sagamore Press. BILBENY, N. (1992). ¿Por qúe hay valores? El Ciervo, 500, 7-8. BLACK, D. (1993). The social structure of right and wrong. San Diego: Academic. BLAU, P. (1964). Exchange and power in social life. Nueva York: Wiley. BOND, M. A. (1989). Ethical dilemmas in context: Some preliminary questions. American Journal of Community Psychology, 17, 343-345. BRUMLIK, M. (1991). Is an advocatory ethic at all possible? En, G. ALBRECHT y H. U. OTTO (eds.), Social prevention and the social sciences (p. 61-69). Berlin: Walter de Gruyter. BRYK, A. S. (ed.) (1983). Stakeholder-based evaluation. San Francisco: Jossey-Bass. CAMPS, V. (1990). Virtudes públicas. Madrid: Espasa. COLOMER, M. (1988). La influencia del proceso histórico en los valores del trabajo social. Revista de Trabajo Social; (monográfico: "Valores y Trabajo Social"), 12, 16-21. CONILL (1996). Aspectos éticos de la intervención psicosocial. En A. SANCHEZ VIDAL y G. MUSITU (comps.), Intervención Comunitaria: Aspectos científicos, técnicos y valorativos. Barcelona: EUB. CONNER, R. F. (1990). Ethical issues in evaluating the effectiveness of primary prevention programs. En G. B. LEVIN, E. J. TRICKETT y R. E. HESS. (eds.), Ethical implications of primary prevention (p. 3-21). Nueva York: Haworth. COOK, T. D. y SHADISH, W. R. (1986). Program evaluation: The wordly science. Annual Review of Psychology, 37, 193-232. DAVIDSON, W. S. (1989). Ethical and moral dilemmas in Community Psychology: Tarnishing hte angel's halo. American Journal of Community Psychology, 17, 385-389. DOMENECH, A. (1989). Seis conceptos de igualdad. En V. CAMPS, S. GINER, F. SAVATER y otros. L'ètica del present (p. 121-128). Barcelona: Fundación Caixa de Pensions. DWORKIN, R. (1977). Taking rights seriously. Londres: Duckworth. DYE, J. R. (1996). Power and society. An introduction to the social sciences (7a. edic.). Belmont: Wadsworth. ETZIONI, A. (1993). Spirit of community: Rights, responsabilities, and the communitarian agenda. Nueva York: Simon & Schuster. 127 FUNTOWICZ, S. O. y RAVETZ, J. R. (1990). Uncertainty and quality in social science for policy. Dordrecht: Kluver. FUNTOWICZ, S. y RAVETZ, J. R. (1997). Problemas ambientales, ciencia post-normal y comunidades de evaluadores extendidos. En, M. I. GONZALEZ GARCIA, J. A. LOPEZ CEREZO y J. L. LUJAN (comps.), Ciencia tecnología y sociedad (p. 151-160). Buenos Aires: Paidós. GALLESICH, J. (1982). The profession and practice of consultation. San Francisco: Jossey-Bass. GIDDENS, A. (1994). Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza. GINER, S. (1989). Sociogénesis de la ética. En, V. CAMPS, S. GINER, F. SAVATER y otros, L'ètica del present (P. 71-81). Barcelona: Fundació Caixa de Pensions. GLIDEWELL, J. C. (1978). Ethical issues in and around encounter groups. En G. BERMANT, H. C. KELMAN y D. P. WARWICK (eds.), The ethics of social intervention (p. 69-101). Nueva York: Halstead Press. ---- (1984). Training for the role of advocate. American Journal of Community Psychology, 12, 193-198. GOLANN, S. E. (1969). Emerging areas of ethical concern. American Psychologist, 24, 454-459. GONZALEZ CASANOVA, J. A. (1992). El verdadero Estado está aún por construir. El Ciervo, 500, 14-15. GONZALEZ GARCIA, M. I., LOPEZ CEREZO, J. A. y J. L. LUJAN (comps.) (1997) Ciencia, tecnología y sociedad. Buenos Aires: Paidós. GOODSTEIN, L. D. y SANDLER, I. (1978). Using psychology to promote human welfare: A conceptual analysis of the role of Community Psychology. American Psychologist, 33, 882-892. GRACIA, A. (1994). Els drets del nen: l'expressió d'un desig i l'acceptació d'uns limits. Psicología. Text i Context (dossier: Els límits de l'intervenció), 9, 25-27. GUSKIN, A. E. (1978). Engineers, systems analysis, and educational change: Some ethical implications. En G. BERMANT, H. C. KELMAN y WARWICK, D. P. (eds.), The ethics of social intervention (p. 191-202). Nueva York: Halstead Press. HELLER, K. (1989). Ethical dilemmas in community intervention. American Journal of Community Psychology, 17, 367-378. HELLER, K., PRICE, R., REINHARZ, S., RIGER, S. y WANDERSMAN, A. (1984). Psychology and community change: Challenges of the future (2a. ed). Homewood, Ill.: Dorsey Press. HOLTZMAN, W. H. (1997). Community Psychology and full-service schools in different cultures. American Psychologist, 52, 381-389. HUEY, C, P., LITTLE, J. C., SMITH, P. y otros (1978). The Seattle urban academy program: An example of social intervention. En G. BERMANT, H. C. KELMAN y D. P. WARWICK (eds.), The ethics of social intervention (p. 163-189). Nueva York: Halstead Press. HUMPHREYS, K. y RAPPAPORT, J. (1993). From the community mental health movement to the war on drugs: A study in the definition of social problems. American Psychologist, 48, 892-901. HURRELMANN, K., KAUFMAN, F. X. y LÖSEL, F. (1987). Social intervention: Potential and constraints. Berlin: Walter de Gruyter. KEITH-SPIEGEL, P. y KOOCHER, G. P. (1985). Ethics in psychology. Professional standards and ethics. Hillsdale, N. J.: Erlbaum. KELMAN, H. C. (1965). Manipulation of human behavior: An ethical dilemma for the social 128 scientist. Journal of Social Issues, 21, 31-46. KELMAN, H. C. y WARWICK, D. P. (1978). The ethics of social intervention: Goals, means, and consequences. En G. BERMANT, H. C. KELMAN y D. P. WARWICK (eds.), The ethics of social intervention (p. 3-33). Nueva York: Halstead Press. KENDLER, H. S. (1993). Psychology and the ethics of social policy. American Psychologist, 48, 1046-1053. KNITZER, J. (1980). Advocacy and Community Psychology. En M. GIBBS, J. R. LACHENMEYER y J. SIGAL (eds.), Community Psychology (p. 293-309). Nueva York: Gardner. KOHLBERG, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization. En, D. GOSLIN (ed.), Handbook of socialization-theory and research. Nueva York: Houghton Mifflin. KOHLBERG, L. (ed.) (1981). The philosophy of moral development. San Francisco: Harper & Row. KRASNER, L. y HOUTS, A. C. (1984). A study of the "value" systems of behavioral scientists. American Psychologist, 39, 840-850. KUHN, T. (1970). The structure of scientific revolutions (2a. edic). Chicago: University. LAUE, J. H. (1981). Conflict intervention. En M. OLSEN y M. MICKLIN (eds.), Handbook of Applied Sociology (p. 48-66). Nueva York: Praeger. LAUE, J. y CORMICK, G. (1978). The ethics of intervention in community disputes. En G. BERMANT, H. C. KELMAN y D. P. WARWICK (eds.), The ethics of social intervention (p. 205-231). Nueva York: Halstead Press. LEVIN, G. B., TRICKETT, E. J. y HESS, R. E. (eds.) (1990). Ethical implications of primary prevention. Nueva York: Haworth. LEVINE, M. E. y PERKINS, D. V. (1987). Social action in community psychology: Science, politics, and the ethics of community intervention. En, AUTOR, Principles of community psychology: Perspectives and applications (p. 329-354). Nueva York: Oxford. LIPOVETSKY, G. (1994). El crepúsculo del deber. Barcelona: Anagrama. LIPPITT, R. (1983). Ethical issues and criteria in intervention decisions. En, S. COOPER y W. HODGES (eds.), The mental health consultation field (p. 139-151). Nueva York: Human Sciences. LOPEZ, M. L. (1992). Concepto de ética y su aplicación en el trabajo social. Madrid: Cátedra San Juan de Dios. MACINTYRE, A. (1984). After virtue. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame. MEMMI, A. (1984). Dependence: A sketch for a portrait of the dependent. Boston: Beacon. MITROFF, I. I. (1983). Beyond experimentation: New methods for a new age. En E. SEIDMAN, (ed.), Handbook of social intervention (p.163-177). Beverly Hills: Sage. O'NEILL, P. (1989). Responsible to whom? Responsible for what? Some ethical issues in community intervention. American Journal of Community Psychology, 17, 323-341. OPOTOW, S. (1990). Moral exclusion and injustice: An introduction. Journal of Social Issues, 46, 1-20. PERLMAN, B. (1977). Ethical concerns in community mental health. American Journal of Community Psychology, 5, 45-57. POPE, K. S. (1990). Identifying and implementing ethical standards for primary prevention. En G. B. LEVIN, E. J. TRICKETT y R. E. HESS. (eds.), Ethical implications of primary prevention (p. 43-64). Nueva York: Haworth. PRILLELTENSKY, I. (1989). Psychology and the status quo. American Psychologist, 44, 795-802. ---- (1994). The morals and politics of Psychology. Nueva York: State University of New York. 129 ---- (1997). Values, assumptions, and practices: Assessing the moral implications of psychological discourse and action. American Psychologist, 52, 517-535. RAPPAPORT, J. (1977): Community Psychology: Values, research, and action. Nueva York: Holt, Rinehart & Winston. ---- (1981). In praise of paradox: A social policy of empowerment over prevention. American Journal of Community Psychology, 9, 1-25. RAWLS, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, Mass.: Belknap Press. REINHARZ, S. (1989). Taking on the roles of eductor and mediator: Two means of preventing ethical conflicts for community psychologists when financial resources are scarce. American Journal of Community Psychology, 17, 385-389. REY, C. (1994). Intervención en lo social. Psicología. Text i Context (dossier: Els límits de l'intervenció), 9, 23-24. RIESSMAN, F. (1965). The "helper" therapy principle. Social Work, 10, 27-32. RIGER, S. (1989). The politics of community intervention. American Journal of Community Psychology, 17, 379-383. RITZER, G. (1993). Teoría sociológica clásica. Madrid: McGraw-Hill. ROBINSON, D. N. (ed.) (1992). Social discourse and moral judgment. Nueva York: Viking-Penguin. RUBI, C. (1988). La ética en el trabajo social. Revista de Trabajo Social (Monográfico: "Valores y Trabajo Social"), 12, 101-104. RYAN, R. (1971). Blaming the victim. Nueva York: Random House. SANCHEZ VIDAL, A. (1990). ¿Intervención comunitaria? Premisas y cuestiones previas. En, Psicología y Servicios Sociales (Actas del II Congreso del Colegio Oficial de Psicólogos; p. 12-25). Valencia: COP. ---- (1991a). Psicología Comunitaria. Bases conceptuales y operativas. Métodos de intervención (2a. edic.). Barcelona: PPU. ---- (1991b). Evaluación social y comunitaria. Aspectos relacionales, valorativos y políticos. En Actas del III Congreso Nacional de Psicología Social (vol. 1; p. 170-180). Santiago de Compostela: Depto. de Psicología Social. ---- (1993). ¿Quién es el "cliente"? Orientación de la responsabilidad del psicólogo en la acción comunitaria. Revista de Psicología Social Aplicada, 3, 71-92. ---- (1995a). Intervención comunitaria, calidad de vida y política social. En P. GUALDA, F. J. DELGADO y A. RODRIGUEZ FERNANDEZ (comps.), Avances en Política social (p. 77-94). Granada: Diputación. ---- (1995b). Potencial y límites de la intervención psicosocial. Intervención Psicosocial, 10, 5-15. ---- (1996). Fantasmas en el desván: Cuestiones valorativas en la intervención psicosocial. En, A. SANCHEZ y G. MUSITU (comps.), Intervención comunitaria: Aspectos científicos, técnicos y valorativos (p. 55-75). Barcelona: EUB. ---- (1997). Psicología Social Aplicada. Memoria de no publicada. Barcelona: Universidad. SANCHEZ VIDAL, A., BELTRI, F. y POU, M. A. (1997). La relación entre políticos y técnicos en los servicios sociales. Barcelona: Documento no publicado. SCHWARTZ, S. H. (1994). Are there universal aspects in the structure and contents of human values? Journal of Social Issues, 4 (Monográfico: "Valores humanos y cuestiones sociales"), 19-45. SEIDMAN, E. (1983). Unexamined premises of social problem solving. En E. SEIDMAN (ed.). Handbook of social intervention (p. 48-68). Beverly Hills: Sage. SEN, A. (1995). Nuevo examen de la desigualdad. Madrid: Alianza. SHORE, M. F. y GOLANN, S. E. (1969). Problems of ethics in community mental health:A 130 survey of community psychologists. Community Mental Health Journal, 5, 452-460. SIEBER, J. E. (1982). The ethics of social research (2 vols.). Nueva York: Spring-Verlag. SIGUAN, M. (1994). Sobre psicología, ètica i codis deontològics. Psicología, Text i Context, 9, 5-6. SNOW, D. y GERSICK, K. E. (1986). Ethical and professional issues in mental health consultation. En F. V. MANNINO, E. J. TRICKETT, M. F. SHORE, M. G. KIDDER y G. LEVIN (eds.), Handbook of mental health consultation (p. 393-431). Rockville, MD.: National Institute of Mental Health. SPECTOR, M. y KITSUSE, J. K. (1977). Constructing social problems. Menlo Park: Cummings. SWAAN, A. (1992). A cargo del Estado. Barcelona: Pomares-Corredor. THOMPSON, A. (1989). Guide to ethical practice in psychotherapy. Nueva York: Wiley. TOLAN, P., KEYS, C., CHERTOK, F. y JASON, L. (1990). Researching Community Psychology. Washington: American Psychological Association. TRICKETT, E. J. y LEVIN, G. B. (1990). Paradigms for prevention: Providing a context for confronting ethical issues. En G. B. LEVIN, E. J. TRICKETT y R. E. HESS (eds.), Ethical implications of primary prevention (p. 3-21). Nueva York: Haworth. TROPMAN, J. E. y COX, F. M. (1987). Society: American values as a context for community organization and macropractice. En F. M. COX, J. L. ERLICH, J. ROTHMAN y J. E. TROPMAN, Strategies of community organization.Macropractice (p. 213-231). Itasca, Ill.: Peackock. TYMCHUK, A. (1981). Ethical decision making and psychological treatment. Journal of Psychiatric Treatment and Evaluation, 3, 507-513. WALTON, R. E. (1987). Social choice in the development of advanced information technology. En A. P. IANNONE (ed.), Contemporary moral controversies in technology (p. 112-118). Nueva York: Oxford. WARREN, R. L. (1971). Truth, love and social change. Chicago: Rand McNally. WARWICK, D. P. (1971). Ethics, population, and the American tradition. Hastings-on-Hudson, NY.: Institute of Society, Ethics and the Life Sciences. WARWICK, D. P. (1978). Ethical guidelines for social experiments. En G. BERMANT, H. C. KELMAN y D. P. WARWICK (comps.), The ethics of social intervention (p. 267-287). Nueva York: Halstead Press. WARWICK, D. P. y KELMAN, H. C. (1973). Ethical issues in social intervention. En G. ZALTMAN (ed.), Processes and phenomen of social change. Nueva York: Wiley. WEBER, M. (1967). El político y el científico. Madrid: Alianza. WILLIAMS, P. N. (1978). Comments on "The ethics of intervention in community disputes". En G. BERMANT, H. C. KELMAN y D. P. WARWICK (eds.), The ethics of social intervention (p. 233-242). Nueva York: Halstead Press. 131